Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 19 de junio de 2003.
El Presidente.
Estimados colegas, tengo el triste deber de informarles del fallecimiento, el sábado 21 de junio de 2003, de Pieter Dankert, que fue Presidente del Parlamento Europeo de 1982 a 1984. Piet Dankert fue el auténtico modelo de parlamentario -decidido, franco, sincero- que sirvió a los intereses de su electorado, de su partido y del Parlamento Europeo. 
Sus esfuerzos por garantizar mayores poderes al Parlamento Europeo nos permitió alcanzar una posición de la que todavía seguimos beneficiándonos todos los días y que sigue influyendo en nuestra labor. 
En calidad de Presidente, Piet Dankert dirigió el rumbo del Parlamento Europeo durante una de las fases más difíciles de la historia de la Unión. Su propio espíritu emprendedor y enfoque inconformista, su constante preocupación por la gente de la calle y su propio sentido del humor y personalidad fueron características determinantes de su presidencia en aquel entonces.
Como historiador, Pieter Dankert nunca abandonó la visión de futuro que le confería la perspectiva y la inteligencia que necesitaba entonces Europa y que sigue necesitando hoy en día. 
En nombre del Parlamento Europeo he expresado a su familia mi profundo respeto y nuestras condolencias. Les invito a observar un minuto de silencio por nuestro colega Pieter Dankert.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)
Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, Señorías, Piet Dankert, un frisón de Stiens, a quien su abuelo inculcó el entusiasmo por la democracia social y que empezó su carrera como maestro, ha realizado una importante contribución a Europa en muchos ámbitos. He aquí algunos ejemplos: 
Apertura. La elección de Piet Dankert como presidente del Parlamento Europeo fue la primera ocasión en que una decisión tan importante no se reguló mutuamente entre los grupos. La elección se realizó de una forma abierta y casi profesional con una campaña en la prensa. Esta acción llevaba unos veinte años de adelanto para la época. Piet Dankert, monsieur le Président. 
Perseverancia. Como buen europeo, Piet creía en un uso adecuado y correcto del dinero europeo. Cualquier información sobre un posible abuso le interesaba. Pero también quería saber si la información era realmente cierta. A veces se recargaban algo las tintas para que otros organismos con más competencias pudieran emprender realmente una acción.
Democracia. En 1979, Piet Dankert supo dar poder al Parlamento Europeo utilizando de una forma inventiva el derecho presupuestario como instrumento político. Amenazó con un voto en contra del PE, y de hecho esto fue lo que sucedió. Desde entonces, la Comisión y el Consejo se toman en serio al Parlamento Europeo. 
Visión. Piet Dankert quería una Europa más social y más democrática con un papel claro y solidario en el mundo. Piet Dankert era un defensor juicioso y realista del ideal europeo. En 1992, durante la Presidencia neerlandesa en Maastricht, presentó como Secretario de Estado de Europa las propuestas para una Europa más democrática. Los gobiernos aún no estaban preparados para ello. Piet Dankert pudo constatar con satisfacción, que los resultados de la Convención se acercaban bastante a sus propuestas de entonces. 
Diversión. En 1979, Piet Dankert eligió de forma consciente y clara al parlamento Europeo por encima del Congreso de los Diputados. Siempre consideró más divertido y emocionante trabajar a escala internacional. Asimismo sabía valorar los aspectos agradables de su trabajo. Piet sabía valorar una comida compuesta por un simple bocadillo de queso y un vaso de leche. 
Relaciones. Sentía aversión por las fanfarronadas, podía ser muy testarudo, pero en cambio, en otros momentos, casi tímido. Era un hombre amable y honesto, y era capaz de identificarse con el pensamiento político de personas procedentes de otros países. A lo largo de los últimos días y ayer en la ceremonia de conmemoración en la Grote Kerk en Edam en los Países Bajos muchos han confirmado esta imagen de Monsieur l'Europe. 
Esperamos que todas esas impresiones, cualidades e imágenes de Piet Dankert sean un consuelo para su esposa Paulette y sus hijos.

El Presidente.
La Asamblea recordará que el pasado martes seis soldados británicos fueron tiroteados y asesinados en el sur del Iraq. Estos jóvenes soldados no participaban en acciones militares, sino que eran policías militares que realizaban tareas de entrenamiento de la policía iraquí en la región. Su muertes constituyen un trágico recordatorio del sacrificio pagado por los soldados europeos y la población civil de regiones como el Iraq y Afganistán, aún asoladas por el conflicto y las penurias que sufren. 
Quisiera pedir a la Asamblea que se ponga en pie y guarde un minuto de silencio en su memoria.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)
El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 26 de junio, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento. Se han propuesto los siguientes cambios

Roth-Behrendt (PSE)
. (DE) Señor Presidente, realmente tengo una objeción. Constituye una buena práctica en esta Cámara que nos tomemos en serio y concedamos importancia a la legislación. Usted sabe que mañana, tal como sabiamente ha dispuesto la Conferencia de Presidentes, vamos a celebrar en primer lugar un debate asociado en segunda lectura respecto a los alimentos modificados genéticamente y la trazabilidad; luego mantendremos un debate conjunto en materia acerca de legislación alimentaria, en parte en segunda lectura, y a continuación se celebrarán otros debates, igualmente en segundas lecturas. Sin querer menospreciar la pregunta oral del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, creo que el orden de los debates, tal como ha sido propuesto por la Conferencia de Presidentes, era el correcto. Simpatizo con la Comisión, que a todas luces tiene problemas organizativos, pero estoy segura y confío plenamente en que será capaz de resolver tales problemas de índole organizativa y de que, a medida que avance la jornada, estará en condiciones de responder a esta pregunta.
Ford (PSE).
Señor Presidente, como bien sabe usted, de acuerdo con el artículo pertinente del Reglamento se celebrará un debate y una votación. Supongo que también habrá un debate, tal y como indica el Reglamento.
1-015
2 El Presidente. A mi entender se ha solicitado una votación sobre la resolución, no un debate. Sin embargo, si también desean ustedes celebrar un debate, podría añadirse al final del orden del día del martes, porque el del miércoles ya está muy lleno.
(El Presidente constata que no hay objeciones a esta propuesta)
El Presidente.
A mi entender se ha solicitado una votación sobre la resolución, no un debate. Sin embargo, si también desean ustedes celebrar un debate, podría añadirse al final del orden del día del martes, porque el del miércoles ya está muy lleno.
(El Presidente constata que no hay objeciones a esta propuesta)
De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quisiera plantear la cuestión del Parlamento Europeo de los Jóvenes y la financiación de 180 000 euros, que este Parlamento aprobó para el año 2003.
El problema es que el Parlamento de los Jóvenes corre el riesgo de que se cancele su sesión prevista para los días 11 a 20 de julio, porque la Comisión se niega a confirmar que dispone de ese dinero para poder celebrar este acto.
Le ruego, señor Presidente, que se ponga en contacto con la Comisión con carácter de urgencia para intentar garantizar la disponibilidad de este dinero, o que al menos se envíe una carta confirmando su disponibilidad, para que estos jóvenes, quienes, después de todo, son los futuros políticos que mantendrán viva esta institución y otras instituciones de la Unión Europea, puedan proseguir con su trabajo. Necesitan con urgencia esta confirmación porque tienen que poder acceder a una financiación temporal a fin de superar la dificultad creada por la Comisión.
El Presidente.
Esta tarde nos pondremos en contacto con la Comisión para tratar este asunto.

Napoletano (PSE).
Señor Presidente, a menos de un mes de la visita a esta Cámara del Presidente de la República de Argelia, el Sr. Buteflika, que debería haber reforzado los lazos entre la Unión Europea y dicho país, ha sucedido un hecho grave: el embajador argelino ante las Naciones Unidas ha pedido formalmente que el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abandone el país. Por su parte, el Banco Mundial ha decidido suspender los programas que lleva a cabo en este país hasta las elecciones presidenciales de 2004. Señor Presidente, solicito que este Parlamento reaccione y envíe una carta al Presidente de la República Argelina y a su Gobierno, así como una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y al propio interesado en la que exprese su solidaridad. Además, quisiera pedir a la Comisión que acuerde con las Naciones Unidas la celebración de un debate sobre la situación en el país por lo que se refiere a las reformas judiciales y, en particular, al terremoto. Espero, señor Presidente, que tenga a bien aceptar mi petición.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, la elaboración del plan de trabajo ha sido muy rápida. De conformidad con el artículo 110 bis del Reglamento, quisiera que se tomara una decisión, sin necesidad de debate, con respecto al informe sobre la iniciativa de Austria para la redacción de una lista de los denominados países seguros que ofrecen asilo. He sido el ponente de este informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, aprobado por 27 votos a favor y dos en contra.
Sería desafortunado esperar hasta septiembre para adoptar una decisión sobre este asunto. Aunque me encantaría que hubiera un debate, sería bueno que se tomara una decisión sobre esta cuestión en el curso de esta semana. De conformidad con el artículo 110 bis, quisiera que el informe se votara esta semana.

El Presidente.
Sr. Schmidt, no quiero iniciar ahora un debate sobre este asunto. Los habitual es llamar la atención de los servicios de antemano. De esta forma, como he hecho con las demás cuestiones que nos han sido comunicadas por adelantado, sometería este asunto a la Asamblea para que la aprobara o rechazara. 
En estos momentos lamento tener que decir que ha perdido usted el tren en lo que se refiere al establecimiento del orden del día. La semana pasada no abordamos esta cuestión en la Conferencia de Presidentes, y no se nos hizo ninguna indicación a tiempo de acuerdo con el procedimiento aplicable para que la tratáramos hoy. Ya hemos aprobado el orden del día y en su momento no se ha planteado este asunto.
Me parece que he cumplido las exigencias del Reglamento. El artículo que ha citado usted dice claramente que estas modificaciones se aprobarán al inicio del período parcial de sesiones. Lamentablemente, ha planteado usted la cuestión una vez concluida esta parte del procedimiento.
Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, tiene usted toda la razón, no he estado al tanto. Me dijeron que el tren estaba ahí la semana pasada, y se planteó la cuestión. Podemos debatirla en septiembre, pero es una pena, porque este asunto tendría que haberse presentado ante el Consejo esta semana. La próxima vez estaré más al tanto.
Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión que me ha llamado la atención a raíz de mi labor con refugiados. Se trata de una persona de origen iraní que vive en el Reino Unido que, en un viaje a Siria, fue raptado por las autoridades sirias y entregado a las iraníes. Se llama Jamil Bassam y lleva viviendo en el Reino Unido durante 25 años. Viajó a Siria con todos los documentos en regla y, junto con un amigo, Ibrahim Khodabandeh, fue secuestrado por las autoridades sirias y entregado a agentes iraníes. 
Dada la inquietud manifestada en muchas ocasiones en esta Asamblea por la situación del Irán, y el trato que reciben allí los miembros de la oposición política, indudablemente es una cuestión que preocupa bastante. Por tanto, le solicito que plantee esta cuestión a las autoridades iraníes y haga todo lo posible por garantizar una liberación segura de ambos.
Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, lo que quiero plantear sobre la observancia del Reglamento no es de índole tan seria como las anteriores. Me ha llamado la atención una bandera británica ondeando en una ventana entre los pisos sexto y séptimo del edificio Louise Weiss. Quizá haya sido un ramalazo de entusiasmo patriótico o quizá la hayan puesto allí a secar. Desde fuera es difícil saber quién es el responsable; pero tengo mis sospechas.
¿Podríamos pedir a quien haya colgado la bandera británica que la retire, o vamos todos a colgar nuestras banderas en las ventanas? Como usted sabe, señor Presidente, esto es contrario al Reglamento.
El Presidente.

Todo lo que puedo decirle, Sra. Banotti, en su calidad de presidenta de la Junta de Cuestores, es ¡PACE!

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, ayer, cuando intentaban llegar a Italia, murieron ahogados más de diez inmigrantes. Querían trabajar en Europa. En las últimas semanas, cientos de inmigrantes han corrido esta trágica suerte junto a las costas del sur de Italia, de Andalucía y de las Islas Canarias. Hablo de este asunto una vez más para intentar inducir a este Parlamento y a la Unión a que tomen las medidas políticas necesarias a fin de evitar estas tragedias inadmisibles para que no sucedan nunca más. En todo caso, recordemos a esta gente inocente.
Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, permítame que le dé las gracias, en nombre de todos los pescadores andaluces y en el mío propio, por las gestiones que está usted realizando para que las autoridades portuguesas liberen al pescador Agustín García, que, como usted sabe, lleva más de dos meses en prisión.
Señor Presidente, hoy expira el acuerdo pesquero del Guadiana entre España y Portugal y sería realmente positivo que las negociaciones de renovación de este acuerdo pesquero se iniciaran con un gesto de cordialidad y de buena voluntad por parte de Portugal, liberando al pescador apresado, junto con un compromiso, por parte de todos los pescadores de respetar los acuerdos firmados.
De nuevo le doy las gracias y le pido que no olvide el asunto y que transmita esta propuesta a las autoridades pertinentes.

Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, al igual que una oradora que me ha precedido, yo también quiero hablar del caso de Abrahim Khodabandeh y Jamil Bassam, que residen en Barnet, en mi circunscripción. El Sr. Khodabandeh, que ha vivido en el Reino Unido durante muchos años y a quien se concedió el estatuto de refugiado, viajó hace poco a Siria para ayudar en los esfuerzos humanitarios por aliviar las consecuencias de la guerra en el Iraq. Fue expulsado de Siria por la fuerza y entregado a Irán, donde él y su amigo, el Sr. Bassam, siguen estando detenidos. La familia del Sr. Khodabandeh y sus amigos están muy preocupados por su suerte.
Solicito a la Asamblea que insista a las autoridades iraníes para que liberen al Sr. Khodabandeh, pues su deportación ha contravenido los principios básicos del derecho internacional. Nos preocupan mucho las circunstancias de la deportación. Pido a la Asamblea que se sume a la campaña para la liberación de estas dos personas.<0.
El Presidente.
Tal y como ha dicho usted, nuestra colega, la Sra. Lambert, también ha mencionado esta cuestión. Sí, prepararé un intercambio de cartas con las autoridades competentes y les enviaré copias a ustedes dos en el curso de esta semana.

Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero sacar a colación las noticias que aparecen continuamente en los medios de que el Presidente Bush de los Estados Unidos acusa a la Unión Europea y a sus líderes de financiar a Hamás. Estas noticias no han cesado durante toda la semana pasada. Le ruego que comunique con firmeza al Presidente Bush que estas acusaciones son falsas. Esta semana pasada en Roma, en una reunión de la delegación de la Unión Europea y los Estados Unidos, otros diputados al Parlamento y yo rechazamos de plano esta acusación y ofrecimos un resumen de los rigurosos controles presupuestarios vigentes para la financiación de la Autoridad Palestina, para dejar claro que estos fondos no son objeto de malversación. Insisto en que plantee esta cuestión al Presidente Bush lo antes posible.
De Keyser (PSE).
Señor Presidente, esta tarde en Lao se ha dictado sentencia en el proceso de tres occidentales. Un belga, Thierry Falise, un francés, Vincent Reynaud y su intérprete norteamericano de origen Hmong fueron condenados a 15 años de cárcel. Es una pena muy severa. En diciembre de 2001 ya votamos una resolución contra las detenciones arbitrarias y la situación política reinante en Lao. Tenemos un acuerdo de cooperación con ese país. Me gustaría que usted interviniese, en nombre del Parlamento Europeo, para obtener lo antes posible la liberación de estas personas; en el contexto de las maniobras diplomáticas actualmente en curso relacionadas con esta condena que viola la libertad de prensa.

