Reanudación del período de sesiones
La Presidenta
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 30 de noviembre de 2000.

Orden de los trabajos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del proyecto definitivo de orden del día según quedó establecido por la Conferencia de Presidentes el jueves 7 de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento.
En lo relativo al martes:

Barón Crespo
Señora Presidenta, en primer lugar permítame que exprese, a título personal -aunque creo que expreso la opinión de la mayoría de la Asamblea y no sólo de mi Grupo- que estoy absolutamente de acuerdo con la declaración que hizo usted en el momento de la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales. Creo que es de justicia señalar que para el Parlamento tiene valor constitucional y por ello la felicito.

En segundo lugar, señora Presidenta, yo le querría pedir que explicara a la Asamblea con la mayor claridad, dada la cantidad de informaciones contradictorias que se han acumulado a lo largo del día, cuál va a ser la estructura del debate con la Presidencia francesa en torno al Consejo Europeo de Niza y en qué términos se va a plantear la participación del Presidente en ejercicio del Consejo.
(Aplausos)

La Presidenta
Efectivamente, señor Barón Crespo, las noticias son contradictorias. Lo son más, como puede usted imaginar, por el hecho de que la Cumbre terminara avanzada la noche, cosa que nadie había previsto realmente.
Voy a intentar aclarar las cosas. A mí misma se me informó, antes de la Cumbre, de que el Presidente de la República estaría presente junto con el ministro de Asuntos Exteriores. Esto es lo que se me dijo, pero voy a pedir noticias más recientes y transmitiré su mensaje.

 Poettering
Señora Presidenta, quiero darle las gracias por estos esfuerzos que usted realiza. Hemos recibido la información - y quiero añadir enseguida que no puedo creerla, en absoluto - de que el Presidente del Consejo y Jefe del Estado francés va a comparecer aquí mañana solamente 30 minutos para hablar. Quizá escuche todavía a Romano Prodi, no lo sé, pero no escucharía ya la opinión de los presidentes de Grupo. Si esto sucediera, lo consideraría un procedimiento inaceptable y recibiría, sobre todo, la crítica de mi Grupo.
Celebro que los demás Grupos estén también de acuerdo. Espero que esta información sea falsa. No obstante, quiero rogarle que transmita al Presidente del Estado francés que es totalmente inaceptable acudir al Parlamento pronunciar meramente un discurso, despedirse a continuación y no escuchar a este Parlamento libremente elegido.
(Aplausos)

Cox
Señora Presidenta, coincido plenamente con estas observaciones. Le invito a transmitir a la Presidencia francesa la opinión de mi propio Grupo, en el sentido de que un proyecto de Tratado que merece la pena promover ha de ser un proyecto de tratado que merece la pena defender.

Barón Crespo
Señora Presidenta, se plantea una cuestión en relación con la posible presentación de una resolución sobre el Consejo Europeo de Niza. Mi Grupo entiende que la Conferencia de Presidentes no tomó ninguna decisión al respecto y que el debate será sin propuesta de resolución.
Querría que confirmara este extremo.

La Presidenta
¿No desean ustedes que haya resolución?

Barón Crespo
 No es un deseo del grupo socialista. En la Conferencia de Presidentes no hubo acuerdo. Por lo tanto, se decidió esperar y yo quisiera que se aclarase este punto.

La Presidenta
Hace usted bien, ya que, como sabe, excepcionalmente no pude asistir a la Conferencia de Presidentes, dado que me encontraba en el Consejo Europeo exactamente en el mismo momento.

 Poettering
Señora Presidenta, en parte, estuvimos en la misma sesión. Yo tampoco asistí a la Conferencia de Presidentes. Nos representó amablemente nuestro colega, Ingo Friedrich. Nuestra situación informativa es que hemos de decidir aquí acerca de si deseamos una resolución. Nuestro Grupo opina que ahora deberíamos tener un texto muy corto, ninguna posición definitiva, pero una breve valoración política, sin decir con carácter definitivo un sí o un no. En un momento posterior deberíamos emprender una consideración muy detallada, tanto más cuanto que ahora no disponemos aún de los textos. Es decir, en esta semana - ésta es la opinión de nuestro Grupo - un texto breve y no deberíamos desaprovechar la posibilidad de una opinión política. Tal es la posición de nuestro Grupo.

Lannoye
Señora Presidenta, soy consciente de la dificultad que tiene este Parlamento para manifestarse sobre la Cumbre de Niza, puesto que aún no disponemos de los textos. Por consiguiente, me parece que hay que excluir que podamos tener una postura meditada y argumentada. Dicho esto, con frecuencia se reprocha a este Parlamento que esté desfasado con respecto a la actualidad y me parecería una lástima que no dijésemos nada. Por ello comparto el punto de vista del Sr. Poettering: el jueves debiéramos votar una resolución breve, enviando un mensaje político tras la Cumbre.

Barón Crespo
Señora Presidenta, en el Consejo Europeo de Niza ha habido dos tipos de resoluciones que se refieren a temas que hemos tratado en el Parlamento, que son, por ejemplo, el estatuto de la sociedad anónima europea, la Agenda social, la seguridad marítima, las vacas locas. Todos son temas sobre los que el Consejo ha adoptado resoluciones que hemos conocido con suficiente tiempo y, además, que podemos valorar.
Pero, en este momento, ni mi Grupo ni ningún otro conoce los textos definitivos decididos por la Conferencia Intergubernamental y, teniendo en cuenta que no podemos juzgar sobre temas tan delicados, nosotros creemos que no debería presentarse una resolución sobre los resultados de la Conferencia a no ser que queramos expresar una primera reacción de mejor o peor humor y, por lo tanto, creemos que no es pertinente. Por otro lado, para hacer una resolución corta hay que conocer muy bien las cosas.
Por lo tanto, señora Presidenta, nosotros creemos que es prudente no presentar ninguna resolución y pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales que prepare un informe sobre el fondo de la cuestión, que pueda ser debatido en su momento con conocimiento de causa.

Wurtz
Señora Presidenta, nadie subestima la importancia y el alcance de esta Cumbre que, además, es la más larga de la historia de la Unión Europea. Esta es precisamente la razón de que nos veamos con dificultades: es una Cumbre importante y todo lo que digamos nos comprometerá.
Creo que sería una solución pobre y limitada el adoptar una resolución breve, tal como propone el Sr. Poettering, de forma un tanto precipitada. Me inclino entonces por un informe de la resolución en enero. Luego se podrá debatir cómo presentar la resolución, sobre la base de un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales o simplemente a nuestra propia iniciativa, pero yo me inclino por un informe de la resolución en enero.

Dell'Alba
Señora Presidenta, la Cumbre de Niza es especialmente importante. Está siendo objeto de comentarios que serán ampliamente difundidos por la prensa y sería bastante inconcebible que el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria precisamente el día después de la Cumbre, no dijera nada al respecto.
Por lo tanto le propongo, señora Presidenta, someter a votación las dos alternativas: hablar ya del Tratado de Niza, que no es lo mismo que la Cumbre, o bien encontrar la fórmula adecuada para remitir un examen a fondo al período de sesiones de enero. Hagamos lo que hagamos, votemos, y yo soy partidario de una resolución como han sugerido el Sr. Poettering, el Sr. Lannoye y otros.

Cox
Señora Presidenta, el balance de opinión de mi Grupo consiste en que no debemos manifestarnos mediante una resolución. Este criterio se debe, en parte, a que no hemos contado con suficientes oportunidades para poner de manifiesto nuestros argumentos, pero también a que estimamos que es un error afirmar que si no se celebra un debate en profundidad, el Parlamento no expresará su posición. A mi juicio, el Parlamento expondrá mañana sus argumentos con vehemencia, incluso si no se adopta una resolución. Por ello, no creo que quepa sostener que hayamos guardado silencio. Tengo la impresión de que la opinión será muy distinta cuando hayamos terminado.

Mombaur
Señora Presidenta, este Parlamento adopta decisiones urgentes sobre todos los problemas del mundo, sin embargo, cuando algo es realmente urgente, en concreto, tener una opinión acerca de la Conferencia de Niza, entonces nos demoramos. El que quiera, que entienda. Nuestros electores no van a entender esto.
Aquí se han aprobado ya resoluciones sin que los colegas hayan leído siquiera el texto. Sin duda, seremos capaces de celebrar debates parlamentarios sobre textos que están listos desde hace meses, cuyo contenido conocemos, de cuya trascendencia somos conscientes y cuya importancia histórica no ignoramos. Considero que nuestro deber es tener una opinión sobre esto ante los electores.
(Aplausos)

Brok
Señora Presidenta, sólo después de un fundamentado informe que ha de ser preparado por la Comisión de Asuntos Constitucionales podrá emitir el Parlamento Europeo su opinión definitiva, que es autovinculante y que constituye también un mensaje para otros parlamentos de los que sabemos que están aguardando a esta opinión. Por otro lado, los ciudadanos de Europa están aguardando a cuál va a ser nuestra opinión. Pero esta opinión no ha de contener un juicio, un sí o un no, sobre el Tratado, sino que deberíamos manifestar nuestra opinión en el sentido de una valoración crítica de los acontecimientos de Niza, de lo contrario nos alejamos de lo que es un evento político. Creo que debemos estar presentes en el proceso de discusión de la semana próxima y deberíamos manifestar nuestros argumentos críticos, o quizá también positivos, sin que este proceso llegue a cerrarse. Sólo éste es el camino acertado.
Creo que en este sentido las propuestas del Sr. Poettering y del Sr. Dell' Alba nos señalan el camino correcto que en gran medida responde a nuestra responsabilidad.

Napolitano
, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. (IT) Señora Presidenta, se ha hecho referencia a la que puede ser la tarea de la Comisión de Asuntos Constitucionales. He de hacer presente que la comisión se reunirá mañana por la tarde para tratar ante todo de entender claramente cuáles han sido las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental. Tendremos la posibilidad de dirigirnos al representante de la Comisión para que nos explique el texto del proyecto de Tratado del que, hasta ahora, no disponemos. Hace unos minutos hemos sabido que, al menos por el momento, dicho texto no está disponible: quizás lo esté en las próximas horas. Evidentemente, no me voy a pronunciar sobre las valoraciones políticas y los presidentes de los Grupos tendrán la ocasión de expresar, en su caso, sus posiciones por medio de resoluciones. Acto seguido, habrá que ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por valoraciones políticas. No me parece en absoluto sencillo.
En lo que concierne a las valoraciones de fondo, pongo sólo un ejemplo. La misma Sra. Presidenta sabe que hasta ayer por la noche había distintas versiones en cuanto a un punto fundamental, o sea, la extensión del voto por mayoría cualificada, así como en cuanto al reconocimiento del poder de codecisión del Parlamento. A lo largo de la noche se ha trabajado tanto en estos textos como en las cifras relativas al reparto de los votos en el Consejo y al reparto de los escaños en el Parlamento. Aunque solo sea en lo que respecta a la Comisión, necesitamos un plazo para conocer y para reflexionar.

Hänsch
Señora Presidenta, creo que en semejante cuestión y frente a una situación tan importante ante la que nos encontramos después de Niza el Parlamento no se debería escindir en la pregunta formal de "resolución sí o resolución no." Esta pregunta formal no es suficientemente importante . Es correcto que en esta semana, inmediatamente después del acontecimiento de Niza, deberíamos aclarar algo en este Parlamento. Se podría hacer esto de la forma que ha propuesto el Sr. Cox, es decir, en el debate. Pero la tradición de este Parlamento es tal que normalmente deseamos hacerlo en una resolución.
He escuchado muy bien lo que el Sr. Poettering, el Sr. Brok y otros han dicho; en todo ello se trata exclusivamente de emitir una primera opinión. No se trata de fijar la posición del Parlamento,...
(Aplausos)sino de decir que vamos a hacerlo tras una revisión a fondo llevada a cabo por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto va a tener lugar en el próximos mes o en los dos próximos meses. Entonces este Parlamento establecerá su posición, sí o no o quizá, como hacemos siempre. En este caso podría dar también mi conformidad en esta semana a semejante resolución, lo he acordado con el Presidente de mi Grupo. Creo que de esta forma podemos encontrar la necesaria unidad, si decimos que emitimos una opinión, pero reservándonos el análisis y la posición definitiva del Parlamento hasta después del informe de nuestra comisión.
(Aplausos)

La Presidenta
Gracias, señor Hänsch, por esta contribución constructiva.
(El Parlamento manifiesta su acuerdo sobre la propuesta)
En lo relativo al miércoles:
La Presidenta. Tengo una petición del grupo PPE-DE de que se aplace hasta el periodo de sesiones de enero el informe del Sr. de Roo sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental.
¿Quién desea intervenir para defender esta petición?

Fiori
Señora Presidenta, votamos el pasado 4 de diciembre. El informe es extraordinariamente complejo y, entre otras cosas, se aprobaron con una votación más bien controvertida la enmienda 10 y la enmienda 36. Consideramos que este informe necesita una mayor profundización, motivo por el cual pedimos que se debata y vote en enero.

La Presidenta
¿Hay alguien que desee intervenir en contra de esta petición?

Hautala
Señora Presidenta, quisiera pedir con insistencia que no se suprima del orden del día este informe del Sr. de Roo, ya que, además de estar muy bien elaborado, en el último Consejo de Medio Ambiente de la Presidencia francesa, que tendrá lugar el lunes y el martes de la próxima semana, está previsto preparar una posición común sobre esta materia. Sería una verdadera lástima que el Parlamento se ponga a frenar ahora este informe tan importante para los ciudadanos. Solamente hay 36 enmiendas, de manera que nos será posible aclararlas de forma sistemática.

(El Parlamento rechaza la petición)
La Presidenta. Tengo otra petición del grupo PPE-DE de que se aplace hasta el periodo de sesiones de enero la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Peijs sobre las entidades de crédito. Les recuerdo, no obstante, sin querer influir en su decisión, que el plazo de tres meses vence el 15 de diciembre.
¿Quién desea intervenir a favor de esta petición de aplazamiento?

von Wogau
Señora Presidenta, en las discusiones en la comisión hemos dado por supuesto que este debate tendrá lugar en enero. Se trata, efectivamente, de una segunda lectura. Actualmente están aún en curso conversaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, las cuales posiblemente hagan innecesario más tarde un procedimiento de conciliación. Por esta razón considero razonable que, llegado el caso, se amplíe el plazo y se debata el Informe Peijs en enero.

La Presidenta
¿Hay alguien que desee manifestarse en contra de esta petición de aplazamiento?
Puesto que no es el caso, la someto a votación.
(El Parlamento manifiesta su acuerdo)

McNally
Señora Presidenta, a la vista de esta decisión y dado que el Comisario Liikanen no podrá estar presente el martes pero sí podría hacerlo el miércoles, me pregunto si sería posible adelantar del jueves al miércoles el informe de la Sra. Gill sobre los contenidos digitales europeos con el objeto de llenar ese vacío. Le quedaría muy agradecida si atendiera esta solicitud.

La Presidenta
Puesto que parece haber un consenso acerca de esta propuesta, se llevará a cabo de este modo.
En lo relativo al viernes: La Presidenta. Tengo una petición del grupo PPE-DE para que se aplace al periodo de sesiones de enero el informe del Sr. Parish sobre la situación de los jóvenes agricultores.
¿Alguien de ese grupo desea defender esa propuesta?

Parish
Señora Presidenta, desearía que, si fuera posible, el informe se aplazase hasta enero de 2001, puesto que el Comisario Fischler no puede estar aquí por tener que reunir a las reuniones sobre asuntos pesqueros. Es muy importante para este informe que él esté presenta, ya que ha mostrado un gran interés por el mismo y estamos por completo en manos de la Comisión. Solicito al Parlamento que lo aplace hasta enero.

La Presidenta
Gracias, señor Parish.
(El Parlamento se muestra de acuerdo) Les recuerdo que este será nuestro último viernes de sesiones.
Queda así fijado nuestro orden del día.
  

Krivine
Señora Presidenta, durante la Cumbre de Niza, mientras se hablaba de la ampliación, el Gobierno francés impuso de alguna manera una limitación, al bloquear en Ventimiglia a 1.200 jóvenes italianos que deseaban participar en la manifestación sindical. Se trata de un atentado contra la libertad de circulación prevista por el Convenio de Schengen, y yo quisiera que usted interviniera ante el Gobierno francés para pedir explicaciones.
Creo, efectivamente, que se trata de una interpretación muy particular del Tratado de Schengen y que lo más probable es que, si hubiera sido un tren de banqueros o un tren que transportara harinas animales, el Gobierno francés habría sido sin duda más tolerante.

La Presidenta
Gracias, señor Krivine.
Comprobaremos bajo qué condiciones se produjo la prohibición.

Korakas
Señora Presidenta, en este momento hay 200 presos políticos en Turquía que están haciendo huelga de hambre hasta la muerte desde el día 20 de octubre, para protestar contra la política del Gobierno turco, que utiliza las celdas de aislamiento, las llamadas celdas "blancas" para acabar con la moral y la resistencia de los presos. Otros 800 presos se solidarizan con ellos haciendo también huelga de hambre. Huelga de hambre hacen igualmente sus madres. Están expresando solidaridad desde muchos países. Y quiero denunciar que hace pocos días, a uno de los que hacía huelga de hambre como muestra de solidaridad, lo asesinó en Rotterdam una fracción de los lobos grises. Señora Presidenta, le he dirigido una carta. Quisiera que el Parlamento, mediante usted, mediante su Presidencia, exprese su protesta hacia el Gobierno turco, para que ponga término a esta práctica, particularmente inhumana, y que no incomuniquen a los presos políticos.

La Presidenta
Gracias, señor Korakas.
Veré qué puedo hacer en ese sentido.

McKenna
Señora Presidenta, me permito solicitar su ayuda. Según una norma que rige en este Parlamento, está prohibido fumar en ciertos lugares, entre los que se cuenta la Cámara. Y dentro de muy poco tiempo vamos a debatir sobre todo el asunto del tabaco.
A mi llegada hoy he recibido el saludo de enormes bocanadas de humo, cortesía del Sr. Brok. Y esta no es la primera vez. En las reuniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en su condición de presidente, se sienta allí y fuma. Esto es inaceptable. Así invita a los demás a hacerlo. En la última reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores a la que asistí, otros miembros de la misma se pusieron también a fumar.
En beneficio de todos hay que respetar las normas, con independencia de la persona de que se trate. Es muy importante que se observen las normas sobre la prohibición de fumar, y ello incluye a los diputados. Resulta muy irrespetuosa la falta de observancia por estas personas. En esta Cámara hay algunos diputados a los que el humo del tabaco afecta directamente; por ejemplo, a la Sra. Lynne, cuyas quejas oímos a menudo.
Por favor, inste a los diputados -en particular al diputado que he mencionado- a no fumar en las zonas en que está prohibido.

La Presidenta
La comprendo perfectamente, señora McKenna, y velaré por que se respete el Reglamento.

