Control de la aplicación del Derecho comunitario (breve presentación)
Presidente
El siguiente punto es el informe elaborado por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el vigésimo cuarto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
ponente. - (PL) Señor Presidente, la efectividad de las políticas de la Unión Europea dependen, en gran parte, de la aplicación a nivel nacional, regional y local. El cumplimiento de los Estados miembros del Derecho comunitario debe controlarse de forma estricta. Como ponente del vigésimo cuarto informe anual del Parlamento sobre este tema, quisiera decir que ha habido un ligero descenso en el número de casos de procedimientos por incumplimiento iniciados por la Comisión. Sin embargo, el número de casos sigue siendo superior a los 2 500.
También es necesario comentar que se ha producido una reducción del 16 % en el número de procedimientos relacionados con el incumplimiento de la obligación de informar a la Comisión acerca de los procedimientos de transposición en la Unión Europea ampliada de 25 Estados miembros. Esto indica una mejor disciplina por parte de los Estados miembros en materia de notificación. Como en años anteriores, la gran mayoría de las cargas derivaban de la operación inadecuada del mercado único, de la aplicación notable del principio de la libre circulación de personas, mercancías y servicios. Muchas cargas también derivaban de la violación de los derechos derivados de la ciudadanía europea, que garantiza el principio de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. El 5 de septiembre de 2007, la Comisión propuso enmendar los métodos de trabajo utilizados hasta la fecha. El objetivo de la propuesta era garantizar una gestión más efectiva de los procedimientos, y recibió el apoyo de la mayoría de los miembros de esta Cámara. Sin embargo, se han expresado preocupaciones ante la posibilidad de que el nuevo procedimiento resulte en que la Comisión pierda responsabilidad institucional como guardiana de los Tratados, en lo que respecta a la concesión de cargas recibidas por la Comisión para el Estado miembro responsable in primis de la incorrecta aplicación del Derecho comunitario. Por tanto, es esencial que la Comisión envíe al Parlamento el informe inicial sobre los resultados obtenidos en los primeros seis meses del proyecto piloto que entró en vigor el 15 de abril de este mismo año y en el que participaban 15 Estados miembros. Con frecuencia, la Comisión es la institución superior a la que los ciudadanos pueden remitir casos de aplicación inadecuada de la ley. Por tanto, la Comisión también debería conservar un registro de toda la correspondencia que pueda reflejar información sobre casos de infracción del Derecho comunitario.
Por lo que respecta al procedimiento por incumplimiento en curso, el problema principal siguen siendo los largos períodos de tiempo innecesarios que tienen que pasar antes de que se tenga en cuenta una reclamación. La media es de 20 meses y medio, un período excesivo. La Comisión debería hacer todo lo posible para reducir los procedimientos largos y para encontrar soluciones prácticas. Para lo lograr esto último se podría recurrir a sistemas, tales como la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT), que aún no se ha promovido lo suficiente. El aumento importante en casos de infracción derivada del incumplimiento de los reglamentos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas registrados en 2006. El hecho de que la cooperación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia es inadecuada por norma general es un factor que influye a este respecto. Además, no se usa el mecanismo de la cuestión prejudicial basado en el artículo 234 del Tratado. Esto se debe a que aún no se conoce lo suficiente el Derecho comunitario al nivel de determinados Estados miembros.
Volviendo al tema de la cooperación internacional, los acuerdos sobre la supervisión de la aplicación del Derecho comunitario y la estrecha cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Defensor del Pueblo Europeo, junto con las comisiones pertinentes de esta Cámara, deberían definir el estándar para garantizar la efectiva intervención en todos los casos en los que el demandante presente una queja justificada referente al incumplimiento del Derecho comunitario. La gran cantidad de quejas tratadas de la forma incorrecta ha seguido siendo alta durante años. Algunas quejas no son tratadas como es debido en la Comisión de Peticiones y otras no son parte de la competencia de las instituciones. Tales quejas representan una cifra tan elevada que llega a un 75 % de las quejas totales que recibió el Defensor del Pueblo en 2006. Por tanto, es urgente que nos esforcemos aún más para mejorar la información que los ciudadanos tienen a su disposición, ofreciendo una orientación mejorada a los demandantes, de forma que estos puedan dirigirse al organismo que mejor pueda abordar casos particulares tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Las quejas de los ciudadanos son un indicador invalorable de sus necesidades más urgentes. La Comisión debería guiarse por esta información a la hora de emprender iniciativas legislativas.
