Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

McMahon
Señora Presidenta, sobre la aprobación del Acta de ayer; en el párrafo 3, el Sr. Macartney se refirió al ondear de la bandera europea. Quisiera simplemente informar a la Asamblea de que en la parte de Escocia que represento las autoridades locales de North Ayrshire, Renfrewshire, East Renfrewshire, Clydebank y Dunbarton y East Dunbarton se sienten muy orgullosas de celebrar hoy el Día de Europa.

El Presidente
Muy bien, tomamos nota de esta declaración.
(El Acta queda aprobada)

Servicios postales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0105/96) del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0227 - C4-0540/95-95/0221(COD)) relativa a las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio.

Simpson
Señora Presidenta, por fin acudo ante el Parlamento para presentar mi informe sobre el futuro de los servicios postales en la Unión, después de haber sido ponente durante lo que parece una eternidad, ante todo por la incapacidad de la Comisión para presentar una directiva. Durante esos numerosos días de espera, recordé con frecuencia las palabras de Cicerón: »¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?».
El informe que presento al Parlamento hoy en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo es de gran interés para los ciudadanos de la Unión Europea. Los servicios postales son sin duda algo que toca de la forma más directa a los ciudadanos de las ciudades y los pueblos. Es una cuestión europea que no sólo pueden entender, sino ver también en su vida diaria. En la labor de este Parlamento hay muy pocas cuestiones que cuenten con ese reconocimiento. De modo que este informe es no sólo sobre la prestación de los servicios postales, sino también sobre la prestación de servicios sociales. En muchas partes de la Unión Europea, resulta imposible separarlos. Por esa razón en mi informe he adoptado una posición diferente de la Comisión respecto de la liberalización. He adoptado a las claras y sin reparos la posición de que la protección de las administraciones postales nacionales es esencial para que no se pierda ese elemento social en los estragos causados por la liberalización o incluso la privatización.
Mi informe, apoyado abrumadoramente no sólo por la Comisión de Transportes y Turismo, sino también por la inmensa mayoría de las administraciones y sindicatos postales, respeta el equilibrio entre la mejora de los niveles actuales de servicios -y reconozco que en ciertos sectores se necesitan mejorasy la garantía de que se pueda ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea un servicio universal, independientemente de que vivan en un concurrido centro urbano o en una zona periférica escasamente poblada.
Estoy convencido de que los ciudadanos que viven en las islas Shetland o en la zona occidental de Irlanda o en los Pirineos o en las islas griegas tienen derecho al mismo servicio universal y a precio asequible que los ciudadanos que viven en Londres, París o Atenas. En su propuesta, la Comisión reconoce que existe la necesidad de un sector nacional reservado en régimen de monopolio que permita a las administraciones postales nacionales prestar ese servicio universal. Que yo sepa, sólo el Sr. Wijsenbeek y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no están de acuerdo con ese principio concreto.
En lo que hay una diferencia entre la Comisión y yo es en la cuestión de qué servicios deben permanecer en el sector reservado. Yo, apoyado por mis colegas de la Comisión de Transportes y Turismo, creo que tanto el correo directo como el correo transfronterizo deben permanecer en el sector reservado. Mis razones son claras. Si se separan esos dos sectores de la esfera reservada, se coloca al instante un 20 %, aproximadamente, de los ingresos obtenidos por las administraciones postales nacionales a merced de las empresa privadas, la mayoría de las cuales son americanas y se pone, de un plumazo, en grave riesgo la capacidad para financiar un servicio universal.
Si se ponen en práctica las propuestas hechas por la Comisión, el efecto en nuestros ciudadanos, en particular los de las zonas rurales y periféricas, será catastrófico. Esas zonas, vistas en una hoja de balance, no son rentables, por lo que serán las primeras en sufrir las consecuencias de la liberalización. Aumentarán los precios, disminuirá la calidad del servicio, se cerrarán las estafetas pequeñas, se reducirán las plantillas de los trabajadores postales, se acabarán servicios prestados a la comunidad, tales como los autobuses postales y las estafetas móviles. Ésa es la razón por la que siempre he sostenido que el sector reservado debe ser lo suficientemente grande para mantener un servicio universal y debe abarcar necesariamente el correo directo y el correo transfronterizo.
Como ponente, agradezco la labor llevada a cabo por los colegas de la secretaría para preparar este informe y por mis colegas de la comisión. También ha sido inapreciable la ayuda de quienes trabajan en el sector postal. Este informe trata de las personas y de valores antiguos, pero no por ello menos importantes, como el servicio público y las necesidades de los ciudadanos. Es un informe que protege los servicios postales. Es un informe que garantiza un servicio a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. Es un informe que reconoce la labor hecha por miles de carteros para sus comunidades. Por último, si bien no es lo menos importante, es un informe que antepone el servicio público al beneficio privado.
Al recomendar el informe al Parlamento, quisiera decir a la Comisión que, si duda de que lo que digo sea verdad, debe preguntar a los ciudadanos de Europa. Por una vez en su vida colegiada, debería escuchar lo que los ciudadanos tengan que decir. No quieren que se liberalice su correo y estoy seguro de que este Parlamento adoptará la misma postura exactamente.

Billingham
Señora Presidenta, al tiempo que agradezco a Brian Simpson su informe, quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a la Comisión por el acertado proyecto de directiva en que se basa. Es evidente que el objetivo de la creación de un conjunto de normas comunes para el desarrollo de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad de los servicios es ineludible, en particular si lo consideramos sobre el fondo de la rápida innovación, de la nueva tecnología, que ya afecta a las formas como comunicamos unos con otros y los prodigiosos avances en la clasificación mecanizada que producen transformaciones fundamentales en los métodos de trabajo de la industria. A ello se suma el hecho de que tenemos quince Estados miembros, cada uno de ellos con su propio servicio postal, por el que siente lealtad y del que se siente orgulloso.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial elaboró una opinión encaminada a fortalecer y modificar, en lo que fuera necesario, el proyecto de directiva de la Comisión. Entre las medidas que proponíamos, figuraba la apertura gradual y controlada del mercado. Pensó en la posibilidad de un eurosello para el futuro. Se esforzó por mantener la aportación del Parlamento a todas las decisiones que se adopten en el futuro sobre los servicios postales y expresó escepticismo ante el calendario propuesto por la Comisión, que era demasiado rápido y carecía de la suficiente investigación detallada. También procuramos dar a los consumidores una mejor protección contra los servicios inadecuados. También hicimos propuestas que estaban en consonancia con la competencia leal.
Por último, propusimos una iniciativa de la Comunidad, posiblemente encuadrada dentro del objetivo 4, para el objetivo concreto de abordar los efectos económicos y sociales de las innovaciones tecnológicas en forma de un programa que denominamos HERMES, encaminado a prevenir el desempleo mediante la reclasificación y la mejora de los conocimientos técnicos y de las aptitudes, lo que llamamos invertir en las personas, y con vistas a facilitar el desarrollo de nuevos puestos de trabajo y nuevas actividades.
Desde luego, esa iniciativa no era un programa para la reorientación profesional de los desempleados o los afectados por la reducción de las plantillas en la industria. Esas seis medidas iban encaminadas a permitir a la industria de los servicios postales mantener puestos de trabajo dignos y bien remunerados prestando un servicio que los ciudadanos quieren y de la forma que lo quieren y a un precio que les resulte asequible.
Por último, espero que las propuestas hechas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, algunos de las cuales fueron incorporadas, contribuyan a hacer de éste un programa bien meditado y claro para el futuro con el fin de que se presten los servicios postales pedidos y esperados por todos los ciudadanos de Europa, lo que constituye un puntal decisivo del Mercado Interior para todos nosotros.

Cot
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha examinado detenidamente la propuesta de directiva sobre el desarrollo de los servicios postales y la mejora de la calidad del servicio. Al igual que el Sr. Simpson y en el mismo espíritu que él, aprobamos las líneas generales de este texto, a reserva de las observaciones que seguirán a continuación.
Señora Presidenta, provengo de un país que se siente orgulloso de su tradición del servicio público en general, y del servicio postal en particular. Consideramos que el derecho de nuestros ciudadanos al servicio público es un derecho fundamental, constitucional, que debemos defender y promover. En el transcurso de los últimos diez años hemos podido constatar en Francia una notable capacidad de adaptación por parte de nuestros grandes servicios públicos en un período marcado por la rápida evolución tecnológica. Ello implica una visión abierta, dinámica del servicio público y de su equilibrio económico global, y no una visión estática, reductora, residual de un servicio público en declive.
En este sentido, me congratulo de la reciente evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en sus sentencias sobre el asunto Corbeau y el municipio de Almelo, que ya tiene en cuenta esta dimensión dinámica y global. En esta perspectiva, la introducción de una dosis de competencia es un factor de modernización y de competitividad que resulta útil. Pero no es un fin en sí mismo. No debe dar lugar a un desequilibrio del servicio público, ni debilitar su dinamismo ni sus perspectivas de futuro.
En este marco, nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos hace las observaciones siguientes. Primero, el fundamento jurídico propuesto por la Comisión ejecutiva nos parece correcto. La Comisión de Transportes y Turismo propuso en su día añadir el artículo 77 del Tratado como fundamento. En nuestra opinión, se trata de una disposición accesoria que no podría constituir un fundamento jurídico autónomo y que amenaza con debilitar las prerrogativas del Parlamento. Por consiguiente, estamos a favor de esta propuesta.
Segundo, la liberalización de la publicidad directa plantea un difícil problema de carácter jurídico relativo al secreto de la correspondencia. Pensamos que en realidad resulta prácticamente imposible aislar este sector del mercado, suponiendo que ello fuera deseable con respecto del necesario equilibrio económico general del servicio. Creo que habrá que volver a examinar esta cuestión detenidamente.
Tercero, la liberalización del correo transfronterizo de llegada resulta imposible mientras no se establezcan garantías en materia de gastos finales para poner fin a la auténtica piratería a la que se entregan algunos operadores jugando con unas tarifas inadecuadas.
El Sr. Wijsenbeek sabe a lo que me refiero.
Cuarto, el procedimiento de revisión nos parece inadecuado, tanto en lo relativo a unos plazos demasiado cortos, como al poder que le fue conferido a la Comisión para adoptar medidas unilaterales, y este sentido proponemos a los autores de la propuesta legislativa, es decir, al Parlamento y al Consejo, que lo conviertan en un procedimiento de codecisión.
Quinto y último, nos han presentado, por otro lado, un proyecto de comunicación, la reseña. Esta última, que examinaremos dentro de unos meses junto con el informe del Sr. de Brémond d'Ars, tiene por objeto informar a los operadores sobre las intenciones de la Comisión en la aplicación del derecho de competencia. Se presenta como un instrumento de seguridad, de estabilidad y de transparencia. Es necesario aún que la reseña sea adaptada a la directiva, de lo contrario producirá inseguridad, cacofonía y obscuridad. Por ello sería deseable, señor Comisario, que usted nos especifique que la Comisión se propone adaptar la reseña a la directiva y que nos indique, algo que se nos ha dicho en la comisión, que la reseña carece de carácter normativo vinculante en sí.
Por último, huelga decir que el Parlamento deberá dar su dictamen sobre la directiva antes de examinar la comunicación con el fin de garantizar la coherencia de estos dos instrumentos, y debería, por consiguiente, rechazar cualquier propuesta de devolución en caso de que se presentara alguna.

Crowley
Señora Presidenta, acojo con beneplácito el informe del Sr. Simpson. Esta Asamblea está en deuda con él por la inmensa cantidad de trabajo que le ha dedicado, pese a la oposición que ha tenido que afrontar.
Sin embargo, centrándose en lo que la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo acordó al respecto, tiene relación con un deseo y, de hecho, una apremiante petición de que, antes de que se lleve a cabo liberalización alguna en todo el sector de los servicios postales, se evalúe la cuestión de las repercusiones sociales y económicas de cualquier desreglamentación o liberalización mediante un estudio de la situación en los quince Estados miembros. Si dicho estudio demostrara que la liberalización iba a tener repercusiones perjudiciales en el desarrollo económico y social de las zonas periféricas y alejadas, en particular, no se debería seguir adelante.
Naturalmente, todos estamos de acuerdo con la idea de competencia. Sin embargo, de todos los servicios públicos que se podrían privatizar y que se podrían abrir a la competencia, el sector postal es el que tiene las repercusiones más inmediatas y directas en una economía local, simplemente porque el cartero local vive, trabaja y cría a sus hijos en la zona y, además, en muchas partes de Europa es el único contacto directo que tienen los ciudadanos con lo que ocurre en el mundo exterior.
A mí me parece totalmente ilógico que, por una parte, estemos gastando centenares de miles de millones de ecus todos los años intentando regenerar las zonas rurales y periféricas y, por otra, estemos suprimiendo precisamente los servicios básicos y esenciales que permiten a las comunidades sobrevivir y prosperar. Eso es algo en lo que debemos centrar la atención: lograr una mayor sinergia y una mayor lógica en la forma como abordamos esos problemas a escala europea.
Por último, las consecuencias en materia de empleo que esa liberalización podría tener. El Presidente Santer y la Comisión han firmado su pacto por el empleo. Esta propuesta de la Comisión, en su forma actual y si no se aceptan las enmiendas del Sr. Simpson, podría provocar una pérdida de 500.000 a 750.000 puestos de trabajo en toda Europa.

Newman
Señora Presidenta, antes de mi elección como diputado, trabajé en el servicio postal y fui elegido representante local no profesional del sindicato de trabajadores del servicio postal, la Unión de Trabajadores de Comunicaciones, con la que sigo manteniendo estrechos vínculos. Hay más de 1.300.000 trabajadores de los servicios postales en la Unión Europea y merecen que se les dé el trato imparcial y digno que merecen personas que prestan un servicio público tan decisivo. La prestación de los servicios postales corre a cargo de una red necesaria de esos trabajadores. El excelente informe de Brian Simpson reconoce que los servicios postales son, y deben ser, una parte reglamentada y decisiva del Mercado Único europeo y que las estafetas nacionales deben prestar servicios postales de gran calidad para promover una fácil comunicación postal a los consumidores y a las empresas.
Cada Estado miembro debe tener un servicio postal completo y universal con tarifas uniformes y asequibles. Para que se pueda prestar ese servicio universal, es necesario reservar una parte suficiente de los servicios postales rentables para que se puedan financiar también los servicios no rentables. Por eso es tan importante mantener en el sector reservado el proceso integrado de recogida, clasificación, distribución y entrega final del correo, así como el correo transfronterizo y el correo directo.
Las estafetas oficiales pueden obtener beneficios y ello redunda en beneficio del contribuyente, pero su objetivo primordial es el de prestar ese servicio público decisivo de la comunicación postal universal para todo el mundo, viva donde viva y a precio asequible. El objetivo primordial de las empresas del sector privado, que están intentando que la UE les permita quedarse con las partes rentables del servicio postal, es conseguir cuantiosos beneficios para sus accionistas.
Los ciudadanos de mi circunscripción, que son consumidores todos, y el resto de los ciudadanos británicos han rechazado los planes del Gobierno conservador de privatizar el servicio postal. No quieren que haya una privatización llevada a cabo poquito a poco, a medida que se vayan vendiendo los servicios postales rentables al sector privado con el pretexto que brinda la política de la UE en materia de competencia. Quieren que haya servicios postales universales eficaces, reglamentados y asequibles, que se puedan garantizar mediante reglamentos relativos a la calidad del servicio.
En conclusión, no hay que adorar a toda costa a los nuevos dioses del mercado y de la competencia: la liberalización y la desreglamentación. El servicio público es más importante que el beneficio privado. Hay que defender nuestros servicios postales públicos europeos.

Ferber
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, desde el Libro Verde sobre el desarrollo de los servicios postales ha pasado mucho tiempo hasta poder tratar hoy por fin en primera lectura la propuesta de directiva de la Comisión. Era también urgentemente necesario pues la Comisión sigue amenazando con establecer reglas de competencia para los servicios postales según el artículo 90.3, que destruirían totalmente nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo.
Para comenzar, quiero presentar cuatro puntos que para el Grupo del Partido Popular Europeo han estado en el centro de atención de nuestra actuación sobre esta propuesta de directiva. Primera: la Unión Europea no debe anular los esfuerzos realizados por algunos Estados miembros para liberar los servicios postales. Tenemos unos servicios postales totalmente o muy liberalizados en Escandinavia y en otros países de Europa que aún no han realizado esfuerzos en el campo de los operadores postales. Por ello, es importante que el margen de configuración que marque esta directiva sea lo suficientemente amplio, que los mercados liberalizados no se monopolicen de nuevo y que los países que hasta hoy no han realizado esfuerzos actúen por fin para mejorar sus servicios postales. Pero el margen de configuración debe ser asunto de los Estados miembros. No debemos dictárselo desde Europa.
Segunda: queremos tanta competencia como sea posible y tanto monopolio como sea necesario. Doy a ello también una gran importancia. Por un lado, necesitamos la competencia para mejorar la calidad -tú podrás hablar luego, Florus, déjame hablar ahora tranquilo- y también para poder controlar los precios. Pero, por otro lado, necesitamos un suministro seguro y permanente de las áreas rurales y regiones periféricas en la Unión Europea. Para ello, necesitamos también el monopolio.
Tercera: comprobamos que precisamente en el tráfico postal transfronterizo la calidad es miserable. Lo repito: es miserable. Les voy a exponer un ejemplo: el envío de una carta desde mi ciudad, Ausburgo, a Bruselas dura desde hace 500 años cinco días. A pesar del ferrocarril y del avión, la velocidad sigue siendo la misma que en tiempos de la silla de posta. Sin duda, conocen también la regla de que las postales enviadas a los amigos y parientes llegan siempre una semana después de que uno ha vuelto de las vacaciones. Tal como, lamentablemente nos muestra la realidad, mediante una directiva no podríamos determinarlo. Queremos unos estándares de calidad unitarios y buenos en toda Europa.
Cuarta: queremos una distribución justa de las tarifas en el tráfico transfronterizo, un punto muy importante sobre el que ya se ha hablado. Desgraciadamente, la Comisión no ha cogido esta patata caliente. Creo que el Parlamento va a adoptar hoy una buena decisión sobre este tema que espero recoja el Consejo. En las enmiendas que el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado encontrarán estos principios básicos que acabo de bosquejar. Las enmiendas nº 70 y 79 pretenden que el servicio universal se reduzca al nivel mínimo necesario para que tengamos el suministro básico en Europa, a lo que damos importancia, pero también que autoricemos tanta competencia como sea posible en Europa. La enmienda nº 71 al artículo 13 pretende que en los sectores en los que ya existe competencia dentro del servicio universal, ésta no sea invalidada por una tarifa unitaria que puede ser perfectamente razonable en otros sectores.
La enmienda nº 81 al artículo 14 determina la duración que debe tener la regulación de la cuestión del «remailing» y de la devolución de tarifas en el correo que llega del extranjero. Insto a la Comisión para que en base a nuestra enmienda -pues sé que los socialistas quieren apoyarla- presente lo antes posible propuestas adecuadas para solucionar este problema. Independientemente de ello, en esta enmienda se debe tomar como base la versión alemana, pues existen diferentes interpretaciones en las diversas versiones lingüísticas; doy especial importancia a este punto.
Finalmente, en la enmienda nº 72 al artículo 15 proponemos que la problemática de las subvenciones transversales desde el sector reservado al sector de competencia se examine no por un regulador nacional sino por un revisor de cuentas independiente. Esto tiene la ventaja de que el servicio universal no tiene que poner a disposición de la opinión pública todas las bases del cálculo. No queremos permitir las subvenciones transversales pero tampoco que se determinen aquí cuáles son las medidas distorsionadoras de la competencia.
El Grupo del Partido Popular Europeo va a apoyar los compromisos que hemos acordado en la Comisión de Transportes y Turismo sobre el sector reservado -si bien, lo apoyamos como definición máxima- y también sobre la cuestión del acceso abierto a la red. Me parece que esta es una buena vía. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas, en especial al colega Simpson, por su cooperación colegial y por haber podido debatir positivamente sobre nuestros puntos.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, lo que hemos visto hoy es un ejemplo excelente del nuevo laborismo. No es una economía de la cláusula 4, es una economía de Santa Claus.
Bien, me gustaría hacer unas preguntas a la Comisión. ¿Cuáles serán las consecuencias para el consumidor, incluso para el que vive en las zonas periféricas, cuando introduzcamos nuevos medios electrónicos tales como el fax, o el correo electrónico? Los colegas sindicalistas del Sr. Newman se quedarían sin trabajo. Afortunadamente, el Sr. Newman se ha buscado un empleo aquí, en el Parlamento, a expensas del sindicato. Señora Presidenta, me gustaría preguntar a la Comisión por qué debe seguir existiendo un nivel nacional de servicios postales en un mercado único y abierto. Me gustaría preguntar a la Comisión qué valor concede a la comunicación del Sr. Van Miert en caso de seguir adelante el actual informe Simpson. ¿Qué va a hacer la Comisión, considerando que se han mantenido muy pocas de sus ideas originales?
Señora Presidenta, me gustaría preguntar a la Comisión cómo es posible que la izquierda hable de una pérdida de empleo mientras que los integrators, los servicios particulares, son los que consiguen el mayor crecimiento del empleo en Europa.
Señora Presidenta, me gustaría preguntar a la Comisión cómo es posible que el contribuyente deba seguir pagando por una prestación de servicios totalmente abominable. Pongamos como ejemplo a Italia: sólo el 29 % del correo llega dentro de los límites establecidos. Esta situación, sin duda alguna, mejoraría con una prestación de servicios libre y abierta. Si no mejoramos los servicios postales y si, en calidad de Parlamento, no defendemos al consumidor, ¿para qué hemos sido elegidos? ¿Por qué no podemos salir en defensa del consumidor? Hoy, el Grupo liberal es el único Grupo que lo hace.
El ponente ni siquiera ha tenido en cuenta las propuestas de la Unión de Consumidores Europeos. Todo es demasiado penoso para seguir hablando de ello.
Se me han concedido dos minutos. He planteado algunas preguntas y voy a dejarlo así, porque aquí lo propio sería callar y llorar.

