Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 17 de enero de 2002.

Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. ¿Hay alguna observación?

Pronk
Señor Presidente, quisiera pedirle que incluyera mi nombre en lista de los asistentes de la sesión anterior. No sólo voté, sino que además tomé la palabra en esa sesión y a pesar de todo, no consto como asistente. Espero que este error se pueda subsanar.

El Presidente
Sí, ciertamente, señor Pronk.
(El Acta de la última sesión queda aprobada)

Comunicación del Presidente
El Presidente
Quisiera informar a la Asamblea que, poco tiempo después de mi toma de posesión, he recibido una propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en la que se invita al Presidente a remitir al Tribunal Europeo de Justicia la cuestión de la base legal del Estatuto de la Sociedad Anónima europea para su revisión. La fecha límite para ejecutar esa petición vencía hoy. He realizado muchas consultas, tanto dentro como fuera de la Asamblea, respecto de este asunto y he tenido ocasión de escuchar las opiniones de la Conferencia de Presidentes. He tomado la decisión, sin perjuicio del peso del fundamento - que sustancialmente es un fundamento jurídico - de no recurrir al Tribunal Europeo de Justicia.
Fundamentalmente, he tomado esta decisión, antes de la próxima convención y teniendo en cuenta la Declaración de Laeken, que cita expresamente los Artículos 95 y 308 - los artículos en liza en este asunto - de modo que podamos realizar un acto de fe política entre nosotros mismos y el resto de instituciones, mientras nos preparamos para la mencionada convención. Desde ese momento me he puesto al habla con el Presidente de la Comisión Europea y con el Presidente del Consejo, el Sr. Aznar López. Estoy seguro de que ambos han comprendido el acto de fe política que se ha realizado. Creo que, en las próximas semanas, estarán dispuestos a intentar encontrar, entre todas nuestras instituciones, una manera de reconocer la esencia de estas cuestiones, que no es sino nuestro papel como Parlamento, que representa a los ciudadanos de la Unión, y preocupaciones de estos respecto del proceso de toma de decisiones.
Confío en que al final, este acto de fe política en la primacía de las decisiones políticas, sea recompensado, comprendido y no malentendido. Es importante que - este aspecto de la Cumbre de Barcelona, un asunto que ha estado entre nosotros durante tres décadas y que no tiene parangón entre las cuestiones que tenemos entre manos - se comprenda que no ha sido una decisión fácil de tomar. Confío en que, al final - tanto para aquellos diputados que la semana pasada se inclinaban a estar de acuerdo con mi opinión como para aquellos que entonces no lo estaban - se comprenda que la decisión ha sido tomada de buena fe. Creo que a partir de la misma podemos seguir avanzando.

Lehne
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la mayoría de ustedes sabe que he sostenido una opinión diferente de la de nuestro Presidente. Sin embargo, respeto esta decisión y si ustedes logran sacar como resultado una actitud de good will que luego se traduzca también de manera fáctica en modificaciones de los Tratados o en un reconocimiento de nuestros derechos, constituirá un éxito que no habrá sido posible sin la acción conjunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Presidente.

Medina Ortega
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la decisión que usted ha adoptado. Creo que, en este caso concreto, se trata de un acto de prudencia política, ya que tratamos de defender el mantenimiento del estatuto de la Sociedad Anónima Europea, sin perjuicio de las cuestiones de fondo que plantea el fundamento jurídico.

Cohn-Bendit
Señor Presidente, como sabe, he defendido la posición contraria y sigo convencido de que no querellarse es un error. Únicamente quisiera decirlo también en el Pleno, porque si aceptamos que el Consejo pueda hacer pasar cualquier cosa en codecisión, sustrayéndonos la codecisión, estaremos haciendo el juego al Consejo. Por desgracia, no creo que el Consejo lo interprete de forma positiva, sino más bien como algo que podría repetir. Por tanto, quisiera decir solamente que creo que es un error no denunciarlo ante el Tribunal de Justicia.

Von Wogau
Señor Presidente, quisiera felicitarle por la decisión de no acudir al Tribunal de Justicia Europeo, pues la creación de la Sociedad Anónima Europea ha sido uno de los objetivos de esta legislatura. Ésta es una de las cinco decisiones que espera la economía. Se ha aguardado a esta decisión durante treinta años. Se ha negociado durante treinta años. Acudir ahora al Tribunal de Justicia significaría que se aplaza este asunto una vez más cinco o seis años; efectivamente, bajo estas condiciones de inseguridad ninguna empresa -me he convencido de ello- haría uso de esta importante modalidad nueva. Por esta razón, creo que ha sido inteligente, renunciar en este caso a acudir al Tribunal de Justicia.

Watson
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden: la Asamblea apenas se sorprenderá si, en nombre de mi Grupo, apoyo la posición que usted ha adoptado. Pero, en cualquier caso, le insto a que en su intervención en el Consejo Europeo de Barcelona haga constar contundentemente que nosotros, como Asamblea, no estamos en absoluto satisfechos con el procedimiento seguido y que en el futuro deseamos ver que el resto de instituciones se dirige a nosotros de forma mucho más constructiva y colaboradora.

Barón Crespo
Señor Presidente, como usted sabe el Grupo del Partido Socialista Europeo ha apoyado su decisión.
Desde el punto de vista jurídico, resulta opinable si hemos perdido peso en la codecisión o no. Mi Grupo entiende -como ha manifestado el Sr. Medina- que no y que, además, políticamente, es oportuna la decisión que hemos tomado.
Yo le pido, de cara a la Cumbre de Barcelona, que defienda no sólo nuestra posición en relación con lo que puede suponer para el mundo empresarial europeo, sino también, dada su importancia, desde el punto de vista de la consolidación de la democracia económica y los derechos de los trabajadores.

Poetering
Señor Presidente, en realidad no quería intervenir, pero, naturalmente, si los otros tienen algo que decir yo también tengo algo que decir.

En primer lugar, quisiera darle las gracias por la manera en que ha manejado el asunto. Nuestro Grupo, como lo ha manifestado nuestro colega, el Sr. Lehne, era partidario, en su mayoría, de un recurso. Existían también otras opiniones, como la de nuestro apreciado colega, el Sr. Von Wogau.
Pero me ha gustado cómo ha manejado usted la cuestión, telefoneando al Presidente del Consejo, el Presidente español, José María Aznar, y, tomando contacto, naturalmente, con el Presidente de la Comisión, Romano Prodi. Tenemos confianza en el Presidente de Gobierno español, no sólo en esta función sino también como Presidente del Consejo, en el sentido de que mantenga ahora su palabra y de que a las palabras sigan los hechos.
Quiero decir a la Comisión -señor Comisario, dígaselo también al Presidente de la Comisión, Romano Prodi, lo siguiente: mañana cuando se trate del informe de nuestro colega, Karl von Wogau, de los servicios financieros, de todo lo que entendemos bajo el término de "Lamfalussi" , esperamos que la Comisión mantenga una posición que salvaguarde también frente al Consejo de Ministros los derechos del Parlamento. Esto es lo que esperamos mañana. Si no se produce tal declaración, ello tendrá consecuencias graves para la relación con la Comisión, de suerte que su acción, señor Presidente, servirá seguramente de ayuda mañana para la declaración del Presidente. Le reitero expresamente una vez más las gracias por la manera con que ha manejado usted políticamente este tema.
(Aplausos)

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, he pedido hablar en último lugar, porque hablo en calidad de antigua presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y fue precisamente bajo mi presidencia cuando se debatió esta cuestión.
Quiero decir bien claramente que, desde el principio, la Comisión de Asuntos Jurídicos se planteó esta cuestión como una cuestión jurídica con enorme trascendencia política: se trataba de las prerrogativas del Parlamento y del equilibrio interinstitucional.
Dicho esto, desde el principio la Comisión de Asuntos Jurídicos tuvo muy claro y muy presente que la prioridad en este caso era no entorpecer la entrada en vigor de esta Directiva que llevábamos discutiendo treinta años y, de hecho, en la decisión de dicha Comisión se pide explícitamente que, en caso de que se decida presentar recurso ante el Tribunal, se mantengan los efectos, incluso en caso de anulación.
Quiero decir con esto, señor Presidente, que respeto y entiendo que la decisión que se toma en estos momentos -o que parece perfilarse como mayoritaria de la Cámara- responde a la preocupación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Yo iría todavía más allá de lo que he oído en las intervenciones de algunos colegas. En este caso, el Parlamento Europeo, si no lleva este asunto ante el Tribunal de Justicia, estará haciendo un ejercicio de responsabilidad política mayor. Pues aunque no renuncia a la defensa de sus prerrogativas, entiende que hay un valor superior inmediato y pospone el llevar este asunto ante el Tribunal. Creo que las declaraciones de los Consejos Europeos amparan nuestra posición, no sólo el Consejo de Barcelona sino también la Conferencia Intergubernamental, y es de esperar que se ponga fin al desajuste de bases jurídicas, que es lo que ha producido esta situación.

El Presidente
Le doy las gracias a todos aquellos diputados que han aportado su sucinta contribución a lo que es, de hecho, un minidebate sobre la cuestión, incluyendo a aquellos diputados que han disentido con la decisión tomada. Durante todo el tiempo que tenga el privilegio de dirigir la Asamblea no escatimaré nunca en dar lo máximo según mi propio juicio - junto con las oportunas consultas - para representar nuestros intereses y los intereses de nuestros ciudadanos. Hemos hablado profusamente durante las semanas previas a la elección del Presidente acerca de convertir nuestra Asamblea en una Asamblea más política. Confío en que este acto de fe política exprese que en nuestros próximos pasos vamos a otorgar primacía a las decisiones políticas. Ya veremos si ello logrará en la próxima convención generar un ambiente de creatividad y apoyo entre nosotros y el resto de actores institucionales en nuestro trabajo por Europa.
  
Comentarios relativos al procedimiento

Banotti
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden: quisiera pedir la colaboración de mis colegas del Parlamento, y ciertamente también de la Comisión, tras el desastre que ha azotado Dublín, especialmente la semana pasada, cuando se vio inundada en proporciones considerables, lo que ha dejado sin hogar a mucha gente aterrada, siendo muchos de ellos ancianos. Las escenas de Dublín recordaban más bien a otros países con condiciones climáticas más extremas. Al regresar del Parlamento encontré a mis vecinos - he de declarar un interés ya que vivo en esa parte de la ciudad - deambulando en barcas junto con sus mascotas. Eso es algo que nunca hubiera esperado ver en mi país. Me consta que algunos de los integrantes de su circunscripción, señor Presidente, han padecido la misma experiencia.
Quisiera expresar mi admiración por los que han respondido a la tragedia pero también, si fuera posible, solicitar ayuda para realojar a muchos de los que han perdido sus hogares en esta tragedia.

Andrews
Señor Presidente, tan sólo quisiera expresar lo mucho que aprecio el hecho de que se haya planteado esta cuestión. Ésta afecta tanto a la circunscripción de la Sra. Banotti como a la mía y quisiera adherirme a sus comentarios. Ella reside en esa zona, a la que mi hijo representa en el ayuntamiento. Tengo que decir que la respuesta, no solo del gobierno sino también de la gente, ha sido heroica.

El Presidente
En cuanto a este asunto, me pondré en contacto con las autoridades irlandesas competentes y plantearé la cuestión a la Comisión Europea.
  

Korakas
Señor Presidente, recientemente el Presidente de los Estados Unidos de América, así como oficiales de dicho país han declarado su decisión de continuar ampliando su ataque a otros países con la excusa de combatir el terrorismo o la capacidad de estos países de fabricar armas de destrucción masiva. El Sr. Bush habla del eje del mal, dejando claro que se trata de Irán, Irak y Corea del norte, declarando que están abiertas todas las posibilidades y que los Estados Unidos y sus aliados estarán a salvo. Otros oficiales de alto rango han hecho declaraciones en el mismo sentido causando profunda inquietud...
(El Presidente interrumpe al ponente)

El Presidente
Señor Korakas, respecto de la cuestión de fondo que usted plantea tendremos un debate con el Sr. Solana mañana por la tarde. En mi opinión, el comentario absolutamente juicioso que usted desea realizar debería ser planteado en el transcurso de ese debate.

Korakas
Señor Presidente, quisiera pedir al Parlamento Europeo que se oponga a esta política y que ponga freno de una vez a las situaciones peligrosas que nos sitúan ante una guerra mundial generalizada.

Van Orden
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la seriedad de la situación alrededor de Calais tras la segunda negativa de los tribunales franceses, emitida el pasado viernes, a cerrar el centro de tránsito de refugiados de Sangatte. En especial quisiera resaltar el daño que se está produciendo a la industria del transporte ferroviario británica, a causa de la decisión de las autoridades francesas de cerrar efectivamente el túnel durante 18 horas diarias a los trenes de transporte. A consecuencia de esta situación se están poniendo en riesgo ocho mil puestos de trabajo británicos, también en mi propia región al este de Inglaterra.
A parte del resto de implicaciones de suma importancia, la situación constituye una burla de la idea de la libre circulación de mercancías en toda la Unión Europea. Confío en que la Comisión emprenda medidas urgentes contra las autoridades francesas para rectificar esta situación.

El Presidente
El jueves tendrá lugar un debate conjunto en el que se incluirá una referencia a este asunto. Aquellas Señorías que estén interesadas deberían tomar nota de ese debate.

Caudron
Señor Presidente, intervengo como elegido del norte de Francia, tras la intervención de nuestro colega sobre el centro de Sangatte, que me sorprendió un tanto.
Lo que me sorprendió, en primer lugar, es que ha puesto en duda una decisión judicial. No creía que en su país fuese usual que una asamblea política criticase una decisión de la justicia.
Lo que me sorprendió también es que no se preguntase por qué razón tantos refugiados intentan pasar al Reino Unido. Por último, quisiera indicarle, porque conozco bien ese centro ya que lo he visitado varias veces, que se trata simplemente de gestionar humanamente una situación que, en sí misma, no es humana y es resultado de una falta de armonización de las normas de acogida y de circulación de los no europeos en la Unión Europea.
Más que criticar una decisión judicial o a un país, desearía que, todos juntos, hiciésemos lo necesario por que se adoptasen al fin en la Unión Europea unas normas comunes.

El Presidente
Permítanme recordar a sus Señorías que cualquiera que sea su postura respecto de este asunto, éste se encuentra en el orden del día para el jueves y ese será el momento oportuno para debatirlo.
  

Karamanou
Señor Presidente, el viernes 8 de febrero comenzará la decimonovena Olimpiada de Invierno en Salt Lake City, en los Estados Unidos de América. Como todos sabemos, a través del esfuerzo común de atletas de todos los países del planeta, los Juegos Olímpicos aspiran a fomentar la paz mundial, la amistad, el entendimiento, la solidaridad, el diálogo, la coexistencia pacífica de pueblos y de culturas. Con este espíritu nació en el siglo VIII a.C. la tregua sagrada y constituyó un principio fundamental de los Juegos Olímpicos. Durante su celebración cesaban todas las hostilidades. Las armas se silenciaban.
Señor Presidente, como la idea de la tregua sagrada, es decir de la pacificación mundial, coincide con las ideas y los valores que en repetidas ocasiones nuestro Parlamento ha proclamado, quisiera rogarle que dirija una carta al Presidente del Comité Olímpico, al Sr. Rogge, y al Secretario de las Naciones Unidas, Sr. Koffi Anan, que confirme que el Parlamento Europeo apoya la idea de la tregua, y e invita a todos los implicados en conflictos a deponer las armas y a que dediquen las semanas siguientes, durante la celebración de los Juegos Olímpicos, a solucionar sus diferencias con medios pacíficos.

El Presidente
Tal y como usted lo solícita, así lo comunicaremos.
  

Helmer
Señor Presidente, quisiera saber si usted comparte mi inquietud por la sensiblera exposición que tuvo lugar la semana pasada en el edificio del Parlamento en Bruselas, titulada "Nosotros en el corredor de la muerte" . Esta exposición ha pretendido dotar de glamour a criminales presos que han cometido delitos atroces. Seguramente, nuestros votantes preferirían que guardásemos nuestra simpatía para las víctimas de esos crímenes y para las familias de las víctimas que están condenados a una sentencia de pena perpetua.
Sus Señorías también tendrán presente que la opinión pública de varios Estados miembros continúa siendo decididamente favorable a la pena de muerte. En el futuro, ¿sería posible evitar tales manifestaciones de mal gusto, o por lo menos que se respeten los intereses de las víctimas y sus familias?

El Presidente
Señor Helmer, quisiera recordarle que el Tratado de Amsterdam incluye entre sus disposiciones la prohibición de imponer la pena de muerte. Esto no sólo es de aplicación a los Estados miembros...
... sino que también constituye un requisito de la adhesión para los estados candidatos a la misma. So pena de causarle una mayor ofensa, he de admitir que asistí a la inauguración de la exposición y que hacerlo fue un orgullo para mí.

Banotti
Señor Presidente, como cuestor competente para las exposiciones, en algunas ocasiones me veo obligado a rechazar algunas de ellas, pero teniendo en cuenta el distinguido historial de este Parlamento en relación con la pena de muerte, fue un orgullo para mí autorizar la exposición.
  

Corrie
Señor Presidente, quisiera pedirle que considerase la posibilidad de dirigirle una carta al Presidente de Nigeria expresando la condolencia de los diputados de esta Asamblea por las horribles explosiones ocurridas en Lagos. Más de 1.000 personas murieron y ahora hay allí más 4.000 huérfanos. Estoy seguro de que todos los integrantes de esta Asamblea desean que ellos sepan de nuestros sentimientos.

El Presidente
Señor Corrie, me satisfará mucho hacerlo.

Tráfico ilícito de drogas
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0460/2002) de Arie M. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una decisión-marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (COM(2001) 259 - C5-0359/2001 - 2001/0114(CNS)).

Oostlander
Señor Presidente, voy a intentar superar el ruido que hay. El informe presentado trata de la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una decisión-marco del Consejo. Todo esto forma parte de los objetivos marcados en los diferentes Tratados, en especial en el Tratado de Ámsterdam, mediante los cuales se ha de lograr alcanzar un espacio de libertad, seguridad y justicia cuyo programa figuraba explícitamente en la agenda de las posteriores Cumbres. No obstante, no se trata de una propuesta ambiciosa. En este caso, se trata de la cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza poniéndose de acuerdo sobre la duración mínima de la pena máxima que será incluida en los códigos penales de los Estados miembros.
En realidad, todo el informe ha sido redactado para que pudiera ser adoptado por el Consejo y, por lo tanto, no constituye nada más que el menor denominador común de lo que se incluirá en los códigos penales de los Estados miembros.
Por consiguiente, tenemos entre manos un documento bastante modesto que nuestra Comisión ha querido reforzar en algunos aspectos de forma constructiva, para que estuviera dentro de los márgenes de lo políticamente alcanzable. Es decir, no se ha mantenido ningún debate explícito sobre la política en materia de drogas. No quisimos adoptar ninguna decisión en la propuesta ni en la decisión marco sobre la legalización de determinadas drogas, como tampoco quisimos pronunciarnos sobre la distinción entre determinadas drogas blandas y duras. Todo esto no tenía cabida en este informe. Los objetivos fueron mucho menos ambiciosos. Por lo tanto, espero que se rechacen en la votación las enmiendas que aluden implícitamente a estos temas, con el objeto de poder presentar al Consejo una propuesta viable que concuerde democráticamente con la opinión de la mayoría de la población europea. Hemos intentado - y en este aspecto, en efecto, sí hemos llegado al consenso en el seno de la Comisión - endurecer un poco más el informe con respecto a las penas, no sustituyendo por ejemplo las penas privativas de libertad por otras alternativas cuando se trata de delitos graves. No cabe imponerles a estos criminales como pena alternativa la obligación de prestar ayuda durante veinticuatro horas en una residencia.
Por otra parte, ya propusimos a la Comisión y el Consejo que estudiaran la posibilidad de imponer sanciones civiles que afecten a lo más preciado de los criminales, es decir, a sus posesiones.
En tercer lugar, estamos de acuerdo en que preferimos no desarrollar una burocracia paralela bajo el mando del secretario general del Consejo. Si en el Tratado de Amsterdam se considera realmente la transferencia de determinadas competencias del tercer pilar al primero, hemos de continuar y no debemos anticiparnos a hacer una política radicalmente distinta instaurando una burocracia en la sombra bajo el mando del secretario general.
Señor Presidente, incluso dentro el espectro político neerlandés no me encuentro entre los radicales en esta cuestión, sino entre los moderados. Me parece que este enfoque jurídico en relación con el grado de las penas, etcétera, constituye la última parte y no la esencia de nuestra política en materia de drogas. Lo más importante son las medidas preventivas y terapéuticas, o sea, la política que hemos diseñado en estos ámbitos. Evidentemente, no debemos descuidar el enfoque jurídico, porque está intrínsecamente relacionado con el mantenimiento del orden público. A este respecto, constituye con razón la pieza final que merece ser.
Por lo demás, opino y opinamos que la cooperación comunitaria se ha de imponer de forma más estricta conservando el respeto por el margen de maniobra de los jueces nacionales, tal vez incluso mayor del que da muestras ya la propuesta de la Comisión.
Y paso ahora a la cuestión de las enmiendas. Después de la votación en la Comisión, se presentaron trece enmiendas de lo cual no me alegro. Mejor dicho, me gustaría desaconsejarlas todas. En la enmienda 37 se amplía el concepto de que la represión no ha de ir dirigida a los drogadictos ni tampoco a los consumidores. Me parece que el informe no ha de pronunciarse sobre esta cuestión y que corresponde a cada Estado miembro aplicar la política que estime oportuna con respecto a los consumidores. De todas maneras, es evidente que el hecho de que no queramos perseguir a los drogadictos está basado en la preferencia por el aspecto terapéutico de nuestra política.
Por otra parte, he observado que estas trece enmiendas aparecen muchas veces los términos gran escala, internacional, transfronterizo y organizado. Todo esto me parece un poco forzado. Estos términos figuran ya en el texto y parece que los que han presentado estas enmiendas tienen la intención de limitar el alcance de la propuesta. Figura incluso que sólo se puede intervenir si el comercio va de un país comunitario a otro. Creo que esto va demasiado lejos. O sea, la decisión marco no se aplicaría a lo que llega directamente de Colombia, Surinam y las Antillas Neerlandesas. Quisiera desaconsejar la adopción de este punto con toda sinceridad. Asimismo, la inducción y la complicidad se quedarían fuera del ámbito de esta propuesta según alguna enmienda.
Señor Presidente, quisiera decir que, hay personas más librepensadoras que el ponente. Como tampoco son de las más estrictas, quisiera rechazar todas las enmiendas que, a mi juicio, son librepensadoras.

