Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Harbour
Señor Presidente, esta intervención es relativa a un asunto emanante del Acta en lo que respecta a la distribución del informe prometido por el Sr. Kinnock en respuesta a mi pregunta oral del lunes, punto sobre el que trató la Asamblea ayer por la tarde. Quisiera confirmar que dicho informe está disponible. Lo he recibido por correo electrónico del despacho del Sr. Kinnock, pero por lo que a mí me consta, aún no ha sido distribuido oficialmente a los diputados. Sé que el Sr. Kinnock tenía mucho interés en que todos dispusiéramos del informe lo antes posible por lo que me permito pedirle, una vez más, que adopte las disposiciones necesarias su distribución.
Sobre el mismo asunto, permítame preguntarle, señor Presidente, en nombre de todos los diputados a este Parlamento, si sería posible que se elaborara un informe similar al que ha elaborado la Comisión sobre la evolución de las reformas en materia de recursos humanos en lo que respecta al trabajo en curso con el personal del Parlamento. Actualmente, nos encontramos en una situación en la que sabemos menos sobre la marcha de las reformas en materia de personal de esta Asamblea que en el caso de la Comisión. Permítame pedirle que trate sobre este punto con sus colegas y adopte las medidas oportunas para que se presente, lo antes posible, a esta Asamblea una declaración y un informe sobre la evolución de estas reformas tan importantes que recibieron el firme apoyo de la Asamblea cuando ésta aprobó mi informe el pasado año.

El Presidente
Respecto a la primera parte, yo estaba presente cuando la Presidenta le aseguró que el informe del Sr. Kinnock sería distribuido. Pediré a los servicios competentes que se aseguren de que se distribuye el documento.
Respecto a la segunda parte, la Mesa del Parlamento se reúne esta noche. Lamentablemente no estaré presente, pero pediré que la Mesa trate sobre ello esta noche.
(El Acta queda aprobada)

ECHELON
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0264/2001) del Sr. Gerhard Schmid, en nombre de la comisión temporal sobre el sistema de interceptación ECHELON, sobre la existencia de un sistema de interceptación mundial de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098(INI)).

Schmid, Gerhard
Señor Presidente, Señorías, hace ya más de un año que el Parlamento Europeo creó una comisión extraordinaria encargada de comprobar la existencia de un sistema de interceptación de comunicaciones, operado primordialmente por el servicio secreto americano y que presenta las siguientes características: opera a escala mundial y permite interceptar cualquier tipo de comunicación telefónica, por fax o correo electrónico en Europa. Un grupo de Estados, del que también forma parte el Reino Unido, o sea, un Estado miembro de la UE, opera este sistema que, tras el fin de la guerra fría, se utiliza sobre todo para el espionaje económico. Este sistema recibe, según se ha dicho, el nombre cifrado de ECHELON.
La investigación encomendada era una tarea muy difícil, señor Presidente, ya que el Parlamento Europeo no tiene acceso -bajo ninguna circunstancia- a los documentos de los servicios secretos de los Estados miembros de la UE y menos aún a información detallada sobre la actividad de los servicios secretos americanos. Aun así, después de un año de meticulosas indagaciones podemos comunicar al Pleno sin ningún resquicio de duda lo siguiente: en primer lugar, los servicios secretos no disponen en ninguno de los Estados miembros de un sistema de defensa que permita interceptar cualquier tipo de comunicaciones en Europa. ¡Esta afirmación pertenece al ámbito del periodismo creativo! Su aproximación a la realidad no es mayor por el hecho de que, lamentablemente, se recoja en un estudio encargado por el Parlamento Europeo, lo cual le ha conferido algo así como sello de calidad.
En este contexto lo importante no es lo que cada uno crea. Las telecomunicaciones están sujetas a las leyes de la física y si no se tiene acceso a los medios de comunicación, tampoco se pueden interceptar las comunicaciones, ¡y no existe una física mágica privativa de los servicios secretos! Sin embargo, en segundo lugar, existe sin duda alguna un sistema de interceptación, que presenta las características siguientes: opera a escala mundial a través de una asociación de Estados adscritos al llamado "Acuerdo UK-USA" , esto es, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No se trata de una combinación casual; dicho acuerdo defensivo tiene sus raíces históricas en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, sólo tiene acceso a las comunicaciones intercontinentales a través de un satélite de comunicaciones o de cables submarinos que desembocan en los países antes citados.
Por consiguiente, las comunicaciones en el interior de Europa apenas se ven afectadas, mientras que el sistema afecta sin lugar a dudas a las comunicaciones con los Estados africanos, los Estados árabes y América latina, por ejemplo. No sabemos en qué medida pueden interceptar las embajadas los mensajes radiados en su entorno próximo, pero es evidente que éstos no constituyen la parte más importante de la actividad de contraespionaje. A diferencia de las operaciones policiales de escucha, que siempre tienen como blanco una persona o un grupo de personas claramente definido, el sistema de interceptación que nos ocupa opera de manera distinta. Capta todas las comunicaciones a las que tiene acceso y las introduce en un ordenador, el cual las filtra en función de un catálogo de palabras clave que el servicio de información considera interesantes. El sistema opera, por lo tanto, como una aspiradora y los servicios de información establecen el filtro. Esta operación se denomina técnicamente control estratégico de las telecomunicaciones.
El dispositivo de búsqueda puede interceptar números de teléfono, voces de objetivos destacados, el contenido de los mensajes de correo electrónico y de los telefaxes mecanografiados. Con la tecnología disponible, dicho dispositivo no permitirá captar en un futuro inmediato los faxes manuscritos y las comunicaciones orales, que por lo tanto también se encuentran a salvo de ser escudriñadas por un servicio secreto. Por otra parte, se dispone de indicios de que el sistema recibe el nombre cifrado de ECHELON. Su nombre es, sin embargo, lo de menos. Se podría llamar "Rumpelstilzchen" ; ¡lo que nos preocupa es lo que hace!
Estos son los resultados y quiero añadir que no se trata de meras afirmaciones. Podemos demostrarlo mediante una cadena de indicios tan sólidos que se tendrían en pie ante un jurado. Quien desee conocer más detalles, no tendrá más remedio que leer el informe. De momento, como prueba, bastará señalar que si hubiésemos escrito alguna falsedad, pueden dar por seguro que los servicios de información de los Estados aludidos nos hubiesen desmentido públicamente con gran fruición. Sin embargo, no lo han hecho y esto ya es significativo de por sí.
¿Cómo valoramos estos resultados? Un criterio de evaluación necesario ha de ser qué hacen en la práctica nuestros propios servicios de información. Un criterio que, sin ser el único, también se debe aplicar si se desea debatir honestamente el asunto. La mayor parte de los servicios de información de la mayoría de los Estados de la UE utilizan el sistema de control estratégico de las telecomunicaciones.
Sólo Bélgica, Grecia. Irlanda, Austria y Luxemburgo no usan esta técnica.
En segundo lugar, en la valoración también interviene, como es natural, la finalidad con que se utilice el sistema. Si el objetivo es combatir la delincuencia internacional organizada, el tráfico de drogas, de seres humanos o de armas, el terrorismo o la proliferación de armamentos, vigilar el cumplimiento de un embargo o aspectos relacionados con la seguridad nacional, no hay nada que objetar. Sin embargo, la valoración tiene que ser distinta si el sistema se utiliza para espiar empresas, con objeto de obtener ventajas para la propia economía.
En tercer lugar, a pesar de todo, el objetivo no justifica los medios. Es decir, que no sólo nos preocupa el objetivo, pues cualquier escucha, cualquier interceptación concreta constituye una violación de la esfera privada. No se trata de un problema cuantitativo. Los derechos humanos son derechos individuales, no una cuestión estadística. Una violación de la esfera privada como la que nos ocupa sólo es admisible bajo determinadas condiciones. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo expresa con toda claridad. En pocas palabras, dichas condiciones son que la interceptación debe tener un fundamento jurídico y no debe ser arbitraria. Por lo tanto, es preciso sopesar el daño causado por la violación de la esfera privada en función del objetivo que se persigue. La interceptación debe ser previsible, es decir que los ciudadanos y ciudadanas deben conocer la existencia de un sistema de esas características. Y sólo se debe recurrir a ella cuando no exista ninguna otra alternativa, o sea, como ultima ratio. Hay colegas de esta Asamblea que afirman que cuando el objetivo es la persecución de un delito y la policía actúa por orden de un juez, no hay problema. En cambio, en el caso de los servicios secretos se trata, según ellos, de una violación de los derechos humanos. Yo comprendo muy bien que alguien declare que, por consideraciones políticas, no desea que los servicios secretos actúen así. Es un razonamiento que puedo comprender. No comparto esa posición, pero puedo comprenderla. Sin embargo, quien afirme que esto es ilícito, no tiene en cuenta la jurisprudencia de nuestro Tribunal de Derechos Humanos.
El espionaje económico no es, desde luego, un objetivo admisible. Ahora bien, todos los servicios de información se ocupan también de cuestiones económicas. Como por ejemplo la evolución de los mercados financieros y de materias primas. La mayor parte de los servicios practican el espionaje económico en este sentido. Pero lo que aquí se critica no es esto. El problema se plantea cuando no se indaga sobre circunstancias generales, sino que se hacen llegar detalles a la industria del propio país a fin de que obtenga una ventaja competitiva.
Una actuación de este tipo entre Estados de la UE sería, además, contraria al Derecho comunitario, pues constituye una forma de ayuda estatal no autorizada. En el ámbito internacional, representa algo más que un acto poco amistoso y entre aliados, ¡es un escándalo! Por lo demás, la interceptación de comunicaciones no es el método preferido del espionaje económico, en el que por regla general se utilizan los medios tradicionales. Sin embargo, existen casos aislados en los que se puede aplicar con éxito este instrumento.
Los Estados Unidos han sido el blanco principal de las críticas. Por su parte, siempre han negado que comuniquen directamente a las empresas estadounidenses la información obtenida por los servicios de información. Sin embargo, han reconocido que interceptan los detalles de las comunicaciones en el caso de los grandes contratos internacionales. El argumento y la justificación aducida es que las empresas europeas ofrecen sobornos y tienen que defenderse contra ello.
Con toda la cordialidad y cautela, es preciso cuestionar este proceder. En primer lugar, sabemos que las empresas americanas también ofrecen sobornos. Cuando se analiza la corrupción existente a escala internacional, éstas ocupan un lugar central en las actividades de soborno.
En segundo lugar, un convenio ha prohibido entre tanto esta práctica en el marco de la OCDE y los Estados miembros de la UE han incorporado esta prohibición a la legislación nacional. Que los Estados Unidos de América, con mentalidad de cowboy, continúen empeñados en aplicar, a pesar de todo, la ley del más fuerte, resulta inconciliable con la idea de que estas cuestiones se pueden resolver por medio de instrumentos jurídicos internacionales.

En tercer lugar, si es cierto que los servicios americanos no practican el espionaje económico detallado, ¿por qué en los Estados Unidos de América no existe ninguna ley que prohiba esta práctica? ¿Cuál es la razón?
El verdadero problema político reside en el fondo en que, en el contexto del debate público, las gentes de Europa consideran a los Estados Unidos de América capaces de semejante práctica. Esto pone de manifiesto un problema político de desconfianza básica. ¡Esta desconfianza tiene que desaparecer!
Hemos elaborado una gran cantidad de propuestas, también en lo que se refiere al control de nuestros servicios, a la suscripción de un Código de Conducta entre los Estados de la UE y otras medidas por el estilo. No obstante, finalmente nos encontramos ante un problema central muy simple. Los ordenamientos jurídicos nacionales garantizan la protección de la esfera privada. Sin embargo, las comunicaciones tienen un carácter cada vez más internacional. No existe un Estado mundial que la proteja. Tenemos que crear instrumentos jurídicos internacionales que permitan salvaguardar la esfera privada -es uno de los numerosos problemas de la globalización- también en este ámbito.
Más allá de esto, subsiste un segundo problema, al que hago referencia al comienzo del informe. Allí figura una frase latina que dice: Sed quis custodiet ipsos custodes, es decir, ¿quién vigila al vigilante? ¡Este sigue siendo el eterno problema!
(Aplausos)

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la Presidencia ha acogido con interés la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el sistema de interceptación ECHELON y escuchará el debate con atención. Me alegro de que el Parlamento estudie esta cuestión a fondo. La presente iniciativa se inscribe en el marco de la tradicional tarea de control democrático que corresponde a las asambleas legislativas. Refleja las preocupaciones de muchos ciudadanos de la Unión Europea respecto a dicho sistema.
Además, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que durante todo el tiempo en que el Parlamento ha venido desarrollando sus actividades en este ámbito la Presidencia del Consejo se ha mostrado dispuesta a colaborar lealmente con él. Las Presidencias portuguesa, francesa y sueca accedieron a la invitación del Parlamento y expusieron su punto de vista sobre este tema, tanto en las sesiones plenarias como en las reuniones de su Comisión temporal.
Mi presencia aquí se enmarca en esta misma línea. Es por eso por lo que asisto al debate sobre el informe y la resolución de la Comisión temporal y quiero dejar claro que la inquietud del Parlamento cuenta con toda mi simpatía. Como saben, en griego -por citar una lengua clásica- la palabra simpatía significa "compenetración".
La constatación de que los órganos parlamentarios de mi propio país también se han ocupado de la interceptación de comunicaciones -los dos informes parlamentarios belgas enviados al Sr. Schmid y mencionados en su informe son testimonio de ello- me reafirma en mi convicción de que se trata de un problema político complejo a la vez que importante.
Espero que comprendan, no obstante, que como Presidenta del Consejo debo ceñir mi reacción a aquellos aspectos que estén relacionados con el Consejo o con la Unión en general. No me incumbe a mí pronunciarme en nombre de o respecto de Estados miembros concretos.
Son conocidos los principios básicos que deben regir cualquier sistema de interceptación de las comunicaciones. El artículo 8 del Convenio europeo de los derechos humanos, artículo que la Unión debe respetar en los términos del artículo 6 del Tratado por el que se instituyó la propia Unión, establece que cualquier persona goza del derecho a que se respete su vida privada. Según este mismo artículo, y también según la jurisprudencia permanente del Tribunal, no puede haber injerencia de una autoridad pública en el ejercicio de este derecho sin que esa injerencia esté prevista por la ley, que sea necesaria para realizar los objetivos enumerados de forma limitada y que respete el principio de proporcionalidad.
Basándose en estos principios, el Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" de los días 29 y 30 de mayo de 2000 reafirmó con respecto a la red ECHELON su adhesión al respeto por los derechos fundamentales y las libertades de las personas. También señaló que si bien un sistema de interceptación de las telecomunicaciones puede ser un instrumento importante para luchar contra la criminalidad y garantizar la defensa de la seguridad nacional, no debería sin embargo en ningún caso utilizarse para obtener ventajas de tipo comercial. Estos principios quedaron también traducidos en el Convenio del 29 de mayo de 2000, convenio relativo a la ayuda mutua judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. El artículo 20 de este Convenio fija así las condiciones en las cuales la interceptación de telecomunicaciones puede verse autorizada en el marco de la cooperación entre Estados miembros en materia penal.
(FR) El respeto por la vida privada constituye también uno de los derechos consagrados por la Carta de Derechos Fundamentales aprobada en Niza a finales del pasado año. El artículo 7 de la Carta dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y sus comunicaciones. El Consejo está, evidentemente, dispuesto a que se respeten plenamente estas disposiciones.
Hay que señalar que el Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones y órganos comunitarios, demuestra ya la voluntad común de las instituciones comunitarias de asegurar la protección de las personas contra el uso abusivo de datos personales.
(NL) El derecho al respeto de la vida privada y la protección de datos están íntimamente ligados. Además, somos conscientes de que, debido a la continua evolución tecnológica, una protección eficaz de los datos personales no puede limitarse a las fronteras de la Unión, sino que ha de adquirir una dimensión mundial. Por eso, la Unión intenta asimismo fomentar un diálogo con terceros países así como un diálogo transatlántico con los Estados Unidos y Canadá. El pasado mes de mayo ya tuvo lugar una primera reunión de expertos en materia de sistemas legales para la protección de datos en Bruselas, bajo la Presidencia sueca.
Durante una reunión de los responsables de Justicia y Asuntos Interiores celebrada el pasado 17 de julio, en la que participaron altos funcionarios estadounidenses, tanto la Presidencia como su socio transatlántico reconocieron la necesidad de lograr un acuerdo en este terreno. Está previsto que se convoque un segundo encuentro bajo la Presidencia belga, esta vez por invitación de los Estados Unidos, a fin de sentar las bases para futuros acuerdos.
Con el informe Schmid de la Comisión temporal sobre ECHELON el Parlamento ha contribuido de forma cualitativa y plenamente satisfactoria al ejercicio de reflexión de la Unión Europea. Podríamos decir que el Parlamento y el informe Schmid han creado una mayor conciencia respecto al problema que nos ocupa. El Consejo y la Presidencia, cada uno dentro de los límites de sus competencias, harán todo cuanto esté a su alcance para garantizar al cien por cien el respeto de la vida privada y la protección de datos, dentro y fuera de la Unión.
No cabe duda de que en el futuro la comunicación electrónica será cada vez más frecuente. Las comunicaciones revisten carácter privado por definición, por lo que es preciso salvaguardar su confidencialidad. Por tanto, no podemos aceptar, por razones de principio, que las comunicaciones sean interceptadas sin motivos legítimos convincentes y sin que los espías estén sujetos a un control democrático.
La Presidencia belga considera la seguridad de las redes informáticas y de la información como un objetivo absolutamente prioritario. La política correspondiente se fundamenta en concreto en la comunicación de la Comisión COM (2001) 298 que, por una parte, llama la atención sobre la necesidad de combatir la delincuencia cibernética y, por otra, insiste en la necesidad de proteger los datos en el ámbito de las telecomunicaciones.
Dicha comunicación abre nuevas pistas, y la Presidencia belga piensa seguir por ese mismo camino. En primer lugar, queremos avanzar en la elaboración de un sistema de alerta e información destinado a eliminar los riesgos inherentes al uso de la informática. Más en concreto, la Presidencia está dando los pasos necesarios para que el Consejo de Telecomunicaciones previsto para el próximo 15 de octubre acabe formulando un objetivo común unívoco. De este modo, el Consejo de Telecomunicaciones de diciembre podrá elaborar un plan de acciones detallado, así como un calendario en materia de seguridad electrónica. Aparte de eso, seguiremos estudiando los avances logrados por los Estados miembros en el ámbito de la seguridad del sistema en el marco de la ejecución del plan de acciones e-Europe 2002. Los Estados miembros han lanzado diversas iniciativas con idea de animar a los ciudadanos y a las empresas a utilizar material informático seguro. Por otra parte, el VI Programa marco de investigación, que en este momento es objeto de debate en el Consejo, debería asimismo prestar especial atención a todos los aspectos relacionados con la seguridad de las redes informáticas y la seguridad de las telecomunicaciones.
(FR) El nuevo examen de la legislación en materia de telecomunicaciones contiene también disposiciones que actualizan la normativa Europea relativa a la protección de los datos personales y de la vida privada.
Muy pronto, esta Asamblea deberá pronunciarse en primera lectura sobre este importante texto. Éste contiene, entre otras, disposiciones generales sobre la confidencialidad de las comunicaciones así como sobre el principio general de supresión de datos de tráfico y de localización vinculados a esta comunicación.
Este principio general se ve, por supuesto, matizado por la posibilidad de la que disponen las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la lucha contra la criminalidad de exigir el acceso a estos datos en cada caso. Saben ustedes que el debate sobre el almacenaje de dichos datos está aún abierto.
Para terminar, quisiera decirles unas palabras sobre la cuestión de las operaciones de información. En la declaración de compromiso de capacidad militar anexa a las conclusiones del Consejo europeo de Niza, los Estados miembros reconocieron que serían necesarios esfuerzos importantes en el ámbito de las informaciones para que la Unión disponga de ventaja en la información de nivel estratégico.
La propuesta de resolución de este Parlamento insiste en la necesidad de un control democrático sobre las operaciones de información que se desarrollarían en el marco de la Unión Europea. Se trata en este caso de un principio general que no podemos más que suscribir. En concreto, y en estos momentos, la Presidencia considera que si bien debería desarrollarse una capacidad igual de información en el seno de la Unión, convendría examinar qué modalidades deberían aplicarse para asegurar un control democrático de estas actividades. Estas modalidades deberían, evidentemente, tomar en consideración la particularidad del ámbito de las informaciones que exige, para funcionar de forma eficaz, una confidencialidad de las informaciones recogidas.
En resumen y para concluir, señor Presidente, quisiera felicitar de nuevo al ponente por su excelente trabajo y desearles un debate interesante. Me quedaré para escucharles.

von Boetticher
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando tuve que explicar, no hace mucho, el trabajo de nuestra comisión sobre el asunto ECHELON, cité el ejemplo siguiente. Imaginen que son un comisario de la policía judicial y diversas personas acuden a ustedes y les informan de un ataque terrorista con bomba, cometido por cinco personas. En el supuesto lugar de la acción se encuentran dos posibles víctimas, pero éstas guardan silencio. Los cinco sospechosos tampoco dicen nada. Lamentablemente, al principio tampoco se encuentra el arma del delito y se ignora cómo se desarrolló la acción. Un caso sumamente difícil, en suma.
Del mismo modo, al principio algunos periodistas nos dijeron que existía un sistema mundial de interceptación de comunicaciones, llamado ECHELON, operado por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que permitía interceptar y examinar las comunicaciones telefónicas, por fax y por correo electrónico en todo el mundo. Los ciudadanos, empresas e instituciones eran objeto de una vigilancia sistemática. ¿Qué resultados se han alcanzado al cabo de un año de investigaciones? En mi calidad de comisario, yo diría que los cinco sospechosos se encontraban efectivamente en el lugar de los hechos, pero el arma no era una bomba, sino un arma de precisión. Todos los presentes podían utilizarla, pero los indicios señalan a un solo culpable de una actuación delictiva. Las víctimas nos han dado pistas para aclarar los hechos, pero no están dispuestas a comparecer ante los tribunales y, en consecuencia, estos indicios lamentablemente no son suficientes para dictar condena. No obstante, es imprescindible mantener bajo vigilancia a los sospechosos y adoptar otras medidas preventivas.
Hablando claro, esto significa que existe una cooperación entre los Estados citados en relación con el sistema de espionaje. El nombre del mismo es irrelevante, pero podemos llamarlo tranquilamente ECHELON. Éste sólo puede interceptar, sin embargo, las comunicaciones civiles realizadas a través de satélites Intelsat. Sólo una ínfima parte de las telecomunicaciones mundiales y una parte aún más reducida de las comunicaciones privadas discurren por esa vía. Además, este tipo de actividades de los servicios secretos están toleradas internacionalmente, siempre que sean necesarias para salvaguardar la seguridad internacional. Los indicios sugieren, sin embargo, que los Estados Unidos también utilizan los datos interceptados para otros fines que no son la protección de los intereses del Gobierno nacional. Los servicios americanos han reconocido haber interceptado las comunicaciones de las empresas europeas que compiten por la obtención de grandes contratos extranjeros, según alegan porque éstas ofrecen sobornos. Los protocolos secretos se remiten acto seguido a las embajadas americanas, con objeto de que los embajadores correspondientes puedan presionar a los Gobiernos adjudicadores de los contratos a fin de contrarrestar dichos supuestos intentos de soborno. Al mismo tiempo, en el Ministerio de Comercio de los Estados Unidos existe un advocacy center, que mantiene una red de alcance mundial a través de las embajadas, cuya única misión es ayudar a las empresas estadounidenses a conseguir grandes contratos. De ello se desprende fácilmente la sospecha de que los Estados Unidos realizan un espionaje ilícito al servicio de la competencia. Lamentablemente, las empresas afectadas guardan silencio por temor a que su imagen salga perjudicada.
Yo quiero agradecer al ponente y a su equipo que no hayan cedido a los cantos de sirena de los Verdes y también de la izquierda de la Asamblea que intentaban inducirle a escribir la novela de una conjura. Su informe es serio, objetivamente fundamentado y nombra a las pruebas y los indicios por su nombre, sin prejuzgar. Las conclusiones tal vez se queden cortas para algunos, pero agotan las posibilidades legales a nuestra disposición. Sólo a escala mundial será posible conseguir una protección frente a las actividades ilegales de los servicios secretos no europeos. Por lo que se refiere a nuestro propio ámbito de responsabilidad, es necesario cerrar, en particular, las fisuras en la protección de los asuntos reservados en la Comisión. A diferencia del Consejo o del Banco Central, ésta se encuentra al nivel de la Edad Media en lo que respecta a las técnicas de protección de datos y de la información reservada. Hasta ahora, se han subestimado aparentemente por completo los riesgos procedentes del exterior de Europa en este aspecto. Por consiguiente, pedimos a la comisión competente que elabore un informe de propia iniciativa. Exhortamos a nuestros amigos británicos a que, puesto que forman parte de Europa, controlen con eficacia y conforme a los principios del Estado de derecho la actividad de espionaje americana desarrollada desde su territorio contra objetivos europeos; lo contrario constituiría una infracción contra la legislación europea en materia de protección de datos.
Quiero expresar una vez más mi sincero agradecimiento al ponente por la colaboración mantenida y estoy convencido de que el informe obtendrá el apoyo de una abrumadora mayoría de la Asamblea.

Wiersma
Señor Presidente, hace algo más de un año que la Comisión temporal sobre ECHELON y otros sistemas mundiales de interceptación inició su trabajo. En aquel entonces se dudó de que esta comisión fuera capaz de cumplir el mandato que le había sido conferido por el Parlamento dentro del plazo previsto. Mi correligionario Gerhard Schmid acaba de presentar el informe que recoge los resultados del trabajo llevado a cabo por la Comisión temporal. En nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestro enorme aprecio por los esfuerzos realizados no sólo por el ponente sino también por el presidente de la comisión, el Sr. Coelho, a lo largo del pasado año. En el informe se ha probado por primera vez que ECHELON existe. Se trata de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones internacionales mediante teléfono y mensajes basado en la colaboración entre cinco países. Queda asimismo de manifiesto que hay otros países, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, que también se sirven de sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales.
Sin embargo, al mismo tiempo el informe acaba con el mito de que ECHELON y otros sistemas similares permiten interceptar toda conversación telefónica y leer todo mensaje de fax o correo electrónico. Ello resulta imposible desde el punto de vista técnico, aparte de que en la mayoría de los casos se trata de países democráticos en los que las actividades de los servicios secretos están sujetas a serias restricciones, al menos con respecto a sus propios ciudadanos. La información que han venido publicando los gobiernos de los Países Bajos y Alemania durante la investigación llevada a cabo por la Comisión temporal sobre ECHELON revela que los sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales se utilizan sobre todo como instrumento de trabajo en la lucha contra el terrorismo internacional, el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico ilegal de armas y para garantizar el respeto de los embargos internacionales. Es algo que nadie pone en solfa, siempre y cuando estas actividades sean sometidas a un control democrático y político satisfactorio y no atenten contra las normas internacionales y nacionales destinadas a proteger la intimidad de los ciudadanos.
El inútil secretismo, el misterioso comportamiento de los servicios secretos y la falta de claridad de muchos gobiernos impiden que los sistemas de interceptación de telecomunicaciones internacionales puedan ser utilizados de forma transparente. Por todo ello, es imprescindible que los derechos fundamentales, tal y como constan en la Carta Europea, incluyan una normativa clara y vinculante que garantice la protección de la esfera privada de todos los ciudadanos europeos. A este respecto hemos de esforzarnos para que la normativa estricta que se aplica actualmente en la mayoría de los países en el marco de la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos nacionales se extienda en breve a todos los ciudadanos de la UE.
El ejercicio de un control democrático y político eficaz sobre las actividades de los servicios secretos y, por tanto, también sobre la interceptación de comunicaciones telefónicas internacionales forma parte integrante del derecho de cada Estado a defenderse de atentados externos contra la seguridad de sus ciudadanos o su estructura democrática.
Se impone un cambio de mentalidad. Es inevitable que determinados aspectos del trabajo realizado por los servicios de inteligencia no se puedan dar a conocer, pero hay otros muchos que sí aguantan la luz de la transparencia y de la democracia. Sólo los países que adoptan ante sus ciudadanos una actitud abierta y honesta respecto a sus servicios de inteligencia serán capaces de ofrecer la colaboración necesaria a escala europea y podrán contribuir a la constitución de una capacidad europea en materia de inteligencia en el marco de una política exterior y de seguridad común eficaz.
A este fin, la tradicional desconfianza de los servicios de inteligencia hacia las personas ajenas a sus asuntos y la también tradicional defensa a ultranza de los intereses nacionales deben transformarse en una colaboración que eclipse por completo el acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos en el que se fundamenta ECHELON, no sólo porque en el Consejo Europeo de Helsinki se acordó la creación de una capacidad europea en materia de inteligencia como parte integrante de una fuerza de intervención europea, pero sobre todo porque la lucha contra el terrorismo internacional y el tráfico de seres humanos, por citar algunos problemas, supone un esfuerzo común de todos los países de la UE.
Por cierto, aquí conviene lanzar una advertencia. Una colaboración europea más avanzada en el ámbito de la recogida de información -que, por otra parte, también reviste una enorme importancia de cara a la posición que ocupa la Unión Europea en el marco aliado de la OTAN- obligará al Gobierno británico a elegir: o bien continúa optando por la colaboración transatlántica, o bien participa plenamente en la colaboración a escala europea. Una opción a medias no sólo carecería de credibilidad, sino que, además, resultaría inviable desde el punto de vista práctico.
En el curso de la investigación llevada a cabo por la Comisión temporal sobre ECHELON no hemos obtenido ninguna prueba de que la esfera privada de los ciudadanos sea violada intencionadamente o de que los sistemas mundiales de interceptación de telecomunicaciones internacionales sean utilizados deliberada y específicamente para el espionaje industrial mundial. Las preguntas directas a grandes empresas europeas tampoco han aportado ninguna respuesta en este sentido. Sin embargo, las observaciones formuladas en el bando estadounidense han puesto de manifiesto que, en determinados casos, los datos obtenidos casualmente sí se utilizan. Quien pesca arenque suele capturar también algún que otro salmón, y ese salmón no se devuelve siempre al mar, sino que en ocasiones acaba en el plato. Quien dispone de información confidencial hace bien en protegerla. A este respecto, la Unión Europea y los Estados miembros han de ofrecer su ayuda facilitando consejos, desarrollando equipos y programas informáticos amigables de encriptación y, sobre todo, sensibilizando a los ciudadanos.
Espero que el informe de la Comisión temporal sobre ECHELON contribuya sustancialmente a este fin.

Flesch
Señor Presidente, Señorías, debo felicitar en nombre de mi Grupo al ponente, Gerhard Schmid, por su excelente informe. Llega a la conclusión de que existe un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones en el marco del acuerdo USA, que sin duda tiene el nombre de ECHELON, que se utiliza para interceptar las comunicaciones privadas económicas pero no militares, que la capacidad técnica del sistema no es quizá tan grande como algunos habían supuesto, pero que se impone la prevención.
Al contrario de lo que afirman algunas opiniones minoritarias, el ponente no se ha mostrado más preocupado por el espionaje económico que por las escuchas individuales. Efectivamente, no propone menos de ocho medidas concretas relativas al refuerzo de la protección de los derechos de los ciudadanos en el marco de diversos tratados internacionales, e invita a los Estados miembros y al Consejo a adoptar al menos siete medidas específicas en el ámbito de la acción legislativa nacional en materia de protección de los ciudadanos. Sin duda, se proponen algunas medidas específicas a favor de las empresas, pero éstas son menos incisivas y tienen un alcance menos importante que las medidas relativas a las escuchas individuales.
Como ciudadana de un país cuyo servicio de información es sin duda bastante tímido comparado con los de sus grandes vecinos o aliados, me parece sin embargo ilusorio y vano proponer la supresión de los servicios secretos. Existen y seguirán existiendo. Conviene por tanto extraer conclusiones políticas y buscar soluciones a este nivel: vigilar la actividad de estos servicios, someterlos a un control jurisdiccional y parlamentario, dictar normas uniformes de protección de los ciudadanos en función del nivel nacional más elevado, y ello en todo el territorio de la Unión. En esta óptica es necesario también ver las propuestas de los párrafos 16 y 17 de la resolución. Efectivamente, con el refuerzo de la política europea de seguridad y defensa y la implicación creciente de la Unión Europea en la prevención y la gestión de las crisis, la colaboración de los servicios de información se incrementa y, más pronto o más tarde, la Unión deberá dotarse de una capacidad de información europea autónoma. Esto no es concebible más que teniendo en cuenta un sistema de control democrático.
En lo que respecta a ECHELON, la resolución exige expresamente a Alemania y al Reino Unido que subordinen la autorización de interceptación de comunicaciones por parte de los servicios de información de Estados Unidos en su territorio a la condición que se haga respetando el Convenio relativo a los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal de derechos humanos.
Lejos de haber pretendido distraer de forma sistemática, nuestro ponente ha puesto los puntos sobre las íes, ha respondido plenamente al mandato que se le había confiado en la comisión temporal ECHELON y ha proporcionado a este Parlamento un instrumento que le permite proseguir sus trabajos en interés de la protección de los ciudadanos.

McKenna
Señor Presidente, acogemos con satisfacción el hecho de que el informe reconozca y acepte la existencia de ECHELON. Es algo que el Grupo de los Verdes declaró hace mucho tiempo ante este Parlamento y ahora hemos sido vindicados. No obstante, el informe no saca ninguna conclusión política. Por otra parte, es sumamente hipócrita porque critica el sistema de interceptación ECHELON, precisamente cuando nos proponemos establecer un servicio secreto europeo. En otras palabras, no es que este sistema represente un problema en sí mismo, sino que la UE quiere poder hacer lo mismo y disponer de su propio sistema. El informe, ingenuamente, da la impresión de que todo estará bien si disponemos de algún tipo de control democrático.
Es un hecho de sobra conocido que en ningún lugar del mundo existe un mecanismo de servicios secretos eficaz de control público y de sus actividades antidemocráticas. Por su propia naturaleza, no es posible controlar los servicios secretos y, por consiguiente, nosotros, como diputados a este Parlamento, que nos jactamos de preocuparnos por los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales, deberíamos cuestionar su existencia. Pero, por el contrario, el informe sirve para legitimar un servicio secreto europeo que, inevitablemente, infringirá los derechos fundamentales del mismo modo que lo hace el sistema ECHELON.
La comisión temporal y el informe se centran, principalmente, en la amenaza a la competencia industrial europea y en la amenaza que representa el espionaje industrial. Pero no es ésa la cuestión principal y fundamental. Lo que aquí está en juego, y que en el presente informe brilla por su ausencia, es que nadie podrá ya comunicarse de manera confidencial. Ésta es la auténtica amenaza para todos nosotros. El espionaje político representa una amenaza mayor que el espionaje económico. En la prensa británica han aparecido recientemente noticias que apuntan a que los dirigentes europeos han dado instrucciones a la policía y a las agencias de inteligencia para que coordinen sus esfuerzos para identificar y seguirle la pista a los manifestantes anticapitalistas. Esta medida dará luz verde a los servicios secretos para poner bajo vigilancia a personas cuyas actividades son totalmente democráticas y legales. Ámbitos políticos y sociales pasarán a ser delictivos. La policía y los servicios secretos tendrán acceso a información muy confidencial sobre personas sin que éstas puedan hacer nada ni tener ni ningún control.
El informe no escatima esfuerzos para esconder bajo la alfombra los peligros de este tipo. Asimismo, pasa por alto los planes que se están urdiendo en la UE sobre el sistema de interceptación Enfopol. En nuestra categoría de diputados al Parlamento Europeo, debemos exigir que se protejan las libertades y el derecho a la intimidad de las personas, tal y como establece el artículo 8 del Convenio Europeo y el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y que las personas no estén obligadas a vivir bajo un control permanente en el que fuerzas desconocidas tengan acceso a cualquier comunicación que hagan.
Por último, el informe saca del atolladero al Reino Unido. Como mínimo, el informe debería haber pedido que el Reino Unido se desvincule de la gestión del sistema ECHELON y, además, debería haber pedido a Alemania que cierre la base de interceptación que se encuentra en su territorio. A estos Estados miembros, que están colaborando, se les ha sacado completamente de apuros.

Di Lello Finuoli
Señor Presidente, ECHELON en cuanto sistema indiferenciado de interceptación de comunicaciones, de datos y de documentos existe y representa un notable avance. Desde ahora en adelante, las Instituciones de la Unión, especialmente los representantes del Consejo y de la Comisión, ya no podrán decir que son noticias de prensa incontrolables. Sin embargo, existe una incoherencia entre lo que se ha probado y las conclusiones del informe, ya que hay un notable quebrantamiento del derecho fundamental al respeto de la vida privada establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CPDH) y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europa.
En realidad, el sistema, debido a sus potencialidades técnicas, desvirtúa la relación de proporcionalidad que, precisamente según el artículo 8 del CPDH, debe existir entre la interferencia en la vida privada y el interés a tutelar con la interceptación. Esto es aún más grave si cabe porque hoy, gracias a estas potencialidades técnicas, las interceptaciones se realizan por parte de un tercer país en el territorio y en perjuicio de los ciudadanos de los Estados de la Unión, sin ninguna posibilidad de cualesquiera controles judiciales, administrativos o parlamentarios.
Otro problema es que uno de los países del sistema ECHELON es el Reino Unido, miembro de la Unión Europea, mientras que otros Estados miembros, como Alemania, han puesto a disposición su territorio para instalar en él antenas, estaciones de escucha y demás. En definitiva, el grupo de países anglófonos gestores de ECHELON hace lo que quiere con la vida privada de los ciudadanos europeos, como se reconoce expresamente en el apartado 26 de la exposición de motivos que también la Sra. Flesch ha citado, es decir, que existe una conculcación del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sin embargo, en lugar de confiar, como se dice en mi país, "las ovejas al lobo" , había que afirmar al menos el quebrantamiento de este artículo por parte del Reino Unido y reconocer asimismo la incompatibilidad de la participación del Reino Unido en el sistema ECHELON con los compromisos adquiridos en virtud de los Tratados europeos.
La protección eficaz de los derechos fundamentales en Estados Unidos es esencial para la credibilidad y la legitimidad democrática de su país. Una vez más, sin embargo, se ha elegido y desaprovechado una ocasión, al menos para nosotros, de afirmar un principio democrático. Para otros, en cambio, en un momento histórico en el cual se ciernen grandes nubarrones sobre el derecho a disentir en la Unión Europea y a escala mundial - Génova nos enseña- no se podía siquiera pensar en suprimir o cuando menos tratar de modificar y de atenuar un sistema de escucha indiscriminado, un sistema entre los más útiles para el control social y para la posible represión.
Señor Presidente, el derecho fundamental a la vida privada, tan solemnemente proclamado en nuestros Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales, con este informe y con la falta de conclusiones apropiadas, se queda en un derecho sobre el papel, mejor dicho, se queda en un derecho de papel.

Marchiani
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quisiera señalar especialmente la competencia y talento del ponente, Sr. Schmid, así como la de nuestro presidente de comisión, que ha dirigido los debates y los trabajos de forma extraordinariamente cordial. Pero no podemos aceptar la conclusión política de este informe y, por consiguiente, votaremos en contra, y solicito al máximo de diputados que hagan lo mismo.
Efectivamente, este informe ha puesto en evidencia -acabamos de recordarlo- un sistema de espionaje americano, realizado por los americanos con la complicidad de dos países miembros, violando el artículo 6 del Tratado de la Unión, violando también las reglas más elementales del respeto por la vida privada y con una intensa actividad de espionaje económico en beneficio de las empresas americanas.
Nuestro informe ha podido demostrar que se realizaron una serie de operaciones de espionaje que afectaron a las empresas europeas Siemens, Dassault, Philipps, Thompson, Airbus, infligiendo así golpes muy duros al empleo de los trabajadores europeos, a nuestra balanza comercial europea y a las industrias de defensa de nuestros países.
La mayoría anglosajona de esta Asamblea ha preferido la solidaridad atlantista a la europea. Lo lamentamos, pero este informe no responde a dos preguntas fundamentales. La primera: una vez establecido que al menos un país, el Reino Unido, es cómplice, violando el Tratado de la Unión, de una actividad de espionaje contra Europa, ¿qué sanciones hemos de adoptar? Primera pregunta y primera no-respuesta. Segunda pregunta: los trabajos de nuestra comisión han demostrado ampliamente que en tanto estemos en un sistema OTAN, en tanto no podamos deshacernos de los medios técnicos y logísticos de la OTAN, no podría producirse una política europea y de seguridad común independiente. Lo lamentamos. La conclusión de este informe produce simplemente consternación.

Turco
Señor Presidente, como ciudadano europeo, mucho más que como diputado, quisiera expresar humildemente mi indignación por la forma en que se han desarrollado los trabajos de la comisión. La comisión ha trabajado conculcando sistemáticamente el Reglamento parlamentario, conculcando el derecho de acceso del público a los documentos.
Esta gestión de los trabajos, sin menospreciar el esfuerzo del presidente Sr. Coelho y del ponente Sr. Schmid, ha sido necesaria no para proteger la seguridad europea - que en este ámbito es un concepto abstracto - sino para ocultar la responsabilidad de los Estados miembros de la Unión. En el informe se afirma con absoluta certeza que ECHELON existe, que espía sistemática y masivamente a los ciudadanos y a las empresas de los Estados miembros de la Unión y que del sistema forma parte el Reino Unido, sin embargo, no se le condena abiertamente, puesto que las interceptaciones sistemáticas y generalizadas, filtradas con motores de búsqueda, ya las lleva a cabo Alemania, mientras que Holanda que, evidentemente, dispone de la tecnología, se está organizando legislativamente para hacerlo.
Del informe resulta que ECHELON es la metáfora de quien no reconoce al ciudadano el derecho a la vida privada y la subordina a la seguridad nacional, puesta en peligro ante todo por la incapacidad de los responsables políticos de prever, prevenir y gobernar las amenazas.
Así las cosas, del informe aflora, como solución concreta e inmediata, la invitación dirigida a empresas y ciudadanos de encriptar los documentos, como si no se conociera la indisoluble relación entre el desarrollo de sistemas criptográficos, criptoanalíticos y las técnicas de interceptación.
Señor Presidente, en la opinión minoritaria debería estar la única respuesta política que se puede dar y que pasa sustancialmente a través del control democrático.

Belder
Señor Presidente, la Comisión temporal sobre ECHELON ha realizado un estudio pormenorizado respaldado por prácticamente todos los componentes del espectro político, al menos en lo que al análisis se refiere.
Por el contrario, la propuesta de reforzar la colaboración europea en el ámbito de las actividades de información es un tema más sensible. El informe debería haberse limitado a subrayar que en virtud de la colaboración en materia de defensa y seguridad corresponde a los Estados miembros proteger la intimidad de sus ciudadanos. Ya que en el marco de este informe resulta imposible tener en cuenta todas las consideraciones políticas habría sido preferible no incluir las observaciones acerca de la conveniencia de una cooperación reforzada. Hasta la fecha la actual posibilidad de intercambiar información no ha tenido demasiado éxito. Con todo y con eso, la protección de la intimidad ya está causando problemas y existen enormes diferencias entre los diferentes Estados. Por tanto, es de suponer que la implantación de un intercambio de información coherente a corto plazo planteará una serie de dudas.
El principal motivo de la creación de la Comisión temporal fue el miedo al espionaje industrial. No hay razón para dudar de que los objetivos militares y de seguridad sean absolutamente prioritarios para los servicios de inteligencia. Como era de esperar -ya que, al fin y al cabo, se trata de actividades desarrolladas por servicios secretos- no existe prueba alguna de que los Estados Unidos realicen labores concretas de espionaje industrial. Por otra parte, los resultados tampoco corroboran la acusación de soborno lanzada contra Europa por parte de los Estados Unidos. Esta falta de mecanismos de control pone de manifiesto la importancia de los sistemas de encriptación eficaces.
Aunque la discreción sea inherente a las actividades de los servicios de inteligencia hace falta un mayor control. Así por ejemplo, los Estados miembros han de velar por el respeto del mandato de los servicios de inteligencia. Por eso mismo he presentado una enmienda destinada a proteger las comunicaciones contra la interceptación indiscriminada. Enfocando nuestros esfuerzos sobre este tipo de interceptaciones podremos hacer un intento por prevenir posibles abusos. A ello están obligados todos los Estados miembros en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Dicha obligación no se aplica únicamente a sus propios ciudadanos. Tampoco pueden consentir que sus servicios de inteligencia atenten contra el derecho a la intimidad en el extranjero. Por otra parte, conviene considerar la posibilidad de celebrar acuerdos similares en un contexto más amplio, empezando por los Estados Unidos.

Coelho
Señor Presidente, Señorías, cinco breves notas: la primera para agradecer a todos cuantos han colaborado con empeño para la consecución de este resultado final: los especialistas y técnicos a los que invitamos y los que nos hicieron llegar sus estudios y opiniones por carta y por correo electrónico, los coordinadores de los Grupos políticos y los diputados, el personal de nuestra comisión, que han prestado un apoyo de gran calidad a nuestro trabajo y el ponente Gerhard Schmid, que ha hecho un trabajo excelente y ha dado prueba una vez más de sus grandes cualidades humanas y políticas. Con un ponente de esa categoría ha sido fácil presidir esta comisión.
Segunda: ECHELON existe, con ese nombre o cualquier otro. El Parlamento Europeo no debe abrigar dudas al respecto.
Tercera: ECHELON entraña un riesgo, un riesgo grave de mala utilización de esa red, un riesgo que es comercial, que compromete el concepto de fair trade, pero un riesgo también para las libertades de los ciudadanos. La misma Unión que proclamó la Carta de Derechos Fundamentales y que la adoptará -espero- con fuerza vinculante no puede mostrarse negligente a ese respecto.
Cuarta: hay que mejorar la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, hay que ser más eficaz. Cuando nos trasladamos a los Estados Unidos, tuvimos la buena acogida del Congreso y la hostilidad del Gobierno. En el informe figuran diversas recomendaciones que son importantes. Europa y los Estados Unidos deben cooperar lealmente (subrayo: lealmente) en nombre de los valores comunes que indiscutiblemente tienen.
Y, por último, hay 44 recomendaciones. Una vez desmentido que, como vaticinaban algunos, la comisión no iba a presentar nada concreto, proponemos a este Pleno 44 recomendaciones. Subrayo la necesidad de reforzar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la protección de la intimidad en la sociedad de la información, la necesidad de control parlamentario y jurisdiccional de la actividad de los servicios secretos, la necesidad de generalización de métodos de defensa como el uso de la criptografía y las firmas digitales, la necesidad de que las propias instituciones europeas den ejemplo de utilización de dichas tecnologías. Y, por último, la petición expresa a los países de la Unión de que en el futuro procuren que en la utilización de su territorio por servicios de información, suyos o de terceros países, se respete el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Lund
Señor Presidente, ante todo debemos dar las gracias al Sr. Schmid por su excelente trabajo. Me parece justo destacar su trabajo por dos motivos. Por un lado, ha sido un trabajo enorme, sin embargo, también creo que hay motivos para elogiar al Sr. Schmid por que precisamente no se ha dejado caer hacia los aspectos que podríamos calificar de más sensacionales. Resultaba tentador en este asunto, sin embargo, se ha ceñido a los datos reales y verdaderos.
Hemos destapado la existencia de ECHELON, lo que naturalmente pone de relieve el dilema de que por un lado los países tengan un legítimo interés en protegerse, entre otros medios, mediante la intervención de las comunicaciones, a sí mismos y a sus ciudadanos de posibles agresiones y del terrorismo y de que por otro lado los mismos ciudadanos y empresas necesiten protegerse del abuso de esta misma vigilancia. Y creo justamente que el informe del Sr. Schmid, que hoy debemos aprobar, mira hacia el futuro e incluye buenas propuestas de iniciativas. Sólo puedo destacar algunas, pero sobre todo la obligación de que los Estados miembros elaboren un código de conducta que garantice la protección de los ciudadanos y de las empresas en toda Europa tal y como se desprende de la Carta de Derechos Fundamentales.
También me parece acertado señalar la necesidad de llegar a un entendimiento y alcanzar un acuerdo entre la UE y los EE.UU. para que se respete mutuamente la protección de los ciudadanos y empresas. Necesitamos normas internacionales tan firmes en este ámbito como sea posible. La necesidad de un control parlamentario y de un control judicial sobre los servicios de información de los países miembros queda asimismo subrayada y finalmente me parece importante en cuarto lugar que nos comprometamos tanto por parte de la UE como por parte de los Estados miembros a garantizar a los ciudadanos información completa sobre los riesgos que hay de interceptación de las comunicaciones y sobre cómo pueden protegerse mejor los ciudadanos y las empresas de este abuso. Quiero decir que gracias a este informe los países miembros ya no pueden esconder la cabeza bajo el ala en esta cuestión. Ya no pueden decir que es sólo algo que conocen por la prensa. Ahora hace falta que los países asuman la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y a sus empresas de las violaciones.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, estimados colegas, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, ECHELON existe. Ya se ha afirmado esta mañana de todas las maneras posibles. Ahora bien, deben ser conscientes de que esto sólo ha salido a la luz gracias a la perseverancia de este Parlamento. No olvidemos que las preguntas que yo formulé al respecto al Consejo y a la Comisión en 1997 no fueron en absoluto tomadas en serio. Ahora la situación ha cambiado sustancialmente. El Gobierno de los Países Bajos ha dado a conocer un informe en el que queda de manifiesto que ECHELON existe y el Consejo también ha manifestado que suscribe nuestras observaciones.
Los Estados Unidos, por su parte, han reconocido públicamente que el 5% de todos los datos recogidos para fines económicos procede de fuentes no abiertas. Se estima que esta información aporta a las empresas estadounidenses unas ganancias de más de 7.000 millones de dólares en concepto de contratos. Por ello, es fundamental que se celebren acuerdos a escala mundial, preferentemente en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
La encriptación ocupa un lugar primordial en el debate sobre la protección de los ciudadanos y las empresas. La protección de la intimidad a través de la legislación solamente se hace efectiva si ésta se respeta. La observancia de la ley plantea serios problemas en el caso del espionaje transfronterizo. Por eso, es imprescindible que la información se encripte, aparte de que los ciudadanos deben tener acceso a los recursos necesarios para defenderse contra el espionaje.
Por todo lo anterior, Señor Presidente, me gustaría que el Comisario Liikanen expusiera sus propuestas relativas a la elaboración de una normativa complementaria o la adopción de medidas concretas en esta materia, porque está claro que todo cuanto sea posible desde el punto de vista tecnológico acaba haciéndose realidad.

Buitenweg
Señor Presidente, no es ningún secreto que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiso crear un instrumento de investigación más potente, una comisión de investigación, pero la mayoría de nuestro Parlamento no se atrevió a dar ese paso. En su lugar se constituyó una comisión temporal, lo cual ya es un logro. Si bien es cierto que una comisión de investigación posiblemente hubiera sacado a la luz más cosas puedo afirmar a posteriori que mi Grupo no se siente decepcionado por la falta de datos, sino por las conclusiones.
En determinados casos, las escuchas pueden estar justificadas, pero la escucha indiscriminada de las comunicaciones de nuestros ciudadanos y organizaciones no gubernamentales es contraria al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, porque tal actuación no es adecuada por definición. Aunque se haga referencia al CPDH en las conclusiones no se dice explícitamente que ECHELON atenta contra los derechos de los ciudadanos. Tampoco aparece por ningún lado que el Reino Unido y Alemania deben dejar de ofrecer facilidades a ECHELON. Por supuesto, el mundo no cambia de la noche a la mañana a raíz de una votación celebrada en nuestro Parlamento, pero ello no significa que dicha votación sea insignificante: hemos de distinguir claramente entre lo que es aceptable y lo que no lo es.
El Parlamento de los Países Bajos tratará en breve la ley sobre los servicios de inteligencia y seguridad, en la que se legitiman actividades del estilo de ECHELON. Cada vez más gobiernos intentan reducir el atraso informativo que los separa de otras autoridades sumándose a la interceptación masiva e indiscriminada practicada por éstas. Nos corresponde a nosotros detener este efecto de bola de nieve con declaraciones políticas unívocas que condenen la violación de los derechos humanos. De lo contrario, me veré obligada a votar en contra.

Krivine
Señor Presidente, el informe votado por la mayoría de los miembros de la comisión temporal tiene al menos el mérito de reconocer la existencia de la red ECHELON, a pesar de los silencios culpables de las autoridades americanas. Personalmente, no he votado a favor por el carácter irrisorio de sus conclusiones.
Efectivamente, ECHELON es uno de los componentes esenciales de un verdadero pulpo que es la NSA, es decir, una red de espionaje mundial que da empleo a unas 90.000 personas y que es técnicamente capaz de proceder a cientos de millones de escuchas diarias. Verdadera máquina de guerra contra las libertades individuales, este sistema lo controlan sólo ocho personas, entre ellas el presidente de Estados Unidos: la "banda de los ocho", como nos ha dicho con cinismo el presidente de la comisión de control del Congreso.
Creada en la época de la guerra fría, esta red de espionaje económico y político tiene como función defender lo que algunos se atreven a llamar el mundo libre. Y es en este estado de ánimo y no sin irritación como nos han recibido en Washington: "¿Por qué vienen a buscarnos las vueltas cuando con nuestro dinero, nuestro ejército y nuestro servicio de espionaje defendemos los mismos valores?", unos valores que, por ejemplo, hacen que ahora en el visado de entrada a Estados Unidos, la pregunta "es usted comunista" se haya sustituido por "es usted terrorista". Se comprende así por qué ningún Estado o ninguna empresa haya denunciado nunca las actuaciones de ECHELON, ciertamente un reconocimiento de deuda por servicios prestados.
Es conocido que Inglaterra y Alemania sirven de enlace a este sistema siendo miembros de la Unión Europea y signatarios de todos los convenios sobre derechos humanos. Pero otros países como Francia mantienen las mismas prácticas. No se responde a ECHELON con buenas palabras o medidas técnicas de encriptado, sino mediante una verdadera información y movilización popular sobre decisiones sociales, pero también sobre la aplicación estricta de los derechos elementales que contienen los convenios de derechos humanos.
El espionaje económico es el destino de una sociedad de beneficio y de competencia; el espionaje político es la consecuencia de una sociedad no democrática y es este problema de fondo el que plantea el sistema ECHELON. A la globalización policial de las escuchas debe responder la globalización de la vigilancia y de la intervención popular e insisto en decir que las leyes europeas actualmente están mejor hechas para proteger a las personas contra el espionaje económico que contra el espionaje individual. Es una concepción de Europa, pero no la comparto.

Krarup
El informe de la Comisión temporal expresa una combinación de poder e impotencia que invita a la reflexión y así podemos verlo en la cita preliminar de uno de los grandes satíricos de la antigüedad, Juvenal, quien plantea la peliaguda y muy profunda pregunta: " ¿quién vigila a los vigilantes?" . Todos parecemos estar de acuerdo en que la principal conclusión de la comisión es la importante demostración de que este Parlamento puede alcanzar un cierto poder. Ha logrado ahora -es la principal conclusión- reunir una documentación absolutamente convincente de que este sistema de vigilancia de alcance mundial existe realmente, pero esto ya lo sabíamos de antemano. La comisión ha reunido y registrado la documentación que de hecho ha estado ahí durante décadas, en cualquier caso para aquél que está dispuesto a investigar en estos temas, no obstante, la sólida documentación recogida es valiosa. Constituye lectura obligada para cualquier demócrata.
Sin embargo, en este punto nos encontramos con cierto sentimiento de impotencia. Primero por la documentación de la que hemos de prescindir. En la conclusión se señala que es "sorprendente e incluso inquietante que numerosos responsables comunitarios oídos, concretamente Comisarios europeos, hayan declarado no tener conocimiento del asunto" . Esta opinión es lo más cerca que puede llegarse a constatar que los responsables en la Comisión se escudan detrás de un muro de silencio y de una amnesia selectiva. Más claramente: están mintiendo. ¿Lo oyó, señor Comisario? Y luego la sensación de impotencia se manifiesta en la triste conclusión de que no existe ningún control eficaz en las constituciones nacionales. Hay un anexo en el informe que incluye una relación de los controles parlamentarios y judiciales existentes en los Estados miembros. En varios Estados miembros no existe ningún control ni parlamentario ni judicial y en otros, por ejemplo, el país del cual procedo, Dinamarca, existe un sistema formal que ha demostrado en la práctica su incomprensible falta de eficacia. La triste respuesta a la pregunta " ¿quién vigila a los vigilantes ?" es: Nadie.

Hernández Mollar
Señor Presidente, creo que si en alguna ocasión hay que felicitar a un ponente y al presidente de una comisión temporal es precisamente en esta, por haber elaborado un informe que, como se dice en mi país, está hecho contra viento y marea.
Los resultados del trabajo de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación "ECHELON", desde mi punto de vista, transmiten una señal política importante y es que las instituciones europeas y, en especial, la Comisión deben velar mucho más por la propia seguridad de sus comunicaciones y que los Estados miembros y la Unión Europea tienen que articular un nuevo marco jurídico para proteger a sus ciudadanos y garantizar que la privacidad de sus comunicaciones no sufra peligro como consecuencia de la interceptación de las mismas porque disponen de medios y potencial tecnológico para hacer un uso inadecuado de ellas.
Hoy en día, el correo electrónico, la telefonía móvil, las videoconferencias o Internet han hecho añicos, a nivel mundial, las fronteras físicas entre países. Y lo que es aún más grave, la delincuencia organizada utiliza estos medios para su propio provecho e incluso financiación. Al hilo de esto surge una pregunta: ¿por qué no orientar todo este potencial de interceptación de comunicaciones de que, como se ha demostrado, disponen los países que forman el llamado sistema ECHELON, para combatir a los terroristas, a los traficantes de drogas, o a las mafias organizadas que trafican con seres humanos, en lugar de utilizarlo para una competencia internacional entre Estados a todas luces desleal?
Ningún Estado miembros de la Unión Europea debe cooperar en otra cosa que no sea defender los intereses de sus ciudadanos, sean de carácter económico, social o político, ya que lo contrario sería una falta de lealtad con los compromisos adquiridos en los Tratados y, muy especialmente, con la reciente Carta de los Derechos Fundamentales proclamada por los quince Estados miembros en la Cumbre de Niza.

Evans, Robert J
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente Gerhard Schmid y a otros colegas de la comisión.
Como decía el Sr. Schmid, estas instrucciones le resultaron muy difíciles en un inicio. No olvidemos que la elaboración del presente informe fue el resultado de las presiones de un periodismo bastante descabellado en diferentes países y de las afirmaciones sensacionalistas, inverosímiles y fantásticas que, en su mayoría, sirvieron para debilitar la propia causa que los propios autores intentaban defender. La sorpresa del presente informe es el hecho de que muy pocas de estas acusaciones son corroboradas.
Han sido varios los oradores que esta mañana se han referido al papel del Reino Unido en este asunto. El informe reconoce que todos los Estados de la Unión Europea y del resto del mundo necesitan algún tipo de interceptación para proteger la seguridad nacional, salvaguardar su economía y luchar contra la delincuencia. Eso no es nada excepcional. Todos los Estados miembros lo hacen y cooperan entre sí y con otros países democráticos amigos. Por ejemplo, para contrarrestar las amenazas terroristas debemos colaborar con los que disponen de los conocimientos adecuados y pueden ayudar. Sé que los Estados Unidos están ayudando a España en sus actuales dificultades.
El Reino Unido también está ya en condiciones de garantizar que todas las operaciones llevadas a cabo en su territorio se llevan a cabo con el pleno conocimiento y el consentimiento del Gobierno del Reino Unido y están sujetas al Derecho británico. Esto significa - espero que la Sra. McKenna esté escuchando - que toda esta actividad es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Espero que podamos acallar algunas afirmaciones y acusaciones que aún siguen circulando sobre lo que ocurre en el Reino Unido. Asimismo, el Reino Unido respalda por completo las conclusiones alcanzadas en el Consejo en el sentido de que las interceptaciones de las telecomunicaciones no podrán utilizarse, bajo ninguna circunstancia, para obtener ventaja comercial. Se han hecho varias acusaciones antes de la publicación del informe. Un colega, que ya ha abandonado el hemiciclo, las ha repetido hoy pero, como testificará el Sr. Schmid y como demuestra el informe, no existe ninguna prueba que demuestre dichas acusaciones. Expreso mi agradecimiento al ponente por su informe tan exhaustivo y al Sr. Coelho por presidir la comisión.

Dybkjær
También quiero dar las gracias al Sr. ponente por su estupendo trabajo. Quiero darle las gracias por haber puesto al descubierto estas actividades y por haber encontrado un adecuado equilibrio en su informe. No habría ayudado el posterior desarrollo de los acontencimientos que el Parlamento se hubiera lanzado en todas las diversas direcciones posibles. Éste es uno de los mejores ejemplos de que el Parlamento Europeo puede marcar diferencias, de que puede realizar un trabajo que de otro modo no podría haberse realizado puesto que los parlamentos no podrían hacerlo por separado y es un buen ejemplo de la existencia de un espacio común que puede funcionar en Europa y que puede redundar en beneficio de todos los ciudadanos.
El propósito de este trabajo puede resumirse sucintamente en tres puntos. ¿Existe un sistema ECHELON? En caso afirmativo, ¿qué hace? Y ¿son precisas iniciativas democráticas? Podemos concluir que el sistema existe. Algunos dicen que tal cosa la sabíamos de antemano, sin embargo en una Sociedad de Derecho también es necesario presentar pruebas. Podemos concluir asimismo que se intervienen ilegalemente las comunicaciones privadas y empresariales, y ante este trasfondo el Parlamento Europeo propone una larga serie de iniciativas sobre qué puede hacerse. Ante todo, instaurar un mayor control democrático. En este sentido me alegró oír hoy la intervención ante esta Asamblea de la Presidencia del Consejo. Da esperanzas de que algo sucederá tanto en los Estados miembros como en la Unión. Pues resulta verdaderamente asombroso el grado de ignorancia mostrado por los representantes del poder al afirmar que nunca han oído hablar del sistema aunque hay mucho escrito mucho al respecto. De no haber sido por el Parlamento Europeo, podrían seguir en su ignorancia y es ahora una forma bastante especial de déficit democrático que ni se oiga no si lea. " ¿Quién vigila a los vigilantes?" . Sí, el pueblo, y la democracia no funciona por lo que los representantes del pueblo deben ser sustituidos.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, ya se ha repetido un par de veces: o sea que ECHELON existe. Lo que ahora debemos preguntarnos es: ¿qué existe con ECHELON? Con ECHELON existe un sistema de vigilancia que representa un atentado masivo y a escala global contra los derechos fundamentales, no sólo en lo que respecta a las comunicaciones industriales, sino a cualquier modalidad privada de comunicación. Esto es lo que resulta realmente escandaloso de ECHELON, este atentado contra los derechos fundamentales.
¿Cómo se pronuncia, sin embargo, ahora el Parlamento Europeo al respecto? El mensaje del informe viene a decir, de hecho: condenamos este sistema porque lo operan sobre todo los Estados Unidos y funciona demasiado bien. ¿Qué medidas se proponen como respuesta? Como respuesta se propone la creación de un servicio secreto de la UE. Además, como sabemos, también existen unos protocolos de vigilancia, como ETST, y unos planes de vigilancia europeos, que se han dado a conocer bajo el nombre de ENFOPOL. Todo esto tampoco se menciona en el informe, a pesar de que éste tiene, de hecho, como tema este atentado contra los derechos fundamentales a través de la vigilancia estatal.
Yo creo que -si nos limitamos a hablar, como han hecho algunos hoy aquí, de las posibilidades de controlar a los servicios secretos y a decir que si éstos están sometidos a un control democrático, el problema también quedará resuelto- basta observar el mundo y los servicios secretos que existen, para advertir que el control democrático todavía no ha funcionado nunca. Yo no conozco ningún país donde funcione. En vistas de lo cual, no me parece una solución.
Una última observación sobre el tema de la política exterior, que ya se ha mencionado varias veces. Si se crea un ejército de la UE, la consecuencia lógica es que también habrá que contar con un servicio secreto europeo. Esto supondría, no obstante, a mi parecer -y yo me opongo a ambas cosas-, una militarización de la UE.
Si se creyese seriamente en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, habría que suprimir los servicios secretos y también las organismos de vigilancia y reconvertir sus servicios. Tal vez entonces los antiguos empleados de los organismos de vigilancia pedirían asesoramiento a los piratas informáticos sobre los procedimientos verdaderamente eficaces de defensa frente a los atentados estatales contra los derechos fundamentales.

Frahm
Señor Presidente, el pueblo fuera de esta Asamblea ha de estar muy sorprendido por lo que está pasando. En primer lugar, llegamos a la conclusión de que ECHELON existe y después, esta Asamblea elegida políticamente decide no presentar conclusiones políticas. A continuación, llegamos a la conclusión de que se ha producido una violación de la intimidad y posteriormente el Parlamento Europeo, que por lo demás habla de garantizar los derechos de los ciudadanos, elige trasladar la responsabilidad de garantizar estos derechos de la UE y de los Estados miembros al ciudadano medio, quien debe entonces protegerse a sí mismo mediante la encriptación de sus comunicaciones. Finalmente, se constata que Gran Bretaña y Alemania participan en esta cooperación de modo diferente y aún así el informe recomienda una cooperación aún más estrecha en asuntos de inteligencia sin extraerse ninguna consecuencia con respecto a los dos Estados miembros que contribuyen a violar nuestros derechos, al contrario, pueden participar libremente en esta cooperación. Creo que el Parlamento Europeo ha desaprovechado una oportunidad para señalar que piensa en serio en los derechos de los ciudadanos. Hace falta más que discursos solemnes y caros documentos. Hace falta también acción y esta acción está totalmente ausente del informe. Por ello no podré respaldarlo.

Cederschiöld
Señor Presidente, doy las gracias al ponente Gerhard Schmid, al Sr. Von Boetticher y al Sr. Coelho, presidente de la comisión, por el excelente trabajo que han realizado.
ECHELON resultó ser menos amplio que lo que nos imaginábamos y el asunto ha perdido dramatismo. Sin embargo, el debate en torno a ECHELON ha contribuido a aumentar la conciencia sobre este tipo de asuntos, lo que era muy necesario. Las escuchas y el espionaje militar son fenómenos que no podemos ni queremos suprimir en tanto exista terrorismo y amenazas contra la Unión y sus ciudadanos. Se han hecho avances en el desarrollo de un sistema de seguridad general que no amenace algunos principios fundamentales.
No existen pruebas que indiquen que Estados Unidos haya dañado la competencia global mediante la divulgación de información sobre algunas empresas. Por el contrario, el informe demuestra nuestra necesidad de desarrollar sistemas de protección y de codificación. Me ha satisfecho especialmente la clara postura en relación con el soborno. En mi condición de sueca, me parece excelente.
En concordancia con la red que se propone, parece evidente que la colaboración en el ámbito comunitario en esta materia debe contar con estaciones de control nacionales. Los trabajos de la comisión en torno a ECHELON han contribuido a acercar nuestras posiciones, en gran medida gracias a las especiales cualidades del ponente Gerhard Schmid.

Berger
Señor Presidente, yo tuve la oportunidad de participar en los trabajos sobre el sistema ECHELON como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos -un cambio de aires muy satisfactorio- y ahora quisiera concentrarme en algunos aspectos jurídicos e institucionales. Debo felicitar al ponente, pues hoy nos ha presentado un informe excepcional, tanto por su metodología como por su contenido. Yo también describiría como excepcional el eco que ya ha tenido, mucho más allá de las fronteras de la Unión Europea.
Hace muy poco, tuve ocasión de discutirlo con algunos representantes destacados del Senado de los Estados Unidos. Para empezar, éstos conocían bien el informe -un hecho muy excepcional en el caso de los informes del Parlamento Europeo- y, en segundo lugar, no sólo no discutieron sus resultados, sino que también confirmaron explícitamente su denominación con la clave ECHELON, por ejemplo. Un gran cambio con respecto a la situación de hace sólo algunos meses y de los últimos años, cuando nuestros esfuerzos para aclarar el asunto ECHELON toparon con muchos oídos sordos, también en la Unión Europea.
Las respuestas evasivas y de desentendimiento ante nuestras preguntas que recibimos de algunos comisarios, anteriores y actuales, como Bangemann y Bolkestein, por ejemplo, y también del Consejo de Ministros, llenan gruesos volúmenes de nuestras bibliotecas particulares. Por esto, es aún más de agradecer -y quisiera resaltarlo muy especialmente- la actual colaboración constructiva de los comisarios Liikanen y Vitorino. Por esto, yo también tengo la confianza de que la Comisión nos ayudará a emprender efectivamente los pasos jurídicos concretos que proponemos en el proyecto de resolución, en particular los pasos jurídicos encaminados a mejorar la protección de los ciudadanos y ciudadanas y de las empresas europeas, la propuesta concreta de un protocolo anexo al Convenio de Derechos Humanos europeo, que precise el artículo 8, la necesidad de alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos y muchas otras cosas.
Yo quiero exhortar a los Estados miembros a que se abstengan de participar en actividades ilegales -si éstas llegan a tener lugar-, que mantengan un control democrático más adecuado sobre sus servicios secretos y que se tomen más en serio la protección jurídica de los demás ciudadanos de la UE y no únicamente de los propios.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, agradezco al ponente este excelente informe. La conclusión más importante puede parecer simple: ECHELON existe. Sin embargo, hemos tardado mucho tiempo en poder afirmarlo.
Permítanme destacar dos aspectos del informe. En mi opinión, no se hace suficiente hincapié en la integridad personal y en la protección a los individuos. Por eso me ha parecido bien que el ponente haya mencionado especialmente estos aspectos en su intervención. Tal como se ha señalado, los intereses económicos de las empresas son muy importantes, pero también hay que considerar otros factores.
De acuerdo con determinados indicios, el sistema de control no sólo se emplea en el espionaje industrial sino también para escuchas de individuos y organizaciones. ECHELON tiene capacidad para interceptar las comunicaciones por medio de correo electrónico, fax y teléfono. El periodista británico Duncan Campbell señala que ECHELON incluso interviene las comunicaciones de Amnistía Internacional y Cruz Roja. Si esto es verdad, me parece sumamente grave. Como se ha dicho anteriormente, en este caso la UE y los parlamentos y gobiernos nacionales tendrían que actuar. Tal como ha señalado el Presidente del Consejo, en un estado de derecho la protección a los individuos debe estar siempre en primer lugar.
Mi segundo comentario se refiere a la codificación. La codificación es la única protección eficaz contra las intervenciones a las comunicaciones. Las técnicas de codificación están aún en pañales y existen muchas trabas para la exportación de sistemas civiles de codificación. El amplio intercambio de información existente en Europa hace necesaria la existencia de estándares y normas comunes para la codificación. Las instituciones comunitarias deben actuar coordinadamente en esta materia.

Papayannakis
Señor Presidente, quiero decir que comparto tanto la indignación como las dudas y la crítica que han expresado muchos de mis Sres. colegas aquí sobre los países del sistema ECHELON que, por supuesto, por lo que el informe Schmitt demuestra, no es una novela policiaca.
Sin embargo, Presidente, permítame concentrarme en un punto: si lo he entendido bien, el ECHELON da a algunos Estados miembros de la Unión Europea - a un Estado miembro y quizás a más - la posibilidad de ir a reuniones de los órganos más elevados de la Unión Europea conociendo de antemano la táctica negociadora, las posturas y la estrategia que han formado los gobiernos de otros Estados miembros. Pregunto: si es así, entonces ¿qué valor tienen las decisiones finales? ¿Qué confianza podemos tener en ellos? ¿En qué medida es, como dicen nuestros amigos británicos, "biased", y cómo es posible que admitan estas cosas los jefes de Estados y de gobiernos de los demás Estados miembros?
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, me gustaría muchísimo escuchar su opinión. Señor Presidente, ¿cuánto vamos a esperar para ver, en el futuro, las memorias de algún presidente de los Estados Unidos o de algún dignatario británico, para ver en qué medida se beneficiaron políticamente del sistema ECHELON y cómo se divirtieron a nuestra costa?

Martin, Hugues
Señor Presidente, confieso que me ha sorprendido un poco la escasez de tiempo de uso de la palabra atribuida a nuestro excelente presidente, nuestro colega Coelho, que ha dirigido estos debates difíciles con vigor y con una objetividad absoluta. Gracias también a nuestro colega Schmid que, con toda evidencia, ha trabajado mucho en este expediente aunque yo no esté de acuerdo con algunos puntos de su informe.
La resolución plantea un problema de fondo. Señala la existencia del sistema ECHELON, puesto en marcha por Estados Unidos con la participación principalmente del Reino Unido. Señala también el problema de la compatibilidad de la participación de un Estado miembro de la Unión en el sistema ECHELON con el derecho europeo. Este problema es real en los casos en los que ECHELON se ha utilizado para fines de espionaje económico o industrial y retomo el punto F de nuestra resolución, que dice que si el sistema se ha utilizado de manera abusiva para espiar a la competencia, se ha cometido una falta en la obligación de lealtad y atenta contra la idea de un mercado común en el que la competencia es libre, si un Estado miembro participa en una actuación de ese tipo está violando el derecho de la Unión.
Este punto me parece fundamental y por ello, a pesar de su riqueza, este informe me deja un sentimiento mitigado. En particular no acepto que se trivialice la utilización del territorio de un Estado miembro por un Estado tercero -aunque sea amigo- con el argumento de que otro Estado miembro, en este caso Francia, tendría medios para dotarse de un sistema de interceptación planetario. No se trata en absoluto de la misma situación y ello no formaba parte del mandato de la comisión ECHELON.
En un momento de conflictos económicos en ocasiones muy duros, el espionaje industrial es sólo un instrumento y quizá lleguemos a reflexionar para que no se aplique con naciones aliadas un vocabulario de guerra, y menos aún con Estados miembros de la Unión. Estamos en condiciones de esperar medidas y acciones de prevención a nivel del, o de los Estados miembros concernidos, del Consejo y de la Comisión.

Vattimo
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la comisión temporal sobre ECHELON, deseo dar las gracias al Sr. Schmid por el enorme e importante trabajo que ha realizado para recoger y organizar una cantidad de información realmente ingente, plagada de dificultades técnicas.
La relación y el amplio informe que prepara sobre todo las conclusiones constituyen una importante aportación del Parlamento a la defensa de la libertad de los ciudadanos y de las empresas europeas. Sus resultados principales ya han sido presentados por el Sr. Schmid, motivo por el cual no los voy a repetir en mi intervención, a pesar de que no todas las conclusiones son coherentes con algunos de los datos probados en el informe, como recalcaba el Sr. Di Lello.
Para aumentar la eficacia del informe y teniendo en consideración la defensa no solo de las empresas, sino sobre todo de la vida privada de los ciudadanos, me permito sugerir una vez más tanto al Sr. Schmid como a sus Señorías que se incluyan en él algunas enmiendas presentadas por el Sr. Di Lello y otros, específicamente las enmiendas. 12, 20, 21, 22 y 30. Dichas enmiendas han sido rechazadas por la comisión temporal, pero creo por una preocupación de realismo. En efecto, se ha considerado que una forma de interceptación global, masiva e indiscriminada como la de ECHELON, basada única y exclusivamente en el reconocimiento de algunos términos clave, a través de motores de búsqueda, era indispensable para luchar contra el terrorismo y la delincuencia.
Ahora bien, las enmiendas que recomiendo aprobar dicen, por el contrario, clara y razonablemente, que dichas interceptaciones, en cuanto contrarias al principio de legalidad y de proporcionalidad que debe regular toda intervención sobre la confidencialidad de las comunicaciones, son inadmisibles.
Puede que en el futuro tengamos que modificar las leyes en cuestión, a causa del desarrollo de las tecnologías informáticas, pero por ahora ésta es la situación. Incluir las enmiendas citadas en el informe Schmid puede contribuir de manera decisiva a lograr que los ciudadanos europeos se identifiquen con él plenamente y a que no resulte tan mermada la credibilidad de las Instituciones Europeas.