Collins, Gerard
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera expresar mi sincera gratitud al Sr. Simpson por su estupendo informe, basado en el sentido común y el pragmatismo. Espero que la Comisión adopte esos aspectos del informe. Parece haber en ella una total falta de comprensión de lo que son los servicios postales. El informe Simpson mantiene el equilibrio entre la mejora de los niveles actuales de servicio y la garantía de que se pueda ofrecer un servicio universal a todos los ciudadanos de Europa, independientemente de dónde vivan.
Yo procedo de un país en el que estamos muy orgullosos de nuestros servicios públicos. De hecho, nuestro servicio postal es uno de los mejores de Europa. Es muy eficiente, un servicio diario a todos los sectores de la comunidad en todas las zonas del país y a un precio razonable. Tenemos buenos servicios postales, acompañados de un servicio social de calidad, que es de inmenso valor. Esos dos servicios van a la par y no se los puede separar. Así, pues, es imprescindible que protejamos nuestro servicio postal.
No tengo inconveniente en reconocer que siempre hace falta mejorar. La demanda pública de los consumidores velará por que no se olvide eso nunca y siempre hay presión constante sobre nuestras administraciones postales para que se satisfagan las solicitudes públicas. Estoy sinceramente convencido de que la aplicación de las propuestas de la Comisión en ese sector sería desastrosa. Podríamos beneficiarnos de ellas en las zonas urbanas intensamente pobladas, las zonas normalmente rentables, pero a costa de grandes perjuicios para las zonas no urbanas. Resulta más que evidente que las zonas rentables son necesarias para mantener los servicios en las zonas no rentables; de lo contrario, el sistema postal, tal como lo conocemos, se viene abajo.
Si se permitiera a la Comisión seguir adelante -y estoy completamente seguro de que no será así-, haría más daño a las zonas no urbanas de la Unión Europea de lo que nadie podría imaginar aquí.

Moreau
Señora Presidenta, tras haber lanzado la desregulación en los sectores de las telecomunicaciones, la energía y los transportes, la Comisión Europea se propone ahora someter los servicios postales a la ley de la competencia. El objetivo perseguido es sacar provecho de los sectores más rentables en beneficio de las grandes empresas privadas, mientras que el servicio público es reducido a un mínimo, bajo el vocablo de «servicio universal».
Una vez más observaré que la Comisión no ha realizado ninguna evaluación de las consecuencias sociales de la directiva, si bien, la orientación que ha adoptado es de la máxima gravedad. En efecto, si fuera aprobada en estas condiciones, la aplicación de esta directiva haría volar por los aires la precaución tarifaria, es decir, la igualdad de trato y de acceso de los usuarios. Conllevaría el desmantelamiento del monopolio público de correos, con la división en filiales o la privatización de los sectores mas rentables. Los usuarios, tanto particulares como las pequeñas empresas, sufrirían una degradación de la calidad de los servicios recibidos. El personal vería cuestionado su estatuto y sufriría la destrucción de empleo, como demuestran las liberalizaciones que ya se han llevado a cabo en España, Finlandia o Suecia.
Además, la propia Comisión admite, en su exposición de motivos, »que el proceso de adaptación llevará a una reducción del empleo en el sector de los operadores postales». Ahora bien, éstos dan trabajo a un millón y medio de asalariados. Para cualquier progresista, cualquier humanista, la comunicación no puede ser considerada como una simple mercancía sujeta exclusivamente a las reglas del mercado. Constituye un derecho que debe ser reconocido por todos. Su función es fundamental para la cohesión social y el fomento de los recursos de un país. En Francia, los asalariados y las organizaciones sindicales de correos tomaron parte activa en la revuelta social de finales de 1995 en defensa del servicio público.
Tomando el relevo de sus acciones, nuestro Grupo ha hecho adoptar numerosas enmiendas a la Comisión de Transportes y Turismo que contribuirán al reconocimiento del servicio público, al reforzamiento del sector reservado con la inclusión de la publicidad directa y del correo transfronterizo de llegada y al respeto de la perecuación tarifaria. En nuestra propuesta, la Comisión de Transportes pide que el desarrollo de los servicios postales vaya acompañado de un desarrollo del empleo y de una mejora de las condiciones de vida y de trabajo del personal.
Por consiguiente, nuestro Grupo se opone firmemente a la propuesta de directiva de la Comisión y apoya la mayoría de las enmiendas de la Comisión de Transportes y Turismo, al mismo tiempo que manifiesta su voluntad de que se dé a los servicios de correos de los Estados la posibilidad de continuar fijando los límites de peso y de precio en unos niveles superiores a aquéllos indicados en la directiva. Rechazamos que los servicios postales se vean sometidos a la ley del dinero. Nos declaramos a favor de su armonización al alza, desarrollando para ello la cooperación entre los operadores nacionales. Exigimos el mantenimiento y el desarrollo de un servicio público de calidad, apartado de la lógica puramente financiera, que respete el estatuto del personal así como la igualdad de trato de todos los usuarios.

Van Dijk
Señora Presidenta, el informe del Sr. Simpson constituye, con toda justicia, un intento de debilitar la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los servicios postales. En mi opinión, la liberalización y la apertura del mercado de los servicios postales deben obedecer a un objetivo claro. La liberalización no debe convertirse en un objetivo en sí misma ni en una ideología o creencia.
Con todo, insisto en que procedamos con prudencia y optemos por un enfoque pragmático, de forma que podamos combatir los posibles aspectos negativos de la liberalización e incluso invertirla cuando la prestación de servicios resulte perjudicada, porque por algo los servicios postales han dependido hasta la fecha de monopolios nacionales. Al estudiar las condiciones esenciales de la liberalización, apenas se ha hecho nada a nivel europeo. No se trata únicamente de echar cartas al buzón, sino también de las agencias postales que, en los últimos años, van desapareciendo paulatinamente en numerosos Estados miembros, sobre todo en las zonas periféricas.
El Sr. Wijsenbeek quizá viva al lado del Gobierno holandés y de la Reina de los Países Bajos. En lugares como éste, el correo seguirá llegando todos los días y tampoco desaparecerá la oficina postal. Sin embargo, el Sr. Wijsenbeek no tiene en cuenta para nada a las personas que viven en las zonas periféricas y que no tienen todos los servicios a la vuelta de la esquina.
Es obvio que la reorganización de los servicios postales se justifica por el aumento de la eficiencia, que a su vez constituye una exigencia del propio funcionamiento del mercado. Los usuarios de los servicios pierden una parte importante de las prestaciones y los empleados pierden sus puestos de trabajo. Con toda honestidad, al redactar un plan Delors para crear puestos de trabajo, plan que requiere grandes sumas de dinero, ¿no sería más adecuado y sensato elegir precisamente esta clase de servicios, que necesitan gran cantidad de mano de obra pero son considerablemente menos costosos que los descabellados planes de construir redes transeuropeas en toda Europa?
La Comisión, aunque reconoce el carácter universal, intenta imponer su ideología de liberalización. Estos dos conceptos, por definición, no siempre son compatibles. Por lo tanto pido prudencia. A mi juicio, es necesaria. Considero que el ponente ha enfocado el informe de un modo inteligente.

Dary
Señora Presidenta, queridos colegas, la aprobación hoy por parte de nuestra Asamblea de la propuesta de directiva relativa al desarrollo de los servicios postales comunitarios constituye una etapa significativa en la perspectiva de la elaboración de un marco reglamentario claro, indispensable para el funcionamiento equilibrado de los servicios postales, cuya vocación de servicio público o universal jamás será puesta en duda. Además, la experiencia nos demuestra en diferentes Estados de la Unión, que dichos servicios constituyen un eslabón importantes, o incluso indispensable, en la política de fomento de los recursos de un país.
Tras haberse resistido durante algunos años, la Comisión nos ha propuesto finalmente un texto «casi» equilibrado, que las enmiendas mantenidas por la Comisión de Transportes y Turismo han contribuido a mejorar notablemente, para lograr un texto coherente y que por su naturaleza satisfaga a la mayoría de los Estados de la Unión y sobre todo -puesto que es de ellos de lo que se trata- que garantice a los usuarios un servicio de calidad a un precio igual sobre un mismo territorio, tanto si éste se encuentra en el continente o en una isla, en Córcega o las Canarias, pongo por caso.
Para ello, naturalmente, el marco reglamentario de la directiva debía establecer, por una parte, las condiciones del servicio universal, es decir, las obligaciones de los proveedores de este servicio y, por otra, qué servicios eran susceptibles de ser reservados a los proveedores del servicio universal, para permitirles precisamente cumplir con dichas obligaciones. Con este fin, la elección de los Comisarios ha sido una directiva basada en el artículo 100 A, que es precisamente lo que convenía hacer. Por lo tanto, la competencia, que se encuentra ya bastante comprometida en algunos capítulos del sector, se beneficiará también de un marco que delimite su actividad, y que permita evitar una serie de abusos que perjudican a los operadores y que se cometen sin ningún pudor en nombre del liberalismo y de la falta de regulación.
Pero el presente informe gana aún en importancia por el hecho de que al regular las actividades, el texto de la Comisión garantiza la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo de las personas que trabajan en este sector y del personal que hoy debe incorporarse -está en juego su legitimidad a los ojos de los ciudadanos, sin los cuales jamás se podrá ganar ninguna batalla ni ninguna reivindicación. Existe la necesidad de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de los servicios públicos y sobre todo aquélla de los servicios postales, en los que, al final de la cadena, el encargado continúa siendo con demasiada frecuencia el único contacto humano que buen número de nuestros conciudadanos de edad avanzada, aislados o enfermos tienen con el exterior. Ésta es una de las misiones fundamentales del servicio público.
Y, naturalmente, debo también expresar mi cordial enhorabuena a nuestro colega Brian Simpson, que ha dirigido este informe con brío, seguridad y convicción. Pero no podría terminar sin evocar uno de esos textos que sólo la Comisión parece entender, me refiero a la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al sector postal. Un texto que está en total contradicción con el de la directiva y que, de ser aprobado, lo cual disgustaría al Parlamento, pondría en peligro todo el trabajo que se concretiza hoy, ya que equivaldría a tirar la toalla en el caso del servicio universal y dejaría en la calle a decenas de miles de trabajadores. En una palabra, al leer este documento, tengo la impresión de compulsar, tal vez exagero algo, un mal remake que podría titularse «La masacre del servicio público con la sierra mecánica».

Van der Waal
Señora Presidenta, la calidad de los servicios postales en la Unión Europea muestra diferencias inaceptables. Este hecho ha vuelto a confirmarse recientemente en una investigación llevada a cabo por Price Waterhouse. Es algo que va en contra de los intereses de los usuarios y perjudica, por distorsionar la competencia, a las empresas que dependen en gran medida de los servicios postales. En este sentido, el Libro Verde de la Comisión menciona en su conclusión que no es conveniente mantener esta situación.
Hablamos además de un sector que, en la mayoría de los casos, goza de una posición establecida desde hace mucho tiempo y de indudable importancia desde el punto de vista del empleo.
Por tanto, las modificaciones que se lleven a cabo deberán ser progresivas. La propuesta de la Comisión opta por este enfoque. Busca una vía prudente entre la conservación de un sector reservado con una prestación de servicios universal, que permita que los servicios postales oficiales mantengan su posición de monopolio, por un lado, y por otro, una liberalización limitada a largo plazo de la publicidad directa y del correo transfronterizo de llegada. Otra cuestión crucial se refiere al tamaño del sector de monopolio, que debe ser el adecuado para conservar un servicio universal asequible para todo el mundo. En este sentido, la propuesta de la Comisión, con unos límites superiores de 2 y 10 kg respectivamente para envíos postales y paquetes, es demasiado prudente. La enmienda Ferber, con unos límites de 1 y 10 kg, coincide con los acuerdos celebrados por los Estados miembros en el marco de la Unión Postal Universal y merece, por tanto, nuestro apoyo. Desafortunadamente, el informe de la Comisión de Transportes retrocede un paso más con respecto al texto equilibrado de la Comisión y ni siquiera contempla una liberalización limitada, pese a las experiencias positivas habidas en los Países Bajos y en Suecia.
El aspecto del empleo es, sin duda alguna, importante. Sin embargo, no olvidemos que los servicios postales tradicionales disminuyen y sufren la creciente competencia de las nuevas tecnologías. En estas circunstancias, una competencia controlada que estimule la innovación y la modernización supone una mejor protección del empleo que el mantenimiento de la situación tradicional.

Fayot
Señora Presidenta, estoy totalmente a favor del informe de mi colega Brian Simpson, al que felicito por el excelente trabajo que ha presentado. Gracias al gran número de enmiendas que ha introducido, logra que la liberalización anunciada resulte más soportable y marca un cambio de rumbo importante.
Señora Presidenta, provengo de un país en el que correos, sin que esté a salvo de toda crítica, proporciona un servicio excelente a un precio razonable, de manera rápida y eficaz para todos, ya sean ricos o pobres, jefes de empresas o ciudadanos de a pie. Correos, una empresa pública integrada, crea un buen número de puestos de trabajo estables. Constituye una institución que estructura el territorio nacional, contribuye a la cohesión social y ofrece a la economía unas prestaciones indispensables.
¿Y usted quiere que yo asista con agrado a la desintegración de esta empresa? Ciertamente no puedo hacerlo. Aunque haya países en la Unión Europea en los que la situación pudiera ser distinta y en los que, por consiguiente, una cierta dosis de competencia podría mejorar el servicio público, no es posible garantizar de antemano que será así, es más, esta poción encierra el riesgo de producir el efecto contrario. La Comisión, en su descripción de la situación del servicio público en Europa, debería tener en cuenta igualmente los casos de aquellos servicios públicos que funcionan con enorme eficacia, en vez de querer hacer saltar en pedazos todas las empresas públicas sin distinción.
Apruebo, por consiguiente, las posiciones fundamentales del ponente, que defiende el servicio público y propone que la transición hacia la apertura sea más respetuosa con los intereses de dicho servicio público y se haga en total conformidad con las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo en su resolución sobre el Libro Verde. La extensión del servicio público es capital para permitir que dicho servicio pueda autofinanciarse y seguir desarrollándose armoniosamente a lo largo de todo el territorio nacional.
Es capital asimismo aplazar la fecha de revisión de la directiva, en lo relativo a los servicios reservados, hasta pasado el año 2000, cinco años después de la entrada en vigor de la directiva, en lugar de revisar la directiva ya en 1998, habida cuenta de que ésta no entrará en vigor hasta 1997. Del mismo modo, el ponente hace bien al solicitar que se proceda a dicha revisión mediante una nueva directiva, permitiendo así que se desarrolle un debate público y político, en lugar de dejar que sean los tecnócratas los únicos responsables de tomar decisiones.
Espero, señora Presidenta, que el Parlamento, con su labor de debate y de presentación de enmiendas, contribuya a acercar la legislación europea a las necesidades y los intereses de nuestros ciudadanos y de los trabajadores, logrando con ello una Europa más humana y más social, sin olvidar la necesidad de unos servicios de calidad.

