Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
Señorías, en primer lugar, debo informarles de que ha sido imposible disponer en este momento de todas las versiones lingüísticas del Acta. Por lo tanto, la aprobación del Acta de la sesión de ayer se aplaza hasta que se disponga de todas ellas.
El motivo del retraso es que tenemos más de 200 páginas de votaciones nominales, que han costado la módica cifra de 4 millones de francos belgas al presupuesto del Parlamento. Por lo tanto, en este momento estamos haciendo las ediciones que faltan. Espero que todos los Grupos tengan presente lo que cuestan al presupuesto de la institución las solicitudes de votaciones nominales. Por tanto, cuando dispongamos de las versiones que faltan procederemos a la aprobación del Acta.

Callanan
Señor Presidente, una cuestión de orden, me gustaría llamar la atención de la Cámara sobre un incidente muy grave que tuvo lugar ayer en mi circunscripción de Sunderland, Inglaterra. La policía y funcionarios de normas de comercio hicieron una redada en las instalaciones de un mayorista de frutas y vegetales y confiscaron los aparatos de pesado que utilizaba para dispensar sus productos en las unidades tradicionales británicas de libras y onzas. Al parecer, esto supone ahora una infracción de una directiva de la UE, aunque existen dudas jurídicas al respecto.
Espero que el Presidente se sume a mi condena de esta reacción extremadamente severa y se dirija por escrito a mi elector ofreciéndole el pleno apoyo de la Cámara en su lucha contra este disparate. Si los diputados se preguntan por qué la UE es tan impopular en el Reino Unido, es por incidentes como éste.

El Presidente
Señor Callanan, me deja enormemente preocupado ese gravísimo atentado a las tradiciones británicas y será debidamente considerado. Pero, en todo caso, no era -creo yo- una cuestión de orden.

Posselt
Señor Presidente, sólo quería intervenir para una cuestión de orden, y aunque no se ha sometido aún a aprobación, quizá se pueda corregir ya, y es que en el excelente informe de nuestro colega, el Sr. Karas, quise votar ayer a favor del apartado 5 que es especialmente bueno. Por equivocación voté en contra. Le ruego que se corrija esto.

El Presidente
Se toma nota.

Gebhardt
Señor Presidente, quisiera pedirle que imparta instrucciones al servicio de seguridad para que compruebe qué ha sucedido. Esta mañana, cuando llegué a mi despacho, la puerta estaba abierta aunque estoy muy segura de que anoche la cerré, y mi ordenador estaba encendido, si bien estoy totalmente segura de que de que anoche lo apagué. Creo que, en cualquier caso, es preciso comprobar qué ha sucedido esta noche.

El Presidente
Señora Gebhardt, es una preocupación que comparto porque hace dos días que me está sucediendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a pasar un aviso a nuestros servicios de seguridad.

Maaten
Señor Presidente, respeto el hecho de que aún no pueda consolidar las actas pero, aun así, deseo hablar acerca de un punto que se trató ayer. Al inicio del debate sobre temas de actualidad, hemos tratado la aplicación del artículo 146 del Reglamento, es decir, lo que se refiere a la suspensión de un debate. El Presidente no lo consideró en el momento de aplicación al debate sobre temas de actualidad. Me pregunto cómo es posible que un artículo del Reglamento no sea de aplicación a una situación sin que se mencione en el Reglamento. En este caso, quedó aparentemente sin efecto el artículo 146. Por este motivo, deseo preguntar si la Comisión de Reglamentos o el Presidente nos puede aclarar cuándo resulta de aplicación el artículo 146. Los hechos acaecidos ayer no han hecho más que crear confusión.

El Presidente
Señor Maaten, el apartado 6 del artículo 50 prevé que no se aplicarán los artículos 143, 144 y 146 a estas resoluciones. Lo que quiere decir que el presidente de la sesión aplicó estrictamente el Reglamento.

Miller
Señor Presidente, sobre la cuestión que ha planteado el Sr. Callanan hace unos momentos, sugiero que en lugar de plantearle la cuestión a su Señoría debería planteársela a la Reina del Reino Unido ya que últimamente parece tener opiniones sobre la mayoría de los asuntos europeos.

El Presidente
Tomo nota de esta peculiar cuestión de orden.
  

El Presidente
Quiera comunicarles que, como ustedes saben, ayer se produjo un luctuoso accidente en el que perdieron la vida 2 conductores y 25 adolescentes en las carreteras española, cerca de Soria. La Presidenta ha decidido enviar nuestro pésame a las familias y a las autoridades respectivas. Por lo tanto, creo que con ello damos satisfacción en alguna medida a las solicitudes que se habían formulado durante el debate de ayer.

Vidal-Quadras Roca
Señor Presidente, por supuesto, los diputados catalanes presentes en el hemiciclo -como usted mismo, el Sr. Gasòliba y yo- estamos particularmente afectados por esta tragedia. Y con independencia del acierto de la Sra. Presidenta, que ha enviado su condolencia a las familias de las víctimas, quizá, señor Presidente, no sería ocioso que en esta comunicación de la presidencia se instase una vez más a todas las autoridades responsables de transporte de la Unión Europea a extremar la aplicación de la legislación y la vigilancia de las condiciones de seguridad en el transporte, tanto de escolares como de jubilados, que muchas veces han sido víctimas de estas tragedias.

El Presidente
Así se hará.

Newton Dunn
Señor Presidente, ha dicho su Señoría que las votaciones nominales le cuestan al presupuesto del Parlamento 4 millones. ¿Podría pedirle al Comité sobre Normas de Procedimiento que estudiara la siguiente cuestión: todos nosotros respetamos los principios de poderes con responsabilidad y de subsidiariedad, así que cada vez que un Grupo solicite una votación nominal, ¿podría deducírsele una cantidad del presupuesto que le asigna el Parlamento?

El Presidente
Señor Newton Dunn, es una idea que debo confesarle que no es original. No es la primera vez que se discute. Creo que puede tener una mejor solución en el ámbito de la reforma de los métodos de trabajo que está examinando en estos momentos la Mesa y la Conferencia de Presidentes. Hay unos documentos de un grupo de trabajo presidido por el Vicepresidente Provan, que tratan de estos asuntos y que han sido ya transmitidos a los Grupos para su discusión. El documento de trabajo nº 4 aborda precisamente la mecánica misma del Pleno y creo que sería ése el ámbito oportuno para ese tipo de reflexiones y de mejoras de nuestros métodos de trabajo.

Mann, Thomas
Señor Presidente, tengo la siguiente cuestión: acabamos de recibir la versión escrita de los textos aprobados. Hemos recibido el extenso documento con las numerosas votaciones nominales, pero falta el acta de intervenciones del debate de ayer sobre cuestiones de urgencia. Ciertamente, las cuestiones de urgencia se aplazan no sin razón al jueves, pero sigue existiendo la necesidad de que las cuestiones urgentes puedan ser tratadas también con urgencia. Hemos tenido muchas intervenciones. Quiero llamar la atención sobre el tema del Tibet con ocasión del 65 aniversario del nacimiento del Dalai Lama, celebrado ayer. La gente está ávida de saber que se produjo una gran clima de comunidad aquí, en el Parlamento Europeo, cómo tuvo lugar y qué se dijo.
Ya he visto que la sesión del jueves sobre el tema de la urgencia nos dio sólo una posibilidad del documento, en la medida que en la semana siguiente, en concreto el miércoles de esa semana, recibimos este documento sobre nuestras intervenciones. De ahí mi pregunta: ¿Cuándo vamos a recibir el acta de estas importantes intervenciones orales?

El Presidente
Señor Mann, al menos esta semana, el Acta literal ha estado disponible físicamente a partir de las 10 de la mañana del día siguiente para todos los diputados. Me sorprendería que hoy no estuviéramos en condiciones de hacer lo mismo.

VOTACIONES
Laguiller
Señor Presidente, aunque veamos positiva la perspectiva del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa, así como también la del transporte fluvial, Armonia Bordes, Chantal Cauquil y yo mismo hemos optado no obstante por abstenernos sobre este proyecto.
Efectivamente, este informe indica que las numerosas y costosas inversiones, necesarias para la creación de las infraestructuras, serán financiadas con dinero público, mientras que su explotación se regirá básicamente por los imperativos de rentabilidad y de competitividad de las empresas privadas que, según este proyecto, serían sus primeros usuarios.

