Principio de subsidiariedad y universalidad de los servicios públicos sociales en la UE (debate) 
Presidenta
Se reanuda la sesión.
El siguiente punto es la pregunta oral presentada por Jan Olbrycht y Lambert van Nistelrooij, en nombre del Grupo PPE, Heide Rühle, en nombre del Grupo Verts/ALE, Oldřich Vlasák, en nombre del Grupo ECR, Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt y Proinsias De Rossa, en nombre del Grupo S&D, y Ramona Nicole Mănescu y Olle Schmidt, en nombre del Grupo ALDE, a la Comisión sobre el principio de subsidiariedad y la universalidad de los servicios públicos sociales en la UE (Β7-0218/2010).
Jan Olbrycht
Me gustaría señalar que la pregunta oral que se ha presentado fue provocada por una decisión de la Comisión Europea sobre la identificación de qué grupos pueden utilizar las viviendas sociales en los Países Bajos. Esta decisión provocó un enorme debate e interés entre los diputados del Parlamento Europeo porque tiene importantes consecuencias. Debe tenerse presente que en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea se utilizan distintas definiciones de vivienda social, entendida como un servicio público. Estas definiciones también tienen que ver con el hecho de que tenemos distintos criterios para el uso de las viviendas sociales y de que además tenemos diferentes grados de responsabilidad. La responsabilidad sigue correspondiendo a las autoridades públicas, pero los contratistas son tanto públicos como no públicos.
El interés por las viviendas sociales surge, por un lado, a partir de las normativas relativas a las ayudas públicas, pero también de las preocupaciones por la definición que se utiliza en el caso de la identificación de los costes aprobados para los fondos estructurales. En este sentido, como añadido a la pregunta, sería interesante sabe si la Comisión cree que debería haber una definición para toda la Unión Europea. ¿Deberían aplicarse los mismos principios en relación con la ayuda pública a las viviendas sociales? ¿Tiene previsto la Comisión establecer en cada caso un nivel permisible de ingresos domésticos, como en el caso de los Países Bajos? ¿Es este tipo de acción totalmente conforme con el principio de subsidiariedad que opera en la Unión Europea?
Heide Rühle
Señora Presidenta, me gustaría mencionar un comunicado de prensa que la propia Comisión emitió el 19 de diciembre del año pasado relacionado con la decisión sobre las ayudas estatales del sistema neerlandés de viviendas sociales.
Citando ese comunicado: La decisión de la Comisión confirma su antigua línea política de que las autoridades nacionales tienen un amplio margen a la hora de definir los criterios y las condiciones de las viviendas sociales y de otros servicios de interés económico general. Esa es la cita.
Mi pregunta es: ¿Cómo encaja esta declaración de la Comisión con el hecho de que, al tomar esta decisión, la Comisión estableció límites fijos de ingresos para las viviendas sociales de los Países Bajos? ¿Entra esto realmente dentro de las competencias de la Comisión? ¿Cómo se relaciona con la subsidiariedad y la proporcionalidad?
Es más, me gustaría también preguntarle a la Comisión: ¿cómo la decisión de reconocer formalmente la necesidad de una mezcla social al mismo tiempo que se pronuncia contra la segregación social puede ser compatible con el establecimiento, simultáneamente, de una proporción fija no superior al 10 % del umbral de los 30 000 euros mientras la Comisión también declara que si, en algún momento, más de un 10 % de este umbral de los 30 000 euros para viviendas sociales obtiene una vivienda, tendrá que ser compensada en otras zonas de los Países Bajos? En mi opinión, este es un acuerdo muy fijado y rígido cuando hablamos de la cuestión de la mezcla social.
¿Cómo encaja esto con la subsidiariedad y -como ustedes mismos declararon en el comunicado de prensa- con un amplio margen a la hora de definir los criterios y las condiciones de las viviendas sociales y de otros servicios de interés económico general?
Françoise Castex
Señora Presidenta, a mí también me gustaría dirigirme a la Comisión con respecto a esta notificación de ayuda a las viviendas sociales de los Países Bajos, una respuesta de la Comisión Europea según la cual dicha ayuda debe respetar las normas de la competencia. Por consiguiente, ha recomendado una reforma radical de las viviendas sociales y de su misión de interés general y, en mi opinión, ha establecido una definición restrictiva de qué constituyen los servicios sociales de interés general.
De hecho la Comisión reconoce el carácter social de este servicio público, aunque subraya que debe ser definido, y cito: "en conexión directa con los grupos sociales desfavorecidos" y que, en consecuencia, el suministro de vivienda social en los Países Bajos excede las necesidades individuales de los grupos sociales desfavorecidos. La propuesta de una reforma de las viviendas sociales así presentada por el Gobierno neerlandés limita al 10 % el volumen de viviendas sociales que se pueden asignar a otros grupos sociales, pero siempre de conformidad con criterios sociales o por orden de prioridad.
Esta limitación supone socavar otra misión de servicio público que desempeña el servicio de viviendas sociales, a saber, el objetivo de la diversidad social y urbana, que es definido en el caso de las viviendas sociales por el legislador neerlandés. En consecuencia, Comisarios, mi pregunta es: ¿con qué base legal del tratado puede la Comisión cuestionar el carácter universal de los servicios sociales y obligar a un Estado miembro a redefinir las misiones que asigna a uno de estos servicios sociales?
