Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Schierhuber
Señor Presidente, quiero indicar solamente que ayer entregué sobre el Informe Rothley dos explicaciones de voto por escrito acerca de la enmienda 74, que lamentablemente no he encontrado en el Acta e hice también una explicación oral de voto sobre la propuesta modificada de la Comisión. Quiero pedirle que se anote esto en el Acta.

Ford
Señor Presidente, quisiera hacer una declaración a título personal. Los diputados de este Parlamento recordarán que el lunes del último período parcial de sesiones hice varias afirmaciones acerca de la Sra. Angelilli que la Sra. Angelilli negó el miércoles. Le he dado una copia del documento en que basé mis afirmaciones. Esta mañana recibí una carta de ella en la que me comunica, con el habitual acompañamiento de improperios, que no tiene la intención de perseguir en justicia a la publicación, como yo había sugerido. Espero que los diputados de este Parlamento extraigan de este caso las conclusiones apropiadas. Señor Presidente, le facilitaré una copia de la carta de la Sra. Angelilli.

Provan
Señor Presidente, no es cosa corriente que elogiemos a los servicios del Parlamento pero lo cierto es que el resumen de noticias que nos ofrecen diariamente es muy útil. Todos los que obtienen la versión inglesa han buscado con avidez el resumen de la extensa declaración que hizo ayer la Comisión, con tanta mayor avidez cuanto que no había ningún resumen en la versión, y sé que hay muchos diputados que hubieran deseado recibir una versión sucinta de las propuestas de la Comisión, como la que facilita normalmente el Parlamento. Quizá pudiera conseguir usted que, en ocasiones extraordinarias como la de ayer, los servicios velen por que haya suficiente número de ejemplares disponibles en inglés.

Santini
Señor Presidente, mi vocación es hacer de abogado de oficio y, por lo tanto, a fin de respetar esa ética que siempre hemos respetado en este Parlamento, deseo rechazar el ataque del Sr. Ford simplemente porque la colega, Sra. Angelilli, está ausente y, en consecuencia, no puede explicar su punto de vista. Habría intervenido si el ataque hubiera sido contra cualquier otro colega, sin importar su Grupo político.
(El Acta queda aprobada)

Suspensión de la inmunidad parlamentaria
Trakatellis
Señor Presidente, Señorías, me he quedado sorprendido al comprobar que el asunto se refiere a la elección de un catedrático de la Universidad de Salónica que fue anulada en 1993 por el Tribunal Superior de Grecia. Traté este tema como rector junto a la Comisión Jurídica de la Universidad. El Ministro de Educación volvió a nombrar al candidato, éste presentó ante mí una reclamación en 1993, y junto al Presidente de la Comisión Jurídica presenté un detallado informe y el asunto fue a parar al archivo. Me sorprende que resucite después de cuatro años. No querría creer que haya en juego únicamente objetivos políticos, pero con su reaparición repentina después de cuatro años, los hechos hablan por sí solos. Solicitaría a la comisión competente del Parlamento que se exponga rápidamente la conclusión al respecto.

El Presidente
Se lo agradezco señor Trakatellis, sin embargo, con arreglo al artículo 6, sólo debemos comunicar este hecho al Pleno, ya que éste no es el lugar donde hay que abordar el asunto.

Programas MED
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0236/07) del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial nº 1/96 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a los Programas MED (presentado de conformidad con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado CE) acompañado de las respuestas de la Comisión (C4-0512/96).

Fabra Vallés
Señor Presidente, como usted muy bien ha dicho y reza en el orden del día, vamos a tratar, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, el informe del Tribunal de Cuentas 1/96.
Dicho informe es un informe sumamente claro, en el que se exponen, dentro de la cooperación descentralizada, los problemas que ha habido en cuanto a conflictos de intereses, fallos en el Reglamento en cuanto a los concursos y falta de fundamentos jurídicos en alguna de las decisiones.
Creo, señor Presidente, que debemos tratar este caso como un caso ejemplar, no sólo por la importancia que tiene la cooperación descentralizada, sino también por lo que se refiere al procedimiento que deberá seguirse en el futuro siempre que nos encontremos en algún caso parecido.
Precisamente la calificación de caso ejemplar es lo que justifica el que se hayan tratado las enmiendas con mucho cuidado. Me refiero tanto a las 72 enmiendas que se examinaron en comisión como a las 17 que se van a examinar hoy aquí en el Pleno. Pretendo con ello, aceptando el mayor número posible de esas enmiendas, buscar la máxima coincidencia dentro de lo que hoy votemos aquí, ya que con ello evitamos una posición débil del Parlamento que nada ayudaría a todo este asunto.
Por otra parte, me he visto en la obligación de rechazar enmiendas, ya que, a veces, se olvida cuál es nuestra obligación como Parlamento y cuáles son nuestras posibilidades. Ni el Parlamento Europeo ni la UCLAF son un juzgado de instrucción; ni el Parlamento Europeo ni la UCLAF son una fiscalía. No somos fiscales de nadie. Nosotros nos limitamos a presentar aquí el informe 1/96 del Tribunal de Cuentas y a dar nuestra opinión política sobre el mismo. Por tanto, no podemos entrar en si hay incidencias penales y, muchísimo menos, en calificar éstas.
Quiero destacar, señor Presidente, la reacción correcta que, a mi entender, ha tenido la Comisión. Ha puesto en marcha una investigación administrativa y ha buscado la implicación que las empresas que se citan en el informe hayan podido tener en otros programas, en otras Direcciones Generales e incluso en otras divisiones. Ello no ha sido fácil, y esto motiva el retraso que se ha producido. Hay que tener en cuenta que muchas veces las mismas personas estaban detrás de otros nombres en otras sociedades. Ha habido que cruzar direcciones, nombres de sociedades y nombres de personas. Repito que no ha sido tarea fácil.
Pero también quisiera, señor Presidente, dar hoy aquí una voz de atención. Voz de atención que, en el argot médico, equivaldría a buscar una fórmula de detección precoz. O como decimos los que estamos en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, una alarma temprana. Debemos encontrar una fórmula para que no lleguemos a enterarnos de situaciones parecidas a ésta al cabo de tanto tiempo.
Sé que esto no puede hacerse a través del Tribunal de Cuentas, ya que éste tiene sus programas y estudia siempre los asuntos a posteriori , pero creo que debe haber medios dentro de la Comisión -que, por lo demás, ya existen- para poder llevar a cabo esa detección precoz, esa alarma temprana de la que hablaba.
Por otro lado, uno de los puntos que quisiera destacar en esta intervención sobre el informe que presentamos, es el plantearme si la UCLAF debería continuar tal como está hoy en día, dependiendo total y absolutamente de la Comisión, o si bien debería actuar desde una posición independiente de la Comisión. No tengo más que palabras de alabanza para la UCLAF, ya que he estado en la Comisión de investigación sobre el fraude en el tránsito comunitario y he visto lo efectiva que es y el buen trabajo que realiza. Sin embargo, me preocupa la cuestión de si puede actuar con la misma libertad dentro de la Comisión.
De todas formas, apoyamos los esfuerzos de la Comisión para depurar responsabilidades, exigir la devolución de las cantidades defraudadas y la confección de una lista negra.
Acabo ya, señor Presidente, diciéndole que hago una petición a la Comisión: le rogamos que adopte las medidas descritas en este informe, ya que ello será condición sine qua non para la aprobación de la gestión de 1996. Señor Comisario, tienen seis meses para ello.

Malerba
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se enteró con gran desánimo de las graves observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los programas MED y pide con gran preocupación que la Comisión conteste rápida y satisfactoriamente todas las observaciones del Tribunal, que se lleven a cabo todas las investigaciones, que se persigan los abusos y que informe con solicitud y regularidad al Parlamento.
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se preocupa asimismo y, yo diría, sobre todo, en virtud de sus competencias en cuanto al fondo, de que la política mediterránea, elemento esencial de la identidad de la Unión hacia el exterior, no se vea comprometida por las conductas ilícitas de algunos funcionarios externos o incluso internos de las Instituciones. No nos conforta ni satisface la medida de suspensión de los programas que afecta también a los proyectos dignos, condena empresas y puestos de trabajo, y pone en peligro la reciente cooperación descentralizada.
Queremos, en cambio, que la Comisión se dote cuanto antes de los medios y las reglas necesarios para una gestión rigurosa y eficaz de los programas MED y MEDA. Entre las orientaciones que recomienda la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores para el nuevo curso, recuerdo cuatro puntos: Primero: un esfuerzo decisivo en lo concerniente a la promoción pública y la total visibilidad de los anuncios de licitación, los procedimientos de selección de los proyectos y los informes sobre la ejecución de los trabajos. Segundo: el ejercicio de la función de control directo por parte de la Comisión, sin delegarla a sociedades externas, sobre los concursos y la ejecución de los proyectos, a través de personal propio y utilizando sistemas eficaces y modernos de seguimiento y control, como sabe hacer la Comisión. Tercero: el desplazamiento del centro de gravedad del gasto hacia proyectos de mayor envergadura en cuanto a infraestructuras, según nos piden los representantes de los terceros países mediterráneos todas las veces que nos reunimos con ellos. Me refiero a los proyectos en el ámbito del abastecimiento de aguas, las telecomunicaciones y los transportes, más que a los asesoramientos y seminarios. Cuarto: la reanudación y el fortalecimiento de la cooperación descentralizada a través de la sociedad civil. A este propósito, sugiero encarecidamente la creación, al igual que se está haciendo para los países PECO, de una red de Fellow Members to Innovation Relay Centres a fin de reforzar los vínculos entre las universidades, los hospitales y los centros competentes de ambas orillas del Mediterráneo.
Para finalizar, señor Presidente, señor Comisario, considero que el fraude debe perseguirse con la máxima severidad, sin perjudicar, no obstante, el objetivo político de la cooperación mediterránea.

Azzolini
Señor Presidente, no puedo dejar de coincidir con lo manifestado por el Sr. Malerba, habida cuenta de que la Comisión de Política Regional se opone a que el Tribunal de Cuentas trate una cuestión cuyo alcance es estrictamente político. El Tribunal de Cuentas constató incumplimientos e incongruencias en relación con los procedimientos, sin embargo, como ya afirmé en la Comisión de Política Regional, habría actuado mejor sensibilizando adecuadamente a la Comisión antes de llegar al final y de poner de manifiesto incumplimientos u otras irregularidades, según el espíritu de la Unión Europea y, por consiguiente, con arreglo a una especie de teoría de los vasos comunicantes. No cabe duda de que el Tribunal de Cuentas tiene el deber de actuar en este sentido, sin embargo, no se incluye entre sus competencias abordar una cuestión estrictamente política.
Las conclusiones de las demás comisiones, tal como acaba de manifestar el Sr. Malerba, nos inducen a una ulterior reflexión, esto es, hay que revisar y modificar el sistema de control y conseguir que el papel que desempeña la UCLAF quede fuera del sistema de dependencias, a fin de que sea más eficaz, menos condicionado y menos condicionable; al efecto, hay que subrayar lo manifestado con acierto por el Sr. Malerba, o sea, que la UCLAF ha desarrollado en todo momento un trabajo muy atento y preciso.
Nuestra dificultad radica en que se aplace en el tiempo y, en consecuencia, se amplíe en cuanto a sus contenidos, un compromiso que la Unión debería, por el contrario, reforzar y mejorar en el ámbito de la política euromediterránea. Por lo tanto, consideramos que, a pesar de que deben adoptarse todas las medidas necesarias, los programas MED deben ser potenciados y aplicados rápidamente.