El Presidente.
Quisiera informarle de que esta cuestión me fue planteada en el último período parcial de sesiones. Hemos escrito a las autoridades pertinentes. El jueves de esta semana también abordaremos el asunto de Lao en los debates sobre violaciones de los derechos humanos, democracia y Estado de derecho. El Parlamento tendrá así la oportunidad de expresarse en la votación sobre una resolución. Después procederemos sobre la base de este debate concreto.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0248/2003) del Sr. Zimeray, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria del Sr. Musotto (2002/2201(IMM)).
Zimeray (PSE)
 ponente. (FR) Señor Presidente, este asunto ha dado lugar a debates muy prolongados y a varios cambios de opinión dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, antes de alcanzar una posición unánime. Estos cambios de opinión se deben a la singularidad de este asunto. Como en el caso precedente, nos encontramos ante un asunto en el que está en juego la libertad de expresión. 
El Sr. Musotto es acusado de haber realizado determinadas manifestaciones en la televisión italiana justo después de su elección por sufragio universal, pero antes de que se constituyese el Parlamento. Así pues, el problema consiste en que, si nos atenemos a la letra de los Tratados, todavía no era diputado «propiamente dicho» en el momento de hacer estas declaraciones. 
Esta interpretación estricta, incluso restrictiva, nos llevaría a levantar la inmunidad de una persona que no era diputado a este Parlamento en el momento de los hechos. Es posible que esta solución sea jurídicamente inmaculada. Sin embargo, resulta profundamente chocante desde un punto de vista moral y jurídico, pues en Derecho existe la letra, pero también el espíritu. Ahora bien, no cabe duda que en el momento en que fue interrogado por la prensa, el Sr. Musotto ya era considerado diputado al Parlamento, pues el periodista antepuso a su pregunta el título parlamentario del Sr. Musotto. De este modo resulta indiscutible que fue interrogado y respondió en su calidad de diputado, y que cualquier solución que no le conceda el beneficio de la inmunidad o que no defienda su inmunidad sería, me parece, contraria, si no a la letra, por lo menos al espíritu de la ley. Esta es la opinión unánime a la que llegó, tras largos debates, la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Como ya ha señalado el ponente en un asunto anterior, es necesario apartarse de la interpretación de las legislaciones nacionales en los casos en que está en juego la libertad de pensamiento o de expresión. Independientemente de lo que haya dicho, debemos defender absolutamente la inmunidad parlamentaria del Sr. Musotto, pues está en juego la independencia de nuestra institución. Yo también considero que no es conveniente basarse exclusivamente en las legislaciones nacionales. En este caso, al parecer el derecho italiano concede la inmunidad a cualquier persona que haya sido elegida por sufragio universal. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha interpretado de modo amplio los Tratados y con ello ha actuado con gran sensatez, valentía y coherencia, ya que su posición se inscribe plenamente en el marco de las decisiones adoptadas con anterioridad en situaciones análogas. 
Sin embargo, nuestro informe y nuestra conclusión van acompañadas de una observación que pretende sugerir a la Convención y a la próxima Conferencia Intergubernamental que corrija la anomalía de este texto mediante una modificación del artículo 3 de la Ley de 1976. Dicha revisión permitiría ofrecer una protección óptima a los diputados para garantizarles una auténtica libertad de expresión, y colmaría el vacío jurídico existente, haciendo coincidir por fin el ejercicio del mandato y la proclamación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. De esta forma se reconciliarían la letra y el espíritu de los Tratados.
Es por ello, señor Presidente, Señorías, por lo que me pronuncio a favor de mantener la inmunidad del Sr. Musotto.
Zappalà (PPE-DE).
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior comparto, por supuesto, todo lo que acaba de decir el ponente. No obstante, quisiera señalarle a usted, señor Presidente, y a esta Cámara un aspecto adicional en el que el ponente, al no ser de origen italiano, no ha podido hacer hincapié. El Sr. Musotto ya está siendo procesado por este hecho en Italia. En esta situación, pero también en muchas otras similares, se omite un principio: se parte -algunos parten- de una interpretación errónea de la normativa. Los Tratados prevén que todos nosotros estamos sujetos en el territorio nacional a las legislaciones y, por tanto, a las inmunidades previstas para los diputados nacionales. Sin embargo, en nuestro caso no se tiene en cuenta -o algunos, en el caso del Sr. Musotto, no han tenido en cuenta, y por ello lo resalto, señor Presidente- que la inmunidad de la que goza este Parlamento -no sus diputados, sino este Parlamento- es en todo caso completamente independiente de los regíemens nacionales. Nadie ha pedido -ni el Tribunal, ni la Fiscalía que ha abierto una investigación sobre el Sr. Musotto- autorización alguna a este Parlamento: no se ha solicitado ni se ha comunicado nada. El propio Sr. Musotto ha tenido que realizar la petición y exponer la situación en que se encuentra; la Presidencia y la Comisión de Asuntos Jurídicos han elaborado un dictamen, y este dictamen se convertirá ahora, con la votación de mañana y si se acepta lo propuesto por dicha Comisión, en un documento parlamentario.
Señor Presidente, es fundamental que el resultado de la votación de mañana se haga valer en otra sede, ante dicha Fiscalía, porque es primordial no solo que quede claro para todos, sino que -debido a lo mucho que se juega ahora con el término «inmunidad» en mi país- se haga valer no solo en este caso concreto, sino como cuestión de principio. Esta Cámara es autónoma, y así ha sido la práctica y la jurisprudencia consolidada desde que se creó el Parlamento, desde que sus parlamentarios comenzaron a elegirse por sufragio universal: demasiadas personas olvidan esto. Ruego, por tanto, señor Presidente, que no solo se comunique a quien corresponda la decisión de esta Asamblea, sino también que se establezca un principio claro, preciso e inequívoco, un principio que hasta la fecha, desde luego, no han seguido algunos tribunales.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0218/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (5390/4/2003 - C5-0143/2003 - 2001/0117(COD)) (Ponente: Christopher Huhne).
Huhne (ELDR)
Señor Presidente, este no es un asunto tan árido o difícil como da a entender el título.
Quiero empezar por agradecer a mis colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la ardua labor que han tenido que llevar a cabo en relación con las enmiendas a la Directiva propuesta. También quiero dar las gracias a la Comisión por desempeñar la importante función de facilitar las cosas a la hora de alcanzar lo que espero será un conjunto acordado de enmiendas cuando se voten el miércoles, así como a la Presidencia griega, y a la anterior Presidencia danesa, por la preparación de este expediente particular. Espero que haya una aplastante mayoría de votos a favor de las enmiendas transaccionales, con el consentimiento del Consejo, y que, de esta manera, en este mismo mes de julio, cuando se reúna de nuevo el Consejo Ecofin, tengamos una Directiva relativa al prospecto.
Este es un elemento clave del Plan de Acción en materia de servicios financieros y de la creación de un mercado único de servicios financieros. En lugar de tener que utilizar 15 prospectos diferentes para llegar a los pequeños inversores de la Unión Europea actual, en el futuro un emisor de bonos o acciones solo necesitará uno. Esto otorgará un pasaporte no solo a 15 Estados miembros, sino a 25 y a un mercado de más 400 millones de personas. El mercado único europeo de nuevas emisiones de acciones y bonos está a punto de convertirse en realidad. Y esto propiciará una mayor competencia y, por lo tanto, una mayor capacidad de elección para los inversores, capitales más baratos para las empresas y más oportunidades de financiación para muchas empresas que no podrían obtenerla si se vieran limitadas a sus mercados nacionales.
Además, esta ventaja clave, un pasaporte único, se ha conseguido sin una parte del equipaje menos oportuno que originalmente contenía una propuesta algo precipitada de la Comisión y que habría aumentado la carga reglamentaria que sufren en particular las pequeñas empresas cotizadas. Este trato garantiza que no hay un registro global obligatorio y que no hay actualización anual obligatoria, a menos que el emisor quiera seguir emitiendo valores de renta fija o variable. Se trata de un logro significativo de este Parlamento, que ya ha conseguido influir en la forma definitiva de esta legislación.
Básicamente, este acuerdo también confirma la libertad de los emisores de bonos de acudir a diferentes reguladores de la UE para que aprueben sus prospectos, con tal de que la denominación mínima sea de 1 000 euros, o -y esto es importante- un importe casi equivalente en otras monedas, para que 1 000 dólares USA también puedan ser un importe mínimo.
El año pasado, los mercados del euro crecieron el equivalente a 1,6 billones de dólares USA en financiación de empresas y el 60% de esta financiación se denominaba en monedas distintas del euro, como el dólar y el yen. Europa acoge con orgullo el mercado internacional de capitales y ahora este acuerdo facilita a este mercado internacional un método para poner sus ventajas a disposición también de todos los inversores nacionales.
El Consejo y la Comisión han aceptado la amplia mayoría de enmiendas aprobadas por el Parlamento en su primera lectura de marzo de 2002: sobre la elección del regulador de la UE para los bonos, sobre un ligero matiz para las pequeñas y medianas empresas, sobre el ajuste de los requisitos en función de las diferentes emisiones, sobre el aligeramiento de la carga que conllevan las emisiones. Gracias a la insistencia del Parlamento, también hemos alcanzado un compromiso en cuanto a la capacidad de las autoridades nacionales para delegar la aprobación de los prospectos en los mercados de valores y otros, como a los asesores designados del mercado de inversiones alternativas. Una vez transcurridos cinco años habrá una revisión y la Comisión podrá reconsiderar el compromiso de eliminar gradualmente la delegación al cabo de ocho años. La declaración política de la Comisión es importante y refleja una imparcialidad confrontada con los hechos, que por supuesto sería de esperar.
También hemos dejado claro que tanto las autoridades nacionales como los mercados de valores pueden seguir insistiendo poner el listón más alto con respecto a la información y la gobernanza empresarial como requisitos para inscribirse en la lista, si así lo desean. Con esto deberían aplacarse algunos temores. 
En cuanto a los cambios de última hora acordados hace tan solo una semana por el Consejo, también hemos aclarado que los programas existentes de notas a medio plazo, un tipo muy importante de estructura de financiación en los mercados del euro, puede seguir como está. De hecho, ahora se extenderán más allá de los cuatro Estados miembros que actualmente los reconocen y también se beneficiarán del pasaporte. Realmente es un gran avance del mercado único y esta Asamblea puede sentirse orgullosa de haber influido en el aseguramiento de que la Directiva es un medio eficaz de ampliar la competencia, la gama de opciones y la eficacia.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, quiero empezar diciendo que esta Directiva es fundamental para el funcionamiento de los mercados primarios de Europa y para nuestro objetivo de crear un mercado de capitales integrado para 2005. Para la Comisión, la propuesta del prospecto tiene dos objetivos: facilitar la recaudación de fondos para los emisores europeos y garantizar niveles suficientes de protección para el inversor.
En los últimos dos años este texto ha evolucionado significativamente. Se han producido algunos cambios importantes, pero el texto mantiene el equilibrio necesario entre facilitar el trabajo de los emisores y proteger a los inversores. 
La Comisión modificó su propuesta para tener en cuenta la posición del Parlamento. Tras la primera lectura, la Comisión aceptó 50 de 62 enmiendas en su propuesta modificada. La Posición Común del Consejo se ajusta mucho a esta propuesta modificada.
Hoy quisiera felicitar al Parlamento por su espíritu de colaboración y por su voluntad de conseguir la convergencia. Celebramos las nuevas enmiendas presentadas por el ponente, junto con los siguientes diputados al Parlamento: Sra. Kauppi, Sr. Ettl, Sr. Goebbels y Sr. Blokland. Soy muy optimista y creo que el Consejo también las aceptará.
Agradezco el espíritu constructivo del Parlamento y quisiera en particular rendir homenaje al ponente, el Sr. Huhne, por todo el trabajo que ha hecho para conseguir la aprobación de esta propuesta de compromiso. En particular, me gustaría darle las gracias por su informe y por las 21 nuevas enmiendas que ha presentado. Podemos aceptarlas en su totalidad, pues consideramos que mejoran el texto de la Posición Común y que contribuyen a la consecución de los objetivos fijados en la propuesta. En este contexto, rechazamos las primeras 47 enmiendas presentadas, pues las que podría aceptar la Comisión, incluso en parte o en su espíritu, están ahora comprendidas en las 21 nuevas enmiendas.
Concretamente, en cuanto a las enmiendas 50 y 67, relativas a la delegación de tareas de una autoridad competente a una Bolsa, confirmo que la Comisión, en la revisión que se hará de conformidad con el artículo 21, también examinará las condiciones relativas al período de suspensión en el mismo artículo.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 69 a 71, ya que establecen un trato preferente con respecto a los bancos, lo que es contrario a la filosofía de la Directiva. Un trato así sería discriminatorio con otras instituciones y distorsionaría la competencia. Y a esto la Comisión se opone.
Por último, me gustaría dar las gracias a la Presidencia griega por los esfuerzos tan valiosos que ha hecho por llegar ahora a un acuerdo en torno a este asunto. Es un éxito importante y muy significativo. Ahora debemos utilizar las reservas de energía que nos restan para abordar los servicios de inversión, la transparencia y, por supuesto, las directivas de ofertas públicas de adquisición para abril de 2004.

Karas (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Huhne, Señorías, en primer lugar quisiera disculpar a la Sra. Kauppi. Lamenta no poder estar presente por culpa de su vuelo, y me ha pedido que la sustituya.
Sabemos que esta Directiva constituye una parte importante del plan de acción de servicios financieros. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de dicho plan de acción para el mercado interior financiero? En primer lugar, garantizar la existencia de un mercado único mayorista de servicios financieros, en segundo lugar la creación de mercados minoristas abiertos y seguros, y en tercer lugar la modernización de las normas de conformidad y el modo en que se supervisan.
¿De qué trata el debate de hoy? Hoy discutimos sobre el prospecto que hay que publicar cuando se ofrecen valores al público o estos son admitidos a cotización en Bolsa. ¿Qué entendemos por prospecto? Se trata de un documento que se publica con motivo de la emisión de valores de renta fija o variable y que contiene toda la información que se considera necesaria por los inversores. ¿Cuál es el objetivo de la Directiva? Su finalidad consiste en la implantación de un pasaporte único para los folletos aprobados por las autoridades del país de origen y reconocidos a continuación en toda la Unión Europea a efectos de la oferta pública o la admisión de valores a la negociación en mercados regulados. En lugar de las 15 autorizaciones separadas que todavía se precisan a pesar de que existen dos Directivas en la materia, solo se requerirá, según la nueva Directiva, una única autorización para los futuros 25 Estados miembros de la Unión Europea.
Quisiera expresar mi cordial agradecimiento al ponente y a los ponentes alternativos de todos los Grupos políticos por la gran cantidad de tiempo y esfuerzo que han dedicado a esta cuestión, así como al presidente de la comisión parlamentaria. El jueves pasado celebramos una conferencia telefónica en que de hecho estuvimos aún más divididos, pero el viernes logramos evitar el Comité de Conciliación, lo que considero bueno y oportuno, ya que no sabemos si dicho Comité de Conciliación nos hubiera permitido avanzar o si tal vez habría puesto en peligro esta importante Directiva.
Los seis grandes éxitos conseguidos por el Parlamento avalan que podamos votar a favor de este compromiso. Ya en primer lectura se logró dotar al proceso Lamfalussy de la sunset clause, mejorar la definición del inversor profesional y prestar mayor consideración a las pequeñas y medianas empresas. En segunda lectura y durante los últimos días se ha conseguido la libre elección de la autoridad de supervisión para valores que no generan dividendos con una denominación mínima por unidad de 1 000 euros, lo que de hecho equivale a la libertad de elección de las autoridades de supervisión para valores que no generan dividendos. Se ha conseguido que se acorten los plazos de autorización; las autoridades de supervisión siguen teniendo la posibilidad de delegar, y se procederá a una revisión al cabo de cinco años. Si el informe de la Comisión al cabo de estos cinco años es negativo -cosa que no espero-, la posibilidad de delegación quedará anulada una vez transcurridos ocho años, por lo que en este punto también hemos logrado mejorar la Posición Común del Consejo en la dirección auspiciada por el Parlamento.
Esto no quiere decir que se ha resuelto todo. Para mí es una pena no haber conseguido dos cosas. Una se refiere a una norma sobre los prospectos básicos para todos los bancos que emiten acciones, que yo he defendido. En este caso no ha resultado posible cumplir el objetivo de esta Directiva -como en efecto se declara en los considerandos-, a saber, el de acelerar este proceso. En este caso, la Directiva más bien ha errado el tiro. Un segundo punto que no se ha logrado -a pesar de que el Parlamento lo aprobó con el apoyo de todos los Grupos políticos-, es el aumento del valor máximo para cada emisor de 50 euros a 100 euros con respecto al cual se pueden aplicar excepciones. Esto habría sido de gran ayuda, sobre todo para países como Austria y Alemania, donde por debajo de ese límite de momento no se requiere ningún prospecto. Aunque lamentablemente no lo hemos logrado, el compromiso es, en resumidas cuentas, un buen compromiso y por eso lo apoyamos.

