Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
Los artículos 2, 5 y 119 del Reglamento. Estoy aquí. No intervengo en las votaciones nominales en protesta por la no adopción por parte de los cuestores de una decisión apelable ante Luxemburgo, que solicité por escrito ya en agosto del año pasado, en relación con la retención ilícita efectuada por el Sr. Chamier sobre mis compensaciones de gastos.

El Presidente
Su intervención figurará en el Acta de la sesión.

Alavanos
Señor Presidente, ayer hubo el mayor número de víctimas en la guerra de Yugoslavia. Ayer, las bombas de la OTAN causaron la muerte de setenta yugoslavos albanoparlantes inocentes, y entre ellos, también de niños. No sé si deberíamos manifestar nuestra solidaridad con ellos. Usted debe juzgarlo.

El Presidente
Pienso que el Parlamento ha expresado y sigue expresando todos los días su pesar por las víctimas, por todas las víctimas de este conflicto.

Balfe
Señor Presidente, una cuestión de orden. Es una cuestión más bien frívola y, en todo caso, de poca importancia. ¿Podría añadirse mi nombre a la lista de los que estaban presentes? Puede usted comprobar que estaba presente porque participé en todas las votaciones nominales, pero no estoy en la lista.

El Presidente
Señor Balfe, así se hará sin falta.

McMahon
Señor Presidente, mi cuestión no es menos frívola. Ayer, durante la votación sobre mi informe y el informe del Sr. Chanterie, el Sr. Collins anunció al Parlamento que en la galería había un fotógrafo que estaba haciendo fotos de los papeles de algunos diputados y de las listas de votación. Quisiera saber qué resultado han dado las investigaciones, sobre todo en vista de la cantidad de presión de que he sido objeto en relación con mi informe. Me parece que los representantes de compañías petroleras o de compañías de autobuses están tratando de enterarse del contenido de las listas de votación de los socialistas. ¿Podría comunicarnos la Mesa los resultados de sus investigaciones sobre esta cuestión? Gracias.

El Presidente
Señor McMahon, como usted sabe, después de que el Sr. Collins denunciara este hecho, hubo una intervención de los servicios del Pleno que hicieron salir a este fotógrafo. Naturalmente estamos en disposición de facilitar la información que usted ha solicitado y, si usted lo desea, lo haremos por escrito.

Dell'Alba
Señor Presidente, ayer por la mañana, durante la votación de la resolución sobre la Cumbre europea de Berlín, este Parlamento votó dos enmiendas, la 18 y la 19. Quisiera pedirle que, antes de aprobarlas y de transmitirlas a las Instituciones a la que van destinadas, encargue a los servicios competentes que comprueben qué relación existe entre una resolución sobre la Cumbre de Berlín y las enmiendas 18 y 19 que hemos votado.

El Presidente
Me imagino que usted se refiere a los Servicios Jurídicos del Parlamento. Se hará lo que usted pide.

Bru Purón
Señor Presidente, a mi regreso a este Parlamento he observado que la dificultad de circulación por los pasillos de este Parlamento es notable, sobre todo cuando llaman para las votaciones. Evidentemente, no creo que se deba imponer una circulación única o que los diputados vayan con un timbre, pero consideraría correcto que las numerosísimas visitas dejaran pasar a los diputados que quieren llegar al hemiciclo, lógicamente, a tiempo.

El Presidente
Sin duda, éste también es un problema. Deberíamos encontrar un equilibrio entre la situación que se daba en el pasado cuando teníamos que rogar que nos viniesen a visitar y la situación presente en que los visitantes son tan numerosos porque el Parlamento Europeo, gracias también a nuestro trabajo, se ha convertido en más importante.

Chichester
Señor Presidente, me habían indicado que el Presidente ocuparía la presidencia esta mañana a esta hora y espero que no se haya visto en la imposibilidad de hacerlo.

El Presidente
Señor Chichester, no sé a qué problemas se refiere; de todos modos, hace tiempo que estaba previsto que yo presidiese la apertura de esta sesión. Desconozco cuál es el origen de su información.

Chichester
Tenía una cita para ver al Presidente esta mañana a las 9.30 horas. Me dijo que no podía acudir a la cita porque a esa hora tenía que ocupar la presidencia. Lo único que he hecho es manifestar mi preocupación y mi ansiedad al ver que no está ocupando la presidencia.

El Presidente
Como ve, usted ha hablado del Presidente y el Presidente ha aparecido.

Konrad
Señor Presidente, los Cuestores nos han comunicado que en mayo utilizaremos por última vez nuestros despachos y que después se procederá al traslado. Ahora bien, esta mañana he podido comprobar que en los nuevos edificios ya se están organizando visitas guiadas. Como diputado ello me hace sentir un tanto desplazado, puesto que hasta la fecha nadie ha tenido el detalle de enseñarnos los nuevos edificios ni los despachos piloto. Me parece un gran error y, por tanto, ruego se busque lo antes posible un procedimiento adecuado que remedie esta situación.

El Presidente
Señor Konrad, desde este punto de vista, creo que puedo desmentir lo que usted acaba de decir. Todos los Grupos tuvieron la posibilidad de permitir a cada uno de los diputados visitar el nuevo edificio: lo hicieron en momentos distintos y de manera diferente, sin embargo, se les ofreció esta posibilidad. Como saben, existen problemas en lo que se refiere a la terminación del edificio y a los plazos efectivos de nuestro traslado.

Bianco
Señor Presidente, permítame plantear una cuestión algo diferente. Circula la noticia de que, probablemente, se conseguirá aprobar en este Pleno, en el próximo período parcial de sesiones, el estatuto del diputado europeo. Ahora bien, creo que si esto ocurriera sería la última oportunidad y podrían surgir dificultades en el caso de que el estatuto del diputado europeo no fuera respetado en cada uno de los Estados. Quizás sería oportuno que la Presidencia enviara una nota a los diferentes Gobiernos nacionales, así como a los diferentes parlamentos nacionales a fin de señalar esta posible dificultad, es decir, un desequilibrio entre las decisiones del Parlamento Europeo y las eventuales decisiones sobre la incompatibilidad que podrían ser distintas de las que nosotros hemos tomado.

El Presidente
Como usted sabe, la Presidencia en ejercicio del Consejo está examinando atentamente este asunto. Estoy seguro de que el Presidente de nuestro Parlamento facilitará a todos los diputados información actualizada sobre el estado de este dossier, al objeto de examinar las posibles implicaciones a las que usted ha hecho referencia.
El Acta queda aprobada

Informes anuales 1998
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0119/99 de la Sra. De Esteban Martín, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 1998 (C4-0138/99); -A4-0117/99 del Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 1998-1999.Antes de entrar en este debate conjunto, el Defensor del Pueblo Europeo, al cual le doy una vez más la bienvenida al Parlamento, expondrá su informe de actividades y su informe especial.
Tiene la palabra el Sr. Söderman, Defensor del Pueblo Europeo.

Söderman
Señor Presidente, empezaré por decir lo mucho que agradezco la oportunidad de tomar la palabra ante el Parlamento Europeo en relación con mi informe anual para 1998. Éste es el cuarto informe anual del Defensor del Pueblo Europeo y el último que se presentará durante la actual legislatura.
Cuando el informe anual correspondiente a 1997 se examinó en el Parlamento, algunas voces críticas sugirieron que el Defensor del Pueblo Europeo sólo había tenido éxito en un pequeño número de casos. Se llegó a esa opinión sobre la base del número total de reclamaciones recibidas, incluidas las que no estaban incluidas en el mandato del Defensor. No me parece que esta forma de juzgar los resultados de la labor de un Defensor sea equitativa. Si una reclamación no es de su competencia, lo único que puede hacer el Defensor es comunicárselo al reclamante o trasladar la reclamación a un órgano competente. Eso es lo que hemos hecho en casi el 80 % de esos casos, de forma que los ciudadanos no pueden decir que no se ha hecho nada por ellos.
En muchos casos las reclamaciones las puede despachar con más efectividad un Defensor u órgano similar en el plano nacional. Por eso tratamos sistemáticamente de promover la idea de que se anime y ayude a esos órganos no judiciales para que se ocupen de las reclamaciones provenientes de ciudadanos europeos y relativas a la legislación comunitaria. Aunque se ha pedido que se amplíe el mandato del Defensor del Pueblo Europeo para que se ocupe también de las reclamaciones contra las autoridades nacionales, especialmente en casos referentes a la libertad de circulación, sigo pensando que es preferible crear un sistema eficaz de cooperación con los defensores del pueblo nacionales y órganos análogos.
Durante 1998 la oficina del Defensor del Pueblo Europeo recibió 1.372 reclamaciones nuevas, en comparación con 1.181 en 1997 y 842 en 1996. Hemos despachado 185 investigaciones con una decisión fundamentada, en comparación con 101 en 1997. En el 45 % de esos casos la institución resolvió la cuestión, se encontró una solución amistosa o se cerró el caso con una observación crítica. En 1997 y 1996 las correspondientes cifras fueron el 40 % y el 35 %. Durante 1998 no se encontró ningún caso de mala administración en el 52 % de las investigaciones efectuadas. La determinación de que no ha habido mala administración no es siempre un resultado negativo para el reclamante. La institución o el órgano de que se trate tiene que explicar su conducta al reclamante y, en algunos casos, incluso llega a convencerle de que ha obrado correctamente.
Éste es el momento adecuado para procurar resumir lo que hemos conseguido hasta ahora en cooperación con la Comisión de Peticiones y el Parlamento Europeo. En primer lugar, hemos conseguido instituir una práctica de cooperación para tratar de las reclamaciones y peticiones, según se ha descrito en los informes anuales de los dos órganos. Además, hemos sostenido un diálogo fructífero a través de los informes de comisiones parlamentarias sobre los informes anuales del Defensor del Pueblo Europeo, empezando con el primer informe de la Sra. Ahern y siguiendo con los informes del Sr. Papakyriazis, el Sr. Newman y, este año, la Sra. De Esteban Martín. Por ejemplo, en el Informe Papakyriazis se pide una definición clara de la expresión «mala administración», lo que me impulsó a ofrecer una definición en el informe anual correspondiente a 1997. Después del informe del Sr. Newman, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que manifestaba su satisfacción por la definición. La práctica consistente en desarrollar negociaciones efectivas y sin dificultades acerca de los informes del Defensor del Pueblo Europeo en el Parlamento Europeo ha quedado ahora establecida de forma adecuada y oficial, armonizando el Reglamento del Parlamento con el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y prescribiendo expresamente que la comisión parlamentaria competente -la Comisión de Peticiones- se ocupe del informe anual del Defensor del Pueblo Europeo y de los informes especiales que pueda presentar.
En segundo lugar, una investigación realizada por propia iniciativa respecto del acceso público a los documentos, apoyada por la comisión parlamentaria por conducto del informe de la Sra. Thors y por el Parlamento Europeo, ha hecho que todas las instituciones y los órganos comunitarios interesados hayan adoptado normas sobre el acceso público a los documentos, excepto en el caso del Tribunal de Justicia. Recientemente hemos escrito al Banco Central Europeo para preguntar si ha adoptado ya normas sobre el acceso público a los documentos.
En tercer lugar, me referiré a la idea de un código de buena conducta administrativa, que se mencionó por vez primera en el Informe Perry sobre las propias actividades de la Comisión de Peticiones en 1996-1997 y que fue apoyado en el Informe Newman sobre el informe anual del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente a 1997. Todo parece indicar que ese código será pronto realidad, pues la Comisión Europea ha adoptado ya el proyecto en primera lectura antes de que los comisarios dimitiesen. Naturalmente, la nueva Comisión puede incluso mejorar el proyecto antes de aprobarlo.
En cuarto lugar, hemos conseguido mejorar el procedimiento administrativo que la Comisión Europea utiliza en su función de guardiana del Tratado, cuando se ocupa de reclamaciones o peticiones provenientes de ciudadanos europeos. Como resultado de ello el procedimiento es ahora más transparente y más eficaz.
Quisiera decir unas breves palabras acerca de las recientes revelaciones y acusaciones sobre los casos de fraude y corrupción en la administración de la Unión Europea, en particular en la Comisión Europea. Una administración transparente hace que la mayoría de los casos de fraude y corrupción sean muy difíciles de llevar a cabo y sumamente fáciles de descubrir. Una administración sin transparencia, por otra parte, que desarrolla sus actividades en reuniones a puerta cerrada y conservando documentos y archivos secretos, ofrece precisamente las circunstancias dudosas que permiten que el fraude y la corrupción florezcan. Por eso la transparencia es un instrumento eficaz para evitar el fraude y la corrupción y para luchar contra ellos.
En la actual práctica administrativa sigue aplicándose un principio anticuado de exagerada jerarquía. Ese principio, cuando se aplica, provoca una falta de motivación entre el personal que está realmente en contacto con los ciudadanos. Facilita todos los tipos de malas prácticas, porque el personal que trabaja adecuadamente no puede hablar acerca de sus preocupaciones respecto de las actividades de la institución. Si los funcionarios públicos no pueden hablar ni escribir acerca de su labor cotidiana sin el consentimiento de sus superiores, no puede esperarse que haya una atmósfera motivada y buena en el lugar de trabajo. O sea que más transparencia y menos jerarquía anticuada proporcionarían mayor motivación al personal y ahorrarían a la administración de la Unión Europea muchos de los problemas que ha tenido.
Al mejorar la transparencia es esencial que la nueva norma de acceso público a los documentos en virtud del Tratado de Amsterdam sea adoptada lo antes posible. Tiene que contener principios modernos y amplios en esa esfera.
También es esencial que el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo contenga una clara disposición en el sentido de que el Defensor tiene derecho a inspeccionar todos los archivos y documentos necesarios, para evitar controversias innecesarias y prolongadas con las instituciones.
Me alegra que la Comisión de Peticiones apoye mi iniciativa a ese respecto en el Informe De Esteban. Espero que esa posición sea confirmada por el Parlamento Europeo.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias a todos los órganos e instituciones de la Comunidad por un nuevo año de cooperación constructiva. Quisiera dirigirme en especial a la Comisión y a su Comisaria responsable, la Sra. Gradin, y darle gracias por haberse comprometido a que haya una administración transparente. También doy gracias al Presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Fontana, y a todos los miembros de la comisión parlamentaria por su actitud positiva en sus contactos con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. Doy gracias especialmente a la Sra. De Esteban por lo profesional y competentemente que ha trabajado para redactar el informe que está ante ustedes. Gracias a todos por su atención.
Aplausos

El Presidente
Muchas gracias, señor Söderman.
Doy la palabra a la Sra. De Esteban Martín, ponente.

De Esteban Martín
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al Defensor del Pueblo y a sus servicios por la transparencia y rapidez con que han rendido cuentas sobre sus actividades, no sólo ante este Parlamento y la Comisión de Peticiones, sino directamente a los ciudadanos y asociaciones de los Estados miembros.
Desde este Parlamento hemos defendido siempre la institución del Defensor del Pueblo, como garante de la protección de los derechos de los ciudadanos a la hora de denunciar casos de posible mala administración por parte de las instituciones y órganos comunitarios, y la necesidad de intensificar las relaciones entre dichas instituciones y los ciudadanos. Pero esta protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios no sería suficiente si no impulsásemos una estrecha colaboración y cooperación entre este Parlamento, y en concreto la Comisión de Peticiones, competente en esta materia, y el Defensor el Pueblo.
No es una casualidad que ambas instituciones tengamos como objetivo fundamental la defensa de los derechos de los ciudadanos y, por ello, esta colaboración debe continuar garantizando, de manera conjunta, estos derechos y la labor democrática de la Unión, proporcionándole a nuestra administración una mayor credibilidad.
No en vano la institución del Defensor del Pueblo constituye uno de los elementos más importantes de la ciudadanía europea y de la mejora del control democrático sobre la administración comunitaria, control democrático que puede atribuirse a esta Asamblea, como órgano que representa directamente al ciudadano comunitario.
Hemos de destacar, en relación al informe anual que nos ha presentado el Defensor, el aumento -como él mismo ha mencionado- de reclamaciones. Este año se han presentado en total 1.372, 191 más que el año anterior. Esta circunstancia muestra que los ciudadanos consideran necesaria la actividad del Defensor del Pueblo para corregir las presuntas irregularidades que se puedan producir en la administración de la Unión Europea.
Desde este Parlamento, a lo largo de estos años, hemos podido comprobar cómo los ciudadanos se interesaban, cada vez más, por las instituciones europeas y cómo las decisiones que aquí se adoptan inciden en su vida cotidiana.
La transparencia y el acercamiento de la administración al ciudadano es uno de los principales objetivos de todas las administraciones públicas en nuestros Estados miembros. Por ello, la administración comunitaria no debería ser menos y tendría que procurar que esta aproximación sea una realidad.
En esta Asamblea hemos adoptado diversos informes sobre la transparencia o la simplificación del Derecho comunitario, que nos han permitido acercarnos a esta meta. En este sentido, un paso importante que debemos dar para conseguir esta sintonía entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos, sería precisamente la elaboración de un código de conducta que facilite las relaciones de confianza entre los funcionarios y el público y que este código sea accesible y comprensible para los ciudadanos.
Pero debemos ser conscientes de que este código no puede perder de vista las especificidades de cada una de las instituciones comunitarias. Por ejemplo, dentro del Parlamento Europeo, debido a la naturaleza de nuestra institución, este código -en mi opinión- debería ser negociado con los diferentes Grupos políticos.
En este mismo sentido de colaboración entre instituciones y ciudadanos es importante destacar la participación de los mismos en la fase precontenciosa que establece el artículo 169 del Tratado.
Asimismo, considero fundamental para la labor del Defensor del Pueblo -y así lo señalo en el informe- la modificación de su estatuto para conseguir que el acceso del Defensor a todos los documentos relevantes en los procedimientos que él sigue se produzca lo más eficazmente posible.
En cuanto a la actuación de la oficina del Defensor del Pueblo en materia de información y comunicación, creo que dicha actuación es un buen ejemplo para otras instituciones europeas, en especial por lo que respecta a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, como, por ejemplo, el acercamiento de la ciudadanía a esta institución a través de Internet.
Sin embargo, -y como también se refleja en el informe- debemos todavía esforzarnos en incrementar la divulgación de los derechos de los ciudadanos para que nadie deje de poder ejercer sus derechos por desconocer el modo de hacerlo.
Esta acción de divulgación debe ser llevada a cabo por las instituciones comunitarias a través de los medios de comunicación y audiovisuales, y así evitaríamos, entre otras consecuencias, que, por ejemplo, más del 69 % de las reclamaciones presentadas ante el Defensor en los últimos años estuvieran fuera del ámbito de su competencia como, por ejemplo, el gran número de ellas que tienen como objeto las restricciones a la libre circulación, y que se presentan cada año ante el Defensor.
En este sentido, me gustaría reconocer el esfuerzo del Defensor en sus relaciones con otros Defensores del Pueblo nacionales y regionales. Es evidente que esta colaboración reforzará el papel de estas instancias, cooperación que puede servir para establecer un envío recíproco de aquellos asuntos en los que alguno de ellos no sea competente para su eficaz resolución.
Para cumplir todos estos objetivos que hemos enumerado es necesario que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo dé contestación a nuestros ciudadanos eficazmente y, por ello, en el informe felicitamos al Sr. Söderman por la preocupación mostrada en que su secretaría funcione de manera adecuada.
Aun apreciando este esfuerzo, es obvio que para el correcto funcionamiento de esta secretaría se necesitan en primer lugar recursos financieros suficientes y, por otro lado, que se pueda elaborar también un estatuto de los funcionarios que asisten al Defensor del Pueblo.
Aplausos

Newman
Señor Presidente, el derecho de petición es un aspecto importante de la ciudadanía europea. El derecho de petición lo pueden ejercer todos los residentes de la Unión Europea -y no solamente los ciudadanos de la Unión- así como las organizaciones basadas en la Unión Europea. Las peticiones son admisibles y encajan en las esferas de actividad de la Comunidad Europea. Esta definición es suficientemente amplia para que la Comisión de Peticiones pueda basarse en el sentido común y en el juicio político al decidir si una petición es admisible o no.
Durante los cinco últimos años de este mandato 10 millones de personas de los 15 Estados miembros de la Unión Europea han firmado más de 6.500 peticiones. Las peticiones se dividen en dos amplias categorías: las que plantean problemas individuales, y las que plantean cuestiones normativas más amplias. Las esferas a las que más se hace referencia son la seguridad social y los problemas de pensión que a menudo surgen cuando un trabajador emigra, la libre circulación de personas, el reconocimiento de las cualificaciones, los impuestos incluido el IVA, las cuestiones medioambientales y las cuestiones del bienestar de los animales.
Ahora bien, la Comisión de Peticiones sólo cuenta con personal administrativo y de secretaría. Carece de personal de investigación. Por consiguiente, nuestras investigaciones de las denuncias de los autores de las peticiones han de efectuarse a través de funcionarios de la Comisión y de representaciones de Estados miembros ante la Unión Europea. Los funcionarios de la Comisión cooperan mucho en nuestra labor y les quedamos agradecidos por ello, pero, para esa minoría de peticiones que la Comisión no ha podido resolver, es evidente que no es una buena práctica el confiar tanto en el personal de la Comisión.
En cuanto a los gobiernos de los Estados miembros -que al parecer no están representados hoy- por conducto de sus representaciones ante la Unión Europea o colectivamente en el Consejo, su cooperación con la Comisión no suele rebasar el mínimo nivel posible y no están dispuestos a enviar funcionarios a la comisión parlamentaria para discutir con sus miembros acerca del valor de una petición. Los Estados miembros tienen que ser más positivos y responder cabal y prontamente a las demandas de información y de acción que les dirige la Comisión en relación con las peticiones.
Es evidente que durante nuestras reuniones los miembros de la comisión parlamentaria tienen y ejercen un papel sumamente vital: interrogan a los funcionarios de la Comisión, les instan a que actúen, y se ocupan también de las decisiones que adoptamos. En realidad, si se estima que los que han presentado una petición han sido tratados mal o han sido dejados de lado no vacilamos en defenderlos. En varios casos cada año una petición es causa de que se incoen procedimientos oficiales de infracción en virtud del artículo 169 del Tratado, contra Estados miembros que no ejecuten correctamente la legislación de la Unión Europea, en detrimento de nuestros ciudadanos.
El análisis de los procedimientos de infracción desde 1996 indica que ha habido un mínimo de 97 casos vinculados con peticiones de un total de 535 casos referentes a denuncias directas respecto de los cuales la Comisión envió cartas de notificación oficial, iniciando de esta manera los procedimientos de infracción. Esas cifras indican que las peticiones desempeñan un papel muy importante en la detección y manipulación de casos de infracción. En su informe anual sobre la aplicación de la legislación comunitaria, la Comisión debe identificar claramente los casos en los que se han iniciado procedimientos de infracción a raíz de denuncias en virtud del artículo 169. Por el momento esa manera de obrar no se tiene en cuenta. Los Estados miembros tienen que mejorar la forma de actuar en los casos en que se denuncian infracciones.
El folleto de información pública del Parlamento Europeo acerca del derecho de petición declara que las peticiones revelan a menudo en un Estado miembro prácticas que son contrarias a la letra o al espíritu de la legislación comunitaria. En algunos casos la participación de las autoridades comunitarias ha hecho que las autoridades nacionales apliquen de forma más correcta la legislación comunitaria. Como resultado de las peticiones, el Parlamento Europeo ha tenido efectos positivos en la vida cotidiana de los ciudadanos y ha podido actuar para encontrar una solución de los casos que incluyen cuestiones de la competencia de la Comunidad. Sería conveniente que ese folleto se distribuyera mucho más ampliamente que en la actualidad.
Acabaré diciendo que, siendo como soy el único diputado del Parlamento Europeo que ha formado parte cabal y activamente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desde que se fundó en enero de 1987, hace 12 años y medio, espero que los miembros del Parlamento Europeo elegidos para el nuevo Parlamento consigan que se siga respetando el derecho de los residentes y ciudadanos europeos a presentar peticiones al Parlamento Europeo.
Como éste es probablemente mi último discurso ante el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria, quisiera dar gracias a todas las personas con las que he trabajado durante los 15 años que he formado parte del Parlamento Europeo y, en particular, a los buenos ciudadanos del Greater Manchester Central, a los que he tenido el honor de representar desde 1984 en el marco del sistema de circunscripciones individuales. Gracias a todos ellos y gracias a todos ustedes.
Aplausos

El Presidente
Sr. Newman, estoy seguro de que todos los colegas desean darle gracias por la labor que ha realizado usted en este Parlamento y, en particular, he de decirle que estoy muy al corriente de la enorme cantidad de trabajo que ha realizado usted en la Comisión de Peticiones. La primera vez que vine a este Parlamento tuve ocasión de reunirme con usted en esa comisión parlamentaria, y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para nuestros ciudadanos, cosa que ha suscitado siempre su mayor interés. Este Parlamento le agradece su dedicación.

Schmidbauer
Señor Presidente, me sumo con mucho gusto a las palabras de gratitud hacia el Sr. Newman. Ha señalado que forma parte de la Comisión de Peticiones desde la fundación de la misma en enero de 1987. Yo me incorporé al Parlamento en marzo de ese mismo año y desde entonces no he dejado de ser miembro de dicha comisión. Ello me ha permitido observar de cerca hasta qué punto el Sr. Newman se ha esforzado por el bien de los ciudadanos. No sólo quisiera darle las gracias por el empeño que siempre ha puesto en su trabajo, sino también por el informe anual que estamos tratando hoy. Del mismo modo agradezco a la Sra. De Esteban Martín su informe sobre el informe anual del Defensor del Pueblo europeo. Ambos, y también el propio Sr. Söderman, han presentado un informe que demuestra claramente que el diálogo con los ciudadanos es y seguirá siendo una parte integrante de la Europa democrática.
Por lo que a nosotros se refiere, ello significa que la Comisión de Peticiones sirve de bisagra entre los ciudadanos europeos y el Parlamento a la hora de salvaguardar la correcta aplicación del Derecho comunitario. Desgraciadamente, es algo que las autoridades nacionales, regionales y municipales no siempre saben apreciar en su justa medida, ya sea por ignorancia o por razones de poder burocrático combinado con cierto egoísmo nacional. En algunos casos, por ejemplo en el ámbito del reconocimiento de los títulos académicos o las aptitudes profesionales, la concesión de las prestaciones sociales y los riesgos medioambientales, nuestra labor ha dado sus frutos e incluso hemos sido capaces de solucionar los problemas de los peticionarios.
Todos los miembros de nuestra comisión subrayan unánimemente la necesidad de que siga existiendo una Comisión de Peticiones independiente para que el contacto directo con los ciudadanos se mantenga en el futuro. A fin de subsanar el actual déficit informativo en el ámbito de los derechos de los ciudadanos de la UE instamos a los servicios del Parlamento y de la Comisión a que pongan en marcha líneas directas de consulta en los diferentes Estados miembros y que aprovechen a fondo las posibilidades ofrecidas por la telemática y la tecnología de la información.
A decir verdad, la colaboración con el Defensor del Pueblo siempre ha sido óptima. Por ello, quisiera reiterar una vez más mi gratitud hacia el Sr. Söderman, sobre todo porque en su trato con las administraciones europeas se ha negado siempre a conformarse con las respuestas evasivas de las mismas, insistiendo en que los casos se estudien con detenimiento. Gracias a sus iniciativas y sus investigaciones, la burocracia europea se caracteriza por una mayor transparencia y apertura. No olvidemos que la propuesta para un código de buena conducta administrativa, que la Comisión presentó en enero pasado, se remonta a una iniciativa común del Sr. Söderman y del Sr. Perry.
Por todo lo anterior, consideramos fundamental que el Defensor del Pueblo pueda acceder a todos los documentos que necesite consultar para sus investigaciones y que pueda obtener información de todas las personas pertenecientes a la administración sin necesidad de solicitar permisos a nadie. Es imprescindible que pueda trabajar sin encontrarse con obstáculos absurdos.
Estoy convencida de que la colaboración entre la Comisión de Peticiones, con todas las posibilidades que ofrece, y el Defensor del Pueblo, con sus muy variadas competencias, acabará ocupando un lugar cada vez más importante por lo que a la democracia de la Unión Europea y el respeto de los derechos de los ciudadanos se refiere.

Perry
Señor Presidente, el Parlamento ha estado examinando esta semana muchas cuestiones de gran importancia, como la guerra y la paz en Kosovo. Hemos oído discursos del Sr. Prodi, Presidente designado de la Comisión, y un discurso del Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros, Sr. Schroeder, Canciller alemán. El debate de esta mañana podría parecer anodino junto a esos grandes acontecimientos de la semana, pero no lo es.
Todos los parlamentos tienen cuatro funciones: legislar, controlar las finanzas, controlar a la administración, y representar a los ciudadanos, pero de todas esas funciones la más importante es la última. Nuestra responsabilidad suprema es representar y proteger los derechos de los 370 millones de ciudadanos europeos.
Ninguna comisión parlamentaria de este Parlamento lleva a cabo esa función de forma más directa para el ciudadano que la Comisión de Peticiones, y ningún cargo de la Unión Europea tiene en su lista de responsabilidades los intereses del ciudadano individual en un lugar más preponderante que el Defensor del Pueblo Europeo. En vista del valor que tiene el derecho de petición para el ciudadano individual, apoyo sin reservas las recomendaciones del Informe Newman. Como ya se ha dicho esta mañana, el Sr. Newman ha trabajado mucho por la Comisión de Peticiones. Él y yo venimos de tradiciones políticas diferentes, pero compartimos la misma convicción respecto de la importancia de la protección de los derechos de los ciudadanos. Mi Grupo quisiera darle gracias por la labor que ha efectuado en la Comisión de Peticiones durante muchos años.
Aprovecharé esta intervención para recalcar una sección del informe. Se trata del apartado 8, en el que decimos que lamentamos, como el Sr. Newman, la continua ausencia de representantes del Consejo de Ministros en la Comisión de Peticiones. En los últimos años, las presidencias británica, alemana y austríaca han boicoteado esa comisión parlamentaria. Espero que la presidencia finlandesa, que proviene de la tradición democrática escandinava, dé mejor ejemplo. Ahora bien, en vista de que el Secretario General de este Parlamento en un momento dado propuso también la supresión de la Comisión de Peticiones -y según tengo entendido algunos de los grandes grupos sólo se retiraron de las propuestas encaminadas a suprimir la Comisión de Peticiones en el último minuto- quizá podamos comprender por qué el Consejo de Ministros adopta esa actitud. Nosotros, los miembros del Partido Popular Europeo, nunca hemos cejado en nuestra determinación de mantener la Comisión de Peticiones.
Igual que el Informe Newman, apoyo también el informe de la Sra. De Esteban sobre el Defensor del Pueblo Europeo. No voté a favor del Sr. Jacob Söderman para que fuera el Defensor del Pueblo Europeo, y debo reconocer que me equivoqué. En ese informe hay una palabra que se destaca de las demás, y se trata de la palabra «irreprochable» que se emplea para describir la cooperación entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento. Irreprochable no es una palabra que se utilice a menudo al tratar de las instituciones europeas, pero me alegra que en esta ocasión se haya utilizado y se haya utilizado apropiadamente para describir la labor del Defensor y sus relaciones con este Parlamento.
Me sumo a su llamamiento en favor de una mayor transparencia. Es cosa que necesitamos sin duda alguna. Le doy gracias por llevar a buen término algo que yo quería ver realizado: un código de buena conducta administrativa. Permítame el Parlamento que diga que, si queremos que el Defensor del Pueblo trabaje bien, tenemos que asegurarnos de que tenga los poderes y los recursos necesarios para ello. Tenemos que darle todo nuestro apoyo para que lo consiga.

Thors
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, me complace que podamos llegar aquí a un acuerdo unánime en el sentido de que, hasta el momento, el Defensor del Pueblo ha demostrado ser una figura muy importante para la UE y, en especial, una institución de especial importancia a la hora de lograr una mayor transparencia en la Unión. Desearía mencionar algunas de las numerosas iniciativas que el Defensor del Pueblo Europeo ha emprendido a este respecto.
En primer lugar, el informe por iniciativa propia sobre el acceso a los documentos, que ha conseguido que prácticamente todas las instituciones dispongan en la actualidad de normas sobre esta cuestión. En segundo lugar, que también se hayan presentado demandas en torno a esta misma cuestión al Banco Central Europeo por lo que respecta a sus negociaciones. En tercer lugar, que se haya logrado que entre las negociaciones del Consejo de Ministros se incluyan también las de la Presidencia. En cuarto lugar, que se haya constatado que la falta de registro de las negociaciones de la Comisión constituye un ejemplo de mala administración. Y en quinto lugar, que el Consejo disponga de una lista con las medidas que se han incorporado al tercer pilar.
Todas estas medidas e iniciativas revisten una inusual importancia de cara al nuevo reglamento sobre transparencia que deberemos adoptar en cuanto contemos con una Comisión en pleno ejercicio de sus funciones. Desgraciadamente, cabe lamentar que la dimisión de la Comisión demorará considerablemente estos trabajos.
Igualmente, lamento que las decisiones que ha venido adoptando hasta el día de hoy el Consejo en materia de transparencia en el marco del tercer pilar sean relativamente poco importantes. ¿Qué ventajas se derivan para nosotros, los ciudadanos, de unas normas que ya han sido aprobadas, que son públicas y están recogidas en Internet? Hemos de estar también al corriente de los proyectos. En los últimos días se ha suscitado de manera justificada un gran revuelo con motivo del denominado documento ENFOPOL, un borrador del documento que deberá regular las escuchas por medio de nuevos aparatos y un borrador del convenio sobre la asistencia entre los Estados miembros en materia de Derecho penal. Todos estos documentos han sido redactados en el mayor de los secretos, y de nada han valido aquí los nuevos compromisos que ha contraído el Consejo. Así pues, no basta con saber cuándo se van a celebrar las reuniones sobre el tercer pilar y qué medidas se van a adoptar. Hemos de poder saber también qué es lo que está sucediendo y qué iniciativas se han propuesto, ya sea por parte de los grupos de trabajo, la Presidencia o los Estados miembros. El debate sobre el denominado documento de estrategia austríaco puso de manifiesto graves deficiencias por lo que respecta a la transparencia del Consejo.
Las cuestiones del tercer pilar sobre las actividades policiales y judiciales afectan en gran medida a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por consiguiente, es motivo de satisfacción personal que el Defensor del Pueblo pueda, con el apoyo del Tratado de Amsterdam, supervisar organismos como Europol.
Ayer escuchamos que la Presidencia alemana pretende establecer rápidamente un plazo para la conferencia intergubernamental. Es importante que en tal ocasión se cuente con la opinión del Defensor del Pueblo y que su posición se vea reforzada de la manera que se refleja en el informe de la Sra. De Esteban Martín.
Igualmente es importante que prosigamos en el futuro la buena cooperación que hemos venido desarrollando entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo, y que éste tenga éxito a su vez con los defensores del pueblo nacionales o con las instituciones correspondientes para poder, de esta manera, combatir las violaciones de los derechos de los ciudadanos que se cometan precisamente en el marco legislativo comunitario.
Finalmente, permítanme dirigirles algunas palabras acerca de la Comisión de Peticiones sobre la que vamos a votar hoy. Es importante que esta comisión pueda continuar su labor, pero espero que la Comisión esté dispuesta a ofrecer los mismos compromisos acerca de una tramitación ágil de las peticiones, al igual que se ha hecho con el artículo 169 del Tratado CE, en torno a las reclamaciones. Me complace especialmente que esté presente el Comisario Monti, quien ha mostrado su interés acerca de este artículo, y que este Comisario tenga previsto abordar la cuestión relativa a una mayor agilidad en la tramitación de las reclamaciones. Desgraciadamente, nos hemos enterado de que la Comisión ha escuchado a los Estados miembros y ha retrasado la tramitación de las reclamaciones en esta institución.
A pesar de que la actual Comisión de Peticiones ha llevado a cabo una gran labor para agilizar la tramitación de las peticiones, considero también importante que la futura comisión supervise la administración interna. En la actualidad transcurre demasiado tiempo antes de que la reclamación llega a la Comisión de Peticiones.
Como conclusión, y al igual que han hecho todos los demás, también yo desearía expresar mi gratitud a nuestro anterior presidente, el Sr. Newman, quien ha llevado a cabo una labor excepcional a la hora de dejar de manifiesto la importancia de Comisión de Peticiones. Como él mismo ha afirmado, diez millones de ciudadanos se han dirigido a esta comisión durante la presente legislatura.

González Álvarez
Señor Presidente, yo creo que no voy a gastar cinco minutos porque no estoy acostumbrada a tener tantos minutos y acostumbro a sintetizar mi intervención.
Yo quería empezar mostrando mi alegría por que la propuesta de la Conferencia de Presidentes que va a votarse hoy a mediodía traiga incluida, entre sus comisiones -las 17 que quedaron-, a la Comisión de Peticiones y no como subalterna de otra comisión. A mí me parece que la Comisión de Peticiones, en relación con la presencia de los ciudadanos en Europa, es fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con el ponente, Sr. Newman, en el sentido de que esa comisión tiene carácter constitucional y no debiera nunca desaparecer de entre las comisiones del Parlamento Europeo.
Hace poco tiempo, precisamente el Sr. Newman presidió una delegación de la Comisión de Peticiones -en la que estaban las compañeras Laura de Esteban y Bárbara Schmidbauer- a Doñana en un viaje que quería atender precisamente a la preocupación de los ciudadanos, que se había expresado en numerosas peticiones a la Comisión de Peticiones, por el espacio natural, que es reserva de la biosfera, de Doñana. Y allí pudimos ver no sólo a las instituciones -que nos explicaron en qué situación estaba Doñana- sino también a los grupos ecologistas y a los ciudadanos que habían mostrado su preocupación por lo que ocurría.
Por lo tanto, a mí me parece que acercar las instituciones europeas a las preocupaciones de los ciudadanos es un método ejemplar. No debe abandonarse jamás. Creo que esa es una de las enseñanzas no sólo del trabajo de esa Comisión de Peticiones sino también del trabajo del Sr. Newman, con el que estuvimos encantados de viajar a Doñana.
Precisamente hablo de ese tema porque mi relación con la Comisión de Peticiones se basa en mi trabajo en la Comisión de Medio Ambiente. Los tres ámbitos en que más peticiones se reciben en la Comisión de Peticiones son: seguridad social, mercado interior y medio ambiente. Y el hecho de que uno de estos ámbitos en que se reciben peticiones sea medio ambiente muestra ejemplarmente cómo los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales, de quien parten las denuncias, tienen una preocupación extraordinaria por la preservación del medio natural.
¿Qué problema existe en la tramitación de las peticiones? El problema que ya expresó el ponente y otros compañeros que intervinieron aquí: la lentitud del procedimiento. En medio ambiente -no sé en otros ámbitos- la lentitud en el procedimiento puede tener efectos irreversibles. Cuando se denuncia que va a haber una carretera en un espacio natural y no se toman las decisiones de forma inmediata, la carretera puede estar hecha cuando se resuelva que esa carretera es ilegal. Por lo tanto, es en ese ámbito donde más se nota la lentitud en los procedimientos.
Por eso, en la próxima legislatura, quizá haya que encontrar un método más ágil entre la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea y los Estados miembros, y exigir a los Estados miembros que den respuesta inmediata a las exigencias del Parlamento y de la Comisión Europea y que no mareen la perdiz -como decimos en España- con plazos excesivamente largos, porque eso puede tener efectos perversos.
Yo creo que si no logramos esto los ciudadanos se sentirán frustrados en su preocupación por denunciar ante la Comisión de Peticiones los problemas que existen.
Creo que también hay que saludar la buena coordinación que ha habido entre el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones. Hay que exigir que tenga un presupuesto independiente que pueda utilizar de forma razonable, que tenga suficiente personal, lo mismo la Comisión de Peticiones que el Defensor del Pueblo, que son dos instituciones que realmente preservan los derechos de la ciudadanía europea.
Creo también que hay que elaborar y redactar ese código de buena conducta administrativa que ayudaría tanto a la Comisión de Peticiones como al Defensor del Pueblo en su trabajo. Ayudar al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Peticiones en su trabajo no es más que ayudar a que la construcción europea sea más creíble para los ciudadanos europeos.
Creo, señor Presidente, que dicho esto ya no tengo más que decir y, como ve usted, me sobra un minuto. Es imposible gastar cinco minutos cuando se está acostumbrada a disponer sólo de uno.

Ullmann
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, Señor Comisario, es muy poco frecuente que la calidad de un informe produzca el mismo grado de satisfacción que su contenido. Es, sin embargo, lo que sucede en este caso. Del informe anual del Defensor del Pueblo europeo para 1998 se desprende que su institución figura entre las más operativas y las más eficientes de la Unión Europea. Más en concreto, es una de las instituciones más cercanas al ciudadano y, por eso mismo, cumple uno de los principios básicos de la Unión Europea. La exposición de la Sra. De Esteban Martín resulta tan convincente que deseo con todo corazón que llegue cuanto antes a manos de quienes han de dar su visto bueno a las peticiones del profesor Söderman. Por razones de eficacia pide que su institución pueda disponer de un presupuesto independiente y que se modifique el estatuto.
A la luz de la dimisión de la Comisión, la solicitud del Defensor del Pueblo de que se elabore un código de buena conducta administrativa adquiere una especial relevancia. El primer responsable es el Parlamento Europeo, puesto que el Defensor del Pueblo europeo depende de esta institución. Incumbe a la Comisión de Peticiones asumir dicha responsabilidad. Ahora bien, yo les pregunto cómo puede cumplir esta misión si no dispone de los medios necesarios para ello. La Comisión de Peticiones ya ha planteado esta cuestión ante la administración del Parlamento, pero, desgraciadamente, nuestras peticiones han tenido poca resonancia. Ante esta situación, invito a cada uno de los miembros de esta Casa a que lean con detenimiento los anexos del informe del Sr. Newman. Así se percatarán de que realmente es absurdo repartir las competencias de esta comisión entre las demás comisiones.
Desafortunadamente, me veo obligado a dirigirme a determinados sectores de este Parlamento con una última pregunta. ¿Cómo piensan defender los derechos de sus electores cuando se deciden a quitar protagonismo al derecho fundamental de petición, suprimiendo la comisión correspondiente, o cuando pretenden modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sustituyéndolo por Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Consumidores? Los ciudadanos de la Unión son primero ciudadanos y luego consumidores y los derechos que les corresponden en su calidad de consumidores se fundamentan en los derechos que poseen como ciudadanos.
Permítame, señor Presidente, que exprese mi gratitud hacia el Sr. Newman, no sólo por su instructivo y elocuente informe, sino sobre todo por el trabajo que ha realizado en esta importante comisión. Aunque mi estancia en ella fue breve, he podido comprobar todo aquello por lo que nuestros colegas le están agradecidos. ¡Muchas gracias, señor Newman!

Maes
Señor Presidente, quisiéramos sumarnos a las felicitaciones al Defensor del Pueblo y al Presidente de la Comisión de Peticiones, a la que pertenezco y a la que tengo en la más alta estima, puesto que se ocupa de los derechos de los ciudadanos. Estamos aquí para defenderlos (a los ciudadanos), ya que hablamos en su nombre y debemos poder escucharles más y más directamente. La institución del Defensor del Pueblo depende del Parlamento y esto es positivo, puesto que este último asegura su independencia y el primero hace buen uso de ella. También se ha desprendido hoy esto del informe que ha presentado el Defensor del Pueblo al Parlamento. Le agradezco que haya defendido tan firmemente la necesidad de una administración transparente. Me ha hecho pensar en el derecho de réplica de los funcionarios, algo que defendemos en varios Estados miembros, pero que aquí, en las instituciones europeas, parece ser todavía un tabú. Pienso en este sentido en el Sr. Van Buitenen.
Señor Presidente, los hechos han reparado la honra de este hombre, pero la Comisión considera todavía necesario que el procedimiento disciplinario continúe y, además, se le ha relevado de sus competencias en el control de las finanzas, ámbito en el que, sin embargo, ha realizado un trabajo destacado. Precisamente, gracias a su labor, hemos podido trabajar en este Parlamento y, junto con la Comisión de Control Presupuestario y posteriormente el Comité de Sabios, hemos llegado a esa dura reprobación. Abogo firmemente por que se presione con todos los medios a nuestro alcance para que el Sr. Van Buitenen sea restituido en su puesto.
Creo que el Defensor del Pueblo ha defendido de forma suficiente la transparencia y la información, y termino, señor Presidente, con un alegato a favor de un cambio de estilo, de manera que Europa no represente el hermetismo y la burocracia, sino la democracia y la transparencia.

Striby
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, como cada año, la discusión de los informes anuales relativos a las actividades de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo nos brinda la ocasión de recordar la importancia que revisten estos dos organismos en el establecimiento de vínculos de confianza entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos de los Estados miembros.
La experiencia reciente ha puesto de relieve -y, al mismo tiempo, ha recordado a aquellos que lo habían olvidado- que el alejamiento y la opacidad engendran la irresponsabilidad y el fraude. El bien común debe nutrirse permanentemente a través del contacto con las realidades cotidianas. Si no, éste corre el peligro de transformarse en expresión confusa de intereses particulares.
Por propia naturaleza, las instituciones comunitarias son las que están más alejadas de la vida diaria. En Bruselas, unos funcionarios perdidos en interminables pasillos de oficinas pretenden elaborar, en todos los ámbitos, normas uniformes aplicables a las diversas tradiciones nacionales. En el peor de los casos, estos textos no hacen más que añadir a las legislaciones nacionales existentes una normativa desprovista de toda dimensión europea. Así pues, no hay que extrañarse de que la aplicación del conjunto de estas normas comunitarias absurdas cree un cúmulo de dificultades, que dan lugar a la presentación de recursos ante la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. Ciertamente, es conveniente proporcionar a estos dos organismos los medios para funcionar adecuadamente, pero ¿no sería urgente reformar la construcción europea, para evitar sus derivas y las reclamaciones que estas últimas originan? Todos los imperios artificiales acaban por hundirse, porque muchas veces se olvidan de las personas.
La Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo no bastarán, en el futuro -más allá de sus méritos-, para paliar las incoherencias y los excesos de una maquinaria tecnocrática. Esta maquinaria producirá, inevitablemente, cada vez más malestar y reclamaciones entre los ciudadanos, a quienes resulta difícil entender el hecho de que estas reglamentaciones no sean útiles, realistas y aplicables.

