Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (debate) 
Presidente
El siguiente punto es el informe del señor Nassauer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal - C6-0063/2007 -.
Hartmut Nassauer
ponente. - (DE) Señor Presidente, la Unión Europea recurre al instrumento del Derecho penal; dicho de otro modo, en el futuro van a dictarse sentencias en nombre de la Unión Europea, y estas prerrogativas van a ejercerse inicialmente respecto a las infracciones a la legislación medioambiental. Se trata de un paso de gran envergadura e importancia, puesto que el Derecho penal queda actualmente fuera del ámbito de competencia de la Unión Europea; de hecho, es uno de los ámbitos centrales de la soberanía nacional de los Estados miembros.
Precisamente por esa razón, hicieron falta dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para dar paso a esta Directiva. No deja de ser curioso, ya que tanto el Consejo como la Comisión y el Parlamento han estado de acuerdo desde hace tiempo en que las medidas penales son un instrumento válido para asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental; sin embargo, llevó varios años establecer dónde radica la responsabilidad para tales medidas -en los Estados miembros, sobre la base de decisiones marco, o en la Comunidad, sobre la base de una Directiva-.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respaldó la posición adoptada por la Comisión, lo que no es sorprendente; aún más, puesto que ahora el conflicto se ha distendido, no es probable que resurja, ya que el nuevo Tratado de Lisboa aborda el problema y se pronuncia con mayor claridad a favor de la Comunidad que de las sentencias del TJCE.
De hecho, ésa es la razón por la que hemos concluido un acuerdo en primera lectura; deseábamos evitar la necesidad de reiniciar la totalidad del procedimiento desde cero si no llegaba a materializarse una solución durante este año. Dado el cambio en la base jurídica sustantiva, y a la vista de las próximas elecciones europeas, podría haber transcurrido, no cabe duda, un lapso de tiempo considerable antes de que pudiera promulgarse la legislación apropiada. Por esa razón, adoptamos la opinión unánime de que debemos realizar todos los esfuerzos para alcanzar una solución en primera lectura. Cuando digo "debemos", me refiero a la Presidencia eslovena -y lamento profundamente que no esté representada aquí, especialmente porque luzco una elegante corbata en su honor-, la Comisión y los ponentes alternativos, a quienes deseo rendir especial tributo por su cooperación cordial, constructiva e informada. Ha sido un placer trabajar con ellos.
La nueva Directiva descansa sobre tres pilares que quisiera, al menos, esbozar brevemente. En primer lugar, no nos hemos limitado a definir los delitos que de ahora en adelante serán punibles, sino que hemos expuesto también en un anexo las disposiciones específicas en virtud de las cuales puede acusarse a los infractores, lo que guarda conformidad con el principio de legalidad, nulla poena sine lege. No sería punible cualquier delito, sino la infracción de alguna de las disposiciones jurídicas incluidas específicamente en el anexo. Fue importante consagrar este principio en la legislación.
El segundo punto es, en cierta medida, la incorporación del principio de proporcionalidad. El propósito de la Directiva no puede ser castigar con dureza a cualquiera que cometa una infracción medioambiental, incluso de naturaleza sumamente trivial, sino más bien combatir los delitos significativos; por esa razón, las pequeñas infracciones no serían punibles en virtud de la Directiva.
En tercer lugar, también establecimos que la conducta punible presupondría que fuera ilícita. De manera unánime, consagramos estos tres principios en la propuesta; asimismo, resolvimos mejorar las definiciones. Ahora, espero con gran interés el debate. Permítanme reiterar mi agradecimiento a todos los diputados al PE que han hecho posible este compromiso.
Presidente
Gracias, señor Nassauer. Ha hecho referencia a la particular distinción de su corbata. Es algo en lo que yo también había reparado, pero sobre lo que no llegué a expresar ningún comentario; sin embargo, ahora que usted mismo lo ha hecho, gustosamente confirmo que, efectivamente, me había llamado la atención.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, puede que el señor Nassauer y yo no luzcamos corbatas idénticas pero, aun así, goza de todo mi apoyo por el trabajo que ha realizado -y de mi sincero agradecimiento-.
La Comisión recibe con satisfacción el resultado de las negociaciones con el Parlamento y el Consejo, y el hecho de que resulte posible el acuerdo en primera lectura. Es un éxito más para las tres instituciones y demuestra, señor Presidente, que el procedimiento de codecisión es verdaderamente eficaz, aun cuando se trate de cuestiones complejas y delicadas. Debo decir que el señor Nassauer, como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente y los ponentes alternativos han trabajado todos ellos muy ardua y constructivamente con la Presidencia del Consejo y la Comisión, a partir del diálogo informal a tres bandas, para alcanzar el compromiso que tienen ante ustedes hoy.
