Política europea en materia de inversión internacional (breve presentación) 
Presidenta
El siguiente punto es el informe de Kader Arif, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras.
Kader Arif
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar expresando mi sincero agradecimiento a todos aquellos con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en esta cuestión.
Todas las aportaciones han contribuido a la redacción de este informe, y gracias a la cooperación de todos los grupos políticos, y estoy especialmente agradecido a los ponentes alternativos, tenemos hoy sobre la mesa un texto coherente que envía un mensaje contundente.
Nos encontramos en un punto de inflexión en la política europea en materia de inversión, en un momento en el que tenemos que aprovechar la nueva competencia que nos otorga el Tratado de Lisboa para hacer frente a un doble desafío. En primer lugar, proporcionar a las empresas europeas las herramientas que necesitan para realizar inversiones extranjeras de gran calidad que estén protegidas por un marco legal que ofrezca apoyo a largo plazo.
En segundo lugar, Europa debe reforzar su posición como principal beneficiario internacional de la inversión extranjera directa y dotarse de los medios necesarios para controlar dicha inversión, con vistas a fomentar un desarrollo sostenible que genere empleo de calidad.
Al votar este informe, la primera expresión oficial de nuestra institución desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento asume plenamente su papel de nuevo colegislador en cuanto a su misión reguladora comercial y hace públicas sus prioridades en un momento en el que las primeras negociaciones para proteger la inversión están a punto de iniciarse. Esta expresión es esencial, porque tiene por objeto transmitir las preocupaciones de los ciudadanos, que muestran cada vez un mayor interés en las cuestiones comerciales y a quienes debemos prestar apoyo.
En el mundo actual, donde también se producen conflictos en el contexto comercial, la protección de aquellas de nuestras empresas que invierten en el extranjero debe convertirse en una prioridad. Se han creado acuerdos internacionales para proteger a los inversores de expropiaciones severas e injustificadas y de leyes ocultas cuyo único objetivo es eliminarlos de uno u otro mercado. Este objetivo principal debe mantenerse.
Aunque Europa es uno de los mercados más abiertos del mundo, debe restaurarse el equilibrio con nuestros principales socios, para que las empresas europeas puedan beneficiarse de una igualdad de condiciones. Esta es la propuesta que se hace en este informe, que subraya la necesidad de que los acuerdos futuros incluyan normas relativas a la no discriminación, al trato justo y equitativo y a la protección contra la expropiación directa e indirecta.
Sin embargo, estas normas deben definirse de modo que impidan las interpretaciones erróneas. De hecho, algunas empresas han utilizado textos vagos en sus primeros acuerdos de inversión para proteger sus intereses más allá de la legitimidad, por ejemplo, atacando nuevas leyes sociales y medioambientales que perjudican sus intereses. Mediante comparecencias ante instancias de arbitraje internacionales sin transparencia ni posibilidad de apelar, han exigido compensaciones considerables afirmando que dichas leyes equivalen a una expropiación indirecta. Europa, que en el futuro recibirá todavía más inversión, especialmente de los países emergentes, debe protegerse de dichos abusos.
Esa es la idea que subyace a las reformas emprendidas por los Estados Unidos y Canadá, dos países cuyos gobiernos y autoridades han sufrido varios reveses en casos internacionales de arbitraje y que han revisado radicalmente su modelo de acuerdo de inversión.
Al proponer nuevas definiciones de normas de protección, el informe logra un equilibrio justo entre la protección de los derechos de los inversores y el derecho de las autoridades públicas a regular. Ello también implica la inclusión en todos los acuerdos futuros de cláusulas específicas que contemplen la posibilidad de que las autoridades públicas legislen y regulen en los ámbitos de la seguridad nacional, el medio ambiente, la salud pública, los derechos de los trabajadores y los consumidores, la política industrial y la diversidad cultural.