Paasilinna
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, doy las gracias al Sr. Gerhard Schmid por el enorme trabajo que ha realizado. La interceptación de llamadas y el espionaje son formas inadmisibles de violación de la privacidad de las personas y contravienen el artículo 8 del Tratado Europeo para la protección de los Derechos Humanos.
Al acabar la Guerra Fría, un sistema colosal en todo su apogeo se puso a buscar nuevas misiones. Por lo visto, se ha pasado de espiar al enemigo a espiar a los amigos. Igual le ocurrió a la OTAN al derrumbarse el sistema comunista, pues los inventores de escenarios hostiles, cuantiosamente remunerados, no tardaron en buscar nuevas misiones, y parece ser que las han encontrado. Incluso llega a dar la impresión de que en Estados Unidos sigue existiendo, en cierto modo, ese ambiente bélico. Ahora piensan crear un escudo antimisiles contra una amenaza bastante difícil de encontrar. Asimismo, algunas de las últimas acciones egoístas de la nueva Administración de los Estados Unidos nos desconciertan en esta Europa pluricultural. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Quizás debamos asomarnos de nuevo por allí, dado que tan sólo la tercera parte de nuestros colegas norteamericanos tiene sacado el pasaporte. Bien es sabido que no son viajeros muy asiduos.
Yo pienso que ahora tenemos que llegar a un acuerdo estable, a nivel de los Tratados, comprometiéndonos a no espiarnos mutuamente en materia económica, y también hay que conseguir que nuestro amigo y principal socio comercial, Estados Unidos, se adhiera a este principio. Al mismo tiempo, debemos prepararnos para estar en condiciones de velar por que la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea no sufra peligro. En tercer lugar, nosotros aquí, desde las comisiones parlamentarias correspondientes, debemos estar continuamente pendientes de que esto no ocurra. Se trata de una labor muy importante que debemos realizar.

Karamanou
Señor Presidente, que tras finalizar la guerra fría y tras la caída de los dos polos, muchos servicios nacionales de espionaje ampliaron su campo de acción al sector comercial e industrial es un hecho. Por supuesto en esta actividad se han distinguido los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y nuestro Reino Unido creando el sistema ECHELON, tal como nuestra comisión ha verificado gracias a la labor excepcional de nuestro colega, el Sr. Schmitt, y también de los coordinadores.
En mi opinión, el sistema ECHELON constituye uno de los mayores escándalos de todas las épocas. Un escándalo político, económico, de violación masiva de los derechos humanos y de las normas de la democracia. Por eso, toda planificación para afrontar sistemas de espionaje del tipo ECHELON deberá poner a los gobiernos y a los organismos internacionales ante sus responsabilidades.
El fomento del mercado mundial deberá estar acompañado por ciertas garantías jurídicas, tanto para proteger la intimidad como las normas de la competencia sana. A nivel nacional y europeo se debe mejorar la seguridad de las estructuras de información, así como aplicar un control parlamentario y judicial del funcionamiento de los servicios secretos más efectivo, de modo que no se altere la confianza de los ciudadanos en la sociedad de la información.
Finalmente, las empresas europeas deberán desarrollar mecanismos de protección con una revisión de su funcionamiento interno, con la información y la formación de su personal y con el uso de programas de protección de su comunicación electrónica. La competencia sana de las empresas deberá ser la piedra angular de la economía mundial. En todo caso, los servicios de información deberán funcionar basándose en el respeto de los derechos fundamentales, tal como están descritos en la Carta y en el artículo 8 del Convenio europeo para la protección de Derechos Humanos. Ya es hora de que por fin se dé una respuesta a la pregunta de los ciudadanos europeos sobre quién nos va salvar de los salvadores.

Borghezio
Señor Presidente, tengo muy fuertes reservas respecto al carácter blando y a veces reticente del informe, porque infravalora los peligros del control global de las telecomunicaciones y no propone adecuadas medidas autónomas de defensa para Europa. En teoría, la Unión Europa podría sin lugar a dudas negociar un protocolo de acuerdo que permita a los Estados miembros utilizar estas informaciones, pero por el momento y desde ahora la Unión debe pensar en protegerse autónomamente con un sistema criptográfico diferente de los actuales, por ejemplo, el modernísimo sistema HERMES creado por la investigación europea, con teletransporte de punto a punto para que los datos no puedan ser captados por los satélites espía.
El informe parece eludir esta pregunta concreta: ¿Acaso la utilización de las informaciones reunidas a través de ECHELON por los servicios de seguridad de uno de los Estados miembros, el Reino Unido, puede constituir casos concretos de espionaje a ciudadanos o empresas europeas y en beneficio de los Estados Unidos? Son preguntas que nos debemos formular, ya que el mismo Congreso norteamericano se ha planteado el problema de si la vigilancia de ciudadanos estadounidenses llevada a cabo por la NSA no constituye una práctica anticonstitucional. Se ha dicho y hay que repetirlo que incluso organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace, y hasta personalidades fuera de toda sospecha, como la Madre Teresa de Calcuta, han sido interceptadas por el sistema ECHELON. Esto da que pensar.
El presidente de STOA, el que fue nuestro colega Pompidou, observaba que muchas empresas europeas ya han sufrido las consecuencias de ECHELON, pero no lo denuncian porque continúan y deben continuar tratando económicamente con los Estados Unidos. Entonces nos preguntamos: ¿Qué protección jurídica existe a favor de las empresas europeas frente a estos perjuicios? ¿Qué posibilidades tienen de demostrarlos? ¿Qué financiación se asigna - añado - a la investigación europea en sectores estratégicos e importantes como la criptografía? Son preguntas a las que el informe no contesta.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Coelho, presidente de la comisión, y a las Señorías de este Parlamento que han participado en los trabajos de la comisión temporal sobre ECHELON, especialmente, el ponente, Sr. Schmid, por el informe tan exhaustivo y bien redactado sobre el sistema de interceptación ECHELON. También quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento en su conjunto por este debate tan importante.
La Comisión ha seguido con gran interés el trabajo parlamentario durante el pasado año. Se trata de complejas consideraciones tecnológicas y políticas. El informe hace múltiples referencias a la existencia de un sistema de interceptación mundial. Dichas referencias constituyen un conjunto de pruebas. La Comisión declaró, el 30 de marzo del pasado año, que por la propia naturaleza de las actividades de los servicios de inteligencia, aquellos que no participan en dichas actividades no están en condiciones de confirmar ni negar su existencia. A pesar de que la Comisión no participa en actividades de recogida de información, no cuestionamos los resultados del Parlamento Europeo. El informe de la comisión temporal sobre ECHELON es el fruto de un trabajo cuidadoso y minucioso.
La Unión Europea tiene como fundamento el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en virtud del artículo 6 del Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En su calidad de guardián del Tratado, la Comisión atribuye la máxima importancia a la observancia de estos principios.
El abuso a gran escala de las comunicaciones por parte de los servicios de inteligencia puede dar lugar a que un individuo que vive en una sociedad democrática se sienta muy incómodo. La intimidad es un derecho fundamental. Toda excepción a este derecho debe estar establecida específicamente por la ley, ser necesaria para la realización de objetivos de interés público, ser proporcional y estar sujeta a controles adecuados y garantías contra cualquier forma de abuso.
La Comisión está decidida a examinar las implicaciones prácticas de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en la que, en particular, se amplía la protección de las comunicaciones y de los datos personales. La Comisión ya ha declarado que prefiere la integración de la Carta en los Tratados en aras de la visibilidad y de la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, la Comunidad debe actuar dentro del ámbito de competencias que le confiere el Tratado.
Los resultados de la comisión relativos a la compatibilidad de un sistema del tipo de ECHELON con el Derecho de la UE distinguen entre dos supuestos. Primero, la utilización de dicho sistema meramente con fines de inteligencia y, segundo, el abuso del sistema con fines de recogida de información sobre la competencia.
La Comisión comparte la opinión de que las operaciones contempladas en el primer supuesto en interés de la seguridad del Estado entran dentro del ámbito del Título V del Tratado de la Unión Europea, que fija el marco para el establecimiento de una política exterior y de seguridad común. Dicho marco no establece ninguna disposición sobre actividades de inteligencia. Algunos Estados miembros siguen siendo responsables del comportamiento y de la supervisión de las operaciones de inteligencia, a menos que el Consejo decida lo contrario. El Tratado de la UE no confiere poderes a la Comisión para que ejerza sus prerrogativas como guardián del Tratado en este ámbito.
El mantenimiento de un sistema de interceptación con el fin de recoger información aun en el contexto de la defensa o la seguridad nacional de un Estado miembro queda fuera del ámbito de las directivas en vigor sobre la protección de datos. Respecto al segundo supuesto, la recogida de información sobre la competencia, éste no entra en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. No es una actividad que pueda autorizarse en aras de una política exterior y de seguridad común. En el marco del Derecho comunitario, dicha actividad podría entrar dentro del ámbito de las directivas sobre la protección de datos. Es el caso si los datos recogidos por sistemas del tipo ECHELON son recopilados o trasmitidos posteriormente a empresas comerciales con fines que no guardan ninguna relación con la prevención de delitos penales o asuntos de seguridad nacional.
Todos sabemos que las comunicaciones electrónicas desempeñan un papel cada vez más importante en la vida diaria. El buen funcionamiento de las infraestructuras de las comunicaciones electrónicas es decisivo para nuestras economías. Como se reconoció en Lisboa, Europa quiere convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Uno de los requisitos para ello es la necesidad de infundir confianza en las comunicaciones electrónicas. Esto afecta tanto a nuestros ciudadanos como a nuestras empresas.
El desarrollo de las tecnologías puedo ofrecernos protección contra la vigilancia. Es tranquilizador que la utilización de cables de fibra óptica, en vez de satélites, para las comunicaciones transcontinentales reduzca las posibilidades de la interceptación rutinaria a gran escala. El argumento de que el aumento del uso de Internet con fines comerciales ha reducido considerablemente las posibilidades de interceptación es convincente. Hoy, la mayoría de las comunicaciones de Internet por cable ya no salen del continente europeo.
La Comisión ha adoptado importantes medidas durante estos últimos años para desarrollar una política que permita mejorar la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Se han hecho reiteradas referencias aquí a la codificación. La disponibilidad y la libre circulación de productos y tecnologías criptográficos en la Unión Europea ya están garantizadas por el reglamento sobre el uso compartido en vigor desde septiembre de 2000. El apoyo, a través del programa marco comunitario sobre investigación, en particular con la parte de información del programa sobre tecnologías, ha mejorado las condiciones para desarrollar productos criptográficos europeos de primerísima calidad que permiten a ciudadanos, empresas y gobiernos de la UE proteger sus comunicaciones. Quisiera pedir el apoyo del Parlamento en este sentido durante nuestras negociaciones sobre el próximo programa marco.
No obstante, no basta con garantizar la utilización generalizada de la codificación. Los ciudadanos y las pequeñas empresas no siempre tienen conocimiento de las posibles consecuencias. Debemos informarles sobre las posibilidades de la codificación. Debemos otorgarles poderes. En junio del presente año, la Comisión adoptó una comunicación sobre la seguridad de las redes y la información. Su objetivo es atajar esta falta de conocimiento y potenciar el desarrollo de un enfoque europeo de los temas relacionados con la seguridad. Me complace observar que las conclusiones del informe que nos ocupa coinciden en buena medida con el enfoque adoptado por la Comisión. Sus Señorías saben que ya existe un marco jurídico en vigor a nivel de la UE en materia de protección de datos y obligaciones de los operadores. Existe asimismo una política incipiente sobre el delito informático, que será debatida en la sesión de hoy. La seguridad de la información que circula por la red viene ahora, como tercer elemento, a completar la imagen. No obstante, no está previsto que la comunicación contenga un plan de acción propiamente dicho.
Ya hemos iniciado amplias líneas de acción en las que debemos avanzar. Destacaré algunas de ellas. Se lanzarán campañas de información y divulgación y se fomentará la mejor práctica con el fin de aumentar los conocimientos de la sociedad. Hace falta un sistema europeo de alerta e información que refuerce las actividades de los equipos informáticos de respuesta de emergencia o entidades similares y mejorar la coordinación entre ellos. He observado que el Parlamento apoya esta idea. Luego debemos examinar el mejor modo de organizar a nivel europeo medidas positivas y coordinadas para desarrollar respuestas progresistas a las amenazas a la seguridad existentes y emergentes, como el Observatorio europeo para la seguridad de la información. Por último, respecto al marco jurídico, crearemos un inventario de medidas nacionales que deberán adoptarse de conformidad con el Derecho comunitario. Con esto respondo a la pregunta de la Sra. Plooij-van Gorsel.
Quisiera mencionar también la necesidad de nuevas acciones para apoyar el desarrollo de tecnología, agilizar las labores de normalización y certificación y para la introducción de seguridad en el uso gubernamental y una mejor cooperación internacional.
Como siguiente paso, tenemos intención de desarrollar una guía antes de finales del presente año que contenga acciones concretas con plazos firmes de cara a poner en marcha la creación de una política europea de seguridad de la información.
Por último, la Comisión está mejorando constantemente la producción de sus propios sistemas de información en términos de disponibilidad, integridad y confidencialidad, especialmente con vistas a la cambiante naturaleza de las distintas amenazas reales y potenciales. El acceso a las redes de la Comisión está constantemente sometido a vigilancia y pruebas reales. Esfuerzos similares se están llevando a cabo a través de proyectos para proteger las videoconferencias, los sistemas telefónicos y la codificación de las bases de datos. Por otra parte, los sistemas de información de la Comisión son sometidos regularmente a auditorías de seguridad. Se ha redactado el borrador de una nueva política de seguridad de los sistemas de información que en estos momentos está siendo preparado para su debate en el seno de los servicios de la Comisión.
Asimismo, la Comisión está revisando su política general sobre seguridad como resultado de las actividades de reorganización interna y desarrollo de políticas. Las nuevas disposiciones internas sobre la seguridad de la Comisión seguirán el modelo del reglamento del Consejo sobre seguridad, adoptado este mismo año, y estarán basadas sobre los siguientes principios: proporcionalidad de las medidas de seguridad en relación con los riesgos existentes; responsabilidad compartida y obligación de rendir cuentas del personal, la dirección y los expertos en materia de seguridad; creación de todos los elementos que componen una estrategia coherente de seguridad, como la información personal y la seguridad física; y, por último, estrecha cooperación entre las organizaciones de seguridad europeas y nacionales.
La Comisión tiene intención de destinar recursos adicionales al ámbito de la seguridad. No obstante, la escasez de recursos técnicos y humanos, especialmente en el ámbito de especialistas en seguridad de la información, dificulta la plena aplicación de las políticas en materia de seguridad. Se trata de un problema común a la mayoría de las administraciones públicas, incluidas las instituciones europeas. Acojo con satisfacción el respaldo del informe a la asignación de más recursos para emprender esta tarea y espero sinceramente que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, siga la posición adoptada por la comisión.
La confianza de los ciudadanos y de las empresas europeos en las comunicaciones electrónicas y el buen funcionamiento de las infraestructuras de la información ha adquirido una importancia crucial para las economías. Permítanme reiterar una vez más que la Comisión atribuye la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y al respeto del Estado de derecho.

Schmid, Gerhard
Señor Presidente, antes de dar por cerrado el debate, yo quisiera expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la comisión. Hasta ese momento no nos conocíamos, pero a los pocos días ya estábamos colaborando como si llevásemos años haciéndolo. Esto no es habitual ni se puede dar por descontado. Yo se lo agradezco muy sinceramente.
También quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de la comisión. No siempre coincidimos, pero siempre reinó un clima perfecto desde el punto de vista humano y la colaboración fue constructiva. Tampoco esto se puede dar por descontado en esta Asamblea. Yo se lo agradezco muy sinceramente. Quiero expresar asimismo mi agradecimiento a la secretaría, a su jefe, a los demás colaboradores y a las numerosas personas que nos han ayudado ofreciéndonos consejos e información. En el informe se menciona a algunas de estas personas. Hay otras, cuyo nombre no se indica en su propio interés. También les estamos, sin embargo, igualmente agradecidos.
(Aplausos)

Lucha contra el terrorismo
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0273/2001) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo (2001/2016(INI)).

Watson
Señora Presidenta, tengo el honor de presentar a la Asamblea este informe en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Se estimó oportuno que el presidente de la comisión intentara la aprobación de la Asamblea de un informe sobre un asunto que necesita le apoyo por un amplio consenso. Como liberal demócrata, considero los actos terroristas como la única categoría de delito que niega la democracia. Estos actos son concebidos para destruir la base misma de la sociedad civil, y agradezco a los colegas de la comisión su respaldo a este punto de vista y a nuestras consiguientes recomendaciones.
Hay quien ve mi informe como una respuesta a los actuales ataques terroristas en la Península Ibérica. Comparto la profunda preocupación de aquellos que reconocen estos ataques como una herida abierta en el sistema de gobierno de Europa y, en nombre de la comisión, les hago extensivo mi más profundo pésame y mi solidaridad. No obstante, en mi opinión, mi análisis y mis recomendaciones deberían ser ni más ni menos que una respuesta a la situación que reina en la zona, así como a situaciones similares que han existido y, en algunos casos, continúan representando una amenaza, en Irlanda del Norte, en el Reino Unido, en Córcega, en Francia, en Alemania, en Italia u otros países que han sufrido ataques de grupos de ideología terrorista.
El terrorismo no es un fenómeno nuevo, pero hoy presenta muchos aspectos y características nuevos. Las conexiones entre terroristas de diferentes países han pasado a formar parte del calado de la delincuencia organizada a escala internacional. En agosto obtuvimos pruebas de los contactos entre los terroristas de Irlanda del Norte y sus homólogos en Colombia. Estas conexiones aumentan la capacidad de aquellos que utilizan el terror con fines políticos para encontrar armas, intercambiar ideas sobre técnicas y escapar al brazo de la ley.
El terrorismo se inspira también en nuevos motivos y nuevas armas. Algunos grupos de protección de animales lanzan campañas para aterrorizar a las personas, a veces con escaso fundamento, que participan en experimentos con animales vivos. Algunos grupos de protección del medio ambiente atacan a las personas que participan en exploraciones o explotaciones de yacimientos petrolíferos. El terrorismo informático y el terrorismo ambiental son características preocupantes del mundo de hoy.
Los anteriores intentos de sociedades democráticas de atajar esta amenaza han tenido resultados desiguales. Un ámbito en el que han fracasado rotundamente es el de la cooperación internacional entre las agencias responsables de velar por el cumplimiento de la ley o las autoridades judiciales. En el caso de la Unión Europea, los artículos 29 y 31 del TUE establecen las herramientas necesarias para mejorar dicha cooperación pero, sin embargo, los gobiernos titubean a la hora de hacer uso de las mismas. Aunque parezca extraño, esta reticencia no tiene razón de ser en una Unión que está basada en los valores de humanidad y dignidad, las libertades, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades y el Estado de derecho.
La decisión de los Estados miembros de convertir la Unión en un ámbito de libertad, seguridad y justicia debería servir de base para intentar atajar con urgencia el creciente desafío terrorista. El rechazo incondicional de las organizaciones terroristas y del terrorismo debería propiciar un conjunto coherente y vinculante de políticas coordinadas y un espíritu de cooperación entre los gobiernos a todos los niveles. La cooperación entre Francia y España o entre Gran Bretaña e Irlanda ha mejorado durante los últimos meses y, sin embargo, no se han aprovechado las oportunidades que ofrece el Tratado de Amsterdam para emprender una acción más eficaz.
Quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados pertenecientes a todos los partidos por el generoso asesoramiento y la asistencia que me han prestado en la elaboración del presente informe. El informe cuenta con un amplio consenso de opinión. Me alegra que rechace la introducción de leyes y procedimientos excepcionales. Dichas medidas no deberían ser necesarias; a menudo privan a los gobiernos de superioridad moral y pueden descender hasta casos de terrorismo auspiciado por el Estado. Aquí radica el peligro en potencia para la democracia. Cuando el Estado no está dispuesto a perseguir rigurosamente las acciones delictivas de soldados o policías culpables de tortura, su legitimidad es escasa.
No obstante, estoy en contra de la enmienda 2, que podría ser interpretada como justificación del terrorismo, y de la enmienda 1, que retrasaría la acción en esta lucha. Creo que los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros de la UE tienen la capacidad de garantizar la justicia. Esto no quiere decir que las condiciones judiciales no puedan ser más estrictas. Podrían serlo, y el endurecimiento de las mismas es uno de los principales retos de la Unión. A menos que estemos dispuestos a confiar en nuestros respectivos sistemas judiciales y prácticas democráticas, cada vez será mayor el número de familias que se verán privadas de sus seres queridos a medida que personas inocentes pierden su vida a manos de los que asesinan por motivos políticos.
En este sentido, mi informe hace un llamamiento al Consejo de Ministros para que adopte normas mínimas y castigos comunes relativos a la lucha contra los actos terroristas, la supresión de los procedimientos formales de extradición de las personas que sean sospechosas o hayan sido condenadas por delitos de terrorismo y el establecimiento de una orden europea de búsqueda y captura con vistas a luchar contra los grupos terroristas. Es posible que algunos consideren estas medidas extremas. Creo que todas ellas están justificadas en la lucha contra un tipo de delito concebido para destruir la democracia basada en el Estado de derecho, y espero que la Comisión y el Consejo respondan sin perdida de tiempo a este llamamiento de que se adopten medidas.

Galeote Quecedo
Señora Presidenta, con este Pleno estamos reiniciando un curso político, que se nos presenta con tareas que podíamos denominar históricas: en los próximos meses tenemos que lanzar una reforma constitucional de la Unión, vamos a poner en práctica la utilización del euro, vamos a afrontar los capítulos más importantes de unas negociaciones que concluirán con una ampliación, sin precedentes, de la Unión Europea.
Sin embargo, para miles de ciudadanos europeos éstos son debates estratosféricos. La preocupación fundamental de estos ciudadanos, hoy, consiste en que sus niños reciban en el colegio una formación plural y abierta; en poder pasear por las calles de su pueblo sin peligro; en poder manifestar públicamente lo que piensan; en poder ejercer su derecho de voto en libertad; en poder asumir un cargo de representación popular, sin poner en peligro su vida ni la de su familia. Y esos miles de ciudadanos europeos esperan, con razón, que desde las administraciones locales, nacionales y europeas se les aseguren sus derechos fundamentales.
Por eso me parece imprescindible que las instituciones comunitarias, además de ocuparnos de la constitución, del euro, de la ampliación, demos respuesta a lo que, por ejemplo en España, los ciudadanos europeos que allí vivimos consideramos nuestra primera prioridad: la lucha contra el terrorismo, es decir, por la libertad, por el respeto de los derechos humanos, por el Estado de Derecho que los españoles hemos construido después de cuatro décadas de dictadura.
La creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia es lo que pretendió el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999. Hemos de agradecer a la actual Presidencia belga que lo haya colocado como una de sus prioridades, y desde luego valoramos el encomiable trabajo del Comisario Sr. Vitorino, que espero encuentre en este debate respaldo para hacer uso de su capacidad de iniciativa legislativa.
Yo creo que el Parlamento Europeo, la Cámara de representación de los ciudadanos europeos, tenía una particular responsabilidad en esta tarea, que nuestra Presidenta, Nicole Fontaine, ha asumido con una decisión y valentía, que quienes directa o indirectamente han sufrido el terror nunca podrán olvidar. Estoy seguro de que sus sucesores tendrán esa misma actitud.
Por eso creo también que podemos estar razonablemente satisfechos al votar hoy un informe sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, de cuya importancia da prueba el hecho de que su ponente sea el propio Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Graham R. Watson. Nuestro colega se presenta a este Pleno con un texto aprobado en comisión por una amplísima mayoría, como él mismo ha dicho, que contiene consideraciones tan fundamentales como la afirmación de que el diálogo democrático ha de fundarse en el respeto mutuo y la no violencia, o el reconocimiento de la deuda que la sociedad tiene con las víctimas de los actos terroristas y sus familias.
Al aprobar este informe formulamos una serie de recomendaciones que, de llevarse a la práctica, nos van a permitir elaborar una tipificación común en la Unión Europea del delito de terrorismo; adoptar el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales; sustituir los procedimientos formales de extradición por una orden europea de busca y captura para aquellos delitos que merecen una especial repugnancia social. Por supuesto el terrorismo, pero también la trata de seres humanos, los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
Señora Presidenta, desde el más absoluto respeto a todos los Grupos parlamentarios, con independencia de su orientación política y, por supuesto, a la libertad de voto de sus Señorías, yo me permitiría ahora pedirles su apoyo al informe, porque ésta es una cuestión fundamental que está por encima de las disputas partidistas. Con el desarrollo de las medidas que en él se proponen, la justicia dispondrá de más instrumentos para garantizar las libertades fundamentales, sobre los que se fundó la construcción de Europa y que hoy el terrorismo ha limitado para miles de europeos.

Díez González
Señora Presidenta, empezaré por agradecer particularmente al Sr. Watson, ponente, y naturalmente a todos los miembros de la Comisión de Libertades Públicas su trabajo, su cooperación y su impulso en este informe que hoy vamos a estudiar y defender primero, y votar después.
Hoy, Señorías, me siento feliz como vasca, como española y como europea. Feliz porque Europa ha entendido que cuando ETA viola los derechos humanos, cuando el fascismo organizado vasco practica el crimen xenófobo y la limpieza ideológica, cuando esta organización terrorista, que es hoy en España el último rescoldo del franquismo, sigue actuando, teniendo su corazón en la propia Europa, el problema no lo tenemos las víctimas directas, los que vivimos con escolta, los que no pueden figurar en las listas electorales, los que tienen que vencer su miedo para escribir diariamente o para hablar en los medios de comunicación. El problema lo tiene Europa, el problema es un problema de la democracia europea en su conjunto.
Por eso, la democracia europea reacciona también en su conjunto y reacciona uniéndose para vencer al terrorismo.
Me siento feliz porque Europa ha comprendido que es hora de hacer algo más allá de las palabras, algo más allá de las declaraciones importantes, algo más que colaboración bilateral, importante también.
Hace ya mucho que es hora de habilitar los instrumentos necesarios para poner a los delincuentes, a los terroristas, a los fascistas a disposición de la justicia para, definitivamente, detener a los criminales, para poner en marcha todos los instrumentos necesarios que hagan que las instituciones democráticas europeas sean más eficaces en la consecución de ese fin.
Es una felicidad, también para mí, comprender que Europa ha descubierto que, cuando hay delincuentes sueltos, cuando hay criminales organizados atentando contra los derechos humanos, contra las libertades y la vida de los ciudadanos, la primera decisión política que se ha de tomar es hacer lo posible para poner a los criminales a disposición de la justicia.
Hacemos lo que tenemos que hacer para que todos los ciudadanos vivan en libertad, independientemente de su ideología, de sus creencias, de su origen, de sus apellidos, de su cultura de origen; lo que tenemos que hacer para defender -si me permiten ustedes- el concepto mismo de ciudadanía europea: los derechos humanos.
El informe Watson y sus recomendaciones no son solamente un compromiso contra ETA: son un compromiso por la democracia. El objetivo es vencer a ETA, pero el compromiso fundamental es defender la democracia en toda Europa. Defender que en todos los lugares de Europa se viva en libertad, en pluralidad, sea posible convivir. Y en un lugar de Europa, particularmente en el País Vasco y en España, la organización fascista ETA pone en riesgo la convivencia y la pluralidad.
Se dice que habrá problemas en la parte operativa, que algunos países tendrán problemas para armonizar sus legislaciones. El Presidente Verhofstadt dijo aquí, cuando hizo su primera intervención, que quienes no crean en la utopía no merecen llamarse europeos. Creo que la voluntad política, que ha sido capaz de poner en circulación una moneda única, será capaz de poner en circulación instrumentos únicos también para combatir el terrorismo.
Pero permítanme, Señorías, que termine haciendo también una consideración desde mi carácter no sólo de europea, sino particularmente de vasca y de española. Como vasca y como española, como hija de una generación de ciudadanos españoles demócratas que perdieron la guerra contra Franco y que resistieron cuarenta años de dictadura, creo, Señorías, que, en este acto de hoy, Europa hace un acto de reparación histórica, porque durante muchos años, durante mucho tiempo los demócratas españoles hemos sentido la soledad, la indiferencia, la distancia de Europa. Lo sentimos muchas veces durante el franquismo y lo sentimos muchas veces -se lo aseguro- durante estos años de lucha contra el fascismo de ETA, de nuestra lucha por la democracia y por la libertad.
Hoy se salda una deuda de indiferencia y me siento muy orgullosa de compartir con ustedes este momento. Permítanme, Señorías, que les agradezca como vasca, que les dé las gracia como vasca por esta decisión. Que se las dé en mi nombre pero, sobre todo, en nombre de mucha gente sencilla, anónima, que cada día lucha por la libertad, que resiste el miedo para ir en las listas electorales, que resiste el miedo para escribir. En nombre de la gente que no tiene la oportunidad de hablar porque ETA les ha quitado definitivamente la palabra.
En nombre de todos ellos, muchas gracias y enhorabuena a todos por este acto de hoy.

Esteve
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero, naturalmente, felicitar a Grahan R. Watson, por su excelente trabajo, su importante y difícil informe.
El Sr. Watson no ha teorizado, sino que ha tenido en cuenta lo que nos aflige y, en particular, ha ido directamente a lo que nos aflige por parte de ETA, y a lo que afecta a la sociedad vasca, a la sociedad española y, en mi caso, a la sociedad catalana. Su condena total y su apelación a la necesidad de respeto a las víctimas, a los afectados, debe ser una constante en nuestras declaraciones y en nuestro posicionamiento.
Yo quiero destacar de este informe, en primer lugar y claramente, el hecho de que se planteen importantes medidas de acción positivas para el ámbito jurídico y policial: el establecimiento de normas mínimas, el establecimiento de una forma de extradición, el reconocimiento de las resoluciones judiciales, la ejecución de las órdenes de busca y captura y la aproximación de legislaciones nacionales. Creo que estas actuaciones mejoran la importante y prioritaria actuación jurídica y policial.
En el espacio de tiempo de que dispongo creo que también debo resaltar que el informe no ha renunciado a importantes valores en la lucha contra el terrorismo en Europa. Es muy importante que en el Considerando N se haya incorporado que las ideologías son legítimas si se enmarcan dentro de los valores y del respeto democrático.
Es importante que en el Considerando O vuelva a aparecer la expresión "diálogo democrático" como fundamento y como respeto mutuo y no violencia. Y es importante que en los Considerandos R y S se diga que las medidas deben tener limitaciones por parte de los Estados para que no se produzca ningún abuso de la norma jurídica.
Creo que todo esto es importante, por el equilibrio que supone la prioridad y la eficacia en la actuación y el respeto a los valores europeos. Tengo que mencionar mi satisfacción, porque esto cambia la resolución, aprobada por declaración escrita en septiembre de 1999 y en la que expresé mi prevención -aunque la firmé- a que hubiera desaparecido la expresión diálogo democrático.
Con este informe la Unión Europea recupera plenamente sus valores en este tema, porque paz, entendida como exclusión de violencia, por una parte, y diálogo, por otra, son un binomio imprescindible para la Unión Europea, dentro y fuera de Europa. Europa cuando va a cualquier parte, fuera, o dentro, lo hace con este binomio "paz y diálogo democrático" y evidentemente, como insisto fuera y dentro, no quiero citar ningún ejemplo, porque no quisiera que un ejemplo mío provocara comparaciones que alteraran lo positivo de este informe y de este debate.
Estoy muy satisfecho de que este informe pueda aprobarse y de que sea una eficaz herramienta para la resolución de este grave problema, que afecta a muchas personas.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos debatiendo un informe sobre el terrorismo. En consecuencia, yo quisiera examinar qué se entiende por terrorismo, por qué se considera algo malo y por qué a menudo también se aduce para legitimar la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos fundamentales. Con este objeto, he observado qué se designa aquí como terrorismo. Se incluye, por ejemplo, el tráfico de drogas. La decisión sobre qué drogas se consideran ilegales o legales es, como todos sabemos, relativamente arbitraria y tampoco se puede deducir de consideraciones de política sanitaria, por ejemplo. Muchas personas de esta cámara también consumen drogas con profusión. Ya sé que el texto se refiere a las drogas ilegales. Sólo quiero señalar que toda sociedad tiene también sus drogas, siempre ha sido así y seguramente siempre lo será. La criminalización no nos ayudará a avanzar.
También se menciona, por ejemplo, la trata de seres humanos. Si con ello se hace referencia al contrabando de personas, que a menudo se pone en el mismo saco, es preciso recordar que en la UE se reconoce el derecho de asilo a personas que tuvieron que entrar ilegalmente, porque hemos hecho de Europa una fortaleza y la gente tiene que arriesgarse a buscar ayuda, de los contrabandistas de personas, por ejemplo.
Si el término se refiere a la trata de seres humanos propiamente dicha, o sea, a la privación de sus derechos fundamentales y el trabajo forzado, entonces es preciso preguntarse por qué en el informe que acabamos de votar se habla tan poco de la protección de las víctimas o de las personas objeto de la trata. Ésta sería, en efecto, el medio más adecuado para acabar con una práctica como es la trata de seres humanos.
En un punto del informe se dice que el tráfico ilegal de armas y de drogas también es terrorismo. Ya me he referido a las drogas; en cuanto a las armas, yo considero que el tráfico de armas es ilícito, pero -lo que es mucho más grave-también es ilegítimo. Yo sólo me pregunto: ¿únicamente el tráfico ilícito de armas es ilegítimo? ¿No lo es también el comercio legal de armas? ¿No son también terrorismo los bombardeos de civiles con bombas de la OTAN, que les causan la muerte o secuelas para toda la vida? Hay personas que protestan contra ello, que adoptan medidas, por ejemplo la desobediencia civil. Estas personas saben perfectamente que esto es ilegal. No está tan claro que también sea criminal. En efecto, como también se dice aquí, muchas personas están hartas de los fraudes y la corrupción del Estado y se resisten contra ello, y esto se pretende calificar ahora como terrorismo. Si no se acepta siquiera la enmienda de los Verdes, en el sentido de que se definan los derechos fundamentales de las personas con un nivel común de protección en la UE, no nos quedará más remedio que votar en contra el informe, por mor de los derechos fundamentales.

Angelilli
Señora Presidenta, quisiera ante todo dar las gracias al Sr. ponente por el trabajo realizado en torno a un problema de actualidad tan grave como el terrorismo que está viviendo una terrible época de recrudecimiento.
Quizás nos habíamos hecho ilusiones de haber vencido esta plaga que había ensangrentado Europa durante muchos años. Tal vez el terrorismo actual es más difícil de combatir porque es menos ideológico, más sensacionalista, porque no se esfuerza en buscar contenidos, sino que se basa todo en la violencia, precisamente para desestabilizar las instituciones y para aterrorizar a la opinión pública.
¿Cuál puede ser entonces el papel de este Parlamento? De una parte, interrogarse sobre las causas de ese malestar y de esa inadapación social y cultural que, evidentemente, desemboca en el terrorismo y, de otra, ante todo debería tratar de prevenir los fenómenos de terrorismo, de anticiparlos, de identificar desde su principio los primeros avisos.
Contamos con muchos medios: muchos bancos de datos, instrumentos legislativos y policiales; sin embargo, demasiado a menudo, ante el surgir o la transformación de los grandes fenómenos delictivos, como los ligados a la droga, a la pedofilia, a la trata o explotación de seres humanos, así como, obviamente, al terrorismo, este Parlamento es cogido siempre por sorpresa y acaba llegando tarde, incapaz de definir acciones preventivas eficaces.
Ha sido así también respecto de esos grupos violentos, a menudo en contacto con realidades terroristas que se han introducido en los movimientos, pacíficos y legítimos, contra la globalización. Por lo tanto, bienvenidas sean las medidas preconizadas en el informe para atajar el fenómeno, en particular la orden europea de busca y captura y la supresión del procedimiento formal de extradición.
Y termino, señor Presidente, recordando que - sólo para poner un ejemplo - todavía hay ciudadanos italianos que formaron parte de las Brigadas Rojas, que fueron condenados por homicidio de carácter terrorista hace casi veinte años y que desde hace casi veinte años están huidos a otros Estados europeos, pese a las repetidas peticiones de extradición.

Bigliardo
Señora Presidenta, Señorías, he escuchado con atención el informe Watson que comparto en sus líneas principales, aunque se me ocurre preguntarme y se nos ocurre preguntarnos con frecuencia: ¿Qué es el terrorismo? A lo largo del debate se ha apuntado la necesidad de definir qué es hoy el terrorismo. Creo que la propuesta objeto del informe se refiere al terrorismo europeo no solo aquel tan despreciable que, lamentablemente, se desarrolla en la España de hoy, porque si es cierto que ese método es despreciable, entonces hay que decir que igual de despreciables son los métodos manifestados en otros Estados europeos por movimientos que tienen otras finalidades bien distintas.
Italia vivió una época terrible, durante la cual tuvimos que asistir a los asesinatos de militantes en sus sedes, de jóvenes en sus plazas, de niños quemados vivos en sus casas, en nombre de una ideología que últimamente ha causado el asesinato del asesor del Gobierno D' Antona y que con frecuencia conlleva, como ha ocurrido, objetivamente la muerte de jóvenes en el ámbito de manifestaciones que desembocan en una violencia ciega, que nada tiene que ver con las batallas contra la globalización de los mercados.
Por lo tanto, bienvenida sea una política coordinada entre los Estados europeos que excluya las odiosas leyes especiales que se han revelado como verdaderos instrumentos de persecución política cuando se trataba de golpear a unos y que luego se han revelado como instrumentos de complacencia cuando se ha tratado de proteger a otros, como acaba de decir el Sr. Angelilli. Bienvenida sea la orden europea de busca y captura, pero con tal que se empiece enseguida y se haga seriamente; con tal que los Gobiernos sean invitados a hacerlas efectivas enseguida y a procurar que, desde los próximos meses, se evite ver en nuestras plazas lo que ocurrió en Génova hace algunos días.

Sichrovsky
Señora Presidenta, el informe describe de manera muy gráfica los riesgos del antiguo y también del nuevo terrorismo, la amenaza que éste supone, pero también la impotencia de las instituciones tradicionales frente a estas amenazas en Europa. Permítanme que tal vez discrepe en un solo punto: yo diría que la amenaza del terrorismo en realidad no tiene relación alguna con la sociedad democrática -aunque ésta sea con frecuencia el blanco del terror-, sino que se trata de una amenaza muchísimo más amplia que afecta a todas las personas, independientemente de las condiciones políticas bajo las que vivan.
Por esto resulta tan difícil definir con precisión el concepto de terrorismo y tal vez tampoco sea tan importante, sino que es preferible partir de una definición de los actos terroristas, que describa la amenaza que suponen contra las personas individuales y grupos de personas. Un acuerdo a escala europea es la condición previa necesaria para mejorar la coordinación de las medidas, entre las que sin duda también es importante la agilización de las extradiciones que propone el informe.
La declaración del artículo 29 del Tratado de la Unión, que califica al terrorismo como una forma de delincuencia, también debe ser vinculante para todos los Estados miembros de la UE, cuyos representantes políticos justifican, en consonancia sus ideas políticas, ciertas acciones violentas dentro o fuera de la UE. Recuerdo los debates sobre el conflicto en Oriente Medio, cuando algunos colegas manifestaron inesperadamente comprensión hacia las actividades terroristas de uno u otro bando, aun cuando fuesen claramente obra de comandos asesinos y atentados contra la población civil.
Además del requisito organizativo de la cooperación entre las instituciones competentes, la lucha contra las actividades terroristas también requiere voluntad política. La amenaza contra personas inocentes jamás tiene justificación.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, si algo ha caracterizado la elaboración de este informe sobre el terrorismo ha sido no sólo el rigor y el saber hacer del ponente, a quien quiero felicitar expresamente, nuestro querido colega Watson, sino también la predisposición y el entendimiento de casi todos los Grupos políticos de esta Cámara para reflejar no sólo el rechazo y la condena del terrorismo, su entorno y los medios que utiliza, sino también para consensuar los instrumentos jurídicos de que a nivel europeo debemos dotarnos para combatir y perseguir los delitos propios de la actividad terrorista y de la delincuencia organizada.
Podemos afirmar sin reservas, sin duda alguna -yo al menos no la tengo-, que con la aprobación de este informe estamos ante un pacto europeo contra el terrorismo. Porque, para los ciudadanos europeos, la violencia y el terror son absolutamente incompatibles con la democracia, el diálogo y las reglas del juego que los Estados democráticos de la Unión Europea nos hemos dado para convivir en paz y, en especial, para resolver absolutamente todos -y subrayo absolutamente todos- nuestros problemas y diferencias de la naturaleza que sean.
El nacionalismo o la independencia que utilizan como señuelos organizaciones terroristas como la ETA en España sólo esconden de verdad la realidad de un oficio cuyo único objetivo es sembrar el terror, desestabilizar la democracia y asesinar, sin discriminación, a niños, jóvenes o mayores, de cualquier oficio o profesión.
Otro argumento que avala este informe es la urgente necesidad de poner al día los instrumentos jurídicos que un nuevo espacio sin fronteras, como es el de la Unión Europea, debe tener para que los violentos y los grupos terroristas no encuentren más facilidades en sus acciones delictivas que los policías y jueces en perseguirlos o castigarlos. Porque, señora Presidenta, señor Comisario, es un contrasentido que existan barreras y fronteras para jueces y policías y que, por ejemplo, las bandas criminales se organicen en un país de la Unión Europea, cometan atentados en otro y luego regresen para protegerse en una legislación que es obsoleta y contradictoria con un espacio común de seguridad, libertad y justicia. Y de aquí la precisión de las cuatro recomendaciones, que son la columna vertebral del informe.
Es cierto, que España y su Gobierno están especialmente interesados en lo que aquí resolvamos hoy, pero también lo han de estar países como Francia, Bélgica, Italia o el Reino Unido o el resto de los países de la Unión, porque la raíz del terrorismo está en la violencia, su financiación, los medios tecnológicos que utiliza y el reclutamiento de jóvenes a los que con dinero y odio se les educa para matar. Y esto es un problema, Señorías, que supera las propias fronteras de la Unión Europea.
Señora Presidenta, estamos en el buen camino. Vuelvo a insistir en la urgencia de las propuestas y en la urgencia de que vayamos articulando de verdad un nuevo espacio donde sólo quepamos y nos movamos quienes queremos vivir en paz y en libertad.
El Comisario Vitorino tiene el respaldo político de esta Cámara. Esperamos, de verdad, con mucho interés sus propuestas.

Marinho
Señora Presidenta, por razones a veces difícilmente confesables Europa se encuentra desarmada ante el terrorismo. La mayoría de los Estados no dispone de legislación antiterrorista, las penas de cárcel son variables de un Estado a otro y la persecución de los criminales fuera del territorio donde se cometió el crimen sólo es posible -cuando lo es- mediante el mecanismo de extradición, siempre sujeto a las limitaciones de la reciprocidad y la constitucionalidad de cada uno de los Estados miembros.
De ese modo, la malla resulta ancha en Europa para el terrorismo. Por fortuna, el Tratado de Amsterdam, el Consejo de Tampere y nuestro Comisario António Vitorino han logrado avances en la cooperación judicial en Europa. En esa línea, el Parlamento Europeo recomienda al Consejo, en este informe excelente del Sr. Watson, normas mínimas para la definición de los elementos constitutivos del delito y sus sanciones, substitución de la extradición por el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, formulación de una orden europea de busca y captura que no deje a los criminales reírse de los tribunales de justicia y las policías y normas de aproximación en materia de indemnización.
Señora Presidenta, además de esos aspectos de naturaleza penal y jurídica, es necesario también que prejuicios intelectuales y juicios históricos superados no sigan enmarcando el terrorismo en una visión heroica y romántica de lucha por la libertad. La libertad se garantiza en los Estados de derecho, que hoy son, por fortuna, todos los Estados de la Europa Comunitaria. François Mitterrand nos enseñó que el nacionalismo es la guerra. Y hoy presenciamos, muy cerca de todos nosotros, ante nuestros ojos, en nombre de culturas, lenguas, regionalismos y religiones, asesinatos, muertes y violencia que Europa no puede tolerar. O Europa confía en sus valores o se diluye en sus antítesis. El terrorismo es el arma decisiva de la locura y del fanatismo étnico, religioso o cultural. Es lo contrario de la libertad y de la vida. Empujémoslo, con la fuerza y con la violencia de la ley, afuera de Europa.

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, pertenezco y represento al Partido Nacionalista Vasco, el partido que viene gobernando en el País Vasco ininterrumpidamente desde hace más de veinte años. Un partido que, reivindicando la personalidad propia, la soberanía y el derecho de autodeterminación de los vascos, sin embargo, rechaza y condena tajantemente el recurso a la violencia y al terror como instrumentos para conseguir cualquier objetivo político y, mucho más, condena el inadmisible terrorismo de Estado, que también hemos padecido los vascos, procedente de los aparatos del Estado español.
Como es obvio, en nuestra sociedad y también en la española, tenemos una especial sensibilidad con respecto a las cuestiones formuladas por el Sr. Watson en su difícil informe sobre el papel de la UE en la lucha contra el terrorismo y, en términos generales, estamos de acuerdo con el contenido del informe y también con las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el mío propio de los Verdes/Alianza Libre Europea.
En Irlanda del Norte tuvieron la suerte de contar con el apadrinamiento decidido del senador norteamericano Mitchell, lo cual llevó a los acuerdos de Viernes Santo y a un verdadero proceso de paz, a pesar de las luces y sombras que jalonan su recorrido.
¿Hasta cuándo habremos de esperar los vascos para que Europa tome conciencia de que en sus manos está la paz, de que debe impulsar, propiciar y arbitrar un diálogo democrático y sincero entre las partes enfrentadas? Esta sería la mejor receta que el Parlamento Europeo podría recomendar contra el terrorismo y para conseguir la paz.
Valoro especialmente el considerando O del informe, que recoge con mucha certeza que el diálogo democrático fundado en el respeto mutuo y la no violencia es el mejor remedio para resolver los conflictos, lo cual rectifica anteriores resoluciones de este mismo Parlamento Europeo.
Lo que lamento es que haya fracasado el intento de reflejar esta misma idea en las recomendaciones finales. Por ello, tengo que considerar este documento como incompleto e insuficiente. Pero, a pesar de esta insuficiencia comentada y después de haberlo meditado, voy a votar a favor del informe Watson para dar una oportunidad al considerando O, es decir, al diálogo democrático para resolver nuestro conflicto.

Gorostiaga Atxalandabaso
Señor Presidente, ha sido una feliz coincidencia por el bien de la democracia que hayamos celebrado el debate anterior sobre la red ECHELON.
La posición hipócrita de los Estados miembros respecto a la violación de los derechos de los ciudadanos, que han subrayado varios oradores, puede ayudarnos en nuestro análisis del informe sobre terrorismo. El informe, muy lamentablemente, pasa por alto el terrorismo de Estado. Pero lo que es aún más lamentable es el hecho de que no se incluya ninguna recomendación específica sobre el fomento de medidas que permitan el diálogo político para la resolución de conflictos.
A pesar de ello, lo más probable es que esta Asamblea apruebe el presente informe. Luego le llegará el turno, señor Comisario Vitorino, de presentar un documento que ya ha negociado, principalmente, con las autoridades españolas y francesas.
El lunes me referí a las víctimas de la guerra sucia española. Permítanme evocar ahora la memoria del periodista Fernando Pereira. Como saben, murió víctima de la acción del servicio secreto francés contra Greenpeace.

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si conseguimos que el Parlamento Europeo adopte por una amplia mayoría las recomendaciones del Consejo, no sólo emitiremos una señal, sino que también habremos dado algunos pasos muy decisivos contra un terrorismo que menosprecia y destruye a las personas y es enemigo de la democracia, como el que existe particularmente en España, pero también en otros países de Europa.
Los Estados miembros de la Unión Europea deberán aplicar, no obstante, el paquete de medidas que propone el Sr. Watson y que abarca desde la armonización de la legislación hasta la indemnización a las víctimas, pasando por la asistencia jurídica y la orden europea de detención, no sólo contra las formas hasta ahora conocidas de terrorismo, sino también contra las nuevas formas de terror, como las que pudimos ver en las últimas cumbres y que es de temer que se repitan en futuros acontecimientos de ese tipo.
En el debate sobre estas nuevas formas de terrorismo ha habido muchos tropiezos. No se ha debatido sobre la seguridad de los ciudadanos inocentes que se han visto expuestos a la violencia, ni sobre la protección de las propiedad contra la destrucción por obra de activistas violentos y destructivos, no se ha hablado de los policías gravemente heridos, ni tampoco de la indemnización de las víctimas, ni de la cooperación policial internacional. También se ha hablado muy poco del trasfondo, del entorno de simpatizantes, de las fuentes de financiación, de los artífices políticos de esas acciones violentas. Ha sido un debate estrecho.
Este terror que ahora amenaza con rebrotar revela, sin embargo, el riesgo de que se desarrolle un terrorismo internacional, globalizado, que no participa realmente en el debate necesario sobre la globalización, sino que únicamente lo utiliza como vehículo para ejercer el terror contra el Gobierno, contra el Estado, contra todas nuestras condiciones democráticas, en suma. Yo espero, por lo tanto, que respondamos con toda la firmeza contra el terrorismo hasta ahora conocido, pero que también actuemos con toda la energía contra estas nuevas formas de terrorismo, en interés de los ciudadanos, de la seguridad y la estabilidad de nuestros países y de la Unión Europea, y que recordemos a las muchas personas que ya han sido víctimas de este terrorismo. Yo les ruego a todos que apoyen masivamente este paquete de medidas, excelentemente elaborado, no sólo en interés de España, sino en interés de Europa y de la estabilidad y la seguridad de las personas

Ceyhun
Señor Presidente, seguro que todos coincidimos en que el terrorismo constituye uno de los desafíos más peligrosos a los que debe hacer frente nuestra sociedad. Es un fenómeno con estructuras de alcance mundial. Por consiguiente, sólo se puede combatir con eficacia también a escala internacional. La lucha contra el terrorismo incluye también la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Los cobardes ataques y asesinatos terroristas que hemos presenciado en los últimos tiempos, sobre todo en España, demuestran que es necesario seguir avanzando en la cooperación europea contra los terroristas.
El terrorismo internacional, que cuenta con el apoyo de algunos dictadores o de regímenes fundamentalistas islámicos, sólo se puede combatir de manera razonable mediante la cooperación a escala europea entre las autoridades nacionales competentes. Nuestra Asamblea también debe asumir su responsabilidad aprobando el informe sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo y dejando claro nuestro respaldo unánime al mismo. Dicho esto, yo quiero dar las gracias por el excelente trabajo que ha realizado el ponente. Nuestras propuestas tienen como finalidad crear las condiciones para una cooperación eficaz entre los Estados miembros a escala europea, de manera que ETA no pueda cometer ningún asesinato más en España.

Paisley
Señor Presidente, el terrorismo es la destrucción de la democracia. No puede existir un diálogo fructífero con el terrorismo criminal porque encarna una mentira. La liberación de presos terroristas y el intento de sobornarlos con puestos en gobiernos amañados es una exaltación del terrorismo y no lo está eliminando. Irlanda del Norte es un ejemplo, con la puesta en libertad de todos los presos terroristas de ambos bandos, a pesar de que no se ha decomisado ni una sola arma a ninguna de las partes.
Las atormentadas víctimas del terrorismo brutal han caído en su mayoría en el olvido. Acojo con satisfacción el llamamiento que hace el informe a favor de medidas en este sentido para velar por los intereses de dichas víctimas atormentadas, así como su énfasis en la necesidad inmediata de garantizar que no existe ningún santuario para el terrorismo en esta Unión Europea. Es imprescindible que se adopten medidas en este sentido.

Andrews
Señor Presidente, el presente informe es de la máxima importancia para los ciudadanos de Europa. Este informe debería tener la mayor difusión posible en toda la Comunidad. Es un informe complejo y difícil que debería tener un claro impacto sobre todos y cada uno de los ciudadanos, de manera que comprendan exactamente qué es lo que el Parlamento intenta alcanzar en su nombre. Hace honor al presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, el Sr. Watson. Votaremos en favor, aunque lo haremos con reservas respecto a muchos de los apartados y recomendaciones. Sin duda revisaremos el tema tras la consulta a nuestros Parlamentos nacionales y asociaciones ciudadanas.
Debemos definir con exactitud y precisión qué entendemos por terrorismo. No podemos confundir el terrorismo con protestas pacíficas, con las protestas legales y legítimas de los ciudadanos. Hay una serie de apartados sobre los que tenemos reservas, pero a pesar de dichas reservas, que probablemente revisaremos en posteriores debates y negociaciones sobre el tema, votaremos a favor del presente informe. Felicito al Sr. Watson y a todos los que han participado en la elaboración de este informe.

Karamanou
Señor Presidente, el informe del Sr. Watson deja al descubierto la incapacidad y el callejón sin salida al que ha llegado la Unión Europea en la represión del fenómeno del terrorismo, que se recrudece sin cesar. Esta debilidad se debe, tanto al cambio de la naturaleza del terrorismo y a que se hace más fuerte con medios tecnológicos y económicos modernos, como a la insuficiencia de la colaboración judicial y policial de los países miembros y a la falta de un marco legislativo común.
En Grecia se ha votado este mes de mayo una nueva ley antiterrorista en un intento de mejorar y de sistematizar la lucha contra el terrorismo sin violar los derechos fundamentales ni los principios del Estado de Derecho. Con todo, la lucha contra el terrorismo, ya sea en Grecia, o en España, es un tema que afecta a toda la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales deberá ser el punto de referencia al emprender cualquier nueva iniciativa. Es decir, en ningún caso el aumento de la actividad criminal de los grupos terroristas debe ser la coartada, tanto en el ámbito nacional como europeo, para tomar medidas que no son acordes al espíritu del Estado de Derecho y de los principios democráticos.
Sin embargo, para las injusticias del terrorismo, el Consejo tendrá que anular inmediatamente los procedimientos de adopción para adoptar el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, incluso sobre resoluciones anteriores a la resolución judicial final, tal como propone el informe. Pero aparte de estas medidas, es valiosísma la prevención del terrorismo, mediante políticas de educación, sociales, etc. que eduquen a los ciudadanos, y especialmente a los jóvenes, en el valor del diálogo y en el rechazo de cualquier forma de violencia.

Nicholson
Señor Presidente, en primer lugar, permítame aprovechar la oportunidad para felicitar al Sr. Watson por la elaboración del presente informe. Es un informe muy equilibrado y muy bueno.
El terrorismo ha sido uno de los principales problemas en el mundo occidental, y en Europa ha sido algo frecuente, sin ninguna duda, desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha demostrado que unos cuantos con dedicación pueden chantajear a la mayoría. Debemos reconocer el hecho de que no ha existido cooperación plena entre los Estados miembros. En Irlanda del Norte hemos vivido esa realidad de una manera muy dolorosa durante más de 30 años.
Si los terroristas tienen un refugio seguro, seguirán floreciendo porque tienen un lugar al que retirarse. Debemos poner fin a los santuarios. Tengo algunas reservas en el sentido de que si se suprime la extradición, lo que se cree en su lugar puede no ser eficaz. Si abolimos el proceso de extradición, lo que quiera que sea que lo sustituya deberá funcionar y deberá demostrarse que funciona, especialmente entre los Estados miembros.
Los Estados miembros deben tener la libertad de proteger a sus ciudadanos. Creo que cada gobierno de los Estados miembros tiene el deber de proteger al inocente y no a los autores de la violencia. Debe existir la máxima cooperación para lograr este objetivo.
Vemos también que existe cooperación terrorista en todo el mundo. Las recientes detenciones de tres activistas del IRA en Colombia demuestra con toda claridad hasta qué punto el terrorismo se extiende por todo el mundo y cómo los terroristas cooperan en el desarrollo de armas nuevas y mejores.
Debemos reconocer asimismo que muchas organizaciones terroristas participan en el crimen organizado, el narcotráfico y muchas otras formas de actividad delictiva normal. Utilizan determinadas palabras y seudónimos. Amenazan a las comunidades en las que viven.
Debemos reconocer a las víctimas. Debe existir el reconocimiento mutuo. Nadie tiene derecho a asesinar en un intento de alcanzar un objetivo político. Debemos recordar también que es fácil aterrorizar: tengo experiencia en este asunto. Pero créanme, es mucho más difícil construir la paz después del terrorismo.

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, los actos terroristas pretenden debilitar la democracia y los valores fundamentales sobre los que se está construyendo Europa. Por ello es necesario -y así lo hemos entendido- reforzar la lucha contra el terrorismo y crear los mecanismos e iniciativas que refuercen la cooperación entre los Estados miembros, habida cuenta, además, del recrudecimiento de las acciones terroristas en el seno de la Unión Europea. Asimismo, los Estados miembros deberán fomentar entre los jóvenes un compromiso de rechazo a cualquier forma de violencia.
De las cuatro principales recomendaciones que recoge este informe (la definición sobre el delito de terrorismo y penas aplicables, supresión del procedimiento formal de extradición y aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, la orden europea de busca y captura), quisiera destacar precisamente la última referida a la indemnización a las víctimas del terrorismo que, quizás, ha sido la menos señalada por mis colegas, y subrayar, en este sentido, que esta Cámara ya aprobó, el 24 de noviembre de 2000, un informe del que tuve el honor de ser ponente, donde se determinó, por primera vez, la definición de víctima y su protagonismo en el proceso penal.
Para terminar, quiero resaltar que, si somos capaces de desarrollar las recomendaciones de este informe, habremos dado un paso importantísimo en el desarrollo del espacio común europeo de justicia, libertad y seguridad.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo el trabajo de Graham R. Watson, explicitando el papel que la Unión Europea tiene que desarrollar en contra del terrorismo.
Y quiero también agradecer la actitud personal de la presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, en la apertura de esta sesión, por su gesto de recibir a la familia de una víctima del terrorismo, el Concejal de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Múgica, cuya viuda y tres hijos estaban presentes en el hemiciclo y que me piden que transmita su agradecimiento a toda la Cámara y a su Presidenta.
Este Parlamento ha conseguido ser una avanzadilla en la lucha europea contra el terrorismo. Fue la primera Cámara que puso por escrito la recomendación de que era necesario aislar políticamente a los partidos políticos que no condenan el terrorismo.
Y ha sido quien ha conseguido reunir más de 400 firmas de miembros de esta Cámara en un compromiso público para luchar contra el terrorismo de ETA.
Ahora estamos ante el informe Watson, del que quiero destacar la necesidad de que, cuanto antes, dispongamos en la Unión de una orden europea de busca y captura, y se suprima de una vez el procedimiento formal de extradición para estos delitos de terrorismo.
Porque el terrorismo, y en concreto el terrorismo de ETA, afecta a todos los ciudadanos europeos y no sólo a las víctimas, sino también a miembros de esta cámara. Lamento que no esté aquí presente la señora Bárbara Dührkop, por causa de enfermedad. Ella misma podría decirnos cómo ETA le arrebató a su marido, el senador Casas. También mi propia mujer y su familia han sido objeto de tres atentados, que se cobraron la vida de un policía. Y otros miembros podrían hablar también de sus sufrimientos.
En España y en otros lugares de Europa sufrimos el terrorismo. Nosotros ya no nos dedicaremos a teorizar, porque somos conscientes de que, como propone el informe Watson, tenemos que obligar a los Estados miembros a ponerse de una vez de acuerdo, porque el terrorismo constituye la mayor vulneración de los derechos humanos que tenemos los europeos.

Santini
Señor Presidente, Señorías, de este informe deseo subrayar sus rasgos de extrema concreción, de realismo y de gran actualidad. En efecto, aquí no se habla solo del terrorismo de las bombas, sino de un sistema de terrorismo menos explosivo, muy difundido, encubierto por fuerzas políticas cuyo objetivo evidente es la lucha contra los sistemas democráticos. Lo dicen claramente los considerandos E, F y G, en los que se recalca el recrudecimiento del terrorismo en Europa, en casi todos los Estados, y se habla de una profundo cambio de la naturaleza del terrorismo, pero se habla, sobre todo en el considerando G, de la presencia de redes internacionales dotadas, se dice así, de apoyo logístico y financiero. Pues bien, es precisamente lo que ocurrió en Génova durante los días del G-8. Las organizaciones terroristas internacionales utilizaron los Black Block instrumentalizando algunas organizaciones auténticamente pacifistas, pero con la cobertura de grupos de falsos pacifistas y de sus líderes complacientes, apoyados a su vez por los partidos de la izquierda italiana y europea, la misma que ayer les ofreció incluso la plataforma del Parlamento Europeo para lanzar sus delirantes eslóganes contra el Gobierno italiano y contra los valores de la democracia y del respeto a las ideas de las personas, valores que este Parlamento respalda e impulsa. También esto, señor Presidente, Señorías, es terrorismo velado pero eficaz.
Lo dicen de forma explícita el considerando M y la recomendación 3 y lo documenta asimismo, en sentido negativo, la enmienda 2 presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, en la que se pretende hacer decir a este Parlamento - en el caso de ser aprobada esta enmienda - que cuando existe un correcto funcionamiento de la estructura democrática y constitucional, entonces no hay terrorismo. Pues bien, de esta manera se tildaría de países no democráticos, no constitucionales, a España, a Irlanda y tal vez a Italia, cuyos Gobiernos son víctimas, señor Presidente, Señorías, y no responsables del terrorismo. Y éste también es terrorismo.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo comienzo felicitando al Sr. Watson por el excelente informe que nos ha presentado. Tiene razón cuando subraya la necesidad de medidas efectivas, claras y rápidas para prevenir y combatir cualesquiera actos de terrorismo, sea cual fuere su forma o tipo de manifestación. Rechazamos y condenamos todos los actos de terrorismo, que son intolerables por la violencia ciega que los caracteriza y afectan en su mayoría a ciudadanos inocentes. Somos conscientes de que constituyen uno de los más temibles desafíos que se plantean a nuestras sociedades.
Y la verdad es que, en el transcurso de los últimos años, la Unión Europea ha registrado un aumento de actos de violencia y terrorismo. Ese aumento revela que los medios clásicos de cooperación judicial y policial no son suficientes, en particular si tenemos en cuenta que continuamente surgen nuevas formas de terrorismo, como en los casos del terrorismo informático o medioambiental. Sabemos también que esos actos son cada vez más resultado de la actividad de redes organizadas a escala internacional que acaban sacando provecho de las diversas limitaciones jurídicas y la diversidad de las legislaciones nacionales. Es lamentable que la mayoría de los Estados miembros no disponga de legislación específica en esa esfera: sólo seis Estados miembros, entre ellos Portugal, disponen de legislación específica y de esos seis sólo cuatro, entre los que figura una vez más Portugal, han adoptado una definición del concepto de terrorismo en su legislación.
El Tratado de Amsterdam, al adoptar el principio de solidaridad en la lucha contra el terrorismo, vino a brindar nuevas posibilidades para una acción coordinada de la Unión Europea. Y, con los compromisos asumidos en Tampere, el terrorismo pasa a estar integrado en el planteamiento global de la lucha contra la delincuencia. El informe en debate merece nuestro apoyo, en particular en la medida en que propugna la aproximación y la armonización de las legislaciones de los quince Estados miembros.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, hablar en penúltimo lugar -el honor de cerrar lo tendrá el comisario Vitorino-, me exime de hacer muchas consideraciones, que han sido hechas por quienes me han precedido en el uso de la palabra -que lo han hecho muy bien-.
Yo voy a hacer solamente dos consideraciones. Una a quienes han dicho que lo que estamos votando hoy, este procedimiento de orden de busca y captura, elimina la extradición; no es así en absoluto; acompaña la extradición, en algunos crímenes que son especialmente odiosos, como es un crimen de terrorismo, precisamente para que la Unión Europea sea más eficaz.
Y voy a dar mi segunda consideración, señor Presidente. Yo creo que si miramos hacia atrás, y nos situamos en 1992, cuando este Parlamento dio su voto favorable al Tratado de Maastricht, vemos que había un gran espacio en los temas de justicia e interior ubicados en el tercer pilar. Era una gran innovación que la Unión Europea fuera a ocuparse de temas que habían estado siempre en el corazón de los Estados. Ha pasado muy poco tiempo desde entonces, prácticamente siete años, desde que Maastricht entró en vigor, y, sin embargo, ¡cuánto se ha avanzado! Se ha avanzado no solamente desde la solidaridad europea para un problema puntual, el del terrorismo de ETA, que es extraordinariamente importante y que políticamente tiene una importancia radical; pero se ha avanzado también haciendo Europa. Esta es la manera de caminar juntos en Europa y de atender, como se ha dicho aquí, a las preocupaciones reales de los ciudadanos.
Por tanto, además de agradecer la solidaridad europea, quiero decir que este informe Watson -y felicito al ponente, que ha realizado un enorme esfuerzo-, constituye también un hito muy importante, en ese camino que, desde este Parlamento Europeo, todos estamos emprendiendo juntos para construir Europa.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europa y sus Estados miembros se basan en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en la garantía de la dignidad de la persona humana y la protección de los derechos de las personas y las instituciones, consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Todos esos derechos pueden resultar afectados por los actos de terrorismo. En un marco de democracia plena, como la que existe en la Unión y en sus Estados miembros, nunca se pueden justificar los actos terroristas, sea cual fuere el lugar en el que se cometan o el objetivo apuntado. Nunca se deben considerar los actos de terrorismo delitos políticos o delitos relacionados o inspirados por motivos políticos. Nunca se debe considerar el terrorismo una forma de resolver un problema que una persona o un grupo pueda tener, independientemente de su naturaleza.
Durante los últimos años Europa ha registrado un aumento, en el interior de sus fronteras, de la actividad terrorista caracterizada por una profunda modificación de la naturaleza de los actos cometidos. Las repercusiones reales o potenciales de los ataques armados son cada vez más devastadoras y mortales como consecuencia de la evolución tecnológica registrada en el sector de las armas y los explosivos. Están surgiendo nuevas formas de terrorismo resultantes del continuo y rápido desarrollo de las tecnologías de la información, de los registros electrónicos y del equipo informático.
Los terroristas pueden sacar provecho de las diferencias existentes en el régimen jurídico de varios Estados miembros y de las dificultades que existen para proceder a su extradición, sobre todo cuando el acto no está reglamentado en el Estado requerido. Como se ha dicho varias veces durante el debate, ese aspecto subraya el carácter inadecuado de las formas tradicionales de cooperación judicial y policial para luchar contra el terrorismo. Por eso, hoy más que nunca, es necesario adoptar medidas para luchar contra el terrorismo elaborando propuestas legislativas destinadas a sancionar actos semejantes.
La condena del terrorismo en el plano político ha sido asumida constantemente por las instituciones de la Unión Europea, en particular por el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. Por desgracia, con inusitada frecuencia hemos tenido que afirmar esa posición de la Unión en vista de las acciones terroristas de la ETA en España. Nuestra solidaridad para con el pueblo español y, en particular para con las víctimas del terrorismo en España, es inequívoca y constante. Hay que complementar esa solidaridad con acciones más eficaces. Por eso, el artículo 29 del Tratado de Amsterdam se refiere específicamente a la acción común en tres ámbitos: una cooperación más estrecha entre fuerzas policiales, autoridades aduaneras y otras autoridades competentes, incluida Europol, una cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y una aproximación, cuando sea necesario, de las disposiciones del derecho penal. Conforme al artículo 2 del Convenio Europol, el terrorismo forma parte de las competencias de Europol.
De conformidad con la letra b) del artículo 31 del Tratado de la Unión y con las conclusiones de Tampere, en las que se decía que se abolirían los procedimientos reglamentarios de extradición entre los Estados miembros en los casos de personas que intenten escapar a la justicia y se los substituiría por una simple transferencia, la Comisión ya ha anunciado su intención de presentar una iniciativa destinada a suprimir los procedimientos reglamentarios de extradición entre Estados miembros en el caso de ciertos tipos de delitos y crear una "orden europea de busca y captura" con vistas a luchar no sólo contra el terrorismo, sino también contra otros delitos odiosos de naturaleza transnacional. Del mismo modo, la Comisión tiene la intención de proponer una aproximación de la legislación penal en materia de actos de terrorismo, de conformidad con la letra e) del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, no sólo para recoger las formas clásicas, sino también las nuevas formas de terrorismo. Por último, el acto de dirigir, promover, apoyar o pertenecer a un grupo terrorista debe también estar sujeto a una tipificación común. Complacen a la Comisión las preocupaciones del Parlamento en cuanto a la protección de las víctimas del terrorismo y tiene la intención de presentar, durante el corriente semestre, un Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas del delito en general y del delito de terrorismo en particular en el ámbito de la Unión Europea.
Señora Presidenta, Señorías, en conclusión, la Comisión se identifica con los principios del excelente informe del Sr. Watson, a quien quisiera felicitar efusivamente, y las directrices del proyecto de recomendación que el Parlamento está examinando hoy. A raíz de los trabajos que hemos venido desarrollando desde hace varios meses, en estrechas consultas con todos los Estados miembros -subrayo: con todos los Estados miembros- y no sólo con algunos, la Comisión tiene la intención de proponer al Parlamento y al Consejo, en el corriente mes de septiembre, las iniciativas legislativas referentes a la armonización del delito de terrorismo, a la aprobación de la orden de busca y captura europea y a la substitución de los procesos de extradición por mecanismos de entrega expedita para ciertos tipos de delito, entre ellos el de terrorismo, con lo que dará cabal cumplimiento -no me cabe duda- a las solicitudes del proyecto de recomendación de sus Señorías.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Barón Crespo
Señora Presidenta, además de agradecer al señor Comisario la intervención que acaba de hacer, quiero solicitar a la Presidencia que, para reforzar el gesto que hemos hecho con este debate, se proceda a votar el informe Watson en primer lugar. No en último lugar, como está situado.

La Presidenta
Tengo la sensación, señor Barón Crespo, al oír los aplausos, de que la Asamblea está totalmente de acuerdo con esta propuesta y puesto que no se han producido objeciones, comenzaremos el turno de votaciones con la votación del informe Watson.

Bienvenida
La Presidenta
Quisiera dar la bienvenida a los miembros de la Comisión de Transportes del Parlamento sueco, dirigida por la propia presidenta de la comisión, Sra. Monica Öhman, comisión que acaba de llegar a la tribuna de invitados.
Quisiera decirles que nos alegra especialmente recibir a estos colegas que representan a los cinco partidos políticos del Parlamento sueco y que están aquí para reunirse con sus homólogos de nuestra Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo.
Les deseamos, Señorías, una estancia agradable y fructífera entre nosotros.

Nogueira Román
Señora Presidenta, tengo que insistir en un asunto que ya he tratado varias veces en estas cuestiones de orden. Desde la última sesión plenaria que celebramos en este Parlamento, han muerto en las playas españolas, intentando encontrar trabajo en Europa, treinta personas procedentes del continente africano.
En ese mismo periodo de tiempo han sido detenidas otras 2.800 y creo que ya es hora, señora Presidenta, de que, desde este Parlamento, nos preocupemos de este problema tan fundamental, que nos debería avergonzar a todos y que requiere una acción de este Parlamento.

VOTACIONES
Maes
Señora Presidenta, el considerando M se refiere claramente a la definición del concepto de acto terrorista que propone el Consejo de Europa. Además, no es la única ocasión en la que el informe hace referencia a dicha definición. Pues bien, pido que la versión neerlandesa del considerando M se ajuste plenamente a la definición mencionada. El texto neerlandés debería decir: "...aduciendo aspiraciones separatistas...", y no sólo: "...aduciendo separatismo...", porque la formulación actual no establece una relación entre violencia y aspiraciones, en tanto que este vínculo sí queda de manifiesto en la definición del Consejo de Europa.

La Presidenta
. Totalmente, Sra. Maes, puedo asegurarle que velaremos para que todas las versiones lingüísticas estén bien armonizadas. Es muy importante respetar el rigor de las palabras.
(El Parlamento aprueba la recomendación)
Procedimiento simplificado - Procedimiento sin informe
Propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2001) 334 - C5-0273/2001 - 2001/0138(COD)), de 4 de abril de 2001, sobre la distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los Acuerdos entre la Comunidad Europea y Rumanía por los que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Recomendación (A5-0268/2001) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de decisión del Consejo (8010/1/2001 - C5-0317/2001 - 2001/ 0032(AVC)) sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y para el fomento del transporte combinado (ponente: Sr. Hatzidakis)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0281/2001) del Sr. Ruffolo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre la cooperación cultural en la Unión Europea (2000/2323(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0279/2001) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 95 - C5-0663/2000 - 2000/0246(COD)) por el que se establecen normas comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0266/2001) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 862 - C5-0769/2000 - 2000/0361(COD)) por el que se modifica el Protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en lo que respecta al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Propuesta de resolución (B5-0538/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la ampliación de la Unión Europea
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0251/2001) de la Sra. Carlsson, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Estonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000)704 - C5-064/2000 - 1997/2177(COS)))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0252/2001) de la Sra. Schoredter, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)706 - C5-0606/2000 - 1997/2176(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0253/2001) del Sr. Souladakis, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Lituania a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)707 - C5-0607/2000 - 1997/2178(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0254/2001) del Sr. Gawronski, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la solicitud de adhesión de Polonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)709 - C5-0609/2000 - 1997/2174(COS))
Antes de la votación de la enmienda 2 del Grupo de Los Verdes

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, primero tenía que esperar a ver si se aprobaba la enmienda del Grupo liberal. Mi intervención se refiere ahora a la enmienda 2. Ésta tiene por objeto la referencia a la EEB en los países candidatos. Este riesgo sólo se contempla en el caso de Polonia. Por esto, he presentado una enmienda que indica que dicho riesgo también existe en otros países, pues de lo contrario se estaría discriminando a Polonia. El texto contiene un error involuntario. Donde dice "en todos los demás países" , debe decir "en otros países" . La diferencia de matiz es clara. Por lo demás, pido a la Asamblea que vote afirmativamente la enmienda, a fin de no discriminar a Polonia.
(El Parlamento da su acuerdo a la toma en consideración de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0255/2001) del Sr. Jürgen Schröder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de la República Checa a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)703 - C5-0603/2000 - 1997/2180(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0256/2001) del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)711 - C5-0611/2000 - 1997/2173(COS))
Antes de la votación

Oostlander
Señora Presidenta, quisiera proponer al Pleno que apruebe una enmienda oral al informe sobre Eslovaquia. Reza como sigue -leo el texto alemán-:
Lamenta no haber conseguido alcanzar un compromiso con vistas a una reestructuración de los distritos administrativos que también sea aceptable para los representantes de la minoría húngara.
(NL) Señora Presidenta, formulo esta propuesta porque creo que puede contar con un apoyo ampliamente mayoritario. Lo he consultado también con el ponente.

La Presidenta
Señor Oostlander, esta enmienda, ¿se situaría por tanto al inicio del informe y la votaríamos inmediatamente?, ¿No se incorpora a otra enmienda?

Oostlander
Depende de lo que opinen los Verdes. Si ellos desean votar primero su enmienda la presente enmienda podría someterse a votación después, ya que se trata de una versión más débil.

El Presidente
Voy a consultar al ponente, Sr. Wiersma.

Wiersma
. (EN) Señora Presidenta, habida cuenta de la formulación de la enmienda y dada nuestra preocupación por las negociaciones en curso en Eslovaquia sobre la descentralización regional, apoyamos esta enmienda; también en el contexto del conocimiento de que continúan las negociaciones y las conversaciones sobre las competencias de estas provincias. Todos esperamos que el Gobierno de coalición de Eslovaquia encuentre una solución a todo el paquete de descentralización regional. En este marco, como ponente, apoyo esta enmienda. Espero que mi Grupo siga mi ejemplo.

Schroedter
Señora Presidenta, si he entendido bien, la enmienda del Sr. Oostlander guarda relación con nuestra enmienda 3. En ese caso, nosotros la retiraríamos y su formulación oral sería la que figuraría en el texto.