Ettl (PSE)
. (DE) Señor Presidente, tras esta obertura a cargo del Sr. Huhne y del Comisario Bolkestein uno tiene que refrenarse para no echar a perder este dúo con alguna disonancia. En cualquier caso me corresponde felicitar al ponente por su labor, aun cuando no comparta plenamente su parecer en lo que al resultado se refiere.
La Directiva sobre el prospecto de emisión de valores constituye sin lugar a dudas una pieza importante del plan de acción para la prestación de servicios financieros. Las empresas necesitan para su financiación en el mercado de capitales estas facilidades. Puesto que también nos apremia el tiempo en esta cuestión, yo sería el último en querer llevar el asunto a un Comité de Conciliación. Una conciliación bajo la égida italiana tampoco conduciría a nuestro entender -es decir, el de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- a ninguna mejora sustancial respecto de la situación actual. Ocurre que todavía -y la votación se celebra nada menos que mañana- hay países, como Italia, España e incluso Francia, que tienen ciertas reservas en cuestiones de detalle respecto del prospecto europeo, de las que más adelante oirán hablar.
Creo que una vez más el Consejo y la Comisión, en los debates en torno a un típico asunto de codecisión, han demostrado adoptar un enfoque menos flexibles de esta cuestión elemental de mercados financieros que la que hubiera podido esperar esta Cámara. Nuestro enfoque y nuestras ideas han estado orientadas en todos los sentidos por la práctica del mercado, de modo que si puedo recomendar la aprobación en segunda lectura de este compromiso, lo hago más sobre la base de la ponderación general de los intereses implicados.
El hecho de poder presentar un único documento informativo válido para toda la UE constituye indudablemente una ventaja para las empresas que emiten acciones o lanzan opciones de compra en las bolsas europeas. Huelga decir que en esta cuestión hay que velar por la transparencia de los mercados de valores y, cada vez más, por la protección a los pequeños inversores y las pequeñas y medianas empresas. Un procedimiento de lo más sencillo y económico con respecto al volumen de los datos de una empresa que se exigen y el modo en que deben actualizarse, pretende facilitar el acceso al mercado de capitales. Eso es lo que necesitamos. Hasta cierto punto -o casi exclusivamente- hemos hecho justicia a esta cuestión, pero nuestro deseo de ampliar, sobre la base de la responsabilidad, la protección de los pequeños inversores mediante una definición más clara de las responsabilidades -por ejemplo, en lo que atañe a los analistas o jefes contables-, ha sido por desgracia rechazado. Lamentablemente, la cuestión del fuero jurisdiccional tampoco ha quedado resuelta de manera clara. Los emisores pueden recurrir a los tribunales de su país, una ventaja que se deniega a los inversores. Se trata de un tema sobre el que todavía habrá que debatir. Por desgracia, este inmovilismo, que en este caso era innecesario, ha impedido todo progreso ulterior en cuestiones que realmente preocupan al ciudadano en el sector de los servicios financieros. 
En la cuestión de las obligaciones convertibles tampoco se ha seguido la práctica que prevalece en los mercados europeos. Con una definición inequívoca, como la que se propuso, se habría logrado una mejora de la calidad, porque, por ejemplo, el derecho de conversión habría pasado al titular de los efectos. Esto es muy significativo de cara a Basilea II, ya que este tipo de instrumento financiero probablemente adquiera mayor popularidad.
Igualmente me sorprende, señor Comisario, cómo es posible que un marco mínimo de información para las autoridades regionales o locales que presentan prospectos para préstamos en todos los Estados de la UE se considere más un obstáculo que una buena medida. Una medida de este tipo hubiera entrañado un valor añadido precisamente con vistas a la ampliación de la Unión Europea. A mi entender resulta lamentable, pero al menos se han aprobado otros puntos, como la libertad de elección para todos los préstamos de un valor nominal mínimo de 1 000 euros o 1 000 dólares USA, ahora referidos al mercado. La solución temporal de ocho años -y el organismo de aprobación de la publicidad permite delegar ciertas tareas en las bolsas de valores- no carece de significación para los mercados financieros más pequeños y representa una buena manera de tratar esta cuestión. 
Por último, podemos aceptar lo que se ha negociado. Enhorabuena al ponente y ninguna salida de tono para el Comisario.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, los acuerdos propuestos tienen una doble intención. En primer lugar, la de restablecer el debilitado clima de confianza de los pequeños inversores de la clase obrera en la institución de la Bolsa, de modo que se puedan seguir saqueando sin trabas los ahorros de las clases bajas y, en segundo lugar, la de determinar un marco regulador para la actividad de los grandes inversores. En otras palabras, el objetivo es el de consolidar la Bolsa como un mecanismo para la concentración de capital y la salvaguardia de un beneficio rápido y fácil para los grupos monopolistas.
Las propuestas de medidas a adoptar no resultan en absoluto convincentes. En su comunicación, la Comisión habla de prácticas que mejorarán la fiabilidad del mercado y contribuirán a atraer capital, es decir, que disiparán los temores de los pequeños inversores para que así puedan desvalijar sus ahorros impunemente. Una vez han logrado endulzarles el bocado con el sabor del beneficio para que se jueguen todos sus ahorros, aplicando la idea del dinero fácil, han conseguido además trastornarlos incitándolos a convertir la especulación en una forma de arte. Hasta ahora, no solo no se han tomado medidas de control sustanciales, sino que además una serie de repetidos escándalos acontecidos recientemente ponen de manifiesto que incluso los propios mecanismos de control han fomentado la estafa mediante la adopción de métodos de contabilidad creativa, y así los ahorros de las clases trabajadoras, el capital de los pequeños inversores y los fondos de pensiones han levantado el vuelo y han ido a parar a las arcas de los grupos monopolistas, que se enriquecen de esta manera parasitaria.
Hasta la fecha, la historia de la Bolsa y de sus mecanismos de control correspondientes demuestra que es un lugar en el que se aplica rigurosamente el dicho de «el pez grande se come al chico». Ahora se pone en evidencia el mito de que los controles estatales pueden limitar la especulación en el propio templo de la especulación. Solo una solución económica y política que anteponga las necesidades de las clases bajas y nacionalice los medios de producción básicos podrá ofrecer una perspectiva prometedora para los ingresos de las clases bajas.
Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, el Comisario Bolkestein, con su aplomo habitual, ha resumido en pocas palabras los antecedentes de este debate. Ha dicho que el texto ha evolucionado notablemente desde que la Comisión lo publicara por primera vez. Esto refleja muy moderadamente los cambios radicales que, como hemos podido comprobar, ha experimentado esta propuesta, gracias en gran parte a los esfuerzos realizados por esta Asamblea. Estos cambios cuentan con el apoyo absoluto de mi Grupo y de la delegación conservadora británica que acoge en su seno.
Desde el principio hemos defendido el requisito de un registro global obligatorio con carácter anual. Estamos encantados de que esta es una de las 50 enmiendas aceptadas por la Comisión y el Consejo entre el total de 62. Este requisito podría suponer unos costes de millones de libras y euros a las empresas, pequeñas y grandes, de toda la Unión Europea. La propuesta original de la Comisión podría haber devastado los mercados de valores de pequeñas empresas como los mercados de inversión alternativos. Los cambios que hemos presenciado gracias a los esfuerzos del Parlamento son muy bien recibidos y hemos mejorado notablemente la propuesta.
También hemos defendido un marco adecuado para incluir los bonos. En las primeras fases del texto preocupaba que en el mercado de renta fija se impusiera un marco «universal» concebido para las acciones. De nuevo, nos complace comprobar que el mercado de renta fija va a recibir un trato distinto, que reflejará las diferencias entre el mercado de renta fija y el de renta variable. 
Básicamente respaldamos la idea de la elección por parte del emisor. Dar a los emisores todas las facilidades posibles y la máxima flexibilidad para elegir una jurisdicción es una de las mejores formas de facilitar el verdadero comercio transfronterizo y la auténtica integración de nuestros mercados de capitales. Podemos aceptar el compromiso en torno a esta cuestión, aunque a mi delegación y probablemente también a mi Grupo les habría gustado haber sido más radicales a este respecto y haber dado a los emisores más posibilidades de elección; en particular, con respecto a las acciones nos habría gustado que el emisor pudiera elegir y que hubiera flexibilidad.
Sin duda nos complace la flexibilidad introducida para el mercado de bonos. Actualmente el emisor puede elegir en los mercados de bonos y ello ha contribuido a integrar los mercados y a acumular pericia reglamentaria especializada en jurisdicciones concretas. Requerir a todos los emisores de bonos que emitan en sus Estados miembros habría constituido un paso atrás en la creación de un mercado de capitales integrado.
Además, nos parece importante garantizar que el régimen lingüístico no pueda utilizarse para proteger los mercados. Este era el principal defecto de la Directiva actual sobre el prospecto y de nuevo nos complace el cambio del texto. Ahora confiamos en que el régimen lingüístico sea otra vez aceptable. Nos habría gustado algo un poco más radical, pero creo que existen salvaguardias que subsanarán las dificultades que hemos visto en relación con la Directiva vigente sobre el prospecto y dificultará mucho más el uso del idioma para proteger los mercados nacionales.
También me alegro de que se haya disipado el miedo a la amenaza de establecer normas de gestión empresarial. Ahora está bastante claro que la Directiva sobre el prospecto no impedirá que los Estados miembros impongan normas de gestión empresarial que ya existen en muchos lugares, por ejemplo en el Reino Unido.
Este debate también refleja la importancia de que la Comisión realice amplias consultas antes de publicar sus propuestas. La Directiva relativa al prospecto se promulgó sin que se hubieran hecho muchas consultas y, por consiguiente, nos ha llevado más tiempo resolver los problemas. Me alegro de que la Comisión, en sus propuestas posteriores, haya consultado más amplia y efectivamente antes de la publicación. Espero que esta sea la actitud que adopte en el futuro..

Berès (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que estamos examinando es fundamental para la armonización de los mercados financieros, pues permitirá que los valores emitidos coticen en todos los mercados europeos. Pero también resulta fundamental porque ofrece una garantía de información uniforme que es necesaria para la transparencia y la seguridad de los mercados y, por ende, para su buen funcionamiento. Asimismo pretende garantizar una buena información sobre los valores cotizados para todas las partes.
El compromiso de la Presidencia griega es sin duda un punto de equilibrio del que cabe felicitarse, en la medida en que permite reconciliar los distintos planteamientos europeos de la regulación de los mercados. Pero cuando escucho a una diputada británica abogar a favor del régimen lingüístico, abrigo una cierta sospecha. Comprendo que un neerlandés, un francés o un italiano pueda abogar por un régimen lingüístico que no esté concebido para la protección de los mercados, pero en boca de una londinense, pienso en una concepción diferente de la protección de los mercados.
Hablando ahora ya en serio, me gustaría abordar en esta fase de los trabajos parlamentarios dos cuestiones que, en mi opinión, no son puntos de detalle, sino que siguen siendo cuestiones fundamentales. La primera es la elección de la autoridad competente para los valores convertibles, en concreto, sobre todo las obligaciones denominadas en euros. Me parece que si dejamos que las empresas elijan la autoridad competente, estimularemos la reglamentación menos rígida. Lógicamente, las empresas emisoras acudirán a las autoridades menos estrictas. Así pues, corremos el riesgo de debilitar los mercados. Yo he aceptado la diferencia establecida entre las deudas y el capital, pues en realidad, los pequeños inversores no se ven afectados por las obligaciones. Por ello podemos tolerar un menor rigor. En cambio me parece inaceptable admitir la libre elección para los valores convertibles. Estos valores dan acceso al capital de una empresa y constituyen una de las formas de aumentar el capital. Además, estos títulos suelen estar en poder del público y esta tendencia se intensificará en el futuro. Sobre este punto, el compromiso propuesto por la Presidencia parece satisfactorio. 
La segunda dificultad reside en la delegación de competencias por parte de la autoridad. En los Estados miembros en los que existe dicha delegación, los mercados de valores a los que se delegan estas tareas a menudo se han convertido en entidades privadas con fines de lucro. Así pues, de hecho son juez y parte a la hora de examinar los prospectos. Sin duda esto plantea problemas por lo que se refiere a la calidad del examen del prospecto y a posibles distorsiones de la competencia. El período de ocho años contemplado en el paquete de la Presidencia para que los Estados miembros se ajusten a esta realidad industrial me parece realmente el máximo admisible. Dicho período debería permitir poner fin a esta delegación de competencias. Estas dos cuestiones siguen siendo fundamentales. Aquí deberíamos mencionar igualmente algunos otros detalles, como la posibilidad de que las PYME o las personas físicas consideradas inversores cualificados puedan renunciar a esta condición; el hecho de que si una autoridad competente no ha examinado un prospecto en el plazo establecido, se considere aceptado; el problema de las lenguas, que ya he evocado brevemente.
En resumen, señor Presidente, deseo que el Parlamento vote a favor del compromiso de la Presidencia griega, que constituye una solución aceptable para todas las partes implicadas.

