

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0036/2005 - B6-0168/2005) formulada por el señor Sifunakis sobre la lucha contra el dopaje en el deporte. 
Sifunakis (PSE )
   , – Señor Presidente, Señorías,la pregunta oral de hoy y la propuesta de resolución asociada de la Comisión de Cultura y Educación sobre la lucha contra el dopaje en el deporte son consecuencia lógica de los muchos esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo.
Solo les quiero recordar que la primera iniciativa del Parlamento Europeo sobre el dopaje fue la resolución de 7 de septiembre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión acerca de un plan de apoyo comunitario para combatir el dopaje en el deporte, y que la última gran iniciativa fue la audiencia pública organizada por nuestra Comisión el pasado noviembre, titulada «El dopaje: un obstáculo al ideal del atletismo», donde expusieron sus puntos de vista numerosos expertos invitados.
Esta audiencia pública se celebró después de los Juegos Olímpicos de Atenas, que demostraron una vez más que el dopaje en el deporte continúa siendo un fenómeno real y cada vez más grave. Vale la pena señalar que hubo 22 casos de atletas que dieron positivo en los controles de dopaje de los Juegos de Atenas, el doble que en Sidney.
La pregunta oral de hoy, asociada a la propuesta de resolución, es el resultado de esas iniciativas anteriores y de la grave preocupación de nuestra Comisión por las proporciones que está alcanzando el dopaje hoy en día en el afán de aumentar el rendimiento deportivo.
Es un problema de doble vertiente.
Por un lado, el dopaje es contrario a los ideales del atletismo propuestos por la Carta Olímpica sobre el deporte. El espíritu de amistad, solidaridad y deportividad (en otras palabras, todos los valores que han hecho del deporte una actividad social, cultural y educativa) son sin duda irreconciliables con el dopaje, cuya finalidad es el engaño y la consecución de riqueza y de quince minutos de fama.
Por otro lado, el dopaje es peligroso para la salud de los atletas que hacen uso de las sustancias prohibidas, a menudo conociendo los peligros que encierran. A este respecto quiero comentar el hecho particular de que las sustancias químicas no solo son usadas por atletas profesionales, sino también por un gran número de aficionados. Según un estudio reciente de la Comisión Europea, el 6 % de los jóvenes que entrenan en gimnasios, es decir, más de cuatro millones de jóvenes, usan sustancias «farmacéuticas» en el afán, por supuesto, de mejorar su rendimiento. Creemos que la acción coordinada de los Estados miembros es fundamental para el desarrollo de métodos comunes de control y certificación del uso de las llamadas sustancias «farmacéuticas». También hay que tener en cuenta el hecho de que muchas de esas sustancias se venden asimismo por Internet. Sería igualmente aconsejable que los preparados generalmente disponibles llevaran etiquetas con la declaración de que se trata de sustancias anabolizantes.
Creo que todos estamos de acuerdo en estas cuestiones. Compartimos la convicción de que hacen falta medidas específicas para combatir este grave fenómeno.
En consecuencia:
- teniendo en cuenta que el dopaje es básicamente un problema de salud pública;
- habida cuenta igualmente del hecho de que el Tratado Constitucional aporta un fundamento jurídico adecuado para establecer y ejecutar medidas comunitarias;
- y dado que según un estudio del Eurobarómetro, cuatro de cada cinco ciudadanos creen que la Unión Europea debe actuar contra el dopaje,
· pedimos a la Comisión que nos explique las iniciativas que tiene previsto tomar hoy para combatir el dopaje en el deporte.
· ¿Cómo piensa informar a la opinión pública europea, especialmente a los jóvenes deportistas aficionados, sobre los graves peligros que entraña el uso de sustancias farmacéuticas prohibidas?
· ¿Cómo pretende señalar esos peligros, especialmente en cooperación con los Estados miembros, mediante la educación, habida cuenta de que la creciente conciencia entre los jóvenes, que son el colectivo más vulnerable, comienza en la escuela?
· ¿Tiene previsto la Comisión financiar, en el seno del VII Programa Marco, proyectos de investigación encaminados a diseñar nuevos métodos efectivos de detección del consumo de sustancias farmacéuticas prohibidas?
· Por último, ¿cómo piensa cooperar con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud, así como con los Estados miembros, a fin de garantizar el éxito de las medidas necesarias?
Señorías, señor Comisario, hoy pedimos a la Comisión Europea que tome medidas inmediatas para asegurar una rápida mejoría de la situación actual. 
Borg,
   .  Señor Presidente, el Comisario Figeľ me ha pedido que le represente aquí esta mañana. Lamenta mucho no poder estar aquí en persona.
Permítanme comenzar diciendo que la lucha contra el dopaje sigue preocupando mucho a la Comisión y que estamos decididos a hacer frente a esa cuestión. La Comisión se ha tomado esta tarea muy en serio y ha promovido iniciativas dentro de sus áreas de responsabilidad. Sin embargo, está claro que el Tratado de la Comunidad Europea no prevé la armonización en esta área específica y, por lo tanto, nuestras acciones deberán guiarse por el marco legal dentro del que operamos. En esta difícil tarea, agradecemos al Parlamento Europeo su constante apoyo y, en particular, a su Comisión de Cultura y Educación, que ha venido siguiendo esta cuestión muy de cerca.
El dopaje lleva algún tiempo en la agenda de la Comisión. En 1998 el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar un plan de apoyo comunitario para combatir el dopaje en el deporte. El plan de apoyo sirvió de base para proyectos piloto relativos a la lucha contra el dopaje, durante un período de dos años, entre 2000 y 2002. Aproximadamente la mitad de esos proyectos se referían a la investigación y la otra mitad a la información y educación. El Parlamento Europeo apoyó activamente este plan.
Tres de los proyectos piloto se referían a la Agencia Mundial Antidopaje. Una evaluación externa, llevada a cabo por una consultoría independiente, emitió una opinión favorable acerca del tipo de acciones emprendidas. Los proyectos piloto fueron un ejercicio de creación de redes positivo y prometedor para todos los participantes. En segundo lugar, aparte de cofinanciar proyectos piloto, la Comisión financió tres estudios sobre cuestiones relacionadas con el dopaje. En tercer lugar, la Comisión mantiene un contacto estrecho con organizaciones internacionales en este campo, en particular con el Consejo de Europa. Además de estas acciones, la Dirección General de Investigación también ha realizado un importante trabajo.
A la Comisión le complace comprobar que el Parlamento continúa teniendo un gran interés en este tema. Por ejemplo, la audiencia del 29 de noviembre de 2004, organizada por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, fue un importante acontecimiento en el que representantes del mundo del deporte realizaron declaraciones esperanzadoras.
En la audiencia, el señor Figeľ señaló que, siempre que se pudiera disponer de los fondos apropiados, se podrían prever acciones en tres campos: investigación, información y educación. Estas propuestas serían una secuela natural del trabajo realizado por la Comisión en 2000-2002. Este es el camino a seguir, dada la ausencia de un fundamento jurídico específico para combatir el dopaje en el deporte. Sería prematuro presentar más propuestas concretas en el entorno actual, dado que estas propuestas dependen de la situación presupuestaria.
Si se ratifica el Tratado Constitucional, la Comisión tendrá una base –el nuevo artículo III-282– sobre la que desarrollar la dimensión europea en el ámbito del deporte. En particular, nos permitiría promover iniciativas relativas a la integridad moral y física de los jóvenes deportistas. Sin embargo, es importante preparar minuciosamente la aplicación de esta nueva disposición. La Comisión mantiene el compromiso de trabajar estrechamente con todas las partes interesadas, con el fin de hacer frente a este desafío.
¿Qué se puede hacer para realizar el trabajo preparatorio de cara a la entrada en vigor definitiva de la Constitución? Para responder a esto, permítanme retomar los comentarios realizados por el señor Figeľ en la audiencia del 29 de noviembre de 2004.
El primer comentario del señor Figeľ se refería a acciones en el ámbito de la educación. En este terreno ya sería posible realizar sustanciales contribuciones sobre la base de ámbitos de los que la Comunidad es actualmente responsable. Alrededor de la mitad de los proyectos piloto contra el dopaje que recibieron fondos comunitarios entre 2000 y 2002 estaban basados en la educación. Actualmente estamos analizando la posibilidad de integrar cuestiones relacionadas con el dopaje en las actividades de la Comisión en el ámbito de la educación.
El segundo comentario se refería a acciones en el ámbito de la información. De hecho, de los tres estudios sobre dopaje realizados en 2000-2001, uno analizaba las posibilidades de una campaña paneuropea contra el dopaje. Se basaba en la experiencia de campañas de esta naturaleza realizadas en algunos Estados miembros. Por lo tanto, ya disponemos de un importante trabajo preparatorio. No obstante, cabe señalar que esta iniciativa posiblemente no podría llevarse a cabo sin un instrumento financiero autónomo y específico.
El tercer comentario del señor Figeľ se refería a acciones en el ámbito de la investigación. Ya existe material aprovechable en este ámbito. La Comisión ha ayudado a impulsar el establecimiento de contactos entre especialistas eminentes en esta materia. En ausencia de un instrumento financiero específicamente asignado, puede ser factible integrar la investigación contra el dopaje de forma más firme y visible en las actividades corrientes de la Comisión. La Comisión ha aportado fondos con cargo a su presupuesto para investigación, incluidos los recientes proyectos CAFDIS y HARDOP. Ahora debemos comenzar a mirar hacia el futuro. Por esta razón, el señor Figeľ ha entablado conversaciones con el señor Potočnik para ver si es posible que existan sinergias entre el trabajo de nuestros respectivos servicios. 
Finalmente, la Comisión continuará manteniendo un contacto estrecho con organizaciones internacionales y apoyando la función que desempeña la Agencia Mundial Antidopaje. La Comisión considera que los agentes relevantes tienen una obligación moral de unirse a esta lucha.
Para terminar, me gustaría agradecer al Parlamento Europeo su constante apoyo. Este seguirá siendo fundamental para la labor actual y futura de la Comisión en el ámbito del deporte y desempeñará una función clave para garantizar el necesario progreso en la lucha contra el dopaje. 
Mavrommatis,
    – Señor Presidente, Señorías, la iniciativa del Parlamento Europeo expresada en la propuesta de resolución sobre dopaje presentada por la Comisión de Cultura y Educación es un gran paso adelante y una apelación directa a todos los organismos responsables para combatir este fenómeno de forma más real y efectiva.
Veo el futuro con optimismo, porque mi enorme preocupación por la lucha contra el azote que amenaza a nuestros jóvenes y que ha sido objeto de preguntas e intervenciones en el pasado ha encontrado hoy eco en mis amigos diputados.
No debemos olvidar que el dopaje no solo afecta a los atletas profesionales. Al contrario, constituye una amenaza cada vez mayor, a causa tanto del continuo incremento del círculo de consumidores, que incluye a aficionados y a jóvenes de todo el mundo, como de la aparición de nuevos productos que pasan de mano en mano a través de múltiples y crecientes canales como gimnasios, Internet, farmacias y el servicio postal ordinario. Debo recordarles que el negocio del tráfico de sustancias anabolizantes supera los dos mil millones de euros cada año en Europa y aproximadamente seis mil millones anuales en todo el mundo.
La Comisión Europea tiene que potenciar su cooperación con las organizaciones competentes y apoyar un mecanismo para combatir el problema, lo que incluye la investigación necesaria, la información adecuada, la educación y promoción del deporte limpio, con el objetivo de proteger la salud pública y de defender los ideales atléticos.
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa permite una realización más satisfactoria de este objetivo; por otra parte, la Unión Europea debe tener en cuenta el problema cuando adopte y ponga en práctica cualquier política dentro de su ámbito de competencias. La Unión Europea debe emprender acciones inmediatas y no debe olvidar este gran azote para los jóvenes, que amenaza a los niños de todo el mundo.
Riera Madurell,
   . Señor Presidente, creo que a estas alturas todos y todas ya estamos de acuerdo en que luchar contra el dopaje en el deporte es trabajar a favor no solo de la limpieza en la competición deportiva, sino también de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por ello, la lucha contra el dopaje en el deporte debe ser claramente uno de nuestros objetivos políticos, como ya lo es en muchos de nuestros países.
Quiero abordar esta cuestión insistiendo en la necesidad de dar una dimensión europea a la investigación antidopaje. Algunos países de la Unión Europea ya han incluido en sus planes antidopaje programas de investigación, tanto en relación con las que pueden considerarse nuevas sustancias dopantes y sus repercusiones en el cuerpo humano, como en relación con la posibilidad de dotar a los laboratorios de una instrumentación mejor y más adecuada para la detección de estas sustancias. En otros países, como en el mío, España, el Gobierno ha anunciado ya programas específicos de investigación para incluirlos en el plan nacional de I+D.
Pero es obvio que esta cuestión tiene una clara dimensión internacional, por lo que es muy importante que desde la Unión Europea también se apoye la inclusión de la investigación antidopaje en nuestros planes de investigación y desarrollo. Así se lo planteé al Comisario Potočnik en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía de nuestro Parlamento, quien manifestó interés en la propuesta y se comprometió a estudiarla. Me gustaría alentar a la Comisión a tomar medidas importantes al respecto desde esta perspectiva.
Pienso, además, señor Presidente, que con una iniciativa de este tipo se daría también cumplimiento al artículo III-282 de la nueva Constitución Europea, que habla de desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad para competir en igualdad de oportunidades y protegiendo la integridad física y moral de nuestros deportistas.
Takkula,
   . – Señor Presidente, como sabemos, el deporte no tiene suficientes recursos para afrontar por sí solo el problema del dopaje. Por eso es necesaria la cooperación de todos nosotros en esta importante tarea. Todos los implicados en el vasto terreno del deporte deben apoyar activamente los valores correctos y saludables, desde las federaciones de base hasta las organizaciones deportivas internacionales y los organismos oficiales que organizan el deporte en diferentes países.
Esta labor no se limita a nuestro continente europeo: se trata de una tarea mundial. Obviamente, como europeos, deseamos asegurar ante todo que nuestra casa esté en orden, pues sería difícil y carecería totalmente de credibilidad intentar enseñar a otros mientras nosotros mismos no estemos en armonía con las reglas fijadas. Es especialmente importante el papel que desempeñan los Estados y las medidas que toman si queremos ser capaces de prevenir eficazmente la producción, importación, exportación y difusión ilegal de las sustancias dopantes. La cooperación legislativa en prevención de la proliferación de sustancias dopantes y la colaboración entre las autoridades son vías eficaces para abordar y prevenir el problema.
La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, coordina y desarrolla la lucha contra el dopaje en todo el mundo. El movimiento olímpico internacional ha participado intensamente en la administración de la AMA, pero el papel que desempeñan los Estados no ha sido tan brillante. Los Estados miembros de la UE deberían realizar un esfuerzo combinado para encontrar un mejor equilibrio respecto a las contribuciones que los distintos países hacen a los trabajos de la AMA, mejorando así las condiciones para su buen funcionamiento. La UE no tiene que crear su propia agencia antidopaje: debería adherirse al Convenio contra el Dopaje del Consejo de Europa e involucrarse de este modo en el combate contra el dopaje en toda Europa.
Por su parte, la UNESCO está redactando un convenio mundial contra el dopaje. La UE debería seguir activamente los preparativos del convenio y coordinar los puntos de vista de sus Estados miembros. Con crecientes competencias en el terreno del deporte, es decir, con la Constitución, que ha de proporcionar un futuro fundamento jurídico, la UE deberá tomar parte activamente en la aplicación, la promoción y el apoyo de las obligaciones contempladas en este futuro acuerdo.
Los asuntos relativos al dopaje ocupan a menudo una parte considerable de las noticias deportivas en los medios de comunicación. No obstante, convendría mantener en este terreno un sentido de la proporción. Como en cualquier otro aspecto social, en el deporte siempre habrá quien no siga las reglas que se aplican a todos. Pero en la UE tenemos que hacer lo posible por promover un deporte sano y una cultura del ejercicio físico. En medio del debate, siempre deberemos recordar que el deporte es positivo: favorece la salud y el bienestar de los humanos. 
Bennahmias,
   – Señor Presidente, esta resolución va, por supuesto, en el sentido correcto. Todos hemos visto, en los últimos Juegos Olímpicos, que algunos atletas –de hecho muy pocos para los miles de competidores presentes– fueron sancionados por haber ingerido algunas dosis de productos prohibidos. Se trataba sobre todo de dosis de antiguos productos dopantes, y no especialmente de los nuevos preparados que circulan hoy.
Está claro que lo que debemos hacer primero es adoptar una actitud de defensa de la salud pública de nuestros atletas, atletas de elite, atletas profesionales. Ahora bien, en este nivel existe una contradicción, como hemos visto últimamente. La Agencia Mundial Antidopaje, que realiza un trabajo muy importante, acaba de decidir, en particular por lo que se refiere a los corticosteroides, que se realizarán pruebas y no se aceptará un determinado nivel –creo que es del 30 %– de corticoides en las muestras que se tomen. Por tanto, toma una postura contraria a la profesión médica, una postura que equivale a aceptar una determinada dosis. Esto nos recuerda, y sin duda me recuerda, que por lo que se refiere al hematocrito en el mundo del ciclismo profesional, se acepta una tasa inferior o igual al 50 %, pero no más.
En nuestra resolución falta una exigencia. Es una exigencia costosa, pero esencial: debemos garantizar un seguimiento médico independiente y permanente de los atletas. De este modo se podrá comprobar, al margen de la edad del deportista y del deporte practicado, cómo se cuidan los atletas a lo largo de toda su carrera, desde el mismo comienzo –porque los atletas también tienen derecho a cuidarse– y cuáles son los medicamentos legales, o desafortunadamente ilegales, que han podido tomar. Si no disponemos de este tipo de instrumento en el ámbito del dopaje en Europa, en la Unión Europea y en el mundo, pues bien, todo lo que hemos dicho antes no servirá de mucho, mientras no tengamos ese seguimiento médico independiente y continuo.
Toussas,
   . – Señor Presidente, la verdadera causa del grave problema del dopaje es la comercialización del deporte a través del método de producción capitalista, cuyo objetivo es aumentar los beneficios de los grupos empresariales monopolísticos; en otras palabras, la aceptación de que un atleta pueda ser profesional y de que por tanto pueda haber deporte profesional.
Cuando un equipo deportivo es un negocio, para el atleta y para el equipo lo que el mercado demanda es la victoria a todo trance, a fin de poder anunciar y vender los productos de los grupos empresariales, es decir, para incrementar sus beneficios. Los niños y los jóvenes se convierten en objeto de una explotación salvaje. Por ejemplo, existe un gran espectro de preparados farmacéuticos en los supermercados, donde están libremente disponibles, que envenenan todos los valores morales del deporte y tienen nefastas repercusiones en el sentido de que afectan a la salud física y mental de los jóvenes.
Permítanme llamar la atención en particular sobre la hipocresía existente en las organizaciones internacionales y en sus relaciones con los grandes grupos económicos, con el resultado de que decenas de fármacos no están prohibidos y se permite su consumo en el deporte.
A nuestro modo de ver, el deporte es un bien social y no debe someterse a la lógica del beneficio. Es necesario un cambio de política en el deporte. Debe abolirse toda forma de profesionalismo, deben romperse los lazos entre las empresas y el deporte y hay que fortalecer el deporte aficionado de masas.
Por último, añadiré lo siguiente: mientras continúe esta política antipopular general, basada en el móvil del beneficio y la competitividad del capital, las repercusiones serán desastrosas para la juventud y para el deporte. 
Czarnecki, Ryszard (NI ).
      Señor Presidente, Señorías, según la Comisión de Cultura y Educación, los Juegos Olímpicos de Atenas demostraron que el dopaje en el deporte es una auténtica amenaza. Pero la única razón por la que se detectaron tantos casos de dopaje en los últimos Juegos fue que el Comité Olímpico Internacional, bajo el liderazgo de su Presidente, Jacques Rogge, por fin se decidió a combatir activamente el dopaje. La voluntad política desempeña a menudo un importante papel en esta clase de materias. Todos somos conscientes de que el Comité Olímpico de los Estados Unidos ha encubierto casos de dopaje que implicaban a sus competidores, especialmente a sus atletas, y esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo. No deberíamos hacernos ilusiones sobre el hecho de que la lucha contra el dopaje no solo entraña una frustración de las ambiciones de ciertos competidores, entrenadores y anunciantes, sino también una guerra contra la gran industria farmacéutica y contra grupos de presión muy poderosos y bien financiados. Las posibles estrategias en esta lucha incluyen severos castigos, como la imposición inmediata de suspensiones de por vida e inapelables, el establecimiento de reglas claras que aseguren la igualdad de trato, y nuevos métodos de detección de técnicas de dopaje, que son cada vez más sofisticadas, como han señalado los oradores que me han precedido. Como la política, el deporte siempre será un negocio sucio, pero sin duda aún puede enmendarse. Esta es la idea subyacente en la propuesta de resolución, y agradecería a sus autores que se aseguraran de que así sea.
Schmitt, Pál (PPE-DE ).
    La Constitución de la UE califica el deporte de importante instrumento educativo y de medio de fomentar la cohesión social y un estilo de vida sano. El dopaje pone en peligro la misma esencia del deporte, al acabar con el principio de igualdad de oportunidades y al infringir gravemente el espíritu de deportividad; el rendimiento ya no refleja la cantidad y la calidad del esfuerzo invertido. El dopaje es peligroso para los mismos competidores: hay documentados varios centenares de muertes. Según el ex presidente del COI, el señor Samaranch, el dopaje es la muerte del deporte. Las peligrosas sustancias que mejoran el rendimiento han hecho aparición también en el campo del deporte de ocio y en los gimnasios. La producción, el comercio y el consumo de estas sustancias tienen lugar ahora a gran escala: millones de personas están afectas y corren peligro.
En todo el mundo, la batalla contra el dopaje se libra en tres planos: 1) prevención, información y educación; 2) pruebas realizadas antes, durante y después de las competiciones utilizando los últimos métodos que ofrezca la ciencia; 3) imposición de duros castigos y sanciones suficientemente severas como para que tengan efectos disuasorios. La UE puede participar en los dos primeros planos de este esfuerzo concertado de base amplia por combatir el dopaje, dado que la persecución del delito queda fuera de nuestras competencias. Algunos países ya han aprobado leyes que imponen duras penas sobre el dopaje, semejantes a las del consumo de drogas.
Por mi parte, también recomiendo que desempeñemos un papel activo en la depuración o, si lo prefieren, en la salvación del deporte. Tomemos en serio el mensaje de nuestra Constitución y cooperemos más estrechamente que hasta ahora con la AMA. A día de hoy solo 12 de los 25 países de la UE tienen un laboratorio acreditado. Ayudemos a los otros 13 a conseguir esas útiles instalaciones técnicas. Establezcamos una red unificada de controles en la UE para facilitar la cooperación, no solo en las pruebas, sino también en la investigación científica deportiva. No olvidemos que la ciencia del deporte ya está estudiando intensamente una nueva forma de dopaje que podría adquirir formas aún más peligrosas: el dopaje genético. Recomiendo asimismo que el Defensor del Pueblo Europeo cree un mecanismo que permita a los ciudadanos europeos informar de cualquier fábrica, comercio o consumo de sustancias dopantes que lleguen a su conocimiento. 
Prets (PSE ).
    Señor Presidente, Comisario, la Unión Europea ha abordado en muchas ocasiones –en resoluciones y conclusiones del Consejo, en el informe de Helsinki sobre el deporte, en el informe de la Comisión de Cultura y Educación, en audiencias, etc.– el problema del dopaje y ha reclamado y emprendido diversas formas de acción. Pero el hecho es que el dopaje en el deporte va en aumento. La industria farmacéutica desarrolla productos y los mejora constantemente, haciéndolos más difíciles de detectar, comercializándolos en muy diversos formatos y facilitando su acceso además a un creciente grupo de interesados. Quienes se opongan a este fenómeno deberán oponerse a él con algo más que denunciarlo.
Por eso pido a la Comisión que dé prioridad a la investigación del dopaje en la labor científica amparada en el séptimo Programa Marco de Investigación, y que facilite fondos adicionales para ello. La Constitución Europea abrirá nuevas posibilidades al deporte, entre otras cosas, y no puedo por menos que esperar que el voto a favor de la Constitución nos garantice dichas posibilidades. El deporte cumple tareas importantes en la sociedad; no debe verse empañado por el dopaje y el racismo, que sumen en el descrédito la labor de miles de entusiastas. 
Martin, Hans-Peter (NI ).
    Señor Presidente, todos los que hasta ahora han intervenido en este llamado debate leyendo textos han expresado su vehemente oposición al dopaje. Sin embargo, existen probablemente dos tipos de personas con interés en el deporte. Hay quienes –al menos pensando parcialmente en el éxito que puede acarrear– están de hecho a favor del dopaje y cierran los ojos ante él, y quienes no. Ni que decir tiene que yo me cuento entre los últimos, y creo que todo caso de dopaje golpea en el corazón –por así decirlo– de quienes se interesan por el deporte, y en particular los jóvenes. Nuestro amigo de la izquierda ha afirmado que el dopaje está indisolublemente asociado al capitalismo y es ajeno a los Estados totalitarios; yo creo que ocurre lo contrario. La pureza del deporte adquiere mayor importancia cuanto más duras son las condiciones económicas y más aumentan los problemas para las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia; por eso tenemos una verdadera oportunidad de frenar el dopaje.
No obstante, con referencia al séptimo Programa Marco de Investigación, le agradecería que se centrara especialmente en el fútbol. En este deporte se plantean cuestiones concretas: ¿Es cierto realmente que el G 14 –la asociación que controla en particular la Liga de Campeones– impide que haya controles antidopaje? ¿Es cierto que en especial los equipos juveniles evitan realizar controles? Solo puedo animarles a que garanticen la transparencia en estos terrenos. 
Beazley (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este debate, al menos la gran mayoría de las intervenciones, ha sido muy útil. Todo el problema del dopaje en el deporte es objeto últimamente de mayor atención, lo que es importante.
Hay tres cosas que objetar al dopaje. En primer lugar, distorsiona la propia naturaleza del deporte. Los que tienen una ventaja injusta sobre los demás atletas sencillamente destruyen el verdadero propósito del deporte. En segundo lugar, como sabemos, afecta a la salud de los atletas. En tercer lugar, considero que perjudica a la sociedad, porque infunde el concepto de que ganar a toda costa es el único fin. Algunos colegas han mencionado las ventajas y beneficios económicos considerables que se pueden obtener ahora, lo que complica todavía más esta cuestión.
Aquí hay presentes colegas con experiencia olímpica, y creo que tres Estados miembros compiten por acoger los Juegos Olímpicos. ¿Considera el señor Comisario que sería conveniente, aún antes de que se ratifique la Constitución, que el Consejo apruebe una resolución conjunta, no simplemente condenando el dopaje en el deporte, sino también indicando qué medidas proponen tomar los distintos Gobiernos que tienen un gran interés en acoger los Juegos Olímpicos?
Mi comentario final se refiere a esta cuestión de ganar a toda costa. Uno de los acontecimientos más memorables de los últimos Juegos Olímpicos fue el caso del corredor de fondo que tenía muchas posibilidades de ganar, pero que se lo impidió un espectador que simplemente salió corriendo y lo detuvo. Se le concedió un premio especial en reconocimiento del hecho de que continuó la carrera, aun cuando estaba muy claro que sus oportunidades de ganar se habían esfumado.
Me parece que si vamos a apelar a los jóvenes y a la sociedad en general, tenemos que recuperar el propósito básico del deporte. El dopaje es un azote al que hay que hacer frente. 
Borg,
   .  Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los comentarios de los diputados presentes. Su compromiso es muy firme, como lo es el nuestro, de hacer lo posible por lanzar una campaña efectiva contra el dopaje en el deporte. Como se ha señalado, el dopaje tiene efectos de gran trascendencia para nuestras sociedades y en particular entre los jóvenes. La Comisión dispondrá de un fundamento jurídico claro con la entrada en vigor de la Constitución. Mientras tanto, continuaremos emprendiendo las acciones necesarias para realizar el trabajo preparatorio para ello.
El Parlamento ha señalado con acierto una serie de niveles en los que se puede hacer frente al problema. La Comisión considera que la prevención es una faceta importante de nuestros esfuerzos. Por lo tanto, nuestras acciones deben centrarse en la educación, la investigación y la información. El Comisario Figeľ mantiene el compromiso de avanzar en esta cuestión en el contexto de los fondos presupuestarios y para estar preparados de cara a la entrada en vigor de la Constitución.
Ahora pasaré a ciertos puntos concretos que se han planteado. En primer lugar, con respecto a las relaciones con federaciones y con la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, el señor Figeľ tiene mucho interés en desarrollar estas relaciones y ya ha mantenido una serie de reuniones a este efecto.
Con respecto a la posibilidad de financiar a la AMA, me gustaría señalar que financiamos a la AMA caso por caso, a través de proyectos. No financiamos la estructura de la AMA, debido a ciertos problemas que todos conocemos perfectamente.
Con respecto a la investigación, como ya he mencionado, los Comisarios Figeľ y Potočnik están trabajando juntos y podemos esperar un buen resultado en ese sentido.
Con respecto al comentario realizado en relación con un plan europeo, quiero recordarles la existencia del plan de apoyo de 1999. La entrada en vigor de la Constitución nos ofrecerá una base más sólida para avanzar.
Se ha planteado una cuestión relacionada con la igualdad de oportunidades en el deporte. El Comisario Figeľ es un firme defensor de este aspecto y lo tiene muy en cuenta. Nuestra fuente de inspiración es el informe Fraisse aprobado por el Parlamento en 2003.
Se ha planteado una cuestión relacionada con la Convención de la UNESCO sobre el dopaje. La Comisión sigue la labor de este organismo y continuará haciéndolo en el futuro. También he tomado nota de la sugerencia realizada por el señor Beazley y se la pasaré al señor Figeľ.
La Comisión acoge con satisfacción la resolución del Parlamento sobre la lucha contra el dopaje en el deporte. La Comisión no ha permanecido de brazos cruzados y ha emprendido iniciativas en este terreno durante los últimos seis años, como ya he señalado en mis observaciones iniciales. Tenemos la intención de mantener nuestros esfuerzos con el apoyo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. La resolución del Parlamento ayudará a la Comisión, en cooperación con el Parlamento, a continuar su trabajo y sus acciones con respecto al dopaje.
La Comisión no tiene nada que objetar a las enmiendas 1 y 2. La enmienda 2, en particular, podría contribuir a una lucha efectiva contra el dopaje. 
El Presidente. 
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0037/2005 - B6-0169/2005), formulada por el señor Sifunakis, sobre el proyecto de Convención de la UNESCO relativa a la diversidad cultural. 
Sifunakis (PSE )
   , – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta pregunta oral de la Comisión de Cultura y Educación y la consiguiente propuesta de resolución sobre el proyecto de Convención de la UNESCO relativa a la diversidad cultural son fruto del profundo interés que tiene nuestra Comisión en el progreso de las negociaciones en torno a este importante texto.
El anteproyecto de Convención de la UNESCO es consecuencia lógica de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural aprobada por la UNESCO en noviembre de 2002, que fue un paso positivo hacia la cooperación internacional, pero que ha resultado ser una respuesta insuficiente a las actuales amenazas para la diversidad cultural que supone la intensa mundialización del mercado de bienes y servicios culturales.
La Convención de la UNESCO tiene por objeto la defensa y promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas a base de medidas adecuadas, y pretende facilitar el desarrollo de políticas culturales y fomentar intercambios culturales internacionales más amplios.
En nuestra opinión, esta Convención debe ser una herramienta de cooperación internacional a favor del desarrollo cultural. Creo que el anteproyecto representa un serio intento de afrontar los retos que supone para la diversidad cultural la mundialización y la política de comercio internacional. Todos esperamos que constituya un instrumento normativo vinculante para la protección de la diversidad cultural.
Es la única salida para Europa, dado el predominio actual de las producciones estadounidenses de cine y televisión en los mercados europeos, por ejemplo. Solo les recordaré que las producciones estadounidenses acaparan entre el 60 % y el 90 % de las compras de material audiovisual en los Estados miembros de la UE, mientras que la cuota correspondiente para Europa en el mercado estadounidense es del orden de un mero 1 o 2 %.
En este contexto, sin embargo, un pequeño número de países no europeos, sobre todo del mundo anglófono, están haciendo esfuerzos por debilitar el proyecto de Convención de la UNESCO. Por eso tenemos que resistirnos a la presión de estos pocos pero poderosos países, para que el texto final de la Convención subraye claramente el derecho de los Estados Parte a desarrollar, mantener y aplicar políticas y leyes encaminadas a promover y proteger la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación. Es fundamental que logremos resistir todo intento de diluir o debilitar estos derechos por cualquier vía a través de la dicha Convención.
Habida cuenta de que, incluso dentro de la Unión, hay distintas posturas sobre el contenido de la Convención, los Estados miembros deben esforzarse en lo posible por coordinar sus posiciones, tanto entre ellos como con la Comunidad. Debemos señalar aquí que cualquier desunión minará la posición de la Unión y su credibilidad en las negociaciones.
Por eso insistimos en que la Unión Europea y sus Estados miembros no deben hacer nada durante el proceso de negociación y conclusión de la Convención que comprometa la diversidad cultural o socave la capacidad de los Gobiernos de respaldar la diversidad cultural.
En consecuencia, la cuestión de la relación entre el Derecho mercantil internacional y la futura Convención de la UNESCO es un aspecto clave que debe afrontarse de la mejor manera posible y que de ningún modo debe quedar en segundo plano.
También creemos que la Convención debe reconocer el papel fundamental que desempeñan los servicios públicos, sobre todo las cadenas de radiotelevisión públicas, en la salvaguardia, el apoyo y el desarrollo de la diversidad cultural.
Señor Comisario, Señorías, dada la constante presencia de la Comisión Europea en las negociaciones y teniendo en cuenta el profundo interés del Parlamento Europeo en el progreso de las negociaciones y su derecho institucionalmente protegido a ser informado inmediata e íntegramente en todas las fases del proceso de negociación y conclusión de los tratados internacionales,
· el Parlamento Europeo pide a la Comisión que le mantenga informado de los progresos con respecto al contenido y el calendario de las negociaciones, y
· el Parlamento Europeo pregunta cuándo exactamente se espera que esté listo el texto de forma que pueda ser aprobado por la Asamblea General de la UNESCO en París en octubre de 2005.
¿Podría la Comisión facilitarnos los detalles más recientes de las distintas posiciones formuladas en el marco de las negociaciones? 
Borg,
   . Quisiera agradecer a sus Señorías esta pregunta, que me permite, en nombre del Comisario Figeľ, poner al día al Parlamento Europeo acerca del estado de las negociaciones en curso relativas a una Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
Se atiende así el requerimiento del Parlamento de ser informado acerca del debate sobre este asunto dentro del ámbito de la UNESCO. La pregunta oral y la propuesta de resolución sobre la UNESCO son consecuencia del informe y la resolución del Parlamento sobre la salvaguardia y promoción de la diversidad cultural y del papel de la región europea y de organizaciones internacionales tales como la UNESCO y el Consejo de Europa. Estos fueron aprobados el 2 de diciembre de 2003 y el 14 de enero de 2004 respectivamente, siendo ponente la señora Prets.
Ambos textos instaban a la Comisión a informar regularmente al Parlamento, especialmente a la Comisión de Cultura y Educación, sobre las negociaciones en curso en la UNESCO. La Comisión respondió positivamente a la invitación.
Siguiendo el calendario provisional de la UNESCO para las negociaciones sobre el futuro convenio, las negociaciones intergubernamentales arrancaron en septiembre de 2004, y las negociaciones sobre el fondo comenzaron en diciembre de ese mismo año con la primera reunión del Grupo de expertos. Algunas semanas después de concluir la reunión del Grupo de expertos, la Comisión aceptó la invitación del Parlamento de participar en una miniaudiencia sobre las negociaciones de la UNESCO. Este encuentro tuvo lugar el 25 de enero de 2005 con los miembros de la Comisión de Cultura, presidida por el señor Schmitt, y dio lugar a un importante debate con la Comisión y la Presidencia luxemburguesa sobre el proceso actual de negociación. La Comisión Europea sigue dispuesta a participar en futuros encuentros de esta índole. La Comisión de Cultura ya ha previsto un nuevo encuentro este mismo mes.
Las negociaciones van a buen ritmo en la UNESCO. Desde el punto de vista de la UE, la última sesión de negociaciones, celebrada en febrero, se desarrolló en un buen espíritu de colaboración basado en un Código de Conducta adoptado por el COREPER el 27 de enero de 2005. La unidad de la representación de la UE ha sido estrictamente respetada durante toda la sesión mediante posiciones comunes establecidas en numerosas reuniones de coordinación de la Comunidad.
Con una sola voz, la Unión Europea se ha erigido en referente del debate y en un importante interlocutor en la negociación. No obstante, la condición de observador que tiene la Comisión en la UNESCO implica numerosas restricciones que limitan su capacidad negociadora. La Unión Europea ha solicitado por tanto un estatuto de partícipe de pleno derecho para la Comunidad Europea en esta negociación, solicitud que será debatida en la UNESCO en abril.
A pesar de que la sesión de febrero no ha logrado redactar un nuevo proyecto consolidado de la convención, estas negociaciones sobre el fondo han arrojado resultados globales positivos en relación con las expectativas y posiciones de la Unión Europea. La tendencia general que se deriva de los debates plenarios está en línea con las posiciones comunes de la Unión Europea, incluida la articulación con otros instrumentos.
La sesión de abril del Consejo Ejecutivo de la UNESCO habrá de confirmar la convocatoria de una nueva sesión intergubernamental de negociación, provisionalmente fijada para el 25 de mayo al 4 de junio de 2005. Además, debatirá la petición formulada por la Comunidad Europea de un estatuto reforzado en las negociaciones en curso.
Los principales pasos próximos previstos en el calendario provisional de negociación en la UNESCO son los siguientes: La reunión de primavera del Consejo Ejecutivo se celebrará del 18 al 28 de abril de 2005. En ella destaca el debate sobre la solicitud de la Comunidad Europea de un estatuto reforzado en la UNESCO en relación con las negociaciones en curso sobre la futura convención. La próxima sesión de negociaciones intergubernamentales está fijada entre el 25 de mayo y el 4 de junio de 2005, mientras que la reunión de otoño del Consejo Ejecutivo tendrá lugar del 13 al 29 de septiembre de 2005. Finalmente, la Conferencia General se celebrará del 3 al 21 de octubre de 2005, momento en que, según el calendario provisional, debería aprobarse la Convención sobre la Diversidad Cultural.
En nombre del Comisario Figel’ deseo agradecer al Parlamento, y en especial a la Comisión de Cultura, su pronta y activa implicación en las negociaciones de la UNESCO y su apoyo general a la Comisión en este proceso. 
Hieronymi,
     Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es precisamente por el hecho de que la Unión Europea sea una comunidad económica y basada en valores no solo necesitamos –y hasta ahora hemos asegurado en los tratados– un mercado interior que funcione, sino también, y al mismo tiempo y con idéntica prioridad, la defensa de la diversidad cultural.
La defensa de la diversidad cultural en la Unión Europea no se ejerce en oposición a los Estados miembros; al contrario, significa explícitamente la salvaguardia de la diversidad cultural dentro de ellos. No obstante, si queremos proteger la diversidad cultural en todo el mundo, solo lo podemos hacerlo juntos, en el seno de la Unión Europea y de la UNESCO.
Solicitamos que los Estados miembros y la Comisión hagan tres cosas respecto a las negociaciones. En primer lugar, las negociaciones de la UNESCO deben concluir a tiempo para las siguientes rondas de negociaciones sobre el Derecho mercantil internacional en el marco de la OMC y del AGCS. La razón por la cual el mes de octubre de 2005 es tan importante es que de lo contrario quedaríamos en desventaja en materia de Derecho mercantil, y existe el riesgo de que la UNESCO tarde demasiado en presentar un instrumento jurídico.
En segundo lugar, necesitamos un instrumento efectivo. Por efectividad quiero decir que realmente asegure la igualdad –y la «igualdad de armas»– de los instrumentos jurídicos de Derecho empresarial y cultural.
En tercer lugar, la Unión Europea debe tomarse en serio la diversidad cultural en su propia actividad legislativa, lo que significa que la diversidad cultural no puede quedar absorbida en el derecho mercantil en la Directiva de servicios. Al contrario, los servicios audiovisuales deben excluirse del proyecto de directiva de servicios si no queremos perder credibilidad ante la UNESCO y capacidad de negociación con ella.
Prets,
    Señor Presidente, señor Comisario, el 16 de noviembre de 2004, el Consejo otorgó a la Comisión el mandato de negociar la convención de la UNESCO sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y de las expresiones artísticas. Esta Cámara también ha expresado su punto de vista acerca de esta convención al votar a favor de la aprobación del informe de iniciativa que presenté sobre esta materia.
Como acaba de decir la señora Hieronymi, hay negociaciones de cara a la preparación de la conferencia general de la UNESCO prevista para octubre. Todos los asuntos del orden del día deben estar perfilados y cerrados a finales de mayo. Por ese motivo, esta Cámara necesita hacer saber su posición para poder influir en ellos.
¿Qué significa esto? Que cada Estado debe tener derecho a mantener, instituir y desarrollar políticas y normativas encaminadas a proteger y promover la diversidad cultural y el pluralismo de medios de comunicación. Esto no debe ser objeto de otros tratados internacionales y, bajo ningún concepto, de los acuerdos de la OMC. La convención debe aportar un mecanismo simple, unitario y vinculante para la resolución de conflictos, que permita el desarrollo de una jurisprudencia sobre diversidad cultural dentro del Derecho internacional.
El logro de estos objetivos requiere que la Comisión adopte una posición explícita y ejerza la mejor coordinación posible entre los 25 Estados miembros. Durante los primeros encuentros de expertos de diversos países, el pasado septiembre en París, la UE aún no hablaba con una sola voz. Entre los que estaban a favor figuraba Francia; Finlandia, entre los neutrales; los británicos, daneses y neerlandeses, entre los que se oponían.
Ahora que la Comisión puede solamente puede hablar a través de la Presidencia de Luxemburgo, tenemos una nueva situación antes nunca vista, y da la impresión de que la UE no está representada. Esto me impulsa a reiterar mi llamamiento a los representantes a que reconsideren cuidadosamente su enfoque estratégico a fin de evitar la desunión y la incertidumbre.
En el lado positivo hay que destacar que la Comisión se ha opuesto a que la convención de la UNESCO se subordine a las normas de la OMC. Si se quiere que la convención sea efectiva, necesitamos un texto coherente y vinculante. Estoy convencido de que realmente debemos terminar la próxima ronda de negociaciones antes –como ya se ha dicho– de que concluya la ronda de negociaciones de la OMC. Los Estados Unidos han conseguido hasta cierto punto desestabilizar a Canadá, un país que siempre ha desempeñado un papel destacado en esta iniciativa, y a la vez han logrado ganarse también nuevos aliados en Nueva Zelanda, la India y Australia.
La cultura no debe subordinarse a criterios económicos; es un mercado por sí misma, que necesita sus propias reglas si desea mantener y desarrollar su diversidad. De esto somos todos responsables. 
Drčar Murko,
   Gracias, señor Presidente. El reconocimiento de la diversidad cultural, que en la práctica significa la coexistencia de ciudadanos de diferentes tradiciones, también supone el respeto de las diferentes tradiciones culturales. Respetar la diversidad cultural significa tener la oportunidad de comprender a otras personas y aceptarlas como son. Las relaciones interculturales pueden ser excepcionalmente fructíferas y enriquecer a la sociedad con una categoría especial de valor añadido, a la vez que relajan tensiones en las relaciones humanas.
Los principios de la diversidad cultural suponen el respeto de nuestros prójimos por sus buenas cualidades humanas y no por su procedencia. Si el principio arraiga en la sociedad, se convierte en una barrera natural contra separaciones y divisiones.
Se ha demostrado que las sociedades liberales y culturalmente diversas son también las que más éxito económico tienen. Los tipos de sociedad desarrolladas en Europa en el siglo XX, a pesar de las dos guerras mundiales, pueden contarse entre los grandes logros de la civilización humana.
Antes creíamos que estos logros no podrían volver a ponerse en tela de juicio, pero nos equivocamos. ¿Dónde, por ejemplo, aparecieron de repente las mayorías que aprobaron la limpieza étnica de los años 90, la más brutal negación de la diversidad cultural?
Numerosos acontecimientos, aunque afortunadamente aislados, nos advierten de que los criterios razonables pueden transformarse en su contrario. Si las sociedades empiezan a tolerar el discurso lleno de odio, si los políticos extremistas pueden pronunciar impunemente palabras despectivas sobre las culturas ajenas, esto significa que los frenos han fallado. La sensibilidad pública es menor, y aquellos que advierten contra la intolerancia hacia otras culturas son a su vez tachados de intolerantes.
Quizá hemos albergado demasiadas expectativas con respecto al modelo multicultural y lo hemos idealizado, pero una cosa está clara: a pesar de sus imperfecciones, ahora sabemos que las reglas de la coexistencia pacífica entre ciudadanos de diferentes culturas no tiene alternativa equivalente. Los pasos para promover el intercambio cultural en todo el mundo y el anteproyecto del documento de la UNESCO que abordamos hoy son una importante contribución y constituyen nuestra inversión política y económica común en el futuro.
Gracias. 
Trüpel,
     Señor Presidente, desearía destacar la importancia crucial que tiene que esta convención esté, políticamente hablando, cimentada sobre el concepto de que el arte y la cultura poseen un doble carácter. Por una parte, se trata de mercancías, pero el arte y la cultura no son nunca meras mercancías: son siempre portadores de significado, de identidad y de expresión estética. Esa es la razón básica por la que no pueden ser simplemente objeto de operaciones mercantiles y de la lógica de la liberalización. Es el caso del pluralismo de los medios de comunicación, y se aplica particularmente en la protección de la radiotelevisión pública, que garantiza una calidad especial y pretende facilitar el acceso a la cultura a tantas personas como sea posible. Dado que precisamente las fuerzas de mercado puras y la liberalización doctrinaria ponen en peligro este enfoque, es tan importante que logremos asegurar políticamente esta convención para la protección de la diversidad cultural.
También quisiera destacar la absoluta necesidad de mantenernos fuertes y unidos en estas negociaciones y de que los Estados miembros de la UE hablen de verdad con una sola voz. En la vertiente interna, es preciso garantizar la participación de esta Cámara, inclusive con la definición de un mandato explícito. Lo primordial en la vertiente exterior es que, como ya se ha dicho, las negociaciones con la UNESCO concluyan a tiempo, asegurando así que no nos retrasemos con respecto a las rondas de la OMC y del AGCS.
Si no queremos que la lógica del mercado nos supere a nosotros y a nuestro acuerdo proteccionista y nos someta a su dinámica, lo que necesitamos es un instrumento jurídico eficaz. Lo que exigimos para el mundo debe ser también defendido en el seno de la Unión Europea. Por eso es por lo que la directiva de servicios debe seguir garantizando la protección de la diversidad cultural, y eso es por lo que no debe aplicarse a estos bienes. 
Portas,
   . – Señor Presidente, la señora Murko ha señalado correctamente en su intervención que la diversidad cultural pretende defender y proteger a las minorías. Todas las culturas en el mundo globalizado son hoy culturas minoritarias, pero los mercados no reflejan esta realidad, y esta discrepancia está en la raíz del problema. En el polo opuesto a la diversidad cultural se encuentran la ignorancia y quienes conciben la cultura como una mera mercancía, junto con quienes sostienen que las redes de comunicación mundiales son simples plataformas para la «producción de contenidos».
Esta es la tendencia predominante en las negociaciones internacionales y la que se manifiesta en la UE y en varios Gobiernos; por ejemplo, en la propuesta de directiva sobre la liberalización de los servicios. Por eso este debate es tan importante en este preciso instante. La opinión de esta Cámara y la de la Comisión de Cultura y Educación es que hay que encontrar otra vía, una vía que comprometa al Parlamento, a las instituciones europeas y a cada Estado miembro a buscar otras prioridades, otras políticas y otros instrumentos.
La resolución es muy clara. Los Estados miembros tienen la obligación de proteger la diversidad cultural, de proteger el pluralismo en los medios de comunicación y de tomar medidas, de invertir en la creación, producción y distribución de bienes culturales. Hablando en plata, los Estados miembros tienen la obligación de mantenerse firmes, y esa es, una vez más, la idea central de nuestra exigencia de que la UE adopte cuanto antes una posición unificada y resuelta en estas negociaciones. 

