Evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el ámbito de los derechos humanos (debate)
Presidente
El siguiente punto es el informe de Hélène Flautre, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos.
Hélène Flautre
ponente. - (FR) Señor Presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, señor Lavrov, ha acusado al señor Kouchner de tener una "imaginación enfermiza" cuando habló de sanciones contra Rusia. Sobre esta "imaginación" es sobre la que se me solicitó que trabajara durante este informe. Quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo, que se han mostrado totalmente accesibles y serviciales.
¿De que trata realmente el debate de hoy sobre sanciones? En esencia trata de dos cosas: la primera es una crítica del uso de sanciones para castigar a los despreciables canallas en la escena internacional, a saber, a cualquiera que intente bloquear mis intereses estratégicos: sanciones politizadas con "dos pesos, dos medidas". La segunda crítica contempla el hecho de que las sanciones no son eficaces, esencialmente porque tienen efectos perjudiciales, la gente siempre se libra de ellas, y por tanto no deberían ser utilizadas. La finalidad de este informe no consiste en propugnar sanciones mayores, o sanciones más severas, ni que se abandonen las sanciones. Resulta esencial para nosotros descubrir qué circunstancias convierten en eficaces las sanciones y el objetivo de este informe consiste efectivamente en estudiarlas desde todos los ángulos.
¿Eficaces en relación a qué? En relación a lo que estamos intentando conseguir. Por lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos o el Derecho internacional o humanitario, a lo que tenemos que aspirar es a cambiar el comportamiento de las personas a quienes van dirigidas. Ése es el punto clave. Las sanciones no son ni un castigo ni la aplicación de una especie de código criminal europeo de uso internacional. Las sanciones son, en el aspecto político, una herramienta difícil de manejar y son muy exigentes a la hora de aplicar y aspiran conseguir un cambio en las prácticas y el comportamiento.
La UE, que se muestra muy remisa a la hora de aplicar sanciones incondicionales, mantiene en la actualidad 31 regímenes de sanciones contra terceros países o entidades, en su mayor parte embargos de armas y sanciones puntuales diseñadas para producir el máximo impacto en las entidades sobre cuyo comportamiento pretenden influir, limitando a la vez, en la medida de lo posible, cualquier efecto humanitario perjudicial. A la vista de ello, esto algo positivo pero no puedo decirles nada más en estos momentos. La UE continúa actuando sin haber realizado jamás ninguna evaluación de impacto global. En consecuencia, nos vemos bastante impotentes a la hora de evaluar la capacidad de nuestras sanciones para resolver crisis y promover los derechos humanos.
El objetivo de este informe consiste, así pues, en abogar por una política europea de sanciones más transparente, más coherente y, por tanto, más creíble.
La primera tarea fundamental consiste en realizar un ejercicio de evaluación. La segunda es aprobar un método riguroso, por medio de estudios previos de situaciones específicas donde se requieran sanciones para decidir la mejor respuesta para provocar un cambio.
A lo largo de los últimos días, ustedes han revisado las medidas a disposición de la UE para influir sobre las autoridades rusas, por ejemplo. La conclusión positiva que podemos extraer es que el objetivo declarado es claro y puede evaluarse de manera práctica. Es decir, cumplimiento de los seis puntos del acuerdo. Así debe ser en todas las circunstancias. Es esencial incluir criterios de evaluación claros, que deberían ser, hasta el final -y eso, a veces, significa durante mucho tiempo- condiciones necesarias y suficientes a cumplir para que se levanten las sanciones. Por tanto, estos criterios de evaluación deben ser realistas y objetivamente mensurables.
Aunque el embargo de armas impuesto a China después de Tiananmen es perfectamente legítimo, no debería sorprendernos que no tuviera ningún efecto positivo, ya que la Unión Europea no supeditó el levantamiento del embargo a ninguna demanda concreta.
Con excesiva frecuencia, la política de sanciones es vaga y flexible, influida por las contingencias políticas de los Estados miembros más influyentes o la importancia comercial o geopolítica de la entidad afectada. Esa es la razón por la que, para proporcionar credibilidad a la política de la UE, propongo la creación de una red de expertos independientes, responsables de ayudar a la Comisión con la difícil tarea que realiza, en condiciones increíbles ya que apenas cuenta con recursos para hacerlo.
No se equivoquen. No estoy hablando de revocar las prerrogativas del Consejo para impulsar la política o el derecho a proponer de la Comisión; simplemente estoy hablando de ofrecer la garantía de una decisión informada.
Sin embargo, eso no es todo. Las sanciones son un instrumento. Son uno de los muchos instrumentos -me estoy refiriendo a los dos primeros informes de la Subcomisión de Derechos Humanos-, ya que una política comprensiva e integrada necesita que se desarrolle; no puede haber sanciones eficaces sin una estrategia de derechos humanos para el país en cuestión. Las sanciones tienen que someterse a debate a todos los niveles y los mecanismos de control, por ejemplo la cláusula sobre "derechos humanos", tienen que ser utilizados en su totalidad.
Todas las sanciones contra un país tienen que ir acompañadas de un apoyo visible, y por tanto político, pero también concreto, a los defensores de los derechos humanos en el país. Ese es también uno de los puntos clave del informe.
Para finalizar, este informe también considera que cualquier daño voluntario e irreversible al medio ambiente supone una violación de los derechos humanos y, por tanto, debe ser incluido entre las razones para aplicar sanciones. Recuerda que las sanciones de la UE no sólo van dirigidas contra terceros países, sino también contra entidades físicas y jurídicas, como los mercenarios o, de hecho, las multinacionales, que desafían el Derecho internacional operando casi con total impunidad. Resumiendo, este informe intenta responder a la naturaleza actual de la crisis mundial.
Jean-Pierre Jouyet
Presidente en ejercicio del Consejo. - (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, señora Flautre, Señorías, en primer lugar deseo expresar nuestra gratitud por el trabajo realizado por las comisiones parlamentarias, y en concreto por la señora Flautre como Presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos.
Se trata de un trabajo importante, principalmente porque la relación entre el uso de las medidas restrictivas y los derechos humanos es un asunto destacado, que ha atraído la atención de los diferentes interlocutores en la escena internacional una vez más en los últimos tiempos, como usted ha mencionado, señora Flautre. Pienso que merece la pena mencionar que, dentro del marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, uno de los objetivos de las medidas restrictivas continúa siendo el establecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, es válido cuestionar, tal como estamos haciendo y como usted ha hecho en su informe, el posible impacto de tales medidas sobre los derechos fundamentales de aquellos individuos que están sometidos a ellas. Esa es la razón, Señorías, por la que el Consejo ha elaborado un informe conceptual sobre medidas restrictivas, titulado "Principios Básicos sobre la Aplicación de Medidas Restrictivas (Sanciones)", que menciona la atención prestada a, cito textualmente, "el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho [...] en plena conformidad con nuestras obligaciones en el marco del derecho internacional". Evidentemente, este compromiso continúa ocupando el centro de nuestras prioridades.
No conviene olvidar que el uso de medidas restrictivas no está limitado a la política de derechos humanos. Es una de las muchas herramientas de que dispone la Política Exterior y de Seguridad y existen otros objetivos, aparte de la defensa y los derechos humanos, que afectan al mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de la seguridad internacional, la protección de los intereses fundamentales y el refuerzo de la seguridad de la UE, o simplemente el fomento de la cooperación internacional.
Así pues, las sanciones deberían ser -como usted ha señalado- parte de un planteamiento integrado y amplio respecto de un país, que paralelamente debería incluir el diálogo político, los incentivos, la condicionalidad y otros instrumentos de política exterior y, desde ese punto de vista, me complace que el informe coincida con la idea del Consejo de que todos sus instrumentos, incluidas las medidas restrictivas, deben aplicarse con flexibilidad.
Ustedes comprenderán que no resulta fácil realizar un análisis comparativo estudiando los diferentes regímenes de sanciones y utilizando la situación de los derechos humanos en cada país como único criterio de evaluación. Es importante no sacar de contexto un determinado régimen de medidas restrictivas, o a la hora de aplicar tales medidas, creer que todo va a encajar de forma automática.
A la hora de aplicar medidas restrictivas como parte de la lucha contra el terrorismo, las medidas están destinadas en primera instancia a evitar actos de terrorismo, en concreto, cualquier cosa que pudiera contribuir a la financiación de dichos actos. Las listas son bien conocidas; están publicadas, así como las medidas que conllevan.
Una de las condiciones para la continuidad de este sistema descansa sobre dos pilares: el primero es que estas medidas tienen que ser creíbles, lo que significa que se ha de poner mucho cuidado a la hora de actualizar tales listas para que reflejen la realidad. El segundo es el respeto al Estado de Derecho y, en consecuencia, a un número de principios fundamentales: la transparencia de los procedimientos, la posibilidad de emprender acciones legales y el derecho a la defensa.
En este debate -lamento continuar, pero este es un asunto especialmente actual- naturalmente tenemos que tomar nota de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada esta mañana que, a partir del 3 de diciembre, cancela los efectos de un Reglamento comunitario congelando los fondos en aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad, contra dos demandantes porque no pudieron averiguar por qué habían sido incluidos en listas terroristas. Lo que vemos es que el Tribunal no está impidiendo al Consejo que adopte nuevas medidas para congelar los fondos, siempre que los afectados puedan acceder a la información sobre por qué se habían visto afectados por tales medidas, bien en el momento de adoptarse la medida o tan pronto como sea posible después de haberse implantado ésta.
Detectamos asimismo que la sentencia del Tribunal de Justicia especifica que no está cuestionada la primacía de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y será, por tanto, sobre esta base sobre la que se modificarán los Reglamentos antes del 3 de diciembre, tras haber informado al Parlamento.
El informe de la señora Flautre se ocupa de manera más específica del mecanismo para evaluar las sanciones, solicitando al Consejo una evaluación o un estudio de impacto de la política de sanciones de la UE. Quiero apuntar que el Consejo está dispuesto a hacerlo y, sobre todo, a garantizar el intercambio de experiencias y el desarrollo de buenas prácticas para la aplicación de medidas restrictivas. La experiencia adquirida en el diseño y aplicación de medidas en diferentes contextos viene a sumarse continuamente a cualquier debate político que celebramos en el Consejo, y éste también lleva a cabo discusiones en profundidad sobre la pertinencia, naturaleza y eficacia prevista de la sanciones, sobre la base de los informes de los jefes de misión de la Unión Europea y de observaciones remitidas por los Estados miembros.