Papakyriazis
Señor Presidente, al hablar hoy aquí, cincuenta y ocho días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en los últimos días del funcionamiento de este Parlamento Europeo, siento que el debate conjunto sobre la Comisión de Peticiones y sobre el Defensor del Pueblo Europeo tiene una especial significación y viene, como un balance de toda una legislatura quinquenal, a dar un mensaje en estas próximas elecciones. Confiere valor al próximo Parlamento Europeo que suceda al actual. Así pues, creo que poder participar en el debate de hoy es un honor especial para todos nosotros. Es un debate conjunto porque el funcionamiento de la institución de la Comisión de Peticiones es común al de la institución del Defensor del Pueblo Europeo. Común pero distinto, complementario pero sin que las competencias se confundan ni se superpongan, respetando plenamente la independencia del Defensor del Pueblo Europeo.
Quisiera agradecer y felicitar a los ponentes, a la Sra. De Esteban Martín y al Sr. Newman, por sus informes que, como siempre sucede en esta comisión, son el producto final de la labor colectiva y de la aportación de todos sus miembros.
Señora De Esteban Martín, permítame hacer un inciso y expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Newman por la ayuda que nos ha proporcionado a todos con su ejemplo; porque en los quince años que ha estado al servicio del Parlamento Europeo, nos ha ayudado todavía más en el funcionamiento, y no sólo en él, de esta comisión.
También me alegro de que hoy -y quizás no sea casual- votemos la continuidad del funcionamiento de la Comisión de Peticiones. Tengo la sensación de que la Comisión de Peticiones ha salido renovada de esta controversia, precisamente porque el tamaño de su aportación se ha hecho comprensible para todos en el Parlamento Europeo.
Señor Söderman, el Sr. Perry ha referido, y yo voy a completar, que tuve el placer y la suerte de votarle en su elección. Me alegro de que mi opción se haya visto confirmada. Considero que el Sr. Söderman, como persona institucional, como persona que ha representado el funcionamiento de la institución, ha ofrecido a Europa y a la Unión Europea una nueva creación, una nueva institución.

Banotti
Señor Presidente, tengo la intención de hablar acerca del anexo del informe del Sr. Newman que trata de mi labor como mediadora del Presidente respecto de los niños secuestrados y trasladados fuera del país, pero antes que nada quisiera rendir homenaje al Sr. Newman. El Sr. Newman ha sido un verdadero «perro de presa británico» en esa comisión parlamentaria, y nunca ha dejado pasar la ocasión de intervenir en nombre de los ciudadanos de la Comunidad. Eddy, te vamos a echar mucho de menos.
Esperaba también tener la ocasión de agradecer personalmente al Presidente Gil-Robles su continuo apoyo de mi labor de mediadora respecto de los niños secuestrados, y de dar gracias también al Sr. Söderman por su excelente trabajo como Defensor del Pueblo Europeo.
Por el informe verán ustedes que el año pasado me he ocupado de 29 denuncias en mi calidad de mediadora. Cuando recibimos una denuncia acerca del secuestro de niños, inmediatamente nos ponemos en contacto con la persona que la ha presentado. Los niños secuestrados son siempre un caso de urgencia, y así hay que considerarlos. No pueden esperar hasta el final del largo proceso de tramitación administrativa.
Hay un buen cuerpo de legislación que se ocupa del problema de los niños secuestrados y llevados al extranjero, pero no siempre se aplica de la manera apropiada. Ése es el motivo de que haya tenido cada vez más trabajo en relación con esta cuestión. El Consejo de Ministros debe esforzarse por examinarla lo antes posible, para que podamos establecer algunas normas básicas para hacer frente al problema. Se trata de un problema que cobra proporciones cada vez mayores.
La Convención de La Haya no tiene más que una finalidad, una finalidad únicamente. No es un juicio para hablar de la custodia de los niños, es un instrumento legislativo que exige que los niños regresen al país en el que residen habitualmente, para discutir el caso y adoptar una decisión sobre su custodia. Hay una profunda ignorancia internacional acerca del derecho de familia y acerca de lo que sucede si el matrimonio se deshace y los niños tienen que ir a vivir a un país que no es el de su residencia habitual.
Seguimos teniendo problemas gravísimos con países que no han firmado la Convención de La Haya y en los que sigue habiendo muchos casos de secuestro. Nuestro principal problema se plantea principalmente en el caso de los países que tienen tribunales religiosos, principalmente pero no exclusivamente. Muchos Estados europeos no cumplen el espíritu de la Convención de La Haya, ni ellos ni sus leyes. Recientemente hemos conseguido un éxito muy importante en el caso de una madre francesa y de un padre alemán. La decisión adoptada por el tribunal alemán nos ha alegrado muchísimo, pero demasiado a menudo ese tipo de causas se juzgan ante jueces que, o ignoran la legislación relativa al secuestro de niños, o están mal informados acerca de ella.
Necesitamos que haya tribunales especiales que se ocupen de esas cuestiones y que lo hagan lo antes posible, para evitar el trauma inevitable, particularmente para los niños, pero también para la madre y el padre. La mayor parte de esos casos se resuelven ante las autoridades centrales del país. Inevitablemente, recibo los casos que no se han podido resolver de esa manera. Todos nuestros países necesitan la Convención de La Haya.
Además de la labor que he desempeñado en la comisión parlamentaria, he participado también, en nombre del Parlamento, en muchísimas conferencias internacionales. En todos los Estados miembros está suscitando un interés cada vez mayor el aumento de la incidencia del secuestro de niños. Quisiera dar gracias al Parlamento por la asistencia que ha prestado a este respecto.

Sjöstedt
Señora Presidenta, desearía hacer algunas observaciones acerca del informe anual del Defensor del Pueblo y del informe de la Sra. De Esteban Martín. De hecho, del documento de nuestra colega no se puede decir sino que es un buen informe. Estoy de acuerdo prácticamente con todos sus puntos.
Por lo que respecta a la institución del Defensor del Pueblo, es evidente que desempeña una función cada vez más importante y un papel verdaderamente positivo para el conjunto del sistema comunitario. Yo mismo he mantenido un contacto directo con el Defensor del Pueblo. He conocido a muchas personas que también han entrado en contacto con la institución del Defensor del Pueblo. Por regla general, estas personas se muestran satisfechas por el trato recibido, por las respuestas obtenidas y por los plazos en que se les han hecho llegar estas respuestas. El hecho de que quienes se dirigen a uno para presentar una reclamación consideren que han recibido el trato y la asistencia adecuados es, quizás, el mejor diploma posible. Es algo importante, especialmente si tenemos en cuenta que son muchos los que se sienten impotentes ante las instituciones de la Unión Europea y que, ahora, ya tienen algún sitio donde dirigirse. Creo que la función más significativa que ha desempeñado, y que sigue desempeñando, la institución del Defensor del Pueblo reside, sin lugar a dudas, en sus esfuerzos por lograr una mayor transparencia en el conjunto de la UE, aspecto éste que constituye un aspecto de gran importancia.
Cuando examinamos la crisis de la Comisión, vemos que esta crisis gira en torno a diversas cuestiones que, de hecho, han venido teniendo lugar ya durante bastante tiempo. Naturalmente, el meollo de la crisis y el motivo que condujo a la dimisión de la Comisión son la mala gestión económica y el hecho de que se ha perdido en parte el control de los gastos. Pero existe todavía otra razón que creo que no deberíamos subestimar: la falta de transparencia y la mentalidad administrativa que ha reinado en la Comisión. Muchísimas personas, «ciudadanos normales», ven en la Comisión una institución poderosa pero, a la vez, hermética, insensible y, en ocasiones, incluso arrogante. Son muchas las personas que consideran que es difícil obtener información y respuestas cuando se dirigen directamente a la Comisión. Independientemente de que sea cierto o no, creo que se trata de un hecho importante para explicar la imagen que se tiene de la Comisión. Cuando se tiene un concepto como éste es porque la administración está anticuada y exige cambios. Por este motivo es tan importante la iniciativa que ahora se ha emprendido en torno a un código de buena conducta, el cual podrá remediar en cierta medida la situación y mejorar estas relaciones.
Resulta asimismo evidente que es imprescindible modificar la reglamentación relativa al personal. Se debe perseguir que los trabajadores de las distintas instituciones de la Unión Europea sientan que pueden llamar la atención, también públicamente, sobre las anomalías y expresar sus críticas sin correr el riesgo de sufrir represalias. Si no es así, el sistema que tendremos será un sistema bastante incómodo. Este tipo de cambios, junto con nuevas normas en materia de transparencia y acceso a los documentos, debería entrañar una verdadera modificación en el funcionamiento de la administración.
Lo importante ahora es reforzar la institución del Defensor del Pueblo. Hay dos aspectos sobre los que me gustaría llamar la atención principalmente. El primero está relacionado con las condiciones económicas. Es preciso contar con un presupuesto y una planificación a largo plazo que permitan absorber la totalidad de las reclamaciones que se reciben, tramitarlas de la manera adecuada y disponer de los recursos necesarios a este fin. En segundo lugar, es obvio que la institución del Defensor del Pueblo ha de disponer de acceso a todos los documentos a los que necesite acceder. Ésta es precisamente la clave a la hora de llevar a cabo una buena labor. Así pues, es necesario lograr refuerzos inmediatos a este respecto.
Soy uno de esos eurodiputados críticos con muchos de los aspectos de la Unión Europea. Sin embargo, no tengo ninguna crítica que formular a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo sino que, por el contrario, me gustaría agradecer tanto al Sr. Söderman como a quienes trabajan con él la buena labor que están llevando a cabo.

Hautala
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo, señor Comisario, también yo me muestro de acuerdo con quienes piensan que el Defensor del Pueblo es la mejor institución de la Unión Europea. Además, éste ha orientado las estructuras institucionales en una dirección positiva. Es importante también el desarrollo de competencias, y en el informe se menciona la libre circulación. Recientemente he conocido personalmente, entre otros, el caso de un dentista irlandés que se ha enfrentado con problemas para ejercer su profesión en Grecia. Sería necesario incluir todas las cuestiones de este tipo en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.
La publicidad de los documentos ha cobrado importancia en la Unión Europea gracias, casi exclusivamente, a los esfuerzos del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Justicia. Los órganos legislativos no han tenido tiempo de hacer prácticamente nada. Existen temores de que la Comisión ha ralentizado la elaboración del futuro reglamento sobre la transparencia. Desearía preguntar al Comisario Monti cómo esta preparando la Comisión este reglamento con arreglo al Tratado de Amsterdam, ya que su elaboración representa también un elemento esencial para solucionar esta crisis institucional que ha provocado su dimisión.
Una buena administración es fundamental a la hora de resolver esta crisis. He comprobado con satisfacción las intervenciones del Defensor del Pueblo en defensa de la libertad de expresión de los funcionarios. Es muy importante que se examine detalladamente el Estatuto de los funcionarios y que se introduzcan las modificaciones necesarias para establecer directamente la obligación a los funcionarios de señalar las irregularidades que pudieran percibir en el desempeño de sus funciones acerca del funcionamiento de los órganos comunitarios.
El establecimiento en todas las instituciones de un registro de sus documentos constituye también una reforma de enorme importancia. Quisiera señalar que el Parlamento Europeo debería unirse también estas reformas e introducir una buena administración también por lo que respecta a sus propias actividades.

Sandbæk
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Söderman en que si la UE hubiera tenido una cultura de transparencia en la gestión donde los ciudadanos pudieran examinar los asuntos de los funcionarios, cuando están terminados, se podrían haber evitado muchos casos de fraude y numerosas irregularidades. Los funcionarios, al saber que sus asuntos pueden ser examinados en cualquier momento por la opinión pública, seguramente sientan mayor predisposición para tramitarlos correctamente. La UE no tiene esta cultura de la apertura y así queda también reflejado en el informe anual de actividades del Defensor del Pueblo, que resulta por lo demás bien estructurado, claro y riguroso. Es un motivo de alegría pues se trata de consolidar una institución que sigue siendo muy reciente, pero que ya es bien conocida y apreciada. Sobre todo, ha faltado la voluntad política de proporcionarle al señor Defensor del Pueblo buenas condiciones de trabajo. Por muy increíble que suene, del informe anual de actividades se desprende que él mismo, que debe ser el garante de los ciudadanos ante la gestión de la UE, no tiene pleno acceso a las actas y documentos de la Comisión y del Consejo. De ahí que naturalmente deba modificarse el apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo para que el Defensor del Pueblo tenga acceso pleno y sin barreras a todos los documentos relevantes. Mantener disposiciones por las que las instituciones comunitarias pueden negarse a facilitar al Defensor del Pueblo documentos acogiéndose de forma debidamente razonada a su secreto profesional o porque los funcionarios y el resto de empleados se pronuncian en nombre y siguiendo instrucciones de sus administraciones, no sólo no es necesario, sino especialmente impropio. Ya es hora de reelaborar el fundamento jurídico del trabajo del Defensor del Pueblo. De lo contrario, la institución da a los ciudadanos comunitarios una impresión completamente engañosa de seguridad jurídica. Por ello, resulta importante apoyar especialmente el punto 6 de la propuesta de decisión de la Sra. Esteban.

Monti
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo, Señorías, en virtud del Tratado de la Unión Europea es el Parlamento, y no la Comisión, el destinatario del informe anual del Defensor del Pueblo. Permítanme, no obstante, decir algunas palabras en nombre de la Comisión.
La Comisión está convencida de que, con la institución del Defensor del Pueblo europeo, la ciudadanía europea se ha enriquecido considerablemente y que la buena administración de las Instituciones europeas, la transparencia y la equidad de su funcionamiento son derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Europa.
En el año 1998 la Comisión fue una vez más el objeto principal de las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo. La misma ha tratado de contestar de buen grado y de forma satisfactoria a todas las preguntas respetando, dentro de lo posible, los plazos fijados. El control que, a través de Defensor del Pueblo, pueden ejercer los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestra administración no puede sino animarnos a trabajar mejor, a corregir nuestros errores y a aumentar la transparencia de nuestra labor. Por eso estamos de acuerdo con el excelente informe de la Sra. De Esteban Martín cuando invita a todas las Instituciones europeas a sensibilizar aún más, si cabe, a los ciudadanos con todos los medios posibles sobre las posibilidades de que disponen para hacer valer sus derechos y, en particular, evidentemente, sobre la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo.
El otro punto planteado por el Parlamento, por su Comisión de Peticiones y por el propio Defensor del Pueblo, se refiere al código de conducta administrativa destinado a las Instituciones y a los órganos europeos. La Comisión ha alcanzado un acuerdo respecto al principio en que se basa dicho código, ha puesto en marcha su elaboración consultando al Defensor del Pueblo y ha tomado la primera decisión al respecto. La Comisión, no obstante, tenía la intención de convertir dicho código en uno de los tres ejes de una reforma más ambiciosa del conjunto de sus actuaciones internas y externas que, sin embargo, no ha podido llegar todavía a buen fin por los motivos que el Parlamento conoce perfectamente. Por otra parte, mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la administración implica asimismo reforzar considerablemente el acceso del público a los documentos.
La Comisión comparte el hecho de que la transparencia no solo significa que los documentos son, dentro de lo posible, accesibles al público, sino también que cualquier negativa a facilitar tales documentos debe ser justificada con arreglo a normas establecidas con anterioridad. El Tratado de Amsterdam -nos lo ha recordado la Sra. Hautala- ha sancionado esta noción de transparencia concediendo a los ciudadanos un verdadero derecho de acceso a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. Dado que, en virtud del artículo 255, a la Comisión le corresponde la tarea de elaborar una propuesta legislativa relativa a los principios generales y a los límites que regulan el ejercicio de dicho derecho, nuestra Institución presentará en tiempo útil su propuesta al respecto y el Pleno tendrá así la posibilidad de manifestar su posición en el procedimiento de codecisión.
En lo que respecta a una cuestión análoga, aunque distinta, la Comisión comparte la opinión de la señora ponente, según la cual el Defensor del Pueblo tiene que tener, dentro de lo que cabe, un acceso amplio a los expedientes y documentos, en poder de las Instituciones, necesarios para sus investigaciones. Se trata de una cuestión de vital importancia tanto de cara al ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo como de cara a que los ciudadanos depositen su confianza en él. En cuanto a la modificación del Estatuto del Defensor del Pueblo, respecto a este punto o al de los testimonios de los funcionarios, evidentemente le corresponde al Pleno tomar la iniciativa de acuerdo con el artículo 138 E. Después será tarea de la Comisión -de la próxima Comisión, evidentemente- emitir su dictamen al respecto.
La Comisión comparte asimismo la importancia que su ponente y el mismo Defensor del Pueblo atribuyen al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las Instituciones europeas, en particular cuando los ciudadanos denuncian situaciones que no consideran conformes a las disposiciones europeas. Es por esto que, dando seguimiento a la investigación de iniciativa llevada a cabo por el Defensor del Pueblo sobre los procedimientos de infracción, la Comisión se ha comprometido a facilitar, en el mismo momento en que informa al autor de una denuncia de su intención de archivarla -cuando ésta es la intención- también los motivos por los que estima que no existe vulneración del Derecho comunitario. Sin embargo, otorgar a los ciudadanos un derecho efectivo en el procedimiento que establece el artículo 169 impone, obviamente, una modificación del Tratado.
Deseo dar las gracias al Sr. Söderman por su excelente trabajo y la provechosa colaboración que nos ha permitido estrechar con él. Señor Defensor del Pueblo, además de las tareas de instrucción de los casos que le fueron remitidos, usted ha tomado la iniciativa de formular numerosas propuestas en materia de transparencia y de derechos de los ciudadanos. Ya se ha recordado en este Pleno su implicación en los asuntos relacionados con el papel de los ciudadanos en el procedimiento establecido en el artículo 169, la redacción de un código de conducta de los funcionarios, el acceso a los documentos de las Instituciones y de los órganos controlados por usted. Quiero subrayar de nuevo su empeño en favor de una mayor transparencia en los procedimientos de contratación, así como de la modificación del límite de edad en el contexto de esta última. En ambos campos, gracias a la cooperación entre usted, el Parlamento y la Comisión, se han realizado notables progresos en el sentido de que ha mejorado la relación entre los ciudadanos y las Instituciones.
Señora Presidenta, quisiera añadir algunas palabras con respecto el informe del Sr. Newman. El balance que este Parlamento hace cada año del examen de las reclamaciones enviadas por los ciudadanos ofrece, de hecho, una valiosa oportunidad de reflexión. Esta relación entre el ciudadano y las Instituciones fue para la Comisión uno de los temas dominantes de su reflexión sobre las Instituciones.
El derecho de petición es una conquista muy importante en el ámbito de los derechos políticos de los ciudadanos y me parece útil recordar una vez más, al igual que el ponente, que este derecho ha encontrado su pleno reconocimiento en el Tratado de la Unión Europea.
La rápida y eficaz tramitación de las peticiones es, en realidad, otro medio importante para consolidar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones. Cuando dirige una reclamación al Parlamento Europeo, el ciudadano no solo denuncia algo que a su juicio constituye una mala aplicación de la legislación comunitaria, sino que al mismo tiempo expresa su confianza en el Parlamento y las demás Instituciones esperando que éstas reparen la injusticia. En consecuencia, la Comisión atribuye mucha importancia, al final de esta legislatura, al hecho de ponerse al día en la tramitación de las peticiones, al objeto de poder examinar, con ocasión de las dos últimas reuniones de su Comisión de Peticiones, presidida por el Sr. Fontana, la mayor parte de los dossiers todavía pendientes.
El atento examen de todo el conjunto de las peticiones ofrece otro elemento de interés. La Comisión de Peticiones debe ser considerada como la principal tribuna parlamentaria del ciudadano, como el barómetro, el indicador sensible de sus preocupaciones concretas. Este año su ponente ha justamente puesto de relieve la importante función de la Comisión de Peticiones en el seguimiento de los procedimientos de infracción. Como es sabido, la incoación del procedimiento que establece el artículo 169 encuentra su origen en las numerosas reclamaciones de los ciudadanos.
Con relación al procedimiento del artículo 169, como la Sra. Thors sabe muy bien, la Comisión ha puesto y seguramente seguirá poniendo mucho empeño en la rapidez y la transparencia.
El Parlamento ha desempeñado una función importante también en otro ámbito: me refiero al código de conducta para el correcto comportamiento de la administración en sus relaciones con los ciudadanos. El Sr. Perry, ponente de la Comisión de Peticiones para el año 1996, pidió con insistencia este código y el Mediador del Pueblo había formulado la misma solicitud. Como he recordado, ha habido la primera decisión de la Comisión al respecto.
La consideración con la que quisiera terminar y a la que, personalmente, atribuyo la máxima importancia, es que en la base de una buena relación entre los ciudadanos y las Instituciones está precisamente la transparencia: una transparencia en sentido muy amplio que implica antes que nada que los ciudadanos estén bien informados acerca de los derechos que tienen. En este sentido, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por el apoyo que en todo momento ha prestado a la Comisión en el lanzamiento de esa gran operación de información que es «Ciudadanos de Europa» (Citizens First) que ha permitido, por primera vez, a los ciudadanos estar bien informados sobre sus derechos.
Finalmente, señora Presidenta, permítame dar las gracias a la Sra. Banotti por su actuación de mediadora del Presidente, en relación con los secuestros internacionales de niños. Esta actuación atañe a la tramitación, en sentido amplio, de las peticiones, y deseo manifestar la apreciación de la Comisión con respecto a unas actuaciones que la Sra. Banotti ha llevado a cabo con tanta eficacia.

El Presidente
Doy las gracias al Sr. Comisario Monti, al Sr. Defensor del Pueblo, así como a la Sra. Banotti.
Creo que nuestra Asamblea ha sido muy sensible, señor Comisario Monti, a sus palabras sobre la Sra. Banotti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas.

Programa «Aduana 2000»
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0136/99) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión de 19 de diciembre de 1996 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad ( "Aduana 2000») (COM(98)0644 - C4-0639/98-98/0314(COD)).

Peijs
Señora Presidenta, la Comisión Europea presentó una propuesta en noviembre del año pasado para prorrogar dos años el actual programa Aduana 2000. En septiembre de 1997, la Comisión quiso conceder 35 millones más al programa. El Parlamento Europeo llamó al orden a la Comisión porque en el caso de un simple aumento presupuestario no es necesario el procedimiento de codecisión. No obstante, resultó que se trataba de algo más que de un problema presupuestario. Había problemas con el núcleo de las actividades aduaneras, es decir, con la puesta en marcha de un sistema de tránsito informatizado. Los deadlines no se cumplieron y los contratantes no entregaron productos de la calidad acordada.
El Parlamento, que inició su propia investigación, consideró necesario realizar modificaciones drásticas en esta política. Estos problemas relativos al sistema informático estuvieron muy presentes en el informe relativo a la aprobación de la gestión de 1996, que finalmente condujo a la caída de la Comisión. Desde entonces, la Comisión Europea ha hecho tabla rasa. Se ha presentado un nuevo planteamiento para el sistema de tránsito informatizado. El enfoque es más práctico y, sobre todo, más realista y menos ambicioso. El Parlamento está satisfecho con los avances que está realizando la Comisión.
En la actual propuesta, la Comisión presenta lo siguiente: integración en una línea presupuestaria de todas las actividades en el ámbito de las aduanas, formación de los funcionarios y proyectos informáticos. La creación de otro comité de representantes de los Estados miembros debe conducir a una mayor implicación de los Estados miembros en el programa y, como tercer punto, la apertura del programa a los países asociados.
El Parlamento encuentra algunos problemas en esta propuesta. En primer lugar, el Parlamento no puede aceptar las propuestas originarias de la Comisión relativas al comité. La Comisión desea crear un nuevo comité para la ejecución del programa, además del actual comité político de directores generales de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. El Parlamento sólo quiere un comité. Posiblemente pueda encontrarse una solución, de forma que el comité de directores generales ceda la ejecución del programa a un comité delegado -por tanto, realmente habría dos niveles dentro del comité-, pero los directores generales continúen siendo responsables. Esto aumentará la necesaria implicación de los Estados miembros y eso es precisamente lo que pretende la Comisión.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha adoptado numerosas enmiendas de los ponentes para opinión, los Sres. Bardong y Brinkhorst, además de mis propias enmiendas. Tanto para el Parlamento como para la industria, lo importante es la transparencia en la ejecución. La Comisión Europea tiene mucho que ganar si asocia en mayor medida al programa a los participantes en el mercado. A menudo se olvida que la industria cuenta con numerosos expertos que podrían facilitar el trabajo de la Comisión. Así, las empresas de mensajería trabajan desde hace años con un sistema informático que abarca el mundo entero.
Recientemente hemos visto una demostración del nuevo sistema informático y eso despertó esperanzas, señora Presidenta. Naturalmente, todavía hay que demostrar que esto es viable en la práctica, ya que debe conectar las terminales de 3.000 aduanas y las empresas que hagan uso de este sistema.
He dejado claro en una de las enmiendas que el Parlamento desea que se le ponga al corriente de cada retraso que surja en cuanto a la puesta en marcha del nuevo sistema informático. Pido al Comisario que se tome muy en serio esta enmienda.
Todavía hay un problema financiero en el Consejo. La Comisión considera que será necesario destinar al programa 142 millones de euros hasta el año 2002. Antes de la Cumbre de Berlín, sobre todo Alemania y los Países Bajos dudaban respecto de la cuantía de la suma, sin fundamentar, por lo demás, las dudas en cuanto al contenido. Alemania y los Países Bajos son realmente esenciales en el trabajo de las administraciones europeas de aduana. No puede enviarse ningún paquete desde Rotterdam, en tanto mayor puerto europeo, al resto de Europa sin que atraviese el territorio alemán. Ojalá que la Cumbre de Berlín haya dejado a ambos países suficientemente satisfechos en términos financieros. Dentro de poco volveré a tocar el tema y quizá podamos encontrar rápidamente una solución.
Vamos a votar a favor de todas las enmiendas, señora Presidenta. Solamente la enmienda 5 es especial y, además, muy actual tras la Cumbre de Berlín. Se trata de una cuestión europea de máxima importancia, presentada por el Sr. Brinkhorst como ponente para opinión. Como neerlandesa, tengo problemas con su posición, pero como ponente, debo decir que tiene toda la razón. No es justo que cada vez mayores cantidades de los muy limitados recursos propios de la Unión Europea vayan a parar al bolsillo de los Estados miembros. El Tribunal de Cuentas ha constatado que el reembolso del 10 por ciento para cubrir los gastos de recaudación es muy elevado. Esa cantidad se ha incrementado ahora hasta el 25 por ciento. En el fondo, estamos, por tanto, ante una ayuda encubierta que básicamente se debe rechazar. Señora Presidenta, salvo en esta ocasión, los Estados miembros siempre las rechazan por principio, a menos que les afecten directamente.

Brinkhorst
Los aranceles aduaneros comunes son uno de los signos más concretos de la identidad común de la Unión Europea. Hay aproximadamente 120.000 funcionarios en las administraciones de los Estados miembros. La Comisión Europea tiene unos 120 -la milésima parte de la cifra antes mencionada-, lo que, una vez más, demuestra lo mal intencionado que es acusarnos de que en Bruselas tenemos una burocracia supercentralizada.
En ese contexto el programa Aduana 2000 es absolutamente esencial. Es una forma esencial de demostrar que somos algo más que un sencillo grupo de países individuales que están trabajando en un entorno general. A falta de una administración común, Aduana 2000 representa un importantísimo instrumento de gestión para armonizar, mecanizar, etc. las normas. Es significativo que los Estados miembros tropiecen a veces con dificultades para mejorar la eficacia del programa Aduana 2000. Me refiero a la encuesta sobre el tránsito, que ha dado impulso al programa.
Diré, en nombre de la Comisión de Presupuestos, que me agrada sobremanera la cooperación que nos ha prestado la Sra. Peijs, ponente, y en especial que haya aceptado nuestras enmiendas. Esas enmiendas procuran mejorar la lucha contra el fraude y la Sra. Peijs se ha percatado de la más importante de todas, que trata de la forma de relacionar los gastos de recaudación con los criterios de ejecución. Lo cierto es que, después del Consejo Europeo, el 25 % vuelve a los bolsillos de los Estados miembros, pero la idea de los criterios de ejecución común sigue siendo absolutamente esencial y a ese respecto preguntaré al Comisario qué repercusiones ha tenido, en su opinión, el Consejo Europeo respecto de la actitud de las autoridades aduaneras comunes y si están ahora menos preocupados que antes.
En este contexto se han adoptado también las enmiendas de la Comisión de Presupuestos encaminadas a armonizar la labor del Comité de aranceles aduaneros comunes, para que un solo comité de ámbito general pueda ocuparse de las tarifas arancelarias comunes. Tenemos que simplificar, tenemos que armonizar. Ésa es la dirección que ha seguido el Comisario Monti, y diré que celebro que esté aquí en el desempeño de lo que supongo será una de sus últimas funciones oficiales, porque ha sido partidario de esta idea y me alegra mucho que haya podido también defenderla ante el Consejo.

Bardong
Señora Presidenta, estimados colegas, efectivamente, los Estados miembros han llenado sus bolsillos en la Cumbre de Berlín de la Unión Europea, sirviéndose para ello de la recaudación de los derechos de aduana. A partir del año 2001 ya no quieren quedarse con el 10 % sino con el 25 %, aun cuando estos derechos constituyen recursos propios tradicionales de la UE. A mi modo de ver, dicha decisión carece de fundamento, sobre todo si se tiene en cuenta que los Estados miembros contribuyen muy poco a la construcción de una aduana comunitaria. Pese a ello, realmente necesitamos impulsos en ese sentido, por ejemplo a través de los derechos de aduana comunes, etcétera. El hecho de que el Parlamento renunciara a su propuesta de construir una aduana común en el procedimiento de conciliación celebrado en el marco del informe anterior no significa que éste haya dejado de ser nuestro objetivo final.
En cada debate vuelve a surgir la pregunta de si los Estados miembros realmente merecen quedarse con el 10 % de los derechos de aduana en concepto de gastos administrativos. Es decir, es preciso averiguar si este 10 % está justificado. Hoy estudiaremos otra propuesta que se fundamenta asimismo en la convicción de que se trata de una cantidad excesiva. Además, se ha presentado una enmienda en la que se insta a la Comisión a que elabore criterios destinados a controlar la eficacia de los Estados miembros en la administración de la recaudación de los derechos de aduana.
La falta de compromiso por parte de los Estados miembros ya saltó a la vista en el procedimiento de conciliación llevado a cabo con respecto al primer Informe Aduana 2000. En su informe provisional de julio de 1998, la Comisión tampoco pudo registrar grandes progresos. La coordinación con los Estados miembros y el desarrollo de la técnica del análisis de riesgos aún deja mucho que desear. Y por mucho que la Comisión se felicite en su informe de los resultados obtenidos, el informe del Tribunal de Cuentas de 1997 aporta datos contrarios. Seis años después de la entrada en vigor del mercado interior y 29 años después de la puesta en marcha de la unión aduanera no podemos sino concluir que los resultados son francamente decepcionantes. La Comisión de Control Presupuestario no se siente en absoluto satisfecha. Pese a ello, no ha querido presentar más enmiendas para que, por fin, puedan conseguirse algunos avances. Los efectos negativos de las irregularidades, las demoras y el fraude no son nada desdeñables y acarrean pérdidas importantes para el presupuesto de la UE. No es el momento adecuado para que los Estados miembros se permitan el lujo de hacer peligrar los recursos propios de la Unión Europea.

Mendes Bota
Señora Presidenta, no es posible concretar el Mercado Interior de amplias libertades de circulación y competencia leal en el espacio de la Unión entre los agentes económicos, si persisten 15 sistemas aduaneros incoherentes y desconexos entre sí. ¿Cómo se puede luchar contra el fraude fiscal y la delincuencia organizada o proteger los intereses financieros y presupuestarios de la Unión, si los diferentes sistemas informáticos aduaneros siguen sin estar interconectados, pese a las posibilidades que brindan el programa Aduana 2000 o el programa IDA para la informatización en la esfera aduanera?
Seis años después del Mercado Único hay que reconocer que los resultados son decepcionantes. Falta cooperación entre los Estados miembros. Los servicios aduaneros en muchos países viven aún en la era del papel y de la tramitación manual, en un total desajuste tecnológico frente a las exigencias de la sociedad moderna. La propia condescendencia de la ponente, al proponer la prórroga del plazo de aplicación de la informatización del régimen de tránsito hasta el 30 de junio del año 2003, el sistema TRANSIT, es algo que refleja muy negativamente la apreciación de los resultados hasta ahora obtenidos a ese respecto.
La explosión de los intercambios comerciales que va a conocer el mundo en los próximos años no se compadece con esos retrasos so pena de perjudicar gravemente los tesoros de la Unión, expoliados en medida importante de sus recursos propios más importantes: los derechos aduaneros, los derechos niveladores agrarios. ¿Cómo comprender la falta de eficacia en la formación coherente de los funcionarios, de las diferentes administraciones aduaneras, pese a que el programa MATHÄUS está ya en vigor hace más de seis años? Hablar de tramitaciones aduaneras nos trae a la memoria una imagen negativa de burocracia, falta de eficiencia y duplicación de acciones. Por eso no podemos subscribir la propuesta de la Comisión en el sentido de crear un comité más, que acumule funciones con el comité de política aduanera. ¡Basta ya de duplicaciones!

Monti
Señor Presidente, deseo agradecer a la ponente, Sra. Peijs, su contribución y su apoyo a esta propuesta de la Comisión que modifica el programa «Aduana 2000». El alcance y la importancia de la propuesta han sido explicados muy claramente por la señora ponente, así como por los Sres. Brinkhorst y Bardong y otros, razón por la que no abundaré en ellos. Me voy a limitar a aclarar la posición de la Comisión en lo que a las enmiendas se refiere.
En primer lugar, la Comisión puede admitir un gran número de enmiendas -me refiero a las enmiendas 2, 4, 6, 7, 10, 12 a 17 y 19- sobre las que no me voy a detener. En lo que respecta a la enmienda 1, la Comisión considera que ya existe una disposición general que reviste la forma de código de conducta. Dicha disposición, por tanto, no parece que pueda caber en esta propuesta.
En cuanto a la enmienda 3, puede aceptarse la primera parte del texto, salvo la frase final que dice: «considerando que esto supondrá un retraso de 4 años respecto al plazo establecido al principio». La Comisión no solo entiende plenamente la preocupación del Parlamento por el retraso en la aplicación del sistema informatizado para el tránsito, sino que ya tuvo la oportunidad de explicar lo que está haciendo en concreto para llevar a término con rapidez el proyecto. En este sentido, quiero dar las gracias a los Sres. Peijs, Kellett-Bowman y Herman porque el 31 de marzo nos hicieron el honor de asistir a una primera demostración concreta del funcionamiento del sistema. La última frase de la enmienda 3 resulta asimismo impertinente para un texto de carácter jurídico. Con todo, les aseguro que mis servicios y yo nos esforzamos en vigilar los plazos constantemente.
La enmienda 5 guarda relación con la enmienda 16. La parte final del texto que se refiere a los resultados de los Estados miembros, performance criteria , puede admitirse y la considero muy importante. A pesar de que la Comisión comprende el motivo de la modificación, la primera parte del texto que retoma un tema más amplio en materia de recursos propios, encontraría mejor sitio en el ámbito de la legislación sobre recursos propios, más que en esta propuesta. Además, el texto trasciende el alcance del artículo al que se refiere, es decir, la enmienda 16.
El fundamento de la enmienda 8 no puede admitirse en la medida en que el comité en cuestión cumpla las mismas funciones del Comité de política aduanera. Volveré sobre este punto dentro de unos momentos.
La enmienda 9 es aceptable en lo que se refiere a la solicitud de transparencia con respecto al Parlamento y a las administraciones de aduana. Se sobrentiende, en cambio, que es necesario cierto grado de confidencialidad con respecto a los operadores económicos, en particular por motivos relacionados con la lucha contra el fraude.
La enmienda 11 es, en principio, susceptible de ser aceptada por la Comisión, siempre que el comité que va a crearse para la gestión del programa «Aduana 2000» cumpla las mismas actuales funciones del Comité de política aduanera. En efecto, dicho comité se creó, sobre la base del artículo 3 de la versión original del programa «Aduana 2000», como un instrumento de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. Esta enmienda también debe ser contemplada en relación con la enmienda 18, de la que la Comisión estima que puede aceptar el primer apartado insertándolo, sin embargo, en el texto del artículo 3 de la propuesta inicial de «Aduana 2000», donde encuentra su razón de ser. El artículo 3, al que se refiere la enmienda 11, trata del programa y la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. Consideramos, por tanto, apropiada la fusión de los dos textos propuestos.
El segundo apartado de la enmienda 18 no puede aceptarse. En cuanto a la primera frase del texto, teniendo en cuenta la diversidad de los temas a discutir en el ámbito de «Aduana 2000», la Comisión prefiere dejar a los Estados miembros la posibilidad de participar con más de un representante, al objeto de poder debatir argumentos específicos. Ésta es, por otra parte, la línea seguida constantemente en materia de comitología que no puede imponer un sistema organizativo único a los Estados miembros con tradiciones administrativas diferentes. Con todo, en lo que atañe a los gastos, la financiación comunitaria se garantizará a un solo delegado.
La Comisión no puede aceptar la segunda parte del texto, dado que la participación de los países candidatos a la adhesión en las reuniones no está permitida en virtud de las disposiciones en vigor en materia de comitología. Sin embargo, este punto debe enmarcarse en el contexto del artículo 19 de la nueva propuesta que prevé la apertura del programa «Aduana 2000» a los países candidatos a la adhesión en general. Las disposiciones específicas para la apertura del programa se decidirán en el ámbito de los consejos de asociación competentes y la participación de los países candidatos en las reuniones formará parte de tales decisiones. El último apartado de la enmienda 18 no puede admitirse. Como he dicho anteriormente, la confidencialidad de algunos asuntos a debatir excluye que la Comisión acepte que las reuniones del comité sean públicas.
Por último, el segundo apartado de la enmienda 20 no respeta los principios generales adoptados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en su Declaración de 6 de marzo de 1995 sobre la inscripción de disposiciones financieras en actos jurídicos y, por esta razón, dicho apartado no puede ser aceptado.
Señora Presidenta, lo anterior resume la opinión de la Comisión en esta fase del procedimiento legislativo. Quisiera volver a agradecer a las comisiones, los ponentes y el Parlamento en general el enorme y constructivo trabajo realizado en este terreno tan concreto que reviste, al mismo tiempo, una gran importancia simbólica, así como concreta, para el funcionamiento de la Unión Europea.

Peijs
Podríamos satisfacer algunas de las objeciones del Comisario si no fuera porque dentro de diez minutos vamos a votar y es físicamente imposible modificar algo. Hasta el momento ha habido una muy buena comunicación y, por tanto, pienso que el programa saldrá adelante sin un procedimiento de conciliación, ya que opino que algunas de esas objeciones son tan secundarias que creo que mis colegas del Parlamento no pondrán reparos. Las tendremos en cuenta y, de esta forma, lograremos un conjunto aceptable, exceptuando algunos puntos esenciales, pero éstos son para otra ocasión.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas.

Tarificación de infraestructuras de transporte
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/99) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado: «Tarifas justas por el uso de infraestructuras: estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transporte en la UE» (COM(98)0466 - C4-0514/98).

Schmidbauer
Señora Presidenta, estimados colegas, en septiembre del año pasado la Comisión nos presentó el Libro Blanco titulado «Tarifas justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transporte en la UE». Lleva un título un tanto prolijo, pero en esencia se trata de implantar un nuevo sistema europeo de transporte y de imputación de costes con la ayuda de la telemática a fin de garantizar una movilidad sostenible a largo plazo.
El tema no es nuevo. Ya en 1997 llamamos la atención hacia este asunto en el informe sobre el Libro Verde de la Comisión, para el cual yo también fui ponente. Pues bien, ha llegado la hora de diseñar acciones concretas. Europa vive bajo la constante amenaza de que se vaya a producir un colapso del tráfico, debido entre otras razones al grave problema de las distorsiones de la competencia que afecta a los mercados de transporte. Los costes producidos por el transporte no se imputan a los causantes sino al público en general. Ello da lugar a distorsiones de la competencia entre los diferentes modos de transporte y los diferentes Estados miembros. En la actualidad existen en Europa en el ámbito de la infraestructura ferroviaria nueve regímenes distintos de tarificación, con coeficientes de recuperación de costes que varían entre el 0 y el 100 %. Se registran enormes diferencias en lo que a los impuestos sobre los camiones y la tarificación del transporte por carretera se refiere. En el caso de los impuestos sobre los camiones, por ejemplo, puede haber diferencias de hasta 3.000 euro al año. A ello se añade que, por regla general, la recaudación de las tasas no coincide con la utilización de la infraestructura y la mayoría de las veces los impuestos no se ajustan a los costes ecológicos o los demás costes externos.
Resumiendo, se puede decir que por el momento no hay aliciente alguno para que los usuarios modifiquen sus hábitos en materia de transporte. En su Libro Blanco, la Comisión propone que quien utilice una infraestructura determinada corra con todos los costes internos y externos correspondientes. Aconseja asimismo que la recaudación de las tasas se fundamente en un mecanismo básico común para todos los Estados miembros, según el principio del cálculo de los llamados costes sociales marginales. Por costes sociales marginales se entiende el promedio de los costes variables de la infraestructura más los costes externos.
Respaldo esta iniciativa de la Comisión en mi informe. Si queremos lograr un mejor reparto de los costes entre los diferentes modos de transporte hemos de avanzar en esta dirección. Tanto el calendario, cuya última fase termina en el año 2004, como la creación de comités de expertos nacionales parecen garantizar una aplicación realista del concepto propuesto, tanto más cuanto que de este modo no imponemos a nadie un concepto cerrado. Lo que pretendemos es que los 15 Estados colaboren en la elaboración de las soluciones.
Además de ello, en mi informe considero la posibilidad de complementar el sistema de tarificación basado en los costes sociales marginales con medidas en el ámbito de los impuestos relacionados con el transporte. Más en concreto, propongo que dichos impuestos se coordinen a escala europea y que, en su caso, se reduzcan. De esta forma, contaríamos con un sistema de precios estratificado aceptable. En su Libro Blanco, la Comisión se limita al transporte comercial, excluyendo el transporte privado no comercial del sistema de tarificación. Yo opino, no obstante, que la única forma eficaz de llevar a la práctica el principio de que el usuario paga consiste en implicar a todos los usuarios de la infraestructura de transporte, sin excepción. Los turismos también causan embotellamientos, accidentes y daños ecológicos, al igual que los camiones.
Desde este punto de vista, insto a la Comisión a que averigüe si no sería aconsejable incluir el transporte privado no comercial. Aparte de ello, es fundamental que se lancen campañas informativas en las que el sistema de transporte propuesto se promocione ante la población como un sistema sostenible respetuoso con el medio ambiente, dejando claro que no se trata de pasar una vez más factura al automovilista sin justificación alguna.
Críticas
¡Insisto en que no se trata de eso! Además, no beneficia a nadie que determinados sectores de nuestro Parlamento se dediquen a difundir información falsa. A comienzos de esta semana, el Sr. Ferber ha emitido una nota de prensa que lleva por título: «Otro timo más». En mi opinión, esta actitud da muestras de una gran irresponsabilidad. ¡Este tipo de declaraciones sólo se hacen por ignorancia o porque el Sr. Ferber no ha leído ni el Libro Blanco ni el informe aprobado en comisión!
Para finalizar quisiera comunicarles que no puedo aceptar las enmiendas presentadas por el Sr. Jarzembowski en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, puesto que ello supondría poco menos que renunciar al Libro Blanco en su conjunto.
Para la elaboración del presente informe he podido contar con la colaboración constructiva de otros Grupos. Les expreso mi más sincera gratitud. También quiero dar las gracias al Sr. Kinnock y a la DG VII por su excelente colaboración. Al mismo tiempo emplazo a la Comisión a que se tome muy en serio la aplicación del Libro Blanco para que el concepto que mi Grupo y yo respaldamos pueda hacerse realidad. Estoy convencida de que este Libro Blanco abre el camino a una movilidad sostenible a largo plazo en Europa.

Simpson
Señora Presidenta, antes que nada quisiera congratular a nuestra ponente la Sra. Schmidbauer por su importante informe. Sé que ha trabajado arduamente durante muchos meses sobre este difícil tema. Aunque este informe no es un texto legislativo, representa, en términos de política de transporte, la culminación de una intensa labor que abarca muchos aspectos y que sin duda abrirá la puerta a una propuesta legislativa en el futuro.
El informe de la Sra. Schmidbauer es digno de elogio porque trata del desarrollo de un enfoque gradual respecto de un marco de infraestructura para las tarifas de los transportes comunes dentro de la Unión Europea, así como de una armonización gradual de los principios relativos a las tarifas de todos los principales medios de transporte. Mi Grupo acepta también con placer el principio enunciado por la Sra. Schmidbauer de que los usuarios de las infraestructuras deben pagar los costos, incluidos los medioambientales, así como el costo de otros factores externos impuestos en el punto de utilización.
Se trata de una cuestión compleja, especialmente cuando se trata de la cuestión de las tarifas para el uso de carreteras, pero los diputados no deben olvidar que muchos Estados miembros poseen ya planes para fijar un precio a la utilización de las carreteras y que otros países esperan introducirlos. Por lo tanto, es necesario dar una estructura y una armonización al sistema íntegro. La ponente no solamente ha trabajado con ahínco sobre este informe sino que también ha reconocido la complejidad de la cuestión, la sensibilidad que suscita este tema, y ha producido un informe redactado con sumo cuidado que merece el apoyo de todo nuestro Parlamento.

