Reanudación de la sesión
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?
(El Acta queda aprobada)

Onesta
Señor Presidente, deseo hacer una observación referente a una reunión que tuvo lugar ayer por la noche entre varios diputados de este Parlamento, sin distinción de grupos. En la misma participaron varios vicepresidentes y cuestores, estando presentes los arquitectos que construyeron este hemiciclo, para buscar la forma de seguir mejorando las condiciones en que se desarrollan nuestros trabajos.
Descubrimos, en dicha reunión, que esa cortina situada detrás de usted, señor Presidente, esconde en realidad un ventanal. Ahora bien, parece ser que, si se abriera, podríamos contemplar un magnífico espectáculo sobre el río; pero se nos ha explicado que se mantenía cerrada para evitar el contraluz, a fin de que el hemiciclo estuviese mejor iluminado durante los debates. Sin embargo, antes del inicio de los debates o durante las interrupciones de la sesión, ¿no podría abrirse, para así poder disfrutar, gratuitamente, de ese magnífico espectáculo que, según parece, hay detrás de usted?
Comprendo perfectamente que deba ser la riqueza de nuestros debates la que ilumine nuestro hemiciclo; pero saldríamos ganando si de vez en cuando pudiera entrar la luz del sol para iluminar nuestra "burbuja" de democracia. Creo que sería muy positivo que se examinara la posibilidad de abrir dicha cortina.

El Presidente
Muchas gracias, señor Onesta. Agradezco cualquier sugerencia que confiera una dimensión más humana a nuestro salón de sesiones. Quisiera hacerle la siguiente propuesta. Por el momento podemos proseguir la sesión dejando la sala tal como está. Mientras tanto mandaré averiguar si el cambio plantea problemas técnicos. De no ser así, haremos una prueba de media hora para ver qué sucede cuando el Presidente está sentado a contraluz.

OICVM
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0025/2000) del Sr. Olle Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre:
I. la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (COM(1998) 0451 - C4-0465/1998 - 1998/0242(COD));
II. la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (COM(1998) 0449 - C4­0464/1998 - 1998/0243(COD)).

Schmidt
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, colegas, mi esperanza es que hoy el Parlamente esté dispuesto a adoptar la decisión de aumentar y fortalecer el mercado financiero en Europa. Como nuevo miembro del Parlamento Europeo, me ha resultado muy interesante e instructivo el tener la responsabilidad de este importante asunto. Quiero dar las gracias especialmente a mis colegas por su voluntad de alcanzar acuerdos, al Presidente y a la Sala por su sensibilidad frente a la complejidad de esta materia, a la Comisión -especialmente al Comisario- y al Consejo por nuestras buenas relaciones y, además, a la secretaría de la comisión por su generoso trabajo. En la comisión ha habido gran unanimidad, salvo en un punto, en el que yo espero que también nos pondremos de acuerdo.
El asunto de los OICVM parece complicado, lleno de riesgos políticos y técnicos. Yo creo que hay quienes ni siquiera saben lo que significa OICVM. No obstante, permítanme afirmar que este asunto realmente concierne a los ciudadanos europeos, es decir, a la manera cómo se manejan sus ahorros, a las posibilidades de elección que se les ofrecen, al funcionamiento de la competencia entre los países en materia de ahorros, a las exigencias de seguridad por parte de los inversionistas y a sus posibilidades de ahorrar de manera inteligente para la vejez. Se trata de compensar las exigencias de liberalización para mejorar el mercado y obtener mayores beneficios con la protección y seguridad de los inversionistas.
Durante la década de 1980, la mayoría de los mercados europeos experimentaron una liberalización considerable. Esto fue una consecuencia de que, especialmente los mercados de valores nacionales, se desarrollaron con gran velocidad durante algunos años. Entonces los fondos colectivos de inversión pasaron a ser una alternativa al ahorro bancario. En mi propio país, más del 60 por ciento de los suecos invierte en diferentes fondos. El ahorro en fondos da seguridad, que se fundamenta en la amplia base de sus inversiones. El mercado de capitales y valores ha seguido desarrollándose. La actual directiva OICVM ha quedado anticuada. Se han introducido nuevos tipos de fondos en algunos países miembros, que no pueden ofrecerse en otros. Esto frena evidentemente la competencia y la innovación, al mismo tiempo que limita las posibilidades del público para elegir opciones para sus ahorros.
La propuesta de la Comisión que tratamos hoy tiene dos partes. La primera de ellas, trata del producto, es decir, de los fondos. La segunda se ocupa de las sociedades de gestión. La primera propuesta tiene como objetivo principal ampliar las posibilidades de inversión de las sociedades gestoras de fondos mediante la autorización de inversiones en participaciones de otras empresas administradoras de fondos, por ejemplo, fondos en fondos, la suscripción de contratos financieros sobre opciones y valores estandarizados a plazo, depósitos en instituciones de crédito y determinados tipos de instrumentos del mercado de divisas. Se proponen reglas especiales para la dispersión de los riesgos de algunas inversiones, basándose en criterios cuantitativos y cualitativos. Además, se incorporan reglas especiales para la dispersión de riesgos para las empresas cuyo objetivo sea la imitación de un índice de acciones, los llamados fondos índice. En relación con la propuesta de la Comisión, la comisión ha intensificado las exigencias.
Para garantizar la apertura y la vitalidad, las inversiones hechas en fondos no armonizados sólo deben permitirse con la condición de que se incluyan criterios cualitativos como, por ejemplo, exigencias de apertura y de protección al inversor. Además, hay que incorporar criterios cuantitativos, es decir, la exposición a los riesgos.
Señor Presidente, vamos al punto en que no se ha alcanzado acuerdo, y que yo confiaba en que se alcanzaría, esto es, los derivados OTC. En su propuesta, la Comisión hace una distinción entre derivados que se comercian en el mercado controlado y los instrumentos derivados que no lo hacen, es decir, los llamados derivados OTC. La propuesta de la Comisión consiste en que los derivados OTC no se incluyan en la ley general de inversiones que se aplica a las empresas administradoras de fondos, sino que sólo puedan usarse para alcanzar una administración eficiente de las carteras y para evitar riesgos monetarios. El mercado con derivados ha crecido mucho en los últimos años, prácticamente en todos los Estados miembros. Por eso es importante que la regulación de los derivados sea flexible, de modo que el mercado no se bloquee. Las definiciones "contrato estandarizado a plazo fijo " y "opciones estandarizadas" deben reunirse en una nueva definición, "instrumentos financieros derivados" que también comprenda a los derivados OTC. Sin embargo, las inversiones en derivados OTC deben autorizarse solamente si se incorporan criterios cuantitativos y cualitativos. En este caso son muy importantes. Hay que incorporarlos para dar protección a los inversionistas.
La segunda propuesta de la Comisión se ocupa de quienes administran los fondos, es decir, de las sociedades gestoras. Las reglas que se aplican a estas empresas, entre otras las que se refieren a los requisitos para iniciar y desarrollar sus actividades, han sido adaptadas a la normativa vigente. Un aspecto fundamental es que se incorporan las normas sobre folletos simplificados. Se ofrecerá información relevante a los potenciales inversionistas en un idioma que les sea fácil de comprender. En esto la comisión también va más lejos que la Comisión.
Un asunto que también se discutió en la comisión es el concerniente a las exigencias de aportaciones de capital de las sociedades gestoras. Hay diferentes opiniones al respecto. En mi opinión, es importante que las normas comunes no arruinen a las sociedades pequeñas.
Durante los meses que he trabajado en este informe, se ha formulado una exigencia muy concreta, tanto de parte de la industria como de los representantes de los consumidores. La situación actual no es buena. Los inversionistas y la industria necesitan reglas más modernas en toda Europa. Creo que la propuesta de hoy compensa de manera adecuada las exigencias de liberalización del mercado con el anhelo de contar con una protección eficaz para los inversionistas.
Quisiera terminar diciendo solamente que algunos colegas opinan que esta propuesta va demasiado lejos, en tanto que otros creen que yo no soy suficientemente liberal. A todos ellos quisiera decirles: You can' t have it all.

Crowley
. (EN) Señor Presidente, para comenzar, quiero hacer constar en Acta mi agradecimiento por el formidable trabajo que ha realizado nuestro ponente, el Sr. Schmidt. En realidad, llegué a ser como el padre de estos informes durante el Parlamento anterior. Durante los últimos seis años no alcanzamos ningún compromiso ni acuerdo sobre este asunto. En un breve espacio de tiempo, el Sr. Schmidt ha conseguido sacarlo adelante en el Parlamento hasta esta fase final. Le doy las gracias por ello.
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, también deseo hacer constar en Acta mi agradecimiento a la secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la secretaría de Asuntos Económicos por su cooperación en este asunto.
Hoy intervengo, primero, en calidad de, por así decirlo, padre de este informe; segundo, en calidad de ponente de opinión; y, lo más importante de todo, en calidad de alguien que ve las tremendas ventajas que puede aportar a la Unión Europea un sistema armonizado de inversiones de los OICVM que garantice que los beneficios que actualmente se obtienen en Europa, pero que son invertidos fuera de la Unión Europea y que no benefician a la economía de la Unión, puedan ser retenidos en la economía para la creación de empresas, de empleo y también para garantizar futuros planes de pensiones.
Existe escaso desacuerdo entre los diputados con respecto a la primera propuesta. Establece un cierto número de controles y mecanismos para garantizar que podemos disponer de este tipo de organismos reguladores armonizados. No obstante, la segunda propuesta despierta mayor preocupación. Tengo algunas ideas que debería comunicar. En primer lugar, la idea de un pasaporte comunitario para los organismos de gestión merece ser saludada; así como la norma de la aprobación del Estado miembro de origen. No obstante, en vez de imponer un nuevo régimen, podríamos haber utilizado la Directiva sobre los organismos de inversión como analogía para este régimen. Parece inusual que no sepamos aprovechar esta oportunidad. Muchos diputados han estado trabajando sobre la base de un intento de proteger los intereses nacionales de sus respectivos países, en vez de mejorar el sistema global para Europa.
Tendremos que volver sobre este asunto una vez más en un futuro próximo. Animo a los diputados a que hoy garanticen con sus votos que conseguimos establecer unas bases sensatas para Europa a corto plazo, si no puede ser a más largo plazo.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, sean mis primeras palabras de agradecimiento al ponente, Sr. Schmidt, a mi colega, el Sr. Goebbels, y a mis colegas de Grupo Villiers y Lulling, que, a pesar de mantener posturas discrepantes en algunos puntos, han tenido siempre una actitud extraordinariamente constructiva.
Como ha señalado ya el ponente, estamos discutiendo probablemente uno de los temas más importantes que vayamos a discutir en esta legislatura. Los organismos de inversión colectiva constituyen, desde hace tiempo, el primer instrumento de ahorro, el instrumento a través del cual millones de ciudadanos individuales, no expertos, no profesionales, consagran o entregan los ahorros de su vida a estos organismos.
Ésta sería la primera razón para decir que hay que proceder a la liberalización, pero con prudencia. ¿Por qué? Porque la quiebra de un banco es un problema que puede tener solución para cualquier gobierno. La quiebra, la suspensión de pagos, de un organismo de estas características crearía un problema político, social y ciudadano de incalculables consecuencias.
Un segundo argumento me lleva a acentuar la necesidad de prudencia en la regulación de estos organismos. Es mi creencia en la economía social de mercado, que se basa en un mercado que funcione, pero que funcione sometido a unas determinadas reglas destinadas a garantizar el interés general, que, en este momento y este tema concretos, se circunscribe a la protección de los consumidores.
Este principio básico de liberalización, de aumento de la competencia, de aumento de las oportunidades de inversión, vinculado a la prudencia por la protección que los consumidores merecen, es el que ha determinado e inspirado la posición de mi Grupo en la mayoría de los temas controvertidos que han sido señalados aquí.
En primer lugar, el problema de la inversión en los organismos no armonizados, es decir, en los organismos que acampan fuera de esta directiva. Es obvio que, al ampliar la propuesta que aquí estamos estudiando, las posibilidades, el abanico de inversión de los organismos de inversión colectiva, aquellos organismos que permanezcan fuera se verán obligados a invertir en fondos de alto riesgo. Y sería torpe permitir que los organismos regulados, los organismos protegidos, pudiesen invertir en organismos abocados a inversiones tan arriesgadas como las que he dicho.
En segundo lugar, el problema de los derivados es uno de los que más nos ha dividido, internamente en el Grupo y en relación con los demás Grupos. Hemos llegado a una solución de compromiso. Todos admitimos que la inversión en derivados debe limitarse reglamentariamente, legalmente, para evitar que un fondo armonizado pueda perder todo su patrimonio por una inversión en productos de alto riesgo. Es obvio que este riesgo es mayor cuando la inversión se materializa en derivados no negociados en mercados regulados, los famosos OTC. Creemos que hemos llegado a una solución de compromiso aceptable, y yo me felicito por ello.
Como este tema no termina aquí sino que volverá a esta Asamblea, quisiera hacer alguna alusión al método de trabajo entre la Comisión y el Parlamento. Los textos que aquí estamos discutiendo son viejos y eran ya viejos cuando llegaron a este Parlamento porque habían sufrido modificaciones importantes durante la Presidencia finlandesa del Consejo. Nos encontramos con dos opciones: devolver el toro al corral, es decir, devolver las propuestas a la Comisión para que nos mande un texto armonizado o seguir avanzando. Ha prevalecido esta segunda opción y yo me felicito, pero espero que, en el futuro, la coordinación entre las dos instituciones y el Consejo sea más estrecha para que nuestro trabajo sea más comprensible, más fructífero y más productivo.

Goebbels
Señor Presidente, el Grupo Socialista apoya a la Comisión en sus esfuerzos para realizar el plan de acción relativo a los servicios financieros. Es evidente que la introducción del euro exige la creación de un mercado financiero europeo integrado, a semejanza de los mercados norteamericano y japonés.
Las discusiones sobre los OICVM han suscitado las intervenciones activas de toda clase de lobbies y debates apasionados en la comisión competente. Deseo felicitar al ponente, el Sr. Olle Schmidt, así como a mi colega García-Margallo, por sus actitudes constructivas. Los socialistas reconocen la importancia que tienen los fondos de inversión para el desarrollo de nuestras economías y para la asignación de los recursos. Pero el mundo de las finanzas internacionales es un mundo peligroso. Los mercados de capitales son víctimas de sus propios desmanes. Existe actualmente un exceso de liquidez en busca de inversiones.
En 1999 el aumento de los medios de pago a escala mundial ha estimulado las bolsas y causado un estallido del volumen de transacciones, lo que ha provocado un alza de los precios de los activos financieros e inmobiliarios. Esta aceleración de las actividades financieras internacionales significa asimismo que los riesgos van en aumento. No es necesario ser premio Nobel de economía para comprender que la hipótesis actual de trabajo de los mercados financieros, es decir, una expectativa de crecimiento anual de los beneficios del orden del 15 al 25%, es sencillamente utópica a medio plazo.
Lo afirmo categóricamente: el principal riesgo con miras a un futuro previsible de la economía mundial no es la inflación, sino una deflación causada por el estallido de la burbuja especulativa generada por unos mercados que, según Alan Greenspan, se caracterizan por una exuberancia irracional. Al tiempo que busca la liberalización de los mercados financieros europeos, el poder legislativo tiene el deber de limitar los riesgos. Los fondos de inversión trabajan, por definición, con el dinero ajeno. Es necesario que el legislador introduzca cláusulas de salvaguardia para proteger el interés general. No hay libertad sin reglas. Hemos descartado el tipo de estructuras denominadas "master-feeder". Estos fondos de alimentación existen en los Estados Unidos, pero en un espacio en el que sólo hay una autoridad de vigilancia y un sistema judicial único. En el mercado europeo, que sigue estando fragmentado, estas estructuras crearían problemas. Asimismo, los socialistas - al igual que la Comisión - dudan sobre la utilidad de permitir que los fondos inviertan en derivados, en mercados "over the counter", productos negociados de común acuerdo entre profesionales. Como generalmente estas operaciones no están sometidas a un control prudencial, el riesgo es aún más elevado.
Con el fin de limitar el riesgo para los inversores, el Grupo Socialista ha incorporado enmiendas, proponiendo cláusulas de salvaguardia tanto cuantitativas como cualitativas. Con la adopción de estas enmiendas, el Parlamento autorizará la utilización en derivados OTC, pero limitando el riesgo respecto a los inversores privados.
Señor Presidente, actualmente se habla mucho del principio de buen gobierno. Este principio no sólo debería guiar al sector público, sino también al sector privado, en particular a las empresas financieras.

Huhne
Señor Presidente, nuestro objetivo al establecer un marco para fondos de inversiones y otros OICVM es el de garantizar los máximos beneficios para los ahorros de nuestros inversores sin someterlos a grandes riesgos, que es el motivo por el que deseo referirme al tema de los derivados en mis observaciones de hoy.
Creo firmemente que el uso prudente de derivados puede contribuir a consolidar unos beneficios más seguros y más elevados. A pesar de su reputación de peligrosos, los derivados son utilizados generalmente por los administradores de activos como prevención. Un contrato que, por ejemplo, paga una suma sustancial si, digamos, cae el índice NASDAQ o el CAC 40, ocasiona un pago adicional por parte del inversor si sube el índice NASDAQ o CAC 40. ¿Es eso especulación? En absoluto. Imaginemos que hemos dedicado varios meses a crear una cartera de activos de empresas que nos inspiran confianza: son empresas que cuentan con una buena gestión, buenas perspectivas y representan una buena inversión. Luego nos asalta la preocupación de que todo el mercado de valores pueda caer, como sucedió en 1987. En ese caso tendremos la opción de vender todo y convertirlo en dinero en efectivo, pero eso significaría perder todo lo que hemos investigado sobre los ganadores. Además supondría incurrir en todos los gastos de transacción que entraña la venta de nuestras participaciones para luego volver a comprarlas de nuevo después de la caída. La solución consiste en sacar un derivado que nos compense si cae NASDAQ o CAC 40.
Pero incluso con derivados a la medida o derivados OTC, que serían más económicos, que pudieran asegurarnos contra una caída relativa de nuestra cartera con respecto al índice, seguiríamos teniendo la cartera y las participaciones, pero nos habríamos protegido contra los peligros de una caída en picado. A cambio, es posible que nos hayamos deshecho de algunos de los valores más en alza del mercado. En ese caso, que puede que sea el uso más generalizado de los derivados por parte de los administradores de activos, reducimos nuestra posible recompensa, pero también reducimos nuestro factor de riesgo. Es un desarrollo deseable en un fondo bien gestionado. La historia demuestra que los inversores se benefician de un enfoque liberal y ligero. Un sistema autoritario -una prescripción de cómo deben invertir los administradores del sector privado y dónde deben invertir- sólo reducirá los beneficios para los inversores.
Los fondos de pensiones que están sujetos a las normativas sobre dónde pueden invertir y dónde no, tal y como se exige para nuestros bonos del Estado, obtienen unos beneficios del 5,2% anual, a penas la mitad del 9,5% de beneficios anuales que obtuvieron los fondos libres entre 1984 y 1996. Estamos hablando, naturalmente, de beneficios tras haber deducido todas las pérdidas. No confundamos la preocupación real por los intereses de los inversores con un temor populista de un enfoque nuevo, innovador y liberal que merece la pena. De eso es de lo que hoy deberíamos ocuparnos aquí.

Lipietz
Señor Presidente, el informe que hoy se nos presenta pretende finalizar la libre circulación de inversiones financieras en Europa, incluso en sus formas más sofisticadas. En principio, nosotros no nos oponemos a esta industria. Sin embargo, y contrariamente a la opinión del Sr. Christopher Huhne, nosotros pensamos que un continente que no ha sido capaz de controlar debidamente a sus petroleros no puede ir demasiado lejos en la liberalización de una industria que puede, a la larga, provocar el mismo tipo de crisis.
Votaremos, pues, con prudencia, a favor de todas las enmiendas que limitan la utilización de determinados instrumentos que resultan demasiado derivados y a favor de las enmiendas que limitan la concentración excesiva de los activos en un mismo grupo financiero. Pero debemos decir, seguidamente, que votaremos "no" respecto al texto, en conjunto. Asimismo, en el futuro votaremos "no" respecto a todas las propuestas de liberalización de los mercados financieros, y pedimos a los demás Grupos políticos que hagan lo mismo, hasta que, por fin, se aplique una armonización del impuesto sobre la renta de las inversiones financieras.
Desde hace varios años, algunos países, entre los que se encuentra el Reino Unido, bloquean esta armonización, y transforman sus centros financieros en paraísos fiscales. Dichos países rechazan incluso lo estrictamente necesario, es decir, el paquete "Monti", propuesto por la Comisión de Bruselas. Esta actitud transforma a Europa en una máquina de exonerar del impuesto sobre las rentas del capital, y transfiere toda la carga de los impuestos sobre la renta de actividades, con todas las consecuencias sociales e incluso morales que de ello se desprenden. Hay que acabar con esto. Bloqueando las exigencias de la industria financiera, el Parlamento Europeo dispone de los medios para poner entre la espada y la pared a los Estados que se han convertido en paraísos fiscales.

Abitbol
Señor Presidente, la directiva de 1985 creaba una especie de pasaporte europeo para ciertos tipos de OICVM comerciables en toda la Unión. Desde entonces, el mercado de capitales y de valores mobiliarios ha continuado su desarrollo y conocido un estallido exponencial dentro de una globalización financiera desenfrenada.
Esto nos lleva a las dos propuestas de directiva. Con respecto a la segunda, que no requiere ningún comentario en particular, el informe es excelente. El mismo trata de reforzar las medidas de protección y de seguridad en favor de los consumidores. Eso sería correcto si -nos preguntamos por qué, en nombre de qué legitimidad y de qué respeto de los pueblos- hubiese que reforzar aún más el monopolio de la lengua inglesa con respecto al conjunto de los documentos que se distribuyen en Europa. Este es el contenido de una enmienda que hemos presentado, y que privilegia todas las lenguas de la Comunidad, enmienda que condicionará nuestro acuerdo sobre la segunda directiva.
No ocurre lo mismo con la primera propuesta. Podríamos haber estado de acuerdo con el texto inicial en la medida en que respondía a un interés legítimo de actualizar la legislación existente. Sin embargo, el texto del informe -y saludo el trabajo de nuestro colega Schmidt- no puede contar con nuestro acuerdo por varias razones. En primer lugar, favorece demasiado los productos basados en índices bursátiles que nada tienen que ver con la economía real, productos derivados que servirán para seguir calentando la burbuja financiera, a la que se refería nuestro colega Lipietz hace un momento.
En segundo lugar, pienso -como él- que no debemos favorecer una excesiva concentración en fondos que luego podrían convertirse en un caballo de Troya para los fondos de pensiones norteamericanos. En tal caso, evidentemente, no se establece ningún tipo de reciprocidad en favor de los OICVM europeos.
También nos opondremos a que se suprima la facultad de los Estados de aumentar al 35%...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Villiers
Señor Presidente, este asunto tiene una importancia fundamental para Europa. Una Europa que se enfrenta a la inminente bomba de relojería de las pensiones, debe adoptar todas las medidas necesarias para fomentar el ahorro y optimizar los beneficios que la población de Europa puede obtener de sus ahorros. Saludo muchos de los avances que nos trae el informe del Sr. Schmidt.
Los OICVM son todo un éxito en la Unión Europea. Constituyen un producto seguro que puede comercializarse más allá de las fronteras. Pero ha llegado la hora de actualizar la legislación. El Sr. Schmidt ha realizado una excelente labor en este sentido. No es ningún secreto que, personalmente, habría preferido con mucho que el informe del Sr. Schmidt no hubiera sufrido tantas alteraciones a su paso por el Parlamento. Pero apelo a esta Asamblea a que adopte un enfoque equilibrado y de sentido común sobre este asunto. La medida radical que defiende este informe es la de permitir que los OICVM utilicen derivados OTC. Apelo a todos los presentes a que hagan una evaluación de los productos que utilizarán dichos OICVM. No estamos hablando de la utilización de derivados con fines especulativos. Estamos hablando de la utilización de derivados para reducir los riesgos e incrementar los beneficios de los ahorros del ciudadanos europeo de a pie. El Sr. Schmidt merece ser aplaudido por haber conseguido el apoyo del Parlamento para los derivados over-the-counter.
No debemos temer seguir adelante y reaccionar ante los cambios que experimente el mercado. Sí, debemos seguir garantizando que los OICVM proporcionan un producto equilibrado y protegido para los consumidores. El informe proporciona una protección muy adecuada de los consumidores. Pero algunas de las enmiendas van demasiado lejos en cuanto a que limitan la utilización de derivados OTC. Opino que estos derivados vendrán a sumarse a la cartera de "unit trusts", que lo único que pueden hacer es ayudar a personas de toda Europa a obtener altos beneficios por sus ahorros. Saludo al Sr. Schmidt.

Kuckelkorn
Señor Presidente, estimados colegas, se impone una modificación de la Directiva sobre los OICVM, puesto que la antigua directiva ya no se corresponde con las realidades de los mercados financieros. A este respecto es importante señalar que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios realizan inversiones de capital por cuenta de inversores individuales. Es por eso por lo que los fondos "feeder" y "master" no se ajustan al objetivo de la directiva y, por tanto, es correcto que la Comisión de Asuntos Económicos haya rechazado la propuesta al respecto.
Los inversores individuales necesitan que exista transparencia sobre los riesgos asociados a las sociedades de gestión y los productos. Éstos últimos han de concebirse de tal forma que incluso los pequeños inversores puedan comprender en la ventanilla del banco qué es lo que contratan exactamente. En el marco de la creación de un pasaporte europeo para OICVM ello significa que las autoridades nacionales competentes en materia de supervisión han de aplicar criterios idénticos en lo que a la vigilancia de los productos y sociedades de gestión se refiere. Los márgenes de evaluación con los que actúan las autoridades de supervisión han de restringirse si queremos crear transparencia y aumentar la confianza en los productos y las sociedades de gestión en el contexto del mercado interior.
Por eso mismo, la definición de lo que se entiende por utilización de derivados OTC en el marco de una gestión eficiente de cartera supone un logro importante en el ámbito de la gama de productos OICVM, puesto que la antigua directiva presentaba el enorme inconveniente de que cada autoridad de supervisión interpretaba la gestión eficiente de cartera de un modo distinto. Es positivo que el Parlamento Europeo se comprometa a reforzar la protección del consumidor en Europa. Esta claro que la información acerca de todos los productos disponibles y los riesgos que muchos de ellos entrañan no le llega a éste por ciencia infusa. Europa no se puede convertir en un paraíso para los organismos de inversión, los bancos, las compañías de seguros o sus grupos de presión.

El Presidente
Muchas gracias, señor Kuckelkorn. Estimados colegas, ya les puedo comunicar una primera respuesta sobre la cuestión de la cortina y la ventana. Si abrimos dicha cortina, nos encontraremos con una pantalla protectora que no se puede retirar fácilmente. Me temo, por lo tanto, que tendremos que aplazar el experimento hasta la próxima sesión plenaria. Procuraré que en aquel momento podamos averiguar cómo queda la sala con la cortina abierta.

Lulling
Señor Presidente, desde su entrada en vigor, el 1 de octubre de 1989, la directiva relativa a los OICVM ha obtenido un gran éxito, gracias sobre todo al muy elevado nivel de protección que garantiza a los inversores. La industria de los fondos de inversión ha quintuplicado sus activos en la Unión Europea, aprovechando la directiva y la buena imagen de los OICVM entre los inversores.
La comercialización transfronteriza de las inversiones en el seno de la Unión Europea ha conocido un fuerte desarrollo, y la propia directiva se ha convertido en una legislación ejemplar a escala mundial. Pero es evidente que, después de diez años y a la vista del desarrollo de los mercados y de la oferta de nuevos productos financieros cada vez más sofisticados, la directiva está algo anticuada.
Las propuestas de la Comisión que discutimos permiten el lifting que necesita esta directiva. Comparto algunas de las preocupaciones expresadas -en particular por mi colega García-Margallo-, pero este lifting sería aún más pertinente si los fondos que, simplemente, reproducen un índice bursátil, y que, por lo tanto, se gestionan pasivamente -de hecho, no se gestionan en absoluto-, así como aquellos que utilizan un índice como benchmark para un fondo gestionado activamente, recibieran el mismo tratamiento, aunque sólo fuese para permitir que las medianas empresas que cotizan en bolsa, pero que no figuran en el índice bursátil, lograsen un mayor acceso al mercado de capitales. Por otra parte, un fondo gestionado activamente puede a menudo garantizar mejor la protección de los inversores. Aviso a los aficionados: mi enmienda 47 va en esta dirección.
Con respecto a la propuesta de una nueva disposición tendente a limitar al 15% las inversiones realizadas por entidades pertenecientes a un mismo grupo, deseo subrayar -prescindiendo del hecho de que este límite es demasiado bajo- que el texto no define el concepto de grupo, concepto que no existe en la legislación europea, porque no es factible y porque, además, es imposible de controlar en la práctica.
Votaré, pues, en contra de esta propuesta de modificación. Para concluir, señor Presidente, permítame recordar a los colegas que la directiva necesita un "new look" que haga aún más atractivos los OICVM, pero no necesita un corsé europeo, lo cual los asfixiaría.

Randzio-Plath
Señor Presidente, la introducción del euro y la mayor liberalización de los mercados de capitales han contribuido a la creación de un espacio financiero europeo más amplio y más profundo que, a su vez, abre nuevos mercados de consumo y aumenta la transparencia de los precios, pero también agudiza la competencia.
Además, hemos de ser conscientes de la importancia económica de los negocios financieros y sobre todo de los que constituyen el objeto del debate de hoy. A finales de 1999 se registraron casi 15.000 fondos de inversión OICVM autorizados, cuyo valor total ascendió a más de dos mil millones de euros, representando aproximadamente el 75% de todos los funds assets. Por tanto, es con razón que la Comisión subraya esta importancia económica en las propuestas que formula con respecto a la propuesta de directiva, y debo admitir que la propuesta de la Comisión me convence bastante. Todos sabemos cuán difícil es mejorar un marco jurídico para un fondo de inversión, cuán difícil es ajustar el pasaporte europeo para sociedades de gestión a criterios uniformes.
Por todo ello, se puede concluir que el marco de referencia legal y jurídico en materia de supervisión de mercados y productos financieros ha experimentado un avance. A este respecto yo también insisto antes que nada en la necesaria optimización de la protección del consumidor, y me parece sumamente importante que ello quede reflejado tanto en la propuesta de la Comisión como en la propuesta del Parlamento Europeo y las propuestas de transacción.
En cuanto a los derivados OTC, considero que entrañan un riesgo inestimable y estoy convencida de que nosotros como Parlamento Europeo tenemos el deber de informar a los consumidores. Éstos creen que los fondos de inversión, por ofrecer una seguridad a largo plazo, son comparables con las clásicas fórmulas de ahorro puesto que también se conocían con el nombre de fondo de ahorros. Por esa razón, hemos de reiterarles una y otra vez que estos dos productos no se pueden comparar entre sí, aparte de que conviene imponer una protección mínima. ¿Por qué no nos guiamos por la protección mínima contemplada en la directiva sobre las operaciones con valores mobiliarios, por ejemplo por el artículo 11 de la misma, que se refiere a la buena conducta?
En mi opinión, se trata aquí de otro avance que podríamos obtener y creo que también sería bueno que los consumidores y los inversores pudieran hacerse una idea acerca de la estructura de riesgos de los fondos mencionados a partir del nombre de los mismos.

Kauppi
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de directiva que estamos tratando trae consigo varias reformas de la normativa actual que son bienvenidas. En los trabajos de elaboración se ha encontrado, en gran medida, un equilibrio propicio para aumentar la eficiencia y el crecimiento de los mercados financieros, sin escatimar en la protección adecuada del consumidor que participa en fondos de inversión. Mientras mayor sea la confianza del consumidor en el funcionamiento de los mercados financieros, más serán los consumidores que se decidan a invertir en los mercados abiertos. Mientras más inviertan los consumidores, más prometedores serán los mercados de financiación de las empresas europeas. Es evidente que si las empresas reciben con más facilidad financiación con capital propio, el balance de las mismas tendrá unos cimientos más consolidados y, por consiguiente, mejorarán las posibilidades de crecimiento e inversión. En este contexto, carece de relevancia el hecho de que el aumento de capitales en los mercados de valores provenga de la inversión privada directa o de la realizada por organismos de inversión colectiva.
Aunque en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios estábamos de acuerdo, por lo general, en cuanto a los objetivos de la reforma de la legislación, el proceso de elaboración en esta comisión parlamentaria no ha sido de los más fáciles. Al menos personalmente, a mí me causó dificultades la división técnica de la directiva en dos propuestas diferentes, hecho que no me facilitó de ningún modo la familiarización con esta difícil temática tan especializada. En cualquier caso, quisiera exponer mi opinión sobre algunas propuestas específicas.
En primer lugar, me siento muy satisfecha de que la propuesta de directiva incremente, en su conjunto, la libertad de los fondos de inversión para encauzar los capitales de financiación hacia diferentes instrumentos. En cuanto a los derivados, considero que está justificada la postura aprobada por la comisión parlamentaria -al contrario que la Sra. Ranzio-Plath, por ejemplo. Los derivados no negociados en mercados regulados, los OTC, no deben ser tratados en esta directiva de forma diferente a los derivados tipificados, ya que los derivados OTC son de uso corriente en muchos Estados miembros y también han sido utilizados en el pasado. En lo que se refiere al artículo 5, letra g, de la segunda propuesta de directiva, o sea, el llamado artículo de delegación, creo que la propuesta original de la Comisión sobre la normativa que debe regir el otorgamiento de facultades era mejor que la que se ha aprobado ahora en la comisión parlamentaria, y, por lo tanto, apoyo algunas de las enmiendas realizadas por la Sra. Villiers en este punto.

Balfe
Señor Presidente, veo dos problemas en el debate de esta mañana. En primer lugar, cuando llegué a este Parlamento hace muchos años, me dijeron que cuando hay una tarea difícil, ésta se le encomienda a un Liberal. Ahora me dicen que si hay un debate difícil, sabemos que tendremos problemas si la mitad de los diputados de Luxemburgo están en la Asamblea al mismo tiempo -y lo están.
En primer lugar, acojo con satisfacción la propuesta número 1. Simplifica las cosas y las actualiza. Creo que muchos diputados británicos votarán en contra de un gran número de enmiendas del informe.
Apoyamos el informe Schmidt sobre la propuesta número 1, pero lamentamos que la directiva establezca un montón de limitaciones de la cantidad, lo que limita la capacidad de repartir los riesgos. Creemos que el mejor medio de avanzar es un mercado más liberal.
En segundo lugar, consideramos que la propuesta número 2 es muy confusa. Resulta difícil de entender y creemos que la Comisión haría bien en volver a analizarla. Si hace falta más regulación, opinamos que ésta podría lograrse mejor a través de otros medios distintos de los que propone la directiva. En particular, no estamos de acuerdo con la propuesta sobre los requisitos de capital, porque si los requisitos son demasiado altos, podrían significar que algunas empresas tengan que abandonar este sector. Pedimos a la Comisión que vuelva a analizar estas propuestas.
Por último, quisiéramos instar a los diputados a que voten en contra de la enmienda 41, en particular, relativa a los requisitos de capital, porque consideramos que serían muy perjudiciales para el sector.

Fatuzzo
Señor Presidente, pecunia non olet, decían los latinos. Lo importante es que el dinero genere más dinero. Ésta es la única ocasión en que hacemos converger el interés de los economistas y el de aquellos que quieren hacerse ricos y sólo piensan en los dólares como el tío Gilito que tiene dibujado el símbolo del dólar en lugar de los ojos, sólo que en este caso el símbolo es el del euro.
Aquí reunimos el interés de esos ciudadanos y el interés de los pensionistas que desean vivir una vida tranquila. Por ejemplo, mi cuñado que vive en Roma es pensionista desde hace un año y desde entonces todos los días -desde la siete de la mañana cuando se despierta hasta media noche- controla en pantalla la marcha de sus inversiones en fondos de pensión y en valores mobiliarios.
En el futuro, los pensionistas van a disponer -como ya ocurre ahora- de ingentes cantidades de dinero. En efecto, mientras los jóvenes están sin blanca, las personas mayores han acumulado dinero y, dado que quieren rentabilizarlo, tienen mucho interés por esta directiva.
Si los Gobiernos nacionales tuviesen corazón -como lo tiene la Unión Europea en esta directiva - la multiplicación del dinero ganado a lo largo de la vida laboral, el problema de la bomba de las pensiones ya se habría resuelto. Usted, señor Bolkestein, en su calidad de Comisario, tiene una grandísima responsabilidad de cara al futuro de las personas mayores y de los pensionistas, un futuro que espero que sea mejor una vez que habremos puesto a punto esta directiva, o sea, muy pronto, como proponen las Sras. Villiers y Kauppi.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, aunque muchas de mis enmiendas han sido rechazadas en comisión, aplaudo el compromiso y la propuesta.
A guisa de conclusión estimo necesario señalar una vez más que tras la introducción del euro en 1999 es prioritaria para la presente directiva la creación de un mercado europeo único. Tampoco debemos olvidarnos de los inconvenientes de la normativa anterior. Los fondos de nivel nacional no podían beneficiarse de las ventajas del pasaporte comunitario contemplado en la Directiva de 1985. La oferta era reducida, no se fomentaban las innovaciones y la gran variedad de normativas y medidas de protección que se aplicaban a los inversores en los diferentes países constituía un obstáculo a la libre competencia.
Por todo ello, era necesario actualizar la normativa existente. Las nuevas normas presentan las siguientes ventajas. Garantizan la armonización de las condiciones en materia de competencia y ofrecen una protección uniforme y eficaz a los inversores. En este contexto sobre todo merecen mi elogio los folletos simplificados que facilitan la comparación y la evaluación de los fondos. Asimismo se crean nuevas modalidades de ahorro para el gran público, lo cual adquiere una especial relevancia en el marco de las previsiones suplementarias para la vejez, y nuevas formas de obtener capital para las empresas.
Sin embargo, quisiera señalar que hay quien teme que la presente propuesta tienda a restringir las transacciones entre OICVM y depositarios. Hemos de evitar por todos lo medios posibles que dichas relaciones se reduzcan de forma desproporcionada puesto que ello no estaría en consonancia con la cultura bancaria universal de cuño europeo.