Coelho
Señor Presidente, por ser ésta la primera vez que hago uso de la palabra desde su elección quisiera desearle las mayores felicidades en la Presidencia del Parlamento Europeo. Y quisiera felicitar a mi colega el Sr. Oostlander por la calidad de este informe, que el Partido Popular Europeo apoya sin reservas, y el esfuerzo que le ha dedicado. El problema de la droga es el centro de las preocupaciones de los ciudadanos europeos. Hace años que el Parlamento Europeo ha ido participando con empeño en la lucha contra la droga. Y hoy resulta evidente la dimensión europea de la lucha contra la droga en acciones que van desde la aprobación de instrumentos jurídicos contra la fabricación de drogas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales hasta la cooperación con los países productores y el fomento de la prevención y la lucha contra la toxicodependencia, ya sea en la vertiente del tratamiento o en la de la reinserción, pasando por el desarrollo de redes de información y coordinación entre los Estados miembros.
Conviene tener presente que desde el fin de la "guerra fría" el tráfico de droga ha registrado un aumento sin precedentes como fuente de financiación de actividades de organizaciones delictivas y terroristas. En este momento se considera que la delincuencia vinculada con la droga y la dimensión del tráfico de drogas pueden representar el ocho por ciento, aproximadamente, del comercio mundial. De modo que poner término a ese tráfico significaría acabar con una de las mayores fuentes de financiación de esas organizaciones delictivas y terroristas.
Pero esta propuesta de decisión-marco, como muy bien recuerda nuestro colega el Sr. Oostlander, no viene a proponer nada nuevo ni a fortalecer los instrumentos de lucha contra el tráfico internacional de droga. Se trata de un paso necesario y sabemos que va encaminada a dar respuesta a las necesidades reconocidas en el plan de acción de Viena, en las conclusiones del Consejo de Tampere y en la estrategia de la Unión Europea de lucha contra la droga para el período 2000-2004. En efecto, se trata de un paso necesario, pero insuficiente: se limita a establecer un mínimo denominador común de las disposiciones nacionales vigentes en cada uno de los Estados miembros en materia de infracciones en la esfera del tráfico de droga. De modo que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que esas infracciones estén sujetas a sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas penas de privación de libertad cuyo límite no puede ser inferior a cinco años de cárcel en los casos más graves. Ahora bien, ése es, en mi opinión, un límite muy bajo, en particular teniendo en cuenta que la legislación vigente en los Estados miembros impone ya severas penas en relación con el tráfico de drogas, en particular cuando se pueden considerar circunstancias agravantes la escala y la gravedad del caso. Por ejemplo, en mi país, Portugal, ese límite es de doce años y se puede agravar en un tercio.
En último lugar, quisiera mencionar un aspecto que reviste la mayor importancia, que es la confiscación de todos los beneficios ilícitos que procedan directa o indirectamente del delito de tráfico o de participación en una organización delictiva o en una conspiración cuyo objetivo sea el tráfico de droga. Creo que corresponderá a uno de los deseos de muchas de las organizaciones que han hecho un esfuerzo notable en la lucha contra la droga que parte del producto obtenido con la confiscación de esos bienes revierta a favor de la política de prevención.

Swiebel
Señor Presidente, la política en materia de drogas ha suscitado ya muchas veces debates acalorados en el seno del Parlamento Europeo. Los extensos discursos de turno ponían todo patas arriba y sacudían los fundamentos de la familia, la religión y la autoridad. Hoy nos encontramos en un ambiente más sosegado. La propuesta de la Comisión Europea se queda limitada a los aspectos jurídicos y cabe tratarlos con sentido común.
Como subraya la Comisión con mucho acierto en la propuesta, la responsabilidad de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas la tienen, en primer lugar, los Estados miembros. Sin embargo, dado que se trata a menudo de un comercio que se extiende por varios países, una decisión marco que aborde este comercio transfronterizo puede complementar de forma útil la política nacional.
No obstante, lo que se echa en falta en la propuesta presentada por la Comisión es una distinción entre los diferentes tipos de drogas, y falta, por lo tanto, un sistema diferenciado de penas por tráfico ilegal de drogas. En un creciente número de países de Europa se hace una distinción entre drogas blandas y drogas duras, basada en los riesgos que acarrean para la salud y hay cada vez mayor apoyo para realizar una política enfocada a una información sincera y a la prevención de riesgos en materia de salud. Partiendo de esta base, algunos Estados miembros están llevando a cabo una política tolerante en materia de drogas blandas. La decisión marco presentada no debería echar a pique esta política.
Con respecto a los delitos, habrá que tomar en consideración diferentes factores para llegar a unas penas efectivas y proporcionadas. Lamentablemente, los criterios para fijar la gravedad de un delito, como la dimensión del comercio, la frecuencia y el carácter de los medios empleados, no están incluidos en la propuesta. Por este motivo, mi Grupo Parlamentario, junto con otros tres Grupos Parlamentarios, ha presentado una enmienda con el fin de que se incluyan estos criterios. Tanto las diferencias culturales, las diferentes políticas penales de los Estados miembros como el principio de subsidiariedad justifican que esta propuesta quede limitada al tráfico ilegal de drogas transfronterizo y organizado. La gran mayoría de mi Grupo Parlamentario considera que sólo con esta limitación la decisión marco tiene un valor añadido.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, señor Comisario, debo reconocer que hablo en nombre de una pequeña minoría en nuestro Grupo. El tráfico de drogas en Europa es cada vez peor. Es provechoso que nuestras fronteras estén abiertas, pero la desventaja es que aumenta el contrabando, entre otras cosas de drogas. Me preocupa ver que parece que cada vez hay más países que renuncian a contar con una clara postura restrictiva frente a la drogadicción. ¡Nuestro objetivo debe ser una Europa sin drogas, sin lugar a dudas! Renunciar a esta meta sería dejar en el abandono a miles de jóvenes.
Señor Presidente, soy consciente de que el problema del Sr. Oostlander es encontrar un concepto equilibrado. En general, parece que lo ha logrado. Aplaudo el tono más restrictivo que ha usado hoy, pero no comparto algunas expresiones. Las enmiendas apuntan en una dirección equivocada. Sería fatal asumir una actitud más permisiva hacia las denominadas drogas blandas. Es sabido que a través de ellas se llega al abuso de drogas duras.
Los liberales suecos, y una gran parte del Grupo liberal, votaremos en contra de todos los intentos de suavizar la política restrictiva de drogas. Nos oponemos a las enmiendas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 37. Respaldamos las enmiendas 32 y 36.

Buitenweg
Señor Presidente, el ponente nos acaba de pedir que no hagamos referencias a la legalización de las drogas o a una política de permisividad porque no forma parte de este debate. Sin embargo, yo no estoy tan segura de ello. El tráfico ilícito de drogas me parece un término demasiado general. El Sr. Oostlander es contrario a la política de permisividad neerlandesa, y me parece perfecto. A mi también me parece un arreglo a medias. Preferiría que se legalizaran las drogas blandas ya que las drogas blandas, a fin de cuentas, son menos dañinas para la salud que el alcohol que también en esta sede corre a mares.
No sólo en los Países Bajos se permite el consumo de drogas blandas. Por motivos de salud, esta política se aplica también en otros países tanto a nivel local y regional como incluso a nivel nacional. Aún haciendo ahora unas declaraciones muy estrictas, la práctica en la vida cotidiana será muy distinta. Limitémonos entonces a la política que podemos llevar a cabo que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, constituye una tarea europea y que cuenta con un amplio respaldo parlamentario y social: la lucha contra el lucrativo comercio organizado e internacional de drogas. Las otras cuestiones las puede dirimir el Sr. Oostlander a nivel nacional puesto que la celebración de las elecciones está a la vuelta de la esquina.

Andrews
Señor Presidente, teniendo en cuenta que las muertes relacionadas con las drogas se elevan a un número que se sitúa entre 7.000 y 8.000 al año, mi Grupo va a apoyar intensamente el informe del Sr. Oostlander y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas.
Podemos tener la certeza que cualquier informe realizado por el Sr. Oostlander esconde un agudo sentido de intencionalidad e integridad. En Irlanda, con una línea de costa de 3.000 millas, la posibilidad de tráfico ilegal de drogas siempre está presente. La cooperación a escala europea, por tanto, no solo es bien recibida sino que es fundamental. Espero ansiosamente unas propuestas más concretas a escala de la UE relativas a la forma en que la UE puede ayudarnos a que las drogas no sólo no entren en Irlanda sino que tampoco lo hagan en el resto de Europa.
¿Qué tipo de mensaje quieren sus Señorías que sea emitido desde este Parlamento? ¿Que drogas tales como la heroína o la cocaína en crack están bien? No puedo aceptar esto. La decisión debe depender de los diputados de esta Asamblea. Pero las opciones son claras: o bien se apoya al Sr. Oostlander o bien se emite el peligroso mensaje de que la heroína y las drogas sintéticas para uso personal y su distribución son aceptables.
La enmienda 28 del Grupo PSE, el Grupo de Los Verdes/ALE y del Grupo GUE/NGL y de otros no puede ser malinterpretada: "...los usuarios que produzcan, adquieran y/o posean drogas para uso personal y los usuarios que suministren drogas a terceros sin la intención de obtener un beneficio, quedan excluidos del ámbito de esta decisión marco." Por lo tanto, es completamente aceptable suministrar heroína a menores o a adultos siempre y cuando no se tenga la intención de obtener un beneficio de ello. De hecho ¿quién es el que obtiene un beneficio? Lo obtienen los grandes señores de la droga que, parece ser, toleramos. Parece que somos capaces de perseguir a los terroristas responsables de los abominables sucesos del 11 de septiembre, pero parece estar fuera de nuestro alcance atrapar a los terroristas internacionales de la droga.
Tenemos que saber quiénes son. De hecho, el asesinato de la periodista Verónica Guerin en mi país empujó a los políticos y a la policía a emprender una serie de acciones que terminaron con una salvaje cultura de gangsters en Irlanda. Lamentablemente esos gangsters han sido reemplazados por otros criminales más jóvenes e incluso más perversos. Durante la semana pasada, atendiendo asuntos en mi circunscripción, he sido testigo de verdaderos complejos gestionados por las drogas. Hay que parar a esa gente. Las personas que producen esa cocaína y heroína, provocan tales estragos en nuestras ciudades y pueblos y en las zonas rurales, deben ser parados. El informe del Sr. Oostlander constituye un paso pequeño aunque muy importante en esa dirección. Este informe tiene toda la integridad que se espera de este Parlamento. Le doy las gracias por sus esfuerzos en este sentido.

Blokland
Señor Presidente, el Sr. Oostlander corrobora lamentablemente que esta propuesta de la Comisión no es gran cosa. Es sólo una mera codificación del menor denominador común de la legislaciones de los Estados miembros.
Por decir la verdad, estoy contento con este enfoque cuidadoso de la Comisión. El derecho penal es un ámbito en el que confluyen la cultura e historia nacionales. En mi opinión, aquí cabe actuar con ciertas reservas a la hora de transferir competencias a nivel europeo. La regulación europea sólo tiene un valor añadido tratándose de problemas claramente transfronterizos.
Sin embargo, parece que esta opinión la comparten muy pocos en el Parlamento. He observado con gran sorpresa que mis colegas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo de los Verdes me han adelantado por la derecha. En sus respectivas enmiendas hacen del principio de la subsidiariedad, de las diferencias culturales y de la legislación nacional su bandera cuando se trata claramente de un problema transnacional, el tráfico ilícito de drogas, que requiere una regulación europea. Mi colegas quieren añadir los términos transfronterizo y organizado a esta definición. Me parece que estos conceptos son inherentes al comercio de drogas y creo que es innecesario añadirlos, es más, incluso creo que sólo servirán para dificultar la aplicación de la decisión.
Por último, el ponente no ve con buenos ojos esta sencilla codificación del menor denominador común de las legislaciones de los Estados miembros. Los que han presentado las enmiendas parece que no ven con buenos ojos este denominador común en sí. De ello se deduce que el principio de subsidiariedad no es más que un argumento oportunista que se emplea para proteger la política neerlandesa en materia de drogas tan desviada internacionalmente.
Para terminar, quisiera decir que apoyo esta propuesta con la que se dan los primeros pasos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, un problema transfronterizo que constituye un peligro directo para la seguridad de los ciudadanos europeos. Los Países Bajos pueden verse seriamente comprometidos porque su legislación no se aplica como se debería, lo cual me parece una consecuencia de una política incoherente que requiere una adaptación a la legislación europea e internacional y no al revés.

Dupuis
Señor Presidente, Señorías, el sábado por la noche murió en Italia un chico de 18 años, Alessandro Macioci. Se suicidó inhalando los gases de escape de su coche, porque había sido acusado, señor Oostlander, de tráfico de drogas, pues la policía había encontrado en su bolsillo 2,5 g de hachís. Estos son hechos, señor Oostlander, no es literatura.
Así es como los policías de algunos Estados miembros de la Unión Europea interpretan la política que usted nos propone contra la gran delincuencia, así se interpreta la armonización que nos propone. Dicha armonización constituye, contra toda lógica, una ingerencia en los asuntos de los Estados miembros de la Unión Europea, significa el despliegue de políticas absurdas - de un país como Francia, por ejemplo - y una imposición para Estados que, al fin, empiezan a comprender. Al decir esto, pienso en el Estado al que usted pertenece, los Países Bajos, cuya política no ha aprobado, pero también en Bélgica, Portugal y España, donde diputados del PP español llevan a cabo, en Madrid, experiencias muy interesantes en materia de reducción de los riesgos.
Evidentemente, no podemos armonizar esa política. Lo que debemos armonizar, es todavía peor, es un enfoque totalmente libertino de la ley, señor Oostlander, porque usted propone leyes que no son aplicables. Los liberales y los "libertarios" quieren leyes que es posible aplicar: pero lo suyo es el libertinaje con la ley. Después de 30 años, su política ha producido, día tras día, leyes que nunca se han aplicado. Su política destruye además países enteros, como Colombia, Bolivia, Perú, Laos o Birmania, países literalmente destruidos por su política prohibicionista de las drogas.
Creo que, más allá de las amistosas palmadas a la espalda que recibo de muchos diputados, incluso de centro-derecha, señor Oostlander, esos diputados se dan cuenta de que esta política prohibicionista es una política criminógena, criminal; comprenden que habría que adoptar un enfoque completamente diferente. Su informe, aun cuando intente limitar su alcance, como ha tratado de hacer en su comentario inicial, va exactamente en sentido contrario.
La Comisión no tiene que meterse en esto. La Comisión no ha sido capaz de decir "no" al Sr. Arlacchi, a su gestión delictiva, durante cinco años, con agentes del KGB reciclados, con generales rusos que se han dedicado al tráfico: todos lo sabemos, son hechos que leemos todos los días en los periódicos.
¡Que la Comisión se ocupe de las cosas de las que sabe ocuparse! Que empiece a mirar en los informes del UNDCP, pero que no nos dé la lata con propuestas totalmente absurdas como ésta. Pienso que ya es hora de que nuestro Parlamento tenga el coraje de mostrar algo menos de hipocresía, que haga lo que nuestros colegas Chris Davies y Marco Cappato han hecho recientemente en el Reino Unidos, que finalmente demostremos, nosotros los diputados, lo absurdo de estas leyes.

Malliori
Señor Presidente, tal como se ha dicho, el informe de la Comisión relativo al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas es un paso pequeño, temeroso en la solución del tremendo problema del tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. La propuesta central, que afecta a la definición de la pena, desgraciadamente se refiere al límite máximo, que no debe ser inferior a cinco años, lo que deja libre al juez de decidir una pena de hasta muchos años. Por supuesto, algo así está muy lejos del espíritu de la armonización, puesto que casi todas las legislaciones nacionales prevén penas mayores.
Sin embargo, señor Presidente, debo subrayar que con las enmiendas presentadas - que espero que se apruebe la mayoría - conseguimos ciertos beneficios secundarios en esta decisión. Primero, está claro que el drogodependiente no debe ser considerado infractor, sino enfermo y el consumo no debe estar penalizado. Segundo se propone que los ingresos procedentes del embargo de bienes de los grandes traficantes se destinen a programas de prevención y de desintoxicación y para terminar, quisiera decir que espero que en el futuro la propuesta de la Comisión sea más ambiciosa, que plantee claramente y en armonía límites mínimos y no máximos de la pena y para los grandes traficantes, de modo que se salvaguarde el espacio de seguridad y de justicia en el ámbito de la Unión Europea.