Salvini,
   . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aparte de algunas inquietudes y recelos, la resolución nos parece positiva en la medida en que se trata de expresar una posición común. Sin embargo, me gustaría expresar algunas dudas sobre su aceptación y ejecución en los Estados miembros.
He escuchado antes la intervención de la diputada del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, respecto a la cual me gustaría saber cuáles son los criterios en materia de tolerancia e intolerancia para poder decidir quién puede tener la palabra en un canal de televisión. Lamento, por ejemplo, que en Italia se utilizará una resolución sobre la diversidad cultural –cuyo título, pienso, puede concitar el acuerdo de todos– como un instrumento contra un político que, aunque yo no lo represente, es fácilmente identificable como el Primer Ministro.
Varios exponentes de la Comisión de Cultura y Educación, incluidos los que apenas han participado alguna vez en sus trabajos, utilizan proyectos como este para debates de política interna que tienen muy poco que ver con el hecho de que la cultura no es una mercancía ni un mercado. A propósito de la diversidad cultural, asimismo, se habla mucho de lenguas minoritarias; tengo la impresión, no obstante, de que estas lenguas rara vez son protegidas.
Me gustaría preguntar a la Comisión cuántas lenguas europeas están en peligro de desaparición: me refiero al catalán, el vascuence, las lenguas de mi país, al lombardo, el piamontés, el ligur y el veneciano. Una cosa es argumentar en abstracto sobre la diversidad lingüística y otra bien distinta es proteger en la práctica las lenguas que la mundialización está intentando destruir.
Por tanto, más allá de la resolución, con la que los diputados de la y del Grupo Independencia y Democracia estamos de acuerdo, me preocupa lo que podría ser el uso de un documento como este en los Estados miembros. En primer lugar, quisiera saber qué instrumentos y qué recursos económicos empleará la Unión para insistir en la defensa de estas lenguas, de modo que la medida que estamos a punto de aprobar no sea una mera resolución vaga, sino que dé resultados positivos en las regiones afectadas. Por último, espero sinceramente que la Comisión elabore un mapa de las lenguas europeas que están en peligro de extinción, mientas que el Parlamento guarda silencio ocupándose de otros asuntos. 
Libicki,
     Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de nuestro debate de hoy es la cultura, pero hemos de preguntarnos qué queremos decir con este término. ¿Significa cultura todo lo que rodea a una persona y toda su forma de vida, o solamente los productos culturales, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y, sobre todo, las películas, que ya han sido mencionadas hoy? No debemos olvidar que el papel del Estado como patrocinador de la cultura siempre ha sido significativo, pero nunca crucial. No podemos dejar de mencionar a los Médicis o a los papas en relación con el arte sublime del Renacimiento italiano, pero ellos no fueron los responsables del hecho de que el arte renacentista en Italia alcanzase entonces su cénit. De modo análogo, el hecho de que los príncipes alemanes actuaran como benefactores en los siglos XVIII y XIX no significa que ellos fueran los responsables del desarrollo de una música tan maravillosa en esa parte del mundo. Nadie puede reclamar el mérito de que Chopin naciera y trabajara en Polonia. No se puede gestionar la cultura, y por eso no debemos caer en el error de pensar que cualquier medida que se tome va a asegurar el éxito de Europa en este campo. No podemos olvidar que el mercado también desempeña un papel importante, motivo por el cual guardamos buenos recuerdos de las magníficas películas italianas de los años 50, 60 y 70, mientras que hoy domina el cine estadounidense. Antes triunfaban las películas italianas y francesas, o incluso polacas, que a pesar del comunismo eran realmente buenas, y hoy esta distinción recae sobre las estadounidenses. Los medios de comunicación han de desempeñar un papel importante en este proceso, aunque es un hecho desafortunado que a veces incumplen su deber al devenir enteramente comerciales. No debemos olvidar que las afirmaciones de que las películas europeas son casi desconocidas en los Estados Unidos y de que las estadounidenses son las más populares en Europa son absolutamente simplistas y no deben preocuparnos demasiado. Después de todo, el arte y la cultura de los Estados Unidos son esencialmente versiones del arte europeo, aunque no debemos dar la espalda a Henry James, Ernest Hemingway o John Steinbeck por ser estadounidenses. No perdamos la esperanza. Después de todo, el mundo entero está bajo el dominio de la cultura europea, aunque a veces venga en una edición estadounidense. 
Dillen (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, seguramente nadie en esta Cámara estará en desacuerdo conmigo cuando diga que la protección de la diversidad cultural y la expresión artística merece nuestra plena atención no solo en la UE, sino también en el resto del mundo. Todos deberíamos lamentar que en esta Cámara no se preste mayor atención a estos asuntos; en cambio, como sucede con todos los temas que preocupan a la sociedad, inclusive en este debate, la ideología amenaza con imponerse muchas veces sobre la preocupación genuina por esta diversidad. Ha sucedido demasiado a menudo que conceptos vagos y generales, incluida la diversidad cultural, han adquirido significados distintos y que a algunos les sirvan de eufemismo –por ejemplo, el debate sobre el lugar del islam en nuestra sociedad occidental– en un intento de manipular la necesaria división entre iglesia y Estado o la igualdad entre hombres u mujeres. Esto es solo un ejemplo de cómo un objetivo sacrosanto como la diversidad cultural puede servir a causas menos nobles cuando los relativistas culturales lo interpretan de formas diferentes. En consecuencia, debemos definir claramente qué queremos decir e identificar a las partes implicadas y, sobre todo, asegurar que la protección de la diversidad cultural no conduzca a que se impongan desde arriba una serie de normas derivadas de la ideología. Esto solamente beneficiará a la libertad artística. 
Pack (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, el sostenimiento y la promoción de la diversidad cultural es una importante tarea dentro y fuera de la Unión Europea, a la que esta Cámara siempre ha dado prioridad política. Es un asunto que afecta a los más importantes valores democráticos –entre otros, la libertad de opinión, la tolerancia y el diálogo entre culturas–, valores que merecen protección. La convención objeto de debate es un importante instrumento de cooperación internacional en la salvaguardia de estos valores culturales. Para conservar nuestro puesto en el escenario internacional necesitamos un mandato y necesitamos que nuestra posición no dé lugar a dudas.
La mundialización es una amenaza para la diversidad cultural y el pluralismo en los medios de comunicación. Esta convención proporciona asimismo a los Gobiernos nacionales un marco jurídico para tomar medidas necesarias para la protección –y, si es preciso, también para la promoción– de la diversidad cultural. Contrariamente a lo que nos dicen a menudo, no es un instrumento proteccionista, y tampoco es un cheque en blanco. No obstante, sí que mejora el intercambio internacional de bienes culturales y fomenta la diversidad.
No se trata de emprender una cruzada contra la OMC ni –por decirlo sin rodeos– contra los Estados Unidos. Simplemente queremos que la convención y las negociaciones de la OMC y el AGCS se complementen recíprocamente. Lo que tenemos en este momento es algo parecido a la batalla entre David y Goliat. Se trata de fortalecer a David para que pueda imponerse en esta batalla, que se está librando en interés de la diversidad cultural que hemos de proteger, y por esa razón debemos llegar a un entendimiento común en el seno de la UNESCO a fin de poder prevalecer en las negociaciones del AGCS y de la OMC. Quiero subrayar lo que han dicho la señora Hieronymi y la señora Trüpel: dentro de la Unión Europea también tenemos que asegurar que la directiva de servicios no se aplique a los materiales audiovisuales. 
Badía i Cutchet (PSE ).
    Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero agradecer al señor Borg la información que nos ha proporcionado sobre el desarrollo de las negociaciones de la Convención sobre la Diversidad Cultural.
La Convención sobre la Diversidad Cultural debe ser un verdadero instrumento de cooperación internacional, que proteja y promueva la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas ante las presiones de la globalización y la política comercial internacional. Asimismo, debe garantizar el pluralismo de los medios audiovisuales y reconocer el papel fundamental de los servicios públicos, especialmente los de radiodifusión.
Cabe destacar como hecho positivo la decisión del Consejo que autorizó a la Comisión Europea a negociar en representación de la Unión. Sin embargo, y a pesar del gran precedente que sienta en la Unión, quisiera destacar la necesidad de que el Parlamento Europeo esté permanentemente informado sobre el contenido y el calendario de la negociación y de que a la vez se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil.
Atendiendo a la doble naturaleza de los servicios y productos culturales como bienes económicos, por un lado, pero también como vectores de la identidad de los pueblos, quiero subrayar que su regulación debe tener en cuenta, también, su especificidad, incluida la de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Finalmente, saludo la propuesta de crear un observatorio para la diversidad cultural en la UNESCO, que operará en colaboración con las organizaciones profesionales y pido a la Comisión y a los miembros de la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, a Canadá y a México, que apoyen esta Convención como un instrumento normativo de carácter vinculante. Su adopción, durante la próxima Conferencia General de la UNESCO de octubre de 2005, permitiría tener en cuenta estos objetivos en las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio en el terreno de la cultura.
Graça Moura (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Convención de la UNESCO propuesta establece principios sobre la soberanía de los Estados y su derecho a tomar las medidas que deseen en lo tocante a la cultura, pero persigue el objetivo primordial de sacarla del ámbito de competencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto se desprende de los artículos 13 y 19 y de la comunicación del 14 de septiembre de 2004 del Comité de Enlace Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural, distribuido por la propia UNESCO.
Cito textualmente: «La convención debe prever un compromiso claro para los Estados, en términos no ambiguos, de apoyar los objetivos de esta Convención en otros foros, en particular al abstenerse de asumir compromisos de liberalización que afecten a la cultura en el contexto de acuerdos de comercio internacional.» Esto no solo equivale a consagrar el chovinismo, el aislamiento o, todavía peor, nuevos poderes para fiscalizar y bloquear el contacto directo y fructífero entre culturas. Pero lo más complicado es que en esta lista no exhaustiva de bienes culturales anexa al anteproyecto figuran cientos de especificaciones: juegos, actividades de ocio y deportes, tradiciones culinarias, trajes típicos, turismo cultural, alfarería, tejidos, bordados, cestería, cristalería, joyería, artículos de piel, madera, metal, muebles, decoración interior, objetos de diseño y muchos más. Cualquier cosa que se les ocurra nombrar está incluida.
El Tratado de la CE contempla el desarrollo cultural y el respeto de la diversidad nacional y regional en el artículo 151. Pero esto solo afecta a las culturas de los Estados miembros. Con respecto a terceros países y organizaciones internacionales, el Tratado solo alude a la cooperación en la esfera cultural. Lo que tendríamos que hacer es satisfacer a los Estados miembros –a todos los Estados miembros– en una Europa de identidades nacionales que a veces mantienen un conflicto feroz unas con otras y que guardan celosamente sus características peculiares, pero una Europa en que la soberanía de cada Estado miembro está completamente salvaguardada.
El Tratado prohíbe toda armonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros en este campo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto está la Comisión implicada en la Convención propuesta? ¿Es intención de la Comisión arrastrar a Europa indirectamente hacia una forma de armonización prohibida por su propio Tratado? ¿Pretende someter a Europa al ámbito de competencias de la OMC, que encierra una peligrosa abundancia de situaciones que acarrean consecuencias imprevistas? 
Weber, Henri (PSE ).
    Las negociaciones en curso en la UNESCO revisten para nosotros, los europeos, una gran importancia. Hasta ahora hemos conseguido hacer prevalecer nuestros principios en los círculos internacionales. Mis predecesores han recordado esos principios en este foro: los bienes y los servicios culturales no son mercancías como las demás. 
La diversidad cultural es una riqueza para toda la humanidad. Todo gobierno debe tener derecho a apoyar la creación cultural y la difusión de la cultura de su país sin supeditarse a las sacrosantas exigencias de la libertad de comercio ni a la autoridad de la OMC. Hasta ahora hemos conseguido hacer que esos principios se respeten, y el sector cultural ha quedado excluido de la negociación internacional sobre la liberalización de los servicios en la Organización Mundial del Comercio. 
Pero aquellos que consideran que los bienes y servicios culturales pertenecen a la industria del entretenimiento vuelven a la ofensiva. Por iniciativa suya, se multiplican los acuerdos bilaterales de libre comercio que incluyen el sector de la cultura. En la UNESCO, los representantes de los Estados Unidos y sus aliados tratan, y en buena medida con éxito, de debilitar el texto original propuesto para la Convención. 
La única manera eficaz de garantizar nuestro derecho a la identidad y la diversidad culturales es convertirlo en un derecho universal reconocido por todos los pueblos y defendido por sus representantes en las instituciones internacionales. La Convención de la UNESCO debe convertirse en el instrumento jurídico internacional de referencia en cuestiones de política cultural. No debe supeditarse a los demás acuerdos comerciales. Debe disponer de un mecanismo eficaz de resolución de las diferencias. Por último, debe estar preparada para la próxima Conferencia General de la UNESCO de octubre de 2005, que es cuando puede adoptarse.
Borg,
   . Señor Presidente, he tomado buena nota de lo que han dicho varias Señorías y transmitiré sus comentarios y sugerencias al señor Figeľ. En general, diré antes que nada que la Comisión acoge con agrado la resolución del Parlamento sobre la diversidad cultural y que nuestros puntos de vista coinciden plenamente. La resolución del Parlamento ayudará a que la Comisión prosiga su labor en el proceso negociador en cooperación con el Parlamento.
Acerca de ciertos aspectos específicos que han planteado los oradores, quisiera hacer los siguientes comentarios. Sobre la implicación del Parlamento, reafirmo nuestro compromiso de mantenerle informado. Hasta ahora hemos transmitido regularmente información al Parlamento, especialmente a la Comisión de Cultura y Educación. El próximo encuentro tendrá lugar el 19 de abril y el señor Figeľ se compromete a continuar dialogando con la comisión y a abordar junto con ella el fondo de las negociaciones en curso. Tenemos intención de hacer valer las ideas del Parlamento en las negociaciones. Su firme apoyo es bienvenido y nos ayuda en nuestra tarea.
En cuanto a la solicitud de más información sobre las negociaciones, he de declarar que de momento la mayor parte de las negociaciones se refieren al procedimiento. El debate sobre el fondo vendrá más tarde, durante los periodos parciales de sesiones de mayo y junio. En cuanto a los plazos, nos gustaría que se respetara el calendario, lo cual nos permitiría concluir las negociaciones en el curso del presente año.
En las cuestiones de fondo prestaremos especial atención a la protección de las especificidades culturales y nacionales, así como a los intereses de nuestro sector de medios de comunicación. En el punto planteado con respecto a las lenguas, diré que la diversidad lingüística es otro aspecto de nuestra política. De hecho, la Comisión ha incluido una propuesta de aprendizaje permanente en las perspectivas financieras de 2007-2013. La diversidad lingüística es un pilar de esta propuesta y del principal programa de educación y cultura. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución(1). La votación sobre esta resolución tendrá lugar a mediodía.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto del informe (A6-0051/2005) de la señora Miguélez Ramos sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98, y el informe (A6-0050/2005) del señor Morillon sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de las poblaciones de lenguado de la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya.
Borg,
   . Señor Presidente, la Comisión reconoce el gran esfuerzo y el esmero por el detalle por parte de la Comisión de Pesca del Parlamento en la preparación para este debate relativo a los dos expedientes que tiene el Parlamento sobre el tapete esta mañana. El objetivo de las medidas que contemplamos es salvaguardar las necesidades de las futuras generaciones frente a las demandas de la población actual. Esto es lo que entendemos por sostenibilidad, y creemos que los planes de gestión a largo plazo son el instrumento legislativo adecuado para lograrla. Me complace comprobar que el Parlamento está ampliamente de acuerdo con nuestra idea.
Como siempre, nuestro compromiso compartido de lograr la sostenibilidad en la pesca permanece inquebrantable. Pero no podemos exagerar este principio. Nuestro fin es común, pero nuestro enfoque puede ser un tanto diferente. En este caso, tenemos algunas discrepancias de detalle.
En cuanto al plan para la merluza del sur y la cigala, hemos realizado consultas con las partes implicadas en relación con las industrias pesqueras que capturan estas especies, a menudo juntas en pesquerías mixtas. Estamos de acuerdo en que debería existir la posibilidad de prestar apoyo a los pescadores implicados en estas industrias pesqueras, pero esto debería aplicarse equitativamente a todos los pescadores que se encuentren en una situación similar, y por ello debería aplicarse en el contexto del Fondo Europeo de Pesca.
Creemos que los límites de los cambios de los TAC deben ser del 15 % en más o en menos, de acuerdo con las recomendaciones científicas. No existe ninguna base técnica para elegir un valor diferente. No obstante, reconozco que este límite debería aplicarse desde el primer año de la aplicación del plan. No debemos retrasar intencionadamente la recuperación de los recursos pesqueros si esto es factible de acuerdo con el plan. La recuperación debe producirse lo antes posible, y no más tarde de diez años.
Reconocemos que hay especiales dificultades en el Golfo de Cádiz y que la incertidumbre es grande. Pero para ser congruente con el enfoque cautelar acordado en las Naciones Unidas y consagrado en la legislación comunitaria, una mayor incertidumbre no puede justificar la aplicación de medidas de conservación más laxas. Podemos estar de acuerdo en excluir el Golfo de Cádiz del plan de gestión del esfuerzo pesquero que se aplica en los demás sitios, siempre que se adopte un sistema alternativo pero igual de eficaz.
Después de las conversaciones con los interesados sobre este punto, podemos estar de acuerdo en retirar las zonas vedadas inicialmente propuestas para las cigalas, pero creemos que deben sustituirse con otras zonas vedadas que estén mejor adaptadas para proteger los recursos. Los recursos de cigalas requieren medidas de conservación que les permitan soportar de nuevo la pesca a gran escala.
Estoy de acuerdo en que el lenguado del Golfo de Vizcaya podría ser trasladado a un plan de gestión acorde con su estado biológico menos grave, pero el lenguado del Canal de la Mancha debe seguir siendo objeto de un plan de recuperación. Legalmente no puede aplicarse un plan de gestión al lenguado del Canal de la Mancha hasta que esté dentro de unos límites biológicamente seguros.
Estamos proyectando una reunión científica del CCTEP para estudiar posibles objetivos de mortalidad pesquera del lenguado que sean congruentes con los objetivos de la Política Pesquera Común y con los compromisos internacionales de las Naciones Unidas y de la FAO. Por eso debemos reservarnos nuestra postura hasta que hayamos visto los resultados de esa evaluación. 
Miguélez Ramos (PSE ),
   . Señor Presidente, este informe, que fue aprobado en comisión por amplia mayoría —creo recordar que con un solo voto en contra, lo que agradezco infinitamente a todos mis colegas—, introduce notables modificaciones en la propuesta de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de los recursos de merluza y de cigala en aguas ibéricas. En efecto, el objetivo de recuperación propuesto por la Comisión para la merluza tomaba como referencia la mortalidad por pesca mientras que mi informe propone, tal y como recomiendan los científicos, la consecución de un nivel de biomasa idónea, complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y el agrupamiento de las artes de pesca. También, por lo que se refiere al sistema de cálculo de esfuerzo, consideramos que el presentado por la Comisión, basado en los kilovatios de potencia, es demasiado complicado y, por lo tanto, proponemos que esté basado en los días de mar y que se instaure, además, un sistema de corresponsabilidad de los pescadores en el control de la pesquería.
El período de aplicación, señor Comisario, para nosotros no es negociable. Para este plan de recuperación no basta con implantar o con decidir cinco años. Nosotros estaríamos encantados de que en cinco años se recuperase el caladero, pero los diez años, frente a los cinco que propone la Comisión, tienen por objeto permitir al sector una adaptación gradual y más flexible y garantizar la mayor estabilidad posible de la actividad pesquera, sin perjudicar ese objetivo final, deseado por todos —y no solo por la Comisión— de recuperación de los recursos. Asimismo, las cantidades establecidas en la propuesta sobre pesaje, capturas accesorias y otras medidas técnicas, han sido modificadas y aligeradas por mi parte y, de esta manera, los márgenes de tolerancia serán similares a los de otros planes en vigor.
En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de cigala, hoy todo el mundo sabe que las áreas de veda contempladas en la propuesta no están adaptadas a la situación de los ni a la duración, puesto que se nos propone que sea indeterminada. Señor Comisario, de acuerdo con los informes elaborados por el IEO, solo en una de las zonas propuestas existen concentraciones de cigala de cierta entidad y estas se encuentran en un área mucho más limitada que la señalada por la Comisión, en fondos de 100 a 140 metros, por lo que consideramos que la veda, en caso de establecerse, debería limitarse tanto en el espacio como en su duración temporal, entre mayo y agosto.
Hay que mencionar algo que la Comisión tiende a olvidar: las repercusiones socioeconómicas. Señor Comisario, el proyecto que nos presenta la Comisión recoge exclusivamente aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la realidad socioeconómica que implica su aplicación, y que estoy en condiciones de asegurarle que sería, en caso de aplicar la propuesta de la Comisión tal cual, dramática para el sector, porque las vedas que se proponen para la cigala suponen, en la práctica, la invalidación y la imposibilidad de practicar la pesca de arrastre en todas las aguas ibéricas, y estamos hablando de pesquerías multiespecíficas en las que la cigala representa apenas el 1 % de las capturas totales llevadas a cabo por estas flotas. Pues bien, efectivamente, he considerado conveniente introducir una referencia a las medidas socioeconómicas que deben adoptarse para hacer frente a la posible pérdida de ingresos que pueda sufrir el sector, bien a través del nuevo Fondo europeo de la pesca, como usted ha dicho, o bien a través de cualquier otro instrumento específico que la Unión Europea pueda crear, y me alegro de que se reconozca la especificidad de la zona del Golfo de Cádiz y que, en este sentido, se haya considerado más positivo desglosarlo de la propuesta. Señor Comisario, su exclusión de este plan de recuperación no debe suponer, en ningún caso, que en él no se vayan a adoptar medidas que permitan su recuperación y gestión sostenible y, a este respecto, usted sabe que las autoridades nacionales están elaborando un plan de urgencia para esta pesquería concreta.
Creo, señor Comisario, que, como ponente, he optado, por la vía más realista y más posibilista y es verdad, tengo que reconocerlo así, que he tenido muy presente, al lado del objetivo de preservación de los recursos —que me parece de una importancia extraordinaria y, como usted dice, nos asegura el futuro— el de la preservación de un sector pesquero europeo saneado, próspero y viable.
Ese sentido tiene el informe que hoy le presento a esta Cámara.
Morillon (ALDE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de la Comisión de Pesca por la que se establecen medidas de recuperación de las poblaciones de lenguado en la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de Vizcaya se sometió al Parlamento en el marco del procedimiento de consulta. Es resultado de las propuestas presentadas al Consejo en diciembre de 2002, encaminadas a la conservación y la explotación sostenible, como usted ha dicho, de los recursos pesqueros en el marco de la reforma de la Política Pesquera Común.
Esta propuesta tiene por objeto garantizar, en las dos regiones afectadas y en un intervalo de tiempo de cinco a diez años, el mantenimiento o la recuperación de las poblaciones dentro de los límites biológicos de seguridad. Comprende cinco capítulos. El primero, que fija los criterios que deben respetarse para alcanzar los objetivos del plan, preveía que, cuando pudiera considerarse que las poblaciones se encuentran dentro de los límites, el Consejo podría decidir anular el plan a propuesta de la Comisión. Los demás capítulos especificaban las medidas técnicas y los controles destinados a permitir la aplicación del plan.
Durante los debates mantenidos sobre este tema, quedó claro que, como usted ha dicho, en al menos una de las dos regiones contempladas, el Golfo de Vizcaya, los últimos informes científicos indicaban que las poblaciones de lenguado no se sitúan por debajo del umbral de seguridad biológica. En consecuencia, en vez de adoptar un plan de recuperación, tal como se prevé en el artículo 5 del Reglamento de 2002, pareció preferible adoptar un plan de gestión conforme al artículo 6 del mismo Reglamento.
Evidentemente, esta propuesta no implica que los pescadores sean libres de reanudar sin ningún control un esfuerzo intensivo de pesca, que no dejaría de tener una repercusión catastrófica sobre el futuro de la especie. La propuesta modifica así las disposiciones técnicas propuestas por la Comisión, pero de forma, y cito, que se garantice «que estas poblacionescontinúen dentro de los límites biológicos de seguridad», recordando, y cito también, que «el objetivo de la nueva política pesquera común es permitir una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos, teniendo en cuenta de forma equilibrada las repercusiones medioambientales, sociales y económicas». 