Bolkestein
. (NL) Señor Presidente, con su permiso quisiera comenzar por dar las gracias al ponente Olle Schmidt y los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, comisión competente para el fondo, así como al ponente Brian Crowley y a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, a quienes quisiera agradecer sus intensos e importantes esfuerzos por refinar y ampliar las propuestas.
Desde la adopción de la Directiva 86/611, el sector de los fondos de inversión ha seguido evolucionando, por lo que la normativa en vigor necesita ser modernizada. Las nuevas propuestas pretender garantizar el máximo nivel de protección de los inversores, lo cual es una conditio sine qua non para la integración de los mercados a raíz de la introducción del euro. Habida cuenta de que una familia europea media destina sus ahorros a fondos de inversión, las propuestas contienen disposiciones relativas a una gestión prudente -quiero insistir en ello- una gestión prudente en lo que a la política de inversiones y la diversificación del riesgo se refiere.
Ambas propuestas constituyen un todo unitario. La primera de ellas amplía el número de instrumentos en los que un "organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios" -OICVM- puede invertir. Como ya se ha señalado en esta sesión, los OICVM son unos de los protagonistas más importantes de los mercados de capitales modernos. Gracias a su presencia, el número de inversores no profesionales que puede participar en dichos mercados ha ido en aumento, sin perjuicio del principio de reparto de riesgos y una supervisión adecuada. Dado que se contempla la posibilidad de optar por modalidades de inversión diversificadas, los inversores particulares pueden beneficiarse de todas las ventajas que ofrecen las nuevas técnicas de inversión.
La segunda propuesta amplía el papel que estos importantes organismos mediadores pueden desempeñar en los mercados de capitales de la Unión Europea por lo que al desarrollo del sector de los fondos de inversión se refiere. Desde el momento en que existe la posibilidad de crear ramos y realizar ciertos servicios transfronterizos, dichos organismos pueden por fin hacer uso de las libertades contempladas en el Tratado de Roma que les han sido negadas durante todos estos años.
La Comisión aplaude muchas de las aclaraciones propuestas por la Comisión de Asuntos Económicas y Monetarias y adoptará gran parte de sus ideas. Más en concreto, la Comisión adoptará -y ahora utilizo la numeración más reciente- las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 19 y 21 en lo que a la primera propuesta se refiere y las enmiendas 23, 28 y 32 en lo que a la segunda propuesta se refiere, dado que se trata claramente de aclaraciones y mejoras útiles.
Además, valoro las ideas expresadas en las enmiendas 1, 10, 11, 14, 18 y 20, aunque habrán de formularse de otra manera.
Coincido igualmente con la idea subyacente de limitar el riesgo de contraparte a un porcentaje máximo que aparece en las enmiendas 17, 36 y 45.
Del mismo modo puedo aceptar el contenido del segundo párrafo de la enmienda 47. Todas las enmiendas que acabo de mencionar se refieren a la primera propuesta.
En cuanto a la segunda propuesta podemos adoptar las ideas expresadas en las enmiendas 24, 25, 29, 30, 41 y partes de la enmienda 27, ya que incluyen sugerencias sensatas, siempre y cuando se adapte su redacción. En otras palabras, la Comisión está dispuesta a adoptar el contenido de las mismas, pero propone que se modifique su formulación.
Amén de ello, tomo noto de la petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de preparar una codificación del texto íntegro una vez que esté aprobado. Esta solicitud se refleja en las enmiendas 7 y 22 de la primera y segunda propuesta respectivamente. La Comisión es partidaria de esta codificación y se encargará de elaborar lo antes posible una versión codificada tan pronto como las propuestas hayan sido aprobadas, y con reserva de su derecho de iniciativa. Sin embargo, no puedo adoptar tal cual la redacción del considerando.
Por lo demás, la Comisión opina que algunas de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios modificarían sustancialmente el contenido de la primera propuesta. En virtud de ello, la Comisión lamenta no poder aceptar las siguientes enmiendas a la primera propuesta.
La enmienda 8 dificultaría la aplicación de la presente directiva al sustituir la referencia más precisa a los instrumentos contemplados en "el artículo 19 de la presente Directiva" por la referencia más general a las inversiones "cubiertas por la presente Directiva". Además, esta enmienda podría dar lugar a interpretaciones divergentes en los diferentes Estados miembros puesto que éstos probablemente se pondrán a buscar instrumentos pertinentes en otros artículos de la directiva.
La enmienda 16 pone en peligro la protección de los inversores ya que la prohibición de constituir una garantía ante el depositario es una contradictio in terminis. Las bolsas y cámaras de compensación y de valores tampoco cubren automáticamente las operaciones de préstamo de valores efectuadas a través de ellas, a diferencia de la compraventa de valores. Por eso, no podemos adoptar la enmienda propuesta.
La enmienda 42 hace referencia a una cuestión que no fue modificada por la propuesta y que no ha planteado ningún problema desde el momento en que entró en vigor la directiva. No veo, por tanto, razón alguna para suprimir el apartado 3 del artículo 22, lo cual me lleva a rechazar la enmienda.
La enmienda 44 es inaceptable porque al exigir que los fondos no armonizados cumplan los requisitos de la normativa "impuesta por la Directiva" relativa a los créditos, préstamos y ventas en descubierto y al depositario se crea una situación en la que muy pocos fondos, por ejemplo los fondos suizos, pueden ofrecer sus servicios en materia de inversiones. Ello no concuerda con el objetivo de la Comisión de ampliar la gama de las modalidades de inversión. Además, no descarto que la formulación de la enmienda atente contra los acuerdos del GATT.
Tampoco podemos aceptar las modificaciones propuestas con respecto al primer párrafo del artículo 22a de la enmienda 47, puesto que contradicen el principio de diversificación contemplado en el artículo 22, especialmente habida cuenta de que los OICVM han de indicar obligatoriamente un punto de referencia en sus folletos, tal y como acordó el Consejo.
Sin embargo, el principal problema de la primera propuesta radica en la enmienda del Parlamento que considera la posibilidad de utilizar los instrumentos over the counter para fines de inversión generales. La Comisión señala que el Derecho nacional de algunos Estados miembros ya contempla el uso de derivados OTC para fines de inversión generales. No obstante, la Comisión ha decidido dejar en suspenso su punto de vista debido a los elevados riesgos inherentes a este tipo de inversiones en comparación con los instrumentos financieros más tradicionales. En mi opinión, los derivados OTC pueden crear problemas puesto que no se trata de instrumentos líquidos, resulta difícil estimar su precio y entrañan riesgos de contraparte que no están cubiertos. Parece incoherente que se opte por un enfoque harto prudente en lo que a las inversiones en fondos no armonizados o depósitos se refiere al tiempo que se da rienda suelta a las inversiones en instrumentos mucho más arriesgados como pueden ser los derivados OTC. Al rechazar la enmienda 39 del ponente la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se suma a la postura del Consejo.
Esta enmienda del Parlamento tendría como consecuencia que, en teoría, los fondos pueden invertir en instrumentos OTC, aparte de que pueden comercializar sus participaciones en todo el mercado interior. Pero en la práctica cabe la posibilidad de que el acceso a los demás mercados de la UE de estos fondos teóricamente armonizados que invierten en instrumentos OTC se vea bloqueado por la aplicación de legislaciones nacionales muy diversas y medidas protectoras contra las inversiones en OTC. Ello sería contrario al hecho de que la legislación de la UE debería aplicarse a todos los fondos que invierten en instrumentos OTC. Habida cuenta de esta posible consecuencia negativa para el mercado interior y los riesgos inherentes a los instrumentos OTC, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 12, 15, 37, 38, 39, 43, 46 y 48 ni las partes de las enmiendas 17, 36 y 45 que se refieren a estos mismos instrumentos.
Por lo que a la segunda propuesta se refiere, ya he mencionado antes que la Comisión tendrá en cuenta muchas de las enmiendas presentadas. Sin embargo, hay algunas enmiendas que no puede adoptar. En concreto se trata de la enmienda 26, que no parece estar en línea con el orden en el que se llevan a cabo la concesión de la autorización y el inicio de las actividades; partes de la enmienda 27, en especial la supresión de la referencia a la prevención de conflictos de intereses, la limitación del recurso de la delegación de funciones a determinados componentes de las decisiones en materia de gestión y la supresión de la posibilidad de que los Estados miembros decidan hasta qué punto se pueden delegar las actividades; la enmienda 31, porque la Comisión opina que la aplicación del artículo 44 de la directiva resulta eficaz para la comercialización de las participaciones de los OICVM y que, por tanto, no requiere ninguna modificación.
Por todo ello, no es necesario que se apliquen las disposiciones contempladas en la directiva relativa a la realización de servicios en el ámbito de las inversiones en valores mobiliarios, más conocida como ISD, puesto que pueden plantear problemas o crear confusión.
La enmienda 33 no explícita lo que se entiende por "la" lengua del Estado miembro de acogida, especialmente en el caso de que haya más de una lengua oficial, ni cuáles son las ventajas ofrecidas por la traducción en otros dos idiomas.
La enmienda 34 resulta inaceptable porque la supresión de la referencia a los fondos de pensiones no deja claro si una sociedad de gestión puede ejercer este tipo de actividades. Además, pienso que los fondos de pensiones se beneficiarían de esta posibilidad siempre y cuando las sociedades de gestión, en lugar de fusionarse con los fondos de pensiones, se limitasen a realizar una parte de la gestión por delegación.
No podemos adoptar la enmienda 35 porque no surte efecto alguno en el ámbito legal. Si a una sociedad de gestión se le niega la autorización en un Estado miembro determinado, debería volver a establecerse como persona jurídica diferente para que pudiera ser autorizada en otro Estado miembro.
Las enmiendas 49, 50 y 51, que se fundamentan en la misma base, no son aceptables porque introducen modificaciones sustanciales en el planteamiento coherente que propone la Comisión con respecto a la normativa sobre la delegación a terceros, aparte de que no ofrecen garantías suficientes a las autoridades competentes y a los inversores.
Para concluir quisiera referirme a las observaciones que algunos diputados han formulado esta mañana. Señor Presidente, con su permiso lo haré en inglés.
. Además, la propuesta presentada por el Sr. Crowley exigiría una modificación de la directiva sobre los organismos de inversión, que actualmente -como estoy seguro que ya sabe- no cubre las actividades de gestión colectiva. Por último, su propuesta no otorgaría ningún pasaporte a las empresas administradoras que no deseen prestar los servicios recogidos en la directiva sobre los organismos de inversión.
En lo que respecta a la pregunta del Sr. Huhne, en su intervención de esta mañana ha hecho referencia a las operaciones para repartir los riesgos. Pero este tipo de operaciones ya son permitidas en virtud del actual apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 611/85 sobre OICVM. Por tanto, lo que quiere el Sr. Huhne ya es posible.
La Sra. Villiers ha formulado una pregunta relativa a una mejor gestión de la cartera. Eso también está contemplado en la actual legislación. Hago referencia al mismo artículo 21 al que ya me he referido en relación con la pregunta del Sr. Huhne.
La Sra. Kauppi pregunta por qué la Comisión ha preparado un paquete de medidas distribuidas en dos propuestas separadas. La razón es que la primera propuesta se centra fundamentalmente en el producto, mientras que la segunda propuesta se centra fundamentalmente en el proveedor de servicios y en las condiciones de emisión de los OICVM. Hemos creído que la separación de estas dos propuestas que tratan sobre dos grupos diferentes de problemas facilitaría el proceso de negociación en el Consejo. La Comisión no sólo tiene que escuchar al Parlamento y tener en cuenta las propuestas parlamentarias, sino también, como es bien conocido, tiene que tratar con el Consejo. Ése es el motivo por el que la Comisión ha presentado estas propuestas por separado.
Por último, el Sr. Balfe se ha quejado de que, en su opinión, en toda la propuesta presentada por la Comisión existen demasiadas limitaciones. Opinamos que estas limitaciones están justificadas: en primer lugar, por la necesidad de diversificar las inversiones; en segundo lugar, debido a la vulnerabilidad ante la necesidad de reembolsar la inversión en cualquier momento; y en tercer lugar, para evitar una influencia desmesurada sobre los fondos de inversión. Estas son las razones por las que la Comisión cree, debido a la prudencia que debe ejercerse en este ámbito, que estas distintas limitaciones son necesarias.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0019/2000) del Sr. Di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Di Pietro
Señor Presidente, Señorías, con cartas de 3 de agosto de 1999 y de 3 de diciembre de 1999, el Consejo solicitó al Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 39 del Tratado, que emitiera su dictamen sobre un proyecto de convenio entre los Estados miembros por el que se garantiza una asistencia judicial mejor en materia penal.
Por lo tanto, como pueden comprobar, se trata de un proyecto muy importante y que sirve realmente a los Estados de la Unión para poderse dotar de un instrumento de asistencia judicial más completo y más homogéneo.
En realidad, en el seno de Consejo, continúan habiendo todavía hoy algunas divergencias respecto al tipo de convenio y a algunas cláusulas previstas en el mismo. Algunas de estas divergencias ya se han solucionado, otras subsisten todavía.
El espíritu de la propuesta, en todo caso, es dotar a los profesionales del Derecho -los jueces en primer lugar, pero también los ciudadanos afectados- de un instrumento operativo eficaz para la lucha contra la delincuencia, en el respeto, sin embargo, de las garantías procesales fundamentales y de los principios generales de los derechos del ser humano.
Ésta es la razón por la cual, pese a las numerosas lagunas del texto, las disposiciones previstas en el mismo se pueden aceptar -pueden serlo, señor Presidente- pero a condición de que sean enmendadas adecuadamente para garantizar la funcionalidad para los demás profesionales del Derecho y la aceptabilidad por parte de los ciudadanos. Por esto, la Comisión ha presentado varias enmiendas, dirigidas a replantear sistemáticamente la propuesta del Consejo sugiriendo una serie de ajustes técnicos para conseguir que el texto resulte más armonioso y coherente respecto a las modificaciones propuestas, unas enmiendas que pueden resumirse en una mayor exaltación de los derechos fundamentales de defensa y en distintas modificaciones técnicas necesarias para hacer más comprensible toda una serie de pasajes oscuros y contradictorios, así como para suprimir esa parte que se refiere a las escuchas telefónicas a distancia, cuando falta todavía, por un lado, un conocimiento técnico y, por otro, la aceptabilidad por parte de los Gobiernos de los distintos Estados de la Unión.
La propuesta, tal como está formulada por el Consejo, y posteriormente modificada por la Comisión, prevé un convenio basado en tres títulos: en el primero se facilitan indicaciones para uniformar los procedimientos y los trámites que deben seguirse en las comisiones rogatorias; en el segundo se enumera toda una serie de solicitudes específicas de asistencia judicial y se establecen los trámites y los procedimientos que deben cumplirse en relación con estas actuaciones de asistencia judicial; en el tercero, por ultimo, se prevén y se establecen las formas conforme a las cuales pueden y deben realizarse las escuchas telefónicas a los ciudadanos que se encuentran en un Estado distinto del de su procedencia.
Indudablemente, señor Presidente, la cooperación internacional es necesaria para hacer frente tanto a la delincuencia transfronteriza como a la delincuencia en el ámbito del Estado cuyas pruebas se encuentran en el extranjero. Sin embargo, es necesario que se elabore cuanto antes un nuevo convenio que tenga en cuenta otras problemáticas, aún más delicadas: toda la problemática inherente a la doble punibilidad y la inherente a la especialidad, así como la referente a la credibilidad de un Estado de la Unión respecto a la autoridad judicial de los demás Estados de la Unión.
Se trata, por lo tanto, de cuestiones sumamente importantes que esperamos que el Consejo vuelva a abordar cuanto antes para emitir un nuevo dictamen.
Señor Presidente, por lo que se refiere a otros muchos puntos de la cuestión, me remito al contenido de mi informe escrito.

Palacio Vallelersundi
. Señor Presidente, quiero hacer una observación preliminar: me expreso en nombre del Partido Popular Europeo, como responsable de este expediente.
Quiero señalar que el Consejo hoy no está aquí. Quiero por contra, saludar la atenta presencia, como lo ha sido siempre desde su nombramiento, del Comisario Sr. Vitorino. Esta observación me lleva a otra: en lo que se refiere a este Convenio, en el que el Parlamento sólo elabora un informe simple, se consultó al Parlamento sobre un texto que ya no era el texto sobre el que estaba trabajando el Consejo, y en el que no se contenían cuestiones que habían sido ya pactadas. Quiero denunciar esto junto con la ausencia del Consejo. Me parece grave. Creo que esta institución tiene que reaccionar.
Nos encontramos en un territorio de frontera y ahí, señor Presidente, cuentan mucho las actitudes y los símbolos. Una comunidad política se refleja en la justicia que se quiere dar. Por eso este informe es tan importante. Es un paso en ese espacio de libertad, de seguridad, y sobre todo en ese espacio de justicia, al que todos aspiramos. Aspiramos al juez natural europeo, y éste es un paso importante en ese sentido, construido sobre la confianza mutua entre los Estados miembros y entre sus sistemas judiciales, sobre la confianza de la ciudadanía europea en cualquier juez europeo. Pero también construido sobre el respeto escrupuloso de las libertades y los derechos fundamentales y, en especial, de las garantías procesales.
Ahí es donde este Parlamento ha modificado acertadamente -creo- el equilibrio propuesto por el Consejo, apostando firme y decididamente por un reforzamiento de esas garantías procesales en todas las enmiendas.
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, el Parlamento se ha centrado en un asunto, para suprimirlo, que es el de las escuchas telefónicas. En nombre del Partido Popular Europeo, he presentado una enmienda a la resolución, en la que se pide que, cuanto antes, el Consejo ponga sobre la mesa un texto sobre esta materia, porque la falta de regulación no es buena. La regulación, tal como estaba planteada, era incompleta y, por lo tanto, mala. Pero la falta de regulación también puede conducir -y de hecho somos conscientes de que conduce muchas veces- a abusos en el terreno de las telecomunicaciones.
El otro punto que quisiera resaltar -que también ha sido objeto de mucho trabajo- es el de la utilización de videoconferencias en el caso de investigados, imputados, autores o procesados. En ese punto también, en nombre del Partido Popular Europeo, he pedido que el Consejo ponga sobre la mesa cuanto antes un convenio que aclare y complete la regulación, que es francamente insatisfactoria.
Señor Presidente, los miembros del Partido Popular Europeo, salvo algunas excepciones, votaremos a favor de las enmiendas de la comisión y, por supuesto, a favor de las enmiendas que hemos presentado.

Fiori
Señor Presidente, parte de la construcción de Europa pasa, en nuestra opinión, por la construcción de un ordenamiento jurídico común que abarque un Derecho administrativo, un Derecho civil, sustantivo y procesal y un Derecho penal, sustantivo y procesal, de la Europa que queremos construir.
El Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal que hoy debatimos, es sólo una pieza de ese gran corpus juris europeo que encuentra su fundamento natural en los derechos y en las libertades del ser humano. En consecuencia, también la cooperación judicial en materia penal debe llevarse a cabo en el respeto más riguroso de los derechos fundamentales, unos principios en que se asientan nuestra cultura y nuestra civilización: pienso en un juicio justo, en particular en los derechos a la defensa, en la imparcialidad y en la mediación del juez, en la larga duración de los procedimientos judiciales, en los cuales Italia, mi país, bate un récord lamentablemente negativo en lo que se refiere al número de condenas y de demandas pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las limitaciones de los derechos fundamentales que se justifican por estar vinculadas a una violación real o presunta de la norma penal, no pueden y no deben encontrar aplicación en los ámbitos del Derecho.
El informe que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha modificado ampliamente el planteamiento originario aceptando muchas enmiendas que hemos presentado, sigue causando algunas perplejidades por la manera en que se pretenden regular las escuchas telefónicas y las videoconferencias. Las noticias de estas últimas semanas sobre la manera en que las modernas tecnologías permiten efectuar escuchas, nos inducen a prestarle una mayor atención: no quisiéramos que los oscuros escenarios descritos por Orwell se convirtieran en una realidad todavía más cruda y preocupante.
Ahora bien, éste es sólo el principio de una gran labor en el ámbito del Derecho que debe avanzar a la par que el crecimiento de la Europa que queremos.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, el informe del Sr. Di Pietro -aun cuando esta mañana no reciba mucha atención por parte de esta Casa- es uno de los informes más importantes que la Comisión de Libertades y Asuntos Interiores ha elaborado en los últimos años.
Es uno de los informes más importantes porque aborda un campo extremadamente sensible del futuro político europeo. A través del proceso cada vez más vertiginoso de la integración económica estamos creando en Europa un enorme espacio de actividades económicas libres y sin trabas. Pero ahí donde se crea un enorme espacio de actividades económicas libres y sin trabas, también se crea un enorme espacio de oportunidades para las actividades económicas ilegales.
Dicho de otro modo, estamos ante una situación en la que disponemos de un espacio económico que permite una criminalidad ilimitada, pero la lucha contra esa criminalidad sigue asentada básicamente en el ámbito intergubernamental, tanto en materia de cooperación policial como judicial -a diferencia de la legislación en materia económica que se ha incorporado al Derecho comunitario.
El informe DI PIETRO subraya con razón que la necesaria lucha contra la criminalidad ha de organizarse hasta en los más mínimos detalles mediante acuerdos intergubernamentales. Si hablan alguna vez con un juez o un procurador general en ejercicio sobre el tiempo que tardan en tramitarse las solicitudes de asistencia judicial en materia de crímenes evidentes y graves de índole transfronteriza, llegarán a la conclusión de que incluso, después del convenio que estamos debatiendo hoy, y acerca del cual el Sr. Di Pietro ha elaborado un informe, no podemos sino admitir que se producirán algunas mejoras técnicas y de organización, pero que acabamos de iniciar la andadura para una cooperación eficaz y fluida entre los jueces de la Unión Europea.
Nos queda mucho camino por recorrer para obtener lo que necesitamos incondicionalmente, también en opinión de mi Grupo político, a saber una fiscalía europea que colabore en determinados ámbitos de competencia claramente definidos con una policía europea y que mediante dicha colaboración consiga no sólo la detención de criminales sobre la base de medidas policiales en la Unión, sino también la valoración judicial de los resultados derivados de la cooperación policial. Esta aplicación jurídica no puede frustrarse como consecuencia de la renuencia de los Estados nacionales a ceder parte de su soberanía, porque en última instancia es de lo que se trata.
Hemos observado con mucha atención el presente informe y hemos respaldado la mayoría de los puntos propuestos por el Sr. Di Pietro. Quisiera destacar dos aspectos interesantes que han aflorado en el debate. En primer lugar, el ejemplo de las escuchas telefónicas y el debate que está surgiendo en torno a esta problemática demuestran que las posibilidades de injerencia en las libertadas fundamentales de los ciudadanos que se perfilan en la Unión Europea, por ejemplo, a raíz de la posibilidad de realizar escuchas telefónicas en llamadas internacionales, así como la cuestión consiguiente de las garantías que se ofrecen a las personas afectadas en el ámbito de los derechos fundamentales, no están suficientemente reguladas en el marco de la Unión Europea.
Ésta es una prueba de que la Carta de los derechos fundamentales que estamos debatiendo actualmente, en el momento oportuno, lógicamente ha de ser integrada en el Tratado de la UE para que las autoridades europeas estén obligadas a respetar los derechos fundamentales. También hemos observado con mucho interés que el ponente es un famoso representante de la justicia italiana y que la mayor parte de las enmiendas a su informe han sido presentadas por un diputado que es perseguido por la justicia italiana. Es interesante comprobar que las autoridades penales italianas representadas en este Parlamento han de tratar enmiendas propuestas por personas que -si no me equivoco- son perseguidas por la justicia en la propia Italia. Estoy seguro de que el Sr. Dell'Utri también figura en la lista de oradores.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, en el Pleno hay enmiendas de la comisión y enmiendas de los Grupos políticos. No hay ni puede haber enmiendas de ningún diputado a título individual. Digo eso para que se entere el Sr. Schulz.

Beysen
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, comprendo plenamente la frustración del Sr. Di Pietro. Se ha visto obligado a realizar esfuerzos extraordinarios en un lapso de tiempo mínimo a fin de poder presentarnos hoy este informe.
La delincuencia en la Unión Europea se ha incrementado de tal manera que uno ya no puede contentarse con un planteamiento por pasos de la asistencia judicial recíproca en materia penal. La culpa ciertamente no la tiene el Parlamento Europeo. Son los Gobiernos de los Estados miembros quienes han reducido hasta este extremo el margen de actuación. El resultado es que el Parlamento Europeo se halla por así decirlo ante una misión poco más que imposible. Debemos contentarnos con la idea de que cualquier instrumento, por pequeño que sea, merece ser aprovechado para crear una mejor asistencia judicial. Paradójicamente podría ser aconsejable que habláramos lo menos posible de este informe, puesto que cuanto más insistamos en que se trata de pasos pequeños tanto más se frotará las manos el mundo del crimen y tanto más saldrá a la vista la enorme desproporción entre la delincuencia organizada y la acuciante falta de cooperación judicial. Por tanto, hago un llamamiento urgente al Consejo de Ministros para que de una vez por todas afronte la realidad y se dé cuenta de que la delincuencia no guarda proporción alguna con la codificación.
Si no me equivoco es nuestro objetivo dotar a las instancias judiciales -en primer lugar a los magistrados, pero también a los ciudadanos afectados- de instrumentos para la lucha contra la delincuencia sin perjudicar las garantías fundamentales en lo que al respeto y los principios fundamentales de los derechos humanos se refiere. De lo contrario, nuestros esfuerzos no surtirán ningún efecto.
Por todo lo anterior, abogo sobre todo por una mayor armonización del Derecho penal de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. A mi modo de ver es ésta la única forma eficaz de combatir la delincuencia más allá de las fronteras. Y mientras no se lleve a cabo dicha armonización tendremos que actuar con coherencia si queremos fomentar la asistencia judicial entre los Estados miembros.
A este fin presenté una enmienda en la que proponía que la asistencia judicial se circunscribiera a las causas criminales incoadas por las autoridades contra hechos tipificados como delitos en el Derecho nacional de la parte requirente y del Estado miembro requerido. Vuelvo a encontrar el contenido de mi enmienda en la enmienda 43, que también expresa esta condición conjunta. Es una condición imprescindible puesto que, en mi opinión, ha de respetarse el principio de legalidad del Derecho penal "nulla poena sine lege". En consecuencia, toda solicitud de asistencia judicial acerca de una acción supuestamente no delictiva según el Derecho penal del Estado miembro requerido es contraria a este principio de legalidad y, por tanto, atenta contra los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro requerido. Por eso mismo, es muy importante que se adopte esta condición conjunta.
Por último, quisiera reiterar que, a mi modo de ver, el Sr. Di Pietro ha realizado una labor magnífica al presentarnos un informe que, a pesar de las numerosas limitaciones con las que contaba, ofrece todas las garantías en lo que al respeto de los derechos individuales del hombre y las libertades fundamentales se refiere. Pero si queremos aumentar el sentimiento de seguridad del ciudadano europeo hemos de reforzar aún más la cooperación judicial.

Buitenweg
 Señor Presidente, mi Grupo se congratula de que se haya alcanzado un convenio para traducir la práctica diaria de la asistencia judicial recíproca en materia penal en un conjunto de normas. Toda normativa tiene por objeto definir los deberes y los derechos entre Estados y entre ciudadanos o entre los ciudadanos y las autoridades.
La propuesta que tenemos delante es una propuesta compleja dado que se centra en los convenios entre Estados, pero, al mismo tiempo, tiene consecuencias muy importantes para la relación entre el ciudadano y las autoridades. Es en esta parcela de la protección jurídica donde la propuesta del Consejo se queda corta. Y es más, según dice el ponente Di Pietro presenta enormes deficiencias. El convenio permite que se produzca una cadena de solicitudes de asistencia judicial implicando en cada eslabón a autoridades y sistemas jurídicos de Estados miembros diferentes. Debido a este método, ningún juez puede controlar la cadena en su totalidad. De ahí que se requieran medidas complementarias, como por ejemplo la obligación de los funcionarios de la policía judicial de prestar testimonio, siempre que así se desee, en todo juicio penal en que se utilice material suyo.
Mi Grupo tampoco puede aceptar que la propuesta del Consejo quebrante el principio de proporcionalidad. Está claro que el ámbito de aplicación no está sujeto a restricciones. El convenio no solamente se aplica a la lucha contra delitos graves y la delincuencia organizada. Ni siquiera figura en ningún lado que se limite al Derecho penal. Por tanto, no es inconcebible que la Unión Europea acabe matando mosquitos a cañonazos y que los derechos de los ciudadanos se esfumen en el humo de la pólvora.

Di Lello Finuoli
Señor Presidente, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal que hoy estamos examinando, contiene lo mínimo indispensable para una rápida y eficaz cooperación entre los distintos órganos judiciales o de investigación. El mismo trata de las notificaciones, el intercambio de información, el traslado temporal de detenidos, la restitución de bienes, las declaraciones por videoconferencia, las actividades de investigación y las llamadas undercover, las escuchas telefónicas, etcétera.
Es el mínimo sobre el que se podría llegar a un acuerdo y ni que decir tiene que si se aceptan algunas enmiendas como, por ejemplo, la 32 o la 81, la 70 revisada o la 71 revisada, todo el Convenio se reducirá al mero intercambio de notificaciones o de información y, de hecho, se debería tirar a la papelera, y nosotros votaríamos en contra. Espero que el sentido común de los diputados de los distintos Grupos les haga rechazar dichas enmiendas.
Además, el hecho de que no se haya convertido en un acuerdo marco y haya quedado en el ámbito de los convenios es una derrota para el Parlamento. Como habrá podido comprobar el Comisario Sr. Vitorino a raíz de las distintas intervenciones, aflora la necesidad de elaborar un marco de normas comunes, esto es, de no seguir avanzando de esta manera, con este orden disperso, con estos pequeños convenios que abarcan distintos sectores como el de las investigaciones u otros. Por el contrario, es absolutamente necesario un mínimo de reglas seguras, válidas dentro de la Comunidad, con un obvio aumento de las garantías hasta los máximos niveles, precisamente para protegerse con vistas a la ampliación. Pienso en lo que se convertirían esta Comunidad, estos convenios o las relaciones judiciales si, por ejemplo, se incorporase a la Unión Europea un país fascista como Turquía: me quedaría realmente perplejo.
Es preciso dotarse de un corpus juris -lo ha dicho todo el mundo- y de unas normas comunes, especialmente procesales, que garanticen un Estado de derecho común en toda la Comunidad. Es obvio que ésta es una materia que corresponde a la Conferencia Intergubernamental y que se trata de una aspiración a la que el Parlamento puede contribuir de manera limitada, ya que todo depende del Consejo y de la Comisión.
Considero que este primer semestre, en que el Comisario es portugués y la Presidencia la ejerce Portugal, es una excelente ocasión para dar un primer impulso a esta aspiración común.
Por esto, respaldamos las enmiendas 78 y 79 que prefiguran un mínimo de normas seguras en materia de escuchas telefónicas y de videoconferencias. Por un lado, esperamos con gran atención el resultado de esta votación con el objeto de evitar que se vacíe de contenido todo este convenio - que, repito, ya establece unas normas mínimas - y, por otro, estamos a favor de esperar cualesquiera propuestas que lleguen de la Comisión para que finalmente se elabore este Derecho comunitario mínimo.

Angelilli
Señor Presidente, qué duda cabe de que, ante los crecientes fenómenos de delincuencia organizada a escala internacional, los Estados miembros deberían cooperar entre sí lo más posible, o mejor, se deberían sentar las condiciones institucionales para poner en marcha un proceso concreto y eficaz de cooperación en el ámbito judicial: un proceso que, sin embargo, debe afrontar todas las etapas necesarias para evitar que haya forzamientos inoportunos en perjuicio de las legítimas indicaciones nacionales en materia de justicia, respecto a las que los Estados miembros son soberanos, y sobre todo para evitar forzamientos que acaban menospreciando los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, es preciso actuar con cautela ante un texto como el del Consejo, en que, como ha subrayado también el ponente, después de años de debate, ahora se pretende resolverlo todo en muy pocos meses.
Además -y comparto las valoraciones del Sr. Di Pietro- el texto del Consejo parece incluso demasiado rico en contradicciones, formulaciones incoherentes y lagunas. Obviamente, la justicia, más que ningún otro sector, no puede tratarse de manera incoherente y contradictoria.
En opinión de nuestro Grupo, también el informe en su conjunto parece muy discutible, a pesar de la introducción de algunas enmiendas correctivas, sensibles a la tutela de las libertades personales y al respeto de las soberanías nacionales. En el informe se abordan materias demasiado heterogéneas, no existe una gradación y se procede por aproximación.
En conclusión, nosotros votaremos en contra de este informe reiterando que la Europa que deseamos debe ser una Europa de los derechos y de las garantías: derechos y garantías que precisan reflexiones graduales y responsables, así como profundizaciones muy serias. En primer lugar hay que establecer las reglas generales, las certezas institucionales, y sólo después se podrá proceder al establecimiento de convenios prácticos.

Dell' Alba
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la Lista Bonino, quiero confirmar la posición que mantuvimos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y, en consecuencia, también anuncio el voto en nombre de nuestros diputados: un voto en contra de este informe, o mejor, un voto en contra del Convenio en que se basa el informe.
Con todo, quiero agradecer y elogiar el trabajo del señor ponente que ha escuchado muy atentamente lo que sostuvimos en la comisión, en particular acerca de la cuestión de los derechos a la defensa tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la cooperación en materia penal de la asistencia jurídica europea.
La comisión y el ponente han aceptado nueve de las once enmiendas que hemos presentado y que se basan precisamente en los derechos a la defensa. Esto nos lleva a considerar que el Parlamento Europeo ha realizado un excelente trabajo a fin de garantizar la tutela de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, si este fuera un parlamento legislador y si en este procedimiento fuéramos -y no lo somos- colegisladores.
Éste es el problema y por esto criticamos la posición del Consejo que no nos satisface en absoluto. Se trata de un trabajo de tres años, sobre el que fuimos consultados, por decirlo de alguna manera, graciosamente, mientras que esta cuestión presenta, como ya se ha subrayado, aspectos formales y sustanciales muy importantes que hubieran requerido una valoración, una consulta, una concertación y una codecisión diferentes.
Las distintas cuestiones -de las escuchas legales, de los derechos a la defensa, de los derechos de los detenidos, de las autoridades que están legitimadas a pedir la asistencia judicial- nos parece que se han abordado un tanto ligeramente por parte del Consejo.
Teníamos que haber pedido y rechazado el Convenio solicitando otra copia del mismo. La mayor parte de la comisión no lo quiso hacer y por esto votaremos en contra, aunque confiamos en que las enmiendas que, en todo caso, mejoran el texto, sean aceptadas -lo dudamos pero lo esperamos- por el Consejo.

Krarup
Dentro de mi Grupo existen sin duda opiniones muy diferentes sobre el informe del Sr. Di Pietro. Estoy de acuerdo -tal y como se ha dicho- en que se trata de un trabajo competente y profesional realizado en difíciles condiciones. Los miembros daneses del grupo no podemos votar a favor de la propuesta, en cambio, apoyaremos una serie de enmiendas, sobre todo, las enmiendas presentadas por los Verdes. Hay dos razones para esta negativa. En primer lugar, hablamos de cuestiones jurídicas muy sensibles y sumamente complicadas y la propuesta entraña a mi modo de ver algunos riesgos para la seguridad jurídica de los que la gente no se ha enterado. Éste en sí mismo es motivo suficiente para decir que no podemos apoyar la propuesta. La otra razón fundamental es que aunque se trate de un convenio, es decir, una colaboración intergubernamental, no cabe duda de hacia dónde tiende esta propuesta. Y la tendencia es el deseo de crear a largo plazo un ámbito jurisdiccional europeo común, un derecho penal europeo común y una administración de justicia europea común. Alertamos de los peligros de esta tendencia. Tenemos el mantra del ELSJ -Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia- que con toda crueldad implica el establecimiento de sistemas comunitarios que mutilan algunas tradiciones jurídicas relacionadas con estas cuestiones tan importantes y sensibles que son eminentemente nacionales.

Hager
Señor Presidente, consternado por la condena previa pronunciada por 14 Estados miembros insisto en que el convenio previsto tan sólo puede significar un primer paso en la buena dirección. Los esfuerzos que durante años se han venido realizando en esta materia demuestran cuán difícil es dar con el tan necesario camino comunitario. Sin embargo, no cabe duda de que la lucha contra la delincuencia organizada ha de situarse en el marco comunitario si es que pretende ser productiva y eficaz.
Tenemos que acortar la ventaja natural que llevan los delincuentes. A este respecto el informe DI PIETRO adquiere una relevancia especial, y hasta aquí también coincido con el Sr. Schulz, lo cual es bastante excepcional. Por otra parte, también he de dar la razón al ponente cuando dice que desde el punto de vista de quienes conocen la práctica el texto del Consejo que tenemos delante difícilmente puede ofrecer una solución. No es un texto homogéneo ni suficientemente sistemático. Considero, no obstante, que puede ser mejorado sustancialmente con la ayuda de las enmiendas y, de todos modos, creo que en este caso más vale poco que nada.

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, los expertos nos informan de que en este momento entre el 25 y el 30% de los crímenes en Europa pertenecen al ámbito de la delincuencia internacional transfronteriza. ¡Se trata de una evolución dramática! Para afrontar dichos crímenes contamos con una policía nacional y con autoridades penales nacionales. Por tanto, no es de extrañar que la policía y la justicia se queden atrás cuando los criminales pueden actuar sin encontrarse con barreras fronterizas de ningún tipo y sin tener que respetar legislación alguna al tiempo que disponen de recursos financieros, humanos y técnicos prácticamente ilimitados. Está claro que estamos aún muy lejos del espacio común de libertad, seguridad y justicia.
Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la cooperación policial transfronteriza y garantizar acciones penales más eficaces. Mientras que en el ámbito policial hemos conseguido importantes avances gracias a la puesta en marcha de Europol, las actividades de análisis, las actividades de coordinación y los equipos de investigación comunes, en materia judicial -según dicen los expertos- llevamos un retraso de 20 años en comparación con la cooperación policial. Desde este punto de vista, el presente acto relativo a la cooperación judicial también supone un paso adelante, una medida en la buena dirección, en materia penal. Aun cuando haya lugar para algunas críticas, es preciso valorar positivamente toda una serie de mejoras fundamentales. Así, las solicitudes de asistencia judicial ya no han de ser tramitadas a través de los ministerios, sino que pueden intercambiarse directamente, los detenidos pueden ser transferidos de un Estado a otro y se pueden crear equipos de investigación comunes. Todas estas medidas nos ayudan a avanzar conjuntamente y de forma eficaz en el ámbito del Derecho penal.
Las críticas ya las ha vertido Ana Palacio cuando se refería a la intervención de las telecomunicaciones y la audiencia por videoconferencia de testigos. Sin embargo, hay que admitir que en su conjunto el informe que tenemos delante supone un serio avance en dirección a la creación de un espacio jurídico común.

Paciotti
Señor Presidente, yo también coincido en que el Convenio que estamos debatiendo es sólo un pequeño paso -todavía demasiado pequeño- en la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia que es de esperar que un día será Europa.
Actualmente, es un espacio de libre circulación de bienes y de personas, en el cual no existen fronteras para la delincuencia, pero donde, por el contrario, continúan existiendo barreras difícilmente superables por aquellos que tienen la tarea de luchar contra ella.
Un pequeño paso - decía - sin embargo, bienvenido sea, al que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores acertadamente ha querido imponer ulteriores límites y cautelas en nombre de la defensa de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en los Estados y en la propia Unión, a pesar de que aún no están consagrados en una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea que confiamos en que pronto saldrá a la luz. Limites y cautelas acertados porque, por desgracia, no siempre todas las autoridades públicas respetan concretamente todos los derechos vigentes en todos los Estados.
En algún punto específico de las propuestas de la Comisión quizás ha habido un exceso de cautelas, como cuando se ha pretendido conceder al imputado detenido la opción de consentir o rechazar el traslado temporal a otro Estado miembro de la Unión por necesidades de instrucción. Personalmente no considero aceptable, por ejemplo, que se permita al Sr. Pinochet escoger si quiere trasladarse o no a España para un careo. O cuando se ha pretendido que también el testigo o el perito -y no sólo el investigado y el imputado- esté asesorado por un defensor en el interrogatorio a distancia. Sin embargo, se trata de pequeños fallos que el ponente ha cometido sin querer y que el voto de este pleno van a remediar.
El ponente ha puesto un empeño encomiable que hay que reconocer y que le agradezco. El resultado global es apreciable y espero que el Consejo lo tendrá muy en cuenta.
Según se ha dicho, queda un punto sin resolver, el más delicado: se refiere al artículo 18 del Convenio concerniente a las escuchas de comunicaciones que se realizan en un Estado miembro y que efectúa otro Estado miembro directamente, sin pedir la asistencia del Estado en que se lleva a cabo la escucha, cosa que hoy es posible, gracias a las modernas tecnologías. La cuestión es muy controvertida al ser una posible fuente de abusos.
Se podría sostener que la compleja regulación propuesta es mejor que nada, pero a la Comisión le ha parecido insuficiente e inquietante. En consecuencia, cuando las contradictorias noticias sobre ECHELON evocan el fantasma del Gran Hermano, merece una ulterior reflexión que probablemente deberá ser más global sobre los medios y los sistemas a través de los cuales, por un lado, se han de proteger los derechos de las personas y, por otro, se ha de permitir una eficaz y a la vez correcta y legítima represión del crimen.
Por consiguiente, el objetivo es conseguir en la medida de lo posible un delicado equilibrio entre eficacia de la lucha contra la delincuencia y respeto de la libertad y de la dignidad de las personas. Un objetivo que, hoy por hoy, no solo es algo propio de los Estados, sino que se ha convertido en algo propio de la política de la Unión que aspira a llegar a ser un espacio común de libertad, justicia y seguridad. Es una meta lejana, pero puede ser alcanzada por etapas progresivas. La más importante será la armonización de los Derechos de los Estados, pero, por hoy, conformémonos con este pequeño paso porque va en la dirección correcta.

McKenna
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por su excelente declaración explicativa. Apunta a varios de los graves fallos de esta propuesta. La falta de claridad del lenguaje dará lugar inevitablemente a casos de incertidumbre judicial. La certidumbre judicial es algo fundamental en asuntos tan cruciales como éste. Debido a su deficiente redacción, el convenio se presta a interpretaciones muy amplias, y hace caso omiso de los estrictos requisitos a los que se supone que deben estar sujetas las escuchas telefónicas de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 18 permite las escuchas en otro Estado miembro sin la participación de este último. Eso no sólo debe ser eliminado, sino que además debería desecharse todo el capítulo de las escuchas telefónicas.
Una iniciativa del FBI redactó los requisitos del usuario que constituyen la base de la actual legislación. La propuesta del Consejo que contiene dichos requisitos, ENFOPOL 98, fue aprobada por este Parlamento el pasado mes de mayo en el informe Schmid. Ahora se nos pide que proporcionemos el fundamento jurídico para este tipo de escuchas, pero habría que examinar la combinación de estos dos documentos.
Los requisitos proponen que se permita a las autoridades el acceso a las instalaciones de todos los proveedores de servicios, es decir, teléfonos, teléfonos móviles, Internet, etc.; y dada la actual redacción tan deficiente, esto podría dar pie a que se comentan abusos. También quisiera preguntar lo siguiente: habida cuenta de que los requisitos del usuario especifican que la policía tiene acceso a todos los proveedores de servicios sin excepción, ¿incluye eso a los servicios internos del Parlamento? ¿Estamos aprobando unas normas que permitirán a la policía tener acceso a nuestros sistemas sobre unas bases tan deficientes? Asimismo, en esta propuesta no se establece ningún límite para los delitos graves, algo que la hace vulnerable a que se cometan abusos.
Una vez más, en lo que respecta a la carga de la prueba, algo que es reconocido en el Derecho internacional y en el Derecho natural, la presunción de inocencia es fundamental. Eso no está garantizado. Ni el preámbulo ni el cuerpo del texto tienen debidamente en cuenta los derechos de la defensa, un principio fundamental del Derecho orgánico internacional. Es un asunto de la máxima gravedad. Sentimos una gran preocupación por el rumbo que estamos siguiendo aquí, sin un debate público adecuado en los parlamentos nacionales o en otros foros y sin la participación de las organizaciones que defienden las libertades públicas en toda Europa, que sienten una gran preocupación por la marcha de estos acontecimientos.

Alavanos
Señor Presidente, yo ni soy miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos ni soy jurista; sin embargo, como prácticamente todos los colegas, comprendo la necesidad de que este Espacio Económico Común que es Europa tenga su correlato en un espacio común de derecho, libertad y seguridad. En este sentido, todo lo relacionado con la colaboración judicial en cuestiones de derecho penal es importante.
¿Qué he comprendido yo al leer los textos? Que es peligroso confiar en las regulaciones del Consejo. En las contradicciones, en las opiniones encontradas sobre lo que es Europa, en los diferentes sistemas de justicia que generan situaciones no sólo de confusión y poca eficacia, sino de peligro. Como lo que propone el artículo 18, y en lo cual han centrado su atención muchos colegas, según lo que cualquier país, cualquier país grande si se quiere, cualquier país que disponga de los medios técnicos, cualquier país puede entrar en otro país y espiar sus telecomunicaciones, sin el visto bueno siquiera del segundo país.
En mi opinión, la Comisión de Asuntos Jurídicos y su ponente, Sr. Di Pietro han hecho un trabajo verdaderamente interesante. Es una pena que este informe tan concienzudo y razonado del Sr. Di Pietro no haya encontrado la expresión que merecía en los telegráficos cinco minutos de que ha dispuesto hoy aquí. En cualquier caso, se han movido en la dirección de la defensa de los derechos de los países, de los acusados, de los ciudadanos; un camino por el que considero que hay que adentrarse de modo más resuelto y atrevido
Quiero llamar la atención, sin embargo, sobre el hecho de que todo esto tiene lugar en un marco en el que reinan la confusión y la esquizofrenia por lo que respecta al derecho penal. Un joven, un estudiante de universidad o de enseñanza media, que fuma un cigarrillo de hachís, en un país es tratado de un modo pedagógico; en otro, considerado un criminal, es encerrado en las universidades del crimen que son el sistema penitenciario y las cárceles. ¿Cómo puede darse aquí colaboración en lo penal? Por ello, y ya concluyo, entiendo que debemos avanzar principalmente por la senda de la armonización del derecho en lo que respecta, no ya a la actividad de la delincuencia organizada, sino a actividades penalmente sancionables de los ciudadanos convertidas hoy en fenómenos sociales.

Gollnisch
En nombre de la coordinación de las derechas europeas, aprovecho la oportunidad que me ofrece el informe de nuestro colega, el juez Di Pietro, sobre la asistencia judicial, para mencionar un asunto que ilustra trágicamente la erosión criminal de la seguridad en Europa.
El 14 de diciembre pasado, en los coches cama del tren Calais-Ventimiglia, el pequeño Clément, de 5 años, pide llorando a su madre que lo acompañe a visitar a su abuela enferma. Corinne Caillaux aparecerá violada, acuchillada y degollada en un aseo del tren. El presunto asesino, Sid Ahmed Rezala, es también sospechoso de haber matado a la estudiante británica Isabel Peake, que fue violada y lanzada a las vías del tren que cogía para ir a ver a sus padres, y a otra joven, Émilie Bazin, cuyo cadáver fue encontrado en Amiens, bajo un montón de carbón, en la finca donde vivía.
Rezala, procedente de Argelia -en una época en que, según las autoridades, la inmigración estaba cerrada y en que nada justificaba su entrada-, no tendría que haber estado nunca en Francia. No tendría que haber permanecido nunca en Francia, puesto que había sido denunciado más de 40 veces por la policía de tráfico, lo cual hubiera bastado para expulsarlo a su país de origen. Nunca debió estar libre, ya que, además, fue sometido a 14 juicios por robo, actos de violencia y violación, incluso de un menor. Nunca tendría que haber podido escapar de Francia, pero los agentes que lo seguían carecían de mandato y hoy las fronteras europeas son verdaderos coladeros. Nunca tendría que haber llegado a España, donde agredió con arma blanca a una mujer para quitarle dinero, pero las autoridades españolas lo dejaron libre de inmediato.
Hoy, a causa de la complejidad de las redes de depravados sexuales, se encuentra en Portugal. Portugal se niega a extraditarlo por la razón de que en Francia podría aplicársele una pena de prisión más larga de la que establece el código portugués. Me dirijo al ministro portugués, Presidente en ejercicio del Consejo, para que ponga fin de inmediato a este escándalo. Me dirijo a nuestro Parlamento para que por fin tome conciencia de la horrorosa situación de las víctimas de políticas cuya responsabilidad incumbe, mucho antes que a los gamberros, a los partidos del establishment.