En cuanto a la naturaleza de las sanciones, nos complace por tanto que nuestras opiniones coincidan con las del informe y, sobre todo, que se prefieran las sanciones puntuales a las generalizadas. Hemos detectado que el informe invita al Consejo y a la Comisión a adoptar un enfoque variado -que se podría resumir como un planteamiento de "palo y zanahoria" que, ciertamente, consideramos es el que debería adoptarse.
También estamos de acuerdo con el análisis del informe sobre la importancia de la cooperación internacional, que es la que sustenta la credibilidad. Hemos concedido especial prioridad a la acción emprendida dentro del marco de las Naciones Unidas. En el Consejo, garantizamos que, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y las medidas decididas en el Consejo de Seguridad, exista una coincidencia con los países más próximos a la Unión Europea. Asimismo garantizamos que el tema de las sanciones se plantee en reuniones de diálogo político y en las consultas sobre derechos humanos que celebramos con una serie de países puntuales.
Por último, en esta propuesta de informe, el Parlamento Europeo expresa el deseo de participar en todas las fases del proceso que conduce al diseño, ejecución y revisión de las medidas restrictivas. El Consejo es plenamente consciente de ello y está encantado por el enorme interés mostrado por el Parlamento Europeo en la política de sanciones de la UE. Esa es la razón por la que el Consejo está especialmente interesado en garantizar que el Parlamento esté informado de forma regular sobre los asuntos que afecten a este ámbito.
Para finalizar, quiero aplaudir el compromiso del Parlamento Europeo en este campo y animarle a que aproveche al máximo los contactos parlamentarios que mantiene con terceros países para mejorar la comprensión del régimen de sanciones de la Unión Europea y explore las posibilidades de una acción coordinada para fomentar los derechos humanos. Por ello, me complace sobremanera el informe que la señora Flautre acaba de presentarnos.
Benita Ferrero-Waldner
Miembro de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, señora Flautre, Señorías, la Comisión ha encontrado interesante leer el informe sobre la aplicación de sanciones y sobre la evaluación de las mismas en el ámbito de los derechos humanos. Las sanciones son uno de los instrumentos más eficaces de la Unión Europea para fomentar el respeto a los derechos humanos en terceros países y han sido aplicadas a tal fin sobre todo en Belarús, China, Myanmar, Uzbekistán, la antigua Yugoslavia y Zimbabue, por mencionar sólo algunos de los ejemplos más importantes.
La Comisión se alegra de que se esté celebrando este debate sobre la aplicación y evaluación de este importante instrumento para la Política Exterior y de Seguridad Común. Como ha dicho el Presidente -siendo plenamente conscientes de que la política tiene una serie de objetivos-, cualquier decisión de aplicar sanciones en virtud de la PESC debe adoptarse tras evaluar y sopesar un número de intereses objetivos. Esa es la razón por la que es preciso realizar una evaluación de la coherencia de la política de sanciones, no sólo para analizar el historial en materia de derechos humanos de terceros países, sino también para tener en cuenta otros objetivos y criterios de la PESC.
La aplicación sistemática, unilateral y, cabría decir, automática de sanciones contra cualquier país cuyos políticos no respeten plenamente los derechos humanos no parece deseable. La Unión Europea debe tener en cuenta el impacto sobre las relaciones con los países a los que se aplican las sanciones, ya que éstas son de carácter tanto económico como político. Sin embargo, no sólo debemos tener en cuenta el impacto sobre nuestras relaciones diplomáticas, sino también evaluar el impacto sobre las actividades internacionales de nuestros operadores económicos. En términos generales, las sanciones deben ir dirigidas y afectar únicamente a los dirigentes de los países en cuestión, ahorrando a la población cualquier sufrimiento como resultado de la negligencia del respeto de los derechos humanos. Además, a la hora de imponer sanciones, también tenemos que decidir los criterios de evaluación a utilizar para levantarlas -la "estrategia de salida" al tiempo que conservamos una pequeña cantidad de flexibilidad para casos en los que los terceros países afectados cumplan la mayoría de los criterios de evaluación, aunque no la totalidad de ellos.
También tengo interés en señalar que el propósito de las sanciones no es el de reemplazar a los trámites judiciales contra quienes son responsables de las violaciones de los derechos humanos. Estos delitos caen dentro de la competencia de los tribunales, incluida la Corte Penal Internacional. Sin embargo, las sanciones pretenden lograr cambios políticos en un tercer país, por ejemplo, fomentar el respeto a los derechos humanos en el sistema jurídico del país en cuestión. Por consiguiente, persiguen un objetivo de cambio y pueden ser levantadas en el momento en que cambien las políticas del país afectado. Por ejemplo, la Unión Europea ha aplicado sanciones a la antigua Yugoslavia como apoyo a la Corte Penal Internacional.
Creemos que es importante promover el respeto a los derechos humanos en terceros países y mantenemos una vigilancia constante sobre lo que se aplica en terceros países. En cada caso sería necesario identificar, entre todos los posibles instrumentos, aquellos que naturalmente vayan a resultar más eficaces. Consideramos una política válida el análisis en profundidad de la aplicación de las sanciones para fomentar las políticas que respeten los derechos humanos de manera coherente y, por tanto, me gustaría darle las gracias, señora Flautre, por haber tomado la iniciativa.
Renate Weber
ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. - Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo para este informe, me gustaría decir que la Unión Europea debe utilizar esta notable herramienta de la política exterior con sabiduría y prudencia. Al margen de las circunstancias o del tipo de sanciones aplicadas, siempre existe la posibilidad de efectos laterales negativos que puedan generar situaciones lamentables.
Creo firmemente que las sanciones deben aplicarse solamente cuando haya fracasado la persuasión diplomática, y, para que sean eficaces, la UE siempre debe contar con una evaluación exhaustiva de la situación, una estrategia coherente y un análisis preciso de los resultados. Para defender la credibilidad y evitar la acusación de aplicar "dos pesos, dos medidas", la UE tiene que ser capaz de justificar la adopción o no de sanciones sobre la base, primordialmente, de razones de derechos humanos y argumentos de eficacia. Pienso que es esencial que, mediante la imposición de sanciones, la Unión Europea ponga de manifiesto sus fortalezas y no sus debilidades.
Jas Gawronski
en nombre del Grupo PPE-DE. - (IT) Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre de mi Grupo sobre el informe Flautre para confirmar aquí lo que ya ha sido proclamado por la comisión: en conjunto acogemos con satisfacción el texto, sobre todo después de algunas modificaciones y, me atrevería a decir, mejoras resultantes de nuestras enmiendas, que han sido aceptadas por la señora Flautre. Queremos darle las gracias por ser tan comprensiva.
Este informe añade interesantes elementos nuevos y aporta un nuevo enfoque al asunto (es decir, el entorno como base suficiente para aprobar medidas restrictivas). Mi Grupo ha querido subrayar la importancia de establecer unas condiciones claras, objetivos alcanzables y parámetros de referencia apropiados cuando se aplican las sanciones. Para hacerlas más eficaces, también he procurado resaltar que sean lo más enfocadas posibles; la Comisaria Ferrero-Waldner así lo ha dicho hace unos momentos. Estas sanciones no afectan a los civiles, por ejemplo, no implican medidas indiscriminadas que pudieran traducirse en el aislamiento de la población. Un apartado del informe declara que las sanciones impuestas por las Naciones Unidas son preferibles a las de la Unión Europea.
Respecto a este punto, seguramente sea necesaria una clarificación para demostrar que esta prioridad no impide a la Unión Europea adoptar sus propias sanciones para situaciones concretas donde estas medidas pudieran resultar más directas y sencillas de aplicar en términos de tiempo, carácter específico y proximidad geográfica, de acuerdo con los principios de subsidiaridad.
Con la enmienda de transacción transversal, ahora queda establecido que en la lucha contra el terrorismo, los servicios secretos, guardianes de las infames listas negras que hemos debatido aquí en el Parlamento hace poco tiempo, tienen que ser capaces de actuar con la necesaria discreción para que el sistema funcione adecuadamente. Además, se denominan servicios secretos precisamente porque tienen que poder actuar en secreto, aunque no con impunidad y menos violando las leyes internacionales.
Evidentemente, la Unión Europea tiene que realizar una evaluación política de las sanciones. Las acciones que emprendamos tienen que tener un impacto notable, sin el cual es preciso revisar los propios procedimientos para aplicar las sanciones. Sin embargo, el informe propone la creación de redes de expertos independientes para evaluar estas sanciones, tal como ha expuesto en su intervención la señora Flautre.
Nuestro Grupo preferiría que el Consejo adoptara por sí mismo la decisión adecuada, ya que es más competente y tiene mayor autoridad que los expertos externos cuando se trata de un sistema que no esté controlado por los Gobiernos. Con este espíritu estamos proponiendo votar en contra de la nueva enmienda que se va a presentar mañana en la Cámara por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Al tiempo que, en conjunto, acogemos con satisfacción la labor realizada, mi Grupo, señor Presidente, va a votar a favor del informe Flautre. Nuestra felicitación a la ponente.
Maria-Eleni Koppa
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la señora Flautre y felicitarle por su excelente trabajo. No obstante, debo expresar a renglón seguido mi decepción y la de nuestro Grupo por haber sido alterado notablemente el informe durante la votación de las enmiendas en la correspondiente comisión.
Las sancione representan un medio más a nuestra disposición para proteger los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, el aspecto crucial es que estas sanciones por sí mismas no deben constituir una violación de los derechos humanos: al intentar resolver una injusticia no debemos responder con otra aún mayor.
Asimismo hemos de prestar atención a unas medidas económicas mejor enfocadas que respeten el Derecho internacional humanitario. Por esta razón, concedo gran importancia a la disposición formulada en el informe en favor de un mecanismo que permita la revisión judicial durante la ejecución de las sanciones, así como a la idea de la ponente de crear una red de expertos que presente propuestas al Consejo en relación con las medidas restrictivas más apropiadas.