Van der Laan
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Oostlander que ha hecho algunas sugerencias muy valiosas para mejorar la propuesta de la Comisión: en primer lugar, aumentar la posibilidad de atacar directamente al bolsillo de los criminales de la droga. Si apretamos a estas personas donde realmente les duele, es decir en su monedero, este enfoque será mucho más efectivo que el endurecimiento de las penas de cárcel. Asimismo, no hemos de dirigir la represión contra el drogadicto, sino hemos de enfocar nuestra política a la prevención. Esta señal positiva es a la que ha de dirigirse Europa con sus limitados medios.
Sin embargo, a partir de aquí se bifurcan nuestros caminos. Me siento particularmente satisfecho de que, siguiendo la tendencia europea de realizar una política en materia de drogas más realista, la mayoría del Grupo Parlamentario Liberal europeo adopte no solamente todas las enmiendas que tienen por objeto hacer una distinción entre drogas blandas y drogas duras y no perseguir al consumidor sino también las que quieren limitar esta propuesta al tráfico ilegal de drogas y transfronterizo. Por lo tanto, nos tenemos que centrar con nuestros limitados medios en los grandes criminales y no en los pequeños consumidores.
Me gustaría indicar a los colegas del PPE que están diciendo que el Parlamento está dando señales peligrosas, que es más peligroso hacer una política de simbología. A fin de cuentas no tenemos ninguna codecisión en este ámbito.
Asimismo, mi Grupo Parlamentario cuestiona también dos propuestas concretas de la Comisión. Nos parece imprudente extender la duración mínima de la pena máxima a todos los delitos en materia de drogas y no limitarla a determinados delitos. Apoyaremos también la enmienda que defiende una limitación al respecto.
Por último, el considerando que prevé atenuantes cuando el autor del delito haya proporcionado información útil a las autoridades para identificar redes delictivas de tráfico nos parece que va demasiado lejos. Se trata de una materia muy sensible que los Estados miembros manejan de diferentes formas. Nos parece que se pasa de la raya que se intente regular de repente de esta forma y encima sin matizarlo.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Oostlander, por el excelente informa que presenta y recordar que esta decisión-marco que la Comisión presenta se enmarca en una estrategia global de lucha contra la droga basada en un planteamiento equilibrado de medidas de reducción de la demanda y de la oferta y de acción contra el tráfico ilícito.
Esta propuesta no es TODA la política europea sobre la droga: esta propuesta se refiere sólo a un componente específico que tiene que ver con la lucha contra el tráfico de droga. Pero el planteamiento de los asuntos relativos a la droga en la Unión Europea figura en el plan de acción para el período 2000-2004, cuya evaluación se hará a mitad de período, durante el corriente año. En Laeken, los Jefes de Estado o de Gobierno pidieron que al final de mayo de este año, a más tardar, aprobemos la decisión-marco de armonización de las sanciones penales en el nivel europeo sobre el tráfico de drogas. Y ése es el objetivo exclusivo de esta propuesta. La Comisión considera que, en la lucha contra el tráfico de droga, es necesaria una estrecha cooperación entre las diferentes autoridades judiciales, policiales y aduaneras de los Estados miembros para responder al desafío del tráfico de droga transnacional. Semejante cooperación, para ser eficaz, debe basarse en un planeamiento común en el nivel de la Unión, en particular en la aproximación de las definiciones de las incriminaciones y las sanciones penales aplicables al tráfico, que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Nos congratulamos de los objetivos del informe del Sr. Oostlander. Está claro que las medidas represivas contra los traficantes deben ser complementadas y completadas con una política de prevención y reinserción social de los toxicodependientes. La naturaleza del instrumento previsto versa sólo sobre los aspectos represivos del fenómeno de la droga. Para preparar esta iniciativa penal, la Comisión trabajó -podemos decirlo- con pleno conocimiento de causa gracias a importantes trabajos preparatorios que realizamos, en particular estudiando las definiciones en cada uno de los Estados miembros, las sanciones aplicables en la ley y -lo que no es menos importante- las condiciones concretas de aplicación de las sanciones penales para el tráfico de droga en cada uno de los quince Estados miembros. Ese estudio, que se hizo público, permitió un análisis comparado de la legislación de todos los Estados miembros en materia de tráfico de droga.
Por eso, la primera precisión importante que hay que hacer es la de que el objetivo es armonizar las sanciones penales para el tráfico de droga. No se puede considerar esta propuesta limitada al tráfico transnacional o al tráfico transfronterizo. Porque una de dos: o en la mayor parte de los casos de drogas el tráfico tiene un origen extraeuropeo y es siempre transnacional o, si no, no veo cómo se puede querer castigar más severamente un tráfico transfronterizo que el tráfico grave que se hace dentro de cada uno de los Estados miembros. Los Estados no pueden tener dos códigos penales, uno para aplicar al tráfico de drogas exclusivamente dentro de su frontera y otro para aplicar al tráfico de droga cuando entraña una dimensión transfronteriza.
Pasamos a la segunda cuestión: la definición de tráfico de droga. La Comisión ya fue criticada aquí, a ese respecto, por ser poco ambiciosa. ¿Qué hicimos? Nos limitamos a recoger los elementos decisivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, de 1988, e integramos esa definición con las disposiciones nacionales relativas a la definición de las infracciones relacionadas con el tráfico de droga. En ese sentido es un intento de encontrar una síntesis para la definición de tráfico de droga. Pero a este respecto -tercera nota importante- respetamos el principio de subsidiariedad. Y, por eso, en esta definición no va incluido el consumo individual de droga, ni la transacción no lucrativa para fines de consumo personal. Se dejan esas materias a la jurisdicción exclusiva de cada Estado miembro, porque, como ha revelado este debate, en esa esfera las soluciones de los quince Estados miembros son substancialmente distintos.
Por tanto, esta propuesta de la Comisión no viene a modificar esas diferencias de las legislaciones nacionales en esas zonas en las que el tráfico de droga para fines de consumo personal no queda comprendido en las sanciones penales. Pero cuando el tráfico tiene una dimensión y una gravedad que debe ser objeto de sanciones penales, la Comisión propone que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. La sanción mínima de la pena máxima de cinco años es una sanción que da no sólo gran margen de maniobra para que los jueces apliquen la ley en función de las circunstancias de cada caso de tráfico, sino que, además, es una propuesta encaminada a dar una idea de la gravedad con que se pretende castigar los casos de tráfico de droga a los que se aplica esa sanción.
Sé que en algunos países -el Sr. Carlos Coelho se ha referido al caso portugués- la sanción mínima de la pena máxima es más severa. Debo decir que en otros es más leve y que esa cifra de cinco años corresponde -nos parece- a una horquilla mínima de armonización, con lo que se deja, naturalmente, a la legislación de cada Estado miembro la posibilidad de establecer otras horquillas más severas de la sanción mínima a la pena máxima aplicada. Pero ésta es una cuestión que está en debate en el nivel del Consejo. Por eso, creo que esta propuesta, que aprobará -espero- el Parlamento, constituye un primer paso en una lucha en la que todos los Estados miembros participan contra el tráfico de droga que amenaza la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y que, como ha subrayado el Sr. Oostlander, constituye una de las fuentes de financiación de otras innumerables actividades delictivas, entre las cuales el propio terrorismo. En ese marco, espero que el Parlamento apoye el informe y cree las condiciones para que el Consejo pueda aprobar esta decisión-marco al final del mes de mayo, a más tardar, del corriente año.

Nacionales de terceros países
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los informes siguientes:
Informe (A5-0436) de la Sra. Ludford en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (COM(2001) 127 - C5-0250/2001 - 2001/0074(CNS)).
Informe (A5-0455) de la Sra Keler en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones en las cuales los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período no superior a tres meses por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses (COM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0074(CNS)).

Ludford
. (EN) Señor Presidente, esta propuesta ejecuta uno de los compromisos más importantes de la Cumbre de Tampere de octubre de 1999 relativos a la justicia y los asuntos de interior. Éste apelaba a que el estatuto legal de los nacionales de terceros países residentes de larga duración fuera aproximado al de los nacionales de los Estados miembros, de suerte que dispongan de un conjunto de derechos uniformes lo más cercano posible a los que disfrutan los ciudadanos de la UE. De modo que su objetivo es que a los inmigrantes o los refugiados que han sido residentes legales al menos durante cinco años les sea concedido el estatuto de residentes de larga duración de la UE.
Esta propuesta evidentemente no cubre a las personas que se encuentran ilegalmente en la Unión Europea. Tampoco es de aplicación a aquellas personas que son residentes temporales, tales como los estudiantes o aquellos a los que se le ha concedido una protección temporal. Teniendo en cuenta las dudas existentes en algunos sectores, también el algunos sectores del Consejo, resulta importante destacar que la UE simplemente está reproduciendo la lógica de los Estados miembros que han concedido a algunos inmigrantes el derecho a una residencia de larga duración. Únicamente se está añadiendo una dimensión a escala de la UE.
Esta dimensión de la UE se materializa en una justicia social y legal inspirada en las disposiciones fundamentales de los Tratados de la UE, y en un interés propio realista para la economía y la sociedad europeas. Se estima que hay hasta 20 millones de personas viviendo legalmente en la Unión Europea que no han adquirido, o no se les ha permitido adquirir, la ciudadanía del Estado miembro en el que residen. Como ejemplos de dos grandes comunidades se puede pensar en los ciudadanos turcos que están en Alemania o los norteafricanos de Francia. Pero existen muchas comunidades de multitud de nacionalidades que pueden entrar en este ámbito en todos los Estados miembros. En el mío propio, el Reino Unido, el Economist la semana pasada estimó que la mitad de los 2 millones de musulmanes que allí viven son extranjeros. La mayoría de ellos son inmigrantes de la Commonwealth que llegaron en los años 50s y 60s. Volveré sobre la posición del Reino Unido más tarde.
Mi deseo de ser ponente para este informe deriva en parte de mi compromiso por luchar contra el racismo. El trato justo y la integración activa de nacionales de terceros países, junto con las medidas para prevenir la discriminación, contribuirán a luchar contra el racismo y la xenofobia. Esto es cada vez no menos, sino más importante. Redunda crucialmente en el interés social y económico de la UE que integremos a esas personas, y resulta hipócrita, a la luz de otras políticas de la UE, que no lo hagamos así. Hay mucha inquietud sobre la alineación de algunas comunidades de inmigrantes y por sus desventajas económicas y sociales. También existen noticias preocupantes sobre episodios de acoso y hostilidad de motivación racista, especialmente desde el 11 de septiembre.
El mejor modo de contrarrestar estos factores es garantizar que esa inmensa contribución de los inmigrantes sea facilitada, sea reconocida y se insista en la misma. Que se concedan unos derechos iguales a los de los ciudadanos de la UE en ámbitos tales como el empleo, la educación y la protección social mejorarán su contribución económica. Además, otras medidas aumentarían su integración social. Quisiera llamar la atención sobre las enmiendas 33, 34 y 35, que he presentado yo mismo, respecto del acceso igualitario a los procedimientos legales, participación en la vida local y derechos de voto, aunque inmediatamente quisiera decir que la intención de la nueva enmienda 56 del Grupo ELDR es sustituir a la enmienda 34, con el fin de aclarar que lo que se quiere decir es participación en la vida de la comunidad local, por ejemplo en grupos vecinales, y que la enmienda 35 sólo aspira a estimular a los Estados miembros a que concedan el derecho de voto en el ámbito local y europeo. El Grupo de Los Verdes ha vuelto a presentar algunas de mis enmiendas originales que fueron votadas en comisión. Para mantener la coherencia, el Grupo ELDR va a votar en su favor.
Permítanme abordar la delicada tarea de intentar alcanzar un equilibrio en la votación de las enmiendas, de modo que todos los sectores de esta Asamblea puedan apoyar el informe. Quisiera apelar al derecho de aceptar que un resultado razonable consistiría en incorporar algunas de sus posiciones, pero no todas. Por ello, se puede aceptar una referencia a las medidas antiterroristas del Consejo para la evaluación de amenazas para la seguridad, si bien algunas de ellas van demasiado lejos. En términos prácticos la enmienda 82 es aceptable, pero no la enmienda 9. Si bien es aceptable que se mencione la adquisición de un conocimiento de la lengua del país anfitrión como factor fundamental de la integración social, va demasiado lejos al insistir en que ese es un requisito para conceder el estatuto de residente en la CE.
Apelo a la izquierda a que no ponga objeciones a detalles que oscurezcan el más amplio panorama, de suerte que cumplamos el compromiso del Parlamento, largamente mantenido, con los derechos legales de los nacionales de terceros países. Es de lamentar que el Reino Unido se haya acogido al opt-out en esta medida. Ello no solo es socialmente injusto con residentes en el Reino Unido, sino que también hará que el Reino Unido sea menos atractivo para profesionales de talento, un comentario que ha sido expresado por sectores empresariales.
Insto al Parlamento a que alcance rápidamente un consenso sobre esta razonable y equilibrada propuesta. También insto a la Presidencia española a que alcance un acuerdo en el Consejo como demostración de la seriedad de su compromiso con la integración social, y también con la movilidad laboral, de la misma forma que se pedirá en la Cumbre de Barcelona. Tenemos 20 millones de residentes que, por definición, son móviles. Sería una hipocresía por nuestra parte que les denegáramos el derecho a desplazarse por toda la Unión Europea.

Keßler
ponente. (DE) Señor Presidente, es muy de celebrar la regulación común de las condiciones bajo las cuales los nacionales de terceros países deben disfrutar de libertad de circulación en el espacio de soberanía de los Estados miembros. En el marco de los trabajos de la Comisión los fragmentarios esfuerzos de regulación han chocado repetidas veces con la crítica a causa de las iniciativas francesa y portuguesa. Se ha demandado un planteamiento más global para la libertad de circulación en el ámbito Schengen. Esta demanda se ve satisfecha en la presente propuesta de directiva de la Comisión.
Por un lado, se regularán y se armonizarán los requisitos mediante los cuales los nacionales de terceros países podrán disfrutar de libertad de viaje durante tres meses como máximo. De esta manera se responde al Tratado de Ámsterdam que encarga al Consejo establecer las condiciones dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor. Por otro lado se introducirá un instrumento enteramente nuevo- el de la autorización específica de viaje. Ésta permite una ampliación de la libertad de viaje a seis meses cuando concurran condiciones especiales.
Ante todo no me resulta comprensible por qué se ha elegido el instrumento jurídico de la directiva y no el del reglamento. El texto es suficientemente concreto. Puesto que una directiva requiere una traslación nacional, la aplicación del acto jurídico resulta aplazada por tiempo indeterminado. Por lo demás, entre otras cosas, mediante el presente acto jurídico se sustituye el Reglamento 1091/2001 que ya ha entrado en vigor. Por consiguiente, también por esta razón el instrumento jurídico del reglamento es el más adecuado.
La libertad de circulación no ha experimentado ninguna modificación sustantiva para los nacionales de terceros países no sometidos a la obligación del visado y para los titulares de un permiso de residencia de larga duración. Sin embargo, se precisa una nueva regulación para quienes posean un visado nacional expedido por los Estados miembros para la residencia de larga duración que no estén aún en posesión del permiso de residencia. En contra de la propuesta de la Comisión es necesario, en mi opinión, que a tales nacionales de terceros países se les siga posibilitando viajar en el territorio de los Estados miembros incluso antes de la presentación de una solicitud de este permiso de residencia.
Autorizar de pronto ahora la libertad de circulación sólo a partir de la presentación de la solicitud significaría un retroceso respecto de la actual situación jurídica desde el Acuerdo de ejecución del Tratado de Schengen. Esto sería impensable por parte de ninguno de los afectados. Por lo demás, no se ve ninguna razón por la que hubiera que tratar de manera diferente y peor a esta categoría de nacionales de terceros países frente a las otras categorías que se tratan en la directiva en relación con el comienzo de la libertad de circulación. No obstante, los nacionales de terceros países que circulen con visado nacional deberán satisfacer también, en consecuencia, los mismos criterios que los nacionales de terceros países que circulen con un visado Schengen único. Esto se sigue de la equiparación de los visados para el ámbito de la libertad de circulación. Ello significa que el procedimiento de consulta entre los Estados miembros sobre las listas confidenciales 5ª y 5B de la instrucción consular deben regir también para el visado nacional.
De lo contrario, los Estados miembros que tienen reservas frente a nacionales de terceros estados procedentes de determinados países, no tendrían ninguna posibilidad de toma de conocimiento ni de control en el caso de la expedición de visado nacional por otros Estados miembros. Con esto aparecería una laguna de seguridad que no es admisible después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Sobre este punto se suscitó en la comisión un encendido debate. No obstante, la comisión apoyó con gran mayoría mi propuesta. Este resultado confirma la firme posición de la comisión de adoptar, por el cambio de las circunstancias, una nueva decisión sobre una materia acerca de la cual ya se había votado.

Medina Ortega
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Señor Presidente, quiero felicitar una vez más a la Comisión por presentarnos un paquete de propuestas orientadas a facilitar la adaptación de la Unión Europea a las realidades de la nueva sociedad europea.
Europa ha dejado de ser un continente de emigrantes para convertirse en un continente de inmigrantes y las propuestas de la Comisión pretenden facilitar la integración de todas estas personas inmigrantes en nuestras sociedades respectivas.
En el debate celebrado en la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre este tema se introdujeron algunas enmiendas: unas formales, otras menos. En el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, competente para el fondo, la Sra. Ludford hizo un magnífico esfuerzo para tratar de refinar y de precisar los conceptos jurídicos, pero me da la impresión de que, como consecuencia de unas mayorías ocasionales, el texto de la directiva resultaría desvirtuado si aprobáramos aquí íntegramente la mayor parte de las enmiendas adoptadas en esa Comisión de Libertades. La propia Sra. Ludford nos hace propuestas en ese sentido, que nos parecen correctas, y creo que, en definitiva, lo más importante que puede hacer ahora este Pleno es tratar de reorientar el texto de la propuesta de la Comisión a las fórmulas más parecidas.
Se trata, en definitiva, de conseguir el máximo de igualdad y de equiparación entre los residentes de larga duración y los ciudadanos comunitarios, respetando, desde luego, los ordenamientos nacionales y sus principios constitucionales, pero no de establecer requisitos artificiales que hagan más difícil la integración de estas personas que llevan ya mucho tiempo conviviendo con nosotros.
En definitiva, creo que podemos esperar de las propuestas definitivas que nos presente la Sra. Ludford y de la discusión que salga en esta comisión que, en la medida de lo posible, el Pleno devuelva el texto a la propuesta original de la Comisión y que no se mantengan muchas de las enmiendas que fueron adoptadas, como he dicho antes, por una mayoría ocasional en el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Klamt
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quisiera dar las gracias a la Comisión, a usted, señor Vitorino, por el equilibrado documento sobre la residencia de larga duración de nacionales de terceros estados, y también a la ponente, la Sra. baronesa Ludford, por su intensa colaboración.
Me parecen importantes las enmiendas a esta directiva que posibilitan a los Estados miembros una comprobación de la seguridad. Esto no sólo aprovecha al país receptor sino a toda la Unión Europea. En efecto, en virtud de Schengen existe en todo momento la posibilidad de cruzar las fronteras interiores, de suerte que los otros Estados miembros deben poder confiar en la acogida responsable de nacionales de terceros países en el primer país de acogida. Esta comprobación responde a la necesidad de seguridad de la población de acogida así como también a las necesidades de los nacionales de terceros estados que viven en nuestros países miembros. Por un lado, éstos resultan protegidos contra actos de terrorismo, pero por otro lado el Estado respectivo pone también en claro que los nacionales de terceros países que viven entre nosotros no representan peligro alguno para la seguridad interior. Con esto podemos dar una negativa clara a aquellas fuerzas que intentan constituir un capital de xenofobia a partir de los atentados terroristas.
También es importante la posibilidad de convertir la integración en un criterio para la obtención del estatuto de residente. A largo plazo los nacionales de terceros países que poseen permiso de residencia desean naturalizarse por regla general. Esto significa que desean ser parte integrante de la sociedad y esto significa también que desean poder entenderse. Pues de entenderse surge la comprensión y de la comprensión surge la convivencia.
Por consiguiente, hemos de establecer signos. Debemos exigir y fomentar el aprendizaje del idioma. En efecto, la carencia de conocimientos lingüísticos significa ausencia de comunicación y casi, forzosamente, la exclusión de muchos ámbitos de la existencia. Si no queremos que nuestros inmigrantes permanezcan fuera de la sociedad debemos fomentar el aprendizaje del idioma pues, de lo contrario, se está programando de antemano el camino del nuevo ciudadano hacia ámbitos laborales mal remunerados. El fomento es ante todo una oportunidad y no una barrera, pues todos estamos de acuerdo en que deseamos proporcionar una oportunidad sincera a las personas que llegan y se quedan entre nosotros.

Roure
Señor Presidente, el Consejo Europeo declaró en la Cumbre de Tampere que el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros, a fin de concederles un conjunto uniforme de derechos, lo más cercano posible a los que gozan los ciudadanos de la Unión Europea.
En la propuesta de la Comisión se fijan de forma equilibrada y muy clara las condiciones que deben reunirse para adquirir el estatuto de residente de larga duración. Es una propuesta equilibrada. Los criterios son, entre otros, el tiempo de residencia legal y unos ingresos suficientes. Además, la persona no debe representar una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Sin embargo, debo decir que algunas enmiendas me preocupan realmente, pues van contracorriente de los objetivos de Tampere. El artículo 7 de la propuesta de la Comisión sobre la amenaza al orden público es claro y me parece preocupante y contraproducente mezclar inmigración y terrorismo.
Por otra parte, estamos de acuerdo en que el nivel de conocimiento de la lengua es un indicador de la integración de la persona, pero en ningún caso puede considerarse una condición para obtener el estatuto de residente. ¿Por qué? Pues bien, simplemente, porque no se trata de un criterio objetivo y exacto: no existe un vínculo de causa efecto entre un determinado nivel de lengua - ¿de qué nivel hablamos? - y la integración propiamente dicha. Conozco a personas que residen en mi país desde hace 10 años, que todo el mundo considera perfectamente integradas y que todavía tienen dificultades indudables en francés.
Por último, presentar la exigencia de una vivienda digna como condición complementaria para evitar conceder un estatuto a personas procedentes de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea me parece deshonesto. Muchos nacionales carecen por desgracia de una vivienda digna y, sin embargo, no son ciudadanos de segunda clase. Todo el mundo desea una vivienda digna.
Es fundamental crear una sociedad acogedora y reconocer que la integración es un proceso de doble sentido, que requiere tanto la adaptación del inmigrado como de la sociedad que le acoge.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, señor Comisario, resulta verdaderamente extraño que en el año 2002 tengamos que declarar especialmente que las personas afincadas en los países miembros, sin ser ciudadanos de la Unión, recibirán igual trato que los nacidos en ellos. Me parece extraño que haya que señalar esto de manera especial. Debería ser algo absolutamente obvio.
La baronesa Ludford, nuestra colega, ha realizado un excelente trabajo. Presenta una postura equilibrada. Creo que es muy importante que indique que las reglas comunes contribuirán a combatir el racismo y la xenofobia. Nos oponemos a la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Es algo esencial para Europa. La Europa que decimos estar construyendo se fundamenta en principios humanistas y en la igualdad, ¡no hay que olvidarlo! Creo que con esto damos un gran paso hacia delante en Europa.