Blokland
Señor Presidente, el presente convenio trata una cuestión delicada: la cooperación en materia penal. Por tanto, no debe extrañar que el Consejo experimente dificultades para llegar a un acuerdo. Sin la unanimidad del Consejo este convenio no podrá aplicarse con éxito. En otras palabras, en la práctica sólo surtirá efecto un convenio que cuente con un amplio apoyo.
Sin embargo, ello no significa que el Consejo pueda prepararlo en el más absoluto anonimato. Todo lo contrario. La propuesta del Consejo ha de ajustarse a la legislación de los Estados miembros nacionales en materia penal. El deseo de lograr una decisión unánime puede dar lugar a compromisos que no superen esta prueba. Por todo ello, es fundamental que el Parlamento Europeo y sobre todo los parlamentos nacionales ejerzan un control parlamentario minucioso.
La propuesta de Di Pietro de suprimir el actual artículo 18 sobre la intervención de las conversaciones telefónicas, entre otras cosas, es comprensible, aunque excesivamente rigurosa. El texto del artículo 18 es muy controvertido: por una parte, limita las actividades de los servicios de inteligencia y, por otra, parece considerar la posibilidad de que un Estado miembro lleve a cabo actividades de intervención en otro Estado miembro sin la autorización previa de este último. De este modo, los Estados miembros adoptarían un postura muy vulnerable y quedaría por ver si se ofrecen suficientes garantías para proteger al Estado en el que se realiza la intervención y a los ciudadanos del mismo.
Las adiciones propuestas, como por ejemplo las reiteradas referencias al CPDH, los derechos de la defensa y del acusado y el fracaso de los Estados miembros en lo que a la aplicación del CPDH se refiere, sobrecargan el texto del convenio. Reconozco la problemática, pero pienso que podría haberse aclarado con una sola referencia.
No obstante, a pesar de sus dudas, los miembros neerlandeses del Grupo EDD no retirarán su apoyo al informe en la votación final.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos ante un informe que es de la mayor importancia no sólo por su contenido, sino también porque constituye un primer paso en cuanto al establecimiento de relaciones más fluidas en el nivel de la cooperación judicial. Ésta ha existido exclusivamente en el plano de la relación entre los Estados, por lo que al ciudadano europeo no le resulta fácil divisar en ese sector señal alguna de la tan invocada ciudadanía europea. Por un lado, las medidas judiciales son ajenas a la dimensión comunitaria; por otro, estamos ya ante una libre circulación de personas de la que se benefician también los delincuentes. Ahora bien, conforme al artículo 29 del Tratado, el objetivo de la Unión es el de proporcionar a los ciudadanos un elevado nivel de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante el desarrollo de una acción común entre los Estados miembros en los sectores policial y de cooperación judicial en materia penal y mediante la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Es de destacar que la creación de EUROPOL es ya un paso al frente, pero se debe dar el paso siguiente, fortaleciendo la cooperación judicial en materia penal a fin de establecer progresivamente un verdadero espacio judicial europeo de acuerdo con el objetivo de creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Este proyecto de convenio va destinado, así, a completar y facilitar la aplicación en el nivel de los Estados miembros de los instrumentos normales ya existentes relativos a otros ámbitos jurídicos con el fin de mejorar la cooperación judicial en materia penal mediante una ayuda judicial tan rápida como eficaz, pero sin perjuicio del pleno respeto de las garantías fundamentales de defensa y de los principios generales en materia de derechos humanos consagrados en el derecho interno de los Estados miembros y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esa cautela con los derechos, libertades y garantías esenciales es la que nos ha movido a apoyar la retirada del texto propuesto en lo relativo a las escuchas telefónicas y recomendar al Consejo que presente un instrumento jurídico autónomo para abordar ese problema.
En cuanto a las videoconferencias, hay que establecer una reglamentación más precisa para salvaguardar los derechos de defensa y las garantías procesales. Es imperativo que se respete el carácter procesal del sistema jurídico, defendiendo los derechos...
(El Presidente interrumpe al orador)

Zimeray
Señor Presidente, cuando se trata de legislar en materia penal, a menudo oponemos equivocadamente libertad individual y seguridad. ¿Existe seguridad cuando las libertades no están garantizadas? ¿Seguimos siendo libres cuando ya no hay garantías en el ámbito de la seguridad? El espíritu del Derecho penal moderno reside en la búsqueda de un equilibrio, de un diálogo entre los imperativos de seguridad y de libertad. Y este diálogo no acaba nunca; se adapta a las exigencias del tiempo presente.
Hoy existen ciertas formas de delincuencia transfronterizas, e incumbe a los Estados, naturalmente, establecer una mayor cooperación para poder reprimirlas mejor. Pero el proyecto del Consejo no es satisfactorio. Se le pueden hacer varias críticas importantes. Primeramente, en cuanto a la forma: el proyecto de convenio está repleto de imprecisiones, que son totalmente incompatibles con el objetivo de seguridad jurídica de una sociedad moderna. Se trata de algo que va más de las cuestiones de estilo. Se trata de materia penal, y lo penal es de interpretación estricta. En segundo lugar, en cuanto al fondo: el proyecto del Consejo elude la dificultad, evidente, que está ligada con la gran disparidad de nuestros sistemas judiciales, con la diversidad de los procedimientos, con la ausencia total, en algunos Estados de la Unión, de estándares de calidad del servicio público de la justicia. El convenio establece (artículo 9) el traslado de los detenidos de un Estado a otro, cuando las garantías no son las mismas. Deseo hacer hincapié en este punto porque es esencial.
Hay que recordar que actualmente en la Unión se encuentran detenidas varias decenas de miles de personas sin que aún se las haya juzgado y que en algunos Estados se utiliza la detención, de forma abusiva, como medio de presión para obtener confesiones. Se trata de una verdadera tortura legal. Otros países europeos, en cambio, no consideran la confesión como prueba suficiente de culpabilidad.
Debemos enfrentarnos a esta diversidad de políticas penales, y legislar correctamente significa elaborar verdaderos criterios de convergencia judicial. Pero se trata también de una oportunidad para enfrentarnos con la realidad de las cárceles de Europa, a menudo superpobladas: son lugares donde no existe el derecho, indignos de la idea que tenemos de nosotros mismos. Señor Presidente, Señorías, como saben, desde hace tiempo todos nuestros países han abolido la pena de muerte, pero les aseguro que con los casi mil suicidios anuales que ocurren en las prisiones, no la han abolido realmente.

Tajani
Señor Presidente, indudablemente, la cooperación judicial es fundamental para la Europa del libre mercado, aunque debe llevarse a cabo en el respeto más riguroso de esos principios que están en la base de nuestra civilización: los derechos y las libertades fundamentales del ser humano, contemplados en la Convención Europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.
No podemos sino dar las gracias a las Comisiones del Parlamento que han modificado de manera profunda y garantizada - mediante la introducción de numerosas enmiendas - un informe que, tal como se planteó inicialmente, no nos convencía en absoluto. Me dirijo al Sr. Schultz para recordarle que las enmiendas que presentamos nunca lo son a título personal o por motivos personales, sino que se sitúan en el marco de un interés político general. Luego, si se trata de hacer una lista de los investigados o de buscar a los investigados, los podríamos encontrar también entre los ponentes, incluido el autor del informe sobre este Convenio. Creo, por lo tanto, que el Sr. Schultz podía haberse ahorrado algunas inconveniencias.
Como decía, se han incorporado numerosas enmiendas que garantizan los derechos a la defensa -pienso en la obligación del juez de pedir autorización para las escuchas- o la prohibición de acumular las funciones de investigación y las judiciales en lo que respecta a los equipos de investigación comunes.
El Parlamento, en definitiva, ha querido que el Convenio abarcara la materia penal exclusivamente. Los límites a la libertad y a los derechos fundamentales previstos en el Convenio no pueden más que limitarse a la materia penal.
Necesitamos normas comunes para conseguir un proceso justo en Europa. Lo cierto es que el Consejo ha actuado de manera desordenada, ha cambiado opinión durante el procedimiento y está ausente. Agradezco, por el contrario, al Comisario Sr. Vitorino su presencia en el Pleno a lo largo del debate.
Como decía antes, necesitamos normas seguras para conseguir un proceso justo en Europa -sin que haya una invasión de escuchas y sin un uso ilícito de videoconferencias- para que en Europa no se vuelvan a repetir procesos con jueces que, en lugar de administrar justicia, hacen política, para que sean castigados los verdaderos culpables y no los inocentes incómodos para algunos.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, se aproxima la aprobación por el Consejo del proyecto de Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. La opinión predominante es que ya era hora. Según el plan de acción para luchar contra el crimen organizado, adoptado por el Consejo en abril de 1997, el trabajo sobre el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal debería haber finalizado antes de que terminara 1997. Y aún deberá pasar más tiempo hasta que el Convenio entre en vigor, ya que debe ser ratificado por los Estados miembros. A pesar de las nuevas normas introducidas por el Tratado de Amsterdam, que prevén la entrada en vigor del Convenio tan pronto como éste haya sido aprobado por al menos la mitad de los Estados miembros, quisiera instar a los Estados miembros a que no escatimen esfuerzos para acelerar su ratificación. La experiencia de anteriores casos de ratificación de convenios de la Unión Europea en el ámbito de cooperación judicial en materia penal es lamentablemente decepcionante.
Este Convenio no creará un sistema nuevo o diferente de asistencia mutua. Por el contrario, su objetivo es mejorar los mecanismos ya probados y experimentados que están en vigor desde hace mucho tiempo, como aquéllos previstos en el Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia mutua de 1959 y el Tratado de Benelux. El proyecto que ha elaborado el Consejo contiene disposiciones sobre una serie de temas que han sido debatidos por varios diputados. Uno de los logros destacados del Convenio es que, en la medida de lo posible, los Estados miembros que reciban la solicitud de asistencia deberán seguir los trámites y los procedimientos indicados por los Estados miembros que presenten la solicitud. Esto es especialmente importante con respecto a la posibilidad de utilizar las pruebas obtenidas ante un tribunal. Asimismo, las solicitudes podrán hacerse directamente entre las autoridades competentes, sin necesidad de pasar por la Administración central.
En términos generales, existen dos tipos de disposiciones: aquellas que establecen la obligación de prestar asistencia, como las disposiciones sobre el teléfono y las videoconferencias, las entregas controladas y sobre la intervención de las telecomunicaciones; y aquellas en las que no se establece dicha obligación y que sólo prevén un marco jurídico para los Estados miembros que deseen cooperar de la manera prescrita, por ejemplo, las disposiciones sobre equipos mixtos de investigación, investigaciones encubiertas y el envío y la notificación de documentos procesales.
La Comisión acoge con especial satisfacción la inclusión de disposiciones relativas a técnicas de investigación nuevas o modernas, dada su eficacia en la lucha contra el tipo de crimen que tiene más probabilidades de sacar provecho de la apertura de fronteras; el crimen organizado. Resulta demasiado fácil dejarse llevar por la evidente necesidad de mejorar la eficacia de las investigaciones criminales. No obstante, no debemos olvidar un aspecto común a toda acción relativa a los procedimientos penales; el derecho a la defensa. Valoro enormemente que el informe del Sr. Di Pietro, a quien felicito por el excelente trabajo que ha realizado en un plazo tan breve, incluya el derecho a la defensa como uno de sus puntos principales. Actualmente, los Estados miembros son los únicos responsables de garantizar el respeto de este derecho, sujeto al control del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa de Estrasburgo. Queda por ver si esto cambiará con la nueva Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre la que acaban de iniciarse los trabajos.
Debemos reconocer que el artículo 18 se refiere a lo que es, sin duda, una decisión controvertida. El artículo fue elaborado meticulosamente en el Consejo a través de negociaciones exhaustivas con el fin de garantizar que las actividades de inteligencia siguan siendo eficaces y que las investigaciones criminales están cubiertas. En lo relativo a las investigaciones criminales, que entran dentro de mis competencias, tomo nota de la invitación que varios diputados al Parlamento Europeo han dirigido a la Comisión y al Consejo para que se incluya este asunto y para que sean abordadas sobre un fundamento jurídico común, que tenga en cuenta la relevancia que puede tener la intervención de las telecomunicaciones como pruebas ante los tribunales.
La Comisión sabe perfectamente que el proyecto que tenemos ante nosotros no es perfecto ni ideal. No obstante, debemos ser realistas. El texto que tenemos es el resultado de la combinación de los sistemas institucionales previstos para la cooperación judicial en materia penal en virtud de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam respectivamente. Esto es lo que tenemos y sólo la práctica nos enseñará con todo detalle si existen deficiencias y dónde, así como qué medidas adicionales deberán adoptarse. No tengo la menor duda de que el aumento de la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros allanará el camino que se abre ante nosotros.
Aparte de esto, el Consejo Europeo de Tampere ya ha indicado la dirección que debemos seguir en la Comisión. Entre las medidas que deberán adoptarse estará la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de los dictámenes judiciales y la creación del proyecto Euro Just.
La Comisión espera sinceramente que el Parlamento Europeo respalde sus esfuerzos para poder avanzar en este importante ámbito. No espero del Parlamento que apruebe o dé su visto bueno a todo lo que se le presente en los próximos años. Cuento más bien con que el Parlamento Europeo no sólo sea un observador crítico, como lo ha sido en este caso, sino también un interlocutor activo en la tarea de impulsar a la Unión en la lucha contra la delincuencia.

VOTACIONES
Goebbels
Señora Presidenta, cuando un sueco, un español, un luxemburgués y un alemán deben negociar en inglés, en ocasiones desembocan en imprecisiones lingüísticas.
Les propongo, pues, de acuerdo con el ponente, el Sr. Olle Schmidt, sustituir en cada caso en la enmienda 37 los términos "issued by" por "dealt with". Por tanto, también hay que añadir después de los términos "transferable securities" los términos "issued by". El texto así modificado sería el siguiente, y debo nuevamente leer en inglés, que es la lingua franca de nuestro Parlamento: "transferable securities issued by over the counter derivatives dealt with", etcétera.
Hay que asegurarse asimismo que la enmienda 45, del Sr. García-Margallo, sea modificada, si tuviera que aprobarse, ya que en este caso nos encontramos con el mismo problema.

La Presidenta
Señor Goebbels, le ruego me disculpe; tengo la impresión de que se adelanta, porque en la enmienda 37 usted proponía una enmienda oral para cambiar la ubicación de los términos "con un alto nivel de fiabilidad basada en una escala de fiabilidad reconocida".

Goebbels
Señora Presidenta, le ruego me disculpe; yo me había referido antes a la enmienda 36, que precede, lógicamente, a la enmienda 37. Pero, en efecto, ahora discutimos la enmienda 37, donde se nos presenta un problema similar. No son las entidades, sino los instrumentos los que deben gozar de un alto nivel de fiabilidad. El texto, pues, es el siguiente: instruments with a high rating base on a recognised rating scale are subject to reliable and verifiable valuation.
Le pido nuevamente disculpas por este error.

La Presidenta
¿Hay oposición a la toma en consideración de esta enmienda oral?
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral)
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas)

Knörr Borràs
Señora Presidenta, he pedido la palabra, justamente antes de empezar la sesión, para decir algo solamente por respeto a usted como Presidenta de esta Asamblea, una Asamblea de todos los que estamos aquí. Por segunda vez en quince días, en las visitas a este Parlamento para denunciar situaciones -cosa que respeto y comparto totalmente, como comparto la libertad de expresión de todo el mundo-, se han producido ataques contra personas, partidos como el que represento e instituciones.
Me parece que esa forma de proceder, sobre todo estando usted presente, señora Presidenta, no es de recibo y la rechazo profundamente, máxime cuando estamos en vísperas de una campaña electoral. Por lo tanto, sobre todo por el respeto que usted me merece, no puedo aprobar este tipo de procedimientos y los rechazo enérgicamente.

La Presidenta
Se me informa que se trataba de una respuesta por alusión personal. Tomamos nota de ello para que conste en el Acta.

Knörr Borràs
Señora Presidenta, sobre todo por respeto a usted, por el respeto que me merece, y por respeto a esta Asamblea, no he querido referirme explícitamente al tema específico del que estaba hablando, pero ahora lo hago, como diputado de esta Asamblea, como secretario general de un partido del País Vasco y como ciudadano normal de este país, por las gravísimas acusaciones vertidas contra personas y contra partidos como el mío, de larga tradición democrática y de escrupuloso respeto y defensa de los derechos humanos durante muchísimos años.

Vidal-Quadras Roca
Señora Presidenta, quiero expresar mi preocupación por que esta defensa acendrada de los derechos humanos que acaba de hacer el Sr. Gorka Knörr aparentemente no le impide a su gobierno contar con la colaboración parlamentaria de un Grupo político que no sólo no condena sino que colabora y alienta la violencia contra ciudadanos y bienes.

La Presidenta
El Sr. Gorostiaga Atxalandabaso me pide la palabra sobre el mismo asunto. No abriremos un debate en este momento. Les concederé el uso de la palabra por cuestiones de orden al final de las votaciones.
Informe (A5-0029/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de medidas en el marco de la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta (COM(1999) 0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199(CNS))
Sobre las enmiendas 22 y 24

Brok
. (DE) Señora Presidenta, en las enmiendas 22 y 24 se señala que Chipre y Malta también pueden seguir beneficiándose del programa MEDA. Ello es incontrovertible. Sin embargo, creo que haríamos bien en no mezclar el programa MEDA con un reglamento que está directamente relacionado con la estrategia de adhesión. Por tanto, propongo, a modo de compromiso y garantía, que se incluya como considerando la siguiente idea, que se expresa en ambas enmiendas: knowing that Malta and Cyprus will participate in the MEDA-facility in the foreseen way. Si los autores de las enmiendas pueden aceptar mi propuesta, recomendaría a esta Casa que la votara y aprobara. De este modo, optaríamos por dar una solución elegante al problema.

La Presidenta
En otros términos, nuestro ponente nos propone una enmienda oral consistente en añadir el siguiente considerando: "considerando que Malta y Chipre participarán...".
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0013/2000) del Sr. Knörr Borràs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (COM(1999) 0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0020/2000) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo sobre el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con mira a la introducción del euro (5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0019/2000) del Sr. Di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (9636/1999 - C5-0091/1999 y SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS))
Antes de la votación

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, quisiera denunciar la ausencia de la Presidencia en ejercicio del Consejo. Creo que en estas materias del tercer pilar, en estas convenciones tan importantes para la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, no es de recibo que no esté la Presidencia en ejercicio del Consejo hoy aquí.
Y luego, señora Presidenta, quisiera hablar del problema de las traducciones. Voy a dar sólo un ejemplo porque no tenemos tiempo, pero éste es un caso en que las traducciones son muy importantes porque son todos conceptos jurídicos muy precisos. En la enmienda 83 en italiano, que es el original, se dice que "il minore deve essere assistito da una persona di sua fiducia o da un perito o legale esterno". Este "legale esterno", en la versión francesa, se transforma en un "avocat neutre", y yo no sé lo que es un "avocat neutre". Creo que es una contradicción in terminis. Pero, en la versión española, desaparece el abogado, ya no hay abogado.
Señora Presidenta - usted lo ha dicho varias veces-, éste es un problema muy serio. En este asunto, creo que los juristas lingüistas deberán realizar un trabajo muy minucioso para poder llegar a una versión que sea razonable.

La Presidenta
Completamente de acuerdo, Sra. Palacio Vallelersundi, no es la primera vez que esto ocurre y, en efecto, es muy preocupante. Vamos a estudiar dicho problema y comprobaremos todas las traducciones.

Watson
Señora Presidenta, sólo quería unir mi voz a la de la Sra. Palacio Vallelersundi antes de que se dé inicio a la votación, para decir que lamento profundamente la ausencia del Consejo en este debate, cuando se celebran votaciones tan importantes sobre el Tercer Pilar.
Quisiera rogarle, señora Presidenta, que exprese al Consejo nuestro deseo de que en el futuro asista a votaciones como ésta.

La Presidenta
Estoy totalmente de acuerdo, soy consciente de que su ausencia no es normal, y así lo transmitiré.
Sobre la enmienda 31

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, me gustaría añadir que en el miembro de frase -lo voy a leer en francés que es la versión que tengo aquí a mano- s'il est exigé par le droit de l'Etat membre requis ou requérant que la personne donne son consentiment. Añadir las palabras "par le droit de l'Etat membre requis ou requérant".
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Knörr Borràs
Señora Presidenta, solamente quiero decir que, en el calor de la situación anterior, se me ha olvidado decirle que, en mi informe sobre déficit, en el último párrafo, en la versión española hay una incorrección: en vez de decir que "la propuesta nos parece correcta" , se ha olvidado una "s" y dice "la propuesta no parece correcta" , que es justamente lo contrario. Era para corregir eso, no para otra cosa.
Propuesta de resolución (B5-0132/2000) presentada por la Sra. Bonino, entre otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la comunicación de la Comisión sobre los objetivos estratégicos para cinco años
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
Propuesta de resolución (B5-0136/2000) presentada por los diputados Queiró, Muscardini y Berthu, en nombre del Grupo UEN, sobre los objetivos estratégicos de la Comisión para 2000-20005
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
Propuesta de resolución (B5-0142/2000) presentada por los diputados Hautala, Lannoye y Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre los objetivos estratégicos 2000-2005
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
Propuesta de resolución común sobre el programa estratégico quinquenal de la Comisión
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución común sur la coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución (B5-0125/2000) presentada por los diputados Dupuis, entre otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)

Staes
Señora Presidenta, no he querido interrumpirla durante la votación, pero me he dado cuenta de que la atención disminuye y que solamente ha mencionado a los Verdes cuando se refería a las enmiendas del Grupo Verdes/Alianza Libre Europea. Nuestro Grupo representa la unidad en la diversidad. Es algo que queremos dejar claro ante el Parlamento. Por eso mismo, quisiera pedirle que haga uso del nombre completo de nuestro Grupo.

La Presidenta
Muy bien, así lo haré.
Propuesta de resolución común sobre los derechos humanos
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0032/2000) del Sr. Corrie, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el balance de los trabajos de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0031/2000) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121(COS))
Sobre la enmienda 6

Swoboda
. (DE) Señora Presidenta, quisiera presentar una enmienda oral o, mejor dicho, una aclaración, puesto que el fragmento al que me refiero se formula de forma diferente en varias traducciones. Espero que el autor esté conforme con mi propuesta. La segunda frase debe rezar como sigue: ".., weshalb diese Hilfen", luego se tacha "ohne Bedingungen und", y sigue el texto "ohne Abhängigkeit von reziproken Anweisungen von seiten des Geberlandes gewährt werden müssen ". En la versión inglesa debe figurar "and therefore that the aid must not be dependent on the reciprocal orders from the donor countries". Si se incluye esta aclaración podemos aceptar la enmienda.

La Presidenta
¿Hay oposición a la toma en consideración de esta enmienda oral?
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral) - Sobre la enmienda 9

Swoboda
Solamente quería aclarar que en todos los casos -en esta enmienda el término ha sido traducido de forma distinta- utilizamos el nombre oficial FYROM.

La Presidenta
Por supuesto, no veo ningún problema en ello.
(La Asamblea expresa su acuerdo sobre la enmienda oral) (El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0021/2000) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a las modalidades de aplicación de la nueva decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 - "Comitología" (1999/468/CE)

Frassoni
Señora Presidenta, en lo que respecta a este acuerdo, deseo subrayar el problema de las traducciones: es necesario tomar como referencia la versión francesa o la italiana, porque el texto aprobado por el Parlamento hará fe también para la Comisión.
Hemos encontrado varios problemas en algunas otras lenguas, sin embargo, no hemos podido revisarlas todas, por lo que le ruego encarecidamente que preste atención a este tipo de problemas.

La Presidenta
Muy bien, señora Frassoni, le doy las gracias por estas precisiones, de las que tomaremos nota.
(El Parlamento aprueba la resolución)
La Presidenta. Antes de pasar a las explicaciones de voto, debo comunicarles que se han presentado varias cuestiones de orden. Tiene la palabra el Sr. Gorostiaga Atxalandabaso.
Su Señoría ha abandonado el hemiciclo; por tanto, pasamos a las explicaciones de voto.
EXPLICACIONES DE VOTO
Fatuzzo
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Olle-Schmidt sobre la regulación de las inversiones mobiliarias porque, como manifesté esta mañana en el Pleno, considero muy importante que se utilice bien el dinero de los ciudadanos de la Unión Europea que en su mayoría son ciudadanos mayores y pensionistas, que desean vivir tranquilamente su jubilación y que, después de las dificultades encontradas a lo largo de la vida laboral, han alcanzado por fin la tranquilidad económica.
Por lo tanto, la regulación de las inversiones mobiliarias que en la mayor parte de los casos realizan personas mayores y pensionistas, es un gran avance para la Unión Europea.
Informe Olle Schmidt (A5-0025/2000)

Schörling
. (SV) El informe de Olle Schmidt constituye un perfeccionamiento de la propuesta de la Comisión. No me opongo a una actualización de las normas mínimas para que las sociedades de gestión obtengan el llamado pasaporte comunitario. No obstante, creo que no es adecuado hacer esto antes de que todos los países miembros hayan aprobado la propuesta del Comisario Monti sobre impuestos mínimos al capital. En su forma actual, el informe va a contribuir a una liberalización aún mayor del mercado de capitales, a pesar de que lo más importante debería ser tratar de someterlo.
Por eso, igual que el Grupo Verts/ALE en su totalidad, he votado en contra de la propuesta que modifica la directiva 1 y me he abstenido respecto a la propuesta de modificación de la directiva 2.
Informe Brok (A5-0029/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, en estos últimos tiempos se ha hablado de la importancia de la ampliación de la Unión Europea. Tenemos ante nosotros a Malta y Chipre que son dos países preparados para la adhesión. Dado que se ha reducido notablemente la complejidad de los procedimientos, he expresado mi voto favorable no solo porque con esta resolución se atienden las necesidades de cohesión de estos países candidatos a la Unión, sino también porque creo que ésta ha de ser una invitación del Parlamento al Consejo y a la Comisión para llegar cuanto antes al ingreso de pleno derecho en nuestra Unión Europea también de Chipre y Malta.

Caudron
. (FR) Acojo con gran satisfacción este informe relativo a la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta, adhesiones que resultan vitales con miras al futuro mediterráneo de la Unión Europea. El objetivo de la presente propuesta de reglamento consiste en crear el primer programa de aplicación de la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta, a partir del año 2000 y por un período de cinco años (2000-2004). Por lo tanto, la propuesta pretende facilitar la aproximación legislativa al "acervo" comunitario y la correcta aplicación de dicho "acervo".
Se trata de un nuevo paso inscrito en el marco del Consejo Europeo de Helsinki del pasado mes de diciembre. Así, en dicho Consejo, a la vista de los progresos realizados por Malta, se decidió abrir conferencias bilaterales a partir de febrero del 2000, es decir, antes de finales de mes, a fin de iniciar negociaciones sobre las condiciones de adhesión a la Unión Europea y sobre las necesarias adaptaciones que deben llevarse a cabo.
Con respecto a Chipre, si bien el Consejo confirmó "que una solución política facilitará la adhesión de Chipre a la Unión Europea", "ello no constituye, sin embargo, una condición previa respecto a su decisión sobre la adhesión", por lo que me felicito. En efecto, siempre he considerado totalmente injusto el enfoque consistente en condicionar el inicio de las negociaciones con Chipre a la búsqueda de una solución de la situación que afecta a la tercera parte del territorio de esta República, ocupado por Turquía.
En general, es cierto que la situación socioeconómica de estos dos países es mucho más favorable que la de otros países candidatos. No obstante, éstos han podido beneficiarse de una ayuda técnica y financiera de la Unión Europea para la transposición del "acervo" comunitario. Dicha ayuda técnica y financiera se ha venido proporcionando hasta finales de 1999, en el marco de los cuatro protocolos financieros (B7-4011). Ambos países son también beneficiarios de una ayuda financiera del programa MEDA (B7-4012).
En su primera y segunda lectura del presupuesto 2000, el Parlamento Europeo destaca que el nuevo título "preadhesión" (B7-0) propuesto por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto no debía limitarse a los países asociados de la Europa Central y Oriental, puesto que el mismo debería igualmente englobar a Malta y Chipre. Sin embargo, habida cuenta de la negativa del Consejo de negociar la necesaria revisión del límite máximo de la rúbrica 7 (preadhesión) de las perspectivas financieras, el Parlamento Europeo aceptó, a título excepcional - hago hincapié en este hecho -, financiar los gastos correspondientes con cargo a la rúbrica 4 (medidas exteriores) de las perspectivas financieras para el año 2000.
Simultáneamente, el Parlamento Europeo creó un nuevo capítulo relativo a la "estrategia de preadhesión en favor de los países mediterráneos" (B7-04). Dentro de este capítulo, se crearon dos nuevos artículos sobre la estrategia de preadhesión en favor de Malta y Chipre, a la espera de que la Comisión presente, de conformidad con el Consejo Europeo de Helsinki, los fundamentos jurídicos y la revisión del límite máximo de la rúbrica 7 de las perspectivas financieras.
¡La presente propuesta de reglamento debería constituir uno de estos fundamentos jurídicos!

Martin, David W
. (EN) Saludo el informe del Sr. Brok que refuerza con enmiendas las propuestas de la Comisión encaminadas a preparar a Chipre y Malta para la adhesión a la Unión Europea.
El paquete destinará unos 15 millones de euros en total a ambos países en el presente ejercicio. Cabe lamentar, sin embargo, que la Comisión haya evitado la financiación multinacional y haya decidido a cambio asignar fondos sobre una base anual. Es muy probable que esta medida repercuta sobre la capacidad de Malta y Chipre de planificar el gasto.
La financiación proporcionará la asistencia técnica y la ayuda financiera necesarias para que ambas islas cumplan los requisitos del acervo comunitario. Habida cuenta de la avanzada situación en que se encuentran estos dos países, en comparación con otros países candidatos, esta medida debería permitirles fácilmente estar "técnica y administrativamente" preparados para su adhesión al final del programa quinquenal.
Informe Cederschiöld (A5-0020/2000)

Caudron
. (FR) Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en la anterior legislatura, me felicito por la adopción de esta decisión marco tendente a reforzar la protección de nuestra moneda única. La Unión debe aplicar todos los medios de que dispone para garantizar su protección contra la falsificación. Ni los consumidores ni los comerciantes están familiarizados con el euro. Por ello, en los supermercados, en las oficinas de cambio y en los bancos puede ponerse en circulación dinero falso de manera relativamente fácil sin que ello llame de inmediato la atención de nadie. En el caso de las monedas en euros el problema de su identificación se agudiza todavía más por el hecho de que una de sus caras puede tener una configuración nacional.
Los Centros de información europeos, que representan un papel primordial en materia de sensibilización de los ciudadanos frente a la moneda única, deberán reforzar las campañas tendentes a alertar al público sobre la falsificación de moneda. En un plano diferente, habrá de garantizarse la cooperación entre las instituciones comunitarias y las nacionales, e instaurarse un sistema de información que permita la recopilación y el intercambio de datos sobre las falsificaciones de dinero.
En el ámbito penal también se requieren medidas adecuadas para garantizar desde el principio la protección del euro. Este es el contexto en el cual el Parlamento Europeo ha presentado el proyecto de decisión marco tendente a fortalecer las bases penales para la protección contra la falsificación de moneda.
La decisión marco pretende completar las disposiciones del Convenio Internacional de Represión de la Falsificación de Moneda del 20 de abril de 1929 y facilitar su aplicación por los Estados miembros. Cada Estado miembro debe tomar las medidas necesarias para castigar las infracciones establecidas en la decisión marco. Dichas infracciones deben igualmente ser reprimidas si inciden en los futuros billetes de banco y monedas emitidos en euros y si se cometen antes del 1 de enero del 2002. ¡Se trata de un elemento fundamental del dispositivo!
No puedo menos que estar de acuerdo con la Sra. Ponente al deplorar el hecho de que las monedas nacionales actuales, que el euro sustituye, carecen de protección. ¡Hay que pensar que las monedas nacionales podrán cambiarse durante veinte años! Por lo tanto, éstas deben estar protegidas legalmente contra la falsificación cuando ya no estén en circulación.
Es asimismo deseable, en beneficio de la Unión, que todos los Estados miembros participen en la protección del euro, sobre todo Suecia, Dinamarca, el Reino Unido y Grecia, países que, el 1 de enero del 2002, aún no introducirán el euro.
Si bien el presente proyecto de decisión marco representa un paso adelante, sólo se limita a fortalecer la protección penal material, estableciendo normas mínimas. No existen, pues, disposiciones penales uniformes sobre la falsificación de moneda, sino quince regímenes nacionales diferentes. Ello plantea el problema más general de la necesaria armonización penal que ha pedido el Consejo Europeo de Tampere.

Bonde, Eriksson Frahm Krarup Okking Sandbæk
. (DA) El informe de la Sra. Cederschiöld refleja una lógica sumamente extraña: la UE introduce una moneda común -el riesgo de falsificación de moneda aumenta- la falsificación de euros se percibe como un delito contra toda la UE -la pena ha de ser por ello idéntica en los países miembros. La armonización penal o la introducción de normas mínimas legales no debe estar legitimada con el argumento de problemas autocreados, sino desde consideraciones de necesidad y sensatez. No hay nada que justifique echar por la borda los principios jurídicos, las tradiciones jurídicas y los sistemas judiciales cuidadosamente adaptados de los países miembros con el argumento de un delito ya bien conocido como la falsificación de moneda. Sobre la base de la Convención internacional de 20 de abril de 1929, tampoco puede haber confusión sobre qué país debe tramitar un posible proceso penal. Votamos por ello en contra del informe y debemos insistir en que se abandone la idea de la armonización penal sobre una base tan frágil y que, en su lugar, los esfuerzos se centren en la prevención de este problema actual.

Martin, David W
. (EN) Acojo con satisfacción esta propuesta destinada a proteger el euro contra las falsificaciones. Cuando los billetes y las monedas entren en circulación a partir del 1 de enero de 2002, deberá hacerse todo lo posible para garantizar la máxima confianza en el euro.
Informe Di Pietro (A5-0019/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, como representante del Partido de los Pensionistas, en reiteradas ocasiones he manifestado en el seno de la comisión que la Unión Europea debe intervenir en el tema de la regulación de la vida de las personas mayores, de la cantidad y de las reglas de pensiones, así como, tal como ocurre actualmente, en la coordinación. Del mismo modo, en lo que se refiere a la cuestión judicial y penal que hoy ha sido objeto de debate, considero que no solo han de coordinarse los distintos sistemas legislativos penales, judiciales y administrativos, sino que es preciso llegar por fin a formular normas comunes: lo que es delito en Italia debe serlo también en Gran Bretaña, en España, etcétera.
Creo que nosotros, el Parlamento de la Unión Europea, como representantes elegidos por los ciudadanos, hemos de dar un mayor impulso para llegar a una Unión Europea que prevea la regulación de todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, incluido el de la justicia, además del ámbito de las pensiones.

Schröder, Ilka
. (EN) Votamos en contra de este informe porque al permitir la intervención transfronteriza de las telecomunicaciones e invertir la carga de la prueba, el Convenio establecerá la base jurídica necesaria para que se realicen operaciones de escucha telefónica a gran escala en la UE. Eso significa dotar de total legalidad a un sistema de escuchas europeo, semejante a la operación de espionaje transatlántica "Echelon" .
Este Convenio dará pie a que se cometan grandes abusos de los derechos a la intimidad de los ciudadanos. Representa una gran amenaza a las libertades públicas en la UE.
Asimismo, consideramos que los aspectos siguientes son inaceptables: los equipos mixtos de investigación, las entregas controladas, las investigaciones encubiertas, la inexactitud del texto sobre el alcance del Convenio, el incumplimiento del principio de proporcionalidad y la falta de garantías democráticas.
Resolución sobre los objetivos estratégicos de la Comisión para 2000-2005

Banotti
. (EN) El Comisario Prodi ha señalado que "África es nuestra responsabilidad" y, al parecer, no de los Estados Unidos y de otros países importantes.
Trabajé en África hace 30 años y ya entonces era pobre y subdesarrollada, pero ahora los problemas son más catastróficos.
El pasado año murieron en África dos millones de personas víctimas del sida y aproximadamente 200.000 de las guerras.
En Zambia, el 25% de los maestros ha muerto a consecuencia del sida.
En algunos países, los niños tenían hace veinte años mayores oportunidades de recibir enseñanza básica y asistencia sanitaria que las que tienen hoy.
Nuestras políticas para África carecen de coherencia. Existe una enorme duplicación del esfuerzo. Además, el peso de la deuda sigue siendo un obstáculo para el desarrollo real.
No existe la menor duda de que África se ha convertido en el continente olvidado.

Berthu
. (FR) En su comunicación sobre los objetivos estratégicos 2000-2005, la Comisión reitera que es necesario convertir a Europa en un "actor global", capaz de hablar con una sola voz en el mundo y de hacerse escuchar.
¿Cuál sería el objetivo de este actor global? Indudablemente, el ciudadano esperaría una respuesta como la siguiente: "Defender mejor los países de Europa", puesto que en eso consiste la misión tradicional y primordial de la asociación política. Ahora bien, esta frase no figura en ningún sitio. No hay más que frases vagas sobre las "asociaciones estratégicas" y las nuevas posibilidades de desarrollo de los intercambios, lo que facilitaría, al parecer, la integración completa de Europa. La omisión del objetivo principal es muy reveladora. Dicha omisión deja al descubierto uno de los principales defectos de la Unión Europea, un defecto poco conocido, casi siempre implícito, pero que explica en gran parte el desinterés de los ciudadanos.
En el programa de trabajo para el año 2000, anejo a las orientaciones estratégicas, hay un pasaje muy revelador al respecto. Al referirse a la cuestión esencial de las relaciones con los Estados Unidos, la Comisión menciona una sola prioridad: "nos esforzaremos por reducir y eliminar en lo posible los conflictos relativos a los intercambios transatlánticos" (página 5). En lugar de una declaración enérgica, capaz de demostrar la voluntad de defender los intereses de los europeos en los numerosos enfrentamientos comerciales actuales (por no mencionar otras cuestiones), no encontramos más que la voluntad de eliminar los conflictos, por lo que la Comisión no deja entrever una decidida voluntad de realizar grandes esfuerzos.
¿Por qué esta extraña simultaneidad de la integración y de la pérdida del instinto de defensa? Mencionaré tres razones: 1) las instituciones europeas, al querer superar las naciones, se apartan de los pueblos, y al apartarse de los pueblos, éstas resultan maleables frente a los intereses extranjeros; 2) las personas que trabajan en las instituciones, una vez apartados de los pueblos, se habitúan a razonar, no como defensores exclusivos de estos pueblos, sino como funcionarios internacionales encargados de reglamentar un sistema global; 3) la integración procura quizá crear, por un lado, economías de escala e impulsar la productividad, pero, por otro lado, se pierde mucho más, ya que al romper las naciones, se rompen solidaridades sutiles, y con ellas la voluntad de defenderse juntos.

Caudron
. (FR) Comparto la profunda y viva insatisfacción que se ha manifestado claramente durante el debate. Puedo comprender, ciertamente, las dificultades del momento y el peligro de fracasar...
Sin embargo, la experiencia me ha convencido de que en política ¡la modestia de las ambiciones nunca es factor de éxito! Tampoco diré que estoy decepcionado, porque para estar decepcionado tendría que haber abrigado esperanzas,... y desde el debate de investidura ese no es mi caso.
En cuanto al futuro, en el momento en que la Comisión confirma su incapacidad de actuar contra el fascismo en Austria, estoy convencido de que sólo un bloqueo de las medidas de liberalización del mercado único podría constituir un "electrochoque" saludable para todos los países de la Unión.

Cossutta
. (IT) En nombre de los comunistas italianos, deseo manifestar una gran insatisfacción por los contenidos del documento que, según las expectativas, tenía que formular los objetivos estratégicos para Europa hasta el año 2005.
Empleo: desde hace años, el nexo entre crecimiento económico y aumento del empleo no responde a la realidad, sin embargo, se propone de nuevo como receta - que se ha demostrado inútil - para solucionar el gravísimo problema del desempleo. Y eso que el Presidente es un avezado economista.
Pensiones: en el documento se dice: "La responsabilidad de la modernización de los sistemas de protección social continuará correspondiendo a los Estados miembros" ; sin embargo, precisamente la Comisión intervino en el caso de Italia pidiendo reiteradamente una rápida modificación del régimen de pensiones, orientada a reducir derechos y retribuciones.
Y eso que el señor Presidente Prodi, por la importante orientación que dio al Gobierno italiano en esos años, sabe cuántos y qué sacrificios se han pedido y han hecho nuestros conciudadanos para entrar en el euro y conoce el importante papel que desempeña Italia en el desarrollo europeo. Por esto, no podemos aceptar invitaciones a realizar mayores recortes de las pensiones. Existe un acuerdo respecto a esta cuestión que prevé su revisión en el año 2001. No deberá ser revisado ni un día antes ni un día después. Por otra parte, la dinámica de los costes al respecto está totalmente bajo control. Por lo tanto, la Comisión debe abstenerse de este enfoque ideológico inaceptable y de estas declaraciones que crean inestabilidad e incertidumbre en los ciudadanos.
He mencionado el caso de Italia no solo porque el Presidente lo conoce muy bien, sino porque, de los datos comunitarios (Eurostat), se desprende que para Italia el gasto en bienestar -actualmente del 25,9 %- no solo es desde 1990 inferior a la media comunitaria (28,2%), sino que es con mucho inferior a la media de los países considerados ejemplares como Alemania (29,9%) y Francia (30,8%).
Papel de Europa: en primer lugar hay que reafirmar que Europa rechaza la guerra como instrumento para solucionar los conflictos internacionales; luego se puede hablar del papel "militar" de la Unión.
Agricultura y salud: nuestra visión de la cuestión difiere de la visión de la Comisión: para nosotros no existen consumidores, existen ciudadanos que quieren nutrirse con alimentos sanos, con productos cuya finalidad no sea la competitividad, sino la salubridad, la calidad y el respeto del medio ambiente, elementos que, por otra parte, crean empleo.

Hager
 - (DE) El Presidente Prodi presentó ayer un magnífico programa, que comentó más en detalle a continuación. Por el momento se trata de una declaración de intenciones que aún debe plasmarse en hechos concretos. Sin embargo, dado el compromiso del Presidente de la Comisión no hay razón alguna para suponer que estos hechos no vayan a producirse.
Además, hemos de agradecer al Presidente su actitud correcta ante la situación en que se halla la política interna austríaca. Ayer intenté seguir su discurso con atención y aun así no descarto que algunas cosas se me puedan haber escapado. En el contexto del respeto de los valores fundamentales de la UE el Presidente ha vuelto a dilucidar su punto de vista sobre la situación en Austria. Sin embargo, no le he oído hablar de los acontecimientos en España. Se trata de acontecimientos que no sólo no han ocurrido nunca en Austria, sino que, además, -y eso lo afirmo con total seguridad- nunca ocurrirán, puesto que son inconcebibles en el país democrático que es Austria.

Lienemann
. (FR) Las propuestas de medidas y el programa presentados por el Sr. Prodi son sumamente imprecisos, y las cuestiones sociales, una vez más, están ausentes. Además, la palabra "social" parece estar proscrita del vocabulario de la Comisión, mientras que abundan las referencias liberales y norteamericanas.
Renano Prodi recoge el concepto altamente controvertido de "buen gobierno"; controvertido porque favorece el dirigismo frente al buen funcionamiento de la democracia, y porque hace referencia a la noción definida por el FMI, cuyo contenido ideológico está totalmente dominado por el liberalismo y el monetarismo. La variante no es sólo semántica. La única lógica que se impone al leer este documento es la prosecución del gran mercado, la desreglamentación generalizada, y ello nada tiene que ver con la nueva orientación de la política europea que esperan nuestros conciudadanos. R. Prodi sólo se refiere a "mecanismos", a "estructuras", pero no define ningún proyecto equilibrado, capaz de responder a las aspiraciones de nuestros pueblos.
La ampliación aparece como un fin en sí misma, pero si no se decide ninguna política social, ningún valor común, ni se crea ninguna institución capaz de fortalecer la cohesión y la democratización de la Unión, la Europa que recibiremos tras la Presidencia "Prodi" podría ser un simple espacio de mercado común dentro de una globalización generalizada, y no la comunidad de destino que esperamos.
Finalmente, la indulgencia de R. Prodi frente al Gobierno austríaco, en nombre de un legalismo excesivo (que, además, no le obliga en absoluto a enviar un mensaje de felicitaciones) justificaría por sí sola un voto de desconfianza.

Krivine y Vachetta
. (FR) La UE pregona sin comedimiento sus ambiciones expansionistas. El objetivo de la Comisión con miras a los próximos cinco años es el de convertirse en un "actor global", demostrando "un verdadero liderato en la palestra mundial". La naturaleza de la UE no ha cambiado. Desde el principio ha actuado en función de una decena de grandes grupos financiero-industriales y de los grupos de presión de estos últimos. Pero la Comisión "Prodi" quiere ahora transformar la UE para asumir la codirección mundial con los Estados Unidos, al mismo tiempo que compite y rivaliza con este país.
Esta nueva política imperial pregona una reorganización de las instituciones europeas y nacionales, fortalecer el poder estatal, reforzar la competencia, crear un ejército europeo y decidir una nueva repartición de los medios financieros. El hecho de que aún se pretenda invocar la defensa de un "modelo social europeo" es una mentira vergonzosa, ya que la Unión Europea, cuanto más lucha contra los Estados Unidos, más se les parece.
Nosotros votamos en contra de estos objetivos, puesto que en el Parlamento y en la calle luchamos contra esta política. La elaboración de una Carta europea de derechos fundamentales sería un atisbo de luz en dicha política, pero, repito, no hay nada previsto para que los pueblos de Europa puedan intervenir en dicha elaboración y decidir democráticamente por sí mismos.