La Presidenta
Bien, es una propuesta que me parece totalmente aceptable.
(La Asamblea da su acuerdo a la toma en consideración de la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0257/2001) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Hungría a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)705 - C5-0605/2000 - 1997/2175(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0258/2001) del Sr. Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe periódico 2000 de la comisión sobre los progresos realizados por Bulgaria en la vía de la adhesión (COM(2000)701 - C5-0601/2000 - 1997/2179(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0259/2001) de la Sra. Nicholson, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Rumanía a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)710 - C5-0610/2000 - 1997/2172(COS))
Antes de la votación

Nicholson of Winterbourne
Señora Presidenta, quiero hacer una aclaración sobre mis observaciones de ayer relativas a mi informe para evitar cualquier malentendido sobre la adopción, entre países, de niños rumanos por parte de familias españolas durante los últimos diez años.
Puedo afirmar categóricamente que la amplia mayoría de estos casos ha sido tramitada plena y debidamente por las autoridades españolas y por las familias en cuestión. De hecho, sé que muchos de estos casos han tenido un final feliz, algunos de los cuales son del conocimiento de mis colegas españoles aquí en este Parlamento.
Puedo añadir que las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea han actuado con total corrección en este delicado asunto y que ninguno de ellos ha actuado con mayor rigor que las autoridades españolas.
Agradezco a los colegas españoles aquí presentes que me hayan hecho saber la necesidad de aclaración y, en particular, al Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y al Sr. Salafranca Sánchez-Neyra. Espero poder continuar la fructífera cooperación con todos mis colegas españoles en este Parlamento en el futuro.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0260/2001) del Sr. Volcic, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)712 - C5-0612/2000 - 1997/2181(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0261/2001) del Sr. Poos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)702 - C5-0602/2000 - 1997/2171(COS))
Antes de la votación de la enmienda 16 del Grupo ELDR

Van der Laan
Señora Presidenta, a diferencia de mi colega Wiersma hablaré simplemente en neerlandés. Se ha colado un error en la lista de votaciones, ya que la enmienda 16 del Grupo Liberal es idéntica a la enmienda 9 de los Verdes. Así lo hemos acordado, de modo que, en mi opinión, resultaría más cómodo votar ambas enmiendas a la vez para que no haya confusión.

La Presidenta
No hay objeción por parte del Grupo de los Verdes, por tanto, someto a votación las enmiendas 16, del Grupo Liberal, y 9 del Grupo de los Verdes, aclarando que el ponente es favorable.
Antes de la votación de la enmienda 5 del Grupo de los Verdes

Frassoni
Señora Presidenta, quisiéramos presentar una enmienda oral a la enmienda 5. Desearíamos sustituir los términos "desencadenada por los disturbios y los actos de violencia a comienzos de los años sesenta" por los términos "que ha seguido a los disturbios".
La finalidad de esta enmienda oral no es otra que disipar cualquier malentendido que pudiera justificar la invasión de Chipre por parte de Turquía.

La Presidenta
¿Hay alguna objeción a la toma en consideración de la enmienda oral?

Poos
Señora Presidenta, me veo en la obligación de pronunciarme en contra de la toma en consideración de esta enmienda oral. Todo el mundo sabe que la historia de Chipre es complicada y se han producido errores recíprocos. Pero esto no es un informe histórico, sino un informe sobre los progresos de Chipre en la vía de la adhesión, y creo que esta enmienda no tiene su lugar en el informe.
(La Presidenta comprueba que se levantan más de doce diputados para oponerse a la toma en consideración de la enmienda oral)
(El parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0262/2001) de la Sra. Stenzel, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM(2000)708 - C5-0608/2000 - 1999/2029(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0249/2001) del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM2000)365 - C5-0635/2000 - 2000/2299(COS)), sobre la protección de los pasajeros aéreos en la Unión Europea
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0264/2001) del Sr. Gerhard Schmid, en nombre de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación ECHELON, sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098(INI)

Vattimo
Señora Presidenta, en mi intervención sobre este informe me equivoqué a la hora de citar las enmiendas que pedí que se aprobaran. Las enmiendas que recomiendo que se voten son las enmiendas 16, 17, 18, 19 y 22. Éstas son las enmiendas que constan en la documentación de la sesión.
(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO
Informe Watson (A5-0273/2001)

Banotti
Señora Presidenta, mi Grupo ha votado a favor del informe Watson, que es un informe excelente y muy exhaustivo. Pero el informe propone cambios radicales que pueden representar problemas a algunos Estados miembros, en particular, a aquellos que se encuentran en primera línea del terrorismo. Sin una definición clara y aceptada mutuamente del terrorismo, los Estados deberán poder adoptar cualquier medida que estimen oportuna para dar respuesta a estas serias amenazas. No obstante, ello no impide que los Estados miembros identifiquen los ámbitos en los que existen dificultades para la cooperación entre los Estados miembros y encuentren el modo de mejorar dicha cooperación.
Es necesario introducir medidas eficaces para prevenir la formación y las actividades de grupos violentos en Europa y la colaboración entre estos grupos.
Elogio al Sr. Watson por su informe.

Gorostiaga Atxalandabaso
Señora Presidenta, he votado en contra del presente informe porque no hace ninguna mención del terrorismo de Estado.
Considero que el Parlamento Europeo ha cerrado los ojos al hecho de que el terrorismo de Estado actúa con impunidad y que la Unión Europea rechaza los principios fundamentales por los que se supone que debemos luchar.

Korakas
El informe Watson sobre la toma de iniciativas en el ámbito de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo encierra posturas excepcionalmente peligrosas para el movimiento popular y para las libertades democráticas. Esta iniciativa, como nos dice el Sr. ponente, tiene como objetivo que todos los Estados miembros instituyan un marco legislativo mínimo relacionado con el concepto del crimen del terrorismo y con las penas previstas. El Sr. ponente considera una verdad indudable que la Unión Europea ha conquistado un nivel tal de funcionamiento democrático que recurrir a cualquier otra medida aparte del "diálogo democrático" y la "solución de los conflictos debe ser resuelto a través de los cauces previstos" debe penalizarse. Solicita a los Estados miembros que tomen medidas efectivas para prevenir la formación de grupos "violentos" así como la aparición y mantenimiento de un "entorno de apoyo a los terroristas".
Creemos que la descripción referida hace evidente que el fin de toda esta palabrería no es otro que aterrorizar y someter a cuantos se oponen a la lucha violenta que ha desencadenado el sistema capitalista mundial, especialmente desde el derrumbamiento del sistema socialista. Con la excusa de la justa oposición al terrorismo individual, de inspiración a menudo sospechosa, se intenta reprimir violentamente, si es posible desde el origen, las luchas de los pueblos de Europa, que afortunadamente se están desarrollando, en contra de las políticas antipopulares y del nuevo orden imperialista, tal como están reflejadas tanto a nivel nacional como europeo (por ejemplo Niza, Goteborg y, especialmente, Génova).
Aún podemos oír las voces de algunos funcionarios de gobiernos europeos que identificaban a los manifestantes con criminales y terroristas. Ahora se está intentando fortalecer aún más y armonizar el arsenal penal de los Estados miembros en relación con el terrorismo. Esperamos en breve la prohibición y penalización de las manifestaciones y de todo tipo de desobediencia política. A una lógica de este tipo remite la reciente decisión unánime del Consejo de Justicia y de Asuntos Internos de la Unión Europea que se reunió al eco de las manifestaciones de Goteborg y un poco antes de las manifestaciones de Génova.
¿Es que abolir el derecho de reunión y la represión violenta de las movilizaciones de Goteborg y de Génova no son actos terroristas? ¿Los dos muertos del terrorismo de estado de los estados sueco e italiano no son víctimas de actos terroristas que deberían ser indemnizados? La Presidencia belga ya ha comenzado los preparativos de forma intensiva para una lucha aún más violenta contra el "pueblo - terrorista" con vistas a las manifestaciones programadas para la Cumbre de Laeken (Bruselas).
Nuestro país pertenece a aquellos que han adquirido recientemente una legislación especial para la supuesta lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Se trata de una ley que fue aprobada por una veintena de diputados que se encontraban en el hemiciclo y que constituye una amenaza directa contra las libertades democráticas que el pueblo griego ha conquistado con su lucha y sacrificio, una ley que anula derechos fundamentales y que pone en el punto de mira de la arbitrariedad estatal la política y la acción sindical. Frente a esta ley se manifestó toda una gama de personalidades democráticas, sindicales y de otras organizaciones sociales.
Por las razones expresadas anteriormente, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe.

Fatuzzo
Señora Presidenta, ante todo le agradezco la amabilidad mostrada al invitar a los diputados presentes a escuchar mis diecisiete - que en realidad son dieciséis, explicaciones de voto, también porque en el texto de modificación del Reglamento se ha presentado una enmienda antiFatuzzo, orientada a limitar a tres el número máximo de las explicaciones de voto en nuestras sesiones. En consecuencia, acepto con gusto su invitación a los diputados para que escuchen las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo que hoy empiezan con el informe Watson sobre el papel de la Unión Europa en la lucha contra el terrorismo.
El Partido de los Pensionistas, al comunicar que ha votado a favor a través de mí, sugiere que, para luchar realmente contra el terrorismo, se acuerde el más absoluto silencio de la prensa y de la televisión sobre los actos terroristas.
Los terroristas piden la amplificación de sus crímenes y los medios de comunicación no deben consentirlo. Se han de aprobar directivas que establezcan el silencio de la prensa y de la televisión sobre los actos terroristas.

Alavanos
La resolución Ruffolo sobre la cooperación cultural en la Unión Europea contiene muchas propuestas y enmiendas positivas en la primera consideración de la Comisión, como:
la disposición de un 1% del presupuesto comunitario para obras de arte y culturales,
el informe anual de la Comisión sobre la política cultural de la Unión Europea,
los programas trienales de cooperación cultural,
la fundación de un observatorio de cooperación cultural,
la convergencia del IVA.
Con esta oportunidad debo subrayar que un problema capital y pendiente en la cooperación cultural de los Quince es la retención ilegal, por parte del Reino Unido en el Museo Británico, de los frisos del Partenón. El Parlamento Europeo ha expresado su apoyo a la devolución de los frisos a Grecia mediante la adopción formal, hace pocos años, de la declaración escrita Lomas. Creo que debemos ser más activos en este sentido.

Ahern
. (EN) Los procedimientos de extradición entre los Estados miembros no pueden desaparecer en la práctica sin que existan unas normas mínimas comunes sobre Derecho procesal que garanticen los derechos fundamentales. El rechazo de la enmienda del Grupo Verts/ALE, en la que se pedía que los Estados miembros debían alcanzar un acuerdo en estos términos, significa que el informe, que es serio e importante, falla por su base. Esto tiene una importancia tan fundamental para los ciudadanos europeos que, lamentablemente, me ha impedido votar a favor del presente informe.

Bordes, Cauquil y Laguiller
Nos hemos opuesto al terrorismo en razón de los medios utilizados pero también porque sus autores pretenden generalmente imponer un régimen opresivo a su propio pueblo.
Sentimos sin embargo hastío ante la hipocresía del informe que, si bien ataca a los grupos terroristas, aleja de su campo al terrorismo de Estado cuando representa, o ha representado, una realidad de los Estados que se dicen democráticos y que participan hoy en la Unión europea.
Por tomar como ejemplo el caso de Francia, cuando hay generales que reivindican actos de tortura y asesinatos cometidos durante la guerra contra el pueblo argelino para impedirle que se liberara de la opresión colonial, ¿no es eso legitimar el terrorismo?
¿O es necesario perdonar este tipo de ignominias aunque sea con el silencio, con el pretexto de que esos actos de terrorismo se han cometido a la vista e incluso bajo las recomendaciones de las más altas autoridades del Estado?
Y, ¿cuántos cometió el Reino Unido en India o en Kenia antes de la descolonización? ¿Cuántos está cometiendo hoy el Reino Unido en Sierra Leona?
El informe no apunta ni una palabra sobre este terrorismo de Estado que no es mejor que el terrorismo de los grupos pequeños. Por el contrario, tiene el cinismo de enumerar, en los aspectos a combatir, las "concepciones ideológicas extremistas" o el "apoyo intelectual" , lo que evidentemente abre la puerta a todos los atentados a la simple libertad de opinión.
En consecuencia, hemos votado en contra de este informe.

Caudron
Quisiera manifestar mi apoyo a este informe de propia iniciativa que exhorta a los Estados miembros de la Unión Europea a una mejor coordinación en la lucha contra los actos terroristas.
A lo largo de los últimos años, la Unión Europea ha vivido un recrudecimiento de las actividades terroristas en su suelo, actividades que no han dejado fuera a ningún Estado. Los medios clásicos de cooperación judicial y policial se revelan generalmente como insuficientes para luchar contra esta nueva forma de terrorismo que resulta de la actividad de las redes organizadas a escala internacional, establecidas en varios países, que aprovechan los errores jurídicos de la territorialidad de las persecuciones y que disfrutan en ocasiones de apoyos logísticos y financieros poderosos. Necesitamos condenar estos actos que traumatizan a familias enteras y producen un clima de terror en las regiones más especialmente afectadas. Pero necesitamos ante todo formular propuestas concretas con el fin de poner fin a estos actos odiosos. Éste es el objeto de este informe. Entre las propuestas más interesantes citaremos:
la creación de un "mandato europeo de busca y captura" para la lucha contra el terrorismo, en el marco de la acción contra la delincuencia, ya sea organizada o no, el tráfico de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y el fraude,
la instauración de normas mínimas a nivel europeo relativas a la definición de los delitos así como de las sanciones aplicables en el ámbito del terrorismo.
la supresión de los procedimientos formales de extradición y la adopción del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales en lo que respecta a los delitos de terrorismo,
la adopción de instrumentos jurídicos pertinentes con el fin de aproximar las legislaciones nacionales en materia de indemnización a las víctimas de delitos terroristas.
Al igual que al ponente, me parece también primordial trabajar en la prevención de los actos terroristas. En este sentido, los Estados miembros deben continuar poniendo en práctica políticas educativas y sociales orientadas a combatir cualquier forma de exclusión social, económica y cultural. La pobreza y la falta de educación contribuyen a crear un terreno favorable explotado por todos los integristas. Ya no podemos cerrar los ojos ante actos que amenazan el futuro democrático de nuestras sociedades.

Kirkhope
. (EN) Los Conservadores británicos hemos votado a favor del informe Watson para transmitir el mensaje de que no daremos cuartel en la lucha contra el terrorismo y, en particular, para solidarizarnos con nuestros colegas que participan en la actual lucha contra los terroristas, particularmente de ETA.
No obstante, a pesar de que los Conservadores tenemos una larga y orgullosa trayectoria en la lucha contra el terrorismo, nuestra preocupación por la injerencia indebida y la politización de un procedimiento jurídico adecuado data igualmente de mucho tiempo atrás. Nos preocupa que la ampliación de la competencia comunitaria en este ámbito afecte a la capacidad de los Estados miembros de adoptar las medidas que consideren necesarias para atajar este problema. Consideramos que es prematuro conceder a Europol competencias de gran alcance y seguimos convencidos de que las diferentes tradiciones jurídicas nacionales indican que el camino a seguir debe ser el de la cooperación, y no la armonización.
Nunca, bajo ninguna circunstancia, daremos amparo a los que intentan utilizar la fuerza para socavar las instituciones democráticas legítimas.

Lambert
Lamento que me haya sido imposible apoyar la petición de unanimidad parlamentaria sobre el presente informe. En mi calidad de miembro del Grupo de los Verdes, mi camino preferido es siempre el de la no violencia y creo que no existe ninguna justificación en absoluto de la violencia como medio para introducir cambios en un Estado democrático. Allí donde existe la opción de las urnas, no existe aquélla de la violencia. Acojo con satisfacción las distinciones que se hacen en el apartado T en relación con terceros países. Mi voto negativo no debe interpretarse como apoyo al terrorismo, sino que está basado en un factor clave.
Me refiero al tema del reconocimiento mutuo de decisiones sobre asuntos penales. A menos que se aprueben una normas mínimas comunes sobre el Derecho procesal, no deberíamos seguir adelante con esto. No podemos utilizar la lucha contra el terrorismo para debilitar los procedimientos jurídicos y las garantías democráticas que difieren entre los Estados miembros. El Parlamento ha optado por no aprobar la enmienda 1 que habría exigido el establecimiento de dichas normas mínimas.
Debo reconocer también una inquietud subyacente respecto a respaldar un informe que omite algunos aspectos como el terrorismo de Estado, la proscripción de algunas organizaciones que actúan en países no pertenecientes a la UE y el fundamento para dichas decisiones y, asimismo, la ausencia de una definición del "terrorismo medioambiental".
No obstante, la falta de un compromiso con unas garantías jurídicas mínimas es el factor decisivo que me ha llevado a votar en contra del informe.

Nicholson
. (EN) He decidido votar a favor de esta reforma, a pesar de que tengo muchas reservas sobre el efecto que tendrán algunas de las recomendaciones.
Lo hago con la esperanza de que asistamos a una cooperación significativa entre los Estados miembros en la erradicación de la violencia y el terrorismo. Los Unionistas del Ultster han estado en contra de la violencia durante décadas y lo seguirán estando en el futuro.
Asistimos a la globalización de los terroristas con la detención en Colombia de tres activistas del IRA. Esto nos demuestra lo mucho que se ha extendido el terrorismo y sus consecuencias.
Informe Ruffolo (A5-0281/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, hace dos semanas, me encontraba en Verona. Fui a la Arena de Verona y escuché una bonita ópera de Giuseppe Verdi, La traviata. Hasta entonces nunca tuve la ocasión de asistir directamente - y lo lamento - a una ópera. El espectáculo era y es tan bonito que creo justo que toda Europa se beneficie de estos productos culturales.
Por lo tanto, bienvenidos sean informes como el del Sr. Ruffolo que prevén la cooperación cultural. Evidentemente, no sólo Italia debe dar a conocer sus actividades culturales, sino también los demás 14 Estados de la Unión Europea y los 12 países candidatos a la adhesión.

Bordes, Cauquil y Laguiller
En su exposición de motivos, el informe solicita a la Comisión y a los Estados miembros un compromiso mucho más fuerte a favor de la cultura. Hay razones, efectivamente, ya que afirma además que en el año 2000 no se asignó a la cultura, por cierto junto con el sector audiovisual, más que el 0,1% del presupuesto comunitario.
Pero, ¿qué entiende el informe por esos términos de "cultura europea" que aparecen incesantemente en la pluma de los autores? Más allá de lo que esta expresión tiene de ambigüedad, ¿en qué se distingue de la cultura universal, rica por la aportación de todos los continentes?
En uno de sus considerandos, el informe sitúa en el contexto cultural ámbitos como los derechos de autor y su explotación, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, el derecho a la competencia internacional (financiación de obras cinematográficas, precio único del libro, subvención al teatro, concentración de los medios de comunicación, etc.). Se pretende hablar de cultura cuando en realidad se trata de mercados si no de negocios.
Sin embargo, no menciona cuestiones elementales. El simple acceso a la cultura, ¿está asegurado a todos aquellos que viven en el marco de la Unión? ¿Están todos siquiera alfabetizados? ¿Han podido disfrutar de una escolaridad a la medida de sus posibilidades?
Estas preguntas no interesan a las autoridades europeas, demasiado preocupadas como están por regular la competencia en el "business" cultural.
En consecuencia, hemos votado contra este informe.

Caudron
Me felicito por el hecho de que el Parlamento Europeo, instancia representativa de las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas europeos, haya hecho uso de su derecho de iniciativa para alentar a la Comisión Europea a proponer medidas concretas en el ámbito de la cultura.
Efectivamente, desde 1974, ha señalado la importancia de desarrollar una política cultural a nivel comunitario. Y con razón, la cultura es un elemento fundamental de la identidad de la Unión Europea, constituye la base sobre la cual se unen los pueblos, se reconocen y viven el sentimiento de pertenecer a un mismo espacio.
No se trata por supuesto de promover una política cultural europea que tienda a la uniformidad. Se trata al contrario de poner en valor la diversidad cultural y lingüística, así como el hecho de compartir un patrimonio común.
En un momento en el que nuestros conciudadanos tienen dudas sobre el proyecto europeo, necesitamos trabajar para reforzar el sentimiento de ciudadanía europea. Se trata de una cuestión previa necesaria a la elaboración de una constitución europea.
En esta óptica se incluye el informe del Sr. Ruffolo, que señala varias pistas. Solicita a la Comisión:
presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de recomendación en la que ésta se comprometa a someter a estas dos instituciones un informe anual sobre las políticas culturales de la Unión Europea y de los Estados miembros, y donde ella invite a los Estados miembros a contribuir de forma activa en la elaboración y realización de un plan trienal de cooperación cultural;
crear un observatorio europeo de cooperación;
reunir, con vistas a la evaluación y la revisión del programa marco "Cultura 2000", un segundo Forum de la cultura que, sobre la base de la presente resolución, redefina los valores, los objetivos y las formas de la cooperación cultural europea;
efectuar un estudio sobre la posibilidad de aproximar, a nivel comunitario, los principios por los que se rige el trato fiscal de las obras de arte y del trabajo artístico;
reafirmar, con respecto a la próxima cumbre de la OMC, la posición de la Unión Europea.
Terminaré recordando que, como ponente para el sexto Programa-marco de investigación y desarrollo (PCRD), he propuesto enmiendas orientadas a reforzar la investigación en el ámbito cultural.

Uca
. (DE) Una ampliación de la cooperación cultural a escala europea es deseable y debemos acogerla con satisfacción. Yo he votado a favor del informe Ruffolo porque estoy convencido de que el fomento de la cooperación cultural contribuye al enriquecimiento mutuo. El conocimiento de otras culturas promueve el entendimiento mutuo entre los pueblos en beneficio de la paz. No debemos dejar de contemplar también la cultura y la lengua de las y los emigrantes de Europa y yo pido que la Unión Europea también apoye con ayudas financieras su actividad cultural.
La cooperación cultural en Europa es un aspecto fundamental para una integración europea más profunda. El conocimiento de las diferentes culturas servirá sin duda de base para que los ciudadanos y ciudadanas puedan construirse una identidad europea. Esto me parece particularmente importante, dado que éstos todavía se sienten muy distanciados de Europa. Europa se encuentra en la lejana Bruselas.
Europa se caracteriza por su diversidad cultural, además de por su unidad. Esta diversidad constituye un valor incalculable y favorece la convivencia pacífica en Europa. Yo abogo por que las gentes de Europa no sólo coexistan unas junto a otras, sino que también convivan.
Informe Schmitt (A5-0279/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, usted sabe que de un tiempo a esta parte el número de personas mayores y de pensionistas crece continuamente, hecho del que me alegro también como representante del Partido de los Pensionistas. Estos mayores y pensionistas cada vez más numerosos viajan por el mundo, en particular en la Unión Europea, y cada vez con más frecuencia utilizan el avión para sus desplazamientos.
Me han manifestado varias quejas del trato en los aviones, de los horarios, de los retrasos y, por lo tanto, no puedo dejar de aplaudir y votar a favor de un informe cuyo objetivo es mejorar la calidad del transporte aéreo.

Krivine y Vachetta
La cuestión de la coherencia y homogeneización de las reglas de seguridad en el transporte aéreo se plantea actualmente de forma aguda. Al haberse desarrollado considerablemente el tráfico aéreo, las cuestiones de seguridad deben tratarse con una atención especial. No discutimos esta necesidad. Sin embargo, no estamos a favor de la creación de la Agencia europea de la seguridad aérea (AESA) de acuerdo con las bases propuestas.
Sus desafíos se sitúan claramente de parte de la profundización del mercado internacional. La AESA acompaña a la liberalización del espacio aéreo y es un instrumento en la guerra de normas con Estados Unidos. Más que coherencia se trata de competencia. La AESA se convierte en un paso obligado en la desregulación anunciada en el transporte aéreo; el personal y los servicios de navegación se verán también posteriormente afectados por las decisiones de esta agencia. Por el momento, este personal ha sido informado o consultado, pero jamás reconocido como experto. En un momento en el que se están produciendo reestructuraciones masivas y despidos en AOM, Sabena y Swissair, entre otras, esto resulta inquietante. Esta agencia debe concentrarse en una única misión: la seguridad, integrando a los trabajadores en sus trabajos y homogeneizando por arriba el acervo de cada Estado europeo.

Markov
. (DE) El informe del colega Schmitt cuenta con el apoyo de la mayoría de mi Grupo. Las ventajas que ofrece la creación de una Agencia de Seguridad Aérea de ámbito europeo, en vez de contar con quince organismos nacionales, son indiscutibles. En efecto, ésta permitirá unificar
los procedimientos de autorización
las normas de seguridad aérea y de protección del medio ambiente
las disposiciones en materia de seguridad relativas a productos, personas e instalaciones
y contar al mismo tiempo con un interlocutor reconocido ante las autoridades extranjeras del transporte aéreo.
Las tareas de la Agencia han quedado definidas claramente: redactar informes técnicos, prestar apoyo técnico a la Comisión, elaborar los actos necesarios, llevar a cabo inspecciones e investigaciones, controlar la aplicación de las normas, elaborar y financiar proyectos de investigación, y cooperar con terceros Estados.
En la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se aprobaron otras enmiendas importantes, que consolidan la independencia de la Agencia con respecto a la Comisión y a la vez también definen su obligación de informar al Parlamento Europeo.
Mi Grupo también considera importantes las disposiciones encaminadas a mejorar la transparencia. La Agencia estará sujeta
al procedimiento presupuestario general
a las normas comunitarias contra el fraude
y a auditorías externas periódicas.
Por todas estas consideraciones hemos votado mayoritariamente a favor.

Meijer
 - (NL) La aviación corre el grave riesgo de sumirse en un caos peligroso. Habida cuenta de que diversas compañías se agolpan para adueñarse de las líneas más concurridas, ofreciendo tarifas dispares y servicios desiguales, es de suponer que el número de casos de negligencia e improvisación es superior al que se registra en el transporte de personas por carretera, un sector que, hasta la fecha, sigue siendo relativamente controlable. A esto se añade que el aire se llena cada vez más, de modo que se multiplica el número de situaciones en las que no se producen accidentes de puro milagro. Además de ser peligrosa, la aviación es malsana, como demuestran los casos de trombosis registrados en pasajeros condenados a estar inmovilizados durante horas en un espacio mínimo. Por todo ello, apruebo la propuesta de crear un órgano capacitado para implantar en Europa, de forma unívoca, la mejor normativa posible en materia de seguridad. Si doce años de 'Autoridades Aeronáuticas Conjuntas' nos parecen poco y deseamos constituir un órgano nuevo susceptible de alcanzar el máximo nivel de protección de conformidad con las disposiciones de la Unión Europea, hemos de preguntarnos si es conveniente que esta nueva Agencia Europea de Seguridad Aérea sea independiente de la Comisión Europea. Por otra parte, no puede servir de pretexto para introducir posteriormente una desregulación del tráfico aéreo en beneficio de lo que se conoce con el nombre de "cielo único", dejando las actividades en materia de seguridad aérea en manos de empresas concurrentes, desmantelando los servicios de control existentes y permitiendo a las compañías aéreas que reduzcan aún más su plantilla.

Titley
. (EN) Quisiera mostrar mi satisfacción por el informe del Sr. Schmitt, que pide el establecimiento de una Agencia Europea de Seguridad Aérea con vistas a mejorar la seguridad en el aire. Si esta propuesta prospera, se creará un alto nivel de seguridad uniforme en la aviación civil con requisitos comunes en materia de seguridad.
Son muchos los beneficios, financieros así como de orden práctico, los que pueden alcanzarse con la creación de una agencia paneuropea y única de seguridad aérea: si conseguimos sustituir los diferentes procedimientos nacionales de regulación y certificación por un sistema único y uniforme europeo, se evitarán diversas asimetrías. En última instancia, esta medida permitirá aminorar costes, normalizar procedimientos y, lo que es más importante, reducir los trámites y la burocracia. De hecho, resulta más fácil supervisar un sistema de seguridad que quince. Es muy importante que los pasajeros se sientan seguros cuando viajan en las compañías aéreas, y el establecimiento de normas comunes europeas sobre la aviación civil contribuirá a alcanzar este objetivo.
Informe Swoboda (A5-0266/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, el Sr. Swoboda ha presentado un texto sobre el tránsito de camiones por el territorio de Austria, en particular por los valles, por los maravillosos parajes que hay en Austria y que todos nosotros conocemos o quisiéramos conocer.
Estoy a favor de que la Unión Europea se emplee a fondo a fin de que el ruido y la contaminación de los camiones y de otros medios de transporte se aborden con mayor determinación, si cabe, para que el aire sea limpio y puro, especialmente en las zonas residenciales y turísticas frecuentadas por personas mayores y pensionistas.

Ebner
Señor Presidenta, voy a presentar mi explicación de voto en relación con el informe Swoboda. El problema del eje transversal alpino al que hace referencia el informe Swoboda afecta primordialmente a Austria, pero también a toda la ruta del Brennero. El problema que allí se plantea es que, con la propuesta y los planteamientos de la Comisión, se ha perdido mucha credibilidad en la zona comprendida entre Verona y Munich, dado que se pretende modificar unilateralmente las disposiciones legales del Acuerdo. Nosotros estamos a favor de que se establezcan unas limitaciones ecológicas. Y estamos a favor de que se adopten medidas que tengan en cuenta a las personas y las empresas que allí operan y su derecho a la igualdad de trato. Pero es preciso que las disposiciones legales del Acuerdo se sigan respetando también en el futuro.

Caveri
. (IT) En Austria y en Suiza, de acuerdo con Europa, rigen limitaciones para los camiones pesados y se prevén nuevas vías férreas, en construcción o en proyecto. Esto forma parte de la red transeuropea de transportes que prevé la Turín-Lyon como alternativa a la carretera. La Comisión ha indicado el recorrido para ese túnel Aosta-Martigny, relanzado por los habitantes del Valle de Aosta, de conformidad con el Protocolo sobre transportes del Convenio de los Alpes firmado por los Estados y que será suscrito por la Comisión.
Ahora hay un test para determinar su voluntad, o sea, los túneles del Mont Blanc y de Fréjus: el primero cerrado al tráfico tras la tragedia, mientras que en el segundo se ha multiplicado el tránsito de camiones pesados. Las poblaciones de los valles de acceso han expresado incomodidad y preocupación con peticiones, en el valle de Chamonix, de bloqueo de los camiones pesados o, en el Valle de Aosta, de contigentación.
En los Alpes Occidentales faltan límites al tráfico pesado. Italia y Francia deben establecerlos - recuerdo mi proposición de ley a la Cámara de los Diputados - de acuerdo con las comunidades locales e informando a Europa para que ésta modifique la red transeuropea de transportes y lo explicite en el Libro Blanco de la Comisión que se ocupará también de los tránsitos alpinos.
Hay que acordar medidas para los túneles viarios entre Italia y Francia para encontrar una solución homogénea a los Alpes, con vistas a la reapertura del túnel del Mont Blanc.

Flemming, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber y Stenzel
. (DE) Los diputados del Parlamento Europeo abajo firmantes, miembros de la delegación del Partido Popular Austríaco/Partido Popular Europeo, nos hemos pronunciado hoy unánimemente en contra de la propuesta de la Comisión por la que se suprimiría anticipadamente y sin sustituirla por otra disposición la llamada cláusula del 108%, por la que se limita el número de viajes en tránsito, establecida en su momento en el contexto del Protocolo nº 9 relativo al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria. Este proyecto de la Comisión es contrario a la letra y el espíritu de las disposiciones que entonces se negociaron.
Nosotros insistimos en que éstas se deben seguir aplicando y hemos contribuido con nuestro voto a favor de las letras a-c del apartado 2 de la Resolución legislativa a que, en las futuras medidas que se adopten en busca de soluciones eficaces y duraderas a la problemática del tráfico en las llamadas regiones sensibles -y, por lo tanto, también en Austria y en la zona alpina-, se intente alcanzar un consenso entre todas las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.

Markov
. (DE) La conclusión del informe del colega Hannes Swoboda sobre la propuesta de la Comisión relativa al sistema de ecopuntos para los vehículos pesados que transiten por Austria -por la que se rechaza el documento presentado por la Comisión- cuenta con mi pleno apoyo y también el de los demás colegas de mi Grupo.
Suscribimos la exposición de motivos del ponente, en el sentido de que deben mantenerse las limitaciones cuantitativas para el tránsito por carretera a través de Austria, puesto que todavía no se han conseguido los objetivos iniciales del Protocolo nº 9 sobre el tráfico por carretera y ferrocarril, así como sobre el transporte combinado. Éstos eran reducir las emisiones de nitrógeno, la contaminación acústica y los riesgos para la seguridad viaria. Por el contrario, se observa una tendencia al incremento de los viajes en tránsito, que sólo en la ruta principal de camiones, el corredor Brennero-Inntal, aumentaron en un 16% entre 1993 y 2000, y en un 52% -o sea, ¡580.188 viajes! - en el caso del tránsito a través de Austria. En el punto de medición de Vomp, de la autopista A12, se supera constantemente el valor límite de 40 microgramos por metro cúbico de aire, incluido el margen de tolerancia, establecido en la UE para las emisiones de NO2. Lo mismo sucede en otros valles alpinos por los que discurren las rutas de tránsito. Por consiguiente, a pesar de una cierta reducción en las emisiones de sustancias nocivas como resultado de las mejoras técnicas introducidas en los camiones, las emisiones totales de CO2 han aumentado en Austria.. Para alcanzar los objetivos originarios de reducción continuada y permanente de las emisiones de substancias nocivas es imprescindible, por lo tanto, limitar también el número de viajes en tránsito de los vehículos pesados. Por esto nosotros apoyamos que se rechace la propuesta de la Comisión.
Yo quisiera hacer una propuesta en el contexto del presente debate. Habría que considerar la posibilidad de establecer vías de circulación paralelas al ferrocarril para el tránsito de camiones a través de Austria, según el modelo de Suiza.
Propuesta de resolución sobre el proceso de ampliación (B5-0538/2001)

McKenna
Señora Presidenta, en relación con los informes sobre la ampliación - no sólo el informe del Sr. Brok, sino también aquéllos sobre los distintos países candidatos - resulta interesante comprobar que el Sr. Brok haya reconocido el rechazo del Tratado de Niza en Irlanda. Ha confirmado lo que venimos diciendo desde el comienzo, que básicamente el Tratado de Niza no es necesario para la ampliación. La ampliación puede seguir adelante sin el Tratado de Niza. Es deplorable que nuestro propio Gobierno esté intentando que las personas cambien de opinión.
En relación con los informes sobre la adhesión de los respectivos Estados, siento gran preocupación por el énfasis que se pone en el aspecto de la seguridad exterior común, por el hecho de que se esté obligando a los países a integrarse en la OTAN. El informe sobre Malta, por ejemplo, lamenta que Malta esté dividida respecto a la adhesión. Creo que corresponde a los propios malteses decidir si quieren integrarse o no. Si existe una división clara, en ese caso debería existir la libre elección. En Malta se está poniendo a Irlanda como ejemplo de cómo es posible ser miembro de la Unión Europea y alcanzar un maravilloso éxito económico y seguir siendo neutral. Todo eso es falso. Debemos dejar de tentar con zanahorias artificiales a los Estados candidatos y ser sinceros. Irlanda ha dejado de ser neutral. Coopera en la política exterior y de seguridad común. El éxito económico de Irlanda no es debido únicamente a la UE, como le dirán muchos expertos en economía.

Fatuzzo
Señora Presidenta, al hablar del proceso de ampliación de la Unión Europea en general, debo decir que he votado a favor. El Partido de los Pensionistas es favorable a la ampliación de la Unión Europea por dos motivos: el primero y más importante es que los Estados del centro y del este de Europa han vivido durante cincuenta años bajo la dictadura que no les hizo respirar y que merecen ser escuchados en su solicitud de estar, como nosotros, en Europa El otro motivo, señora Presidenta, es que ya hay mucha gente mayor y muchos pensionistas en la Unión Europea actual. Con la adhesión de estos países candidatos, se convertirán en muchos más y a mi no puede sino alegrarme tener una Europa con muchos pensionistas que quizás en el futuro podrían votar al Partido del los Pensionistas.

Berthu
El debate que se acaba de celebrar en esta Asamblea sobre la próxima ampliación de la Unión Europea nos ha producido una triple satisfacción. En primer lugar, se comprueba que desde 2004 una decena de países candidatos sobre doce (con excepción probablemente de Rumanía y Bulgaria) podrían convertirse en miembros al mismo tiempo. Los diputados del MPF piensan que se trata de una excelente noticia que producirá una pequeña recuperación después de una espera demasiado larga.
En segundo lugar, hemos registrado un cambio de tono con respecto a los países candidatos, a los que ahora tratamos como Estados dignos de respecto. La resolución votada señala incluso que "la Unión Europea debe velar para no atentar nunca contra la dignidad de los pueblos de los países candidatos formulando exigencias inoportunas". Denunciamos con frecuencia la actitud altiva, incluso despreciativa, de los federalistas, que exigían a los países del Este el abandono de su soberanía. Esperemos que esta nueva evolución vaya más allá de un cambio de vocabulario.
Finalmente, tercer motivo de satisfacción, parece que el párrafo 10 de la resolución significa la aceptación de una Europa más flexible, constituida por círculos diferenciados. A nuestro juicio se trata de una posición más realista, a reserva sin embargo de que los círculos en los que figure Francia no estén dominados por el ultrafederalismo: eso sería admitir la flexibilidad para la totalidad en contrapartida a una rigidez incrementada por un subconjunto, lo cual sería ilógico.
La resolución votada contiene también, sin embargo, pasajes insatisfactorios, incluso inaceptables: por ejemplo, es contradictorio pedir al mismo tiempo un mejor control de las fronteras exteriores de los países candidatos y una flexibilización de su política de asilo; no es demasiado responsable apelar a una aplicación de la política estructural a "la totalidad de la Unión" después de la ampliación, cuando sería necesario más bien concentrarla, por un período limitado, en los nuevos países miembros; resulta inaceptable afirmar que la lección que hay que extraer del referéndum irlandés es la necesidad de encontrar un método de revisión de los tratados susceptible de sortear oposiciones así (considerando E). Parece que el cambio de tono no llega todavía al respeto por las democracias nacionales cuando dicen no.

Bonde y Sandbæk
. (DA) Para que no exista ninguna duda de nuestra positiva predisposición a la adhesión de los nuevos países candidatos hemos votado a favor del informe. No obstante, hay aspectos especialmente criticables en el informe y en las negociaciones para la ampliación en su conjunto. Especialmente el punto E " ... los ciudadanos de Europa no comprenden la tarea histórica de la Unión de aportar paz, seguridad y prosperidad a todo el continente," , salta a la vista por soberbio.
Durante las votaciones votamos en contra en la votación nominal, pero en principio no somos contrarios a que se modifique el procedimiento por el que se modifican los Tratados de la Unión. No obstante, nos produce ciertos reparos que la modificación propuesta tenga consecuencias prácticas para el resultado que se alcance con un eventual modelo de convención. No obstante, es positivo que en el punto 2 se hable de " desarrollar posibilidades alternativas por bien de la seguridad" .

Bordes, Cauquil y Laguiller
Detrás de una presentación que se pretende optimista, la descripción que los informes ofrecen de los países de Europa del Este -que constituyen la gran mayoría de los candidatos de la Unión- es sombría.
"Nivel inquietante de la corrupción", "superpoblación de las prisiones", " enorme tráfico de mujeres y niños para la prostitución y explotación sexual" , "tasa de desempleo elevada", "situación de pobreza", "medio ambiente gravemente degradado", "perspectivas económicas poco prometedoras", "aceleración de la propagación del virus VIH", opresión de las minorías, discriminación con respecto a los cíngaros, éstas son algunas de las expresiones utilizadas con respecto a algún país del Este, incluso, algunas de ellas, con todos.
A pesar de todo, el informe se felicita de que avancen las privatizaciones - incluso en el sector de la salud, apartando de la asistencia médica a una parte importante de la población - y que las inversiones extranjeras así como las exportaciones estén incrementándose en muchos de esos países.
El regreso de estos países al capitalismo salvaje y la influencia creciente del gran capital occidental se traducen ya en un incremento considerable de las desigualdades sociales. Sin embargo, aparte de algunas amonestaciones moralizadoras, lo que los informes piden a los gobiernos de estos países es en primer lugar que se eliminen los últimos obstáculos a la penetración de capitales extranjeros y que se incremente "la flexibilidad y la movilidad del trabajo", es decir, imponer a sus clases trabajadoras una explotación aún más intensa.
Como partidarios de una Europa totalmente unificada de un extremo al otro del continente, no hemos votado en contra de la ampliación. Nuestra abstención manifiesta nuestra oposición a los informes de dominación que la Unión Europea intenta imponer a esos países con la colaboración de las clases privilegiadas de estos últimos, así como a la política antiobrera impuesta con el pretexto de la ampliación.

Eriksson, Frahm, Krarup, Okking, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt
. (DA) No hemos votado a favor de la resolución del Sr. Brok. La resolución refleja un desarrollo de la cooperación europea que no respaldamos. Así, no creemos que el desarrollo de una defensa común redunde en beneficio ni de los actuales ni de los futuros Estados miembros y somos contrarios a implicar a la OTAN en una resolución relativa a la ampliación de la UE. Pensamos que la resolución pasa por alto con demasiada ligereza los problemas que Schengen provoca a varios países candidatos, por ejemplo, en lo que respecta a la cohesión regional en forma de intercambios comerciales y relaciones de otra índole con estados vecinos situados fuera de la Unión, incluida la cuestión del futuro de Kaliningrado, que no recibe un tratamiento serio por parte del señor ponente.
Además, la resolución apenas se ocupa de los problemas que plantean los regímenes transitorios que la UE exige, por ejemplo, relativos a la libre circulación de los trabajadores. Tal régimen prolongará por un lado el problema de la mano de obra ilegal procedente de países candidatos en los actuales Estados miembros y por otro lado, dará a la población de los países candidatos la sensación de ser miembros de segunda clase de la UE. Además, pensamos que la resolución peca de debilidad cuando trata los fondos agrarios y estructurales. Celebramos que el señor ponente subraye la necesidad de incluir tanto el medio ambiente como las consecuencias sociales de los reglamentos, sin embargo, si queremos que la ampliación sea justa, un ajuste menor en estos dos ámbitos fundamentales está lejos de ser suficiente.
Por último, la arrogancia del autor ante la población resulta absolutamente incomprensible y queremos hacer hincapié en el derecho de la población de cualquier país a decidir por sí misma.

Figueiredo
Las contradicciones de esta propuesta de resolución, que fue objeto de 31 propuestas de enmienda, demuestran que hay grandes divergencias sobre la perspectiva de la ampliación y los fines que se pretenden.
Los dirigentes de la Unión Europea asumieron compromisos ante los países candidatos que ahora no sólo tardan en cumplir, sino que, además, crean exigencias inadmisibles que pueden poner claramente en entredicho objetivos que proclaman y que efectivamente debían ser las grandes líneas de orientación de las negociaciones de la adhesión, como la paz, el desarrollo y la prosperidad de todos los pueblos, teniendo en cuenta el principio de la cohesión económica y social.
Pero, si bien, en la resolución votada por la mayoría del Parlamento Europeo se afirma, por un lado, que "en circunstancia alguna se podrá herir la dignidad de los ciudadanos de los países candidatos con exigencias insensibles de la Unión Europea" y se reconoce la necesidad de corregir algunos aspectos discriminatorios aprobados en Niza, por otro lado, une inadmisiblemente la ampliación de la Unión Europea con la OTAN; se congratula de la conclusión de los acuerdos sobre la liberalización del comercio agrícola y pide la prosecución de las liberalizaciones teniendo en cuenta las obligaciones actuales y futuras en el ámbito de la OMC, mientras que en el aspecto social abre el camino a períodos de transición en la libre circulación de personas, con lo que respalda las posiciones alemanas y austríacas de impedir la legalización de trabajadores de los países candidatos durante siete años, cosa que rechazamos.
Asimismo, no aborda adecuadamente la cuestión del futuro presupuesto de la Unión Europea, pese a saber que hay grandes desigualdades en los niveles de desarrollo, no sólo entre los países de la Unión Europea, sino también entre la media de los 15 Estados miembros actuales y los doce países candidatos a la adhesión, cosa que no podemos aceptar. Es que avanzar hacia la cohesión económica y social exige una profunda revisión de las perspectivas financieras y un refuerzo importante de los fondos comunitarios para mantener, como mínimo, los apoyos actuales a los países de la cohesión, incluido Portugal, y apoyar en gran medida el desarrollo de los países candidatos.

Krivine y Vachetta
En este proceso de ampliación, el Consejo pone en el mismo plano a los doce candidatos sin tomar en consideración las características específicas de los candidatos procedentes de la Europa del Este, cuando se les impone un cambio global del sistema que hace de esta ampliación una cuestión cualitativamente diferente de cualquier otra ampliación anterior.
Así, la Unión Europea pide a cada candidato que pruebe su capacidad para hacer frente a la competencia destruyendo su medio ambiente, su sistema de protección social y los medios para una verdadera política de modernización y de pleno empleo, desarrollando así la pobreza y el desempleo.
Lejos de continuar dando testimonios de satisfacción a aquéllos que han privatizado más y reducido sus gastos presupuestarios, sería necesaria una auditoría de los efectos socioeconómicos reales, una moratoria de las privatizaciones, una ayuda pública al desarrollo, la redefinición de un proyecto europeo de sociedad para la Unión Europea abierto al Este y al Sur, que proteja el empleo, el medio ambiente, la salud y el nivel de vida.
En lugar de ello, la Unión Europea se prepara para recibir a estos nuevos países como miembros de segunda zona, conminados a aplicar el acervo comunitario y excluidos de las consecuencias de la PAC y también de los Fondos Estructurales. Los pueblos deben ser consultados con carácter previo principalmente mediante referéndum y Europa debe comprometerse a respetar su respuesta, cualquiera que ésta sea.
Por ello, no hemos votado a favor de la continuación del proceso de ampliación en estas condiciones.

Martinez
, por escrito. (FR) Si duda se trata de una gran aventura la ampliación. Pero se ve rebajada hasta aquí al rango de una OPA de tipo comercial o de una fusión de sociedades en lugar de ser el acontecimiento histórico máximo de encuentro de los pueblos cristianos que se reúnen en el momento en que el adversario secular vuelve a amenazar al Sur. Con esta forma de medir el campo de la libertad y la luz contra el campo del oscurantismo integrista, Ucrania y la Rusia centinela adelantada de Occidente hubieran tenido además su lugar.
La expresión "de acervo comunitario" es el resumen de este hundimiento técnico irrisorio de una cuestión política en la cumbre. En unos treinta capítulos, de la agricultura a la fiscalidad pasando por el medio ambiente, las PYMEs, la educación o los transportes, las legislaciones de los países candidatos y sus administraciones, sus sociologías e incluso su moral han pasado la criba de una mirada policial que debe recordar a esos antiguos países de moral proletaria prácticas penosas no olvidadas aún. Así, un Estado ve como se le reprocha, como obstáculo a su adhesión, su marco penal que reprime una práctica sexual. Muchos se ven sermoneados por sus fraudes y actos de corrupción, como si el IVA europeo no fuera desde 1993 un factor de un fraude fiscal masivo. Y Malta ve cómo se le reprocha el hecho de que atraiga a muchas empresas deslocalizadas por su régimen fiscal privilegiado. Como si Irlanda no lo hubiera hecho y como si Estados Unidos no practicaran ese sistema a una escala enorme con los FESC; condenados por la OMC pero tolerados por la Europa que desciende todos los "escalones" de su sumisión al Imperio.
En ningún momento la ampliación sirve de ocasión para un diálogo de experiencias y un intercambio de logros. Polonia observa así, con toda la razón, que su acervo agrícola vale el acervo de una Europa de 8 millones de animales abatidos por la fiebre aftosa o la EEB y de las 136.000 personas que incubarían la enfermedad mortal de Creutzfeld-Jakob atípica.
En lugar de enriquecerse y preservar el patrimonio de biodiversidad vegetal y animal de estos países del Este, sin hablar de su patrimonio de vínculos sociales que aún no ha roto el salvajismo ultracapitalista, la Comisión envilece esta cita histórica con una anexión sin condiciones. Un Anschluss en definitiva. Lo que permite comprender por qué el expediente se le ha confiado a un comisario alemán y el informe del Parlamento Europeo a un diputado casualmente también alemán.
Cierto es que las cosas están así más claras. Hay ampliación, pero como en 1990, es de nuevo alemana. El paréntesis de 1945 se cierra. El Imperio se reconstituye. La Mitteleuropa está ahí. Eterna en su geografía y su historia.

Meijer
 - (NL) El Sr. Brok parte de la idea de que existe un vínculo entre la OTAN y la Unión Europea. Es cierto que hace poco se ha logrado persuadir a Polonia, la República Checa y Hungría para que entren en la OTAN con la perspectiva de que ello facilitaría su incorporación a la UE. Sin embargo, ese planteamiento no tiene en cuenta que en la actualidad cuatro Estados miembros de la UE, Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria, no sólo no pertenecen a la OTAN, sino que, además, no tienen ninguna intención de adherirse a ella. Me opongo a la idea de que la OTAN se considera como un marco de colaboración militar entre cinco Estados miembros, a saber, los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Noruega y Turquía. Es más, me parece que los puntos de vista del Sr. Brok no sólo crean un problema en el seno de la OTAN. Es muy probable que la ampliación de la UE refuerce los contrastes nacionales, tanto más cuanto que un gran número de las empresas del Este no cumplen el acervo comunitario en materia medioambiental y, a cambio, ofrecen como mucho mano de obra barata durante un tiempo, a imagen y semejanza de México. Por una parte, los nuevos Estados miembros experimentarán los problemas de la antigua RDA y, por otra, tendrán que hacer frente a dificultades similares a las de México, el patio trasero pobre de los EEUU. El optimismo del Sr. Brok desemboca en una Europa llena de problemas pendientes, entre otras razones por hacer caso omiso de todas las cuestiones sociales.

Souchet
En el momento en que los Estados miembros de la Unión europea elaboran por fin, tras la catástrofe del Erika, un dispositivo más vinculante en materia de seguridad marítima - un ámbito en el que el interés común es evidente -, no se puede más que lamentar que el lugar reservado a este tema esencial en las diferentes resoluciones relativas a los países candidatos directamente afectados sea tan discreto.
Todos tenemos en la memoria las imágenes de los restos del Erika y la mención de su puerto de amarre: la Valeta.
Todos sabemos que las flotas mercantes de seis países candidatos figuran en la "lista negra" del Memorándum de París. Además de Turquía, recuerdo que se trata de Malta, de Chipre, de Letonia, de Rumanía y de Bulgaria.
La adopción por esos países de los paquetes Erika I y del Erika II y su compromiso en controlar la cuestión de la acogida de los pabellones de conveniencia deben constituir una prioridad en las negociaciones de adhesión. La seguridad de nuestras regiones costeras depende de ello.
Informe Carlsson (A5-0251/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, hace poco, este verano, estuve de vacaciones en Estonia. Allí vi a un pescador - a pesar de ser verano, ahí arriba en el norte, hacía mucho frío - que pescaba en el Mar Báltico. Me detuve para charlar con él y me enteré que era un pensionista que trataba de pescar algún pez para redondear su pensión. "¿Pero por qué?" le pregunté. "¿Acaso no disfrutáis de una buena pensión?" "Lamentablemente" me contestó, "nuestras pensiones son muy bajas." Por lo tanto, espero que nos preocupemos de la cuantía de las pensiones de todos los países de la ampliación, de Estonia en especial.

Krarup
. (DA) He votado en contra de los informes relativos a la ampliación de la Unión Europea puesto que el verdadero objetivo político del proyecto de ampliación comunitario gira en torno al sometimiento económico y político de la población de los países candidatos. Se trata de integrar a un grupo de países y no de verdaderas negociaciones entre partes iguales. Una estrategia de paz y bienestar a largo plazo tendría como objetivo abrir los mercados comunitarios en lugar de plantear exigencias poco razonables de inscripción de una amplia obra legislativa sobre la cual los países candidatos no tienen ninguna influencia.
La tarea más importante para el Movimiento Popular contrario a la UE es internacionalizar la oposición popular al proyecto global comunitario y trabajar por una Europa libre con múltiples y abiertas posibilidades cooperación que no queden inutilizadas por la burocracia supranacional y opaca de la UE.

Wuori
. (FI) Como explicación de voto, quiero indicar, en primer lugar, que en lo concerniente a las votaciones de hoy sobre los informes relativos a la ampliación, comparto los puntos vista expuestos por la Sra. Patricia McKenna sobre los factores de Política Exterior y Seguridad Común implicados en la ampliación. Aprovecho también para confesar que voté por error a favor de la enmienda 4 presentada al informe Carlsson, aunque lo cierto es que yo rechazaba dicha enmienda por considerarla discutible desde el punto de vista de la estabilidad de la región.
Informe Schroedter (A5-0252/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, también he votado a favor de la adhesión de Letonia a la Unión Europea. En los países del Báltico, señora Presidenta, hay muchos tesoros de la cultura que seguramente a muchos pensionistas e incluso a muchos jóvenes que viven en toda la Unión Europea les gustaría visitar. Tener en la Unión Europea, por lo tanto, ampliada a Letonia, la posibilidad de ver estas obras maravillosas tanto de la naturaleza como del ser humano, no deja de ser positivo.
Informe Souladakis (A5-0253/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, Lituania tiene el gran problema de la energía y del desempleo. He votado a favor, sin embargo, pido que la Unión Europea intervenga con ayudas más consistentes, incluso financieras, para luchar contra la falta de energía y de trabajo en el Estado de Lituania.
Informe Gawronski (A5-0254/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, Polonia debe ser el primer país candidato en entrar en la Unión Europea. Debería ser el primero porque la revolución pacífica que ha llevado al Este europeo al mundo democrático, al mundo de las democracias, comenzó precisamente en Polonia, como todos recordamos, a raíz de la acción de Solidarnosc y de la presencia de un Papa polaco. En consecuencia, he votado a favor y espero que pronto estén aquí en el Pleno los representantes de los polacos.

Caudron
Como miembro de la Comisión paritaria mixta Unión Europea/Polonia, me alegra poder manifestarme sobre el informe del Sr. Gawronski. Se trata efectivamente de un análisis sobre el estado de las negociaciones de adhesión con Polonia y de verificar el respeto por los criterios de Copenhague (condiciones a cumplir a nivel político, económico, y en materia de aplicación del acervo comunitario).
Por lo que respecta a Polonia, el Gobierno ha dado prueba de su voluntad de poner en práctica las reformas necesarias que le permitan integrarse lo más rápidamente posible en la Unión Europea. Queda claro que a priori este país estará en condiciones de participar en las próximas elecciones europeas de 2004, algo de lo que me alegro.
Persisten sin embargo algunos problemas recurrentes y principalmente el de la agricultura. Es indispensable llegar a un acuerdo de compromiso entre las autoridades polacas y la Comisión sobre la participación del país en la Política Agrícola Común y, sobre la base de las propuestas del Comisario Fischler, de practicar un phasing in de los pagos directos, lo que integraría gradualmente al sector agrícola polaco en el sistema comunitario.
Me parece igualmente necesario volver a una cuestión que no se ha mencionado en este informe ya que provocaba demasiadas polémicas. Me permito sin embargo recordar el doloroso problema de la restitución de las propiedades confiscadas con posterioridad al segundo conflicto mundial. Soy muy consciente de que es especialmente difícil para las autoridades polacas resolver este problema tanto en el plano financiero como emocional. Sin embargo, debe producirse el debate para llegar a una solución equilibrada que respete al máximo todas las susceptibilidades.
Finalmente, es necesario señalar los esfuerzos del Parlamento polaco para adaptar el derecho nacional al acervo comunitario. Resulta evidente que ello puede traducirse en medidas que compliquen la vida de las personas en sus aspectos cotidianos. Una política de información y de comunicación debe por tanto acompañar a dichas medidas para convencer a los polacos de las ventajas de la adhesión a la Unión.
Sea como sea, insisto en el hecho de que para todas las poblaciones de los países miembros así como para las poblaciones de los países candidatos, el coste de la ampliación en todos los sentidos del término no supone nada en comparación con el coste de la no-ampliación.
Todos tenemos una responsabilidad histórica.

Krivine y Vachetta
Este informe "exhorta" a Polonia a acelerar la aplicación efectiva y verdadera del acervo comunitario con el fin de poder respetar los compromisos que ha asumido y disfrutar totalmente de las ventajas que producirá posteriormente la adhesión a la Unión Europea. Pero, ¿cuál es realmente el contenido del acervo comunitario al que puede aspirar la población y en especial los campesinos polacos?
Apoyamos sin duda la exigencia de todos los países candidatos, principalmente Polonia, a que no se les trate como miembros de segunda zona. Pero las reformas de la PAC y de los Fondos Estructurales comprometen mucho más que estrechos cálculos presupuestarios. La agricultura incluye desafíos máximos para la satisfacción de necesidades y derechos fundamentales, desde el derecho a la soberanía alimentaria hasta las cuestiones de salud y de medio ambiente, pasando por los equilibrios y empleos regionales. Los países candidatos como Polonia deberían estar plenamente asociados a la redefinición de una política agrícola europea diferente.
En cuanto al aparato industrial polaco, sufre plenamente esta carrera a Europa que ha hecho pasar a este país del rango de favorito a la adhesión al de un no favorito. Efectivamente, las recetas aplicadas han dejado a regiones enteras destruidas con un nivel de desempleo oficial de un 16%. El fracaso socioeconómico de Polonia será el de las recetas llamadas "liberales" impuestas por la adhesión. Ésta es la razón por la cual no hemos votado a favor del informe.
Informe Jürgen Schröder (A5-0255/2001)

Vatanen
Señora Presidenta, el Sr. Fatuzzo no se encuentra aquí solo, así que puede sentirse reconfortado. Los diputados al Parlamento no solemos retrasarnos para el almuerzo, pero yo quisiera explicar por qué voté en contra de los informes Schröder y Nicholson of Winterbourne. Naturalmente, quiero darles la bienvenida al club de la UE con los brazos abiertos a estos países, tanto a Chequia como a Rumanía, pero quiero protestar ante la actitud que el Parlamento muestra hacia la energía nuclear. Nuestra misión no es dar consejos a países independientes sobre cómo éstos deben gestionar sus asuntos energéticos, y atentamos contra nuestra propia credibilidad cuando, incansablemente, abordamos la energía nuclear desde un planteamiento populista, olvidando los hechos concretos. Por ejemplo, se han realizado numerosas inspecciones por parte de expertos internacionales en la central de Temelin, y ésta cumple todos los criterios internacionales. ¿Por qué razón habría que desmantelar esta flamante central nuclear? Mientras tanto, en Rumanía existen centrales térmicas de carbón construidas hace 40 años -son casi tan viejas como yo-, así que sería sensato que allí se construyera una moderna central nuclear canadiense. No cabe sino constatar que cuando estos países candidatos se percaten de nuestras ideas en materia nuclear, no sólo se les atragantará la comida, sino también las emisiones de carbono.

Adam
Señora Presidenta, deseo unirme a los comentarios que acaba de hacer el Sr. Vatanen. Tampoco yo he apoyado el informe Jürgen Schröder, especialmente, porque los apartados 43 y 44 cuestionan la terminación de la central nuclear de Temelin y, es más, contradicen el anterior apartado 42, en el que se acoge favorablemente el Acuerdo Melk entre la República Checa, el Gobierno austríaco y la Comisión Europea de diciembre de 2000. El contenido de dicho acuerdo y, en particular, las investigaciones sobre la evaluación del impacto medioambiental que se acordaron, se han llevado a cabo en su mayor parte. Tras haber examinado la información, no existe ningún motivo de seguridad por el que no deba procederse a la puesta en funcionamiento del reactor número 1. Como consecuencia de esta contradicción en el informe, no le he dado mi apoyo.

Fatuzzo
Señora Presidenta, la República Checa ha solicitado su adhesión a la Unión Europea y yo he votado a favor. El apartado 7 de las páginas 7 y 8 del informe dice que, para reducir el déficit, la República Checa debe reformar su sistema sanitario y su sistema de pensiones. No estoy de acuerdo con este punto. La salud y las pensiones no deben servir para hacer cuadrar los presupuestos de los Estados. La salud y las pensiones de los ciudadanos deben ser la última partida a retocar del presupuesto del Estado. Antes hay que proceder a través de una buena administración.

Gil-Robles Gil-Delgado
. La delegación española del PPE-DE ha votado favorablemente el informe de la Baronesa Nicholson sobre la adhesión de Rumania a la Unión Europea a la vista de las explicaciones dadas por la ponente en lo que se refiere a la adopción de niños rumanos por familias españolas, explicaciones que agradece cordialmente. Considera que de este modo puede atenderse con más efectividad la preocupación de los futuros padres y madres españoles que han cubierto con toda seriedad los trámites necesarios para la adopción y que se han visto fuertemente alarmados por las medidas de revisión o de paralización de los expedientes adoptadas recientemente.
La delegación española del PPE-DE está siguiendo activamente la aplicación de esas medidas y realizará todas las gestiones necesarias con las autoridades rumanas y comunitarias para proteger los derechos de los niños que han de ser adoptados mediante la introducción de disposiciones que cierren cualquier posibilidad de que, al amparo de la adopción, se encubran casos de tráfico de niños, así como los derechos de los padres que generosamente quieren adoptar y que para ello vienen realizando toda clase de sacrificios.

Krivine y Vachetta
El informe "se muestra preocupado por el crecimiento del déficit presupuestario que, una vez deducidos los ingresos por la privatización en 2001, podría alcanzar el 7% del PIB e invita al Gobierno checo a poner en práctica las reformas absolutamente necesarias de los sistemas de salud y de jubilación"... y "recuerda que la consolidación presupuestaria no debe realizarse en condiciones que comprometan el objetivo a medio plazo de la cohesión social según el modelo social europeo, al tratarse en particular de la lucha contra la pobreza y la exclusión social".
Y, en la parte opuesta de la ideología europea, el ponente añade como para responder a la presión de las manifestaciones de Praga contra la cumbre del FMI y del Banco Mundial, que "es urgente proceder a inversiones públicas de futuro con el fin de mejorar la protección social, la salud pública y la educación"...
Esta esquizofrenia va a incrementarse entre proclamaciones de buenas intenciones y recetas "liberales" orientadas a las privatizaciones generalizadas y a la competencia. Refleja el rechazo a extraer un balance efectivo de un fracaso y de recetas disgregadoras.
Solicitamos la moratoria de estas políticas y de los criterios de construcción europea que no imponen medios que deterioren los niveles de vida y las necesidades básicas. Por estas razones no hemos votado a favor de este informe.

Raschhofer
. (DE) La Delegación liberal ha votado afirmativamente el informe sobre la adhesión de la República Checa. No obstante, yo quisiera volver a dejar clara nuestra posición con respecto a los puntos 42-44 del informe.
El "proceso Melker" iniciado entre Austria y Chequia no ha logrado hasta el momento los resultados deseados. No se han alcanzado los objetivos previstos. Sólo se podrán conseguir resultados satisfactorios si el tema de Temelin se traslada del plano bilateral al plano europeo. Por lo tanto, es necesaria una iniciativa europea a favor del cierre de Temelin, con la participación de la Comisión y los Estados miembros, que se encargue de elaborar un calendario y considere las posibilidades de financiación del abandono definitivo.

Wuori
. (FI) En lo que concierne al informe Schröder, debo señalar que las centrales nucleares peligrosas no son asunto interno de ningún país. Por ello, es importante que se hayan aprobado los apartados 43 y 44 del informe, relativos a la central de Temelin. Cabe esperar que con ello se transmita el mensaje adecuado al Gobierno checo y que la alternativa cero también sea tomada en serio a la hora de reflexionar sobre el futuro de Temelin.
Informe Wiersma (A5-0256/2001)

Fatuzzo
Eslovaquia ha solicitado entrar en la Unión Europea y está progresando en la transposición del acervo comunitario. El Partido de los Pensionistas ha votado a favor de la adhesión de este país y debo evidenciar con satisfacción que, tal como consta en la página 14 del informe, Eslovaquia ha autorizado el uso de muchas lenguas regionales en su República. Éste es un ejemplo que deberíamos imitar en todos los Estados miembros.

Meijer
 - (NL) Desafortunadamente, los informes por países apenas prestan atención al riesgo de que los candidatos del Este vuelvan a la antigua situación de antes de 1940. En aquel entonces eran el patio trasero pobre de Occidente que exportaba minerales y productos agrícolas baratos para financiar así la importación de productos industriales costosos. Sólo la protección de su mercado contra la importación distorsionante y devoradora de divisas les ha permitido proteger su industria y garantizar la subsistencia de sus ciudadanos durante 40 años. Si no consentimos que los nuevos Estados miembros se amparen en una sólida protección no podrán defenderse contra la venta de tierras y empresas a habitantes de países más fuertes desde el punto de vista económico y contra las importaciones de dichos países. De este modo, estarán abocados a la pobreza y al atraso por mucho tiempo. Además, en estas circunstancias es fácil que los electores de los países candidatos se sientan atraídos por las fuerzas políticas que abogan por la protección de la autonomía nacional, la identidad nacional y la economía nacional. Este peligro acecha sobre todo a Eslovaquia, un país con una economía débil y una mayoría de minorías roma y húngara no demasiado queridas, donde la pobreza no sólo inspira aversión hacia la UE, sino que incluso provoca conflictos internos. No nos damos cuenta de que debajo del proyecto de ampliación de la UE se encuentra una bomba de relojería.
Informe Quieró (A5-0257/2001)

Fatuzzo
También he votado a favor del informe sobre el proceso de adhesión de Hungría a la Unión Europea. En este informe, que comparto totalmente, quisiera no obstante que se dijera que los ciudadanos húngaros, al igual que todos los demás ciudadanos de los Estados de Europa, deberían ser informados de que, al adherir a la Unión Europea, tendrán la ventaja de poder sumar a los años de trabajo prestados en el Estado en que viven los años de trabajo prestados, en su caso, en otros Estados. La adhesión a la Unión Europea, por lo tanto, podrá suponer pensiones mejores y más altas.

Krivine y Vachetta
La Unión Europea prometió a Hungría una entrada rápida en Europa. Sin embargo, las promesas jamás se han cumplido. Por ello, el informe insiste "(...) en la necesidad de fijar fechas firmes para la conclusión de las negociaciones y para la adhesión, ahora que el Tratado de Niza se ha firmado, de forma que se contribuya a evitar la emergencia de fenómenos de decepción incluso de descontento en el seno de la sociedad húngara".
Pero la decepción está generalizándose. Efectivamente, tiene como origen los plazos, pero también los sacrificios que por todas partes se intenta que pasen como píldora amarga que prepara un mañana mejor en el seno de la Unión Europea - algunos países deben tragar esta píldora sin tener la seguridad de que se convertirán en miembros de pleno derecho de la UE.
El temor de que las poblaciones asocien regresión social y criterios de ajuste estructurales impuestos por el FMI o por la UE modifica los discursos. El informe "se felicita (...) por el aumento de aproximadamente el 60% del salario mínimo nacional e invita al Gobierno húngaro a estimular la firma de convenios colectivos por sectores de actividad", pero la sustancia de las medidas sociales preconizadas está además, cuando el informe "toma nota de la adopción de un nuevo código laboral basado en el principio de flexibilidad y movilidad del trabajo cuyo objetivo es la adaptación de las normas y de la organización del mercado de trabajo a las necesidades dictadas por el crecimiento económico...", en una lógica liberal que no aceptamos para los nuevos candidatos más que en la Unión Europea tal como es ahora. Por estas razones, no hemos podido votar a favor del informe.

Queiró
A pesar de haber votado, como es natural, a favor del informe, tengo que hacer constar mi desacuerdo respecto de su conclusión nº 13, resultante de la aprobación de una enmienda presentada en comisión. En ella se pide al Gobierno húngaro que suprima las disposiciones del Código Penal, en particular el artículo 199, que discriminan a los hombres y a las mujeres homosexuales. Si en el plano de los hechos se tratara de eso, la citada conclusión no merecería reparo alguno. Pero resulta que, después de la consulta a las autoridades húngaras, se me informó de que la disposición penal a que nos referimos se refiere sólo a las relaciones homosexuales con intervención de menores de 18 años. No se trata, por tanto, de una norma de discriminación sexual, sino de protección de menores, lo que cambia completamente el sentido de mi posición.
A consecuencia de ello, tras solicitar su votación por separado, he votado en contra del párrafo a que me refiero.
Informe Van Orden (A5-0258/2001)

Fatuzzo
También Bulgaria ha solicitado la adhesión a la Unión Europea. Señora Presidenta, me preocupa extraordinariamente la situación política en este país. Espero que el rey Simeón que se ha convertido en jefe de Gobierno de la República de Bulgaria, pero que por sí solo no cuenta con la mayoría en el parlamento y ha conseguido liderar al país llevando al Gobierno a ministros de la comunidad turca y a ministros de la comunidad comunista, pueda asimismo completar a la mayor brevedad la incorporación del acervo comunitario, de modo que el país consiga formar parte cuanto antes de la Unión Europea ampliada, posiblemente entre los países de la primera "oleada", y no de la segunda, que entrarán en la Unión Europea.
Informe Nicholson of Winterbourne (A5-0259/2001)

Adam
Señora Presidenta, he votado en contra del informe Nicholson porque el apartado 20 intenta retrasar la terminación del segundo reactor nuclear de Cernavoda. Se trata de un reactor nuclear "CANDU" de diseño occidental. No entraña repercusiones en materia de seguridad.
El apartado 20 del informe pide la creación de una estrategia sobre energía renovable. Esa estrategia ya existe. Ha sido financiada con cargo al programa PHARE. Me sorprende que una comisión como la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa parezca no conocer este hecho.
Por este motivo he votado en contra del informe Nicholson. Este extremo, en particular, era inexacto, innecesario y una provocación para un país que intenta unirse a nosotros. Me gustaría que las personas que están en contra de la energía nuclear y forman parte de estas comisiones se dieran cuenta de que este constante afán de criticar a los países candidatos sobre este asunto no está favorece en absoluto nuestras relaciones con ellos.

Fatuzzo
Señora Presidenta, he votado a favor del ingreso de Rumanía en la Unión Europea. Y ello no solo por los motivos - aunque también - contenidos en el informe, sino porque no puedo olvidar la relación existente entre Roma y Rumanía. Es sabido que Rumania es una comunidad de personas integrada en su mayor parte por los descendientes de las legiones romanas que habían establecido allí un gran campamento. Todo el mundo sabe que la lengua que hablan los rumanos es una lengua latina, a diferencia de las lenguas de todas las demás regiones. Pues bien, estos vínculos me han convencido aún más, si cabe, para comprometerme y ser favorable al informe, por otra parte, tan positivo, sobre la situación de Rumanía. Espero que este país recupere cuanto antes el tiempo perdido respecto a los demás países que han solicitado la adhesión a la Unión Europea.

Banotti
- (EN) Recientemente, un equipo de la televisión rumana me preguntó si yo estaba sugiriendo seriamente que las condiciones de las instituciones infantiles en Rumania podían poner en peligro su solicitud de adhesión a la UE. Estos jóvenes periodistas estaban muy sorprendidos por la enorme preocupación que muchos de nosotros sentimos por todos los aspectos del cuidado de los niños en Rumania. Nuestra preocupación por el tráfico de niños precisamente cuando el mundo llega hasta las puertas de ese país buscando niños quedó oculta ante la desesperación de padres que buscan niños para adoptar y los claros indicios de que muchos de los que han facilitado el tráfico comercial de niños se vieron involucrados en la política de Rumania e, incluso, de aquellos países cuyos nacionales estaban presionando a favor de la adopción abierta, en particular los Estados Unidos.
La Baronesa Nicholson ha puesto de relieve estos temas en su excelente informe, y con su profunda preocupación ha alertado, por fin, a las autoridades rumanas, y esperemos que su informe propicie los cambios radicales necesarios para proteger a los niños.

Krivine y Vachetta
En lo absoluto, no podemos más que estar de acuerdo con la nueva estrategia decidida en el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, orientada a abrir las negociaciones con todos los países candidatos de la Europa del Este. Pero no a cualquier precio.
Mientras continúa la degradación social del país y en ninguna parte se ha concluido el proceso de reforma, el ponente se atreve a decir que "Rumanía disfruta actualmente de oportunidades de progreso rápidas no alcanzadas en los tiempos actuales. Una dirección política firme, señales económicas excepcionales, una visión clara del proceso de reformas..." pero las intenciones reales aparecen más allá: al adoptar en 2002 la decisión de invitar a Rumanía a convertirse en miembro de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN aportaría una valiosa contribución a la estabilidad regional; saludo los esfuerzos realizados por Rumanía para cumplir las condiciones necesarias para la adhesión a la OTAN, y ello en particular esforzándose por reestructurar su sector militar y adaptar su política de defensa". Rumanía tiene grandes posibilidades de ver que se le presenta la OTAN como sustituto a la adhesión a la Unión Europea, que será cada vez menos considerable por el hecho de que las reformas aumentan las diferencias de desarrollo y por tanto el coste explosivo de la integración. Pero se le pide a pesar de todo a Rumanía que se prepare... para la entrada en la OTAN. Por estas razones, no hemos podido votar a favor de este informe.
Informe Volcic (A5-0260/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, he votado a favor del informe que reconoce la situación de aproximación de Eslovenia a la Unión Europea. Dentro de dos días, el próximo sábado, seré recibido en Ljubliana por el viceministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque forma parte del Partido de los Pensionistas de Eslovenia, y éste será el primer encuentro del Partido de los Pensionistas representado en el Parlamento Europeo con uno de los muchos Partidos de los Pensionistas que existen en los países candidatos a la adhesión. Entre estos el primero es el esloveno y espero que este partido, que está consiguiendo que Eslovenia esté a punto de entran en Europa, se una conmigo en los esfuerzos para mejorar la vida de los pensionistas de toda Europa.

Muscardini
. (IT) Muy a su pesar la delegación de Alianza Nacional en el Parlamento Europeo votará en contra de la adhesión de Eslovenia: pesar porque creemos en los sentimientos democráticos y europeístas del pueblo esloveno, un pueblo que, estamos seguros, dará una contribución importante a la construcción de una Europa cada vez más capaz de encontrar la unidad en la acción política y económica y capaz de erigirse en intérprete de las diversidades históricas y culturales de sus pueblos. Sin embargo, hoy Alianza Nacional no puede votar a favor de la adhesión de Eslovenia por la indiferencia que el Gobierno esloveno muestra hacia las legítimas y antiguas reivindicaciones de los exiliados italianos.
Esta indiferencia reduce nuestras esperanzas que, no obstante, seguimos abrigando en la confianza de que cuanto antes el Gobierno esloveno se dé cuenta de que el concepto de democracia pasa también por el reconocimiento y la indemnización de los daños y de los sufrimientos que en el pasado se causaron a muchos ciudadanos de lengua italiana.

Alavanos
La adhesión de la República Chipriota a La Unión Europea ciertamente tiene características especiales en relación con la adhesión de los países de Europa oriental. La adhesión de Chipre tiene mayor peso e importancia, porque puede ser la pértiga para la solución justa de la cuestión de Chipre basándose en las decisiones de las Naciones Unidas y puede hacer desaparecer una amplia tensión que soporta el clima político en el Mediterráneo oriental, especialmente tras el ataque a la parte norte de la isla por parte de las tropas turcas, que continúan su bárbara ocupación, durante más de un cuarto de siglo. La adhesión no se hará a costa de ninguna de las comunidades de la isla y es característico que, a pesar de la postura contraria de Turquía y del régimen Dektas, la mayoría de los turco-chipriotas, tal como se ha publicado en un reciente artículo del periódico turco RADIKAL, se declaran a favor de la anexión de la República Chipriota a la Unión Europea en un 90%.
La resolución Poos es correcta, equilibrada y políticamente acertada. Si el Consejo siguiese esta dirección del Parlamento Europeo, en lugar de echarse atrás constantemente ante las presiones de la clase dirigente turca, tendríamos resultados positivos y rápidos, tanto para la República de Chipre como para las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota.
Informe Poos (A5-0261/2001)

Alyssandrakis
Lo único positivo del informe de la comisión provisional sobre el sistema de espionaje ECHELON es que admite la existencia de tal sistema y la posible existencia de otros sistemas semejantes. Sin embargo, intenta restarle importancia, infravalorando sus posibilidades y su repercusión más general.
Lo peor de todo es que el informe pretende legalizar la recogida de informaciones personales o de otra naturaleza, considerándola hasta un medio lícito en el marco del desarrollo de una política de seguridad y de defensa de la Unión Europea, para satisfacer las necesidades de la fuerza de intervención rápida para la lucha contra el "terrorismo" etc. Además, considera indispensable la cooperación de los servicios de inteligencia de los Estados miembros de la Unión Europea. De todas formas, "insta a todos los Estados miembros a que examinen y en caso necesario adapten su propia legislación en relación con la conformidad de las actividades de los servicios de inteligencia con los principios fundamentales establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
El informe habla de "un sistema de supervisión y control democrático" del seguimiento e ¡"insta a las comisiones nacionales de control de los servicios de inteligencia a que en el ejercicio de sus competencias en materia de control concedan gran importancia a la protección de la vida privada, independientemente de que se trate de la vigilancia de ciudadanos del propio Estado, de otros ciudadanos de la UE o de ciudadanos de terceros países"! Muestra cierta inquietud por el espionaje industrial, evidentemente para proteger los superbeneficios de los monopolios. En cualquier caso, el informe propone la encriptación de mensajes como principal medida de protección.
Estas posturas son indignantes en extremo y son una provocación frente a la exigencia elemental de protección de la intimidad, de la actividad sindical y política. Intentan convencernos de que debemos vivir con el seguimiento, con la expedientación electrónica del Tratado de Schengen, bajo la supervisión de la Europol, y trasladar la obligación de la protección a cada uno de nosotros.
Por todas estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe.