László Andor
Miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, la pregunta planteada por sus señorías se divide en tres partes. La primera: si la Comisión opina que debería existir una única definición de vivienda social en la UE. La segunda: la cuestión de los principios de subsidiariedad y universalidad. La tercera: la cuestión de los límites de ingresos para acceder a las viviendas sociales. Antes de responder a estas preguntas, me gustaría subrayar que la Comisión considera muy importantes las viviendas sociales. Son un instrumento esencial en las políticas activas de inclusión económica y social de la Unión Europea.
En respuesta a las preguntas 1 y 2, me gustaría ser muy claro. La Comisión no impone una definición única de vivienda social a escala europea y respeta totalmente el principio de subsidiariedad. Sus señorías mencionan acertadamente la decisión de 2005 de la Comisión relativa a las ayudas estatales a los servicios de interés económico general. Esta decisión ofrece seguridad jurídica en la provisión de los servicios y reduce la carga administrativa de las autoridades públicas que los financian.
En virtud de esta decisión, las ayudas a las viviendas sociales que cumplan con estas condiciones establecidas en la decisión reciben un trato preferencial, como el estar exentas de notificación -independientemente de las cantidades manejadas. De conformidad con esta decisión, esa exención se aplica cuando el Estado miembro correspondiente clasifica la vivienda social como un servicio de interés económico general. Le corresponde a cada Estado miembro definir el alcance de las viviendas sociales de acuerdo con sus tradiciones, cultura e intervención estatal.
También me gustaría hacer mención de las comunicaciones de la Comisión en 2006 y 2007, que destacaron claramente la responsabilidad de los Estados miembros y la amplia discreción en lo que se refiere a los servicios de interés general. Es más, se enfatizó esta cuestión más recientemente en el Protocolo sobre los servicios de interés general. Sin embargo, como sugiere el término "vivienda social", lo que se discute aquí no son las viviendas en general, sino las viviendas ofrecidas tomando como base criterios sociales.
Es por ello que los artículos preliminares de la decisión de 2005 hacen referencia a las viviendas para ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos desde el punto de vista social que, debido a las limitaciones de solvencia, no están en condiciones de obtener una vivienda en las condiciones del mercado. Los Estados miembros deben, en consecuencia, definir un grupo objetivo para las viviendas sociales para permitir que dichas viviendas se asignen de forma transparente y evitar que los que más las necesitan queden excluidos.
Los Estados miembros tienen un amplio margen de maniobra a la hora de determinar el tamaño del grupo objetivo y al aplicar los sistemas de vivienda social. El papel de la Comisión se limita a comprobar que no existe un error manifiesto en la definición.
Este enfoque se confirmó en una decisión de la Comisión adoptada en diciembre de 2009 con respecto a las viviendas sociales en los Países Bajos. Este enfoque también respeta totalmente el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que hace referencia a la ayuda social y de vivienda para todos aquellos que no disponen de recursos suficientes.
Una clara definición de las viviendas sociales también garantiza que las ayudas estatales no se pueden canalizar a la financiación de actividades comerciales fuera del ámbito de los servicios de interés económico general.
La pregunta 2 también hace referencia a un derecho universal a la vivienda. Sin embargo, como ya he dicho, la vivienda en general no es lo mismo que la vivienda social. Una elegibilidad y unos criterios de asignación claros y transparentes en las viviendas sociales defienden los intereses de los beneficiarios y garantizan el uso adecuado de los fondos públicos.
En respuesta a la pregunta 3, en la que sus señorías preguntan por qué se limita el acceso a las viviendas sociales a familias con ingresos inferiores a 33 000 euros, me gustaría, nuevamente, ser muy claro. No existe un límite de ingresos establecido a escala de la UE para el acceso a las viviendas sociales.
Esta cantidad sólo afecta a un Estado miembro: los Países Bajos. Formó parte de los cambios introducidos por las autoridades neerlandesas para adaptar el sistema nacional de viviendas sociales a las normas sobre ayudas estatales europeas. Las autoridades neerlandesas establecieron ese límite para identificar el grupo objetivo de las viviendas sociales en los Países Bajos. La Comisión no identificó ningún error en esa definición de vivienda social y, en consecuencia, aprobó el plan neerlandés de ayudas estatales. Añadiría que el grupo objetivo definido por las autoridades neerlandesas es muy amplio y abarca al 43 % de la población neerlandesa.
Lambert van Nistelrooij
En una época de crisis, y de debate sobre cómo mantener una sociedad sostenible y nuestra competitividad, estamos debatiendo sobre un aspecto que podría parecer menor pero que, tal y como yo lo veo, preocupa enormemente a muchas personas.