Wemheuer
Señor Presidente, estimados colegas, estamos discutiendo hoy y votaremos mañana el informe de nuestro colega el Sr. Fabra Vallés. Este informe ha llevado hasta hace poco tiempo el rótulo de «informe provisional». Subrayo esto aquí de manera expresa y con toda intención. Ahora bien, por razones de tipo administrativo que, ciertamente, están por encima de todo, ni siquiera nos es posible denominar «informe provisional» a un informe provisional. Por esta razón quiero afirmar aquí: éste es un informe provisional. Ojalá que nadie se consuele con la certidumbre de que mañana decidiremos y el asunto desaparecerá de la mesa. Este no está encima de la mesa ni debajo de la misma y mucho menos debajo de la alfombra.
Si se lee con atención la resolución que vamos a aprobar se encontrarán suficientes referencias a cómo y de qué manera se van a ocupar de los procedimientos la Comisión de Control Presupuestario y, con ella, el Parlamento. Le vamos a dar nuestra conformidad antes de la pausa de verano, por la única razón de con ella se podrán liberar los programas MED, para poder ayudar, por fin, a aquellos que tienen menos capacidad para lo que aquí a causa de la negligencia, de la mala gestión o de lo que sea, ha constituido un fracaso. Esto lo quiero decir aquí de manera explícita. Queremos ayudar a éstos, les queremos echar una mano. Y por esto aprobaremos el informe.
Pero el modo de trabajo, el informe, y todo lo que se ha producido en torno a este informe -sin querer entrar aquí en pormenores- me plantean algunas cuestiones, y no sólo a mí sino también a todo mi grupo.
En primer lugar, la siguiente cuestión: ¿Por qué comete siempre la Comisión los mismos errores? ¿Por qué se siguen poniendo en marcha programas, cuando no se está en condiciones de gestionarlos? ¿Cuándo aprenderá la Comisión y cómo se va a manifestar esto?
Pero también se nos plantea la siguiente cuestión: estamos haciendo un informe sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Ciertamente. Pero el Tribunal de Cuentas hace reconvenciones frente a la Comisión y a las organizaciones privadas. Desde hace tiempo la Comisión tiene que justificarse mediante un procedimiento fijado con exactitud, lo hace de manera oral, sus respuestas se publican por escrito en el Diario Oficial, se puede justificar ante la comisión. Pero, ¿por qué no escuchamos jamás a los otros? Bien, no hemos trabajado así, lo admito. Pero, por esta razón tiene que haber sido correcto? ¿Debe ser acertado? ¿Sólo tienen unos la oportunidad de explicar lo que ha pasado y los otros no? Esta es una cuestión y no la vamos a solucionar hoy, pero quiero plantearla.
No vamos a permitir que se nos dicte cómo hemos de tratar los asuntos. Esta es una cuestión. Vamos a pensar muy exactamente qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Vamos a salir mucho más cuidadosos y mucho más críticos de todos este proceso. Se nos ha sensibilizado no sólo en lo que respecta a la dependencia o independencia de la UCLAF. Este debate nos ha enseñado que hemos de pensar sobre nuestro propio papel. Quizá hemos de ser más autoconscientes, hemos de ser más críticos frente a nuestro propio trabajo. Pero una cosa está clara, la discusión no está cerrada, la retomaremos y no sólo frente a los programas MED, esto es solamente un ejemplo. Van a venir muchas más cosas. El precio que se pague por el hecho de que hoy o mañana liberemos los programas en la votación, va a ser una investigación muy intensa acerca de cómo procede la Comisión con estas cosas.
Una cosa más, para terminar: la Comisión ha actuado con mucha rapidez hacia afuera. Yo me alegraría de que la Comisión fuera así de rápida a la hora de las medidas disciplinarias en el seno de la Comisión, cuando se trasladase simplemente a gente a algún sitio o cuando se la pudiera jubilar anticipadamente en algún momento, si por una vez se interviniera con tanta rapidez y consecuencia en la propia casa en momentos sospechosos. Esto aumentaría decididamente la credibilidad de la Comisión.

Theato
Señor Presidente, distinguidos colegas, dos minutos de turno de palabra son poco tiempo, por esta razón quisiera referirme solamente a dos puntos de este importante informe del Sr. Fabra Vallés a quien, por lo demás, quiero felicitar muy cordialmente por tan intenso trabajo. Pero también quiero dar las gracias a la Sra. Wemheuer por la discusión sobre este gran complejo de problemas que hay que abordar y llevar adelante en nuestra comisión. Yo la apoyo en este tema.
Paso a referirme a los puntos: en primer lugar, con este informe sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas se va a encomendar a la Comisión la tarea de investigar cuidadosamente las graves irregularidades aparecidas en la administración descentralizada de los programas MED y, sobre todo, la de cortar las intromisiones de intereses que han aparecido. Los recursos comunitarios que hayan sido gastados ilegalmente han de volver a las arcas de la UE. Pero, al mismo tiempo, nuestro deseo es que la interrupción de los programas, ordenada actualmente por la Comisión, pueda levantarse bajo condiciones ordenadas conciliables con el régimen presupuestario y con las disposiciones relevantes. Por esta razón es importante que aprobemos ahora este informe del Sr. Fabra, pues dentro de seis meses la Comisión debe informarnos otra vez, ojalá que con buenos resultados, acerca de las medidas que se hayan adoptado y aquí se cuentan también medidas disciplinarias.
Como segundo aspecto quisiera subrayar lo que el Sr. Fabra Vallés dice en el párrafo 10 de la propuesta de resolución en la que la Comisión de Control Presupuestario exige que la UE instituya una unidad independiente de lucha contra el fraude. El acento se pone en la palabra «independiente», pues ya tenemos una unidad de lucha contra el fraude. Esta unidad de lucha contra el fraude, la UCLAF, desempeña un buen y eficaz trabajo. Sólo quiero recordar el descubrimiento de los recientes fraudes con la carne afectada de EEB. Pero está expuesta casi automáticamente al reproche de parcialidad, pues está enclavada en la Comisión. También está expuesta al riesgo de que se le reproche que minimiza todo el asunto para dañar lo menos posible el prestigio de la Comisión o que se le reproche, sobre todo, que argumenta y que adopta medidas en contra de los asesores externos.
Por esta razón, en este punto necesitamos independencia, así como una posibilidad de poder introducir medidas penales que puedan ser puestas luego en práctica por los tribunales nacionales para que se ponga coto al terrorífico volumen de abuso y de fraudes en los recursos de la UE.
Gracias, una vez más, al ponente por su intenso trabajo en la comisión y gracias también a la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario.

Giansily
Señor Presidente, hoy vamos a hablar una vez más del fraude, a la espera del importante debate previsto para el mes de septiembre próximo sobre el informe anual y el programa de trabajo de la Comisión relativo a la lucha contra el fraude.
Esta vez examinamos junto con el informe de nuestro colega Fabra Vallés la gestión, o más bien la falta de gestión, de los programas MED, situación entre cuyas particularidades se encuentra, en razón de sus excesos, la de rayar en el ridículo. A mí no me cuesta admitir que la complejidad de la legislación comunitaria y la dispersión de las responsabilidades en materia de gastos entre los numerosos organismos públicos y privados encargados de la puesta en práctica de los programas facilitan sobremanera el fraude. Sin embargo, esto es lo que desgraciadamente ocurre con un programa en el que nuestro Grupo está muy interesado y que, en realidad, no tenía necesidad alguna de saltar a los titulares por tal razón. Porque está por un lado lo aceptable y, por el otro, lo inaceptable.
Lo inaceptable, Señorías, es que tras tomar conocimiento de un informe abrumador del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los programas MED, que ponía en evidencia múltiples irregularidades y graves deficiencias, la Comisión no haya decidido la apertura inmediata de una investigación administrativa y que las autoridades judiciales de los Estados miembros no hayan tomado ninguna iniciativa hasta la fecha. Sin embargo, de los dieciséis contratos de asistencia técnica atribuidos, diez no han sido objeto de licitación abierta a la competencia, lo que ha supuesto un coste suplementario de 170.000 ecus. Sin embargo, la Comisión ha delegado competencias a la agencia para las redes transmediterráneas a falta de fundamentos jurídicos claros, y sin que haya una decisión de principio sobre esta materia. Esto equivale a decir que le ha dado un cheque en blanco a consejeros externos que son a la vez juez y parte.
Mi objetivo no es el de pronunciar aquí una requisitoria contra la Comisión que es, a menudo, el chivo expiatorio injustamente designado y, a veces, debemos admitirlo, bastante cómodo de las distorsiones comunitarias cuya responsabilidad incumbe también a otros. Es cierto que la Comisión no contaba y sigue sin contar con los medios para gestionar correctamente la financiación de las operaciones MED lanzadas ya en julio de 1992. Pero la Comisión, en el momento de aprobar los programas MED, podía reclamar al Consejo e incluso exigirle los medios necesarios en recursos humanos y financieros para llevar a cabo su aplicación y, en el caso de negativa por parte del Consejo, tenía la facultad de rechazar la pesada responsabilidad de una gestión inevitablemente abocada al fracaso. ¿Por qué no ha dado muestras de valentía y de claridad, tal como podía esperarse de ella, cuando se trataba, debemos recordarlo, de dinero público? ¿Y ahora qué podemos hacer?
Por supuesto hay que aprobar el informe de nuestro colega Fabra Vallés, que, como él mismo dice, es de manual, pero todavía es más necesario, a mi modo de ver, y más allá de cualquier retórica, reclamar medidas y sanciones. Corresponde a la Comisión formular urgentemente propuestas de reforma para que los programas MED puedan volver a su cauce correcto, y nos corresponderá a nosotros juzgarlas por sus actos.

Mulder
Señor Presidente, en primer lugar mi enhorabuena al ponente. Pienso que ha realizado un excelente trabajo. Se trata de una de las típicas cuestiones en que el Parlamento puede llevarse la palma, pues es precisamente el Parlamento Europeo quien ha de investigar a fondo este tipo de cuestiones.
En nombre del Grupo de los Liberales, quiero declarar que este tipo de incidentes no puede enturbiar ningún programa de ayuda. Estos programas de ayuda son necesarios en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo. Si se habla de descentralización -que en sí no es mala, tiene que llevarse a cabo-, es importante que tengamos también una división de poderes. Quienes ejecutan el programa no han de controlarse a sí mismos, sino que debe hacerlo una entidad independiente.
Quisiera apoyar la idea de la lista negra de oficinas de estudio y los muchos cambios de nombre que se producen, por lo cual a menudo vemos que las oficinas que hacen el estudio para preparar la convocatoria del proyecto también pueden inscribirse. A mi entender, en el futuro habrá que evitar este tipo de asuntos. Asimismo espero con gran interés el informe que presentará la Comisión dentro de seis meses para que finalmente podamos aprobar la política de la Comisión.

Müller
Señor Comisario Marín, creo que aquí estamos discutiendo no sólo un caso ejemplar sino también un caso trágico. Trágico porque por regla general los proyectos han marchado bien. Un ejemplo: en Colonia hay un productor de cine que está elaborando un proyecto para un centro de cine y de televisión en Palestina. Un superproyecto. Este proyecto se encuentra amenazado y la responsabilidad de esto, es preciso decirlo claramente, la tiene usted y, en conjunto, la Comisión.
En la comisión le he preguntado a usted varias veces cómo es posible que la Comisión deje correr durante tres años un asunto semejante sin que exista una posibilidad de descubrirlo. A esto ha respondido usted: no puedo hacer nada si un funcionario que comete un error en la Administración no se presenta voluntariamente a mí y revela él mismo su propio error. Creo que usted tienen razón aquí, pero me da que pensar el hecho de que ustedes, en la Comisión, no hayan desarrollado, evidentemente, ninguna idea acerca de cómo puede constituirse dentro de la propia Administración de ustedes un sistema de control para descubrir semejantes maneras de proceder. ¿Cómo va a ser posible llevar a cabo un control acerca del empleo de los recursos, si ustedes no tienen en el seno de la Comisión ningún mecanismo para descubrir en absoluto estos fallos tan horrorosos? Para mí ésta sigue siendo la cuestión decisiva, con independencia de quién tenga qué responsabilidad en un caso concreto. De esto tienen ustedes la responsabilidad y esto debe corregirse.