Fatuzzo
También al informe sobre Chipre he dado mi voto favorable. Este verano, señora Presidenta, además de haber estado en los mares del Norte, fui de vacaciones a Chipre. Repartí mi tiempo entre la región griegochipriota y la región turcochipriota. Fui a la playa y me puse moreno. Primero estuve con una preciosa chica griegochipriota y luego de una preciosa chica turcochipriota. No encontré ninguna diferencia entre la primera y la segunda parte de mis vacaciones: fueron unas vacaciones muy bonitas tanto en Chipre del Norte como en Chipre del Sur. Por lo tanto, espero que la adhesión de Chipre a la Unión Europea tenga lugar lo antes posible.

Alavanos
He votado en contra de la propuesta de resolución sobre el sistema ECHELON porque, en mi opinión:
Primero, se infravalora la importancia y el papel de un sistema de interceptación mundial, que dirigen los Estados Unidos y en el que participa un país comunitario, el Reino Unido.
Segundo, incluye constataciones que no pueden estar completamente documentadas, como que no se utiliza con fines militares.
Tercero, el enfoque de la resolución sobre el tema de la legalidad para la recogida de información deja el campo abierto para continuar tan peligrosamente indiferentes ante este sector extremadamente peligroso.
Cuarto, legaliza la posibilidad de que los Estados Unidos continúen, por supuesto bajo condiciones insuficientes, sus incursiones espías en el interior de la Unión Europea.
Quinto, en lugar de solicitar el acuerdo sobre la transparencia y sobre el control político sobre las actividades de los servicios secretos, flirtea con la idea de la creación de un euro-ECHELON como debe ser.

Balfe
. (EN) Valoro la ardua tarea que mi amigo y colega Jacques Poos ha realizado en la elaboración de este informe, pero lamento no poder votar a favor del mismo en la votación final.
Si se hubieran aprobado las enmiendas presentadas por mi amigo Andrew Duff, habría podido apoyar el informe.
Durante estos últimos años, Europa ha sido testigo y ha aceptado la separación de la República Checa y Eslovaquia, la disolución de la antigua Unión Soviética y la división gradual de Yugoslavia.
Y sin embargo, parece que somos incapaces de aceptar los derechos de la población turca de Chipre de que se le reconozcan sus derechos a una administración separada e incluso, si eso no es posible, el derecho a separarse de la República de Chipre y seguir el camino de la autodeterminación como uno de los países más pequeños del mundo.
Los turcochipriotas tienen tanto derecho a la autodeterminación como los griegochipriotas. Durante muchos años, los griegochipriotas han buscado la "enosis" (unión) con Grecia. Los turcochipriotas tienen el mismo derecho, aunque personalmente preferiría la opción de dos Estados iguales unidos por algún tipo de federación "bizonal" o "bicomunal" en el seno de la Unión Europea.

Berthu
Chipre es actualmente el país candidato más avanzado en sus negociaciones con la Unión Europea (23 capítulos cerrados provisionalmente de 29), y se puede por tanto prever sobre el papel la adhesión a partir de 2004. Pero en la práctica, ésta va a plantear problemas importantes en razón de la ocupación ilegal de la parte Norte de la isla (el 37% del total del territorio) por parte de Turquía desde 1974.
La Unión Europea considera que el Gobierno chipriota de la parte sur representa a la totalidad de la isla de acuerdo con el derecho internacional, y que éste negocia por tanto la adhesión para todos los habitantes. Tiene razón, ya que actuar de otra manera sería reconocer una modificación de la frontera impuesta por la fuerza. Pero el resultado podría ser la inclusión en la Unión de una zona cerrada (ya que las comunicaciones están cortadas, salvo con Turquía), donde no se respetan los derechos humanos (el Tribunal Europeo ha condenado de nuevo a Turquía el pasado 10 de mayo por su comportamiento en Chipre), y donde la situación económica escapa a todas las normas. ¿Cómo gestionar tales contradicciones?
El informe Poos que acaba de aprobar esta Asamblea declara con toda la razón que si Turquía decidiera anexionarse el Norte de la isla, "ella misma acabaría con su candidatura a la Unión Europea". Pero si no lo anexiona y se niega a retomar las negociaciones, es decir, si persiste la situación actual, ¿qué se hace? Al menos, sería necesario decir que la actitud de Turquía no corresponde a lo que se espera de un país que se pretende candidato a la Unión.

Lulling
. (DE) En primer lugar, yo quiero felicitar al ponente Jacques F. Poos por su informe. Ha sido una gran satisfacción para mí que la Comisión de Asuntos Exteriores hiciese suya mi petición central de que la transposición del acervo comunitario en el ámbito de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se considere un requisito ineludible para la adhesión.
Debo expresar, no obstante, mi disgusto y el de la Comisión de Derechos de la Mujer por el hecho de que otras peticiones concretas no hayan encontrado acogida.
En este contexto, yo quisiera destacar que la tasa de actividad de las mujeres chipriotas es muy inferior a la media comunitaria. Se deben adoptar medidas destinadas a favorecer el acceso de las mujeres a la formación profesional y al empleo, así como a mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral, y promover políticas que permitan conciliar mejor la actividad laboral y las obligaciones familiares.
También lamento que Chipre no haya participado en el programa comunitario sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Justamente porque Chipre se considera el país más avanzado en lo que se refiere a la negociación de los capítulos relativos al acervo comunitario; deseamos que se confirme la participación de Chipre en dicho programa en el marco del primer programa nacional para la adopción del acervo comunitario.
En los últimos años, los Estados miembros de la Unión Europea han incorporado el concepto de integración de la perspectiva del género en el conjunto de las políticas (gender mainstreaming) a sus principales políticas y reformas. Con vistas a la futura adhesión de Chipre a la Unión Europea, sería conveniente su homologación al nivel alcanzado en los actuales Estados miembros, así como que los problemas de la diferencia de trato por razón de género se traten en el marco del programa Karolus de intercambio de funcionarios nacionales.
Finalmente, también quiero señalar que, si bien Chipre cuenta con leyes destinadas a combatir el tráfico de mujeres y la violencia doméstica, todavía se requieren progresos en ambos ámbitos.

Meijer
 - (NL) Por desgracia, no puedo respaldar el informe POOS, puesto que en él se sostiene que el Gobierno de la parte sur, de habla griega, está autorizado para mantener negociaciones sobre la adhesión de Chipre a la UE en nombre de la parte norte, de habla turca. En los años cincuenta yo compartía la opinión de que un Chipre indiviso e independiente era preferible a un Chipre dividido entre Grecia y Turquía a raíz de la descolonización. Desafortunadamente, el Estado único chipriota constituido en 1960 no resultó viable y se desmoronó ya en 1964. Durante mis visitas a Chipre en 1964 y 1966 pude comprobar cómo los militares extranjeros mantenían separadas las zonas habitadas por los diferentes grupos étnicos por orden de las Naciones Unidas mucho antes de que, en 1974, Turquía ocupara la parte norte de la isla. No espero que el repliegue del ejército dé lugar a que la minoría de habla turca vuelva a supeditarse a la mayoría de habla griega. La única posibilidad de encontrar una solución pacífica con carácter voluntario pasa por la constitución de una confederación. Si la UE se compromete a arrebatar a la población turca la parte norte de la isla después de cuarenta años estallará la guerra. Pues bien, yo me opongo a esta guerra y a la consiguiente división entre ganadores y perdedores.
Informe Stenzel (A5-0262/2001)

Fatuzzo
Señora Presidenta, también he votado a favor del informe sobre Malta y he visto que el apartado 8 de la página 7 del informe dice: "Pide a Malta que introduzca una legislación contra la discriminación, según lo previsto en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam". Señora Presidenta, le estamos pidiendo a Malta algo que en Italia, por ejemplo, no existe. En Italia existe una discriminación entre las personas discapacitadas y enfermas de más de 65 años que no tienen derecho a una pensión, y los enfermos de menos de 65 años que sí tienen derecho a una pensión. No veo qué diferencia hay entre un discapacitado de más de 65 años y un discapacitado de menos de 65 años.
Informe Collins (A5-0249/2001)

Fatuzzo
Éste último informe se refiere a la comunicación sobre la protección de los pasajeros que utilizan el avión. En este caso, señora Presidenta, me ha ayudado el pensionista Roberto Roberti que, mientras bajaba conmigo del avión, aquí en Estrasburgo, me dijo: "¡Qué asiento tan malo hemos tenido en el avión! Yo quisiera que en el avión nos sirvieran jamón de Parma, spaghetti al pesto de Génova, polenta de Véneto, tomates perfumados de Nápoles". Bueno, es hora de comer, señora Presidenta. ¿Cómo podía terminar mejor que con este "¡Buen provecho!"?

Bordes, Cauquil y Laguiller
Hemos aprobado varios puntos de este informe susceptibles de mejorar la protección de los pasajeros del transporte aéreo, pero no hemos votado la totalidad ya que:
intenta exonerar a las compañías aéreas de toda una serie de fallos de funcionamiento trasladando la culpa a los aeropuertos y al control aéreo, cuando se trata de todo el funcionamiento mismo del transporte aéreo en su conjunto según las reglas del beneficio que provoca perjuicios a los pasajeros;
la desregulación y la liberación del sector aéreo, lisonjeadas de forma falaz por el informe, han acelerado la carrera por el beneficio y por tanto los perjuicios que se deducen de ello, tanto para los pasajeros como para los trabajadores del transporte aéreo.
Es reírse del mundo hacer como que se cree, tal como escribe el informe, que la protección de los pasajeros podría mejorarse sin que ello afectara a la competitividad y contando con el compromiso voluntario de las compañías.

Eriksson, Frahm y Sjöstedt
. (SV) Queremos comunicar que hemos votado en contra del informe Collins, no porque nos opongamos a que se informe a los consumidores o porque consideremos que es un tema intrascendente, sino que porque, en nuestra opinión, esta materia no debe ser tratada en el Parlamento Europeo.

Markov
. (DE) El tráfico aéreo europeo está aumentando con gran rapidez y se prevé que esta tendencia se mantenga en los próximos años. La protección de los usuarios de los servicios de transporte aéreo, los pasajeros, y la salvaguardia de su seguridad y su salud, así como de sus derechos como consumidores, adquieren una importancia creciente con el aumento del tráfico aéreo, habida cuenta que las nuevas modalidades de reserva y adquisición de billetes a través de Internet, además de ventajas, también conllevan algunos riesgos.
La propuesta de la Comisión que ha motivado el informe mejora la protección de los pasajeros aéreos, en particular en lo que respecta a la información sobre el ejercicio de sus derechos en su calidad de tales. A la vez también concede a las compañías aéreas la posibilidad de suscribir compromisos voluntarios con los aeropuertos. Yo acojo con especial satisfacción la consolidación prevista del marco jurídico para la protección del consumidor, ya que éste incluye la adopción de normas claras, de obligado cumplimiento y que podrán servir de fundamento para acciones judiciales, que todas las compañías aéreas deberán respetar. La experiencia indica que un marco jurídico de este tipo es necesario para ayudar al usuario individual a hacer valer de sus derechos en caso de disputa.. Lo cual no significa que me oponga por principio a los compromisos voluntarios; sin embargo, preferiría que en el contexto de las relaciones entre las compañías aéreas y los aeropuertos también se estableciesen unas normas que puedan servir de fundamento para acciones judiciales. Pero no será así. Por lo tanto, es preciso preguntarse quién controlará el cumplimiento de los compromisos voluntarios y quién intervendrá en caso de incumplimiento y con qué medios.
Por estas consideraciones, nosotros apoyamos asimismo la petición del colega Collins de que, en caso necesario, la Comisión elabore más adelante propuestas adicionales para abordar los problemas que no se hayan podido resolver de manera satisfactoria desde el punto de vista del interés de los consumidores en el marco de los compromisos voluntarios.
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo, yo voy a votar afirmativamente el informe Collins.

Titley
. (EN) Acojo con gran satisfacción el informe del Sr. Collins que hace un llamamiento a la Comisión Europea para que destine fondos de investigación para estudiar los riesgos que existen para los pasajeros aéreos de largas distancias. Habida cuenta de la actual inquietud por los riesgos para la salud que encierran dichos vuelos de larga duración, como trombosis, el presente informe llega en un momento oportuno. El informe llega incluso a recomendar medidas adicionales encaminadas a proteger los derechos de todos los ciudadanos europeos, como aquéllos con discapacidades. Apoyo plenamente esta medida. Asimismo, la recomendación del informe de designar a un defensor de los pasajeros aéreos de la UE, al que los pasajeros puedan presentar sus quejas cuando tengan problemas con las compañías aéreas, contribuiría a la protección de los ciudadanos europeos que han tenido problemas con las compañías aéreas europeas. Por último, el llamamiento a favor de simplificar la presentación de quejas facilitaría y desmitificaría el procedimiento de presentación de quejas para los ciudadanos europeos. Sería una victoria de los ciudadanos normales contra las grandes empresas.
Informe Schmid (A5-0264/2001)

Bordes, Cauquil y Laguiller
Hemos votado en contra de este informe no solamente para denunciar su complacencia con respecto al sistema ECHELON, sin la ridícula esperanza de que el Parlamento Europeo pueda pesar en la decisión de los que lo han puesto en marcha, sino sobre todo para denunciar todo el sistema de relaciones entre Estados, así como entre grupos financieros e industriales cuyo espionaje universal no es más que una de sus muchas consecuencias.
La rivalidad entre las grandes potencias en sus esfuerzos concurrentes para imponer al mundo sacrificios onerosos tiene como instrumento el espionaje político y militar. El secreto industrial y comercial que preconizan todos los defensores del orden capitalista con el fin de ocultar a sus propias poblaciones las múltiples maneras de apropiarse y derrochar la riqueza social tiene como complemento inevitable el espionaje industrial. Todas estas prácticas, compartidas por todos los Estados que tienen los medios, atentan contra las libertades democráticas y los derechos de la persona.
El informe no se preocupa en el fondo más que por proteger a los industriales europeos contra el obstáculo que representa el descubrimiento de sus pequeños secretos por sus competidores americanos mediante el sistema ECHELON.
Incluso las modificaciones que aportan algunas enmiendas que hemos votado no cambian nuestra oposición a la totalidad del informe, ni nuestra falta de acuerdo con todas las posiciones minoritarias de las cuales las más inocentes no difieren del texto mayoritario más que en el deseo irrisorio de mejorar, controlar o moralizar un sistema que no es controlable ni moralizable. Y no nos colocamos ciertamente como defensores de la "lógica libre mercado" que no es más que la ley de la jungla.

Caudron
Fui de los que firmaron a favor de una comisión de investigación. En una preocupación por la eficacia, me adherí a la comisión temporal.
Hoy no lo lamento. Nuestra comisión (de la que yo era miembro) ha hecho un buen trabajo y M. G. Schmid, su ponente, ha sido especialmente competente.
Hace algunos meses, la mayoría de los responsable políticos negaban simplemente la existencia de ECHELON.
A principios de septiembre del año 2001, todo el mundo (o casi) reconoce que esta red americana de espionaje ilegal abarca una buena parte del mundo y "vigila" los mercados de empresa y, ¡la vida privada de los ciudadanos!
Sin duda, este sistema es menos "especializado" de lo que podría temerse, pero existe y, ¡es intolerable!
El ponente propone medidas. Varios grupos las consideran insuficientes. Puedo comprender a algunos de ellos que son demócratas verdaderos. Pero no acepto lecciones de los que, en especial en la extrema derecha, se preocupan por las libertades individuales "como de su primera camisa" .
Lo importante, lo fundamental para mí es que el expediente está "en la plaza pública" .
Tanto en las negociaciones de la OMC, como en el desarrollo de las nuevas tecnologías o en la investigación (ver mis enmiendas al sexto PCRD), ya nada será realmente como antes. Ya nadie podrá decir que no lo sabía.
Con el excelente informe Schmid que votaré, nuestro combate en este ámbito no hace más que comenzar.

Eriksson, Frahm, Krarup, Okking, Sandbæk, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt
. (DA) Hemos votado en contra del informe de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación ECHELON. El informe presenta un aspecto positivo, pero demasiados aspectos negativos. El aspecto positivo es que la comisión constata la existencia de ECHELON. Entre los aspectos negativos cabe subrayar especialmente los siguientes tres puntos:
1. A pesar de la conclusión de la comisión sobre la existencia real de ECHELON, no se ha logrado presentar consecuencias políticas concretas. En nuestra opinión, esto es lo mínimo que cabría esperar en una asamblea elegida políticamente.
2. La comisión ha optado por centrarse en la intervención ilegal de las comunicaciones de empresas privadas y subestima totalmente la grave violación del derecho a la intimidad, como está recogido, por ejemplo, en la Convención Europea de Derechos Humanos. Y la comisión no extrae en este punto más conclusiones políticas que el compromiso de la Convención de Derechos Humanos de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos también redunda en beneficio del ciudadano medio, al que se exhorta a que se proteja a sí mismo de la interceptación ilegal mediante la encriptación de sus mensajes.
3. La comisión constata que un Estado miembro participa en la cooperación ECHELON relativa a la interceptación ilegal de las comunicaciones, pero aquí tampoco se extrae ningún tipo de consecuencia política. Al contrario, se pide que se impulse la creación de una cooperación común europea en temas de información. Una cooperación, en la que Gran Bretaña, el país que participa en ECHELON, puede participar libremente si así lo desea.
Consideramos decepcionante el resultado del trabajo de la comisión. El Parlamento Europeo no ha cumplido con su responsabilidad de potenciar los derechos humanos. La lucha en favor de los derechos humanos alcanza por lo visto su apogeo cuando hay que pronunciar discursos solemnes. Cuando llega la acción concreta, entonces los derechos de los ciudadanos se ven eclipsados por la industria privada.

Figueiredo
El informe de la Comisión temporal sobre el sistema de interceptación del Parlamento Europeo sobre el caso ECHELON afirma que no subsisten dudas sobre la existencia de un sistema de interceptación mundial de comunicaciones que funciona con la participación de los Estados Unidos, del Canadá, Australia y Nueva Zelandia, pero procura minimizar su alcance y capacidad y no extrae todas las graves consecuencias resultantes de la existencia de un sistema de interceptación indiferenciada de comunicaciones, por lo que hemos votado en contra.
Es inaceptable que se mantenga una red que recoge y trata, de forma secreta y sin control alguno, informaciones que pueden ser de todo tipo, en particular político, económico y militar y violan de forma flagrante el derecho fundamental al respeto de la vida privada, consagrado en el articulo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, por lo que se plantea la necesidad del desmantelamiento completo de esa red de dimensión mundial de interceptación de telecomunicaciones.
Aunque en el informe se indican algunas medidas en el sentido del desarrollo de sistemas y adopción de métodos de protección, en particular de la intimidad, frente a ese sistema (y a otros semejantes...), y se habla de medidas de cooperación entre los Estados miembros (necesariamente en el nivel judicial y no de recogida de informaciones, a partir de un análisis de las circunstancias particulares de cada caso, bajo el control de los tribunales) o también de medidas de control de los sistemas de información, en particular en el nivel de los parlamentos nacionales, lo que subyace es que el sistema va a continuar y podría llegar a crearse un sistema de información en el nivel de la UE integrado en la PESC y en la PECSD, cosa igualmente inaceptable.
Es incomprensible que, en el marco de las conclusiones del informe, ni siquiera se haya solicitado al Reino Unido que se disocie del sistema ECHELON y a Alemania que cierre la base de interceptación situada en su territorio. Es de lamentar que la UE se preocupe más del espionaje industrial que de las escuchas individuales y afronte con buen ánimo que en algunos Estados miembros haya un sistema de espionaje de otros Estados miembros, con la participación y el posible control de terceros países, en particular de los EE.UU.

Lambert
. (EN) Habida cuenta de que el Parlamento se ha limitado voluntariamente en la naturaleza de la investigación, son muchos los aspectos del informe que deben ser acogidos con satisfacción. Me complace que se haya reconocido la existencia de ECHELON y que se haya reconocido asimismo la necesidad de acuerdos internacionales transparentes.
No obstante, son 3 las causas principales por las que he votado en contra del informe.
En primer lugar, creo que los Estados miembros que participan en ECHELON deben retirarse de este sistema turbio y no democrático - el informe no deja claro este extremo.
En segundo lugar, creo que en este informe se aprueba de manera solapada que la UE debe contar con un sistema de inteligencia integrado en la PESC. Creo que la PESC representa una amenaza para las libertades tales como el libre acceso a la información y la intimidad de las personas. Sabemos que, cualesquiera que sean las garantías sobre el papel, éstas no siempre se cumplen en la práctica.
En tercer lugar, no está claro cuáles serán las implicaciones de sistemas de este tipo para los individuos. Aunque el informe insiste en la necesidad de protección de la intimidad y la supervisión de los servicios secretos, ¿qué pueden hacer los individuos? Ya no podrán comunicarse con confianza. No existe ninguna solución real.
Por consiguiente, no puedo apoyar el informe.

Marchiani
La principal consecuencia del voluminoso informe del Sr. Schmid es que casi nos hace olvidar casi la cuestión inicialmente planteada.
Efectivamente, ni el talento del ponente, ni la cortesía del Presidente de esta comisión pueden hacer que olvidemos que la estrategia seguida durante todos esos trabajos fue claramente la de sumir el fondo del asunto en un debate general en el que, desde juicios morales sobre la actividad de los servicios secretos en consideraciones inciertas sobre complejas tecnologías, se ha intentado hablar de todo, de todo el mundo salvo de ECHELON y de los que contribuyen a que funcione.
Estas cuestiones de fondo - en un periodo de la construcción europea a la que en este punto le falta aliento - habrían merecido sin embargo que se les reservara un mejor destino que este silencio desconsolado. También hemos de planteárnoslas de nuevo.
En primer lugar, en la medida en que se ha comprobado la participación de Estados miembros de la Unión Europea en ECHELON, ¿se ha producido, sí o no, en este asunto una violación caracterizada del Tratado de la Unión? En caso de respuesta afirmativa, ¿Qué sanciones se piensa aplicar?
Ha respondido usted en el informe afirmativamente a la primera pregunta. Pero, ¿qué consecuencia ha extraído? Ninguna, ya que no ha abordado el doloroso pero lógico problema de las sanciones, ni siquiera para explicitar su rechazo a recurrir a ellas. Se respira por tanto con tranquilidad en Londres y en Berlín, ya que una infracción caracterizada de los principios de los Tratados no provoca ni siquiera una amonestación de este Parlamento sin embargo tan dispuesto a emocionarse con el mínimo ataque contra el estado de derecho en cualquier rincón del mundo.
En segundo lugar, ya que de nuestros trabajos se deduce que la Unión Europea en materia de defensa y de seguridad no puede comprometer ninguna operación de envergadura sin el apoyo técnico y logístico de la OTAN, ¿es serio lanzar las bases de un sistema europeo equivalente a ECHELON sin proceder previamente a una clarificación política relativa a las relaciones entre los Estados europeos miembros de ECHELON y la Unión pero sobre todo entre la Unión y la OTAN?
Porque el fondo de su malestar está ahí: en tanto que su alineamiento técnico y financiero con la OTAN sea también evidente, la pretendida solidaridad europea cederá el paso a una solidaridad atlántica, secuela de la guerra fría, contraria a la existencia de una política europea de defensa y de seguridad común independiente.
Más claro, y al final, la mayoría de este Parlamento - esa misma que adoptó medidas preventivas "de apartheid" contra el nuevo Gobierno austríaco democráticamente elegido, o que consideraba seriamente poner bajo vigilancia al Gobierno de Silvio Berlusconi - se exime de adoptar medidas contra Estados miembros que se ha demostrado prestan su concurso a una actividad que contraviene las disposiciones del Tratado, daña gravemente a las empresas europeas y amenaza permanentemente las libertades individuales. Lo menos que se puede decir es que hay incuestionablemente dos pesos, dos varas de medir, y que la simple equidad nos autoriza a calificar este asunto de verdadero escándalo.
Sin embargo, por una vez, hubiéramos podido a la vuelta de los verdaderos problemas revelados por ECHELON, mantener un auténtico debate sobre los fundamentos y objetivos de la construcción europea: hubiéramos podido aprehender a las naciones europeas tal como son, con su historia y sus fidelidades propias. Hubiéramos podido preguntarnos sobre el tipo de Europa que queríamos construir.
La respuesta proporcionada así por defecto -la de una Europa de la niebla y de lo no dicho, que consiente de forma cobarde su sumisión a la ley del más fuerte- produce para muchos consternación.

Meijer
 - (NL) Hace unos años aún se negaba expresamente la existencia de ECHELON, ya que se trataba de una organización secreta, y el objetivo de esa discreción absoluta era que la gente no supiera que existía tal organización. Obviamente, este estado de cosas es totalmente contrario a la toma de decisiones democrática, la transparencia, el control por parte de los ciudadanos y la protección del individuo. Se ha dado un paso importante al reconocer públicamente que uno de los Estados miembros de la Unión Europea lleva colaborando desde hace tiempo con los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en una red de espionaje mundial, lo cual puede perjudicar también a personas, organizaciones y empresas dentro de la UE. Por desgracia, el informe saca muy pocas conclusiones de todo esto. Acepta que, como consecuencia del resultado de la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente papel dominante de los Estados Unidos en la parte occidental de Europa, se hayan celebrado acuerdos de esta índole y que éstos continúen vigentes. La conclusión debería ser que el Reino Unido tiene que elegir entre la UE y ECHELON, que la colaboración en este sistema por parte de residentes de los Estados miembros de la UE es motivo de sanciones, que los sistemas de espionaje similares existentes en otros Estados miembros se suprimen y que se dejan de escuchar las conversaciones telefónicas. Debido a la actitud pasiva de la mayoría de dos tercios de este Parlamento legalizamos la Europa de los espías. Es algo con lo que no estoy de acuerdo.

Muscardini
. (IT) Un voto en contra, con toda la fuerza de la indignación: jamás nos hubiéramos imaginado ser espiados como europeos, como ciudadanos libres, como empresas económicas, no solo por nuestro aliados de la OTAN, sino incluso por nuestros socios europeos.
El comportamiento del Reino Unido requeriría una investigación aparte para comprender hasta el fondo no solo las responsabilidades del Gobierno, sino también qué sentimiento une el Reino Unido al resto de la Unión Europa e incluso si existen este sentimiento y esta voluntad política.
Nos formulamos algunas preguntas: ¿Por qué, al existir este sistema de espionaje, no ha sido utilizado para impedir los actos de violencia que se han producido durante las Cumbres internacionales, las últimas de las cuáles han sido las de Goteborg y Génova? ¿Qué dirán el Reino Unido y Alemania a los ciudadanos europeos para explicar su traición? ¿Es posible que la ralentización de una cohesión europea, cada vez más descafeinada política y culturalmente y débil económicamente, dependa también de las noticias recibidas y difundidas a través de ECHELON?
Son interrogantes importantes para los cuales sería oportuna una comisión de investigación.

Souchet
Mi oposición al proyecto de resolución elaborado sobre la base del informe de la comisión temporal de este Parlamento sobre el sistema de interceptación de las comunicaciones ECHELON está motivada por dos razones esenciales.
Por una parte, la propuesta de convenio entre la Unión Europea y los Estados Unidos no parece pertinente ya que, por encima de las buenas intenciones, correría un importante riesgo de quedar sin efecto práctico. Por el contrario, si ECHELON es susceptible de constituir, como pretenden sus promotores, un instrumento multilateral eficaz en materia de lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, el tráfico de drogas y de armas, así como el blanqueo de dinero, en ese caso no se trata de un convenio de buenas intenciones mutuas lo que hay que firmar con Estados Unidos. Lo que hay que negociar es la posibilidad para cualquier Estado que desea asociarse a una cooperación internacional activa en estos ámbitos esenciales, de adherirse al sistema ECHELON que se convertiría entonces en un sistema abierto.
Por otra parte, el proyecto de resolución es el pretexto para abordar una multiplicidad de temas perfectamente extraños al objeto propio de la comisión temporal. En medio de este maletín heteróclito se ha deslizado en el punto 5 la obsesión federalista de ver a la próxima CIG otorgar a la Carta de derechos fundamentales un carácter vinculante y actuar de manera que ésta constituya una base jurídica para recursos, como si las actuales protecciones aseguradas por las Constituciones nacionales como por las declaraciones universales y europea de los derechos humanos fueran nulas y de nulo efecto. Se trata en este caso de un verdadero desvío del debate comprometido sobre ECHELON que no puede admitirse.

Vattimo
. (IT) La delegación socialista italiana y otros colegas socialistas, especialmente franceses, se han abstenido de votar sobre el informe Schmid. Es lo mismo que he hecho yo y deseo aclarar las razones de mi voto, pues tengo fundadas razones que creo son compartidas por mis colegas.
Encuentro del todo incomprensible, por no decir escandaloso, que el Parlamento Europeo, y especialmente el Grupo del Partido Socialista Europeo del que formo parte, haya rechazado, entre otras, algunas enmiendas - las señalé en mi intervención a lo largo del debate: las enmiendas 16, 17, 18, 19 y 22 - expresamente orientadas a recalcar que las interceptaciones masivas e indiscriminadas como las que realiza ECHELON suponen una clara violación de los derechos humanos reconocidos por el CPDH y por los demás convenios internacionales. Al rechazar dichas enmiendas, con el acuerdo de la mayoría de los socialistas, el Parlamento ha admitido implícitamente - sin darse quizás perfecta cuenta de ello - que de ahora en adelante las comunicaciones privadas de los ciudadanos europeos podrán ser escuchadas por ECHELON y sistemas similares durante todo el día, sin ningún respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad reconocidos por el CPDH y por nuestra Carta de Derechos. Espero que el Consejo y la Comisión, más sensibles a la exigencia del respeto a los principios reconocidos por los Tratados, corrijan esta peligrosa deriva.
(La sesión, interrumpida a las 13 h 43mn, se reanuda a las 15 horas)

Conclusiones de la reunión del G8 en Génova
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la reunión del G8 en Génova.
Señora Ministra, le cedo la palabra en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo.

Neyts-Uyttebroeck
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, desde 1999 se organizan manifestaciones masivas con motivo de cada reunión internacional importante. Vimos cómo se juntaron miles de manifestantes de todo el mundo con ocasión de una reunión de ministros en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los encuentros del FMI y el Banco Mundial y la reunión del Foro Económico Mundial en Davos.
Desde finales del pasado año las reuniones del Consejo Europeo también están siendo objeto de masivas acciones de protesta. Pensemos en Niza y Goteborg. La reciente reunión del G8 en Génova volvió a levantar protestas masivas. Si estas manifestaciones no fueran acompañadas de actos de violencia tan sólo deberíamos reflexionar acerca de las respuestas a las preguntas y preocupaciones formuladas por los manifestantes y quienes los apoyan. Por desgracia, las manifestaciones en Niza, Goteborg y Génova iban acompañadas de mucha violencia, a pesar de que los organizadores de las manifestaciones se distanciaron de estas agresiones. Aparte de las molestias causadas a los habitantes de las ciudades donde se celebraron dichas reuniones y manifestaciones, aparte de los daños materiales ocasionados en viviendas y mercancías, varias personas resultaron heridas durante los enfrentamientos y, lo que es mucho más grave, murieron dos manifestantes.
Estamos dispuestos a entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil, con las ONG, con todo el que exprese de forma pacífica su preocupación por la mundialización, pero rechazamos y condenamos la violencia que ha deslucido totalmente las últimas manifestaciones.
Señora Presidenta, señoras y señores, la Unión Europea debe aportar una respuesta doble a los acontecimientos que acabo de recordar.
Por una parte, debe prevenir la violencia, sea cual sea su forma, con el fin de preservar el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que es la Unión, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también de hecho.
Más allá de esta preocupación esencial, debe también dar respuesta a las inquietudes e interrogantes que expresan aquellas y aquellos que asisten a manifestaciones. Como ustedes sin duda alguna saben, el Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" abordó el primero de estos asuntos en la sesión del 13 de julio, mientras que el Consejo "Asuntos Generales" trató el segundo aspecto el 16 de julio pasado.
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior se ha pronunciado a favor de una estrecha cooperación internacional basada en los instrumentos jurídicos existentes, y que recurra a instrumentos tales como las disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y la Acción Común del 26 de mayo de 1997 relativa a la cooperación en materia de orden público y de seguridad en el ámbito público.
Sin embargo, no deja de ser cierto que, en cualquier caso, la responsabilidad del mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión queda bajo la competencia exclusiva de las autoridades de cada uno de ellos.
El Consejo no está capacitado para tomar posiciones en una materia en la que el Tratado no le ha otorgado competencia. Quiero asegurarle al Parlamento que mi país se dejará guiar por el deseo de la prevención, antes que por una voluntad de represión.
El Consejo "Asuntos Generales" ha subrayado, y cito, "la necesidad para la Unión Europea y sus gobiernos que son elegidos democráticamente de interpretar la dimensión política de la mundialización y de responder a las inquietudes que ésta genera para gestionar adecuadamente los cambios estructurales que se están produciendo, con el fin de contribuir al progreso político, social y económico de la Comunidad Internacional" .
En este contexto, y sigo citando, "los ministros consideran que es útil perseverar en el diálogo constructivo sobre la mundialización y sus efectos que se mantiene con los agentes sociales, las ONG y los demás representantes de la sociedad civil. Hay que implicar a los parlamentos en este diálogo. La Comisión y el Consejo harán pública una argumentación muy detallada del papel que la Unión Europea juega en este sentido, un papel positivo, como ya se ha visto. El Consejo considera que el debate político sobre la mundialización y el diálogo con la sociedad civil suponen para la Unión Europea una labor necesaria para influir en los efectos de la mundialización y sacar todo el partido posible de sus ventajas. El Consejo insiste en la necesidad de mantener un diálogo más profundo con los países en vías de desarrollo para tener en cuenta sus inquietudes" .
La Presidencia de la Unión, Señora Presidenta, tiene un interés particular en estas cuestiones, y, a lo largo de las próximas semanas, el Primer Ministro belga, Guy Verhofstadt, expondrá sus ideas personales en una carta abierta que será muy ampliamente difundida.
(NL) Al igual que diversos miembros del Parlamento Europeo pertenezco a la generación que estaba terminando sus estudios y abriéndose camino en el mundo laboral cuando se produjo una ola de protestas, en parte procedente de los Estados Unidos pero con rasgos genuinamente europeos. Aunque la tradición sitúe los hechos en el año mágico, 1968, este movimiento contestatario ya se estaba gestando tiempo atrás y seguiría dando coletazos años más tarde. Fue una época fascinante, rebosante de ideas, propuestas y acciones. No me lo hubiera perdido por nada del mundo.
Por otro lado, también recuerdo muy bien la vergüenza ajena que sentí por quienes tenían la misma edad que yo ahora y aseguraban que estaban de nuestra parte, que nos comprendían perfectamente y que estaban totalmente de acuerdo con nosotros. Por tanto, no cometeré el mismo error, pero sí digo claramente, en nombre de la Presidencia y a título personal, que la contestación en sí es positiva. El pensamiento único, cualquiera que sea, no tarda mucho en volverse estéril. Además, la historia no tiene fin, a pesar de lo que Marx, Engels y mucho más tarde Fukuyama pudieran pensar al respecto.
Como Presidenta del Consejo no me aventuraré a entrar en una discusión ideológica, pero sí quiero subrayar que corresponde a las organizaciones internacionales o incluso mundiales controlar y regular la mundialización, y que la Unión Europea es un claro ejemplo de ello. Por eso, es paradójico que los contestatarios se rebelen precisamente contra estas instituciones y organismos. Así por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio no fomenta la anarquía económica y comercial, como algunos parecen pensar, sino que organiza y regula el comercio, establece normas válidas para todos y funciona sobre la base del consenso de todos los Estados miembros, que en este momento son ya más de 140.
(FR) Señoras y señores, sería indecente pretender que la mundialización del comercio, la globalización de la producción industrial y la monetarización de la economía no presentan más que ventajas. Sería falso afirmar que la aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías han sido únicamente beneficiosos. Hemos de reconocer que estos desarrollos provocan nuevas escisiones, nuevas exclusiones. A la ya tradicional brecha entre pobres y ricos, que se aplica tanto a los individuos como a las naciones, viene a sumarse, en el núcleo mismo de nuestras sociedades y entre las naciones del mundo, la brecha que separa a los que tienen acceso a las nuevas tecnologías de los que no lo tienen, o de los que carecen de la formación necesaria para utilizarlas. En la medida en que la discusión plantea todos estos interrogantes, es nuestro deber aportar respuestas. En la medida en que el debate es ideológico, por ejemplo, en la medida en que arremete contra el capitalismo, es evidente que las respuestas variarán en función de nuestros respectivos posicionamientos ideológicos.
Por el contrario, lo que considero indiscutible, por encima de las diferencias ideológicas, es la cuestión del control de la globalización. ¿Cómo sacar el máximo partido de ella? ¿Cómo minimizar los perjuicios que provoca? ¿Cómo evitar las exclusiones y conseguir que el mayor número posible de personas se beneficie de sus ventajas? A nuestras sociedades, y sobre todo a las instancias políticas de nuestras sociedades, es a quien corresponde aportar respuestas. Más allá de las normas necesarias para regularla, la mundialización exige una política voluntarista de los miembros de la Comunidad Internacional para preservar la paz internacional, para compartir mejor los beneficios inherentes al desarrollo del comercio mundial, para que se respeten más los principios de justicia, de democracia y de respeto a los derechos humanos.
En este contexto, las organizaciones internacionales, y en particular las Naciones Unidas, deben desempañar el papel que había previsto su fundador. La Unión Europea está particularmente bien preparada para afrontar la mundialización. Es, de alguna manera, la prefiguración a escala europea de un modelo de planificación de la mundialización. La Unión ha podido conciliar la creación de un mercado interior con el respeto a las normas en materia de equidad social y de medio ambiente. Es, si ustedes quieren, un modelo en la materia. Que sea blanco privilegiado de la polémica es otra paradoja más. Por tanto, a la Unión Europea y sus instancias les espera una inmensa tarea de clarificación. Ya les he dicho que tenemos la intención de ponernos a ello, pero esto sólo es posible en un contexto pacífico, exento de violencia.
(Aplausos)

Vitorino
. (EN) Señora Presidenta, me complace presentar, en nombre del Presidente de la Comisión, un informe sobre la Cumbre del G7/G8 celebrada en Génova.
El Presidente de la Comisión tomó parte, del 20 al 22 de julio del presente año, en la Cumbre del G7/G8 junto con el actual Presidente del Consejo Europeo, Guy Verhofstadt.
La Cumbre adoptó varias decisiones importantes. No obstante, los medios de comunicación centraron su atención, principalmente, en los acontecimientos que tuvieron lugar fuera de la misma, en las calles de la ciudad. Estos acontecimientos han confirmado la necesidad de que el G8 emprenda un diálogo real con la sociedad civil y los países no miembros.
Los manifestantes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Es un derecho inalienable que no sólo está garantizado por ley, sino que además es defendido en la práctica. Muchas personas sienten un malestar real por varios aspectos de la globalización y debemos prestar atención a sus inquietudes.
No obstante, la violencia desfigura cualquier manifestación, incluso aquélla que obedece a una causa honorable. No podemos permitir que manifestantes pacíficos, que expresan sus temores e inquietudes reales, sean molidos a palos del mismo modo que aquellos que cometen actos de violencia.
Para combatir la violencia, ya sea en Goteborg o en Génova, debemos mejorar la cooperación europea en el ámbito de la ley y el orden. El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores trató sobre estos temas a finales de julio, y los hechos en Génova demuestran la urgencia con la que debemos adoptar medidas.
Pero quisiera recordarles a todos que, en virtud del artículo 33 del Tratado, la responsabilidad del mantenimiento de la ley y el orden recae principalmente en los Estados miembros. Los Estados miembros reconocen, sin embargo, que es necesario mejorar la cooperación entre sus autoridades policiales y judiciales para poder garantizar el orden público en las reuniones del Consejo Europeo y acontecimientos semejantes. Las decisiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores tenían como fundamento las actuales estructuras y los instrumentos jurídicos en vigor, lo que significa que no se creará ninguna institución específica para que se ocupe de estos asuntos. No hace falta decir que la Comisión siempre ha hecho hincapié en la necesidad de que todas las acciones policiales y judiciales respeten los derechos civiles y humanos de los ciudadanos y la legislación que garantiza la protección de la intimidad y el respeto de las libertades públicas.
Debemos reflexionar sobre cómo dar una respuesta política a los doscientos mil manifestantes de Génova. La Comisión cree firmemente que la Unión debería fomentar un diálogo activo de buena fe con las organizaciones que ejerzan pacíficamente sus derechos a la libre expresión y a la congregación. Creemos que el Parlamento Europeo debería desempeñar un papel primordial en el fomento del diálogo.
Los manifestantes desean que atajemos el creciente abismo entre los hemisferios norte y sur de nuestro planeta. Un abismo creado por la desigualdad, la pobreza, la enfermedad y la guerra. A pesar de nuestros esfuerzos e, incluso, de algunos logros durante los últimos cuarenta años, prevalecen las trágicas desigualdades y la injusticia social, y tenemos aún un largo camino hasta llegar a superarlas.
Éste es un reto no sólo del G8, sino también de nuestra Europa en los años y décadas venideros. La Unión debe apoyar a los dirigentes políticos, especialmente de África, que están a favor de la democracia. Debe impedir el tráfico ilegal de armas entre el Norte y el Sur. Y debe aplicar políticas que refuercen las economías de las naciones más pobres. Políticas como la iniciativa "Todo excepto armamento", que ha abierto nuestros mercados a productos procedentes de los países menos desarrollados, son un buen ejemplo de este enfoque.
Afortunadamente, la opinión pública muestra hoy una preocupación cada vez mayor por el rumbo que ha tomado el mundo, y las personas reconocen que esta desigualdad entre el Norte y el Sur no puede tolerarse. La Comisión es muy consciente de la creciente importancia de la sociedad civil y está deseosa de involucrar a asociaciones de ciudadanos y ONG en la elaboración y aplicación de las políticas de la UE.
Como dijo ayer el Presidente de la Comisión, durante el debate en este Pleno sobre la gobernanza, la Unión sigue siendo la única respuesta concreta, práctica y democrática a la globalización. Por ello es necesario que las instituciones europeas operen sobre la base de cinco principios fundamentales: apertura, participación, transparencia, eficacia y coherencia. Debemos emprender un diálogo abierto y sistemático con la sociedad civil e involucrar a todos los interesados en la elaboración de las políticas de la Unión.
Asimismo es necesario reforzar la voz de la Unión e influir en el mundo, de manera que Europa haga una contribución mayor a la prosperidad y la estabilidad internacionales. Las instituciones multilaterales son la clave para aprovechar la globalización, pero, naturalmente, hacemos hincapié en que queremos contribuir a la reforma de las organizaciones multilaterales, hacerlas más abiertas, más transparentes y más democráticas.
En este sentido, en Génova tuvo lugar una reunión de especial importancia - la reunión "de contacto" con los dirigentes de varios países no miembros. Fue una reunión muy fructífera, que permitió a importantes representantes de países del Sur expresar sus puntos de vista con toda franqueza y libertad y discutir abiertamente con los Jefes de Estado y de Gobierno del G8. Como resultado, el G8 decidió que África sería uno de los principales puntos del orden del día de la reunión que se celebrará el próximo año en Canadá.
La Comisión, por su parte, puede sentirse satisfecha con varias de las decisiones adoptadas en Génova. Los documentos sobre comercio, seguridad alimentaria, cambio climático y enfermedades contagiosas, así como el énfasis que se puso en África, reflejan, en general, las contribuciones preliminares de la Comisión a la Cumbre.
Sobre comercio, hubo acuerdo unánime sobre la necesidad de lanzar una nueva ronda de conversaciones en la conferencia ministerial que se celebrará en Doha en noviembre. Este punto de vista fue reiterado la semana pasada en Ciudad de México.
Durante el debate sobre el comercio, el Presidente Putin declaró que Rusia estaba dispuesta a seguir el ejemplo dado por la Unión Europea con su iniciativa "Todo excepto armamento".
Respecto a la seguridad alimentaria, la parte europea insistió con éxito en que la Comunicación final debía incluir una referencia al principio de cautela.
El G8 celebró un largo debate sobre el cambio climático que allanó el camino y permitió que, unos días más tarde, se alcanzaran conclusiones en Bonn, conclusiones sobre las que creo que ha tratado el Parlamento en este período parcial de sesiones.
La Cumbre ha proporcionado asimismo la oportunidad de lanzar un fondo mundial para la salud. El objetivo de este fondo internacional, que no estará limitado a los países del G8, es contribuir a la reducción de la pobreza a través de la lucha contra el problema del sida, la malaria y la tuberculosis. La Comunidad, por su parte, se ha comprometido a proporcionar 120 millones de euros.
Al igual que en todas las ocasiones en que la actual Presidencia de la Unión la ostenta un Estado que no es miembro del G8, la Unión estuvo representada en la cumbre por el Presidente del Consejo y por el Presidente de la Comisión. Este arreglo en tándem dio excelentes resultados y me complace poder hacer aquí hincapié en ello.
Somos conscientes de que en un futuro será necesario modificar varios aspectos del G8 y de que no se trata únicamente de una operación de estética. La Comisión, por su parte, fomentará la vuelta al espíritu original de las reuniones del G8. De hecho, en Génova se adoptó la decisión conjunta de reducir el tamaño de las delegaciones, y la reunión que se celebrará en Canadá el año próximo será mucho más sencilla y - esperamos - más eficaz.

Tajani
Señora Presidenta, he escuchado con cierta satisfacción las declaraciones del Consejo y de la Comisión porque por fin se ha comenzado a abordar el tema fundamental del G8. En efecto, a lo largo de estas semanas se ha tratado de hablar de cuestiones de orden público y habrá manera de abordar también esto. Sin embargo, se ha hablado muy poco de los resultados, en mi opinión, positivos de la Cumbre de Génova en lo que se refiere a la lucha contra el hambre en el mundo, contra la pobreza y contra el sida. Unos resultados positivos de una Cumbre dirigida por Italia que por fin reunió en torno a una misma mesa al Presidente de Estados Unidos y al Presidente de la Federación Rusa: era algo impensable, por lo tanto, se ha lanzado un fuerte mensaje de paz desde las sedes del G8.
Hubiéramos querido comenzar este debate sobre los contenidos de la Cumbre en este Parlamento, antes de la Cumbre, pero se nos impidió porque nuestra propuesta fue rechazada por muchos Grupos parlamentarios de la izquierda. Estamos convencidos de que por primera vez, como decía el Comisario Vitorino, el G8 asistió a un intenso debate sobre temas concretos entre los líderes de los países más industrializados del mundo y los líderes de los países africanos hablando de cuestiones concretas e implementando un proyecto de cooperación respecto a la propuesta de unión africana que fue ilustrada por los demás países de cara a una acción de asociación con dichos países. Se ha emprendido una acción de reducción de la deuda respecto a 23 países por un valor de 50 millardos de dólares, el 70% del total.
Se ha puesto en marcha un proyecto dirigido a la modernización de los países del Tercer Mundo, lo que es muy positivo. Se alcanzaron resultados concretos y positivos y luego se ha tratado de convertir la Cumbre del G8 única y exclusivamente en una cuestión de orden público. Hay mucho que decir acerca de lo que ocurrió, y de las instrumentalizaciones que se hicieron también en este Parlamento que no debe convertirse en una palestra en que se discuten los grandes temas nacionales, ni en el lugar donde se importan los debates nacionales. Ciertamente no se puede contestar - y lo debemos decir claramente- la globalización con manifestaciones que son lícitas cuando no hay actos de violencia, pero no se puede contestar la globalización, no se pueden contestar las Cumbres con manifestaciones violentas agrediendo a la policía. Las investigaciones de las autoridades judiciales italianas demuestran que existen responsabilidades también de ciudadanos europeos de la Unión que llegaron a Italia desde fuera para organizar manifestaciones violentas.
Y termino, señor Presidente, confirmando la solidaridad con las fuerzas del orden italianas y señalando la necesidad de una mayor cooperación entre las fuerzas de policía, entre los ministros de Interior, una cooperación que quizá no fue suficiente con ocasión de la Cumbre del G8 y en la que tendremos que trabajar intensamente.
Por último, estimo ridículas las propuestas presentadas en este Parlamento para someter a Italia a observación, ya que creo que Italia no merece lecciones de democracia de ninguna fuerza política que se sienta en el Parlamento.

Barón Crespo
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Grupo Socialista ha solicitado este debate por dos razones.
La primera es porque las conclusiones y el trabajo de la Cumbre del G8 quedaron oscurecidas porque se planteó el debate en términos de orden público. Y tengo que agradecer especialmente al Sr. Vitorino que nos haya hablado de los resultados de una Cumbre cuya agenda fue elaborada por un Gobierno, el del Olivo, en Italia, fue discutida en el Parlamento Europeo -Sr. Tajani, usted estaba haciendo campaña municipal, pero se discutió aquí- y, además, hemos pedido una resolución sobre este debate que ha sido contestada y negada por el PPE. No entendemos que quieran hablar y se nieguen a que haya una resolución.
Pero en cualquier caso, Señorías, lo que sí quiero señalar es que nosotros dijimos claramente que el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo estaban en la foto de Génova y lamentamos que no hayan tenido tiempo para venir a este debate si lo consideraban tan importante.
Y tengo que señalar que hay algunos avances positivos. El comisario Vitorino se ha referido a ellos. Diría que en la condonación de la deuda no se ha avanzado mucho. El fondo sobre el sida, la malaria y la tuberculosis es un paso positivo, aunque no suficiente todavía. África debe ser una prioridad; la voluntad de flexibilidad de los acuerdos TRIPS también, y la iniciativa "Todo menos las armas" así como la extensión del sistema de preferencias generalizadas son aspectos de los que los europeos podemos estar orgullosos y deberíamos de valorar más. Asimismo, también, nuestra posición firme sobre Kioto que, a pesar de la resistencia norteamericana, nos ha permitido llegar a una solución en Bonn.
Creo que como Parlamento debemos pedir cuentas de eso y debatir porque, además, mi familia política, el Partido Socialista Europeo, que es miembro de la Internacional Socialista (nosotros somos internacionalistas y estamos globalizados desde el siglo XIX), es una organización que está presente en 160 países del mundo, y no es sólo una organización del hombre blanco, es decir, es una organización de todos los continentes. Por eso, el tema de la globalización, que en nuestro último congreso de la Internacional en París llevó, hace dos años, a una resolución sobre los desafíos de la globalización, debe ser para nosotros un elemento permanente de la política europea.
Por último, una reflexión sobre las cuestiones de orden público. Mi Grupo ha dicho, desde el principio, que está a la espera de que concluya la investigación que se está llevando a cabo en el Parlamento italiano sobre estos temas, porque respetamos el Parlamento de una democracia importante que es miembro de la Unión Europea. Ello no nos impide que manifestemos una posición muy crítica en relación con los derechos de los ciudadanos europeos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. No hay políticas de orden público que restrinjan para todos los ciudadanos -y lo digo mirando a la Presidencia belga- los derechos de manifestación y de expresión. Lo que tiene que hacer una política de orden público responsable es garantizarlos, no reprimirlos. Así como no se puede prohibir el fútbol cuando se combate a los hooligans, no se deben limitar los derechos porque haya núcleos pequeños de provocadores vandálicos.
Una última petición, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías: invocar la sociedad civil se ha convertido en algo tan general que es casi imposible hacer un discurso político sin hablar de la sociedad civil. Pero lo que no acabo de entender es que se diga que se va a hablar con la sociedad civil y, luego, se coloca una coma y se dice: "Hombre, y también con el Parlamento". La sociedad se hace civil cuando elige a sus representantes y, por lo tanto, el primer deber del Presidente del Consejo y del Presidente de la Comisión, cuando van a estas cumbres, es venir al Parlamento y rendir cuentas.

Procacci
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, los sucesos ocurridos en la última Cumbre del G8 en Génova nos pueden inducir a poner en segundo plano las verdaderas y grandes cuestiones que están sobre el tapete. En consecuencia, me detendré en estas últimas pasando por alto algunos aspectos que, aun siendo importantes, se debatirán en todo caso en nuestra Comisión de Libertades Públicas y respecto a las cuales es conveniente esperar la opinión del Parlamento italiano que ha constituido una comisión de investigación ad hoc. No cabe duda de que en el futuro este Parlamento podrá abordar la cuestión con pleno conocimiento de causa, aunque ya desde ahora se puede estigmatizar y condenar toda forma de violencia sea cual sea su origen, como instrumento de resolución de las cuestiones.
Entretanto es absolutamente necesario que hoy este Parlamento debata, y seguidamente defina una línea política clara, los grandes temas de la globalización y se comprometa a encontrar las formas concretas para condicionar el proceso de mundialización procurando que su objetivo final sea la construcción de un nuevo humanismo plenario que ponga en el centro de la historia la dignidad del ser humano, en lugar de los grandes intereses financieros. En este sentido, la globalización, lejos de ser un ineluctable instrumento de aflicción, resulta ser una gran ocasión para poder cambiar realmente los equilibrios del planeta y vencer las terribles plagas que afectan a una gran parte de la humanidad, por las cuales en los tiempos que vivimos ninguno de nosotros puede sentirse seguro de su inocencia moral.
A pesar de tener en cuenta las decisiones, apreciables para la humanidad, adoptadas en la Cumbre del G8, no se puede aceptar fácilmente la sustancial indisponibilidad a intervenir aun parcial y gradualmente en el modelo de desarrollo: éste es el punto que continúa centrándose en el consumismo y en el mercado salvaje, en vez de en principios compartidos de solidaridad y participación.
Por lo tanto, la cuestión fundamental sigue siendo la instancia política e institucional aceptada por todos que pueda guiar el proceso de mundialización y que, evidentemente, no puede ser sólo el G8. Con relación a este tema, es preciso darse prisa para evitar daños irreparables, porque hay que partir del reconocimiento de que la globalización de la política, o sea, el control democrático de los procesos de mundialización, avanza a un ritmo exasperantemente lento respecto a lo que ocurre en otros sectores.
Hoy no existe una receta preestablecida, pero, a mi modo de ver, se podría partir de las propuestas del Nobel de la Paz del año 1996 que ve una cumbre permanente que reúna a la Unión Europea, al G8, al Banco Mundial, al grupo de los 77 países en desarrollo, a la ONLUS y a las empresas para lanzar y gestionar un gran Plan Marshall a escala planetaria que se base en una estrategia universal compartida. Alguien habla de utopía, pero utilizando las palabras de Tomás Moro, padre de nuestra Europa: "Sin ella, ¿qué sería nuestra política?"

Lannoye
Señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que la Cumbre del G8 de Génova habrá sido un momento importante en nuestra vida política y habrá probablemente marcado un punto de inflexión en la vida política europea y mundial, por desgracia no por los compromisos que los países más ricos del planeta han asumido conjuntamente para dar respuesta a los graves problemas que afectan a los países más pobres - y subrayo el hecho de que los desequilibrios Norte-Sur nunca han sido tan acusados -, sino más bien por el propio contexto de esta Cumbre.
El Sr. Vitorino, con razón, ha recordado un cierto número de decisiones, o en todo caso de orientaciones, establecidas durante esta Cumbre, pero creo que no hay que darles una importancia que no tienen. Es cierto que ha habido un tímido reconocimiento de la pertinencia de suavizar la deuda de los países más pobres, pero ahí ha quedado la cosa. También es cierto que se ha creado un Fondo Mundial para la lucha contra las enfermedades infecciosas, pero con una financiación global considerablemente insuficiente, ya que se le ha concedido una dotación de 1.300 millones de euros, mientras que el Secretario General de la ONU considera que serían necesarios 10.000 millones. Sin embargo, nada indica que exista una voluntad común de corregir las desigualdades, en concreto materializando el objetivo que ya se prometió hace tiempo de dedicar el 0,7% del Producto Interior Bruto a la ayuda al desarrollo. Ya no se ha vuelto a hablar de ello.
A cambio, los participantes han recordado con énfasis su fe en las virtudes del mercado, del librecambio, del desarrollo de las nuevas tecnologías de ingeniería genética y en las reglas del comercio internacional. A fecha de hoy, lanzar una nueva ronda de la OMC es ciertamente un deseo de la Unión Europea, pero, ¿ es ésta la respuesta a los problemas derivados del carácter no equitativo de las reglas de la OMC? Efectivamente, las reglas para la toma de decisiones en la OMC no son equitativas, en el sentido en que penalizan a los países más pobres con respecto a los ricos, aunque sólo sea por el acceso limitado de los países pobres a los elementos que permiten participar correctamente en las decisiones.
Por tanto, no hay ninguna respuesta, ninguna apertura real a las reivindicaciones y a las protestas de las decenas de miles de manifestantes, y más en general de un amplio sector de la opinión pública europea, que rechaza o pone en entredicho una mundialización que es esencialmente financiera y comercial. No se pone en tela de juicio la mundialización como tal, sino su carácter esencialmente financiero y comercial. Creo que hay que dejar clara esta distinción.
En consecuencia, considero necesario que la Unión Europea tome iniciativas concretas al respecto, empezando por dejar de practicar el autismo frente a las voces contestatarias. En este sentido, me alegra que el gobierno belga haya propuesto debatir la tasa Tobin durante la próxima Cumbre Ecofin. Creo que es una buena iniciativa, que debería dar lugar a otras iniciativas similares. Pero también, y sobre todo, hay que establecer un diálogo real con los parlamentos: el Sr. Barón Crespo tiene razón, el Parlamento es al fin y al cabo el primer representante de la opinión pública, es evidente. Por tanto, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben ser lugares dónde los gobiernos expliquen sus iniciativas. Pero, además de a los parlamentos - ya no estamos en el mundo político clásico de hace medio siglo -, hay que hablarle a las asociaciones, hablarle a la sociedad civil organizada. Creo que es esencial. Muchas asociaciones han expresado ideas importantes y argumentos serios, no escucharlas es un error político.
Como cada uno de los que estamos aquí, lamento que exista la violencia y condeno la violencia de los manifestantes de los Black Blockers, pero no puedo dejar de condenar al mismo tiempo la inaceptable actuación de las fuerzas policiales italianas, que han ultrajado los derechos humanos en Génova.

Wurtz
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, mi Grupo, muy presente en Génova, pidió desde el día siguiente a la finalización del G8 la inscripción de este debate en el orden del día de esta sesión de reapertura.
Muy a la defensiva, la mayoría conservadora de nuestra Asamblea ha impedido que este debate pueda culminar en una resolución que permita a nuestro Parlamento pronunciarse. En cambio, no podrá impedir que los graves interrogantes planteados por los acontecimientos de Génova reaparezcan constantemente, de una u otra forma, en nuestra agenda política a lo largo del periodo que se presenta: el post-Génova no ha hecho más que empezar.
Uno de los interrogantes planteados por Génova se refiere a la propia legitimidad del G7, G8, concebido en la práctica como un directorio de los grandes del mundo. No voy a hablar de ello hoy. Otro de los temas que Génova ha lanzado a la palestra es naturalmente esta problemática de la violencia, y en concreto la inusitada represión con que se ha castigado a manifestantes pacíficos, acorralándolos hasta la propia sede del Foro Social de Génova.
Ayer, tomamos la iniciativa, a la que se sumaron el Grupo de Los Verdes, la asociación Altac y parlamentarios socialistas, de organizar un gran debate sobre este asunto, con el coordinador del Foro Social de Génova, el Sr. Agnoletto. Los gravísimos acontecimientos que se recordaron o se concretaron en este foro nos confirmaron en nuestra convicción de que habrá que aclarar a fondo el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la tragedia y a las exacciones que ya conocemos, así como la cadena de responsabilidades en las reglas y los valores a los que la Unión Europea se remite.
Por lo demás, he propuesto que constituyamos aquí mismo un comité de seguimiento que trabaje de forma coordinada con parlamentarios italianos, con el Foro Social de Génova y con otros colaboradores que deseen contribuir a sacar toda la verdad a relucir. En la misma línea, hemos reiterado nuestro apoyo a los actores del movimiento social que no piensan permitir que su mensaje sea distorsionado por actos violentos del tipo Black Block fácilmente manipulables por nuestros adversarios. Así pues, no permitiremos que este magnífico compromiso ciudadano en plena expansión sea desacreditado, e incluso criminalizado. Esto me lleva al tercer, y quizás para nosotros principal, punto del post-Génova: las respuestas políticas que sabremos o no aportar a las interpelaciones de estos hombres, de estas mujeres y de esta miríada de jóvenes que son catalogados muy erróneamente como anti-mundialistas, cuando, en la mayoría de los casos, aspiran a una mundialización democrática y solidaria.
En un momento en que la Unión Europea debate su futuro, su ambición en la escena mundial y sus relaciones con la sociedad civil, nosotros, por nuestra parte, no creemos que estas interpelaciones sean una amenaza a conjurar, sino más bien una oportunidad que hay que aprovechar para que Europa se mueva.

Muscardini
Señora Presidenta, los positivos resultados del G8 deben comprometer a nuestros Gobiernos a cumplir los acuerdos tomados para luchar contra la pobreza y regular la globalización. No debe ocurrir, como en el pasado, que los compromisos adquiridos no se respetan o se aplazan demasiado tiempo.
Las dos terceras partes del mundo viven en condiciones de extrema pobreza. Nuestras ayudas deben beneficiar a las poblaciones y no propiciar el enriquecimiento económico y político de los Gobiernos que han contribuido a aumentar la miseria de sus pueblos y continúan impidiendo el respeto a los derechos humanos. Queremos acciones especificas y condicionadas a la realización de verdaderas iniciativas en beneficio de las poblaciones, lo cual también nos induce a tratar de replantear el concepto de mundialización. ¿Puede existir una vía europea? ¿Se puede impedir que la globalización se convierta en un boomerang que golpea siempre a los más pobres?
Lamentablemente, en Génova los acontecimientos relacionados con el orden público, según algunos medios y cierta política, han relegado a segundo plano los temas debatidos y las orientaciones definidas por los líderes de la Cumbre. Sin embargo, por primera vez y también en presencia de los representantes del Tercer Mundo se abordaron temas que revisten una importancia capital para el futuro pacífico de la humanidad.
Lamentablemente, también las legítimas opiniones de los manifestantes pacíficos se han visto ensombrecidas por la violencia globalizada de aquellos cuyo trabajo es alborotar. Frente a la guerrilla urbana que repitió los actos de violencia perpetrados con ocasión de las Cumbres de Niza y de Goteborg, debemos afrontar dos problemas candentes: primero, ¿cómo garantizar el respeto a la democracia en ocasiones similares? O sea, nos debemos preguntar cómo se tendrán que organizar las futuras Cumbres que se celebrarán en los Estados europeos, al objeto de garantizar que la reunión entre los representantes de las distintas instituciones sean productivas y no fuente de polémica estéril y violenta; segundo, ¿cómo debemos actuar política y culturalmente para impedir que las legítimas manifestaciones de protesta se conviertan en acciones de violencia organizada e instrumental? ¿Existe un espacio jurídico dentro del cual es posible que INTERPOL desarrolle una función de prevención y de control contra la difusión de la violencia y del terrorismo?
Asimismo, a la vista de la invitación del Comisario Vitorino a una mayor cooperación para prevenir la violencia, nos preguntamos cómo es posible que ECHELON que, con la ayuda del Reino Unido, escucha todo lo que ocurre en Europa, no haya advertido y ayudado para impedir que se perpetraran los actos de violencia, primero de Goteborg y después de Génova.
Interrogantes inquietantes que volveremos a abordar. Italia la que necesita ser sometida a observación, sino esa parte de Europa que habla de los derechos humanos en este Pleno y luego deja que esos mismos derechos sean violados, así como la bondad interesada de cierta izquierda que añora la violencia como método de convencimiento.
Señora Presidenta, Señorías, hoy es necesario que ante todo Europa actúe para permitir que se alcancen los objetivos establecidos en Génova y que sus Gobiernos no instrumentalicen para fines de política interna acontecimientos dolorosos que deberían afrontarse de común acuerdo.
Es preciso que Europa vuelva a encontrar el sentido de Unión Europea y no de faccionalismo individual.

Cappato
Señora Presidenta, con respecto a las respuestas políticas a la globalización, les pedimos que no nos obliguen a elegir entre Génova y Durban, entre el G8 de algunas de las mayores democracias occidentales, el G8 de Génova y la Cumbre de la ONU de Durban. Seguramente escogeríamos el G8 de Génova más que los foros internacionales donde las dictaduras de este mundo tienen la mayoría, el poder decisorio y terminan con decisiones que son propias de una conferencia racista más que de una conferencia sobre el racismo. La alternativa es que no podemos sentirnos satisfechos por el método del G8 ni por el método de esta Unión Europea. Pensamos que las democracias occidentales deben relanzar el método de la democracia y del Estado de Derecho y no han de jugar a la defensiva, sino al ataque relanzando la iniciativa de globalización de los derechos y de la democracia.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tras tantos años de campaña, si existiera realmente una voluntad concreta de esta Unión Europea, no debería ser posible que no se haya ratificado todavía el estatuto del Tribunal Penal Internacional. No debería ser posible que aún no se haya aprobado en el ámbito de la ONU la moratoria universal sobre la pena de muerte. Es con respecto a esto que las democracias occidentales han de contraatacar.
En cuanto al G8, estas Cumbres deben ser públicas y no se trata de cooptar a los representantes de las organizaciones no gubernamentales o de cooptar a los representantes de los países más desfavorecidos. Se trata de que los parlamentos y todos los ciudadanos se hagan cargo de todos estos problemas, de transmitirlos en directo a través de los medios audiovisuales y de Internet y de hacer participar a todos los ciudadanos en las actividades de estas Cumbres internacionales, así como de relanzar el modelo democrático y del Estado de Derecho. En mi opinión, esta es la alternativa para mejorar los G8 y esta Unión Europea y es la alternativa a aquellos que piden que en el centro del gobierno de la globalización haya instituciones en las cuales las peores dictaduras de este mundo continúan teniendo el derecho de veto.

Ferri
Señora Presidenta, he pedido la palabra para protestar enérgicamente contra quien ha lanzado una acusación muy grave contra las fuerzas del orden italianas. Una acusación de la que no tiene pruebas ni fundamentos. Evidentemente, su Señoría desconoce la realidad y, por lo tanto, pido que se elimine del Acta o que el Parlamento Europeo extraiga en su Pleno las consecuencias de una afirmación tan dura que creo que no se debería permitir en este hemiciclo.

La Presidenta
Señor Ferri, no era una cuestión de orden.

Fiori
Señora Presidenta, al agradecer a la Presidencia belga y al Comisario Vitorino su introducción, quisiera formular dos consideración de carácter político.
Primera consideración: pienso que todo el mundo es consciente del por primera vez activo y fuertemente presente papel desempeñado por la Unión Europea en la Cumbre del G8. Si es cierto que, probablemente, sus resultados se hubieran podido mejorar desde el punto de vista concreto, como ha recalcado algún diputado, voy a citar las palabras de un político que no pertenece a mi cultura pero que muchos conocen en este Pleno: "Los largos caminos comienzan con pequeños pasos". Y en Génova, sin duda, se ha establecido un método de trabajo totalmente nuevo respecto a todas las demás Cumbres del G8.
Segunda consideración: pienso que en este Pleno todos tienen como objetivo una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, y nosotros basamos nuestra perspectiva de trabajo y política en el consenso, en la democracia y en la ley.
Ahora bien, en la Cumbre de Génova y en los mensajes que han aflorado después a través de los medios de comunicación, lo que me preocupa es el intento de negar la democracia representativa que es algo que considero inaceptable. Puede pertenecer a la cultura de algunos, sin embargo, debemos rechazar la violencia porque la violencia va en contra de nuestra manera de relacionarnos entre personas, pero sobre todo debemos creer en una construcción absolutamente diferente de esta oposición frontal e irreductible.
Termino con dos breves apuntes de actualidad. Nosotros no quisimos la resolución porque, como seguramente recordará algún colega, en julio queríamos llevar a cabo un debate para, como Parlamento Europeo, ir preparados junto con el Consejo y la Comisión a la Cumbre de Génova. No se nos permitió: sólo tuvimos tiempo para una pregunta oral.
Segundo punto: pienso que, conociendo, entre otras cosas, el equilibrio de algún orador que me ha precedido, antes de lanzar dardos o emitir juicios sobre la actuación de las fuerzas del orden en Italia, esperaría las conclusiones de la investigación que la magistratura está llevando a cabo en este momento.

Napoletano
Señora Presidenta, el desarrollo del G8 en Génova ofrece elementos de reflexión a los Gobiernos, especialmente a los ocho protagonistas, pero también a la Comisión y al Consejo, a las Instituciones, a los partidos y al movimiento dentro del cual se ha abierto una interesante reflexión que pone en tela de juicio la misma definición de antiglobalización. Éste no es el momento adecuado para afrontar los problemas de seguridad o de orden público que, como se ha recordado, van asumiendo una dimensión europea y exigen respuestas eficaces y al tiempo respetuosas de los derechos como el derecho a la libertad de reunión y de manifestación recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Oportunamente la Comisión de Libertades Públicas de nuestro Parlamento ha tomado la decisión de elaborar una recomendación al Consejo de Asuntos Interiores antes de la próxima reunión de noviembre. Sin embargo, no podemos dejar de expresar aquí nuestro profundo dolor por la pérdida de una joven vida humana, la de Carlo Giuliani, y una condena inequívoca de la violencia que también en Génova han protagonizado grupos minoritarios, así como nuestra preocupación por los episodios inútilmente represivos en aras de la seguridad de los ciudadanos a cargo de sectores de las fuerzas del orden. Sobre todo esto se está llevando a cabo una investigación tanto en el Parlamento italiano, como por parte de la magistratura. Nosotros mismos podremos disponer de la misma en breve.
Volviendo al fondo de la agenda hay que decir que el G8, como reunión informal, corre el riesgo de crear expectativas que casi nunca se traducen en compromisos concretos. No obstante, gracias también a la atención que el movimiento ha conseguido crear en torno a estas Cumbres, parece ineludible el problema del papel de los países más desfavorecidos y un compromiso más convincente en cuanto a la deuda, la pobreza, el comercio, la lucha contra las enfermedades y el medio ambiente.
En conclusión, si el movimiento tiene la responsabilidad de reflexionar sobre su futuro empezando por las formas de lucha y sobre el riesgo de desembocar en derivas proteccionistas confusamente agitadoras, le corresponde a la Institución la obligación de gobernar los procesos globales que hasta la fecha han primado concentraciones económicas y rentas especulativas y aumentado diferencias e injusticias intolerables. El próximo compromiso en el cual la Unión Europea y la Comisión tendrán otra responsabilidad muy distinta respecto al G8 será la nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio.
La propuesta de la Comisión Europea "Todo menos las armas" sale reforzada de la comunicación final de Génova. Nos corresponde a nosotros llevarla adelante con coherencia en la relación con nuestras opiniones públicas y con los países desfavorecidos, excluidos de los flujos del comercio mundial.

Di Pietro
Señora Presidenta, intervengo en nombre de Italia de los Valores, movimiento político italiano miembro del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que estaba en Génova y vio lo que ocurrió. En síntesis, evidenciamos la sustancial ineficacia de cumbres como la del G8, tal como han sido planteadas hasta ahora. Nunca como en Génova se ha demostrado que este tipo de manifestaciones de fuerza y de poder de los grandes de la tierra no son más que una representación escénica que no sirve para aliviar el hambre del mundo y para mejorar la igualdad entre los pueblos, si no van acompañados de actos concretos de condonación de la deuda, de redistribución de la riqueza, de protección de los derechos sobre las materias y de eliminación de toda explotación de los países del Tercer Mundo.
Segundo: junto con muchísimas personas que ejercían el legítimo y justo derecho de expresar su pensamiento también estaban en Génova muchos provocadores e infiltrados que utilizaron la manifestación para llevar a cabo actos de violencia injustos e injustificados y denigrar de este modo tanto a los gobernantes como a los manifestantes. Contra ellos - y éste es el tercer punto - y respecto a ellos es necesario que también este Parlamento lance un claro y unívoco mensaje de desaprobación y reproche: son ellos los criminales que encendieron la mecha de la violencia.
Cuarto: frente a ellos los órganos de prevención, control y represión previstos por el Gobierno italiano fracasaron lamentable y parcialmente su misión. Fracasaron por exceso y por defecto al tiempo: defecto de actividad de información, de inteligencia y de protección preventiva; exceso de represión sólo por parte de algunos sectores de las fuerzas del orden, pero por desgracia hubo actos de represión que se podían y debían haber evitado.
Por último, esta manera de actuar es, sin duda, condenable, pero no con referencia a cada uno de los miembros de las fuerzas del orden en particular, sino con referencia a quien dio las ordenes o debía dirigir y coordinar las actividades tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista policial. Todo esto no se hizo y lo lamentamos. Esperamos con tranquilidad la opinión de la magistratura y del Parlamento italiano y confiamos en que en el futuro no haya más actos de violencia.

Frassoni
Señora Presidenta, la señora Ministra ha iniciado su declaración hablando de su generación. Yo pertenezco a esa generación que en Italia se llama "del reflujo" - soy demasiado joven tanto para el 68 como para el 77 - y me enseñaron a considerar a la policía y a los carabineros como aquellos que garantizan la seguridad de las personas y que hicieron posible la derrota del terrorismo en Italia. Por lo tanto, para mí el elemento más sorprendente y más chocantes de los acontecimientos de Génova ha sido ver como dentro de las fuerzas del orden bastó una tontería, un mero cambio de Gobierno, una campaña denigratoria del movimiento anti G8, una organización insuficiente y una banda de hooligan violentos para que volviera a aparecer en algunos de ellos - subrayo, en algunos de ellos - la voluntad de convertirse en instrumentos de represión ciega y profundamente estúpida.
Ésta, señor Tajani, Comisario Vitorino, es una cuestión europea y no nacional. La fisura que de Niza a Goteborg, en Génova y quizás, mañana, en Laeken - aunque las palabras de la señora Ministra nos permiten ser optimistas - se está creando, con razón o sin ella, que lo queramos o no, entre las personas que piensan de buena fe en trabajar por un mundo mejor y las instituciones - policía, parlamento gobierno -, es un problema que nos debe preocupar a todos, tanto a la izquierda como a la derecha.
Estoy convencida de que si la cooperación entre las policías se hubiera aplicado de manera eficaz y respetuosa del derecho individual, si la libertad de circulación fuera un verdadero derecho, una prioridad igual que la libre circulación de capitales, si la Carta de Derechos Fundamentales hubiera entrado en el ADN de todos nosotros, quizás no habrían ocurrido los peores sucesos de Génova. Por eso, creo que para evitar otras Nizas, otras Goteborgs, otras Génovas es preciso hacer dos cosas: la primera es echar luz. En Italia la magistratura y la comisión parlamentaria de investigación ya están trabajando en ello. Aquí debemos hacer una valoración concreta de las formas a través de las cuales se ha desarrollado la cooperación entre las policías europeas y llegar a saber si se han violado o no las Cartas de Derechos Fundamentales en cuanto al trato de los detenidos.
La segunda y última cosa, señora Presidenta, es saber si la suspensión de las disposiciones de los acuerdos de Schengen puede justificar la prohibición indiscriminada y colectiva de la libre circulación.
Éstas son las cosas que debemos hacer aquí, y espero que las hagamos todos juntos.