Queiró, Ribeiro e Castro
Nos hemos abstenido en la votación de la resolución por las siguientes razones:
En primer lugar, la resolución no denuncia con suficiente claridad el carácter impreciso de las prioridades y los compromisos expresados en el programa de la Comisión.
Además, consideramos que, en el ámbito de la determinación de prioridades para los próximos cinco años, la principal cuestión que debate la Comisión tiene que ver con su papel en el marco de las relaciones interinstitucionales dentro de la UE y a ese respecto se omiten tanto el programa como la resolución.
A nuestro entender, hay un factor que condicionará el papel de la Comisión en el futuro próximo y tiene que ver con alguna recuperación de la iniciativa política europea por parte de los Gobiernos de los Estados miembros, a raíz del fracaso de la Comisión Santer. Consideramos que ese aspecto es muy positivo, ya que de esa forma los parlamentos nacionales, de los que dependen los Gobiernos, siguen pudiendo reivindicar la imprescindibilidad de su mandato democrático en la construcción de Europa. La verdad es que el Parlamento Europeo sigue sin granjearse la confianza o incluso el interés de las opiniones públicas nacionales, que se empeñan en no pensar en Europa, como lo prueba el nivel de abstención habido en las últimas elecciones. Por tanto, de lo que se trata es de fortalecer los mecanismos utilizados en la cooperación entre los Gobiernos de los Estados miembros, confiriéndoles más coherencia y transparencia y un carácter más democrático.
Acogemos con beneplácito el esfuerzo de Romano Prodi para mejorar la reputación pública de la Comisión y la necesidad de que se concierte con el PE y el Consejo. Pero consideramos que la prioridad debería ser para la reforma de los mecanismos de cooperación gubernamental, en particular mediante la creación de un Consejo de Ministros para Europa que, en coordinación entre sí y con las demás instituciones europeas, se encargara de transformar en acciones concretas las decisiones políticas de los Consejos Europeos.
Informe Corrie (A5-0032/2000)

Berthu
Señora Presidenta, el trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999 ha estado marcado por una mayor preocupación sobre la continuidad del modelo de cooperación resultante de los acuerdos de Lomé. Ya en 1994, a través de una primera resolución que había contado con la amplia participación de nuestra colega Domique Souchet, la Asamblea Paritaria se alarmaba por las consecuencias previsibles de la Ronda Uruguay, que había entrado en contradicción con el propio principio de la preferencia comunitaria, necesaria para dicha cooperación. Desde hace dos años, estos temores se concretizan. El contencioso del plátano constituye su más clara expresión. Se pide a los países en desarrollo que se adapten a la liberalización de los intercambios, a pesar de la fragilidad de sus economías.
Si bien el informe del Sr. Corrie denuncia muy bien esta situación y reafirma la adhesión de la Asamblea Paritaria al modelo de Lomé, no hace suficientemente hincapié, en cambio, en un segundo problema que, de hecho, también procede del error librecambista: la incoherencia de los acuerdos comerciales regionales celebrados por la Unión Europea. El Acuerdo de cooperación con Sudáfrica es el mejor ejemplo de ello. El Consejo ha aprobado este acuerdo negociado por la Comisión, cuando incluso el capítulo agrícola, que es esencial, no estaba finalizado.
Como dijo muy bien nuestro colega Paul-Marie Coûteaux en su intervención de ayer y en sus propuestas de enmienda, uno se pregunta cuál es la coherencia política de este cheque en blanco. Esto resulta muy preocupante, sobre todo cuando un acuerdo similar parece esbozarse con México.
Tampoco se puede apoyar al ponente cuando pide la incorporación del Fondo Europeo de Desarrollo al presupuesto comunitario. Nosotros deseamos mantener el compromiso claro y la responsabilidad de cada Estado miembro que permite el carácter intergubernamental. Desgraciadamente, existen demasiados ejemplos de desviación de la ayuda colectiva de los que nadie se siente responsable, y no queremos extender al FED este sistema desastroso.

Martin, David
Señora Presidenta, saludo el informe del Sr. Corrie porque representa una evaluación equilibrada del trabajo realizado por la Asamblea durante el pasado año.
El informe nos llega justo después de que se haya alcanzado un acuerdo sobre la renovación del actual Convenio de Lomé, que expira a finales de este mes. El nuevo acuerdo prevé un presupuesto para el desarrollo por valor de 13.500 millones de euros durante los próximos siete años. Es de vital importancia que esos fondos sean utilizados en beneficio de los colectivos e individuos más pobres de los países ACP. Deberán realizarse denodados esfuerzos para erradicar la corrupción y el despilfarro. La sociedad civil debe tomar parte en la planificación y ejecución de estos proyectos.
La decisión de incluir una cláusula que obliga a los países ACP a readmitir a los inmigrantes ilegales que entran en Europa es motivo de preocupación y deberá aplicarse con la máxima sensibilidad. Espero que antes de que expire este nuevo Convenio de Lomé podamos acoger a Cuba como miembro de pleno derecho.

Andrews
. (EN) El programa conjunto de las Naciones Unidas de lucha contra el sida estimaba que a finales de 1998 había un total de 33,4 millones de personas en el mundo infectadas por el virus VIH. Más del 95% de todas las personas infectadas por el VIH vive en países en desarrollo y el África subsahariana es la región más afectada del mundo. A pesar de que sólo el 10% aproximadamente de la población mundial vive en el África subsahariana, el 70% de todas las personas que se infectaron con el virus del sida en 1998 vive allí. El 80% de los 13,9 millones de muertes relacionadas con el sida en todo el mundo se produjo en esta región.
El problema del sida en África no es solamente una cuestión de asistencia sanitaria privada o pública, sino un problema de desarrollo. Los efectos del sida endémico significan que cualquier progreso en temas de desarrollo en la región subsahariana es neutralizado o invertido. En base a los datos a los que hoy hago referencia, es evidente que esta enfermedad se está cobrando un precio desproporcionado sobre los países en desarrollo que son los menos capaces de responder a sus enormes repercusiones. Está claro que la propagación del sida en la región subsahariana del continente africano está relacionada con la pobreza. Los tratamientos contra el sida que pueden llegar a costar hasta 18.000 dólares por persona y año están evidentemente fuera del alcance de países que pueden tener un presupuesto anual para asistencia sanitaria equivalente a menos de 5 dólares per cápita.
Incumbe a la Unión Europea y a las Naciones Unidas solucionar lo que es un problema social y mortal de una manera integral y estratégica. En primer lugar, debemos garantizar que las necesidades básicas de las personas más pobres de los países más afectados por la enfermedad del sida están plenamente cubiertas. Entre estos países se incluyen Etiopía, Lesoto, Mozambique, Tanzania, Uganda y Zambia. La formación sobre la prevención debería comenzar ya a partir de la escuela primaria en dichos países. Los niños de enseñanza primaria deben de recibir mensajes adecuados sobre los efectos del sida para la salud de boca de unos profesores que se sientan cómodos con la información que intentan transmitir.
Los servicios y el personal sanitarios de las ONG deben recibir la ayuda y los recursos necesarios para poder atender a los pacientes de manera eficaz y adecuada. Es fundamental que estos grupos puedan obtener los recursos limitados que necesitan para poder ser eficaces. A un nivel más central, existe la necesidad de mejorar la eficacia de la coordinación entre los donantes gubernamentales, las ONG internacionales, las ONG del país y las iniciativas del sector privado, de manera que no se malgasten los escasos recursos disponibles.
Unas economías ya de por sí débiles se están viendo debilitadas aún más en África a causa del virus del sida. Los recursos que ya se estiran son estirados aún más. El 50% o más de las camas hospitalarias están ocupadas actualmente por pacientes que padecen alguna enfermedad relacionada con el sida en los países que presentan las cifras más altas de casos de sida.
Y pasando a una cuestión completamente distinta, quisiera apoyar la adhesión de Cuba como país ACP dentro del marco del nuevo Convenio de Lomé que se aprobará en breve entre la Unión Europea y países de África, el Caribe y el Pacífico. Sé que esto es bastante controvertido, en particular, debido a la actitud del Gobierno estadounidense hacia el régimen de Castro. No obstante, en esta ocasión, la Unión Europea insistirá en la introducción de criterios políticos en el Acuerdo sobre el Convenio de Lomé. Criterios de buena gobernación que abarquen ampliamente las cuestiones de los refugiados, la corrupción, los derechos humanos y la democracia formarán parte del acuerdo concretado entre la Unión Europea y todos los países firmantes del Convenio de Lomé de África, el Caribe y la región del Pacífico.

Carlotti
. (FR) El Convenio de Lomé, sobre el que se basa el conjunto de la arquitectura de las relaciones entre la Unión Europea y los 71 Estados de África, el Caribe y el Pacífico, constituye actualmente la herramienta de desarrollo más efectiva y más ambiciosa en las relaciones Norte-Sur. Después de prestar durante años "buenos y leales servicios", dicho convenio sigue siendo el principal símbolo del esfuerzo de la Unión Europea en favor del desarrollo y de la mejora del futuro de los países más pobres.
Es la cara humana de Europa...
Y el interés del informe de John Corrie consiste en hacer resaltar el valor de este instrumento de desarrollo original y voluntarista, así como el trabajo de la Asamblea Paritaria que lo aplica.
Y ello sobre todo por cuanto la frágil estructura de esta construcción ambiciosa ha estado amenazada. La asociación entre la Unión Europea y los ACP ha negociado con dolor el hito que supone el milenio. Hoy me congratulo de que la razón y la generosidad se hayan impuesto a las dificultades, para abrir nuevos horizontes a esta asociación.
Porque después de 30 años del inicio de una asociación inédita entre el Norte y el Sur, la adaptación de una herramienta que ha demostrado su eficacia, pero que también ya ha cumplido su tiempo, resulta indispensable para hacer frente a nuevos desafíos. Por eso el nuevo acuerdo que será suscrito el próximo 31 de mayo, en las islas Fidji, por un período de 20 años, constituye algo más que una simple renovación de los convenios que organizan las relaciones entre Europa y los países ACP. Dicha renovación debe consolidar su renacimiento.
El presente convenio consagra con brillantez la dimensión política de una asociación que constituye el único lugar de diálogo y de discusión política en el seno de las relaciones Norte-Sur. En el momento en que la Asamblea Paritaria se abre cada vez más a los representantes electos de los Parlamentos de los ACP, esta dimensión no sólo debe ser mantenida, sino también fomentada.
La Asamblea Paritaria constituye, pues, una tribuna en cuyo seno países europeos y países en desarrollo defienden sus intereses comunes. Tras el esbozo de Seattle, nuestro deber consiste ahora en adoptar una posición concertada, para hacer evolucionar las reglas del comercio mundial y ponerlas al servicio de la lucha contra la pobreza.
La asociación puede ahora inscribirse en el tiempo. La vía para su modernización está libre.
Primeramente, favoreciendo, como lo recomienda el informe Corrie, una evolución hacia la celebración de reuniones regionales de la Asamblea Paritaria, que permitan adaptar los métodos de trabajo a las nuevas formas de cooperación previstas - aplicación de los "acuerdos de asociación económica regionales" (APER) -. En segundo lugar, orientando las medidas hacia los microproyectos y la apertura a la sociedad civil de los países del Sur. Finalmente, apostando decididamente por la ampliación, con la inmediata adhesión de Cuba, como pidió en Nassau el conjunto de los países ACP, y que ahora acaba de solicitarse formalmente.
Pero sepamos proteger el espíritu inicial del Convenio de Lomé, que ha permitido que las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP se convirtieran en lo que son: una verdadera asociación, basada en la equidad y el respeto recíproco.

Krivine y Vachetta
. (FR) Pocos días después de las manifestaciones de Seattle, los ministros de la Unión Europea imponían a los países ACP, sus ex colonias, un acuerdo compatible con las normas de la OMC. Además de la reducción del volumen de las exportaciones de estos últimos hacia el mercado comunitario, la denominada "ayuda al desarrollo" a los países ACP no deja de caer en picado, al pasar del 70% anual del total de la ayuda de la Unión Europea en 1986 al 30% en 1998. La Unión Europea prefiere orientar sus créditos hacia la Europa del Este, la ex URSS, Asia, donde los beneficios son más prometedores.
Los acuerdos UE/ACP se burlan de los principios democráticos y de la lucha contra la corrupción, protegiendo a los responsables: ¿Para cuándo las sanciones y un control para Total-Elf, que abastece a los responsables de la guerra civil en el Congo? ¿O para la Shell? Aunque se presente el mercado como la única regla que debe regir las relaciones UE/ACP, la Unión Europea prevé asimismo una gestión policial de la inmigración, como lo da a entender el artículo 13, que justifica la política de los Estados europeos contra las personas indocumentadas.
Nosotros no aceptamos este acuerdo que impide a las poblaciones que dispongan de los medios para construir sociedades independientes de las multinacionales y de los bancos europeos.

Titley
. (EN) Señor Presidente, alabo los auténticos esfuerzos que han dedicado algunos diputados -entre los que se encuentran algunos de mis colegas Laboristas- a la Asamblea Paritaria ACP-UE, así como a garantizar un nuevo Acuerdo de Lomé, que beneficiará a algunos de los países más pobres del mundo.
Probablemente en mi circunscripción muchos no sepan que la UE es el mayor donante de ayuda exterior del mundo. Aunque puede que sean otros los más poderosos, la UE es la más generosa. Es algo de lo que la UE puede sentirse orgullosa con toda la razón y creo que deberíamos proclamarlo a los cuatro vientos más a menudo.
La trayectoria del Gobierno Laborista en Gran Bretaña también es espléndida. La diputada Clare Short es una de los pocos ministros de Desarrollo Internacional que existen en el mundo y, como tal, puede llevar su causa hasta el mismo corazón del Gobierno. El diputado Gordon Brown, por su parte, ha encabezado los esfuerzos internacionales encaminados a aliviar los atroces niveles de la deuda del Tercer Mundo y ha garantizado que la campaña Laborista para reducir la pobreza no termina en el Canal de la Mancha. Ya sea a través del salario mínimo en Manchester o la condonación de la deuda en Durban, el objetivo de los Laboristas de reducir la pobreza sigue siendo el mismo.
No obstante, aún queda mucho por hacer. El próximo gran reto consiste en volver a lanzar la nueva ronda de negociaciones sobre el comercio mundial, que fracasó en su intento de despegue el pasado diciembre en Seattle. Tiene que ser una "ronda del desarrollo", en la que los países en desarrollo, que en realidad estuvieron excluidos de las rondas anteriores, estén plenamente representados. Porque el mejor modo de reducir la pobreza del mundo pasa por ayudar a los países en desarrollo a ayudarse a sí mismos. Los países en desarrollo quieren comercio, no ayuda; un pequeño impulso, pero no limosna. Y el mejor modo de ayudar a los países en desarrollo a ayudarse a sí mismos es abrir los mercados del mundo para permitirles vender sus productos. De esta forma, el poder de la globalización puede ser aprovechado para el bien, para el beneficio del pobre y no sólo del rico, de la mayoría y no de una minoría. Por consiguiente, ya sea a través del "New Deal" en Newcastle o de un comercio justo en Freetown, el objetivo del Laborismo de dar una oportunidad a todos sigue siendo el mismo.
Informe Swoboda (A5-0031/2000)

Alavanos
. (EL) El Acuerdo de Estabilización y Asociación del la Unión Europea con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, bajo la forma de acuerdo mixto del artículo 310 del Tratado de la UÅ, puede contribuir a la estabilización y al desarrollo de esta República balcánica. Al mismo tiempo, puede alcanzar un importante apoyo financiero a través del programa PHARE.
La política, sin embargo de la UE en los Balcanes es hoy incompleta, inestable y esquizofrénica. Hay acuerdos y relaciones de diferente tipo, o falta absoluta de relaciones -que llega hasta el embargo en el caso de Yugoslavia-, que suponen un enfoque fragmentario e ineficaz. Falta una concepción regional global de los Balcanes que incluya a todos, sin exclusiones ni revanchismo.

Finalmente, la intervención de la Unión Europea en pos de la solución del problema del nombre de la ARYM -que desgraciadamente se está convirtiendo en un problema crónico y podría volver a ser fuente de conflictos en un momento de tensión- y en pos de una respuesta en la negociación más activa, y en un horizonte temporal tangible, por parte de las autoridades de la ARYM, es útil y necesaria.

Montfort
. (FR) La voluntad de la Comisión de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y la Antigua República yugoslava de Macedonia, y de abrir a esta última la perspectiva de una plena integración en la Comunidad, parece responder a una preocupación prioritaria: la construcción de un conjunto político respetuoso de las naciones y de su soberanía no podía aplazar por mucho tiempo más el envío de una señal a estos Estados del sureste de Europa, con los cuales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la historia no se ha mostrado indulgente.
Después de haber sido aplastada por la bota del comunismo triunfante, la región sigue pagando, desde principios de la década de los noventa, la factura del hundimiento soviético. Sin embargo, en este difícil contexto, y en particular desde la intervención militar de la OTAN en los Balcanes, algunos de estos Estados, todos auténticamente europeos, han demostrado tener un sentido de la responsabilidad, que legitima sus aspiraciones a la integración en la Comunidad.
En este sentido, el caso de la Antigua República Yugoslava de Macedonia es a la vez ejemplar y emblemático. Ejemplar, porque demuestra que los Estados de los Balcanes no están asolados por ningún tipo de fatalidad y que, aquellos países que tienen la voluntad de hacerlo, están ahora en condiciones de satisfacer las exigencias habituales de los acuerdos de estabilización y asociación requeridas por la Unión Europea. Emblemático, porque ilustra positivamente el proyecto de los Quince de que debe surgir una política común a los cinco países de la región (Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Federal de Yugoslavia, ARYM y Albania) capaz de convertir la estabilización económica y política en una viva y urgente obligación.
El Grupo UEN está de acuerdo en enviar esta señal a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en la medida en que dicha señal privilegia la independencia y la soberanía de los Estados: si bien en los Balcanes no es posible encontrar una solución satisfactoria sin una importante política de cooperación entre los Estados que los componen, tampoco puede bloquearse su proceso de integración, con la justificación de que uno de sus países sería considerado indigno de esta promoción.
La Unión cumple con su papel al buscar, a través de su política de cooperación, una incitación a las naciones para abrazar con ella una base de valores comunes, cuya piedra angular es la democracia y la libertad de los ciudadanos. La Unión se aleja de su cometido cuando, en sus opciones, sustituye a los pueblos o cuando, sin contar con ellos, vuelve a concebir una nueva forma de "sentido de la Historia" que no toma en cuenta la noción de autodeterminación de los pueblos sino en una sola dirección.
La construcción comunitaria sólo tiene sentido si crea exclusivamente discriminaciones positivas: el Grupo UEN espera que esta señal dirigida a la ARYM, así como sus aplicaciones concretas, permitan contribuir de manera sostenible al desarrollo y a la coexistencia pacífica de los Estados-naciones de esta parte -de pleno derecho- de Europa.
Informe Frassoni (A5-0021/2000)

Lund
 - (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Frassoni, por el cual el Parlamento Europeo acepta el acuerdo contraído con la Comisión relativo a las disposiciones para la puesta en marcha de la decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre la comitología. En todos los asuntos hacemos hincapié en que exista la máxima transparencia posible en torno a los procedimientos de decisión de la cooperación comunitaria, por ejemplo, de cara a garantizar el necesario control democrático. Con este acuerdo, el Parlamento Europeo recibirá automáticamente la documentación pertinente de los casos que haya sido aprobada conforme a las normas recogidas en el artículo 251 del Tratado. También nos gustaría ver extendido este convenio a otros ámbitos, donde tras este acuerdo las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo recibirán la documentación una vez la soliciten. Con la aprobación de este acuerdo no hemos alcanzado el objetivo final de transparencia y control democrático con los procedimientos de comitología. Sin embargo, se trata de verdaderos avances en la dirección correcta que no queremos bloquear.
(La sesión, interrumpida a las 13.23 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Reestructuración de las empresas en Europa
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión -Reestructuración de las empresas en Europa.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, el cambio que experimentan las empresas, que puede ser gradual o repentino, se ve impulsado por las nuevas tecnologías, la competencia a escala mundial o las preferencias de los consumidores. Tiene repercusiones económicas y afecta al empleo y a la cohesión social, pero además, el cambio nos brinda nuevas oportunidades importantes cuando sabemos anticiparnos y prepararnos para su llegada y gestionarlo.
La aceleración del progreso tecnológico y la creciente presión competitiva de la globalización de los mercados están impulsando a las empresas hacia una rápida adaptación de su producción y de sus estructuras. Las empresas deben ser capaces de prever e identificar en una fase temprana las medidas que deberán adoptar para garantizar la continuidad de sus actividades. A veces se impone una fusión de las actividades.
La Comisión es perfectamente consciente de esta situación, así como de la necesidad que tienen las personas de sentir una seguridad elemental en los difíciles tiempos de cambios. Estamos convencidos de que la piedra angular del éxito de la adaptación al cambio es el diálogo a todos los niveles que tenga como base una información plena y transparente.
Últimamente, hemos conocido diferentes experiencias y enfoques sobre cómo superar operaciones de reestructuración de empresas a gran escala, que a menudo afectan a las vidas de un gran número de personas europeas. En algunos casos, estas operaciones fueron bien preparadas por adelantado, contaron con la plena participación de los representantes de los trabajadores y se prestó la debida atención a la búsqueda de soluciones que causaran el menor daño posible. En los casos que se consideraron necesarios, los trabajadores que podían verse afectados recibieron instrucciones sobre cómo buscar un puesto de trabajo y poder hacer frente al reto que suponía encontrarse de repente en el paro.
En otros casos, estas operaciones fueron lanzadas y llevadas a cabo con menos cuidado y menos consideración por las personas afectadas. En cada ocasión, como fue el caso en una fecha tan reciente como el pasado octubre en esta Asamblea, la Comisión ha hecho hincapié en las siguientes posiciones básicas. En primer lugar, las decisiones relativas a la reestructuración de empresas sigue siendo prerrogativa y competencia de la dirección. Eso significa que a la hora de estudiar acciones que podrían tener consecuencias sociales graves, como por ejemplo la pérdida de puestos de trabajo, las empresas deben siempre esforzarse en buscar soluciones y elegir la que sea menos negativa y menos perjudicial.
En segundo lugar, cuando los despidos son inevitables, no deberán escatimarse esfuerzos para reforzar las posibilidades de los afectados de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Esta medida exige previsión, preparación con tiempo y una gestión cuidadosa de estos procesos.
En tercer lugar, nada puede justificar la falta de información puntual, eficaz y exhaustiva, así como la falta de una consulta de los representantes de los trabajadores y de la patronal, antes del lanzamiento de dichas operaciones o de su anuncio público. La participación de los trabajadores es siempre, y en particular en el caso de la reestructuración de empresas, no sólo un derecho fundamental, sino además un requisito imprescindible para que la sociedad acepte estas operaciones. A fin de cuentas, es también un factor decisivo para que tenga éxito, ya que ninguna colectividad puede sobrevivir y prosperar si no existe la confianza, el diálogo, la cooperación y la solidaridad entre sus diferentes componentes.
Estos principios fundamentales gozan de un amplio consenso en Europa. En eso consiste una reestructuración inteligente. Cada vez es más inusual que las empresas se embarquen en operaciones de reestructuración perjudiciales, que hagan caso omiso de estas inquietudes fundamentales, como lamentablemente sucedía a veces en el pasado.
En la Unión Europea hemos construido en estos últimos años una amplia gama de instrumentos para poder superar estas inquietudes. Hemos establecido unos requisitos mínimos a nivel europeo, que todos los Estados miembros y todas las empresas deben respetar a la hora de plantearse una reducción de plantilla, especialmente cuando esa reducción es considerable, o cuando las empresas se disponen a tomar otras decisiones que puedan afectar a los trabajadores. La directiva sobre los despidos colectivos y las transferencias de empresas y la directiva sobre los comités de empresa europeos constituyen nuestro marco jurídico, que protege los derechos de los trabajadores y garantiza unas normas justas en el ámbito de la información y consulta a nivel nacional y transnacional respectivamente.
En lo que respecta a la participación a nivel nacional y/o local de los empleados, la Comisión desea hacer hincapié, una vez más, en la necesidad de prever debidamente la información y consulta de los representantes de los trabajadores antes de decidir o de proceder a los despidos, según establece la directiva sobre los despidos colectivos, así como otras disposiciones nacionales.
Deseo recordar que, en principio, los tribunales nacionales son los responsables de castigar las posibles infracciones de estas normativas, siempre y cuando sean denunciadas por los representantes nacionales. No obstante, incluso cuando se respetan oficialmente las normas o disposiciones en vigor, eso no significa que la actitud de la dirección no pueda ser censurable en el plano social. De hecho, la Comisión viene insistiendo desde hace ya algún tiempo en que las normas establecidas no bastan para superar los retos de hoy. En un mundo que se caracteriza por el cambio permanente y en el contexto de los altos índices de desempleo, las normas en vigor nos parecen desfasadas, ya que no contemplan o no fomentan las ideas clave que se esconden tras la estrategia por el empleo ni nuestro enfoque del cambio, a saber, la previsión, la prevención de los factores de riesgo y la "empleabilidad" . Es por ello por lo que en noviembre de 1998, la Comisión presentó una propuesta de directiva relativa a la información y consulta de los trabajadores, que desde entonces ha obtenido el firme apoyo del Parlamento, por lo que le damos las gracias.
Lamentablemente, la otra rama del poder legislativo, el Consejo, aún no ha comenzado a estudiar la propuesta, a pesar de que ha transcurrido más de un año desde su presentación. Espero que el presente debate contribuya a recordar a los Estados miembros la importancia y el carácter urgente de esta iniciativa.
Recientemente hemos podido oír de la Presidencia portuguesa que en breve se lanzará un debate serio sobre esta propuesta.
La próxima Presidencia francesa también parece estar dispuesta a conceder a este dossier la alta prioridad que merece. La Comisión espera sinceramente que el Parlamento y el Consejo concluyan pronto este importante dossier que, en nuestra opinión, constituye la respuesta más eficaz a las preocupaciones que despiertan casos como los que hoy nos han traído hasta aquí.
En cuanto al nivel transnacional de la participación de los asalariados, existen indicios de que al menos en una ocasión, las empresas pueden haber incumplido los acuerdos que habían celebrado con su plantilla europea sobre información y consulta transnacionales. Es posible que, cuando menos, hayan explotado una cierta ambigüedad del marco jurídico y contractual en vigor. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades nacionales competentes para comprobar este extremo. En cualquier caso, deseo decir a aquellos que creen que no se han respetado sus derechos en este sentido, que tienen a su disposición los medios necesarios para que se cumplan y para reclamar una reparación, en particular, a través de las instancias jurisdiccionales nacionales pertinentes.
La Comisión tiene conocimiento del deseo del Parlamento de que se proceda de inmediato a una revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos. Como recoge el informe que adoptaremos en las próximas semanas, reconocemos que la directiva contiene algunas lagunas. No obstante, como ya ha subrayado mi colega la Comisaria Diamantopoulou en otras ocasiones, a la hora de decidir si revisar o no inmediatamente la directiva, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones.
Primero, toda revisión de la directiva tendría escasa repercusión inmediata sobre los acuerdos actuales, a menos que el principio fundamental de respetar la autonomía de las partes negociadoras ya no proceda.
En segundo lugar, una revisión inmediata complicaría mucho más las cosas en lo que respecta a hacer avanzar otros dossiers pendientes en este ámbito, como el estatuto de empresa europeo y la propuesta de información y consulta nacional.
El buen resultado de estos otros dossiers podría facilitar enormemente la posterior revisión de la Directiva sobre comités de empresa europeos e incluso proporcionar algún tipo de solución a los problemas enunciados más arriba. Por ello nos inclinamos a considerar que en este contexto podría ser más adecuado proceder a la revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos una vez que estos dos dossieres hayan quedado concluidos y tras haber realizado un seguimiento más completo de la aplicación de la directiva.
La acción no se limita a la legislación. Para fomentar y apoyar el diálogo como la piedra angular del éxito de la adaptación al cambio, la Comisión está desarrollando además las recomendaciones del informe Lillehammer y preparando la creación de un observatorio europeo del cambio empresarial. También estamos desarrollando otra sugerencia de ese grupo de expertos, un informe sobre la gestión del cambio.
Permítanme, para terminar, hacer referencia a algunas de las otras causas de preocupación recogidas en la propuesta de resolución presentada a esta Asamblea. En cuanto a la aplicación de los nexos entre la política de competencia y la política social, permítanme recordarles que existe una disposición en el Reglamento de Operaciones de Concentración que estipula la posibilidad de que los representantes de los trabajadores sean escuchados por la Comisión en el marco del procedimiento correspondiente. En términos generales, reconocemos la necesidad de que las diferentes instancias estudien debidamente todos los aspectos en torno a estos tipos de operaciones, sin olvidar sus repercusiones en términos de empleo.
A modo de ejemplo, quiero mencionar que las autoridades públicas, en particular la Comisión, ya han adoptado medidas a través de la directriz sobre la ayuda regional de los países, que entró en vigor el 1 de enero del presente año, con vistas a garantizar que los fondos públicos siguen llegando hasta los beneficiarios de la ayuda regional y, por consiguiente, hasta los puestos de trabajo relacionados con la inversión. Con este fin, toda la ayuda regional está sujeta al requisito de mantener la inversión en cuestión durante un período de cinco años como mínimo. Las misma disposición fue incluida en el reglamento sobre los Fondos estructurales, lo que significa que es aplicable a todas las inversiones que son cofinanciadas con cargo a los Fondos estructurales.
La cohesión social y la interacción de las políticas comunitarias es el tema central de la próxima Cumbre de Lisboa. Sé que volveremos sobre estos temas en el futuro para estudiar el mejor modo de garantizar que nuestras políticas son adaptadas y reformadas de manera que puedan sustentar el progreso económico y social en Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Señor Gorostiaga Atxalandabaso, entiendo que usted tiene una cuestión de orden. Si se tratase de una declaración personal ¿estaría usted dispuesto a esperar al final de este debate, momento en el que gratamente le invitaría a intervenir?

Gorostiaga Atxalandabaso
Señor Presidente, el problema es relativo al honor público en este Parlamento, no se trata de una declaración personal.
Esta mañana la Presidenta del Parlamento, la Sra. Nicole Fontaine, se negó a permitirme intervenir acerca de una cuestión de orden. Desgraciadamente esta no es la primera vez en que la Sra. Presidenta ha hecho evidente su inadmisible comportamiento hacia mi persona. Al proceder de este modo, la Sra. Presidenta ha incumplido el artículo 142 que establece que las cuestiones de orden deben tener preferencia sobre el resto de peticiones de intervención. También ha incumplido el artículo 122 que otorga a todos los diputados de esta Asamblea el derecho a hacer comentarios, comentarios que en este caso rebatían las observaciones realizadas por otro diputado, el Sr. Vidal-Quadras.
Este comportamiento partidista de nuestra Presidenta debe ser criticado de la forma más enérgica. Estoy dispuesto a aceptar, en cualquier momento, las disculpas de la Sra. Presidenta.

El Presidente
Muchas gracias por su intervención. Nos aseguraremos que la Sra. Presidenta quede informada de su intervención. Le puedo asegurar, por lo que me consta, que a la Presidenta no le gusta mantener debates en mitad de una votación. Por lo tanto, es probable que la Asamblea, en ese punto, quisiese seguir avanzando.

Zappalà
Señor Presidente, Señorías, he valorado lo que ha dicho el Comisario Sr. Liikanen e intervengo -todos nosotros intervenimos- en el debate porque la materia que concierne a un fenómeno de amplio alcance, también concierne a un caso específico.
El tema objeto de debate reviste una gran importancia política y social. La libertad de empresa, la libertad de circulación, la libertad de competencia son pilares irrenunciables de la estructura político-económica de la Unión Europea. La reestructuración de las empresas responde al principio de libre determinación de las inversiones y, por lo tanto, debe defenderse. Sin embargo, cada vez más se producen casos que están en claro contraste con estos principios. De entre estos hoy existe un caso que, en apariencia, puede parecer sectorial y de alcance no significativo pero que, si se pasa por alto, sin que la Unión Europea tome cartas en el asunto, se convertirá en una regla no escrita que pondrá en dificultad a muchos Estados miembros y a la Unión en su conjunto.
Una industria americana -Goodyear- con establecimientos fabriles en Italia, Alemania e Inglaterra, está -legítimamente, desde su punto de vista- replanteando su producción y deslocalización. Sin embargo, quizás lo está haciendo sin respetar las normas comunitarias en la materia: ciertamente, sin un previo aviso razonable y no cumpliendo la obligación de dar cuenta de la utilización de financiaciones públicas italianas y europeas. En Italia, señor comisario Liikanen, Goodyear no está llevando a cabo una reestructuración, sino el cierre de una fábrica que con su producción cubre el 14% del mercado y que la misma Goodyear ha definido "para la mayor cualificación de sus empleados" , una fábrica que se abrió invirtiendo dinero europeo por un total de 85 millones de euros. Por lo tanto, cierre sin previo aviso y sin ninguna voluntad de abordar el futuro de la fábrica y de sus obreros, no obstante el hecho de que con los fondos públicos utilizados en esa fábrica hay poco de privado y mucho de público. Sería muy grave si cada una de las empresas extraeuropeas aprendiera, de hecho, a utilizar a Europa como un autobús, donde no se paga el billete, no se paga la colaboración y se cobra por utilizar el servicio marchándose sin dar cuentas a nadie.
Europa debe garantizar la libertad por todos los medios posibles, incluido el de utilizar su dinero para sus objetivos de libertad y no para que lo utilicen otros a voluntad, otros que pretenden cobrar y que, en el momento del divorcio, incluso rechazan discutir las condiciones del mismo, sin perjuicio de que aquí se trata de un divorcio pronunciado unilateralmente.
El Comisario Sr. Liikanen acaba de hablar de reestructuración y que no debe llevarse a cabo de forma ignorante. En este caso, lamentablemente, ignora a quien la sufre y parece que ignore quien la lleva a cabo. Deseo precisar al Comisario Sr. Liikanen que no es fácil acudir a los tribunales nacionales. Cierto que siempre es posible hacerlo, pero cuando se han perdido los puestos de trabajo, cuando se han cerrado las industrias, acudir a los tribunales, con una justicia lenta como la italiana, conduce a un resultado que ciertamente no es reconfortante.
Señor Comisario Liikanen, esperamos que tome cartas en el asunto. Lo cierto es que como Parlamento esperamos poder colaborar en esa resolución que usted ha mencionado -estamos dispuestos- pero esperamos una intervención resuelta respecto a este caso que ciertamente no puede terminar y pasar por alto tal como casi ya ha pasado por alto.

Ghilardotti
Señor Presidente, señor Comisario, como Grupo Socialista hemos querido presentar una resolución de compromiso junto con los demás Grupos de la izquierda, los Verdes y GUE, porque hemos querido poner de relieve y denunciar los aspectos más negativos y epatantes del comportamiento de las dos sociedades de las cuales estamos hablando en la resolución, ABB-Alstom y Goodyear Dunlop.
El caso de Goodyear no es aislado y sectorial, sino que afecta a mil familias que, de la noche a la mañana, se han encontrado sin trabajo, sin ingresos y sin perspectivas de cara al futuro.
Los casos que hoy debatimos, como otros muchos que hemos tratado en este Pleno -y temo que no serán los últimos- como usted, señor Comisario, ha recordado, nos brindan la ocasión de abordar la absoluta necesidad de completar la legislación europea. Pienso en la directiva relativa a la información y a la consulta de los trabajadores, mencionada por usted, que desde hace años está esperando una solución y respecto a la que el Parlamento Europeo se pronunció muy claramente en el mes de abril del pasado año. Pienso asimismo en la importancia del reforzamiento global de la legislación europea a través de la revisión de las directivas ya existentes. Creo que la Unión Europea y la Comisión deben pedir al Consejo y a los Estados miembros que presten atención a las formas de aplicación de dichas directivas en los distintos Estados.
Italia no es una excepción, no está entre las naciones más avanzadas en materia de aplicación, sin embargo, hay muchos Estados en que las directivas que ya establecen derechos mínimos, se aplican mínimamente. Esto ofrece a las empresas la posibilidad de trasladarse de un país a otro, incluso dentro de la Unión Europea, donde la aplicación de las directivas es menor, las empresas son más fuertes y los trabajadores están menos protegidos. Esto provoca fenómenos de dumping social.
En consecuencia, es necesario estar atentos a cómo se aplican dichas directivas y reforzar la coordinación europea. Todo esto confirma nuestro convencimiento de que una medida como las sanciones -cuya importancia reiteramos cuando el año pasado emitimos nuestro dictamen sobre la directiva relativa a la información y la consulta- no puede abandonarse en absoluto. De otro modo los casos que hoy estamos abordando aumentarán cada vez más y llegará a faltar una gobernación por parte de la Unión Europea, especialmente en lo referente a la competencia y a las tecnologías que producen transformaciones, lo que contribuirá a generar un desempleo creciente en menoscabo de la cohesión social.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, señores Comisarios, estimados colegas, hoy debatimos por segunda vez en cuatro meses la reestructuración de las empresas en Europa. Al igual que en aquella ocasión, el motivo del debate es la reorganización de las grandes empresas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Para mayor claridad les recuerdo que el Grupo Liberal se opone a la injerencia de la política en la administración de las empresas, tanto en el ámbito financiero como en el terreno de la gestión. A nosotros nos corresponde promulgar leyes y averiguar si éstas se aplican. Resulta que la empresa Goodyear recibió en Italia unos 40 millones de euros en concepto de subvenciones italianas y europeas. A pesar de ello, la empresa no se ha podido salvar. Ello demuestra que los puestos de trabajo no se compran y que el mercado se rige por una dinámica propia.
Dicho de otro modo, las ayudas estatales suponen un doble gasto para la administración pública: primero en subvenciones, y luego en subsidios de desempleo. ¿Es ése el objetivo de sus impuestos, mis impuestos y los impuestos de nuestros ciudadanos? Obviamente, ello no impide que nuestro Grupo comparta la preocupación de nuestros colegas italianos por las consecuencias que tiene el cierre de la empresa para la región afectada.
Por otra parte, mi Grupo se opone por principio al hecho de que la presente resolución haga referencia a nombres de empresas concretas, y eso por dos razones. En primer lugar porque se trata de una responsabilidad selectiva. Unas veces se recrimina a las empresas y otras veces no. ¿Por qué unas empresas sí y otras no? El asunto Michelin provocó un gran revuelo, en tanto que no he oído hablar a nadie de Nissan o IBM, aunque allí también estaba en juego el puesto de trabajo de muchos europeos. En segundo lugar no es un procedimiento honesto de cara a los trabajadores de otras empresas que también se están reorganizando y que también están sufriendo.
Mi Grupo ha firmado una resolución común del PPE, ELDR y UEN. Hemos dejado claro desde el principio que desaprobamos el uso de nombres de empresas concretas.
Por todo lo anterior, el Grupo Liberal votará contra el párrafo 8 y la segunda parte del párrafo 9. Si, a pesar de ello, dichos párrafos se adoptan, mi Grupo se abstendrá en la votación final. Sinceramente espero que esto no sea necesario.

Flautre
Señor Presidente, la actualidad social nos induce nuevamente a discutir y a tomar posición sobre proyectos de reestructuración de grandes grupos europeos. Ya está todo dicho en este asunto. Para algunos, nada queda por decir sobre la libertad - que es casi de derecho divino - de las empresas, y para otros, con los que me siento más próximo, nada queda por decir sobre la insoportable lógica de la rentabilidad a corto plazo, sobre el desprecio hacia los trabajadores, sobre las consecuencias sociales, individuales y colectivas, sobre los efectos en los territorios, sobre el desaprovechamiento de conocimientos y competencias.
Nosotros sabemos que estas reestructuraciones, tal como hoy se realizan, son totalmente contradictorias con los objetivos pregonados por la Unión Europea en materia de empleo y de cohesión social y territorial. En estas condiciones, para nosotros, diputados europeos, el desafío, dentro de un momento, en la votación de hoy, no consiste en expresar nuevamente algunas generalidades, por más emotivas que sean, - lo que en mi opinión acentuaría la idea, demasiado generalizada, de la impotencia de las instituciones -, sino en movilizar todo lo que está disponible en estas instituciones europeas para aplicar estos objetivos prioritarios anunciados en la situación concreta que hoy plantea la fusión de ABB-Alstom y el cierre de la fábrica de Goodyear en Italia y en extraer de ello todas las consecuencias.
Desde este punto de vista, ¿qué podemos hacer? En primer término, elaborar un informe muy preciso respecto a la aplicación de las directivas sobre los despidos colectivos y los comités de empresa europeos, llevar a cabo todo tipo de presiones, de requerimientos y de sanciones para su estricta aplicación. Es evidente que hoy las direcciones de los grandes grupos utilizan todos los subterfugios para eludir una información transparente y una negociación con los trabajadores de dichos grupos. No debemos aceptarlo. La pretensión de ABB-Alstom, en el sentido de que antes de la fusión es demasiado pronto para discutir y que después de la fusión es demasiado tarde, puesto que los representantes ya no están autorizados para hacerlo, es inadmisible. Se trata en el fondo de una desviación patente del espíritu de la directiva sobre los comités de empresa europeos.
Es necesario fortalecer nuestra legislación para colmar estas lagunas, reformarla, y garantizar a los trabajadores nuevos derechos, en particular el de oponerse al argumento económico respecto a los despidos. Es asimismo necesario revisar los criterios de autorización de fusiones de grupos. ¿Qué hace la Comisión -y qué hacemos nosotros, de rebote- cuando autoriza una fusión tan controvertida como la de ABB-Alstom, desde el simple punto de vista del derecho de los trabajadores y de sus consecuencias sociales? Parece, sencillamente, que cubre estas maniobras. Y si el conjunto de las políticas comunitarias debe desembocar en el empleo y en la cohesión, ¿cómo es posible que la Comisión se exonere de este examen en la decisión de autorizar o no una fusión?

González Álvarez
Señor Presidente, la Presidencia portuguesa y los objetivos estratégicos de la Comisión hasta el año 2005 hablan de pleno empleo. Para el pleno empleo hay dos condiciones imprescindibles: la primera, crear nuevos empleos para los jóvenes que entran en el mercado de trabajo; la segunda, no perder empleos. Sin embargo, la realidad en Europa nos da ejemplos claros de cómo se destruye empleo, sobre todo por parte de empresas -y esto es lo más grave- que obtienen enormes beneficios. Antes se pedía la solidaridad de los trabajadores con las empresas para sobrevivir, pero es que ahora las empresas tienen unos enormes beneficios y, así y todo, despiden a trabajadores. Ejemplos se dieron en España: Michelin, ABB-Alstom, y hay en Italia ejemplos que pondrán mis compañeras.
También hay otra fórmula encubierta de despido, y es la que practica, por ejemplo, en España la empresa Ericsson con el término "externalizar" (se ocultan palabras preciosas, se oculta "despido" ). Externalizar los servicios, es decir, subcontratar servicios a empresas de contrata, con lo que transforman empleo estable y fijo en empleo precario, sin derechos sindicales ni sociales. Ésa es, efectivamente, otra forma encubierta de despido.
Señor Comisario, las instituciones europeas, si creen en lo que dicen y hablan de pleno empleo, deberán tomar medidas claras: revisar las directivas para garantizar la participación de los trabajadores en estas negociaciones, revisar la directiva relativa a los despidos colectivos, reducir la jornada de trabajo, ligar las subvenciones europeas a un compromiso claro de mantenimiento del empleo e incluir cláusulas sociales y laborales en los acuerdos internacionales que firme la Unión Europea.