En el contexto del análisis de la aplicación del Derecho comunitario en 2006, quisiera hacer un llamamiento especialmente a aquellos Estados miembros que podrían beneficiarse de los fondos estructurales asignados para el marco financiero 2007-2013 para adaptar su derecho nacional al derecho europeo de forma rápida y adecuada. Me viene a la mente, sobre todo, el ámbito de protección del medio ambiente para que se puedan utilizar con efectividad los recursos estructurales disponibles y el desarrollo económico y social de las regiones se acelerara.
Por último, quisiera decir que lamento que el Grupo del PPE-DE, Miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, fuera instrumental en la eliminación de disposiciones importantes de mi informe. Estas disposiciones estaban relacionadas con la igualdad de género en materia de empleo, educación, promoción y seguridad social. La igualdad de trato aún no es la norma en muchos Estados miembros, hecho claramente contradictorio con el principio de igualdad, que debería ser una prioridad para todos nosotros.
Joe Borg
Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, la Comisión acoge con muchísima satisfacción el apoyo general del Parlamento para el enfoque de la Comisión presentado en su Comunicación de 2007 con el nombre "Una Europa de resultados: la aplicación del Derecho Comunitario", y también quisiera dar las gracias a la señora Geringer por la información que ha ofrecido con su informe.
La Comisión atribuye gran importancia a la correcta aplicación del Derecho comunitario. Se trata de una de las prioridades de la Comisión de Barroso y la Comisión está alerta a la hora de ejercer su función como guardiana de los Tratados. Esta es la causa por la que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo para mejorar sus métodos de trabajo en beneficio de los ciudadanos y las empresas, como bien explicó en la Comunicación de la Comisión de 2007.
Estas mejoras incluyen la introducción este mismo año de tomas de decisiones más frecuentes sobre los casos de infracción para evitar retrasos en el curso de los casos y también se destaca la presentación de un proyecto piloto de la Unión Europea en abril de este año. En 15 Estados miembros, este proyecto piloto probará un método mejorado para la solución de problemas y la provisión de información a fin de garantizar resultados más rápidos y mejorados para los ciudadanos y las empresas. La información de hechos actualizada sobre el funcionamiento de este proyecto piloto se enviará a la ponente, pero sólo será posible hacer un informe completo, como ya se ha prometido, después de que haya transcurrido un año, cuando se haya adquirido la experiencia suficiente para elaborar las primeras conclusiones. También estamos probando el servicio de funcionarios en algunas oficinas de representación en los Estados miembros para realizar un seguimiento de las cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho comunitario para ver cómo se podría mejorar la eficiencia. Esto refleja la realidad de que todas las preguntas relacionadas con la aplicación del Derecho comunitario implica que los Estados miembros también participen. Por tanto, este trabajo requiere que la Comisión trabaje directamente con las autoridades de los Estados miembros para probar a encontrar soluciones rápidas y correctas. Un entendimiento interinstitucional común también podría jugar un papel significativo en esta parte importante de una agenda reglamentaria mejorada.
Es este el contexto en el que he ofrecido a la ponente hacer revisiones futuras conjuntas de la aplicación del acervo comunitario en diferentes zonas para garantizar que contamos con información actualizada. Estamos trabajando para presentar las iniciativas planteadas en la Comunicación de la Comisión de 2007 sobre aumentar la transparencia. Estamos terminando el informe anual de este año en forma de una evaluación estratégica de la posición actual, la priorización de problemas y un programa de acciones a fin de alimentar los debates interinstitucionales.
Para terminar, quisiera mencionar que el informe de la señora Geringer también respalda puntos de contacto comunes para orientar a los ciudadanos. Puedo confirmar que la Comisión ya está trabajando en ello y presentaremos nuestra evaluación y nuestras sugerencias en cuanto sea posible.
Señora Geringer, usted da una importancia particular a la supervisión de la aplicación de las directivas en materia de igualdad de trato. Puedo garantizarle que se ha llevado a cabo una evaluación completa de la transposición de los Estados miembros. Se han planteado más de 40 procedimientos de infracción a los que nos dedicaremos de forma activa a fin de obtener resultados rápidos.
Presidente
Queda cerrado este punto del orden del día.
La votación tendrá lugar el martes.