Jarzembowski
Señora Presidenta, Señor Fayot, me parece que vivimos en dos mundos diferentes. Cuando hablo con los usuarios de los servicios postales en mi país, todos están de acuerdo en que los empleados de correos son trabajadores, pero nadie podrá afirmar que el correo es rápido, veloz, eficiente y barato y creo que en muchos países los clientes de correos tendrán la misma sensación. El que esto es así lo demuestra el gran éxito de los servicios de mensajería privados. No tienen éxito porque los servicios de Correos sean buenos sino porque son demasiado lentos, creo que hay que decirlo de nuevo muy claramente.
Por ello, es ya hora de que en el mercado interior europeo se impulse también la liberalización de los servicios postales, pues necesitamos más competencia para elevar la eficiencia de las prestaciones y para abaratar los servicios postales a los ciudadanos y la economía. Señor Bangemann, comprendemos que la Comisión tenga miedo en llevar a cabo la liberalización de los servicios postales en el mismo momento que los de las telecomunicaciones, pues creemos también que la liberalización de los servicios postales debe realizarse lenta y cuidadosamente por dos razones.
En primer lugar, una liberalización precipitada de los correos podría conducir a corto plazo a una situación caótica inaceptable para la economía y los ciudadanos. En segundo lugar, tenemos que decir abiertamente que podría originar despidos en masa en los servicios postales estatales, lo que no es de desear ante el elevado desempleo actual. Pero tenemos que indicar claramente también que si se concede una protección especial a los servicios postales estatales por parte de los servicios reservados para establecer y garantizar de modo permanente un servicio universal efectivo y bueno a los ciudadanos y a la economía, es su última oportunidad para cumplirlo. Debemos decir claramente que si los servicios postales estatales no hacen uso de la actual protección que obtienen para ser eficientes, rápidos y económicos, entonces la UE deberá considerar una auténtica liberalización de los servicios postales para un momento posterior.
La protección de que gozan actualmente los servicios postales no debería incitarles a dejar todo tal como está. Mi colega Ferber ya ha llamado la atención sobre los cinco días que tarda una carta desde Ausburgo hasta Bruselas. Hasta que llega a mi casa en Hamburgo tarda cuatro días. Solamente puedo decir que los servicios postales se deben esforzar realmente en el sector transfronterizo para que justifiquen la confianza que hoy depositamos en ellos con el informe Simpson.

Donnay
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, la propuesta de directiva sobre el desarrollo de los servicios postales en Europa que hoy debatimos era muy esperada, porque permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros conciudadanos y corregirá las grandes disparidades que existen entre los distintos servicios postales nacionales.
Pero el sector postal presenta requisitos especiales debido a su papel en lo relativo al fomento de los recursos de un país y de la cohesión social. El cartero es a veces la única persona con la que mantienen un contacto regular algunas personas de edad avanzada o que viven en zonas aisladas. Éste es el motivo por el que no hay que manifestar un espíritu doctrinario ultraliberal, sino, por el contrario, un espíritu pragmático.
El método que ha elegido la Comisión para presentar la comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia al sector postal constituye, en este sentido, un cambio de rumbo peligroso que debemos condenar con toda firmeza. Quiero felicitar al ponente, Sr. Simpson, por la excelencia de su trabajo. Mi Grupo está globalmente de acuerdo con sus propuestas, que aspiran a preservar un servicio universal de calidad.
Permítame, no obstante, formular tres observaciones. El servicio universal tiene un coste. Por consiguiente, éste sólo podrá ser garantizado debidamente si se mantiene un servicio reservado. Las cuestiones de la publicidad directa y del correo transfronterizo deben ser estudiadas detenidamente. La creación de un nuevo sistema de gastos finales es, en este sentido, indispensable. Además, las modalidades de revisión de la directiva son poco satisfactorias. No se puede decidir una posible liberalización de la publicidad directa y del correo transfronterizo a partir de junio de 1998, habida cuenta de que la directiva no entrará en vigor hasta 1997 y que, por consiguiente, resultará imposible percibir ya sus efectos. Es necesario, por consiguiente, prever una revisión con un plazo suficiente. En tercer lugar, no se puede liberalizar sin preocuparse de las consecuencias sociales. Con el fin de evitar ajustes bruscos, es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de este aspecto en los mejores plazos posibles.
El Grupo Unión por Europa está a favor de que se mantenga un servicio postal universal que garantice la igualdad de acceso, la adaptabilidad y la neutralidad. Por ello apoyaremos el presente informe y seguiremos con atención el desarrollo de este dossier.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, en nombre de la delegación francesa de nuestro Grupo, deseo decir que compartimos el planteamiento general del informe que viene a corregir los excesos de la directiva y permite compaginar la garantía duradera de la prestación del servio postal universal con una apertura gradual y controlada del mercado. De este modo, el informe se ajusta a la decisión adoptada por el Consejo el 7 de febrero de 1994, en particular, cuando adopta medidas para evitar la liberalización de la publicidad directa y la liberalización del correo transfronterizo de llegada. Por ello respaldaremos el informe, aunque hay algunas enmiendas para mejorarlo, como las que acaba de mencionar mi colega Jacques Donnay, y que también apoyaremos.
Quisiera asimismo manifestar mi firme oposición al enfoque de la Comisión según aparece en su comunicación. Dicha comunicación es discutible en el plano jurídico, al igual que en su contenido y está en contradicción con la directiva. Es un auténtico ejemplo de proceder antidemocrático servirse de una comunicación, con un contenido jurídico dudoso, que tiene valor legislativo, a pesar de no haber sido presentada al Parlamento Europeo ni al Consejo, y que estaría en contradicción con la directiva. Con nuestro voto a favor del informe Simpson, con algunas enmiendas, enviaremos un mensaje muy claro a la Comisión con el fin de que ésta no perjudique a un sector público universal como es el caso del sector postal.

Castricum
Señora Presidenta, con frecuencia las decisiones políticas llegan tarde. Lo mismo ocurrió con el expediente postal sobre el que estuvimos debatiendo años, bajo la dirección de su ponente; siempre generaba una gran actividad dialéctica, pero pocos avances.
La propuesta final de la Comisión no fue recibida con euforia. Se habían distribuido los pesos de tal forma que nadie estaba realmente satisfecho: un compromiso demasiado drástico en opinión de algunos e insuficiente para otros. Ahora tenemos un compromiso sobre un compromiso, y la cuestión es si con ello podemos llegar, efectivamente, a un resultado adecuado.
Unos servicios postales y de telecomunicaciones buenos y eficaces son de gran importancia para la Unión Europea. Deberían ser los pioneros de las redes transeuropeas, pero no lo son. Debido al modo en que se lleva a cabo la liberalización de los servicios públicos, ésta encuentra cada vez más resistencias. La pregunta es si estas reticencias ante las reformas de los servicios postales pueden llegar a afectar negativamente a la prestación de servicios y a todas las personas que estén trabajando en dicho sector.
Es preciso que la Unión Europea disponga de unos servicios postales excepcionalmente buenos. En varios países estos servicios dejan mucho que desear, por lo que deberían esforzarse en ponerse al día. Teniendo en cuenta que no lo hacen o, cuando menos, no en la medida suficiente, la cuestión es quién va a sufrir las consecuencias, también desde el punto social. No estoy seguro de ello.
Todo lo expuesto no impide que valore en gran medida el modo en que el ponente ha llevado a cabo su misión. La rapidez con la que ha trabajado puede servir de ejemplo a numerosos servicios postales de los Estados miembros.

McIntosh
Señora Presidenta, hoy podemos acuñar un nuevo lema: nuevo laborismo, nuevo desempleo. He disfrutado muchísimo con el discurso del Sr. Simpson. Sin embargo, lamento que en ningún momento haya tenido en cuenta al consumidor o al usuario del servicio. Tal vez podría sacarme de dudas y convencerme de que no se trata de que los socialistas tengan miedo de la competencia o de la introducción de nuevas tecnologías.
Acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión y soy contrario a la posición socialista, tal como la conocemos hoy, a saber, proteccionismo flagrante. No estoy del todo de acuerdo con la situación de Holanda y Suecia, donde han avanzado mucho más por la vía de la liberalización. La posición del Reino Unido es la de que acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión con una limitada introducción de la competencia y quisiéramos que se pensara en la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías. Pido al ponente y a los miembros del Grupo Socialista que sean audaces y acepten un grado limitado de competencia.
Me gustaría que se mantuviera el servicio universal, particularmente importante para la entrega del correo en las zonas rurales remotas. Además, seguirá habiendo una zona limitada en reserva. En 1998 debe revisarse esa situación, como dispone la directiva, pero no debemos tener ideas preconcebidas en esta fase sobre la naturaleza y el alcance de una mayor liberalización. Pido al ponente que anteponga los intereses de los consumidores y de los usuarios del servicio. Recomiendo la propuesta a la Asamblea y pido su apoyo para mis enmiendas, núms. 73 y 74.

Farthofer
Señora Presidenta, señoras y señores, al debatir hoy sobre el futuro de los servicios postales, constatamos que las propuestas de la Comisión son realmente extrañas. Por un lado, nos ha presentado una propuesta de directiva y, por otro, una comunicación sobre la regulación de la competencia en el sector postal. Las normas e intenciones en parte divergentes de ambos documentos han provocado intranquilidad e inseguridad en todos los operadores postales, los empleados y los representantes de los consumidores. Estoy, por ello, muy satisfecho de que nuestro ponente, Brian Simpson, lo haya aclarado con unas propuestas claras y muy realistas.
El Parlamento Europeo tiene que mostrar hoy claramente que sólo la directiva en el marco de la codecisión puede ser el único patrón para un sector económico tan importante. El informe unifica los puntos más importantes: un servicio universal que pueda asegurar un suministro postal realmente para todos los consumidores, incluso en las regiones más apartadas. El servicio reservado, que puede soportar realmente un servicio universal sin que haya que conceder ayudas estatales. Plazos realistas para la aplicación de la directiva y modalidades de modificación de los servicios reservados donde se tenga claridad hasta qué punto tienen repercusiones los pasos de liberalización sobre la situación del empleo.
La respuesta estereotipada de los liberalizadores la conocemos ya hoy. Los servicios postales privados son eficientes y los operadores públicos solamente puede vivir con subvenciones. El modo de proceder que la Comisión debería tomar en consideración para el futuro sería el siguiente: regule la competencia y el suministro público de modo que no se privaticen siempre los beneficios y las pérdidas se socialicen.

Stenmarck
Señor Presidente, en el debate sobre el mercado postal, yo creo que el punto de partida debe ser que consideremos a este mercado como igual a todos los demás, como un mercado que en su mayor parte es y debe funcionar cono los demás y bajo las mismas condiciones. Por consiguiente, es evidente la necesidad de una desregulación, o no tendremos igualdad de condiciones. La prueba es que aquellos que defienden que no debe haber igualdad de condiciones no pueden demostrar que la alternativa sea mejor.
La experiencia de los lugares donde se ha llevado a cabo la desregulación ha sido positiva. Por ejemplo, en Suecia, que es un país extremadamente poco habitado, la desregulación funciona bien. Sus detractores afirman a menudo que muchos perdieron su empleo cuando se puso en marcha la desregulación, pero no es ese el caso. Por el contrario, los nuevos operadores postales han dado trabajo a un gran número de personas. El mayor operador postal privado de Suecia tendrá mil empleados a finales de siglo.
Que se cerrarán algunas oficinas de correos es cierto. Pero eso es más una consecuencia del desarrollo técnico y del logro de una mayor eficacia que de la desregulación. El desarrollo técnico ha creado probablemente muchos más puestos de trabajo de los que ha eliminado al principio.
Empecé diciendo, señor Presidente, que cada país tiene una experiencia distinta en cuanto a la desregulación de sus servicios postales. Eso me lleva a mi otro punto de partida y a mi otra conclusión, que es que los países que hayan finalizado su desregulación no deben verse obligados a reglamentar otra vez. Del mismo modo que los países que deseen desregular deben disponer de la posibilidad de hacerlo. También es importante recordar que nunca tendremos un mercado postal eficaz en Europa si no damos al sector postal la misma categoría que al resto de la vida empresarial.

Panagopoulos
Señor Presidente, el trabajo realizado por el Sr. Brian Simpson como ponente no era fácil. Había que alcanzar la meta de un mercado unificado de servicios postales con la meta superior de ofrecer un mejor servicio al consumidor, conciliando las diferencias entre quienes defendían una apertura total del mercado y quienes creían en una liberalización gradual y condicional de éste. El ponente ha conseguido conciliar las diferencias y mejorar la propuesta inicial, tomando en consideración no sólo los efectos económicos, sino también las repercusiones sociales que esta liberalización del mercado podría tener en el sector.
Más concretamente, el informe garantiza la prestación ininterrumpida del servicio universal permitiendo que se abastezcan satisfactoriamente hasta las regiones más periféricas de la Unión. Se consigue gracias a la permanencia de la publicidad directa y del correo transfronterizo -de llegada y de salidadentro del sector de los servicios reservados.
El fin de estos servicios reservados es garantizar la viabilidad económica de los operadores del servicio universal, y es fácil imaginar lo difícil y poco rentable que es la prestación del servicio universal en países como Grecia, con su gran número de islas alejadas. Es necesario, pues, que una empresa sea económicamente viable para que pueda atender a todas esas regiones.
Si tenemos en cuenta que el correo transfronterizo de salida constituye un 30 % de los ingresos de las organizaciones postales nacionales, comprendemos absolutamente porqué el informe Simpson conserva el correo transfronterizo de salida como servicio reservado, no sólo para garantizar la prestación de los servicios postales en todas las regiones de la Unión, sino también para impedir la pérdida de miles de puestos de trabajo en toda Europa al garantizar la viabilidad de las organizaciones postales nacionales.
Por todos los motivos aquí expuestos, votaré a favor del informe.

Lulling
Señor Presidente, sé que los monopolios, sobre todo los públicos, tienen la enojosa tendencia a instalarse en la comodidad, y que una liberalización, una competencia sana puede hacerles mucho bien para mejorar sus servicios. Pero en la aplicación de las normas de competencia al servicio postal hay que procurar que el remedio no sea peor que la enfermedad. El servicio universal de nuestros correos debe seguir siendo económicamente viable, es decir, hay que evitar delimitarlo hasta tal punto que se llegue a un empobrecimiento del servicio postal mínimo de base al que todos los ciudadanos tienen derecho. No votaré a favor de ninguna enmienda que pueda dar lugar a un retroceso en relación con el servicio universal que actualmente se ofrece en mi país, donde correos, como empresa pública, es eficiente y funciona bien.
Pero un servicio universal bien delimitado debe también garantizar la continuidad de un servicio de buena calidad. Para proteger a los usuarios del servicio postal contra las posibles pérdidas derivadas, en particular, de los conflictos sociales, propuse que se incluyera en la directiva una disposición que obligara a los Estados miembros a establecer procedimientos de conciliación y de mediación entre la patronal y los trabajadores del sector postal con objeto de evitar aquellos conflictos sociales que por su naturaleza podrían afectar la continuidad del servicio. Dicha enmienda no ha encontrado el apoyo de mis colegas, pero espero que la idea merezca la atención del Sr. Bangemann y del Consejo.

Bernardini
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, nuestra Asamblea se pronuncia por fin sobre el delicado asunto de la liberalización del sector postal. Por fin, porque este debate es antiguo. Fue lanzado en 1989. Han hecho falta casi siete años hasta conseguir el contorno de un marco jurídico, lo que demuestra la dificultad del ejercicio. Porque queremos evitar cualquier esquema que pueda originar dudas de tipo económico y fallos sociales.
Por ello tengo un interés personal en felicitar a nuestro colega Simpson que ha sabido encontrar en este informe un equilibrio difícil entre las medidas de armonización y la apertura gradual del mercado. Para mí es fundamental que se mantengan las misiones del servicio público que se encomiendan a las administraciones postales, y para ello, es necesario facilitarles los medios para que cumplan su misión.
Nuestra propuesta sobre el contenido del sector reservado para que abarque la publicidad directa y el correo internacional responde realmente a este requisito. Lamento, no obstante, la oposición de la Comisión, pero espero, señor Comisario, que al final obtengamos de su institución un punto de vista más sensato.

Simpson
Señor Presidente, quisiera decir simplemente, antes de que hable el Sr. Bangemann, que ha sido un descuido por mi parte omitir a la Comisión, cuando he agradecido en mi discurso la presencia de los asistentes. Si bien tenemos grandes diferencia de opinión, eso no resta mérito a la denodada labor que la Comisión ha llevado a cabo sobre este informe. Quiero poner las cosas en su lugar y hacerle constar mi agradecimiento.