Jarzembowski
Señora Presidenta, me sumo a las palabras de mi colega Brian Simpson dando las gracias a la Sra. Schmidbauer por su excelente colaboración. No obstante, lamento tener que comunicarles que ha sacado conclusiones falsas, tal y como expondré a continuación en nombre de mi Grupo. Como Grupo del Partido Popular Europeo nos vemos obligados a rechazar la propuesta de la Comisión de introducir un sistema uniforme de tarificación para todos los modos de transporte sobre la base de los llamados costes sociales marginales. La razón es que, tal y como hemos podido comprobar en la audiencia de científicos y expertos celebrada en la Comisión de Transportes y turismo el día 17 de febrero de 1999, el sistema de los costes sociales marginales propuesto por el comisario socialista de transportes Neil Kinnock no sirve para imputar los costes de la infraestructura de transporte. Por una parte, no presta la debida atención a los costes de construcción, capital y mantenimiento y, por otra parte, incluye sin diferenciación alguna la imputación de los llamados costes externos. Entre estos costes figuran entre otros los daños ocasionados al medio ambiente, la saturación del tráfico y los accidentes.
Estamos dispuestos a hablar de los costes externos. Es por eso por lo que nosotros, en tanto que Parlamento, instamos a la Comisión en enero de 1997 a que nos presentase cálculos científicos objetivos relativos a los costes externos y la imputación de los mismos para cada uno de los modos de transporte. Pero la Comisión no cumplió esta tarea. En lugar de entregarnos los costes externos, en lugar de elaborar un procedimiento adecuado, nos ha proporcionado una receta mágica que, según ella, lo soluciona todo: los costes sociales marginales. Sin embargo, los científicos y los expertos consultados han demostrado inequívocamente que esta receta mágica deja mucho que desear. Por tanto, fallan los cimientos del concepto propuesto.
Paso ahora a nuestro segundo argumento. También rechazamos el concepto de la Comisión porque propugna conscientemente una elaboración y una aplicación en tres fases, lo cual viene a decir que las distorsiones de la competencia entre los modos de transporte y las empresas de los diferentes Estados miembros se mantienen en pie. No se pretende acabar con las distorsiones actuales, a pesar de que ya debieron haber desaparecido el 1 de enero de 1993, puesto que fue ésa la fecha prevista para que entrara en vigor el mercado interior. Pero en realidad, los impuestos sobre el combustible, los impuestos sobre los camiones y las tasas afines siguen siendo muy variados. Esta situación da lugar a una competencia desleal y el concepto introducido por la Comisión no haría otra cosa que mantener por más tiempo las desigualdades actuales. Por tanto, no podemos aprobarlo.
Estimada señora Schmidbauer, la recomendación de la mayoría rojiverde de la Comisión de Transportes y Turismo de que instemos a la Comisión a que incluya el transporte privado no comercial en el nuevo sistema, del que de momento queda excluido, por medio del Derecho comunitario -no, como es habitual, a escala nacional- nos parece demasiado aventurada -ni siquiera la Comisión se atreve a ir tan lejos-.
Señora Schmidbauer, siento tener que dar la razón a mi colega Ferber. Pensándolo bien, este sistema significaría que en Alemania también los turismos habrían de pagar tasas por usar las carreteras. A mi modo de ver, no es aconsejable seguir el ejemplo austríaco. Para mí la solución es sencilla. De los estudios se desprende que en la actualidad el automovilista privado ya paga los costes de la infraestructura del transporte que se le quieren imputar en concepto de impuestos generales, impuestos sobre el combustible e impuestos sobre los vehículos. Lo único que se pretende conseguir con la ampliación del sistema, señora Schmidbauer, es que los Estados puedan gravar aún más el transporte privado no comercial.
Por lo demás, añade en su informe que aparte de incluir los turismos en el nuevo sistema de tarificación conviene imponer tasas complementarias más elevadas a los automovilistas de las regiones sensibles -aquí entran las zonas montañosas y también las grandes ciudades como París, Hamburgo, Frankfurt, etc.-. Su concepto no puede funcionar y en caso de que funcionase, pocos Estados miembros sabrían resistir a la tentación de estafar a los automovilistas. ¡Nosotros nos negamos!
Aplausos del Grupo del Partido Popular Europeo

Wijsenbeek
Señora Presidenta, veo que la sombra de las elecciones planea aquí por ambas partes, tanto por parte de la Sra. Schmidbauer como por parte del Sr. Jarzembowski. Está totalmente claro que lo que figura en el Libro Blanco es, en efecto, extraordinariamente importante para la creación de un mercado interior, de un sistema en el que los costes fijos se conviertan en costes variables. Esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo y que todos respaldamos.
Como muy bien ha dicho la Sra. Schmidbauer, debemos evitar que esto acarree de nuevo un aumento de los costes autónomos. Lo he introducido en una enmienda y, por tanto, estará de acuerdo conmigo. La Sra. Schmidbauer tiene razón cuando menciona la idea de que los automóviles deben verse afectados de una u otra forma. Por supuesto que debemos hacerlo. Nos dirigimos a un colapso total del tráfico. De ahí que sea sumamente importante que gestionemos el escaso espacio que las carreteras ofrecen como un bien comercial. Esto puede hacerse. En cuanto a eso, no hay nada en contra desde la perspectiva liberal, a pesar de que en mi propio país algunos adoptan posiciones muy firmes respecto de esta cuestión. Según algunos, si no existe una alternativa, no se puede cobrar un precio adicional por la utilización de una carretera. No es cierto. Se trata de un bien escaso. Es lícito cobrar un precio por ello. Por otra parte, no debemos imponer una tasa si no es necesario.
En definitiva, es extraordinariamente importante que creemos un sistema europeo. Éste no es ahora en absoluto el caso. Cada Estado miembro intenta inventar la rueda por su propia cuenta. De paso, quiero apuntar que el ejemplo de Noruega, que muchos mencionan, que se supone que está tan bien organizada en cuanto a los accesos a las ciudades de Oslo, Trondheim y Bergen, no está en absoluto tan bien. Allí se dan grandes abusos, mucho fraude y situaciones extraordinariamente caóticas. No debemos, por tanto, mencionar malos ejemplos. No debemos sentarnos a esperar la compatibilidad que he detallado en un documento de trabajo para la Comisión de Transportes, ya que antes de que esto suceda, habrán pasado diez años y eso podría utilizarse como excusa para calcular los costes reales por el uso de las carreteras.
En resumidas cuentas, me alegra sinceramente el informe de la Sra. Schmidbauer. Nosotros, en tanto Grupo Liberal añadimos -casi diría yo- unos toques para perfeccionarlo. En cualquier caso, ponemos los puntos sobre las íes y reforzamos aquello que la ponente también quiere. Opinamos, al igual que ella, que si las enmiendas del PPE se aceptaran, el sentido del informe desaparecería, puesto que son un poco destructivas. No obstante, contienen algunos elementos extraordinariamente buenos que aceptamos de buen grado.

El Presidente
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 15.00 horas, para dar paso al turno de votaciones.

Caudron
Señor Presidente, se trata de una cuestión reglamentaria. En este momento hay un grupo de unos cien visitantes que obstruyen los pasillos del Parlamento. Considero que ello no se ajusta a nuestro Reglamento. Añado que este grupo ha entonado cánticos religiosos durante un buen rato, lo cual, como laico, me ha resultado chocante.

El Presidente
Señor Caudron, voy a solicitar inmediatamente que los servicios del Parlamento ayuden a nuestros señores colegas a llegar a la sala.

Votaciones
Hänsch
Señor Presidente, se trata de lo siguiente. En la lista que tenemos delante faltan algunas comisiones que, como todos sabemos, tienen competencias presupuestarias. Ello nos lleva a proponer, siempre y cuando usted dé su visto bueno y el Parlamento esté de acuerdo, que en lugar de seleccionar un número limitado de comisiones incluyamos todas las comisiones que tienen competencias presupuestarias por medio de una enmienda oral. Creo que debemos tratar con justicia a las comisiones que no figuran en la lista. ¿Alguien tiene una objeción?

El Presidente
Ya que no hay objeciones, se somete a votación la enmienda 40, con las aclaraciones del Sr. Hänsch.
Después de la votación sobre la enmienda 5

Herman
Señor Presidente, puedo equivocarme, pero yo tenía entendido que para modificar este tipo de asignaciones se requería mayoría absoluta.

El Presidente
Señor Herman, por lo general, usted es uno de los grandes expertos en las prácticas de esta Asamblea, pero me temo que esta vez se equivoca. Basta con una mayoría simple.
Antes de la votación sobre la enmienda 1

Hautala
Señor Presidente, quisiera presentar una breve enmienda oral que implicaría que la competencia en lo relativo al nuevo artículo 13 en contra de la discriminación continuase recayendo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, pero como con esta enmienda se pretende dotar también de competencias a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, desearía presentar a este respecto una enmienda oral en el sentido de que, también por lo que respecta la Comisión de Derechos de la Mujer, cabría hacer una pequeña observación. Así pues, el último enunciado quedaría redactado de la manera siguiente: exceptuando las medidas contempladas en los apartados VIII y XVI. Tengo entendido que el Sr. Hughes, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, no tiene objeciones a este respecto.

El Presidente
¿Hay alguna objeción en tomar en cuenta la enmienda de la Sra. Hautala?
Más de trece diputados se levantan expresando su disconformidad
Después de la votación de la enmienda 11

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, nuestro colega Herman acaba de plantearle un interrogante, al que considero que usted ha respondido algo precipitadamente.
Estoy de acuerdo en que la práctica permita que se apruebe este anexo por mayoría simple, pero no creo que sea reglamentario.
El artículo 135 establece que las atribuciones de las comisiones figuran anejas al Reglamento, pero no excluye en absoluto la mayoría absoluta, y, tratándose de un texto que define nada menos que las competencias de las comisiones parlamentarias, sería paradójico que, como acaba de ocurrir, la composición de una comisión competente en un ámbito esencial -como es el de las inmunidades- se fije, simplemente, con algunos votos de diferencia.
Solicito, pues, que se estudie atentamente esta cuestión. Creo que, por tratarse de una modificación de un punto esencial de nuestro Reglamento, es necesaria la mayoría absoluta.

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, he escuchado con mucha atención su observación. Es una teoría que podemos tomar en cuenta; pero debo decirle que he respondido tan rápido, no sólo por ganar tiempo, sino también porque había examinado la cuestión antes de entrar en la sala. Aparte de este artículo, en este Parlamento existe la tradición de decidir siempre sobre estos temas de la forma en que hoy lo estamos haciendo. Si, a partir de ahí, usted cree que además hay otro tema, podemos verlo. Pero, en este momento, no tengo razón alguna para cambiar esta práctica y la forma en que aplicamos este artículo.

Dell' Alba
Señor Presidente, tiene usted toda la razón. Creo que aplica correctamente el Reglamento.
Señalaré al Sr. Fabre-Aubrespy que tiene una extraña manera de entender el Reglamento. Si le conviene la mayoría absoluta, cuando basta la mayoría simple: protesta; si el Reglamento establece la mayoría absoluta, como en el caso de la aprobación de la gestión de la Comisión: desearía que se aplicase la mayoría simple. ¡Sin embargo, no puede existir un Reglamento a la carta , en función de sus intereses particulares!
sobre la enmienda 74

Günther
Señor Presidente, propongo que en la letra c) del apartado 1 de la enmienda 74 se añada detrás de «... ayuda humanitaria, ayuda de urgencia y ayuda alimentaria...» «en los países en vías de desarrollo», siendo el texto definitivo: «...ayuda humanitaria, ayuda de urgencia y ayuda alimentaria en los países en vías de desarrollo...».

El Presidente
Señora Günter, no veo que haya objeción por parte del Parlamento, por consiguiente, someto a votación la enmienda con esta adición.
Antes de la votación sobre la enmienda 9

Lulling
Señor Presidente, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, la Sra. Hautala, ha intentado presentar una enmienda oral a las enmiendas 1 y 2 a fin de delimitar las discriminaciones en razón del sexo que incumben a las comisiones 1 y 8. Obviamente, es imposible que dichas comisiones tengan competencias con respecto a las discriminaciones que corresponden a la Comisión de Derechos de la Mujer. Por tanto, lamento profundamente que esta sensata enmienda no haya sido aceptada por causa de las protestas de un grupo de colegas. Creo que mis colegas no se han percatado del quid de la cuestión.
Risas
No se han fijado en mí cuando pedía la palabra para aclarar el tema antes de que se levantaran en forma de protesta. Quisiera señalar -ahora que estamos votando las cuestiones relacionadas con la Comisión de Derechos de la Mujer- que, evidentemente, en las enmiendas 1 y 2 relativas a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debe quedar claro que a dichas comisiones no se les puede atribuir competencias en materia de discriminaciones en razón del sexo, puesto que de ello se encarga la Comisión de los Derechos de la Mujer.

El Presidente
Señora Lulling, el Parlamento no ha aceptado que se someta a votación la enmienda de la Sra. Hautala. Si usted quiere presentar otra enmienda, y no hacer una crítica a que nuestros señores colegas no hayan aprobado la enmienda de la Sra. Hautala, tiene todo el derecho a presentarla.
Antes de la votación sobre las enmiendas 23 y 24

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, permítame usted que, en mi condición de ex presidente de la Comisión de Política Regional y miembro activo de la misma, llame la atención sobre esta enmienda. Como ustedes saben, no se trata de cambiar nada sustancial sino, a nuestro entender, de poner las cosas en su sitio. Es decir, según la propuesta inicial esta comisión se denominaría «Comisión de Transportes, Política Regional y Turismo». Nosotros proponemos -y me parece casi una obviedad- que en primer lugar se llame «de Política Regional», sin que esto signifique disminuir la importancia de los otros dos temas, pero representa, Señorías, una posición mucho más global. Por lo tanto, les pediría que votaran a favor de esta enmienda.

Colino Salamanca
Señor Presidente, soy el primer firmante de esta enmienda. Simplemente quiero decir que la Unión tiene atribuido, como uno de los objetivos, promover el progreso económico y social a través, entre otras políticas, del fortalecimiento de la cohesión económica y social. Y acabamos de aprobar recientemente que una de las competencias de esta comisión será precisamente la política regional comunitaria y la cohesión económica y social. Estamos en presencia de una política horizontal frente a una política sectorial; más todavía, entre las competencias recientemente atribuidas a esta comisión figuran: «Las relaciones con los poderes locales y regionales y con el Comité de las Regiones». Y a mí me parece que sería importante que este Parlamento mostrase la prioridad que atribuye a las relaciones con las autoridades regionales y locales, que representan los niveles intermedios de todo poder, de toda estructura política institucional; en definitiva, con ellos compartimos nuestro carácter electivo. Por eso, pido a la Asamblea que vote a favor del mantenimiento, en primer lugar, de esta comisión como Comisión de Política Regional.
Aplausos

Jarzembowski
Señor Presidente, estimados colegas, no se trata de si estamos o no a favor de la cohesión social, porque evidentemente, todos somos partidarios de ella. Se trata del Reglamento y de las estipulaciones que contempla. Acabamos de aprobar por unanimidad el elenco de las competencias: en primer lugar va Transportes, en segundo lugar Política Regional. No tiene sentido darle la vuelta diez minutos más tarde.
Y lo que es más. Los sabios miembros de esta Casa justifican la fusión de las comisiones con el argumento de que en los dos próximos años no se requieren actos legislativos importantes en el ámbito de la Política Regional. Es otra razón más para no modificar la propuesta inicial: Medio Ambiente, Política Regional y Turismo.
Aplausos

Green
Señor Presidente, a la luz de este debate -que sin duda alguna es un debate importantísimo- quizá una fórmula de compromiso consistiría en poner en primer lugar al turismo.
Risas

Bazin
Señor Presidente, Señorías, dos palabras solamente. Como de costumbre, cuando un debate resulta tan apasionado, ello se debe a que los grandes principios que se exponen para alimentar dicho debate no guardan relación, en realidad, con la razón fundamental del mismo. Ocurre que hay dos comisiones, la de acción regional y la de transportes, que van a fusionarse y que, por consiguiente, cada uno trata de imponer el nombre de la comisión de la que procede. Este debate no tiene otro objetivo.
Dicho esto, desearía, simplemente, llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que la casi totalidad de las competencias de nuestra Asamblea en materia de transportes pasarán a formar parte, tras el Tratado de Amsterdam, del ámbito de la codecisión, y creo que ello es suficiente para que en primer término se la denomine «Comisión de Transportes».
El Parlamento aprueba la propuesta de decisión

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, sólo deseo pedirle que someta a la Comisión de Reglamento la cuestión que he planteado hace un momento. Desearía decir, simplemente, que dicha cuestión no responde a intereses personales. Se han aprobado algunas enmiendas sin mayoría absoluta y he sido favorable a ello. Mi pregunta se refiere únicamente a un artículo del Tratado, el artículo 142, que dice: «La Asamblea establecerá su propio reglamento interno por acuerdo de la mayoría de sus miembros». Así pues, creo que bastaría con que se sometiera esta disposición esencial a la Comisión de Reglamento para que decida. ¿El anexo sobre las atribuciones de las comisiones puede o no aprobarse por mayoría simple?

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, ya había pedido usted esto y le contesté que me reservo el derecho de examinarlo. No hace falta que lo solicite de nuevo.

Green
Señor Presidente, todos los que se han ocupado de esta cuestión desde el año pasado se percatan de la enorme presión que hemos impuesto a los servicios del Parlamento en estos últimos días. Personalmente, en nombre de mi Grupo, quisiera dar gracias a esos servicios por la enorme ayuda que nos han dado al conseguir que la votación haya transcurrido sin problemas.
Aplausos

Martens
Me gustaría decir lo mismo que la Sra. Green en lo que a los servicios se refiere. No obstante, en cuanto a la mayoría con que se debe votar, me parece esencial que el Parlamento sepa con qué mayoría deben adoptarse las decisiones. Creo que tenía usted razón, señor Presidente, no se trataba de reglas, de rules; se trataba en este caso de competencias y se aplica, creo yo, la mayoría simple.

Wijsenbeek
En primer lugar, señor Presidente, el Sr. Fabre-Aubrespy tiene toda la razón. Se requiere la mayoría de diputados para modificar el Reglamento. En segundo lugar, no estoy en absoluto de acuerdo con la Sra. Green en cuanto a que esta votación se ha desarrollado con sencillez. Hemos dedicado más de una hora a un informe y todavía nos faltan 19. Eso implica que necesitamos otras 19 horas ¿Tal vez quisiera dejarse sustituir de forma que podamos ir más deprisa?

Dell' Alba
Señor Presidente, en primer término, deseo rendirle homenaje por la manera en que ejerce la Presidencia en el desarrollo de estas votaciones, y le pido que continúe haciéndolo así. Pienso que, como lo ha dicho el presidente Martens, hemos estudiado pormenorizadamente esta cuestión. Los anexos son los anexos, y el Reglamento es el Reglamento. Considero, pues, que su actuación es la adecuada. No hay que pedir a la Comisión de Reglamento que nos diga que el anexo no forma parte del Reglamento.

Van Dam
Señor Presidente, constato que, conforme a la descripción de tareas establecida por la Comisión de Asuntos Institucionales, hemos votado exclusivamente el párrafo 1 y las enmiendas antes y después presentadas ¿Significa esto que la descripción de tareas establecida por la Comisión de Asuntos Institucionales se limita al párrafo 1 y que desaparece el resto del texto propuesto?
Informe (A4-0181/99) del Sr. d'Aboville, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo que determina, para el periodo comprendido entre el 18 de enero de 1999 y el 17 de enero de 2002, las posibilidades de pesca y la contribución financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles (COM(99)0039 - C4-0104/99-99/0024(CNS))(Procedimiento sin informe)
El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa

El Presidente
No funciona ningún micrófono.
Voy a suspender la sesión un minuto, en espera de la reparación técnica.
La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 13.00 horas

El Presidente
Quisiera proponer al Pleno que, dado la hora, inmediatamente después del informe del Sr. Valverde, avanzásemos en la votación sobre Kosovo, para expresar la posición del Parlamento sobre este tema tan importante.
El Parlamento aprueba la propuesta

Duhamel
Señor Presidente, con el debido respeto, no es posible solicitar una verificación cada vez que el PPE está en minoría por una diferencia de 50 ó 100 votos.

El Presidente
Señor Duhamel, tomo nota de su observación; pero debe usted tener en cuenta que, si nuestros señores colegas lo solicitan, el Presidente está obligado a llevar a cabo un control electrónico, sean quienes sean los que lo soliciten.

Killilea
Señor Presidente, quisiera que tuviera usted en cuenta que hay muchos diputados que tienen que marcharse para no perder el avión. El fallo técnico del sistema no debe ir en detrimento de ellos cuando llegue el momento de contar el tiempo transcurrido en este Parlamento con las votaciones.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa

Pinel
Señor Presidente, un bombardeo a ciegas de la OTAN acaba de causar la muerte de 80 refugiados. Es preciso detener los ataques disuasorios, cuya precisión no es mayor que la de los ataques a Irak. Creo que ya es hora de revisar nuestra política en la antigua Yugoslavia.

El Presidente
Señoría, ¡no podemos iniciar ahora una discusión sobre esta cuestión!

Castagnetti
Señor Presidente, quisiera precisar que, a pesar de que me quedaré en el Pleno, sólo participaré en la votación final de la resolución y presentaré una explicación de voto de conformidad con el artículo 122.
Sobre la enmienda 7

Aelvoet
Señor Presidente, debo señalar un error de traducción en algunas versiones lingüísticas de la enmienda 7, concretamente en la neerlandesa. Está muy mal traducida. La versión inglesa es la auténtica, pero la traducción francesa es correcta, y por eso me remito a ésta.
Dicha enmienda expresa: «Insta al Consejo a no escatimar esfuerzos a fin de establecer las condiciones para una breve interrupción de los bombardeos». Cuando se dice «establecer las condiciones», eso significa que se espera una reacción del Sr. Milosevic antes de que pueda tener lugar una interrupción de los bombardeos. Ese es, pues, el sentido en que debe entenderse la enmienda que presentamos.
Sobre el apartado 5
Müller
Señor Presidente, me gustaría respaldar el apartado 5 relativo a la protección de los refugiados. No obstante, querría que los Grupos que han presentado esta enmienda me explicaran cómo se puede evitar que la creación de corredores humanitarios hacia Albania y Macedonia se convierta en el primer paso hacia la división de Kosovo. Es ésta la razón por la que el apartado 5 me parece problemático.

El Presidente
Señora Müller, creo que no es usted la única en tener problemas con este apartado o con otros. Pero no solemos solucionar este tipo de problemas en este turno.
Sobre el apartado 14
Pack
Señor Presidente, estimados colegas, no se trata de una enmienda oral complementaria, sino de algo que se votó durante las negociaciones de los coordinadores. ¡En última instancia, se trata nada menos que del Dr. Ibrahim Rugova, que fue galardonado con el premio Sacharov del Parlamento Europeo! Me veo obligada a añadir este punto, porque realmente lo hemos perdido de vista. No se trata de una enmienda oral, susceptible de ser rechazada, sino de algo votado y aprobado por todos aquellos que en aquel momento estuvieron presentes.

Dupuis
Señor Presidente, desearía recordar al Parlamento que el Sr. Demaçi también obtuvo el premio Sajarov; o bien les invitamos y mencionamos a ambos, o bien no merece la pena que lo hagamos.

Pack
¡Estamos hablando de Ibrahim Rugova, que está en serio peligro y que recibió nuestro premio hace tan sólo cuatro meses, no del Sr. Demaçi!
Vivos aplausos

Swoboda
Señor Presidente, quisiera ratificar que en las conversaciones sobre la resolución de compromiso el único premio Sacharov del que hablamos fue Rugova, de nadie más. Es lo que acordamos.
Aplausos
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución común)

Cars
He votado en favor de la propuesta pero no hay duda de que hubiera preferido que la Comisión que ahora se denomina Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se hubiera llamado «Comisión de Integración e Igualdad de Géneros».

Hager
Aun cuando he votado a favor en la mayoría de las votaciones parciales, me dirijo a ustedes para dejar claro que la redistribución de las atribuciones de las comisiones parlamentarias como tal no merece mi apoyo. Soy partidario de que asuntos fundamentalmente diferentes sean tratados por comisiones separadas, tal y como sucedía hasta ahora. Por tanto, he votado en contra de la propuesta de decisión de la Conferencia de Presidentes.
sobre el Informe d'Aboville (A4-0181/99)
McKenna
Los Verdes han votado en contra de la propuesta de acuerdo de pesca con las Seychelles como también hemos votado en contra de otros acuerdos de pesca, no porque nos opongamos a los acuerdos de pesca en principio, sino porque estimamos que es preciso modificar el enfoque que sigue la UE.
Hay que negociar los acuerdos de forma más equitativa, a fin de que tanto la UE como el tercer país obtengan beneficios equivalentes. Entre las mejoras que es preciso introducir figura un enfoque regional de la gestión de la pesca, que abarcaría a todos los Estados costeros y a todas las naciones que pescan en aguas distantes y que van a pescar el atún al Océano Índico. La Comisión del Atún del Océano Índico, de reciente creación, es un paso en la buena dirección pero todavía no ha comenzado a desempeñar su cometido de gestión. El Acuerdo sobre los bancos de peces, de las Naciones Unidas, que se aplica al atún y a otros bancos de peces sumamente migratorios, estipula otras condiciones, con inclusión de una descripción detallada del enfoque cautelar. Eso es algo que no figura para nada en el acuerdo con Seychelles (instamos también a los Estados miembros a que ratifiquen rápidamente esa convención; hasta ahora el único que lo ha hecho es Italia). La UE tiene que asumir también una mayor responsabilidad por las actividades de su flota pesquera. El presente acuerdo involucrará un sistema de vigilancia por satélite, que es una mejora digna de elogio, pero esos sistemas no bastan de por sí para garantizar que los pescadores respetarán las normas. También se plantean otras cuestiones importantes como el acceso de Seychelles a los datos resultantes en tiempo real. Por último, la pesca del atún puede entrañar considerables capturas incidentales de otras especies marinas, y la UE necesita elaborar técnicas para la pesca del atún que no den por resultado el rechazo de tanto pescado.
En cuanto a la enmienda de los Liberales, que eliminaría el pago de subsidios previstos en esos acuerdos a los pescadores, los Verdes la apoyan por estimar que las flotas que pescan en aguas muy distantes no deben percibir subsidios tan importantes, especialmente cuando plantean tantos problemas los acuerdos a cuyo amparo operan.
sobre el Informe Valverde López (A4-139/99)
Schleicher
Señor Presidente, con el Informe Valverde López el Parlamento pretende ofrecer una solución más viable para la auditoría medioambiental. Muchas enmiendas contribuyen a este fin. No obstante, hay 9 enmiendas que surten el efecto contrario y desafortunadamente han sido aprobadas por mayoría en este Parlamento. Es ésta la razón por la que yo, mis colegas de la Unión Social Cristiana y algunos otros diputados hemos votado en contra. Quisiera que esto constara en el Acta.
sobre la resolución relativa a Kosovo
McKenna
Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución porque estimo que el Parlamento es sumamente reacio a criticar las acciones de la OTAN y a la propia OTAN. Estimo que la OTAN ha ignorado fundamentalmente el derecho internacional en la acción que ha lanzado, y me parece que no se han desplegado suficientes esfuerzos para encontrar una solución pacífica. Esta acción no tiene nada de humanitaria, especialmente cuando uno ve lo que ha sucedido anoche, con civiles que han perdido la vida como resultado de la actividad de la OTAN.
También ha sido reacio el Parlamento a mencionar el hecho de que la OTAN está atacando objetivos civiles en Yugoslavia y el hecho de que está utilizando racimos de bombas y uranio agotado como munición. Hay que hablar de esas cuestiones. Tenemos que considerar con respeto la vida humana. Todas las vidas humanas son valiosas. No podemos decir que una vida humana valga más que otra.
Hoy en el Parlamento hemos votado en contra de la propuesta alemana de paz que se ha formulado. Me parece también que los británicos la están bloqueando. Si podemos encontrar una solución pacífica, nadie podrá alegar que tiene derecho a desarrollar acciones bélicas y a bombardear. Un segundo error no contrarresta el primero. El Parlamento tiene derecho a manifestar su descontento por algunas de las acciones de la OTAN, en particular el bombardeo de objetivos civiles y la utilización de armas que muchos consideran como armas de destrucción en masa.

Posselt
Señor Presidente, la resolución recoge muchos elementos positivos. Sin embargo, la aprobación de la enmienda presentada por los Verdes en la que este Parlamento propugna la autonomía de Kosovo dentro de las fronteras de Yugoslavia me ha llevado a abstenerme. Hace algunas semanas o meses esta fórmula podía habernos servido de punto de partida. Hoy día queda descartada por la evolución de los hechos. Mientras el régimen de Milosevic siga en pie, este tipo de soluciones no tienen razón de ser. Y tampoco me parecen viables en el caso contrario. Nadie puede ser obligado a convivir en la misma casa, en el mismo Estado, con quienes han asesinado a su familia. Por tanto, creo que esta solicitud carece de todo sentido de la realidad. De ahí que nos hayamos decidido a no comprometernos con ella.
Por otra parte, estoy plenamente de acuerdo con el respaldo incondicional a la intervención militar de la OTAN, por tratarse de una operación necesaria, correcta y positiva, y la ayuda a los Estados vecinos. Sin embargo, hay un punto que echo en falta. A mi juicio, deberíamos emitir una clara señal en dirección a Croacia. Este país desempeña un importante papel de estabilización en la zona y creo que no se merece el desprecio ni los prejuicios con el que lo estamos castigando. Por eso mismo, pido que se celebre urgentemente un acuerdo comercial y de cooperación con Croacia.

Ceyhun
Señor Presidente, como miembro de los Verdes y ferviente partidario de la resolución de compromiso que hemos aprobado en este Parlamento, quisiera expresar mi respeto hacia todos los colaboradores de la OTAN que en este momento están trabajando en defensa de los derechos humanos en los países vecinos de Kosovo.

Avgerinos, Karamanou, Katiforis, Klironomos, Kokkola, Lambraki, Panagopoulos, Papakyriazis, Roubatis y Tsatsos
Los diputados al Parlamento Europeo del PASOK, votamos en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre Kosovo porque consideramos que no ofrece servicios positivos encaminados a encontrar una solución del problema.
Condenamos vivamente la limpieza étnica y la violación de los derechos humanos que el régimen de Milosevic está siguiendo. Expresamos nuestra solidaridad a toda la población de la región, sin excepción alguna, que está viviendo la dura prueba de una guerra sin sentido.
Pero también somos contrarios a la lógica de la utilización continua, y en aumento, de la violencia que, no sólo no conduce a ninguna solución, sino que, por el contrario, dificulta la solución del problema. Ya está claro que los bombardeos no han obstaculizado la limpieza étnica en Kosovo y que además han contribuido a la creación de una oleada tremenda de refugiados y a una desestabilización general de la región. Es dudoso que la acción militar haya traído, hasta el momento, cualquier resultado, y consecuentemente, se debe encontrar una solución política al problema lo antes posible.
Con toda seguridad, el papel primordial en este intento debe tenerlo la Unión Europea que, en colaboración con el Secretario General y con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, procederá a las acciones necesarias que lleven a solucionar el problema. Igualmente, consideramos que una condición básica para dicha solución es el respeto de las fronteras actuales y de la integridad de los Estados de la región, a fin de no conducir la Europa balcánica hacia nuevos peligros.
En paralelo a la solución política, creemos razonable que se aplique inmediatamente un nuevo plan de iniciativas políticas, económicas y humanitarias sobre los Balcanes. Finalmente, a la vista de las trágicas condiciones a las que asistimos, es necesario convocar una conferencia internacional con vistas a coordinar la ayuda humanitaria lo mejor posible.
Los diputados al Parlamento Europeo del PASOK representamos un país que sufre directamente las consecuencias de la guerra y que, desde el primer momento, ha prestado ayuda en el drama de los albanokosovares que se han visto obligados a abandonar sus hogares.
Creemos que en los albores del nuevo siglo, nosotros, los europeos, no debemos permitir que esta situación trágica continúe. Ha llegado el momento de que Europa tome iniciativas concretas para la solución política del problema por el bien de todos los pueblos de la región.

Barros Moura
Milosevic es un intolerable dictador nacionalcomunista, lo que constituye una forma particular de fascismo resultante de la caída del comunismo sin el surgimiento de una democracia sostenible. Su política de represión, separación, persecución o limpieza étnica es contraria a todos los principios humanitarios, exigencias éticas y libertades fundamentales en que se basa la democracia en Europa.
Los antecedentes del actual conflicto (disgregación de la antigua Yugoslavia; reconocimiento unilateral de Croacia y Eslovenia; «limpiezas étnicas» y barbaridades recíprocas de serbios contra croatas y bosnios, de croatas contra serbios y así sucesivamente; permanencia de Milosevic en el poder) revelan una gravísima incapacidad de la UE para actuar con una sola voz y con medios (incluso militares) propios. Pero esa intervención de la OTAN, decidida al margen de las Naciones Unidas y con medios inadecuados para los objetivos declarados de neutralizar la capacidad militar serbia para proseguir la llamada «limpieza étnica» no sólo no ha resuelto la cuestión, sino que, además, ha agravado todos los problemas. Por lo demás, la doctrina del «derecho de ingerencia humanitaria» -que avanza, pero no ha sido reconocido por las Naciones Unidas- no se puede imponer por la fuerza de un armamento poderoso y complejo que va destruyendo no sólo los blancos militares, sino también todas las infraestructuras económicas de un país. Entretanto, la creación de un nuevo orden jurídico internacional, que entrañe medios adecuados de «ingerencia humanitaria» choca con la oposición irreductible de grandes potencias, como los Estados Unidos de América y otras, en relación con la reforma de las Naciones Unidas, o los Estados Unidos de América, Rusia, Francia o China, en relación con una jurisdicción obligatoria del Tribunal Penal Internacional.
Al mismo tiempo, la ofensiva de la OTAN -en vez de aislar al dictador Milosevic y su régimen- está teniendo el efecto indeseable de reforzar la unidad nacionalista a su alrededor contra una intervención extranjera. Con el agravante de que se está infligiendo una humillación a Rusia, lo que es un error peligroso.
Una opinión pública segura de que sólo habrá ataques de cohetes y por aviación -pero no participación de fuerzas militares de combate que podrían tener bajas en el terreno- puede apoyar por algún tiempo los bombardeos, en nombre de la condena del injusto y abominable régimen de Milosevic y de su barbarie contra los kosovares. Pero, aun sin entrar a juzgar el método de dos pesos y dos medidas -¿por qué no en Turquía, en Indonesia, en Chechenia, etc., etc.?-, no es ése el camino apropiado para resolver ese tipo de cuestiones.
Además de resolverse la situación creada, sin pérdida de autoridad de la OTAN y la UE y sin contemporizar con las barbaridades cometidas por Milosevic -lo que exige una solución diplomática con intervención de las Naciones Unidas y Rusia- es necesario sobre todo estabilizar toda la región. Para eso es preciso decir que la solución no era -como ya se ha demostrado- la ampliación de la OTAN al Este, sino la ampliación de la UE y una política de asociaciones y apoyo económico que favorezca la integración económica y política y luche contra los nacionalismos irredentistas. ¿Con qué razón luchar contra la ETA o los terroristas corsos o del IRA y, en cambio, apoyar al UCK? La UE tiene que ser capaz de aplicar en los Balcanes, y en los PECOS en general, el método que en su interior impidió la guerra entre Alemania y Francia y garantizó más de medio siglo de paz: la fusión de las economías y la integración política. Ésa es la cuestión.
Además, pero no es menos importante, la decisión de lanzar ataques militares, con las fuerzas determinantes de los Estados Unidos de América, acentúa la hegemonía de éstos y la subalternidad política de la UE, que por este camino nunca tendrá una PESC ni una defensa común. Esa deseada, o aceptada, hegemonía de los EE.UU. representa un grave ataque a la Unión Europea, la consolidación del euro, la posibilidad de que la UE trate de igual a igual con los EE.UU. en la OMC. Como, por lo demás, está demostrando la «guerra del plátano». En vez de esa política insensata, lo que es necesario es lanzar las bases de una asociación paritaria con los EE.UU., cosa que exige autonomía política de la UE frente a los EE.UU.
Por todo esto, he votado en contra de la resolución de transacción aprobada sobre Kosovo y, en particular, contra la inmensa hipocresía del considerando H -que responsabiliza a las Naciones Unidas de la violación por parte de la OTAN de la Carta de las Naciones Unidas- y contra el punto 2, que pretende legitimar los bombardeos, fingiendo que no es nada que tenga que ver con nosotros, aunque hubiera aprobado en particular los puntos condenatorios del régimen de Milosevic, el apoyo a los refugiados y las medidas tendentes a la estabilización de la región. A pesar de algunas enmiendas positivas en la propuesta de los Verdes o de mi camarada Theorin, he votado en contra.

Berthu
No he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre Kosovo, puesto que ésta refleja una autosatisfacción y una ausencia total de interrogantes, que considero no guardan relación con la gravedad de la situación.
Sin querer insistir en el pasado -saber quién ha comenzado-, desearía, a título personal, sacar cuatro lecciones con miras a la futura Europa.
En primer término, no sé si la idea de un Kosovo multiétnico ha tenido alguna vez alguna consistencia, pero, en todo caso, estoy plenamente seguro de que hoy ha desaparecido, aplastada por las bombas de la OTAN. Es difícil imaginar que los serbios y los albaneses de Kosovo puedan vivir juntos en un futuro próximo. En estas condiciones, no veo cómo será posible evitar la división de esta provincia, lo cual, después de todo, nos obligará a reconsiderar la solución más antigua del mundo para restablecer la paz: trazar una frontera entre los pueblos.
En segundo término, la futura Europa deberá respetar las soberanías nacionales. Naturalmente, podemos pensar que este es un sistema imperfecto, pero -es un hecho- se ha impuesto en la historia como el único capaz de evitar un caos y un absolutismo aún mayores que los que son imputables a una u otra soberanía en particular. Europa, que sin ninguna duda lo olvida todo, volverá a descubrirlo con amargura. Además, recordaremos que el régimen serbio, por más criticable que sea, no había agredido a ninguno de sus vecinos ni a ninguno de nuestros aliados, a diferencia del régimen iraquí.
En tercer término, si Europa desea que reine el derecho, ella misma deberá respetarlo. Estamos obligados a recordar en esta Asamblea que, para intervenir, la OTAN ha prescindido de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y que el Parlamento francés se ha encontrado ante un hecho consumado. Estos procedimientos son quizá complejos para algunos, pero sin duda habrían permitido ralentizar el proceso, discutir más, y darse cuenta que en este caso los bombardeos constituían un método simplista que iba a costar muy caro, humana, moral y financieramente, incluyendo los perjuicios colaterales de los que nosotros mismos seremos víctimas -¡es el colmo!-, sin que por ello aportemos una solución viable.
Finalmente, debemos poner en duda el propio principio de una defensa europea que consistiría en institucionalizar, en el ámbito militar, la maniobra en bloque de todos los países miembros. En cierto modo, es lo que acaba de ocurrir, de facto , con la intervención en Yugoslavia. ¿Los resultados son tan positivos como para deducir la necesidad de sistematizar la experiencia? No; pienso, por el contrario, que cada pueblo debe conservar su libre arbitrio, en el contexto del respeto de las soberanías y del derecho, como manifestaba hace un instante. ¡Si Europa es atacada, la reacción común se producirá automáticamente! Pero si no es atacada, ¿por qué los países tendrían que dejarse movilizar por anticipado en unos combates por los que no habrían optado?
Se necesitan alianzas y cooperaciones que permitan una «defensa en común», pero no una «defensa común» unificada.

Castagnetti
Me he abstenido de votar la resolución común sobre Kosovo porque desde el principio no he compartido la decisión de intervención militar de la OTAN que considero un error y, además, evitable. En Rambouillet, en efecto, a tenor de las declaraciones de algunos participantes autorizados, existían unas condiciones políticas favorables a otras iniciativas que, a mi modo de ver, eran eficaces y que habrían podido evitar la muerte de tantos inocentes y las dramáticas deportaciones de cientos de miles de ciudadanos kosovares, víctimas del nacionalismo disparatado de Milosevic.
Me doy cuenta de que la política y las Instituciones deben implicarse en las situaciones que se producen y, por esto, al confirmar mi juicio sobre el conflicto, respaldo cualquier iniciativa dirigida a encontrar una solución positiva desde el punto de vista político, ético y jurídico, confiando sobre todo en el papel que la ONU, la Unión Europea, la OTAN y Rusia pueden y deben desempeñar.

Caudron
Nunca he sido ni soy un belicista, y no soy nada belicoso. En mi opinión, la guerra es siempre un fracaso del espíritu, de lo humano, de la inteligencia.
Pero sé y digo, también, que hay que saber hacer la guerra cuando «el interlocutor-adversario» sólo entiende el lenguaje de la fuerza y sobre todo cuando -inmediatamente después- se quieren dar nuevamente todas las posibilidades a la diplomacia.
En efecto, no olvidemos jamás que la diplomacia consiste en hacer aceptar, a través del diálogo, a una u otra parte en conflicto, una cesión parcial de sus reivindicaciones iniciales, de sus exigencias o incluso de sus derechos. Y esta parte sólo lo hará si sabe que corre el peligro de sufrir los efectos de un conflicto, en caso de negarse a negociar esta cesión.
Por eso, en este caso, con respecto a Serbia y Kosovo, después de diez años de negociaciones intermitentes, de transgresiones de los derechos humanos, de violaciones, de matanzas, de destrucciones y de deportaciones, en el origen de las cuales nos encontramos siempre con Milosevic, ¡no existía, desgraciadamente, otra solución, como no fuese la utilización de la fuerza para detener estos crímenes!
Por consiguiente, apruebo la acción militar de la OTAN. Apruebo, también, las acciones humanitarias gubernamentales, no gubernamentales y europeas. Deseo, naturalmente, una salida diplomática europea con el apoyo de los Estados Unidos y de Rusia, pero una salida que no suponga ninguna renuncia de los principios democráticos y de los derechos humanos.
¡Es así y sólo así como garantizaremos una paz duradera y justa!
Concluyo felicitando a la Presidencia alemana por su actuación en esta crisis. Finalmente, deseo felicitar a Emma Bonino, comisaria europea, por su compromiso voluntario y valiente y su pasión humanitaria. Su intervención en el Pleno, al final del debate del miércoles por la tarde, fue uno de los momentos más importantes del día.

Delcroix
Frente a lo intolerable y a lo inhumano, nuestra resolución expresa lo esencial. Ello no debe impedirnos que nos interroguemos sobre la ausencia, cada día más perniciosa, de una «verdadera política exterior y de seguridad común» (PESC) en Europa, y en particular sobre nuestra incapacidad para apoyar a los demócratas que luchan contra políticas inhumanas, ayer la de Radovan Karadzic, hoy la de Slobodan Milosevic.
Europa no ha sabido, a pesar de sus promesas, ayudar financiera y moralmente a los demócratas de Belgrado en el momento en que más lo necesitaban, cuando luchaban contra la política interior y exterior de Milosevic. Hoy, estos demócratas están obligados a callar y a esconderse. Me indigna el hecho de constatar que, cuando todos los partidos políticos, con excepción de la extrema derecha, reconocen en el arresto de Pinochet las nuevas virtudes de una justicia internacional, se haya seguido dialogando con Milosevic, a pesar de que tiene las manos más ensangrentadas y de que pesan más «crímenes contra la humanidad» sobre su conciencia. Es comprensible que el Tribunal Penal Internacional de la Haya no pueda juzgar retrospectivamente todos los crímenes de nuestra época. ¿Pero era necesario -tan pronto- pasar por alto los crímenes de Milosevic en el momento de la firma, en 1995, de los acuerdos de Dayton sobre Bosnia?
¿Podemos hoy negociar con Milosevic, cuando este mismo Tribunal internacional acaba, según se dice, de acusarlo (aunque aún no lo ha hecho públicamente) de cometer crímenes contra la humanidad? Es porque el Tribunal de La Haya se ocupa de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia por lo que un Karadzic quedó excluido y se vio obligado a esconderse. Me han impresionado los apretones de manos mediáticos intercambiados por el Sr. Primakov y Mons. Tauron, enviado del Vaticano, con el criminal Milosevic, cuando miles de kosovares eran expulsados de su país y expatriados por la fuerza.
Nuestra resolución, que nombra cinco o seis veces a Milosevic, nada dice de Ibrahim Rugova, jefe de la Liga Democrática de Kosovo, premio Sajarov del Parlamento Europeo en 1998 y uno de los negociadores de Rambouillet. Ciertamente, en tres ocasiones, las cámaras de la televisión yugoslava nos lo han mostrado mientras «negociaba» con Milosevic. Al ver esas imágenes, todos nos hemos preguntado de qué libertad disponía un Rugova «protegido» por la policía serbia, en un país del que se ha desalojado a sus habitantes. Me habría gustado que nuestra resolución pidiera que Rugova se trasladara a Bruselas o a Berlín para que expusiera -libremente- su punto de vista sobre la situación actual y las soluciones que él prevé.
Me pregunto también sobre la situación que, sin reaccionar, dejamos que se cree en la frontera entre Albania y Kosovo, donde el UCK y el Ejército serbio libran constantes escaramuzas, corriéndose el peligro de agitar a los países vecinos de Kosovo y, a la larga, a todos los Balcanes. ¿La OTAN puede seguir teniendo credibilidad si, por un lado, bombardea las infraestructuras militares y económicas serbias y, por otro, deja que una de las partes en el conflicto efectúe reclutamientos libremente? La OTAN no puede ser a la vez protagonista en un conflicto y, según el diario Le Monde , interlocutor del UCK, que le proporciona información sobre las posiciones serbias que deben ser destruidas; no puede ser una nueva fuerza policial internacional que cumple con un deber de injerencia y a la vez un organismo humanitario... Hay que elegir y ser coherente.

Grossetête, Jean-Pierre y Verwaerde
Hoy deseamos expresar nuestro sentimiento de rebelión frente a la aflicción, a las desgracias y a los sufrimientos que soporta la población de Kosovo, víctima de las acciones criminales preparadas desde hace tiempo por el régimen de Milosevic.
No hemos sabido, ciertamente, aprovechar la ocasión que nos ofreció la caída del Muro de Berlín para iniciar la construcción política y democrática de una gran Europa. Naturalmente, no podemos menos que lamentar los fracasos de los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo en Rambouillet y en París. Sin embargo, con la mejor voluntad del mundo, no podemos rehacer la historia.
Nosotros defendemos unos valores que exigían una intervención. Nosotros defendemos los derechos de la persona humana contra los derechos de un Estado inhumano y totalitario que lanza por las rutas del exilio a una población aterrorizada, destruye las casas, amenaza y mata a mujeres y niños; nosotros defendemos la libertad y deseamos que los criminales sean castigados; por eso apoyamos sin reserva la valiente decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno europeos.
Lamentamos, no obstante, que no se haya planteado una presencia terrestre europea al mismo tiempo que la ofensiva aérea y que paralelamente no se haya programado una acción humanitaria de gran envergadura para acoger la ola de refugiados desprovistos de recursos, que se lanzan a las carreteras. Hoy es imprescindible llevar a cabo acciones en apoyo de Albania, pensar en la mejor manera de reconstruir Kosovo y ayudar, en general, al desarrollo de los países de los Balcanes.