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Vicepresidente Marín, Señorías, este informe, sin duda, importante, se presenta al final de una larga investigación que por fin ha puesto de manifiesto las carencias constatadas en la ejecución de los programas MEDA. No quisiera, sin embargo, que en este espíritu se olvidara que el mismo rigor y la misma precisión de análisis son necesarios para entender si lo que no funciona es el sistema en su conjunto. He insistido siempre en que la Comisión no debía contratar más funcionarios que los estrictamente necesarios, que debía haber rigor y que era preciso controlar las contrataciones incluso en la categoría C. En cambio, todos estos programas, PHARE, TACIS, etcétera, con respecto a los que se pide a la Comisión su seguimiento, se confían, de hecho, a asesores externos. El caso específico que estamos tratando hoy, por consiguiente, no es un caso aislado. Me pregunto, por lo tanto, si no ha llegado el momento de decir «basta». Tomemos este ejemplo como un fenómeno accesorio de una práctica que se ha ido ampliando y que obliga a la Comisión a contratar, subcontratar y confiar con más frecuencia a empresas externas no sólo la ejecución, sino incluso la elaboración de este o aquel Libro Blanco o Libro Verde o el que fuera.
Es cierto que los funcionarios que cometieron irregularidades deben ser perseguidos y que las posibles irregularidades a la postre deben ser sancionadas, sin embargo, si el principio fundamental sancionado por normas y costumbres internas, incluso a nivel de Reglamento Financiero, era que si el funcionario o los funcionarios encargados de la ejecución de estos programas consideraban que obraban bien cuando colocaban a los responsables de las grandes sociedades de asesoría o de gestión de los fondos externos dentro del órgano que luego debía decidir con respecto a los proyectos, considerando incluso normal esta práctica en el caso de proyectos con terceros países, entonces es evidente que el problema se encuentra más bien al principio de toda esta mecánica y justo es que lo afrontemos. Me parece, no obstante, que estas justas críticas contra unas determinadas personas han de servir de alguna manera para hacer un examen de conciencia. Al hacer dicho examen de conciencia podremos entender si en éste o en otros proyectos es acertada la línea que hemos seguido, también porque, en mi opinión, no asignamos a la Comisión los recursos humanos internos suficientes para poder hacer frente solos a este tipo de programas.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, estamos hoy ante un informe importante, importante porque los hechos que evoca, vinculados a la utilización de los créditos presupuestarios de los programas MED por parte de la Comisión, son unos hechos particularmente graves. Me temo que el ponente señor Fabra Vallés, al tratar a toda costa de hallar circunstancias atenuantes para la Comisión nos esté proponiendo, en definitiva, que renunciemos parcialmente a la función fundamental del Parlamento -que, en mi opinión, debería por el contrario reforzarse-, y me estoy refiriendo al control de una buena utilización de los fondos comunitarios.
Los hechos son relativamente sencillos. El Tribunal de Cuentas los ha consignado. La Comisión ha optado por que la gestión de los programas MED se subcontratara a la Agencia paras las Redes Transmediterráneas, la ARTM, asociación creada a iniciativa de la Comisión. Resulta que dos de los cuatro administradores de esta asociación son, al mismo tiempo, dirigentes de dos oficinas de asistencia técnica encargadas del seguimiento de los programas MED. En esa calidad han podido obtener más del 60 % de los créditos de asistencia técnica. Debido a este doble estatuto, dichos administradores han podido también participar en la negociación de contratos que han celebrado consigo mismos, en la elaboración de proyectos que deberían hacer ejecutar posteriormente por la Comisión, y han podido tener acceso a documentos que no hubieran jamás debido obtener. De los dieciséis contratos de asistencia técnica, diez fueron atribuidos sin ninguna licitación previa abierta a la competencia, y en los seis restantes, los procedimientos de atribución han sido muy irregulares, dando ventaja a las dos oficinas de asistencia técnica a las que nos referimos.
Así pues, nos hallamos ante una auténtica delegación de competencias de facto de la Comisión a un organismo tercero, y no simplemente ante unos contratos de prestación de servicios; esta delegación se ha hecho sin ningún reparo, y esto es especialmente preocupante porque nadie ha alzado la voz ante tan pasmosas irregularidades.
La Comisión, que estaba al corriente de esto desde el 6 de octubre de 1995, ni siquiera se ha propuesto volver a examinar sistemáticamente todos los contratos celebrados con las dos oficinas de asistencia técnica que están aquí en entredicho. Esto sólo empieza a hacerlo actualmente, más de un año y medio después de que se hicieran públicos los hechos reprensibles y toda vez que no se ha puesto en marcha ninguna medida disciplinaria por su parte ni se ha recurrido a las instancias penales competentes.
Así pues, estimado colega Fabra Vallés, es necesario que ahora se denuncien los métodos de gestión de la Comisión en materia de cooperación descentralizada. Hay que destacar que ha habido un enriquecimiento personal de funcionarios de la Comisión, que hubiera podido producirse directa o indirectamente. Hay que declarar que lo que está aquí en juego no es sólo la credibilidad de la Comisión sino el conjunto de sus métodos de trabajo en materia de delegación de poderes, de atribución de mercados y de celebración de contratos. Lo que aquí se cuestiona, hoy por hoy, es la función del Parlamento. ¿Acaso vamos una vez más a renunciar a nuestro papel, como lo hicimos con ocasión de la aprobación de la gestión de la Comisión de 1992, como también ocurrió en el asunto de la EEB, o bien vamos a crear una comisión de investigación para que por fin se pueda aclarar este asunto?

Lukas
Señor Presidente, el informe del Sr. Fabra Vallés ilumina de manera contundente e inequívoca con qué falta de responsabilidad se ha procedido con los recursos europeos procedentes de los impuestos en relación con los programas mediterráneos. Hay que dar las gracias al ponente por sus claras palabras y por su clara exposición de las irregularidades que se han producido a todos los niveles. Especialmente lamentable es el hecho de que en este caso los fallos decisivos se hayan producido en Bruselas y no puede aceptarse, en absoluto, como disculpa el hecho de que el departamento competente de la Comisión haya sido objeto de una gran presión del tiempo y de las expectativas. Si se tratase de esto, hoy estarían completamente al descubierto irregularidades en casi todos los procedimientos privados y públicos de gestión, pues en un mercado global la presión del tiempo y de las expectativas está a la orden del día.
Resulta simplemente incomprensible que se haya acometido de una manera tan diletante y frívola un programa tan complejo que debía poner en marcha al otro lado del Mediterráneo una intensa cooperación y cuyo volumen financiero asciende a 78 millones de ecus. Se instaló un sistema que de manera directa implicaba de antemano en sí mismo la intromisión de intereses con las graves consecuencias que conocemos. Este programa, que en sí mismo tiene pleno sentido, se devalúa a los ojos de los ciudadanos por estas palmarias irregularidades. Pero a muchos pequeños contribuyentes europeos, que son mortificados por los paquetes de ahorro, se les plantea también la pregunta de si se encuentran en el camino acertado.
En mi opinión, sólo cabe aprobar una reanudación de los programas descentralizados una vez que se hayan erradicado totalmente todas las irregularidades del primer comienzo y una vez que el ministerio público y los tribunales hayan llevado a cabo su trabajo.

Dankert
Señor Presidente, quiero empezar señalando que tengo que distanciarme de la observación hecha por el Sr. Azzolini como ponente de la Comisión de Asuntos Regionales en el sentido de que el Tribunal de Cuentas no ha de sacar a la luz este tipo de cosas, que tienen que solucionarse internamente dentro de la Comisión. Si seguimos tal camino, nunca se acabarán este tipo de problemas. Estos sólo pueden solucionarse a través de la apertura y la presión derivada de la misma, y además no quisiera subestimar la acción preventiva de este tipo de informes del Tribunal de Cuentas.
Señor Presidente, no quiero profundizar en las circunstancias reales que reproduce el informe Fabra-Vallés. Pienso que se trata de un informe excelente que, tal como ha dicho ya la Sra. Wemheuer, exige un seguimiento porque todavía no hemos llegado ni de lejos al final de los problemas en este sentido. Pero quisiera recalcar un aspecto que otros, concretamente el Sr. Dell'Alba, ya han señalado: ¿es capaz la Comisión de realizar su propio presupuesto? ¿Con qué intermediario puede trabajar la Comisión? ¿Podemos estar seguros de que se realiza de la forma adecuada? En resumidas cuentas, todo el problema desde PHARE, pasando por TACIS, hasta los Fondos estructurales. Pues si vuelvo a examinar la Agenda 2000, veo que la Comisión subraya cada vez más una realización descentralizada. Comprendo porqué, pero al mismo tiempo se plantea claramente la pregunta: ¿puede la Comisión asumir la responsabilidad de su propia responsabilidad? Es algo que dudo muchísimo.
Señor Presidente, como acaba de señalar la Sra. Müller, resulta que los Comisarios ya no controlan a sus propios funcionarios en las direcciones generales, algo que sí tendría que ocurrir. Es decir, que las comunicaciones no son buenas. Por no hablar de las comunicaciones entre las direcciones generales en Bruselas y sobre el terreno. Tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Pienso que el problema es comparable al que tienen numerosos Estados miembros con la ejecución de la cooperación al desarrollo, que por lo general puede calificarse de mala, simplemente porque no se dispone de personal, ni de aparatos propios en los países donde se lleva a cabo la cooperación al desarrollo, sino que se depende de la cooperación con otros. Y si encima se cede el mando de esta cooperación a terceros y ya no se controla por uno mismo, la cosa se complica aún más. Considero que la problemática de conjunto, que en realidad nunca se ha investigado en la Unión Europea, pero que es cada vez más importante por la envergadura de la ayuda exterior y la envergadura de los Fondos estructurales, merece mayor atención. La Comisión se fundó en su día como una máquina para legislar, no como una máquina para gestionar. Este problema de gestión se agrava cada vez más en la Unión y es un problema creciente. Considero que como Parlamento hemos de investigarlo seriamente.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, este debate podría haber degenerado en una sencilla crítica de la existencia de la política MED, pero afortunadamente no ha sido así. Lo que ha sucedido es que el Tribunal de Cuentas transmitió al Vicepresidente Marín algunas alegaciones muy graves y el Vicepresidente Marín estimó que había motivos para intervenir e interrumpió inmediatamente la continuación de los programas. Si alguno de los contratistas estima que obró demasiado precipitadamente, pueden perfectamente llevar la cuestión ante sus tribunales civiles.
Todo esto, en mi opinión, se basa en lo que dijo el Sr. Santer cuando tomó posesión de su cargo. El Sr. Santer dijo que la Comisión tenía que hacer menos cosas pero que tenía que hacerlas mejor. Sé perfectamente que el programa MED comenzó antes de que se nombrara al Sr. Santer, pero ¿qué ha sucedido? Los fondos se aprobaron para un programa muy extenso y al principio se creyó que la Comisión tenía razón para dividirlo en muchos contratos. La Comisión pensaba que su manera de obrar era muy transparente y que se podía comprobar el paradero del dinero. Pero en la Comisión no se dispone de aptitudes de gestión ni de recursos humanos suficientes para ocuparse de tantos contratos. Había demasiadas Direcciones Generales involucradas, demasiados contratos, y la labor de supervisión requería demasiado tiempo. Como dirían los ingleses, el programa MED se convirtió en el programa «MAD».
Me permito sugerir que la mejor solución para la Comisión sería que el Vicepresidente Marín diera muestras de humildad y aceptase las recomendaciones que se formulan en el excelente informe del Sr. Fabra Vallés. Hay soluciones para los problemas que se han planteado, y me parece que las puede encontrar en ese informe. El verdadero problema estriba en que se trata de un informe provisional destinado a permitir que los programas continúen de ahora en adelante, pero aún hay investigaciones pendientes de realización. Me alegra que en el programa de trabajo de este otoño haya sitio para un nuevo informe del Sr. Fabra Vallés. Espero que podamos seguir beneficiándonos de su excelente labor.

Viola
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quisiera felicitar al Sr. Fabra Vallés por su excelente informe y al Tribunal de Cuentas por el excelente trabajo de control realizado, que confío en que se lleve a cabo con el mismo rigor y de la misma forma también con respecto a los demás sectores y sobre todo a los confiados al exterior. Francamente, me resulta difícil creer que los fraudes y las irregularidades se cometen sólo con respecto a los programas MED. Dicho esto, deseo subrayar que las observaciones y las críticas no pueden conllevar la suspensión de la cooperación descentralizada que, en definitiva, representa el fundamento de la nueva política euromediterránea. En efecto, este proyecto de crear unas redes capaces de poner en contacto de forma horizontal a las sociedades civiles y a los operadores particulares, sin pasar por los entresijos burocráticos de la cooperación vertical, ha representado un cambio fundamental y, como tal, el mismo debe ser salvaguardado.
Confío asimismo que este debate sirva para reiterar con firmeza la necesidad de un giro en la política euromediterránea que, tras los decepcionantes resultados de la Conferencia de Malta y las dificultades de puesta en marcha de los programas MED, se está práctica y lentamente hibernando. Entonces, ha hecho bien el Comisario Sr. Marín en congelar los programas, sin embargo, espero que, después de este largo período de tiempo, haya resuelto los problemas de organización que sirven para garantizar la transparencia y la eficacia de la gestión. Ahora ha llegado el momento de volver a ponerse en marcha, ya que la opinión pública empieza a sospechar que esta política euromediterránea es sólo una política anunciada, pero nunca puesta en práctica.