Bangemann
Señor Presidente, no es solamente la última observación del ponente la que me mueve a expresarle mis felicitaciones sino el trabajo que ha realizado y la celeridad con que lo ha hecho. Es cierto, hemos necesitado mucho tiempo hasta que hemos realizado nuestra propuesta. El ponente ha citado a Cicerón, lo que es propio de un diputado. Pero no hemos invocado a César quien, como se sabe, actuó bajo el lema de veni, vidi, vici, sino que hemos intentado provocar un amplio debate público mediante un Libro Verde. En el seno de la Comisión hemos tenido los mismos problemas y dificultades que los que se han encontrado ustedes aquí en este debate.
Les estoy agradecido porque el debate se ha centrado en los puntos esenciales y porque el tiempo de que hemos dispuesto para hablar entre nosotros ha contribuido algo a eliminar malentendidos. Pero me voy a referir enseguida a algunas observaciones que son como una resonancia de los mencionados malentendidos.
El hecho de que hayamos presentado una propuesta de directiva sustentada en el artículo 100 a muestra dos cosas claramente. No queremos eludir en esta cuestión al Parlamento, razón por la que hemos elegido el artículo 100 a, tal como prometí al comienzo de mi actividad en esta Comisión y con esta directiva queremos lograr que se determinen de modo vinculante ciertos principios generales y algunos detalles para que se puedan lograr los mencionados principios. Es importante que se examine la alternativa. Si tenemos una directiva en la que se describe el camino que pueden seguir los servicios postales los próximos años, tendremos en cualquier caso más seguridad que si no la tuviésemos. Si no la tenemos, los servicios evolucionarán de modo muy diferente en los diversos países miembros. Surgirán situaciones de competencia que no están reguladas. Se ha mencionado, por ejemplo, el «remailing». Se ha calificado como piratería. Me parece que hace dos días, ante una demanda del «Deutsche Bundespost», un tribunal alemán ha fallado diciendo que no se puede prohibir el «remailing». Es decir, un usuario alemán de correos que quiere enviar correo a Alemania, puede ir a los Países Bajos, a Luxemburgo o adónde quiera y entregarlo allí. Esto muestra claramente que si queremos convivir tendremos que regular. Creo que el hecho de que propongamos la directiva es ya una ventaja. Naturalmente, no es aún una garantía de que todos los resultados de la directiva tengan que ser aceptables, por lo que tenemos que debatir al respecto. Pero creo que de momento vamos por la vía correcta.
Segunda observación sobre la comunicación. Me dirijo a mi buen amigo Cot para decirle que la comunicación no es ni puede ser un instrumento jurídico en si. No posee un carácter formal, excepto el hecho de que pretende comunicar al Parlamento, tal como indica su nombre, en base a qué principios y consideraciones quiere aplicar la Comisión, llegado el caso, el artículo 90. No obstante, en el primer debate ya he dicho que la directiva se va a modificar y que tenemos que orientar a la misma esta comunicación, el comportamiento práctico que queremos seguir. A veces, la Comisión hace algo que no se puede comprender bien, pero no somos realmente tan ilógicos que propongamos, por un lado, una directiva y, una vez aprobada, la dejemos de lado y hagamos algo totalmente diferente aplicando el artículo 90. Por supuesto, esto no va a ocurrir.
Pero les ruego que no infravaloren esta comunicación. Es también un paso hacia la cooperación con el Parlamento pues, como ustedes saben, las competencias están reguladas en el artículo 90 del Tratado. La Comisión podría hacer uso de ellas, pero no quiere actuar sin mantener un debate sobre el uso de dichas competencias. Este es el sentido de esta comunicación.
¿Cuáles son los objetivos principales? No creo que tras este debate no coincidamos sobre los objetivos. Queremos la garantía de un servicio universal obligatorio que se ofrezca a unos precios razonables y con una buena calidad a todos los ciudadanos de la Comunidad. Esto no es ninguna contradicción. Esta definición está reflejada en la directiva y la tomamos como base para nuestras actividades políticas. Pero esto no significa -quiero añadirlo enseguida pues algunos diputados, como el Sr. Stenmarck y otros, han llamado la atención al respecto- que con la directiva queramos obligar a que den marcha atrás los países miembros que están más avanzados que otros en la vía de la liberalización o de la desregulación. La definición del servicio universal no significa que se fijen las vías por las que se puede lograr dicho servicio universal. Si se pueden lograr estos objetivos por la vía de la competencia de un mercado desregulado, ¿porqué no hacerlo?
Ya he lo dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir de nuevo, también para responder a lo que mi amigo Florus Wijsenbeek ha dicho: ¡por favor, no mantengamos al respecto pugnas ideológicas! Tenemos las experiencias prácticas. Ni la Comisión ni yo mismo tenemos nada en contra del service publique . No quiero infravalorar en absoluto a los carteros y a las oficinas de correos, en especial, en las regiones rurales. Yo mismo vivo en un pequeño pueblo de unos 25 habitantes, 10 gatos y 5 perros y nos alegramos cuando viene el cartero.
No es este el problema. El problema es cómo podemos lograr que este servicio siga prestándose a todos los ciudadanos. Esta es la gran cuestión. Hay dos posibilidades: o el service publique en el sentido clásico, organizado en base a unos principios jurídico-públicos y con un sector reservado, es decir un sector de monopolio, o desregulación y competencia, que puede ser entre una empresa pública y otras privadas. Ante las puertas de esta Asamblea he visto una pancarta que mantenía en alto un diputado a quien aprecio mucho. En ella se alegaba en favor del servicio público y en contra de los beneficios privados, lo que se ha repetido también en el debate. No es este el problema. Podemos tener servicios postales públicos si se acreditan en la competencia, lo que hacen incluso en algunos casos y me parece muy positivo. No estamos hablando en teoría, sobre algo abstracto. Creo que los Países Bajos son un mal ejemplo, pues es un país pequeño, con una distribución de la población relativamente equilibrada y pocas remote islands, etc. Pero también existe el ejemplo de Suecia. Este país tiene una distribución de población relativamente desequilibrada. Estocolmo y Malmoe y las regiones circundantes son los centros más importantes mientras que el norte del país hay regiones muy aisladas. A pesar de ello, funciona el servicio universal.
Todo el mundo recibe en cualquier lugar el mismo servicio con la misma calidad y precio. Creo que sería positivo que nos ocupásemos de tales ejemplos prácticos. La Comisión lo ha intentado. Hemos dicho que si queremos lograr esta calidad de servicio, las experiencias de que disponemos nos indican que la competencia es el mejor instrumento. Digo muy claramente a aquellos que quieren ideologizar el instrumento de la competencia que ésta no es el objetivo en si. No estamos a favor de la competencia para que exista en algún sitio, sino que estamos a favor de ella como instrumento para lograr un servicio de este tipo. Por ello, hemos propuesto también que se haga muy cuidadosamente y de modo paulatino. Es cierto que podemos hablar sobre los plazos de la revisión. Si la directiva entra en vigor relativamente tarde, no se puede comenzar al cabo de un año a revisarla. Hay que hablar al respecto, pero muchas de las enmiendas excluyen la competencia casi totalmente.
Con ello, arriesgan la existencia del servicio universal. Algunos han llamado la atención sobre este aspecto en el debate. Señor van der Waal, creo que por primera vez tengo que decir que coincido plenamente con usted, lo que puede ser un cumplido para usted o para mi, no quiero entrar en más en detalles al respecto. Lo que nadie puede ignorar es que existe un desarrollo tecnológico que puede amenazar incluso a un servicio en régimen de monopolio. Este es realmente el peligro ante el que se encuentra, por ejemplo, la distribución del correo, independientemente de cómo se establezcan los límites superiores o cómo defina el sector reservado. Si los costes son demasiado elevados o el servicio no posee la suficiente calidad, por el largo tiempo que las cartas y postales tardan en llegar, tendrán que contar con que la gente se compre un fax o trabaje con correo electrónico. Estas son ya hoy unas posibilidades reales que se van a abaratar además aún mucho.
Es decir, no tenemos que realizar ahora esfuerzos para modernizar los servicios postales por esta vía e incluir también a otros servicios. Digo con toda franqueza que no me parece positivo que algunos gobiernos de países miembros quieran separar, por ejemplo, los servicios bancarios de los servicios postales clásicos, pues una estafeta de correos debe tener una función múltiple en una región rural si quiere sobrevivir. Es decir, hay que ofrecer allí servicios bancarios, quizás también servicios de seguros u otros más. Una estafeta de correos de este tipo, si quiere cumplir una función social y también sobrevivir, tiene que ser un centro multifuncional y no sólo una oficina donde se entreguen o recojan cartas. Pero si queremos lograrlo, no podemos dejar que las cosas vayan demasiado despacio. Esto es lo que no nos satisface en las enmiendas del ponente relativas al ritmo de la liberalización o a la clase o dimensiones de la misma.
Mediante la definición de los criterios armonizados, queremos establecer por primera vez para los servicios reservados una garantía sobre la capacidad financiera de los oferentes. No se ha hecho mención sobre este punto en absoluto. Por primera vez existe un fundamento jurídico para que quien aporte servicios universales perciba por ello también una remuneración. ¡Por primera vez! Si no la tienen, verán cómo retrocede la demanda de los servicios: o establecen unas tarifas tan altas que tendrán que volver a bajarlas -ya hoy el franqueo ha llegado en muchos países miembros a un límite que es ya demasiado elevado- o tendrán que subvencionar públicamente los servicios con los presupuestos públicos. Que esto no puede funcionar en el futuro es algo que todo el mundo ve. Es decir, esta posibilidad de financiación es la única garantía, señor Simpson, para el mantenimiento de estos servicios.
Por ello, necesitamos una apertura paulatina mediante una liberalización gradual y controlada. El Sr. van der Waal ha descrito de modo totalmente correcto lo que son pasos precavidos. No se trata realmente de una desregulación precipitada que, ante todo, vaya a afectar negativamente a la situación del mercado laboral.
Quiero decir de nuevo claramente que no hemos tocado la cuestión de la privatización. La comparación que se ha hecho aquí, a favor del servicio público y en contra de los beneficios de las empresas privadas, es totalmente errónea pues no nos hemos pronunciado en contra del servicio público y en favor de las empresas privadas, sino solamente a favor de la competencia y nada más. Si desean un servicio público eficaz, pero no lo consideran competitivo frente a las empresas privadas, algo tiene que estar mal. No se puede estar en contra de la competencia si se tienen en cuenta los intereses de los consumidores. Se ha mencionado esto aquí en varias ocasiones. A la postre, un servicio público de este tipo se crea para los consumidores.
Se ha indicado que el servicio público tiene una gran tradición. Es cierto, ¿pero en qué consiste la tradición? ¿Consiste en mantener a un pequeño grupo de empleados con unas determinadas relaciones laborales seguras o consiste en organizar mejor el servicio para el consumidor? Me parece que esta segunda es la tradición del servicio público y no la primera. La Revolución Francesa no ha suprimido los privilegios de la aristocracia para crear otros para los funcionarios de correos.
(Risas) No puedo exponer mi opinión en detalle sobre cada una de las enmiendas. Nos encontramos además en la primera lectura. Permítanme que exponga las conclusiones de la Comisión. Queremos crear un equilibrio entre armonización y liberalización. La definición del servicio universal prevé que se coloquen en el punto central del debate los intereses de los consumidores y la calidad de los servicios, lo que se pretende lograr mediante una mayor apertura al mercado. En muchas partes, la liberalización es ya una realidad. Hay que indicar que los servicios de paquetes, de mensajería, la publicidad directa en algunos países miembros y la total liberalización en Suecia y Finlandia no han conducido a la desaparición del servicio público sino a una mayor eficacia del mismo.
(Aplausos) Si quieren tomar nota de ello, esta es la realidad, no se trata de un programa liberal o de mercado o de un fanatismo competitivo o como se quiera llamar. Hemos dicho que necesitamos suficiente tiempo y hemos propuesto unas normas de seguridad para acompañar a las medidas. Además, como se ha dicho, se ha garantizado la financiación. Por primera vez se puede compensar una carga financiera desequilibrada vinculando las autorizaciones a condiciones o mediante aportaciones a un fondo de compensación. Cualquier parte del procedimiento de revisión permitirá apreciar las medidas de liberalización.
Se puede hablar sobre la revisión global en el año 2000 o algo más tarde, se podrán ponderar razonablemente las repercusiones y puedo decirles en mi nombre que no puedo comunicarles ninguna posición de la Comisión. No tengo nada en contra de que lo hagamos conjuntamente, es decir, mediante una nueva directiva según el artículo 100 a. Pero ruego que no se excluya ahora a la Comisión de esta revisión, tal como pretenden algunas instituciones, pues siempre se dice que nosotros somos los tecnócratas, este es un prejuicio usual, pero como la mayoría de los prejuicios usuales es erróneo.
No nos levantamos como Catón, me permito interpretarlo en un latín macarrónico, y decimos: servitium postalis esse delendum . No es éste nuestro principio. Queremos contribuir a que el servicio postal sea efectivo y pueda contribuir a una nueva imagen del servicio público. Esta es la intención de la Comisión, por lo que vamos a pedir que en la revisión participemos exactamente igual que el Parlamento y si lo hacemos conjuntamente lograremos también un buen resultado.
(Aplausos)
Crowley
Señor Presidente, quisiera informar a Sus Señorías sobre algo que tal vez no sepan: el Comisario Bangemann no estaba en lo cierto en lo que ha propuesto, en particular al poner el ejemplo de los países escandinavos en materia de desreglamentación de los servicios postales. Como han de saber la mayoría de Sus Señorías, cuando Suecia privatizó e introdujo la competencia antes de su ingreso en la Unión Europea, permitió al monopolio anterior mantener precios inferiores a los de los competidores para debilitarlos y absorberlos. De modo que esa información dada a la Asamblea era falsa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas.

Año europeo contra el racismo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0135/98) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre:
I.la comunicación de la Comisión (COM(95)0653 - C4-0132/96) sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo; II.la propuesta de decisión del Consejo (COM(95)0653 - C4-0132/96-95/0355(CNS)) por la que se declara 1997 Año Europeo contra el Racismo.
Oostlander
Señor Presidente, el racismo y la xenofobia están, por desgracia, muy arraigados en la cultura europea. No son sentimientos actuales solamente, sino que se vienen sintiendo desde hace siglos y que tocaron fondo, de un modo trágico, durante la segunda Guerra Mundial. En Europa, este fenómeno ha atentado contra muchas vidas humanas y ha acabado con ellas.
Con la Unión Europea y la integración europea, se pretendía precisamente dar una respuesta al racismo y a la xenofobia, ya que la armonía étnica transfronteriza era considerada como una expresión de civilización y como una promesa para la posible reconstrucción de Europa. Iniciamos dicho proceso y hemos ido avanzando aunque todavía no hemos llegado, en absoluto, al final del camino. Observamos que la Unión Europea, especialmente el Consejo, viene aplicando desde hace años una política que permite y tolera el odio étnico en sus fronteras, y que las acciones para combatirlo son escasas. Un asunto deplorable si consideramos las depuraciones étnicas que se han producido en la antigua Yugoslavia.
Por tanto, nuestra lucha contra el racismo y la xenofobia debe tener una base amplia. Aun sabiendo que la extrema derecha constituye el punto de cristalización, debemos enfocar nuestra lucha desde una amplia conjunción política. También los partidos más establecidos tienen a veces líderes políticos que especulan con los sentimientos de xenofobia. Debemos advertirnos de ello unos a otros, de un modo sumamente serio.
No seamos además ingenuos y no mencionemos los nombres de personas concretas dándoles publicidad y renombre adicional. Debemos evitar mencionarlos, así que hago un llamamiento a todas sus Señorías para que compartan este criterio. Hay ciertos nombres que no deben mencionarse.
Este amplio enfoque por parte de la Unión Europea ha de dar lugar a que en la CIG se contemple, durante la revisión de los Tratados, la inclusión de un artículo en contra de la discriminación, así como la concesión de competencias determinadas a la Unión Europea, concretamente a la Comisión, es decir, a los órganos comunitarios, para luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, ya que éstos son fenómenos transfronterizos. Sin duda, es preferible que la esencia de la lucha contra estos fenómenos está descentralizada, y que sea la propia sociedad la que la lleve a cabo a través de las iglesias, los sindicatos y toda clase de organizaciones no gubernamentales; una sociedad que se guíe por principios correctos y que esté efectivamente organizada de un modo responsable. Por otra parte, también las políticas municipales, regionales y nacionales deberían asumir responsabilidades al respecto. Aun así, siempre habrá alguna misión que Europa deba cumplir porque los fenómenos de contaminación ideológica a escala internacional son muy claros en este ámbito.
Desde una perspectiva positiva, hemos de trabajar por la integración y la ciudadanía -término que en los textos nunca podrá ser traducido por asimilación, por tanto, revisemos las traducciones- de las minorías que padezcan la discriminación y la xenofobia. Asimismo, hemos de enumerar claramente los problemas de quienes residen ilegalmente en la Unión Europea para que las autoridades reconozcan estos problemas que, con frecuencia, van acompañados de discriminación. Debemos intensificar los esfuerzos para que las personas que residen legalmente en los países de la Unión Europea puedan adquirir con mayor facilidad la ciudadanía de los Estados miembros y, por tanto, de la Unión. Este punto reviste una gran importancia para la integración de las minorías y para prevenir su discriminación; deben convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Es obvio que los medios de comunicación y los publicistas deben ser muy conscientes, y muchas veces lo son, de que su actividad no debe avivar los sentimientos de xenofobia en nuestra sociedad.
En breve, la lucha debe enfocarse de la manera más descentralizada posible, en todos los lugares donde las personas puedan asumir sus responsabilidades. La Unión Europea ciertamente puede contribuir a ello, por ejemplo, con la creación de un Observatorio que funcione como centro de una red de institutos científicos que lleven a cabo excelentes estudios sobre los fenómenos de racismo y xenofobia. Estos institutos no deben ser ramificaciones de una entidad pública, sino que necesitan de una institución que coordine sus actividades y mantenga la red en pie.
Por esta razón, la Comisión deberá informar con regularidad sobre las actividades del Observatorio, sobre los estudios que lleva a cabo, incluidos los análisis de la política que podría aplicarse, también de forma descentralizada. Finalmente, quisiera expresar el antiguo deseo de que se respete a las minorías en Europa, principalmente sus convicciones religiosas. Es de todos conocido que la religión es importante para las personas. Esto significa que la Unión Europea también podría contribuir a que sea posible la formación de los líderes espirituales de las nuevas minorías de Europa, por ejemplo, del islam, de modo que la formación de los imanes pueda tener lugar en Europa. Los programas LEONARDO Y SOCRATES ofrecen esta clase de facilidades. En mi opinión sería una señal inequívoca, sobre todo de cara al mundo islámico, de que les tomamos en serio.
Señor Presidente, hoy celebramos la creación de Unión Europea. Con ello también celebramos la respuesta inquebrantable contra el racismo y la xenofobia. Espero que en la votación de hoy se vea expresada esta respuesta.

Gredler
Señor Presidente, felicito al ponente por este excelente informe. Quiero indicar que el Parlamento no ha esperado a las conclusiones del Consejo Europeo de Cannes para tomar la iniciativa en este terrible asunto. El Parlamento Europeo estaba ya convencido en los años 80 de que había que combatir el problema del racismo. En la última legislatura, el Sr. Nordmann fue el presidente de la Comisión de Investigación.
Respecto a los aspectos financieros, en 1996 se habían previsto 5, 4 millones de ecus para este proyecto. Afortunadamente, para 1997 se ha previsto un aumento. Espero que la Comisión sea consciente de que para 1997 se han previsto 4, 7 millones de ecus, lo que sigue siendo una suma modesta. Creo que el tiempo de preparación de nueve meses no es solamente demasiado largo, sino que además absorbe mucho dinero. Existe confusión sobre el número de funcionarios previstos. La Comisión habla en un lado de un funcionario de grado A y otro de grado C y en un sitio diferente de tres funcionarios del grado A. Respecto a la partida 2510: comitología, la Comisión debe presentar una explicación sobre las repercusiones de los comités. Es suficiente con enviar a los comités un representante por cada país miembro.
Sería deseable una vinculación con la línea presupuestaria B 3/300 en el campo de la información. De este modo, se podría aliviar la situación presupuestaria específica de esta línea y emplearse más efectivamente para medidas destinadas a luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemistismo. Una cooperación con otras instituciones, como el Consejo de Europa, mejoraría mucho la eficacia en el futuro.
Una pequeña corrección: en el texto alemán se ha traducido erróneamente el concepto programme de diffusion d'image como material gráfico. Prefiero atenerme a la versión francesa aunque ayer Austria haya perdido al fútbol contra Francia.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, el informe del colega Oostlander es muy positivo. Me parece realmente bueno y el debate que hemos mantenido sobre el mismo creo que ha sido de ayuda también para el Parlamento. Ha contribuido a encontrar un consenso muy amplio en muchos puntos y en la valoración del fenómeno del racismo y de la xenofobia, lo que se verá en la votación.
El Sr. Oostlander ha llamado la atención al respecto con mucha razón en su informe. Si no queremos que este informe sea papel mojado sino que su espíritu nos invada, impulse y ayude a desatar realmente una campaña contra el racismo y la xenofobia en Europa, este informe nos dice también que el fenómeno no se debe buscar sólo en los bordes sino en el centro de la sociedad. Y si hay que buscarlo en el centro de ella, este Parlamento, todos los miembros de esta Asamblea y todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen la obligación de no mirar a otro sitio cuando detectan el fenómeno de la xenofobia, antisemitismo o racismo, sino oponerse activamente y con coraje civil para proteger a las personas.
Un medio para luchar contra el racismo y la xenofobia es el valor personal y no retroceder. No retroceder sobre todo ante aquellos que han hecho de su programa el racismo y la xenofobia. Por ello, señor Oostlander, a pesar de todo lo que coincido con usted, hay un punto en el que no le puedo seguir: no puedo criticar a aquellos que son racistas escondidos y subliminales si no puedo mencionar por su nombre en todos los Plenos de esta Asamblea a los que predican abiertamente el racismo y la xenofobia. Usted ha dicho que el racismo y la xenofobia han alcanzado su punto álgido en la segunda guerra mundial. Es cierto. Entonces hay que decir que un hombre que califica a Auschwitz como un detalle de la historia mundial, es un xenófobo, un demagogo, un provocador, se llama Le Pen y está sentado en esta Asamblea como diputado bien retribuido. Hay que poder decirlo si se quiere luchar contra el racismo y la xenofobia.
(Aplausos, exclamaciones) La aclaración que este informe proporciona sobre muchos fenómenos y sus causas es muy positiva pero no es suficiente aprobar solamente el informe. La apelación que pronunciamos contra el racismo y la xenofobia debería ayudarnos para que de esta Asamblea y con este informe parta la señal de que el racismo y la xenofobia se combaten con coraje y valor civil.