Hory
He votado en contra del proyecto de resolución sobre la situación en Kosovo, proyecto que constituye una negación del Derecho internacional, un error ante la historia y un desacierto político grave.
Nunca un Estado signatario de la Carta de las Naciones Unidas ha conocido una agresión por la comunidad internacional como la que se ha perpetrado desde hace ocho años contra Yugoslavia, a impulsos de los Estados Unidos y Alemania. Un desencadenamiento sin precedentes de propaganda mediatizada ha impuesto, sin que pueda ponerse en tela de juicio, una visión totalmente errónea de la crisis balcánica.
En lugar de integrar en su seno a la antigua Yugoslavia y favorecer, de este modo, su democratización política y sus progresos económicos y sociales, la Unión Europea -con el Parlamento Europeo a la cabeza- ha fomentado su desmembramiento y creado, al menos indirectamente, las condiciones para que se produjeran, ayer, las guerras de Croacia y de Bosnia y, hoy, la de Serbia.
Hemos atribuido a las fronteras de Bosnia un valor sagrado y prohibido a los serbiobosnios que se unieran a Serbia. Ahora atacamos a Serbia para permitir que los albaneses de Kosovo se unan a Albania. ¿Quién lo entiende...?
Hemos querido que reinara el derecho en la sociedad internacional y hoy consentimos, de la manera más humillante, un abuso de autoridad norteamericano, sin que medie ningún mandato de la ONU.
Por querer jugar con las fronteras internacionales -las de Yugoslavia desde 1991, las de Macedonia y de Albania mañana-, por ignorar las lecciones de la historia, por fingir desconocer el papel de Rusia en esta región, por buscar un castigo militar más que una solución política, por querer sobre todo suprimir al pueblo serbio de esta Europa por la que ha trabajado tanto, vamos a provocar probablemente la conflagración que simulamos querer evitar. Llegado el momento, aquellos que trabajan conscientemente en esta empresa deberán asumir sus responsabilidades.

Novo
Que los bombardeos y la ofensiva militar de la OTAN en Yugoslavia prosigan y provoquen la destrucción de un país y la muerte de un número indiscriminado de personas, serbios y kosovares, hombres y mujeres, ancianos y niños, como ocurrió ayer mismo a más de medio centenar de refugiados, interesa poco a la mayoría de este Parlamento, que sólo lamenta la pérdida de vidas humanas y los «daños colaterales».
Que se restablezca la paz para permitir negociaciones políticas y el fin inmediato de la agresión militar a un Estado soberano no son horizontes de esa mayoría que antes prefiere justificar la intervención de la OTAN, el servilismo de la UE y de sus Estados ante los intereses estratégicos americanos, la inobservancia del orden y los derechos internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas, antes prefiere defender la escalada de la guerra y la aprobación de orientaciones políticas que han de poner por fuerza en riesgo soluciones negociadas y la resolución de las cuestiones fundamentales relativas a las autonomías regionales y sus minorías étnicas.
Que la agresión militar de la OTAN sea la causa del dramático agravamiento de la situación humanitaria de la región de los Balcanes, ponga en riesgo la estabilidad del futuro político de aquella región y en grave peligro la paz mundial queda a obscuras para la ceguera política de esta mayoría que antes prefiere insistir en acuerdos que nunca fueron aceptados por los negociadores, son sólo imposiciones negociadoras de la OTAN y ponen en riesgo soberanía, fronteras y realidades ancestrales.
La resolución aprobada ayer por este Parlamento quedará en la historia política de este hemiciclo como una pieza central característica de la total ausencia de memoria política, definidora de la histeria política que hoy es impuesta por la manipulación mediática al servicio de intereses belicistas y agresores y hace olvidar los valores de la paz, la justicia y la soberanía de las naciones.

Olsson (ELDR), Eriksson, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL)
Hemos optado por votar a favor de la enmienda 19, en cuya presentación hemos sido partícipes, y por abstenernos en el apartado 5.

Papayannakis
No voy a votar a favor de una propuesta de resolución de carácter conciliador y que consiste, esencialmente, en un análisis unilateral e inexacto, en bastantes puntos, de la situación, mientras que sus posturas y sus propuestas sirven mínimamente a una solución pacífica, política y viable de la crisis; ni tan siquiera sirven al trágico problema, por excelencia, de los refugiados.
Además, la propuesta de resolución afirma que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad « no han podido» (!) participar en la decisión de la OTAN sobre las incursiones aéreas, aunque está claro que esta decisión se ha tomado incumpliendo los principios de las Naciones Unidas, que en este caso se han visto humilladas y maltratadas de forma irremediable. Afirmar que se dio este trato a las Naciones Unidas porque dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad bloquearon la acción de la OTAN (tal como tienen derecho a hacer basándose en el estatuto de la ONU...), es un monumento a la arbitrariedad y una muestra peligrosa de lógica totalitaria, es decir, ¿acaso las Naciones Unidas son sólo útiles cuando están de acuerdo con la OTAN?
Con todo esto, cualquier referencia al concepto de una «comunidad internacional» es superflua e inadmisible; basta con mencionar la Comunidad Atlántica. Y llega a ser irrisorio que la propuesta de resolución pida (en el apartado 3) la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas o que aplauda (apartado 4) la «iniciativa» del Secretario General de la ONU, Sr. Annan, ¡sin mencionar, aunque fuera en dos palabras, su contenido!
La propuesta de resolución pide que primen los derechos humanos sobre la soberanía nacional. ¿Quién va a interpretar y a aplicar este principio tan correcto? ¿La OTAN, con la misma falta de credibilidad y con el mismo interés con el que ha interpretado y «aplicado» los principios de la ONU? ¿Cada Estado, según sus necesidades y propósitos del momento? Son posturas peligrosas de consejeros frívolos sobre la redacción de la propuesta de resolución, que envilecen todo esfuerzo serio por construir un orden y una comunidad realmente internacional, que pueda aplicar de forma verosímil y viable tales principios, sin intervenciones selectivas y sin la utilización ilógica de la violencia. Y son selectivas las intervenciones de la OTAN y las preferencias de los redactores de la propuesta de resolución; porque de otro modo, en Turquía, en Indonesia, en Latinoamérica y en África, tras su lectura, cundiría el pánico...

Ripa di Meana
Voto en contra de la resolución de la mayoría del Parlamento Europeo que apoya la guerra en Yugoslavia. Los Gobiernos de la Unión Europea, con escalofriante superficialidad, incultura histórica y aproximación han llevado a nuestros países a esta guerra, de la que hoy ya no saben cómo salir.
Es desolador que también el Parlamento Europeo, por la presión de los Gobiernos nacionales, se someta a esta aventura tan peligrosa.
La guerra emprendida por la OTAN no admite justificaciones. No existen desde el punto de vista del derecho. Se han ignorado las normas internacionales, se han marginado las instituciones internacionales. Hemos llegado, por tanto, a la guerra ética. Se ha querido inventar el principio de la ingerencia humanitaria selectiva, porque castiga a Milosevic por la limpieza étnica, pero ignora el problema kurdo en Turquía y abre inquietantes escenarios para las zonas calientes de Europa: Córcega, Irlanda y el País Vasco en España.
Una guerra «humanitaria» que, sin embargo, sólo ha alcanzado objetivos antihumanitarios favoreciendo la operación de limpieza étnica y matando a civiles indefensos en Serbia y en Kosovo.
»Daños colaterales», éste es el lenguaje utilizado por la OTAN para definir la muerte de civiles: durante siglos en los Balcanes se deberán soportar los llamados collateral damages , dado que las bombas de uranio empleadas por la OTAN ya han contaminado el territorio yugoslavo impidiendo, de hecho, el regreso de los kosovares a su país, a menos que corran el riesgo de enfermedades, malformaciones y muertes por radiación.
Desde este punto de vista, ningún país europeo está seguro: bastará que sople el viento para que el finísimo polvo de uranio sea arrastrado a Italia, Alemania, Hungría y a toda Europa, con los mismos efectos de muerte provocados en Arabia Saudí por la contaminación bélica causada en Iraq durante la guerra del Golfo.

Souchet
La guerra que la OTAN libra a Serbia es un fracaso.
Algunos pretenden que se trata de un fracaso de «Europa». El desencadenamiento de la guerra bajo la bandera de la OTAN traduciría una «ausencia de Europa». Éstos acusan, pues, exclusivamente al «imperialismo norteamericano», el cual habría arrastrado a los aliados y los tendría bajo su férula.
Naturalmente, la intervención militar de los Estados Unidos no está desprovista de segundas intenciones. Conocemos la preocupación de Washington de consolidar la credibilidad de la Alianza Atlántica más allá de la desaparición del adversario común que la había originado. Y el comportamiento de los norteamericanos en el proceso de Rambouillet permite pensar que no hicieron todo lo posible para evitar el fracaso.
Pero limitarse solamente a este análisis, significa olvidar que el compromiso militar de la OTAN contra Yugoslavia es el resultado de una voluntad europea unánime, que se manifestó en la Cumbre de Berlín y de la que los federalistas se felicitaron y se congratularon, considerándola como la verdadera partida de nacimiento de la PESC.
La intervención en la guerra, bajo el mando de la OTAN, no traduce, pues, una ausencia de política europea, sino una política europea errónea.
No se trata de una acción aislada. Este error político se inscribe dentro de una lógica que se remonta a la opción que el día siguiente a la caída del Muro de Berlín efectuó toda una generación de dirigentes y de responsables europeos. Esta opción consistió en crear una Europa occidental reducida, rígida e inaccesible, cuyas características fueron definidas por los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, y no una gran Europa flexible y acogedora, como esperaban todos aquellos que, tanto en el centro como en el Este de Europa, acababan de recobrar su soberanía, tras varias décadas de régimen totalitario.
En lugar de inventar la Europa de geometría variable, capaz de ofrecer nuevas perspectivas de convivencia dentro de la cooperación a todos los Estados del continente, estos responsables europeos se obstinaron en seguir el método Monet, erigido en dogma, sin darse cuenta de que ya no era pertinente para reunir a la gran diversidad de países del nuevo continente europeo.
Por parte de la Unión, no se quiso admitir que era indispensable examinar a fondo los objetivos y los métodos de la construcción europea. La Unión se atuvo al «método Monet», basado en la idea consistente en la necesidad de unificar las economías para impulsar insensiblemente cesiones de soberanía política. Aplicado a los países del Este, el método consiste en aplazar indefinidamente su adhesión al «club». Así pues, sólo hemos ofrecido a los PECO una sala de espera, unos plazos de admisión permanentemente diferidos, como si se tratase de un espejismo, lo que genera la exclusión, la discriminación, las frustraciones y las humillaciones. El hecho de atenerse a esta antigua concepción de Europa ha tenido como consecuencia desalentar, debilitar y marginar, en los PECO, a los dirigentes y responsables procedentes de los sectores disidentes, a los reformadores, que fijaban su mirada en nosotros, y permitir que las personas procedentes de sistemas totalitarios recobraran prestigio, de las que Milosevic constituye su arquetipo.
Por no haber sabido crear el foro permanente de la gran Europa, formado por unas cooperaciones abiertas desde el primer momento a los PECO, sobre cuestiones tan vitales como la seguridad y la política exterior, nuestro continente vuelve a dividirse.
La guerra de Yugoslavia es el símbolo mismo, dramático, de esta nueva división de Europa, encarnándola y acentuándola. Vemos, en efecto, una Europa eslava que intenta organizarse sin contar con nosotros. Vemos una Ucrania que decide convertirse en una potencia nuclear, después de haber renunciado a ello. Vemos a Yugoslavia adoptar un proyecto de unión eslava con Rusia y Belarús. Vemos a los serbios, que rechazaban mayoritariamente a Milosevic, cerrar filas en torno a él en nombre de la patria agredida y vemos como se manifiesta una solidaridad ortodoxa en la reprobación de la acción militar atlántica.
Hoy los frutos de la intervención militar de la OTAN son particularmente amargos. El mundo eslavo y ortodoxo se aparta, cuando debería constituir un componente esencial de la Europa continental que hoy debemos construir. Se pone en entredicho la legitimidad de las fronteras. Los Balcanes están devastados. Asistimos al resurgimiento de dos Europas.
Así pues, es necesario que, a toda costa y lo más rápidamente posible, se ponga fin a esta espiral de desestabilización. Para ello, no sólo hay que parar las bombas, que ahondan los odios. También hay que imaginar una nueva concepción de Europa, válida para todo nuestro continente: la de una familia de naciones destinadas a convivir en la confianza, la identidad recobrada y reconocida y el respeto recíproco. Esta imprescindible nueva definición de nuestra concepción de Europa será la mejor política preventiva.
El proyecto de resolución presentado por diversos grupos, a pesar de que contiene algunas recomendaciones oportunas, no se sitúa en esta perspectiva, que, sin embargo, es esencial. Por el contrario, al proponer, en su considerando J, debilitar y marginar la noción de soberanía nacional, que, a pesar de todas sus imperfecciones, constituye, con todo, el principio regulador fundamental de nuestra comunidad internacional, la resolución introduce un factor cuyas consecuencias no podrán ser sino extremadamente desestabilizadoras y perturbadoras en la vida internacional. Por eso nosotros no hemos podido votar a favor de la propuesta de resolución.

Spiers
Apoyo la enmienda 3 y estimo que hay razones suficientes para desplegar tropas terrestres a fin de proteger a Kosovo. Creo que también es necesario estudiar la posibilidad de establecer un Kosovo independiente.
Ahora bien, aunque he sido partidario durante más de siete años de enfrentarnos firmemente contra el Gobierno de Milosevic, tengo un gran interés en que haya un mínimo de víctimas inocentes. Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que expresa preocupación por la utilización de armas con uranio agotado por la OTAN. Las consecuencias de la utilización de esas armas siguen siendo horribles en el Iraq, y algunos informes indican que ha habido un 70 % de aumento en la incidencia de niños nacidos con cáncer y tumores malignos en el país.
El apartado 13 pide que se «multipliquen las iniciativas de información dirigidas a la población de Serbia y de Montenegro». Si se hubieran desplegado más esfuerzos en esa dirección cuando Milosevic comenzó a desarrollar sus políticas de agresión, la oposición serbia a Milosevic se hubiera reforzado y se hubieran podido salvar muchas vidas.

Theorin y Wibe
No se puede aceptar jamás la limpieza étnica y las atrocidades masivas en contra de la población albanesa. Es esencial que las disposiciones mundiales en materia de derechos humanos prevalezcan sobre la soberanía de los Estados nacionales. Esta circunstancia exige modificaciones en las leyes internacionales -como por ejemplo en el seno de las Naciones Unidas-, una posibilidad que no ha sido aprovechada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La comunidad internacional ha de basarse también en el pleno respeto de unas leyes internacionales. Por este motivo, no podemos respaldar esta propuesta para aceptar los bombardeos de la OTAN. Dicha medida sentaría un precedente de graves consecuencias en el futuro.
Europa ha entrado a trompicones en una guerra con un millón de refugiados, y no se ha elaborado ninguna política sobre cómo salir de esta guerra. La tarea más importante de la UE en estos momentos es formular una solución política, detener la limpieza étnica, ayudar a los refugiados, poner fin al baño de sangre y emprender las acciones necesarias para permitir el regreso de estos refugiados. La UE ha de apoyar de manera activa la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para mediar y poner fin a este conflicto. Otra de las tareas de la UE ha de ser el restablecimiento de las NU como el órgano más importante de la comunidad de Derecho internacional.
La UE ha de exigir el despliegue de una fuerza pacificadora de las NU, que incluya también tropas rusas, con el fin de permitir el regreso de los refugiados de etnia albanesa a sus hogares.
Es preciso lograr una rápida ratificación del Tribunal internacional permanente para dotarnos de un instrumento activo que nos permita actuar en el futuro contra las violaciones de las leyes de guerra.
El cometido de la UE no ha de ser sancionar las iniciativas militares de la OTAN, en la cual, además, no tiene representación ningún parlamento elegido democráticamente. La tarea de la UE consiste, más bien, en colaborar de manera constructiva a fin de solucionar este y otros conflictos con medios políticos, diplomáticos y económicos.

Trizza
Deseo subrayar la urgencia y la necesidad de la intervención de la OTAN en la región para proteger los derechos fundamentales de la población de Kosovo y señalar que esta tragedia quizás se habría podido evitar si la Unión Europea, además de ser una institución económica y monetaria, hubiera sido desde hace tiempo también una realidad política unitaria.
En efecto, si al comienzo de la crisis balcánica que inició a principios de los años noventa, Europa hubiera actuado de común acuerdo y con decisión a la hora de tomar decisiones unívocas cuando empezó la desmembración yugoslava y si, incluso recientemente, Europa se hubiera presentado de forma unitaria y compacta a la reciente Cumbre de Rambouillet, tal vez no asistiríamos a las masacres y a las limpiezas étnicas de estos días.
Pido asimismo que el Parlamento Europeo se erija en promotor de una iniciativa de solidaridad, también económica, en favor de los habitantes de Apulia que no solo han acogido y siguen acogiendo generosamente a decenas de miles de refugiados albaneses y kosovares, sino que pagan duramente el coste de la guerra en términos de dificultades logísticas con el cierre de los aeropuertos de la región y con los perjuicios ocasionados a todo el sector turístico pullés que sufre las cancelaciones de los que renuncian a pasar sus vacaciones en dicha región.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado. El resto de las votaciones tendrán lugar después de la votación del debate de actualidad.
La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas

Tarificación de infraestructuras de transporte (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/99) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión acerca de tarifas justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transportes en la UE (COM(98)0466 - C4-0514/98)

Donnay
Señor Presidente, Señorías, nadie negará que el desarrollo de los transportes tiene importantes consecuencias en nuestro medio ambiente. En efecto, todos los Estados se enfrentan a los problemas de destrucción del medio ambiente, de contaminación o incluso de congestión de los centros urbanos. En este sentido, el objetivo de internalizar los costes externos generados por los diferentes modos de transporte está perfectamente justificado. Por eso el documento presentado por la Comisión cuenta con nuestro apoyo; pero por tratarse de una cuestión de capital importancia, cuyas consecuencias no hay que despreciar, conviene abordarlo con prudencia y pragmatismo. Todos tenemos conciencia de la importancia de los transportes, en particular en materia de desarrollo económico. Por lo tanto, debemos evitar los excesos en este ámbito. Por mi parte, desearía señalar mi desacuerdo sobre dos puntos esenciales del informe de la Sra. Schmidbauer; me refiero a la propuesta de introducir los turismos en el sistema de tarificación y de imposición sobre la kerosina.
En cuando al primer punto, no estoy convencido de la pertinencia de esta propuesta, al menos con respecto al sistema de tarificación que propone el documento de la Comisión. No creo que los problemas planteados por los turismos sean competencia del Libro Blanco. Éste se refiere, en particular, a los transportes masivos, ya se trate de pasajeros o de mercancías. Por lo tanto, creo que sería preferible tratar la cuestión de los vehículos particulares en un marco específico.
Con respecto a mi segundo punto de desacuerdo, considero que no habría que legislar demasiado prematuramente en cuanto al impuesto sobre la kerosina. Esperemos, en efecto, la conclusión del acuerdo internacional sobre el transporte aéreo para poder tomarlo en consideración en las futuras reglamentaciones. Creo que, en una primera fase, es más razonable no avanzar más, y limitarnos a las propuestas de la Comisión.

Lagendijk
Señor Presidente, normalmente no utilizo mi precioso tiempo para felicitar al ponente, ya que, al fin y al cabo, se ha convertido en algo habitual. Sí quisiera hacerlo esta vez, a pesar de que, desgraciadamente, ahora no está presente, ya que estoy sumamente satisfecho con su informe. En mi opinión, se trata de una propuesta de la Comisión extraordinariamente importante, sobre la que la Sra. Schmidbauer ha elaborado un buen informe.
Hay dos cuestiones importantes en lo que a mi Grupo se refiere. En primer lugar, el principio. Es sabido que los Verdes llevan años luchando para que los costes por la utilización de las infraestructuras repercutan en los usuarios, ya que actualmente el transporte es demasiado barato y ello supone una carga ecológica demasiado alta. Así mismo estoy satisfecho por razones prácticas con la realización de esta propuesta, a pesar de que está claro, y esto también aparece en el informe de la Sra. Schmidbauer, que hay poco dinero para invertir en infraestructuras. Los gastos generales disminuyen, mientras que, precisamente, es necesario invertir más, especialmente -en lo que a nosotros se refiere- en infraestructuras ferroviarias. De ahí que resulte positivo y justo que los usuarios de las infraestructuras actuales contribuyan a financiar su ampliación. Naturalmente, supone muchos problemas prácticos y, por supuesto, existirá oposición, también tenemos esa experiencia en los Países Bajos, sobre todo si no se aclara que las inversiones y las tasas son necesarias para mantener los territorios densamente poblados, habitables y accesibles.
Sin embargo, dos observaciones sobre este informe. En primer lugar en relación con el párrafo 15 del informe de la Sra. Schmidbauer. En él se afirma que, en la medida de lo posible, debe incluirse en la propuesta el transporte privado en automóvil y, en mi opinión, eso no es suficiente. Creo que resulta imprescindible que se incluya. Precisamente, el transporte privado en automóvil ocasiona muchos de los costes marginales que deben hacerse repercutir en los usuarios, y creo que no es justo que los costes deba asumirlos solamente el transporte de mercancías.
Por último, señor Presidente, el apartado 10 del informe, en el que se propone compensar los costes que ello conlleva reduciendo los demás impuestos que recaen sobre el transporte. Creo que esto no resulta demasiado conveniente. Continúo pensando que el transporte es demasiado barato, que es demasiado fácil llevar las mercancías de un sitio a otro en Europa. Estaríamos a favor de que, por ejemplo, se empezara, y se continuara en el futuro, a hacer repercutir los costes del capital de las infraestructuras en los usuarios.

Van Dam
Señor Presidente, en el tráfico comercial, como regla general, el cliente debe pagar el precio por los servicios recibidos o por los productos obtenidos. En mi opinión, no hay nada erróneo en ello, y esta regla es, creo yo, aceptada por toda la sociedad. Esta relación todavía no se establece muchas veces de forma clara en lo que a la utilización de las infraestructuras se refiere. Los costes totales del transporte y los precios fijados en muchos casos no concuerdan. La propuesta de la Comisión hace un loable intento por mejorar esta relación.
Sin embargo, queda por ver si el método de cálculo, tal como se ha propuesto, es decir, los costes sociales marginales, cubrirá todos los costes ocasionados. Una cierta firmeza de comportamiento no es, aparentemente, ajena a la Comisión. Algunos colegas recalcan que el establecimiento de un sistema de tasas no puede conducir a un aumento de los costes para el usuario del transporte. No quisiera formular esto tan drásticamente. Se parte del principio «el usuario paga», incluso si conduce a un aumento del precio. Sí hay que preocuparse de que los costes recaigan sobre aquéllos que finalmente se benefician del transporte. Las tasas no pueden continuar perjudicando a los transportistas.
Excluir a determinados usuarios de este sistema de tasas, dará lugar ineludiblemente a una cobertura incompleta de los costes totales. Respaldo totalmente, por tanto, la enmienda 7 de nuestro colega, el Sr. Lagendijk.
El método de cálculo propuesto debe conducir a una situación en la que las modalidades de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente logren una cuota más alta en todo el mercado del transporte. En este sentido, debe ser posible corregir el principio «el usuario paga».

Stenmarck
Señor Presidente, es un hecho reconocido que los denominados costes externos del tráfico han aumentado de una manera radical. Por consiguiente, es obvia la necesidad de que estos gastos corran a cargo de los respectivos sectores del transporte. En este caso estamos hablando ante todo de los accidentes, cuyos costes en las distintas modalidades de transporte se han disparado en las últimas décadas. Hay una serie de costes que deben ponerse en relación con el deterioro del medio ambiente. Se trata de los ruidos y de la contaminación del suelo, la atmósfera y las aguas, todo lo cual representa un problema que va en aumento. Igualmente, nos enfrentamos con grandes dificultades a la hora de evaluar la magnitud de estos costes.
En la actualidad existen grandes diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea, circunstancia ésta que también se desprende del Libro Blanco y del informe. Por ejemplo, el importe de los gravámenes sobre los vehículos pueden llegar a variar en 3.000 euros al año, existen nueve variedades distintas de tarifas para los transportes por ferrocarril y el grado de cobertura de los costes puede oscilar entre un 0 y un 100 %. Sería deseable, especialmente por motivos de competencia, dotarse de una estrategia en materia de cobertura de los costes para los distintos medios de transporte que abarque la totalidad de los países de la Unión.
Creo que estamos todos de acuerdo en que resulta esencial lograr un fundamento jurídico para tal variedad de tarifas en lo relativo a disposiciones de viñetas, cánones por utilización de autopistas, etcétera. Asimismo, la evolución que ha tenido lugar en los últimos años nos ofrece ahora la oportunidad de incorporar sistemas técnicos particulares -por ejemplo, por medio de la telemática- que sean vigentes en todos los Estados miembros. Se trata de una posibilidad de la que no disponíamos en la misma medida en el pasado.
Naturalmente, todo esto es muy positivo. Resulta obviamente legítimo aspirar a conseguir una armonización de las distintas disposiciones en el sector de los transportes, especialmente si de esta manera se garantiza un funcionamiento más fluido del mercado interior. Es importante instaurar una competencia en pie de igualdad para todos los medios de transporte y una igualdad de condiciones en materia de competencia en todos los Estados miembros. Si bien la UE puede lograr una parte de estos objetivos, muchos de ellos -quizá la mayor parte- dependerán de las decisiones que adopten los propios Estados miembros.
Determinados Estados miembros, yo provengo de uno de ellos, aplican en determinados sectores una imposición fiscal y unas tarifas considerablemente más elevadas que otros países. Nunca lograremos una igualdad de condiciones en materia de competencia si estos países no comprenden por sí mismos esta circunstancia.
Con la propuesta que apoya una mayoría de la Comisión de Transporte y Turismo se corre el riesgo de incrementar aún más los costes derivados del sector de los transportes. Esto es especialmente cierto en el uso de los vehículos privados, al menos si se hace caso de la propuesta de la ponente. Esta circunstancia resulta inaceptable. En el Grupo del PPE hemos elaborado una serie de enmiendas para contrarrestar estos efectos. Hasta el momento no hemos logrado ningún apoyo para estas enmiendas. Sin este apoyo en el día de hoy, no veo ninguna posibilidad de respaldar la propuesta que ha presentado la Comisión de Transporte y Turismo.

Mendes Bota
Señor Presidente, mi colega Manuel Porto no puede estar presente esta tarde y voy a intervenir yo en su substitución. Una iniciativa de la Comisión y el informe de la Sra. Barbara Schmidbauer sobre competencias en materia de infraestructuras de transportes son dignos de beneplácito.
Se trata de un ámbito en el que se comprende bien que se manifieste alguna duda sobre la competencia de la Unión Europea teniendo en cuenta, en particular, las distorsiones que surgen cuando se siguen criterios diferentes de país a país, independientemente de que se esté cerca o lejos de las fronteras, cuando hay países en los que las infraestructuras son pagadas por los usuarios por medio de la tributación de los combustibles y los peajes y otros en que lo son con cargo a los presupuestos públicos.
No podemos por menos de estar de acuerdo con el principio seguido de cobertura también de los costos externos de los transportes. Por ser éstos mucho más elevados en el transporte por carretera, con el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes, como evidencian los gráficos presentados por la ponente, está justificado que sea mayor el pago que deben hacer sus usuarios, en consonancia, por lo demás, con lo que ya sucede ahora, al pagar los usuarios de las carreteras (en impuestos sobre los combustibles y los vehículos y en peajes) el doble del gasto que con ellas se hace, cuando los usuarios de las vías férreas pagan el 56 % y los de las vías navegables el 18 % de los gastos respectivos.
Además de ser justo que así sea, se crea convenientemente un incentivo para que la demanda se traslade a modos de transporte con menos deseconomías externas. Pero, so pena de que los ciudadanos resulten injustificadamente castigados, es indispensable promover de inmediato su mejora, por ejemplo en mi país, con líneas para convoyes rápidos, internamente y en los enlaces con los demás países de Europa.
Además, conviene que haya una distribución correcta de las competencias relativas a cada uno de los modos y vías de transporte, justa y no distorsionadora de la competencia. Convenimos, pues, enteramente con la ponente cuando sostiene que en la distribución de las competencias en materia de transporte por carreteras se considere asimismo el transporte no comercial en automóvil privado. Y conviene también que no se dé la situación de mi país, donde puentes y carreteras con características idénticas (de autopistas) están o no sujetos a peajes (o a peajes muy diferentes) según el peso político de las zonas a las que correspondan.
En este marco, resulta particularmente chocante que, por esa razón, no se apliquen los peajes en las zonas metropolitanas, en las que viven las personas con mayores rentas y donde convendría desincentivar la utilización de vehículos privados, y se mantengan en zonas más desfavorecidas en las que, por no haber manifestaciones populares ni costos electorales, se aumentan todos los años.
Los posibles problemas de congestión se eliminan con sistemas de pago automático, como la Vía Verde, en Portugal. Y, aunque en otra lógica, pero por razones sociales comprensibles, se puede establecer un límite máximo de pago mensual a quien tenga necesidad de utilizar diariamente las infraestructuras.

Van den Broek
Señor Presidente, en nombre del Sr. Neil Kinnock tengo el placer de referirme a este informe y para empezar manifestaré mi agrado por el apoyo que brinda; tomo nota también de las preocupaciones expresadas. Estoy seguro de que sabremos ocuparnos de esas preocupaciones cuando pongamos en práctica los principios y elaboremos propuestas concretas. En nombre del Sr. Kinnock quisiera dar gracias muy sinceras a la Sra. Schmidbauer por su informe sumamente constructivo y por su apoyo de lo que la Comisión preconiza en el Libro Blanco.
Permítanme que formule unas cuantas observaciones acerca de los motivos de preocupación. En primer lugar, es verdad que el calendario de ejecución es ambicioso pero lo cierto es que estamos progresando bien, con el acuerdo sobre la Euroinsignia a punto de concertarse; directivas sobre el transporte ferroviario ante el Consejo; la encuesta sobre los costos portuarios en poder de los Estados miembros; propuestas sobre tasas de aeropuertos; tarifas aéreas en estudio; el Comité de Expertos Gubernamentales se ha reunido y ha encargado al grupo de alto nivel que informe sobre los métodos seguidos para calcular los costos. Puede decirse que casi vamos por delante del calendario previsto.
Aunque seguimos utilizando directivas más concretas, la Comisión, naturalmente, velará por que nuestra forma de actuar no se traduzca en incoherencias ni origine efectos perjudiciales.
El Libro Blanco recalca también la necesidad de que la ejecución sea equilibrada, en particular entre los sectores vial y ferroviario. Por esa razón el paquete de medidas relativas a los ferrocarriles prevé explícitamente la concesión de subsidios a las líneas férreas cuando haya costos externos impagados en modos de transporte competitivos, como por ejemplo la carretera. Esto es un buen ejemplo de la forma en que la Comisión evita toda incoherencia en el proceso de ejecución, identificando claramente un problema y brindando una solución práctica.
El Libro Blanco trata de cuestiones de equidad y distribución así como de problemas con que se enfrentan las zonas periféricas. Gran parte de este debate trata igualmente de las cuestiones de la ampliación y de los países candidatos, y estoy seguro de que podremos considerar esos aspectos cuando precisemos más nuestras propuestas.
Se anima a los Estados miembros a que incorporen los principios del Libro Blanco en sus propios planes de tarificación para el transporte por vehículo privado, en armonía con la evolución. Aunque algunas normas legislativas comunitarias se aplican a los usuarios de vehículos privados -por ejemplo los impuestos sobre combustible, los impuestos sobre el consumo, el IVA-nuestro enfoque actual en materia de tarificación se centra en el tráfico comercial, pues se trata de un problema que sólo se puede resolver con éxito a través de un marco reglamentario comunitario, que proteja el funcionamiento del mercado interior de transportes al mismo tiempo que integra cabalmente los objetivos medioambientales.
La utilización de vehículos privados plantea gran cantidad de problemas regionales y locales que, de conformidad con el principio de la subsidiariedad, requieren un tipo de enfoque ligeramente diferente, que hemos estado elaborando principalmente por conducto del programa de acción para la red de ciudadanos.
Estoy convencido de que en esta fase normativa comunitaria el enfoque diferenciado será más eficaz y además respetará cabalmente los legítimos papeles de los sectores normativos del transporte en otros planos políticos.
Por último, quisiera agradecer el apoyo que brinda el informe. Todos sabemos que esta esfera, la cuestión de las tarifas por el uso de carreteras, de líneas férreas, de líneas aéreas o de líneas marítimas, está plagada de obstáculos y que el progreso, especialmente en el plano político, puede ser de una lentitud penosa. Tener el apoyo del Parlamento en relación con esas cuestiones es, por lo tanto, particularmente digno de mención.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

Dimensiones y pesos máximos autorizados en el tráfico nacional e internacional
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0114/99) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (COM(98)0414 - C4-0486/98-98/0227(SYN))

Van Dam
Señor Presidente, señor Comisario, esta mañana cuando venía hacia aquí los compañeros me saludaban con: «éste es tu gran día». Normalmente, es en verdad un placer que el informe de uno figure en el orden del día. Sin embargo, en este momento, como ponente, tengo sentimientos mixtos, porque nos encontramos ante un callejón sin salida algo incómodo.
Hace dos meses, debatimos también en esta Sala la cuestión del transporte combinado. La votación que le siguió, confirmó que el Parlamento Europeo no podía aprobar una propuesta de la Comisión para exceptuar al transporte combinado del generalmente aceptado peso máximo de las 40 toneladas. En consecuencia, la propuesta fue reenviada a la Comisión de Transportes.
Poco después, los miembros de la Comisión de Transportes y los representantes de la Comisión Europea deliberaron. Tras el consiguiente debate en la Comisión de Transportes, tuve que constatar que la mayoría de sus miembros no se ha retractado de la posición adoptada hace dos meses.
Desde un punto de vista formal, ésta es una actitud correcta. Después de todo, la Comisión no había presentado oficialmente nuevas propuestas o propuestas modificadas desde el rechazo de la propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo. Formalmente falta, por ello, la base para la revisión de las posiciones adoptadas hace dos meses por el Parlamento.
Como ponente, puedo constatar, sin embargo, que la Comisión no ha estado inactiva. Tanto en las deliberaciones con los representantes del Parlamento Europeo, como durante las reuniones de la Comisión de Transportes, ha mostrado que estaba preparada para replantearse los puntos en los que el Parlamento Europeo había efectuado objeciones insuperables. Visto el limitado tiempo disponible, esto no ha permitido la formulación de una propuesta sobre el papel. Sí está claro que la Comisión manifiesta una postura complaciente, parece que está preparada para satisfacer las objeciones del Parlamento Europeo y, para ello, va a admitir modificaciones en la propuesta actual.
Según mis informaciones, en el Consejo también existe un apoyo casi unánime para ampliar el peso máximo. Solamente el Reino Unido parece resistirse a ello, pero dado su carácter insular, este país podría estar satisfecho con una excepción para las islas.
Vista la situación que se ha originado, resulta difícil para mí en este momento votar a favor o contra de la resolución de la Comisión de Transportes. No en contra, porque se ha producido un cambio formal respecto de la situación de hace dos meses. No obstante, tampoco a favor, porque la actitud de la Comisión merece una mejor respuesta que una postura intransigente del PE. Cada vez entiendo menos, debo decir sinceramente, la línea dura que siguen algunos de mis colegas.
Estoy convencido de que si reflexionamos bien, podemos salir de este callejón sin salida. Como ponente, no puedo sino expresar la opinión de la mayoría de la Comisión de Transportes. Ruego que se afronte con futuro de miras la posición del Consejo y las modificaciones llevadas a cabo por la Comisión. Parto de que al comienzo del nuevo mandato esta materia se solucionará de forma aceptable para todas las partes implicadas.

Piecyk
Señor Presidente, creo que en primer lugar debemos manifestar nuestra gratitud hacia el Sr. Van Dam por haberse tomado la molestia de seguir adelante con este complejo informe. No obstante, creo -y ya se ha dicho aquí- que nos hallamos ante el típico caso en que un concepto que en principio respaldamos y aprobamos, a saber el fomento del transporte combinado con objeto de reducir el transporte por carreteras y aprovechar las posibilidades ofrecidas por el ferrocarril y las vías navegables, sale mal parado por causa de una medida específica. Fue ésta la crítica que vertimos en la anterior ocasión y desgraciadamente, las cosas no han cambiado desde entonces.
A mi modo de ver, no tiene ningún sentido elaborar una normativa que contemple excepciones a la regla según la cual está prohibido circular los domingos y por la noche. Del mismo modo carece de sentido crear una normativa en la que se mantenga el criterio de las 44 toneladas, sin limitación alguna. No es la primera vez que manifestamos nuestro desacuerdo al respecto. Es un punto que este Parlamento ya rechazó en su día. Además, el Consejo no ha accedido a la petición del Parlamento de prever ventajas fiscales con idea de fomentar los modos de transporte alternativos.
Devolvimos en su día esta parte del informe. La Comisión tuvo la oportunidad -como bien dice el Sr. Van Dam- de introducir modificaciones. Al fin y al cabo es ella la que lleva el ritmo del procedimiento y la que puede perfeccionar las propuestas. Nosotros, como Parlamento, fuimos muy claros. Dijimos: «Rechazamos esta solución general; queremos propuestas concretas más limitadas.» A este respecto he de decir al Comisario, aun cuando en este momento no esté, que no basta con enviar una carta a la comisión competente. No es esto lo que se entiende por una propuesta. ¡No es suficiente! No nos conformamos con una carta a modo de anuncio, lo digo claramente.
Por tanto, seguimos a la espera de que nos lleguen propuestas más concretas por parte de la Comisión. El Parlamento está dispuesto a fomentar el principio básico, pero sin propuestas concretas no se llega a ninguna parte. Por todo ello, no tenemos más remedio que respaldar las palabras con las que cierra el informe: «... rechaza la propuesta de la Comisión y pide a la Comisión que retire su propuesta». Así de claro. No nos queda otra solución.
Esperamos que en la próxima legislatura la Comisión, cuya capacidad de acción se ha visto reducida provisionalmente a raíz de los últimos acontecimientos, presente cuanto antes propuestas razonables que den lugar a un debate fructífero. Ello nos debería permitir despachar con éxito un tema para el cual ni siquiera nos hará falta agotar todo nuestro tiempo de uso de la palabra. Seguramente se solucionará por sí solo.

Wijsenbeek
Señor Presidente, con el Informe Van Dam, antiguo Informe Wijsenbeek, se corre el peligro de que suceda como con el antiguo Informe Tolman en el asunto de la isoglucosa, es decir, que se convierta en un hecho institucional nuevo. En primer lugar, se trata de un enfrentamiento diametralmente opuesto en su origen entre el Parlamento y la Comisión, en el que, por otra parte, como anterior ponente, estaba completamente de acuerdo con la Comisión. En consecuencia se debe encontrar una solución. Si la dejamos para después de las elecciones, tendremos que utilizar el procedimiento de codecisión. No obstante, resulta doblemente curioso, Comisario Kinnock, que, con esas dos opiniones contrapuestas del Parlamento y de la Comisión, este asunto haya llegado sin modificaciones al Consejo conforme a una base que no figura en los Tratados. Si no fuera porque tampoco en el Consejo existe unanimidad y con seguridad, me atrevería a decir, tampoco una gran base de consenso, e incluso, no existe en absoluto entendimiento, el Consejo podría haber coincidido con la Comisión y la decisión se podría haber adoptado, a pesar de que el Parlamento hubiera decidido otra cosa.
Me parece que ahora es el momento adecuado de buscar, en efecto, soluciones comunitarias con, me atrevería a decir, sosiego, calma y juicio. Como muy bien ha dicho el Sr. Piecyk, estamos de acuerdo en que debe favorecerse el transporte combinado. Estamos de acuerdo en que se deben utilizar más las aguas interiores y el transporte ferroviario. Resulta que no podemos ponernos de acuerdo sobre estas pocas toneladas, cuando todos sabemos con cuánto exceso de peso se conduce y cuántas excepciones se permiten durante el fin de semana. Debe encontrarse una solución intermedia.

Maes
Señor Presidente, no soy en absoluto una especialista en cuanto al transporte por carretera. No obstante, debo señalar que estoy de acuerdo con el anterior orador, el Sr. Wijsenbeek, puesto que en los contactos que he mantenido con profesionales del transporte por carretera, con los que profesional y diariamente se ocupan de esta cuestión, escucho terribles quejas. Cómo puede la propia Europa hablar de Europa con una libre circulación de mercancías si, por ejemplo, la carga por eje de nuestros camiones en los Países Bajos difiere de la de Bélgica y, ésta, a su vez, difiere de la de Francia. Existen diferencias en cuanto al peso que se puede cargar por eje, de tal modo que un camión que realiza un trayecto que atraviesa tres países europeos, o bien en uno conduce infringiendo la ley, o bien se pone la soga al cuello financieramente hablando. Si ese camión lleva la mitad de carga, no se adecua ya a los requisitos que al principio cumplía. Y todavía no me he referido a los tiempos de conducción los domingos y festivos. Ahí también hay grandes diferencias.
Vivo en un país intensamente transitado por camiones. Constato que en Bélgica, por ejemplo, los camiones se pasean alegremente mientras que esto no puede suceder en los países circundantes. Le pregunto: ¿es esto Europa? ¿Es esto lo que mostramos en la práctica de nuestra famosa colaboración y coordinación? Debo decir que los transportistas europeos ya tienen bastantes preocupaciones, por ejemplo, las empresas portuguesas de transporte por carretera transportan cargamentos en nuestro país a precios que se sitúan completamente por debajo del nivel medio de aquéllos que los transportistas deben pagar en él a sus trabajadores. Quisiera decir lo mismo respecto de las empresas británicas de transporte por carretera. Por tanto, señor Presidente, entienda usted que quiera realizar alegatos en todos los sentidos a favor de una verdadera coordinación y que difícilmente me pueda justificar en la próxima contienda electoral frente a los electores que estén molestos con semejantes expedientes y a los cuales no pueda dar en absoluto una respuesta adecuada.

Van den Broek
Aunque se supone que la actual Comisión, en su situación política, sólo se ocupa de los asuntos pendientes, espero que les parezca adecuado que en este caso, también un asunto «en marcha», trate esta cuestión en nombre del Sr. Kinnock. Las conversaciones que se han venido celebrando con el ponente y algunos de los restantes diputados al Parlamento desde que tuvo lugar el debate sobre el informe del Sr. Van Dam, anteriormente del Sr. Wijsenbeek, durante la sesión plenaria de febrero han reforzado aún más mi convencimiento, en este caso el del Sr. Kinnock, de que estamos de acuerdo sobre la necesidad de mejorar los incentivos y la competitividad del transporte combinado. De esta manera, pretendemos favorecer el desplazamiento del tráfico de mercancías por carretera a otras ramas del transporte que son más sostenibles, más seguras y ahorran energía, mientras que, además, aumenta la posibilidad de elección para los usuarios del transporte. Como una parte importante de esfuerzo común, la Comisión propone dar la posibilidad a las empresas de transporte de la Comunidad de utilizar un peso máximo del vehículo de 44 toneladas, pero exclusivamente cuando el transporte por carretera se refiriera a una parte específica de un transporte combinado y solamente en recorridos relativamente cortos del trayecto total del transporte combinado.
Ésta no es, claro está, la única manera de favorecer la competitividad de este sector del transporte potencialmente importante. Quisiera contribuir firmemente a mejorar los requisitos conforme a los cuales se realiza el recorrido que corresponde a la carretera del trayecto de un transporte combinado. Y no, en último término, mediante la disminución de los costes muchas veces desproporcionalmente elevados de partes limitadas del trayecto por carretera del transporte combinado.
Si, en el caso de transporte de mercancías pesadas, esta disminución de los costes pudiera ascender hasta el 10 por ciento, constituiría un importante estímulo para los potenciales usuarios del transporte combinado. Las experiencias realizadas en los distintos Estados miembros, apuntan con toda seguridad en esta dirección. En siete de los Estados miembros está permitido un peso de 44 toneladas o más para todos los transportes por carretera, mientras que en los restantes Estados miembros, las 44 toneladas están autorizadas para recorridos de un transporte combinado. Como sin duda saben sus Señorías, los Estados miembros pueden autorizar un peso máximo de 44 toneladas para los vehículos de motor de tres ejes que formen parte de un vehículo combinado de cinco o seis ejes a fin de evitar que semejantes vehículos deterioren demasiado las carreteras.
Señor Presidente, está claro que esta propuesta no pretende ofrecer una ventaja desleal al transporte por carretera. Al contrario. La propuesta está específicamente encaminada a influir en la conducta de los empresarios de transporte por carretera, de manera que tengan que utilizar otros sectores del transporte. El resultado neto será que se transportará un mayor volumen de mercancías mediante transporte ferroviario, aguas interiores y navegación marítima limitada. Tal como el Sr. Kinnock en su carta de 11 de marzo al Sr. Van Dam ha señalado, cree sinceramente que el consenso alcanzado sobre la necesidad de potenciar el transporte combinado debe traducirse en medidas concretas y prácticas. En este estadio, nos parece que en el caso de los Estados miembros que tienen carácter insular, ya se ha señalado en esta Casa, debe reflexionarse sobre la posibilidad de una regulación relativa al peso más estricta que la propuesta inicialmente por la Comisión. Esto por la razón obvia de que las comunicaciones con el resto del mercado europeo no tienen lugar exclusivamente por carretera.
Además de eso, naturalmente es sensato estudiar si se puede determinar si un recorrido por carretera realmente forma parte de un transporte combinado. Señor Presidente, expreso en nombre del Sr. Kinnock el deseo de que podamos lograr soluciones que sean aceptables para todos, basándonos en propuestas de compromiso. También repito lo que el Sr. Wijsenbeek ya ha dicho.
Por último, quiero agradecer sinceramente a la Comisión de Transportes y Turismo y al ponente, el Sr. Van Dam, su dedicación en esta complicada materia.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

Dinero electrónico y su uso
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0156/99) de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre:
I.Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el inicio, el ejercicio y la supervisión cautelar de las actividades de las entidades de dinero electrónico (COM(98)0461 - C4-0531/98-98/0252(COD)); yII.Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (COM(98)0461 - C4-0532/98-98/0253(COD)).Ponente de opinión (Procedimiento Hughes): Torres Marques (Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial)

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ya sabemos, el presente informe trata sobre el dinero electrónico. Es evidente que nos resulta difícil comprender hoy en día el gran uso que se va a hacer de este tipo de dinero en el futuro.
Podemos decir que en la actualidad existen principalmente dos tipos de modalidades de pago. Por una parte tenemos las denominadas tarjetas inteligentes, en las que podemos «cargar» dinero; por la otra, tenemos distintos programas y sistemas que nos permiten «cargar» dinero en nuestros ordenadores para realizar las transacciones por medio de Internet.
Además, es posible afirmar que el uso de estas modalidades de pago no ha aumentado al ritmo que se presagiaba hace algunos años. No obstante, yo espero que demos pronto el gran paso hacia adelante.
Al igual que otras muchas personas, también yo creo que, una vez que sea realidad, el euro va a representar una oportunidad magnífica. De hecho, por medio de estas modalidades de pago podremos seguir sirviéndonos del euro, y esto es un hecho concreto de cara a los ciudadanos.
Asimismo, desearía señalar que necesitamos sin lugar a dudas una legislación europea en este ámbito. Precisamos una armonización particularmente de cara al mercado interior y al hecho de que participamos en gran medida en un proyecto de moneda única. Todas estas circunstancias cumplen en todos los sentidos el criterio de subsidiariedad.
La gran controversia que se plantea con motivo de esta directiva gira en torno a este dinero electrónico y a la posibilidad de restringir su emisión a los bancos. Sabemos que determinados Estados miembros desean restringir su emisión exclusivamente a los bancos, mientras que otros países de la Unión prefieren que no haya reglas a este respecto. Me complace comprobar que una gran mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos rechaza la restricción de este derecho. Creo que es el planteamiento correcto, puesto que de esta manera podremos fomentar la creación de nuevas modalidades de pago. En la actualidad, numerosos operadores están apareciendo en el mercado con nuevos medios de pago, como los teleoperadores, ofreciendo así nuevas posibilidades a los consumidores. Por consiguiente, de esta manera se instaurará una competencia que redundará en beneficio de los ciudadanos.
Como es sabido, esta directiva trata ante todo sobre la manera de vigilar a los emisores de medios de pago electrónico y de garantizar su solidez y liquidez en todos los sentidos. La Comisión de Asuntos Jurídicos no ha planteado muchas enmiendas sobre este punto. Por el contrario, hemos comprobado con decepción que en esta directiva no se han abordado los puntos de vista de los consumidores. De hecho, el Parlamento ha podido constatar en numerosas ocasiones que, cuando la Comisión presenta cuestiones relacionadas con servicios financieros, no se tienen presentes los puntos de vista de los consumidores. Solicitamos firmemente a la Comisión que realice un seguimiento activo de su funcionamiento en relación con la protección de los consumidores, que vigile también de manera activa el cumplimiento de las recomendaciones sobre la seguridad de este tipo de medios de pago y que, con la mayor brevedad, emprenda las medidas necesarias para proteger a los consumidores. Por desgracia, nos vemos obligados a reconocer que quizá se necesite un número mayor de normas, por ejemplo, a la hora de determinar quién es culpable de delito o de abuso en lo relativo a los medios de pago. No obstante, este objetivo puede alcanzarse por medio de una directiva horizontal que tenga en cuenta de una manera más general las deficiencias que existen en este sector.
Además, desearía decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha respaldado por amplia mayoría la propuesta para que los consumidores puedan reconvertir el dinero electrónico. Espero que la Comisión tenga presente esta propuesta.
Para lograr que el dinero se convierta en un elemento cotidiano es naturalmente imprescindible que existan posibilidades de aplicación. Esto será posible, por ejemplo, mediante máquinas y sistemas de pago que acepten las distintas tarjetas y programas. Es lo que solemnemente se ha dado en llamar interoperabilidad, y el único modo de lograrla pasa por unas condiciones comerciales justas. Estoy convencida de que el sector emprenderá en breve distintas acciones. Llegado ese momento, corresponderá a las autoridades velar por la creación de un sistema abierto. La Comisión puede supervisar este sistema, por ejemplo, haciendo uso de sus poderes en el ámbito de competencia. Esperamos también que la Comisión vele por que las posibles reglas en este ámbito no supongan la exclusión de ningún operador. Por el contrario, mi grupo no apoya las propuestas recogidas en las enmiendas 12 y 13, que contemplan la necesidad de directivas específicas para garantizar la interoperabilidad.
Quisiera señalar igualmente que hemos redactado algunas enmiendas de orden técnico que esperamos que esclarezcan el ámbito de aplicación de la directiva y simplifiquen cualquier modificación futura de la legislación.