Lambert
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los dos ponentes, y saludo estas iniciativas. También quisiera hacerme eco de los comentarios de la Baronesa Ludford sobre la falta de entusiasmo del Gobierno británico. Es una pena que sus ideas progresistas no hayan recibido apoyo, por muy poco margen, en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y ahora tenemos ante nosotros un enfoque más indolente hacia los residentes de larga duración de terceros países, que pone un excesivo énfasis en el terrorismo, en el conocimiento de la legua y los recursos suficientes, especialmente en el ámbito de las pensiones. De nuevo, coincido con comentarios de la Baronesa Ludford respecto de los dos primeros elementos. Las propuestas de la Comisión eran ciertamente mejores en comparación con que lo que ahora se propone en esos ámbitos.
Esto me sugiere que la imagen de los nacionales de terceros países en las mentes de algunos de los miembros de esta Asamblea únicamente refleja una parte muy reducida de la realidad - en términos de una geografía específica, quizá una clase social o ciertas opiniones políticas. Esa imagen no incluye con certeza la inmensa mayoría de nacionales de terceros países que hacen una enorme contribución a la economía y la sociedad de la Unión Europea y que así lo han demostrado durante muchos años. ¿Por qué otra razón intentan tantos de nuestros gobiernos reclutar, cada vez más, a personas de terceros países de todos los niveles de cualificación si ese no fuera el caso? ¿Por qué razón elegirían esas personas venir aquí e instalarse durante algunos años si se les va a considerar sospechosos o ciudadanos de segunda clase, sufriendo y siendo considerados como otra esfera de una sociedad desechable? Tal y como otros han manifestado, deberíamos contemplar unos derechos igualitarios para las personas que hacen tal contribución a nuestras sociedades.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quiero hablar ahora sobre el informe Ludford en el que se trata, ante todo, de garantizar a través de mayores derechos unas condiciones mejores a las personas que viven aquí legalmente desde hace tiempo. Éste es, en principio, un buen planteamiento. Sin embargo, el problema es que en el mismo los nacionales de terceros estados que viven en la UE constituyen una especie de ciudadanos de tercera clase, en concreto, después de cada nacional de un país determinado y luego, como segunda posición, después de los nacionales del resto de los países de la UE. El informe prolonga esta diferenciación y justifica con ello también que jamás habrá una no-discriminación definitiva. En efecto, quien quiera ocuparse de que haya derechos iguales para todos, debe nivelar también estas diferencias.
Pero me resulta aún más importante un segundo punto. Una vez más se trata de mejorar los derechos de las personas que viven desde hace largo tiempo en la UE. Sin embargo, aquí se menciona solamente una parte muy determinada, en concreto, a aquellas personas que tienen un estatuto legal de residentes. De esta manera quedan fuera todas las personas que viven aquí ilegalmente. Ahora cabria decir, bien, los ilegales no son una parte del informe y, en consecuencia, tampoco queremos hablar hoy sobre ellos, pero éste es precisamente el problema: aquí se trata siempre solamente de la gente que tiene un estatuto legal de residencia, y en casi todos los demás proyectos de ley -incluso en los informes de iniciativa- fracasan una y otra vez enmiendas que pretenden justamente el fortalecimiento de los derechos de los ilegales. En este punto es preciso decir que los ilegales son justamente la consecuencia lógica de una política defensiva de la UE. Por esta razón no abrigo ninguna esperanza en que a corto plazo se produzcan grandes modificaciones en este punto en el seno del Parlamento, de la Comisión o del Consejo. Pero en este caso habría que ser también sincero y decir que aquí se trata realmente sólo de la gente que tiene la fortuna de poder entrar a la UE bajo condiciones muy indignas, con frecuencia de manera ilegal, que luego les sale el comodín de que se les concede el asilo, no importa por parte de qué país de la UE, o de que precisamente son aprovechables desde el punto de vista capitalista. Para toda la gente que queda fuera de esta retícula no va a haber mejoras de derechos.

Krarup
En mi opinión estas dos propuestas contienen una serie de disposiciones que en sus propias condiciones resultan razonables y humanas. El informe de la Sra. Ludford en especial trata de responder a exigencias simpáticas en materia de trato justo e integración activa -¡no faltaba más! Sin embargo, tengo un par de comentarios que hacer. En primer lugar, nos encontramos una vez más dentro de Fuerte Europa y la posición política que domina la libertad de acción de la legislación comunitaria está definida por condiciones de acceso tan duras que el famoso ojo de aguja más bien parece en comparación un portalón abierto. En segundo lugar, debo señalar que las propuestas actuales ponen en evidencia al gobierno de mi país natal. Nuestro antiguo colega liberal, el Sr. Haarder, ha puesto en práctica una política como nuevo ministro de "integración y expulsión" que sorprende a sus antiguos compañeros de grupo. Las normas que hoy se negocian son considerablemente menos hostiles hacia los extranjeros que la propuesta del Sr. Haarder. En tercer lugar, el hecho de que el pueblo danés haya elegido a un gobierno xenófobo que supera por la derecha las normas comunitarias no hace cambiar de opinión al Movimiento Popular, al cual yo represento, con respecto a Schengen y al título cuatro del Tratado de la UE, del que Dinamarca, como es bien sabido, está exenta. Esta técnica de integración empleada en el sistema comunitario por períodos es mortal para la democracia. No es la UE quien debe librarnos de un gobierno. No es la UE quien debe poner en marcha una política de extranjería humana, son los propios daneses - nosotros, el pueblo.

Berthu
Señor Presidente, las dos propuestas de directiva presentadas por la Comisión sobre las condiciones de residencia y de circulación de los nacionales de terceros países en la Unión Europea nos parecen, como poco, desfasadas con respecto a las necesidades del momento.
Han surgido de un estado de espíritu que creíamos superado tras los atentados del 11 de septiembre y que consistía, en particular, en situar la apertura y la circulación sin control por delante de la seguridad de nuestros conciudadanos. Por desgracia, hay que reconocerlo, ese peligroso estado de ánimo se mantiene muy vivo.
Por lo que respecta a las condiciones de circulación de los nacionales de terceros países, por ejemplo, la propuesta de directiva suprime la obligación de declaración al pasar de un país de la Unión a otro que hoy les impone el artículo 22 del Convenio de Schengen. Los Estados miembros conservan la facultad de mantener individualmente dicha obligación, pero de una forma atenuada y con un plazo de declaración más largo.
A nuestro entender, es exactamente lo contrario de lo que habría habido que hacer. Se habría debido estudiar cómo hacer la declaración de presencia más operativa y eficaz. En efecto, nadie ignora aquí que, después del 11 de septiembre, Europa ha sido acusada de constituir una base de retaguardia muy fácil para los terroristas, porque sus fronteras internas son demasiado porosas. Ahora bien, nos encontramos ante una propuesta que aumentará esa porosidad.
Del mismo modo, nos hemos opuesto a la creación de una autorización específica de viaje de seis meses, que no está prevista por el Tratado y que falsearía su espíritu, puesto que, con arreglo a éste, la política común de visados sólo afecta a los visados de menos de tres meses.
Por último, por lo que se refiere a la propuesta de directiva relativa a los nacionales de terceros países residentes de larga duración, estimamos que la Comunidad no tiene ninguna competencia para instituir, ni siquiera por unanimidad, un estatuto común que incluya principios unificados. El artículo 63 del TCE prevé únicamente que el Consejo adoptará "medidas" sobre política de inmigración en el ámbito de las condiciones de entrada y de residencia, pero no puede tratarse, no debe tratarse, de un estatuto completo que imponga una solución centralizada, uniforme y rígida a todos los Estados miembros. En particular, no consideramos oportuno dar a los nacionales de terceros países, beneficiarios de ese supuesto estatuto, derechos que borran las diferencias con los ciudadanos nacionales y un derecho de residencia casi automático en los demás países miembros.
Aquellos de diputados que piensan que estamos aquí, ante todo, para defender los intereses de nuestros pueblos respectivos votarán en contra de estos dos proyectos.

Deprez
Señor Presidente, Señorías, por haberla deseado yo mismo explícitamente con ocasión de dos informes anteriores, no puedo sino celebrar la iniciativa de la Comisión relativa a la libertad de circulación de los nacionales de terceros países en el espacio de Schengen. El instrumento que se nos propone responde bien a las necesidades de un enfoque más global e integrado, tal como habíamos reclamado. Felicitaciones, pues, a la Comisión por su iniciativa.
Paso ahora al informe de la Sra. Keßler, para decir que, globalmente, mi Grupo suscribe su orientación y sus enmiendas. Estamos de acuerdo con ella en estimar que el reglamento es, en este caso, un instrumento jurídico más adecuado que la directiva. De acuerdo con ella en las precisiones que aporta con respecto a la definición de los períodos de validez de la autorización de circular.
Pero hay un punto sobre el cual, lo digo a título personal, el informe de la Sra. Keßler me ha sorprendido: se trata del ensañamiento casi lírico que pone en combatir la propuesta de la Comisión según la cual los titulares de un visado para estancias de larga duración que todavía no posean un permiso definitivo de residencia sólo podrían circular libremente a partir de la presentación oficial de la solicitud de permiso de residencia en el Estado miembro que haya expedido el visado. Escribe en su informe - y cito - : "¿Por qué diantre - ¡ah, señora Keßler, qué bella palabra "diantre"! - regular el inicio de la libre circulación de esta categoría de nacionales de terceros países de un modo diferente al que se emplea en el resto de casos contemplados en el presente acto jurídico? ¡Misterio!" - usted escribe "¡Misterio!" en su informe. Pues bien, no, señora Keßler, no hay ningún misterio. Lo que la Comisión propone en este caso es exactamente lo que la Comisión de Libertades Públicas votó por unanimidad y todo el Parlamento aprobó cuando votó a favor de mi informe sobre la iniciativa francesa.
La verdad, señora Keßler, es que nos alineamos con la posición del Consejo que el Parlamento había rechazado al aprobar el informe que acabo de mencionar. No hay pues ningún misterio, señora Keßler, es una alineación, ¿por qué diantre no lo reconoce usted?

Terrón i Cusí
Señor Presidente, voy a referirme al informe de la Sra. Ludford.
Antes de entrar en otros aspectos de la política de inmigración, resulta necesario un estatuto común para los residentes de larga duración, en cumplimiento estricto de los Acuerdos de Tampere, que pretendían dar a los residentes de terceros países derechos comparables con los de los ciudadanos de la Unión Europea. Necesitamos resolver situaciones como las que, en teoría, impiden hoy la libre circulación interior de los ciudadanos de terceros países.
Por eso mi Grupo va a intentar que de esta Cámara salga un mensaje firme, sobre todo dirigido al Consejo, de apoyo a la propuesta de la Comisión Europea. En este sentido, quiero agradecer personalmente a la Sra. Ludford los esfuerzos realizados.
No podemos admitir algunas de las enmiendas adoptadas en comisión o presentadas de nuevo ante el Pleno. Como decía la Sra. Roure, no podemos admitir la introducción de cuestiones subjetivas en la facultad de conceder este estatuto de larga duración y, menos aún, de ejercicios peligrosos de propaganda que amalgaman, ya no el control de fronteras, sino los inmigrantes de larga duración con los terroristas o, por lo menos, con el terrorismo.
Vamos a defender, de nuevo, el derecho de los residentes de terceros países a la participación política en las elecciones locales y europeas. Solamente espero que, a pesar de las numerosas ausencias en los bancos del Consejo, este mensaje salga del Parlamento y sea escuchado.

Santini
Señor Presidente, Señorías, en realidad, estamos debatiendo dos temas que, a pesar de ir estrechamente ligados, son muy diferentes. En efecto, se está llevando a cabo un debate conjunto sobre dos frentes que afectan a la inmigración: el primero atañe al reconocimiento del estatuto de residente de larga duración para los ciudadanos de terceros países que residen legalmente; el segundo se refiere a la regulación de la permanencia y de la libre circulación por períodos determinados y por motivos específicos.
Seguramente la primera propuesta parece la más importante, porque tiende a establecer las condiciones por las que los ciudadanos de terceros países, residentes desde hace tiempo, al amparo de la directiva, pueden residir también en otro Estado de la Unión distinto de aquel en que han obtenido el permiso de residencia.
El examen de la directiva en el ámbito de las instancias del Consejo avanza con evidente dificultad. Todo ello debido a la amplitud y a lo delicado de la materia tratada. Muchos Estados están todavía intentando adoptar una posición concreta respecto a las varias disposiciones de la directiva, pero también respecto a las distintas situaciones, a las diferentes sensibilidades, del mismo modo que, por otro lado, son diferentes los grados de implicación de estos Estados. Basta pensar en ciertas situaciones geográficas en las que el problema de la inmigración - como es el caso de Italia, por ejemplo - es ciertamente más delicado, y es más grave y más urgente que en otras situaciones.
Cabe decir asimismo que existen otros aspectos que guardan relación con el principal como, por ejemplo, los proyectos en materia de reagrupación familiar y los demás proyectos referentes al asilo, por no hablar de la compleja situación de los refugiados.
En líneas generales, parece que se puede compartir la posición de algunos Gobiernos que tratan de poner la directiva en contacto directo, de compararla, podríamos decirlo así, con la legislación nacional. Esto es lo que estamos haciendo en Italia al tratar precisamente de sacar adelante esta propuesta. Sin embargo, es necesario dejar al Estado miembro, después de haber impartido algunos criterios mínimos, la potestad discrecional de aplicar su propia legislación.

Evans, Robert J
Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras respecto del informe Ludford sobre los derechos de los residentes de larga duración. Me disculpo por no haber estado presente durante los primeros minutos de este debate pero, entre otra serie de problemas que he tenido hoy, me he visto retenido en el control de pasaportes del aeropuerto. Me precedían dos poseedores de pasaportes del Reino Unido pero, siendo de origen asiático, han sido objeto de lo que yo consideraría un interrogatorio de un nivel absolutamente inaceptable. Todos los miembros de la Asamblea saben que esto es típico en todos los controles de aduanas de toda Europa.
También pido disculpas a la Baronesa Ludford. El Sr. Medina ha dicho anteriormente que algunas de las enmiendas que salieron del comisión han debilitado la propuesta original de la Comisión. Se ha debido, en parte, a la falta de efectivos en mi propio bando por lo que esas enmiendas han sido aprobadas en comisión, por lo que me disculpo.
Debemos esforzarnos todo lo posible por otorgar a los residentes de larga duración los mismos derechos que a los ciudadanos de la UE. Debemos rechazar las enmiendas del Grupo PPE-DE que persiguen catalogar a los residentes de larga duración como una especie de ciudadanos de segunda clase. Como ha dicho la Sra. Roure, deberíamos animar a la gente a que se integre y respaldo sus esfuerzos por aprender idiomas. Pero recurrir a los progresos de un individuo en un idioma como requisito para la concesión del estatuto de larga duración es discriminatorio. ¡Si la capacidad de hablar correctamente el idioma de tu país de residencia fuese utilizada de forma general como medida del derecho de residencia, sé de muchos que, en mi país, no tendrían el derecho a vivir allí! Otras partes de este informe que establecen la necesidad de probar una adecuada cobertura de la jubilación cono prerrequisito para que los nacionales de terceros países obtengan algunos derechos o los mismos derechos, son igualmente subjetivas. No podemos invitar a la gente a que venga a la Unión Europea únicamente diciendo: "pagad vuestros impuestos aquí pero no esperéis servicios o beneficios sociales a cambio" . Eso perpetúa un estatus de ciudadanos de segunda clase.
Hace 200 años nuestros antepasados viajaron a lo largo y ancho del mundo, colonizando y abusando de países lejanos. Tenemos el derecho y el deber de organizar nuestra sociedad y poner orden en nuestra propia casa. Hemos de exhortar a los Estados miembros a que eduquen de forma más cabal a sus propios ciudadanos respecto de los beneficios y ventajas de tener una sociedad integrada. Dentro de algunos años llegará el momento en que los Estados miembros de la UE supliquen a los nacionales de terceros estados que vengan a contribuir a sus economías y a cubrir puestos de trabajo vacantes. Hemos de resolver las cosas antes de que llegue ese momento.

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, el informe tal como ha llegado al Pleno procedente de la comisión, por tanto, no el proyecto de informe, da muestras de realismo. Contempla las consecuencias que tenemos que extraer del 11 de septiembre y contempla también la directriz relativa a la inmigración de trabajadores que hemos aprobado en el Pleno con una amplia base. Por consiguiente, celebro también lo que se sigue como consecuencia de ello, es decir, los controles previos a la concesión del estatus de residencia de larga duración, como por ejemplo, que se requiera una residencia legal de cinco años y que se compruebe si el afectado dispone de recursos financieros suficientes para sí y para su familia legal o que se exija una situación de empleo y que haya que demostrar una seguridad social y un seguro de vejez. Celebro también que tras el 11 de septiembre se introduzca una comprobación de seguridad. No necesitamos criminales, ni personas que representen un peligro para la seguridad y el orden públicos en la Unión Europea. Celebro igualmente que los estados miembros tengan la posibilidad de introducir otros requisitos para la comprobación, como por ejemplo, conocimiento del idioma, vivienda y similares. También es positivo -una vez más en conexión con delitos criminales- que se endurezcan las posibilidades de extradición.
Celebro estas regulaciones por que van parejas con un estatus de privilegios que se otorga consecuentemente, como el acceso al empleo, a la educación, a la protección social y a la integración, algo que también hay que celebrar. Nosotros, los del Partido Popular Europeo, somos partidarios de una acogida controlada de nacionales de terceros países de suerte que consecuentemente se dé también de hecho una integración y siga garantizada la seguridad y la estabilidad de la Unión.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión quisiera agradecer a las ponentes, Sra. Baronesa Ludford y Sra. Margot Kessler, el trabajo profundo que hoy han presentado al Parlamento Europeo. Desde nuestro punto de vista, el estatuto de los ciudadanos de terceros países residentes de larga duración en el territorio de un Estado miembro constituye un elemento fundamental para la elaboración de una política común de inmigración. El estatuto de residente de larga duración sitúa las políticas de admisión en una perspectiva a largo plazo y ofrece a los ciudadanos de terceros países que lo deseen la garantía de poder residir de forma duradera en su Estado de acogida. Dicho estatuto, tal como la Comisión lo propone, les confiere la seguridad jurídica necesaria para poder integrarse con éxito en las sociedades europeas. El objetivo afirmado en Tampere y reiterado en Laeken es el de garantizar un trato equitativo a los inmigrantes legales y ofrecerles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea.
La propuesta de la Comisión fijó como objetivo el de aproximar los derechos de los residentes de larga duración a los de los ciudadanos de la Unión. Definimos las condiciones precisas y objetivas a que está subordinado el acceso de los ciudadanos de terceros países al estatuto de residente de larga duración. Esas condiciones que proponemos fueron formuladas esencialmente para evaluar si el ciudadano de un tercer país fijó de hecho de forma duradera su residencia en el Estado miembro de que se trate y tiene intención de integrarse en él. Deberá haber vivido en ese Estado miembro un período suficientemente largo (cinco años) y haber demostrado su integración económica mediante los ingresos y un seguro de enfermedad. Además, la persona de que se trate no debe constituir una amenaza para el orden público.
El informe sobre el que sus Señorías están debatiendo indica también una condición suplementaria para beneficiarse del estatuto: el dominio de la lengua del país de residencia. La Comisión considera que la lengua es un criterio de integración y, por eso, el aprendizaje lingüístico debe estar en el centro de las nuevas políticas de integración sobre las cuales la Comisión está haciendo un trabajo de reflexión en consonancia con su comunicación de noviembre de 2000 y en relación con las cuales nos proponemos presentar una iniciativa al Parlamento y al Consejo en 2003. A eso se debe mi disponibilidad para tener en cuenta la cuestión de la lengua, que se propone en una enmienda subscrita por la Sra. Eva Klamt, sobre todo en su dimensión objetiva y, en particular, cuando el Estado de acogida brinda a los inmigrantes condiciones efectivas para su aprendizaje.
Por lo que se refiere a la adición de un nuevo requisito sobre el seguro de vejez o jubilación, creo que no es útil multiplicar las condiciones para acceder al estatuto de residente de larga duración. La legislación de la mayor parte de los Estados miembros ya concede, hoy en día, ese estatuto automáticamente sin verificar si se cumple o no semejante condición de seguro de vejez. Se debe integrar esa cuestión en otra más vasta y compleja que tiene que ver con la relación entre los trabajadores migrantes y los regímenes de prestación social en general. Y, por eso, la Comisión está trabajando con vistas a hacer extensivo a los ciudadanos de terceros países el beneficio del Reglamento nº 1408/71, relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social. Y pensamos que en ese marco es en el que se deberá tratar ese asunto.
En relación con algunas propuestas de enmiendas que se han presentado, la Comisión cree que, sólo cuando se le conceda el estatuto de residente de larga duración, podrá su beneficiario gozar de la igualdad de trato respecto de los ciudadanos de los Estados miembros en prácticamente todas las esferas de la vida socioeconómica. No obstante, somos sensibles a las propuestas de enmienda encaminadas a consagrar, incluso antes de la concesión del estatuto, la igualdad de trato en materia de procedimientos jurídicos y de vías de recurso, como constan en las enmiendas presentadas por la Sra. Ludford, por lo que las incluiremos en el texto.
En relación con la participación en la vida política, la Comisión no se pronuncia, en la medida en que considera que no hay fundamento jurídico en los Tratados para que nos ocupemos de ese asunto.
Algunas de las enmiendas propuestas reflejan una preocupación especial. En materia de orden público, preocupación totalmente comprensible después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Comparto la opinión expresada aquí durante el debate según la cual debemos procurar no caer en el error de hacer una amalgama peligrosa entre inmigración y terrorismo, error que propiciaría como una sospecha general respecto de todos los ciudadanos de terceros países. La Comisión ha elaborado un documento de trabajo sobre la relación entre la salvaguarda de la seguridad interior y el respeto de las obligaciones y los instrumentos internacionales en materia de protección. A la luz de ese documento verificamos todas las cláusulas de protección del orden público que figuran en nuestras propuestas. Ese trabajo tuvo como objeto garantizar que los Estados miembros estén en condiciones de proteger eficazmente su orden público ante la amenaza terrorista. Ese examen movió a la Comisión a revisar algunas de sus propuestas, entre ellas la presente, en particular en lo relativo a dos aspectos: suprimimos la exigencia de que la amenaza sea efectiva antes de la concesión del estatuto, con lo que quedan comprendidos los casos de riesgo potencial, tal como se pueden interpretar a la luz de la redacción actual del Convenio de Ginebra de 1951, y suprimimos también la prohibición de aplicar medidas de expulsión de emergencia, siempre que se den ciertos supuestos. Creo que esas dos modificaciones responden a las preocupaciones de garantía de seguridad interior y de lucha contra el terrorismo y que, en ese sentido, no se deberían aceptar las enmiendas propuestas.
Por último, la innovación y la importante aportación específica de la presente propuesta consisten en el derecho concedido a los titulares del estatuto de residente de larga duración a instalarse en otro Estado miembro. En ese caso, la integración ya no se da sólo en el nivel nacional, sino también en el europeo. Y las personas que hayan residido durante cierto tiempo en un Estado miembro estarán en una posición ventajosa, respecto de las que procedan directamente de su país de origen, siempre que deseen instalarse en otro Estado miembro. Considero que este aspecto es muy importante y no se debe pasarlo por alto.
Por lo que se refiere a la propuesta relativa a la libre circulación y al traslado de los ciudadanos de terceros países, de la que es ponente la Sra. Kessler, quisiera, en primer lugar, destacar que la propuesta incluye elementos importantes en materia de creación de un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Es un hecho que el acervo de Schengen ya incluye ciertas normas relativas a la circulación de ciudadanos de terceros países. No obstante, las condiciones relacionadas con el ejercicio de esa libertad de viajar no siempre son transparentes y están repartidas por diversos instrumentos. La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo de que es necesario agrupar en un mismo instrumento jurídico todos los elementos fragmentados que definen esa libertad de viajar. De modo que la propuesta fija las condiciones que permiten a los ciudadanos de terceros países circular libremente, estén o no sujetos a la obligación de visado, dispongan de un documento de residencia o de un visado de larga duración, mientras esperan la expedición de un permiso de residencia.
Por otro lado, la presente propuesta va destinada igualmente a reglamentar el traslado de diversas categorías de personas que tienen un interés legítimo en permanecer durante un período comprendido entre tres y seis meses en el espacio sin fronteras sin que su situación sea equiparable a una inmigración en sentido propio. Por ejemplo, turistas, investigadores, músicos en gira, personas de visita a la familia, casos de hospitalización y convalecencia. Para esas personas está prevista la introducción de una autorización específica de viaje que permita el traslado durante un período máximo de seis meses, sin permanecer más de tres meses en el territorio del mismo Estado miembro, lo que es totalmente conforme a la letra del Tratado.
La mayor parte de las propuestas de enmiendas que figuran en el informe de la Sra. Kessler van destinadas a precisar y aclarar el contenido de la propuesta. Por lo que se refiere a la cuestión del instrumento jurídico, se propone un reglamento y no una directiva. En relación con todas estas propuestas, la Comisión apoya cualquier solución que en el ámbito del Consejo acoja sus propuestas. El único punto de divergencia que tenemos con la propuesta de la Sra. Kessler se refiere a la enmienda nº 5, relativa a la circulación en un espacio sin fronteras con un visado de larga duración, que, como el Sr. Deprez ya ha subrayado, debe ser analizada con prudencia. Pedimos al Parlamento que no la apruebe. Un visado de larga duración es un visado nacional, que se expedirá conforme a las normas nacionales y no conforme a las del capítulo 3 - Sección I del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Desde ese punto de vista, me parece difícil imponer, respecto del visado de larga duración, las normas previstas para los visados de corta duración, es decir, una consulta previa. Durante el debate sobre la iniciativa francesa relativa al visado de larga duración, ya fue rechazado este tipo de propuestas por el Parlamento, que impugnó, en particular, el fundamento jurídico y sobre todo el planteamiento fragmentado. En esa misma perspectiva, que el Parlamento ya aprobó anteriormente, la Comisión impugnó también el fundamento jurídico y declaró que, de cualquier forma, presentaría una propuesta que incluiría también a los titulares de un visado de larga duración, con lo que recogería el objetivo de la iniciativa francesa, pero inscribiéndolo en un marco más global.
Comparto la preocupación subyacente a la enmienda nº 5, es decir, prever la posibilidad de que un ciudadano de un tercer país circule inmediatamente en el espacio sin fronteras. Pero esa posibilidad ya existe hoy, porque un ciudadano de un tercer país siempre puede solicitar un visado uniforme, el llamado visado "C", y circular libremente gracias a él.
Para concluir, quisiera felicitar a las ponentes y espero que las propuestas que la Comisión ha presentado reciban un apoyo across the border en este Parlamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0464/2001) del Sr. van den Berg en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo: una evaluación (COM(2001) 153 - C5-0395/2001 - 2001/21/53 (COS)).