El señor Nassauer ha explicado claramente estas cuestiones, por lo que seré breve. Es cierto que la protección medioambiental eficaz depende de la completa y efectiva transposición de la política comunitaria; a ese respecto, el Derecho penal es una herramienta indispensable. Tratándose de los delitos más graves, el único medio verdaderamente disuasorio es imponer severamente las sanciones penales, teniendo siempre en cuenta, como ustedes han señalado, la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad.
Mientras que la Comisión hubiera deseado aproximar el nivel de las penas, la sentencia del Tribunal de Justicia de octubre de 2007 lo torna imposible sobre la base jurídica del Tratado, y debe respetarse la resolución del Tribunal. Sin embargo, aun cuando no se aproxime el nivel de las penas, la Directiva contribuirá de modo significativo a una protección más eficaz del medio ambiente -especialmente por su efecto disuasorio-. Los Estados miembros acordarán definiciones de los delitos medioambientales, el grado de responsabilidad empresarial por tales delitos, y la necesidad de introducir sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Por lo tanto, esperamos y confiamos en que todo ello pueda alcanzarse, dado el camino que ya hemos recorrido. El Convenio del Consejo de Europa sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal fue firmado aquí, en Estrasburgo, hace diez años -¡y todavía no ha entrado en vigor!-. Así pues, ya va siendo hora de que creemos un instrumento jurídico europeo realmente eficaz, relativo a la protección del medio ambiente en el Derecho penal. Cuento con el apoyo del Parlamento para poder alcanzar nuestro objetivo sin dilación y quisiera, una vez más, expresar mi agradecimiento al ponente.
Para concluir, la Comisión debe realizar ciertas declaraciones que forman parte del compromiso acordado con las instituciones legislativas. Señor Presidente, voy a proceder a leer dichas declaraciones.
"Declaración nº 1: La Comisión Europea tiene en cuenta la siguiente enmienda, adoptada por la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos. "Cuando se demuestre que una actividad continuada causa, al cabo de un tiempo, daños medioambientales que a su vez pueden dar lugar a responsabilidad penal a tenor de la presente Directiva, la cuestión de si el causante de los daños ha actuado de manera intencionada o con negligencia debe resolverse con referencia al momento en que el causante cobró conciencia o debió ser consciente de los hechos constitutivos de delito, y no con referencia al momento en que inició su actividad. Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que, en tales circunstancias, disponer previamente de una autorización, licencia o concesión no constituye un eximente". La Comisión entiende plenamente la inquietud expresada en esta enmienda. Estas materias recaen dentro de la competencia de los Estados miembros, y confiamos en que los mismos tendrán estas importantes cuestiones en cuenta".
"Declaración de la Comisión Europea nº 2: El Derecho derivado en relación con el anexo B de la presente Directiva, relativa a la seguridad y salud, y que pretende proteger al público y al medio ambiente de los peligros surgidos de actividades que implican radiaciones ionizantes, se adoptó sobre la base del Tratado Euratom. Las obligaciones de los Estados miembros para introducir sanciones penales en aplicación de la Directiva se extienden, por lo tanto, al comportamiento ilícito en incumplimiento de las disposiciones de la legislación adoptada sobre la base del Tratado Euratom, y deben determinarse con referencia a dicha legislación".
Siento haber tenido que leer estos dos textos, pero así se me solicitó. Hecho esto, señor Presidente, me dispongo ahora a prestar mi máxima atención al debate.