Caudron
. -.(FR) El transporte marítimo de corta distancia forma parte, como sabemos, del sistema de transporte europeo. A fin de cuentas, como lo subrayan el informe de la Comisión y el informe de la Comisión Regional y de Transportes, el transporte marítimo de corta distancia tiene mala imagen de marca en términos de coste, de lentitud y de ineficacia. Sin embargo, esta imagen ya no se corresponde con la realidad, y esta modalidad de transporte está en situación de aportar soluciones a los problemas globales que castigan a Europa en este campo. Me refiero a los problemas de congestión del tráfico, al elevado coste de las infraestructuras y al coste medioambiental.
Por otra parte, se han hecho progresos en estos últimos años, y se ha verificado un crecimiento real del transporte marítimo de corta distancia: entre 1990 y 1997, + 17% en toneladas transportadas y + 23% en toneladas por kilómetro.
Aunque se trata de un éxito indiscutible, todavía no está a la altura del potencial y de las ventajas que ofrece esta modalidad de transporte: ventajas en términos de coste: es la modalidad de transporte más económica; ventajas en términos de consumo de energía en toneladas/kilómetro; ventajas en términos de eficacia: es la modalidad de transporte más eficaz, desde el punto de vista de la inversión con respecto a la capacidad de transporte; ventajas en términos de cohesión regional: es la modalidad más adaptada al servicio de comunicación de las regiones periféricas europeas; ventajas en cuanto al medio ambiente: es una modalidad de transporte menos contaminante que el transporte terrestre; ventajas en cuanto a la intermodalidad: es un medio ideal para la aplicación del transporte intermodal.
Por tanto, deben tomarse medidas rápidamente con vistas a fomentar su desarrollo. Se trata fundamentalmente de desarrollar programas de inversión común.
Una de las prioridades debe ser la de reforzar la eficacia de las operaciones portuarias y reducir el tiempo de espera en los puertos.
Insisto en el hecho de que los poderes públicos deben jugar un importante papel tanto a nivel regional, como nacional y europeo.
Sin embargo, veo problemas en dos de los puntos del informe de mi colega.
Se trata de la propuesta que pretende establecer una lista de los puertos especialmente adaptados al transporte marítimo de corta distancia. Hacer una lista de este tipo no me parece necesario, y supone el peligro de penalizar a los puertos que todavía no están plenamente adaptados, pero que están llevando a cabo transformaciones para este fin.
Por otra parte, se sugiere agrupar en un solo punto la oferta de los servicios logísticos de transporte dirigida a los usuarios finales. Aunque comparto la idea de que hay que encontrar el modo de crear un sistema de información, me niego a que un puerto grande que ya ocupa una posición de fuerza en el mercado centralice este servicio.
Finalmente, me hubiera gustado encontrar en este informe la propuesta presentada por la Comisión de Industria, según la cual el transporte marítimo de corta distancia no debe ser considerado como una alternativa al transporte por carretera, ni como un sistema que le hace la competencia. La Comisión Europea debería en este caso fijar una estrategia intermodal que establezca una complementariedad entre las modalidades de transporte.
En este marco, y siguiendo esta idea, los Estados miembros deberían armonizar las reglamentaciones existentes, para evitar que supongan un obstáculo a la continuidad entre el transporte marítimo de corta distancia y el transporte terrestre, especialmente en el ámbito del peso total circulante.
Lo que se nos propone hoy significa por tanto un paso adelante en la dirección correcta en el ámbito del transporte marítimo de corta distancia.
Queda, después de todo, un largo camino por recorrer.

Lucha contra las infracciones graves contra el medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0178/2000) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo para combatir los delitos graves contra el medio ambiente (5343/2000 - C5-0078/2000 - 2000/0801(CNS))

Di Lello Finuoli
. (IT) Señor Presidente, la Decisión marco presentada por el Consejo no hace más que recalcar el Convenio del Consejo de Europa de 1998 sobre la represión de los delitos contra el medio ambiente, un Convenio que hasta este momento no ha sido ratificado por ningún Estado miembro del Consejo de Europa. La presente propuesta de decisión marco no pretende sino acelerar los plazos, al menos para los quince Estados miembros.
En casi todos los Estados tenemos una legislación para proteger el medio ambiente basada casi enteramente en sanciones económicas muy bajas y esto empuja a los devastadores del medio ambiente a maximizar los beneficios tratando de no utilizar todas las modernas técnicas para proteger el medio ambiente. Así, en estos últimos años, hemos tenido enormes desastres como el del Erika que era una cafetera del mar utilizada para el transporte de crudo, o la contaminación del Danubio con el cianuro de la mina rumana. Y esto porque a estas grandes compañías se les garantiza una impunidad cuyo fin es la maximización de los beneficios.
Esta Decisión marco permite a los Estados europeos en primer lugar subir las penas con el objeto de que este delito - el delito contra el medio ambiente - se convierta en antieconómico. En efecto, mientras que el delito contra el medio ambiente sea pagado por la colectividad y no por los particulares, no tendremos ninguna esperanza de protección del medio ambiente.
Otro sector en que esta Decisión marco interviene es el de empujar a los Estados europeos a adoptar penas o, en todo caso, un sistema de punibilidad para las personas jurídicas. Pocos Estados europeos prevén la responsabilidad de las personas jurídicas en sus Derechos penales, sin embargo, otros se están moviendo en este sentido. También Italia, en la revisión del nuevo código penal, tiene intención de incluir la punibilidad de las personas jurídicas, también porque hoy los delitos graves contra el medio ambiente no los cometen las personas físicas, sino las grandes multinacionales que, precisamente por no invertir en la prevención, causan inmensos desastres.
Creo que los Estados europeos deberían, dentro de muy poco tiempo, acceder a una regulación bastante común y, en cualquier caso, elevar las penas y conseguir que la comunidad no tenga que pagar estos delitos.
Otro aspecto importante es la cooperación que con esta Decisión marco se establece entre los Estados: una red de información que permite un rápido intercambio de información, un tratado que impone considerar los delitos contra el medio ambiente como delitos que autoricen la extradición, que permitan, por ejemplo, el embargo de bienes y de beneficios y que, en todo caso, conviertan estos delitos en antieconómicos. Sólo quiero recordar que en la comisión este informe se aprobó casi por unanimidad, con una sola abstención, y que han contribuido a mejorar este informe todos los Grupos políticos, del PPE al PSE y los Verdes.
Éste, por lo tanto, es un informe que expresa el punto de vista de la Comisión de Libertades en su totalidad y expresa el punto de vista, lo esperamos, también del Parlamento Europeo, que debe hacer todo lo posible para que los Estados europeos se doten por fin de una legislación eficaz para proteger el medio ambiente.

Schörling
ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. (SV) Señor Presidente, como ponente de la opinión que ha redactado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en conformidad con el procedimiento Hughes, puedo manifestar, a nombre de toda la comisión, que celebramos la iniciativa danesa que, con nuestras enmiendas, aprobamos unánimemente.
Opinamos que esta iniciativa constituirá un valioso instrumento para combatir los delitos contra el medio ambiente y los cada vez más graves efectos internacionales de esta clase de delitos que, obviamente, son una amenaza directa contra el medio ambiente, las personas, los animales y las plantas.
Los delitos graves contra el medio ambiente son un problema común para los países miembros, ya que traspasan las fronteras. Por eso, deberíamos poder adoptar medidas comunes para proteger el ambiente mediante normas de carácter penal. Quisiera destacar que esta decisión marco deberá ser aprobada por unanimidad en el Consejo y que se ha acordado que deberá ser obligatoria para los países miembros. Simultáneamente, hay que recordar que los países miembros son los que deciden cómo se conseguirán esos resultados, es decir, qué formas y procedimientos serán aplicables.
¿Cómo se va a hacer? A veces, quizás, hasta mediante una investigación, realizada rápidamente, en la que se comparta la información obtenida y que sea realizada por personal con conocimientos de ecología. Esto es extraordinariamente importante. Además, mediante una colaboración de tipo administrativo entre los países miembros, podría obtenerse información relevante para combatir los delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, quisiera destacar algo que subrayamos también en la Comisión de Medio Ambiente, esto es, que hay que apostar por las medidas preventivas, es decir, antes de que se produzcan los daños medioambientales y antes de que se cometan los delitos. Entonces también es importante que la legislación se ocupe de la responsabilidad en materia medioambiental, es decir, en quién recaen las responsabilidades, y que exista una legislación de estas características en los países miembros. También resulta obvio que se necesitan mayores conocimientos en materia medioambiental, sobre know-how, sobre cómo descubrir los delitos contra el medio ambiente, además de información sobre las penas. Es importante que se intente colaborar en este campo, tanto como sea posible.
En esta norma marco se define el delito grave contra el medio ambiente como una acción u omisión que, mediando circunstancias agravantes y en contraposición a la ley, daña considerablemente el medio ambiente. Evidentemente es posible discutir sobre la interpretación de las expresiones "delitos grave contra el medio ambiente" y "daño considerable" , pero esto es lo más lejos a que se ha llegado, aunque no sea posible reconocer esas figuras en las legislaciones de los países miembros.
En las enmiendas que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente nos hemos ocupado de la definición de delito grave contra el medio ambiente. Opinamos que es importante que la norma marco que se propone tenga un amplio campo de aplicación, ya que la definición es tan difusa. Además, la lucha contra los delitos graves contra el medio ambiente no debe circunscribirse solamente a las empresas, sino que también debe aplicarse a las administraciones en los diferentes países, o a los gobiernos, que mediante omisiones o irresponsabilidad hayan cometido esta clase de delitos. Esto lo hemos intentado a través de la enmienda 16.
Otro aspecto interesante es si constituye "circunstancia agravante" que actividades que han causado graves daños ecológicos estén insuficientemente aseguradas en relación con los riesgos que le son propios. Se trata del principio de que el que contamina debe pagar y de que no se trasladen los efectos o los riesgos a otros. Esto está contemplado en la enmienda 25.
Finalmente, quiero decir que avanzamos hacia una acción común para proteger el medio ambiente. Esta norma marco es un paso, como también lo es el Convenio del Consejo Europeo sobre protección penal del medio ambiente. En la norma marco se dice también que hay que ratificar este Convenio tan pronto como sea posible, ya que es mucho más detallada. En mi opinión, estos pasos son muy necesarios para detener a quienes cometen delitos y realizan actos irresponsables que dañan el medio ambiente. Estoy seguro de que esta norma marco y las enmiendas que se han presentado son provechosas.