Les indico que las propuestas del Parlamento precisan a este respecto que, si la Comisión comprobara, sobre la base de la evaluación anual, que cualquiera de las poblaciones de lenguado afectadas está en peligro de colapso, debería proponer al Consejo medidas adicionales para garantizar la recuperación de la población en cuestión.
Esto es, en resumen, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, lo esencial de las propuestas del informe que dentro de un momento será sometido sin enmiendas a la votación del Parlamento y que obtuvo en comisión una aprobación mayoritaria que demuestra la voluntad de asociar a los pescadores a las reflexiones científicas y políticas y de conciliar los conocimientos expertos de los segundos con la experiencia de los primeros. Añadiré que los debates que han conducido a la elaboración de este informe se desarrollaron en un excelente ambiente y, para concluir, señor Comisario, quisiera testimoniarle toda mi gratitud.
Varela Suanzes-Carpegna,
   . Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, tomo la palabra en nombre de mi Grupo, el Grupo Popular Europeo, para significar la importancia del papel que ha desempeñado en esta materia este Parlamento, con su deliberada estrategia de dar tiempo y permitir madurar los drásticos planteamientos que en un principio proponía la Comisión.
Este debate viene de lejos, de la anterior legislatura. La Comisión presentó una primera propuesta que equiparaba la situación de la merluza y el bacalao. Teníamos que pararla y lo conseguimos. La situación de ambas especies no era comparable. La Comisión acabó dándonos la razón y presentó luego dos propuestas separadas. Conseguimos, además, que las merluzas se diferenciasen en la merluza norte y la merluza sur, con dos propuestas también diferentes.
Todo ello tras la celebración en la Comisión de Pesca del Parlamento de una importante audición conjunta sector/científicos implicados, en el año 2001. Al final conseguimos un resultado satisfactorio para la merluza norte y conseguimos también, en el año 2003, aplazar el debate de la merluza sur, dejándolo para esta legislatura, lo que permitió al sector y a los científicos aportar más datos y concretar las propuestas.
Creo que la visita del señor Borg a España ha sido también fundamental para rectificar la postura inicial de la Comisión con la merluza sur y la cigala. Debemos, pues, felicitarnos todos, ya que creo que este es el camino correcto como se está demostrando en el caso del Mediterráneo.
Quiero felicitar a nuestra ponente, la señora Miguélez, por su trabajo y el resultado final de su informe, así como a todos cuantos han contribuido al mismo, como son los Gobiernos de España y de Portugal, los de antes y los de ahora, y a los diputados de mi Grupo, señora Fraga y señor Freitas, por su valiosa contribución. Quiero resaltar también la enmienda que hoy presentamos al Pleno, en nombre de nuestro Grupo, el PPE, que aportará a los Estados miembros mayor flexibilidad en la aplicación de sus planes de recuperación.
Finalmente, felicito y expreso también mi vivo agradecimiento a la Xunta de Galicia, que propició y logró en el seno del Comité Consultivo Gallego la necesaria unión del sector en esta materia decisiva, pues su consenso nos ha servido de base para alcanzar aquí un acuerdo satisfactorio y realista.
Poignant,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar al ponente por un informe que no nos plantea grandes problemas. Aprovecho para agradecer a los pescadores que pesquen uno de los mejores pescados, el lenguado, que la naturaleza para unos, o el buen Dios para otros, nos ha dado. ¡Ojalá puedan seguir pescándolo durante mucho tiempo!
De este informe y de esta propuesta hay que sacar algunas enseñanzas. En primer lugar, hay que saber adaptarse cuando hace falta, y las decisiones que se tomaron no se tomaron en contra de los pescadores. Si hay más lenguados de lo previsto, hay que saber adaptarse a la situación y no permanecer atados de manos o bloqueados.
En segundo lugar, la tranquilidad en los puertos y la confianza en el futuro dependen mucho del trabajo bien hecho entre los pescadores y los científicos. Unos no creen forzosamente en los otros y, a mi entender, hay que perseverar en la intensificación de sus relaciones. Un foro creado en el marco de la Política Pesquera Común es, creo, muy útil: me refiero a los consejos consultivos regionales. Hay que aprovechar estos organismos para que estas dos grandes categorías, los profesionales y los científicos, se entiendan lo mejor posible.
En este caso, señor Comisario, su trabajo resulta facilitado, y compartimos el mismo objetivo: conservar en el mar la mayor población posible de pescado, porque sin pescado no habrá pescadores, y sin pescadores, no habrá pescado para los consumidores. 
Ortuondo Larrea,
   . Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, antes que nada quiero agradecer a la estimada señora Miguélez Ramos y al señor Morillon los magníficos informes que nos han presentado y que debatimos hoy en este Parlamento. 
La Comisión, a finales del año 2003, propuso un plan de recuperación de las poblaciones sureuropeas de merluza y cigala, que, según el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, se encontrarían amenazadas debido a los elevados niveles de mortalidad por pesca de individuos maduros de dichas especies, lo cual reducía su capacidad de regeneración por reproducción biológica natural.
Yo tengo algunas reservas con respecto a la plena validez de los informes que se barajaron para evaluar la situación de los de estas especies, dado que las asociaciones de armadores y profesionales de estas pesquerías, o al menos las que yo he consultado, afirman que la mejor manera de saber si están en riesgo o no las poblaciones es echando la red en el mar. Eso sí, la red que cumple escrupulosamente con la normativa vigente. Si al recogerla se saca pescado, no puede decirse que las especies están en peligro y ellos están sacando más pescado que antaño.
No obstante, quienes viven de este sector extractivo son los primeros interesados en mantener los recursos pesqueros de los cuales depende su economía y su y, por tanto, aceptan de buen grado, como lo hacemos nosotros también, el que se establezcan medidas para proteger las poblaciones del sur de merluza y cigala. 
Ahora bien, es posible que la aplicación de alguna de las medidas propuestas afecte a la realidad socioeconómica del sector, por lo que resulta absolutamente necesario introducir en el Reglamento algún tipo de mecanismo que permita paliar las consecuencias que las previsibles restricciones de la capacidad pesquera vayan a producir en las personas afectadas y compensar los perjuicios infligidos al sector.
Además, el que los pescadores y las empresas sepan que contarán con estas ayudas servirá para incentivar su participación de buen grado en los planes de recuperación que se barajan. Igualmente, somos partidarios de que el control se ejerza sobre las cantidades de individuos maduros de cada especie y no sobre los niveles de los índices de mortalidad, y de que las medidas que han de adoptarse contemplen un horizonte de diez años y que las variaciones anuales de toneladas admisibles de captura no rebasen, en más o en menos, el 10 %.
Aubert,
   – Señor Presidente, lamento tener que entonar una nota disonante en este bello consenso. Nos habría gustado apoyar la propuesta de la Comisión de un modo más activa, y lamentamos que, sistemáticamente, ante la grave situación que representa la constante disminución de las poblaciones de peces, aunque con pequeñas diferencias según las especies, los Estados miembros, ayudados por buen número de diputados al Parlamento Europeo, sigan queriendo rebajar a todo precio los objetivos que hay que alcanzar. Aunque todo el mundo proclama que quiere preservar los recursos, en realidad no es así y no podemos aceptar esta situación. 
Por esta razón no votaremos a favor de estos dos informes. No hay duda de que hay que discutir con los agentes locales y con los pescadores sobre la adaptación y la simplificación de medidas a veces demasiado complejas. Es importante también, por supuesto, tener en cuenta el impacto socioeconómico, prever compensaciones, que deben ser equitativas para que no vayan a parar siempre a los mismos, y preservar asimismo las pequeña pesquerías, que también deben sobrevivir. 
Del mismo modo que estamos de acuerdo con todo esto, no podemos aceptar que se reduzcan sistemáticamente los objetivos de la Comisión, que se apoyan en datos científicos. Tampoco podemos discutir sin cesar, dada la situación. Por esta razón, votaremos en contra de los dos informes, respaldando al mismo tiempo los propósitos de la Comisión en este terreno.
Guerreiro,
   . – Creemos que los niveles de las poblaciones de merluza sur y cigala justifican la adopción de medidas de recuperación. Tales medidas comportarán restricciones de la pesca, con las inevitables consecuencias sociales y económicas. En este contexto, en caso de que los pescadores sufran cualquier pérdida de ingresos por las suspensiones temporales o las restricciones de pesca derivadas del plan de recuperación, deberán proveerse fondos para ofrecer una compensación financiera a los pescadores por las pérdidas sufridas.
De hecho, la compensación también representa un incentivo para que los pescadores se impliquen activamente en la ejecución del plan de recuperación, pues la principal intención de estos planes es asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros para preservar el futuro de la pesca. En consecuencia, los planes de recuperación no pueden, bajo ningún concepto, comportar medidas definitivas de reducción de la pesca, como el fomento del desguace de buques o la paralización de flotas económicamente insostenibles sin medidas de compensación socioeconómica.
El desguace de buques conduce a la destrucción definitiva de recursos productivos y, además, al desempleo permanente de los pescadores. Es preciso incluir en este reglamento medidas socioeconómicas acordes con el presupuesto comunitario. Este es el propósito de las enmiendas que hemos propuesto y que consideramos justas. Por eso esperamos obtener el respaldo de sus Señorías. 
Ó Neachtain,
   . – Señor Presidente, no es frecuente que yo pueda decir que estoy totalmente de acuerdo con dos informes separados de la Comisión de Pesca. Esta es una de esas raras ocasiones. El presidente Morillon y la vicepresidenta Miguélez Ramos han destacado ambos la necesidad de asegurar que el impacto socioeconómico y las consecuencias de los planes de recuperación sean comedidos y estén controlados, previendo la debida compensación.
Hace hoy casi dos años declaré en esta Cámara que las decisiones y los objetivos de los planes de recuperación de la pesca no podían obviar sus consecuencias sociales y económicas. Los planes de recuperación deben buscar el equilibro entre la recuperación y conservación de los recursos, y las medidas destinadas a limitar el impacto en la industria pesquera. Debe prestarse la máxima atención a la necesidad de cohesión social, económica y regional, y es preciso dar la máxima prioridad a la defensa de las poblaciones de las regiones que dependen en gran medida de la pesca.
Permítanme decir muy claramente, como he afirmado muchas veces en el pasado y repetiré cada vez que se presente la ocasión, que la Política Pesquera Común no solo versa sobre el pescado, sino también, y ante todo, sobre los pescadores. Se trata de sus familias y del futuro de sus familias, de su medio de vida –el único posible en muchas zonas– y el futuro de comunidades litorales enteras.
El presidente Morillon y la vicepresidenta Miguélez Ramos han rechazado ambos la concepción tecnocrática de reconstituir los recursos a toda costa, y han preferido proponer vías que aseguren el mantenimiento de los recursos dentro de límites biológicamente seguros. Yo, por mi parte, comparto esa idea. 
Freitas (PPE-DE )
   – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero decir que me centraré en el informe de la señora Miguélez y, como tal, deseo dar las gracias a la señora Miguélez, a la señora Fraga Estévez y al señor Varela por su participación, porque este informe se centra esencialmente en la merluza sur y en la cigala en Portugal y España.
Asimismo me complace la propuesta de la Comisión, que recomienda que la reforma de la Política Pesquera Común establezca disposiciones sobre planes de protección, planes de recuperación para zonas y especies con problemas de sostenibilidad. Es sin duda cierto, no obstante, que ha sido necesario un minucioso análisis en comisión, junto con las autoridades nacionales de Portugal y España, para poder hacer realidad las buenas intenciones de la Comisión.
De hecho, la propuesta de la Comisión, en su forma original, sería nociva para la pesca en su conjunto, pues para proteger los intereses de la merluza sur y de la cigala se vería afectada toda la flota pesquera y se trazaría un plan de recuperación para todas las pesquerías, incluidas las portuguesas. Por eso tuvimos que presentar algunas enmiendas que han sido aprobadas. Estoy convencido de que se ha mejorado el texto significativamente.
No estoy de acuerdo con algunas de las enmiendas propuestas en esta Cámara, porque ya están recogidas en las propuestas que hicimos en comisión. Quisiera decir, para justificar la propuesta presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que deseamos que los Estados miembros tengan la oportunidad de presentar sus propias propuestas y someterlas a la aprobación de la Comisión. Después de todo, los Estados miembros son quienes mejor conocen la situación. De este modo evitaremos las propuestas restrictivas de carácter genérico para un problema que era específico y que podría haberse tratado de forma mucho más sencilla. 
Capoulas Santos (PSE )
   – Señor Presidente, deseo expresar mi opinión sobre el informe de la señora Miguélez Ramos sobre las medidas de recuperación de la cigala y de la merluza sur en el Mar Cantábrico y en el Oeste de la Península Ibérica. Quisiera empezar, con su permiso, agradeciendo a la señora Miguélez Ramos su excelente trabajo y el esfuerzo extraordinario que ha realizado al redactar el informe. Las propuestas que contiene merecen el apoyo mayoritario del Parlamento, y espero que la Comisión las tenga debidamente en cuenta.
Compartimos plenamente las preocupaciones de la Comisión respecto a la necesidad de proteger las poblaciones de merluza sur y de cigala en esas zonas del Atlántico y reconocemos que, a la luz del actual estado de cosas, urge tomar medidas adecuadas. En los Estados miembros en que se produce el grueso de la pesca, los pescadores y armadores son los que más tienen que ganar con la correcta aplicación de estas medidas. Permítanme subrayar que estas medidas deben ser adecuadas, porque las propuestas de la Comisión son claramente excesivas dado que el problema no se puede afrontar desde una perspectiva única. Como responsables políticos, tenemos el deber de buscar las soluciones que equilibren la preocupación por defender los recursos biológicos y los intereses sociales y económicos.
Si se aprobara la propuesta de la Comisión, el impacto sobre el sector pesquero portugués sería devastador, pues afectaría a unos 2 000 barcos, muchos de los cuales capturan cantidades mínimas de esas especies. Las propuestas planteadas en los informes que tenemos ante nosotros permitirían la recuperación de esas especies en diez años, amortiguando así el impacto social y económico. Por eso estoy seguro de que el Parlamento dará su apoyo rotundo a este informe. 
Fraga Estévez (PPE-DE ).
    Señor Presidente, aprovecho la ocasión para felicitar a los ponentes y especialmente a la señora Miguélez, porque me voy a referir a su informe, no porque el informe del señor Presidente de la Comisión no sea magnífico.
En primer lugar, quiero decir que la primera discrepancia entre la Comisión y el sector pesquero suele surgir por la duración de los planes. A este respecto, conviene tener en cuenta que no es lo mismo establecer un plan para la recuperación de una especie de vida corta y de crecimiento rápido que para otra especie con las características contrarias. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta, como han dicho muchas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, las repercusiones socioeconómicas de cada plan, que difieren mucho según las flotas afectadas. Por eso, en este caso hemos fijado un plazo de recuperación mínimo de diez años, lo que permite tomar en consideración los condicionantes anteriores.
Hay que insistir en que el primer paso de un plan de recuperación debe ser impedir que continúe el declive de la especie afectada y que comience su recuperación. Lograr esta en un plazo más o menos rápido tiene muy poca relevancia biológica, pero puede ser catastrófico para las regiones que viven de la pesca. Consideramos, por tanto, que, una vez fijados por los científicos los parámetros biológicos —y en este informe se ha incorporado, por ejemplo, el objetivo de biomasa que debe alcanzar la población para considerarla recuperada—, debe permitirse a los Estados miembros una cierta flexibilidad para alcanzar este objetivo de la forma que mejor se ajuste a las características de sus flotas. Una vez más, lo importante es que la especie se recupere, no importa tanto por qué vía se llegue a la reducción del esfuerzo pesquero. Por eso, como ha dicho el señor Freitas, nosotros hemos presentado una enmienda en nombre de nuestro Grupo en la que se pide una mayor flexibilidad para las flotas.
En cuanto al tema de las vedas, me remito a lo que ha dicho la señora ponente; no hay base científica para ello y, por tanto, simplemente pido a la Comisión y al Consejo que apoyen las enmiendas de la señora Miguélez y de la Comisión de Pesca, que introducen una gran dosis de sentido común en esta propuesta.
Stihler (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera centrarme en el asunto de las poblaciones de lenguado. Este reglamento pretende recuperar las poblaciones de lenguado en el Canal de la Mancha y en el Golfo de Vizcaya. Es crucial que tomemos medidas contra la disminución de las poblaciones de peces, pero también es importante que nuestra respuesta sea siempre proporcionada. La propuesta de la Comisión combina reglas estrictas para el establecimiento de totales admisibles de captura con un programa de limitación del esfuerzo pesquero.
Las enmiendas propuestas en el informe del Parlamento sustituirían la propuesta de la Comisión por otra encaminada a gestionar las poblaciones mediante reglas consensuadas sobre el establecimiento de límites de captura. Acojo con satisfacción las enmiendas del informe de la Comisión de Pesca del Parlamento. La propuesta de la Comisión Europea se basaba en la premisa de que las poblaciones de lenguado estaban en crisis y necesitaban planes de recuperación. Las enmiendas propuestas en el informe de la comisión parlamentaria reconocen que para estos recursos es más adecuada una medida de gestión que recortes drásticos de la flota.
También apoyo firmemente el reconocimiento por parte de la Comisión de Pesca de que la medida de gestión de estos recursos debe desarrollarse con la participación de los consejos consultivos regionales y otros sectores interesados. 
Borg,
   . Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a los ponentes su tenaz y constructivo trabajo. También deseo agradecer al señor Varela Suanzes-Carpegna su buena labor en el plan de la merluza.
Con respecto a la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98, estoy plenamente de acuerdo con 14 de las 26 enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. Se trata de las enmiendas 2, 4, 10 en parte, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 26.
Es conveniente retirar las propuestas anticuadas sobre la gestión por kilowatios-día; adaptar a las medidas fijadas para 2005 las cantidades mínimas relativas a los mecanismos de control; establecer márgenes de tolerancia y factores de conversión coherentes con los del plan de recuperación de la merluza europea, y estoy también de acuerdo con la derogación de disposiciones obsoletas sobre los mensajes de esfuerzo. El índice de mortalidad pesquera de 0,27 es aceptable porque es coherente con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible aprobado en Johanesburgo en 2002.
También estoy de acuerdo en la conveniencia de que el plan prevea una recuperación en menos de cinco años. Aunque los cálculos de la biomasa de las poblaciones de peces son inciertos, las observaciones del tamaño de las poblaciones por encima de un nivel cautelar durante dos años consecutivos podría ser la señal indicativa de la necesidad de pasar de una fase de recuperación a un plan de gestión a largo plazo.
Por lo tanto, en relación con la enmienda 10 podemos aceptar el criterio de salida de 35 000 toneladas, pero no la exigencia de un plazo de diez años en la recuperación ni la referencia a un «período de tiempo suficiente». Un enfoque de este tipo sería contrario al Código de Conducta de la FAO. Nosotros no fijamos la duración de los planes: nosotros establecemos un objetivo y calculamos el tiempo aproximado que se necesita para lograrlo.
No puedo aceptar las enmiendas 15 y 16, porque la limitación al 10 % de los cambios de los TAC es demasiado estricta como para permitir una adaptación a las circunstancias reales. En línea con la opinión del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura, la cifra debería fijarse en el 15 % más que en el 10 %, pero el 15 % podría aplicarse en el primer año del plan.
Apoyo los principios que subyacen en la enmienda 17 y puedo aceptar los apartados 1 y 2 de esta enmienda con modificaciones que comprometan al Consejo, así como a la Comisión, y que hagan referencia al mantenimiento de los acuerdos plasmados en el Anexo IV b del Reglamento (CE) nº 27/2005 sobre una base similar al plan de recuperación del bacalao. Por estos motivos no puedo estar de acuerdo con la enmienda 27.
En cuanto a los apartados 3 y 4 de la enmienda 17 y las enmiendas 3, 28 y 30, las ayudas estatales deberían decidirse en el contexto del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y el Fondo Europeo de Pesca, de modo que se disponga de recursos financieros similares para todos los pescadores que se encuentren en situaciones parecidas. Como sucede con las poblaciones de lenguado, a las que me referiré más adelante, es conveniente contar con un procedimiento de revisión periódica, pero esta tendría que hacerse en intervalos adecuados.
Podría respaldar la enmienda 25, siempre que se extendiera el período de revisión a cuatro años en vez de dos. Pero no apoyar el intento de restituir el tamaño de las poblaciones año por año, dadas las consecuencias negativas que tendría para la industria, y no puedo respaldar la enmienda 5.
Después de amplias consulta con a mis funcionarios y con funcionarios y representantes del sector pesquero de los Estados miembros, puedo estar de acuerdo con algunas modificaciones del tamaño y del número de las zonas vedadas a la pesca de cigalas. No obstante, la completa eliminación de toda referencia a zonas vedadas, como ocurre en las enmiendas 6, 7 y 24, va demasiado lejos como para ser compatible con una gestión cautelar en estos momentos.
La gestión de la merluza y las cigalas en el Golfo de Cádiz es un asunto importante dada la abundancia de merluza juvenil en esa zona. Según el principio de cautela, una mayor incertidumbre en esta zona no es motivo para ser menos cauteloso, de modo que no puedo respaldar las enmiendas 1, 8 y 9, que excluirían esta zona. No obstante, admito que quizá las medidas relativas al Golfo de Cádiz deban ser diferentes.
No puedo aceptar la enmienda 30. La capacidad debe gestionarse de modo que esté en equilibrio con la productividad de los recursos pesqueros. Si una vez recuperadas las poblaciones se permitiera incrementar de nuevo el esfuerzo pesquero o la capacidad de pesca, o ambos, el resultado sería la disminución de las poblaciones y la reducción de la cantidad de pesca disponible para la industria. Así no se lograría el objetivo de la explotación sostenible.
Volviendo al informe Morillon, me complace decir que estoy plenamente de acuerdo con las enmiendas 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Es muy conveniente eliminar el capítulo concerniente a la gestión del esfuerzo por kilovatios-día, y aplicar medidas de control solo a los desembarcos superiores a 100 kg en vez de 50 kg. Acepto que la disposición sobre el margen de tolerancia en los diarios de a bordo debe ser la misma que la ya adoptada para la merluza europea. También acepto que, por regla general, las variaciones del TAC se limiten a no más del 15 % para estos recursos.
A pesar de la supresión del sistema de kilovatios-día, será necesario incorporar en su lugar medidas alternativas de gestión del esfuerzo. Para el lenguado del Canal de la Mancha, deberían basarse en las medidas ya introducidas al amparo del Anexo IVc del actual reglamento del TAC y la cuota.
El estado biológico del lenguado en el Golfo de Vizcaya es aparentemente mejor de lo inicialmente previsto, y es conveniente aplicar un plan de gestión a esta población, antes que un plan de recuperación. Puedo, por tanto, aceptar lo sustancial de las enmiendas 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12 y 13, pero solo en lo relacionado con el lenguado del Golfo de Vizcaya. Las condiciones biológicas predominantes para el lenguado del Canal de la Mancha son suficientemente graves como para que se apliquen medidas de recuperación a esa población.
También comparto la idea de un mecanismo de informes intermedios como el sugerido en la enmienda 11, tal como he señalado al tratar de la merluza austral y las cigalas. No obstante, el plan necesita su tiempo para surtir efecto antes de que sea útil revisarlo, de modo que en este punto sería más adecuado un intervalo de cuatro años, de forma similar al calendario aplicado en las evaluaciones periódicas de las medidas a largo plazo acordadas para las poblaciones nórdicas compartidas con Noruega.
También puedo estar de acuerdo con la idea de fijar un objetivo para el índice de mortalidad pesquera del lenguado del Golfo de Vizcaya, como en la enmienda 15. Pero habría de tenerse en cuenta el dictamen científico que emitirá CCTEP en junio sobre este asunto, y me reservo mi postura sobre la cifra adecuada hasta que haya visto dicho informe.
No obstante, no puedo compartir la idea de fijar un TAC basado en un incremento anual de la cantidad de peces adultos en el mar. El dictamen científico sencillamente no es suficientemente preciso como para permitirlo, y me temo que el resultado fuera a ser una adaptación de los TAC sin garantías y demasiado errática. El sector pesquero necesita mayor estabilidad que la que pueda aportar ese método. Por eso no estoy en condiciones de apoyar las enmiendas 8 o 14.
Aprecio problemas jurídicos con ciertas enmiendas. La enmienda 5 estaría en contradicción con las exigencias de la última frase del apartado 2 del artículo 5 y con la última frase del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2371/2002. Y mientras que los Consejos Consultivos Regionales, donde existan, deben ser consultados al desarrollar toda nueva legislación, la aplicación de los reglamentos es responsabilidad de los Estados miembros. Por esta razón técnica, no puedo respaldar las enmiendas 5 y 6. Sin embargo, no tendríamos ningún problema en que las autoridades de los Estados miembros consultaran a los Consejos Consultivos Regionales, de forma voluntaria, acerca de dichos planes.
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
 La votación tendrá lugar en el próximo Turno de Votaciones, dentro de unos minutos.