Dan Jørgensen
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que no existen razones únicamente para elogiar la corbata del señor Nassauer; también hay razones para encomiar su importante contribución para hallar un compromiso en esta compleja cuestión. La decisión que estamos tomando en este momento es sumamente importante. Uno de los principales problemas de la política medioambiental de la UE es que, desafortunadamente, no está poniéndose en práctica de manera uniforme entre los diferentes países y, en particular, no está gestionándose uniformemente en cada uno de ellos. Por lo tanto, ése es el problema que estamos tratando de resolver ahora al dar este gran paso adelante. En el futuro, aseguraremos que el mismo incumplimiento sea castigado del mismo modo en todos los Estados miembros de la UE, no importa dónde se cometa. Igualmente, me siento muy complacido de observar que ahora tenemos algunas definiciones de en qué consisten tales incumplimientos; contamos con un listado detallado, que recalcamos que no debe ser estático, sino dinámico, y que muestra cuándo se incumplen los principios fundamentales de la política medioambiental. En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, hemos mostrado gran preocupación por asegurar que se protejan particularmente los hábitats naturales, y nos complace que ello se haya incluido. Nos hubiera gustado también disponer de más detalles sobre cómo deberían ser las sanciones. Desafortunadamente, no fue posible sobre la base de los Tratados actuales, pero, en conjunto, estamos muy satisfechos con el resultado, pues constituye un gran paso adelante para la protección medioambiental.
Georgios Papastamkos
Señor Presidente, el verano pasado, Grecia sufrió uno de los peores desastres que ha vivido en los últimos años. Murieron más de sesenta personas, hubo numerosos heridos, y miles de hectáreas quedaron reducidas a cenizas. Tal fue el trágico precio de los incendios que devastaron el Peloponeso occidental y las provincias de Ática y Eubea. En años anteriores, otros países mediterráneos de la UE han experimentado desastres similares, como España, Italia y Portugal.
Los incendios forestales provocados amenazan la vida humana y la riqueza natural de una región; se trata, no cabe duda, de uno de los actos más viles y más graves de nuestros tiempos.
Se ha propuesto una Directiva de la Comisión sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Dicha Directiva no tiene en cuenta el resultado final del proceso legislativo correspondiente, que deberá más a las diferencias en los detalles técnicos a nivel jurídico que a las cuestiones esenciales; sin embargo, se está realizando un avance en la dirección correcta, pues proporcionará medios esenciales para proteger el medio ambiente de manera más eficaz en los próximos años.
Personalmente, quisiera agradecer al ponente del Parlamento Europeo, el señor Nassauer, la sensibilidad que ha mostrado en una enmienda de conciliación, al adoptar una disposición que establece la naturaleza delictiva de los incendios intencionados. Agradezco también a los miembros de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos el haber apoyado mi enmienda.
Manuel Medina Ortega
en nombre del Grupo PSE. - Señor Presidente. Creo que, dentro de unos años, se hablará de esta sesión del Parlamento Europeo como de una sesión que ha establecido un precedente importante en el desarrollo del Derecho de la Unión Europea.
La Unión Europea, en principio, carece de competencias en materia de Derecho Penal. Se trata de competencias estatales. Como señalaba el ponente, las dos sentencias del Tribunal de Justicia han abierto el camino a una cierta competencia comunitaria en materia penal, pero es una competencia limitada.
El Sr. Jørgensen señalaba que no se trata de un tema de armonización, sino de aproximación legislativa, y en este aspecto creo que tanto el Parlamento, a través de su ponente Sr. Nassauer, como el Consejo y la Comisión, la Presidencia eslovena y el Comisario Barrot, han contribuido a llegar a un acuerdo que, en este momento, creo que es aceptable para todos.
Estamos hablando como he dicho antes no de aproximación legislativa, sino de armonización. Vamos a armonizar los tipos penales, que es el principio del Derecho Penal y, como ha dicho el Sr. Nassauer, con un precisión jurídica, la calificación penal no puede ser de carácter general o arbitraria.
Respetamos el principio de proporcionalidad, eliminando desde luego las sanciones mínimas, y establecemos el principio de la antijuridicidad. No se pueden condenar conductas que no sean punibles.
Yo creo que la declaración de la Comisión, sobre todo la declaración relativa a la negligencia y al momento de fijación de la responsabilidad, van a servirnos para seguir progresando en esta materia. Por ahora, no podemos ir más lejos. Creo que solamente podremos ir más lejos con la modificación del Derecho sustantivo de la Unión Europea, con las nuevas normas constitucionales; pero este Parlamento, junto con el Consejo y la Comisión, está haciendo todo lo posible para asentar el Derecho de la protección del medio ambiente con las normas penales, de conformidad ya con el viejo convenio del Consejo de Europa, que había previsto la fijación de responsabilidad penal por infracción de normas ambientales. Muchas gracias.
Diana Wallis
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, como se ha dicho ya, debemos agradecer al señor Nassauer su trabajo en este acuerdo en primera lectura; asimismo, debemos expresar especial agradecimiento a la Comisión por ayudarnos a alcanzar finalmente este punto.