Productos del tabaco
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0348/00) del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (9448/1/2000 - C5-0431/2000 - 1999/0244(COD))

Maaten
Señora Presidenta, es la segunda vez en este año que hablamos de esta directiva y, de nuevo, se han presentado muchas enmiendas. Naturalmente, esto no habría hecho falta si en junio el Consejo hubiera prestado un poco más de atención, o si hubiera prestado por lo menos algo de atención a nuestra primera lectura y a la propuesta modificada de la Comisión Europea que ya se acercaba mucho a lo que nosotros queríamos. Afortunadamente, desde entonces ha habido muchos esfuerzos - también gracias a la mediación de la Comisión - por parte de la presidencia entera y me parece que las posiciones se han ido aproximando. La disposición no está suspendida en el vacío; como indican las negociaciones para establecer un convenio marco sobre la lucha antitabáquica en la Organización Mundial de la Salud, hay una evolución en todo el mundo para lograr un progresivo control de lo que la Organización Mundial de la Salud denomina la epidemia del tabaco.
Señora Presidenta, ¿hasta qué punto hemos de avanzar y hasta qué punto podemos avanzar? He sido testigo de la preocupación que reinaba en nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos por las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre sobre la directiva relativa a la publicidad de los productos del tabaco y comparto la opinión de que sí hay consecuencias para esta directiva y también para la política comunitaria de la salud pública en general. Asimismo, me parece que los argumentos a favor de que haya una mayor implicación del Parlamento Europeo, o sea, que haya mayor transparencia y mejor control democrático, sólo se han visto reforzados. Era necesario que hubiera modificaciones en la directiva propuesta y ahora están presentadas. Sí lamento que nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos no haya podido colaborar de forma constructiva en el contenido. Me gustaría que el Comisario diera su punto de vista sobre la problemática de este fundamento jurídico. Me parece que es importante que nos presente su opinión al respecto. El fundamento político está claro: armonizar el mercado respetando un alto nivel de salud pública y de protección de los consumidores basándose tanto en la normativa existente como en la evolución de los conocimientos científicos.
El funcionamiento del mercado interior ha de ser reforzado. Por ejemplo por medio del reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas y la adopción de normas comunes. Y el que las cumpla, no debe estar luego sometido a todo tipo de requisitos complementarios que difieren de país en país. No se trata de iniciar ninguna cruzada contra los fumadores ni tampoco es una prohibición de fumar. Eso sería indeseable y, por cierto, inviable. Sí se trata de un reforzamiento de la responsabilidad individual y esperamos que contribuya a la lucha contra el tabaquismo de los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud en la Unión Europea hay 1.400 víctimas mortales al día a causa del tabaquismo. Eso es casi una por minuto. El 80% de los nuevos fumadores al año son menores de 18 años y en su gran mayoría son mujeres jóvenes que fuman sobre todo cigarrillos denominados light. Por ello, es importante que se llegue a una prohibición de estos descriptores engañosos. Hace falta que haya mayor control de este producto que está a la venta en cualquier rincón de la Unión Europea pero de cuyo contenido sabemos menos que de un bote de mermelada o de la receta de la Coca Cola. Con esta directiva por fin vamos a saber cuál es el contenido de los cigarrillos y el porqué. Y cuando nos hayamos enterado de todo esto, rápidamente tendremos que dar el paso siguiente que es la elaboración de una lista común de los ingredientes autorizados como existe ya de forma incompleta en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. Percibo ciertos titubeos al respecto en la Comisión y no los entiendo muy bien. Este Parlamento quisiera recibir la promesa de que dicha lista estará redactada antes de 2005, o en todo caso que se presentará antes de que termine la legislatura de esta Comisión. Asimismo, insistimos en que todos los Estados miembros faciliten la información necesaria a tiempo. Antes de esta fecha, debería ser posible prohibir los aditivos que favorecen la dependencia fisiológica. También es muy importante que se fijen los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono aunque cabe preguntarse si esto en el futuro repercutirá positivamente en la salud pública. La adicción a la nicotina es una materia muy compleja. Lo perjudicial está sobre todo en el alquitrán, el monóxido de carbono y los otros aditivos y lo que hace falta es disponer de más información sobre los aspectos perjudiciales, y quizás de los aspectos positivos, de esta adicción a la nicotina.
Es obvio que un producto poco saludable para los consumidores europeos también lo es para otros consumidores y, por lo tanto, no se debe exportarlo. Estoy a favor de buscar un periodo de carencia de esta normativa de unos tres años para que las empresas puedan adaptar su producción y marketing y para que no se desplace el empleo innecesariamente hacia fuera de la Unión Europea.
Además, me parece que las advertencias relativas a la salud han de mejorar. El Parlamento Europeo ha agradecido haber podido hacer uso de una investigación canadiense y creo que deberíamos avanzar en un plazo razonable en esa dirección. Ahora todavía no hay voluntad de hacerlo. Sin embargo, sí nos parece en todo caso que esas advertencias deben tener el mismo tamaño que en Polonia, donde ocupan un 30% de la superficie, y lamento que el Consejo no quiera llegar a más de un 25%.
Para terminar, señora Presidenta, espero que este Parlamento adopte las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, quiero abordar brevemente la cuestión de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-376/98 en la Directiva sobre fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, actualmente en fase de segunda lectura en este Parlamento.
En primer lugar, habida cuenta del claro objetivo de mercado interior de regular la libre circulación de los productos del tabaco en la Comunidad, el artículo 95 del Tratado constituye la base jurídica apropiada para esta propuesta de directiva. En segundo lugar, no hay duda alguna de que una mejor motivación de los efectos de esta normativa en el mercado interno redundará en su solidez. En particular, es necesario reforzar en los considerandos de la directiva la motivación de las disposiciones del artículo 3, relativas al contenido máximo autorizado en monóxido de carbono. Deberían reflejar mejor el modo en que están dirigidos a eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías o las distorsiones de la competencia.
Por último en relación con el artículo 3, permitir únicamente la fabricación en la Unión Europea de productos que cumplan los requisitos de esta directiva equivaldría a una prohibición de exportación de productos con niveles superiores de alquitrán, nicotina o monóxido de carbono. En consecuencia, el Parlamento Europeo ha propuesto añadir el artículo 133, relativo a la Política Comercial Común, al artículo 95 como base jurídica. La Comisión podría sumarse a esta solución, siempre que se incluyera un artículo específico en el texto legal que regulase explícitamente las exportaciones como tales. Este sería el caso, por ejemplo, de una enmienda relativa al período transitorio que deba aplicarse a las exportaciones de cigarrillos que no se ajusten al artículo 3 de la directiva.

Thyssen
Señor Presidente, cuando en materia de medidas de armonización tenemos que elegir entre la defensa de los intereses de la industria tabaquera o defender la salud pública, esa elección se hace de prisa, naturalmente defendemos la salud pública. Por consiguiente, nos queremos esforzar en la consecución de una reducción del límite del contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, vamos a optar por unas advertencias claras y llamativas y prohibiremos los descriptores engañosos. Además, optaremos por unas normas eficientes en determinadas cuestiones técnicas.
A pesar de este claro código de conducta tenemos que darnos cuenta de que somos un parlamento de una Unión que abandera los principios del estado de derecho y eso implica que hemos de reconocer los límites de nuestras competencias, que hemos de saber hasta dónde llegan los límites de la competencia que nos otorga el artículo 95, el fundamento jurídico que invocamos para esta nueva directiva sobre tabaco.
Si he leído bien la sentencia que anula la directiva relativa a la publicidad, habrá que investigar si hay un mercado europeo de productos del tabaco. Y habrá que investigar si hay, o si pueden surgir, realmente obstáculos para el funcionamiento del mercado interior. En tercer lugar, hay que estudiar si las disposiciones que queremos adoptar contribuirán efectivamente a la mejora del funcionamiento del mercado interior y si son proporcionadas en relación con el objetivo que estamos persiguiendo. En cuarto lugar, tenemos que estudiar si la adopción de las cuestiones de fondo nos conducirán a un alto grado de protección de la salud pública, porque el artículo 95 también nos lo exige.
A grandes rasgos, no veo ningún problema para adoptar esta directiva. Por lo tanto, estoy realmente muy satisfecha con la respuesta que se ha dado ya de antemano a una pregunta que teníamos también en nuestro Grupo Parlamentario, es decir, la respuesta del Comisario sobre cómo hemos de enfocar la propuesta de introducir directamente en esta directiva una prohibición de exportación de los productos que nosotros mismos no queremos. Si esto se puede arreglar de una manera jurídicamente definitiva añadiendo la referencia al fundamento jurídico del artículo 133 del Tratado, entonces creo que es una solución que deberíamos adoptar todos y espero que no nos encontremos a posteriori con la nulidad de los derechos.
En todo caso, si ahora o más adelante resulta que no se arregla el tema de la prohibición de la exportación, entonces sí hemos de esforzarnos en regularla después. Porque, por razones éticas, nadie en Europa puede aceptar que los productos que no son lo suficientemente buenos para nosotros mismos, que no queremos que consumamos los europeos, sí se puedan exportar sin más a, por ejemplo, los africanos. Esa posibilidad no debería existir. Por lo tanto, alguna vez tenemos que regularlo y esperemos que se pueda hacer ya.
Señor Presidente, para terminar quisiera decir lo siguiente. La Sra. Martens era la portavoz del Grupo Parlamentario del PPE. Tiene motivos muy justificados para llegar un poco tarde hoy y ella espera poder llegar a tiempo para poder hablar después de todos los oradores del PPE. De lo contrario, yo habré hablado también en su nombre.

Sacconi
Señor Presidente, la oportunidad que hoy se nos brinda de debatir y, por ende, de aprobar en segunda lectura el informe Maaten es una oportunidad importante, un banco de pruebas de la capacidad del Parlamento de responder a las expectativas de los ciudadanos que quieren instituciones capaces de tomar decisiones claras. Está en juego su calidad y concepto de vida, en las que la protección de la salud adquiere un peso muy relevante.
Desde este punto de vista, el trabajo realizado por la Comisión de Medio Ambiente, gracias sobre todo a la labor de nuestro ponente, es realmente notable. Hay algo que debe quedar claro: estamos sancionando una normativa marco para luchar contra el hábito de fumar que continúa siendo la causa más grave de muerte en la Unión Europea. Al menos por el momento, esto no es posible y yo mismo abrigaría muchas dudas si quisiéramos inspirarnos, más o menos larvadamente, en una ilusoria filosofía de tipo prohibicionista.
Armonizar las legislaciones nacionales en materia de fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco con el máximo nivel de protección de la salud, esto sí que lo podemos y debemos hacer. Tal como se ha recordado, los puntales de esta directiva son cuatro: limitación de los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono; prohibición de los calificativos de cigarrillos - calificados como lights, ultraligeros - universalmente reconocidos como engañosos; reglamentación uniforme y, en su caso, prohibición de los demás ingredientes y aditivos culpables con frecuencia de aumentar los riesgos para los fumadores y sobre todo de aumentar su dependencia; reforzamiento cuantitativo y cualitativo de las advertencias para informar sobre la gravedad del riesgo que se corre encendiendo un cigarrillo y tratar de disuadir a los jóvenes de entrar en este tipo de esclavitud psicofísica.
Al refundir las tres directivas anteriores, nos mantenemos, a todas luces, rigurosamente dentro de los límites de la mejora del funcionamiento del mercado interior sin renunciar, no obstante, a implementar una estrategia de reducción del daño y de contención de una verdadera plaga social y económicamente muy costosa, como es el tabaquismo.
En esta segunda lectura nuestras principales preocupaciones fueron sobre todo dos: la primera consistió en conciliar políticamente el objetivo de la defensa de la salud con el ya de por sí legítimo punto de vista de la producción y del empleo. Sirva de ejemplo la aplicación de los nuevos niveles de sustancias tóxicas también a los cigarrillos exportados por la Unión. Para defender este principio fundamental, por el momento hemos propuesto extender el fundamento jurídico también al artículo 133 del Tratado, pero ante todo hemos aplazado al 1 de enero de 2007 la fecha a partir de la que los Estados miembros estarán obligados a aplicarlo.
La segunda preocupación, de carácter fundamentalmente jurídico, nos ha llevado, por el contrario, a convertir en aún más estrecha la interdependencia entre la armonización del mercado y la protección de la salud y a seguir meticulosamente las indicaciones contenidas en los motivos por los cuales el Tribunal de Justicia ha anulado recientemente la directiva sobre la publicidad, motivos que sólo a través de una lectura instrumental pueden llevar a la conclusión de que ambos aspectos son incompatibles.
En consecuencia, hemos realizado un trabajo fructífero e importante, también porque las distancias respecto a la posición común del Consejo, pero aún más respecto a las reflexiones que se llevaron a cabo en esa sede después de la votación en la Comisión de Medio Ambiente, según hemos podido comprobar directamente, son tan limitadas que hacen vislumbrar la posibilidad concreta de un compromiso rápido y eficaz. Echar por tierra, como alguien propone, todo este trabajo y con él la posibilidad de lanzar un mensaje positivo a los ciudadanos es obviamente legítimo, pero al menos hay que tener el valor de hacerlo en nombre de un explícito motivo político y no atrincherándose en el respeto formal de los Tratados.
Hemos realizado todos los esfuerzos posibles en aras de la máxima unidad de este Parlamento para que el mismo pueda, como en otras ocasiones, encontrar la fuerza para mostrarse a los ciudadanos como un referente seguro e impermeable a los intereses particulares. De no ser así, las responsabilidades resultarán, a lo menos, claras y bien individualizadas.

Davies
Señor Presidente, tengo la firme convicción de que la gente tiene derecho a fumar, pero mi opinión personal es que debe hacerlo únicamente en la intimidad de su propio hogar. Esta regla puede igualmente aplicarse a todas las drogas de diversión pero peligrosas, si nadie más que el consumidor puede resultar afectado. En efecto, no hay nada más peligroso que el tabaco mezclado con nicotina y otros productos químicos para garantizar un alto grado de adicción y dependencia.
Corresponde a los Gobiernos garantizar que los ciudadanos tengan la información necesaria para tomar decisiones fundadas y para ejercer su libre albedrío. A principios de este año, el Gobierno canadiense decidió reforzar sus vías de comunicación con sus ciudadanos acerca de los productos del tabaco y vencer así la presión y los enormes intereses económicos de las tabaqueras mediante la exigencia de que los paquetes de cigarrillos lleven imágenes que describan algunos de los efectos del consumo de tabaco en la salud. Los diversos estudios elaborados han demostrado que dichas imágenes producen un efecto, a la hora de expresar las preocupaciones que suscita el consumo de tabaco y las consecuencias para la salud, considerablemente mayor que cualquier advertencia escrita.
Pido a los diputados del Parlamento que presten su apoyo a la enmienda que hemos presentado John Bowis en nombre del Grupo del PPE-DE, Catherine Stihler en nombre del Grupo Socialista y yo. Esta enmienda está dirigida a conceder a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea poderes reforzados para reproducir dichas imágenes en los paquetes de cigarrillos en sus propios países. Quiero resaltar que no insistimos en que deben imponerse estas imágenes en todos los países. Esta enmienda concede simplemente a los Estados miembros un derecho adicional a utilizarlas.
Que las personas elijan si quieren o no fumar. Asegurémonos por completo de que están informadas a la hora de tomar una decisión en un sentido o en otro.

Rod
Señor Presidente, señorías, 80 casos mortales de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob en Europa y la Unión Europea, su Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento deciden prohibir las harinas animales y la entrada de reses de más de treinta meses en la cadena alimentaria sin pruebas previas. Está bien, aunque llegue un poco tarde.
Cincuenta mil muertes al año desde hace decenas de años, muertes debidas a las consecuencias del empleo de una droga de efectos conocidos, que conocen los médicos, que conocen los servicios hospitalarios, sin tratamiento que no sea paliativo, y no se hace otra cosa que algunas tímidas campañas de información. Y cuando llega una directiva cuyo fin es regular la distribución de esta droga y la información sobre la misma -me estoy refiriendo al tabaco- se oye un clamor de indignación de algunos colegas. Pero, señorías, si realmente tuvieran conciencia del problema de salud relacionado con el tabaco, exigirían la prohibición de esta droga, del mismo modo que siguen apoyando la de otras sustancias que sin embargo ocasionan cuantitativamente muchas menos muertes. Ustedes son responsables de la salud de millones de ciudadanos, pero también de millares de muertes de jóvenes que no están suficientemente informados.
Recientemente en Estados Unidos se han ganado juicios contra las multinacionales del tabaco por envenenar y mentir sobre la ausencia de toxicidad de los productos. Ahora, en Francia, la Caja del Seguro de Enfermedad de Loire-Atlantique obtiene el derecho de demandar judicialmente a la industria tabaquera. Pero dentro de nada, al igual que en los casos de la sangre contaminada o de la enfermedad de las vacas locas, los juicios irán dirigidos contra los que sabían y han dejado hacer, es decir, ustedes, nosotros, los que tomamos las decisiones, los legisladores.
Hagamos entonces algo entre todos, algo pequeño teniendo en cuenta todo lo que queda por hacer: disminuir la tasa de nicotina y de alquitrán; prohibir las sustancias adictivas, como el amoniaco que se añade a la nicotina para crear una dependencia cada vez mayor del cigarrillo; colocar advertencias legibles que ocupen como mínimo el 35% de la superficie del paquete para informar a la población de los riesgos y los peligros del tabaco; eliminar las indicaciones engañosas como "light" y "ultralight" que impulsan a fumar a los jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, en la creencia de que es menos nocivo, mientras que el estamento médico coincide hoy en día en que el recrudecimiento de los cánceres pulmonares -con pequeñas células, periféricos, más insidiosos, más difíciles de descubrir y de pronósticos aún más trágicos- está relacionado con el consumo abusivo de este tipo de cigarrillos; medir el coste socioeconómico del tabaco y transformar las subvenciones a los productores de tabaco en subvenciones reales de reconversión, en beneficio, por ejemplo, de superficies cerealísticas, con el fin de reemplazar las harinas animales; admitir que los productos destinados a la exportación han de seguir las mismas normas que los destinados al mercado interior europeo; aumentar el precio del tabaco, porque es una medida que tiene una incidencia directa en el consumo, en particular el de los jóvenes; y armonizar los tipos fiscales.
Todo esto no es gran cosa, señorías, y no atentará realmente contra los intereses de la industria tabaquera que algunos al parecer están más deseosos de defender que los intereses de la salud de la población. Efectivamente queda mucho por hacer: hacer extensiva esta directiva a otros productos distintos del cigarrillo, tales como los puros y el tabaco de liar, que no son menos nocivos; confirmar la prohibición de la publicidad de estos productos mortales, ampliar las normas colectivas de las zonas de no fumadores. Aún nos queda mucho trabajo.
La aprobación del informe del Sr. Maaten es un primer paso que les invito a dar pensando en el bien de la salud de las generaciones futuras.

Sjöstedt
Señor Presidente, señorías, después del fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la propaganda del tabaco, este informe y propuesta de modificación de directiva ha sido cuestionado desde distintos sectores. También hay enmiendas que contemplan la eliminación de la propuesta del Parlamento en su totalidad.
No obstante, opinamos que existen grandes diferencias entre la propaganda del tabaco y esta directiva. Creemos que es obvio que los artículos 95 y 133 constituyen el fundamento jurídico de esta directiva, como lo propone la comisión en la enmienda 1. Las directivas en que se fundamenta la propuesta están en el artículo 95 que alude directamente al contenido de los productos en el mercado interior.
Nos gusta el contenido del informe y lo respaldamos en términos generales. Resulta especialmente interesante que se fijen límites claros para las sustancias nocivas del humo. Por este motivo, la enmienda 2 es particularmente positiva.
Respaldamos también las propuestas acerca del tamaño y contenido de los textos de advertencia Las diferencias entre los diversos criterios son tan pequeñas que no debería ser difícil llegar a acuerdos en la conciliación. También apoyamos la prohibición de aditivos que causan adicción.
Opinamos que lo único posible y consecuente es que se termine con la exportación de cigarrillos prohibidos en la Unión por razones sanitarias. No hay razones para dar a la exportación condiciones especiales ni para prolongar excepciones que no existen respecto al consumo dentro de la Unión Europea.
En el informe se citan marcas de cigarrillos que se venden como "suaves" , "light" u otros términos similares. Esta comercialización conduce a menudo a la errónea creencia de que esos cigarrillos conllevan menos riesgos que otros. No se justifica este tipo de comercialización y creemos que la actual postura de la comisión podría llegar a motivar demasiadas excepciones.
Aunque las subvenciones a los cultivos de tabaco no son reguladas por este informe, es imposible no referirse a ellas, ya que constituyen uno de los absurdos de la Unión Europea. Es ilógico que la Unión gaste estas enormes sumas en los cultivos de tabaco. Es incoherente y caro. Ese dinero podría ser muy útil para otras cosas. Por eso, lo único sensato es que las subvenciones se eliminen gradualmente y que se ayude a los agricultores afectados para que cambien a otros productos.
En anteriores discusiones sobre el tema se ha mencionado el rapé sueco. Creo que no hay razones para modificar las normas existentes al respecto, es decir, una excepción para Suecia, pero también un derecho para que mantengan sus prohibiciones los países que no quieran venderlo. Por este motivo, celebro que no se modifiquen estas reglas.

Thomas-Mauro
Señor Presidente, señorías, esta tarde estamos tratando un tema que no depende de nuestras competencias. Sin duda no es la primera vez. Sin embargo, el asunto parece hoy mucho más grave de lo habitual. Por lo tanto, una vez más, abordaré el fondo y no la forma.
El Tribunal de Justicia, efectivamente, acaba de anular la directiva de 1998 que prohibía la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco. De acuerdo con el Tribunal, una prohibición total de la publicidad del tabaco no es justificable en nombre del buen funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, olvidando los Tratados, creyéndose investido de una misión salvadora, nuestro Parlamento se lanza de cabeza para que se apruebe, cueste lo que cueste, el texto que hoy debatimos.
Tal actitud simboliza maravillosamente los defectos de nuestras instituciones europeas, dispuestas a recurrir a cualquier medio para lograr los objetivos ideológicos que ellas mismas se han fijado. Pero no es necesario recordar que hay unas normas que respetar. La historia nos enseña, en este sentido, que es peligroso poner el objetivo por alcanzar -por noble y virtuoso que pueda ser- por encima de las normas establecidas. La testarudez manifestada refleja una falta de realismo evidente. En lugar de extraer lecciones del fracaso registrado en Luxemburgo el pasado 9 de octubre, insistimos en una actitud jurídicamente indefendible.
A nuestro Grupo, profundamente comprometido con la defensa de la salud pública, le preocupan las consecuencias de una actitud política tan suicida. Se quiere aniquilar la directiva que de otro no se sacaría adelante. La salud pública no debe convertirse en moneda de cambio en la lucha de poderes con el objeto de arañar, un poco más cada día, nuevas competencias a expensas de los Estados. La salud es un tema demasiado importante como para servir de instrumento político.
Entonces, ¿qué soluciones hay? En nuestra opinión, nada más que una: aprender de las enseñanzas de la decisión del Tribunal de Justicia y reconocer que la Comisión Europea ha ido demasiado lejos, desgraciadamente, intentando abusar de los Tratados. También debemos revisar nuestra copia y redactarla respetando el equilibrio que busca el Tratado.