La cuestión es: ¿a quién se le asignan las viviendas? Especialmente ahora que los bancos tienen muchas más reservas que cuando empezó el debate -que, en los Países Bajos, fue en 2005, cuando la situación era muy distinta-, está claro que ciertas personas se encuentran en serias dificultades. El umbral que se ha establecido ahora es de 33 000 euros. Esas propuestas todavía tienen que ser presentadas para su aprobación a los miembros de la cámara baja del Parlamento neerlandés y ellos nos dirán inmediatamente que este umbral debería, de hecho, coincidir con el umbral de los fondos de seguro de enfermedad de los Países Bajos, que es aproximadamente de 40 000 euros.
El debate en los Países Bajos está todavía muy animado, por tanto no es como si todo el mundo estuviese de acuerdo. Creo que no hay suficiente margen para la flexibilidad, para soluciones a medida. Los Estados miembros deben poder adaptarse a las circunstancias. Este 10 % es muy pequeño. Tras licenciarme, mis ingresos estaban también por encima del umbral, pero pude mantener mi vivienda alquilada durante unos cuantos años más antes de decidir de una vez por todas comprar e irme a vivir a otro sitio.
Hablamos de flexibilidad; no hay suficiente espacio para moverse. Esto me lleva a la conclusión de que la subsidiariedad -la capacidad de los países para solucionar las cosas por sí mismos en un ámbito mucho más amplio- no se respeta lo suficiente. Tras el debate de hoy, debemos analizar si proponer una nueva resolución. En conjunto, creo que la Comisión está haciendo un buen trabajo a este respecto, pero creo que el margen de maniobra de los Estados miembros está demasiado restringido, en detrimento de las personas que dependen de él para conseguir su vivienda.
Evelyne Gebhardt
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, al seguir este debate me doy cuenta de que existe un alto grado de incertidumbre relacionado con cómo aplicar la legislación en este terreno. Señor Andor, acaba de decir que no existe una normativa europea que establezca un límite fijo en 33 000 euros. Sin embargo, los legisladores neerlandeses han establecido este límite por propia voluntad, probablemente porque temían que, de lo contrario, la Comisión exigiría, llegado el momento, que se determinasen unos criterios claros.
Esta incertidumbre provoca muchísimas dificultades en los Estados miembros relacionadas con la propia toma de decisiones, concretamente en cuanto a la configuración de esas decisiones, de tal forma que realmente coincidan con lo que esas personas necesitan y, en concreto, en materia de vivienda social, ya que se trata de personas que no tienen suficiente dinero para poder mudarse con libertad.
Por consiguiente, es muy importante que creemos un marco legal y una seguridad jurídica que también aclare de forma adecuada qué es posible. Por supuesto, sí que es necesario proteger los servicios de interés económico general. Se ofrecen a escala local en los Estados miembros y son universales y necesitamos asegurarnos de que realmente se le ofrecen a todo el mundo.
Por tanto, tenemos que considerar -y sé que se está considerando en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales- exigirle a la Comisión un marco legal que proteja los servicios de interés económico general, especialmente en el ámbito social, y creo que ese marco, si se lograse, sería algo positivo.
Isabelle Durant
Señora Presidenta, señor Comisario, estamos hablando de la base jurídica, que obviamente es muy importante. Sin embargo, tras esta base jurídica, me gustaría resaltar que el de la vivienda, y, concretamente, el de la vivienda social, no es un mercado como los demás o una actividad comercial como las demás. Es más, la vivienda social es mucho más que una vivienda reservada para las personas con bajos ingresos o necesitadas.
Existen las cuestiones de la diversidad social, que ya se han mencionado, pero también la de la integración de estas viviendas y de las personas que viven en ellas en su barrio, en su ciudad, en ocasiones en los centros de las ciudades y en otras a las afueras. Se hace un gran trabajo con los inquilinos, se trabaja para ayudarles a integrarse y para establecer la solidaridad, incluida entre las diferentes generaciones que viven en estos barrios y en estas viviendas y, por tanto, a este respecto, opino realmente que este es un tema distinto.
Además, durante esta legislatura, vamos a trabajar en los servicios de interés general. Me parece que venir aquí y subrayar los problemas relacionados con las ayudas o con el acceso limitado a las viviendas sociales envía el mensaje equivocado. En lo que se refiere al límite de ingresos, que ya mencionaron otros colegas y que está establecido en 33 000 euros, creo que plantea un problema porque existe una amplia gama de familias muy distintas: familias monoparentales, familias que incluyen a personas mayores, familias que incluyen a miembros de relaciones pasadas y presentes, familias que se han separado. ¿Cómo podemos calcular sus ingresos? Todo esto me lleva, al igual que a otros, a pedir más flexibilidad y subsidiariedad si queremos unos proyectos realmente sociales en estos barrios.
Patrick Le Hyaric
Señora Presidenta, señor Comisario, acaba de decir que la Comisión concede una gran importancia a las viviendas sociales. Sin duda, hablamos de un derecho fundamental que no se aplica en nuestros Estados miembros. Es más, esta es otra mancha en nuestro actual modelo de integración europea.