Como acaba de decir el señor Medina, ha sido y será un acuerdo en primera lectura digno de mención. Es histórico en el desarrollo del proceso de codecisión, y en particular para que esta Cámara participara en el establecimiento de las penas en relación con el Derecho penal; verdaderamente, es un avance notorio. Esta Directiva aportará, por fin, la seguridad jurídica en un ámbito donde en el pasado hemos asistido a un tira y afloja bastante penoso entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y las diversas ramas de la legislatura europea. Ahora, tenemos cierta seguridad y claridad.
Sobre todo, es un gran punto a favor para la protección del medio ambiente. Durante años, como miembro de la Comisión de Peticiones, he reparado en que el daño al medio ambiente es lo que con mayor frecuencia motiva a nuestros ciudadanos a solicitar nuestra ayuda para la puesta en práctica de lo que consideran que debería ser el Derecho europeo. Ahora, por fin, seremos capaces de decir que tenemos -o deberíamos tener- los medios eficaces para garantizar que se está poniendo en práctica y cumpliendo realmente el Derecho medioambiental europeo, tal como nuestros ciudadanos esperan en toda la Unión Europea.
Pero no sólo eso -pues emite otro sólido mensaje para este Parlamento-: una de las cosas sobre las que hemos insistido en este acuerdo ha sido la denominada tabla de correspondencias. Ello nos permitirá comprobar con exactitud, en esta legislación tan compleja, dónde incluyen los Estados miembros la legislación europea en su propio Derecho interno. Es algo que consideramos seriamente como Parlamento, y por fin se nos ha escuchado. Creo que es una gran muestra de nuestra competencia y eficacia creciente como legislatura, lo que supone un buen augurio para la próxima entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Monica Frassoni
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (IT) Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo no suele ser partidario de adoptar acuerdos en primera lectura, ya que la calidad jurídica suele verse perjudicada por la premura y la presión por alcanzar un acuerdo. Debo decir, señor Nassauer, que si hace un año me hubiera preguntado mi opinión sobre si alcanzaríamos un acuerdo bilateral sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, con usted como ponente y en primera lectura, probablemente hubiera creído que no. No obstante, se ha alcanzado, gracias a un excelente trabajo en equipo, que ha sido posible por la observación estricta de los procedimientos de diálogo informal con la Comisión y el Consejo que, siempre que ha sido posible, han hecho partícipes al ponente y a los ponentes alternativos, y gracias también al valioso trabajo de la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al ponente y a sus colegas por lo que supone un gran logro, como han manifestado también los demás oradores.
Señor Presidente, la sentencia del Tribunal de Justicia nos ha impedido, claramente, establecer penas, y esto nos ha cortado hasta cierto punto las alas pero, como resultado, espero que tras la votación tengamos presente colectivamente esta cuestión como Unión Europea. Creo que deberíamos prestar una gran atención a esta materia cuando se haya ratificado el Tratado de Lisboa.
Ciertamente, como todo en la vida, esta Directiva no es perfecta. Por ejemplo, no nos satisface demasiado el complejo anexo que incluye una lista extensa, aunque exhaustiva, de las Directivas a las que esta nueva legislación es de aplicación. Sencillamente, hubiéramos preferido tener un sistema, propuesto por la Comisión y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, que aclarara perfectamente que una serie completa de delitos quedaban clasificados automáticamente como punibles en virtud del Derecho penal, además de las Directivas en cuestión.
Tampoco nos satisface demasiado el hecho de que el período de transición sea de dos años. Consideramos que este punto podría haberse mejorado y, como la señora Wallis, nos satisface especialmente la obligación impuesta a los Estados miembros de proporcionar tablas de correspondencias; en otras palabras, los Estados deben informarnos con prontitud sobre cómo están aplicando la legislación, cosa que no suelen hacer.
Sin embargo, apoyamos plenamente el avance para garantizar que una serie de delitos no puedan seguir quedando impunes. Procedo de un país, Italia, donde ha existido la tentación de que quedasen así; donde, efectivamente, así ha ocurrido, y me complace que esta Directiva rechace esa posibilidad y que la destrucción de los parajes naturales, el vandalismo y otras cuestiones similares no sigan quedando impunes.
Jens Holm
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (SV) No cabe duda de que todo aquél que infrinja el Derecho medioambiental debe recibir castigo. Para que no se repita la perpetración de delitos contra el medio ambiente, las penas deben ser severas y surtir un efecto disuasorio pero, ¿deberíamos armonizar las disposiciones penales?, ¿debería especificar la UE las sanciones -privación de libertad, sanciones económicas o de otro tipo-? No, corresponde a los Estados miembros decidir sobre estas cuestiones.