Las prácticas anteriores, como los embargos de medicamentos y otros productos indispensables, afectan a la población de manera indiscriminada, sobre todo a los niños. Sólo cabe condenarlas por inaceptables.
Análogamente, deben aplicarse las decisiones de las instituciones judiciales competentes. El Consejo y la Comisión tienen que revisar finalmente el procedimiento de inclusión sobre la lista negra del terrorismo de la UE, de forma que se respeten los derechos fundamentales de las personas u organizaciones incluidas en la lista negra, y que se proteja la credibilidad de la UE como paladín de los derechos humanos en todo el mundo.
Resulta especialmente importante que garanticemos la efectividad de las sanciones y alcancemos un entendimiento compartido de este asunto dentro de la Unión, así como que aseguremos la cooperación con otras organizaciones internacionales, como la Unión Africana y ASEAN, que a menudo se encuentran más próximas a las zonas problemáticas.
Sin embargo, además de aprobar y aplicar sanciones, tiene que haber disposiciones específicas referentes al levantamiento de las mismas. Es necesario realizar un control continuado y fijar plazos, de manera que se pueda entender mejor la finalidad de las sanciones y se puedan dar por finalizadas una vez alcanzada ésta. Tal enfoque mejora la eficacia de las sanciones y proporciona credibilidad a nuestra política.
Por último me gustaría apuntar que, al principio, pensaba que no debía haber ninguna referencia a países concretos. Sin embargo, puesto que se ha optado por mencionar ciertos países en el texto, considero que es fundamental que no olvidemos a Palestina. En este tema existe una flagrante incoherencia en la política europea. Apoya la difusión de la democracia en el mundo, pero ha optado por imponer sanciones de la UE contra el Gobierno palestino, que ha surgido de unas elecciones ciertamente democráticas y libres.
Las sanciones no constituyen un medio para cambiar el mundo, pero pueden ser una importante herramienta para obligar a cambiar su política a los países que violan el Derechos internacional y los derechos humanos. Basta con que las sanciones sean precisas, justificadas y estén sometidas a una constante revisión y evaluación.
Marco Cappato
en nombre del Grupo ALDE. - (IT) Señor Presidente, Señorías, me gustaría dar las gracias a la ponente por la labor que ha realizado. Creo que la propuesta para identificar unos criterios más homogéneos para la política de sanciones llega en el momento oportuno. Quisiera subrayar en concreto un elemento específico contenido en el apartado 6 del informe relativo al delito y al daño medioambiental, en el que se propone que este tipo de acto deliberado también esté sujeto a sanción. Creo que hay que prestar seria atención a esta propuesta.
En cuanto al resto, resulta evidente que la limitación de la política de sanciones reside a menudo en su incoherencia, pero está especialmente ligada a las limitaciones de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE: cuanto más robusta y coherente sea esa política y cuanto más se sepa que existe, más firme y coherente será el conjunto de sanciones. Nuestro problema en la Unión Europea radica en que a menudo somos demasiado tímidos. En ocasiones resulta tan difícil alcanzar el necesario consenso transversal entre los Estadios miembros para levantar las sanciones, que nos vemos incapaces e impotentes para actuar. Permítanme aprovechar esta oportunidad, ante la Presidencia francesa, de recordar a todo el mundo cómo en un régimen como el de Myanmar está claro que excluir la energía de la lista de sanciones reduciría notablemente la eficacia de las mismas.
También está la cuestión de los derechos humanos y la democracia, que debería convertirse en una prioridad de la política internacional y, por ende, una prioridad de las políticas de sanciones. Éste no es el caso, debido al tema planteado en el apartado 18 y 19 del informe Flautre, a saber, los acuerdos de cooperación que contienen cláusulas y normas que imponen el respeto por los derechos humanos. Se trata de cláusulas vinculantes para la Unión Europea y, sin embargo, tales cláusulas se ignoran de manera sistemática.
Por consiguiente, antes de llegar a las sanciones, hemos de identificar los mecanismos para aplicar estas cláusulas. Estamos de nuevo en conversaciones con Vietnam y otros países asiáticos. Tenemos que identificar mecanismos -incluso mecanismos graduales- para evitar las sanciones -casi he terminado, señor Presidente-, pero eso sólo lo podremos hacer si respetamos la legalidad de las cláusulas y los acuerdos escritos que ha ratificado la UE.
Konrad Szymański
Señor Presidente, no es accidental que la palabra "sanciones" permanezca indefinida en Derecho internacional. Se trata de un instrumento de presión que resulta difícil de definir con exactitud. En consecuencia, las ambiciosas propuestas de la ponente para armonizar los principios de uso de las sanciones resultan aún más difíciles de alcanzar. Además podrían ser contraproducentes.
Las sanciones son un instrumento independiente de la política exterior de la UE. A la vista de las amplias competencias de la UE en materia de comercio y control de fronteras, tienen una notable importancia cara a aplicar los objetivos tanto en el ámbito de la seguridad, como de la defensa de los derechos humanos. Esa es la razón por la que las sanciones forman parte de nuestra gama de instrumentos de política exterior, y esa es la razón por la que no vacilamos en aplicarlas de una manera bastante libre y, en ocasiones, inapropiada. En lugar de supeditar las sanciones a algún tipo de conjunto rígido de normas, deberíamos, por el bien de la eficacia de nuestro impacto sobre la política mundial, someter su aplicación a una evaluación política inteligente. Con esta reserva de carácter general, nuestro Grupo político respalda el informe.
Raül Romeva i Rueda
en nombre del Grupo Verts/ALE. - Señor Presidente, efectivamente, el doble rasero, así como la falta de instrumentos de evaluación y seguimiento específicos que suele caracterizar la política exterior de la Unión Europea en cuanto a sanciones supone, hoy por hoy, uno de los atentados más graves a la credibilidad europea.
En numerosas ocasiones dichas sanciones o medidas restrictivas, como también se las denomina, se basan más en filias o en fobias concretas que en una estrategia clara, coherente y convincente, cuyo objetivo debería ser, no sólo garantizar la seguridad de la Unión Europea, tal y como establecen los objetivos de la PESC, sino mejorar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la buena gobernanza en el mundo, tal y como establece el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea.
Ello exige que se emprendan de forma inmediata evaluaciones y estudios de impacto del sistema de sanciones, con objeto de dotarnos de una política legítima y eficaz a la vez en cuanto a los sistemas de sanción.
Este es el objetivo, en definitiva, del informe Flautre. La base del informe, tal y como salió del trabajo de la Subcomisión de Derechos Humanos, es razonablemente buena y tiene algunos elementos que me parecen esenciales. Por ejemplo, se hace hincapié en que el Consejo, al adoptar los principios básicos, antes citados, sobre el recurso a medidas restrictivas, se comprometió a hacerlo en el marco del enfoque global en el que deben tener cabida herramientas como las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia, el sistema de preferencias generalizadas o la ayuda al desarrollo.
Y asimismo reitera la petición para que el Consejo de la Unión Europea adopte de forma inmediata una posición común con relación al control de las exportaciones de armas que convierta el actual código de conducta al respecto en un texto jurídicamente vinculante, tal y como, por otro lado, hemos aprobado reiteradamente en esta Cámara en el pasado.
Sin embargo, en su momento quedaron fuera del informe algunos aspectos que considero claves y que espero que puedan ser incorporados en el debate y voto en el Pleno mañana.
En primer lugar, con relación a las listas negras y en el marco de la lucha contra el terrorismo, es preciso que éstas sean revisadas para que se respeten los derechos humanos y las garantías jurídicas fundamentales de quienes se encuentran en ellas.
Y, en segundo lugar, soy partidario, como ya se ha dicho también, de que la Comisión se dote de una red de expertos independientes encargada de proponer al Consejo, en función de la situación, las medidas restrictivas más pertinentes y de redactar informes periódicos de la evolución y la situación sobre la base de los criterios y los objetivos establecidos, así como, en su caso, de proponer mejoras para la aplicación de sanciones.
Vittorio Agnoletto
Señor Presidente, Señorías, quiero felicitar a la señora Flautre por su excelente trabajo. Sin embargo, ha sido desfigurado, al menos en parte, por la Comisión de Asuntos Exteriores, lo que ha llevado al Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea a abstenerse, mientras que solamente el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa han aprobado el texto modificado en su esencia, precisamente porque la aprobación de una serie de enmiendas presentadas por ellos había alterado el equilibrio político. Recuerdo asimismo que mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, ha votado en contra de esto en la comisión.
Como Grupo reconocemos que las 13 enmiendas presentadas, aun cuando queden aprobadas, no pueden alterar el tono político del informe. Por tanto, si bien vamos a votar a favor de la mayoría de las enmiendas, nuestro voto final continúa siendo crítico.
A nuestro juicio, el problema radica en que las relaciones internacionales tienen que basarse en el diálogo y el respeto mutuo, aunque exista diferencia de opinión. Unas sanciones como estas tienen que constituir el último recurso a disposición de los Estados miembros y las organizaciones internacionales, pero el informe las presenta como el principal instrumento de la política exterior de la UE.
Creemos asimismo que debe concederse prioridad a las denominadas medidas de incentivación positiva. Un país debe ser recompensado cuando se presta a fomentar y respetar los derechos humanos firmando acuerdos económicos, comerciales y financieros específicos. Por el contrario, el informe hace énfasis en las medidas negativas, que curiosamente siempre van en contra de los habituales sospechosos, como en el caso de Cuba. Estos ejemplos demuestran lo defectuosa que es la política de sanciones.
En resumen, necesitamos más cooperación y menos castigo unilateral. Ni siquiera la Unión Europea tiene el monopolio de los derechos, tal como ha quedado demostrado por la forma insoportable en que tratamos a los inmigrantes y al colectivo romaní. ¡Tal vez deberíamos sancionarnos a nosotros mismos!
Bastiaan Belder
Señor Presidente, la ponente considera importante que en primer lugar se analice la política de sanciones europea, y que sea reevaluada en segunda instancia (véase apartado 11). La actuación europea en forma de sanciones puede tener efectivamente un valor positivo si induce una mejora real en la situación de los derechos humanos en el correspondiente país asociado. Por consiguiente, la evaluación a fondo resulta de hecho importante a fin de examinar la efectividad de la política de sanciones.