Coelho
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quisiera comenzar subrayando el excelente trabajo hecho por nuestro colega Di Lello Finuoli en este informe y que, como él mismo ha tenido ocasión de decir, mereció, por lo demás, el apoyo casi unánime de la Comisión de Libertades y de Derechos de los Ciudadanos. Y quisiera también elogiar esta iniciativa de Dinamarca que tiene por objeto la aprobación de una decisión-marco en materia de lucha contra los delitos graves que afectan el medio ambiente. Todos tenemos conciencia de la amplitud cada vez mayor y los frecuentes efectos transfronterizos de ese tipo de delitos. Tampoco puedo dejar de recordar uno de los últimos sondeos del Eurobarómetro, según el cual el medio ambiente es, junto con la seguridad, la salud y el desempleo, una de las grandes preocupaciones más sentidas por los ciudadanos de nuestra Unión Europea. Se nos impone, así, la responsabilidad de dar respuesta a dichas preocupaciones, una respuesta que pueda garantizar la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, procurando elevar su calidad de vida.
La verdad nos impone la obligación de reconocer que la Unión Europea ha logrado avances importantes en la esfera del medio ambiente en los cinco últimos años. Hoy, incluso desde el punto de vista de los Tratados, ya está consignada la realización de un desarrollo equilibrado y sostenido. Y, según las conclusiones de Tampere, la delincuencia medioambiental es uno de los sectores expresamente mencionados en los que se deben centrar las medidas por adoptar con vistas a acordar definiciones, imputaciones y sanciones comunes entre las legislaciones penales nacionales.
Así, urge la necesidad de una acción común de los Estados miembros para instituir una protección penal del medio ambiente. Estamos ante un problema común de los Estados miembros, cuyas consecuencias cada vez rebasan más las fronteras de los Estados, en particular las del Estado en el que se cometen los delitos. Eso impone la necesidad de que se adopten medidas concertadas de protección del medio ambiente en el ámbito del derecho penal que sean comunes al territorio europeo. Mediante normas de derecho penal o sanciones severas -y quisiera subrayar el adjetivo "severas", proporcionales a la infracción y que tengan un efecto disuasor eficaz.
Por otro lado, como también ha dicho ya la Sra. Schörling, debería existir también una acción global preventiva en la que los Estados miembros deben garantizar que las empresas cuyas actividades entrañen un mayor riesgo para el medio ambiente y que puedan tener efectos negativos en el nivel de la salud pública estén bien informadas sobre las consecuencias medioambientales y adopten medidas de seguridad y las precauciones adecuadas en el ámbito de su actividad. Así, resulta necesario fortalecer y articular entre los Estados miembros los medios de lucha contra los crímenes graves que afectan el medio ambiente.
Para concluir, quisiera hacer un llamamiento a los Estados miembros que aún no hayan firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección del medio ambiente, de 1998, para que adopten, con arreglo a su derecho nacional, las medidas necesarias para la firma de dicho Convenio lo antes posible.

Êaramanou
Señor Presidente, la armonización del Derecho penal de los países miembros para la lucha contra el delito medioambiental es un componente muy serio de la política para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia; y es también el complemento necesario a una política medioambiental eficaz. Por ello me gustaría felicitar al Gobierno de Dinamarca por la iniciativa asumida, así como a los colegas Sr. Di Lello y Sra. Schörling, que con sus informes amplían el campo de acción de la iniciativa y la hacen más concreta. Porque es un hecho que la iniciativa de Dinamarca, a pesar de su correcta orientación, presenta bastantes puntos débiles en comparación, por ejemplo, con el Convenio del Consejo de Europa de 1998. Y esto por que se concentra sobre todo en el derecho penal y no incluye cuestiones de prevención, salud, protección del patrimonio cultural, etcétera.
Con todo, a pesar de los posibles puntos débiles y de las contradicciones, la iniciativa es positiva, porque impulsa la creación de un marco de legislación que permitirá el desarrollo de acciones comunes, coordinadas a través de un Europol reforzada, principalmente para el tratamiento del delito medioambiental transfronterizo. Introduce también un compromiso de mínimos para las sanciones penales que se impongan, sobre todo para los casos en que el medio ambiente es sacrificado en el altar del beneficio. Con este enfoque estoy plenamente de acuerdo, porque es algo sabido que hay una gran desproporción entre las penas que se contemplan para los delitos contra el medio ambiente y las consecuencias de estos delitos para el conjunto de la sociedad.
Con todo, constatamos que la iniciativa de Dinamarca no ha examinado detenidamente las legislaciones de los estados miembros y, dado que existen serias divergencias, no sería extraño que se registraran problemas en la aplicación de la propuesta. Estoy de acuerdo, en todo caso, con la mención a la responsabilidad de las personas jurídicas, puesto que, por definición, y por su naturaleza, la mayoría de los delitos contra el medio ambiente son perpetrados por compañías e industrias. Encuentro igualmente necesaria la mención a los países de la Europa central y oriental, pues entiendo que cualquier propuesta debe tomar en consideración la perspectiva de la ampliación.
Asimismo, entiendo que debo acentuar la necesidad de educación y formación del personal que será responsable de la investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente; el relieve que deben adquirir las medidas preventivas; y la necesidad de ratificación del Convenio del Consejo de Europa de 1998 por todos los países miembros, porque hasta ahora ninguno lo ha ratificado. Quisiera también subrayar que los estados miembros tendrán que comprometerse a una colaboración sustantiva en un asunto de tan gran importancia.

Thors
Señor Presidente, estimados colegas, esta materia es muy complicada, pero extraordinariamente importante. Es la continuación lógica del Tratado de Ámsterdam y del Consejo de Ministros de Tampere. Es un clásico tema en el que se necesita cooperación. Al estudiar el texto danés, el informe Di Lello y la opinión de la Sra. Schörling, ambos excelentes, vemos, sin embargo, que es un asunto en extremo complejo. Hay que coordinar el acuerdo sobre asistencia recientemente tratado en la Asamblea y las normas sobre blanqueo de dinero. No estoy segura de que este instrumento esté listo en todas sus partes, pero me alegra que se intente evitar hacer un doble trabajo con el Consejo Europeo.
Podemos comprobar que hay tres partes en la iniciativa danesa, además de la exigencia de ratificación de la convención del Consejo Europeo. Es importante que se contemplen reglas de derecho penal, así podremos prevenir. Creo que las reglas de confiscación son más importantes que las condenas largas o las multas elevadas. La experiencia demuestra que de hecho se consigue mucho a través de unas normas de confiscación rigurosas. Hay una antigua sentencia que dice "el delito no debe ser rentable" . Hay que colaborar estrechamente, cosa que la Sra. Schörling también indicó, en torno a las normas de responsabilidad medioambiental que se dictarán y a las que alude el artículo 2 a.
Celebro que la Sra. Schörling en su informe trate el tema de los animales, cosa que no me sorprende. Creo que aquí en el Parlamento tenemos que decir, de forma clara y sin rodeos, que éste será un instrumento con el cual detendremos los vergonzosos transportes de animales. Estamos bastante sorprendidos, por ejemplo, de que la Comisión no se haya preocupado de la aplicación de las reglas existentes. ¿Por qué es tan pasiva la Comisión en su papel de velar por el cumplimiento del Tratado en el tema de los transportes de animales; mucho más pasiva que en otros asuntos?
En las enmiendas 16 y 19 se han introducido cosas interesantes que no existen en la legislación penal de muchos países. Es un procedimiento que induce al engaño por parte de las autoridades locales o nacionales, al tiempo que ellos mismos han sido engañados. Creo que esto es algo que habrá que estudiar en el futuro. Para mí, esto es una clara ilustración de la situación en Baia Mare y de la investigación que allí se realiza para esclarecer responsabilidades. ¿Quién ha inducido a engaño a quién? Estas materias son muy complejas, muy interesantes y muy importantes.
Me satisface también que se mencione a las naves y que exista la disposición para una aplicación extraterritorial. Sin embargo, debemos ser conscientes de que si optamos por una aplicación extraterritorial, habrá que usar también un cierto grado de coerción para combatir los delitos que estamos discutiendo.

