Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Rosado Fernández
Señor Presidente, quisiera decir solamente unas palabras, y las diré en francés para que todo el mundo me comprenda antes.
Ayer planteé una cuestión, que nuestro «superior» (pues yo lo considero como un monje de este monasterio), estimó como alusiones personales. Yo le debo obediencia, y lo hago con agrado por la simpatía que le tengo. Sin embargo no se trataba de alusiones personales sino de una cuestión política. Efectivamente, cuando intervengo como político, en un contexto político, ya no se trata de alusiones personales que pueda resolver en los pasillos, sino de una cuestión política que no puedo resolver en los pasillos con un par de bofetadas.
Esto es, señora, lo que sucede generalmente. He pretendido defender el honor de mi partido. Sé muy bien que el honor no es algo que esté de moda, pero deseaba defenderlo a pesar de todo, y no quería dar ocasión a que se difundieran mentiras sobre mi partido, eso es todo. Cierro así el tema, por obediencia al superior del monasterio y como monje obediente y respetuoso con la democracia que me complace seguir siendo.

El Presidente
Señor Rosado Fernández, confieso que tengo dificultades para determinar si su intervención estaba motivada por alusiones personales, por una cuestión de orden o una intervención sobre el Acta, pero lo ha hecho usted con tanta amabilidad que tomo nota con mucho gusto.

Rack
Señora Presidenta, el Presidente ha leído ayer la confirmación de una serie de mandatos después de que la Comisión de Reglamento hubiese dado su aprobación. Me he dado cuenta de que por lo visto tenemos un nuevo colega en esta Asamblea que el Presidente no ha mencionado. Desde ayer se sienta al lado de la Sra. Green un joven. Me gustaría saber a qué grupo político pertenece y además qué es lo que ha hecho el PSE con el Sr. Hänsch.

El Presidente
Señor Rack, voy a tranquilizarlo por partida doble. No hemos omitido el anuncio de la llegada de un nuevo colega ya que no se trata de un colega nuevo. Segundo punto, el Sr. Klaus Hänsch no ha desaparecido de este Parlamento.

Caccavale
Señora Presidenta, quisiera indicar a la Asamblea que ayer intenté obtener el informe Ford, que figura hoy en el orden del día, para preparar posibles enmiendas, cuyo plazo estaba fijado a las 19.00 horas. A las 18.00 horas, el informe Ford aún no estaba disponible en las lenguas oficiales del Parlamento, lo que, obviamente, de hecho hacía imposible que cada uno de nosotros preparáramos las enmiendas con la debida antelación. Me pregunto y le pregunto, señora Presidenta, si esto es compatible con las normas de nuestro Reglamento y si de hecho no hace imposible que hoy se vote el informe Ford, dada precisamente la imposibilidad de presentar las enmiendas con la debida antelación.

El Presidente
Señor Caccavale, le creo cuando dice que no ha encontrado ese informe. Vamos a verificar si estaba disponible en todos los idiomas, y si ello no fuera así, resulta evidente que no sería posible votarlo. Le puedo asegurar que vamos a realizar esa verificación.
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? Es preciso señalar que las tres observaciones que se acaban de hacer no eran sobre el Acta.

Andrews
Señora Presidenta, deseo llamar su atención y la de la Asamblea sobre el hecho de que el «Referendum Party» de Jimmy Goldsmith de Gran Bretaña ha entregado 150.000 libras al Partido Unionista del Ulster. Me pregunto si las 150.000 libras es el puntal que permite que el «Referendum Party» esté representado por el Sr. Nicholson en un Grupo de este Parlamento. ¿Es ése el precio que hay que pagar por un jingoísmo como éste? El Partido Unionista del Ulster ha recibido tanto apoyo de esta Asamblea una y otra vez y, al mismo tiempo, en el Parlamento Europeo tenemos el «Referendum Party» manteniendo a un único diputado con 150.000 libras para la campaña de las elecciones generales británicas. El «Referendum Party», un grupo político que en Gran Bretaña carece de importancia, está interfiriendo en la política interior irlandesa. Quiero protestar enérgicamente contra esa práctica.

El Presidente
Señoría, es usted perfectamente consciente de que no se trataba de una observación sobre el acta. Por consiguiente, vamos a proceder conforme al orden del día siguiendo con el Acta, que me gustaría pudiera declararse aprobada cuando cada uno de ustedes haya intervenido.
¿Hay alguna otra observación?

Wynn
Señora Presidenta, en la votación nominal que recoge el Acta me quejé profusamente de que no funcionaba mi máquina, hasta que el Sr. Harrison señaló que yo no tenía mi tarjeta. Acto seguido solicité que se hiciera constar mi voto en contra, pero no aparece en la lista. ¿Podría hacerse constar, por favor?

El Presidente
Señor Wynn, me dicen que su nombre no figura en la lista. En todo caso lo verificaremos. Si, efectivamente, su nombre no figura, tomaremos nota de su declaración en el Acta del día de hoy.
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta?
(El Acta queda aprobada)

Nicholson
Señora Presidenta, no es la primera vez que el Sr. Andrews se pone de pie en esta Asamblea para hacer una declaración completamente inexacta. Conociendo al Sr. Andrews es probable que tampoco sea la última vez. Me parece lamentable, señora Presidenta, que le permita hacer una declaración como ésa. Recomiendo que en los sucesivo se limite a cumplir el Reglamento de esta Asamblea y que se asegure de que no se hacen alusiones carentes de fundamento como ésta. Quiero dejar muy claro que lo que ha dicho ante esta Asamblea es completamente falso, un montón de mentiras. Rechazo totalmente lo que ha dicho.

El Presidente
Señor Nicholson, sabe muy bien que cuando un colega pide la palabra, nunca se sabe si se trata realmente de una cuestión de orden o no. Y no es demasiado correcto interrumpir a un compañero durante su intervención.

Respeto de los derechos humanos en la Unión Europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual (A4-0112/97) de la Sra. Roth, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995).

Roth
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el ideal del ser humano libre que viva liberado del temor y de la miseria solamente se podrá hacer realidad a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales así como de sus derechos civiles y políticos.
Así figura en los preámbulos de dos grandes pactos de las Naciones Unidas, en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos son del año 1966 y ambos han sido firmados por más de 100 Estados.
En el Parlamento Europeo tenemos que partir de este concepto de derechos humanos que abarca tres categorías centrales de normas. En primer lugar, los derechos a libertad negativos, que garantizan que cualquier individuo tiene que estar libre de toda coacción injustificada, estatal o de otro poder. En segundo lugar, los derechos de participación positivos, que garantizan la intervención de cada individuo en los procesos de decisión políticos y sociales. En tercer lugar, los derechos de participación sociales y el derecho al desarrollo, al que se remiten sobre todo los países del Tercer Mundo, que dejan claro que a los derechos sociales y políticos también pertenecen las condiciones necesarias para poder ejercerlos. Estos son los derechos humanos de la nueva, la tercera generación. Si pobres y ricos, en igual medida, tienen el derecho de dormir bajo un puente, hay que decir que en este caso y para los pobres se trata de una libertad insuficiente y cínica. Tal libertad sola no basta.
Los derechos humanos sociales tienen pues el sentido de garantizar en las condiciones propias de la sociedad industrial, la libertad, la igualdad y la codecisión. Los derechos humanos sociales complementan los clásicos y liberales derechos a la libertad. Es urgente reflexionar sobre ello, tal como se puso de manifiesto el pasado invierno en que numerosas personas murieron heladas. En las noticias se dijo que se murieron de frío, pero en realidad se murieron de pobreza.
Es fácil exigir derechos humanos en otras partes. Mucho más difícil es reconocer las deficiencias en nuestro propio país. Hemos hablado con mucha frecuencia sobre los crímenes cometidos en otras partes, en Turquía, en China, en el Irán. En este informe se trata de nuestras propias transgresiones. La credibilidad exige que se examine concienzudamente si los derechos humanos tienen una base sólida en la UE. No podemos tranquilizarnos diciendo que la situación en otras partes es mucho peor. A ello hay que responder con una frase de Berthold Brecht: »Que cada uno hable de su propia vergüenza».
Si estamos dispuestos a elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en la UE, entonces no debemos comportarnos como fariseos. No podemos ni nos está permitido crear nuestro propio concepto de derechos humanos. Este es el verdadero contenido de la frase tan citada «los derechos humanos son indivisibles». Si decidimos hablar de la situación de los derechos humanos en la Unión Europea, tenemos que hacerlo con un enfoque general y completo y no como el fariseo de Lucas 18, 11: »¡Oh Dios!, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres».
Se achaca a este informe que es partidista. Naturalmente que es partidista, lo es en favor de los derechos humanos. No existe ningún informe neutral sobre los derechos humanos. Sólo hay dos posibilidades: un informe que, sin tener en cuenta posibles susceptibilidades, describa la situación, o un informe que relativice, seleccione, oculte, haga como si lo que sucede en nuestra Unión no es más que un pecado venial, porque no son posibles disculpas del tipo «comparado con la situación en otros lugares, la situación en la UE está pero que muy bien». La teoría de la relatividad es algo que pertenece a la física pero no a un informe sobre los derechos humanos.
Este informe describe con palabras claras la situación en los distintos Estados de la UE. Quien lo critique como injerencia en los asuntos internos de los Estados es que no conoce o no quiere conocer el Derecho internacional. Actualmente, y ésta es la opinión universalmente reconocida que se vio confirmada por última vez en la Conferencia de Viena de 1993, los derechos humanos no son un asunto interno de los Estados. Por lo tanto, ningún Gobierno, tampoco ningún Gobierno europeo, puede quejarse de oficio de injerencia ilícita si se critica la situación existente en su país. A quien pretenda disminuir, o incluso reducir a la mitad, los derechos humanos, hay que recordarle el objetivo antifascista bélico formulado por el Presidente norteamericano Roosvelt en 1941, según el cual «la liberación de la miseria hay que situarla en el mismo plano que la libertad de expresión y de religión y la liberación del temor». No se puede decir de una manera más sencilla y más hermosa cómo han de definirse los derechos humanos. Roosvelt se adelantó en 25 años a los Pactos de las Naciones Unidas de 1966. En 1997, no podemos retroceder.
Expreso mi agradecimiento a las y los colegas que han participado en este debate tan controvertido. Espero que logremos una amplio apoyo para este informe y que sea un buen resultado aunque quizás haga daño, pero un informe sobre los derechos humanos debe criticar, de lo contrario no cumpliría su finalidad.

Dell'Alba
Señora Presidenta, intervengo a propósito de la presencia del Comisario Van den Broek, a quien agradezco que se encuentre entre nosotros siguiendo este debate.
Sin embargo, habida cuenta del tema de nuestro debate (los derechos humanos en la Unión Europea), me preguntaba si el Sr. Van den Broek, que ya sigue otros expedientes, es el comisario competente en la materia.

El Presidente
Señor Dell'Alba, estoy convencida de que el Comisario es perfectamente competente en todos los temas y principalmente en el que va a ser objeto de su intervención dentro de unos instantes.
(Intervención del Sr. Herman: «¡La Comisión es un colegio!») Absolutamente, señor Herman.

Schulz
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, esta mañana es de esperar que se repita lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo durante los últimos años, a saber, que el debate sobre el informe anual 1995 relativo a la situación de los derechos humanos en la Unión Europea derive en un debate caracterizado por contradicciones fundamentales, por interpretaciones totalmente diferentes sobre lo que, por un lado, debe considerarse o no como debate sobre los derechos humanos y, por otro, por estrategias nacionales y particulares de carácter partidista. Sin duda, esto último es lo que caracterizará hoy de nuevo el comportamiento a la hora de votar en ambos lados de esta Asamblea, en todos los grupos políticos, lo que lamento mucho.
La Sra. Roth ha expuesto con razón, lo que ha mostrado también el debate y la votación en la comisión, que existe la tendencia a que como Unión Europea nos permitamos el lujo de presentar dos informes sobre derechos humanos: uno relativo a la situación de los derechos humanos fuera de la Unión y otro para el interior. Como si pudiese haber dos tipos diferentes de derechos humanos, europeos y no europeos. Es totalmente absurdo que con motivo del informe sobre el que hoy debatimos digamos que tomamos nota de todo pero que en caso de una violación concreta de derechos humanos no mencionemos por su nombre a ningún país miembro de la Unión Europea. No se puede acusar a ningún país miembro de la Unión Europea que no tenga en cuenta de un modo global e integral la situación de los derechos humanos. Pero cuando ha ocurrido esto, durante los últimos años en todos los grupos políticos se ha producido un debate dirigido precisamente a impedir esto último, es decir, que se diga que los derechos humanos son indivisibles. La revisión de su observancia no tiene nada que ver con la condición de miembro de un Estado en una Unión política cualquiera sino que tiene que ver con si los que son políticamente responsables, Gobiernos o Administraciones -no importa de donde- están en situación no solamente de respetar los derechos fundamentales formulados por ellos mismos sino de vigilar su observancia y, en caso necesario, de imponerla.
Con ello llego a dos capítulos decisivos de este informe para los que les ruego su atención. La Sra. Roth se ha ocupado de la cuestión de los derechos humanos de las personas que están encarceladas. En ningún otro lugar se puede ver mejor lo humana que es una sociedad, la precisión y exactitud con que aplica los derechos humanos, que en el respeto de los derechos de aquellos que han violado las reglas básicas de esta sociedad.
A pesar de ello, tienen un derecho a un trato humano, un acceso a un procedimiento penal justo o, una vez en prisión, a que se respeten los principios fundamentales de la dignidad humana para los afectados. Un Estado democrático o una federación democrática de Estados como es la Unión Europea que -repito las palabras de la Sra. Roth- señala con el dedo a otras partes del mundo -en lo que el Parlamento Europeo no nos echamos precisamente hacia atrás sino más bien todo lo contrario-, una federación de Estados de este tipo y cada Estado tiene que mirar si en su propio país se cumplen estas normas y si está autorizado a criticar a otros en este contexto. En lo que se refiere a la cárcel, este informe sobre los derechos humanos muestra que la situación en casi todos los países miembros de la Unión Europea es bastante mala.
Solamente este capítulo sería suficiente para mostrar que no podemos permitirnos un debate caracterizado por intereses individuales, tácticas, subterfugios o por el modo cómo se puede lograr una mayoría para impedir algo desagradable, si queremos conservar a la larga al menos unas migajas de credibilidad.
Quiero que recapaciten también sobre otra cosa. En años anteriores hemos mantenido comportamientos y votaciones en parte deshonrosos porque esa actitud táctica hacía precisamente que el informe sobre los derechos humanos se degradase en una batalla ideológica fundamental. No podemos seguir haciéndolo. Por ello, les ruego que recapaciten también porqué, cuando en los informes exigimos que los derechos humanos son indivisibles y válidos en todos los lugares del mundo, necesitamos entonces dos informes. ¿Porqué no un informe sobre los derechos humanos que sea aplicable a todos, la Unión Europea y todos los demás Estados, que se debata y apruebe en esta Asamblea? Creo que esto quitaría viento de las velas a la táctica mencionada.

De Esteban Martín
Señora Presidenta, este año, como los anteriores, el Grupo del Partido Popular Europeo ha llevado a cabo un esfuerzo de aproximación y consenso en el seno de este Parlamento para que este informe anual sobre los derechos humanos de la Unión sea un documento uniforme, estructurado, jurídicamente correcto y que recoja con imparcialidad cuál es la verdadera situación de los derechos humanos en la Unión, pero lamentablemente el resultado no ha sido el esperado.
Es bien sabido por todos, y demostrado no solo con palabras sino con hechos, que el Grupo del Partido Popular Europeo fomenta y apoya el respeto de los derechos humanos y contribuye activamente a su defensa y lucha, sin ningún género de duda, contra cualquier violación de los mismos que pudiera producirse en cualquier lugar o situación. Sin embargo, es necesario recordar, tras las palabras del Sr. Schulz, que los Estados miembros de la Unión pertenecen a un grupo de países que garantizan plenamente el respeto a los derechos humanos a través de sistemas políticos, democráticos y pluralistas, con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes.
No obstante, es cierto que en la Unión todavía se produce el riesgo de que algunos derechos puedan ser vulnerados. Estas vulneraciones deben ser objeto de denuncia ante esta Asamblea, pero siempre de forma clara y rigurosa, siguiendo un pormenorizado estudio de cada caso que pudiera producirse para poder establecer si realmente se han vulnerado los mecanismos adecuados de protección y respeto de los derechos, o si los sistemas judiciales y administrativos nacionales han llevado a cabo un procedimiento adecuado sancionador de esta violación. Es evidente que el Parlamento Europeo debe procurar, como órgano colegislador, que la evolución del Derecho de la Unión se realice en el marco del respeto de los derechos fundamentales del ser humano, ya que cualquier proyecto de sociedad auténticamente democrática debe tener como principal objetivo la libertad y la dignidad del ser humano.
Sin embargo, debemos resaltar que para elaborar un informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión, es necesario un conocimiento de la regulación nacional e internacional de los derechos humanos, así como una rigurosa noción de los conceptos jurídicos que se utilicen además de una precisión terminológica estricta. Es asimismo importante la utilización de fuentes jurídicas como base del documento y no de informes carentes de fundamento jurídico basados en meras declaraciones de principio o en acusaciones a veces carentes de fundamento. Si estas premisas básicas a la concepción y redacción del informe no se tienen en cuenta, podremos encontrarnos con una profusión de declaraciones programáticas carentes de sentido, una arbitrariedad manifiesta en la clasificación de los derechos y en su tratamiento, una imprecisión en los conceptos jurídicos que se utilizan y una desmesurada atención a casos aislados que se refieren únicamente a sucesos excepcionales.
Por todo ello, el informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea debe circunscribirse a lo que es nuestra principal guía en el camino de la construcción europea: el Derecho originario del Tratado de la Unión. El Tratado establece, de manera clara e inequívoca, cuál es el contenido del concepto de derechos humanos que la Unión y sus instituciones deben respetar. Pues, como sus Señorías conocen, ningún acto o legislación que emane de la Unión Europea, ni de sus Estados miembros, puede contradecir el Derecho originario de la Unión, es decir, sus tratados constitutivos. Por ello, un informe sobre los derechos humanos debe estructurarse teniendo en cuenta los principios contenidos en el Convenio de Roma.
Bien es cierto que con la evolución del Derecho, de la política y de la economía, y como consecuencia de la vida en sociedad, los Estados han ido recogiendo otras garantías vinculadas al Estado del bienestar. Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo ha introducido dos enmiendas en este sentido, instando a las comisiones parlamentarias de Asuntos Sociales y de Medio Ambiente a que elaboren sendos informes sobre la situación y el respeto de estas garantías, ligadas a materias de su competencia, con la profundidad y el detenimiento que merecen.
Permítame, señora Presidenta, para terminar, que lamente de nuevo la imposibilidad de que el Grupo del Partido Popular Europeo pueda dar su apoyo a este informe, pero nos vemos obligados a ello por considerar que el proyecto de informe no respeta la base jurídica fundamental y necesaria para la elaboración del mismo: el Convenio de Roma. Asimismo, quiero expresar mi deseo de que el próximo informe de este Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión sea un documento estructurado y riguroso, un informe consensuado y no programático, un informe que no sea un reflejo distorsionado de la realidad por la politización del mismo.

Schaffner
Señor Presidente, en primer lugar debo felicitar a la señora Roth por el trabajo que ha realizado y por el tiempo que ha dedicado a intentar conseguir un texto consensuado. Pero en un ámbito en el que, efectivamente, debería haber consenso, surgen dificultades cuando se entra en detalles y no es posible conciliar lo irreconciliable, ya que nos encontramos en estos momentos frente a verdaderas decisiones sobre el tipo de sociedad.
Uno de los reproches esenciales que yo haría a este informe es el de que pretende explorar todos los aspectos de la vida en sociedad, enumerar todas las situaciones, añadir todos los casos tipo. No se trata de un informe sino más bien de un catálogo. Pretendiendo ser exhaustivo, el informe corre el riesgo evidente de resultar imperfecto. Enfermos y sanos, capacitados y discapacitados, jóvenes y viejos, hombres y mujeres y otros..., libres y detenidos, militaristas y objetores de conciencia, creyentes y no creyentes, personas de color o no, etc... Si pudiera permitirme bromear sobre un tema tan importante: ¿y las pelirrojas, señora Roth? Ha olvidado usted a las pelirrojas. Hace no demasiado tiempo todavía eran gravemente perseguidas.
Ahora en serio, sigo convencida de que el modelo en este tema sigue siendo la declaración de los derechos humanos de 1789, ¡17 artículos y no 171! Artículos precisos, concisos, que pueden suscribirse en cualquier lugar. En el artículo primero está todo: »Los hombres (del latín homo y no de vir ) nacen y mueren libres e iguales en derechos.»
Si se pretende hacer demasiadas cosas, se puede llegar a defender lo indefendible. Así, queriendo defender, en el artículo 26, la libertad de rito al lado de las religiones y de los cultos, sin referencia a nuestras legislaciones nacionales, se está defendiendo también uno de los peores azotes que afectan a muchas niñas de origen africano: la ablación del clítoris.
Sin duda, nuestra Europa no es perfecta. Sin duda, nuestros Estados aún deben progresar. Pero aquí, en el Parlamento Europeo, yo, al igual que los diputados de cada Estado de la Unión, disfruto de uno de los derechos más importantes que existen, el de poder votar contra este informe.

Wiebenga
Señora Presidenta, en el ámbito del respeto de los derechos humanos Europa posee una buena reputación. Con razón se esfuerza la Unión Europea en mejorar la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Pero si queremos llevar a cabo desde Europa esta tarea con autoridad será necesario por supuesto que pongamos orden en nuestra propia casa. Es ésta la razón por la cual el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas estima conveniente que cada año procedamos a un análisis de la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
Señora Presidenta, en el informe anual consta toda una serie de cuestiones positivas. Aunque hay lugar también a ciertas observaciones críticas. Me referiré a tres puntos en particular. En primer lugar, nuestro grupo opina, tras larga discusión, que la resolución es demasiado extensa, tan extensa que sólo será leída en contadas ocasiones. Por este motivo, nuestro grupo desea que se reduzca el documento suprimiendo una serie de apartados.
En segundo lugar, señora Presidenta, la resolución deberá ser más matizada en lo referente a algunos puntos. Si en ocasiones la situación reinante en las cárceles deja de ser satisfactoria, no es esto lo que se observa en todos los casos.
Y en tercer lugar, la resolución menciona una serie de asuntos en los cuales la Unión Europea carece de competencia por ser atribución de los Estados miembros. Un claro ejemplo lo constituye el apartado 18 referente a la eutanasia. No es la Unión Europea la encargada de regular esta cuestión. Es nuestro deseo pues que se suprima dicho apartado de la resolución.
Señora Presidenta, al contrario de los demócrata-cristianos, los liberales opinamos que el espacio brindado en la resolución a la mención de derechos sociales fundamentales, como por ejemplo el derecho a un entorno libre de contaminación y demás aspectos ambientales, resulta limitado. Pero estos derechos sociales fundamentales revisten otro carácter distinto del de los derechos fundamentales clásicos. Esto implica de parte de las autoridades una obligación de esfuerzos pero no la obligación de garantizar resultados concretos.
Señora Presidenta, después de todo, esperamos que el debate y las votaciones sobre las enmiendas puedan conducir a una resolución equilibrada.

Mohamed Alí
Señora Presidenta, nuestras sociedades democráticas deben crear las condiciones necesarias para que toda persona, por el hecho de serlo, disfrute de los derechos humanos, entendidos no sólo como derechos civiles y políticos, sino también como derechos económicos, sociales y culturales.
Hoy en día no se puede hablar de derechos humanos sin hablar de derechos humanos sociales. Las cuestiones relacionadas con el trabajo, el salario, las condiciones laborales, el respeto de las minorías, la lucha contra el racismo, etc., tienen mucho que ver con los derechos humanos. La pobreza aumenta en los países de la Unión Europea. Cada vez son más las personas que por un motivo u otro son víctimas de este mal y, para combatir esto, es esencial la promoción de la ayuda social y el apoyo de los poderes públicos. Es necesaria una política que promocione una seguridad social fundamental y que garantice realmente la igualdad de oportunidades.
Una ola de racismo y xenofobia se extiende por nuestros países y los acontecimientos que se han producido en distintos lugares de la Unión, en estos últimos días, ponen de manifiesto la gravedad que está adquiriendo el problema del racismo. En Europa se sigue discriminando a los extranjeros, y la ley sigue considerando a estos ciudadanos como un peligro para la seguridad y el orden público -como objetos de vigilancia policial y no como sujetos del enriquecimiento social y cultural de nuestra sociedad-. El aspecto multicultural que conlleva el hecho de contar con extranjeros y con sus culturas entre nosotros supone, sin lugar a dudas, una plusvalía social que hará progresar a nuestra sociedad europea. Tenemos que evitar que se produzca una jerarquización de las personas. En la Unión Europea son extranjeros buenos sólo los extranjeros procedentes de países de la Unión. Todos los demás inmigrantes, por razones de empleo, refugiados, etc., son seres humanos de segunda clase cuyos derechos fundamentales se ven cada vez más limitados.
En el Año europeo contra el racismo los Estados miembros tienen que garantizar, más que nunca, la protección de las comunidades extranjeras contra la violencia racista y contra toda forma de discriminación. Y las instituciones comunitarias deben dar prioridad a la financiación de proyectos que vayan encaminados a la lucha contra el racismo. Una sociedad europea que quiere presumir sin complejos de ser democrática y solidaria, y de tener un alto grado de cumplimiento de los derechos fundamentales, no puede olvidarse de garantizar una seguridad social a todos sus miembros. Y no puede permitirse despreciar la riqueza multicultural que supone la integración de extranjeros en nuestra sociedad.

Orlando
Señora Presidenta, señores diputados, el informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea puede y debe ser un momento importante de conocimiento, de verificación y de propuesta. A ese informe anual han dedicado un gran esfuerzo la ponente Claudia Roth y la Comisión de Libertades Publicas y Asuntos Interiores.
Quisiera hacer una primera consideración, y es que estoy agradablemente sorprendido. En efecto, ese informe no refleja las opiniones personales de la Sra. Claudia Roth. Es decir, la ponente no refiere sus opiniones partidistas, a veces -permítame- extremistas, sino que ha intentado dar, con un esfuerzo significativo, una visión completa de los derechos humanos en la Unión Europea. De ahí procede mi agradable asombro. Por eso estoy agradablemente asombrado, y quiero añadir que el informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea no puede, no debe ser, como desgraciadamente ha ocurrido en el pasado, un motivo de enfrentamiento entre las partes, no puede ni debe ser un documento sobre el que se oponen dos bandos. Espero que este año el Parlamento Europeo querrá superar ese esquema, un esquema estéril, porque no es necesario ciertamente estudiar, debatir y examinar los derechos humanos para probar la consistencia numérica de los grupos y de los bandos.
A este respecto deseo indicar que yo votaré a favor de este informe, aunque no comparto algunos aspectos suyos: comparto, en cambio, su estructura general y estoy convencido de su utilidad y de su necesidad para el avance de Europa. Precisamente para poner de relieve la necesidad de superar la lógica del encastillamiento y de la oposición, en la comisión muchas veces he expresado mi desacuerdo respecto de la propuesta de la ponente y creo que, además, puedo afirmar que la propia ponente no comparte completamente todos los puntos del informe.
He leído y releído este informe y no he encontrado en él ningún pasaje radicalmente incompatible con mis opiniones personales. Hay, ciertamente, algunos puntos sobre los que disiento, pero nada de radicalmente incompatible. Si no fuera así, desde luego mi voto no sería favorable.
La ponente ha afirmado esta mañana que, en algunos aspectos, se trata de un informe partidista. Desde luego en un punto lo es, porque no se limita a los derechos humanos, tal y como están definidos en el Convenio internacional, sino que afronta más ampliamente el tema de los derechos sociales y de seguridad.
A este respecto quisiera hacer una precisión. Precisamente porque hablamos de los derechos humanos en la Unión Europea, sería estéril no afrontar el tema de los derechos sociales y de seguridad. Para terminar, el deseo de que en la votación de hoy, precisamente en nombre del respeto de la persona humana y de la función del Parlamento Europeo, se pueda superar la lógica de los bandos y la distinción entre derechos humanos, por una parte, y derechos sociales y de seguridad, por otra.
Si tuviéramos que votar por bandos y, por lo tanto, de manera restrictiva, deberíamos preguntarnos para qué sirve votar en sesión plenaria si luego nos limitamos a registrar un resultado de la votación que prescinde del contenido del informe, pero que, en cambio, está condicionado por los encastillamientos que decía y por la consistencia de los grupos. Además de la necesidad de respetar a la persona humana, creo que está también la exigencia de respetar al Parlamento Europeo y su función, que no puede ser ni pasiva ni estéril.

Pradier
Señora Presidenta, la Sra. Roth ha realizado un trabajo indispensable. Ciertamente, comprendo que se le hayan hecho una serie de reproches sobre el carácter un poco de trastero que se le podría atribuir. A pesar de todo, creo que, se quiera o no, será necesario añadir a las libertades y a los derechos fundamentales lo que se ha llamado durante un tiempo libertades formales, como son las de asociación, opinión, expresión, etc...; será necesario también que tomemos en consideración el derecho a los servicios sanitarios cuando se esté enfermo, el derecho a la educación cuando no se tenga, el derecho a un trabajo digno, a unas condiciones dignas de encarcelamiento, el derecho a respirar un aire respirable. Sencillamente. Todos estos derechos son cuando menos tan inalienables como los precedentes.
Sin embargo, también es cierto que existen zonas fronterizas, y me agrada que el informe haya puesto el dedo en un elemento fundamental como es la eutanasia. No se juega con la vida, ámbito en el que verdaderamente se puede hablar, y ya se ha dicho en este hemiciclo, de verdaderas decisiones sobre el tipo de sociedad. Así las cosas, se toman dictámenes definitivos, y me gustaría que todo el Parlamento pudiera estar con usted en este tema.
Al mismo tiempo, nos podemos preguntar ciertamente qué habremos de esperar para el futuro. Sin duda, avanzar, conseguir que avancen estos derechos, pero no estaría mal si no se retrocediera, pues, en nuestros países, el derecho de los extranjeros en especial, se ve poco a poco reducido, triturado, y en la actualidad, defender los derechos de los extranjeros en nuestro territorio forma parte de la batalla por los derechos humanos.
Alguien ha dicho que se trataba de la elección de un tipo de sociedad. Sí, es cierto, se trata de un tipo de sociedad, pero digamos que, para ser fieles a lo que se nos ha pedido, debemos trabajar por una sociedad que sea abierta con todos los hombres, que atienda a todos, es decir, una sociedad más fraternal. Eso es lo que yo agradezco a la Sra. Roth.

Van der Waal
Señora Presidenta, la Sra. Roth ha llevado demasiado lejos el concepto de los derechos humanos. Independientemente de ello, puedo suscribir una serie de aspiraciones y de pronunciamientos sociales contenidos en su informe. Le agradezco también el apartado referente a la eutanasia.
Sin embargo, no dejo de albergar contra el informe en su totalidad graves objeciones. Para comenzar, por el hecho de delegar enteramente la responsabilidad del respeto de los derechos humanos en la Unión en manos de los gobiernos nacionales. Es evidente que un Estado miembro tiene la tarea de mantener el orden jurídico y de protegerlo de manera activa. Pero es responsabilidad de todos y de cada uno de los miembros de la colectividad aceptar y observar estos derechos. Normas y leyes - estamos de acuerdo. Somos nosotros mismos los responsables de consolidar la calidad de nuestras sociedades. Pensemos en conceptos tales como intolerancia, actos de vandalismo y comportamiento antisocial. Es ahí donde radica el problema. Para lograr un enfoque adecuado de éste se hace necesario un modelo de normas y valores. Este aspecto no figura en el informe. Lo que estamos haciendo simplemente es combatir los síntomas cuando por ejemplo luchamos contra la explotación sexual de mujeres y de menores y al mismo tiempo reclamamos una libertad sin límites para la publicidad o la pornografía.
Mi otro reparo es el hecho de que el informe parte del supuesto que somos nuestro propio legislador autónomo. Se sientan así las bases para dar un carácte humano a la sociedad. Pero si no se reconoce el derecho de Dios sobre nuestras existencias, resulta imposible garantizar la totalidad de los derechos humanos. De esta manera se brinda protección a los desfavorecidos socialmente, pero el más débil e indefenso de las criaturas, el nonato, es considerado como un proscrito. Encima de ello, se pide cabida para formas alternativas de sociedad mientras que en el informe se rechaza un pronunciamiento conveniente sobre el matrimonio entre hombre y mujer instituido por Dios.

Féret
Señora Presidenta, en este informe, en este inventario interminable que se parece menos a un poema de Prévert que a un catálogo de un gran bazar, se encuentra de todo. Y no soy el único que lo ha dicho esta mañana. Se encuentra de todo y lo contrario de todo. De este modo, se pretende disuadir a los Estados miembros para que reflexionen sobre un posible restablecimiento de la pena de muerte para los crímenes odiosos mientras se intenta conceder una total libertad de expresión a los asesinos de niños no nacidos. En Bélgica, mi país, la pena de muerte fue abolida hace un año. Fue enterrada unos meses más tarde en Charleroi, mientras se exhumaban unos cadáveres de niñas torturadas y asesinadas.
Encontramos también en este informe la incombustible trivialidad socialista del derecho a la salud, cuando ningún médico, ni siquiera el más preparado, ni siquiera el más experimentado, puede pretender darla, sino solamente dispensar los mejores servicios para todos. Y así, en ese orden de ideas, al lado del surrealista derecho a la salud, me gustaría inscribir el derecho a la inteligencia para todos. Este informe la necesita mucho.

Lindeperg
Señora Presidenta, por mi parte siento que, como en los años anteriores, este importante informe sobre los derechos humanos haya dado lugar a las mismas interminables tergiversaciones para delimitar el campo de los temas a tratar: concepción estática de los derechos humanos frente a acepción evolutiva y dinámica. El excelente informe de la Sra. Roth no se ha sustraído a la polémica y lo siento. No es que la confrontación izquierda-derecha me parezca sistemáticamente nociva, más bien al contrario, pero temo que esta oposición en un informe tan importante haga pasar a un segundo plano la verdadera división, la que separa a la inmensa mayoría de este hemiciclo consciente de que el respeto por los derechos humanos es uno de los valores esenciales de la Unión Europea, de una minoría que no deja de desprestigiar este concepto. Únicamente el derecho a la libertad de expresión goza de favor ante los ojos de la extrema derecha. Se reclama esta libertad para poner más fácilmente en la picota a las legislaciones que, sobre todo en Francia, permiten que se sancione la incitación al racismo y la negación de los crímenes contra la humanidad.
Por ello, quisiera recordar que el comité de las Naciones Unidas encargado de verificar la aplicación del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos por los 133 países signatarios tomó, el pasado noviembre, una decisión importante. Desestimó la demanda del revisionista Robert Faurisson, que pretendía que la ley Gayssot atentaba contra su libertad de expresión y de enseñanza. El comité considera que no hay nada de eso y que la libertad de expresión puede someterse a restricciones necesarias en el respeto por los derechos o la buena fama del otro. Se puede pensar que no hace falta decirlo, pero sin duda es mejor hacerlo.

Nassauer
Señora Presidenta, señoras y señores, se ha aprobado este informe para legitimar al Parlamento Europeo para que pueda llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Pero el informe se ha alejado muchísimo de este enfoque originario. Ya no pretende esto. Pues sin duda es difícil entender que este informe pueda autorizar al Parlamento Europeo a criticar las violaciones de los derechos humanos en China o el Zaire. Quiero exponer un ejemplo. En el informe se dice: »Se manifiesta favorable a la elaboración de un instrumento jurídico vinculante a escala comunitaria que establezca las garantías mínimas relativas a los ingresos, la protección social, el derecho a recibir atención médica y al alojamiento». Estimada señora Roth, con todos los respetos, pero ¿cómo una exigencia de tan amplísimo alcance puede autorizar al Parlamento Europeo a llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en el Zaire?
El problema de este informe es el siguiente: no se ocupa de violaciones concretas de los derechos humanos sino que enumera exigencias políticas. Contiene un programa político básico. Proporciona más información sobre la posición política de la autora que sobre la situación de los derechos humanos en Europa. Precisamente este es su punto débil. Tenemos que modificarlo si queremos que este informe sea tomado en serio en el mundo. Hay ejemplos también de ello.
La ponente tiene una actitud muy crítica con la exigencia de la llamada «inmigración cero». Es decir, critica que en ningún Estado miembro de la Unión Europea está autorizada una inmigración general. Y esto se declara como una violación de los derechos humanos. Estimada señora Roth, no tiene sentido declarar esto como violación de los derechos humanos. Usted se aleja muchísimo de lo que en todas partes es un consenso político.
La ponente polemiza además contra la aplicación del concepto de «tercer Estado seguro» en el derecho de asilo. Está totalmente claro que se puede debatir al respecto pero hacer de ello una violación de los derechos humanos es, permítame que lo diga, totalmente erróneo.
Les propongo una salida. Les propongo que renunciemos a la diferenciación entre derechos humanos en Europa y en todo el mundo, en lo que comparto la opinión del colega Schulz. Si el concepto es indivisible, debe ser válido en Europa tanto como en China o en el Zaire. Les propongo que recojamos en el informe solamente aquellas violaciones concretas de los derechos humanos que se pueden denunciar ante el Tribunal de los Derechos Humanos aquí en Estrasburgo.
Propongo que recapacitemos si esta tarea no debe confiarse a nuestra Subcomisión de Derechos Humanos. La polémica que necesariamente se produce cuando se presentan tales programas políticos no nos es de ayuda a nosotros, ni tampoco para los derechos humanos.

Caccavale
Señora Presidenta, señores diputados, también yo deseo dar las gracias a la Sra. Roth por el cuidado y esmerado trabajo que ha hecho con este informe, del que también yo aprecio muchísimas partes, pero del que tengo que decir que presenta también puntos más discutibles. Ciertamente, el debate -también el de hoy- se ha anquilosado en este hemiciclo entre la que se ha definido como la concepción estática y la concepción dinámica de los derechos humanos.
Sobre ese punto yo no tengo una respuesta, de las dos concepciones no sé decir si se debe considerar una o la otra: lo cierto es que todos nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad en evolución. La concepción de los derechos humanos evoluciona porque los mismos derechos evolucionan, también por lo que respecta a los llamados derechos sociales. Ciertamente, sobre los derechos sociales, y aún más sobre los derechos a la seguridad social, no estamos de acuerdo con muchas de las recetas -llamémoslas así- que ofrece este informe: cuando se amplía el derecho a la seguridad social y se piden políticas incisivas de protección social y económica con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a la belleza, el derecho a la mujer, el derecho a hacer el amor, el derecho a hacer de todo, pues bien, evidentemente ésta es una manera de devaluar, de hecho, la concepción del presente informe.. En cambio, considero fundamentales las libertades económicas, pero por los motivos contrarios a los aducidos por la Sra. Roth: en realidad es precisamente debido al desbordamiento del Estado social por lo que hoy existen casos evidentes de pobreza, de marginación y de desempleo.
Ciertamente, Europa debe ser un modelo, y en eso tiene razón la Sra. Roth: la cárcel no puede ser considerada como un hecho punitivo o, peor aún, como una tortura, sino como una rehabilitación; el juicio debe ser justo y, por lo tanto, debe existir paridad entre acusación y defensa; debe existir siempre el respeto del Estado de derecho, incluso cuando se combate contra el terrorismo o la mafia; no se puede educar al ciudadano para la delación; el juicio debe ser justo también para el que pide el asilo, también para el que huye de la guerra o del hambre y nos pide hospitalidad. Esto, obviamente, no significa inmigración total. Sobre todo eso, evidentemente, nosotros votaremos a favor del informe Roth; la delegación italiana votará a favor del informe aunque tiene muchas dudas sobre muchos artículos, como el artículo 18 sobre la eutanasia activa, que no entendemos, el artículo 26 sobre la privación de la libertad religiosa para las sectas, sin comprender aún qué son las sectas, sobre el artículo 142 sobre el derecho, entre otras cosas, a la adopción por parte de los homosexuales.

Goerens
Señora Presidenta, ¿se podría considerar que el presente informe es demasiado temerario, demasiado audaz? A la vista de las enmiendas, ésa parece ser la opinión de muchos diputados. Pero los derechos humanos no son algo estático. Su definición puede evolucionar con el tiempo, con los cambios de mentalidad y según la concepción que se tenga del hombre y de su dignidad. Ello no significa que sea conveniente minimizar el corpus clásico de los derechos humanos, pues conserva todo su valor, pero quizá ha llegado el momento de completarlo.
Nuestro ponente nos invita a ello de forma explícita al adoptar la distinción, clásica ya a partir de ahora, entre derechos humanos de primera y de segunda generación. Nos invita a codificar y a garantizar una tercera generación de derechos humanos.
Sin duda se puede objetar que, de tanto que se pretende multiplicar y ampliar los derechos humanos, se corre el riesgo de trivializarlos y de diluir el significado simbólico y político tan marcado que los caracteriza. Hay que tomar en serio esta objeción, pero sólo como una reflexión en el sentido de que una ampliación de los derechos humanos es perfectamente legítima y sin duda necesaria, aunque sólo sea porque nos obliga a reflexionar sobre el devenir de nuestras sociedades y porque nos permite corregir algunas evoluciones en tiempo útil.
Este planteamiento evolutivo se justifica igualmente por el hecho de que las declaraciones y los textos clásicos son también el resultado de una evolución que se ha ido escalonando a lo largo de varios siglos antes de concluir en una codificación jurídicamente vinculante. Esto es especialmente cierto por lo que respecta al ordenamiento jurídico internacional, donde el desfase en el tiempo entre lo que estaba consagrado desde muy antiguo en el orden interno y un código de buena conducta aplicable a las relaciones entre Estados es especialmente sorprendente.
Por supuesto, existe este otro desfase entre la proclamación solemne de los grandes principios y las realidades sociopolíticas que, por desgracia, consiguen con demasiada frecuencia que los derechos humanos se queden en letra muerta.
La Sra. Roth se ha esforzado por mostrarnos que, en lo que concierne al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Unión Europea, no todo está a pedir de boca en el mejor de los mundos. Esta constatación pasablemente abrumadora puede chocar a algunos, pero, en este ámbito, es importante ser especialmente exigente y no ceder a la tentación de taparse la cara o mirar a otro lado para no ver cosas desagradables. Es penoso comprobar como, incluso entre nosotros, la razón de Estado puede prevalecer sobre el respeto por los principios que deberían ser para nosotros muy preciados.

Pailler
Señora Presidenta, siento que el Sr. Nassauer se haya ido. ¡Qué hipocresía! ¿una concepción política de los derechos humanos? Pero cuando el señor Caccavale dice que la pobreza es imputable al Estado social y a la asistencia, que obstaculizan a las empresas económicamente útiles, ¿no tenemos en ese caso una concepción política de los derechos humanos? En cuanto a los casos concretos, saben ustedes muy bien que nada más que se cita un país presentan ustedes una enmienda para excluirlo. Así que, ¡ya está bien de hipocresía!
Al contrario de lo que pretende una gran parte de la derecha de este hemiciclo, el Estado puede atentar contra las libertades. Puede darse un abuso del poder del Estado, y existen con frecuencia abusos de poder por parte del Estado: trato inhumano a detenidos, cuestionamiento de los derechos humanos en el ejército, etc...
Esa derecha no ha asimilado aún que algunos derechos son deudas con la sociedad, derechos positivos, como desde 1848 en Francia, por ejemplo; los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos son derechos humanos.
Por mi parte, quisiera centrar mi intervención en la inmigración, o mejor, en la forma como algunas fuerzas políticas (y por desgracia algunos gobiernos) utilizan la inmigración con fines de política interior. En Francia, las leyes Pasqua y Debré son ejemplos concretos. En el plano europeo, muchas decisiones sitúan a la totalidad de los inmigrados bajo sospecha intentando desestabilizarlos. Estas legislaciones, aprobadas o en fase de preparación, atentan contra los derechos humanos fundamentales.
Tanto en París como en Bruselas o Estrasburgo, hay que negarse a ir al terreno que desea Le Pen. Es necesario dejar de hacer de los inmigrantes las víctimas propiciatorias de la crisis, con todas las derivas racistas y xenófobas que resultan de ello. Tratar al extranjero como sospechoso es amenazar a toda la sociedad europea.
Digámoslo con firmeza: lo que plantea el problema no es la inmigración, es la crisis social, el paro provocado por la aplicación de políticas económicas basadas en la competitividad de los salarios y en la exclusión social. En cuanto a las costumbres, hay una incapacidad para tomar en consideración las evoluciones, así como una voluntad por parte de algunos de continuar discriminando a los homosexuales y a las parejas de homosexuales, que pondrían en peligro el matrimonio y la familia.
Que aquellos que no quieran votar a favor de este acuerdo reflexionen sobre lo que decía Descartes, y termino con esta cita: »No apruebo en absoluto que alguien trate de engañarse alimentándose con falsas expectativas. Por ello, viendo que conocer la verdad, aunque ésta sea en nuestro perjuicio, supone una mayor perfección que ignorarla, confieso que es mejor estar menos alegre y poseer más conocimientos.»

Ullmann
Señora Presidenta, señoras y señores, cuando se trata de los derechos humanos en la Unión Europea, comienzan de repente a sentirse heridas las susceptibilidades nacionales, alegándose incluso el principio de no injerencia en los asuntos internos, concepto que me recuerda mucho el vértice sobre el que giraba la política de derechos humanos de los países comunistas. Pero el Parlamento Europeo es bloqueado por el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos como marco normativo y exclusivo de cualquier debate sobre la garantía o violación de tales derechos. Pero, sin duda, no se ha creado para ello.
Esta política se basa en un doble error. Por un lado, el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión no nos obliga solamente a tener en cuenta el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos sino también las Constituciones de los Estados miembros, en las que se consideran también las bases sociales y culturales de los derechos humanos, configurándolas de un modo muy enriquecedor y no en todas las Constituciones de un modo tan restrictivo, colega Nassauer, como en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.
En segundo lugar, no somos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni mantenemos ningún proceso que, naturalmente, solamente se podría seguir sobre una base justiciable. Aquí se trata de un informe en el que se deben recoger las interpretaciones de los derechos humanos de las Declaraciones de la ONU, el Pacto sobre Derechos Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y finalmente la totalidad de la legislación antidiscriminatoria de la Unión Europea. Es decir, todo lo que los documentos de Helsinki y la Carta de París denominan como la «dimensión humana». Esto se incluye entre las convicciones jurídicas de los países miembros de la Unión Europea. ¡Cómo se puede ignorar esto!
El informe sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea no persigue el objetivo de determinar la interpretación y práctica de los derechos humanos al nivel de 1950 sino de seguir desarrollándolas bajo las condiciones muy diferentes de nuestro tiempo.
Como el Consejo acaba de proporcionar un lamentable ejemplo de la debilidad de la política sobre derechos humanos de la Unión Europea, esta Asamblea debería unir sus fuerzas y mostrar no solamente a la opinión pública europea que hay suficientes europeos que quieren superar esta debilidad.

Vandemeulebroucke
Señora Presidenta, estimados colegas, me parece positivo que hablemos hoy aquí de la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea. Con razón aboga la Sra. Roth por la supresión de toda forma de discriminación basada en raza, sexo, identidad sexual, creencia, ideología, edad, incapacidad, dejando sentado que los derechos humanos son una entidad única e indivisible. Con razón aboga también, a mi juicio, por la extensión de derechos humanos tales como los derechos sociales, protección del medio ambiente, el derecho a la salud. Aunque pienso que en su brillante informe falta un punto.
El derecho a su propia cultura, el derecho inalienable a vivir su propia cultura. La diversidad lingüística forma parte del rico patrimonio de la Unión Europea y las comunidades deberán disfrutar del derecho de expresarse completa y dignamente en lo cultural y hacer uso de este derecho contando con la protección europea. En este sentido la Unión Europea no ha dejado de efectuar progresos. Existe un presupuesto europeo destinado a subsidiar las denominadas lenguas y culturas minoritarias. Un paso adelante lo habría constituido la firma por los quince Estados miembros de la Carta Europea de Idiomas Regionales o Minoritarios. También éstos son derechos fundamentales y lamento que dos de los Estados miembros de la Unión Europea no puedan firmar dicho documento. A mi parecer constituye esto una verdadera e importante laguna en nuestra lucha por la unidad a través del reconocimiento de la diversidad. Será únicamente cuando se reconozca con dignidad esta diversidad que podremos dirigirnos hacia una sólida y legítima Unión Europea.

Le Gallou
Señora Presidenta, desde este lado del hemiciclo seguimos con cierta ironía la fractura derecha-izquierda sobre la definición, más o menos elástica, de los derechos humanos.
Pero pensamos que antes de crear nuevos derechos sería necesario ante todo velar por que se respeten los derechos fundamentales, es decir, en primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, incluso para aquellos que no piensen como ustedes, incluso para aquellos que no piensan como el poder cultural o político dominante. Pues, en realidad, es a las minorías políticas a quien hay que defender y conceder las libertades.
Derecho a la libertad de expresión, también a la libertad de reunión, incluso para los opositores al poder, incluso para aquellos que se reúnen para decir cosas que no les gustan a ustedes o a las mayorías dominantes.
Finalmente, los derechos humanos también son el derecho a la libertad electoral y el derecho a la libertad sindical. Y, desde este punto de vista, existen muchos abusos en materia de libertad sindical en Francia, pues los trabajadores sólo pueden presentarse a las elecciones profesionales si pertenecen a sindicatos debidamente homologados y limitados por la ley. No es posible crear nuevos sindicatos, no es posible presentarse libremente en Francia a las elecciones sindicales y profesionales, lo cual, evidentemente, es un ataque muy grave a los derechos humanos.
Este ataque acaba de verse reforzado por la ley Perben, que limita las libertades que aún existían en la función pública en este ámbito. Esta libertad se ve también limitada por una serie de decisiones judiciales dictadas por jueces complacientes a las órdenes del poder, y que han llegado a prohibir algunos sindicatos nacionales, principalmente la Fuerza Nacional-transportes en común, que pretendía autorizar una representación de trabajadores no adscritos en el sector de los transportes.
Pues sí, es necesario defender los derechos humanos en Europa, pero es necesario en principio defender las libertades fundamentales, que no son otras que la libertad de elección, la libertad sindical, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Lambraki
Señora Presidenta, quiero felicitar también a la Sra. Roth por su excelente informe. Creo que da una dimensión social y política al concepto de los derechos humanos, que coincide con el desarrollo registrado en este ámbito en Europa: estamos un paso más adelante con respecto al concepto de los derechos humanos tal como fue definido en la época de la Revolución Francesa.
Hace un año, en una carta mía, haciendo referencia a las decisiones e inquietudes del Parlamento Europeo, pedí al nuevo ministro de Defensa Nacional de Grecia, el Sr. Akis Tsochatsopoulos, que regulara la cuestión de la objeción de conciencia. Celebro poder anunciar hoy a la Asamblea que ya se ha presentado un proyecto de ley que prevé el servicio sustitutorio, con lo cual, según mis estimaciones, se pondrá fin a un tema que ha preocupado durante tantos años al Parlamento Europeo y, en concreto, a muchos de nosotros.
Hemos presentado, a través de la Sra. d'Ancona, una enmienda que espero que, también con el consentimiento de la Sra. Roth, se apruebe, porque este tema es realmente controvertido en Grecia, debido a que es el único Estado miembro de la Comunidad que no linda con ninguno de los otros países de la Unión Europea y a que nuestra Constitución establece el servicio militar obligatorio para todos los griegos. Espero que esta normativa, por un lado, satisfaga la exigencia constitucional de prestación obligatoria para todos y, por otro lado, ofrezca a los que no quieran prestar el servicio militar armado la posibilidad de servir a su país sin atentar contra su conciencia.
Así mismo, quiero destacar que, tras la caída del régimen de los Coroneles en Grecia, en 1974, tras esa mala experiencia de la dictadura, tenemos una Constitución realmente muy progresista. Esto significa que, por supuesto, están garantizados y amparados los derechos de reunión y de asociación, incluido el derecho de asociación religiosa, de todos los ciudadanos, independientemente de si pertenecen a una minoría o no. La alusión a una disposición al respecto en el artículo 47 del informe de la Sra. Roth debe estar basada en una información errónea, ya que la Constitución griega ampara este derecho.

Pirker
Señora Presidenta, el informe sobre derechos humanos que se nos ha presentado sigue la tradición de los años anteriores. Sin duda no es un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión, tal como indica su título, sino un nuevo intento de los socialistas, verdes, izquierdistas, liberales, etc., para, con la excusa de los derechos humanos, presentar al Parlamento y a la opinión pública posiciones ideológicas que de otro modo no se podrían discutir con tal amplitud.
Para nosotros, un informe o los informes sobre los derechos humanos son sencillamente demasiado valiosos como para ser manipulados y utilizados con fines ideológicos. Por ello, desde el Partido Popular Europeo, nos hemos pronunciado en favor de volver a un debate sobre las violaciones reales de los derechos humanos, de denunciarlas claramente, poner en la picota los abusos y hacer todo para que en la Unión, si es que se producen violaciones de los derechos humanos, no puedan ocurrir más.
En el informe Roth, al igual que en los informes anteriores, se discute sobre todo sin distinción. Se exige el derecho a la salud al igual que el derecho a la seguridad social o a un medio ambiente sano. También hay que discutir sobre estos temas, pero en los gremios competentes, es decir, en las comisiones ad hoc y no bajo la cobertura de los derechos humanos.
Si todo el mundo cree tener que decir algo sobre todos los temas, corremos el peligro de ser tachados en la opinión pública como una rebotica. Estoy a favor de se discuta allí donde existan las competencias para hacerlo. Corremos el peligro de que el Parlamento caiga en el descrédito. Si se ve que se expresa la preocupación por graves e ilícitas violaciones de los derechos humanos, por las malas condiciones de encarcelamiento, por el desmontaje de derechos y libertades fundamentales, que se expresa el espanto por las torturas y tratos crueles e inhumanos que llegan incluso hasta la muerte, entonces se cree realmente que no estamos en la Unión Europea sino en Burundi o en el Zaire. Habría que volver al suelo de las realidades si discutimos sobre los derechos humanos y no preguntarse dónde uno vive.
Lo que deseo así como el Partido Popular Europeo es un retorno a los derechos que son reclamables ante los tribunales, al debate sobre las violaciones reales de los derechos humanos y a la exigencia de los mismos en aquellos casos en los se han abandonado.

Andrews
Señora Presidente, no se podía esperar nada menos de alguien como la Sra. Roth, a quien considero una persona extraordinaria. La Sra. Roth ha elaborado un informe que contiene una serie de apartados sobre los que algunos diputados tienen reservas. Debo decir, no obstante, que en general, el peso de este informe me lleva a votar a favor del mismo.
Quisiera citar, por ejemplo, las referencias al trato de los reclusos y a la protección de los niños. Tomar una posición sobre la eutanasia no entra dentro de las responsabilidades del Parlamento Europeo. El desinterés por las víctimas de actos delictivos se ha visto corregido, en cierta medida, por las enmiendas adoptadas en comisión. Pero hay que hacer mucho más por las víctimas de actos delictivos.
Aunque respaldo plenamente que se dé prioridad a la creación de unidades que proporcionen cuidados paliativos a los enfermos terminales que les permitan morir con dignidad, creo que una cuestión tan delicada como la eutanasia no debe ser tratada por el Parlamento Europeo.
El informe contiene una crítica justificada a la utilización de la violencia y al trato inhumano, cruel o degradante y al castigo al que se somete a las personas detenidas o recluidas por parte de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas responsables de mantener la ley y el orden. Los responsables de dichos abusos no deben quedar impunes. El centro de seguridad «Belmarsh» de Inglaterra, que he visitado recientemente, es una auténtica tumba de hormigón en la que los prisioneros son encarcelados durante largos períodos de tiempo. Las mujeres encarceladas en cualquier lugar de la Comunidad deben recibir un trato correcto y digno.
Deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y, en particular, a su presidenta, Hedy d'Ancona, por aceptar mi enmienda en la que solicito que se proporcionen servicios adecuados a las mujeres embarazadas que permanecen en prisión. Acojo con satisfacción la visita a la prisión de Holloway propuesta por la Sra. d'Ancona. El trato que ha recibido en la prisión de Holloway Roisín McAliskey, una reclusa que no ha sido condenada y que espera un hijo, es indignante. En marzo, el periódico The Guardian escribió que el caso de la Srta. McAliskey ilustraba cómo los reclusos que esperan la extradición o la deportación para ser juzgados pueden recibir un trato aún peor que aquellos que han sido condenados. The Guardian informaba también de que el Gobierno alemán ha prometido a la Srta. McAliskey que, si es extraditada, podrá conservar a su hijo con ella. Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno alemán y a los diputados alemanes al Parlamento por la comprensión que han demostrado en este caso en particular y por haber apoyado mi campaña a favor de que se garantice un trato correcto de los reclusos en las cárceles inglesas.

Dybkjær
Señora Presidenta, quiero ilustrar mediante dos ejemplos que, en mi opinión, el informe no es representativo y es demasiado general.
1) Dinamarca ha sido mencionada varias veces, mientras que otros Estados miembros apenas figuran. No quiero ocultar la situación de Dinamarca, pero la imagen que se ofrece está totalmente distorsionada en comparación con la de otros Estados miembros. Esto se debe quizás a que no tenemos ningún representante en la comisión, lo que ha podido convertirnos en cabeza de turco. Por ejemplo, el punto 159 es falso y el punto 33 es erróneo.
2) Si hay que incluir el medio ambiente en estos informes anuales, deben denunciarse violaciones concretas de la legislación sobre medio ambiente y no hacer declaraciones generales de intenciones.
En resumen, señora Presidenta, considero que el informe no cumple sus objetivos y que es inadecuado, por lo que ruego que los futuros informes sean más concisos, más exactos y más verdaderos.

Ephremidis
Señora Presidenta, nosotros votaremos a favor del informe de la Sra. Roth porque es completo, sincero, valiente y objetivo. Votaremos a favor, además, por la manera en que ha sido objeto de ataques por ciertas partes de esta Asamblea durante el debate.
En primer lugar, lo votaremos además porque, como tema principal, plantea la cuestión de que la Comunidad, si quiere ser digna de crédito, primero debe respetar ella misma plenamente los derechos humanos. Este no es el caso, teniendo presente que incluso en algunos de los países más prestigiosos de la Comunidad domina el racismo, y que la xenofobia llega a extremos como el del último incidente del naufragio en el Mar Adriático de un barco que transportaba a mujeres y nios de refugiados albaneses.
Además, votaremos a favor del informe porque menciona como punto concreto el derecho fundamental a la vida y al trabajo, derecho que no se respeta en la Comunidad, en la que hay 25 millones de desempleados, 50 millones personas que viven al límite del hambre y otros tantos sin domicilio.
Por último, votaremos a favor porque insiste en que se garantice el respeto absoluto a la naturaleza y al medio ambiente. Este tampoco es el caso, dado que en la Comunidad se ha atentado contra la naturaleza tanto en el caso de la enfermedad de las vacas como en el del maíz modificado genéticamente, asunto que se debatió ayer en el Parlamento, y lo mismo puede decirse de los residuos nucleares, que prestigiosos países comunitarios producen y depositan en regiones periféricas de la Comunidad Europea y fuera de sus fronteras.
Ahora bien, también votaremos a favor, señora Presidenta, porque incluye en parte una censura de la política griega en esta materia, y esto es -aparte de ciertas reservas que uno pueda tener- una crítica que consideramos muy útil para mi país.

Wolf
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, contemplemos el asunto desde un punto de vista político-global y no jurídico-especializado. Se trata de la misma libertad de todas las personas como seres vivos. Antífono, el sofista, el primero que formuló la idea de la misma libertad dijo que respiramos el mismo aire y bebemos la misma agua. Los pensadores de la Ilustración renovaron esta idea y nunca se trató de objetos jurídicos abstractos, de meros propietarios privados sino de seres vivos concretos, corporales, históricos y sociales. Esto significa que la división que aquí se realiza es artificial. Se ha encontrado a posteriori. Tenemos que desarrollar una política para la persona y los ciudadanos tal como Etienne Balibar siempre ha destacado en sus últimas publicaciones.
Comprendamos por fin que la política de los derechos de las personas y ciudadanos es la herencia central europea, constitutiva de una Europa que quiere realizar su aportación específica, positiva y constructiva al desarrollo de la civilización humana.