El riesgo de armonizar la legislación es siempre que los países más avanzados puedan verse obligados a disminuir el grado de la norma alcanzado en sus disposiciones. No puede aceptarse tal cosa. Si transferimos el derecho a decidir sobre estas cuestiones a la UE, ¿cuál es el próximo paso? Ciertamente, la UE debe actuar para garantizar que los Estados miembros mejoren su legislación medioambiental; podemos y debemos difundir buenas prácticas, y podemos ayudar y asistir a aquellos Estados miembros que, por diversas razones, van a la zaga. La confección de tablas con indicadores concretos por los que puedan compararse los Estados miembros es un ejemplo excelente; de esa manera, creamos un sistema con un elevado grado de legitimidad y afianzado democráticamente, y así es también como mejor podemos trabajar para defender el medio ambiente.
Aloyzas Sakalas
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente su atenta colaboración, y expresar mi gran satisfacción por que en nuestros debates hayamos conseguido encontrar una solución aceptable para todo el mundo. Dicho esto, quisiera hacer hincapié en tres puntos.
En primer lugar, apoyo plenamente la idea de que debe adoptarse este informe antes de que entre en vigor el Tratado de Lisboa. Ello supondrá que todos los Estados miembros tendrán que aplicar las sanciones penales de acuerdo con la nueva Directiva, antes pronto que tarde. Los incendios forestales de Grecia deberían sernos muy instructivos a todos.
En segundo lugar, quisiera hacer hincapié en la conveniencia de la nueva redacción del contenido de la letra "h" del artículo 3, en relación con todo comportamiento que cause un "deterioro significativo de un hábitat protegido"; representa una mejora considerable sobre la redacción, más limitada, propuesta originariamente por el ponente.
En tercer lugar, nuestros debates más controvertidos han sido los relativos a los anexos. A este respecto, observo que el alcance de la competencia de los Estados miembros no se verá limitado, en relación con el artículo 176 del Tratado de la CE. Además, una lista de la legislación comunitaria correspondiente proporcionará la seguridad jurídica necesaria en el contexto del Derecho penal, enfoque que evita también la necesidad de definir ciertos términos, como "agua" o "residuos" en la Directiva; por esa razón, apoyo la incorporación de los dos anexos a la misma.
Doy mi total apoyo al documento propuesto por el señor Nassauer.
Mojca Drčar Murko
(SL) En la Comisión de Medio Ambiente esperábamos la creación de normas comunes para que el procesamiento penal en el caso de los delitos contra el medio ambiente llegara más lejos que este compromiso y que cubriera, además del Derecho comunitario, la legislación del Estado miembro; sin embargo, resulta que en este momento el compromiso alcanzado se encuentra al límite de lo que es aceptable. Aun así, es un importante paso adelante para la protección medioambiental, puesto que en el caso de los delitos graves contra el medio ambiente que se incluyen en el Anexo, se estipula la aplicación coordinada de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Con respecto a la política de Derecho penal de los Estados individuales, que se desarrollará sobre esta base, nos gustaría centrar la atención sobre las normas del Derecho penal moderno, en virtud de las cuales el nivel de las penas intimidatorias desempeña un papel no tan crucial como la fiabilidad del procedimiento penal. Los autores de los delitos pueden tener la seguridad de que no podrán hallar refugio seguro en Europa.
Hiltrud Breyer
(DE) Señor Presidente, es verdaderamente alentador que la Comisión no se haya dejado perturbar por los Estados miembros, y que haya presentado una propuesta sobre la responsabilidad penal de los autores de delitos contra el medio ambiente, puesto que no podemos seguir dispensando un trato de mera peccata minuta a las infracciones del Derecho medioambiental. Resulta igualmente alentador que, precisamente el mismo día del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la propuesta legislativa defina mejor y más claramente las reservas naturales, y que ayude a clarificar lo que constituye un delito.