Marín
Señor Presidente, por la importancia que tiene este debate, y porque la Comisión piensa que ha colaborado ejemplarmente con el Parlamento Europeo y con la Comisión de Control Presupuestario, voy a necesitar un cierto tiempo, porque, además, quiero anunciar algunas novedades a este Pleno.
En primer lugar, aprovechando la última intervención del Sr. Viola, quisiera hacer la siguiente puntualización. La he hecho repetidas veces, pero parece que esto no termina de comprenderse. Se están confundiendo -no sé si es una confusión interesada o no- los programas de cooperación descentralizadas MED con el programa MEDA aprobado en la Conferencia de Barcelona. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con un reglamento, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 1992, mientras que el Reglamento MEDA se aprobó en julio de 1996. En consecuencia, no es posible que el Parlamento siga confundiendo unas circunstancias relativas a una política, los programas MED de los antiguos protocolos, con el resultado de la Conferencia de Barcelona y el programa MEDA. El programa MEDA no está afectado en absoluto por este tipo de cooperación.
En segundo lugar, señor Fabra Vallés, creo que su informe, efectivamente, es ejemplar por muchas razones. En primer lugar, porque saca a la luz las disfunciones en la gestión de las distintas empresas a las que habíamos confiado la aplicación de los programas de cooperación descentralizada en el Mediterráneo, así como de los propios servicios de la Comisión Europea. En segundo lugar, porque revela las lagunas del dispositivo jurídico comunitario respecto a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad Europea. En tercer lugar, porque muestra los esfuerzos internos que aún debe realizar la Comisión Europea para concebir y poner a punto sistemas de alerta y dispositivos que permitan evitar que las disfunciones constatadas en uno de los sectores de gasto -en este caso MED- se puedan repetir en otros sectores de gasto, como ha sido el caso. Y por último, porque demuestra que la cooperación y el esfuerzo combinado de las instituciones -Tribunal de Cuentas, Parlamento, Comisión y Consejo- pueden permitir efectivamente progresar y acercarse considerablemente a la solución de estos problemas, porque me imagino que lo que pretendemos todos es la solución de estos problemas.
En relación con el primer punto -las disfunciones constatadas por el Tribunal de Cuentas- saben ustedes -porque he tenido la oportunidad de explicarlo muchas veces y lamento que no lo hayan puesto de manifiesto los oradores- que desde el momento en que el Tribunal de Cuentas me notificó, a través de sus auditores el 6 de octubre de 1995, que se habían detectado irregularidades, dos semanas más tarde, tomé la decisión de suspender y cancelar todos los contratos como medida cautelar.
La primera decisión que tomé, desde el momento que no lo vi claro, fue suspender los contratos con todas las consecuencias políticas, como luego explicaré. En esta operación han pagado justos por pecadores, porque ha habido una asistencia técnica que ha abusado, pero hay otra asistencia técnica -ONGs, instituciones que estaban haciendo un excelente trabajo, el ejemplo que usted señala es uno de ellos- que ha actuado correctamente. Yo era consciente de eso. Pero hace dos años -y lamento que algunos de los que han intervenido se hayan marchado del hemiciclo sin oír este argumento-, tomé la decisión de suspender los contratos. Yo no tenía nada que ocultar. Les digo más: no es cierto en absoluto, señor Kellett-Bowman, que el Tribunal de Cuentas tomara la decisión de suprimir los programas.
El Tribunal de Cuentas adoptó su decisión en mayo del 96, y casi un año antes habíamos tomado la decisión de suspender los programas y cancelar todos los contratos en curso con las empresas implicadas. Al mismo tiempo le pedí a la UCLAF y al Control financiero -como ustedes saben- que lanzaran una investigación sobre toda la red, para saber efectivamente lo que estaba pasando.
Quisiera contestarle al Sr. Dankert que ha hecho algunas observaciones de fondo. Es cierto que, con los actuales medios administrativos, la Comisión o los Comisarios no estamos en condiciones de realizar un control específico de la cooperación descentralizada; eso no es un secreto. Ya he dicho que en este preciso momento, no estoy en condiciones de decirle que es lo que ocurre con los petits projets que se puedan estar realizando en el Perú, en Guatemala, en Túnez, en Egipto, en Camboya, en Filipinas, en la India o en el Paquistán. No sé si alguno de ustedes sería capaz de ello. Por definición: no se trata simplemente de si es mi responsabilidad o no. Si queremos colaborar tendremos que encontrar la buena solución.
Hay otro dato, que tengo que recordar otra vez en el hemiciclo. Visto lo que había pasado el 17 de julio de 1996, es decir, exactamente hace un año, presenté en la Comisión cuatro nuevos tipos de contrato que han blindado los contratos MEDA. Y esto lo hicimos hace un año, es decir, Sr. Müller, Sra. Wemheuer, que vamos a llegar hasta el final; yo soy el primer interesado en ello. No tengo nada que reprocharme, porque vengo a este Pleno pudiendo demostrar al Parlamento que un gran porcentaje de las cuestiones que con fundamento presenta el Sr. Fabra Vallés simplemente ya se han resuelto.
Quedan otras, pero le puedo decir que, respecto del conjunto del informe del Sr. Fabra Vallés, el 80 % son decisiones que ya se han tomado. Nos falta terminar la encuesta administrativa. Y si, ustedes preguntan «¿pero que problema tiene el Comisario, que tomó la decisión de suspender los programas hace dos años, de llegar hasta el final?», yo les repondo que no tengo ningún problema, que vamos a llegar hasta el final, con todas las consecuencias y en todos los ámbitos.
¿Qué ha hecho la Comisión?
En primer lugar, no se va a perder ningún ecu. La Comisión bajo mi iniciativa ha tomado la decisión de suspender y cancelar todos los programas -los 14 que descubrimos- y le agradezco al Sr. Fabra Vallés que haya puesto de manifiesto lo que le ha costado a la Comisión descubrir toda la red, a veces con nombres interpuestos; lo que le ha costado detectar finalmente todas las direcciones generales que tenían contratos -sin saberlo-, porque algunas de las asistencias técnicas tienen la habilidad de cambiarse de nombre. Sin embargo, los hemos detectado. Pues bien, todos ellos han sido suspendidos, congelados. Absolutamente todos. Vamos a llegar hasta el final y aquí me quedo un poco perplejo, Sra. Theato. Usted me conoce bien, ustedes me han pedido a puerta cerrada que sea inflexible, que actúe con total disciplina, que suspenda los contratos, que pida las ordenes de recuperación. Pues bien: lo he hecho. Y vamos a llegar hasta el final.
Por eso no comprendo ahora -y de ahí mi perplejidad- cómo se pueda acusar a la Comisión de precipitación, cuando hemos tomado las decisiones.
Al mismo tiempo, hemos dado orden de recuperación de todas las cantidades debidas. Y les voy a dar la lista de los asuntos que efectivamente se han detectado, compañía por compañía.
Yo quiero asumir hoy mi responsabilidad; seguramente porque así se me dará motivo para que en el futuro se me expliquen también ciertas actitudes.
Se han dado órdenes de recuperación a las siguientes asistencias técnicas:
»Cité Unie Developpement». «Cité Unie Developpement» ha pagado ya la cantidad debida. Asunto resuelto.
»Córdoba City Hold», beneficiario de dos proyectos. Esta organización ha planteado un problema de cifras y está dispuesta a pagar el 70 %. La Comisión, en este momento, está negociando para ver si sus cifras -o nuestras cifras- son exactas, pero también en el caso de este proyecto en torno a Córdoba se ha pedido también la recuperación del dinero.
En lo que concierne al «Conseil des Communes et des Régions de l'Europe», también hemos pedido a esta organización la recuperación del dinero. El plazo de respuesta se cumple esta semana.
Finalmente, las sociedades ARTM, ISMERI y FERE no han respondido dentro de los plazos fijados o rechazan las reclamaciones de la Comisión.
Y, efectivamente, le confirmo que la semana pasada, de acuerdo con la Secretaría General de la Comisión, siguiendo las recomendaciones del Sr. Fabra Vallés, hemos dictado una orden general de «mise en demeure » en relación con los contratos de estas compañías.
En el caso de que no pagaran, lo que hará la Comisión será resarcirse automáticamente en los otros catorce contratos que están vigentes, algo que -según nuestro Servicio Jurídico- está permitido por la legislación actual.
En segundo lugar, hablaban ustedes de responsabilidades penales. La Comisión -también lo dije a puerta cerrada y hoy lo digo en público, al objeto de evitar confusiones de cara al futuro- tomó la decisión en el pasado de llevar a una compañía ante la justicia de su país al objeto de que la justicia de su país analice si hay elementos de materia penal.
En último lugar -de nuevo me refiero a la Sra. Müller-, la Comisión decidió abrir la encuesta administrativa, una vez terminado el informe de la UCLAF. Y el informe de la UCLAF -lo dije a puerta cerrada y lo repito en públicoestablece que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de ningún funcionario.
Pueden ustedes pensar que es correcto o que es incorrecto, pero yo tengo que trabajar con datos objetivos y, de la misma manera que, con datos objetivos, he tomado la decisión de enviar a algunas compañías ante los tribunales, como Comisario, no me puedo permitir la frivolidad de acusar a nadie de enriquecimiento ilícito, sin tener datos fehacientes. No lo puedo hacer, lo he explicado muchas veces y no estoy ocultando nada.
La encuesta administrativa está pues en curso. El dispositivo comunitario es muy claro. Había lagunas internas; ¿cómo hemos reaccionado ante ellas, Sr. Fabra Vallés?
En primer lugar, el Secretario General ha instruido al conjunto de los Directores Generales para que se adopten normas y precauciones de tipo horizontal en toda la Comisión con el fin de que este tipo de asuntos no se vuelva a repetir.
Prácticamente, lo que vamos a hacer es extender el tipo de contrato blindado del programa MEDA Barcelona - para entendernos- al resto de todas las Direcciones Generales, de modo que si se produce un abuso por parte de una asistencia técnica, inmediatamente se paren los pagos, se sancione a la compañía y se recupere el dinero. Por lo menos aquí tenemos garantías de que de los antiguos proyectos MED no se va a perder un sólo ecu.
En segundo lugar, la Inspección General de Servicios de la Comisión está dando respuestas -y se las vamos a presentar a ustedes antes de octubre- respecto a los mecanismos generales que pida su informe. Esta es una de las cosas que nos falta por hacer -lo reconozco- de ese 20 % de cosas que todavía no están hechas.
Y luego, la Comisión ya ha adoptado el establecer un sistema de alerta precoz, un «Early Warning System», de modo que, a partir de ahora, cuando se detecte en cualquier programa de la red exterior una anomalía, todas las Direcciones Generales, a título precautorio, suspenderán la programación. Es una medida radical, pero respondemos así a lo que decía a justo título el Sr. Dankert. No tenemos otro modo de proceder: cuando llega la información al responsable político, hay que tomar la decisión de suspender, a título cautelar. Y luego habrá que verificar. Es un sistema duro, seguramente muy duro, pero es inevitable.
Por último, quiero decirles lo siguiente. La Comisión, es cierto, ha bloqueado todos los pagos respecto a los contratos en curso establecidos con otras Direcciones Generales para todas las sociedades que rechazan el reembolso. Con ello, les repito de nuevo, no habrá la pérdida de un sólo ecu. Se han dado órdenes de suspender todos los contratos.
Señor Presidente, quiero que quede claro que la Comisión va a llegar al fondo del asunto.
Y les confirmo que la Comisión ha rescindido los contratos directos que estaban en vigor con las sociedades FERE e ISMERI.
Junto a estos dos contratos hemos detectado tres más, en asociación con otras asistencias técnicas y con otro nombre. Con este nombre había asistencias técnicas que están trabajando correctamente y tampoco las podíamos lesionar y, en consecuencia, lo que se ha hecho, también, es suspenderlo con todas las consecuencias.
Y, por último, quiero hacer la siguiente valoración. Pueden ustedes estar seguros, Sr. Fabra Vallés, Sra. Theato, que vamos a arreglar este asunto. Incluso antes de que el propio Parlamento haya pedido actuar, la Comisión lo ha hecho. Incluso antes de que el Tribunal de Cuentas emitiese su decisión definitiva, la Comisión actuó. Porque la Comisión está, más que nadie, interesada en que esto se resuelva.
Yo soy consciente de una cosa: a mí no me preocupa poder defender las decisiones que hemos tomado. Lo que me preocupa de verdad es que no se haya hecho la defensa de las ONG, de las instituciones y de la asistencia técnica honestas que se han visto perjudicados por mi decisión.
Yo me esperaba intervenciones que hubieran dicho: »Pero Sr. Marín, usted ha sido muy duro», »Sr. Marín, usted tomó una decisión precipitada, muy rígida, porque esta ONG, esta institución, esta asistencia técnica, que estaba trabajando correctamente, ha quedado lesionada».
He recibido cartas de muchas ONG e instituciones que me han dicho: »Sr. Marín, usted ha sido injusto con nosotros, porque nosotros estábamos trabajando bien, honestamente, estábamos cumpliendo y se nos ha sancionado». Y mi respuesta ha sido: »Es cierto, pero yo necesitaba saber lo que estaba pasando».
Y yo hubiera preferido que hubiera habido inquietud por los justos que han sufrido una decisión muy dura.
En cualquier caso, no le quepa ninguna duda, antes del mes de octubre, Sr. Fabra Vallés, usted tendrá plena respuesta a todo lo que pide.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, lamento que el Vicepresidente de la Comisión haya entendido mal lo que he dicho. Ha indicado que en mi intervención dije que el Tribunal de Cuentas había interrumpido sus contratos. El Acta indicará que lo que dije es que el Vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, había interrumpido los contratos, y seguí diciendo que si había obrado demasiado precipitadamente, los contratistas y otros tenían la oportunidad de afirmar sus derechos ante los tribunales civiles.