Por lo que respecta al resto de su respuesta, señor Comisario, ha recitado el devocionario habitual de la Comisión, aunque la experiencia demuestra que la Comisión, su Comisión, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas juzgan basándose en los tratados europeos, de conformidad con un principio fatal, el de la competencia libre y no distorsionada, y crean, por consiguiente, un acceso ilegal a la construcción de viviendas y a las propias viviendas. Peor aún, en 2005, la Comisión Europea definió la vivienda social como aquella reservada exclusivamente a, y cito, "ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente". La Comisión fomenta así la creación de ciudades gueto para los pobres, en detrimento de la diversidad social.
Como muchos miembros de esta Cámara, apoyo la idea de una directiva marco que sea positiva y progresiva, pero me temo que es el mismísimo principio de la competencia consagrado en los tratados el que debería cambiar.
Por un lado, temo que las declaraciones realizadas por el Presidente Barroso y confirmadas hoy por el Consejo de Economía y Finanzas, que, en principio, recomiendan el control de los presupuestos, van a provocar una reducción del gasto asignado a servicios de vivienda de bajo coste y, concretamente, a la vivienda social. Sin duda, creo que Europa debe partir de cero.
Frank Engel
(FR) Señora Presidenta, me gustaría, en cierto modo, hacerme eco de la opinión de la señora Durant, que, acertadamente, afirmaba que la vivienda social no es un sector comercial o un sector sujeto a la competencia como los demás. Señor Comisario, creo que estaremos de acuerdo en esto.
Aquí se están cuestionando las ayudas estatales. Me pregunto por qué, en un campo como el de la vivienda social, no estaríamos en teoría precisamente en el campo de las ayudas estatales. Desde luego, hablamos de ayudas estatales para los beneficiarios de las viviendas sociales, aunque no en el caso de las empresas. En última instancia, las ayudas se asignan porque se consideran necesarias; no es tanto que se cuestionen asuntos relacionados con la competencia.
Constato -y, sin duda, sólo puedo hablar basándome en mi propia experiencia en mi país- que las viviendas sociales están relacionadas con unas condiciones tan distintas que realmente deberíamos alegrarnos de que la Comisión Europea, las instituciones europeas, Europa y Bruselas no sean, como siempre parece, responsables de ofrecernos una definición precisa de ayuda, de decirnos qué ciudadano puede beneficiarse de qué ayuda y bajo qué circunstancias.
Subrayaría que lo que está en juego aquí son las condiciones locales concretas y los cambios en las circunstancias familiares de cada uno de nosotros. ¿Cómo podría alguien que tenga una familia, pero cuyo estatus familiar cambie después, alguien cuyos ingresos varíen a lo largo de su vida, como dijo el señor van Nistelrooij, ver como se le concede el derecho a una vivienda social, de conformidad con una serie de criterios, para después ver como se lo quitan? Creo que esto no es razonable y, en estas circunstancias, no creo que la Comisión debiera ir más allá de su competencia nuevamente para proponernos, y en última instancia imponernos, unas normas que, inevitablemente, carecerían de flexibilidad y, probablemente también, de humanidad.
Proinsias De Rossa
Señora Presidenta, participo en este debate en tanto que ponente de la Comisión de Empleo sobre el futuro de los servicios sociales de interés general. Esta pregunta oral pretende establecer desde la Comisión qué propuestas tiene para abordar un grave problema relacionado con la entrega de viviendas sociales a los ciudadanos.
Lamento que el señor Comisario no haya indicado alguna de esas propuestas en lugar de intentar justificar el sistema existente. Existe un rechazo persistente por parte de la Comisión a asumir la necesidad de crear una claridad legal y una flexibilidad para los Estados miembros en lo que respecta no sólo a la prestación de los servicios públicos existentes -y, concretamente, los servicios sociales-, sino también a la respuesta a las nuevas necesidades sociales. Debemos ser capaces no sólo de ofrecer a los ciudadanos una red de seguridad en épocas de necesidad, sino también de ofrecer un robusto marco social que sirva a todos los ciudadanos. La sanidad, la vivienda y la educación son servicios que, obviamente, se deberían ofrecer con carácter universal y no simplemente según los caprichos del mercado. Es obvio que el mercado es incapaz de ofrecer universalidad basándose en la igualdad y en una calidad igual en estos terrenos.
Todos estos son servicios que van más allá del motivo del beneficio y ofrecen valor social, que no se puede contabilizar en una cuenta de resultados. También son, da la casualidad, necesarios para crear una sólida base para una economía moderna. No se puede permitir que dure mucho más la actual ineptitud legal con respecto a qué gobiernos, tanto a nivel nacional como local, le corresponde la prestación de servicios identificados como fundamentales para el bienestar de la sociedad.
Sophie Auconie
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, me gustaría hacer constar lo siguiente: no existe la competencia comunitaria en el terreno de la política de vivienda, en general, y de la vivienda social, en particular.
Sin embargo, en la decisión que mencionamos en esta pregunta oral, la Comisión sí que ofrece una definición de vivienda social. Como se ha repetido, señor Comisario, el problema de las viviendas sociales y del acceso a la vivienda es un grave problema hoy, en esta época de crisis. Pongamos un poco de humanidad en nuestros debates técnicos, legales e incluso tecnocráticos.