McKenna
Señor Presidente, creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que las leyes actuales son excesivamente lenitivas y en que es importante que se establezca algún tipo de disposición para hacer posible la responsabilidad penal en estos casos. En la presente situación, no existe incentivo alguno ni para que las empresas mejoren su conducta, ni para que se hagan responsables de que no se producen negligencias. Esto tiene, a su vez, repercusiones en otras empresas.
A la hora de emprender acciones legales, corresponde a los propios ciudadanos individuales el asumirlas y eso puede ser extremadamente difícil y costoso. Por supuesto la gente puede enfrentarse a grandes empresas que disponen de un poder y unos recursos enormes, pero esto hace que en muchas ocasiones les resulte muy difícil seguir con estos casos hasta el final y hacer que las empresas paguen el precio. Estamos ante verdaderos delincuentes que por negligencia o mediante actos deliberados están destruyendo el medio ambiente, afectando a la salud humana, afectando a nuestra flora y a nuestra fauna y causando, de muchas otras formas, daños a largo plazo, todo ello en su búsqueda de beneficios.
Las empresas que se dedican al transporte por tierra y mar, por ejemplo, no tienen, en muchos casos, absolutamente ningún sentido de la responsabilidad y es esencial que se establezca algún tipo de sanciones para obligarlas a actuar de modo responsable. Los gobiernos deberían facilitar más información y aclarar al público la dimensión y los efectos de los delitos medioambientales porque muchos sectores de nuestra sociedad no son conscientes de esto. Por ejemplo, en relación con el agua, el suelo, nuestra salud, la flora y la fauna y el clima, es de extrema importancia que se facilite una adecuada información.
Además, no se trata sólo de las empresas. A veces son las autoridades nacionales las que de hecho están incumpliendo la ley y comportándose de un modo totalmente negligente. No tengo que irme más allá de mi propio país para ver que en muchos casos las propias autoridades locales y otras son responsables de los daños medioambientales. Y, cuando se trata de hacer valer la ley con respecto a empresas que operan en la zona, también son negligentes.
Parece que el beneficio va por delante de los intereses del público y del medio ambiente. No se debería permitir que esto continúe y a las propias autoridades que no apliquen la ley se les debería exigir responsabilidad por los daños que ello origine.
El que sea deliberadamente o por negligencia, al final difiere muy poco porque el daño está hecho. En muchos casos, las compañías utilizan el argumento de la negligencia en lugar de decir que fue deliberado, pero, de hecho, la negligencia de este modo es deliberada. Estas empresas conocen las consecuencias y debería exigírseles que reparen completamente el daño que han causado y que asuman en su totalidad el coste siempre que sea posible.
El otro punto que me gustaría destacar es que existen compañías, como British Nuclear Fuels, que no tienen absolutamente ningún sentido de responsabilidad pública ni de conciencia medioambiental. Llevan contaminando desde hace tanto, tanto tiempo todas nuestras costas, ensuciando el mar de Irlanda y poniendo en un grave riesgo a la población de Irlanda, y, de hecho, de la costa oeste del Reino Unido. No hay más que mirar a lo que ocurrió en Chernobyl que se debió una vez más a una actitud negligente. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en rectificar? Estas situaciones ya no pueden seguir permitiéndose en un mundo en el que deberíamos ser plenamente conscientes de los problemas medioambientales que estamos causando. Disponemos de la tecnología, del conocimiento y de los recursos para asegurarnos de que estas cosas no ocurran.
El Erika es otro ejemplo de negligencia. Me gustaría asimismo manifestar mi apoyo a la última oradora que ha hablado del transporte de animales. Es una explotación deliberada y un mal trato de animales que debería también tenerse en cuenta. En el ámbito internacional hemos asistido a muchos desastres en el pasado, baste como ejemplo Bhopal. La reducción de costes y el ahorro de dinero provocó el mayor desastre medioambiental de la historia. A esa empresa todavía no se le ha exigido legalmente y de forma apropiada su responsabilidad. Se la llevó ante los tribunales en India. El presidente de la empresa debía ser arrestado y se dictó una orden de detención contra él. Se fugó a Estados Unidos dónde ha decidido quedarse y no ha regresado a hacer frente a las consecuencias de sus actos, a pesar de las órdenes de Interpol.
Y luego están las cuestiones de los bosques y de la pesca. Los procedimientos ilícitos de muchas actividades pesqueras deberían tenerse en cuenta porque constituyen también un delito medioambiental que tiene consecuencias a largo plazo. Ya es hora de que todos asumamos nuestras responsabilidades porque no sólo tenemos que pensar en nosotros y en nuestro medioambiente, sino también en las generaciones futuras. La única forma de hacerlo es que los daños medioambientales se consideren uno de los delitos más graves en nuestra sociedad.

Seppänen
Señor Presidente, resulta fácil apoyar el análisis que se ha hecho en este informe. Las consecuencias de las infracciones contra el medio ambiente se dejan sentir en zonas de varios países. La exportación e importación de este tipo de delitos no conoce las fronteras exteriores de la UE. Frecuentemente, estos delitos son cometidos por personas jurídicas. Y, frecuentemente, estos delitos persiguen fines lucrativos. El autor de los mismos cosecha las ganancias, mientras que los costes que se originan deben ser pagados por los demás. Usted analizó este tema correctamente: el medio ambiente debe ser concebido en su sentido más amplio como fuente de salud humana, como biodiversidad y como herencia artística y cultural. Es fácil apoyar esta línea encaminada a mejorar la prevención de los delitos contra el medio ambiente. Hay que conseguir que este tipo de infracciones dejen de ser rentables, las sanciones no deben ser únicamente de tipo económico y hemos de prevenir estos delitos con antelación. Una forma de prevenir la delincuencia medioambiental es mantener informada a la opinión pública. ¿Por qué no empezar con la publicidad y exigiendo publicidad sobre el hecho de que el Gobierno de Bélgica vierte las aguas residuales sin purificar al río de la ciudad de Bruselas?

Cappato
Señor Presidente, en nombre de los diputados radicales italianos del Grupo Técnico de Diputados Independientes, quiero manifestar que no cabe duda de que el informe Di Lello contribuye a mejorar la iniciativa de Dinamarca, y por esto debemos felicitar al señor ponente. Sin embargo, más que repetir lo que ya se ha dicho de positivo, me parece importante subrayar algunos límites de la iniciativa de Dinamarca, precisamente para ayudarnos a actuar mejor de cara al futuro.
Una cosa importante ya la ha dicho la Sra. Karamanou: en realidad, el Consejo no nos dice cuál es el estado actual de las legislaciones de los Estados miembros. Pues bien, tengo un pensamiento que será incluso un pensamiento de excesiva prudencia, pero tengo una gran desconfianza en quien dice: elevemos las penas, elevemos las sanciones, sin decirnos cuáles son las penas y cuáles son las sanciones.
Creo que habría sido más serio, por parte de Dinamarca y del Consejo, darnos un marco de las sanciones, al objeto de ir a ver cuáles son realmente las carencias graves que hay que paliar y los límites más graves de la situación europea. Seguramente la parte de las sanciones es una parte importante, y seguramente hay que convertir en coherente el marco jurídico europeo; sin embargo, no es la única cuestión en materia de respeto al medio ambiente y de catástrofes medioambientales: sería importante intervenir con una visión más global sobre la cuestión.
Sabemos que, por ejemplo, en la Unión Europea las emisiones contaminantes están disminuyendo y lo están por unas razones estructurales del funcionamiento y de la economía. Cierto que hay que intervenir también con el marco penal allí donde se cometen verdaderos delitos, sin embargo, es importante que el marco penal se coordine con coherencia con el resto de la legislación, con las sanciones administrativas, con los sistemas de regulación de la economía para dar coherencia al marco global. En efecto, con frecuencia las sanciones administrativas que repercuten en los costes efectivos de las empresas son sanciones que tienen un efecto preventivo más fuerte que el que puede causar la sanción penal: el responsable de una sociedad y de una empresa difícilmente piensa en el riesgo de ser detenido o de incurrir en sanciones penales cuando se produce una tragedia, mientras que, en cambio, es mejor que se le obligue diariamente a dar cuentas de los mayores costes que los procedimientos contaminantes comportan.
Dicho esto, si, como muchos diputados afirman, el Convenio del Consejo de Europa es más completo y más coherente, a lo mejor en estos casos tendríamos que preguntarnos cómo la Unión Europea podría tener en cuenta directamente los textos del Consejo de Europa para dar mayor homogeneidad a la legislación, no solo en el marco de la propia Unión.
Quisiera decir una última cosa con respecto a la delicada cuestión de la relación entre el Estado y la contaminación. Hablamos de particulares y de empresas, mientras que a menudo son precisamente las empresas del Estado o es el propio Estado el corresponsable de gravísimas catástrofes medioambientales. Éste es un problema que hay que considerar, pero se me antoja que la iniciativa de Dinamarca y del Consejo no lo hace bastante directamente.
Y termino renovando mis felicitaciones al ponente, Sr. Di Lello Finuoli.