Hager
Señora Presidenta, un informe que se pronuncie en favor del respeto de los derechos humanos no debería en realidad plantear problemas. Pero ya solamente a causa de su extensión, el presente informe no se puede tratar detalladamente. Por ello, aparte de una crítica general a los poco claros contornos de los derechos humanos del informe y los puntos ya expuestos, quiero concentrarme en un punto específico. Comprensiblemente me refiero al punto 146, que ataca la regulación jurídica austríaca sobre la edad protegida. Independientemente de consideraciones de derecho internacional, veo una injerencia injustificada en las competencias legislativas de Austria. Quizás los austríacos seamos algo sensibles frente a las propuestas alemanas.
Pero la crítica tampoco está justificada objetivamente. Los diputados austríacos, tras unos debates muy profundos y controvertidos sobre la ley de 1996 para la modificación del Código Penal, tras auditorías de expertos y teniendo en cuenta todos los argumentos, llegaron a la conclusión de que la protección de los menores debe gozar de una elevada consideración.
Si en el punto 54 del informe se dice que el incumplimiento de la libertad de circulación ha acarreado una pérdida de confianza de los ciudadanos en la Unión, entonces les digo que la pérdida de confianza es mucho mayor si el ciudadano tiene la impresión de que los de arriba en Bruselas -esta es la expresión que siempre se utilizaquieren suprimir leyes aprobadas democráticamente. Este es el auténtico malestar de los ciudadanos. Con ello, el reconocimiento formal de la subsidiariedad pierde credibilidad.
He sido juez penal durante decenios y además soy padre de un chico de catorce años. Desde el punto de vista de ambas posiciones me permito decirles que estoy convencido de que la afirmación siempre realizada de que una tendencia homosexual está preprogramada genéticamente no es cierta siempre. Cualquiera que tenga en su casa un ejemplar de este tipo conoce las influencias a que se ven sometidos los jóvenes varones y qué inacabados están. No se cuestiona la tolerancia exigida en el informe frente a los homosexuales, pero la tolerancia debe incluir también a aquellos ciudadanos que quieren proteger a sus hijos.

White
Señora Presidenta, felicito a la Sra. Roth por su excelente informe y me entristece enormemente que la derecha y el centro-derecha hayan adoptado la actitud que al parecer adoptaron hace un par de años ante el informe Newman.
Los que pertenecemos al sector progresista de esta Asamblea entendemos que los derechos del individuo son el fruto de la acción colectiva. Las mujeres no habrían conseguido el derecho a voto de no haberse producido una acción colectiva en torno al movimiento Suffragette. Los sindicatos no habrían sido reconocidos jamás si las personas no se hubieran unido para garantizar su reconocimiento. Y, por consiguiente, nuestra experiencia ha sido diferente de la de la derecha, y ése es el motivo por el que consideramos que los derechos colectivos son tan importantes como los individuales, aunque reconocemos y comprendemos estos últimos en términos del presente informe.
Quisiera recordarle al Sr. Nassauer, aunque no se encuentra presente, que el título de este informe es, en realidad, los derechos humanos en la Unión Europea, y no los derechos humanos en todo el mundo.
Dicho esto, creo que los derechos individuales pueden conseguirse de manera colectiva, y permítame señalar la importancia de los apartados 53 hasta 59, que tratan sobre el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea.
Creo que el Acuerdo de Schengen no exime a los Estados miembros de su deber de cumplir el artículo 7A del Tratado, pero se está utilizando de ese modo, y el hecho de que una serie de Estados hayan suscrito el Acuerdo de Schengen no incrementa el derecho fundamental de los ciudadanos a la libre circulación en la Unión Europea. Es algo muy lamentable, ya que sólo un número reducido de Estados ha suscrito el Acuerdo de Schengen y, por tanto, el derecho del individuo a la libre circulación no está garantizado ni siquiera a nivel colectivo. Es el motivo por el que respaldo los apartados 53 hasta 59 y por el que afirmo que la libre circulación es un derecho fundamental del hombre no sólo para el ciudadano, sino para el funcionamiento de la Unión Europea.

Moretti
Señora Presidenta, Europa quiere erigirse en autoridad internacional como garante de la democracia en el mundo, sin tener, por otra parte, los papeles en regla. Sus enunciaciones y sus proclamas, que se basan en indiscutibles cimientos democráticos, se desperdician, como se desperdician sus condenas, sus consideraciones, sus desaprobaciones, sus preocupaciones, sus indignaciones, sus constataciones, sus observaciones relativas a sus innumerables exhortaciones piadosas, que se repiten sistemáticamente al comentar las significativas y cotidianas tensiones sociales señaladas por las diligentes agencias de prensa.
Es ya habitual hacer que los pueblos de la Unión se sientan culpables de egoísmo, con motivo de cada tensión social que se manifiesta en Europa y en todo el mundo, y nunca se les reconocen los grandes sacrificios y el enorme empeño laboral productivo. Demasiado a menudo las responsabilidades de los gobiernos y del gran capital recaen en la gente de la Unión. La ponente cita derechos y principios sagrados que la Unión no puede ignorar, en particular porque debe reivindicar el papel de garante internacional de los derechos humanos para encubrir a la verdadera Europa antidemocrática de los grandes mercaderes. En el informe no se habla de la Europa de los trabajadores y de los pequeños empresarios, cuyos derechos son pisoteados diariamente por leyes vejatorias, como no se habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Unión ni de las injusticias cotidianas de las que son objeto el pueblo sardo, el pueblo corso, los pueblos padanos, los pueblos irlandés y escocés y tantos otros cuyas peticiones de libertad son sistemáticamente archivadas y definidas como egoístas.

Malone
Señor Presidente, mis felicitaciones a la Sra. Roth.
Muchos de los que pertenecemos a este Parlamento nos ocupamos regularmente de los derechos humanos en el mundo. Hablamos sobre los trabajos forzados y la explotación económica de los niños en varias partes de Asia, y las condenamos, como es natural.
Hoy, cuando centramos nuestra atención en los derechos humanos en Europa, deseo animarles a que contemplen un sector de nuestra sociedad europea, cuya situación no es mejor que en otras partes del mundo: estoy hablando de las mujeres. Nosotras, es decir el 50 % de la sociedad, no tenemos derecho a sentirnos seguras cuando andamos por la calle. Además, la existencia de la pobreza y el desempleo en toda la Unión constituye un incumplimiento continuo de los derechos humanos fundamentales.
Quisiera pedir aquí apoyo para la creación de un instrumento jurídico vinculante que establezca unas garantías mínimas en lo que respecta a ingresos, protección social, asistencia médica y vivienda, y hay que prestar especial atención a las necesidades de las personas de edad avanzada. Por último, quiero respaldar el llamamiento que hace el informe para que los Estados miembros reconozcan los derechos y las necesidades de la comunidad itinerante, en particular, sus necesidades de alojamiento, sus necesidades sanitarias así como sus necesidades de formación. Hasta que no hayamos reconocido estos derechos en particular, no tenemos autoridad moral para criticar a nadie de cualquier parte del mundo.

Van den Broek
Señor Presidente, Señorías, no tiene nada de extrañar el hecho de que en una pequeña observación por una cuestión de orden al inicio de este debate el diputado Dell'Alba se planteara la pregunta de la medida en que la Comisión debería implicarse en este debate, habida cuenta que la Comisión de Derechos Humanos carece de competencias formales en la cuestión de los derechos humanos en el territorio de la Unión. Comprendo perfectamente esta observación. No obstante, estoy agradecido de la posibilidad de escuchar las diferentes intervenciones de las cuales se ha hecho evidente lo increíblemente complicado y difícil que resulta llegar a pronunciamientos conformes en cuanto a la situación de los derechos humanos en los países miembros de la Unión. En este contexto figura concretamente la delimitación del terreno y el alcance de consenso en cuanto a la cuestión de saber en qué medida ciertas aspiraciones tienen algo que ver con deseos o con malentendidos efectivos que merecen ser denunciados tomando como base los derechos fundamentales y libertades que estipulan los tratados internacionales.
Señor Presidente, la Comisión comprende perfectamente la extrema dificultad que entraña el establecer esta diferencia. Al mismo tiempo me permito observar que en los puntos en los cuales la Comisión se halla asociada con los Estados miembros, con los gobiernos de éstos en política exterior, lo cual incluye igualmente la política exterior de derechos humanos de la Unión, ponemos un muy especial interés en participar en un debate interno que al parecer de la Comisión tiene por primer objetivo, no obstante, proceder a una autocrítica y a un autoexamen en el seno de la Unión con vistas a incrementar la credibilidad de la política exterior sobre los derechos humanos. Una y otra vez se nos señala en efecto en la escena internacional que somos capaces de criticar fuertemente diversos países por violaciones de los derechos humanos mientras que la situación interna en nuestros propios países, en nuestros Estados miembros, deja aún mucho que desear. En este sentido, estimo que un debate de este tipo, que revela una cierta disposición de proceder a la autocrítica en el espacio de la Unión, constituye un valor altamente positivo con respecto al exterior.
Señor Presidente, habida cuenta lo limitado del tiempo de que dispongo, desearía efectuar una sola observación en cuanto al grado en que la Comisión se muestra activa con respecto a la protección y a las contribuciones a la protección de los derechos y libertades fundamentales en el interior de la Unión. Pienso, por ejemplo - como ha sido ya mencionado por algunas de Sus Señorías - al tema extremadamente importante que constituye la igualdad de tratamiento para ambos sexos. Se trata éste de un principio jurídico fundamental constituyendo la igualdad de evaluación, a nuestro juicio, un elemento integrante de una ciudadanía democrática. Es también por esta razón por la que la Comisión, en la opinión que elaboró en ocasión de la preparación de la Conferencia Intergubernamental, efectuó propuestas en el ámbito de la igualdad de tratamiento para ambos sexos. Pienso en la proposición, la recomendación de inclusión del principio de igualdad de tratamiento para hombres y mujeres en las funciones de la Unión. Asimismo la proposición de llegar a una prohibición de la discriminación por sexo en una nueva cláusula antidiscriminatoria, en la cual uno de los derechos fundamentales lo constituye la igualdad. Pienso igualmente en las anteriores observaciones de la Comisión con relación a la igualdad de remuneración para trabajos equivalentes y la igualdad de tratamiento en materia de empleo y de aspectos profesionales.
Pienso asimismo en el papel desempeñado por la Comisión en la lucha contra el racismo y la xenofobia. ¿No fue acaso la Comisión la que propuso en designar el corriente año el Año Europeo de Lucha contra el Racismo? Consideramos esto como un verdadero hito en la evolución de la Unión Europea, ya que por primera vez las instituciones comunitarias llegaron a un acuerdo con vistas a adoptar medidas concretas orientadas a combatir el racismo en el marco institucional existente en la Unión Europea. A nuestro juicio constituye ésta una positiva señal. Es evidente que el Año Europeo de Lucha contra el Racismo constituye sólo un elemento integrante de la estrategia general orientada a combatir el racismo, habiéndose registrado a partir de la Cumbre de Cannes considerables avances a ese respecto. Espero que en un porvenir no muy lejano pueda instituirse un Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos.
Por último, en su opinión sobre la Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha hecho saber que la Conferencia debería adoptar en el Tratado disposiciones orientadas a prohibir toda forma de discriminación y en las cuales se condenaran las manifestaciones de racismo y xenofobia.
Otro elemento lo constituyen las cuestiones de seguridad social orientadas a evitar la pobreza y la marginalización que siguen siendo por supuesto de la incumbencia de los Estados miembros. Desde los años setenta se han lanzado a nivel comunitario diversas iniciativas encaminadas a ayudar a combatir la pobreza y la exclusión social.
Otro tema de importancia son las medidas orientadas a combatir el comercio de seres humanos y de menores y la explotación sexual de estos últimos. El 26 de enero de 1997 el Consejo aprobó una acción comunitaria encaminada a penalizar ciertos tipos de conducta y a mejorar la cooperación judicial en este ámbito. En ese tipo de comportamiento se incluyen, entre otros hechos, la explotación de menores con vistas a la producción, la venta o la distribución, u otras formas de comercialización, de material pornográfico e incluso la posesión de material de esta índole.
Señor Presidente, para concluir, diré que la protección y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales son cometidos que incumben en primer lugar a cada uno de los Estados miembros. Aunque son igualmente tareas que atañen a toda la comunidad internacional y que las acciones emprendidas con vistas a su cumplimiento serán tanto más eficaces cuanto mayor sea el empeño de todos los integrantes de esa comunidad internacional, de todas las organizaciones, de todas las instituciones, incluyendo igualmente la Unión Europea.
Deseo terminar expresando en todo caso mi agradecimiento a la Sra. Roth, concretamente por los desmesurados esfuerzos por ella desplegados por tal de presentar en este año de nuevo un informe, bien que no se haya llegado aún a un acuerdo al respecto. Espero, no obstante, que se establezcan de nuevo los fundamentos que hagan posible que en un año venidero se celebre de nuevo entre nosotros un debate totalmente constructivo sobre un tema de esta excepcional significación.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Observatorio de los fenómenos racistas y xenófobos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0110/97) del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)615 - C4-0070/97-96/0298(CNS)) por el que se crea un Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos.

Ford
Señor Presidente, acabo de hablar con el Sr. Caccavale. El informe ya está disponible en todas las lenguas. No obstante, he presentado una enmienda que aún no está disponible, por lo que acepto la decisión de que votemos mañana, a pesar de que ello me ocasiona algunas dificultades.
Llevo ya casi doce años hablando sobre el tema del racismo y del fascismo, la xenofobia y el antisemitismo. Presidí una comisión de investigación desde 1984 hasta 1986 que se encargó de estudiar el crecimiento del racismo y del fascismo en Europa. Fui ponente de una segunda comisión de investigación entre 1989 y 1990 sobre racismo y xenofobia. He intervenido en una multitud de debates de urgencia sobre temas que abarcaban desde el atentado con bomba en trenes de Italia a manos de terroristas de la extrema derecha, hasta los horrores de la profanación del cementerio judío de Carpentras. He participado además en los debates sobre racismo en varias ocasiones.
No obstante, el debate de hoy marca una primicia. Por primera vez estamos hablando sobre un informe técnico de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores que incluye una opinión de la Comisión de Presupuestos sobre una propuesta sólida para atajar el problema del racismo y la xenofobia. Es un informe sobre una propuesta de reglamento del Consejo por el que se crea un Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos. Los orígenes de esta propuesta del Consejo se remontan al ya fallecido François Mitterand y a Helmut Kohl, quienes en la Cumbre de Corfú de junio de 1994 constituyeron una comisión consultiva en la que estaban representados los quince Estados miembros además de la Comisión, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, éste último por el Sr. Oostlander y por mí, para que estudiara los problemas relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.
A lo largo de una serie de cuatro informes en los que se detalla la necesidad de un Observatorio, tras haber recibido el encargo de los Consejos Europeos de Cannes y de Madrid de llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza, el Consejo, a raíz del informe de la comisión consultiva, se mostró, en principio, de acuerdo y pidió que se siguiera trabajando en este asunto. Así se hizo y se presentó una propuesta completa al Consejo Europeo de Florencia. El Consejo aprobó el estudio y encargó a la comisión consultiva que prosiguiera con su trabajo. El Consejo Europeo de Dublín reiteró su deseo de seguir adelante y de que se preparara el lanzamiento del Observatorio con ocasión del Consejo Europeo de Amsterdam.
En el Parlamento Europeo estamos clara y completamente a favor de la creación del Observatorio en cuestión como hemos demostrado en una serie de resoluciones. No obstante, tenemos algunas reservas y deseamos hacer algunas observaciones. En primer lugar, el Parlamento Europeo desea un Observatorio que no sea apenas una contaduría que redacta un informe anual aburrido y vano, formado por columnas de cifras que enumeran los incidentes raciales o incluso los ataques raciales. Lo que deseamos es una institución capaz de recurrir y aunar los recursos ya existentes a nivel local, regional, nacional e internacional en cualquier parte de la Unión Europea y fuera de ella haciendo uso, especialmente, de la experiencia del Consejo de Europa que el pasado año llevó a cabo con gran éxito una campaña bajo el lema «Todos diferentes, todos iguales». Queremos reunir a todos para dar testimonio de los mejores medios prácticos para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, y elaborar listas de recomendaciones para los gobiernos locales, regionales y nacionales y también para el Parlamento, la Comisión y el Consejo.
Esto explica las enmiendas que hemos presentado; de la 1 hasta la 7. Quisiera llamar la atención del Parlamento sobre la letra g) de la enmienda 6, en particular. En ella solicitamos que el Observatorio establezca y coordine una Red europea de información sobre el racismo y la xenofobia, que coopere con los centros especializados a nivel regional, nacional e internacional con el fin de establecer criterios comunes y datos comparables. Quisiera mencionar también la letra e) de la enmienda 6, que dice que el Observatorio formulará, primordialmente a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comunidad y a los Estados miembros. La enmienda 7 pide que se recoja información y datos, en particular sobre medidas preventivas y medios de acción. Hay además una nueva enmienda presentada por el Sr. Oostlander en la que se nos pide que estudiemos el tema de la libertad religiosa y el racismo relacionado, en particular, con la islamofobia.
La enmienda 14 pide que el Parlamento Europeo esté representado en el Consejo de Administración no por un diputado, sino por un representante nombrado por el Parlamento Europeo para ese fin. La enmienda 17 trata del tema del personal. En nuestras enmiendas abordamos dos puntos. Uno, que el personal sea contratado sin ningún tipo de discriminación por razones de nacionalidad, raza, religión o color. Sería realmente absurdo tener un Observatorio antirracista que discriminara a la hora de contratar al personal.
Pero lo más importante, en cierto modo, es que pedimos que los contratos sean principalmente por una duración determinada o en comisión de servicios. Queremos que el Observatorio sea un centro distribuidor, el centro de una red de información procedente de las personas que ya trabajan en este ámbito. Queremos evitar los problemas de un estancamiento burocrático. La enmienda 18 letra c) contempla la posibilidad de que existan fuentes externas de financiación. Alguien me ha preguntado de dónde ha salido esto. Podríamos perfectamente dirigir nuestra mirada hacia Suiza, cuyo Gobierno ha creado recientemente un fondo para la lucha contra el racismo y para la investigación de asuntos relativos al racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
Hay varias otras enmiendas que han sido presentadas por la Comisión de Presupuestos. Estoy de acuerdo con ellas al igual que lo está la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. El Sr. Tappin, ponente para opinión, las explicará con mayor detenimiento. No obstante, hay una cuestión técnica que deseo plantear. La última parte de la letra c) de la enmienda 18, apartado 4 debe pasar al artículo 13, apartado 1, letra a) (nueva) de la enmienda 18. Esto es muy importante. Dice que sin perjuicio de las disposiciones antes mencionadas, serán aplicables los principios y disposiciones que regulan los ingresos y gastos de la Comunidad. Esto debería ser válido para todos por igual.
Mi última observación es que 1997 ha sido declarado Año Europeo contra el Racismo. Fue pensó para que marcara un comienzo, no un final. Sería una grave decepción para los entre 12 y 14 millones de ciudadanos de terceros países y para los cuatro millones de europeos de raza negra si esto marcara el final. Hay propuestas de enmienda del Tratado para que se incluya el tema del racismo, pero aunque dichas propuestas se aprobaran en junio, harán falta varios años hasta que se instaure la legislación. El Observatorio es símbolo del progreso.
Un Estado miembro ha indicado que tiene problemas con el artículo 235, sin embargo el Observatorio de la Droga y la Agencia para la Salud y la Seguridad se crearon sobre esa base. Creemos que nuestras enmiendas permitirán velar contra la vejación racial y demás problemas a los que se enfrentan los Estados miembros, y mi Partido cree que no habrá ningún problema fundamental para la aprobación de una institución de estas características en caso de que el 1 de mayo se produzca un cambio de gobierno en el Reino Unido. Tengo grandes esperanzas de que el Parlamento apruebe el presente informe que conducirá a la creación del Observatorio en el Consejo Europeo de Amsterdam que se celebrará en Julio.

Tappin
Señor Presidente, el Parlamento tiene un largo historial de ayuda a la lucha contra el racismo. Como los colegas sabrán, el año pasado la Comisión de Presupuestos apoyó un aumento de la línea presupuestaria hasta convertir en 8 millones de ecus los 4, 7 millones de ecus propuestos por la Comisión. El Sr. Ford ha expuesto detalladamente las razones por las que debe crearse este Observatorio. En la Comisión de Presupuestos lo apoyamos plenamente. Sólo me referiré a un par de cuestiones que ha tratado el Sr. Ford, pero que, en realidad, tienen que ver con la Comisión.
En lo relativo a los aspectos presupuestarios del Observatorio, nuestras preocupaciones siguen siendo las mismas que con las demás agencias. Las enmiendas se han presentado para garantizar que su funcionamiento se ajusta a los reglamentos armonizados, incluido el derecho del Parlamento a aprobar la gestión. Tanto en opinión de la Comisión de Presupuestos como del Parlamento, no estamos dispuestos a permitir que sea el Consejo de Administración el que apruebe la gestión. Deseo que la Comisión acepte este argumento sin que tengamos que pasar por este mismo proceso cada vez.
Asimismo buscamos una mayor participación del Parlamento y hemos pedido tener un representante en el Consejo de Administración, el cual será nombrado por el Parlamento. Esto ya ha sido aprobado por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.
El siguiente punto es relativo a los recursos propios. Nosotros sostenemos que el establecimiento del Observatorio debe basarse en artículo 142 del Reglamento financiero, y que los recursos propios deben ser tratados como recursos comunitarios y ser consignados como tales en el presupuesto. No obstante, como ha indicado el Sr. Ford, es posible que el Observatorio disponga de recursos adicionales ad hoc. Lo único que pedimos es que las disposiciones relativas a la plantilla y al programa de trabajo para dichos recursos adicionales se financien y se mantengan separados de las líneas presupuestarias.
En lo que respecta al futuro, cuando la organización tenga su propio presupuesto, nos gustaría que nuestra línea presupuestaria B3-4114 se redujera de manera concomitante. Pero la Comisión de Presupuestos apoya el establecimiento de este Observatorio dentro de las líneas generales y de los reglamentos que hemos definido para todas las demás agencias. Apoyamos al Sr. Ford en sus propuestas.

d'Ancona
Señor Presidente, la entrada de la extrema derecha en este Parlamento en 1984 fue el incentivo para una serie de actividades orientadas a combatir el racismo y la xenofobia. Conjuntamente con la Comisión y el Consejo hemos concretado, en forma de resoluciones, debates anuales y la instauración de una importante comisión consultiva, bajo la supervisión del Sr. Kahn, este aspecto primordial de la integración europea, a saber, la exclusión de la posibilidad de un nuevo Auschwitz y el derecho a la igualdad de tratamiento para todos los ciudadanos en el territorio de la Unión Europea.
Mi grupo político espera con el mayor interés que en este año consagrado a la lucha contra el racismo, en este año en el cual quedará concluida la CIG, podrán llevarse a la práctica tres de los informes elaborados por la Comisión. En primer lugar, la adopción de un artículo antidiscriminatorio en el Tratado de Amsterdam. En segundo lugar, un código de conducta para los partidos políticos que excluya la posibilidad de que partidos honorables tiendan en algunos casos, por razones electorales, a asumir concepciones propias de la extrema derecha. En tercer lugar, cuestión que abordamos en el debate de esta mañana, la creación de un observatorio de los fenómenos de racismo.
Esperamos igualmente que el gobierno Major retire sus objeciones a este observatorio, ya que el argumento de la carencia de fundamento jurídico, es insuficiente e irreflexivo. Con un poco de creatividad podrían aplicarse, además del artículo 235, otros artículos encaminados a proveer esta base jurídica. Por ejemplo, el artículo 6, referente a la prohibición de la discriminación por nacionalidad; o el artículo 49, sobre la libre circulación de trabajadores; el artículo 160, relativo a la enseñanza, pero en particular el artículo 213 referente a la investigación. Combinando los artículos 213 y 215 sería posible que comenzásemos a emitir esa señal en el más breve plazo. Porque no podemos desaprovechar ninguna señal que deje claro que nos tomamos muy en serio la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia.

Oostlander
Señor Presidente, la creación del Observatorio viene a culminar de verdad la labor de la Comisión Kahn orientada a combatir el racismo y la xenofobia. Esta comisión ha sabido asimilar de manera óptima el aporte del Parlamento Europeo en las proposiciones definitivas que de él derivan. El Sr. Ford, en su calidad de ponente, y yo hemos insistido por que el Parlamento Europeo haga una revisión efectiva de las iniciativas proyectadas anteriormente. Estimo positivo que nos esforcemos por que todas las iniciativas estipuladas por la Comisión Kahn sean integradas con la mayor rapidez y se haga referencia a los proyectos y programas existentes de la Unión Europea. Conocemos la existencia de un gran número de ellos en el ámbito de asuntos sociales y de educación y cultura. Es sumamente positivo además que se incluya el racismo y la xenofobia como un punto esencial. Atribuimos el mismo interés a la igualdad de tratamiento para ambos sexos. Hemos desarrollado la tradición de tener presente estos factores siempre que se trate de programas destinados a los ciudadanos europeos.
La lucha contra el racismo y la xenofobia no debe ser una acción aislada, sino un conjunto integrado de iniciativas. La proposición de la Comisión ha despertado numerosos reparos en el seno de nuestra comisión parlamentaria así como en nuestro grupo político. A través de una excelente cooperación en el seno de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, conjuntamente con el ponente y colegas de diversos grupos políticos, hemos podido llegar sin ningún tipo de polarización a excelentes resultados. Personalmente, no creo en la polarización, ni siquiera para referirme al anterior debate. Lo extraordinario consiste en el hecho, a nuestro parecer, de que la Comisión Europea efectuó una propuesta según la cual se creaba una institución europea que posee el carácter autónomo de una ONG. Esto es claramente característico del tipo de instituciones que denominamos agencias. Y tal vez este concepto de agencia no sea por consiguiente tan positivo ya que el poder de control parlamentario resulta por definición sumamente limitado. Deseamos que se aumente en alto grado la responsabilidad de la Comisión Europea y que ésta asuma la dirección, también política, de todo lo que suceda con respecto al Observatorio. Es éste el motivo de las enmiendas presentadas por nosotros. Deseamos igualmente que se brinde prioridad en el Observatorio a las preguntas emanantes de nuestro Parlamento y de la Comisión. Es nuestro deber controlar el presupuesto y no aceptar con los brazos cruzados lo que el Consejo de Administración nos presente para nuestro consentimiento o simplemente para información. A ese respecto, la Comisión de Presupuestos deberá contar igualmente con nuestro total respaldo. Es verdaderamente lamentable que el Consejo de Administración se halle constituido de tal forma como si se tratase de un órgano consultivo intergubernamental. Esto amenaza realmente la independencia del propio Observatorio, situación que intentamos corregir en la mayor medida posible.
Hacemos hincapié en la dependencia a la que se ve expuesto el Observatorio frente a las instituciones de investigación. Se dispone de un enorme presupuesto de 6 millones de ecus, lo cual ha dado lugar a inquietudes en el seno de algunas organizaciones como United. Estimamos que esta suma es justificada, pero que debemos obtener los mejores resultados de la misma y que por tanto los fondos han de ser utilizados en particular a fin de estimular a las instituciones de investigación existentes en sus labores y de ayudar a fomentar sus actividades. De ahí nuestra propuesta de contratar para el Observatorio, a través de comisiones de servicio o de contratos provisionales, a personal procedente del circuito a fin de lograr un flujo recíproco altamente positivo de ideas.
Coordinación, armonización y estimulación constituyen, señor Presidente, los cometidos más importantes del Observatorio. Esperamos que esta nueva institución haya de contribuir con el máximo de éxito a combatir el racismo y la xenofobia.

Caccavale
Señor Presidente, los fenómenos racistas y xenófobos, antiguos y nuevos, son absolutamente execrables, y sobre eso estamos todos de acuerdo. Pero el hecho de que se quiera continuar señalando con el dedo, como se ha hecho también esta mañana, a una parte de las fuerzas políticas, en este caso a la extrema derecha, creo que es erróneo, no tanto porque la extrema derecha no demuestre en algunos casos que es racista y xenófoba, sino porque creo que ese modo de enfocar el debate favorecerá, y no impedirá, los fenómenos racistas y xenófobos: cuanto más se les señale con el dedo, más este tipo de fenómeno irá aumentando de manera clandestina.
Creo además que la idea del Observatorio es teóricamente justa, pero en la práctica me parece todavía bastante nebulosa. La califico así porque desgraciadamente se queda en un ejercicio dialéctico que costará a los contribuyentes europeos entre 6 y 7 millones de ecus -quiero recordarlo- para objetivos que están bien explicados en el informe del Sr. Ford, al que agradecemos su empeño: trabajos de investigación, grupos de trabajo ad hoc , informes anuales, conclusiones y recomendaciones, reuniones de expertos, debates, mesas redondas, encuentros análogos, etcétera. En resumen, me parece todo un ejercicio teórico y a menudo probablemente inútil. Yo creo que la causa principal del racismo y de la xenofobia es la ignorancia, es, sobre todo, la falta de conocimiento mutuo, que genera sospechas, que genera desconfianza. Por consiguiente, hay que encontrar ocasiones concretas de intercambios de conocimientos y de informaciones recíprocas, sobre todo entre los jóvenes: ésa es la verdadera manera de luchar contra el racismo y la xenofobia.

Pradier
Señor Presidente, lamento traer una voz discordante a lo que va a ser probablemente una gran armonía, pero creo que vamos hacia la inflación de una serie de estructuras. Para hablar claro, este Observatorio me parece quizá superfluo. Cuando conocemos la calidad de la iniciativa del Consejo de Europa, que nos acoge, que ha realizado un trabajo considerable y que se ha visto enterrado cuando tenía el interés de que afectaba a todo nuestro continente, todos estos elementos nos producen perplejidad.
En primer lugar, el tipo de institución elegido, es decir, el observatorio, participa de un movimiento que consiste en acumular estructuras que pueden superponerse. En segundo lugar, la descalificación de lo político y, más en concreto, de la acción política, en beneficio de una función de observador, que muestra bien el consenso un poco flojo con que este Parlamento se muestra muy habitualmente. Para terminar, se presenta como una alternativa a las acciones ciudadanas que las asociaciones multiplican en el territorio de la Unión y que me parecen más importantes.

Vanhecke
Señor Presidente, el enésimo informe sobre el racismo o el antirracismo, esta vez de nuestro colega Ford, que se nos ha puesto hoy delante de las narices se refiere esta vez a la creación de un denominado Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos. Se estima que este nuevo jueguito saldrá costando al contribuyente europeo nada menos que la friolera de seis a siete millones de ecus anuales encima de los ocho millones de ecus que se están despilfarrando este año en el denominado año europeo de lucha contra el racismo y la xenofobia. Bajo el disfraz del combate contra el racismo - un fenómeno que por lo demás si existe en Europa es bastante marginal sin que alcance en ningún país europeo dimensiones relevantes desde un punto de vista sociológico o político -, con ese pretexto se instituye una especie de observatorio destinado a amordazar, a costas del contribuyente, la libre expresión de opinión, en forma análoga a los centros que ya existen en diversos Estados miembros.
En mi propio país por ejemplo existe ya un servicio similar, un denominado Propaganda-Abteilung , dirigido por un tal Padre Leman, que en breve tiempo ha sabido granjearse el sobrenombre de Gran Inquisidor Torqemada. Porque de lo que se trata es por supuesto, no de intensificar la lucha contra un racismo apenas relevante, sino de combatir la libre expresión de opinión y toda política, toda manifestación de preferencia nacional o europea.
Cada vez que leo el informe del colega, me parece deambular por otra época. Me parece remontarme a la época en que se respiraban los aires totalitarios e intolerantes de la inquisición española, de las quemas de libros en la Alemania nazista o de los procesos de Moscú. Tal vez todo esto suene exagerado. Pero ahora que compruebo que aquí en Estrasburgo se llevaron a cabo incluso hace ocho días violentas manifestaciones contra la celebración del congreso de un partido que ha alcanzado en la región un 26 % de los votos de los electores, y que estos actos son alentados y financiados por el propioEstado y por Europa, no creo entonces en realidad estar exagerando sobre manera.
Entre tanto, simples ciudadanos en nuestros países miembros se ven confrontados día a día con la miseria verdadera, con la miseria real en los denominados barrios multiculturales, con la violencia y el terror de bandas de criminales extranjeros que por ejemplo el fin de semana pasado destruyeron completamente en Amberes el «Café Local». Porque prácticamente en todas las grandes urbes de nuestro continente se oye golpetear el tictac de la bomba de tiempo del desarraigo y de la miseria que bajo el disfraz de «sociedad multicultural» nos tratan de hacer engullir. Este Parlamento haría mejor en elaborar un informe a este respecto.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, en este Año europeo contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo creo que sería muy positivo que, más allá de las declaraciones, termináramos por tener un centro permanente que trabaje por esos tres objetivos. Es mucha la gente que desde los ámbitos de la propia sociedad y, sobre todo, desde el gobierno local y regional, en el que se manifiestan en primer lugar los problemas de la llegada o de la estancia -y digo llegada porque eso es lo que ocurre en mi país- de personas de terceros países, está trabajando en estos temas.
Que este Observatorio sirva para poder trabajar en red, para intercambiar información, para ayudar a aquéllos que ya son activos, me parece muy importante. Estos seis millones que vamos a dedicar a ello creo que no gravarán mucho el presupuesto de la Unión y que, además, si sirven para estos objetivos de coordinación y de alarma de fenómenos racistas, podrían incluso ahorrarnos algún dinero y racionalizar el uso de los recursos.
Me parece que éste es el sentido del texto que nos propone el ponente y creo, por ello, que hay que apoyarlo. Deseo sólo, pues, que los escollos en el Consejo desaparezcan y que el Observatorio, creado de acuerdo con los objetivos que aquí expresamos hoy, vea la vida en este Año europeo contra el racismo y la xenofobia.

Van Bladel
Señor Presidente, el Observatorio constituye un instrumento teórico destinado a combatir el racismo. A mi parecer siguen siendo empero más efectivos otros instrumentos de orden práctico, tales como la lucha contra el desempleo, la criminalidad, el narcotráfico, y por último, y así lo esperamos, un enfoque comunitario de la política de asilo y de migración, aunque sobre todo un adecuado programa de educación orientado a prevenir el racismo. Espero pues que el Observatorio dé como resultante algo más que la simple adición de todas las pequeñas organizaciones que se ocupan de manera eficaz del combate del racismo. Espero que la Comisión pueda brindar garantías a ese respecto. En todo caso lo que deseo es que el Observatorio no se convierta en un centro más de empleos con pingües salarios. Hay que evitar esto a toda costa, por el hecho de que en el territorio de este continente se haya cometido un genocidio inspirado por el racismo.
Existe por lo demás en Europa una modalidad encubierta de racismo y de discriminación encarnada en una actitud anti-islamita. Es claro que no es fácil establecer la diferencia entre Islam y fundamentalismo. Es precisamente a este respecto que debemos estar alertas. Es posible que el Observatorio previsto desempeñe un positivo papel en este sentido. El racismo constituye una compleja cuestión que no está exenta de confusiones. Por ejemplo, Turquía considera nuestra actitud en sus relaciones con la UE como una forma no declarada de racismo. Aunque esto es una consecuencia lógica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La semana pasada estuve en Ginebra y pude comprobar allí que en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las posiciones comunes de nuestro Parlamento son tratadas a nivel intergubernamental. Si el esperado Observatorio adopta esta perspectiva no se habrá avanzado en lo más mínimo en este ámbito.
Por último, insisto en que para el próximo descargo del presupuesto de dicho Observatorio será necesaria la aprobación absoluta de este Parlamento.

Zimmermann
Señor Presidente, esta mañana hemos debatido sobre los derechos humanos en la Unión Europea y sobre las diversas formas de violaciones de los mismos. Para algunos de nuestros colegas se fue demasiado lejos y para otros al contrario. En el informe del Sr. Ford que figura ahora en el orden del día se trata del racismo y de la xenofobia si bien me pregunto si esta forma de violación de los derechos humanos es la causa o la consecuencia del desprecio a las personas.
Lamentablemente, el fenómeno del racismo y de la xenofobia no es un fenómeno marginal en nuestro moderno mundo que está construido sobre la solidaridad y la tolerancia, sino que está aumentando. Se aceptan con frecuencia en nuestra sociedad lemas de orientación derechista y xenófoba sin preguntarse cuáles son sus consecuencias. Precisamente en unos tiempos en los que la seguridad social comienza a tambalearse debido al paro, la pobreza y el crimen organizado, la causa de este problema no se achaca a una gestión económica errónea y a los errores de los Gobiernos sino al entorno más próximo, que es más palpable y cercano.
Las personas en nuestra sociedad ya no son vistas como unidad. Hay personas pueden estar aquí por la nacionalidad a que pertenecen; otras, que llamamos extranjeros, las consentimos porque viven aquí desde hace mucho tiempo. Pero, a otras que aún no han adquirido un derecho de residencia las queremos ver lo antes posible fuera de nuestro territorio. Hay aún muchas otras formas de trato desigual, por ejemplo, personas que tienen trabajo y personas a las que no concedemos la oportunidad de poder trabajar porque no tenemos trabajo para ellas; pero también hay personas de otras confesiones, personas mayores, minusválidos, etc., que con frecuencia son víctimas de discriminaciones.
1997 es el Año Europeo contra el racismo y la xenofobia. Precisamente en este año no solamente sería un símbolo sino un complemento evidente crear este Observatorio de los fenómenos racistas y xenófobos.
Un Observatorio de este tipo no solamente tiene la tarea de acumular y procesar los datos sino ante todo de informar y sensibilizar a las personas sobre dónde comienza este fenómeno y cuáles son sus consecuencias. La historia nos ha enseñado que el racismo y la xenofobia destruyen a las personas y que ocasionan muchos sufrimientos.

Flynn
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, deseo felicitar al Sr. Ford y a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores por haber realizado una labor tan excelente y, especialmente, por la rapidez con la que han tratado esta propuesta en particular.
No necesito resaltar que la Comisión y el Parlamento están muy unidos en su lucha contra el feo fenómeno del racismo y la xenofobia y que, en lo que respecta a esta propuesta específica, no existen diferencias fundamentales entre nosotros.
Resulta muy apropiado que este asunto se esté debatiendo aquí en Estrasburgo, donde tantas personas demostraron la repugnancia que sienten por este fenómeno en las manifestaciones que tuvieron lugar hace apenas dos semanas. La creación de este Observatorio pone de manifiesto el compromiso de la Comunidad con la defensa de los derechos humanos y, más especialmente, con el respeto de los derechos humanos en su legislación y sus políticas. Para poder hacer eso, la Comunidad y los Estados miembros necesitan disponer de información exacta y objetiva sobre todos los problemas relativos al racismo y la xenofobia.
En lo que respecta a las enmiendas específicas que se presentan en el informe, me complace decir que puedo aceptar las enmiendas 1, 2, 4, 9, 10, 15, 16 y 19 en su totalidad, y las enmiendas 6 y 14 en parte.
Las enmiendas que la Comisión no puede aceptar entran mayormente en dos grupos: el primero lo forman las enmiendas que alteran la naturaleza del Observatorio o que sobrepasan el alcance original de la propuesta, y el segundo grupo lo forman aquellas otras que alteran las fórmulas estándar o plantean asuntos que tienen un carácter general interinstitucional que conviene tratar en un contexto diferente, más general. En este respecto, me refiero en particular a las enmiendas 13, 18, 20 y 21 que son relativas a asuntos presupuestarios.
Permítanme que pase a continuación a especificar las enmiendas. Las que no puedo aceptar son las siguientes: la enmienda 3 desfigura el cometido del Observatorio cuando habla de «que esté al servicio de la investigación». La enmienda 5 da una impresión equivocada al pasar por alto el hecho de que el Observatorio será independiente de la Comisión. La enmienda 7 ampliaría el campo de acción, definido en el artículo 3, hasta ámbitos que carecen de una base específica en el Tratado y que, por consiguiente, obstaculizaría la adopción de la propuesta por parte del Consejo, sobre la que algunos Estados miembros ya han manifestado sus dudas, como ha declarado el Sr. Ford, con respecto al fundamento jurídico. No puedo aceptar la enmienda 8 porque es innecesaria: el texto propuesto por la Comisión es una fórmula perfectamente estándar y adecuada, y el hecho de conferir personalidad jurídica no se limita a la aplicación del Reglamento financiero. La enmienda 11 restringe innecesariamente la autonomía del Consejo de Administración. La enmienda 12 es innecesaria en opinión de la Comisión.
Las enmiendas 13, 18, 20 y 21 tratan de asuntos presupuestarios y, como he dicho, plantean cuestiones institucionales de mayor alcance. Aquí, la propuesta original de la Comisión refleja muy fielmente los textos constitutivos de las demás agencias, y por ello sería inadecuado divergir de dichos textos en este caso en particular.
Por último, la enmienda 17, relativa a la contratación de la plantilla, no es aceptable. La formulación utilizada en la propuesta es perfectamente normal y no conviene modificarla en estos momentos.
Reitero una vez más que cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros es realmente de escasa importancia en comparación con la enorme confluencia que existe en lo relativo al objetivo básico del Observatorio.
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento una vez más por la rapidez con que el Parlamento ha tratado esta propuesta en concreto. Confío en que la propuesta de la Comisión siga ahora avanzando hasta su rápida adopción por parte del Consejo, enmendada, como lo estará naturalmente, en función del dictamen del Parlamento.

Ford
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por toda su dedicación al tema del Observatorio. En términos generales, acojo con satisfacción la declaración que ha hecho sobre la opinión del Parlamento. Lo único que me gustaría pedirle es que, en nombre de la Comisión, vuelva a analizar la enmienda 17, respecto a la cual comprendo la necesidad, normalmente, de seguir las reglas establecidas. Pero como decía en mi introducción, sería bastante absurdo que a la hora de contratar al personal para una organización cuyo objetivo es luchar contra el racismo, discrimináramos a personas que residen legalmente en la Unión Europea, pero que no tienen la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Comprendo que no es la práctica habitual, pero tampoco se trata de una institución habitual. Por ello me gustaría pedirle que vuelva a plantearse este punto.
Por último, en respuesta a la observación del Sr. Vanhecke sobre la quema de libros. Es posible que en Orange no los estén quemando, pero sí los están sacando de las bibliotecas.

Flynn
Señor Presidente, simpatizo con lo que dice el Sr. Ford. Comprendo su argumento. Pero si él pudiera intentar verlo desde mi perspectiva, comprendería que lo que nos proponemos es situar el Observatorio en el contexto del sistema en vigor por el que se rige la contratación de personal. El Sr. Ford ha expuesto un argumento y lo estudiaré. Pero debe comprender que ya existe un sistema determinado y que éste se aplica para todos por igual, y que lo que él propone supondría un cambio que podría no ser posible en estos momentos.

Oostlander
Señor Presidente, desearía preguntar al señor Comisario en qué ocasión puede modificarse una norma. Porque no podemos decir que en caso de existir una norma, entonces que en ningún momento en ninguna propuesta podrá diferirse de esa norma modelo. Pero dado el carácter específico de este caso y la necesidad de obtener el máximo de resultado de nuestro esfuerzo, deberemos no obstante poder modificar también esa norma.

Flynn
Comprendo la observación que hace el Sr. Oostlander. Pero ustedes también deben intentar comprender que cualquier cambio tendría que aplicarse a todos por igual.
Estoy dispuesto a discutir este asunto con el Sr. Liikanen, mi colega responsable de las cuestiones de personal. Creo que no sería adecuado limitarse a introducir un cambio en lo relativo a este Observatorio en particular sin preocuparnos de que su aplicación sea general en todas las operaciones de la Unión. No obstante, tomo nota de su observación.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Crecimiento, empleo y convergencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe Económico Anual de la Comisión para 1997 -Crecimiento, empleo y convergencia en el avance hacia la UEM (COM(97)0027 - C4-0078/97).

Randzio-Plath
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con el desarrollo de la coyuntura en la Unión Europea ocurre como con la estación: es primavera pero sigue haciendo frío. A pesar de unas condiciones de partida muy buenas, la coyuntura se atasca y no se pone en marcha. Los caballos están metidos en el agua hasta la panza pero a pesar de ello no beben. El Informe Económico Anual no tiene en cuenta esta realidad cotidiana de la Unión Europea. Es demasiado optimista aunque está más cercano a la realidad en comparación con el del año pasado y aunque se han realizado unos nuevos enfoques en lo que se refiere a las influencias de la globalización del progreso tecnológico y el papel de la política monetaria.
Lamentablemente, la confianza de los agentes económicos en el desarrollo europeo sigue estancada, aspecto que hay que destacar. Sólo esta ausencia de confianza permite explicar que, a pesar de los elevados beneficios de las empresas, de los reducidos tipos de interés y de los menores impuestos a las empresas, no se realicen inversiones, sobre todo en el sector privado. Tampoco es alentador que en el sector público la cuota de inversiones haya descendido del 3, 5 a menos del 2, 5 % en relación al producto interior bruto.
Echo en falta -y este es un punto flaco de la política económica europea en general- unas directrices claras y seguras así como unas decisiones fiables en la política económica y financiera.
Desde hace más de dos años los Estados miembros están trabajando con las llamadas directrices políticoeconómicas sin que se haya llegado a una política económica coordinada a nivel comunitario. Esto es también una explicación de la debilidad del desarrollo europeo.
La Unión Europea sigue sin impulsar conjuntamente sus programas de modernización e innovación y seguirá perdiendo competitividad y también empleo sino se unen por fin en este sector las fuerzas y no movilizamos los instrumentos europeos para la financiación de esta modernización, de esta revolución innovadora. Tenemos que impulsar el espíritu innovador, la fuerza inversora y crear puestos de trabajo. Para ello es necesaria una acción común más intensa. Sólo así podrá arrojar otros resultados el Informe Económico Anual.
Esperemos que se intensifiquen los impulsos y que se produzca por fin una mejora en el mercado de trabajo. En cualquier caso, sería también importante un enfoque político diferente que muestre claramente que la política de empleo tiene que ser parte integrante de todas las políticas, desde la política estructural, pasando por la regional, de innovación e industrial hasta la económica, financiera y salarial.
Sin duda, en la Unión Europea se pueden mejorar las condiciones de la oferta, desde los lentos procedimientos de autorización hasta la urgentemente necesaria desgravación fiscal del factor trabajo. Pero más importante es la superación de la debilidad en las inversiones así como el relanzamiento de la demanda interior en la Unión Europea y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los asalariados.
En cualquier caso, sabemos que los programas coyunturales solamente tienen unos efectos reducidos en el marco nacional. Si se importan hasta las dos terceras partes de la renta nacional en Europa, es natural que se estanquen los impulsos de demanda que surgen solamente a nivel regional o nacional. Por ello, es importante configurar la política económica europea de tal modo que sea acreedora de ese nombre. Con una moneda única para el mercado interior que cubra el 90 % de la producción de la UE será sin duda posible gestionar con más éxito la demanda.
La ausencia de confianza de los agentes económicos es un obstáculo para el crecimiento y las inversiones. No solamente no invierten los inversores privados sino que además tenemos que constatar que allí donde se invierte, se hace en medidas de racionalización y no de ampliación por lo que estas inversiones no crean puestos de trabajo. A pesar de ello, el Informe Económico Anual no destaca este aspecto.
Es un escándalo que en los preparativos de la Conferencia Intergubernamental, aunque se haya creado un capítulo de empleo sin embargo el pacto por el empleo esté aún lejos de cualquier realización y este Parlamento Europeo contempla precisamente este Informe Económico Anual como la única justificación para la aplicación de las resoluciones de las cumbres europeas desde Essen hasta Dublín, también en lo relativo al pacto por el empleo.
El desarrollo económico en la Unión Europea exige los siguientes enfoques de actuación: hay que aclarar de modo definitivo que la Unión Monetaria se va a crear. La inseguridad permanente de la población y de los mercados ocasionada por las élites políticas es contraproductiva para las inversiones. Los reinos de Taifas monetarios europeos son un obstáculo para lograr un mayor impulso económico de la UE.
En segundo lugar, es necesario un policy mix adecuado y equilibrado en la Comunidad pues cada vez puede tener menos éxito una política exclusivamente nacional dentro de un entorno económico mundial. Se necesita una política financiera que apoye la inestable situación financiera y no la debilite.
En tercer lugar, hay que proseguir la consolidación de los presupuestos pero debe planearse a medio plazo para lograr que no surjan problemas adicionales para la situación económica general sino que se pueda seguir desarrollando una política inversora razonable. La aplicación del Libro Blanco de Delors ha fracasado hasta hoy pero no a causa de las resoluciones del Parlamento Europeo.
Por ello, el Parlamento Europeo siempre ha llamado la atención con razón sobre los instrumentos de financiación a nivel europeo. ¿Porqué no utilizar 10.000 millones de ecus anuales a través del Banco Europeo de Inversiones para programas de modernización de las infraestructuras en la Unión Europea? Sería hora de hacerlo.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo ha previsto las directrices políticoeconómicas como medios para concretizar el artículo 103 y superar el desequilibrio existente entre la Unión Económica y la Monetaria. Hasta ahora, ninguna Presidencia del Consejo ha podido contribuir a superar este problema pues siempre se han puesto de acuerdo en el mínimo denominador común. Quizás el análisis crítico del Informe Económico Anual contribuya por fin a que se actúe políticamente de modo conjunto y a que en la Unión surja por fin una economía de mercado que esté integrada en un orden económico social con un crecimiento que repercuta positivamente sobre el empleo. Sin el factor de productividad del Estado social no puede haber una economía estable. Esta es una tarea que la Unión Europea debe cumplir.

Hernández Mollar
Señor Presidente, el Informe Económico Anual de 1997 elaborado por la Comisión Europea aparece en uno de los momentos más decisivos del proceso de integración que vive el continente desde la firma del Tratado de Roma, cuyo cuadragésimo aniversario acabamos de celebrar.
Los firmantes de aquel histórico Tratado seguramente no podían ni imaginar que 40 años más tarde el problema del desempleo iba a suponer la más seria amenaza existente contra su proyecto de conseguir una Europa unida, próspera y solidaria.
En estos momentos, todas las acciones de las instituciones comunitarias se realizan en la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria. Este nuevo paso en la profundización de la integración va a tener unas consecuencias, sin duda, positivas en la resolución del problema del desempleo.
Considero, por tanto, que la responsabilidad de este Parlamento en lo que a la Unión Monetaria se refiere consiste en colaborar lo más eficazmente posible para conseguir una unión monetaria con el mayor número de países en el momento previsto por el Tratado. Por ello, considero que el informe de la Comisión es en esencia positivo, porque pone de manifiesto los esfuerzos que están realizando los Estados miembros para llegar en las mejores condiciones a la histórica cita. Por citar un ejemplo, está el caso de mi país, España, que con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea espera demostrar que sólo desde el rigor de las medidas económicas que se están adoptando -y con la ayuda del ejemplar acuerdo social sobre la reforma del mercado laboral que está a punto de culminarse- se puede afrontar con optimismo y confianza un futuro esperanzador para quienes demandan empleo.
El informe aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos contiene algunos puntos que dificultan un voto favorable de mi Grupo. No obstante, deseo agradecer a la Sra. Randzio-Plath su buena predisposición para incorporar a su informe alguna de las conclusiones de nuestra comisión. De todos modos, dado que intervengo en calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, a mí me corresponde analizar el informe desde la perspectiva del problema del desempleo.
La inversión en infraestructuras, la coordinación entre las diferentes administraciones con competencias relacionadas con los problemas de desempleo, la creación de mecanismos de asistencia financiera para las pequeñas y medianas empresas, la eliminación de cargas administrativas y burocráticas, la explotación de los nuevos yacimientos de empleo en sectores como el medio ambiente, el ocio, la cultura y la tercera edad, la incorporación al Tratado de un nuevo capítulo sobre el empleo con una mayor implicación del Parlamento en la planificación y desarrollo de la política de empleo, y las fórmulas novedosas para combatir el desempleo propuestas en el informe de la Comisión son muchas de las posibilidades de acción para no resignarnos.
Pero debemos actuar con la premura que exige el problema. El Informe Económico Anual de la Comisión es en conjunto un buen documento que debe servirnos, a todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad, para tratar de modificar el escenario que en el mismo se dibuja con respecto a la pobre creación de empleo en los próximos años.
La integración europea, que ha conseguido el período más largo de paz entre los países inmersos en ella, corre el peligro de ser acusada como la responsable del desempleo si no conseguimos vencer entre todos este problema.

Donnelly
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Sra. Randzio-Plath por su excelente informe que, ciertamente, apoyaremos en la votación de hoy.
Quiero dirigir mis observaciones a la Comisión Europea porque debemos analizar el Informe Económico Anual y preguntarnos por qué despierta tan poco interés en la prensa y en los medios de comunicación y en el debate que está teniendo lugar en la Unión Europea, en comparación con el informe de la OCDE. Este último encuentra mayor eco en la prensa financiera y es más debatido en los Estados miembros.
Existen tres razones por las que el Informe Económico Anual de la Unión Europea parece tener tan poco relieve. En primer lugar, trata principalmente del tema de la política fiscal y monetaria. Su alcance es demasiado limitado. No aborda las amplias políticas estructurales que equilibran la política fiscal y monetaria. No entra en los pormenores de ninguno de los temas relativos a la inversión, la investigación y el desarrollo, la formación y la educación. En el próximo informe anual de la Comisión nos gustaría encontrar un equilibrio adecuado entre estos aspectos. Necesitamos que todas las actividades económicas de la Unión Europea se analicen en mayor profundidad.
En segundo lugar, señor Comisario, sobre el crecimiento y el empleo; todos sabemos, y lo hemos debatido muchas veces en esta Asamblea y en nuestra comisión, que en la Unión Europea tenemos un crecimiento inadecuado y unos niveles de desempleo demasiado altos. Sin embargo, su informe se centra principalmente en los temas de la inflación y en la política de los tipos de interés que, naturalmente, son importantes, pero que no son los únicos temas que nos preocupan.
¿Qué hay de los niveles de inversión? Por las conversaciones que he mantenido con sus economistas de la DG II he podido saber que ellos sienten gran inquietud ante los insuficientes niveles de inversión en la Unión Europea. En Europa tenemos actualmente un índice de inversión de apenas el 19 % del PIB. Es necesario que ese índice sea del 25 % si queremos impulsar la capacidad y la oportunidad de crecimiento en la Unión Europea que nos permita a su vez crear puestos de trabajo. Es necesario que en el futuro hablemos más sobre este asunto.
La tercera razón por la que las personas que debaten sobre la política económica de Europa ignoran en gran medida el presente informe se debe, naturalmente, a que lo consideran imparcial; no lo consideran objetivo. Consideran que se trata mayormente de un ejercicio teórico que ahora lleva a cabo la Comisión Europea.
Debemos reconocer que se trata de la E de la UEM, es el aspecto económico de la UEM, y a menos que consigamos dar a los aspectos económicos de la UEM auténtica resonancia en la Unión Europea, la sociedad creerá que sólo se trata de una unión monetaria.
Por ello quisiera proponerle, señor Comisario, que para el informe de 1998 consultemos debidamente a todos los agentes económicos de la Unión Europea y que nuestros economistas hablen con expertos independientes como se hace en Alemania, en los Estados Unidos y en la OCDE. De este modo tendremos un auténtico debate en la Unión Europea sobre la política económica, en vez de un debate estéril como el que celebramos hoy.

von Wogau
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Informe Económico Anual es para el Parlamento Europeo una importante base para los posteriores debates que van a tener lugar en el curso de este año sobre el cumplimiento de la situación del empleo.
En los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos hemos podido constatar que el optimismo realista que caracteriza a este informe ha sido compartido por la mayoría de los miembros de la misma, optimismo que se ha visto confirmado en los debates celebrados en Nordwijk. Por un lado, allí se confirmó de nuevo el calendario para la realización de la Unión Monetaria y, por otro, en lo tocante a la relación entre los países que participan desde el principio y los que van a sumarse más adelante, se ha creado claridad gracias al acuerdo sobre el SME y su prosecución modificada. En tercer lugar, en el Consejo de Ministros se llegó a un acuerdo sobre el pacto de estabilidad. No obstante, como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo quiero indicar muy claramente que los debates sobre el pacto de estabilidad no han concluido, que va a tener lugar una segunda lectura en el Parlamento Europeo y que esperamos que las opiniones del Parlamento Europeo se reflejen en los debates definitivos sobre el pacto de estabilidad. Con este objetivo, haremos todo lo que esté en nuestra mano para concluir nuestros debates hasta mediados del presente año.
Me voy a referir ahora a los problemas que han surgido. Comprobamos que aunque la evolución de las exportaciones ha sido positiva, sin embargo, tal como ha dicho la ponente, la demanda interior deja aún mucho que desear. Comprobamos que las inversiones son débiles a pesar de que las condiciones marco para la economía son muy positivas, por lo que se debe fortalecer la confianza. En las deliberaciones mantenidas con economistas e inversores siempre constato que sigue faltando confianza en un claro desarrollo económico en muchos países de la Unión Europea. Además está la situación totalmente insatisfactoria relativa al paro, si bien somos conscientes de que se trata de un problema estructural y de que la tasa de crecimiento del 2, 3 % pronosticada no va a ser suficiente para solucionar este problema.
Pero permítanme que exponga mi opinión sobre algunos puntos importantes del presente debate. Por un lado, está la cuestión de «ahorrar a causa de Maastricht». En muchos lugares se dice que tenemos que ahorrar a causa de la Unión Monetaria y del Tratado de Maastricht. Sin embargo, es un hecho que también deberíamos hacerlo aunque no existiese el Tratado de Maastricht ni la Unión Monetaria, que el endeudamiento total de la Comunidad Europea sigue siendo demasiado elevado y que las cargas derivadas de los tipos de interés representan por término medio entre el 20 y el 30 % de los presupuestos. Esto merma nuestra capacidad de movimientos y reduce la competitividad, por lo que hay que proseguir el rumbo hacia la consolidación de los presupuestos.
Un segundo punto que se trata en el informe de la Sra. Randzio-Plath es el del margen de maniobra en el déficit presupuestario y en el endeudamiento del Estado. Esta es una cuestión que nos va a ocupar sin duda durante los próximos meses. Hace falta más claridad al respecto.
Quiero indicar que se han adoptado algunas decisiones previas en este sentido que indican que este margen de maniobra debe utilizarse con responsabilidad. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht concede la posibilidad de participar en la primera fase de la Unión Monetaria a partir del 1-1-1999 y la decisión al respecto se debe adoptar bien en base a apreciaciones o a cifras reales. Ahora hemos comprobado que entretanto se ha decidido que la decisión se realice en base a cifras reales. También se han adoptado algunas otras decisiones en este sentido y supongo que el 23 de abril, cuando la Comisión emita su juicio sobre las cifras del año 1996, el Parlamento Europeo tendrá la posibilidad de solicitar más aclaraciones en el correspondiente debate que supongo tendrá lugar antes de la conferencia de prensa.

