Prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales (debate)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la señora Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales.
Diana Wallis 
ponente. - (EN) Señor Presidente, al abrir este debate me gustaría que nos imagináramos a nosotros mismos como una de esas personas a las que representamos, quizás yendo de vacaciones a otro país europeo, o como una persona joven que va a estudiar a otro sitio, o como alguien que va a una reunión de negocios en otra capital europea, o incluso para trabajar en una obra de construcción. Se trata en todos los casos de situaciones cotidianas que por desgracia encierran la posibilidad de que se produzcan accidentes que ocasionen lesiones personales e incluso la muerte en otro país.
Permítanme que les dé unas cifras a modo de ejemplo: en 2004, solo en Alemania, uno de nuestros 27 Estados miembros, hubo 50 000 accidentes de circulación en que se produjeron lesiones personales y estuvo implicado un ciudadano extranjero de otro país europeo. En el Reino Unido, el año pasado un bufete de abogados declaró haber abierto unos 6 000 expedientes relativos a lesiones personales en accidentes transfronterizos en Europa. Bien, uno podría pensar: pues que los abogados hagan su trabajo. Pero los abogados han acudido a nosotros con un problema. Cualquier acción legal está sujeta a un período de tiempo dentro del cual debe incoarse, el llamado plazo de prescripción. Cualquier buen abogado se ejercita en las prácticas de su sistema nacional para observar y vigilar estos plazos de forma minuciosa. De lo contrario, la demanda queda totalmente invalidada, sobreseída, desestimada. Una de las pesadillas de cualquier joven abogado es que incumpla el plazo de prescripción. Por supuesto, todos conocen los de su propio país, pero ¿se les puede pedir que conozcan los entresijos de 27 sistemas nacionales? Y hay entresijos, a veces relacionados con definiciones distintas de lo que es una demanda civil o penal. Y, sobre todo, el propio plazo de tiempo varía enormemente: de uno a treinta años de un extremo a otro de la Unión Europea.
Ya es bastante desagradable sufrir un accidente en otro Estado miembro. Pero recibir un segundo golpe debido a una dificultad técnica derivada de unos plazos de prescripción que impiden que se presente la demanda resulta doblemente doloroso. Se trata de un problema real, práctico y creciente que se presenta cuando fomentamos la libre circulación de personas. Espero que los pocos números que he podido citar den una idea del problema, que en realidad debe multiplicarse por cada uno de los Estados miembros de la Unión.
Como ya he dicho anteriormente, tanto juristas como compañías de seguros y víctimas han acudido a nosotros con este problema para pedirnos que nos dirijamos a usted, señor Comisario, a fin de que baraje una serie de posibilidades. Sabemos que el asunto es delicado. Afecta al derecho procesal nacional, así que cualquier intervención a escala europea debe limitarse estrictamente a los casos transnacionales.
Una solución podría consistir en fijar para estos casos un plazo de prescripción armonizado de cuatro años, por ejemplo, o quizás deberíamos adoptar normas claras en materia de conflictos de jurisdicción. Sea cual sea la solución definitiva, tanto juristas como demandantes necesitan seguridad jurídica si no queremos correr el riesgo de que se pierdan demandas importantes y cruciales para el individuo a causa de normas de derecho procesal discrepantes que realmente pueden hundir en la miseria a personas y familias si las cosas se tuercen.
Se trata de un problema práctico derivado del disfrute por nuestros ciudadanos de la libertad de circulación y de todo lo que ofrece el mercado interior. Por nuestra parte debemos estar dispuestos a responder con un sistema de justicia civil europea que evite el doble perjuicio de que he hablado anteriormente.
Espero, señor Comisario, que se sienta usted capaz de responder a esta iniciativa, que ha sido objeto de numerosas gestiones positivas ante los diputados, durante las semanas previas a este debate, por parte de ciudadanos y entidades.
Franco Frattini
Vicepresidente de la Comisión. (EN) Creo que este informe es un intento muy interesante de abordar un asunto sumamente difícil. Hay que felicitar a la señora Wallis por intentar hallar la forma de encontrar una solución general europea a las diferencias de los plazos de prescripción en lo que respecta, como se acaba de decir, a las demandas de daños y perjuicios por lesiones y accidentes mortales. Esto es particularmente importante para los ciudadanos que tienen la mala suerte de sufrir un accidente de circulación en países distintos de los de su residencia. Pero también podría aplicarse a otros casos, como las demandas en cuestiones médicas o de responsabilidad civil del fabricante.