Torres Marques
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera decir en primer lugar que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se congratula de la presentación de esas dos directivas porque la ampliación a entidades no bancarias de la emisión de dinero electrónico nos parece una buena medida para aumentar la competencia en esta materia y, por tanto, mejorar la calidad del servicio prestado y los precios que se cobrarán a los consumidores.
Quisiera también felicitar a la ponente, Sra. Thors, por su informe y congratularme de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya integrado prácticamente todas nuestras propuestas, las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en su informe. Por eso, no tengo que repetir muchos de los aspectos que ha abordado, porque ya se han tratado, y voy a aprovechar el tiempo para insistir en algunos de los problemas con los que topamos y que nos causaron grandes preocupaciones.
En primer lugar, el problema de la interoperabilidad. Nosotros pensamos que es extraordinariamente importante que se pueda utilizar el dinero electrónico de forma interoperable en los diversos países, pero esa interoperabilidad requiere una tarjeta que sea aceptada por todos. Muy recientemente se nos informó a la Sra. Thors y a mí de que la CIP llegó a un acuerdo sobre el establecimiento de una tarjeta, pero también se nos informó, en una audición que celebramos, de que podrían pasar 18 meses hasta que entrara en vigor una tarjeta de ese tipo.
Ahora bien, señor Comisario, nosotros, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, consideramos que el dinero electrónico en sus diferentes variantes es extraordinariamente importante para implantar lo más rápidamente posible el euro antes de que existan los billetes y las monedas: ya sea en forma de dinero virtual integrado en las computadoras por el comercio electrónico o en forma de tarjetas interoperables. Ese lapso de 18 meses va a demorar una vez más la utilización del euro por los ciudadanos, lo que nos parece bastante preocupante.
También nos parece bastante preocupante una situación en que cada país tenga su sistema interbancario propio y, por tanto, no haya Mercado Interior en lo relativo a los sistemas bancarios, así como que se consideren internacionales, con los costos inherentes, los pagos que se hagan dentro del Mercado Interior. Por tanto, hacemos propuestas en este sentido, en particular las enmiendas núms. 12 y 13, ya mencionadas por la Sra. Thors, que presentamos porque consideramos esencial, señor Comisario, que la Comisión nos presente proyectos de directivas a este respecto, para que haya un reglamento que sea aceptado por todos y dé seguridad a todos los ciudadanos de Europa.

Oddy
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la ponente, Sra. Thors, por su excelente informe sobre una cuestión importante.
Este informe debe considerarse en conjunción con el informe del Sr. Ullmann sobre las firmas electrónicas, y con mi propio informe, que se presentará el mes que viene, sobre el comercio electrónico. El Internet y los métodos de trabajo electrónicos ofrecen un sistema avanzado para el mundo y para la Unión Europea. Es una esfera en expansión que debe crear gran número de puestos de trabajo. En una reunión de información que hubo ayer, el Comisario Flynn dijo que en la Unión Europea había unos 100.000 puestos vacantes en esta esfera. Es importante que contemos con normas bien enfocadas que promuevan el crecimiento de Internet y del comercio electrónico.
El dinero electrónico no se usa demasiado en la actualidad, pero estoy seguro de que será muy importante en el futuro. La base del informe de la Sra. Thors promoverá ese crecimiento. Tenemos que conseguir que se establezcan normas en el plano europeo que promuevan la utilización de ordenadores y que no retrasen el desarrollo económico.
Doy gracias a la ponente. Apoyaré su informe.

Wolf
Señor Presidente, creo que esta cuestión tiende a crear confusión. Como la gente no está familiarizada con el mundo electrónico, cree que el dinero virtual es algo tangible. Nada más lejos de la verdad. En realidad, no se trata sino de un nuevo código de signos para el dinero de crédito. Como en el caso de los Asignados, cuando se introdujeron por vez primera los títulos de crédito, surgen nuevas formas de fraude y nuevas formas de perder de vista las restricciones presupuestarias. No cabe duda de que en este ámbito debemos elaborar normativas comunes. Tal vez sea importante señalar que ello no puede alegarse como pretexto para volver a la era del dinero privado controlado por las casas de comercio.
En la Alta Edad Media, la introducción del penique de plata avalado por el príncipe fue uno de los instrumentos fundamentales para fomentar el desarrollo económico en toda Europa. Con esta medida se pretendía superar las dificultades derivadas del dinero privado. A este respecto han de cumplirse tres requisitos, que también recoge el informe: deben garantizarse la universalidad en forma de interoperabilidad, la posibilidad de reembolso y la exención de costes. Para ganar dinero están los servicios financieros correspondientes. Todo ello ha de organizarse en el marco del euro y no puede inspirarse en el accidentado mundo del sector bancario y financiero.
Partiendo de esta base se abren numerosas posibilidades que debemos aprovechar a fondo. Sin embargo, para ello es imprescindible que abandonemos la típica mentalidad del buscador de oro que nos hace soñar con un espectacular florecimiento financiero, como sucedió en la época de los Asignados. El código de crédito no es un crédito real. Además, la promesa de proceder al reembolso no implica el cumplimiento de la promesa, que se sitúa en un futuro más lejano. Por todo ello, es necesario que se ejerza el debido control sobre la solidaridad de las empresas emisoras, sin el cual sería sumamente difícil garantizar un desarrollo responsable de las actividades de las mismas. Por último, quisiera recordar que de la misma manera debemos adoptar urgentemente medidas de control en el sector bancario.

Monti
Deseo antes que nada dar las gracias a la Sra. Thors, ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de Ciudadanos, y a la Sra. Torres Marques, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, porque su contribución al examen de las propuestas ha sido muy valiosa.
La emisión de dinero electrónico, quiero subrayarlo, es tan sólo un elemento del marco mucho más amplio del comercio electrónico de los sistemas de pago y, en el ámbito de estos últimos, de los pagos electrónicos. La Comisión considera acertado tratar los problemas horizontales, comunes a este contexto más amplio, con actos e iniciativas de carácter horizontal más que con soluciones reducidas y limitadas a un servicio determinado.
Las propuestas de directiva que nos ocupa se refieren, por el contrario, a un aspecto específico que presenta características propias y requiere una respuesta legislativa específica. Se trata del problema -y el problema es sólo este- de las normas prudenciales mínimas que, asegurando la estabilidad y la solidez de las entidades de dinero electrónico, abran el camino al reconocimiento mutuo de la autorización y la supervisión y, a través de esta vía, a la libre circulación de los operadores y de los servicios. Es sabido que las entidades de crédito tradicionales están, ya de por sí, autorizadas a emitir dinero electrónico, en aplicación del conjunto de las directivas bancarias, y por este nuevo servicio pueden valerse del pasaporte europeo.
Estas dos propuestas están dirigidas a abrir a otros operadores el nuevo mercado de la emisión de dinero electrónico en un marco normativo de neutralidad desde el punto de vista competitivo, teniendo en cuenta, por un lado, el interés de que se desarrolle una correcta competencia en el sector y, por otro, las realidades existentes en algunos Estados miembros.
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos emite un juicio ampliamente positivo sobre ambas propuestas y propone unas enmiendas que mejoran su claridad. Es una toma de posición que acojo con placer y gratitud. No considero, en cambio, que pueden afrontarse fructíferamente en esta directiva otros dos problemas diferentes ante los que estoy especialmente sensibilizado. Se trata de las preocupaciones mostradas en el informe con respecto a la interoperabilidad y el reembolso del dinero cargado.
La Comisión, como he dicho, ya está examinando estos importantes problemas en un marco más amplio y se ha comprometido a afrontarlos adecuadamente cubriendo, entre otras cosas, el conjunto de las expectativas en materia de protección del portador. Por tanto, si hoy no puedo aceptar las enmiendas que se refieren a estas materias, ello es debido únicamente al hecho de que para la Comisión las dos propuestas de directiva que nos ocupan no son el contexto adecuado. Es obvio, sin embargo, que compartimos el análisis de los problemas y que estos han de resolverse en el contexto y en la forma adecuados.
Me voy a referir brevemente a cada una de las enmiendas. La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 14, 20, 21 y 22 de la propuesta de directiva sobre las entidades de dinero electrónico.
La enmienda 3 pide a la Comisión que elabore una directiva específica sobre las relaciones contractuales entre emisores y portadores de dinero electrónico. Como sabe el Parlamento, la Comisión adoptó en el año 1997 una recomendación en esta materia y está examinando su aplicación; sería, por tanto, prematuro que se comprometiera desde ahora a adoptar una propuesta de directiva, ya que no podrá valorar adecuadamente la situación hasta que no concluya el examen en curso. Ésta es la razón por la que no podemos admitir esta enmienda.
Las enmiendas 4 a 13, a excepción de la enmienda 10, se refieren a cuestiones relacionadas con los sistemas de pago, en particular la existencia y la gestión de sistemas interbancarios, la interoperabilidad y el acceso a los mismos. Como he dicho, estas materias se abordan desde un punto de vista horizontal, en un marco más ancho, en el ámbito de otros trabajos que la Comisión está realizando y, en consecuencia, no podemos aceptar dichas enmiendas.
Lo mismo sucede con las enmiendas 10, 18 y 19 a la propuesta de directiva sobre las entidades de dinero electrónico y las enmiendas 1 y 2 a la otra propuesta de directiva. Las mismas se refieren al problema del reembolso del dinero electrónico cargado. En el contexto del examen de la aplicación de la recomendación sobre las relaciones entre emisores y portadores de tarjetas se aborda también este problema. Por otra parte, la Comisión ya se empleado a fondo para seguir con coherencia el conjunto de los problemas relacionados con la protección del portador en materia de dinero electrónico, unos problemas que, evidentemente, trascienden el problema del reembolso en sí. Repito que la Comisión está especialmente sensibilizada ante estos aspectos y está abierta a muchas de las soluciones indicadas en las enmiendas, sin embargo, son el enfoque y el instrumento legislativo utilizados los que no nos parecen adecuados y nos obligan a no admitir estas enmiendas.
La Comisión está de acuerdo asimismo con lo propuesto en la enmienda 15, aunque debe hacer una reserva con relación a la correcta redacción y colocación de cada punto. También la enmienda 16 es aceptable; no obstante, es conveniente anteponer el adverbio «sólo» al término «las referencias», para evitar que hayan ambigüedades con las referencias que figuran en otros actos. Creo que ésta es la intención del autor de la enmienda. Obviamente, la Comisión admite, en la misma perspectiva, la enmienda 17. Acepta asimismo la enmienda 23, a excepción del punto 2: técnicamente el mismo no puede suprimirse porque, en el caso de excepciones respecto a la aplicación de la primera y segunda directiva bancaria, no constarían las definiciones correspondientes a las autoridades competentes ni a los fondos propios.
Y termino, señor Presidente, volviendo a agradecer sinceramente el informe ampliamente favorable presentado y la oportunidad que se me ha brindado de explicar la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas que consideramos inadmisibles y que espero que puedan reexaminarse a la vista de lo que he dicho.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

Marco de actuación para los servicios financieros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0175/99) del Sr. Fayot, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre los servicios financieros: establecimiento de un marco de actuación (COM(98)0625 - C4-0688/98).

Fayot
Señor Presidente, señor Comisario, Europa está comprometida en un proceso tendente a crear un mercado interior de servicios financieros. Los Jefes de Estado y de Gobierno dieron un impulso político a dicho proceso en las Cumbres de Cardiff y de Viena, impulso que debe desembocar, en la Cumbre de Colonia, en un informe sobre las medidas necesarias para la realización de un mercado financiero único.
Espero que el Sr. Comisario Monti continúe -durante todo el ejercicio de esta Comisión- trabajando en el marco de dicho proceso, ya que posee la autoridad y la capacidad para llevarlo a buen término. El Sr. Comisario presidió un grupo de alto nivel formado por representantes de los ministros de Hacienda, que acompañaba la reflexión de la Comisión y que acaba de concluir sus trabajos. Nosotros esperamos que este método tenga buenos resultados en el ámbito de los Estados miembros.
Gracias a este informe del Parlamento, y tras las consultas que la Comisión ha efectuado con los profesionales, el Sr. Monti está en condiciones de proponer un catálogo de actuaciones en la Cumbre de Colonia. A pesar de las restricciones que la Comisión dimisionaria se ha impuesto en materia de nuevas iniciativas legislativas, considero que, en este ámbito, el trabajo iniciado desde hace bastante tiempo debe concluirse en este Consejo Europeo.
La presente comunicación de la Comisión se titula: «Establecimiento de un marco de actuación». Se trata de un documento muy útil para examinar todas las cuestiones que se plantean con respecto a los servicios financieros. Dos palabras, para comenzar, sobre el fundamento teórico de la comunicación. Ésta afirma que un mercado financiero, verdaderamente único, permitiría ipso facto una optimización de los recursos de capital y, por lo tanto, una reducción del coste de los capitales para las empresas. Esta mayor eficacia desembocaría en un mayor crecimiento y, por tanto, en la creación de puestos de trabajo. Permítanme que, a priori , sea más escéptico. En efecto, las fusiones y las economías de escala en este sector, la tendencia a los «megabancos» y a las aglutinaciones, los desarrollos tecnológicos tendentes a mejorar la productividad, las presiones sobre el empleo o incluso sobre los actores de dimensiones más regionales, tienen su propia lógica, la cual no coincide necesariamente con el interés general o con los objetivos de empleo.
Señor Presidente, la comunicación expone las medidas que deben tomarse en el ámbito del mercado único y de los servicios financieros. Si realmente se desea avanzar, conviene fijarse prioridades políticas. Evidentemente, no es fácil efectuar opciones claras. Así, por ejemplo, considero que habría que reajustar la estrategia actual -que hace hincapié en la oferta- a través de una estrategia orientada sobre todo hacia la demanda. En efecto, como lo señalan, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, la legislación europea vigente en este ámbito privilegia la oferta, mientras que la dimensión de la demanda al servicio de los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas ocupa un lugar poco importante.
A este respecto, es sorprendente constatar que la introducción del euro, contrariamente a todas las expectativas, no ha mejorado la oferta de servicios financieros transfronterizos, sino que, por el contrario, la ha encarecido. Cuando los intercambios comerciales o incluso el consumo transfronterizo se aceleran, vemos claramente que los servicios financieros no acompañan esta nueva realidad o que incluso no se adaptan a ésta, sino que o bien continúan encerrados en su lógica nacional y sectorial, o bien parecen considerar que este sector reviste escaso interés. También es posible que esta lógica se base, simplemente, en la obtención fácil de beneficios, en lugar de tener en cuenta el carácter de servicio de interés general que deberían tener los bancos, para toda una serie de consumidores.
Es cierto que los mercados al por menor merecen nuestro interés particular. En lugar de permitir que los consumidores se beneficien de la competencia, la situación actual se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de precios respecto a las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios y otros servicios -la comunicación contiene indicaciones muy importantes en este sentido-. Pero los mercados al por mayor tienen la misma necesidad de ser impulsados y regulados en el marco comunitario que los mercados al por menor. Los ejemplos de los fondos de pensiones y de los mercados de capitales de riesgo lo demuestran. La Comisión de Asuntos Económicos subraya en su informe la importancia que reviste para las empresas jóvenes y las empresas innovadoras del sector de las altas tecnologías un mercado europeo de capital de riesgo circulante y eficiente. Ahora bien, en este momento comprobamos que casi cada Estado miembro trata de desarrollar sus propios mercados de capitales de riesgo y que ninguno alcanza la masa crítica necesaria para lograr un verdadero despegue en este ámbito.
Asimismo, hacemos hincapié en la necesidad de crear un mercado único de fondos de pensiones. Más allá de la actitud que se pueda adoptar frente a esta forma de seguridad social, es cierto que el envejecimiento de la población crea una formidable demanda, a la que los servicios financieros deberán responder. Ahora bien, este sector no podrá desarrollarse sino dentro de un gran mercado interior. Para ello es conveniente permitir la inversión de los fondos recaudados en carteras diversificadas e internacionalizadas, respetar los principios de libre elección e impedir cualquier discriminación de origen nacional, ya sea de carácter fiscal o reglamentario.
De manera general, la Comisión propone ocho puntos de actuación con respecto a los mercados al por mayor, lo cual comprenderá un cuerpo legislativo de nuevos actos, y también será necesario revisar los textos reglamentarios obsoletos o ineficaces. Sería interesante conocer, en tal sentido, lo que el Grupo de Alto Nivel ha manifestado. ¿Se van a sustituir, por ejemplo, las once directivas sobre las actividades bancarias, las ocho directivas sobre servicios de inversión, las veintiuna directivas sobre seguros, así como los textos interpretativos?, ¿y qué tipo de textos los sustituirán? ¿Se tenderá hacia un corpus destinado a los servicios financieros, o se va a seguir, como se ha hecho en el pasado, acumulando los textos necesarios en función de la evolución del mercado y de los servicios financieros?
Señor Presidente, una de las cuestiones muy sensibles del sector guarda relación con la supervisión y el control prudencial. Esta actividad se basa actualmente en las fronteras y el mercado nacional. El debate sobre el control del país de origen con respecto al control en el país de recepción ha impedido hasta ahora una evolución importante hacia sistemas de control europeos o hacia el establecimiento de una autoridad supervisora europea. Ahora bien, la difusión de la banca electrónica, de la venta a distancia y del comercio electrónico va a vaciar de contenido las divergencias entre países de origen y países de recepción. Desde ahora, la rapidez con la que se efectúan los movimientos de capitales desafía las competencias de las autoridades nacionales de supervisión. Por lo tanto, es imprescindible iniciar la reflexión sobre un nuevo tipo de cooperación internacional, y para ello, hay que considerar, por ejemplo, la definición de una norma de la Unión Europea que sirva de base a la nueva reglamentación y al nuevo control prudencial en el seno de la Unión. Me doy perfectamente cuenta, señor Presidente, de que se trata de perspectivas a medio plazo o incluso a largo plazo, a la vista de la situación actual.
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos se ha preocupado mucho por lograr un alto nivel de protección de los consumidores en relación con el mercado al por menor. En este sentido, proponemos que se estudie el nombramiento de un Mediador de la Unión Europea para los servicios financieros en los mercados al por menor, independiente de cualquier institución nacional o comunitaria, así como de cualquier tipo de intereses creados. Existen muchas razones que abogan por esta institución. No existe actualmente un verdadero procedimiento transfronterizo de reparación y recurso. Se desarrollarán productos de dimensión europea. Los procedimientos nacionales de reparación y recurso son diversos y a menudo difíciles de entender. Desearía añadir que es imprescindible una legislación sobre los intermediarios financieros en el ámbito del crédito al consumo y del crédito hipotecario, así como en el de los seguros, con el fin de proteger a los consumidores en los mercados transfronterizos. Lamento que la comisión no haya estado de acuerdo con su ponente en este punto, el cual constituye, en mi opinión, una reivindicación muy concreta y muy importante de los consumidores europeos.
Señor Presidente, la tarea política es clara: la Comisión debe presentar al Consejo ECOFIN un plan de acción sobre los servicios financieros, y el susodicho Consejo debe someter este plan a la aprobación del Consejo Europeo de Colonia. Después de recibir esta bendición -me atrevería a decir- al más alto nivel, tanto la Comisión como el Consejo deberán darse prisa. Puedo asegurarles que no será el Parlamento el que retrasará las decisiones necesarias para la aplicación de este mercado único de servicios financieros que, en mayor o menor grado, todos deseamos.

Herman
Señor Presidente, estamos ampliamente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el ponente.
Con respecto, en primer término, a la necesidad para una Comisión, incluso dimisionaria, de no interrumpir la tarea emprendida, creemos que el hecho de continuar lo que ya se ha comenzado forma parte de la gestión de los asuntos corrientes. Esto puede parecer osado con respecto a ciertas definiciones que figuran en los derechos públicos nacionales, pero habida cuenta a la vez de la urgencia que existe y de la presión del Consejo por que se respeten los plazos establecidos -tenemos unos calendarios-, es imprescindible proseguir el trabajo, y nos satisface la petición formulada en este sentido, sobre todo porque tenemos ante nuestra Asamblea a un comisario que ha demostrado que dominaba perfectamente estas cuestiones, que sabía escuchar lo que pide el Parlamento y que tiene autoridad frente a los gobiernos y, concretamente, al Consejo ECOFIN.
Creo, pues, que se reúnen las condiciones para continuar el trabajo, y si se me permite expresar un deseo personal, éste consiste en que el Sr. Prodi integre al Sr. Monti en su nuevo equipo; ello no haría más que beneficiar tanto a la Comisión como al Parlamento.
Insistamos en algunos problemas de detalle. No tengo exactamente las mismas dudas que el Sr. Fayot sobre el interés que reviste el gran mercado. Es verdad que hoy no demuestra demasiado su utilidad. ¿Por qué? Simplemente porque las legislaciones nacionales son aún muy divergentes entre sí, porque todavía se ha armonizado muy poco. Existen, por ejemplo, 38 mercados de valores.
Lo esencial, en mi opinión, es el control prudencial. Sobre este punto hay mucho que decir y que hacer en el plano comunitario, porque la movilidad de activos ha cambiado completamente la naturaleza del control prudencial. Antes sólo había bancos, que son lugares en los que se puede circunscribir fácilmente la recomendación, la sanción, etcétera. No ocurre lo mismo cuando se trata de títulos que pueden viajar por el mundo entero, ya que ello crea riesgos sistémicos, que la organización actual no permite paliar. Razón de más, pues, para concebir en el plano europeo un control prudencial más eficaz que el nuestro.

Katiforis
Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario, que continúa la labor que empezó en este difícil sector de la creación y renovación de la legislación sobre los servicios financieros. Me alegro especialmente de que, a pesar del golpe que ha sufrido últimamente la Comisión -aunque el Sr. Comisario está por encima de toda esta historia- no haya cesado de fomentar esta labor tan útil en el sector de los servicios financieros.
Por una vez voy a estar de acuerdo con mi estimado colega, el Sr. Herman, en cuanto a la utilidad de las grandes bolsas. Una de las cosas que esperamos de la moneda única es que una el mercado monetario en Europa y lo lleve a la dimensión del mercado monetario americano, de modo que, de ahí, podamos sacar las inversiones necesarias para aumentar la actividad de la economía europea y absorber una parte del desempleo.
Por supuesto, las grandes bolsas acarrean también mayores peligros, algunos de los cuales ha subrayado, muy acertadamente, nuestro ponente, cuya labor quisiera alabar. Debemos añadir a estos peligros el del choque sistémico que puede conducir incluso al derrumbamiento de las bolsas, y que se debe al exagerado «apalancamiento».
Señor Presidente, permítame terminar anunciando al Pleno que la semana pasada tuvo lugar un acontecimiento -que considero histórico- en este sector. El Parlamento del Canadá, que ha sido el primero de todos los Parlamentos del mundo en hacer esto, se ha pronunciado a favor de introducir un impuesto frente a la especulación, el famoso «Tobin tax». Creo que es algo a lo que también nosotros deberemos hacer frente poco a poco.

Monti
Señor Presidente, deseo, en primer lugar, congratularme con el ponente, Sr. Fayot, por su extraordinario trabajo en torno este informe tan complejo. Agradezco tanto al Sr. Fayot como a los Sres. Herman y Katiforis sus generosas muestras de simpatía: obviamente, estimo mucho sus palabras.
La Comisión se felicita de que el informe apoye el marco de actuación. El marco de actuación explica lo que consideramos que debe hacerse. El informe del Sr. Fayot comparte en su conjunto nuestro examen y agradezco el apoyo mostrado, en particular en lo que se refiere a la urgencia de paliar algunos vacíos legales, por ejemplo, en materia de sistemas complementarios de pensiones.
La Comisión está en total acuerdo con el señor ponente respecto a que, no obstante los progresos alcanzados con miras a la realización de un mercado único de los servicios financieros, las ventas transfronterizas de productos financieros al por menor a los consumidores siguen siendo más la excepción que la regla dentro de la Unión Europea y continúan existiendo todavía disparidades de precio muy considerables entre los Estados miembros.
Yo discrepo ligeramente, al menos en la forma expositiva, del Sr. Fayot, en el sentido de que creo que, en realidad, debemos considerar tanto la economía de la oferta como la economía de la demanda que están estrechamente relacionadas entre sí. Con todo, creo que las preocupaciones que expresa han de compartirse plenamente.
La política de la Unión debería basarse en un enfoque pragmático centrado en tres sectores clave: primero, es vital que a los compradores de servicios financieros se les facilite una información clara y comprensible; segundo, los procedimientos de reclamación son fundamentales de cara a la confianza de los consumidores. Al respecto, el ponente sugiere examinar los aspectos favorables a la institución de un Ombudsman , o Defensor, de la Unión Europea para los servicios financieros; yo propondría ir todavía más lejos y examinar más ampliamente las medidas de reclamación de que disponen actualmente los usuarios de servicios financieros en toda la Unión. En tercer lugar, la armonización y el reconocimiento mutuo están estrechamente ligados. Si todos los Estados miembros disponen del mismo grado de protección mínima, se convierte en más fácil aceptar y reconocer mutuamente la protección concedida en otros Estados.
El señor ponente propone la creación de un sistema de pagos al por menor integrado. Ya está en funcionamiento una infraestructura plenamente eficaz e integrada para las transacciones al por mayor e interbancarias, mientras que los avances de las infraestructuras para la realización de pagos transfronterizos de pequeños importes no han sido parejos.
Coincido con el ponente en que es absolutamente necesario impulsar los esfuerzos de las entidades financieras y de las administraciones nacionales para superar estos obstáculos. Sin embargo, no es posible crear por ley un área financiera única al por menor en que las transacciones bancarias básicas sean económicas y eficaces, tal como ocurre en los sistemas nacionales, aunque el marco de actuación muestra cómo se puede llevar adelante este proceso.
En cuanto a las normas prudenciales, respecto a las cuales el ponente propone que la Comisión presente un informe sobre la eficacia de las normas actualmente en vigor, creo que las crisis recientes y la forma en que la Unión Europea ha hecho frente en general a estas crisis, demuestran la bondad sustancial de estas normas prudenciales. En consecuencia, preferiría que nos centráramos en la manera de integrarlas y mejorarlas, más que en un informe, por así decirlo, retrospectivo.
El ritmo de los cambios en los mercados y en las intermediaciones financieras ha puesto de manifiesto los posibles límites de un enfoque sectorial y este fenómeno aumenta con el proceso de integración financiera global. Concuerdo con el ponente en que para las autoridades de reglamentación y de supervisión, dichos avances representan nuevos retos que pueden afrontarse a través de una cooperación y coordinación eficaces entre las autoridades financieras de reglamentación y de supervisión, con un claro reparto de la responsabilidad de supervisión y con reglamentos financieros sólidos, necesarios para gestionar el riesgo institucional global, así como el riesgo de los sistemas. Quisiera resaltar que, en lo que se refiere a la posibilidad de una supervisión mejor de los servicios financieros en el ámbito de la Unión Europea, nuestra atención se debería centrar en los grupos financieros complejos.
Por último, ¿de qué forma la Comisión, el Parlamento y el Consejo pueden llevar adelante este proceso? El marco de actuación está dirigido al Parlamento Europeo. El Parlamento desempeñará una función clave en el proceso de modernización del marco de los servicios financieros, sobre la base de los resultados conseguidos por el grupo en que participan los representantes de los ministros de Finanzas y del informe del Parlamento. Estamos trabajando con vistas al Consejo ECOFIN del 25 de mayo y debo decir que sus palabras nos han servido de mucho aliento de cara proseguir este trabajo sin detenernos.
Finalmente, quiero decir que, en lo que se refiere a las enmiendas propuestas por el Sr. Fayot, estoy conforme con las mismas a excepción de tres de ellas, o sea, las enmiendas 2, 5 y 7 respecto a las cuales ya he tenido ocasión de expresar al ponente las razones de mis perplejidades parciales. Además de esto, hace falta alguna aclaración respecto a la enmienda 11.
Quisiera terminar diciendo que, con relación al amplio número de directivas en el sector -tiene razón el Sr. Fayot- en realidad la gran parte de las directivas existentes son directivas que enmiendan directivas anteriores por lo que, en realidad, en lugar de 22 directivas bancarias en vigor, de hecho, sólo hay 6. De todos modos, estamos trabajando a fin de refundir estas seis directivas en una sola y, para darles una idea, al objeto de reducir el conjunto de la legislación bancaria en la Unión Europea de 360 a 80 páginas. Tratamos de hacer lo mismo para los seguros y los títulos.
Por último, coincido con el Sr. Herman, a quien vuelvo a darle las gracias, en el punto que atañe a la securitisation . Vamos a presentar unas propuestas que aborden el aspecto más amplio de los mercados de capitales siguiendo de cerca el trabajo en curso en Basilea.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

Programa «DAPHNE»
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0188/99) de la Sra. Bennasar Tous, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la
propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitario -Programa DAPHNE (2000-2004)- sobre medidas destinadas a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres (COM(99)0082 - C4-0099/99-98/0192 (COD)).
En nombre de la Sra. Bennasar Tous, la Sra. Colombo Svevo, que la sustituye, tiene la palabra.

Colombo Svevo
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo ruego que disculpen tanto a la Sra. Bennasar Tous que no puede participar en el debate de este informe que ha elaborado, como a las muchas colegas que participaron en el debate en comisión y que, hoy, asisten en París a una conferencia internacional. Siento que la Sra. Benassar Tous no pueda intervenir sobre todo porque hubiéramos deseado -o al menos yo hubiera deseado-agradecerle sincera y personalmente su trabajo, ya que ha conseguido que se aprobara este programa manteniendo un difícil equilibrio entre el espíritu y el significado político del mismo y la limitación de un fundamento jurídico que, lamentablemente, consideramos muy restrictivo respecto a los objetivos del propio programa.
El informe que hoy se presenta es uno de esos informes de los que los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer se sientes orgullosos, porque efectivamente se basa en un amplio consenso y en la colaboración de todos sus miembros. Cierto que el cambio del fundamento jurídico por el Consejo -cuando el primer proyecto de informe ya estaba listo- ha complicado considerablemente nuestros trabajos, no solo por el procedimiento, sino por el contenido. Esto fue motivo de angustia, dado que no hay que olvidar que, después de tres años de trabajo, el programa DAPHNE necesitaba, por una parte, un fundamento jurídico sólido y concreto antes del 1 de enero del año 2000 y, por otra, el fundamento jurídico que nos proponían no podía desmentir la línea política que lo había originado.
El informe que hemos elaborado y las enmiendas que presentamos son el reflejo del debate en cuya virtud este Pleno aprobó, el pasado mes de marzo, una resolución sobre la violencia contra las mujeres. A nuestro entender, las enmiendas son, por tanto, constitutivas del mismo programa.
En primer lugar figura el concepto de salud pública que hemos interpretado de forma amplia de conformidad con la definición de la Organización Mundial de la Salud -la salud es un estado de bienestar físico, mental y social total- en línea, por tanto, también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como el concepto mismo de violencia que abarca los aspectos citados: la violencia no sólo es una violación de la integridad psíquica y física de los que la sufren, sino que constituye un grave perjuicio social que perjudica, valga la redundancia, a todos, es decir, a la víctima, los agresores y los ciudadanos. Éste ha sido el segundo punto.
Aunque en el ámbito de este fundamento jurídico que, vuelvo a repetir, nos parece rígido y demasiado restrictivo, la violencia es ante todo, y lo reiteramos enérgicamente, una violación de los derechos humanos, motivo por el cual la acción contra la violencia deben ejecutarse a partir de un planteamiento multidisciplinario. Por eso, no podemos soslayar algunos derechos violados, no podemos admitir el abuso y la violencia en los hogares, aunque no se aborde, y nuestras enmiendas tratan de contemplar la violencia en todas sus facetas.
El Programa DAPHNE nos ha demostrado que posee un gran valor añadido en la lucha contra estos problemas, sobre todo porque ha conseguido implicar a las organizaciones no gubernamentales para que trabajaran junto con las Instituciones. Reiteramos que es indispensable una conexión y una coordinación entre los distintos programas que se interesan por estos problemas, en particular entre el programa STOP y el programa DAPHNE.
Como ven, hemos tratado de elaborar una amplia estrategia, porque una Europa que es capaz de crear un mercado único y una moneda común debe ser capaz de encontrar los modos y las formas para hacer frente conjuntamente a un problema de este envergadura. Nos encontramos ante un programa quinquenal. En consecuencia, tenemos la oportunidad -que también es un reto- de evaluar los medios más eficaces y de definir unas acciones a medio y largo plazo.
El programa DAPHNE pretende precisamente esto: tratar de que colaboren todas las partes implicadas, desde los medios de comunicación hasta las autoridades locales, regionales y nacionales, así como las organizaciones internacionales. Nos sirve de algún consuelo el hecho de que el programa verá la luz bajo los auspicios del Tratado de Amsterdam y que el nuevo artículo 152 sobre la salud pública permite a la Comunidad Europea una acción más amplia, más enérgica y, esperamos, también más sinérgica en el ámbito de la prevención y de la lucha contra las enfermedades, así como de la prevención de la violencia. Las cifras que figuran en el informe nos hacen estremecer.
Deseo subrayar que es necesario pedir con firmeza a la Comisión y al Consejo que sea aceptado el contenido de las enmiendas, al objeto de mantener el espíritu del programa. Por último, quisiera dar las gracias al señor Comisario Liikanen, aquí presente, y a la señora Comisaria Gradin por su ayuda e iniciativa en este campo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Colombo Svevo.
Señorías, debo rectificar una información que les había dado con anterioridad. Es la siguiente: la nota que se me había hecho llegar sobre el informe del Sr. Fayot anunciaba que la votación tendría lugar esta tarde y ahora he sido informado de que dicha votación tendrá lugar en el periodo parcial de sesiones de mayo.

Van Lancker
Señor Presidente, hablo realmente en nombre de mi colega, la Sra. Zimmermann que desgraciadamente hoy no puede estar con nosotros. En primer lugar y antes que nada, quisiera agradecer a la ponente suplente, la Sra. Colombo Svevo, el duro trabajo realizado y la disposición que ha mostrado para recoger las enmiendas y sugerencias de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.
Desde hace años, el Parlamento desempeña un papel prominente en la lucha contra la violencia mediante informes parlamentarios, mediante la iniciativa de realizar una campaña contra la violencia en relación con las mujeres. Pero sobre todo, mediante líneas presupuestarias especiales con las que podemos apoyar sobre el terreno las muy interesantes iniciativas de las numerosas ONG. Estábamos, por tanto, particularmente satisfechos al constatar que la Comisión iniciaría un plan plurianual, una iniciativa plurianual, DAPHNE. Debo decir, señor Comisario, que la modificación de la base jurídica que ha establecido el grupo de trabajo del Consejo, con la que sin mucho entusiasmo y con mucho escepticismo hemos tenido que conformarnos, amenaza con poner fin a una parte considerable de nuestra alegría y amenaza, así mismo, con aguarnos la fiesta. Como Maria Colombo Svevo acaba de decir, la violencia contra los niños y las mujeres no constituye solamente un riesgo para su salud; es una verdadera violación de sus derechos humanos fundamentales. Es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, y no puede abordarse solamente mediante la protección de las víctimas. Se debe prevenir y luchar contra los autores.
La lucha contra la violencia es particularmente compleja. Supone la colaboración de la policía y la justicia, así como una posible modificación de la legislación, y la información y sensibilización, no sólo de la opinión pública, sino también de los servicios oficiales implicados. Se trata de refugios para las mujeres, medidas especiales para ayudar a las víctimas. Se trata de tantas cosas que verdaderamente es necesario un enfoque multidisciplinar.
Nuestra Comisión ha presentado sus enmiendas de acuerdo con esta filosofía. Agradecemos de nuevo a la ponente que haya aceptado tantas enmiendas. La única ventaja, si así puede decirse, de la nueva base jurídica es que el Parlamento decide mediante codecisión. Espero que el Consejo entienda este mensaje y, por tanto, escuche tanto como sea posible nuestros deseos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Van Lancker.
Señorías, interrumpimos en este punto el debate del informe de la Sra. Bennasar Tous para proceder al debate de actualidad.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0380/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0381/99 de los diputados Wijsenbeek y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0396/99 de los diputados Florio y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0401/99 de los diputados Simpson, Cot y Bontempi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0406/99 de los diputados Moreau y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0414/99 de los diputados Leperre-Verrier y Dell'Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0417/99 de los diputados Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el accidente en el túnel del Mont Blanc.

Cot
Señor Presidente, con respecto al drama humano del Mont Blanc, en sólo un minuto, no mencionaré los errores humanos, éstos competen a la justicia. Desearía, en cambio, hacer referencia a las responsabilidades políticas, ya que éstas nos conciernen a todos.
El tráfico por los túneles por carretera transalpinos se ha multiplicado por diez en quince años. ¡Buen negocio! Las sociedades explotadoras han sacado provecho de este tesoro sin por ello invertir en seguridad, sin siquiera tomar medidas elementales de formación del personal. Las colectividades locales, los ministerios de Hacienda han fomentado esta deriva, felices de cobrar unos ingresos suplementarios sin que implicasen gastos. Indudablemente, se pensaba en soluciones alternativas: el proyecto de transporte combinado por tren y carretera Lyon-Turín, inscrito en el marco de las grandes obras del Plan Delors.
Esta prioridad que se había manifestado y que se vuelve a descubrir hoy al más alto nivel, nunca ha sido una prioridad real. Se han preferido otras realizaciones, más espectaculares, más simbólicas, cerca de este lugar. Pero, sobre todo, el lobby de carreteras estaba vigilante, hasta el punto de oponerse a las medidas de seguridad tomadas estos días por el ministro francés de Transportes, medidas que hacen perder horas preciosas a los semirremolques que cubren el itinerario Londres-Milán o Amsterdam-Milán, ya que el tiempo es oro, como bien se sabe. La seguridad no tiene precio. Sí, tiene un precio, sin duda excesivo, salvo cuando el drama está presente.

Querbes
Señor Presidente, Señorías, querría expresar ante todo, en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, nuestro dolor ante la amplitud de esta catástrofe en el túnel del Mont Blanc, que ha causado la muerte de 41 personas. Deseo en primer término rendir homenaje a las víctimas, a sus familias y al coraje de los equipos de salvamento.
Pero en un Pleno parlamentario no podemos contentarnos con hacer declaraciones contra esta catástrofe. Debemos contribuir a responder a las preguntas: ¿cómo ha sido posible, cómo se puede prevenir un drama de este género? Las cifras son esclarecedoras. En treinta años, el número de vehículos pesados que utilizaban este túnel del Mont Blanc ha aumentado ocho veces más rápido que el tráfico de automóviles. Una sexta parte de las exportaciones italianas atraviesa este túnel. Y un informe de la Comisión vaticina que en diez años el tráfico francoitaliano se duplicará.
¿Se han analizado realmente las consecuencias respecto a la seguridad de este aumento vertiginoso del tráfico? ¿Constituye la seguridad una prioridad para la Comisión, cuando ésta presiona a países como Suiza para que desmantele sus restricciones del trasporte por carretera o cuando impone la competencia y una liberalización en este sector, en detrimento del transporte ferroviario, a pesar de que este último sea más seguro y ecológico?
En mi opinión, el drama del túnel del Mont Blanc requiere, por el contrario, dos tipos de medidas. Hay que efectuar un diagnóstico urgente sobre la seguridad en todos los túneles y, hasta tanto no se conozcan las conclusiones de la investigación, hay que tomar medidas de seguridad y de limitación del ritmo de circulación de los vehículos pesados. Pero a medio y a largo plazo, ¿la Comisión propondrá una acción perseverante para aumentar la seguridad, actuando sobre las condiciones y los modos de transporte de mercancías, como se propone en la resolución común?
Más allá de esta resolución, insistiré en cuatro puntos: el mantenimiento de las restricciones respecto a la circulación de vehículos pesados y su armonización sobre la base de las restricciones actualmente más extendidas; en segundo lugar, una acción más enérgica en cuanto a la reducción de las horas de trabajo y de conducción de los camioneros; en tercer lugar, la consolidación de una prioridad del transporte ferroviario de flete en las zonas de montaña y en las zonas de riesgo; en cuarto lugar, la necesidad de emprender una acción decidida con miras a la cooperación de las sociedades ferroviarias a fin de armonizar las normas, los materiales y la formación del personal.
Señorías, hoy todos expresamos legítimamente nuestro dolor, que debe conducir a la adopción de medidas concretas y reglamentarias para aumentar la seguridad de los transportes.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, habrá sido necesaria la muerte de cuarenta personas en el túnel del Mont Blanc, en terribles circunstancias, para que las autoridades europeas tomen conciencia de las consecuencias del desarrollo incontrolado del transporte por carretera en las zonas de montaña. Sin embargo, no es porque no se haya insistido en ello, incluso en este recinto, pero la razón no siempre triunfa cuando se trata del tránsito alpino.
Así pues, si hoy debemos dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas planteados, es decir, indemnizar a las familias de las víctimas y darles un apoyo moral y material, así como canalizar la afluencia de tráfico que, debido al cierre del túnel del Mont Blanc, converge hacia el túnel del Fréjus; también hay que considerar la cuestión globalmente. Es evidente que los resultados de las investigaciones esclarecerán las circunstancias del drama, y en este sentido, debemos felicitar al Gobierno francés por haber actuado con rapidez y por haber hecho públicos los primeros resultados de las investigaciones. Sin embargo, es imprescindible identificar las responsabilidades, reforzar las medidas de seguridad en todos los túneles por carretera, y no sólo en el túnel del Fréjus.
Pero hay que ir más lejos, ya que, quiérase o no, el hecho de hacer subir columnas de camiones de cuarenta toneladas a más de 1.200 metros de altitud es una aberración. El paso indispensable de los Alpes supone el desarrollo del transporte combinado por tren y carretera, solución sin duda onerosa, pero que se justifica por el beneficio que se obtendrá desde el punto de vista humano y medioambiental. Los representantes locales, las asociaciones de protección del emplazamiento y sus habitantes, no han esperado a que ocurrieran estos dramas para promover la cooperación transfronteriza y dar la voz de alarma. Sin duda, hubiéramos debido escucharles antes. Ello habría ahorrado muchas víctimas.

Tamino
Señor Presidente, tal como se ha hecho en la resolución común, los Verdes desean expresar su más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Estamos convencidos de que, en este momento, no es oportuno sacar conclusiones, ya que las investigaciones están todavía en curso, sin embargo, de seguro que podemos hacer algunas consideraciones.
La primera consideración es que ese túnel no disponía de una galería lateral de servicio y que, por tanto, no cumplía los criterios de seguridad adecuados para el personal que lo cruzaba.
La otra cuestión que podemos poner en evidencia es que los sistemas de rescate eran inadecuados y que, a principios de este año, los bomberos de Alta Saboya ya advirtieron sobre este hecho.
La tercera observación es que, respecto a la decisión originaria de hacer construir este túnel para garantizar el tráfico a través de los Alpes, el enorme aumento del tráfico pesado lo ha convertido en una estructura cuyas dimensiones se han quedado rigurosamente estrechas. Esto nos obliga a reiterar que, en lo que se refiere al sistema de transportes, la elección prioritaria de la Unión Europea debe ser la de trasladar gran parte del tráfico pesado de la carretera al ferrocarril. Después, y únicamente en este contexto, será oportuno establecer criterios de seguridad no solo para los túneles de carreteras, sino también para los ferroviarios.
Hemos visto que existen problemas de seguridad también en el ámbito de los túneles ferroviarios. El túnel que atraviesa el canal de la Mancha ha demostrado en múltiples ocasiones que, pese a ser muy moderno, adolece de enormes dificultades. Creo que ha de revisarse la política global de los grandes túneles en la lógica de los túneles de base. Debe revisarse la lógica de la seguridad. La elección prioritaria de la Unión Europea debe ser la de realizar inversiones adecuadas a fin de garantizar la seguridad vial. En este contexto, pensamos que la política de los túneles debe ser modificada oportunamente.