El Presidente.
   – Tengo ahora el placer de anunciar la presencia en la tribuna oficial de una delegación del Parlamento de Armenia, presidida por el señor Armen Rustamyan.
La delegación ha participado, ayer y hoy, en la séptima reunión del Consejo de Cooperación UE-Armenia. Le deseo mucho éxito, tras esta bienvenida de todo el Parlamento, en sus reuniones en el Parlamento Europeo, así como una feliz estancia en Estrasburgo.
El Presidente.
   – Señorías, procedemos ahora a la votación.

Samuelsen (ALDE ),
    Señor Presidente, en relación con la aprobación de esta resolución, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos acordado usar el nombre de «Antigua República Yugoslava de Macedonia» al referirnos a este país en contextos no relacionados con el debate en curso sobre el futuro nombre. Espero obtener el apoyo del Parlamento para mantener esta política en la resolución final. Esto significa, en otras palabras, que, si se aprueban hoy las enmiendas referidas a Macedonia y si estas no tienen que ver con el tema del nombre, el término que se use en la versión final será «Antigua República Yugoslava de Macedonia». Así aseguramos que se vote sobre el fondo de la resolución y que, independientemente del resultado de las votaciones, el texto definitivo esté claro para los lectores de la resolución. Podremos hacer algo con respecto a la cuestión real del nombre cuando tratemos las enmiendas 6 y 25.
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Samuelsen, creo que son muy útiles estas precisiones sobre un tema que siempre es delicado.
Pack (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quisiera respaldar lo que ha dicho el señor Samuelsen y, si estamos de acuerdo con su petición, pediré a mis colegas que voten «sí» en vez de «no»a las enmiendas 16 y 20, que se refieren al contenido más que al nombre. 

Speroni (IND/DEM ).
    Señor Presidente, Señorías, se han presentado tres enmiendas al apartado 32, calificadas de idénticas. En realidad, la enmienda 13 difiere de las otras dos en una sola palabra. No obstante, la diferencia es importante, porque una cosa es hablar de China en su conjunto y otra bien distinta es hablar de China. Por tanto, solicito que la enmienda 13 se vote separadadamente de las enmiendas 1 y 10.
El Presidente.
   – Antes de votar sobre la enmienda 13 con el matiz semántico señalado por el señor Speroni, votaremos sobre las enmiendas 1 y 10, que son exactamente idénticas.

Kuhne (PSE )
   ,  Señor Presidente, todos los diputados tienen una copia de la actualización que he propuesto, que implica la siguiente sustitución en el apartado 8: 
«… informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, presentado al Secretario General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de 2004» por «… informe del Secretario General de Naciones Unidas titulado “Un concepto más amplio de la libertad. Desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, de 21 de marzo de 2005.» 
 Esto supone simplemente una actualización. Como el señor Samuelsen ha planteado el problema de los nombres en relación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, señalaré que este problema no se da en el texto sobre el que hemos de votar. Y si se diera, sería en la justificación, pero eso no es de lo que estamos tratando. 

Beer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, deseo proponer una enmienda oral con la que se pretende subrayar la demanda de una mayor cooperación con los Estados Unidos en vez de oponernos a ella en principio. No solo queremos acoger con satisfacción la cooperación actual en relación con la no proliferación de armas de destrucción masiva, sino que también deseamos que se hagan más esfuerzos a tal fin con vistas a la conferencia de no proliferación de este año.
La estrategia de no proliferación es un componente esencial de la Estrategia Europea de Seguridad. Especialmente en referencia a los actuales debates sobre no proliferación e Irán queremos apelar a una mayor cooperación con los socios estadounidenses en el refuerzo de la no proliferación como instrumento. 
El Presidente.
   –Señora Beer, ¿puede presentar el texto de la enmienda? 
Beer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, el ponente ha propuesto lo siguiente: 
– «Acoge con agrado la cooperación existente con los Estados Unidos en el terreno de la no proliferación». Nosotros proponemos las siguiente redacción: «Manifiesta su deseo de una cooperación más estrecha con los Estados Unidos en el terreno de la no proliferación». 