Angelilli
Señor Presidente, lamentablemente, una vez más este Parlamento tiene que abordar la reestructuración de las empresas en Europa. Una vez más hay trabajadores que corren el riesgo de perder su puesto de trabajo.
En esta ocasión, nos referimos a los trabajadores de Goodyear de Cisterna di Latina. Como se ha recordado, se trata de unas 600 personas y de otras tantas familias que, dentro de tres meses, podrían verse privadas de su única fuente de ingresos. Estos trabajadores - no obstante la disponibilidad demostrada para con la empresa y a pesar de su gran profesionalidad, gracias a la que la fábrica de Cisterna resulta ser una de las más productivas de Europa - corren el riesgo de quedarse fuera del ciclo productivo. Goodyear, por el contrario, después de haberse beneficiado de las subvenciones estatales y europeas durante años, puede, tranquila y libremente, cerrar sus puertas. Creo que esto no es justo: no lo es para los trabajadores de la fábrica de Cisterna y tampoco para todos esos ciudadanos italianos y europeos que, aunque indirectamente, a través de los impuestos, han permitido a Goodyear beneficiarse de esas ayudas estatales a las que me he referido antes.
La Comisión Europea y el Consejo deben asumir por fin todas las responsabilidades tanto en lo que se refiere a la adopción de una posición común sobre la información y la consulta de los trabajadores como en el ámbito de las ayudas comunitarias y nacionales que deben concederse sólo a esas empresas que se comprometen a celebrar acuerdos a largo plazo en defensa del empleo.
Hoy pedimos a la Comisión que defienda ante todo a los trabajadores de Goodyear de Cisterna y que, en consecuencia, ejerza todas las presiones posibles sobre la empresa para llegar a un acuerdo lo antes posible, al objeto de asegurar que la fábrica de Cisterna continúe existiendo y trabajando.
Por último, señor Presidente, señor Comisario, deseo recordar que el tiempo de que disponemos es realmente corto y que, por lo tanto, cualquier medida -entre las cuales se encuentran las ya citadas por el señor Comisario en su informe introductorio- que se tome debe ser inmediata y tempestiva.

Esclopé
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde el punto de vista de la reestructuración, es indudable que las empresas europeas deben adaptarse para poder aceptar mejor los nuevos desafíos, a menos que se resignen a desaparecer. Este contexto económico actual está muy presente en nuestra mente, ya que el objetivo de estas reestructuraciones es racionalizar la gestión de las empresas.
Si bien es plausible, desde el punto de vista económico, efectuar modificaciones estructurales para ser más competitivos y ganar cuotas de mercados, este análisis puede ser condenable cuando se realiza a petición de los financieros, a menudo accionistas, con el único fin, inconfesable, de aumentar los valores financieros de estas empresas, y así poder incrementar los beneficios que con ello obtendrán. En este sentido, los diferentes anuncios recientes, mencionados por mis colegas, tanto en el caso de Michelin como en el de Goodyear, son sintomáticos.
Una gestión racionalizada, así como una mejora de los resultados -en mi opinión, y por orden de prioridad, deben estar al servicio de la empresa y, por tanto, de los trabajadores, y luego, eventualmente, las consecuencias financieras que de ello se desprenden. Ahora bien, hoy asistimos a un fenómeno de concentración, de reagrupamiento de empresas y de deslocalización, con las consecuencias que conocemos - tanto respecto a la calidad de los productos como al plano social concretamente -desde el punto de vista del desempleo, de unas condiciones de trabajo más difíciles, de una mayor flexibilidad, consecuencias que son dramáticas en el plano humano, sobre todo para la célula familiar.
Existe, pues, el peligro de que el planeta se convierta en bicéfalo: por un lado, los países pobres, abastecedores de mano de obra y, por otro, los países ricos, proveedores de capitales. ¿Europa no debe ser acaso la barrera para poder mantener cierto equilibrio entre una mayor rentabilidad y un mayor bienestar? No hay que olvidar que lo que básicamente hace que una empresa funcione y tenga buenos resultados es el capital humano.
Para concluir, les recordaré que la tercera letra del nombre del Grupo EDD, al que pertenezco, significa "diferencia". Europa tiene el deber de hacer oír su voz como alternativa a las reestructuraciones no planificadas y con miras al "todo beneficio", la voz de la diferencia en esta oleada uniformizada de reestructuraciones.

Heaton-Harris
Señor Presidente, el mes pasado en el Reino Unido, en una región colindante con la mía, el Grupo Michelin anunció un numero considerable de despidos en su planta de Stoke-on-Trent debido a la reestructuración de la compañía y el aumento de la competitividad global en el mercado mundial de neumáticos. Yo, como todos los diputados presentes, lamento esta perdida de puestos de trabajo. Del mismo modo, lamento el anuncio hecho por Goodyear que ha propiciado esta resolución. Pero, ciertamente, pongo muy en duda que un Consejo Europeo de Empleo hubiera sido capaz de cambiar esta decisión empresarial.
Esta Asamblea es muy buena emitiendo resoluciones y legislando y algunas veces, en esta Institución, olvidamos que Europa no puede sobrevivir sola. Necesitamos empresas multinacionales que basen sus negocios en nuestro continente. En los pocos meses que llevo aquí me ha parecido asombroso que mientras todos hablamos de incentivar a las empresas para que crezcan en la UE, prácticamente todas las resoluciones que aprobamos las animan a abandonarla.
En nuestra última sesión plenaria de Bruselas votamos la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil e intentamos que sus normas fueran retroactivas, añadiendo unos costes enormes para los fabricantes europeos de coches que no podían haber previsto. Dos días más tarde, Toyota, que emplea a varios miles de personas en mi región, anunció que esta directiva no sólo aumentaría el coste de los coches sino que también podría conllevar despidos en su planta de Derbyshire.
En un mundo en el que, con seguridad, menos regulación constituye la clave, nosotros, en esta Asamblea, parece que pensamos que podemos añadir más legislación y costes a las empresas y que éstas van a permanecer en la Unión Europea, impasibles ante la tentación de otros lugares en los que hay menos cargas. Los diputados hablamos a menudo sobre las PYMES y ahora nos hemos topado con un modo único para su creación. Tomen una gran empresa con éxito, aplíquenle normas europeas, y en pocos meses habrán creado una pequeña. Quizá antes de criticar a nadie de fuera de este lugar debiéramos contemplarnos a nosotros mismos y lo que aquí llevamos a cabo.

Van den Burg
Señor Presidente, no utilizaré mi tiempo de palabra para referirme a los casos individuales que se comentan hoy. A este respecto coincido con la Sra. Plooij-Van Gorsel en que no podemos tratarlos en detalle. Pero tal vez la próxima vez sí deberíamos hablar de CORUS, la reciente fusión entre nuestros Nederlandse Hoogovens y British Steel.
Quisiera ampliar un poco este debate centrándolo en la coherencia entre la política de la Unión Europea en el ámbito de la fusión de empresas y las demás políticas. Desde este punto de vista me alegro de que el Sr. Liikanen esté aquí con nosotros y que el presente debate, que gira en torno a los intereses de los trabajadores, no se celebre únicamente con la Sra. Diamantopoulou sino también con Comisarios que se ocupan de esos otros terrenos.
Soy partidaria de que la Comisión traduzca todas estas perspectivas diferentes en una política coherente, a diferencia del orador anterior que parte de la idea de que no debe haber reglas. En mi opinión, debemos desarrollar una visión de cómo son las empresas de ahora. En este ámbito observamos cómo se están creando grandes fusiones entre empresas procedentes de la tradición anglosajona y empresas relacionadas con la tradición renana. Obviamente, en todo esto ocupa un lugar fundamental la pregunta de qué nos queda del concepto de cómo han de ser las empresas. Hemos de preguntarnos si solamente están a la merced de sus propietarios, los accionistas, o si se trata de una stakeholder society más amplia que debe garantizar continuidad a los trabajadores, los consumidores, los proveedores y la población local y que desempeña una función social.
Por todo ello, quisiera pedir a las diferentes direcciones generales de la Comisión y a los diferentes Comisarios que nos ofrezcan una visión más amplia sobre corporate governments. Me parece que ello estaría perfectamente en línea con los proyectos que se han presentado en los últimos días sobre good government en Europa, porque ahí también entra a formar parte la política en materia de empresas.

Morgantini
También en Italia el Gobierno se reúne con la delegación de los sindicatos y con la de los delegados de Goodyear para tratar de dar una solución a la política de cierre decidida unilateralmente por la multinacional norteamericana en una zona de Italia central, Cisterna di Latina, que ya se ha visto afectada por reestructuraciones.
El cierre supone la pérdida de más de mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos, centenares de familias sumidas en la inseguridad y en la nueva pobreza. Los trabajadores de Goodyear están llevando a cabo una lucha ejemplar, conscientes de que no solo defienden sus intereses, sino también los de los trabajadores de Goodyear en los distintos y numerosos países europeos: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Luxemburgo y Eslovenia.
Hoy, una pequeña delegación de trabajadores se encuentra aquí en la tribuna, con ansias de entender cuál será su futuro y cuál será la solidaridad que ofrecerá la Unión, qué política llevará a cabo para impedir que las multinacionales actúen sólo y exclusivamente en interés de su propio mercado y de su propio beneficio. Goodyear, como otras multinacionales, ha recibido más de 166 millardos. La Unión Europea, en todas sus instancias, debe ejercer todo su poder para que se solucionen estas y otras controversias.

Gill
Señor Presidente, al principio de esta semana el Presidente Prodi anunció que uno de los objetivos estratégicos de la Comisión para los próximos cinco años sería intentar alcanzar el pleno empleo. Reconoció que actualmente hay 15 millones de europeos que están buscando trabajo y que el desempleo es la causa principal de la pobreza y la exclusión social. Y, lo que es aun más, la Presidencia Portuguesa contempla la lucha contra el desempleo como su principal prioridad. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas prioridades políticas se vuelven invisibles en la política diaria.
La decisión de la Comisión de admitir la fusión ABB-Alstom es un ejemplo que viene al caso. La nueva compañía ha anunciado su intención de iniciar un plan de reestructuración con el objeto de ahorrar. Este plan de reestructuración global podría conducir a la pérdida de hasta 12.000 puestos de trabajo. En mi región del Reino Unido las consecuencias laborales de esta fusión han sido especialmente severas al anunciar ABB-Alstom que va a prescindir de 270 puestos de trabajo en Gran bretaña, de ellos 95 en Stafford y 112 en Rugby. El hecho de que la compañía no informase al Consejo de empleo acerca de las propuestas para la fusión es particularmente preocupante. Resulta especialmente importante en el caso de grandes compañías internacionales en las que las decisiones son tomadas lejos del empleado.
El artículo 17 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores insiste en la necesidad de realizar consultas, añadiendo que esto es de especial aplicación en el caso de compañías con establecimientos en más de dos Estados miembros. No creo que simplemente sea cuestión de una Carta comunitaria. La legislación de la UE sobre este asunto no puede ser más clara. En este tipo de situaciones la Comisión haría bien en tomar sus decisiones no solo sobre la base de si una fusión va a distorsionar la competencia sino también sobre la base de las consecuencias sociales y económicas. En estas cuestiones necesitamos una política más integrada. Lo que también necesitamos urgentemente es un estudio sobre el impacto que evalúe los efectos de una fusión sobre todas las áreas. Este es el único modo de respetar el Artículo 127 del Tratado.
Saludo la intervención realizada por el Comisario Liikanen pero también apelo al apoyo de este Parlamento para asegurar que la legislación sobre derechos de los trabajadores que hemos aprobado sea aplicada rigurosamente y para asegurar que las evaluaciones acerca del impacto de posibles fusiones sobre el trabajo sean realizadas como un elemento más del procedimiento habitual.

El Presidente
He recibido siete enmiendas a la resolución presentadas según el artículo 37.2 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde.
La sesión, interrumpida a las 15.50 horas, se reanuda a las 16.05.

DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

Incidentes racistas y xenófobos en El Ejido (España)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0149/2000 del Sr. Galeote Quecedo y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre los brotes de racismo y xenofobia en la comarca de El Ejido (España);
B5-0159/2000 de los Sres. Gasòliba i Böhm y Sánchez García, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los incidentes racistas y xenófobos en El Ejido (España);
B5-0162/2000 de la Sra. Díez González y otros, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre la explosión racista y xenófoba en El Ejido (Almería);
B5-0169/2000 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el brote xenófobo en El Ejido (España);
B5-0175/2000 del Sr. Bautista Ojeda y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre los incidentes xenófobos en El Ejido (España).

Hernández Mollar
Señor Presidente, me tranquiliza este debate porque veo que los tres primeros intervinientes conocemos bien la situación porque somos de origen africano.
En primer lugar, quisiera felicitar a los grupos de esta Asamblea por el alto grado de consenso alcanzado en esta resolución, consciente como soy del esfuerzo que los diputados de este Parlamento hemos hecho para evitar utilizar una cuestión como esta con fines electorales.
En segundo lugar, quisiera también afirmar con pleno convencimiento que ni España ni Andalucía son xenófobas o racistas, lo que no excluye, naturalmente, la condena más absoluta del uso de la violencia por parte de quienes, individualmente o en grupo, sólo merecen que la ley y sólo la ley les persiga con rigor y con firmeza.
Conviene que afrontemos la cuestión de la inmigración con profundidad y con rigor. Los hechos, que desgraciadamente van por delante de las decisiones políticas en este terreno, confirman sin duda alguna la prioridad del desarrollo sin dilación de los acuerdos de Tampere y del Título IV del Tratado. Los problemas de hoy no se pueden resolver dentro de cinco años. Es mucho tiempo, como estamos comprobando.
La legislación de los Estados miembros debe adecuarse a los acuerdos de los gobiernos en Tampere, como dice precisamente la propia resolución en su apartado 7. La integración social de los inmigrantes legales debe realizarse sin ningún tipo de excusa y sin ningún tipo de dilación.
Por otra parte, señor Presidente, Señorías, el mercado laboral debe ordenarse con realismo para que los puestos de trabajo cubiertos por ciudadanos de terceros países estén sujetos a la normativa laboral que ampara salarios, seguridad social y cobertura social en plano de igualdad, erradicando de esta manera la explotación laboral y las bolsas de ciudadanos marginados que dan pie a los hechos que condena la resolución y que, en definitiva, son el trasfondo real del problema social que allí se ha planteado.
Son fundamentales, por otra parte, la solidaridad, el diálogo y los acuerdos entre instituciones -las europeas también- nacionales, regionales y locales con empresarios, sindicatos y las propias comunidades de inmigrantes, cuyos países de origen tienen también una indudable responsabilidad.
Señor Presidente, Señorías, la colaboración con los países de origen en este tema es fundamental. En este aspecto, me parece muy importante que se doten presupuestariamente los planes de acción aprobados por el Grupo de alto nivel y por el Consejo de Tampere y muy concretamente -y quiero hacer hincapié en ello en este debate- el plan relativo a Marruecos, país con el que la Unión Europea mantiene una relación fluida y de intereses comunes y que debería tener una especial prioridad en el ámbito de la cooperación y de la colaboración mutuas.
Finalmente, desde esta sede parlamentaria debemos afrontar el fenómeno de la inmigración con la suficiente serenidad para colaborar en la ausencia de crispación en un debate que tiene que ir mucho más allá de las lógicas palabras y condenas que provocan conductas como las que aquí reprobamos. En definitiva, es un debate social de gran calado para contribuir a un espacio europeo donde los derechos a la libertad, la seguridad y la justicia queden recogidos en la futura Carta de los derechos fundamentales.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, siempre que surge un grave problema social existe un trasfondo político: esa es nuestra opinión en relación con los desgraciados incidentes producidos recientemente en El Ejido. Prueba de ello es que los grupos de este Parlamento han reaccionado y han presentado diversas propuestas de resolución.
Todos lamentamos las muertes producidas y las reacciones violentas y desproporcionadas contra los trabajadores inmigrantes. Todos -creo- coincidimos asimismo en deplorar la manifestación de xenofobia y racismo que se dejó entrever en determinadas actuaciones. Lo cierto es que estas manifestaciones tienen su origen -en mi opinión-, entre otras circunstancias, en la ausencia de una política clara en materia de inmigración que permita a los colectivos sociales afectados convivir de manera digna y pacífica.
Esperemos que los sucesos de El Ejido sirvan de lección a todos y que no se repitan. No basta con el ejercicio del arrepentimiento. No queremos que África sea nuestra cruz, todo lo contrario. Por ello, hay que actuar en consecuencia. De ahí que me permita recordar algunas medidas que estamos intentando poner en marcha en otra región europea afectada por la inmigración, las Islas Canarias. Primero, crear una red de centros de acogida para menores. Segundo, llevar a cabo un programa de integración social. Tercero, realizar programas de educación en la tolerancia y el respeto. Y por último, elaborar un censo de inmigrantes. Espero que con ello se contribuya a dar cumplimiento a los acuerdos de Tampere en materia de inmigración así como a la nueva ley de extranjería española y, sobre todo, a que las personas que lleguen a Europa no pierdan su dignidad.

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, la semana pasada, en la localidad andaluza de El Ejido, vivimos escenas más propias de otro tiempo y otro lugar que de la Unión Europea en el año 2000. Así lo reconoció el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, el pasado 9 de febrero, al afirmar que lo ocurrido en El Ejido era contrario a los principios mismos de la Unión Europea. Los sucesos de referencia nos causaron un gran dolor y vergüenza, despertaron nuestro temor ante la consumación de un hecho extremadamente racista, xenófobo e intolerante. Es incomprensible que entre dos colectivos que se benefician mutuamente no se articulen formas de convivencia y de respeto mutuo. La única vía para evitar que estos sucesos se repitan allí donde ya existen importantes colectivos de trabajadores inmigrantes es la integración social, que requiere un firme compromiso en términos económicos, políticos y sociales por parte de las autoridades responsables.
Todos somos inmigrantes. Durante generaciones, el ser humano no ha permanecido siempre dentro de las fronteras de un Estado-nación sino que constantemente se han producido flujos migratorios. La movilidad geográfica no es un invento del siglo XX, como tampoco lo son sus motivos económicos y laborales. Todos somos inmigrantes, si no en primera persona sí en la figura de algún familiar o antepasado. Sin embargo, en vez de dar lugar a los hechos que aquí estamos condenando, estos flujos migratorios deben ser generadores de un enriquecimiento social, cultural y económico.
Creemos que lo sucedido en El Ejido, que lamentablemente no es patrimonio exclusivo de este pueblo de la Unión Europea, exige, en primer lugar, la condena clara y tajante de la brutal explosión racista y xenófoba de algunos habitantes de El Ejido contra los trabajadores inmigrantes en la zona, responsabilizando, criminalizando y agrediendo a todo un colectivo por un hecho aislado que todos lamentamos.
En segundo lugar, exige la acción inmediata de todas las administraciones; la coordinación entre éstas es clave para combatir este tipo de actos xenófobos y racistas. Más concretamente, las autoridades locales, los alcaldes, tienen una responsabilidad directa en la prevención de cualquier manifestación racista o xenófoba, máxime cuando ésta implica sucesos violentos y de agresión contra las personas y sus bienes. Estas autoridades tienen también la obligación de favorecer los acuerdos difíciles entre las partes implicadas y de no obstaculizarlos, como es el caso del alcalde que nos ocupa.
En tercer lugar, exige que los partidos políticos asuman una responsabilidad directa en la acción política de sus cargos públicos e impidan cualquier actuación o declaración de carácter individual contraria a los principios y valores de convivencia y tolerancia expresados por la Unión Europea.
En último lugar, exige la responsabilidad de la Unión Europea en la vigilancia de la aplicación de sus principios, preservando su territorio de cualquier manifestación de carácter racista o xenófobo, su apoyo y colaboración con el resto de administraciones nacionales, regionales y locales así como con las asociaciones y organizaciones no gubernamentales en la aplicación de estos principios y en el marco de una acción continua de lucha contra el racismo y la xenofobia y en favor de la integración de todos los inmigrantes residentes en el territorio de la Unión.

Marset Campos
Señor Presidente, en un primer momento nuestro Grupo no tenía clara la necesidad de presentar esta propuesta porque la cuestión parecía un fenómeno local. Sin embargo, los sucesos de El Ejido constituyen un síntoma de un fenómeno que atraviesa toda Europa y que merece la máxima atención. Pensábamos que estábamos curados del horror de la intolerancia que el racismo había desencadenado en Europa, pero a medida que pasan los años -por qué no decirlo- se combina el empeoramiento social en nuestra Europa con el incremento de los flujos migratorios en los países que nos rodean y una mayor conciencia de los derechos humanos, y este clima de racismo e intolerancia se hace mayor.
Por esta razón, lo que parecía un fenómeno local -en El Ejido- pasa a ser un síntoma preocupante que coincide con el auge de partidos como el de Haider. De ahí que propongamos, desde el Parlamento Europeo, la adopción de medidas urgentes que acometan todos los factores implicados y que sean de aplicación inmediata: el respeto de los derechos humanos, la tolerancia y la multiculturalidad, la ampliación de presupuestos y líneas de actuación en materia social y sanitaria. No hay que olvidar a este respecto que el agresor de la víctima era un enajenado mental inadecuadamente tratado. También hay que tomar en consideración las dificultades presentes para que en esa localidad se adopten las medidas necesarias, como se ha señalado anteriormente.
Para terminar, quería indicar -como dice nuestro Premio Nobel José Saramago- que en el otro también estamos nosotros, y que no basta -como dice Jesucristo, que según Saramago estaba equivocado- que nos amemos los unos a los otros, sino que es más importante que nos respetemos los unos a los otros.

Bautista Ojeda
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como parlamentario europeo, pero fundamentalmente como ciudadano de Andalucía, una de las tierras más tolerantes y multirraciales de la Unión, que desde tiempos inmemoriales ha acogido a todos aquellos que han decidido quedarse allí, considerándolos andaluces desde el primer día, hubieran nacido o no en nuestra tierra, no siento más que pena, rechazo y condena por los incidentes xenófobos y racistas acontecidos, impropios de este pueblo tolerante.
Quisiera, no obstante, dejar constancia de una realidad preocupante: todas las decisiones que se toman o se dejan de tomar, todos los acuerdos que se negocian o no por parte de las instituciones comunitarias y que tienen que ver con la economía de sectores primarios de territorios desfavorecidos como Andalucía pueden predisponer de manera indirecta a estas situaciones tan graves. Me refiero, por ejemplo, a la falta de acuerdo con Marruecos y a la falta de soluciones para el sector pesquero, que mantiene amarrada parte de la flota en Almería; me refiero a la errática gestión del régimen de importaciones de productos hortofrutícolas por parte de la Unión, que afecta de manera predominante las relaciones entre Almería y el Reino Alauita; y me refiero a la política inmigratoria de las regiones, de los Estados miembros y de la Unión que, por acción u omisión, provoca que sólo unos territorios como Almería soporten individualmente esta presión inmigratoria desde el Magreb.
Todos estos hechos, que desgraciadamente se han sumado en el tiempo y en el lugar, hacen que los desalmados, intolerantes, racistas y hooligans que todos tenemos en nuestros territorios, y que gracias a Dios son minoría, enciendan la mecha de la xenofobia.
Señorías, todo aquel ciudadano -europeo o no- que desarrolle su vida y su trabajo en Andalucía es andaluz, y merece nuestra consideración y respeto. La Unión debe y puede decir mucho. El Sur, para ustedes, es Andalucía; para nosotros, andaluces, es África, y es nuestra obligación procurar que la Unión ponga todos los recursos posibles para que la economía del Sur prospere y dé lugar a un desarrollo social más tolerante y respetuoso con el prójimo, lo que no se ha conseguido con las soluciones propuestas hasta ahora, basadas, simple y llanamente, en mirar hacia otro lado.

Ojeda Sanz
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hablo desde la experiencia que he adquirido en muchas visitas a El Ejido desde hace muchos años, conociendo cómo evolucionaba la situación allí.
Aquí, en el Parlamento Europeo, como en muchas otras instituciones, hemos visto la situación con preocupación, nos hemos rasgado las vestiduras -porque realmente sentíamos el problema como nuestro, porque ha sido un problema nuestro- cuando hemos tenido conocimiento de lo ocurrido. En El Ejido, efectivamente, hay un problema social serio, un problema de integración, un problema laboral y también, lo que ha sido el detonante, un serio problema de seguridad ciudadana.
Y esto ha sido también un aldabonazo a las conciencias. Aquí, en el Parlamento Europeo, en España y en muchos países, todos nos hemos fijado en El Ejido, pero realmente no serviría de nada lo que aquí estamos haciendo y discutiendo, no serviría de nada este rasgamiento de vestiduras, si esto no nos condujese a adoptar una actitud mucho más profunda para conocer de verdad lo que está ocurriendo, no solamente en El Ejido, sino en muchos otros sitios donde, como allí, se pueden producir en un momento dado este tipo de problemas.
Todos coincidimos en la condena de la intolerancia, pero también en que hay que mirar hacia delante, y no es aquí, en este Parlamento, ni tampoco en otros muchos, donde hay que buscar culpables: los culpables de lo que ha ocurrido en El Ejido son esa minoría que ha ido a satisfacer su ansia de venganza contra unos inmigrantes. Pero hay que tener en cuenta que las soluciones no vienen nunca desde la venganza. Las soluciones tendrán que venir desde una adecuada colaboración entre todas las administraciones que procure la integración social y el respeto a todos los que allí trabajan y, desde luego, mediante una lucha decidida contra la inmigración ilegal y un profundo respeto para los derechos de los trabajadores inmigrantes que, de forma legal, trabajan en El Ejido y en toda Europa.

Roure
Señor Presidente, esta resolución quiere ser solidaria con las fuerzas democráticas españolas, que luchan por el respeto de los derechos humanos. Apoyamos totalmente a todos los demócratas españoles heridos por lo ocurrido en su tierra. No sólo los inmigrantes han sido víctimas de prácticas horrendas, sino que en España el sistema democrático está siendo vilipendiado, a pesar de haber demostrado, en estos veinte últimos años, su formidable capacidad de evolución.
Los inmigrantes son indispensables para sus empleadores. Las condiciones de trabajo son tan duras e indignas, que ningún español las acepta. Los salarios extremadamente bajos, la ausencia de viviendas - algunos inmigrantes viven en chabolas de cartón -, la incapacidad para tener acceso a los servicios sociales, la situación de apartheid que reina, son extremos abominables y recusables, indignos del respeto que se debe a todos los seres humanos.
Lo ocurrido en El Ejido responde a prácticas racistas y xenófobas, inadmisibles en la Europa actual. Durante cuatro días se ha generalizado la persecución colectiva de los inmigrantes. Mujeres y niños han sido golpeados. Huyendo de todas partes, centenares de inmigrantes se refugiaron en una colina situada en las inmediaciones de la ciudad. Tenemos razón en poner en el Índice al Austria de Haider, pero no podemos aceptar otros pequeños Haider locales, capaces de aplicar políticas de corte racista y de dominación económica implacable. Lo sucedido en España puede ocurrir en todos nuestros países de la Unión, si no estamos vigilantes. Todos tenemos la obligación de barrer delante de nuestra puerta.
Apoyo esta propuesta de resolución, en particular los puntos que se refieren a la aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, así como el punto 11 de esta resolución, que establece una correlación entre la concesión de Fondos estructurales y la lucha contra la exclusión. Nos honrará el hecho de que el Parlamento Europeo condene enérgicamente estos sucesos y apoye todas las propuestas presentadas en favor del respeto de los inmigrantes en España y en toda la Unión.

Sylla
Señor Presidente, Señorías, los actos de violencia racistas y xenófobos están enardeciendo el corazón de Europa. En todas partes estos actos de violencia son exacerbados por el aumento de los movimientos extremistas. Hoy debemos actuar de manera concreta para poner fin a todas estas violaciones de la integridad física. Ninguna de nuestras sociedades europeas puede alcanzar su pleno desarrollo si entraña en su seno el riesgo de que una parte de su población caiga en el odio hacia los demás.
Ayer, al recibir una delegación de la Asociación austríaca de defensa de los derechos humanos, pero también al ver lo ocurrido en la provincia de Almería, se comprende fácilmente por qué el resurgimiento de este odio racista se podía haber prevenido. Dichas escenas de violencia en El Ejido se parecen, hasta el punto de confundirse con ellas, a las de las imágenes de archivo de la década de los cincuenta, cuando en Alabama el KKK aterrorizaba a la población negra, pero también recuerdan la década de los treinta, en Alemania, cuando los nazis perseguían a los judíos.
Sin querer hacer un proceso de amalgama histórico, porque las épocas son diferentes, debo decir que no hemos aprendido las lecciones que nos da la Historia. Eso es lo que hoy compruebo. Porque esta persecución a las personas por su aspecto externo era previsible en Almería. En primer lugar, es resultado de una "ghettización" y de una explotación de la mano de obra de los inmigrantes. Mientras que tres cosechas anuales hechas por trabajadores marroquíes y africanos permiten vivir a 100.000 personas, mientras que estros trabajadores logran generar una cifra anual de negocios de casi dos millones de euros, el 60% de ellos no dispone de agua corriente en una región donde se sabe, no obstante, que por momentos la temperatura llega a los 40º en verano. También es sabido que muchos de ellos sólo cobran 30 euros por mes, cuando los europeos pueden cobrar el triple. Esta precariedad salarial fragiliza y hace vulnerables a estos inmigrantes y a su familia. Asimismo, la irresponsabilidad de algunos representantes electos, la complicidad apenas disimulada de los poderes públicos, han contribuido a este estallido racial.
Frente a estos actos de terror, señor Presidente, debemos crear lo antes posible una comisión de investigación parlamentaria, ya que ahora lo que importa es saber cómo podemos prevenir, en el lugar que sea, otros conflictos de la misma naturaleza: mi colega tenía razón, hace un momento, al recordar que cada uno debe barrer delante de su puerta.
Finalmente, y esto me parece importante: ¿por qué no tenemos hoy la honestidad de transmitir lo que acaba de divulgar un reciente estudio de la ONU, donde se explica que si España desea proteger su fuerza de trabajo, de jubilación y de pensión, no debe contentarse con regularizar a 30.000 inmigrantes cada año, sino que debe estar dispuesta a acoger a 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050? Creo que hoy es urgente insistir en el derecho a la educación, en el deber de recordar el pasado y las fechas históricas, así como esos momentos en que nuestros países han estado a punto de caer en el horror. Es necesario que la educación de nuestros hijos guarde relación con todo ello y que por fin tengamos el valor de reconocer que en los años venideros debemos prepararnos para acoger a muchos más inmigrantes.
Señorías, sólo me queda por recordarles a todos la manifestación del sábado. Debe ser una manifestación multitudinaria por las calles de Europa, para hacer frente a estas alianzas con los extremistas, que avergüenzan a Europa y desconciertan a nuestra juventud.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, la Unión Europea, desde la firma del Tratado de Amsterdam, tiene competencias en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Para ello deberá desarrollar dos tipos de medidas: unas encaminadas a la integración de los ciudadanos de origen no europeo y otras dirigidas a organizar la inmigración.
Con relación a las primeras, la Comisión nos ha enviado una serie de propuestas, contenidas en dos directivas y un plan de acción, que pretenden aplicar la siguiente decisión tomada por los Jefes de Gobierno en Tampere: "garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros y una política de integración más decidida que debería encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión" . Todo lo contrario, señor Presidente, de lo que hemos visto y descubierto estos días en El Ejido: un mundo de irregularidades, explotación laboral y condiciones de vida indecentes, que ya había sido denunciado.
Espero una pronta puesta en marcha de las medidas para la integración y espero también que los Gobiernos que redactaron tan bellas palabras en Tampere -el de España entre ellos- se empleen a fondo en aplicarlas.
Menos esperanza tengo en el desarrollo de una política europea eficaz y justa, coherente con lo declarado por el Consejo en materia de inmigración. La única propuesta que ha llegado es la Directiva sobre reagrupación familiar, un tema clave -hemos visto estos días en los medios de comunicación muchos hombres solos en El Ejido-, pero no sabemos si ha sido ya aceptada por los Gobiernos. Fuera del ámbito comunitario algunos Gobiernos hacen esfuerzos para renovar sus políticas de inmigración. En mi país esto se hace, pero a pesar del Gobierno; su partido es el único al que no gusta la nueva Ley de Extranjería.
El objetivo de combatir el racismo y la xenofobia, explicitado por los Tratados, debería serlo de todas las instituciones y de todos los responsables políticos de la Unión. Los partidos políticos europeos firmamos el 28 de febrero de 1998 la Carta de los partidos políticos de Europa para una sociedad no racista. También lo hizo el Partido Popular. Ello le obliga a un comportamiento coherente, pero dirigentes locales de ese partido están echando más leña al fuego desatado, boicoteando los intentos de otras instituciones para apagarlo. El partido al que pertenece el alcalde de El Ejido debería, consecuentemente con los compromisos firmados en esa Declaración, actuar de una manera contundente. Sólo con mucha unidad, como decía el Sr. Hernández Mollar, responsabilidad y firmeza podrá El Ejido, y con él España y Europa, superar unos hechos que hoy nos avergüenzan profundamente.

Bordes
Señor Presidente, no se puede sentir más que disgusto, vergüenza e indignación por las verdaderas escenas de linchamiento, registradas en El Ejido, de que fueron víctimas los jornaleros marroquíes.
Desconocemos la responsabilidad que les corresponde a los comandos de extrema derecha y a las personas corrientes, que fueron lo suficientemente inconscientes como para seguir dócilmente a estos comandos.
Deseamos reafirmar nuestra total solidaridad para con estos trabajadores marroquíes que no sólo son explotados por capataces sin escrúpulos, sino que encima deben enfrentarse a agresiones de esta naturaleza.
Y si entre los agresores existen personas pertenecientes a las capas populares, sólo podemos decirles que, actuando como lo han hecho, están cavando su propia tumba. Al declarar la guerra a gente tan pobre como ellos, no hacen más que ayudar a sus propios explotadores y preparar para sí mismos un porvenir de opresión.
Pero existen personas aún más responsables que los salvajes que utilizaron las barras de hierro y los cuchillos. Aquellos que propagan infamias racistas, xenófobas, que hacen demagogia contra los inmigrantes, en España, en Austria, en Francia o en otras partes, y a veces aquí mismo, en el hemiciclo, no valen más que quienes creen a pies juntillas en esta demagogia reaccionaria y estúpida. Los racistas y sus inspiradores de extrema derecha son enemigos mortales tanto para los trabajadores como para el resto de la sociedad.

Patten
. (EN) Quisiera comenzar felicitando al distinguido diputado por el modo en que ha introducido este debate extremadamente importante. Quiero dejar claro desde el principio que la Comisión condena sin reservas los espantosos actos de violencia acaecidos en El Ejido contra los trabajadores inmigrantes de la región. Queremos expresar nuestro apoyo a las familias y los amigos de las víctimas. El Presidente Prodi y la Comisaria Diamantopoulou han hecho ambos declaraciones separadas. Naturalmente respaldamos completamente lo que han dicho.
Han sido especialmente conmovedores los comentarios de los diputados provenientes de esa región acerca de lo ocurrido, sorprendentemente, en un lugar de España que conozco razonablemente bien.
Los actos racistas y xenófobos en el seno de la Comunidad son absolutamente inaceptables ocurran donde ocurran. Atacan al mismo corazón de los principios sobre los que -como bien dijo ayer el Sr. Havel- se fundamenta la Unión Europea: principios de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. Desde luego se han hecho progresos en los últimos años pero aun necesitamos trabajar juntos por un clima de tolerancia en el que el racismo y la xenofobia se consideren fuera de lugar, totalmente inaceptables, mientras que al mismo tiempo tratamos con rotundidad incidentes semejantes a los que estamos debatiendo esta tarde.
En nuestra opinión, necesitamos centrarnos en un paquete de medidas que incluirían: en primer lugar, la introducción de una legislación antidiscriminatoria, efectiva, para toda la Unión, en segundo lugar, la ejecución de una política común de inmigración relativa a los nacionales de Estados no miembros para promover, en términos materiales, la integración de la población inmigrante en las sociedades de los Estados miembros, en tercer lugar, la introducción de medidas para combatir la exclusión social.
La Unión Europea ya ha establecido las bases de una legislación comunitaria para combatir la discriminación por motivos de raza. La inclusión del artículo 13, al que se ha hecho referencia a lo largo del debate, que trata la no discriminación en el Tratado de la Comunidad Europea, supone uno de los cambios más significativos de la última revisión de los Tratados. Desde que el Tratado de Amsterdam entrara en vigor la Comisión ha presentado un paquete de propuestas para la puesta en práctica del artículo 13 incluyendo, en especial, una propuesta de directiva sobre la aplicación del principio de trato igual independientemente de la raza u origen étnico. Esta propuesta está siendo examinada por el Consejo y el Parlamento Europeo. La Comisión confía que esta fase sea completada muy pronto.
Las Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Tampere, como ha dicho el Sr. Hernández Mollar, ilustraron claramente la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno respecto de la introducción de una política común de inmigración y los principios sobre los que debería basarse, con especial énfasis en la política de la Unión acerca del respeto y la promoción de los derechos de los emigrantes.
En Tampere los Jefes de Estado y de Gobierno también enfatizaron la importancia de aproximar las legislaciones nacionales sobre las condiciones de admisión y residencia de nacionales de terceros Estados con base en una evaluación conjunta de las evoluciones económicas y demográficas de los Estados miembros así como la situación de los países de origen. El Consejo Europeo también consideró importante aumentar la prevención de la inmigración ilegal. Su objetivo aquí es asegurar los derechos de las víctimas de las redes criminales que organizan la inmigración ilegal, con especial referencia a los derechos de mujeres y niños. Aquellos que organizan la inmigración ilegal deben ser perseguidos con la máxima energía. La expresión que se utiliza en la sociedad china para designarlos es "cabezas de serpiente" . A mí me parece que es una acertada descripción.
Permítanme también llamar su atención sobre el trabajo de elaboración de una Carta de la Unión Europea de Derechos Humanos, que ha alcanzado el estatus de borrador. Estos derechos son, por definición, universales. La carta se haría extensiva a nacionales de terceros Estados residentes en Estados miembros incluso aunque se reservaran ciertos derechos a nacionales de Estados miembros de la Unión.
Los incidentes de El Ejido han sido estremecedores, como han manifestado varios diputados en sus intervenciones. Pero, intentando extraer algo positivo de los mismos, espero que nos espoleen para traducir nuestras aspiraciones de tolerancia, equidad y libertad en políticas reales y efectivas que ayuden a transformar las vidas de todas esas familias e individuos que se encuentran en la Unión Europea y que piden a gritos nuestra comprensión y nuestra ayuda y que la merecen, no en un momento indefinido del futuro, sino ahora.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas.

Derechos humanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Violencia interétnica en Mitrovica y situación de los prisioneros albaneses en Servia, en particular el caso de la Sra. Flora Brovina
B5-0140/2000 del Sr. Dupuis, y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes-Grupo Mixto, sobre la situación en Kosovo;
B5-0141/2000 del Sr. Schori y otros, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Kosovo;
B5-0150/2000 del Sr. Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre Kosovo;
B5-0158/2000 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violencia multiétnica en Mitrovica, la situación de los prisioneros kosovares en Serbia y en particular el caso de Flora Brovina;
B5-0170/2000 de la Sra. Morgantini y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Kosovo y los presos políticos albaneses en Serbia;
B5-0176/2000 del Sr. Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea , sobre la situación en Kosovo y los presos políticos en Serbia;
Libertad de prensa en Angola
B5-0148/2000 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo Técnico de Diputados Independientes-Grupo Mixto , sobre la libertad de prensa en Angola;
B5-0151/2000 del Sr. Cunha y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la libertad de expresión en Angola;
B5-0160/2000 de la Sra. Malmström, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la libertad de expresión en Angola;
B5-0165/2000 del Sr. Schori, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación y los juicios justos en Angola;
B5-0166/2000 del Sr. Queiró, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Angola;
B5-0178/2000 de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la libertad de prensa en Angola;
Pueblo indígena en los Estados Unidos - Dineh
B5-0152/2000 del Sr. Johan Van Hecke y la Sra. Grossetête, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre los derechos del pueblo Dineh, Big Mountain, Arizona, Estados Unidos;
B5-0157/2000 del Sr. Sterckx, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los derechos del pueblo Dineh, Big Mountain, Arizona, Estados Unidos;
B5-0163/2000 de la Sra. Van Brempt, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre los derechos del pueblo Dineh, Big Mountain, Arizona, Estados Unidos;
B5-0171/2000 de los Sres. Cossutta y Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos del pueblo Dineh, Estados Unidos, USA;
B5-0174/2000 de la Sra. Sörensen, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre los derechos del pueblo Dineh, Big Mountain, Arizona, Estados Unidos;
Caso del periodista ruso Andrei Babitski
B5-0153/2000 de los Sres. Oostlander y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre el caso del periodista ruso Andrei Babitsky;
B5-0155/2000 del Sr. Trentin y otros, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre el caso del periodista ruso Andrei Babitsky;
B5-0156/2000 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la suerte del corresponsal ruso en Chechenia, Andrey Babitsky;
B5-0172/2000 del Sr. Vinci y la Sra. Fraisse, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el caso del periodista ruso Andrei Babitsky;
B5-0177/2000 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el caso de Andrei Babitsky y la violación de los derechos humanos en Chechenia;
Camboya - B5-0154/2000 del Sr. Morillon y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la necesidad de un juicio internacional de los jemeres rojos;
B5-0161/2000 de los Sres. Maaten y Wiebenga, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la necesidad de un juicio internacional sobre los jemeres rojos.
Staes
Señor Presidente, antes de iniciar el debate sobre Kosovo o Mitrovica quisiera comunicarles que me invade una sensación desagradable. No es la primera vez que hablamos aquí de Kosovo. Ya hemos adoptado varias resoluciones, pero constatamos que no son más que salvas de advertencia que luego no se concretan en nada. Aprecio mucho que la Comisión esté siempre presente. Aprecio especialmente la presencia del Comisario Patten, con sus competencias. Pero ¿qué es lo que compruebo junto con otros muchos colegas míos? Compruebo que el Consejo brilla sistemáticamente por su ausencia en este debate. Sin embargo, es importante que trabajemos asimismo con el Consejo. Veo que está aquí con nosotros un diplomático de esta institución que está anotando minuciosamente todo cuanto se dice aquí y que seguramente informará de ello, pero, por lo demás, no sucederá absolutamente nada. Así las cosas, quiero insistir en que debemos modificar nuestros procedimientos y que el Consejo también ha de estar presente en el debate de actualidad y urgencia para que podamos intercambiar ideas en el acto. Creo que este punto es digno de reflexión. Le ruego transmita este deseo a la Mesa del Parlamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor diputado. La Presidencia toma nota de su inquietud y la transmitirá por los cauces adecuados.
Violencia interétnica en Mitrovica y situación de los prisioneros albaneses en Serbia, en particular el caso de la Sra. Flora Brovina

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nosotros no hemos firmado esta resolución de compromiso por dos razones. La primera consiste en que uno de nuestros colegas, conocido por sus posiciones aperturistas y tolerantes, el Sr. Sakellariou, por no citarlo, ha puesto su veto viril, pretendiendo erigirse en defensor de la moralidad de Sus Señorías. No dudo, y creo que ustedes tampoco, que se trata de una nueva e importante contribución de su parte a la lucha contra el racismo y contra la intolerancia.
La otra razón consiste en que, desgraciadamente, este texto no va muy lejos. Creo que evita, mediante una serie de artificios, afrontar el problema central del estatuto final de Kosovo. Dudo que alguno de ustedes llegue a creer que algún día Kosovo pueda aún formar parte de Yugoslavia. Dudo asimismo que alguno de ustedes crea que Milosevic podría resistir mucho tiempo más si la comunidad internacional resolviera finalmente el problema del estatuto final de Kosovo. Dudo también que alguno de ustedes pueda pensar que, en la situación actual, a Milosevic no le convenga hacer todo lo posible por desestabilizar Kosovo, lo que, por otro lado ha hecho, como ya hemos visto. Finalmente, no creo que alguno de ustedes pueda creer que el statu quo actual aporte un mínimo de estabilidad y, por tanto, de desarrollo a Kosovo.
Es interesante señalar, por otro lado, un lapsus en el que probablemente no han reparado. Ustedes condenan el primer ataque directo contra las tropas de la KFOR. No desearía que fuesen aves de mal agüero, pero temo que, al no afrontar el verdadero problema, acaben por serlo, y tendrán que asumir la responsabilidad de lo que pueda ocurrir.
Yo creo que nuestro deber consiste, por el contrario, en pedir a la Comisión y al Consejo, que desgraciadamente no está muy representado, que planteen enérgicamente en las Naciones Unidas el problema del estatuto final de Kosovo, el problema de la proliferación de micro Estados en esta región, el problema del post-Dayton y, finalmente, el problema de cómo lograr una estabilidad real, que permita la construcción de la democracia en estos países y dotar a la Unión Europea de una política en esta región.
Subrayo, finalmente, que, desde el mes de julio, pedimos una acción enérgica del Consejo y de la Comisión para liberar a los tres mil prisioneros kosovares, a la Sra. Brovina, al Sr. Kurti y al Sr. Hoti. Señalo que la Unión se dispone a levantar algunas sanciones y que no hemos obtenido, como contrapartida, la liberación de ninguno de estos prisioneros. ¿Por qué?