Blokland
Señor Presidente, en todas las resoluciones y leyes conviene ver primero lo que ya tenemos solucionado y lo que adicionalmente deseemos y podamos hacer. En el Consejo de Europa, como ya se mencionó en otras intervenciones, se llegó a un acuerdo en 1998 en el ámbito de la lucha contra los delitos medioambientales internacionales. Sin embargo, la mayoría de los Estados Miembros aún deben firmar y ratificar dicho "Convenio sobre Medio Ambiente del Consejo de Europa" .
La propuesta de Dinamarca supone, de hecho, la adopción de amplias medidas para combatir los delitos medioambientales en el ámbito de la UE. En la resolución marco adoptada por el Consejo de Ministros, tan sólo se ha mantenido el punto referido la tipificación delictiva y se han extraído las restantes ideas aportadas por Dinamarca. De este modo, se ha anulado el valor añadido de dicha resolución marco debido a que la penalización ya se había incluido en la resolución del Consejo de Europa. Y lo que es más; la resolución marco vincula a un número menor de países que el Tratado del Consejo de Europa. Por lo tanto, lo mejor sería que los diversos Estados Miembros firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa. Obviamente, animo a que se profundice en el ámbito de la UE siguiendo el ejemplo de la propuesta danesa. Mi pregunta al Consejo de Ministros es si está dispuesto a ello.
Sin embargo, al Parlamento Europeo se le plantea un problema ya que, ¿se debe emitir un dictamen acerca de la propuesta danesa o acerca de la propuesta modificada por el Consejo de Ministros? En vistas de que sólo disponemos de la propuesta danesa, la adoptaremos como base, aunque nos preguntamos hasta qué punto resulta útil, ya que si el Consejo mantiene la propuesta limitada, opino que deberíamos abstenernos por completo de adoptar una resolución marco de la UE.
En cuanto a la propuesta danesa, en primer lugar, quisiera destacar que se debe considerar esta resolución marco como un complemento a las medidas nacionales destinadas a combatir los delitos medioambientales. Este complemento debe constar de un marco jurídico para la adopción de medidas de carácter internacional, tales como la coordinación, el intercambio de información, la notificación de delitos, registros centralizados y la persecución penal de la delincuencia medioambiental internacional.
Para arrojar luz sobre lo que se incluye y lo que no se incluye en la resolución marco, resulta necesario disponer de una definición adecuada de la delincuencia medioambiental. En principio, me muestro de acuerdo con lo formulado por Dinamarca. Sin embargo, me pregunto si se debe incluir en la definición el comercio ilegal de especies vegetales y animales amenazadas.
Incluso existiendo una definición adecuada, resultará difícil su aplicación práctica. ¿Se puede hablar de delito medioambiental en el desastre del Erika? ¿Y qué se puede decir de la contaminación con cianuro en Rumania? Evidentemente, se produjeron amplios daños medioambientales pero, ¿los demás criterios son igualmente de aplicación? Resulta clave que no se pueda eludir las responsabilidades que se deriven de los hechos. Sería conveniente debatir esta cuestión en el marco del Libro Blanco sobre Responsabilidades Medioambientales.
Gran parte de las enmiendas de la Comisión sobre Libertades Públicas se refieren a modificaciones del texto, que no resultan igual de imprescindibles en todos los casos. Opino que sería mejor facilitar un apoyo unánime a la propuesta efectuada por Dinamarca al Consejo, en lugar de proponer una serie de pequeñas modificaciones en aspectos secundarios. Por el contrario, las ideas que sí resulten complementarias, como las referidas a la obtención de información acerca de las consecuencias de la delincuencia medioambiental y las sentencias judiciales, contarán con mi apoyo.
Señor Presidente, evidentemente, siento curiosidad por conocer la opinión de la Comisión Europea. ¿Nos podrá aclarar el Comisario Schreyer este procedimiento ciertamente insólito en el que nos hemos visto inmersos?

Cushnahan
Señor Presidente, la mayoría de las veces que mi colega irlandesa la Sra. McKenna habla en esta Cámara nosotros no estamos de acuerdo, pero en un asunto como éste lo que tenemos en común es mucho más que lo que nos separa. Reconozco, indudablemente, que los mayores desastres ecológicos se producen como consecuencia de una irresponsabilidad o de las acciones de aquellos a los que les mueve únicamente el deseo de obtener beneficios, sin importarles las consecuencias.
Lamentablemente, estos desastres afectan a muchos países a la vez. Sabemos demasiado bien que los grandes desastres medioambientales no respetan frontera internacional alguna. En los últimos tiempos hemos experimentado los problemas derivados de la contaminación del Danubio con cianuro procedente de las minas rumanas, la rotura del petrolero Erika frente a las costas atlánticas francesas y, desde un punto de vista irlandés, los continuos problemas causados por Sellafield. Y, por supuesto, en un pasado no tan lejano, está Chernobyl, cuyo recuerdo aún nos atormenta. Hechos como éste seguirán produciéndose a no ser que establezcamos el principio de "el que contamina, paga" en el sentido más amplio de la palabra.
Las multinacionales sólo cambiarán su comportamiento cuando se les obligue a pagar grandes cantidades por sus fechorías. Seguirán causando daños al medio ambiente mientras la recompensa supere con mucho el castigo. Su actitud se basa simplemente en la idea de que aplicar una estricta protección medioambiental perjudica su actividad de negocios o aumenta sus gastos financieros significativamente. Además, cualquier pequeña sanción que se les obligue a pagar es insignificante cuando se la compara con los enormes beneficios que obtienen.
Yo, por tanto, doy la bienvenida a esta iniciativa que reconoce la naturaleza internacional de los daños medioambientales. Constata la necesidad de fuertes sanciones punitivas. En concreto, la consideración como delito del daño medioambiental hará llegar un claro aviso a los responsables del mismo.
Si se aplicaran las propuestas danesas, los que mandan a navegar en nuestros mares a buques inseguros se lo pensarían dos veces. A otros, como los directivos de Sellafield, que ocultan información deliberadamente y que están implicados en malas prácticas, se les exigiría responsabilidades por sus hechos. Y los presidentes y directores de las multinacionales que toman las decisiones importantes mostrando una total indiferencia por las consecuencias se enfrentarían a la posibilidad no sólo de ver cómo, quizás en algunos casos, cerraban sus empresas a causa de las elevadas sanciones y de la confiscación de activos y demás, sino que se enfrentarían ellos mismos a un posible encarcelamiento.
Creo que debemos ir en esta dirección, pero también me gustaría expresar una idea más. Las propuestas y las acciones en este campo no deberían limitarse solamente al territorio de la Unión Europea. Tenemos la responsabilidad de asegurar que las empresas multinacionales no pueden transportar sus residuos y su conducta al mundo en desarrollo debido a las restricciones que podemos imponerles dentro de la Unión Europea. Debemos asimismo imponer normas mínimas a las empresas europeas que operan en el mundo en desarrollo y buscar la cooperación internacional para contar con unas normas y unas sanciones estrictas que se apliquen en todo el mundo.

Martínez Martínez
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar al Gobierno de Dinamarca por haber tomado la iniciativa de proponer la decisión marco del Consejo que ahora discutimos y que aspira a dotarnos de instrumentos más eficaces para combatir los delitos graves contra el medio ambiente. Nuestra felicitación va también dirigida al ponente, Sr. Di Lello Finuoli, que en toda la tramitación de esta iniciativa ha actuado con gran lucidez y firmeza en cuanto a los principios y valores que compartimos, pero también con prudencia y flexibilidad, lo que le ha llevado a asumir numerosas enmiendas que aportaban diversos matices. Con ello, llegamos a una propuesta final que estimamos razonable y a la vez ambiciosa.
Nos alegramos de que con esta decisión marco la Unión Europea esté apoyando el convenio sobre la protección del medio ambiente por el derecho penal que se aprobó en el Consejo de Europa en 1998 y que por el momento no ha encontrado el número necesario de ratificaciones para entrar en vigor. En la Unión sólo nueve Estados miembros lo han firmado, pero ni uno solo lo ha ratificado hasta la fecha, lo que no deja de ser bastante escandaloso.
Mi compañera y compatriota Carmen Cerdeira ha aportado ideas y enmiendas que ahora quedan recogidas en el texto que vamos a votar. Señalo mi coincidencia con el mismo y quiero destacar cuatro aspectos, en los que me parece que hemos conseguido mejorar la propuesta inicial en el trámite parlamentario.
El primero es que aquí se reconoce que un país podrá actuar contra los delincuentes cuando el delito contra el medio ambiente se haya cometido en su propio territorio, pero también cuando se haya cometido en otro país, si es que sus consecuencias afectan al primero.
El segundo es que esa misma posibilidad de actuación se amplía y afectará no sólo a los delitos cometidos sino también a las tentativas que por una u otra razón no llegaran a producir efectos, pero que hubieran podido producirlos.
Un tercer dato es que se aplica, como responsables, a las personas jurídicas, al ser éstas, mucho más que las personas físicas, quienes cometen la inmensa mayoría de los delitos graves contra el medio ambiente.
El cuarto elemento que quiero destacar es que las sanciones económicas y de otro tipo que se impongan para tales delitos deberán ser siempre de cuantía muy superior al beneficio que tales conductas produzcan a sus autores. Se acabará así con una realidad que hace que, en muchos casos, a éstos les resulte no sólo barato sino sencillamente rentable cometer un crimen.
Nos encontramos ante un buen documento, cuyo efecto esperamos que sea eficaz. Hacia ello debe dirigirse también nuestro compromiso.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, en primer lugar me sumo a la felicitación por el trabajo realizado por el ponente, Sr. Di Lello Finuoli. Acojo con satisfacción esta iniciativa del Gobierno danés, que se basa en el nuevo procedimiento reconocido en el Tratado de Ámsterdam, para tratar un tema como es el de asegurar una mejor y mayor protección al medio ambiente a nivel de la Unión Europea, protección que evidentemente no ha de tener fronteras en el seno de la Unión. Mi colega la Sra. Thors ya ha expresado la posición favorable, tanto al informe como a las enmiendas presentadas por las respectivas comisiones, y por ello me centraré en tres puntos.
Yo durante algún tiempo me he encargado de intentar que la Comisión dé un tratamiento adecuado a los bosques europeos y he visto las dificultades que había, dada la diversidad de tratamiento que requiere un asunto que tiene una dimensión medioambiental bien clara. La primera dificultad que veo para aplicar realmente esta propuesta es tipificar los delitos medioambientales teniendo en cuenta la diversidad que encierra el propio ámbito de la Unión.
El segundo tema es el de la necesidad de que haya una consideración de la dimensión internacional del delito. Hemos visto la dificultad de encontrar a los responsables últimos de muchos atentados medioambientales de gran dimensión, pero además el juego de las responsabilidades jurídicas de las entidades que, en último término, pueden aparecer como responsables, realmente hace muy difícil que haya un tratamiento penal real de estos atentados. Creo que ésta será una misión importantísima para la Comisión. Hay que evitar que haya difuminación de las responsabilidades penales.
En tercer lugar, señor Presidente, únicamente decir que es preciso comunitarizar el ámbito de interior y de justicia en la Unión Europea y esta propuesta así lo demuestra.