Lulling (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la Directiva sobre el prospecto que tenemos sobre el tapete. Su importancia reside en la concesión de un pasaporte europeo a la publicidad de valores, que va a permitir comercializar los valores en todo el mercado interior de la Unión Europea. Una vez el prospecto haya sido aprobado por una autoridad nacional competente, será válido en todos los demás Estados miembros, como bien sabemos. El pasaporte europeo ahorrará por tanto al emisor muchos gastos y trámites administrativos.
Esta Directiva es, como ya he dicho, una de las piezas más importantes del plan de acción de la Comisión encaminado a crear un mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. Según las estimaciones de la Comisión de diciembre de 2002, la creación de un mercado interior de valores eficiente generaría un aumento del 1,1% del producto interior bruto. Espero que tenga razón, ya que semejante inyección de crecimiento nos vendría muy bien en la situación actual.
La recomendación para la segunda lectura, tal como se presenta al Pleno, es un buen documento. Quiero felicitar expresamente por ello al ponente, Sr. Huhne, ya que el texto mejora la Posición Común del Consejo principalmente en dos aspectos importantes que me preocupan personalmente. Uno es que permite al emisor elegir, a partir de un valor nominal unitario de 1 000 euros, a la hora de aprobar el prospecto, entre la autoridad competente del Estado miembro en que tiene su residencia el emisor, en primer lugar; la del Estado miembro en que se autoriza la negociación de los efectos en un mercado regulado, en segundo lugar; o la del Estado miembro en que se ofrecen públicamente los valores, en tercer lugar. Esta denominación de 1 000 euros es mucho más realista que el valor umbral de 5 000 euros estimado por el Consejo, ya que serán los pequeños inversores quienes estarán particularmente interesados. Así que estoy muy a favor y espero que no se siga aguando esta cuestión. Entiendo que se mantiene incluso después del compromiso con el Consejo.
Por otro lado, este texto permite a las autoridades competentes delegar el examen del prospecto en otras instancias que dispongan de la pericia necesaria. Sobre todo en los Estados miembros pequeños -actuales y futuros-, los prospectos son examinados habitualmente por la Bolsa. La responsabilidad, naturalmente, sigue recayendo en la autoridad competente del Estado, mientras que la Bolsa cuenta con los expertos cualificados necesarios. En Luxemburgo nos topamos con grandes dificultades para encontrar especialistas de nacionalidad luxemburguesa, ya que las autoridades supervisoras solo pueden tener empleados de nacionalidad luxemburguesa. Me satisface por tanto que esta delegación no prescriba al cabo de cinco años, sino que su funcionamiento sea objeto de revisión por parte de la Comisión. No comparto la opinión de la Sra. Berès, sino que estoy convencida de que este examen no va a arrojar ningún juicio negativo, de manera que dentro de ocho años no estaremos en la situación de que tal delegación resulte inevitablemente imposible.
Quiero subrayar una vez más la importancia de esta Directiva y me alegro de que el Sr. Bolkestein haya declarado que puede aceptar las 21 enmiendas de transacción acordadas entre el ponente y la Comisión. Deseo volver a dar las gracias de todo corazón al Sr. Huhne por su labor realmente valiosa y por su actitud comprensiva, sobre todo con respecto a las preocupaciones que he expresado y que espero abordemos pronto de la manera que he señalado. Si es así, pronto dispondremos de una Directiva adecuada, que será muy importante para el buen funcionamiento del mercado interior.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, si el compromiso significa poder vivir con puntos de vista que no coinciden del todo con los propios, entonces el ponente ha manejado muy bien el debate en la Asamblea y en la comisión parlamentaria, junto con la Comisión y con el Consejo. Es cierto que ha prestado oído a sus colegas y le felicito por su receptividad.
Tal y como ha dicho el Sr. Ettl, reunir capital es vital, y quizá sea más vital para las pequeñas empresas, que pueden verse muy perjudicadas por problemas delicados. Evitar que las empresas incurran en costes desproporcionados es sin duda crucial, y el intento que se ha hecho de dar a este texto un enfoque más equilibrado crea lo que considero la seguridad a largo plazo para este mercado. Un ejemplo evidente, mencionado por la Sra. Villiers, es el registro global, que podría haber causado mucho daño y ha sido evitado. Yo también he batallado enérgicamente en contra. Me parece un gran logro.
También me gustaría mencionar, en lugar de entrar en los detalles tan repetidos, el plan de acción de capital riesgo del que este texto también forma parte, y siempre me parece bien que se garantice que hagamos referencias cruzadas. Forma parte de los objetivos de crecimiento de Lisboa para todas nuestras economías. El mercado único contribuye a crear el potencial para este crecimiento. En calidad de antiguo ponente sobre el plan de acción de capital riesgo, me complace ver que ha completado su paso por esta Asamblea y que hasta ahora lo ha hecho con éxito.
Tal y como dice el Sr. Comisario, vendrán otros informes y espero que reflejen el mismo nivel de debate que el que hemos mantenido en relación con este informe concreto. No era perfecto cuando llegó a esta Asamblea -pocas veces las cosas están claras, lo que nos permite conservar nuestro trabajo- y creo que el Parlamento lo ha manejado extraordinariamente, lo que demuestra la madurez que puede dar a estos informes técnicos.
Por lo tanto, espero con ansiedad el debate sobre la Directiva relativa a la transparencia, que, como saben ustedes, ha sido asignada a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Al igual que el ponente, espero que el debate sea vivo, ya que para concluir el plan de acción en materia de servicios financieros esperamos que también se tenga en cuenta esta Directiva.
Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, uno mi voz a la de los diputados que han felicitado al Sr. Huhne por la indiscutible calidad de su informe y su sentido del compromiso, lo que permitirá, en caso de que se apruebe el informe, avanzar de forma decisiva en un punto importante: la unificación de los mercados financieros.
Creo, efectivamente, que todos nosotros estamos convencidos de la necesidad de proceder con celeridad y de concluir este expediente con rapidez, evitando un procedimiento de conciliación que nadie desea. El procedimiento de conciliación es la vía que queda abierta cuando fracasa el compromiso. Ahora bien, el compromiso al que hemos llegado me parece relativamente satisfactorio. No es perfecto para nadie, pero no perjudica a nadie y, por lo tanto, constituye una base interesante.
Nos enfrentábamos a varios problemas, pero hemos obtenido -lo que es una victoria para el Parlamento- un resultado satisfactorio en lo referente a la elección de la autoridad competente. Y creo que eso era algo a lo que el ponente concedía gran importancia y ha logrado imponerlo. Nuestras preocupaciones se referían sobre todo a las condiciones de expedición de las autorizaciones y al plazo de examen. Era necesario encontrar un equilibrio entre la rapidez para los organismos que desean invertir y la seriedad del examen de su solicitud por parte de la autoridad competente. El compromiso resulta satisfactorio en este punto. Asimismo, la cuestión del régimen lingüístico era causa de malestar. Es crucial que todo el mundo comprenda de qué se trata. La Posición Común puede ser imperfecta, pero ofrece, en mi opinión, suficientes garantías.
La delegación de determinadas tareas por parte de la autoridad competente a un organismo más técnico provocaba entre nosotros graves inquietudes por lo que se refiere a lo que yo denominaría la deriva hacia el «lamfalusismo», es decir, confiar actividades de tipo casi reglamentario a organismos técnicos, especializados, poco transparentes y sin demasiado control. Es indispensable establecer un plazo que limite estas posibilidades de delegación. El informe de la comisión parlamentaria no lo preveía, pero el compromiso sí lo contempla. Fija en ocho años esta posibilidad. Es mucho tiempo, pero al menos tenemos la certeza que, a final de cuentas, esta posibilidad de delegar competencias desaparecerá y creo que es algo muy positivo.
Por último teníamos la cuestión de los valores convertibles. ¿Había que tratar la ayuda convertible como los títulos de capital? En este punto, el compromiso renuncia a una enmienda votada en comisión que nos parecía poco satisfactoria, ya que las obligaciones convertibles deben ser tratadas como títulos de capital y estamos plenamente tranquilos sobre este punto tan importante. Es por ello, señor Presidente, por lo que creo que todos debemos votar a favor de las enmiendas y aprobar el compromiso que se nos ha presentado. Sobre la mesa quedarán las enmiendas del Sr. Turchi que, a pesar de resultar interesantes, más que un debate abren la caja de Pandora. Estas enmiendas son inteligentes, pero, en la medida en que cuestionan muchas cosas sobre la definición de los títulos, más vale volver a cerrar la caja de Pandora para alcanzar una buena decisión con rapidez, como lo desea el ponente y como lo espera nuestro grupo.

Randzio-Plath (PSE)
. (DE) Señor Presidente, seguro que con el pasaporte europeo para las emisiones de valores, la captación de capitales resultará más sencilla en el futuro. Esta propuesta es una de nuestras contribuciones a la eliminación de la burocracia y las demás barreras que hasta ahora no han hecho posible la implantación de un mercado interior financiero. Debo manifestar que se ha tratado de una colaboración muy constructiva entre las instituciones, que se ha visto favorecida además por la voluntad de compromiso del ponente; todos hemos tenido que ponernos acuerdo en las formulaciones para elaborar un texto legislativo sin fisuras.
Creo que ha sido muy acertado establecer la distinción entre valores participativos y no participativos. Ha sido una jugada muy inteligente por la que, sin lugar a dudas, algún día nos darán las gracias tanto los inversores como los emisores. En el momento de aprobar efectivamente una Directiva es importante que intentemos siempre establecer un equilibrio entre los intereses de los emisores y los de los inversores. En esta Directiva, esta Cámara ha insistido mucho en la protección de los pequeños inversores, que en los últimos años han estado sometidos a una zozobra especial, y tenemos la obligación de restablecer la confianza de los pequeños inversores si queremos lograr realmente un mercado interior financiero que funcione como es debido y del que pueda beneficiarse todo el mundo.
Hay tres puntos importantes: cualquier inversor podrá confiar en el futuro en el prospecto que sirve de soporte a una emisión que cumple estrictos criterios de calidad, independientemente del país de origen del emisor y también del país en el que se negocien los valores. Esto constituirá una atractivo. El segundo punto es que durante las negociaciones logramos que el resumen del prospecto, que representa para el pequeño inversor la principal fuente de información, también debe cumplir criterios estrictos elevados y forma parte del prospecto. Si el resumen es engañoso, equívoco o incoherente, ha de ser posible, a raíz de ello, obligar a los responsables a rendir cuentas. En tercer lugar, se protege al inversor contra la publicidad engañosa, en la medida en que se garantiza que los emisores no prometan, al describir su producto en los medios de comunicación, más de lo que el valor es capaz de ofrecer de acuerdo con el prospecto.
Para terminar quiero hacer hincapié en una preocupación que volvió a ponerse de relieve muy claramente durante las deliberaciones sobre esta Directiva, a saber, la cuestión de si verdaderamente quedan preservados los derechos del Parlamento. Analizando el Acuerdo Interinstitucional a la luz de la mejora de la reglamentación, tengo mis dudas al respecto, así que pueden estar ustedes seguros de que velaremos muy de cerca por que la labor que llevan a cabo tanto usted como CESAR en torno a esta Directiva concreta responda a nuestras expectativas y se sitúe dentro del marco establecido por nosotros. Si cumple usted plenamente las expectativas del Parlamento, esto generaría confianza en la legislación que se derive de ella en el futuro y en la legislación secundaria.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre contratos públicos:
Recomendación para la segunda lectura (A5-0242/2003), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (11029/3/2002 - C5-0141/2003 - 2000/0115(COD)) (Ponente: Stefano Zappalà)
y
Recomendación para la segunda lectura (A5-0245/2003), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (12634/3/2002 - C5-0142/2003 - 2000/0117(COD)) (Ponente: Stefano Zappalà)

Zappalà (PPE-DE)
. (IT) Señor Presidente, estamos abordando en este periodo parcial de sesiones -y someteremos a votación el miércoles- una reforma que, por el interés que ha suscitado y el debate que ha generado, ciertamente representa uno de los momentos cruciales de esta legislatura, así como uno de los momentos cruciales en la apertura de los mercados y en la puesta en marcha del mercado interior en clave europea. Entramos en la segunda lectura habiendo superado una serie de dificultades en este último período con las traducciones y con las enmiendas: aún ahora, esta tarde, está abierto el plazo para su presentación de enmiendass hasta las 19.00 horas, por lo que está a punto de cerrarse. No obstante, esta cuestión es de tal importancia, que exige algunas consideraciones en profundidad.
Hemos mantenido un largo debate, directo e indirecto, con la Comisión. Quisiera dar las gracias al Comisario Bolkestein y a todos los miembros de su equipo por haber abordado este asunto de inmediato. Hemos trabajado juntos en él muchas veces, fuera de esta Asamblea, fuera del Parlamento, pero dentro de las instituciones, con el objeto de llegar a una conclusión que fuese la mejor posible. Doy las gracias a todos los diputados que, con su interés, sus contribuciones y las enmiendas que estimaron oportuno presentar, han sido de utilidad. Es una reforma grande e importante que llega al final del proceso parlamentario tras un período que ha durado casi toda la legislatura. La simplificación, la adecuación a la evolución tecnológica y social, así como la compleción del mercado interior eran y son los imperativos que han movido a este Parlamento. El diálogo, el debate, las diferentes posturas políticas y los distintos intereses nacionales han estimulado y orientado las conclusiones.
Obras públicas, suministros y servicios mueven cada año en torno a 1,4 billones de euros en la Unión, lo que significa y demuestra que esta legislación tiene que ver con la fuerza motriz de la economía comunitaria. Estamos redactando normas generales y fundamentales sobre las que se basará la normativa nacional específica, una normativa que debe contener principios útiles para todos y no solo para unos pocos, útiles para la colectividad y no para grupos de presión partidistas, una normativa que proporcione seguridad jurídica y transparencia y garantice la competencia leal, así como un mercado interior abierto a todos. Las normas de licitación no pueden ni deben ser distintas en función del importe: los procedimientos burocráticos pueden diferir por encima o por debajo de un umbral adecuado, pero los principios no pueden variar. En la actualidad, los umbrales implican que solo una octava parte del importe que he indicado se refiera a licitaciones europeas. El resto se pierde debido a normativas nacionales o regionales. Por esta razón, por lo que a mí respecta, creo que los umbrales deberían abolirse. No obstante, como esto no se puede hacer, se ha propuesto un criterio, que por lo demás ya existe de forma indirecta, con arreglo al cual los principios básicos de la normativa deben ser respetados en todo momento, incluso por la legislación territorial autónoma. Es necesario que se modernicen todos los procedimientos posibles y que se autorice y se tipifique el empleo de tecnologías cada vez más avanzadas. Las entidades adjudicatarias se beneficiarán así de las propuestas efectuadas, adoptando sistemas electrónicos no solo para la gestión de los avisos y la recepción de las ofertas, sino también para la subasta propiamente dicha. Se pide, naturalmente, que esta última se limite a la adquisición de materiales tipificados y normalizados. Se quiere revalorizar y modificar la libertad de organización de las empresas permitiendo, en la medida de lo posible, la subcontratación para aquella parte del trabajo que, una vez identificada, pueda confiarse a compañías de las que responda el adjudicatario principal. Y para no complicar la participación en la licitación, es conveniente que la identificación del socio se produzca después de la adjudicación.
El complejo problema -y este ha sido un punto muy controvertido- de conceder el diseño y la ejecución de los contratos de manera conjunta, apreciado y apreciable para algunas categorías de contratos, no puede constituir una norma rígida. La separación entre servicios y obras es obvia y natural, como obvia y natural, previa justificación, puede ser su unificación. Dentro del respeto por este principio, se consolida también la competencia cualitativa, que de otro modo correría el riesgo de quedar aplastada en un contexto exclusivamente económico y tecnológico, por lo demás prerrogativa exclusiva de la empresa y no siempre favorable a la entidad contratante. En este principio se basan las propuestas del ponente. Es necesario tener en cuenta que tratamos con una materia que tiene un enorme y exclusivo valor económico, y como tal, no puede ni debe contener normas y principios objeto de legislaciones específicas, como las exigencias en materia social y medioambiental. Las dimensiones medioambiental y social tienen procesos que se definen y pueden definirse de modo específico y, por tanto, hacerse obligatorios con otras formas y en otros ámbitos. No obstante, dentro de la norma se prevén y se proponen algunos principios, con especial referencia al respeto por las necesidades de los grupos desfavorecidos y a la normativa en materia de seguridad laboral.
El medio ambiente -el gran enfermo de nuestro tiempo- es también objeto de una atención exhaustiva. Deben evitarse nuevos excesos en este ámbito. La adjudicación al precio económicamente más ventajoso no puede prescindir de un criterio de ponderación bien definido en el aviso de licitación, pues de otro modo, existiría discrecionalidad en la atribución a posteriori de los parámetros, algo que en el pasado creó muchos problemas judiciales por todo el territorio comunitario. La confidencialidad de la información que, según los procedimientos elegidos, sea facilitada a la entidad contratante por parte de los sujetos interesados será protegida y garantizada por normas precisas. En torno a los contratos in-house existen puntos de vista controvertidos: reservar para una empresa de la cual forma parte la entidad contratante, aún cuando posea naturaleza jurídica autónoma, contratos sin licitación tropieza con el decidido rechazo por parte de los representantes de las categorías productivas, y es una idea que el ponente comparte. Se ha propuesto una ampliación de las causas de exclusión a los casos en que se hayan impuesto a la empresa licitadora condenas por quiebra, por comportamiento desleal, por incumplimiento de convenios colectivos de trabajo o por tráfico de estupefacientes. Por último, se ha propuesto la creación de una agencia independiente para aplicar mecanismos de control sobre los contratos en los Estados miembros. Sin excluir la posibilidad de entablar acciones legales, se desea que dicha agencia pueda comprobar los procedimientos seguidos y cancelar una adjudicación que no se realice conforme a la normativa.
Para concluir, señor Presidente, el contenido de las normas que se están debatiendo, por su importancia económica y por sus repercusiones en los ámbitos laboral, social, medioambiental y económico, se puede definir sin sombra de duda fundamental para la organización de la sociedad moderna. Posturas políticas variadas y puntos de vista diversos de base política y/o burocrática hacen que no sea previsible un itinerario ampliamente compartido. El rechazo y la devolución a la comisión, o la conciliación como acto final de una legislación que ciertamente es complicada resulta, en cambio, previsible y deseable. Todo ello es por el bien de la Unión y en interés de un mercado interior que debe consolidarse cada vez más y ser cada día más transparente. La votación de pasado mañana confirmará un recorrido democrático al que, por supuesto, todos debemos atenernos.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, me alegro de que estas dos cuestiones hayan llegado a la segunda lectura, pues es necesario un examen rápido pero profundo para evitar el peligro de que no se aprueben las dos propuestas antes de que termine esta legislatura.
Nuestra tarea y objetivo comunes es modernizar y simplificar las normas de adjudicación de contratos públicos y a este respecto me parece que en los textos acordados en el Consejo ya existe un equilibrio justo entre los diferentes intereses en juego. En efecto, aunque hay unas pocas cuestiones que a la Comisión no le parecen del todo ideales, en general estas posiciones comunes representan a todas luces un avance con respecto a la legislación vigente.
Cuando me fijo en el fondo de la mayoría de las enmiendas presentadas hasta la fecha por el Parlamento, estoy aún más convencido de lo que acabo de decir. Por lo tanto, soy optimista y pienso que la votación que debe celebrarse esta misma semana mantendrá nuestras posibilidades de cerrar este asunto de forma satisfactoria para las tres instituciones; en efecto, creo que en las posiciones comunes ya se han incorporado bastantes enmiendas en una forma u otra. Me refiero, por ejemplo, a los aspectos sociales -distintos de los criterios sociales de adjudicación-, con respecto a los cuales entiendo que el principal interés de este Parlamento es aclarar que tanto las autoridades adjudicadoras como los licitantes respetan las obligaciones establecidas en la legislación social. Este interés también se ha discutido explícitamente con el Consejo. Por lo tanto, en mi opinión queda bien reflejado en los considerandos del texto actual.
Estoy dispuesto a aceptar que las autoridades adjudicadoras estén obligadas a indicar dónde puede obtenerse información sobre obligaciones vigentes de índole social, fiscal y ambiental. De la misma manera, con algún cambio de redacción, la Comisión podría aceptar la enmienda 29 a la Directiva de contratos públicos, o Directiva clásica, y la enmienda 26 a la Directiva de servicios públicos, que hace hincapié en ciertas posibilidades ya existentes en el ámbito social.
En relación con los aspectos ambientales y, en general, con la cuestión de los criterios de adjudicación, las enmiendas que ha presentado el Parlamento reflejan claramente algunas opiniones divergentes. Como siempre, estoy dispuesto a debatir más a fondo esta interesante cuestión con el Parlamento, respondiendo a preguntas, si bien respetando el verdadero objetivo de las normas de adjudicación de contratos públicos, tal y como las ha interpretado y confirmado el Tribunal de Justicia Europeo. De hecho, no albergo ninguna duda de que todos estamos de acuerdo en que nuestra prioridad es simplificar las normas de adjudicación de contratos públicos para que los organismos públicos gasten el dinero de los contribuyentes de la mejor forma posible.
Estas diferencias de opinión se han traducido a menudo en la aprobación de enmiendas contradictorias en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que, si se aceptan, harían que la legislación resultara incoherente. Quizá deberíamos tener en mente nuestro objetivo común ya expresado de una «normativa mejor».
Un ejemplo de esta incoherencia son las enmiendas a la Directiva sobre servicios públicos relativas a los criterios de adjudicación. Empecemos por examinar cómo plantean esta cuestión las posiciones comunes. En plena consonancia con la jurisprudencia actual, las posiciones comunes ya han dejado claro que las características ambientales pueden valer como criterios de adjudicación y que no es necesario demostrar que todos y cada uno de los criterios de adjudicación proporcionan una ventaja a los poderes adjudicadores. 
Basta con que, en su conjunto, los criterios de adjudicación desempeñen la función que les corresponde: permitir una evaluación y comparación objetivas de las cualidades intrínsecas del producto o servicio y la adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa en términos económicos. 
Por lo tanto, me preocupa que haya enmiendas a la Directiva sobre servicios públicos que van mucho más allá. Estas enmiendas tendrían el efecto de permitir que se utilizaran elementos inconmensurables y vagos como criterios de adjudicación, en beneficio de la sociedad civil en el sentido más amplio. Esto no solo impediría que los criterios de adjudicación desempeñaran la función que les corresponde, sino que introduciría un grado inaceptable de opciones arbitrarias, o quizá incluso la discriminación en detrimento de posibles contratistas.
Con respecto a los criterios sociales de adjudicación, también deberíamos tener en cuenta que las posiciones comunes ya especifican que estos criterios puedan utilizarse cuando cumplen las mismas condiciones que los criterios ambientales. Sin embargo, estas enmiendas a la Directiva de servicios públicos permitirían utilizar criterios sociales de adjudicación para cumplir objetivos de política social relativos al comportamiento o a la responsabilidad social del licitador, en lugar de las cualidades intrínsecas del producto o servicio en cuestión. Esto podría contribuir a que se adjudicaran contratos sobre la base de consideraciones que no tienen nada que ver con el principio de la mejor relación calidad/precio.
En cuanto a las enmiendas destinadas a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, quisiera recalcar que la información de que disponemos no demuestra que actualmente las PYME tengan grandes dificultades para acceder a los concursos públicos. Su federación europea incluso nos contó que no respaldarían ninguna discriminación positiva a favor de las PYME frente a las grandes empresas. 
En general, todos deberíamos tener cuidado y no introducir cambios que de hecho pudieran propiciar preferencias nacionales que son incompatibles con el derecho comunitario y que podrían acabar protegiendo intereses económicos.
Permítame llamar la atención del Parlamento sobre la delicada cuestión de los umbrales, que quizá sea la única en que va a ser muy difícil reconciliar nuestras diferencias de opinión. Mi propósito es garantizar una competencia eficaz a escala europea. Si subimos los umbrales, no solo incumpliríamos nuestras obligaciones internacionales, sino que también reduciríamos las eficiencias. Si aumentamos los umbrales no simplificamos necesariamente la vida de las autoridades locales, que en cualquier caso están sujetas a una obligación de publicidad suficiente de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. De ahí que la Comisión no pueda aceptar esas enmiendas. 
De conformidad con el acuerdo interinstitucional sobre una normativa mejor suscrito hace poco, todos compartimos los tres objetivos de modernización, simplificación y aumento de la flexibilidad de las normas actuales. En este sentido soy un poco reticente a aceptar más enmiendas relativas a las diferentes cuestiones, como las subastas electrónicas, acuerdos marco, sistemas de compra dinámica, el diálogo competitivo y las posibilidades de elegir entre una adjudicación de contratos separada o conjunta para el proyecto y ejecución de contratos de obras. De hecho, me temo que estas enmiendas multiplicarían o complicarían innecesariamente los procedimientos, o que impondrían ciertas opciones de ámbito comunitario en que la flexibilidad necesaria podría garantizarse mejor permitiendo estas opciones a escala nacional. 
Ahora quisiera decir algo sobre ciertas cuestiones básicas específicas de la Directiva sobre servicios públicos. En cuanto a las enmiendas al mecanismo de exención de las entidades adjudicadoras de la Directiva -artículo 30 de la Posición Común-, permítame hacer hincapié en que la Posición Común se basa en dos principios: seguridad jurídica y liberalización efectiva. Por lo tanto, la Comisión opina que la existencia de una competencia genuina debería establecerse mediante un procedimiento conocido. De lo contrario, ni las entidades adjudicadoras ni los proveedores interesados estarían seguros de su posición jurídica. 
La Comisión también se opone a otras iniciativas relacionadas con sectores específicos, que permitirían la exclusión sobre la base tan solo del libre acceso, independientemente de si da lugar o no a una competencia efectiva y real. Básicamente por los mismos motivos, la Comisión no puede aceptar los cambios propuestos con respecto a los servicios postales.
Por último, en cuanto a la excepción de «intragrupo» del artículo 23, la Comisión ya ha dejado claro que tiene grandes dificultades para aceptar la ampliación de esta exclusión a los contratos de obras y suministro. Ahora bien, no quiere que esta Directiva resulte menos flexible de lo que es. Por este motivo, la Comisión puede aceptar que se suprima la ampliación a los contratos de obras y suministro, pero no que las entidades adjudicadoras deban verse privadas de la actual flexibilidad de los servicios.
Para concluir, repito que confío en que al centrarnos en nuestros principales objetivos comunes de modernizar, simplificar y asegurar un uso eficaz del dinero público, podemos dar un final feliz a la larga saga de esta reforma de las normas de adjudicación de contratos públicos. Las empresas, las autoridades públicas y los poderes adjudicadores europeos esperan impacientemente este resultado. Será muy beneficioso para el conjunto de la economía europea.
Por último, quisiera decir que la opinión de la Comisión sobre las distintas enmiendas ha sido facilitada por escrito