Pero el Consejo y la Comisión tienen que entablar un debate serio acerca del uso de la política de sanciones. Al fin y al cabo, como bien ha apuntado ya la señora Flautre, resulta difícil imponer sanciones eficaces en ausencia de un marco claro. Me pregunto si resultan posibles unas sanciones unánimes a la vista de los distintos Estados miembros de la Unión; me viene a la mente ahora el caso de Cuba, y también el de Zimbabue. Teniendo en cuenta la posibilidad, también defendida por la señora Flautre, de reevaluar la política de sanciones, resulta dudoso que dicha política sea efectivamente un instrumento tan apropiado.
En resumen, a fin de mejorar la seguridad y la situación de los derechos humanos en los países asociados de la Unión, resulta importante que recapacitemos sobre el instrumento adecuado. Por ejemplo, ¿podrían las violaciones graves de la libertad religiosa en China y la India inducir a la Unión Europea a emprender una acción auténticamente formal? En la actualidad, replantearse la actuación europea en este tipo de situación resulta más indicado que una reevaluación apresurada de la política de sanciones.
Aparte de eso, espero apoyar el informe Flautre, siempre que no se aprueben determinadas enmiendas.
Frank Vanhecke
(NL) Señor Presidente, permítame comenzar con unas palabras de crítica. Pienso que es bastante cínico hacer reiterada referencia, en un informe sobre derechos humanos, a la necesidad de aplicar una serie de disposiciones del Tratado de Lisboa. Como todos sabemos, el Tratado ha sido rechazado en un referéndum democrático en Irlanda, y la razón por la que sólo ha sido rechazado en Irlanda radica en que ningún otro país ha concedido a los ciudadanos el derecho humano a expresar su opinión democrática sobre este Tratado. Además, Lisboa era un mero calco de una Constitución europea que ya había sido rechazada en referendos en Francia y los Países Bajos. Así pues, comencemos por respetar los derechos humanos de nuestros propios votantes y dejemos de referirnos sistemáticamente a un tratado que ha sido rechazado en una votación y está legalmente muerto.
Una segunda crítica consiste en que este informe está repleto de buenas intenciones, pero la realidad es más bien otra. Acabamos de presenciar el final de los Juegos Olímpicos en China, donde todos nuestros demócratas europeos han estado apoyando a un régimen comunista en una ceremonia calcada de la Alemania nazi en 1936. En estas circunstancias, puede resultar aconsejable para nosotros guardar un par de meses de silencio lleno de remordimiento, aunque admito que el informe en su versión actual puede describirse como notablemente equilibrado conforme a los patrones de esta Cámara, y critica acertadamente un gran número de cuestiones, como la situación en Cuba y Zimbabue. Sin embargo, carece de una advertencia grave respecto a la islamización mundial, que supone una amenaza para todas las libertades que constituyen la propia base de nuestra sociedad.
Por último, una objeción adicional relativa a un asunto que me es muy preciado. En nuestros propios países europeos, en especial mi patria, Bélgica, cada vez nos encontramos con más leyes amordazadoras que restringen la libertad de expresión e incluso introducen penas de prisión por opiniones que constituyan una ofensa, en especial en asuntos de inmigración e islamización Considero esto un asunto especialmente preocupante y pienso que, a este respecto, hemos de luchar con uñas y dientes -incluso en esta Cámara, cuando debatimos sobre derechos humanos- para defender la libertad de expresión también en nuestros propios Estados miembros de la UE.
Estos han sido tres comentarios críticos sobre un informe que, por lo demás, ciertamente no es de lo peor que hemos visto por estos pagos, y que vamos a apoyar, siempre que no se aprueben mañana enmiendas inaceptables.
Laima Liucija Andrikien
(LT) Es evidente que las opiniones sobre el impacto político de las sanciones son muy dispares. Existen casos en los que las sanciones a un régimen gobernante causan sufrimiento a gente inocente, favoreciendo indirectamente una economía sumergida y el mercado negro. En algunos casos, el peligro de las violaciones de los derechos humanos puede producirse debido a la inclusión del nombre de personas en las listas negras. La credibilidad de las sanciones queda además comprometida por el hecho de que se impongan utilizando "dos pesos, dos medidas", dependiendo de la importancia estratégica del socio de la UE. El ejemplo más reciente lo ofrece la incapacidad de la UE para imponer ninguna sanción a Rusia, aun cuando ésta haya violado normas de Derecho internacional al invadir el territorio de un país soberano, Georgia, bajo el pretexto de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, las sanciones siguen siendo una de las armas en el arsenal de la UE. A mi juicio, las sanciones son y deben seguir siendo una parte integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común o, para ser más exactos, un medio de apoyar los derechos humanos y la democracia.
De manera comprensible, la UE está intentando utilizar el método del "palo y la zanahoria" y evitar tener que imponer sanciones. No obstante, deberían imponerse en caso necesario y es muy importante que las sanciones jueguen un papel más amplio y más coherente en la estrategia para proteger los derechos humanos.
La ponente, señora Flautre, ha mencionado el embargo de armamento a China, impuesto tras la masacre de la Plaza de Tiananmen. Existen propuestas para el levantamiento del embargo; sin embargo, Señorías, hasta ahora no hemos recibido ninguna explicación por la masacre de la Plaza de Tiananmen, que sobrecogió al mundo libre, ni ninguna disculpa por ella. ¿Por qué habría entonces de levantarse esta sanción? Me gustaría señalar que, con respecto a la imposición de sanciones, la Unión Europea debería cooperar más estrechamente con otros países y organizaciones internacionales y coordinar su política y sus actuaciones con vistas a hacer más efectivas las sanciones.
Libor Rouček
(CS) Señorías, las sanciones son una parte integrante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE para defender el cumplimiento de los derechos humanos y preservar la democracia y la soberanía. Aunque la Unión Europea ha venido utilizando muchas y muy variadas sanciones durante casi 20 años, jamás se ha realizado ninguna evaluación ni estudio del impacto de la política de sanciones de la UE. Por tanto, aplaudo el informe de Hélène Flautre como contribución importante en este campo. Asimismo apruebo sus muchas conclusiones.
Yo también opino que resulta esencial fortalecer la experiencia y la capacidad analítica de la Unión Europea para la evaluación de las sanciones. La ratificación del Tratado de Lisboa y la creación de un Servicio Exterior europeo proporcionaría una buena oportunidad para ello. Las sanciones, si se utilizan, deben formar parte de un planteamiento global de la política exterior, en otras palabras, no deben ser utilizadas de forma aislada, por sí solas, sin consideración a los demás instrumentos de la política exterior y sin cooperación con los demás interlocutores en el sistema internacional. Las sanciones también deberían ir acompañadas de medidas positivas y estímulos para apoyar los derechos humanos y para respaldar a la sociedad civil y la democracia. Por último, las sanciones no deberían estar ligadas a la ayuda humanitaria. Las sanciones deben ir dirigidas contra gente real, por ejemplo, con vistas a restringir sus movimientos o confiscar sus pertenencias, y no contra las víctimas de su malévola conducta.
Janusz Onyszkiewicz
(PL) Señor Presidente, las sanciones constituyen una herramienta importante en política exterior. Indudablemente condujeron a la caída del apartheid en la República de Sudáfrica. De hecho, yo soy un beneficiario de las sanciones, por cuanto en 1983, a resultas de una amnistía decretada por las sanciones, fui liberado de la cárcel, aunque lamentablemente no por mucho tiempo.
Sin embargo, muy a menudo fracasan, como puede deducirse de los ejemplos de Zimbabue y Cuba. Las sanciones económicas se utilizan a menudo para justificar problemas que son principalmente el resultado de un gobierno dictatorial incompetente.
Sin embargo, existe un tipo de sanciones que no genera tales oportunidades propagandísticas. Se trata de la prohibición de entrar en la Unión Europea. Sin embargo, no sólo debe afectar a los altos representantes de las más altas autoridades, como es el caso de Belarús, por ejemplo; también debe incluir a los individuos del nivel medio del aparato de represión y violación de los derechos humanos. Entonces, la gente normal podrá apreciar que las medidas adoptadas no van dirigidas contra ellos, sino contra el aparato de poder dictatorial.
Ģirts Valdis Kristovskis
(LV) Quiero alabar los intentos de la señora Flautre por fortalecer la capacidad de la Unión Europea y incrementar su autoridad. No tengo ninguna duda de que las sanciones se deben aplicar de forma flexible, pero al mismo tiempo, la ponente también apunta al carácter inadmisible de los "dos pesos, dos medidas". La falta de coherencia atenta contra la credibilidad de las sanciones y políticas de Europa. La Unión Europea se compromete a si misma si aplica un régimen de sanciones y luego se lo salta, como en el caso de Robert Mugabe. No es infrecuente que la Unión Europea trate de forma diferente a los países que no pertenecen a la UE. Eso tiene sus consecuencias. La postura condescendiente de la UE en el asunto de Georgia ha dado lugar en Rusia a una explosión real de entusiasmo. En su opinión, la agresión militar constituye el mejor instrumento para proteger los derechos humanos. Ciertamente, a lo ancho del mundo rigen valores diferentes. La ineficacia de la PESC constituye una prueba del hecho de que la UE está regida por intereses empresariales. Si la evaluamos en términos prácticos, ese debe ser el resultado. Por desgracia, aumenta el sentido de impunidad por parte de determinadas grandes potencias y su conciencia de que pueden violar los derechos internacionales. Los "dos pesos, dos medidas" de hoy van a dar lugar a un mayor número de problemas en el futuro.
Erik Meijer
(NL) Señor Presidente, las sanciones han sido un instrumento apropiado para poner fin gradualmente a las peores formas de gobierno colonial y al apartheid en Sudáfrica y Rodesia del Sur. En el pasado, siempre fueron los enemigos del cambio quienes rechazaron las sanciones y, sobre todo, llamaron la atención sobre los efectos laterales negativos. Por otra parte, los representantes de los pobres y los oprimidos en esos países señalaron que aceptaban los inconvenientes del boicot como el precio que había de pagar por su liberación.