Vinci
Señora Presidenta, la reunión de Génova del G8 no ha dado fundamentalmente nada a las poblaciones pobres del Tercer Mundo: la verdad es ésta. Ante todo se despreció la solicitud de Kofi Annan de un fondo por un importe mínimamente adecuado y no de una limosna para la lucha contra el sida.
Las exigencias de los gobernantes de Occidente de ser los gobernantes del mundo y sus agencias de gestión librecambista de la economía mundial son, de Seattle en adelante, objeto de crítica y de oposición activa de un movimiento de miles de organizaciones, de millones de personas y también de Estados - pienso en Sudáfrica - que reivindican un modelo alternativo de globalización, democrático y orientado a satisfacer las necesidades a menudo dramáticas de las poblaciones, sobre todo del Tercer Mundo.
Por lo tanto, a Génova, llamadas por el Foro social de Génova - o sea, por un millar de organizaciones pacíficas y no violentas, la mitad de ellas italianas - acudieron 300.000 personas para manifestar su desacuerdo y objetivos alternativos.
Todos ustedes han visto a través de los medios de comunicación las fotos y los reportajes de lo que sucedió en Génova. ¡Son pruebas, señor Ferri! He leído los periódicos y he escuchado la televisión. A algunos cientos de gamberros, de 600 a 800 según la propia policía italiana, se les dejó recorrer Génova, aunque se sabía donde estaban alojados, y destruir tiendas, bancos y mobiliario urbano, mientras las fuerzas de policía se ensañaban de la manera más brutal contra los manifestantes pacíficos. Irrumpieron en los lugares donde estos dormían y les pegaron; arrestaron a cientos de chicos y chicas y en los cuarteles de la policía fueron pegados, insultados sometidos a vejación y obligados a permanecer durante horas de pie con los brazos apoyados contra la pared y las piernas abiertas, obligados a cantar himnos fascistas y a alabar a Mussolini. Por último, las chicas fueron amenazadas de violación.
Estuve en Génova en esos días y fui testigo de los todoterreno de la policía lanzados a toda velocidad y de las cargas policiales contra los cortejos pacíficos y del lanzamiento sobre miles de personas indefensas, entre las cuales estaban niños e inválidos, de cientos de gases lacrimógenos. Después estuve en las cárceles donde habían sido trasladados cientos de chicos y chicas italianos, españoles, alemanes, austríacos, suecos, suizos, de 18 a 20 años, y recogí su testimonio: todos, digo todos, habían sido pegados, insultados, torturados, muchos tenían puntos de sutura en la cabeza, y todo esto había ocurrido en los cuarteles tras su detención.
Los procesos autoritarios de la derecha tienen una historia en Europa. De esta historia forman parte, junto con factores de fondo, acontecimientos accidentales y la complicidad o la desidia de las derechas moderadas, liberales y católicas.
La actitud que aquí emerge, de infravaloración por parte del Consejo, así como de una parte de las fuerzas políticas representadas en este Parlamento, respecto al camino general dramáticamente manifestado en Génova que está tomando Italia es, por lo tanto, permítanme decirlo, irresponsable no solo con respecto a la democracia sino con respecto a estas mismas fuerzas. Por mucho menos, por la palabrería de Haider, los demás 14 Estados de la Unión sometieron a observación e impusieron sanciones a Austria.

Segni
Señor Vinci, también había, todo sea dicho, las cargas contra la policía y no sólo los excesos de la policía que yo he condenado. Sin embargo, ésta no es la cuestión que quiero abordar ahora.
Por el contrario, hay un aspecto que nos aúna a todos y es: ¿Qué puede hacer Europa? Señora ministra de Asuntos Exteriores, usted decía que Europa puede ser un modelo de cara a los problemas de la futura globalización. Es cierto, señora ministra de Asuntos Exteriores, pero, digámoslo con franqueza, no es esta Europa. Ciertamente la Europa de los derechos humanos, de la que hemos sido impulsores, la Europa del respeto a las minorías y a las diversidades, la Europa del no a la pena de muerte que atiende a las inquietudes de la inmensa mayoría, posiblemente de la parte mejor de la humanidad. Pero las atenderías realmente si Europa tuviera una voz y un instrumento para expresar con fuerza esta idea en el mundo. La Europa dividida no tiene nada que ver. El G8 no daba la idea de una Europa capaz de tener peso en las decisiones. El G8 ha dado al mundo la idea de la gran superpotencia y de una Europa dividida, débil e ineficaz porque está dividida. Éste es el verdadero problema con el que nos enfrentamos.
Si queremos que Europa responda a los retos de la globalización, avancemos por la vía de la construcción de la unión política y para dar a Europa una sola voz. Si en una Cumbre del G8 no hablaran cuatro Estados europeos, sino única y exclusivamente alguien en nombre de toda Europa, dejaría de existir una gran América y muchos pequeños Estados: habría dos voces con el mismo peso.
Señora ministra de Asuntos Exteriores, su Gobierno en Laeken podría dar una gran contribución a este camino presentando y planteando un proyecto de Constitución que no sea ajeno a la realidad de los problemas, como ahora lo es el debate, sino que haga en pocos años, después del euro moneda común y después del problema de la globalización, un instrumento para que Europa hable con una sola voz y con una sola unidad política en el mundo.

Gollnisch
Señora Presidenta, mis queridos colegas, los acontecimientos de Génova revelan varias cosas. La primera, y disculpen lo que voy a decir, con relación a los dirigentes europeos o mundiales, europeo-mundialistas, que estaban atrincherados en esa ciudad, conduce a la constatación bastante simple de que aunque gobiernan mal, se protegen bien.
Sin embargo, la segunda no nos lleva a suscribir las formas brutales, deliberadamente violentas, de las contra-manifestaciones que se organizaron, y que no provocaban tanta indignación en sus filas por estar instrumentalizadas en contra de los partidos de la derecha nacional. Cuando se dirigen contra los militantes nacionales flamencos, italianos, franceses, alemanes, o contra cualquier otros, a todo el mundo le parece muy bien, y no faltaban dirigentes del partido socialista francés que alentaran y organizaran lo que se denominaba el hostigamiento democrático. Hasta el día en que - al igual que en la fábula del burlador burlado - los propios dirigentes socialistas son los que reciben las pedradas. Efectivamente, los sangrantes acontecimientos de Génova demuestran que la propuesta contra la globalización no refleja una propuesta moral que nace de un deseo de redistribuir más equitativamente riquezas del planeta. En realidad, lo que hoy está en juego, como lo ha estado en el pasado, es un asunto político e ideológico. Lucas Casarini, líder del movimiento blanco, lo afirmó en una entrevista concedida a "La Repubblica". Negri, condenado por insurrección armada contra el Estado italiano, y actualmente en situación de semi-libertad, lo ha explicado en un libro. Estas personas ya no son socialistas internacionales, proletarios internacionales, pero siguen siendo internacionalistas. La población de Seattle no representa a los pobres de todo el mundo; es un instrumento político que se dirige contra el mundo occidental. En Génova, ha desencadenado su ataque partiendo del núcleo mismo del imperio que pretendía destruir, pero, en realidad, al mundialismo liberal se opone dialécticamente otra forma de mundialismo igualmente subversiva. No apoyamos ni a uno ni a otro, la verdadera respuesta consiste en defender las identidades nacionales.

Gawronski
Señora Presidenta, después del espíritu de Rambouillet del primer G5, hemos pasado a los tristes acontecimientos de Génova y muchos comienzan a pensar que, al perder el viejo y proficuo carácter de encuentros reservados, estas Cumbres se han convertido en demasiado grandes, masivas y burocráticas. La Comisión se ha referido a ello hace unos momentos y no cabe duda de que éste es un tema que debe abordarse más a fondo.
En estas ocasiones, sin embargo, muchos de nosotros han comprendido también que en este Parlamento existen fuerzas capaces de instrumentalizar incluso las tragedias, como lo ha sido el muerto de Génova. Y esto con tal de alcanzar sus objetivos políticos, o sea, deslegitimar al Gobierno de centroderecha en Italia. Para conseguir este resultado utilizan al Parlamento Europeo, organizan en este Parlamento como, por ejemplo, ayer reuniones con exponentes de movimientos antiglobalización que lanzan ridículas y falsas acusaciones y ofenden a un Estado miembro de la Unión definiéndole democráticamente incompleto y susceptible de ser puesto bajo observación. Lamento que en estas manifestaciones participen activamente incluso colegas italianos - me basta nombrar al Sr. Vinci - que quizás no se dan cuenta de que desacreditan no tanto al Gobierno de centroderecha, sino a todo su país.
Mi pregunta es obvia y banal: si en Italia detentase el poder un Gobierno de izquierdas, ¿acaso habría habido la misma movilización de fuerzas en este Parlamento, con peregrinajes de nuestros colegas diputados que nunca había soñado con ir a Cumbres anteriores, pero que - mira por donde - estaban en Génova?
Espero que las protestas de Génova y de otros lugares no consigan impedir, como corren el riesgo de hacerlo, que los líderes de este mundo puedan continuar hablando entre ellos.

Van den Berg
Señora Presidenta, nosotros, los socialistas, nos oponemos a la globalización como sinónimo de la ley del más fuerte, pero estamos a favor de una globalización con rostro humano.
La interrelación y la interdependencia entre los pueblos del mundo adquieren cada vez más importancia. Por eso no tiene ningún sentido que nos atrincheremos tras fronteras arbitrarias nacionales, europeas u otras. Ahora bien, también está la otra cara de la globalización. El comercio mundial florece, pero los países más ricos ganan 37 veces más que los países más pobres y, a pesar de que el comercio mundial haya crecido sustancialmente en los últimos años, la brecha entre ricos y pobres no ha hecho más que aumentar. Una de cada cinco personas que viven en esta aldea global aún no tiene acceso a la educación y a la sanidad. Precisamente porque vivimos en una aldea global esa desigualdad nos afecta a todos.
Europa -es decir, la Comisión, el Consejo, el Parlamento y los Estados miembros- debe hablar con una sola voz. Eso es posible y, por tanto, somos capaces de desempeñar un papel crucial. En tanto que primera potencia comercial del mundo estamos llamados a tomar la iniciativa. Hemos de defender nuestro modelo social europeo dentro y fuera de nuestras fronteras, asumiendo nuestra responsabilidad y respaldando propuestas sociales nuevas y soluciones innovadoras. Por ejemplo, tenemos que prestar apoyo a los países pobres que aspiran a una producción barata de medicamentos baratos contra el sida. Tenemos que facilitar el éxito de esta lucha y defender los derechos de estos países.
Al tomar iniciativas propias demostramos que queremos comprometernos de verdad. Sobre todo en una época en la que los Estados Unidos amenazan de vez en cuando con dar la espalda al multilateralismo, escudándose tras un muro de interés propio, es fundamental que Europa desempeñe un papel activo a escala mundial. ¿Pero en qué consiste ese papel y cuál es esa acción?
Cito algunos avances enormemente prometedores: "Todo menos armas", nuestro programa de acción contra el sida y las iniciativas de Jospin y Schröder relativas a la Tasa Tobin. ¿Están la Comisión y el Consejo dispuestos al menos a someter este tipo de iniciativas a un análisis riguroso y piensan apoyarlas? También me detengo en nuestros propios puntos débiles: la negativa a llevar a cabo una rápida reforma de la agricultura. Por otra parte, es cierto que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, prevé 120 millones de euros para nuestro Fondo Mundial para la Salud, pero no olvidemos que sacamos ese dinero de nuestro propio presupuesto. No es ningún regalo. Por cierto, ¿dónde están las propuestas del Parlamento? Me imagino que esa medida requiere aún una aprobación formal. Nosotros, aquí en el Parlamento, somos partidarios de que se conceda más dinero, no queremos regalos pagados de nuestro propio bolsillo. Pienso asimismo en los Estados miembros que no emplean el 0,7% de su PNB en ayuda al desarrollo.
Si Europa desea mantener buenas relaciones con quienes abogan por una globalización con rostro humano, si quiere escuchar con atención, dando ejemplo a aquellos que participan preocupados en las manifestaciones, tendrá que demostrarlo a través de unas acciones y una política propias. Creo que ése es el eje en torno al cual debe girar la asociación con los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, sienta las bases para el éxito de una nueva ronda en el marco de la OMC. Ahora bien, esta Europa es distinta a la Europa que se pone del lado de los pocos que se aprovechan. Si realmente pretendemos que el derecho valga para todo el mundo tenemos aquí en Europa una excelente oportunidad para lograrlo entre todos. Este es el camino por el que quieren ir los socialistas.

Voggenhuber
Señora Presidenta, Señorías, la ausencia de democracia y de una dimensión social en el proceso de integración europea genera conflictos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Un número incontable de jóvenes han estado esperando durante todo el verano esta primera sesión del Parlamento Europeo. En Génova conocieron un Estado y una Europa que les dejaron profundamente traumatizados. Este trauma se intensifica con cada día que pasa sin que demos una respuesta adecuada.
¿Cuál es la respuesta del Parlamento? El Sr. Poettering felicitó al Sr. Berlusconi el primer día. Los demócratacristianos y la derecha de la Asamblea han rechazado la resolución y han dejado clara su intención de rechazar también la creación de una comisión de investigación. Deberían tener claro con qué se están identificando: excesos policiales en el uso de la fuerza, malos tratos sistemáticos, torturas incluso, en las cárceles y durante la detención, centenares de detenciones arbitrarias, abusos sexuales, consignas nazis en las comisarías.
Yo estuve una semana en Génova. Visité las cárceles. Me entrevisté con los responsables y levanté acta durante diez horas de las declaraciones de personas que fueron torturadas y maltratadas de manera sistemática, una parte de ellas durante treinta horas. ¡Ustedes quieren esconder todo esto debajo de la alfombra! Sí, los demócrata cristianos han dejado en manos de la derecha italiana el debate de hoy. Uno de ellos ha tenido el descaro de afirmar que no hay pruebas.
Señorías, aprueben la creación de una comisión de investigación y les presentaremos baúles llenos de pruebas de los centenares de casos de torturas, malos tratos, ataques y excesos de la policía. Este es un tema que no afecta sólo a la policía italiana, pues esos jóvenes han estado esperando en toda Europa esta primera sesión, con la confianza de que los guardianes de los derechos fundamentales ocupan los escaños de esta Asamblea y ésta no permanecerá callada y no hará causa común con el Gobierno derechista de Italia.
Permítanme que añada un comentario amargo en mi calidad de austríaco. ¿Qué habría ocurrido si esta Cumbre inaudita hubiese tenido lugar hace un año en Austria? Un muerto, 500 heridos, 470 personas detenidas y encarceladas, un 90 % de las cuales han tenido que ser puestas en libertad por falta de pruebas, porque la policía las detuvo arbitrariamente en un radio de 50 km. a la redonda de Génova y las acusó con pruebas manipuladas. Esto tiene una dimensión europea y esta Asamblea debe responder ...
(La Presidenta interrumpe al orador)

Cossutta
Señora Presidenta, francamente, los resultados políticos del G8 han sido casi nulos, mejor dicho, negativos y, de cualquier modo, todo se vio ensombrecido, como ya sabemos, por los violentos enfrentamientos.
Reiteramos aquí nuestra más dura protesta contra el Gobierno italiano y las fuerzas de policía, tolerantes y permisivas con los violentos y feroces con los inocentes. Europa ha podido juzgar y ha juzgado con desconcierto e indignación las atroces imágenes de actos típicos del Tercer Mundo, de persecuciones al estilo chileno por parte de un Estado miembro de la Unión.
Asimismo reiteramos aquí nuestra firme condena contra la violencia salvaje de algunos sectores de manifestantes, así como nuestra firme crítica a aquellos organizadores que de palabra rechazan la violencia, pero que, de hecho, no supieron ni quisieron romper toda relación con los predicadores y los partidarios de la violencia pertenecientes al movimiento.
Toda tolerancia al respecto juega a favor de los enemigos de la causa de los pueblos y toda ingenuidad de quien, al creer que basta con tener razón para que se afirme la razón, no se preocupa de frenar, de aislar y de excluir a los violentos de toda ralea, no es un mérito, sino que lleva consigo un fruto venenoso, es un verdadero boomerang respecto a la necesidad de extender y ampliar el gran movimiento contra la globalización neoliberalista.

Bodrato
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo debe ser muy equilibrado cuando sobrepone su debate a las responsabilidades de los parlamento nacionales para no dar la impresión de interferir en la realidad de los distintos Estados en un sentido o en otro. Comparto la opinión del Consejo y de la Comisión sobre el G8 con sus luces y sombras, sin embargo, me pregunto: ¿Por qué cada vez que se organizan Cumbres internacionales, de Seattle a Goteborg, en Génova, estallan conflictos que amenazan el orden público como si se tratase de luchar contra un tirano invisible? Debemos reflexionar sobre esta paradoja y abrir un diálogo con los jóvenes volviendo a asignar un papel a la política.
La violencia se debe rechazar sin titubeos. La violencia es incompatible con la democracia. El extremismo es muchas veces la cuna de la violencia. La magistratura italiana, en la que confiamos plenamente, está llevando a cabo una investigación sobre los actos de violencia de Génova.
Sin embargo, existe una cuestión política, hay distintas maneras de defender a las Instituciones. No hay que confundir a los Black Block que buscaban la violencia con quien ejercía su derecho a manifestarse por las calles. La confusión alimenta una espiral que produce nueva violencia y siembra el terrorismo. En estas situaciones es muy difícil hacer respetar la ley sin utilizar la fuerza, pero ésta es la responsabilidad de los Gobiernos. Para aislar a los movimientos extremistas el punto de partida es la autoridad moral de las instituciones nacionales y europeas y la capacidad de demostrar el pleno respeto a los derechos de ciudadanía.

Terrón i Cusí
Señora Presidenta, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores va a hacer una recomendación sobre la propuesta que nos presentó el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para asegurar el orden público durante las reuniones.
Vamos a valorar la necesidad de defender la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el Tratado de Niza, el Parlamento Europeo tiene el deber de ejercer el derecho de vigilancia del respeto a estos derechos y así nos lo concede el Tratado.
Debemos ejercer, además, el control democrático de las medidas de seguridad propuestas por el Consejo, de su proporcionalidad y de su eficacia. No voy a lanzar acusaciones a la policía italiana, pero creo que suspender el derecho de circulación de unos cuantos ciudadanos y permitir la entrada de la gente que protagonizó lo que protagonizó en Génova puede ser tachado, por lo menos, de poco eficaz y poco eficiente.
Todo esto lo vamos a hacer. Pero creo que hoy, señora Presidenta, lo que sobre todo debemos reclamar a las instituciones europeas es una reacción política ante una situación que no es una catástrofe natural, ante la que se puede presentar un plan de protección civil, como parecía hacer el ministro Duquesne hace unos días ante nuestra comisión, sino un fenómeno político ante el que hay que reaccionar. Y esa reacción debe venir también y sobre todo del propio Parlamento Europeo.
Tenemos en este Parlamento la obligación de crear espacios de mediación política ante una demanda que cada vez está adquiriendo más fuerza, y debemos hacerlo sobre todo porque la Unión Europea dispone de esta institución elegida democráticamente. Es la única organización internacional que la tiene y, ante la sensación difusa de falta de posibilidad de ejercicio de la demanda política en ese espacio internacional, nosotros debemos ser capaces de dar un paso adelante y de ofrecer este espacio en el plazo más breve de tiempo, esperando que las otras instituciones hagan lo propio.

Lucas
Señora Presidenta, a pesar de lo que se ha dicho anteriormente al otro lado de la Asamblea, es evidente que la policía ejerció sistemáticamente la tortura física y psicológica en Génova. Al igual que otros, lamento que no tengamos delante una resolución en la que pudiéramos expresar nuestra total condena de la brutalidad policial y de la violencia del Bloque Negro en Génova, nuestra convicción de que los responsables deben ser puestos a disposición de la Justicia, nuestro compromiso de defender el derecho a protestar pacíficamente y nuestra determinación de esclarecer la creciente evidencia de que gran parte de la violencia y de los daños contra la propiedad desencadenados en Génova fue obra de agentes provocadores.
Pero tenemos ante nosotros otra tarea que es la de analizar a fondo las razones por las que 300.000 personas decidieron, en su tiempo libre y corriendo con sus propios gastos, acudir a Génova, del mismo modo que cientos de miles acudieron a Seattle, a Goteborg y otros lugares para protestar por la continua carga de la deuda de los pobres, las crecientes y grotescas desigualdades entre ricos y pobres y el creciente control de las empresas sobre muchos aspectos de nuestras vidas. Esto significa que debemos reconocer el hecho de que las políticas económicas neoliberales de la Unión Europea son, en realidad, parte del problema y no la solución.
Por ejemplo, es la UE la que despiadadamente está impulsado la agenda para la celebración de una nueva, ambiciosa y exhaustiva ronda de conversaciones en Doha en noviembre, ante la oposición de la mayoría de los países en desarrollo y de los movimientos sociales de todo el mundo. El Comisario Vitorino ha dicho que hubo acuerdo en México el pasado fin de semana. Pues bien, puede que haya habido acuerdo entre los países de la "Cuadrilateral", pero ciertamente no obtuvo el respaldo de los países africanos, de los países menos desarrollados, de la India, Malasia, Indonesia, y la lista continúa.
Asimismo, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, el nivel de asistencia oficial al desarrollo sigue estando muy por debajo del objetivo fijado por las NU y, en contra de la declaración de Goteborg, el Consejo propone en su presupuesto para 2002 un nuevo recorte del 3,2% de los compromisos en materia de ayuda exterior, en comparación con el presupuesto del año pasado.
Como diputados al Parlamento Europeo, tenemos la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea pueden continuar disfrutando del derecho a protestar pacíficamente. Asimismo tenemos la responsabilidad de escuchar aquello contra lo que se están manifestando y de responder, porque si no lo hacemos, no debe sorprendernos que siga creciendo la reputación de las instituciones de la UE de estar alejadas y desvinculadas.

Marset Campos
Señora Presidenta, fui a Génova invitado por el Foro social de Génova y me quedé sorprendido porque no había visto nunca una conducta similar de la policía, y eso que yo llevo desde 1966 en España luchando por la democracia y por la libertad.
Ni siquiera en la dictadura del franquismo se comportó la policía como he visto en Génova. Más parecida es la situación que viví el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet.
Esto plantea un problema grave para la Unión Europea: garantizar que igual que se puede reunir el G8, se pueda reunir el conjunto de personas, de jóvenes que quieren un mundo distinto de forma democrática. Ésa es la responsabilidad de la Unión Europea, del Parlamento Europeo.
Por ello, pienso que hemos de velar por avanzar en la democracia y la libertad para todos.

Patrie
Señor Presidente, cuando todavía no se ha aclarado totalmente la violencia policial ejercitada contra los manifestantes anti-mundialización durante la reciente Cumbre del G8 de Génova, los testimonios coinciden en afirmar que la muerte del joven manifestante Carlo Giuliani no es fruto de un simple atropello policial. Asimismo, los métodos utilizados por las autoridades italianas no parecen deberse únicamente a una policía desbordada por las actuaciones de los alborotadores, actuaciones que por supuesto condenamos. ¿No difundió la cadena privada italiana Sette imágenes que mostraban a personas vestidas de Black Blocks que hablaban tranquilamente con los policías antidisturbios, y que después se marchaban?
Aunque no sea muy favorable para los partidarios de un planteamiento restrictivo de la soberanía de los Estados, hay que afirmar que los acontecimientos de Génova no quedan circunscritos al ámbito de los asuntos interiores de Italia, sino que conciernen directamente a las instituciones europeas, y entre todas ellas al Parlamento Europeo en primer lugar, porque es elegido por sufragio universal. De entrada, afecta a Europa porque la Unión no debe ser simplemente un escalón de la mundialización liberal, sino también un espacio de libertad en el que los ciudadanos tienen derechos garantizados por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, más recientemente, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Por ello, cuando ciudadanos de todas las nacionalidades se unen para ejercer su libertad colectiva, su libertad de opinión y su derecho a manifestarse, la Comunidad Europea tiene el deber de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos.
En segundo lugar, Europa no puede permanecer pasiva ante procedimientos de manipulación tan preocupantes. Europa no puede tolerar que un gobierno aplique en su seno métodos tan incompatibles con los valores de democracia y de libertad que son los suyos. Finalmente, como demócratas, queda bajo nuestra responsabilidad no afianzar la amalgama entre las actuaciones violentas de una minoría de activistas y la lógica pacifista de miles de contestatarios de la mundialización liberal, porque, por su parte, la Unión debe convertirse en el motor de una mundialización democrática y solidaria.
Lamento el rechazo de la propuesta destinada a presentar una resolución del Parlamento Europeo. Me hubiera gustado que se creara una comisión de investigación. Junto a un cierto número de mis compañeros socialistas y de otros colegas, tomaré parte activa en el grupo de seguimiento y de vigilancia mencionado por Francis Wurtz, y examinaremos con detenimiento las conclusiones de la comisión de investigación italiana.

Alyssandrakis
Señor Presidente, es natural que el intento del capital monopolístico de imperar mundialmente, ahora que además ya no existe el miedo de la parte contraria al cuartel socialista, la política antipopular que golpea a los trabajadores de los países desarrollados y saquea la riqueza del tercer mundo, estimado colega - no se ría, causen reacciones populares.
A pesar de los esfuerzos por manipular y desorientar, como los que hemos oído aquí al Consejo y a la Comisión sobre la implicación en el diálogo con la sociedad civil, estamos seguros de que este movimiento va a hacerse aún más radical, se va a volver aún más contra el sistema capitalista. En paralelo a la manipulación, se aplica también la cruda violencia policial, como sucedió en Goteborg y especialmente en Génova. Sin infravalorar la responsabilidad del gobierno italiano, subrayamos que la represión de Génova ha nacido y crece en la Unión Europea, con el Tratado de Schengen, la cooperación policial, las decisiones del Consejo del 13 de julio, los preparativos para reducir las manifestaciones en Bélgica. En cualquier caso, la historia nos ha enseñado que por muy fuertes que sean los represores, por mucha violencia que utilicen, las víctimas de la represión, al final, son más fuertes.

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, estimados colegas, muchos de ustedes han insistido en la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad civil en general y con este Parlamento y los parlamentos nacionales en particular. Pues bien, precisamente porque la Presidencia -no solamente yo, sino también el Primer Ministro belga- se toma tan en serio este diálogo, el Primer Ministro me ha delegado para que represente aquí a la Presidencia hoy. Obviamente, no me ha enviado para que me limite a pronunciar una breve declaración, sino que también he venido a escuchar con atención todas sus intervenciones, sin alterarme, aun cuando no esté en absoluto de acuerdo con algunas de ellas. Pero eso son gajes del oficio.
Por tanto, he escuchado con mucha atención todas las contribuciones a este debate, independientemente de que fueran aportadas por la izquierda, la derecha o el centro. Nos inspiraremos sin duda en algunas de sus sugerencias. Si bien es cierto que después de Goteborg el Primer Ministro belga afirmó que las fuerzas de orden público y las fuerzas armadas de mi país han adquirida una experiencia amplia y prolongada en materia de manifestaciones, habida cuenta de que en la capital belga pueden llegar a registrarse más de 2.000 acciones de protesta al año, nadie debe pensar que no nos tomemos en serio la situación.
Yo dije -por supuesto a título personal- que el número que se montó en junio y que volvió a repetirse hace algunas semanas, creando una zona herméticamente cerrada con motivo de una cumbre, en realidad me parece un espectáculo atroz. Por supuesto, también me horrorizaron los actos de violencia callejera. Considero absolutamente dramático y trágico que estas manifestaciones se hayan descarrilado hasta el punto de causar la muerte a algunos jóvenes manifestantes, como hemos podido ver con nuestros propios ojos. Ello no puede volver a ocurrir, tenemos que prevenirlo. Hay pocas, muy pocas razones, por las que merece la pena perder la vida. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse; por supuesto, todo el mundo tiene derecho a participar en una manifestación; por supuesto, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera en la forma que le parezca, pero es inaceptable que el ejercicio de este derecho conduzca a la muerte u ocasione lesiones físicas o psíquicas.
Por todo ello, pueden estar seguros de que adoptaremos las medidas oportunas de cara a las reuniones del Consejo previstas para los próximos días y semanas. Mi bautismo tendrá lugar mañana por la noche, y espero que no sea un bautismo de fuego. Mañana por la noche dará comienzo en Brujas la reunión informal de los ministros de Comercio Exterior y seguirán otras muchas. Estamos haciendo todo lo posible por mantener el justo equilibrio entre apertura y accesibilidad, pero ello no obstante, velaremos por la seguridad y evitaremos situaciones límite como las que se han vivido últimamente. Es algo que quisiera dejar muy claro.
Por lo demás, señor Presidente, estoy convencida de que el debate sobre la globalización tan sólo acaba de empezar y de que nos seguirá ocupando durante un largo tiempo. Como es obvio, no estaremos siempre de acuerdo en todo -ya lo he advertido-, pero eso tampoco es necesario. Para que el debate resulte fructífero es fundamental que, además de escuchar lo que dice el otro, hagamos un esfuerzo por comprender lo que dice el otro. He señalado, por ejemplo, que el orden público y la forma en que se mantiene incumben exclusivamente a los Estados miembros. Eso es cierto, pero también he dicho al comienzo de mi discurso que en el seno del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores se adoptarán todas las medidas oportunas, dentro de los límites establecidos por las competencias de la Unión y los instrumentos existentes, para evitar en lo posible el recrudecimiento de la violencia.
Volveremos sobre este tema en el turno de preguntas, de modo que podré aclarar algunas cosas en mis respuestas. Somos partidarios del diálogo y más aún del diálogo constructivo, pero para ello no basta con escucharnos el uno al otro, sino que, además, tenemos que hacer un intento por comprender lo que dice el otro, sobre todo cuando no estamos de acuerdo con ello.

Vitorino
Señoras y señores diputados, de entrada, creo que este debate nos lleva a reconocer la necesidad de estructurar el debate político sobre la regularización de la mundialización. Y, sobre este punto, considero que la Comisión ha hecho varias sugerencias acerca de "cómo estructurar este debate" . Reconocemos - he insistido en decirlo muy claramente - que el Parlamento Europeo, que los representantes elegidos por los europeos juegan un papel primordial en la estructuración de este debate. Como hay que abordarlo con una cierta humildad, todos nosotros buscamos respuestas, pero nadie puede decir, para nuestra tranquilidad, que tiene todas las respuestas a la complejidad del asunto al que todos nos enfrentamos.
Por ello, respondiendo al Sr. Barón Crespo, tengo interés en subrayar que el Presidente Prodi deseaba verdaderamente estar hoy presente en este debate. Tenía la intención de participar en él si se hubiera mantenido en el orden del día del Parlamento Europeo en el momento previsto inicialmente, es decir, esta mañana. Sin embargo, el Parlamento ha cambiado el orden de sus asuntos a tratar, y el Sr. Prodi ha tenido que volver a Bruselas para la Cumbre con al República Popular China, lo cual le ha impedido estar hoy aquí presente, por lo que tengo el honor y el placer de acompañarles en este debate.
Mi segunda observación se refiere al fondo. Creo que la Comisión ha trabajado satisfactoriamente con el Parlamento en cuanto a la esencia de las decisiones de Génova. He de decirles que compartimos el enfoque global. En nuestra opinión, ha habido progresos, ha habido decisiones positivas que han sido tomadas en el G8. Evidentemente, son insuficientes. La dotación financiera del Fondo para la lucha contra las enfermedades es ciertamente insuficiente, estamos de acuerdo, pero al menos tenemos el mérito de participar en su financiación.
Del mismo modo, lo que no entiendo - tengo que decírselo muy sinceramente - es que, en el marco de la negociación de una nueva organización mundial del comercio, se nos pueda reprochar el que seamos favorables a una visión puramente librecambista del comercio mundial. Trabajamos en estrecha colaboración con el Parlamento, y lo que intentamos es fijar contenidos para la negociación que también tengan directamente en cuenta cuestiones como el equilibrio medioambiental, la agenda social, los intereses de los países menos desarrollados. Así, creo que las conclusiones de México son totalmente coherentes con la política que preconiza la Comisión para la regularización de la mundialización.
Finalmente, respondiendo a la Sra. Frassoni, quiero dejar claro que hay que interpretar las palabras que he pronunciado en su sentido más estricto. Lo que he dicho, que por cierto es lo que dice el Tratado, artículo 33, es que el mantenimiento del orden público compete en primer lugar a los Estados miembros. Pero reconozco que hay una dimensión europea en la cuestión del orden público.
En 1997, el Consejo aprobó una acción conjunta en materia de mantenimiento del orden público. Quizás en aquel momento no se le prestara demasiada atención al contenido de esta decisión, pero existe, y las conclusiones del Consejo "Justicia y Asuntos Interiores" del 13 de julio se basan en esta acción conjunta de 1997. Esta acción conjunta contempla una cooperación policial y una cooperación judicial en materia de mantenimiento del orden público a escala europea, situándolas en el marco del Convenio Europol. Estamos ante un texto legislativo que es el texto reglamentario de la cooperación europea en materia de mantenimiento del orden público.
Además, tenemos los Acuerdos de Schengen. A este respecto, en cuanto a la reunión de Génova, he de decirles que se trataba, digámoslo así, de una acción conjunta de los "dos gobiernos italianos" : efectivamente, fue promovida por el gobierno anterior, y ha sido culminada por el nuevo. Por lo tanto, queda claro que la neutralidad de la Comisión está fuera de toda sospecha en el debate italo-italiano. Pero la verdad es que el gobierno italiano ha respetado sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de Schengen, con la reintroducción de los controles fronterizos con ocasión de la reunión del G8 en Génova. Evidentemente, en materia de control de la aplicación de los Acuerdos de Schengen, existen competencias tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. Son competencias cuyo alcance es limitado pero eso, señora Frassoni, sería objeto de otro debate.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.

Comunicaciones electrónicas y lucha contra los delitos informáticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0270/2001 del Sr. Cappato, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas;
A5-0284/2001 de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la estrategia para la creación de una sociedad de la información segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos.

Cappato
. (IT) Señor Presidente, es una lástima que después de un día entero de debates sobre materias en las que el Parlamento carece de competencia legislativa, se hable sólo por la tarde y luego por la noche de las cosas respecto a las cuales, en cambio, somos legisladores. Es algo así como un vicio de degeneración parlamentaria y de alguna manera tendríamos que tratar de resistir estas tentaciones filomediáticas.
Dicho esto, la propuesta de directiva de la Comisión Europea supone un importante trabajo y una contribución en aras de la defensa de los derechos y también de las libertades en la red y no sólo en lo que se refiere a las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos en Europa, y por esto nos felicitamos del trabajo que se ha realizado. Sin embargo, debo hacer presente que la propia Comisión debería, en mi opinión, tener más en cuenta que las dificultades y las demoras en la aplicación de las directivas en los Estados miembros pueden conducir a que contemos con legislaciones europeas cada vez más concretas y específicas que en cierto modo van a remolque del progreso tecnológico; sin embargo, luego nos encontramos actualizando una directiva del año 1997, de hace cuatro años, cuando esta directiva aún no ha sido aplicada por todos los Estados miembros: una directiva específica respecto a una directiva general de 1995 tampoco aplicada por los Estados miembros. Probablemente, por lo tanto, es este método legislativo el que debería volverse a replantear.
Dicho esto, sin embargo, estoy convencido de que se garantizan y determinan normas importantes para proteger la vida privada de todos los ciudadanos europeos que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y su ponente han respaldado y aprobado totalmente en comisión.
Ahora quisiera detenerme en dos puntos, quizás los políticamente más controvertidos: el del poder de las autoridades públicas y estatales de acceder a los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y el relativo a la cuestión de los mensajes comerciales no solicitados.
En cuanto al primer punto, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha hecho suya la voluntad de la Comisión Europea de no dar esa especie de carta blanca, un cheque en blanco que algunos Estados de la Unión quisieran para poder interceptar y acceder a los datos personales de los ciudadanos de la Unión, por ejemplo, accediendo a los datos reunidos por las compañías telefónicas.
La Comisión Europea tiene razón en insistir y en mantener este punto. Confiamos en que nos respalde también en cuanto a la otra solicitud, formulada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de limitar todas las excepciones a las directivas y a las normas europeas que no sean totalmente excepcionales, basadas en una ley específica y accesible al público y limitadas en el tiempo. En consecuencia, hemos hecho constar en el informe la prohibición de la vigilancia generalizada. Considero importante que la Comisión Europea pueda respaldar esto último, puesto que creo que el mayor peligro para la vida privada de los ciudadanos es precisamente la omnipotencia del Estado a la hora de acceder a los datos personales.
Con respecto al otro punto - las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas - he preferido, y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos me ha respaldado, no aceptar la propuesta de la Comisión Europea de imponer un sistema europeo armonizado de opt-in, sino dejar a los Estados miembros la elección entre el sistema opt-in y el opt-out. En efecto, creo que ambos sistemas son ineficaces a la hora de luchar contra el llamado spamming: los verdaderos spammer que atascan los buzones de correo electrónico son personas que lo hacen de manera fraudulenta, con direcciones escondidas y, en consecuencia, no tienen ningún interés en respetar ni el opt-in ni el opt-out. En la prohibición llamada opt-in veo un peligro para la libertad de expresión de quien ejerce el comercio legalmente. Para la libertad de expresión no es tan fácil separar los mensajes comerciales de los mensajes no comerciales, ya que pueden haber textos de prensa o políticos patrocinados y, como tales, se podrían tratar como mensajes comerciales.
Creo asimismo que hoy existen instrumentos de autorregulación, filtros y tecnologías que pueden resolver el problema de manera mucho más flexible y eficaz que las salas de los tribunales. También los costes que el consumidor debe soportar, precisamente con la liberalización de las telecomunicaciones que la Comisión Europea fomenta en las demás directivas del paquete, están destinados a bajar. En consecuencia, con las tarifas planas, con la conexión a través de banda ancha, también el problema de los costes se convierte en cada vez menos importante cuando la conexión es de pocos minutos. Por eso, ante los posibles riesgos del sistema de opt-in, nos hemos opuesto a un único sistema europeo armonizado.

Cederschiöld
. (SV) Señor Presidente, diariamente estamos expuestos a los riesgos de la delincuencia informática. Nos ocurre cada vez que compramos con tarjetas de crédito, cuando levantamos el auricular del teléfono, cuando abrimos nuestro correo electrónico o cuando viajamos en avión. Pueden ser delitos tradicionales que se cometen con ayuda de las tecnologías de la información: pornografía infantil, falsificaciones, xenofobia, comercio con drogas, personas, órganos y armas, etcétera. Sin embargo, también hay nuevos delitos contra el buen funcionamiento de la sociedad: la divulgación de virus informáticos, los accesos ilegales, hacking, los ataques de Denial of Service, etcétera.
Los métodos tradicionales para combatir la delincuencia no son suficientes, aunque la delincuencia on-line es tan ilegal como la off-line. La delincuencia amenaza a la sociedad con nuevos métodos basados en plataformas digitales. Los delincuentes se aprovechan de las diferencias existentes en las legislaciones de los países miembros, obligando a la UE a cerrar sus filas.
La Comisión presenta propuestas que la comisión desarrolla y promueve. Es necesario contar con definiciones comunes que nos permitan resolver los conflictos de competencia, que se coordinen las normas procesales y penales y que se reconozcan recíprocamente los procedimientos de instrucción de los sumarios. Queremos que Europol y Eurojust sean más eficaces, pero también queremos poner límites más claros.
Actualmente se hacen exigencias polémicas sobre escuchas, registros y almacenamiento de las comunicaciones. En esta materia, la comisión exige que se respeten derechos fundamentales tales como el secreto postal y telefónico. La comisión exige también que se prohiban los atropellos a la integridad personal, salvo en los casos en que las medidas cumplan con alguno de los siguientes requisitos: ser necesaria, tener justificación, ser la única solución posible, ser proporcionada al delito, estar sometida a plazo y ser decretada por un tribunal. Nadie quiere una sociedad controlada.
En la Unión Europea seguiremos nuestra propia meta de ofrecer acceso barato a Internet a todos los ciudadanos, lo que conlleva que no podemos traspasar los costes a las empresas. Queremos incentivar la colaboración voluntaria y por ese motivo hemos propuesto la creación de un foro abierto, en el que las experiencias de las diferentes partes pueda crear efectos sinérgicos; un foro en el que pueda crecer la comprensión, la conciencia sobre estos problemas y se busquen las mejores soluciones. La industria, las autoridades judiciales y los consumidores podrían crear en este foro un código de conducta y desarrollar sistemas de detección temprana y de manejo de crisis. En un foro de esta naturaleza podrían desarrollarse técnicas de prevención y medidas de protección.
También es necesaria una coordinación en el seno de la UE para impedir que nuestras medidas se desvanezcan en el ámbito mundial. Hay que invitar a los Estados miembros y a los países candidatos a desarrollar tácticas comunes y una línea comunitaria consecuente en órganos internacionales como la ONU, la OCDE, el Consejo Europeo y el G8.
La comisión dio su apoyo unánime al mensaje del informe, esto es, que cuando se discuten medidas cada vez más eficaces para combatir la delincuencia informática hay que respetar la integridad y la vida privada de los ciudadanos.
Finalmente, un sincero agradecimiento a todos los que han participado en la preparación de este informe; ustedes son muchos y ha habido que conciliar muchos intereses antagónicos.
Me referiré brevemente a dos enmiendas que se han incorporado al informe. Es posible que sean de carácter muy técnico. Una de ellas tiene por objeto incluir la palabra terrorismo. La comisión la aceptó unánimemente como una enmienda verbal que después, por alguna razón, no aparece en el texto que se ha enviado al Pleno. Es obvio que la palabra "terrorismo" debe estar presente en un informe sobre cybercrime. También queremos cambiar el término "labeling" . Se propone este cambio ya que "labeling" tiene menor alcance que "certification" . La palabra que usamos en sueco, "märkning" , resulta poco adecuada cuando se le traduce. Éste es, por tanto, fundamentalmente un asunto de traducción.
Ahora me referiré al informe Cappato. Puesto que no dispongo de mucho tiempo me concentraré en el debate sobre opt-in-/opt-out. Es muy prematuro abolir la subsidiariedad en este momento y obligar a todos a abandonar el status quo que implica libertad de elección para implantar en su lugar una cláusula opt-in. Se nos podría criticar por exceso de reglamentación. Podríamos vernos enfrentados a un nuevo debate absurdo, como el del largo de los pepinos, que implicaría una crítica al afán comunitario por reglamentarlo todo. Esto podría afectar a las futuras normas en el campo de las tecnologías de la información, además de hacer inconsecuente la legislación actual, ya que estaría en contradicción con dos importantes directivas en este campo. También podría verse lesionado el debate sobre asuntos constitucionales ya que podría dañarse la credibilidad de la UE. Lo mismo vale para el Parlamento Europeo, si adoptamos posturas inconsecuentes.
Estamos en medio de un proceso de desarrollo tecnológico, con filtros y bandas anchas, que puede hacer que el debate sobre opt-in-/opt-out dentro de tres años haya perdido su actualidad. Pienso que no es bueno quedarse en posiciones anticuadas y, al mismo tiempo, suprimir la libertad para elegir algo mejor. Una solución opt-in para Europa no elimina los spam, ya que gran parte de éstos provienen de fuentes ajenas a la UE. Estados Unidos, por ejemplo, no ha armonizado su legislación.
Opt-in implica que habría que fijar los límites entre la información comercial y la información destinada a la sociedad y a las organizaciones de voluntariado. Además, podría trabar el desarrollo de los periódicos digitales y crear problemas para las empresas pequeñas que tendrían que almacenar información por si son denunciadas ante los tribunales y ¿cómo se fijarían las penas?
Finalmente, señor Presidente, los políticos no tenemos que legislar en cuanto vemos un fenómeno que no nos gusta. Los políticos no siempre sabemos lo que más conviene a los individuos y a las empresas en un momento determinado. Los políticos tenemos que acelerar el desarrollo y la divulgación de los productos técnicos que eliminan los spam y las exigencias de control, tal como lo señala la enmienda de la Sra. Palacio Vallersundi.
Por último, los políticos debemos defender la libertad de expresión en lugar de limitarla innecesaria y descuidadamente.

Schröder, Ilka
, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. (DE) Señor Presidente, en relación con el tema de la protección de datos, que ya se ha debatido antes, y a propósito de las observaciones de la Sra. Cederschiöld, yo he tenido noticia a través de muchos foros y de muchos otros medios de comunicación, a través de Internet y por correo electrónico, de que entre las usuarias y usuarios se ha creado una gran expectación. En realidad, también resulta lógica si se aclara el principio de las listas de inclusión y de exclusión (opt in y opt out) con el ejemplo de una carta. En efecto, en realidad las listas de exclusión significan lisa y llanamente que los correos electrónicos se cobran contra reembolso, es decir, que las usuarios y usuarios pagan la tarifa de acceso a Internet. Yo también me preocuparía. No quiero decir que sea un planteamiento inadecuado, sino que yo votaría a favor de un sistema de listas de inclusión en el ámbito del correo electrónico.
Por otra parte, yo creo que el mayor problema de la directiva estriba en lo que ésta no regula, a saber, la vigilancia estatal, que se excluye explícitamente. Yo creo que ésta constituye el mayor riesgo para los derechos fundamentales en la Unión Europea y esta es, de hecho, la finalidad de los derechos fundamentales: proteger a los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado. Este aspecto queda excluido. En consecuencia, la directiva resulta forzosamente insuficiente. En los demás aspectos, la directiva ofrece un nivel de protección muy adecuado. Sin embargo, si a ello se le suma la posición del Parlamento sobre los delitos informáticos y su posición sobre el terrorismo, es evidente que se están metiendo muchas cosas en un mismo saco y se están criminalizando, por ejemplo con el lema: "Todo lo que es ilícito fuera de la red, también debe serlo en la red." En realidad, esto ya es así, para ello no necesitamos una directiva sobre los delitos electrónicos. Nadie me ha aclarado todavía para qué la necesitamos en realidad, qué nuevas normas se introducirán, qué nuevos delitos se definirán que hasta el momento aún no estén cubiertos. Por esto yo pienso que todo el tema del delito electrónico se está utilizando fundamentalmente para legitimar nuevos atentados contra los derechos fundamentales.
Antes de acabar, yo quisiera recordar un aniversario que se cumplió hace dos días. Hace cien años se prohibieron las máquinas de escribir en Turquía. ¿Por qué? Porque se temía que las personas se pudiesen comunicar anónimamente, sin que fuese posible identificar su letra, y esto abriría de par en par la puerta a las acciones delictivas. Esto se quiso impedir prohibiendo las máquinas de escribir. ¡Tal vez deberíamos retomar la idea!

McCarthy
. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre el delito informático. Como ha dicho la Sra. Cederschiöld, se trata de un ámbito muy controvertido y difícil que plantea interrogantes sobre cómo regular Internet sin sofocar por ello su desarrollo; y también de problemas importantes relativos a la vigilancia de actividades delictivas, la invasión de la intimidad y la protección y retención de datos, aunque debemos tener presente que los delincuentes informáticos no respetan nuestra integridad personal.
Asistimos actualmente al creciente fenómeno del denominado flujo de datos - el caso de los piratas informáticos que interceptan sistemas informáticos para hacerse con grandes cantidades de datos de tarjetas de crédito. El Reino Unido soportó el pasado año un coste total por valor de 300 millones de libras esterlinas, lo que supuso un incremento del 55% sobre 1999. Necesitamos sistemas más seguros si queremos infundir confianza en los consumidores para que utilicen Internet.
Señor Comisario, quiero que, en su estrategia, dé prioridad a frenar la preocupante expansión de la pornografía infantil en Internet. Debemos tomar medidas drásticas contra la explotación sexual de niños. Una vez más, la pornografía infantil transfronteriza ha experimentado un fuerte incremento. En el Reino Unido han sido detenidos los miembros del denominado "Wonderland Club", un círculo de pedofilia que operaba en Internet y que, según pudo saberse, tenía sitios en 12 países europeos.
En mi región, la "Greater Manchester Obscene Publications Unit" [unidad que persigue las publicaciones obscenas en la zona metropolitana de Manchester] ha conseguido asestar un duro golpe a la pedofilia con el nuevo software de rastreo de Internet. Es el motivo por el que, respaldados por muchas organizaciones de defensa del niño de toda la Unión Europea, estamos pidiendo una serie de acciones. Queremos que estudie la posibilidad de involucrar a las compañías de tarjetas de crédito y a los proveedores de servicios de Internet para que apoyen la creación de listas negras de los sitios que trafican con contenido pornográfico ilegal. Queremos más teléfonos de urgencia durante las 24 y atalayas electrónicas. Queremos que se cree un sistema europeo de clasificación de proveedores de contenidos inocuos para niños en Internet y la aparición de mensajes de que el contenido es apto para menores. Queremos que se bloquee la pornografía infantil en los grupos de noticias. Queremos una mayor participación de Europol en la persecución de los pedófilos cibernéticos y mayor cooperación entre las fuerzas policiales europeas.
La Unión Europea debe intervenir para garantizar que los pedófilos cibernéticos no disponen de ningún santuario en Europa. Nuestro mensaje, por consiguiente, es que estamos intensificando nuestra acción y cerrando dichos sitios web. Queremos, señor Comisario, que adopte medidas en este ámbito.

Zorba
Señor Presidente, quisiera decir que tanto la Comisión como la Sra. ponente afrontan el tema de una forma muy equilibrada y con sangre fría y, desgraciadamente, la realidad virtual, aparte de sus puntos positivos, engendra también, no crímenes virtuales, sino materiales, reales, que debemos solucionar sin realizar una caza de brujas. Debemos estar preparados para prevenirlos y castigarlos según vayan apareciendo. Es imprescindible combinar la seguridad de las infraestructuras y la lucha contra el crimen con el respeto de las libertades y la protección de los datos personales. Y esto es algo que no debemos olvidar bajo ningún concepto y que debe permanecer en una relación equilibrada.
Ciertamente es necesaria la coordinación a nivel internacional y ciertamente es indispensable que el papel de los Estados miembros y de la Unión Europea funcione en los organismos internacionales con la estrategia adecuada, porque solos no podemos solucionar el problema. Internet es internacional y como tal debe afrontarse.
Ciertamente es necesario definir más exactamente los distintos tipos de crimen. No podemos hablar en general y tampoco podemos pensar que los crímenes que hoy se consideran los peores, pornografía o los hakers o el racismo, lo sean también el día de mañana. El crimen comercial es también muy importante, y creo que en este punto es necesario cooperar con la industria y los bancos, de modo que las soluciones sean las más adecuadas realmente.
Un tema importante relacionado con todos los demás, es la propiedad intelectual, que corre un gran riesgo, y que puede ser a costa de los autores y de los productores de nuestra cultura. Creo que hace falta una protección funcional y no medidas exageradas que sean un obstáculo para el funcionamiento de Internet.

El Presidente
Se interrumpe en este punto el debate y se reanudará a las 21.00 horas.

Presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general - 2002
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general 2002.

Vande Lanotte
Señor Presidente, con este discurso pretendo reanudar el diálogo entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, es decir, el Parlamento y el Consejo. Se inició en el marco del Acuerdo interinstitucional a través de una serie de encuentros tripartitos y una reunión de consulta celebrada en julio, el día en que el Consejo estableció el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2002.
Soy consciente de que en las últimas reuniones de su Comisión de Presupuestos muchos miembros han deplorado los resultados de este diálogo, ya que resulta difícil interpretarlos como tales, por lo que uno comienza a preguntarse cuál es el sentido de todo esto.
Quisiera formular dos observaciones al respecto. En primer lugar, es importante que el diálogo entre los miembros del Consejo y del Parlamento se considere como el inicio de la discusión entre ambas ramas de la autoridad presupuestaria. Aun cuando no aporte resultados inmediatos, continúa ejerciendo influencia sobre las deliberaciones del Consejo durante los meses posteriores, hasta el final del procedimiento presupuestario en diciembre.
Por lo demás, es cierto que los preparativos del Consejo con vistas a la sesión de julio ya se hallaban en avanzado estado de elaboración en el momento de la consulta y que ya se han encontrado soluciones de compromiso para un gran número de problemas surgidos entre los propios Estados miembros. Pero también es cierto -sin duda serán conscientes de ello- que el paquete más comprometido del proyecto de presupuesto ya ha sufrido la influencia de los puntos de vista del Parlamento Europeo de los que tenemos conocimiento a través de los numerosos contactos mantenidos con esta institución. Dichos contactos se entablan ya en febrero y marzo en la reunión tripartita informal celebrada en la capital de la Presidencia y se prosiguen a diferentes niveles hasta el Consejo de julio. Les aseguro que el proyecto de presupuesto que ustedes tienen delante podría tener otro aspecto muy distinto sin ese diálogo permanente.
Hoy quisiera subrayar que la Presidencia belga concede especial importancia a la buena colaboración con el Parlamento. Por eso mismo explicaré cómo se han venido desarrollando los trabajos del Consejo que han conducido al presente proyecto de presupuesto para el año 2002, sobre la base del cual ustedes prepararán durante los dos próximos meses su primera lectura.
Para empezar quisiera esbozar las directrices que han guiado al Consejo en la elaboración de este proyecto de presupuesto. En primer lugar, el proyecto de presupuesto se ajusta plenamente al Acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. El Consejo estima harto importante que se respete cada uno de los techos anuales en materia de gastos, tal y como han sido fijados en las perspectivas financieras, de conformidad con la reciente decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de las perspectivas financieras en relación con la ejecución del presupuesto y la adaptación técnica a la evolución del PNB y de los precios llevada a cabo por la Comisión. El Consejo ha conseguido, en la medida de lo posible, que quede suficiente margen por debajo de la cantidad máxima establecida para cada categoría, con excepción de las categorías 2 y 7.
En segundo lugar, el Consejo ha tenido en cuenta las orientaciones presupuestarias para el año 2002 adoptadas en el pasado mes de marzo. Sin duda se habrán dado cuenta de que es la primera vez que el Consejo adopta conclusiones de esta índole. Me parece un planteamiento sano. Significa un paso más en dirección a una mayor transparencia y, por tanto, a una mejora del debate presupuestario. Ya hace tiempo que ustedes adoptan orientaciones presupuestarias que marcan la pauta de sus debates durante todo el procedimiento presupuestario. La Comisión hace lo mismo; cada año establece sus prioridades.
El Consejo se ha cerciorado de que las diferentes medidas de la Unión Europea se financien adecuadamente de acuerdo con los recursos financieros disponibles y dentro de los límites marcados por los importes máximos recogidos en las perspectivas financieras. A este fin el Consejo ha tenido en cuenta en el ámbito de los créditos de compromiso la valoración de las posibilidad de ejecución de los mismos. Por último, el Consejo ha prestado especial atención a la evolución de los créditos de pago, reduciendo y controlando su crecimiento con respecto a 2001, sin perder de vista las posibilidades de ejecución y el ritmo de pagos previsto en relación con los importes pendientes de pago y los requisitos presupuestarios nacionales.
Quisiera destacar que estos esfuerzos de moderación se reparten entre los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios. Además, aprovecho la ocasión para recordarles que el Consejo considera oportuno que la Comisión presente una vez más, tal y como hizo el pasado año, una nota rectificativa con la propuesta de incluir en el presupuesto definitivo para el año 2002 una estimación del remanente disponible procedente del año 2001. De acuerdo con todo ello, el proyecto de presupuesto para el año 2002 prevé un importe en concepto de créditos de compromiso por valor de 99.009 millones de euros, es decir, un incremento del 2%, y un importe en concepto de créditos de pago por valor de 95.598 millones de euros, es decir, un incremento del 2%. El proyecto de presupuesto que les hemos remitido se basa en un compromiso que nos permite financiar todas las políticas y prioridades de la Unión Europea sin pedir demasiados sacrificios a los Estados miembros, que están realizando un gran esfuerzo por contener sus finanzas públicas, dejando cierto margen, en concreto respecto al techo de la categoría 3 de las perspectivas financieras y de la categoría 4, lo cual debe abrir la posibilidad de hacer frente a nuevas prioridades.
El Consejo ha concedido créditos de compromiso para acciones estructurales a un alto nivel con arreglo a los compromisos adquiridos en el marco de las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 y del Acuerdo interinstitucional de mayo de 1999. Las obligaciones contraídas en el presente proyecto de presupuesto y los programas adoptados en el marco de la codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo se ajustan a la programación acordada entre todos. El Consejo ha estudiado con mucho detenimiento los gastos administrativos. Ha intentado satisfacer en lo posible las necesidades de las diferentes instituciones, habida cuenta de los rasgos específicos y el objetivo común de lograr un incremento moderado de los gastos administrativos. Me reafirmo en mi convencimiento de que el Parlamento seguirá el mismo camino en lo que queda del procedimiento presupuestario.
En este sentido, el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo durante la reunión celebrada el 20 de julio con objeto de elaborar una declaración común es una buena señal. Ambas instituciones han convenido en instar a los Secretarios Generales de las instituciones a que elaboren un informe para la autoridad presupuestaria que incluya un análisis plurianual correspondiente a la categoría 5. Se someterá a debate en el Consejo de Presupuestos de noviembre. Dicho informe debe recoger las economías de escala derivadas del refuerzo de la colaboración interinstitucional, así como las propuestas de ahorro necesarias para no rebasar el techo de la categoría 5, entre otras razones con vistas a la preparación de la ampliación.
No concluiré esta presentación general del proyecto de presupuesto para el año 2002 sin comentar dos puntos importantes respecto de los cuales el Consejo ha adoptado una actitud expectante por no disponer aún de una serie de elementos que se darán a conocer definitivamente en una fase posterior del procedimiento presupuestario. Se trata en concreto de las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa, por una parte, y del Acuerdo de Pesca con Marruecos, por otra.
En lo que a la financiación de las consecuencias de la EEB y la fiebre aftosa se refiere, el Parlamento Europeo y el Consejo lograron durante su reunión del 20 de julio un acuerdo sobre una declaración común. En dicho acuerdo las dos ramas de la autoridad presupuestaria toman nota de la necesidad de prever un margen suficiente respecto al límite máximo de la subcategoría 1A de las perspectivas financieras, tal y como se fija en el proyecto de presupuesto, a fin de poder satisfacer las necesidades existentes en el ámbito de la EEB y la crisis de la fiebre aftosa. Emplazan a la Comisión a que presente un análisis pormenorizado de dichas necesidades y que las satisfaga, utilizando para ello en primer lugar los créditos remanentes del ejercicio 2001 e incluyendo en segundo lugar los créditos necesarios para el año 2002 en su nota rectificativa de otoño.
Con respecto a las consecuencias financieras de la no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos y la financiación de la reestructuración de la flota pesquera afectada, el Consejo ha declarado que volverá a estudiar la situación en el marco de la nota rectificativa del año en curso que ha de presentarse en virtud del Acuerdo interinstitucional.
Por todo lo anterior, el Consejo ha mantenido el anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión en lo que al Acuerdo Internacional de Pesca se refiere, al tiempo que ha instado a la Comisión a que utilice estos créditos únicamente para otros acuerdos de pesca. Aprovecho la ocasión para recordarles que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional, los créditos destinados a los acuerdos internacionales de pesca se clasifican como gastos obligatorios, independientemente del lugar que ocupen en la línea presupuestaria, en la reserva o en una línea presupuestaria BA.
No pretendo ofrecerles una descripción exhaustiva del proyecto de presupuesto. La encontrarán en la extensa exposición de motivos que les ha sido enviada. A cambio, explicaré más en detalle, es decir, por categoría de gastos, las propuestas formuladas por el Consejo en su proyecto de presupuesto para el año 2002.
Por lo que se refiere a la categoría 1 de las perspectivas financieras en materia de gastos agrícolas, el proyecto de presupuesto toma en consideración las consecuencias de las decisiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 acerca de la reforma de la política agrícola común. Ello no obstante, el Consejo ha reducido las cuantías asignadas a la subcategoría 1A de las perspectivas financieras relativa a la política agrícola común en 200 millones de euros en total en comparación con los importes correspondientes propuestos por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. Este recorte no se anticipa a las deliberaciones sobre la nota rectificativa contempladas por el Acuerdo interinstitucional con objeto de tener en cuenta la evolución de los mercados y la marcha de las negociaciones sobre las diferentes organizaciones comunes de mercado. Se trata antes que nada de una reducción lineal que excluye las líneas presupuestarias relativas a las consecuencias de la EEB y la fiebre aftosa, así como las líneas referidas a las organizaciones comunes de mercado objeto de negociaciones.
Por lo demás, como ya he dicho, el Consejo no ha respetado la propuesta de la Comisión de reservar mil millones de euros para paliar las consecuencias de las crisis de la EEB y la fiebre aftosa ampliando el margen. El Consejo prefiere esperar a la nota rectificativa de este otoño.
Ello significa que en primera lectura del Consejo los gastos derivados de la política agrícola común experimentan un incremento del 2,3% respecto al año 2001. En lo que a los gastos en materia de desarrollo rural se refiere el Consejo ha mantenido los créditos propuestos en el anteproyecto de presupuesto, incorporando al presupuesto toda la subcategoría 1B de las perspectivas financieras.
El Consejo ha incluido toda la categoría 2 de las perspectivas financieras, dedicada a las medidas estructurales, en el presupuesto en concepto de créditos de compromiso, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999. Por lo demás, el Consejo ha aceptado casi íntegramente la cuantía asignada a los créditos de pago que se recoge en el anteproyecto de presupuesto, al tiempo que los programas de iniciativa comunitaria tan sólo han sufrido un recorte por valor de 375 millones de euros en razón del aparente retraso que va a experimentar su ejecución.
Respecto a la financiación de la categoría 3 de las perspectivas financieras, que se centra en la política interior, el Consejo se ha comprometido a financiar adecuadamente los programas plurianuales. Por eso mismo, ha aceptado las cantidades solicitadas por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, en concreto aquellas que se refieren al Programa marco de investigación y desarrollo en materia de redes transeuropeas. Por el contrario, el Consejo ha restringido los créditos de compromiso y los pagos destinados a las líneas presupuestarias que no se basan en programas plurianuales y a las agencias, guiándose por las previsiones acerca de la evolución de los precios. En el marco de esta categoría quisiera señalar que el Consejo ha introducido en primera lectura en su proyecto de presupuesto una serie de créditos destinados a la puesta en marcha de Eurojust y el sistema SIS2 de Schengen, concretamente en las líneas presupuestarias previstas para ello en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión.
Como ven, al final el Consejo ha conseguido que su proyecto de presupuesto cubra satisfactoriamente las prioridades pertenecientes a la política interior que se contemplan en la categoría 3 de las perspectivas financieras. Ha creado un margen de precaución por valor de 110 millones de euros que incluso supera el margen fijado en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Confiamos en que este aumento permita financiar las prioridades del Parlamento, algunas de las cuales han sido mencionadas por su ponente, entre ellas el aprendizaje electrónico y la inmigración.
A continuación me detendré en la financiación de las medidas externas de la Unión Europea que se recogen en la categoría 4 de las perspectivas financieras. A este respecto el Consejo se ha atenido en buena parte al anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Ha mantenido las asignaciones más importantes y se ha limitado a introducir recortes mínimos en los créditos de compromiso y de pago. Las reducciones se reparten geográficamente entre unas pocas líneas presupuestarias.
Además, como ya he señalado antes, el Consejo ha mantenido íntegramente los créditos destinados a los acuerdos internacionales de pesca. Por último, deploro que durante la reunión de consulta del 20 de julio no se haya alcanzado ningún acuerdo sobre el importe en concepto de créditos que ha de preverse para la política exterior y de seguridad común. Por tanto, el Consejo ha incorporado a su proyecto de presupuesto las cantidades establecidas en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Debo reconocer que no entiendo muy bien por qué algunos solicitan una reducción de las cuantías asignadas a la política exterior y de seguridad común. Coincidirán conmigo en que estas cantidades son ya inferiores a las de 2001 y que resultan muy modestas. Se trata del mínimo necesario para garantizar que Europa pueda desempeñar un papel prominente en la escena mundial, especialmente en aquellas regiones afectadas por las crisis que conocemos todos. El deseo de disminuir estas cuantías podría resultar enormemente perjudicial para la credibilidad de la Unión Europea, y no creo que sea ésa su intención.
Por tanto, espero que las demás fases del procedimiento presupuestario y, muy en particular, el resultado de su primera lectura pongan de manifiesto que ustedes han tenido en cuenta mis argumentos -que son los argumentos del Consejo-, y que lleguen a la misma conclusión que yo respecto a la pertinencia de las cuantías propuestas en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Como podrán comprobar, el Consejo se ha esforzado por asignar recursos adecuados a las diferentes prioridades establecidas en el ámbito de las medidas externas de la Unión Europea.
Con todo y con eso, el Consejo ha introducido un margen de 100 millones de euros debajo del techo de la categoría 4 de las perspectivas financieras, lo cual les permitirá confirmar sus prioridades en esta sección. A la hora de elaborar el proyecto de presupuesto en materia de gastos administrativos, de acuerdo con la categoría 5 de las perspectivas financieras, el Consejo ha optado, como ya he dicho, por satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de las instituciones, teniendo en cuenta sus rasgos específicos.
En lo que concierne a las solicitudes de ampliación de personal de la Comisión el Consejo continúa prestando apoyo a las reformas. En primera lectura aprobó la creación de 78 nuevos puestos. El 20 de julio no se pronunció sobre los 239 puestos restantes. Lo hará a la luz de la decisión acerca de la normativa relativa al cese definitivo en sus funciones de los funcionarios de la Comisión.
En el proyecto de presupuesto queda un margen de 53 millones de euros debajo del techo de la categoría 5 de las perspectivas financieras a fin de hacer frente a nuevas necesidades en el ámbito de los gastos administrativos, con especial atención al sistema de vigilancia europeo en materia de protección de datos.
Concluiré este resumen de las diferentes categorías de gastos con algunas observaciones acerca de los gastos relativos a la ayuda de preadhesión. En este caso, el Consejo ha mantenido la cuantía solicitada por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto respecto a los créditos de compromiso. En lo que a los créditos de pago se refiere, el proyecto de presupuesto prevé un fuerte incremento del 20,9% respecto al pasado año, tras adaptar el importe propuesto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto reduciéndolo en 380 millones de euros. Dicho incremento demuestra que para el Consejo, al igual que para el Parlamento Europeo y la Comisión, estos gastos son prioritarios.
No quiero poner fin a esta presentación del proyecto de presupuesto del Consejo elaborado el 20 de julio sin subrayar que me comprometo a llevar a buen puerto el actual procedimiento presupuestario. Pretendo alcanzar un acuerdo durante las deliberaciones previas al Consejo de noviembre, tal y como sucedió el año pasado. Deseo, por tanto, que las negociaciones presupuestarias continúen llevándose a cabo con este mismo espíritu, de modo que podamos elaborar un presupuesto comunitario para el año 2002 que nos facilite los recursos necesarios para responder a las prioridades y los inminentes retos que le esperan a la Unión Europea.
Para finalizar, quisiera manifestar mi gratitud hacia los dos ponentes, el Sr. Costa Neves y la Sra. Buitenweg, por su constructiva contribución.

Wynn
, presidente de la Comisión de Presupuestos. (EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario Liikanen - alegro de verle. La Comisaria Schreyer dijo que no estaría disponible y que usted la sustituiría. Es como en los viejos tiempos. Apuesto a que se alegra realmente de estar aquí. Gracias, señor Presidente en ejercicio, por sus amables palabras, pero para serle sincero, me ha decepcionado mucho el resultado de su primera lectura y, especialmente, el modo en que se desarrolló la conciliación. Quizá nos mimaron el año pasado durante la Presidencia francesa, que al menos hizo algunas concesiones, pero este año hemos vuelto a lo habitual. Llevo 12 años haciendo la misma intervención - aunque no la hice el año pasado - para decir que éste es un presupuesto para la primera lectura del Consejo que realiza el Coreper y que los políticos no han aportado nada al mismo.
Intentamos que el Consejo adopte decisiones políticas, presentamos todos nuestros argumentos y lo hacemos durante horas (disfrutamos, entretanto, de un almuerzo muy agradable), pero no llegamos absolutamente a ninguna parte. Es un diálogo de sordos. Hablamos y hablamos, pero no conseguimos cambiar en absoluto la posición del Consejo. La diferencia entre nuestras dos instituciones es que nosotros actuamos como debe hacerlo un Parlamento. Un Parlamento debe elaborar un presupuesto que refleje sus prioridades políticas. No utilizamos fondos por el mero hecho de utilizar fondos. Examinamos las prioridades políticas y luego decidimos cuánto debe destinarse a las mismas. El Consejo, por otra parte, sólo quiere mantener el gasto en el mínimo estricto, sin tener en cuenta cuáles serán las consecuencias o los costes. Intentamos tratar sobre temas como la leche en los colegios. Presentamos nuestro argumento. No sucedió nada. Hablamos sobre los problemas con los Fondos estructurales. No sucedió nada.
Respecto a las políticas internas, la agencia de medicamentos y los medicamentos "huérfanos" fueron uno de los temas mencionados. En el PRS del pasado año acordamos con el Consejo incrementar la financiación de los medicamentos "huérfanos", pero ¿qué hace el Consejo este año? Lo ha reducido en 1,9 millones. Sencillamente, no tiene sentido. Cuando hablamos de intentar sacar a Chipre y Malta de la categoría 4 y situarlos donde les corresponde, el Consejo no está interesado. Y luego, cuando hablamos de compensación porque no disponemos de un acuerdo de pesca con Marruecos, es aquí donde realmente entramos en negociaciones serias, porque, una vez más, no ha ocurrido nada. Intentábamos demostrar que si queremos crear fondos en la categoría 2, el Consejo necesita nuestra aprobación, a menos que quiera sacarlos de los actuales Fondos estructurales. Seamos claros sobre los fondos de la categoría 4 para el acuerdo pesquero con Marruecos. Están en la reserva.
En lo único que llegamos a un acuerdo fueron dos declaraciones anodinas, una sobre agricultura y otra sobre la categoría 5, pero el Parlamento hizo una declaración unilateral sobre la pesca. Le recordaré una parte, porque cuando usted ha hablado de examinar la letra de la enmienda y decidir qué hacer, de conformidad con el Anexo IV de IIA, únicamente pueden considerarse gasto obligatorio los importes consignados en el presupuesto para acuerdos ya concluidos por la Comunidad. En consecuencia, los importes asignados a la reserva - y esa suma colosal de 125 millones de euros está en la reserva - para acuerdos que aún no han sido concluidos se consideran no obligatorios.
Puede que el Consejo quiera discutir sobre ello, pero nosotros no vemos ningún motivo de discusión. Nosotros tendremos la última palabra sobre lo que se hará y puede estar seguro de que no será una compensación, en el sentido de que mantenemos esto dentro o lo sacamos para crear la misma suma de dinero en la categoría 2. Es algo sobre lo que debemos hablar. Debemos ser serios respecto al presente presupuesto, examinar el gasto, especialmente en la categoría 5. ¿Qué vamos a hacer respecto al gasto administrativo, especialmente en relación con la ampliación? La declaración sobre intentar que las Secretarías Generales estudien el modo en que las instituciones pueden aunar sus esfuerzos está muy bien, pero existe un problema mucho mayor. Nosotros hemos sugerido que la autoridad presupuestaria examine la relación coste-beneficios en el seno de las instituciones de la Unión. Usted ni siquiera ha respondido a eso.
Sólo espero que antes de nuestra primera lectura y también de la segunda lectura del Consejo celebremos negociaciones serias y una conciliación seria y que al final de las mismas alcancemos algunos acuerdos serios sobre un presupuesto con el que todos podamos sentirnos satisfechos. Lo único de lo que no podrán acusarnos - y no estoy diciendo que usted lo haya hecho, pero muchos de sus colegas en el Consejo parecen pensarlo - es de que nuestro único deseo sea aumentar el gasto al máximo para poder financiar los proyectos que consideramos prioritarios, mientras que el Consejo quiere ser prudente en extremo. Nosotros somos sumamente prudentes. Somos sensatos en nuestros planteamientos, pero queremos hacerlo como equipo. Queremos actuar como una autoridad presupuestaria, y no volver a los viejos tiempos en los que el Consejo aprobaba el gasto obligatorio, nosotros aprobábamos el no obligatorio y, llegado diciembre, disponíamos finalmente de un presupuesto.
Esperemos que este año mejoremos respecto a lo que considero que no ha sido un buen comienzo hasta llegar a un entendimiento mucho mejor entre nuestras dos instituciones. Si la actual Presidencia belga se parece en algo a la Presidencia belga anterior, cuando elaboré el presupuesto de 1994, me sentiré sumamente feliz.

Costa Neves
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, en los meses que nos separan de diciembre tenemos mucho trabajo por hacer en busca del entendimiento necesario en cuanto al próximo presupuesto. Las posiciones de las instituciones europeas están por ahora distantes en aspectos muy relevantes. Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, hay condiciones previas que atender: primero, garantizar rigor y transparencia en el presupuesto y en su ejecución; segundo, tomar posición sólo si y en la medida en que dispongamos de la información necesaria.
En este marco, conviene una vez más dejar totalmente claras las objeciones que seguimos abrigando. En el ámbito de la agricultura, necesitamos información sobre los resultados ya conseguidos con la última reforma de la Política Agraria Común, las repercusiones a medio plazo de las crisis de la EEB y la fiebre aftosa, lo que impide la rápida entrada en funcionamiento de la nueva autoridad en materia alimentaria y también las perspectivas de evolución de esas cuestiones a corto y medio plazo. En cuanto a los Fondos estructurales, queremos estar seguros de que el presupuesto dispondrá de los medios necesarios para proceder al pago rápido de los compromisos asumidos. Necesitamos que, conforme a las propuestas presentadas, se paguen en el mismo año más del actual 1% de los compromisos por asumir en 2002.
En la esfera de las políticas internas -categoría 3- comprobamos que nuevos gastos con nuevas acciones y nuevas entidades van surgiendo y el importe global se va manteniendo. Claro, que el margen se va reduciendo. En cuanto a la acción exterior de la Unión Europea -categoría 4-, las nuevas necesidades son evidentes y no se pueden atender a costa de la reducción en compromisos antes asumidos, ya sea mediante cortes en las asignaciones comprometidas o mediante retraso en la satisfacción de los pagos, como está sucediendo.
Entretanto, se presupuestan asignaciones para el acuerdo de pesca con Marruecos, que, como todos sabemos, no se hará, con lo que se pretende congelar, de hecho, 125 millones de euros en una categoría en evidente dificultad. Por ser un gasto no obligatorio, estoy seguro de que el Parlamento asumirá también en este caso sus responsabilidades. En la categoría 5, gastos administrativos, se limita, por un lado, el contenido y el ritmo de la reforma de la Comisión y, por otro, se duplican los gastos en materia de seguridad y defensa y se pretende afrontar la ampliación sin desembolso de importes suplementarios, al contrario de lo que establece el acuerdo interinstitucional.
En cuanto a los gastos de preadhesión, los pagos están retrasados y no se ve que con esta propuesta se pueda modificar esa situación. La ejecución de presupuestos anteriores no es como para dejarnos tranquilos en cuanto al futuro. Frente a anunciadas dificultades para satisfacer algunos compromisos antiguos y nuevos, ¿cómo es posible aceptar que en 2001 se hayan devuelto a los Estados miembros prácticamente 10.000 millones de euros que no se utilizaron? Por un lado, se debate sobre si más euros o menos euros y, por otro, queda sin utilizar el 12% del presupuesto de 2000, lo que por sí solo da idea perfectamente de que el Parlamento debe hacerse cargo de un control cada vez mayor de la ejecución del presupuesto. Sólo decidiremos en materia agrícola en la medida en que conozcamos la situación presente y tengamos perspectivas en cuanto a su evolución. No podemos aceptar el nivel de pagos que se nos propone, tanto más cuanto que queremos recuperar los retrasos del pasado sin poner en entredicho el presente. Queremos una determinación clara y objetiva de prioridades, así como metas en todo el presupuesto. Discrepamos de la presupuestación de asignaciones de las que sabemos de antemano que no se utilizarán. Es necesario determinar expresamente los gastos ya en curso resultantes de la ampliación. Esperamos la reforma efectiva de la Comisión y el correspondiente aumento de eficacia. Queremos, en una palabra, asumir plenamente las responsabilidades que tenemos como Autoridad Presupuestaria, que se desprenden de nuestra propia razón de ser: la representación de quien nos elige. Eso es lo que haremos, sin dejar de reafirmar enteramente la disposición a colaborar en busca de las mejores respuestas para las cuestiones pendientes.