Lehne (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, voy a referirme al artículo publicado el sábado pasado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung por el Comisario Bolkestein -un artículo, señor Comisario, que usted ha publicado en su propio nombre-, del que, con su permiso, voy a citar un único párrafo: «Es importante que las autoridades obtengan las máximas contrapartidas posibles por el dinero de los contribuyentes y que este importante sector de la economía quede totalmente abierto a la competencia en el mercado interior, ya que una contratación pública abierta y competitiva garantiza una mejora de los servicios de interés general, asegura un uso efectivo de los bienes públicos, previene la corrupción y estimula tanto el crecimiento económico como la creación de empleo».
Señor Comisario, suscribo lo anterior al 100%; el único problema es que me cuento entre quienes creen que lo que nos ha llegado como Posición Común del Consejo justamente no cumple estos requisitos y condiciones. Me cuento entre los que opinan que la legislación vigente en materia de contratos públicos ha funcionando hasta ahora en la Unión Europea; está plasmada en cuatro Directivas, a las que hay que añadir la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia Europeo, establecido a lo largo de muchos años, y que ha acreditado su validez. Tenemos dudas de que esta Posición Común, este texto del Consejo, sea efectivamente apropiado para preservar la calidad de que gozábamos hasta ahora.
A muchos de nosotros nos preocupa que los nuevos elementos de esta Directiva no reduzcan el peligro de manipulación, sino que al final lo agraven. Muchos temen que el resultado no sea un aumento de la competencia, sino su disminución. Refiriéndome de nuevo a este artículo, permítanme señalar que los representantes de la industria con quienes he hablado no estaban preocupados por el hecho de que este texto pueda comportar un aumento de la competencia, sino más bien por que al final podría haber menos competencia. Creo que la mayoría de las enmiendas de mi Grupo perseguían el fin concreto de mejorar toda una serie de aspectos cruciales de esta Directiva .
Otro aspecto que quiero abordar es el de los criterios medioambientales y sociales. Soy consciente de que se trata de cuestiones muy controvertidas en esta Cámara, pero sostengo que la legislación europea debería ser correcta en términos de sistemática jurídica, y esto significa precisamente que trato las cuestiones medioambientales a la luz de la legislación medioambiental y las cuestiones sociales a la luz de la legislación social. El derecho de contratación pública no forma parte del derecho medioambiental, ni del derecho social, sino que tiene que ver con el derecho mercantil, lo que significa que las únicas cuestiones que han de considerarse en la legislación en materia de contratación pública son cuestiones de viabilidad económica. Por eso tengo mis importantes reservas acerca de si es correcto tratar aquí la cuestión de los criterios medioambientales y sociales. Pero ya que tenemos que tratarlas, pues esta parece ser la opinión a todas luces mayoritaria tanto en el Consejo como, según se desprende del resultado de la primera lectura, de esta Cámara, habremos de asegurar al menos que se tengan en cuenta, no en el marco de la adjudicación del contrato, sino entre los criterios que se aplican cuando se saca el contrato a concurso. Para mí resulta inaceptable todo lo que en el ámbito de la adjudicación del contrato -por así decir, independientemente de lo que los proveedores de servicios ya sabían cuando se sacó el contrato a concurso- pueda conducir en última instancia a nuevos procesos de toma de decisiones o hacer posible que estos se manipulen.
Lamento mucho, en mi propio nombre y en el de mi Grupo, que no se haya logrado alcanzar un compromiso de antemano entre los Grupos respecto de las cuestiones planteadas por esta propuesta. El resultado será una confrontación política entre los Grupos políticos, mientras que la Comisión y el Consejo de Ministros conseguirán sacar adelante sus Directivas: lo que me temo, sencillamente, es que apenas hay posibilidades de que las enmiendas respectivas obtengan mayorías cualificadas. Me pregunto si esto es bueno para esta Cámara y para Europa. Estas son las consideraciones que quería poner de manifiesto en nombre de mi Grupo respecto de esta propuesta.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, en la primera lectura de las Directivas sometidas a votación, el Parlamento Europeo ha luchado enérgicamente por la incorporación de criterios sociales y medioambientales en los procedimientos para la adjudicación de contratos públicos, confirmando así su papel como defensor del modelo social europeo y del desarrollo sostenible.
Muy a nuestro pesar, resulta que la Posición Común del Consejo no ha aceptado gran parte de nuestras enmiendas, motivo por el cual debemos seguir luchando y mantenernos firmes en nuestra postura inicial. El respeto del acervo comunitario en asuntos medioambientales y laborales no puede dejarse de lado en el procedimiento de adjudicación de contratos públicos. La Unión Europea no puede mostrarse indiferente ante los compromisos asumidos por los Estados miembros en los contratos públicos, ahora que la calidad de las relaciones laborales y, desde una perspectiva más amplia, la calidad de vida se reconocen generalmente como objetivo en todas sus políticas.
Además, puesto que deseamos fomentar la responsabilidad social de las empresas en el sector privado, resulta contradictorio que los Estados miembros permanezcan indiferentes ante asuntos que constituyen la responsabilidad social principal de las empresas cuando concluyen contratos públicos. Por lo tanto, las autoridades adjudicadoras pueden y deben tener en cuenta criterios de calidad con carácter obligatorio. En este mismo sentido, el incumplimiento de las obligaciones relevantes por parte de las empresas candidatas debe ser motivo de descalificación en el procedimiento.
Asimismo, quisiéramos recalcar que no basta con hacer referencia a criterios sociales y medioambientales en el preámbulo, sino que estos deben incluirse también en el texto normativo de la Directiva. El ámbito de los contratos públicos ofrece además un terreno ideal para tener en cuenta a las personas con discapacidades. Por lo tanto, apoyamos la enmienda que plantea la obligación de las autoridades adjudicadoras de tener en cuenta criterios de accesibilidad para las personas con discapacidades.
Para terminar, las agencias de producción deben comprender que, si colaboran en la aplicación de la política social europea, no incurren en una carga económica; al contrario, obtienen beneficios económicos, como por ejemplo subvenciones cuando se adjudican contratos públicos.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, esta tarde se ha dicho en esta Cámara que se trata ahora de concebir normas que eliminen los riesgos de corrupción, nepotismo y abuso de poder. Por lo tanto, es importante que tratemos de lograr la simplificación buscada en la propuesta de la Comisión. Me temo, no obstante, que corremos el peligro de fracasar en nuestra tarea de asegurar que esto suceda, ya que la mayoría de la comisión ha votado a favor de un conjunto de restricciones que pueden costar muy caras a los contribuyentes comunitarios.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas opina que no hay razones para aumentar los umbrales. Tal y como se ha señalado en varias ocasiones, esta subida infringiría nuestras obligaciones internacionales. Tampoco nos convence el argumento que trata de justificar el aumento de los umbrales alegando que actualmente existen muy pocos concursos transfronterizos. Al contrario, puede que resulten más contratos públicos transfronterizos gracias a la simplificación de la Directiva, a la aplicación del procedimiento simplificado y a la convocatoria de un gran número de licitaciones electrónicas.
Al Grupo ELDR le preocupa que las enmiendas parlamentarias, como por ejemplo la enmienda 20, puedan reducir la transparencia en materia de contratos públicos en la mayoría de los Estados miembros. Es importante que, una vez firmado un contrato, los concursantes puedan comprobar que el procedimiento se ha desarrollado correctamente. Por consiguiente, hay que rechazar la enmienda 24. El entusiasmo con el que los demás Grupos políticos han aprobado la enmienda 20, destinada a aumentar la confidencialidad, me lleva a preguntarme en ocasiones si todos somos conscientes de lo que decidimos con respecto al acceso a los documentos de la UE.
Al Grupo ELDR, que por lo demás está bastante satisfecho con la Posición Común, le inquieta, no obstante, que la posición del Consejo resulte menos efectiva que la práctica legal actual a la hora de crear oportunidades para la consideración de los aspectos medioambientales. En nuestra opinión, una autoridad adjudicadora debería ser capaz de ir más allá de su mandato, en sentido estricto, y tener en cuenta tanto el valor para el medio ambiente de lo que se adquiere como el método con el que se produce. Por lo tanto, hemos vuelto a presentar una enmienda al artículo 53, que en primera lectura ya recibió el apoyo de casi toda la Cámara. Asimismo, queremos rechazar aquellas enmiendas de la comisión que conformarían una Directiva que impediría la reorganización y la modernización de la administración pública.
Al mismo tiempo, no nos gustan las restricciones que la mayoría del Parlamento desea imponer sobre las ofertas electrónicas, con una normativa aún más estricta que la establecida en la Directiva sobre firmas electrónicas. Me asombra que mis colegas diputados desconfíen de las firmas electrónicas, pero no así de los mensajes de fax, de los que a menudo se filtra información.
El Grupo ELDR desea por tanto que dediquemos esfuerzos a la simplificación y la modernización. Por este motivo esperamos que se vote sabiamente sobre estas cuestiones.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, es muy importante que esta noche discutamos, como ha dicho el Sr. Bolkestein. Al finalizar nos ha apremiado a asegurar que modernicemos y simplifiquemos el Derecho comunitario europeo y lo dotemos de la flexibilidad apropiada. A este respecto me parece que todos estamos de acuerdo. La cuestión es esta: ¿exactamente, qué texto lo logrará mejor?
Para definir la orientación general del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pensamos que la propuesta original de la Comisión había sido elaborada con demasiada timidez y a regañadientes en relación con cuestiones como los aspectos ambientales y sociales. Nosotros, y otros en el Parlamento, insistimos en una visión más amplia y generosa, la que ha confirmado oportunamente el Tribunal de Justicia en el caso de los funiculares de Helsinki. Ha sido un verdadero paso adelante. No era solamente nuestro punto de vista, sino el del Parlamento en su primera lectura.
Después está la Posición Común. En nuestra opinión, la Posición Común parece en cierta medida un paso atrás con respecto al listón que colocó el Parlamento en primera lectura . Quisiéramos que se retrotrajeran de nuevo algunos aspectos de este paso atrás. Acepto la indicación del Sr. Bolkestein de que el texto, tal y como nos ha llegado de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es en sí mismo incoherente. Yo lo reduciría al hecho de que en comisión hubo una mayoría poco estable y variable, lo que implica que el texto de la comisión no sigue una línea clara. Pero hay una forma de restablecer su coherencia y su sensibilidad ambiental y social, que consiste en aprobar la serie de enmiendas que lo resituarán en la posición de la primera lectura del Parlamento, y en exhortar de nuevo al Consejo y a la Comisión a que den un paso valiente que siga sirviendo a estos objetivos deseables de modernización, simplificación y flexibilidad.
Mi Grupo presentará dos enmiendas relativas en particular al artículo 53, en las que, por ejemplo, rechazamos la idea de que deba ser la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico para los poderes adjudicadores. A veces nos dicen que los criterios sociales o ambientales son vagos. Esto parece estar plagado de vaguedad: la insistencia en que se devuelva, por así decirlo, por autorreferencia al poder que adjudica el contrato. Esto originaría todo tipo de disputas. Dejémoslo como lo proponemos: varios criterios asociados a la cuestión de los contratos públicos en cuestión. No descartemos ninguna característica, incluidas las relativas a los métodos de producción o a la oferta como política de trato equitativo. Si son inaceptablemente vagas, entonces todo el derecho comunitario es inaceptablemente vago, porque en las cláusulas horizontales de los Tratados se nos invita a atender a estos diferentes valores.
Seamos valientes: colegas, vayamos adelante. Restablezcamos los tipos de valores que reivindicamos en primera lectura. Subsanemos de las incoherencias, pero hagámoslo en la dirección correcta.