Sakellariou
Señor Presidente, en primer lugar le pido la palabra para contestar a la agresión verbal que acaba de hacerme el Sr. Dupuis y, por ello no debe descontarse del tiempo de palabra que me corresponde. Se trata de una alusión personal, señor Presidente, y quisiera decir al respecto que mi Grupo ha establecido mediante decisión unánime que en ningún caso elaboraremos una propuesta de transacción o colaboraremos de otra forma con las personas que en este Parlamento se sientan junto al Sr. Le Pen y los demás representantes de la extrema derecha. No presentaremos ninguna propuesta común, no discutiremos con ellos y no aceptaremos que firmen una propuesta de estas características. Esto es lo que quería decir respecto al suceso mencionado por el Sr. Dupuis.
Los Estados miembros de la UE han librado una guerra por Kosovo en colaboración con la OTAN. Han declarado que esta guerra fue imprescindible para proteger los derechos humanos. Llegados a estas alturas no quiero volver a abrir un debate sobre la eficacia de los medios que tenemos a nuestra disposición en el marco de la gestión de crisis. Los miembros de esta Casa conocen de sobra mi escepticismo acerca de la legitimación de la intervención militar y su eficacia. Entiendo que la OTAN y los Estados nacionales hayan dado luz verde para esta operación y que hayan creído que ésta era la única posibilidad que les restaba para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes cada vez más incontrolados cometidos por el régimen de Milosevic en Kosovo y para garantizar una vida digna a la población albanesa.
El resultado de la intervención es que no se ha podido evitar la catástrofe humana. Kosovo está destrozado, los campos están sin cultivar, las fábricas están paradas y la economía se halla en una situación caótica. Serbia ha retrocedido varios decenios, sus habitantes, ya sean serbios o albanokosovares, estarán traumatizados por mucho tiempo.
Pero las violaciones de los derechos humanos continúan y los derechos humanos no sólo son quebrantados por los seguidores del régimen de Milosevic, sino también por quienes han recibido el apoyo de la OTAN. Los conflictos perduran desde hace meses. Cientos de serbios se han visto obligados a abandonar Kosovo y acabamos de escuchar que en los alrededores de Mitrovica incluso han sido objeto de las agresiones los soldados de la Kfor, junto con autobuses de refugiados y otras personas.
Ésta es tan sólo una mínima parte de los continuos actos de violencia que se cometen, no sólo en Mitrovica, contra serbios, roma y demás minorías. Nuestro compromiso con Kosovo nos obliga a dar la cara también ahora, cuando se registran nuevas violaciones de los derechos humanos, independientemente de quién las haya iniciado. De lo contrario, perderemos toda nuestra credibilidad.
Ello me lleva a formular otra pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto son eficaces los protectorados internacionales? ¿Pueden ser la panacea o más bien ahondan la división étnica de la provincia protegida? ¿Es realista el que se pretenda crear una sociedad multicultural en un protectorado que haya sido objeto de una intervención militar? Creo que debemos hacernos estas preguntas si queremos encontrar una solución para Kosovo.
Y para que encontremos esta solución quisiera formular brevemente algunas propuestas concretas y prácticas. Los gobiernos han de proceder con mayor celeridad, es decir, inmediatamente, al envío de las fuerzas policiales internacionales que hagan falta en Kosovo. Los países donantes deben librar los recursos financieros prometidos a fin de que los representantes internacionales dispongan de los medios necesarios para realizar su trabajo. Es preciso comprobar si las sospechas de que miembros del KPC, el Kosovo Protection Corps, hayan participado en los crímenes son fundadas y habrá que atenerse a las consecuencias. Quisiera finalizar mi discurso con una petición que este Parlamento ya ha formulado con motivo de su última resolución. El representante del Secretario General de la ONU debe poner en marcha una administración que realmente trabaje por el bien de Kosovo.

Pack
Señor Presidente, estimados colegas, estimado señor Sakellariou, no pretendo hablar en favor del Sr. Dupuis, pero no hay que ser tuerto. Si usted se presta a firmar acuerdos con el Sr. Modrow, puede hacer lo mismo con el Sr. Dupuis o con otros diputados. El Sr. Modrow pertenece al Grupo Comunista y es uno de los últimos dirigentes de la DDR. Si firma junto con él, debería preguntarse si aquello que ha dicho antes al Sr. Dupuis realmente iba tan en serio.
Volvamos a la urgencia. Desafortunadamente, no conseguiremos solucionar hoy, en este debate de urgencia, los problemas generales de Kosovo. Tampoco se ajustan a este marco las preguntas del Sr. Dupuis. No podemos preguntarnos aquí qué será de Kosovo. Es un tema que debe plantearse en un debate de política exterior. Hoy estamos aquí para debatir un problema de urgencia y éste consiste en que estamos obligados a tratar por segunda vez una resolución sobre "prisioneros albanokosovares en Serbia". Realmente me pregunto por qué adoptamos esta resolución el pasado mes de septiembre. No he leído ni he escuchado que el Consejo la haya tomado en serio.
¡Realmente me pregunto si al Consejo le queda la más mínima pizca de compasión! Si los representantes del Consejo tuvieran a sus hijos, sus hermanos o su padre en una prisión serbia seguramente reaccionarían con mayor celeridad. A mí me llegan, como a todos ustedes, los gritos de socorro de las madres, las esposas y las hermanas de los albanokosovares que están encarcelados en prisiones serbias. Sin embargo, debo admitir sinceramente que nadie les ayuda.
Hace poco estuve en Pristina. En la Universidad busqué desesperadamente a tres estudiantes a los que conozco desde hace muchos años. Sé dónde están. ¡Están en una prisión serbia, sin motivo alguno! No hay ninguna razón por la que tengan que estar ahí. No han llamado la atención por participar en acciones terroristas o militares. Por todo ello, creo que debemos ocuparnos seriamente de esta cuestión.
La médica albanesa Flora Brovina, que fue condenada el 13 de enero en Nis, se encuentra actualmente en el hospital de la prisión de Nis y está gravemente enferma. Fue condenada porque, siendo médica, prestó ayuda a los heridos, independientemente de su procedencia. ¡No fue terrorista ni activista del ELK! Sin embargo, nadie ayuda a esta mujer para que pueda abandonar la prisión.
Pienso, por tanto, que en el fondo el Consejo de Ministros no se interesa por estas tragedias, lo cual me parece trágico. Es grave que ninguno de los responsables escuche los gritos de socorro que nosotros, como diputados, les transmitimos. Mientras tanto las sanciones se van aflojando. ¿Se ha considerado alguna vez la posibilidad de mantener las sanciones hasta que el gobierno serbio solucione este tema? No creo.
Asimismo hemos de analizar la situación en Mitrovica. A este respecto admito que el Sr. Sakellariou tiene toda la razón. No sólo debemos exigir que los serbios se comporten como es debido, sino que, además, debemos pedir a quienes recibieron nuestra ayuda que no paguen el horror con el horror. De lo contrario, perderíamos toda nuestra credibilidad. Por eso, creo que aquellos que han recibido nuestro apoyo han de mostrar una conducta impecable.
¡Mitrovica no puede seguir dividida! Hemos tenido suficientes ciudades divididas en Europa y las seguimos teniendo. En mi opinión tenemos que impedirlo. Con respecto a las agresiones contra la Kfor solamente puedo decir que son nuestros hijos y que los hemos enviado allí para que presten ayuda a los albaneses, los serbios o quienquiera que viva en Kosovo. Podemos esperar que no sean castigados por prestar servicios voluntarios en la zona. Es por lo que espero que todos, ya sean albaneses o serbios, dejen en paz a las tropas de la Kfor.
Coincido con el Sr. Sakellariou en que la comunidad internacional ha de enviar de una vez por todas las fuerzas policiales a las que se ha comprometido. Sólo una tercera parte se encuentra en Kosovo, faltan las dos terceras partes restantes. Creo que hemos de cumplir nuestra palabra.
Solamente quería recordarles que en este momento está sucediendo algo terrible en Serbia. El Sr. Seselj, ese nacionalista que en realidad es un criminal de guerra, está poniendo coto a los últimos restos de libertad de prensa que quedan en Serbia. ¡Debemos pararle los pies porque, de no hacerlo, dejará de llegarnos información fiable del pueblo serbio!

Haarder
Señor Presidente, lo que está sucediendo en Mitrovica, Kosovo, es terrible e inadmisible. La violencia genera violencia y la venganza genera venganza. Las fuerzas policiales destacadas sobre el terreno no disponen de efectivos para detener los ataques. El comisario policial al mando, Svend Frederiksen, ha manifestado su desesperación ante el hecho de que aún deba arreglárselas con menos de la mitad de las fuerzas acordadas. Dispone de menos de 2.000 agentes y el acuerdo contemplaba casi 5.000. La presencia de la fuerza policial debe ser tan grande que sea visible en el paisaje de modo que la población confíe en que ésta pueda detener las agresiones y tan grande que pueda esclarecer los crímenes y castigar a los culpables, de lo contrario se admite que la población se tome la justicia por su mano. De ahí también la importancia de formar a agentes locales, pues siendo la idea en un principio formar a 2.000 ó 3.000 se han formado por ahora a menos de 200 agentes que puedan colaborar en las labores de esclarecimiento. Hace un año vimos lo que sucedía cuando no se hace un seguimiento de los acuerdos y las decisiones que se adoptan. Estuve en Kosovo el 27 de octubre de 1998, cuando los serbios se retiraron. El acuerdo implicaba la llegada de 1.800 observadores de la OSCE para garantizar la paz. Sin embargo, un mes más tarde, sólo había un puñado. En Navidad, había quizá 100 y en primavera, ni siquiera había venido una fracción de la fuerza cuyo envío se había acordado. Las agresiones ni siquiera quedaban registradas. Luego llegó la guerra y los observadores se retiraron. De ahí que quiera preguntar, señor Comisario: ¿No podría hacer algo para que no repitamos las estupideces que hemos cometido en Europa? ¿No podría garantizar que el número de agentes de policía ascienda hasta los 5.000 y que se formen a los agentes locales que naturalmente tienen más facilidades para esclarecer los crímenes que los funcionarios extranjeros? También le pregunto: ¿Cuándo calcula que estén sobre el terreno? ¿Y cuándo se cederán más responsabilidades a las fuerzas democráticas locales? Menciono esto último porque es la solución que debemos adoptar lo antes posible si queremos dar a la paz una oportunidad.

Morgantini
Aquellos que están en contacto con la vida real en Kosovo comparten un juicio común: la trágica y desesperada situación de vacío democrático y de imposibilidad de convivencia entre las distintas etnias. Mitrovica es un trágico ejemplo de ello.
La política de Milosevic en Kosovo, antes de la intervención militar de la OTAN, debía sin duda condenarse y eran justas las reivindicaciones de autonomía de las regiones de Kosovo por parte de las fuerzas no violentas como la de Rugova. Sin embargo, la elección de la intervención armada de la OTAN y el apoyo a las fuerzas armadas del UCK fueron devastadores y, hoy por hoy, han reducido Kosovo a una colonia, además de haber destruido infraestructuras civiles en Serbia.
Actualmente, en Kosovo faltan una estrategia y una política capaces de defender a las minorías, entre las cuales no solo hay serbios y gitanos, sino también los albaneses moderados que siguen creyendo en que es posible la convivencia y que son perseguidos por los extremistas que están en el poder. Es inútil hablar de las casas de los gitanos quemadas y de los miles y miles de nuevos refugiados y de los refugiados de Krajina que hoy viven atrincherados en Kosovo, abandonados por la UNHCR, abandonada a su vez por los donantes, mientras la emergencia continúa siendo dramática.
En la resolución pedimos al Consejo y a los Estados miembros que dupliquen sus esfuerzos en pos del respeto de las minorías y la construcción de estructuras democráticas dejando que se expresen todas aquellas fuerzas que creen todavía en la convivencia. En este sentido, comparto las propuestas del Sr. Sakellariou.
Otro tema que se está debatiendo es la liberación de los albaneses presos en las cárceles, en particular de Flora Brovina, una mujer de extraordinaria humanidad que conocí, junto con las mujeres negras de Belgrado, durante el trabajo común de construcción de puentes entre mujeres de etnias diferentes. Flora se ha defendido invitando a serbios y albaneses a ayudarse. El marido de Flora Brovina se encuentra en Belgrado, huésped de mujeres serbias. Ésta es una esperanza, la esperanza de que también en Serbia es posible actuar de otra manera. No es cierto que Flora Brovina haya sido abandonada, probablemente sí lo ha sido por las grandes instituciones; sin embargo, nosotros que hemos trabajado durante años en Kosovo y en Serbia, nos estamos empleando, mediante la promoción de campañas, en su liberación.
Creo que la Unión Europea debe hacerlo. Pienso que debe levantarse el embargo contra Serbia y que, por su parte, Serbia, ha de liberar a los presos políticos.

Staes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me sumo plenamente a la apasionada intervención de la Sra. Pack. Lo que ha dicho aquí es totalmente acertado.
En Kosovo no hay una sola verdad, hay varias. Me niego a aceptar que se pueda hablar de un genocidio a la inversa, puesto que, de este modo, faltaríamos a la verdad. Me adhiero sin reservas a la propuesta de resolución que tenemos delante de nosotros. En ella condenamos todo tipo de violencia, como es debido, pero no podemos hablar de un genocidio en el que se hayan invertido los papeles.
Obviamente, la situación en Mitrovica es muy peligrosa y todos sabemos por qué eso es así. Están en juego importantes intereses económicos y tampoco podemos olvidarnos del drama de las minas de Trepca.
Ya nos hemos referido al destino de los prisioneros políticos. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento en Kosovo. La gente se manifiesta, la gente nos envía mensajes por correo electrónico. Nos preguntan dónde están sus hijos, sus hijos varones. Hemos de ofrecerles una respuesta razonable. El caso de Flora Brovina es uno de los muchos casos pendientes. Es positivo que lo abordemos en la propuesta de resolución, pero como Flora Brovina hay cientos, hay miles.
Ruego a la Comisión y al Consejo, que está ausente, que intervengan sin más tardanza en favor de los prisioneros políticos. El hecho de que éstos estén encarcelados en Serbia es uno de los factores que se hallan en el origen de los disturbios y la violencia en Kosovo.

Posselt
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dirigirme al Sr. Sakellariou, mi colega de Munich. Yo tampoco apruebo todo lo que dice el Sr. Dupuis, pero le puedo asegurar que el Sr. Dupuis es un demócrata convencido y hasta la fecha ha sido habitual aquí en esta Casa que todos intercambiemos ideas con todos. Si se quiere modificar esta situación es necesario que se establezcan normas al respecto y, en tal caso, también tendremos que poner fin a la costumbre de su Grupo y de otros Grupos de lanzar iniciativas comunes con un Grupo al que pertenece el Sr. Modrow, el único miembro de este Parlamento que durante decenios ha ocupado un papel ejecutivo en un régimen criminal, a saber, el régimen de los asesinos del Muro. Quisiera dejarlo claro para que no se formen frentes equivocados. Debemos garantizar que se establezcan criterios claramente democráticos propios de un Estado de derecho.
En lo que al tema de este debate se refiere, quiero afirmar que aunque la ausencia del Consejo ha sido criticada con razón -me sumo a estas críticas-, ayer celebramos con el Consejo un debate sobre Kosovo de una hora y diez minutos de duración durante el turno de preguntas. Y es más, mientras que el Consejo adoptó una postura razonable, esta Casa exhibió un comportamiento realmente vergonzoso, puesto que, salvo contadas excepciones, todos los oradores sostenían que en la actualidad se están cometiendo en Kosovo abusos y violaciones de los derechos humanos mucho más graves que antes de la intervención de la OTAN. Incluso se propuso que se llevara a la OTAN ante el Tribunal de La Haya. Fue un hecho abominable y no puedo sino advertir que, de este modo, se ofrece una idea deformada del punto de vista de esta Casa.
Por eso me alegro tanto de que la presente resolución haya logrado un amplio consenso, porque hay una cosa que debemos tener claro. Se están cometiendo abusos, se están produciendo incidentes controvertidos y deplorables, pero gracias a Dios ya no está en marcha la masiva expulsión de cientos de miles o millones de personas planeada por el poder estatal. Y es la intervención de la OTAN la que ha puesto fin a esta vorágine. Por tanto, la OTAN no merece La Haya, sino que merecería el Premio Sajarov de esta Casa.
Quisiera dejar claro que va siendo hora de que nosotros mismos también sepamos estar a la altura de nuestras obligaciones. Hemos asumido la responsabilidad de Kosovo con todo cuanto esto implique. Ello significa obviamente que ante los conflictos que se producen en lógicamente en la zona hemos de crear urgentemente una administración civil que funcione. Coincido plenamente con el Sr. Bertel Haarder y los demás diputados que se han referido al tema en que lo más importante es la organización de las estructuras policiales y judiciales. Desafortunadamente, en este terreno hemos fallado. El primer error fue traspasar esta tarea a la ONU, puesto que está claro que es incapaz de controlar la situación. El segundo error fue que muchos Estados, entre ellos los Estados miembros, no cumplen con sus compromisos, especialmente en el ámbito financiero.
Escuchamos hablar de la reconstrucción de Kosovo, escuchamos hablar del pacto de estabilidad, pero todo ello se enmarca claramente en la línea de la sociedad del anuncio que actualmente está tan de moda. Es decir, se prometen y se anuncian millones o incluso miles de millones en concepto de ayuda, pero en la práctica solamente se hace efectiva una mínima parte de estas promesas. Hago asimismo un llamamiento a la Comisión -y soy consciente de que el Comisario Patten es uno de nuestros mejores Comisarios- para que ponga manos a la obra y garantice que todas estas promesas formuladas por los diferentes Estados - no se trata de la UE, sino de los propios Estados- se conviertan en realidad. De lo contrario, seguirán produciéndose irregularidades y abusos, al tiempo que será vana toda tentativa de construir un Estado de derecho.
Con respecto a Serbia y a los miles de albaneses deportados que continúan en las prisiones de Yugoslavia digo abiertamente que es una vergüenza que el Consejo comience a suprimir las sanciones contra el resto de Yugoslavia, que el ala izquierda de esta Casa exija la supresión de más sanciones y que, sin embargo, en ninguna de estas propuestas figure que estas concesiones están supeditadas a la condición sine qua non de que sean puestos en libertad todos los prisioneros políticos encarcelados en Serbia, incluidos los albaneses de Kosovo. Es hora de que cuidemos nuestra credibilidad y de que nuestras actuaciones vayan dirigidas decidida e inequívocamente al restablecimiento de los principios democráticos propios de un Estado de derecho.

Belder
Señor Presidente, el párrafo 10 de la propuesta de resolución común que tenemos delante insta con razón al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea a redoblar sus esfuerzos a fin de reunir el personal y los medios financieros necesarios para reforzar las fuerzas policiales de las Naciones Unidas.
Esta petición concuerda perfectamente con la visión del Alto Representante de la ONU en Kosovo, Bernard Kouchner. Al objeto de llevar a buen término su misión de restablecer y salvaguardar el orden público en Kosovo necesita, conforme a sus propias estimaciones, al menos 6.000 funcionarios policiales extranjeros. La ONU le ha prometido, por el contrario, el envío de una fuerza policial de 4.800 hombres. Sin embargo, de momento Kouchner solamente dispone de aproximadamente 2.000 agentes de policía. Además, la mitad de este grupo procede de Estados Unidos y Alemania.
Es lógico que el Alto Representante de la ONU no esté nada feliz con esta situación, y menos habida cuenta de la endémica violencia étnica en la zona. Sobre todo es desconcertante el virulento reproche que Kouchner lanzó estos últimos días al Gobierno francés. París abandona a su suerte a su compatriota en plena zona de crisis tras enviarle un puñado de agentes de policía, no más de 37.
Como culpable de esta postura francesa poco honrosa Kouchner señala nada menos que al Ministro de Asuntos Interiores, Chevènement. Según Kouchner, el Ministro impide el envío de funcionarios policiales franceses a Kosovo por motivos ideológicos. Ruego al Consejo y a la Comisión que estudien a fondo estas graves acusaciones y que mantengan informado al Parlamento Europeo.
Libertad de prensa en Angola

Dupuis
Señor Presidente, no voy a repetir la premisa anterior: se me podría acusar de hacer publicidad abusiva. Sobre la cuestión de Angola, pienso que hemos conseguido un primer resultado por el hecho de poder contar con una resolución. Hace mucho tiempo que esto no ocurría en nuestro Parlamento. Por lo tanto, me congratulo por ello. Creo que el fuego cruzado de la Unión Europea y de occidente en general, converge desde hace algún tiempo en el Sr. Savimbi, sin discriminación alguna, pero que existe una corrupción tal en el régimen del Sr. Dos Santos, que incluso sus antiguos amigos comienzan a tener dificultades para simular no darse cuenta.
Por lo tanto, creo que es urgente poder elaborar una resolución política general para ir al fondo del problema, en particular respecto a algunos hechos preocupantes que se comentan: sobre todo el apoyo logístico, en el plano de los servicios de información, de los Estados Unidos y el Reino Unido, la corrupción generalizada del régimen, relacionada con las empresas petroleras multinacionales, y muchos otros hechos, que, naturalmente, son muy "sabrosos", y sobre los que habrá de profundizarse.

Coelho
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo ha estado, y con razón, en la vanguardia de la afirmación de los derechos humanos en la Unión Europea. Sabemos que los gobiernos son muchas veces más sensibles a los intereses de la realpolitik, a los intereses comerciales, geoestratégicos o económicos. Hemos formulado requisitos para los Estados que quieren entrar en nuestra Unión y debemos formularlos para los Estados que apoyamos. Porque somos de los que creemos en la democracia y en sus valores. Sabemos que el periodismo libre y una opinión pública ilustrada son los pulmones de la democracia. No hay democracia si no se respeta la libertad de información. Y, sin una opinión pública libre e informada, no hay democracia. Y, sin una comunicación social sin tutelas, no hay una opinión pública libre e informada y, con periodistas presionados, perseguidos, detenidos o amenazados, no hay una comunicación social libre y sin tutelas.
Señor Presidente, con la misma legitimidad con que condenamos actitudes de la UNITA que pusieron en entredicho el proceso de paz en Angola, con la misma autoridad con que pedimos a las dos partes que dejaran la guerra y abrazasen la paz, condenamos hoy las persecuciones y amenazas y reclamamos al Gobierno de Angola las condiciones de libertad esenciales para la importante labor de los periodistas en un Estado y en una sociedad democráticos.

Van den Bos
Señor Presidente, ¿hasta cuándo podremos proseguir nuestra colaboración con Angola? En este país se registra una violación sistemática y continuada de los derechos humanos, no sólo por parte de la UNITA, sino también por parte del propio Gobierno.
Los procesos contra los periodistas atentan contra todo principio de derecho. El Gobierno angoleño debe admitir sin más tardanza una presencia sustancial de la ONU para que pueda hacer de intermediario e informar de la situación de los derechos humanos. Tendrá que consentir asimismo la presencia de observadores europeos en los juicios contra los periodistas.
A pesar de ser el principal donante, Europa ha adoptado hasta la fecha una actitud demasiado pasiva con respecto a Angola. Si el Gobierno angoleño sigue negando su colaboración, nos veremos obligados a adoptar medidas. Sin reconciliación nacional no puede haber reconciliación con Europa. Lo triste es que, en ese caso, Angola seguirá siendo un diamante sin pulir.

Soares
Señor Presidente, Señorías, convengo totalmente con la resolución que se debate en este Parlamento, porque la situación de represión que afecta a los periodistas angolanos o a los corresponsales extranjeros en Angola es escandalosa y muy grave y no podemos dejar que se la pase por alto. Pero esa resolución es insuficiente, porque parte, en realidad, del principio de que Angola es un Estado de derecho que tan sólo impone ciertas dificultades a los periodistas y los reprime. Pero no es ésa la situación. Angola no es un Estado de derecho: es una dictadura represiva. Angola está en guerra, una guerra cruenta y que se prolonga. Y no podemos aceptar la teoría vigente de que, para llegar a la paz, es preciso aplastar y eliminar físicamente al adversario.
Por eso, este Parlamento debe secundar los repetidos llamamientos de la iglesia angolana, los llamamientos que ayer hicieron, por ejemplo, Mandela y Mebeki para que se celebren nuevas negociaciones a fin de llegar a una situación de paz. Como ya ha dicho otro colega, debemos celebrar aquí un debate general sobre Angola y no sólo sobre la situación de ciertos periodistas víctimas de la represión en Angola.
Aún hoy, por ejemplo, he tenido una información de Rafael Marques, sobre el que estamos hablando, facilitada directamente por él, según la cual ayer fueron encarcelados en Angola dos corresponsales de la televisión portuguesa. Por tanto, siguen repitiéndose esos casos. Pero lo peor es que la situación de Angola no tiene salida. Y el silencio de las grandes potencias y nuestro propio silencio son sospechosos y benefician a un régimen de corrupción, violencia y guerra.
Quisiera señalar a la atención de Sus Señorías que la guerra de Angola está extendiéndose a otras regiones de África, está relacionada con la guerra en los Congos, con lo que está sucediendo en Namibia, con lo que sucede en Zambia y ahora también en Zimbabwe, donde Robert Mugabe acaba de perder su referéndum exactamente por haber intervenido con tropas de su país en los Congos para salvar a Laurent Kabila, que no tiene salvación posible.
En Angola hay dos partidos o dos grupos armados: uno, el MPLA, que goza de los beneficios del petróleo; otro, el bando armado del Sr. Savimbi, que goza los beneficios de los diamantes. Y a costa del petróleo y de los diamantes siguen con la guerra, una guerra que, como he dicho, es terrible, que ha provocado millones de desplazados, deja a las poblaciones con hambre y ha provocado una situación crítica y trágica en Angola.
Hay que ponerle fin. Y, si celebramos aquí un gran debate sobre la situación de Angola, extensivo también a toda el África austral, la autoridad de este Parlamento puede ser importante.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, Señorías, la resolución que hoy vamos a votar representa un momento importante, por el tema que aborda, por las preocupaciones de defensa del Estado de derecho y de la libertad de prensa, y muy importante también por el amplio consenso que, después de alguna tesitura entre bastidores, ha conseguido por fin congregar. El abordado en la resolución es un gran problema, pero, como ya se ha dicho aquí, hasta parece pequeño, si observamos el gran problema que constituye la situación general en Angola, expuesta a sufrir un desastre terrible en materia humanitaria. La situación en Angola, como en el vecino ex Zaire, es la de una herida purulenta, en la que no se sabe quién infecta a quién. Pero se está desarrollando en Angola y en otros países de la región una situación verdaderamente terrible, como hace poco ha contado aquí el Sr. Mário Soares y que hace algunas semanas ya fue comparada apropiadamente con la primera guerra mundial de África. También lo son las participaciones cruzadas de unos países en otros.
Además, este asunto es importante porque el poder oficial de Angola, el Estado angolano, tiene que asumir las responsabilidades y la comunidad internacional y la Unión Europea deben indicarlo de forma muy clara. Esos periodistas son profesionales que aún hacen un esfuerzo -y son perseguidos por ello- para alertar a la opinión pública de su país y denunciar la situación de corrupción que se vive en ese régimen. Y es evidente que ése no es un marco que vaya a permitir alguna vez el establecimiento de la paz en Angola. Nosotros mismos, en nuestras historias nacionales y de Europa, tenemos esa experiencia: los pueblos sólo pueden vivir en paz duradera, si viven en libertad y pluralismo y con tolerancia mutua. Y, por tanto, la de esos periodistas es una causa que nosotros debemos abrazar, aunque con la conciencia de que el problema es mucho más vasto, mucho más profundo y terrible. Y, como ya se ha dicho aquí, me sumo claramente a los llamamientos hechos. En una próxima ocasión debemos tener el valor de abordar toda la problemática angolana con mayor amplitud y vigor.
En los últimos años el comportamiento de UNITA también nos ha inspirado reservas y críticas, pero eso no puede servir de disculpa para que el Estado angolano alimente una economía de guerra tenebrosa, con circuitos de corrupción terribles a costa del sufrimiento continuo de su pueblo. Tenemos que renovar espacios de diálogo con otras fuerzas en Angola, estar atentos a los llamamientos de la iglesia angolana, favorecer la aparición de otras instituciones nacionales, la reconciliación nacional y la aparición de nuevas fuerzas culturales y políticas, libres de guerra, y que un día puedan liberar por fin a ese país y a ese pueblo del destino armado en que vive desde hace decenios. El pueblo de Angola merece otro destino.

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, parece el mundo al revés. Los periodistas acaban en prisión porque dicen la verdad, en tanto que los soldados que supuestamente pertenecen a campos enfrentados se reúnen por la noche en los bares para intercambiar su alijo. Ésa es la realidad que se vive en Angola.
Expresamos nuestra repulsa ante esta guerra. Tres millones de víctimas, dos millones de personas desplazadas dentro de su propio país, cientos de miles más allá de las fronteras, mujeres y niños, una guerra transfronteriza. La culpa de este permanente estado de violencia no la tiene únicamente la UNITA, también la tiene el Gobierno. Por eso mismo, abogamos porque los periodistas -el año pasado fueron encarcelados más de veinte- puedan continuar expresando su opinión.
Al mismo tiempo, queremos insistir en otras muchas cosas. Insistimos en que se levante el embargo de la ONU destinado a impedir que muchas armas y municiones se trasladen en avión a los aeropuertos de la UNITA. ¿Qué significado tienen estas sanciones? Parte de la culpa la tienen los propios países occidentales. Somos nosotros mismos, nuestra propia gente, los que seguimos manteniendo la guerra en la zona. Al llamado mundo civilizado se le debería caer la cara de vergüenza.
Lo mismo digo con respecto al supuesto Gobierno legítimo, que también es culpable, porque si este periodista acusa al propio Presidente de enriquecerse con la guerra civil no hace otra cosa que decir en voz alta lo que todo el mundo sabe, lo que se cuenta en toda África, hasta en los barrios populares más remotos.
Señor Presidente, nosotros también somos culpables de esta guerra. Tenemos que dejar de conceder ayuda financiera a este régimen y tenemos que dejar de alimentar esta guerra con las armas.

Van Hecke
Señor Presidente, los hechos son conocidos. El 24 de diciembre el Tribunal angoleño condenó a un corresponsal del diario portugués Expresso a un año de prisión y a una multa de 20.000 dólares. El periodista había sacado a la luz un escándalo de corrupción en el gabinete del Presidente. El proceso se desarrolló a puerta cerrada y solamente se pudo citar a un testigo. El mes pasado otro periodista fue amenazado de muerte por un diputado del partido del Gobierno NPLA durante un debate parlamentario.
Son sólo dos ejemplos de la tendencia que se manifiesta en Angola a hacer callar a quienes vierten críticas contra el Gobierno. El año pasado fueron detenidos más de veinte periodistas acusados de difamación o crímenes contra la seguridad del Estado. Su único delito consiste en criticar aquello que las organizaciones para la defensa de los derechos humanos llevan denunciando desde hace tiempo, a saber, la corrupción a gran escala y la desaparición de cientos de millones de dólares que las compañías petroleras pagan al Gobierno angoleño.
Lo admitió hasta el Ministro británico Peter Hain. El mes pasado dijo al Presidente Dos Santos que vigilarían que los ingresos procedentes del petróleo no se destinaran únicamente a la financiación de la guerra y que tampoco desaparecieran en los bolsillos de eminentes miembros del Gobierno. Pero al mismo tiempo comprobamos que tanto Gran Bretaña como Portugal siguen prestando ayuda militar al Gobierno.
Es cierto que hay mucha hipocresía con respecto a Angola. La organización para la defensa de los derechos humanos Global Witness concluye sobre la base de un informe que los países occidentales cierran los ojos antes las actividades de Dos Santos porque intentan sonsacar lucrativos contratos petroleros. Quisiera retar a Portugal a que demuestre lo contrario supeditando sus intereses comerciales a los derechos humanos, a este principio que se acata pero que no se cumple.
Para mí Angola es un ensayo piloto. En todo caso, juzgaremos a la Presidencia portuguesa por lo que hace, no por lo que dice.
Pueblo indígena en los Estados Unidos - Dineh

Van Hecke
Señor Presidente, los dirigentes americanos no parecen haber aprendido gran cosa de las críticas de las que fue objeto su actitud frente a los indios y los demás pueblos indígenas. Sin embargo, hemos de admitir que nuestra propia responsabilidad europea al respecto no es menor. De nuevo un pueblo indígena está amenazado en su derecho a la vida. De nuevo la peculiaridad, la dignidad y la salud de todo un pueblo son sacrificadas en nombre de un interés económico superior. De nuevo se pierde una parte del patrimonio cultural y ecológico de nuestro planeta, a pesar de los numerosos tratados y resoluciones sobre derechos humanos, protección de minorías, derechos de pueblos indígenas, etcétera, que ya han sido aprobados al respecto.
Si la tradición y la cultura han de ceder ante los imperativos económicos al menos conviene prestar la debida atención a la acogida y la reintegración de los pueblos afectados. Pero a juzgar por lo que dicen los movimientos ecologistas ni siquiera esta premisa se cumple. Apenas existen programa de reintegración para las personas que ya han sido trasladadas a los llamados "new lands". Y aún queda por ver si estos "new lands" ofrecen suficientes garantías en lo que a la salud pública se refiere.
Es muy importante que las autoridades americanas expliquen claramente cómo piensan proporcionar una alternativa digna a estas familias sin que tengan que abandonar su forma de vida tradicional. Asimismo es importante que se abra un debate en el que se estudien y se sopesen las consecuencias económicas, ecológicas y sociales que la minería tendrá para la región a largo plazo.
Está en juego la credibilidad del Norte industrializado. Porque ¿con qué derecho exigimos a los países en vías de desarrollo que concedan voz y voto a sus minorías, que protejan sus valiosas reservas naturales y que respeten los derechos humanos, si resulta que nosotros mismos no somos capaces de dar el ejemplo?

Sterckx
Señor Presidente, el Sr. Van Hecke tiene razón, aquí se trata en efecto de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y, a este respecto, el Parlamento Europeo debe alzar la voz, sobre todo ante sus buenos amigos, y los Estados Unidos son un buen amigo.
Se trata de la opresión de una minoría, se trata más en concreto de una opresión que, desafortunadamente, tiene una larga historia. Incumbe al Parlamento Europeo proteger a las personas más débiles. Debemos cumplir con este deber. Se trata asimismo del respeto por una cultura, por una lengua, por un modo de vivir, por una religión propios de personas, de una cultura vulnerable que está en vías de extinción. Es importante que no se pase por alto este aspecto.
Por eso, es necesario, ya lo ha señalado el Sr. Van Hecke y también se pone de manifiesto en nuestra resolución, que el papel de la minería en aquella zona desértica altamente vulnerable se someta de nuevo a reflexión. El Parlamento ha aprobado hace poco la directiva sobre el agua. El agua que necesita esta gente para vivir está amenazada porque las capas acuíferas subterráneas son perforadas por una empresa minera, lo cual hace peligrar el modo de vivir tradicional de las personas que habitan la zona.
Es imprescindible que se ponga fin al programa de desplazamiento obligatorio. No se puede obligar a nadie más a que abandone su entorno vital. En los últimos 25 años nada menos que 25.000 personas han sido obligadas a trasladarse. Basta ya. Y si, a pesar de todo, es necesario que algunos se desplacen se les debe ofrecer una alternativa viable. Y aquí no es éste el caso. La zona a la que son trasladadas las personas afectadas, y es éste el motivo de la presente resolución, es una zona contaminada, es una zona sin perspectivas económicas.
Por todo ello, pienso que nosotros, como Parlamento Europeo, hemos de pedir a las autoridades americanas que en todo caso aplacen el programa de reinstalación de que se trata aquí y que después, de ser posible, lo supriman definitivamente.

Van Brempt
Señor Presidente, estimados colegas, es la primera vez que tomo la palabra en esta Asamblea y me referiré con mucho gusto y con mucha convicción al tema de los derechos humanos. En este ámbito Europa tiene un pasado convulso y es por eso por lo que nos hemos convertido un poco en la cuna de los derechos humanos.
Debemos seguir defendiendo estos derechos, especialmente en nuestros propios Estados miembros, pero también fuera de ellos. Como ya ha dicho el Sr. Sterckx, debemos hacerlo sin falta ante los Estados Unidos puesto que están en la misma onda en lo que a los valores democráticos se refiere.
El trato que recibieron los habitantes originales de los Estados Unidos en América atenta en muchos aspectos contra los derechos humanos más fundamentales. El caso de los indios Dineh es muy ilustrativo. Con motivo del descubrimiento y la explotación del oro negro y más tarde del uranio y del petróleo todos los medios eran buenos para expulsar a estas personas de su tierra, enviándolas a regiones donde las perspectivas que les esperaban eran poco más que pobreza, penuria y contaminación. En 1979 el territorio de Arizona que ha de transformarse en el nuevo país de los indios Dineh fue afectado por la mayor catástrofe nuclear de la historia de los Estados Unidos.
Ahora se pretende enviar a esta zona a los últimos 4.000 indios Dineh. Más de 250 ONG respaldan la lucha de estos indios y es gracias a los esfuerzos de la organización belga Voor Moeder Aarde que nos llega esta información. Es otro rasgo característico de la sociedad americana, que apenas está al tanto del problema. Los americanos se ocupan con razón de las guerras y de los genocidios cometidos en otras partes del mundo, pero se callan sin razón sobre el genocidio que se está llevando a cabo en su propio país.
En este momento los indios Dineh afrontan su último combate por su derecho a la tierra, por su derecho a la dignidad y sobre todo por su derecho a conservar su modo de vivir. Ya son muy pocos y su contrincante es un ente económico sumamente poderoso.

Sörensen
Señor Presidente, señores Comisarios, estimados colegas, aunque me sumo a las numerosas observaciones formuladas por los oradores anteriores, hay algunos puntos que quisiera subrayar. El pueblo Dineh pertenece al grupo de los indios navajos norteamericanos. Tienen que hacer frente a la exclusión y desde hace varios decenios luchan por su supervivencia.
Ya llevan viviendo muchos años en unas condiciones penosas. Su actual estado de pobreza los obliga a doblegarse de mala gana ante la presión financiera y económica ejercida por las industrias del carbón. La ley de reasentamiento que entró en vigor en 1974, y que tiene por objeto la redistribución de las tierras de la reserva de los indios navajos, contempla el traslado de los grupos de población.
Obviamente, estos realojamientos son inaceptables ya que constituyen una violación de los derechos humanos en el ámbito económico, social y cultural. Los indios dineh son desplazados como si de peones se tratase. No sólo pierden su historia y la tierra a la que están tan apegados -se trata de la tierra de sus antepasados- sino también cualquier perspectiva laboral o posibilidad de obtener fuentes de ingresos.
La ley de reasentamiento fue promovida en el Congreso por un grupo de presión de la industria del carbón. El Congreso nunca se preguntó adónde iría a parar la gente que vivía en la región ni cómo influiría esta reinstalación en su vida. La población no ha tenido ninguna participación en este proceso. Es como si estuviéramos ante una trata de personas.
El realojamiento se hizo realidad y el pueblo dineh fue desplazado a un territorio contaminado por uranio. En 1979 se rompió una presa en Nuevo México y se liberaron 370.000 metros cúbicos de agua radioactiva y mil cien toneladas de uranio puro. Desde entonces, este lugar es considerado como una de las zonas más contaminadas del mundo.
El Gobierno de los Estados Unidos, la industria del carbón y todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad ofreciendo una alternativa válida: o bien se descontamina el suelo o bien se concede a los indios dineh un lugar que se encuentre en buenas condiciones dotándoles de todos los medios necesarios en el ámbito psicológico, social, cultural y presupuestario.
Ya va siendo hora de que se respeten los derechos de los indios. Por eso, les rogamos que voten a favor de la presente resolución. En Europa no tenemos por qué dejarnos intimidar por intereses americanos promocionados por grupos financieros, religiosos e industriales. ¡Lo mejor sería que enviáramos un mensajero urgente a los Estados Unidos!

Posselt
Señor Presidente, en Rusia estamos asistiendo a una evolución preocupante cuyo catalizador es la guerra de Chechenia. En esta Casa hemos señalado más de una vez que la guerra de Chechenia era para el Sr. Putin una forma extremadamente sangrante para hacerse con la campaña electoral y el poder. Si observamos lo que el Sr. Putin ha hecho en las pocas semanas que lleva en el poder desde su golpe de terciopelo el día de Año Nuevo nos damos cuenta de que no sólo intensificó el genocidio en Chechenia, sino que, además, el presente caso es sintomático de una evolución en la política interior rusa que hace temer lo peor. El caso Babitski demuestra claramente que en Rusia -a pesar de ser uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a pesar de ser el mayor Estado miembro del Consejo de Europa y de haber firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea- la libertad de prensa corre un serio peligro.
El propio Sr. Putin dijo que el Sr. Babitski fue detenido por los servicios secretos rusos por orden suya. Él mismo declaró que había convertido el caso en un asunto de Estado. Aseguró que todo estaba bajo control. Pero luego nos enteramos de que aparentemente puso el caso que supuestamente había elevado al nivel de asunto de Estado, es decir, un ciudadano ruso, en manos de personas que él mismo tachó de terroristas peligrosos. ¿Qué Estado entrega a sus propios ciudadanos a personas que considera terroristas peligrosos? Tras la confusión inicial, la parte chechena desmiente claramente la noticia. Defensores rusos de los derechos de los ciudadanos y opositores de las fuerzas democráticas rusas sostienen que el Sr. Babitski sigue en manos del FSB. De este caso quedan muchas cosas por esclarecer.
¡Desde aquí instamos al Gobierno ruso a que primero averigüe inmediatamente qué ha sucedido con el Sr. Babitski y luego haga todo lo posible por liberarle, con la garantía de que no seguirá mermando la libertad de prensa y el Estado de derecho!

Napoletano
Señor Presidente, hasta la fecha, pese a las denuncias de la prensa internacional, no sabemos qué ha sido de Andrei Babitski, un valiente periodista ruso que ha desarrollado una intensa labor de cara a garantizar una información libre e independiente sobre el calvario de las poblaciones civiles de Chechenia y sobre la destrucción de la ciudad de Grozni.
A la vista de la contradictoriedad de las versiones facilitadas, se ha tratado de tranquilizar a la opinión pública respecto a la suerte de Babitski acreditando la tesis de un intercambio de prisioneros por combatientes chechenos que, entre otras cosas, si se hubiera producido realmente, constituiría una violación del Derecho internacional que no prevé la implicación de civiles en estas circunstancias.
Sin embargo, tenemos noticias más precisas: sabemos que el mismo Presidente interino de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a los servicios especiales rusos que garanticen la protección de la vida y de la libertad de Andrei Babitski. Se trata de una admisión que confirma todas nuestras preocupaciones y que convierte en aún más oportuna la toma de posición de este Parlamento respecto a este caso, con la petición de esclarecer también otros casos de desaparición de periodistas en la región del conflicto checheno y de garantizar las actividades informativas sobre un conflicto que ha alcanzado niveles de violencia inadmisibles.
Pedimos asimismo a las autoridades rusas que aclaren las condiciones que reinan en los llamados centros de detención recordando que los responsables de cualquier detención arbitraria, maltrato o matanza de civiles se exponen a ser acusados de crímenes contra la humanidad.
Pedimos al Consejo y a la Comisión que actúen clara y rápidamente y una iniciativa política que no descuide la cuestión de los derechos humanos.