El Presidente.
   – Con esto concluye la votación. 
El Presidente.
   – Todas las explicaciones de voto se harán por escrito.
Carlshamre y Malmström (ALDE ),
    Pese a algunos buenos deseos, la política pesquera actual aún supone que la UE compre a los pobres el derecho a abusar de sus recursos naturales. Es una forma moderna de colonialismo. Es necesaria una auténtica reforma de la política pesquera, además de un cambio absoluto del enfoque de nuestras relaciones con los países pobres. Por eso hemos decidido votar contra el informe mencionado en su totalidad. 
Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    El informe del señor Kuhne trata de la Estrategia Europea de Seguridad, y el del señor Brok de la Política Exterior y de Seguridad Común. Votamos en contra de ambas resoluciones en su conjunto porque están encaminadas a una mayor cooperación militarista de la UE y a convertirla en una gran potencia que hable con una sola voz en las relaciones internacionales. Esta evolución llevaría a dotar a la UE de recursos sustanciosos que otras organizaciones podrían usar mejor.
Creemos que la OSCE y el Consejo de Europa deben tener prioridad en la labor de prevención de conflictos en el plano europeo. A escala mundial, las Naciones Unidas –con su importancia, experiencia y legitimidad– son las más adecuadas para ello. Las Naciones Unidas también tendrían la principal responsabilidad en el desarme mundial y en la prevención de la difusión de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y también habrían de garantizar recursos para la gestión de crisis militares.
No hay motivos para levantar el embargo de armas contra China, porque no ha cumplido las demandas relativas a los derechos humanos. Hay que alentar el estricto control sobre las exportaciones suecas de municiones.
Nos oponemos a la llamada del señor Brok a la inmediata aplicación de las propuestas de la Constitución Europea destinadas a reforzar la política de defensa y seguridad de la UE, a pesar de que la Constitución no ha sido aprobada aún en todos los países y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. Esto demuestra una tremenda arrogancia hacia los votantes europeos. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Como se ha reiterado, la necesidad de preservar los recursos pesqueros debe hacerse compatible con las necesidades de las poblaciones cuyo sustento depende de la pesca y de las industrias asociadas a esta actividad. Tanto como esta necesaria compatibilidad, es preciso garantizar también la sostenibilidad de la pesca a medio y largo plazo. Pero también debe garantizarse a corto plazo.
Aunque este asunto particular no afecta directamente a Portugal, tiene paralelismos con situaciones similares en que sí están en juego intereses de Portugal. Por eso he votado a favor. 
Wijkman (PPE-DE ),
   . La propuesta de la Comisión pretende hacer frente a los niveles de mortalidad por pesca excesivamente elevados y a los problemas para conseguir una reproducción adecuada en esas zonas. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha indicado en su informe, por ejemplo, que los altos niveles de mortalidad por pesca han ocasionado que el número de ejemplares adultos de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en la Península Ibérica sea tan pequeño que las poblaciones ya no pueden recuperarse por medio de la reproducción y se hallan en peligro de colapso. No hay ninguna razón para hacer lo que la Comisión de Pesca ha conseguido hacer y votar a favor de suavizar la propuesta de la Comisión, en un momento en el que la Comisión está indudablemente adoptando medidas para hacer frente a los problemas. Se necesita una auténtica reforma de la política pesquera, junto con una visión totalmente diferente de nuestra relación con los países pobres y de lo que constituye un uso sostenible de los recursos naturales. Por lo tanto, he decidido votar en contra de los dos informes antes citados. 

Estrela (PSE ),
    He votado a favor del informe del señor Krahmer sobre la propuesta de directiva relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización, por las siguientes razones.
En primer lugar, la directiva destaca la importancia al medio ambiente. Según la propuesta, al menos el 85 % de la masa de los vehículos debe ser reutilizable o reciclable y al menos el 95 % de la masa de los vehículos debe ser reutilizable o valorizable. De lo contrario, el modelo en cuestión no podrá ser comercializado.
En segundo lugar, la Directiva ofrece a los fabricantes y a las autoridades homologadoras un período razonable para verificar la conformidad de cerca de 600 modelos actualmente existentes en el mercado, teniendo también en cuenta los ciclos de producción habituales en la industria del automóvil. 
Marques (PPE-DE ),
   . Quiero felicitar al señor Krahmer por su importante informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo. Apoyo el informe y, en particular, las garantías dadas por los fabricantes de automóviles respecto a la posibilidad de «reutilización», «reciclado» y «valorización» de sus vehículos.
Como seguimiento de la Estrategia de Lisboa, la Unión Europea no debe olvidar la política medioambiental. En este sentido, hay que reconocer que el fabricante tiene la obligación de demostrar que el vehículo en cuestión respeta el medio ambiente y de ofrecer a las empresas responsables de la eliminación final de los residuos una descripción detallada de la estrategia de reciclaje. Medidas tales como la designación por los Estados miembros de las autoridades homologadoras de los certificados de vehículos respetuosos con el medio ambiente, así como la ampliación del plazo para la aplicación de esta Directiva –54 meses–, garantizarán la correcta transposición de la misma y la preparación de la industria del automóvil para la entrada en vigor de esta iniciativa comunitaria. 
Martin, David (PSE ),
   por escrito. Me complace la intención de estas propuestas de ayudar a reducir los residuos e informar a los consumidores. Estas propuestas refuerzan las buenas prácticas ya establecidas en el Reino Unido, donde en torno al 75 % de los dos millones de coches y furgonetas que llegan al final de sus días tradicionalmente se recuperan o reutilizan. No obstante, tengo algunas reservas acerca de las ventajas de aplicar las normas de diseño a los modelos de vehículos existentes, pues en tal caso la carga económica y administrativa puede superar el beneficio medioambiental. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Existe preocupación por los daños medioambientales causados por el inexorable crecimiento de la utilización de vehículos para el transporte particular. Esa preocupación ha dado lugar a iniciativas como la que hoy nos ocupa, destinada a reducir los efectos negativos mejorando las condiciones para el reciclado, la reutilización y la valorización de los vehículos.
Teniendo en cuenta la aprobación de enmiendas dirigidas a hacer más ejecutable esta propuesta en cuanto a, por ejemplo, su fecha de entrada en vigor, he votado a su favor. 

Guerreiro (GUE/NGL ),
   . Lamentamos que nuestras enmiendas al Reglamento que hoy nos ocupa hayan sido rechazadas, porque tenían como finalidad salvaguardar el presente y el futuro de los pescadores, de la pesca y del papel estratégico de este sector en nuestra dieta, particularmente en países como Portugal.
No podemos dejar de denunciar como un ejercicio de hipocresía que el Parlamento haya aceptado mencionar la necesidad de medidas socioeconómicas para «atenuar» los efectos de estos planes sin asegurar, al mismo tiempo, la garantía jurídica de su financiación comunitaria y sin condicionar los planes de recuperación a la existencia de esas medidas socioeconómicas.
Ese era exactamente el propósito de nuestras enmiendas: garantizar unas medidas socieconómicas que compensasen plenamente la pérdida de ingresos de los pescadores, para que la pesca tenga un futuro.
Al contrario de quienes ven en el desguace de los barcos una forma de ganar dinero fácil a corto plazo, sin interés alguno en garantizar el futuro del sector y olvidando el hecho de que muchos pescadores perderán su sustento, nosotros queremos garantizar el futuro de la pesca.
Enfrentados al problema de la sostenibilidad de la población sur de merluza europea y a la necesidad de su recuperación, los pescadores afectados tienen que ser plenamente compensados por la pérdida de ingresos derivada de la paralización de sus flotas. De este modo, conseguiremos el objetivo original, que es garantizar el futuro de la pesca.
Esta es la razón por la que no apoyamos el informe que tenemos ante nosotros. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Apoyo el presente informe en la forma en que ha llegado al Parlamento, porque ha encontrado el equilibrio pretendido por Portugal y que resultaba perjudicado por la propuesta inicial que establecía un conjunto de medidas lesivas para los intereses nacionales, especialmente a corto plazo, sin justificación suficiente.
Conseguido este equilibrio, he votado a favor. 

Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    Estamos a favor de que Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania mantengan una asociación más estrecha con la Unión Europea. Una vez que estos países cumplan plenamente los criterios de Copenhague, deberían convertirse en Estados miembro. Esa sería la evolución natural de la ampliación que la Unión Europea inició con la incorporación de diez nuevos miembros en mayo de 2004. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se refuerce la política exterior de la Unión, que es en muchos aspectos el objetivo de la resolución. 
Howitt (PSE ),
    El Partido Laborista en el Parlamento Europeo da todo su apoyo al incansable trabajo realizado por Lord Ashdown, el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. Naturalmente, desearíamos que las funciones de la oficina del Alto Representante se transfirieran gradualmente a instituciones nacionales soberanas. Sin embargo, en el período intermedio, es crucial que el Alto Representante conserve el derecho a usar los poderes contemplados en su mandato cuando las circunstancias lo requieran. 
Meijer (GUE/NGL ),
   . Ya desde comienzos del decenio de 1990 ha habido problemas con el nombre del vecino norteño de Grecia. Los nombres de tres provincias del norte de Grecia contienen la palabra Macedonia, una palabra que también fue importante en la historia antigua de Grecia. En el país vecino, el movimiento de resistencia contra el Imperio Otomano anterior a 1912 utilizó el nombre de Macedonia y ese fue también el nombre del estado federal del sur de Yugoslavia entre 1945 y 1991. Sería lógico utilizar ese nombre constitucional de elección propia, «República de Macedonia», en sentido general. 
A pesar de que cada estado elige su propio nombre sin injerencias de otros estados u organismos internacionales, en este caso se sigue intentando desde el exterior imponer un nombre diferente en el que solo la última palabra es indicativa del nombre real. Si condenáramos eso, Luxemburgo no podría seguir llamándose Luxemburgo, porque hay una provincia en el sudeste de Bélgica con el mismo nombre. Entre tanto, Macedonia ha sido reconocida por su nombre real, no solo por los Estados Unidos, Rusia y China, sino también por Eslovenia, que es un Estado miembro de la Unión Europea, y por Bulgaria, que algún día lo será. Si la Unión Europea sigue refiriéndose a Macedonia por un nombre diferente, estaría dando un trato injusto y discriminatorio al que un día podría ser uno de sus Estados miembros. 
Queiró (PPE-DE ),
   . En su política de vecindad, la Unión Europea tiene que prestar una atención especial a los Balcanes, porque debemos vigilar de cerca el progreso de países que avanzan en distintos procesos de integración y porque la experiencia del pasado reciente nos ha enseñado que la paz no es algo que se pueda dar siempre por sentado en Europa.
Ahora que ya han pasado unos años desde los peores momentos del conflicto, los países balcánicos están avanzando a paso lento pero firme por un camino que nos debe dejar satisfechos, aunque tengamos que lamentar lo mucho que queda por hacer. Insistamos, no obstante, en que, si miramos al pasado, nuestro sentimiento tiene que ser de satisfacción, y felizmente, si miramos al futuro, nuestro sentimiento puede ser de esperanza. 
Toussas (GUE/NGL ),
   . – La Resolución del Parlamento Europeo relativa a los Balcanes occidentales expresa la tendencia más general de los Estados Unidos y de la Unión Europea hacia nuevos cambios de fronteras, la competencia entre ellos por dividir la región y los intentos de la Unión Europea por anexionarlos a estructuras eurotransatlánticas. La lucha por la independencia de Kosovo, el debate sobre la revisión de los acuerdos de Dayton y la referencia a problemas funcionales en Serbia y Montenegro confirman ese nuevo ciclo de cambios de fronteras. Pero si esos cambios llegan a realizarse, se creará una grave situación en los Balcanes que puede degenerar en el estallido de un conflicto como resultado de una lucha más intensa entre los imperialistas por controlar y dividir la región. Los pueblos balcánicos han pagado ya con muerte y destrucción los cambios de fronteras resultantes de guerras e intervenciones imperialistas por parte de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Por consiguiente, Grecia como país, su población y los demás pueblos, no están protegidos en virtud de ningún acuerdo eurotransatlántico. Existe una necesidad urgente e inmediata de intensificar la lucha colectiva de los pueblos contra la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN que, entre otras cosas, son los principales responsables de la trágica situación que viven los pueblos balcánicos. 

Fotyga (UEN ),
   . La mayor parte de este excelente texto está relacionada con disposiciones del Tratado Constitucional. Considero que este paso es prematuro y que socava la competencia exclusiva de los Estados miembros al presionar a favor de una aprobación aún no decidida del Tratado. Por eso, voto en contra del informe. 
Howitt (PSE ),
    El Partido Laborista en el Parlamento Europeo respalda plenamente la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de que refleje mejor el mundo actual, y también apoya las mejoras encaminadas a conseguir que la UE cuente con voz propia en las Naciones Unidas. Sin embargo, está fuera de lugar hablar de un asiento para la UE, ya que la Carta de las Naciones Unidas no permite ser miembros a organizaciones como la UE. No queremos prejuzgar el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Al aprobar este informe debemos retener, de entre varias ideas de gran importancia, la prioridad que hay que dar a la lucha contra el terrorismo como eje central de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. En este sentido, es prioritario el diálogo con terceros países, la cooperación internacional y la puesta en práctica de la Declaración de la UE y los Estados Unidos de 2004. Y es también esencial que compartamos con nuestros aliados atlánticos la conciencia de la gravedad de las amenazas que penden sobre el mundo libre. 
Wijkman (PPE-DE ),
   . En general, apoyo el progreso de la política exterior y de seguridad común. En ciertas situaciones de crisis, es lógico que se utilicen tanto recursos militares como civiles. Al mismo tiempo, es importante que no se debiliten los principios humanitarios y que las operaciones humanitarias no se utilicen con fines militares (algo que lamentablemente ha ocurrido en Iraq y Afganistán).
Es también importante garantizar que los recursos destinados a la cooperación al desarrollo a largo plazo no se utilicen con otros fines. Por todas estas razones, he decidido abstenerme, ya que la redacción de los párrafos 45 y 46 puede dar pie a cierta arbitrariedad en lo que se refiere a estos aspectos. 

Marques (PPE-DE ),
   . He votado a favor de este informe sobre la Estrategia Europea de Seguridad (EES), que por primera vez define el concepto de seguridad de una manera más detallada. La EES considera la seguridad como una condición previa para el desarrollo y se centra en factores que hasta ahora no se habían considerado fundamentales para la seguridad. En este sentido, entre las principales amenazas para la seguridad global, la EES destaca la fuerza destructora de la pobreza, la desnutrición y la enfermedad.
La EES establece tres objetivos estratégicos. La Unión Europea debe ser capaz de, en primer lugar, identificar las amenazas y emprender una acción rápida utilizando medios militares y no militares; en segundo lugar, garantizar la seguridad en las regiones de la UE que son actualmente fronterizas, pero también en las que lo serán en el futuro; y finalmente, fortalecer el orden internacional.
No obstante, quiero subrayar que la Unión Europea sufre serias carencias en lo que se refiere a recursos militares, lo que podría comprometer su capacidad para realizar misiones humanitarias de elevada intensidad. La Unión Europea tiene que equiparse con las capacidades tecnológicas necesarias para poder evaluar posibles amenazas. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Aunque celebro que este informe plantee cuestiones de importancia inmediata, eso no disipa las objeciones que me suscita el documento original en el que se basa.
Al contrario de lo que sería de esperar de un documento de esta naturaleza, el tiempo dedicado a identificar amenazas es breve y las cuestiones que exigen un detallado análisis se resumen en párrafos cortos, mientras que el documento presta especial atención a los medios para poner en práctica la Estrategia Europea de Seguridad. O bien la Unión Europea sabe muy bien para qué quiere esos medios –y no lo dice aquí –, o quiere esos medios porque sabe que sin ellos no tendría peso, pero no sabe para qué los quiere.
En ambos casos, debemos manifestar nuestra preocupación por la falta de profundidad y de contenido, a diferencia de idénticos documentos producidos por nuestros aliados. 

Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    En nuestra opinión, la lucha contra el dopaje en el deporte es una cuestión muy importante. Es tan importante que, en todos y cada uno de los Estados miembros, debe ser tratada por el parlamento nacional. No creemos que el deporte y el atletismo sean cuestiones que competan a la Unión Europea.
No obstante, exigimos que cada Estado miembro mantenga un control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea y que combata el comercio de sustancias ilegales.
El visto E de la propuesta de resolución dice que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa proporciona un fundamento jurídico suficiente para la planificación y ejecución de intervenciones comunitarias en el ámbito del deporte.
Una de las razones para oponerse al proyecto de Constitución para Europa es precisamente que, de forma absurda, regula cuestiones que deberían decidir los propios Estados miembros.
Por lo tanto, votamos en contra de esta resolución. 
Guerreiro (GUE/NGL ),
   . El «dopaje» en el deporte es un problema de salud pública polifacético que afecta a todos y en especial a los directamente implicados: los deportistas.
La necesidad de alcanzar unos ciertos niveles y conseguir unos ciertos resultados, impuesta por mecanismos e intereses económicos –en ocasiones con impresionantes sumas de dinero en juego– y políticos, totalmente contrarios a lo que deberían ser los verdaderos valores y objetivos del deporte, fomentan el consumo de una serie de sustancias ilícitas que suelen ser perjudiciales para la salud de los deportistas.
El deporte no debe considerarse como una actividad altamente lucrativa que beneficia a unos pocos, sino como una actividad educativa, cultural y social que tiene una importancia fundamental en la formación física, psicológica y social del ser humano.
Entre otras medidas, es necesario definir una política de prevención y educación capaz de promover una práctica saludable de la actividad física que comience en la infancia y se prolongue durante el resto de la vida. 
Mann, Thomas (PPE-DE ),
   . Apoyo plenamente la propuesta de resolución relativa al «Dopaje en el deporte». Hace una década, yo practicaba la halterofilia, aunque lamentablemente nunca conseguí esa figura soñada de culturista que tanto gustaba a las mujeres. Actualmente me alegro de haber consumido solo grandes cantidades de proteínas y nunca clenbuterol ni esteroides anabólicos.
Los deportistas aficionados o profesionales que se dopan con la esperanza de encontrar patrocinadores o ayuda financiera y con ello, quizás, la fama, pagan un alto precio por ello. A menudo, lo que fue un cuerpo espectacular, con el tiempo resulta una imagen poco agradable. 
La Agencia Mundial Antidopaje del COI, que realiza numerosas investigaciones y se ocupa del control y el registro de sustancias prohibidas, ha actuado a última hora, aunque nunca es demasiado tarde. El año pasado, la agencia nacional antidopaje alemana llevó a cabo 8 000 inspecciones en campos de entrenamiento y competiciones. En el futuro se realizarán pruebas antidopaje en el 20% de todas las competiciones de la UEFA.
Necesitamos unas normas internacionales comunes si no queremos que los atletas controlados se encuentren en situación de desventaja respecto a los que no se someten a los controles adecuados. Es necesario que quienes manipulan el logro de medallas y premios para conseguir beneficios o fama sean socialmente estigmatizados por ello. Solo el deporte libre de dopaje merece el reconocimiento y solo los deportistas limpios constituyen verdaderos ejemplos para los demás. 
Martin, David (PSE ),
    Me complace esta resolución que llama la atención sobre el problema del dopaje en el deporte. El número de casos de dopaje durante los Juegos Olímpicos de 2004 vuelve a demostrar la necesidad de luchar contra este problema tan real.
El Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa establece un fundamento jurídico adecuado para elaborar y llevar a cabo acciones comunitarias en el ámbito del deporte. Por tanto, contamos con medios jurídicos para proteger no solo a los profesionales del deporte, que cada vez están sometidos a más presión, sino también a los incontables menores y aficionados que son vulnerables al dopaje en el deporte.
Particularmente me satisface el llamamiento lanzado a la Comisión para que preste su apoyo a una campaña informativa constante a fin de establecer una política preventiva eficaz. También es importante que los Estados miembros y la Comisión cooperen estrechamente con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS), de modo que la Unión Europea pueda actuar efectivamente con respecto a la prevención y el control del dopaje. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Al votar a favor de esta resolución, comparto la preocupación que suscita el consumo de sustancias dopantes en el deporte, porque corrompe todo lo que debería representar una competición deportiva, además de por motivos de salud pública. Sin detrimento del principio de subsidiariedad, es evidente que existe un nivel de intervención en el que tendría sentido que la Unión emprendiese acciones que, sobre todo, resultasen efectivas. 

Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    En nuestra opinión, se trata de una cuestión que compete a los Estados miembros y a la UNESCO, a pesar de que el Consejo de Ministros haya autorizado a la Comisión a negociar en nombre de la Unión Europea las partes del proyecto de documento de la UNESCO que son competencia de la Unión Europea. No creemos que estas cuestiones tenga que tratarlas la Unión.
Es totalmente absurdo que la Unión Europea hable en nombre de 25 Estados miembros sobre cuestiones relativas a la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas.
Por lo tanto, hemos votado en contra de esta resolución en la votación final. 
Guerreiro (GUE/NGL ),
   . Reconocemos la importancia de esta iniciativa de la Comisión de Cultura y Educación relativa a la convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, dada la importancia de preservar y promover la diversidad cultural y las actuales negociaciones en el seno de la UNESCO, particularmente cuando se está produciendo una nueva ronda de negociaciones en la Organización Mundial del Comercio que, bajo la presión de los grandes grupos económicos y financieros, liberalizaría y mercantilizaría casi todo.
La creación de un instrumento internacional en este dominio podrá contribuir a consolidar los derechos soberanos y culturales de los pueblos y países, así como a fomentar el desarrollo de políticas públicas sobre cooperación internacional, asegurando que los productos culturales no puedan equipararse a una mercancía ni subordinarse a la lógica del libre comercio, y que el acceso a una oferta diversificada de contenidos culturales constituya un derecho fundamental de los ciudadanos.
En este sentido, es fundamental defender el papel extremadamente importante que desempeñan los servicios públicos para salvaguardar, apoyar y desarrollar la identidad y diversidad culturales, garantizando el pluralismo y el acceso de todos los ciudadanos a contenidos y conocimientos.
Eso implica también reconocer la importancia de las ayudas financieras públicas y la competencia de los Estados para decidir esas ayudas. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Si hay ámbitos donde la subsidiariedad tiene más sentido, uno de ellos, como ya he dicho en muchas ocasiones, es la cultura. Eso sin menoscabo de los esfuerzos de cooperación, las experiencias de coproducción y los programas comunitarias, entre otros, y sin menoscabo de los esfuerzos internacionales que deben dirigirse a garantizar una diversidad efectiva de los contenidos culturales y las expresiones artísticas. Al hacerlo, tenemos que asegurarnos siempre de que la libertad creativa, uno de los requisitos previos para esa diversidad, no se vea perjudicada. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede a la Declaración de la Comisión sobre la sequía en Portugal.
Borg,
   . Señor Presidente, la Comisión es muy consciente de la gravedad de la situación ocasionada por la sequía en Portugal, comprende las preocupaciones suscitadas y se compromete de pleno a prestar ayuda a Portugal. Mi colega, la Comisaria Fischer Boel, se reunió el 6 de abril de 2005 con el Ministro portugués de Agricultura, el señor Silva, para abordar este asunto.
Existen tres conjuntos de instrumentos que revisten especial importancia en relación con la ayuda destinada a los agricultores portugueses. El primero se refiere al apoyo al mercado y las ayudas directas, un ámbito en el que la Comisión ya ha actuado adoptando dos decisiones: una el 4 de marzo para incrementar los anticipos de la prima por bovino para 2004 hasta el 80%, y otra el 7 de abril para permitir la utilización de tierras retiradas para la cría de animales en las regiones afectadas.
Actualmente se están elaborando otras tres decisiones. La primera se refiere a la derogación temporal de los requisitos de densidad previstos en el Reglamento relativo a la reconversión de tierras de cultivo a favor de la ganadería extensiva. Este instrumento introduce un coeficiente correctivo de correlación aplicable al número de unidades de ganado registradas por explotación. Otra de las decisiones ampliará la utilización de la tierra retirada destinada a la alimentación de animales al conjunto del territorio continental de Portugal.
En este contexto, deseo mencionar la solicitud portuguesa de transferencia de existencias de intervención. Tradicionalmente, la Comisión se opone a dichas transferencias a la luz del abundante abastecimiento del mercado. La Comisaria Fischer Boel, que ha tratado esta cuestión con el Ministro portugués de Agricultura, ha aceptado las circunstancias particularmente complicadas debidas a la prolongada sequía que sufre Portugal y ha pedido a los servicios de la Dirección General de Agricultura que aborden con las autoridades portuguesas la cuestión referente a la utilización de las existencias transferidas.
Una tercera decisión autorizará, en determinadas condiciones, el anticipo de una serie de primas. Esto incluye un anticipo del 80 % de la prima por vaca nodriza y un 50 % de la prima por oveja, cabra y de la prima láctea para 2005. De conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, también se podrá adelantar el pago único por explotación, siempre que no se abone antes del 16 de octubre y que esté sujeto a los controles pertinentes.
El segundo instrumento se refiere al desarrollo rural. Cuando se producen desastres naturales, es posible recurrir a la reprogramación. No obstante, esta posibilidad parece limitada, ya que el periodo de programación está llegando a su fin y escasean los recursos. Portugal pidió que los agricultores continúen recibiendo los pagos en concepto de desarrollo rural, aunque no se puedan cumplir ciertas condiciones debido a la sequía.
A finales de enero de 2005, las autoridades portuguesas solicitaron el reconocimiento de la sequía como un caso de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 817/2004 y la derogación de determinadas condiciones relativas a la medida sobre el medio ambiente agrícola.
Para reconocer la fuerza mayor es necesario que se cumplan una serie de criterios, en particular la gravedad de la sequía y la cuantificación de las consecuencias para la agricultura y el sector agrario. Ya existen varios informes que ofrecen una visión inicial de las consecuencias esperadas. Con arreglo a la información disponible, la Comisión no tiene nada que objetar a la solicitud portuguesa. No obstante, se pedirá a las autoridades portuguesas que presenten un informe más completo.
Portugal puede decidir compensar a los agricultores mediante ayudas estatales por las pérdidas de ingresos ocasionadas por la grave sequía. Para ello, tendrá que notificar sus planes a la Comisión, que hará todo lo posible por aprobarlos con rapidez. No obstante, es esencial demostrar que las pérdidas ocasionadas por un fenómeno climático han alcanzado un umbral del 20 % o del 30 %; en segundo lugar, es necesario que exista una relación directa entre las pérdidas y las condiciones meteorológicas adversas; y en tercer lugar, no debe producirse una compensación excesiva.
Las autoridades portuguesas también pueden recurrir al Reglamento relativo a las ayudas estatales . Durante un periodo de tres años se pueden conceder ayudas de hasta 3 000 euros por agricultor sin necesidad de notificarlo a la Comisión, siempre y cuando, entre otras condiciones, la cantidad total en el periodo no supere los 17 832 000 euros.
Queiró,
    – Señor Presidente, Señorías, cuando solicitamos este debate, contábamos evidentemente con el compromiso del Parlamento Europeo y, en este momento, quiero expresar mi agradecimiento a todos los Grupos políticos por las muestras de solidaridad del Parlamento.
La situación de sequía en Portugal es extremadamente grave, como ya sabemos y como el señor Borg nos acaba de explicar. Hace apenas un mes, el 15 de marzo, cerca del 88 % del territorio de Portugal sufría ya una sequía grave o incluso extrema y, a pesar de las lluvias recientes, se han producido grandes e irreparables pérdidas. De acuerdo con los datos disponibles, aunque lloviese con normalidad en los próximos meses –y las previsiones no indican en absoluto que vaya a ser así– nos enfrentaríamos a una situación que se produce solo una vez cada 40 años.
La agricultura se ha visto afectada, la ganadería está en riesgo, algunas comunidades están sufriendo ya cortes de agua y todo ello ocurre en regiones ya de por sí deprimidas. De hecho, si la situación empeora al acercarse el verano, existe el riesgo de que el turismo, uno de los sectores económicos más importantes de Portugal, se vea gravemente afectado y que los efectos de la sequía se extiendan a muchos otros sectores y afecten a muchos miles de portugueses. Por otro lado, hay que actuar de inmediato para evitar que se repitan los devastadores incendios de hace dos años, provocados en parte también por un período de escasas lluvias, aunque en absoluto comparable al actual.
Estamos pues, ante de un cuadro que justifica plenamente la solidaridad de la Unión Europea y, cuanto más se tarde en demostrar esa solidaridad, mayores serán los costes y menor el impacto positivo. Así pues, esperamos que el impulso que daría la aprobación por el Parlamento Europeo de la resolución propuesta lleve a la Comisión a actuar con rapidez y eficacia para atender las demandas de Portugal, y hay indicios claros de que está dispuesta a hacerlo.
Esperamos también, en caso necesario, que la Comisión analice y apruebe un plan de ayuda estatal –ya mencionado aquí– para crear líneas de crédito destinadas a hacer frente a las pérdidas y atender las necesidades de reinversión y de reestructuración de las deudas contraídas por los agricultores, cuya supervivencia es, después de todo, la razón de que estemos hoy aquí. 
Capoulas Santos,
   – Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Comisario por su intervención y por la franqueza de la Comisión ante la difícil situación que padece actualmente Portugal. Como saben, la grave sequía que reina en mi país es especialmente acentuada en las regiones del sur. 
Permítame, señor Presidente, que agradezca las manifestaciones de solidaridad y de apoyo de todos los diputados a los que he tenido la oportunidad de explicarles la situación. Quiero también decir lo mucho que me satisface haber tenido la oportunidad de presentar esta propuesta común, suscrita por los principales Grupos políticos de este Parlamento.
Estamos al comienzo de una nueva estación seca en Portugal, después de que prácticamente no haya llovido en otoño e invierno, que son los períodos lluviosos en mi país. En algunas regiones, los niveles de los acuíferos no llegan al 20 % de la media de los últimos 40 años. Debido a ello se están agotando todas las existencias de forrajes y, al no haber crecido los pastos ni las tierras de cultivo, estando restringida la utilización del agua que queda en los embalses, no será posible conseguir nuevos suministros en cantidades suficientes para el próximo otoño e invierno. Por otra parte, habrá que alimentar al ganado hasta la primavera del año que viene, y eso con la perspectiva de un otoño normal en términos pluviométricos.
Esta situación es absolutamente insoportable tanto para los agricultores como para los ganaderos y justifica una rápida respuesta de la Comisión a las peticiones cursadas por el Gobierno portugués, que tendrán un impacto inapreciable en el presupuesto comunitario. Después de todo, como ha explicado correctamente el señor Borg, lo que se pide son pagos anticipados y derogaciones de las normas de algunos reglamentos cuyo cumplimiento en estas circunstancias sería totalmente imposible, de forma que los agricultores no sean penalizados, así como la autorización para conceder algunas ayudas estatales, en particular a los pequeños agricultores. 
No obstante, señor Presidente, Señorías, la situación que vivimos en Portugal debe obligarnos a reflexionar sobre las soluciones a medio y largo plazo para este tipo de problemas, como la creación de un sistema europeo de protección contra los riesgos y las crisis de la agricultura, cuyo debate en buena hora celebró hace poco la Comisión y, en términos más amplios, reforzando el liderazgo de la Unión en las iniciativas internacionales frente al cambio climático y la presentación de propuestas concretas para una acción estratégica después de 2012.
Creo que en el breve tiempo del que disponía, he dado suficientes razones al Parlamento para que apoye por mayoría esta propuesta de resolución. Por lo tanto, les pido que voten a favor, con la seguridad de que, como acaba de decir el señor Comisario, la Comisión se tomará este asunto en serio. 
Guardans Cambó,
    Señor Presidente, quiero felicitar la iniciativa que ha traído a este Pleno, como debate de urgencia, esta cuestión de la sequía en Portugal y empezar transmitiendo toda la simpatía y la sintonía que, como copeninsular, se puede tener respecto de este problema.
Es evidente que no hace falta ser un experto en meteorología ni un hombre del tiempo para saber que, si no llueve en Portugal, tampoco llueve en determinadas zonas de España. Creo que es bastante obvio y que, por tanto, en lo que se refiere a la dimensión climatológica de lo que aquí estamos comentando, el problema de Portugal es prácticamente idéntico al de buena parte de España.
Otra cosa es, sin duda, que los efectos económicos concretos en el país sean distintos, en función ya de la propia geografía o del propio territorio. Pero el problema de la sequía, el problema de la falta de lluvia como tal, se comparte. Por eso introdujimos algunas enmiendas en esta propuesta de resolución, que en algunos párrafos amplían un poco lo que es el ámbito de la misma y, de hecho, no se ciñe ya solo a Portugal, sino que se extiende también, en parte, al conjunto de la Península Ibérica. Y así creo que tiene que ser.
Evidentemente, a mi Grupo le parece espléndido que se destaquen los efectos específicos, en algunos casos con menciones muy concretas a problemas que afectan especialmente a Portugal y, muy específicamente, al sur de Portugal. Pero entre todos deberíamos empezar a hacer, y lo decía el orador que me ha precedido, una reflexión más profunda, porque esto no es coyuntural. Por tanto, la Comisión Europea tiene una responsabilidad de estudio, de anticipación y de planificación en las consecuencias del cambio climático, que no es solo para grandes discursos políticos en grandes debates, sino que tiene consecuencias inmediatas, y a veces dramáticas, para la economía de los países, como se comprueba en este caso. Eso es, por tanto, lo primero que quiero destacar: esta situación no es coyuntural, no es una crisis que pasa, sino algo que merece una reflexión profunda y, por tanto, requiere medidas políticas a medio y largo plazo.
Sobre la propia Resolución, que detalla cuestiones muy concretas, quiero destacar dos, o tres. La primera es, fundamentalmente, la insistencia en que el impacto económico es un impacto general, que va más allá de la agricultura; el impacto de la sequía, por ejemplo, afecta directamente al turismo y a toda la dimensión rural del mismo, y eso es algo que siempre debe tenerse en cuenta, y muy especialmente cuando hablamos de este tema.
En segundo lugar, la referencia a ese drama en el que, si se quiere, España y Portugal estamos muy cerca, y me atrevería a decir también Cataluña y Portugal: el elemento de los incendios, los fuegos forestales. Eso es una enmienda que se ha introducido y que no afecta solo a Portugal y, por tanto, quisiera vincular las consecuencias que tiene la sequía en el riesgo gravísimo de incendios y, a la vez, hacer una llamada a la posible aplicación del Fondo de Solidaridad para atender a estos temas. Me parece que es algo muy importante, que probablemente, en su momento, exigirá una Resolución y un debate directamente dedicado a este tema.
Guerreiro,
   . – Desde principios de año venimos alertando a la Comisión y al Parlamento de la grave situación que existe en Portugal, como resultado de los dos períodos de sequía más acentuados que se recuerdan, cuyos efectos sociales, económicos y medioambientales tenderán a aumentar al acercarse el verano.
En nuestra pregunta formulada a la Comisión en enero y nuestra intervención en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en febrero, advertimos de la necesidad de medidas urgentes para hacer frente a la difícil situación de la agricultura y de acciones inmediatas para evitar cortes de agua en algunas zonas. La situación de la agricultura es preocupante. Los cultivos de otoño/verano se han perdido y los de primavera/verano, como los de tomate, maíz, arroz, frutas y hortalizas, corren el riesgo de perderse; lo mismo sucede con los forrajes y con el desarrollo normal de cultivos de otoño, como los cítricos y la uva. Algunas reforestaciones efectuadas después de los incendios de 2003 y 2004 se han perdido irremediablemente debido a la falta de humedad en el suelo.
Esta situación coloca a millares de pequeños y medianos agricultores en serias dificultades financieras. Por lo tanto, urge tomar medidas concretas para apoyar a los agricultores portugueses, como las previstas en esta resolución o las que nosotros propusimos: la creación de un seguro agrícola público, financiado con fondos comunitarios, que permita garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores en caso de catástrofes como una sequía o un incendio; una línea de ayuda financiera para compensar el aumento de los costes y el descenso de la producción agrícola; una exención temporal de las cotizaciones a la seguridad social, sin pérdida de derechos, para los agricultores a jornada completa con ingresos inferiores a 12 unidades de dimensión europea (UDE), y la ampliación del plazo de devolución de los créditos sin intereses por dos años.
Por otro lado, tienen que adoptarse también medidas a corto y largo plazo para garantizar la disponibilidad de agua –un bien público y un derecho humano universal– en cantidad y calidad suficientes. Por eso hemos propuesto una enmienda que incide en la necesidad de presentar medidas concretas que apoyen a los municipios portugueses de las zonas más afectadas por la sequía, asegurando al mismo tiempo la justicia en la activación del Fondo Europeo de Solidaridad
Por último, esta situación viene una vez más a alertar de la necesidad de prevenir el calentamiento global y sus consecuencias sobre el cambio climático a fin de alcanzar los importantes objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto. 
Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Portugal padece una situación dramática de sequía, pérdida de cultivos, ganado que muere sin agua ni alimentos, deterioro ambiental de las zonas más afectadas, aumento del riesgo de incendios forestales en verano y poblaciones que ya dependen del abastecimiento de agua procedente del exterior.
El señor Queiró ha señalado que el 80 % del país padece las consecuencias de la sequía. El sector agrícola ya ha sufrido pérdidas que superan los mil millones de euros y que no harán sino aumentar. Se acercan los meses más cálidos, con un aumento significativo de la temperatura y sin que se esperen lluvias entre mayo y octubre.
Ahora que intentamos fomentar la solidaridad europea con los más afectados, la Unión Europea debe ofrecer su ayuda, gran parte de la cual no tiene nada que ver con dinero ni con subvenciones, como ha dicho el señor Capoulas Santos, sino con la buena voluntad y el conocimiento de las dificultades que se sufren sobre el terreno.
En primer lugar, respecto a las ayudas estatales. La Comisión debe autorizar al Gobierno portugués a conceder ayudas estatales a los agricultores que han perdido sus ingresos para adquirir alimentos para el ganado, invertir en la captación y distribución de agua y facilitar la reestructuración de las deudas bancarias de los agricultores. En segundo lugar, debe adelantarse el pago de las subvenciones a las que tienen derecho los agricultores, en su totalidad y no solo en parte, señor Comisario. En tercer lugar, debe facilitarse la transferencia de cereales de las existencias de intervención comunitaria resultantes de los excedentes de algunos Estados miembros. En cuarto lugar, deben concederse derogaciones de algunos reglamentos comunitarios que ha mencionado usted, señor Comisario, autorizando el pastoreo en zonas retiradas del cultivo o en tierras plantadas con cereales y ya afectadas por la sequía. En quinto lugar, deben destinarse fondos y movilizarse recursos para prevenir los numerosos incendios forestales que cabe esperar este verano a raíz de la sequía. En sexto lugar, debe analizarse la posibilidad de utilizar el Fondo Europeo de Solidaridad para este tipo de situaciones. Y en séptimo lugar, deben reafirmarse las posiciones europeas con respecto al cambio climático y el Protocolo de Kyoto.
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea funciona mejor cuando se acerca a los ciudadanos. Es importante que los ciudadanos portugueses más afectados por la sequía puedan sentirse también ciudadanos europeos. 
Casaca (PSE ).
   – Señor Presidente, solidaridad es la primera palabra que quiero decir. Debemos mostrarnos solidarios con las poblaciones de las zonas más afectadas, particularmente con los agricultores del sur de Portugal y de la zona fronteriza. La situación es particularmente grave en las regiones de y . Debemos demostrar que esa solidaridad no se detiene en la frontera y quiero asegurar al señor Guardans Cambó que naturalmente se extiende a toda la población de Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, etc., regiones que, en efecto, también sufren las consecuencias de lo que solamente se puede calificar de una catástrofe natural de grandes dimensiones. Diga lo que diga el Reglamento, esta es la realidad de la situación y por ello la solidaridad es también aquí una palabra fundamental.
Me satisface comprobar que nadie ha pronunciado la palabra «exageración», porque la situación nunca se ha exagerado, sino que se ha descrito con objetividad y exactitud. Celebro también que la Comisión se haya comprometido a ayudar a resolver estos problemas.
No obstante, quiero destacar en especial algunos aspectos que están, de forma intrínseca e indiscutible, vinculados a una estrategia forestal cuya formulación compete indudablemente a los propios Estados miembros, pero que la Comisión también debe definir con precisión. Por eso, cuando escucho que, en el marco de la revisión de la estrategia forestal, se ha reducido de 20 a 10 años el plazo establecido para el pago de ayudas por pérdida de ingresos, me sorprende que en las instituciones europeas no hayamos comprendido todavía la enorme importancia de una buena estrategia forestal para evitar estas situaciones cercanas a la desertización.
Es absolutamente fundamental que los complementos de ingresos se mantengan durante décadas para especies que tardan decenas de años en crecer antes de poder producir absolutamente nada. Es fundamental no solo que se mantenga las ayudas a los bosques del sur de la Península Ibérica, sino que también se refuercen esas ayudas con relación a las alternativas. Quiero pedir, por tanto, a la Comisión que preste la máxima atención a esta cuestión.
Portas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, como ya se ha dicho varias veces en este debate, mi país sufre una sequía y la situación para los agricultores y ganaderos está al borde del desastre. La situación ya es dramática y por ello son tan importantes las propuestas que votamos hoy, para compensar y aliviar parcialmente las pérdidas sufridas por los agricultores. Pero se necesitan otras medidas.
Es indispensable una gestión racional del agua, que es un bien escaso y público en los países del sur de la Unión Europea. En nuestra civilización, y en mi país en particular, sigue desperdiciándose mucha agua y eso tiene que cambiar. Lo mismo podría decirse de la actual política agrícola, que infravalora a los países mediterráneos y no fomenta una ocupación racional del territorio ni la sostenibilidad ecológica del mundo rural. En agosto, cuando inevitablemente se vuelvan a declarar incendios, pagaremos una vez más por esta irresponsabilidad.
Por último, necesitamos nuevos instrumentos europeos para la prevención de riesgos. El señor Capoulas Santos tiene en esto toda la razón. Una de las cosas que tenemos que hacer es crear un seguro europeo de cosechas que pueda canalizar parte de las contribuciones de los agricultores a un fondo para catástrofes, un fondo con participación de los Estados miembros y la Unión que podría movilizarse de forma automática ante situaciones como las que ahora se viven en Portugal o en el sur de España, pero que en otras ocasiones pueden afectar a otros países. 
Korhola (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero expresar mi solidaridad con los afectados por la sequía portuguesa y mi apoyo a la resolución. No obstante, quiero referirme al fenómeno que la provoca: el cambio climático. El tema hace referencia precisamente a lo que han comentado prestigiosos profesores universitarios finlandeses de ciencias medioambientales en un seminario celebrado aquí en el Parlamento de Estrasburgo esta semana. Uno de los temas tratados fue el cambio climático. Al seminario asistió también un alto funcionario de la Dirección General de Investigación de la Comisión, que disfrutó realmente con el contacto entre ciencia y política en el Parlamento. Esa cooperación entre científicos y políticos es positiva, pero naturalmente no deberíamos darla por hecha. El mundo no funciona de forma que el conocimiento académico fluye simplemente hacia los políticos. En ocasiones, hace falta pedirlo. Los científicos no tienen necesidad de venir a presionarnos. A pesar de que la sociedad realiza investigaciones científicas, lamentablemente los legisladores no suelen estar informados de ese tipo de conocimientos.
A menudo nos preguntamos, por ejemplo, si la sequía de 2003 es un indicio del cambio climático. Los investigadores afirman que la pregunta se plantea de forma incorrecta y que no existe una respuesta sencilla. Pero si les preguntamos si cabe esperar nuevas sequías, responden que sí; si las olas de calor van a ser más frecuentes, responden que sí; y si la sociedad moderna va a ser cada vez más vulnerable a fenómenos climáticos extremos, responden que sí.
Por lo tanto, ha llegado el momento de actuar. No podemos seguir esperando respuestas más certeras. La información que tenemos ahora debe ser suficiente para que emprendamos acciones más eficaces que nos permitan evitar o frenar el cambio climático. Esa es una de nuestras grandes prioridades políticas. Otro ingrediente esencial son las políticas de adaptación, en las que tenemos que realizar un decidido esfuerzo de inversión, redefiniendo nuestros propios ámbitos políticos e invirtiendo en investigación. Necesitamos, por ejemplo, una estrategia forestal adecuada a la situación actual. Lamentablemente, el cambio climático no se puede evitar por completo, pero es fundamental minimizar el alcance de los daños humanos y materiales. 
Madeira, (PSE ).
   – Señor Presidente, como ya se ha mencionado hoy en varias ocasiones, Portugal sufre posiblemente la sequía más grave desde 1990 o 1981. Las cifras están claras. Debido a esa situación de sequía, los acuíferos de las regiones del Alentejo y del Algarve están a menos del 50 % de su capacidad máxima.
Estamos en abril y cerca del 25 % de los municipios portugueses han aplicado ya medidas cautelares para mitigar los efectos de la sequía. Si menciono estos datos, y todos los que hemos escuchado hoy aquí, con particular vehemencia, es porque esas fueron, sobre todo, las zonas más devastadas del territorio continental portugués en los últimos años. Esas fueron también las zonas que recibieron ayudas del Fondo de Solidaridad cuando este se movilizó tras los incendios de 2003 en que millares de personas vieron cómo sus actividades económicas y sus posesiones eran pasto de las llamas. Y luego sufrieron los incendios de 2004, que devastaron todo lo que había resistido tenazmente a la furia devoradora de los incendios de 2003. Además de todo eso, son las zonas más afectadas por la ampliación, las que pasaron, en teoría, a ser ricas de la noche a la mañana debido al conocido efecto estadístico.
Toda esa gente que desde hace años aguanta y resiste, a pesar de las innumerables adversidades, gente que vive de la agricultura, de la ganadería, de los bosques, del turismo y del medio ambiente, gente de escasos recursos, es la que más ha sufrido. Ha sufrido la sequía meteorológica y también la sequía hidrológica, porque los embalses que deberían servir para amortiguar esta situación se encuentran con apenas un 30 o 40 % de capacidad útil.
Señor Comisario, esta situación no se habría producido o no sería tan grave si al menos en el sur la Comisión se mostrase dispuesta a resolver sus diferencias con Portugal respecto a la presa de Odelouca y al resto de la red de embalses. Esa situación viene arrastrándose desde hace tiempo y nos ha conducido a las dificultades que sufrimos en estos momentos. Por eso le pregunto, señor Comisario, si está dispuesto –si la Comisión está dispuesta– a resolver este problema estructural, para que en el futuro esa gente no tenga que ver cómo se repiten las catástrofes una y otra vez.
Naturalmente, agradezco a la Comisión todas las propuestas que ha presentado hoy aquí a modo de soluciones de emergencia, aunque como muchos diputados han dicho en esta Cámara, lo que necesitamos son propuestas concretas, algunas de las cuales ya están encima de la mesa y solo necesitan la aprobación de la Comisión. 
Borg,
   . Señor Presidente, quisiera agradecer a sus Señorías los comentarios sobre la declaración de la Comisión. La Comisión comparte las preocupaciones expresadas en esta Cámara por las consecuencias de la sequía en Portugal. Tal como he manifestado al principio de este debate, haremos lo que esté en nuestra mano para ayudar a los más afectados por la sequía, es decir, a la comunidad agrícola. A su vez, estas medidas servirán de ayuda a las economías rurales afectadas.
He escuchado sus preocupaciones y la información sobre las dificultades en Portugal. Sin lugar a dudas, la Comisión demostrará su solidaridad adoptando las medidas que he enumerado anteriormente. Mi colega, la Comisaria Fischer Boel, es consciente de los problemas y ha hecho, y está haciendo, todo lo posible para abordar esta situación.
En cuanto a la idea de crear una estructura más permanente para hacer frente a estas situaciones, transmitiré la información a mis colegas, que, sin lugar a dudas, la examinarán con detenimiento. Se han formulado otras ideas y sugerencias, que serán debidamente estudiadas por la Comisión. Algunos de ustedes han mencionado la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva más amplia y de examinar las causas de este tipo de sequía, que van desde el cambio climático hasta la política forestal.
Les agradezco sus sugerencias y propuestas destinadas a la adopción de un enfoque a más largo plazo y más coordinado de este fenómeno. No cabe duda de que me aportan muchos elementos para la reflexión y demuestran el compromiso del Parlamento con el desarrollo sostenible, un compromiso que la Comisión comparte plenamente.
La Comisión es muy sensible con respecto a esta cuestión y las dificultades que ha causado. Haremos todo lo que esté en nuestra mano y demostraremos nuestra solidaridad con los más afectados por esta sequía.
El Presidente.
   Para cerrar este debate se han recibido cuatro propuestas de resolución(1) cuya votación tendrá lugar esta tarde al cabo de los debates.
Gutiérrez-Cortines (PPE-DE ).
    Sorprende que la Unión Europea siga sin elaborar e implementar una estrategia a corto y largo plazo para luchar contra la sequía y la desertificación, ya que en los países del sur y mediterráneos es una de las principales amenazas para la sostenibilidad económica y social. Pero la carencia de un plan conjunto entre los países y la comisión (Agricultura y Medio Ambiente) es más llamativo cuando recientemente la Agencia Europea del Medio Ambiente ha resaltado que las zonas más afectadas en sentido negativo por el cambio climático previsto son los países del mediterráneo.
Por ello, apoyamos una política para la lucha la sequía en Portugal, y cualquier ayuda para paliar los impactos sobre la productividad, el mercado o las propias plantaciones derivadas de este déficit hídrico. Al mismo tiempo que pedimos se estudie su extensión a otros países del sur.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis propuestas de resolución presentadas sobre Bangladesh(1). 
Schlyter (Verts/ALE ),
   .  Señor Presidente, imagínense que en uno de nuestros Estados miembros los ex Ministros sufriesen atentados con bomba, que los periodistas y políticos de la oposición fuesen asesinados y que los ciudadanos fuesen encarcelados y torturados por fuerzas paramilitares. Imagínense que esas cosas sucediesen en sus propios países. Si así fuera, estaríamos todo el día hablando de ello en el Parlamento Europeo, exigiendo medidas inmediatas y abordando los problemas sin dilación.
Eso es precisamente lo que el Gobierno de Bangladesh no ha hecho. No ha hecho frente a esos problemas a tiempo, ni ha mostrado energía suficiente. Eso es absolutamente lamentable, dado que Bangladesh ha sido durante mucho tiempo un país en el que las mujeres disfrutaban de gran libertad y podían ejercer el poder político. En muchos sentidos, Bangladesh era considerada un buen ejemplo de desarrollo positivo, tanto en términos económicos como políticos. Todo eso corre ahora el peligro de perderse si el Gobierno de Bangladesh no emprende una acción enérgica. Creo que debemos hacer todo lo posible por ayudar a resolver los problemas y mejorar la situación en Bangladesh. Me parece triste que algunos diputados al Parlamento Europeo quieran debilitar la resolución cuando conocemos la gravedad de la situación. Espero que hoy obtengamos una mayoría a favor de mantener la resolución, sin que se vea debilitada por enmiendas que pretenden describir una realidad diferente de la que existe. Celebro que por fin hayamos tomado esta iniciativa e incluido a Bangladesh en el orden del día. Su pueblo necesita nuestro apoyo y eso es lo que podemos ofrecerle hoy. 
Mann, Thomas (PPE-DE ) –
    Señor Presidente, Shah Kibria, ex Ministro de Hacienda de Bangladesh, acababa de finalizar un discurso en un acto del principal partido de la oposición de ese país, al que pertenecía. Allí mismo, una granada le hizo volar en pedazos; otras tres personas murieron y cincuenta resultaron heridas. Con este tipo de atentados, los extremistas islámicos han creado un clima de terror. Hay partes del país donde las administraciones públicas parecen colaborar con ellos. Se trata de una situación intolerable. Amnistía Internacional y los Estados Unidos han confirmado que miembros de minorías religiosas están siendo sistemáticamente intimidados, perseguidos y sometidos a detenciones arbitrarias.
No se ha producido ninguna mejora satisfactoria en respuesta a la última resolución aprobada por esta Cámara en noviembre de 2002, ni a la última visita a ese país de nuestra delegación de la ACRAM en febrero de 2003. No obstante, el Gobierno ha encarcelado hace poco a dos líderes de organizaciones criminales musulmanas y ha congelado sus cuentas bancarias.
Pedimos al Gobierno que emprenda acciones más enérgicas contra los extremistas. Bangladesh debe cumplir también las obligaciones impuestas por los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado. Debe ilegalizar la tortura, garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión e intensificar la lucha contra la corrupción. Solamente si consigue un progreso apreciable en estos ámbitos, se aplicarán las condiciones del acuerdo de cooperación UE/Bangladesh de 2001, puesto que dicho acuerdo se basó y se basa en el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento de la democracia.
Las diferencias existentes entre el Gobierno y la oposición no deben impedir que al menos permitan que el Parlamento, actualmente suspendido, reanude sus actividades. Por lo tanto, ambas partes deben esforzarse por crear unas condiciones que no den cabida al radicalismo, la actividad paramilitar y el extremismo religioso. 
Meijer (GUE/NGL ),
   . Señor Presidente, cuando en 1947 el enorme imperio colonial británico en el sur de Asia se dividió aplicando como criterio la religión predominante en cada región, el este de la provincia de Bengala pasó a formar parte del Estado musulmán de Pakistán. Era una zona superpoblada y propensa a las inundaciones, que atrajo la simpatía de todo el mundo y que en 1971 se separó de Pakistán, el remoto territorio situado al oeste que no tenía el más mínimo interés en ayudar a resolver los problemas de esa colonia oriental. El nuevo Estado podría haber tenido un buen comienzo si hubiera seguido, por ejemplo, el ejemplo neerlandés de construir diques y desecar zonas pobladas que se inundaban durante la estación de tormentas; de esa forma, habría ampliado su territorio para el asentamiento de la población y la producción de alimentos. En lugar de ello, fuimos testigos de la encarnizada lucha de clanes que estalló en Bangladesh entre dos partidos históricamente enfrentados y que se niegan mutuamente el derecho a existir.