Florio
Señor Presidente, mi Grupo comparte plenamente este texto en cuya elaboración han participado los diputados de todos los Grupos políticos. Quiero subrayar que, entre otras cosas, en el texto se pide a la Comisión que elabore una normativa europea, hoy por hoy, lamentablemente inexistente, que garantice elevados estándares de seguridad en los túneles de carreteras y ferroviarios, y al Consejo que adopte sin más demora la propuesta de directiva sobre los controles de los vehículos comerciales.
Conviene señalar que la resolución pide asimismo una cooperación transfronteriza más estrecha entre los equipos de protección civil, reconoce en la cooperación con las autoridades suizas la solución deseable para afrontar a corto plazo los problemas causados por el cierre del túnel del Mont Blanc, e invita a todos los Estados miembros a que consideren la necesidad de equipar los túneles, que todavía carecen de ella, con una galería de servicio para permitir una evacuación rápida en caso de accidente, una galería de servicio que, como sabemos, desgraciadamente, no existía en este caso.
Señorías, quisiera subrayar, no obstante, la necesidad de que la Comisión elabore un programa de ayudas en favor de las poblaciones italianas y francesas que sufrirán considerables daños y perjuicios a causa del cierre del túnel del Mont Blanc, tanto por el excesivo tráfico de otras arterias receptoras de un exceso de tránsito, como por la escasez de tráfico y de turismo debida al cierre del túnel del Mont Blanc.
Creo asimismo que es importante que el señor Comisario Kinnock realice una inspección tanto en el Mont Blanc como en Fréjus, para darse cuenta personalmente de la gravedad de la situación que se ha creado. En cualquier caso, es muy importante que el túnel, en el respeto de la condiciones de seguridad, vuelva a abrirse lo antes posible.

Wijsenbeek
Señor Presidente, lamento, por supuesto, lo que ha sucedido y transmito, en nombre de mi Grupo, mis condolencias a las víctimas. No obstante, debo decir que me siento desolado tras la intervención de los dos oradores anteriores. Han empezado haciendo un llamamiento para que desplacemos el tráfico de la carretera al ferrocarril y, ¿qué sucede? Nada. Especialmente Italia y Austria no hacen otra cosa que poner trabas, incluso todavía no han puesto la primera piedra. No han hecho en absoluto el trabajo que debían realizar. Esto implica que demasiados camiones tienen que recorrer las carreteras y los túneles. Ahora pedimos colaboración a los suizos. Han empezado los trabajos del Luchtberg, han empezado con el túnel de San Gotardo y ahora tenemos que vivir de su caridad. No obstante, debíamos haber iniciado nosotros mismos la labor. No se debe pregonar: el tráfico debe salir de la carretera y no hacer nada y oponerse a cada nueva infraestructura y a cada nueva liberalización del ferrocarril. Los Verdes no pueden ir así a las elecciones.

Malerba
Señor Presidente, tras expresar mi condolencia por las víctimas del accidente y mi emoción por el valor de los equipos de rescate, quisiera detenerme en un punto que complementa lo manifestado por el Sr. Florio y que despierta las preocupaciones de las entidades locales y de los operadores económicos de las regiones de Saboya y del Valle de Aosta. En particular, tras el cierre del túnel, se están multiplicando las cancelaciones de reservas hoteleras en el Valle de Aosta. Por tanto, existe también un aspecto económico, relacionado con el turismo, sumamente importante para esta región, que deberá ser tomado en cuenta.
Puedo anticipar que los representantes de las provincias implicadas se reunirán en las próximas semanas para valorar, también teniendo en cuenta nuestro debate, qué nuevas medidas pueden adoptarse tanto para reorganizar el tráfico como para paliar el problema del turismo. Quisiera pedir a la Comisión que, en el ámbito de sus competencias, obviamente, preste atención también a estos aspectos ligados al turismo que es vital para esas regiones.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, la tragedia del Mont Blanc exige, además de lo que se ha dicho, una aclaración de la aplicación de los programas de la Unión Europea.
La Unión Europea nace sobre la base de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Ahora bien, la libre circulación de mercancías y personas no puede sino ser, precisamente porque es libre, también y ante todo una circulación segura. En consecuencia, es preciso adoptar todos los actos necesarios, útiles y oportunos y deplorar que esto no se haya hecho antes.
Igualmente, hablamos muchas veces de las regiones transfronterizas, tenemos programas para las zonas fronterizas, estamos interesados en crear una Europa de las regiones. Está claro que no podemos aceptar episodios de este tipo que están en conflicto con las lógicas de la Unión Europea. La Unión Europea, con su libre circulación de personas, ha incrementado la intensidad de la circulación; la Unión Europea debe poner en marcha y conseguir que se cumplan los programas a fin de que la circulación sea libre y, repito, segura.

Amadeo
Señor Presidente, antes que nada queremos rendir homenaje a las víctimas y expresar nuestro pésame a sus familiares.
La publicación del primer informe de los expertos sobre la tragedia del túnel del Mont Blanc ha añadido algo de farsa a una tragedia que ha costado la vida a más de 40 personas -éste es el balance, aún provisional, de víctimas- y ha abierto el debate sobre las responsabilidades que las autoridades italianas y francesas se pasan de unas a otras con excusas absurdas e injustificables.
Nadie nos ha dicho todavía dónde están las cintas de video que registraban el tráfico en el túnel y que hasta la fecha ha sido imposible encontrar. Nadie nos ha dicho si es verdad que el camión que entró por la boca francesa ya estaba en llamas a la entrada del túnel, y nos entretenemos en calcular una pequeña diferencia de minutos, uno o dos, entre la intervención francesa y la italiana. Leemos que las autoridades italianas calcularon que ese día el viento soplaba en dirección Italia-Francia, hecho que impidió insuflar aire frío. Leemos, en cambio, que las autoridades francesas denuncian la falta de equipos de rescate italianos en la entrada del túnel y el hecho de que las ayudas tenían que llegar, en caso de accidente, incluso de Aosta.
Nosotros decimos: ¡Basta! Y reiteramos que la seguridad en el sector de los transportes debe ser una prioridad en la política europea de transportes y, por tanto, pedimos, como hice en una pregunta a la Comisión, que la propia Comisión elabore a corto plazo, mejor dicho, urgentemente una directiva sobre los sistemas de seguridad obligatorios para los túneles y las galerías de carreteras y subrayamos la importancia fundamental de una directiva que establezca los protocolos y controles en carretera de la fiabilidad de los vehículos comerciales que circulan por las carreteras de Europa.

Grossetête
Señor Presidente, existen dramas que podrían evitarse, y el ocurrido en el túnel del Mont Blanc habría podido ser uno de ellos. La justicia se pronunciará, evidentemente, sobre las causas.
Deseo dar mi apoyo a los familiares de las víctimas y también a las autoridades locales del valle de Chamonix, al alcalde de Chamonix, que, desgraciadamente, ha conocido numerosas tragedias estos últimos meses. Sé que las autoridades del valle de Chamonix han denunciado en muchas ocasiones el paso de miles de camiones por este valle estrecho y por este túnel, que, evidentemente, no se había construido para un tráfico tan importante.
De este drama, que se habría podido evitar, debemos sacar las consecuencias y ejercer presiones no sólo frente a usted, señor Comisario, sino también frente al Consejo, para que por fin se desarrolle una verdadera política «ferrocarril-carretera» en el sector de los transportes de mercancías, y ello tanto para las zonas difíciles como para el conjunto del territorio nacional.

Santini
Señor Presidente, aunque intervengo en último lugar, deseo manifestar mi solidaridad con los familiares de las víctimas y, evidentemente, la esperanza de que una investigación seria arroje luz sobre las responsabilidades de este accidente. Es necesario, sin embargo, mirar hacia delante y, en este sentido, quisiera hacer dos propuestas, mejor dicho, tres.
Primera, pedir la aplicación de las normas en materia de transporte de mercancías peligrosas en las que se ha hecho hincapié con reiteración, también en esta legislatura, en la Comisión de Transportes y Turismo. La segunda propuesta es reforzar la orientación de trasladar las mercancías peligrosas de la carretera a los ferrocarriles -para emplear una jerga muy manida y, no obstante, jamás aplicada lo suficiente- y, en consecuencia, ofrecer nuevos incentivos al transporte combinado.
Se ha hablado de Suiza. Estamos todos de acuerdo con que hay que pedir a este país un acuerdo provisional para tratar de solucionar el problema de los puertos alpinos; sin embargo, debemos recordar las características viarias de Suiza, un auténtico queso gruyer con el túnel del San Gotardo de 17 kilómetros y 3 metros más estrecho que el del Mont Blanc. Confiemos en que esta solución nos ofrezca las suficientes condiciones de seguridad.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, desearía ante todo expresar, al igual que mis colegas, en nombre del Grupo del PPE, mi tristeza, mi compasión y mi solidaridad para con los familiares de las víctimas de la tragedia del Mont Blanc. Desearía, también, saludar el valor y el compromiso de los servicios de auxilio, que han trabajado en condiciones particularmente difíciles.
El accidente ocurrido el pasado 24 de marzo plantea de una manera cruel el problema de la seguridad en el ámbito del transporte. Este problema constituye una de las prioridades de la Unión Europea, de lo que no podemos menos que felicitarnos. Pero con respecto a las conclusiones de la investigación iniciada por las autoridades francesas, será conveniente adoptar algunas medidas específicas, en particular tratándose de la seguridad de los grandes equipamientos y de las infraestructuras de transporte.
Por eso pedimos a la Comisión que elabore un informe sobre la base de las conclusiones de la comisión de investigación, informe que debe ser acompañado por propuestas, concretamente en lo concerniente a la armonización de los dispositivos de seguridad.
Esta tragedia ilustra, además, por si fuera necesario, la absoluta necesidad de controlar la afluencia de circulación por carretera -en especial de los vehículos pesados-, de promover el tráfico ferroviario y de establecer las normas de funcionamiento que garanticen la máxima seguridad en el seno de un mercado europeo de transportes suficientemente diversificado.

Van den Broek
Señor Presidente, también yo quiero empezar transmitiendo, en nombre de la Comisión, nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas de este terrible accidente y, a la vez, alabando y admirando la valiente intervención de los servicios de emergencia tras el accidente. También han tenido que lamentar víctimas entre sus miembros. En tanto no se conozcan todos los hechos en torno al accidente y sus causas, no sería sensato que nos pronunciáramos sobre la forma en que semejante catástrofe puede prevenirse en el futuro. De ahí que la Comisión esté a la espera de los resultados de la investigación y examine, conforme a éstos, qué medidas podrían adoptarse en el ámbito europeo para mejorar la seguridad en los túneles.
No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para poner al Parlamento Europeo al corriente de las actuales actividades de la Comisión que pueden contribuir a limitar en general el riesgo en los túneles. La Comisión ha impulsado una legislación amplia relativa a las normas para vehículos, de las que también forman parte normas mínimas sobre la inflamabilidad de los vehículos de motor, como parte de su programa legislativo para la homologación UE de los vehículos de motor.
Además de esto, la Dirección General de Transportes, DG VII, financia en este momento, junto con la OCDE, un estudio en el que se analizan los riesgos del transporte de sustancias peligrosas por carretera en los túneles. La Comisión ya había decidido que se realizara un estudio sobre la seguridad de los túneles dentro del quinto programa marco de investigación y desarrollo. Específicamente, en relación con el túnel del Mont Blanc, la Comisión tiene previsto financiar las mejoras del túnel en el marco de las redes transeuropeas. Este proyecto tiene por objeto entre otras cosas, modernizar los aparatos de señalización de incidentes en el túnel del Mont Blanc y la sala de control por una cuantía total de 3, 7 millones de euros.
El cierre de esta importante arteria de circulación dará lugar, por supuesto, a un ligero trastorno y congestión. Las consecuencias serán, sin embargo, las mismas para los automovilistas que para los camioneros. El tráfico de camiones se verá más afectado. Anualmente, alrededor de 700.000 camiones atraviesan el túnel del Mont Blanc. De ahí que tengan que encontrarse rutas alternativas o modalidades de transporte alternativas.
La alternativa lógica para el túnel del Mont Blanc es el túnel Fréjus en el sur. La Comisión espera que el túnel de Fréjus pueda absorber una parte importante del tráfico de camiones del túnel del Mont Blanc, a pesar de las nuevas limitaciones para potenciar la seguridad. Además, los camiones pueden utilizar los pasos fronterizos entre Francia e Italia que están todavía más al sur. En el caso de los camiones de menos de 28 toneladas existen posibilidades ilimitadas para atravesar Suiza. Éstas son las rutas alternativas en cuanto a la carretera.
La otra alternativa es sustituir el tráfico de camiones por otra modalidad de transporte. El transporte ferroviario y el transporte combinado deben aprovechar la oportunidad que les brinda el cierre del túnel del Mont Blanc para demostrar sus posibilidades. El transporte por ferrocarril deberá mostrar qué es capaz de hacer con su material e infraestructuras actuales. No está claro por el momento qué capacidad de carga extra podrá ofrecer el ferrocarril en la ruta de los Alpes. No obstante, la Comisión espera que los ferrocarriles consideren las posibilidades comerciales.
Para concluir, la Comisión reconoce que se deben extraer conclusiones de este accidente para, así, reducir al máximo el riesgo de que algo semejante pueda volver a suceder. No obstante, la Comisión no se dejará llevar por reacciones apresuradas con el pretexto de mejorar la seguridad del transporte. En lo que a las consecuencias del cierre del túnel del Mont Blanc se refiere, la Comisión empleará todos los medios dentro del ámbito de sus limitadas competencias para procurar que el desarrollo del tráfico no se vea seriamente alterado. Así mismo, nos parece demasiado prematuro pronosticar un caos en el transporte y la Comisión insiste, en lo que a eso respecta, en mantener la cabeza fría y seguir la situación a fin de determinar si el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril no pueden resolver por sí mismos los problemas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Van den Broek.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0383/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0395/99 de las diputadas Maij-Weggen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0397/99 de los diputados Barros Moura y Marinho, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0405/99 de los diputados Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0413/99 de los diputados Dupuis y Maes, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0415/99 de los diputados Hautala, Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación en Indonesia y en Timor Oriental.

Bertens
Señor Presidente, señor Comisario, ahora, cuando todo el mundo sabe dónde está Timor Oriental, el país islámico más grande del mundo, Indonesia, se está desintegrando. Basta con que les mencione los nombres de Ambón, Madura, Atjeh y Kalimantan. De la misma manera, el estado indonesio probablemente se convertirá pronto en un campo de batalla. Las elecciones de junio/ julio que viene son cruciales. Creo que, si todo sale bien, estas elecciones y su buen desarrollo podrán sentar las bases de otro tipo de Indonesia federal. De ahí que opine que la Unión Europea y, por supuesto, también las Naciones Unidas, deben hacer todo lo posible por que estas elecciones se desarrollen, en efecto, de forma democrática. Sencillamente, eso costará dinero y algunas energías. No permitamos, en nombre del cielo, que esa rica y grande Insulindia se convierta en un punto negro en el Pacífico.

Maij-Weggen
Señor Presidente, la situación de Indonesia empeora de semana en semana. Ésta no es una buena señal de cara a las elecciones del 7 de junio. Aunque los problemas se concentran en el archipiélago de las Molucas y en Timor Oriental, también se producen disturbios en otras regiones como Irian Jaja, Kalimantan y Sumatra del Norte. La táctica seguida por el Gobierno indonesio durante los pasados años, consistente en diseminar por toda Indonesia a los habitantes de Java en tanto grupo dominante, parece ahora haber sido un desastre. Eso no se le puede reprochar, por supuesto, a los ciudadanos de Java, pero se han convertido en peones de un proyecto que cuenta con un doble objetivo. Por una parte, combatir la pobreza de Java y, por otra, debilitar la identidad de determinados grupos de islas.
Además de eso, todavía existe la enorme problemática de Timor, que se ha agravado de nuevo y que ha conducido incluso a carnicerías en Liquiçá. Esto es realmente muy lamentable porque se habían conseguido compromisos para mejorar la situación de Timor. Hacemos realmente un llamamiento a la Comisión Europea para que presione a Indonesia a fin de conseguir que mejore la situación, y presionamos sobre todo a la Comisión Europea para que también se preocupe por que las elecciones se desarrollen bien y por que, en esas elecciones, se concedan derechos a los grupos minoritarios de las islas más pequeñas. Indonesia se lo merece. Como el Sr. Bertens dice, es un país grande y precioso, sería una pena que se desintegrara del todo y que los derechos humanos y la democracia quedaran completamente desacreditados.

Torres Marques
Señor Presidente, estamos todos muy preocupados con la situación en Indonesia y sus reflejos, en particular en Timor Oriental. Con la aproximación de las elecciones fijadas para el 7 de junio, con la aproximación también de una fase crucial de las negociaciones, con la égida de las Naciones Unidas, entre el Gobierno indonesio y el Gobierno portugués sobre el futuro de Timor Oriental, estamos presenciando ataques ya sea contra la comitiva de D. Ximenes Belo, el Premio Nobel de la Paz, o contra civiles que se encontraban rezando en una iglesia, ataques a toda una población que está atravesando por un período de gran pánico, porque proliferan brigadas militares que no las defienden, sino que las atacan, en un momento en que Xanana Gusmão aún no ha recuperado la libertad completa, cosa que hemos venido exigiendo aquí, en el Parlamento Europeo, repetidas veces. Por todas estas razones, instamos al Parlamento Europeo a que apruebe una resolución en la que se señala a la atención de las entidades de Indonesia la necesidad de restablecer la legalidad, la necesidad de acabar con las matanzas, la necesidad de que las fuerzas armadas defiendan a las poblaciones y no las ataquen, la necesidad de liberar a Xanana Gusmão, la necesidad de que las Naciones Unidas sigan apoyando las gestiones que ha hecho Portugal para que llegue a restablecerse la paz en Timor Oriental y en toda Indonesia.
Se trata de una zona fulcral para la estabilidad en el mundo y creo, por tanto, que debemos votar a favor de una resolución que una vez más transmita la palabra del Parlamento Europeo de apoyo a ese pueblo de Timor Oriental, que tanto ha sufrido de genocidio.

Van Bladel
Señor Presidente, a la complicada estructura geográfica de Indonesia, hay que sumar la crisis económica, el endeudamiento, la inflación y las exportaciones decrecientes; y todo esto mientras el país se prepara para las elecciones. Todavía no llego a decir, como el Sr. Bertens, que el país amenaza con desintegrarse, pero sí que está en peligro. En Java, la situación parece tranquila; en Atjeh, el Gobierno y el ejército han restablecido el orden y, esto es importante, han arrestado a los responsables. Desgraciadamente, los enfrentamientos entre los pueblos continúan a intervalos.
Los últimos sucesos en Timor son muy lamentables, pero en relación con Timor, señor Presidente, quizá haya que constatar también un pequeño paso adelante. Se intenta crear una comisión en la que participen todos los líderes de Timor, también se ha invitado a Xanana Gusmão. Por supuesto, las milicias de esa isla deben entregar las armas. Las negociaciones entre Portugal e Indonesia tienen que continuar. Así mismo, debe realizarse una investigación sobre la matanza. Señor Presidente, 48 partidos políticos se preparan para las elecciones. Se manifiestan corrientes políticas entre los partidos caracterizadas por el islamismo, el nacionalismo, el liberalismo, el apoyo a la planificación central y el mantenimiento del statu quo . Se trata de un país extremadamente complicado en el que no se soluciona nada con una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. La comisión electoral, afortunadamente, si la información es cierta, ha logrado mantener una posición independiente. Señor Presidente, sé que la Comisión y el Consejo ya han reservado mucho dinero para apoyar las elecciones. Sin embargo, me asombra que, aunque el Parlamento insiste año tras año en la cuestión de la democracia en Indonesia y los grupos de la oposición solicitan ahora que se envíen observadores del Parlamento, la Mesa del Parlamento haya decidido no enviar observadores. Señor Presidente, hago un llamamiento al Parlamento y a la Mesa para que se anule esa decisión. Lo encuentro incomprensible. De lo contrario, este debate parlamentario carecerá de credibilidad.

Maes
Quisiera sumarme a lo que los anteriores oradores han dicho, ya que hemos suscrito esta resolución porque la consideramos necesaria a fin de que se recuerde en este momento la importancia de las negociaciones encaminadas a encontrar una solución al problema de Timor Oriental. El aumento de la violencia en ese lugar amenaza la propia negociación por la violencia paramilitar y militar. Debe insistirse al Gobierno indonesio para que deje de apoyar a las organizaciones paramilitares, limite la presencia militar, restablezca el estado de derecho y verdaderamente arreste a los culpables y los lleve ante los tribunales.
Pensamos acertadamente que Indonesia se escuda en su autodeterminación. No obstante, teniendo en cuenta la pluralidad de pueblos que viven en este archipiélago, debemos esperar que ese mismo respeto se aplique a la pluralidad que vive en las proximidades de Indonesia y más concretamente en el caso de Timor Oriental, que Indonesia ha ocupado ilegalmente. Me sumo explícitamente a la petición de la Sra. Van Bladel para que se envíen observadores. Ya hemos visto como, a menudo, la violencia aumenta justo antes de que tengan lugar las elecciones. Así mismo, hemos visto como la presencia de observadores extranjeros puede calmar la situación. Todavía no es demasiado tarde. Hagamos algo ahora.

Lagendijk
Señor Presidente, como han dicho los anteriores oradores, los sucesos de Timor Oriental no constituyen, desgraciadamente, un incidente aislado. En muchos otros lugares de Indonesia se desatan las luchas, hay irregularidades y, lamentablemente, digo para mis adentros, a menudo o casi siempre por diferencias étnicas o religiosas. La semana pasada hablé casualmente con alguien que acababa de llegar de Ambón. La imagen que se deduce de su historia es desgraciadamente conocida: violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tétricos partidos sanguinarios y grandes grupos de desplazados. Por tratarse precisamente de un fenómeno frecuente en todo el mundo: en Europa, Asía, África, a finales del siglo XX, conflictos a pequeña escala, étnicos, religiosos, precisamente por ello, es necesario que cada vez vuelva a tratarse el asunto en el Parlamento Europeo, por frustrante que pueda resultar, debo decir sinceramente, por reiterativo que pueda ser y por poco que a corto plazo probablemente se pueda solucionar.
Afortunadamente, la Unión Europea puede hacer más. Quisiera sumarme en ese sentido a la petición realizada por las Sras. Van Bladel y Maes. Tenía entendido que la UE sí disponía de dinero para enviar, creo, alrededor de sesenta observadores a las elecciones indonesias. Mi pregunta es sobre todo de qué tipo de observadores se trata y si el Gobierno indonesio está ya de acuerdo con su llegada. Ya ha manifestado que realmente no desea que se envíen observadores, sin que importe su procedencia. Si esto es así, ¿qué piensa hacer la Unión Europea para que los observadores, que son muy, pero que muy importantes, no puedo dejar de repetirlo, estén finalmente presentes en las elecciones de junio?

Mendes Bota
Señor Presidente, la matanza de Liquiçá es simplemente el último episodio sangriento de que es víctima el pueblo timorense. Fue los días 6 y 7 de abril cuando perecieron 25 víctimas civiles de la milicia armada que responde al nombre de «Meraputi» con la connivencia activa de la brigada móvil de la unidad de política de elite de Indonesia.
Exigimos una investigación internacional. Exigimos la responsabilización de los criminales. Y no podemos aceptar que la violencia sea el pretexto para aplazar las reuniones entre Portugal e Indonesia con la égida de las Naciones Unidas para que se establezca un texto que fundamente el estatuto de autonomía de aquel territorio. Las Naciones Unidas no pueden dar la espalda, deben tener una fuerza en el terreno, para garantizar la paz y para garantizar la propia consulta. Nosotros denunciamos aquí el cinismo del régimen de Indonesia, que, al tiempo que asegura defender los derechos humanos, está armando a las milicias que asesinan al pueblo. Y desde aquí enviamos un mensaje de solidaridad a Xanana Gusmão, el hombre que en 1992 fue condenado a veinte años de cárcel y está actualmente en prisión domiciliaria, pero amenazado de volver a la cárcel, a la cárcel total, sólo porque hizo un llamamiento en pro de la autodefensa del pueblo timorense. Por eso, hacemos constar aquí la indignación por lo que está sucediendo, la solidaridad con Xanana Gusmão y con el pueblo timorense y pedimos la intervención de las Naciones Unidas y de las instancias internacionales.

Blot
Señor Presidente, me felicito de que nuestro Parlamento examine esta cuestión referente a Timor Oriental, un territorio portugués que, como hay que recordar, fue invadido por Indonesia en 1975, y anexado de manera unilateral por este Estado en 1979.
Por mi parte, votaré a favor de la resolución común, que, en conjunto, es satisfactoria. Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones: no es un texto de nuestra Asamblea, por enérgico que sea y por más que lo animen las mejores intenciones, lo que mejorará la suerte de los habitantes de Timor Oriental. Este reducido pueblo católico está sometido a un verdadero intento de genocidio por las autoridades indonesias. Desgraciadamente, la matanza de 25 fieles, en una iglesia de Liquiçá, no es más que una gota de sangre, teniendo en cuenta las atrocidades que se han cometido. Desde hace 24 años, 200.000 habitantes, es decir, la tercera parte de la población, ya han sido exterminados. Yakarta parece querer borrar del mapa a este reducido pueblo católico, valiente, que se resiste a ser absorbido por una Indonesia de 150 millones de musulmanes.
Además, el Gobierno indonesio intenta, como lo hace el Gobierno turco en Chipre, sustituir a los católicos por una población musulmana, enviando para ello decenas de miles de colonos. Al igual que en otros países donde se consolida un poder musulmán, en Sudán, en Turquía, en el Líbano ocupado por Siria, los cristianos son perseguidos, marginados, sometidos a un estatus humillante e incluso asesinados en masa.
No obstante, es un hecho que más allá de las buenas intenciones, Timor casi no interesa a los poderosos que nos dirigen desde Washington o Bruselas. Por más que Indonesia viole la soberanía de Portugal, el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos y lleve a cabo una especie de genocidio constante, ello suscita, aparentemente, sólo una indignación verbal. Se prefiere más bien bombardear, despreciando el principio de soberanía y corriendo el peligro de desencadenar una tercera guerra mundial, al pueblo serbio, que, en su provincia, Kosovo, cuna de su nación, intenta poner a salvo su identidad nacional y religiosa.
Es la ley del embudo. Estamos indignados por ese supuesto nuevo orden mundial que impone su ley de la selva: humilde con los poderosos e implacable para con los débiles.

Van den Broek
Señor Presidente, al igual que sus Señorías, la Comisión opina que la situación de Indonesia naturalmente ha empeorado, en lo que a conflictos étnicos y religiosos se refiere. El Consejo en su declaración del pasado 7 de abril, al pronunciarse sobre esto, añadió que el Gobierno indonesio ha dado algunos pasos que han sido claramente celebrados. Eso también tiene que ver, entre otras cosas, con las elecciones, con nuevas leyes para los partidos políticos, pero también con determinadas medidas económicas que se han anunciado para estabilizar la situación económica. Así mismo, se han adoptado determinados programas sociales para afrontar la actual crisis y también se han hecho anuncios en cuanto a la mejora de los derechos humanos en Indonesia. Todo ello figura en la declaración del Consejo de 7 de abril.
Al mismo tiempo, la Comisión consideró necesario adoptar el 31 de marzo pasado una decisión sobre la concesión de siete millones de euros de cara a las próximas elecciones en Indonesia. De estos siete millones, cinco se destinan a la información electoral mediante las ONG, es decir, a la formación electoral y a la información, y dos millones al envío de unos sesenta observadores por los Estados miembros a Indonesia por un período de dos semanas, pero en el marco de la observación electoral más amplia organizada, entre otras organizaciones, por las Naciones Unidas. Esta misma organización enviará unos treinta observadores por un período más largo, es decir, por un período de dos meses. Indonesia, además, ha aceptado la presencia de estos observadores.
En relación con Timor Oriental, la Comisión comparte la preocupación de los diputados al Parlamento Europeo en cuanto al reciente aumento de la violencia y, en este punto, también nos sumamos a la declaración efectuada por la Presidencia el pasado 12 de abril. La Comisión respalda, así mismo, la iniciativa de los Estados miembros en cuanto a la creación de una comisión de paz y reconciliación que debe contribuir a restablecer la calma en Timor Oriental. La Comisión considera que los recientes incidentes hacen necesaria la presencia de las Naciones Unidas en ese territorio, e insiste en que se permita la libre entrada en él al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones humanitarias internacionales.
La Comisión está satisfecha con la nueva política del Gobierno indonesio que incluye el reconocimiento, por parte de éste, de la necesidad de celebrar elecciones directas en Timor a fin de determinar en qué medida son aceptables los criterios para la autonomía que ahora se están negociando en Nueva York. Así mismo, la Comisión manifiesta que los esfuerzos realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución justa, omnímoda e internacionalmente aceptable también deben ser respaldados internacionalmente.
La Comisión repite hasta la saciedad que apoya las actuales conversaciones sobre Timor Oriental, las cuales, en nuestra opinión, constituyen la única posibilidad de que se logre una solución pacífica, justa y duradera que tenga en cuenta el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Timor Oriental y los intereses de todos los partidos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Van den Broek.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0375/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0384/99 de la diputada Maij-Weggen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0389/99 de los diputados Pasty y Van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0399/99 del diputado Colajanni, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0410/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0416/99 de los diputados Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Birmania;
B4-0374/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y de los diputados Bourlanges y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0390/99 de los diputados Pasty y Van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0400/99 del diputado Harrison, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0407/99 de los diputados Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0422/99 de los diputados Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Camboya;
B4-0382/99 de los diputados Fassa y André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0394/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0409/99 de los diputados Hory y Castagnède, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0420/99 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Níger;
B4-0391/99 de los diputados Banotti y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0398/99 de la diputada Malone, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0421/99 de los diputados McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el asesinato de Rosemary Nelson.
Birmania

Bertens
Señor Presidente, resulta frustrante ver cómo las autoridades de Birmania dejan pasar toda oportunidad de mostrar su buena voluntad. El visado de entrada del mortalmente enfermo Michael Aris, el marido de Aung San Suu Kyi ha puesto eso de manifiesto. El innecesario dolor que esto ha causado a Aung San caracteriza a este Gobierno. Así no hay perspectivas de que termine el aislamiento de Birmania. Sólo puede aumentar.
Desgraciadamente, debemos hacer de nuevo un llamamiento al Gobierno birmano para que los derechos fundamentales de su pueblo se respeten con carácter general. De nuevo, debemos condenar firmemente el desplazamiento forzoso de pueblos y la utilización de personas como trabajadores obligatorios. Ninguna crisis da derecho al Gobierno a violar los derechos de su pueblo. Pero dejemos que el Gobierno de Birmania se dé bien cuenta de que los dirigentes son personalmente responsables del dolor que causan.
La comunidad internacional no lo olvida. Los actuales dirigentes de Birmania tendrán que defenderse algún día de los crímenes que ahora han perpetrado. El derecho penal internacional realmente protegerá así los derechos fundamentales de todos.

Maij-Weggen
Señor Presidente, por enésima vez Birmania figura en el orden del día. Creo que ésta es ya la octava resolución. Ese pueblo sigue padeciendo la situación creada por el Gobierno militar. Esta vez ha aparecido en las noticias porque no permitía la entrada en Birmania al marido de la Sra. Aung San Suu Kyi, gravemente enfermo. Es obvio que la Sra. Aung San Suu Kyi no podía ir a Inglaterra porque entonces, no tendría ninguna posibilidad de regresar a su país. Realmente es vergonzoso que una pareja que lleva casada veinticinco años no pueda reunirse cuando uno de ellos está a punto de morir.
Además, vemos que los pueblos de la etnia Karen han sido atacados otra vez en la región. El año pasado estuve en Tailandia para visitar algunos campos de refugiados y oigo ahora que de nuevo muchas personas cruzan la frontera para quedarse en los campos de refugiados que ya están sobrepoblados.
Al mismo tiempo, hay iniciativas positivas. 285 parlamentarios se han reunido en un grupo que pretende restablecer el Parlamento ¿No sería positivo que la Unión Europea prestara todo su respaldo, de forma que el Parlamento, que fue disuelto en su momento, tenga la oportunidad de colaborar desde otra perspectiva en la elaboración de una constitución que modifique profundamente, de una vez por todas, la situación birmana?
Se trata de una situación que llevamos viendo desde hace años. Es uno de los países peor gobernados en el mundo. La Unión Europea debería presionar más de lo que ahora presiona. Hago un llamamiento a la Comisión en ese sentido.

Vecchi
Señor Presidente, en las pasadas semanas, el régimen birmano ha vuelto a caer en la infamia: la Sra. San Suu Kyi, nuestro Premio Sájarov, que no goza de libertad de movimiento, no pudo siquiera volver a ver a su esposo antes de que muriera. Desde hace muchos años, ella y todo su país están privados de las libertades fundamentales, del respeto de los derechos humanos más esenciales y de cualquier apertura democrática. Sabemos además que la represión sobre la oposición es dura y especialmente dura sobre las minorías nacionales. La práctica de los trabajos forzosos y de la esclavitud está muy extendida en el país.
El problema es que hasta ahora la cuadrilla de militares en el poder se ha mostrado impermeable e insensible a cualquier presión interna e internacional. He de decir que si hablamos de defensa y de promoción de los derechos humanos como un elemento fundamental de la identidad europea y de su proyección en el mundo, ciertamente hoy Birmania es uno de los bancos de prueba fundamentales y creo que la mejor manera de expresar nuestro sentido pésame a la Sra. San Suu Kiy es intensificando la iniciativa contra el régimen birmano e incrementando su aislamiento internacional tanto desde el punto de vista político y diplomático como económico y comercial.
Por otra parte, hasta que no se garanticen los derechos humanos y no se reanude ese proceso democrático deseado por la inmensa mayoría del pueblo birmano, será imposible establecer relaciones normales y, añado, entablar cualquier tipo de relación con ese país.
Al mismo tiempo, creo que, respecto a Birmania, además de las necesarias iniciativas de aislamiento, es preciso fijar una estrategia política para favorecer un cambio en ese país, un cambio que, según hemos visto, también el pueblo birmano desea firmemente. Por tanto, no hay que limitarse a las palabras, sino disponer de una estrategia concreta, compartida y practicada por todos los Estados de la Unión.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no voy a extenderme sobre la naturaleza del régimen birmano -pienso que, en este sentido, todos estamos de acuerdo-. El Sr. Bertens, la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Vecchi acaban de referirse a ello.
Pienso que sobre lo que hay que interrogarse -teniendo en cuenta que por una vez la Unión, junto con la Comisión y el Comisario Marín en particular, junto con el Consejo (y esto es más bien excepcional) y, evidentemente, junto con nuestro Parlamento, ha tenido una posición muy clara en relación con Birmania- es si, como preguntaba el Sr. Vecchi, Birmania está realmente aislada. Yo pienso que no, porque si realmente lo estuviera, las sanciones que hemos aplicado habrían surtido efecto. La verdad es que Birmania posee apoyos muy importantes, en particular -y lamentamos la ausencia de nuestro Comisario Brittan- Birmania está firmemente apoyada por China, tanto en el plano económico como en el militar, y eso es lo que le permite seguir reprimiendo e impidiendo cualquier tipo de desarrollo democrático.
Por lo tanto, con respecto a Birmania, así como a Corea del Norte -otro país que cuenta con el trato preferente del Comisario Brittan-, habría que empezar a ejercer presiones sobre China, a fin de que intervenga frente a las autoridades birmanas y de Corea del Norte para, finalmente, lograr cambios. Otro apoyo de Birmania: nuestro sistema prohibicionista mundial en materia de droga. Sabemos que Birmania es uno de los mayores productores de droga, y si puede darse el lujo de salir adelante sin el apoyo de los países occidentales, es porque tiene dinero, mucho dinero, gracias al comercio de la droga.

Telkämper
Señor Presidente, la historia se repite. Como en las resoluciones y debates anteriores nos vemos obligados a condenar una vez más la violación de los derechos humanos que sufren diversos grupos de la población en Birmania. No nos queda más remedio que reiterarlo una y otra vez. Desafortunadamente, al horror que vive la población se ha sumado la triste noticia del fallecimiento del Dr. Michael Aris, esposo de la Sra. Aung San Suu Kyi. No podían estar juntos porque ella no podía ir a verle y él no tenía permiso para ir a ver a su esposa. Es una situación que expresa a la perfección el carácter represivo y cruel de este régimen, hasta en los rincones más íntimos de la vida.
Es nuestro deber instar a la Comisión a que ejerza presión sobre los países vecinos para que Birmania acabe aislándose, el Gobierno se halle en la obligación de dimitir y deje de maltratar a los habitantes de los pueblos que son obligados a realizar trabajos forzados o que son deportados en bloque. Al mismo tiempo debemos animar y emplazar al Consejo a que interrumpa todas las actividades en las que esté colaborando conjuntamente con los países de la ASEAN y Birmania, aparte a Birmania de dichas acciones y procure que la Presidencia alemana deje de otorgar visados de entrada, al igual que los demás países comunitarios. Se trata de un acuerdo común que, por eso mismo, debe ser respetado por todos los Estados miembros de la Unión.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, los oradores anteriores ya han hecho hincapié en la intolerable actitud del Gobierno de Birmania, que se negó a conceder un visado de entrada al Dr. Michael Aris justo antes de su fallecimiento. También se han referido minuciosamente al apoyo que recibe este espantoso régimen por parte de China. Por tanto, yo quisiera insistir un poco más en las depuraciones étnicas que se cometen en ese país. Creo que adquieren una especial relevancia en un día en que acabamos de aprobar una resolución sobre Kosovo.
En nuestra actual resolución denunciamos sobre todo la situación que se vive en los pueblos karen. Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un proyecto mucho más amplio, tal y como puso de manifiesto Amnistía Internacional en Londres en el año 1998. Hemos subrayado que solamente en los dos últimos años fueron desplazadas aproximadamente 300.000 personas pertenecientes al pueblo shan y hemos explicado cómo los pueblos de los mon, los akha y los lahu fueron expulsados a los países vecinos. Así las cosas es justo y necesario que revisemos nuestra política de visados, tal y como se solicita en el apartado 9, y que excluyamos a Birmania de las reuniones EU-ASEAN y ASEM hasta que se produzcan serios avances en la situación de los derechos humanos.
Camboya

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, Señorías, yo mismo me percaté el verano pasado en Camboya de que el pueblo todavía sigue profundamente traumatizado. Tal como el rey Sihanuk me dijo: mon peuple est toujours très malade . Ya llevan veinte años de tragedia porque no se ha realizado ni una sola investigación ni ningún proceso. El Gobierno camboyano no puede efectuar tal investigación o tal proceso aunque quiera. En agosto de 1998 todavía se estaba adoptando un código civil y código penal y los expertos americanos y europeos discutían entre sí y unos con otros sobre sus distintas concepciones para imponer las diversas formas de derecho. En Camboya no existe un aparato judicial. Por esa razón, mi Grupo quiere que un tribunal internacional de la ONU investigue el genocidio y condene a los culpables. Quiere que la Unión Europea ayude a Camboya a convertirse en un estado de derecho.

Van Bladel
Señor Presidente, la frase killing fields hace pensar inmediatamente en Camboya y en el genocidio que comenzó en 1975. Es muy triste constatar que, sólo un cuarto de siglo más tarde, empieza a haber una pequeña posibilidad de que se trate con justicia a las víctimas. Pero incluso esta pequeña posibilidad amenaza con desaparecer si se oculta la implicación en el genocidio de los actuales dirigentes políticos. Prefiero, en principio, que un mismo país tenga la responsabilidad de llegar a un arreglo en cuanto a semejante pasado. También mi Grupo opina que un tribunal ad hoc para el genocidio de Camboya ofrece más garantías de justicia para los camboyanos, ahora que las pruebas corren el riesgo de desaparecer.

Harrison
Señor Presidente, el no haber podido llevar al dirigente del Jemer Rojo, Ta Mok, ante un tribunal internacional independiente es algo sumamente inquietante pero instructivo. Inquietante, porque un juicio que se celebre en Camboya es poco probable que revele la enormidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Jemer Rojo en los años de lucha de guerrilla, al final del decenio de 1970. Inquietante también que Hun Sen se sirva indebidamente de la ayuda internacional para conseguir que la legislación nacional sobre traición se aplique contra algunos de sus actuales oponentes políticos. Instructiva, sin embargo, porque precisa la necesidad de que la comunidad internacional establezca un tribunal penal internacional permanente que pueda ocuparse de los actos de genocidio demasiado frecuentes que nos desacreditan a todos. Un tribunal que represente también una inhibición para los que perpetran el mal, tanto si lo hacen en Indochina como si lo hacen en la antigua Yugoslavia.
El Estado de derecho es una característica preeminente de una sociedad civil. Es triste que en otro país vecino, Malasia, esta semana se haya encarcelado a Anwar Ibrahim; he aquí un ejemplo de lo mucho que falta para conseguir que el derecho sea base y apoyo del concepto de los derechos humanos. Después de su detención Anwar Ibrahim tenía un ojo morado, como reproche para lo que se considera en Malasia como Estado de derecho, y como reproche para todos nosotros, que preconizamos la primacía de los derechos humanos en la vida de la humanidad. Anwar Ibrahim tiene que quedar en libertad inmediatamente si la Malasia de Mahathir ha de volver a encontrar el camino de la salud y la prosperidad ante los ojos de la comunidad mundial vigilante.
Señor Presidente, le pido que envíe una nota de protesta al Dr. Mahathir acerca del deficiente juicio político de que ha sido objeto Anwar Ibrahim, una nota de protesta en consonancia con las numerosas resoluciones de crítica que ha aprobado este Parlamento en relación con Malasia. Espero que pueda hacerlo usted en nombre de este Parlamento.

Telkämper
Señor Presidente, este Parlamento, al igual que las demás instituciones democráticas, ha de lanzar una señal y una advertencia para dejar claro que la violación de los derechos humanos es un delito intolerable que no se olvida con el tiempo. La historia no puede pasar por alto las matanzas de Camboya. Los asesinos han de rendir cuentas. Por eso es correcto que se instituya un Tribunal Internacional ad hoc . Es tanto más correcto cuanto que el Estado de Camboya no parece estar capacitado para ello, sobre todo porque carece de las estructuras necesarias.
Pedimos a la Comisión que ayude a crear estructuras adecuadas que garanticen la legalidad del Derecho civil. No es la primera vez que formulamos esta petición. No deja lugar a dudas que en este ámbito nuestro apoyo puede ser útil, no sólo en Camboya sino en todos los países de la ASEAN. Especialmente en Malasia. El orador anterior se ha referido ampliamente a la situación de Anwar Ibrahim. No podemos aceptar la detención ilegal de este hombre. Instamos a la Comisión y al Consejo a que expongan este problema ante Malasia. Si no hay respuesta, nos veremos obligados a interrumpir nuestras relaciones con este país.

Bourlanges
Señor Presidente, sería inimaginable que los más graves crímenes masivos cometidos desde la Segunda Guerra Mundial no sean objeto de sanciones penales adecuadas.
Por eso este Parlamento debe exigir tres cosas: primeramente, que se cree un tribunal, ya que no podría aceptarse que la cultura de la indignación política se dejara de lado cuando existen consideraciones de oportunidad política que así lo exigen.
En segundo lugar, es imprescindible que este tribunal sea internacional, no sólo porque en su momento -antes de oponerse al mismo- el Sr. Hun Sen lo pidió, sino porque sería inadmisible que en el juicio de los Jémeres Rojos se cayera en la trampa de los ajustes de cuenta político-judiciales de un Estado en el que la democracia no se encuentra estabilizada.
En tercer lugar, es esencial que no se sancione sólo a Ta Mok, sino al conjunto de los responsables de Angkor, por la organización de asesinatos masivos. No podemos admitir que exista una víctima propiciatoria, aun cuando ésta sea un verdugo, una única víctima propiciatoria que pague por los demás.

Bertens
Señor Presidente, todo aquél que lea en un libro de historia sobre el pasado reciente de Camboya y todo aquél que haya tenido la suerte, entre comillas, de hacer un viaje por ese país, no puede concebir que en absoluto se haya manifestado la intención de crear un tribunal internacional para juzgar a los autores de los killing fields y de la masacre que, como muy bien ha señalado el Sr. Bourlanges, constituye uno de los crímenes más lamentables acecidos tras la segunda guerra mundial. Si al menos se iniciara una investigación. Me preocupa seriamente la situación de estancamiento que se ha originado ahora. El actual Gobierno camboyano no puede dejar en paz a los dirigentes de los Jemeres rojos, sea cual sea el motivo, incluso si se trata de amor a la patria. Creo, además, que un tribunal internacional sobre Camboya quizá pueda tener alguna influencia y ser un ejemplo para el Gobierno birmano y otros Gobiernos del sudeste asiático.

Fassa
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el caso de Ta Mok nos sitúa ante un problema jurídico interesante y, al mismo tiempo, dramático. Es ilusorio pensar que un tribunal camboyano pueda juzgar objetivamente los crímenes que cometió contra la humanidad y, más en general, los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos.
La creación de un tribunal ad hoc es deseable, sin embargo, nunca se librará de la sospecha de que se trata de un tribunal especial que ya ha anticipado, por así decirlo, su sentencia y que no ha ofrecido al imputado las garantías que, incluso un imputado como Ta Mok, merece. La solución, por tanto, es solo una: un Tribunal Penal Internacional, un juez natural encargado de juzgar todos los crímenes contra la humanidad, cometidos por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier tiempo.
Níger

Fassa
Señor Presidente, la resolución sobre Níger que todos los Grupos políticos presentan conjuntamente en este Parlamento, parece -sabe mal decirlo- una especie de resolución de rutina. Nos encontramos ante el enésimo golpe de Estado, la enésima negación de los principios del Estado de Derecho, la toma del poder legislativo y del poder ejecutivo llevada a cabo por una junta militar y la falta de cualquier manifestación de la voluntad popular, en un contexto agravado por la reciente anulación por parte del Tribunal Constitucional de los resultados de las elecciones administrativas que, en teoría, debían culminar el proceso de democratización y que, no por casualidad, fueron ganadas por la oposición. Es necesario, en consecuencia, que la reacción de la Unión Europea sea enérgica. En particular, la Comisión debe suspender la cooperación al desarrollo en el ámbito de la Convenio de Lomé manteniendo únicamente la ayuda humanitaria y la asistencia directa de las organizaciones no gubernamentales a los sectores más vulnerables de la población.