Van den Berg
Señor Presidente, señores Comisarios, la Unión Europea es el principal donante del mundo en materia de ayuda humanitaria de emergencia. Se presta ayuda a las personas damnificadas por guerras o catástrofes naturales en Bangladesh, Afganistán, Somalia o en los Balcanes para que puedan rehacer su vida con fondos europeos. Sin embargo, con demasiada frecuencia las cosas van mal cuando la ayuda de emergencia cambia a ayuda de rehabilitación y desarrollo en la zona afectada. Es un problema que los expertos han denominado la zona gris.
Permítanme que les dé un ejemplo que parece sacado de un libro de texto. Después de que en 1998 el huracán Mitch causara estragos en Centroamérica, la Unión Europea mandó rápidamente ayuda de emergencia. A continuación, la Comisión trabajó desde 1999 en el programa de acción para la rehabilitación de Centroamérica y la ECHO dejaría la zona a partir de marzo de 2001. El programa de acción contenía buenos elementos, como la participación local, la coordinación con los Estados miembros y otros donantes y la transferencia de las competencias a la delegación en Managua. Sin embargo, en la práctica el programa funcionó con demasiada lentitud: dos años después de la catástrofe sólo se habían aprobado algunos proyectos.
Lamentablemente, este ejemplo confirma más bien la regla y no la excepción y, lógicamente, esto es inaceptable tanto desde la perspectiva política como desde la humanitaria. ¿Quién podrá explicar después a los necesitados de Afganistán que no podemos cumplir nuestra promesa de prestar ayuda por nuestra incapacidad de reaccionar con rapidez y agilidad después de la fase de la ayudas de emergencia? La cuestión es cuáles son las medidas que piensa tomar la Comisión para evitar el problema de la zona gris durante la rehabilitación de Afganistán.
Cuando se elaboró este informe se hicieron muchas consultas a la Comisión y las organizaciones implicadas en el terreno. La Comisión reconoce el problema de la zona gris, pero la evaluación que hace y que hoy estamos debatiendo queda demasiado ambigua y teórica. Por este motivo, en mi informe se presentan algunas propuestas concretas a la Comisión basadas en parte en la conferencia que convocamos con las ONG implicadas y en las entrevistas intensivas que realizamos con los funcionarios de sus servicios.
La Comisión ha confirmado que los procedimientos inflexibles y burocráticos constituyen uno de los problemas fundamentales. Para solventar esto, la Comisión propone que se presenten unos addenda a los informes de estrategia nacional, por medio de los cuales se facilite que se dé una respuesta rápida y flexible en una situación de crisis. Doy mi apoyo a esta propuesta, pero sólo cuando se aprueben estos addenda en un plazo de dos meses. ¿Nos puede indicar la Comisión si ya ha elaborado nuevos procedimientos simplificados, rápidos y flexibles para la aprobación y adaptación de estos addenda? De lo contrario, la propuesta para elaborar estos documentos de crisis seguirá siendo letra muerta.
Por otra parte, como ponente quisiera señalar la enorme importancia que tiene la coordinación y cooperación, no sólo entre los servicios de la Comisión, sino también entre los Estados miembros, los donantes internacionales, los países socios y las ONG. De mis entrevistas con la Comisión se ha podido deducir claramente que se echa en falta un instrumento flexible para la reconstrucción y rehabilitación, para abordar el problema de la zona gris. El actual Reglamento sobre rehabilitación es demasiado limitado. Se excluyen en este Reglamento, por ejemplo, los proyectos en el ámbito de la seguridad y la buena administración y hay escasez de fondos en general. Es evidente que un importe total de cincuenta millones de euros para Asia se queda muy atrás de las necesidades en Afganistán. Por lo tanto, propongo que se revise el actual Reglamento sobre rehabilitación, de modo que se pueda reaccionar con flexibilidad en la fase post-crisis según lo que realmente necesite la población en una zona afectada. Para asegurar en un momento de crisis una disponibilidad rápida y suficiente de fondos, deberían liberarse los fondos no usados y de reserva por medio de un mecanismo de alerta.
Me pregunto de qué manera concreta quiere llevar a cabo la Comisión mis planes. El problema de la zona gris entre la ayuda de emergencia y la rehabilitación es de sobra conocido. No podemos seguir aceptando que se deje al aire a las personas que han sufrido las consecuencias de guerras, catástrofes naturales por culpa de nuestra incapacidad de responder de forma rápida, flexible y coordinada a una situación local. Dado que Europa, como mayor donante de ayuda de emergencia, desempeña un papel fundamental en el mundo, hemos de cerrar esa brecha de la ayuda al desarrollo sostenible. Eso sí supondría una enorme contribución para la seguridad y la estabilidad en las zonas de riesgo de Asia, América Latina y África. Tal vez constituya una inversión más prudente que destinar ya unos importes enormes para material de defensa como los F 16, aunque sé muy bien que la Comisión no decide sobre estas cuestiones. Por consiguiente, como ponente haré un seguimiento intensivo de cómo la Comisión y los Estados miembros van a abordar este problema en el futuro. Tengo muchas esperanzas puestas en las promesas que se han hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo ardo en deseos de conocer la respuesta concreta de la Comisión.

Bartolozzi
Señor Presidente, Señorías, en sustitución del Sr. Mantovani al que hoy le ha sido imposible estar aquí con nosotros por problemas de tráfico aéreo, quisiera manifestarles algunas reflexiones sobre la Comunicación de la Comisión acerca del difícil concepto de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Quiero dar las gracias al ponente, Sr. Van den Berg, por el magnífico trabajo realizado que ha merecido un amplio consenso con ocasión de la votación en comisión.
En primer lugar, estimo que es fundamental mejorar la complementariedad, la coherencia y la relación costes/beneficios que son necesarias para eliminar la brecha que existe entre las diferentes fases en que se presta la ayuda internacional, la famosa zona gris, así como, más en general, para lograr la plena eficacia de la política de desarrollo y cooperación de la Unión.
En efecto, es necesario implicar más aún, si cabe, a las instituciones financieras multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las distintas Agencias de la ONU y el Club de París, en este proceso. Me parece también oportuno diferenciar la acción de coordinación interna de la externa, al objeto de establecer quién hace y qué se hace tanto a escala europea como a escala internacional o incluso en los distintos Estados miembros, y de poder planificar mejor, y en consecuencia, actuar con mayor eficacia a la hora de poner en práctica las iniciativas en favor de la rehabilitación y del desarrollo.
La aportación de nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, se centra justamente en la necesidad de una mayor complementariedad, y en particular, tal como se expresa en las enmiendas 15 y 16 formuladas por el Sr. Mantovani, de una mejor coordinación de las diferentes acciones, al objeto de lograr una mayor eficacia y mejores resultados en la acción de vinculación y coordinación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. En particular, se piden unos métodos apropiados de coordinación y evaluación ex post, un control presupuestario y menos interferencias burocráticas, para garantizar más aún, si cabe, que las ayudas al desarrollo de la Unión lleguen a los países en crisis, y por lo tanto, a las personas que las necesitan realmente, de manera precisa y eficaz y sin pérdidas de tiempo, ni inútiles duplicidades y superposiciones de los esfuerzos o de los recursos financieros invertidos.

Martínez Martínez
Señor Presidente, al igual que Max van den Berg en su informe, nosotros acogemos favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la vinculación entre las actuaciones de la Unión Europea en situaciones de emergencia en los países del Sur y la política comunitaria de cooperación para el desarrollo.
En comisión aparecieron coincidencias con la Comunicación, que aquí valoramos, pero también se pusieron en evidencia carencias para cuya solución hay propuestas en la resolución que posteriormente votaremos. En esta resolución se recoge una serie de preocupaciones y también recomendaciones para mejorar en la práctica la acción de la Unión Europea en el terreno que nos ocupa, que esperamos sean asumidas.
Todo este debate pone en evidencia que existe una relación dialéctica entre la ayuda humanitaria, que la Unión Europea moviliza para hacer frente a situaciones de emergencia producidas por catástrofes de todo tipo, y la que se presta regularmente con vistas a potenciar el desarrollo de tal o cual región o país. Es decir, que los programas destinados a rehabilitar o a desarrollar deben llevar en su espíritu premisas que sirvan para prevenir conflictos y para evitar en lo posible catástrofes de las llamadas naturales y sus peores consecuencias. Asimismo, las actuaciones en casos de emergencia deben contribuir, en lo posible, a la ulterior rehabilitación y al desarrollo de la región en cuestión.
Hoy reconocemos que existen disfunciones notables en las actuaciones de la Unión Europea en la transición del uno al otro terreno. La mayoría se debe a la dispersión en el organigrama administrativo y de competencias y a la deficiente coordinación entre los servicios que intervienen en la programación y en la realización de dichas actuaciones. También es un obstáculo la complejidad burocrática de muchos de los mecanismos con que se opera.
Más grave nos parece que haya países con los que la Unión Europea aún no mantiene acuerdo alguno de cooperación, como Cuba, lo que impide que nuestras actuaciones en situaciones de emergencia o de ayuda humanitaria tengan la continuidad que sería deseable en el terreno de la cooperación para el desarrollo.

Van den Bos
Señor Presidente, la Comisión hace buenos análisis pero le falta muchas veces la fuerza política para realizar los cambios necesarios en su forma de actuar. Resulta que su organización interna sigue siendo demasiado jerárquica, burocrática y centralista, y los Estados miembros no dan a la Comisión bastantes medios ni margen político suficiente para poder actuar con dinamismo. Estas deficiencias estructurales son las que impiden llegar a una solución del problema de la zona gris. El cambio de la ayuda de emergencia a la ayuda de rehabilitación y desarrollo requiere flexibilidad a la hora de tomar decisiones. La lentitud y el exceso de intromisión pueden tener consecuencias aún más negativas para los objetivos marcados que los riesgos técnicos que pueden surgir por emplear la vía de los procedimientos rápidos. Evidentemente, el principal requisito es una política de prevención óptima de catástrofes naturales y conflictos armados. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos antes de llegar a una situación de crisis.
Asimismo, la disponibilidad de los medios ha de ser inmediata, los planes tienen que estar preparados, se ha de llegar a acuerdos sobre la coordinación y, en la medida de lo posible, hay que saber quiénes son los socios sobre el terreno. Me parece que los planes de emergencia detallados y flexibles deben formar parte de los informes de estrategia nacional. La ECHO debería concentrarse en la prestación de ayuda de emergencia, pero es deseable también, a mi juicio, que su personal disponga de alguna experiencia en el ámbito de la rehabilitación para facilitar la transición a las otras fases de ayuda. En mi opinión, los procedimientos de control han de avanzar más hacia controles ex post en vez de ex ante. Además, la coordinación interna sólo puede funcionar bien si se cuenta ya desde el principio con un equipo multidisciplinar.
Quisiera preguntar a la Comisión cuándo nos va a presentar unas propuestas concretas para los procedimientos de decisión simplificados. Me parece que el informe del Sr. Van den Berg contiene unas sugerencias excelentes. Como donantes, somos responsables de mejorar este sistema y el problema de la zona gris es una razón más para intentar impulsar una reorganización interna de la Comisión. Va siendo hora de que los análisis tan buenos se conviertan en decisiones políticas aún mejores.

Corrie
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su excelente informe sobre la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Se trata de un asunto de crucial importancia, revestido de multitud de problemas. No hay ninguna duda que se está produciendo un aumento de las catástrofes en todo el mundo, tanto por la mano del hombre, como en Afganistán, como por causas naturales, como en Goma, República Democrática del Congo.
Para que aquella surta todos sus efectos se requiere una total cooperación entre todas las partes: los donantes, los beneficiarios, las partes ejecutantes tales como los gobiernos o las ONG, y la ayuda bilateral. Hemos visto los bombardeos y la destrucción que ha tenido lugar en Afganistán. Ello implica una urgente e inmediata ayuda de emergencia, la rehabilitación de millones de refugiados y ayuda al desarrollo. Es horripilante leer en el periódico de hoy que una familia pobre ha vendido a su hija de doce años para que se case únicamente para poder conseguir alimentos para el resto de la familia. Esto es trágico. De modo que hacer llegar la ayuda a aquellos que más la necesitan es absolutamente vital y ello requiere un conocimiento local y un tipo de ayuda adecuado.
Hace dos semanas ECHO informó a la Comisión de Desarrollo y Cooperación que la situación en Goma estaba completamente bajo control y que se disponía de todo lo necesario. Esa misma noche escuchamos a las ONG decir que 90.000 personas carecían de alimentos y que los bebés estaban empezando a morir. ¿Es esto oportunismo, una descripción precisa o una reacción exagerada?
Es prácticamente imposible hacer planes para hacer frente a desastres naturales. Es mejor disponer de un almacén europeo centralizado que pueda reaccionar rápida e idóneamente. La vinculación consiste fundamentalmente en cooperación y en un órgano que sea responsable de la toma de decisiones.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, quisiera comenzar dándole las gracias por concederme la palabra en este importante asunto. Si me permiten cambiar ahora a la lengua que el Sr. van den Berg y yo compartimos, quisiera decir lo siguiente.

Bolkestein
En primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Van den Berg por la excelente calidad de su informe sobre una cuestión bastante difícil. Las situaciones de crisis son siempre complejas y debemos llegar a un consenso sobre la manera en que la respuesta conjunta de la Unión puede mejorar. La comunicación de la Comisión, las conclusiones del Consejo y el informe del parlamento contribuirán para llegar entre todos a este consenso.
Señor Presidente, es de sobra conocido que la Unión Europea es uno de los protagonistas en el circuito de la prestación de ayuda. La mitad de los programas internacionales de ayuda que son financiados por los países desarrollados corre a cuenta de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros. Por otra parte, la Comisión Europea participa activamente, por medio de su Oficina de ayuda humanitaria, más conocida por sus siglas ECHO, en la prestación de ayuda humanitaria a los más débiles y damnificados de esta tierra. Me parece que las cifras son muy elocuentes: el año pasado, ECHO puso más de 500 millones de euros a disposición de los proyectos humanitarios en aproximadamente 80 países, con lo cual se alcanzó a unos 18 millones de personas.
Quisiera añadir que la función principal de ECHO es y seguirá siendo la financiación de la prestación coordinada de ayuda humanitaria y proteger a los más débiles a través de organizaciones humanitarias asociadas con el fin de salvar y proteger vidas humanas, mitigar los sufrimientos y garantizar la integridad y dignidad de las poblaciones de terceros países afectados por situaciones de crisis.
A pesar de que la función principal de ECHO consiste en prestar ayuda humanitaria de emergencia, la Oficina también se ocupa de la rehabilitación a corto plazo en la fase inmediatamente posterior a la crisis. Me parece que todo el mundo está de acuerdo con que hay que mejorar esa zona gris entre la ayuda de emergencia y la de desarrollo. Los anteriores oradores también se han manifestado en este sentido. Todos hemos señalado los mismos obstáculos como los procedimientos de decisión excesivamente lentos, los problemas con respecto al ámbito de aplicación de los instrumentos financieros y la necesidad de encontrar a los socios de ejecución adecuados. Me parece que podemos progresar abordando estas cuestiones de forma sistemática, aunque sí hemos de ser conscientes de que no vamos a ser capaces de solucionar todos los problemas, vinculados como están al carácter tan complejo de estas situaciones de crisis, y tenemos que ser realistas en nuestro enfoque.
La Comisión ha puesto en marcha una serie de acciones para realizar las orientaciones políticas con respecto a la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Así por ejemplo, ECHO está finalizando ahora las directrices para sus estrategias -exit. Este documento constituirá la base para la negociación con los otros servicios de la Comisión con respecto a las circunstancias en que ECHO se retira de los países cuando se haya superado la fase de emergencia.
Asimismo, los servicios de la Comisión están elaborando un acuerdo mutuo que garantice una coordinación sólida y unos procedimientos adecuados en el marco de la aplicación del Acuerdo de Cotonú con los países de África, el Caribe y el Pacífico. Se aplicarán los principios con respecto a la vinculación entre la ayuda de emergencia, rehabilitación y el desarrollo, tal como han quedado reflejados en la comunicación. EuropAid está trabajando también en una agenda para mejorar sus métodos y aumentar de esta forma su capacidad de intervención rápida.
En el aspecto presupuestario, la Comisión es consciente de que sus medios operativos e instrumentos han de ser revisados. Nos parece que se tiene que reducir el número de líneas presupuestarias. Por otra parte, habrá que procurar que con unos Reglamentos más amplios se puedan seguir atendiendo todo tipo de actividades existentes, que se agilice la toma de decisiones, que se pueda elegir con mayor flexibilidad a los socios de ejecución y que, en caso de necesidad, se puedan tomar decisiones sin el permiso del gobierno implicado. Basándonos en las experiencias del pasado, pensamos que una progresiva integración de nuestras intervenciones en los instrumentos regionales actuales constituye el camino adecuado y nos parece que esto conducirá a una mayor coherencia política e integración entre los diferentes tipos de intervención dentro del mismo país.
Pasando ahora a las preguntas formuladas esta tarde, quisiera subrayar nuevamente que la integración de los diferentes instrumentos en el proceso de rehabilitación de Afganistán es un ejemplo del enfoque que la Comisión persigue.
Para terminar, Señor Presidente, quisiera resaltar un aspecto muy importante. Hemos de ser completamente conscientes de que una intervención en la fase post crisis significa que hemos de aceptar mayores riesgos políticos y técnicos. Quisiera subrayar esto con cierto énfasis. Por este motivo, tanto el debate que mantuvimos el año pasado con el Consejo como el informe que hoy se ha presentado son acogidos por la Comisión como aportaciones muy útiles a la hora de despejar el camino hacia un sistema más efectivo y una mayor coherencia de la vinculación entre la ayuda de emergencia y el desarrollo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12:00 horas.