Dicho esto, el tema de la prescripción es un asunto muy complejo, como también ha reconocido la ponente. Está estrechamente relacionado con la prescripción de responsabilidades, que no se aborda en el informe. Cualquier avance ulterior en esta materia exigirá abordar el tema de la prescripción de responsabilidades, pues la mayoría de sistemas jurídicos europeos resuelven la cuestión de los plazos basándose más en el concepto de prescripción de responsabilidades que en los plazos de prescripción de acciones. El sistema de Reino Unidos maneja ambos conceptos.
Estoy dispuesto a examinar esta cuestión en el futuro teniendo en cuenta la diferencia de naturaleza jurídica que existe entre prescripción de una acción y prescripción de una responsabilidad, así como el hecho de que el fundamento del Tratado que se propone excluye la armonización del Derecho interior, que en gran medida es lo que plantea el informe.
He de ser muy franco a la hora de señalar que también será necesario tener en cuenta las prioridades establecidas en nuestro programa de trabajo actual, que habrá que integrar asimismo de acuerdo con los recursos humanos disponibles en la Comisión Europea.
Dicho esto, considero que este punto totalmente nuevo que ha presentado la ponente debe ser objeto de ulteriores debates.
Piia-Noora Kauppi
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (EN) Señor Presidente, la ponente ha realizado un excelente trabajo con este informe. Hay mucho que aplaudir en esta iniciativa. Como ha señalado nuestra ponente, se trata de una solución práctica a un problema práctico. Por un lado, afecta a uno de los ámbitos inconclusos del mercado único: cómo los derechos de las personas viajan junto con ellas cuando ejercen sus cuatro libertades dentro de la Unión. El Parlamento Europeo debe destacar cualquier anomalía e invocar sus derechos conforme a los Tratados para urgir a la Comisión a que actúe. En segundo lugar, afecta a la justicia y a los asuntos de interior. Las personas necesitan tener el mayor grado posible de seguridad jurídica sobre sus derechos y obligaciones para integrarse en cualquier sociedad. Integrarse en otros países siempre será más inseguro que hacerlo en casa, pero como legisladores europeos tenemos la obligación de abordar estos problemas. El simple hecho de que las dispares legislaciones nacionales no permitan una solución rápida y uniforme no es una excusa para no actuar.
El Parlamento Europeo hace lo que debe al abrir hoy este debate. La Comisión debería secundarle con una propuesta y los Estados miembros deberían asumir su responsabilidad soberana y promulgar los cambios necesarios, empleando la cláusula pasarela del Tratado de Niza si es necesario.
No obstante, debemos poner cuidado en la forma de enfocar este asunto. Aunque mi Grupo apoya firmemente el informe de la señora Wallis, no podemos respaldar sus enmiendas al mismo. Creemos que este informe todavía está en una etapa demasiado temprana para apuntar definiciones excesivamente armonizadas y específicas en materia, por ejemplo, de fecha de conocimiento, suspensión del plazo y derechos especiales de los menores. No creemos que sean totalmente coherentes en este momento con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Escuchemos primero lo recogido en la consulta de la Comisión sobre el tipo de problemas transfronterizos que existen en el campo de los plazos de prescripción en casos de lesiones personales para pasar después a definiciones más concretas. Por ejemplo, si la consulta demostrara que no existe una discrepancia tan grande entre la legislación de los Estados miembros, el enfoque del país de origen, como sugiere el informe, podría marcar el camino. Yo personalmente apoyaría este enfoque.
Manuel Medina Ortega
en nombre del Grupo PSE. - (ES) Voy a intervenir en español y es la primera intervención en español, pero creo que el Comisario entiende perfectamente mi lengua.
Le voy a decir que en el informe, en el texto en castellano, dice "recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la prescripción en conflictos transfronterizos", es decir, no habla de estatuto de limitaciones, porque, por lo que yo sé de Derecho anglosajón, la expresión statute of limitation, por lo menos en español, se traduce como "prescripción".
Yo sé que los italianos son juristas muy finos, muy ajustados, y probablemente es este un tema que valdría la pena discutir con mayor detenimiento, aunque estoy de acuerdo en que el origen de las dos instituciones es diferente.