El sostenido boicot económico al horrible régimen de Sadam Hussein en Iraq nos ha enseñado que tales boicots a veces pueden traducirse en que los habitantes del correspondiente país se queden aislados y temerosos del mundo exterior y apoyen a su Gobierno. Un boicot ciertamente no contribuye a imponer los deseos del mundo exterior en contra de la opinión pública nacional, pero es y continúa siendo un medio adecuado de apoyar la sofocada opinión pública y la lucha por mejorar en un país. Si hacemos una distinción nítida siguiendo esas líneas, las sanciones siguen siendo un instrumento útil para originar más igualdad y democracia.
Kinga Gál
(HU) Gracias por concederme la palabra, señor Presidente. Pienso que la evaluación de las medidas y las sanciones de la Unión, que forman parte de las políticas de la Unión, resulta extremadamente importante en el ámbito de los derechos humanos, sobre todo en una época con tales tensiones, que en la actualidad se traduce en la crisis de Georgia, y que fue precedida por la cuestión del Tíbet o incluso Zimbabue. Por consiguiente, quiero felicitar a la señora Flautre por su informe. Esta política de sanciones está basada en principios bien definidos en materia de derechos humanos y Derecho internacional, que están refrendados por numerosos documentos de las Naciones Unidas y de la Unión.
Los problemas no se producen a nivel de los principios, sino al de su aplicación en la práctica, donde estamos viviendo una falta de coherencia, eficiencia y equilibrio. La aplicación sistemática de los criterios de derechos humanos es esencial para preservar la credibilidad de la Unión. Echo en falta la coherencia, ya que a menudo es víctima de los intereses políticos cotidianos. La actuación unificada es igual de esencial. Carece de sentido que tengamos normas comunes si existe una gran discrepancia entre los distintos Estados miembros en lo tocante a su aplicación práctica. Por ejemplo, aun cuando la UE defendió la protección de los derechos humanos en el caso del Tíbet, la Unión cuenta con un Estado miembro que expulsa a los refugiados tibetanos. Por el bien de la eficacia política tenemos que elaborar una política de sanciones que sea transparente, unificada y tenga unas metas bien definidas. Además de la actuación unificada resulta también importante la reacción rápida o incluso inmediata. Podemos observar que las disputas diplomáticas no sólo ridiculizan nuestra política de sanciones, sino también a toda la Unión. Sin embargo, todo esto logrará su único objetivo caso de ir acompañado de medidas positivas que apoyen la correspondiente sociedad civil. Gracias por su atención.
Corina Creţu
(RO) Espero que este informe desempeñe un papel importante en el fortalecimiento de la política europea relativa a la aplicación de sanciones comunitarias.
Considero que es esencial contar con una mayor cohesión entre los Estados miembros en el futuro, tanto durante el proceso de toma de decisiones por lo que respecta a las sanciones, como en relación a su correcta aplicación. Si queremos que la Unión Europea sea una presencia fuerte y respetada en la escena internacional y sus acciones, incluidas las relativas a las sanciones, tengan el mayor impacto posible, resulta esencial demostrar una gran solidaridad y evitar utilizar diferentes unidades de medida.
Es fundamental que las sanciones afecten lo menos posible a la población de los países cuyas regiones políticas sean objeto de sanciones. No permitamos que esa gente sufra por partida doble, por cuanto ya son víctimas de regímenes opresivos o gobiernos corruptos. Me complace que la señora Comisaria también haya resaltado este aspecto.
Por último, aunque no por ello menos importante, me gustaría plantear la cuestión de la oportunidad de las sanciones. A principios de esta semana nos hemos enfrentado a un caso específico: la crisis georgiana y la postura de los 27 Estados miembros respecto de Rusia. Los resultados de la cumbre del lunes son objeto de acalorados debates, debido precisamente a la discrepancia entre el tono firme y casi vehemente de la actitud expresada y la reticencia a recurrir a las sanciones.
Considero que, mientras las cosas puedan remediarse todavía y el diálogo pueda evitar el deterioro de la situación, las sanciones deben seguir siendo la última medida a la que recurrir.
Ignasi Guardans Cambó
Señor Presidente, bienvenida sea la reflexión planteada por este informe sobre el tema de las sanciones. Es obvio que hay que hacer una reflexión en profundidad: demasiadas veces las sanciones han probado su absoluta inutilidad y, en muchos casos, su absoluta injusticia; demasiadas veces perjudican a la parte más débil de la sociedad.
¿Por qué los pescadores de Mauritania tienen que pagar por el hecho de que, de repente, alguien haya dado un golpe de Estado en su país? ¿Qué sentido tiene eso? Por lo tanto, las sanciones deben ser revisadas y analizadas, el concepto mismo y su aplicación.
Y, además, cuando se imponen con demasiada frecuencia, como hace la Unión Europea, con incoherencia, pierden credibilidad las sanciones y pierde credibilidad la propia Unión Europea. Una cosa es tener en cuenta los propios intereses y otra que eso sea el termómetro para imponer o no sanciones.
Es indispensable un seguimiento concreto de la eficacia de esas medidas; es esencial reforzar los métodos inteligentes de sanción para que afecten directa y personalmente a los responsables de violaciones de derechos humanos. Aprendamos de lo que los Estados Unidos han hecho con Corea de Norte y con la congelación de las cuentas bancarias en Macao. Estudiemos eso, que ha tenido poca publicidad y tiene mucha más eficacia que muchas ruedas de prensa contra tal o cual Gobierno.
Por tanto, apoyo este informe, pero aún queda trabajo pendiente por parte de la Comisión y del Consejo para hacer un seguimiento real de lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace.
Eoin Ryan
Señor Presidente, antes de nada quiero dar las gracias a la ponente y asegurarle que vamos a apoyar su informe.
La Unión Europea hace bien en contar con un buen conjunto de instrumentos políticos y económicos que puedan ser utilizados contra regímenes en todo el mundo que violen los derechos humanos de su pueblo. Pero la Unión Europea tiene que ser muy cautelosa a la hora de imponer sanciones políticas y económicas.
La UE es el mayor contribuyente a la ayuda al desarrollo en el extranjero, pero debe actuar con sabiduría y prudencia cuando se trate de sanciones. El efecto de las sanciones en Zimbabue, Sudán y Birmania, por nombrar sólo tres países, ha sido muy perjudicial para la población normal en ellos. Así que debemos intentar garantizar que no afecte a los más pobres y más oprimidos en estos países, sino que ataque y vaya dirigido a la gente que dirigen estos países.
Algunas personas han mencionado Cuba. No logro entender por qué tenemos sanciones contra Cuba. Cuba debe retornar al comercio normal: en el plazo de 10 años, Cuba sería un país radicalmente diferente si hiciéramos eso, en lugar de mantener vigentes estas ridículas sanciones.
Tenemos que ser prudentes, como he dicho, a la hora de imponer sanciones, y cuando impongamos sanciones económicas y políticas, tienen que ir dirigidas a quienes están a cargo. Apuntemos a sus intereses financieros en el extranjero o su situación en materia de viajes. Las sanciones pueden resultar útiles, pero son limitadas, sobre todo si sólo son utilizadas por países de la Unión Europea. Las sanciones de las Naciones Unidas son mucho más severas y pueden ser mucho más eficaces.
Apoyo este informe, pero considero que las sanciones son limitadas. Pueden ser eficaces, pero también debemos hacer uso de la prudencia y sabiduría cuando las implantemos.
Athanasios Pafilis
(EL) Señor Presidente, utilizando el pretexto de los derechos humanos, el informe a debate propone el uso más eficaz de la herramienta, inaceptable e inhumana, de las sanciones y los embargos a ser impuestos por las políticas de la UE mediante la extorsión y la presión sobre países, pueblos y gobiernos que se resisten a la barbarie capitalista.
Las sanciones inteligentemente dirigidas que se proponen, en combinación con la financiación de organizaciones no gubernamentales en calidad de mercenarias de la UE, constituyen la intromisión más desvergonzadamente manifiesta en los asuntos internos de otros países. Esto viola incluso los principios básicos de lo que queda del Derecho internacional.
El informe aprueba en la práctica la política de embargos aplicada por los Estados Unidos contra Cuba en virtud de la Ley Helms-Burton, que, entre otras cosas, obliga incluso a las empresas de terceros países que comercian con los Estados Unidos a acatar las sanciones que impone.
Esta ley y el embargo han sido condenados repetidas veces por la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas durante las Asambleas Generales. Equivale a exportar una ley nacional, lo que constituye un abuso y una negación de los principios internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas.
La apelación a las Naciones Unidas y la referencia a los derechos humanos son como una hoja de parra para cubrir la agresiva política imperialista de la UE. Resulta increíblemente hipócrita. Le preguntamos: ¿por qué no toma ninguna medida contra Rusia? No deberíamos estar de acuerdo con eso, desde luego. ¿Por qué no toma medidas contra China? No deberíamos estar de acuerdo, desde luego, con que usted tome tales medidas. La explicación es que usted tiene intereses económicos allí. Quienes hayan introducido la cláusula sobre derechos humanos en el informe Agnoletto tendrán que responder de ello, ya que han proporcionado a la UE una coartada y un pretexto para sus políticas criminales contra la gente.
Pensamos que quienes son competentes entre nosotros y suficientemente responsables para resolver sus propios problemas son los propios pueblos. No necesitan personas que se erijan en protectores, mucho menos a la UE.
Bogusław Sonik
(PL) Señor Presidente, el uso de sanciones debería convertirse en una parte real y eficaz de la política exterior de la UE en el ámbito de los recursos humanos. Las conclusiones incluidas en el informe de la señora Flautre están bien pensadas. Hay que cambiar la política de "dos pesos, dos medidas" utilizada hasta ahora. Parece sensato ampliar la aplicación de la cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia para dar cabida a todos los acuerdos comerciales firmados por la UE con terceros países. Es importante imponer sanciones políticas y económicas al mismo tiempo, intentando que las primeras golpeen con mayor contundencia a los sectores que constituyen una fuente estratégica de ingresos para los gobiernos. A la hora de aplicar sanciones, deberíamos apoyar también a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales en el país en cuestión.