Theato
Señor Presidente, distinguidos colegas, quisiera dar las gracias al Vicepresidente Marín. Temo solamente que en este punto -quizá por la transmisión lingüística- se hayan deslizado un par de malentendidos. No es verdad que nosotros hayamos pedido la suspensión de los acuerdos. Esto es asunto de la Comisión en la ejecución. Al contrario, hemos afirmado -y esto está claro en el informe- que la Comisión ha actuado correctamente y que ahora nuestro interés común ha de ser descubrir los fallos, aprender de ellos y eliminar las irregularidades. Pero los programas deben marchar de nuevo. Esto lo he dicho también antes en mi intervención oral, quizá se haya producido aquí un malentendido. En cualquier caso queremos dar las gracias. Este ha sido un debate necesario, pero no ha sido el definitivo. Creo que en esto estamos de acuerdo en las dos partes.

Marín
Señor Presidente, pido disculpas porque ha debido de haber algún malentendido.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

OCM en el sector del tabaco crudo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0214/97 del Sr. Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión y el Consejo relativo a la Organización Común de Mercado en el sector del tabaco crudo (COM(96)0554 - C40057/97).

Rosado Fernandes
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que voy a utilizar menos de los cinco minutos atribuidos, porque el humo creado por el comisario Marín va a perjudicar el debate. Aparte de ello, quisiera recordarle a la Presidencia lo que fue acordado en la reunión de Presidentes en Luxemburgo -y esto no es una cuestión de transparencia, puesto que la transparencia es un término que se aplica al cristal y la honestidad a los humanos-: es preciso ser honestos y votar este informe después de las 12H00 horas.
Lo que yo asumí sabía que era un informe que no sólo contenía humo, al igual que algunos de los discursos aquí pronunciados, sino que también contenía un fuego que nos puede quemar. Y por ello lo asumí, considerando que, de este modo, defendía los intereses de 170.000 agricultores de tabaco -porque son 170.000 y no 135.000 lo agricultores de tabaco que trabajan en Europa en explotaciones de 1, 5 a 2 ha, entre 1.000 y 2.000 horas cada año-. Me gustaría saber cuántas personas en Europa trabajan 1.000 o 2.000 horas al año. Esa gente es pues un ejemplo moral.
La verdad es que esto cuesta, ciertamente, 1.000 millones de ecus, según las informaciones facilitadas por algunos emisarios y ayatolás del Comisario en la Comisión de Presupuestos, que es lo que se gasta en tabaco. ¡Es verdad! ¡No hay por qué ocultarlo ni por qué avergonzarse de ello! Estoy harto de contemplar a una Europa totalmente avergonzada por lo que hace, avergonzada por gastar en las personas lo que no gasta en el combate contra la corrupción. No detecto la misma preocupación en la lucha contra el fraude, ni en los miles de millones de ecus de impago del IVA, no veo la armonización de los sistemas fiscales que redunden en un sistema penal que, de hecho, castigue a los infractores. En este momento, la infracción en Europa se está pagando a precios de saldo. Y esto que ocurre en Europa es una falta de ética total y una complicidad entre la Comisión y los Estados miembros, muchos de los cuales ni siquiera han suscrito una acuerdo de armonización de la leyes penales.
Por lo tanto, cuando veo que mil millones de ecus para el tabaco plantean problemas, me indigno. No tienen alternativas para los 170.000 agricultores, ni para los 30.000 que trabajan en la primera elaboración ni los 84.000 que lo hacen en la transformación además de todos los trabajadores eventuales, pequeños propietarios que protegen el medio ambiente en zonas extremadamente pobres. Y si tuvieran una alternativa, ésta sólo perturbaría la economía de los sectores donde se produjera la reconversión. El pretexto que se está utilizando aquí es una vergüenza: ¡el pretexto de la salud! Me gustaría recordarles a Sus Señorías que de mi salud me ocupo yo mismo y que no dependo de ellos para que «se ocupen de mi salud», ¡expresión que en portugués significa que a uno lo mandan a criar malvas!
La verdad es que se está dando cada vez más Macartismo, importado de los Estados Unidos, y que reviste la forma de persecución de los fumadores. Esto es Macartismo, esto son las brujas de Salém, ¡esto es la inquisición! Cuando el primer soldado español, Rodrigo de Jerez, llegó a su patria procedente de México y fue visto enrollando una hierba aromática que parecía mosquete, y se le vio exhalar humo por las narices, dijo: »¡Tengo un pacto con el demonio!» y fue llevado ante la inquisición. Tenemos aquí a varios epígonos de esta filosofía. Quien fuma tiene un pacto con el demonio. Quien gaste demasiado para proteger el trabajo tendrá un pacto con el demonio en vez de estar pagando a los desempleados. Esta es mi opinión, es una opinión moral, que estaba antes vigente en Europa y que hoy ya no existe. Nos estamos bajando los pantalones delante de los estadounidenses y ahora compensa no ser fumador y acusar a los fumadores y a las empresas por el daño que no le están haciendo a uno. En estos momentos, se trata de un buen negocio. Y puesto que la letra escrita permanece, asumo, Señorías, todo lo que digo, y quisiera decir que me honra mucho defender a todos aquellos que trabajan en el campo y lo cultivan y defienden el medio ambiente y que pueden, indudablemente, contribuir a que se descubran variedades de tabaco menos nocivas para la salud y a que se siga mejorando la calidad del tabaco. Para ello sí que es precisa una remodelación.

Hardstaff
Señor Presidente, tomo la palabra por mi colega Terry Wynn en nombre de la Comisión de Presupuestos, así como en mi propio nombre, para apoyar mis enmiendas. Desgraciadamente este debate ha comenzado tarde y Terry Wynn tuvo que marcharse.
A diferencia de la mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, he de decir que considero que las propuestas de la Comisión representan un paso positivo en la buena dirección para la reforma de la OCM del tabaco. Se puede decir que ese paso no va demasiado lejos, y estoy en profundo desacuerdo con la declaración de que la agricultura del tabaco no es diferente de los demás tipos de actividad agrícola. El tabaco es el único producto agrícola subvencionado por la UE que puede matar a sus consumidores cuando lo usan de la forma y con la finalidad para la que se fabrica el tabaco.
En los Estados Unidos los fabricantes de cigarrillos se han visto obligados por los tribunales a aceptar su responsabilidad financiera por la destrucción de la salud y por causar la muerte de consumidores de sus productos. Me parece que la UE tiene que pensarlo bien antes de no comprometerse a suprimir las subvenciones para el tabaco, sabiendo que las investigaciones demuestran sus efectos nocivos para la salud de los fumadores, los receptores pasivos de humo de tabaco fumado por otros, y los niños cuyas madres fumaban durante el embarazo.
El primer consejo que los médicos dan a los pacientes que acuden a ellos con problemas de respiración o de corazón es que dejen de fumar. Evidentemente, es inaceptable destruir los medios de vida de millares de cultivadores de tabaco sin prestarles asistencia para que se reestructuren. Las enmiendas que he presentado proponen que se preste apoyo a agricultores de las zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 5b, para que cultiven tipos de tabaco que puedan llegar a ser competitivos en el mercado sin necesidad de recibir subvenciones, y que se conceda asistencia para que se dediquen a nuevos tipos de agricultura o a otros trabajos, en una escala de la que nunca han podido disfrutar los centenares de millares de mineros, trabajadores siderúrgicos, trabajadores de la construcción naval, pescadores y otras personas que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la reestructuración llevada a cabo estos dos últimos decenios. En el caso de los cultivadores de tabaco se dan manifestaciones de solidaridad que no existieron en el caso de los demás trabajadores cuyos gobiernos se veían y se ven en la imposibilidad de subvencionar esos puestos de trabajo en el marco de la normas de la UE.
Me referiré a continuación a las cuestiones que expone la Comisión de Presupuestos. La Comisión de Presupuestos estima que los 1.000 millones de ecus que se necesitan para prestar apoyo a los trabajadores de las zonas productoras de tabaco se pueden encontrar en diversas partidas de gastos, entre ellas las de los fondos estructurales, FEOGA-Sección Garantía, los renglones presupuestarios B1 5010 a B1 5012, y varios renglones presupuestarios del Capítulo B5 32 encaminados a estimular a las empresas pequeñas y medianas. También indica que la continuación de las subvenciones para el sector del tabaco representará una carga aún más pesada para el presupuesto de la Unión Europea después de la ampliación, y que hay que hacer algo para eliminar el total desequilibrio que hay entre las políticas de salud y la politica agrícola en la UE.
Es importantísimo que la UE exprese ahora claramente su intención de eliminar por completo las subvenciones para este producto nocivo, como finalidad a largo plazo de la reforma del mercado del tabaco. ¿Cómo podemos convencer a nuestros hijos de los verdaderos peligros que encierra el tabaco si la UE consagra cada año 1.000 millones de ecus para contribuir al cultivo de este producto? Les insto a que apoyen las enmiendas pertinentes.

Needle
Señor Presidente, si digo que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no han consagrado demasiado tiempo a exponer su opinión sobre este informe, no quiero decir que carecieran de interés ni de opiniones firmes, fundamentadas y de valor científico, sino que poseen la elogiable virtud de la coherencia. Por eso manifestaré hoy, una vez más y sin disculpas, una oposición previsible, reiterada y firme a todo apoyo de la UE para la producción de tabaco, oposición que comparten diputados de prácticamente todos los grupos y todos los países. Es lamentable que la Comisión no comparta esa virtud cuando se trata del tabaco. Mientras, por una parte, la DG V se esfuerza por fomentar el artículo 129 del Tratado sobre la protección de la salud y su programa de acción sobre el cáncer está desbordado de demandas, la DG VI ha rechazado opciones encaminadas a dejar de consagrar recursos a un producto que mata a seres humanos y cuya publicidad esperamos que quede prohibida por el Consejo el año que viene.
Todo esto constituye una flagrante contradicción, en momentos en que medio millón de ciudadanos de la Unión Europea mueren prematuramente cada año como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Eso significa que 1.000 habrán fallecido hoy, más de 50 mientras estamos discutiendo este informe. Esa hemorragia de vidas es perfectamente evitable. Esta misma semana ha habido en Londres una importante campaña patrocinada por el Gobierno -casi una cruzada- para acabar con el hábito de fumar. La Unión Europea debería respaldar esa actitud, en vez de socavarla. No cabe duda de que se pueden esgrimir numerosas estadísticas para justificar actitudes contradictorias, pero esas enormes cifras de víctimas del tabaco -algo así como si toda la población de Luxemburgo desapareciera cada año- deberían bastar para convencer a los diputados de votar a favor de las enmiendas 1 a 10, presentadas por miembros de la Comisión de Medio Ambiente.
Medio escondida en el informe hay una escalofriante referencia a la protección anual de tabaco en Polonia: 10.000 toneladas al año. Quizá esto sea una siniestra premonición del porvenir. Por eso tenemos que pasar ahora a la acción a favor de los agricultores, para que transformen y diversifiquen rápidamente sus cultivos, según propuso el Tribunal de Cuentas en 1994. El fondo de investigaciones e información sobre el tabaco debe recibir un refuerzo financiero, y debe ampliarse su mandato para que se conceda mayor prioridad a la protección del medio ambiente.
Las medidas encaminadas a estimular el abandono voluntario de las actividades de cultivo en este sector son dignas de elogio, pero este informe contiene pocas cosas que tengan en cuenta las necesidades de la población y no las necesidades de unos cuantos. Es hora de que la Unión Europea ponga orden en su propia casa, y una buena oportunidad se la ofrece la necesidad de luchar contra los efectos nefastos del consumo de tabaco.

Fernández Martín
Señor Presidente, no es fácil hacer en este foro un alegato en favor de las producciones de tabaco, pero yo, señor Presidente, en nombre de la Comisión de Política Regional que me designó ponente debo recordar algunos hechos y destacar otros.
Debo decir inicialmente que apoyamos el documento de la Comisión ejecutiva y el informe del Sr. Rosado Fernandes. Debo recordar que no es casual que las regiones europeas productoras de tabaco sean, en su mayoría, regiones del Objetivo 1. Son regiones con rentas muy inferiores a las medias de la Unión: Tracia y Macedonia en Grecia; Apulia y Campania en Italia; Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias en España; y las Azores en Portugal. Todas ellas se encuentran entre las regiones europeas más pobres y, en mucha de ellas, el tabaco no sólo es su principal fuente de riqueza, sino que no existe ninguna otra fuente alternativa. Este es el caso, por ejemplo, de Tracia y Macedonia.
Más del 80 % de las producciones europeas de tabaco se concentran en estas regiones que dan empleo a 180.000 personas en trabajo agrario directo y a otras 125.000 más en la industria de transformación. Todas las regiones europeas productoras de tabaco padecen elevadas tasas de desempleo. No puede mantenerse un discurso en favor de la cohesión económica y social -bonitas palabras en favor de las regiones más pobres de Europa- y, al mismo tiempo, las mismas personas plantean en ocasiones políticas sectoriales que castigan selectivamente a estas mismas regiones.
Por estas y otras razones apoyamos el informe del Sr. Rosado Fernandes y la posición de la Comisión ejecutiva.