Colombo Svevo
Señor Presidente, confiamos en que en torno a este tema de la lucha contra el racismo, la unanimidad alcanzada en el seno de la Comisión de Libertades Públicas también pueda lograrse en este Pleno. Antes que nada, lo requiere el propio tema y lo merece el informe del Sr. Oostlander que ha planteado a nuestra responsabilidad de políticos -lo acaba de recordar también el Sr. Schulz- lo insidioso de este fenómeno que consigue afectar y corromper las distintas ideologías, las religiones y las instituciones. No estamos libres de culpa, ninguno de nosotros lo está, y no podemos defendernos simplemente acusando a los demás y descargando en los demás las responsabilidades. Nosotros, a través de la política exterior de nuestros Gobiernos -lo denuncia el Sr. Oostlander en su informe- permitimos que de alguna forma continuaran los procesos de limpieza étnica y hallamos justificaciones para las discriminaciones étnicas y tendemos a recaer en prejuicios étnicos. Se trata, sin duda, de una Realpolitik que explica y que, sin embargo, no resuelve el problema. Y entonces la promesa de «nunca jamás Auschwitz», que nos ha recordado el Sr. Oostlander, no es todavía un patrimonio político común tan compartido como debería serlo.
He querido recordar estos puntos duros del informe porque son los que hacen creíble la propuesta. Sin esta coherencia toda la propuesta corre el riesgo de convertirse en una coartada y en un paliativo para la mala conciencia. Si, en cambio, partimos de nosotros mismos, de nuestras ideologías, religiones y políticas, conseguiremos hallar la forma justa y tolerante de hablar a los demás. Éste es problema: es justo denunciar la explotación del malestar social, del racismo para fines electorales, a pesar de que sabemos que ésta es una estrategia que luego no resulta positiva. Sin embargo, es aún más importante encontrar el lenguaje, las palabras y los ejemplos apropiados para llegar a la conciencia y a la razón de los ciudadanos europeos. Son las palabras de una cultura europea que se ha formado en la diferencia y, por consiguiente, conoce bien las dificultades y también el valor del debate. Son los ejemplos de iglesias, de asociaciones, de sociedades civiles que deben movilizar las conciencias alrededor de estos temas y el lenguaje de la tolerancia y del diálogo, y son las condiciones culturales, políticas y sociales que deben conseguir dicha tolerancia. Esto es lo que nos corresponde hacer. Entonces y en este sentido, tendrán un significado el Observatorio y el Año Europeo y es por esta razón que coincidimos con el enfoque del ponente que tiende a hallar las causas profundas y los instrumentos más que a buscar a los culpables.

Caccavale
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Oostlander es un buen texto a través del cual queda patente el esfuerzo de lanzar una señal de alarma, una alarma concreta que proviene de nuestro Pleno. En el mismo se intenta ofrecer indicaciones sobre las posibles acciones que deberían emprenderse para frenar este fenómeno. Por todo esto, lo considero un buen informe.
Sin duda, las actitudes de racismo y xenofobia están casi siempre vinculadas a situaciones de marginación social y de degradación de las periferias urbanas, a la falta de trabajo, a la sensación de peligro y de precariedad ante el futuro, a la ignorancia, al desconocimiento y a la falta de información de ambas partes, a la difusión de valores egoístas, a menudo excesivamente materialistas. Sin embargo, siguen sin respuesta las preguntas esenciales. Por otra parte, el riesgo de caer en la retórica y en las acostumbradas condenas es muy alto. Las referencias, por ejemplo, a las carencias de los actuales partidos políticos, a la caída del comunismo, a los peligros provenientes únicamente de la extrema derecha, me parecen estereotipos totalmente obsoletos y superados. Quizás alguien no se ha dado cuenta de que en un grupo de larga tradición democrática y de integración como el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, milita un partido como el de la Liga del Norte que dice expresamente que quiere tomar las huellas de los pies de los que no sean ciudadanos comunitarios. Esto es una demostración más de que los esquemas de la derecha y de la izquierda han saltado totalmente.
Ahora bien, nosotros decimos «sí» al Año Europeo contra el Racismo, »sí» a las intervenciones tendentes a facilitar la integración de las distintas culturas, de sus diferencias en el respeto de las peculiaridades de cada uno. En cambio, creemos menos en los Observatorios que en Europa se han convertido en una forma de despilfarrar el dinero público y de asignar un sueldo a algún amigo. Creo que ha sido infravalorado un factor de fondo muy importante: el factor cultural. Cierto es que los problemas económicos, la importancia de los flujos de inmigración en nuestro continente son significativos, sin embargo, debemos ser extremadamente activos en el campo de la cultura, de la ética de la información, de la tolerancia, de la cultura del conocimiento, de la cultura de la curiosidad, de la libertad en el respeto de las reglas de los demás, a fin de que cuando surgen las necesidades y dificultades el ser humano pueda reaccionar y actuar sin descargar en los demás sus culpas y sus responsabilidades.

Nordmann
Señor Presidente, el Grupo Liberal apoya, como es natural, el informe del Sr. Oostlander, y desea felicitar al ponente por haber retomado con tanta serenidad lo esencial de los trabajos y algunas de las propuestas que ya habían sido presentadas al Parlamento, sobre todo en la legislatura anterior.
Deseo, de manera especial, apoyar la propuesta de que 1997 sea declarado Año Europeo contra el Racismo. No se trata aquí, señor Presidente, de un artilugio ni de un ritual, pero coincidiendo con la Conferencia Intergubernamental, ese año debe imprimir la idea de que la adhesión a la Unión Europea es inseparable de un determinado número de valores. Y en unos momentos en que se van a desbloquear las negociaciones sobre la ampliación, este aviso está lejos de ser inútil.
Añado que la fórmula del Año Europeo permitirá dar un fundamento jurídico a un buen número de acciones y en todo caso reforzar los fundamentos jurídicos de muchas de ellas, y que en este sentido, constituye una herramienta de innegable valor. Éste es el motivo por el que el Grupo Liberal la apoya, esperando, evidentemente y con mucha confianza, que todos los Grupos democráticos de esta Asamblea participen en este estado de ánimo.

Pailler
Señor Presidente, el desempleo y la exclusión social y cultural es el campo de cultivo del racismo, el cual es alimentado por los discursos llenos de odio. El racismo no es una muestra de la libertad de expresión, sino del delito, y hay palabras que pueden matar tanto como las armas.
Limitándome únicamente a Francia, Mohamed Azza murió por herida de bala en el frente de Saint-Étienne el 26 de febrero de 1995. Esa misma semana, Ibrahim Ali, alumno de instituto de 17 años murió de un disparo en la espalda. El primero de mayo de 1995, Brahim Bouaram fue lanzado al Sena durante una manifestación del Frente Nacional y murió ahogado. El 4 de mayo de 1996, en Sens, fue Mohamed Qouas quien cayó abatido por los disparos.
La letanía sería demasiado larga sólo con los crímenes racistas en los que se han visto involucrados los militantes del Frente Nacional -y esta diferencia no es obsoleta, señor Caccavale. A esta trágica lista hay que añadir todas aquellas personas que han muerto víctima de manos anónimas, alentadas por la propaganda racista de la extrema derecha, aunque ésta no es la única.
¿Acaso mide bien su responsabilidad un gobierno que aplica leyes como la Ley Pasqua, basadas en la diabolización del emigrante y que, además, piensa reforzarlas? ¿Acaso no se está armando el brazo de estos criminales al apuntar a las víctimas propiciatorias de una crisis social que escapa a todo análisis racional? Estos crímenes no deben hacernos olvidar las humillaciones cotidianas, los actos simbólicos de violencia, el sufrimiento silencioso.
Para combatir el racismo hay que luchar, en primer lugar, contra las causas económicas y sociales que lo nutren. Hay que reforzar también los medios jurídicos que permitan reprimirlo y emprender una acción global de prevención, en particular, en los medios de comunicación y en la enseñanza.
La propuesta de la Comisión de establecer un Año Europeo contra el Racismo responde a estos objetivos. Por fin, una propuesta presentada por el Parlamento Europeo que se concretiza. La propuesta de la Comisión se ha visto enriquecida especialmente con la aprobación de enmiendas presentadas por nuestro Grupo y que van encaminadas a promover la igualdad de oportunidades de las personas más vulnerables y a contribuir al conocimiento de otras civilizaciones y de sus aportaciones a la cultura de los países europeos. ¿Preguntarse por el prójimo, acaso no equivale a cuestionarse sobre uno mismo?
Debemos intentar que en 1977 se pongan en marcha iniciativas en estrecha cooperación con las organizaciones antirracistas, con el fin de que la repulsa del racismo se convierta en asunto de todos. Luchar contra el racismo equivale a actuar a favor de la democracia y a asumir una misión fundamental. Citaré al Sr. Salman Rushdie, que dice: »Prefiero el laicismo a las capillas, los mestizos a los técnicamente puros, el cosmopolita al culturalmente correcto y la democracia a todo aquello que supone una amenaza para ella».

Roth
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar a Arie Oostlander por su muy sensible informe. Quiero expresar también a la Comisión mi profundo reconocimiento por su comunicación y mi agradecimiento por su compromiso con este informe. Sólo que desde hace muchos años el Parlamento Europeo viene aprobando buenos informes, elaborando muchas propuestas y planteando exigencias dirigidas al Consejo y a los países miembros para que no sólo emitan declaraciones solemnes de intenciones sino que inicien medidas reales contra el creciente racismo y antisemitismo en la UE. Y no pasa nada.
Arie Oostlander menciona cuestiones centrales cuando, por ejemplo, trata del papel de los partidos que con campañas populistas y xenófobas crean un estado de opinión racista contra los refugiados, inmigrantes o minorías, como los gitanos. Las próximas elecciones al Parlamento Europeo en Austria nos hacen temer ya que un dirigente de partido como Haider va a azuzar resentimientos contra los extranjeros para cazar así votos. El racismo tiene nombres y rostros. Coincido con Martin Schulz en que hay que decir los nombres, pues son los padres espirituales de los atentados con bombas o incendios.
La Comisión habla con razón sobre la necesaria integración de los extranjeros de terceros países, integración en lugar de asimilación forzada, una integración que debe basarse en el principio de cualquier democracia, conceder los mismos derechos para todas las personas, los mismos derechos sociales y económicos pero también políticos y culturales. Felicito expresamente a Arie Oostlander por haber roto con un tabú y haber formulado también el derecho al libre ejercicio de confesión religiosa en una Unión Europea que está cayendo cada vez en el papel de sostén de la civilización cristiana occidental.
Tal como establece la ciudadanía de la Unión, tenemos que superar una jerarquización que niega los derechos a entre 10 y 14 millones de personas. Frente a la discriminación necesitamos una protección real, que figura en el Tratado, y tenemos que superar cualquier forma de racismo y discriminación institucional. Pero, naturalmente, en la Comisión la mano derecha debe saber qué es lo que quiere la izquierda. Entonces habrá que luchar conjuntamente y la Comisión no deberá escatimar esfuerzos para que la libertad de circulación de las personas sea válida para todos y no exista una tendencia para limitarla a los ciudadanos de la Unión porque dentro de la Unión Europea se han creado unos muros totalmente nuevos, no sólo pero también en las cabezas de las personas.

Parigi
Señor Presidente, al compartir lo manifestado por el ponente, deseo precisar que los dramas que se derivan del racismo marcan la historia de la humanidad y convierten su camino en incierto y difícil. Existe un racismo étnico, que condena zonas enteras, incluso europeas, a continuas guerras y guerrillas, por ejemplo, es el caso del racismo balcánico, uno de los peores y más crueles. Existe el racismo basado en motivos religiosos, que condena a los pueblos a una especie de permanente Edad Media. Existe el racismo económico, que presencia el prepotente dominio de las zonas ricas sobre las más débiles, como sucede dentro de la Comunidad Europea. Y, por último, existe el racismo de los estúpidos, o sea, de los que no tienen motivos religiosos ni de piel ni tampoco económicos para obstaculizar a los unos en favor de los otros y, sin embargo, lo hacen en virtud de una ridícula megalomanía de café, que desemboca en una antihistórica aspiración a la llamada independencia de patrias inexistentes dentro de una patria común. Éste es el caso de la Liga del Norte del Sr. Bossi, cuyo racismo se sitúa entre lo infantil y lo sedicioso, habida cuenta de que intenta romper la unidad de Italia basándose en absurdas y caprichosas pretensiones. He aquí porque los Grupos políticos aquí presentes, movidos por una repulsa natural hacia el racismo de opereta -así lo defino yode la Liga del Norte del Sr. Bossi, deben rechazar toda forma de colaboración orgánica con el Grupo de sus diputados. ¡Es mejor besar a un leproso que estrecharle la mano a un imbécil!

Ford
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Oostlander sobre su equilibrado informe y espero que una mayoría abrumadora de esta Asamblea vote a favor. En segundo lugar, estoy de acuerdo con mi colega el Sr. Martin Schulz, cuando dice que sabemos que el racismo y la xenofobia tienen que figurar en el orden del día del Parlamento. Tenemos colegas que ocupan escaños de la extrema derecha que no sólo creen que el Holocausto fue un simple detalle de la Historia, sino que creen, en realidad, como el Sr. Le Pen, que los americanos construyeron las cámaras de gas en el campo de concentración de Buchenwald después de la guerra.
Hace mucho que debería hacer habido un Año contra el Racismo. En 1984 la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, que yo presidí, y cuyo ponente fue el difunto Dimitrios Evrigenis, del Grupo del Partido Popular Europeo, propuso en sus recomendaciones que se celebrara un Año contra el Racismo. Ahora, casi un decenio después, ha llegado a ser realidad. Agradezco al Comisario Flynn que haya sacado adelante esta propuesta que, como digo, llevábamos más de diez años esperando.
Me siento ligeramente decepcionado con el nivel de recursos disponible, pero eso es algo que podemos abordar cuando pasemos a la ronda presupuestaria. También significa que ahora la Comisión ha reconocido claramente que tiene competencia parcial en materia de racismo y xenofobia. Debemos impulsar aún más ese asunto en la Conferencia Intergubernamental velando por que se hagan los cambios necesarios en el Tratado para conferir a la Comisión competencias para abordar el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
También quiero decir que estoy a favor de la creación del observatorio. El Sr. Caccavale se ha mostrado bastante desdeñoso al respecto, por lo que quisiera decirle que en la reunión de la comisión consultiva sobre el racismo y la xenofobia creada por Helmut Kohl y François Mitterrand la votación a favor de ese principio fue de 14 a 0 con 1 abstención. La abstención fue del Reino Unido, no del representante del Gobierno de Italia, del que su partido formaba parte. Espero que reconsidere su opinión.
El observatorio tiene que abordar primordialmente los problemas del racismo y la xenofobia en la UE. No debe ser un órgano académico, sino que debe hacer recomendaciones y ser una agencia independiente para que pueda hablar con voz potente y no estar en deuda con ningún Estado miembro en particular.
La propuesta de la Comisión es un comienzo, pero no es suficiente. En Francia los racistas salmodian el mantra «tres millones de inmigrantes, tres millones de desempleados, tres millones de inmigrantes de sobra». La canción es la misma en todo el resto de Europa, aun cuando las cifras sean diferentes. Debemos recordar el lema del partido Nazi Austriaco en el decenio de 1930: »Un millón de desempleados, un millón de judíos, un millón de judíos de sobra». Y sabido es lo que pasó a los judíos.

Cars
Señor Presidente, muchas personas, inclusive maestros y pedagogos, se enfrentan actualmente a nazis, cabezas rapadas y otros grupos con francas tendencias racistas y antisemitas. Pocos saben cómo manifestar su condena y hacer algo constructivo en dichas situaciones. No es problemático, por tanto, apoyar la propuesta de creación de un observatorio para coordinar e impulsar las iniciativas contra el racismo. A este centro hay que conferirle una importante y amplia labor. Debe elaborar, apoyar, y de vez en cuando realizar por sí mismo unos cursos especiales para maestros y pedagogos, impartir conocimientos sobre cuál es la fuente del racismo, el antisemitismo y la xenofobia, además de informar del modo en que hay que enfrentarse y luchar contra este tipo de fenómenos. Con estos cursos dirigidos a un frente muy amplio, Europa debería estar mejor preparada para la labor de transmitir a nuestros niños y jóvenes unos ideales de tolerancia y de humanismo. No deben faltarle estos conocimientos a ningún pedagogo o maestro en Europa que desee información sobre la anatomía del racismo y el odio. Sería una promesa excelente que el Parlamento Europeo podría dar con motivo de la celebración del Día de Europa.
Señor Presidente, una de las enmiendas se aparta de las otras. Es evidente la necesidad de una normativa contra el crimen inspirado por motivos racistas. Pero los liberales estamos en contra de la aplicación de dicha normativa a prejuicios e intenciones. El mejor modo de luchar contra ellos es la argumentación y el bienestar económico y espiritual. El Grupo Liberal rechaza la penalización de partidos. Constituiría una victoria para los antidemócratas y una derrota para la creencia en la fuerza del debate.
La propuesta de la Comisión de celebración de un Año Europeo contra el Racismo y el informe del Sr. Oostlander contienen muchas ideas razonables que nos dan esperanzas en la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. Pero el análisis y la conclusión aportados en la enmienda de nuestro colega, el Sr Wiebenga, reforzaría aún más esta propuesta.