Blokland (EDD).
¿Qué puede esperar este Parlamento de un ponente en la segunda lectura? ¿Qué línea ha de seguir una comisión si la Posición Común del Consejo no coincide con la posición del Parlamento Europeo en la primera lectura?
Es lógico que las principales enmiendas, dada la visión política de este Parlamento, se presenten de nuevo. Ahora hemos colocado el fomento de un desarrollo económico sostenible en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades. Asimismo hemos de tener en cuenta la subsidiariedad. Esto significa que no hemos de poner trabas innecesarias a los municipios y a las regiones.
Al examinar las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior me he frotado los ojos porque no podía creerlo. He visto de todo, pero el presente producto se merece realmente un suspenso. Algunos argumentos resultarían cómicos si no se tratara de cuestiones tan serias.
Qué pensar, por ejemplo, de la justificación de la enmienda 63. Cito: «Una ponderación de los distintos criterios es poco realista y demasiado matemática». Fin de la cita. Por lo visto, multiplicar y sumar ya es matemática superior para la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En resumidas cuentas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha hecho bien su trabajo y ahora le toca al pleno reparar los daños causados a la imagen de este Parlamento.
Un municipio ha de tener derecho a incluir criterios medioambientales a la hora de adjudicar un contrato público. Es justo que el Tribunal de Justicia haya dado la razón a Helsinki en la compra de autobuses limpios. ¡Sería absurdo que no pudiera establecerse una distinción entre la electricidad generada de forma ecológica y los demás tipos de electricidad!
Las administraciones locales han de poder disponer de posibilidades para adquirir productos y servicios sostenibles. Lo mismo puede decirse por supuesto de los gobiernos de los Estados miembros. Precisamente la administración pública con una participación en el mercado del 16% del PIB ha de defender una política orientada a unos productos y servicios sostenibles. Si no lo hiciéramos enviaríamos una señal totalmente equivocada a las empresas privadas, precisamente en un momento en que estas empiezan a comprender la necesidad de unos productos y servicios sostenibles.
Con el paquete de enmiendas que he firmado con otros, en nombre del Grupo por una Europa de las Democracias y las Diferencias, la Directiva es aceptable desde la perspectiva ecológica y se respeta el principio de subsidiariedad. Con ello cargamos la responsabilidad de una política de sostenibilidad directamente a las administraciones que toman las decisiones concretas lo más cerca posible del ciudadano.
Como diputado al Parlamento Europeo no me gustaría tener que enfrentarme al ciudadano cuyo concejal le acaba de decir que «Europa» no le deja encargarse de contratos públicos ecológicos.

Markov (GUE/NGL)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, apoyo el enfoque de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que ha presentado un gran número de enmiendas a la Posición Común del Consejo acerca de las nuevas normas para la adjudicación de contratos públicos. En este Parlamento ya hemos celebrado numerosos debates en los que se subrayó la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia, lo mismo que la necesidad de desmontar la burocracia en el terreno de las adjudicaciones y al mismo tiempo de aumentar la transparencia y la comprensibilidad. El cumplimiento de estas dos importantes exigencias determinará el progreso económico y social en los Estados miembros. La exigencia del Parlamento de elevar los umbrales para los contratos públicos -por supuesto, en función de los servicios implicados- está plenamente justificada si deseamos: a) reducir los costes muy elevados que implican las convocatorias a escala europea, y b) potenciar las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea. En este contexto hay que incluir evidentemente también las enmiendas encaminadas a reservar el 10% del gasto comprometido en contratos públicos a pequeñas y medianas empresas, así como el incremento de este umbral cuando las autoridades sean parte contratante en las obras a realizar.
Señor Comisario Bolkestein, realmente no consigo entenderle. Creo que mi Grupo ha actuado correctamente, junto con los demás Grupos, a la hora de insistir en la importancia de que en las licitaciones se estipulen condiciones relativas a la gestión medioambiental y garantías para la seguridad y salud de los trabajadores. En principio esto está en consonancia con la sostenibilidad que decidió el Consejo en 2001 en Gotemburgo, dando la misma prioridad a la economía, la ecología y la dimensión social. Me sorprende totalmente que alguien pueda argumentar en contra de esto. Esto no solo tiene que aplicarse al modo en que los contratistas generales cumplen los criterios especificados, sino que naturalmente también ha de ser vinculante para los subcontratistas. Si las empresas no pueden acreditar cómo llevan sus finanzas y tratan a su personal, sus ofertas deberían ser rechazadas.
Tengo ciertas reservas de que en el caso de convocatoria electrónica se respeten las disposiciones relativas a la protección de datos. Apoyamos igualmente el requisito de que queden excluidas de los concursos públicos aquellas empresas o personas que hayan sido declaradas en quiebra o que tengan pendiente algún juicio. En esto, más que una opción permitida, tendría que haber normas preceptivas. Por supuesto que resulta necesario hacer extensiva la exclusión de los concursos públicos a las empresas que hubieran incumplidos las condiciones de la licitación en contratos anteriores.
Asimismo ruego a mis colegas diputados al Parlamento que cuando el Pleno vote sobre el artículo 27, apruebe la versión incluida en la Posición Común del Consejo, ya que de lo contrario, el 98,5% de los convenios colectivos en Alemania quedarían excluidos como criterio de las convocatorias, lo que supondría una desventaja para los trabajadores alemanes a la hora de competir por la adjudicación de los contratos.
Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, como ponente del Parlamento para una estrategia de mercado único, me parece importante hacer hincapié en que la aplicación de un proceso de adjudicación de contratos públicos eficaz, abierto y competitivo es una base indispensable para un mercado interior que funciona.
Estoy muy agradecido a los colegas que apoyaron mi informe. En este Parlamento solicitamos que se completara con rapidez el mercado interior y, en particular, recordamos que un mercado interior eficaz es una gran arma para la competitividad de la Unión Europea. Me gustaría que volviéramos sobre esta cuestión mirando el contexto de lo que estamos examinando aquí. Queremos que esta nueva propuesta, si es que llega a su forma definitiva acordada por nosotros y la Comisión, sea el instrumento más eficaz que podemos concebir para animar, en primer lugar, a los poderes adjudicadores a aplicarla y utilizarla.
Nadie de los aquí presentes ha señalado que el problema con el régimen actual es que no se ha incluido un número significativo de contratos que deberían haberse incluido en este régimen de adjudicación de contratos públicos. ¿Por qué no se han incluido? Porque los procedimientos son complicados, porque se están eludiendo. Además, la otra cara de la moneda es que queremos que el máximo número de pequeñas y medianas empresas participen en el proceso. Es de esto de lo que tiene que tratar un mercado abierto y competitivo. Por lo tanto, es preciso comentar los objetivos comprendidos en la revisión de estas Directivas, que las normas sean más claras, más fáciles de aplicar e inequívocas, y permitir la incorporación de nuevas tecnologías como las subastas electrónicas. Estamos básicamente satisfechos con la dirección que han tomado estas propuestas porque me parecen verdaderamente importantes.
También hemos de avanzar en otros campos. Esta noche se ha hablado mucho, especialmente sobre cuestiones relativas a la sostenibilidad y a los contratos ecológicos. Sin embargo, no hay nada en absoluto en estas propuestas que de alguna manera prohíba los contratos sostenibles o ecológicos. Si las autoridades públicas especifican con claridad los criterios ambientales que debe cumplir el producto o el servicio de forma inequívoca y no discriminatoria, entonces no habrá nada que les impida hacerlo.
Es un instrumento de la política de mercado interior y competitividad. No es un instrumento nuevo de política social o de empleo, ni un instrumento nuevo de política ambiental. Quizá queramos garantizar que estos criterios se apliquen de forma no discriminatoria, pero las empresas que cumplen todas las normas europeas sobre medio ambiente y sobre criterios de empleo deben poder licitar de modo no discriminatorio. No es un instrumento para añadir nuevas disposiciones. Por lo tanto, hemos de ser muy claros a la hora de rechazar las enmiendas que intentan hacerlo.
Supongo que los colegas a este lado del Parlamento están a punto de bombardearnos esta noche con toda una serie de nuevas enmiendas, por lo que probablemente mañana tengamos que examinar un centenar de enmiendas para someterlas a votación el miércoles. Esta me parece una tarea totalmente irreal. No obstante y por desgracia, nos vemos obligados a hacerlo debido a las limitaciones de tiempo.
Por último, solo quiero llamar la atención de la Asamblea sobre el mérito de la enmienda 68 relativa al control. Queremos que los Gobiernos de los Estados miembros controlen mejor la aplicación de normas de adjudicación de contratos públicos y que animen a los poderes adjudicadores a cumplirlos, porque el cumplimiento de estas nuevas normas será finalmente la piedra de toque de esta propuesta.

Gebhardt (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estas Directrices sobre contratos públicos nos plantean un problema multifacético. Permítame incidir, en el poco tiempo que tengo, en dos puntos.
En primer lugar, tenemos que fijar los umbrales en el nivel que ya pretendía el Parlamento en primera lectura. Hubieran sido de deseables unos umbrales valores aún más elevados, ya que las convocatorias de ámbito europeo generan por experiencia abundante burocracia y costes elevados, que no guardan ninguna relación con las escaso número de ofertas recibidas. Lo que pretendo es mantener bajos los costes y las cargas de administrativas que comportan las convocatorias internacionales para las autoridades de contratación pública, sobre todo para los municipios. Lamento que en primera lectura solo consiguiéramos un incremento de 5 a 7 millones de euros, por ejemplo para los contratos de obras, y los Gobiernos en el Consejo pretenden reducir ahora este umbral en la segunda lectura. Nuestras enmiendas planteadas en segunda lectura en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado pretenden al menos hemos mantener esta cifra de 7 millones de euros. La reclamación de un umbral bastante más alto, y de hecho razonable, que los 7 millones de euros seguramente no tendrá ninguna posibilidad en la última lectura de la Directiva de contratos públicos, cosa que lamento profundamente.
Igual de importante que la cifra millonaria relativa al umbral en la Directiva de contratos públicos europeos me parece la protección de las pequeñas y medianas empresas frente a la competencia desleal. Nuestros trabajadores por cuenta propia, que respetan la ley, no deberían verse inmersos en dificultades por culpa de competidores que no respetan ni los convenios salariales ni la legislación laboral vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo, y a los que importa un bledo la protección del medio ambiente.
Con ello revalorizaríamos además el autogobierno municipal, y eso es muy conveniente, ya que las autoridades locales constituyen el nivel político más próximo a la ciudadanía.
Señor Bolkestein, usted ha afirmado muy acertadamente que el dinero del contribuyente debe gastarse de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo con usted en esto. Pero ello no implica necesariamente elegir la oferta más barata. La expresión «mejor posible» encierra connotaciones de calidad y sostenibilidad, en otras palabras, la debida atención a las cuestiones sociales, medioambientales y de otro tipo.
Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, como ponente de opinión del informe, en primera lectura, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, voy a centrarme en los asuntos medioambientales y en el tema del desarrollo sostenible.
El Comisario Bolkestein pensó que podríamos vislumbrar un final feliz para el largo recorrido hacia una legislación sólida en el tema de los contratos públicos. Sí, estamos de acuerdo con el hecho de que el proceso se aproxima a su fin, pero creo que si será feliz o no se decidirá en la votación. Por supuesto, el Consejo también tiene mucho que decir en este ámbito.
Me preocupan las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que van directamente en contra de lo que dijimos en primera lectura. Estamos todos de acuerdo en que la contratación pública constituye un importante factor económico en la Unión Europea, ya que representa entre un 14 y un 16% de la renta nacional bruta. Sin embargo, a la hora de considerar aspectos económicos, no solo habría que tener en cuenta la licitación más ventajosa desde el punto de vista financiero. Es preciso establecer una definición económica más amplia, en la que se contemple al mismo tiempo la conservación de los recursos naturales, la pureza del agua y del aire y la biodiversidad. Esto es justo lo que han dicho en líneas generales la Comisión y la Unión Europea, por ejemplo, en Johanesburgo: que la contratación pública debe favorecer el desarrollo sostenible. Resulta chocante que algunos miembros de esta Cámara hayan pasado por alto este hecho. He podido oír al Sr. Lehne afirmar que los asuntos medioambientales deben ser tratados por separado de los de naturaleza económica, lo cual supondría una pérdida de visión global de la cuestión. La contratación pública, a la que se destinan nuestros recursos comunitarios y el dinero recaudado de los impuestos comunes, debe favorecer el desarrollo sostenible.
Por lo tanto, es sumamente importante que enmendemos la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y subsanemos el deterioro que ha protagonizado desde la primera lectura. La Posición Común del Consejo contiene elementos incompatibles y resulta inaceptable, al menos en lo que respecta a los artículos 53 y 55. En colaboración con diputados de otros Grupos, hemos presentado una serie de enmiendas relativas a los criterios medioambientales, los métodos de producción y la perspectiva global del ciclo de vida de los productos, el etiquetado medioambiental y la certificación. Opino que el Parlamento Europeo debería avergonzarse si no adaptáramos nuestro concepto de contratación pública a la idea de desarrollo sostenible en el conjunto de la Unión Europea. Esta idea debe convertirse en un componente natural de la contratación pública.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, he recibido, supongo que al igual que mis colegas diputados suecos, una serie de comentarios sobre este informe por parte de las autoridades suecas afectadas. En Suecia, estas autoridades se suelen considerar agentes económicos competentes que disfrutan de una libertad de acción bastante amplia. Opinan que la propuesta de la Comisión reduciría su eficiencia en una serie de aspectos, sin aumentar la competencia ni la seguridad jurídica. Hacen referencia a cuestiones como el derecho de firmar acuerdos marco, a los que recurren as menudo, relativos a los servicios intelectuales y los contratos de construcción. Mencionan el nuevo artículo 41a, en virtud del cual los procedimientos de adjudicación solo se pueden cancelar en circunstancias muy especiales. Se preguntan lo que sucedería si, por ejemplo, se produjera un cambio de mayoría política y si en tales circunstancias no se podría cancelar un acuerdo formalizado. Asimismo, hacen referencia a otra serie de puntos en los que la práctica sueca resulta bastante más eficiente que las medidas propuestas en estas Directivas.
Se dice que las autoridades públicas son burocráticas e ineficaces. En caso de que así sea, esto se debe, en general, al hecho de que los políticos ideamos normativas exageradamente detalladas. Creo que la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la adjudicación de contratos es un ejemplo de este tipo -estoy tentado de decir un ejemplo de pesadilla- de normativa que provoca la ineficacia del sector público y que origina más problemas de los que resuelve. Realmente, opino que hay que rechazar la propuesta de Directiva en su totalidad. La solución que más se aproxima a este resultado consiste quizá en apoyar una enmienda presentada por el Sr. Manders, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, en la que se insta a la Comisión a que reflexione sobre la situación y reconsidere si la propuesta origina más problemas de los que soluciona.
Soy consciente de que la situación difiere de un país a otro, pero me resulta extraño que el precio más bajo posible se convierta en un factor tan dominante en la propuesta de la Comisión. Cuando las empresas privadas adjudican contratos, realizan una evaluación global de una serie de factores, uno de los cuales es el precio. ¿Por qué no se puede considerar a los organismos públicos del mismo modo y permitirles que disfruten de la misma libertad para llevar a cabo un análisis complejo de las ofertas presentadas? ¿Por qué es preciso que un texto legal incluya una lista de las consideraciones caprichosas que hay que tener en cuenta o no? Estas listas son arbitrarias. ¿Por qué la postura de la Comisión tiene un carácter tan restrictivo en lo que respecta a determinados factores, como por ejemplo las necesidades sociales y las consideraciones medioambientales y laborales, que tienen más que ver con la calidad de los productos que con relaciones meramente cuantitativas?
Pienso que la Comisión debería plantearse presentar en su lugar una directiva en la que se establezcan principios generales y directrices. Es decir, una directiva que no entre en detalles de este modo, sino que demuestre mayor interés por la manera de aumentar la eficiencia y el carácter democrático de las administraciones públicas en los Estados miembros. Solo entonces será posible encontrar soluciones bastante más flexibles a estos problemas.