Blokland
Señor Presidente, desde este lugar me gustaría felicitar a nuestro colega Maaten por su excelente informe, en el que ha trabajado muchísimo. Me parece que en esta nueva directiva se han refundido muy bien las tres directivas existentes. Naturalmente, hubiera sido mucho mejor que no nos tuviéramos que ocupar en absoluto de la legislación sobre el tabaco. Pero, lamentablemente, todavía se produce, se presenta y se vende tabaco y, aunque todo el mundo puede saber que perjudica la salud, se sigue consumiendo. Si se tuviera que autorizar el tabaco como producto nuevo en el mercado europeo, seguramente no se daría esa autorización por razones de salud. Si la mermelada o la Coca Cola fueran igual de peligrosas que el tabaco, se prohibirían sin lugar a dudas.
El etiquetado riguroso propuesto por la Comisión de Medio Ambiente merece mi apoyo, tanto con respecto a su tamaño en los paquetes de cigarrillos como al contenido de las advertencias. Sin embargo, la propuesta del Consejo relativa al tamaño de las advertencias en envasados distintos de los cigarrillos me parece mejor de lo que viene en la enmienda 25, ya que el límite de 50 cm2 está demasiado próximo a la superficie de un paquete de tabaco.
En lo relativo a los descriptores, como "bajo contenido en alquitrán", "suave" y "light", todavía me sigue pareciendo que son engañosos, y por eso estoy en contra de las enmiendas 10 y 30.
Estoy muy satisfecho con que se mantenga en segunda lectura la prohibición de ingredientes como el amoniaco u otros compuestos adictivos. Me parece obvio que no deberíamos autorizar este tipo de prácticas.
Como punto final, he de señalar, muy a mi pesar, que la política europea en materia de tabaco sigue siendo inconsecuente. Por un lado se desanima el consumo de tabaco, por otro se gasta más de un millardo de euros en subvenciones al tabaco. Aprovecho aquí nuevamente la ocasión para expresar mi deseo de que esta situación cambie alguna vez.

Paisley
Señor Presidente, alzo mi voz en defensa de los trabajadores del sector. En el Irlanda del Norte tenemos una gran fábrica de productos del tabaco, Gallaher´s Ltd. Si se adopta esta directiva, se perderán por lo menos 300 puestos de trabajo. He analizado detenidamente lo que el Comisario dijo a mi colega el Sr. Hume: "No puede haber pérdidas masivas de puestos de trabajo en este sector. No se comprende cómo una reducción de alquitrán de 12 a 10 mg, como se propone en el presente texto, puede incidir sensiblemente en el empleo" .
Sin embargo, la diferencia fundamental entre las anteriores y las actuales reducciones de los niveles máximos de alquitrán consiste simplemente en que las anteriores se limitaban a los productos destinados a la UE. Gallaher's destina el 25% de su producción a la exportación. Si esta directiva se aprueba, ¡se perderán 300 puestos de trabajo! Debe decirse que los fabricantes no venderán ni un cigarrillo menos de lo que venden ahora, porque trasladarán sus empresas fuera de la UE. Gallaher's trasladará su actividad a su fábrica de Rusia, donde no se observarán los contenidos máximos, pero habremos exportado 300 puestos de trabajo. La pérdida de empleo en Gallaher's afectará a trabajadores con una edad media de 47 años. En Irlanda del Norte, si uno pierde su trabajo con 47 años, no tiene muchas oportunidades de encontrar otro. Esta es mi preocupación en este asunto.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, frente a las turbias intenciones que se nos han atribuido a quienes hemos defendido la carencia o, mejor dicho, la duda sobre el fundamento jurídico de determinados artículos de la directiva que hoy debatimos, quiero hablar de equilibrio interinstitucional. Equilibrio interinstitucional que es una fuente de legitimidad de la construcción europea. Y también quiero hablar de obligación en los Tratados.
La Comisión, de acuerdo con el Tratado, tenía la obligación, desde hace más de dos meses, de haber analizado la sentencia y haber sacado las conclusiones pertinentes de ella. Hoy, por primera vez, el Comisario, en su brevísima intervención, ha utilizado al menos tres veces las palabras no doubt, al menos tres veces las palabras clear y clearly. Pues, señor Presidente, Señorías, en Derecho, cuando uno tiene que recurrir a decir que algo está claro, que algo no tiene duda, es que hay duda, es que no está claro. Y duda hay; y no está claro.
Señor Presidente, ¿cómo se puede decir que respeta lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, una justificación en la enmienda 2, según la cual, para explicar el peligro para el mercado interior, varios Estados miembros han indicado que, si no se establecen determinadas medidas, tendrían la intención de legislar? ¿Qué Estados miembros? ¿Qué medidas? Eso es lo que esperábamos de la Comisión, que nos lo dijera, que nos lo explicara.
Tomemos otros ejemplos, las enmiendas 1, 4 y 18. Añadir el fundamento jurídico del artículo 133 es jurídicamente hábil, pero ¿realmente ha reflexionado la Comisión sobre el artículo 131, que es el artículo madre de la política comercial exterior, que dice que esa política será "para reforzar la competitividad de nuestras empresas"? ¿Cómo casa eso con la justificación de la enmienda 18, donde se dice que se da un período de carencia porque eso podría traer graves perjuicios para nuestra industria? ¿Cómo casa eso con esa misma justificación, que dice que hay que establecer negociaciones en la Organización Mundial de Comercio?
Señor Presidente, son estas dudas, dudas justificadas, no turbios ni extraños compinchamientos con no sé qué empresas, la razón del voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y recuerdo que fueron 18 votos contra 9. Y aunque yo estaba ausente, mi voto, desde luego, estaba detrás.

Medina Ortega
Señor Presidente, en este momento la diputada Palacio Vallelersundi ha colocado al Comisario en el banquillo de los acusados y, en este caso, hablando del equilibrio interinstitucional, la Comisión lo único que ha hecho ha sido presentar una propuesta de directiva. Son el Parlamento y el Consejo los que tienen que aprobar esa propuesta de directiva y examinar, entre otras cosas, el fundamento jurídico adecuado para ello. Por tanto, no es cuestión de acusar a la Comisión de haber cometido ninguna irregularidad.
Y sobre todo no se le puede acusar de ninguna irregularidad porque la Comisión, en este caso, lo único que ha hecho es proponernos una propuesta de directiva que refunde tres directivas anteriores en materia de contenido de ciertos productos en el tabaco y de ciertas advertencias en los envases de esos productos.
Por tanto, no hay nada nuevo realmente. Lo único nuevo que ha habido es una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 5 de octubre pasado, en la cual el Tribunal de Justicia dice que, con respecto a otra directiva completamente distinta, que es la directiva sobre publicidad del tabaco, el fundamento jurídico del actual artículo 95 -que era el antiguo artículo 100 A- no era adecuado.
La razón por la cual el Tribunal de Justicia declara que este fundamento jurídico no es el adecuado es que el Tribunal de Justicia piensa que, a través de ese fundamento jurídico, se intenta esquivar una prohibición expresa del propio Tratado en otro artículo -que también ha cambiado de número: del artículo 129 al artículo 152 en el texto actual-, en virtud del cual se prohibía toda armonización de las disposiciones nacionales.
Por tanto, el Tribunal de Justicia está tratando de evitar un artificio en virtud del cual se pudiera utilizar ese subterfugio.
Pero, en este caso, esa situación no se da porque la propuesta de directiva, como las directivas anteriores ya vigentes, pretende efectivamente eliminar los obstáculos existentes al funcionamiento del mercado interior. Y, por tanto, tienen un fundamento jurídico correcto sobre la base del antiguo artículo 100 A o actual artículo 95.
El ponente, señor Maaten, con buen criterio ha propuesto reforzar ese fundamento jurídico con una referencia a otro artículo, al artículo 133 relativo al comercio exterior, y además ha propuesto una serie de modificaciones en algunos de los artículos al objeto de evitar que se impugne esta directiva sobre la base de la jurisprudencia establecida por la sentencia del Tribunal de Justicia.
Yo quisiera señalar que la sentencia del Tribunal de Justicia se ha dejado llevar por una interpretación demasiado literal del texto. Es una sentencia en bastantes aspectos criticable pero, aceptando la sentencia como tal -porque no nos queda otro remedio, ya que el Tribunal de Justicia es el máximo órgano de interpretación del Derecho comunitario- no hay nada que impida que este Parlamento se pronuncie favorablemente sobre el fundamento jurídico propuesto del artículo 95 con el artículo 133, e introduciendo las modificaciones a que he hecho referencia, que se incluyen en las enmiendas del ponente.
Desde luego, en nombre del Grupo socialista, y concretamente de los miembros socialistas de la Comisión de Asuntos Jurídicos -que votamos en contra de esa opinión mayoritaria a la que acaba de hacer referencia la señora Palacio Vallelersundi-, tengo que decir que nosotros estimamos que el seguir por ese camino, el rechazar la propuesta de directiva, como proponen dos enmiendas, la 52 y la 53, presentadas por el Sr. Poettering, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, y la Sra. Palacio Vallelersundi y otros 32 diputados, supondría una tremenda limitación a la facultad legislativa del Parlamento Europeo.
Por tanto, mi preocupación en este momento no son tanto los problemas de salud, que son desde luego importantes y considerables, sino la limitación que supondría el que nosotros aceptáramos esa interpretación tan restrictiva de la facultad legislativa que tendría este Parlamento Europeo.
Entiendo que esa interpretación tan restrictiva llevaría prácticamente a la eliminación de la facultad legislativa de esta institución y del Consejo. No creo que se pueda ir por un camino tan restringido, es decir, que, con independencia del contenido -y el contenido sustancial que han puesto de relieve el Sr. Maaten y otros más-, hay un peligro de que, si este Parlamento y el Consejo aceptan la interpretación restrictiva que proponen el dirigente del Partido Popular Europeo y la Sra. Palacio Vallelersundi, este Parlamento, el Consejo y las instituciones comunitarias en su conjunto se estarían atando de pies y manos para el desarrollo legislativo de las instituciones comunitarias, que tan importante resulta para el desarrollo del Derecho comunitario.
Por esta razón, los socialistas apoyamos las enmiendas presentadas por el Sr. Maaten y rechazamos, desde luego, las enmiendas 52 y 53 del Grupo del Partido Popular Europeo.

Beysen
Señor Presidente, es lamentable que, a pesar de los múltiples esfuerzos del ponente Maaten, tengamos que constatar que nadie está realmente contento con las evoluciones que caracterizan el informe. Me gustaría hacer tres breves observaciones al respecto.
En primer lugar, quiero abordar el tema del fundamento jurídico. En la sentencia del Tribunal de Justicia se recoge explícitamente que en algunos casos el artículo 95 puede ser el fundamento jurídico si se cumplen determinadas condiciones pero, al mismo tiempo, dice que en ciertos casos el artículo 95 no es suficiente, por ejemplo con respecto a la prohibición de exportación se debería añadir el artículo 133. Teniendo en cuenta que hay una falta de justificación, respaldo la enmienda de la Sra. Palacio Vallelersundi para rechazar la posición común y pedir a la Comisión que presente una nueva propuesta.
En relación con las otras observaciones, quiero dejar claro que uno no debe cegarse por símbolos que no solucionan el problema de fondo. Me explico: subir las tasas no supone una medida que desanime el consumo. Tampoco el aumento desproporcionado del espacio para advertencias es la forma adecuada para conseguir el objetivo deseado, es decir, una salud pública mejor. Además, me temo que esto sea un mal ejemplo y que más adelante se pongan también advertencias en otros productos.

Hautala
Señor Presidente, todos sabemos que se trata de un informe de una importancia excepcional. Es importante debido a que ahora sopesaremos la credibilidad de la política sanitaria de la Unión Europea. Siento mucho que también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior hayan surgido posiciones que consideran que, en cierto modo, la sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la prohibición de la publicidad del tabaco vacía de contenido esta propuesta de directiva. Al contrario; esta propuesta de directiva afecta a las sustancias contenidas en el tabaco, y no a las medidas para fomentar su venta. Este planteamiento ya no debería servir para inducir a error al Parlamento, sino que habría que comprender que lo importante ahora es defender este informe tan meritorio del Sr. Maaten.
En cuanto a la cuestión de si habría que prohibir ahora las indicaciones "light" y "mild" de las marcas registradas, tendríamos que mantener la postura de que estas indicaciones equívocas no deben ser permitidas, y la sentencia de octubre del Tribunal de Justicia tampoco aporta nada nuevo en este sentido. Debemos mantenernos en la posición que hemos adoptado en el pasado. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo real por comprender que en todos aquellos países que han atinado a establecer una normativa sobre el tabaco relativamente estricta, también la mortalidad por cáncer de pulmón y las enfermedades cardiovasculares se han reducido con claridad. Es todo esto lo que deberíamos estar en condiciones de promover también en el marco de la política común de la Unión Europea en materia de mercado interior, política que debe basarse en un alto nivel de protección de la salud pública.

Meijer
Señor Presidente, si esta propuesta en segunda lectura se eleva finalmente a rango de ley, esto nos conduciría a que la libertad de las empresas se limite en cierta medida y que la salud pública se proteja un poco mejor. El punto fuerte de esta propuesta es que no se trata de la conducta del consumidor individual de productos del tabaco, sino que está enfocada a una información obligatoria a todos los consumidores por parte de las empresas y a la prohibición de añadir amoniaco que produce dependencia. Esto significa que va a haber menos posibilidades de dar la impresión de que se puede fumar sin riesgos de una muerte prematura. La divulgación de mentiras tranquilizadoras se vuelve más difícil.
El punto débil de esta propuesta es que se insiste mucho en el fomento de la libre competencia. La imposición de las mismas normas europeas en todos los Estados miembros parece ideada para ofrecer las mismas oportunidades a las diferentes tabacaleras de ganar dinero. Este punto de partida liberal no se comparte en mi Grupo Parlamentario. Para nosotros se trata de cómo se puede proteger a la gente del daño que infligen los productos del tabaco a su salud.
Mi Grupo Parlamentario hubiera preferido una propuesta con un planteamiento global. Desde el punto de vista de la salud pública se debería entonces regular cómo hacer desaparecer la publicidad y el patrocinio y cómo desanimar a los jóvenes a fumar. Luego hablaríamos de las consecuencias de reducir la producción y el consumo de tabaco para la creación de empleo sustitutivo para los empleados y cultivadores de tabaco, hablaríamos también de la supresión de las subvenciones al cultivo del tabaco, y de qué hay que hacer para luchar contra el comercio internacional de este producto perjudicial. Mientras esto no ocurra, cualquier medida europea se puede prácticamente anular incrementando la exportación de tabaco americano.
Lo que ahora en segunda lectura todavía podemos regular es una versión aguada de las propuestas más trascendentales que sometimos a votación hace medio año después de la primera lectura. Entonces ya adoptamos un texto suavizado, pero al Consejo de Ministros le parece que esa decisión del Parlamento va todavía demasiado lejos.
Estoy aquí en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que apoyó las propuestas del ponente en primera lectura y que apoyará también su debilitada propuesta en segunda lectura. La propuesta nos parece demasiado blanda, pero sin ella las tabacaleras van a poder aniquilar aún más vidas humanas.

Fitzsimons
Señor Presidente, es justo reconocer que tenemos una obligación moral de proporcionar a los treinta millones de consumidores europeos una información completa sobre los riesgos para la salud pública que entraña el consumo de cigarrillos. Efectivamente, en mi condición de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he recibido fuertes presiones de varios grupos en el sentido de regular de forma más estricta la venta y presentación de los productos del tabaco en Europa.
Acojo con satisfacción las enmiendas aprobadas recientemente en nuestra comisión, dirigidas a aumentar el número de advertencias al público en general sobre los riesgos del consumo de tabaco. Las enmiendas aprobadas por nuestra comisión tienen por objeto aumentar del 25% al 30% el tamaño de advertencias generales tales como "Fumar mata" en la cara delantera de los paquetes de cigarrillos y del 25% al 40% el tamaño de las advertencias adicionales. Ejemplos de advertencias adicionales cuya inclusión en los paquetes de cigarrillos ha propugnado la comisión son: "Fumar acorta la vida a la mitad de los fumadores" "Fumar provoca cáncer de pulmón incurable" ",Ayuda para dejar de fumar" y
Las investigaciones efectuadas han demostrado que cuanto mayor sea el tamaño de las advertencias de riesgo para la salud en los paquetes de cigarrillos, mayor es la reducción del consumo de tabaco. Los resultados de los estudios llevados a cabo sobre esta materia son tan claros que cometeríamos un gran error como legisladores de la Unión Europea si no siguiéramos su consejo.
Necesitamos enviar un mensaje inequívoco sobre el consumo de tabaco a los 370 millones de consumidores de la Unión Europea, y vamos a dar a conocer a nuestros hijos y fumadores todas las advertencias públicas necesarias acerca de los riesgos del consumo de tabaco para la salud.
En conclusión, desde la firma del Tratado de Amsterdam el Parlamento Europeo posee facultades de coordinación en cuestiones medioambientales y de protección a los consumidores, y colaborará estrechamente, claro está, con el Consejo y la Comisión en esta materia. A nuestro juicio, este procedimiento constituye una importante arma legislativa del arsenal del Parlamento, y tenemos la intención de utilizarla. Felicito al ponente por su informe.

Farage
Señor Presidente, si bien no puedo dejar de alabar las buenas intenciones de los diputados que apoyan esta directiva, debo señalar que la prohibición de fabricar tabaco que supere los contenidos máximos fijados por la UE incidirá de forma significativa en el mercado de trabajo de mi región. Me refiero, en particular a la fábrica British-American Tobacco de Southhampton, que destina toda su producción de cigarrillos al mercado no comunitario. A partir de la entrada en vigor de la directiva, los fabricantes no podrán producir estos cigarrillos, aunque los contenidos máximos comunitarios no se apliquen, lógicamente, en estos mercados.
Esto no significa, no obstante, que se vaya a dejar de fabricar estos cigarrillos. La empresa afectada, BAT, trasladará su producción a países no comunitarios. Así, en lugar de exportar cigarrillos exportaremos puestos de trabajo, de los que 4.000 procederán sólo de mi región. Sin embargo, y esto es toda una ironía, no veo en esta directiva ninguna prohibición de cultivar tabaco dentro de la Comunidad, a pesar de que en países como Grecia el tabaco que se cultiva es tan fuerte que, con arreglo a esta directiva, su empleo para la fabricación de productos del tabaco sería constitutivo de delito.
Una Comunidad que subvenciona el cultivo de este tabaco y luego convierte su venta en ilegal, al tiempo que acaba con el trabajo y la vida de gente normal que depende de los ingresos procedentes de mercancías que ni siquiera se venden en la UE, no puede ganarse el respeto de la gente normal.
Sea cual sea su opinión sobre esta directiva, les pido que presten mañana su apoyo a mi enmienda que elimina la prohibición relativa a los productos destinados a la exportación a países no comunitarios. Es el clásico síntoma de lo políticamente correcto llevado al paroxismo.

Lechner
Señor Presidente, distinguidos colegas, quisiera puntualizar, en primer lugar, que la Comisión de Asuntos Jurídicos y mercado Interior rechazó ya en primera lectura la directiva sin que el Pleno la siguiera. Después de la sentencia del TJE la comisión ha adoptado una vez más esta posición, pero esta vez por gran mayoría. De hecho, aunque merced a la sentencia del Tribunal de Justicia no se ha modificado básicamente la situación jurídica, ha experimentado, sin embargo, un mayor desarrollo, algunas cosas son más patentes, más claras. En realidad esto no tiene nada que ver con el tabaco, sino que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo podía haber sido dictada igualmente para prohibir la publicidad de alcohol o la publicidad del chocolate pues, evidentemente, el azúcar puede ser también nociva para la salud.
Desde mi punto de vista es vergonzosa la forma en que la Comisión y el Consejo de Ministros se han enfrentado a esta sentencia del Tribunal de Justicia en las deliberaciones habidas hasta ahora, mejor dicho, no se han enfrentado, en absoluto, a ésta sino que la han ignorado, sin más, como anteriormente lo ha hecho también el Comisario Sr. Byrne, y como se ha hecho también, por ejemplo, en las exposiciones de motivos de la posición común, en las que tampoco se consideró necesario adaptar y corregir al menos los considerandos. Una excepción loable la constituye únicamente el servicio jurídico del Parlamento.
Lamentablemente, por falta de tiempo no puedo entrar en detalles aquí; es, sencillamente, imposible. Sólo puedo hacer una llamamiento a todos los colegas en el sentido de que sigan la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. No se trata de la industria del tabaco, sino que se trata lisa y llanamente de la observancia de los Tratados. Tampoco se trata de unas sutilezas jurídicas, sino de una pregunta de suma importancia política, para cuya respuesta no se precisa una formación jurídica, es decir, se trata, sencillamente, del mantenimiento de las competencias, de la salvaguardia de la subsidiariedad, por ejemplo, se trata también de los derechos de los colegas y de las colegas de los Parlamentos nacionales, quienes ciertamente deben tener sus competencias.
Precisamente se ha mencionado en Niza la cuestión de la delimitación de las competencias. Pero en el caso en que en los tres órganos - Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento - se logre una mayoría sustantiva en una cuestión concreta y se haga valer también esta mayoría, entonces nos podremos ahorrar este acto y se trataría entonces esencialmente de una consolidación institucional. En este punto confío también en el Tribunal de Justicia Europeo y espero y doy por supuesto que éste proseguirá la dirección que ha emprendido, que se ocupe más intensamente de la salvaguardia de las competencias y que, en consecuencia, deje sin efecto una vez más la directiva.