Derechos de los trabajadores
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto:
Del informe (A5-0013/2002) del Sr. Hughes, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles que realizan actividades de transporte por carretera (PE-CONS 3676/2001 - C5-0688/2001 - 1998/0319(COD));
Del informe (A5-0026/2002) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (PE-CONS 3677/2001 - C5-0687/2001 - 1998/0315(COD)).

Hughes
. (EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Friedrich, que ha sido el Vicepresidente a cargo de la conciliación en el transporte por carretera, y también al Sr. Rocard que ha participado en tanto Presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de hecho, a todos los miembros de la delegación del Parlamento, porque ha sido sobre todo un esfuerzo de equipo. Hay que dar las gracias a la Comisaria Palacio y a su equipo por el fundamental papel que han desempeñado en determinados momentos en los que parecía que estábamos bloqueados. Por ultimo, quisiera dar las gracias a la Presidencia belga por el modo intenso y decidido con el que han perseguido la conclusión de un acuerdo en este expediente.
El resultado de la conciliación sobre el transporte por carretera debe ser muy bien recibido. Cubre uno de los últimos escollos en el mosaico del tiempo de trabajo. Es muy importante desde la perspectiva de la salud y la seguridad, y la seguridad vial en general, y también es importante desde el punto de vista de garantizar una justa competencia entre los sectores del transporte por carretera, ferroviario y otros.
En cuanto a asuntos específicos, hemos asegurado la inclusión de los conductores autónomos como una cuestión de principio. Algunos estarán decepcionados porque ello no vaya a surtir plenos efectos hasta cuatro años después de la transposición. Pero no podemos olvidar que la posición común del Consejo hubiera conducido prácticamente con seguridad a una exclusión permanente de los autónomos. El Consejo quería excluirles de principio y únicamente hubieran considerado su inclusión sobre la base de un estudio de la Comisión que evaluase las posibles distorsiones que pudieran producirse en algún momento en el futuro. Incluso en ese caso el Consejo habría querido bloquear tal movimiento por parte de la Comisión.
Ahora tenemos una situación totalmente opuesta. Los autónomos están incluidos como cuestión de principio y solo podrían ser excluidos si ocurriesen dos cosas: en primer lugar, si la Comisión propone tal exclusión, y en segundo lugar, si nosotros en el Parlamento, como colegisladores, convenimos tal exclusión. No es probable que ocurra ninguna de ambas cosas.
Otro elemento importante del resultado lo constituye la sólida definición del empleo autónomo. Incluso únicamente con una exclusión temporal de los autónomos, pensamos que era muy importante que ganásemos una clara y limitadora definición de lo que efectivamente es un conductor autónomo, con el fin de evitar que los empleadores sin escrúpulos forzasen a los conductores a acogerse a formas fraudulentas de independencia. Ahora disponemos de una definición muy clara en el artículo 3(e), y la última frase de ese artículo engloba todo: los conductores que no cumplan la lista de requisitos incluida en la definición serán tratados como si fueran empleados bajo esta directiva. Se trata de una definición extremadamente útil.
También hemos mejorado y aclarado considerablemente la definición de tiempo de trabajo. Ahora también es de aplicación a los autónomos, excepción hecha de lo que concierne al trabajo administrativo general, no vinculado directamente con la concreta operación de transporte en esté en ejecución. En cuanto al trabajo nocturno, me consta, de nuevo, que algunos se sentirán defraudados por que no hayamos conseguido limitar el trabajo nocturno a ocho horas. Voy a hacer tres breves comentarios al respecto. Hubiera sido imposible conseguir que el Consejo lo aprobara. La mayoría de las delegaciones estaban en contra. Existen buenas razones de naturaleza medioambiental y de seguridad vial para transportar mercancías - si tienen que ser transportadas por carretera - durante la noche. Las concesiones en el trabajo nocturno fueron vitales para asegurar la inclusión de los autónomos.
Este es un debate conjunto que incluye una consideración de la importancia del trabajo, la información y las consultas. Sus Señorías podrán observar por el artículo 8 relativo a las derogaciones en el tiempo de trabajo seminal y en el trabajo nocturno que hemos insistido en la promoción del diálogo social como la primera opción.
Mi ultimo comentario es que determinados aspectos del texto que tenemos ante nosotros son muy relevantes para el estado de cosas evidenciado por el caso Kralowetz. Aquellos aspectos que persiguen bloquear la creación de un falso estado de independencia, que se ocupan del mantenimiento de registros, y que se centran en las obligaciones de los consignatarios y de otros responsables del establecimiento de rutas y tiempos de trabajo, tienen especial relevancia. Pero el caso Kralowetz evidencia nítidamente dos cosas. En primer lugar, en el proceso de ampliación necesitamos desesperadamente nuevas medidas de salvaguardia social y una apertura socialmente controlada del mercado de trabajo a los trabajadores de Europa central y oriental, especialmente en este sector. En segundo lugar, está absolutamente claro que si el nivel de control evidenciado por este caso prosigue, textos importantes como este valdrán menos que el papel en el que son impresos. Debemos insistir en la completa y adecuada aplicación de los controles en toda la Unión Europea.
Mi comentario final es que es absolutamente esencial que tengamos unas normas de ámbito europeo que sean vinculantes en todos los territorios de la Unión Europea, en caso contrario el caso Kralowetz solo será uno de los muchos que veremos en las próximas semanas y meses.

Ghilardotti
. (IT) Señor Presidente, con el debate de hoy y la votación de mañana en el Parlamento hemos llegado al final de un camino largo y difícil que durante algunos años ha ocupado a las tres Instituciones en un debate abierto e intenso sobre un tema de capital importancia: la información, la consulta y la participación de los trabajadores.
Con la conciliación, que concluyó positivamente el 17 de diciembre pasado, la Unión Europea ha establecido los estándares mínimos de información y consulta que hay que aplicar en todo el territorio de la Unión. Por lo tanto, después de las directivas sobre los comités de empresa europeos, el estatuto de la Sociedad Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, con la presente directiva se completa el marco comunitario y nacional existente que puede contribuir a preparar el cambio, a garantizar que las reestructuraciones se lleven a cabo en un contexto aceptable, y a otorgar al objetivo "empleo" la prioridad necesaria en el contexto actual. Por eso, me parece muy significativo que se haya alcanzado un acuerdo antes de la Cumbre de Barcelona.
Casi todos los Estados miembros disponen de un marco jurídico, de origen normativo o contractual, destinado a garantizar el ejercicio de la información y consulta de los trabajadores: casi todos, decía, pero no todos, y con esta directiva se extiende el derecho a todo el territorio de la Unión.
Para entrar en el fondo, con esta directiva se reconoce el derecho de los trabajadores y de sus representantes, en todas las empresas de menos de cincuenta trabajadores, a ser informados y consultados sobre todos los aspectos que afectan a la vida de la empresa, con especial referencia a las repercusiones que las decisiones de la empresa tienen en términos de empleo, de organización del trabajo, de formación y recualificación.
Es importante que en la directiva se dedique atención a los contenidos y a las modalidades, incluso temporales, de la información y de la consulta. Se afirma explícitamente que deben efectuarse en tiempo hábil, ya que ésta es una condición previa para el éxito tanto de los procesos de reestructuración y de adaptación de las empresas como de la definición de las medidas previas necesarias para evitar efectos negativos en los trabajadores. Se reconoce una serie de derechos a los representantes de los trabajadores y a los mismos trabajadores, y se prevén sanciones, es decir, los Estados miembros deben introducir en su normativa, en el momento de la implementación y de la aplicación de la directiva, sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. Creo que éste es un punto especialmente significativo y sobre el que se debatió mucho. La previsión inicial de la Comisión, respaldada por el Parlamento, era la de una sanción europea. La directiva, por el contrario, prevé que los propios Estados miembros introduzcan - por lo tanto, se respeta el principio de subsidiariedad - la sanción.
Asimismo se prevé un período transitorio para aquellos Estados que no tienen ninguna normativa - ni jurídica, ni contractual - un período transitorio que, no obstante, se ha reducido respecto de la posición común.
Lo cierto es que el Parlamento Europeo aspiraba a más, ya que tenía la esperanza de conseguir una información más puntual y una definición más precisa, así como mayores contenidos; sin embargo, si consideramos la dificultad del tema y las resistencias expresadas a lo largo de estos meses no solo por parte de los Gobiernos, sino también de los grupos de presión, creo que podemos estar satisfechos. La delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación aprobó por unanimidad esta hipótesis de acuerdo. Podemos estar satisfechos porque se reconocen derechos, se valoriza el diálogo social, se respeta el principio de subsidiariedad quedando definido, sin embargo, un marco uniforme en todo el territorio de la Unión. Es decir, ya no habrá trabajadores de serie A y trabajadores de serie B desde el punto de vista de los derechos reconocidos en las empresas.
Quiero terminar expresando mi gratitud a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, y a su equipo, así como a la Presidencia belga y a la señora ministra Onkelinx. Quisiera recalcar que hemos sido tres mujeres, nosotras tres en particular, las que hemos abordado esta directiva. Creo que han sido también nuestra determinación y nuestra creencia firme en la gran importancia del tema, respaldadas en el caso de la Sra. Comisaria y de la Sra. Ministra por su convicción y en el mío por mi comisión y por el Parlamento, las que nos han permitido llegar a la conclusión de este proceso tan fundamental. La Cumbre de Barcelona constituirá, en mi opinión, una buena ocasión para comprobar si lo que hemos acordado producirá efectos concretos y positivos.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, tengo la impresión de que el Parlamento desearía que hiciera una declaración sobre el caso del camionero retenido en el Gran Ducado de Luxemburgo. Si es así quisiera decir lo siguiente.
Con base en la información a disposición de la Comisión, las autoridades luxemburguesas han llevado a cabo una indagación, por cuenta de una investigación dirigida por el Tribunal de Munich en Alemania, sobre los locales de un transitario radicado en Austria, Kralowetz. Esta empresa operaba en Luxemburgo desde 1986 y se trata de una empresa internacional establecida en ocho países europeos. El director técnico, el Sr. Karl Kralowetz, fue detenido el 22 de enero, y desde el 26 de enero aproximadamente 150 camiones de diferentes países pertenecientes a la empresa Kralowetz se han reunido en Luxemburgo en una zona de aparcamiento de unas instalaciones de aduana y los conductores se quejan de que no se les ha pagado en más de tres meses. La mayoría de ellos deben ser considerados empleados ilegales. Las autoridades luxemburguesas están en proceso de organizar el regreso por avión de los conductores a sus países de origen y cada conductor recibirá 1000 euros como compensación.
El verdadero problema es el comportamiento sin escrúpulos del transportista en cuestión. Ha utilizado trabajadores ilegales - por ejemplo sin seguridad social - pagando salarios que no se conforman con la ley nacional ni con convenios colectivos y sin permiso de trabajo. Durante varios meses las autoridades judiciales y las comisiones rogatorias de varios Estados miembros han realizado investigaciones e indagaciones y redactado informes. Todas esas acciones han resultado en nuevas pesquisas, la detención de los responsables y la confiscación de documentación y equipos.
La Comisión saluda las acciones de las autoridades judiciales y administrativas, pero lamenta que un caso como este haya podido ocurrir. Ello evidencia la necesidad de aplicar correctamente las leyes nacionales, así como cumplir las normas comunitarias en el sector de las operaciones internacionales de transporte. En primer lugar, las normas sobre la admisión como operadores de transporte por carretera, fundamentalmente la buena reputación, la estabilidad financiera y la competencia profesional; en segundo lugar, las normas relativas al tiempo de trabajo y los periodos de descanso, para las cuales la Comisión ha propuesto recientemente una nueva, simplificada y actualizada legislación.
Además, los próximos instrumentos legales que están por llegar también son importantes; en primer lugar, las normas sobre tiempo de trabajo, respecto de las cuales un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sería muy bien recibido, y respecto del cual sus Señorías votarán mañana. Quisiera expresar aquí el especial agradecimiento de la Comisión al Sr. Hughes. En segundo lugar, las disposiciones respecto de un certificado de conducción uniforme, para el cual el Sr. van Dam fue su ponente, y que fue aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de enero. Ese reglamento terminará en la Comunidad con la contratación ilegal de conductores de fuera de la UE, mediante controles sobre la situación legal laboral de esos conductores.
En resumen, hay una serie de instrumentos comunitarios que ya existen o están en proceso de ser aprobados. Es necesario que sean adecuadamente aplicados por los Estados miembros y este ejemplo debería servir de lección para evitar cualquier repetición de semejante comportamiento sin escrúpulos por parte de operadores cuatreros.

Smet
Señor Presidente, el ejemplo que nos acaba de poner el Sr. Bolkestein es, evidentemente, flagrante y probablemente también un ejemplo excepcional de los abusos en el sector del transporte. Sin embargo, no es el único ejemplo. En años pasados hemos tenido constancia de más de uno, en escalas muy parecidas a la del caso citado. Además de los abusos a gran escala, existen también múltiples ejemplos a pequeña escala porque, lamentablemente, el sector del transporte se caracteriza sobre todo por los abusos. El sistema aquí presentado, es decir, una ordenación más estricta del tiempo de trabajo - no sólo se trata del tiempo de conducción, sino también de las horas trabajadas - viene a ser mucho más estricto que el sistema anterior. Sólo se puede llevar a cabo esta nueva ordenación si los sistemas de control mejoran. De lo contrario - y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hughes -, todas estas nuevas normas no servirían de nada. A pesar de que el control es una competencia nacional, ello no es óbice para que se redacte un informe bianual sobre los resultados del mismo, que posteriormente ha de ser entregado a la Comisión.
Quisiera pedir a la Comisión que vuelva a estudiar este informe y que nos diga qué cabe exigir a los Estados miembros en este ámbito. Me parece que una de las cuestiones que la Comisión verifica es si se controla más a los transportistas extranjeros que a los nacionales, es decir, a transportistas del propio Estado miembro. Naturalmente, esto no debe ser utilizado como criterio. En mi opinión, la Comisión hace bien en comprobar este trato desigual, pero no se puede quedar de brazos cruzados mientras los transportistas obliguen a sus camioneros a conducir durante demasiado tiempo con un exceso de velocidad porque tienen que llegar a una hora determinada al lugar del destino. Señor Comisario, mientras subsistan en los Estados miembros diferentes normas para los límites de velocidad, todo esto carecerá de sentido - aunque sé muy bien que no forma parte de su competencias. Se puede conducir en algún Estado miembro a 90 kilómetros por hora, en otro la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora y luego se llega a un tercer Estado miembro donde no se puede a más de 80. Es realmente de locos como está organizado el transporte por carretera en Europa. Todo esto habría que mejorarlo mucho.
Además del control, existe el problema de las sanciones. En algún Estado miembro se impone una determinada sanción que en otro puede ser muy distinta. Lo que realmente haría falta es un sistema de normas mínimas en el ámbito de las sanciones. Soy consciente de que actualmente no hay ninguna competencia europea en este aspecto, pero creo que se debería impulsar.
Por último, mientras el control de los transportistas y conductores se centre en el taquígrafo, siempre habrá algún tipo de estafa porque el taquígrafo es un instrumento que se presta a estafas. Por lo tanto, va siendo hora de que se apruebe el reglamento que estamos esperando y que obliga a los transportistas a conducir con una caja digital.

Van den Burg
Señor Presidente, debido al poco tiempo del que dispongo no me voy a entretener con las felicitaciones que tenía en mente. En efecto, Señora Ghilardotti, a mí también me ha llamado la atención que hubiera muchas mujeres implicadas en la elaboración de estos informes, tanto en el suyo y en el del tiempo de trabajo como durante la Presidencia belga y dentro de la Comisión Europea. Me parece que se ha obtenido un buen resultado.
Normalmente, no soy una persona grandilocuente y menos cuando nos encontramos todavía en una fase de negociación. Pero ahora que estamos llegando ya al final de esta fase, sí me atrevo a emplear superlativos sobre los dos acuerdos alcanzados y los denominaré históricos.
En primer lugar, es muy positivo que después de tanto tiempo se establezca por fin derecho laboral europeo. Esto está en consonancia con la Europa con ambiciones socio-económicas, tal como se expresó en los objetivos de la Cumbre de Lisboa, que quiere impulsar una economía dinámica y competitiva con más puestos de trabajo de calidad y mayor cohesión social. Me parece útil que se subraye nuevamente esta parte de los objetivos en vísperas de la Cumbre de Barcelona.
En mi opinión, en ambos informes se dan unos pasos históricos. La directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores constituye el reconocimiento real del derecho de los trabajadores de influir en las decisiones importantes de una empresa, lo cual forma parte del acervo europeo en materia social.
La innovación en la actividad económica es necesaria pero esto implica también una postura activa que tome en serio la participación de los trabajadores. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconoce este derecho fundamental. En esta directiva se establece un marco general de dicho derecho para todas las empresas de la Unión. Sin embargo, hace falta que se dé un tercer paso si tomamos en serio esta participación porque también se ha de aplicar en la reestructuración y los cambios en una empresa. Recientemente, la Comisión ha presentado un documento al respecto. Me alegro de que contemos con la presencia del Comisario Bolkestein esta tarde porque, en mi opinión, es muy importante que se debata este tema también cuando se trata de otras cuestiones y que la participación de los trabajadores quede reflejada en otros informes, tratándose por ejemplo de venta o fusiones o la política de competencia del Comisario Monti. Me parece que esto debe ser un importantísimo objeto de debate en el futuro porque también en este ámbito la participación de los trabajadores forma parte de la tradición y de las costumbres.
Para terminar, con respecto al tiempo de trabajo de los conductores me gustaría sumarme a lo que ha dicho el Sr. Hughes sobre el caso de Luxemburgo. Quisiera resaltar de nuevo que una definición de pseudo-autónomos, establecida a nivel europeo, puede desempeñar un papel muy importante en la solución de este tipo de problemas porque ahora carecemos de una definición europea y cada Estado miembro, como también los nuevos países miembros, maneja la suya.