Garosci
Señor Presidente, el habitual examen anual del Informe Económico ve a la Unión Europea prepararse para citas de fundamental importancia para el futuro de la Comunidad. Cada año, en el momento de debatirlo, tenemos el deber de pararnos a reflexionar sobre lo que hemos hecho en los doce meses anteriores para crear una verdadera cohesión económica entre los Estados miembros. Si eso se hiciera correctamente, veríamos mejorar, efectivamente, los escenarios de la Comunidad con respecto a los tres problemas principales que el informe afronta: el crecimiento, la convergencia hacia la Unión Monetaria y el empleo. En cambio, son aún pocos los resultados prácticos que el ciudadano europeo, y en particular el empresario, ya sea grande o pequeño, logra vislumbrar en estos tres capítulos fundamentales para el futuro de la economía europea.
Es sobre todo el tema del desempleo el que denuncia la falta de productividad de los esfuerzos realizados por las instituciones comunitarias para eliminar el problema, que era y sigue siendo el primero de todos los que se presentan a cada Estado miembro y a la Unión en su conjunto. No podemos ser deficientes en el campo económico sin que estas deficiencias repercutan inevitablemente en el ámbito social. Podemos encontrar excusas si no conseguimos formar un cuerpo militar europeo para contribuir a resolver los conflictos en la antigua Yugoslavia, pero no podemos aducir ninguna justificación si no ayudamos a las empresas a ser competitivas en el mercado, a crecer, a desarrollarse y, en consecuencia, a crear nuevos puestos de trabajo.
La Comisión de Asuntos Económicos ha elaborado una propuesta de resolución que si por un lado elogia el trabajo realizado por el Ejecutivo, por otro le pide una respuesta directa e inmediata al problema de la revitalización del mercado del trabajo. La solución principal pasa por las pequeñas y medianas empresas. Ayudarles en el crecimiento significa también hacer su actividad más fácil, menos burocrática, menos oprimida desde el punto de vista fiscal, revalorizando la figura del empresario de modo que sirva también de ejemplo y de estímulo a los jóvenes, que si no, se ven atraídos por alternativas más cómodas, que inevitablemente llevan al desempleo.
Hay un último aspecto, es decir, un instrumento que es a la vez medio y fin para el éxito de una economía verdaderamente comunitaria: la moneda única. En efecto, con el euro, el ciudadano europeo, en particular como consumidor, descubrirá que vive en un gran mercado interior en el que con una moneda única compra, estudia, viaja en quince Estados distintos. Con el euro, el empresario, sobre todo el pequeño y el mediano, podrá proponer sus productos o servicios a un mercado de 370 millones de consumidores. Por último, en el euro todas las instituciones comunitarias y los Estados miembros encontrarán, una vez superadas las obvias dificultades iniciales, el instrumento que les obligará a razonar finalmente de manera europea.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, en la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria y el euro, el análisis del Informe Anual para 1997 que presenta la Comisión Europea resulta de especial interés en un año que es clave para realizar los objetivos citados: Unión Económica y Monetaria y euro.
En el proceso de convergencia económica, las economías de la Unión Europea muestran un excelente comportamiento en la evolución de las tasas de inflación, los tipos de interés y la estabilidad monetaria. Las dificultades están en el ajuste de los correspondientes objetivos en lo que significa de limitación de la deuda y el déficit públicos, por lo que, además de los necesarios esfuerzos de rigor y austeridad presupuestaria, resulta clave el cumplimiento de las previsiones de crecimiento económico, que es la magnitud más importante -desde mi punto de vista- a seguir en el momento presente.
Compartimos la preocupación expresada en el informe sobre la necesidad de ocuparse con especial atención del problema social más grave de la Unión Europea: el paro. La elevada tasa de desempleo limita enormemente las posibilidades de la Unión, lo que obliga a ocuparse de superar las graves deficiencias y rigideces que afectan negativamente a la estructura productiva de la Unión Europea, requiriendo una profundización -como hace nuestra colega Randzio-Plath en su informe- en el proceso de apertura y liberalización de sectores claves, la aplicación con mayor intensidad de los programas de investigación y de desarrollo, la profundización del mercado interior europeo y la realización de las propuestas hechas en el Libro Blanco de Delors -que están, lamentablemente, bloqueadas por el Consejo-.
Únicamente querría destacar que nosotros insistimos más en nuestra posición en la realización del mercado interior europeo, y en la eliminación de rigideces, que en algunos aspectos más intervencionistas que se exponen en el informe de la Sra. Randzio-Plath, por lo que apoyaremos las enmiendas que van en esta dirección, apoyando globalmente el informe sobre el Informe Anual de la economía en 1997.

Ribeiro
Señor Presidente, comenzamos, y con gusto, subrayando un punto de acuerdo con la Sra. Randzio-Plath, cuando vuelve a plantear y reforzar la preocupación causada por el excesivo optimismo que resalta en las posiciones que se van volviendo oficiales.
A nuestro juicio, ese optimismo se deriva de la intención y del esfuerzo para crear un ambiente favorable a la aplicación de una estrategia y de políticas económicas que en modo alguno justifican el agua bendita en los análisis del presente, como tampoco pueden, de proseguir, justificar el tono optimista de las perspectivas para el futuro. Comprendemos que se considere necesaria la confianza para que las expectativas, como factor de la evolución económica, contribuyan a mejorar la coyuntura, pero no aceptamos que, mediante una manipulación de las representaciones de la realidad, sirva de elemento para la continuidad de esa estrategia y de esas políticas.
En el informe que aquí tratamos nos parece, por otro lado, que es notoria la falta de un planteamiento de conjunto que valorice la necesaria articulación de las vertientes de la oferta y la demanda, el papel de la inversión pública y su condicionalismo derivado de criterios de excesivo control de las finanzas públicas que desmoviliza esa misma inversión pública indispensable.
Este aspecto nos parece tanto más importante cuanto que el estado en que se encuentra la economía productiva y, sobre todo, la situación social es consecuencia de una opción en pro de las políticas, por el lado de la oferta, y de la contención y al ataque a condiciones laborales y sociales, que, por lo demás, también se manifiesta en un repetido incumplimiento de las previsiones.
Por eso, nos parece que debemos denunciar una vez más la insistencia y la aceleración de la estrategia y de las políticas económicas que han conducido incluso a estas situaciones, pues queda claro que no son las mismas políticas y estrategias las que podrán cambiar el curso de las evoluciones, sino que, al contrario, las agravarán.
Sería casi indispensable decir que, desde nuestra perspectiva, la presentación de la moneda única como gran objetivo, o gran designio nacional y europeo, o panacea para la solución de todos los males económicos y sociales, es la inevitable creación de condiciones para una nueva frustración, en este camino en el que Cechini anunció lo que no se realizó, se publicitó Maastricht como lo contrario de lo que llegaría a ser, el Libro Blanco sobre la competitividad, el empleo y el crecimiento no impidió la continuidad y agravación del desempleo, la inexistencia o la debilidad del crecimiento y la poca competitividad.
Como novedad, en este informe de la Comisión que tenemos ante nosotros, quisiéramos subrayar el relieve concedido a la cuestión de la dispersión salarial a partir del ejemplo de los Estados Unidos, con una mitificada flexibilidad hacia abajo, que no podemos dejar de considerar grave referencia, porque olvida situaciones, como la de Portugal, en las que el abanico salarial es de la dimensión del de los Estados Unidos, en que la flexibilidad hacia abajo agravaría situaciones sociales de desequilibrio ya en el límite de lo soportable, si no por la economía, por el lado social.
Sería urgente reflexionar, pero de ello se huye mediante la postura de optimismo sin fundamento, de ausencia de planteamiento global y articulado de la economía, de menosprecio por las consecuencias sociales de las opciones económicas, de insistencia y aceleración en lo que ha dado resultados indiscutiblemente negativos.
No se quiere cambiar la estrategia y las políticas económicas, porque están al servicio de intereses y grupos financieros. Lo comprendemos, pero eso sólo nos exige que, con más fuerza e insistencia, afirmemos que hay otros intereses y grupos que defender, que hay situaciones sociales que merecen atención prioritaria y que, para ello, es necesaria otra política: económica y no sólo económica.

Hautala
Señor Presidente, el Informe Económico Anual de la Comisión para este año hace demasiado hincapié en el crecimiento y en el reforzamiento de los mecanismos de la oferta. En mi opinión, aquí reside el mayor logro del informe de la señora Randzio-Plath: quiere recordarnos que la demanda es extremadamente importante y que, en estos momentos, la demanda en la Unión Europea es muy débil, lo cual impide la reactivación de la economía y la realización de, por así decirlo, inversiones razonables.
La señora Randzio-Plath presenta en el presente informe algunas propuestas muy creativas e interesantes, que cuentan con el apoyo de nuestro grupo. Afirma que se debería deparar a las inversiones un trato distinto al que reciben los gastos de consumo que no aportan ninguna innovación ni fomentan el desarrollo futuro. Se trata sin lugar a dudas de un planteamiento que ya debería tenerse en cuenta en los criterios de Maastricht. Habría que proceder a examinar todas las repercusiones que tienen los gastos públicos desde una perspectiva a largo plazo. No tiene ningún sentido ahorrar ahora en cuestiones que, más tarde, nos costarán mucho más caras, tanto a nosotros como a nuestras sociedades. Se puede afirmar que una política social buena y razonable también representa una inversión buena y razonable de cara al futuro.
Podríamos debatir asimismo si se debe aplicar el planteamiento de una inversión razonable con vistas al futuro a todo el presupuesto de la UE, que, hoy por hoy, está orientado en gran medida hacia el pasado. Las ayudas a la agricultura representan la mitad del presupuesto comunitario. ¿Por qué no podemos revisar el presupuesto total de la UE de manera que pudiera crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico futuro? En definitiva, parece que el único desacuerdo que nos separa de la señora Randzio-Plath es el relativo a la conveniencia en estos momentos de la entrada en vigor del euro. A título personal, creo que es un poco arriesgada la adopción de la moneda única hasta que no se defina el concepto de Unión en materia de política económica, muy difuso en la actualidad, y se fije una perspectiva de futuro, absolutamente inexistente hoy en día.

Castagnède
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar a la Sra. Randzio-Plath por las grandes cualidades de su informe. Cualidad diplomática, ante todo, cuando se alegra por la evaluación optimista de la Comisión. Cualidad de fondo, cuando se trata de apoyar el proceso de unificación monetaria solicitando, tras recordar la dramática debilidad de la demanda en el seno de la Unión, medidas enérgicas en favor del crecimiento y del empleo.
En lo que nos afecta (y nosotros seremos quizás algo menos diplomáticos) nos ha sorprendido un poco que la Comisión mencione, en su reciente informe sobre el estado benéfico de la cooperación reforzada, lo que llama el «potencial de mano de obra» de que dispone la Unión, constituido no solamente por 18 millones de parados, sino también por una reserva suplementaria de al menos 9 millones de personas que se incorporarían a la actividad si hubiera empleos. Realmente, es de temer que la Unión Europea no sobreviva a la conservación duradera de un patrimonio así.
La Sra. Randzio-Plath tiene toda la razón al decir que, una vez que se ha conseguido la confianza de los mercados (algo que casi está ya hecho), hay que conseguir ahora y de manera urgente ganar la confianza de los consumidores, es decir, de los ciudadanos de la Unión relanzando el crecimiento y el empleo. La cuestión, claro está, es saber cómo actuar, sobre todo porque no se puede utilizar el instrumento monetario y, por otra parte, porque los países miembros, obligados por el pacto de estabilidad, no están en condiciones de encontrar respuestas necesarias al privarles la coyuntura de cualquier margen de maniobra. La respuesta, por consiguiente, tiene carácter europeo. Nosotros pensamos que es a nivel de la Unión donde ha de definirse y aplicarse una política vigorosa para el crecimiento y para el empleo, sin duda de manera prioritaria a través de los medios que ha sugerido la Sra. Randzio-Plath, es decir, el relanzamiento de la inversión privada y la inversión pública. Relanzamiento de la inversión privada facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito, ya hemos hablado de ello. Relanzamiento de la inversión pública por medio del desarrollo de la política de redes, de la política de investigación y desarrollo y, de manera más general, por medio del desarrollo de las políticas estructurales.
Con relación a esto, sólo podemos preocuparnos gravemente por el espíritu de estabilización, incluso de reducción, de los medios de la Unión, que impera en la preparación del presupuesto de la propia Unión para 1998, en las perspectivas financieras a medio plazo y en la reforma de los fondos estructurales. Con toda evidencia, tenemos ahí un contrasentido económico y político, habida cuenta de la coyuntura y del estado de nuestras opiniones públicas. Más especialmente, esta forma de ver las cosas es contraria al objetivo de construcción de una Unión económica , insistimos, y monetaria.
Sin duda, la Unión ha de incluir una moneda estable y segura, patrimonio de todos los europeos, al amparo de cualquier manipulación. No puede verse privada de los medios para una política económica que los Estados miembros no están en condiciones de dirigir.
La política económica de Europa será, inevitablemente, un complemento a la Unión monetaria. No perdamos tiempo, no permitamos que se instale un período de vacío de poder económico en Europa. Al contrario, solicitemos a la Comisión que nos prepare las formas y los medios de acción para un gobierno económico de la Unión.

Berthu
Señor Presidente, el año pasado señalamos en este hemiciclo que el Informe Económico Anual de la Comisión no contenía casi nada sobre un tema esencial para el crecimiento y el empleo como es la inversión. Además, las escasas menciones que se podían descubrir en él parecían extraordinariamente tranquilizadoras.
Esta laguna se ha corregido en el nuevo informe, pero los pasajes que dedica a este tema muestran, tal como nos temíamos, una situación preocupante. Efectivamente, con los actuales niveles de inversión, la economía comunitaria sólo podría crecer en el futuro a un ritmo muy lento, incompatible con la necesidad de crear empleo. Sin duda veríamos desarrollarse una convergencia en Europa, pero una convergencia hacia abajo, hacia una situación de desempleo importante y crónico.
El informe parece también incapaz de explicar esta situación sobre todo porque, según él, la rentabilidad del capital, finalmente, no sería mala. Entonces, ¿por qué este decaimiento? En nuestra opinión, hay que buscar la explicación en las interacciones entre inversión y empleo. En razón al elevado coste de nuestra mano de obra, en un contexto de competencia activa y de la entrada en funcionamiento, de forma directa o indirecta, de una especie de mercado mundial del trabajo, las inversiones destinadas a sustituir trabajo por capital con el objetivo de mejorar la competitividad han sido muy elevadas. Pero, como esta misma evolución contribuye a aumentar el desempleo y también a desarrollar un clima psicológicamente depresivo, la demanda ha seguido siendo débil y las inversiones en capacidad, por su parte, no han continuado. En resumen, la inversión global se va arrastrando. Debemos añadir también que no basta con decir, como hace el informe, que la rentabilidad de nuestras inversiones es en la actualidad igual que en el pasado, falta todavía mostrar que es comparable a lo que encontramos en otras regiones del mundo ya que, en la actualidad, el mercado de capitales es también mundial. Ahora bien, esto no está probado en absoluto y, en todo caso, el informe económico no dice nada sobre ello.
En estas condiciones creemos que, para salir de la crisis de decaimiento en que se debate Europa, es urgente cambiar de política y renovar nuestra reflexión sobre las transformaciones en profundidad que impone una mundialización que, hasta el momento, no hemos sabido dominar.

Lang Carl
Señor Presidente, Señorías, todos hemos leído con atención el informe económico de 1997 de la Comisión. Se trata realmente de un buen texto técnico, documentado, con cifras, curvas y cuadros. Tenemos la sensación de que los profesionales trabajan. Nos gustaría realmente creer lo que dicen estos señores de la Comisión, pero, para ser sinceros, es muy difícil.
Cuesta trabajo creer que la mundialización no sea una de las causas del desempleo, por la competencia desleal que impone a nuestras empresas, por las deslocalizaciones que provoca, por la presión a la baja que ejerce sobre los salarios. Es un factor de regresión social. Cuesta trabajo creer que el desempleo sólo sea una cuestión de cifras y de flexibilidad del mercado de trabajo. El informe del Parlamento tiene, por otro lado, el mérito de señalar el empobrecimiento de nuestro continente y el aumento de las desigualdades. La flexibilidad del mercado de trabajo que ustedes reclaman es sinónimo de precariedad del empleo, de degradación de las condiciones de trabajo y de regresión social.
Cuesta trabajo creer que las políticas deflacionistas que imponen ustedes tengan efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo. Cuesta trabajo comprender la fijación dogmática que ustedes tienen con el déficit presupuestario, las tasas de paro y la estabilización de los precios. Deberían ser la recuperación y la protección de nuestro mercado interior las que constituyeran la prioridad en la producción europea, en Europa y con europeos.
Además, los eurócratas consideran imbéciles a todos aquellos que no piensan como ellos y han tenido el descaro de escribirlo, con medias palabras sin duda, en la página 31 del documento. Pero hay una enorme laguna en su mundo de cifras y estadísticas: los hombres ya son sólo una variable de ajuste cuando deberían ser el centro de todas las preocupaciones.
¿Qué creen ustedes que pensarán los mercados sobre el desequilibrio persistente del empleo en el momento de valorar su moneda única, su euro? Una economía sana, ¿es una economía en la que la deuda pública es inferior al 60 % del PIB, en la que el déficit presupuestario está por debajo del 3 % o la del pleno empleo? En realidad la Europa abierta de ustedes es la de la precariedad, la de la regresión social, la del desempleo y de la pobreza. La política que llevan ustedes adelante sólo tiene un objetivo, que no es otro que tranquilizar a los mercados para introducir en ellos la moneda única, pero deberían ustedes construir Europa para los europeos, y eso lo han olvidado.

El Presidente
Interrumpimos aquí el debate sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath.
Pasamos ahora al turno de votaciones.

Votaciones
Ojala
 Señor Presidente, en calidad de ponente, desaría solicitar el aplazamiento de la votación de mi informe hasta la sesión de mañana, miércoles. Desearía justificar esta petición excepcional señalando que, si bien en la sesión de ayer pudimos escuchar a la Comisaria Bjerregaard, no contamos desgraciadamente con la presencia del Comisario Flynn. Las respuestas de la Comisaria causaron cierta perplejidad, por lo que ahora tendríamos la oportunidad de obtener información adicional sobre estas cuestiones por parte del Comisario Flynn y de otros miembros de la Comisión. Desde el punto de vista del Parlamento es extremadamente importante que dispongamos de esta nueva información antes de proceder a la votación, la cual desearía por lo tanto, señor Presidente, que se aplazara hasta la sesión de mañana.

El Presidente
Señora Ojala, solicita usted el aplazamiento sobre la base del artículo 131. Quiero preguntarle si quiere que se aplace hasta maana a las 12.00 horas o hasta el jueves a la misma hora.

Ojala
 Señor Presidente, creo que el momento oportuno para proceder a la votación sería durante la sesión de mañana. Para el día de hoy tenemos previsto celebrar una reunión de la comisión, durante la cual podemos debatir este asunto, así que, por lo tanto, el día idóneo es el miércoles.
(El Parlamento aprueba el aplazamiento de la votación de la segunda lectura sobre la posición común adoptada por el Consejo hasta el miércoles a las 12.00 horas)

Fabre-Aubrespy
 Señor Presidente, perdone que intervenga, pero creo que ha cometido un error en el momento de la votación. La enmienda no se votaba por separado ya que sustituía simplemente los primeros términos de la frase por unos términos que no exigían, en todo caso, una solicitud de votación por separado. Al proceder como ha hecho usted, tengo la impresión de que nos hará repetir votaciones que ya se han producido. Debería haber sometido a votación la enmienda en primer lugar, y a continuación votar por separado el resto del párrafo.

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespry, al hacer una observación sobre determinadas votaciones en las que se crea confusión a causa de las distintas solicitudes presentadas por los Grupos políticos, me refería también a este punto. No es necesario que usted haya solicitado votaciones por separado sobre el artículo concreto. Hay otros Grupos políticos que las han solicitado y estoy obligado a repetir, prácticamente, la votación, puesto que así lo establece el Reglamento. No puedo decidir que la votación es innecesaria. Estoy obligado a cumplir formalmente lo que los Grupos políticos solicitan.
Respecto al apartado 39

Schulz
Señor Presidente, me gustaría saber si debido a la aceptación de la enmienda nº 9, no decae el apartado 39.

El Presidente
Los servicios del Parlamento no son de esta opinión, seor Schulz, pero quisiera conocer también la opinión de la Sra. Roth.

Roth
Señor Presidente, antes se acordó que en caso de aceptación de la enmienda nº 9 decayese el apartado 39.

El Presidente
No tengo inconveniente en aceptar la opinión de la ponente, aunque los servicios del Parlamento hayan tenido otro punto de vista. Por lo tanto, no es necesario que votemos sobre el apartado 39.
Respecto a la enmienda nº 3

Schulz
Señor Presidente, lamentablemente tengo la sensación de que aquí se ha creado confusión, no importa por parte de quién. Se ha presentado la enmienda nº 3. Hay que votar sobre la totalidad de dicha enmienda. Si se aprueba, se modifica el texto original y si se rechaza, habrá que votar a continuación sobre el texto original. Nadie ha solicitado que se vote sobre la enmienda nº 3 por partes separadas. Yo no lo he oído ni la ponente lo ha solicitado y, ante todo, el autor de la enmienda no lo ha solicitado. Por ello, le ruego que mande votar sobre la totalidad de la enmienda nº 3, tal como ha solicitado el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y que a continuación se vote sobre el texto original.

El Presidente
Señor Schulz, permítame que le diga que usted parece no tener siempre en cuenta lo que los demás solicitan. El hecho que usted no lo haya solicitado no significa que otros no lo hayan hecho. El Grupo de los Verdes ha solicitado la votación por partes y por separado.
Respecto a la enmienda nº 15

Roth
Señor Presidente, en la versión sueca y danesa se ha traducido erróneamente esta enmienda. Allí se dice que se van a preparar posibilidades jurídicas en Suecia y en Dinamarca. Esto es erróneo. Estas posibilidades existen ya en Dinamarca y en Suecia. Aquí existe un error de traducción. Debe decirse que Dinamarca y Suecia tienen previstas estas posibilidades jurídicas, es decir, que ya existen allí.

El Presidente
Revisaremos la traducción a esas lenguas.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Tamino
Señor Presidente, quisiera expresar el voto favorable mío y de mi Grupo para el informe de la Sra. Roth-Behrendt, que ha reiterado con claridad lo que el Parlamento ha expresado varias veces, es decir, la necesidad de mantener sin cambios los puntos que figuran en la directiva y que se refieren a la abolición de los experimentos con animales en el sector de los cosméticos. El informe que nos ha presentado la Comisión es, una vez más, un informe insuficiente; hay además lagunas de los Estados miembros, y sobre todo las estructuras creadas por la Unión Europea para aplicar la directiva no han alcanzado sus objetivos. Pero esto no puede justificar el hecho de no mantener los compromisos presentes en la directiva. Por eso, al expresar la opinión favorable al informe tenemos que reiterar, con referencia también a lo que ha declarado la señora Comisaria Emma Bonino, que es importante, no sólo por lo que respecta a los productos acabados, sino también para los componentes que encontramos en los cosméticos, que a partir del 1 de enero de 1998 no se permita ya la experimentación con animales, tanto porque es inútil, como porque existen métodos operativos alternativos y la estructura europea que debía validar los métodos alternativos no ha mantenido los compromisos ni los cometidos que se le habían confiado. Esta estructura debe verificar, lo antes posible, la bibliografía que existe e indicar qué estudios dan respuestas adecuadas al problema de la validación de métodos científicos creíbles y fiables que respeten al consumidor y eviten sufrimientos inútiles a los animales.

Carlotti
Combatir el sufrimiento es el desafío principal que cada día debemos sacar adelante si queremos construir una Europa más humana, el sufrimiento de los hombres, pero también el de los animales.
Este último afecta cada año a miles de «seres vivos», sometidos a experimentación. La industria de los cosméticos, en la que más de trece tipos de métodos experimentales pueden utilizar animales, se ve particularmente afectada por estos procedimientos.
La Directiva 93/35/CEE, aprobada en junio de 1993, planteaba en primer lugar la prohibición de la comercialización de productos, de ingredientes o combinaciones de ingredientes cosméticos experimentados en animales a partir del 1 de enero de 1998. Por otra parte, la Comisión está obligada, en el marco de esta Directiva, a presentar anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los progresos realizados en materia de desarrollo, validación y aceptación legales de métodos que puedan verse sustituidos por la experimentación animal.
El informe de la Sra. Dagmar Roth-Behrendt señala con toda razón que, a pesar de las críticas formuladas respecto al informe de 1994, el informe de 1995 no contiene aún ninguna medida urgente sobre los métodos que puedan sustituir a la experimentación animal.
Con el pretexto de la falta de medidas en este ámbito por parte de la OCDE y los Estados Unidos, la Comisión ha considerado imposible imponer una prohibición a la experimentación con animales. ¿Significa esto que deberíamos ir a remolque de los Estados Unidos? No.
El Parlamento tiene una función que desempeñar y debe estimular a la Comisión a apoyar sin restricciones la prohibición desde el 1 de enero de 1998.
A partir de este momento, la Comisión debe comprometerse a tomar medidas con el fin de desarrollar métodos de experimentación alternativos.

Ephremidis
Cada año, 30.000 animales siguen encontrando la muerte en experimentos torturadores realizados para la producción de cosméticos, a pesar de la prohibición de comercializar cosméticos que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes experimentados en animales, conforme a la Directiva 93/95/CEE, y de la obligación de promover métodos alternativos a la experimentación animal.
Es intolerable que esta situación continúe a causa de la táctica de la Comisión de aplazar constantemente la aplicación de la prohibición, cediendo por enésima vez a la presión de enormes intereses comerciales y económicos, y de seguir siendo fiel portavoz de los criterios de beneficio y de competitividad que imponen las grandes industrias de los productos cosméticos. El sistemático desprecio de las fuertes reacciones por parte de la opinión pública y de las decisiones del Parlamento Europeo fomenta la cruel tortura de miles de animales, al mismo tiempo que frena todo desarrollo dinámico de los métodos científicamente reconocidos como métodos alternativos aptos para sustituir a la experimentación animal.
Es evidente que no se ejerce realmente presión sobre la industria para que desarrolle e investigue métodos alternativos fiables que ofrezcan un alto grado de seguridad, ni se facilitan los medios financieros necesarios para una actividad investigadora y tecnológica seria destinada a dar todas las garantías para que la abolición de los «experimentos animales» no conduzca, bajo la presión de la competitividad, a la fabricación de nuevos productos con nuevos ingredientes no suficientemente probados, que tengan unos efectos secundarios desconocidos para el consumidor.
Por estos motivos, no hay ninguna justificación para aplazar la prohibición con respecto a los productos terminados hasta después del 1 de enero de 1998, ni debe haber excepciones a esta prohibición. Por el contrario, debe haber un compromiso y deben adoptarse medidas concretas, que obliguen a las empresas e industrias que realizan experimentos con animales a participar en estudios de desarrollo y validación financiando acciones en favor de los métodos alternativos.

Reding
La UE no se decide a limitar los experimentos con animales en general y, en particular, a prohibir estos experimentos en el ramo de los cosméticos.
Lamentablemente, parece que la Comisión cede a la presión de la industria y que no parece dispuesta bajo ningún concepto a llevar a cabo una política de fomento de los métodos de ensayo alternativos. Esto significa que también en el futuro se «utilizarán» más de 15 millones de animales en los laboratorios europeos.
Una situación desagradable, en especial porque se dispone de métodos alternativos eficaces pero que no se fomentan debido a una clara ausencia de voluntad política.
Para explicar su inactividad, la Comisión de la UE se escuda tras los EE.UU, quienes tampoco han decretado una prohibición de los ensayos con los animales en el ramo de los cosméticos. Pero para mí, un argumento de este tipo no es válido pues, de lo contrario, la UE no podría legislar independientemente de los EE.UU. ¡Absurdo!
El Parlamento Europeo -como representante de los ciudadanos europeos- ha exigido claramente la prohibición de los ensayos con animales en el ramo de los cosméticos. No hay ningún argumento de peso para no poner en práctica una prohibición de este tipo a partir del 1-1-1998, tal como permite la directiva 93/35/CEE.
Una prohibición de este tipo no debe repercutir negativamente sobre el ramo de los cosméticos. Por el contrario. Si se realiza una campaña positiva (señalizando los productos con la etiqueta «sin experimentación animal») podría servir incluso como argumento de ventas adicional en los mercados mundiales. En interés de los productores, de los consumidores y de los animales.

Sandbæk
El informe de la Comisión es deficiente y no promueve la prohibición de la experimentación animal. Esta prohibición ha de llevarse a efecto según lo previsto y no posponerse otra vez. No perjudicará la seguridad de los consumidores y, por otra parte, el desarrollo de métodos de experimentación alternativos está muy avanzado.
Estoy en contra de normas basadas en el principio del mínimo común denominador. La Comisión ha sugerido que no es posible prohibir la comercialización de productos cosméticos experimentados en animales, ya que en Estados Unidos no existen normas similares, pero esto no es más que un pretexto. Si la prohibición se aplica en Europa, cabe la posibilidad de que el ejemplo sea imitado, como reconocimiento internacional de los métodos alternativos de experimentación.
En cuanto a la investigación de los métodos alternativos, hemos de elaborar un programa de prioridades. Sin un programa en el que se especifiquen plazos, no será posible obligar a nadie a hacer nada. Si seguimos como hasta ahora, puede haber infinidad de aplazamientos, como parece implicar el informe de la Comisión.
La investigación y la validación de los métodos alternativos son caras. Por eso, los fondos asignados al ECVAM (9 millones de ecus a lo largo de 3 años) han de aplicarse a estos objetivos. No obstante, una delegación de diputados al Parlamento Europeo se enteró en 1996 de que los fondos asignados no llegan íntegros a su destino. Hay que hacer algo para remediar este problema. Debe crearse un grupo o una comisión que vigile que los fondos se asignen a su objetivo. De lo contrario, no llegaremos a ningún sitio.
Sólo con un programa y un esfuerzo metódico y real pueden fomentarse métodos alternativos. El hecho es que, sea como sea, hay que acabar con la experimentación animal en el sector cosmético, y de inmediato.
Comparto totalmente la crítica de la Sra. Roth-Behrendt, por lo que voto a favor del informe.
Resolución sobre el maíz modificado genéticamente
Hautala
Señor Presidente, mi declaración de voto se refiere a la posición que se ha adoptado sobre el maíz manipulado genéticamente. Desearía llamar la atención sobre dos puntos. En primer lugar, estamos claramente renunciando al principio de prudencia, que debería ser el principio fundamental que rigiera las actuaciones de los políticos de la Unión Europea. En la toma de decisiones no se deberían asumir riesgos que lleven trazas de materializarse. Ahora, olvidando el principio de prudencia, la Comisión ha cedido claramente ante las exigencias de los representantes del comercio y la industria. Puedo imaginar perfectamente adónde nos conducirá todo esto en el futuro, a medida que vayan aumentando las presiones.
En segundo lugar, desearía llamar la atención sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados acerca de las decisiones que adopte la Comisión por lo que respecta a las técnicas genéticas. En estos momentos no se reconoce el principio de transparencia y los trabajos de los comités científicos se desarrollan a puerta cerrada. Llevo tres semanas intentando solicitar personalmente a la autoridad finlandesa competente los documentos relativos a la aprobación del maíz sometido a manipulaciones genéticas, pero por el momento mis esfuerzos han sido en vano. No creo que se pueda seguir actuando de esta manera en el futuro. Todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de conocer los criterios en que se basa la Comisión a la hora de adoptar sus decisiones.

Berthu
El caso del maíz modificado genéticamente presenta semejanzas preocupantes con el de las «vacas locas» y revela que la Comisión no ha aprendido nada, no ha comprendido nada, a menos que se esté viendo empujada por fuerzas inconfesables a las que le resulte imposible resistir.
Una vez más, la Comisión se ha mostrado más sensible a las necesidades del comercio y de la libre circulación de mercancías que a los riesgos para los consumidores. Hay que decir que, en esta ocasión, se añadía el temor de disgustar a los Estados Unidos, que dudaban tan poco, aparentemente, de la maleabilidad de su interlocutor que habían transportado ya su maíz hasta nuestros puertos antes incluso de haber obtenido la autorización para introducirlo en el mercado europeo. Los hechos les dieron la razón: la Comisión cedió en toda la línea una vez que Leon Brittan le hubiera explicado, tal como ha señalado la prensa, que no se debían perturbar nuestras relaciones comerciales con este gran país.
Además de la obsesión por el comercio y la libertad de circulación de mercancías, se encuentran en este caso otras semejanzas con el expediente de las «vacas locas». En primer lugar se señala la falta de transparencia sobre las motivaciones de la decisión, y principalmente sobre los dictámenes científicos tranquilizadores que parece avalaban la decisión de la Comisión, pero que sólo fueron publicados de manera sucinta. En segundo lugar, se debe destacar el método solitario de la Comisión que, exactamente como había hecho en el momento del levantamiento del embargo sobre la gelatina británica el año pasado, se aprovechó de los procedimientos exorbitantes en vigor que le dan derecho a ponerse en lugar del Consejo cuando éste no consigue tomar decisiones por unanimidad. Conviene no obstante señalar que, en el caso presente, en el Consejo, trece de los quince Estados eran partidarios de la prohibición de importar maíz modificado genéticamente y la Comisión no dudó en enfrentarse a esta aplastante mayoría para alinearse con los dos Estados laxos, entre los que, por desgracia, se encuentra Francia.
En tercer lugar, hemos visto cómo en el asunto de las «vacas locas» algunos Estados miembros han defendido a sus ciudadanos a pesar de la Comisión. Austria, o incluso Luxemburgo, han prohibido la difusión en sus mercados respectivos del maíz genéticamente modificado en nombre de la salvaguardia de su población. En fin, también en este asunto, vemos cómo aumenta en la Comisión la tentación de atacar a los Estados recalcitrantes por obstaculizar la libertad de circulación.
Así, nos vemos obligados a lamentar, una vez más, que la Comisión se sirva de los poderes que le han otorgado los países de Europa para demoler nuestras defensas, cuando tiene precisamente la misión contraria, es decir, la de reforzarlas. Este comportamiento indigno (pues la primera preocupación de la Comisión debería ser la de garantizar la seguridad de los europeos) se explica ciertamente por una falta total de patriotismo y una gran permeabilidad a las presiones exteriores. Por su parte, estos defectos no son fortuitos, pero se desprenden de la estructura institucional misma de la Europa actual, dominada por una estructura tecnocrática que se cree superior a las naciones y que, precisamente demasiado alejada de éstas, termina por perder cualquier referencia con las realidades y necesidades de las personas.

Deprez
Debo manifestar mi apoyo más decidido a la resolución sobre el maíz genéticamente modificado, votado por esta Asamblea.
En la actualidad, es grande la inquietud entre los consumidores con respecto a los alimentos manipulados genéticamente. En este contexto, en la medida en que se acepta el principio de introducción en el mercado de alimentos genéticamente manipulados, me parece indispensable hacer que se respeten las dos condiciones siguientes:
En primer lugar, la aplicación de evaluaciones estrictas (basadas en datos científicos independientes y los más precisos) sobre la inocuidad de un producto, antes de su introducción en el mercado, con respecto a la salud humana, la de los animales y la del medio ambiente; en segundo lugar, una vez que se haya podido probar esta inocuidad, es importante asegurarse de que la información a los consumidores sea efectiva, por medio de la difusión de los dictámenes científicos competentes y también por un etiquetado apropiado. Cada cual debe decidir, con toda confianza, lo que desea consumir, con total conocimiento de causa.
En el caso de la solicitud de autorización para la introducción en el mercado de maíz modificado genéticamente por la firma CIBA-GEIGY, la Comisión decidió, el 18 de diciembre de 1996, reservarse la posibilidad de darle curso, cuando no parecía cumplirse ninguna de las condiciones. Efectivamente, la inocuidad de este producto no ha conseguido el consenso, mencionándose la posibilidad de transmisión al hombre de la resistencia a un antibiótico; no se han publicado análisis científicos completos de los tres comités científicos en los que se basa la decisión de la Comisión; parece imposible un etiquetado adecuado, en razón a las disposiciones insatisfactorias de la Directiva 90/220, y también porque el reglamento relativo a los nuevos alimentos aún no ha entrado en vigor.
En consecuencia, solicito que el procedimiento de autorización de este producto sea suspendido con carácter excepcional hasta que, en primer lugar, la reevaluación completa de las consecuencias de su introducción en el mercado sobre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente determine su inocuidad sin ambigüedades; en segundo lugar hasta que se haga pública la totalidad de dictámenes científicos de los comités consultados al efecto por la Comisión; en tercer lugar, llegado el caso, hasta que la Comisión exponga con claridad si y de qué manera, piensa aplicar y hacer respetar las disposiciones del reglamento relativo a los nuevos alimentos, en lo que respecta al etiquetado del maíz manipulado genéticamente por CIBA-GEIGY.
Para concluir, desearía añadir tres consideraciones: Primeramente, me gustaría ante todo oír personalmente a la Comisión con respecto al contenido preciso del etiquetado que se proponga en la práctica, cuando este tipo de maíz y, sobre todo, sus derivados, lleguen al consumidor; después y paralelamente, habida cuenta de las grandes cantidades de este maíz importado que están llegando a granel a Europa, quizá no sea inútil plantear la aplicación de normas estrictas, definidas por un grupo de expertos en el seno del GATT y reconocidas a nivel mundial; para terminar, me atrevo a esperar que la Comisión demostrará, en el proceso de modificación de la Directiva 90/220, que ha extraído lecciones de este expediente sensible, sabiendo que este tipo de demanda de introducción en el mercado está con toda evidencia llamado a desarrollarse en el futuro.

Holm
La actuación de la Comisión en lo concerniente al asunto Ciba-Geigy es como mínimo dudosa e irresponsable, pero no especialmente sorprendente. Una vez más, parece que la Comisión ha cedido ante las presiones económicas y comerciales en lugar de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. De todas formas, resulta sorprendente, teniendo en cuenta que 13 de los 15 Estados miembros de la UE se opusieron a la introducción de esta modalidad de maíz en el mercado.
Resulta positivo y alentador que Austria y Luxemburgo no hayan aceptado la decisión de la Comisión, y que hayan adoptado unas acciones para impedir la venta de maíz modificado genéticamente en sus mercados. Desearía que también reaccionase así el resto de países de la UE, incluyendo el mío, Suecia.
La preocupación que causa a las personas la ingestión de alimentos modificados genéticamente está justificada y debe tomarse en serio. Sería más que deseable que se promulgase una prohibición inmediata del cultivo y la venta de alimentos modificados genéticamente, y en mi opinión debería hacerse. Lamentablemente no parece que vaya a suceder.
La resolución común del Parlamento Europeo es buena, aunque no es lo suficientemente crítica en todos sus aspectos, y voto incondicionalemnte a favor de la propuesta.

Jackson
Los diputados Conservadores británicos estamos decididamente a favor de que se tomen todas las medidas necesarias para establecer que a nuestros mercados lleguen únicamente productos alimentarios que sean seguros. Reconocemos asimismo que la modificación genética es una herramienta científica que, posiblemente, puede beneficiar a la humanidad y que no debe ser descartada de antemano. Su posible utilidad en términos de incrementar los suministros de productos alimentarios y de reducir la dependencia de pesticidas debe ser analizada exhaustiva y rigurosamente.
Creemos que hay dos consideraciones que deben ser determinantes a la hora de plantearnos el tema de los productos alimentarios modificados genéticamente: la seguridad de los consumidores y la elección de los consumidores.
En cuanto a la seguridad de los consumidores, observamos que la Comisión consultó a tres comités científicos antes de autorizar la comercialización de este producto. Los resultados de dichos comités están a disposición de los diputados, al igual que una relación de sus miembros; por ejemplo, la relación de los miembros que integran el Comité Científico de Alimentación Humana aparece en el Diario Oficial C218 del 23 de agosto de 1995, y los cambios que se han producido posteriormente también han aparecido en el Diario Oficial. La falta en la que podría haber incurrido la Comisión es no haber mantenido un contacto más estrecho con los diputados al PE, especialmente con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, para que obtuviéramos de primera mano los informes de dichos comités de expertos, así como una relación actualizada de sus miembros. Mientras el Parlamento se sienta excluido de la labor de dichos comités, crecerán la sospecha y la falta de confianza entre las instituciones.
En lo que se refiere a la elección de los consumidores, acogemos con satisfacción el hecho de que la Comisión tenga intención de proponer que todos los productos que contengan organismos modificados genéticamente sean debidamente etiquetados, ampliando así los requisitos actuales de información. Si los consumidores de Europa no desean productos modificados genéticamente, el poder de elección de los consumidores así lo indicará, y las empresas que comercializan dichos productos comprenderán que el mercado europeo no es rentable para ellas.
Asimismo acogemos con satisfacción la noticia de que el Comisario Sr. Fischler presentará una propuesta para un etiquetado similar de los alimentos para animales.
Creemos que con estas medidas de salvaguarda, los consumidores de Europa y los agricultores de Europa estarán en la mejor situación posible para hacer frente a la competencia procedente de los Estados Unidos y para juzgar por sí mismos si desean elegir productos modificados genéticamente o no.
Consideramos que la propuesta de resolución común presenta graves deficiencias en su rechazo de la autorización ya concedida, y que no es actual en el sentido de que no contempla los anuncios que hizo la Comisión el 2 de abril relativos al etiquetado de todos los productos modificados genéticamente. Contiene, sin embargo, algunos aspectos de utilidad relativos al requisito de que el Parlamento Europeo participe más estrechamente en el proceso de autorizar la comercialización de los productos modificados genéticamente; aspectos que hemos apoyado. La única vía sincera que podíamos seguir en la votación final del texto completo era, por consiguiente, la abstención.

Lindkvist
Es inaceptable que la Comisión permita la distribución de maíz modificado genéticamente en el mercado europeo. La gran mayoría de los países miembros está en contra, y la opinión pública es muy escéptica. La UE debería haber aprendido de la crisis de la EEB que la protección de la salud y de los consumidores debe ir por delante de unos beneficios comerciales a corto plazo. No bastan las investigaciones científicas. El maíz puede resultar inmune a los antibióticos, y con ello constituir un gran peligro para la salud pública. El etiquetado de todos los alimentos modificados genéticamente es una condición previa elemental para que los consumidores sepan qué es lo que compran y lo que comen.

Péry
El Parlamento Europeo condena la irresponsabilidad de la Comisión, que ha autorizado a los Estados miembros la importación y comercialización de productos a base de maíz genéticamente modificado, a pesar de todos los dictámenes negativos del Parlamento Europeo, y ello en detrimento del principio de precaución relativo a la salud de los consumidores y a la protección del medio ambiente.
Francia, así, ha usado de esta autorización para permitir las importaciones americanas prohibiendo el cultivo del maíz genéticamente modificado, y sólo podemos condenar la incoherencia de una decisión como ésta.
Es cierto que, unos días antes, se había autorizado la comercialización de este tipo de maíz, desactivando así una crisis con los americanos, que disponían de un cargamento de «Corn gluten feed» bloqueado en uno de nuestros puertos.
Hay importantes intereses en juego. Recordaré brevemente que el maíz transgénico se ha hecho resistente a la larva de un insecto devastador. Su cultivo, ya realizado en los Estados Unidos y en Canadá, produce mejores rendimientos y refuerza la competitividad de una producción en un mercado mundial que sabemos muy competitivo.
La incertidumbre sobre los efectos a largo plazo y el deseo por tranquilizar a los consumidores, aún traumatizados (con toda razón) por la crisis de las «vacas locas», han pesado en la decisión francesa, considerada incoherente y electoralista por muchos observadores.
No estoy de acuerdo en rechazar los descubrimientos científicos, pues vida es sinónimo mismo de evolución. Por otra parte, mi región (el Suroeste de Francia) se ha beneficiado ampliamente de los progresos realizados en las semillas. Pero los recientes escándalos y los dramas vividos deben hacernos más prudentes.
Si los expertos niegan la posibilidad de riesgos en lo que respecta al maíz modificado, el Comité Científico de Alimentación admitió, por su parte, un riesgo de transmisión al hombre de un gen marcador, resistente a los antibióticos.
Es importante proseguir con esta reevaluación y, mientras se espera, suspender la autorización de importar y comercializar estos productos.
Para nosotros, la primera exigencia es la transparencia en la información aportada a los consumidores. Deben asumir sus responsabilidades con conocimiento de causa mediante la imposición obligatoria de un etiquetado claro de todos los alimentos que contengan productos transgénicos. El Parlamento ha votado esta ley en enero de 1997 y habrá de aplicarse próximamente en los quince países.

Souchet
Señor Presidente, a pesar de sus deficiencias, he votado a favor de la resolución común porque condena la irresponsabilidad de la Comisión, que ha tomado unilateralmente la decisión de autorizar la introducción en el mercado del maíz genéticamente modificado a pesar del dictamen negativo de la amplia mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Pero habría sido necesario llegar más lejos y exigir a la Comisión que volviera sobre la decisión que tomó el 18 de diciembre de 1996, en tanto no se dieran garantías científicas suficientemente serias e independientes sobre las consecuencias en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente.
Se repiten los mismos hábitos; ya se trate de la autorización de importar de los Estados Unidos maíz genéticamente modificado o del levantamiento del embargo sobre la gelatina, el sebo y el esperma bovino de origen británico, son los mismos procedimientos los que llevan a la Comisión a situarse en lugar del Consejo y a actuar en detrimento de la salud pública y del medio ambiente de nuestros Estados. No se ha extraído ninguna lección de la crisis de las «vacas locas». Y, una vez más, la Comisión se erige en defensora de intereses económicos que no son los de los Estados miembros de la Unión.
Lamento sobremanera que el Gobierno francés tenga una gran responsabilidad en el proceso en curso. Fue el voto del Ministro francés el que permitió que se consiguiera en el Consejo la mayoría cualificada, mediante la cual se pudo operar la sustitución de responsabilidades en beneficio de la Comisión. Hasta ahora, sólo el Gobierno francés, con su decreto de 4 de febrero, ha autorizado la comercialización del maíz genéticamente modificado (del que, curiosamente, había ya 30.000 toneladas en los puertos franceses desde hacía un mes), cuando otros países europeos como Austria, Suiza o Luxemburgo decidieron proteger a su población. Los dos Comisarios franceses, por supuesto, ajustaron el paso a sus colegas, sobre todo anglosajones, para autorizar, sin vacilación, la introducción en el mercado del M.G.M.
Se llega así en Francia a la peor de las situaciones: nuestros agricultores se ven impedidos para utilizar semillas más productivas, mientras que los productos obtenidos a partir de semillas genéticamente modificadas procedentes de países terceros se comercializan libremente. En aras a la coherencia, la Unión debería imponer una moratoria completa (el maíz puede verse seguido con rapidez por la soja y la colza genéticamente modificadas, con todos los riesgos que esto conlleva), hasta que una serie de investigaciones o resultados convincentes hayan demostrado la inocuidad o el peligro de la introducción en el mercado de dichas semillas. ¿Por qué se teme tanto un litigio con los Estados Unidos sobre una cuestión tan esencial ante la OMC? O, ¿es que la Unión Europea ya no tendría como vocación la defensa de los intereses de los Estados miembros, aspirando únicamente a convertirse, en palabras de Valéry, en una «Comisión americana»?
Informe Roth (A4-0112/97)
Le Gallou
Señor Presidente, hemos votado contra el informe Roth, al mismo tiempo por sus aspectos que no tienen relación con el tema y también a causa de sus lagunas y omisiones.
El informe Roth no habla de las persecuciones de que son víctimas los sindicatos nacionales. Así, en 1996 se creó un sindicato Fuerza Nacional-transportes en común. Cuando este sindicato designó a sus delegados sindicales en la RATP, gran empresa de transportes públicos de la Ile de France, la dirección demandó a los citados sindicalistas. Unas semanas después, estos sindicalistas presentaron una lista a las elecciones profesionales, lista que se vio rechazada y se produjo un nuevo proceso, entablado por la dirección y por los sindicatos del sistema, que ganaron, en detrimento de los sindicalistas no adscritos, al haber cedido la justicia a las demandas del poder y de los sindicatos dominantes.
Tenemos en este caso un ataque grave contra la libertad sindical y electoral de los trabajadores. Esta libertad se ve amenazada por otro lado por los ataques de la dirección de esa gran empresa pública contra los sindicatos nacionales: amenazas a los sindicalistas y consignas a los responsables de los servicios para acosarlos. Lamentamos que estos ataques contra las libertades sindicales no figuren en el informe de la Sra. Roth.

Andersson, Hulthén y Waidelich
Damos la bienvenida al Acuerdo Schengen como un paso esencial en la realización práctica del derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. No obstante, pensamos que la redacción del apartado 57 del informe puede dar lugar a interpretaciones que no podemos aceptar en cuestiones como la posibilidad de llevar a cabo una campaña vigorosa contra el comercio de estupefacientes.
Anttila, Lindqvist, Ryynänen, Virrankoski y Väyrynen (ELDR), Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Lindholm (V), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN), por escrito. (SV) La lucha en favor de los derechos humanos es algo esencial en todo el mundo. La UE no tiene la exclusiva en este ámbito.
Muchos apartados del informe son absolutamente innecesarios en un estudio sobre derechos humanos. ¿Por qué tiene que convertirse la UE en persona jurídica y firmar convenios? ¿Por qué han de ponerse en práctica tantas de las acciones a un nivel federalista en la UE? ¿Por qué se quieren introducir unos controles a nivel comunitario?
Estamos en contra de todo esto y pensamos que es supérfluo en un informe que por otra parte es de gran calidad. Naturalmente, también votamos en contra de la propuesta de que el Tribunal de la UE amplíe su jurisdicción a la realización del Acuerdo Schengen.
Lo que es positivo es que el informe sea progresista en muchos de sus apartados y señale un gran número de cuestiones que están mal atendidas actualmente en los países miembros de la UE. Esto no quiere decir que se atiendan mejor a nivel comunitario. Por el contrario, aumentaría aún más el déficit democrático de la UE.
Pensamos que las críticas sobre la política de asilo, represiva y en muchas ocasiones racista, están justificadas.

Banotti
He votado en contra de la enmienda 43 relativa a la información sobre el aborto, por considerar que su formulación es inaceptable.
Ni siquiera los partidarios más radicales a favor de la elección hacen campaña activa a favor del aborto. El aborto es una elección que hacen muchas mujeres por una serie de motivos, muchos de ellos trágicos.
En Irlanda tenemos un nivel muy alto de abortos, desproporcionadamente alto en relación con otros países de la UE.
Creo que nuestros recursos deberían enfocarse hacia la prevención de los embarazos no deseados, y apoyar a aquellas mujeres que se ven obligadas a tomar esa decisión.
Nuestro referéndum constitucional aprobó por abrumadora mayoría la información y la libertad de movimiento. Al igual que hago yo.

Berthu
Lamentamos que el Parlamento Europeo haya estimado conveniente aprobar, a pesar de nuestro voto en contra, el informe Roth, que incluye toda una serie de aberraciones, como la solicitud a los países miembros para que reconozcan a las parejas de homosexuales y se les conceda el derecho a la adopción de niños. Señalamos también que el Parlamento Europeo ha declarado de nuevo que la libertad de circulación no se está aplicando en Europa, con el pretexto de que los controles de personas en las fronteras no estarían totalmente abolidos. Una vez más, estamos en total desacuerdo, y cuando nos desplazamos hoy por Europa, sentimos esos controles como obstáculos a nuestra libertad de circulación.
Quisiera sin embargo centrar mi explicación de voto en un punto técnico en particular, pues el Parlamento acaba de solicitar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sea competente sobre el Convenio de Schengen. No estamos de acuerdo por dos razones, de forma y de fondo.
En cuanto a la forma, no vemos por qué el Tribunal de Justicia, que es una institución comunitaria que compete a los quince Estados miembros, debería conocer sobre convenios particulares que algunos Estados miembros concluyen entre sí, salvo, claro está, si esos Estados miembros lo pidieran expresamente. Pero éste no es el caso. Esta observación debe situarse de nuevo en el contexto del debate de la Conferencia Intergubernamental sobre las cooperaciones diferenciadas, que no deseamos dependan sistemáticamente y a priori del Tribunal de Justicia.
En cuanto al fondo, es inverosímil que se puedan someter cuestiones de circulación de personas, y principalmente extranjeros, que afectan de cerca a las libertades públicas y a las soberanías nacionales, al arbitraje de una institución que no es una asamblea democráticamente elegida y que tampoco es un Tribunal Constitucional nacional sometido a las reglas democráticas de cada Estado.
Se plantea hoy un problema agudo que nadie desea mirar de frente, de distorsiones entre el estatuto del Tribunal de Justicia, que en el origen era un Tribunal destinado a tratar los problemas técnicos vinculados a la interpretación de un Tratado bien delimitado, y la amplitud de las competencias que se pretendería atribuirle en el momento actual, que concluiría en una grave disminución de las democracias nacionales y por tanto de la democracia simplemente.
Por consiguiente, deseamos que la Conferencia Intergubernamental dé prueba de realismo y que, antes de cualquier posible ampliación de las Competencias del Tribunal de Justicia, revise su estatuto para introducir, de una u otra forma, un derecho de apelación ante los Parlamentos nacionales para las cuestiones de principio.

Imaz San Miguel
El informe Roth recoge aspectos importantes en favor de los derechos humanos en la Unión Europea. Entre ellos cabe citar la reafirmación de las consideraciones del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa, el apoyo a las víctimas de la violencia y el terrorismo, así como muchos otros.
Sin embargo, en lo que respecta a los derechos humanos en las prisiones, el apartado 76 expresa que «Reafirma el principio según el cual la reclusión debe producirse EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS en un lugar próximo al medio familiar y social». La introducción en la Comisión de Libertades Públicas de la expresión «en la mayoría de los casos» restringe un derecho que es universal, que está reconocido implícitamente en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, y que por tanto sitúa su ejercicio en el ámbito de la arbitrariedad de los gobiernos.
Por este motivo me he abstenido en el voto final.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado a favor del informe anual del Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1995), a excepción del punto 159.
Opinamos que, en términos generales, el informe es satisfactorio. La oposición contra el punto 159 se debe únicamente a que incluye un error de hecho. El derecho penal danés incluye una prohibición clara de la tenencia de fotografías, películas, etc. de niños practicando el coito u otro trato carnal que no sea el coito. (apartado 2 del artículo 225 del código penal). Esta prohibición incluye también los escritos pederastas.

Lucas Pires
He votado con mi Grupo (PPE) en contra de la resolución Roth, aunque apoyaba más de 90 de sus párrafos y apreciaba múltiples aspectos del trabajo de la ponente. Pero en el informe figuran imprecisiones y excede el ámbito de un trabajo de este tipo, que debería ser sobre todo, una contribución a la publicitación de problemas de derechos fundamentales de la persona en la Unión Europea, que merecen una mayor atención y un mejor tratamiento. En compensación, me parece que los derechos sociales y medioambientales no sólo tienen un significado diferente, sino que, además, deberían ser objeto de un análisis especializado, mediante las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo.
Aparte de ese criterio general que ha contribuido a determinar mi posición final sobre el conjunto del informe, mis criterios de voto sobre los párrafos desglosados han sido los siguientes:
he votado a favor de numerosos párrafos sobre los mecanismos para fortalecer los derechos humanos, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libre circulación, derechos de acceso a la justicia, derechos de las personas detenidas, lucha contra el racismo y la xenofobia, derecho a la vida privada, derecho a la no discriminación y derechos de los niños;
he votado en contra de los párrafos en que se mencionan determinados Estados miembros sin que hayan tenido la oportunidad de presentar su versión de los hechos y sobre los que se debe presumir que se comportan como Estados de Derecho, además de los párrafos en que se impugnan las políticas nacionales sobre el asilo y la inmigración, cuando, por lo demás, aún no existe una verdadera política europea en esa esfera;
me he abstenido en relación con los párrafos sobre los derechos humanos fuera de la Unión Europea o relacionados con hecho ocurridos en años distintos de 1995, así como párrafos que mezclan lo verdadero con lo falso, lo que redunda en la creación de medias verdades.

Miranda
Consideramos muy positivo que el Parlamento Europeo analice de forma seria y profunda el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, tanto más cuanto que se da una tendencia excesiva y ligera a emitir juicios de valor sobre lo que ocurre, en ese ámbito, fuera de ella. En efecto, diversos e importantes son los problemas que se comprueban a ese respecto en la Unión Europea.
No pocas veces se ponen en entredicho los derechos y las libertades fundamentales. Se extienden los fenómenos de racismo y xenofobia. Aumenta la tendencia a poner limitaciones al derecho de asilo. Aumentan las discriminaciones de todo tipo. Y van -conviene subrayarlo- particularmente en aumento los fenómenos negativos en la esfera social, que, contrariamente a lo que sostienen ciertos sectores de esta Asamblea, no se pueden dejar de examinar en este ámbito. El derecho al trabajo, a un empleo estable, a una seguridad social decente y, por último, a una vida digna son, inequívocamente, vertientes esenciales de los derechos de la persona humana; como también se deben incluir en este ámbito las luchas contra el desempleo, la pobreza, la exclusión y la marginación.
La Sra. Claudia Roth plantea, en lo esencial, exhaustiva, positiva y adecuadamente este asunto en su informe. Nos congratulamos de ello y, por consiguiente, hemos votado a favor. Por las mismas razones hemos votado contra las propuestas presentadas y que se oponen al sentido dado a ese planteamiento.

Reding
En la cuestión de los derechos humanos, Europa tiene que defender a nivel mundial su buen nombre. Por ello, lamento profundamente que la oposición de algunos Estados de la UE en contra de una resolución en la que se analizaba críticamente la situación de los derechos humanos en China, haya conducido a que Europa no presente ahora ninguna resolución sobre los derechos humanos ante la ONU.
La consideración de intereses comerciales ha desplazado el debate sobre los derechos humanos. Quiero denunciar esta actitud escandalosa con mi voto negativo.
Los derechos humanos no tienen color de partido. No son ni cristiano-demócratas ni socialistas. Tienen una validez universal, tal como se refleja en los convenios internacionales. Por ello, hay que definir con claridad los conceptos y aplicar estos principios generales estrictamente.
Lamentablemente, en el informe Roth no es este el caso. El informe está coloreado ideológicamente y contiene además numerosos elementos que tienen mucho que ver con la política económica, social y de medio ambiente pero nada con los derechos humanos. En una mezcolanza de enumeraciones, un catálogo de temas y problemas que todos juntos no significan nada.
Habría deseado que se hubiese referido a los derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, a una defensa adecuada ante los tribunales, a la libertad de expresión, a la vida privada, a la no discriminación...

Wibe
Un informe sobre este tema debe, en mi opinión, centrarse en los ataques a los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de asociación. Asimismo, debe analizar y advertir sobre los casos en que no se respeten estos derechos en los Estados miembros de la UE, por ejemplo, el de la asistencia jurídica de un abogado o el derecho a cumplir un servicio social sustitutivo del militar. Pero ampliar el concepto, como hace el informe, e incluir el derecho a la libre circulación en la Unión, a la seguridad social, y a cuidados médicos entre otras cosas, es entrar dentro de unos ámbitos políticos diferentes. Si se ampliara este informe anual, tendría que advertir sobre cualquier carencia siguiendo un modelo fijo de calidad de vida, como el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar en su medio ambiente inmediato de jardines públicos a cargo de sus ayuntamientos.
Nunca está fuera de lugar, por supuesto, exigir mejores condiciones en materia de cuidados médicos. Pero no es de esto de lo que se trata. El motivo de nuestras críticas es que con esta ampliación se está confundiendo la noción de derechos humanos con la de calidad de vida. La idea de «derecho humano» tiene en un contexto internacional un contenido relativamente unívoco.
En el apartado 119 de la propuesta de resolución se lamenta que en un número creciente de ayuntamientos, especialmente de Francia y Alemania, se prohiba la mendicidad. Con esto es como si implícitamente se considerase la mendicidad como si se tratase de una actividad lucrativa más de una proporción de los ciudadanos. Esto no podemos aceptarlo.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Crecimiento, empleo y convergencia (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el informe (A4-0111/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe Económico Anual de la Comisión (COM(97)0027 - C4-0078/97) para 1997 - Crecimiento, empleo y convergencia en el avance hacia la UEM.

Metten
Mientras que nuestros gobiernos se empeñan en la consecución de los criterios de convergencia, los índices de paro se niegan a disminuir efectivamente. Sabemos lo que pasa. El crecimiento económico en la Unión resulta demasiado reducido; con vistas únicamente a absorber los aumentos de productividad y el incremento de la oferta de trabajo se hace necesario un crecimiento promedio de 2, 5 %. Esta cifra nos resulta sin embargo imposible de alcanzar, siendo escasas además las perspectivas para el porvenir. ¿Cómo es posible que la economía de la Unión Europea se resista así a crecer de manera sólida? A esta pregunta la Comisión carece de respuesta. Al igual que el año pasado, llega a la conclusión de que todos los factores de oferta tales como la inflación y los tipos de interés son favorables para un nivel mayor de crecimiento, pero en realidad la Comisión se niega a aceptar que las economías de un promedio de 1, 5 % del producto nacional bruto que los Estados miembros se proponen alcanzar en 1997 se hallan relacionadas enteramente con ese bajo nivel de crecimiento. La Comisión asegura por ejemplo en las páginas 77 y 78 del Informe Económico Anual que una continua disminución de los intereses y los títulos de confianza habrá de compensar la merma de la demanda a través de recortes. Esta concepción le exonera indebidamente de la obligación de exigir a los Estados miembros que se hallan en la posición de orientar sus políticas hacia el mantenimiento y el fomento del crecimiento que hagan lo mismo. El estímulo del empleo a través del fomento del crecimiento debe no obstante recibir en toda la Unión por lo menos la misma prioridad que la realización de los criterios de convergencia. Es evidente además que el fomento del crecimiento y el logro de los criterios de convergencia no son contradictorios entre sí. Un nivel mayor de crecimiento asegura no sólo un mayor nivel de empleo sino que favorece a su vez la consecución de esos criterios de convergencia. Ambos objetivos, el empleo y la convergencia, constituyen una responsabilidad común de toda la Unión Europea. Por ese motivo cabe también esperarse que los países que satisfacen ya los criterios de la UME y que poseen niveles de crecimiento mayores conserven por lo menos este crecimiento también en beneficio de los demás Estados miembros.