Sjöstedt
Señor Presidente, la izquierda unida celebra esta iniciativa de Dinamarca sobre penalización de los delitos contra el medio ambiente. Es evidente que muchos Estados miembros tienen problemas para aplicar penas eficaces contra este tipo de delincuencia. En mi país, Suecia, se denuncian actualmente muchos delitos de esta especie. Sin embargo, llama la atención que sólo una pequeña parte de estas denuncias acabe en sentencias condenatorias. Al estudiar las sentencias condenatorias, cabe comprobar que, en muchos casos, las penas impuestas son bastante suaves. No creo que esto sea algo que sólo ocurre en Suecia. Estos problemas existen seguramente también en numerosos países miembros. Probablemente esto depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser la falta de conocimientos y de recursos en el sistema judicial para investigar delitos contra el medio ambiente. Pero creo que lo más probable es que aún mantenemos el antiguo concepto de que estos delitos son menos graves que otros y de que las leyes medioambientales no son igualmente obligatorias que las demás. Si esto fuese así, sería, obviamente, totalmente inaceptable. A menudo hay enormes intereses económicos en juego. Hoy es rentable cometer delitos contra el medio ambiente, porque el riesgo de ser castigado es muy pequeño. Quizás lo que más llame la atención sea que tan pocos países puedan juzgar a las personas jurídicas y exigir responsabilidades de las empresas. Cambiar este orden de cosas es, quizás, la reforma más importante que se pueda realizar.
Obviamente, esto es responsabilidad, en primer lugar, de los países miembros y la colaboración en esta materia debe ser entre estados. También es obvio que en las materias de esta iniciativa se necesita coordinación. Además de que fortalece el trabajo de los países miembros, voy a señalar tres argumentos en favor de la coordinación: el primero es que, tal como se ha señalado anteriormente, muchos delitos contra el medio ambiente tienen consecuencias internacionales. El segundo argumento es que si se concreta esta iniciativa danesa, se facilitará el trabajo medioambiental paneuropeo en el Consejo de Europa, ya que entonces se podrá cumplir este Convenio. El tercer argumento es que sabemos que la parte del derecho comunitario que peor se cumple es el derecho medioambiental. Una iniciativa de esta naturaleza también podría significar un mejor cumplimiento del derecho comunitario en materia medioambiental, lo que evidentemente es necesario si vemos cómo se cumplen algunas directivas.

Rübig
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, save the planet. Esta es una misión que tenemos que cumplir. Precisamente en tiempos como éste, la sostenibilidad es un concepto muy importante. Deberíamos esforzarnos en ser ejemplares , pues para nuestros descendientes el medio ambiente constituye un criterio muy importante.
Sin embargo, quiero volver, en especial, sobre la enmienda nº 3, en la que se trata de la intención obtener beneficios. El deseo de ganancia es algo completamente natural y lleno de sentido. Las empresas que registran números rojos o los estados que se endeudan no pueden pagar a sus trabajadores y funcionarios los salarios que serían de desear. Somos partidarios de salarios altos y, puesto que es necesario, somos partidarios de que se obtengan ganancias.

Finalmente, apoyo las pequeñas y medianas empresas. 18 millones de empresas en la Unión Europea de las cuales dependen directamente puestos de trabajo. Que se obtengan beneficios o que a la larga se experimenten pérdidas, de ello depende la existencia de la empresa y, sobre todo, también la existencia de los puestos de trabajo.
Quisiera referirme a la enmienda 8 e insistir que el Derecho penal no equivale al derecho a ejercer una profesión. En este punto me habría gustado que hubiéramos demandado siquiera una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, pues estas cuestiones tienen una importancia capital y, en mi opinión, el tratamiento de esto solamente en la Comisión de medio Ambiente no agota la cuestión.
Quisiera definir también claramente que el deber del empresario estar informado ha de interpretarse o de definirse en el sentido de que aquí debe tratarse de preceptos contenidos en el marco del ámbito de autorización de sus instalaciones. Naturalmente, las empresas respectivas deben conocer los preceptos, para que puedan atenerse a ellos.
Respecto de la enmienda 19 quisiera decir que, naturalmente, sólo puede estar contemplada la inducción culpable a error, y respecto de la enmienda 20 sólo se trata naturalmente, de beneficios económicos. Acerca de la enmienda 25 quisiera decir que, en realidad, hasta hoy en el sector de los seguros un daño puramente ecológico no es calculable ni asegurable. Aquí necesitaríamos una definición de qué es lo que se entiende aquí exactamente.
Sin embargo, creo que esta propuesta es muy significativa en conjunto, si pensamos precisamente en la ampliación con los estados de la Europa central y oriental. Si ahora establecemos aquí un marco jurídico para el futuro, esto podría ser muy útil a la idea de medio ambiente.
Sin embargo, también soy de la opinión de que, ante todo, las sanciones penales deberían regir solamente en caso de premeditación o de negligencia grave reiterada. La pena de prisión constituye un planteamiento de amenaza existencial. Yo no quisiera poner entre rejas a un trabajador y amenazarlo en su existencia porque una vez haya dejado abierto un grifo por mera negligencia Por consiguiente, yo propondría que se manejen con gran cuidado estos criterios ya que en este ámbito existe una sensibilidad tan grande.
Por lo demás, deberíamos reflexionar muy profundamente acerca de cómo optimizar el método de la best practice en este caso , pues precisamente para la protección del medio ambiente la best practice y el benchmarking así como el ofrecimiento de estímulos constituyen una base esencial. Justamente la Unión Europea ha mostrado aquí que a través de muchos apoyos, a través de la investigación y del desarrollo, del asesoramiento se puede hacer muchísimo. Pero, naturalmente, también son necesarias la formación y la certificación. Ciertamente en esta semana hemos hablado sobre EMAS. Si marchamos por esta vía tan positiva, protegeremos realmente nuestro planeta.

Ford, Glyn
Señor Presidente, al hablar en nombre del Grupo Socialista sobre esta iniciativa danesa relativa a una decisión marco para combatir los delitos contra el medio ambiente, he de decir que apoyo el principio subyacente a esta iniciativa. El delito contra el medio ambiente, ya se trate del comercio ilegal de especies de flora y fauna en peligro o de sus productos, ya de la exportación ilegal o el vertido de residuos tóxicos en otros países, dentro o fuera de la Unión Europea, supone un problema creciente y que presenta cada vez más un carácter transfronterizo.
Los implicados en estos delitos en su búsqueda de beneficios se esconden en los intersticios de la legislación europea. No se puede permitir que esto continúe. Es importante que dispongamos de una legislación que nos proteja de los delitos graves contra el medio ambiente antes de la nueva ampliación de la Unión Europea.
En la actualidad, no tenemos nada para combatir estos delitos más que irrisorias sanciones económicas. Debemos imponer penas de cárcel, además de sanciones económicas, y autos ordenando restitución cuando a alguien se le declare culpable de delitos medioambientales. Debemos buscar como culpables no a las víctimas que conducen los camiones cargados de residuos tóxicos o que venden por las calles los productos que amenazan a las especies, sino a aquellos que toman las decisiones y que suministran los productos, a los grandes hombres y mujeres en lugar de a los pequeños.

Como suele ocurrir, por supuesto, lo malo está en los detalles. Los daneses desean una armonización de la legislación penal, una mayor cooperación europea, un registro de conocimientos técnicos y de saber-hacer y el uso de Europol. Existen algunas dificultades para que los 15 Estados miembros de la Unión puedan resolver todas estas cuestiones de un modo satisfactorio. Todas pueden resolverse, pero algunas tendrán que esperar. Probablemente es demasiado prematuro en este momento, por ejemplo, ampliar los cometidos de Europol sin que ello suponga una sobrecarga de trabajo para esta importante organización.
Esta propuesta adolece de los mismos problemas que tenemos con demasiada frecuencia en la Unión Europea. Sin un aumento de recursos, la capacidad de Europol está limitada, pero felicito al Sr. Di Lello Finuoli por su informe.