Andersen (EDD).
Señor Presidente, centraré mi intervención en la propuesta de adjudicación de contratos para el suministro de agua. En Dinamarca, el suministro de agua está descentralizado y se basa en un principio de solidaridad en lo que respecta a la accesibilidad y los precios. En Dinamarca, el suministro de agua pertenece al consumidor y se administra a escala municipal, dos requisitos de gran importancia a la hora de garantizar la protección de los recursos acuáticos y del medio ambiente. El agua es un bien público. No debe formar parte de una estrategia para el mercado interior ni convertirse en un medio de promover la industria europea. En el futuro, aquellos que controlen el suministro de agua serán los que ejerzan el poder sobre las personas y el dinero. Las empresas multinacionales son excepcionalmente conscientes de esto y hay mucho dinero en juego en este ámbito. Se calcula que, solo en la Unión Europea, el mercado alcanza un valor de 80 millardos de euros cada año, y que, en un plazo de quince años, los grandes monopolios controlarán entre un 65 y un 75% de los suministros de agua que actualmente son públicos.
Ahora, una serie de Directivas, entre ellas las dos sometidas hoy a debate, han incorporado el agua como una mercancía y están tratando de estandarizar los suministros de agua de los países con el propósito de liberalizarlos y garantizar el sometimiento del agua potable a la libre competencia en el mercado interior.
La experiencia del Reino Unido y de otros países es espantosa. Pone de manifiesto que, cuando se considera el agua una mercancía y se privatiza, desaparece el interés por la protección de los recursos. De hecho, los proveedores de agua privados de Londres presionaron con fervor, en igualdad de condiciones con la industria química, simplemente para que permitiéramos una mayor cantidad de pesticidas en el agua potable cuando se negociaron los valores límite.
Los recursos de agua fresca accesibles en todo el planeta son escasos. Hay ahora países en los que es el agua, y no la comida, la que escasea. Liberalizar el suministro de agua significaría que la lucha por el agua tomaría el relevo de la lucha por el petróleo, lo cual ofrece un panorama aterrador.
Actualmente, la Unión Europea trata de obstaculizar los esfuerzos de Dinamarca por proteger nuestras aguas subterráneas frente a la contaminación, al tiempo que pretende levantar una serie de prohibiciones impuestas con respecto a los pesticidas en este país. La Unión Europea no debe destruir también el principio danés en virtud del cual el suministro de agua ha de ser público, pertenecer siempre al consumidor y ser administrado por este, lo cual constituye un requisito importante y esencial para la seguridad del suministro y la protección de los recursos acuáticos. Es preciso que se conceda a cada país el derecho de decidir democráticamente el modelo que desea adoptar para gestionar el suministro de sus aguas.
Otro aspecto menor que, evidentemente, me satisface, puesto que resido en una de las pequeñas islas de Dinamarca, es que por fin se ha descubierto lo absolutamente inútil que resulta convocar concursos para la gestión de nuestros transbordadores, y que se ha iniciado el proceso de redacción de una directiva específica para la exención de dichos pequeños transbordadores de la adjudicación de contratos. Esto me complace mucho, por supuesto, pero demuestra que hay algo que falla básicamente en la exigencia de la Unión Europea de sacar licitaciones para cada tarea.

Karas (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisarios, Señorías, se supone que la presente Directiva relativa a los contratos públicos refleja el resultado de un periodo de negociaciones intenso y de varios años de duración. El debate nos pone de manifiesto que el proceso de formación de la opinión todavía no ha concluido. Nosotros también hemos estado discutiendo continuamente en la comisión acerca de la posibilidad de modificar la Posición Común del Consejo o de rechazarla para después mejorarla.
Tengo que decir que en este caso, para mi país, Austria, las ventajas de la Directiva superan a los inconvenientes, no solo porque el 1 de septiembre de 2002 entró en vigor una nueva ley de contratación pública inspirada en gran medida en la Directiva y en el proyecto de Directiva. Mientras que por un lado la nueva normativa moderniza la legislación de materia de contratos públicos, por otro las Directivas también incorporan importantes aclaraciones para su aplicación práctica, y con ello se pretende conseguir mayor transparencia y concursos más justos.
Quiero incidir brevemente en cuatro puntos. En primer lugar, considero de singular importancia la posibilidad prevista de utilizar medios electrónicos. La implantación del «e-procurement» constituye un elemento central de la nueva Directiva, y de los nuevos instrumentos de contratación electrónicos podemos esperar buenos progresos duraderos. Pero esos instrumentos deberían emplearse exclusivamente para los bienes y servicios normalizados.
El segundo punto es que en Austria hay de hecho oposición a la elevación de los umbrales, ya que iría en contra de la apertura de los mercados de contratación pública centrales, regionales y locales, y de momento solo abarca un porcentaje reducido de los contratos adjudicados al amparo del sistema de la UE. Cualquier aumento por encima de la propuesta de la Posición Común del Consejo limita, en nuestra opinión, el ámbito de aplicación de la Directiva, que a fin de cuentas está encaminada a producir mayor transparencia y equidad en las licitaciones.
Un tercer punto que hay que mencionar son los procedimientos de contratación pública y las normas que rigen las oficinas centrales contratación pública, que se han establecido recientemente y que conforman un sistema organizado según criterios modernos.
Permítanme decir en cuarto lugar algo acerca de la disputa en relación con los objetivos secundarios. Una razón por la que para mí no representan ningún problema radica en que la legislación austriaca en materia de contratos públicos contempla los objetivos secundarios, aunque la ley no fija ninguno. Sin embargo, para mí es necesario que todos los objetivos secundarios sean relevantes para el contrato, lo que significa que han de guardar una relación directa con el mismo, pues de lo contrario se ampara la arbitrariedad por parte del organismo que adjudica el contrato y la parcelación del mercado. Si tiene que haber objetivos secundarios, entonces han de estar claramente definidos, y esto no puede hacerse anónimamente .
Aunque no sé cuál será el resultado de la votación de mañana, considero que es importante que consigamos esta normativa de contratación pública, y además lo antes posible, ya que beneficiará al mercado interior y comportará mayor transparencia y mayor equidad.

Karlsson (PSE).
Señor Presidente, es importante que existan normas claras y apropiadas en lo que respecta a la contratación pública, ya que para este fin se utilizan fondos públicos, procedentes del dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, evidentemente, la contratación debe desarrollarse de forma que los contribuyentes obtengan el mejor rendimiento posible de su dinero. Asimismo, resulta esencial que la calidad sea buena. Todo esto se podría resumir con las palabras «bienes y servicios de alta calidad a buen precio».
Actualmente, esto no es tan sencillo, porque no solo el precio es decisivo. Es fundamental que los que se dediquen a producir los bienes o servicios lo hagan en condiciones equitativas, actuando además de forma respetuosa con el medio ambiente. Es preciso aplicar a la compra de bienes y servicios las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos vigentes en materia de protección social y de la salud, tanto en el plano nacional como comunitario. El entorno laboral ha de ser apropiado y las condiciones salariales justas, si bien esta decisión debe evitar al mismo tiempo crear normas que interfieran con el derecho laboral vigente en el Estado miembro correspondiente.
He presentado una serie de enmiendas similares a las planteadas, por ejemplo, por Bill Miller, quien aborda este tema. Además, resulta esencial que la autoridad o administración adjudicadora pueda cancelar un contrato en caso de que ya no necesite los bienes o servicios en cuestión. Puede que un nuevo gobierno municipal o nacional desee aplicar una política en la que no se requiera efectuar tantas compras como bajo la dirección política anterior.
La decisión que vamos a adoptar ahora no debe limitar la democracia o la capacidad de las de cambiar de rumbo tras unas elecciones generales. La contratación pública consiste en atender las necesidades que los ciudadanos desean que sean satisfechas por la sociedad y sobre la que han tomado decisiones en elecciones políticas. Una ambición desmesurada de velar por los intereses del mercado no debe prevalecer sobre las necesidades de los ciudadanos.

Laguiller (GUE/NGL).
En el debate entre el Consejo y el Parlamento sobre la adjudicación de contratos públicos en la Unión Europea, lo que salta a la vista es hasta qué punto los enemigos más encarnizados del control del Estado dejan a un lado sus reticencias cuando se trata de disputar los contratos del Estado. El dinero público les interesa. Pues, ¿cómo podrían haber construido los grandes grupos de la construcción y de las obras públicas sus imperios financieros sin los contratos del Estado? ¿Cómo sobrevivirían los grupos del armamento si no hubiese dinero público?
La pretendida economía de mercado es una economía asistida, alimentada gota a gota por el Estado. El hecho de que la armonización en materia de contratos públicos avance con tanta lentitud no resulta casual en absoluto. Los grandes grupos industriales desean mantener cautivo el acceso a los fondos de su Estado nacional y, al mismo tiempo, acceder a los fondos públicos de los países vecinos. Por lo que se refiere a las condiciones para la adjudicación de contratos, las normas que comienzan a establecerse muestran en su sequedad administrativa un cinismo disfrazado de sinceridad. En las condiciones de adjudicación, lo único que cuenta es el interés económico de la oferta. Las exigencias medioambientales o sanitarias, como lo denuncian con toda razón Greenpeace o Amigos de la Tierra, se olvidan, al igual que las condiciones de trabajo y de remuneración de los trabajadores de las empresas que se embolsan el dinero público. Y se olvidan igualmente tantos otros aspectos, como las investigaciones arqueológicas. ¡Y se olvidan, por último, los intereses generales de la sociedad! Únicamente cuenta la rentabilidad. La organización social queda reducida a un balance contable. 
Por otra parte y bajo el pretexto de coordinar los procedimientos de los contratos del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, el Consejo intenta que se acepte que se trata de contratos y no de servicios vitales para toda la sociedad. ¡No! Los servicios del agua, la energía, los transportes y los servicios postales deben ser y seguir siendo servicios públicos. No pueden concederse a grupos privados que se interesan por sus beneficios y no por los intereses de los usuarios.
Jonckheer (Verts/ALE).
Señor Comisario: he escuchado con mucha atención su introducción y he intentado comprender en qué se basan nuestras diferencias.
Por supuesto estamos de acuerdo con usted sobre los objetivos de simplificación, modernización y buena utilización de la hacienda pública. ¿Quién no lo estaría? Sin embargo, usted olvida otros objetivos. Mis compañeros ecologistas se los han recordado: se trata de los objetivos del desarrollo sostenible. Nos parece que los contratos públicos y las modalidades para su adjudicación representan medios sumamente importantes para conseguir estos objetivos.
¿Por qué rechaza, como nos lo ha indicado, la enmienda que introducimos en el apartado 1 del artículo 53 de la Directiva clásica, en la que hacemos alusión a las características medioambientales, pero también a los modos de producción ? ¿Por qué negarse a que las autoridades adjudicatarias den preferencia, por ejemplo, a métodos de producción basados en la utilización racional de la energía? Es algo que me parece increíble.
Por una parte, en relación con el artículo 23 de la Directiva: por qué negarse a hacer referencia a otra legislación comunitaria, la relativa a las ecoetiquetas, argumentando que se trata de un «programa voluntario». Muy bien. Hacer de este programa un criterio para la adjudicación de los contratos públicos y estimular a las empresas a respetar este tipo de ecoetiquetas, eso sí que se correspondería plenamente con los objetivos que defiende el Parlamento Europeo y el Consejo para alcanzar un desarrollo sostenible e integrado. El instrumento de los contratos públicos podría ayudarnos en esa tarea y en su presentación usted da testimonio, una vez más y lo lamento, de una visión sumamente conservadora y clásica del Derecho económico y comercial.