Cassidy
Señor Presidente, el año pasado fui ponente del Informe Económico Anual de 1996 y me hago perfectamente cargo de las dificultades que han tenido que superar tanto la Comisión como la ponente. Este año deseo felicitar a la Comisión por haber elaborado su Informe Económico Anual de manera más coherente y por haberlo presentado bastante antes que el pasado año. Quisiera felicitar a la Comisión también por el satisfactorio carácter realista del Informe Económico Anual de este año.
En los dos últimos años se impuso la tendencia de mostrar un ligero exceso de optimismo en lo que respecta a las perspectivas económicas de la Comunidad Europea. Este año, muy acertadamente, la Comisión destaca que no se ha producido la más mínima mejora en la situación general del empleo aquí en la Comunidad. El paro sigue siendo el problema fundamental al que se enfrenta Europa. Como aparecía en la portada de la edición de esta semana de The Economist : ¡Europa no funciona! La respuesta al problema no está en manos de la Comisión, naturalmente, y menos aún del Parlamento Europeo; la respuesta está en manos de los Estados miembros.
Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice la ponente en su informe, me complace comprobar que en él se reconoce -en el apartado 8 de la resolución- que los efectos nocivos de «los elevados costes reglamentarios no salariales de la mano de obra» tienen como resultado que las empresas se muestren reticentes a la hora de contratar al personal. Pero, por otro lado, hay una falta de realismo; en una referencia anterior en el párrafo ix) del apartado 5 tenemos el recital habitual de objeciones de izquierdas a las actividades de los especuladores. A menudo no nos damos cuenta de que los especuladores pueden ser los propios gobiernos de los Estados miembros, por ejemplo, que podrían retrasar sus cotizaciones a la Comunidad Europea con la esperanza de que mejoren los tipos de cambio de sus respectivas monedas nacionales con respecto al ecu.
Hay algo, sin embargo, sobre lo que quisiera llamar la atención: el apartado 26, donde se pide que se ponga fin a «la competencia desleal fiscal en la Unión Europea». Si la fiscalidad es «desleal», ello se debe a que algunos Estados miembros mantienen unos niveles fiscales demasiado elevados, y el efecto de la competencia fiscal, al igual que en las tarifas aéreas y en todo lo demás, debe servir para reducir los índices fiscales. Ello incrementaría la competitividad de Europa y además tendría como resultado la reactivación del mercado laboral europeo.

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, señoras y señores, quiero exponer mi opinión sobre nuestras enmiendas, concretamente sobre la nº 9, relativa al crecimiento, el empleo y la convergencia en el camino hacia la UEM. El crecimiento económico por si solo es un indicador insuficiente para enfrentarse al paro o hacerlo retroceder. Si se piensa que en Alemania se promete que la cifra de desempleados va a reducirse a la mitad hasta el año 2.000, se puede comprender que tal exageración se realice también en Europa.
Considerar el crecimiento como el único objetivo y motor para los sistemas económicos europeos es totalmente erróneo. La economía solamente debe considerarse en consonancia con la ecología, lo que lamentablemente se hace con demasiada lentitud en lugar de con mayor claridad y con mayorías.
Al Informe Económico Anual -de lo que se habrán dado cuenta en el debate de hoy- le falta una filosofía económica europea orientada hacia el futuro. Utilizo a propósito la palabra filosofía. Se deja de lado sencillamente que en Europa necesitamos una adaptación de los sistemas económicos entre si. Por ejemplo, en Alemania, con una cuota estatal del 51 %, la situación es totalmente diferente que en Inglaterra o Grecia. Es decir, también deberíamos plantearnos esta cuestión de la cuota estatal y de la adaptación de los sistemas económicos.
Permítame decir lo siguiente en el marco de la Unión Monetaria: no debemos comenzar mintiendo a nuestros ciudadanos. Me dirijo en especial al Sr. de Silguy. En el punto 12 del Informe Económico Anual se llama la atención sobre los compromisos para las pensiones y sus reservas. Si ocurre como en Alemania, que estos compromisos para las pensiones no aparecen, tampoco en el marco de los criterios de la UEM, entonces se comienza con una mentira y los criterios no se cumplen claramente. Tenemos que ser creíbles; a más tardar los empleados de Correos en la República Federal de Alemania verán que algo no encaja.
Quiero llamar la atención sobre un último aspecto: en la traducción alemana se dice en la enmienda 5 «en una regulación insuficiente». Esto está mal traducido, debería decir «en una regulación inefectiva».

Jensen, Lis
Señor Presidente, en el informe de la Sra. Randzio-Plath se dice, entre otras cosas, que no se puede aceptar la propuesta de la Comisión en favor de una mayor diferenciación salarial entre las regiones. Me parece una declaración muy simpática, ya que este tema no concierne ni a la Comisión ni al Parlamento, sino que depende de las decisiones que adopten a escala nacional los interlocutores sociales o los parlamentos nacionales, según las normas de cada país. El informe anual de la Comisión manifiesta el deseo de una mayor diferenciación salarial dentro de los diferentes sectores. Es una lástima que la ponente no esté presente, ya que me gustaría conocer su opinión sobre este tema.
El informe apoya plenamente el Libro Blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo, lo cual me extraña, ya que éste fomenta una mayor diferenciación salarial. Tampoco puedo apoyar las propuestas sobre la introducción de un salario de reinserción para los menos cualificados, los jóvenes y los desempleados de larga duración, ya que, por lo menos en mi país de origen, esto supone una clara violación del derecho de libre negociación de los interlocutores sociales, y la propuesta de una especie de gobierno económico a escala comunitaria es un error manifiesto. Hay que mantener la calma y valorar si la aplicación de los criterios de convergencia de la Unión Monetaria no es la verdadera causa de la tasa de desempleo inaceptablemente alta que hay en todos los Estados miembros de la UE, en vez de creer que el problema del desempleo puede solucionarse con la entrada en vigor de la Unión Monetaria. Debemos escuchar las fuertes protestas contra los planes de la Unión Monetaria en los diferentes Estados miembros.

Lukas
Señor Presidente, coincido con la ponente cuando dice que el Informe Económico Anual es demasiado optimista y que no toma suficientemente en serio el creciente desempleo. La competitividad se vincula de un modo demasiado unilateral a los costes laborales mientras que los importantes sectores de la creatividad e innovación, tanto en la producción como en las ventas, se dejan algo de lado.
La euforia consolidadora del sector público y del sector privado está dirigida demasiado hacia la racionalización y demasiado poco hacia las inversiones. El ejemplo de Francia muestra que el mero descenso de los costes laborales no puede mejorar la competitividad, pues allí no se ha reducido el paro a pesar del descenso de los costes laborales y lo que más bien se ha producido es unas pérdidas adicionales de sectores del mercado. Por ello, en el futuro va a ser importante observar críticamente las estructuras de gastos de la Unión Europea.
Mientras la gran parte de las aportaciones de los miembros fluya a apoyar el exceso de producción agraria y se empleen unas sumas comparativamente menores para investigación y desarrollo, no deberíamos sorprendernos de que se reduzca la competitividad en la Unión Europea.

Fayot
Señor Presidente, el gran debate, que proyecta una sombra sobre el informe económico anual de la Comisión es, por supuesto, el del empleo.
Sabemos que no podemos estar satisfechos, en este sentido, con el pensamiento único y que es necesario buscar otra cosa. No podemos sentirnos satisfechos con políticas económicas a nivel nacional, cuando la política monetaria lo será a escala europea. No podemos permitir que se desarrolle el paro, la pobreza y la exclusión y confiar exclusivamente en el mercado. El excelente informe de mi colega, la Sra. Randzio-Plath, tiene la intención de dar una lección de voluntarismo en este sentido y, con el permiso de ustedes, quisiera extraer dos ideas.
La primera es la necesidad de dar una dimensión europea a la política económica. Señor Presidente, señor Comisario, procedo de Luxemburgo, un país que desde hace diez años crea miles de empleos netos anualmente y, sin embargo, el desempleo sigue subiendo inexorablemente. ¿Por qué? Porque este país se encuentra en el centro de una cuenca de empleos transfronteriza donde el paro alcanza entre el 10 % y el 15 %, e incluso más. Esto muestra bien que un país que lleva a cabo una política de crecimiento más rápida que sus vecinos sostiene ante todo la economía de éstos. Y, si pretendemos que las políticas nacionales tengan éxito, es necesario, cuando menos, velar por su coordinación en el plano europeo.
La segunda idea es la necesidad de una política de crecimiento común. Los dogmáticos recalcitrantes dicen que no, que eso es imposible. Totalmente identificados con los criterios de convergencia para acceder a la moneda única, no desean soltar ni una moneda de más para el presupuesto comunitario ni ocuparse del vecino. Los socialistas dicen que sí. Sin caer en un keynesianismo complaciente, piensan que se puede actuar en función de la demanda, incluso con un presupuesto europeo que alcanza sólo el 1, 27 % del PIB.
Si se me permite, señor Presidente, parafrasear a Jacques Delors, la Unión Europea, que toma prestado para prestar a Hungría o a Bulgaria, ¿no lo haría para invertir en su calidad de vida o en el futuro de su juventud?
Señor Presidente, creo por tanto que, tal como propone el ponente, debemos disponer de una política económica de dimensión europea y, sobre todo, de una política económica de crecimiento.

Fourçans
Señor Presidente, para dar gusto al Sr. Fayot voy a parecer probablemente un defensor del pensamiento único, pero no importa, lo asumo. Quisiera al mismo tiempo responder al informe económico anual y al del Parlamento.
Con respecto al informe económico anual, seré menos crítico que la Sra. Randzio-Plath, aun cuando tendría algunas observaciones que hacer con respecto al texto de la Comisión.
Al igual que la Comisión, creo que hay que saludar la mejora de los resultados económicos de la Unión Europea, y el relanzamiento en curso debe estimularnos a proseguir en la dirección fijada. Dicho esto, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, no se trata de dormirse en los laureles, pues nos encontramos lejos del objetivo en lo que respecta al crecimiento y a la tasa de desempleo que, sabemos, continúa siendo dramáticamente elevada.
¿Por qué este bajo nivel de crecimiento y esta fuerte tasa media de desempleo en Europa? Hay que decir que en gran parte se debe a malas políticas económicas aplicadas desde el principio de los años 90: una política presupuestaria demasiado laxa, una política monetaria mal llevada, al menos hasta un período reciente, y un mercado de trabajo demasiado rígido.
Así pues, Señorías, debemos saber extraer las lecciones de estos ejemplos del pasado. No será relajando la disciplina presupuestaria como se resolverán nuestros problemas de crecimiento y de empleo, no será relajando la política monetaria como se resolverán nuestros problemas de crecimiento y de empleo. El informe que nos presenta la Sra. Randzio-Plath, al proponer este tipo de medidas, se equivoca de objetivo.
El descenso de los tipos de interés reales que, con toda razón, ha pretendido nuestra ponente, no resultará de este tipo de relajación. Procederá de la prosecución del saneamiento presupuestario, de la supresión de las primas de riesgo de los tipos de interés y por consiguiente de un entorno monetario y fiscal estable.
Al contrario de lo que se nos ha propuesto, debemos bajar el gasto público y las retenciones obligatorias, y para ello será necesario que apliquemos una serie de reformas estructurales con el fin de que esas bajadas se produzcan realmente y sean duraderas.
En esta perspectiva, en Europa tenemos dos grandes trabajos. El primero es relativo a la reforma del mercado de trabajo, que deberá flexibilizarse, como norma general, si no en todos los países. Ante todo debemos acelerar la bajada de los costes laborales, sobre todo los menos cualificados, al contrario de lo que ha dicho uno de los oradores anteriores, ya que es ahí donde se encuentra la clave del desempleo, del desempleo de los menos cualificados, que es el más importante en los diferentes países. Y para ello no hay otra solución que bajar las retenciones obligatorias. Lamento un poco que la Comisión no haya insistido más en esta cuestión, aunque la haya mencionado.
El segundo gran trabajo es el relativo al problema de la mundialización y el progreso técnico. El Informe Económico Anual le dedica un capítulo interesante. En ese caso también, creo que el tema habría merecido desarrollarse. Quizá ocurra en la próxima presentación. Quisiera insistir sobre un hecho en este sentido, y es que no hay ninguna razón a priori para que la mundialización no conduzca a la creación de empleo, aun cuando, a corto plazo, sabemos que ello plantea una serie de problemas.
Y con esto termino señor Presidente. Sólo quisiera añadir que, con el grupo del PPE, he propuesto, así como el Sr. Herman, una serie de enmiendas; la suerte que se les reserve determinará, evidentemente, la votación del grupo.

Svensson
Señor Presidente, durante veinte años ha existido en la Unión Europea el desempleo en masa. Uno de los motivos ha sido la implantación de unas teorías económicas ortodoxas dentro del pensamiento económico. Por eso el informe Randzio-Plath representa un giro afortunado. Defiende una política expansiva y ofensiva. Da muestras de conocimiento del papel activo que detentan las estructuras públicas dentro de la política financiera. Con ello el informe rompe con el conformismo ideológico que acostumbra a caracterizar los debates que se celebran dentro de la Unión europea y sus organismos.
Pero hay una contradicción en la confianza de que da muestra el informe hacia la unión monetaria. Precisamente es el sistema normativo de la UEM el responsable con mucho de la política causante de la depresión económica. Si queremos luchar contra la crisis a largo plazo tendremos que ir renunciando a la convergencia. Habrá que establecer una nueva cooperación monetaria más libre a un nivel más global. A pesar de estas objeciones, el informe enciende una pequeña luz entre las tinieblas del dogmatismo.

Moretti
Señor Presidente, quejarse no basta para resolver los problemas del desempleo en Europa. Los obstáculos para un verdadero crecimiento de la economía y del empleo son ya conocidos, y la mayor parte de los Estados miembros compiten para proponer soluciones que luego no ponen en práctica. Italia es un modelo negativo que no hay que imitar, y la norma según la cual se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias sigue estando de moda. El subsidio de desempleo sirve sólo para las grandes empresas, mientras que está prohibido para los pequeños empresarios. ¿Qué espera esta Unión para comprometerse de manera concreta, basándose en proyectos precisos, a favor de las pequeñas y medianas empresas?
Los datos de que disponemos confirman que sólo ayudando a la pequeña y mediana empresa se resuelven los múltiples problemas económicos y de empleo. No perdamos más tiempo e invirtamos en las infraestructuras, en las redes de transporte, en el medio ambiente, en la energía; organicémonos mejor para que las pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse de las inversiones previstas para la investigación y los Estados miembros reduzcan la presión fiscal por lo que respecta a los impuestos y a las cargas sociales.
Hemos recorrido un tramo de camino equivocado, pero podemos corregir el error haciendo cesar la competencia desleal en el sector tributario mediante un protocolo fiscal, a incluir en el Tratado de Maastricht, que contenga un código de buena conducta de los Estados por lo que se refiere a la imposición fiscal de las empresas y del capital.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, el debate de esta tarde sobre el Informe Económico Anual de la Comisión me da pie, en primer lugar para felicitar sinceramente a nuestra compañera, la Sra. Randzio-Plath, por la calidad de su trabajo así como por el rigor e inteligencia que caracterizan todos sus trabajos. Este informe me lleva también, señor Herman, a decir que la Comisión ha trabajado bien, evidentemente, en el marco de los tratados que nos gobiernan y de las decisiones del Consejo, sin olvidar, claro está Sr. Herman, la ideología liberal dominante en la que se encuentra inmersa la Unión.
Pero, cuando tenemos 18 millones de parados y 9 millones de personas que podrían incorporarse a la actividad si hubiera empleos suficientes, no podemos conformarnos con convergencias más o menos artificiales con vistas a la necesaria moneda única, no podemos conformarnos con un crecimiento pequeño sin impacto real en el desempleo, no podemos conformarnos con propuestas de tipo huida hacia adelante hacia una mayor flexibilidad laboral, menos protección social y más liberalismo.
Aun estando de acuerdo con algunas de las propuestas de la Comisión sobre educación y formación y sobre las iniciativas locales para el empleo, al igual que muchos otros en este hemiciclo, digo que es necesario un tratamiento de choque con respecto al desempleo, con una estimulación eficaz de la demanda interior de bienes y servicios, una bajada de los tipos de interés, un crecimiento de la investigación y el desarrollo, un planteamiento menos dogmático e ideológico de los criterios de convergencia, una manera sin duda más suave de proceder a las reestructuraciones y, para terminar, una verdadera voluntad de desarrollo industrial.
Sería necesario por consiguiente (y concluyo de manera general) que antes de cada decisión, todos aquellos que deciden analicen los efectos sobre el empleo a corto y a medio plazo. Será sólo de este modo como se recuperará la confianza y como, con una reducción progresiva del tiempo de trabajo, se reducirá finalmente el desempleo.

Langen
Señor Presidente, señoras y señores, me parece lamentable que la colega no esté presente esta tarde en el debate. En cualquier caso, no la habría felicitado pues el informe no es tan bueno como otros dicen. Contiene una serie de contradicciones.
Quiero felicitar a la Comisión por su buen y realista Informe Económico Anual. Señor Comisario de Silguy, todas las críticas que se le han hecho no están justificadas, pues a la postre son los Estados miembros los responsables de la política financiera y económica. No se puede hacer a la Comisión responsable por la suma de fallos de todos los Estados miembros.
El problema principal en Europa -lo que ya han dicho muchos- es el elevado desempleo, tanto el estructural como el coyuntural. Un crecimiento económico más fuerte no es suficiente por si solo para superar estas carencias estructurales. Es necesario para crear nuevos puestos de trabajo pero no suficiente. El Comisario ha dicho acertadamente en su informe que Europa se ha decidido por una clara vía de economía de mercado. Con el programa del mercado interior, el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria se han mostrado unas vías claras y prometedoras de éxito para la mejora de la competitividad de los puestos de trabajo europeos.
Los puntos centrales son la libre circulación de mercancías, servicios y personas, el aumento de la competitividad mediante la liberalización y privatización en importantes sectores como las telecomunicaciones, el transporte, correos o la energía, la ampliación de las redes transeuropeas, para las que aún falta el dinero, así como el retraimiento del Estado y la reducción de los gastos estatales, lo que así se ha regulado en el Tratado de Maastricht. Todos estos son importantes puntos, así como la lucha contra la inflación y la convergencia de la política económica y financiera.
El valor interno estable de la moneda es garantizado en especial por una tasa de inflación reducida. Aquí Europa puede mostrar muchos éxitos. Estamos de acuerdo -por lo que la exposición que hace el informe de la Unión Económica y Monetaria es correcta- en que podemos alcanzar la tercera fase del euro sin ablandar los criterios del Tratado. Pero lo que no podemos hacer -y aquí se contradice el informe de la Sra. Randzio-Plath- es intentar encontrar soluciones mediante programas estimuladores a corto plazo de la coyuntura al estilo Keynes, que generan fatas morganas en los sitios erróneos. Por el contrario, lo que debemos hacer es reducir los déficits estructurales en los lugares adecuados, tal como ha dicho el Sr. Fourcans y ha documentado en sus enmiendas. Las inversiones públicas deben ser una base para la actividad privada y no sustituir ésta.
Pero ante todo debemos fomentar la flexibilidad del mercado laboral y reducir lo antes posible los problemas del mercado interior, por ejemplo, los obstáculos que aún existen. Por ello, señor Comisario, le ruego que no abandone esta buena vía y que prosiga su política tal como la ha iniciado.

Theonas
Señor Presidente, el excesivo optimismo del informe de la Comisión es provocador: habla de una transición lograda hacia la UEM, de un aumento real del PIB, de nuevos puestos de trabajo, de una recuperación dinámica de la economía.
En nuestro país, señor Presidente, se utiliza una expresión para decir que una persona mantiene una distancia respecto de la realidad que es autodestructiva. Parece que el dicho popular griego al que acabo de referirme puede aplicarse absolutamente a las instituciones que dirigen la Unión Europea. Llama realmente la atención la insistencia con que persiguen una política que hunde a los ciudadanos europeos cada día más en el desempleo, la pobreza y la marginación. El modelo social europeo está en declive, el trabajador se transforma día a día en una mera persona «empleable», las conquistas laborales de todo un siglo de luchas y sacrificios se desintegran, al mismo tiempo que las exigencias de los bancarios se ponen por encima de la democracia de los ciudadanos.
En mi opinión, no hay otro camino que el de la movilización popular y la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos. Sólo de esta manera, quizás, la Unión Europea saque las conclusiones necesarias.

Katiforis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, había preparado una especie de discurso, pero no se lo voy a leer, puesto que prefiero responder a determinados comentarios que han hecho los diputados del lado opuesto.
Entre otras cosas, se ha dicho que ¡ no debemos dormirnos en nuestros laureles! ¿Qué laureles, seor Fourçans? ¿Dónde ha visto usted los laureles? Espinas es lo que encuentran los trabajadores de su país, y sobre ellas es un tanto difícil dormirse.
He oído también que debemos reducir los impuestos y las tarifas de los billetes de avión. ¿Hasta qué punto debemos reducirlos? ¿Hasta que empiecen a caer los aviones? ¿Vamos a realizar un análisis de coste-beneficio entre el margen de rentabilidad para las empresas y el valor añadido de las vidas de los pasajeros que se perderían? Desde el punto de vista económico, sería muy razonable: el valor de la vida de los pasajeros es limitado. El margen de beneficios podría pagar con creces estas vidas. ¿Vamos a hacer una tasación de este tipo? La economía no es una ciencia objetiva, sino una ciencia llena de tasaciones de valores y, antes de que lleguemos a las cuestiones técnicas, queremos saber cuáles son los valores que nosotros defendemos y a los que la economía sirve.
No soy de los que creen que el desempleo debe utilizarse como instrumento para domar la inflación. Su informe apoya esencialmente esto. No lo dice así, naturalmente, porque sería demasiado provocador, pero esencialmente apoya que el desempleo se utilice para frenar la inflación. Nos gustaría tener otro informe, porque hay formas diferentes de controlar la inflación, que no consisten en parte de dejar que el desempleo arrase, alcanzando el 12 % hoy, el 20 % mañana y el 30 % pasado mañana. ¿Adónde irá a parar esta historia, esta historia que empezó en 1970, precisamente porque había que detener la estanflación en perjuicio de los trabajadores? Esta es la esencia de todos estos papeles que nos traen. Año tras año, nos vuelven a repetir las mismas cosas. No hacen nunca el más mínimo esfuerzo por encontrar otra salida.
Para terminar, quisiera referirme a la propuesta que ha hecho esta mañana el Sr. Donnelly, de que se escuchen por fin otras voces a través del informe, para que dejemos de volver una y otra vez al mismo callejón sin salida al que nos han condenado.

Van Velzen, Wim
Señor Presidente, me sorprende bastante que en su informe anual la Comisión aboga por una mayor diferenciación de salarios entre las regiones. Me ha sido imposible hallar argumentos a favor de esa propuesta. Sé perfectamente que en todo caso en la realidad el ciudadano europeo debe encarar ya un sinnúmero de dificultades planteadas por las divergencias salariales existentes y las desigualdades competitivas que de ello resultan. Por consiguiente, lo único que puedo esperar de esta propuesta de la Comisión es que conducirá a una presión descendente sobre los salarios y en definitiva también sobre las prestaciones que en numerosos países están asociadas directamente con los salarios y por supuesto a los salarios mínimos. Considero verdaderamente escandalosa la proposición de la Comisión que no tiene el valor al mismo tiempo de presentar una directiva que asegure salarios mínimos. Dicho de otra manera, se nos aparece con una propuesta que conduce a una presión descendente y además de ello se niega a aportar una directiva que asegure a los ciudadanos europeos la necesaria protección mínima. Por lo tanto, me parece que lo único razonable que pueden hacer es retirar esta propuesta sin más tardar.
Existe además otra razón para oponerse a esta proposición y es el hecho de que una evolución de este tipo habrá de debilitar muy fuertemente la posición de los sindicatos, lo cual resulta absolutamente injustificado. En el marco de la concertación social al que nos remitimos constantemente se hace más bien necesario contemplar de qué manera resulta posible fortalecer dicha posición, de qué manera podemos brindarle un mayor contenido.
Y por último, uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos es la tendencia existente a las dislocaciones de empresas a otros países de la Unión. A lo único que puede llevar la propuesta de la Comisión es precisamente a fortalecer esa tendencia. Se me hace incomprensible en absoluto que no se haya tomado en consideración este riesgo. Estimo que una de estas tentativas consiste en hacer resaltar una vez más la denominada queja relativa a la movilidad, la falta de movilidad, de los trabajadores.
Si lo que se desea es fortalecer la movilidad de los trabajadores, deberá entonces velarse por que finalmente por una vez se haga algo con respecto a la armonización de los salarios y de los sistemas de seguridad social. Será entonces que por fin podremos ofrecer seriamente una solución por ejemplo a los problemas que se plantean a los trabajadores fronterizos entre Alemania y los Países Bajos, entre los Países Bajos y Bélgica, casos en los cuales desde hace ya diez años viene investigándose de manera adecuada y para los cuales la Comisión se muestra incapaz de ofrecer siquiera un instrumento sensato.

Willockx
Señor Presidente, desearía detenerme en primer lugar en el Tratado de Maastricht, en la Unión Monetaria y en los criterios de convergencia. Aceptamos sin ningún equívoco el concepto de los criterios de convergencia, mediando una interpretación correcta de los mismos. Al mismo tiempo rechazamos las simplificaciones y discusiones simbólicas, y al consultar en los últimos días el periódico y leer las informaciones sobre el reciente Consejo ECOFIN, me temo que dentro de poco habremos de caer en una discusión de símbolos y que una interpretación responsable, según la letra y el espíritu del Tratado de Maastricht, de los criterios de convergencia, se hace cada vez más difícil. En segundo lugar, debemos prepararnos por supuesto al período de acceso a la tercera fase de la Unión Monetaria. A este respecto deseo remitirme a las declaraciones del Sr. Cassidy en materia de competencia fiscal. De hecho, colega Cassidy, temo seriamente los efectos de la competencia fiscal sobre los fundamentos fiscales que se desplazan con particular facilidad entre los diversos Estados miembros. Temo seriamente que se destinen recursos cada vez a la protección social y temo por tanto fuertemente que de producirse la Unión Monetaria sin una coordinación fiscal pero, eso sí, con una competencia fiscal, la protección social se verá cada vez más amenazada. En tercer lugar, la semana pasada se dio la última mano al pacto de estabilidad, que ha venido a denominarse ahora pacto de crecimiento y de estabilidad.
Señor Comisario, desearía pedirle que nos explicara en qué lugar, en cuáles textos de ese pacto de estabilidad se describe el «crecimiento» como un objetivo voluntarista. El pacto de estabilidad se basa justificadamente en el hecho de que los criterios de convergencia deberán de hecho seguir siendo controlados incluso después de la tercera fase. Estoy de acuerdo con este principio. Pero lo que falta al pacto de estabilidad es el componente de crecimiento.
Le pido muy encarecidamente preste atención a esta cuestión. De lo contrario, y si experimentamos esto en nuestro país, si usted persiste en que será el mercado libre monetario el único responsable del porvenir de los ciudadanos de Europa, esto puede significar tal vez el riesgo de suicidio del proyecto europeo a nivel de la ciudadanía y es esto lo peor que podría suceder.

Wibe
Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de que en el Informe de la Comisión hay una serie de graves errores por lo que respecta a la descripción de la situación económica en Suecia. Se dice, por ejemplo, que los tipos de interés nunca han sido tan bajos como ahora y que la diferencia con los de Alemannia nunca ha sido tan pequeña, pero esto es totalmente erróneo. La Comisión parte de los tipos nominales, mientras que cualquier economista sabe que son los reales los que tienen importancia en este contexto, y estos últimos no han sido nunca tan elevados en Suecia como en estos momentos.
Además, se dice que ha aumentado el ahorro en Suecia como consecuencia de la disminución del crecimiento, es decir, una especie de relación keynesiana a la inversa. En este caso lo cierto es también todo lo contrario: En Suecia hemos llevado a cabo una reforma fiscal que ha aumentado la productividad del ahorro. El ahorro ha aumentado, la demanda ha seguido el mismo curso, y lo mismo ha hecho el crecimiento. Esto lo sabe cualquier economista sueco.
Con estos errores la Comisión transmite la idea de que el desarrollo económico en Suecia ha resultado provechoso porque se ha seguido la línea económica recomendada por la Comisión, mientras que ha fallado la socialdemócrata tradicional. Lo cierto es todo lo contrario: Cuando Suecia liquidó la política keynesiana basada en la demanda, cuando empezamos a dar prioridad a la lucha contra la inflación por encima de la lucha contra el paro, cuando empezamos a aplicar los criterios de convergencia, en pocas palabras, cuando nos adherimos a la política neoliberalista que recomienda la Comisión, empezaron a surgir problemas en Suecia. Fue entonces cuando aumentó el desempleo del 2 al 12 por ciento. La evolución registrada en Suecia es, por tanto, un ejemplo excelente de que la política socialista tradicional funciona, una política que da prioridad a la lucha contra el desempleo por encima de la lucha contra la inflación.
Mi trágico pronóstico es que el paro en la Unión no va a disminuir, a menos que la Comisión y el Consejo compartan estas ideas. Los numerosos errores del Informe hacen que crea lamentablemente que aún les queda un largo camino por recorrer.

Pérez Royo
Señor Presidente, el rasgo más saliente del Informe Económico Anual es el de la autocomplacencia exhibida por la Comisión al enjuiciar la situación económica de la Unión.
La consecuencia que de ello se deriva es una actitud de pasividad que confía toda la certeza económica al manteniento de unos sanos equilibrios o fundamentos macroeconómicos, especialmente en materia de finanzas públicas y de inflación, como si ello bastara para asegurar el crecimiento y la creación de empleos.
Las evidencias que muestran las diferentes economías no confirman este análisis. Los fundamentos macroeconómicos mejoran, se progresa en la convergencia nominal, pero no se acaba de superar la pausa en el crecimiento y el desempleo sigue en niveles intolerables. Como toda explicación, la Comisión sigue recurriendo al difuso concepto de falta de confianza. La situación es en cambio vivida por el ciudadano corriente como el horror económico que da título a un conocido best seller francés reciente.
Por nuestra parte, debemos subrayar que la situación económica en la Unión muestra unas carencias importantes en aspectos cruciales. A pesar del elevado nivel de ahorro, la inversión ha descendido de manera apreciable respecto al pasado. La inversión pública está resultando la gran perjudicada en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas de los diferentes Estados miembros.
Por ello, proponemos que a la hora de enjuiciar los déficits públicos excesivos se tenga en cuenta la fundamental distinción entre gastos corrientes y gastos de capital, entre déficit para financiar gastos corrientes o para financiar gastos de inversión.
Más preocupante aún es el retraso en el campo de la investigación y desarrollo, especialmente en el ámbito relacionado con la sociedad de la información. Es urgente poner en marcha una estrategia europea en este campo que permita aprovechar las ventajas propias del espacio económico integrado al nivel de la Unión. Porque en este campo en el que la actuación de los poderes públicos es determinante se sigue actuando en orden disperso, cada Estado por su cuenta, con un nivel muy escaso de coordinación y menos aún de actuación directa por parte de las instituciones comunitarias.
En conclusión, los socialistas pensamos que no es correcto reducir toda la política económica al objetivo de asegurar un entorno macroeconómico saludable. Es necesario, además, comprometerse en una política activa de empleo, de formación, de inversión, de estrategia de investigación y desarrollo, una política más activa desde el lado de la oferta, y también en el de la gestión de la demanda agregada. Esperamos que estas consideraciones sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las líneas generales de la política económica.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, permítanme en primer lugar dirigirme a la Sra. Randzio-Plath que, en su brillante exposición, ha demostrado o tratado de demostrar que la primavera era todavía muy fresca. Sin duda, hacía alusión a la temperatura de esta mañana en las calles de Estrasburgo. Quizá como yo, después de almorzar, ha podido darse cuenta de que la temperatura había subido. Esto me lleva a pensar que no porque una primavera sea fresca haya de seguirse un hermoso verano y una excelente cosecha en otoño.
Pero, para recolectar mucho, Sra. Randzio-Plath, hay que trabajar también mucho. Las condiciones meteorológicas no lo explican todo. En definitiva, eso es lo que hemos pretendido con el Informe Económico Anual, que contiene todos los elementos necesarios para una estrategia de política económica de conjunto, no solamente sobre la convergencia y la Unión Económica y Monetaria, sino también para el crecimiento y el empleo, que son los dos temas que quisiera abordar a continuación.
Sin embargo, permítanme que haga un paréntesis, en honor al Sr. Donnelly (que por desgracia no se encuentra presente para oír mi respuesta, pero que podrán transmitírsela): ha pedido que se dé al Informe Económico Anual (IEA) una mayor publicidad, una explicación pública más amplia. Personalmente, encuentro esta idea interesante. Vamos a reflexionar sobre ello y creo que hay varias formas de avanzar. En primer lugar, podemos pensar que el ponente para el próximo IEA sea designado más rápidamente y que, con otros parlamentarios, podamos mantener debates preparatorios antes de proceder a la publicación del Informe Económico Anual. Podemos también pensar en un debate público con economistas, instituciones de investigación, periodistas y diputados. Estoy dispuesto a reflexionar sobre todas estas soluciones y a trabajar por ello. Esto es lo que me permite responder al Sr. Donnelly.
Voy, pues, a mis dos temas (sobre los que desearía insistir) para no abusar de su tiempo. En primer lugar, el crecimiento. Creo que muchas preguntas han girado en este hemiciclo en torno al problema de cómo aumentar el crecimiento.
En primer lugar, diré que el crecimiento (por desgracia quizás) no se crea por decreto. Resulta principalmente de fundamentos económicos sanos. Señor Willockx, lo siento, los déficits públicos nunca han creado empleo. Si así fuera estaríamos en situación se sobreempleo. Nos ha acusado usted de buscar ante todo una estabilidad excesiva, en detrimento de la política de empleo. Lo que digo, lo que pienso, es que la política económica sana es algo previo a la constitución de un marco económico favorable al crecimiento, incluso aunque (y en esto estoy de acuerdo con usted) no permita resolver todo el problema del desempleo, y estas políticas deban complementarse con otras.
¿Por qué son necesarias las políticas económicas orientadas a la estabilidad? Porque garantizan un crecimiento a medio plazo, que se verá arrastrado por la demanda y sostenido por la inversión.
En primer lugar, el crecimiento ha de ser sostenido por la demanda y en este sentido quisiera insistir en lo siguiente: la Comisión no discute el hecho de que la demanda deba acompañar al crecimiento y que la insuficiencia actual de la demanda interior explique en parte la prudencia del relanzamiento presente. Les recuerdo que el crecimiento era de un 1, 6 % en 1996 y que estará comprendido entre un 2 1/4 y un 2 1/2 % en 1997. Pero un mantenimiento artificial de la demanda, que amenazaría los fundamentos básicos por medio de una expansión presupuestaria o una evolución salarial demasiado rápida, sería contraproducente y, por consiguiente, poco duradero. ¿Por qué? Porque un motor importante del crecimiento reside en los beneficios de productividad y porque la reducción de los precios relativos, en los sectores en los que la productividad aumenta fuertemente, permite aumentar la demanda para la compra de productos y servicios en aquellos sectores en los que la productividad aumenta menos rápidamente y en los que, sin embargo, se crea empleo. Esto es lo que se intenta demostrar en la página 34 del IEA.
Tal como preconiza esta Asamblea, este proceso se ve facilitado por la supresión de obstáculos a la innovación y por una política de investigación y desarrollo mejor determinada. Pero debo añadir que la demanda vuelve a despegar actualmente en Europa, y sobre una base sana. La exportación ha sido el primer soporte, el primer apoyo. Ahora debería verse sustituida por el consumo privado, que debería crecer un 2 % en 1997 y un 2, 5 % en 1998. Estas mejores perspectivas de la demanda deberían estimular igualmente la inversión.
Voy ahora a mi segundo punto, a saber, el crecimiento sostenido por la inversión.
La Comisión comparte la preocupación de esta Asamblea, Sra. Randzio-Plath, sobre el relativo estancamiento de la inversión en Europa. Es cierto que hasta ahora el relanzamiento de la inversión global es aún tímido. Sin embargo, constatamos ya un mejor nivel en la inversión en bienes de equipos, aun cuando el sector de la construcción sea un poco reactivo. Creo, y no se trata de un excesivo optimismo, Sr. Ribeiro, que en la actualidad se dan todas las condiciones para un relanzamiento más completo de la inversión de las empresas, que representa a pesar de todo el 85 % de la inversión global, principalmente merced a una rentabilidad apropiada del capital invertido y a un policy mix más distendido.
Sin embargo, más específicamente, con relación a la inversión pública, recuerdo que la Comisión ha insistido siempre, incluso en el informe anual para 1997, en preservar la inversión pública, pues representa un factor importante para el crecimiento a largo plazo. La Comisión también ha aportado su ayuda a los proyectos de inversiones comunitarias, comenzando por las redes transeuropeas.
Esto es lo que deseaba decir muy rápidamente sobre el crecimiento, condición indispensable para la creación de empleo.
Ahora, muy brevemente, porque el tiempo es corto, unas palabras sobre la segunda cuestión, a saber, la creación de empleo: ¿Cómo facilitar la creación de empleo en Europa? Sobre este punto también, el Informe Económico Anual incluye importantes análisis y recomendaciones con respecto al mercado de trabajo. Deseo recordar que, en este ámbito, estas medidas son esencialmente de competencia nacional, y el Sr. Langen lo ha señalado con toda justicia. También la Comisión invita a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades sobre la materia.
Quisiera muy brevemente abordar dos problemas, el mercado del trabajo y la política salarial (que han sido mencionados en este hemiciclo, esta mañana y esta tarde).
En primer lugar, el mercado del trabajo. Es necesario llevar una política del mercado del trabajo más activa. Durante el período que siguió al primer choque petrolero, el nivel elevado de los costes laborales, salariales y no salariales y, en algunos casos, la existencia de reglamentaciones rígidas en materia de seguridad del empleo disminuyeron el interés del trabajo como factor de producción. Para seguir siendo competitivas, las empresas continuaron sustituyendo trabajo por capital. Sin embargo, los mercados de empleo en la Unión Europea se adaptaron progresivamente y ello condujo a una mejora considerable de la rentabilidad.
El Sr. Berthu y el Sr. Lukas, pero también en cierta medida, la Sra. Randzio-Plath, han planteado la cuestión de las inversiones en racionalización (necesarias para conservar la competitividad, pero que pueden destruir empleo) para oponerlas a las inversiones en expansión, que aumentan nuestra capacidad de crecimiento y, por consiguiente, de empleo. El Informe Económico Anual analiza estos problemas en relación con la sustitución del trabajo por capital. Lo que necesitamos es añadir a las inversiones en racionalización muchas más inversiones en expansión, creadoras de empleo. Las condiciones de desarrollo en este momento son mucho más favorables. Pero los efectos de este proceso sobre el incremento de empleos debidos al crecimiento no son inmediatos. La Comisión también recomienda mejorar aún más la capacidad de los mercados del empleo, capacidad para adaptarse a los cambios económicos, sobre todo modernizando la organización del trabajo y aumentando la movilidad geográfica y profesional.
La Comisión está convencida de que sería deseable aplicar soluciones pragmáticas para ampliar la escala de los costes laborales, en función de las cualificaciones y las regiones y, en cierta medida, en función de los sectores. Esto podría hacerse, por ejemplo, bajando los costes no salariales, disminuyendo las cargas fiscales de los trabajadores poco cualificados (coincido con lo que ha dicho el Sr. Fourçans en este sentido) e instaurando salarios de primer empleo para los trabajadores desfavorecidos. Pero esta adaptación del mercado del trabajo pasa también por una cierta diferenciación salarial, que deberán acordar los interlocutores sociales.
De creer en su proyecto de resolución, si he entendido bien, una cierta diferenciación salarial entre las regiones sólo puede favorecer la revisión de los salarios a la baja, y provocar nuevas deslocalizaciones. Pues bien, la Comisión no comparte este punto de vista. Puedo tranquilizar a la Sra. Lis Jensen y al Sr. Wim van Velzen. ¡Es todo lo contrario!, a condición de que se basen en diferentes niveles de productividad en función de las regiones, estas diferenciaciones no provocarían ningún desplazamiento de la actividad de una u otra región. Antes al contrario, permitirían la creación de nuevas actividades y empleos en regiones con una elevada tasa de desempleo.
Permítame, señor Presidente, Señorías, como conclusión, señalar y recordar que el Informe Económico Anual responde a una estrategia global y coherente de crecimiento, de empleo y de convergencia que se desarrolla en Europa. Para demostrarlo está la bajada de los tipos de interés reales a corto plazo en Europa, cerca de 500 puntos de base desde 1993, es decir, una reducción histórica de un 70 % (para demostrarlo está también una bajada importante y probablemente más significativa en términos económicos, de los tipos de interés a largo plazo).
El debate en el que hemos participado en el día de hoy nos permitirá, señor Presidente, Señorías, afinar nuestro análisis para la elaboración de las grandes orientaciones de política económica, que yo mismo vendré a presentarles a partir del próximo 23 de abril, es decir, el mismo día en que las apruebe la Comisión. Serán ustedes informados en tiempo real y, en ese momento, sobre la base de este análisis, podremos retomar juntos el debate sobre la política económica europea.

Randzio-Plath
Señor Comisario, una pregunta adicional: entre otras cosas, usted ha llamado la atención sobre la elaboración de las directrices de política económica. ¿Podría explicar al Parlamento hasta qué punto está usted dispuesto a anticipar el diálogo para la elaboración de las directrices de política económica, de modo que sepamos en qué puntos se va incluir la posición del Parlamento Europeo, que mañana se va a acordar aquí, para que pueda tener lugar a tiempo un intercambio de opiniones entre el Parlamento y la Comisión antes del 23 de abril?

de Silguy
Señora Randzio-Plath, en este asunto sólo tengo dos preocupaciones, respetar el Tratado y reforzar la colaboración entre esta Asamblea y la Comisión. En primer lugar, considero que el debate intenso, activo, que ha tenido lugar sobre el Informe Económico Anual nos proporciona ya muchos elementos de información. Sin embargo, estoy dispuesto, Sra. Randzio-Plath, si lo desea, a organizar una reunión de trabajo entre una delegación de diputados y mis servicios antes de que la Comisión apruebe el Informe Económico Anual. Para respetar el Tratado, estoy no obstante obligado a llevar a cabo una reunión de carácter informal.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0105/97) del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(96)0545 - C4-0588/96) relativo a la evaluación del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros - Reglamento (CEE) n&#x015F; 1969/88 del Consejo.

Metten
Señor Presidente, en mi informe quedan planteadas dos preguntas. En primer lugar, saber si deberán continuar vigentes las facilidades financieras existentes para los problemas de balanzas de pagos tras el inicio de la UEM previsto para el 1 de enero de 1997. En segundo lugar, saber si un mecanismo de este tipo destinado a ayudar en las dificultades de pago no podrían resultar también de utilidad a los Estados miembros en el marco de la Unión Económica y Monetaria que no dejará de plantear convulsiones específicas a cada uno de los países miembros.
Para comenzar con la primera pregunta, la facilidad de financiación a las dificultades de las balanzas de pagos ha demostrado en el pasado su utilidad. Ha resultado ventajosa a los Estados miembros forzados a solicitarlas ya que los préstamos que recibían así resultaban menos onerosos que los que ellos por sí solos podían obtener. Los demás Estados miembros obtuvieron estabilidad en el mercado interior pudiendo además obtener garantías para el reembolso, a través de la condicionalidad ligada a los préstamos. Dado que estos préstamos se efectúan casi siempre en tramos, es posible controlar correctamente el cumplimiento de las condiciones relacionadas con el saneamiento de la economía.
Lo importante de esta facilidad es por consiguiente que tanto el Estado miembro beneficiario como la Unión en su totalidad obtienen ventajas con ella. El único riesgo que corre la Unión reside en el hecho de la imposibilidad de reembolso del préstamo. Aunque este caso no se ha dado aún. ¿Deberá suprimirse este mecanismo de ayuda financiera con la entrada de la UEM prevista para el 1 de enero de 1999? La Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento recomienda lo contrario. No todos los Estados miembros actuales habrán de entrar inmediatamente en la Unión Económica y Monetaria; los denominados países »pre-ins» y »outs» quedarán inicialmente excluidos de ella, pudiendo verse expuestos de hecho a graves dificultades en las balanzas de pagos. A estos países debería seguir proporcionándose, por consiguiente, esta facilidad hasta que puedan acceder finalmente a la UEM.
Pero incluso en el supuesto de que todos los actuales Estados miembros formen parte de dicha unión, lo cual debería cumplirse en el año 2002, esta ayuda seguirá ejerciendo una clara función. A partir de ese año habrán de adherirse presumiblemente a la Unión Europea los primeros países de Europa Central y Oriental. Y por lo menos uno de dichos países, Hungría, ha ya señalado que la integración a la UEM le tomará sin duda aún algunos años suplementarios. Durante esos años los países que ya formen parte de la UE pero no de la UEM podrán verse expuestos a graves dificultades en las balanzas de pagos. Es seguro pues que será desaconsejable provisionalmente la supresión de esta positiva ayuda. Y esto nos lleva a la segunda pregunta del informe.
¿No debería resultar útil esta facilidad, concedida a través de préstamos en el mercado de capitales con garantía comunitaria, en la tercera fase de la UEM? ¿Y bueno, en el caso de países expuestos a impactos bien específicos? Esta posibilidad queda claramente prevista en el apartado 2 del artículo 103A del Tratado de Maastricht. Aunque hasta el presente no se ha emprendido ninguna acción orientada a su puesta en práctica. Uno de los problemas que pueden presentarse con la entrada en vigor de la UEM es que los Estados miembros cuenten con menos posibilidades de absorber impactos negativos específicos a un país, que no se presentan por consiguiente en otros países. El mecanismo de tipo de cambio habrá sido suprimido aminorándose el efecto tampón del presupuesto a causa del pacto de estabilidad. Un mecanismo positivo que ayudase a los Estados miembros a salir de una recesión imprevista podría resultar con toda seguridad sumamente conveniente. No hay por qué temer un relajamiento de la disciplina de los Estados miembros por la existencia de un instrumento de este tipo. Este deberá ser aprobado por unanimidad por el Consejo. A ello se halla ligada una estrecha condicionalidad debiendo asumir el propio Estado miembro beneficiario todos los gastos resultantes.
A esto cabe añadir que el pacto de estabilidad, orientado a una sana finanza de los gobiernos nacionales en casos de impactos específicos a un país menos graves, es decir aquéllos que den lugar a una recesión económica de menos de 2 %, contribuye a empeorar más bien los problemas de los países afectados en lugar de ayudar a remediarlos. Teóricamente se les castiga mediante un depósito o mediante multa. El Presidente del Consejo ECOFIN, el Ministro Zalm, ha comparado pues el pacto de estabilidad con una bomba atómica cuya función es atemorizar pero que no debe ser utilizada. O, tal como afirmó el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, es como las capitulaciones matrimoniales que sí, que existen, pero que lo mejor es no tener que utilizarlas. En este contexto resultaría extremadamente útil un instrumento concebido para los mismos fines pero que pueda ser puesto efectivamente en funcionamiento. Desearía obtener pues de parte de la Comisión la promesa de que elaborará la propuesta referida en conformidad con el apartado 2 del artículo 103A y que remita dicho documento a este Parlamento y al Consejo.

Herman
Señor Presidente, Señorías, ¿es necesario ampliar el mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos más allá de la fecha prevista para la entrada en vigor de la Unión monetaria? Como ha dicho muy bien el Sr. Metten, por lo que respecta a los primeros años, en todo caso (los años en los que no todos los Estados miembros participen en la Unión monetaria) evidentemente, este mecanismo aún puede servir.
Haré no obstante una distinción, que no ha hecho el Sr. Metten, y que consiste en poner en plano de igualdad a aquellos países que desearían participar en la Unión monetaria, pero no se encuentran en condiciones de hacerlo en estos momentos y aquellos países que, estando en condiciones de participar, no deseen hacerlo. Resulta evidente que, si se pretende incitar a los Estados miembros a quedar fuera de la Unión monetaria, es necesario, por supuesto, plantearse la posibilidad de aplicarles las disposiciones ventajosas del mecanismo precitado. Creo que no es la visión que nosotros tenemos. Tampoco creo que sea la del Sr. Metten, pues tenemos todo el interés en hacer coincidir la extensión del mercado interior con el territorio de la Unión monetaria.
Así, no haremos a aquellos que cumplen las condiciones y que no desean participar (principalmente por razones políticas) el regalo suplementario de decir que se pueden beneficiar de nuestra solidaridad si llegan a tener problemas. No somos ni masoquistas ni sádicos, pero, en fin, es necesario tener los pies en el suelo. Si creamos juntos una estructura en la que pretendemos que participe todo el mundo, no estimularemos a los que se queden fuera a quedarse. Personalmente no seguiré al Sr. Metten por ese camino.
La otra pregunta que se plantea es si es necesario, tal como sugiere el Sr. Metten, proyectar un mecanismo de ese tipo y mantenerlo cuando la Unión monetaria sea completa y todo el mundo participe. Efectivamente, él dice que habrá aún situaciones en que los Estados miembros sufran choques que exigirán que se acuda en su ayuda. Se trata de un caso que será límite. ¿Por qué?
Porque cuando se tiene un gran mercado, una moneda, y además, no solamente criterios de convergencia sino pactos de estabilidad, es evidente que la mayoría de choques que sigan produciéndose procederán del exterior. Los choques interiores quedarán reducidos, me parece, a pocas cosas. Se tratará de accidentes que puedan resultar o bien de un cataclismo natural o de una catástrofe política como una huelga general prolongada. Es posible pensar en semejantes situaciones, pero, en ese caso, la técnica apropiada no me parece la que sugiere el Sr. Metten.
Por esa razón planteo mis reservas con respecto a la segunda parte de su exposición, y me pregunto si hay que imaginarse, sobre la base del párrafo 2 del artículo 103, un mecanismo análogo o mecanismo actual pero destinado a resolver los problemas de ajuste presupuestario de los Estados miembros. No lo creo.
Creo que, para enfrentarse a esta situación, es más inteligente jugar con unos cuantos elementos de flexibilidad que existen en el Pacto de Estabilidad pues, según su análisis, el Sr. Metten registra esto como si fueran problemas que influirían en el equilibrio presupuestario. Así pues, para los problemas de equilibrio presupuestario no es un mecanismo previsto por la balanza de pagos lo que hay que tomar, sino otro mecanismo. Y yo estoy dispuesto a apoyar la idea de que es necesario quizá prever algo. Sea como sea, tenemos tiempo, pues este problema no se va a plantear antes del año 2000.

Katiforis
Señor Presidente, el informe del Sr. Metten ha situado en el primer plano de nuestros debates una cuestión muy seria: la cuestión de la estabilización de la economía europea durante y después de la introducción de la moneda única. A pesar de que la estabilización constituye un tema políticoeconómico actual de la economía moderna, apenas se aborda este tema a nivel oficial. Por lo tanto, debemos felicitar y agradecer al Sr. Metten su muy importante contribución y que haya llamado nuestra atención sobre este tema.
Señorías, la estabilidad del tipo de cambio es, como sabemos, una condición previa para participar en el mecanismo de las paridades cambiarias y, naturalmente, para la participación posterior en la UEM. Aunque el mecanismo permite, de momento, unas oscilaciones de + 15 % sobre la paridad central, se sabe que, extraoficialmente, las monedas que aspiran entrar en el euro intentan mantener paridades mucho más estrictas, con la consecuencia que muchas de ellas ya empiezan a tener problemas y tensiones en la balanza de pagos. La cuestión crítica es que no se puede descartar la posibilidad de que estas dificultades se agraven cuando se haga la separación entre «las cabras y las ovejas», es decir, entre los Estados que participarán en el euro y los que no. Ese será el momento delicado; en ese momento delicado es cuando deberemos apoyar los mecanismos de estabilización, en lugar de restar mecanismos, anunciando el cese, como lo hace el Tratado, de un mecansimo de estabilización importante para los que se queden fuera. Los problemas de estabilización seguirán existiendo también dentro del euro, porque estará constituido por economías con diferentes niveles de productividad, y, como es sabido, cuando hay diferencias de productividad de este tipo se pueden producir turbulencias internas a las que sólo puede hacerse frente en los Estados federados con asignaciones presupuestarias. Las propuestas del Sr. Metten son flexibles con respecto a este punto. Utilizan las posibilidades que ofrece el Tratado y, en mi opinión, merecen nuestro apoyo.

Cox
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, quiero indicar los elementos de acuerdo y desacuerdo en lo relativo al énfasis que pone el Sr. Metten en su análisis.
En primer lugar, en el ámbito de los elementos de acuerdo, compartimos la opinión del ponente de que este mecanismo de ayuda a las balanzas de pagos debe mantenerse tras el establecimiento del euro en la tercera fase, pero únicamente para los Estados que se encuentren en situación de «pre-in». Estoy de acuerdo con el Sr. Herman. Debemos analizar seriamente nuestra deuda en términos de solidaridad con aquellos Estados que podrían calificarse, pero que, por razones políticas, optan claramente por quedar fuera.
A ellos no les debemos ninguna solidaridad. Tampoco ellos nos demuestran ninguna solidaridad. Pero cuando el Sr. Metten se declara de acuerdo y propone que se mantenga la ayuda a los Estados «pre-ins», lo acepto porque es lo que dice el Tratado. El apartado 6 del artículo 109 K prevé precisamente esta eventualidad. No obstante, cuando el Sr. Metten se propone de manera secreta -que es lo que hace realmente- reciclar un mecanismo de ayuda a la balanza de pagos en una especie de motor acelerador/reductor de velocidad para afrontar los ciclos de la economía, me resulta difícil estar de acuerdo con él. No me gusta que un asunto tan serio se trate de manera secreta.
La dificultad radica en que es un mecanismo secreto, porque el mecanismo de ayuda a la balanza de pagos de los Estados que están dentro del euro está claramente previsto; con el euro dejará de existir. ¿Por qué? Porque los constreñimientos y problemas de la balanza de pagos dejarán de existir. Es perfectamente lógico. O sea que si queremos discutir sobre cómo debemos llevar a cabo un programa económico equilibrado para que cubra varias necesidades a medida que éstas surgen, digámoslo franca y abiertamente. No me gustan los secretos. Tomo nota de esta la nueva e innovadora sugerencia del ponente, pero no la apoyo en secreto.

Castagnède
Señor Presidente, muy brevemente, quisiera simplemente señalar el completo acuerdo de mi grupo en cuanto a las propuestas que ha hecho el Sr. Metten al mismo tiempo en lo que respecta, por una parte al mantenimiento del instrumento actual de ayuda financiera a las balanzas de pagos en beneficio de los Estados que no podrán participar en la Unión Económica y Monetaria desde el 1 de enero de 1999 y, por otra parte, a la creación de un instrumento comunitario de préstamos que permitiría contribuir de manera algo más flexible a la absorción de los choques macroeconómicos que pudieran producirse una vez que la tercera fase haya entrado en vigor.
Pensamos que es indispensable completar los instrumentos monetarios y añadir otros para pilotar la economía. No sabremos si habrá un piloto en el avión a lo largo de los años venideros (no lo sabemos hoy) pero al menos, con la propuesta del Sr. Metten, nos aseguraremos de que habrá ya una primera palanca de mando.

Blokland
Estimados colegas, señor Comisario, el documento de la Comisión y el informe del Sr. Metten abordar de manera detallada la conservación del mecanismo de ayuda para la balanza de pagos una vez entrada en vigor la Unión Económica y Monetaria. Con razón se inquieta el ponente sobre la absorción de impactos negativos específicos a los países en los Estados miembros que forman parte de la UEM. ¿Cuáles serán, a nuestro juicio, esas convulsiones a las que se verán expuestos esos Estados miembros? Desastres naturales, gestión inadecuada en un sector económico en particular o más en general una crisis económica en un determinado sector de importancia vital para un Estado miembro.
La conclusión del ponente es que el mecanismo de protección ante estas sacudidas específicas a los diversos países provocadas por la entrada en vigor de la UEM se halla sometido a presiones. Afortunadamente añade que la vulnerabilidad de los Estados miembros ante tales impactos ha disminuido aparentemente en alto grado. Esta observación me parece bastante especulativa. Falta en ella un cierto fundamento. En los ejemplos por mí citados no se comprende perfectamente por qué motivos habría de disminuir esa vulnerabilidad. El problema reside en la falta de estabilizadores automáticos en la UEM. El pacto de estabilidad actuará como un agente desestabilizador hasta tanto no se plantee la cuestión del equilibrio financiero. En caso de grandes déficit los Estados miembros siguen estando obligados a pagar fuertes sanciones.
De parte del BCE no cabe esperar tampoco ayuda. Su principal objetivo consiste en la estabilidad de los precios. Un objetivo digno de elogio, pero en el caso de estos choques específicos a los diversos países es necesario resignarse a un mayor índice de paro y a mayores tipos de interés. Recuerdo a este respecto el comportamiento de la Bundesbank a raíz de la unificación monetaria de ambas Alemanias. A fin de hacer frente al riesgo de inflación la Bundesbank cerró el grifo del dinero. Se salió así el paso a la inflación, pero los tipos de interés y el desempleo aumentaron a principios de los años noventa de manera vertiginosa.
En el período comprendido entre noviembre de 1991 y marzo de 1995 ha sucedido a menudo que un Estado miembro se haya visto forzado a hacer devaluar su moneda, concretamente porque ésta se hallaba sobreevaluada con respecto al marco alemán. Así lo indicaban los fundamentos económicos. A esto hay que prestar atención. Es ésta la fuerza de los tipos de cambio mediante los cuales pueden prevenirse el paro y la migración a través de una sana política de ajuste de los gastos a los ingresos. La ayuda a la balanza de pagos constituye un sucedáneo artificial que remedia a corto plazo ciertas tensiones pero que no ofrece ninguna solución estructural como cabría desear. El problema que nos ocupa hoy responde a causas políticas y no económicas.

Willock
Señor Presidente, Señorías, efectuaré dos observaciones. En primer lugar, la balanza de pagos y el estado de la misma constituyen uno de los elementos fundamentales destinados a determinar el valor de la moneda. Si el día de mañana, nos integramos a la tercera fase con una parte de los países y Estados miembros dentro y con otra parte fuera, o provisionalmente fuera, será normal entonces que el mecanismo de asistencia que existe, es decir la ayuda financiera a la balanza de pagos, reste intacto; aunque sólo sea con el objetivo de ayudar a dichos países: el fundamento que representa para ellos la balanza de pagos y que tal vez, como señala el Sr. Katiforis, puede verse aún más amenazado tras la entrada en vigor de la moneda única; para mostrar nuestra solidaridad con estos países y Estados miembros y ayudarles en la ruta hacia la convergencia. Hasta aquí el primer punto.
El segundo punto lo constituye, señor Comisario, el camino hacia la convergencia, y no lo tome como una crítica, simplemente una constatación, inevitable por cierto, posee una serie de efectos deflacionísticos. Compruebo esto en mi propio país en el cual se han registrado enormes esfuerzos tendientes a la convergencia. Esos esfuerzos tuvimos que efectuarlos, estoy de acuerdo con ellos e incluso abogué por ellos, aunque no están exentos de una cierta deflación. En otras palabras, lo pagamos con un cierto precio.
Pues bien, pienso que es ésta una de las ideas del ponente, a saber, la notificación de préstamos comunitarios, no con el objetivo de absorber los impactos específicos a un país, señor Herman, sino para absorber los impactos colectivos como una parte de la gestión anticíclica que también mañana será necesaria, que la elaboración por parte de la Comisión del instrumento de los préstamos comunitarios puede revestir una grandísima significación. Desearía pedir por consiguiente al Sr. Comisario se ocupe concretamente de esta cuestión. El Tratado prevé esta posibilidad y estimo que este instrumento puede constituir un importante complemento con respecto a los métodos tradicionales de la política monetaria.