Tengo la impresión, no obstante, de que aprobar resoluciones no resulta suficiente para alcanzar una solución. La mejor prueba de ello la proporcionan los casos donde los distintos Estados miembros se han guiado por sus propios intereses específicos y han violado la solidaridad de la UE. Sin una auténtica voluntad política por parte de los Estados miembros de la UE, las resoluciones se quedarán en el papel. La posición de las autoridades de la UE con respecto a las acciones de Rusia en Georgia proporcionará una medida de si la política exterior de la UE supera el examen. Ya no basta simplemente con anunciar importantes principios y exigencias; es hora de que comiencen a aplicarse. Eso es precisamente de lo que trata este informe y quiero expresar mi sincero agradecimiento a la señora Flautre por ello.
Katrin Saks
(ET) En mi opinión, uno de los aspectos más importantes en este informe son los criterios de evaluación.
Cuando imponemos sanciones necesitamos también establecer los criterios de evaluación acerca de cómo, cuándo y en qué circunstancias se debe realizar el levantamiento de las mismas. Sin tales criterios de evaluación, las sanciones por sí mismas carecen de sentido.
Tomemos el ejemplo de Andizhán. Por primera vez, el régimen de sanciones incorporaba un mecanismo político de medidas positivas, lo que significa que había un período de seis meses antes de que se aplicaran las sanciones y Uzbekistán podía escoger si ajustarse a nuestros criterios y el momento de hacerlo.
Está bien que se aplique el mecanismo positivo, pero también debe someterse a los criterios de evaluación: mientras no se produzcan acontecimientos positivos en el tema de la masacre de Andizhán, no se procederá al levantamiento de las sanciones.
Esto me lleva al siguiente punto importante planteado en el informe. A saber, el establecimiento de un grupo independiente de expertos sobre sanciones, que se encargaría de evaluar los tipos de sanciones y cuándo deberían imponerse.
También es preciso prestar atención al significado simbólico de las sanciones, algo que he vivido en Uzbekistán. Resulta difícil de cuantificar. A pesar del hecho de que allí el efecto en la práctica no fue notable, por ejemplo el sistema de visados (los funcionarios, sobre todo aquellos contra los que se impuso, se habían marchado) y el embargo de armas (no había suministro de armas allí), tuvieron un marcado significado simbólico. Esa fue la opinión expresada por todo el mundo, desde un conductor de taxi hasta un ministro.
Toomas Savi
Señor Presidente, la política exterior de la Unión Europea ha sido pionera en lo referente a un modelo de condicionalidad positiva -el "método de la zanahoria", poniéndolo en práctica satisfactoriamente en relación con sus países candidatos.
Lamentablemente, premiar los progresos en el ámbito de los derechos humanos en los países en desarrollo no siempre ha resultado ser la medida más eficaz para alentarles a avanzar, ya que han surgido nuevas partes interesadas en el ámbito internacional que practican dumping político. La política china en África, por ejemplo, no guarda relación alguna con los derechos humanos o la democracia. Pero en lugar de echarnos atrás en lo tocante a los valores fundamentales de la UE, no deberíamos tener ningún miedo a aplicar el "método del palo" cuando sea necesario para demostrar que, caso de no cumplirse ciertos requisitos básicos, se derivarán consecuencias fatales que las terceras partes harían bien en evitar.
Ryszard Czarnecki
(PL) Señor Presidente, el uso de "dos pesos, dos medidas" en el ámbito de la violación de los derechos humanos constituye un desastre para la UE. Desde hace mucho tiempo, pero también recientemente en el contexto de la agresión de Rusia contra Georgia, nos hemos enfrentado a una situación en la que se ha aplicado un liviano gravamen especial a países que, a pesar de ser dictaduras o semidictaduras, son ricos o grandes, así como a países que están violando los derechos humanos pero son menos importantes desde un punto de vista europeo o para los negocios norteamericanos.
No deberíamos abandonar el instrumento de las sanciones contra los países que violan los derechos humanos y ciudadanos y muestran un total desprecio por las normas europeas en ese entorno. Sin embargo, no debería devaluarse este instrumento, deberíamos utilizarlo de forma flexible. En este contexto no deberíamos rechazar la amenaza de un posible uso de sanciones contra Rusia por la guerra en el Cáucaso.
Para finalizar, me agrada que queramos reconocer la provocación voluntaria de daño al medio ambiente como una violación de los derechos humanos. Compañeros de Finlandia, Suecia y los Estados del Báltico están hablando en este contexto de las posibles consecuencias catastróficas para el medio ambiente derivadas de la inversión en el gasoducto Nord Stream por el fondo del mar Báltico.
Maria da Assunção Esteves
(PT) Señor Presidente, Europa necesita un cambio importante para que se tome en serio los derechos. Las sanciones inteligentes y eficaces tienen que estar vinculadas a una respuesta estructural y sistemática. Europa necesita más unidad. El mito de las fronteras aún continúa sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Y a su alrededor se sientan las nostalgias postcoloniales y los actuales intereses. Pero los derechos humanos exigen autoridad europea y una inclusión más intensiva y extensiva. Una nueva Europa no es una Europa en la que cada uno decide lo que quiere y cómo lo quiere. Una nueva Europa es una entidad única y los derechos humanos no constituyen solamente un fin, sino el auténtico instrumento para su geopolítica.
El camino es simple: un centro político europeo firme, un Parlamento Europeo con poder para decidir, responsabilidad compartida en las negociaciones diplomáticas de los Estados miembros para defender los derechos humanos, con la Comisión Europea dirigiendo este cometido, delegaciones de la Comisión Europeas más políticas y menos burocráticas en terceros países, presión sobre la Organización Mundial del Comercio para investigar la dignidad democrática de sus miembros, fomento de las estructuras organizativas idénticas a las de la Unión, diálogo intensivo con la Unión Africana y la Unión de Naciones Suramericanas y otras agrupaciones regionales, presión en cuanto a la reforma de las Naciones Unidas desempeñando la Unión Europea un papel clave, creación de una estrategia integral contra la dependencia, centrada en una única política energética y una política de defensa coherente.
Señorías, necesitamos una revolución política en este ámbito de los derechos humanos.
Vural Öger
(DE) Señor Presidente, el debate actual sobre posibles sanciones contra Rusia como reacción al conflicto en el Cáucaso muestra una vez más la forma tan irresponsable en que a veces se manejan las sanciones. Resulta cuestionable que sean legítimas como instrumento universalmente válido y no diferenciador y no está claro cuándo y cómo se garantiza de hecho su eficacia.
Resulta especialmente importante evaluar correctamente la eficacia de las sanciones de la UE. No deben errar su objetivo; al contrario, deben estar ajustadas al mismo. Los regímenes represivos son a menudo responsables. Qué criterios de evaluación se aplican continúa siendo la cuestión central, a pesar de todos los esfuerzos. ¿Cuándo provocan las sanciones realmente un cambio de comportamiento? En lugar de imponer sanciones ad hoc, yo preferiría una estrategia de la UE que se tradujera en una política de sanciones coherente y sostenible. Para ello tendría que haber un consenso sobre sus condiciones óptimas de uso. Hasta ahora sigue faltando una estrategia de sanciones eficaz.
Este informe, no obstante, constituye un avance en la dirección correcta. El Parlamento Europeo es en la actualidad el agente más importante de promoción de los derechos humanos. Las sanciones de la UE no deberían ser un instrumento político agresivo, sino que deberían aplicarse por el bien de la gente. Las sanciones que castigan a la población civil resultan contraproducentes y yerran el objetivo.
Ramona Nicole Mănescu
(RO) Las sanciones representan uno de los instrumentos que la Unión puede utilizar para aplicar su política en materia de derechos humanos.
Sin embargo, como también ha apuntado la ponente, la ausencia de un estudio referente al impacto de la política de sanciones, realizado por la Unión Europea, hace difícil la evaluación de los efectos y la eficacia de esta política sobre el terreno y, en consecuencia, pone de relieve una falta de transparencia, coherencia e incluso legitimidad de las sanciones comunitarias.
Mientras la Unión Europea no se pronuncie con una sola voz en su política de seguridad común, resulta muy difícil para nosotros imponer sanciones comunitarias eficaces y sistemáticas. Es lamentable que la Unión y los Estados miembros no hayan utilizado las sanciones de forma sistemática; por eso considero, señor Presidente, que se precisa crear una estrategia coherente para la política de sanciones, a fin de respetar los derechos humanos, una estrategia que tenga en cuenta los acuerdos y cláusulas ya firmados, evitando los "dos pesos, dos medidas" y contribuyendo así al aumento de la credibilidad de la Unión.
Felicito a la señora Flautre por este informe.
Genowefa Grabowska
(PL) Señor Presidente, en Derecho internacional existe un principio en latín que dice lo siguiente: "par in parem non habet imperium". Esto significa que un Estado no puede juzgar a otro o imponerle sanciones, pero eso es cosa del pasado, es historia. La sociedad internacional, guiada por el sentido común y el racionalismo, ha dado un giro enorme. Las primitivas sanciones que los Estados solían utilizar entre ellos conforme al principio de revancha, siguiendo el principio bíblico, extraído del Antiguo Testamento, de "ojo por ojo, diente por diente", han quedado sustituidas por el excelente mecanismo de sanciones colectivas organizadas, en virtud del cual los procedimientos deciden quién puede utilizar dicho mecanismo, cuándo y cómo. Me complace que la Unión Europea esté elaborando un mecanismo aún más perfeccionado para aplicar sanciones, que incluye la diferenciación para tener en cuenta la situación y el nivel de culpa.
Hay dos cosas que quiero resaltar. Estoy a favor de unas sanciones prudentes e inteligentes que se apliquen con sensatez, pero estoy en contra de las denominadas sanciones preventivas. A mi juicio, las sanciones preventivas constituyen un abuso. Segundo, quiero hacer un llamamiento para que prestemos mayor atención a la sociedad, a nuestros ciudadanos, informándoles de que las sanciones no son un castigo primitivo, sino una reacción natural y sana frente a una grave infracción de la ley, y que sirven para defender la democracia.