Sin embargo, es lamentable que no existan sanciones ni un tratamiento general de las infracciones como delitos, lo que desafortunadamente crea lagunas jurídicas, en especial respecto a la protección de la flora y la fauna, en la que no se da por hecho que se sentencie a los autores de los delitos, y muchos de ellos pueden salir impunes alegando ignorancia. Por tanto, hubiera sido lógico y oportuno que esta Directiva cubriera también la cuestión de la ingeniería genética. Debe castigarse la conducta delictiva en cuestiones medioambientales, y espero que la presente Directiva marque un hito y demuestre claramente que el medio ambiente es un valor que debe protegerse y que debemos emprender todos los esfuerzos para garantizar que las infracciones al Derecho medioambiental no salgan impunes.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, este debate ha resaltado verdaderamente el hecho de que estamos dando un paso importante hacia una nueva fase. Quizá debiera decir que daremos ese paso si, como esperamos, este texto -y quisiera de nuevo agradecer al señor Nassauer su papel en la preparación del mismo- clarifica, por emplear las palabras de la señora Frassoni, que "los delitos no puedan seguir quedando impunes". Eso, creo yo, es lo importante. Es un verdadero paso adelante. Añadiría que la Comisión, en principio, no era partidaria de la inclusión de anexos; sin embargo, aunque sigue manteniendo la opinión de que no es necesaria su inclusión, resulta aceptable, de acuerdo con el deseo de la mayoría de Estados miembros y, tal como se presenta, es exhaustivo e incluye la totalidad de los principales preceptos de la legislación medioambiental de relevancia potencial para los delitos descritos en la Directiva.
Al mismo tiempo, sin duda no podemos mantener que hemos confeccionado una lista exhaustiva y, de hecho, tal afirmación hubiera sido arriesgada. Por otra parte, tengo la convicción -y, simplemente, quisiera compartirla con los miembros de la Cámara, señor Presidente-, de que una vez que se haya adoptado la Directiva, los Estados miembros tendrán un plazo de dieciocho meses para transponer su contenido a las legislaciones nacionales, y huelga decir que la Comisión realizará un seguimiento muy minucioso del proceso de transposición. A la luz del marco legal, reexaminará la necesidad de presentar propuestas para la legislación adicional.
Estoy convencido de que será necesaria una investigación especialmente concienzuda para asegurar que la transposición refleje apropiadamente el espíritu que, por parte del Parlamento Europeo, ha informado esta legislación. Se me ha informado de que el plazo límite del compromiso es de veinticuatro meses; sí, es correcto, veinticuatro meses es, de hecho, el compromiso. Estaba siendo mucho más ambicioso. Dicho esto, la Comisión puede asegurarles hoy que mantendrá una vigilancia muy estrecha sobre la transposición de este texto, que realmente señala un progreso muy importante para la protección del medio ambiente en Europa.
Hartmut Nassauer
ponente. - (DE) Señor Presidente, si puedo comenzar por el último punto; esto es, con el período de transposición, permítame decir que esta Directiva sienta un precedente. El señor Medina ha señalado acertadamente que toda la legislación medioambiental de la Comunidad tendrá que someterse a un proceso de revisión para comprobar la compatibilidad penal, por así decir, a la luz de las nuevas definiciones de los hechos punibles. Es algo que va a hacerse por primera vez, y que constituye una empresa de gran envergadura; por consiguiente, está justificado dar a los Estados miembros veinticuatro meses, en lugar de únicamente dieciocho.
El segundo comentario que quería hacer va dirigido a la Comisión. En el momento actual, esta materia no tiene necesariamente por qué recaer dentro de su esfera de competencia, Comisario Barrot, pero lo hará en el futuro. La Comisión cuenta ahora con un nuevo recurso; dispone de un nuevo conjunto de instrumentos que, como he dicho, se encuentran principal y fundamentalmente en manos de los Estados miembros. Creo que sería correcto recomendar a la Comisión que utilice estos instrumentos con precaución. La revisión penal del Derecho comunitario, no cabe duda, no es únicamente aplicable a la legislación medioambiental, sino que puede, en principio, aplicarse a todos los demás ámbitos de la actividad comunitaria; por esa razón, creo que sería adecuado recomendar a la Comisión que proceda con precaución, ya que el Derecho penal es el último recurso en la aplicación de la legislación, y no un instrumento para su uso diario. Los Estados miembros no estarán precisamente muy entusiasmados al respecto. Además, por decirlo con delicadeza, los eruditos en materia jurídica se han mostrado sumamente indecisos para incorporar las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la doctrina jurídica y a la jurisprudencia.
Por consiguiente, mi consejo a la Comisión es que utilice con precaución estos instrumentos, y la Directiva será tanto más efectiva cuando se aplique en la práctica.
Presidente
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar el miércoles 21 de mayo de 2008.