Además, el país se ha visto durante algún tiempo dominado por el tipo de fanatismo religioso intolerante que apenas existía en otras partes del mundo islámico hasta hace 20 años. Ese fanatismo no deja espacio a las minorías religiosas, como la comunidad musulmana ahmadía o los hindúes. La intimidación y los violentos atentados cometidos por los partidarios del Gobierno quedan impunes. Los grupos paramilitares, que afirman combatir el crimen, cometen actos de tortura y asesinatos. Bangladesh corre el riesgo de entrar en una espiral de autodestrucción. A pesar de haber recibido un amplio apoyo, una declaración denunciando la intimidación, la violencia, la tortura, la impunidad y el estancamiento económico no contribuirá a resolver el problema; más bien, debe constituir el punto de partida para decidir cómo podemos ocuparnos en Europa de ese desafortunado país en el futuro, lo cual presupone, como mínimo, solidaridad con las víctimas. 
Tannock,
   . – Señor Presidente, alrededor de un tercio de las 140 millones de personas que habitan este país pobre y superpoblado, pero democrático, carecen de tierras y se ven obligadas a vivir en lugares y cultivar campos propensos a las inundaciones. Tradicionalmente, la población musulmana mayoritaria ha vivido en paz con otras minorías religiosas y Bangladesh cuenta con un buen historial en lo que a educación y derechos civiles de las mujeres se refiere. El Gobierno, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh, y que está en el poder desde 2001, tiene problemas particulares con la reforma económica, ya que a menudo está bloqueada debido a las luchas políticas internas y la corrupción. El actual boicot al diálogo parlamentario impuesto por la opositora Liga Awami no mejora la situación.
Es cierto que se han producido ataques contra líderes de la oposición, pero dice mucho en favor de las autoridades el hecho de que hayan sido detenidos ocho sospechosos, a pesar de ser miembros de la coalición de partidos gobernante, y que recientemente hayan sido prohibidos dos grupos islamistas radicales. Bangladesh protesta asimismo por los comprensibles intentos de la India de sellar la porosa frontera internacional donde cunde el contrabando, incluido el tráfico de drogas ilegales.
Un aspecto alentador es que el crecimiento se ha mantenido constante en torno al 5 % en los últimos años, pero en la actualidad Bangladesh se siente amenazada por las desmesuradas exportaciones chinas de productos textiles. La Unión Europea tiene que ser paciente y prestar a Bangladesh todo su apoyo político y financiero, fomentar la gobernanza y luchar contra la corrupción y el fundamentalismo islámico.
Insto a esta Cámara a que respalde mis enmiendas a fin de lograr una resolución más equilibrada. 
Stroz,
   . – El Estado de Bangladesh se fundó en 1971, tras la lucha librada por su independencia. Este país predominantemente musulmán está tratando de encontrar soluciones a sus abrumadores problemas en unas condiciones de elevada densidad de población, catástrofes naturales y pobreza. La Resolución nos induce a pensar que se han conseguido escasos progresos, e ignora el hecho de que sí se han conseguido algunas cosas; por ejemplo, el país produce suficientes alimentos para la subsistencia de su población. Es vergonzoso que no se haya pedido por anticipado al Gobierno de Bangladesh y a los representantes de la oposición su opinión respecto a esta Resolución, que describe los modestos avances realizados en una serie de ámbitos y reconoce la necesidad de seguir avanzando en la dirección correcta. El hecho de que no se les haya consultado dice poco a favor del Parlamento Europeo. Nuestros intentos por impulsar la democracia en ese país son positivos, pero es una lástima que no hayamos reconocido ningún signo positivo de progreso democrático en la propuesta de resolución conjunta. Aunque discrepamos con algunas de las afirmaciones infundadas de la Resolución, apoyamos el progreso del país hacia la democracia y esperamos que continúe en esa línea, sobre todo de cara a la celebración de las próximas elecciones parlamentarias. 
Belder,
   . Señor Presidente, hoy se celebra el día de Año Nuevo en Bangladesh. Deseo de todo corazón que el Señor bendiga a los dirigentes de ese país y a sus habitantes en el Año Nuevo. A pesar de que en Europa también podemos hacer mejor las cosas, queremos formular unas cuantas sugerencias a Bangladesh en relación con las resoluciones de Año Nuevo. Aunque es lamentable que desde 1998 la Constitución reconozca al islam como la religión del Estado, permite que se profesen, practiquen y propaguen otras religiones, por lo que resulta raro que no se proteja el «derecho a la conversión». ¿No sería una buena solución que la Constitución regulara mejor la libertad de culto y aboliera la religión de Estado?
Quiero ilustrar esa necesidad con un ejemplo tomado de la vida real. El lunes día 4 de abril, fuentes fidedignas confirmaron que Dulal Sarkar, un cristiano, había sido asesinado el 8 de marzo de este año. Era pastor de la Iglesia Baptista Libre de Bangladesh en la población de Jalalpur, en el distrito sudoeste de Khulna. Ese hombre estaba simplemente haciendo su trabajo y no incumplía la Constitución en absoluto. De camino a casa, fue atacado por diez extremistas musulmanes armados, y posteriormente decapitado. Se ha informado de que esos extremistas musulmanes estaban vinculados a Jamaat-e-Islami, un partido político que actualmente forma parte de la coalición gubernamental. Dulal Sarkar deja madre, esposa y cinco hijos y, en estos momentos, su esposa y su familia se ven obligados a ir de casa en casa en un intento de evitar las represalias de los extremistas musulmanes.
Por lo tanto, el proyecto de resolución que hemos firmado conjuntamente es extremadamente claro. Es cierto que estamos muy preocupados por el aumento del fundamentalismo musulmán con sus grupos paramilitares y el abuso de poder por parte de los partidos musulmanes fundamentalistas. Al mismo tiempo, me opongo rotundamente a las enmiendas que se han presentado para suavizar esta propuesta de resolución tan poco ambigüa. Ruego al Consejo y a la Comisión, conjuntamente con el Departamento de Estado mencionado en el apartado 2) del visto 2, que combata esas manifestaciones del fundamentalismo musulmán. Para ello, debería aplicar las sanciones contempladas en los acuerdos de cooperación a las violaciones de los principios democráticos, todo ello con el propósito de mejorar la situación de los ciudadanos bengalíes.
Czarnecki, Ryszard (NI ).
      Señor Presidente, Bangladesh tiene exactamente 34 años y 19 días, lo que significa que es un Estado muy joven. Al mismo tiempo, es un Estado muy pobre. A pesar de que los niveles de pobreza han descendido alrededor de un 1 % al año durante la pasada década, el 50 % de la población sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza. En Bangladesh mueren cada año 325 000 niños, es decir, 900 cada día, y una mujer muere cada 20 minutos, o 26 000 al año, por causas relacionadas con el parto. La proporción de recién nacidos de bajo peso se sitúa entre el 30 % y el 50 %, y el 30 % de la población no tiene acceso a agua potable. En el lado positivo, la población con acceso a servicios sanitarios se ha duplicado en la pasada década y ahora representa el 43 % de la población total.
El debate que estamos celebrando hoy es de naturaleza política, pero yo lo considero una oportunidad para recordar la trágica situación de Bangladesh, en otro tiempo llamado Bengala Oriental. Me satisface que el Parlamento Europeo se haya ocupado de esta cuestión. 
Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, esta propuesta es ridícula. Estamos hablando de un país de 143 millones de habitantes. Se trata de uno de los países más pobres del mundo que sigue siendo capaz de gestionar sus propios asuntos. Es un país democrático desde hace tiempo: hay elecciones parlamentarias, democracia parlamentaria y gobernanza. El país tiene aproximadamente la misma extensión que Bélgica, pero tiene 143 millones de habitantes que tratan de autoalimentarse por primera vez después de muchos años de independencia y, por supuesto, surgen problemas. En Sudán fueron asesinadas 300 000 personas, pero esto no guarda relación con la cuestión de la que acabamos de enterarnos: la indignación por el asesinato de una persona. Dos Ministros de un total de cincuenta y seis no convierte al Gobierno en islamista. Debemos guardar las proporciones en nuestros debates, ya que de lo contrario el mundo se reirá de nosotros.
Se supone que el Parlamento Europeo es una institución importante, pero miren cuántos diputados están presentes. No habrá más de cincuenta diputados en esta Cámara y por lo visto están muy preocupados por esta cuestión. Debemos emplear los debates sobre derechos humanos para hablar de cuestiones serias que afectan a las personas y a sus derechos humanos. Trescientas mil personas han sido asesinadas en Darfur. ¿Qué estamos haciendo al respecto?
Debemos guardar las proporciones y mantener el equilibrio en nuestros debates y considerar seriamente las cuestiones que se abordan en estos debates sobre derechos humanos.
Borg,
   . Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento Europeo de llamar la atención sobre la grave situación de la gobernanza y de los derechos humanos en Bangladesh.
El debate de hoy es muy oportuno, ya que se está celebrando en un contexto de grave deterioro del orden público acaecido desde la última resolución del Parlamento Europeo en noviembre de 2002. Los abusos contra defensores de los derechos humanos, periodistas y minorías están aumentando. La situación de la gobernanza es peor que nunca y la violencia política ha alcanzado un nuevo clímax, tristemente ejemplificado en el atentado con granadas de agosto de 2004 y el trágico asesinato del ex Ministro de Finanzas Kibria en enero.
La Comisión comparte la preocupación de sus Señorías por el mal funcionamiento de las instituciones del país, la cultura de la impunidad, el creciente fundamentalismo, los abusos contra los derechos humanos de las minorías y la escalada de confrontación entre los partidos del Gobierno y de la oposición. Todos estos factores, combinados con la creciente militancia religiosa, nos hacen pensar que los cimientos democráticos y laicos de Bangladesh están en peligro.
La Comunidad Europea ha hecho oír su voz en estas cuestiones, entre otras cosas con vistas a nuestro mandato en pro del desarrollo y a la cláusula sobre derechos humanos en que se basa nuestra relación de ayuda con Bangladesh.
En los últimos meses, la Comunidad Europea y los Estados miembros han instado en repetidas ocasiones al Gobierno a que condene la persecución de oponentes políticos, intelectuales, periodistas, ONG y minorías. La Unión Europea reaccionó con dureza ante el ataque sufrido por la señora Sheij y el asesinato del ex Ministro Kibria instando al Gobierno a que restaure la justicia sin demora y a que dé señales claras de que los actos de terrorismo son inaceptables.
Constantemente expresamos nuestras preocupaciones por el clima de impunidad que impera en el país, la política de confrontación, el creciente número de ataques contra la población indígena de las colinas de Chittagong y contra la comunidad ahmadiyya y los asesinatos extrajudiciales en el «fuego cruzado» de las fuerzas especiales de policía. Permítanme señalar que la Unión Europea también demostró una gran unidad con respecto a Bangladesh en la Comisión de Derechos Humanos reunida este año en Ginebra, en la que la UE acordó elegir Bangladesh como uno de los cinco países mencionados en su declaración de principios sobre los derechos humanos en el mundo.
El deterioro de la situación de la gobernanza nos ha obligado a reforzar la unidad de los donantes. En febrero, la Comunidad Europea, el Banco Mundial y el Departamento de Estado estadounidense se reunieron en Washington con los principales donantes internacionales para debatir la forma de promover reformas fundamentales en materia de gobernanza.
Los intercambios de puntos de vista confirmaron que la comunidad de donantes internacionales comparte plenamente nuestras preocupaciones. Esta unidad de los donantes nos ha permitido definir prioridades comunes y lanzar mensajes firmes al Gobierno sobre el deterioro de la situación de la gobernanza y la necesidad de emprender reformas.
La reunión en Washington tuvo una repercusión clara en el país: el Gobierno se vio obligado a admitir públicamente la existencia de un problema de fundamentalismo islámico. Lamentablemente, la ofensiva gubernamental contra militantes islámicos ya se está debilitando, como demuestra la retirada de cargos contra un prominente líder islámico.
Por su parte, la Comisión seguirá vigilando de cerca la situación política en el país e impulsará estas cuestiones fundamentales a través del diálogo político con el Gobierno y la estrecha coordinación de los donantes. En este contexto, centraremos nuestra atención en las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán a finales de 2006 y en las condiciones necesarias para que haya unas elecciones libres y limpias. El diálogo político se verá respaldado por nuestra oferta de apoyar las urgentes reformas institucionales en la próxima estrategia de la ayuda que, si el Gobierno la acepta, contribuiría a un cambio significativo y, por ende, a un mayor progreso y prosperidad para el pueblo bangladeshí. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución presentadas sobre la ayuda humanitaria a los refugiados del Sáhara Occidental(1). 
Guardans Cambó (ALDE ),
   . Señor Presidente, yo estaba dispuesto a sumarme a una lista de oradores y no a iniciar un debate. En todo caso, es cierto que esta resolución común que vamos a aprobar sobre la situación de los refugiados en el Sáhara se explica bastante por sí sola y se ciñe a un drama estrictamente humanitario. 
Al tratar la situación de los derechos humanos en el mundo, encontraremos un párrafo dedicado a la situación en el Sáhara. Y la situación política en el Sáhara merece otra reflexión. Pero la situación estrictamente humanitaria es la que ahora nos afecta. 
Estamos hablando de cerca de 200 000 refugiados que viven en campos de refugiados desde hace prácticamente treinta años y sin otra fuente de recursos que la ayuda humanitaria internacional. De eso estamos hablando aquí hoy. Y eso es lo que está en peligro por distintas razones y, entre ellas, algunas estrictamente burocráticas que afectan a la Comisión Europea.
Todo eso junto está a punto de crear una verdadera crisis humanitaria. Eso es lo que se pretende afrontar con esta propuesta de resolución, haciendo una llamada urgente a la Comisión, para que adopte una serie de medidas que impidan que se consuma una crisis humanitaria de calibre desconocido. Y luego, se le plantean algunas medidas muy concretas, como son una mayor colaboración con las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno o un mayor apoyo a aquellas instituciones saharauis que dentro de los campos de refugiados colaboran en la administración de esa ayuda humanitaria, que, insisto, es la única fuente de ingresos de 200 000 personas.
No hay duda de que esta resolución soluciona o afronta solo una parte del problema y que no podemos taparnos los ojos a lo que es el problema en sí. Hay un problema grave en las puertas de Europa y antes o después tendremos que ser capaces de ejercer toda la presión política y diplomática sobre los distintos actores implicados en la solución de este conflicto para que cuanto antes podamos dejar de tener debates como este: cómo alimentamos a 200 000 personas que sin nosotros no tendrán qué comer.
Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, efectivamente, la Resolución que hoy presentamos y votamos tiene que ver con el creciente deterioro de la situación humanitaria en los campamentos saharauis. Se trata de un compromiso que asumió una delegación parlamentaria que visitó hace unas semanas los campamentos, y que ahora cumplimos. La ayuda se está acabando, y hay que dar una respuesta urgente a esta situación.
No obstante, debemos también tener muy presente que la cuestión humanitaria esconde, de hecho, el verdadero problema, que es político. La ayuda humanitaria es necesaria, porque el pueblo saharaui se ve obligado a vivir en campamentos, lejos de su hogar, y no puede llevar a cabo una vida normal lejos de su país. Después de treinta años de no solución del conflicto, la paciencia se está acabando en los campamentos. Se oyen incluso voces que claman volver a la vía armada si no se resuelve pronto esta situación. Esto es muy preocupante; la Unión Europea no puede cerrar los ojos ante este hecho. Pero lo más preocupante es que la solución está sobre la mesa, existe y se llama Plan Baker II. Se trata de un plan imperfecto, sin duda, pero un plan que el pueblo saharaui aceptó, asumiendo importantes renuncias en sus planteamientos. Y, a pesar de ello, la otra parte, Marruecos, se niega a firmarlo.
Europa mira hacia España y, por tanto, el Gobierno español tiene que liderar el proceso de solución del conflicto. No olvidemos que la población saharaui se encuentra hoy en los campamentos como resultado de una descolonización inacabada, cuyo principal responsable es el Gobierno español. Por ello, animo al Presidente Rodríguez Zapatero a que lleve a España a asumir el papel que desempeñó Portugal con relación a Timor.
Después de treinta años de olvido, de silencios y de promesas incumplidas, ha llegado la hora de que el mundo en general, y Europa en particular, deje de dar la espalda al problema y lo afronte de cara. Es hora de que el pueblo saharaui pueda ver cumplida su justa y comprensible petición de llevar a cabo un referéndum por la autodeterminación en el Sáhara Occidental, de acuerdo con el Derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas.
Finalmente, también quiero solidarizarme desde aquí con el periodista marroquí Alí Lmrabet, que ha sido condenado injustamente por difamación tras afirmar que las personas que viven en los campamentos son refugiadas y no secuestradas.
Portas (GUE/NGL ),
   – Señor Presidente, conocerán ustedes el relato bíblico de un pueblo que vagó por el desierto durante 40 años. Hay mucho de mito en esa aventura y, de hecho, es nuestra aventura. En el caso del pueblo saharaui no estamos hablando de mitos, sino de hechos reales de la historia contemporánea. Ese pueblo espera desde hace 30 años en el desierto de todos los desiertos, el Sáhara. No quieren la Tierra Prometida; solo quieren recuperar la soberanía de su tierra.
Señor Presidente, como periodista conocí muchos campos de refugiados. En Etiopía descubrí que existe un cuarto mundo, un lugar en el que la gente camina, camina y camina, porque caminar es una manera de sobrevivir, pero nunca había visto nada como los campos de Tinduf. Allí, en las arenas, no hay electricidad, pero la solidaridad les ha llevado paneles solares; allí no hay una sola gota de agua, pero el agua suministrada por las organizaciones de ayuda llega por igual a todos los refugiados, junto con harina, azúcar y aceite de oliva. El pueblo saharaui depende de la ayuda, pero no son mendigos.
Este Parlamento tiene, por eso, una responsabilidad urgente: restablecer los niveles de ayuda humanitaria en todas sus facetas, pero también una urgencia que es una responsabilidad. La verdadera ayuda es la que puede poner fin a la necesidad de ayuda. Europa debe comprometerse con el referendo de autodeterminación no solo con palabras, sino también con hechos, porque aunque ellos, los saharauis, tienen el tiempo, nosotros tenemos el reloj. 
Scheele (PSE ),
   .  Señor Presidente, la razón de que hoy estemos debatiendo otra vez la ayuda humanitaria para los refugiados del Sáhara Occidental es que su tierra natal no se descolonizó como habían previsto las Naciones Unidas en 1965, sino que fue ocupada hace más de 30 años por su vecino, Marruecos. A comienzos de marzo, algunos diputados visitamos los campos de refugiados, donde las condiciones de vida son muy difíciles y pudimos informarnos no solo de la situación política, sino también del aspecto humanitario.
Sabiendo que sus reservas de alimentos más importantes se agotarán a finales del mes que viene, pedimos a la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) y a la Comisión que aprueben no solo medidas de ayuda inmediatas, sino también las sumas establecidas en 2002. Creo que el cambio de política de la ECHO, que ahora obliga a canalizar las ayudas a través del Programa Mundial de Alimentos, ha creado toda una serie de problemas, puesto que ahora la ayuda concedida es menor y debe repartirse entre un mayor número de refugiados saharauis, además de haberse reducido la variedad de tipos de ayuda suministrada. Esta Cámara debe desempeñar su función, garantizando al pueblo saharaui no solo ayuda humanitaria, sino también su autodeterminación, puesto que tiene derecho a ambas cosas. 
Pomés Ruiz (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, esta resolución es el fruto del compromiso que algunos eurodiputados, entre los que se hallan el señor Portas, el señor Romeva y la señora Scheele, adoptamos en los campos de refugiados de Tinduf, donde fuimos a compartir cuatro días, experimentando las inclemencias que acarrea vivir en medio del desierto. Allí estuvimos unos días viendo el sufrimiento del pueblo saharaui, porque no tiene una solución política ni pacífica ni ordenada a su situación. 
Estuvimos, como están ellos, sin agua, sin luz. Pero a estas inclemencias propias de Tinduf porque estos 150 000 seres humanos viven en pleno desierto sin ninguna comodidad, se suma el hecho de que estamos flaqueando en lo que es la ayuda humanitaria. 
La resolución que aquí proponemos habla estrictamente de ayuda humanitaria, porque pudimos comprobar directamente las dificultades humanitarias que tiene el pueblo saharaui por la falta de ayuda. Porque la ayuda que recibían se está reduciendo. Yo no sé si algún Estado miembro de la Unión Europea tendrá responsabilidad en ello. La posición de Francia en este conflicto es muy clara... Pero no quiero hablar de eso, porque estamos hablando de que es importante que la Unión Europea siga ayudando como venía haciéndolo a estos 150 000 saharauis que están tratando de encontrar una solución.
Una cosa son los problemas políticos, a los que habrá que buscar solución y a los que se referirán otras resoluciones. Pero no podemos pasar por alto que, a pocos kilómetros de la Unión Europea, tenemos 150 000 saharauis que sufren porque nosotros no somos lo suficientemente generosos. Porque, al suprimir la harina o reducir los cupos de alimentos que veníamos enviando, estamos contribuyendo a que empeoren las condiciones de vida de los campos de refugiados, ya de por sí muy difíciles.
La Unión Europea tiene también su responsabilidad como principal donante dentro de la ayuda procedente de las Naciones Unidas. Ahí también tendremos que hacer llegar nuestra voz.
Varvitsiotis,
    – Señor Presidente, han pasado unos 30 años desde que miles de nómadas del Sáhara Occidental huyeron a zonas remotas de la vecina Argelia para escapar del conflicto que estalló entre las guerrillas del Sáhara Occidental y Marruecos cuando España se retiró de su antigua colonia. Actualmente, cerca de 160 000 y 200 000 exiliados, según las estimaciones, viven en el desierto de Argelia y dependen totalmente de las donaciones de la comunidad internacional, de la ayuda humanitaria que reciben a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. La grave escasez de alimentos procedentes de la ayuda humanitaria y la falta de financiación amenazan a esos campos viejos y aislados que tienen dificultades para soportar el terrible clima del desierto.
Por eso pedimos que se conceda ayuda de emergencia inmediata, que garantizará una distribución satisfactoria de los alimentos y los equipos de distribución de alimentos necesarios, sin olvidar la necesidad de proporcionar a los refugiados una vivienda y una educación adecuadas. Pedimos a la Comisión que mantenga como mínimo los mismos niveles de ayuda que la ECHO y que coordine a los donantes y a las organizaciones no gubernamentales europeas que ya tienen amplia experiencia sobre el terreno de salvamento de refugiados.
La comunidad internacional no tiene derecho a permanecer indiferente. Su respuesta debe adecuarse a sus responsabilidades. Ya nadie discute la dimensión global de las causas y del alcance, ni los métodos para hacer frente a los numerosos problemas existentes. La resolución conjunta refuerza en nosotros esa convicción. 
Gomes,
   .– En marzo pasé tres días viviendo en una tienda junto con otros diputados del Parlamento y comprobé las durísimas condiciones de vida que soportan allí. Nosotros volvimos a nuestros hogares, pero ellos se quedaron allí. Esa experiencia me convenció aún más de la gran importancia de que la Unión Europea trabaje para liberarnos de la obligación de seguir atendiendo las necesidades más elementales del pueblo saharaui por muchos más años. Los saharauis han demostrado que saben trabajar, organizarse y sobrevivir en las condiciones más inhóspitas, si pudiesen volver y retomar el control de su territorio, ilegalmente ocupado por Marruecos.
La Unión Europea no debe limitarse a tranquilizar, con la ayuda humanitaria, la conciencia de la comunidad internacional y de los Estados miembros con especiales responsabilidades en el proceso obstaculizado de descolonización del Sáhara. La Unión Europea tiene que intervenir para impulsar la búsqueda de una solución política al proceso, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Marruecos ha bloqueado el proceso repetidamente al vetar las más recientes propuestas planteadas por James Baker, lo que finalmente ha provocado la dimisión de este.
Los Estados miembros, y en particular los pertenecientes al Consejo de Seguridad, no deben seguir ignorando esta cuestión de fondo. El conflicto afecta directamente a Europa y no solo por motivos de responsabilidad histórica. Hay también intereses europeos en juego.
Por un lado, el Sáhara Occidental podría ser un proveedor de Europa si sus abundantes recursos naturales de petróleo, fosfatos, pesca, etc. se pudieran explotar de forma legítima y sostenible, algo que no está ocurriendo bajo la ocupación ilegal. Por otro lado, la propia seguridad europea está en juego.
El Sáhara Occidental está muy cerca de nosotros y tenemos la obligación inmediata de percibir los problemas que sirven de alimento al terrorismo internacional. ¿Qué tipo de ira se está transmitiendo a las nuevas generaciones de saharauis refugiados en los campos de Tinduf implicados en la resistencia en el Sáhara ocupado, si no se les aparta de los brazos de los radicales fundamentalistas, si la Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo árabe y el resto de la comunidad internacional les niegan una salida para resolver su conflicto, condenándolos así a la desesperación de verse impotentes ante la injusticia, la violencia y la destitución? Quiero terminar diciendo que la Unión Europea tiene además que hacer comprender a Rabat que a Marruecos le interesa poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. 
Guerreiro,
   . – Creemos que esta resolución es muy importante, aunque insuficiente, teniendo en cuenta la difícil situación humanitaria a la que se enfrenta el pueblo saharaui en los campos de refugiados.
Es necesario que manifestemos nuestra solidaridad con ese pueblo de forma concreta e inmediata, por medio de alimentos, asistencia sanitaria y educación, y que garanticemos que esa ayuda se mantenga en el futuro.
Se necesita igualmente solidaridad y una acción concreta, inmediata y efectiva para poner fin a la inaceptable ocupación del Sáhara Occidental, reconociendo el derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui, así como el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. 
Romagnoli (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, es verdaderamente necesario que el Parlamento y la Unión Europea se comprometan más de lo que lo han hecho hasta la fecha en la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación, en particular en casos tan notables como el del pueblo saharaui.
Aunque esta cuestión se viene arrastrando desde los tiempos de la descolonización española, apenas se ha prestado atención al Sáhara Occidental: no afecta a grandes intereses y no implica grandes cifras, no interesa en grado apreciable a los banqueros y no despierta apetitos geopolíticos particulares. Tal vez esto se deba a que el pueblo saharaui no ha llevado su lucha por la autodeterminación fuera del desierto, no ha recurrido a degradantes acciones terroristas y no ha servido a los intereses de aliados poderosos antiguamente enfrentados.
Por tanto, Europa debe comprometerse a favor de la inmediata ayuda humanitaria para el pueblo saharaui, pero sobre todo debe imponer sanciones al Reino de Marruecos para que respete los derechos de autodeterminación de este pueblo digno y orgulloso. 
García Pérez (PSE ).
    Señor Presidente, el olvido es el gran enemigo de muchas situaciones de injusticia que se viven en este mundo. Por eso, hoy es más necesario que nunca reclamar la atención ante una de estas realidades: el pueblo saharaui. Después de treinta años, estos hombres y mujeres sobreviven en una situación totalmente inhumana, privados de las necesidades más básicas, en unas condiciones extremadamente difíciles. Pese a esto, podríamos decir que son un claro ejemplo en cuanto a la organización y trabajo, que los mantienen unidos con una gran dignidad, resaltando especialmente el valor de las mujeres saharauis, que han sido capaces de levantar de la nada una sociedad bien estructurada.
Hoy tenemos en Europa una obligación moral y política. Hablamos de una situación límite que exige una respuesta inmediata. El pueblo saharaui desearía vivir de sus propios recursos y de su propio trabajo, pero, por desgracia, tiene que hacerlo de nuestra solidaridad. Los saharauis nos han demostrado su organización y su capacidad en la gestión de los recursos. Por ello, el aumento de la ayuda europea y la confianza en su gestión por parte de las estructuras saharauis son el reclamo que hoy trasladamos a esta Asamblea.
No podemos olvidar que la causa de este problema humanitario tiene su origen en un conflicto político que necesita ser atendido. Tenemos que ser capaces de resolver la cuestión política y que el referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui sea una realidad. Tenemos que ser capaces de encontrar una solución justa y definitiva.
Paz y libertad para el pueblo saharaui.
Borg,
   . Quisiera agradecerles su iniciativa, que me ofrece la oportunidad de expresar los puntos de vista de la Comisión en relación con el conflicto del Sáhara Occidental.
En primer lugar, permítanme destacar que la Comisión desea ver resuelto este conflicto lo antes posible y su resolución es crucial para la estabilidad, la integración regional y el desarrollo en el Magreb y en el Mediterráneo.
Desde el punto de vista humanitario, uno no puede más que sentir preocupación por las dramáticas condiciones de los miles de refugiados saharauis, la retención por parte del Frente Polisario de 408 prisioneros de guerra marroquíes, las dificultades padecidas por las familias divididas entre los campos de refugiados y el Sáhara Occidental y el paradero de los desaparecidos en ambos lados. Todas estas cuestiones nos urgen a poner fin a esta crisis que dura desde hace casi 30 años.
Como saben, la prestación de ayuda humanitaria por parte de la Comisión respeta los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia y se basa en necesidades reales. La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión, ECHO, también actúa de conformidad con los criterios de no discriminación y de no supeditar las políticas a objetivos políticos. Esto significa que cualquier persona afectada por una crisis humanitaria tiene derecho a recibir ayuda, independientemente del bando en que se encuentre.
De plena conformidad con estos principios y criterios, la Comisión ha prestado ayuda humanitaria por importe de 108 millones de euros a los refugiados saharauis desde 1993. Gracias a estos esfuerzos constantes, la Comisión se ha convertido en el principal donante de ayuda humanitaria a los refugiados saharauis.
La Comisión nunca ha interrumpido su ayuda. Sin embargo, ha adaptado el calendario y la cuantía de las decisiones más recientes en materia de financiación a la situación existente sobre el terreno. Desearía subrayar que gracias al papel esencial de las reservas creadas y financiadas por la Comisión en 2000, ha sido posible evitar cualquier interrupción del suministro de alimentos.
La actual situación humanitaria en los campos no se ha deteriorado. No obstante, sigue siendo preocupante. Existe un riesgo de deterioro si la posible interrupción del envío de alimentos, como ha anunciado el Programa Mundial de Alimentos, no se compensa a tiempo y de modo suficiente. ECHO tiene intención de proponer una decisión en materia de financiación el próximo mes para abordar esta situación. La financiación para 2005 dependerá tanto de las necesidades de los refugiados saharauis como de las condiciones para la ejecución de los proyectos financiados por ECHO.
Me gustaría destacar que la Comisión tiene una doble responsabilidad. No solo debe satisfacer las necesidades humanitarias de los refugiados a tiempo y de forma específica, sino que también tiene que proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Sus operaciones en los campos de refugiados saharauis están concebidas para cumplir de forma eficaz esta doble responsabilidad. Por este motivo, la Comisión concede tanta importancia a la adecuada identificación de los beneficiarios y a la plena transparencia de sus operaciones.
Con vistas a la adecuada evaluación de las necesidades de los refugiados saharauis, la Comisión se mantiene en contacto con las principales agencias y organizaciones, en particular las autoridades argelinas y saharauis, el Alto Comisionado para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos y las organizaciones no gubernamentales. Estas ONG han desempeñado un papel importante y siguen siendo un socio relevante de ECHO en la ejecución de sus operaciones en los campos saharauis.
Más allá de su dimensión meramente humanitaria, considero que la ayuda de la comunidad internacional prestada a los refugiados saharauis contribuye a crear y mantener unas condiciones favorables para la resolución pacífica del conflicto. En términos más generales, desearía hacer constar que la posición de la Comisión y de la Unión Europea sobre los aspectos políticos de este conflicto siempre ha sido la de permanecer imparciales. La Unión Europea sigue respaldando plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas por encontrar una solución justa y duradera que sea conforme al Derecho internacional. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución presentadas sobre Lampedusa(1).
Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Las expulsiones colectivas de personas emigrantes llevadas a cabo por las autoridades italianas entre octubre de 2004 y marzo de 2005 desde la isla italiana de Lampedusa a Libia suponen un hecho altamente preocupante. 
En concreto, el Alto Comisionado para los Refugiados denunció la devolución de 180 personas el pasado 17 de marzo, declarando que no estaba nada claro que Italia hubiera tomado las precauciones necesarias para garantizar la devolución de buena fe de dichas personas a Libia, país que en ningún caso puede considerarse una tierra de asilo segura. En este sentido, lamentamos profundamente que las autoridades italianas no permitieran al ACNUR el acceso al centro de retención de Lampedusa.
Por todo ello, queremos solicitar a la Comisión Europea que vele por el respeto del derecho de asilo en la Unión Europea y que frene las expulsiones colectivas. Asimismo, exigimos a las autoridades italianas que respeten sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea.
Solicitamos, por tanto, que se mande una delegación compuesta por miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Subcomisión de Derechos Humanos al centro de refugiados de Lampedusa, así como a Libia, con objeto de evaluar la amplitud del problema y la forma en que este se está tratando y, especialmente, la forma en que se está tratando a las personas, lo cual implica, además, investigar particularmente la suerte y el destino final de aquellas que hayan sido expulsadas. 
En suma, cabe preocuparse por el hecho de que, en materia de asilo y de inmigración, cada vez son más frecuentes los casos de violaciones de los principios fundamentales con los que la Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos. Lampedusa es simplemente uno de esos ejemplos que deberíamos evitar que se repitan.