Reinhard Rack
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, quiero retomar un tema del que se han ocupado varios diputados. Las sanciones no deben errar el objetivo. En concreto, no deben perjudicar a los más pobres de los pobres. Aquí nos encontramos con algo que ha estado produciéndose durante bastante tiempo, aunque nosotros hemos continuado por el mismo camino. En el pasado hemos visto, una y otra vez, que los regímenes corruptos, desdeñando los derechos humanos, presentan con suma frecuencia los síntomas concomitantes de que cantidades enormes de dinero público pasan a convertirse por lo general en capital privado y luego son depositadas en algún lugar en cuentas fabulosas hasta que el correspondiente miembro del régimen puede sacar ese dinero y disfrutar de él.
Esto implica que nosotros, de forma análoga, busquemos y encontremos cooperación en todo el mundo, como en el planteamiento que hemos creado en la Corte Penal Internacional. La Unión Europea puede desempeñar un papel importante aquí para garantizar que los frutos de esta política no vayan a parar a donde no queremos que lo hagan.
Csaba Sándor Tabajdi
(HU) Señor Presidente, felicito a la señora Flautre por su excelente y equilibrado informe. Puedo pensar en tres casos en los que la Unión Europea está aplicando "dos pesos, dos medidas". Por una parte, existen "dos pesos, dos medidas" cuando sopesamos dos países pequeños, de los que uno es contrario y se muestra hostil respecto a nosotros y el otro se declara favorable a Occidente y a Europa. Vemos "dos pesos, dos medidas" entre pequeños países y potencias mayores, Rusia y China, ya que es entonces cuando entran en juego los intereses económicos. Y hay un tercer caso de "dos pesos, dos medidas", que plantea el interrogante de nuestra credibilidad y de si la Unión Europea tiene el derecho a criticar a terceros países con relación a los derechos humanos y los de las minorías, mientras existen algunos países en la Unión en los que hay centenares de miles de personas que no poseen nacionalidad, como es el caso de dos Estados bálticos, o mientras existe una importante potencia en la Unión Europea cuya constitución aún rechaza el reconocimiento de las lenguas regionales. Gracias por su atención.
Zsolt László Becsey
(HU) Señor Presidente, quiero sumarme a quienes han llamado la atención acerca de los "dos pesos, dos medidas" y la incoherencia, y me gustaría remitir a la señora Flautre al apartado 22 del informe, referente a la comprobación de los informes de un país y la legalidad de las sanciones o de una política de éstas. En septiembre de 2004, esta Cámara tomó la decisión de enviar una misión de investigación a Voivodina, la parte septentrional de Serbia, que no sólo plantea un problema de derechos humanos, sino de solidaridad, ya que allí viven muchos húngaros, así como rumanos y alemanes, que fueron a parar a ese lugar por las vicisitudes de la historia. Analizamos la grave situación de los derechos humanos allí. Y dicha decisión proclamó que la Subcomisión de Derechos Humanos se encargase de investigarla. Eso no ha se ha producido, ni siquiera al cabo de tres años y medio. Por tanto, quiero pedir que la subcomisión investigue esta grave situación conforme a la decisión, ya que sólo entonces el Parlamento estará en condiciones de llamar la atención del Consejo y de la Comisión respecto a la situación actual y asumir algún papel en la política de sanciones.
Jean-Pierre Jouyet
Presidente en ejercicio del Consejo. - (FR) Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar respondiendo a la señora Flautre, así como al señor Romeva i Rueda y a quienes han hablado de la necesidad de disponer de una valoración, una evaluación y estudios de impacto. Es algo que de hecho me parece muy importante, y el Consejo comparte la inquietud del Parlamento acerca de poder adoptar estas decisiones sobre sanciones, y actualizarlas, sobre la base de la mejor información posible. Las medidas existentes se reevalúan periódicamente sobre la base de los estudios de impacto y el Consejo fundamenta sus decisiones con la mayor frecuencia posible sobre informes procedentes de los jefes de misión en el país, que son los que ocupan una mejor posición para juzgar su eficacia.
El Consejo también ha desarrollado considerablemente sus consultas con las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, y el Parlamento ha demostrado hoy que tiene un papel muy importante a desarrollar en esta evaluación.
Sin embargo, no es menos cierto que las sanciones constituyen un instrumento que debe seguir siendo de naturaleza política. Necesitamos contar con una estrategia desde el punto de vista de la metodología, pero no podemos encerrarnos, ni podemos conceder al proceso una naturaleza automática -quiero decir esto aquí con la mayor claridad y responsabilidad posible-, por lo que siempre habrá diferencias en nuestra valoración. Respondiendo también a la señora Koppa, cuya intervención ha sido muy compleja, las sanciones continúan siendo un instrumento político. No son el único instrumento para fomentar los derechos humanos. Existen otros dos instrumentos que estigmatizan menos a los países a los que van dirigidos, pero que también constituyen una herramienta para fomentar los derechos humanos, y esos son las condicionalidades previstas en la política de ampliación del proceso de Estabilización y Asociación con los Balcanes y la Política de Vecindad, y las cláusulas obligatorias sobre derechos humanos en todos los acuerdos que la Unión Europea suscribe con terceros países o grupos de países, cuya violación puede desembocar en la suspensión de dichos acuerdos.
Quiero asegurarle a la señora Koppa que no existe ningún embargo de productos farmacéuticos, sino un sistema de control en cuanto a los productos que tienen un doble uso y, por tanto, están sujetos al régimen de no proliferación. El Consejo comparte la opinión de muchos en el sentido de que las sanciones deben seguir siendo puntuales y no deberían afectar a la población civil.
El señor Cappato y el señor Gawronski también han planteado un asunto importante, y varios oradores han incidido sobre la cuestión del daño medioambiental. De momento, el daño al medio ambiente no figura entre los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común, por lo que es cierto que desde esa perspectiva, no está siendo tenido en cuenta y deberíamos pensar si incluir el daño al medio ambiente cuando representa una amenaza para la seguridad internacional o para los derechos de las personas, los derechos humanos. Se trata de un debate que hemos de plantear. Me gustaría decirle también al señor Cappato que, en los casos mencionados, las sanciones energéticas ya han sido utilizadas por la Unión Europea y eso se ha producido en una serie de circunstancias.
Me gustaría repasar algunos casos que han mencionado algunos de ustedes: sucesos recientes, por supuesto. Con respecto a la guerra entre Rusia y Georgia, yo diría muy claramente aquí que las sanciones no pueden lograr su objetivo si la consecuencia consiste en romper todo contacto con el país afectado, en este caso Rusia. Por último, necesitamos asimismo reflexionar acerca de si imponer sanciones en este caso beneficiaría a Georgia. Me gustaría pedirles a todos ustedes que pensaran sobre ello.
Volveré asimismo sobre lo que se ha dicho acerca del proceso de los criterios de evaluación. Ha sido mencionado por la señora Saks. Se trata de un asunto muy importante, sobre todo en lo referente a Uzbekistán; es cierto, tras haber estado allí para dar una conferencia sobre Asia Central y la presencia de la Unión Europea en Asia Central. Cuando estuve allí me reuní también con la señora Tadjibaeva, una presa política, que ahora ha sido puesta en libertad; esperamos que su salud mejore y pueda recibir la atención adecuada, pero pude constatar que una buena política de criterios de evaluación significaba que se podían conseguir avances y que existía un compromiso por parte de las autoridades para cumplir con mayor plenitud los criterios definidos por la Unión Europea. En cualquier caso, volveremos al país en octubre.
En cuanto a Cuba y quienes han mencionado este tema, me gustaría recordarles que las sanciones contra Cuba han sido levantadas en junio de 2008, lo cual no nos impide seguir practicando un control riguroso de los acontecimientos en materia de derechos humanos en el país.
Estas eran las aclaraciones que quería formular al final de este debate enormemente minucioso y rico, que demuestra la necesidad de la implicación del Parlamento.
Benita Ferrero-Waldner
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, pienso que ha sido un debate muy útil que ha puesto de relieve una serie de cuestiones muy importantes sobre las que deberemos reflexionar a la hora de optar por las sanciones, ya que éstas son sólo una de las herramientas de nuestra política exterior. Siempre debemos aplicarlas, tras una minuciosa reflexión global, junto con todas las demás herramientas, incluida la labor de desarrollo o la reforma política y económica en terceros países. Con todas estas herramientas pretendemos alcanzar una cosa: defender y fomentar los derechos humanos.
El informe de la señora Flautre muestra a las claras que necesitamos perfeccionar aún más este instrumento y garantizar que nuestro sistema de sanciones esté plenamente de acuerdo con el Derecho internacional y que no viole los derechos humanos fundamentales que todos suscribimos. Creo que nuestros tribunales -como efectivamente ha hecho hoy el Tribunal Europeo de Justicia- contribuyen notablemente a desarrollar nuestro sistema de sanciones, al tiempo que garantizan los principios fundamentales, como el Estado de Derecho y un proceso justo. De nuevo, debemos promover los derechos humanos y proteger a la población en general, sin castigarla, ni en términos económicos ni de otra forma.
Esto es muy importante. Quiero repetir, por tanto, que hemos de dirigir las sanciones hacia quienes son responsables de las violaciones de los derechos humanos y -como ha manifestado el señor Rack-, decantarnos, por ejemplo, por congelar las cuentas o prohibir los visados, con el fin de privar de cualquier posibilidad positiva a aquellos dirigentes o personas responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Un número de oradores, entre ellos la propia señora Flautre, también han solicitado una evaluación apropiada de las sanciones de la UE y han sugerido el desarrollo de una determinada metodología. Pienso que Jean-Pierre Jouyet ya se ha referido brevemente a la labor realizada a este respecto en el Consejo, que me apresuro a respaldar, y en concreto pienso que debemos mejorar algo en la evaluación ex ante antes de imponer sanciones. En esta cuestión también podría ofrecer, una vez más, los servicios de nuestras delegaciones, ya que se encuentran sobre el terreno y tienen un conocimiento muy válido de lo que está ocurriendo; las contribuciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ciertamente resultan muy provechosas en este ámbito.
Con respecto a la coherencia, me gustaría decir que las sanciones constituyen una herramienta importante, pero tienen que estar complementadas con un enfoque voluntarioso en nuestra labor de desarrollo: apoyo a las instituciones dedicadas a los derechos humanos, reforma política, fomento de la sociedad civil. Birmania/Myanmar constituye un buen ejemplo de ello. Existen sanciones aplicadas, al tiempo que se mantienen abierta la posibilidad de trabajar con las ONG y las organizaciones de derechos humanos. Creo que se trata de una forma importante de avanzar.