Lund
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Maaten por su espléndido informe. Creo que también es necesario dar las gracias al Sr. Byrne por haberse manifestado tan claramente en lo relativo a la base jurídica. Al escuchar a la Sra. Palacio y también al Sr. Lechner, me vienen a la memoria ante todo las noticias que precisamente en estas fechas nos llegan desde los tribunales norteamericanos. Una grave confusión de derecho y política, que en cualquier caso no aumenta la seguridad jurídica. Pienso que tendrá gran trascendencia para la salud en Europa que logremos reducir el valor límite para el contenido de alquitrán y que establezcamos límites para la cantidad de nicotina y monóxido de carbono permitida en los cigarrillos. Es importante insistir en que la Comisión presente la propuesta de una lista comunitaria de aditivos a finales del año 2004 a más tardar.
Debemos acabar con el secreto que la industria mantiene en torno a los aditivos y del que hemos sido testigos hasta ahora. También me parece importante, independientemente de esta lista comunitaria, prohibir el uso de amoníaco y de otros compuestos similares que se emplean directamente con el propósito de hacer los cigarrillos más adictivos, de aumentar la adicción de los cigarrillos. También hemos de poner coto a ello de manera eficaz. Y por último, quiero hacer un único comentario con respecto a la exportación. Simplemente no entiendo que una mayoría de este Parlamento quiera proponer suavizar las normas relativas a la exportación más de lo que proponen los propios gobiernos de los países miembros -los gobiernos que también representan a las numerosas industrias a las que se hace referencia. Al igual que a la Sra. Thyssen, no me parece nada ético que vendamos fuera de Europa cigarrillos que por motivos sanitarios consideramos no aptos para los ciudadanos de nuestros propios países. Sencillamente no es justificable éticamente actuar de esta forma y por ello espero que en este punto tomemos la línea responsable que creo han propuesto el Consejo y la Comisión.

García-Orcoyen Tormo
Señor Presidente, me parece necesario endurecer las condiciones de fabricación y venta del tabaco, y hacerlo de forma armonizada, mediante una directiva que deberán respetar todos los Estados miembros, puede reforzar el objetivo de prevención y protección del consumidor frente al hábito de fumar.
Sin embargo, me parece sinceramente inaceptable interpretar las diferencias de criterios en cuanto al contenido de la propuesta de directiva en términos de un supuesto enfrentamiento entre los poderosos intereses de los lobbies del tabaco y el interés común de la protección de los ciudadanos. Aceptar esto sería tergiversar los argumentos legítimos de un buen número de miembros del Parlamento Europeo que vemos en la necesidad de respetar los aspectos jurídicos la garantía de la viabilidad futura de nuestros propios actos legislativos.
Si consideramos que necesitamos unas reglas comunes legalmente vinculantes para proteger mejor la salud de los ciudadanos frente a los riesgos del tabaco, busquemos la vía de llevarlo a cabo, sin fisuras legales, sin puertas traseras por las que se cuelen y diluyan nuestras buenas intenciones. La opinión pública no puede y no debe ser alimentada solamente de gestos políticos que no se asienten sólidamente en la realidad de lo que es posible dentro de las competencias que nos confieren los Tratados.

Stihler
Señor Presidente, el consumo de tabaco es la tragedia de nuestra época, la principal causa de enfermedades y dolencias evitables en toda la Unión Europea. Más de medio millón de personas muere absurdamente cada año en la Unión Europea, y esta cifra está llamada a crecer si no actuamos ahora. Por ello es tan importante la directiva: advertencias más grandes, más llamativas y más claras sobre los riesgos para la salud; la prohibición de descripciones ambiguas como "light" , "ultra" y "suave" ; un contenido máximo en alquitrán de los productos tanto consumidos en la UE como destinados a la exportación, y, por primera vez, la revelación de los ingredientes.
En mi cualidad de relativamente nuevo diputado de este Parlamento, me ha sorprendido cuán tenaces son las fuerzas en este Parlamento opuestas a la adopción de la directiva. Se han dado tantas pistas falsas en este debate que creo que mucha gente se encontraría más a gusto en un debate sobre pesca que en uno sobre salud pública. El poder de las grandes tabaqueras se hace demasiado evidente. Quiero decir a todos y cada uno de mis colegas que el tabaco es no es un producto más. Provoca adicción y mata. Es un hecho probado que el 80% de las personas comienza a fumar antes de los 18 años, aunque el sector tabaquero afirme que las personas toman decisiones adultas. Es un hecho probado que el 80% de los fumadores quiere dejar de serlo, pero en el sector tabaquero fomenta muy pocas políticas dirigidas a ayudar a esa gente a dejar de fumar. En vez de ello, finge abordar el problema del consumo de los jóvenes. Si hubiéramos sabido desde el principio lo que ahora sabemos sobre el tabaco, estaría clasificado como una droga de clase A. Es un hecho probado que en este último siglo ha muerto el doble de personas como consecuencia del tabaco que en las dos guerras mundiales juntas. Si no actuamos ahora, se prevé que en este siglo morirán en todo el mundo mil millones de personas.
Asegurémonos de que la lucha por salvar vidas tenga un carácter primordial y hagamos lo que nos corresponde para contrarrestar la fuerza de los intereses de las grandes tabaqueras.

Langen
Señor Presidente, nadie pretende banalizar las consecuencias del consumo del tabaco para la salud, pero aun pretendiendo esto y si se comparten los objetivos de la política sanitaria, los fundamentos jurídicos han de ser correctos. En el caso de la protección de la salud de la publicidad del tabaco el Tribunal de Justicia Europeo ha emitido hace poco su fallo y una cosa es clara: no es función de la Comisión ni de la Unión Europea regular estas cosas , sino que es tarea de los Estados miembros. Sólo si se produce una distorsión del mercado interior tienen aquéllas una competencia de regulación. Pero la Comisión no ha presentado una sola prueba de que el mercado interior se encuentre distorsionado, ni una sola. Al contrario. En los puntos en que está distorsionado, en la diversidad de imposición fiscal, en la regulación especial para Grecia, todo sigue siendo como antes. Por consiguiente, constituye una ironía que aquí se actúe, señor Comisario, como si desde la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo nada hubiera cambiado. Por tanto, este desconocimiento es indescriptible. Quiero anticipar que esta directiva va a fracasar ante el Tribunal de Justicia Europeo, y el Parlamento y la Comisión se pondrán en ridículo igual que la primera vez si no estamos dispuestos a analizar los aspectos jurídicos.
Señor Comisario, usted es un guardián de los Tratados y no uno cualquiera que por propia iniciativa pueda saltarse competencias. Si usted echa mano del artículo 133 para la prohibición de la exportación, entonces hay que decir que no es función de la política comercial común dictar a estados terceros qué es lo que han de importar. En mi opinión, este fundamento jurídico tampoco sirve de nada y por esa razón es acertado que los sindicatos, que las empresas y que nuestros colegas de aquí se refieran a la pérdida de puestos de trabajo. Están en juego 10.000 puestos de trabajo sólo por la prohibición de exportación, de los cuales 8.000 están en Inglaterra. Procediendo así nadie alcanza objetivos, pues la prohibición no se limita, sólo se almacena. Nos queremos convertir en alguien que dicta a otros cómo deben vivir. Esto es una arrogancia y no tendrá consistencia jurídica.

Bowis
Señor Presidente, el tabaco arruina las vidas. Para vergüenza de esta Unión Europea, exigimos a nuestros contribuyentes que subvencionen el cultivo de este execrable producto con más de mil millones de euros al año. Al mismo tiempo, ponemos en peligro la adopción de medidas razonables dirigidas a disuadir del consumo de tabaco, especialmente a los más jóvenes, porque intentamos englobar al mundo entero en nuestro mercado único. Si insistimos en decir a los demás países qué niveles de salud pública deben fijar extendiendo a las exportaciones nuestras razonables propuestas para el mercado interior, pondremos en peligro todo el buen trabajo realizado por el Sr. Maaten. Y ello es así porque, tan seguro como que a la noche de las exportaciones le sigue el día de la publicidad, se presentará un nuevo recurso ante los tribunales, y esta vez se echará abajo no sólo la disposición relativa a las exportaciones, sino toda la directiva con ella.
Desearía que el Comisario aclarase si la supresión de la exención de las exportaciones se aplica sólo a los contenidos de alquitrán y nicotina, pues tal fue la impresión dada ante la comisión, o a todas las propuestas contenidas en la directiva. Necesitamos saberlo, porque miles de puestos de trabajo están en juego en Darlington, Nottingham, Southampton y Belfast. Nuestra equivocada interpretación de la situación y nuestro voto podría destruir esos puestos de trabajo muy rápidamente.
Quiero que las medidas razonables prosperen y no se queden en el camino. Quiero que se ponga fin a equívocas descripciones tales como "suave" y "light" , que producen la impresión de que algunos cigarrillos son menos peligrosos: una inhalación más profunda es igualmente peligrosa. Esas etiquetas deben desaparecer. No deben hacerse excepciones con las marcas registradas, pues, en otro caso, estaremos generando nuevas distorsiones de la competencia y del mercado único. Quiero que se opte por las advertencias fotográficas, que se incluya una lista de ingredientes razonable, que se lleven a cabo investigaciones en toda Europa, que se adopten medidas de promoción de la salud que contribuyan a alejar a los jóvenes del consumo de tabaco, del alquitrán, de la nicotina y de la adicción. No quiero que todo ello se ponga en peligro por haber querido adoptar estas medidas excediendo las competencias jurídicas de esta Unión Europea y de este Parlamento.

Martens
Señor Presidente, esta directiva sobre tabaco toca dos temas que nuestro Grupo Parlamentario tiene siempre muy presentes: la armonización del mercado interior y la salud pública. Las organizaciones sanitarias abogan con razón por una mayor protección de la salud pública. Por ese motivo, apoyamos la directiva y somos partidarios de bajar el contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. Por eso, también apoyamos la propuesta de aumentar el tamaño de las advertencias, de acuerdo con la posición común, y queremos unas advertencias claras y contundentes en los paquetes de tabaco como también estamos a favor de la prohibición de descriptores engañosos como "mild", "light" y "ultralight". Sólo en el caso de que formen parte de marcas registradas que ya están en el mercado, se podría considerar autorizarlos.
La industria se queja de desigualdades y de ineficacia en la actual legislación. La desigualdad concierne por ejemplo el tema de los ingredientes autorizados. Apoyamos sinceramente la propuesta de elaborar una lista con los ingredientes que están autorizados.
Lo que es ineficiente es la práctica actual de las pruebas. Ahora hay hacer para cada producto en cada país una prueba nueva. Somos partidarios de que se llegue a un método de pruebas reconocido en todos los países de UE, a realizar en un país determinado en un laboratorio de pruebas reconocido. Estamos a favor de que se realice dicha prueba en un laboratorio reconocido en uno de los Estados miembros de la UE, que tenga validez en todos los Estados miembros, tal como se hace ya con los medicamentos, para se disminuya, por ejemplo, el número de pruebas en animales.
Pedimos que se preste especial atención a la situación de la pequeña y mediana empresa. En algunos casos las pymes se ven desproporcionadamente afectadas por esta directiva, en especial por el artículo 6, apartado 1. Por lo tanto, estamos a favor de la enmienda que sí solicita información sobre los ingredientes empleados pero que propone un método de trabajo más realista de lo que recoge ahora la posición común.
Quisiera decir lo siguiente sobre el fundamento jurídico. Esta directiva está elaborada a partir de tres directivas sobre el mismo tema que tienen el mismo fundamento jurídico. Hasta ahora estas nunca han causado problemas en cuanto a su fundamento jurídico.
Señor Presidente, pensaba que en calidad de portavoz de un Grupo Parlamentario disponía de tres minutos. Sólo me quedan unas frases. He llegado un poco más tarde a causa de un entierro.
Los servicios jurídicos de las instituciones comunitarias no ven problemas al respecto. Sobre todo después de haber añadido el artículo 133, confiamos en que haya un fundamento jurídico válido. Por supuesto queremos actuar correctamente y, naturalmente, sería lamentable que el Tribunal de Justicia rechazara finalmente la posición de nuestros servicios jurídicos. Pero no debemos rechazar la directiva, porque entonces nos quedaríamos con las manos vacías, habríamos trabajado en balde y tendríamos que empezar de nuevo con el mismo trabajo y los mismos textos. El Parlamento debería mostrar ahora valor político y elaborar una directiva que mejore el funcionamiento del mercado interior y que ofrezca la máxima protección en materia de salud pública.

Maaten
Señor Presidente, agradezco que mi Grupo Parlamentario me haya concedido más tiempo. Quisiera dar las gracias al Comisario por su observación sobre el fundamento jurídico. Para abreviar, me sumo a lo que han dicho los Sres. Medina Ortega y Lund al respecto.
Quisiera hacer dos observaciones complementarias. En primer lugar, algo sobre el artículo 11. La información por parte de esta Comisión es esencial para la política del futuro. Me alegro también de que este Comisario sea el responsable en esta materia. Estoy preocupado por la capacidad de la Comisión para trabajar en este informe. Espero que el Comisario tenga en perspectiva reforzar los recursos humanos dentro de la Comisión.
Señor Presidente, como punto final quiero indicarle que hace falta que se introduzcan cambios importantes en la posición común del Consejo. Eso es importante para el fundamento jurídico, para la progresiva armonización del mercado, para una mejor protección del consumidor, etcétera. Cada uno de estos elementos aislados carecen quizás de suficiente apoyo en este Parlamento para alcanzar una mayoría cualificada. Pero como paquete de medidas debería conducir a una regulación más equilibrada y más enfocada a los resultados. También en la Comisión de Medio Ambiente había buena disposición para llegar a un compromiso. Pienso al respecto en la Sra. Martens y el Sr. Sacconi y en la colaboración que hemos tenido. Por lo tanto, hago un llamamiento para que se adopte este paquete de compromisos.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar contando un poco la historia de cómo esta directiva llegó al Parlamento. El objetivo de la presentación de esta directiva era tener en cuenta el informe Valverde López del Parlamento Europeo, de 1997, en el que se recogían muchas de los elementos del texto actual y se invitaba a la Comisión a presentar una propuesta.
El debate en segunda lectura sobre esta propuesta supone un rápido avance. Pone de manifiesto la urgencia con que el Consejo de Ministros y el Parlamento han tratado este asunto. Asimismo, me gustaría subrayar los esfuerzos del ponente, el Sr. Maaten, por avanzar con este informe de una forma equilibrada y consciente.
Hoy día se reconocen abiertamente los efectos sobre la salud del consumo de tabaco, y tanto los legisladores como la opinión pública comparten la sensación de que ha llegado el momento de adoptar normas y reglamentos estrictos en esta materia. La propuesta recoge algunas mejoras significativas de la normativa actual y está dirigida a la adopción de normas armonizadas sobre una serie de materias relativas a la regulación del producto. Por lo demás, se ha realizado el trabajo preliminar para reunir los elementos necesarios para iniciativas ulteriores.
Una de las principales mejoras se refiere a un nuevo y menor límite máximo de alquitrán y, por primera vez, a un límite máximo de monóxido de carbono y de nicotina en los cigarrillos. Asimismo, se ha establecido, no sin controversias, que estos límites máximos se aplicarían a todos los productos fabricados en la Unión, sean o no destinados al consumo doméstico. Los argumentos formulados acerca de la posible pérdida de puestos de trabajo han sido cuidadosamente sopesados con la certeza de que si procedemos de otro modo estaríamos exportando un producto no considerado suficientemente bueno para los ciudadanos de la Comunidad.
Querría igualmente señalar que el asunto de las cifras presentadas sobre la potencial pérdida de puestos de trabajo es un asunto que ya se trató cuando ya hace diez años se presentó la propuesta de directivas que ahora van a ser modificadas. De hecho, la reducción de puestos de trabajo en este sector industrial se debe fundamentalmente a las crecientes inversiones en automatización, como las propias empresas han afirmado. No obstante, la Comisión tendría en consideración argumentos a favor de un período de transición más largo para la aplicación de las normas relativas los productos exportados, con el objeto de conceder más tiempo para modificar los procesos de manufacturación y aplicar nuevas formas de comercialización.
El Sr. Bowis ha preguntado si se aplicaría la exención. La exención se aplicaría al artículo 3, tal y como yo entiendo la enmienda, es decir, a los niveles de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono.
En lo que respecta a la cuestión de los descriptores, quiero subrayar que el efecto del uso de ciertos términos como "light" , "bajo en nicotina" o "suave" puede inducir a error. La gente cambia de un tipo de cigarrillo a otro suponiendo equivocadamente que el cigarrillo "light" es más seguro para su salud. Esta es una razón más por la que la gente sigue fumando en lugar de intentar dejarlo.
Por tanto, la necesidad de adoptar una normativa en interés de los consumidores es indudable. De hecho, en las negociaciones actualmente en marcha para la adopción de un convenio marco de la Organización Mundial de la Salud sobre salud pública, se propone la introducción de las mismas disposiciones. En consecuencia, las normas comunitarias encajarán perfectamente en los futuros acuerdos internacionales, evitando así el peligro de los obstáculos a los intercambios comerciales y reforzando al mismo tiempo la protección de los consumidores y garantizando un elevado nivel de protección de la salud.
Quiero añadir a este respecto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado en su sentencia dictada en el asunto C-376/98 que la salud pública constituye una base jurídica, además de y conjuntamente con el artículo 95 del Tratado, para la adopción de la directiva. De hecho, quiero centrar su atención en la sentencia del Tribunal. No estoy del todo seguro de que todos los que se han manifestado sobre este asunto hayan leído una copia de la sentencia. Se lo recomendaría a aquellos que no lo hayan hecho.
Por ejemplo, en el apartado 88 de la sentencia se afirma que: "Además, si se cumplen los requisitos para recurrir a los artículos 100 A [actualmente, artículo 95], 57, apartado 2, y 66 como base jurídica, no puede impedirse al legislador comunitario que se funde en esta base jurídica por el hecho de que la protección de la salud pública sea determinante en las decisiones que deben tomarse. Por el contrario, el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, prevé que las exigencias en materia de protección de la salud son un componente de las demás políticas de la Comunidad, y el artículo 100 A, apartado 3, exige expresamente que se garantice un elevado nivel de protección de la salud de las personas en la armonización que se realice."
Voy a hacerles referencia también al apartado 98 de la sentencia. Permítanme leerlo en el contexto de la cuestión que se me ha planteado acerca de si existe o no una base jurídica sólida. "Por tanto, el artículo 100 A del Tratado podría permitir, en principio, la adopción de una Directiva que prohiba la publicidad de los productos del tabaco en las revistas y periódicos, con el fin de garantizar la libre circulación de estos productos de prensa, a semejanza de la Directiva 89/552, que prohibe, en su artículo 13, la publicidad televisada de los productos del tabaco con el fin de promover la libre transmisión de los programas de televisión."
De la sentencia se desprende claramente que los jueces estiman que el artículo 95 podría emplearse como base jurídica para regular el mercado interior. Efectivamente, al pronunciarse en sus conclusiones sobre cuál fuera la resolución adecuada de este particular asunto, afirmaron que algunos aspectos de la regulación del mercado del tabaco y de la publicidad del tabaco eran admisibles y otros no. Así, pasaron a afirmar en el apartado 117 que: "Como se ha señalado en los apartados 98 y 111 de la presente sentencia, el artículo 100 A del Tratado habría permitido adoptar una Directiva que prohiba determinadas clases de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. No obstante, dado el carácter general de la prohibición de la publicidad y del patrocinio de los productos del tabaco establecida por la Directiva, la anulación parcial de ésta supondría la modificación, por parte del Tribunal de Justicia, de las disposiciones de la Directiva, modificación que incumbe al legislador comunitario. Por tanto, el Tribunal de Justicia no puede anular parcialmente la Directiva."
Este es un apartado muy importante de la sentencia del Tribunal. Pone claramente de manifiesto que la decisión adoptada por el Tribunal ha venido a decir lo siguiente: algunas cosas son admisibles, otras no. Habida cuenta del carácter general de la directiva, no podemos separar unas partes de las otras y, por tanto, tenemos que echar abajo todo. Es ésta una clara indicación de cómo podemos avanzar en esta materia.
En respuesta a la pregunta sobre las exportaciones que el Sr. Bowis me ha formulado anteriormente, es muy claro que, en el improbable caso de que la parte de la directiva que se refiere a las exportaciones sea puesta en tela de juicio y si la opinión del Tribunal -que yo no voy a predecir- es que dicha parte carece de base jurídica, tal parte puede indudablemente ser separada de la directiva. Por tanto, incluso en tales circunstancias, la directiva sobreviviría.
A este respecto permítanme señalar que, desde el punto de vista de las normas internacionales y comunitarias, las marcas registradas no disfrutan de excepción alguna con respecto a las medidas adoptadas para proteger la salud pública, y aun menos en este ámbito, en el que los efectos sobre el comportamiento de los fumadores son tan dramáticos.
Con respecto al amoniaco, permítanme decir que la Comisión considera que su prohibición es aún muy prematura y no encuentra ningún argumento científico que justifique tal planteamiento en esta fase. Sería preferible esperar hasta que se haya tratado la cuestión de los aditivos en su conjunto en el primer informe de la Comisión. Sin embargo, es asimismo evidente que la preocupación por esta cuestión es alimentada por la información empresarial interna hecha pública en el procedimiento judicial. No sería prudente ignorar este dato. Por ello la Comisión propone tratar el asunto del amoniaco de una forma mesurada, después de haber recabado la opinión de los científicos y de haber estudiado toda la información disponible. En particular, informará sobre el supuesto uso de aditivos para incrementar el potencial adictivo de los productos del tabaco.
Con respecto a los aditivos en general, la Comisión está plenamente dispuesta a prestar una atención prioritaria a este asunto sobre la base de la información que reciba de fabricantes e importadores. Así se dijo en una declaración realizada en el momento de la adopción de la posición común. Hacerlo antes de contar con los datos necesarios sería actuar de forma especulativa y prematura. Necesitamos disponer del tiempo suficiente para analizar la información y para recabar la opinión de los expertos en la materia. Asimismo, la Comisión desea preservar su derecho de iniciativa a este respecto en los términos previstos en el Tratado.
En lo relativo al tamaño de las advertencias, estoy seguro de que podrá alcanzarse un compromiso satisfactorio, basado posiblemente en la propuesta modificada de la Comisión, presentada en junio, que ya recogía las propuestas presentadas en la primera lectura. El uso de fotografías en color que acompañen a los textos quizá sea prematuro y no se ha evaluado por completo en esta etapa. La Comisión preferiría consultar los datos disponibles y presentar un informe al respecto a su debido tiempo. La estampación de una advertencia de gran tamaño en algunos cartones sería una solución adecuada.
El Sr. Davies ha afirmado en relación con las fotografías en color que podría permitirse a los Estados miembros el empleo de esta forma de publicidad en el paquete. No comparto esta opinión por dos razones: en primer lugar, porque ello iría en contra de la idea de la armonización, que constituye la justificación del empleo del artículo 95 como base jurídica; en segundo lugar, porque incluso si los Estados miembros quisieran hacer publicidad de este modo, no se requiere sanción o autorización alguna en virtud de la normativa comunitaria para proceder de tal modo.
La cuestión de las máquinas expendedoras no está comprendida en el ámbito de aplicación de este texto, pero la Comisión estaría dispuesta a estudiarlo en otro contexto con el objeto de examinar los posibles enfoques del asunto. Esto está ligado a la cuestión del acceso a los productos, en particular cuando las máquinas están situadas en zonas no vigiladas.
Por lo que respecta a la enmienda que trata el asunto de los organismos modificados genéticamente, la Comisión considera que sería preferible tratarlo en un considerando adicional en lugar de mencionarlo en un artículo en sí.
En cuanto a las pruebas de laboratorio, la enmienda relativa a la aprobación de pruebas es superflua, puesto que otro artículo prevé ya la circulación de mercancías que cumplen las disposiciones de la directiva.
Además, tenemos que establecer disposiciones que prevean el control de los resultados siempre que sea necesario.
En lo tocante a la frecuencia de los informes del sector, parece claro que la periodicidad anual del informe es innecesaria.
Por cuanto respecta a la Política Agrícola Común, este es un asunto que no se trata en este texto, por lo que mencionarlo en los considerandos no sería jurídicamente razonable. En cualquier caso, está previsto proceder en 2002 a una revisión en profundidad de la Política Agrícola Común.
En lo relativo al régimen fiscal, coincido plenamente en que el precio de los productos del tabaco y, por extensión, los impuestos sobre el tabaco, desempeñan un papel fundamental a la hora de reducir el atractivo del tabaco para los jóvenes. Sin embargo, esta cuestión no es el objeto de la presente directiva. Tenemos que actuar con cuidado para no introducir elementos que queden fuera del ámbito del mercado interno o de la Política Comercial Común en cuanto bases jurídicas. Los informes de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas en materia de impuestos sobre el consumo abordan este problema en la forma adecuada.
Por último, en el informe se ha presentado un total de 54 enmiendas, y me complace informarles de que la Comisión puede aceptar 33, sea total o parcialmente. Sin embargo, no puede aceptar las enmiendas siguientes: 6, 8, 9, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 53 y 54. Las enmiendas que la Comisión ha aceptado mejorarán notablemente este texto, que recogerá de este modo las principales preocupaciones expresadas por los diputados.
Quiero dar las gracias de nuevo a los parlamentarios por su positiva contribución, y al Sr. Maaten por el excelente trabajo realizado en este asunto.