Peijs
Señor Presidente, la ayuda que estamos abordando hoy ha podido demostrar su utilidad en ocho ocasiones desde 1974. Cuatro veces en beneficio de Italia, por lo demás. La asistencia financiera da lugar a un aumento de la confianza de los mercados en la capacidad de un país de mejorar su situación financiera. El Grupo del Partido Popular Europeo concuerda pues con la Comisión en que esta facilidad puede seguir desempeñando un papel positivo durante la transición hacia la tercera fase de la UEM. Ya que no están excluidas aún ciertas dificultades en las balanzas de pagos, pese a la progresiva integración de los mercados. Asimismo en el caso de los países que en 1999 no habrán podido integrarse a la UEM, los denominados »pre-ins» y a continuación de los países de nueva adhesión podrían prestar las facilidades de ayuda financiera un servicio positivo. En el caso de los países denominados »opting-out» será esto sólo posible en la medida en que estos no satisfagan aún los criterios establecidos y después nuestra solidaridad respecto a ellos será idéntica a la que ellos demuestren hacia los demás países.
El Grupo PPE estima no obstante que estas facilidades de ayuda deberá limitarse tan sólo a los países miembros de la Unión Europea. Una asistencia de este tipo no contribuye a la disciplina y a la estabilidad necesarias en la Unión Monetaria. De esta forma lo que se hace es boicotear el pacto de estabilidad concluido el año pasado en Dublín. De ahí que hayamos introducido al informe del Sr. Metten una enmienda, que hemos aligerado un tanto con la intención de poder alcanzar un compromiso, aunque consideramos que esto no constituye una alternativa al pacto de estabilidad; pensamos en realidad que se trata incluso apenas de un apoyo y que es éste el compromiso al que hemos llegado.
El carácter superfluo e indeseable de una ayuda financiera para los países del euro se deduce pues del hecho de que incluso el pacto de estabilidad concede excepciones a países con grados excesivos de déficit resultantes de dificultades de índole sumamente particular y transitoria. Se trata de dificultades causadas por un acontecimiento extraordinario que escapa al control del Estado miembro o de nocivas consecuencias para su situación financiera o debidos a una gravísima recesión económica. En ambos supuestos existen dificultades a las que se enfrentan los gobiernos nacionales en sus intentos de fomentar su economía sin que por ello se vean perjudicados por las sanciones que implica el pacto de estabilidad.
Para concluir, señor Presidente, mi grupo político se propone por consiguiente remitir a la Comisión la opinión a fin de que se tome en consideración durante la nueva apreciación de la ayuda con la intención del pacto de estabilidad para los países de nueva adhesión. La ayuda financiera no puede de ningún modo constituir un sucedáneo del pacto de estabilidad, ni siquiera una forma de apoyo ya que el pacto prevé de por sí esa cláusula referente a los países con dificultades. Nuestro grupo político habrá de votar a favor de la resolución, tal como ha señalado el Sr. Herman, sólo con el objetivo de brindar respaldo a la Comisión, dejando la cuestión del contenido del informe bajo la responsabilidad del Sr. Metten.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros, señala con precisión la utilidad de este mecanismo de préstamos.
El ponente plantea dos cuestiones diferentes que, por otro lado el debate ha evidenciado. La primera es el mantenimiento, para los países acogidos a una excepción (fórmula púdica del Tratado para designar a aquellos que no estarán en la zona del euro desde el 1 de enero de 1999), es decir, el mantenimiento, para aquellos países acogidos a una excepción, del instrumento de ayuda a la balanza de pagos previsto por el artículo 109 H tras la entrada en vigor de la UEM; la segunda cuestión es relativa a la aplicación de la ayuda financiera prevista por el párrafo 2 del artículo 103 A para un Estado euro en dificultades.
Muy rápidamente, distingo tres elementos. Con respecto al mantenimiento del actual instrumento, la Comisión (y estarán ustedes de acuerdo conmigo) sólo puede someterse al Tratado. Así pues, de acuerdo con el párrafo 6 del artículo 109 K del Tratado de la Unión Europea, la Comisión recuerda que aquellos Estados acogidos a una excepción continuarán beneficiándose de este mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos previsto en el artículo 109 H. Así pues, la Comisión procederá en 1998 a un nuevo examen del mecanismo actual. Para ello habremos de esperar a que se hayan tomado las decisiones sobre el paso a la tercera fase y se conozca el nombre de los países que participarán en ella. Esto ocurrirá entre finales de abril y principios de mayo de 1998. Tendremos ocasión de hablar de ello, creo, dentro de unos momentos en la Comisión de Asuntos Monetarios.
Para la Comisión se tratará entonces de verificar si el actual reglamento en vigor, el de 24 de julio de 1988, sigue siendo de aplicación y, en segundo lugar, si la línea de 14 millardos de ecus, digamos de euros, inscrita a título de información en el presupuesto comunitario, sigue estando adaptada. Tal como desean ustedes, puedo asegurarles que la Comisión informará a esta Asamblea sobre sus trabajos en el plazo más breve posible, una vez haya concluido su reflexión.
El segundo problema es el de la ayuda financiera para un Estado de la zona Euro. La propuesta del Sr. Metten exige dos observaciones por parte de la Comisión. En primer lugar, el párrafo 2 del artículo 103 A persigue un objetivo diferente del que persigue el artículo 109 H. En efecto, instaura un mecanismo excepcional que permita a un Estado hacer frente, cito el Tratado, »a dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar». Asimismo, no puede estar vinculado al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este pacto es de aplicación permanente y les recuerdo que pretende sobre todo, en razón a sus aspectos preventivos, volver a dar a los Estados miembros un margen de maniobra suficiente para hacer frente a las dificultades que no revistan un carácter excepcional.
Segunda observación, el párrafo 2 del artículo 103 A no está hecho para responder a crisis en las balanzas de pagos, sino para acontecimientos muy excepcionales, por ejemplo un terremoto, un maremoto o un cometa que se estrellara contra uno de los Estados miembros; por supuesto, la lista no es exhaustiva. Sin embargo, la Comisión, con ocasión de la revisión el año próximo de este instrumento de préstamo a la balanza de pagos, examinará con el Consejo y el Parlamento cómo aplicar las disposiciones del párrafo 2 del artículo 103 A.
No puedo, en el día de hoy, darles la solución. Sin embargo, sí puedo decirles que en esta ocasión habremos de examinar cuatro cuestiones. La primera es relativa a la oportunidad de un reglamento comunitario para responder a estos acontecimientos, excepcionales por naturaleza. ¿No sería más conveniente dejar al Consejo la posibilidad de decisión caso por caso?
La segunda cuestión es la definición de los instrumentos cubiertos por el párrafo 2 del artículo 103 A. No se limitan a los préstamos. La noción de ayuda financiera comunitaria (según expresión del propio Tratado) no excluye, en efecto, verdaderas intervenciones presupuestarias.
La tercera cuestión es el reglamento de aplicación del párrafo 2 del artículo 103 A.
La cuarta cuestión, y ya termino, tranquilícense, son los posibles medios de financiación de esta ayuda financiera. Habrá que definirlos.
Como conclusión, porque no deseo prolongar el debate sobre este punto deseo, señor ponente, darle las gracias y dárselas al Parlamento por la sugerencia, que abre una primera pista para la aplicación del párrafo 2 del artículo 103 A una vez que haya entrado en vigor la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Puedo asegurarles que la Comisión no dejará de extraer todo el provecho necesario en el momento del nuevo examen de este mecanismo el año próximo y que tendremos ocasión de volver a hablar de ello.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar maana a las 12.00 horas.

Competitividad de la industria europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0113/97) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la comparación de resultados (Benchmarking) de la industria europea en materia de competitividad (COM(96)0463 - C4-0622/96) y sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre una política europea de fomento de la calidad destinada a aumentar la competitividad europea (SEC(96)2000).

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, señor Comisario, la Comunicación que la Comisión envía al Parlamento y el informe que tengo el honor de presentar a sus señorías parte de una constatación bastante obvia: la industria europea es, en estos momentos, menos competitiva que la industria americana y que la industria japonesa. La Comunicación de la Comisión aduce como prueba para evidenciar esta afirmación la pérdida de las cuotas de mercado que la industria europea está sufriendo, especialmente en los mercados emergentes -los mercados más pujantes-, mientras mantienen su posición nuestros principales competidores americanos y japoneses.
La Comunicación de la Comisión intenta responder a la pregunta «¿por qué se produce esta pérdida de competitividad?». Y para responderla, utiliza la técnica de comparación -o benchmarking - entre la industria europea y la de sus competidores. El benchmarking -o técnicas de comparación- puede utilizarse a distintos niveles: puede utilizarse para comparar los sistemas, las condiciones marco, los factores estructurales responsabilidad de las administraciones públicas; puede utilizarse para comprobar la eficacia de la industria en su conjunto, de alguno de sus subsectores o sectores; y, finalmente, de algunas -o de todas- las empresas que la integran.
Es obvio que este Parlamento y las instituciones públicas, aunque les preocupan todos los niveles de comparación, deben centrar su análisis en las condiciones marco, responsabilidad de los poderes públicos. Y para terminar esta fase -digamos «metodólogica» o «introductoria»-, yo diría que la Comisión parte con acierto de que la competitividad no es un fin en sí mismo, sino un medio para obtener mejores niveles de vida y mayores cotas de bienestar. Y esta línea de pensamiento, que coincide con lo que podemos llamar el «capitalismo renano», intenta definir los niveles de vida acudiendo a criterios no cuantificables -no mensurables-, pero que inciden en el bienestar de los ciudadanos: el desarrollo sostenible es uno de ellos, subrayado por distintos grupos.
Los puntos a examinar por la Comisión y en los que este informe se ha centrado se refieren, fundamentalmente, a cuatro áreas: los servicios y las infraestructuras, en cuanto afectan a la competitividad; el mercado de trabajo, la legislación social y formación de los trabajadores, en segundo lugar; el mercado de capitales, en tercer lugar; y, finalmente, la situación de la investigación y desarrollo en la industria europea, por comparación a sus competidores.
En materia de servicios, tres constataciones básicas: la compra de los servicios absorbe el 20 % de la cuenta de resultados de las empresas industriales europeas; los servicios europeos, que inciden en la competitividad, son más caros que los servicios en Estados Unidos y en el Japón; existen -tercera constatación- sectores protegidos frente a la competencia y, por tanto, menos eficientes. Y partiendo de estas constataciones -que yo comparto-, se muestra partidaria de dos medidas: la liberalización de los servicios -la aceleración de los procesos de liberalización en marcha- y, en segundo lugar, la apertura a la competencia -la apertura de los mercados en los sectores de servicios todavía protegidos-.
En materia de infraestructuras, las constataciones del informe son dos: en primer lugar, que la dotación de infraestructuras, como es obvio, incide en la competitividad de la industria y, en segundo lugar, que es deseable atenuar los desequilibrios entre las distintas regiones de la Unión para favorecer su competitividad y el acceso a los lugares privilegiados.
Partiendo de estas constataciones, se muestra el informe -y la Comunicación sobre la que trata- partidario de hacer benchmarking -técnicas de comparación- entre nuestros niveles de inversión y los niveles de inversión americanos, buscar fórmulas de cooperación y colaboración entre el sector público y el sector privado para financiar las inversiones en estas horas de dificultades y, en tercer lugar, instar a todas las instituciones de la Unión a reducir diferencias en materia de infraestructuras entre las distintas regiones, para hacer efectivo el principio de cohesión y el principio de solidaridad.
En materia del mercado de trabajo, una sola constatación: nuestra tasa de empleo y nuestra productividad es inferior a la de nuestros competidores y eso se ha traducido en nuestra menor capacidad para crear puestos de trabajo. Por tanto, se pide que se acentúen las medidas activas de formación y movilidad, frente a las medidas pasivas, destinadas a mitigar las consecuencias del desempleo; una revisión de la fiscalidad sobre las rentas del trabajo -que, especialmente en los escalones más bajos, sirven de freno a la entrada en el mercado de trabajo-; la idea de que estabilidad y flexibilidad no son conceptos contrapuestos y, finalmente, una intensificación en el reconocimiento de títulos y en la cualificación de los trabajadores, para hacer efectiva la libertad de los trabajadores -que es uno de los remedios para hacer frente a las crisis asimétricas, de las que se estaba hablando en estos momentos-.
Termino hablando del mercado de capitales: es necesario terminar con las restricciones en ese mercado - fundamentalmente, obligaciones hipotecarias, fondos de pensiones, etc.-. Y en materia de I+D, una constatación: nuestra tasa es inferior a la americana, el esfuerzo del sector privado es inferior aquí y obtiene mejores resultados la medida de incentivos fiscales frente a las ayudas -que es la técnica utilizada en los Estados Unidos frente a lo que utilizamos aquí-.
Muchas gracias a todos los enmendantes, cuyas enmiendas hemos aceptado prácticamente en su totalidad, y a las comisiones que han trabajado en este informe, que entiendo puede ser útil a la Comisión para seguir una técnica que deseamos se estimule a todos los niveles.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el método «benchmarking» se encuentra relacionado por un lado con la competitividad y, por otro, con la orientación hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible más adecuado a los tiempos. Hay que reconocer que la competitividad es un método de mercado para medir la eficiencia, una utilización ahorrativa de los fondos y para un logro fiable de los objetivos, pero se trata de un método indirecto. Es decir, no podemos dejar que se imponga la interpretación errónea neoliberal de que solamente el indicador de mercado es la realidad y de que la competitividad se refleja del modo más fiable mediante excedentes de exportación duraderos, sino que es necesaria una utilidad recíproca, en lo que el Sr. Bangemann coincidirá sin duda conmigo. No puede existir un mundo en el que todos tengan excedentes de exportación permanentes. Es decir, se trata de ser útil para los demás a largo plazo, por lo que esta orientación hacia la competitividad es errónea sin cooperación.
Es importante que se apliquen los mismos criterios al servicio público y a la producción de bienes públicos, pues también allí se trata de una utilización ahorrativa de los fondos y de un logro fiable de los objetivos. También es importante que se apliquen ampliamente los métodos modernos de una gestión cualitativa.
Y si se entiende el «benchmarking» no como una ilusión de autogestión de la economía en lugar de política, sino como un sistema metódico para lograr objetivos cualitativos mediante una actuación organizada, entonces podemos remitirnos de un modo muy productivo al Libro Blanco de Delors, en el que ambos lados estaban aún desequilibrados, y podremos utilizar realmente el «benchmarking» para una renovación metódica y de contenido de la política. En este sentido, la Sra. Schörling, en cuyo nombre hablo aquí, exige un método «benchmarking» para la política de empleo y de medio ambiente así como para sectores industriales, con el objetivo de acelerar la vigilancia y difusión de las mejores políticas y modos de proceder que fortalezcan un desarrollo sostenible.

Murphy
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por su informe y también a la Comisión por sus propuestas. Se trata de un informe que encierra auténtico interés para muchas de las pequeñas y medianas empresas de toda Europa, y ciertamente para las pequeñas empresas del área que tengo el privilegio de representar; ciudades como Wolverhampton, Dudley o Halesowen en la zona industrial de West Midlands. Debo hacer hincapié en que para que este proceso tenga éxito, debe ser inclusivo. Debemos incluir a todas las partes interesadas. Si las personas se sienten amenazadas por este proceso, sencillamente no funcionará: debemos conseguir la participación de todos. De lograrlo, el benchmarking puede ser nuestra auténtica oportunidad para incrementar la competitividad de nuestras empresas, elevar los beneficios de nuestras transacciones y, sobre todo, aumentar el potencial de creación de puestos de trabajo de nuestras empresas.
Quisiera llamar la atención sobre tres o cuatro apartados clave. En primer lugar, como declara el apartado 5, es importante que estudiemos mecanismos específicos para ayudar a nuestras empresas pequeñas a sacar el máximo provecho del benchmarking . En segundo lugar, me gustaría que la Comisión nos facilitara información sobre las causas por las que ciertos sectores de la industria europea obtienen mejores resultados que sus homólogos de Estados Unidos y Japón. Deberíamos analizar nuestros éxitos y aprender de ellos y, del mismo modo, aprender de los casos de éxito de países de Europa que presentan unos índices de desempleo más bajos que aquéllos de nuestros principales competidores, Japón y los Estados Unidos.
Es importante asimismo que el Parlamento participe en las visitas tripartitas que organiza la Comisión a los Estados Unidos y Japón para analizar la técnica del benchmarking y estudiar qué podemos aprender de otros países. Espero que la Comisión lo apruebe como señal de evolución positiva. Por último, en el apartado 14, el Parlamento pide a la Comisión que estudie la calidad de nuestra capacidad de gestión en Europa. En muchos casos el fracaso no es culpa de los trabajadores, sino de las carencias de nuestras estructuras de gestión. Debemos analizar este aspecto y aquí el benchmarking puede resultar de gran utilidad.
Si abordamos esto como un enfoque asociado en el que participan todos los interlocutores sociales, el éxito estará garantizado y será un importante logro para nosotros en nuestra capacidad de crear una Europa competitiva.

Peijs
Señor Presidente, hace dos semanas se leía de nuevo en los titulares del periódico de la mañana: »Europa va bien a la zaga de Estados Unidos y de Japón». Durante toda una semana este tema mantuvo la atención; sin embargo la desfavorable posición competitiva de Europa con respecto a los demás países de la OCDE y una serie de países de rápido desarrollo en Asia sigue manteniéndole en una posición nada ventajosa. Pero una cosa es clara: incluso nuestro nivel de exportaciones hacia los países de la OCDE ha disminuido desde 1985. Pero en Europa hemos cerrado de nuevo las compuertas. Estamos ocupados, es cierto, ocupadísimos, pero sobre todo con nosotros mismos. Y así vemos que constituimos una excepción, porque por lo demás nadie se ocupa de nosotros. El mundo de los inversionistas aparta su vista de Europa. Demasiada reglamentación, demasiados conflictos laborales, falta de flexibilidad, procedimientos de toma de decisiones sumamente prolongandos, en resumen, discursos, discursos y ninguna acción. En los Países Bajos un proyecto de inversión toma desde el momento del proyecto hasta su festiva inauguración nada menos que 26 añitos.
¿Cuál es la empresa que se atreve a dar el primer paso? En reuniones del mundo empresarial internacional se menciona únicamente el nombre de Europa para indicar el ejemplo que no hay que seguir. Entre tanto estamos ocupados con criterios de convergencia, décimos de por ciento por encima o por debajo de lo normal. ¿De qué nos ocupamos? El marco alemán sigue siendo la moneda de base, aunque el déficit fuera de 3, 5 % y el euro no funcionara, seguirá siendo el marco provisionalmente la moneda de referencia. A nivel internacional se considera Alemania como un país en crisis. En una importante reunión del Global Forum declaró un alto funcionario de la Deutsche Bank que su país necesitaría tres años para realizar la reforma, de lo contrario no podría tomar el tren de la integración al proceso.
Los trabajadores y los sindicatos alemanes deberían equiparar la productividad, la flexibilidad y el desempleo a los valores registrados en los países competidores. Y esto se llama bench-marking . Ya no puede haber milagros en Alemania. Porque lo que es más grave aún, ya no se puede pedir peras al olmo.
Manifiestamente es un puro disparate tratar de pegarle la etiqueta de «social» a una anticuada institución propia de una economía social de mercado de la época en que Europa y Estados Unidos llevaban la voz cantante en el mundo. Esa época ha quedado atrás; una política que sigue basándose en ella no puede ser duradera. Ni adecuada a las inclemencias del tiempo pudiendo calificarse pues de asocial, que lo digan los 4 millones de desocupados en Alemania y cerca de 18 millones en toda Europa. Y los Países Bajos que todos los observadores concuerdan en concederle una holgada calificación de «suficiente», cuenta igualmente, de acuerdo con la OCDE debe encarar un enorme problema de no integración. La diferencia en su caso es que la economía neerlandesa crece y en que el país ha instituido su sistema con suma lentitud aunque con un cierto carácter duradero, si bien la diferencia se limita sencillamente a este hecho. El informe del Sr. García-Margallo y Marfil es excelente. No es menos cierto que ciertas comparaciones significativas pueden ayudar a quitarnos la venda de los ojos. No porque disminuya nuestra parte del mercado, y de que está bajando no cabe la menor duda. Y también está disminuyendo la parte norteamericana. Nuestra parte de la torta del mercado no podrá crecer nunca con la misma rapidez que la torta en sí. Los nuevos países industrializados son demasiado grandes para pasar desapercibidos al entrar en el escenario económico mundial. Somos una economía madura y debemos compararnos en consecuencia con otras economías de las mismas características, como por ejemplo la norteamericana. Es esto en lo que consiste el citado bench-marking . Comparar magnitudes que sean comparables entre sí. A fin de conocer a continuación las razones que explican las ventajas y desventajas de cada uno de ambos sistemas. Y en lo referente a madurez podemos compararnos perfectamente con la economía norteamericana. La pregunta que surge entonces es saber por qué crece el empleo en Estados Unidos mientras que en nuestra Unión no sólo se halla estancado, sino que su situación puede ser calificada incluso de desastrosa.
Por supuesto que existen factores demográficos que actúan en perjuicio de Europa. Sin embargo, para dar un ejemplo, ¿por qué nos limitamos a hablar constantemente de formación permanente mientras los norteamericanos la ponen de nuevo en práctica? Tal vez será mejor que estemos bien sentados antes de escuchar los resultados del bench-marking si no queremos derrumbarnos por el espanto.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el informe sobre la promoción del benchmarking (para el que yo preferiría que se hablara, en buen francés, de repérage y de étalonnage de resultados) tiene el apoyo de nuestro grupo.
Consideramos que el documento de la Comisión va en la buena dirección al insistir sobre tres niveles posibles en la materia, a saber, el de los resultados de las condiciones marco que deberían permitir que se evaluase la capacidad de atracción de Europa como área de producción industrial a partir de los costes, de las infraestructuras, de las capacidades o de la innovación, el de los sectores de actividad que permitieran medir la capacidad de la industria europea para adaptarse a la mundialización y, finalmente, el de las empresas, que depende en primer lugar de la responsabilidad de estas últimas pero para el que la acción comunitaria podría ser útil a las PYMES y contribuir a la armonización de las metodologías empleadas. Igualmente, es sabido que la Comisión propone de manera operativa, sobre la base de una asociación con la industria y los Estados miembros, establecer un programa de trabajo para 1997 a partir de los proyectos piloto destinados a evaluar la validez y las posibilidades de aplicación del benchmarking en la Unión Europea.
Nuestro grupo acoge favorablemente el cualificado informe del Sr. García-Margallo y Marfil, al igual que cualquier iniciativa orientada a mejorar la competitividad de la industria europea. Sin embargo, consideramos, por nuestra parte, que una actuación así debe continuar dependiendo principalmente de la responsabilidad del sector privado en lo que respecta a la industria y que ha de comprenderse con precaución a nivel de las condiciones marco.
En efecto, tendríamos algunas reservas sobre un benchmarking de las condiciones marco si, como consecuencia, se necesitara analizar a nivel comunitario cuestiones que dependen, en lo esencial, de la subsidiariedad, es decir, de la competencia de los Estados miembros, como la organización de los poderes públicos en sus relaciones con la industria, al igual que ocurre por ejemplo con las políticas energéticas.
Consideramos igualmente que es difícil comparar de forma útil factores macroeconómicos sin tener en cuenta el entorno político, económico, social y cultural propio de cada Estado. Consideramos también que sería más razonable privilegiar más bien el benchmarking de los sectores industriales, y creemos que hay muchos motivos para felicitarse en este sentido por el trabajo que ha emprendido la Presidencia neerlandesa en el sector de la electrónica.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, deseo felicitar al ponente por su informe. Tiene razón al afirmar que sólo podremos mantener nuestro modelo social europeo, y por ende nuestro nivel de vida, si podemos contar con una industria fuerte que sea capaz de hacer frente a la competencia. Recuerdo a ese respecto que fue la Mesa Redonda de Industriales Europeos la que desde hace aproximadamente tres años viene haciendo esfuerzos infatigables por incluir la capacidad competitiva de la economía europea en la agenda política. Igualmente el Libro Blanco Delors informaba sobre el intercambio entre la capacidad competitiva, el empleo y el crecimiento.
Me satisface igualmente que la Presidencia neerlandesa haga del «bench-marking» una de sus prioridades. El «bench-marking» del empleo es tal vez la tarea más urgente que propugan tanto la Unión como de los gobiernos nacionales. Esto implica que se están creando precondiciones más favorables orientadas a acentuar la competitividad de la economía. Creo que Estados Unidos, y más cerca aún, en nuestro propio continente, incluso Holanda, tienen mucho que enseñarnos. Puesto que ambos países han logrado consolidar su competitividad y conjuntamente con ello crear nuevas fuentes de empleo.
Las autoridades deberán, a todos los niveles, ajustar de modo duradero y sistemático la gestión y el clima empresarial a la de los países que ofrecen los mejores resultados. Además de ello, deberá adoptarse igualmente de manera eficaz las medidas necesarias como la flexibilización del mercado laboral, la liberalización de los servicios públicos, la inversión en el capital humano, la estimulación a la investigación y el desarrollo y la aplicación de una gestión de la calidad. Sólo entonces podremos aspirar a ser capaces de incrementar de manera duradera la capacidad competitiva de la industria y a la larga mejorar nuestro nivel de vida.
Colegas, los liberales respaldamos a la Comisión en su intención de poponer este año, en estrecho diálogo con el sector industrial y los gobiernos nacionales, un programa de «bench-marking» orientado a seguir los avances alcanzados en lo referente al mejoramiento de la competitividad en sectores claves. Debo señalar no obstante que no deberá perderse de vista el papel de las PYME.
Por último, nos interesamos también en los resultados de los proyectos piloto que la Comisión ha iniciado y que habrán de abordar los ministros de industria el próximo 24 de abril.

Katiforis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera aclarar al principio de mi intervención que estoy a favor del «benchmarking» y que daré mi voto favorable al informe. Digo esto porque, en lugar de perder el tiempo en elogios, quiero hacer algunas observaciones críticas, una vez aclarada mi posición con respecto al tema principal.
Señor Presidente, la primera observación es que este asunto requiere una clara distinción entre medios y objetivos. Podemos hacer una comparación de medios, aunque no siempre es fácil, y quizás no sea tampoco deseable hacer una comparación de los objetivos. En el informe se dice que el PIB no es una buena medida del bienestar. Muy correcto. Pero el PIB es un objetivo, no es un medio, por lo que no es fácil incluirlo en el marco de las comparaciones del benchmarking.
Por otra parte, tenemos el atractivo modelo «empresa-economía». Es decir, dado que el benchmarking funciona bien en la empresa, podemos trasladarlo al plano de la economía. La cosa no es tan sencilla, puesto que dos empresas parecidas tienen el mismo «objective function», mientras que dos economías parecidas no se entiende que tengan el mismo «objective function»; además, la cuestión de lo que es «objective function» en una economía es un gran problema aparte. Lo que aumenta el «objective function» de uno no tiene por qué aumentar el de otro. Uno puede ir, por ejemplo, a Brasil y ver al lado de los barrios ricos canales que son alcantarillas abiertas. No sé si los holandeses querrían ver los canales de Amsterdam convertidos en alcantarillas abiertas en beneficio de la competitividad.
Por último, señor Presidente, la fuerza de la competitividad no radica en la uniformidad. Cuando realizamos un benchmarking comparamos forzosamente cosas parecidas; de lo contrario, no tendría sentido la operación. Sin embargo, la fuerza de la competitividad no se halla en la uniformidad, sino en la diferencia. Se encuentra en la innovación y en esto nada nos puede ayudar: ningun estudio sobre cómo lo hacen los demás nos dará ideas innovadoras para crear algo diferente y así ganar una ventaja. Por lo tanto, sí al benchmarking, pero siempre que se aplique a escala de empresa, o más bien de sector, y en todo caso no a la economía, y con el máximo cuidado.

Malerba
Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión sobre la competitividad de la industria europea me sugiere algunas consideraciones. Encuentro positivo que se trate de analizar el parámetro de la competitividad de la industria de manera racional y científica y estoy de acuerdo con el ponente en la necesidad de mantener un aparato productivo europeo fuerte y de eliminar las ineficiencias y las pérdidas económicas, conservando, no obstante, las conquistas fundamentales en la protección social de los más débiles.
Quisiera detenerme brevemente en un segundo punto que me interesa mucho, el de la relación entre tecnologías y competitividad de la industria, que en cierto modo debería poderse someter al análisis del benchmarking . Hoy me parece que ya no existen industrias y servicios de alta o de baja tecnología. Creo que la tecnología, además de promover la productividad, sustituyendo desgraciadamente a veces al trabajo manual, permite mejoras en la calidad del producto y de los servicios y crea, pues, valor añadido y, a largo plazo, nuevas ocasiones de trabajo.
Creo que se debería hacer más y mejor para utilizar la investigación pública a fin de incrementar la competitividad de la industria, y me pregunto si no se debería profundizar en el análisis del benchmarking , en particular bajo este aspecto. Por una parte, es necesario seguir invirtiendo en la investigación básica, sin la cual nos cerraríamos la perspectiva futura; por otra, es necesaria una mayor sinergia entre los gastos vinculados a los institutos de investigación de los Estados miembros y los programas de la Unión y de la industria.
Me parece que la reflexión sobre el quinto programa marco está orientada en ese sentido, pero pienso que un análisis ulterior, sobre la base de los criterios que esta comunicación sugiere, podría ser útil para evaluar y estudiar otras medidas en lo concerniente al aspecto fiscal, la motivación profesional y la movilidad con el fin de mejorar la relación entre tecnología y competitividad industrial.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hay una cosa que es cierta, para mejorar nuestros resultados económicos y tener así la posibilidad de reducir el desempleo, necesitamos economías y empresas competitivas. ¿Quién podría decir lo contrario?
Hay otra cosa también cierta, es preciso disponer de medios para medir esta competitividad y actuar sobre sus causas y posibles frenos. Por tanto, no tengo nada contra la comparación de resultados como instrumento ni contra las comparaciones destinadas a elegir las mejores soluciones.
Es preciso, sin embargo, que a la vuelta se aproveche para volver a destilarnos todas las viejas recetas de la economía liberal y para cargar sobre el liberalismo, que lo es demasiado poco, todas nuestras dificultades: déficit público, ayudas del Estado, flexibilidad, coste de la mano de obra... y ahí dejo la letanía.
Por supuesto, señor Comisario, sabe usted que no lo pienso. Y al igual que muchos de mis colegas aquí presentes, digo que la competitividad no es un fin en sí misma. El fin en sí es la reducción del desempleo, los servicios prestados a la población, la solidez social, el bienestar de la mayoría y, por supuesto, sin agravación del desempleo, incluso cuando se anuncia que el objetivo es mejorar la productividad.
Por consiguiente, es necesaria más solidaridad, en especial económica y fiscal, y si el benchmarking tiene su utilidad como instrumento de gestión, es necesario quizá también aplicarlo a la comparación y contraste de las políticas de los quince Estados miembros en el ámbito del empleo, en la perspectiva de una verdadera asociación entre esos mismos Estados.
Como conclusión, señor Presidente, sin duda la ciencia económica necesita instrumentos (y yo los apruebo) pero debemos tener cuidado de que el instrumento no sustituya al objetivo: lo que hay que alcanzar es el objetivo mediante el instrumento, de lo contrario, la armonización se hará siempre a la baja, y en ese caso volvemos al debate precedente sobre la situación económica de la Unión.

Bangemann
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente y a todos los diputados que han participado en este debate, pues aunque esta palabra «benchmarking» en principio no nos diga mucho, el progreso puede ser muy importante si desarrollamos un método para comprobar porqué alguien tiene éxito en la creación de puestos de trabajo y, en consecuencia, en la lucha contra el paro.
Este es el trasfondo de nuestra propuesta y estamos muy satisfechos de que la Presidencia holandesa la haya recogido inmediatamente. ¿Qué significa esto? Naturalmente, no significa que «benchmarking» sea algo que, por así decirlo, se pueda definir como objetivo científico o económico. Se trata de un método para llegar a determinadas conclusiones. Un método que tiene la ventaja de que evita las pugnas ideológicas, que el Sr. Caudron quiere iniciar continuamente conmigo, y que en base a ejemplos prácticos se pregunta qué es lo que alguien hace mejor que nosotros.
Hay diferencias en los resultados -dentro de la Unión, comparando la Unión con los Estados miembros y con otros países- y es precisamente aquí donde queremos hacer hincapié a tres niveles. Primero, a nivel de las empresas. Se puede y se debería incluir en primera línea también a las pequeñas y medianas empresas. Naturalmente, en todas estas consideraciones se incluye también a los interlocutores sociales, es decir, no solamente la industria. Esto puede ser ya de gran ayuda. Hay empresas que han llegado a acuerdos mejores con sus trabajadores o con los sindicatos, por ejemplo, sobre horarios de trabajo flexibles. Son más productivas, por lo que pueden ofrecer incluso garantías de puestos de trabajo. Por ejemplo, la industria química en la República Federal de Alemania ha acordado con los sindicatos determinadas reglas sobre horarios de trabajo y en base a estos acuerdos ha estado en situación de prometer que hasta el año 2.000 no se van a producir despidos debidos a la empresa. Es decir, si se actúa correctamente, se puede llegar perfectamente a objetivos que todos compartimos.
Segundo, a nivel de los sectores industriales. Esto ya lo hemos hecho en el pasado cuando pensamos qué política deberíamos adoptar en lo tocante a la industria del automóvil y al mercado interior. Una de las cuestiones más importantes que se planteó fue si la industria del automóvil era aún competitiva. ¿Que hay que hacer para que sea aún más competitiva? Primero lo hemos estudiado en comparación con otras industrias. Hemos realizado comunicados al respecto y elaborado recomendaciones para, entre otras cosas, no seguir protegiendo mediante cuotas a esta industria frente a la competencia extranjera. Pues el proteccionismo -tengo que decírselo al Sr. Caudron, aunque el librecambio sea una receta liberal- conduce a que los protegidos sean más débiles, por lo que se pierde competitividad y, o bien, tengan que concentrarse en su propio mercado o, si alguna vez se abre, que no se pueda competir con otros. Ya ha habido de esto. Como he dicho, lo estamos haciendo actualmente con la industria química, por lo demás, también con el objetivo de la cualificación de los trabajadores, quienes si siguen trabajando en la industria pueden ser más productivos y si debido a su mejor cualificación, pueden encontrar otro puesto de trabajo, mejoran sus perspectivas de futuro.
Finalmente, al nivel de los sistemas políticos dentro y fuera de la Unión. Tenemos países miembros -como Irlanda- que se desarrollan extraordinariamente. Irlanda es un país que, físicamente, se encontraba y sigue encontrándose en la periferia pero que, debido a sus estrechas relaciones de carácter económico, se ha desarrollado ahora muy bien. ¿Porqué? ¿Porqué se desarrolla Irlanda mejor que algún que otro gran país miembro? Se ha mencionado ya a Alemania. Miremos más despacio este ejemplo.
Si una gran país industrial invierte dinero por ejemplo en industrias que ya no son ni mucho menos competitivas; señor Caudron, yo no tengo la culpa de...
(Exclamación del Sr. Samland) Señor Samland, estaba pensando en este momento en la política del carbón, pero también podemos tomar la política agraria y quizás debería preguntarse usted si las enmiendas que usted presenta a lo que propone la Comisión corresponden siempre a lo que aparentemente piensa en ese momento. A veces, pienso algo diferente al respecto, pero también podemos hablar sobre ello.
Así pues, señor Caudron, si no se emplea bien el dinero, si se permiten agujeros negros en los presupuestos públicos porque las empresas estatalizadas producen pérdidas sin sentido, entonces no se puede uno admirar de que falte este dinero cuando se quieren crear puestos de trabajo con futuro. Estas son sencillas verdades y no tiene nada que ver con ideología. Si usted y yo tiramos por la ventana nuestro dinero, no se podrá utilizarlo para fines razonables.
Este es el sentido del asunto. No es un objetivo en si sino un instrumento para lograr objetivos en interés de la lucha contra el paro.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Permiso de conducción
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0087/97) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0011/97-96/0040/SYN)) con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción (Ponente: Sr. Farassino).

Farassino
Señor Presidente, señores diputados, estamos aquí para hablar en segunda lectura de la directiva relativa a la definición de un sistema de códigos armonizados para los textos que se deben incluir en los permisos de conducción de modelo comunitario expedidos por los Estados miembros.
Sobre esta propuesta y sobre toda la cuestión del permiso de conducción ya hemos discutido durante mucho tiempo, quizás incluso un poco demasiado. El Parlamento se manifestó en primera lectura el 5 de septiembre de 1996 solicitando, entre otras cosas, la ampliación del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas de suspensión y de retirada del permiso de conducción como consecuencia de una infracción cometida en un Estado miembro distinto del que lo ha expedido, así como la creación de un comité consultivo para ayudar a la Comisión.
Ahora bien, de las ocho enmiendas aprobadas por el Parlamento por una amplísima mayoría, sólo dos han sido recogidas por el Consejo: la enmienda nº 1, encaminada a añadir al texto una referencia de subcódigos, y la parte de la enmienda nº 5 orientada a contemplar los códigos armonizados, o sea el 02 para las prótesis auditivas, el 03 para las prótesis/órtesis para precisar estos textos, y los códigos 70 y 71, a los que se ha añadido una referencia a los símbolos de la Comunidad Europea/ONU para los terceros países; además, la parte de la enmienda nº 5 encaminada a añadir un código 79 para regular los casos de equivalencia entre las categorías de permisos expedidos antes de la entrada en aplicación de la Directiva 91/439/CEE de 1 de julio de 1996 y las categorías definidas en el artículo 3 de la misma directiva. Además de eso, el Consejo ha modificado la propuesta de la Comisión y ha previsto la creación de un comité de reglamentación denominado comité para el permiso de conducción, modificación aceptada por la Comisión de Transportes.
Tengo que decir que no estoy en absoluto satisfecho del comportamiento de la Comisión y del Consejo, que han rechazado la mayoría de las enmiendas presentadas: enmiendas muy importantes que se habían concertado con todos los representantes de los distintos grupos políticos del Parlamento, sobre la base, pues, del apoyo activo de mis colegas y también, o sobre todo, de otros grupos. Para la Comisión de Transportes yo he decidido, en suma, volver a proponer las dos principales enmiendas que figuran en mi informe, ya aprobadas, como he dicho hace un momento, por mayoría en primera lectura del Parlamento y que pretenden ampliar el principio del reconocimiento recíproco de los permisos de conducción entre los Estados miembros a la posible suspensión: me parece, efectivamente, una cosa natural que, si una persona comete una infracción gravísima contra la ley o contra los derechos humanos o contra los patrimonios culturales o cualquier otro delito en un Estado, el mismo crimen deba valer también para otro Estado y que la decisión de la autoridad competente del Estado miembro en el que se ha cometido la infracción produzca efectos jurídicos en todo el territorio de la Unión Europea. Eso me parece algo elemental. En cambio, ante las justificaciones del Consejo que ha rechazado estas enmiendas, sirviéndose del hecho de que el problema corresponde al tercer pilar, yo no puedo hacer más que reiterar mi firme convencimiento de la importancia del principio de armonización a nivel europeo de los casos de retirada del permiso de conducción. Considero que ésta es una condición indispensable para garantizar la aplicación concreta de la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Europea. Por otra parte, me lo confirma, he visto, la que es la recomendación del Parlamento para la segunda lectura: no puedo, pues, sino recomendar al Parlamento que mantenga la posición que asumió en primera lectura y esperar que la Comisión y el Consejo revisen su posición y acepten estas enmiendas.

Morris
Señor Presidente, es evidente que acogemos son satisfacción el presente informe porque permitirá armonizar los permisos de conducción y desarrollar un sistema de códigos que pueda ser comprendido fácilmente por todas las autoridades competentes de cualquier lugar de la Unión Europea. Es un paso positivo hacia la eliminación de las dificultades relativas a la traducción y comunicación entre los conductores y las distintas autoridades, y eliminará el componente de agresividad de muchos incidentes.
Permitirá asimismo una conducción más libre de problemas, y esperamos que eso suceda en toda Europa. Para que esta directiva sea lo más eficaz posible, es crucial que el reconocimiento mutuo se amplíe -y esto es importante- a las medidas de suspensión o retirada de los permisos de conducción. Actualmente tenemos la absurda situación en la que, por ejemplo, un conductor de Italia que circula por el Reino Unido puede ser responsable de un grave accidente. El conductor sería juzgado y se le prohibiría conducir en el Reino Unido durante diez años o incluso de por vida, pero puede regresar a Roma, subir a su coche en el aparcamiento del aeropuerto y salir conduciendo como si nada hubiera ocurrido. Eso es completamente inadmisible en la Unión Europea.
Por consiguiente, parece lógico que el Parlamento apoye las dos enmiendas que he vuelto a presentar y que proceden de la primera lectura. Dichas enmiendas insisten en que el reconocimiento mutuo debe ampliarse también a la prohibición de conducir. Es un paso lógico que todos deberíamos aceptar como algo natural.

Stenmarck
Señor Presidente, me permito empezar dando las gracias al Sr. Farassino por el trabajo realizado en este informe. La propuesta de Directiva sobre la que vamos a pronunciarnos trata de establecer unas anotaciones que figurarán en el permiso de conducción de tipo comunitario. Puede figurar que el conductor usa gafas, o los límites a la conducción de un conductor minusválido, o que se tiene que circular en condiciones especiales por motivos de salud. También puede tratarse de modificaciones técnicas exigidas al vehículo para que pueda circular. Por ejemplo, una reparación del cambio de marchas, embrague, frenos o acelerador, funciones de mando o cualquier otro problema que pueda tener el vehículo.
La intención de la propuesta es conseguir una importante y necesaria armonización. Evidentamente, sería ventajoso que tuviésemos las mismas normas en el conjunto de los países miembros de la UE en este ámbito, y que fuera posible con ello examinar un permiso de conducción, independientemente del país en que se hallase el conductor o del idioma en que se hubiese expedido. Esto tiene una gran importancia, porque cada vez son más los ciudadanos que circulan a través de las fronteras y cada vez son más los que circulan en países distintos del de residencia. Estas medidas pueden parecer ínfimas, pero son importantes bajo la perspectiva de nuestro objetivo común de la libre circulación dentro del mercado interno.
Dentro del grupo PPE pensamos, no obstante, que el ponente ha ido un poco lejos al incluir también el ámbito penal. Por eso mi grupo votará en contra de la enmienda presentada. Lo hacemos de conformidad con la posición que hemos mantenido durante todo el desarrollo de los trabajos. Esto quiere decir además que votamos a favor de la posición común sobre la que vamos a pronunciarnos.
El ponente comete, a mi modo de ver, dos errores: El primero es que desea añadir algo que en mi opinión no tiene nada que ver con la cuestión fundamental. Si queremos que los países miembros de la UE tengan normas comunes para retirar permisos de conducción, lo cual es un punto de vista perfectamente válido, cabe trabajar por que se presente esta propuesta. Añadir una breve enmienda es poco recomendable. La colaboración dentro del ámbito penal no es en absoluto fácil. Pienso que este tipo de propuestas deben exponerse minuciosamente. Por eso es correcto que el Consejo esté en contra de la propuesta en este sentido, y es razonable que hoy votemos contra esta enmienda del ponente.
El segundo error que pienso que comete el ponente gira en torno a la cuestión en sí, es decir, si realmente es conveniente tener una normativa única para la retirada de permisos de conducir dentro de la UE. Los diputados deberíamos, a mi entender, reflexionar de vez en cuando sobre los fines para los que hay que utilizar el instrumento democrático que representa la UE. Es fácil, en calidad de diputado del Parlamento Europeo, ampliar funciones y proponer una cantidad de cuestiones de las que la UE tendría que ocuparse. Habría que preguntarse, no obstante, si esta evolución sería deseable. Mi opinión es que la UE debe ocuparse de un número de cuestiones limitado, pero claramente esencial. A menudo utilizamos la palabra «subsidiariedad». Tendría que figurar todos los días a modo de título en nuestras libretas de apuntes. Y este asunto no es en mi opinión ninguna excepción. Hay que establecer unos límites para aquello que debe decidirse a nivel de la UE, y para lo que debe decidir cada país por separado. El dictado de sentencias es labor de cada país y algo en lo que la UE en justicia no debe interponerse.

Wijsenbeek
Señor Presidente, comenzaré por felicitar al ponente. Se trata de un informe que aborda efectivamente las normativas comunitarias. Me siento al mismo tiempo sumamente decepcionado, no sólo por el Consejo sino también y en realidad por el Comisario. Tal vez nos pueda él aún explicar los motivos por los cuales el Consejo ha adoptado en este caso una posición, me atrevería a decir, tan incomprensible al afirmar que la ejecución de las sanciones constituye el tercer pilar y eso sí que no podemos aceptarlo. Si la Comisión ha efectuado una propuesta encaminada a instituir una licencia de conducción comunitaria - un viejo anhelo de mi antiguo mentor y también del Comisario Bangemann, de Cornelis Berkhouwer, que en paz descanse - y finalmente hemos ya avanzado tanto, ahora podemos poner en aplicación esa propuesta a nivel comunitario y decimos: sí, pero si se trata de una licencia de conducción con puntos que se pueden retirar entonces no se puede tratar de aplicar ese sistema a escala transnacional. Esto no deja de ser totalmente incomprensible; que sea la propia Comisión la que se explique.

Belleré
Señor Presidente, desde septiembre de 1996, fecha en la que el Consejo estableció que la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción, ya modificada en 1994 para incluir en ella un excepción provisional aplicable a Finlandia y a Suecia, tenía que ser modificada, se ha llegado a hoy. Hay que señalar que en junio de 1996 la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió no emitir opinión. Hoy estamos en la fase final, en la recomendación para la segunda lectura. En mi opinión, el Sr. Farassino ha hecho un buen trabajo, alcanzando en parte el objetivo establecido previamente, en particular al aceptarse, si no todas las modificaciones propuestas, al menos un sistema de códigos armonizados por lo que respecta a los textos que se deben incluir en el permiso de conducción, como la obligación de las gafas y la adaptación de los vehículos para conductores discapacitados.
Pero quisiera aquí preguntar al Consejo y al Comisario qué ha sido de la enmienda presentada por AN relativa al permiso de conducción para los diabéticos no graves. Es una enmienda que debería aceptarse. Me parece oportuno que el Parlamento amplíe el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas de suspensión y de retirada de los permisos de conducción, propuesta que, por otra parte, el Consejo ha hecho suya, disponiendo la creación de un comité europeo, denominado «Comité para el permiso de conducción», que pretende armonizar los objetivos comunes para una conducción segura en los distintos Estados miembros.
El reconocimiento de las sanciones vinculadas a la conducción representa un elemento esencial para aplicar la libre circulación de personas dentro del Mercado Común.

Schmidbauer
Señor Presidente, un permiso de conducción autoriza a su titular a moverse libremente en un vehículo también dentro de la Unión Europea. Si un ciudadano de la Unión se decide a vivir o trabajar en otro Estado miembro, hasta ahora debía cambiar el permiso de conducción dentro de un plazo determinado. Ahora se quiere cambiar esto introduciendo un permiso de conducción europeo, para lo que hay que modificar la antigua directiva de 1991.
Para hacer realidad el principio del reconocimiento recíproco, los códigos tiene que ser legibles y comprensibles para cualquier control en cualquier Estado miembro. Esto es de ayuda para el personal de control pero también para las conductoras y conductores. No es suficiente con que en el documento figure la palabra «Europa»; el contenido debe adaptarse también a la libre circulación de personas y la libre elección del domicilio. Esto es aplicable muy en especial a las personas discapacitadas que poseen un permiso de conducción, porque los códigos armonizados determinarán ahora de un modo claramente no discriminatorio las condiciones para conducir un vehículo. En esto apoyamos la posición del Consejo.
Pero, tanto el Parlamento en la primera lectura y ahora la Comisión de Transportes y Turismo, se han pronunciado en favor de que se posibilite el reconocimiento recíproco de las medidas punitivas, es decir, la retirada del permiso de conducción. Lamentablemente, ni la Comisión ni el Consejo han tenido en cuenta estas enmiendas que volvemos a presentar ahora.
El sentido de la libertad de circulación de personas no puede ser que gamberros del tráfico a los que se les ha retirado el permiso de conducción puedan seguir conduciendo sin más en otro Estado. Si se permite tal abuso con el aparente argumento de la subsidiariedad, las ciudadanas y ciudadanos de Europa no lo van a entender. No les interesa qué pilar es el competente en el Tratado sino que quieren tener propuestas razonables.

Koch
Señor Presidente, señoras y señores, saludo la posición común del Consejo y de la Comisión para la creación de un modelo unitario de permisos de conducción nacionales. Contribuirá a facilitar el transporte de personas en la Comunidad y a elevar la seguridad en las carreteras -por lo demás, no sólo la seguridad jurídica y, en consecuencia, la del usuario, sino también la del transporte. Además, se facilitará una eventual justificación del domicilio en un país miembro diferente al que se extendió el permiso de conducción.
Para lograr estos objetivos, las anotaciones, es decir, todos los datos adicionales y limitaciones que tienen que figurar en el permiso de conducción, deberán realizarse independientemente de los idiomas. La lista propuesta de códigos unitarios, tanto de las anotaciones sobre las condiciones para la conducción de vehículos como sobre los procedimientos administrativos para igualar los permisos de conducción, hace que se comprendan mejor las anotaciones del permiso y simplifica los controles de los permisos nacionales que siguen estando en vigor.
Todo esto está muy bien, pero no entiendo a una parte de esta Asamblea; ¿cómo pueden aceptar que los Estados sigan siendo competentes a la hora de extender los permisos de conducción -aunque sea según un modelo comunitario único- y al mismo tiempo exigir un derecho comunitario para su suspensión o retirada?
Esto es aplicar dos patrones. ¿No siguen siendo las cuestiones relacionadas con la justicia y la seguridad interior aspectos del tercer pilar de la Unión Europea que están reservadas a la cooperación interestatal? Sólo puedo recomendar que rechacen las enmiendas que lamentablemente ha aprobado mayoritariamente la Comisión de Transportes y Turismo pues atentan contra el derecho europeo en vigor.
Muchas gracias al Consejo por su posición común, en la que ha tenido en cuenta las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura y aceptadas por la Comisión.

Ferber
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, parto del hecho de que el Sr. Watts tiene que luchar en Gran Bretaña hasta el 1 de mayo. Debatimos por enésima vez sobre el tema de los permisos de conducción y creo que deberíamos acabar por fin con este debate. En primer lugar, porque el permiso de conducción tendría que haberse emitido ya el 1 de julio de 1996. Aquí tengo un modelo de cómo debería ser su aspecto exterior. Ahora estamos hablando de la fecha del 1 de julio de 1997. En segundo lugar, porque ahora solamente tenemos que decidir sobre los códigos, en lo que estamos de acuerdo. Por ello, deberíamos recapacitar realmente si queremos una retirada del permiso de conducción para toda la Unión o sólo a nivel nacional.
En mi grupo político he sido responsable del aspecto y forma de este permiso de conducción y siempre me he pronunciado en favor de un permiso unitario europeo. Pero el colega Koch ha llamado acertadamente la atención sobre el hecho de que la soberanía para la emisión radica en el correspondiente país miembro, por lo que también debe seguir siéndolo para su retirada.
Es muy interesante el ejemplo del italiano en Gran Bretaña que ha expuesto antes el Sr. Morris. Es aquí donde radica exactamente el problema. Mientras no exista en todos los lugares la circulación por la derecha tendremos tales problemas. Sólo cuando en toda Europa exista la circulación por la derecha, podremos hablar de una retirada europea de los permisos de conducción. Aquí existe una clara distorsión dentro de la Unión Europea.
Debemos aceptar la posición común del Consejo y no retrasar la emisión de los permisos unitarios con un procedimiento de conciliación totalmente innecesario.

White
Señor Presidente, no defiendo que deba existir un único sistema jurídico o penal en todo el territorio de la Unión Europea. No creo que haya muchas probabilidades de que eso ocurra. Pero es posible tener varios sistemas jurídicos en una Unión o, incluso, en un país, como sucede en el Reino Unido.
Soy un abogado inglés, pero no tengo derecho a practicar la abogacía en Escocia, y eso significa que no podría ejercer la defensa ante un tribunal escocés, a menos que supere una serie de trámites especiales.
No obstante, la retirada del permiso de conducción por parte de un tribunal escocés es reconocida en Inglaterra. Y lo único que decimos en el presente informe, o al menos lo único que dicen las enmiendas, es que dicha retirada de un permiso de conducción debe ser reconocida en toda la Unión Europea.
No puedo creer que en el mundo del correo electrónico y de los ordenadores no sea posible el reconocimiento mutuo de la retirada de un permiso de conducción e, incluso, del sistema de puntos. Espero realmente que la Comisión haya escuchado muy atentamente la observación que ha hecho mi colega Sr. Morris, cuyas enmiendas apoyo decididamente.

Bangemann
Señor Presidente, como el debate ha girado hoy de nuevo sobre el mismo punto que ya se controvertió en la primera lectura -pues en lo demás estamos de acuerdo-, quiero concentrarme sobre dicho punto. Naturalmente, desde el punto de vista de una lógica puramente humana se podría decir que no puede haber ninguna diferencia si se retira a alguien el permiso en un país de la Unión que no sea el país de su domicilio. Como ustedes saben, la propuesta prevé que para el caso de que se retire el permiso en el país del domicilio, dicha retirada puede tener validez para toda la Unión. Esto no es válido para el caso de que el permiso se retire en otro país, es decir, en un país que no sea el del domicilio.
La Comisión comprende perfectamente estos argumentos. Pero en los sistemas jurídicos esto plantea problemas constitucionales y jurídicos, tal como el Consejo ha declarado en repetidas ocasiones, por lo que no ha recogido la enmienda en su posición común. La Comisión no puede ignorar estos motivos. Les ruego lo comprendan.
Además, señora Schmidhuber, parece que el Parlamento no lo va a apoyar. He escuchado con gran atención a mis amigos del Grupo Liberal, pero no he podido adivinar qué es lo que quieren hacer. En cualquier caso, parece que los demócrata-cristianos van a rechazar esta enmienda con su apoyo. Incluso aunque los liberales no se adhieran en el presente caso a los demócrata-cristianos, no va a haber una mayoría suficiente. Es lo que supongo. Así pues, por el momento, estamos debatiendo sobre una cosa que probablemente solamente tiene una importancia teórica.
No obstante, puede tener importancia práctica en el momento en que el Consejo, quizás en la Conferencia Intergubernamental, se ponga de acuerdo en poner determinadas cosas bajo la competencia comunitaria. En este caso, se podría hablar de nuevo al respecto. Es totalmente correcto lo que ha dicho el Sr. Ferber: si el Parlamento presentase de nuevo estas dos enmiendas -el ponente se ha pronunciado muy vehementemente a favor de elloocurriría que todo este asunto se paralizaría. No todos los Estados miembros las defienden con el mismo entusiasmo que el Parlamento. No tendríamos ningún resultado. Quizás esto no sea necesariamente un motivo para no intentar que se imponga la opinión del Parlamento, pero en realidad no cambiaría nada. Ni siquiera será posible el posible reconocimiento de una retirada del permiso por parte del país del domicilio. Sería un resultado muy insatisfactorio, mientras que esta propuesta supone al menos un primer paso que puede tener repercusiones positivas si todos tienen buenas experiencias con ella. Esta es la apreciación de la Comisión.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al «Turno de preguntas» (B4-0164/97) dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta no. 30 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0225/97):
Asunto: Controles y sistemas de control para la comprobación de fraudes e irregularidades en lo que respecta a los productos agrícolas
Basándose en la organización común de mercado (OCM) del aceite de oliva y, anteriormente, en la del algodón, la Comisión alega casos de fraude para revisar los objetivos de dichas OCM. Sin embargo, es sorprendente que las irregularidades que salen a la luz pública afecten casi siempre a los productos agrícolas mediterráneos. Por una parte, es lógico que los fraudes se produzcan allí donde las estructuras de control (organismos de control, por ejemplo) son más importantes y donde se efectúan controles especialmente rigurosos, y que no se detecten allí donde no se llevan a cabo los mismos controles al no existir la estructura necesaria o la misma predisposición.
¿Puede indicar la Comisión si existe un equilibrio en los controles efectuados en los últimos cinco años por producto y por medida (por ejemplo, subvenciones a la exportación, intervenciones, etc.) entre los productos del norte y los del sur, y si de estos controles se desprende que los fraudes no sólo afectan a los productos mediterráneos mencionados?

Gradin
Algunos productos están geográficamente limitados a determinados Estados miembros. Por eso no es extraño que el fraude que se comete con ciertas modalidades de ayudas se produzca precisamente en estos países. El aceite de oliva y el algodón son ejemplos de productos que se cultivan exclusivamente en unos países determinados. La Comisión quiere subrayar que, en primer término, son los países miembros los responsables de los controles de las acciones que financia la Comunidad. Existe una legislación comunitaria especial en lo referente a los controles que se efectúan dentro del Fondo de Garantía para la agricultura. La tarea de la Comisión es procurar que los controles se produzcan de un modo uniforme. Esto se lleva a cabo a través de sus propias indagaciones sobre el terreno y de los programas nacionales de control. Además del Reglamento para la financiación de la política agrícola común, existe una serie de disposiciones para medidas como por ejemplo, las subvenciones a la exportación. También existen disposiciones especiales que afectan a determinados productos. Existen, por ejemplo, agencias especiales para la inspección del aceite de oliva y el tabaco, así como órganos de inspección para la fruta, verduras y vino. Uno de los objetivos del Reglamento sobre los controles sobre el terreno, on the spot controls , es garantizar un nivel de protección uniforme para el presupuesto comunitario en todos los países miembros. Los Estados miembros tienen, de conformidad con el Reglamento 595/91, la obligación de comunicar a la Comisión los casos de fraude o irregularidades que descubran sus órganos de control.
El Informe Anual de la Comisión sobre el fraude demuestra claramente la variedad de medidas adoptadas y, en general, -hay que tener esto presente- el fraude es común a todos los países miembros. La reforma de la organización común de mercados no se limita por tanto solamente al aceite de oliva y al algodón, sino que incluye por ejemplo las modificaciones llevadas a cabo recientemente en los sistemas de ayudas para el lino, el cáñamo y los piensos. También se han hecho más rigurosas las disposiciones sobre el control de las subvenciones a la exportación.

Hatzidakis
Señora Comisaria, no quiero decir, y así lo señalo en mi pregunta, que los fraudes sólo se produzcan en los países del norte. Sin duda, se producen también en los del sur. Sin embargo, la Comisión centra su crítica únicamente en los países del sur y, a todas luces, en la cuestión de la revisión del Reglamento de la OCM del aceite de oliva. Naturalmente, conozco el Reglamento 595/91, que obliga a los Estados miembros a comunicar los datos existentes sobre fraudes detectados. Además, en este aspecto me satisface absolutamente la respuesta de la Comisión, que reconoce que de estos datos se deduce que no sólo son objeto de fraudes los productos del sur, sino también los del norte.
No obstante, debo hacer una observación. Primero, la Comisión no me facilita ciertos datos sobre los controles efectuados no por los Estados miembros, sino por ella misma, dado que parecen ser estos los controles que le permiten obtener los datos sobre fraudes. ¿Qué datos se han extraído de esos controles, por ejemplo, sobre los productos del Norte? Segundo, partiendo del hecho -reconocido también por la Comisión en su respuesta- de que se registran fraudes y, en general, irregularidades análogas en los productos del norte, me llama mucho la atención que no se proceda a revisar también el régimen de OCM correspondiente a dichos productos. ¿Por qué el aceite constituye el único caso del que se ocupa la Comisión con respecto a los fraudes?

Gradin
El distinguido diputado no ha entendido en absoluto a la Comisión en este punto. Hemos demostrado clara e inequívocamente en el informe que presentamos anualmente, tanto ante esta cámara como ante la opinión pública, que el fraude se produce tanto en el sur como en el norte de la Unión Europea. A partir de aquí, a veces puede parecernos más conveniente ocuparnos de determinados productos en las diversas regiones. Recientemente, la Comisión ha adoptado un nuevo método para ocuparse de las modalidades de ayudas para el aceite de oliva, y en estas modalidades también se ha observado la existencia del fraude.

Redondo Jiménez
Quisiera hacer dos preguntas a la Comisión partiendo de la base de que no solo hay que controlar el fraude sino que además hay que recuperar las cantidades defraudadas -desgraciadamente el fraude comunitario no descubierto es más del 90 %, solamente se descubre el 10 %.-
La primera pregunta es si está dispuesta la Comisión a tener en todos los países un sólo organismo interlocutor para descubrir este fraude. Y la segunda pregunta: ¿con qué criterios aplica la Comisión la facultad que tiene de reducir o suspender provisionalmente los anticipos mensualmente del FEOGA Garantía -ya que por este sistema podría recuperar este dinero y, que yo sepa, solamente se ha aplicado en algunos casos muy especiales de países del sur, pero no tengo conocimiento de que se haya hecho en fraude de vacuno o en fraude de cereales o en otros tipos de fraude-?