Flesch
Señor Presidente, el Grupo ELDR celebra el acuerdo alcanzado en conciliación entre el Parlamento y el Consejo sobre la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera y sobre la directiva relativa a la información y la consulta de los trabajadores.
Dado el carácter sensible de esta última problemática y las dificultades encontradas para alcanzar un acuerdo, la adopción del texto tras el procedimiento de conciliación constituye para nosotros una buena solución.
La directiva sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera tiene por objeto eliminar las situaciones de competencia desleal y de dumping social en el mercado único. También son necesarias normas que garanticen unas condiciones de trabajo dignas a los conductores de carretera e impidan así una degradación de la seguridad.
El Parlamento reclamó la inclusión de los conductores autónomos en el ámbito de aplicación de la directiva e hizo valer la necesidad de poner en pie de igualdad a todos los conductores, asalariados o no. La inclusión de los autónomos se contempla ahora, siete años después de la entrada en vigor de la directiva.
Ciertamente, la Comisión puede decidir, después de estudiarlo, presentar de nuevo la inclusión de los autónomos al procedimiento de codecisión, por cuanto la definición de trabajador autónomo previene la creación de nuevas formas de falsos autónomos. Esto es bueno, estoy de acuerdo, señor Hughes, pero de todos modos me quedo un poco con las ganas.
El caso de los camioneros bloqueados en Luxemburgo - y añadiría, señor Bolkenstein, que fueron repatriados el pasado viernes con su peculio de 1.000 euros - ilustra la situación a que puede conducir la ausencia de una legislación comunitaria suficiente.
Como hemos visto, hay empresarios de transportes sin fe ni ley que no dudan en explotar, hasta la ilegalidad, las lagunas existentes entre, por un lado, las legislaciones nacionales y, por otro, las legislaciones nacionales y las normativas comunitarias, especulando, probablemente, con la ausencia de controles eficaces.
Algunos gobiernos son conscientes de ello. Así, Bélgica, los Países Bajos, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo celebraron, en 1999, un acuerdo administrativo "Eurocontrol Route" destinado a mejorar y reforzar la cooperación entre los servicios de control. Pero, para garantizar la igualdad de las condiciones de competencia de los transportistas por carretera en el mercado único, es necesario, primero, una legislación comunitaria y, después, que los Estados miembros apliquen con rigor un sistema de control y de sanción.

Bouwman
Señor Presidente, señores ponentes, señor Bolkestein, quisiera hacer hincapié en la palabra vaquero. Durante años he realizado estudios en este sector pero no creo que se trate de una sociedad de vaqueros, sino de un sector de vaqueros. Como sabemos todos, el sector del transporte está bastante mal. Las ganancias en este sector son bajas, hay una enorme desfragmentación con muchos transportistas pequeños independientes y también hay grandes empresas que, con paso lento pero seguro, han forzado a los transportistas pequeños a constituirse como autónomos o pseudo-autónomos. Dicho de otra forma, quedan muchas cosas por hacer. Se hacen trampas con las horas de conducción, hay trampas con los convenios, se hacen muchos chanchullos. A la luz de todo esto, tenemos una gran responsabilidad sobre todo con respecto al transporte internacional, y la hemos asumido.
Una de primeras cuestiones de la que me pude o tuve que ocupar cuando llegamos aquí, tenía que ver con el entramado Willy Betz. Era un caso muy parecido al de Kralowetz, pero un poco menos sangrante. Los camiones eran de excelente calidad, casi todo estaba en perfectas condiciones excepto los permisos de trabajo y algunas cosas más. Esto condujo a la elaboración de la directiva de "drivers attestation" . Afortunadamente, ahora podemos dar la bienvenida a una segunda directiva muy importante en materia de la ordenación del tiempo de trabajo.
No obstante, me parece que en el futuro habrá que cubrir otras lagunas de la legislación actual. En este contexto, me parece también muy importante que se adopte la directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores - una directiva histórica, me gustaría decir - por la sencilla razón de que muchas grandes empresas internacionales de transporte han traspasado sus negocios en los últimos tiempos sin que hubiera ningún tipo de participación por parte de los trabajadores. Y precisamente han obligado a sus trabajadores a establecerse como autónomos o los han hecho pequeños empresarios autónomos, sin que hubiera ningún mecanismo de consulta. Ahora vamos a tener la posibilidad de abordar este tipo de problemas de forma más eficaz.

Schmid, Herman
Señor Presidente, estamos discutiendo dos propuestas de directiva muy importantes que el Grupo GUE/NGL respalda decididamente. En cuanto a la directiva sobre los conductores de camiones, se incluye a estos trabajadores en la ordenación general del tiempo de trabajo. Es obvio que esto interesa a los trabajadores, pero también atañe a todos los que transitan por nuestras carreteras. Durante las negociaciones de conciliación mencioné en diferentes ocasiones el criterio de la seguridad vial que, a mi juicio, no deben olvidar los gobiernos que en el futuro apliquen esta directiva. También es importante que se proponga la aplicación a los conductores autónomos de las mismas reglas que a los demás conductores. Desde el punto de vista de los transeúntes, es igual que quien los atropelle sea un empleado o un conductor autónomo.
Los largos periodos de transición pueden dar origen a complicaciones. En el peor de los casos, la aplicación de esta directiva puede tardar hasta siete años. También sabemos que después será difícil controlar la aplicación de estas normas en la práctica.
En cuanto a la directiva sobre información y consulta de los trabajadores, estamos frente a una especie de acuerdo marco que da un fundamento jurídico importante a los trabajadores para exigir información y consulta. Sin embargo, no hay que olvidar que también se contempla la posibilidad de rechazar las demandas de los trabajadores en determinados casos, por ejemplo, en los contemplados en los puntos 25 y 26 de la directiva, que permiten diversas interpretaciones.
Por eso, para la correcta aplicación de esta directiva será decisiva la acogida que se le dé en los centros de trabajo y la energía con que los sindicatos impulsen estas exigencias. En general, esto vale para todas las directivas de esta naturaleza. Podemos suponer que hay directivas muy bien intencionadas, pero, a la hora de aplicarlas, en esta Asamblea sabemos que no es mucho lo que podemos hacer.
No coincido con la Sra. Smet en que es posible construir sistemas que faciliten controles más severos. Es muy difícil saber lo que ocurre en las carreteras, especialmente en las noches. Es difícil saber lo que ocurre tras las puertas de las fábricas. Sólo los trabajadores pueden hacer algo al respecto. Por eso quisiera terminar esta intervención haciendo un enérgico llamado a los trabajadores: "No confiéis en que los problemas se solucionarán en el Parlamento Europeo o en el Consejo, sino que vosotros mismos tendréis que hacerlo con ayuda de la directiva."

Menrad
Señor Presidente, en primer lugar celebro en nombre de mi Grupo el compromiso que se ha alcanzado en el Comité de conciliación sobre la directiva marco sobre la información y consulta. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Ghilardotti por habernos conducido hacia tal compromiso. Ahora es muy comprensible a la vista de la posición común. En nuestro Grupo hemos discutido de manera muy controvertida acerca de la información y consulta pero hemos sido unánimes en mantener que la posición común es realmente un buen punto de partida para una solución razonable. Desde la primera lectura en el Parlamento en abril de 1999 y ya antes, en las reuniones de la comisión, hubo con frecuencia grandes diferencias de opinión entre los Grupos; la ponente tuvo que moverse - lo hizo -; lo mismo cabe decir de mí, como ponente alternativo del Grupo más fuerte, el PPE-DE.
Existe un compromiso constructivo. Se ha conseguido lo posible. Se trataba de poner, de una vez, el pié en la puerta. El próximo golpe de viento puede abrir más la puerta. En la segunda lectura el PPE-DE ha podido imponerse en varios puntos. La mayoría de mi Grupo estaba en contra de las sanciones europeas, pero a favor de las sanciones nacionales. En la conciliación estas ideas fueron recogidas adicionalmente en los considerandos. La directiva marco, en su forma definitiva, contribuye, en primer lugar, al funcionamiento del Comité de Empresa europeo. Todos los representantes locales de los trabajadores reciben derechos mínimos que les ayudan a aprovechar las informaciones recibidas del Comité de Empresa europeo. Contribuye, en segundo lugar, a aminorar los problemas de la reconversión que se refieran a empresas nacionales.
Por el contrario, la directiva sobre los comités de empresa rige solamente para las empresas transnacionales. La directiva marco prescribe ejecutar el procedimiento bajo el espíritu de la cooperación. Esto significa partenariado. El partenariado persigue, por un lado, una representación de intereses clara, pero también la compensación de intereses en un diálogo común a través de la información y de la consulta. Una información a su debido tiempo crea transparencia, la cual genera confianza y evita pérdidas por fricción a las empresas - una ventaja económica y social. Los empleadores y los trabajadores resultan ganadores por igual.

Andersson
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a los dos ponentes por estas importantes directivas. Me concentraré en la directiva sobre información y consulta de los trabajadores, pero también me referiré brevemente a la jornada de trabajo de los trabajadores móviles. Es muy importante que se haya incluido a los conductores autónomos, aunque existirá un periodo de transición. Se trata de una legislación de protección para los conductores profesionales de camiones. En este contexto no hay diferencias entre los empleados y los conductores autónomos. Como señaló Herman Schmid, también es un problema que atañe a la seguridad vial. Desde el punto de vista de los transeúntes, no importa si el conductor de un camión es empleado o autónomo.
En cuanto a la información y consulta, coincido con la Sra. van den Burg que dijo en su intervención que estábamos frente a un acontecimiento histórico. Esto es histórico. Han participado tres mujeres. Podríamos agregar una cuarta. Cuando durante la Presidencia sueca, en junio, el Consejo logró alcanzar una postura común, que ha servido de fundamento a esta directiva, también participó una mujer, una ministra sueca.
Me parece obvio que exista esta clase de información y consulta en el mercado interior, ya que un mercado de esta naturaleza no sólo debe dar derechos a las empresas, sino también a los trabajadores, para recibir información y dar sus opiniones.
A veces se dice en Suecia: "¿Qué significa esto para nosotros? Nuestra legislación es muy superior". Sí, es verdad. Nuestra legislación es de tal naturaleza que quizá esta directiva no nos afecte en absoluto. Sin embargo, es importante que exista una directiva con exigencias mínimas, no sólo para los países que ya cuentan con una legislación adecuada, sino que también, indirectamente, para evitar que se cree un mercado interior con dumping social, en que se establezcan nuevas empresas y se empeoren las condiciones de los trabajadores. Por eso conviene que exista una directiva que establezca unos niveles mínimos que mejoren las condiciones.
Finalmente, doy las gracias nuevamente a los ponentes por estas excelentes directivas. Espero que en el futuro podamos seguir mejorando la información y consulta de los trabajadores.

Turmes
Señor Presidente, el caso Kralowetz es, en parte, un problema luxemburgués porque los gobiernos de los últimos 20 años han atraído hacia Luxemburgo a un gran número de empresas de transporte mediante todo tipo de incentivos, pero sin establecer un control sobre las condiciones laborales y salariales de estas empresas.
Sin embargo, Kralowetz es fundamentalmente también un problema europeo. Es una prueba de que no existe una Europa social. En 1998 la Unión Europea liberalizó completamente el sector del transporte, sin prever paralelamente las regulaciones sociales necesarias. Hoy vemos los resultados de esto con el caso Kralowetz y con otros casos. Creo que la Comisión debe hacer más que lo que se ha dicho esta tarde.
A mi juicio hay tres cosas centrales. En primer lugar: es preciso endurecer los controles. ¿De qué sirven las leyes cuando no se controla si se cumplen?
En segundo lugar: los documentos de la Seguridad Social deben ser armonizados en la Unión Europea. Esto no lo deberíamos hacer a finales de 2003, sino que deberíamos intentar poner en marcha esto a principios de 2003.
En tercer lugar, y éste es probablemente el punto más importante: el sistema de las licencias de transporte CEMT que permite a las empresas de fuera de la Unión Europea circular a través de los Estados miembros, fomenta hoy el dumping social y la ilegalidad y los seguirá fomentando también mañana si no logramos vincular estas licencias de transporte CEMT a estándares sociales mínimos. Si esto no ocurre, entonces Karl Kralowetz no necesita más que ir mañana a Rusia y podrá seguir dirigiendo desde allí su sistema, su negocio sin escrúpulos.

Markov
Señor Presidente, una regulación europea de los tiempos de trabajo de los conductores del transporte por carretera es urgentemente necesaria por tres razones: en primer lugar, por la protección social de los trabajadores, en segundo lugar, para aumentar la seguridad en el transporte por carretera y, en tercer lugar, por razones relativas a la competencia. Consideramos correctos los puntos que se han logrado en el Comité de Conciliación. Compartimos especialmente lo que ha sido mencionado anteriormente por ustedes: inclusión de los conductores independientes, definición clara de los conductores independientes, definición clara del tiempo de trabajo -mediante lo cual las empresas pueden ser una vez más objeto de reclamación- y el establecimiento de los casos de excepción en lo que se refiere al tiempo de trabajo semanal y al trabajo nocturno.
Mis colegas lo han dicho ya: sin controles y sin sanciones ninguna directiva trae progreso alguno. Creo que deberíamos comenzar aquí. La Comisión ha presentado un nuevo reglamento para la armonización de determinadas normativas sociales relativas al transporte por carretera que, por consiguiente, próximamente estará en este Parlamento. Actualmente existen fuertes discrepancias entre los resultados logrados en el Comité de Conciliación y la nueva propuesta. Es preciso eliminarlas, aquí hay que hacer una labor de coordinación. Con esto tenemos también, naturalmente, la posibilidad de establecer y de endurecer conjuntamente los controles y las sanciones, pues se trata de un reglamento, lo cual significa que esto tiene también otra obligatoriedad y otra eficacia.
En mi opinión el punto más importante es que, a pesar de tomar en consideración la armonización de la competencia, hemos de partir prioritariamente de la necesidad imperiosa de armonizar las normativas sociales y aumentar la seguridad en el transporte por carretera. Si logramos esto, habremos logrado mucho

Bushill-Matthews
Señor Presidente, no comparto el entusiasmo de mis colegas por el resultado de esta conciliación pero sí me sumo a las felicitaciones a los dos ponentes. Ellos han ganado y yo he perdido, a mi pesar y probablemente para sorpresa de ellos. A todos nos consta que si el Consejo no se hubiera dado por vencido el propio Parlamento se hubiera rendido antes que perder ambas directivas. De modo que la mano del Parlamento era bastante pobre aunque ambos ponentes la han jugado extremadamente bien. Les felicito por su habilidad.
Les ayudó la temprana renuncia del gobierno del Reino Unido durante los dos procedimientos de conciliación. Ha resultado particularmente irónico que el Ministro del Reino Unido para Europa tuviera que venir a Estrasburgo el otoño pasado - para suplicar a diputados británicos de todos los partidos que votaran en contra de todo el informe Ghilardotti - para toparse con que los diputados laboristas no sólo estaban promocionando positivamente el informe sino que el propio representante británico giró en redondo para apoyarlo igualmente. La política es, ciertamente, una actividad peculiar.
Como sus Señorías saben soy un ferviente defensor de la información y de la consulta, pero igualmente ferviente enemigo de las camisas de fuerza de talla única para las empresas de todas formas y tamaños. Esta directiva, tal y como está enmendada, en mi opinión, es más probable que suponga un obstáculo antes que un puente para la participación del empleado.
Paso a la directiva sobre el tiempo de trabajo: en mi opinión se trata de una legislación deficiente. Podría incluso haber sido peor si hubiese limitado la conducción nocturna pero me ha complacido mucho que finalmente el ponente entrara en razón y la propuesta fuese retirada. Pero sigue siendo una norma deficiente por su ampliación provisional para incluir a los autónomos. Como ha dicho el representante español, al unirse a otros países haciendo constar el desacuerdo de su país respecto del texto final, es la primera vez que el sector empresarial ha sido incluido en una directiva. Ciertamente voy a luchar por asegurarme que esta sea la última vez. Deberíamos desear más puestos de trabajo, no menos. Esto no debe ni puede ser visto como un precedente.

Ettl
Señor Presidente, señor Comisario, la situación de los defraudados conductores de larga distancia en Luxemburgo muestra una vez más dónde existe una necesidad de control y regulación europeos. Aquí se nos muestra con más claridad que en otras ocasiones en el pasado qué es lo que sucede en este mercado de trabajo, qué pasa de hecho con los conductores de larga distancia. Si ustedes hablan en alguna ocasión con los conductores de larga distancia de Europa se enterarán de cómo se trabaja, de cómo, en parte, se trabaja ilegalmente, bajo qué condiciones salariales, de que se circula hasta la fatiga y de que sólo en parte están protegidos socialmente. Éste es el problema al que nos enfrentamos.
Vista así, esta regulación de los tiempos de trabajo está obsoleta hace tiempo para nuestra seguridad en la carretera y para la seguridad de los trabajadores, de los propios conductores. Por lo demás - esto ya se ha dicho- este caso no es solamente una cuestión de Luxemburgo o una cuestión de algunos empresarios austríacos, ahora sabemos ya que se trata de varios empresarios austríacos. Constituye también un fenómeno europeo. Para mí, como partidario absoluto de la ampliación de la Unión Europea, el problema central reside en que estamos practicando un trato humillante con los trabajadores de los países candidatos, que los trabajadores han de trabajar hoy bajo contratos colectivos con salarios indignos y que tienen que trabajar bajo condiciones sociales que son vejatorias. Ésta es la entrada de este grupo de trabajadores en esta Unión Europea. Tenemos que actuar contra esto.
No obstante, sucede que toda parte mala tiene también su parte buena. Así, por ejemplo, en mi país, Austria, un grupo de representantes de transportistas se ha alzado ya demandando una regulación europea, regulaciones europeas, orientadas al control, a medidas que influyan también sobre esta competencia ruinosa. Ésta es la situación ante la que nos encontramos.
Por lo demás, usted, señor Comisario, tendría que tomar esto como ocasión de reflexionar más y mejor sobre sistemas de control para los trabajadores en el mercado laboral europeo.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, quiero comenzar, lógicamente, felicitando a los ponentes. Una vez dicho esto, quiero destacar que la aprobación de estas dos directivas representa un paso importante en la construcción del Derecho laboral europeo y, por lo tanto, en la construcción de la Europa social, y ello, además, a través del diálogo y de recíprocas cesiones desde posturas inicialmente comprensibles. Por supuesto, la inclusión de los autónomos puede contrariar el espíritu emprendedor, como se sostenía desde mi país.
Refiriéndome al marco general relativo a la información y consulta, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea abre su Capítulo IV, titulado "Solidaridad", con el artículo 27, que establece, dentro del título "Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa", que "se deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y en las legislaciones y prácticas nacionales".
El artículo 136 del Tratado de la Unión Europea ya señalaba como objetivo de la Comunidad y de los Estados miembros el diálogo social. Parece, por lo tanto, lógico y necesario que, al margen de otras directivas específicas, como la 94/45/CE, una directiva singular establezca un marco general que fije unos requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo situados en la Comunidad. Estos derechos, antes recogidos en la Carta Social Europea, de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, hoy lo están, como ya dije, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No debe sorprender a nadie que los trabajadores, a través de sus representantes, conozcan la situación de la empresa o la evolución de la misma, las decisiones que vayan a tomarse con repercusión y efectos de futuro, pues éstos vinculan muchas veces a la empresa su existencia y, sobre todo, su subsistencia. Por supuesto, el contenido de estos derechos debe perseguir fortalecer la empresa, aumentar las posibilidades de empleo y la adaptación de los trabajadores a procesos productivos nuevos o renovados.
La experiencia, sin embargo, demuestra que los mecanismos no siempre han funcionado bien: los trabajadores han llegado tarde al momento de decisiones, que ya habían sido tomadas. Por eso me parece especialmente destacable el contenido del artículo 4 ...
(El Presidente interrumpe al orador)

Grosch
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos tratado algunos temas que han tocado directamente el ámbito del transporte -incluso desde el punto de vista de las medidas sociales- y nosotros en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hemos sido de la opinión de que todas estas medidas -y creo que el tiempo de trabajo, que ahora, por fin, está regulado, es un capítulo importante que queda concluido- sólo tienen sentido si también en los Estados miembros está presente la voluntad de endurecer los controles, por un lado, y adaptar también las sanciones, por otro.
Yo procedo de un terreno fronterizo y sé con toda exactitud que en este ámbito se viene diciendo lo siguiente: el que conozca al máximo las regulaciones de los países particulares será quien gane más dinero. El lobby que se mueve aquí no es un lobby que esté a favor o en contra de los trabajadores -creo que tampoco tiene que ver con la legislación luxemburguesa-, tampoco es un lobby que esté a favor o en contra de los empresarios. En definitiva, en el ejemplo luxemburgués ambos resultan perdedores, y nosotros se lo hemos hecho notar también una vez más a la Comisión con ocasión del famoso informe van Dam. No estamos interesados en tener cada vez más directivas, cada vez más detalles, nos interesa que los países estén dispuestos a actuar conjuntamente para que los empresarios puedan ofrecer precios correctos y no sufran bajo este dumping que se organiza allí y, evidentemente, para que también los trabajadores puedan trabajar bajo condiciones correctas. Efectivamente, quiero decir y sostener con toda claridad que el lobby que trabaje en contra es propiamente un lobby que sólo estará apoyando a aquellos que juegan sucio y que no respetan las regulaciones.
Un conductor de un camión que sea también propietario de su camión -y en esto vuelvo al primer informe- está siempre en el límite de la legalidad si quiere trabajar rentablemente. En esta situación nos encontramos. Esto significa que debemos ver con los mismos lentes el desarrollo de la liberalización del transporte de mercancías por carretera, en primer lugar, en pro de la economía, en segundo lugar, en beneficio del empresario y también en provecho del trabajador, y creo que podemos defender por igual los intereses de ambos.