Hora de verano
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0356/2000) de la Sra. Honeyball, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la hora de verano (COM(2000)0302 - C5-0322/2000 - 2000/0140(COD)).

Honeyball
. (EN) Señora Presidenta, este informe no reviste complicaciones: en la actualidad, las directivas sobre el horario de verano sólo están cinco años en vigor, y luego tienen que volver al Parlamento para su renovación. Lo que este informe propone es que esas modificaciones tengan carácter permanente, de modo que contemos para siempre con un horario de verano y no tenga que ser ratificado por este Parlamento cada cinco años.
No hay razones de peso para no aceptar esto en principio. En efecto, hay muchos y poderosos argumentos a favor de contar con un horario de verano. Entre otros se cuentan un menor consumo de energía; el transporte; los hoteles y restaurantes, cuyas tareas de planificación se han visto así facilitadas; las actividades de tiempo libre; el incremento de la calidad de vida, y su contribución a evitar los trastornos biorrítmicos. La mayoría de los Estados miembros acepta y quiere el horario de verano, razón por la que este informe no suscita polémicas de ningún tipo.
Las ventajas de convertir el horario de verano en un uso permanente consistirían en simplificar la planificación. Los representantes de algunos sectores afectados, como, por ejemplo, el de informática y telecomunicaciones y los de ordenadores, transportes, telecomunicaciones, aviación y ferrocarril nos han dicho a nosotros y a la Comisión que, a su juicio, sería muy útil saber que todos los años habrá horario de verano y que éste tuviera carácter permanente, de modo que pudieran planificar con la suficiente antelación.
Hay otro buen argumento referido al mercado único en el que surgen de nuevo consideraciones similares relativas a la planificación. En cuanto a la sustancia de este informe, lo que se sugiere es que los actuales usos, que fijan el principio del horario de verano en el último domingo de marzo y el final en el último domingo de octubre, se mantengan y tengan carácter permanente.
Sin embargo, las enmiendas presentadas propugnan una revisión y la elaboración de un informe una vez transcurridos cinco años. En mi condición de ponente, recomiendo que presten su apoyo a dichas enmiendas, pues son muy razonables.
El principal argumento a favor de estas enmiendas y de la elaboración de un informe una vez transcurridos cinco años afecta a la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, la cual, según se dijo en la Cumbre de Niza, es muy oportuna y adecuada. Lo cierto es que si se unen a nosotros nuevos Estados miembros, es posible que no cuenten actualmente con usos horarios que se cohonesten con lo que estamos proponiendo y que necesiten tiempo para ajustarse a los nuestros y llevar a cabo el tipo de armonización que proponemos.
Habida cuenta de los cambios que muy probablemente experimentaremos, no sería una buena idea introducir ahora usos permanentes, sin posibilidad de revisión. Ese es el argumento de mayor peso a favor de la revisión después de cinco años y, por tanto, de apoyar las enmiendas en tal sentido. Hay otros asuntos que nos gustaría examinar, asuntos como el de consumo de energía, la salud y la seguridad, en la medida en que están vinculados al horario de verano, pero el argumento más poderoso es, sin duda alguna, que queremos dar a los nuevos Estados miembros la posibilidad de ajustarse a nuestros usos.
Por tanto, pido al Parlamento que en el momento de la votación apoye todas estas enmiendas, de modo que podamos contar con los mejores usos posibles para los actuales Estados miembros y para los futuros.

Vlasto
Señora Presidenta, señorías, la propuesta de directiva relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, que hay examinamos, es una buena propuesta. Se basa en un amplio estudio realizado a petición de la Comisión. Los resultados de este estudio son interesantes en la medida en que se oponen a algunas de las ideas anteriores.
En primer lugar, la mayor parte de los sectores de actividad han asimilado ya el principio del horario de verano. Algunos sectores socioeconómicos han pedido además que el cambio al horario de verano sea permanente, en concreto los sectores de la informática, los transportes, las telecomunicaciones y el turismo. La hora es un dato básico que dichos sectores deben incorporar a sus productos y servicios. Por ello tienen necesidad de conocer de antemano las disposiciones sobre el cambio al horario de verano en todos los Estados miembros.
En segundo lugar, varias consecuencias negativas no han quedado claramente demostradas. Así, en materia de salud, los eventuales problemas experimentados son de corta duración y perfectamente reversibles. En lo que se refiere al biorritmo de los animales y a las condiciones de trabajo de los trabajadores del campo, los resultados de la investigación tampoco ponen de manifiesto efectos negativos.
En cambio, el estudio pone de relieve otras consecuencias, menos esperadas. Así pues, el horario de verano está en sintonía con la evolución de los modos de vida de nuestras sociedades, debido sobre todo a los horarios de trabajo más tardíos, al retraso del horario de cierre de los comercios, los servicios y los transportes públicos. La hora de luz suplementaria obtenida con el cambio de horario beneficia en particular al sector turístico y de ocio, que ha registrado un aumento de actividad directamente relacionado con unas tardes más claras y largas. En definitiva, el horario de verano parece ir a la par con una mayor calidad de vida, de modo que los efectos positivos del periodo en que se tiene compensan sobradamente los problemas pasajeros relacionados con el propio cambio.
El Parlamento Europeo sólo ha introducido una enmienda a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Solicita la redacción de informes quinquenales sobre la incidencia de las disposiciones de la directiva sobre el "Horario de verano". En el caso de que los informes mostraran que las disposiciones relativas al horario de verano deben modificarse, la Comisión podría formular propuestas apropiadas. El primer informe se presentará el 30 de abril de 2007 a más tardar. Creo que esta enmienda no se opone al objetivo de la propuesta de la Comisión. Permitirá garantizar un seguimiento de la aplicación del cambio de horario sin por ello poner en duda el principio en cuestión.
No podemos, a fin de cuentas, sino congratularnos por esta propuesta de la Comisión, que hace del cambio al horario de verano un instrumento permanente de la política europea al proponer, en definitiva, que las disposiciones relativas al periodo del horario de verano se establezcan de forma indefinida.

Schierhuber
Señora Presidenta, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, todavía sigo constatando que existen profundas discusiones sobre los pros y contras de la hora de verano. En la mayoría de los casos se trata de discusiones, que, tal como las veo, son más de naturaleza filosófica, que de una política sustantiva seria y real. Por consiguiente, creo que en esta Asamblea no deberíamos ocuparnos demasiado tiempo de este tema, pues los Estados miembros, así como también la población, han aceptado ya en gran medida la regulación de la hora de verano y ésta ha sido reconocida como parte de nuestro ritmo anual. En consecuencia, no deberíamos quebrarnos más la cabeza sobre esto.
Por esta razón, considero también los trabajos específicos de investigación, que aquí y allá se han pedido, como una pérdida de tiempo y dinero, pues, en mi opinión, en Europa hemos de solucionar problemas mucho mayores como, por ejemplo, la situación del transporte, la ampliación o también la EEB, que está de plena actualidad.
También es obvio que en la UE tiene que haber una regulación única acerca de cuándo hay que cambiar de hora los relojes, pues cualquier otra solución - se ha dicho ya - conduciría a un embrollo sin remedio. Creo también que la población se preguntaría con razón sobre el sentido o el sin sentido de alguna legislación de la UE.
Desde el punto de vista de los campesinos - esto también ha sido dicho - el cambio a la hora de verano y a la hora de invierno sigue siendo una solución no precisamente ideal para nuestras explotaciones tanto en lo que respecta a los animales como al trabajo específico en las granjas. No obstante, quiero afirmar con toda franqueza que hay más ventajas que perjuicios en el cambio de hora, en la regulación de la hora de verano que tenemos actualmente.
Deberíamos darnos por satisfechos y, en mi opinión, prorrogar sin término la regulación.
En este sentido, permítanme que en nombre de mi Grupo manifieste que no queremos aceptar ninguna enmienda. He dicho esto porque mi Grupo, y también yo, estamos convencidos de que Europa tiene problemas y tareas de mayor importancia. La hora de verano no es el problema de nuestra casa común Europa.

Pohjamo
Señora Presidenta, la hora de verano ha estado en vigor en muchos Estados miembros a partir de la década de 1970. Hace algunos años se hizo coincidir finalmente el comienzo y el final del cambio de hora, de modo que a partir de 1996 la hora de verano ha sido la misma en todos los Estados miembros de la UE. Ya nos hemos acostumbrado a esta práctica, tal y como acaba de indicar el orador precedente. En opinión de mi Grupo, la propuesta que se ha hecho ahora es acertada, y mi Grupo la apoya sin necesidad de nuevas enmiendas. Lo fundamental es que la hora de verano se aplique en todos los Estados miembros y que el comienzo y el final del cambio de hora sigan coincidiendo. A mi juicio, es conveniente que las cuestiones relacionadas con las franjas horarias y con la aplicación de las regulaciones de la hora de verano queden, según establece la propuesta, en el ámbito de decisión de los Estados miembros. La armonización es necesaria únicamente a la hora de la aplicación práctica, o sea, que la hora de verano debe adoptarse al mismo tiempo en todos los Estados miembros.
La existencia de una hora de verano armonizada contribuye tanto a eliminar los obstáculos para la libre circulación de mercancías, servicios y personas, como a impulsar la eficacia operativa del mercado interior. Los estudios realizados sobre las influencias de la hora de verano no proporcionan una imagen clara sobre si las repercusiones en la agricultura son negativas o positivas. Los mayores motivos de preocupación se relacionan con el bienestar de los animales y con las condiciones de trabajo de los agricultores. La adopción de la hora de verano ha contribuido al ahorro de energía, si bien este ahorro ha sido bastante escaso por lo que se desprende de los estudios. Según las investigaciones, se ha demostrado que la seguridad vial ha mejorado gracias a la prolongación de la claridad por las tardes. Las tardes más largas y luminosas también ofrecen posibilidades en conexión con el aumento del tiempo libre.

Berend
Señora Presidenta, estimados colegas, la hora de verano, que sin duda se ha acreditado, va a comenzará ahora con carácter vinculante en toda Europa el último domingo de marzo y terminará el último domingo de octubre. Así lo prevé la propuesta de la Comisión relativa a la regulación de la hora de verano. En segundo lugar, la directiva va a tener por vez primera un periodo de vigencia ilimitado. Esto es necesario y bueno. La Comisión queda únicamente obligada a presentar dentro de cinco años un informe acerca de los efectos de la directiva. El funcionamiento fluido de la economía europea, en especial en los ámbitos del transporte, de la comunicación, del turismo y de la informática, necesita una planificación estable y a largo plazo. De numerosas opiniones de los sectores de la industria se desprende que esta estabilidad a largo plazo en las fechas de la hora de verano es estrictamente necesaria para el armónico funcionamiento del mercado interior. Por razones económicas y sociales es sencillamente imprescindible que la regulación sobre la hora de verano sea clara, inteligible y concebida para largo plazo, de suerte que se pueda planificar por anticipado y no haya que temer que esta política pueda tornarse súbitamente en su contraria.
Por consiguiente, en mi opinión, las enmiendas que han sido presentadas por el Parlamento y por la ponente no son muy útiles, pues conducen más hacia la inseguridad que a acrecentar la confianza.
Una revisión única por parte de la Comisión dentro de cinco años es suficiente. Por consiguiente, soy partidario de que nos comportemos en el Pleno de la misma manera que en la Comisión de Política Regional, es decir, en el sentido de confirmar la propuesta no modificada de la Comisión y rechazar así las enmiendas.

Vatanen
Señora Presidenta, distinguidos colegas, al acercarse la época más oscura del año, levanta el ánimo hablar del verano o, al menos, de la hora de verano. En cualquier caso, quiero fijar mi atención en este ritual de sincronización de relojes de cada otoño y primavera, sobre cuya conveniencia se pueden tener muchas opiniones. He recibido mensajes de los ganaderos en los que se resalta la cuestión del bienestar de las vacas lecheras, bienestar que hay que garantizar también si pensamos en la producción láctea. La tranquilidad de los rumiantes se está viendo perturbada ya por la enfermedad de las vacas locas. Ahora no deberíamos provocarles un estrés adicional alterando su ritmo habitual. Las vacas no se acostumbran al cambio de ritmo en un par de días. También es entorpecedor para la agricultura el hecho de que en otoño, en la época de la trilla, la humedad del rocío debería haber desaparecido a una hora determinada, pero, milagro y prodigio, la naturaleza no cumple la directiva. Un problema adicional es que, además, el ritmo natural de los animales se ve alterado también por el exceso de actividad humana que, en parte, proviene de la luminosidad.
Considero que en la Comunicación de la Comisión no se demuestra de forma irrefutable la necesidad de la hora de verano. Por consiguiente, la continuación de este sistema debería, en mi opinión, volver a revisarse lo antes posible. También es discutible que el período de la hora de verano deba finalizar algo antes de principios de noviembre. En la blanca y nevada Europa del Norte, el recuerdo del verano se ha enfriado ya para entonces. Estaría más justificado que la hora de verano terminase a finales de septiembre, a unos seis meses de su comienzo.
No estoy totalmente en contra de la hora de verano, ya que también tiene aspectos positivos. Con todo, pido a la Comisión que haga una evaluación crítica sobre la necesidad de la hora de verano en el futuro. Yo creo que es posible arreglárselas sin la existencia de la hora de verano, aunque no por ello esté dispuesto a renunciar a veranos más cálidos. Pero, afortunadamente, eso no lo deciden los políticos.

Byrne
. (EN) Señora Presidenta, señoras y señores, la propuesta que estamos debatiendo hoy está dirigida a ampliar las actuales disposiciones relativas a las fechas y horas en que el horario de verano comienza y acaba, a saber, el último domingo de marzo y el último domingo de octubre a la 1 de la mañana en la hora de Greenwich.
Permítanme en primer lugar felicitar a su ponente, la Sra. Honeyball, por su excelente trabajo y por el informe que ha elaborado. Ya se habrán apercibido de que, en comparación con las anteriores directivas, los usos propuestos son de carácter indefinido. El estudio encargado por la Comisión en 1999, en virtud de su compromiso asumido ante el Consejo y el Parlamento Europeo cuando se adoptó la Octava Directiva, concluye que los usos gozan de una amplia aceptación entre la opinión pública y entre los diversos sectores de actividad.
Sin embargo, es un hecho evidente que la adopción de usos para un período comparativamente más corto crea dificultades a ciertos sectores. Por ejemplo, el sector del transporte en particular, al igual que otros sectores industriales, exige una planificación estable a largo plazo, debido a las exigencias técnicas que suscita la elaboración de horarios de transporte. Por otro lado están las exigencias de los fabricantes de ordenadores o de tacógrafos electrónicos, o de calendarios y agendas. Por último, pero no por ello menos importante, debe evitarse, tanto a nivel comunitario como nacional, la cara repetición y la gran cantidad de tiempo que requieren los procedimientos legislativos en intervalos tan cortos.
Si bien son todas éstas razones aducidas en favor de la adopción de usos con carácter indefinido, la Comisión ha dispuesto, con fines preventivos, la elaboración, a más tardar cinco años después del año de entrada en vigor de la directiva, de un informe sobre la base de la información comunicada por cada Estado miembro. A este respecto me complace señalar que la propuesta de la Comisión ha sido recibida favorablemente por el Parlamento Europeo.
Por cuanto respecta a las enmiendas presentadas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 3 y 4, puesto que están dirigidas a hacer más transparente el sistema e inciden sobre el principio preventivo. En lo relativo a la enmienda 1, la Comisión no puede aceptar la parte de la misma que la obliga a elaborar un informe periódico cada cinco años ni la referencia al proceso de ampliación. Sí puede aceptar la presentación de propuestas adecuadas sobre la base de las conclusiones del informe de 2007 a que se refiere el artículo 5.
En lo que respecta a la enmienda 2, relativa al considerando 6 A, la Comisión no puede aceptarla por dos razones: por un lado, el alcance de las investigaciones no debe restringirse a unos pocos requisitos; por otro, la enmienda del considerando 6 A propuesta no se refiere a ningún artículo específico de la directiva. No obstante, me gustaría aliviar sus preocupaciones diciéndoles que la Comisión informará a los Estados miembros en tiempo oportuno, de modo que éstos puedan enviar toda la información y datos relativos a los diversos sectores afectados por este asunto.
A modo de conclusión, quiero señalar que deseo que la directiva propuesta se adopte rápidamente, para así garantizar que no surgirán dificultades en los sectores afectados.

La Presidenta
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas.

Ensayos clínicos de medicamentos de uso humano
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0349/2000) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano
(8878/1/2000 - C5-0424/2000 - 1997/0197(COD)).