Buitenweg
Señor Presidente, algunas cosas se aprenden deprisa. No hay que ser un experto en presupuestos para presentir que el Consejo pretende meter la tijera en las líneas presupuestarias. El Consejo no cabe en sí de satisfacción porque nadie sabe reducir gastos como él. Por cierto, el Ministro de Hacienda de los Países Bajos, colega suyo, acaba de declarar públicamente que el Parlamento Europeo es el gran derrochador de los dos brazos de la autoridad presupuestaria.
A juzgar por las disputas que se producen durante el procedimientos presupuestario parece tener razón. El Parlamento suele estirar un poco más las propuestas del Consejo, no porque quiera desplumar al contribuyente, sino porque procura ser una autoridad fiable, porque se siente obligado a garantizar que las obligaciones y las responsabilidades europeas se lleven a la práctica. Es importante que la retórica y las promesas se conviertan en hechos, y, por lo general, eso requiere mucho dinero. Ya verán cómo el Ministro Zalm nos reprocha cualquier día de éstos que la construcción de otro edifico parlamentario nuevo es un auténtico despilfarro.
Por todo ello, quiero advertir al Consejo que no venga a contarnos sus penas. No nos olvidemos de que muchas de estas decisiones fastuosas se adoptan en las cumbres europeas. Pongamos por ejemplo la Cumbre de Niza. En dicha cumbre las deliberaciones sobre el número de votos en el seno del Consejo se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. En realidad no se trataba sino de un voto más o menos, pero para aliviar el dolor de los perdedores se repartieron generosamente escaños del Parlamento, lo cual también dice mucho sobre el aprecio que nos tiene el Consejo. Prefieren tener más votos a puerta cerrada que diputados en el Parlamento. Este regateo nos deparará sin querer 32 nuevos colegas. El número total de diputados incluso puede llegar temporalmente a 800. Esos miembros necesitan asistentes y oficinas, algo que, obviamente, no estaba previsto cuando comenzaron a construir los edificios actuales. ¿Se piensa alguna vez en estas cosas durante las cumbres? Porque, al final, nos corresponde a nosotros pagar los platos rotos. Por eso mismo, propongo que al término de las cumbres europeas no sólo se publiquen las conclusiones políticas, sino también una estimación aproximada de las consecuencias financieras. Invito a la Presidencia a que se pronuncie sobre este tema.
Mi segunda observación se refiere a los gastos del propio Consejo. Dentro de la categoría 5 -los gastos administrativos- el Consejo es la institución que más crece, lo cual aumenta aún más la tensión que ya existe en esta categoría. Para el Consejo las perspectivas financieras son sagradas y, por eso, opta por trasladar determinados gastos que en otras condiciones hubiera incluido con mucho gusto en su propio presupuesto a la categoría 3, por ejemplo 3,5 millones para Eurojust y casi 1 millón para Schengen. Por consiguiente, el Parlamento Europeo dispone de menos espacio para establecer sus propias prioridades en esta categoría. Pero yo soy optimista: esta situación también tiene sus ventajas puesto que en cierto modo redunda en beneficio de la transparencia, al tiempo que, indirectamente, también sale reforzado el control democrático. Ahora bien, el hecho de que los gobiernos sólo nos concedan este control con tal de salvar el Acuerdo interinstitucional y ahorrar un poco de dinero demuestra claramente cuáles son sus prioridades.
No me parece demasiado acertado que Eurojust se incluya en la categoría 3. Entiéndanme, no pretendo incorporar Eurojust al presupuesto del Consejo, pero sí a la categoría de los gastos administrativos. Habida cuenta de la naturaleza de estos gastos es la solución más lógica, como también reconoció el Consejo tácitamente durante las deliberaciones tripartitas. Espero que por lo menos alcancemos un acuerdo sobre el principio de que los gastos de funcionamiento pertenecen a la categoría 3 en tanto que los gastos administrativos entran a formar parte de la categoría 5. O tal vez el Consejo acabe poniéndose un poco nervioso debido a la presencia cada vez mayor de actividades de funcionamiento en su propio presupuesto.
Ya se ha dicho que el Consejo tiende a reducir sistemáticamente los gastos propuestos como si de un reflejo automático se tratase. Terry Winn tiene toda la razón: nosotros hemos decidido estudiar los gastos de forma radical, averiguar qué gastos faltan, si es mejor proceder de otra manera, si las competencias de las instituciones se superponen, si las tareas de las oficinas se solapan. El Consejo no ha hecho lo mismo, lo cual me extraña sobremanera, puesto que desde esta perspectiva se puede ahorrar mucho. Por tanto, nosotros seguiremos a la busca de recortes radicales.
Ahora bien, al Consejo sí le gusta regatear, y no tiene siempre en cuenta las necesidades reales. Por falta de tiempo citaré un solo ejemplo. Se trata del proceso de reforma de la Comisión. Es un asunto prioritario, tanto para el Parlamento como para el Consejo. Ello no obstante, el Consejo ha aprobado tan sólo 89 de los 317 puestos solicitados. Y con ello no quiero decir que no pueda adoptar una actitud crítica hacia el proceso de reforma o que esté obligado a aceptar todos los proyectos sin haberlos visto. En este momento está a la espera de las consecuencias de la normativa relativa al cese anticipado. Habida cuenta de todo lo anterior me pregunto si el Consejo no está esperando simplemente a que nosotros asumamos la responsabilidad, porque entonces será de nuevo el Parlamento el que aporte el dinero que haga falta.
Ahorrar es bueno siempre y cuando ustedes permitan que las instituciones hagan su trabajo. De lo contrario, los ciudadanos de la Unión, los contribuyentes, tendrán una verdadera razón para sentirse decepcionados.

El Presidente
Este punto queda cerrado.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0332/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.


Bart Staes
Pregunta nº 1 formulada por (H-0594/01):
Asunto: Investigación de irregularidades en Europol El martes 12 de junio, el Consejo anunció que se estaba examinando el funcionamiento de Europol. Una de las cuestiones fundamentales es la procedencia de la tecnología de la información en la que se basan los sistemas de Europol Eurint y Europolis. Al parecer, es posible que Europol esté utilizando tecnología de la información robada.
¿Puede confirmar el Consejo si es cierto que los sistemas de información de Europol, Eurint y Europolis, se basan en la tecnología patentada Polygon, de la empresa Polygeneses de Munich, o si esta tecnología está integrada en dichos sistemas? En caso afirmativo, ¿desde cuándo la utiliza Europol y de qué forma ha adquirido esta tecnología y/o los derechos de utilización de la misma?

Neyts-Uyttebroeck
Quisiera contestar de la siguiente manera a la pregunta del diputado Bart Staes. Para empezar, el Consejo reconoce que respecto a Europol le corresponde una responsabilidad de índole general. Sin embargo, la ejecución de los contratos es una cuestión que incumbe en primer lugar a los servicios competentes de Europol. De ahí que en este momento el asunto esté siendo estudiado por el Director de Europol, bajo la vigilancia del Consejo de Administración.
Ello no obstante, al Consejo le ha llegado la información de que todos los contratos firmados por Europol en aquella época están siendo analizados por una oficina externa independiente a raíz de una decisión adoptada por el Consejo de Administración de Europol. La investigación sobre el supuesto robo de software y su eventual uso ha sido transmitida al Fiscal en La Haya para que sea objeto de un análisis más detenido. En Alemania se ha abierto una investigación judicial paralela.
Resumiendo, hemos de esperar los resultados de las diligencias judiciales para poder facilitar más detalles. Por otra parte, quisiera llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que el fraude se detectó gracias al funcionamiento - bastante eficaz, por cierto- de las estructuras de control actualmente existentes, porque, de lo contrario, no habría salido a la luz.

Staes
Doy las gracias a la Sra. Neyts por su extensa contestación. Se trata de una respuesta muy concreta a una pregunta muy concreta, pero también quisiera enfocar el asunto desde un punto de vista político. Aunque la Sra. Neyts sostenga que el fraude que nos ocupa fue detectado gracias al control interno, en la opinión pública y en gran parte del mundo político prevalece la sensación de que el control democrático ejercido sobre Europol es insuficiente, al margen de que se están lanzando diversas propuestas para intensificarlo.
Así por ejemplo, se considera la posibilidad de adaptar Europol al Reglamento sobre OLAF y en el Parlamento belga circula la idea de constituir en Europol, a imagen y semejanza del modelo belga, un comité P y un comité I encargados de la vigilancia de los servicios policiales y de inteligencia.
¿Cree la Sra. Ministra que existe la posibilidad de que se abra próximamente un debate sobre este tema en el seno del Consejo y de las instituciones europeas, de modo que podamos tranquilizar a los ciudadanos respecto al control democrático ejercido sobre este importante servicio policial, independientemente de que se encuentre aún en estado embrionario ?

Neyts-Uyttebroeck
Quisiera contestar a su Señoría -y confío en que lo entienda- que preferimos esperar a que esas incipientes ideas sin duda interesantes se concreten.

El Presidente


Camilo Nogueira Román
Pregunta nº 2 formulada por (H-0595/01):
Asunto: Discriminación en el reparto entre las diferentes flotas estatales de las reducciones de capturas de pesca decididas por el Consejo de Ministros En el reparto de las reducciones de capturas de pesca decididas por el Consejo de Ministros llevado a cabo el pasado 18 de junio entre las diferentes flotas estatales se cometió una grave discriminación que afecta especialmente a la flota española y, más concretamente, a la gallega, obligada a dejar en la inactividad centenares de buques mediante medidas que no se aplican a centenares de buques franceses e irlandeses. ¿Qué razones pueden justificar que la flota española, y dentro de ella la gallega, sea continuamente objeto de medidas para reducir su actividad con la excusa de la conservación de los recursos, mientras que estas medidas no se aplican otros países?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Puedo decir a su Señoría que el 18 de junio del presente año, el Consejo de Pesca no adoptó ninguna decisión respecto a la pesca de la merluza. No obstante, en base al estado crítico en que se encuentran los recursos de bacalao y merluza, como ponía de manifiesto la Comunicación de la Comisión de 12 de junio, y a la recuperación de los recursos de bacalao y merluza presentada al Consejo, la Comisión adoptó, el 14 de junio, un reglamento de emergencia por el que se establecen medidas para la recuperación de los recursos de la merluza nórdica. El apartado 2 del artículo 2 del Reglamento de la Comisión prevé eximir a buques de menos de 12 metros de eslora que utilicen una malla de menos 100 mm de una cuota máxima del 20% de merluza de la captura retenida, a condición de que los barcos - no la captura - vuelva a puerto en un plazo de 24 horas. El 22 de junio, España solicitó al Consejo una enmienda a esta disposición. El 20 de julio, el Consejo tomó nota de que no existía mayoría para enmendar dicha disposición, tal y como proponía España.

Nogueira Román
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, creo que sólo la discriminación que padecen las flotas del sur de Europa, de Portugal y del Estado español -y en particular de Galicia-, explica la discriminación concreta de que estamos tratando. Efectivamente, las instituciones de la Unión Europea consideran también esas flotas intrusas en los mares que son de todos nosotros y la discriminación se produce por la aplicación del principio de estabilidad relativa que, por ejemplo, otorga a un país del Norte el 40% de las capturas que se hagan en los mares comunitarios, mientras que España y Galicia cuentan sólo con el 6%. En consecuencia, preguntamos de nuevo: ¿qué posición tiene el Consejo respecto de la necesaria comunitarización de los derechos de pesca en las aguas de la Unión Europea, conforme a los principios consignados en los Tratados?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Señor Presidente, sólo puedo decir que supongo que el Estado que presentó la enmienda volverá sobre el tema, y el Consejo lo someterá a debate una vez más. Es todo lo que puedo decir en estos momentos.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, aprovecho esta ocasión, en que está presente la Presidencia del Consejo, y que dice que va a volver a estudiar este tema, para decir que la excusa de la conservación de un recurso como la merluza, sin informes científicos suficientes y contrastados, es el origen de la discriminación de la flota española, a la que nos estamos refiriendo aquí.
La Comisión nos ha dicho en la Comisión de Pesca que esta discriminación se debe a razones sociales en favor de Gran Bretaña y Francia, y que ese es el motivo de la excepción.
Mi pregunta es, señora Presidenta, por qué no defiende la Comisión, y en este caso, el Consejo, mayoritariamente y por razones sociales, a España, y en concreto a una región del Objetivo número uno, como es Galicia, y, por tanto, más necesitada, cuyos pescadores faenaron tradicionalmente en esas aguas que ahora son comunes. Unos pescadores que, por razones sociales, no duermen en casa, debido a la enorme distancia que tienen que cubrir.
Si sociales son las razones, le pido, por favor, que se tomen en cuenta las que amparan a los pescadores españoles.

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Sólo puedo decir, tras haber pasado cinco años muy agradables e interesantes en esta augusta Asamblea, que soy consciente de que se trata de un asunto serio y delicado. Tengo en cuenta esos factores.

El Presidente
No dudamos que estos cinco años, en que usted ha formado parte con nosotros de la Asamblea, le ayudarán a trasladar al Consejo Europeo este problema tan grave.
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 3, 4, 5 y 6 serán contestadas conjuntamente.

Herman Schmid
Pregunta nº 3 formulada por (H-0599/01):
Asunto: Fuerzas de reacción rápida de la UE en Suecia En relación con la caótica situación que se produjo en Goteborg con ocasión de la cumbre de la UE en junio de este año, que dio lugar a enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, se han oído sugerencias en diversos Estados miembros en el sentido de que se utilicen las fuerzas de reacción rápida de la UE para gestionar disturbios y situaciones de crisis civiles. El Sr. Anders Mellbourn, jefe del Instituto de Política Internacional de Suecia, declaraba, por ejemplo, al periódico Dagens Nyheter el 24 de junio que:
"Probablemente esto significa que la policía debe completarse con algún tipo de fuerzas de gendarmería que combinen competencias policiales y militares. Para estas misiones no se necesitan soldados de remplazo sino soldados profesionales o policías con formación militar. Es necesaria la colaboración operativa de la policía y de las fuerzas militares de varios Estados miembros. [...] No es fácil para la UE reunir una fuerza de intervención permanente de 5000 policías para la gestión de crisis civiles. El diálogo para la prevención de conflictos debe completarse con una intensificación de la actividad en el ámbito de los servicios de inteligencia. Todo esto es necesario para contribuir de forma eficaz a la solución de conflictos y situaciones de crisis en los Balcanes o en Oriente Medio. Pero también es necesario -aunque cabe esperar que sólo en muy pocas ocasiones- para gestionar crisis domésticas en Suecia o Estados miembros del entorno."
¿Piensa también el Consejo que en el futuro las fuerzas de reacción rápida de la UE deben utilizarse dentro de la Unión en situaciones similares a la que se produjo en Goteborg?

Alexandros Alavanos
Pregunta nº 4 formulada por (H-0676/01):
Asunto: La Cumbre del G-8 y la seguridad de las cumbres y otras conferencias de importancia equivalente Pocos días antes de que se produjeran los lamentables incidentes de Génova durante la Cumbre del G-8, los quince ministros de Asuntos Exteriores confirmaron por unanimidad las decisiones de los ministros de Interior acerca de la "seguridad de las cumbres de la Unión Europea y otras conferencias de importancia equivalente" . ¿Puede indicar el Consejo si las autoridades italianas solicitaron la creación de un grupo de policías o funcionarios de los servicios de información para actuar de enlace, procedentes de los mismos Estados miembros de donde procedían los grupos de manifestantes violentos (artículo 1 b), así como el recurso a todos los medios jurídicos y técnicos para lograr un intercambio más estructurado de información sobre los manifestantes violentos, a partir de los expedientes existentes en los distintos Estados miembros (artículo 2 d)? En caso afirmativo, ¿respondieron acaso los gobiernos de los Quince, y cuáles?

Ioannis Patakis
Pregunta nº 5 formulada por (H-0678/01):
Asunto: Violación de las libertades democráticas y de los derechos humanos fundamentales en Génova Las decisiones adoptadas por unanimidad por el Consejo acerca de la adopción de medidas de represión con vistas a la Cumbre de Génova, han supuesto para el Gobierno italiano una cobertura política de todo lo ocurrido. Una vez más, han prevalecido la violencia y la brutalidad de los mecanismos de represión. Tras el baño de sangre en que se vieron envueltos las manifestaciones en Goteborg, se produce un nuevo baño de sangre en Génova al que se suma la actuación aún más cruenta de la policía y del ejército italianos contra pacíficas manifestaciones antiglobalización en las que los manifestantes expresaban su oposición a las decisiones que estaban siendo adoptadas, en ausencia y en perjuicio de los pueblos, por el G-7+1, la Unión Europea y otros organismos de carácter políticoeconómico. Las conclusiones de dicha Cumbre son muertos, numerosos heridos, expulsiones y detenciones masivas, brutales violaciones de las libertades democráticas y del propio principio comunitario de libertad de circulación.
Dado que en esta Cumbre participaron también los Jefes de Estado de los cuatro países más grandes y poderosos de la Unión Europea, y que las declaraciones tanto de la Presidencia belga como de otros Gobiernos de la Unión sobre los acontecimientos de Génova hacen presagiar una escalada de la violencia y una represión sangrienta de las manifestaciones con ocasión de las próximas cumbres, y en primer lugar la de Laeken,
¿puede indicar el Consejo si es consciente de la tremenda responsabilidad política que conllevan las decisiones relativas a las medidas de represión que adoptó los días 13 y 16 de julio, y tiene acaso intención de suspenderlas, dado que éstas están en flagrante contradicción con las libertades democráticas y los derechos humanos como la libertad de circulación, de reunión y de opinión, que fueron tan brutalmente vulnerados en Génova?

Hans-Peter Martin
Pregunta nº 6 formulada por (H-0687/01):
Asunto: Futuro de las cumbres europeas tras los incidentes de Goteborg y Génova Después de los incidentes ocurridos durante la cumbre europea de Goteborg y la reunión del G-8 en Génova, ¿cómo se plantea el Consejo el futuro de tales cumbres, teniendo en cuenta en especial los esfuerzos por organizar estas reuniones únicamente en Bélgica? ¿Qué consecuencias de índole organizativa, pero también de contenido en relación con el volumen de los órdenes del día se van a extraer?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Señor Presidente, queridos colegas, estas cuestiones están muy directamente relacionadas con el debate que esta tarde hemos mantenido sobre el G8 de Génova y sobre todo lo que ha rodeado a la reunión del G8. Me gustaría recordarle a los honorables parlamentarios la posición unánime del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros sobre el asunto de la seguridad de las reuniones del Consejo Europeo y de otros actos que pueden tener un impacto similar.
El Consejo ha recordado que uno de los objetivos de la Unión Europea es mantener y desarrollar la Unión como espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Dentro de un espacio de estas características, los ciudadanos deben disfrutar del derecho a expresar libremente su opinión y a reunirse pacíficamente. Sin embargo, sería conveniente que estos derechos se ejercieran en unas condiciones en las que la seguridad de todos los ciudadanos y de sus bienes no se viera amenazada. A este respecto, el pasado 13 de julio, el Consejo y los representantes de los gobiernos de los Estados miembros expresaron su pesar por los actos de aquellos que atentan contra estos derechos democráticos fomentando, organizando y participando en actos violentos durante manifestaciones públicas.
En el contexto de reuniones de importancia, y con el fin de garantizar la aplicación de estos principios, el Consejo y los representantes han recordado que no solamente hay que establecer un diálogo con las organizaciones no gubernamentales, los interlocutores sociales y la sociedad civil, sino que también hay que recurrir, y se recurrirá, a las posibilidades que ofrecen los instrumentos jurídicos y las instancias existentes en el marco de la Unión Europea.
En particular, les recuerdo aquí, tal y como lo ha hecho un poco antes que yo el Comisario Vitorino, las disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y la Acción Común del 26 de mayo de 1997 relativa a la cooperación en el ámbito del orden y de la seguridad públicos. La idea es que la task force de los responsables de los servicios policiales de la Unión Europea debería poder contribuir en gran medida a la materialización de la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros. Por otra parte, esta task force no tiene absolutamente nada que ver con lo que el autor de una pregunta ha denominado una unidad policial común en el marco de una acción de gestión de la crisis llevada a cabo por la Unión Europea.
Con ocasión de sendas preguntas planteadas respectivamente por los Sres. Krarup y Korakas durante la última sesión de este Parlamento en julio de 2001, y la última sesión de preguntas, tuve la oportunidad, en nombre del Consejo, de detallar las medidas adoptadas por el gobierno sueco con ocasión de la Cumbre de Goteborg. Del mismo modo, en una carta fechada el 11 de julio de 2001, el gobierno italiano ha dado a conocer, siguiendo los procedimientos vigentes, las medidas adoptadas en virtud del artículo 2, párrafo 2, del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.
Durante la reunión del Consejo del 16 de julio de 2001, los ministros se declararon a favor de una mayor cooperación internacional para garantizar, por un lado, el ejercicio del derecho a expresarse y por otro lado, que las manifestaciones públicas de este tipo puedan desarrollarse y efectivamente se desarrollen de forma pacífica. Sin embargo, no deja de ser cierto que, en cualquier caso, la responsabilidad del mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión compete a las autoridades de cada uno de ellos. El Consejo no está facultado para tomar partido en una materia que no forma parte del ámbito de competencias que le son concedidas por los tratados.

Alavanos
Le agradezco mucho a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo lo extenso de su respuesta. Pero quizás, en esta extensión, se haya perdido un poco mi pregunta concreta, porque el Consejo no parece tan unánime como nos lo ha presentado. Por ejemplo, hubo protestas del Gobierno griego ante el italiano por el hecho de que decenas de ciudadanos griegos no pudieron entrar en Italia y fueron enviados de vuelta en el mismo barco antes de la reunión de Génova.
Mi pregunta, para la que querría una respuesta de la Sra. Ministra, es: las medidas previstas para la formación de un grupo de policías o oficiales de servicios de inteligencia que funcionen como asociaciones de los Quince y las medidas previstas para el intercambio de informaciones sobre los expedientes de personas consideradas como alborotadores, ¿se materializaron antes de la reunión de Génova o no? ¿Hubo colaboración entre los Quince en este sector?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Señor Presidente, queridos colegas, de entrada, creo que he dicho - aunque sea de forma bastante diplomática - que el Consejo no debe tomar partido en cuanto a la forma en que un país miembro, un Estado miembro, ha organizado el mantenimiento del orden público en su territorio, porque no está facultado para ello. Evidentemente, esto no impide que un Estado miembro pueda perfectamente manifestar su postura con respecto a otro Estado miembro, lo cual, efectivamente, ha sucedido. Pero esto queda fuera de las competencias del Consejo.
En cuanto a su segunda pregunta, antes de contestarle debería informarme y contrastar la información. Lo único que sé es que, evidentemente, en el marco de la lucha contra lo que se ha denominado "el fenómeno hooligan" de los grandes acontecimientos deportivos, hay autoridades policiales que han comenzado a colaborar en el intercambio de información sobre personas para las que existe la certeza de que han sido reiteradamente autores de disturbios, incluso de hechos más graves, durante grandes manifestaciones deportivas. Eso lo sé. ¿Ha habido algo comparable en previsión o en prevención de posibles disturbios durante reuniones de instancias de la Unión Europea ? No lo creo, pero debería informarme al respecto, cosa que pienso hacer.

Alavanos
La Sra. Ministra ha dicho que deberá informarse mejor para informarnos a nosotros. ¿Quiere decir esto que recibiré una respuesta por escrito cuando disponga de estas informaciones?

El Presidente
El Consejo contesta según su leal saber y entender, usted puede, si desea, volver a formular la pregunta.
Señor Patakis, ¿desea reformular su pregunta?.

Patakis
No ha contestado la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo a la pregunta que he formulado y quisiera repetirla, después de referir que, por la incursión de la policía en las oficinas de algunas organizaciones en Lieja, y también por la postura del Sr. Ministro del Interior de Bélgica en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, parece que la Presidencia belga no tiene buenas intenciones ante las manifestaciones que tendrán lugar en Laeken.
Pregunto, ¿nos puede confirmar la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo que no se va a hacer uso de la violencia y de la represión como ocurrió en Goteborg y en Génova?

Neyts-Uyttebroek
. (FR) Señor Presidente, queridos colegas, de nuevo hemos de hacer la distinción entre las respuestas que doy como Presidencia del Consejo, que no pueden extralimitar las competencias de éste - esto tiene que quedar claro -, y las que, por otra parte, pudiera verme obligado a dar en calidad de miembro del gobierno belga.
En primer lugar, es habitual, incluso más que habitual, forma parte, creo yo, del deber de cualquier miembro del gobierno, no hacer comentarios sobre sumarios judiciales que están abiertos. En segundo lugar, queridos colegas, cuando, esta tarde, he expresado la postura de la Presidencia sobre el G8 y he tratado cuestiones destinadas a garantizar que tanto estas reuniones como las manifestaciones en el exterior se desarrollen adecuadamente, he dicho y he insistido en que la intención y la firme voluntad del gobierno belga es la de conciliar el derecho a manifestarse con el mantenimiento del orden público, así como prevenir los actos violentos como los que hemos sufrido tanto en Goteborg como en Italia.
Hacemos todo lo que está en nuestra mano para alcanzar este resultado. Espero que todo el mundo se esfuerce en aportar su contribución personal, recurriendo a todas las opciones disponibles.

Martin, Hans-Peter
Señor Presidente, he seguido con interés sus explicaciones, pero quisiera volver a recordar mi pregunta, la pregunta nº 6: ¿Qué consecuencias, no en lo que respecta a la intervención de la policía, sino de índole organizativa y también de contenido se van extraer con vistas a las cumbres del Consejo de la UE? En particular, desearía saber si también se están planteando, como en el caso de las cumbres del G8, una reducción tanto del número de participantes como del orden del día. Si en el futuro las cumbres se van a celebrar únicamente en Bélgica, ¿se está considerando una localización específica? ¿Existe ya algún planteamiento al respecto y, en caso afirmativo, en qué sentido?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Primer elemento: el Primer Ministro de mi gobierno ya ha mencionado que estaba reflexionando, y que presentaría propuestas para una revisión del funcionamiento del G8. Segundo elemento: el Primer Ministro Verhofstadt ha enviado una carta a sus colegas de los otros catorce gobiernos para pedirles que limiten las delegaciones que envíen o que participen en el Consejo de Laeken. Les recuerdo que para el Consejo Europeo de Gand, ha optado por una fórmula muy restringida. Tenemos la intención de ir en esta línea precisamente porque intentamos aprender lo más posible de lo que nosotros mismos hemos vivido en Goteborg, en Génova, o en ambas ciudades.

Korakas
De alguna forma se puede entender el pánico suscitado entre los representantes, permítaseme la expresión, del gran capital y, entre ellos, también a la Presidencia de hoy, por el recrudecimiento de la reacción de los trabajadores de nuestros países frente a las políticas antipopulares y al nuevo orden imperialista. Quisiera apuntar a la Sra. portavoz del Consejo que, en Génova, el ataque no fue en contra de "bloc noir", sino contra cuantos se manifestaban pacíficamente. El ataque a las oficinas del Foro Social, que era el organizador de las manifestaciones, fue un ataque que demuestra que el objetivo no eran los provocadores que estaban conversando con las unidades de represión, sino quienes organizan la lucha de los pueblos frente a la política predominante del G8 y de la Unión Europea.
Las declaraciones del Ministro del Interior de Bélgica a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo nos inquietan, señora portavoz del Consejo. El ataque a las oficinas de Lieja, que usted conoce, nos intranquiliza y nos tememos que en Laeken tengamos un frente aún más salvaje. Queremos que se comprometa a que no habrá reacciones similares contra el derecho de los trabajadores de nuestros países a manifestarse y a expresarse. Llegaremos de forma masiva.
Vamos a acudir masivamente a Laeken para protestar por la política aplicada por la Unión Europea. ¿Nos va usted a tratar como se nos trató en Génova?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Permítanme en primer lugar decir que rechazo categóricamente el juicio de intenciones que el honorable - sigo calificándolo de honorable - miembro le hace a la Presidencia belga y al gobierno belga. Este juicio de intenciones es totalmente injustificado, y quiero pedirle que retire lo que acaba de decir, en la medida en que supone, precisamente, un juicio de intenciones.
A lo largo del día, he respondido con serenidad, y hemos tratado muy extensamente estas cuestiones. No me queda más que repetir lo que ya he dicho. Además, tomo buena nota de la voluntad que han expresado ustedes de venir a manifestar - espero que de forma pacífica - lo que piensan del funcionamiento de las instituciones de la Unión. Si es de forma pacífica, no nos plantea ningún problema.
Por otra parte, desearía tranquilizar a todo el mundo diciendo que no es cuestión de pánico, sino de preparar las cosas lo más cuidadosamente posible para evitar que se repita lo que ya sabemos, pero también porque, y no hace falta que se lo recuerde, queridos colegas, mi país, por desgracia, ha vivido tragedias que han sido provocadas o que han ocurrido durante importantes acontecimientos deportivos, hace ya más de quince años, y queremos, cueste lo que cueste, evitar de una vez por todas que esto se repita.
Y además, también quiero indicar que durante los campeonatos deportivos que se celebraron el pasado verano - Euro 2000 -, demostramos que, tras la tragedia que acabo de mencionar, hemos aprendido la lección y que aplicamos un control riguroso a la organización de este tipo de eventos que implican el desplazamiento de un gran número de personas. No es cuestión de pánico, es cuestión de una preparación muy cuidadosa.

El Presidente


Gerard Collins
Pregunta nº 7 formulada por (H-0601/01):
Asunto: Shannon como cuartel general de respuesta a las emergencias naturales o medioambientales En su reunión de los días 28 y 29 de mayo de 2001, el Consejo acordó mejorar y coordinar la intervención de protección civil de la Unión Europea en caso de emergencias naturales, tecnológicas, radiológicas o medioambientales de envergadura mediante el establecimiento de un sistema común de comunicación de emergencias, una formación común y la movilización rápida de equipos de evaluación/coordinación y de equipos de intervención. ¿Consideraría el Consejo la posibilidad de situar el cuartel general operacional de este plan de protección civil en Shannon, que, entre sus muchas instalaciones, cuenta con un aeropuerto internacional de primera magnitud que podría utilizarse para transportar recursos y provisiones para las intervenciones en terceros países y que podría encargarse de recabar la información sobre sueros y vacunas a la que hace asimismo referencia la Decisión del Consejo?

Neyts-Uyttebroeck
El 29 de mayo de 2001 el Consejo definió una posición común respecto a la propuesta de decisión por la que se establece un mecanismo comunitario destinado a facilitar la cooperación reforzada en el ámbito de las intervenciones realizadas en el marco de la protección civil, salvo tramitación del parecer emitido por el Parlamento Europeo el 14 de junio pasado y a condición de que el Parlamento retire algunas de sus reservas.
Entretanto las instancias del Consejo han alcanzado un acuerdo definitivo sobre el tema, excepción hecha de la revisión jurídica y lingüística del texto y, como ya he dicho, la retractación de las reservas parlamentarias. El texto de la propuesta de decisión - doc. 10483/01- puede consultarse en el sitio web del Consejo. La propuesta aboga por la creación de un centro de observación e información encargado de centralizar tanto las solicitudes de intervención como las intervenciones mismas y conectado con los puntos de contacto indicados por los Estados miembros.
La función de dicho centro consiste en alertar equipos de evaluación y coordinación así como equipos de socorro previamente designados y constituidos. Además, la propuesta tiene por objeto instaurar programas de formación, centralizar la información sobre sueros y vacunas y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. A diferencia de lo que cree su Señoría, no está previsto agrupar el material de intervención en un único lugar puesto que será facilitado directamente por los Estados miembros.
La ejecución de este mecanismo quedará en manos de la Comisión, que para ello contará con el apoyo de un comité. Corresponde, por tanto, a la Comisión determinar dónde se ubicará el centro de observación e información así como los demás servicios necesarios para la puesta en práctica del mecanismo. En otras palabras, llegado el momento habrá que formular esta pregunta a la Comisión.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 decae.


Brian Crowley
Pregunta nº 9 formulada por (H-0605/01):
Asunto: Medidas ante la quiebra empresarial La Comisión, como parte de su programa destinado a las empresas y a la iniciativa empresarial, organizó un seminario titulado "Daring to risk going bust" sobre cómo hacer frente a la quiebra empresarial. Se trata igualmente de una respuesta a las disposiciones recogidas en la Carta de la pequeña empresa, que fue acogida con satisfacción por el Consejo de Feira. ¿Cuál es la opinión del Consejo sobre la repercusión de la legislación en la quiebra empresarial, sobre la necesidad de medidas de apoyo destinadas a los empresarios en riesgo de quiebra y sobre las posibilidades de un nuevo comienzo tras la quiebra, que fueron los temas principales desarrollados en los talleres paralelos?

Neyts-Uyttebroeck
Recuerdo a su Señoría que el Consejo Europeo subrayó durante su reunión celebrada en Santa Maria da Feira los días 19 y 20 de junio pasados que las pequeñas empresas constituyen el eje de la economía europea. Son una importante fuente de empleo y un excelente caldo de cultivo de nuevos conceptos de empresa.
A fin de reforzar sus recomendaciones el Consejo llamó la atención sobre algunos puntos, entre ellos la idea de que la iniciativa razonada encierra un riesgo, una posibilidad de fracaso, que ha de considerarse necesariamente como un aprendizaje. En general, el Consejo ha adoptado siempre una actitud positiva ante la simplificación de la normativa relativa a las empresas.
El seminario al que se refiere su Señoría fue organizado conjuntamente por el Ministro de Economía y la Comisión Europea durante los días 10 y 11 de mayo de 2001. El Consejo no se pronunció sobre los resultados del mismo. Por eso insto a su Señoría a que se dirija directamente a los organizadores con el ruego de que le informen al respecto.

Crowley
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta, si es que podemos catalogarla como tal. La cuestión específica que yo planteaba en mi pregunta, y que yo creía que sería evidente, era que a raíz del repentino enfriamiento de la economía de Estados Unidos y de otras partes del mundo, cada vez es mayor la presión a que se ven sometidas las pequeñas y medianas empresas en un mercado muy estricto y rigurosamente competitivo.
Por ello me pareció esperanzadora la actitud de la conferencia "Daring to risk going bust" porque nos proporcionaría cierta experiencia para conocer las principales causas que llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se reconoce que dichas empresas son el mayor motor de crecimiento de la economía general de la Unión Europea y crean algo así como el 82% del empleo y representan el 74% de toda la producción.
De aquí mi pregunta a la Presidenta en ejercicio del Consejo sobre cuál era la posición del Consejo: ¿qué medidas pueden adoptarse para garantizar la continuación de este sector tan fuerte? En particular, ¿cómo pueden los empresarios aprender de los errores y fracasos, y si fracasan una vez, que se les aliente a continuar y aprendan de dichos errores?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Habida cuenta de que su Señoría ha repetido la pregunta que nos había dirigido con anterioridad, sólo puedo repetir la respuesta que he dado. Lo siento.
El pensamiento avanza como demuestran las conclusiones a las que he hecho referencia. El seminario es una iniciativa más. Espero que, en algún momento, usted o algunos de sus colegas inviten a la Comisión a que adopte una serie de medidas. Sé que el Consejo atribuye una gran importancia a las pequeñas y medianas empresas y reconoce que éstas constituyen la espina dorsal de nuestras respectivas economías y de nuestra economía europea en general.

El Presidente


Pat the Cope Gallagher
Pregunta nº 10 formulada por (H-0607/01):
Asunto: Prioridades en el sector pesquero durante la Presidencia belga ¿Expondrá el Consejo, durante la Presidencia belga, sus prioridades para el sector pesquero tomando en consideración las necesidades particulares e únicas de los países periféricos como Irlanda, que tiene bajo su jurisdicción el 11% de las aguas comunitarias pero sólo el 4% de las cuotas comunitarias?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) La Presidencia belga se esforzará por llevar a buen puerto el debate que tiene lugar en el seno del Consejo sobre el Libro Verde que la Comisión ha dedicado a la reforma de la política común de pesca.
Otras prioridades se refieren a la prórroga de los programas de orientación plurianuales y a la recuperación de las reservas amenazadas.
Las preguntas iniciales nos han mostrado que la tarea dista mucho de ser sencilla.
Le prestaremos una especial atención a la cuestión de los descartes en alta mar. Los especialistas saben de qué se trata; si lo desean, se lo explicará cuando haya una pregunta.
En cuanto a, textualmente, "las exigencias únicas de Irlanda" , conviene recordar que las posibilidades de pesca se reparten entre las naciones que practican la pesca según el principio de la estabilidad relativa, y que la extensión de la zona de pesca de un Estado miembro no supone en sí misma un criterio para el reparto de estas posibilidades.
A pesar de todo, Irlanda disfruta de un trato preferencial en el apoyo financiero de la Comunidad para la aplicación de las medidas de control, de inspección y de vigilancia.

Gallagher
Tomo nota de que la Presidenta en ejercicio del Consejo ha hecho referencia a las negociaciones que espera que tengan un final fructífero y positivo. Yo añadiría que espero que sea además un final justo. Asimismo, me complace que haya hecho referencia a los descartes. Esto debe ser una prioridad de primer orden porque son demasiados los peces que se descartan después de haber sido cargados a bordo - y para entonces es demasiado tarde.
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio del Consejo si estaría dispuesta a tomar en consideración la iniciativa adoptada en Irlanda y el Reino Unido en relación con las medidas técnicas de conservación, y asegurarse de que todos los países realizan esfuerzos para intentar garantizar que no se cargan a bordo los peces pequeños.
Usted ha hecho referencia a que no pueden tomarse en consideración la estabilidad relativa y circunstancias especiales únicas. Llevamos ya 20 años y si continuamos con el mismo principio que teníamos en 1983, los países pequeños como Irlanda se verán perjudicados.
Debemos ser pragmáticos en este aspecto. El Consejo, el Consejo de Ministros, la Presidencia deben tomar en consideración que en Irlanda, las regiones costeras no tienen ninguna otra alternativa como fuente de empleo. Es una zona periférica, una zona de Objetivo 1. Esas regiones merecen ser tomadas en consideración. Quisiera pedir a la Presidenta en ejercicio del Consejo que mantenga un talante abierto.

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Señor Presidente, puedo garantizar a su Señoría que - si me permite la expresión - tendré en cuenta las observaciones que ha hecho.

Newton Dunn
Señor Presidente, como pregunta complementaria, ¿le preocupa a la Presidencia el hecho de que existan tantas centrales eléctricas, en particular, alrededor del Mar del Norte y en el norte de Europa, donde, cuando extraen agua para refrigerar la central, destruyen grandes cantidades, literalmente miles de millones de diminutas criaturas flotantes que algún día se convertirían en peces? ¿Estaría dispuesta la Presidenta en ejercicio del Consejo a investigar esto e intentar conservar los recursos de peces, muchos de los cuales son destruidos durante su infancia?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Espero que su Señoría no espere que yo investigue eso personal y físicamente. Una vez más, es una consideración que tendremos en cuenta.

El Presidente
No era exactamente una pregunta directa sobre política de pesca, pero la amabilidad de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo nos permite pensar que toma muy buena nota y que también se va a tratar este problema en el Consejo.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta 11 decae.

Liam Hyland
Pregunta nº 12 formulada por (H-0611/01):
Asunto: Utilización de la energía derivada del hidrógeno en el transporte urbano y rural A principios de este año, la Comisión anunció su apoyo al lanzamiento de un proyecto de demostración sobre la utilización de energía derivada del hidrógeno en los autobuses en Islandia, que no es un Estado miembro de la UE, pero que realiza importantes avances en el transporte urbano sostenible.
Teniendo en cuenta el compromiso de la UE de apoyar el Protocolo de Kioto, así como su constante apoyo al desarrollo sostenible, ¿garantizará el Consejo que el positivo apoyo de la UE a este proyecto, que es el primero de una serie de demostraciones de autobuses de células de combustible que se realizarán en Europa en los próximos años, tenga la máxima prioridad, puesto que la energía derivada del hidrógeno es auténticamente una energía con nivel cero de emisiones? ¿Garantizará también que este proyecto de demostración se amplíe a proyectos de transporte rural y no sólo a proyectos de transporte urbano?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Señor Presidente, estimados colegas, el 6 de junio de 2001, el Consejo dio su acuerdo político en una posición común relativa a la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 6º programa de actuación en materia de medio ambiente.
De este texto, cuya versión ultimada está formalmente adoptada y será presentada al Parlamento a finales de este mes o a principios del que viene para la segunda lectura, se deduce que el Consejo pretende apoyar firmemente las energías renovables. En cuanto al proyecto concreto mencionado por el honorable miembro, le corresponde a la Comisión, en el marco de sus competencias propias, organizar proyectos-piloto o de demostración y, llegado el caso, presentarle al Consejo propuestas adecuadas.

Hyland
Doy las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta positiva y que haya expuesto la posición actual con respecto a mi pregunta. Los combustibles alternativos han sido un punto recurrente del orden del día de este Parlamento durante varios años, pero no parece que estemos más cerca de un resultado práctico. Es evidente que la energía derivada del hidrógeno representa una alternativa a los combustibles fósiles, pero existen otras alternativas posibles, como la bioenergía, que es muy importante para un uso sostenible del suelo. ¿Podría la Presidenta en ejercicio del Consejo poner al día a la Asamblea respecto a la investigación en estos ámbitos y cuándo cabe esperar un avance innovador positivo en el ámbito de los combustibles alternativos?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Debo confesar a su Señoría que, por mi vida, no puedo responder a su pregunta. Lo único que puedo hacer es remitirle a la Comisión que, entre sus competencias, tiene la obligación de seguir muy de cerca este asunto y de supervisar todo lo que ocurra. La Comisión está en mucho mejores condiciones de ofrecerle una respuesta completa a su pregunta.

El Presidente


Esko Olavi Seppänen
Pregunta nº 13 formulada por (H-0619/01):
Asunto: Impuesto europeo No ha quedado claro qué quiere decir Bélgica, país que actualmente preside la Unión Europea, cuando se refiere a la posible creación de un impuesto europeo. ¿Cuáles son los planes del país que ejerce la Presidencia y en qué fundamento jurídico basa su proyecto de creación de un impuesto europeo como fuente de recursos propios de la Unión Europea?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Durante el Consejo Ecofin del 10 de julio de 2001, la Presidencia belga se refirió específicamente a la idea de una financiación directa del Unión Europea. En honor a la verdad, debo decir que las reacciones no fueron unánimemente entusiastas. Dicho esto, en cuanto al futuro de la Unión, lo que la Presidencia desea es, de entrada, examinar y, posteriormente, a más largo plazo, prever la posibilidad de financiar directamente una parte del presupuesto comunitario sin que por ello se incremente la presión fiscal en su conjunto. La cuestión de la financiación de la Unión, tanto de la financiación indirecta, que ya conocemos, como de una eventual financiación directa, es una de las líneas de reflexión sobre el futuro de la Unión.

Seppänen
Señor Presidente, le preguntaría a la Sra. Ministra del país que ejerce la Presidencia del Consejo si se ha dado cuenta de que, en la votación realizada en julio, el Parlamento no prestó su apoyo a la propuesta de establecer un impuesto europeo.

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) La Presidencia toma nota de ello, gracias.

El Presidente
Les recuerdo a los señores diputados que es conveniente, de acuerdo con el Reglamento, realizar preguntas; lo que no evita que, a veces, se hagan declaraciones. No se puede evitar. Pero les recuerdo para qué es este turno de preguntas.


María Izquierdo Rojo
Pregunta nº 14 formulada por (H-0621/01):
Asunto: Retirada del aceite de orujo de oliva En relación con la inmovilización cautelar en España de todo el aceite de orujo de oliva y su urgente retirada de los comercios.
¿Cumplía este aceite la normativa europea sobre el aceite de orujo? ¿Se trata de una contaminación accidental o bien es consecuencia de un proceso habitual de fabricación? ¿Fue la devolución de una partida de aceite exportada a la República Checa la que reveló un excesivo nivel de benzopireno? ¿Qué otras partidas se exportaron y a qué países? ¿Se conocía la presencia de esta partida desde el pasado mes de mayo? ¿Será reparado el daño causado? ¿Qué se va a hacer con el aceite retirado?

Neyts-Uyttebroeck
De conformidad con la información facilitada a la Comisión y sus servicios competentes, de la que también ha tenido conocimiento el Consejo, el aceite de orujo de oliva se retiró del mercado español después de que el Gobierno de España pusiese en marcha el 4 de julio de 2001 el sistema de intercambio rápido de información para el control de situaciones de emergencia dado que en el aceite se habían detectado hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).
Según parece, la contaminación se produjo durante un proceso de fabricación habitual, un proceso que encierra asimismo el refinado del aceite. En el proceso de combustión que acompaña a la desecación de los residuos de las olivas se libera benzopireno. La legislación comunitaria no establece ningún límite máximo para el contenido de HAP en los alimentos. Sin embargo, el Comité Científico de Alimentación Humana, que es competencia de la Comisión, evalúa en este momento las consecuencias de los HAP para la salud, a fin de fijar el valor máximo admisible para la absorción de dichas sustancias a través de la alimentación humana. Habida cuenta de que los servicios competentes aún no han concluido su trabajo su Señoría coincidirá ciertamente conmigo en que el Consejo no es la instancia más indicada para tratar esta pregunta. Por tanto, le insto a que se dirija a la Comisión con el ruego de que le proporcionen información complementaria.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le agradezco mucho su respuesta técnicamente tan rigurosa a esta pregunta, que también he formulado a la Comisión.
Pero ¿sabe el Consejo que ha sido la precipitación y la incompetencia de la ministra lo que ha provocado pérdidas de más de 14 000 millones de pesetas, con consecuencias económicas desastrosas?
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, cuando son los propios ministros los que provocan la crisis con su improvisación e ineficacia, ¿está previsto que sean ellos los que asuman el coste?
Si el Gobierno español sabía que había una partida tóxica desde mayo, ¿por qué lo ha ocultado durante un mes y por qué después de un mes ha dado la señal de alarma? ¿Por qué se lo ha comunicado a la Unión Europea tan tarde y tan mal? ¿Ha habido coordinación con la Unión Europea?
¿Sabe el Consejo que, una vez lanzada la alerta en la gestión de esta crisis alimentaria, se ha producido un auténtico caos a causa de la impopular ministra popular?
¿A qué países se había exportado esto?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) La Sra. Izquierdo sabe perfectamente que la Presidencia del Consejo debe estar por encima de los Estados miembros y también por encima de las discrepancias políticas e ideológicas. Por tanto, comprenderá que no puedo contestar a las preguntas que acaba de plantear, por las razones que he indicado.
Me gustaría simplemente hacer una observación general a título personal. Cuando miembros de un gobierno, sea cual sea, no reaccionan con suficiente rapidez ante problemas relativos a productos alimentarios o a otros productos de consumo, se les reprocha su falta de agilidad. Cuando actúan porque creen que existen indicios suficientes para tomar medidas, se les reprocha el que hayan provocado un caos y pérdidas financieras. ¡En los tiempos que corren, queridos colegas, ser ministro no es nada agradable!

El Presidente
Comprendemos que la Sra. Neyts-Uytebroeck ahora no es diputada, no es una colega, es ministra; entonces, es explicable que hable de los problemas de los ministros.
Tiene la palabra para una pregunta complementaria la Sra. Ayuso González.

Ayuso González
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, puedo compartir la preocupación de la señora diputada que le ha hecho la pregunta, pero dicho esto, quisiera aclarar que el orujo es un subproducto de la aceituna que se produce después de obtener el aceite de oliva y, además, que de cada 100 kilos de aceitunas se obtienen 20 litros de aceite de oliva y 1,6 de aceite de orujo. Por lo tanto, estamos hablando del 8% de la producción y que, además, tiene un consumo muy escaso.
Como usted muy bien ha dicho, señora Presidenta, el problema ha surgido por el método de extracción del aceite de orujo, y por eso se encontraron trazas de benzopireno en el aceite de orujo y, ante la falta, como usted también ha dicho, de una regulación europea que marque unos límites, el Ministerio de Sanidad español procedió, aplicando el principio de precaución, a retirar este aceite de la circulación. Hoy se han modificado las técnicas de extracción y se puede obtener aceite libre de benzopireno. En estos días están teniendo el mismo problema en Italia, por los mismos motivos.
Por eso, yo le quiero preguntar al Consejo si va a impulsar de alguna forma que se cubra esta laguna legislativa, para que haya unos límites admisibles en la alimentación humana porque, como bien se dice, "el veneno es la dosis, no la sustancia en sí misma" y este es el principio básico de la toxicología.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) En cuanto a las observaciones y a las preguntas que acaban de ser formuladas, puedo decir dos cosas.
Permítanme en primer lugar recordarles que el portavoz del Sr. Byrne, Comisario responsable de los asuntos sanitarios, ha dicho, para evitar malentendidos, que no era cuestión, textualmente, "de que los Estados miembros tomen medidas contra el aceite de oliva virgen procedente de España - dado que no plantea absolutamente ningún problema -, porque no se ve afectado por la contaminación de benzopireno, ya que su proceso de elaboración es totalmente distinto" .
En segundo lugar, Señora, ya le he dicho que el Consejo Científico dependiente de la Comisión está precisamente llevando a cabo un estudio para determinar cuáles serían los porcentajes máximos admisibles de lo que se denominan hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por tanto, el estudio se está realizando, y no me cabe duda de que la Comisión le presentará propuestas al Consejo, el cual procederá a analizarlas.

El Presidente


Ioannis Marinos
Pregunta nº 15 formulada por (H-0623/01):
Asunto: Información de los ciudadanos griegos sobre el euro Escasos meses antes de la implantación oficial del euro, una encuesta del "Eurobarómetro" efectuada en Grecia entre finales de marzo y principios de abril de 2001 reveló que un 47,8% de los griegos tienen la sensación de que saben "poco o muy poco" sobre el euro, mientras que un 25,5% afirmó no saber nada acerca del tema. Declaran los menores conocimientos al respecto las personas de edad superior a 55 años, de las que un 36% no sabe nada sobre la nueva moneda y sólo un 16% afirma estar suficientemente informado. Debe señalarse que un 42% de los ciudadanos griegos con bajos ingresos se manifiesta por entero desinformado sobre el euro, mientras que 4 de cada 10 griegos ignoran que Grecia pertenece a la "zona euro".
¿Cómo valora el Consejo los resultados de esta encuesta? ¿Cuáles son los correspondientes índices de información en los restantes países de la "zona euro"? ¿Qué conclusiones se extraen en lo referente a la eficacia de la campaña de información sobre la nueva moneda que emprendieron tanto el Gobierno griego como los 11 gobiernos restantes? ¿Qué repercusiones negativas entraña la -al parecer- insuficiente preparación de la aceptación psicológica del euro por los ciudadanos, y qué riesgos para la cohesión y la estabilidad monetaria entraña la falta de información práctica y preparación organizativa, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas?
Se trata de una pregunta muy amplia y confío en la capacidad de síntesis de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Señoras y señores, a escala ministerial, el Eurogrupo hace balance mensualmente de los preparativos para la adopción del euro. Durante la reunión celebrada el 4 de junio, los ministros, el Presidente del Banco Central Europeo y el Comisario competente analizaron los preparativos para la introducción de los billetes y de las monedas en euros el próximo 1 de enero. Se alegraron al comprobar que se han conseguido progresos esperanzadores al respecto, especialmente por el hecho de que los consumidores están cada día más sensibilizados. Recordaron su intención de intensificar las campañas de comunicación durante el segundo semestre, para contribuir a que el cambio de moneda se desarrolle satisfactoriamente.
En este contexto, los ministros reafirmaron su deseo de velar por que la conversión de todos los precios, tarifas y cánones que quedan bajo la autoridad de sus gobiernos no afecte a los precios o tenga una mínima repercusión para los consumidores. Los ministros han invitado a los comerciantes a cumplir el compromiso de respetar las prácticas éticas que establecieron en la declaración común de los representantes de los consumidores y de los comerciantes europeos, adoptada el 2 de abril de 2001, y a hacer todo lo posible por garantizar la estabilidad global de sus precios tras la conversión en euros, transmitiendo claramente este compromiso a sus clientes.
Los ministros también observaron que varios Estados miembros habían intensificado la vigilancia sobre los precios, y que los órganos competentes controlaban las prácticas en materia de conversión de precios. Los ministros consideran que la doble denominación durante todo el periodo de doble circulación tiene una importancia crucial para permitir que los consumidores puedan verificar los precios simultáneamente en euros y en su moneda nacional. A este respecto, han animado a los consumidores a familiarizarse más con los precios indicados en euros, y a seguir comparando cuidadosamente los precios entre competidores, en especial de aquí a fin de año y durante el periodo de doble circulación.

Marinos
Muchas Gracias, señora Ministra, por haberme dado una respuesta más amplia. Yo preguntaba en especial sobre Grecia. Pero quisiera decir que los datos con que contaba en mi pregunta los había formulado mucho antes de que se me contestase. Hay un cambio positivo en este sentido. Con todo, según los datos recientes de Eurostat, también ha aumentado la intranquilidad porque muchos van a aprovechar la oportunidad para subir los precios de bienes y de servicios, algo que va a perjudicar principalmente a las categorías más susceptibles de los contratantes, como son las personas mayores, los menores de edad, los que tienen una formación menor, los emigrantes, los disminuidos psíquicos. Y todo esto se facilita por el hecho de que, por lo menos en mi país, la equivalencia 1 euro =340,75 dracmas no nos permite a todos realizar cuentas momentáneas, como será necesario todos los días, y a todas horas. Por eso pregunto si, aunque sea en el último momento, el Consejo ha pensado en la solución más simple para todos, que es la siguiente: que cada Estado miembro encargue y reparta calculadoras de bolsillo baratísimas para el cambio de los euros a la moneda nacional de cada país, de manera que, el ciudadano menos informado de todos, o el más incapaz pueda constatar inmediatamente qué paga, qué cobra o quién pretende robarle.

El Presidente
Esto no es una pregunta, señor Marinos. Hemos escuchado con mucha atención su declaración sobre los problemas que puede plantear en Grecia, a su juicio; pero, no puede haber contestación.
Señor Marinos, si la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo le quiere contestar de alguna manera, yo no me opongo, naturalmente, tiene la palabra. Pero considero, como Presidente, que no ha habido una pregunta complementaria, ha habido una explicación suya.

Marinos
Señor Presidente, la pregunta es si el Consejo piensa importar este sistema de cálculo fácil. Es una pregunta, señor Presidente, y no está relacionada sólo con Grecia, sino con el conjunto de los países, no sólo con Grecia. El mismo problema lo van a encontrar los contratantes de los otros países.

El Presidente
En su declaración, yo no he advertido esta pregunta. De todas formas, la Sra. Presidenta, ahora, con esta aclaración, si considera que puede contestar muy brevemente a esta pregunta, tiene la palabra.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) No recuerdo haber leído esta pregunta en el texto de la pregunta oral de nuestro colega. Lo único que sé es que los ministros que son miembros de Ecofin, y concretamente los que forman parte del Eurogrupo, han decidido lanzar una campaña muy intensiva, que irá intensificándose a partir de ahora, porque han pensado que si empezaba antes del verano, su efecto corría el riesgo de evaporarse durante ese periodo, y que habría que empezar de nuevo. Por tanto, se va a lanzar una campaña. Creo que se va a hacer en dos niveles, es decir, una campaña a escala de la Unión, que será reforzada por campañas desarrolladas por los Estados y por los distintos gobiernos nacionales. En cuanto a las calculadoras de bolsillo, no puedo decirles si forman parte de la campaña a nivel del Eurogrupo. Están incluidas en un cierto número de campañas nacionales, pero, en su país, quizás haya que intentar hacer un esfuerzo en este sentido si efectivamente no se han previsto.

Rübig
Señor Presidente, señora Presidenta, usted mismo ya conoce el caso del billete de cien francos belgas, que equivale aproximadamente a dos euros. En Grecia existe el billete de cien dracmas, que equivale sólo a 0,5 céntimos. Es decir, que de hecho estamos acostumbrados a una moneda que obliga a manejar mucho papel. Por esto, mi pregunta es la siguiente: ¿Cree usted posible que algún día podamos disponer de billetes de uno y dos euros, visto que por el momento la denominación más baja corresponde al billete de cinco euros? En los países del Sur, existe justamente una preferencia considerable por los billetes frente a las monedas.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Todas estas cuestiones han sido ampliamente debatidas en las comisiones competentes de este Parlamento, en el Pleno, en el Consejo correspondiente. Las decisiones ya han sido tomadas, están confirmadas y reconfirmadas, y serán ejecutadas, llevadas a la práctica tal y como se han adoptado y tal y como su Parlamento ha tenido ocasión de evaluarlas y de dar su opinión al respecto.

Fatuzzo
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, generalmente, cuando regreso a Bérgamo desde Bruselas, llego muy tarde y me voy a tomar una pizza. El pizzero, mientras hablaba conmigo sabiendo que soy diputado europeo, me dijo: "Ahora que entrará en vigor el euro, pondré el precio en euros y lo redondearé para que sea más alto que el precio actual en liras italianas".
¿No habría sido mejor sacar un reglamento para que, en el momento del cambio, no se registraran subidas del precio de los bienes respecto al de los últimos tres meses, por ejemplo, antes de la entrada en vigor del euro?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Me gustaría responderle al honorable miembro que, por lo que yo sé, eso es así. Y si ciertas personas, en ciertos países, en determinadas regiones, no respetan estas disposiciones, los servicios responsables de la inspección y del control de los precios deben tomar las medidas que sean necesarias.
Esto es así en mi país. Supongo que sucederá lo mismo, que debería suceder lo mismo, en todos los países que se integrarán en el euro el próximo 1 de enero.
Evidentemente, querido colega, podría ser impertinente y preguntarle lo que le contestó usted al pizzaiolo.

Fatuzzo
Le contesté que mencionaría lo que me había dicho y se lo preguntaría al Presidente en ejercicio del Consejo y que luego le daría la repuesta.

El Presidente
Señor Fatuzzo, tiene usted que esperar a que el presidente del Pleno le dé la palabra.
Es una aclaración que nos ha alegrado la tarde a todos.

Lennart Sacrédeus
Pregunta nº 16 formulada por (H-0624/01):
Asunto: Ley sobre "sectas" y sus repercusiones en la libertad y respeto de religión en Europa En uno de los Estados miembros de la UE, Francia, existe una ley en materia de religión en la que el concepto "secta" desempaña un papel central respecto a las pequeñas Iglesias y comunidades religiosas.
Esta ley deja un gran margen a la libre interpretación y discreción de los tribunales, lo cual la convierte en un instrumento poco adecuado y que crea inseguridad jurídica. Por ello, las Iglesias católica y protestante de Francia han criticado esta ley, así como el Consejo de Europa para los Derechos Humanos, señalando la limitación que representa para derechos y libertades fundamentales como la libertad de religión y la libertad de asociación.
¿Cuál es la posición del Consejo, desde la perspectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en Niza, ante esta ley, teniendo en cuenta sobre todo que esta ley puede servir de inspiración a varios países candidatos, entre ellos la República Checa, al elaborar nuevas leyes en materia de religión? ¿No corremos el riesgo de perder el respeto por la elección de la concepción de la vida y creencias religiosas de nuestros conciudadanos, con el consiguiente aumento de la intolerancia, si todos o algunos de los Estados miembros de la UE adoptan leyes que ilegalizan o supervisan activamente determinadas formas de Iglesias o comunidades religiosas, y no se debería subrayar en vez de prohibir el buen trabajo y los ideales de las Iglesias?

Neyts-Uyttebroeck
Quisiera contestar al Sr. Sacrédeus que en realidad el Consejo no está capacitado para pronunciarse acerca de su pregunta. Ello no obstante, le recuerdo la declaración 11, aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam, sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales. La declaración reza como sigue: "La Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales."

Sacrédeus
Doy las gracias a la Presidencia belga por su respuesta. La Unión Europea es una unión de valores comunes. Esos valores - no la codicia o el dinero, sino que una cultura y un concepto común de la condición humana - nos unen a todos los europeos. Me refiero en este caso a la legislación francesa, que contiene el denigrante término sectaire. Me refiero a la poca claridad y a la arbitrariedad que implica el propio término, al hecho de que la legislación no es precisa sino que dice: cuando las personas estén sometidas a sumisión, a presión o a técnicas destinadas a cambiar su capacidad de razonamiento, podrán aplicarse penas de hasta cinco años de cárcel o multa de cinco millones de francos.
Quiero subrayar que la Iglesia católica y muchas otras Iglesias francesas son muy escépticas respecto a esta ley. ¿No están en juego la dignidad humana y la democracia?

El Presidente
No hay pregunta sino declaración.


Anna Karamanou
Pregunta nº 17 formulada por (H-0626/01):
Asunto: Torturas infligidas a seres humanos por su orientación sexual Los casos de torturas y malos tratos infligidos a quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo han aumentado de forma dramática y se ven agravados por la tolerancia generalizada frente a este tipo de delitos y la reticencia de las víctimas a exponerse. El reciente informe de Amnistía Internacional describe el sufrimiento de los miles de seres humanos que sufren torturas y malos tratos, son víctimas de agresiones sexuales y se ven sometidos por la fuerza a tratamiento médico y psiquiátrico. En el informe se incluyen casos documentados de unos 30 países, mientras que en más de 70 países las relaciones entre personas del mismo sexo se consideran delito
¿Qué se propone hacer el Consejo para que en una Europa que coloca en lugar preferente el respeto a la diferencia y la identidad sexual de la persona dejen de ocurrir hechos similares?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, el Tratado de la Unión Europea dispone, en su artículo 6, párrafo primero, que la Unión Europea se basa en los principios de libertad y de democracia, en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Este mismo artículo especifica, en el párrafo 2, que la Unión respeta los derechos fundamentales tal y como están garantizados por el Convenio Europeo de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y tal y como se derivan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios generales del derecho comunitario.
A este respecto, el artículo 3 del citado Convenio Europeo "prohibe que nadie sea sometido a torturas o a castigos o tratos inhumanos o degradantes" , mientras que su artículo 14 establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por el Convenio debe quedar garantizado sin distinción alguna, en particular sin distinción alguna basada en el sexo.
El artículo 13 del Tratado fundacional de la Comunidad Europea especifica que, en el límite de sus competencias, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y tras consultar al Parlamento Europeo, puede adoptar las medidas necesarias para luchar contra cualquier discriminación basada específicamente en el sexo o en la orientación sexual. Deseosa de actuar más enérgicamente y de forma más coordinada a escala nacional, la Unión Europea adoptó el pasado mes de abril unas orientaciones para su política frente a países terceros en cuanto a la tortura y a otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, confirmando así la importancia capital que tiene esta cuestión en su política de los derechos humanos. Estas orientaciones representan para la Unión un instrumento de intervención en los casos de tortura, y de multiplicación de sus esfuerzos encaminados a reforzar aún más el respeto a las normas internacionales.

Karamanou
Quisiera agradecer a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo su respuesta, que en gran medida me ha satisfecho. Además sabemos que la Unión Europea es muy sensible en los temas relacionados con el respeto de los derechos humanos y dicha sensibilidad está expresada mediante los Tratados y el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos.
Sin embargo, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, si alguien lee el reciente informe de Amnistía Internacional sobre las torturas de las que son víctimas miles de personas a causa de su orientación sexual, siente que lo que hacemos en la Unión Europea no es bastante. Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emprendido una iniciativa para animar a denunciar las torturas y las violaciones de los derechos humanos debidas a la identidad sexual. ¿Piensan ustedes emprender una iniciativa de este tipo en el ámbito de la Unión Europea?

El Presidente
Tomamos nota de su declaración, que tampoco es una pregunta.

Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 18 y 19 se contestarán conjuntamente.

William Francis Newton Dunn
Pregunta nº 18 formulada por (H-0628/01):
Asunto: Acceso del público a los documentos del Consejo Tras adoptar la legislación relativa al acceso del público a sus documentos, el Consejo se fijó el 30 de mayo del presente año un plazo de seis meses, hasta el 3 de diciembre de 2001, para llevar a cabo las medidas preparatorias al respecto. Estamos ya a primeros de septiembre, lo que quiere decir que ha transcurrido la mitad del plazo de seis meses que se impuso el Consejo.
¿Avanzan al ritmo previsto los preparativos? Si no es así, ¿desearía el Consejo recibir ayuda del Parlamento, Institución abierta al público desde hace muchos años?

Jonas Sjöstedt
Pregunta nº 19 formulada por (H-0630/01):
Asunto: Mayor transparencia En mayo de 2001 se adoptó el Reglamento relativo al acceso del público a los documentos de la UE. Las nuevas normas entrarán en vigor dentro de seis meses.
¿Puede indicar el Consejo a qué tipos de documentos que antes eran confidenciales podrá acceder el público en virtud de las nuevas normas de transparencia?

Neyts-Uyttebroeck
Como ya se ha dicho con motivo de la pregunta oral H-0545/01 formulada por su Señoría, el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, entrará en vigor el próximo 3 de diciembre. Hasta entonces las solicitudes de acceso a los documentos del Consejo presentadas por los ciudadanos se tramitarán sobre la base de la Decisión 93/731/CE relativa al acceso del público a los documentos del Consejo.
Cada una de las instituciones implicadas está adoptando las medidas oportunas para garantizar que el nuevo reglamento se aplique de hecho a partir del próximo 3 de diciembre. De conformidad con el artículo 15 del reglamento están llamadas a constituir un comité interinstitucional que vaya en busca de la mejor práctica, resuelva posibles contenciosos y discuta sobre la futura evolución del acceso del público a los documentos. Por lo que al Consejo se refiere, los servicios competentes están deliberando acerca de las medidas que han de adoptarse y el calendario que debe regular la ejecución de las mismas, a fin de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos que les son atribuidos más claramente en virtud del nuevo reglamento. Se adoptarán las medidas oportunas para que pueda respetarse la fecha del 3 de diciembre.
En lo que concierne a los diferentes tipos de documentos accesibles al público puedo comunicar a su Señoría que en la actualidad los ciudadanos pueden solicitar cualquier documento del Consejo de conformidad con la Decisión 93/731/CE de 20 de diciembre de 1993 relativo al acceso del público a los documentos del Consejo. A continuación se decide si el documento solicitado puede ser proporcionado al solicitante, dependiendo del contenido y habida cuenta de las normativas de excepción recogidas en el artículo 4 de la decisión. A esta fin las peticiones son examinadas minuciosamente caso por caso.
El apartado 1 del artículo 1 de la Decisión 93/731/CE, modificada por la Decisión 2000/527/CE del Consejo de 14 de agosto del año pasado, estipulaba, sin embargo, que cuando se presentara una solicitud de acceso a un documento clasificado como secreto absoluto, secreto o confidencial en el sentido de la decisión del Secretario General del Consejo de 27 de julio de 2000 y relativo a cuestiones de seguridad y defensa de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros o a la gestión militar y no militar de crisis, se informaría al solicitante de que dicho documento no entra en el ámbito de aplicación de la Decisión 93/731/CE.
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que esta declaración no ha sido incluida en el Reglamento (CE) nº1049/2001 antes mencionado, que entrará en vigor el próximo 3 de diciembre.
Sin embargo, el artículo 9 del reglamento estipula que las solicitudes de acceso a los documentos sensibles ahí descritos recibirán un trato especial. Por ejemplo, dichas solicitudes solamente podrán ser tramitadas por personas con derecho a tener conocimiento de dichos documentos. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 parte del mismo principio general que la Decisión de 1993, en el sentido de que los documentos solicitados se examinan caso por caso. El acceso sólo puede ser negado en virtud de la normativa de excepción contemplada en el artículo 4 del reglamento.
Además, el Consejo se comprometió mediante su Decisión de 9 abril de 2001, por la que se hacen accesibles al público determinadas categorías de documentos del Consejo, a hacer públicos a través de Internet toda una serie de documentos, en concreto aquellos que están relacionados con los trabajos legislativos. Con ello el Consejo se anticipó a la entrada en vigor del reglamento en lo que al apartado 3 del artículo 12 se refiere.

Newton Dunn
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Presidenta en ejercicio del Consejo por haber ofrecido tantas respuestas durante este Turno de preguntas. Es posible que haya batido un récord. No sé cuál es el récord, pero usted ha estado excelente. En segundo lugar, tomo nota de su declaración de que este procedimiento se iniciará el 3 de diciembre. Todos en el Parlamento y el público en general estamos encantados de oír eso y le agradezco su respuesta tan completa. Permítame preguntar solamente: ¿será el siguiente paso abrir al público las reuniones del Consejo cuando éste esté legislando, de manera que podamos ver qué hace? Entonces existiría auténtica democracia en el Consejo. ¿Será ése su siguiente paso?

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Me temo que para poder hacer antes debe celebrarse una CIG, por lo que su Señoría deberá esperar algún tiempo. Pero como ha podido oír de mi respuesta, se está avanzando a buen ritmo y ya veremos. No citaré al antiguo Primer Ministro belga cuando tuve la osadía de formular esta sugerencia en mi propio Parlamento nacional, pero puedo decírselo en privado más tarde. Las cosas van avanzando y ahora nos toca aguardar y no perder la esperanza.

Sjöstedt
Doy las gracias al Consejo de Ministros por esta cabal respuesta, pero me gustaría que se hiciese una aclaración. ¿Es posible dar ejemplos de documentos que habiendo sido secretos serán públicos por la aplicación de las nuevas reglas? Me refiero a ciertos documentos que ustedes tengan la esperanza de que se hagan públicos. Sólo podremos hablar de éxito y de mayor apertura cuando sepamos de qué tipo de documentos realmente se trata.

Neyts-Uyttebroeck
. (EN) Veo que he fracasado en mi intento de convencerle de que realmente se han hecho algunos progresos. Sugiero a su Señoría que vuelva a presentar preguntas sobre este asunto a comienzos del año próximo o en el transcurso de diciembre. Probablemente estaremos en condiciones de darle una respuesta más detallada que la que podemos ofrecerle ahora porque las nuevas normativas aún no están en vigor. Se han hecho progresos. He intentado convencerle de ello.

Karamanou
Señor Presidente, quisiera protestar por la forma en que está dirigiendo este debate. Ha definido, en general, todas las preguntas complementarias como declaraciones y no ha permitido que la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo nos conteste. Ha hecho lo mismo con el Sr. Marinos, con el Sr. Sacrédeus y conmigo. Creo que se han formulado preguntas concretas y debería dejar, por lo menos, que la Sra. Presidenta nos contestara. Si no tenía una respuesta para nuestra pregunta, podría simple y llanamente decirnos que no hay contestación alguna. Es la primera vez que, por lo menos yo, veo que un Presidente interviene de tal forma como lo ha hecho usted anteriormente y que define, como ha definido, nuestras preguntas y nuestras posturas.

El Presidente
Le agradezco su observación, la tomo muy en cuenta; pero el Reglamento dice explícitamente que solamente se pueden hacer preguntas complementarias, no declaraciones. De todas formas, yo no impido que la Sra. Presidenta en ejercicio conteste a lo que crea conveniente, aunque no haya pregunta. Siempre tiene la oportunidad. Pero usted misma y la interpretación de la intervención del Sr. Marinos -por lo menos la interpretación a varias lenguas, porque lo he consultado-, no incluía ninguna pregunta sino una declaración amplia.
Esta Presidencia no ha conculcado ni la letra ni el espíritu de este turno de preguntas cuya finalidad es hacer preguntas concretas y recibir contestaciones lo más concretas posibles.
La invito a que lea los artículos del reglamento relativos al turno de preguntas.
Vamos a hacer, fuera ya del tiempo, dos preguntas a la Sra. Presidenta, para que lo sepan los colegas: las preguntas 20 y 21; las demás serán contestadas por escrito.

El Presidente


Bernd Posselt
Pregunta nº 20 formulada por (H-0635/01):
Asunto: Las elecciones en Kosovo ¿Qué tipo de apoyo presta el Consejo a la celebración de las primeras elecciones por sufragio universal directo en Kosovo?, y ¿cuáles son a su juicio las perspectivas de esta región?

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) Las elecciones del próximo 17 de noviembre supondrán sin duda un acontecimiento importante para el futuro de Kosovo y permitirán que la participación directa de la población y de los dirigentes políticos locales en el funcionamiento del marco constitucional provisional establecido por la MINUK se incremente.
Desde esta perspectiva, el Consejo considera que es esencial que estas elecciones se desarrollen sin irregularidades, siguiendo las normas europeas y con la participación de toda la población, en particular de la minoría serbia de Kosovo.
Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea no interviene en la preparación directa de estas elecciones. Efectivamente, esta organización ha sido confiada a la OECE, al Consejo de Europa y al tercer pilar de la Misión de Naciones Unidas para Kosovo, más conocida por la abreviatura de MINUK.
A pesar de ello, todos los Estados miembros contribuyen de manera importante al presupuesto que se ha destinado a este fin a través de la OECE y del Consejo de Europa, y están también preparando el envío de observadores, siempre dentro del contexto de la OECE y del Consejo de Europa.

Posselt
Señor Presidente, en primer lugar, yo quisiera preguntar si la Unión Europea no apoya al menos activamente -como hace en todos los demás lugares- la financiación de medios de comunicación independientes, la formación de políticos, el respaldo a los partidos democráticos y la consolidación de las instituciones. Esto es, de hecho, lo que hacemos en todas partes y me parecería incomprensible que no lo hiciésemos en Kosovo.
En segundo lugar, desearía preguntarle si, una vez que se hayan celebrado las elecciones en Kosovo, el Consejo tiene previsto establecer contacto directo con las personas que salgan elegidas, con objeto de que las fuerzas moderadas que saldrán vencedoras -pienso yo- tengan efectivamente éxito y no se vean desbordadas de nuevo por las fuerzas radicales.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) En cuanto a la organización de las elecciones, creo haber dado todos los elementos y todas las informaciones de que dispongo. En lo relativo al esfuerzo por estar presentes y por mantener contactos muy frecuentes con las autoridades, los dirigentes y las personalidades que juegan un papel relevante en Kosovo, sabe usted perfectamente que ha sido siempre y que sigue siendo una prioridad para la Unión Europea.
A título personal, le diría que quizás sea más sensato evitar tomar partido antes de las elecciones, evitar decir demasiado claramente a quién nos gustaría ver ganar estas elecciones. Creo, ciertamente, que nos hemos sentido varias veces amargamente decepcionados en esta región de Europa, y que en Kosovo, hay que confiar en la democracia, sin dejar de observar atentamente lo que está pasando y lo que seguirá ocurriendo tras las elecciones, que todos nosotros esperamos se desarrollen sin incidentes.

Marinos
Señor Presidente, tengo escrita mi pregunta y le voy a mandar una fotocopia del texto junto con la traducción para que pueda confirmar más fácilmente lo que le he preguntado a la Sra. Ministra. Pero quisiera decir que no deseo dar la impresión de que estoy regañando con usted. Le estimo y respeto, en especial como Presidente. Me he hallado en repetidas ocasiones que ha dirigido el turno de preguntas y no tengo ninguna queja. Pero quisiera añadir, para demostrar que había una pregunta, que la Sra. Ministra ha dicho que la pregunta complementaria que he formulado no estaba incluida en el texto de mi pregunta.
Así pues, quisiera decirle y preguntarle como Presidente: Primero resulta que he formulado una pregunta, segundo, ¿las preguntas complementarias deben repetir lo que se preguntó en el primer estadio o completar la primera pregunta mediante otro contenido, por supuesto sobre el mismo tema? Este es un punto que le ruego que me aclare, ya que tiene usted mucha más experiencia que yo en los temas del Reglamento.

El Presidente
Tiene usted toda la razón, señor Marinos. La pregunta complementaria no es la misma, como su nombre indica, es una pregunta complementaria. Lo que pasa es que a través de las interpretaciones no nos dábamos cuenta de que era una pregunta, pero usted la ha realizado, todos le hemos entendido muy bien y le agradecemos su cooperación y su valoración. Muchas gracias.

El Presidente


Luis Berenguer Fuster
Pregunta nº 21 formulada por (H-0637/01):
Asunto: Aprobación del Reglamento sobre Dibujos y Modelos ¿Cuándo está prevista la aprobación del Reglamento de Dibujos y Modelos?