Romagnoli (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, me refiero al artículo 166 del Reglamento y, subsidiariamente, al artículo 167.
En mi opinión, la cuestión de Lampedusa no debería haberse sometido a debate, ya que se trata de acuerdos bilaterales entre Italia y Libia y la aplicación de leyes italianas no contraviene los Tratados de la UE. Asimismo, hay que recordar que Italia no es Myanmar, ni China ni Guantánamo, sino un Estado miembro cuya dignidad se pretende humillar y cuyas instituciones, fuerzas armadas y órganos policiales se pretende condenar de entrada. Estos, por el contrario, llevan años dedicados, con generosidad y más allá de sus obligaciones institucionales, no solo a la ingente tarea de controlar la entrada legal de nacionales de terceros países en Italia –y, por ende, en Europa, conforme a las normas establecidas en el Acuerdo de Schengen– y no solo al intento de detener y expulsar a los tratantes de esclavos, sino sobre todo a la labor de ayuda humanitaria y a la extremadamente complicada –si no imposible– tarea de identificar a los inmigrantes ilegales. 
He visto en persona lo que estoy afirmando en esta Cámara y les invito a sus Señorías a que lo comprueben con sus propios ojos. Deseo expresar toda mi indignación –y en esta cuestión apelo a la sensibilidad de todos los diputados italianos– ante la vil tentativa de ofender la dignidad nacional de Italia y opinar sobre nuestra soberanía. 
El Presidente.
   Señor Romagnoli, ha planteado usted una cuestión de observancia del Reglamento, pero lamento no poder atender su petición porque tendría que haberla presentado 24 horas antes de este debate. El debate se fijó en la Conferencia de Presidentes y no se planteó ninguna cuestión de observancia del Reglamento 24 horas antes, por lo que no puedo hacer nada al respecto. 
Matsakis (ALDE ),
   . – Señor Presidente, en lugar de asociarla a la alegría y el placer, Lampedusa, una isla que disfruta del cálido sol mediterráneo, se ha convertido en sinónimo de dolor y sufrimiento humanos de proporciones trágicas. La parte más meridional del territorio de la UE, que se extiende hasta casi unir Europa y África, es el cementerio de las esperanzas y en ocasiones de las vidas de miles de hombres, mujeres y niños inmigrantes; gente desesperada que huye de la tortura y de la muerte o que simplemente intenta mejorar su estilo de vida. Su único delito es tener un sueño y pensar que existe una pequeña oportunidad de hacerlo realidad en la por lo demás civilizada Europa; un sueño de llegar a una tierra donde sentirse seguros y ser tratados como seres humanos. Un sueño que para muchos de ellos de repente se convirtió en pesadilla, cuando descubrieron que la estricta lealtad a los principios de respecto de la vida y la dignidad humanas, que tan elocuente y grandilocuentemente pronuncian en toda ocasión posible algunos Gobiernos europeos, no es más que una gran ilusión cuando se trata de Lampedusa. Las autoridades responsables están dispuestas, deseosas y capacitadas, en flagrante contradicción con las convenciones y tratados internacionales y en contra de una condena generalizada, para devolverlos a los criminales regímenes totalitarios de África de los que habían intentado escapar desesperadamente.
Hay que decirlo sin rodeos: Lampedusa constituye una vergonzosa mancha de sangre para el Gobierno italiano por actuar de forma tan irresponsable, inhumana y contraria al espíritu europeo. También se trata de una mancha vergonzosa para la Comisión y el Consejo por no adoptar medidas eficaces para solucionar esta situación y no llamar al orden al Gobierno italiano. En lo que respecta al Gobierno libio, su lamentable comportamiento en el asunto de Lampedusa es comprensible, ya que no podemos esperar otra cosa de un régimen antidemocrático.
Por tanto, insto firmemente al Parlamento a que apoye esta propuesta de resolución conjunta. 
Meijer (GUE/NGL ),
   . Señor Presidente, para las personas que han tenido que abandonar sus países de origen como resultado de la opresión, la guerra, las catástrofes y la pobreza, el mar Mediterráneo representa una importante puerta de entrada en Europa. Si Europa no hace lo suficiente para resolver los problemas en Asia y África, cada vez serán más los que se arriesguen a alcanzar Europa en botes desvencijados y embarcaciones en malas condiciones. Por supuesto, eso es un problema para Europa y, sobre todo, para los países que lindan con el Mediterráneo. Pero esa carga adicional no justifica la violación de los derechos humanos. Los refugiados tienen también derecho a una evaluación individual de sus motivos y a la correcta aplicación de la Convención de Ginebra de 1951.
No se puede decir lo mismo con respecto a los cientos de refugiados que han sido enviados desde la isla italiana de Lampedusa a Libia en los últimos meses, porque ese país no reconoce la Convención de Ginebra y los acuerdos que mantiene Italia con Libia no son públicos. Entre la llegada a Europa y la posible devolución al país de origen debe aplicarse la legislación europea y no las decisiones arbitrarias de un país con un Gobierno opaco. La aprobación de las dos enmiendas presentadas por los liberales y las enmiendas 2 y 3 presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica hará eso posible y pondrá de manifiesto que esos refugiados tienen los mismos derechos que otros refugiados y que no pueden ser simplemente trasladados a Libia sin que Europa asuma responsabilidad alguna. 
Roure (PSE ),
   . – Señor Presidente, muchos emigrantes llegan regularmente a la isla de Lampedusa en Italia. Esas personas han tomado la dolorosa decisión de abandonar su país, a menudo porque huyen de situaciones políticas en las que su vida está amenazada.
El pasado 18 de marzo, las autoridades italianas expulsaron a 180 personas del centro de Lampedusa a Libia. La falta de transparencia y de acceso al centro y las condiciones en que se realizaron esas expulsiones plantean interrogantes sobre el respeto del derecho de asilo y de la Convención de Ginebra. La celeridad de las expulsiones y el hecho de que las personas expulsadas fueran seleccionadas por nacionalidades demuestran que las solicitudes no pudieron estudiarse individualmente y con las precauciones necesarias. Por consiguiente, no podemos estar seguros de que solicitantes de asilo de buena fe no hayan sido devueltos a situaciones peligrosas. 
Estamos también especialmente preocupados por el hecho de que se impida a la Alta Comisionada para los Refugiados cumplir sus responsabilidades. En efecto, esta última debe tener acceso a los solicitantes de asilo para asegurarse de que toda persona que desee presentar una solicitud de asilo pueda hacerlo y de que su solicitud sea debidamente atendida. Estas expulsiones son tanto más alarmantes cuanto que devolvemos a personas vulnerables a un país que no permite su protección: Libia no es signataria de la Convención de Ginebra y no tiene sistema de asilo. Por consiguiente, no puede proporcionar protección internacional a los que la necesitan. Por último, ella misma deporta refugiados fuera de sus fronteras a regiones peligrosas. 
Por tanto, pedimos que las autoridades italianas faciliten a la Alta Comisionada para los Refugiados un acceso inmediato e ilimitado al centro de Lampedusa. También deben cesar las expulsiones hasta que el centro de Lampedusa se ajuste al Derecho comunitario y el Derecho internacional.
Zappalà,
    Señor Presidente, Señorías, quiero mostrar mi indignación ante las afirmaciones realizadas en esta Cámara–por personas que aprovechan el hecho de tener un escaño en esta Cámara– con respecto a Italia y su Gobierno.
Como todos saben, no hay una política comunitaria sobre inmigración: cada Estado miembro hace frente al problema según sus normas internas y con sus propios recursos. Hace poco tiempo que se ha iniciado un debate conjunto y yo personalmente he tenido la oportunidad de representar a este Parlamento en muchas ocasiones en las reuniones informales de los Ministros competentes en materia de inmigración.
Parece obvio que el ataque lanzado contra el Gobierno italiano es político y representa un intento de explotar la situación en este momento particular. Existe una ley en Italia –la Ley Turco-Napolitano– introducida por un Gobierno de izquierdas y que no ha sido modificada por el actual Gobierno de centro-derecha, cuyo artículo 10 se aplica para afrontar esta cuestión.
Se ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie al respecto y, por tanto, convendría esperar a su resolución y no juzgar políticamente a un Gobierno que se encuentra permanentemente enfrentado a un estado de emergencia, con la llegada de miles de pobres gentes a una zona pequeña con escasas opciones de acogida, con el riesgo no tan remoto de alentar indirectamente a los traficantes y terroristas.
Cualquier posible salvamento en el mar corre a cargo de las fuerzas armadas, cada petición y cada situación particular es evaluada por las fuerzas del orden y las asociaciones competentes. No se maltrata a nadie, nadie es encarcelado; de hecho, aunque llegan buscando asilo, se escapan a centenares de los centros de acogida con gran facilidad, desapareciendo en Italia y, tal vez, en Europa.
Miente quien niegue el desconcierto que este ataque contra Italia provoca en organizaciones como ACNUR; los actos oficiales del Ministro del Interior italiano demuestran lo contrario. ¿Por qué no visitamos todos los centros de acogida en Europa? Entonces podremos confirmar la situación en todas partes. Señorías, tenemos que hacer frente a este problema con seriedad y desde una perspectiva europea, evitando lanzar hipotéticas acusaciones políticas contra un Gobierno legítimo, cuando dichas acusaciones podrían esgrimirse el día de mañana contra cualquier otro Estado miembro y cualquier otro Gobierno. 
Napoletano,
    Señor Presidente, Señorías, no me extenderé mucho, ya que solo deseo reafirmar algunas de las ideas ya recogidas en la resolución.
Si el derecho a luchar contra la inmigración ilegal es indiscutible, también es cierto que debe ejercerse desde el respeto de los derechos humanos y las convenciones internacionales, evitando expulsiones colectivas y la indiferencia mostrada por algunos de los países receptores ante el destino futuro de esas personas, en particular cuando son repatriadas a países que no han firmado las convenciones internacionales, como es el caso de Libia.
Estos son los dos puntos planteados en relación con el caso Lampedusa, no por quienes pretenden explotar la situación, sino por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y por el propio Tribunal de Estrasburgo, que ha pedido a Italia que aclare su posición antes de comienzos de mayo. Nos encontramos en una situación en la que, en mi opinión, nosotros, como europeos, tenemos un elemento de prestigio que también es reconocido por países que no respetan los derechos humanos, que es precisamente el hecho de que nosotros respetamos estos derechos, o lo intentamos. Por favor, no perdamos este elemento de civilización. 
Posselt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, ¿qué relación hay entre el Sáhara Occidental, que es el penúltimo tema de nuestro debate, y Lampedusa, que es de lo que estamos hablando ahora? A comienzos del decenio de 1980, esta Cámara –en otra tarde de jueves– celebró un debate urgente sobre el norte de África. El tema era el Sáhara Occidental y la influencia de Gaddafi en el norte de África. En aquella ocasión, esta Cámara fue muy crítica con Gaddafi, al igual que lo fue el Gobierno italiano liderado entonces por el Primer Ministro Andreotti y, debido a ello, Gaddafi lanzó misiles contra la pequeña isla de Lampedusa, que por primera vez se dio a conocer al mundo. Eso demuestra lo expuesta que es la situación de Lampedusa frente a las costas de África y el territorio libio.
Lo que está ocurriendo en Lampedusa no es que uno o dos inmigrantes lleguen aquí o allá; lo que se está produciendo es un tráfico sistemático y brutal de seres humanos. Se les está llevando deliberadamente a Lampedusa a través de Libia, desde donde se les introduce ilegalmente en la Unión Europea. Tan pronto como están en el continente europeo, pueden desplazarse a Munich, a Estrasburgo, a La Haya o a cualquier otro lugar, sin control alguno. Si no queremos que este tráfico sistemático de seres humanos continúe, debemos actuar y hacerlo juntos. Consideramos esta cuestión demasiado importante como para dejar que un electoralismo barato la degrade.
Si vamos a hablar como si estuviésemos en plena campaña electoral, debo recordar que yo defendí hace años la fijación de unos cupos comunes de refugiados, de manera que se compartiera la carga entre los Estados miembros y se armonizara la legislación en materia de refugiados y solicitantes de asilo, insistiendo en que lo que necesitábamos sobre todo eran unos cupos fijos que nos permitieran compartir la carga. ¿Qué o quién fue el que no hizo nada para conseguir eso? La Comisión, presidida entonces por el señor Prodi. El entonces líder de la oposición italiana tendría que reconocer su parte de culpa en esto. No se trata de política doméstica barata, sino, por el contrario, de asumir nuestra responsabilidad como europeos. 
De Rossa (PSE ).
   –Señor Presidente, señor Posselt, debemos asumir nuestras responsabilidades en la defensa de la credibilidad del Parlamento en relación con los derechos humanos y las normas humanitarias. Tenemos la obligación de plantear la cuestión de Lampedusa y el trato vergonzoso de que han sido objeto cientos de personas pobres y desvalidas que son deportadas en masa por el Gobierno italiano a un régimen que no reuniría los requisitos para ingresar en esta Unión.
Si queremos tener algún tipo de credibilidad en materia de derechos humanos y legalidad internacional, debemos insistir en que todos los Estados miembros respeten estas normas. El Gobierno italiano no las está respetando en modo alguno y deseo instar a la Comisión a que insista en que el Gobierno italiano, o cualquier otro Estado miembro que incumpla estas normas, será llevado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a fin de garantizar el respecto de estas leyes.
Quiero prestar especial atención al apartado 4 de esta resolución, que hace referencia al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y también al apartado 9. Insto a la Comisión a que presione al Gobierno libio para que cesen las detenciones arbitrarias de aquellos que son considerados emigrantes y para que se respete la Convención de Ginebra y el mandato del Alto Comisionado para los Refugiados. 
Borg,
   . Señor Presidente, la Comisión ha venido siguiendo los acontecimientos acaecidos en Lampedusa y se ha puesto en contacto con el Ministro italiano de Asuntos Interiores, el señor Pisanu, para aclarar algunos aspectos. Hasta la fecha, las autoridades italianas sostienen que todas las medidas adoptadas con respecto a las personas que llegan de manera irregular a la isla de Lampedusa no incumplen las obligaciones internacionales y han prometido remitir a la Comisión un informe detallado sobre los acontecimientos acaecidos y también sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas.
La Comisión ha instado al Gobierno italiano a que adopte medidas que garanticen el derecho de cualquier persona a solicitar asilo y que no se expulse a nadie mientras esté pendiente una decisión sobre esta solicitud. Quiero mencionar la Directiva del Consejo relativa a las normas mínimas relativas al procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado en los Estados miembros, que pretende establecer normas comunes para todos los Estados miembros. Esta directiva afecta a los procedimientos que deben aplicarse a los solicitantes de asilo y será adoptada formalmente por el Consejo una vez que el Parlamento emita su dictamen en junio, preparando de este modo el camino para su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros.
También desearía destacar que, ante la falta de legislación comunitaria a este respecto, la evaluación de si las autoridades italianas han contravenido sus obligaciones internacionales derivadas de la Convención de Ginebra corresponde a la jurisdicción nacional. Dicho esto, la Comisión continuará supervisando esta cuestión muy de cerca. Quiero subrayar que abordar las presiones subyacentes a los movimientos migratorios forzados, particularmente en la región del Mediterráneo, constituye una prioridad para la Unión Europea. Por tanto, la Comisión tiene intención de seguir trabajando para lograr este objetivo, al mismo tiempo que garantiza el respeto de los derechos de las personas que necesitan protección internacional.
La Comisión es consciente de las preocupaciones expresadas por las ONG y por ACNUR en relación con el respeto de los derechos humanos en Libia, en particular en lo que se refiere a la protección de los refugiados. Durante la misión que la Comisión llevó a cabo en Libia a finales de 2004 para abordar la cuestión de la inmigración ilegal, se concedió especial importancia a asuntos relativos a los derechos humanos y al asilo. Se celebraron reuniones con la Fundación Gadaffi y con ACNUR. La Comisión considera que estas cuestiones deberían formar parte de cualquier posible cooperación futura con Libia en materia de inmigración ilegal.
Me gustaría subrayar que la cooperación regional de la UE con países de origen de inmigrantes y refugiados debería basarse firmemente en los principios de respeto de los derechos humanos. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar de inmediato. 
El Presidente.
   Ahora procederemos a la votación.

Posselt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, voy a hablar en nombre de mi Grupo. Se ha producido un fallo técnico. Nosotros habíamos pedido que la votación final de la propuesta del otro Grupo relativa a Lampedusa se realizase mediante votación nominal. La petición se ha extraviado por algún motivo. En nombre de mi Grupo, le pido que la votación final de la resolución sobre Lampedusa sea una votación nominal. 
El Presidente.
   Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