Liese
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, es preciso autorizar rápidamente y de forma no burocrática la investigación médica, necesaria para los pacientes, pero en ella es preciso que se respeten rigurosamente fronteras éticamente motivadas, y las personas objeto de los experimentos deben ser protegidas máximamente contra el abuso. Este ha sido el objetivo del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo sobre ensayos clínicos y creo que hoy podemos decir: se ha alcanzado este objetivo.
En el curso de un diálogo a tres bandas informal el Consejo nos comunicó en la semana pasada que puede aceptar la mayor parte de la enmiendas de la comisión competente para el fondo y que en algunos puntos desea aún cambios redaccionales que podemos llevar a cabo mañana mediante enmiendas transaccionales de cuatro Grupos. Durante largo tiempo parecía que fuera imposible un acuerdo. Aquí, en el Parlamento, las posiciones estaban muy alejadas , pero también entre los Estados miembros y entre las Instituciones. Ahora hemos logrado el acuerdo y quiero dar las gracias por esto a todos los participantes, a todas y a todos los colegas, a la Comisión, también al Consejo y, en especial, a la Presidencia del Consejo francesa.
Los compromisos que hemos acordado mejoran muy fuertemente la posición común desde el punto de vista del Parlamento Europeo. Se pone en claro que por lo regular el consentimiento para un experimento clínico ha de hacerse por escrito. Se pone en claro que no pueden aceptarse las intervenciones en la línea germinal humana. Se reconoce que los experimentos clínicos no comerciales que la industria no quiere o no puede apoyar, son importantes a pesar de todo y es preciso que se establezcan normas al respecto. Estoy especialmente satisfecho del hecho de que hayamos encontrado un compromiso muy bueno sobre los ensayos clínicos en personas que no están en condiciones de dar su consentimiento con validez jurídica. Esta cuestión de la investigación en personas que no están en condiciones de dar su consentimiento ha generado en los Estados miembros -también aquí, en Estrasburgo, en el Consejo de Europa - controversias muy encendidas.
También hemos tenido diversas posiciones entre los participantes en este procedimiento legislativo. Originariamente el Consejo no quería introducir, en absoluto, ninguna regulación en la directiva y dejar esto en manos de los Estados miembros. El Parlamento Europeo acordó en la primera lectura que tales ensayos clínicos sólo son admisibles cundo en cada ensayo clínico se pueda mostrar un beneficio directo para cada paciente. Ahora hemos logrado un compromiso y creo que este no es una fórmula de compromiso, ninguna fórmula de compromiso, sino una enmienda sustantivamente justificada que puede solucionar bien el problema, al menos en este ámbito.
El lo que respecta al beneficio directo, es preciso distinguir en los ensayos clínicos entre la administración del medicamento y las investigaciones colaterales que son necesarias para extraer conclusiones para futuros pacientes. Ésta es una distinción importante que hacemos aquí en nuestro informe. Luego, hay que distinguir entre los niños y las otras personas adultas sin capacidad jurídica de consentimiento. En los niños se dan también características especiales en el metabolismo y, por esta razón, los medicamentos que se administran a los niños han de ser probados también en niños en los ensayos clínicos. Actualmente esto no sucede así en muchos ámbitos. A los niños se les administra medicamentos que sólo han sido ensayados en adultos, los niños, reciben un mal tratamiento. El informe tiene como objetivo que los niños reciban en Europa mejor trato en el futuro, con menos efectos secundarios y con la dosificación correcta.

A este respecto hemos establecido normas muy, muy estrictas. Las normas que se establecieron en comisión y que el Consejo aceptará y que el Parlamento aprobará, ojalá, mañana, son más estrictas que lo que ha establecido el Consejo de Europa en su denominada Convención sobre bioética, pero las normas permiten expresamente la investigación, y nosotros consideramos absolutamente importante esta investigación.
En este sentido, pues, estoy satisfecho del compromiso que se ha alcanzado. Estoy insatisfecho en dos puntos: inicialmente, en la primera lectura, exigimos un plazo más corto para la autorización del ensayo clínico y yo deseaba que se acortase un poco, al menos para las autoridades estatales, el plazo de 60 días que está previsto en la posición común. Efectivamente, creo que a una comisión de ética , en la que trabaja gente que no hace ese trabajo como profesión principal, se le puede conceder un plazo algo más largo, pero sobre las autoridades se debería ejercer una cierta presión de tiempo para que se pongan rápidamente al trabajo.
Lamentablemente, esto no pudo ser objeto de compromiso en el Consejo y, en consecuencia, prefiero someter a votación el compromiso logrado con el Consejo, en lugar de tener un largo procedimiento de conciliación, quizá sin ningún acuerdo al final. Lo mismo sucede con la cuestión de si el director del ensayo clínico ha de ser un médico o si se ha de autorizar también a otros grupos profesionales. El Parlamento sigue deseando que en todos los Estados miembros sólo sean médicos quienes dirijan ensayos clínicos, pues creemos que en este ámbito tan sensible no deberían intervenir enfermeras o matronas, aunque tengan una formación adicional, ni tampoco biólogos o farmacéuticos, que quizá sólo hayan trabajado en el laboratorio y no tienen suficiente experiencia con pacientes. No obstante, debo decir que el Consejo tampoco estaba dispuesto a entrar aquí en compromisos más amplios. Por esta razón tenemos que dar nuestra aprobación, a pesar nuestro, a este compromiso. Si damos nuestra conformidad a este compromiso, seguiremos teniendo todavía una regulación que garantice el progreso terapéutico y que no sólo deja la protección de los pacientes en Europa tal como es, sino que la mejora y, por esta razón, abogo por este compromiso.

Patrie
Señora Presidenta, señorías, la directiva, que hoy debatimos por segunda vez, se inscribe en un contexto delicado de competencia internacional en materia de investigación farmacéutica, de cuestiones sanitarias de primer orden, sobre todo en el ámbito de la pediatría, y permite solucionar el problema de los ensayos clínicos que se realizan a la vez en varios Estados miembros y en varios lugares.
La posición común que nos ha transmitido el Consejo supone una mejora real de la propuesta de la Comisión y, sobre todo, de la primera lectura de nuestro Parlamento. Hay varios puntos sobre los que podemos dar nuestra conformidad. Así, el principio elegido para que se pueda iniciar un ensayo clínico es la autorización tácita tanto del comité ético como de las autoridades competentes de los Estados miembros. De esta manera el dictamen del comité ético es determinante, ya que se produce en primer lugar y la ausencia de un dictamen negativo permite que se inicie el ensayo inmediatamente sin pérdida de tiempo.
Finalmente, estamos de acuerdo con las propuestas del Consejo en lo que se refiere al etiquetado de los medicamentos utilizados en estos casos.
Por el contrario, algunos otros puntos de la posición común debieran ser mejorados y tengo entendido, de lo cual me alegro, que el Consejo está dispuesto a llegar a varios compromisos.
El primer punto me parece esencial y no habría que transigir en la materia. El consentimiento de los participantes en un ensayo clínico se debe formular necesariamente por escrito y, si ello no es posible, por ejemplo en caso de incapacidad temporal para escribir, debe estar presente un testigo en el momento de darse el consentimiento.
En segundo lugar, dicho consentimiento debe ser claro, lo que significa fundamentalmente que el participante debe haber sido informado de las condiciones en las que se va a desarrollar el ensayo, de los riesgos potenciales que corre y de la posibilidad que tiene de retirarse del ensayo en cualquier momento sin restricciones.
Finalmente, y esto me parece fundamental, hay que procurar garantizar la mayor protección posible de aquellos que no estén en condiciones de dar su consentimiento, es decir, los más débiles, los niños y los adultos incapaces desde el punto de vista jurídico. Es preciso que obtengan un beneficio directo del ensayo clínico. La opinión de los menores, en particular, debe al menos escucharse debido a las características clínicas y psicológicas que han de tenerse en cuenta.
Me parece justo no incluir a adultos incapaces en ensayos clínicos que se podrían realizar sobre adultos capaces. Finalmente, los adultos incapaces sólo deben participar en ensayos referidos a la enfermedad que tengan y que sea el origen de su incapacidad.
Así, aunque siga habiendo algunos puntos de discrepancia con el Consejo, quisiera recordar que el resultado que queremos obtener mediante la aprobación de esta directiva es fruto de un largo y fructífero trabajo de compromiso por parte del Sr. Liese, nuestro ponente, al que agradezco y felicito por su gestión participativa y constructiva, y por parte del Consejo, que se ha mostrado cooperativo y abierto a las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente en segunda lectura. También tengo grandes esperanzas, después de lo que acaba de decirnos el Sr. Liese, de que alcanzaremos rápidamente un acuerdo que permitirá evitar una conciliación larga y al final poco productiva.

Ries
Señora Presidenta, quisiera unirme a la Sra. Patrie en dar calurosamente las gracias a nuestro ponente, Sr. Liese, por los numerosos esfuerzos que ha dedicado a la búsqueda de un consenso. Es entonces una directiva especialmente importante la que nos ocupa. Puede contribuir a mejorar la investigación clínica en Europa y, por consiguiente, el bienestar de millones de enfermos. El sector es delicado. Es cuestión de avances científicos, pero también de ética y moral; en resumen, de juicios de valor.
Tras la primera lectura, nuestro Parlamento se centró en la protección de las personas incapaces de dar su consentimiento claro a dichos ensayos clínicos: los niños y los mayores disminuidos mentales. Esos grupos deben mantenerse en el campo de aplicación de la directiva. Excluirlos supondría impedir las investigaciones sobre las enfermedades que les afectan específicamente. Las investigaciones científicas y experimentales son a veces, en algunos casos, sus únicas esperanzas.
Por otra parte, sabemos que separar empíricamente la posología destinada a adultos para tratar a niños ha provocado tragedias en el pasado. Y qué decir del caso contrario, de los niños no atendidos porque el medicamento específico existente que les podría curar no ha sido comprobado para ellos.
Deseamos por tanto que esos grupos se beneficien de los progresos en la investigación, a la vez inscribimos esos ensayos en un marco lo más riguroso y estricto posible. Es lo que hacemos fundamentalmente con las enmiendas 36 y 37: información completa, objetiva y adaptada al niño, algo que me parecía muy importante; consentimiento claro y por escrito de los padres o representantes legales; exclusión de toda ventaja financiera; control del protocolo por parte de comités éticos. Igualmente, en estas enmiendas recordamos, y no sólo una vez sino dos, que los intereses del paciente priman siempre sobre los de la ciencia y la sociedad. Los niños y los incapacitados son personas frágiles que necesitan una máxima protección. No obstante, no es precisa la prohibición: dichos enfermos no deben verse excluidos de la esperanza que constituye para ellos la investigación, que es a veces el último hilo del que pende su vida.
Sólo unas palabras sobre otra cosa muy importante desde mi punto de vista: me refiero a la enmienda nº 30, que se refiere a los ensayos clínicos no comerciales. Es crucial que la directiva tenga en cuenta dichas investigaciones académicas. Tampoco es preciso que las penalice. Son particularmente beneficiosas para los pacientes en cuestión, y ello en múltiples sectores. Pienso sobre todo en la investigación en el marco de la lucha contra el cáncer, pero hay muchas otras.

Breyer
Señora Presidenta, celebro que tantos colegas hayan puesto de relieve cuán importante nos parece, y creo que éste es también el punto central de este debate, que se proteja a los grupos de personas especialmente necesitadas de protección, es decir, los niños y los que carecen de capacidad de consentimiento, y que no deba existir ninguna investigación sin beneficio directo.
Pero también quisiera recordar que fue el Grupo de los Verdes, el que presentó esto aquí en la primera lectura en contra de muchas resistencias - lamentablemente, también del actual ponente - es decir, nuestra enmienda de entonces, que muchos colegas y muchas colegas apoyaron aquí y que preveía que no debe practicarse ninguna investigación sin beneficio directo con personas que no están en situación de dar su consentimiento. En mi opinión sólo gracias a esta enmienda presentada por nosotros ha sido posible este debate tan importante.
Quisiera poner de relieve una vez más lo siguiente: celebro que en este punto se haya movido el ponente, de tal manera que creo que hemos logrado un compromiso verdaderamente bueno. Este compromiso, que, naturalmente, puede ser sobrepasado aún por cada uno de los Estados miembros, representa un mínimo para que en la Unión Europea no tengamos una especie de dumping ético, es decir, que en un país miembro se pueda practicar la investigación en personas carentes de capacidad para el consentimiento, y en otros no se pueda.
Quisiera destacar una vez más que este compromiso va más allá de lo que propone el Convenio de bioética del Consejo de Europa, pues nosotros tenemos una protección mayor de los pacientes, una conexión mucho más fuerte a sus propios intereses; así, por ejemplo, el consentimiento a través de representante es revocable en todo momento.
Pero celebro también que hayamos logrado echar un cerrojazo a la terapia génica . Debe quedar muy claro que la investigación clínica que tenga por objetivo abrir puertas traseras a la manipulación de la línea germinal no debe darse, pues esto constituye una transgresión contra la dignidad humana. Por esta razón creo que es muy bueno este compromiso, sobre todo si se considera que los Estados miembros pueden introducir incluso reglas más estrictas. Con esto ponemos en claro lo siguiente: en el plano europeo no debe darse ningún dumping moral y no debe existir ninguna investigación en personas incapaces de dar su consentimiento que beneficie a terceros.
Para terminar quisiera pedir amablemente al Consejo que estudie una vez más nuestra enmienda relativa a los placebos. En la misma hemos propuesto que la investigación con placebos sólo debe practicarse cuando se demuestre que no puede darse otro control de eficacia, pues aquí queremos evitar que se llegue a la investigación sin beneficio directo, pero al mismo tiempo queremos hacer posible la investigación. De aquí esta propuesta, y quisiera pedirle amablemente que recuerde a la Presidencia francesa del Consejo que conteste esta cuestión.

Malliori
Señora Presidenta, la salud como bien supremo se debe salvaguardar y restaurar sea como sea. Para este fin, la ciencia médica debe disponer de todo medio que garantice un nivel elevado en la salud individual y pública. Desgraciadamente, a pesar de las medidas relativas, aparecen nuevas amenazas y enfermedades, y en muchas ocasiones los medicamentos con que contamos no bastan para erradicarlas. Es un deber de la comunidad médica buscar formas actualizadas o más eficaces contra estos desafíos. Así, es necesario realizar ensayos clínicos; basta con que se realicen de manera que garantice la dignidad individual y la integridad psicosomática. Hoy en día, las diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en los Estados miembros crean obstáculos e incluso competencia entre las industrias farmacéuticas por poner a la disposición de los pacientes los medicamentos oportunamente. Por esta razón se debe llevar a cabo una armonización en el ámbito europeo.
El Parlamento Europeo, reconociendo la importancia de esta directiva, intenta superar estas diferencias para no retrasar el procedimiento legislativo, enfocando las condiciones seguras mencionadas posteriormente para la realización de los ensayos clínicos: consentimiento por escrito de los sujetos de ensayos clínicos, consentimiento de los tutores o de los responsables legales, así como del médico que les asiste sobre la participación de personas discapacitadas psíquicas. Una condición es que el beneficio al que se aspira de los medicamentos en prueba sea mayor que las posibles reacciones secundarias; la participación de niños en los ensayos clínicos debe realizarse con la seriedad debida puesto que se trata de un sector vulnerable.
Finalmente, y aquí expreso mi disgusto porque esto no está incluido en las propuestas conciliatorias del Consejo, creo que el principal investigador para la investigación de los ensayos clínicos debe ser médico. Porque sólo los médicos tienen los conocimientos y la experiencia para evaluar el beneficio y hacer frente a las reacciones secundarias y los peligros durante el ensayo médico. Por supuesto, en el grupo que investiga el ensayo médico pueden participar también otros especialistas que tengan relación con el tema.
Quisiera dar mi enhorabuena al ponente, Sr. Liese, por su informe y agradecerle su esfuerzo por conciliar las posturas contrarias.

Liikanen
. (FR) Señora Presidenta, deseo dar las gracias y felicitar al ponente, Sr. Liese, por el excelente informe que ha presentado, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por el trabajo realizado.
La Comisión se alegraría mucho de que después de tantos esfuerzos por parte de todos los interesados fuera posible lograr, a nivel comunitario, la armonización de los requisitos aplicables a la realización de ensayos clínicos, algo que resulta particularmente importante a efectos de protección de la salud pública.
Como ustedes saben, desde 1965 la legislación farmacéutica comunitaria estipula que los medicamentos deben obtener una autorización antes de poder ser comercializados. La emisión de dicha autorización se basa en el respeto de tres criterios fundamentales: calidad, seguridad y eficacia. Esta exigencia responde a dos objetivos esenciales: protección de la salud pública y libre circulación.
La realización de ensayos clínicos, de acuerdo con los principios de buenas prácticas clínicas, permite verificar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Las buenas prácticas clínicas han sido objeto de una armonización internacional en forma de directrices aprobadas en el marco de la Conferencia Internacional de Armonización, que agrupa a representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
No obstante, al no ser esas directrices jurídicamente vinculantes, se aplican de manera muy diferente en los Estados miembros. Esto crea dificultades tanto para los participantes en los ensayos clínicos como para los industriales que desean llevar a cabo esos ensayos en la Unión Europea.
Por ello la Comisión se vio obligada a proponer en septiembre de 1997, sobre la base del artículo 95 del Tratado, un marco legislativo destinado a armonizar los procedimientos establecidos para los ensayos clínicos en el seno de la Unión Europea. La Comisión modificó su propuesta en abril de 1999 para tomar en consideración el dictamen del Parlamento Europeo.
La posición común del Consejo, adoptada en julio de 2000, se basa esencialmente en la propuesta modificada de la Comisión e incorpora la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo e incorporadas por la Comisión, la cual comprende perfectamente el deseo del Parlamento Europeo, cuyas enmiendas tienen en su mayoría como objetivo mejorar la protección de los sujetos que participan en los ensayos clínicos y, sobre todo, los que no pueden dar su consentimiento, esto es, los niños y los mayores de edad incapacitados.
En la medida en que esas poblaciones tienen una absoluta necesidad de medicamentos adaptados, el reto es entonces el de poder realizar ensayos a la vez que se garantiza plenamente su protección. Un trabajo a fondo, realizado en perfecta colaboración entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, ha permitido preparar un compromiso que tiene en cuenta todos los aspectos planteados y señala unas posturas a veces divergentes.
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas del compromiso, que responden a los objetivos perseguidos por la Comisión, es decir, la protección de la salud pública, teniendo en cuenta a los participantes de los ensayos clínicos, la necesidad de facilitar la realización de ensayos clínicos dentro de la Unión Europea y la necesidad de que la industria farmacéutica sea competitiva a escala internacional.
En conclusión, la Comisión puede aceptar las enmiendas de compromiso 28 a 43. También puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23 y 24. Puede además aceptar en principio las enmiendas 5, 11, 15, 17, 25, 26 y 27, pero, en cambio, no puede aceptar las enmiendas 4, 18, 20 y 22.

La Presidenta
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas.

Breyer
Señora Presidenta, celebro que la Comisión diga que en principio puede aceptar la enmienda 25. Sin embargo, si es posible, me gustaría saber del Consejo una vez más si éste puede aceptar esto.

La Presidenta
El Consejo no tiene al parecer intención de darle una respuesta, señora. Supongo que podrá ponerse en contacto con el representante fuera de la sesión, de aquí a las 12.30 horas de mañana, puesto que la votación se realizará mañana.

Programas en el ámbito de la salud pública
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0377/2000) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prolongación de determinados programas de acción comunitaria en materia de salud pública, adoptados por las Decisiones nº 645/96/CE, nº 646/96/CE, nº 647/96/CE, nº 102/97/CE, nº 1400/97/CE y nº 1296/1999/CE y por la que se modifican dichas Decisiones (COM(2000)0448 - C5-0400/2000 - 2000/0192(COD)).

Malliori
Señora Presidenta, para empezar quisiera expresar mi disgusto a la Comisión por haber retrasado injustificadamente la presentación al Parlamento de la propuesta sobre la ampliación de seis programas de acción sobre la salud pública.
Estos programas están relacionados con la lucha contra el cáncer, con la prevención del SIDA, la prevención de la drogodependencia y la promoción en materia de salud; y su interrupción significaría el fin de los proyectos relativos y de la labor de las redes que se crearon a este fin. El procedimiento de codecisión para poner en vigor el nuevo programa de acción para la salud pública para los años 2001 a 2006 va a retrasarse más allá del 12 de diciembre de 2000, fecha en que expira el plazo de cuatro de los seis programas. Por eso es tan urgente aprobar su ampliación a un año para empezar, y a un segundo año si no entra en vigor el nuevo plan de acción.
Así pues, en este sentido estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de acelerar los procedimientos y evitar las dos lecturas, mediante un acuerdo con el Consejo y con la Comisión sobre los fondos. Espero que en el futuro no volvamos a encontrarnos con un retraso tal, en sectores tal vitales como es éste de la salud pública.