González Álvarez
Señor Presidente, ayer debatimos y votamos un informe de la Comisión de Peticiones. En dicha comisión se han atendido este año mil quejas de los ciudadanos. De esas mil quejas, el 40% guardan relación con la vulneración del Derecho comunitario sobre el medio ambiente. Viendo esas quejas, apreciamos la necesidad de la propuesta que estamos examinando, propuesta del Consejo a petición del Reino de Dinamarca, y de aprobar este informe del Sr. Di Lello Finuoli y de la Sra. Schörling, de la Comisión de Medio Ambiente.
En ese informe se recogen en mi opinión tres aspectos importantes. En primer lugar, la petición de que no sólo se firme el Convenio sobre Medio Ambiente del Consejo de Europa, sino también de que se ratifique. Ningún Estado ha ratificado dicho Convenio hasta hoy, y no es contradictorio con aprobar este informe aquí. Se recoge perfectamente en el informe la definición de los parámetros que son útiles para definir el delito: La conducta reiterada de la vulneración del Derecho comunitario, la gravedad del daño y, a veces, el anteponer los beneficios económicos por encima de cualquier otra consideración. Y a nosotros nos parece que con frecuencia hay una premeditación clara. Desde luego, señor Presidente, la hay, la hay incluso en algunos delitos medioambientales que parecen accidentales. Yo recuerdo bien el tema de Doñana en España o el tema del Danubio. Estaba claro que una balsa con tanta cantidad de productos peligrosos, cerca de un parque natural como Doñana, podía causar un accidente en cualquier momento.
En segundo lugar, señor Presidente, considero imprescindibles las sanciones. Yo no tengo ninguna duda. Hay otros colegas aquí que pusieron en duda la necesidad de las sanciones. Yo no, e incluso creo que el principio de "quien contamina, paga" es un principio parcial. A veces, hay quien prefiere contaminar y pagar una pequeña cantidad, cantidad mucho menor que los beneficios que le produce cometer el delito. Por lo tanto, las sanciones son imprescindibles, deben ser disuasorias y tienen que ser proporcionales al daño que se causa a la calidad de vida de los ciudadanos.
En tercer lugar, hay que rehabilitar el medio natural. Señor Presidente, no es de recibo que, en el caso de Doñana, sean los medios públicos quienes están recuperando una zona mientras que la empresa que causó el gran daño haya puesto sólo una mínima parte. Por eso es imprescindible la rehabilitación del medio dañado. También la responsabilidad de las personas jurídicas. Sólo en el Reino Unido, Finlandia y Dinamarca existen normas que permiten apelar a la responsabilidad de las personas jurídicas.
Y para terminar, señor Presidente, quiero referirme a la cooperación entre los Estados, que es imprescindible. Los miembros de la Comisión de Peticiones somos conscientes de la terrible frustración de aquellos ciudadanos que se molestan en denunciar los delitos contra el medio ambiente y que ven que no somos capaces en Europa de acudir en su ayuda para mejorar el medio natural en que viven e impedir esos delitos.

Paasilinna
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidos colegas, doy las gracias al Reino de Dinamarca por esta buena iniciativa, y gracias también al ponente por el buen trabajo realizado. La verdad es que, como las multas son pequeñas, los delitos contra el medio ambiente son rentables. Pero hay que recordar que esta rama de la delincuencia también afecta a las personas, tanto en sus lugares de trabajo como fuera de ellos. Esta decisión marco impediría que estos delitos sean rentables. Sin embargo, creo que las grandes empresas multinacionales son un gran problema, y es verdaderamente necesaria la cooperación entre las autoridades en este ámbito, cooperación que también es necesaria para que estas regulaciones entren en vigor antes de la ampliación.
Los delitos más graves contra el medio ambiente son cometidos por empresas, y para algunas de ellas estos delitos forman parte de su actividad comercial. Algunas cometen este tipo de delitos reiteradamente. Deberíamos concentrarnos precisamente en las actividades delictivas contra el medio ambiente cometidas de forma reiterada y premeditada. Y espero que la Comisión cree un registro público para este tipo de empresas, visto que esto se ha convertido en parte de sus actividades comerciales, con el fin de que los consumidores y los ciudadanos en general puedan influir en la situación a través de la opinión pública. Soy de un país en el que se pueden entablar acciones judiciales contra las personas jurídicas, lo cual ha surtido efecto y ha hecho las veces de medida preventiva en nuestro país. Es evidente que el director de una empresa adopta una actitud mucho más seria frente al medio ambiente, puesto que es posible que, debido a su encarcelamiento, se vea desplazado del cargo del que ha abusado actuando de forma delictiva. Así pues, creo que cuando estas sanciones entren en vigor, se avanzará en este asunto tanto en la Unión, como en otros ámbitos.

Hulthén
Señor Presidente, tal como han hecho otros oradores, quisiera felicitar al Gobierno danés por esta iniciativa. Demuestra que, en materias medioambientales, en el Consejo se puede actuar de forma ofensiva y moderna. Como es sabido, las conductas equivocadas, intencionadas y conscientes, de empresas e individuos en asuntos medioambientales amenazan no sólo a la naturaleza sino también la vida de las personas.
Estoy convencida de que si en mi país se dice Teckomatorp, todos saben, o al menos la mayoría sabe, de qué se habla, aunque sea un delito contra el medio ambiente que se cometió hace más de veinte años. Era una empresa incapaz de hacerse cargo de sus residuos tóxicos y que optó por enterrarlos, poniendo en peligro a toda una región. Desgraciadamente, Teckomatorp no es el único ejemplo. Muchos diputados han dado testimonios aquí en el Parlamento de hechos semejantes, sin olvidar la situación -similar a la de las películas del "oeste americano" - que reina en nuestros mares.
Obviamente, debemos conceder a los delitos contra el medio ambiente la misma gravedad que a otras conductas criminales. Por eso se necesitan definiciones comunes para este tipo de delitos. He estado de acuerdo con los responsables de la Comisión de Medio Ambiente, la Sra. Schörling, en que para combatir los delitos contra el medio ambiente se necesita una legislación eficaz en materia de responsabilidad medioambiental. La mejor manera de evitar la comisión de nuevos delitos contra el medio ambiente es la adopción de medidas preventivas.
Para la buena y eficaz investigación de estos delitos se precisa también que la policía y los jueces tengan conocimientos específicos sobre esta materia. De otro modo, se corre el riesgo de que esos delitos no sean correctamente investigados. Si esos delitos no son investigados con celeridad, pueden quedar retrasados o simplemente olvidados.
Quiero emplear estos últimos segundos para dirigir un reto a la Comisión en relación con un asunto al que aludieron, entre otros, la Sra. Thors y la Sra. McKenna, esto es, al transporte de animales que diariamente se realiza en la Unión y que, quizás, es el más flagrante de los delitos contra el medio ambiente. Me gustaría que la Comisaria tomase esto con seriedad e hiciese algo para remediar la actual situación. Creo, sinceramente, que todos los ciudadanos de la Unión nos apoyan a la hora de hacer algo para mejorar los horribles transportes de animales.