Maes
Señor Presidente, el 6 de abril de 1994, el derribo del avión del Presidente Habyarimana marcó el comienzo de un terrible genocidio en Ruanda. Se asesinó de nuevo a un Presidente, si bien es cierto que se convirtió en Presidente mediante un golpe de estado, que fue asesinado por su propia guardia militar, y que ésta luego tomó el poder. El Parlamento ha sido disuelto y los militares se han hecho con todo el poder. Es obvio que debemos estar muy atentos a esta situación. De ahí que recuerde los sucesos ocurridos hace cinco años en Ruanda. Otra vez un país como ese se encuentra sumergido en disturbios. Un país que ya lo tiene terriblemente difícil. En estas circunstancias, sería irresponsable iniciar cualquier cooperación con los ocupantes del poder. Debemos prestar nuestra ayuda a través de ONGs fiables, si queremos reforzarla en el ámbito humanitario, y espero que esos propósitos se cumplan.

Schörling
Señor Presidente, hay que lamentar profundamente que un conflicto en un país africano haya vuelto a resolverse, una vez más, de la peor manera que hubiera cabido imaginar. El golpe de Estado y el asesinato del Presidente del pasado 9 de abril han llevado al Níger a una situación de gran tensión. Se han declarado nulas las recientes elecciones municipales y regionales, y el Ejército se ha hecho cargo de los poderes legislativo y ejecutivo después de la disolución de la coalición nacional. Esperemos que éste no sea el final de un proceso más democrático. Aún queda algo de esperanza puesto que la oposición ha manifestado su deseo de darle una oportunidad al Ejército para que restituya el poder a un Gobierno civil en el plazo de nueve meses.
Los diputados al Parlamento Europeo no podemos hacer otra cosa que exigir a la Comisión que interrumpa la cooperación en el marco del Convenio de Lomé y que suplique a quienes se han designado a sí mismos como dirigentes del Níger que respeten las leyes fundamentales, que restituyan el poder a un Gobierno civil y que respeten las libertades y los derechos humanos. No existe otro camino para instaurar la libertad y la estabilidad en el país.

Vecchi
Señor Presidente, el golpe de Estado en Níger, con el asesinato del Presidente Ibrahim Baré Maïnassara, ha vuelto a sumir otro país africano en la oscuridad de los golpes militares y del bloqueo de un proceso, aunque parcial, de reconstrucción institucional.
Cierto que la ordenación de países como Níger es difícilmente compatible con los frágiles procesos de democratización y esto lo pudimos constatar en los pasados meses con la anulación de las elecciones regionales, provinciales y locales que fueron favorables a la oposición. La acción de estas cuadrillas de militares, protagonistas de golpes de Estado y de una gestión insensata del poder, debe impedirse. Actualmente, es preciso restablecer las instituciones y poner en marcha una verdadera democratización del país y, a dicho fin, coincidimos en que la cooperación oficial, en el marco del Convenio de Lomé, debe suspenderse hasta la reanudación del proceso democrático. Sin embargo, esta situación demuestra que es necesario dar un salto de calidad en la política adoptada con los países africanos, al objeto de que la promoción de los derechos humanos, la democratización y la prevención de los conflictos -condiciones sine qua non para un verdadero desarrollo- se conviertan en elementos esenciales de la cooperación.

Lehideux
Señor Presidente, creo que todos estamos plenamente de acuerdo sobre el análisis de los acontecimientos que acaban de tener lugar en Níger y la necesidad de un retorno, lo antes posible, a las reglas de derecho y al funcionamiento de la democracia en este país, tras el golpe de Estado y el asesinato del Presidente Ibrahim Baré Mainassura.
Dicho esto, señor Presidente, deseaba señalar, en nombre de mi Grupo, que no votaremos a favor de las cuatro enmiendas presentadas sobre esta resolución, no porque rechacemos el fondo o porque no compartamos las preocupaciones que expresan, sino porque consideramos que quizá este Parlamento tendrá la ocasión, en otro momento, de volver a manifestar, globalmente, su opinión sobre estos problemas. Desearíamos que la resolución de hoy se refiriera exclusivamente al problema de Níger. Esto es importante; acaban de producirse unos acontecimientos y deseamos responder abordando en la resolución sólo esta cuestión. Insisto: no votaremos positivamente las enmiendas.
Asesinato de Rosemary Nelson

Malone
Señor Presidente, una de las cosas más tristes que he visto en estos últimos tiempos ha sido la imagen de los hijos de Rosemary Nelson que acompañaban su féretro a la tumba el mes pasado, después del brutal asesinato de que fue víctima esta defensora de los derechos humanos en Irlanda del Norte.
Quisiera transmitir las inquietudes de muchas personas de Irlanda y de la comunidad internacional por las circunstancias del asesinato. El Relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia del poder judicial y de los abogados, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y, anoche, miembros del Congreso de los Estados Unidos han expresado su pesar por lo sucedido.
Si queremos que se tomen en serio los esfuerzos de la Unión Europea por promover en el mundo una norma elevada de derechos humanos, tenemos que empezar por poner orden en nuestra casa. Tenemos que conseguir que los abogados, que son una parte esencial de todo sistema de justicia eficaz y respetable, puedan ejercer su cometido profesional sin preocupación o miedo de que se les intimide o de que se les haga objeto de algo peor. El asesinato de Rosemary Nelson, junto con el anterior asesinato de Patrick Finucane, son la prueba evidente de que ese requisito mínimo de justicia no existe en Irlanda del Norte.
Quisiera señalar particularmente a su atención los considerandos D y F de la resolución -que por falta de tiempo no puedo leer- y pedirles que los lean cuidadosamente. En las circunstancias actuales me parece que una investigación de la policía irlandesa no merecería mucho crédito. De hecho, la policía irlandesa ha admitido hasta cierto punto lo que acabo de decir, pues ha pedido a agentes de policía británicos y americanos que supervisen la investigación. En general sería mucho mejor que las investigaciones se realizaran de forma totalmente independiente, para que todos los sectores de la Comunidad pudieran apreciar su objetividad y su imparcialidad.
Pido a los diputados que apoyen esta resolución y nuestro llamamiento en favor de una indagación judicial a fondo, independiente e internacional, sobre todas las circunstancias que se han dado en este caso.

Banotti
Señor Presidente, el asesinato de Rosemary Nelson ha sido como un escalofrío para toda Irlanda. Lo único positivo es que ni su marido ni sus hijos estaban en el automóvil cuando lo volaron salvajemente a la vista de su propio hogar y de la escuela en la que su hijita estaba jugando.
Es lamentable que en muchos lugares del mundo, y también en Irlanda de Norte, los abogados y los jueces se hayan encontrado en primera línea, donde los conflictos son más intensos. El asesinato de Rosemary Nelson nos demuestra una vez más el peligro que muchos de esos profesionales corren cuando defienden los derechos humanos más fundamentales de sus clientes.
El llamamiento en favor de una indagación independiente se debe al hecho de que se tiene la convicción de que una indagación de la policía irlandesa sobre la muerte de la Sra. Nelson no sería todo lo rigurosa que debería ser, pues todo indica que la Sra. Nelson temía por su propia vida y que durante mucho tiempo se consideraba en situación de grave peligro. Lo más trágico es que tenía razón. Espero que nuestros colegas apoyen esta resolución y voten con nosotros a favor de ella.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en nombre de mi Grupo y, más en particular, en nombre de mis dos colegas irlandesas quiero expresar mi dolor por partida doble. De un lado, lamento profundamente el asesinato a sangre fría de una mujer que puso su vida personal y profesional al servicio de la defensa de los derechos humanos, y de otro, me entristece tener que comprobar que aquí en la Unión Europea, al igual que en el resto del mundo, determinadas fuerzas intentan socavar con actos terroristas un proceso de paz en marcha. Pero aparte de expresar nuestro dolor, queremos formular una serie de peticiones contundentes. En primer lugar, pedimos que las autoridades judiciales competentes esclarezcan los motivos de este asesinato. Además, me sumo a las palabras de las oradoras anteriores y exijo junto con ellas que se abra una investigación internacional por parte de los servicios competentes del Alto Comisariado para los Derechos Humanos.

Miller
Señor Presidente, como muchos colegas que han tomado ya la palabra, condeno firmemente el asesinato de Rosemary Nelson. Como muchos diputados de este Parlamento también yo he visto el estado en que quedó su automóvil y la pena de su familia en los funerales. Puedo asegurarles que condenamos sin reservas los actos de violencia que han provocado esas escenas, y que no se escatimará esfuerzo alguno por llevar ante la justicia a los perpetradores de tan odioso crimen.
Ahora bien, creo que se está efectuando una investigación eficaz y fidedigna. El Sr. Port, que tiene a su cargo la investigación, ha recibido un mandato total e ilimitado y la libertad de añadir recursos o de utilizar recursos para otros fines, según lo desee. El Sr. Port ha trabajado con las Naciones Unidas en Yugoslavia y en Rwanda como Coordinador de investigaciones y como Director de Investigaciones en el Tribunal de las Naciones Unidas para Rwanda. Si lo desea puede servirse de investigadores independientes.
El agregado jurídico del FBI ha dicho que, en su opinión profesional, las mejores posibilidades de descubrir a los responsables estriban en que la policía irlandesa participe en la investigación, porque conoce la situación y las personas que pueden ayudarle. Sin la participación de la policía irlandesa una investigación sería mucho más difícil. Es necesario que cooperemos para identificar y enjuiciar a los culpables.
Como la investigación sobre el asesinato de la Sra. Nelson está en curso, no se ganaría nada y se podría dificultar la investigación si en esta fase pedimos que se inicie una nueva investigación. Espero que los colegas del Parlamento se percaten de la índole delicada y especial de esta investigación y del hecho de que no hay que obstaculizar el proceso de paz en curso. Dejemos que la investigación acabe antes de pensar en otras investigaciones que, en la fase actual, no pueden sino complicar las cosas.
Ahora bien, este Parlamento tiene que dejar bien sentado que, sea cual fuere el color político de una persona, no se puede permitir que queden impunes sus actos de violencia.

Cushnahan
Señor Presidente, el asesinato de Rosemary Nelson ha sido un acto brutal y cobarde. Ha sido un ataque contra todo el sistema de la justicia, un ataque contra la democracia y una tentativa deliberada de socavar el acuerdo del Viernes Santo. Es lamentable, pero hay que decir que hay preocupaciones legítimas acerca del papel de las fuerzas de seguridad. Los que hacen cumplir la ley tienen que operar siempre dentro de la ley.
Ahora bien, déjenme que diga lo siguiente: esta resolución no se puede interpretar como una condena total de la policía irlandesa. El pueblo de Irlanda del Norte tiene mucho que agradecer a su policía. Ha sacrificado su vida para ganar tiempo a fin de que los políticos puedan resolver los problemas políticos de Irlanda de Norte. Han estado en el punto de mira de los terroristas tanto de un bando como de otro. La inmensa mayoría de los agentes son buenas personas que tratan de imponer imparcialmente el imperio de la ley. Cuando condenamos este acto particular no debemos olvidar que son terroristas de uno u otro bando los que se esfuerzan deliberadamente por socavar un acuerdo que ha recibido el apoyo abrumador del pueblo de Irlanda, tanto del norte como del sur, y que no podemos dejar que se salgan con la suya.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, permítame que, antes de que cierre el turno de palabra sobre derechos humanos, exprese en voz alta mi satisfacción por el hecho de que hoy el Ministro de Interior británico haya decidido que prosiga el proceso de extradición del General Pinochet, en la línea en que se expresó el Parlamento Europeo.

Van den Broek
Señor Presidente, no hay ninguna diferencia de opinión entre la Comisión y esta Casa sobre las continuas y graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Birmania. El próximo 26 de abril figurará este país de nuevo en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales. Se decidirá probablemente prorrogar otra vez seis meses las medidas existentes contra Birmania, entre otras, las restricciones de visado. Como ustedes saben, hace una año se adoptó la decisión, que se ha ampliado otro medio año, y esto sucederá de nuevo, sencillamente porque la situación no ha mejorado.
En segundo lugar, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas discute en este momento la adopción de una nueva resolución contra Birmania. En tercer lugar, les señalo que, aparte de la regular atención que el Consejo de Ministros presta a la cuestión birmana, esa atención se ha manifestado también en la suspensión de la conferencia UE-ASEAN, prevista para el mes pasado o hace seis semanas en Berlín, ya que no se pudo lograr un acuerdo en cuanto a la participación de Birmania y porque la fórmula especial ofrecida por el Consejo a fin de que la cuestión de los derechos humanos en Birmania se pudiera tratar con los birmanos, no fue aceptada por la ASEAN.
Debemos ver cómo se puede hacer algo para que sea patente nuestra aversión ante la situación de los derechos humanos en Birmania y colaborar para que se produzca una mejora en ese país, sin presionar continuamente toda la relación con la ASEAN por la situación de Birmania.
Ahora, Camboya. Sobre este país quiero decir brevemente que la troika de la UE ha emprendido una gestión diplomática con el Primer Ministro, quien personalmente ha declarado estar de acuerdo con el principio básico de que los dirigentes de los Khmeres rojos deben efectivamente rendir cuentas por los crímenes cometidos. La Comisión está satisfecha con la reciente declaración del Primer Ministro Hun Sen, en la que está a favor que los jueces y los fiscales extranjeros desempeñen un papel central en Camboya en el proceso del dirigente preso de los Jemeres rojos, Ta Mok, a fin de garantizar que el proceso previsto se adecue a las normas internacionales en vigor.
Respecto de Níger. Resulta innecesario por nuestra parte manifestar cómo condenamos el reciente golpe de estado en ese país y que también la Comisión Europea ha instado a las autoridades militares a que restablezcan cuanto antes el estado de derecho. La Comisión examina por el momento, tal como se ha sugerido desde esta Casa, qué disposiciones puede adoptar en vista de los recientes sucesos y una de las posibilidades es que proponga al Consejo paralizar parcialmente la cooperación al desarrollo conforme al conocido por todos ustedes artículo 366 bis del Convenio de Lomé.
En este primer estadio, la Comisión tiene la intención de paralizar todos los proyectos y programas que se están preparando, así como proyectos existentes, hasta que la autoridad legal sea restablecida. La ayuda humanitaria y las medidas a favor de los grupos de población más pobres quedan fuera, por supuesto, de estas medidas.
Por último, la Comisión, al igual que el Parlamento, ha acogido con horror el cobarde asesinato de Rosemary Nelson. En nombre de la Comisión queremos aprovechar esta oportunidad para transmitir a la familia de Rosemary Nelson nuestro más sincero pésame. Creemos que lo mejor que podemos hacer es mantener viva su memoria y respaldar más el proceso de paz y no permitir que el terror vete el proceso de paz de Irlanda del Norte. Nos sumamos, por supuesto, al deseo de que se dé con el paradero de los culpables de este cobarde asesinato y que éstos sean llevados ante los tribunales.

Morris
Señor Presidente, me alegra que Indonesia y Timor Oriental estén en el orden del día, pero no estaría mal que la Comisión persuadiera al Gobierno británico de que no proporcionara armas o materiales relacionados con las armas al Gobierno de Indonesia.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
Estoy seguro de que el Sr. Comisario ha tomado buena nota de la pregunta del Sr. Morris.
Se procede a la votación.

Votaciones (continuación)
Deprez
El número impresionante de operaciones de tránsito que se efectúan cada año en la Unión Europea y la importancia de las sumas que están en juego bastarían por sí solas para demostrar la urgencia en concluir la informatización del régimen de tránsito comunitario y para garantizar al mismo tiempo una máxima transparencia en el conjunto de la política aduanera europea.
Sin embargo, este importante expediente no puede referirse sólo al buen funcionamiento del mercado interior o de la repartición de los recursos entre los Estados miembros y la Comunidad, se trata de luchar de la manera más eficaz posible contra el fraude internacional y la delincuencia organizada.
Desde este punto de vista, el retraso de cuatro años para concluir la informatización es muy preocupante, puesto que se añade a otros retrasos, fundamentalmente imputables a la naturaleza intergubernamental del tercer pilar.
Es preciso constatar, una vez más, que el ambicioso objetivo del Parlamento se ha visto obstaculizado por la oposición de aquellos Estados miembros que se obstinan en rechazar las consecuencias lógicas de la aplicación del mercado único.
Sin embargo, todos ganarían con una optimización de la acción de la Comisión, lo que permitiría una racionalización de los instrumentos y de los medios que la misma establece. Desde este punto de vista, apoyo enérgicamente el hecho de que se reúnan en el seno de un centro de decisión único y en una sola línea presupuestaria.
Igualmente, como expresa nuestra ponente, es imprescindible que la informatización del tránsito comunitario sea plenamente operativa en 2003.
Sobre estas bases, votaré positivamente la propuesta de decisión según la hemos enmendado.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra del informe por los motivos siguientes:
1.El cuerpo de Aduanas constituye un elemento fundamental del aparato jurídico nacional. La dirección de las administraciones aduaneras desde la UE es una intromisión en la soberanía nacional que no ha de tener lugar.2.Las decisiones adoptadas en el pasado por la UE han debilitado los controles fronterizos entre los Estados miembros, favoreciendo las actividades ilegales y fomentando la circulación de mercancías de contrabando. Estas circunstancias muestran la importancia que reviste el componente nacional en la dirección de los cuerpos de Aduanas.3.El informe representa una afrenta contra los Estados miembros puesto que, a pesar de la posición contraria del Consejo, intenta instituir una normativa conflictiva.4.Es posible establecer plenamente una cooperación eficaz entre las autoridades aduaneras de los distintos miembros en el plano interestatal.- Informe van Dam (A4-0114/99)
Caudron
Apoyo la posición de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta tendente a aumentar a 44 toneladas el peso máximo autorizado a los transportes pesados. Desearía esgrimir tres argumentos al respecto.
Primeramente, al igual que Rijk van Dam, considero que las infraestructuras actuales, en muchos países de la Unión, no están en condiciones de soportar este aumento de las cargas. De ello resultaría un coste suplementario importante del mantenimiento de las redes de comunicaciones, costeado únicamente por las colectividades locales y con un reintegro, para éstas, relativamente marginal, sobre todo en cuanto a puestos de trabajo. Esta baja resistencia de nuestras infraestructuras es muy real y puede agravarse con la ampliación. Sabemos que el coste de la misma deberá incluir la modernización de las vías de comunicación.
En segundo término, deseo también fundamentar este rechazo por razones de seguridad del tráfico por carretera, aun cuando puedo molestar a algunos profesionales del sector. No se puede negar la implicación de los vehículos pesados en los accidentes mortales, ya que, además de unas condiciones de trabajo demasiado difíciles, el peso es también un factor agravante, por cuanto a menudo está asociado a una velocidad excesiva. El hecho de autorizar la circulación de transportes pesados hasta 44 toneladas significa, de hecho, aumentar los riesgos.
Finalmente, en tercer lugar, el hecho de autorizar estos vehículos, representa aumentar las emisiones contaminantes, ya que se requiere una potencia adicional para arrastrar estos remolques, lo que contradice los deseos manifestados por nuestros gobernantes y por el Parlamento Europeo en materia de política medioambiental.
Estas son las razones, Señorías, de mi rechazo a esta autorización y el sentido de mi voto negativo con respecto a las propuestas de la Comisión.
Informe Thors (A4-0156/99)
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Nos hemos abstenido en la votación puesto que consideramos que el informe es insuficiente y poco claro en algunos puntos importantes.
El sistema del dinero electrónico ha de quedar estrictamente reservado a los bancos y debe recaer bajo el control de las inspecciones financieras de los Estados. Es necesario proteger los medios de pago ante quiebras y situaciones similares. Los derechos de los clientes han de ser objeto de un estatuto específico.
Informe Thyssen (A4-0137/99)
Konrad
Señor Presidente, estimados colegas, he votado en contra del Informe Thyssen porque considero que entraña serios inconvenientes para determinados sectores económicos y, evidentemente, también para los pequeños empresarios. Así por ejemplo, ya no será posible acordar con una cervecería que ella financie la instalación de un restaurante o de un mesón y que, como contrapartida, firme con el propietario un contrato de suministro por un período de diez años. A mi modo de ver, las modificaciones propuestas perjudican seriamente a los pequeños empresarios y al sector económico de que se trata, puesto que hasta la fecha éstas han sido las relaciones de suministro habituales y su eficacia ha quedado demostrada.
Lo mismo digo con respecto al sector del combustible, en el que los proveedores de combustible construyen gasolineras y a cambio de esta inversión firman un contrato de suministro con el gerente de las mismas por un período de diez o más años. En caso de que el presente informe se lleve a la práctica, será más difícil o incluso imposible llegar a este tipo de acuerdos. Es la razón por la que no he podido apoyarlo. Creo que no se ajusta a nuestros objetivos, ya que no fomenta la iniciativa privada ni la creación de puestos de trabajo.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra del informe ya que creemos que la posición de la Comisión Europea es la correcta.

Lulling
Señor Presidente, obviamente, he votado a favor del Informe Thyssen. No obstante, debo admitir que el punto de vista que adopta la Comisión ante nuestras enmiendas, según nos transmitió ayer poco antes de la media noche, cuando aquí ya no quedaba prácticamente nadie, me ha decepcionado enormemente.
Es cierto que el Sr. Van de Broek, que no tiene atribuciones en el ámbito de la Política de Competencia, no pudo sino leer aquello que los servicios de la Comisión, es decir, los servicios del Sr. Van Miert, le habían anotado. Por tanto, me veo en la obligación de instar una vez más a la Comisión a que no rechace las enmiendas 1, 2 y 3 que presentamos a las dos propuestas de reglamento. Estas enmiendas tienen un valor político en el sentido de que expresan nuestras prioridades. No podemos aceptar, por ejemplo, que las pequeñas cervecerías de mi país se vean obligadas a abandonar su actividad simplemente porque ya no pueden firmar los contratos de suministro de cerveza tal y como los conocemos ahora. Hasta la fecha, estos contratos han funcionado de forma satisfactoria, tanto desde el punto de vista de las cervecerías, como desde la perspectiva de los mesones, restaurantes y hoteles.
La solución sería que para este sector así como para el de las gasolineras se incluyera una excepción a la normativa general o se elaborase un procedimiento específico por sector en el marco de la normativa general.
Tampoco resulta aceptable que en un mercado pequeño como el de Luxemburgo estas medidas excepcionales dejen de tener validez a partir de un límite determinado, por ejemplo a partir del momento en que se alcance el 40 % de la cuota del mercado.
Como las cervecerías luxemburguesas no tardarían nada en alcanzar dicho techo dadas las reducidas dimensiones de su mercado, esta normativa desembocaría en una situación totalmente absurda. Podría darse el caso de que una gran cervecería alemana, como por ejemplo la Bitburger, cuya producción supera con creces la de la mayor cervecería luxemburguesa, pudiera seguir firmando contratos de suministro de cerveza en Luxemburgo con los bares luxemburgueses, puesto que aún no habría alcanzado el límite del 40 % en el enorme mercado de referencia alemán, en tanto que la cervecería luxemburguesa ya no tendría este derecho y quedaría eliminada. ¡Es inaceptable!
En caso de que se opte por mercados de referencia, éstos no pueden restringirse a mercados tan diminutos como el de Luxemburgo, sino que han de definirse en términos regionales o europeos. Por todo ello, espero que la Comisión, y concretamente el Sr. Van Miert, vuelva a estudiar este tema.
Resolución sobre importaciones de ajo
Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy en contra de la propuesta por la que se endurecen las normas que regulan la importación de ajos procedentes de terceros países. La propuesta plantea una amplia protección de los productores europeos de ajos. Entre otras cosas, propone introducir una tasa punitiva y reestructurar los tipos arancelarios si se importan cantidades superiores a las recogidas en la cuota fijada, cuota que también se reduce en la propuesta. La UE ha contraído acuerdos comerciales, entre otros países, con China sobre importación de ajos y la propuesta dañará a nuestros socios comerciales en terceros países. Abogamos por una liberalización del comercio de nuestros productos agrarios y por ello deberíamos antes abrir aún más nuestras puertas al comercio que limitarlo. Por ello no podemos apoyar la propuesta.
Informe Herman (A4-0158/99)
Berthu
El informe del Sr. Herman sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados constituye el complemento de otro informe aprobado el año pasado, destinado a las acciones prácticas con miras a reducir el déficit democrático en la gestión de la unión económica y monetaria. En realidad, nos damos cuenta de ello si lo miramos en perspectiva: sólo se trataba de un gesto sin consecuencias, para que se aceptara mejor un sistema monetario muy poco democrático.
El segundo capítulo, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar hoy, está destinado esencialmente a la reforma de la Comisión. Es doblemente inoportuno. Primeramente, porque se centra en el objetivo de fortalecer la independencia de la Comisión, como lo desarrolla la exposición de motivos, mientras que la experiencia reciente, tras la dimisión de esta institución por motivos de gestión irresponsable, lleva a la conclusión de que, por el contrario, es necesario reducir su independencia y fortalecer los controles que se ejercen sobre ésta.
En segundo lugar, este informe es inoportuno porque sólo propone, por definición, reformas susceptibles de ser aplicadas sin modificar los Tratados, cuando el canciller Schöder nos explicó ayer que solamente modificando los Tratados se podía paliar la crisis. Esto es lo que nosotros opinamos, y nos congratulamos al enterarnos de que la nueva Conferencia Intergubernamental, que se pondrá en marcha en el Consejo de Colonia, en el próximo mes de junio, tendrá esta misión en los términos de su mandato.
Evidentemente, todos no ven quizá de la misma manera las reformas necesarias. Por su parte, el Grupo Europa de las Naciones piensa que ante todo hay que dejar de considerar a la Comisión como un órgano superior, que detenta el interés general europeo. Debe convertirse en un simple instrumento ejecutivo del Consejo. Igualmente, hay que dejar de fabricar una administración pública europea separada de las naciones y casi endogámica, tanto en sentido propio como en sentido figurado. La Comisión debe estar mucho más abierta con respecto a las administraciones públicas nacionales y nutrirse de intercambios de personal con los países miembros.
Esta interacción permanente será muy fructífera para acercar Europa a los pueblos. Ya que no debe pensarse que el interés general europeo se determina desde arriba, en contra de las naciones. Éste resulta, al contrario, de la libre expresión de las necesidades de éstas y del diálogo libre entre sus representantes.

Delcroix
Después de debatir un informe del mismo ponente sobre las políticas de la Unión Europea en mayo de 1998, aprobamos una resolución sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones europeas. En cierto modo, este texto constituye el saldo de lo que no se había tratado antes, ni por el primer informe ni por los informes del Sr. Brok, de la Sra. Lööw y del Sr. Bourlanges.
Con respecto al Parlamento Europeo, suscribo las peticiones del ponente, que desea que nuestros trabajos se concentren en las tareas básicas, que los diputados actúen con mayor profesionalismo y que se mejore la información al público. Este último punto debe merecer nuestra atención. Mejorar la acogida de los visitantes, que serán cada vez más numerosos, y mejorar el acceso a la documentación constituyen dos medidas evidentes. Valoro sobre todo la idea de un centro abierto, fácilmente accesible y sin controles de seguridad, donde aquellos que lo deseen encontrarán documentos variados, material audiovisual, CD-ROM, etcétera. ¿Quizá se podría pensar en una ampliación de la Mesa en Bélgica?
Espero, también, que se encontrará una fórmula para que las personas del barrio Léopold, que luchan para que su entorno no se transforme en un desierto burocrático, puedan entablar relaciones privilegiadas con el Parlamento y sentirse como en su casa. Se dará un gran paso el día en que el espacio situado entre el Parlamento y la estación sea por fin acondicionado, de tal manera que facilite las relaciones personales y resulte acogedor: para ello es necesario desbloquear los medios necesarios, lo que requerirá una concertación activa entre la sociedad del Espacio Léopold, el Parlamento (por su papel moral) y las autoridades belgas afectadas.
Hace algunos años, manifestaba mi sorpresa a un periodista por no ver más colegas suyos con ocasión de los trabajos importantes del Parlamento. Me respondió: «Nosotros vamos a donde está el poder... Al Consejo, en primer lugar». Felizmente, el Tratado de Amsterdam, que se aplicará a partir del próximo 1 de mayo, aumentará en cierto modo nuestro poder, ¡sobre todo por lo que respecta a la investidura de la Comisión! Espero que se nos vea más. Pero somos nosotros quienes deberemos ser más transparentes.

Deprez
Es inútil insistir en la importancia del debate. A pesar de algunos avances positivos, el Tratado de Amsterdam no ha respondido fundamentalmente a las expectativas de todos aquellos y de todas aquellas que desean que la Unión Europea sea algo distinto que un gran mercado.
Nuestro ponente tiene razón en subrayar, con respecto a la Comisión, que es necesario y urgente convocar una nueva Conferencia Intergubernamental para buscar soluciones aceptables a los diferentes problemas institucionales pendientes desde hace ya varios años.
Sin embargo, no podemos permitirnos estar inactivos mientras esperamos la apertura de esta nueva CIG. La actualidad nos recuerda cada día las lagunas políticas de la construcción europea y la incapacidad de la Unión para hacer frente por sí misma a la mayoría de los grandes desafíos que se le presentan. Debemos, pues, desde ahora, utilizar al máximo las posibilidades que nos ofrece el Tratado de Amsterdam para profundizar la construcción europea y reformar las instituciones de la Unión.
En el contexto actual, desearía hacer hincapié en el hecho de que la plantilla de la administración pública europea, que bien mirado resulta relativamente escasa -me refiero específicamente a la Comisión-, no ha seguido la curva exponencial de las tareas que le han sido confiadas desde la caída del Muro de Berlín.
Sobre este punto, podemos interrogarnos sobre el papel y el cumplimiento por el Consejo de objetivos a veces contradictorios. También debemos preocuparnos por las posibles consecuencias nefastas del hecho de que la Comisión recurra de forma generalizada a los servicios de un personal temporal procedente de las administraciones públicas nacionales o de la industria. No pongo en duda, en ningún caso, la competencia ni la buena voluntad europea de estos agentes temporales. Puedo entender también la preocupación por lograr una mayor flexibilidad, así como la introducción de nuevos conocimientos específicos. Pero temo, al igual que nuestro ponente, a los posibles conflictos de «lealtad» entre la necesaria independencia de la Comisión y los intereses nacionales o sectoriales que puede generar la ambigüedad de los estatutos.

Iversen
La Comisión ha dimitido, un nuevo tratado va a entrar en vigor, y hay elecciones al Parlamento Europeo dentro de muy poco tiempo -algo está sucediendo en Europa. Es hora de poner orden. Se ha dejado que demasiadas cosas siguieran igual demasiado tiempo. Esto se aplica tanto a los intentos de la Comisión por difuminar su responsabilidad, como a una anticuada política de personal o a un Parlamento Europeo que no era tomado en serio porque su poder no era auténtico. En la actualidad, la confianza de la población en la UE es baja. Algo lógico si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos.
En mi opinión, el debate que ahora vamos a celebrar debe ser utilizado de forma constructiva para mejorar la colaboración entre las instituciones. Y hay mucho que puede mejorarse. Vamos a insistir en la necesidad de que la política de personal sea una de las áreas prioritarias de este proceso de renovación. Aunque añado que este proceso exige el interés del Consejo para poder sacarlo adelante. Si podemos lograr que la cooperación entre nuestras instituciones funcione, también aumentará la confianza de la gente en nosotros.
El Tratado de Amsterdam concede mayores competencias de control al Parlamento Europeo de las que disfrutaba anteriormente. Esto queda claro, entre otros ámbitos, en el terreno medioambiental. Pero no en la agricultura. Es triste, pues ¿qué hace innecesario controlar la agricultura, especialmente teniendo en cuenta que en ella se emplea más del 40 % del presupuesto? Hemos de insistir una vez más en que la posición del Parlamento Europeo en temas agrarios se tome más en serio. Si el Parlamento Europeo no lleva a cabo este control, no habrá ningún otro control. Los acontecimientos de los últimos meses han iniciado un proceso muy importante que reforzará la colaboración entre las instituciones. Con el Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo gana más influencia. Ahora bien, también nosotros debemos utilizarla mejor.

Lindqvist
El informe aborda muchos de los problemas con los que se enfrentan actualmente las instituciones de la UE.
El informe del comité de expertos sobre las deficiencias en los trabajos de la Comisión señala dos problemas principales: demasiado poder y poco control. Se debería haber encontrado un espacio para abordar estas circunstancias en el informe. Demasiado poder, un control y una transparencia insuficientes y deficientes, y la inexistencia de un registro sobre las negociaciones emprendidas; he aquí algunas de las razones para explicar las deficiencias que presentan en la actualidad las instituciones de la UE, en especial de cara a sus relaciones con la opinión pública.
Las deliberaciones del Consejo en torno a nuevas leyes -las negociaciones jurídicas- han de abrirse a la opinión pública, al igual que sucede con la legislación en los Parlamentos nacionales. Tanto las propuestas de la Comisión como las decisiones del Consejo han de ser públicas y ponerse a disposición de la opinión pública.
Otra importante tarea de reformas reside en un aumento de la descentralización que permita a la UE concentrarse en las grandes cuestiones y dejar de lado un gran número de detalles. Igualmente es necesario instaurar una mayor cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales reforzando, por ejemplo, una función de control comunitario. En el informe se deberían haber abordado estas circunstancias de un modo más detallado.
Informe Böge y Roth-Behrendt (A4-0083/99)
Caudron
No es necesario que recuerde el papel determinante que desempeñó el Parlamento en la crisis de la «vaca loca». Fue el Parlamento el que dio la alarma en 1996, al constituir una comisión temporal de investigación que reveló las carencias y la mala gestión del problema por la Comisión y por algunos Estados miembros.
Desde entonces se han registrado progresos, como lo muestra el informe que vamos a votar hoy. Al igual que los ponentes, me felicito del hecho de que la Comisión haya aplicado la mayoría de las recomendaciones del Parlamento Europeo. La creación de los comités científicos es uno de los progresos más significativos. Ello garantiza, en efecto, una mayor independencia de los expertos y una mayor transparencia de sus trabajos. Por otro lado, la Comisión Europea y la Oficina Alimentaria y Veterinaria han mejorado claramente la eficacia de las inspecciones y de los controles. La incoación de procedimientos por incumplimiento respecto a los Estados miembros por mala aplicación o no aplicación de las disposiciones comunitarias se ha acelerado.
Los progresos son, pues, reales y hay que decirlo lisa y llanamente.
Sin embargo, aún no hay motivos para alegrarse. La epizootia dista mucho de haber desaparecido, como lo demuestra el aumento de los casos de enfermedad en Portugal. Tampoco hay que perder de vista que el período de incubación de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob es largo. Por lo tanto, se impone la prudencia. El Parlamento debe continuar su papel de vigilancia y seguir ejerciendo presiones sobre la Comisión Europea. Aún existen divergencias, como señala el informe del Sr. Bönge y la Sra. Roth-Behrendt y cuyos dos ejes principales son el derecho de reembolso y la sanción.
Los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades. Es absolutamente intolerable ver como algunos de ellos se han negado a colaborar con los servicios de la Comisión Europea. ¡Esto es inadmisible sobre todo porque están en juego vidas humanas! La aplicación del principio de prevención debe ser generalizada, ya que constituye uno de los medios más eficaces para proteger a los consumidores. Esto nos concierne a todos y a todas. El análisis de este informe demuestra que dicha crisis supera el problema de la EEB. La misma nos remite a la crisis institucional que acabamos de vivir con la dimisión de la Comisión Europea. Los diferentes informes de las comisiones temporales de investigación han subrayado, en efecto, su falta de transparencia, de coordinación, así como también la falta de personal en esta institución. Dichas lagunas han sido puestas de manifiesto en el informe del Comité de Expertos, que ha provocado la situación por todos conocida. Habrá que remediarlo en la próxima CIG, y no volver a retroceder frente a las reformas indispensables para el buen funcionamiento de la Unión Europea.

Happart
Compruebo que desde la disolución de la comisión de seguimiento sobre la EEB, los decesos de las personas víctimas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob siguen acelerándose de manera muy alarmante (10 muertos en el último trimestre de 1998), ya que, incluso hoy, los decesos ocurridos en Gran Bretaña siguen siendo objeto de registro, y teniendo en cuenta el período de incubación de 5 a 30 años, aún se producirán muchos casos de enfermedad, debido a la variante de la EEB.
Existen aún profundas divergencias sobre algunos puntos entre el Parlamento Europeo y la Comisión, entre otros: el reembolso de los gastos ocasionados por las víctimas humanas y sus familias tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del apoyo psicológico.
Las medidas disciplinarias propuestas por la comisión de seguimiento, las acciones administrativas contra el Reino Unido, es decir, frente al Gobierno británico, por la falta de comparecencia, hasta ahora no han tenido efecto.
Además, estoy muy preocupado por el fuerte aumento de los casos de EEB en Bélgica, en Portugal y en Gran Bretaña.
Finalmente, la ayuda financiera en favor de las víctimas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob me parece absolutamente insuficiente, incluso indecente.

Souchet
El Grupo Europa de las Naciones ha presentado seis enmiendas que aclaran el principio de prevención, que amplían el de seguridad sanitaria de los productos alimenticios, incluyendo los organismos modificados genéticamente, los productos fitosanitarios o las hormonas utilizadas como factor de crecimiento, así como la prohibición de utilizar carnes procedentes de los mataderos o huesos de animales para la fabricación de harina animal.
Si bien es cierto que la crisis de la EEB ha permitido modificar los procedimientos de toma de decisiones en el seno de la Comisión, deseo señalar, en nombre de mi Grupo, que estos procedimientos, más allá del expediente de la «vaca loca», deben ampliarse a fin de gestionar de la mejor manera posible el principio de prevención y de evitar que se ejerzan presiones políticas o económicas sobre los comités científicos y a través de los expertos de la Comisión.
Los ganaderos europeos han realizado esfuerzos considerables para mejorar la rastreabilidad de los productos y permitir que los consumidores recobren la confianza en la calidad de los alimentos que consumen. Nuestros agricultores no entienden la importación, procedente de terceros países, de productos agrícolas modificados genéticamente destinados a la alimentación animal, ya que existen sospechas en cuanto a los efectos a largo plazo, respecto a la calidad de la carne, de la utilización de OMG. ¿Por qué la Comisión ha aceptado la importación de maíz o de soja modificados genéticamente?
Los Estados Unidos amenazan a la Unión Europea con un «grupo especial», el próximo 13 de mayo, ya que nosotros rechazamos la importación de carne tratada con hormonas. ¿Qué política aplicará la Unión Europea en las negociaciones de la OMC que se iniciarán a finales de este año? Me inquietan las palabras del Sr. Prodi, que parece más preocupado por respetar la tradición de bulimia de poder de la Comisión, que por aclarar cómo esta última aplicará los principios de prevención y de comercio justo (sobre los cuales el próximo Presidente de la Comisión calla) durante las negociaciones comerciales en las que va a representar los intereses de los Estados miembros. Es necesario que la Unión Europea aborde estas negociaciones con la voluntad real de defender el principio de prevención, así como las normas sociales, medioambientales y sobre el bienestar de los animales, necesarias para un comercio sano y duradero que respete el conjunto de nuestras economías y de nuestros consumidores.
Informe Donner (A4-0149/99)
Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Donner sobre Estonia. En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo a la ampliación y en segundo lugar, compartimos la preocupación hecha patente con respecto a la gran minoría rusa del país. Saludamos los cambios en la ley de nacionalidad. Sin embargo, nos resulta difícil entusiasmarnos con los «avances» realizados en cuanto a la adquisición de la legislación comunitaria, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE.
En el informe se menciona la preocupación ante el posible debilitamiento del apoyo a la adhesión de no iniciarse el proceso. Estamos convencidos de que todos los ciudadanos estonios deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE.
Informe von Habsburg (A4-0154/99)
von Habsburg
Señor Presidente, en general he aceptado con mucho gusto las propuestas contenidas en el informe y las enmiendas correspondientes. No obstante, quisiera detenerme brevemente en un punto que va un poco más allá de la cuestión húngara. En las conversaciones con los Estados de la Europa Central y Oriental tenemos la mala costumbre de levantar el dedo y leerles la cartilla sobre asuntos con respecto a los cuales aún nos queda mucho camino por recorrer en nuestros propios países.
¿Con qué derecho insistimos una y otra vez en la corrupción cuando en la Comunidad hay varios países en los que se han registrado serios problemas al respecto que, además, siempre vuelven a surgir dondequiera que sea? No nos engañemos. No seamos hipócritas erigiéndonos en maestros de estos países que están atravesando una época harto difícil. Al fin y al cabo acaban de salir de muchos años de ocupación extranjera y dictadura, algo que siempre ha ido acompañado de una cierta desintegración de las estructuras morales.
Solamente quiero que sepan que he votado a favor porque deseo de todo corazón que la adhesión se convierta en realidad cuanto antes. Espero que mis palabras no caigan en saco roto.

Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Habsburg sobre Hungría. En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo a la ampliación y en segundo lugar, apreciamos las iniciativas emprendidas para mejorar la situación de los gitanos. Sin embargo, nos resulta difícil estar entusiasmados con los «avances» realizados en cuanto a la adquisición de la legislación comunitaria, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. El informe hace un llamamiento al gobierno para que mantenga un diálogo regular con la oposición y los interlocutores sociales a fin de crear un ambiente político propicio para la integración de Hungría en la UE. Estamos convencidos de que todos los ciudadanos húngaros deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE.
Informe Speciale (A4-0151/99)
Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Speciale sobre Eslovenia, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. Sin embargo, nos resulta difícil lamentar los pobres «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. El informe pide que se ponga en marcha una campaña de información dirigida a concienciar y a hacer partícipe a la opinión pública de las verdaderas consecuencias de la adhesión y vencer así ciertas reservas que la adhesión suscita. Estamos convencidos de que todos los ciudadanos eslovacos deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE.
Informe Carnero González (A4-0157/99)
Posselt
Señor Presidente, ha sido un placer votar a favor del informe del Sr. Carnero González. Ello se debe en primera instancia a que el ponente parte de una sólida base en la que concede una especial importancia al estado de derecho, el sistema judicial y el problema de las minorías. A ello se añade que he podido comprobar con gran satisfacción que se ha aceptado la enmienda 8 de los Sres. Nassauer y Poettering en la que el Parlamento Europeo reclama por unanimidad la derogación de los llamados decretos Benesch. No cabe duda de que estamos plenamente dispuestos a llevar adelante el proceso de ampliación lo antes posible. Sin embargo, no podemos olvidar que antes de ampliar la comunidad de Derecho debemos exigir con firmeza que se respeten las reglas de juego correspondientes. Introducir decretos injustos en una comunidad de Derecho es como introducir virus en un sistema de ordenador. Haría peligrar el sistema entero. Por tanto, es fundamental que estos decretos inaceptables se anulen antes de que el país se incorpore a la Unión Europea. Hoy hemos dado un importante paso en esta dirección.

Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Carnero González sobre la República Checa, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. Esperamos que la República Checa mejore lo antes posible la situación de los gitanos del país. Con todo, nos resulta difícil lamentar los pobres «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. El informe subraya la importancia de que exista un consenso nacional en la cuestión de la pertenencia a la UE. A este respecto nos parece fundamental que todos los ciudadanos checos dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE.
Informe Hoff (A4-0148/99)
Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Hoff sobre Polonia, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. Sin embargo, nos resulta difícil celebrar los rápidos «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad mostrada por la UE. Además, el informe celebra la campaña de información programada por el gobierno sobre la adhesión a la UE, de la que se espera que infunda a los ciudadanos una postura favorable hacia Europa. Del informe también se desprende que la UE no entusiasma a todos los polacos, veánse por ejemplo las manifestaciones de agricultores. Vamos a pedir al gobierno que se ocupe de que todos los ciudadanos polacos dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos que cumpla su promesa de celebrar un referéndum sobre la pertenencia del país a la UE.