En todo caso, yo creo que el informe de la señora Wallis es un informe en el que el Parlamento Europeo quiere empujar a la Comisión en un determinado sentido. No le estamos pidiendo a la Comisión, ni se lo pide el informe, que se lance rápidamente una propuesta legislativa, pero creo que alguna de las etapas -por ejemplo, la que se señala en el apartado 1, en el que habla de la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre lo que está ocurriendo- sí que debería emprenderse.
En este momento hay, como ha dicho la señora Wallis, miles de personas, o cientos de miles de personas, que están atravesando las fronteras nacionales, y creo que el señor Frattini ha tenido razón en otro tema y es que no solo deberíamos fijarnos en los accidentes o incidentes transfronterizos, sino en todos aquellos casos en que una persona, a consecuencia de una serie de situaciones -por ejemplo, tratamiento médico o estancia-, sufre daños en un país y surge el problema de la prescripción en otro país.
Creo que deberíamos ampliar al máximo posible las posibilidades y que en este momento, probablemente -y quizá la señora Kauppi tiene razón-, no ha llegado todavía la ocasión de entrar en detalles, pero sí por lo menos de que la Comisión entienda que los representantes aquí elegidos de los pueblos de la Unión Europea pensamos que es un tema en el que sería interesante que la Comisión adoptase algún tipo de iniciativas.
Y este tipo de iniciativas, como propone la ponente, deberían empezar precisamente por un conocimiento real de la situación, para que podamos hacernos idea de cuál es la situación real y cuáles son las posibilidades de desarrollo legislativo en este ámbito.
El Presidente
Cuando la Cámara vote sobre esta cuestión, quizás valdría la pena notificar los problemas derivados de las diferentes versiones lingüísticas.
Marek Aleksander Czarnecki
en nombre del Grupo UEN. - (PL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Wallis por esta iniciativa encaminada a armonizar las normas relativas al comienzo del plazo y los periodos de prescripción aplicables a las demandas por lesiones personales y daños materiales en litigios transfronterizos.
El transporte por carretera ha aumentado notablemente, en parte debido a las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, pero también a que las personas tienen mayor poder adquisitivo y pueden viajar libremente. Por desgracia, esto ha hecho que haya más ciudadanos implicados en accidentes de circulación. En este momento, los plazos de prescripción en los diferentes sistemas jurídicos civiles nacionales varían, desde un año para los muy cortos hasta 30 para los muy largos. Esto no ayuda a proteger a las personas lesionadas, que a menudo no conocen las variaciones de los plazos de prescripción en los diferentes países y presentan reclamaciones ante tribunales extranjeros después de que el plazo haya expirado. Lo que ocurre entonces es que el tribunal rechaza la reclamación y las personas que han sufrido menoscabo de su salud o sus bienes no pueden hacer valer sus derechos.
La armonización ayudaría a introducir principios fiables y transparentes, lo que permitirá que tanto las partes lesionadas como sus representantes legales hagan valer sus derechos. Soy abogado y conozco bien la situación en que pueden encontrarse los representantes legales. Por eso apoyo plenamente esta iniciativa.
Tadeusz Zwiefka
(PL) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la señora Wallis por el trabajo que ha realizado. En particular, recuerdo las reuniones especiales que organizó con la Comisión de Asuntos Jurídicos para que entendiésemos plenamente la tarea que nos ocupa, que es muy importante para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
No estoy de acuerdo con el Comisario en que la explicación del retraso y aplazamiento de esta iniciativa legislativa sea la incapacidad formal de interferir en los sistemas jurídicos nacionales. Cuando tomo la palabra en esta Cámara y surge la oportunidad, hago hincapié en que la tarea fundamental de todo Parlamento e institución con poder legislativo es elaborar una normativa sencilla que sea fácil de comprender y sirva a los intereses de los ciudadanos. Dicho de otro modo, nos corresponde a nosotros elaborar una normativa que facilite las cosas a los ciudadanos.
En este momento hay 27 sistemas jurídicos diferentes en lo que respecta a los plazos de prescripción de las reclamaciones pecuniarias relativas a los diferentes tipos de accidentes. Por tanto, es tarea del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y también el Consejo encontrar la manera de enderezar la situación y elaborar una nueva normativa que nos facilite las cosas. Resulta difícil explicar a un demandante o a la familia de un fallecido que formalmente hace tiempo que el caso está cerrado y que lo único que podemos hacer es lamentarlo porque todas las reclamaciones presentadas una vez expirado el plazo de prescripción han de ser rechazadas.