Por encima de la propia vivienda, la vivienda social es la base de la verdadera integración, de la verdadera inclusión social para aquellos que se benefician de ella. La definición que se ofreció durante la revisión realizada por la Comisión con respecto a las ayudas estatales es muy cuestionable. Señor Comisario, Descartes, el gran filósofo francés nacido en mi región, el valle del Loira, dijo: El interés general es un círculo del que conocemos el centro pero desconocemos la circunferencia.
Por consiguiente, tengo dos preguntas para usted. La primera es sencilla: ¿Cuál es el estatus legal de esta definición? ¿Se debe aplicar a todos los Estados miembros?
La segunda pregunta es mucho más general. En opinión de la Comisión, ¿dónde empieza la competencia comunitaria en lo que respecta a la organización de los servicios públicos y dónde termina? Y es que esta pregunta es importante. La universalidad y la accesibilidad de los servicios públicos están en juego.
Peter Simon
(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, por toda Europa, nuestras ciudades y comunidades tienen que lidiar con distritos problemáticos. Por toda Europa intentamos resolver este problema igualando las condiciones de vida en estas zonas desfavorecidas y de las personas que viven en ellas con las del resto de nuestras ciudades.
Sin embargo, si ahora establecemos criterios en el campo de las viviendas sociales, como hace la Comisión aquí, si establecemos criterios que, explícitamente -como han mencionado algunos colegas-, excluye una mezcla de la población de estas zonas, se socavarán todos los esfuerzos realizados por las partes competentes sobre el terreno durante décadas. También se socavarán las operaciones que la Unión Europea ha promovido con sus iniciativas comunitarias Urban y Urban II.
Si ahora restringimos los criterios en virtud de los cuales se puede subvencionar las viviendas sociales de tal forma que, en realidad, sólo los más pobres entre los pobres, los más desfavorecidos entre los desfavorecidos, reciban un subsidio y puedan recibir ayuda en el marco de las viviendas sociales, estaremos poniendo, en realidad, obstáculos a la mezcla de este segmento de la población en los distritos desfavorecidos, algo que, de hecho, se necesita con urgencia. Esto provocará más exclusión social precisamente entre esos grupos de población y sólo incrementará estos problemas en nuestras ciudades. Teniendo esto presente, una definición amplia y una interpretación amplia del principio de subsidiariedad están al orden del día y le agradecería a la Comisión que se pronunciase brevemente a este respecto.
Joachim Zeller
(DE) Señora Presidenta, lo que se plantea aquí es más una cuestión global, concretamente la del principio de subsidiariedad y la universalidad de los servicios sociales públicos en la UE en su conjunto. Sin embargo, las viviendas sociales son el foco de atención de este debate debido al ejemplo de los Países Bajos. Este no es un caso aislado: las asociaciones y los representantes de los inquilinos, concretamente, han sospechado durante años que, al centrarse Europa en la competitividad, como mínimo restringe las viviendas sociales en Europa, si no apunta a hacerlas totalmente imposibles.
A fin de cuentas, tras la necesidad de alimentos y vestimenta, la necesidad de vivienda es una necesidad básica humana y, por esa razón, la vivienda es uno de los bienes públicos sociales y el evitar la falta de vivienda es un desafío social.
Una manifestación de esto es que en los Estados que tienen en cuenta el bienestar de sus ciudadanos, se apoyan las viviendas sociales o se subvenciona la vivienda a título individual basándose en los ingresos de las personas. Por supuesto, ahora tenemos un caso especial en la Unión Europea tras la adhesión de numerosos países del este, centro y sudeste de Europa. Debido a la diferente estructuración de la provisión de viviendas en los antiguos bloques occidental y oriental de Europa, existe la necesidad, especialmente como consecuencia de las ampliaciones más recientes de la Unión Europea, de comparar las estructuras de los subsidios a la vivienda y de la provisión de viviendas en los Estados miembros.
Como resultado del método de privatización de las viviendas en muchos Estados miembros del este, centro y sudeste de Europa inmediatamente después de los cambios políticos y, concretamente, como resultado de la notoria reducción de viviendas en esos países, el Parlamento Europeo reaccionó asignando fondos estructurales para viviendas en esos países.
A pesar de ello, la política de vivienda sigue siendo siempre una reacción a las circunstancias nacionales, regionales y, concretamente, locales en cada caso; en otras palabras, es un caso clásico de un terreno político en el que se aplica la subsidiariedad, en el que no es necesaria una regulación supranacional y en la que no existe dicha regulación. Puesto que la vivienda es un bien social público, las leyes del mercado sólo pueden tener una aplicación limitada en el ámbito de los servicios públicos.
Evelyn Regner
(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, los servicios públicos y los servicios sociales están acosados por enormes agitaciones económicas y políticas, tanto más si tenemos en cuenta las medidas nacionales de reducción del gasto. En la Unión Europea estamos afrontando unas disparidades crecientes de ingresos. Especialmente en épocas de incertidumbre, crisis económica y temor por el futuro, los estabilizadores sociales son más importantes que nunca.