Garriga Polledo
Señor Presidente, desde un punto de vista de control presupuestario, la reforma de la OCM es aceptable en su fondo y en su forma y estas conclusiones han sido votadas y aceptadas por nuestra comisión.
Compartimos la necesidad de la reforma, porque la mejor garantía del funcionamiento de una OCM, es la eficacia en el control del gasto. Por eso insistimos -y ésta es la principal queja que desde el punto de vista del control financiero se pueda hacer a la propuesta de la Comisión- en el establecimiento inmediato de las agencias nacionales de control. Estas, que estaban previstas explícitamente en el Reglamento anterior, no se han establecido y, debido a la complejidad administrativa del control, los instrumentos alternativos que han puesto los Estados miembros no han funcionado.
Por ello instamos a la Comisión a que dé los pasos necesarios para su establecimiento inmediato.
Finalmente, Señorías, el objetivo de la reforma de la OCM y el objetivo de este Parlamento debería ser asegurar la supervivencia del cultivo europeo del tabaco, mejorando su calidad, produciendo un tabaco más competitivo y menos perjudicial para la salud, asegurando eso sí, la protección de los intereses de los contribuyentes comunitarios. Bloquear esta reforma o negarse a estas subvenciones va en contra -para empezar- del bienestar y del futuro de los agricultores europeos y beneficia posiblemente intereses comerciales extracomunitarios.

Fantuzzi
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya el informe del Sr. Rosado Fernandes en sus líneas fundamentales, así como el documento de la Comisión. En el Grupo Socialista hay opiniones encontradas, sin embargo, coincidimos en el hecho de que a través de este informe la Comisión ofrece buenas medidas. Desde la reforma de 1992 se ha avanzado mucho y hay que reconocer que los productores de tabaco han sabido adecuarse al nuevo contexto y vencer el reto que se les planteaba. Sería un error no tomar nota de ello. Y ni que decir tiene que con respecto al tabaco, como se ha manifestado en estos días, los debates en este Pleno son siempre los mismos desde hace diez años.
Los problemas para los productores no han terminado. Sería un error que el mensaje de hoy fuera: »Señores productores, ustedes son buenos, ahora pueden estar tranquilos, porque nadie les va a molestar.» Creo que sería poco responsable. Los problemas que plantea la calidad y la reforma del sector siguen estando ahí. La cuestión es si el impulso para un futuro menos precario debe centrarse en el problema de la nocividad del tabaco, problema frente al cual no debemos bajar la guardia, o en razones de orden estructural que atañen a toda la Política Agrícola Común, sobre todo la que afecta a las zonas menos favorecidas, donde se concentra precisamente la producción de tabaco.
Pienso que no es ensañándose contra la producción de tabaco que resolveremos la plaga del tabaquismo. Ello significaría moverse en la dirección equivocada e ir en contra de los más débiles haciendo quizás un buen regalo a los más fuertes, o sea, a las cuatro multinacionales del tabaco que dominan el mercado del consumo en Europa. Los productores deben saber, sin embargo, que sólo con una fuerte orientación de mercado y con una más sólida capacidad de organización pueden tener un futuro y deben saber asimismo que podrán contar cada vez menos con las ayudas de la Comunidad en los próximos años, porque ésta es, guste o no guste, la evolución natural de toda la Política Agrícola Común. Hay que ayudarles a entenderlo y a hacerlo.
No obstante, señor Comisario, creo que pronto, si logramos tener una nueva política rural en la Comunidad, mejorará la situación con respecto al tabaco, al empleo y a nuestra calidad de vida. No cabe duda de que si existiera ya una sólida política rural en la Comunidad, se habría andado mucho camino, también en beneficio de los productores de tabaco.
Conocemos tanto como usted, señor Comisario, el futuro de la política rural. Confiamos en que el haberla incorporado en el FEOGA sección garantía, como nos manifestó ayer, no implique una excesiva subordinación de la política rural a esa vieja PAC que queremos cambiar. De no ser así, mal que nos pese, se avecinan tiempos realmente difíciles para nuestros productores de tabaco.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, yo quisiera hacer unas observaciones muy obvias que, precisamente por ser obvias, deben ser tenidas en cuenta por los señores diputados a la hora de votar.
Nosotros estamos hablando de una producción de tabaco que supone el 5 % de la producción mundial, que da en este momento empleo directo a 170.000 personas y proporciona 135.000 empleos en su fase de transformación. Con lo cual estamos hablando de más de 300.000 empleos, lo que supone, según se está poniendo aquí de manifiesto en la Asamblea, 1.000 millones de ecus.
Esta es una de las políticas rentables que tiene la Comunidad; porque no vamos a destruir 300.000 empleos que ya tenemos creados para ver si somos capaces de crearlos suprimiendo este cultivo; dando así entrada, como muy bien acaba de resaltar el Sr. Fantuzzi, a los señores que están manejando el tema de la transformación. Y ello sin tener nosotros otras alternativas importantes que ofrecer a nuestros cultivadores, sobre todo los de las regiones más pobres, como acaban de señalar otros diputados. Por lo tanto, Señorías, aunque no pienso agotar mi tiempo para agilizar el debate, creo que estamos ante una propuesta aceptable de la Comisión. Tenemos que mejorarla y corregirla en algunos aspectos relativos al control y a la modulación. También queremos que la Comisión nos explique cómo se gasta el fondo de investigación, puesto que aunque no estamos en contra de subirlo, queremos saber cómo se gasta, para ver si se necesita todavía más del 2 %, que puede ser el caso.
No queremos, pues, que con esta propuesta se nos castigue a crear 300.000 empleos que ya tenemos creados y que cuestan a la Comunidad una cantidad respetable de dinero, cantidad que considero suficientemente justificada, para favorecer, por otro lado -como bien se ha dicho-, a las cuatro multinacionales que están manejando este comercio.

Santini
Señor Presidente, voy a renunciar a más de la mitad de mi tiempo, a fin de que sea posible celebrar la votación esta mañana. Como he dicho antes, si no votamos hoy, toda la reforma se aplazará hasta después de 1998, causando graves daños a los productores. Por otra parte, el informe es muy claro y el ponente, Sr. Rosado Fernandes, lo ha ilustrado perfectamente.
Tan sólo deseo añadir que suprimir la producción de tabaco en Europa sería un auténtico harakiri económico y social, ya que no disminuiría en absoluto el número de fumadores que acabaría comprando los cigarrillos de los terceros países con gran satisfacción, como se ha recalcado, de las multinacionales extranjeras, sobre todo americanas.
Recordemos el problema del empleo, ya que los trabajadores no son solamente 300.000, sino 1.420.000 entre trabajo directo y trabajo indirecto: el 11 % en Grecia, el 9 % en Italia; el 80 % son mujeres; y, por añadidura, no hay que olvidarlo, en zonas desfavorecidas.
Y además, prohibir el tabaco para impedir que se fume y luchar contra el cáncer, equivaldría a prohibir el cultivo de la uva para luchar contra el alcoholismo; a no criar más cerdos, porque contienen colesterol que produce infarto y, si me lo permiten y para terminar, un parangón todavía más fuerte, a dejar de hacer niños para luchar contra la pederastia.

Mulder
Señor Presidente, varios diputados han dicho muchas de las cosas que también yo habría querido decir. El Grupo de los Liberales considera que la producción de tabaco es una actividad agrícola importante en un gran número de países de la Unión Europea. En la actualidad hay pocas alternativas para una actividad como ésta, que crea muchísimo empleo. Por tanto, no tiene sentido eliminar a corto plazo la producción de tabaco, pues sólo importaríamos de otros países y eso no le sirve de nada a Europa.
El Grupo de los Liberales apoyará en grandes líneas las propuestas de la Comisión. Consideramos sobre todo que hay que subrayar más la calidad de la producción, y por supuesto hemos de producir más para el mercado. Lo mismo puede decirse de otros sectores agrícolas. Ello tendrá que aplicarse también a la producción de tabaco. Tabaco de alta calidad, etc. y unas subvenciones mínimas. Desde luego, el Grupo de los Liberales está también muy preocupado por los efectos del tabaco en la salud. Sin ninguna duda, fumar es peligroso para la salud. Nuevamente, la Comisión ha de tenerlo en cuenta al ejecutar la política; hay que producir tabaco haciendo hincapié en las variedades que contienen menos nicotina, para que también en este sentido los agricultores produzcan lo que demanda el mercado y que redunde en beneficio de la salud pública.

Ephremidis
Señor Presidente, estamos ante una nueva prueba de la persecución del cultivo del tabaco. Con este espíritu y esta mentalidad se presenta la propuesta de la Comisión para la reorganización de la OCM del tabaco crudo. Desgraciadamente, el informe del Sr. Fernandes introduce sólo pequeñas mejoras y no va tan lejos como debería.
Señor Presidente, desde 1992, con los primeras disposiciones contra la producción de tabaco, ésta se ha reducido en un 31 % y los productores en un 7 %. Se trata de puestos de trabajo perdidos, puestos de trabajo irremplazables, puesto que quien los anula no se cuida de lo que ocurriría con estas personas después de caer en el desempleo, en el hambre, en la exclusión social.
Señor Presidente, quiero decir que cada kilo que se detrae de la producción de tabaco en Europa se multiplica por muchos otros kilos de tabaco fabricado en terceros países por empresas multinacionales, con lo que no se combate realmente el tabaquismo. Esta supuesta campaña antitabaco, si no es ingenua, es tonta. Pero en realidad no es ni una cosa ni la otra: es intencionada. Se lleva a cabo para ayudar a los grandes monopolios internacionales a fabricar tabaco barato y de mala calidad en terceros países, a saturar los mercados, a hinchar sus beneficios. Esta especulación supone un auténtico delito.
Por lo demás, el informe del Sr. Fernandes presenta algunos aspectos positivos, que acepto -aparte de las respectivas enmiendas después del debate en la comisión-, tales como la creación de un organismo independiente para que supervise la calidad del tabaco, etc. Creo que sería mejor que fuese un organismo estatal, habría más garantías, con práctica y experiencia científica, como se ha demostrado en un organismo de este tipo que existe en Grecia. Finalmente, ante las restricciones del presupuesto, hay que aumentar las dotaciones para la investigación del tabaco a fin de mejorar su calidad...
(El Presidente interrumpe al orador)

Holm
Señor Presidente, la política de la UE está repleta de una doble moral y, para decirlo claro, de hipocresía. Al mismo tiempo que sabemos de qué cosas es culpable el tabaco -la propia Comisión afirma que alrededor de medio millón de personas mueren al año en la UE a causa de su consumo- estamos discutiendo qué cantidades hay que destinar a las cosechas de tabaco en concepto de ayudas. Al mismo tiempo, la UE tiene programas de lucha contra el cáncer originado por el consumo de tabaco. ¡A esto puede llamársele doble moral! Estamos hablando de amplias ayudas, de 1.000 millones de ecus al año, mientras que a los programas para prevenir el cáncer causado por el tabaco se destinan 10 millones de ecus.
¿Puede todo ello deberse a un factor, al hecho de que los costes en materia de salud de los Estados miembros de la UE los financien los propios Estados, mientras que la política agrícola de la UE y sus ayudas a la industria del tabaco salen de la UE? Estamos perdiendo la visión de conjunto: se destinan ayudas a las cosechas de tabaco mientras que los hospitales han de ocuparse de los daños causados por el tabaco, con grandes gastos como consecuencia de ello.
Ya es hora de que se haga algo. Lo más realista es no eliminar hoy estas ayudas. Se trata de irlas sustituyendo, de crear unos programs de readaptación para que los trabajadores puedan dedicarse a otras actividades. No se trata de arruinar a las zonas rurales. Queremos tener y tendremos unas regiones agrícolas activas. Pero se trata de llevar una política lógica y consecuente. Y en este tipo de política no caben las ayudas al tabaco.
La Comisión de Agricultura se ha limitado a tener en cuenta los intereses de los agricultores y de la industria mientras que brillan por su ausencia los aspectos relativos a la salud, precisamente como ha comentado la Comisión de Medio Ambiente. Es por ello nuestra intención votar a favor de una parte de las propuestas que van encaminadas hacia un programa de readaptación, como por ejemplo, las enmiendas de la Sra. Hardstaff, el Sr. Wynn y el Sr. Wibe.