Neyts-Uyttebroeck
El Consejo ha alcanzado ya un acuerdo unánime sobre prácticamente todos los aspectos de la propuesta de reglamento. Queda por zanjar una cuestión sobre la cual la Presidencia está manteniendo contactos bilaterales con algunas delegaciones. Esperamos que, de este modo, podamos salvar en breve este último obstáculo. Comprenderá que en esta delicada fase de las negociaciones no puedo facilitar más información.

Berenguer Fuster
Señor Presidente, lo haré en forma de pregunta, para no incitar a las objeciones, muy fundadas, como siempre, por parte de la Presidencia.
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, la verdad es que no entiendo las razones por las que omite la aclaración sobre ese punto que queda pendiente, porque la verdad es que no alcanzo a comprender cuál puede ser ese punto.
En su día, en la regulación de dibujos y modelos en este Parlamento, cuando se trató de la Directiva, había determinados puntos que eran conflictivos, por ejemplo la cláusula de reparación, pero una vez que, con la participación muy directa del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo, se obtuvo un compromiso sobre esa determinada cláusula, que se ha reflejado en la propuesta de la Comisión y que ha sido aceptada como tal por parte del Parlamento Europeo, no entiendo cuál puede ser ese punto conflictivo.
Tampoco entiendo, como se ha dicho, que pueda haber otros puntos conflictivos que en su momento retrasaron la aprobación del Reglamento de marcas, como eran los relativos a la lengua, al procedimiento, o a la ubicación de la Oficina para la armonización del mercado interior, porque eso ya se solucionó con el Reglamento de marcas. Y ahora esta propuesta de reglamento de diseño, las normas de procedimiento, las lenguas de procedimiento y la competencia de la Oficina de armonización del mercado interior son temas ya resueltos.
Por lo tanto, no entiendo cuál es ese punto y, a pesar de su invitación, le agradecería que me lo aclarara.

Neyts-Uyttebroeck
. (FR) No puedo decirle más que lo que acabo de decir. No siempre es necesario entender la legitimidad ni compartir la legitimidad de las reservas que puede hacer un determinado Estado miembro sobre un aspecto concreto para constatar que, no obstante, se han hecho reservas, que se mantienen y que es difícil allanarlas. De nuevo, antes de fin de año, la Presidencia hará todo lo que esté en su mano para que estas reservas desaparezcan. Es todo lo que puedo decir en esta fase del proceso.

El Presidente
Muchas gracias, Sra. Presidenta en ejercicio. Con esta contestación termina este debate.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 22 a 36 serán contestadas por escrito.
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.13 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Comunicación del Presidente
El Presidente
En aplicación del artículo 74 del Reglamento, la Presidencia ha de proceder al anuncio siguiente:
Se han recibido del Consejo las posiciones comunes siguientes, que figurarán en el acta de hoy, así como los motivos que han conducido a adoptarlas. El plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para pronunciarse comienza a contar a partir de mañana 6 de septiembre de 2001.

Comunicaciones electrónicas y lucha contra los delitos informáticos (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0270/2001, del Sr. Cappato, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la
propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD))
A5-0284/2001, de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la
estrategia relativa a la creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de la información y la lucha contra los delitos informáticos.

von Boetticher
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no voy a referirme a todos los aspectos que se propone regular la propuesta de directiva de la Comisión sobre la protección de datos en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. La mayor parte de las propuestas son adecuadas y necesarias, y cuentan con nuestro apoyo. Lo mismo puedo decir del trabajo que ha realizado el ponente Cappato, a quien quiero felicitar.
Sin embargo hay un punto que está suscitando mucha discusión. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a la publicidad comercial directa a través del correo electrónico? En estos momentos, en Europa hay cuatro Estados miembros que han establecido el sistema de las listas de inclusión (opt in), que prohibe el envío de mensajes electrónicos comerciales no solicitados y sólo los autoriza con el consentimiento previo del ciudadano. La mayor parte de los restantes Estados miembros han optado por la alternativa de las listas de exclusión (opt out), en la que el ciudadano que no desee recibir correo electrónico comercial debe inscribirse en las llamadas listas Robinson.
Es decir, que ahora tenemos dos alternativas. Las enmiendas 42, 43 y 44 de la comisión competente y del ponente apuestan por la solución de las listas de inclusión como norma mínima y se completan con la enmienda 61, según la cual esta disposición se deberá reconsiderar al cabo de tres años. Los países que hasta ahora aplican el sistema de las listas de inclusión, podrán mantenerlo como un plus de protección respecto a la norma mínima.
Las enmiendas 53, 60 y 62 propugnan la introducción inmediata de las lista de inclusión, como norma de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Existen buenos argumentos tanto a favor de las listas de inclusión como de las listas de exclusión y a lo largo del debate todavía tendremos ocasión de escuchar muchos de ellos, expresados seguramente con toda la pasión. También yo debo reconocer que más bien soy partidario de las listas de inclusión. Sin embargo, actualmente sólo existe una alternativa seria, que es la primera modalidad, o sea, las listas de inclusión como norma mínima; es decir, que se mantenga el status quo en los Estados miembros.
¿Por qué es así? En primer lugar, hace un año, en la Directiva sobre el comercio electrónico, también optamos por las listas de inclusión como norma mínima, que en cualquier caso se deberá revisar al cabo de tres años. Sería absurdo, incoherente y contradictorio que al cabo de un año justo pretendiésemos adoptar en esta directiva una norma definitiva, ya sea en forma de las listas de inclusión o de las listas de exclusión..
En segundo lugar, actualmente nadie puede prever cómo evolucionará exactamente la situación. Nadie puede decir qué ventajas y desventajas demostrarán tener ambas modalidades durante los próximos dos años. Las prácticas comerciales, la demanda de información de los ciudadanos y también su necesidad de protección están experimentando transformaciones rapidísimas. Todavía no se puede prever cómo responderá el comercio a las nuevas oportunidades que ofrece la publicidad directa por correo electrónico. Las comparaciones con la anterior publicidad por correo, aun siendo inmediatas, no son pertinentes. Mantengámonos fieles a nuestra posición anterior y esperemos, sin precipitarnos, a ver qué sucede con lo que tan sabiamente -y por una abrumadora mayoría, todo sea dicho- decidimos en esta Asamblea en la Directiva sobre el comercio electrónico: las listas de inclusión como norma mínima, la posibilidad de que los Estados miembros opten por las listas de exclusión y el seguimiento de ambos procedimientos.

Paciotti
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión Europea sobre la sociedad de la información segura complementa las anteriores iniciativas, en particular el plan de acción global para la Europa telemática, y exigirá más intervenciones en un sector que está en continuo desarrollo.
El informe de la Sra. Cederschiöld aprueba esta iniciativa y la enriquece con medidas legislativas adecuadas y con sugerencias de instrumentos de cooperación para aumentar la eficacia de la lucha contra los delitos informáticos y garantizar un equilibrio entre las exigencias de prevención y de castigo del delito y el respeto a los derechos de libertad de los ciudadanos. Este equilibrio que está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales debe ser siempre el objetivo que orienta la labor de la Unión Europea, y también por esto el amplio y preciso informe Cederschiöld merece nuestro pleno apoyo.
Asimismo también valoramos positivamente la propuesta de directiva de la Comisión tendente a una protección más actualizada de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y a no dejar las cosas como están, pues es necesaria una armonización.
El informe Cappato propone, por un lado, integraciones útiles a la directiva que refuerzan los límites puestos a la intervención de las autoridades públicas en la vida privada, especialmente en lo que se refiere a las formas de vigilancia electrónica generalizada, de las que se ha hablado esta mañana. Por una parte, se debe compartir, aunque, lamentablemente, en este sector nuestros poderes legislativos no existen. Por otra, sin embargo, el informe Cappato reduce la protección de la intimidad de los ciudadanos que ofrece la propuesta de directiva, precisamente allí donde tenemos competencia legislativa.
La Comisión propone que los datos relativos a las direcciones electrónicas y a los teléfonos móviles de los ciudadanos europeos se puedan incluir en guías públicas y difundirse a través de la red sólo si los interesados han dado previamente su consentimiento. El informe Cappato, por el contrario, propone que las direcciones electrónicas y los datos relativos a los teléfonos móviles se incluyan en las guías públicas y que cada interesado pueda pedir y obtener que se supriman de ellas.
La misma diferencia - ya lo hemos escuchado - afecta a la regulación de las comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa. La Comisión Europea propone que los mensajes no puedan ser enviados sino a quien haya dado su consentimiento, como hoy sucede para los fax. El informe Cappato propone que se pueda adoptar asimismo el sistema opt-out.
Si se considera la rapidez con que una lista de direcciones de correo electrónico puede difundirse a través de la red y ser conocida por un número ilimitado de personas interesadas en enviar mensajes no solicitados y si de considera el coste en tiempo y en dinero de la eliminación de estos mensajes no deseados y de la solicitud a los distintos remitentes de que dejen de enviarlos, se obtiene la medida de la carga que supone para los ciudadanos europeos la adopción del sistema opt-out. Es una perspectiva que podría desalentar, desincentivar la difusión del uso de la red y del comercio electrónico.
En un divertido artículo un periodista italiano escribía: "Me pensaba que había comprado un móvil y me he encontrado con un tamagochi, ese juguete japonés que se ha de cuidar como a un niño. Mi compañía telefónica no me deja nunca solo, me envía muchos mensajes, como un adolescente y me pregunta si quiero participar en un concurso, si estoy enterado de los nuevos descuentos, me saluda cuando voy al extranjero y me da la bienvenida cuando regreso a mi país".
Piensen que pasará cuando su número de móvil y su dirección de correo electrónico serán conocidos no solo por su proveedor, sino por todos los posibles proveedores del mundo que ya no se limitan única ý exclusivamente a vender bienes, sino incluso quieren que su marca guste, seduzca y apetezca.
Si queremos que el comercio electrónico tenga futuro no podemos imponer a los consumidores que empleen su tiempo en borrar mensajes no deseados o en contactar a sus remitentes para rogarles que les dejen en paz. No hay ninguna razón para no garantizar al correo electrónico la misma protección del fax. Un elevado nivel de protección de los derechos garantiza asimismo una mayor confianza de los consumidores.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, para los liberales la libertad de expresión y la libertad de elección son un bien precioso, pero no a cualquier precio. La recepción de correo electrónico resulta mucho más comprometida para el receptor que la recepción de folletos e impresos de papel. Los costes anuales sufridos por los receptores llegan fácilmente a 10 mil millones de euros, por no decir nada de la pérdida de tiempo. Necesitamos, por tanto, una pegatina que ponga "No, gracias", como en el caso de los folletos de papel. Personalmente me inclino por la autorregulación empresarial, pero ha quedado demostrado que en la práctica la denominada solución opt-out no resulta viable. Por eso el Grupo Liberal respaldará la propuesta de la Comisión, en la que se apuesta por el modelo opt-in. En este mismo momento el Congreso de los Estados Unidos también está estudiando una propuesta legislativa de tipo opt-in que abre el camino a la celebración de acuerdos mundiales satisfactorios, lo cual es imprescindible en esta era de comunicaciones sin fronteras.
La recepción de correo no deseado no se limitará a Internet. El sector de la telefonía móvil desempeñará un papel cada vez más importante, ocasionando costes elevados a las empresas y los consumidores, al tiempo que la infraestructura se volverá muy vulnerable.
Mi segunda observación se centra en el almacenamiento de los datos relativos al tráfico. En este marco me remito con mucho gusto al debate sobre ECHELON de esta mañana. En mi opinión supone una violación de la intimidad el que estos datos se guarden más tiempo del estrictamente necesario. De este modo, el comercio electrónico no gozará nunca de la imprescindible confianza del consumidor. Por último, estimados colegas, se impone una armonización de las normas existentes dentro de la Unión. No olvidemos que nuestras empresas de telecomunicaciones operan a escala europea, por lo que necesitan normas uniformes a fin de acabar con la inseguridad jurídica. Por eso, la subsidiariedad no aporta una solución adecuada a este problema.

Buitenweg
Señor Presidente, el derecho a la libertad de expresión otorga a las empresas el derecho a exponer sus mercancías a través de Internet. Ello no significa, sin embargo, que puedan obligar a la gente a leer sus mensajes. Recibo con frecuencia publicidad no solicitada en mi buzón de correo electrónico. En más de una ocasión he tenido que pelearme con formularios redactados en inglés, recorriendo todos los pasos hasta que, al final del todo, podía darme de baja de la lista de correo. Y esto es algo que no se consigue siempre. El sistema opt-out es malo para el consumidor puesto que para borrarse de la lista depende de la buena voluntad de la empresa. Además, darse de baja requiere mucho tiempo y los gastos corren a cargo del consumidor.
Se suele afirmar que las buenas empresas destinan su correo a un público selecto. Ahora bien, con esta afirmación los partidarios dan por supuesto que existe un número sustancial de empresas malas que son un auténtico desastre. Es más, desde el punto de vista técnico y en términos de marketing puede ser perfectamente justificado que yo reciba información sobre ropa de bebé, pero me niego a bajar a mi pantalla peleles o pañales si los costes corren a mi cargo. El hecho de que la información se envíe con arreglo a los criterios del marketing no quiere decir que sea bienvenida o que se trate de un fenómeno limitado. Si los mensajes publicitarios no deseados se disparan en el futuro me temo que mucha gente acabará dando la espalda al acceso público a Internet y al correo electrónico. Entonces la libertad de expresión estará en peor situación.

Crowley
Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones a los ponentes por su trabajo. Evidentemente, todo el ámbito de las nuevas tecnologías nos ha presentado numerosos problemas además de un sinfín de oportunidades. Lamentablemente, sin embargo, al igual que ocurre con la mayor parte de las nuevas oportunidades, éstas han sido secuestradas en gran medida por personas con intenciones delictivas que las utilizan con fines ilícitos. Por consiguiente, nos incumbe a nosotros velar por el establecimiento de controles y medidas adecuados, no en lo que respecta al acceso, sino para garantizar a los padres la certeza de que estas nuevas tecnologías no presentan ningún peligro para sus hijos y también la existencia de cooperación entre los cuerpos policiales de todos los Estados miembros. Acojo con satisfacción el hecho de que los informes contemplen las funciones de Europol y también de Eurojust, así como entre los Estados miembros. También acojo favorablemente el establecimiento de un foro sobre la delincuencia cibernética. Éste es un ámbito importante en el que podemos aunar a todos los operadores, incluidos los fabricantes de equipos, que pueden crear determinadas cosas que pueden sernos de ayuda.
Por último, es un plan progresista que pongamos nuestra mirada en la cooperación con los Estados Unidos de América y otros países de todo el mundo para garantizar que esta nueva tecnología se utiliza en beneficio de toda la humanidad y no sólo de aquéllos que quieren eludir nuestras estructuras jurídicas.

Van Velzen
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, antes que nada quisiera felicitar al ponente por su informe, aunque en nombre del Sr. Westendorp, el presidente de la Comisión de Industria, debo poner reparos al procedimiento aplicado. Se acordó hacer uso de un Procedimiento Hughes reforzado, pero este pacto no ha sido respetado. No entraré en detalles. De nuevo la Comisión de Industria no ha querido detener el debate debido al carácter urgente del tema tratado, pero ello no obstante, estamos decididos a manifestar enérgicamente nuestra disconformidad.
Señor Presidente, a fin de cuentas se trata de dos importantes decisiones políticas. En primer lugar hemos de apostar durante un tiempo determinado por una solución opt-in, una solución opt-out o un sistema mixto. La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza y el almacenamiento de los datos relativos al tráfico. Personalmente soy partidario del sistema opt-in. Les facilitaré algunos argumentos a favor de esta opción. La Sra. Plooij ya ha hecho referencia al estudio de la Comisión Europea en el que se pone de manifiesto que sólo los ciudadanos europeos han perdido mundialmente unos diez mil millones de euros debido al correo comercial no solicitado.
Considero aún más grave que el apoyo de los ciudadanos a la sociedad del conocimiento esté menguando. La gente está harta de que aparte de los dos mensajes electrónicos bienvenidos de personas allegadas aparezcan en su buzón otros 74 mensajes no deseados. Y para colmo, tienes que pagar por ello. Señor Presidente, esta situación es una auténtica fuente de irritación. Tanto es así que en Estados Unidos ha dado lugar a un nuevo concepto: marketing previo consentimiento del destinatario. Las empresas te preguntan previamente si deseas algo. Se trata de un sistema de autorregulación que habría de aplicarse asimismo en Europa. Sin embargo, nosotros nos hallamos aún en una situación de atraso, de modo que hemos de empezar por introducir cierto orden. Por eso, la enmienda de la Sra. Palacio está justificada, aun cuando haga referencia al año 2006. En 2006 podremos pasar, en efecto, a la autorregulación, pero de momento hemos de apostar por el sistema opt-in.
Señor Presidente, mi tercera objeción es que casi todo el mundo se comunica a través del correo electrónico. Por fortuna, algunos colegas han comentado este fenómeno. Fíjense, cuando cruzamos la frontera con Francia o Luxemburgo recibimos todo tipo de mensajes de bienvenida. No sabemos con qué fin, porque no tenemos la impresión de que signifiquen algo, pero los recibimos y eso cuesta dinero. Imagínense que en esta sala nos llegue cada dos minutos un mensaje de pequeños y medianos empresarios bienintencionados sobre un producto nuevo. ¿Quién lo pagará, señor Presidente? Ahí está el problema, y requiere una profunda reflexión.
El cuarto argumento a favor del sistema opt-in, señor Presidente, es que la mayoría de los Estados miembros -entretanto ya no son cuatro, sino siete- ha optado por este modelo. Señor Presidente, se trata de una cuestión de principios, e insto a la Comisión a que se pronuncie al respecto. ¿Por qué se admiten dos sistemas para el comercio electrónico y aquí no? Tengo entendido, señor Presidente, que la razón fundamental está en que en el caso del comercio electrónico los artículos armonizadores se han eliminado, no se han tenido en cuenta y, por tanto, se han puesto entre paréntesis. Ahora bien, la presente directiva gira expresamente en torno a la armonización.
Surge otro problema. ¿Qué ocurre en la práctica cuando unos Estados miembros se deciden por el sistema opt-in y otros aplican el sistema opt-out? ¿Cómo funciona esta solución en la práctica? Desde luego los mensajes electrónicos no discriminan un sistema de otro en las fronteras. A mi parecer, corresponde a la Comisión referirse a los gastos y a la pregunta de si ambos regímenes jurídicos pueden coexistir.
Mi último comentario está relacionado con las posibilidades de localización e investigación. Dado que los proveedores no funcionan como departamentos de investigación criminal las restricciones en materia de contenido y duración a las que está sujeto el almacenamiento de los datos relativos al tráfico revisten una importancia fundamental. Por eso, las enmiendas presentadas al respecto han de evitar que los ciudadanos tengan la sensación de que se vuelva a introducir un sistema ECHELON disfrazado a través del correo electrónico y la telefonía móvil.

Cappato
. (IT) Señor Presidente, con relación al procedimiento seguido para aprobar mi informe, el Sr. Van Velzen ha hecho referencia a una hipotética violación del procedimiento. Pido a la Presidencia que aclare este punto de cara al debate de mañana, porque no quiero que exista esta confusión. Si se ha violado el procedimiento sería conveniente que se anulara el trabajo realizado infringiendo un procedimiento. Si el procedimiento se ha respetado, entonces se ha respetado. Creo que esto es lo mínimo que le debemos al Pleno.
Personalmente, en mi condición de ponente de la comisión competente para el fondo, no he sido consultado nunca por ninguna otra comisión. Si se hubiera tratado de un "procedimiento Hughes reforzado" - que no lo es - se me tenía que haber consultado. Con todo, y al no ser un experto en procedimientos, pido que se compruebe si se ha violado el procedimiento. De ser así, los resultados deben ser anulados.

El Presidente
Señor Cappato, la Presidencia toma nota de lo que acaba de exponer.

Thors
Estimado señor Comisario, estimados amigos, en primer lugar agradezco a la Sra. Cederschiöld y al Sr. Cappato el excelente trabajo realizado. Estoy segura de que el foro que respalda la Comisión y la Sra. Cederschiöld nos mostrará nuevas facetas y nuevos problemas. Además, el debate político posiblemente no será el acostumbrado. Esto se deduce claramente incluso del actual debate sobre comunicación electrónica.
Quisiera señalar que el Grupo ELDR no respalda la enmienda 55. En mi opinión, la propuesta de la comisión sobre almacenaje de datos en relación con el tráfico es más clara. Una minoría del Grupo liberal opina que hay que esperar y ver cómo funcionan esos sistemas y que hay que aplicar el principio de subsidiariedad. Apoyamos la enmienda 61 sobre una cláusula de revisión. Nuestra posición es humilde. No creemos que ninguna de estas propuestas será decisiva, sino que serán los ciudadanos conscientes los que dirán la última palabra.
Creo que muchos de los que decidirán mañana en esta Asamblea no saben que el problema del spam está regulado en gran medida en la directiva de protección informática. En el Reino Unido, por ejemplo, el 44 por ciento de los e-traders no saben que están contraviniendo esta directiva. Además, la gente no sabe qué servicios pueden conseguir. Creo que lo más importante es que los consumidores tengan una conducta responsable y consciente.
En mi país tenemos opt-in, pero nada podemos hacer, por ejemplo, con las personas que utilizan los cambios de dirección. Estamos recibiendo constantemente diferentes formas de spam. Me pregunto si en el futuro se nos exigirá la creación de una especie de registro de direcciones.
Quiero formular una pregunta a la Comisión: ¿Cómo piensan tratar este asunto en el marco del diálogo transatlántico, en el diálogo global? ¿Cuánto hay de verdad en lo que se dice sobre la postura de EE.UU.? Se dicen muchas cosas diferentes. Muchos dicen que la administración del Sr. Bush todavía no quiere hacer nada, que es prematuro, que se quiere esperar y ver el desarrollo tecnológico. Además,¿ qué reglas se aplicarían si una empresa europea se dedicase al spam fuera de la UE: la directiva sobre comercio electrónico o esta directiva?

Harbour
Señor Presidente, quisiera centrar mis observaciones esta noche en el informe de la Sra. Cederschiöld. Es el motivo por el que me encuentro aquí, tras haberlo seguido de cerca en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Quisiera elogiar a la Sra. Cederschiöld por el modo en que ha sabido incorporar tantas opiniones de las diferentes comisiones en un informe muy exhaustivo, y también felicitar a la Comisión por esta iniciativa. Creo que éste es un documento muy valioso que representa todo un reto.
Uno de los problemas del informe es la enorme cantidad de material y posibles acciones que contiene, por lo que será necesario establecer prioridades. Por ello, esta noche quisiera limitar mi intervención al que creo que es un problema crucial que debe ser examinado a corto plazo: toda esa cuestión de cómo podemos fomentar el desarrollo del comercio electrónico utilizando estas herramientas, buscar solución al tipo de problemas comerciales que algunos colegas ya han comenzado a intentar frustrarlos, en mi opinión, pasando de forma prematura al rígido sistema de opt-in al que hacen referencia.
El mercado del comercio electrónico se encuentra en una fase muy incipiente y está aún poco desarrollado. No queremos ahogarlo con algunas de las cosas sobre las que estamos hablando. Aunque deberemos ocuparnos de los temas de seguridad.
Un informe muy importante elaborado la semana pasada por la Asociación de empresas británicas, la CBI, demostraba claramente que tanto las empresas como los consumidores son reacios a incorporarse al mercado del comercio electrónico porque les preocupa la seguridad. Las empresas, en particular, las pequeñas y medianas empresas, sienten preocupación por la vulnerabilidad de sus negocios al fraude y a las transacciones fraudulentas. Quisiera sugerir a la Asamblea que una de las cosas en que debemos trabajar es asegurarnos de que las pequeñas y medianas empresas se benefician de la presente resolución.
A los consumidores les preocupa involucrarse en transacciones porque temen por la seguridad de sus pagos. Éstos son los temas espinosos que debemos resolver. Debemos combinar eso con un régimen que permita a las PYME usar el comercio electrónico de una manera práctica y eficaz. Por ello combinaré mis observaciones sobre ambos informes diciendo que creo que estamos siguiendo el camino adecuado con la Sra. Cederschiöld y el camino adecuado con el Sr. Cappato.

Coelho
Señor Presidente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen repercusiones fundamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la propia economía de nuestras sociedades. Resulta imprescindible, así, que haya una protección rigurosa contra posibles abusos o incluso actos delictivos. Hablamos de la ciberdelincuencia, ya sea en el nivel de los derechos fundamentales y la intimidad de los ciudadanos o en el de los servicios de interés general, las transferencias bancarias, inversiones, fraudes con tarjetas de crédito, entre otros.
Así, tiene razón el Sr. Cedershiöld cuando defiende una estrategia europea que sea coherente y que, por un lado, garantice la libertad y refuerce la seguridad de los servicios y las infraestructuras de información y, por otro, luche contra las actividades delictivas que afectan no sólo a los intereses de los ciudadanos individualmente considerados, sino también al propio interés público.
Tenemos también en debate el informe del Sr. Cappato, al que aprovecho para felicitar por el trabajo que ha hecho, relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Fue un informe que mereció un gran debate y que intenta encontrar un equilibrio entre la protección de la vida privada, los aspectos jurídicos y los intereses de la industria. Aparte de las cuestiones relacionadas con la intervención de los Estados miembros en la dirección de las investigaciones criminales, la gran cuestión tiene que ver con el spamming.
Me complace la posición expuesta por el Sr. von Boetticher en nombre del PPE. Pero no quisiera dejar de añadir una expansión personal: desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los consumidores, estoy más próximo a la propuesta de la Comisión que a la del Sr. Cappato, más próximo a la solución de opt in que a la de opt out. Ahora bien, la cuestión que se plantea es la de si es eficaz, sobre todo si sólo la adoptara la Unión Europea. A este respecto se plantea una cuestión que tiene que ver con la relación de la Unión con otros interlocutores, a la que, por lo demás, ya se ha hecho referencia en este debate. Creo que ninguno de nosotros deseará sin lugar a dudas un sistema de correo electrónico cada vez menos utilizable por estar inundado y bloqueado por innumerables mensajes de ese clase, no solicitados y, no pocas veces, de gusto dudoso.

Rübig
Señor Presidente, Señorías, estamos hablando del correo electrónico, del spamming y de otras cuestiones muy diversas. Yo creo que, en principio, habría que diferenciar tres ámbitos: las comunicaciones entre empresas (from business to business), de la empresas al cliente (from business to customer) y entre clientes (from customer to customer). A continuación deberíamos reflexionar también sobre los principios. Yo no creo que cada forma técnica de comunicación requiera necesariamente una solución específica. Todos conocemos el principio del buzón, donde se puede poner un adhesivo. Todos hemos aprendido a manejar el teléfono, el teléfono celular, el servicio de mensajes breves, el correo electrónico. Yo creo que es realmente necesario que consideremos qué principio queremos que informe en el futuro el uso de esta tecnología, de esta oferta de información y de esta publicidad.
Evidentemente, también en este ámbito es preciso considerar las diferentes escalas de valores. Conozco personas que dicen que desean recibir toda la información posible sobre todos los sectores posibles. Luego ya decidirán por sí mismas qué desean conservar y qué no. Otros dicen que sólo desean recibir la información que hayan solicitado personalmente. Lo que también se designa como "compromiso de prestación" (Hol- und Bringschuld). Yo creo que debemos examinar detenidamente este aspecto.
En lo que respecta a la "guerra cibernética" y a los delitos informáticos, deberíamos concentrarnos en tres aspectos: debemos impulsar la investigación y desarrollo en este ámbito, particularmente en el centro de Ispra, en las proximidades de Milán. Yo creo que queda mucho por hacer en este aspecto, también en lo que respecta a los dispositivos básicos de seguridad de la Comisión y el Parlamento. Tenemos que considerar qué modalidades de formación y perfeccionamiento profesionales podemos ofrecer en este ámbito, en lo tocante a escuelas técnicas superiores y cátedras universitarias, por ejemplo. Yo creo que es necesario desarrollar actividades en este contexto. Tenemos que reflexionar sobre la infraestructura de seguridad que se debería ofrecer en el futuro en el ámbito de los equipos físicos y los soportes lógicos.
Antes de acabar, quiero añadir que también considero importante un reparto de competencias. Las autoridades procesales, los tribunales y los operadores responsables deberían trabajar todos con "cuatro ojos" a fin de evitar que se pueda hacer un uso indebido del sistema.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Cappato y también a la Sra. Thors, al Sr. Bakopoulos y a la Sra. Schröder, pertenecientes a las distintas comisiones del Parlamento Europeo que han contribuido a este informe. Comenzaré por el informe Cappato.
Me complace que el Parlamento debata ahora sobre esta importante directiva que constituye un elemento fundamental del paquete de reformas normativas de las comunicaciones electrónicas. Ello nos permitirá intentar minimizar el retraso de procedimiento de que es objeto la directiva sobre la protección de datos, en comparación con el resto del paquete.
Quisiera también centrarme en dos temas a los que se han referido numerosos diputados. Primero, si el envío de correo electrónico no solicitado debe depender del consentimiento previo expreso del destinatario (solución opt-in) y la cuestión de la retención de datos sobre tráfico con fines policiales.
Parece desprenderse del debate que en esta Asamblea existe división de opiniones sobre la propuesta relativa a la solución opt-in, para el envío de correo electrónico no solicitado. Es comprensible puesto que se trata de una cuestión compleja y los argumentos de ambas partes del debate tienen sus razones. No obstante, estoy convencido de que la propuesta de la Comisión a favor de la solución opt-in es la mejor, básicamente, por dos razones. Primera, el mercado interior necesita una solución armonizada, una normativa simple y clara para toda la UE. Tiene especial importancia en un sector económico en el que no existen fronteras, como es el caso del comercio electrónico en Internet.
El Sr. van Velzen me ha preguntado si es posible aplicar la subsidiariedad en este ámbito. Quiero ser perfectamente claro. Es jurídicamente imposible que los países a favor de la solución opt-in apliquen su sistema respecto al correo procedente de países a favor del opt-out [la solución que permite el envío mientras el destinatario no se pronuncie en contra]. La existencia de ambos sistemas no es posible porque el régimen de opt-out anularía cualquier sistema de opt-in. Podemos hablar de subsidiariedad, pero en la práctica no puede funcionar con ambos sistemas. El sistema opt-out, en especial, invalidaría el sistema opt-in.
La segunda razón es la cuestión de los costes, a la que se han hecho múltiples referencias. Es muy difícil justificar que los destinatarios de correo electrónico comercial no solicitado deban pagar por unos mensajes que no desean recibir. Resulta incómodo recibir material publicitario impreso de la forma tradicional en el buzón, pero al menos no hay que pagar por él. El destinatario no paga a la imprenta ni paga el transporte. La comercialización por correo electrónico es posiblemente la única forma de marketing en la que el destinatario soporta la mayor parte del coste. Por otra parte, la eliminación de correos electrónicos no solicitados de los servidores de correo entraña un coste considerable para los proveedores de acceso a Internet. Por este motivo, los proveedores de acceso a Internet están claramente a favor de la solución opt-in.
Por último, debemos recordar que Internet está pasando a la modalidad del móvil. Está comenzando ahora con mensajes SMS. Pero la presente legislación afectará a la totalidad del correo electrónico que, en un futuro, llegará a los aparatos móviles. En este caso, las consecuencias serían aún más perjudiciales que cuando recibimos dichos mensajes en un PC. Imagínense el móvil en su bolsillo sonando continuamente para anunciar la llegada de otra oferta comercial que no podemos rechazar, pero no queremos apagar nuestro móvil porque queremos estar conectados con nuestros allegados. Por otra parte, los mensajes en los móviles pueden suponernos además un coste aún mayor si el abonado viaja continuamente como hace la mayoría de los que nos encontramos aquí esta noche. Nosotros estamos, prácticamente, siempre de viaje. Con la llegada de Internet móvil, los costes y las molestias de comunicaciones no solicitadas experimentarán por tanto un importante aumento.
La Sra. Thors ha formulado dos preguntas. En primer lugar, la situación en los Estados Unidos. He tenido el privilegio de tomar parte en muchas negociaciones en este ámbito con miembros del Senado y del Congreso de los Estados Unidos. En la actualidad existen aproximadamente 60 propuestas en el Congreso sobre este asunto. En general, se reconoce que el actual sistema opt-out presenta muchos problemas, pero las soluciones varían. Hay quien apuesta por soluciones opt-in, hay otros que presentan diferentes planes para que se establezcan normas estrictas, como la imposición de sanciones a las empresas que no eliminen el nombre del destinatario tan pronto como éste lo solicite. No puedo decir que exista una solución sencilla, la actual práctica de opt-out es objeto de críticas. Hay miembros poderosos del Senado y del Congreso que defienden la solución opt-in. Sus Señorías tendrán ocasión de contactar con estas personas, especialmente cuando el Comité sobre Internet del Congreso visite Europa en las próximas semanas.
En cuanto a la aplicabilidad del régimen opt-in fuera de Europa, el Acuerdo del GATT permite a sus miembros adoptar medidas para aplicar su legislación en el ámbito de la protección de datos dentro de su territorio. Sobre esta base, la UE puede exigir a empresas no establecidas en la UE que respeten su legislación de opt-in. El Sr. Coelho ha preguntado si eso es difícil de controlar. En el mundo en que vivimos es muy difícil elaborar legislación que sea impermeable al 100%. Pero estoy seguro de que la solución opt-out será mucho más difícil de controlar que la solución opt-in. No existe ningún sistema armonizado. Existen cientos de miles de bases de datos, prácticas, operaciones privadas, y si hay alguien optimista, le invito a que lo intente. Podría, por ejemplo, comenzar por enviar una carta a todas las empresas cuyo material ya no desea recibir y luego comprobar cuántas retiran su nombre durante los días siguientes y cuántas responden a su solicitud. Es algo que cualquiera puede intentar. Yo lo he hecho y no me siento optimista.
El régimen opt-in es una solución jurídica uniforme. Existen algunas dificultades, pero estoy seguro de que son menos que con el actual régimen opt-out. Por estos motivos, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 19, 41 y 42. No obstante, sabiendo lo difícil que es esta cuestión y la división de opiniones que existe en la Asamblea, debemos buscar soluciones de compromiso y yo quiero ser abierto y constructivo en este asunto. Por consiguiente, acogemos favorablemente las enmiendas de compromiso 53 y 62 porque son constructivas. La Comisión está dispuesta a buscar soluciones en las líneas de dichas enmiendas, pero a condición de que se modifique la redacción y se racionalicen dentro del marco jurídico en vigor.
El segundo tema importante al que deseo referirme es la retención general de datos sobre tráfico con fines policiales. En este ámbito, tengo la impresión de que la Comisión y el Parlamento Europeo están en la misma línea. La directiva en vigor sobre la protección de datos de las telecomunicaciones establece que los datos sobre tráfico deberán ser eliminados en cuanto dejen de ser necesarios para la provisión del servicio y a efectos de la facturación. Por otra parte, existe una cláusula que hace referencia a las razones por las que Estados miembros pueden adoptar medidas jurídicas específicas haciendo una excepción de este principio en casos excepcionales. Estas razones incluyen, entre otras, la seguridad nacional, la defensa, la investigación y el seguimiento de una causa criminal. Ya hemos tratado hoy sobre estos temas en la Asamblea. Habida cuenta de que los derechos garantizados en las directivas en vigor y propuesta tienen como base el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos - relativo a la protección de la intimidad del hogar, de la vida familiar y de la correspondencia - toda excepción deberá ser conforme a las normas establecidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Cómo argumentábamos esta mañana durante el debate sobre ECHELON, es importante que las normativas, tanto para los ciudadanos como para el Estados, sean perfectamente claras y precisas en lo que respecta a los derechos y las obligaciones en este ámbito tan delicado. Por consiguiente, la Comisión puede apoyar la enmienda 4, que refuerza el texto del considerando sobre este punto. No obstante, la Comisión no está a favor de copiar el mismo texto en el artículo 15, tal y como propone la enmienda 50, porque puede sobrepasar el fundamento jurídico de la directiva.
En definitiva, de las 62 enmiendas presentadas al Pleno, la Comisión puede apoyar 35 en su totalidad. Estas enmiendas son 1 a 4, 7 a 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 a 29, 31 a 35, 37, 39, 45, 49, 51, 52, 56 y 57.
Otras siete enmiendas que pueden ser respaldadas en parte o en principio, a condición de que se modifique su formulación, son 5, 46 a 48, 53, 60 y 62. Anteriormente me he referido a dos de estas enmiendas.
Pero hay 20 enmiendas que la Comisión no puede apoyar: 6, 11, 13, 16, 19, 20, 30, 36, 38, 40 a 44, 50, 54, 55, 58 y 59.
Respecto al informe Cederschiöld, quisiera expresar mi agradecimiento a sus Señorías por el talante constructivo con que han enfocado la comunicación de la Comisión sobre la delincuencia cibernética y la seguridad de las infraestructuras de la información. Deseo, en particular, expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Cederschiöld, y también a la Sra. McCarthy y a la Sra. Zorba, ponentes de opinión de las comisiones que han contribuido. El informe identifica temas clave que deben ser estudiados más a fondo.
Muchas de las recomendaciones que contiene el informe se ajustan al actual punto de vista de la Comisión sobre el desarrollo de políticas para luchar contra el delito informático y mejorar la seguridad.
No obstante, debo decir que hay una recomendación que no es aceptable para la Comisión, se trata de la recomendación 5 relativa a la transferencia a la Comisión de las responsabilidades sobre la protección de datos y la concentración de la responsabilidad de varias otras tareas en divisiones separadas. Es una cuestión de organización interna de la Comisión que debe ser dejada enteramente al criterio del Presidente de la Comisión.
Respecto a las demás recomendaciones, a condición de que aún no formen parte de planes de desarrollo de políticas, la Comisión las examinará detenidamente y estudiará hasta qué punto pueden ser incorporadas en próximas o nuevas iniciativas.
Como saben, esta comunicación fue emitida en enero de este año. Estuvo patrocinada conjuntamente por el Comisario Vitorino y por mí. Ésta ha sido la primera declaración sobre una política integral de la Comisión Europea en el ámbito del delito informático.
En marzo, la Comisión organizó una audiencia pública. Más de 400 personas acudieron a Bruselas para asistir a este acontecimiento, lo que demuestra el gran interés del público por participar en este debate. A continuación, la Comisión presentará en breve una propuesta sobre una decisión marco para luchar contra los graves ataques a que son sometidos los sistemas de información. Esta iniciativa trata sobre acciones como la piratería informática, los ataques a la negación de servicios y la propagación de virus.
En junio, la Comisión publicó una comunicación sobre la seguridad de las redes y de la información, que he presentado detalladamente esta mañana a la Asamblea. Dicha comunicación trata sobre medidas preventivas de organización y técnicas, y es complementaria a la decisión marco sobre investigaciones criminales ex post.
A nivel técnico, dentro del Programa sobre tecnologías de la sociedad de la información, la Comisión está fomentando la investigación y el desarrollo para conocer y reducir las vulnerabilidades y alentar la difusión de conocimientos. Estos proyectos de tecnologías de la sociedad de la información se centran, en particular, en el desarrollo de tecnologías encaminadas a crear confianza.
La primera iniciativa legislativa anunciada en la comunicación ya ha visto la luz: una propuesta sobre una decisión marco que incluye medidas para luchar contra la pornografía infantil. Comparto plenamente las firmes condenas expresadas esta noche sobre este asunto en la Asamblea.
La comunicación anuncia un foro en el que las partes interesadas tendrán la oportunidad de debatir sobre los distintos temas para encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad de la red, las competencias de los responsables de velar por el cumplimiento de la ley, la protección de la intimidad y la prioridad económica. Un debate abierto es de vital importancia para llegar a un enfoque político eficaz, coherente y equilibrado y para garantizar la confianza entre los ciudadanos europeos. La confianza de los usuarios guarda una estrecha relación con el despegue del comercio electrónico y con el éxito de la sociedad de la información.
El informe del Parlamento Europeo marca un hito importante en este debate sobre políticas.

van Velzen
Señor Presidente, el Sr. Comisario ha dejado claro por qué, en su opinión, los sistemas opt-in y opt-out no pueden funcionar en paralelo en la presente directiva. Pero debo hacerle otra pregunta. Para mi Grupo es de la máxima importancia conocer por qué es posible en la directiva sobre el comercio electrónico. Quizá el Sr. Comisario pueda respondernos a esta pregunta.

Liikanen
. (EN) La razón es que la directiva sobre el comercio electrónico excluye todos los aspectos relativos a la protección de datos. Es el motivo por el que se trata sobre ello en un contexto diferente en la directiva sobre la protección de datos y en la presente directiva.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Aplicación de las normas sobre competencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0229/2001) Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la aplicación de las normas sobre competencia.

Evans, Jonathan
. (EN) Señor Presidente, de todos los temas sobre los que hemos debatido esta semana, ninguno tendrá mayores repercusiones sobre la riqueza económica de Europa que la reforma de la política de competencia. La competencia justa y abierta constituye los cimientos sobre los que descansa el mercado único europeo y de ella depende el crecimiento de las economías europeas. Por este motivo debemos mantener nuestra determinación de erradicar a los monopolistas y a aquellos que participan en oscuras maquinaciones anticompetitivas para fijar los precios o acordar la repartición del mercado. Estas acciones no sólo perjudican los intereses de los competidores comerciales, sino que además son una estafa a los consumidores y debilitan la economía competitiva dinámica de la que dependen nuestros futuros intereses económicos.
Pero todos debemos reconocer también que las armas del Comisario Monti para atajar dichos abusos, lamentablemente, han quedado desfasadas. El Libro Blanco de la Comisión sobre la reforma de la política de competencia ponía de relieve estas dificultades. El procedimiento, de 40 años de antigüedad basado en el artículo 17 del Reglamento, se había convertido en un ejercicio meramente burocrático. La Comisión quiere un cambio radical que devuelva la aplicación de la legislación en materia de competencia de la UE a las autoridades nacionales, con el fin de dar un nuevo enfoque a sus esfuerzos por erradicar los cárteles y el abuso de poder del mercado.
El Parlamento dio su aprobación a estos objetivos. Pero expresamos abiertamente nuestra preocupación por temas importantes como la necesidad de seguridad jurídica. También apuntamos al posible peligro de que la reforma propicie la aplicación inconsciente o incluso una nueva nacionalización de la política de competencia, lo que destruiría el mercado único.
Se trataba de preocupaciones reales manifestadas por muchos diputados, así como por importantes sectores de la comunidad empresarial de toda Europa. Reconozco y comparto dichas preocupaciones, y algunos colegas y representantes de la patronal europea siguen compartiéndolas hoy. No obstante, creo que el Comisario Monti ha tenido en cuenta realmente nuestras preocupaciones, como refleja la propuesta de la Comisión.
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el artículo 3 del Reglamento, que de manera inequívoca establece que en los casos que afecten al comercio entre Estados miembros se dará prioridad a la legislación europea en materia de competencia. Es el requisito principal del mercado único, requisito que ha obtenido el firme apoyo de todas las partes en nuestros debates en comisión.
Para nosotros, el mantenimiento del artículo 3 forma parte fundamental de esta reforma. Reconocemos que puede haber algunos Estados miembros que intenten diluir sus repercusiones. Consideramos que el artículo 3 es un elemento tan esencial de la reforma que deseamos que se nos vuelva a consultar si el Consejo obliga a la Comisión a introducir modificaciones significativas a este artículo.
Hemos presentado varias enmiendas con vistas a mejorar el funcionamiento de esta reforma radical. Hemos encontrado, por ejemplo, escaso apoyo fuera del "Bundeskartellamt" [Oficina federal alemana antimonopolio] al nuevo plan de registro en virtud del artículo 4 que, en nuestra opinión, es una pérdida de tiempo y carece de sentido. Queremos su eliminación.
Hemos presentado una serie de enmiendas para mejorar la seguridad jurídica de las empresas, que incluye la ampliación del artículo 10 - modificaciones que han obtenido un amplio respaldo de las empresas. Hemos pedido garantías adecuadas sobre las competencias de la Comisión en relación con la aplicación de soluciones de naturaleza estructural. Hemos sugerido que las sanciones que las autoridades nacionales impongan en virtud del Derecho de la UE sean las que establece la legislación comunitaria. Asimismo hemos propuesto modificaciones de las disposiciones de transición y sobre la realización de una revisión regular.
También hemos batallado con el problema del tratamiento de las comunicaciones procedentes de los asesores jurídicos internos. Me siento en deuda con mi colega el Sr. Rovsing por la atención que ha dedicado a este asunto. En las distintas partes de la Unión Europea existen normas diferentes en vigor. Hemos intentado garantizar que se reconoce el nivel profesional de los abogados internos, al tiempo que no obstaculizan la investigación minuciosa por parte de la Comisión de posibles infracciones.
En la votación en comisión he indicado que, posiblemente, esta situación quedaría resuelta con una declaración de la Comisión que explique el tratamiento que se da a dichas pruebas en la aplicación de sanciones de la Comisión. El Sr. Rovsing y yo comprendemos ahora que el Comisario Monti pueda tener en mente realizar una declaración en dichos términos, en cuyo caso, nuestro Grupo ya no considerará adecuado el mantenimiento de la enmienda 10.
Este debate ha puesto de relieve asimismo otros temas importantes, aunque más amplios, de la reforma de la política de competencia. Acogemos con satisfacción el dinamismo que el Comisario Monti ha puesto en sus instrucciones. "Supermario", como lo han llamado los medios de comunicación, ha tomado la iniciativa, y lo ha hecho no sólo a la hora de presionar en favor de una reforma radical en Europa. Ha estado en el centro de las tendencias hacia una coordinación mundial de las políticas de competencia y de su cumplimiento.
Estamos seguros de que en una economía cada vez más globalizada será necesaria una reforma radical como ésta. Pero también creemos en controles y balances y queremos que el Tribunal de Justicia revise a fondo las acciones de la Comisión.
Nuestra comisión agradece al Comisario Monti su compromiso de diálogo real y fructífero. Pero reiteramos nuestro objetivo de que el Parlamento siga avanzando hacia la plena codecisión en lo que respecta a estos asuntos.
El interés de mis colegas parlamentarios en temas de política de competencia no se limita únicamente al ejercicio teórico de abogados mercantiles. En un mundo cada vez más globalizado, reconocemos que la competencia efectiva es el motor necesario para el crecimiento de las economías europeas, y el bienestar de las personas que nos han enviado aquí para que las representemos depende de una competencia justa y abierta que impulse dicho crecimiento.

Wieland
Señor Presidente, Señorías, mi posición es parecida a la del Sr. von Boetticher en el debate anterior. No voy a entrar en detalles en mi intervención en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y Mercado Interior. El informe del ponente Evans nos parece plenamente satisfactorio y acertado, y le felicitamos por ello. Las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y que la comisión competente para el fondo a hecho suyas refuerzan los planteamientos del informe del ponente. Voy a citar sólo un ejemplo: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior pide, en el nuevo texto, que en el futuro las decisiones se hagan públicas ?respetando, evidentemente, el secreto comercial?, no que puedan hacerse públicas, como parece desprenderse del texto anterior.
Permítanme que llame su atención sobre un aspecto, al que también acaba de hacer referencia el ponente y que yo también quisiera señalar al Comisario y a la selecta minoría de colegas expertos en la materia que aún permanecen aquí. Se trata de la enmienda 10 de la comisión competente para el fondo.
Algunos Estados miembros reconocen la existencia de una relación confidencial privilegiada entre el asesor jurídico y su cliente. Ésta forma parte de las realidades jurídicas aceptadas en la mayoría de Estados miembros. En cualquier caso, para sincerarse a fondo, las personas necesitan contar con una persona de especial confianza, trátese de un médico, de un abogado o también, en un contexto religioso, de un sacerdote.
La enmienda 10 garantiza esta relación tradicional entre el asesor jurídico y quien busca asesoramiento jurídico, incluidos también los llamados in-house lawyers, los asesores internos. El Comisario tal vez nos asegurará que la información obtenida en el contexto de dicho asesoramiento jurídico no puede tener efectos agravantes. Sin embargo, a mi parecer, no siempre sirve de gran cosa que se limite la pena máxima y luego se diga: "Hasta su asesor jurídico le recomendó que no procediera de ese modo. Puesto que no siguió su consejo, esto se debe considerar un agravante" . Es una explicación razonable, pero yo quiero señalar que resulta insuficiente, ya que en el fondo los hechos sólo se pueden considerar realmente probados a partir de la información obtenida por el asesor jurídico. Esto resulta inconciliable con la independencia de dicho estamento profesional y con el principio de la confidencialidad de la relación entre el cliente y su abogado. A mi parecer, es preciso decidirse por lo uno o lo otro. "Un poco embarazada" es una respuesta que no es de recibo en este contexto.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo, yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, que ha elaborado un excelente informe, en el cual se acogen favorablemente las propuestas de la Comisión y se presentan las medidas complementarias que propone la comisión competente, y que él acaba de exponer también aquí. Por todo ello, ¡muchísimas gracias!
Todos sabemos que las normas de la competencia se remontan a 1957 y el Reglamento nº 17, a 1962, y que todo el marco de condiciones ha cambiado desde entonces. Por un lado, nos enfrentamos con el fenómeno de la globalización y, por el otro lado, la Unión Europea de los seis pasará a ser en el futuro una UE de los 25. Personalmente, me parece bien que el sistema centralizado, en el que la competencia de aplicar los artículos 81 y 82 estaba reservada exclusivamente a la Comisión, se transforme en un sistema descentralizado. Éste no debe conducir, no obstante, a una renacionalización de las políticas en el ámbito de la competencia.
La prevalencia del Derecho europeo sobre el Derecho nacional ya lo previene, por otra parte, en la práctica y yo espero que la presente propuesta haga posible una competencia justa y unas condiciones de competencia equitativas, la seguridad jurídica de todas las empresas, una aplicación uniforme de la política de competencia, una simplificación según el principio de la "ventanilla única" , la coordinación entre las autoridades nacionales en materia de competencia, a mi modo de ver autónomas, y una estrecha interrelación entre las autoridades y tribunales nacionales y la Comisión, así como una división clara de competencias entre las autoridades y tribunales nacionales en lo que respecta a la aplicación de la legislación europea en materia de competencia y de monopolios, mientras la Comisión seguirá siendo la guardiana de los Tratados y de este modo dispondrá de más tiempo para ocuparse de los verdaderos problemas, o sea, del control de las fusiones y los monopolios.
Yo les felicito sinceramente por haber tenido el valor de impulsar un cambio y desearía ver reforzada esta orientación también en otros ámbitos.

Berenguer Fuster
Señor Presidente, creo que por renuncia de otro miembro de mi Grupo, se me ha acumulado un tiempo adicional de uso de la palabra. En cualquier caso no voy a agotarlo.
Verdaderamente, señor Presidente, tenía razón el ponente, Sr. Evans -al que felicito por su informe- cuando decía que este es un tema muy importante, aunque también es cierto que las cuestiones relativas a la reforma del procedimiento en materia de competencia no suscitan el interés de los ciudadanos, con toda la importancia que puedan tener para el mundo económico.
Pero, personalmente, tengo que confesar que, para mí, participar en la reforma de las reglas de procedimiento en materia de competencia supone una satisfacción personal especialmente importante. Porque participar, aunque sea de forma muy modesta, en el proceso de derogación del Reglamento 17 de 1962, contra el que he librado una larga y antigua batalla y sobre el que he escrito repetidas veces de forma muy crítica, me resulta -y tengo que confesarlo aquí- tremendamente gratificante.
Pero a la hora del entierro de esa norma -que bien enterrada esté-, que siempre he juzgado desdichada, en este momento, quizá, con el respeto que se debe tener a los muertos, se debe hacer un responso un tanto más justo reconociendo lo que ha podido tener de bueno a lo largo de la historia.
El Reglamento 17 tuvo su sentido en el momento en que fue aprobado, es decir, en el año 1962, en el que estaba naciendo la aplicación del Derecho comunitario de la competencia, lo cual podría justificar una centralización de los poderes en la Comisión, para una Comunidad, de seis países con menos de 200 millones de habitantes. Pero el problema del Reglamento 17 no fue ni su elaboración ni las normas que establecía en el momento de su elaboración. Su problema ha sido su mantenimiento a lo largo de cerca de cuarenta años, cuando las condiciones habían cambiado radicalmente. Cualquiera que tuviera contacto con los procedimientos de la Comisión en materia de competencia era consciente de la insatisfacción que suponía su aplicación.
Finalmente -y afortunadamente- la Comisión ha optado por rendirse a la evidencia y promover la derogación de ese Reglamento, sustituyéndolo por una norma más actual, en línea con lo anunciado en su momento por el Libro Blanco sobre la modernización de las normas comunitarias en materia de competencia.
En el informe elaborado sobre el Libro Blanco, este Parlamento ya tuvo ocasión de pronunciarse en sentido positivo, si bien es cierto que en algunos casos, con ciertas matizaciones. Estas matizaciones estaban relacionadas tal vez con las reticencias de algunos miembros de algún país que habían influido decisivamente en la elaboración de su sistema nacional, y habían influido fundamentalmente en lo que había sido del Reglamento de procedimiento. Obviamente, esas reticencias no eran las mías. Considero que las nuevas orientaciones en el campo del Derecho comunitario de la competencia constituyen no solamente un magnífico esfuerzo para modernizar ese Derecho comunitario sino además un esfuerzo realizado en la dirección correcta.
Hoy se nos presenta una propuesta de texto normativo que, en buena medida, responde a cuanto se había anticipado en el Libro Blanco. Y también, en cierta medida, recoge algunas de las observaciones que en su momento hizo este Parlamento.
Es cierto que en algunos aspectos la propuesta de reglamento nos ha sorprendido con extremos que no se habían anunciado en el Libro Blanco. Me refiero, en concreto, a lo establecido en el artículo 7 sobre la posibilidad de adoptar medidas estructurales como consecuencia de una decisión recaída en un expediente de conductas prohibidas. Se trata, ni más ni menos, de adoptar medidas tales como el troceamiento de las empresas, particularmente de aquellas que hayan hecho un uso abusivo de su posición dominante. Son estas unas medidas, como sus Señorías saben, habituales en el Derecho estadounidense. Ahí está el caso Microsoft y el famoso de las siete hermanas, el troceamiento de la empresa petrolera Rockefeller, posibilidades que resultan tremendamente novedosas en el Derecho europeo.
Por mi parte apoyo sin reservas esa medida; y las matizaciones que se han introducido por vía de enmienda en este Parlamento constituyen simplemente una manifestación de un deseo de que esa facultad se use con prudencia, como indudablemente va a hacer la Comisión.
Tal vez es cierto que en otros aspectos la propuesta de la Comisión no se ajusta plenamente a lo aprobado en su día por el Parlamento Europeo. En concreto en su día este Parlamento se manifestó en favor de una verdadera norma de procedimiento que regulara los principios lógicos de cualquier norma procesal, aunque fuera simplemente incorporando los usos que la propia Dirección General de la Competencia, había introducido a lo largo de cerca de cuarenta años. En ese sentido, la propuesta de la Comisión ha sido más tímida que en otros aspectos, pero, en cualquier caso, si se aprueban las enmiendas contenidas en el informe Evans, o bien las que todavía mantiene este Grupo parlamentario, ese defecto se podrá corregir.
Hay otros puntos en los que quizá la satisfacción deja de ser completa. Es cierto que no hay un estándar único en materia de garantías del procedimiento o derechos de defensa. Pero a quienes venimos de un país en el que a los procedimientos sancionadores administrativos se aplican, por garantía constitucional, los mismos principios que en el procedimiento penal, y se conceden los mismos derechos a las personas físicas que a las personas jurídicas, nos gustaría que ese estándar, que ese nivel de garantías hubiera sido elevado de acuerdo con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos que no han sido incorporadas al texto. Pero, al fin y al cabo, en mi país se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y, sin ninguna duda, este es un buen Reglamento al que estamos prestando nuestro apoyo.

El Presidente
Efectivamente, tenía usted acumulado el tiempo de la Sra. Randzio-Plath, un total de seis minutos, que usted ha recibido.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, Sr. Evans, por su positiva y constructiva cooperación que ha dado como fruto un buen informe. Ha sido un gran placer colaborar contigo. El objetivo fundamental de la revisión a la que se está sometiendo la legislación sobre competencia es mantener una buena política de la competencia. Precisamente este verano hemos visto en Dinamarca la importancia de una política de la competencia eficaz. A este respecto me gustaría elogiarle y darle las gracias, señor Comisario Monti, por su intervención activa en el caso SAS/Maersk, el caso de la gran compañía aérea, con el que nos hemos divertido durante las vacaciones de verano, y en el que se ha puesto en evidencia la existencia de un cártel ilegal e impuesto una elevada sanción. Sin su intervención y la de la Comisión, el caso nunca habría llegado tan lejos y nunca se hubiera ayudado a los consumidores. Por ello estoy satisfecha con el artículo 3 de la propuesta de la Comisión, que establece claramente que es el derecho de la competencia comunitario y no el de los Estados miembros el que se aplica en los casos transfronterizos relacionados con la competencia.
Para el Grupo Liberal resulta fundamental que no se lleve a cabo una renacionalización de la política comunitaria de la competencia. No es naturalmente ningún secreto que somos muchos quienes estamos preocupados ante la posibilidad de que la propuesta de la Comisión conduzca a una renacionalización y con ello a una socavación del mercado interior, lo que afectará mayormente a las pequeñas y medianas empresas e irá en perjuicio de los consumidores. Por ello ha de prometernos, señor Comisario Monti, que vigilará muy estrechamente a las autoridades nacionales de la competencia, yo le aseguro que le vigilaré a usted, señor Comisario, y vigilaré que cumpla con nuestras expectativas, lo que sí ha hecho hasta la fecha. Por ello también me gustaría romper una lanza para que se asignen más recursos a la autoridad de la Comisión en materia de competencia y así no corramos el riesgo de que la política de la competencia quede diluida siendo asumida por los países miembros.
En el caso de que el Consejo, tal como se rumorea, rechace el artículo 3, quiero exhortarle, señor Monti, a que retire su propuesta global y comience de nuevo. Sin el artículo 3 la propuesta resulta inaceptable para el Grupo Liberal. Los titubeos del Consejo con respecto al artículo 3 demuestran con toda claridad la enorme importancia de que el Parlamento disponga de derecho de codecisión en la política de la competencia. Así lo ha exigido el Parlamento durante los últimos años y con la próxima Conferencia Intergubernamental puede llegar la hora de actuar.

Herzog
Señor Presidente, al igual que los colegas que han intervenido antes que yo, apruebo el principio de la reforma de la política de la competencia propuesto por la Comisión. Soy partidario de la descentralización. El sistema centralizado actual, el atasco de los expedientes, son hasta cierto punto arbitrarios. No garantizan la seguridad jurídica. Pero, en mi opinión, la reforma amplificará necesariamente un aspecto condenadamente interesante, el de la clarificación y la evolución de las normas. Y aquí es donde tengo algunas discrepancias.
El artículo 3 es evidentemente esencial. Establece la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional cuando las prácticas son susceptibles de afectar al comercio entre Estados miembros. Pero esto no es aceptable sin una clarificación. Por ejemplo, tratándose de servicios de interés general o de otros elementos esenciales para los Estados y las regiones, estoy convencido de que hacen falta reglamentos de excepción. Como mínimo, la Comisión deberá - tal y como propone el Comité Económico y Social - presentar una comunicación interpretativa al respecto.
El artículo 10 es otro artículo importante. Concretamente, prevé la posibilidad de que la Comisión haga observaciones a los Estados por razones de interés público comunitario. Aquí también las clarificaciones son indispensables. Jonathan Evans subraya el caso de las grandes inversiones. Precisamente aquí habría que mencionar también los servicios de interés general.
Dos últimas observaciones. El ponente tiene razón al recalcar que es contradictorio poner fin a la notificación previa y establecer un registro. Creo que hay que eliminar el registro. Tiene razón al desear una convergencia de los derechos nacionales. Aquí radica todo el problema. Esto supone que se respeten las culturas de los demás y que se alcance un cierto equilibrio entre la competencia y las normas sociales y medioambientales, entre las que se encuentra el servicio de interés general. Por tanto, acudan ustedes al informe Langen y a otros informes.

Della Vedova
Señor Presidente, señor Comisario, los radicales italianos van a votar a favor del informe del Sr. Evans que ha realizado un excelente trabajo.
Pienso que las medidas que estamos debatiendo constituyen un serio intento de afrontar un ineludible problema, el del riesgo de que la Comisión acabe sumergida por las notificaciones y pienso que es justa y valiente la elección de acometer esta reforma de la descentralización en las autoridades y los tribunales nacionales.
La alternativa podía haber sido crear una estructura desmesurada, hiperburocratizada en su Dirección General, especial y evidentemente, con vistas a la ampliación.
Ciertamente sólo la experiencia nos dirá si vamos hacia un incomprensible mosaico o hacia una situación en la que se garantice la certeza del Derecho y, yo diría, la unicidad del Derecho en el ámbito del mercado único europeo. Con todo, creo que el intento debe respaldarse, así como que hay que saludar muy favorablemente la eliminación de la obligación de notificación y de autorización y la introducción del principio de excepción que me parece un principio mucho más liberal, especialmente en un ámbito - el de las autoridades de regulación, incluso de la competencia - que corre el peligro de ser un nuevo y diferente instrumento de intromisión estatalista en las dinámicas del mercado.
Seguramente éste no es el caso de la Comisión, sin embargo, muchas autoridades - pienso, por ejemplo, en algunos bancos centrales que continúan teniendo, de hecho, poderes antitrust en el mercado del crédito - corren a mi modo de ver, este riesgo y a veces van incluso más allá.
En conclusión, señor Comisario, creo que el reforzamiento de los poderes sancionadores e investigadores de la Comisión, si bien están contenidos en la propuesta, exigen adecuadas garantías procesales y en materia de procedimiento - este punto se plantea en la exposición de motivos del Sr. Evans - sobre todo en una situación como la europea, en la cual la Comisión reúne tanto la función, diríamos, de investigación como la de juzgar, ya que no estamos en un contexto en el que el juez es un tercero. Ciertamente existen los recursos, las sentencias son apelables, pero creo que en cuanto a esto, en cuanto a las garantías para las partes implicadas en los procedimientos, deben asegurarse las máximas garantías.

Titford
Señor Presidente, ayer, cuando intervine ante esta Asamblea para tratar sobre el tema de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, observé que los medios utilizados para hacerla realidad era la integración gradual de los sistemas nacionales. Naturalmente, como cabía esperar de mí como dirigente de un partido que pone la soberanía nacional por encima de las tendencias integracionistas de la UE, me opongo firmemente a este proceso de integración gradual.
Hoy, bajo el título diferente de reforma de las normas sobre la competencia, descubro que tengo ante mí exactamente lo mismo - un nuevo intento de la Comisión de llevar a cabo la integración gradual de los sistemas nacionales. Pero lo que hace que este intento sea especialmente siniestro es que nos lo quieren vender bajo la pretensión seductora y totalmente engañosa de que la reforma - como se anuncia en el Boletín Informativo - pretende liberar al personal, sobrecargado de trabajo, del Departamento de Política de Competencia de los asuntos rutinarios para que pueda concentrarse en casos más importantes de comportamientos contra la competencia.
Aunque una de las consecuencias de la presente propuesta podría ser facilitar la vida de los funcionarios de la Comisión, el modo en que se está llevando a cabo consiste en otorgar a las autoridades de competencia de los Estados miembros poderes limitados para aplicar las normas sobre competencia, lo que hasta ahora era monopolio de la Comisión.
Pero estas autoridades no son independientes, como se afirma, ni pueden intervenir libremente. Se les conceden licencias para actuar en nombre de la Comisión de acuerdo con las normas comunitarias, bajo la supervisión de la Comisión ante la que son responsables. La Comisión quiere que las autoridades de competencia formen una red en cuyo centro se encuentre la Comisión. En otras palabras, la Comisión quiere que los funcionarios de los diferentes Estados miembros, cuyos salarios pagan los Estados miembros y que trabajan en edificios del Gobierno con cargo a los Estados miembros, utilicen los servicios proporcionados y pagados por los Gobiernos de los Estados miembros y trabajen no para los Estados miembros que los financian, sino para la Comisión que ejecuta la legislación comunitaria.
Sorprendentemente - y es una reflexión sobre cuán superficial es el punto de vista y el conocimiento de tantos comentaristas - esto se considera y se presenta como subsidiariedad y descentralización. Es cualquier cosa menos descentralización. Es todo lo contrario; absorber a funcionarios de muchos países en un vasta trama centralizada. Eso es lo que es la red: todos trabajando para la única autoridad central - la Comisión.
En cuanto a la subsidiariedad, no se trata de que los Estados miembros adopten sus propias decisiones y gestionen sus propios asuntos a nivel local. Es la Comisión la que gestiona los asuntos de los Estados miembros, utilizando los recursos y los servicios de dichos Estados miembros como si fueran suyos propios.
Esta situación, al parecer, es aplicable asimismo a los tribunales que verán las causas en los Estados miembros. A pesar de que nominalmente son tribunales de los Estados miembros y sus costes de funcionamiento corren a cargo de los Estados miembros, son - como nos ha recordado el ponente con total claridad - tribunales de Derecho comunitario que están sujetos al sistema judicial comunitario. En otras palabras, los funcionarios de los Estados miembros no son los únicos que son absorbidos por las fauces de la Comunidad, sino que los tribunales también lo son.
Todo esto se está haciendo en nombre de la eficacia. Convendría recordar que la forma de gobierno más eficaz es la dictadura centralizada. Y la menos eficaz es la democracia. Por consiguiente, en cuestiones importantes, la eficacia es la enemiga de la democracia.
Temo que por el supuesto bien de la eficacia estemos sacrificando algo mucho más valioso - la propia democracia en el corazón de nuestras naciones - en aras de la tecnocracia centralizada que es la Comisión. No se trata de integración sino más bien de asimilación. Todo esto acabará mal.

Kauppi
Señor Presidente, existe consenso general sobre la clara necesidad de una reforma de algunas normas sobre la competencia y, especialmente, de su aplicación práctica. El Reglamento nº 1017 viene aplicándose, con sólo una pequeña modificación, desde los años sesenta. Por consiguiente, es comprensible que la aplicación continuada de dicho reglamento en su forma actual haya dejado de ser coherente con la supervisión eficaz de la competencia. Debemos servir mejor a nuestros consumidores con normas sobre la aplicación actualizadas.
En mi opinión, en un período de 30 años de aplicación, la ley de competencia de la CE ha llegado a un punto en el que la descentralización no sólo es posible, sino necesaria. Todos conocemos la carga de trabajo que soporta la DG de Competencia, y comprendemos que debemos hacer algo para reducir dicha carga o incrementar drásticamente los recursos de Bruselas. Al mismo tiempo, oímos que nuestros electores nos recuerdan que debemos respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y que debemos evitar la centralización de todo el proceso de toma de decisiones en los burócratas de Bruselas. En esta cuestión, estoy completamente en desacuerdo con el Sr. Titford.
Con la reforma que está en camino podemos alcanzar muchos de nuestros objetivos. El cese del actual sistema de notificación previa debería ser beneficioso para las empresas y dejar disponibles más recursos a la Comisión para que se concentre en infracciones más graves. La notificación ex ante no debería ser sustituida por un sistema de registro oneroso. No obstante, el cambio al nuevo régimen no será una tarea fácil. Es de la máxima importancia garantizar que los asuntos de competencia en el seno de la UE son tratados de forma similar en todos los Estados miembros. Existen muchas situaciones específicas en las que la seguridad jurídica podría representar un peligro. Personalmente, a muchos colegas de los Estados miembros más pequeños y a mí nos preocupan las definiciones de posición dominante en el mercado. Las empresas de los Estados miembros - especialmente de los Estados miembros más pequeños - deben tener las mismas posibilidades de crecer en el mercado único y alcanzar una posición estratégica para competir con rivales de todo el mundo. La decisión de la Comisión de decir no a la fusión Volvo/Scania fue un ejemplo de una situación en la que la definición del mercado relevante fue quizá demasiado estrecha. La Comisión no debería declarar que el mercado es nacional o regional si existen pruebas inequívocas de que no es así.

Rovsing
Señor Presidente, puedo decir que la población danesa llevaba mucho tiempo sin oír hablar tanto de la UE como en el último par de semanas y debemos dar las gracias al señor Comisario Monti por ello. Su trabajo contra los cárteles ha sido noticia de primera plana durante un par de semanas, ha sido tratado a fondo en la televisión y en la radio, y ha llevado a un debate entre la población y en el Parlamento. Le doy las gracias por ello y he observado que desde todas partes se ha respaldado la actuación del señor Comisario, podemos decir que el derecho de la competencia ocupa ahora un lugar bien conocido entre la población danesa. Gracias por ello.
Con respecto a la enmienda 10 ha habido deliberaciones entre el señor Comisario y sus colaboradores y ante todo, mis colaboradores y un servidor. Hemos tomado nota de la necesidad de que la Comisión tenga acceso a todos los documentos para que la Comisión pueda utilizar eficazmente sus competencias y perseguir a los cárteles que no cumplen las leyes. Estoy de acuerdo en que es necesario; sin embargo, las direcciones y los consejos de administración de las empresas precisan que sus expertos puedan facilitarles un asesoramiento real e independiente sin que deban temer por ello que algo salga mal más tarde porque ya la dirección o el consejo de administración hagan algo en contra de su consejo, esto no debe suponer mayor pena. Tengo entendido por el Sr. Comisario Monti y por sus colaboradores que éste es un punto de vista que él comparte y por ello el Grupo PPE, como ha dicho el Sr. Evans, votará en contra de la enmienda 10, si el Sr. Comisario emite tal dictamen. Le doy las gracias al Sr. Comisario por su buena colaboración y por el gran trabajo que generalmente hace y que tiene enorme trascendencia, sobre todo para los países pequeños.

Monti
. (IT) Señor Presidente, me satisface que en el informe elaborado por el Sr. Evans la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios subraye la importancia de la reforma como medio para garantizar la aplicación de las normas sobre competencia en una Comunidad ampliada. Agradezco personalmente al Sr. Evans el aprecio mostrado a la Comisión, el empeño con el que ha abordado este tema y la gran calidad de su informe. Más en general, deseo agradecer al Parlamento Europeo y a todos aquellos que han intervenido esta tarde el apoyo y el gran impulso que el Parlamento ha dado a la Comisión durante y después de los debates sobre el Libro Blanco. Debo decir que nuestra propuesta de reglamento ha sacado mucho provecho de las observaciones, de las críticas y de los estímulos que ha recibido de las comisiones y de este Pleno.
El principal objetivo de la reforma es crear un sistema de aplicación más eficaz en beneficio de los consumidores, de las empresas y de la economía europea en general.
Al abolir el actual sistema de notificación y autorización y la competencia exclusiva de la Comisión en la aplicación del apartado 3 del artículo 81, la Comisión y las autoridades nacionales de la competencia podrán concentrar sus esfuerzos en la lucha contra las infracciones más graves.
La creación de una red de autoridades de protección de la competencia nos permitirá coordinar nuestros esfuerzos y utilizar lo mejor posible los recursos respectivos. La premisa indispensable para el éxito de esta cooperación es que todas las autoridades de competencia apliquen más ampliamente las reglas comunitarias, de lo contrario, la red prevista sería sólo una caja vacía. Esto es fundamental si queremos crear condiciones homogéneas de competencia para las empresas del mercado común y si queremos evitar una renacionalización de la política comunitaria en materia competencia.
En consecuencia, aprecio sinceramente el hecho de que el informe, señor Evans, apoye plenamente y con convicción la propuesta de la Comisión contenida en el artículo 3, orientada a convertir el Derecho comunitario en materia de competencia en la única normativa a aplicar en los casos que puedan perjudicar el comercio entre los Estados miembros.
Se trata de una propuesta cuyas implicaciones son muy amplias y que encuentra resistencias por parte de los distintos Estados miembros en el seno del Grupo de trabajo del Consejo. Sin embargo, sigo estando convencido del sólido planteamiento lógico de la propuesta y les puedo asegurar que la Comisión será muy firme con respecto al objetivo de instaurar una uniformidad de condiciones para los acuerdos que puedan perjudicar el comercio entre los Estados miembros.
Señor Presidente, ahora quisiera abordar algunas de las principales cuestiones específicas que se han planteado empezando por el secreto profesional. La eficaz aplicación de las normas sobre competencia está estrechamente ligada a la capacidad de la Comisión de conseguir las pruebas de las infracciones. Nuestros poderes están estrechamente ligados a las pruebas documentales. Nos basamos mucho en las inspecciones in situ para hallar los documentos que demuestren la existencia de carteles. Por lo tanto, cualquier cambio que reduzca la eficacia de nuestras inspecciones tendría graves consecuencias en la posibilidad de aplicar las normas sobre competencia y en la eficacia de las mismas. En consecuencia, estoy profundamente preocupado por la enmienda que extendería el secreto profesional a los abogados vinculados laboralmente a las empresas.
Sin embargo, quisiera evitar malentendidos en un punto: la Comisión es perfectamente consciente del positivo papel que los abogados con contrato laboral pueden desempeñar a la hora de aconsejar a las empresas en cuanto al cumplimiento de las normas sobre competencia. Dicho papel asumirá una mayor importancia en el contexto del nuevo régimen, en el cual las empresas deberán llevar a cabo más sistemáticamente una autovaloración de sus acuerdos, al objeto de establecer en particular la conformidad con las condiciones de exención previstas en el apartado 3 del artículo 81.
No obstante, la cuestión del secreto profesional para los abogados internos se plantea esencialmente en el marco de inspecciones tendentes a establecer la existencia de restricciones graves que no pueden cumplir las condiciones del apartado 3 del artículo 81. En este contexto, la reforma propuesta por la Comisión no modifica para nada la situación actual. En consecuencia, hay que seguir teniendo en cuenta que, a diferencia de los abogados externos, los abogados internos son empleados de la empresa y dependen de su dirección y se encuentran en una posición de dependencia funcional y, en su caso, en una situación de conflicto de intereses entre la lealtad hacia el empresario y el cumplimiento de las normas éticas. Asimismo, las comunicaciones internas entre el abogado interno de una empresa y su empleador son tan numerosas e inseparables del asesoramiento de carácter estrictamente empresarial - distinto del asesoramiento jurídico - que el derecho al secreto profesional para los abogados internos de las empresas podría crear un fuerte potencial de cara a ocultar documentos probatorios. Si las comunicaciones entre los abogados internos de una empresa y los demás trabajadores se convirtieran en reservadas, los poderes de la Comisión para la aplicación de las normas se verían seriamente comprometidos.
Con respecto a esta problemática específica, he tomado nota de las indicaciones facilitadas hace unos momentos por los Sres. Evans y Rovsing, tendentes a favorecer una solución de compromiso. Por mi parte, les puedo asegurar que si se rechaza la enmienda 10, la Comisión renunciará a considerar las pruebas contenidas en dichos documentos como circunstancia agravante en la determinación de las sanciones pecuniarias. En este caso, puede comprometerme a proponer a la Comisión el siguiente dispositivo: "En los casos futuros la Comisión, al determinar la cuantía de una sanción pecuniaria a imponer a una empresa, no considerará como circunstancia agravante, de conformidad con las orientaciones para el cálculo de las multas impuestas de conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la existencia de pruebas que demuestren que los abogados internos de la sociedad habían advertido a la dirección de la ilegalidad de la conducta objeto de la decisión de la Comisión."
Espero que este esfuerzo pueda llegar a ser un punto de encuentro entre la Comisión y aquellos que piden que se extienda el secreto profesional a los abogados internos de las sociedades.
El informe Evans afirma justamente la importancia de la certeza del Derecho para las empresas. Las normas y su aplicación deben ser suficientemente previsibles.
Una aplicación más amplia de las normas comunitarias por parte de las autoridades competentes en el ámbito de una red de estrecha cooperación será un gran avance para garantizar esta previsibilidad respecto a la situación actual, en que dieciséis autoridades de competencia aplican legislaciones diferentes.
La Comisión reconoce que en algunos casos puede existir la legítima necesidad de una aclaración respecto de cada caso, y las orientaciones, las líneas directrices y la jurisprudencia existente no siempre facilitan respuestas. Sin embargo, es fundamental evitar cualquier norma que pueda implicar que se vuelva a aplicar el sistema de notificación.
La enmienda propuesta al artículo 10 plantea preocupaciones al respecto. La misma establece, a título de complemento y de aclaración, que la Comisión puede tomar decisiones que establezcan que no existe violación de los artículos 81 y 82, en particular cuando los acuerdos impliquen un riesgo financiero o una considerable inversión de capital. Esta enmienda sería aceptable sólo si la Comisión no estuviera obligada, en la práctica, a tomar decisiones de falta de infracción en todos los casos en que están en juego inversiones considerables.
La Comisión considera que el enfoque mejor para garantizar la previsibilidad en cada caso es introducir un nuevo instrumento: la adopción de dictámenes. La Comisión se ha comprometido a introducir un sistema de este tipo que le permite emitir dictámenes motivados escritos en los casos en que existan lagunas en las normas vigentes y en el proceso de toma de decisiones. Al decidir si emitir o no un dictamen, el nivel de las inversiones constituirá asimismo uno de los criterios relevantes. Mi impresión es que el sistema propuesto para la formulación de los dictámenes será acogido favorablemente por el mundo empresarial.
Armonización de los procedimientos y de las sanciones: la propuesta de la Comisión se basa en el enfoque tradicional que deja a los Estados miembros la facultad de determinar los procedimientos y las sanciones para la aplicación del Derecho comunitario.
Concuerdo con el informe Evans en que es deseable que haya procedimientos y sanciones comunes, pero ni Roma ni la Comunidad se hicieron en un solo día. Nuestro enfoque está orientado a introducir, en primer lugar, un marco sustancial dejando para una etapa posterior la posible introducción de procedimientos y sanciones comunes. Una vez adquirida la experiencia del funcionamiento de este sistema, será más fácil determinar los ámbitos que plantean problemas prácticos y elaborar normas para afrontarlos eficazmente.
El último punto que quisiera mencionar, señor Presidente, se refiere a los jueces nacionales. Estoy convencido de que serán plenamente capaces de aplicar las normas comunitarias sobre competencia en su conjunto, también porque ya están desempeñando un papel fundamental en la aplicación del Derecho comunitario. Tampoco debemos olvidar que, para garantizar una aplicación coherente de las normas, la propuesta prevé en particular que la Comisión, junto con las autoridades nacionales que garantizan la competencia, tenga la facultad de presentar observaciones, como amicus curiae en el ámbito de los procedimientos seguidos ante los jueces. Los poderes propuestos permitirán a la Comisión proteger el interés público en la aplicación eficaz y coherente de las normas llamando la atención de los órganos judiciales sobre importantes cuestiones relativas a su interpretación y aplicación. En el respeto de la independencia de los jueces, evidentemente, los órganos judiciales no estarán vinculados por las observaciones del amicus curiae y, en todo caso, serán libres de someter cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Somos conscientes de que la reforma propuesta podrá exigir que los jueces adquieran nuevas competencias. De hecho, la aplicación de las normas sobre competencia puede ser una materia compleja. Por lo tanto, concuerdo plenamente con el Sr. Evans en que la cuestión de la formación de los jueces exige una atenta consideración. La Comisión puede contribuir en el fondo aportando recursos materiales y humanos. Estamos examinando asimismo la posibilidad de cooperar con las autoridades nacionales en esta materia y de facilitar fondos a partir de los programas de formación existentes.
Termino, señor Presidente, expresando al Parlamento Europeo mi sincero agradecimiento por el camino que estamos recorriendo en este terreno tan complicado pero, como muchas intervenciones han puesto de manifiesto esta noche, muy cercano al interés vital de la economía, así como de cada uno de nuestros ciudadanos que ustedes representan.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0269/2001), del Sr. Andria, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros.