Gradin
Es cierto que los países miembros de la Unión no son buenos a la hora de procurar que se devuelvan las cantidades que han ido a parar a los bolsillos equivocados. En este sentido necesitamos una mejor cooperación para que aumente el porcentaje de devoluciones. A todo esto hay que añadir que el Financial Control de la Comisión ha empezado a establecer acuerdos con los países miembros por separado. Estos acuerdos tienen como objetivo establecer unos sistemas para el seguimiento de todos los proyectos, el modo en que se va a controlar la utilización de los recursos en los países respectivos, y el modo en que podemos cooperar mejor, lo cual nos llevará a un respeto por el principio de que hay que gestionar el dinero de los contribuyentes de un modo responsable.

Filippi
Señor Presidente, quisiera solamente recordar una pregunta que se ha formulado anteriormente y que no ha tenido respuesta. Efectivamente, las propuestas de reforma de la OMC del aceite de oliva demuestran una especial atención a la situación del sur de Europa. En la base de esas propuestas hay un único argumento, el de la lucha contra los fraudes: quisiera saber, pues, con qué datos y como consecuencia de qué inspecciones se ha adoptado un planteamiento de este tipo para el aceite de oliva, y cuál es la relación entre el número de las inspecciones que se han hecho en este caso y las que han afectado a otros productos, por ejemplo a las importaciones de arroz de los países de ultramar de los Países Bajos o de plátanos en el puerto de Amberes.

Gradin
Según el Comisario Fischler, responsable del sector agrícola, había muchas razones por las que era necesario modificar la configuración de las ayudas a los productores de aceite de oliva, puesto que tanto estas ayudas como la organización existente eran incompletas. Por eso se ha presentado una propuesta para adoptar un nuevo procedimiento para atacar el fraude, que lamentablemenente también se produce en el sector del olivo.

El Presidente
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 31 caduca.
Pregunta nº 32 formulada por Staffan Burenstam Linder (H-0252/97):
Asunto: Costes de la ampliación hacia el Este
Las estimaciones en torno a las consecuencias presupuestarias que ocasionaría a la UE una ampliación hacia el Este han merecido una gran atención, y, en ocasiones, se han presentado estos costes como un obstáculo a la hora de aceptar nuevos Estados miembros.
Los beneficios que genera una mejora de la situación en materia de política de seguridad se dejan sentir únicamente en términos cualitativos. Por el contrario, el esfuerzo presupuestario que implica la redistribución desde los actuales Estados miembros a los nuevos se traducirá también en enormes beneficios económicos, motivados por un mayor crecimiento.
Se han llevado a cabo estudios en centros universitarios que muestran que la ampliación hacia el Este generará grandes beneficios para la Unión.
La elaboración por parte de la Comisión de un estudio consistente sobre los grandes beneficios económicos que revestiría la ampliación hacia el Este, tanto para los actuales como para los futuros Estados miembros, dotaría de un mayor equilibrio al debate sobre esta ampliación. ¿Cuál es la opinión de la Comisión a este respecto? ¿Tiene previsto la Comisión elaborar algún estudio de estas características?

Van den Broek
Respondiendo a la pregunta del Sr. Burenstam Linder desearía efectuar la siguiente observación. La ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental constituye para la Unión Europea un desafío histórico. Esa extensión es necesaria desde un punto de vista político ofreciendo al mismo tiempo enormes oportunidades. Y si este proceso se prepara y se lleva a cabo de manera positiva, se fortalecerá la paz, la seguridad y la estabilidad y se fomentará la economía europea. Su Señoría señala pertinentemente que las consecuencias presupuestarias de la ampliación deberán considerarse en el ámbito más vasto de los impactos que tendrá este proceso en la economía de la Unión. La extensión del mercado interior a otros cien millones de consumidores representa un importante logro para los Estados miembros actuales en lo referente al crecimiento del comercio y de la actividad económica. Con vistas a aprovechar de manera óptima las ventajas de la ampliación, los países candidatos y la Unión deberán además estar debida y oportunamente preparados a dicha extensión, debiendo enfocarse de manera adecuada los posibles problemas de adaptación resultantes de este proceso.
A petición del Consejo de Europa, la Comisión está realizando un estudio sobre las consecuencias de la adhesión para la gestión de la Unión y la posterior evolución que cabe esperar. Este denominado «estudio de impacto» y otros documentos relacionados con él, y solicitados por el Consejo de Europa, la Comisión los hará llegar a manos del Consejo acto seguido de concluida la Conferencia Intergubernamental. Los efectos de la ampliación sobre la gestión de la Unión Europea son puestos en relación con las consecuencias económicas esperadas en un sentido más amplio que también por consiguiente serán evaluadas. A este respecto, y junto a las tareas desempeñadas por sus propios servicios, la Comisión toma igualmente en consideración otra investigación científica sobre la ampliación, entre las que figura la investigación respecto a las ventajas económicas que cabe esperar.

Burenstam Linder
Agradezco su respuesta al Comisario Van den Broek. Ciertamente, se han mencionado a menudo las ventajas de la ampliación hacia el Este, pero es conveniente que el Sr. Van den Broek lo haga de nuevo. Espero que este impact study nos proporcione un análisis general con un cálculo cuantitativo de las posibles ganancias. A pesar de que la Unión Europea se basa en la idea de que la libertad y la paz se promueven a través de la integración, no se deduce claramente del debate celebrado que las ganancias son indiscutiblemente elevadas. Hoy por hoy discutimos sobre los costes de la ampliación como si representasen un serio obstáculo. Existe el riesgo de que con ello se dificulte la ampliación hacia el Este. Por consiguiente, me satisface que se lleve a cabo este impact study , y espero que contenga además unos cálculos sobre las posibles ganacias.

Van den Broek
Comprendo el deseo de Su Señoría de poder disponer también de datos cuantitativos correspondientes a las consecuencias de la ampliación, aunque creo es bastante especulativo establecer en cifras precisas las ventajas económicas más generales y los costes de un proceso de tal complejidad como la ampliación de la Unión Europea, habida cuenta los factores sumamente inciertos que intervendrán a menudo en el mismo. Por ese motivo soy en realidad algo reservado en brindar estimaciones cuantitativas. Pero puedo decir gustoso a Su Señoría que también incluimos en nuestro análisis los resultados de la investigación científica existente, tal como señalé anteriormente. Aunque hay que tomar en consideración como es natural tanto la inseguridad de las evoluciones económicas en el ámbito de la propia Unión Europea como las consecuencias de la ampliación en una cierta política europea así como las futuras evoluciones, también inseguras, que habrán de registrarse en el aspecto económico en los países candidatos a la adhesión. Es en realidad este conjunto de datos lo que hace difícil el referirse con exactitud a cantidades.
Diré por último que aquéllos escépticos en cuanto al grado en que la integración de los nuevos Estados miembros habrá de crear nuevas oportunidades económicas, puede ya señalarse el enorme incremento del comercio con los países candidatos a partir del brusco cambio, de la profunda transformación de estos países que se inició en 1989 y de años posteriores. Vemos así que en muy numerosos sectores económicos, incluyendo la agricultura, por el momento puede hablarse ya de un excedente considerable por parte de los países de Europa Occidental que hace desear que en los países de Europa Oriental se instaure un mayor equilibrio, pero el alto grado de importaciones de bienes de inversión, concretamente en aquellos países empeñados en modernizar su economía, constituye un elemento que explica ese desequilibrio.

Hardstaff
En calidad de alguien que se dispone a viajar a Polonia la semana próxima con la Comisión Parlamentaria Mixta, también yo deseo hacer hincapié en los altísimos niveles de crecimiento que están alcanzando Polonia y la República Checa entre los países aspirantes. Al igual que el autor de la pregunta original, acogería con enorme satisfacción que la Comisión nos ofreciera un desglose de cuántos países exactamente contribuirán a la economía global de la UE, tanto en términos de ampliar los mercados para los actuales Estados miembros, como la aportación que harían dichos países al crecimiento económico general.
¿Tendrá en cuenta el estudio de impacto que lleva a cabo la Comisión estas ventajas positivas, además de los posibles costes?

Van den Broek
Aparte de que es mi deber hacerlo, puedo ser sumamente breve ya que todas las preguntas planteadas por Su Señoría encuentran respuesta de hecho en las opiniones que la Comisión habrá de deliberar, según espero, alrededor de mediados de junio, y basándose en dichas deliberaciones los gobiernos deberán decidir hacia finales de año, supuestamente en una Cumbre Europea, sobre lo que habrá de suceder con respecto a la apertura de las negociaciones de adhesión. Desearía pedir pues un poco de paciencia, ya que la evaluación y el examen detallado de las cifras que aquí se nos solicitan en este momento se hallan en proceso de obtención y espero que próximamente habrá que extraer al respecto una mayor claridad del informe extenso que la Comisión está preparando en la actualidad para los diez países candidatos.

Redondo Jiménez
Quisiera destacar la importancia que tiene el impacto que va a producir sobre las políticas agrarias comunitarias la integración de los países del Este, al margen de la importancia política que va a tener su integración en la Unión Europea.
Pero yo quisiera preguntarle si en ese estudio de impacto que nos ha prometido se ha evaluado el impacto pormenorizado en cuanto a productos y en cuanto a plazos sobre las políticas agrarias.

Van den Broek
También en este caso debo pedir paciencia de su parte. Comprendo perfectamente que estas preguntas están extremadamente justificadas en lo referente a la próxima ampliación. Pero precisamente también porque los jefes de gobierno nos han pedido informaciones sobre todos los aspectos de esa ampliación, incluyendo sus efectos sobre la política de la Unión y concretamente sobre importantes formas de gestión como la política agrícola común y la política estructural, a fin de presentarlas todas más tarde en sus interrelaciones, más o menos a mediados de julio, no puedo ahora más que responder de manera muy fragmentaria a las preguntas planteadas. Y responder efectivamente en el sentido de que Su Señoría sabe bien que la reforma de la política agrícola común se halla también en marcha ya hace algún tiempo en nuestra Unión. Debida en parte a la puesta en aplicación de las propuestas Macsherry, en parte a los acuerdos de la Ronda de Uruguay, y la reforma continúa aún. Igualmente con vistas a una posible nueva ronda mundial en el ámbito de la eventual liberalización de la agricultura se espera la celebración de una conferencia hacia finales de este siglo. Si tomamos esto también en consideración con relación a la próxima ampliación al Este resulta totalmente obvio que no cabe referirse a una radical revolución en lo tocante a la propia política agrícola, sino que será necesario un continuo ajuste tanto como se recomienda un ajuste a los países candidatos velando por supuesto en primer lugar que se proceda a una privatización de los terrenos agrícolas en la medida en que éstos no hayan sido aún sometidos a ella, y asesorándoles también en cuanto a la reestructuración y también en particular sobre la modernización de la propia agricultura con vistas a permitir un crecimiento conjunto de los sistemas.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas n 33 y 34 caducan.

El Presidente
Pregunta nº 35 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0214/97):
Asunto: Acuerdo sobre tecnologías de información de la OCM (ITA)
¿Puede la Comisión explicar las condiciones adoptadas en la última reunión de la OCM en Singapur en relación con el comercio internacional relativo al Global Information Technology Agreement. ITA?

Brittan, Sir Leon
El acuerdo toma la forma de una declaración ministerial adoptada el 13 de diciembre de 1996 en Singapur en el que intervienen catorce partes, incluida la Comunidad Europea. Define el objetivo general de eliminar los derechos arancelarios antes del año 2000 de una lista concreta de productos de tecnología de la información. A menos que se acuerde de otro modo, la eliminación de aranceles se llevará a cabo a través de medidas equitativas que comenzarán el 1 de julio de 1997 y que deberán haber quedado concluidas antes del 1 de enero de 2000.
El ITA estipuló dos condiciones para su entrada en vigor. Debía cubrir el noventa por ciento del comercio mundial de TI y debía alcanzarse un acuerdo sobre la ampliación excepcional de los plazos, es decir, estipular los recortes o la eliminación de aranceles, ya sea antes o después del 1 de enero de 2000. Estas dos condiciones ya se han cumplido. El 24 de marzo, el Consejo adoptó la decisión formal de que la CE suscriba el ITA. Observó que estaba cubierto más del 90 % del mercado mundial, y dio su conformidad a los plazos solicitados por algunos participantes. El 26 de marzo, 25 participantes que representan el 92 % del comercio mundial de productos de tecnología de la información se reunieron, revisaron y aprobaron sus respectivos calendarios para la eliminación de los aranceles de una lista concertada de productos de TI sobre una base de consenso, poniendo así en vigor el Acuerdo sobre Tecnologías de la Información.

Camisón Asensio
Le agradezco al señor Comisario la información, pero yo esperaba de él que hubiera aprovechado esta oportunidad para aclarar qué concesiones se tuvieron que hacer en materia de derechos arancelarios para los productos de las tecnologías de la información en dicha reunión para conseguir ventajas en el comercio de los alcoholes, porque no ha quedado claro.
Nos gustaría conocer con total transparencia el peso real que hay en cada platillo de la balanza, así como la reacción de los Gobiernos nacionales ante este acuerdo, cómo va cuajando el compromiso de reducción de tarifas para el comercio de semiconductores programada en tres fases, hasta el año 1999, si continúa la esperanza de conseguir un fuerte incremento de puestos de trabajo en la Unión Europea, como se había previsto, a través de la exportación, y si se consigue, como se prometió, un mayor acceso a la industria europea en mejores calidades de equipos con precios más competitivos. Sencillamente, señor Comisario, información más completa a este respecto.

Brittan, Sir Leon
El acuerdo sobre bebidas alcohólicas se alcanzó de forma paralela con los Estados Unidos cuando nos encontrábamos en Singapur, y tuvo como resultado la eliminación de aranceles sobre determinadas bebidas alcohólicas que no habían sido incluidas anteriormente en la Ronda Uruguay. Ni que decir tiene que, formalmente, no tenía nada que ver con el ITA, pero el acuerdo se alcanzó, en cierto modo, como una concesión adicional a la Unión Europea en dichas conversaciones. Existía un problema específico sobre la aplicación de este acuerdo con respecto al ron, pero el 1 de marzo se ultimaron los detalles de manera satisfactoria para la industria europea.
En lo que respecta al propio ITA, he mencionado que existían disposiciones para una puesta en marcha especial previo acuerdo. En el marco del ITA se llegó a un acuerdo con los Estados Unidos sobre el tema de los semiconductores. Dicho acuerdo prevé la eliminación de los aranceles sobre los semiconductores de la CEE con mayor celeridad de lo que dicta la normativa general definida en el marco del ITA, pero también en compensación por esto, se acordó la eliminación en un solo paso de algunos aranceles sobre productos de los EE.UU. de interés para la Comunidad Europea. Fue una negociación dura y ése fue el resultado.
Como consecuencia, la industria europea participará en la sesión inaugural del Consejo mundial sobre semiconductores, establecido originalmente por los Estados Unidos y Japón, en el que teníamos grandes deseos de entrar; de hecho insistimos en este punto como condición para incluso iniciar las negociaciones con el ITA. Ese objetivo lo hemos alcanzado. El Consejo supervisará las actividades de cooperación entre las empresas. Sentíamos una gran preocupación de que los japoneses y los norteamericanos siguieran adelante sin nosotros. Ahora también nosotros estaremos allí.
Como resultado de todo esto, la industria europea acoge con gran satisfacción el ITA, y piensa que este acuerdo no sólo permitirá reducir los costes para muchas empresas que importan productos de TI, sino que además proporcionará nuevas oportunidades a los exportadores de productos de TI de la Unión Europea.

El Presidente
Pregunta nº 36 formulada por Hugh McMahon (H-0221/97):
Asunto: Dumping del salmón noruego
¿Podría informar la Comisión sobre las medidas que piensa adoptar en espera de la investigación sobre las prácticas desleales por parte de los productores y las empresas de transformación de productos alimenticios a la hora de exportar salmón noruego a la UE?
¿Está la Comisión a favor de la introducción de restricciones cuantitativas o de la imposición de un gravamen a las exportaciones de salmón noruego a la UE y tiene intención de remitir esta cuestión al órgano de vigilancia del EEE?

Brittan, Sir Leon
El 31 de agosto de 1996, la Comisión inició dos investigaciones por separado sobre supuestas prácticas de dumping, por un lado, y sobre una supuesta subvención del salmón atlántico producido en piscifactorías de Noruega, por otro. Ambas investigaciones están muy avanzadas. Habida cuenta de que éstas están sujetas a plazos estatutorios, cualquier medida provisional que pueda imponer la Comisión deberá publicarse antes del 31 de mayo. La Comisión no ha tomado aún ninguna decisión final, pero el Parlamento será informado de los resultados de las investigaciones.
En caso de que se decida imponer medidas, éstas suelen tomar la forma de una tasa calculada sobre el precio de importación CIF. Habida cuenta de que ningún Estado miembro ha solicitado a la Comisión que adopte medidas de salvaguarda, no es posible prever por el momento ninguna medida cuantitativa. Teniendo en cuenta que una acción de este tipo se lleva a cabo en virtud del Derecho comunitario pertinente en materia de antidumping y antisubvenciones, que tiene su base en los acuerdos de la OMC y no en el EEE, no se estima adecuado plantear esta cuestión en el contexto del acuerdo sobre el EEE. Hemos mantenido conversaciones de carácter informal en el marco de la autoridad de vigilancia de la AELC.

McMahon
Señor Presidente, aunque agradezco al Sr. Comisario su respuesta, me gustaría que nos ofreciera más información; tal vez pueda importunarle para que lo haga.
Según la prensa, el Comité Consultivo celebró ayer una reunión en la que -se dice- varios Estados miembros decidieron no apoyar la propuesta de la Comisión de emprender acciones: se habló de una tasa de entre el 12 y el 15 %. Quisiera preguntarle, señor Comisario, qué sucedió realmente en la reunión de ayer.
En segundo lugar, usted afirma que ningún Estado miembro ha hecho una representación. ¿Podría confirmar o negar que el Gobierno de Noruega hizo representaciones, y estaría dispuesto a confirmar o negar que no ha habido ninguna representación ni de Raymond Robertson, ministro escocés responsable de la Pesca, ni de Michael Forsyth, Secretario de Estado escocés? Ha mantenido, señor Comisario, algún contacto con el Sr. Robertson desde la infructuosa reunión y los contratiempos surgidos con la Comisaria de Pesca, Sra. Bonino? Quisiera obtener respuestas a estas preguntas, por favor.

Brittan, Sir Leon
Haré todo lo posible para ofrecer la información que buenamente pueda ofrecer. Su Señoría ha debido oír mal, porque no he dicho que ningún Estado miembro se haya dirigido a la Comisión, he dicho que no hemos recibido ninguna solicitud de que la Comisión adopte medidas de salvaguarda. Es algo bastante distinto de las solicitudes de que se adopten medidas antidumping o antisubvenciones. Puedo asegurar a su Señoría que el gobierno al que hacía referencia ha contribuido a hacer avanzar el caso al que también se ha referido y por el que se interesa. O sea que, en una palabra, no hay ninguna ventaja electoral en este asunto.
Quisiera decir también que, en cuanto a los noruegos, han dado a conocer sus opiniones. Tal vez sólo deba decir, para ser perfectamente claro al respecto, que puesto que la pesca quedó expresamente excluida del EEE, entre otras razones por deseo del Gobierno noruego, se aplicarán las disposiciones normales de los instrumentos de antisubvención y antidumping comunitarios, y no aceptamos que Noruega quede exenta de su cumplimiento porque es miembro del EEE.

El Presidente
Señor Comisario, permítame que le pida respetuosamente que, cuando se formule una pregunta, le dé yo la palabra. No es sólo que yo reclame mi trabajo, sino también que los que no conocemos su lengua necesitamos que las cabinas de interpretación nos hagan llegar las preguntas y las respuestas. Por lo tanto le agradeceré que, además de justificar mi trabajo y mi sueldo, me permita usted darle la palabra.
Como ahora se la doy a la Sra. Thors para una pregunta complementaria durante un minuto.

Thors
Sabemos más cosas sobre este asunto a través de lo que figura en el World Fisheries' Report los últimos días, donde se dice que se preparan restricciones cuantitativas e imposiciones de gravámen. Espero que sea cierto lo que dicen los periódicos, porque es evidente que no son sólo los pescadores escoceses los que han resultado muy perjudicados. Por ejemplo, el archipiélago de Finlandia no ha solicitado del Programa Pesca un solo marco en concepto de ayudas a la inversión para pescadores porque los precios han bajado de 25 a 15 marcos por kilo. La importación de salmón noruego ha doblado su volumen. Por eso me pregunto también: ¿Existe la posibilidad, a través del gravamen que espero se introduzca, de que se compense a los pescadores por los daños sufridos a raíz de la importación procedente de Noruega?

Brittan, Sir Leon
Su Señoría tiene toda la razón al llamar la atención sobre el hecho de que -por deducción- si se introducen medidas, éstas no serán en beneficio de ningún país en particular ni de ningún grupo de pescadores. Se tratará de unas medidas que impondrá la Unión Europea a aquellos que sean reconocidos culpables de prácticas de dumping o de conceder las subvenciones -en caso de que se impongan dichas medidas-, y éstas se impondrán en beneficio de todos los afectados por la práctica de dumping, porque el efecto será una tasa que deberán abonar en el futuro aquellos que sean declarados culpables de prácticas de dumping o de conceder subvenciones.

El Presidente
Pregunta nº 38 formulada por Glenys Kinnock (H-0261/97):
Asunto: Proyecto Panam
En vista de las reservas manifestadas en 1994 por el Parlamento Europeo acerca del proyecto Panam, ¿puede decir la Comisión si está segura de que, con la propuesta de proyecto actual, se han resuelto plenamente las dudas formuladas por el Parlamento en cuanto a loa ámbitos indicados más abajo?
¿Se ha consultado y contado con la plena participación de las ONG? ¿Se ha realizado una evaluación completa del impacto medioambiental? ¿Será el pueblo tibetano el único beneficiario del proyecto?

Brittan, Sir Leon
Las ONG que trabajan en el Tíbet fueron consultadas en cada una de las fases de preparación del proyecto. Además, en la redacción del proyecto colaboraron especialistas que ya habían trabajado anteriormente con las ONG. Las ONG participaron además plenamente en el nuevo examen del proyecto que se llevó a cabo en septiembre de 1995. Desde entonces, la Comisión ha mantenido contactos regulares con las ONG, que han mostrado especial interés por participar en el proyecto.
A raíz de la nueva evaluación del proyecto llevada a cabo en septiembre de 1995, se llegó a la conclusión de que el proyecto, en el que destacan aspectos como la estabilización del río, un plan de reforestación y el cultivo de forraje, tendría un impacto beneficioso para el medio ambiente. Se ha previsto realizar un estudio integral sobre el impacto ambiental, como parte de los estudios preliminares, que se llevarán a cabo inmediatamente después de la puesta en marcha del proyecto, para garantizar que el impacto continúa siendo positivo.
La Comisión puede confirmar que el proyecto ha sido diseñado de manera que garantice que beneficiará únicamente a la población tibetana local. Se ha consultado al pueblo tibetano y se le ha dado la oportunidad de que se manifieste libremente durante el diseño del proyecto y durante las fases de evaluación, y además se le confiará la dirección del proyecto, en caso de que este siga adelante una vez finalizado y a condición, naturalmente, de que los interesados estén cualificados para cubrir los diferentes puestos de gestión y de ingeniería en cuestión.

Kinnock, Glenys
Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Comisario. Estoy segura de que se hará cargo de que debo tomar un avión para regresar al Reino Unido.
Encuentro interesante lo que usted dice. Me alegra oírle decir que se han consultado a las ONG. Eso es bueno, pero me consta que algunas ONG clave no han tenido la más mínima participación en el proyecto. Quisiera pedirle, señor Comisario, que nos informe sobre a qué ONG se refería exactamente, y también me gustaría saber si se ha mantenido algún contacto con dichas ONG durante los últimos seis meses.
Quisiera saber asimismo por qué se llevará a cabo la evaluación ambiental una vez que se inicie el proyecto. Sin duda tendría mucho más sentido llevarla a cabo antes de ponerlo en marcha, porque así se garantizaría que se evita cualquier contratiempo o dificultad que pudiera surgir.
También me alegra que haya hablado de que el proyecto ha sido diseñado para beneficiar al pueblo tibetano. Eso es bueno. Pero también me gustaría saber si puede garantizar que la entrega del proyecto también beneficiará al pueblo tibetano, y no sólo su diseño, y quisiera pedirle además, señor Comisario, que nos asegure que éste es un proceso mucho más abierto y transparente que la última encarnación del proyecto, y que los documentos pertinentes serán puestos a disposición del Parlamento y de otras partes interesadas.

Brittan, Sir Leon
Le agradezco a su Señoría su continuo interés en el proyecto.
Permítame responder, en primer lugar, a la pregunta del estudio sobre el impacto ambiental. Como he dicho, forma parte de los estudios básicos que se llevarán a cabo inmediatamente después del inicio del proyecto. En cierto sentido, será antes de que el proyecto se ponga realmente en marcha, pero ni que decir tiene que no puede llevarse a cabo más que como parte del mismo. En ese sentido, tendrá lugar al comienzo de todo para garantizar que no ocurre nada en el transcurso del proyecto que pudiera derivar en una situación peor de la que existía antes de que se iniciaran los trabajos. Por ello creo que, en este aspecto, tenemos un objetivo común, que alcanzaremos de una manera que sea aceptable para su Señoría.
Ciertamente coincido en que es fundamental garantizar que la entrega del proyecto deberá beneficiar al pueblo tibetano, al igual que su diseño, y ése es precisamente el objetivo de la vigilancia del proyecto.
Sólo me interesa la transparencia, y seguiré manteniendo al Parlamento plenamente informado del proceso. Por último, y quizá lo más importante, los últimos aspectos pendientes de finalizar y sin los cuales no estaré dispuesto a dar mi aprobación final para que el proyecto se ponga en marcha, son, en primer lugar, que estemos realmente seguros de que el proyecto beneficiará a la población étnica tibetana. En segundo lugar, que se autorice a las ONG a participar en la aplicación del proyecto, por lo que nos hemos puesto en contacto con algunas ONG como Médicos Sin Fronteras y el Save The Children Fun durante los últimos seis meses, y tenemos la intención de que se permita participar a aquellas ONG que lo deseen, algo que, según me consta, es un aspecto por el que su Señoría ha demostrado interés desde el principio.
Creo que este aspecto está, por fin, garantizado, pero no daré mi consentimiento final hasta que esté totalmente seguro de que lo está realmente.

El Presidente
La pregunta nº 39 no se examina, dado que el asunto al que se refiere ya figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones.
Pregunta nº 37 formulada por Richard Howitt (H-0224/97), sustituido por el Sr. Cunningham
Asunto: Derechos antidumping en el sector textil
Al establecer derechos antidumping sobre el tejido en bruto, con aumento de los precios para las empresas textiles del Reino Unido, entre ellas la empresa Greige, con sede en Benfleet, en la circunscripción del autor de la pregunta, ¿qué distinción hace la Comisión entre los importadores europeos que aplican y controlan sus propias normas éticas por lo que respecta al trabajo infantil y a otras prácticas laborales incorrectas, y las empresas menos escrupulosas que no se ocupan de verificar que sus proveedores acatan dichas normas?
¿Puede la Comisión explicar cómo garantizará que esta medida no impida el acceso equitativo al mercado europeo de los buenos proveedores de los países menos desarrollados? ¿Piensa la Comisión emprender otras medidas al respecto?

Brittan, Sir Leon
Cuando la Comisión lleva a cabo investigaciones sobre antidumping, como ésta que nos ocupa relativa a la importación de tejido de algodón en bruto, está sujeta a las disposiciones del Reglamento del Consejo (CEE) nº 384/96, que refleja el acuerdo de la OMC en este ámbito. Este instrumento fue ideado para eliminar la distorsión del comercio que ocasionan las importaciones de mercancías a precios de dumping y, por lo tanto, no impide el acceso en condiciones justas al mercado comunitario de los productores de cualquier país, ya sea desarrollado o no.
En lo que respecta a la cuestión del trabajo infantil, el Sistema revisado de Preferencias de tarifas Generalizadas, el SPG, nos permite retirar temporalmente, en su totalidad o en parte, los beneficios del régimen preferencial con respecto a países en los que se practican las formas más denigrantes de trabajo infantil, a saber, la esclavitud o los trabajos forzados.
Además, el plan prevé preferencias adicionales, es decir, tipos preferenciales de aranceles más reducidos que podrán concederse a partir del próximo 1 de enero a los países beneficiados que respeten realmente las normas de determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluido el Convenio 138 relativo al trabajo infantil.
La Comisión presentará, a su debido tiempo, una propuesta de decisión del Consejo sobre dichas preferencias adicionales y las modalidades para su aplicación.

Cunningham
Tengo una pregunta muy sencilla. ¿Qué respuesta daría el Sr. Comisario a empresas de mi circunscripción como J.W. Wilkinson de Kendal y Stead McAlpine de Carlisle, a las que les preocupa enormemente que la imposición de unos aranceles tan elevados sobre el tejido en bruto origine desempleo, inflación y daños irreparables al sector textil, no sólo del Reino Unido, sino de toda la Unión Europea?

Brittan, Sir Leon
No estoy de acuerdo con aquellos que expresan esa opinión, aunque respeto su sinceridad al pensar así. Hemos estudiado este asunto con mucho detenimiento. En primer lugar debemos establecer si ha habido prácticas de dumping -y creo que está claro que las ha habido. A continuación debemos investigar si se han producido daños a la industria europea que se dedica a fabricar los productos que se han importado a unos precios de dumping muy bajos. Es evidente que se han producido daños.
Luego debemos plantearnos la cuestión de si nuestra intervención beneficiará a la Comunidad, y eso significa que si el castigo que deberían soportar otras personas a causa de la imposición de los aranceles, superaría a los beneficios que obtendrían aquellos que deben hacer frente a esta competencia desleal. Es justo decir que en lo que respecta a este caso, hemos llevado a cabo un análisis de los intereses de la Comunidad con mayor detenimiento que en ocasiones anteriores.
Hemos analizado con sumo cuidado los argumentos presentados por aquellos que piensan que necesitan esta protección para su propia producción y opinamos que se trata de un temor infundado. No creemos que los aranceles tendrán el efecto de privarlos de sus oportunidades comerciales propiamente dichas. Si pensara que el equilibrio sería distinto, no habría presentado la propuesta.

Titley
Señor Comisario, tengo entendido que esta decisión fue presentada a la comisión antidumping, en la que la votación fue de 7 contra 7 con la abstención de Alemania. ¿Podría confirmar este extremo? En segundo lugar, he podido saber que ahora se ha remitido a los Estados miembros para consulta. ¿Podría decirme durante cuánto tiempo prevé que continuará este proceso? ¿Se seguirán imponiendo provisionalmente los aranceles antidumping durante el período de consultas hasta que finalmente adoptemos una decisión?
Si los aranceles antidumping son en última instancia rechazados por el Consejo de Ministros, ¿se baraja la posibilidad de ofrecer compensación a las empresas que se han visto perjudicadas? Por último, habida cuenta de que estos aranceles antidumping han tenido un efecto distorsionador del mercado del sector textil así como de las relaciones entre hiladores, tejedores y acabadores, y que los acabadores europeos se han visto en seria desventaja debido a dichos aranceles antidumping, ¿no deberían imponerse aranceles antidumping a toda la industria textil, en vez de hacerlo sólo a una parte de la misma?

Brittan, Sir Leon
No estoy de acuerdo con el último punto. No acepto la posibilidad de imponer aranceles antidumping a productos sobre los que no existe ninguna queja. Esa posibilidad está descartada. En lo que respecta al procedimiento, no es adecuado que comente sobre las comisiones a las que se ha referido su Señoría. El deber de la Comisión es presentar una propuesta al Consejo antes del 20 de abril. Lo cual se hará. El Consejo deberá decidir en el plazo de un mes, a más tardar el 20 de mayo, si deben aplicarse las medidas.

Smith
Gracias, señor Comisario, por esa respuesta. Recordará que hace tres semanas, en la Comisión REX le hice esa misma pregunta a raíz de un artículo aparecido en The Financial Times . Usted dijo que The Financial Times era culpable de haber publicado un artículo contencioso. ¿Sigue manteniendo esa opinión o acaso era exacto lo que The Financial Times publicó en aquel artículo?
Usted afirma haber llevado a cabo todas las pruebas aplicables a las prácticas de dumping. Y añade que deben demostrarse los daños. Tal vez nos sería de gran ayuda conocer quién ha sufrido daños porque, como han dicho mis colegas, la información que estamos recibiendo es que determinados sectores de la industria podrían verse perjudicados y, de hecho, el empleo podría sufrir las consecuencias.

Brittan, Sir Leon
En vez de centrarnos en The Financial Times , que es un periódico admirable, preferiría que nos centráramos en el tema real que ha planteado su Señoría. Todos sabemos que la finalidad de los periódicos del día anterior, por muy excelentes que éstos sean, es la de envolver pescado. Por tanto no creo que debamos volver sobre el asunto de The Financial Times . No obstante, la esencia de la pregunta es importante.
La respuesta es que la Comisión no ha propuesto arbitrariamente dichos aranceles por simple capricho, sino porque ha habido una queja. La queja la han presentado personas que fabrican el mismo producto que se ha importado. Sostienen que se ha importado a precios de dumping y que está dañando sus negocios legítimos.
No tenemos el menor interés en interferir en un comercio justo. Por ello he dicho que la primera prueba es: ¿ha habido dumping? ¿Son precios de dumping? La segunda pregunta es: ¿se ha visto afectada la industria o corre el riesgo de verse afectada? A lo que la respuesta es «sí». La tercera pregunta es: ¿existen otras personas, ya sean consumidores u otras industrias, que podrían verse perjudicadas o más perjudicadas que aquellas personas que presentaron la queja? Hemos analizado este tercer punto con mucho detenimiento. La Comisión considera que no existen suficientes pruebas que justifiquen la decisión de que los daños ocasionados justifican la no intervención, a pesar de que, al parecer, ha quedado demostrado el caso inicial de dumping, tanto en lo que respecta al hecho de que ha habido práctica de dumping como que ha habido daños.

El Presidente
Gracias, muchas gracias a usted, señor Comisario. Doblemente agradecido, en primer lugar, por sus respuestas, y en segundo lugar, por la paciencia que ha tenido usted con esta Presidencia, que ha roto varias veces el ritmo de la Cámara de los Comunes que usted intentaba imponer a las preguntas y respuestas. Pero tenga en cuenta que trabajar con once idiomas tiene sus servidumbres.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Gerard Collins (H-0246/97):
Asunto: Política regional en Irlanda
A la vista del crecimiento global de la economía irlandesa y para determinar qué zonas del país podrán optar al Objetivo 1 después de 1999, ¿ha iniciado la Comisión algún estudio sobre las disparidades en el desarrollo económico entre las distintas regiones o subregiones de Irlanda y, en caso negativo, piensa emprender ya una investigación con carácter de urgencia?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, la totalidad del territorio del Estado de Irlanda constituye una única región del nivel Nuts II para los Fondos Estructurales. Como se han determinado la ayudas del Objetivo 1 al nivel Nuts II, deben enjuiciarse en base a datos estadísticos para toda Irlanda y no en base a estadísticas regionales o subregionales.
No obstante, hace poco la Comisión ha mandado elaborar por primera vez, a través de EUROSTAT, evaluaciones del producto interior bruto per cápita para las regiones irlandesas al nivel de la unidades Nuts III, aplicando el llamado método ESVG para la contabilidad nacional. Según los valores apreciados para el período 1992-1994, algunas regiones de Irlanda se econtrarían por debajo del valor umbral del 75 % de la media comunitaria en lo que se refiere al producto interior bruto per cápita. Sin embargo, estos valores han experimentado un sensible ascenso en 1995 gracias a elevado crecimiento nacional de casi un 8 %.
Pero permítame que le indique de nuevo que estos valores apreciados al nivel de Nuts III no coinciden con los criterios para las ayudas para el Objetivo I que se realizan al nivel de Nuts II.

Collins, Gerard
Le agradezco sinceramente su respuesta, señora Comisaria. ¿Puede decirnos de qué información dispone, y si puede ponerla a disposición del Parlamento, en lo que respecta al nivel de desarrollo en las diferentes subregiones del país? ¿Puede informarnos si en las conversaciones que se han celebrado con el Gobierno irlandés se ha abordado la posibilidad de subdividir Irlanda en varias regiones en el contexto del programa de política regional que, se espera, seguirá al actual que expira en 1999?
¿Puede informarnos sobre el tipo de calendario que se baraja en la distribución de Irlanda -actualmente es un territorio de zona única de Objetivo 1- para que sea dividida en más de una región de manera que las zonas del oeste de Irlanda, desde Donegal siguiendo la costa hacia el sur hasta South Kerry o West Cork, puedan seguir considerándose zonas de Objetivo 1 en el programa que se aplique a partir de 1999?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, hasta ahora no se ha presentado ninguna solicitud ni petición por parte del Gobierno irlandés para modificar algo en la división Nuts. Por lo demás, esto exigiría las correspondientes modificaciones administrativas y creo que para el período de ayudas hasta 1999 la actual regulación es sin duda ventajosa para Irlanda.
Según las cifras de que disponemos, los border counties se encuentran aproximadamente al 66 %, el mid east al 58 %, el midland al 63 % y el west al 78 %, pero como he dicho estas son cifras de 1994 y el nuevo período de los Fondos Estructurales comienza en el año 2000. Y si la evolución sigue siendo tan positiva, estas cifras no están tan alejadas del 75 %. Hasta ahora no hay ninguna propuesta del Gobierno irlandés para proceder de otro modo; pero si se presentasen, la Comisión las examinaría al igual que las de otros países miembros.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Hans Lindqvist (H-0258/97):
Asunto: Efectividad de los Fondos Estructurales
La ejecución práctica de la ayuda de los Fondos Estructurales de la UE es objeto de crítica debido a la burocracia que implica y a la lentitud con que se efectúan los pagos. Se produce también una retroacción innecesaria con el dinero procedente de los Estados miembros de la UE en forma de aportaciones y los posteriores reembolsos a los Estados miembros en forma de ayuda de los Fondos Estructurales. ¿No sería mejor reducir las aportaciones y permitir que los Estados miembros organicen y financien directamente la ayuda estructural?
¿De qué manera se propone la Comisión reforzar y hacer más efectiva la ayuda destinada a las regiones poco pobladas y a las regiones periféricas y reducir la burocracia y evitar la retroacción del dinero?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señor diputado, en el artículo 130 A del Tratado de la Unión Europea, se determina expresamente el objetivo de la cohesión económica y social. La Comunidad se ha propuesto como objetivo en especial reducir las diferencias de desarrollo de las diversas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, inclusive las zonas rurales. Esto es también aplicable a los Estados miembros relativamente ricos y a sus regiones desfavorecidas.
Según el artículo 130 B, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los instrumentos financieros con los que la Comunidad apoya los esfuerzos para fortalecer la cohesión económica y social. Los créditos para el período 1994-1999 fueron autorizados en diciembre de 1992 por el Consejo. Los objetivos y tareas de los Fondos Estructurales así como el procedimiento para las intervenciones, inclusive las normas para la tramitación financiera se aprobaron unánimemente. La complejidad de los procedimientos administrativos y el tiempo que pasa hasta que se pagan los créditos son en parte consecuencia de la necesidad de garantizar una gestión financiera eficiente y un control y evaluación eficaz de los gastos, a lo que el contribuyente europeo tiene también derecho. Pero con frecuencia se deben también a una vías decisorias demasiado largas en los servicios de la Comisión, de lo que nos ocupamos con el proceso SEM 2000, pero también a fallos en las administraciones de los Estados miembros y los procedimientos presupuestarios de los mismos, que ocasionan retrasos en la transferencia de los créditos del nivel central al regional o local. Como los Fondos Estructurales cofinancian medidas nacionales, de esta situación objetiva se deduce que la política estructural nacional por lo general no es en absoluto eficiente.
Además, la financiación comunitaria sirve a proyectos estratégicos adicionales que, de lo contrario, no se podrían realizar o solamente más tarde. El informe sobre la cohesión revela considerables éxitos de la política estructural europea en las regiones más débiles y desfavorecidas de la UE. Pero también contiene orientaciones para el futuro, para que los créditos europeos se puedan emplear aún con mayor eficacia y transparencia, para concentrar la ayuda ante la escasez de créditos financieros, simplificar los procedimientos y facilitar el éxito.
Esto es válido para todos los objetivos de ayuda de los Fondos Estructurales, es decir, también para las regiones rurales y alejadas con poca densidad de población a las que usted, señor Lindqvist, se ha referido. La Comisión presentará sus propuestas sobre la reforma de la política estructural en el marco del paquete Santer en julio de 1997 y las concretizará en sus propuestas para la revisión del Reglamento de los Fondos Estructurales a comienzos de 1998.

Lindqvist
Muchas gracias por su detallada respuesta. Mi idea de que quizá el dinero no debería circular tanto de modo innecesario entre los países miembros y la UE, y de que en cambio, como propongo, habría que rebajar las aportaciones y dejar que los países conservasen los medios, es una entre muchas.
Otra sería que la UE adoptase unos principios generales, por ejemplo sobre empleo, sobre proyectos de integración entre distintos países, es decir, sobre la cooperación necesaria para la integración, y sobre el medio ambiente; estos serían los principios generales a los que se destinarían los recursos de los Fondos estructurales, naturalmente con el objetivo de corregir desequilibrios regionales. No obstante, los países miembros deberían, dentro de estos marcos, decidir por sí mismos cómo utilizar los medios.
La tercera sería tener una mejor coordinación entre las ayudas de la UE y las nacionales, por ejemplo a través de unos órganos de competencia probada a nivel local, como es el caso de las diputaciones y los ayuntamientos de Suecia, que deciden cómo emplear los medios a su disposición. Me gustaría que hiciera unos comentarios sobre estas propuestas.

Wulf-Mathies
En primer lugar, como usted sabe, la Unión Europea y la Comisión no tienen competencias de política fiscal. Naturalmente, se puede practicar la ayuda regional también mediante la política fiscal, pero esto no es parte de la política regional comunitaria.
Además, Sr. diputado, el enfoque cooperativo de la política estructural prevé exactamente lo que usted exige, a saber, que se decida in situ sobre los proyectos. Hay comités de acompañamiento en el que están representados los entes territoriales regionales y locales y en los que se realiza la selección de los proyectos. El hecho de que Finlandia y Suecia no estén todavía al nivel medio de la Unión en lo que se refiere a los compromisos y a los pagos, tiene algo que ver con que en este asunto estamos pasando conjuntamente un proceso de aprendizaje que, por lo demás, también muestra frutos positivos y que se basa precisamente en el fortalecimiento de la cooperación. Sin embargo, cooperación significa que todos aporten algo y creo que las experiencias de la Unión Europea y de la Comisión han sido muy útiles para el desarrollo de la política regional y estructural en Finlandia y en Suecia. Así lo muestran los numerosos debates que hemos mantenido in situ.

Wibe
Tengo una pregunta muy específica para el Señor Comisario. He criticado los Fondos Estructurales desde una perspectiva especial, y es por el hecho de que se calculan los ingresos de las diversas regiones utilizando como medida el producto nacional bruto per cápita, y no se ajusta esto al nivel adquisitivo. Si se ajusta al nivel de precios de los diversos Estados, se reducen significativamente las diferencias entre regiones y países. ¿Ha pensado el Comisario en esta circunstancia, y la tiene en cuenta quizá en las mejoras de que hablamos?

Wulf-Mathies
Señor diputado, el producto interior bruto se basa en las correspondientes paridades del poder adquisitivo, lo que significa que ya hoy se tiene en cuenta precisamente esta circunstancia. De un modo general, naturalmente siempre se puede discutir sobre todos los criterios que se aplican como base. Un argumento muy esencial que a veces no se tiene en cuenta es el hecho de que solamente una parte de los criterios a nivel regional los podemos plantear y comparar a nivel europeo, por lo que, por ejemplo, están determinados ciertos criterios precisamente cuando se trata de desarrollo regional y no solamente de cifras medias nacionales.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Gary Titley (H-0262/97):
Asunto: Política relativa a los Fondos Estructurales después de 1999
¿Puede decir la Comisión qué progresos han hecho en sus deliberaciones sobre el modo en que se organizarán los Fondos Estructurales de la UE después de 1999?

Wulf-Mathies
Señor Titley, en primer lugar quiero indicar claramente que la Comisión va a presentar sus propuestas sobre el paquete Santer y también las decisiones esenciales sobre la futura ayuda estructural de la Comunidad una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental, espero que en julio de 1997, y que la Comisión se encuentra actualmente inmersa en un proceso interno de debates.
Como supongo que su pregunta se dirige en parte al retraso y al factor tiempo, que ha desempeñado ante todo un papel para el período de ayudas entre 1994 y 1999, quiero añadir que con el calendario que nos hemos propuesto ahora, estamos perfectamente en situación de aprobar las propuestas para los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales a ser posible en 1998, tras la decisión sobre el paquete Santer, para que los países miembros tengan aproximadamente un año de tiempo para preparar lo mejor posible sus programas y presentarlos a tiempo.
Las propuestas que va a hacer la Comisión se orientan, por un lado, a los resultados del informe de cohesión y, en segundo lugar, a los debates del llamado Foro de Cohesión que se va a celebrar a finales de este mes, también con la participación del Parlamento Europeo. Debemos esperar hasta que haya propuestas concretas que se deberán debatir entonces por separado en el Parlamento.

Titley
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. Tengo dos preguntas. En primer lugar, la tasa de desempleo es un elemento importante a la hora de decidir la elegibilidad para los Fondos Estructurales. ¿Ha recibido la Comisión una representación del Gobierno del Reino Unido en términos de que las estadísticas oficiales del desempleo en el Reino Unido son un medio ineficaz para decidir la elegibilidad a los Fondos Estructurales debido a que éstas no reflejan el desempleo que existe realmente? Tengo entendido que la Comisión ha recibido una representación de este tipo.
En segundo lugar, a la hora de decidir el futuro de las regiones de Objetivo 2, tendrá en cuenta la Comisión que las regiones de Objetivo 2 que han recibido ayuda han podido afrontar el problema del declive industrial del pasado, pero aún se muestran incapaces de demostrar una producción de valor añadido, y por consiguiente necesitarán ayuda continuada más allá de 1999 si queremos que regeneren las zonas industriales tradicionales.

Wulf-Mathies
Señor diputado, comprenderá que probablemente tales propuestas no vienen por parte del Gobierno británico. En cualquier caso, he recibido papeles del instituciones científicas que se refieren a la fiabilidad de las estadísticas de desempleados en el Reino Unido. Sin duda, nos vamos a ocupar también de esta cuestión. Solamente le ruego que tenga en cuenta que tenemos estadísticas sobre el desempleo a nivel europeo y que hay acuerdos sobre qué aspectos deben tenerse en cuenta. En el marco de los debates, vamos a comprobar también qué fiabilidad tiene nuestro material estadístico para poder enjuiciar adecuadamente los problemas de las futuras ayudas.
En lo que se refiere al tema del Objetivo 2, le ruego comprensión si ahora no puedo dar una garantía de la situación exacta en cada uno de los objetivos. Tendremos que discutir sobre la totalidad del paquete de las ayudas estructurales así como sobre los criterios que aplicamos como base. Desde mi punto de vista, existe de modo general la necesidad no sólo de ayudar también en el futuro a las regiones de estructuras más débiles en los llamados países miembros pobres, sino además de practicar la solidaridad con los problemas del cambio estructural en los Estados miembros más ricos. Pero el si, el cuándo y la forma como deba realizarse esto se deberá discutir en una relación global de la reforma estructural.

McCarthy
Sólo deseo preguntar a la Sra. Comisaria sobre otra forma de examinar los criterios de desempleo. En la Comisión de Política Regional acabamos de someter a votación mi informe sobre la aplicación de los fondos en el Reino Unido, y somos perfectamente conscientes de que los índices de desempleo son más altos en ese país. No estoy hablando de que se esconda el paro en este caso, sino del hecho de que el Reino Unido es el país en el que se crea mayor número de puestos de trabajo a tiempo parcial y mal remunerados.
Eso, naturalmente, distorsiona los criterios de empleo e incluso nuestras cifras de desempleo. Por ello hemos votado a favor de que a la hora de adoptar futuros criterios de selección, en el caso del Reino Unido, la Comisión tenga en cuenta el cambio ocupacional, el PIB y la relación entre la caída de las tasas de desempleo y el empleo no sostenible en sectores mal remunerados y a tiempo parcial.
Me pregunto si la Sra. Comisaria podría indicarnos si es posible estudiar dichos criterios de forma comparativa con otros países, porque me temo que no cumpliremos los criterios del Objetivo 1 sobre el PIB y es posible que tampoco nos cualifiquemos en base a las estadísticas sobre desempleo definidas para el Objetivo 2 a partir de 1999, en cuyo caso nos quedaremos sin una cosa y sin otra.

Wulf-Mathies
Señora McCarthy, naturalmente que vamos a examinar con gran atención las informaciones que se nos envíen sobre la evolución del paro en los Estados miembros. Pero está claro que tenemos que determinar criterios que garanticen una equiparabilidad general y que en el futuro no podemos aplicar a los criterios unas cuotas especiales para determinados países. Por ello, ruego comprendan que las informaciones que recibimos tenemos que comprobarlas en lo que se refiere a su validez general y que de un modo muy general tenemos que referirnos a las estadísticas de EUROSTAT, pues sólo ellas garantizan una comparación justa, pues se basan en los mismos datos básicos.

Pomés Ruiz
Señora Wulf-Mathies, estamos expectantes por saber cuáles serán los criterios para los futuros Fondos estructurales, en un contexto de ampliación de la Comunidad a países más pobres, y aplaudo que sea compatible la ayuda a los más necesitados con mantener la solidaridad interna dentro de la Unión con aquellas regiones con problemas estructurales que generan paro en países de economía avanzada.
Dentro de los estudios que han hecho ustedes, ¿han estudiado la posibilidad de poner algún tipo de límite a las ayudas en función del producto interior bruto, para evitar que una gran ayuda comunitaria a países recién llegados -y en una situación de clara pobreza- pueda no ser absorbible por sus propias economías? Porque tal vez sea éste el reto del diseño de los futuros Fondos estructurales a partir del año 1999.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar, actualmente estamos discutiendo con todos los afectados sobre las experiencias del período pasado y sobre las necesarias conclusiones para la ayuda estructural del futuro y creo que es un buen método que primero la Comisión mantenga un amplio debate y no realice enseguida propuestas y adopte medidas que luego son muy difíciles de cambiar.
Pero usted tiene razón: por supuesto, en base a nuestras experiencias recapacitaremos y tendremos en cuenta en qué forma los futuros Estados miembros están en situación de administrar la ayuda estructural, absorber créditos y cofinanciar los correspondientes fondos. Estas tres cosas son condición previa para que las políticas estructurales puedan tener éxito y en las propuestas sobre el paquete Santer tendremos sin duda en cuenta este hecho también para la ampliación hacia el Este.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas n 43, 44 y 45 se contestarán por escrito.
Agradezco a la Sra. Wulf-Mathies, no sólo su presencia, sino la importancia de sus respuestas.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0197/97), sustituido por el Sr. Mulder
Asunto: La EEB y el levantamiento de la prohibición de la exportación de carne de bovino procedente del Reino Unido
¿Cuándo considera el miembro de la Comisión que se autorizará la exportación de carne de bovino británica procedente de ganado certificado, tal y como se dispone en la documentación presentada por el Ministerio de Agricultura del Reino Unido a la Comisión Europea? ¿Tiene intención la Comisión de imponer normas sanitarias igualmente rigurosas a la carne de bovino procedente de otros Estados miembros?

Fischler
Señor Presidente, señor diputado, señoras y señores, como ustedes saben, el modo de proceder y las reglas sobre el modo de actuar en relación con el levantamiento de la prohibición de exportación frente al Reino Unido, se determinaron en la cumbre de Florencia. Ahora, el Reino Unido ha presentado a la Comisión un documento de trabajo que pretende demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas en Florencia. Ahí se explica la regulación de la certificación de exportación y se presenta una acreditación científica para la exportación de carne de vacuno británica en el marco de dicha regulación.
Tras el acuerdo adoptado en Florencia son necesarios otros tres pasos. En primer lugar, los comités científicos tienen que ser consultados sobre el documento de trabajo británico y la propuesta tiene que ser tratada en el comité veterinario permanente. La segunda condición previa es el éxito de la inspección comunitaria y la tercera es la presentación de un proyecto de decisión de la Comisión de cara a la aceptación por parte del comité veterinario permanente.
Naturalmente, la Comisión no desea adelantarse a los resultados de estas consultas proponiendo una fecha para el reinicio de la comercialización de la carne de vacuno británica. En lo tocante a los otros Estados miembros, la Comisión ha autorizado programas de control de la EEB para Francia y Portugal. Para Irlanda está en marcha actualmente un procedimiento similar. Aunque el riesgo en estos países es sensiblemente menor que en el Reino Unido, se adoptan medidas estrictas para garantizar la protección de la salud pública.

Mulder
Deseo dar las gracias al Comisario por la respuesta brindada a la pregunta de mi colega Teverson. Desearía asimismo plantear una pregunta suplementaria relativa al método de control. En determinados países en que ha surgido la enfermedad se ha escogido sacrificar animales por separado o animales que muestran síntomas de la afección. En otros países los sacrificios son masivos, de rebaños enteros. ¿Qué opina la Comisión de estos diferentes métodos de control y sobre todo qué consecuencias saca en lo relacionado con las disposiciones de indemnización adoptadas y que serían sufragadas con fondos europeos?

El Presidente
Perdone señor Comisario, pero necesito que las cabinas de interpretación terminen de informar a los distintos diputados en las once lenguas. Por lo tanto, si usted responde inmediatamente nos quedamos sin conocer una parte de la pregunta. Ahora ya ha terminado la interpretación y le ruego a usted que conteste al Sr. Mulder.

Fischler
Señor Presidente, naturalmente, sería una lástima si se perdiese una parte de la pregunta. Quiero decir lo siguiente sobre la pregunta planteada por el Sr. Mulder: en primer lugar, en diversos países miembros hay medidas que se pueden considerar en cierta manera como medidas preventivas adicionales y que en parte van más allá de lo que ha exigido la Comisión.
Independientemente de ello, en lo referente a los pagos compensatorios está también la cuestión de si esta compensación se paga bajo la categoría de medidas para la prevención de la salud o en el marco de medidas reguladoras del mercado. Existen ambos métodos y, naturalmente, cada país miembro, antes de hacer algo, tiene que ponerse de acuerdo sobre las posibles compensaciones y también sobre la cuestión de si en un determinado caso la Unión puede hacerse cargo de una compensación. Esta es la regulación actual.
No existe una justificación científica clara que demuestre que una medida sea la única correcta. Depende esencialmente del objetivo que se quiera alcanzar con una medida determinada. Señor diputado, para los casos que se han originado en su país tampoco existe una explicación científica suficiente. Usted sabe también que seguimos sin disponer de las suficientes informaciones en determinados sectores, sencillamente porque los estudios y conocimientos científicos no han avanzado tanto. Esto hace necesarias medidas preventivas de las que hay que decir que tienen unos efectos positivos. Pero con la mejor voluntad, no se puede afirmar en todos los casos hasta qué punto son necesarias desde un punto de vista científico.

Hardstaff
Quisiera pedirle, señor Comisario, que vuelva a la pregunta original del Sr. Teverson; a la primera parte. Usted define una serie de directrices y fases que habrá que superar, pero no ha dicho nada de un calendario. ¿Podría el Sr. Comisario darnos una idea de las fechas en que posiblemente se podrá volver a exportar carne de vacuno de las cabañas del Reino Unido que no se han visto afectas por la EEB?

Fischler
Ya he dicho que actualmente no se puede mencionar una fecha para la decisión porque antes deben darse diversos pasos procedimentales. Lo que sí puedo decir es que son necesarios controles de los que se deduzca que en el tiempo intermedio se han cumplido todas las condiciones previas acordadas que son necesarias para que se pueda dar un primer paso en dirección a un levantamiento de la prohibición de la exportación.
Hace algún tiempo, hemos enviado una misión de control a Gran Bretaña sobre todo para convencernos sobre la ejecución del programa de sacrificios adicional. El mencionado control arrojó que este programa de sacrificios en ese momento solamente se había ejecutado en lo esencial en Irlanda del Norte.
Por ello, hemos dicho que vamos a enviar otra inspección de control. Esto por un lado. En lo que se refiere a la propuesta concreta de Gran Bretaña, será examinada por el comité sucesor del comité multidisciplinario, que determinará qué especialistas se ocuparán de este tema.
No podemos imponer a los científicos un tiempo determinado para que realicen la evaluación científica de la propuesta. Pero si se produce un dictamen positivo de los científicos, plantearemos con gran rapidez una propuesta en la Comisión y se pondrá en marcha el curso normal de una decisión, es decir, la Comisión presenta una propuesta al Comité Veterinario permanente. Si en éste se produce una decisión con mayoría cualificada, entonces el caso queda decidido. Si no es así, la Comisión tiene que presentar formalmente una propuesta al Consejo y entonces depende de cuál sea la actitud del Consejo frente a la propuesta. Si en el Consejo de Ministros existe una mayoría cualificada en favor de la propuesta, entonces decide el Consejo. Pero si una mayoría de los Estados miembros está en contra de la propuesta, entonces esta queda rechazada y no se puede proseguir. Si una mayoría simple de los Estados miembros está a favor de la propuesta, vuelve a la Comisión y la Comisión decide definitivamente. Este es el procedimiento previsto, por lo que es muy difícil indicar ahora una fecha determinada.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por Astrid Thors (H-0209/97)
Asunto: Ayudas a la exportación de animales vivos destinados al sacrificio
A pesar de la revisión de las disposiciones relativas al transporte de animales continúan cometiendose crueldades con los animales, en particular en el marco de la exportación de bovinos vivos destinados al sacrificio. La televisión finlandesa ha emitido recientemente un documental indignante. Según este programa, entre el 16.10.1995 y el 15.10.1996 se concedieron un total de 296 millones de ecus (unos 1800 millones de FIM) en concepto de ayudas a la exportación de ganado bovino vivo, que corrieron a cargo del Presupuesto de la UE en virtud del Reglamento de la Comisión 3846/87 . Esta cantidad equivale a un 20 % del total de las ayudas concedidas a la exportación de ganado bovino. Ni el ganado ovino ni el porcino se benefician de cantidades similares.
Para que no se produzcan estas crueldades lo más lógico sería que la UE suspendiese el pago de las ayudas a la exportación de animales vivos destinados al sacrificio. ¿Podría señalar la Comisión cuándo tiene intención de presentar una propuesta en este sentido así como la forma que adoptará dicha propuesta?

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comparte la creciente preocupación del Parlamento en lo referente al bienestar de los animales que son transportados entre la Unión y terceros Estados, lo que ha reflejado ya en sus respuestas a varias preguntas orales y por escrito.
En este contexto, en el turno de preguntas de diciembre de 1996, prometí que se iba a examinar la posibilidad de vincular las restituciones a la exportación de animales vivos al respeto de la directiva sobre los transportes, incluyendo el transporte más allá de las fronteras de la Unión Europea.
Me alegro poder comunicarles hoy que los preparativos al respecto han concluido y que se va a presentar una propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo hasta finales de este mes.
Por su parte, la Comisión ha iniciado deliberaciones con los Estados miembros para suprimir las restituciones a los exportadores que, probadamente, no cumplan plenamente las normas sobre el bienestar de los animales en el transporte.
Ahora bien, estas medidas exigen una modificación del Reglamento 805/68 sobre la organización común de mercado de la carne de vacuno así como de algunas normas ejecutivas.

Thors
Me alegra que la Comisión comparta la preocupación del Parlamento por el bienestar de los animales. El programa a que me refería en mi pregunta es en realidad una versión ampliada del mismo programa que se transmitió en el continente en otoño pasado y que suscitó una gran polémica. Lamentablemente, lo que se ha añadido demuestra que no ha tenido lugar ninguna mejora desde entonces. Por eso casi la totalidad de los diputados finlandeses del Parlamento Europeo propondrá, en un escrito dirigido a la Comisión, que cesen las ayudas a la exportación de animales vivos con destino a lugares fuera de la Unión. Por consiguiente, pregunto: ¿Ha debatido la Comisión en su totalidad la pregunta formulada? En segundo lugar: ¿Es posible que el comité de gestión, a través de una sola decisión, pueda también por su parte derogar las ayudas a la exportación? ¿Se ha presentado dicha propuesta al comité de gestión para la carne de bovino?