En mi ciudad natal, Viena, la idea básica de las viviendas sociales consiste en aportar viviendas asequibles a amplios sectores de la población y no restringirlas -como definió la Comisión- a los ciudadanos desfavorecidos o a los grupos socialmente menos favorecidos. El resultado de ello es la creación de guetos. Por tanto, no tengo intención de cambiar de opinión a este respecto; debería ser un principio o un derecho del autogobierno local el definir los servicios sociales, incluidas las viviendas sociales, a escala local y el excluir los servicios sociales del ámbito de la competencia y de la legislación de las ayudas estatales.
Aun así, en cualquier supuesto, necesitamos claridad legal en la Unión Europea y un instrumento legal a escala de la UE que abarque y defina los servicios sociales en consecuencia.
Seán Kelly
Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al señor Comisario por aclarar algunos de los puntos que planteamos en las preguntas. Era necesario decir que la provisión de una casa es una necesidad absoluta para todos, especialmente en el Estado de bienestar moderno. Tener un techo sobre nuestras cabezas es vital; es un derecho y es algo que todo el mundo comparte debería lograrse ya sea a través de los medios personales o de agencias gubernamentales o de otro tipo.
Dicho esto, hay un debate pendiente sobre el grado de interferencia que el gobierno de un país debe tener en la provisión de vivienda. En mi propio país, la burbuja inmobiliaria se creó a través de incentivos fiscales -que eran demasiado generosos y no estaban bien concebidos- para que los constructores construyesen casas y concediéndoles los permisos de edificación -en ocasiones incluso en zonas inundables, que se han inundado desde entonces- y recalificando terrenos que no deberían ser recalificados. Además, por supuesto, los bancos también contribuyeron ofreciendo generosos préstamos a constructores que no podían devolverlos y a personas para que comprasen casas que no podían pagar.
De ahí la crisis que tenemos en estos momentos. Por tanto, hay muchas preguntas sobre el grado de implicación que el Estado debería tener en todo el terreno del desarrollo inmobiliario.
Sin embargo, en la provisión de viviendas sociales, creo que, ante todo, el basarlo sólo en los ingresos es demasiado preceptivo y no tiene sentido por las razones aportadas por tantas personas. En mi opinión, la Comisión puede, sin duda, desempeñar un papel en un sentido más amplio, quizás aportando directrices sobre la provisión de viviendas sociales, pero no tiene sentido ser demasiado preceptivos en asuntos como los ingresos; no va a funcionar y no se debería intentar.
Silvia-Adriana Ţicău
(RO) Sin duda, las viviendas sociales forman parte de los servicios de interés general. Por desgracia, la tasa de paro juvenil ha alcanzado el 20 % en la Unión Europea en estos momentos.
Según la normativa europea, los Estados miembros pueden utilizar un 4 % de la asignación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para financiar la construcción de viviendas sociales y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Por desgracia, debido a la crisis económica, la situación económica de las familias europeas está empeorando y la tasa de paro, que es muy elevada entre los jóvenes, es motivo de preocupación. Esta es precisamente la razón por la que le pido, señor Comisario, que nos apoye para subir ese porcentaje hasta el 15 % durante el próximo período de programación financiera para la construcción de viviendas sociales y las mejoras de la eficiencia energética en los edificios.
En la mayoría de los Estados miembros, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el cuidado de los jóvenes y de los mayores están en manos del Estado. Estos servicios públicos desempeñan un papel fundamental para garantizar la protección y la inclusión de todos los ciudadanos en la sociedad, siempre que sean accesibles a todos los ciudadanos. Para garantizar que esto sea así en toda la Unión Europea, le pedimos a la Comisión que redacte una directiva marco de servicios públicos que introduzca requisitos mínimos en este campo y garantice un acceso igual y universal a todos los ciudadanos europeos y una buena calidad y transparencia con estos servicios.
António Fernando Correia de Campos
(PT) Señora Presidenta, señor Comisario, las viviendas sociales son un servicio económico de interés general con un importante papel en el mercado, que aportan resultados positivos que benefician a la sociedad en su conjunto. De conformidad con el Protocolo 26, Anexo del Tratado de Lisboa, les corresponde a las autoridades nacionales, regionales y locales poner en marcha y organizar este tipo de servicio. Por consiguiente, resulta difícil entender esta restricción del mercado objetivo a familias con unos ingresos inferiores a 33 000 euros. Esta es una medición de la pobreza que se realiza en términos absolutos y exclusivamente financieros, y no tiene en cuenta la diversidad de los 27 Estados miembros; su línea argumental se puede resumir en limitarse a la solvencia.
Las viviendas sociales responden a cuestiones culturales y sociales; a la proximidad al lugar de trabajo; a la importante redefinición del papel de las mujeres en el mercado; y a la movilidad de los trabajadores en el espacio europeo. La lucha de la Unión Europea por salir de la actual crisis exige crecimiento económico, que conlleva inmigración y minorías étnicas, económicas y culturales, y la necesidad de su integración, incluso con los riesgos asociados de creación de guetos, contra los que debemos luchar con un equilibrio imparcial. ¿No está interfiriendo la Comisión en las competencias de los Estados miembros?