Lulling
Señor Presidente, en mis dos minutos de turno de palabra quiero referirme exclusivamente a la declaración del Sr. Bolkestein sobre el caso Kralowetz. En este lamentable asunto hay que subrayar, ante todo, que no procede en este lugar poner en la picota la legislación y la praxis de Luxemburgo, sino los déficits sociales del espacio europeo, de la Unión Europea, en un ámbito donde, tal como lo pone precisamente de manifiesto el caso Kralowetz, son imperdonables.
Tampoco es culpable en primer término la Comisión de la Unión Europea, sino una mayoría de los Estados miembros que se niegan a acordar a un nivel apropiado unas normas comunes relativas a las condiciones laborales y salariales para contrarrestar el dumping social en el mercado interior. En la propuesta de directiva de la Unión Europea relativa a los tiempos de conducción de los conductores de camiones es precisamente Luxemburgo, junto con Francia y Bélgica, el país que se ha esforzado en el Consejo "Transportes" por incluir también en el ámbito de la directiva a los aparentemente independientes.
En efecto, aquí está también el quid de la cuestión del caso Kralowetz, a pesar de los esfuerzos en el ámbito Eurocontrôle-Route, que ha mencionado la Sra. Flesch y que son dignos de encomio. En el plano comunitario necesitamos una legislación que no deje ningún espacio para zonas grises legales. Estas resultan desvergonzadamente aprovechadas por gente que tiene una cierta energía criminal, como lo ha dicho acertadamente nuestro Primer Ministro. Esta es la lección que tenemos que sacar, y espero que los Estados miembros que hasta ahora se negaban a aprobar regulaciones comunes dejen de oponerse ahora a una reglamentación más severa en el plano de la UE para poner término a esta moderna esclavitud.
Quisiera subrayar también que está en su cauce reglamentario una reforma del derecho de establecimiento en Luxemburgo que contiene criterios más estrictos y que no hace tan fácil a empresas dudosas obtener licencias y autorizaciones comerciales, cosa, por otro lado, que a la vista de las directivas comunitarias vigentes relativas a la definición de la empresa no es tan fácil.
Espero que los partidarios de la total liberalización en el transporte de mercancías por carretera que se han puesto aquí a favor de manera tan enérgica y que contra los empresarios del estilo Kralowetz y sus prácticas no ofrecen ya ningún margen,...
(El Presidente retira la palabra a la oradora.)

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Asamblea y a la delegación parlamentaria en el Comité de conciliación. Quisiera, en especial, dar las gracias al Vicepresidente, el Sr. Friedrich, y, sobre todo, a su ponente, el Sr. Hughes, por su excelente trabajo. Como resultado de sus esfuerzos, de su habilidad y de su determinación, finalmente es posible aprobar una medida que la Comisión propuso hace más de tres años - un resultado que es un gran éxito.
Al aprobar esta directiva estamos haciendo un progreso esencial en la eliminación de las distorsiones de la competencia del sector del transporte por carretera pero, sobre todo, en la mejora de la seguridad vial. Esta directiva no solo va a permitir la eliminación de abusos presentes en el sector sino que también va a propiciar un mejor equilibrio entre los diversos medios de transporte. La revitalización del ferrocarril solo será posible con el fin de la competencia irracional en el transporte por carretera. Por tanto, es esencial que los Estados miembros efectúen todos los controles necesarios para garantizar que se respete la nueva legislación.
La directiva establece unas condiciones mínimas para la organización del tiempo de trabajo de los conductores y también tiene en cuenta todas las actividades que son realizadas por los trabajadores además de conducir. Gracias a este Parlamento finalmente será posible que esta directiva cubra a todos los conductores de todas las categorías, ya sean autónomos o no. Ello constituye un gran logro para la seguridad vial porque el cansancio afecta evidentemente del mismo modo a todos los conductores, independientemente de que trabajen para una empresa o sean autónomos. Solicitar a la Comisión que investigue los efectos de la exclusión y que como resultado de sus investigaciones se propongan condiciones especiales para la inclusión de los conductores autónomos es, desde luego, la mejor estrategia. Permítanme de nuevo darles las gracias por la determinación que los diputados de esta Asamblea han mostrado a lo largo de todo el procedimiento de conciliación, que nos ha permitido aprobar esta directiva.
Así mismo, en cuanto al informe Ghilardotti, quisiera felicitarla a ella y a todos los diputados de este Parlamento por el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo respecto de esta directiva de gran importancia. Este acuerdo solo ha sido posible por el espíritu de compromiso mostrado por el Parlamento y el Consejo. La versión final de la directiva, como la vemos ahora, alcanza, en primer lugar, todos los objetivos iniciales de la Comisión, por ejemplo, el establecimiento y desarrollo en toda la Unión de buenas prácticas de información y consulta al trabajador, concentrándose en la anticipación y gestión del cambio. En segundo lugar, concede libertad de acción a los interlocutores sociales a la hora de ejecutar las disposiciones de la directiva. En tercer lugar, es compatible con todos los sistemas nacionales y contempla mecanismos que propician una fácil introducción de los nuevos acuerdo en todos ellos. En cuarto lugar, refleja la opinión de los dos legisladores por cuanto al menos 15 enmiendas del Parlamento han sido incorporadas al texto en sus dos lecturas. Por tanto, el proyecto que tenemos ante nosotros merece nuestra aceptación, ciertamente la de la Comisión, pero igualmente la del Parlamento y del Consejo. Una vez aprobada, la directiva completará el marco en el campo de la información y consulta al trabajador, un marco que proporciona a las empresas europeas y a sus trabajadores una herramienta esencial para facilitar el cambio y para garantizar que éste se lleva a cabo de un modo socialmente aceptable.
La Comisión confía en que el considerable trabajo desarrollado en este campo en los últimos años tenga continuidad ahora mediante una actitud positiva y proactiva de los interlocutores sociales en relación con los documentos que ésta les presentó hace dos semanas acerca de los aspectos sociales de la reestructuración corporativa.

El Presidente
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del articulo 37 del Reglamento.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
La votación de las propuestas de resolución relativas a la declaración de la Comisión, tendrá lugar el próximo jueves a las 12.00 horas.

Rendimiento energético de los edificios
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0465/2001) del Sr. Vidal-Quadras Roca, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios (COM(2001) 226 - C5-0203/2001 - 2001/0098(COD)).

Vidal-Quadras Roca
 - Señor Presidente, esta trascendental directiva es el fruto directo del Libro Verde sobre seguridad del abastecimiento energético, que esta Cámara ha debatido ampliamente en fechas recientes. Sin duda alguna, todos somos conscientes de que el principal componente de la factura energética de la Unión lo constituyen los edificios: ventilación, refrigeración, calefacción, iluminación, etc. En este capítulo se concentra la mayor parte del gasto de energía de la Unión. Por tanto, todo lo que se haga en este ámbito tiene -desde este punto de vista- una especial repercusión.
Señor Presidente, esta directiva marca el fin de la época de los voluntarismos o las recomendaciones. Entramos en el compromiso decidido, en las acciones vinculantes y en una voluntad firme de que este tipo de medidas sea una realidad.
Hay tres aspectos de la directiva que no quisiera dejar de resaltar. El primero es la obligación, para todos los edificios de la Unión, de disponer de un certificado que los califique desde la perspectiva de la eficiencia energética. Este certificado tendrá, sin duda alguna, un gran valor como señal en los mercados y contribuirá de forma significativa al ahorro energético. El segundo es la obligación de todos los edificios nuevos de incorporar un estudio de eficiencia energética, requisito indispensable para el permiso de edificación. Y el tercer aspecto es la obligación, para todos aquellos edificios cuya superficie sea superior a 1.000 m2 y que sean objeto de una renovación profunda, de proceder a una mejora de su eficiencia energética.
Hay otras acciones que se contemplan en la directiva, pero he querido resaltar estas tres porque, sin duda alguna, son las de mayor potencial. No escapará a sus Señorías que si -tal como algunos estudios prevén- es posible llegar en los próximos años hasta un ahorro del 20% en la factura energética de los edificios, el 20% del 40% nos acerca al 10% y esto, en términos de factura de petróleo y de emisiones de CO2, tiene una importancia que no se le escapa a nadie.
Señor Presidente, es el momento de agradecer a los otros Grupos de la Cámara su valiosa contribución y su ayuda para que las enmiendas del Parlamento mejoren este importante texto legislativo. Quiero agradecer al Grupo socialista y a la Sra. Zrihen sus numerosas contribuciones y, sobre todo, quisiera destacar su interesante sugerencia relativa a la vivienda social. Al Grupo de los Verdes, y a la Sra. Ahern, quisiera también agradecerles vivamente su excelente interés y su colaboración, así como destacar su interesantísima aportación en lo relativo a las técnicas de refrigeración pasiva, tan importantes en aquellas partes de la Unión donde el clima es muy cálido y la refrigeración (los sistemas de aire acondicionado) empieza a ser un factor determinante. También quiero agradecer al Grupo liberal su énfasis en que los incentivos fiscales siempre son mejores que las sanciones. Como decimos en español, "se gana más lamiendo que mordiendo", y esto también es verdad en el campo económico.
Desafortunadamente, hay dos puntos en los que no hemos podido conseguir la unanimidad de la Cámara: el primero, los plazos de aplicación de la directiva, donde hemos optado por un punto medio razonable entre unos períodos demasiado dilatados, que no la harían efectiva, o unas exigencias demasiado estrechas, que la harían inviable. Y el segundo, el límite de 1.000 m2, que el Grupo Verde ha querido rebajar. Entendemos su intención y compartimos su inquietud, pero si de verdad queremos que esta directiva vea la luz en un plazo que la haga eficaz, debemos aceptar el número que nos propone la Comisión.
Señor Presidente, si es verdad que la política es el arte de hacer posible lo necesario, esta directiva viene a garantizar, efectivamente, que en un capítulo importantísimo del gasto energético de la Unión se va a producir en la próxima década un ahorro de gran dimensión que va a contribuir al bienestar, al progreso y a la seguridad de todos los europeos.

García-Orcoyen Tormo
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente y colega, Sr. Vidal-Quadras por el excelente trabajo que ha hecho en esta importante Directiva. Como él ya ha señalado, la Unión Europea consume cada vez más energía y, por lo tanto, también importa, cada vez más productos energéticos, porque nuestra demanda supera a la capacidad que tenemos para cubrirla con recursos propios. Por esto es importante, en primer lugar, diversificar la procedencia de la energía, buscando nuevas fuentes energéticas, entre ellas, por supuesto, las energías renovables y, por otro lado, se plantea la necesidad de impulsar y perseguir la eficiencia energética.
Espero que el Sr. Vidal-Quadras haya visto con buenos ojos la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, pues creo que los puntos que en ella hemos subrayado contribuyen a enriquecer alguno de los aspectos de su excelente propuesta.
Creo que una referencia clave para aumentar la receptividad de los Estados miembros a la propuesta es que tengan en cuenta las condiciones climáticas y particulares locales.
Otro punto en el que ha insistido la Comisión de Medio Ambiente es la homogeneización de los certificados de los edificios de los diferentes Estados miembros, lo que permitiría realizar comparaciones de la eficiencia energética alcanzada en cada uno de los edificios. También hemos querido precisar la definición de aquellos edificios que quedan excluidos de la aplicación de medidas de ahorro energético y, también, para no ver rechazada nuestra propuesta, hemos planteado, al igual que el Sr. Vidal-Quadras, que se acepte la propuesta de la Comisión que persigue reducir la superficie de los edificios afectados.
Yo soy partidaria de ese planteamiento, señor Vidal, como mi Comisión, pero entiendo también su posición. Creo que, finalmente, veremos cuál es el resultado, y habrá que respetarlo. Lo importante es que la Directiva salga adelante, señor Vidal-Quadras.

McNally
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Vidal-Quadras Roca por su habitual actitud cooperativa y consensual. Me consta que la Sra. Zrihen, nuestra ponente socialista en la sombra, que lamentablemente no puede estar esta noche aquí presente, ha apreciado el modo en el que él ha trabajado.
Esta directiva, que forma parte del paquete de medidas dirigidas a hacer un uso más inteligente de nuestra energía, debe extender las buenas practicas existentes en algunos Estados miembros a toda la UE, y también será muy importante para mejorar la situación en los países candidatos, dónde los edificios eficientes en el uso de energía podrían tanto ayudar considerablemente a sus economías como proteger el medio ambiente.
Nosotros los socialistas respaldamos decididamente las enmiendas presentadas por el Sr. Vidal-Quadras Roca y otros. El rápido crecimiento del aire acondicionado debe ser tenido en cuenta en mayor medida, las posibilidades abiertas a los Estados miembros bajo la forma de incentivos deben ser aclaradas, y muchas de las definiciones deben ser ajustadas.
Un comentario que la Sra. Zrihen deseaba hacer es que las definiciones sobre las superficies deben ser reexaminadas en los próximos cuatro años. Bien pudiera ser que esta directiva no sea lo bastante ambiciosa y que también deba ser de aplicación a superficies mucho menores. Le pedimos a la Comisión que esté preparada para proceder a una reducción si se evidencia tal necesidad.
Para terminar, quisiera volver a dar las gracias al Sr. Vidal-Quadras Roca y a la Comisión. Como ha sido prometido por la Comisión aguardamos más directivas en este importante ámbito de la eficiencia energética, de la inteligencia energética.

Ahern
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar sinceramente al ponente por un trabajo bien hecho y por sus esfuerzos por lograr un consenso, que no han tenido un completo éxito en mi caso, ya que he seguido insistiendo en que debemos contemplar superficies más pequeñas que las que se ha sido posible acordar. De modo que he presentado enmiendas a ese objeto. Quisiera saber si la Sra. Zrihen las respaldaría a la luz de los comentarios que acaba de hacer el Grupo Socialista. Hay que tener esperanza, y quizá una revisión sea el mejor camino hacia delante, como ha indicado la Sra. McNally.
Muchas de las disposiciones de esta directiva ya fueron previstas en la directiva SAVE en 1993. Ahora vamos a otorgarles efectividad. Como he dicho, me hubiera gustado ver aquí una mayor efectividad, pero necesitamos medidas jurídicamente vinculantes - que creo que tenemos - que inicien un proceso en el que realmente se garantice que nos ocupamos seriamente del ahorro de energía en la Unión Europea.
En la práctica, la obligación de hacer una revisión es uno de los requisitos más importantes del informe, y por ello doy las gracias a sus Señorías.

Adam
Señor Presidente, tengo un interés que declarar: presido el Centro Consultivo de Eficiencia Energética que opera en la zona norte de la región que represento. Me apresuro a decir que este es un interés técnico, que no financiero.
Mejorar el rendimiento energético de los edificios, del modo en que sea definido, es el asunto más difícil al que me tenido que enfrentar. Por ello, hasta cierto punto, me solidarizo con el ponente por acometer una cuestión de esta complejidad. En el Reino Unido tenemos demasiadas organizaciones intentando mejorar la situación. A escala europea tenemos cierta confusión respecto de los objetivos. ¿Estamos intentando ahorrar energía? ¿Estamos intentando reducir las emisiones de CO2 o estamos intentando reducir el consumo de energía? Todas estas cosas no son lo mismo. Deberíamos centrarnos en el consumo de energía. Mi experiencia es que los edificios existentes constituyen la llave hacia el éxito. Si se contempla el sector de la vivienda, el sector más difícil es el de la vivienda de alquiler antes que el de la vivienda propia. Estamos muy lejos de resolver esa dificultad.
En general, apoyo la propuesta de la Comisión y el informe, pero albergo algunas dudas sobre la enmienda 15. deberíamos centrarnos más en la metodología común en lugar de preocuparnos demasiado, en este momento, sobre los estándares mínimos que deben ser aplicados en toda la Comunidad. Realmente estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo.
También tengo algunas reservas sobre la inclusión de un indicador de emisiones de CO2. Si se considera una casa, dependerá de cuánto gas se esté utilizando, o de cuanta electricidad. Por lo tanto no se pueden comparar muy fácilmente. En cualquier caso, ello constituye un paso en la dirección correcta.

Karlsson, Hans
Señor Presidente, un manejo apropiado de los problemas energéticos es una de las condiciones más importantes para la construcción de la sociedad sostenible. El debate de hoy trata del rendimiento energético. El ponente ha destacado de manera digna de elogio una serie de medidas destinadas a aumentar el rendimiento energético.
Conviene tener en cuenta tanto las grandes medidas como las pequeñas. Hay mucho por hacer en relación con el ahorro energético y con el desarrollo de nuevas tecnologías. Para alcanzar los objetivos, son necesarias acciones políticas, legislación y medidas de estímulo. Toda la sociedad tiene que asumir su responsabilidad por estas medidas: las empresas, los individuos, las actividades privadas y las públicas, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. La forma de resolver estos problemas influirá en el bienestar, pero también, en un sentido amplio, tendrá consecuencias en nuestras futuras condiciones de vida.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Vidal-Quadras Roca por su excelente trabajo en la propuesta de Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios. Quisiera dar las gracias a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por sus minuciosos y ponderados debates y quisiera expresar mi satisfacción con el modo en que el debate en el Parlamento ha perfilado el enfoque de la propuesta y la ha fortalecido. Es probable que sea uno de los medios más importantes de cumplir el compromiso de la Unión Europea con Kyoto y de mejorar la seguridad del suministro.
Como ha sido destacado el sector inmobiliario cubre el 40% de todo el consumo final de la UE. También tiene un gran potencial de ahorro en términos de costes y eficiencia. Esta propuesta puede conducir a una sustancial mejora en el rendimiento energético de los edificios, promocionando unos mejores estándares mínimos en los Estados miembros y en su normativa inmobiliaria, y exigiendo unas actualizaciones más frecuentes y una más amplia aplicación de esa normativa. Esto no sólo sería de aplicación a los edificios nuevos sino que, como se ha mencionado esta noche e incluso puede ser más importante, a muchos de los edificios existentes en el momento en que sean objeto de una renovación importante. Ahí es donde reside el verdadero potencial de mejora.
La Comisión saluda el informe del Parlamento y las modificaciones propuestas que mejorarán, aclararán y fortalecerán la propuesta. Así lo hacen muchas de las enmiendas mejorando las definiciones técnicas y financieras, dando ejemplos concretos y definiendo con mayor exactitud el ámbito de la propuesta y su ejecución. Por ejemplo, las enmiendas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 36 y 37 son enmiendas que la Comisión puede aceptar, y tantas como son, algunas de entre ellas con pequeños cambios. Las enmiendas 3 y 6 estimulan el uso de subvenciones e incentivos para promocionar la ejecución de la propuesta, teniendo en cuenta las implicaciones socioeconómicas, y por tanto también son aceptables. Las enmiendas 7 y 22, sobre la medición y facturación individual y la autorización de inspectores respectivamente, también pueden ser aceptadas si sus implicaciones financieras y jurídicas quedan más esclarecidas en el texto.
El Sr. Adam ha mencionado la enmienda 15. Esta es una amplia enmienda, de la cual algunas partes son aceptables para la Comisión. El establecimiento de niveles de eficiencia a escala Comunitaria, sin embargo, no es aun viable. Las enmiendas 18 y 20 también son parcialmente aceptables, teniendo en cuenta la necesidad de permitir que los indicadores de CO2 sigan siendo opcionales.
Las enmiendas 1, 12, 13, 16, 17, 21 y 27 no son aceptables para la Comisión por razones técnicas y de definición, incluyendo el grado de detalle o a causa de problemas afines de subsidiariedad que por ejemplo pudieran resultar del establecimiento de niveles de eficiencia a escala comunitaria. Debido a la naturaleza heterogénea del sector inmobiliario a causa de las diferencias climáticas, culturales y de tradición en la edificación, la subsidiariedad y la flexibilidad de los Estados miembros son importantes para la ejecución de esta directiva.
La Comisión opina que el medio más efectivo de mejorar en los Estados miembros los requisitos de rendimiento energético es proporcionar un método que les estimule a mejorar sus propios códigos de edificación, a establecer sus propios niveles de rendimiento y a asegurar la plena aplicación y regular revisión de los mismos.
Si bien los métodos de cálculo, multitud de normas y una serie de estándares pueden ser establecidos a escala comunitaria, el actual nivel de la eficiencia del rendimiento energético debe seguir siendo un asunto de los Estados miembros. La mayoría de las enmiendas propuestas tienen en cuenta estos principios.
Otra cuestión importante está relacionada con el umbral para elevar el rendimiento energético de los edificios existentes cuando son objeto de una renovación importante. Mejorar los edificios existentes constituye una parte importante de esta propuesta. Para muchos Estados miembros ello representa un nuevo ámbito de esfuerzo que requerirá unos nuevos estándares de rendimiento, nuevos recursos y considerables inversiones. Por ello, creemos que el umbral propuesto de 1000 metros cuadrados constituye el mejor compromiso a nuestro alcance en esta etapa inicial.
Por ultimo, en lo que respecta al periodo de transposición de esta directiva, pensamos que es importante subrayar que deberíamos evitar un innecesario largo periodo si queremos alcanzar la fecha objetivo de Kyoto, que habitualmente se fija entre 2008 y 2012.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. .
(Se levanta la sesión a las 20.50 horas)