Fischler
Cuando hablamos de la supresión de las restituciones por el ganado vivo o el destinado al sacrificio, creo que se trata de dos cuestiones diferentes. La cuestión a la que se refería también mi respuesta apunta a que en aquellos casos en los que hemos podido demostrar que un transportista de ganado vivo atenta contra las directivas de la Unión, en especial, contra las directivas relativas al transporte de animales, se le suprimen las restituciones por sus transportes.
Por lo demás, en este contexto, a largo plazo tendríamos una segunda medida quizás más eficaz pues, como ustedes saben cualquier comerciante o transportista de ganado vivo necesita una licencia según la nueva directiva de transportes. Sería perfectamente posible que, en caso de repetidas violaciones, se retirase la licencia al transportista, de modo que no pueda realizar ya ningún transporte de ganado vivo.
La otra cuestión a la que se ha referido es si no se deberían suprimir de modo general las restituciones por el ganado vivo. Pero sabemos que hay diversos países que prefieren importar ganado vivo. Una supresión total de las restituciones significaría para los afectados en la Unión Europea que dichos países ya no comprarían el ganado vivo en la Unión Europea sino en ultramar o en terceros países. Por mencionarles un ejemplo concreto, una importante parte de la ovejas vivas que se importan en Egipto ya no provienen de la Unión Europea sino de Australia y Nueva Zelanda. Nadie afirmará que un viaje por mar tan largo es más soportable para los animales que los trayectos mucho más cortos desde los países de la Unión Europea.
Independientemente de ello, creo que debemos tener claro que aunque no pagemos las restituciones, necesitamos reglas para que los animales sean tratados correctamente en los transportes. Por ello, creo que debería seguirse el enfoque que ha elegido la Comisión, consistente en vincular, por así decirlo, el transporte a determinadas condiciones.

Anttila
Señor Presidente, agradezco al señor Comisario su respuesta, según la cual estamos avanzando en la dirección adecuada; sin embargo, yo albergo el temor de que estas continuas crueldades y violaciones de las disposiciones repercutirán en la actitud de los consumidores y se traducirán en un descenso aún mayor del consumo de carne de bovino. Estos problemas se podrían resolver simplemente suprimiendo el transporte de animales vivos y efectuando su sacrificio en territorio de la Unión Europea.
Por todo ello, quisiera preguntar a la Comisión si ha previsto siquiera la posibilidad de renunciar a este tipo de transporte y si piensa disponer una capacidad suficiente de mataderos en la Unión Europea, prestando atención igualmente a los necesarios sacrificios de carácter ritual. ¿No existe ninguna posibilidad de poner fin al transporte de animales y de realizar su sacrificio dentro de la Unión Europea? ¿Cuál es la razón principal que justifica el transporte de los animales, precisamente, en vida?

Fischler
Señor Presidente, señora Anttila, debemos tener clara una cosa: cuando hablamos de capacidades de sacrificios, capacidad de sacrificio no es igual a capacidad de sacrificio, pues algunos países en los que se importa carne de vacuno de la Unión Europea, exigen un modo muy concreto de realizar el sacrificio. En la Unión Europea hay también mataderos que pueden cumplir estos ritos de origen religioso pero, naturalmente, tales mataderos no están en todos los lugares de la Unión Europea, por lo que siguen siendo necesarios ciertos transportes.
Les voy a indicar un ejemplo concreto que he apoyado personalmente: una parte esencial de las exportaciones de ganado vivo va al Líbano. En el marco del programa MEDA hemos ofrecido al Líbano construir cámaras frigoríficas ya que este país ha argumentado que depende de las importaciones de ganado vivo ya que no dispone de ellas. Justo hace tres semanas he recibido la primera reacción positiva del Líbano.
Si no creamos allí los correspondientes dispositivos de logística que son necesarios para que no se interrumpa la cadena de refrigeración, seguirán realizándose importaciones de animales vivos pues, mientras el animal viva, lógicamente no existen problemas de conservación. Por ello, hay que tener en cuenta también este aspecto cuando se buscan soluciones.

Eisma
Resulta en sí satisfactorio que el Comisario anuncie que en el transcurso de este mes se presentará una nueva propuesta que estipule el acoplamiento de la ayuda comunitaria al cumplimiento de las directivas vigentes. Tenemos entonces por supuesto la cuestión de las horas de servicio y de reposo y demás. Mi pregunta es la siguiente: ¿De qué manera piensa la Comisión poder controlar y probar que un transportista no cumple las directivas? Ese ha sido siempre el gran inconveniente, la falta de control adecuado con respecto a las directivas vigentes. ¿Nombrará la Comisión nuevos inspectores encargados de verificar el debido cumplimiento de las normas por parte de los transportistas? Aquéllos que no cumplen pues que no reciban ayuda ninguna.

Fischler
Señor diputado, naturalmente que es necesario que controlemos adecuadamente estas regulaciones. Si, como en el caso mencionado, se trata de exportaciones a terceros Estados, entonces dependemos también aquí de la cooperación con los Estados miembros. Por ejemplo, la cuestión del equipamiento de los barcos con los que se realiza el transporte se puede controlar perfectamente en los puertos de partida, por ejemplo, al realizar la carga. También se puede controlar allí si los animales son tratados adecuadamente en la carga, el estado de los animales, etc.
Otra cuestión diferente es el control en el lugar de llegada, en la descarga, cómo es el trato posterior que se da a los animales. En este contexto, hemos tenido en cuenta tales consideraciones también para la preparación del proyecto de directiva que les he anunciado. Me permito además recordarles que la Comisión, al aprobar la directiva sobre el transporte de animales hace dos años, exigió la creación de tres puestos de inspectores especializados para que siguiesen este asunto en terceros países. Lamentablemente, esta promesa personal, en lo que se refiere a mi ámbito de competencias, no se ha cumplido aún.
Finalmente, quiero indicar que también estamos elaborando normas para que las ONG, es decir, organizaciones muy concretas cuyo objetivo es la protección de los animales, puedan participar en el control de estos transportes. Para ello, deberíamos crear la correspondiente normativa jurídica.

El Presidente
Pregunta nº 48 formulada por Lyndon Harrison (H-0211/97):
Asunto: Antibióticos en la alimentación del ganado porcino
En opinión de la Comisión, ¿constituye el sistema sueco de prohibir la utilización de antibióticos en la alimentación del ganado porcino un sistema mejor desde el punto de vista de la sanidad alimentaria que el actual sistema de la UE, para el cual Suecia cuenta con una derogación hasta finales de 1998?
¿Está de acuerdo la Comisión en que la utilización de estos antibióticos se podría considerar resultado de la solicitud de los criadores, cuyo interés está en obtener una productividad máxima, posiblemente a expensas de la seguridad del consumidor?
¿Le preocupa asimismo a la Comisión el hecho de que algunos antibióticos ya no son útiles para destruir las bacterias y que las propuestas de modificación genética podrían intensificar el problema?

Fischler
Señor diputado, señoras y señores, la Comisión no está actualmente en situación de responder definitivamente a su pregunta. Pero muy pronto se va a seguir ocupando de la cuestión básica del empleo de antibióticos permitidos en los alimentos para animales. Según el Tratado de adhesión, para Suecia existe una norma de excepción por la que este país puede mantener hasta el 31 de diciembre de 1998 sus normas nacionales por las que se prohíbe el empleo de antibióticos en los alimentos para animales.
Se ha instado también a Suecia para que presente a la Comisión y a los demás Estados miembros los datos científicos con los que justifica su solicitud de ampliar esta prohibición a la totalidad del territorio de la Comunidad y la correspondiente adaptación de las normas jurídicas comunitarias. Señor diputado, la Comisión puede, sin embargo, asegurarle que las autorizaciones de aditivos se otorgan en base a un procedimiento muy estricto de evaluación en el que la seguridad del consumidor se encuentra en el punto central.
La Comisión ha estudiado muy a fondo el problema de la resistencia a los antibióticos en los animales y su posible transmisión a las personas así como la pérdida de la eficacia de algunos antibióticos, en concreto uno determinado, la avoparcina, y el 30 de enero de este año, en base a dicho estudio, acordó prohibir la avoparcina. Se trata de una medida de precaución que se pudo estudiar antes del 31 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta los nuevos resultados. No obstante, hay que indicar que aún no se ha podido constatar una relación concluyente entre el empleo de avoparcina y la resistencia frente a un antibiótico similar empleado en la medicina humana.
La Comisión tiene previsto iniciar estudios sobre este tema y ha instado a la industria para que lleve a cabo un programa sobre el control de la resistencia a los antibióticos en los animales. Le puedo asegurar que la Comisión examina muy concienzudamente el problema de las resistencias cuando concede autorizaciones de productos modificados genéticamente.

Harrison
No estoy seguro de que su respuesta satisfaga a la Sra. P. Adams, de mi circunscripción de Nantwich, por varios motivos. Usted no ha respondido a la última pregunta relativa a la modificación genética, sobre si eso agravará el problema de que algunos antibióticos debilitados posiblemente no destruyan las bacterias. Usted también ha comunicado su intención de que sea el sector el que se encargue de llevar a cabo dichos estudios. ¿Puede asegurarnos que supervisará lo que hace el sector en dichos estudios?
En tercer lugar, usted ha hablado de prohibir Avorparcin. Nos sería de utilidad recibir más detalles sobre esa medida de precaución en particular, como usted la describe. Por último, usted habla de que Suecia tiene la responsabilidad de presentar pruebas científicas para que se le permita continuar prohibiendo la utilización de antibióticos en la alimentación del ganado porcino. Ciertamente debería ser al revés. Deberíamos seguir el ejemplo sueco hasta que el caso quede demostrado.

Fischler
Señor diputado, quizás debido a la brevedad de tiempo no haya podido explicar suficientemente lo que proyectamos. Pero, en cualquier caso, he indicado que no dejamos este asunto en manos de la industria sino que la Comisión va a realizar también estudios, pero instando a la industria para que también lo haga. En segundo lugar, radica en interés de todos nosotros que la Comisión pida a Suecia que comunique los motivos por los que ha impuesto una prohibición de este tipo. Los suecos también tienen interés en que esta prohibición se extienda en el futuro a toda la Unión. Como a la postre es el Consejo de Ministros quien debe decidir, me parece oportuno que se establezcan los correspondientes contactos con los Estados miembros sobre esta cuestión para preparar esta solicitud sueca. Me parece que esto sólo es lógico.
En lo que se refiere a la cuestión de los organismos modificados genéticamente, se alega que en un determinado producto, concretamente en el maíz, la contaminación cruzada, tal como se la llama, podría desempeñar un papel. Pero creo que no debemos especular sino que me parece totalmente decisivo que llevemos a cabo los correspondientes estudios o que reclamemos el consejo de expertos científicos respecto a estudios ya realizados. Creo que no sería positivo que en este campo abandonásemos de antemano la vía científica y adoptásemos decisiones arbitrarias.

Sjöstedt
En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Harrison en que los resultados de las pruebas científicas deberían estar en posesión de la Comisión y en que debería seguirse el principio general de la cautela por lo que respecta a los aditivos artificiales en los piensos. También le pregunto al Comisario si está dispuesto a prorrogar la salvaguardia sueca para los antibióticos, si la Comisión va a seguir examinando su normativa cuando el plazo expire, y si a partir de entonces Suecia va a poder conservar la prohibición hasta que se hayan concluído los trabajos de revisión. También tengo otra pregunta que es de actualidad en este contexto. Existe otra prohibición relativa a los aditivos alimenticios en Suecia que ha funcionado un par de años. Se trata de la prohibición absoluta de cualquier tipo de harina procedente de carroña animal en el forraje. ¿Puede su Señoría aquí y ahora prometer que la Comisión jamás pondrá bajo tela de juicio la prohibición sueca que rige para este tipo de harina?

Fischler
Señor diputado, creo que sería más correcto atenerse a los objetivos que se plantearon en el momento de las negociaciones de adhesión de Suecia. Ya en dichas negociaciones, Suecia exigió esta prohibición que es válida hasta el 31 de diciembre de 1998. Esto lo aprobó Suecia. No se trataba en principio de que esta prohibición se prolongase una vez expirado este plazo sino que la idea era que entretanto se avanzase tanto que esta prohibición válida para Suecia se extendiese a toda la Unión. Es decir, he presentado estas propuestas para facilitar una decisión en la dirección deseada por Suecia. Por ello, sigo sin ver ningún motivo porqué Suecia no debería poner a disposición de los demás Estados miembros sus experiencias, conocimientos y argumentos.
Por estas causas, me parece contraproducente debatir ahora sobre la cuestión de si se debe prorrogar más allá de 1998 la regulación de excepción para Suecia. Creo que esta cuestión se planteará si en un plazo razonable hasta finales de 1998 no se logra alcanzar el objetivo principal, a saber, que no se autoricen definitivamente a nivel de la Unión determinadas sustancias. Creo que deberíamos proseguir en esta vía.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas n 49 a 91 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas queda cerrado.

Eisma
Una cuestión de orden. Lamento que pese al hecho de existir una clara repartición del Turno de Preguntas, incluyendo una tercera parte, usted no se atiene a este esquema al suprimir
automáticamente esa tercera parte. Me parece que es necesario poder contar con que veinte minutos antes de la conclusión del Turno de Preguntas haya una tercera parte.

El Presidente
Sr. Eisma, yo he ido siguiendo las indicaciones que se me han dado sobre el reloj. En todo caso, si se ha prolongado una de las partes, lo vigilaré en el futuro. Las preguntas restantes serán contestadas por escrito y, en el futuro, comprobaré escrupulosamente lo que usted ha planteado. Si hubiera habido algún error, le aseguro que en el futuro cuidaremos de que esto no se produzca de nuevo.
Señorías, dicho esto, y advirtiéndoles que la sesión se reanudará a las 21.00 horas, se interrumpe la sesión.
(La sesión, interrumpida a las 19.28, se reanuda a las 21.00 horas)

Liquidación y constitución de garantías
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0097/97) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0193 - C4-0306/96-96/0126(COD)) sobre la firmeza de la liquidación y constitución de garantías.

Lehne
Señor Presidente, señoras y señores, el título de esta directiva es un tanto incomprensible. La Comisión propone una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firmeza de la liquidación y la constitución de garantías en los sistemas de pago. ¿De qué se trata en este complicado título?
El problema reside en que hoy existe ya en Europa una serie de sistemas denominados sistemas de pagos interbancarios. Estos sistemas de pagos interbancarios tienen el objetivo de llevar a cabo y de compensar todas las transferencias dinerarias que tienen lugar entre los bancos. Sobre el trasfondo de la introducción de la moneda única europea, el EURO, existirá en el futuro, junto a los sistemas que ya existen, un gran sistema europeo de pagos interbancarios, en concreto, el sistema de pagos TARGET, y a este respecto quizá estos sistemas de pago se vean incrementados aún con una serie de otros sistemas semejantes.
La problemática que se trata de abordar con esta directiva es el hecho reiterado de que posiblemente un banco vaya a la quiebra y que, como consecuencia de esta quiebra, se puedan ver sobrecargados también los sistemas de pagos interbancarios, lo que, a su vez, podría afectar la operatividad de estos sistemas de pagos y eventualmente, en condiciones especialmente desfavorables, podría llegar a afectar también a otros bancos, de manera que, por decirlo así, pudieran producirse otras quiebras como consecuencia de una quiebra.
La presente propuesta de directiva pretende evitar esto. Por consiguiente, se trata de una propuesta de directiva orientada al privilegio concursal de sistemas de pagos interbancarios y con ello también, en definitiva, de los bancos en situaciones muy determinadas que eventualmente pudieran producirse.
Se aclara también aquí el área de conflicto de la que se trata esencialmente. Por un lado, se trata de proteger los sistemas de pagos y, con ello, también los bancos. Pero, por otro lado, se trata también de hasta dónde han de llegar estas medidas sin que perjudiquen en demasía la protección de los acreedores en un posible procedimiento de quiebra.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos de la cual he sido ponente, ha pensado que básicamente una directiva semejante tiene sentido. Sin embargo, hemos opinado que los sistemas de aseguramiento que se han propuesto, así como las medidas que también se han propuesto, han estado demasiado orientados a los bancos y que, en cuanto legislador, sería razonable establecer aquí limitaciones que tuvieran por objeto la protección de los acreedores.
En esencia, con ánimo de complementar, hemos propuesto los siguientes elementos. No estarán automáticamente amparados por esta directiva cualesquiera sistemas de pagos adoptados por los bancos, sino solamente aquellos que hayan sido depositados o notificados ante la correspondiente autoridad responsable de la inspección. Una segunda adición que hemos propuesto se ha referido a la cuestión de la fijación del momento decisivo o determinante a partir del cual han de funcionar los efectos de protección de este sistema de pagos interbancarios y el aseguramiento de la quiebra. En este punto la Comisión había propuesto originariamente que debe ser determinante el momento de la declaración de quiebra. En nuestra opinión, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ésta solución no era buena, pues, en definitiva, la decisión sobre la declaración de quiebra se adopta con mucha frecuencia en el despacho silencioso de un juez y hacia fuera nadie sabe en qué momento ha sucedido esto, con lo cual no se evitarían problemas de revocación de operaciones ya realizadas, sino que aparecerían necesariamente una y otra vez en cada caso de quiebra.
En consecuencia, en la Comisión de Asuntos Jurídicos pensamos después en elegir otro momento, en concreto, el momento en que se decide la notificación a los bancos que participan en el sistema de pagos. En el Grupo del PPE hemos discutimos una vez más esta cuestión la semana pasada y opinábamos que quizá tampoco fuera éste el momento ideal, pues probablemente podría plantearse la exigencia de que hubiera que aportar una prueba de haber realizado la notificación a cada uno de los participantes en el sistema de pagos.
Por esta razón hemos presentado todavía ahora la enmienda 21, cuya aprobación solicitamos, y que pretende que se elija el momento de la comunicación a la autoridad de inspección -ésta puede ser el banco central o una autoridad de inspección- la cual tiene la obligación de informar inmediatamente después a todos los participantes en el sistema de bancos.
Otra cuestión abierta era la de qué Derecho ha de aplicarse en los casos de conflicto, es decir, de colisión de sistemas jurídicos. Originariamente la Comisión había propuesto en este punto que siempre debería ser determinante el Derecho que rija para el sistema de pagos y no el Derecho del país en el que se haya producido la quiebra. Como Comisión de Asuntos Jurídicos vemos aquí el problema de que en esta constelación es más alta la probabilidad de una colisión de sistemas jurídicos, razón por la cual somos de la opinión de que, en caso de colisión, sea siempre determinante el Derecho del país en el que se haya producido la quiebra.
Estos son en esencia los tres elementos que implican las enmiendas que hemos añadido aquí. Un último aspecto que todavía tiene importancia: aquí no sólo abarcamos los puros sistemas de pagos, sino que complementariamente proponemos que se incluyan también en el efecto protector de esta directiva las entidades de clearing de valores. Esto es todo lo que como ponente quiero exponer al respecto.

Rothley
Señor Presidente, distinguidos colegas, me cuento entre los que están fascinados por la idea de la subsidiariedad. Sin embargo, se plantea aquí la pregunta de »cui bono»? El ponente debe acudir a un precedente del año 1974 para demostrar a medias por qué parece ser necesaria semejante directiva. La Comisión no aporta, en absoluto, ningún dato acerca de por qué es necesario esto, sino que se habla de un peligro teórico. Esto me parece que es un poco más problemático pues, resulta un tanto problemático imaginarse peligros en la mesa de trabajo y adoptar luego las medidas necesarias contra los mismos.
Sea como fuere, éste es un campo amplio. Voy a ser breve. Estamos de acuerdo con el ponente. Aceptamos las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y también la nueva enmienda 21.
Pero con esto paso a un problema básico para la política jurídica de la Comisión. Lo que con palabras prudentes ha sugerido el ponente constituye un problema claro. En los dos puntos que ha mencionado el ponente se trata de que en la propuesta de la Comisión se otorga a los bancos un amplio espacio de decisión. Esto significa que se saca, por decirlo así, a los bancos de la regulación legal normal para darles un gran espacio de maniobra. Esto es un problema. Esto vale para el Derecho aplicable y esto vale para la cuestión de cuándo está acordado un sistema de pagos. Comparto la opinión del ponente de que en este punto necesitamos normativas legales claras dentro de las cuales han de moverse los bancos participantes. Estos no pueden colocarse fuera del Derecho. Yo pediría también a la Comisión que en futuras propuestas se preocupase de que el Derecho rija para todos.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, señor Comisario, constituye para mí un honor y un placer tomar la palabra para expresar el respaldo sin fisuras del Grupo del Partido Popular Europeo a las pautas marcadas en este informe por el ponente de la comisión competente para el fondo, Sr. Lehne.
Este apoyo rotundo de mi Grupo es un mérito más del buen hacer que ha caracterizado la labor del ponente, porque no sólo ha ejecutado un trabajo impecable desde el punto de vista técnico sino que ha sabido, asimismo, explicar en términos comprensibles para todos tanto la necesidad de la directiva como la razón de ser de las enmiendas propugnadas, cuestiones ambas cuya importancia corre pareja con su complejidad.
El Grupo del Partido Popular Europeo votará, pues, a favor de todas las enmiendas presentadas al Pleno tanto por la Comisión de Asuntos Jurídicos como por la Comisión de Asuntos Económicos, y la que con el número 21 hemos presentado.
Permítame ahora, señor Presidente, hacer hincapié, en primer lugar, en la necesidad de esta directiva, pero ante todo en la importancia de las modificaciones que el ponente ha pilotado con pulso firme y que, sin duda, mañana recibirán la aprobación de la Asamblea. En particular, la inclusión de los sistemas de liquidación de valores en el ámbito de aplicación, así como el bloque de enmiendas que responden a la preocupación del Parlamento por la primacía del principio de seguridad jurídica -que es garantía, en última instancia, del buen funcionamiento del mercado- y que se refieren al derecho aplicable, al dies a quo , y a la necesidad de establecer la obligación de depósito de los acuerdos sobre los sistemas de pagos y de valores ante la autoridad responsable de su supervisión.
Y termino, señor Presidente. Atravesamos tiempos en los que los obstáculos que por todos partes surgen en la tarea de completar el mercado interior pueden llevar al desánimo o a la tentación de soluciones débiles que, por su naturaleza a menudo mal definida, acarrean una armonización ficticia y graves distorsiones a la hora de su incorporación en los Derechos nacionales. Por ello, reconforta esta iniciativa de la Comisión, firme y rica en consecuencias, como reconforta por su calidad y su altura la actuación de esta Asamblea en su función colegisladora.

Janssen van Raay
Señor Presidente, no me parece de buen augurio que el ponente y la Comisión de Asuntos Jurídicos hayan debido ya presentar una enmienda al título de la directiva. Título que es ya de por sí incomprensible. De hecho, la firmeza de la liquidación de cuentas y la constitución de garantías no quiere decir nada. Por suerte ha introducido el ponente una enmienda que por lo menos nos aclara la cuestión, enmienda que votaremos favorablemente. Y esta confusión que pesa sobre esta propuesta, y que afortunadamente ha despejado el ponente, constituye en realidad en cierta forma un síntoma del escepticismo que ha reinado entre un grupo de juristas, señor Monti. Pero no me adentraré en esta cuestión. El ponente ha prestado un positivo trabajo, la Comisión ha respondido, espero que esto resulte fructífero. Lo más importante de todo, y me satisface siempre ver que se halla presente el Comisario, ya que puedo así transmitirle un mensaje personal, lo más importante es que todas las directivas relacionadas con quiebras, como es el caso de la presente directiva, señalan la dificultad de tomar en serio la armonización del derecho de quiebra. Con razón ha indicado el Sr. Rothley el carácter teórico del peligro que se encara con esta directiva, aunque es ya hora de proceder a una armonización, en interés de nuestro sector empresarial. Sé que no es fácil, conozco los problemas, señor Monti, que no son nada sencillos. Soy muy consciente de las dificultades relacionadas con la lista, con la lista de los acreedores preferentes, que no son nada fáciles. Sin embargo, cada vez que tenemos que vérnoslas con este tipo de asuntos, tropezamos con el hecho de que el mundo empresarial internacional se ve encarado a divergencias en los sistemas jurídicos de quiebras. Porque la pregunta que aquí se plantea, y al mismo tiempo es aquí que reside la duda, o bien respaldamos al ponente y por ende también el informe, supongo, o bien tratamos de evitar que la posición de los bancos se vea asfixiada.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, quiero expresar mi agradecimiento y aprecio a la Comisión de Asuntos Jurídicos y, sobre todo, al ponente, el Sr. Lehne, así como a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, sobre todo, al ponente, el Sr. Katiforis, por la eficaz contribución que han aportado al examen de esta propuesta: propuesta muy técnica, difícil, pero importante.
La propuesta representa, efectivamente, un paso importante hacia la ulterior liberalización de los movimientos de capitales en la Unión Europea. En efecto, si en principio la libertad de circulación de los capitales está plenamente garantizada, en la práctica existen todavía varios obstáculos: me refiero a los sistemas de pago y a los sistemas de liquidación de operaciones en valores negociables, que son insuficientes para garantizar una libertad de circulación efectiva a nivel transfronterizo precisamente debido a la existencia de regímenes jurídicos diversos en los distintos Estados miembros. La armonización mínima de las legislaciones, que es el objetivo de la presente directiva, eliminará las barreras más importantes, permitiendo la creación de verdaderas autopistas transfronterizas de los capitales en toda la Unión Europea.
Me congratulo especialmente de la propuesta de las comisiones competentes de incluir en el ámbito de la directiva los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables al obtener un dictamen favorable tanto del Instituto Monetario Europeo como del Comité Económico y Social. Si examinamos cada enmienda propuesta observamos que las enmiendas núms. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 y 17 van en esa dirección.
La enmienda nº 1 propone modificar el título de la directiva: aunque tal modificación es aceptable para la Comisión, tiene por efecto indicar en el título que la directiva concierne a los sistemas interesados en el caso en que sus participantes estén afectados por procedimientos de insolvencia. No obstante, la normativa objeto de examen no es una directiva en materia de insolvencia, sino que trata esa materia solamente en la medida en que es relevante para el riesgo sistémico. Se podría tal vez adoptar el título siguiente: »Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al riesgo sistémico en los sistemas de pago y en los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables».
Las enmiendas núms. 2 y 3 -que la Comisión acepta- añaden informaciones útiles sobre la directiva: el añadido de una disposición relativa a un procedimiento de notificación, contemplado en la enmienda nº 6, y otra modificación tendente a mejorar la seguridad jurídica, contribuyendo así a lograr el objetivo de la directiva, que es el de evitar riesgos sistémicos. Sin embargo, establecer el depósito del acuerdo en el que se fundamenta el sistema ante las autoridades competentes para la inspección de las entidades participantes y la subsiguiente publicación de una comunicación que anuncie tal hecho nos parece inútilmente complicado. Además, en varios Estados miembros la autoridad responsable de la inspección de dichas entidades es distinta de la competente para la inspección del sistema como tal, lo que determinaría un reparto artificial de las competencias y causaría confusión. Por lo tanto, la Comisión encuentra dificultades para aceptar esa enmienda. Lo mismo vale para el añadido de las palabras «con normas de compensación de saldos en la liquidación» que figuran en la enmienda nº 10, puesto que tales palabras podrían hacer menos clara nuestra definición de sistema de pagos. Según la propuesta, un sistema es llamado sistema comunitario si el Derecho aplicable al acuerdo en el que se basa es el Derecho de un Estado miembro. Este es el criterio adoptado por la propuesta de la Comisión. Aplicar un criterio geográfico no parece posible. La enmienda nº 11 intenta, no obstante, introducir dicha concepción geográfica al sugerir que se considere que un sistema está situado en el Estado miembro en el que se efectúe la consignación. Sin embargo, para una misma operación pueden efectuarse varias consignaciones ante organismos diversos, como la cámara de compensación y el agente de liquidación. Por lo tanto, habría que aclarar, por lo menos, de qué consignación se trata. A falta de tal precisión, nos es difícil aceptar esa enmienda.
La enmienda nº 12 amplía la definición original de sistema de pagos de un tercer país utilizando la expresión más genérica «sistema de un tercer país» para incluir también ahí los sistemas de liquidación de las operaciones en valores negociables. En principio podemos aceptar esa modificación, pero debemos completarla añadiendo las palabras «sistema de liquidación de las operaciones en valores negociables». Puesto que los bancos centrales efectúan operaciones con derivados financieros, estos últimos deben incluirse en la definición de operaciones de política monetaria, como propone la enmienda nº 13.
La enmienda nº 16 comprende tres apartados, de los cuales el primero no nos causa ninguna preocupación. El segundo sustituye las palabras «contratos celebrados» (contracts entered into) por las palabras «contratos registrados en el sistema comunitario» (contracts entered into the EC system) . Sin embargo, la expresión entered into es utilizada por la Comisión precisamente en el sentido de «celebrados» y no se refiere al registro de los contratos en los sistemas de pagos. En cuanto a la anulación unwinding de la liquidación o de las operaciones en valores negociables, la enmienda propuesta parece querer decir que las liquidaciones o las operaciones en valores negociables una vez liquidadas no se pueden anular. Sin embargo, la directiva tiene por objeto proteger las órdenes de transferencia contra el riesgo de anulación exclusivamente mientras se encuentran en el ámbito del sistema, porque es en ese momento cuando subsiste el riesgo sistémico: una vez ha tenido lugar la liquidación no existe ya ningún riesgo sistémico y, por lo tanto, no existe ningún motivo para prohibir la anulación de los importes relativos a pagos ya liquidados.
El tercer apartado de la enmienda nº 16 hace que el efecto de la apertura de un procedimiento de insolvencia con respecto a un participante en el sistema se retrase hasta el momento en que la autoridad competente notifique formalmente la apertura a los otros participantes. Este parece un procedimiento excesivamente oneroso puesto que las informaciones concernientes a la insolvencia de un participante en un sistema tienden a difundirse muy rápidamente en los mercados financieros; además, dicho procedimiento determinaría la ampliación del régimen prioritario, previsto en la directiva, incluso después del momento en que los participantes en el sistema tengan efectivamente conocimiento de la insolvencia de que se trata, cosa que no se puede justificar debido al objetivo de evitar el riesgo sistémico: por consiguiente, nos es difícil aceptar la enmienda nº 16, así como nos es difícil aceptar la enmienda nº 21.
La enmienda nº 17 prohíbe la revocación de las órdenes de pago o de las órdenes relativas a las operaciones en valores negociables tras la apertura del procedimiento de insolvencia. Sin embargo, parece evidente que, en caso de insolvencia de un participante, los activos de este último se congelan y, por lo tanto, la revocación no es posible. No me parece necesario aclararlo más. Con su propuesta, la Comisión tenía otro objetivo, es decir, impedir a terceros revocar la orden de transferencia introducida en el sistema, dado que las entidades de los terceros en cuestión no pueden hacerlo con arreglo al Derecho del otro Estado miembro afectado. En efecto, está claro que si eso ocurriera con un importe notable, podría surgir un riesgo sistémico: por lo tanto, hay que mantener la referencia a los terceros.
La enmienda nº 18 es aceptable, puesto que hace el texto más claro. La enmienda nº 19 propone que se suprima el artículo según el cual, en caso de insolvencia de uno de los participantes en el sistema, la normativa sobre insolvencia aplicable será la del Estado miembro en el que esté radicado el sistema. Pero dicha supresión sería contraria al objetivo de la directiva de reducir el riesgo sistémico, y eso por dos motivos en particular: la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la necesidad de evitar los conflictos jurídicos. Todo eso lleva a pensar que la directiva puede lograr su objetivo de proteger los sistemas contra el riesgo sistémico sólo si se rechaza la enmienda nº 19. En cambio, la Comisión acoge favorablemente la enmienda nº 20, que aclara el significado del texto.
Señor Presidente, señores diputados, espero que a la vista de lo que he intentado aclarar puedan reconsiderar la conveniencia de esas enmiendas, en particular la nº 17 y la nº 19, que la Comisión no considera aceptables.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Simplificación de la legislación en el mercado
interior (SLIM)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0108/97) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(96)0204 - C4-0446/96) «Simplificación de la legislación en el mercado interior (SLIM): proyecto piloto».

Crowley
Señor Presidente, deseo agradecer al Sr. Comisario su presencia cuando nos disponemos a deliberar sobre un tema de gran importancia y urgencia. Detrás del mercado único estaba el objetivo de dar dinamismo a la Unión Europea, y cuando en 1985, la Comisión lanzó su idea en el Libro Blanco en el que se creaba el programa sobre mercado único, se pensó que todo quedaría concluido a más tardar en 1992. Lamentablemente no alcanzamos todo el éxito que nos habíamos propuesto. No obstante, nuestro optimismo y deseo de salir adelante y de seguir avanzando se mantienen intactos y no nos apartaremos de nuestro cometido de intentar alcanzar el que, en última instancia, es el objetivo más valioso y eficaz de la Unión Europea.
El programa piloto SLIM, simplificación de la legislación en el mercado interior, surgió cuando se reconoció la necesidad de garantizar que las leyes que adoptan la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y la petición a las autoridades nacionales para que las transpongan a la legislación nacional se haga con la máxima eficacia posible para poder superar los problemas específicos a los que hay que hacer frente. Siempre ha sido un inconveniente de la Unión Europea el hecho de que el formato utilizado para la legislación la hace inaccesible al ciudadano medio europeo.
A pesar de haber trabajado en el sistema durante tres años y de haber estudiado Derecho, en varias ocasiones he sido incapaz de seguir la secuencia de acontecimientos que conduce a la redacción del documento legislativo final. Es fundamental que cuando aprobemos una ley, exista un fundamento claro que realmente lo entienda todo el mundo, ya se trate de un médico, un hombre de negocios, un funcionario del gobierno o un ciudadano cualquiera.
A modo de ilustración, quisiera señalar que el Padrenuestro tiene sesenta palabras, los Diez Mandamientos 128, la Constitución de los Estados Unidos 457, más otras 142 palabras que se sumaron a las anteriores a través de las enmiendas presentadas durante los últimos quince años. En una reciente directiva de la UE sobre la presentación y la comercialización de una serie de productos encontramos 29.547 palabras. ¿Es necesaria tanta verborrea en nuestra legislación? Creo que no.
En mi informe hago algunas sugerencias muy simples y básicas que podrían ayudar a superar este problema. En primer lugar, si analizamos todo el ámbito de la codificación, podemos aunar varias disposiciones anteriores que tratan sobre el mismo tema y combinarlas todas ellas en una sola ley individual. Esta medida facilitaría la labor de los abogados, de las personas que se dedican a los negocios y de los empleados que tienen que cumplir dichas leyes a la hora de encontrar la referencia exacta que están buscando.
En segundo lugar, debemos comenzar ya desde ahora a simplificar nuestra legislación. Allanemos el camino con nuestro ejemplo. Establezcamos los criterios que deberán seguir cada Comisión y cada Parlamento que vengan después de nosotros para garantizar que nuestro proceso legislativo es adecuado y más simple. En este sentido, quisiera llamar la atención de todos los diputados sobre la longitud de mi informe. Las conclusiones se limitan a diez apartados. Un informe sobre el que hemos tratado esta mañana tenía 178 apartados. Debemos predicar con el ejemplo. Hagámoslo simple, hagámoslo claro, pero hagámoslo de tal forma que no pueda arrojar ninguna duda en cuanto a su precisión y que no se preste a diferentes interpretaciones.
Debemos alentar a los Estados miembros a que no utilicen la Unión Europea como chivo expiatorio para introducir leyes impopulares a nivel nacional. No deben abusar de las directivas incluyendo cosas que no tienen el valor de introducir en leyes nacionales aisladas, como suele ser habitual recurriendo al principio de subsidiaridad. También debemos pedir a los gobiernos nacionales garantías de que simplificarán su proceso legislativo para que el ciudadano medio pueda comprender todo el proceso.
Por último, quisiera llamar la atención del Sr. Comisario sobre mi gran decepción por los nuevos proyectos que la Comisión espera seguir bajo este proyecto SLIM. Solicito que los hagamos más relevantes e inmediatos para el cometido del mercado único y que se centren, en particular, en la mediación y distribución de servicios financieros, las adquisiciones públicas, la directiva sobre maquinarias y la directiva sobre comercialización de sustancias peligrosas. Podemos hacerlo realidad, podemos hacerlo atractivo y podemos hacerlo comprensible a los ojos del ciudadano europeo.

Murphy
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión por sus propuestas relativas a la iniciativa SLIM, y también al Sr. Crowley por su excelente informe.
La simplificación de la legislación en el mercado interior creo que tiene el potencial clave de mejorar la competitividad, la rentabilidad y, lo que es más importante de todo, la capacidad de las empresas de crear puestos de trabajo a lo largo y ancho de la Unión Europea. En calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, considero que la iniciativa SLIM es un ámbito clave que debemos estudiar.
Pero el éxito en este ámbito sólo será posible si adoptamos un enfoque integral. Existe el temor y la preocupación de que ciertos agentes clave, especialmente las PYME y, en menor medida, los sindicatos, no han participado plenamente en el proceso SLIM. Quisiera hacer hincapié en que para que esta iniciativa funcione, es necesario que todo el mundo pueda sentirse seguro. Lo que nos proponemos es algo bastante radical y algo que deberíamos intentar alcanzar.
Me gustaría tocar brevemente dos o tres ámbitos que tienen un interés clave. En primer lugar, necesitamos introducir nuestra legislación de tal manera que a los gobiernos nacionales les resulte imposible introducir ornamentos innecesarios en la legislación. Introducir dichos ornamentos en la legislación europea perjudica el mercado único, perjudica la competitividad y la capacidad de las empresas de crear puestos de trabajo.
En segundo lugar, debemos reconocer sin género de duda que el enemigo es en mucho mayor medida la legislación nacional que la legislación que creamos a nivel europeo. Deberíamos afrontar directamente el desafío que representa la legislación nacional. La Comisión elaboró un documento excelente en febrero del pasado año denominado «Reglamentaciones nacionales que afectan a los productos del Mercado Interior: un motivo de preocupación». Nunca fue adoptado formalmente por la Comisión, sin embargo demuestra claramente que es la legislación nacional, además de nuestra propia legislación, la causa de nuestros problemas.
El proceso SLIM creo que puede ser una excelente noticia para las pequeñas empresas de mi región del Reino Unido, el Black Country , y de toda la Unión Europea. Pero necesitamos este enfoque integral y debemos destacar los peligros de los ornamentos innecesarios y los peligros de la legislación nacional.
Deseo expresar mi satisfacción, una vez más, por las propuestas de la Comisión y mi agradecimiento al Sr. Crowley por su informe.

Cot
Señor Presidente, desearía felicitar al ponente por haber logrado ser breve sobre un tema tan pobre como el SLIM. Siendo así, ¿quién no suscribiría la idea de simplificar la legislación comunitaria?
Pero lo que me sorprende en este asunto, es el lujo de medios y, de algún modo, la modestia de los resultados. La Comisión ha elegido cuatro asuntos. En el de Intrastat, se trata de reducir el número de los códigos de mercancías de 10.700 a 7.000, lo que sin duda resulta loable. En cuanto a los productos de construcción -cito a nuestro ponente- la situación no está muy clara. En el asunto del reconocimiento de los diplomas, van a hacer propuestas. Y en cuanto al importante asunto de las plantas ornamentales, estamos ante un bloqueo absoluto.
Señor Comisario, a este ritmo, ¿qué perspectiva ofrece este ejercicio? Es la pregunta que deseaba hacerle. Este ejercicio SLIM, ¿es un experimento, un modo de legislación llamado a convertirse en método, o bien es ya en sí un método de reforma legislativa? Y al ritmo que vamos, ¿cuál es entonces la perspectiva de esta reforma? ¿Harán faltas diez años, cien o más? Por supuesto, SLIM no representa toda la estrategia de simplificación y de codificación del derecho europeo establecido por la Comisión Europea, pero desearía que nos diera usted algunas indicaciones sobre el resto de la estrategia, sobre el marco general, ya que, una vez más, si el método es completamente notable, el lujo de medios desemboca en unos resultados, de todos modos, bastante modestos si consideramos el conjunto de la cartera de la que es usted responsable.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, el espíritu de la moderación debe ser el espíritu del legislador, dijo ya Montesquieu. El ponente ha practicado, sin duda, este espíritu de moderación y el proyecto piloto de la Comisión que se somete aquí a votación demuestra que este espíritu de moderación ha encontrado también entrada sólida en el proceso legislativo europeo.
Tras el Informe Molitor la iniciativa SLIM representa un importante paso más hacia la mejora y hacia la simplificación del Derecho comunitario y por ello merece celebrarse expresamente. Quiero hacer algunos comentarios.
La Comisión debería haber fundamentado de manera expresa la selección de los ámbitos investigados por el equipo SLIM. Semejante fundamentación habría sido oportuna puesto que no ha seleccionado temas que son candentes para los ciudadanos. Quiero referirme, por ejemplo, al término de plantas ornamentales. Seguramente no basta como fundamentación el hecho de que un Estado miembro haya deseado este ámbito, esto es demasiado poco. En el futuro deberían contarse entre los sectores a investigar prioritariamente el sector productivo público y el sector de servicios financieros, pues tienen un rango especialmente elevado en la economía nacional.
Sin embargo, la Comisión debería concentrarse ante todo en ámbitos en los que haya tenido lugar realmente una regulación considerable. Por esta razón, la iniciativa SLIM no es tan adecuada para ocuparse prioritariamente de temas tales como, por ejemplo, los trabajadores emigrantes o los impuestos. La composición de los grupos debería ser transparente y equilibrada para que pudieran trabajar con la mayor eficacia posible. Precisamente en el marco de la iniciativa SLIM, la Comisión debería orientarse también por la lista de chequeo que el Parlamento ha elaborado en el marco de su informe sobre el Informe Molitor. Esta debería convertirse en un elemento que urgiera la preparación de una nueva ley o de la revisión de las leyes existentes para poner de manifiesto las tendencias hacia la superregulación.
El sentido y el objetivo de la iniciativa SLIM son reducir los costes que se originan en el ámbito de la economía nacional y de la economía de la empresa mediante la excesiva complicación de las normativas. Es preciso aumentar la competitividad y, sobre todo, hay que mejorar la capacidad de generar puestos de trabajo. Sin embargo este objetivo sólo se conseguirá con la iniciativa SLIM si sobre la base de sus conclusiones ésta conduce realmente a unos resultados concretos y palpables de simplificación jurídica que surtan efectos directos en los Estados miembros.
La Comisión tendría que hacer todo lo posible para lograr este objetivo y hacerlo palpable a la opinión pública. En este sentido quisiera animar urgentemente a la Comisión a que prosiga este proyecto.

Janssen van Raay
Para ser honestos hay que decir que a menudo la Comisión presenta propuestas claras y de fácil comprensión que a continuación las burocracias nacionales convierten en un rompecabezas que ya nadie logra entender. Doy esto por sentado.
El segundo punto que deseo señalar es que desgraciadamente en realidad con el informe Molitor hemos tomado la dirección equivocada. No era ésta la solución que buscábamos. Y por ello me siento tan satisfecho de que la Comisión haya presentado esta iniciativa y me satisfacen muy en particular las palabras de nuestro ponente que respaldo enteramente. De lo que se trata primeramente es de la comprensión y la legibilidad para aquéllos que tienen que ver con la ley. Si usted, señor Monti, y aquí me permitiré una pequeña ocurrencia, viese la posibilidad de que se reescriba el Tratado de Maastricht, sin cambiar la esencia de su contenido, pero con un texto que los profesores de derecho lograsen comprender, se habría dado entonces un gran paso de avance. Volviendo a la realidad, le deseo mucho éxito. Reviste una enorme importancia que por lo menos los juristas puedan comprender que con esto lo que se ha formulado es un documento legislativo. Le deseo mucho éxito. Los ejemplos citados por el ponente me parecen harto elocuentes aunque debemos, tanto en sentido retroactivo como pensando en el porvenir, esforzarnos por la simplificación del texto en lo que respecta a su legibilidad. Es ésta una cuestión sumamente positiva. Le deseo pues mucho éxito.

Thors
Señor Presidente, Señorías, en mi país tuvimos a principios de los 90 una campaña para simplificar la legislación, campaña que obtuvo unos resultados excelentes. Dicha campaña acabó con la normativa a un nivel jerárquico menor que el de las leyes. Creo que esto es también importante en el proyecto SLIM. En realidad en este Pleno no se abordan muchos trabajos de carácter verdaderamente legislativo. Hay personas cínicas en mi país que han dicho que una vez acabado el proceso de simplificación a nivel nacional, ha sido lo mismo que llevarse las normas con carretilla -luego nos ha venido un camión cargado de la UE. También por este motivo espero que el proyecto Slim tenga éxito.
Como ya han mencionado muchos de los oradores que me han precedido, el programa no ha tenido buenos resultados. Se han cosechado algunos resultados en dos de los proyectos piloto. Los que hemos seguido la evolución desde el Parlamento nos preguntamos: ¿Por qué se empezó precisamente con estos ámbitos? Lo mismo ha dicho el ponente. ¿Por qué empezamos con los productos de la construcción, cuando sabemos que la Comunidad ha intentado durante años llevar a cabo simplificaciones dentro de este sector?
Con miras a conseguir un espíritu más abierto para los trabajos preparatorios, echo a faltar también la participación equitativa de distinas partes de la región. Como mencionamos en el informe de la comisión, se necesitan urgentemente unas simplificaciones dentro del ámbito de las adquisiciones públicas, y una homologación de los procedimientos descritos en varias directivas. ¿Por qué tienen que seguir existiendo diversos tipos de adquisiciones en la actualidad? La Comisión de Asuntos Jurídicos solicita que las adquisiciones sean objeto de un método «slimming» que sea más duradero que los métodos «slimming» que se encuentran en las revistas de señoras en primavera. Sabemos que también muchos proveedores y el propio sector público desean una simplificación.
La respuesta de que hay que asegurar la aplicación de la legislación, lo cual creo que ha aducido la Comisión en otro contexto, no es plenamente convincente. Hay ejemplos de situaciones en que se han modificado directivas antes de que entrasen en vigor.
Espero que también la Dirección de la Comisión sea consciente de la circunstancia de que la oposición a un nivel menor entre los funcionarios de la Comisión puede ser notoria. Se podría por ejemplo, dentro de este sector y de otros, aplicar la norma de que, a partir de ahora y durante algún tiempo, una normativa va a estar en vigor cinco años si no se ha renovado antes. Creo que este es el modo correcto de hacer que la legislación se agilice realmente.

Scarbonchi
Señor Presidente, Señorías, deseo felicitar a la Comisión por la iniciativa SLIM que no podemos por menos de aprobar en su principio, aun cuando el proyecto piloto se parezca, sobre todo, tal como está, a una operación de cirugía estéticojurídica.
En efecto, lamento que los cuatro sectores seleccionados estén tan alejados de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos europeos. Además, la simplificación de la legislación relativa al mercado interior no debe convertirse en el futuro, en ningún caso, en el caballo de Troya de una desregulación europea, cuyas fracturas sociales podemos medir cada día, así como el aumento del desempleo que provoca.
Por último, constato con decepción, tratándose del futuro de la iniciativa SLIM, la falta total de visión común entre la Comisión ejecutiva, el Consejo «Mercado interior» y la comisión jurídica. No lo dudemos, señor Comisario, actuar menos y mejor por el bienestar de los ciudadanos europeos es el único desafío común que debemos afrontar para permitir el logro del mercado único.

Wijsenbeek
Como dispongo solamente de un minuto, me limitaré a felicitar muy brevemente al ponente.
Primer punto, la accesibilidad del documento. Hemos presentado una enmienda porque estimamos que el lenguaje y las complicadas construcciones del texto responden en particular a los compromisos entre los Estados miembros que quedan fuera del contexto de las propuestas originales de la Comisión.
En segundo lugar, la consolidación. Al existir tantos tipos diversos de legislación sobre distintos temas en diversos lugares, se hace necesario agrupar estas cuestiones entre sí.
En tercer lugar, pensamos que reviste la mayor importancia que también en lo referente a la armonización fiscal se busque una simplificación y facilidad de acceso. Y es que son precisamente las divergencias en los regímenes fiscales las que entorpecen en tan alto grado el mercado interior, haciendo aumentar con ello el nivel de paro.
Señor Presidente, deseo terminar comprobando que son los Estados miembros, más que las instituciones europeas, los responsables del exceso de legislaciones enrevesadas. El Comisario Bangemann señaló en esta misma Asamblea que, en 1994, en un 80 % de las 440 nuevas normas se había ya dado inicio a su transposición por los gobiernos nacionales.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar querría dar las gracias al Sr. Crowley y a las comisiones competentes por su trabajo y por el apoyo que han manifestado a la iniciativa SLIM, y luego decir brevemente en qué situación estamos y lo que nos proponemos hacer.
Ante todo, por lo que respecta a la primera fase de la iniciativa SLIM, se han presentado observaciones sobre la elección de los cuatro sectores de experimentación y sobre el hecho de que pudiera tratarse de sectores un poco alejados de la vida de los ciudadanos. Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que esta idea del proyecto SLIM nació a finales de febrero de 1986; creo que la hemos hecho realidad, aunque sea en esta fase de proyecto piloto, en plazos muy breves con respecto a los habituales en las instituciones europeas, que ustedes conocen bien, y precisamente con un ánimo de simplificación incluso hemos convencido a los Estados miembros de que no estén presentes, cada uno de ellos, en cada uno de los grupos SLIM, lo que no ha sido fácil; los Estados miembros se han distribuido los cometidos y hemos podido, pues, constituir grupos ágiles que han podido trabajar bastante rápidamente. En cualquier caso, ¿se ha visto afectada la elección de los sectores por la velocidad con la que hemos querido proceder a esta primera experimentación? ¿Son sectores alejados de la vida de los ciudadanos? Yo diría que no. Quizás las plantas ornamentales pueden prestarse a algunas observaciones, pero INTRASTAT es algo que las empresas consideraban muy oneroso para su funcionamiento cotidiano; luego, el reconocimiento de los títulos no me dirán que es un problema alejado de la vida de los ciudadanos, y el tema de los productos de la construcción está próximo a uno de los sectores básicos de la economía europea, y es desgraciadamente el tema en el que hemos podido hacer menos progresos.
¿Cuál es la situación de los trabajos hechos en esta primera fase? Por lo que se refiere a las plantas ornamentales, una amplia mayoría de Estados miembros está a favor de una simplificación de la directiva y en contra de un sistema de directiva facultativa. Existe también un consenso sobre el grado de simplificación y sobre los aspectos de la directiva que deberían ser objeto de tal simplificación. La Comisión piensa presentar una propuesta concreta a más tardar en mayo, de conformidad con el calendario presentado. Por lo que respecta a INTRASTAT: repito, puede parecer alejado de la vida de los ciudadanos, pero está muy cerca de las preocupaciones cotidianas de las empresas y, sobre todo, de las pequeñas empresas. También en este sector se están haciendo rápidos progresos: se ha trabajado para simplificar las obligaciones en materia de datos INTRASTAT y para los cambios concretos que pueden efectuarse en la nomenclatura INTRASTAT. La Comisión se reunirá con los representantes de la industria periódicamente hasta junio, cuando presentará una propuesta que espera que se adopte en noviembre.
En lo que atañe al reconocimiento de los títulos: en este sector la Comisión piensa presentar propuestas antes de que finalice el año para proporcionar un método simplificado de actualización de las listas de los títulos que se benefician del reconocimiento automático y para agilizar los procedimientos de los comités consultivos: aquí está en parte la respuesta a la pregunta del Sr. Cot y, en cualquier caso, se trata de proporcionar un método, una especie de abrelatas, que luego debería servir de vez en cuando. La recomendación que solicita que se revisen las disposiciones en materia de educación y de formación de las directivas sectoriales, con el fin de fijar criterios basados en la competencia que den mayor peso a los resultados de la educación y de la formación que a normas rígidas sobre los contenidos, la está estudiando actualmente el comité consultivo en el contexto de la formación de los enfermeros.
En cuanto a los productos de la construcción, no niego que éste ha sido el sector en el que hemos tenido que afrontar los mayores problemas. Entre las opciones propuestas para mejorar esta directiva problemática, la Comisión ha dado preferencia a la solución que combina una acción a breve plazo encaminada a elaborar las normas necesarias para permitir un buen funcionamiento de la directiva con un trabajo de reflexión sobre las modificaciones a medio plazo de la propia directiva. En este sector la Comisión ha encontrado, en el seno del comité competente, una fuerte oposición por parte de los Estados miembros a las modificaciones de la directiva. Y aquí quisiera hacer una observación: en principio, estamos todos a favor de la simplicidad y de la simplificación, pero uno de los, espero, méritos de este modo de proceder es que se consigue demostrar que, en la realidad, simplificar es difícil y que muchos elogios verbales a la simplificación chocan luego con las resistencias a la simplificación de los Estados miembros de las mismas categorías interesadas. Por consiguiente, creo que es una operación en sí útil, espero, y un poco también pedagógica, que demuestra que hay una diferencia entre hablar de simplificación y conseguir hacerla realidad.
Unas palabras más, señor Presidente, sobre la segunda fase, la elección de los sectores sobre los que también se ha detenido el Sr. Crowley. A la vista de los debates internos y de las exigencias expresadas por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo, por el Comité Económico Social y por los representantes de los sectores afectados, tengo la intención de proponer en breve a la Comisión que la próxima fase del programa SLIM trate sobre estos sectores: algunos aspectos del actual sistema IVA, los servicios financieros, señora Mosiek-Urbahn, empezando por el sector bancario, la nomenclatura combinada para el comercio exterior y un sector de mercancías que está aún por definir.
No tengo tiempo para explicar las razones por las que hemos procedido así o por qué yo pienso proponer a la Comisión estos sectores específicos. Algunos de ustedes han mencionado, justamente, los contratos públicos: hago presente que los problemas de la simplificación en esta materia los está estudiando actualmente la Comisión y son objeto de la consulta abierta por el Libro Verde específico sobre los contratos públicos.
Termino dándoles las gracias por el apoyo, así como por la comprensión de las dificultades, y les ruego que vean esto como un ejercicio de pragmatismo y de concreción que nos permita a todos pasar de las palabras fáciles sobre la simplificación a la difícil realización de la simplicidad.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Capital de las empresas de inversión y las entidades de
crédito en el ámbito de los valores negociables
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para segunda lectura (A4-0093/97), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la aprobación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0360 - C4-0005/97-95/0188(COD) por la que se modifica la Directiva 93/6/CE del Consejo sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito y la Directiva 92/22/CEE del Consejo relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (Ponente: Sra. Oddy).

Oddy
Señor Presidente, el tema esencial del presente informe es bastante simple. Se trata sencillamente de la creación de un comité en virtud de la Decisión 87/373/CEE de la Comunidad Económica Europea. No obstante, plantea enormes interrogantes de procedimiento y, en particular, de comitología.
En su propuesta original, la Comisión propuso un comité de tipo III a). El Parlamento, en su primera lectura, recomendó un comité de tipo II b). El Consejo, en su sabiduría, decidió desoír ambos deseos de la Comisión y del Parlamento, y presentó en la posición común una recomendación a favor de un comité de tipo III b). La posición común tampoco incluye una referencia al modus vivendi acordado entre las tres instituciones en 1995. Las tres instituciones están sujetas a dicho acuerdo y ése es el que debe primar en esta situación.
La posición incluye además un serie de características inusuales como que el comité en cuestión aprobará su propio procedimiento, lo que no se ajusta a la Decisión 87/373/CEE, y que la Comisión podrá consultar al comité sobre nuevas propuestas. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos es unánime en su opinión de que esta posición común no favorece en nada la democracia ni la trasparencia parlamentarias y que además es antidemocrática. Sencillamente socava la posición del Parlamento.
Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó por unanimidad el restablecimiento de las enmiendas originales adoptadas en su primera lectura y su nueva presentación en la segunda lectura. La Comisión de Asuntos Jurídicos está decidida a mostrarse inflexible en lo que se refiere a que el Consejo no debe intentar debilitar al Parlamento de esta forma, y deseamos recurrir a la conciliación para solucionar estas dificultades.
Desde la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos han sido puestas a mi atención una serie de preocupaciones adicionales. La declaración del Consejo acaba de hacerse pública y quisiera criticar esta demora. La Declaración 1 va en contra de las modalidades establecidas en el Decisión 87/373/CEE, ya que es la Comisión la que es asistida por el comité y no el presidente como es habitual. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de convocar reuniones e incluir temas en el orden del día del comité. En este caso, sin embargo, la declaración afirma que es la Comisión, y sólo ella, la que presentará un proyecto de las medidas que deban tomarse, en contra de lo que dice la Decisión 87/373/CEE.
La declaración relativa al apartado 6 del artículo 1 habla sobre la práctica seguida, el uso sistemático y la consulta al Comité de Valores Negociables cuando tenga intención de presentar nuevas propuestas. Eso es ilegal según la Decisión 87/373/CEE y sería sumamente perjudicial para el Parlamento aprobar esta práctica pseudolegal y posiblemente ilegal.
La Comisión debe ser el guardián de los Tratados. Yo sostengo que el guardián de las personas de la Unión Europea es el Parlamento. Nosotros marcamos los límites. Somos la institución que protege a la sociedad europea. Si la Comisión y el Consejo burlan los deseos de este Parlamento, tendremos una burocracia dictatorial. Eso es inadmisible para la población de esta Unión Europea. La Comisión y el Consejo deben reconsiderarlo y deben escuchar no sólo al Parlamento, sino a la población de Europa que tiene derecho a una toma de decisiones y a legislación transparentes y abiertas.

Alber
Señor Presidente, distinguidas señoras, estimados colegas, en realidad no necesitaría tomar la palabra. También me podría limitar a decir que el Grupo del PPE apoya entera y plenamente el informe de nuestra colega, la Sra. Oddy, y que, en consecuencia, también damos nuestra conformidad a todas las enmiendas que han sido presentadas de nuevo. Compartimos también la crítica que acaba de manifestar en el debate. Nosotros opinamos también que aquí se trata principalmente de la transparencia.
Hemos de ocuparnos una vez más del penoso procedimiento de comitología. Naturalmente, es legítimo y, en cierto modo, también es comprensible que cada parte elija el sistema que más le convenga y que más posibilidades de participación le dé. Pero la Comisión y el Consejo deberían considerar en realidad que una parte del rechazo de los ciudadanos frente a Europa se funda también precisamente en que muchos rechazan estas negociaciones secretas que no se dan a conocer fuera. Aunque sólo fuese por este interés de hacer Europa más transparente y comprensible para los ciudadanos, deberíamos elegir la manera de proceder que se ha propuesto, es decir, establecer un comité administrativo del tipo 2b y no un comité de regulación del tipo 3b. El 3b es el denominado procedimiento contre filet . Confieso que a esta hora me gustaría más un faux filet . Nosotros estamos en contra del procedimiento contre filet y somos también de la opinión de que este modus vivendi debería mantenerse tal como se ha citado en el Informe Oddy. Si no regulamos de una vez por todas todo el procedimiento de comitología y, en concreto, bajo el aspecto de la transparencia, entonces el procedimiento de comitología acabará en un procedimiento de criminología, y esto no sería bueno, ni para la Comisión, ni para el Consejo, ni para nosotros, ni para Europa. Para terminar quiero decir una vez más que estamos plena y enteramente de acuerdo con el Informe Oddy.

Janssen van Raay
Señor Presidente, sólo quiero decir: »¡Bien por Christine!» Te apoyamos. ¡Sigue adelante!