Caudron
En el debate conjunto sobre los países candidatos a la adhesión, el caso de Polonia figura entre uno de los menos problemáticos. Este Estado, que es el más grande y el más poblado de los candidatos a la adhesión, nos ha puesto en conocimiento su legítimo deseo de unirse a la Unión Europea desde 1994. Sólo cuatro años más tarde se iniciaron las verdaderas negociaciones.
Desde entonces, y sobre todo desde 1997, año de las elecciones legislativas y de la entrada en vigor de la nueva constitución, Polonia ha dado muestras de su compromiso en favor de la realización de reformas. El gobierno ha insistido verbalmente, pero también a través de los hechos, su «intención de lograr, para finales del año 2002, las condiciones de adhesión del país para la adhesión a la UE». Está en la buena vía y podemos congratularnos de ello.
En el plano político, este país cumple con los criterios de un Estado democrático. Sus instituciones están sólidamente establecidas y garantizan la existencia de un Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías. Se trata de un elemento primordial, pero que debe combinarse con otros criterios, concretamente económicos.
En el plano económico, Polonia es una de las economías más fuertes de Europa central y oriental. Su crecimiento es del orden del 5 %, las tasas de inflación y de desempleo están descendiendo, el déficit presupuestario y la deuda pública responden a los criterios de Maastricht. Sin embargo, a pesar de la evolución económica favorable y de las reformas estructurales significativas (reforma de la administración, de la sanidad, del sistema de jubilaciones), hacen falta todavía mayores progresos en varios ámbitos (mercado interior, ausencia de un sistema de control de ayudas estatales, privatización de las grandes empresas estatales). Existen otros dos capítulos particularmente problemáticos: el de la agricultura y el del medio ambiente. Se requieren profundas reformas.
La Sra. Hoff preconiza un cambio estructural global. Yo sostengo la idea según la cual la agricultura debe considerarse como parte de una estrategia de desarrollo rural. Las transformaciones deben fomentar la creación de empleos y respetar el medio ambiente. Para ello es imprescindible que Polonia incremente las inversiones en estos ámbitos.
Tenemos exigencias, pero también deberes frente al pueblo polaco. Las reestructuraciones previas a la adhesión poseen un coste social que debemos tomar en consideración. La Comunidad Europea debe asegurarse de que se tomen medidas de acompañamiento para reducir al mínimo el efecto de estas reformas en las condiciones de vida de la población.
Finalizaré con una nota positiva, reafirmando que la entrada de Polonia en la Unión Europea me parece una de las más naturales, como ocurrió con su adhesión a la OTAN, el mes pasado.
Informe Bertens (A4-0159/99)
Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Bertens sobre Chipre, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. También compartimos los comentarios relativos a la división de la isla. Sin embargo, nos resulta difícil aplaudir los rápidos «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad mostrada por la UE. Vamos a pedir al gobierno que se ocupe de que todos los ciudadanos chipriotas dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE.
Informe Malone (A4-0165/99)
Bonde y Sandbæk
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Malone sobre Malta, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. Saludamos la iniciativa del gobierno de Malta de celebrar un referéndum cuando finalicen las negociaciones. Esperamos que el gobierno se ocupe de que la campaña de información programada sea plural de tal forma que informe tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión y que esta información esté disponible libremente para todos los ciudadanos de Malta.
Informe Myller (A4-0123/99)
Martin, David
Voy a votar a favor de las recomendaciones del informe sobre los efectos de la ampliación de la Unión Europea para el medio ambiente. Los actuales problemas medioambientales en los países solicitantes son resultado de grandes emisiones en la atmósfera provenientes de actividades industriales, de la producción de energía y del transporte, así como de una financiación insuficiente y del descuido por lo que se refiere al abastecimiento de agua y la gestión de desechos. Para evitar que los actuales Estados miembros queden afectados por esta situación, las cuestiones medioambientales tienen que desempeñar un importante papel en la preparación de los países de Europa central y oriental para ingresar en la Unión. Antes del ingreso tienen que demostrar que están en condiciones de atenerse a los tratados internacionales y la legislación medioambiental de la UE.
La UE tiene que cuidarse también de no promover la destrucción de las grandes superficies, de una belleza ambiental intacta, que hay en los países solicitantes. Es evidente que hay que ofrecer financiación para modernizar y atraer las industrias a esa región, pero no en detrimento del medio ambiente de los países solicitantes o de los actuales Estados miembros.
Claro está que habrá beneficios ambientales como resultado de la aceptación de las solicitudes de esos países. Los extensos territorios de tierra escasamente poblados, que son característicos de muchas de esas naciones, aportarán sin duda alguna nuevas zonas de diversidad y belleza ambientales a la Unión, y esas zonas deben promoverse y desarrollarse con la asistencia financiera de la UE. Hay que tener en cuenta en todo momento que el Tratado de Amsterdam estipula que las consideraciones de protección medioambiental tienen que desempeñar un papel en la definición y ejecución de las políticas comunitarias.
Informe De Esteban Martin (A4-0119/99)
Caudron
Al igual que la Sra. Ponente, deseo manifestar mi satisfacción en cuanto al trabajo del Sr. Söderman durante el año pasado y a su informe, que se destaca por su claridad y concisión. Creo que el Defensor del Pueblo ha sabido valorar la importancia de su función en el seno de una Unión Europea, cuya voluntad es la de acercarse a los ciudadanos.
¿Cómo puede concebirse, en efecto, una ciudadanía europea si las instituciones comunitarias pueden actuar discrecionalmente o incluso de manera arbitraria con respecto a sus ciudadanos, sin estar obligadas a rendirles cuentas? Esta situación inaceptable no acabó sino en 1995 con el nombramiento del Defensor del Pueblo europeo. Por fin, las quejas de los ciudadanos europeos relativas a la mala administración de las instituciones comunitarias iban a ser escuchadas. Por fin iba a existir cierto diálogo y cierta transparencia en el funcionamiento de lo que a menudo se denomina «la burocracia bruselense».
Los sucesivos informes anuales y particularmente el informe para 1998 demuestran los progresos realizados. Progresos, en primer término, en materia de recursos. Así, el número de reclamaciones presentadas es creciente: se presentaron alrededor de 200 reclamaciones más que el año anterior. Esto significa que los ciudadanos conocen cada vez más la existencia del Defensor del Pueblo, que no dudan en poner en conocimiento sus preocupaciones o incluso su indignación. Desean que se les escuche y que se les respeten sus derechos. ¡No podemos menos que felicitarnos por ello! Sin embargo, la honestidad y el realismo nos obligan a ser menos optimistas. Europa está compuesta por 370 millones de personas, ¡el número de reclamaciones presentadas en 1998 era de 1372!
Así pues, es imprescindible realizar un esfuerzo de información. No nos olvidemos de las nuevas técnicas de comunicación. En el mismo orden de ideas, sostengo la idea del Defensor del Pueblo en el sentido de sugerir que el Tratado CE mencione explícitamente las vías de que disponen los particulares para presentar recursos, así como las posibilidades de presentar reclamaciones a los Defensores del Pueblo nacionales. Es imprescindible, a este respecto, subrayar la cooperación llevada a cabo entre estos últimos y el Defensor del Pueblo europeo. La cooperación es asimismo una de las llaves maestras que caracterizan las relaciones entre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo europeo. Este trabajo coordinado resultará, ciertamente, más eficaz. Ello redundará, pues, únicamente en beneficio de los ciudadanos europeos.
Si bien el balance es ampliamente positivo, pueden introducirse mejoras; concretamente en el estatuto del Defensor del Pueblo, con respecto a sus funciones de investigación. En efecto, es imprescindible que tenga acceso a todos los documentos pertinentes, necesarios, lo que hoy no ocurre. Por otro lado, la adopción de un código de buena conducta administrativa para las instituciones europeas constituiría una garantía para los ciudadanos, quienes podrían consultarlo libremente. Lo que, en general, se deduce del informe del Defensor del Pueblo europeo es que la confianza de los ciudadanos europeos se basa en la transparencia, en el diálogo, en normas jurídicas claras que les permitan defender sus derechos. Se trata de condiciones imprescindibles para desarrollar un sentimiento de pertenencia a un proyecto que a menudo les supera.

Deprez
El aumento de las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo europeo alegando casos de mala administración en la actuación de las instituciones u órganos de la Unión Europea puede interpretarse de dos maneras.
Una es pesimista. Basándonos en hechos recientes, ello conduce a reprobar al conjunto de la administración pública europea a través de la generalización de las disfunciones que han salido a la luz. La otra es optimista. Se puede sacar una conclusión positiva de este número creciente de reclamaciones. Es una prueba del nuevo interés de los ciudadanos por la construcción europea.
Esta manera paradójica de proceder, que consiste en sacar una conclusión positiva de un hecho sin duda negativo no puede, evidentemente, hacer decaer nuestro interés por los casos de mala administración denunciados al Defensor del Pueblo y por la forma en que éste responde a los reclamos de los ciudadanos europeos.
Todos estarán de acuerdo, en efecto, en que no basta con que los ciudadanos europeos tomen conciencia del mayor papel que desempeña la Unión Europea en su vida cotidiana, siempre que lo experimenten y lo analicen como un hecho positivo.
Por eso es para mí una gran satisfacción ver como nuestra ponente se felicita de la calidad del trabajo realizado por el Defensor del Pueblo europeo.
La adhesión constante del ciudadano europeo a la edificación europea se construirá igualmente a través de la transparencia. Por esta razón apoyo totalmente a nuestra ponente cuando defiende el principio general del acceso a todos los documentos necesarios para examinar un litigio. En ciertos casos, estoy de acuerdo en que el carácter confidencial de los mismos pueda ser indispensable.
El secreto, no obstante, debe ser la excepción, no la regla.
Informe Newman (A4-0117/99)
Deprez
El trabajo realizado por la Comisión de Peticiones es notable; tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
En la presente legislatura se han presentado 6.500 peticiones y 10 millones de firmas, es decir, una media de casi cuatro peticiones y 5.000 firmas cada veinticuatro horas, domingos y días de fiesta incluidos. Ciertamente, estas cifras nos dan que pensar.
Las mismas no pueden, sin embargo, dejar de llamarnos la atención, como representantes que somos, sobre la naturaleza real de las relaciones que las propias instituciones europeas y nosotros mismos mantenemos con nuestros ciudadanos.
Es verdad, naturalmente, que a pesar de los interrogantes específicos que suscita en las relaciones entre mandatarios y mandantes en este final de siglo, el derecho de petición es uno de los medios privilegiados a través de los cuales el Parlamento ejerce su control sobre la Comisión y el Consejo -así como sobre los Estados miembros-, en beneficio de los ciudadanos europeos.
Así pues, el derecho de petición es por excelencia un medio de consolidar y de profundizar la adhesión de nuestros conciudadanos a la construcción europea. Es probablemente en esta constatación donde hay que buscar la explicación de la excelente cooperación de la Comisión con los trabajos de la Comisión de Peticiones y de las dudas persistentes del Consejo en participar al esfuerzo común.
Debemos denunciar claramente esta evidente mala voluntad del Consejo respecto a nuestras opiniones públicas, de tal modo que cada uno asuma sus responsabilidades.
Para concluir, desearía, a la vista de la gran cantidad de trabajo que representa la tramitación de las peticiones recibidas, apoyar explícitamente una revisión a fondo de los métodos de funcionamiento de la Comisión de Peticiones, en cuyo caso no es difícil comprender que ésta se interrogue sobre la mejor manera de hacer frente a la tarea que le incumbe.
Informe Schmidbauer (A4-0111/99)
Delcroix
Nuestra ponente, la Sra. Barbara Schmidbauer, ha asumido sus responsabilidades en este período preelectoral, en que criticar el transporte por carretera, así como su coste, no agrada a todos los electores. La felicito por ello, y también la felicito por haber dejado constancia de que las medidas propuestas por la Comisión no deberían agravar el coste del transporte, sino permitir una utilización de las infraestructuras más eficiente y más respetuosa del medio ambiente.
A esta «utilización más eficiente» desearía, no obstante, añadir «una utilización más segura», pensando en la gran cantidad de túneles por carretera y de túneles ferroviarios que existen actualmente y en los graves accidentes que vienen ocurriendo desde hace varios años. El accidente del túnel de La Mancha -en el que funciona un sistema de alerta moderno- habría podido provocar una gran catástrofe en pérdidas humanas. Afortunadamente, el vagón incendiado se detuvo, por casualidad, cerca de una puerta de acceso al segundo túnel, a través de la cual la gente pudo escapar. En cuanto al accidente del túnel del Mont Blanc, éste ha costado la vida a cuarenta personas y aún nadie sabe cuándo dicho túnel estará nuevamente abierto al tráfico.
Habrá que sacar todas las conclusiones que se desprendan de las investigaciones en curso y tomar las decisiones necesarias. Sin embargo, creo que desde ahora, tratándose de los aspectos vinculados a la seguridad en los túneles, debería adoptarse un principio. Es imprescindible que el servicio responsable de la seguridad sea realmente independiente de la sociedad explotadora del túnel y que ésta aplique todas las recomendaciones que dicho servicio establezca. Este principio tendrá consecuencias financieras, pero la seguridad -dicho de otro modo, la vida de los usuarios- tiene, naturalmente, un precio. Podemos preguntarnos asimismo si, en última instancia, el poder de controlar la seguridad no debe ser competencia exclusiva de los servicios de los Estados.
Una última observación: de los 35 millones de toneladas de mercancías que circulan cada año entre Italia y Francia, 10 millones de toneladas se transportan por vía férrea. El valle de Chamonix, como es notorio, es un pasillo de vehículos pesados, con un tráfico que crece de manera exponencial, junto con su nocividad y sus riesgos. Podemos así comprender lo absurdo del «todo carretera», basado en la búsqueda de una rentabilidad económica a cualquier precio. Por eso he saludado el valor de la ponente, la cual, a pesar de los costes de infraestructura, subraya claramente las ventajas de la alternativa ferroviaria desde el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Respaldamos el principio de justa competencia entre todos los medios de transporte. Naturalmente, se debe ante todo lograr que todos los costes, también los costes que ocasionan en el medio ambiente, corran a cargo de los camiones y los vehículos particulares, así como gravar en mayor medida el tráfico aéreo. Estas medidas son necesarias a la hora de alentar el aprovechamiento de los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, algo que no ocurre en la actualidad.
Por el contrario, nos oponemos a una parte de las propuestas que se presentan tanto en el Libro Blanco de la Comisión como en el informe. Estas propuestas se refieren principalmente al establecimiento de un sistema único de tarifas en toda la UE. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, consideramos clara y decididamente que la UE debe establecer únicamente unas tarifas mínimas y que corresponde a los respectivos Estados miembros gestionar dichas tarifas, entre otros motivos porque la Unión Europea no debe disponer bajo ningún concepto de derechos en el ámbito fiscal. Deseamos distanciarnos con firmeza de una regulación en excesivo detalle por parte de la UE.

Schlechter
La Sra. Schmidbauer no ha escatimado esfuerzos. Incluso se podría decir que, en lo que al Libro Blanco de la Comisión se refiere, se trata de un buen informe.
Debo admitir que, a pesar de todo, el Libro Blanco recoge algunas sugerencias interesantes.
Yo también soy partidario de que se establezca una competencia leal entre los diferentes modos de transporte y de que se introduzcan tarifas equitativas y eficaces en el sector del transporte. Yo también soy partidario de que se reduzca el transporte por carretera y se fomente el uso del ferrocarril y las vías navegables. Sin embargo, me niego a aceptar que el automóvil, los camiones y los autobuses se conviertan en chivo expiratorio de todos los males habidos y por haber. Y a fin de cuentas, es eso lo que pretende hacer el Libro Blanco. Desafortunadamente, el informe parlamentario discurre por los mismos derroteros.
En este debate sobre la competencia leal hemos de ser conscientes de que en el ámbito del ferrocarril los salarios son más elevados y los puestos de trabajo se ocupan habitualmente de por vida. Lo más probable es que en el sector privado estas condiciones no se lleguen a dar nunca. ¿Es eso lo que se pretende cambiar en un acceso de falsa liberalización? De ser así, ¿en qué dirección se produciría dicho cambio?
El Libro Blanco ofrece datos concretos. Según los cálculos de la Comisión, a escala de la UE los costes externos se sitúan anualmente en 250.000 millones de ecus.
En esta cifra tienen su origen los costes sociales marginales -sin que se entienda muy bien en qué consisten exactamente-la imposición sobre el gasóleo, y los sistemas de tarificación uniformes que han de introducirse en toda Europa con la ayuda de la telemática.
Sin embargo, la ponente va demasiado lejos al exigir que también se incluya en el sistema de tarificación el transporte privado no comercial en automóvil, en nombre de un justo reparto de los costes entre todos los usuarios de la infraestructura de las carreteras. ¿Acaso se pretende que en el futuro el uso del automóvil sea derecho exclusivo de los ricos y la mayoría de la población se quede en casa?
Por otra parte, a la ponente no se le puede negar el mérito de haber insistido en que las medidas propuestas no pueden dar lugar a un encarecimiento del transporte. Añade que en caso de que el resultado fuera efectivamente un aumento de losimpuestos, habría que disminuir en otro lugar la carga para los usuarios del transporte.
En este contexto habría sido interesante que la Comisión nos hubiera especificado cuánto recaudan los Estados de la UE en concepto de impuestos sobre los vehículos, impuestos de consumo sobre la gasolina, el gasóleo, etc., y qué proporción de las tasas recaudadas se invierte luego en infraestructura y trabajos de reparación.
El intento de controlar por todos los medios el creciente tráfico no puede convertirse en pretexto para que los ciudadanos y las empresas de transporte que usen el ferrocarril, la carretera, el transporte aéreo o las vías navegables sean sometidos cada dos por tres a nuevos impuestos. Y al fin y al cabo es esto lo que ocurre.
No olvidemos que los ciudadanos alemanes pusieron el grito en el cielo cuando se consideró la posibilidad de elevar el precio de la gasolina a 100 francos el litro. Tengo la impresión de que la política desplegada en el Libro Blanco pretende alcanzar este objetivo por otra vía.
Europa necesita buenos medios de transporte, la economía no puede prescindir de ellos y alguien tiene que pagarlos. Por el momento este alguien es el ciudadano. Por lo demás, me asombra que la Comisión hace como si no supiera que en materia de medio ambiente ya ha llovido mucho en el sector del transporte.
Las empresas de transporte europeas, trátese del ferrocarril, del transporte por carretera, del tráfico aéreo o de la navegación marítima e interior, son las más modernas del mundo. Si seguimos imponiéndoles cada vez más tasas, acabaremos con ellas. No podía dar crédito a mis oídos cuando uno de los expertos invitados a la audiencia celebrada con motivo del Libro Blanco señaló que por razones medioambientales había que gravar el combustible para la aviación con 4 ecus el litro. Tarifas de Concorde en la vida cotidiana, ¿quién las va a pagar?
Votaré en contra del informe de la Sra. Schmidbauer.

El Presidente
El turno de votaciones ha finalizado.

Programa «DAPHNE» (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate del informe (A4-0188/99) de la Sra. Bennasar Tous (Programa DAPHNE).

Waddington
Señora Presidenta, quisiera felicitar, en su ausencia, a la ponente Sra. Bennasar Tous, por el informe que ha preparado. Mi felicitación es extensiva a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer y a todos los diputados que han contribuido a formular el programa y plan de acción para combatir la violencia contra la mujer y los niños. Mis gracias más sinceras a los dos Comisarios, Sra. Gradin y Sr. Flynn, por su apoyo y su perseverancia.
Ahora tenemos una base jurídica para el programa, un presupuesto y un plan para lanzar una campaña de concienciación europea para combatir la violencia contra la mujer. Después de todos los conflictos, retrasos y obstáculos financieros y jurídicos que han levantado en nuestro camino los que no se percatan de la importancia de esta cuestión, hemos llegado ahora a tierra firme y espero que podamos empezar a ocuparnos de este gravísimo asunto.
La nueva base jurídica, que no es precisamente la que queríamos, se basa en la competencia de la Unión Europea en materia de salud y no debe restringir el ámbito del programa DAPHNE.
La violencia contra la mujer y el niño tiene lugar en muchas y muy diversas situaciones públicas y privadas, y tiene muchas causas y efectos. Trata de personas, violencia doméstica, abuso sexual y mutilación, violación, hostigamiento sexual en el lugar de trabajo: todas ésas son formas de la violencia basada en el género.
El programa DAPHNE está destinado a dar un valor agregado a la labor de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de actividades de prevención, que apoyan a las víctimas, que reintegran a los supervivientes y que se ocupan también de los perpetradores. Todas esas esferas de trabajo saldrán beneficiadas con una mejor investigación y difusión de datos, que se pueden financiar con el programa DAPHNE.
Parte del informe sobre el programa DAPHNE contiene información acerca de la campaña europea destinada a mejorar la concienciación acerca de la cuestión de la violencia contra la mujer, que se inició el mes pasado en Colonia bajo la presidencia alemana. Esta conferencia atrajo a gran número de organizaciones no gubernamentales y estimuló un gran volumen de reflexiones creadoras.
Las enmiendas de la Sra. Bennasar, que han recibido el apoyo de la Comisión de Derechos de la Mujer, realzan más la participación de las organizaciones no gubernamentales en la ejecución del programa DAPHNE. La Comisión debería apreciar esto, y espero con interés a ver lo que dice en respuesta a las propuestas. La Comisión debería apreciar también la participación resuelta de los diputados de este Parlamento, que es lo que propone.
He examinado muy minuciosamente las actuales directrices para los que solicitan fondos con cargo al programa DAPHNE. Me he percatado de que es necesario mejorarlas: son complejas y confusas. Las organizaciones no gubernamentales y los diputados del Parlamento Europeo podrían, e incluso deberían, sugerir un enfoque más claro -un juego de directrices más fáciles de utilizar por los interesados- que de esa manera podrían ser más pertinentes y más eficaces para alcanzar los objetivos apetecidos.
Éste es un programa pequeño y una campaña pequeña en términos presupuestarios, pero la violencia que desea combatir es un problema importante para Europa y para el mundo. Nuestras investigaciones han indicado ya que, de cada cuatro mujeres, una es víctima de la violencia durante su vida y que el 90 % de los culpables son hombres. Por lo menos el 50 % de esos actos de violencia corresponden al marido o a la pareja de la víctima. Es realmente necesario que luchemos contra esa cultura de la violencia y que hagamos que la violencia contra la mujer sea inaceptable. No se puede considerar a esa violencia como un acto de amor: es un acto de dominio y de intimidación.
También estamos trabajando por instituir la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, tanto en Europa como fuera de ella. El grado de violencia cuya existencia ha demostrado ya la investigación demuestra que aún nos queda mucho que hacer. Estimamos que el programa DAPHNE es muy necesario y confiamos en que reciba pronto más recursos y un sistema más transparente y democrático para la adopción de decisiones.

Ryynänen
Señora Presidenta, señor Comisario, el programa DAPHNE, destinado a luchar contra la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niños, aborda un doloroso problema y, por lo tanto, es merecedor de todo el apoyo y de unas condiciones de actuación razonables. Resulta difícil de comprender el deseo que muestran algunos Estados miembros de limitar el ámbito de aplicación del programa, lo cual impediría prestar la atención adecuada que exige un área problemática y pluridimensional como es ésta. La violencia constituye una grave violación de los derechos humanos -no una mera cuestión de sanidad pública- en cualquiera de sus modalidades, pero especialmente cuando las víctimas son niños. Así pues, el programa ha de seguir teniendo como objetivo evitar cualquier tipo de violencia y proteger a las víctimas de la misma, también cuando se trate de abusos sexuales y de abandono.
Naturalmente, lo más importante sería poder actuar con carácter preventivo y de la manera más eficaz posible. Se necesita formación, información y amplias redes de asistencia para las situaciones de riesgo. Tanto las distintas campañas de información y el intercambio de experiencias como, naturalmente, la investigación relacionada con la violencia constituyen importantes instrumentos para reducir las actividades violentas. No cabe la menor duda de que las experiencias resultantes de la iniciativa DAPHNE serán beneficiosas a la hora de estructurar el nuevo programa quinquenal. Por medio de este programa será posible apoyar la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y la autoridades locales. Estas organizaciones necesitan ayuda precisamente a la hora de crear las distintas redes, de lograr una difusión eficaz de la información, de encontrar asociados y de fomentar un intercambio mutuo. Desearía hacer especial hincapié en el significado que reviste el programa DAPHNE en la defensa de los derechos de los niños y, particularmente, en la protección de los más pequeños ante los abusos sexuales. En esta tarea preventiva de protección infantil se necesita una coordinación de las actividades de padres, profesores y, en suma, de todo el entorno del niño.
Creo que es también muy importante ampliar gradualmente este programa al resto de los países, especialmente a los países de la Europa Central y Oriental, puesto que la violencia, en todas sus modalidades, tiene una dimensión transfronteriza, por ejemplo en su variante de comercio sexual o de pornografía infantil a través de Internet. Es imprescindible la cooperación para garantizar los derechos humanos fundamentales y, por lo tanto, también los derechos del niño; es igualmente necesario lograr la eficacia de esta cooperación entre los países candidatos y los actuales Estados miembros. Asimismo, en las legislaciones de los países candidatos se deberán garantizar los derechos fundamentales tan claramente que sea posible actuar de una manera verdaderamente eficaz ante cualquier violación de los derechos humanos que tenga su origen en la violencia.
Por lo demás, desearía que las cuestiones relativas a los derechos del niño figuraran en el orden del día prioritario de la Unión Europea, ya que únicamente de este modo podremos defender nuestro futuro y nuestra posición entre la comunidad de Estados civilizados.

Daskalaki
Señora Presidenta, ante todo, quisiera felicitar a la Sra. Bennasar Tous, aunque ausente, y también a la Sra. Colombo Svevo que tan dignamente nos ha presentado el tema esta mañana; pero sobre todo, quisiera felicitar a la Sra. ponente por su valiosa aportación a la propuesta de la Comisión sobre el programa DAPHNE, así como por la forma en que ha tratado una cuestión tan importante. Además, tal como ya se ha mencionado aquí, hemos debatido largamente sobre esta cuestión en la Comisión de Derechos de la Mujer y ha habido un consenso general acerca de sus propuestas.
La Sra. ponente aplaude la propuesta de la Comisión; pero aporta enmiendas esenciales, con las cuales, y esto quiero acentuarlo, mi Grupo está de acuerdo. Principalmente estamos de acuerdo con las reservas que expresa sobre el cambio del fundamento jurídico del plan de acción. Basarse en el artículo 235 del Tratado en lugar del 129, puede llevar a excluir del programa DAPHNE todos los temas relacionados con la violencia, la explotación sexual y la trata de mujeres y niños, con la excusa de que estos temas no atañen a la salud pública. Nos alegramos, pues, de que haya un fundamento jurídico; pero con este fundamento concreto tenemos ciertos problemas.
Igualmente estamos de acuerdo con la Sra. ponente en pedir a la Comisión que defina las prioridades sobre los planes seleccionados, a fin de utilizar con la mayor eficacia posible los recursos disponibles. Es decir, estamos hablando de prevención, de programas de rehabilitación de niños, jóvenes y mujeres en situación de peligro, y de previsiones relativas a los autores de actos delictivos, especialmente los jóvenes. Asimismo, deberemos centrar nuestra atención en las prácticas legales y los medios de garantizar los intereses del menor, del adolescente o de las mujeres víctimas de la violencia.
Nosotros apoyamos la petición de que, en el Comité Consultivo, haya un representante del Parlamento Europeo y un representante de las ONG, así como la petición de que se presente un informe sobre los progresos realizados una vez al año, y no cada tres años.
También estamos de acuerdo en que deben participar en el programa los países candidatos a la adhesión y en que debe haber una mayor divulgación de la información, especialmente entre los medios de comunicación y el público al que va dirigido el programa.
Finalmente, quisiera subrayar que también nosotros solicitamos que se presente un nuevo informe que tome en cuenta las enmiendas anteriormente citadas y, principalmente, que abarque todo tipo de violencia y de explotación sexual de mujeres y de niños, incluida la trata de personas.

Maes
Señora Presidenta, me alegra mucho que exista un programa DAPHNE y espero que podamos hacer un buen uso del mismo, ya que la violencia contra las mujeres y los niños es uno de los hechos inaceptables de nuestra sociedad que continúa aumentando. Mi llegada al Parlamento Europeo coincidió con un coloquio que se celebró en el Parlamento sobre la violencia contra los niños y su maltrato, y me propuse volver a abordar esté problema en profundidad en el Parlamento. Quiero pedirles más concretamente que centren su atención en las posibilidades de prestar apoyo a aquéllos que quieren combatir la pedofilia y la oferta de jóvenes prostitutas a través de la red de Internet.
Señora Presidenta, señor Comisario, nos enfrentamos a una lacra que continuamente empeora. Hemos votado esta semana en el Parlamento un texto sobre los delitos en Internet que me parece muy bueno. No obstante, quiero decirles qué sucede en la práctica. En la práctica, hay que investigar innumerables cosas. Una y otra vez se trata de niños que han sido víctimas de un delito real. El número de víctimas aumenta y con él también el número de potenciales criminales, puesto que, desgraciadamente, las víctimas se convierten a veces en criminales si no superan sus traumas correctamente.
Uno de los principales problemas es que las ONG que luchan contra la pornografía y las redes de pedofilia tienen muy a menudo que investigar miles y miles de datos, y la policía se enfrenta al mismo problema. Se aboga acertadamente en este informe por que también se apoyen los proyectos encaminados a encontrar a las víctimas, eventuales víctimas de secuestros que, por ejemplo, desaparecen en la prostitución y que tal vez vuelven a aparecer en estas fotos, que con fines comerciales son ofertadas en la red por determinados criminales.
Por ello, señora Presidenta, quisiera pedir que se creen amplias posibilidades para las ONG que se ocupan de esta cuestión, pero que, por otra parte, tampoco se olviden los escasos medios con que nuestras instancias judiciales a veces tienen que trabajar, por no mencionar la inexistencia de una coordinación europea. De ahí que también encuentre acertada la pregunta que figura en el informe en cuanto a si la Europol debe colaborar de forma efectiva en la lucha contra esta violencia. Lo que he dicho en relación con los niños también lo mantengo en cuanto a lucha contra la violencia contra las mujeres, puesto que también a menudo jóvenes refugiadas llegan a la prostitución contra su voluntad y son a menudo víctimas de la misma violencia.

Van Dam
Señora Presidenta, señor Comisario, «la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres». El día internacional de la Mujer, la Comisaria Gradin invitó precisamente con esas palabras a los hombres a tomar la palabra sobre la violencia contra las mujeres. Llama la atención que esa frase haya tenido poca resonancia en este debate.
Si la Comisaria quería decir que los hombres tienen gran parte de culpa en lo que a la violencia contra las mujeres se refiere, debo reconocerlo. El enfrentamiento absoluto entre los dos sexos es, sin embargo, desfigurar la realidad. Con ello no quiero negar el problema. Mi principal reparo a la propuesta se dirige al nivel en que se aborda. La violencia es una lacra que tiene lugar en un círculo pequeño. De ahí que sea conveniente un enfoque nacional o local.
Me refiero con convencimiento al significado de la Biblia en las relaciones personales. No puedo dejar de señalar que las personas, tanto hombres como mujeres, están creadas a imagen de Dios. Esta idea es muy beneficiosa para que se den unas relaciones armoniosas entre las personas. Quien ejerce la violencia contra el prójimo, niega estos datos bíblicos.

Blot
Señor Presidente, la idea de aprobar un programa destinado a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres es una idea generosa y noble que todos, naturalmente, pueden suscribir. Este programa, que hace referencia al mito griego de DAPHNE, establece algunas acciones administrativas y procedimientos que nosotros aprobamos. Sin embargo, no parece que la ponente se haya planteado realmente las causas y los orígenes de la violencia en las sociedades europeas actuales. Ahora bien, esta violencia no cesa de aumentar. En Francia, a título de ejemplo, la cifra de crímenes y de delitos ha pasado de 200.000, en 1948, a 4.200.000, en 1998. Ciertamente, todos estos crímenes y delitos no afectan sólo a las mujeres y a los niños, aunque la tendencia general al aumento de la violencia es innegable también en este ámbito. Dicha tendencia debe vincularse a la fragmentación del marco tradicional en el que el ciudadano ha desarrollado su vida.
Desde hace 50 años, en efecto, la sociedad se ha urbanizado, el marco familiar se ha desmoronado, las referencias morales y religiosas a menudo también se han derrumbado. Emancipado de estos marcos civilizadores, el individuo, al creerse libre, puede verse tentado a ejercer la violencia contra los demás con total impunidad. Un programa administrativo y financiero, como el que se nos presenta, a pesar de sus méritos, no puede hacer frente al desafío, que es, de hecho, el desafío de una nueva barbarie. Esto es tanto más cierto por cuanto la ideología de los derechos humanos, al insistir siempre en los derechos y nunca en los deberes, justifica, contrariamente a sus intenciones, los excesos de todo tipo.
La sabiduría antigua no ignoraba que la persona se ve siempre tentada a cometer excesos que desembocan en la violencia. Platón demostró, por ejemplo, que el alma humana presenta tres componentes: racional, sentimental e instintivo. Si la educación no logra establecer una alianza entre la razón y los sentimientos para disciplinar los instintos, éstos se desencadenan y ello abre la puerta a todo género de violencia. Esta antigua enseñanza sigue siendo válida. Por eso los simples paliativos no bastan. Es necesario asimismo combatir las causas profundas del aumento de la violencia en general y de la violencia ejercida contra las mujeres y los niños en particular. Esto supone que la violencia deje de cultivarse sistemáticamente en los medios de comunicación y que la educación moral vuelva a convertirse en un interés superior.
Durante la IIIª República, en Francia, esta educación cívica y moral era objeto de un consenso. Éste se ha roto por la invasión de ideologías laxistas en materia de educación. Ahora bien, el hombre no es un ser bueno por naturaleza, necesita sentir el peso de la disciplina civilizadora. El gran poeta trágico griego, Esquilo, demostró en la tragedia Las Euménides que una sociedad que se despreocupaba de castigar el delito daba lugar a una delincuencia creciente.
Además de la necesidad de enseñar mejor la ética o de aumentar la represión judicial, también es necesario que la persona pueda arraigarse en comunidades reducidas, más que en ciudades tentaculares. La técnica moderna permitiría acondicionar el territorio para que las personas vivieran en barrios y localidades de dimensiones humanas, donde todos se conocen; tendría lugar entonces un control social espontáneo, más eficaz que la represión judicial o el apoyo administrativo a las víctimas. Debemos orientarnos hacia este tipo de política que fomente un nuevo arraigo de la persona en comunidades de dimensiones humanas. De este modo, podría extirparse una parte de las raíces de la violencia.

Van Lancker
Señor Presidente, cuando he tenido que explicar la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y asuntos Interiores en sustitución de mi colega, la Sra. Zimmermann, he dicho que este Parlamento está particularmente satisfecho con la iniciativa de la Comisión y que se lo agradezco al Comisario suplente Liikanen, en nombre de mis otros dos colegas. No obstante, también he dejado claro que nos preocupa especialmente la modificación de la base jurídica. Dije entonces que eso nos aguaría considerablemente la fiesta y ha empañado algo nuestra felicidad, ya que la violencia contra niños y mujeres, señor Comisario, no es, por supuesto, solamente un riesgo para la salud. Es una violación de los derechos humanos fundamentales.
La lucha contra la violencia es un problema muy complejo. No se trata solo de la asistencia a las víctimas, sino también de la prevención y de la lucha contra los criminales. Entre otras cosas, se trata de la colaboración entre la justicia y la policía. Por tanto, es por definición multidisciplinar. Lo que quiero decir con ello es que resultaría especialmente inaceptable que la modificación de la base jurídica solamente diera lugar a un nuevo programita de salud extra para mujeres y niños, y no se realizaran acciones estructurales.
Apoyo rotundamente los esfuerzos de nuestras dos Comisiones, tanto la Comisión de Derechos de la Mujer como la Comisión de Asuntos Interiores, que, como quisiera decir, han intentado ampliar de diferentes maneras la propuesta modificada de la Comisión Europea. Quisiera subrayar algunas cosas, en mi opinión, importantes.
En primer lugar, me refiero a la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud. Ésta es muy importante porque va más allá de la simple elusión de los riesgos. Esta definición remite a la calidad de vida de las personas, por lo que el reto es todavía mayor. La igualdad de oportunidades para personas diferentes y para distintos grupos de la sociedad. Pero, sobre todo, creo yo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad e integridad de cada uno. Supone una claro remisión a los derechos humanos por lo que este programa, quizá, pudiera ser algo más amplio y su contenido originario, el que había antes, pudiera recuperarse.
Así mismo, quiero hacer un llamamiento especial a la Comisión, y simultáneamente a mis colegas, para que se insista firmemente a los representantes del Consejo a fin de que se generalice una interpretación más amplia, un ámbito de aplicación más amplio del programa DAPHNE. Me gustaría mucho escuchar la posición del Comisario sobre esta cuestión.
Señor Comisario, el Consejo lanza hasta el día de hoy señales especialmente persistentes que demuestran que no comprende este mensaje. Me angustia bastante, sobre todo, la intención de conceder solamente un minipresupuesto al programa DAPHNE, todavía menos de lo que, de hecho, había previsto el Parlamento y con lo que la Comisión estaba de acuerdo, por lo que el Consejo pueda planear respecto de este programa. Esto me hace sospechar que el Consejo realmente planea, efectivamente, aceptar algunos microproyectos, un poco sensibilizadores, algunas campañas informativas y que esto contrasta visiblemente con las claras ambiciones que tenemos respecto del programa DAPHNE. Sin la ampliación de este programa, señor Comisario, y sin los fondos necesarios, el programa DAPHNE se queda sin contenido. Sin embargo, la gente espera muchísimo de esta iniciativa. Por tanto, el Parlamento Europeo nunca puede aceptarlo, en tanto colegislador en el procedimiento de codecisión. Espero que el Consejo entienda nuestro mensaje.

Amadeo
Señora Presidenta, la violencia es una característica específica de la sociedad contemporánea y un enigma de la sociedad abierta, una sociedad que ha perdido sus valores y que crea nuevos ídolos y nuevos símbolos trastrocando al final esos valores tradicionales que, por el contrario, siempre han constituido la base de nuestra convivencia civilizada. No ha de escandalizarnos, por tanto, que la televisión y los medios de comunicación nos transmitan imágenes de violencia y que nuestros hijos se nutran de estas imágenes y construyan sobre esta imágenes su mundo y sus ideales.
Nosotros que somos los responsables de su educación y que, como políticos, deberíamos ser los intérpretes más fieles de las necesidades de los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar los orígenes de esta violencia y definir los métodos de lucha más eficaces. En realidad, nuestra Comunidad se ha empleado a fondo en la lucha contra la violencia subrayando el valor del derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad física y mental con toda una serie de programas como el que hoy tratamos de perfeccionar: el programa DAPHNE que lucha contra la violencia contra las mujeres, los adolescentes y los niños. Un programa que ha convertido la lucha contra los actos de violencia perpetrados en los hogares, con los maltratos y el abuso sexual de los niños y del cónyuge, y los perpetrados en la vida cotidiana, con la violación, las agresiones sexuales, el acoso, la intimidación en el lugar de trabajo, etcétera, en una verdadera batalla de valores y de civilización; un programa que, a tenor de la verdad, no prevé soluciones sencillas, ya que contempla numerosos factores que interactúan entre sí: educación, moda, cuestiones de independencia económica y de empleo, sistemas jurídicos y judiciales, servicios de asistencia en favor de las víctimas, cuestiones sanitarias.
La lucha contra la violencia, sin embargo, se ha marcado el límite del reglamento, de la definición jurídica de los sistemas de recurso, esto es, ha encontrado en el artículo 152 del Tratado de Amsterdam el fundamento jurídico del programa. En consecuencia, ha incluido en el título «Salud pública» un ámbito al que, a nuestro entender, debería aplicarse por mayor coherencia el artículo 308 de dicho Tratado. Es decir, el que, en definitiva, atribuye poderes de acción no expresamente previstos, cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la Comunidad.

Junker
Señora Presidenta, señoras y señores, efectivamente, el mundo en el que nos toca vivir deja bastante que desear. Entre sus lados oscuros figura sin duda la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y los adolescentes. Debemos combatirla con todos los medios que están a nuestro alcance. Por eso mismo, la Presidencia alemana ha convertido esta cuestión en objetivo prioritario. Ya se ha celebrado una reunión sobre el tema. El Bundesrat , la cámara de los länder alemanes, lamentó profundamente que el año 1999 no fuera designado año oficial de la lucha contra la violencia contra las mujeres, puesto que hubiera sido una baza complementaria importante.
Se requieren estrategias diferenciadas según se trate de actos de violencia doméstica u otras formas de violencia. En la propuesta de la Comisión se echa en falta una clara distinción al respecto. Por tanto, es necesario incluir las enmiendas que se refieren explícitamente al abuso sexual, la explotación sexual y la trata de seres humanos. En este mismo sentido también hemos de apoyar las demás enmiendas.
Dichas precisiones son imprescindibles por dos razones. En primer lugar, debe quedar claro que el concepto de la violencia no se limita a la utilización de la violencia física. El abuso sexual no va siempre acompañado de maltratos físicos, especialmente en el caso de los niños, donde se manifiesta preferentemente en intimidaciones y amenazas de todo tipo que no dejan huellas externas. No por ello las consecuencias son menos dramáticas. En la mayoría de los casos las secuelas tienden a ser más graves.
Para las víctimas del abuso sexual, ya sean mujeres o niños, la constatación de que sólo son tomados en serio cuando sufren lesiones físicas se convierte en una de las experiencias más humillantes. La explotación sexual constituye uno de los aspectos marginales más horribles de la industria del sexo, un dato que no podemos pasar por alto. En la actualidad, la trata de mujeres mueve más dinero que el tráfico de drogas. Sin embargo, la probabilidad de que sus autores sean llevados ante los tribunales es considerablemente menor que en el caso del tráfico de drogas o de armas. Ello se debe principalmente a la falta de pruebas válidas. La trata de mujeres es un «sector en auge», entre otras razones por la permeabilidad de las fronteras hacia la Europa Central y Oriental, de donde procede la gran mayoría de las víctimas que residen en nuestros países miembros.
La deplorable situación económica de sus países de origen hace que muchas mujeres se agarren a un clavo ardiendo, convirtiéndose en presa fácil de los traficantes de seres humanos. Debemos manifestar explícitamente nuestra satisfacción por el hecho de que esta intolerable manifestación del máximo desprecio humano haya dejado de ser tabú. Cada vez son más frecuentes los debates que tratan este tema así como los programas de acción que pretenden combatirlo. Prestamos nuestro apoyo incondicional a este tipo de medidas y en este contexto es preciso mencionar los esfuerzos realizados por la comisaria Anita Gradin. Les recuerdo la enorme resonancia que tuvo la conferencia celebrada en Viena.
Es necesario ampliar y mejorar las medidas en materia de prevención, información y protección de las víctimas, así como la cooperación y la coordinación con la justicia, la policía, las autoridades responsables y, especialmente, con las organizaciones gubernamentales competentes, en los Estados miembros de la Unión Europea, entre los Estados miembros de la Unión Europea y también en colaboración con los terceros países implicados.
Es poco probable que el fundamento jurídico elegido, que con razón se ha convertido en objeto de críticas por nuestra parte, cree el marco adecuado. No cabe duda de que en la mayoría de los casos la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y los adolescentes afecta seriamente a la salud física y psíquica - un dato importante- de las víctimas. Ahora bien, ello no justifica de ninguna manera que el problema se reduzca a una mera cuestión de salud. No podemos permitir que un asunto tan serio se trivialice hasta este punto. Ya se ha dicho: la violencia ejercida contra mujeres, niños y adolescentes ha de considerarse como una grave violación de los derechos humanos y merece el castigo correspondiente, sin condiciones y restricciones de ninguna clase.

Liikanen
Señora Presidenta, la Comisión desea dar gracias a la Sra. Bennasar Tous y a la Comisión de Derechos de la Mujer por el informe preparado, que apoya firmemente la iniciativa de la Comisión y subraya en forma admirable la necesidad y la urgencia de que se adopte el programa DAPHNE con suficiente antelación al final del año. La Comisión aprecia también el importante papel que el Parlamento Europeo desempeña al incluir la lucha contra la violencia en el programa de trabajo de la Unión Europea.
El principal objetivo del programa quinquenal DAPHNE propuesto es apoyar y estimular a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones voluntarias para que mancomunen sus esfuerzos y protejan a los niños, a los jóvenes y a las mujeres contra todo tipo de violencia. Esto se conseguirá mediante el establecimiento de redes, el intercambio de informaciones y de las mejores prácticas, y el incremento de la concienciación pública. La acción preventiva, incluida la forma de evitar la conducta violenta del hombre contra la mujer, figurará entre las prioridades. El programa aprovecha las experiencias de la iniciativa DAPHNE desde que comenzó a funcionar en 1997.
La Comisión coincide con el informe en su evaluación del programa. El programa es un importante instrumento en la lucha contra la violencia. El carácter plurianual del programa permitirá planificar las iniciativas sobre la base de un plazo más largo. Su ampliación gradual a los países que ingresen en la UE, como han mencionado varios diputados, y a los países de la AELC, reviste importancia vital, en vista de la dimensión transnacional de muchas de las formas de violencia. El programa ayudará también a desarrollar el potencial de las organizaciones no gubernamentales en numerosas esferas.
La Sra. Bennasar propone diversas adiciones y enmiendas constructivas de la propuesta de la Comisión. La Comisión acepta con placer la mayor parte de dichas propuestas. La Comisión coincide también con la necesidad de elegir cuidadosamente los proyectos. Uno de los objetivos debe ser que haya un equilibrio entre diferentes zonas y diferentes grupos de personas. El comité consultivo cuya creación se propone desempeñará un importante papel con la asistencia que presta la Comisión a ese respecto.
La ponente y buen número de diputados lamentan que la Comisión haya resuelto cambiar la base jurídica de la propuesta, para que sea el artículo 129 en vez del artículo 235. Ha sido una difícil decisión para la Comisión. Puedo asegurarles a todos que la Comisión hubiera preferido atenerse a la propuesta original, pero el riesgo de que la propuesta quedara bloqueada en el Consejo era considerable. Algunos Estados miembros se oponían abiertamente a la utilización del artículo 235 y hemos de tener en cuenta que un programa DAPHNE que resultase inaceptable no tendría ningún valor.
Se ha planteado también la cuestión de la ampliación del programa. La Comisión da por supuesto que una modificación del artículo 129, que trata de la salud pública, no limitará el ámbito del programa. El contexto en que trabajamos para luchar contra la violencia y en el que sufren las mujeres y los niños, forma parte precisamente del contexto general de los derechos humanos. Sin embargo, las repercusiones de la violencia pueden ser lesiones, o riesgos de lesión, para la salud física, mental y sicológica de la víctima. Además, el Programa DAPHNE es, como subraya la ponente, un programa basado en las víctimas. Su finalidad es evitar todas las formas de violencia y proteger a todas las víctimas y víctimas potenciales de la violencia, independientemente de que la violencia revista la forma de trata, abuso sexual, abandono de niños u otra forma cualquiera.
Cuando se adopte, el Programa DAPHNE proporcionará un nuevo impulso a la lucha contra la violencia. Ahora es importante que se adopte rápidamente y, en todo caso, con antelación suficiente al final del año. La Comisión aprecia el firme apoyo del Parlamento Europeo para la consecución de ese objetivo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Liikanen.

Colombo Svevo
Señora Presidenta, sólo deseo hacer una observación. En primer lugar, damos las gracias a la Comisión porque, si he entendido bien, está de acuerdo con nuestras propuestas. Por tanto, ¿esto quiere decir que la Comisión admite la inmensa mayoría de las enmiendas o todas las enmiendas?

Liikanen
La Comisión está dispuesta a aceptar 16 enmiendas y otras 10 con cambios de redacción, pero hay 10 enmiendas que no puede aceptar. Si quieren que les diga qué enmiendas corresponden a cada uno de estos grupos, lo haré hoy o mañana, según deseen.

Colombo Svevo
Señor Comisario, existe una gradación en nuestra enmiendas: hay enmiendas que plantean cuestiones de subsidiariedad y otras de procedimiento -y respecto a esto, creo, se podrá llegar a un acuerdo-; sin embargo, hay enmiendas que son enmiendas de fondo. Quisiera recordárselas y después usted hará su valoración. Se trata, por ejemplo, de las enmiendas 7, 27, 29 y tercer guión de la 35 que, en nuestra opinión, forman parte de esos contenidos de fondo que, a mi entender, deberían ser aceptados por la Comisión.

El Presidente
Creía que el Comisario ya se había pronunciado acerca de las enmiendas aceptadas por la Comisión. Pero, por lo visto, me he confundido. ¿Puede usted decirnos cuáles son las enmiendas que la Comisión ha decidido aceptar?

Liikanen
La Comisión está dispuesta a aceptar -con cambios de redacción- las enmiendas 29 y 35 pero no puede aceptar la enmienda 7.

El Presidente
Muchas gracias, señor Liikanen.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
Se levanta la sesión a las 19.45 horas