Le Gallou
Señor Presidente, en nombre del antirracismo, el informe Oostlander es de tendencia totalitaria, en el sentido de que pretende dar forma a las opiniones y los comportamientos de los ciudadanos de las naciones europeas según las normas de lo políticamente correcto y de lo históricamente correcto.
Me limitaré a llamar la atención del Parlamento sobre las consecuencias del punto 20 que pretende enmarcar la historia de la II Guerra Mundial por ley. Eso es lo ha hecho mi país, Francia, al aprobar la Ley Gayssot, originando con ello un auténtico Chernóbil intelectual, que es denunciado actualmente por escritores y diputados Gaullistas.
Porque al prohibir la obra de Paul Racinier, antiguo deportado y antiguo diputado Socialista, apuntando a la extravagancia de algunos testimonios y al hecho de que cuestione la existencia de las cámaras de gas, la Ley Gayssot ha contribuido a su difusión. Porque al prohibir los análisis críticos del profesor Forisson sobre las fuentes escritas y la ausencia de fotografías o de dibujos que ilustren las cámaras de gas, la Ley Gayssot ha contribuido a su notoriedad. Porque al prohibir la tesis de Henri Roc, consagrada a las numerosas inverosimilitudes del informe del SS Gerstein, la Ley Gayssot ha logrado lo contrario. Al prohibir los trabajos del ingeniero químico Fred Löschter, la Ley Gayssot ha garantizado su publicidad.
Porque los espíritus libres se dicen, si hace falta una ley para imponer una verdad histórica, no es una verdad histórica, es una verdad política. Si hace falta una ley para imponer una verdad científica, no es una verdad científica, es un dogma religioso. Y éste es el motivo por el que en Francia, grandes pensadores de izquierdas como Roger Garaudy y el abad Pierre piden que se abrogue la Ley Gayssot y se celebre un debate libre sobre la existencia de las cámaras de gas. Pensamos que merecen tener la misma libertad que aquella que reclama el Parlamento Europeo para Salman Rushdie o Taslima Nasreen. En todo caso, prevengo solemnemente al Sr. Oostlander, jamás los ciudadanos libres de una Europa libre aceptarán la creación de la policía del pensamiento que él solicita.

Gradin
Señor Presidente, distinguidos diputados, el racismo no es un fenómeno nuevo en Europa. Se trata de un problema que ha dejado su huella en gran parte de nuestra historia. Se necesitan unos grandes esfuerzos por nuestra parte para erradicar el azote del racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Por ello me honro en participar en el debate de hoy sobre las dos resoluciones elaboradas por el Parlamento, en parte en base a la comunicación de la Comisión contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, en parte en base a nuestra propuesta de hacer de 1997 un Año Europeo contra el Racismo. La lucha contra el racismo y la xenofobia ocupa a toda la Comisión. Por ello acogemos con agrado el excelente trabajo realizado por el ponente del Parlamento, Sr. Oostlander, y por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. Hace tiempo que el Parlamento Europeo solicita unas medidas a nivel de la Unión contra el racismo. El Parlamento tiene un importante papel en ello, entre otras cosas con el fin de que se comprenda la necesidad de unas medidas comunitarias en este sector.
Las dos resoluciones que hoy debatimos se han elaborado como respuesta a una comunicación de la Comisión. Por primera vez hemos presentado un documento que trata sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Es un gran paso en dirección a la configuración del papel que la Comisión debe desempeñar contra el racismo.
Nuestra comunicación forma parte de la estrategia de la Unión contra el racismo que solicitaron los jefes de estado y de gobierno europeos con ocasión de la cumbre de Corfú de junio de 1994. Se basa en los trabajos realizados por la Comisión consultiva sobre Racismo y Xenofobia, la cual se estableció con motivo de la reunión de Corfú. El documento es asimismo una respuesta a los requisitos que el Parlamento ha presentado en sus numerosas resoluciones en este ámbito.
Me satisface que el Parlamento, en su propuesta de resolución, apoye los objetivos que establecimos en dicha comunicación. Tres objetivos han inspirado nuestra labor:
1.Es nuestro deseo luchar contra el racismo en una serie de diversos sectores políticos. En el comunicado se da cuenta de todas las iniciativas e ideas adoptadas por la Comisión para luchar contra el racismo. Nuestro principio es que la lucha contra este fenómeno debe producirse a través de una serie completa de medidas políticas. Estas formarán parte de nuestros objetivos políticos generales. Nos interesan las medidas que no se contentan con atacar los síntomas, sino también las causas del racismo.Por ejemplo, deseamos promover la integración y contrarrestar la exclusión, especialmente en el mercado de trabajo. Por ello hemos propuesto que se dé a las iniciativas para la creación de empleo una nueva dimensión dentro del marco del Fondo Social Europeo. La nueva iniciativa «Employment integra» hará al mercado de trabajo más accesible para los inmigrantes y las minorías étnicas. La discriminación y el racismo hacen que resulte especialmente difícil obtener empleo para estos grupos.
En nuestra comunicación subrayamos además la importancia de que todas las personas disfruten de igualdad de condiciones en su actividad laboral. En este contexto me gustaría hacer mención de la declaración común adoptada por los interlocutores sociales en Florencia en octubre del año pasado. Esta declaración hace referencia al modo en que podemos prevenir la discriminación por motivos de raza y la xenofobia, y también al modo de lograr la igualdad de trato en la actividad laboral. La Comisión tiene la intención de apoyar el objetivo de la declaración.
Hacemos hincapié además en la importancia de la erradicación de los prejuicios, y de aumentar la conciencia de las personas del peligro que representan el racismo y la xenofobia. Entre otras cosas, proponemos que se invierta capital en la formación; el programa educativo Socrates podría utilizarse en este sentido. También debería apoyarse más a los medios de comunicación. La comunicación apunta además hacia la importancia de contrarrestar la propaganda racista dirigida a la población joven. Debe mejorarse la cooperación en el ámbito jurídico y de interior en lo relativo a la vigilancia y a la penalización del crimen de signo racista.
2.Queremos lograr una normativa europea contra el racismo. Tenemos dos objetivos. Uno es la Directiva contra la discriminación, y posiblemente una modificación del Tratado. La Comisión ya ha propuesto que se inscriban en el Tratado, con ocasión de la actual Conferencia Intergubernamental, unas competencias especiales con el fin de luchar contra la discriminación por motivos de raza. También deseamos lograr una normativa comunitaria que garantice un nivel mínimo de protección contra la discriminación en toda la Unión. Volveremos a referirnos a esta cuestión cuando conozcamos los resultados de la Conferencia Intergubernamental. El otro objetivo consiste en la necesidad de que se aplique el Derecho comunitario de un modo no discriminatorio. A la espera de una modificación del Tratado, incluiremos en la medida de lo posible unas disposiciones antidiscriminatorias en nuestra propuesta de actos jurídicos.3.Queremos proclamar 1997 Año Europeo contra el Racismo. El objeto de esta propuesta es sencillamente en parte señalar que el racismo, la xenofobia y el antisemitismo amenazan a toda sociedad democrática y a la cohesión económica y social de la Unión, y en parte aumentar el conocimiento y la comprensión de las personas hacia el modo en que las instituciones de la Unión trabajan para contrarrestar la xenofobia. La propuesta de la celebración del Año Europeo es importante, porque puede reforzar la comprensión del papel central que la Unión puede desempeñar en la lucha contra el racismo. En pocas palabras, esto debería contribuir a acercar la Unión a sus ciudadanos.La Comisión se siente satisfecha por el fuerte apoyo que el Parlamento da a la propuesta. Actualmente se está discutiendo en el seno del Consejo. Sé que algunos Estados miembros se muestran escépticos, no sobre la propuesta en concreto, sino porque dudan de que la Comisión tenga la competencia necesaria para presentar propuestas conforme al artículo 235 del Tratado. Espero, sin embargo, que se adopte la propuesta bajo la actual Presidencia italiana. La Comisión ha estudiado detalladamente las enmiendas del Parlamento, e invitaremos al Consejo a que adopte una serie de ellas. En resumen, señor Presidente, deseo reafirmarme en que la Comisión agradece el apoyo del Parlamento con respecto a nuestra comunicación sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Pueden estar seguros de que la Comisión seguirá haciendo todo lo posible para contribuir a la lucha contra el racismo, y pensamos que el debate que celebramos hoy para honrar el Día de Europa es de gran importancia.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.

Bourlanges
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Milán decidió en su día declarar el 9 de mayo «Jornada de Europa». Cómo es posible que en tales condiciones, este Parlamento sea hasta tal punto ajeno a sí mismo y a la que debería ser su misión como para no hacer del 9 de mayo un día diferente y reunirse en sesión plenaria como si nada, además con un orden del día en el que se incluye la aprobación de textos importantes como, por ejemplo, la directiva relativa a correos.
Resultado: mientras que en cada uno de nuestros Estados, hombres y mujeres políticos, asociaciones y ciudadanos participan en la celebración del 9 de mayo, los europeos elegidos que somos no tenemos otra elección que la de abandonar el puesto de trabajo legislativo o faltar a las ceremonias destinadas a celebrar el Acta constitutiva que nos reúne y nos da legitimidad.
Ciertamente no es a usted, señor Presidente, a quien va dirigido el reproche de lo ocurrido, sino al Pleno, a cada uno de nosotros, a nuestra incapacidad colectiva de captar los símbolos y que ha dado lugar a este calendario, haciendo del 9 de mayo un día de sesión ordinaria. En el futuro sería fundamental velar por que el conjunto de las instituciones comunitarias, y en particular la nuestra, se abstengan de toda actividad el 9 de mayo, con el fin de permitir a sus miembros asistir a las grandes citas anuales de los ciudadanos con Europa.

Declaración del Presidente
El Presidente
Señoras y señores, estimadas y estimados colegas, el 9 de mayo es el aniversario del nacimiento político de la Unión Europea. Es el día en el que el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, emitió en 1950 la declaración que abrió las puertas a la fundación de las Comunidades Europeas y, en consecuencia, a nuestra actual Unión Europea. El 9 de mayo no es solamente un día de fiesta para Bruselas y las instituciones europeas. Es el día de Europa de todos los ciudadanos de nuestra Unión Europea y este día pertenece tanto a los escoceses como a los demás europeos. Una prohibición de izar la bandera europea el 9 de mayo en las escuelas y edificios públicos no va a influir en la actitud de la gente hacia Europa. La Unión Europea no se inmuta por ello.
Hoy nos hemos reunido en una sesión de trabajo ordinaria. Nos ha parecido que el mejor modo de honrar a los hombres y mujeres que han hecho avanzar la unificación de Europa es trabajando el 9 de mayo y que las ciudadanas y ciudadanos nos miren en nuestro trabajo tal como hacemos el día de las puertas abiertas. Esto es sin duda en el sentido de Robert Schuman, el primer Presidente de este Parlamento. Pero si lo vamos a repetir el próximo año o si nos reservamos la posibilidad de participar en los actos en ciudades y municipios de los Estados miembros, deberemos debatirlo conjuntamente y decidir en consecuencia.
La Unión Europea, toda Europa, se encuentra ante grandes desafíos. Tenemos que afianzar y terminar lo que comenzaron Robert Schuman y su generación hace 46 años mediante la introducción de la moneda única europea, la consolidación del mercado interior y la ampliación de la Unión hacia el sur y el este, mediante la mejora de la capacidad de actuación, una mayor transparencia y una legitimación democrática más amplia de nuestras decisiones. En esta nueva Europa a la que debemos dar forma nada va a ser igual que en los cinco anteriores decenios. La unificación europea comenzó en las ruinas de la gran catástrofe europea que había finalizado sólo cinco años antes de 1950 en un infierno de odio y sangre, muerte y destrucción. Hoy podemos mirar hacia atrás y ver que el tiempo transcurrido se ha caracterizado por el desarrollo económico y la paz, de lo que no hay parangón en la historia más reciente de Europa.
Ante el trasfondo de la historia de los pueblos europeos, la unificación de Europa de los últimos 46 años es una única crónica de éxitos. Es el movimiento de paz de más éxito en la historia europea. Sin embargo, entre los ciudadanos sigue existiendo inseguridad y escepticismo. No están contra Europa pero quizás ya no sepan a favor de qué deben estar. Por ello, debemos mostrar de modo más comprensible qué es y qué no es hoy la unificación europea, qué es lo que no tiene que ser y, ante todo, para qué seguimos necesitándola.
Hace 46 años, para Robert Schuman y muchos otros, la unidad de Europa era la única solución para asegurar la paz y la reconstrucción de una economía destruida. Hoy piensan algunos que Europa es más bien una parte de los problemas que de su solución. Pero también tras la finalización de la guerra fría, ante los nuevos peligros e inseguridades, la unidad de Europa, la cooperación firme e indisoluble en la Unión Europea, sigue siendo la base más sólida para la estabilidad y la paz.
También en la nueva e indivisa Europa sigue siendo válido que nunca jamás un Estado debe alcanzar un grado tal de soberanía que pueda decidir él solo sobre la guerra y la paz o sobre el bienestar o padecimientos de sus vecinos.
(Aplausos) La superación del desempleo, una crisis social que puede convertirse en una crisis política, necesita la cooperación europea. Aunque los Estados miembros soportan la carga y responsabilidad principal en la creación de nuevos puestos de trabajo, sin embargo, la innovación y modernización de nuestra economía solamente se lograrán si desarrollamos una estrategia común y nos apoyamos recíprocamente en su ejecución. Juntos tendremos más posibilidades. Tenemos una responsabilidad común en la protección del medio ambiente y la conservación de los fundamentos de la vida en nuestra Europa. Una política de medio ambiente realista y los sueños de soberanía nacional se excluyen entre si. O solucionamos conjuntamente los problemas o nos hundiremos individualmente y con soberanía.
Los desafíos de nuestro tiempo no se pueden superar aferrándonos a los antiguos métodos. Seríamos unos malos herederos de Robert Schuman si, en una Unión de 15 Estados miembros, quisiéramos proseguir sin modificaciones las instituciones y procedimientos que eran adecuados para la Comunidad de los Seis de hace 50 años. La Unión Europea que quiere introducir una moneda única y ampliarse hacia el sur y el este, necesita más solidez pero también más flexibilidad que antes. Este es el esfuerzo creador que tiene que realizar la Conferencia Intergubernamental para la reforma del Tratado de Maastricht. Para esta tarea, podemos orientarnos en el realismo previsor, el valor para afrontar nuevos retos y la decisión de Robert Schuman. Nous sentons qu'il ne nous est pas permis d'échouer, dijo con motivo de la inauguración de la Conferencia Intergubernamental que a iniciativa suya comenzó sus trabajos en 1950 y que desembocó en la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la primera Comunidad Europea en la que se basa hoy nuestra Unión. Nosotros tampoco podemos fracasar, señoras y señores.
(Aplausos)
Votaciones
Taubira-Delannon
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que la adopción de esta enmienda 8 provocará la caída de la enmienda 48. Ahora bien, el autor original de esta enmienda 8, Sr. Liese, expresó sus reservas sobre el hecho de que, en la enmienda 48, levantaba una restricción de los parques nacionales y regionales en favor de las reservas de la biosfera.
Deseo precisar que «especialmente» no significa «exclusivamente», y que, por consiguiente, no existe ninguna restricción, sino simplemente una incitación a que se tome en consideración este programa, en la medida en que se trata de un programa distinto, que afecta a 328 reservas de la biosfera de 83 países del Norte y del Sur, que su flexibilidad de estatuto es interesante y en el que observamos ejemplos notables, especialmente en Alemania y en España, en fin, que existe un seguimiento científico incuestionable y que la población local se siente fuertemente involucrada.
Si he deseado que se le dedique una atención especial, ha sido para permitir que la Unión Europea participe en la acumulación de conocimientos y experiencias sobre este programa, si no, me someteré a la evaluación de la Asamblea.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Oostlander
Señor Presidente, la palabra bannissement en francés ha sido expresada de otro modo en varias traducciones. No veo razón para no utilizar la palabra banissement, cuando se trata de un término de significación jurídica. Por otra parte, nos oponemos a que se mencionen nombres.

El Presidente
Vamos a votar primero, si bien vamos a dejar fuera la palabra «desprecio» y los nombres.

Gollnisch
Señor Presidente, hubiera deseado que me concediera la palabra antes de pasar a la votación. Creo que esta votación no es de recibo, porque es contraria al Tratado y a los principios generales del Derecho de los pueblos de Europa.
Se propone el destierro, es decir, una sanción penal, de nuevo cuño que además no existe en el Derecho francés y que consiste en expulsar a alguien de su propio país, y todo ello en nombre del antirracismo. Y se propone incluso sin haber escuchado al acusado, apartado de toda posibilidad de presentar una defensa contradictoria, y ello en el caso de un presidente de Grupo, aquí, en este Parlamento, y de un hombre político austriaco.
Encuentro que es absolutamente totalitario, que es contrario al Tratado y contrario a los principios generales del Derecho europeo. Esta medida refleja el carácter de dicho informe.

El Presidente
Ya hemos examinado todo esto. Es correcto el modo como se ha redactado la presente resolución y además hemos votado.

De Vries
Señor Presidente, quisiera solicitar a los servicios de traducción que comparen las versiones en las distintas lenguas. Supongo que el texto original del informe está redactado en neerlandés. En cualquier caso, existe una clara diferencia lingüística entre las diversas versiones: el texto francés menciona bannissement; el texto neerlandés habla de condena; en el texto inglés figura ostracising; todos conceptos diferentes. Quisiera insistir en que en el texto final se armonicen las versiones lingüísticas porque, en mi opinión, la interpretación que acaba de dar el colega de la derecha de esta Asamblea no es correcta.

El Presidente
Por supuesto, colega de Vries. Vamos a ordenar que los servicios examinen las versiones lingüísticas, tal como hemos hecho siempre en casos similares.
Tras la votación sobre las enmiendas

Kellett-Bowman
Señor Presidente, éste ha sido un asunto muy complicado y muy delicado al tiempo. He escrito «caos» al margen contra un conjunto de votaciones, porque no entendía lo que estaba sucediendo. El mayor problema lo plantea su decisión, señor Presidente, sobre la pregunta formulada por el dirigente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y otros sobre si la palabra que se debe usar en el texto final es «prohibición», »ostracismo» o «condena». Ha dicho usted que el texto estaría alineado, pero no estoy seguro de con qué lo estaría.

El Presidente
También comprobaremos esto, estimado colega.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Andersson, Hulthén y Lööw
El motivo de que votemos en contra de la propuesta de una normativa comunitaria para el desarrollo de los servicios postales reside en que el informe da a diversos países la posibilidad de conservar su monopolio en lo relativo a la publicidad directa y al correo transfronterizo. El monopolio no aporta por sí mismo ninguna garantía de que se vaya a dar un servicio igualitario a todos los ciudadanos. Al contrario, este sí es el caso si se dispone de una normativa bien configurada.
Además, es central no confundir la desregulación del mercado de bienes y servicios con la del mercado de trabajo. La del mercado de bienes y servicios puede resultar excelente para el consumidor, pero exige al mismo tiempo una mayor protección para los empleados.
Con la conservación de los monopolios en el mercado de los servicios postales nos arriesgamos a no poder hacer frente a las repercusiones que conlleva la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. Si el monopolio de los servicios postales no puede hacer frente a la competencia, puede disminuir el número de empleos entre los trabajadores.

Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld y Stenmarck
Tras la liberalización de una gran parte del mercado de las telecomunicaciones en Europa y en el resto del mundo, la Comisión presenta su propuesta de desregulación de algunas partes de la normativa que rige en la actualidad en cuanto a la posibilidad de iniciar y gestionar empresas de servicios postales.
La propuesta de la Comisión ha encontrado resistencia por parte de varios grupos, lo cual se deja ver en el informe elaborado por el Sr. Simpson. El debate refleja las intenciones de los grandes servicios postales de Europa y de las asociaciones laborales. No se ha llegado a negociar con amplitud la posibilidad de que existan operadores postales estatales a menor escala, y privados. También se ha dejado de lado la discusión sobre la competencia, que fomentaría el desarrollo en este sector y rebajaría los precios para el consumidor.
Pensamos que la liberalización sería excelente para los actuales servicios postales, puesto que esta medida crearía unos incentivos que mejorarían el servicio y lo podrían ofrecerlo a unos precios más bajos. Se crearían también varias nuevas empresas, que darían empleo a muchas personas. Estos efectos positivos se han registrado en los países que han liberalizado sus mercados de los servicios postales.
Por todo lo expuesto anteriormente, votamos en contra del informe Simpson.

Cot
Presento esta breve explicación de voto en mi nombre y en el de mi colega Michèle Lindeperg, que nos representa a ambos en una reunión que se celebra en Lyón con motivo de la Jornada de Europa. Lamentamos, a propósito, que el calendario del Parlamento nos impida encontrarnos allí para poder asistir a esta manifestación popular. No vale la pena organizar importantes campañas de información sobre este tema si los representantes democráticos de Europa, que somos nosotros, nos prohibimos participar en ellas y ello por nuestra culpa.
No insistiré en el análisis que he presentado esta mañana sobre el proyecto de directiva postal. Me parece que el informe Simpson, tal y como lo acabamos de votar, garantiza el necesario equilibrio entre los requisitos de la competitividad y de la modernización, por una parte, y el servicio público, por otra. Deseo que el Consejo respete este equilibrio cuando adopte su posición común, y que la Comisión no vuelva a ponerlo en cuestión haciendo un uso poco sagaz del poder de acción unilateral que le confiere el Tratado en materia de competencia.
Más allá del presente debate, va siendo hora de que definamos y consagremos la noción de servicio público en el Tratado. ¿A través de una redacción más exacta del apartado 2 del artículo 90? ¿Mediante la adopción de una carta de los servicios públicos europeos? ¿Mediante la inclusión de los derechos de los usuarios del servicio público en una declaración de derechos fundamentales de los ciudadanos? Se han avanzado todas estas distintas propuestas. La Conferencia Intergubernamental debe ocuparse de ellas para trazar un marco de acción claramente definido de los servicios públicos del futuro.

Cox
Creo que el acceso universal a un servicio postal de calidad es un derecho básico de todos los consumidores como ciudadanos y también y en la misma medida de quienes viven en zonas rurales o pequeñas, aldeas y pueblos escasamente poblados. Creo que esa universalidad, que pasa a ser una obligación del prestador público de los servicios postales, requiere una estructura uniforme de tarifas apoyada por un adecuado sector reservado.
Ya se están produciendo cambios substanciales en el mercado postal. Ahora la Unión tiene quince Estados miembros cuyos servicios postales difieren en gran medida por su calidad, rendimiento y evolución en los últimos años. Las nuevas tecnologías están abriendo nuevos mercados, opciones substitutorias de los servicios postales tradicionales, como el fax y el correo electrónico. Los servicios de primera calidad y de gran rapidez han abierto nuevos mercados con precios elevados. Ahora incluso los tribunales están abriendo y legitimando la posibilidad de la remisión transfronteriza de correo. Esta atmósfera requiere un marco europeo apropiado para gestionar, y no eludir, esas innovaciones.
Hoy he votado en contra del informe Simpson, porque se basa en una profunda inclinación ideológica hacia el proteccionismo como mejor forma de preservar la ética del servicio público. En el mundo de hoy eso está fuera de lugar. El informe inclina demasiado uno de los platos de la balanza a favor de los productores y, aparte de la cuestión de la universalidad, no tiene debidamente en cuenta los intereses legítimos de los consumidores. No mantiene el equilibrio necesario sobre la cuestión de hasta qué punto debe estar abierto o cerrado el sistema.
Conceptualmente, el informe parece confundir liberalización con privatización y parece considerar competencia desleal cualquier competencia.
Mi preferencia va a una apertura controlada, cuidadosa y dirigida del mercado postal europeo con garantías en materia de servicio universal como requisito fundamental y con una participación importante del Parlamento Europeo en la dirección del cambio. La perpetuación de actitudes y sistemas victorianos no es la mejor vía para conducir a los productores y a los consumidores de los servicios postales hasta el próximo milenio.

Cushnahan
La Unión de Trabajadores de la Comunicación de Irlanda está muy preocupada por las consecuencias de la directiva para el futuro de los servicios postales en Irlanda. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer constar algunas de esas preocupaciones que me han expresado.
En primer lugar, quisiera poner en entredicho la utilización del procedimiento de «Notificación». Dicho procedimiento permitirá a la Comisión decidir unilateralmente de aquí al 31 de diciembre del 2000 si el correo directo debe permanecer en el sector reservado. El procedimiento de «Notificación», al tener en cuenta sólo la competencia más pertinente con arreglo a los artículos 90 y 86, pasa por alto las cuestiones regionales y sociales. Habría sido más satisfactorio que se hubiera elegido el artículo 100 A como marco para la propuesta de directiva.
En segundo lugar, parece que la Comisión no ha tenido en cuenta el daño que se causará a la viabilidad del servicio postal de Irlanda con las propuestas de liberalización del correo transfronterizo.
En tercer lugar, no estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de que los diferentes componentes del negocio postal constituyen mercados diferentes. Si bien se puede considerar que algunos servicios tiene valor añadido, tales como el courier urgente, que no es lo mismo que los servicios de correo urgente, constituye un error permitirle el acceso a los servicios postales normales.
En cuarto lugar, como el coste del correo rural en lugares como Irlanda es el doble por unidad del correo urbano, debe haber una amplia subvención geográfica cruzada entre las localizaciones urbanas y rurales. En quinto lugar, si se obliga a An Post a conceder el acceso a su red a las empresas de courier del sector privado, una gran multinacional con infraestructura a escala europea podría causar grave perjuicio a An Post, cuyas dimensiones resultarían muy inferiores.
En sexto lugar, cualquier liberalización del correo directo resultaría imposible de supervisar y se prestaría a abusos por parte de las empresas grandes, por lo que sería mejor que se siguiera considerándolo parte del servicio general de correos.
Por último, el correo internacional debe seguir formando parte del servicio reservado. Irlanda es particularmente vulnerable a la liberalización de ese sector, pues el 28 % de los ingresos proceden del correo internacional: cuatro veces superiores al promedio europeo.
Confío en que, antes de que la Comisión adopte una decisión final, tenga en cuenta las opiniones de quienes trabajan en el servicio postal de Irlanda y que se verán afectados directamente por los cambios normativos en ese sector.

Darras
Tras seis años de consultas, hoy hemos conseguido, por fin, votar en primera lectura esta propuesta de directiva que representa un importante reto para los operadores de los servicios postales públicos europeos. Quiero, por ello, felicitar calurosamente a nuestro ponente, Brian Simpson, por su perseverancia y su trabajo de fondo.
En el marco de la creación del mercado interior era necesario establecer unas «reglas del juego» claras e inequívocas, que delimiten y controlen la liberalización del mercado único y preserven la misión del servicio público que se atribuye al servicio postal.
Era necesario definir, en la legislación, lo que se entiende por «servicio universal» y por «servicio reservado». Era necesario pronunciarse a favor de la no liberalización de la publicidad directa y del correo transfronterizo (de llegada y de salida). Todo ello con objeto de mantener un servicio público eficiente, de calidad y accesible a todos y en cualquier punto del territorio. Esta votación de hoy hay que entenderla en este afán de igualdad, financiera y geográfica, en el deseo de fomentar los recursos de un país.
Estaba en juego un cierto modelo de sociedad, un modelo basado en las intervenciones públicas que garantizan las misiones del servicio público.
Por ello me congratulo de la votación del presente informe en primera lectura; por ello deseo que nuestra segunda lectura se celebre antes de que finalice este año y que venga a confirmar este resultado, y también deseo que la Comisión Europea la tenga en cuenta, desechando mediante la misma acción la aprobación de la notificación, que es contraria a la directiva.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Teniendo en cuenta que los servicios postales son una cuestión muy importante para el consumidor, creemos que la propuesta de la Comisión merece toda clase de críticas. Unos servicios postales que garanticen la calidad y un buen servicio a un precio razonable, independientemente del lugar donde se viva o de quién sea el usuario, son responsabilidad evidente de la sociedad, y no se adaptan bien a la desregulación ni a la libre competencia. Tampoco es algo que deseen o exijan los ciudadanos de la UE. Se trata de una manifestación del deseo de la Unión de, en lugar de cooperar más allá de las fronteras nacionales, obligar a la aproximación y la uniformidad a través de la normativa vigente. Apoyamos las enmiendas que consisten en que un Estado miembro pueda hacer ciertas excepciones con respecto a la armonización, para así poder mantener unos buenos servicios, por ejemplo, en el caso de regiones poco pobladas, y en que se tenga en cuenta a los empleados en caso de una posible desregulación. Por el contrario, no apoyamos las enmiendas que tienen por objeto que figuren en los sellos la bandera de la UE y su valor en Euros.
Por lo anteriormente expuesto, votamos a favor del informe Simpson, puesto que representa una mejora respecto a la propuesta de la Comisión.

Gallagher
Si bien la Comisión Europea ha presentado propuestas para liberalizar los servicios postales en toda la UE el año 2001, a más tardar, el 80 % del correo total seguirá correspondiendo a los servicios postales nacionales.
Liberalización significa, pura y simplemente, privatización. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con la privatización en bloque de lo que representa fundamentalmente una industria humana, pues eso son exactamente los servicios postales en Irlanda. Yo estoy comprometido con el principio de la introducción de un servicio postal universal en Europa. Sin embargo, los servicios postales de Irlanda, y en particular en los pueblos y aldeas de las zonas rurales, tienen un nivel de calidad superior al de sus homólogos europeos. Por esa razón hemos de preguntarnos si, en caso de que apoyemos el plan de la Comisión, mejorarán o se deteriorarán los servicios en Irlanda.
Me complace que la Comisión reconozca que los correos nacionales conservarán su monopolio en materia de recogida, clasificación, transporte y entrega de correo nacional hasta 300 gramos. Si se privatizara ese aspecto, las empresas se limitarían a dedicarse a los lucrativos mercados urbanos y dejarían un servicio esquelético a las aldeas y pueblos de las zonas rurales.

Lindqvist
He votado afirmativamente respecto al informe. Los servicios postales son de carácter social y deben llevarse a cabo sin distinción para nadie y al mismo coste en todo el país. La labor principal de estos órganos y de sus oficinas es servir al ciudadano a través de la distribución del correo a unos precios lo más bajos posibles y con el mejor servicio imaginable. La tarea de los servicios postales debería estar reglamentada por la ley. En mi opinión, es de menor importancia el modo en que se organicen. Puede ser a través de monopolios, de la libre competencia, de diversas mezclas de ambas modalidades y diversos tipos de licitaciones. Esta cuestión debe decidirla cada estado en particular. No hay motivos para que la organización o las variedades de empresas sean las mismas en toda la UE. Sin embargo, es importante que las oficinas de correos nacionales europeas y de todo el mundo coordinen su actividad para proporcionar el mejor servicio posible.
En Suecia se ha producido una desregulación de los servicios postales. Es importante que los servicios suecos puedan competir en pie de igualdad con los competidores que tienen en Suecia y en el extranjero. Es importante la actividad postal en competencia con otras empresas, por ejemplo, en el extranjero, pero aquélla debe subordinarse a la principal tarea de los servicios postales, que es la de proporcionar un buen servicio a todos los ciudadanos del propio país a unos precios aceptables.
Una desregulación demasiado rápida con su consecuente privatización puede llevar a deficiencias en zonas poco pobladas y en las regiones periféricas, que simplemente se convierten en «regiones deshauciadas», además de conducirnos a un mayor desempleo. Todos los cambios deben darse pues teniendo en cuenta sus posibles repercusiones sociales y económicas.

Moreau
Nuestro Grupo ha expresado su firme rechazo a la propuesta de directiva de la Comisión que abre los servicios postales a la competencia.
Durante el debate en torno a este proyecto, nos hemos esforzado en defender el servicio público y en oponernos a que la comunicación se vea sometida a la ley del dinero, mediante la presentación de enmiendas que reconocen el servicio público, refuerzan el sector reservado con la inclusión de la publicidad directa y del correo transfronterizo de llegada, y respetando la perecuación tarifaria.
Nos felicitamos de que el Parlamento Europeo haya adoptado dichas enmiendas. Éstas hacen posible un auténtico golpe de frenos a la ultraliberalización de la directiva. El Consejo debe tenerlas en cuenta. Por todo lo expuesto, me propongo, junto con algunos colegas de mi Grupo, no emitir un voto en contra, sino un voto de abstención.
Nuestro voto definitivo en la segunda lectura lo decidiremos en función de las enmiendas que mantenga o rechace el Consejo.

Reding
Apoyo plenamente la actitud de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva relativa a las «reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio».
De hecho, los esfuerzos liberalizadores no deben conducir a destruir lo ya acreditado o a que no se garantice plenamente el acceso con igualdad de derechos de todos los ciudadanos a los servicios postales. Por ello, hay que garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía financiera también de las pequeñas empresas de correos y telecomunicaciones. En este sentido, no se puede poner en peligro ni menos suprimir el servicio público (con las correspondientes condiciones, exclusivas y responsabilidad por la ejecución de los servicios «reservados» y del servicio universal).
Esto no significa que se deba rechazar una cierta apertura del sector postal a la competencia. Una cierta competencia puede redundar en interés de los clientes. Por el contrario, una competencia absoluta puede acarrear que solamente se ejecuten óptimamente los servicios postales interesantes económicamente, pero que el servicio universal se descuide en perjuicio de los clientes. Se trata de elegir el camino correcto.
En Luxemburgo tenemos un servicio público de alta calidad. Sería irresponsable si esta pequeña empresa (en comparación con Europa), que trabaja a satisfacción de los clientes grandes y pequeños se destruyese por unas decisiones liberalizadoras excesivas. Coincido, por ello, plenamente con el ponente del PE en que la liberalización de los servicios postales europeos solamente debe llevarse a cabo de modo que sea beneficiosa para todos los clientes y además no cuestione el servicio universal.
A nivel de la UE, donde desde hace algún tiempo el diálogo entre los interlocutores sociales se ha convertido en un elemento importante de la política social, no se deben perder de vista las posibles consecuencias sociales negativas de los esfuerzos liberalizadores. Por ello, sería oportuno consultar a los interlocutores sociales europeos en lo tocante a los «servicios postales».

Wibe
He votado a favor del informe, y creo que las modificaciones del ponente mejoran esencialmente la propuesta de la Comisión. No obstante, deseo aclarar algunos de mis puntos de vista.
Pienso que es una mala idea que se haga referencia al valor en euros y a la pertenencia a la UE emitiendo el símbolo de las doce estrellas en los sellos, puesto que los servicios postales se administran desde una base estatal.
Los servicios postales son una actividad que entra dentro de la categoría de servicio público. Las experiencias que tenemos de otras actividades demuestran que la desregulación no produce una mayor eficacia, sino que, por el contrario, y a menudo su resultado es un desempleo mayor y una mayor desigualdad regional.

Wijsenbeek
Pese a la oposición paciente aunque no activa por mi parte, llegó el momento. Brian Simpson está viviendo sus últimos minutos en el cargo . Llega a su fin el más largo mandato de ponente en un expediente jamás conocido en esta Asamblea. Por esta razón, el ponente incluso merece mi estima. Pero este es, como mucho, el único elogio que le puedo dirigir.
El expediente aportado es un oprobio para el blasón de todos aquellos que, con algún derecho, deseen considerarse diputados. El ciudadano tiene, sin duda alguna, derecho a un servicio postal y a una prestación de servicios adecuada. Más vale olvidar cuanto antes el hecho de que los sindicatos y las personas que prestan sus servicios inadecuadamente hayan logrado frustrar el mercado único de esta manera.
Entretanto, habrá quedado claro que mi Grupo no se complace con el actual proyecto de informe. Como alternativa menos mala a nuestras propuestas, apoyaremos las enmiendas Ferber. Si éstas no se aprueban, nos opondremos al informe y solicitaremos a la Comisión que retire el proyecto de directiva y que aplique íntegramente y sin dilación la comunicación del comisario responsable de la política de competencia.
Informe Oostlander
Wiebenga
Señor Presidente, el Grupo del ELDR vota, por diversos motivos, a favor de la resolución y de la propuesta. Es preciso que la Unión Europea tenga una competencia clara para actuar comunitariamente en este terreno político. Merece nuestra aprobación la creación de un Observatorio del racismo y la xenofobia. Finalmente, un año contra el racismo nos parece igualmente adecuado, aunque no debe ser el punto final. La lucha debe ser permanente.

Gollnisch
Señor Presidente, si el informe Oostlander se hubiera aprobado hace cincuenta años, personajes históricos como Winston Churchill o Charles De Gaulle podrían haber sido llevados ante los tribunales de sus respectivos países por racismo y xenofobia con motivo de sus discursos contra los alemanes durante la guerra. Todos aquellos que en la historia defendieron la identidad de su pueblo, que protestaron contra una influencia, una presencia extranjera excesiva o contra la dominación extranjera, hoy podrían ser tratados de racistas.
Nos permitirán, por consiguiente, señor Presidente y queridos colegas, que nos riamos al ver cómo aplauden este informe los diputados socialistas alemanes, deseosos de hacer olvidar su juventud hitleriana o aquélla de sus padres, los democristianos, que creen estar practicando la caridad al permitir que los inmigrantes se instalen en sus barrios pobres, y los comunistas, herederos de las más sanguinarias masacres de la historia.
En cuanto al antisemitismo, so pretexto de luchar contra este fenómeno y arriesgándonos a volver a desencadenarlo, habrá que explicar un día por qué todos los nacionalismos son detestables, salvo, naturalmente, el nacionalismo de Israel. Es una pregunta a la que no he encontrado respuesta.