Trakatellis
Señora Presidenta, para empezar quisiera señalar que los programas cuya ampliación estamos debatiendo, cuatro programas para una formación bienal y dos programas para una formación anual, tienen relación directa con el programa que se está debatiendo en este momento en la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor, que es el nuevo programa de salud.
Desgraciadamente, este nuevo programa que va a estar en vigor desde el año 2001 hasta el año 2006, todavía no esta preparado, y no está previsto que entre en vigor durante algún tiempo aún. Así pues, era lógico que se solicitara la ampliación de los programas anteriores que, por supuesto eran programas importantes sobre el cáncer, sobre el SIDA, sobre enfermedades como por ejemplo las enfermedades vinculadas con la contaminación, o incluso sobre el seguimiento de enfermedades transmisibles, y en general, programas de gran importancia para la salud pública. Dicha ampliación era importante porque, de otra forma, se crearía un gran vacío en los temas y programas de salud pública. No debemos olvidar que el acervo comunitario de estos programas básicamente va a pasar al nuevo programa sobre la salud, que se está elaborando actualmente y por consiguiente su ampliación es correcta.
Lo que acordamos con el Consejo y con la Comisión y, naturalmente, con la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento, para evitar una segunda lectura y poder continuar sin obstáculos estos programas y que no se crearan vacíos, fue que sí, que se ampliaran en dos años los cuatro programas, tal como había solicitado la Comisión, pero que el dinero se diera anualmente, de modo que, si mientras tanto teníamos la aprobación y entraba en vigor el nuevo programa sobre la salud, no fuera necesaria la ampliación ni que se utilizara el dinero para el segundo año. Naturalmente si no se ha iniciado aún el nuevo programa, que no lo creo, entonces avanzaremos y tendremos también el dinero para el segundo año. Así pues, hemos llegado a un acuerdo en estos temas; hemos acordado también que para los dos programas que finalizan en diciembre de 2001 haya una ampliación de un año, y hemos acordado también la cantidad, que no es distinta, puedo decir que es algo menor, que la que inicialmente había solicitado la Comisión Europea.
Por tanto, quiero creer que hemos avanzado muy rápido y en óptima colaboración. Diría que quizás hemos inaugurado también una nueva forma de funcionamiento en los temas de codecisión. En lugar de esperar a llegar a la conciliación después de mucho tiempo, básicamente hemos creado la conciliación a priori. Yo también propondría esto a la Comisión Europea, al Consejo y a las comisiones del Parlamento. Es algo muy bueno poder allanar el terreno a priori, de modo que, aún en el caso de que sea necesario realizar una segunda lectura, estar muy cerca del punto en el que se toman las decisiones.
Por supuesto, quisiera dar las gracias a mis señores colegas, y también a los de los otros partidos, y claro, también dar las gracias a mis señores colegas de la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Política del Consumidor, porque, verdaderamente, hemos contado con esta convergencia de opiniones digna de mención, y hemos podido avanzar rápidamente para que no haya vacíos en los temas de la salud pública.
Y quiero creer que vamos a seguir avanzando de la misma manera, utilizando este método también para el nuevo programa de salud, para poder avanzar realmente en estos temas, que la integración europea sobre la que tan frecuentemente debatimos y mencionamos todos nosotros no es algo abstracto, no es una integración que se da sólo en las relaciones exteriores, sólo en la defensa. Es una serie de convergencias. No es posible imaginar una Unión Europea unificada si no hay convergencias en el sector de la salud, de la educación y en otros sectores. Consiguientemente, diría que estamos avanzando poco a poco. Por supuesto, todos sabemos que la salud es responsabilidad de los Estados miembros, pero claro, la Comisión Europea tiene una gran responsabilidad, por los Tratados, en la salud pública del ciudadano europeo. Así, vamos por muy buen camino. Veo un principio de convergencia con estos programas, y diría que es una labor deseable. Porque realmente los ciudadanos europeos van a beneficiarse mucho de las acciones en el ámbito de la salud pública.

Rod
Señora Presidenta, digámoslo de entrada, vamos a votar a favor del informe Trakatellis. Sin embargo observamos, una vez más, un mal funcionamiento en la Unión Europea, puesto que aprobamos, con urgencia, un enlace entre dos programas como si fuera una sorpresa que los programas deban terminar en el año 2000, cuando el hecho es que terminan en el año 2000.
Creo que no se puede jugar -lo ha dicho el Sr. Trakatellis- con la salud de los enfermos, que esperan nuestra ayuda, ni con las organizaciones no gubernamentales, que necesitan esos presupuestos comunitarios para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de salud.
De una manera general, ya es hora de que los países miembros se pongan de acuerdo en dar a la Unión Europea, sobre un tema legítimamente supranacional, un mayor margen de maniobra y un presupuesto apropiado: las enfermedades no conocen fronteras. Sobre todo, un programa marco no debe, con el pretexto de la concentración, olvidar las acciones específicas. Por ejemplo, aunque la lucha contra el sida ya no esté de moda, debe seguir siendo prioritaria, ya que esta enfermedad dramática sigue muy presente, sobre todo en los futuros países candidatos.
Como conclusión, digamos que el objetivo de una futura estrategia europea debiera ser la integración de las cuestiones sanitarias en todas las demás políticas comunitarias, de modo que se ponga fin a las incoherencias actuales: mientras se conceden 50 millones a la lucha contra el cáncer, ¡a la industria tabaquera se la subvenciona con 1.000 millones!

Marset Campos
Señora Presidenta, nuestro Grupo apoya el informe muy bien realizado por el señor Trakatellis y también el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente; pensamos que, como decía muy bien el señor Trakatellis, hace falta una tarea de previsión para poder avanzar en el cumplimiento de programas en marcha.
Cuando el conjunto de ciudadanos europeos está siendo afectado por causas comunes en alimentación, en trabajo, en cuestiones diversas, es lógico que haya programas comunes europeos que cada vez tengan más importancia para la lucha, prevención, conocimiento y la acción conjunta en estas cuestiones. Por ello, es de desear que el esfuerzo dedicado a estas cuestiones aumente.
Precisamente, es en este tema donde nosotros pensamos que se nota la insuficiencia de la orientación de la Unión Europea, del Consejo y de la Comisión que, con los recortes presupuestarios, al no querer alcanzar el techo del 1,27 % que permiten actualmente las normas en vigor, está haciendo que se sufran acciones como éstas cuando, cada vez, tiene más importancia la coordinación entre los distintos Estados miembros.
También estimamos en el informe del señor Trakatellis la necesidad de equilibrar los distintos programas y actuaciones que están en marcha. Además, debemos tomar en consideración que tanto la prevención y promoción como la vigilancia van a ser cada vez más importantes y, por ello, habría que dotarlas de más presupuestos y darles más importancia.
Por último, creemos que hay que procurar que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como las que hemos vivido, de falta de agilidad por parte de la Comisión para acceder a tiempo a la renovación del conjunto de actuaciones. Yo creo que esto es preocupante, ha habido alerta por parte de muchas organizaciones que están comprometidas y el problema debería resolverse de una vez.

Fitzsimons
Señora Presidenta, apoyo sin restricciones la ampliación de los programas comunitarios en materia de salud hasta el 31 de diciembre de 2002. La continuación de ciertos programas en materia de salud pública hasta finales de 2002 costará 80 millones de euros. Ello significará que puedan emprenderse acciones comunitarias en los ámbitos de la promoción de la salud, la información, la educación y la formación; en el programa de lucha contra el cáncer, el programa de acción comunitaria en materia de prevención del SIDA y de otras enfermedades transmisibles, así como en el programa de toxicomanía.
A mi juicio, las Instituciones europeas, fundamentalmente la Comisión Europea y el Parlamento, han de recibir competencias más amplias para la promoción de programas de salud dentro de la Unión Europea. Sin duda alguna, el programa de acción comunitaria de prevención del SIDA ha contribuido de forma notable a reducir el número de personas que contraen esta terrible enfermedad en la Unión Europea. Es más, pretendo desempeñar un papel fundamental y activo para asegurar que dentro de la Unión Europea se destine una mayor cantidad de recursos a la investigación sobre el cáncer. Es imprescindible que este presupuesto aumente, de modo que podamos por fin encontrar el origen del cáncer y curar a aquéllos que lo padecen.
Asimismo, los programas de prevención de la toxicomanía no deben centrarse únicamente en las zonas de mayor conflictividad, sino también en muchas regiones de toda la Unión Europea. En efecto, organizaciones internacionales como Europol han afirmado que la importación de drogas a la Unión esta aumentando. La guerra que acabe con el tráfico internacional de drogas y con la importación de drogas a la Unión constituye todo un desafío para los próximos años. El Gobierno irlandés gestiona con gran éxito un programa llamado "Fondo para Instalaciones y Servicios para la Juventud" que fomenta el desarrollo de instalaciones y servicios para la juventud en zonas desfavorecidas. Tiene por objetivo las zonas que sufren o pueden sufrir importantes problemas relacionados con las drogas. Este es un asunto que puede considerarse en el contexto del nuevo programa de acción comunitaria en materia de salud pública cuya aplicación esta prevista para un futuro próximo.
Por último, quiero felicitar al ponente y elogiar su informe.

Blokland
Señora Presidenta, con motivo del informe Trakatellis sobre la prórroga de los programas europeos existentes en el ámbito de la salud pública, quisiera expresar mi preocupación sobre cómo y en qué sentido evoluciona la política europea en materia de salud pública.
Los puntos de partida para una política europea de salud pública los podemos leer en el artículo 152 del Tratado de Amsterdam: "la acción de la Comunidad (que) complementará las políticas nacionales (...). Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas." Además, quisiera señalar el principio de la subsidiariedad, lo cual significa que los Estados miembros deben realizar las tareas que no traspasen el ámbito nacional. Sin embargo, en mi opinión la salud pública se está perfilando últimamente como un tema relevante de integración de Europa, mientras que esa evolución va en contra del Tratado.
La política europea de salud pública sólo se hace relevante si se trata de un tema de carácter transfronterizo o cuando los Estados miembros por si solos no pueden realizar una determinada tarea. Ejemplos de ello son la legislación en materia de tráfico de órganos, tejidos y sangre de origen humano y el programa de medicamentos genéricos. Como los Estados miembros se necesitan el uno al otro en los ejemplos mencionados, soy partidario de un enfoque europeo común. En la lucha contra los problemas como el cáncer, el SIDA o la drogodependencia no nos hace falta tal enfoque. El valor añadido en comparación con los esfuerzos de los Estados miembros no es particularmente grande. Sobre todo en cuanto a la información y educación es preferible el nivel de los Estados miembros que el nivel europeo.
La Unión Europea podría hacer más por fomentar la salud pública en los países candidatos a la adhesión, donde incluso el sistema de salud básico es deficiente. Además, algunas enfermedades relativamente fáciles de curar no se pueden combatir por falta de dinero y otros medios.
Aparte de esto, estoy preocupado por el hecho de que dentro de poco se sometan a debate las nuevas propuestas sobre los diferentes sistemas de salud de la Unión Europea. Posiblemente, ahí serán objeto de discusión los sistemas nacionales o incluso se verán afectados en el futuro, cosa que me parece una evolución indeseable.
Señora Presidenta, para resumir he de decir que me parece que las evoluciones en el sector de la salud pública en la Unión Europea van demasiado lejos. La salud pública es parte de la política nacional y debe seguir siéndolo. Por lo tanto, no soy partidario de que se utilicen los programas en el ámbito de la salud pública en detrimento de la política nacional en este ámbito, cuando los programas aquí presentados apenas tienen un valor añadido a los esfuerzos de los Estados miembros individuales.

Byrne
. (EN) Doy las gracias al Parlamento, en particular a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y sobre todo al ponente, el Sr. Trakatellis, por los grandes esfuerzos realizados para asegurar que esta propuesta pueda ser adoptada en una sola lectura y en tiempo récord. Este es un ejemplo de lo mucho que puede conseguirse cuando todas las Instituciones colaboran eficazmente.
El texto acordado hoy, relativo a la prolongación de seis programas en materia de salud pública, refleja lo que las Instituciones han pactado informalmente. Por tanto, la Comisión puede aceptar todas las enmiendas presentadas por el Sr. Trakatellis. Tengo entendido que el Consejo también ha dado en principio su consentimiento.
La prolongación acordada es importante por dos razones. En primer lugar, porque permitirá la continuación de algunas actividades de importancia en materia de salud pública y el cumplimiento de sus objetivos. En segundo lugar, porque nos proporciona el respiro necesario para poder impulsar los debates sobre nuestra propuesta de nuevo programa en materia de salud pública.
Permítanme hacerles llegar un mensaje de tranquilidad sobre una cuestión. El trabajo que debe realizarse en los programas prolongados, y por supuesto en todos los programas actuales en materia de salud, se orientará hacia la preparación de algunas de las acciones fundamentales previstas en el nuevo programa. En el marco de las decisiones relativas a los programas individuales, sus programas de trabajo se adaptarán a estas necesidades. En lo que respecta al texto que tienen ante ustedes, espero que, una vez haya sido votado por el Parlamento, la decisión sea adoptada por el Consejo de Ministros de Sanidad de 14 de diciembre.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas

Estatuto de la víctima en el proceso penal
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0355/2000) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción de una Decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (9650/2000 - C5-0392/00 - 2000/0813 (CNS)).

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, quiero en primer lugar empezar mi intervención felicitando la iniciativa de la Presidencia portuguesa, que después ha continuado -bajo mi punto de vista, con toda corrección- la Presidencia francesa.
Señorías, como ustedes conocen, vivimos en una sociedad donde los movimientos transfronterizos son cada vez mayores, de unas proporciones verdaderamente gigantescas y absolutamente desconocidas en otras épocas de la humanidad. A este respecto, baste simplemente recordar, por ejemplo, que durante el año 1997, dentro del territorio de la Unión Europea, más de 200 millones de personas cruzaron las fronteras de sus Estados de residencia para dirigirse hacia el territorio de otros Estados miembros.
La Unión Europea y la creación de un mercado único implican a su vez la creación de un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe estar garantizada dentro del territorio de los Estados de la Unión, según dispone el artículo 14 del Tratado de la Comunidad Europea.
Todos estos factores, actuando de forma separada, pero multiplicando sus efectos cuando actúan conjuntamente, han hecho que diariamente y de una forma natural millones de personas crucen las fronteras de su Estado de residencia hacia otro Estado de la Unión Europea, bien sea para vivir, para trabajar, o simplemente para viajar. Esta realidad, cuyas consecuencias desde el punto de vista político y económico serán incalculables a medio o largo plazo, tiene, sin embargo, unas implicaciones negativas para los ciudadanos que se desplazan; una de ellas es el riesgo de llegar a ser víctima de un delito, tanto fuera como dentro del territorio de su Estado de residencia, yendo desde el robo personal hasta los, a veces, delitos de terrorismo, cuya lacra todavía golpea cruel e inhumanamente a determinados Estados miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, incomprensiblemente, la Unión Europea, hasta el momento, ha sido incapaz de crear fórmulas adecuadas para luchar unitariamente contra este azote que desconoce las fronteras nacionales porque los Estados continúan cerrados dentro de 15 fronteras nacionales en los ámbitos judiciales. En la Unión Europea se produce actualmente la paradoja de que la abolición de las fronteras interiores para la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe convivir con el mantenimiento de 15 fronteras en los ámbitos policiales y judiciales penales, que los Estados miembros ponen dificultades en eliminar.
Esta situación tiene consecuencias injustificables para los ciudadanos europeos que se mueven libremente en el espacio territorial de la Unión Europea. Cuando se produce la desgraciada circunstancia de ser víctima de un delito en otro Estado distinto del de su residencia habitual, el ciudadano tiene la mala experiencia de comprobar la insoportable indefensión que se deriva de la incapacidad de los Estados de construir un auténtico espacio judicial europeo.
Por ello, es necesario que a todas las víctimas de delitos, sea cual sea su lugar de residencia o nacionalidad, se les garantice el respeto de sus derechos y la seguridad de que recibirán el mismo trato, una indemnización rápida y segura, como todo ser humano merece por el simple hecho de serlo. Este trato se le debe dispensar en cualquier Estado miembro en cuyo territorio ha sido víctima del delito. Por esta razón, es inexcusable la creación de un auténtico estatuto de las víctimas de los delitos, estatuto común para el conjunto de los Estados miembros. Es un objetivo principal de esta iniciativa garantizar una indemnización mínima para las víctimas en todos los Estados miembros, garantizando, al menos, un mínimo común.
Del mismo modo, creo necesario destacar que la legislación penal europea de los Estados siempre ha prestado atención y esfuerzos a la figura del delincuente, tanto en la vertiente de la prevención de la delincuencia y de los delitos como en lo que se refiere a los programas y medidas de reinserción y rehabilitación dirigidos a los delincuentes.
Esta iniciativa es la primera que concede especial atención y protagonismo a la figura de la víctima. Podemos calificar esta iniciativa como novedosa y, en cierto modo, revolucionaria en lo que se refiere al trato a la víctima. Es, sin lugar a dudas, una nueva pieza del sistema jurídico europeo, en el que, por primera vez, la figura de la víctima tiene reconocido un status jurídico propio y no, como hasta ahora, derivado del delito.
En bastantes ocasiones, la víctima es objeto del delito en el territorio de un Estado distinto de su residencia habitual, con lo que los problemas y sufrimientos en estos casos se agravan y complican por la suma de circunstancias negativas, pero habituales y constantes, en el trato dado a las víctimas: su incomunicación por desconocimiento de la lengua, su falta de información, su abandono, su falta de protección en unos ámbitos en los que cada Estado ha preservado su propio sistema jurídico. Por ello, y con el objeto de poder responder adecuadamente a las necesidades de este tipo de víctimas, también se han ido elaborando normas a escala internacional que tienen en cuenta la defensa de los derechos e intereses de las víctimas.
De esta iniciativa sólo quiero destacar dos aspectos en este momento: el Convenio europeo nº 116 del Consejo de Europa de 24 de noviembre de 1983 sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos. Y quiero subrayar que, pese a su importancia y a ser un punto de referencia obligado en Europa, el Convenio todavía no ha sido ratificado, a 18 de septiembre de 2000, por los siguientes Estados miembros de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España.
Otra iniciativa a nivel internacional es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y abusos de poder, aprobada mediante la Resolución 40/34 de la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985.
Señorías, por lo dicho anteriormente y siguiendo los mandatos del cuarto guión del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que fija como uno de los objetivos de la Unión mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas, debemos lograr que este espacio de libertad, justicia y seguridad asegure un verdadero acceso a la justicia para que los ciudadanos puedan beneficiarse de una protección jurídica adecuada en cualquier lugar del territorio de la Unión.
Por esta razón, la Europa de los ciudadanos no tendrá sentido si antes no se adoptan, entre otras, las medidas necesarias que mejoren y tengan en cuenta también los derechos de las víctimas de los delitos, enfocados desde una perspectiva global que contemple todos sus derechos e intereses, por una parte, y que, desde una óptica comunitaria, aproxime las legislaciones de los 15 Estados miembros. Es necesario que toda persona, incluidos los nacionales de terceros países que han sido víctimas de un delito en el territorio de cualquier Estado de la Unión Europea, reciba un trato mínimo similar.
La Unión Europea no puede aceptar que las personas puedan recibir un trato diferente dependiendo del Estado en que han sido víctimas del delito o de su nacionalidad. Sin lugar a dudas, esta discriminación es totalmente inadmisible.
Para terminar, la iniciativa supone un avance importante en la creación de un espacio judicial penal europeo, aunque parcial y limitado, pero responde a las necesidades reales de una enorme masa de ciudadanos europeos que, hasta el momento, han estado prácticamente desamparados cuando han sido víctimas de un delito fuera del territorio de su residencia habitual.
Como elementos positivos de esta iniciativa destaco la definición del concepto de víctima y la adopción de medidas que están intrínsecamente unidas a la atención global que debe prestárseles.
Por todo ello, la mayor parte de las enmiendas que se contemplan en este informe se han realizado con el objetivo de que a la persona que ha sido víctima de un delito se la respete y reconozcan sus derechos, se tengan en cuenta sus intereses y circunstancias particulares. En definitiva, que a la persona que ha sido víctima de un delito se le garantice el mismo mínimo trato, que se preserve su dignidad, que se le garanticen sus derechos a informar y a ser informado, acceso a la justicia y que la indemnización por los daños sufridos sea inmediata, integral y efectiva.

Lehne
Señor Presidente, señoras y señores, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, competente para opinión, dos cuestiones relativas a esta propuesta han jugado un papel decisivo. La primera cuestión fue la de hasta qué punto existía un fundamento jurídico para esta propuesta. Como ponente, mantuve la opinión de que, si bien es loable esta empresa que se nos ha presentado aquí, sucede, lamentablemente, que en el seno de la Unión Europea y, también, en la relación con los Estados miembros, existen reglas relativamente claras acerca de quién tiene qué competencias. Mi opinión, como ponente, es que las cuestiones de la organización de la persecución penal y del Derecho procesal penal no inciden en la competencia del Tratado de la UE, sino que estas cosas se solucionan en el ámbito de los Estados miembros.
Lamentablemente, en mi caso concreto la Comisión no ha seguido mi propuesta , pero, no obstante, quisiera manifestar aquí, como ponente, esta opinión.
El segundo aspecto que ha desempeñado un cierto papel ha sido la cuestión de la toma de declaración en vídeo. Ustedes recordarán quizá el debate que se celebró hace algún tiempo en esta Asamblea sobre el llamado Informe Di Pietro. Entonces éste era ya un tema altamente disputado. La Comisión de Asuntos Jurídicos, en consonancia con la propuesta del ponente, era de la opinión de que esta declaración en vídeo no debería ser un medio apropiado del estado de Derecho y, por esta razón, eliminó las grabaciones de video del apartado correspondiente del artículo correspondiente. Pido que esto se tenga también en cuenta en los debates que sigan.
Por lo demás, la propuesta es digna de elogio. Sólo que hubiera sido mejor que se la hubiera tratado en el lugar que le corresponde, es decir, en el ámbito del legislador nacional, el cual podría decidir de manera excelente en estas cosas. No todo ha de ser regulado a nivel europeo, pues, de lo contrario se habría incluido en el Tratado la competencia universal. Sin embargo, esto no se hizo. Por consiguiente, quizá deberíamos reflexionar también en este tema acerca de si es correcto que votemos a favor.