Maaten
Señor Presidente, no cabe duda de que la situación de los derechos humanos en Chechenia deja mucho que desear. Según los informes que nos han llegado de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, los soldados rusos han matado o incluso ejecutado a ciudadanos en Grozni, más en concreto a mujeres y hombres ancianos. Se dice asimismo que han quemado vivos a grupos de ciudadanos que se habían escondido en los refugios. Exigimos que estas violaciones de los derechos humanos sean examinadas. A pesar de las múltiples promesas, las infracciones cometidas en Alfanyurt aún no han sido investigadas.
Las organizaciones gubernamentales internacionales y las organizaciones no gubernamentales deben poder acceder al territorio y el 6 de diciembre de 1999 el Consejo de Asuntos Generales de la Unión decidió enviar representantes de los Estados miembros a Ingushetia para analizar la situación humanitaria en la zona. Por decirlo con un término suave, tengo mucha curiosidad por saber cómo va este asunto.
El destino de Andréi Babitski, el corresponsal en Grozni de Radio Liberty detenido por tropas rusas, es un ejemplo dramático de la política rusa. Atenta contra el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1949 y constituye una flagrante violación de la libertad de prensa.
Queremos que las autoridades rusas nos informen acerca del paradero y la salud de Babitski.

Fraisse
Señor Presidente, un periodista que cumple una misión informativa, y que para ello debe estar libre, se encuentra, sin embargo, secuestrado, y recibe un trato de prisionero de guerra. La guerra de Chechenia, como todas las guerras, es un cortejo de horrores. Hoy sabemos que los "campos de filtración" son campos de tortura, donde se cometen violaciones, injurias. ¿Qué hace la PESC? Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la OSCE, miembro invitado del G-7, cliente del FMI y del Banco Mundial. ¿Qué hacemos? No entiendo que los organismos que representan el poder europeo callen, dejen actuar con las manos libres, ni que por el hecho de que trabajan con los rusos, como si nada ocurriera, avalen este gobierno que está en guerra. Les pido que intervengan.

Schroedter
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el trágico caso del valiente periodista ruso, Andréi Babitski, nos demuestra una vez más cómo Rusia se ha sumido en una profunda crisis democrática. Toda la federación se deja engañar por la propaganda bélica. Los comandantes en jefe de la guerra se convierten en presidentes y hasta cierto punto incluso son calificados de reformistas en Occidente. Los periodistas rusos, al contrario, son tratados como criminales, aunque sólo hacen su trabajo, es decir, intentan ofrecer la información más objetiva posible. Parece ser que el Gobierno ruso ha perdido el rumbo democrático y que la verdad le resulta peligrosa.
Lo único que puedo hacer aquí es instar de nuevo al Consejo y a la Comisión a que se atengan a las reglas. La UE no puede mantener relaciones comerciales normales con Rusia si este país no reconoce los valores democráticos fundamentales.

Belder
Señor Presidente, ¿qué Gobierno entrega a uno de sus propios ciudadanos a gente que él mismo tacha consecuentemente de "terroristas" y "bandidos"? A principios de esta semana el Ministro ruso de Asuntos Interiores, Vladímir Rushailo, dio una respuesta afirmativa a esta pregunta reveladora sin recato alguno. Según parece, la víctima de este canje habría sido el corresponsal de guerra de Radio Free Europe/Radio Liberty, Andréi Babitski, de 35 años de edad.
Utilizo deliberadamente la forma "habría" porque la parte oficial chechena niega hasta el día de hoy haber intercambiado varios prisioneros de guerra rusos por Babitski.
Entretanto, las máximas autoridades rusas envuelven en un halo de misterio la desaparición del valiente periodista, que no ha dejado rastro alguno. Así, el Presidente interino Vladímir Putin aseguró el lunes pasado haber dado órdenes a los servicios secretos del país para que buscaran al periodista desaparecido y le llevaran sano y salvo a Moscú. Sin embargo, el hombre fuerte de Rusia acompañó esta alentadora declaración con unas palabras enigmáticas: "Según tengo entendido, Babitski ya se siente libre".
En realidad, esta desconsoladora ambigüedad del Kremlin no debe extrañarnos. Los hechos hablan por sí mismos. Andréi Babitski fue un testigo molesto de la operación "antiterrorista" que Putin llevó a cabo en Chechenia. De ahí que esté desaparecido desde hace más de un mes. El asunto Babitski al menos legitima una conclusión: los dirigentes de Moscú ya no pueden sostener que el secuestro y la trata de ciudadanos indefensos sea un delito típicamente checheno.
Ésta es la cuarta resolución que dedicamos a la tragedia chechena en muy poco tiempo. Y no está de más. Se suma a la iniciativa de una treintena de medios de comunicación rusos que distribuyeron ayer un suplemento especial gratuito sobre Andréi Babitski.
Camboya

Morillon
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la experiencia vivida en los Balcanes, en la época en que prestaba el servicio, me induce hoy a pedirles que apoyen los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para que los responsables del genocidio en Camboya sean sometidos a juicio ante un tribunal independiente, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
No creo, en efecto, que la reconciliación sea posible, después de dramas tan sangrientos, sin que los responsables de su incitación sean juzgados y condenados. Pero tampoco creo que puedan llevarse a cabo juicios justos solamente por los pueblos que han sido víctimas de esta situación. Me convencí de ello en Sarajevo, cuando debía negociar, entre las partes en conflicto, los intercambios periódicos de prisioneros, que acompañaban los sucesivos acuerdos de alto el fuego, que desgraciadamente nunca duraban mucho.
Cada vez, en el momento de realizarse el intercambio, descubríamos que faltaban personas en las listas, a pesar de haber sido laboriosamente elaboradas. La respuesta que se nos daba era siempre la misma: "No podemos liberarlo, es un criminal de guerra".
En medio de la emoción, el dolor, el ardor, de los compromisos, no era posible romper el círculo infernal de la sangre y de la venganza. Si queremos ayudar a los camboyanos en la tarea de reconciliación que han iniciado, es preciso juzgar y condenar a los responsables al más alto nivel y exonerar a los simples ejecutores y a todos aquellos que, obligados o no, fueron arrastrados tras ellos.
Yo espero la creación de un tribunal, cuya imparcialidad estará garantizada por las Naciones Unidas, el juicio y la condena de Ta Mok y de sus principales oficiales. Será el único modo, para los camboyanos, de perdonar a aquellos que eran simples seguidores y, así, de conseguir una paz duradera.

Maaten
Señor Presidente, esta semana se ha dado a conocer que dos destacados diarios de la oposición camboyana han sido amenazados de cierre por haber insultado al Rey y al Primer Ministro. Se trata de dos periódicos que apoyan activamente al político oposicionista Sam Rengie. Contra Sam Rengie se ha iniciado un procedimiento para levantar su inmunidad parlamentaria a fin de poder procesarle por traición. La razón de ello es que en el discurso que pronunció con motivo del nuevo milenio se atrevió a plantear el problema de la sucesión del Rey Sihanuk, exigiendo que se esclareciera el procedimiento que ha de seguirse en caso de que fallezca.
El pasado mes de marzo un grupo de hombres con uniforme militar asesinaron a uno de los miembros del partido de Sam Rengie en la provincia de Kandal. En septiembre detuvieron a dos miembros de su partido alegando que habían estado implicados en un ataque con misil contra el Primer Ministro. Entiéndase bien que se trata del único partido de Camboya que no dispone de ala militar. En octubre uno de los parlamentarios de este mismo partido fue secuestrado por hombres uniformados que le pusieron en libertad a cambio de un rescate. El patrón de intimidación salta a la vista.
Suceden más cosas en Camboya. Se tortura a los prisioneros, el ejército y la policía están implicados en la trata de mujeres y de niños y se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. Todo ello está a la orden del día. Sin embargo, lo más grave es que el Gobierno se resiste a que los jemeres rojos sean procesados por un tribunal internacional.
Es cierto que la guerra civil en Camboya se acabó y que las tensiones políticas han disminuido. Ello no obstante, nos preocupa seriamente el trato que está recibiendo la oposición política. Si esta situación persiste inexorablemente tendrá consecuencias para las relaciones entre la Unión y Camboya.

Wuori
Señor Presidente, en el marco del Derecho internacional se está moldeando una nueva doctrina, según la cual ningún Estado puede tratar de cualquier forma a sus ciudadanos o a las personas residentes en su territorio, ni el principio de soberanía nacional es pretexto que evite la intervención de los demás países en los casos de graves violaciones de los derechos humanos, aun cuando la dirección del Estado sea legítima o incluso elegida democráticamente. Ejemplos vivos de esta doctrina son el caso de Pinochet Ugarte y la solución de Kosovo, así como el debate mantenido sobre la formación del Gobierno de Austria, que es un reflejo menos nítido de esta doctrina en el propio ámbito de la Unión Europea. Esta evolución se ve amenazada ahora en Camboya, si no se consigue que los dirigentes del anterior régimen opresivo sean juzgados. Al mismo tiempo, la lucha contra la impunidad se vería en peligro. Esta situación debería recordarnos que la ratificación del Tratado Constituyente del Tribunal Penal Internacional ha sido vergonzosamente lenta.

Patten
. (EN) Señor Presidente, ayer mantuvimos un debate extremadamente útil sobre Derechos humanos. Me satisface que hayamos tenido esta nueva oportunidad de contemplar diversas áreas del mundo -Kosovo, Angola, Chechenia y Camboya- en las que la protección de los Derechos humanos ha supuesto un duro desafío.
En primer lugar, respecto de Kosovo, la Comisión comparte plenamente las preocupaciones expresadas en estas resoluciones provisionales en lo que atañe a la política general para Kosovo, en lo que atañe a la continuada violencia étnica y en lo que atañe a los prisioneros en las cárceles serbias. Nuestros esfuerzos en Kosovo, como en otros lugares de la región, se dirigen a corto y medio plazo a la recuperación y a largo plazo a la estabilización. Especialmente apoyamos el desarrollo de una sociedad libre, democrática y multiétnica. Nuestros programas de ayuda en las áreas de democratización y Derechos Humanos deben seguir creando confianza en general y, en particular, intentando crear confianza entre las diferentes comunidades. Siempre hemos condenado la violencia étnica, sin importar cual sea el grupo étnico perpetrador o víctima. Consideramos que es inaceptable contra las minorías serbias y de los roma igual que los fue en el pasado contra los albanokosovares. Apoyamos los esfuerzos de UNMIK, KFOR y la OSCE por construir una administración civil operativa y por asegurar la ley y el orden. A este respecto apoyamos firmemente el reciente llamamiento del Alto Representante a los Estados miembros para que aporten más policías a la misión de policía civil de la ONU en Kosovo. Esta ha sido una cuestión mencionada por varios oradores durante el debate.
Confío en que subraye la importancia, al tratar el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común, de contemplar los aspectos no militares de esa política además de los militares. Es tan importante fijar unos objetivos principales para nuestra capacidad de construcción política e institucional como para nuestra capacidad militar. Seguimos estando muy preocupados con los numerosos civiles que actualmente se encuentran retenidos en prisiones serbias. Coincido plenamente con las cuestiones que de forma tan apasionada ha planteado la Sra. Pack, tanto anteriores al juicio como posteriores a la sentencia. La situación de albanokosovares que han desaparecido desde el final de la guerra es particularmente inquietante. Apelamos a todo el mundo, dentro y fuera de Kosovo para que apoyen estos objetivos comunes, para que apoyen a la UNMIK y al KFOR en sus esfuerzos por alcanzarlos.
Volviendo brevemente a Angola, hemos disfrutado de nuevo de varias intervenciones muy ilustradas, en especial de la del Sr. Soares, quien tiene un conocimiento sin igual del asunto. La Comisión cree firmemente que la libertad de prensa y de expresión van a ser esenciales para el progreso de la paz y la reconciliación en Angola. Se trata de una precondición vital para fortalecer las instituciones democráticas y la sociedad civil. Un panorama de especial preocupación lo constituye el hostigamiento a los periodistas, incluyendo la detención temporal de miembros de la denominada prensa independiente. La Unión Europea hizo una démarche específica acerca de la libertad de prensa al Ministerio de Justicia angoleño en noviembre del año pasado. Apoyamos completamente el trabajo de la ONU a través de UNUA, dada su especial responsabilidad sobre el seguimiento del estado de los derechos humanos en Angola. Así mismo, estamos comprometidos con las sanciones del Consejo de Seguridad contra UNITA, incluyendo el control de armas.
Mientras mantiene el énfasis en las necesidades humanitarias, la Comisión se está preparando para una fase postconflicto de nuestra ayuda financiera a Angola. Un elemento esencial será el apoyo a la democracia y los derechos humanos, incluyendo iniciativas específicas para fortalecer las instituciones democráticas y la sociedad civil. La Unión Europea ha condenado el uso de minas antipersonas y estamos apoyando las operaciones de retirada de las minas a través de una ONG internacional. La resolución sobre la que algún día me gustaría debatir en el Parlamento sería la que versase sobre la retirada de minas y, en particular, sobre la importancia de destruir las existencias de minas: existencias en Ucrania, existencias en Moldova y existencias en otros lugares. Este es un asunto al que no se le concede suficiente importancia.
Respecto de la cuestión de los pueblos indígenas de los EE.UU., estoy seguro de que las autoridades estadounidenses habrán tomado nota de la resolución que les fue originalmente remitida. En cualquier caso nuestra política general es la de reconocer la dignidad inherente y la contribución única del pueblo indígena al desarrollo y la pluralidad de la sociedad, algo que estamos contemplando con especial interés en el contexto de la dimensión de la zona norte que estamos intentando desarrollar y que estamos discutiendo con América del Norte.
La Comisión comparte la creciente preocupación por el Sr. Babitsky, el periodista ruso desaparecido, y, más en general, por los medios de comunicación independientes en Chechenia. El asunto se suma a nuestra profunda preocupación por la situación de la población civil en Chechenia, y ya he escuchado antes al Sr. Posselt en lo que respecta a este asunto. Existen informes alarmantes sobre violaciones de los Derechos humanos. Desde luego, ha habido un uso desproporcionado de la violencia en el conflicto actual.
La delegación de la Comisión en Moscú participó en una démarche de la Troika de la Unión Europea el 11 de del presente mes. Subrayamos nuestra seria preocupación por la libertad de prensa y expresión y presionamos a los rusos para que aclarasen las circunstancias de la detención del Sr. Babitsky a la luz de sus obligaciones en el campo de los Derechos humanos. Estamos a la espera de una respuesta adecuada de los rusos. Entre tanto, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de principios de semana han confirmado el mensaje que yo he expresado hoy. Y ahora estamos en disposición de volver al asunto de la Troika ministerial UE-Rusia del 2 de marzo en Lisboa, si es necesario.
Finalmente, sobre Camboya y los Jemeres Rojos: coincidimos plenamente en que los líderes veteranos de los Jemeres Rojos deben ser responsabilizados de sus crímenes. Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos planteados por el Sr. Morillon. Hemos apoyado firmemente la démarche del 4 de febrero de este año de la Troika al Ministro de Asuntos Exteriores Hor Namhong. La Unión Europea subrayó su total apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas relativos a la necesidad de un tribunal para juzgar a antiguos líderes de los Jemeres Rojos. Al mismo tiempo saludamos el diálogo continuado entre las dos partes. Me siento reconfortado por el optimismo de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, sobre las posibilidades de un acuerdo acerca del tribunal propuesto.
La comisión continuará planteando cuestiones relativas al estado de derecho, los principios democráticos y los Derechos humanos ante las autoridades camboyanas a través del Acuerdo de Cooperación CE-Camboya que entró en vigor el 1 de noviembre del año pasado.
Ha sido muy útil debatir dos veces sobre Derechos humanos en un par de días. Espero que tengamos otras oportunidades, pero confío en que en los próximos años tengamos menos ejemplos de su abuso.

El Presidente
Muchas gracias, señor Patten.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas.

Catástrofe medioambiental en las aguas del Danubio
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0164/2000 del Sr. Leinen, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos,
B5-0167/2000 de los Sres. Maaten y Thors, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas,
B5-0168/2000 de los Sres. Oostlander y Grossetête, en nombre del grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos,
B5-0173/2000 de los Sres. Papayannakis y Sjöstedt, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica,
B5-0179/2000 de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea,
sobre la catástrofe medioambiental provocada por el vertido de cianuro, procedente de una mina de oro rumana, en las aguas de los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio.

Leinen
Señor Presidente, estimados colegas, estos días el Tisza y el Danubio están sufriendo una catástrofe medioambiental de gran envergadura. La vida en dichos ríos ha quedado aniquilada a lo largo de cientos de kilómetros y el agua potable de miles de personas corre peligro. Se trata de una catástrofe medioambiental grave, pero aún es más grave la forma en la que la empresa, los políticos y los medios de comunicación rumanos desmienten y niegan los hechos. Cuando leo que lo ocurrido se atribuye a una conspiración de los vecinos húngaros hay una cosa que nosotros, el Parlamento Europeo, debemos dejar muy claro a Rumanía: "Ésta no es la forma ni el modo en que nosotros, europeos, pretendemos tratar a nuestros vecinos y solucionar nuestros problemas. ¡Así no funciona!" Hay que plantear el problema, detectar las causas y luego hacer todo lo posible por evitar que vuelva a suceder.
En mi opinión, han sucedido dos cosas. Por una parte está la negligencia de una empresa de ámbito internacional. Si esta enorme balsa con cianuro tan sólo tiene una capa protectora, ello ciertamente no está en línea con las normas medioambientales que se aplican en Europa y en otras partes del mundo. En segundo lugar, existen grandes lagunas en la legislación medioambiental de un país que pretende acceder a la UE.
Hacen falta tres cosas. En primer lugar, la Unión Europea ha de prestar lo antes posible ayuda técnica y financiera para poner fin a la contaminación. Éste es un claro ejemplo de que no sólo necesitamos fuerzas de reacción rápida en el ámbito militar sino también en el terreno de las catástrofes civiles. En segunda instancia, debemos colaborar en la elaboración de nuevas leyes y normas medioambientales. En tercer lugar, necesitamos un sistema de responsabilidad medioambiental. Este caso demuestra que la protección del medio ambiente forma parte del acervo comunitario y que constituye un requisito imprescindible para la adhesión a la Unión Europea.

Maaten
Señor Presidente, esta semana hemos debatido la directiva marco sobre el agua. Pues bien, la catástrofe que se ha producido en Rumanía demuestra una vez más hasta qué punto es necesario que nos tomemos en serio la protección del agua. Esta catástrofe ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones importantes que nos afectan como Unión Europea. Nos congratulamos de que la Unión Europea se haya comprometido a prestar ayuda para descontaminar los ríos. Es igual de importante que se refuerce la conciencia medioambiental, tanto en Rumanía como en la Europa Central y Oriental en general.
Por todo ello, nos alegra que la Comisaria Wallström se haya apresurado a visitar la región, puesto que su visita puede redundar en beneficio de dicha conciencia. A fin de cuentas, se trata de un país candidato a la adhesión y esta catástrofe se suma a la preocupación existente a propósito de si todos los países candidatos lograrán asimilar a tiempo la normativa sobre el medio ambiente de la UE.
Quien contamina debe pagar. Me pregunto si la Unión Europea puede cargar este tipo de gastos a los "vaqueros" del medio ambiente que se manifiestan en el llamado "Oriente salvaje", beneficiándose de la permisiva legislación medioambiental de aquellos países. Yo sería partidario de esa opción.

Grossetête
Señor Presidente, señor Comisario, no todos los días son iguales, pero las catástrofes ecológicas, por desgracia, son todas iguales. Hay razones para estar atribulados, una vez más, por esta grave contaminación que hoy afecta la cuarta zona húmeda de Europa, por orden de importancia. El delta del Danubio está en peligro. Como en España, en abril de 1998, como en Bretaña y en Vandea desde el mes de diciembre pasado, se encuentra de nuevo gravemente amenazada una zona natural excepcional.
En sus resoluciones, el Parlamento Europeo no cesa de llamar la atención sobre esta clase de peligros que amenazan nuestro medio ambiente, trastornan nuestro ecosistema y vuelven a desestabilizar a las poblaciones. Esta nueva catástrofe plantea el problema de la integración del "acervo" comunitario en materia medioambiental para los países candidatos. Los obstáculos que deben superar las autoridades de estos Estados, todavía frágiles desde el punto de vista medioambiental, son numerosos. En primer lugar, debe mejorarse la prevención de este tipo de vertido, acondicionando los emplazamientos industriales más críticos. En segundo lugar, estos países deberían estar en condiciones de disponer de suficientes medios técnicos para detener dicha contaminación y reducir su alcance. Finalmente, deberían poder aplicar programas de recuperación de las zonas más afectadas y más sensibles.
Hoy se hallan contaminadas las riberas y las aguas de más de cuatro ríos que atraviesan cuatro Estados. Por eso la Unión Europea debe concentrar sus esfuerzos y ejercer sus presiones para que todos los países candidatos se adapten necesariamente a las normas de protección medioambiental comunitarias. Pero por encima de ello, lo que está en tela de juicio son las tecnologías y los medios disponibles para prevenir y para hacer frente rápida y eficazmente a este tipo de catástrofes.
Deseo que nuestros futuros socios demuestren mayor responsabilidad. El medio ambiente debe ser una prioridad en el marco de la reunificación del continente europeo. Debe ser el núcleo de las voluntades políticas de nuestros socios. La aplicación de altos estándares medioambientales permitirá no sólo el desarrollo de sectores industriales y tecnológicos importantes, sino que, además, acarreará simultáneamente consecuencias sociales y económicas favorables y mejorarán los estándares de salud pública.
Hay que reforzar los esfuerzos ya emprendidos. El continente europeo debe expresar su solidaridad y las responsabilidades deben estar claramente delimitadas en el marco del principio "quien contamina paga".

González Álvarez
Señor Presidente, cuando ocurrió la catástrofe de Doñana, la organización no gubernamental World Wide Fund -Fondo Mundial para la Naturaleza- nos presentó un informe sobre la cantidad de balsas que había en Europa de estas características. Todos sabemos que hay un número enorme de este tipo de balsas, que son una bomba ecológica y que afectan al abastecimiento del agua potable, a la riqueza ecológica y también al futuro económico de estas zonas.
Estuve en Doñana después del vertido y pude ver como la agricultura, la pesca y la vida de los ciudadanos de la zona de alrededor se veía enormemente comprometida. Por lo tanto, creo que la Unión Europea debe hacer, en primer lugar, un análisis de la situación de estas balsas y un registro riguroso del número de ellas que tenemos en Europa. Debe proceder a la inclusión de estas balsas en el Derecho comunitario, en las directivas que tienen que ver con los residuos, y utilizar el principio de prevención para evitar que esto vuelva a ocurrir. Si no, estaremos continuamente poniendo en peligro la riqueza ecológica de nuestro continente.

Schörling
Señor Presidente, esta catástrofe en la mina de Rumania comprende un vasto sector hidrogeológico con ríos y arroyos en Rumania, Hungría, Serbia y Bulgaria. El vertido en el ecosistema de 100.000 m3 de agua contaminada con cianuro y metales pesados va a tener enormes consecuencias, durante mucho tiempo, para los habitantes de esas regiones, para la flora y fauna, para la agricultura, para el turismo y para todo el ecosistema y la diversidad biológica. Es incomprensible que actualmente se produzcan accidentes de este tipo. ¿Se puede permitir que una sustancia tan venenosa como el cianuro se use en la minería y en la producción de metales? La respuesta, obviamente, es un rotundo ¡no!. Debe desaparecer todo lo relacionado con la producción y uso del cianuro. Yo supongo que la UE tomará iniciativas para conseguir la prohibición global de esto. Desde hace mucho tiempo está prohibido en la mayoría de los países de la UE. Por eso resulta muy vergonzoso que ocurran cosas como ésta.
Me han informado que la Comisaria Margot Wallström ha viajado de Estrasburgo a Rumania para comprobar in situ lo que ha sucedido. Mi Grupo confía en que Margot Wallström prometerá ayuda a las comunidades afectadas, tanto económica como de conocimientos medioambientales, para sanear lo que sea necesario.
Esto nos lleva a pensar en un aspecto que el Grupo de los Verdes ha demandado desde hace mucho tiempo, es decir, la necesidad de una fuerza de protección civil que rápidamente pueda actuar en este tipo de grandes catástrofes medioambientales e industriales. También nos lleva a pensar en las insuficientes exigencias medioambientales existentes en algunos de los países candidatos. Hay que exigir que las excepciones no signifiquen un riesgo para la salud de las personas o para el ecosistema.

Scheele
Señor Presidente, en el Libro Blanco de la Comisión sobre la responsabilidad ambiental que se presentó hace unos días, para ser preciso el 9 de febrero, la retahíla de catástrofes medioambientales provocadas por el hombre se cierra con el accidente del petrolero que contaminó e intoxicó las costas francesas.
Pocos días después podemos añadir a la lista otra terrible catástrofe medioambiental. Y las causas son siempre las mismas, a saber, insuficiencia tecnológica y afán de lucro. Todos los indicios apuntan a que el dinero prevalece sobre el bienestar del medio ambiente y, por consiguiente, sobre el bienestar y la salud del hombre.
En este contexto ya se ha dicho que es fundamental que la Unión Europea preste ayuda técnica y financiera. Pero también hemos de advertir a Rumanía que no puede escurrir el bulto y que debe hacer todo lo posible por asimilar el acervo comunitario. Además, considero necesario que elaboremos y apliquemos lo antes posible una directiva que garantice una amplia responsabilidad medioambiental en el seno de la Unión Europea.

Isler Béguin
Señor Presidente, no creo que se pueda acusar sin más a los países del Este que vienen a llamar a la puerta de la Unión, porque los desastres ecológicos también se producen tanto en nuestros países, como en el oeste y en el este. Los desbordamientos, por ejemplo, de los depósitos de decantación de las minas de oro de Salsigne, en Francia, han provocado, y siguen haciéndolo, una contaminación considerable y una enorme catástrofe económica
También sabemos muy bien que la contaminación y la recuperación se calculan en millardos. ¿Quién pagará? Por eso es absolutamente necesario que en todos nuestros proyectos de desarrollo tomemos urgentemente en consideración el aspecto medioambiental.
Desearía asimismo decir a la Unión Europea que debe barrer delante de su puerta, es decir, que debe pedir a los Estados miembros que todavía poseen minas de oro que lleven a cabo un estudio de expertos, para saber realmente lo que ocurre en ellas. Pienso, en particular, en las minas de oro de la Guayana Francesa, donde precisamente los obreros, que en general son mujeres, son explotados, y se encuentran en una situación sanitaria absolutamente lamentable.

Patten
. (EN) Permítanme adherirme completamente y sin reserva alguna, y no porque haya sido Ministro de Medio Ambiente, a las expresiones de preocupación realizadas por sus distinguidas Señorías.
En este momento una evaluación objetiva de los hechos no resulta fácil. Pero los primeros informes sugieren que la contaminación de los ríos Lepos, Tisza, Somes y Danubio constituye una tragedia medioambiental. En cuestión de días ha destruido todo un ecosistema. Ningún organismo vivo, desde los microbios hasta las nutrias, se ha salvado. Varios diputados han expuesto los que parece haber ocurrido. Todos hemos podido ver algunas de las consecuencias en las pantallas de nuestros televisores. Algunos expertos en la materia han situado las consecuencias medioambientales de este desastre, por lo menos en lo que se refiere al daño al ecosistema, al mismo nivel que Chernobil. Ha afectado a los pueblos de tres países -Rumanía, Hungría y Yugoslavia. El Tisza, el segundo río de Hungría, y probablemente el más bello y amado por su pueblo, es el que se ha llevado la peor parte. Como ocurre en todos estos desastres las consecuencias a largo plazo son las más perniciosas. Algunas estimaciones sugieren que la repoblación del río podría tardar hasta cinco años. Existe un riesgo permanente para otros animales derivado de la posibilidad de que se alimenten con peces tóxicos.
Claramente tenemos la responsabilidad de hacer todo aquello que podamos, lo más rápido posible, para contribuir a superar esta catástrofe. Este es con certeza el punto de vista de mi colega, la Comisaria Wallström, que me consta hubiera deseado responder hoy personalmente a esta resolución. La razón de que no pueda hacerlo es que, como ya han manifestado algunos diputados, se encuentra en Hungría y Rumanía par comprobar por sí misma el alcance del daño y la mejor forma en la que podemos ayudar a las autoridades húngaras y rumanas a atajar esta crisis.
Estamos preparados para hacerlo. En relación con el accidente, a principios de mes nos hemos puesto en contacto con el Gobierno rumano y con la Comisión Internacional para la Protección del río Danubio para recabar urgentemente más información. Los rumanos se han dirigido a la UNEF y a la OCHA, en Ginebra, para obtener de un equipo de expertos internacionales independientes una evaluación acerca del daño en la zona de captación del Danubio. Estamos en disposición de ayudar en esta evaluación si se produce una petición conjunta de Hungría y Rumanía y se puede garantizar el acceso a la zona a los nacionales de ambos países. Esto es evidentemente crucial. Es completamente esencial establecer tan pronto como sea posible un cuadro del alcance del daño de modo que podamos decidir exactamente la mejor manera de ayudar a atajarlo. Nuestros esfuerzos se dirigen ahora a este fin.
También existe una necesidad de aclarar las responsabilidades legales de la compañía minera y de las autoridades rumanas. Esta es una cuestión importante, como han sugerido algunos diputados. El principio de que el que contamina, paga, es la piedra angular de la política medioambiental de la Unión Europea. Está reflejado en la Convención Internacional para la protección y el uso sostenible del río Danubio, y debería aplicarse en este caso.
La Unión Europea no puede suplantar a la compañía minera en el pago de compensaciones debidas. La Unión ha movilizado en los últimos siete años 20 millones de euros para apoyar la protección de la cuenca del río Danubio. En el contexto de la ayuda de preadhesión a la región cabe la posibilidad de redirigir parte de la ayuda que estamos otorgando en ISPAR y PHARE para atajar los impactos más severos de este accidente, siempre que se respete completamente el principio de que el contaminador paga.
A plazo más largo queremos comprobar que lecciones se pueden extraer de este desastre, sobre todo ver como se puede, en primer lugar, evitar que estos ocurran. El hecho refuerza la necesidad de fortalecer la protección civil europea, siguiendo las directrices sugeridas por el Presidente Prodi en su reciente discurso y como han sugerido hoy uno o dos diputados. Pero, por ahora, la prioridad es superar la crisis. Como ya he dicho, mi colega, la Comisaria Wallström, se encuentra hoy en el lugar de los hechos. Ella informará detalladamente al Parlamento acerca de las acciones que propondrá como resultado de su visita.
Esta ha sido una tragedia espantosa para Europa y Europa ha de responder y hacer todo lo que pueda para asegurar que hechos tan terribles como este no continúen arruinando nuestro futuro.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a continuación.

VOTACIONES
 sobre la reestructuración de las empresas en Europa

(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO
Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre la reestructuración de las empresas porque, después de haber confiado en una intervención comunitaria en las reestructuraciones de las empresas, deseo hacer presente a nuestro Pleno que si bien es cierto que mil personas se han encontrado sin puesto de trabajo y se han visto privadas de la posibilidad de continuar trabajando, no es menos cierto que si los Estados no hubiesen retrasado la edad de jubilación -de al menos 200.000 personas en Italia que, en consecuencia, han seguido trabajando y que, de otro modo, habrían dejado libres 200.000 puestos de trabajo si no existieran leyes que retrasan su edad de jubilación cinco años- ahora no nos encontraríamos ante mil desocupados: ahora habría mil trabajadores ocupados, aunque fuera en otra empresa, pero que, en cualquier caso, tendrían un puesto de trabajo.

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) La única razón por la cual hemos votado a favor de la resolución de compromiso PSE-Verts/ALE-GUE/NGL es que únicamente esta resolución nos permitía "condenar la decisión de la dirección de Goodyear-Dunlop de cerrar su fábrica en Italia".
Sin embargo, las medidas propuestas en esta resolución son insignificantes para detener la política de los grandes grupos industriales, que suprimen puestos de trabajo y agudizan el desempleo. Por otro lado, sólo se trata de palabras, ya que los gobiernos socialistas, que son mayoría en Europa, son tan incapaces como los gobiernos de derechas de tomar las medidas necesarias para impedir los despidos.
El verdadero problema no es encontrar los procedimientos jurídicos que hagan más complejos los trámites de despido, sino de prohibir los despidos.
La única manera de parar este mecanismo infernal -que, por un lado, genera plusvalía financiera y, por el otro, desempleo- consiste en prohibir los despidos en todas las grandes empresas que obtienen beneficios, bajo pena de expropiación, y en publicar los balances de las grandes sociedades, y someterlos a un control de sus trabajadores y de toda la población.
Es preciso que la sociedad disponga de los medios para imponer a las grandes empresas y a los propietarios de éstas sus propias prioridades, y en primer lugar la erradicación del desempleo. Las sumas necesarias para crear empleos útiles en los servicios públicos, así como para financiar la repartición del trabajo entre todos, sin disminución de salarios, deben obtenerse de los beneficios de las grandes empresas. Es infinitamente más importante, para la mayoría de la sociedad, que el despilfarro en operaciones financieras o el enriquecimiento escandaloso de una minoría de grandes accionistas.

Sacrédeus
. (SV) No puedo dar mi apoyo a esta resolución, ya que en el punto 8 se señala a una industria determinada en Italia con el deseo de que se mantengan sus instalaciones, al mismo tiempo que se aconseja a la actual dirección de la empresa que venda la fábrica a un fabricante europeo de neumáticos.
No es tarea que competa al Parlamento Europeo declarar qué fabricas en los quince países de la Unión Europea tienen que permanecer o desaparecer, ampliar o disminuir su plantilla de trabajadores, mantenerse en un sitio o mudarse, vender o no vender y cuáles hay que vender, dentro o fuera de Europa.
En último término se trata de esferas de competencia; el Parlamento Europeo y sus miembros carecen de posibilidades jurídicas para cambiar las decisiones de esta empresa y de conocimientos más profundos sobre su situación.
Los democristianos suecos hacemos hincapié en la importancia de que la Unión Europea y el Parlamento Europeo se concentren en sus tareas esenciales y en que no debiliten el valor de sus actos en esos campos interviniendo en materias que están fuera de su competencia.

Potencial del turismo como generador de empleo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5­0030/2000) del Sr. Viceconte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión: "Incrementar el potencial del turismo como generador de empleo - Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo" (COM(1999)0205 - C5-0112/1999 - 1999/2115(COS)).

Viceconte
, ponente. (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar del retraso y de la indecisión de la Unión Europea en realizar una verdadera política comunitaria de turismo, ha aumentado el interés por el turismo como sector capaz de crear nuevos puestos de trabajo.
Uno de los motivos del interés comunitario es la flexibilidad estructural de este segmento del mercado de trabajo que explica la fuerza de atracción que el mismo ejerce sobre las mujeres y los jóvenes, a los que ofrece con frecuencia una primera ocasión de empleo.
Sin embargo, la importancia de la industria turística, su impacto en el empleo - aunque todos se dan cuenta de ella - se basa más en sensaciones percibidas a través de una verificación empírica del fenómeno que en hechos demostrables estadísticamente.
Esta identidad imprecisa, debida a un desconocimiento del fenómeno por la falta de datos estadísticos fiables y científicamente correctos, ha penalizado fuertemente la posibilidad de poner en marcha una política orgánica en favor del sector y la posibilidad de crear mayor empleo.
Por lo tanto, en esta ocasión, es útil empezar por algunas consideraciones para recordar el impacto del turismo en la vida de los ciudadanos de la Unión, la necesidad y la conveniencia tanto económica como social de apoyar el turismo europeo.
En primer lugar, quería recordar que la industria turística es una de las infraestructuras indispensables para una sociedad desarrollada: sin ella no podría funcionar el mundo de las instituciones, de los negocios y del trabajo. En consecuencia, el turismo debe considerarse como un conjunto de bienes y servicios necesarios para el ciudadano cuando éste se traslada de su residencia habitual, un factor que permite la movilidad que es la característica de la forma de vivir de la sociedad contemporánea. El turismo no puede entenderse únicamente como sinónimo de sol, mar y vacaciones, lo cual reduce su grado de interés institucional.
En segundo lugar, quería refutar un lugar común inspirándome en una paradoja aparente que se desprende claramente de las estadísticas Eurostat: las potencias turísticas mundiales no son los países tradicionalmente considerados turísticos, sino las naciones más desarrolladas, donde la calidad de vida de las poblaciones residentes se convierte en un factor determinante de promoción y de atracción. Está claro que la importancia del turismo para la vida de las regiones tradicionalmente consideradas turísticas como, por ejemplo, las meridionales, es muy distinta y ha de valorarse con una atención diferente. Lo cierto es que tanto porque es evidente como porque es mensurable con otros indicadores económicos y sociales, gracias al turismo muchas de las regiones mediterráneas han cambiado radical y positivamente su fisionomía económica y social y el modelo de vida de sus poblaciones, así como reducido drásticamente la plaga de la emigración. Sólo donde han nacido y se han desarrollado alrededor de este mercado todas esas actividades necesarias para responder a las demandas del consumidor turista y se ha creado un sistema productivo, se ha asistido a un desarrollo social. En estos casos se ha podido medir que el empleo aumenta más que el crecimiento de las presencias turísticas, por la activación de un círculo virtuoso de expansión económica local.
Esto demuestra que el turismo no es en absoluto el petróleo de los pobres, porque precisa grandes inversiones en estructuras, infraestructuras, empresariado, profesionalidad, servicios sociales y formación; que la industria del turismo es fundamental para el equilibrio de muchas regiones por ser fuente directa de empleo y mercado para todas las actividades productivas locales: agricultura, pequeña industria y artesanía, transportes, servicios, comercio, formación; que el desarrollo del turismo comunitario está estrechamente vinculado a su sostenibilidad respecto a los objetivos comunitarios; que deben protegerse y valorizarse las diversidades geográficas, histórico-culturales y medioambientales.
La Unión Europea, en mi opinión, puede, en el respeto del principio de subsidiariedad, completar la acción de los Estados miembros y contribuir al reforzamiento del potencial del turismo a través de algunas medidas; a saber: la adopción de un fundamento jurídico específico para la política del turismo en los Tratados; la adopción de mecanismos programáticos y proyectivos en el ámbito de las políticas regionales y de las demás políticas de la Unión, aptos para promover el turismo en todas sus formas: rural, medioambiental, cultural, de investigación y de formación, de congresos, termal de la tercera edad y deportivo; la modificación de la Directiva 95/57 relativa a la recogida de datos estadísticos en el sector del turismo; la cofinanciación de proyectos orientados a la realización de nuevos servicios e infraestructuras de transporte; la cofinanciación de acciones piloto de intercambios de experiencias y de benchmarking.
Éstas y las demás medidas concretas contempladas en mi informe pueden, en mi opinión, tener un valor añadido respecto a las acciones que las autoridades nacionales y regionales deberían primar para promover el turismo y generar nuevo empleo, empezando por la adopción de medidas fiscales positivas para las pequeñas y medianas empresas, en particular las orientadas a reducir las cargas que gravan sobre el factor trabajo.

Kratsa-Tsangaropoulou
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, antes de exponer las posiciones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, quisiera compartir con ustedes tres datos que determinan, en mi opinión, el presente y el futuro del turismo europeo en un entorno internacional.
En Europa hoy el mercado turístico aporta el 5,5% del producto nacional bruto, y absorbe una importante proporción, el 6% aproximadamente, de la fuerza de trabajo. Estos exponentes son incomparablemente mayores en algunos países. Para comprender la importancia del turismo para ciertas regiones de Europa, basta señalar que en mi país, en Grecia, un país turístico, estas cuatro últimas décadas en que se ha registrado un envejecimiento de la población rural y una superconcentración de la población en los grandes núcleos urbanos, las únicas regiones en las que se observa mantenimiento y vuelta de la población con media baja de edad son aquellas que han tenido desarrollo turístico. Resulta, pues, evidente, que el turismo, más allá de asunto económico europeo, constituye una prioridad para la participación económica y social de las regiones de la Unión Europea.

Otro dato es la explosión del mercado mundial. Diez mil millones de turistas se prevén en el 2010; desgraciadamente, sin embargo, para Europa la tendencia es la opuesta. Su parte en el aumento desciende drásticamente año tras año en beneficio de Asia, Extremo Oriente y América. El mercado turístico mundial resulta directamente influido a diario por la liberalización de los transportes, los bajos costes, la competitividad de nuevos destinos turísticos fuera de Europa.
Por otra parte, el 90% de las empresas que actúan en el turismo son pequeñas o medianas empresas: empresas que constituyen la célula viva de nuestro tejido social y económico, llamadas a enfrentarse a los nuevos obstáculos y a responder positivamente a los retos de este proceso mundial. Es algo que adquiere una especial importancia, como ha dicho el ponente, cuando el turismo es considerado un sistema productivo global, a causa de su propiedad de absorber grandes cantidades de productos agrícolas e industriales, servicios y transportes, y de generar una importante masa de valor añadido. En este punto quisiera destacar que la competencia internacional es dura, y que para poder superarla satisfactoriamente tenemos que concebir y compartir todos juntos una estrategia a largo plazo.
Muy seriamente tenemos que plantearnos la necesidad de mejorar la formación de las personas que constituyen el capital humano de la industria turística, para que el turismo esté a la altura de los nuevos desafíos tecnológicos de nuestra época. Nadie puede hoy ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías digitales y los sistemas -principalmente Internet, pero también la telefonía móvil y la televisión digital- transforman radicalmente el turismo en su conjunto, así como sus estructuras concretas y sus modelos empresariales.
La introducción de estas nuevas tecnologías no supone una amenaza, sino una oportunidad para nuestro turismo, necesitado de una temporada más prolongada, puesto que brinda la posibilidad de innovar y ofrecer nuevos productos y servicios que puedan atraer a nuevos clientes con nuevas formas alternativas de turismo. Las nuevas tecnologías permiten también abrir nuevos mercados en regiones hoy no turísticas, tradicionalmente deprimidas, que pueden convertirse en destinos turísticos y ser objeto de importantes inversiones. A este nuevo mercado de trabajo deben responder los programas de las escuelas de turismo y los programas de formación del personal en las empresas, así como los programas de formación y reincorporación de personas desempleadas.
La Comisión de Derechos de la Mujer ha prestado especial atención al tema de la formación, porque las mujeres constituyen el 53% -son datos oficiales- de los trabajadores en los servicios turísticos y al mismo tiempo son mayoría entre los trabajadores más sensibles a las transformaciones sociales y económicas. No debemos olvidar que los trabajadores del turismo, y especialmente las mujeres, se enfrentan a problemas como el carácter estacional del trabajo, la necesidad de renovar contratos de un año para otro, la protección social, la falta de interés por la formación permanente y las exiguas posibilidades de promoción. Pedimos, pues, a la Comisión Europea medidas especiales, así como la introducción el principio de igualdad de oportunidades, en todos los programas de turismo y en los programas de desarrollo empresarial.

Koch
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, hoy hablamos aquí del potencial del turismo como generador de empleo, algo que por fin parece haber reconocido la Comisión. Es sin duda un paso importante, aunque llegue tarde y en el fondo resulte insuficiente.
No logro deshacerme de la sensación de que desde hace años nos estamos moviendo en un círculo. Esta situación seguramente cambiará en el futuro con la nueva Comisión, aun cuando me hubiera gustado que el Comisario competente mostrara un poco más de entusiasmo. Personalmente, llevo participando en los debates sobre la competencia en materia de turismo desde principios de los años noventa. Y siempre hay una mezcla de esperanzas -como en el Consejo sobre Turismo y Empleo de 1997-y decepciones- a raíz de la negativa del Consejo y de la Comisión a incluir un artículo sobre turismo en el Tratado.
Muchas de las medidas que nos propone la Comisión en su comunicación en el marco del seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre turismo y empleo no aportan nada nuevo, puesto que el Parlamento Europeo las lleva reclamando desde hace años. Pero desafortunadamente, las opiniones de los expertos valen más que el parecer de los diputados de este Parlamento. Habida cuenta de que, actualmente, el proyecto europeo encuentra poco apoyo entre los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y que éstos carecen de un claro sentimiento de identidad europea, algo que también denunció Vaclav Havel ayer, el potencial del turismo como generador de empleo es tan sólo una cara de la moneda. La otra cara es el potencial del turismo como impulsor del sentimiento de identidad europea, imprescindible para la supervivencia de Europa. Aún estamos a la espera de que la Comisión elabore una comunicación sobre este aspecto.
Efectivamente hemos de tener cuidado puesto que Europa tiene que hacer frente a una competencia despiadada. En tanto que nuestra cuota de mercado se redujo en un 10% en los últimos años, sobre todo el Sureste Asiático, Australia y Nueva Zelanda están viviendo un boom turístico.
Según las estimaciones del World Travel and Tourism Council, Europa solamente generará el 2% de los 120 millones de nuevos puestos de trabajo previstos.
¿No es eso alarmante? Sin embargo, el turismo no sólo desempeña un papel importante desde el punto de vista económico, sino que también redunda en beneficio del buen entendimiento entre los pueblos. Quien realmente aprende a conocer y a comprender los países y la gente de Europa a través de sus viajes personales no se convertirá nunca en un nacionalista. Todas las formas de turismo refuerzan la mutua confianza y acaban con los prejuicios, la arrogancia, el recelo y el escepticismo. Ayudan a aceptar lo que es distinto y fomentan la tolerancia en la convivencia humana, algo que parece estar en vías de extinción.
Por eso mismo, tenemos mucho interés en que el turismo, concebido a partir del mejor marco de referencia posible, se alimente, se coordine y se fomente sobre la base de una sólida información, aunque respetando rigurosamente el principio de subsidiariedad.
Felicito al ponente por su magnífico informe, con el que concuerdo plenamente. Esperemos que esta vez no se quede en papel mojado.