Hélène Flautre
ponente. - (FR) Señor Presidente, me agrada que se haya celebrado este debate, así como por lo que cada uno de ustedes, y el Presidente en ejercicio del Consejo y la Comisión, han aportado.
Creo que de esta discusión está emergiendo algo parecido a una filosofía común. He registrado numerosas peticiones a favor de una política más coherente, una política más creíble, que evite los "dos pesos, dos medidas", y me parece que estos son los asuntos sobre los que tenemos que seguir trabajando. He aprendido muchas cosas durante la elaboración de este informe, merced a las conversaciones con diferentes personas. Creo sinceramente que queda aún mucho trabajo por realizar, y que la base de esta labor futura debe y tiene que ser una evaluación amplia y exhaustiva de la actual política de sanciones, ya que cuando se plantea la cuestión -y así lo podemos comprobar hoy con Rusia-, las cosas se ponen inmediatamente al rojo vivo y los medios de comunicación están rápidamente al acecho. Así pues, necesitamos una filosofía muy sólida y realmente tenemos que estar de acuerdo sobre nuestros procedimientos y nuestra política.
Considero que para hacer eso -vuelvo sobre la cuestión de la red de expertos- no se trata de utilizar conocimientos expertos para sustituir decisiones políticas delicadas, sino de garantizar que tales decisiones estén basadas en la medida de lo posible en información objetiva. A la hora de gestionar una política de sanciones, hay que estudiarla a fondo y respetar lo que muchos de ustedes han denominado "criterios de evaluación completamente objetivos", que permitan medir la efectividad real de las sanciones.
Pienso que estamos consiguiendo unos avances realmente tangibles. Quedan algunos puntos por clarificar -lo habrán deducido a partir de varias de las intervenciones- y esos han sido el motivo de mi abstención en la Comisión de Asuntos Exteriores. Creo, Señorías, que no podemos menoscabar los requisitos del pleno respeto a los derechos humanos y el Derecho internacional a elaborar las listas negras, al incluir nombres de personas en dichas listas o al suprimirlos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la que ha hablado usted, señor Jouyet, nos anima plenamente a hacerlo.
Señorías, les invito a aprobar no un informe perfecto, pero si muy respetable, del que podemos sentirnos orgullosos y que constituirá una buena herramienta de trabajo.
Presidente
Se cierra el debate.
La votación se celebrará el jueves 4 de septiembre de 2008.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Desislav Chukolov  
por escrito. - (BG) Señor Pöttering, señora Flautre, la mayoría de ustedes han formado parte de la oposición en algún momento de su andadura política. Ustedes conocen esta experiencia: los titulares pretenden que usted no existe, al tiempo que uno se preocupa de denunciarlos por sus robos y [turbios] manejos En Bulgaria, sin embargo, los herederos de los terroristas y de declarados fascistas ocupan actualmente el poder.
Estos son los partidos que conforman la coalición tripartita en Bulgaria: individuos descreídos que han bombardeado iglesias para causar buena impresión al Comintern, como es el Partido Socialista Búlgaro (PSB); un partido conformado alrededor del heredero de Boris III que metió a Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial y no rehusó besar a Hitler -estos son los ladrones del Movimiento Nacional Simeón II (MNSII)- y, por último, el anticonstitucional partido musulmán del Movimiento por los Derechos y las Libertades (MDL) que está formado por terroristas que volaron vagones de ferrocarril para madres con niños hace unos veinte años.
El 30 de julio de 2008, estos individuos propinaron una paliza a mi compañero Dimitar Stoyanov. Un examen médico dictaminó 34 lesiones producidas por los desalmados con uniforme de policía.
A la vista de la política eficaz de la UE para la aplicación de sanciones en casos de grave violación de los derechos humanos, acerca de las que habla en su informe, insisto en que este Parlamento y cada uno de sus diputados exprese una opinión con respecto a este incidente vergonzoso para todos nosotros, y que condenen enérgicamente a la mafia gobernante en mi país.
Urszula Gacek  
por escrito. - El sistema de justicia penal sirve para castigar, disuadir y rehabilitar al trasgresor. De igual forma, las sanciones sirven a grandes rasgos para los mismos fines. Nuestros sistemas de justicia penal pueden castigar, pero hasta qué punto resultan eficaces en la función de disuadir y rehabilitar puede resultar cuestionable. Análogamente, las sanciones a menudo tienen un impacto limitado para disuadir y rehabilitar a los países que infringen la legislación internacional y violan los derechos humanos.
Un estudio basado en la efectividad de más de 100 casos de sanciones económicas desde la Primera Guerra Mundial ha demostrado que tienen mayor probabilidad de resultar eficaces si: el cambio que exigimos es modesto; grandes naciones poderosas o grupos de naciones actúan contra una nación más débil; la nación objetivo depende verdaderamente del comercio con quienes imponen las sanciones; las sanciones se imponen rápidamente y se limita el daño a quien impone las sanciones.
Cuando la UE imponga sanciones, deberán ser precisas y bien dirigidas. Las medidas a considerar incluyen: congelación de activos financieros, prohibición de transacciones, restricciones de las inversiones; restricciones comerciales sobre bienes concretos; restricciones de los viajes; limitaciones diplomáticas y restricciones culturales y deportivas.
Es esencial que la UE revise su política de sanciones, no sólo con el propósito de alcanzar los cambios deseados en las naciones ofensoras, sino para garantizar su propia credibilidad.
Bruno Gollnisch  
por escrito. - (FR) El Parlamento Europeo, jugando a ser las Naciones Unidas, está pretendiendo establecer el reino de los derechos humanos en todo el mundo. Mejor haría en poner orden en su propia casa.
En Francia, Bélgica, Alemania, Austria, miles de ciudadanos, incluidos académicos, abogados públicos y representantes elegidos por sus propios compatriotas, están siendo procesados, sentenciados, arruinados, desplazados del puesto de trabajo, encarcelados y acusados de racismo por criticar la inmigración, acusados de xenofobia por defender una legítima preferencia nacional, acusados de revisionismo por criticar las verdades "oficiales" pero mutantes de la historia contemporánea, acusados de homofobia por expresar una preferencia legítima por las familias naturales, que son las únicas capaces de trasmitir la vida.
Esta persecución política y judicial incluso se extiende hasta los abogados. En Alemania, Sylvia Stolz ha sido arrestada por defender las opiniones de su cliente ante un tribunal. En Francia, el Consejo del Colegio de Abogados de París se cubrió de deshonra, al rechazar la condición de miembro honorífico del abogado jubilado Eric Delcroix en lugar de asumir su defensa.
Jueces como Estoup en Versalles, Schir en Lyon y Cotte en París están disputándose la aplicación extensiva de estas leyes arbitrarias con total desprecio de cualquier principio que proteja la libertad. Sin embargo, lo más grave es que algunos de los responsables de esta legislación que estrangula las libertades están sentados en este Parlamento. Es contra ellos contra los que debería ir dirigida nuestra indignación en primer lugar.
Tunne Kelam  
por escrito. - La Unión Europea está basada en valores, como la democracia y el respeto por los derechos humanos. La protección y la defensa de los mismos constituyen el núcleo de cualquier política elaborada en la Unión Europea.
Los derechos humanos han quedado integrados en la política exterior de la UE. No obstante, con excesiva frecuencia la UE no se está manifestando con una voz y carece de la capacidad de reacción rápida y eficiente contra violaciones masivas de los derechos humanos.
Las sanciones forman parte de la política de derechos humanos, pero no se aplican de forma igual. La UE no debería hacer la vista gorda y hacer excepciones con los países grandes, como Rusia y China, que de hecho están haciendo un trueque de derechos humanos por beneficios económicos.
Hay que contemplar cuidadosamente las relaciones económicas con terceros países en casos de violaciones continuadas de los derechos humanos, que deben combatirse con sanciones y con la congelación de ulteriores negociaciones.
Por tanto, hago un llamamiento firme a la Comisión y al Consejo para que reaccionen con determinación, unidad y vigor. Además, solicito a la UE que aplique la política de derechos humanos por igual y que fije sanciones para cada país donde estén demostradas las violaciones masivas de los derechos humanos.
Eija-Riitta Korhola  
por escrito. - (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, señora Flautre, por un informe equilibrado y valioso, cuya insistencia sobre la reevaluación de las sanciones de la UE y la investigación como parte de una política más amplia sobre derechos humanos de la UE resulta justa y adecuada. Mientras carezcamos de información basada en estudios a gran escala, el debate sobre la eficacia o ineficacia de las sanciones seguirá siendo un ejercicio infructuoso.
Las sanciones pueden ser importantes en la política de derechos humanos en dos sentidos complementarios. Por una parte, constituyen un mensaje moral desde la comunidad europea de valores y, como tal, una señal valiosa. Por otra, pueden tener un impacto tangible sobre el desarrollo del Estado objetivo. Estos dos aspectos han sido decididamente importantes en casos donde se han conseguido verdaderos resultados duraderos, por ejemplo en el desmantelamiento de la política de apartheid de Sudáfrica.
Sin embargo, puede resultar probablemente obvio que las sanciones por sí solas no pueden alcanzar resultados como ése. Para que la situación de un país en materia de derechos humanos y política cambie de forma permanente, se necesita la coordinación y el uso amplio de los instrumentos de la política de derechos humanos. El Parlamento ha apuntado antes lo importante que resulta disponer de una asamblea más eficaz para la política de derechos humanos.
A fin de evitar las catástrofes humanas, deberíamos estudiar la posibilidad de unas sanciones más enfocadas, que vayan dirigidas, en concreto, a los dirigentes y los grupos de un país que violen los derechos humanos. Deberíamos tener cuidado, sobre todo, del tipo de medidas demoledoras que destruyen las oportunidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Mi pregunta personal aquí es qué criterios deberían utilizarse para imponer sanciones. Resulta lamentable que con excesiva frecuencia, tras la evaluación de las sanciones, uno puede adivinar una inquietud acerca de lo adecuado que puedan resultar, lo cual está basado en los intereses comerciales de la Unión.