Smet
Señor Presidente, me parece, en efecto, que es de suma importancia que se garanticen unos derechos mínimos a las víctimas de delitos sin estar limitados por las fronteras. Esto es lo que defiende este informe.
En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos dado una opinión a la Comisión encargada. Nos parecía muy importante que quedara reflejada en el informe la situación específica de las mujeres, así como la de otras víctimas vulnerables. Y si digo otras víctimas vulnerables, me refiero por ejemplo a los menores de edad y niños, aunque no tiene que limitarse sólo a ellos. Hay en nuestra sociedad también otros grupos que son muy vulnerables tratándose de temas de violencia. Me refiero a personas con otra orientación sexual y también pienso en los inmigrantes que son, asimismo, un colectivo muy vulnerable. ¿Qué hemos pedido para este grupo de personas?
En primer lugar, hemos dicho que las personas especialmente vulnerables deben ser tratadas con el más absoluto respeto. Me refiero a este respecto, por ejemplo, a la situación específica de mujeres y niños que son víctimas de la violencia sexual o física en el núcleo familiar. Para ellos es de gran importancia que, si se llega a juicio, se haga efectivamente a puerta cerrada de modo que se dé la menor publicidad posible a la identidad de esas víctimas que muchas veces están avergonzadas sobre el hecho de ser víctimas. Porque, no nos engañemos, así es la situación en nuestra sociedad. Asimismo, creo que es muy importante que las mujeres que han sufrido malos tratos puedan conseguir información de adónde pueden ir, dónde pueden encontrar alojamiento y cómo pueden conseguir una dirección secreta.
Es también de gran importancia que la policía y los jueces reciban una formación especial. En mi propio país me he dedicado de forma intensiva a esta problemática cuando estaba en el gobierno. Me di cuenta entonces de la poca formación e información que estas dos instituciones tienen, tanto la policía como el poder judicial, para acoger de forma respetuosa a las víctimas de violencia sexual, para interrogarles, para proveerles unas dependencias especiales, o sea, un espacio aparte para no interrogarles en un sitio por donde pase todo el mundo, por ejemplo para mujeres violadas que tienen que pasar un reconocimiento médico.
Es realmente muy importante que para este grupo de personas, estas víctimas especiales, se haga un tipo de actuación específica. Afortunadamente, esto queda reflejado en el informe. Estoy muy agradecida de que la Comisión haya adoptado las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer y, por lo tanto, votaremos a favor de este informe.

Coelho
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy examinamos es consecuencia de una iniciativa de la Presidencia portuguesa y se enmarca en un conjunto de medidas destinadas a promover la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para dar una respuesta útil a las preocupaciones de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. Muchas veces, al abordar las cuestiones de la justicia, dedicamos demasiado tiempo a las tipificaciones penales, al sistema penitenciario, a las fuerzas de represión de la delincuencia, a los códigos de enjuiciamiento e incluso a las reivindicaciones de los agentes judiciales. Tal vez hayamos dedicado menos tiempo a las víctimas, que son muchas veces la parte más débil de ese universo.
Esta iniciativa presenta tres aspectos fundamentales: el derecho de la víctima a la información, el acceso a la justicia y el derecho a indemnización por daños. En efecto, esta propuesta de decisión-marco pretende prioritariamente promover la protección y la materialización efectiva de los derechos de las víctimas en el proceso, en particular en lo relativo a la simplificación del acceso al derecho, a los tribunales y a la información jurídica, así como promover y proteger sus derechos en materia de indemnización por pérdidas y daños. Es esencial que exista un instrumento jurídico que permita aproximar las diversas legislaciones nacionales en lo relativo al estatuto de la víctima. Seguramente existen varios aspectos que mejorar e incluso corregir, pero es importante que votemos a favor de esta decisión-marco, bastante equilibrada. En efecto, no podemos hablar en serio de una Europa de los Ciudadanos, si no tenemos en cuenta los derechos de las víctimas. Y se debe conceder atención particular, como ya ha recordado la Sra. Smet, a ciertas categorías de ellas, como los menores, los extranjeros, las víctimas de agresiones sexuales y las de actos terroristas. Al mismo tiempo, se debe garantizar una formación especial a los profesionales que tendrán a su cargo el contacto directo con las víctimas. También se deben garantizar las medidas necesarias para que las víctimas puedan restablecer su vida normal, no sólo desde el punto de vista económico, sino también para que reciban, en caso necesario, ayuda jurídica, psicológica, médica o asistencia social.
Por último, quisiera felicitar a la ponente, la Sra. Cerdeira Morterero, por el trabajo que ha hecho y por las mejoras que ha introducido en la Comisión de Libertades Públicas, y también me congratulo de las resultantes de los informes de la Sra. Smet y del Sr. Lehne. En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos fue posible un trabajo conjunto que subrayo y agradezco. Me gustaría que un consenso idéntico fuera posible en el Pleno. Las pocas propuestas de enmienda que presentamos tienen que ver sobre todo con cuestiones de rigor jurídico y con nuestro entendimiento de que los servicios que prestan el apoyo a las víctimas no deben ser exclusiva o preferentemente públicos: muchas veces, en servicios que se desean humanizados, las experiencias con instituciones de solidaridad social y otras organizaciones no gubernamentales son las mejores. Globalmente, el PPE acoge con beneplácito el informe de la Sra. Cerdeira Morterero, a favor del cual votamos ya en comisión.

Paciotti
Señor Presidente, yo también quisiera subrayar la importancia de la iniciativa legislativa portuguesa contenida en el informe de la Sra. Cerdeira que se somete al Parlamento. Es importante por muchos motivos: ante todo porque se da un paso adelante en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, según el programa de Tampere, un programa cuyo desarrollo es difícil, ya que se enfrenta con la multiplicidad de los sistemas estatales y de las resistencias nacionales.
Es importante asimismo porque esta votación llena una laguna, una laguna que causa inaceptables perjuicios a los ciudadanos europeos que circulan libremente en el territorio de la Unión pero que, cuando son víctimas de un delito, topan con las barreras de sistemas judiciales distintos, de difícil acceso desde todos los puntos de vista, que les penalizan más aún, si cabe, mientras favorecen a sus ofensores.
Por último, este voto es importante porque el Parlamento tiene la ocasión de aportar mejoras significativas a la propuesta legislativa como las sugeridas en el excelente informe de la Sra. Cerdeira y aceptadas por la Comisión de Libertades Públicas.
Sin embargo, en mi opinión, el aspecto más significativo es el hecho de que por fin se toma conciencia, también en la esfera de la Unión, de la necesidad de cambiar el punto de vista respecto a la intervención del Estado frente a los delitos.
Hasta ahora, sobre la base del acertado principio según el cual es necesario evitar que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano, nos hemos limitado a garantizar al Estado el monopolio de condenar a los culpables olvidando que no es sólo ésta la función del Estado, ya que en cualquier parte del mundo una víctima pide justicia, todos sabemos lo que pide, incluso cuando los sistemas judiciales son totalmente diferentes: pide la reparación de un daño que si no sería intolerable, y el Estado que cumple la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos, cuando no ha sido capaz de protegerles, debe asegurar a las víctimas toda la ayuda posible mostrando así que la colectividad se alinea con quien ha sido víctima del delito y por esto mismo condena la ofensa y al ofensor.
Con la aprobación de este informe la Unión Europea da una primera respuesta a una demanda de justicia que hasta la fecha ha sido desatendida.

Watson
Parece muy claro que si tenemos que crear y hacer realidad el espacio de libertad, seguridad y justicia previsto en Tampere, necesitaremos contar con ayuda jurídica en casos transfronterizos. Conozco el caso, producido en mi propia circunscripción electoral, de un camionero que fue asaltado por sus patronos en los Países Bajos y no pudo llevarles ante los tribunales y tener así acceso a la justicia. Por tanto, la enmienda 4 es esencial. También sabemos que necesitamos la garantía de que la víctima de cualquier nacionalidad recibirá el mismo trato que una víctima de la nacionalidad del país en que se produce el delito. Tengo un elector cuyo coche fue abierto y robado en Bruselas, y la policía belga se desentendió por completo del asunto. Por ello apoyaremos la enmienda 14. Es evidente que necesitamos garantizar las libertades civiles y reconocer las necesidades específicas de las minorías, cuestiones éstas cubiertas por la enmienda 25 y por otras. En mi propia circunscripción electoral asaltaron a una familia sueca; fue un ataque motivado por razones xenófobas, sus agresores creyeron que eran alemanes. Me interesaría mucho saber si les resultó tan fácil acceder a los tribunales en Gran Bretaña como les habría sido en su propio país. Por alguna razón, lo dudo.
Por ello, señor Presidente, los liberales apoyaremos este informe. Creemos que supone un paso importante hacia la creación de un espacio jurídico europeo y que beneficiará a millones de nuestros ciudadanos.

Sörensen
Señor Presidente, en primer lugar quería felicitar también sinceramente a nuestra colega Cerdeira por su intervención y su informe.
Las víctimas no deben convertirse en personas doblemente perjudicadas, primero a causa de un delito y a continuación por culpa del sistema. Por lo tanto, el derecho más importante de la víctima durante el procedimiento judicial es el derecho a declarar en un juicio. Esto es también de una importancia esencial. A esto se hace referencia en muchos documentos internacionales sobre víctimas de delitos y es fundamental que la víctima tenga acceso a su propio proceso judicial.
Asimismo, por el interés de la víctima el juicio se tiene que celebrar con rapidez ya que la lentitud puede desembocar en una segunda, aún mayor sensación de ser víctima. Las víctimas de delitos sexuales no deberían sufrir más la obligación de testificar en repetidas ocasiones. Me parece que, en relación con niños que han sido víctimas de abusos sexuales, las grabaciones en vídeo podrían ser muy útiles. Por este motivo, el debate sobre estos temas no está cerrado todavía.
Es sumamente importante que se preste una ayuda especializada dependiendo del carácter del delito, como ha señalado también nuestra colega Smet. Por eso es importante que se eliminen una serie de prejuicios al respecto, ya que se da otro trato a determinados tipos de delito dependiendo de los países. Además, se constata que en la denuncia de la víctima se actúa de forma discriminatoria. Se debería obligar a los Estados miembros a que fundaran unidades especiales de la policía para las víctimas de delitos.
Aparte de esto, es igualmente importante que haya un fundamento jurídico y una armonización de las medidas para la protección de las víctimas. El estudio hecho por An Weghers en el marco del Programa Grotius nos ofrece la necesaria información básica al respecto. La experiencia tan útil que existe en relación con las medidas que ya están implementadas en determinados Estados miembros, puede jugar un papel importante en la armonización de un paquete común de medidas.
Esta iniciativa es también el primer paso para poner en marcha un programa de prevención de delitos. Pero esta iniciativa, tomando en cuenta que el crimen organizado transfronterizo aumenta, debería desembocar en una programa de prevención común a nivel europeo e internacional.
A la espera de que haya un instrumento armonizado para una protección transfronteriza de las víctimas, los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión deberían mejorar, en colaboración con las ONG, la protección de las víctimas, y, en caso de estar justificado, estudiar en qué condiciones la víctima tendría derecho a una ayuda para volver a su país de origen o a la concesión de un permiso de residencia temporal, como se concede en Bélgica un estatus especial a las víctimas del tráfico de inmigrantes.
La indemnización a la víctima debería tener prioridad al pago de la sanción y de los gastos judiciales al Estado. Los Estados miembros deberían vigilar que los intermediarios representen todos los estamentos de la sociedad, tanto hombres como mujeres, que tengan una visión clara de la cultura local y de las comunidades. Asimismo, a este respecto es importante que se les informe de una manera discreta y profesional a los parientes, o sea, a los familiares de la víctima, de los hechos si así lo desean, y que puedan contar con la ayuda necesaria para que no se tengan que enterar de todo a través de la prensa.

Angelilli
Señor Presidente, la iniciativa portuguesa en favor de la protección jurídica de la víctima en el proceso penal es aceptable y extraordinariamente urgente. La ponente, a quien felicito, ha hecho bien en poner en evidencia la inaceptable paradoja que, por una parte, ve a una Europa sin fronteras donde circulan libremente mercancías y personas, una Europa que se encamina hacia la unión monetaria, la unión de las finanzas y de la economía y, por otra, a una Europa con quince sistemas judiciales penales totalmente diferentes entre sí. Existe un potencial de 350 millones de personas a las que se les anima a viajar y a trabajar en nombre de la Europa unida, pero si se sufre un delito, una injusticia, Europa desaparece. La tan ensalzada ciudadanía europea se esfuma, el ciudadano se convierte en una persona sin derecho y debe enfrentarse con un Estado extranjero, con frecuencia enemigo, que no informa, crea mil problemas y no indemniza los posibles daños. ¿A cuántos de nosotros, en nuestra calidad de diputados, se nos pide que formulemos preguntas sobre este tipo de casos? Y la Comisión nos responde puntualmente que no puede entrar en el fondo de los sistemas judiciales nacionales, incluso en los casos de injusticia manifiesta.
Sólo en los últimos meses se me han sometido dos casos. El primero es el caso de dos pilotos italianos de Alitalia, Alberto Nassetti y Pierpaolo Racchetti, que murieron en Francia víctimas de un accidente ocurrido, en circunstancias no aclaradas, durante los ejercicios de prueba de un avión. Han transcurrido seis años y, tras muchos problemas y gastos judiciales prohibitivos, las familias aún esperan justicia, esperan conocer las causas de estas muertes y quiénes son los posibles responsables.
El segundo es el caso de un estudiante griego, Mikis Mantakas que murió hace unos 25 años en Roma como consecuencia de un atentado terrorista de las Brigadas Rojas. El culpable, Arturo Lojacono, fue identificado y condenado, pero se refugió en el extranjero. Italia ha pedido en reiteradas ocasiones la extradición de este asesino múltiple a Francia, donde Lojacono se encuentra libre, para que pueda por fin cumplir su pena. Pues bien, aún esperamos una respuesta.
Por lo tanto, bienvenido sea, junto con el euro, también el estatuto de las víctimas de los delitos para crear un auténtico espacio judicial europeo.

Cederschiöld
Señor Presidente, el trabajo para fortalecer la situación de las víctimas de delitos es una verdadera historia con final feliz. Al principio, la mayoría estaba en contra. No obstante, actualmente casi todos estamos de acuerdo, cosa que me parece provechosa. Celebro la propuesta de Portugal para fortalecer la situación procesal penal de las víctimas de delitos, aunque respeto plenamente los criterios jurídicos a que aludió el Sr. Lehne recientemente.
Las personas que han sido víctimas de delitos cuando hacen uso de la libre circulación no necesitan sufrir dos veces, en la medida en que reciben peor trato. Esto vale independientemente del delito que se haya cometido. Hay que fortalecer la situación de las víctimas, pero no es posible hacerlo sin hablar también de medidas para la prevención de delitos. La mejor manera de ayudar a las víctimas es conseguir que no se cometan delitos y la mejor prevención es la información. Las medidas de prevención de delitos tienen que orientarse a la eliminación de la delincuencia organizada.
Las víctimas de delitos tienen que conocer sus derechos y las posibilidades de obtener ayuda. La mayoría de los Estados miembros dan alguna forma de ayuda de urgencia a las víctimas. A veces, los viajeros necesitan otras ayudas, y quizás mayor, que los lugareños. Puede ser ayuda psicológica, ayuda con el idioma u otras cosas. Puede ser difícil para las víctimas extranjeras seguir los procedimientos legales y es evidente que se necesitan medidas especiales.
Las víctimas deben estar en el centro de la atención. Ya que no son los autores de los delitos los que deban concentrar la atención, resultan inquietantes las tendencias nacionales a empezar a establecer concesiones por el sólo hecho de que el autor se encuentre con la víctima. No respaldo este tipo de medidas. Los delitos deben ser esclarecidos y, en caso contrario, se amenaza a largo plazo el sistema democrático. ¿Quién quiere participar y elegir si los problemas se dejan de lado?
En mi país aumenta el número de agresiones, de las cuales sólo se esclarece el 20 por ciento. Este porcentaje es demasiado bajo. El delito no es un accidente. Las penas conllevan también respeto para las víctimas. Jamás, en el ámbito de los Estados miembros ni en el comunitario, hay que abandonar el principio básico de que los individuos siempre deben asumir la responsabilidad de sus actos. En último término, el estado debe asumir su responsabilidad por fracasar en la protección de las víctimas. Por eso, celebro que la ponente haya redactado este informe, que respaldo plenamente. Quisiera darle las gracias por contribuir a fortalecer la unidad de criterios respecto a las víctimas de delitos en los Estados miembros.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, en una época en que se está avanzando en la creación de un espacio europeo sin fronteras interiores, es importante, como ha subrayado su ponente, no olvidar a las miles de personas que cada año son víctimas de delitos en sus viajes por el territorio de la Unión Europea. A menudo se hallan en una difícil situación, porque están lejos de casa y no conocen ni el sistema jurídico ni el idioma del país en que se ha producido el delito.
La decisión marco propuesta por Portugal y apoyada por la presidencia francesa constituye un primer paso para tomar en cuenta la situación de las víctimas en la Unión Europea, circunstancia que la Comisión acoge con satisfacción. La cuestión de la situación de las víctimas de delitos en Europa se mencionó por primera vez en el Plan de Acción de Viena e incluyó en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Además, fue objeto de una comunicación de la Comisión de 14 de julio de 1999. Parte de las propuestas enunciadas en esta comunicación, dirigidas a mejorar los niveles y la asunción de la responsabilidad por las víctimas, se incluyeron en el proyecto de decisión marco presentado por la presidencia portuguesa y que les es presentada.
Reconozco los méritos del trabajo realizado en este texto por la Sra. Cerdeira Morterero, su ponente. Fue objeto de acalorados debates en el Consejo. Como han señalado, el proyecto de decisión marco contiene tres diferentes tipos de medidas: en primer lugar, establece normas mínimas relativas a los derechos de las víctimas; en segundo lugar, establece normas específicas dirigidas a tener en cuenta la situación particular de aquellas personas que son víctimas de un delito en un Estado miembro distinto del de su Estado de origen y, en tercer lugar, invita a los Estados al desarrollo de medidas de apoyo a las víctimas.
Puede estarse particularmente satisfecho con ciertas disposiciones, por ejemplo la posibilidad de que las víctimas interpongan una demanda en su lugar de residencia cuando no pueden hacerlo en el estado en que se ha cometido el delito.
La Comisión no pone objeciones a la mayoría de las enmiendas propuestas por el ponente. No obstante, quisiera centrar su atención en tres cuestiones. Varias enmiendas se refieren a las lenguas oficiales de la Unión Europea, de modo que prevén el derecho de las víctimas de comunicarse en una de estas lenguas. Sin embargo, este mecanismo no parece que sea adecuado. Es importante permitir a la víctima que obtenga información en una lengua que entienda. En ciertos casos ésta podría no ser una lengua de la Unión Europea. En otros casos podría obtenerse la información que se necesita en una lengua de la Unión que no es la propia. Por tanto, resulta más apropiado no hacer referencia a una lengua de la Unión, sino, de un modo más pragmático, conferir a la víctima el derecho de acceso a la información necesaria en una lengua que entienda. Ello podría implicar en ciertos casos poner un intérprete a su disposición.
En segundo lugar, la enmienda 49 dispone que los Estados miembros garantizarána la víctimaque lo desee permanecer en el Estado miembro en que tiene lugar el proceso cuando ello fuere necesario para el correcto desarrollo del mismo.
Esta disposición es muy interesante. Requiere, no obstante, un estudio más detallado de la normativa europea relativa al asilo y a la inmigración a la Unión de los nacionales de terceros países. Por ello se retiró este texto de la versión debatida en el seno del Consejo. La Comisión estudia en la actualidad un texto específico sobre este importante asunto con el fin de proteger a las víctimas, así como de -en ciertos casos- facilitar las inspecciones.
En tercer lugar, el texto invita a los Estados miembros a crear un "número de teléfono verde europeo" que funcione las24 horas del día en todas las lenguas oficiales de la Unión al objeto de permitir a las víctimas ponerse en contacto con los servicios de apoyo a las víctimas. Esta es sin duda una buena idea, puesto que permitiría al ciudadano europeo víctima de un delito percibir en términos concretos el valor añadido a nivel europeo cuando viajen por el territorio de la Unión.
Sin embargo, la decisión marco no es, por un lado, el instrumento apropiado en este contexto y, por otro, su ejecución entraña una cuestión bastante compleja. ¿Implica que deba tenerse el mismo número de teléfono en todos los Estados miembros con arreglo al modelo del servicio de bomberos o de la policía? ¿Implica que deba existir un centro a nivel europeo que funcione las 24 horas del día para informar sobre las posibilidades de apoyo a la víctima? ¿Implica la creación de un servicio en cada Estado miembro?
La Comisión desea continuar con el estudio de la viabilidad de tal proyecto. Ya está trabajando en la interconexión a nivel europeo de los servicios nacionales de apoyo a las víctimas con el objeto de garantizar una atención adecuada de las víctimas, en particular si no residen en el lugar de comisión del delito.
La idea de un "teléfono verde" será examinada en este contexto. En la actual fase es quizá preferible dar paso a una relación de colaboración con los servicios de apoyo a las víctimas, en lugar de llevar a un texto el principio del "teléfono verde" , que podría no ser viable.
La decisión marco sobre la que ustedes van a decidir hoy constituye el primer paso para tener en cuenta la situación de las víctimas a nivel europeo. Cono acabo de decir, con el objeto de llegar más lejos en el marco del desarrollo de su Comunicación de 14 de julio de 1999, la Comisión trabaja en la adopción de medidas concretas de apoyo a las víctimas, en particular mediante el apoyo previsto al Foro europeo para los servicios de la víctima. Además, en lo que respecta a la indemnización de las víctimas, la Comisión presentará un Libro Verde el año que viene.
Me alegra mucho la positiva respuesta del Parlamento ante el primer texto sobre un asunto tan importante, de modo que el espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo progresivamente pueda ofrecer a nuestros conciudadanos apoyo en situaciones que a menudo resulta difícil soportar.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.46 horas)