Zigmantas Balčytis
Señora Presidenta, el Tratado de Lisboa reconoce la importancia de la disponibilidad y de la accesibilidad de los servicios sociales y los papeles que desempeñan las autoridades locales y regionales al ofrecerlos. La cuestión de las viviendas sociales es muy importante para las personas con bajos ingresos y es una realidad que la crisis ha dejado a mucha gente en el paro, por lo que necesitan viviendas sociales.
En estos momentos, los Estados miembros aplican diferentes estándares cuando deciden sus criterios para definir las viviendas sociales. Es comprensible que las situaciones económicas y sociales difieran enormemente en los Estados miembros. Para ejercer en la práctica el derecho de acceso a los servicios universales, creo que sería razonable definir principios generales y establecer el límite máximo de ingresos recomendado a nivel europeo. Sin embargo, debemos permitir una discreción amplia para que los Estados miembros lo sitúen más abajo, teniendo en cuenta las diferencias económicas y sociales.
Rareş-Lucian Niculescu
(RO) Me gustaría dar las gracias al señor Comisario por sus aclaraciones sobre esta cuestión. Yo tampoco creo que deba haber una definición única de vivienda social. Esa definición sería difícil de usar en una situación en la que existen grandes diferencias cuando hablamos del nivel de vida. La cuestión de la subsidiariedad es relevante en este debate. Si me lo permiten, me voy a alejar un poco del ámbito concreto de la pregunta.
No obstante, creo que debería establecerse un conjunto de estándares más claros, pero, a otro respecto, por ejemplo, en situaciones que impliquen la aplicación de nuevas normativas sobre la elegibilidad para las viviendas de comunidades marginalizadas. Esta es una normativa que este Parlamento aprobó en febrero y que también mencionó la señora Ţicău. También, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que valoraría positivamente un aumento de los fondos disponibles, basándonos en esta normativa.
Frédéric Daerden
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, quería tener este debate sencillamente porque, al igual que otros aquí, estoy preocupado.
Varias regiones de Europa, incluida la mía, están realizando en estos momentos una evaluación con el objetivo de reformar su política de asignación de viviendas sociales para evitar los fenómenos de creación de guetos y de agrupamiento de grupos sociales desfavorecidos en los mismos edificios y en los mismos barrios. Su decisión va en sentido contrario a esta política de reequilibrio social y de necesaria diversidad social.
Señor Comisario, no está bien que la Comisión impida que los Estados miembros pongan en marcha políticas de diversidad social. Sin duda, el acceso a los servicios sociales de interés general relacionados con la vivienda podrían, por un lado, limitarse a ciertas categorías de personas, pero, por el otro, habría que dejar cierto margen de maniobra para que sean accesibles a personas con otros ingresos, de tal forma que se mejore la diversidad social de nuestros barrios.
Sea como fuere, el equilibrio entre estos dos aspectos debería ser definido por o conjuntamente con los Estados miembros y las regiones, y no por la Comisión.
Ilda Figueiredo
(PT) Señora Presidenta, todos sabemos que el derecho a una vivienda es un derecho fundamental. Los Estados miembros de la Unión Europea están, por tanto, obligados a garantizar una vivienda social para aquellas personas que la necesiten. En un momento de profunda crisis social, en el que aumenta el número de personas y familias con elevados niveles de deuda y a las que les cuesta pagar los préstamos con los que compraron sus casas, o que afrontan alquileres elevados, es incluso más importante que se ofrezca todo el apoyo a las personas y familias que no pueden permitirse una vivienda adecuada con las prestaciones y servicios adecuados.
Por consiguiente, es fundamental que los Estados miembros puedan usar los fondos nacionales y de la Unión para construir viviendas sociales y garantizar los derechos fundamentales que corresponden a todos los ciudadanos, poniendo fin a las desigualdades sociales y fomentando la inclusión social. La Comisión Europea debe tomar medidas urgentes en este terreno, sin amenazar el principio de subsidiariedad, sino apoyando la universalidad de los servicios sociales públicos.
Anna Záborská
(SK) La centralización europea está acompañada en ocasiones por fanfarrias, como vimos con la aprobación del Tratado de Lisboa. Sin embargo, otras veces, llega discretamente. La creación de varios fondos de apoyo de la UE, que a menudo deforman el entorno del mercado, ha vuelto necesario introducir una notificación obligatoria de la provisión de las ayudas estatales.
Por tanto, la necesidad se volvió obvia cuando hablamos de exenciones de esta obligación en el caso de las viviendas sociales. De pronto, tenemos una definición europea en nuestras manos. Si definimos obligaciones a este nivel y después ordenamos a los que están en niveles más bajos que las apliquen, no se trata de subsidiariedad.
La responsabilidad de las viviendas sociales forma parte íntegramente de las competencias de las autoridades nacionales, regionales y locales. No cuestionemos la capacidad de las sociedades nacionales y de las comunidades locales para resolver sus propios problemas. Ellas son las que mejor conocen esos problemas. Ellas conocen también las opciones para resolverlos.
Wojciech Michał Olejniczak
(PL) Está claro que estamos abordando un problema que es diferente en los distintos Estados miembros.