Fava
Señor Presidente, señores de la Comisión, quiero iniciar mi intervención con algunas optimistas palabras que se nos dieron en la Comunicación del Grupo de Alto Nivel del mes de octubre de 1998, en la que en su primera página se decía: "Antes del final de la próxima década en la Unión habrá la posibilidad de crear entre 2.200.000 y 3.300.000 nuevos puestos de trabajo en actividades turísticas" y se añadía: "sólo creando las condiciones justas" .
Creo que la Comisión y este Parlamento deben responder a dos preguntas: ¿cuáles son las condiciones justas y, en este sentido, cuál debe ser el papel de la Unión Europea? La Comisión y el Parlamento pueden ayudarnos a entender ante todo de qué estamos hablando exactamente, porque el término "turismo" como, por otra parte, ha recordado el Sr. Viceconte en su informe, es un término todavía ambiguo, una especie de variable que depende de las latitudes, de los climas, de muchas ocasiones, de muchos elementos de interpretación. Puede ser sinónimo de vacaciones o puede ser realmente un sitio de producción, de ingresos, de riqueza y de empleo.
Faltan los datos: no tenemos ningún dato sobre el impacto económico que sigue siendo todo un misterio. Tenemos criterios de recogida e interpretación de las estadísticas que no concuerdan en absoluto entre sí, a pesar de lo que decía una directiva de la Comisión y del Parlamento del año 1995. Creo que, para poner a punto una estrategia, es fundamental una lectura homogénea y lo más rigurosa posible de estos datos, al objeto también de que el turismo pueda realmente generar empleo. No existe ningún automatismo en este sentido: con frecuencia en el pasado se acumularon grandes riquezas gracias al incremento de la industria turística al que, sin embargo, no correspondió un aumento del empleo.
Falta un fundamento jurídico y consideramos que, hoy por hoy, éste es el gran límite de cualquier acción en el sector del turismo. Un fundamento jurídico se traduce en una capacidad de coordinación, de programación y de estrategia que son indispensables para que el turismo de la Unión Europea pueda ser competitivo respecto a los demás mercados.
Un fundamento jurídico evitaría tener que desviar, como ocurrió en el pasado, de los Fondos estructurales una especie de "dinero de bolsillo" , por otra parte, puesto a disposición en cantidades muy escasas. Hemos de recordar que la Comunicación de la Comisión señalaba un importe igual a 4.700.000.000 de euros en los últimos cinco años que corresponden al coste de 400 kilómetros de autopista. Falta la posibilidad de lanzar a los Estados una señal fuerte: un reconocimiento del fundamento jurídico permitiría a los Estados reconocer a la Unión Europea una competencia que en este momento es del todo esporádica.
Las medidas comunitarias señaladas en la Comunicación de la Comisión merecen nuestro acuerdo: una fiscalidad ventajosa, o sea, medidas fiscales que sepan ofrecer a ese tejido productivo -que, lo recordamos, esta formado en su 95% por pequeñas y medianas empresas, es decir, 2 millones de pequeñas y medianas empresas que actúan en el sector turístico en Europa- unas condiciones realmente competitivas en este mercado; dedicar una preferente atención en la Unión Europa a la cualificación profesional y, en consecuencia, invertir en la formación; por último, emplearse a fondo en pos de la transparencia del mercado de trabajo. El mercado del turismo es un mercado flexible por definición. Desearíamos que dicha flexibilidad no se entendiera sólo de manera punitiva por la errónea creencia de que la estacionalidad presupone trabajo irregular. Hay que recordar que el 50% del empleo, especialmente en los Estados del sur de la Unión Europea, es trabajo sumergido.
Consideramos que ha de existir un gran esfuerzo por parte de la Unión Europea y de la Comisión en favor de un turismo sostenible, lo que implica disponer de una estrategia de compatibilidad medioambiental, tras los excesos de estos años, cuando a la riqueza privada a menudo no correspondía la misma cantidad de empleo. Hay que competir ante todo en el terreno de la calidad.
Por último, consideramos que el turismo puede ser, además de un factor de crecimiento, también un factor de democracia y, a este respecto, pedimos a la Comisión un fuerte y consciente compromiso.

Attwooll
Señor Presidente, hay tres cuestiones que quisiera tratar. La primera es la inclusión de una base legal en el Tratado. Esto es algo por lo que abogo aunque actualmente como parte de una minoría dentro de mi propio Grupo. Somos completamente conscientes de la importancia del Turismo, tanto para las economías locales como en tanto factor de integración europea. No obstante, el problema para nosotros es la ausencia de especificaciones sobre la extensión de la base legal y cómo se relacionaría con cuestiones de subsidiariedad.
En segundo lugar, existen cuestiones similares relacionadas con el establecimiento de un programa plurianual de turismo. La resolución contiene numerosas ideas brillantes para la promoción de diferentes tipos de turismo y para su creciente profesionalidad. Al mismo tiempo la Comisión está actualmente preocupada en limitarse a tareas esenciales. La cuestión que debe plantearse es si algunas de las actividades que se sugieren en la resolución no van a ejercer más presión sobre sus recursos de lo que sería deseable.
En tercer lugar, en la resolución se incluyen diversas referencias al empleo indefinido. Desde luego, la promoción de éste es deseable y el empleo indefinido no significa necesariamente empleo a tiempo completo. Pero siempre habrá gente que busque un empleo estacional. Los estudiantes son un ejemplo evidente. Nos preocupa que la resolución no les tenga suficientemente en consideración así como al modo en que sus intereses puedan obtener una protección específica.
Así, al mismo tiempo que alabamos al Sr. Viceconte por su informe y encontramos en la resolución numerosas cuestiones recomendables, vamos a solicitar una serie de votaciones separadas para tratar adecuadamente estas preocupaciones.

Isler Béguin
Señor Presidente, yo también pienso que el turismo representará un papel muy importante no sólo en nuestras regiones europeas, sino en el resto del mundo, porque se trata de una baza considerable para el desarrollo económico y social. Pero se trata también de un sector muy frágil, como acabamos de ver con la marea negra, por ejemplo. Por lo tanto, hoy no podemos improvisar en materia turística.
Existen reservas importantes, y ciertas zonas - las zonas rurales, las denominadas "zonas menos desarrolladas", pero que aún poseen una naturaleza silvestre, con medios naturales protegidos -están catalogadas como zonas con un potencial turístico interesante, que se podría llamar "ecoturismo" y "turismo verde". Este tipo de turismo podría desarrollarse y convertirse claramente en una importante fuente de nuevos empleos. Pero es necesario que estas regiones tomen realmente en consideración las experiencias positivas y negativas de otros sectores turísticos.
En efecto, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro, como es el turismo. El turismo debe respetar el medio ambiente si queremos que exista y que represente una baza, con miras al futuro. Pienso en los numerosos sectores de montaña que hoy se están degradando continuamente, para desarrollar en ellos un sector turístico. Las lesiones y las destrucciones en los medios naturales y zonas de montaña, por ejemplo, son incontables.
Pero yo querría mencionar asimismo un turismo menos digno, el turismo que se exporta de nuestros países de la Unión Europea, es decir, el turismo sexual. Sé que se lucha contra este supuesto turismo, pero hay que señalar la responsabilidad de la Unión Europea en este sentido. En ningún caso, nosotros, responsables políticos, podemos tolerar lo que ocurre actualmente con esas jóvenes, a quienes prácticamente se compra en los países del Este, que vienen aquí y de las que se abusa por un poco de dinero.
Finalmente, desearía referirme al turismo que permite a los ciudadanos que se abran al mundo y a la democracia. Pienso, en particular, en países como Cuba, que están aislados, pero sé, puesto que conozco muy bien esta isla, que los ciudadanos cubanos que están en contacto con los turistas pueden abrirse al mundo, tener acceso a una información distinta y transmitir informaciones diferentes. Por todas estas razones pienso que la reforma de los Tratados permitiría integrar realmente este gran expediente del turismo, que también representa una importante baza para todo el planeta.

Markov
Señor Presidente, estimados colegas, a mi modo de ver, el informe del Sr. Viceconte que tenemos delante es un excelente trabajo y el ponente merece mis más sinceras felicitaciones.
En el presente informe se ha conseguido ofrecer una visión clara de un amplio campo, difícil de definir exactamente, de las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y sanitarias relacionadas con el turismo, en toda su variedad, y teniendo en cuenta las diferentes exigencias y necesidades de los países de la UE. Se ponen de manifiesto las dificultades que plantea el tratamiento del turismo en su dimensión europea así como el imprescindible apoyo del Consejo, la Comisión y el Parlamento.
Me parece muy loable que se tomen como punto de partida el peso y la importancia del sector económico del turismo para el empleo en la UE y que de ahí se derive la necesidad de elaborar y aplicar un marco comunitario en el que puedan inscribirse las actividades concretas.
A pesar de que las negociaciones con el Consejo se encuentren en vía muerta, la Comisión debería aprovechar las posibilidades actualmente existentes para desarrollar elementos de una política europea en materia de turismo. Se trata de los elementos siguientes. En primer lugar, hay que definir las prioridades estratégicas para el desarrollo de este sector; en segundo lugar, hay que elaborar una lista de criterios que permita incluir intereses especialmente relevantes para el turismo en los proyectos de la UE llevados a cabo en el marco de los diferentes programas; y en tercer lugar, hay que buscar y definir una fórmula que nos ofrezca una solución provisional para la financiación de los gastos derivados de la coordinación con medidas comunitarias procedentes de otras políticas -empleo, medio ambiente, fondos estructurales, iniciativas comunitarias- hasta que se apruebe un fundamento jurídico.
Además, es absolutamente imprescindible que la propuesta de transacción de la Presidencia austríaca del Consejo, que tiene por objeto adoptar un programa marco plurianual, se lleve a la práctica lo antes posible. Como es natural, ello supone que se emplaza encarecidamente a aquellos miembros del Consejo que bloquean la aprobación del programa a que reconsideren y abandonen su postura intransigente.
Es posible y aconsejable que la realización de un programa marco se integre o corra en paralelo con la elaboración de directivas políticas en el ámbito del sector turístico por parte de la Comisión Europea e incluso por parte de los Estados miembros. La tarea específica de la Comisión consiste en analizar las diferentes normativas y acciones nacionales y en deducir luego de esta base conclusiones generales aplicables en el espacio de la UE. Éstas pueden sentar las bases para la elaboración del marco de referencia comunitario.
Habida cuenta del enorme potencial que tiene el turismo como generador de empleo, dejará sentir su efecto sobre todo en las regiones económicamente menos desarrolladas o más problemáticas de la Unión puesto que dará un nuevo impulso a las actividades económicas locales -agricultura, artesanía, servicios, transporte, comercio- y a la formación. Es decir, fomentará los circuitos económicos regionales. En este contexto es fundamental que las medidas adoptadas garanticen un desarrollo sostenible y que se protejan los espacios naturales del medio ambiente. Desde este punto de vista, son bienvenidos asimismo los pequeños y medianos proveedores de servicios turísticos que ofrecen fórmulas de recreo y de ocio así como estancias en balnearios y actividades deportivas en consonancia con el entorno natural.
Las medidas de fomento del turismo que aparecen en los diferentes programas de la UE también han de incorporar los aspectos constitutivos del fundamento general de la aplicación de las políticas comunitarias, como puede ser el respeto de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, conviene prestar especial atención a la cuestión específica de la elevada presencia laboral de mujeres, extranjeros y trabajadores temporales. A este respecto hay que respaldar actividades de fomento apropiadas.
La experiencia del Estado federado alemán de Brandemburgo, de donde soy originario y que pertenece a las regiones del Objetivo 1, demuestra que el fomento selectivo de iniciativas turísticas más bien pequeñas no sólo permite mantener o generar un gran número de puestos de trabajo, sino que, además, redunda claramente en beneficio del desarrollo del medio rural, gracias a la promoción del turismo ecológico, incluyendo por ejemplo las reservas naturales. Es algo a lo que los fondos de la UE también han contribuido en el pasado.

Van Dam
Señor Presidente, en la última reunión de la Comisión de Política regional, Transportes y Turismo me encontré con una grata sorpresa. Se trataba de una observación que hacía el Sr. Sánchez García en el marco de su opinión sobre la CIG para la Comisión de Asuntos Constitucionales. El ponente de opinión sostenía que no hacía falta incorporar en el Tratado un fundamento jurídico para el turismo. Este punto de vista contrastaba con la postura de la mayoría de los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Tras escuchar a muchos colegas que se sumaban a esa postura mayoritaria, fue un verdadero alivio.
Desafortunadamente, su texto no superó la votación. Sin embargo, me consuela en la medida en que manifiestamente no soy el único que no comparte el punto de vista mayoritario.
Con esto he llegado al fondo del informe. Uno de los aspectos fundamentales del sector turístico es sin duda el empleo y el empleo potencial. Sobre todo en los Estados miembros del Sur la industria turística constituye una importante fuente de ingresos. Desde este punto de vista, las autoridades tienen motivos de sobra para elaborar medidas y políticas de fomento.
Asimismo conviene prestar atención al carácter estacional del turismo y a las consiguientes fluctuaciones laborales.
A mí me extraña que muchos pretendan lograr este objetivo a través de la política comunitaria. Ello no es aconsejable, ni desde el punto de vista del propio turismo ni desde la perspectiva del fomento del empleo. En numerosas ocasiones, las diferencias entre las diversas regiones se remontan a factores histórico-culturales. No es, por tanto, sorprendente, que estas regiones experimenten problemas muy diferentes. Es obvio que las autoridades locales y regionales, y en menor medida también las autoridades nacionales, son las más indicadas para evaluar la situación y diseñar una política apropiada. Desde este punto de vista no puedo aprobar que algunas competencias sean traspasadas al nivel europeo.
En realidad, está en juego la política de empleo en general. En este ámbito también se comprueba que la estructura de la economía difiere de un Estado a otro y que las vías por las que se ha alcanzado el nivel actual divergen. Por tanto, no es bueno que se aplique una sola política, que probablemente estaría llena de excepciones y adaptaciones. Significaría que los Estados miembros sean privados sin fundamento aparente de algunas tareas que les corresponden y que la burocracia bruselense intervenga sin que haya necesidad de ello. Es preferible que los Estados miembros adopten ellos mismos medidas que fomenten el empleo. Evidentemente, entienden más de este asunto que la Comisión. De ahí mi reticencia con respecto a la adopción de medidas comunitarias en materia de fomento de empleo, incluso cuando se trata del sector turístico.
Realmente nos causaría un gran disgusto que, a pesar de todo, el Parlamento intentara alcanzar este objetivo por vía extraoficial extendiendo sus competencias.
Señor Presidente, como usted comprenderá, no podemos suscribir la resolución que tenemos delante en su versión actual.

Provan
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Viceconte por todo el trabajo realizado en este informe. Se trata de un informe muy extenso. Saludamos gratamente este informe al igual que saludamos el informe original sobre el que se ha basado, el informe del grupo de alto nivel establecido por la Comisión Europea. Confío en que la Comisión Europea no olvide esto. Habiéndolo establecido espero que la Comisión Europea haga efectivamente uso del mismo y, por tanto, no permita que languidezca en los pasillos y quede cubierto de polvo.
El turismo se compone básicamente de pequeños negocios y por tanto constituye un área muy fértil para la creación de empleos. Como ya se ha dicho en este debate, tres millones de potenciales empleos para los próximos diez años es algo por lo que merece la pena luchar.
Europa no puede por más tiempo rechazar el reconocimiento -tanto en términos económicos como de acción política- que el sector de crecimiento más rápido de su economía se merece por su posición económica y social. Necesitamos una visión más dinámica basada en la contribución del turismo a la creación de empleo. Debemos dar reconocimiento a un sector que predominantemente se relaciona con actividades transfronterizas y por consiguiente merece una política europea con un enfoque estimulante, innovador y activo para un desarrollo empresarial sostenible.
Me consta que el Comisario está muy interesado en la informática. Me ha convencido de ello. Pero sus carteras de informática y turismo, de hecho, casan muy bien juntas. Hay diversas razones por las que el turismo es un caldo de cultivo ideal para integrar estrategias de creación de empleo.
Veamos algunas de estas razones. La importancia del turismo para la economía y su potencial de crecimiento es evidente. Varios sectores de la población están empleados por la industria turística, especialmente los grupos más vulnerables tales como la gente joven, las mujeres y los trabajadores sin cualificación. No estoy diciendo que no sea necesario mejorar la cualificación dentro del sector -desde luego que hemos de hacerlo- pero consolidemos primero los puestos de trabajo.
La disponibilidad de trabajo no cualificado, temporal y estacional es muy importante en algunas áreas económicas de la Comunidad. El turismo contribuye al desarrollo regional -en zonas rurales que quizá persigan la diversificación- y el turismo contribuye a que en las zonas urbanas se consiga el objetivo de elevar el perfil de su propia herencia cultural. Si tomamos todos estos aspectos tendremos el potencial de realmente hacer algo en Europa y puede que de extender la temporada turística escalonando las vacaciones a lo largo de Europa.
No debemos perder de vista el hecho de que con la ampliación dispondremos del potencial de aumentar el número de visitantes que acudirán a las costas europeas para ver algunos legados culturales tradicionales que no han estado abiertos al mundo durante mucho tiempo, de hecho, alrededor de cuarenta años.
Estamos perdiendo cuota de mercado. Creo que debemos hacer algo para ser más competitivos. Confío en que nos presten su ayuda.

Mastorakis
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, nos ocupamos hoy de un sector muy importante, que representa más de diez millones de puestos de trabajo directos en la Unión Europea, y que ayuda a ponerse en pie a las regiones más o menos desfavorecidas, las insulares y las ultraperiféricas. Y, por supuesto, el turismo genera puestos de trabajo adicionales, contribuyendo así a la dinamización del empleo, especialmente en los sectores más sensibles de la sociedad: las mujeres y los jóvenes. Habida cuenta de todo esto, entiendo que es una grave contradicción la inexistencia de una política europea para el turismo. De la falta de fundamento jurídico se deriva la imposibilidad de tomar las medidas correspondientes en el sector. El recurso, en ocasiones, al artículo 308 -el antiguo 235-, que exige unanimidad, tuvo como resultado que no se pudiera adoptar ni siquiera un programa de ocho millones de ecus para cinco años y quince países miembros. Las medidas tomadas en diferentes momentos en el pasado fueron fragmentarias y, en consecuencia, ineficaces; en cuanto a las regulaciones, fueron dictadas por políticas paralelas, como, por ejemplo, protección de los consumidores, medio ambiente, transportes, fiscalidad, etcétera, que en muchos casos, no sólo no favorecían el turismo, sino que, por el contrario, le ponían trabas, desde el momento en que su aplicación implicaba con frecuencia costes para la industria turística, sin estudios previos de sus posibilidades de asumirlos ni el ofrecimiento de incentivos para hacerles frente.
Destaco, no sin tristeza, que hoy el turismo, en el marco de la reestructuración de los servicios de la Comisión, constituye una sección, ni siquiera una dirección, en el seno de la Dirección general "Enterprise" . Y sin embargo, ¡debemos defender nuestro turismo! Ejes que pueden crear la base de apoyo a nuestro turismo son, en nuestra opinión, los siguientes: capítulo dedicado al turismo, en la nueva revisión de los tratados, que dote de fundamento jurídico al sector; configuración de una política turística comunitaria que apoye al sector sin perturbar el funcionamiento del mercado turístico; coordinación de la política para el turismo y de las políticas comunitarias paralelas que lo afectan directa o indirectamente; estudio del sector y adopción de medidas a corto y largo plazo para reforzar la competitividad del producto turístico.
Señor Presidente, señor Comisario, ya que hablamos de empleo, quiero recordar el también muy serio asunto de las quiebras de los mayoristas, los tour operators, y sus repercusiones, principalmente en los hoteles, pequeñas y medianas empresas sin la necesaria organización y sin acceso a la información que les permita conocer la solvencia de la contraparte. La adopción de medidas en el marco estatal, evidentemente, no es viable. Por el contrario, en el marco europeo se podrían estudiar medidas para sanear las relaciones hoteleros -mayoristas, un reglamento de las relaciones, impulsar un fondo especial para quiebras, en colaboración con los representantes de los dos sectores.
En el pasado, la Comisión había pedido datos estadísticos sobre los daños sufridos por las empresas a causa de dichas quiebras, al objeto de poder formarse una idea. Había pedido también a las confederaciones europeas de hoteleros y restauradores, la HOTREC, y de agencias de viajes, la ECTAA, que estudiaran y redactaran un reglamento mediante el cual se regularan las relaciones entre ellos. Desde entonces, sin embargo, no se ha registrado avance alguno.
Así pues, señor Presidente, señor Comisario, hay que adoptar medidas que mejoren la calidad y la competitividad del turismo europeo, y que al mismo tiempo garanticen, en la medida de lo posible, el funcionamiento de las empresas. Medidas que persigan, igualmente, el uso racional de los recursos naturales y culturales, así como de la infraestructura turística, contribuyendo de este modo a un desarrollo equilibrado y sostenible del turismo.
Para terminar, felicito al Sr. Viceconte y, en mi condición de cretense, de habitante de una región turística, ruegos a todos que entendamos siempre el turismo no sólo como vacaciones agradables, sino también como creador de puestos de trabajo en una Europa que necesita esos puestos de trabajo.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, a los que hemos seguido en los últimos años el turismo y su encaje en el mundo comunitario nos llama la atención el cambio de actitud que ha adoptado recientemente la Comisión con relación a esta importante actividad económica.
A nadie se le oculta que ello se debe fundamentalmente a la íntima relación causa-efecto entre el turismo y el empleo y al reconocimiento por parte de la Unión Europea, después de la conferencia que sobre estas materias se celebró en el año 1997, de las enormes potencialidades que representa la actividad turística para el empleo.
En dicho sentido resultan oportunos la comunicación de la Comisión que hoy debatimos y, obviamente, el informe del Sr. Viceconte -por el que le felicito-, que contiene 34 conclusiones entre las que destacaría las 15 peticiones que hace a la Comisión -en las que se le invita a adoptar medidas y acciones concretas sin descuidar la dimensión ambiental y la protección cultural, particularmente en las regiones ultraperiféricas e insulares- y las cuatro peticiones a los Estados miembros, entre las que sobresale la necesidad de coordinar las acciones con las autoridades regionales así como el establecimiento de medidas favorables a las PYME turísticas, particularmente en el campo fiscal y en los accesos a los instrumentos financieros, al objeto de favorecer el crecimiento del empleo en los sectores que utilizan intensamente mano de obra, como sucede con el turístico.
Finalmente, hemos de reconocer que, una vez superada la ausencia de ese fundamento jurídico al que muchos aspiramos para tener una política común del turismo, debemos ser realistas y elaborar una estrategia en dicho ámbito -tal como lo plantea la Comisión, con las aportaciones de este Parlamento-, por su relación con el empleo, en la que los jóvenes y las mujeres, la formación y la calidad, al igual que la nueva sociedad de la información deben ser objeto de atención preferente.

Sudre
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desearía ante todo dar las gracias al Sr. Viceconte por su informe, que permite llamar la atención sobre un sector generalmente desconocido. En tanto que fenómeno social, económico y cultural, el turismo atañe a la mayoría de los ciudadanos europeos, tanto como beneficiarios o como proveedores de servicios muy diversos. Cada año, cerca de 200 millones de europeos dejan por un tiempo su lugar de residencia habitual, para hacer turismo, generalmente en otros países de Europa. Además, Europa sigue siendo el principal destino turístico de los terceros países, aun cuando deba hacer frente a una competencia cada vez mayor y a una oferta cada vez más diversificada y atrayente.
Puesto que los Tratados no establecen una base jurídica específica para la creación de una verdadera política comunitaria del turismo, la Unión Europea debe contribuir a mejorar y a fomentar la cooperación en este sector, respetando el principio de subsidiariedad, para concretizar el potencial que ofrece el turismo desde el punto de vista del empleo. La formación profesional, la movilidad de la mano de obra, representan instrumentos esenciales de una estrategia de lucha contra el desempleo en Europa, en particular por lo que respecta a los proveedores de servicios turísticos, con el fin de responder a las exigencias multiculturales de la demanda y de garantizar unos servicios adecuados a la clientela.
El empleo en el sector turístico es a menudo mayoritariamente estacional y precario, lo que constituye un obstáculo para su desarrollo sostenible. Por lo tanto, es urgente adquirir y difundir los conocimientos especializados en materia de gestión y de tecnología, a fin de favorecer los nuevos métodos de producción y promover una oferta turística que responda lo mejor posible a la evolución del mercado. La adopción por los Estados miembros de medidas fiscales favorables a las PME, a fin de reducir, en particular, las cargas que pesan sobre el factor trabajo, sería, como lo indica el informe, una excelente manera de favorecer el crecimiento del empleo en los sectores en que la mano de obra es muy intensa, y, por consiguiente, en el sector turístico.
Este campo de actividad constituye también un elemento decisivo para el desarrollo económico y social de las regiones menos favorecidas: pienso concretamente en las regiones ultraperiféricas e insulares, cuyas bazas en la materia son innegables. No olvidemos que en estas regiones ultraperiféricas el turismo representa la primera industria en cuanto a ingresos se refiere. Los ingresos y el empleo proporcionados por el turismo contribuyen, en gran medida, a reducir los desequilibrios y a fomentar una convergencia de sus economías hacia el índice medio de desarrollo comunitario. Además, el turismo puede favorecer cierto acercamiento cultural y económico, en la medida en que permite una mayor sensibilización en cuanto a las diferentes culturas europeas, y contribuye, de este modo, al desarrollo del respeto de las formas de vida europeas.
Es evidente, por consiguiente, que el turismo, desarrollado con discernimiento y a largo plazo, debe representar para las economías locales una fuente de ingresos sostenible, a la vez que se salvaguardan y valorizan las riquezas paisajísticas, culturales, históricas y medioambientales. Deseo insistir, finalmente, en el papel primordial que debería representar la Unión Europea en favor de las nuevas formas de turismo, en nuevos lugares: pienso precisa y concretamente en el hecho de hacer descubrir a los europeos, a quienes viven en el continente, los destinos europeos más alejados, las regiones ultraperiféricas.

Medina Ortega
Señor Presidente, hemos hecho un gran debate sobre muy poca cosa, porque, en definitiva, el documento básico no es más que una comunicación de la Comisión que sigue las conclusiones y recomendaciones de un grupo de alto nivel sobre turismo y empleo. Y no sólo lo hemos hecho sobre poca cosa, sino que, además, lo hemos hecho sobre un documento algo antiguo, porque es un documento de 28 de abril de 1999, es decir, de hace casi un año.
El documento viene de la Comisión anterior, resultado sin duda del trabajo que hizo el Comisario Papoutsis durante todo su mandato y que culminó en la Cumbre de Luxemburgo y en su programa Philoxenia, su fracasado programa Philoxenia.
Creo que éste es el primer debate que celebramos en el Parlamento con la nueva Comisión, con un nuevo Comisario responsable, el Sr. Liikanen, que está escuchando, desde luego, con la mayor atención lo que estamos discutiendo aquí.
Querría aprovechar la ocasión para preguntarle directamente un par de cosas. La primera: está empezando la Conferencia Intergubernamental, hay un compromiso de los Gobiernos de la Conferencia de Maastricht de 1992 de incluir una base jurídica en los Tratados; ese compromiso no se cumplió en el Tratado de Amsterdam de 1997, es un compromiso pendiente, e incluso hay una resolución del Consejo de junio del año pasado sobre el turismo y el empleo. ¿Qué expectativas tiene el señor Comisario de que en la nueva Conferencia Intergubernamental se incluya este aspecto?
La segunda pregunta es mucho más directa y quizás mucho más comprometida: teniendo en cuenta los esfuerzos fallidos que tuvieron lugar durante la década anterior, como puso de relieve el Sr. Koch, ¿cree el Comisario Liikanen que durante su mandato podrá hacer algo para que este aspecto comunitario del turismo pueda ser objeto de una política propia, teniendo en cuenta la importancia que todos los oradores que me han precedido han otorgado al turismo precisamente como creador de empleo? Es decir, ¿es posible que la Comisión presente nuevas iniciativas al objeto de ver si -un poco como la gota de agua que erosiona la roca-, a través del esfuerzo continuo de la Comisión y del Parlamento, podemos convencer al Consejo de que hay que hacer algo en esta materia?

Fatuzzo
Señor Presidente, señor Comisario, quiero en primer lugar felicitar al ponente, Sr. Viceconte, que ha hablado profusamente de la posibilidad concreta, para los quince Estados de la Unión, de incrementar los puestos de trabajo a través de una sabia política, de una sabia iniciativa de la Unión Europea en este sector.
Precisamente esta tarde hemos debatido el problema de los trabajadores repentinamente desocupados y en este momento, por el contrario, tenemos la esperanza de poder solucionar estos problemas.
El turismo es una actividad pura y esencialmente de competencia de la Unión Europea. Todos los Estados europeos son conocidos en el mundo entero por ser unos polos de atracción turística envidiados por todos, incluso por los Estados Unidos de América, país del cual hemos hablado esta tarde por el asunto de los indios.
Quiero subrayar un punto del informe Viceconte que apruebo y suscribo especialmente y sobre el que deseo que nuestro Pleno y la Comisión reflexionen para luego dar una respuesta favorable. Se trata del punto relacionado con el turismo de la tercera edad.
Generalmente veo a la Comisaria Sra. Diamantopoulou mesarse el pelo, desesperada porque los ancianos viven demasiado, circunstancia que causa problemas a la hora de pagar las pensiones. En este caso, por el contrario, el hecho de que vivamos más tiempo presupone que hay más gente anciana. Lamentablemente, no todos, pero muchos viajan alrededor del mundo para ver las maravillas existentes, para aprender y para conocer más: los italianos para ver como son los ingleses, los griegos para ver como son los turcos, los franceses para ver a sus primos italianos. El turismo acerca a los pueblos de los quince Estados y de todo el mundo y seguramente lleva paz y comprensión.
Este turismo que hacen sobre todo y mayoritariamente las personas mayores, tiene la misma importancia. Este turismo debe ser fomentado y respaldado porque permite trabajar en las zonas turísticas no solo en verano cuando, por ejemplo, nos bañamos en el mar, sino también en invierno porque se respira aire limpio.
Las personas mayores están siempre de vacaciones, todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque no trabajan, no tienen sólo un mes de vacaciones. Pero no todos, lamentablemente, y es por esto que invito a la Comisión a que desarrolle el informe Viceconte.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, por una parte se nos ha dicho que, según las previsiones, el turismo contribuirá al crecimiento de empleo generando 1,84 millones de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2007. Por otra parte, sabemos que prácticamente en todos los países desarrollados el sector del turismo se enfrenta a una falta de personal que ni siquiera logra suplir del todo en tiempos de máximo desempleo. Cuando se habla del turismo como un mercado laboral que, como Jano, presenta un doble rostro, se hace referencia a esta situación contradictoria. De un lado, el turismo crea puestos de trabajo en aquellas regiones que sufren una falta sustancial o una reducción del número de puestos de trabajo en el ámbito de la artesanía, el comercio, la industria y el medio rural. Abre perspectivas laborales a los grupos de población que no encuentran empleo en otros sectores debido a unas cualificaciones o conocimientos técnicos y generales deficientes y sobre todo facilita la inserción en la vida profesional de muchos jóvenes. Por todo ello, el ámbito del turismo es una fuente de esperanzas para la política de empleo.
Por otra parte, también es cierto que este sector entraña numerosos inconvenientes: jornadas largas y muchas horas extra, obligación de trabajar los fines de semana, los festivos y en época de vacaciones, condiciones de tiempo libre que perjudican la vida familiar, desempleo estacional, elevado desgaste físico debido a condiciones laborales malsanas y momentos de máximo estrés, escasas posibilidades de promoción. Todas nuestras reflexiones han de situarse en este campo de tensiones y no pueden hacer caso omiso de ningún aspecto relevante.
En mi país, en Austria, el turismo y el ocio desempeñan un papel central en la economía. Es una importante fuente de ingresos, genera empleo y contribuye al equilibrio de la balanza de pagos por cuenta corriente. Sólo en 1998 el consumo total en materia de turismo y ocio fue de 450 mil millones de chelines. La participación del sector en su conjunto en la creación de riqueza ascendió aproximadamente al 13%. Por todo ello, quiero dar las gracias a quienes trabajan en el sector del turismo y a quienes preservan la naturaleza, la cultura y los espacios de recreo.
Pido que las posibilidades ofrecidas por la ordenación del tiempo de trabajo se aprovechen para reducir cada vez más el período de desempleo. Pido que se lleve a cabo un análisis diferenciado del mercado laboral en el sector turístico. Necesitamos un concepto europeo de marketing, también en el contexto de la competencia con los demás continentes. Nuestras reflexiones han de centrarse asimismo en la distribución de los gastos, que hace que un vuelo a América resulte más barato que un vuelo de Viena a Bruselas. Se ha hecho referencia a la formación y a otras muchas cosas más, pero aún queda mucho por hacer para reforzar este sector en crecimiento, de tal modo que pueda continuar creciendo.

Mann, Thomas
Señor Presidente, ahora mismo cuenta con nueve millones de puestos de trabajo, dentro de diez años serán doce millones. El turismo es una inagotable fuente de puestos de trabajo para Europa. Sin embargo, todavía no disponemos de estadísticas probatorias que nos permitan identificar los diferentes sectores de creación de empleo. Tampoco se adoptan medidas de fomento previsoras ni se presta una atención especial a las pequeñas y medianas empresas. Como aún nos queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar una estrategia orientada hacia el conocimiento no es de sorprender que no haya conciencia de dimensiones comunitarias. No he comprendido nunca por qué algunos Estados miembros se empeñaban en boicotear el programa PHILOXENIA puesto que se trata de una iniciativa que pretende unir turismo, medio ambiente y cultura. De ahí mi pregunta al Comisario Liikanen: ¿considera que, a pesar de todo, este tipo de programa puede tener alguna posibilidad de éxito?
El turismo sencillamente no aparece en la mayoría de los planes de acción nacionales destinados a llevar a la práctica la estrategia europea común en materia de empleo. En mi informe sobre los puestos de trabajo del futuro que el Parlamento Europeo adoptó hace casi un año pude demostrar que el turismo tiene una gran capacidad de crear empleo. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha incluido explícitamente elementos de este documento en su opinión.
Existe un alto grado de sinergia entre turismo, historia, formación, deporte, salud, medio ambiente y desarrollo rural. Gracias a las mejoras introducidas en la infraestructura, la conservación del patrimonio cultural, la preservación de las tradiciones regionales y la oferta de productos locales incluso las regiones más remotas se vuelven atractivas.
Quienes más se benefician de la creación de empleo son los empleados del sector turístico, los expertos en marketing y software, los asesores en materia de medio ambiente y los asesores de grupos destinatarios que solicitan información.
En el sector del turismo los solicitantes de empleo y los trabajadores poco cualificados se integran con mayor facilidad. En la mayoría de los casos resulta más fácil compaginar profesión y familia. Ello no obstante, en los empleos a tiempo parcial y de tipo estacional existe el riesgo de que las relaciones laborales no estén reguladas ni aseguradas.
El diálogo entre los interlocutores sociales y con las autoridades locales debe intensificarse. Por tanto, las profesiones del sector turístico tienen a su favor la cantidad, pero también la calidad, que puede mantenerse o incrementarse a través de la formación continua. Se entrenan las aptitudes comunicativas y la creatividad. Trabajo en equipo, sentido de la responsabilidad y Management-know how son algunos de los logros obtenidos. El conocimiento de varios idiomas y la capacidad de integrarse en otras culturas ayuda a comprender mejor nuestra comunidad. De ahí que sea tan importante que se sienten las bases de una orientación europea que esté en línea con el principio de subsidiariedad. Creo que en este sentido debemos introducir una especie de certificado de aptitud, un título, que se reconozca en todos los Estados miembros. Para ello hemos de crear las condiciones necesarias.
Resumiendo, hay mucho que decir a favor del potencial del turismo como generador de empleo y de integración. Pero sobre todo pone de manifiesto que, en última instancia, el vasto mundo es una aldea global.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Viceconte, y felicitarle por su informe.
Creo que todos reconocemos la importancia económica, social y medioambiental del turismo en la Europa desarrollada de hoy y su gran potencial para el crecimiento y el empleo. Celebro comprobar que la Comisión y el Parlamento convergen hacia el mismo objetivo en esta área.
Las cuestiones relacionadas con el empleo constituyen actualmente la mayor preocupación en el turismo. A este respecto una condición esencial para progresar adecuadamente en los trabajos es que la cooperación con los Estados miembros, la industria y otros socios sean tan fructífera como sea posible. Esto determinará el éxito de nuestro trabajo. Ciertamente la Comisión buscará la coordinación con las políticas de empleo nacionales. Esto también será importante a la luz de la cumbre extraordinaria de marzo en la que el turismo está destinado a ser citado como contribuyente esencial al empleo.
La coordinación de las actividades turísticas comunitarias con otras cuestiones relevantes como las políticas regionales, el transporte, el empleo, el medio ambiente, la cultura y la competencia debe involucrar a los Estados miembros y a la propia industria. En lo que respecta a políticas específicas quisiera destacar especialmente una a la que se refiere la resolución provisional -la política regional. El documento directivo de la Comisión para el nuevo periodo de programación de los fondos estructurales ya ha identificado al turismo como uno de los sectores con un especial potencial para la creación de empleo a través de empresas competitivas. La Comisión espera que los Estados miembros pongan más énfasis en las medidas relativas al turismo en sus planes y programas.
La calidad, la sostenibilidad y la innovación se encuentran a la cabeza de la propia política de la Comisión y constituyen prioridades reconocidas por el Consejo de Ministros. Productos de calidad para mejorar la competitividad, sostenibilidad para proteger los recursos e innovación, de forma especial, a través de las tecnologías informáticas.
En cuanto a los indicadores de sostenibilidad, la Agencia Europea del Medio Ambiente ya está trabajando en la cuestión junto con la Comisión. Quisiera mencionar, como ya lo han hecho varios diputados hoy, que se espera que el turismo relacionado con el legado natural y cultural sea la forma de turismo con una mayor expansión en la UE durante las próximas dos décadas. Estas oportunidades deben ser totalmente explotadas.
El Sr. Provan ha dicho que a menudo hablo profusamente del turismo y de las tecnologías informáticas. Estoy personalmente convencido de que las tecnologías informáticas y de la comunicación serán un factor clave de competitividad e innovación para el turismo europeo. El sector turístico y de los viajes es pionero en el uso de herramientas ICT. Esto cambiará drásticamente su modo de operar. Se espera que Marketing, reservas y transporte sean las áreas en las que se produzcan cambios y mejoras más profundas. El uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación abre una dimensión completamente nueva en el ámbito del turismo y los viajes. La comercialización directa en el contacto con el consumidor va a complementar, y en algunos casos también reducir, la actual, casi exclusiva relación de empresa a empresa. Va a ofrecer más y mejores opciones a los turistas y generar más y mejores productos turísticos.
Para la Comisión esto requiere que la acción en el sector turístico sea estrechamente ligada a medidas que promocionen la incorporación de las tecnologías informáticas y de la comunicación a la industria turística, en especial a través de los programas tecnológicos de innovación y de la sociedad innovadora que se encuentran en mi ámbito de competencia. La nueva estrategia perfilada por la comunicación de la Comisión sobre turismo y empleo, con la que coincide el Consejo, pone el énfasis en el encuentro turístico y la diseminación de información y buenas prácticas.
La ejecución de la directiva sobre estadísticas persigue la mejora del conocimiento de la estructura y las tendencias del mercado en el turismo europeo y su industria. El informe sobre la experiencia adquirida en el trabajo llevado a cabo bajo esta directiva forma parte de nuestro programa de trabajo para el presente año. Actualmente se está trabajando más con organizaciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Turismo, acerca del impacto social y económico del turismo.
El papel principal de la Comunidad Europea es asegurar un marco que permita y estimule a los inversores y las autoridades de todos los niveles a optimizar y realizar el potencial del sector turístico. Tal estrategia europea será llevada a cabo fomentando el compromiso de los Estados miembros y la Comisión de cooperar en una serie de áreas prioritarias: intercambio y diseminación de información, en especial, a través de las nuevas tecnologías, formación para la mejora de la cualificación, calidad de los productos turísticos y desarrollo sostenible en el turismo.
En otoño la Comisión informará sobre los progresos realizados a este respecto. Un informe sobre el trabajo a realizar, junto con los Estados miembros y la industria turística estará disponible más o menos dentro de dos años desde la fecha de hoy. Dependiendo del resultado de este trabajo entonces podría tener lugar un debate más amplio que bien podría ser el punto de arranque de iniciativas políticas mayores.
El Sr. Medina Ortega me ha planteado unas preguntas muy concretas. En lo que respecta al papel de la política turística en las comunidades afectadas, debemos entender que muchos sectores tienen un gran impacto sobre el marco del turismo. No sólo son importantes las acciones concretas, específicas del turismo, sino también otras acciones horizontales en el sector del transporte. Actualmente, el asunto de la congestión aérea y de las carreteras constituye un problema fundamental. En el área del medio ambiente estamos buscando formas de cooperar con la Sra. Wallström, en el área de la política regional el Sr. Barnier está prestando mucha atención a este sector.
Necesitamos este enfoque conjunto del turismo que cubre todas las políticas. Estoy seguro de que en el futuro mejoraremos al respecto cuando dispongamos de un buen informe de un grupo de alto nivel, con el apoyo de su informe y cuando el sector turístico forme parte de la política empresarial.
¿Por qué es tan importante en este sector? Lo es porque la cuestión clave respecto de la política empresarial residirá en cómo contribuir a la creación de nuevas empresas, cómo facilitar que hombres y mujeres jóvenes creen sus propias empresas. Ahí es donde está el potencial. Si podemos eliminar los obstáculos para abaratar la creación de nuevas empresas, para facilitar el acceso a la financiación y cambiar la actitud de la sociedad para ser más emprendedora, estoy seguro de que el sector turístico será el primero en beneficiarse de ello.
Hay un problema que dudo si mencionar hoy ya que soy nuevo en el sector. He estado trabajando en todos los sectores industriales y de servicios, pero si se observa la estructura de organización del turismo resulta casi imposible. Es muy difícil para un Comisario intentar trabajar en un área en la que existen docenas de organizaciones diferentes cuya representatividad debe ser indagada en cada ocasión. Para fortalecer el papel del turismo en Europa las organizaciones deberían hacer lo que se ha hecho en la mayoría de los sectores económicos: buscar un mejor enfoque, una mayor coordinación y concentrar las actividades. Entonces podríamos tener un diálogo sólido en nuestro trabajo diario. Esta es la verdadera dificultad que debemos superar.
En lo que se refiere al Tratado, la conferencia intergubernamental ha comenzado esta semana por lo que aun no sabemos sus resultados. Quisiera ser muy cándido: no he observado mucho entusiasmo sobre la conferencia o la propuesta de aumentar los poderes de la UE. El turismo también está en la lista de materias que no figuran como nuevas áreas de competencia de la UE. Veremos lo que ocurre pero por el momento así están las cosas.
Por último, la Comisión saluda la resolución que discurre por la línea marcada por el grupo de alto nivel, la comunicación de la Comisión sobre la mejora del potencial del turismo para la creación de empleo y las correspondientes conclusiones del Consejo. El acuerdo general entre de ambas instituciones en este campo no debe impedir a la Comisión que siga el enfoque más pragmático en la consecución de nuestros objetivos comunes.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.40 horas)