Schreyer
Señor Presidente, distinguidos señores diputados, permítanme que acerca del último requerimiento de ustedes diga que acepto muy gustosa el llamamiento de ustedes en esta dirección. Desde el punto de vista de la Comisión, la iniciativa del Reino de Dinamarca en pro de una decisión marco del Consejo consta esencialmente de dos partes. La primera parte apunta a que toda violación culposa y grave del Derecho medioambiental en todo el ámbito de la Comunidad lleve tras sí penas eficaces y disuasorias. Representa un criterio mínimo respecto del conjunto de las penas. Esta parte, que esencialmente responde a las normas de un convenio aprobado por el Consejo de Europa en noviembre de 1998, constituye el propósito principal de la iniciativa. Lamentablemente, hasta ahora dicho acuerdo no ha sido ratificado por ningún Estado miembro -esto ha sido destacado también aquí varias veces- de manera que comprendo la iniciativa de Dinamarca de tratar ahora nuevamente este tema en el marco de las competencias de la Comunidad.
La segunda parte, por el contrario, contiene regulaciones encaminadas a la mejora de la cooperación y del intercambio de información entre las autoridades de la persecución criminal y los tribunales de los Estados miembros. Muchas cosas aconsejan que tales cuestiones de la asistencia jurídica y de la mejora de la cooperación en el ámbito judicial se traten en un planteamiento amplio que no se limite solamente al Derecho sobre medio ambiente. En consecuencia, un grupo de trabajo del Consejo se está ocupando en la actualidad sólo de la primera parte -a esto se ha referido también un orador- por consiguiente, del Derecho Penal material.
La mejora de la cooperación en materia de Derecho Penal está siendo ya objeto de varias iniciativas y propuestas, las cuales no se limitan al Derecho Penal sobre medio ambiente. Un objetivo esencial del Tratado de Amsterdam y una función general de las Comunidades es la de desarrollar las asistencia jurídica mutua, el intercambio mutuo de información y el resto de la cooperación entre los tribunales y los ministerios públicos de los Estados miembros con el fin de crear un auténtico espacio de libertad, de seguridad y de Derecho.
A este propósito lo que necesitamos son regulaciones muy claras, de fácil comprensión y manejo, a las que pueda recurrir rápidamente cualquier aplicador individual del Derecho. Para lograr este objetivo e impedir cualquier fragmentación del Derecho, las reglas de la asistencia jurídica deberían tener, en opinión de la Comisión, una validez lo más general posible. Las disposiciones específicas, como, por ejemplo, las del Derecho sobre medio ambiente, sólo deberían producirse a titulo excepcional en casos necesarios. En este sentido, en 1998 se instituyó una acción conjunta, la Red Judicial Europea, que ha iniciado su trabajo y que despliega numerosas actividades encaminadas a facilitar la asistencia jurídica y el intercambio. Naturalmente, en opinión de la Comisión, esto se ha de seguir desarrollando.
Junto a los convenios existentes en el Derecho Internacional sobre la asistencia jurídica y el reconocimiento mutuo de sentencias están previstas en este ámbito otras acciones de la Comunidad.
La Comisión considera muy elogiable la primera parte de la iniciativa de Dinamarca. Efectivamente, hasta ahora el medio ambiente no está protegido en modo alguno penalmente como bien jurídico en todos los Estados miembros. Mientras algunos Estados miembros han introducido en su Derecho Penal delitos específicos contra el medio ambiente, no sucede lo mismo en otros. Por consiguiente, un delito grave contra el Derecho medioambiental no es necesariamente punible en todos los Estados miembros. Naturalmente, esto constituye en parte, francamente, un estímulo para los delitos medioambientales transfronterizos.
El déficit de realización que, en conjunto, tenemos en la protección del medio ambiente no puede superarse, naturalmente, sólo mediante medidas penales, pero también aquí esta decisión marco aportaría seguramente nuevos impulsos. El la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha abordado la cuestión de si el actual Derecho comunitario del primer pilar no contiene ya obligaciones suficientes de los Estados miembros. A esto hay que decir que aunque los instrumentos del primer pilar prevén con frecuencia sanciones, éstas no tienen por qué ser necesariamente de naturaleza penal. En el marco del primer pilar se deja en principio en manos de los Estados miembros considerar si son suficientes las sanciones jurídico-administrativas o si han de recurrir a la espada afilada del Derecho Penal.
Quiero referirme a un punto que, desde el punto de vista de la Comisión, aparece todavía como problemático y que ha sido mencionado también aquí en numerosas intervenciones, en concreto, la cuestión de la punibilidad de las personas jurídicas. La iniciativa danesa prevé que a las personas jurídicas se les puede hacer responsables desde el punto de vista del Derecho Penal en el caso de delitos graves contra el medio ambiente. Sin embargo, en opinión de la Comisión, es preciso tener en cuenta los actuales ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, en cuanto que la sanción de las personas jurídicas está excluida generalmente.
Preceptos semejantes del Derecho comunitario prevén solamente que contra personas jurídicas cabe acudir a sanciones, que luego puedan ser de naturaleza absolutamente jurídico-administrativa y -algo que se ha dicho una y otra vez acertadamente- que el daño material causado se castigue con sanciones financieras. Esto se contiene también en los mismos. Respecto del planteamiento de las sanciones financieras quisiera aludir una vez más a la importancia del Libro Verde sobre responsabilidad medioambiental que la Comisión ha editado hace algunos meses en el que se trata de que se incluyan también, de una vez por todas, los daños ecológicos ocasionados.
En interés de las posibilidades de realización de la iniciativa sería aconsejable proceder también en este caso de tal manera que se hable de una responsabilidad de las personas jurídicas sin utilizar la expresión "desde el punto de vista del Derecho Penal" . Pero, con independencia de esto, las personas responsables de delitos graves contra el medio ambiente deben someterse, evidentemente, al Derecho Penal. Esto ha sido también objeto de un claro consenso en este interesantísimo debate.
Para terminar, permítanme que en nombre de la Comisión diga lo siguiente: lamentablemente, una y otra vez tenemos que iniciar procedimientos de violación de los Tratados en materia de Derecho medioambiental contra los Estados miembros y un gran número de procedimientos de violación de los Tratados precisamente en este sector se halla pendiente. Esto suscita luego, lamentablemente, la imagen de que muchos Estados miembros no toman tan en serio el ámbito de la protección del medio ambiente y del Derecho sobre medio ambiente. Sobre este trasfondo, en opinión de la Comisión, es muy notable y significativa la iniciativa danesa.

El Presidente
Muchas gracias, señora Schreyer.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) Explicaciones de voto

Maes
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados compañeros, hemos aprobado este informe con entusiasmo, ya que opinamos que los delitos medioambientales aún se subestiman y que las consecuencias no suelen conocerse, por lo que, a menudo, resulta difícil establecer las responsabilidades.
El escándalo de las dioxinas en Bélgica comienza con el vertido ilegal de varios litros de aceites residuales tóxicos que acabaron en los piensos para el ganado. Los delitos medioambientales a veces no llegan a conocerse y, en numerosas ocasiones, se detectan cuando ya es demasiado tarde. Los funcionarios encargados del control del medio ambiente suelen levantar actas que la justicia se limita a sobreseer. Además, para numerosos Estados Miembros, la lucha contra los delitos medioambientales y su persecución no constituyen una prioridad. La cooperación en ámbito judicial en Europa sigue siendo insuficiente en cualquier caso. Esta es una de las conclusiones a las que llega este informe.
Constatamos que Europol aún no dispone de ningún tipo de competencia para actuar. Asimismo, observamos que la mayoría de los Estados Miembros aún deben ratificar el convenio de 1998 del Consejo de Europa. También detectamos que en muchos países aún no se castigan con severidad los delitos medioambientales.
Si se desea prevenir y combatir los delitos medioambientales de forma efectiva en Europa, los Estados Miembros deberán empezar a actuar en consecuencia y solicitar los medios necesarios para los objetivos que se desean conseguir.

Fatuzzo
Señor Presidente, esta vez voy a intervenir no solo como representante del Partido de los Pensionistas, sino también como ex marino profesional, porque las dos resoluciones que hemos debatido esta mañana afectan al mar: la primera, el transporte marítimo de corta distancia, y la segunda, el medio ambiente, y el mar con frecuencia es la víctima de delitos contra el medio ambiente.
Esta mañana, me ha llamado una pensionista desde Liguria y me ha dicho: "Hace mucho calor. Quería bañarme pero tuve que volver enseguida porque el mar estaba muy contaminado y lleno de alquitrán. Pero ¿qué haces para nosotros que somos ligures, genoveses y que sí tenemos mar, pero lo tenemos contaminado?" "No te preocupes" - le contesté - "hoy es viernes 7 de julio. Generalmente debatimos temas de pesca y esta vez del mar."
Pues bien, del mismo modo que he votado a favor de la resolución para que haya puertos para el transporte marítimo de corta distancia - espero que en Génova, Imperia, Savona, Tolón y Marsella - también he votado a favor de esta resolución sobre la limpieza de las aguas marinas, tan importantes también para los pensionistas y para aquellos que viven en la costa.

Adam
Señor Presidente, he venido a esta Cámara a votar contra este informe como protesta ante los comentarios inexactos y engañosos de la Sra. McKenna en relación con la dirección de la planta de reprocesamiento nuclear de Sellafield en el Reino Unido. Veo que la Sra. McKenna estaba tan convencida del asunto que no se ha molestado en asistir a la votación. No me queda sino esperar que el resto del debate y el informe sean más exactos que la Sra. McKenna.

Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
Vamos a proceder a la aprobación del Acta de la sesión de ayer.
¿Hay alguna observación?

Laguiller
Señor Presidente, ayer presenté una explicación de voto por escrito sobre la trata de seres humanos, y no ha sido mencionada en el Acta.

El Presidente
Se corregirá debidamente, señora Laguiller.

Lulling
Señor Presidente, se trata únicamente de una rectificación que se refiere al Acta Literal de la sesión del miércoles. Acabo de tener conocimiento de este informe y he observado lo siguiente: en mi intervención sobre el Informe Radwan relativo al Informe Anual del Banco Central Europeo fui interrumpido de diversas maneras por aplausos y por gritos, en especial cuando tras las intervenciones de varios antiguos comunistas de la RDA califiqué de absolutamente absurdas las recetas que exponían ellos que habían arruinado a todo un estado, y cuando aludí a la importancia de la independencia del Banco Central Europeo precisamente frente a los doce gobiernos rojo-rosa-verdes de Eurolandia.
De esto no consta nada en el Acta Literal. Tampoco encuentro en el Acta Literal mi afirmación de que para la fortaleza del euro sería mejor que los electores mandasen a paseo a los demasiado numerosos gobiernos rojo-verdes, en lugar de imponer sanciones políticas contra Austria, las cuales representan el intento de manipular un resultado electoral que ha llevado al poder a un gobierno que tras treinta años de mezquindad socialista intenta eliminar mercados cuasi ilegales.

El Presidente
Señora Lulling, estamos aprobando el Acta. La Presidencia ha tomado nota de su rectificación al Acta literal, y el entusiasmo de la Asamblea ante sus palabras será debidamente incorporado al Acta.
(El Acta queda aprobada)

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 10.40 horas)