Monti
Señor Presidente, señores diputados, agradezco a la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la ponente, la Sra. Oddy, el excelente trabajo realizado sobre una propuesta de directiva tan compleja como la propuesta de directiva con la que se quiere crear el Comité de Valores Negociables. La creación de ese comité, que viene a unirse al Comité Consultivo Bancario y al Comité de Seguros, constituirá otro paso adelante hacia la consecución del mercado interior.
Como saben, el Comité de Valores Negociables tiene que desempeñar dos papeles importantes: se le ha asignado una función análoga a la de los llamados procedimientos del comité, en el marco de las directivas sobre los servicios de inversión y sobre la adecuación del capital; el papel de aportar ajustes técnicos a estas dos directivas será desempeñado de ahora en adelante por la Comisión con la ayuda del Comité de Valores Negociables. En ese ámbito, se tendrá que tener en cuenta, obviamente, la exigencia de asociar al Parlamento al proceso de actualización de las directivas, tal y como está establecido en el modus vivendi de 1994. En segundo lugar, el nuevo comité tendrá un papel consultivo: en efecto, en ese ámbito se podrán realizar intercambios de opiniones útiles entre los representantes de los Estados miembros y la Comisión sobre la evolución en el sector de los mercados mobiliarios.
Por lo que respecta a las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura, puedo confirmar la disponibilidad de la Comisión para aceptar la enmienda nº 3. Para ello, nuestra propuesta modificada ya ha incluido la solicitud de añadir un considerando que remita al modus vivendi anterior. En cambio, lamento no poder aceptar, en nombre de la Comisión, la propuesta del Parlamento de hacer trabajar al comité sobre la base del procedimiento de tipo II b), en vez del de tipo III a). A nuestro juicio, no hay motivo para otorgar al Comité de Valores Negociables la competencia de tomar decisiones de urgencia, como permite, por el contrario, el procedimiento del tipo II b). Pensamos que el procedimiento III a) es el más adecuado para cumplir las tareas establecidas. Por eso la Comisión no puede sino rechazar las enmiendas núms. 2, 6 y 9, todas ellas relativas al procedimiento que ha de seguir el comité. Espero que el Parlamento se muestre dispuesto a reconsiderar su posición originaria al respecto, apoyando así el texto propuesto por la Comisión.
Las enmiendas núms. 1, 7 y 10 no pueden aceptarse puesto que se proponen suprimir este papel consultivo del comité, que, en opinión de la Comisión, es, en cambio, su función principal. La enmienda nº 4 se propone suprimir cualquier referencia a obligaciones de cooperación entre el futuro Comité de Valores Negociables y otros comités, como por ejemplo el Comité Consultivo Bancario. Al contrario, habida cuenta de las distintas problemáticas que unen la reglamentación de las entidades de crédito y la de las empresas de inversión, quisiera resaltar aquí la importancia de que se mantenga una referencia expresa a tales obligaciones. Por consiguiente, es obvio que la Comisión no puede aceptar esa propuesta de modificación.
Por último, quisiera poner de relieve que la inclusión de las enmiendas núms. 5 y 8 vendría a demoler el sistema establecido por las directivas sobre los servicios de inversión y sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión, que disponían que, a la espera de la creación del Comité de Valores Negociables, determinadas funciones fueran desempeñadas por el Consejo. En cambio, parece oportuno que dicho comité, una vez constituido, venga a asumir el papel que originariamente le habían atribuido las dos directivas que he mencionado y debido al cual, precisamente, se había querido su creación.
El texto de la propuesta que tenemos ante nosotros hoy es, por lo tanto, la consecuencia lógica y necesaria de lo dispuesto en directivas que ya están en vigor.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Derecho de participación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0030/97) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(96)0097 - C4-0251/96-96/0085(COD)) relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, sin lugar a dudas el informe cuyo debate inicio con estas palabras puede erigirse en caso de estudio para los teóricos del proceso de integración europea porque en pocas ocasiones, señor Presidente y señor Comisario, se dan cita en una acción comunitaria tal cantidad de argumentos contradictorios, de visiones contrapuestas, de defensas, a menudo feroces, de intereses legítimos, de sensibilidades dispares y también de posturas serenas en las que prima, en última instancia, el realismo y el interés común frente a los miedos y a los intereses particulares. Y me gustaría rendir tributo al respecto a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Dicho esto, la primera pregunta que, como ponente, me parece obligado abordar es la necesidad y justificación de esta acción comunitaria. De acuerdo con los tratados, esta reflexión ha de tener en cuenta tanto razones estrictamente jurídicas como razones económicas, con la dificultad añadida de que, en la realidad del mercado, derecho y economía configuran una amalgama difícil de desentrañar. Pero lo intentaremos.
Desde el punto de vista jurídico, el derecho de participación es el derecho inalienable de todo artista plástico, de todo autor de una obra única, por naturaleza destinada a ser contemplada, derecho a participar en las sucesivas ventas de su creación, con exclusión de la primera transmisión.
Este derecho nace en Francia en 1920 con un marcado carácter de beneficencia. Los ordenamientos jurídicos de 11 de los 15 Estados miembros, así como la Convención de Berna, regulan hoy el derecho de participación incluyéndolo entre los derechos de autor. Se trata, pues, de un derecho encuadrado en el ámbito de la propiedad intelectual. No se trata de ninguna tasa o impuesto.
Y por tratarse de propiedad intelectual nos encontramos en el ámbito de aplicación del artículo 100A del Tratado de la Comunidad Europea, como tuvo ocasión de establecer el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de julio de 1995 en el asunto España contra Consejo. O dicho de otra manera: la armonización del derecho de participación se inscribe en la realización de los objetivos enunciados en el artículo 7A del Tratado de la Unión, esto es, el funcionamiento del mercado interior.
Tras estas consideraciones jurídicas, corresponde entrar en los aspectos económicos. El mercado de las obras de arte contemporáneas engloba, en realidad, dos mercados diferenciados: el de los compradores particulares -de cualquiera de nosotros cuando acudimos a una subasta o a una galería a comprar un cuadro para colgarlo en nuestras casas- y el de los inversionistas institucionales y los grandes coleccionistas, desde el punto de vista de la demanda, y de los artistas con proyección internacional, desde el punto de vista de la oferta.
Además, éste segundo es un mercado en expansión ya que, durante las últimas décadas, las obras plásticas se han venido convirtiendo en un peculiar refugio seguro para las inversiones. En un mundo de creciente incertidumbre económica, donde los valores de referencia son escasos e inestables, la definitiva singularidad de la obra plástica original constituye una realidad sólida que a menudo genera, por cierto, desaforados aumentos de precio en estas obras, precios que no siempre son ajenos a los intereses especulativos.
Es difícil delimitar estos dos mercados en términos de precios. Como ponente, de la lectura de los distintos informes y de las conversaciones y discusiones mantenidas con los representantes de los artistas y las galerías y salas de subasta, entiendo que el umbral de este mercado de demanda institucional y coleccionista se sitúa en obras cuyo precio oscila en la banda de los 50 a los 100.000 ecus. Además de discurrir en estos dos submercados, la compraventa de obras de arte tiene en la Unión Europea una peculiariedad que no podemos ni debemos obviar: Europa cuenta con una de las dos más importantes plazas en el comercio de las grandes obras de arte contemporáneo, Londres, y este es un patrimonio común de todos nosotros que, por ello, debemos entre todos preservar.
Debemos proteger los intereses legítimos de los artistas plásticos porque el reconocimiento de la creación, el establecimiento de derechos a favor de los autores es una de las características esenciales de la cultura europea. Europa considera que la creación merece un reconocimiento colectivo y esa, y no otra, es la razón de ser última de la propiedad intelectual. En el caso de las obras literarias, musicales o audiovisuales, el reconocimiento de los autores, el establecimiento de unos derechos específicos a su favor por razón de la creación, no suscita controversias en la Unión Europea, pero no sucede lo mismo con los artistas plásticos, por distintas razones que es imposible recordar en esta intervención. No obstante, me gustaría dejar constancia de que en el marco de la construcción jurídica de los derechos de autor, el derecho de participación se revela como una suerte de derecho de devolución a los autores de obras plásticas, derecho referido a un valor que sin duda existía inicialmente en la obra, pero cuyo reconocimiento por la colectividad se produce progresivamente.
Pero además de los artistas, nos corresponde la responsabilidad de proteger asimismo los intereses de los comerciantes, recordando por último que sin unos y otros no existe mercado, y que no se puede afectar al núcleo esencial de los intereses de los comerciantes sin que ello repercuta negativamente en los artistas.
Corresponde ahora abordar la justificación misma de la acción comunitaria en los términos concretos de la necesidad de armonización. A este respecto, además de las razones jurídicas expresadas que abogan por esta iniciativa, la realidad difícil de soslayar es que la disparidad de los ordenamientos jurídicos nacionales respecto al derecho de participación en particular, que no existe en cuatro Estados miembros, produce distorsiones en el mercado interior. Al margen de otras consideraciones, entre ellas las que figuran en el estudio aportado por la Comisión, esta afirmación queda avalada, mal que les pese, por los mismos argumentos que esgrimen quienes defienden que la Comisión no debe actuar. En efecto, quienes esgrimen que la introducción de un derecho de participación produciría una deslocalización de las ventas hacia plazas fuera de la Unión Europea no pueden soslayar que ese mismo razonamiento, aplicado en el interior de la Unión Europea, dará como resultado que las plazas que no tienen derecho de participación atraerán las compraventas en detrimento de aquéllas localizadas en los Estados miembros que sí regulan este derecho.
Resumiendo esta parte general: el enfoque general de la ponente frente a las cuestiones planteadas, que coincide prácticamente con la solución adoptada por 20 votos a favor y 3 abstenciones por la Comisión de Asuntos Jurídicos, tras largos debates y audiencia de los distintos grupos de interés, es que la iniciativa de la Comisión es legítima y está perfectamente fundada en el texto de los tratados. Dicho de otra manera, la ponente, como la Comisión de Asuntos Jurídicos, entiende que la directiva está justificada, es necesaria y comparte los grandes principios que la informan. Únicamente marca un diferente énfasis a la hora de valorar la necesidad de sopesar los legítimos intereses que concurren en el mercado para que la regulación comunitaria no resulte en una merma de competitividad.
Me permitiré una última reflexión general antes de abordar brevemente el articulado de la propuesta de directiva. Como ponente, soy contraria a la inclusión en el articulado de un precepto que vincule la entrada en vigor de la directiva a la realización por la Comisión de una ficha de impacto, de un estudio económico de las repercusiones en el mercado de esta medida. Y ello no sólo porque, tras los múltiples debates, considero que no existen datos fiables para efectuar un estudio de estas características más allá de lo ya realizado por la Comisión, sino también por coherencia con la función que, como colegisladora, a esta Asamblea corresponde. Tal enmienda sería contraria en mi opinión a la responsabilidad que hoy nos corresponde de acuerdo con los tratados. En relación con el articulado de la propuesta de directiva, como ponente comparto el criterio de la Comisión, respaldada por cierto por la Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto a la duración del derecho de participación, y también respecto a la delimitación de los titulares del derecho. Este último aspecto, por controvertido, quisiera aclararlo. Es un problema de subsidiariedad, pues la determinación de los derechohabientes corresponde a los Estados miembros y las instituciones comunitarias carecen de base jurídica, de acuerdo con los tratados, para limitar este derecho a los herederos legítimos. Por último también coincidimos con la Comisión respecto del umbral de aplicación que contempla el artículo 3.
La ponente, que coincide en todos estos aspectos con la Comisión, se aparta sin embargo de los criterios de la Comisión en algunos puntos fundamentales, entre los que destaca la exclusión de los manuscritos del ámbito de aplicación de la directiva, las matizaciones aportadas al criterio de originalidad, la exención de lo que se denomina, en la jerga profesional, »ventas promocionales», pero sobre todo la ponente pide encarecidamente la reflexión de los miembros de esta Asamblea, así como de la propia Comisión, sobre el artículo 4, verdadero nudo gordiano de esta directiva. La ponente propugna la adopción de la enmienda nº 57, presentada por el Partido Popular Europeo, o la muy similar nº 21, original de la Comisión de Asuntos Jurídicos, como solución razonable que, respondiendo a los principios que constituyen la identidad de la cultura europea -esto es, la protección de la creación artística- y cumpliendo la finalidad de corregir las distorsiones en el seno del mercado único, mantendrá la competitividad de la Unión frente al mercado exterior.

Kerr
Señor Presidente, quisiera decir que nuestra comisión ha aprobado por unanimidad el principio del derecho de participación de los artistas. Es importante tener esto en cuenta. Por mi parte, he consultado ampliamente a organizaciones de artistas, galerías de arte y casas de subastas sobre este particular. Aunque, como posiblemente dirá el Sr. Cox, cuando intervenga más adelante en el debate, si lo que queremos es ayudar a los artistas, tal vez no deberíamos empezar por aquí, sino que deberíamos reconocer la realidad política de Europa: ocho Estados miembros tienen ya legislación, once la han aprobado y en el Consejo existe mayoría cualificada. El cometido del Parlamento en este caso es intentar modificar y alcanzar el mejor resultado posible, que es lo que espero que hayamos hecho con nuestro informe de la Comisión de Cultura. Espero que con la votación de mañana -en primera lectura, conviene recordar- el Parlamento establezca realmente una posición que más tarde podamos negociar con el Consejo y la Comisión para asegurarnos de que mejoramos la directiva y después analizaremos su repercusión en el mercado.
La enmienda del Sr. Cox pretende frustrar la principal finalidad de la directiva al proponer que llevemos a cabo un análisis de sus repercusiones antes de introducir la directiva. Me resulta difícil imaginarme cómo es posible hacer eso si no es utilizando algún modelo económico. No es más que una manera de retrasar las cosas. Si fuera sincero, así lo reconocería.
Los argumentos del Gobierno británico son bien conocidos, pero los argumentos del Gobierno británico son, en gran medida, los mismos que los de Sothebys y Christies. Quisiera señalar que Sothebys ha sido hallada recientemente culpable de contrabando internacional de arte a gran escala. Por consiguiente, quizá su palabra no tenga demasiado valor. Además, las mencionadas casas de subastas son propiedad de un multimillonario norteamericano, por lo que hay que cuestionarse también su naturaleza europea. Conviene señalar asimismo que las principales casas de subastas tienen filiales en Nueva York, Ginebra, Hong Kong, y que pueden vender sus cuadros allí donde obtengan mejores beneficios. Una vez más, debemos ser escépticos en este asunto.
La clave, a mi entender, es que los propios artistas están a favor; un cuarto de millón de artistas de Europa quieren esta directiva por diferentes razones, no siendo la menos importante de ellas, el deseo de recuperar parte de su patrimonio y conocer la naturaleza de su mercado. En el Parlamento debemos ponernos del lado de los artistas, y no de aquél de las casas de subastas.

Medina Ortega
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisión por esta iniciativa. Creo que había llegado el momento de que la Comisión armonizara el derecho de propiedad intelectual de los artistas sobre su obra, a través del derecho de participación.
Por parte nuestra, por parte del Parlamento, en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos trabajado con seriedad sobre esta propuesta de directiva, y la ponente, Sra. Palacio Vallelersundi, ha hecho un gran trabajo consiguiendo un grado muy amplio de aprobación. Creo que las veintitantas enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, y algunas más que han sido presentadas por el Grupo Socialista, van dirigidas a mejorar el texto presentado por la Comisión. Sobre todo, llamaría la atención sobre algunas de ellas, en particular la enmienda nº 4, que se refiere a los convenios internacionales. Está bien que armonicemos el Derecho comunitario, pero si armonizamos el Derecho comunitario y fuera de la Comunidad hay países que siguen sin dar a los autores su derecho de propiedad intelectual, nos encontraremos con casos de verdadera piratería. En un momento en que se está armonizando todo el Derecho comercial y de servicios, hay que tomar en consideración la conveniencia de elaborar un convenio internacional que suprima la referencia al Convenio de Berna -que contempla el derecho de participación como un derecho puramente facultativo-.
Quiero llamar la atención también a la Comisión sobre las enmiendas 2, 3 y 18 -así como sobre la enmienda 9, en parte- que definen lo que es el ámbito de aplicación del derecho de participación en cuanto a que no se extiende a los manuscritos, sino que se trata de un derecho de participación sobre una obra que tenga ciertas características de originalidad y que además esté dirigida a ser contemplada.
Se trata, por tanto, de una creación en la que ha habido una voluntad expresa de creación y por eso se protege el derecho de propiedad intelectual. En definitiva, señor Presidente, espero que las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y algunas de las enmiendas socialistas, que esperamos que sean aprobadas, cuenten con la aprobación de la Comisión, para el pase a la segunda fase de aprobación por el Consejo.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, distinguidos colegas, en primer lugar quisiera manifestar toda mi admiración a la ponente por la constancia y la paciencia que ha mostrado en la elaboración de este informe. Con este informe ha presentado un resultado muy equilibrado y objetivo. Habida cuenta de la discusión que ha tenido lugar últimamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos quisiera destacar una vez más que en el caso del derecho de participación se trata de un derecho de propiedad intelectual en favor del artista y no de un impuesto en favor de los Estados miembros. Esto me parece muy importante.
Luego la discusión ha girado, sobre todo, en torno a dos conjuntos de temas, en concreto, por un lado, en torno a la pregunta de si necesitamos, en absoluto, una armonización del derecho de participación y, en caso afirmativo, acerca de cómo habría que expresar este derecho de participación en porcentajes, especialmente, en cada una de los tramos de precio.
Sobre la primera pregunta: ¿necesitamos una armonización del derecho de participación? A esta pregunta hay que responder claramente en sentido afirmativo. El mercado interior europeo en el ámbito del arte se caracteriza por posiciones extremas. Tenemos Estados miembros en los que no existe ningún derecho de participación y otros en los que existe un derecho de participación del 5 %. Necesitamos esta armonización.
Los argumentos en contra son, sobre todo, los siguientes: el derecho de participación o la administración del derecho de participación absorbería el beneficio. Frente a esto hay que afirmar que esto se neutraliza con la equilibrada propuesta de la ponente, en concreto, la de comenzar a partir de un umbral de 1.000 ecus y, por otro lado, contra este argumento hay que afirmar que muchos sistemas de negocio en funcionamiento contradicen este argumento.
Otro argumento, que se aduce reiteradamente, que sostiene que el mercado del arte se desplazaría a Estados Unidos no es demostrable. En California existe ya el derecho de participación y en los Estados Unidos se están produciendo esfuerzos por implantar en todo el país el derecho de participación.
Si nos ocupamos de los tramos de precio, de los porcentajes del derecho de participación, encontramos grandes diferencias en los Estados miembros. Hemos discutido durante mucho tiempo acerca de dónde ha de trazarse un límite que esté objetivamente justificado y hemos llegado a la convicción de que un umbral a partir de los 1.000 ecus es un punto de partida que está objetivamente justificado, precisamente de cara a todos los contraargumentos, y que habría que mantener esta posición. El ámbito superior se adapta también a la realidad del mercado del arte y a los intereses de los artistas afectados.

Schaffner
Señor Presidente, esta propuesta de directiva trata de suprimir las disparidades jurídicas importantes entre los Estados, desde la ausencia del derecho de participación del Reino Unido y en Holanda hasta los tipos más altos de Portugal. Apoyándose en esta disparidad, la Comisión ha intentado una propuesta media olvidando que, en algunos Estados, el derecho de participación figura en los textos pero no tiene aplicación en los hechos, olvidando que en algunos países de la Unión no hay o ya no hay verdadero mercado del arte.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, bajo el impulso de la Sra. Palacio, ha intentado un enfoque más realista. En efecto, queda excluido privar al artista de un verdadero derecho de participación sobre su obra: dicho derecho de participación es una forma de hacer beneficiar al artista de la plusvalía que adquiere su obra en el transcurso del tiempo y asegurarle un nivel de protección adecuado y uniforme. Pero la realidad de las cifras es implacable: menos del 10 % de los derechos de participación benefician a los artistas todavía vivos. Además, lejos de favorecer a los jóvenes artistas, el derecho de participación tiene un efecto perverso. Es preciso reducir el precio que el posible comprador está dispuesto a pagar y, en cuanto a las obras de artistas contemporáneos que gozan ya de una cotización elevada, incita a los vendedores a desplazarse al extranjero. Hoy, van a Londres y a Ginebra, pero podemos temer que, una vez realizada la armonización en las actuales condiciones de la propuesta, que el mercado se desplace a Nueva York, suprimiendo así cualquier mercado del arte digno de tal nombre en la Unión. Así, no se alcanzaría el objetivo de protección social que se ha establecido el legislador europeo.
Así como me parece importante establecer un derecho de participación significativo para las obras de artistas principiantes o poco cotizados, pienso que el derecho de participación de los artistas internacionalmente reconocidos debe ser insignificante, rayando el cero, al ser irrisorio el coste de la deslocalización de la venta en relación con el derecho que podría percibirse. En este ámbito como en muchos otros, guardémonos de un exceso de celo, ya que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Thors
Señor Presidente, mi intención es que los jóvenes artistas tengan la oportunidad de trabajar en Europa. Yo quiero poder contemplar aquí el resultado de su trabajo. Me gustaría que tuviésemos un mercado de arte eficaz que ofreciera un rendimiento provechoso para el artista. Esto lo conseguiremos si tenemos una diversidad de galerías y comerciantes, y con la ayuda de unos comerciantes honestos.
Si existiesen unas disposiciones vinculantes a nivel internacional y el derecho de participación fuese válido en todos los países que hubiesen firmado el Convenio sobre los derechos de autor, nuestra situación sería diferente. Entonces estaríamos a favor de la Directiva, pero este no es el caso actualmente. Puedo asegurarle al Sr. Kerr que la experiencia de otros países que no son la Gran Bretaña también demuestra lo que sucede cuando se introduce el derecho de participación. Se ha introducido en mi país, y actualmente podemos comprobar que el comercio de obras de arte se produce cada vez en mayor medida en otros foros que los de los comerciantes honestos y las casas de subastas, es decir, se produce en el mercado negro, lo cual no es deseable.
Otra consecuencia del derecho de participación es que las galerías atraviesan tiempos cada vez más difíciles y les resulta más difícil funcionar, lo cual significa que han caído en picado los precios que podían satisfacer a los artistas jóvenes. Como ya hemos dicho, no son los artistas jóvenes los que se benefician, lo cual creo que ha expresado muy correctamente la Sra. Schaffner.
El Grupo Liberal respeta el principio de subsidiariedad, y este es otro motivo para que muchos de nosotros manifestemos nuestras críticas sobre la propuesta. Queremos examinar de un modo crítico si la propuesta de directiva nos llevará realmente a una mejora de los principios comunitarios, y si existen «disfunciones» en este mercado que exijan esta normativa.
No existen, pues, normas vinculantes a nivel internacional que nos obliguen a tener esta legislación. No creemos que la Comisión haya demostrado de un modo convincente que se necesite una directiva, o que la falta de esta nos pueda llevar a serias perturbaciones.
Me permito decir -aunque la Sra. Mosiek-Urbahn ha dicho que no se puede comparar a un impuesto- que aquellos que defienden que debería exigirse el derecho de participación en beneficio del mercado interno, también deberían exigir un impuesto sobre la renta único en la Unión. Por nuestra parte, suponemos que la Directiva no entrara en vigor hasta que la Comisión no haya elaborado y presentado un cálculo pormenorizado de las consecuencias del modo en que el mercado de las obras de arte funciona en realidad, y del modo en que funciona en relación con países terceros. Con este análisis espero además que podamos hacernos una idea de cómo hay que tratar la diversidad en el mercado del arte. La existencia de diversidad en los actores y de una verdadera competencia beneficia tanto al comprador como al artista. Asimismo, es evidente que la propuesta no va a traer mejoras a los artistas de los países donde ya existe el derecho de participación.

Sierra González
Señor Presidente, la falta de armonización legal, en materia de derechos de participación del artista en los beneficios que genera su obra, constituye hoy una causa de distorsión de la competencia que redunda en perjuicio del buen funcionamiento del mercado interior. Como un intento de poner fin a esta situación perversa, ha de entenderse esta propuesta de directiva que ya era hora que se abordara. Mediante la misma, la Comisión pretende regular las transacciones que darán lugar al pago, el umbral para la aplicación del derecho y el tipo de derecho de participación.
Estamos de acuerdo con la elección de las cuestiones que es necesario regular y también con el propósito genérico que inspira la directiva. De lo que no estamos convencidos es de que en la misma se conjuguen adecuadamente los requerimientos del mercado interior y la protección de las condiciones de vida y de trabajo de los creadores. ¿Por qué abrigamos estas dudas? Por la forma como se regulan los aspectos prácticos del ejercicio del derecho de participación. Estamos en desacuerdo con algunas de las medidas arbitradas para regular esto, tales como las cuantías del umbral mínimo y los porcentajes a recibir por los artistas en las transacciones que tengan lugar sobre su obra.
Respecto al primer aspecto, pensamos que el umbral mínimo es sumamente restrictivo, dado que si no se rebaja, quedan fuera del ejercicio del derecho de participación los artistas cuya obra menos conocida o valorada sea objeto de transacciones económicas modestas. Se consagraría así una exclusión que creemos deberá subsanarse mediante la rebaja de la cuantía del umbral mínimo para dar cabida al ejercicio del derecho de participación al mayor número de artistas. Por lo que concierne a los porcentajes, con las medidas arbitradas se pretende que el artista participe en los beneficios que reporta su obra. Por ello, parece de sentido común aumentar los porcentajes, para que se cumpla el papel redistributivo que se pretende conferir a las medidas arbitradas. De otro modo, la redistribución sería más simbólica que real. Por eso, defendemos las enmiendas en las que se propone que se aumenten los porcentajes. Por último, deseo señalar que el objetivo de la directiva no debe ser sólo de carácter económico, sino también de carácter cultural. Creemos que debe aspirar a reforzar la creación artística que ha constituido y constituye una de las señas de identidad de la cultura europea.

Ullmann
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, puesto que este proyecto de directiva ha estado sometido, en parte, a una acalorada crítica, quisiera referirme una vez más a los fundamentos jurídicos. No a los que se encuentran en el Tratado de la Unión pues la ponente los ha explicitado suficientemente esta noche. Me interesan más bien dos urgencias legislativas a las que pretende responder este proyecto.
La primera -aquí me sumo a mi predecesor en el uso de la palabra- es la eliminación de una distorsión del mercado que se debe a las desigualdades jurídicas que surgen a causa de los mercados que en virtud de la legislación nacional tienen una posición privilegiada porque no tienen que tomar en cuenta ningún derecho de participación. Sólo había una posibilidad de corregir esta situación anómala, en concreto, mediante la introducción de un derecho de participación en toda la Unión con todas las consecuencias que ello debe tener. Un espacio sin fronteras interiores debe ser también un espacio mercantil sin privilegios.
La otra cuestión de urgencia consiste en la desigualdad de trato de los artistas plásticos en comparación con la literatura y la música. Mientras los últimos están protegidos contra la coyuntura y las fluctuaciones del mercado por los derechos de autor, los artistas plásticos, mientras no disfrutan de un prestigio personal y de la influencia pertinente, están abandonados a las estrategias de comercialización del mercado del arte. En este punto el derecho de participación cumple la función de una compensación parcial y de un reconocimiento de un derecho que no se puede negar a los artistas.
Permítanme otra puntualización sobre la enmienda que he presentado con otros sobre el derecho de participación. La idea de la misma es, por un lado, la de seguir las propuestas de la Comisión y también, en la medida de lo posible, las sugerencias de las asociaciones de artistas. Para terminar, quiero dar las gracias a la Comisión por su valiente iniciativa, a la ponente por la resolución y la prudencia con que ha abordado el asunto, y también al ponente de la opinión de la Comisión de Cultura por su aportación.

Krarup
Esta propuesta sobre el derecho de participación transmite un mensaje político superior, y se trata sencillamente de la necesidad insaciable de expansión de la Unión Europea a costa de las democracias nacionales o, para decirlo en el lenguaje comunitario: la propuesta viola tanto el principio de subsidiariedad como el principio de proporcionalidad.
El tema del debate y la base de la propuesta, su razón de ser, es el miedo a la distorsión de la competencia, debido a que en algunos países existe el derecho de participación y en otros no. Sin embargo, los estudios existentes demuestran que el derecho de participación no influye en el precio de venta en el país donde la venta se realiza, si el precio de venta de la obra de arte está por debajo de 50.000 ecus. En el caso de las obras de arte menos valiosas, sencillamente no compensa venderlas en otro país para evitar el derecho de participación, debido a los gastos de transporte y de seguro. Según un estudio de los precios de venta de las obras de arte, el 95 % de las obras de arte obtienen precios inferiores a los 20.000 ecus, o sea, 25.000 dólares. En otras palabras, los esfuerzos de armonización, que son el fundamento de esta propuesta, conciernen a menos del 5 %, probablemente sólo al 2 % o al 3 % del total de las ventas. En esencia, el derecho de participación es un asunto nacional, y ha de seguir siéndolo.
Para los artistas de los países nórdicos, donde el derecho de participación existe -en el caso de Dinamarca existe desde hace varios años-, la propuesta significa sencillamente un retroceso importante. En una declaración, los artistas han protestado contra la propuesta y contra ese retroceso, como también mencionará Marianne Eriksson en su intervención.
A título personal y en nombre de mi Grupo apoyo la enmienda del Sr. Cox, acerca de la realización de un estudio riguroso sobre la necesidad de introducir el derecho de participación, y sobre todo la enmienda nº 40.

Cot
Señor Presidente, deseo rendir homenaje a la Comisión que ha presentado este proyecto necesario y sobre todo a la Sra. Palacio que se ha volcado mucho en este asunto y ha dado muestras de cualidades notables, aun cuando su labor ha sido a veces ingrata.
Creo que nuestra comisión ha hecho un trabajo profundo. Ha procedido a audiciones, a consultas y a largos debates. Las conclusiones que he sacado son las siguientes:
En primer lugar, es preciso armonizar el derecho de participación. Dicho derecho existe en algunos Estados; no existe en otros. Esta situación falsea el mercado interior. Es importante que el resultado de nuestras deliberaciones sea un acuerdo sobre el principio del derecho de participación, aun cuando el tipo puede ser modesto, incluso mínimo para el tipo inferior.
En segundo lugar, es preciso reconocer la necesidad de la remuneración legítima de los artistas, en particular, de los artistas jóvenes, para obras de arte que no son de una importancia financiera considerable.
En tercer lugar, no tenemos derecho a desconocer la globalización del mercado del arte y de los efectos de la deslocalización, hoy hacia Londres, y mañana hacia Nueva York, Tokio o algún otro lugar.
El Grupo Socialista ha tenido en cuenta estos elementos, lo que le ha llevado a proponer un amplio abanico de tipos, que van desde el 5 % para las obras modestas para asegurar una remuneración adecuada de los artistas jóvenes o de las obras de arte de carácter poco comercial, hasta el 1 % para las obras más importantes. Preciso que este tipo del 1 % no se ha aceptado, pero tampoco se ha impugnado en su principio, señor Kerr, por los representantes de las grandes casas británicas que usted ha citado y que estaban presentes en nuestra audición. Por consiguiente, pensamos que hace falta una gran diferencia por lo que respecta a los tipos. Asimismo, por lo que respecta a los umbrales, pensamos que es preciso partir de 500 ecus para llegar hasta 250.000 ecus, es decir, ampliar ligeramente el abanico propuesto por la Comisión.
Compruebo que hay una dificultad de acuerdo -incluido en mi grupo- debida a la diversidad de las tradiciones y de los intereses. Planteo la pregunta que en un momento debemos hacernos: ¿queremos o no queremos una directiva? Por mi parte, deseo que se pronuncie una mayoría sustancial sobre las propuestas presentadas. De lo contrario, temo que dejando que las cosas transcurran por sí solas se produzcan deslocalizaciones agravadas, en detrimento de los artistas, como del conjunto de los intermediarios y de los actores del mercado del arte de Europa.

McIntosh
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por la labor que ha realizado. El hecho de que yo esté en desacuerdo con ella no resta en absoluto el gran esfuerzo que ha dedicado a este informe. Mi punto de partida es sencillamente que el artículo 108 del Tratado es un fundamento equivocado. No es una medida de armonización. Es más, no se ha demostrado que se trate de armonización. Si el objetivo fuera la armonización, tanto la directiva de la Comisión como el informe Palacio Vallelersundi fracasarían en su intento.
El efecto real de una medida como la que tenemos delante esta noche será, a todas luces, alejar por completo de Europa este negocio del arte para ponerlo en los brazos acogedores de Suiza y de Nueva York. En cualquier caso, como ha dicho el Sr. Krarup, estas propuestas adolecen de falta de proporcionalidad. Quisiera recordar a la Asamblea que si contemplamos solamente el mercado francés, el 75 % del droit de suite recaudado va a parar a tan sólo seis familias. En mi opinión es evidente que habría que aplicar aquí el principio de subsidiaridad.
Deseo llamar la atención de la Comisión y de la Asamblea sobre el hecho de que los gobiernos de tres Estados miembros están claramente en contra de que se aplique esta directiva. Dichos Estados son Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. Existen varias razones para ello: el principio de subsidiaridad al que ya me he referido; el hecho de que, sencillamente, en este caso no está justificada la armonización; y en tercer lugar, que no existen pruebas convincentes de que la ausencia de este derecho en algunos Estados miembros y la diferencia entre otros Estados miembros entorpece el comercio. El derecho de participación de los artistas debe dejarse al Derecho nacional.
Añadiré también que la principal convención internacional sobre los derechos de autor -la Convención de Berna-, que todos los Estados miembros han suscrito, reconoce la libertad de que se aplique o no este derecho. Hay que respetar esa libertad. Los costes y el riesgo que conlleva sobrepasan en mucho cualquier ventaja concebible. Antes de que las presentes propuestas y el informe de la Sra. Palacio Vallelersundi entren en vigor, la Comisión debe llevar a cabo y presentar una evaluación completa de la repercusión que tendría sobre el mercado de la venta de obras de arte tanto en la Unión Europea como entre la Unión Europea y terceros países. El Consejo debería examinar este informe y el Parlamento Europeo debería ser consultado al respecto.
Quisiera hacer un pronóstico. Si se aprueba esta directiva y las enmiendas presentadas en el informe Palacio Vallelersundi, el resultado será una pérdida clara para la Unión Europea -una pérdida de beneficios y de puestos de trabajo para la Unión Europea. Sencillamente no podemos permitir que eso suceda. Por ello, en palabras del Sr. Kerr, termino diciendo: Dejemos que sea el mercado el que decida y dejemos al mercado en paz. Al igual que el anterior orador, recomiendo a la Asamblea las enmiendas presentadas por el Sr. Cox, especialmente la enmienda 40. Debemos dar nuestro voto favorable a dichas enmiendas y votar en contra de las que ha presentado la Sra. Palacio Vallelersundi y otros colegas e incluso del informe de la Comisión.
Existe un enorme potencial de pérdida de puestos de trabajo y un enorme potencial de pérdida de ingresos para todos los Estados miembros, y lamento que a pesar de que el Sr. Kerr ha dicho que ha llevado a cabo una consulta muy amplia, en realidad no fue a todas las galerías de arte del Reino Unido de manera que éstas pudieran beneficiarse de su intervención esta noche.

Ryynänen
Señor Presidente, creo que es indiscutible que la situación actual de la los derechos de participación de obras de arte es insatisfactoria y que distorsiona la competencia en los mercados de arte moderno. Sin embargo, el mayor problema reside en la desigualdad de condiciones con que se enfrentan los artistas dependiendo del estado de la legislación del país en que se venden sus obras. Otro factor de desigualdad es la situación en que se encuentran los artistas plásticos en comparación con los representantes del resto de las artes creativas, cuyos derechos de autor por el sucesivo uso de sus obras están garantizados en todas partes.
Durante el examen de la directiva se han escuchado criticas justificadas en contra del denominado umbral. Existe indudablemente el riesgo de que los únicos que se beneficien del derecho de participación en cuestión sean aquellos artistas que gozan ya de una posición consolidada o sus herederos. Por tal motivo, apoyo la reducción del umbral a 500 ecus propuesta en la Opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. Igualmente respaldo un mayor grado de compensación en el tramo de precios más bajo, ya que esta medida apoyaría e incentivaría a los jóvenes artistas que comienzan ahora sus carreras.
Se debe fomentar una menor regulación y la aplicación del principio de subsidiariedad siempre que esté justificado y que sea posible. Sin embargo, los argumentos en favor de la armonización de los derechos de participación se basan precisamente en la igualdad de trato a los artistas, si bien dicha armonización se debe llevar a la práctica de modo que apoye a este colectivo y al mundo de la cultura.

Eriksson
Señor Presidente, no puedo felicitar a la autora del informe, a pesar de que comprendo que le ha causado muchos y arduos trabajos. En nuestra opinión, esta propuesta de directiva contiene unas disposiciones que son más amplias de lo necesario para conseguir lo que se establece como objetivo.
Si se adopta esta directiva, no sólo se verán obligados a modificar su legislación actual los tres países nórdicos miembros, Suecia, Finlandia y Dinamarca, sino también Noruega e Islandia. La Directiva significa un claro empeoramiento de los derechos de que disfrutan los artistas nórdicos de estos cinco países con la legislación nacional actual.
La Directiva no tiene en cuenta, en su redacción actual, a los pequeños mercados nacionales. Se ha elaborado sin tener en consideración la situación de los países nórdicos. Si se aprueba la Directiva en su forma actual, esto significaría que en Suecia los artistas activos se verían en gran medida privados de compensaciones, y esto beneficiaría a los artistas extranjeros famosos. Se reduciría a la mitad el volúmen total de compensaciones y aumentarían significativamente los gastos administrativos. Puesto que mi tiempo de uso de la palabra es breve, remito a mis enmiendas y lamentablemente, como decimos en Suecia, les doy trabajo de corrección a la Comisión y a la Comisión parlamentaria.

Barzanti
Señor Presidente, las políticas a favor de la cultura de la Unión Europea no avanzan: no pasan por un buen momento, por no decir algo peor; no existe suficiente voluntad para promoverlas, no se les dedican bastantes recursos para llevarlas a cabo. Por lo tanto, es decisivo que al menos el marco legal, necesario para un auténtico mercado único, tenga debidamente en cuenta el carácter peculiar de las obras de arte -en este caso, de las obras de arte plástico- y apoye correctamente la creatividad en cada uno de sus aspectos.
Nuestro apoyo convencido a la ampliación, a la armonización equilibrada, a la aplicación efectiva del derecho de participación procede, por otra parte, de una línea política que siempre hemos pedido con energía. El bonito informe de Ana Palacio registra los resultados del intenso debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos y expresa plenamente la opinión positiva, a la que me asocio, para la propuesta que, con valentía, la Comisión, el Comisario, ha presentado. Es justo reconocer un derecho -no se trata de un regalo- a los que dan vida a obras por las que a menudo obtienen una remuneración inicial muy alejada de las cotizaciones sucesivas. Por lo tanto, los frutos también concretos de su éxito no deben reducirse a una ganancia exclusiva, que prevalece en gran medida, de los marchantes y de las grandes galerías, sino también, según una modulación oportuna, de los protagonistas fundamentales, de los talentos jóvenes y menos jóvenes. Por consiguiente, nosotros confiamos en una votación y en un consenso bastante amplio de nuestro Parlamento, y estamos a favor, en particular, de las enmiendas núms. 53, 54 y 55, que son relevantes. Lucharemos para que sean derrotadas las argumentaciones engañosas que, de todos modos, tratarán de impedir una directiva esperada desde hace tiempo, necesaria, útil para que una parte significativa del mercado se rija prestando atención a las razones de bienes originales, únicos, que no se pueden reproducir, esenciales para transmitir las representaciones imaginarias y las tradiciones de la Europa que más amamos.

Casini C.
Señor Presidente, también yo me uno a las felicitaciones a la colega Palacio, felicitaciones no sólo de forma sino de fondo, ya que comparto totalmente el informe que se ha presentado, y espero también yo, del mismo modo que el colega Barzanti, que encuentre un amplio consenso en este Parlamento.
Creo que ya ha sido todo dicho, en particular por la colega Palacio, y, por consiguiente, me limitaré a una única observación. En definitiva, el conflicto no me parece que esté en los detalles, ni en el umbral ni en los porcentajes: el conflicto está en derecho de participación sí o derecho de participación no. Y por lo tanto, como oigo también hablar de mercado, de competencia, de un posible desplazamiento de áreas de venta del continente europeo al continente americano, creo que debo decir que antes de todo eso hay un problema de justicia. Aquí estamos hablando de propiedad intelectual, es decir, de propiedad de un bien impalpable, imponderable: la idea. Y la idea del artista en las artes figurativas tiene una característica especial: es una idea que no se puede clonar, por utilizar un lenguaje de moda. La idea del autor de una novela, en cierto sentido, se puede clonar porque se pueden hacer cientos y miles y cientos de miles de libros que circulan. También la obra musical se encuentra más o menos en estas condiciones; en cambio, el arte figurativo produce un único ejemplar. La idea sigue siendo esa, y el propietario, el titular de la propiedad intelectual, sigue siendo siempre el mismo porque la idea no se puede vender. Entonces se plantea un problema de utilización de esa idea, que, por otra parte, presenta ciertamente dos características distintas, si, por ejemplo, queremos insistir en esa comparación con el novelista. La venta inicial del libro tiene muchos costes de producción y un porcentaje va al autor del libro, mientras que, en cambio, el autor del arte figurativo vende la primera vez su obra y todo el precio esencialmente va a él. Pero mientras en la fase siguiente la venta de una gran cantidad de libros permite tener ventajas ulteriores en términos de valor, por lo que respecta a la obra de arte su valor necesita que pase de mano en mano, la obra necesita ser conocida, hacerse ver, es decir, es precisamente el original el que debe circular, y el valor está vinculado a esa circulación. Por consiguiente, me parece que es un elemental deber de justicia dar al propietario de la idea, es decir, al artista, una ventaja económica correspondiente, que es exactamente lo que expresa el derecho de participación.
Creo que no se puede pedir que se quite al artista, más allá del porcentaje de los umbrales, este derecho suyo. En cuanto a algunas objeciones de detalle que se han hecho, no me detendré porque me parecen de menor importancia: lo esencial es lo que he explicado, y creo que es un argumento fundamental para aprobar el informe de la Sra. Palacio.

Gebhardt
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar expresamente las gracias a la Comisión por esta iniciativa. Creo que es muy importante lo que está sucediendo. La directiva es muy importante. La disparidad de las regulaciones en la Unión Europea obstaculiza el mercado interior y la igualdad de trato de los artistas en la Unión Europea. Es absolutamente injusto que un inglés que vende una obra en Alemania o en Portugal reciba un derecho de participación y que un portugués o un alemán no reciba este derecho de participación si vende una obra allí. Esta injusticia debe ser eliminada, precisamente en este ámbito tan sensible.
¿De qué se trata realmente? De una participación de los artistas en la sucesiva reventa de sus obras. Esto no es pedir demasiado si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la República Federal de Alemania la renta de los artistas asciende aproximadamente a 2.000 marcos. Con esto no se puede vivir. El mercado es muy duro para los artistas, las condiciones del mercado también. La mitad del precio de venta va al galerista o al marchante y no es pedir demasiado que estos marchantes o galeristas entreguen también una parte del beneficio cuando revendan estas obras.
A este respecto juega un papel especialmente importante que la aportación sea alta precisamente en favor de los artistas jóvenes que no son aún muy conocidos y que todavía no tienen muchas posibilidades. Por esta razón, para nosotros, los socialistas y socialdemócratas, es tan importante que precisamente en el tramo más bajo se instaure la regulación del 5 % de derecho de participación. A esto le damos mucha importancia y también a que este tramo comience ya en los 500 ecus.
Hay otro problema también en la enmienda 57. Son estos reducidos tramos de precio que están previstos. En realidad son sólo pocas las obras de que se trata, y los commissaires priseurs franceses nos han calculado que anualmente no se venden más de 120 obras por encima de 250.000 ecus. Por consiguiente, esto significa que en general no se trata de las grandes sumas de dinero, pero para los artistas individuales se trata de mucho dinero. Considero también muy buena la propuesta de la Comisión. En el caso de una obra que cuesta 110.000 ecus, el artista recibiría a tenor de lo que la Comisión o nosotros mismos proponemos 3.300 ecus; en la propuesta Palacio serían 1.100 ecus. ¿Es justo esto? ¿Creen ustedes que por 3.300 ecus van a irse las obras a los EE.UU. si se tiene en cuenta lo que cuestan los seguros y el transporte? Apenas lo creo. Por esta razón, quisiera pedir que se apruebe esta regulación generosa y que no se deriven demasiados perjuicios para los artistas alemanes que en realidad están acostumbrados a recibir siempre el 5 %.

Vaz da Silva
Señor Presidente, los derechos de autor son un sector en el que la subsidiariedad obliga -y no digo «consiente», digo «obliga»- a la intervención comunitaria. Sólo su armonización permitirá la circulación de la obra artística en todas sus formas. Me refiero tanto a la obra única, original, caso de las artes plásticas, que hoy nos ocupa, como a la obra reproducida, casos del libro, del disco y de los productos audiovisuales. Ahora bien, no debemos olvidar que el sector multimedios brinda nuevas perspectivas de multiplicación a las propias obras plásticas. El derecho de participación es particularmente importante en el caso de los artistas plásticos, que son, de entre los creadores, los más desprotegidos al respecto por el carácter único e irreproducible de sus obras.
El informe Palacio Vallelersundi es un trabajo serio y equilibrado, porque procura conciliar los intereses divergentes enfrentados: los de los marchands y los de los artistas. El Convenio de Berna da libertad a los Estados miembros para adoptar ese derecho. Así, aunque sea un derecho reconocido por once Estados miembros, en la práctica casi todos lo aplican deficientemente. El Reino Unido, que junto con los Estados Unidos concentra el ochenta por ciento del arte internacional, es uno de los cuatro que nunca han integrado ese derecho en su legislación.
Dos razones hacen urgente la armonización de las leyes en esta esfera. Primera: la realización plena del Mercado Interior, que exige condiciones iguales de compra y venta en todo el territorio comunitario, entre otras cosas para evitar que el mercado del arte huya a terceros países. Segunda -y no menos importante- la razón del reconocimiento del papel social de las artes como motor de desarrollo que debe plasmarse en la creación de medios de apoyo para los artistas. Como en Portugal la ley es ya mucho más exigente que la presente propuesta de directiva, he de subrayar la clara ventaja de considerar las siguientes enmiendas propuestas por la Comisión de Cultura y que expresan las preocupaciones unánimes de los artistas: bajar el límite mínimo de aplicación establecido en el artículo 3, modificar la lista de porcentajes decrecientes establecidos en el artículo 4, fomentar la gestión colectiva de ese derecho establecida en el artículo 6. Además, quisiera recordar, como ya he hecho en tantas ocasiones, que una vez más se demuestra la urgencia de modificar el artículo 128 para que pueda pasar a ser el fundamento de todos los textos con consecuencias culturales. Sólo de ese modo se dará coherencia y la necesaria horizontalidad a la política de cultura en la Unión.

Rothley
Señor Presidente, en primer lugar, mi enhorabuena cordial a la ponente. Ha realizado, como siempre, un excelente trabajo. Después de la lírica, pasemos a los hechos. Es maravillosamente sencillo tomar partido en favor de los artistas, de todo el derecho de participación sólo el 9 % va a parar a los artistas vivos. ¡El 9 %! El 91 % va a parar a propietarios, a herederos, pero el 9 % a los artistas vivos.
De esto no se habla. La Comisión tampoco habla de esto en sus propuestas. Por lo demás, las sociedades de comercialización obtienen también ganancias, en concreto, entre el 10 % y el 20 %, por esta razón se esfuerzan tanto. Los que menos perciben aquí son los artistas vivos. Esto se ve reforzado aún más por la propuesta de la Comisión. Está claro que debemos armonizar. Para pasar de la lírica a los hechos, quiero poner un ejemplo de cómo habría sido en la realidad en los últimos 25 años lo que ha propuesto la Comisión de Asuntos Jurídicos. Me gustaría hacer pública la fuente en la que me baso, pero esto demandaría ahora demasiado tiempo. Es un trabajo muy profundo.
Así, pues, se trata de 1970 y del mercado en Gran Bretaña: de obras de un valor superior a 100.000 ecus se vendieron allí 3.072 obras. En el mismo período de 1970 a 1996 se vendieron en los EE.UU. 3.630 obras. Esto significa que éste es un mercado muy estrecho, una competencia muy dura. Si hubiéramos tenido la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por no hablar de las fanáticas propuestas que van más allá de ésta, si sólo hubiéramos tenido la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, estas 3.072 obras de valor superior a 100.000 ecus habrían sobrecargado el mercado europeo con 1.033.856.359 ecus. ¿Y creéis en serio que esto no habría conducido a un desplazamiento del mercado? ¿Creéis todavía seriamente que con semejante sobrecarga del mercado se seguiría vendiendo activamente en Europa? Una idea así es descabellada. Os encargaréis de que en la Unión Europea no se venda ningún Picasso más, ningún van Gogh más, que no se venda nada, que no se hable más de arte en esta Unión Europea. Esta va a ser la consecuencia.

Mouskouri
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente y darle mi apoyo por su informe.
Considero que la armonización del derecho de participación en beneficio de los creadores en el marco de la Unión Europea es una iniciativa muy buena y justa. Lamentablemente, suscita reacciones fuertes. Estas reacciones a menudo se deben a que, por un lado, se desconoce la verdadera razón de ser de este derecho y, por otro lado, se teme un desplazamiento masivo de las ventas de obras de arte hacia países del extranjero en los que este derecho no se contempla.
La verdadera razón de ser de este derecho es paliar una injusticia que sufren determinados autores de obras de arte originales destinadas a ser contempladas. Estos no tienen la posibilidad, como otros creadores, de beneficiarse de los ingresos generados por los derechos de reproducción y repetida exhibición de su obra.
Debemos tomar conciencia de que el derecho de participación constituye realmente un derecho de autor y no un impuesto, como quieren demostrar sus detractores. Es un derecho que se cobra en beneficio del creador y no en favor de autoridad pública alguna. Además, la propia Convención de Berna, en su artículo 14, lo reconoce como tal.
En lo que se refiere al riesgo de un desplazamiento de las ventas hacia países que no reconocen este derecho, no parece demasiado grave. En realidad, la situación no tiene por que cambiar mucho, dado que los porcentajes decrecientes aplicados a los sucesivos tramos de precios de venta hace que las exportaciones resulten poco interesantes, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costes de transporte y de seguro. Hay que pensar, además, que la existencia o no del derecho de participación no es el factor determinante para el desplazamiento de las ventas, sino un factor entre otros. En lo que se refiere a Gran Bretaa, el riesgo de desplazamiento del mercado es limitado, puesto que lo que se busca allí es la experiencia de los profesionales del lugar y su tradicional pericia, sabiendo además que allí se encuentran garantías de calidad y de seguridad para las transacciones.
Una vez hechas estas observaciones, quiero insistir en que, para que la armonización propuesta cumpla su verdadero papel, hay que garantizar que los Estados miembros apliquen efectivamente el derecho de participación. Éste no es el caso en la actualidad.
Para concluir, quisiera subrayar que es imprescindible tener en cuenta la dimensión internacional del mercado de arte. Si la experiencia europea en este ámbito resulta positiva para el desarrollo del mercado de arte en general y para la promoción de nuevos artistas en particular, tendremos que avanzar hacia el establecimiento de este derecho con carácter obligatorio en todos los países, ya que, por el momento, la Convención de Berna prevé únicamente la posibilidad de que los Estados miembros lo introduzcan en su legislación.

Oddy
Señor Presidente, intervengo en nombre de los Laboristas británicos en el Parlamento Europeo. Deseo dejar claro que no estamos en contra de los artistas. Simplemente no estamos convencidos de que haya quedado demostrada la necesidad de esta propuesta concreta ni su utilidad real para los artistas. Nos preocupa que el mercado del arte pueda desplazarse a Nueva York y a Suiza. Nos preocupa la posible pérdida de puestos de trabajo. Nos preocupa la carga que esta medida supondría para las pequeñas y medianas empresas. Nos preocupa que las pequeñas tiendas de antigüedades y de arte que existen en las zonas turísticas pudieran verse en dificultades como resultado de esta propuesta.
Por consiguiente, mi Grupo apoyará la enmienda del Sr. Cox, en la que pide que se lleve a cabo un informe detallado sobre las repercusiones en el mercado del arte. Me preocupa especialmente que la Comisión no haya tenido plenamente en cuenta la definición de las artes plásticas ni hasta qué punto afectarán los efectos extraterritoriales a esta propuesta.
Mi Grupo no es partidario de que se reduzca el umbral a 500 ecus debido a la carga que ello supondría para las pequeñas y medianas empresas, ni tampoco de que se incrementen los porcentajes. Mi Grupo se abstendrá en la votación final por la sencilla razón de que no estamos convencidos de que la Comisión haya demostrado debidamente la conveniencia de una armonización en este ámbito.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, en nombre de la Comisión felicito a la Sra. Palacio y al Sr. Kerr por el profundo y tenaz trabajo que han realizado para presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación un informe tan exhaustivo sobre un problema decisivo para la consecución del mercado interior en el sector del arte. La propuesta de directiva, y las numerosas intervenciones lo han puesto claramente de manifiesto, está encaminada a eliminar las distorsiones de la competencia, mediante la generalización y la armonización del derecho de participación en todo el territorio comunitario, y a poner fin al trato discriminatorio que se dispensa a los autores de obras de arte modernas. El Ejecutivo concede, pues, gran importancia a esta iniciativa, que no es aislada, sino que está relacionada con otras medidas adoptadas por la Comisión para liberalizar el mercado del arte.
La Comisión puede aceptar casi todas las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. La única enmienda esencial que en la situación actual, por razones de principio, la Comisión piensa rechazar se refiere al nivel de los porcentajes de derecho de participación fijados en el artículo 4 de la propuesta de directiva. Además, la Comisión no puede aceptar otras enmiendas propuestas por diversos grupos políticos y por parlamentarios de manera individual, orientadas a modificar el umbral mínimo para la aplicación del derecho de participación, disminuyendo o aumentando los porcentajes aplicables y modificando los tramos de precio propuestos.
Lo mismo debe decirse por lo que se refiere a la propuesta de calcular el derecho de participación sobre la base del valor añadido, es decir, de la diferencia entre el precio de reventa y el importe abonado por la adquisición. Los pocos casos en los que ya se intentó en el pasado aplicar sistemas de este tipo, es decir, basados en el valor añadido, acabaron en un fracaso a causa de problemas prácticos.
Además, para la Comisión no es aceptable la decisión de no proceder a una armonización de las categorías de obras o de operaciones a las que se aplica el derecho de participación. Si se dejaran tales cuestiones a la discrecionalidad de los Estados miembros, se actuaría en sentido contrario a los objetivos del mercado interior en el sector del arte moderno. Quisiera precisar que, en general, las galerías de arte deberían estar sujetas al derecho de participación como cualquier otro profesional de la compraventa en el sector del arte del siglo XX. No se aceptará tampoco la propuesta de excepción a favor de las transacciones profesionales efectuadas en los tres años siguientes a la adquisición de la obra.
Lamento que, por cuestiones de Derecho constitucional, no sea posible, tras la muerte del artista, limitar a sus herederos legítimos la facultad de gozar del derecho de participación.
Por último, la Comisión tiene que rechazar varias enmiendas presentadas y encaminadas a incluir en un instrumento comunitario considerandos en los que se sostiene que no debería adoptarse el instrumento mismo.
Por lo que respecta a la enmienda nº 40, que impondría como condición para la entrada en vigor de la directiva una evaluación adicional, por parte de la Comisión, de la incidencia en el mercado de la reventa de obras de arte -evaluación convalidada por las otras instituciones comunitarias que participan en el proceso legislativo- debo destacar que eso no refleja correctamente el equilibrio institucional establecido en el Tratado de la Unión Europea.
Estoy convencido de que después se podrá ciertamente alcanzar un pleno consenso sobre la propuesta, que tome en consideración todos los posibles riesgos para el futuro mercado europeo del arte.
Doy las gracias una vez más por este debate que yo mismo he encontrado de gran interés, porque ha puesto de manifiesto tanto la complejidad de esta propuesta como el vacío que la propia propuesta tiende a colmar.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Masas y dimensiones de vehículos de motor
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0102/97), en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0632/96-00/0348(COD) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE (Ponente: Sr. Barton).

Barton
Señor Presidente, gracias por esa fascinante introducción a este informe. Hace algunos años nos propusimos alcanzar un acuerdo a nivel europeo sobre las masas y dimensiones de determinados vehículos de motor y sus remolques con el fin de hacer realidad la libre circulación y el mercado único y todas las ventajas que ello proporcionaría al ciudadano. Debemos observar que se ha avanzado mucho en todo este ámbito. Un claro acuerdo sobre este asunto habría completado el proceso, pero hasta el día de hoy se nos resiste la fase final.
Lamentablemente, el Consejo no ha podido presentar las medidas específicas que permitan completar por fin el proceso. Cuando han transcurrido cinco años desde nuestra primera lectura, tan sólo disponemos de una posición común sobre cómo deben proceder las autoridades nacionales a la hora de decidir sobre dichos límites, los valores máximos permitidos. Esperamos y confiamos que esta posición común termine conduciendo a unos resultados armonizados. Es lamentable que no podamos llegar aún a un acuerdo pleno.
Este informe tiene que reflejar esa realidad. De nada sirve que soñemos sobre estos asuntos. En este informe presentamos dos enmiendas «amigables». Exigen que cuando las autoridades nacionales utilicen este procedimiento presten mucha atención a los aspectos de la seguridad. Quisiera recordar a la Comisión y al Consejo las inquietudes que manifestó el Parlamento Europeo al respecto en la primera lectura, especialmente, en lo relativo a la utilización de remolques de hasta 750 kilos sin un sistema de frenado. Al Parlamento le preocupa realmente ese aspecto. No hemos presentado una enmienda porque el procedimiento dicta que la decisión se tomará a nivel nacional; al menos durante el período transitorio.
Espero sinceramente que el Consejo y la Comisión incluyan también nuestras enmiendas constructivas en este sentido. Ojalá que el Consejo y la Comisión comuniquen a la Asamblea que se revisará este asunto, y si este procedimiento no produce los resultados esperados en el plazo de dos años ni presenta indicios de éxito, esperamos que la Comisión presente nuevas propuestas para acelerar este proceso.
Algunos diputados escandinavos al Parlamento Europeo han manifestado su preocupación, con razón, a propósito de los vehículos especiales, en particular, del sector maderero. La pregunta que ellos plantean es si la armonización europea hará peligrar su derecho a utilizar sus vehículos especiales? La respuesta llana y simple de este Parlamento es que semejante peligro no existe. Independientemente del procedimiento que utilicemos para decidir las normas europeas, éstas no impedirán en absoluto que las autoridades nacionales aprueben el uso de los vehículos especiales que estimen oportunos. La única restricción es que dichos vehículos no tendrán derecho a la libre circulación para operar en el resto de Europa.
En conclusión, espero que podamos proceder con esta propuesta y que los ciudadanos puedan beneficiarse pronto de un mercado único seguro de vehículos de motor y sus remolques.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, quisiera dar las gracias al Sr. Barton por su excelente informe sobre la propuesta de directiva relativa a las masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y sus remolques. La Comisión está a favor de las dos enmiendas propuestas por el Sr. Barton, con algunas pequeñas modificaciones en su formulación.
Además, quisiera informar al Parlamento de que, si eso fuera necesario, la Comisión está dispuesta a examinar de nuevo, en el plazo de dos años, la situación en el sector de la seguridad de los vehículos. Quisiera también felicitar al Parlamento y darle las gracias por los trabajos relativos a esta directiva. Se trata de un paso importante hacia la armonización de las legislaciones de los Estados miembros respecto de la homologación de los vehículos y de sus remolques, con exclusión de los automóviles, en lo relativo a las masas y a las dimensiones. Existen todas las condiciones para que la propuesta sea adoptada y pueda así ser aplicada por los fabricantes antes de la entrada en vigor de la directiva, prevista a los veinticuatro meses de la adopción de la propuesta.
Espero vivamente que el Parlamento adopte la propuesta en segunda lectura, como usted, señor Barton, ha indicado.

Barton
Señor Presidente, estoy muy contento con la respuesta del Sr. Comisario. Espero que las modificaciones del texto a las que se ha referido no signifiquen que debamos someter este asunto al proceso de conciliación. Quisiera recordar al Sr. Comisario que hemos discutido este asunto previamente y que hemos enmendado el texto para intentar adaptarlo a los deseos de la Comisión. Estoy seguro de que la Comisión no tiene intención de que recurramos al procedimiento de conciliación. Si los cambios de redacción que usted parece considerar ahora necesarios pueden ser acordados sin recurrir a dicho procedimiento, por mí no hay ningún inconveniente. Si supone poner en marcha el proceso, le pediría a la Comisión que vuelva a considerarlo.

Monti
Leeré las modificaciones propuestas. Espero que el ponente coincida con la definición que me he tomado la libertad de utilizar, a saber, que son «de menor importancia». Nos gustaría que se modificara el considerando 6; permítame que lea las cuatro últimas líneas que en la versión actual dicen: »... y proseguir con la constante mejora de la seguridad, en particular con respecto a la utilización de determinadas categorías de vagones o remolques». Nos gustaría que dijera: »... y proseguir con la constante mejora de la seguridad, en particular con respecto a determinadas categorías de remolques». Con esta enmienda desaparecerían las palabras «la utilización de» y las palabras «vagones o». Espero que esta modificación pueda considerarse de menor importancia.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.27 horas)