Hughes (PSE).
Señor Presidente, yo elaboré la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en primera lectura y quisiera plantear dos cuestiones específicas que siguen derivándose de dicha opinión.
La primera está relacionada con el apartado 2 del artículo 27 de la Directiva clásica y del texto equivalente de la Directiva sobre servicios públicos. Es importante que omitamos la frase «convenios colectivos declarados o considerados vinculantes con carácter general». Esta frase podría crear dificultades e inseguridad jurídica, sobre todo en Alemania y los Estados miembros escandinavos. He trabajado muy estrechamente con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y con los sindicatos de servicios públicos tanto en la primera lectura como en la segunda, y he recibido, como también unos cuantos diputados a este Parlamento, un gran número de declaraciones de personas interesadas de estos países. Espero que votando por partes podamos omitir esta parte del texto acabado en la segunda lectura.
Mi segunda cuestión se refiere al artículo 53 de la Directiva clásica. Es probable que se planteen varias enmiendas para ajustar este texto al del apartado 1 del artículo 55 de la Directiva de servicios públicos, tal y como ha quedado después de la aprobación de una enmienda del Sr. Karlsson en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Bolkestein a este respecto. Si ajustamos la Directiva al texto del apartado 1 del artículo 55 de la Directiva de servicios públicos, estaremos poniéndolas en consonancia con la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. No hacerlo sería un paso atrás. El Comisario y sus servicios han dado sistemáticamente una interpretación demasiado negativa de la jurisprudencia del TJE sobre esta cuestión, de ahí las claras dificultades que tenemos en nuestro debate sobre la aplicación de criterios ambientales y sociales. Espero que mañana se tengan en cuenta estos criterios.
Turmes (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera volver sobre los comentarios del Sr. Harbour. Queremos innovar. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo en que no podremos innovar mediante la imposición de normas en cuestiones ecológicas o sociales? Este solo es el nivel inferior. En una economía se mercado hay factores que empujan al mercado y hay factores que tiran del mercado: el palo y la zanahoria. 
Lo que queremos cuando hablamos de introducir criterios ecológicos o criterios de comercio justo es crear un mercado para la innovación en materia de ecología, comercio justo y aspectos sociales. Por lo tanto, a este respecto necesitamos criterios más claros en la Directiva. Es lo único que necesitamos. Por este motivo estamos presionando tanto. Tuene un efecto enorme: el 15% del producto interior europeo. Si nos tomamos en serio la sostenibilidad, hemos de hacerlo así. La innovación no vendrá de la mano de una competencia feroz en el sector privado. Lo hará porque el sector público asume una mayor responsabilidad.
Comisario Bolkestein, ¿por qué no estamos de acuerdo en este punto? Porque su Europa es una Europa de grandes empresas multinacionales donde no tienen cabida la ecología ni los derechos sociales y donde los pobres experimentan sus malas condiciones de trabajo. Mi Europa es una Europa de ciudadanos. De ello me enorgullezco. Si tenemos que luchar en torno a esta cuestión es porque tiene usted un concepto muy nuevo y liberal de Europa que no nos gusta.
Thorning-Schmidt (PSE).
Señor Presidente, quisiera centrar mi intervención en la parte del informe relativo a la contratación pública en la que, lamentablemente, y a pesar de haber presentado un sólido informe en primera lectura, la calidad, desde ese momento, ha ido de mal en peor, en conexión también con la Posición Común que hemos recibido del Consejo.
Pienso que es un gran problema que el Consejo adopte una Posición Común que no sea conforme al derecho vigente establecido por el Tribunal de Justicia. El hecho de que el Consejo no tenga en cuenta algo que ha sido determinado por el Tribunal constituye un problema importante, y la situación no mejora en absoluto si nosotros contamos con una comisión que pasa por alto la jurisprudencia actual. Creo que nosotros, desde la Unión Europea, tenemos la clara obligación de promover nuestros propios objetivos en lo que respecta al desarrollo sostenible y de cumplir con nuestra responsabilidad social. Esto significa que al mismo tiempo debemos incorporar factores de carácter social y medioambiental en la contratación pública.
Quisiera aclarar a algunos de los diputados de la derecha, que hoy en el Parlamento nos han acusado de ser defensores furibundos del medio ambiente, que en este caso lo que importa es que realmente queremos que la contratación pública sea un proceso transparente y que sea posible incorporar disposiciones sociales y medioambientales en dicho proceso sin distorsionar, naturalmente, el mercado interior. Nadie ha hablado de distorsionar el mercado interior. A todos nos interesa que este mercado funcione como es debido. Simplemente queremos que aquellos que convocan concursos puedan dar importancia a otros factores distintos del precio, como un enfoque amplio del mercado laboral, las condiciones sociales y el medio ambiente. En realidad, esto es muy sencillo y, afortunadamente, contamos con una decisión en esta materia.
El segundo punto que deseo mencionar es que, durante la primera lectura, presentamos una serie de enmiendas al artículo 27, en las que se recalcaba el aspecto de las condiciones del mercado laboral. No obstante, tal y como ha dicho el Sr. Hughes, se ha vuelto a producir un cambio curioso en la enmienda, en virtud del cual se condicionan los acuerdos antes mencionados a que se conviertan en ley en los Estados miembros. Por lo tanto, es esencial que se elimine esa cláusula antes de que se vote la recomendación para la segunda lectura el miércoles. No hay razón para interferir en los acuerdos colectivos que mantenemos en determinados países, y esto es lo que sucederá si la cláusula en cuestión no se suprime. Recomiendo a la Cámara que se plantee la aprobación de la enmienda 40, pero que se niegue a aceptar esta cláusula. Espero que de este modo podamos apoyar la votación por partes propuesta por el Sr. Hughes.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, señor Zappalà, hace unos 10 años yo formaba parte del ayuntamiento de Eindhoven, el Brabante del Sureste, una región tecnológica. Philips y Daf atravesaban tiempos difíciles. Era un período con un elevado desempleo a consecuencia de todo tipo de desarrollos en el mundo empresarial internacional. A la sazón había un convenio entre las empresas y el municipio sobre la construcción sostenible. El empleo en el sector de la construcción era bajo. En aquel momento descubrimos que en Groninga existía un modelo para adjudicaciones europeas que cumplía diversos criterios, por ejemplo en relación con la igualdad de condiciones laborales y derecho social, aunque también los criterios de empleo del mercado laboral regional y los criterios medioambientales. Este modelo nos pareció valioso y lo aplicamos. 
Sobre la base de las propuestas actuales esto estaría permitido en grandes líneas. Sin embargo, el problema que preocupa a muchos en estos momentos es que los demócrata-cristianos, y concretamente la Comisión de Asuntos Jurídicos, han aceptado algunas enmiendas que no permiten gastar el dinero público de esta forma transparente, no discriminatoria y al servicio de objetivos regionales. 
Aquí estamos hablando de una gestión de empresas socialmente responsable para procurar que los objetivos financieros, sociales y medioambientales se integren en una política estratégica. Pero más que luchar por una gestión de empresas socialmente responsable, deberíamos luchar por un gobierno socialmente responsable. Entonces, si tenemos en cuenta la transparencia, también podremos evitar la sensibilidad al fraude. 
Es decir, estamos de acuerdo con algunos de los objetivos a los que se ha referido el Sr. Bolkestein, como la seguridad jurídica y un gasto eficaz, pero una política integral significa que también hemos de incluir otros criterios, y creo que mañana hemos de votar por ello.

Berger (PSE)
. (DE) Señor Presidente, en mi condición de ponente alternativa de mi Grupo quiero disculparme ante usted, ante el Sr. Comisario y ante sus Señorías por no haber podido estado presente el comienzo del debate. Junto con el Sr. Bill Miller he estado atrapada en un autobús urbano de Estrasburgo cuyo conductor no ha sabido encontrar primero el camino a Francfort ni después el de vuelta a Estrasburgo, por lo que nos ha traído a Estrasburgo a través de numerosas autopistas alemanas con bastante retraso.
Con retraso, pero no demasiado tarde, quisiera dar las gracias al ponente por el ingente trabajo que ha llevado a cabo y especialmente por haber resistido a su primera tentación de apostar por el rechazo de la Posición Común, llevado por la decepción, desde luego comprensible, de que el Consejo hubiera asumido tan pocas de las propuestas del Parlamento Europeo. En la comisión hemos debatido sobre este aspecto, y la mayoría de nosotros nos hemos inclinado por la postura de que debíamos realizar el intento -aunque resultara laborioso- de introducir mejoras en la Posición Común del Consejo.
El caso es que, por supuesto, el debate acerca del rechazo de esta Posición Común no ha quedado resuelto. Desconozco si esta misma tarde tal vez ha sido presentada alguna otra enmienda en este sentido. El hecho de que la tentación sea grande tiene que ver naturalmente con que, si bien el Consejo ha asumido bastantes de las propuestas del Parlamento Europeo, se trata más bien de asuntos técnicos inocuos, mientras que las grandes cuestiones de fondo han ido a parar a la papelera.
Para mí lo que sigue contando es que veo en ambas propuestas de Directiva ciertos progresos sustanciales con respecto a la situación jurídica actual, principalmente en cuanto a la modernización, la simplificación, la implantación de procedimientos electrónicos de licitación o la utilización de medios electrónicos en los procesos de licitación, y la manera en que las cosas se simplifican para determinados sectores. Me complace por ejemplo haber conseguido incluir el servicio de Correos en la Directiva de contratos de servicios por iniciativa de este Parlamento.
Pero si por un lado podemos hablar de progreso, deberíamos cuidarnos al mismo tiempo de no terminar caminando hacia atrás. Hoy ya se ha debatido en abundancia acerca de los criterios de adjudicación, y quiero de nuevo arrojar luz sobre algo que al parecer no ha quedado perfectamente claro, a saber, que el texto que presenta ahora la Posición Común supone un paso atrás con respecto a la normativa vigente y sustrae el fundamento jurídico sobre cuya base el Tribunal de Cuentas Europeo podría emitir juicios muy favorables. El resultado es que estos criterios de adjudicación serán más restrictivos en el futuro. Y que sean más restrictivos en este ámbito no significa simplemente que se renuncie a posibilidades que ahora están disponibles, por ejemplo en el ámbito ecológico, sino que lo que me interesa es la cuestión democrática. Una de las instituciones contratistas más importantes en todo el ámbito europeo son los municipios. El diputado Sr. Bouwman ha descrito un ejemplo de su lugar de residencia. Los municipios gozan de legitimidad democrática directa y si llegan por ejemplo a la conclusión de que quieren tener -aunque resulte algo costoso- marcos de ventanas de madera producidos de forma sostenible, en el futuro deberán poder procurárselos. Son responsables frente a sus ciudadanos y sus tribunales de cuentas, y hoy en día tampoco tienen dinero en abundancia.
Esa es mi objeción asimismo a lo que ha dicho el diputado Sr. Karas. Si luchamos por introducir mejoras, lo que nos interesa ante todo es recuperar la situación legal actual y no retroceder a la que había antes; en segundo lugar no se trata de criterios obligatorios en el sentido de todo contratista tiene que aplicar todos los posibles criterios, sino que se trata de que tenga esta posibilidad si así lo desea y lo hace de manera transparente. En la formulación actual, la parte obligatoria solo puede significar que se limitan estas posibilidades. Si bien los considerandos reintroducen la posibilidad de una serie de cosas, lo considero más bien desagradable desde el punto de vista de la política jurídica y a mi entender tampoco aporta mucha seguridad jurídica.
Ya que se ha hablado aquí de las incoherencias que persisten, quisiera volver a formular el siguiente ofrecimiento: tal vez podamos, si alineamos nuestras listas de votación, recuperar mañana algo de lo que ha elaborado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. También estoy en condiciones de anunciar que no vamos a seguir apoyando todas las enmiendas que hemos apoyado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, lo que nos permitirá llevar menos enmiendas al procedimiento de conciliación que lo que hoy por hoy parece lamentablemente inevitable.

Miller (PSE).
Señor Presidente, es importante que tengamos Directivas transparentes y viables. Es importante dar un ejemplo claro a nuestras autoridades locales o a nuestros servicios públicos, que en algunos casos son privados. Sobre todo, es importante que demos un ejemplo claro a las personas que trabajan en los poderes adjudicadores.
Por desgracia, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha presentado una Directiva transparente y viable. Lo que tenemos son dos Directivas que no están en la misma línea. De hecho, en ciertos aspectos son realmente contradictorias. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha perdido una oportunidad de mejorar las disposiciones sociales a favor de los trabajadores. Ha favorecido, hay que reconocerlo, a los trabajadores con discapacidades. Pero podríamos haber avanzado más.
Por este motivo vuelvo a presentar mi enmienda 166, que se aprobó en primera lectura por gran mayoría. Ahora parece que ciertos Grupos no están tan contentos. La enmienda 166 a los apartados 1 y 2 del artículo 53 vuelve a introducir la flexibilidad que precisan los poderes adjudicadores al decidir sobre la adjudicación de contratos, para que no solamente estén sujetos al precio más bajo.
Es preciso dejar claro a todas las empresas que quieran licitar para estos contratos que tienen que cumplir unas condiciones sociales y ambientales con respecto a sus empleados o no conseguirán los contratos.
Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, gracias por darme la palabra una segunda vez en este importante debate. Me gustaría contestar a algunas de las cuestiones planteadas. Quisiera aclarar lo que he dicho antes para que no quede ningún malentendido entre lo que a este Parlamento le gustaría que hiciera la Comisión y lo que la propia Comisión pretende hacer.
En primer lugar, me refiero a lo que ha dicho justo al principio del debate el Sr. MacCormick, y que también han repetido otros oradores. El Sr. MacCormick se refirió a la situación actual de la jurisprudencia. De acuerdo con esta jurisprudencia, la Posición Común ya ha dejado claro que las características ambientales y las cláusulas sociales pueden utilizarse como criterios de adjudicación y que no es necesario demostrar que todos y cada uno de los criterios de adjudicación individuales proporcionan un beneficio económico a los poderes adjudicadores. Basta con que los criterios de adjudicación tomados en su conjunto puedan desempeñar la función que deben, que es permitir una evaluación y comparación objetivas de las cualidades intrínsecas de los productos o servicios ofrecidos y la adjudicación del contrato a la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico. En este punto también me remito a las observaciones del Sr. Harbour, que la Comisión comparte.
En segundo lugar, la Sra. Thors y el Sr. Junker han mencionado los métodos de producción. Quisiera contestarles que, en relación con las enmiendas que pretenden insertar referencias explícitas a los métodos de producción, la Comisión opina que son superfluas porque forman parte de las características ambientales que, como he dicho antes, ya están previstas. Además, se habla de ellas explícitamente como ejemplos de especificaciones técnicas legítimas.
Y llego a mi tercera cuestión, que también ha planteado el Sr. MacCormick. Las palabras del artículo 53 «para el poder adjudicador» se explican en el considerando 44, donde se dice que la mejor oferta se valorará de acuerdo con lo que el poder adjudicador haya definido como sus requisitos. El considerando 44 concreta aún más diciendo que estos comprenden los requisitos destinados a satisfacer las necesidades de interés público en el caso de la sentencia sobre la necesidad de limitar la contaminación ambiental para la población de Helsinki.
El Sr. Koukiadis nos ha dado otro ejemplo más de los criterios de adjudicación válidos de acuerdo con el artículo 53, las necesidades de los discapacitados, que deberían tenerse en cuenta. En el caso de los servicios de transporte, por ejemplo, un mejor acceso a los autobuses para los discapacitados sí que sería un criterio válido. No cabe duda de ello. 
Mi quinta cuestión se refiere a la frase «económicamente más ventajosa», que el Sr. Herman Schmid y una serie de oradores han mencionado. Para contestar a estos comentarios, la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico resultaría de una combinación de criterios económicos pero también cualitativos, y estos últimos no servirían necesariamente para calcular los costes del poder adjudicador, pero sí que ayudarían al poder adjudicador a tomar una decisión.
Mi penúltima cuestión se refiere a las etiquetas, que ha mencionado el Sr. Jonckheer. Tal y como demuestran claramente las posiciones comunes, la Comisión está a favor de especificar la función de las etiquetas ecológicas en la adjudicación de contratos públicos y la posibilidad de remitirse a ellas a la hora de definir especificaciones técnicas. Sin embargo, hay que tener presente que a diferencia de las normas europeas «ordinarias», las etiquetas ecológicas europeas no sustituyen a otras etiquetas ecológicas competidoras, como las plurinacionales. Las propuestas de la Comisión en torno a las etiquetas ecológicas han previsto esta sustitución, pero esta no se aceptó durante el proceso legislativo.
Por lo tanto, en la situación actual pueden coexistir diferentes etiquetas ecológicas, incluso aunque abarquen los mismos aspectos. Por lo tanto, no sería conveniente, y de hecho sería contrario a la política establecida en el sector ambiental, introducir una preferencia por las etiquetas ecológicas europeas en detrimento de otras. La Comisión es consciente de que las referencias a las prestaciones subyacentes a las etiquetas ecológicas, en lugar de requerir simplemente las propias etiquetas, puede constituir una complicación para los compradores. Esta tarea se ha simplificado mediante una base de datos que ha creado la Comisión y que incluye una lista de los distintas prestaciones definidas en las etiquetas ecológicas que pueden utilizarse en relación con procedimientos de adjudicación. Este año se publicará una guía práctica de la adjudicación ecológica de contratos.
Por último, quisiera tratar los asuntos planteados por la Sra. Thorning-Schmidt y el Sr. Hughes, de por qué la Comisión retrocede con respecto a la legislación vigente, interpretada por el Tribunal de Justicia en el asunto de los autobuses de Helsinki. Mi respuesta es bastante sencilla: simplemente no es cierto que las posiciones comunes sean más restrictivas que la interpretación de la legislación actual por parte del Tribunal de Justicia en el asunto de los autobuses de Helskini. 
Por el contrario, mediante la combinación de considerandos y artículos, las posiciones comunes consolidan y especifican las posibilidades ofrecidas por la legislación vigente. No añaden nada nuevo ni suprimen las posibilidades actuales, pero tienen el mérito de explicarlas para no tener que depender de interpretaciones de jurisprudencia, con todas las subsiguientes posibilidades de diferente utilización que conllevan, así como la consiguiente inseguridad jurídica en este asunto crucial. Además, las posiciones comunes especifican que en las mismas condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia, el uso de criterios sociales de adjudicación también es legítimo. 
Quisiera terminar expresando la esperanza de que en su votación el Parlamento apoye la Posición Común para que podamos convertir lo antes posible estas Directivas en leyes.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
(Se suspende la sesión a las 20.34 horas.)