En los nuevos países, incluida Polonia, tenemos muchas regiones en las que mucha gente no tiene casa debido a unos ingresos bajísimos. De esas personas cuidan, principalmente, las autoridades locales. Le corresponde a las autoridades locales y a las instituciones regionales ayudar a esas personas con la mayor rapidez posible. Sin la financiación adicional a disposición de las autoridades locales, y sin el apoyo público, resulta imposible ayudar a las personas que se encuentran en la situación más difícil. Al mismo tiempo, también haría falta considerar cómo, en el futuro, mediante la creación de una política común y de una definición común en este terreno, intentar obtener fondos adicionales que podrían ser utilizados por las autoridades regionales. Utilizarían el dinero y crearían viviendas sociales, de las que existen, en realidad, poquísimas en muchos países europeos.
László Andor
Miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que analizar esta cuestión en un contexto más amplio, en este caso, en el contexto de la crisis económica y financiera. En los últimos dos años hemos visto que esta ha sido una prueba de políticas de competencia sin importar si afectaba al sector financiero, al sector automovilístico o, en este caso, al sector inmobiliario, y ha sido también una prueba de nuestras políticas sociales, ya afectase a los niños, a los mayores o las personas sin hogar.
En este conjunto de preguntas que me han planteado, ambas cuestiones -políticas de competencia y sociales- tienen elementos comunes. Es por ello que resultan incluso más complejas de lo que serían fuera del contexto de la crisis.
La crisis ha demostrado una gran tara del mercado, no sólo en el sector financiero, sino también en el sector inmobiliario, y ha quedado claro que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden resolver estos problemas, no sólo para los muy pobres, sino también para grupos más amplios de la sociedad. Así, yo me opondría totalmente a cualquier principio que restringiera el concepto de vivienda social a únicamente los grupos más pobres de la sociedad, especialmente con respecto a la diversidad de los países europeos y al principio de subsidiariedad. Sin duda, insistiría en dejar las definiciones en este contexto a los propios Estados miembros, como ya dije en mi primera intervención.
Volviendo al caso neerlandés, que ha sido el centro del debate, me gustaría repetir que la Comisión no impone los criterios que se han establecido en el contexto neerlandés a ningún otro país. Respetando totalmente la subsidiariedad, le corresponde a los Estados miembros decidir la condicionalidad real de las viviendas sociales.
Esto lo confirma la decisión relativa al programa de ayudas del Estado neerlandés, y me gustaría recordar que los límites establecidos por las autoridades neerlandesas -que son de aplicación exclusivamente en los Países Bajos- abarcan al 43 % de la población neerlandesa, que obviamente va más allá de los grupos más pobres. Es más, la decisión neerlandesa ha confirmado que la mezcla social y la cohesión social son objetivos válidos de la política pública en los que se pueden justificar las ayudas estatales, y no sólo en el caso de aquellos que viven en la pobreza extrema o al borde de la pobreza.
Creo que la angustia social a este respecto durante los últimos años ha desestabilizado a la sociedad a mucha mayor escala y que esa es la razón por la que tenemos que ser sensibles en esta materia. Tendría que añadir que la Comisión sólo verifica las ayudas concedidas a las empresas constructoras. Cualquier subsidio concedido directamente a los ciudadanos no está sujeto a las normas de las ayudas estatales.
El debate también ha alcanzado a un contexto más amplio: el de los servicios sociales de interés general. Es por ello que necesito abordar también esta cuestión y enfatizar que, más allá de las viviendas, otros servicios de interés general y, concretamente, otros servicios sociales desempeñan un papel preventivo y de cohesión social que está destinado a la población en su conjunto, independientemente de la riqueza o los ingresos. La Comisión dejó claro esto en su comunicación de 2007, cuando subrayó los objetivos y los principios de organización de los servicios sociales.
La Comisión está comprometida con la promoción de la calidad de los servicios sociales. Por ejemplo, apoyamos el desarrollo de un marco de calidad para los servicios sociales de interés general en el Comité de Protección Social.
Unas cuantas reflexiones finales para terminar mi intervención. Puesto que algunas de las preguntas hicieron referencia a una escala de tiempo más amplia, abarcando la perspectiva financiera futura, estaría de acuerdo con que, en diversos contextos, las viviendas se verán afectadas; sin duda, la renovación en el contexto de la eficiencia energética -que, desde nuestro punto de vista, forma parte de la categoría de los empleos verdes- será un campo en el que habrá actividad, sin, por supuesto, intentar tener una política común europea de vivienda.
También habrá otras cuestiones, como las viviendas de los grupos más vulnerables de la sociedad, como los romaníes, en las que ya se han dado los primeros pasos, y creo que seguirá habiendo un apoyo continuo de los fondos estructurales para resolver cuestiones de vivienda, en este caso concreto, para los grupos marginalizados muy vulnerables en varios Estados miembros. Esto también destaca la importancia de tener una visión muy diversificada, ya que los países son distintos en términos de necesidades sociales y ciertas decisiones y soluciones, que se aplican en países de renta alta, no tienen necesariamente que ser aplicadas -y, desde luego, no impuestas- en otros Estados miembros.
Presidenta
Se cierra el debate.