Por último, el aumento de la protección hacia los inversores debe ir acompañado de un comportamiento más responsable, especialmente en los países en desarrollo, donde las leyes sociales y ambientales son menos vinculantes. Por este motivo el informe menciona la necesidad de incluir cláusulas sociales y ambientales en todos los acuerdos de libre comercio que firme la Unión. Asimismo, no debemos quedarnos en la denuncia, sino incluir en todos los acuerdos futuros un conjunto de normas claras de responsabilidad social de las empresas que estas deben cumplir y que se basan en las directrices establecidas por la OCDE.
Si nuestro verdadero objetivo es dar forma a una nueva política de inversión europea, entonces solicito que este informe sea un ejemplo y promueva inversiones sostenibles, que respeten el medio ambiente y fomenten unas condiciones de trabajo satisfactorias en Europa y en terceros países afines. Por ese motivo este informe, por el poder que le confirió la votación del miércoles, debe servir como referencia para todas las negociaciones futuras que lleve a cabo la Comisión.
Silvia-Adriana Ţicău
(RO) Señora Presidenta, de acuerdo con los artículos 206 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la inversión extranjera directa es competencia exclusiva de la UE. La Comisión ya ha elaborado una lista de países que serán socios privilegiados para la negociación de los primeros acuerdos de inversión: Canadá, China, la India, el Mercosur, Rusia y Singapur.
Instamos a la Comisión, al Parlamento y a los Estados miembros a que diseñen una política de inversión integrada y coherente que fomente las inversiones de calidad y contribuya de manera positiva al progreso económico y al desarrollo sostenible en todo el mundo. Pedimos que la futura política de la Unión Europea promueva las inversiones sostenibles que respeten el medio ambiente y fomenten unas condiciones de trabajo sostenibles en las empresas a las que se dirige la inversión. Instamos a la Comisión a que garantice la reciprocidad a la hora de negociar el acceso al mercado con sus principales socios comerciales de países desarrollados y las economías emergentes más importantes.
Señora Presidenta, como ponente de los acuerdos de transporte aéreo entre la Unión Europea y terceros países, como Canadá y Brasil, quiero preguntarles al ponente y a la Comisaria cómo se va a garantizar el vínculo entre el acceso gradual al mercado y a las compañías aéreas y estos acuerdos internacionales de inversión.
Jaroslav Paška
(SK) Señora Presidenta, en el informe sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras, el ponente ha llamado la atención sobre numerosas cuestiones que permanecen abiertas con respecto a posibles acuerdos de la UE. La primera tarea de la UE es proteger el interés público de los ciudadanos de la UE, a quien representa en los ámbitos que le han conferido los Estados miembros. No obstante, el interés público protegido por el Estado suele chocar con los intereses de los inversores extranjeros agresivos, que con frecuencia poseen más habilidad en el arbitraje internacional que los países que defienden los intereses de sus ciudadanos. Los ejemplos mencionados en el informe -Argentina, los Estados Unidos y Canadá- proporcionan pruebas concretas de ello.
En consecuencia, existe una verdadera necesidad de definir los principios de protección, precisamente a fin de impedir que diversos inversores realicen una interpretación equivocada de los mismos. No obstante, esta importante cuestión sin resolver sigue siendo la responsabilidad internacional de la UE, especialmente desde una perspectiva financiera, puesto que no está claro quién asumiría la carga financiera de un litigio judicial que perdiese la UE. El Consejo de la Unión Europea todavía no ha proporcionado una respuesta adecuada a esta pregunta.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señora Presidenta, la Comisión acoge con satisfacción el informe del Parlamento sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras. Se trata de un paso importante que allana el camino para la aplicación de la nueva competencia exclusiva de la UE en materia de inversión.
Como saben, la inversión constituye una nueva frontera para la política comercial común. Debemos aprovechar la oportunidad -estamos totalmente de acuerdo con el Parlamento en esta cuestión- para construir juntos una política de inversión coherente e integrada que fomente las inversiones y contribuya de manera positiva tanto al crecimiento económico como al desarrollo sostenible.