Barthet- Mayer
Señor Presidente, como no quisiera entrar en la lógica reinante de amalgamas sobre este tema, quisiera que se distinguieran por un lado los argumentos vinculados a la salud pública y, por el otro, aquellos vinculados a la producción, que hace que vivan 150.000 productores europeos.
La industria del tabaco se abastece en el mercado mundial, y lo que no produzca Europa tanto en calidad como en cantidad, se comprará fuera de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con la idea de un reducción programada del consumo excesivo de tabaco, pero me resulta hipócrita y poco oportuno pensar que el cese en la producción de tabaco en la Unión Europea conduzca a una disminución del tabaquismo, ya que en quien hay que influir es en los consumidores libres que somos todos nosotros.
El cultivo del tabaco se asemeja a un cultivo especializado de tipo hortofrutícola, y para el sector unas reconversiones demasiados apresuradas serían desastrosas. Si a la larga los cultivos alternativos tuvieran que sustituir al tabaco, deberíamos compensar sin ambages con niveles equivalentes las rentas y, sobre todo, la actividad de los productores. ¿Pero es viable tal cosa con un presupuesto agrícola que sufre una reducción relativa permanente? La solución más razonable consiste actualmente en una reorganización de la OCM, en el sentido de mantener la actividad y las rentas, incluso mediante una modulación de las primas, al tiempo que se sigue razonando siempre en términos de calidad.
Personalmente yo no fumo, pero entiendo que un buen tabaco pueda apreciarse igual que un buen vino. Por todos estos motivos, apoyamos el informe de nuestro colega, Sr. Rosado Fernandes, a quien de paso quisiera saludar por su espíritu europeo, y porque como hombre del Sur ha pensado en los productores del Norte para que puedan hallar el nivel de sus primas anteriores a 1993.

Souchet
Señor Presidente, quisiera felicitar a nuestro colega Rosado Fernandes por la calidad de su informe, que presenta muy claramente lo que está en juego con el cultivo del tabaco en Europa, y que denuncia con razón, y lo cito, »los argumentos falaces del documento de reflexión» de la Comisión.
Nosotros votaremos a favor de la propuesta de resolución, tal y como ha sido presentada por el ponente y como ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Personalmente no votaré a favor de ninguna de las enmiendas que tienen por objetivo modificar esta resolución, ya que, so capa de proteger la salud de los consumidores, la mayor parte de estas enmiendas tienen por único objetivo real debilitar la producción europea de tabaco en beneficio del tabaco y de los cigarrillos importados de los Estados Unidos.
Nuestro Grupo ha solicitado un voto por división sobre el considerando A. En efecto, según el texto inicial, el cultivo del tabaco se practicaría, y lo cito, »en zonas extremadamente desfavorecidas de objetivo 1». Nosotros deseamos que las palabras «extremadamente» y «de objetivo 1» se supriman de este considerando, puesto que hay regiones productoras de tabaco que son regiones desfavorecidas que están dentro de las zonas del objetivo 5 B. Así pues, señor ponente, le pido que recuerde esta propuesta.
El documento de la Comisión se articula en torno a dos orientaciones, que no se basan en fundamentos pertinentes. En primer lugar, la Comisión sugiere que la reducción de la producción europea de tabaco podría ser beneficiosa para la salud pública. Quisiera recordar que la Unión Europea es importadora neta de tabaco y que cualquier reducción de la producción europea se vería inmediatamente compensada por un aumento de las importaciones procedentes de países terceros.
El segundo eje de reflexión de la Comisión sugiere una modificación del modo de apoyo de la OCM «tabaco» a los productores que justificaría, en su opinión, un nivel cualitativo demasiado débil del tabaco producido por los agricultores europeos. En este sentido me gustaría recordar que, por ejemplo, los tabacos aromáticos producidos en Grecia tienen salidas importantes en los mercados internacionales. En Francia hay tabacos de excelente calidad que se producen actualmente gracias al desarrollo de una interprofesión dinámica, que agrupa a productores, transformadores y distribuidores, y que se preocupa de fomentar las variedades con un débil contenido en nicotina y de comercializar calidades adaptadas a las evoluciones del mercado.
A fin de que la OCM «tabaco» pueda funcionar correctamente, es sin duda importante desarrollar una estructura interprofesional fuerte, que permita contrarrestar el excesivo peso que tienen algunas grandes multinacionales, tanto en lo relativo a la definición de las exigencias que determinan los criterios de calidad como en lo relativo a la fijación de los precios, y ello para evitar los efectos negativos de una hiperconcentración.
Señor Presidente, conviene mantener el empleo en un sector agrícola deficitario y no se puede aceptar que se disminuya el apoyo a la producción europea del tabaco, a menos de que hayamos alcanzado nuestro nivel de autosuficiencia.

Parigi
Señor Presidente, por motivos de tiempo, me voy a limitar a una consideración telegráfica sobre la hipocresía de las multinacionales estadounidenses que fingen defender la salud de los consumidores. Los Estados Unidos, antes de emprender esta campaña hipócrita, deberían eliminar las muchas sillas eléctricas repartidas en su territorio.
Estoy de acuerdo con el informe del Sr. Rosado Fernandes.

Lambraki
Señor Presidente, telegráficamente, estamos de acuerdo con las afirmaciones de la Comisión sobre la importancia del cultivo del tabaco en zonas concretas, pero discrepo con las propuestas, que no se corresponden con esas afirmaciones. La propuesta de la Comisión sobre la transferencia de cuotas tendrá como resultado el hundimiento económico de grandes zonas, el aumento del paro y el abandono del campo. En lo que se refiere al Fondo comunitario de investigación e información, estarán de acuerdo conmigo en que la actuación de dicho Fondo debería extenderse también a otros productos que tienen consecuencias adversas y nocivas, como son el alcohol, las grasas, las hormonas y la carne de ternera, especialmente ahora que la enfermedad de las vacas locas constituye un peligro inmediato para el consumidor. Y evidentemente con la participación de las grandes empresas tabaqueras.
A quienes crean que la supresión del cultivo del tabaco en la Unión significará que se dejará de fumar, hay que explicar que no es eso lo que ocurrirá; tan sólo ocurrirá si se prohíbe la importación de tabaco de los países pobres y el funcionamiento de las fábricas de cigarrillos. Solamente así terminaremos con el tabaquismo.

Cunha
Señor Presidente, quisiera mostrar mi acuerdo general con los objetivos de la propuesta de la Comisión de mejorar la calidad y de flexibilizar la gestión de las cuotas. Sin embargo, quisiera decirles tres cosas a los diputados de este Parlamento, que tan críticos se muestran en relación con el tabaco. En primer lugar, les pido que comprendan, realmente, la importancia de los 300.000 puestos de trabajo del sector, en una Europa que tiene como drama más importante el desempleo. En segundo lugar, que comprendan que el consumo de tabaco no depende de la política agrícola del sector; además, si redujéramos la producción europea que actualmente representa sólo un tercio del consumo, ello supondría una importación equivalente, probablemente, de los Estados Unidos. En tercer lugar, les diré que una reestructuración de un sector agrícola como el del tabaco no puede realizarse de un día para otro, sino que es muy penosa y difícil y por eso no es realista pensar que reducir las ayudas supondrá una aceleración de esta reconversión.
Por último, quisiera agradecerle al Sr. Rosado Fernandes el excelente trabajo que ha realizado.

Daskalaki
Señor Presidente, en mucho menos de un minuto, tres cuestiones. El informe Rosado Fernandes va en la dirección correcta, puesto que trata de proteger todo el sector del tabaco y no olvida a los cultivadores. El informe de la Comisión, so pretexto de defender la salud pública, protege a los monopolios internacionales de tabaco. Y un tercer punto: todos los que hablan aquí de cultivos alternativos, ante todo, no tienen el problema en su país y, segundo, no han visto un campo de tabaco en su vida. No hay en todos los lugares la posibilidad de un cultivo alternativo. Vayan al norte de Grecia y observen las laderas y los peñascos en los que crece el tabaco.

Vallvé
Señor Presidente, yo también querría felicitar al Sr. Rosado Fernandes por su informe y querría decir, en relación con el cultivo de tabaco que se realiza en regiones del Objetivo 1 -las regiones pobres de la Unión Europea-, que no debemos hablar demagógicamente de sustitución de cultivos.
No se trata de sustituir unas superficies en las que se cultiva tabaco por otros cultivos, sino, en todo caso, de sustituir la mano de obra que encuentra un lugar de trabajo en el cultivo del tabaco por otro tipo de actividad económica que pueda darle también unos ingresos en el lugar donde se encuentra, no en la periferia de las áreas urbanas.

Kaklamanis
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Rosado Fernandes por su informe. Es un informe que intenta abordar con sinceridad el problema desde la perspectiva del ciudadano europeo en relación con el cultivador también europeo. Desgraciadamente, la Comisión y el Consejo intentan dar otra visión, como si existiera una contradicción entre dar dinero, por un lado, para la campaña antitabaco y subvencionar, por otro, a los productores de tabaco, que son unos 150.000 en la Unión Europea. Se trata de una falsa contradicción, que se enmarca en el intento, a pesar de todo lo que nos dijo ayer el Sr. Santer, de recortar el presupuesto agrícola de la Unión Europea y dedicar ese dinero a la ampliación. Porque si realmente quisiéramos reducir el tabaquismo en la Unión Europea, en primer lugar tendríamos que cerrar las fábricas de cigarrillos. Pero éstas siguen produciendo cigarrillos, y seguirá llegando a la Unión Europea tabaco comprado a terceros países. En consecuencia, no es la defensa del ciudadano europeo lo que se busca, sin el ahorro de dinero para destinarlo a la ampliación.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me cuento entre quienes desean poner fin a la contradicción entre la política sanitaria y la política agrícola. ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir intentando explicar en vano al ciudadano que cada día mueren 1.400 europeos por el consumo de tabaco y se gastan 30.000 ecus en la prevención del tabaco, al mismo tiempo que se entregan cerca de 2, 5 millones también al día para el cultivo de tabaco en Europa?
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, hemos de coger el toro por los cuernos. A largo plazo hay que eliminar la ayuda al cultivo de tabaco. Hemos de anunciar ahora este objetivo a los cultivadores e incentivarles por medio de ayudas salariales directas para que busquen cultivos alternativos.
No comparto el pesimismo de la Comisión sobre las posibilidades de reconversión. Además me temo que dentro de diez años celebremos el mismo debate si a partir de ahora se utiliza el apoyo al tabaco para mejorar al calidad del mismo. Por desgracia, nuestro peso en esta cuestión es escaso. No obstante, el deber de un político sigue siendo abogar por un buen aprovechamiento del dinero público.

Virgin
Señor Presidente, la Comisión ha presentado una propuesta consistente en determinadas modificaciones de los cultivos de tabaco. En mi opinión estas propuestas no abordan la política a largo plazo en este ámbito. La Comisión de Medio Ambiente apunta en su opinión para la Comisión de Agricultura hacia la conveniencia de sustituir gradualmente las ayudas a la actividad agrícola. Comparto esta opinión.
Pienso que es erróneo apoyar vigorosamente este cultivo dentro del marco de la política agrícola. El punto de partida de la política agrícola es el abastecimiento de alimentos en la Unión Europea; el sector del tabaco cae definitivamente fuera de este objetivo.
Las zonas donde se cultiva el tabaco están situadas en regiones que reciben ayudas de la política regional. Por tanto, es mejor estimular una transición a otros tipos de cultivo con estas ayudas. La sustitución sucesiva sería a la larga positiva también para la estructura empresarial de las regiones en cuestión. Pienso que la opinión de la Comisión de Presupuestos merece también todo nuestro apoyo.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, la Comisión coincide en que la disminución gradual del apoyo al cultivo del tabaco sería muy grave para regiones que ya están experimentando importantes problemas económicos, aparte de que no tendría efectos sobre el consumo de tabaco. Por eso la finalidad de la reforma estriba en incrementar el valor de mercado del tabaco producido en la Unión.
Para conseguir este objetivo hay tres posibilidades: modulación de los precios, flexibilidad de las cuotas, y retirada del sector. Modulación de los precios: el precio del mercado es la clave. Cierto es que no siempre refleja exactamente la calidad, pero no hay mejor alternativa para alcanzar el objetivo mencionado. En cuanto a la cuestión de la flexibilidad en la transferencia de cuotas y la retirada del sector, hay que aprovechar toda posibilidad que permita promover transferencias de cuotas de variedades de baja calidad a variedades de alta calidad, y debe darse a cada cultivador la posibilidad de transferir sus cuotas a otros cultivadores. Aparte de eso, podría instituirse una reserva nacional que facilite los ajustes y el acceso a cuotas de producción.
La finalidad de estas medidas es mejorar la calidad del tabaco producido. Ahora bien, admitimos que algunos cultivadores quizá no puedan conseguirlo, y pensando en ellos proponemos una red de seguridad en forma de recompra de cuotas o planes locales de desarrollo rural. Estudiaré la forma de evitar que esas medidas reduzcan la producción de variedades de alta calidad -lo que, sin duda alguna, no es nuestro objetivo- y de lograr que ésta sea una solución de última instancia para los cultivadores que no pueden conseguir el objetivo de mejora de la calidad.
Éstos son los principales aspectos de la doctrina que ha llevado a la Comisión a presentar sus propuestas, que recomiendo al Parlamento.