Por tanto, hago un llamamiento a la Comisión Europea y le pido que use todos los medios que tiene a su disposición y toda su competencia legislativa para hallar una solución jurídica a este problema. Estoy firmemente convencido de que los Estados miembros creen que esta cuestión, que afecta a cientos de miles de ciudadanos, quizás incluso a millones de europeos, tiene que resolverse de forma rápida y conveniente. Si nuestra intención es que los ciudadanos de la Unión Europea lleven a cabo actividades que implican desplazarse a otros países, tenemos que encontrar soluciones para facilitárselo.
Andrzej Jan Szejna
(PL) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la señora Wallis por todo el esfuerzo que ha dedicado a este proyecto de resolución del Parlamento Europeo.
En este momento hay discrepancias significativas en el territorio de la Unión Europea respecto de los plazos de prescripción aplicables a los conflictos transfronterizos que entrañan lesiones y accidentes mortales. Tenemos que reconocer que es así. Como ha señalado con razón la ponente, el problema es complejo. Abarca tanto los plazos de prescripción como el comienzo del plazo. También aborda las fechas límite, el plazo para presentar la información sobre el accidente, la posibilidad de suspender o interrumpir el plazo, así como el examen de las pruebas y el proceso de presentación de objeciones relativas a las fechas límite. Las discrepancias importantes pueden tener consecuencias indeseables para las víctimas, poniéndoles dificultades a la hora de hacer valer sus derechos ante un tribunal. Hay que dar prioridad a la garantía de seguridad jurídica de todos los ciudadanos de la Unión Europea y a facilitarles el disfrute de las libertades consagradas en los Tratados. Por tanto, insto a la Comisión a que presente un proyecto de propuesta legislativa al Parlamento Europeo que tenga en cuenta las sabias recomendaciones adjuntas a este proyecto de resolución.
Janusz Wojciechowski
(PL) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Wallis por un excelente y necesario informe que responde a las necesidades de las víctimas de accidentes de diversos tipos. La señora Wallis ha señalado con acierto que la Unión está abierta a sus ciudadanos, que pueden viajar y trasladarse sin restricciones. Por desgracia, esto conlleva una mayor probabilidad de que ocurran accidentes. Las víctimas de accidentes sufren a menudo dos veces, primero a causa del propio accidente y después porque no están familiarizados con la legislación del país en que ha ocurrido el accidente. Por tanto, a menudo se incumplen los plazos de prescripción y resulta imposible hacer valer los derechos legítimos. Por consiguiente, debemos apoyar la propuesta que tenemos ante nosotros a fin de establecer un plazo de prescripción mínimo en toda la Unión para los conflictos transfronterizos relacionados con accidentes. La propuesta protege los intereses de las víctimas y les brinda mejores oportunidades de ejercer sus derechos. Por tanto, merece todo nuestro apoyo. Confío en que después de este informe la Comisión presente propuestas concretas para proteger los intereses de las personas que han tenido mala suerte.
El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)
John Attard-Montalto
(EN) La recomendación no pretende sustituir a la legislación nacional, sino abordar los casos en que los procedimientos afectan a partes que residen o están domiciliadas en distintos países de la Unión Europea, cuando una parte reside o está domiciliada en un Estado no comunitario o cuando se plantea la elección entre legislaciones de distintos países.
Cada vez parece más esencial establecer claramente y de forma adecuada los principios que rigen los plazos de prescripción de las acciones por daños y perjuicios.
El plazo de prescripción general que se propone es de cuatro años, excepto cuando el Derecho aplicable a la acción fija un plazo más largo. Este principio general puede causar problemas, ya que la legislación nacional puede contemplar un plazo más corto, en cuyo caso se plantearía una situación de discriminación cuando se incoan acciones por daños y perjuicios entre ciudadanos o personas residentes en el mismo Estado y cuando la cuestión se refiere a partes que residen o están domiciliadas en diferentes Estados.
Lo mismo puede decirse de la interrupción, la suspensión y los métodos para calcular el inicio del plazo de prescripción.
Dicho esto, creo que es mejor tener una normativa clara para las disputas transfronterizas que a la vez difieran de las legislaciones nacionales. Quizás el dilema puede empezar a resolverse si la legislación nacional se armoniza con la normativa propuesta.