Zimmermann
Señor Presidente, es una lástima que para este informe tan importante hayamos dispuesto solamente de media hora, precisamente un día como hoy, el día de Robert Schuman, en el que hace 46 años se anunció que Europa quería unirse y construir una Europa común en la tolerancia. Es también una lástima que esta media hora pueda ser usada por algunos para hacer declaraciones como las que hemos escuchado de nuevo. Esto son para mi dos cosas que no debemos permitir sin más.
Sin embargo, lo más importante de este informe es que hemos logrado aprobar algunos puntos que, en mi opinión, son de gran trascendencia. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la tolerancia aumente en Europa. No solamente las personas que buscan refugio en Europa sino también las personas que nosotros mismos hemos buscado para que trabajen entre nosotros así como todos los demás que de uno u otro modo viven legalmente en nuestra Unión, deben tener la posibilidad no sólo de integrarse sino también de encontrar una sociedad tolerante en la que puedan sentirse acogidos e integrarse.
Por ello, me parece muy importante que con la propuesta aceptada nos hayamos pronunciado en favor de que todas las personas que viven aquí legalmente obtengan no sólo los derechos sociales sino también los políticos y que puedan ejercer plenamente el derecho de sufragio al cabo de cierto tiempo. Pero, ante todo, debemos ocuparnos de que no se discrimine a las personas que tienen un pasaporte europeo, es decir, un pasaporte de la Unión, pero que tienen otro color de piel, lo que es válido también para todas las otras minorías, entre las que quiero mencionar a los gitanos.

Le Gallou
Señor Presidente, en un fiel reflejo del punto de vista de los grupos de interés antirracistas, el informe Oostlander propone, resumo, la extensión al conjunto de Europa de la ley de verdad histórica, denominada en Francia Ley Gaissot, el apoyo a las religiones procedentes de la inmigración y, en particular, la concesión de ayudas a la formación de imanes, la naturalización automática de los nacionales no europeos residentes en algún Estado miembro, la celebración de una encuesta sobre los problemas a los que se enfrentan los tres o cuatro millones de residentes en situación irregular de la Unión Europea -es lo que dice el informe-, el aumento de los créditos presupuestarios de la Comunidad Europea con vistas, cito, »a mejorar el ambiente en las ciudades para los inmigrantes», un mejor acceso de los inmigrantes a los medios de comunicación, acciones de formación, acciones de propaganda.
Como no podía ser de otra manera, los diputados de las derechas europeas se han opuesto a este informe, del que observamos que algunas disposiciones han sido aprobadas sin que los problemas lingüísticos hayan quedado resueltos de antemano, es decir, que nuestros colegas han votado sin saber qué votaban, y todo ello por una razón muy simple, y es que el idioma de base del informe Oostlander no es ni francés ni inglés ni alemán, es el «neoidioma», el neoidioma de Orwell de 1984. Nos encontramos aquí en el reino del totalitarismo.

Berthu
La resolución presentada por el Sr. Oostlander y relativa a la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo acaba de ser sometida a votación en el Parlamento Europeo, a pesar de que da lugar a una amalgama muy lamentable entre las doctrinas racistas, realmente detestables, y el deseo legítimo de los países miembros de controlar la inmigración procedente del Tercer Mundo que actualmente se está asentando en su territorio. Por mi parte, me niego a ceder ante esta confusión, por lo que he votado en contra de la resolución.
Mi posición se justifica ampliamente con un simple repaso de los textos que nuestra Asamblea acaba de aprobar. Cito palabra por palabra algunos extractos tomados al azar: el Parlamento Europeo «se muestra convencido de la necesidad de proporcionar a los nacionales de países terceros residentes en los Estados miembros de la Unión Europea la posibilidad de adquirir la ciudadanía de ese Estado miembro y califica como un paso en la buena dirección las propuestas de la Comisión de... realizar la libre circulación de ciudadanos de terceros países». O bien: el Parlamento Europeo «solicita a los Estados miembros que incluyan (a los inmigrantes) en las decisiones sociales y políticas y les concedan asimismo el derecho al voto». Por otro lado encontramos además que el Parlamento denuncia «las comunicaciones del Consejo en las que, sin tener en cuenta las constataciones científicas, se ha establecido un nexo entre el desempleo en la Unión y la inmigración».
De este florilegio no exhaustivo, aunque representativo del tono del texto en su conjunto, podemos sacar dos conclusiones.
En primer lugar, sabiendo que esta resolución refleja un estado de ánimo corriente en el seno de las instituciones de Bruselas, existen motivos justificados para alarmarse ante los resultados previsibles de la comunitarización de la política de inmigración, cuya perspectiva se deja entrever en las actuales negociaciones de la Conferencia Intergubernamental. Esta operación se basaría, de hecho, en un monumental malentendido: los pueblos se dejarían convencer para que renuncien a su soberanía en este ámbito, al creerse mejor defendidos, mientras que lo cierto es que no sólo estarían peor defendidos, sino que además serían prisioneros de unos procedimientos que les prohibirían adoptar toda reacción autónoma.
Segunda conclusión: hay que alertar a los antirracistas sinceros contra las temibles consecuencias de la confusión a la que se presta la resolución Oostlander. Porque, al favorecer el laxismo ante la inmigración, en nombre de la lucha contra el racismo, los promotores de esta resolución y de las políticas que ésta podría inspirar se apartarán de los pueblos que, como el mío, no son racistas, pero quieren conservar el control de su territorio. Y es con auténtica desesperanza que, en dicha hipótesis, vería a los negacionistas convertirse en defensores de los pueblos contra la inmigración, amalgamar a su vez, aunque en sentido contrario, sus aberraciones a la protección de las naciones y enganchar de algún modo sus malas ideas a una causa justa.
Es absolutamente necesario que reaccionemos, que demostremos que la inmigración del Tercer Mundo que padecemos actualmente nada tiene que ver con aquélla de los judíos que eran perseguidos antes de la guerra, que queremos mantener los procedimientos de asilo político, a condición de que se haga una aplicación justa de los mismos, pero que, por el contrario, no podemos admitir la afluencia sin fin de masas de desarraigados que desestabilizan nuestras sociedades.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Votamos a favor del informe porque pensamos que es esencial luchar contra el racismo y la xenofobia.
De todas formas, hemos de apuntar que no pensamos que la UE deba hacer suyas las competencias que actualmente tiene en este sector el Consejo de Europa.
No creemos que exista un «ideal europeo» ni una «identidad europea», en su lugar creemos en la diversidad que puede dar lugar a una sociedad multicultural.
En todos los lugares donde aumenta el paro se produce un empeoramiento del sector público y se crea la exclusión social, con lo que vemos que aumentan las tendencias racistas y xenófobas. Por ello, pensamos que la política de convergencia que se ha adoptado en la UE va a crear precisamente estas condiciones negativas que alimentarán el racismo y la xenofobia.

Féret
Los autores del presente informe se proponen declarar el año 1997 «Año Europeo contra el Racismo».
Una decisión semejante no puede recibir el apoyo entusiasta del Frente Nacional Belga. En realidad, esta propuesta de resolución podría desencadenar consecuencias muy graves para la estabilidad y el equilibrio de nuestras instituciones europeas.
Si se partimos de la base de que la promoción de los valores democráticos, que tanto valoramos, pasa por el rechazo de todas las discriminaciones posibles e imaginables, no puede por menos que sorprenderme que se decrete un «apartheid» con respecto a los dirigentes de los partidos políticos. Los auténticos demócratas se honran en aceptar el diálogo con el adversario político, en caso de que estuvieran en desacuerdo sobre la problemática de la inmigración. Los antiguos griegos nos enseñaron el camino de la tolerancia. ¿Está dispuesto el Parlamento Europeo a crucificar varios milenios de tradición democrática y de retórica platónica?
Razonando de forma absurda, la diabolización de los defensores de la preferencia nacional -o incluso de la exclusión nacional- nos llevaría a declarar ilegal a los quince gobiernos de la Unión, ya que éstos sólo reservan en sus leyes y constituciones a sus propios nacionales el ejercicio de los derechos políticos fundamentales: el derecho al voto, la elegibilidad y el acceso a las funciones ministeriales.
Por otra parte, el Frente Nacional Belga lamenta que, a los ojos del ponente, sea indispensable que la lucha contra el racismo vaya acompañada de «la promoción del estudio del Islam en Europa», incluida la formación de imanes a cargo de los descendientes de Charles Martel y de Carlomagno. Algunos pierden de vista que el Islam no hace distinción entre el poder espiritual y el poder temporal y, por consiguiente, rechaza los fundamentos básicos de nuestras instituciones que, al cabo de 2.000 años, garantizan la estabilidad y la originalidad de la política europea.

Lindqvist
He votado positivamente sobre el informe. Es importante luchar contra el racismo y la xenofobia a todos los niveles. Por ello es excelente que también se discuta la cuestión bajo los auspicios de la UE. Esto no significa que vaya a debilitarse la responsabilidad más amplia y unificada del Consejo de Europa.
El paro, unas condiciones adversas para el crecimiento de los jóvenes y su vida posterior, además de la exclusión social, constituyen a menudo terrenos abonados para que surja el racismo. Si se reducen estos problemas, se reducirá también el racismo.
La educación, la información, la diversidad y los contactos entre las personas son los instrumentos centrales en la lucha por contrarrestar el racismo y la xenofobia en Suecia, la UE y todo el mundo.

Ribeiro
Después de varias tomas de posición en el Parlamento Europeo, y particularmente de nuestro Grupo político, la Comisión propuso que el año 1997 fuera proclamado «Año Europeo contra el Racismo» y desbloqueó una dotación de seis millones de ecus para acciones en todos los Estados miembros en que se creen comités nacionales de coordinación con la participación del movimiento asociativo. Nos congratulamos de esa decisión.
Los objetivos del «Año Europeo contra el Racismo» deberán ser los de fortalecer la lucha contra el racismo y la xenofobia, sensibilizar a la opinión pública, mejorar la información y la coordinación de las políticas que los Estados miembros lleven a cabo.
La propuesta de resolución de la Comisión de Libertades Públicas que hemos votado aprueba globalmente la propuesta de la Comisión que ha resultado fortalecida por la aprobación de las enmiendas propuestas por nuestro Grupo, en particular las que se oponen al concepto de raza y las que van encaminadas a fomentar el conocimiento y el reconocimiento de otras civilizaciones y culturas y de su contribución a la cultura de los países de Europa, a promover la igualdad de oportunidades para los grupos de personas más vulnerables ante la discriminación y a estimular el papel de las estructuras de enseñanza y de comunicación social en la lucha contra el racismo.
No podemos dejar de subrayar que el punto de partida de la toma de posición de este Parlamento ha sido negativo, retrógrado respecto de la propuesta de la Comisión. Por un lado, estamos contra la perspectiva etnoeurocentrista de que adolecía dicha toma de posición, al pregonar unas pararracistas «ideas y civilización europeas», ejemplares y valorativos, que adolecen de principios y valores abstractos y -eso sí- equívocos; por otro lado, el Parlamento Europeo no podría anular lo que la Comisión se vio obligada a reconocer, a saber, la responsabilidad de las condiciones sociales y económicas en el clima que propicia el racismo y la necesidad de que se apliquen políticas encaminadas a mejorar dichas condiciones sociales y económicas.
Parece que todo está bien cuando acaba bien, pero será útil recordar, en esta explicación de voto, que han sido necesarias muchas enmiendas para que la posición del PE no debilitara, en lugar de fortalecer, una iniciativa que podrá contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Schreiner
Mi delegación y yo hemos tomado nota con gran irritación de la aprobación de este informe por una mayoría, si bien exigua, del Parlamento Europeo. A pesar de que en varios puntos, que consideramos muy exagerados, no éramos de la opinión del ponente, mediante un comportamiento diferenciado de voto hemos intentado exponer nuestro apoyo básico al objetivo central (»... contra el racismo y la xenofobia...»).
No solamente no podemos aceptar la discriminación reflejada en el punto H de la propuesta de resolución de nuestro jefe de partido, Dr. Jörg Haider y todo nuestro partido, democrático y elegido por más del 20 % de los austriacos, sino que la rechazamos en los términos más enérgicos.
La resolución realiza no sólo unas afirmaciones deshonrosas y difamatorias sin demostrarlas de modo alguno, sino que además emplea unos términos (»... proscripción y aislamiento...») que corresponden exactamente al vocabulario totalitario y fascista que, supuestamente, rechazan sus promotores.
Solamente existe un paso gradual con la pena medieval de proscripción y estigmatización y aislamiento mediante la declaración de fuera de la ley.
Creemos que con ello la mayoría del Parlamento Europeo se ha puesto gustosamente al servicio de algunos extremistas y que con esta intromisión en la política interior austriaca se ha hecho a si mismo y a la idea de Europa un flaco servicio.

Spaak
He leído con atención e interés el informe sobre el que acabamos de votar, y estoy de acuerdo con las orientaciones generales que contiene.
No obstante, quiero precisar que un informe sobre un tema tan importante, en unos momentos en que la Unión Europea atraviesa por una crisis económica y se repliega en sí misma, debería haber sido sometido a un estudio más exhaustivo. Hay temas que exigen un cierto tiempo para la reflexión. El respeto de la diversidad siempre ha sido uno de los valores constitutivos de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo desempeña un papel importante en este ámbito.
En lo que a mí respecta, no he votado a favor de dos elementos del informe.
Considerar que, debido a la política del Consejo de Ministros, la Unión Europea ha permitido depuraciones étnicas ante sus propias fronteras, es una formulación desafortunada. Prefiero recordar que ante la falta de instrumentos institucionales en materia de política exterior, la Unión Europea no ha podido evitar las atrocidades ocurridas en Bosnia, y desear que la Conferencia Intergubernamental ponga remedio a ello.
Encuentro asimismo inoportuno citar a dos dirigentes de partidos de extrema derecha. Por una parte, porque uno de los argumentos habituales de los dirigentes de estos partidos ante su electorado es el aislamiento del que son «víctima» en las asambleas, y citarlos de tal forma en un informe equivale a concederles demasiada importancia.
Por otra parte, hay que lamentar que nuestro Parlamento Europeo cuente entre sus miembros con otros representantes que son igual de extremistas; el hecho de no citarlos les da una apariencia de respetabilidad inaceptable.

Vanhecke
El debate sobre el enésimo informe relativo al racismo y la xenofobia es uno de los pocos momentos de esta Asamblea en el que uno desearía que el tiempo de uso de la palabra fuera menos limitado. Después de todo, uno necesitaría por lo menos medio día para enumerar todas las mentiras o simplezas que figuran en el informe presentado.
En el fondo, el presente informe -al igual que la comunicación de la Comisión en la que se fundamenta- no tiene nada que ver con la verdadera lucha contra la xenofobia o el racismo. Una vez más, se pretende a toda costa imponer la llamada «sociedad multicultural» a los ciudadanos de los pueblos europeos, pese a que dichos ciudadanos no quieren saber nada de ella.
El pasaje de la exposición de motivos sobre «enseñanza y juventud» lo dice todo en este sentido. Podría creerse que estamos de nuevo en la época de los experimentos educativos de la Alemania nazi o de las tiranías comunistas, donde se utilizaba la enseñanza para racionalizar la ideología política del pueblo de acuerdo con la única y verdadera doctrina.
Puesto que, en su informe, el ponente Oostlander eleva al máximo nivel su terrorismo intelectual insolente e incluso llega a calificar a los presidentes de los partidos políticos nacionales de la derecha, de racistas y antisemitas, me tomo, para terminar, la libertad de pagarle con la misma moneda -¡eso sí, de forma veraz!-: el Sr. Oostlander es un digno sucesor de los siniestros comisarios políticos de los antiguos regímenes del Bloque del Este.
Por último, el hecho de que se pretenda de nuevo convertir el tema del «racismo» en una competencia comunitaria europea es una señal más de que los pueblos europeos no pueden esperar nada bueno de la llamada Europa oficial.

Wibe
He votado a favor del informe, pero no estoy de acuerdo con todos los puntos de vista que se exponen.
El dictamen contiene una propuesta de creación de un observatorio dentro de la Unión Europea para detectar brotes de racismo y xenofobia, que funcionará como una red para las instituciones existentes que se hallan bajo el mandato de la Comisión. Pero el establecimiento de unos organismos centrales de conformidad con la propuesta es de un valor dudoso. A menudo tienden a producir mayores cantidades de papel, sin que ello influya en las actitudes de los ciudadanos en la cuestión de que se trata.
Yo pienso que este asunto podemos dejárselo con toda tranquilidad al Consejo de Europa. Puesto que dicho órgano consta de un número mucho mayor de países miembros europeos, opino que también es más adecuado para ocuparse de la lucha por el respeto de los derechos humanos y contra el racismo.
Creo que es erróneo constituir dentro de la Unión unos controles fronterizos internos, en contra del principio de la libertad de movimiento, para los ciudadanos procedentes de terceros países. Se pueden conservar perfectamente los controles fronterizos internos al tiempo que se da a estos ciudadanos el derecho de viajar libremente por la Unión Europea si disfrutan de permiso de residencia en uno de sus países miembros.

Vanhecke
Señor Presidente, me gustaría recordarle que el Reglamento, si no me equivoco, estipula que los diputados que deseen hacer una explicación de voto deben estar presentes en la sala en dicho momento. Usted ha quebrantado repetidas veces el Reglamento en lo que a este punto se refiere.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
El Sr. Cassidy ha elaborado un informe muy correcto en muchas de sus partes, e incluye importantes puntos de vista críticos con respecto a la Comisión en este asunto. Estamos de acuerdo con su advertencia de que el desempleo aumenta a pesar de que pronto habrá cristalizado por completo el mercado común. Esto significa que tenemos razón al criticar la creencia en la UE como un mercado económico-político, y que esto no va a llevarnos a una disminución del paro sino que va a aumentarlo.
Votamos en favor del informe en su totalidad, pero no apoyamos todas las conclusiones que expone el Sr. Cassidy, como por ejemplo, la creencia en que el crecimiento tradicional puede resolver todos los problemas. En el apartado 19 Cassidy hace hincapié en la importancia de la celebración de un pacto europeo por el empleo, pero lamentablemente no llena sus palabras de contenido. Por tanto, desconocemos concretamente lo que conllevaría dicho pacto y por ello no podemos adoptar una posición respecto a su propuesta.

De Vries
Mi Grupo habría votado a favor del informe Cassidy si no se hubiera aprobado la enmienda nº 29. Esta enmienda comunista, apoyada por el Grupo socialista, defiende la introducción de un impuesto sobre las transacciones de capital. Esto es contrario a la libre circulación de capital, uno de los cuatro pilares del mercado único. Una decisión irresponsable. Este es el motivo por el que mi Grupo ha decidido votar en contra.

Wibe
Opino que el informe del Sr. Cassidy es excelente en lo esencial. Pero no comparto la conclusión del apartado 13 de que la moneda única protegerá a los países de la Unión contra las fluctuaciones monetarias (pueden variar los tipos de cambio respecto del dólar, el yen y el resto de monedas), y no estoy de acuerdo en absoluto con la conclusión de que la moneda única «haría posible un uso más eficaz de la política monetaria». En realidad, la Unión monetaria va a eliminar completamente para los Estados de la Unión la posibilidad de aplicar su política monetaria.
Tampoco comparto las afirmaciones del ponente en el sentido de que la imposición sobre el trabajo es demasiado elevada, y que constituye una de las causas del desempleo existente, ni la conclusión de que la liberalización de los servicios financieros facilitará una estrategia de crecimiento solvente.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.

Interrupción del período de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 13.50 horas)