Andria
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el proyecto de informe que someto a su atención parte de la propuesta de Reglamento del Consejo nº 1969/99 por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros. El artículo 119 del Tratado establece que el Consejo podrá conceder ayuda mutua en caso de dificultades o incluso sólo de amenaza de dificultades en las balanzas de pagos, al objeto de no comprometer el correcto funcionamiento del mercado común. Dicho mecanismo podrá ser activado por el Consejo sobre la base de la iniciativa del Estado miembro afectado por una situación de dificultad o sobre la base de la iniciativa de la Comisión.
Al menos en el planteamiento que se quiere dar, dicho mecanismo debe distinguirse ante todo por la rapidez de intervención y, como respuesta al préstamo recibido, por la adopción de todas las medidas de política económica aptas para restablecer una situación sostenible de la balanza de pagos. Desde su entrada en vigor el 25 de junio de 1988, el mecanismo no ha tenido una gran aplicación y se ha utilizado sólo en dos ocasiones: en 1991, para la concesión de un préstamo de 2.200 millones de euros, de los que se desembolsaron sólo 1.000 millones, y en 1993 por un importe igual a 8.000 millones de euros, de los que sólo se desembolsaron los primeros tramos.
Parece evidente que muchas posibilidades europeas ofrecidas a los Estados miembros no se utilizan totalmente y se ha de recordar asimismo la falta de utilización de los Fondos estructurales por parte de algunos Estados miembros. Quizás serían oportunos mayores conocimientos a fin de instar y de responsabilizar a los adheridos a aprovechar mejor las posibilidades que se ofrecen.
Volviendo al proyecto de informe, hay que evidenciar que, a raíz de las conclusiones adoptadas por el Consejo ECOFIN del 13 de octubre de 1997 y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento vigente, la Comisión ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo un informe con miras a mantener este instrumento. A este propósito, hay que apuntar que dicha actitud se puede reconducir al hecho de que, al ser posible la utilización di dicho mecanismo sólo por los Estados acogidos a una excepción, con la ampliación dicha eventualidad podría verificarse repetidamente.
Con todo, se ha considerado oportuno reducir de 16.000 a 12.000 millones de euros el límite máximo - enmienda 2, considerando 8 -; el Consejo toma la decisión consultando también al Parlamento Europeo - enmienda 3, artículo 9 - y examina cada dos años y no cada tres - enmienda 4, artículo 11 - la adecuación del mecanismo. Por lo tanto, cabe la posibilidad de posteriores modificaciones incluso del límite máximo.
Apoyamos asimismo la enmienda de la Comisión de Presupuestos - enmienda 1, considerando 6 bis (nuevo) - por el que se establece un mecanismo de protección contra todo riesgo eventual en materia de incumplimiento y las correspondientes solicitudes de garantía. A tenor de la verdad, consideramos que dicha posibilidad es muy remota. Con vistas a la ampliación los países candidatos no han escatimado esfuerzos para poner en orden sus cuentas y las balanzas de pagos. El presupuesto comunitario está protegido contra los préstamos concedidos a terceros países mediante el mecanismo del Fondo de Garantía. Se puede considerar un mecanismo similar pero con un menor compromiso financiero incluso en el caso de financiaciones a países acogidos a una excepción.
Las conclusiones son las siguientes: primero, los préstamos concedidos se garantizan en un 100% directamente por el presupuesto comunitario; segundo, el riesgo de incumplimiento, que no se puede excluir nunca, queda cubierto por una mecanismo de protección adecuado; tercero, el instrumento establecido debería tener una mejor y mayor utilización con la etapa de ampliación europea; cuarto y último, la administración de los préstamos confiada al Banco Central Europe que sustituye a la Comisión anteriormente encargada.

Torres Marques
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Partido Socialista Europeo apoya la actual propuesta de la Comisión en la medida en que ésta pretende simplificar y modernizar el mecanismo único de apoyo financiero a las balanzas de pagos de los Estados de la Unión Europea que no pertenecen a la zona del euro. El hecho de que sólo tres países -Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca- vayan a beneficiarse de ese mecanismo, así como el de que sólo se haya utilizado dicho instrumento dos veces desde la fecha de su entrada en vigor en junio de 1988 justifican una reducción de los importes globales previstos para los préstamos de 16.000 a 12.000 millones de euros. Otras propuestas también merecen nuestro apoyo, como la posibilidad de que la Comisión haga operaciones de swap, el reconocimiento del papel del Comité Económico y Financiero y la necesidad de compatibilizar el mecanismo de apoyo con una posible apertura, a muy corto plazo, de una línea de crédito por el Banco Central Europeo.
Ahora bien, se plantean tres problemas sobre los cuales quisiera oír la posición del Comisario Pedro Solbes Mira. Primero: con la propuesta de aplicar este mecanismo a los países de la ampliación, ¿no será posible, en efecto, la aparición de desequilibrios en las balanzas de pago de los futuros Estados miembros, dadas las substanciales reformas estructurales que se deberán llevar a cabo para hacer posible la adhesión? Por eso, hay que prever desde ahora mismo mecanismos para afrontar esas situaciones. Segundo: ¿deberá y podrá ese mecanismo pasar a aplicarse a los países candidatos a la ampliación ya en el período de preadhesión? Por último, ¿cuál es la ventaja de que pase a ser la Comisión y no el Banco Central Europeo la que gestione esos préstamos?
Con el agradecimiento a las respuestas que quiera darnos el Comisario, felicito al Sr. Andria por el presente informe.

Solbes
. Señor Presidente, muchas gracias al Sr. Andria por su informe sobre la modificación del Reglamento referente al mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros.
En sus intervenciones sus Señorías han planteado una serie de dudas y de cuestiones que me gustaría clarificar.
La primera duda, fundamental, es: ¿se puede extender este mecanismo a los Estados candidatos? Ustedes saben, y en su informe se expone claramente, que no se puede aplicar exactamente el mismo modelo a los países candidatos. Este sistema se aplica a los países miembros. Otra cosa es si podemos aplicar este mecanismo a los países candidatos una vez que hayan firmado los acuerdos de adhesión y antes de la ratificación de los mismos. Es decir, en el momento en que sea necesario avanzar más en los procesos de adaptación estructural de sus economías.
¿Quiere decir esto, sin embargo, que los países que son candidatos no tienen ningún sistema de apoyo para resolver posibles dificultades en ese ámbito? Indudablemente no. Seguimos aplicando el sistema de ayuda macrofinanciera que se puede aplicar a los países candidatos, lo mismo que se aplica a cualquier país tercero.
Pensamos que esa es la lógica del modelo y pensamos que si modificamos el sistema, intentando dar un tratamiento especial a los países candidatos en el momento de la negociación, no sólo introduciríamos una indefinición respecto de a qué países lo aplicamos, sino que también introduciríamos dudas en los mercados financieros si el proceso de liberalización de los movimientos de capital pudiera generar riesgos que nos llevaran necesariamente a poner en marcha un mecanismo de compensación de los mismos.
Por eso, según la Comisión, es mucho más lógico mantener el sistema tal como se aplica actualmente, teniendo la garantía de que, sin duda alguna, si hay países candidatos con problemas, se les aplicará el sistema de apoyo macrofinanciero. Pensamos que cualquier otro modelo plantearía más confusión en el mercado financiero y crearía más problemas, en lugar de ayudar a resolver las dificultades.
El segundo punto que han planteado sus Señorías es el problema de en qué medida el nuevo modelo que se pone en marcha puede afectar negativamente al presupuesto comunitario. Creo que aquí no hay ninguna dificultad. Ustedes saben bien que tenemos un modelo distinto de las garantías, ya nos refiramos a la ayuda macrofinanciera a países terceros, ya lo hagamos respecto de ayudas a largo plazo dentro del marco comunitario.
Es cierto que prestamos ayuda macrofinanciera a algunos países terceros con dificultades. Es cierto también que la llevamos a cabo en cooperación con otras instituciones financieras internacionales y aplicando programas que han sido pactados por las mismas. La experiencia es que el tipo de dificultades de impagos en general no se produce. Sin embargo, hay un riesgo, escaso, pero que no se puede desdeñar. Por esta razón se puso en marcha el fondo de garantía que nos permite hacer frente a esas dificultades en casos de impagos. Y ese sistema tiene que seguir manteniéndose.
Es necesario poner en marcha un fondo de garantía equivalente para las ayudas a largo plazo a los Estados miembros de la Unión. En nuestra opinión, esa situación no es razonable ni ahora ni en el futuro. Cuando estamos hablando de ayudas o préstamos a largo plazo a países miembros de la Unión Europea, de lo que estamos hablando es, indudablemente, de países con estructuras financieras sólidas, encajados dentro de las obligaciones comunitarias y, por lo tanto, sin riesgo alguno desde el punto de vista de impagos.
¿Los países candidatos tendrán más riesgos que los actuales países miembros en el momento en que sean miembros de la Unión Europea? En mi opinión, no. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ampliación va a implicar, entre otras cosas, una cooperación en los sistemas de supervisión que nos permitirá, no sólo ayudarles a modificar y a mejorar sus sistemas financieros, sino también a tener todas las garantías necesarias para que su situación sea semejante a la de los actuales países miembros. Por lo tanto, no pensamos que sea necesario modificar el sistema en este sentido.
Creemos que cuando se les aplique el sistema, los países candidatos serán ya miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, no será necesario ningún esquema especial de garantía. Si tuvieran que recibir ayudas macroeconómicas mientras son países candidatos, se les aplicaría el mismo modelo empleado para la ayuda macrofinanciera.
El tercer problema que han planteado sus Señorías es: ¿quién debe efectuar este tipo de ayudas, el Banco o la Comisión? Este está siendo objeto de un debate técnico. No está resuelto, aunque, sin embargo, no creo que sea el problema mayor; cada uno de los modelos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, según su coherencia y su agilidad, y espero que se encuentre una solución en el Consejo. Sin embargo, para la Comisión no es el problema mayor.
Último punto que plantean sus Señorías: ¿en qué medida el Parlamento Europeo puede estar implicado en la concesión de estas ayudas a medio plazo a la balanza de pagos? El mecanismo que actualmente se ha puesto en marcha se basa en una idea fundamental: la urgencia. Cuando hablamos de situaciones de dificultad de balanza de pagos estamos hablando de decisiones que se tienen que tomar con gran rapidez. En segundo lugar, con un soporte técnico suficiente que permita que los mercados financieros evalúen de forma positiva la decisión que se adopta.
En cuanto a la urgencia, en el modelo actual establece que lo adopta el Consejo a propuesta de la Comisión y previo informe del Comité Económico y Financiero. Creemos que ese modelo nos permite responder a la urgencia y nos permite conseguir también el respaldo técnico necesario para que los préstamos o los apoyos sean valorados de forma positiva por el mercado. ¿Debe participar el Parlamento Europeo en este modelo? En mi opinión no es casual que en el Tratado no se incluya al Parlamento Europeo como institución que es consultada previamente. Creo que es consecuencia, precisamente, de esa idea de urgencia. Pero esto no debe suponer en ningún caso que el Parlamento Europeo no tenga derecho a recibir toda la información y a saber qué decisiones se adoptan y por qué.
En mi opinión, podríamos mejorar el sistema dando información al Parlamento Europeo tan pronto como estas decisiones sean adoptadas, para que pueda conocerlas en detalle, sepa por qué se adoptan y conozca todo su contenido. Indudablemente, la posibilidad de revisar el Reglamento en el futuro, en dos o tres años, tampoco es para nosotros un problema mayor y, evidentemente, en los casos de revisión del Reglamento el Parlamento Europeo tiene que seguir desempeñando su papel como hasta ahora.
Querría agradecerles a todos ustedes su participación en este tema, que a veces es árido, pero yo creo que también es fundamental para todos. Debemos estudiar los mecanismos que, como ustedes han dicho, nos permitirán tener una válvula de seguridad en el caso de que se pudieran presentar dificultades en algún Estado miembro en el futuro, como consecuencia de la ampliación, dificultades que deberán resolverse de forma eficiente, utilizando al máximo los procedimientos que tenemos incluidos en el Tratado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Limitación de la comercialización y el uso del éter de pentabromodifenilo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0271/2001), de la Sra. Ries, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias peligrosas.

Ries
. (FR) Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, desearía ante todo manifestar mi total agradecimiento a todos los colegas que han intervenido en los debates sobre mi informe en comisión, y concretamente a los ponentes ficticios de los distintos Grupos Políticos, la Sra. Oomen-Ruijten, el Sr. Bowe, la Sra. Schörling y el Sr. Sjöstedt. Así pues, tenemos sobre la mesa una propuesta de modificación de la Directiva "Sustancias peligrosas" de 1976, que propone prohibir la comercialización y el uso del pentabromodifenilo.
¿De qué se trata exactamente? El pentabromodifenilo es un producto retardador de llama, que se emplea en un 95 % en la fabricación de espuma elástica de poliuretano para la industria del mueble principalmente, y para el relleno. Se utiliza, por ejemplo, en los reposa-cabezas de los coches o en las espumas de protección y de embalaje para los objetos eléctricos y electrónicos.
En cuanto al pentabromodifenilo, de entrada, su nocividad para nuestro medio ambiente y nuestra salud está clara, meridianamente clara. Un primer estudio realizado en 1998 por las autoridades suecas descubre una alta concentración de esta sustancia en la leche materna. Dos advertencias del Comité Científico relativas a la toxicidad y la eco-toxicidad y el medio ambiente, fechadas en febrero y en junio de 2000, ponen de relieve el perjuicio que podría causar el pentabromodifenilo, el vertido de esta sustancia en el medio ambiente, como sustancia persistente y bio-acumulable. Por tanto, riesgo para el medio ambiente, y riesgo para la salud humana. Todas las opiniones coinciden. En consecuencia, es totalmente lógico que la Comisión haya propuesto en enero de este año prohibir la comercialización y el uso del pentabromodifenilo. Y, en mi opinión, es igualmente lógico que nuestra Comisión de Medio Ambiente haya confirmado, con su voto, esta prohibición.
Segunda sustancia, el octabromodifenilo, que se ve directamente afectado por la directiva debido al porcentaje de residuos de pentabromodifenilo que contiene cuando es comercializado. El octabromodifenilo se utiliza principalmente como retardador de llama en los accesorios de plástico y en el material de oficina. En este caso, la Comisión ha preferido remitirse a las conclusiones finales del estudio de evaluación de riesgos que, para esta sustancia, aún no está terminado. Por tanto, se ha limitado a autorizar un tope máximo del 5 % en el porcentaje de residuos de pentabromodifenilo presentes en el octabromodifenilo. He de precisar que la Comisión de Medio Ambiente no comparte esta postura. Creemos, efectivamente, que es del todo contradictorio prohibir de entrada el pentabromodifenilo y autorizar su presencia en cantidades significativas - a nuestro entender, así deben considerarse - en la composición de otros productos químicos, de otras sustancias. Además, les diría que las primeras conclusiones relativas al estudio de evaluación de riesgos que se está realizando, a las cuales he podido tener acceso, son negativas y demostrarían la nocividad de este producto tanto para el medio ambiente como para la salud pública, aspectos que están siendo analizados respectivamente por los expertos ingleses y franceses a los que he consultado con detenimiento sobre el tema. Ante estos distintos elementos, la Comisión de Medio Ambiente, Señor Presidente, ha presentado una enmienda que pretende ampliar la prohibición de comercialización también al octabromodifenilo, en estricta aplicación del principio de precaución. ¿He de recordarles que la precaución consiste en no esperar a que exista un elemento de prueba absoluto, que aquí sería el resultado final del estudio de evaluación, cuando elementos suficientemente serios y tangibles demuestran que una sustancia podría tener consecuencias dañinas para la salud y para el medio ambiente? Esto es precisamente lo que ocurre con el octabromodifenilo.
Finalmente, en tercer lugar, - nunca hay dos sin tres -, tenemos el decabromodifenilo, un retardador de llama de la misma familia, que en realidad representa el 80 % de esta familia de bromados y que tiene múltiples aplicaciones, no solamente en los equipamientos eléctricos y electrónicos, sino principalmente en los productos aislantes, para la construcción y textiles. Hay que especificar que el decabromodifenilo es la única de estas tres sustancias que no se menciona para nada en el texto de la Comisión. Sin embargo, creo que es difícil, incluso realmente imposible - insistiré en ello más adelante - hacer abstracción del decabromodifenilo, considerando que en la enmienda 4 de mi informe reclamo un sistema de evaluación de los riesgos por familia, y no individualmente, sustancia por sustancia. Por coherencia, la Comisión de Medio Ambiente ha ampliado el campo de aplicación del texto a todos los polibromodifenilos. Así, respeta a pies juntillas la votación que nuestra Asamblea ha realizado muy recientemente sobre la Directiva "Equipamientos eléctricos y electrónicos" . A la espera de contar con elementos concretos sobre el estudio de evaluación de riesgos del decabromodifenilo, que aún no ha finalizado, la enmienda 16 que he presentado conjuntamente con los Grupos PPE y Socialista propone, en esencia, prohibir el decabromodifenilo a partir del 1 de enero de 2006, salvo que el estudio de riesgo arroje un resultado de alguna forma positivo y concluya que el decabromodifenilo no plantea ningún problema. Se trata de una especie de cláusula de reversibilidad.
Y ya que hablamos de las enmiendas, quiero precisar que estoy en contra de la enmienda 9, que pretende modificar el título de la propuesta para ampliar la inmediata prohibición de comercialización al decabromodifenilo. Realmente, no tengo ninguna oposición de fondo, filosófica, a las enmiendas 12, 13 y 14, pero prefiero el texto original de la Comisión. En cuanto a las otras enmiendas presentadas por el Grupo de Los Verdes y de la Izquierda Unitaria, considero que mi informe ya tiene en cuenta las críticas vertidas en la enmienda 11 sobre la extrema pesadez y la lentitud de los procedimientos de evaluación de riesgos y de control de las sustancias existentes. Ya lo he mencionado brevemente hace un momento.
Para concluir, el grupo de trabajo del Consejo sobre "Sustancias peligrosas" , que se reunirá dentro de una semana, fijará las grandes orientaciones que serán adoptadas por el Consejo "Mercado interior" del próximo 27 de septiembre. Espero que favorezcan una aproximación de las posturas del Parlamento y de la Comisión. Espero también, y estoy convencido de ello, que sea absolutamente factible finalizar la adopción de esta vigesimocuarta propuesta de modificación de la Directiva "Sustancias peligrosas" en segunda lectura.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, con su permiso quisiera comenzar felicitando a la Sra. Ries por su magnífico y sólido informe. Hoy hablamos de las limitaciones de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, en concreto de materiales ignífugos como el éter de pentabromodifenilo.
Las evaluaciones de riesgos -lo acaba de señalar la Sra. Ries- han demostrado que el uso de éter de pentabromodifenilo entraña riesgos para el medio ambiente y la salud pública puesto que este material ignífugo bromado se emplea en la fabricación de muebles y tapicería. Por eso, estamos obligados a prohibir la comercialización y el uso de pentaBDE, así como de todos los productos que contengan esta sustancia, en interés de la salud pública y el medio ambiente.
Dado que disponemos de otros materiales ignífugos dicha prohibición no aumentará los riesgos de incendio y ambientales. Señor Presidente, además de la sustancia penta se comercializan otros dos materiales ignífugos bromados, a saber, decaBDE y octaBDE. El octa se utiliza principalmente en artículos de plástico para oficinas, así como en componentes de electrodomésticos. El Parlamento ya se pronunció a favor de una paulatina prohibición de todos los PBDE en aplicaciones específicas hacia enero de 2006 con motivo de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualmente se está llevando a cabo la evaluación de riesgos para el octaBDE y el decaBDE, y está previsto que los resultados del estudio se sometan al Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente antes de que finalice el año.
Habida cuenta de que por el momento no existen conclusiones negativas sobre el decaBDE, el Grupo del PPE sostiene que la prohibición de esta sustancia debe ser revocable. Dicho de otro modo, ha de supeditarse a los resultados de la evaluación de riesgos que se darán a conocer antes de que finalice el año. Sin embargo, en el caso del octaBDE coincido con la Sra. Ries en que el uso de esta sustancia debe prohibirse ya, a pesar de que la evaluación de riesgos no haya concluido aún. No olvidemos que los primeros resultados hechos públicos de las evaluaciones de riesgos para el octaBDE llevadas a cabo en el Reino Unido con respecto a las consecuencias para el medio ambiente y en Francia con respecto a las consecuencias para la salud pública demuestran que dicha sustancia entraña serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, el principio de cautela nos impide aplazar la prohibición de este material hasta que se den a conocer los resultados finales del estudio.
Señor Presidente, en interés de la salud, la protección de los ciudadanos europeos, la protección del medio ambiente y la preservación del mercado interior es fundamental que sobre la base de los resultados de las evaluaciones de riesgos para las sustancias ignífugas bromadas publicados hasta la fecha, y en virtud del principio de cautela, queden tajantemente prohibidos el pentaBDE y el octaBDE, así como el decaBDE si las conclusiones de la evaluación de riesgos para esta sustancia que se darán a conocer antes de que finalice el año demuestran que el decaBDE es fuente de preocupación.

Bowe
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el informe, que ha sido difícil en términos de alcanzar un equilibrio entre las ventajas de lo que a todas luces es un tema de gran importancia - y muy inmediato - como es la seguridad contra incendios, y el problema más difícil y a más largo plazo de futuros daños para la salud pública y el medio ambiente.
Las sustancias que son objeto del presente informe tienen propiedades beneficiosas claras y demostradas porque retrasan la combustión de materiales y productos tales como los muebles rellenos de espuma. No obstante, también tienen propiedades negativas importantes. Son tóxicas. Son bioacumulativas en animales, en el medio ambiente en general y han sido detectadas incluso, como ya se ha dicho, en la leche materna.
La adopción de medidas sobre estas sustancias, en opinión de muchos diputados a este Parlamento, ha sufrido grandes retrasos debido a la lentitud con que avanza la evaluación de riesgos realizada en virtud del Reglamento sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes de 1993. Seguimos a la espera de los resultados definitivos y de la publicación de las evaluaciones de riesgos de algunas de estas sustancias. Espero que la Comisión tome nota de esto.
Las conclusiones generales son claras. Es necesario controlar estrictamente estas sustancias que pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente. No podemos pasar por alto, sin embargo, sus ventajas tan reales y positivas en términos de una reducción considerable de la cifra anual de víctimas mortales de incendios fortuitos. En este sentido, quisiera acoger favorablemente el informe. Apoyo las enmiendas a dicho informe que permiten que se siga utilizando el isómero más estable, es decir, el decaBDE, hasta que la sustancia haya sido sometida a una evaluación exhaustiva sobre los riesgos y sus usos y se hayan evaluado los riesgos reales y dispongamos de conclusiones al respecto. Recomiendo el informe a la Asamblea.

Schörling
Señor Presidente, me alegra sinceramente que tanto la Sra. Ries, ponente, como el tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente hayan hecho más rigurosa la propuesta de la Comisión sobre productos ignífugos con bromo. Es sabido que el pentabromodifenilo, el octabromodifenilo y el decabromodifenilo son resistentes, tóxicos y, desde que se han encontrado productos ignífugos con alta presencia de bromo en la parte alta de la cadena alimenticia, biológicamente acumulables. Gracias a las investigaciones medioambientales se ha podido determinar que el decabromodifenilo también tiene esta facultad de acumulación Por eso hay que prohibir todo este grupo de sustancias. El principio de cautela impone que actuemos de inmediato, sin esperar el estudio de riesgos que se está realizando, tal como se propone en la enmienda 16. El decabromodifenilo está presente en el 80 por ciento de los productos ignífugos con bromo. La espera hasta el año 2006 para su prohibición significaría la emisión de toneladas de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente, lo que obviamente se opone al principio de cautela. Por eso abogo por la aprobación de la propuesta del Grupo de los Verdes para prohibir inmediatamente todo el grupo de sustancias ignífugas con bromo.

Van Brempt
Señor Presidente, estimados colegas, me sumo con mucho gusto a las felicitaciones dirigidas a la Sra. Ries. Todos los oradores han coincidido en afirmar que se trata de un expediente harto difícil porque están en juego muchos intereses y porque este tema involucra a importantes grupos de presión, por no decir nada de la seguridad en materia de incendios y la protección y el futuro del medio ambiente a largo plazo.
Se trata seguramente de un debate muy técnico. Éter de pentabromodifenilo. ¿Qué importa el nombre? Se trata de materiales ignífugos bromados, pero también de un tema muy relevante desde el punto de vista social. Los oradores anteriores han explicado claramente cuáles son las consecuencias para el medio ambiente y la salud pública. De conformidad con un reglamento de hace siete años sobre evaluación de riesgos el octaBDE y el decaBDE ocupan el primer lugar en la primera lista de sustancias consideradas de interés prioritario para ser sometidas a una evaluación de riesgos. Dichas evaluaciones aún no han concluido. Dado que dichas sustancias tienen fama de ser peligrosas para el medio ambiente retrasaríamos innecesariamente una mejora en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente si esperáramos las conclusiones de esta evaluación de riesgos aparentemente interminable. Aunque personalmente hubiera preferido una prohibición inmediata de los materiales ignífugos bromados -y mis colegas lo saben- el compromiso goza de mi pleno apoyo porque también es aceptable. Opta por una prohibición inmediata del pentaBDE y del octaBDE y una prohibición del decaBDE en 2006, a menos que se demuestre la inocuidad de esta sustancia, lo cual es sin duda un matiz importante.
Este expediente pone asimismo de manifiesto que estamos a caballo entre la política tradicional basada en la evaluación de riesgos y la nueva política química que estamos estudiando en este momento y que debe acelerar la realización de los análisis. Además, es preciso subrayar que la responsabilidad correspondiente ya no recae sobre la Comisión y los propios Estados miembros, sino sobre los fabricantes.
El presente expediente vuelve a demostrar que la actual política química, que consiste en realizar análisis sustancia por sustancia, requiere demasiado tiempo y dificulta seriamente la protección del hombre y del medio ambiente por parte de las autoridades. Por todo ello, insistimos en la necesidad de llevar a cabo una reforma urgente de dicha política, tal y como se está haciendo a través del Libro Blanco sobre la política en materia de sustancias químicas.

Byrne
. (EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados por su interés en esta propuesta y, en particular a la Sra. Ries, ponente, por su trabajo constructivo.
El pentaBDE es un material ignífugo utilizado en la fabricación de espuma de poliuretano para muebles y tapicería. Representa un riesgo para el medio ambiente, es bioacumulable y ha sido encontrado en la leche materna. En respuesta a los resultados de una evaluación de riesgos de conformidad con el Reglamento sobre la evaluación y el control del riesgo de las sustancias existentes, la Comisión presentó, en enero del presente año, una directiva sobre la prohibición de la comercialización y el uso del pentaBDE.
La directiva presentada por la Comisión cubre todos los usos del pentaBDE y los artículos que contienen esta sustancia. Es una aplicación del principio de cautela, habida cuenta de la alarma despertada por la presencia del pentaBDE en la leche materna procedente de fuentes no identificadas.
Se han analizado detenidamente los costes y las ventajas de las restricciones propuestas. Existen alternativas adecuadas, tanto en términos técnicos como económicos. Quisiera hacer hincapié en que la propuesta no tendrá como resultado un incremento del riesgo de incendios o mayores peligros para el medio ambiente. Creo que es una medida proporcional.
La propuesta de directiva no sólo prevé la protección del medio ambiente y de la salud de los consumidores y trabajadores, sino que además preservará el mercado interior. Introducirá normas armonizadas en los Estados miembros.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas del Parlamento que ampliarían el alcance de la propuesta de directiva para incluir la prohibición de otras sustancias, como por ejemplo, el octaBDE y el decaBDE (enmienda 1, segunda parte de la 2 y enmiendas 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). Estas otras sustancias podrían ser objeto de una propuesta posterior de la Comisión una vez que hayan finalizado las evaluaciones de riesgos y se haya analizado la disponibilidad de sustitutos seguros.
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que introducirían prohibiciones del octaBDE y el decaBDE a partir del 1 de enero de 2006 si las evaluaciones de riesgos no llegan a la conclusión de que las sustancias no presentan ningún motivo de preocupación (enmiendas 8 y 16). En consecuencia, estas sustancias quedarán terminantemente prohibidas a partir de 2006 si las evaluaciones demuestran que existen motivos de preocupación o quedarán totalmente exentas de regulación si las evaluaciones demuestran que no existe ningún motivo de preocupación.
La Comisión es partidaria de un enfoque más matizado, lo que significaría que las medidas podrían entrar en vigor mucho antes de 2006. La finalización de las evaluaciones de riesgos y los análisis de disponibilidad de alternativas seguras permitirían identificar los usos preocupantes y adoptar rápidamente las medidas oportunas. En caso necesario, podría aplicarse el principio de cautela para prohibir dichos usos. Habida cuenta que se espera que las evaluaciones finalicen en otoño de 2001, las medidas que se adopten podrán entrar en vigor mucho antes de 2006.
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda relativa a los procedimientos para la evaluación de riesgos en virtud del Reglamento 793/93 (enmienda 4). Esta enmienda sobrepasa la presente propuesta de restringir la comercialización y el uso del pentaBDE.
La Comisión puede aceptar, en principio, suprimir la excepción de estas restricciones al éter de octabromodifenilo de calidad técnica, siempre que contenga menos de un 5% en masa de derivado pentabromado de difenil éter (primera parte de la enmienda 2 y enmienda 5 de la Comisión de Medio Ambiente), porque la nueva información de los fabricantes indica que es posible producir octaBDE sin pentaBDE.
Resumiendo nuestra posición, la Comisión puede aceptar la enmienda 5. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 a 4 y 6 a 16. No obstante, la Comisión puede apoyar, en principio, la primera parte de la enmienda 2.
Deseamos mantener el diálogo con el Parlamento y estoy convencido de que podemos llegar a una solución constructiva.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Sangre humana y sus componentes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0272/2001) del Sr. Nisticò, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana.

Nisticò
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, en primer quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la presidenta, Sra. Caroline Jackson, por la preferencia que ha dado a este informe. Asimismo quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los ponentes en la sombra, con los cuales ha habido una excelente relación de cooperación, así como a los responsables de la Comisión, a los representantes de las distintas asociaciones y a todos los colegas que con sus cualificadas enmiendas han contribuido a mejorar esta importante y delicada directiva.
La directiva llena un vacío que existía hasta ahora en Europa en lo referente a las normas de calidad y de seguridad de la sangre. El objetivo de la presente directiva es fundamentalmente la protección de los donantes y de los receptores y por fin permite contar con normas iguales para todos los Estados miembros que garanticen el máximo nivel posible de calidad y seguridad de la sangre, de sus componentes y derivados no solo de la sangre disponible en los Estados de la Unión Europea, sino también de la sangre importada de terceros países.
En la directiva se prevé una actualización continua, al menos una vez al año, de las pruebas de laboratorio para la identificación de agentes patógenos, de naturaleza bacteriana, vírica u de otros agentes infecciosos, así como una actualización de las tecnologías más sofisticadas en aras de una más eficaz y segura esterilización de la sangre y de sus componentes. Se prevén asimismo recomendaciones a los Estados miembros para potenciar la investigación científica en este sector. La presencia de una nueva directiva europea que establece las mismas normas de calidad en cada uno de los Estados miembros permitirá la libre circulación de la sangre y de sus componentes en el ámbito de los Estados de la Unión Europea y la desaparición de restricciones indeseadas a los desplazamientos de los donantes de un Estado a otro.
Deben aplicarse normas elevadas de calidad y seguridad durante todas las etapas del proceso de transfusión, de la toma al control mediante pruebas específicas de laboratorio, a la recogida, tratamiento, conservación, distribución y utilización de la sangre humana entera y de sus componentes.
Por lo tanto, la garantía de calidad y de eficacia debe aplicarse a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y de sus componentes, así como a los centros de medicina de la transfusión, a la cualificación y formación del personal médico, técnico y de enfermería y a un sistema de rastreabilidad de la sangre desde el donante hasta el receptor. En cuanto a la persona responsable, el Parlamento Europeo ha previsto que posea un título de doctor en medicina, preferentemente con una especialización en hematología o en medicina de la transfusión u otra especialidad médica afín.
Al objeto de comprender mejor la importancia del control en cada etapa del proceso, lamentablemente, cabe recordar las terribles reacciones adversas que se han registrado y que esperamos que en el futuro dejen de registrarse como, por ejemplo, el sida, los casos de hepatitis viral de tipo B y C u otras infecciones, a veces mortales, de tipo choque anafiláctico o septicemia.
La Comisión ha aceptado la propuesta del ponente de retirar los anexos, al ser estos una materia extraordinariamente delicada que se tiene que actualizar periódicamente mediante un mecanismo simple y flexible.
Por último, gracias a las numerosas enmiendas del Parlamento, se ha reforzado el principio en virtud del cual todas las donaciones deben ser voluntarias y no remuneradas. Sin embargo, señor Comisario, opino que el interés primordial sigue siendo el de proteger las necesidades y las exigencias de los pacientes. En efecto, en el caso de que inmediata y taxativamente se prohibieran las formas de incentivación a favor de los donantes, habida cuenta del número, por desgracia, todavía limitado de donantes y de la falta de autosuficiencia de sangre en Europa, se podrían registrar enormes dificultades para los pacientes con riesgos incluso mortales. La carencia de sangre y de plasma es un problema bien conocido en Europa.
A dicho fin, espero que el Pleno apruebe la enmienda del Partido Popular Europeo - Demócratas Europeos y del Grupo Liberal que, por un lado, protege el principio de voluntariedad y gratuidad de las donaciones pero, por otro, permite una etapa de transición de cara a la aplicación de dicho principio. Una enmienda oral del Sr. Lisi señala que, antes de finales de diciembre de 2008, todas las donaciones deberán ser voluntarias y no remuneradas. Dicho principio debe ser un objetivo cuyo logro deberá alentar cada uno de los Estados miembros con la necesaria gradualidad, al objeto de evitar posibles efectos catastróficos para el ser humano.
Por lo que se refiere a la sangre importada - enmienda 43 - sería oportuno precisar que los criterios a los que hace referencia esta enmienda deben concernir a la calidad y seguridad de la sangre.
En conclusión, señor Presidente, la garantía de normas elevadas de calidad, eficacia y seguridad de la sangre, según se establece en la directiva, ofrecerá a los ciudadanos de la Unión Europea una mayor tranquilidad en lo que se refiere a los posibles tratamientos con sangre, así como una mayor confianza en las Instituciones europeas y en las autoridades nacionales.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la adecuada regulación y, por tanto, la seguridad del sistema de aprovisionamiento de sangre revisten una gran importancia para la salud de los ciudadanos europeos. Por eso acojo muy favorablemente esta Directiva por la que se establecen normas de calidad y seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes.
Felicito con mucho gusto al Sr. Nisticò por su informe, así como por la forma en que ha mejorado la estructura de la propuesta legislativa. Sin embargo, hay un punto que no puedo suscribir. En mi opinión -y también en opinión del Sr. Nisticò- hay dos importantes principios a los que Europa debería atenerse y que yo he defendido siempre en los debates, desde 1989 aquí y antes en los Países Bajos. ¿Cuáles son estos principios? Además del autoabastecimiento de sangre en la Unión se trata de la donación voluntaria y gratuita de sangre y sus componentes.
Señor Presidente, de las enmiendas se deduce que se podría ofrecer una pequeña remuneración a los donantes por tomarse la molestia de donar. En los últimos tiempos se ha hablado mucho del principio de no pagar nada. Quisiera formular algunas observaciones al respecto. En primer lugar deseo subrayar que para mí la seguridad de la sangre y de los productos derivados es absolutamente prioritaria. Es algo que no se puede pasar por alto. La donación voluntaria y no remunerada es una cuestión de seguridad, no es sólo un acto de generosidad humana. La seguridad de la sangre procedente de donaciones gratuitas es superior a la de la sangre obtenida a través de otro tipo de donaciones. Ello ha quedado demostrado en estudios científicos llevados a cabo en diversos países, no sólo en los Países Bajos.
Ahora bien, en caso de que se produzca una falta de determinados productos, por ejemplo de aquellos que se necesitan para los pacientes hemofílicos, no hay ningún reparo en que esta deficiencia se cubra con la importación de otra sangre. Señor Presidente, una modificación de este principio alterará el funcionamiento de los bancos de sangre públicos existentes en algunos Estados miembros. Siento tener que decir, señor Nisticò, que, a mi modo de ver, este principio se ha retocado demasiado en el compromiso elaborado por usted...

Lund
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión porque ésta ha presentado ahora una propuesta que recoge las nuevas disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la fijación de normas de calidad y de seguridad para la sangre humana y sus componentes. No obstante, también quiero dar las gracias al Sr. Nisticò por el trabajo realizado en el informe. Me parece que ha hecho un trabajo estupendo y celebro que a través de la Comisión de Medio Ambiente podamos contribuir a mejorar la directiva. Con las mejoras propuestas por la Comisión de Medio Ambiente podemos ofrecer una mayor seguridad y asegurar una mejor calidad de la sangre, desde su extracción hasta su distribución inclusive. También creo que recalcamos cuestiones esenciales. Ante todo que la sangre no es una mercancía sometida a las normas habituales para el libre comercio.
Con respecto al autoabastecimiento me parece también importante que se diga que con estas normas damos prioridad en cada país y en la UE en su conjunto a la cuestión del autoabastecimiento. Las donaciones de sangre de la propia población son claramente la mejor solución y por ello quiero exhortar a que todos los países establezcan un gran cuerpo de donantes que consideren un deber personal y social la donación de sangre y plasma para ayudar a otros individuos de su propia sociedad. Muchos países ya han implantado semejante cuerpo de donantes. Se puede crear de hecho semejante cuerpo y no existe así ninguna disculpa para los países que aún no lo hecho. Sólo hay que ponerse en marcha. Si se tiene este gran cuerpo de donantes, se dispone también de mayor cantidad de sangre, y con ello de la posibilidad de asegurarse un verdadero autoabastecimiento con la mejor calidad de sangre. Esto me lleva asimismo a decir unas cuantas palabras sobre la cuestión de si debe ser no remunerada, que es la gran cuestión en este tema. Pienso que la donación de sangre debe ser no remunerada tal y como recomienda también el Consejo de Europa en sus directrices y tal y como recomendó la Comisión de Medio Ambiente. Creo que debemos recalcar este punto por dos razones. En primer lugar, la ética. La sangre, los tejidos y órganos de un individuo en mi opinión no deben ser una mercancía. Ésta es una razón. Y la otra razón es que el que la donación de sangre sea no remunerada dará la mejor seguridad y la mejor calidad. Numerosas investigaciones demuestran que la sangre donada no remunerada tiene mejor calidad que otra sangre y me parece que debemos decir las cosas como son: El cuerpo de donantes basado en la donación voluntaria y no remunerada es un cuerpo distinto al que se crea cuando hablamos de la donación remunerada. A este respecto me alegra mucho ver el amplio respaldo que la Comisión de Medio Ambiente ha dado a la definición del Consejo de Europa de la donación voluntaria y gratuita.
Hay partes de la industria que han cabildeado intensamente en contra de la donación de sangre no remunerada y que como es habitual también han empujado por delante suyo a los pacientes en su cabildeo. Me parece de mal gusto y creo que la industria en realidad contribuye de forma bastante cínica a evitar la situación ideal para los pacientes que deben recibir la sangre, es decir, que la sangre y el plasma hayan sido donados gratuitamente y por lo tanto provengan de un cuerpo de donantes fijo y estable. Me parece que invita a la reflexión el hecho de que en los países donde está implantada la donación no remunerada mediante un cuerpo de donantes grande y estable seamos de hecho autosuficientes en sangre y plasma.
No obstante, me gustaría añadir a lo dicho por el Sr. Nisticò que celebro la enmienda oral, que se ha anunciado como la enmienda 75 del Sr. Nisticò, y que en mi opinión no existe nadie aquí que pudiera soñar con llevar a un paciente a una situación en la que no se pudiera tener sangre o plasma. Naturalmente que todos los pacientes podrán disponer de ella, sin embargo, creo que servimos mejor a los pacientes dejando que la donación sea no remunerada y con ello garantizando la mejor calidad de sangre.

Ries
Señor Presidente, por mi parte, desearía ante todo felicitar al ponente, el Sr. Nisticò, por el rigor y la calidad de su trabajo, por su talante abierto y cooperador con los ponentes ficticios.
Esta directiva es esencial. Establece por primera vez en la legislación comunitaria exigencias de calidad y de seguridad para los productos sanguíneos, tanto para los que se destinan a transfusiones como para los que se transforman en medicamentos. Hay que señalar también que permite la libre circulación de los donantes y de los productos sanguíneos dentro de la Unión. Por tanto, yo diría que el texto es ambicioso y globalmente satisfactorio. Añadiría que las principales mejoras introducidas por el voto de la Comisión siguen siempre la misma línea: el refuerzo de las medidas de control y de inspección en toda la cadena de transfusión, con el fin de proteger a los donantes de los errores humanos y a los receptores de los riesgos de exposición a donaciones eventualmente contaminadas.
Dicho esto, existe otra amenaza que se cierne hoy sobre los pacientes: la escasez de plasma y de derivados plasmáticos en la Unión. Este es el motivo de que el Grupo Liberal se oponga a la obligatoriedad absoluta e inmediata de la gratuidad de la donación, es decir, a las enmiendas 55 y 56, que, dicho sea de paso, parecen igualmente ir en contra de cualquier idea de subsidiariedad. En primer lugar, porque lo que está en peligro no es la donación no remunerada. En ningún momento hemos puesto en entredicho el principio del voluntariado, ni el irremplazable papel social que desempeña el donante altruista. Por tanto, lo que se pone en tela de juicio no es la donación no remunerada, sino esta gratuidad obligatoria.
Y además, y por encima de todo, porque estas enmiendas ignoran olímpicamente las preocupaciones de los pacientes. Hemos consultado a fondo a pacientes que están especialmente preocupados - y esto es un eufemismo - por la creciente dependencia frente a las importaciones americanas, sobre todo de plasma, concretamente a personas hemofílicas que saben por experiencia que la gratuidad no les ha protegido en absoluto de las contaminaciones víricas. Por tanto, conseguir lo mejor no significa necesariamente que la situación mejore. Es claro, evidente, imperativo, que la sangre no debe ser una fuente de riqueza. Esto lo decimos, lo repetimos varias veces, en varios considerandos, en la enmienda de transacción que hemos presentado junto con el PPE. Es una objetivo que queda bajo la responsabilidad de los Estados miembros en las condiciones y en los plazos previstos por esta enmienda 75, pero hacer de esta gratuidad una condición absoluta para donar sangre sería una catástrofe para los pacientes, y me refiero efectivamente a los pacientes y no a los empresarios, Señor Lund, porque hemos consultado y escuchado largamente a los hemofílicos en concreto.
En realidad, lo que importa es que la sangre sea de la mejor calidad, y la directiva intenta que lo sea, pero yo les pregunto a ustedes: ¿de qué servirían la calidad y la seguridad sin disponibilidad de sangre? Les recuerdo que en Europa hay 7 millones de donantes sobre un total de 360 millones de ciudadanos.
Ya termino, Señor Presidente, y por ello invito a todos los Grupos Políticos a apoyar esta enmienda de transacción que garantiza el pleno acceso de los pacientes a la sangre y a sus medicamentos, una sangre y unos medicamentos que salvan cada día miles de vidas.

Rod
Señor Presidente, hace mucho que esperamos una directiva sobre la calidad de la sangre, indispensable para garantizar la seguridad de los donantes y de los receptores a escala europea. Desde este prisma, el informe de mi colega Nisticò, enriquecido por las múltiples enmiendas aprobadas en comisión prácticamente por unanimidad, obedece a la idea de una mayor protección de la salud humana, exigiendo en particular un mayor control médico de los donantes e incrementando la responsabilidad de los médicos y de los organismos implicados en todas las etapas del proceso, de la extracción al almacenamiento y a la fase de transformación de los derivados sanguíneos.
Como acabamos de ver, queda pendiente una cuestión sobre la que no nos ponemos de acuerdo: gratuidad o remuneración de las donaciones. Estamos muy apegados al principio de la donación de sangre gratuita, que se obtiene fácilmente en numerosos países europeos, y no podemos aceptar que se ponga en entredicho por dos razones esenciales. En primer lugar, desde un punto de vista ético, no podemos defender la idea de vender sangre, ni ningún otro componente del cuerpo humano. El cuerpo humano no es una mercancía. Además, nos sorprende extraordinariamente el hecho de que haya empresas que puedan obtener beneficios de la donación de sangre gratuita. En segundo lugar, la remuneración de la donación puede ser contraproducente en términos de calidad. Los donantes, movidos por el afán de lucro, pueden verse abocados a negar sus eventuales problemas de salud, lo cual puede tener consecuencias dramáticas para la de los receptores. La reciente noticia de que cientos de miles de chinos padecen actualmente el SIDA por haber vendido su plasma es la trágica ilustración de este riesgo, y no queremos que esta misma situación pueda producirse algún día en Europa.

Müller, Emilia Franziska
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Nisticò ha presentado un excelente informe, cuyo contenido yo suscribo plenamente. Es necesario unificar con esta directiva la situación en los Estados miembros en lo que respecta a la seguridad y calidad de la sangre y el plasma sanguíneo. Esto requiere la aplicación de métodos de análisis y de prueba idénticos que incorporen los avances científicos más recientes. Personal cualificado debe garantizar unas condiciones de seguridad óptimas tanto para el donante como para el receptor. Un sistema de seguimiento e identificación transparente garantizará la rastreabilidad de la sangre a lo largo de todo su recorrido, desde el donante al receptor y viceversa. Esto también contribuirá a minimizar el riesgo de infecciones.
La donación voluntaria y no remunerada de sangre es un principio fundamental que se debe mantener. A diferencia del Sr. Lund, yo pienso que en el ámbito de la seguridad no existe una relación directa entre la donación remunerada o no remunerada y la seguridad o la calidad. Lo determinante es la selección de los donantes y la solvencia de los análisis. No obstante, no se debe excluir la posibilidad de que en el futuro se decida pagar una compensación a los donantes de plasma en la Unión Europea. Europa sólo alcanza a cubrir un 50% de sus necesidades de plasma. La diferencia se cubre, por lo tanto, con plasma procedente de los Estados Unidos, donde los donantes reciben una compensación. La nueva directiva tampoco debe impedir la importación de plasma de donantes que han percibido una compensación. Esto provocaría inmediatamente restricciones en el suministro, también en el caso de los medicamentos elaborados a partir del mismo. El plasma es necesario para la producción de medicamentos vitales, como por ejemplo el factor de coagulación 8 y el factor de coagulación 7 para los enfermos con problemas sanguíneos y la inmunoglobulina para la prevención de infecciones en pacientes con inmunodeficiencia congénita. Una restricción del suministro pondría en peligro la salud de incontables pacientes. Yo les ruego que tengan presente esta circunstancia en el momento de la votación.

Stihler
Señor Presidente, la seguridad y la calidad de los productos sanguíneos nunca han sido tan importantes. Todas las semanas oímos en toda la UE historias y más historias sobre este tema. Creo que todos los diputados queremos tener la certeza de que en los Estados miembros existe un grado de seguridad y de calidad de la sangre y de sus productos derivados en todo el proceso de transfusión sanguínea.
Para nuestros ciudadanos esto significa que en el caso desafortunado de que, por ejemplo, alguien sufra un accidente durante las vacaciones y necesite una transfusión, existan garantías de que la calidad y la seguridad son las mismas tanto si se encuentra en una isla griega o escocesa. Como todos sabemos, el principal ámbito de diferencia entre los diputados ha sido sobre la cuestión de si los productos derivados de la sangre deben ser remunerados o no. Creo que la opción preferible debería ser que la sangre se done con carácter voluntario. Como resalta la "European Blood Alliance", las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre y de componentes sanguíneos se consideran un regalo de los ciudadanos sanos a aquéllos necesitados. Pero lo que es más importante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe convertir el cuerpo humano y sus partes en una fuente de ingresos financieros.
Nuestro Parlamento y las instituciones han defendido sistemáticamente las donaciones voluntarias no remuneradas. Está demostrado que la preponderancia de virus y enfermedades transmisibles a través de la sangre es mucho más alta entre los donantes que son remunerados que entre aquellos a los que no se les paga.
No obstante, hay una cuestión que me gustaría destacar. Me refiero a la enmienda 43. En Escocia y el Reino Unido tenemos un problema específico con la ECJ. Muchos hemofílicos y personas con inmunodeficiencia dependen de derivados de la sangre procedentes de los Estados Unidos, la causa es que en Escocia y el Reino Unido ya no utilizamos plasma procedente de donantes del Reino Unido para elaborar productos sanguíneos debido a la ECJ y dependemos de las importaciones de plasma sanguíneo de los Estados Unidos.
La enmienda oral a la enmienda 43 defendida por la Sra. Korhola es muy oportuna. Espero que los diputados la apoyen mañana.
Para terminar, la seguridad y la calidad de la sangre y de sus derivados es una cuestión importante que debemos solucionar. Quizá en la segunda lectura, el ponente podría organizar, fuera de esta Asamblea, la oportunidad de que los diputados donemos sangre. Al fin y al cabo, como diputados, deberíamos dar ejemplo. Donar sangre es un acto positivo de ciudadanía.

Bowis
Señor Presidente, un amigo mío así como su esposa viven con el SIDA porque él recibió sangre contaminada en una transfusión y luego, sin saberlo, contagió a su esposa. Conozco los riesgos y peligros y la importancia de la calidad y la seguridad de nuestros abastecimientos de sangre. Es por ello por lo que acojo con satisfacción la presente propuesta, en particular, el trabajo de mi colega el Sr. Nisticò.
Pero sería trágico que dicho trabajo se viera arruinado por una enmienda, una enmienda que vendría a agravar la notoria escasez de grupos sanguíneos y plasma poco comunes. Sería una tragedia en un sentido muy real porque la OMS señala que en el mundo existen 80 afecciones principales de inmunodeficiencia y se estima que entre 50.000 y 90.000 personas en nuestra Europa padecen dichas afecciones. Para la mayor parte de estas afecciones existe tratamiento y la mayoría de las personas que las padecen pueden llevar una vida bastante plena, pero únicamente si cada tres semanas durante toda su vida reciben una inyección de inmunoglobulina, que es un derivado del plasma humano y es lo que les mantiene con vida.
Europa utiliza 7 millones de litros al año y 4 millones de litros provienen de donantes remunerados. Naturalmente, todos preferimos que las donaciones sean voluntarias. En el Reino Unido son todas voluntarias, pero en el Reino Unido, como hemos oído, no existe plasma procedente de donantes de productos sanguíneos del Reino Unido debido al riesgo, en teoría, de que la variante de la ECJ se transmita a través de la sangre. Tampoco podemos aceptar el plasma de otros países de Europa. No importa si se trata de bancos de sangre o bancos de plasma de Europa - no podemos aceptar plasma de países de la UE en los que se han dado casos de EEB o de la variante ECJ, por lo que debemos recurrir a otros países, y nosotros, entre otros, dependemos principalmente del suministro de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud del Reino Unido ha dicho que no existe ninguna fuente alternativa posible. Ni que decir tiene que dichas importaciones incluyen donaciones remuneradas y no existe ninguna prueba en absoluto que demuestre que éstas son menos seguras que las no remuneradas. La enmienda 43 prohibiría la importación de dicho plasma que, literalmente, permite salvar vidas, y pido encarecidamente el apoyo de esta Asamblea a la enmienda de compromiso del ponente.

Trakatellis
Señor Presidente, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes es excepcionalmente oportuna, a la vista de los cambios registrados en los últimos tiempos en el campo de la medicina y de la salud pública. Al adoptar nuevas normas aspiramos, en principio, a la modernización del marco legislativo para cubrir regiones que no cubre la legislación comunitaria, reforzando los requisitos sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma así como la creación de un sistema de calidad en los centros de donantes de sangre a nivel comunitario.
Quisiera subrayar dos temas, sobre los cuales he intentado mejorar el texto de la Comisión con el objeto de reforzar la seguridad tanto para el donante como para el receptor de la sangre o de sus componentes. Estoy refiriéndome a la enmienda 33, mediante la cual, en los centros de donantes de sangre, el responsable debe tener, como mínimo, el título de medicina y preferentemente la especialidad de hematología o una especialidad médica relativa. El segundo punto importante es que hoy hacemos frente a una importante carencia de sangre. En mi país la demanda ha aumentado y aproximadamente tres de cada diez enfermos necesitan sangre y, a pesar del aumento de la oferta de sangre de los voluntarios, la necesidad de importar ha aumentado. Con la enmienda 75 intentamos que no sea absoluta la prohibición de los incentivos para la donación, porque tanto médica como científicamente es un error el dogmatismo en un tema tan importante como es la salud. El deseo de la donación de sangre voluntaria no debe expresarse de forma absoluta. Se les debe dar a los Estados miembros y a los centros de donantes de sangre la posibilidad de cubrir la recogida, la verificación, el almacenamiento y la distribución de grupos sanguíneos escasos, así como de sus componentes con incentivos cuando sea necesario.
Quisiera dar mi enhorabuena a mi colega, el Sr. Nistico, porque ha realizado una labor realmente excepcional y animar a que se apruebe la enmienda 75 que, verdaderamente, respetando el principio de la donación de sangre voluntaria, deja la posibilidad a los Estados miembros y a los centros de donantes de sangre de cubrir las posibles necesidades y, consiguientemente, es del todo correcta médica y científicamente.

Korhola
Señor Presidente, la presente discusión sobre la posible remuneración de las donaciones de sangre, suscitada por el extraordinario informe de nuestro colega, Sr. Nisticò, tiene múltiples aspectos, tratándose de una cuestión ética y práctica de mucha más gravedad de la que puede inferirse de este debate. Presenté una enmienda conjunta con la Sra. Grossetête sobre la donación gratuita de sangre, y ésta fue aceptada por la comisión parlamentaria. Apelo a todos los diputados para que se siga manteniendo esta posición. Muchas autoridades y asociaciones de pacientes han hecho llamamientos al Parlamento para que no permitamos la comercialización de las donaciones de sangre. Ante todo, nos encontramos con riesgos en materia de seguridad. La autorización de fórmulas de remuneración alteraría la naturaleza del grueso de donantes y aumentaría el riesgo global: los estudios comparativos al respecto demuestran que el estado de salud de los donantes remunerados es más precario. Aquí se ha hecho hincapié en la importancia de los análisis, y con razón. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, al VIH, la enfermedad presenta una fase de letargo en la que el virus no aparece aún en las pruebas.
También se trata de un riesgo ético. Quiero subrayar que a nosotros también nos incumbe la responsabilidad sobre cómo el resto del mundo pueda plagiar nuestras prácticas. Si nosotros permitimos que se haga negocio con una parte del cuerpo humano, la sangre, debemos tener presente que los países en desarrollo seguirán el ejemplo de Europa. Esto no sólo dará lugar a la aparición de abusos, sino también a un aumento de los riesgos. Ya conocemos el caso de China, donde ocurrió una catástrofe total en relación con la calidad de sangre como consecuencia de la remuneración a los donantes de sangre de enormes cantidades de dinero al cambio local. En Austria, una retribución de 200 chelines a los donantes es una cantidad simbólica, pero en los países de Europa Oriental representa una suma importante. ¿Es esto lo que realmente queremos para los demás y para nosotros mismos?
En tercer lugar, corremos el riesgo de ser inconsecuentes. Muchos países de la UE han firmado la Convención relativa a la ética biológica (Convention of the human rights and biomedicine), en la que se prohíbe inequívocamente el aprovechamiento para fines económicos del cuerpo humano y de sus partes, incluida la sangre.
No discuto la necesidad de plasma, y su escasez es una realidad. Sin embargo, es una deshonestidad moral justificar la entrega de este sector a las fuerzas del mercado bajo el pretexto de la escasez de plasma. De hecho, la enmienda 17 ofrece las garantías suficientes para restituir los gastos causados por las donaciones de plasma, tales como una gratificación por el tiempo perdido de trabajo y los costes de desplazamiento. Asimismo, quiero pedir el apoyo de todos los colegas para la enmienda oral que presentaré a la enmienda 43. Esta enmienda permitiría hacer excepciones en los casos en que la escasez de plasma represente un problema realmente insuperable.

Doyle
Señor Presidente, tenemos aquí dos cuestiones principales: una es el aprovisionamiento adecuado y la segunda es el aprovisionamiento seguro. Para los cientos y miles de hemofílicos y para todos esos pacientes que padecen toda una serie de enfermedades de inmunodeficiencia, se trata de cuestiones de vida o muerte con las que deben enfrentarse cada día. Aunque reconozco - y nadie de esta Asamblea la niega - la necesidad de fomentar la cultura de las donaciones voluntarias como norma, como actitud en todos nuestros Estados miembros, ruego a esta Asamblea que no excluya específicamente las donaciones remuneradas. No las excluyamos para los grupos sanguíneos poco comunes ni para el tan escaso plasma y sus productos derivados en caso de que sea necesario pagar por ellos para garantizar un aprovisionamiento adecuado.
No es cuestión de 'en caso de que exista escasez de aprovisionamiento'. Esa escasez ya existe. Actualmente, entre el 40 y 50% de los productos derivados del plasma que utilizan cada año los pacientes europeos proviene de donantes de plasma que son compensados por su tiempo y por las molestias de este lento proceso. Estos productos derivados del plasma, en particular en el Reino Unido e Irlanda, son importados en su mayoría de los Estados Unidos y provienen de donantes remunerados.
Las enmiendas a esta directiva, que fueron sometidas a votación y aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, tendrán repercusiones importantes sobre la salud pública. Impedirán la remuneración de donantes en cualquier circunstancia y descartan la importación de plasma y sus productos derivados procedentes de donantes remunerados. Ya no existe ninguna justificación por motivos de salud pública para imponer el requisito absoluto de que todas las donaciones sean no remuneradas. Fue el caso en los años setenta y ochenta, pero ha dejado de serlo gracias a nuestro proceso de control y esterilización.
Señor Comisario Byrne, me gustaría dirigirle, a usted específicamente, una pregunta a la que quizá pueda responder en su réplica: ¿violan las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente el Derecho comunitario, en particular, los distintos apartados del artículo 152? Llamo su atención sobre el apartado 5 del artículo 152 que previene que la acción comunitaria afecte a las disposiciones nacionales sobre la donación de sangre. ¿Violan realmente las enmiendas la legislación de la UE? Las organizaciones de médicos y las organizaciones de pacientes de toda Europa nos están pidiendo que no excluyamos específicamente las donaciones remuneradas.
Felicito al Sr. Nisticò por su excelente trabajo y recomiendo la enmienda 75 que restablece el equilibrio.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, me siento obligada a aclarar una cosa. La Asociación de Pacientes Hemofílicos de los Países Bajos se dirigió a mí con el ruego de que defendiera el principio de gratuidad. Ello significa, por tanto, que los oradores que se han pronunciado en sentido diferente sí apuestan por la seguridad y actúan por orden de sus asociaciones de pacientes.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, permítame decir, en primer lugar, que estoy muy agradecido por todo el trabajo realizado sobre esta importante y ambiciosa directiva. Importante, porque constituye nuestra primera directiva basada en las nuevas y reforzadas disposiciones del artículo 152 del Tratado, y ambiciosa porque es un elemento crucial de nuestra estrategia integral en el ámbito de la salud.
Antes de pasar a los detalles de la directiva que hoy tenemos sobre la mesa, permítanme rendir homenaje a la fructífera y valiosa labor del Consejo de Europa en el ámbito de la seguridad de la sangre. Nuestra propuesta de directiva está basada en dichos logros.
Esta nueva directiva cubrirá el ámbito de la sangre y de sus componentes que no son considerados productos medicinales en la medida en que garantizará niveles comparables de calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena de transfusiones sanguíneas en todos los Estados miembros. Asimismo, la directiva establece disposiciones a nivel comunitario sobre un sistema de calidad de los Centros de Medicina de la Transfusión y sobre la formación del personal de dichos centros.
Me complace observar que las enmiendas que hoy han sido sometidas a debate apoyen, en general, buena parte del enfoque básico de la Comisión en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la seguridad de la sangre y a cómo deben abordarse dichas cuestiones a nivel comunitario. Agradezco la valiosa contribución del Parlamento Europeo. La mayor parte de las enmiendas constituyen mejoras, aclaraciones y ampliaciones útiles del texto, y expreso mi agradecimiento al Sr. Nisticò y a todos sus colegas por su contribución.
Podemos aceptar en su totalidad 29 enmiendas. Hay además otras 23 enmiendas que incluyen ideas valiosas que podemos respaldar, pero que en su formulación actual no son del todo aceptables. El motivo es que contienen puntos específicos relevantes que no son compatibles con el enfoque de la directiva o que entrañan dificultades jurídicas o técnicas.
Con tantas enmiendas, no es factible que haga comentarios específicos sobre cada una de ellas. En consecuencia, me centraré en cuatro ámbitos clave, en los que hay varias enmiendas que no podemos aceptar y sobre los que creo que será de utilidad aclarar cuál es la posición de la Comisión.
Primero, las cuestiones éticas. Todos estamos de acuerdo en que el principio de la donación de sangre voluntaria y gratuita tiene un enorme valor ético. Como ha dicho la Sra. Stihler, la Carta de los Derechos Humanos de la UE establece que no se podrá sacar provecho financiero de las partes del cuerpo humano como tal. Por consiguiente, acojo con satisfacción y apoyaré activamente cualquier contribución que la Comunidad pueda hacer con vistas a la aplicación integral de este principio. Pero debemos analizar detenidamente todos los aspectos de esta cuestión.
Estoy decidido a garantizar que esta nueva directiva no contribuya de manera involuntaria a la escasez de terapias que salvan vidas humanas. El aprovisionamiento de sangre y de sus derivados, tales como el plasma utilizado para productos médicos, es una cuestión de vida o muerte para muchos pacientes, como han señalado muchas de sus Señorías. Gran parte del plasma utilizado para dichos productos médicos en Europa no proviene de donaciones que puedan considerarse 'voluntarias y gratuitas' en el sentido estricto del término, y es difícil encontrar el modo de sustituir dichas donaciones a corto plazo. Existe el peligro evidente de que una prohibición de dichas donaciones podría provocar una seria escasez de estos productos.
En consecuencia, considero prematuro prohibir de hecho cualquier donación que no se ajuste plenamente a la definición de 'donación voluntaria y gratuita' prevista en la enmienda 17 y, en este sentido, estoy de acuerdo con el Sr. Nisticò y con las intervenciones de la Sra. Ries, Sra. Müller, Sr. Bowis y Sra. Doyle. Respaldo sus puntos de vista y acepto lo que han dicho en relación con esta cuestión.
Por otra parte, tengo dudas sobre el fundamento jurídico de una disposición que determine el modo en que deben realizarse las donaciones, asunto que ha sido planteado también por la Sra. Doyle. El artículo 152 del Tratado establece que las medidas comunitarias 'no afectarán a las disposiciones nacionales en materia de donaciones...'. Parece cuestionable que la obligación de aceptar únicamente donaciones voluntarias pueda justificarse en términos de una mayor seguridad. Especialmente en el ámbito de los productos derivados del plasma, actualmente la seguridad depende mucho más de las sofisticadas pruebas de detección y de las medidas de desactivación. Por lo tanto, se podría denunciar ante el Tribunal de Justicia una disposición semejante por falta de un fundamento jurídico adecuado o por razones de subsidiariedad.
Por estas razones, sólo puedo aceptar en parte las enmiendas 55 y 56. Como ya he indicado, estoy dispuesto a discutir cualquier solución que deje claro que la aplicación integral del principio de donación voluntaria y gratuita es un objetivo fundamental de la Comunidad a largo plazo.
Las enmiendas 1, 3, 7, 8, 12, 60 y 61 están encaminadas a introducir, de un modo u otro, declaraciones o requisitos de niveles éticos más elevados. Todos ellos merecen ciertamente ser discutidos y estudiados detenidamente, pero desde nuestro punto de vista, realmente no son adecuados para esta directiva porque o bien no están directamente relacionados con sus objetivos o no tienen ningún fundamento jurídico en el Tratado.
Algunos de ustedes han afirmado que las donaciones remuneradas encierran mayores riesgos desde el punto de vista de la seguridad. Muchos de ustedes han hecho referencia a estudios. Todo el asesoramiento que recibo apunta a que se trata de estudios antiguos. Todos los estudios modernos sostienen lo contrario. Habida cuenta de lo que he dicho anteriormente en relación con otras medidas de seguridad, como las pruebas de detección y las medidas de desactivación, éstas proporcionan el nivel de seguridad necesario teniendo en cuenta este debate en particular. Hay quien ha sugerido también que en caso de escasez de aprovisionamiento podríamos recurrir a las importaciones, pero debo señalar que las importaciones provendrán de donaciones remuneradas, por lo que esto debilita el objetivo último que se desea alcanzar.
La Sra. Ries ha mencionado también que asociaciones de hemofílicos se han puesto en contacto con ella, observación que han hecho también otros diputados. Debo decir que mis servicios y yo mismo hemos sido contactados por asociaciones de hemofílicos, entre otras, que nos animaban a no seguir adelante con la eliminación de las donaciones de sangre remuneradas. Quisiera instar al Parlamento a que tenga este punto muy en cuenta cuando medite sobre la intención de su voto sobre este asunto mañana, así como los puntos de vista que estoy manifestando al respecto. Respaldo plenamente y estoy completamente de acuerdo con los puntos de vista de muchos de los diputados que han intervenido sobre este asunto.
El siguiente tema que quiero abordar es el alcance de la directiva. La última parte de la enmienda 13 así como la enmienda 72 están encaminadas a ampliar el alcance de la directiva a la recogida y comprobación de la sangre y sus componentes como materia prima para la fabricación de productos médicos. La Comisión puede aceptar esto en principio, pero debe mantenerse la claridad jurídica en lo que se refiere a los respectivos ámbitos de aplicación de la presente directiva y de la Directiva 89/381/CEE sobre la sangre y los productos derivados del plasma. Por consiguiente, habrá que revisar la redacción de ambas enmiendas a la luz del compromiso final que deberá acordarse con el Consejo.
Otras enmiendas introducen el término 'productos derivados de la sangre' en el texto de la directiva; no podemos aceptarlo porque se presta a ser confundido con el término 'productos médicos'.
Permitan que sea claro: todo aquello fabricado a partir de la sangre y utilizado en terapia humana debe entrar bajo la presente directiva o bajo la Directiva 89/381/CEE en vigor. Si existe alguna duda, la Comisión se replanteará las definiciones utilizadas.
El tercer punto es relativo a las normas técnicas. El ponente propone suprimir de la directiva los anexos técnicos y que las normas técnicas se adopten más tarde mediante comitología.
Agradezco este enfoque y estoy muy agradecido por el impulso que esta postura ha dado al trabajo de la Comisión. Como sabrán los diputados, es algo sobre lo que ya he hablado en el Parlamento y me alegra sobremanera que se adopte este enfoque en esta ocasión. Si el Consejo acepta esta solución, mis servicios comenzarán inmediatamente a elaborar propuestas sobre las normas técnicas con vistas a garantizar su aprobación antes de la entrada en vigor de la directiva.
Permitan que les garantice que mis servicios no intentarán reinventar la rueda cuando preparen la adaptación regular de las normas técnicas conforme al progreso científico y técnico. Haremos pleno uso del trabajo innovador del Consejo de Europa.
No sería viable ampliar y complicar más estos procedimientos en un ámbito en el que es necesario tomar decisiones sin pérdida de tiempo para proteger la salud pública. Por este motivo, sólo puedo aceptar en parte las enmiendas 68 y 71, y no puedo aceptar la enmienda 69.
No podemos aceptar las enmiendas 39 y 41, relativas a otra directiva o a las normas ISO como punto de referencia de las normas introducidas en virtud de la presente directiva. Cuando la Comisión proponga normas actualizadas, tendrá en cuenta todas las normas importantes externas y de la UE sin excepción. Mencionar unas sí y otras no podría dar lugar a problemas jurídicos en la aplicación, u obligar a la Comunidad a aplicar normas establecidas al margen de su marco jurídico.
Tampoco podemos aceptar la enmienda 22 que introduce una definición de rastreabilidad, que en mi opinión no sólo es demasiado general, sino que además no está cubierta por el Tratado. La enmienda 44, que introduce un sistema universal de identificación de donantes, que es a un tiempo costoso y demasiado ambicioso e innecesario, tampoco es aceptable.
Por último, la cualificación del personal del Centro de Medicina de la Transfusión. La enmienda 33 restringiría la formación de la 'persona responsable' a la de un doctor en medicina. Eso es demasiado restrictivo y no puede ser aceptado. La 'persona responsable', de acuerdo con la propuesta, debe ocuparse de la administración y gestión en relación con la aplicación de la directiva y no tiene responsabilidades médicas per se. Pero, una vez más, los Estados miembros son libres de imponer requisitos adicionales en lo que respecta a la cualificación de la 'persona responsable'.
En resumen, por las razones que he expuesto, 19 enmiendas no son aceptables. Se trata de las enmiendas 1, 3, 6, 7, 8, 12, 19, 20, 22, 30, 33, 39, 41, 44, 47, 60, 61, 69 y 73. 52 enmiendas son aceptables en su totalidad o en parte.
Las 23 enmiendas siguientes son aceptables en parte: enmiendas 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 27, 28, 32, 35, 43, 46, 55, 56, 62, 66, 67, 68, 70, 71 y 72. Las 28 enmiendas restantes pueden ser aceptadas en su totalidad, incluida la enmienda 75, la denominada 'enmienda de compromiso'.
Permítanme, para terminar, reiterar mi agradecimiento por toda la labor constructiva realizada por el ponente y la comisión, así como por todos los presentes. Muchas de las enmiendas mejorarán la propuesta. Respecto a los elementos en que persisten dificultades, la Comisión está dispuesta a colaborar para encontrar soluciones cuanto antes. El hecho de que la Comisión pueda aceptar en su totalidad o en parte 52 de las 71 enmiendas demuestra nuestra buena disposición a tener en cuenta la importante contribución política del Parlamento y nuestra confianza de que juntos sacaremos adelante este importante objetivo y conseguiremos su rápida adopción.

Lund
Señor Presidente, seré muy breve. A propósito, parece intencionado que debamos debatir sobre sangre precisamente en torno a la medianoche y a la hora del hombre lobo, pero dejémoslo estar. Precisamente a las 12.00 oí decir al señor Comisario Byrne -pero puede ser un fallo de traducción por lo que me gustaría que lo repitiera- que no cree que haya una mejor calidad y seguridad vinculada a la sangre procedente de un cuerpo de donantes estable y voluntario, tal como sabemos en algunos de los países miembros, frente a la sangre obtenida de individuos que complementan sus ingresos con la donación de sangre. Me sorprende que el señor Comisario de Salud Pública vea la situación de esta forma, por lo que espero que el señor Comisario desmienta lo que yo he dicho aquí. Hay certeza absoluta de que la sangre del cuerpo de donantes voluntarios y estables formado por ciudadanos que gustosamente se ponen con su sangre a disposición del beneficio de su prójimo en la sociedad presenta una mejor calidad que la sangre obtenida de individuos que quieren complementar sus ingresos mediante la donación de sangre.

El Presidente
Les rogaría que no reabrieran el debate, porque en este momento lo máximo que ustedes pueden hacer es pedir alguna aclaración o hacer alguna pregunta al Comisario.
Señor Comisario, tiene usted la palabra.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, lamentaría mucho escandalizar al Sr. Lund y, si me permite explicar lo que opino al respecto, quizá pueda disipar sus preocupaciones.
En vez de ponerlo en los términos que lo ha puesto usted, yo diría que no puede deducirse necesariamente que la sangre procedente de transfusiones remuneradas sea menos segura que aquélla procedente de donaciones gratuitas, y los estudios realizados últimamente sobre este asunto tienden a apoyar esta teoría.
Se ha hecho referencia a algunos estudios que sostienen lo contrario, pero según he podido saber, se trata de estudios antiguos, y la opinión más moderna coincide con el punto de vista que acabo de exponer.

Nisticò
. (IT) Señor Presidente, quisiera confirmar lo que acaba de decir el Comisario Byrne con gran competencia, seriedad y profesionalidad. No es un factor de seguridad si el donante es voluntario o no: la seguridad - y lo ha reiterado muy perfectamente el Sr. Trakatellis, otro hombre de ciencia - depende de la calidad y de la sofisticación de las pruebas. Hoy nos preocupan los priones porque aún no existen pruebas muy avanzadas. Existe sólo un trabajo publicado en la revista Nature. Confío en que pronto, gracias a ese mecanismo flexible y rápido de actualización, también estas pruebas puedan garantizar una sangre segura, pero ciertamente esto no depende del hecho de que alguien sea voluntario o se le incentive.

El Presidente
Muchas gracias Sr. Nisticò.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 00.13 horas)