La Comisión también comparte plenamente la declaración del Parlamento en la que afirma que la protección de los inversores debe seguir siendo la principal prioridad de la política de inversión europea. Creemos que la nueva política debe cumplir el objetivo de garantizar a todos los inversores europeos que puedan operar en un entorno empresarial abierto y debidamente regulado, no solo en el seno del mercado interior, sino también a la hora de operar en terceros países.
También tomo nota de la recomendación del Parlamento de que la UE debe aprovechar las mejores prácticas de los Estados miembros consagradas en sus tratados bilaterales de inversión. De hecho, el impulso de las acciones de la Unión en este ámbito debe ser lograr unos resultados mejores que los obtenidos por los Estados miembros a título individual.
A la hora de aspirar a lograr un elevado nivel de protección para nuestros inversores, no debemos poner en peligro otros objetivos, como la capacidad pública de regular o la coherencia con otras políticas de la UE. El derecho de los Estados y de la UE a adoptar las medidas necesarias para lograr unos objetivos legítimos en materia de política pública constituye una regla establecida de la política comercial común. Y por ello se aplicará igualmente a nuestra política de inversión.
El régimen de resolución de conflictos y la responsabilidad financiera asociada también constituyen cuestiones muy importantes sobre las que debemos reflexionar en mayor medida. Nuestro objetivo, como se menciona en la comunicación, es garantizar la transparencia y la coherencia de las resoluciones y optimizar la productividad del sistema. También debemos abordar una serie de cuestiones que se plantean a raíz del estatuto de la UE en virtud del Derecho internacional. Tendremos en cuenta las opiniones del Parlamento expresadas en el informe a la hora de analizar posibles opciones y desarrollar ideas para contar con un planteamiento exhaustivo sobre estas cuestiones.
Consideraremos detenidamente todas las recomendaciones incluidas en el informe del Parlamento, a la vez que desarrollamos y ejecutamos nuestra política de inversión de manera gradual. La Comisión ya ha presentado propuestas de directivas de negociación en materia de inversión para Canadá, la India y Singapur. Queremos aprovechar las oportunidades de las negociaciones comerciales más amplias en curso y participar en las negociaciones de inversión exhaustivas con estos países. Por ello la opinión del Parlamento es muy oportuna, para que sirva de orientación a la Comisión y al Consejo cuando definamos las respectivas directivas definitivas en materia de negociación.
Por último, pero no por ello menos importante, quiero asegurarles que, dado que el desarrollo de una política europea exhaustiva en materia de inversiones constituye ahora una responsabilidad conjunta de todas las instituciones, la Comisión estará dispuesta a cooperar con el Parlamento y el Consejo a la hora de respetar la división de competencias entre todas las instituciones implicadas.
Presidenta
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar el miércoles 6 de abril de 2011.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Tokia Saïfi
La ampliación que realizó el Tratado de Lisboa del ámbito de competencia de la UE para incluir la inversión extranjera directa significa que por fin puede contemplarse una verdadera política europea sobre esta cuestión. En esta fase de desarrollo de la política, la prioridad es proporcionar la máxima seguridad tanto a las inversiones como a los inversores. En consecuencia, el cambio de la competencia nacional a la competencia europea no debe, bajo ninguna circunstancia, interrumpir la debida aplicación de los aproximadamente 1 200 acuerdos que hay en vigor entre los Estados miembros y terceros países. Una vez más, en aras de la seguridad jurídica y la previsibilidad, ahora la UE debe diseñar un mecanismo transparente de resolución de conflictos que sea accesible para todos los inversores, incluidos los más pequeños (las PYME, por ejemplo). Los mecanismos integrados en los acuerdos bilaterales de comercio más recientes constituyen una buena base, pero solo se refieren a los conflictos entre un estado y la UE. Deben establecerse disposiciones adecuadas para los posibles conflictos entre la UE y las empresas. Por último, la UE debe aprovechar esta oportunidad para avanzar: debe incluir en los futuros acuerdos no solo cláusulas que favorezcan el establecimiento de inversores en estos países, sino también disposiciones básicas referidas a las normas sociales y ambientales.