Pasty
Señor Presidente, seré muy breve. Me complace que este debate haya podido llegar a su término. Como se trata de un informe importante, desearía que pudiera votarse esta mañana. Así pues, en nombre de mi Grupo le propondría que inscribiera la votación sobre el Sr. Raul Rosado Fernandes después de la votación de los informes legislativos, es decir, después del informe del Sr. Argyros, y antes de los informes de iniciativa.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, me gustaría simplemente repetir lo que dijo el Presidente Pasty. Al tratarse de una cuestión candente, de un asunto que responsabiliza a los diputados de esta casa, sería triste que, de hecho, se votara mi informe por la tarde o mañana por la mañana, cuando ya no quede nadie.

Votaciones
Pasty
Señor Presidente, puesto que acaba de ocupar la Presidencia de la sesión, quisiera recordarle que al finalizar el debate sobre el informe del Sr. Raul Rosado Fernandes, solicité que se inscribiera la votación de su informe, debido a su importancia, después de la votación del informe del Sr. Argyros, es decir, después de todos los informes legislativos y antes de los informes de iniciativa. Además, éste es también un informe legislativo.
Desearía que se sometiera a votación esta propuesta.

El Presidente
Si no hay ninguna objeción, podría aceptar su propuesta.
¿Hay alguna objeción?
(El Presidente constata que no hay objeción a esta propuesta)

Wynn
Señor Presidente, una cuestión de orden en virtud del apartado 1 del artículo 9 y en relación con el artículo 4 del anexo 1, en el que se dice que los diputados están sujetos a las obligaciones que les imponga la legislación del Estado miembro en el que hayan sido elegidos, por lo que se refiere a la declaración de intereses. Como vamos a votar sobre el informe Tillich, me parece que los diputados cuyas circunscripciones reciban fondos del FEOGA deben hacer la oportuna declaración y abstenerse de votar. Si hay alguna duda sobre lo que acabo de decir, quizá pudiera aclarársenos la situación para casos futuros.

El Presidente
La cuestión es en cierto modo difícil. Mi primera impresión es que es válida y la reservo para volverla a estudiar.
(El Parlamento decide proceder a la votación)

Read
Señor Presidente, quisiera preguntar si el ponente aceptaría una enmienda oral de su enmienda. De ser así, la última frase diría lo siguiente: »Pide a la Comisión que en el Anexo V haga referencia no sólo a países sino también a territorios». Si el ponente puede aceptar esa enmienda, entonces mi Grupo podrá votar a favor.

Van Velzen, Wim
Señor Presidente, lamento no poder aceptarlo, porque eso no elimina el problema real. Por tanto propongo, y espero que esta Asamblea lo acepte, que se vote a favor de mi enmienda.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Fantuzzi
Señor Presidente, en cuanto al apartado 8 de la enmienda 6, y si el ponente está de acuerdo, solicito que sea considerada como añadido y no sustitutivo del apartado 8.

El Presidente
Señor Fantuzzi, esto debe considerarlo el Sr. Collins.

Collins, Kenneth
Creo que me sentiría casi feliz si se aceptase como añadido. Espero que el ponente tenga la amabilidad de aceptarlo.

Rosado Fernandes
Es bastante difícil, porque hemos votado ya y, por lo tanto, es demasiado tarde. No puedo aceptarlo, pero dejaré que sean mis colegas los que decidan.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa

Van der Waal
El procedimiento ad hoc ocupa un lugar importante en el trámite presupuestario para los gastos agrícolas. Por ello es muy importante que los deseos de la Comisión de Agricultura se incluyan al máximo en el mandato de la delegación del PE para la consulta con el Consejo. Es positivo que se hayan aceptado dos enmiendas del Sr. Mulder. No obstante, votaré en contra del informe Tillich. Por las siguientes razones.
En primer lugar, lamento que no se haya aceptado la propuesta de la Comisión de Agricultura de aliviar el presupuesto de 1998 aplazando el pago por las semillas oleaginosas. Preveo grandes problemas en la financiación de la decisión del Consejo propuesta por el ponente en materia de precios agrícolas. Considero que la infrautilización de las líneas presupuestarias independientes en los últimos tres años constituye una base muy débil para reducir los créditos para el próximo año. Asimismo rechazo la propuesta de crear una reserva de 329 millones. Es evidente que dentro de los estrechos márgenes presupuestarios actuales no hay espacio para una reserva agrícola.
Por otra parte, me parecen algo extrañas las críticas del PE a las estimaciones de la Comisión para los gastos agrícolas. Del informe Brinkhorst/Fabra Vallés sobre el presupuesto modificativo nº 1 para 1997 se desprende que en 1996 el porcentaje de gasto en el capítulo agrícola fue considerablemente superior al de los capítulos sobre los que el PE tiene la última palabra, como la política interior y exterior. ¿No sería por ello más sensato examinar críticamente la cuantía de los créditos en estas últimas categorías?
En segundo lugar, soy contrario a la propuesta del ponente de volver a someter a discusión la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. A menudo se afirma que los gastos agrícolas se evaden de todo control democrático. Pero esto es muy discutible. Señalo tan sólo la posibilidad del Parlamento Europeo de presentar propuestas de modificación del presupuesto agrícola. Si éstas no tienen como resultado un aumento del presupuesto, el Consejo necesita la mayoría cualificada para rechazarlas. El Consejo también es presionado por los parlamentos nacionales. Estos rechazan tajantemente un aumento del techo de recursos propios.
También por ello se ha acabado el tiempo de crecimiento desenfrenado de los gastos agrícolas.
sobre el informe Brinkhorst y Fabra Vallés (A4-0232/97)
Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes nos hemos abstenido de votar. No es porque no nos parezca importante que se realicen acciones en las regiones de las que trata el informe. No obstante, pensamos que deberían haberse hecho mayores esfuerzos para averiguar si no se podría haber logrado conseguir unos refuerzos a través de una reestructuración de las prioridades conservando el personal actual de la Comisión.
Los tres sectores donde se proponen nuevos servicios son precisamente sectores en los que ha sido el propio sistema de la UE el que ha contribuido a que surgieran problemas. Las 35 ramas de servicios de la DG XXIV para la coordinación de los trabajos de los comités científicos con motivo de la crisis de la EEB se originaron como consecuencia de una política agrícola errónea que ha conllevado la equiparación de animales con productos industriales.
Con respecto a los servicios para la lucha contra el fraude están relacionados con programas creados por la propia UE, Phare, Tacis, Meda y Echo. Los nuevos servicios del Tribunal de Cuentas que se aconsejan abordan en parte el mismo problema.
Las contradicciones internas de la Unión Europea nos llevarán en el futuro a unos problemas que requerirán medidas para corregir los propios errores de la Unión. Limitándonos a establecer nuevos servicios nos arriesgamos a que se multiplique la burocracia de la UE.
sobre el informe Mouskouri (A4-0237/97)
Caudron
Habida cuenta de que el combate en favor del libro y de la lectura es nuestra máxima prioridad, consideramos que el programa Ariane llega en muy buen momento.
Nuestros debates con la Comisión y el Consejo han sido numerosos, a veces difíciles, pero siempre constructivos. Por ello quisiera darle las gracias a nuestros representantes, al ponente y al conjunto de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación.
Llegamos al final de la conciliación y vamos a aprobar un proyecto común. Sin embargo, como muchos de nosotros, lamento la debilidad de la dotación que, a la postre, le va a corresponder al programa.
Se podrá decir que no es más que un principio, pero hubiera podido y hubiera debido ser más espectacular. Confiamos en que los ciudadanos europeos sepan hacer un buen uso de ello, ¡y convencer al Consejo de que, en realidad, 7 millones de ecus es muy, pero que muy poco!

Kirsten Jensen, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe de la Sra. Mouskouri relativo al programa ARIANE. El objetivo del programa ARIANE es ante todo apoyar la traducción de obras escritas en las lenguas menos difundidas de la UE, como el danés.
Los socialdemócratas daneses se sienten satisfechos de que por fin, después de largas negociaciones, el Comité de Conciliación haya llegado a un acuerdo. El programa ARIANE tendrá gran importancia para la difusión de la literatura escrita en las lenguas menos difundidas. Muchas obras literarias no llegan nunca al gran público por estar escritas en una lengua hablada por pocas personas.
El programa ARIANE permitirá, por ejemplo, a autores daneses obtener ayudas para que sus libros sean traducidos a otras lenguas de la UE, y lo mismo a autores que escriban en otras lenguas poco difundidas. Por eso, el programa ARIANE podrá contribuir a fomentar la comprensión intercultural entre los pueblos de la UE.

Leperre-Verrier
, por escrito. (FR) El Grupo de Coalición Radical Europea ha votado sin mucho entusiasmo a favor del informe de la Sra. Mouskouri sobre el programa Ariane, que tiene por objeto apoyar y promover la lectura, sobre todo a través de la traducción.
En efecto, los resultados de la conciliación son decepcionantes respecto a los objetivos perseguidos y lamentamos que la votación por unanimidad, que con arreglo al artículo 128 es obligatoria en materia cultural, haya permitido una vez más que ciertos Estados miembros bloqueen la política cultural de la Unión.
Nosotros confiábamos en que el Tratado de Amsterdam aportase unos elementos de flexibilización e impusiera la mayoría cualificada. Nuestra esperanza se ha visto frustrada: el programa ARIANE verá cómo se amputa en cuatro quintas partes su presupuesto.
Sin duda la Comisión nos promete una ley-marco que debería permitir una mejor programación en materia cultural. A la espera de que esto sea así, será la lectura la que pague el pato de tantas dilaciones...

Ryynänen
La solución de compromiso a la que se ha llegado en relación con el programa Ariane es muy oportuna tras un proceso de negociación largo y complicado. Todo ello a pesar de que el Parlamento se ha visto obligado a renunciar a sus exigencias en materia presupuestaria, con lo que la dotación asignada a este programa bianual será únicamente de siete millones de ecus. Ahora que, finalmente, se dota al programa de un fundamento jurídico, éste podrá realmente emprender sus actividades.
Ariane es ante todo un programa de apoyo a la traducción. Tiene como objetivo fomentar una mayor difusión y conocimiento de las obras representativas de las culturas de los Estados miembros. Este programa permite al mismo tiempo aumentar los conocimientos de la historia y de la cultura de los pueblos de Europa y fomentar la el carácter versátil de la cultura.
El objetivo de los proyectos que se llevan a cabo en el marco de este programa es apoyar y mejorar las actividades a nivel nacional y regional mediante el desarrollo de la cooperación en forma de redes y planes de asociación. Está previsto igualmente ampliar la cooperación a terceros países, especialmente a países de la Europa central y oriental. Las organizaciones internacionales en el sector de la cultura y, en especial, el Consejo de Europa serán interlocutores importantes a la hora de afrontar esta tarea.
Se deberá aprovechar eficazmente la investigación y la formación ya existentes en este ámbito. Resulta justificado que la formación profesional continuada de los traductores constituya uno de los puntos principales del programa, lo cual reviste una importancia fundamental con vistas a la calidad de las traducciones. Se debe clarificar la situación profesional de los traductores y crear guías y bases de datos actualizadas para facilitar su labor.
En mi opinión, es extremadamente importante para el futuro de la cultura europea destinar ayudas encaminadas a apoyar los ámbitos lingüísticos más reducidos y a potenciar la traducción de las lenguas menos frecuentes.
Me complace el hecho de que en la solución de compromiso se hayan tomado en consideración las opiniones de la Comisión de Cultura y de todo el Parlamento en este sentido. La originalidad y la riqueza de la cultura europea residen precisamente en esa viva diversidad que se debe proteger de manera consciente ante las presiones uniformadoras de la sociedad de la información.
El fomento del sector del libro y de la lectura exige muchas más medidas y recursos que los que provee este programa. Esperemos que el programa Ariane sea un primer paso marcado por el éxito para el proceso de renovación de todo el sector del libro europeo.
sobre el informe Fontaine (A4-0246/97)
Caudron
El informe de nuestra colega, Nicole Fontaine, sobre la libre circulación de los médicos llega a su término.
El procedimiento de conciliación ha permitido aprobar, básicamente, las propuestas de nuestra Asamblea, y quisiera felicitar por ello a la ponente. Así pues, en breves plazos deberíamos asistir a una mejor armonización de nuestros médicos, pero también deberíamos constatar una mejora en lo relativo a su libre circulación en el seno de la Unión. ¡Sólo podemos felicitarnos por ello!
Sin embargo, quisiera recordar que si la situación de los médicos se aclara, esto dista mucho de ser el caso para muchas otras profesiones y categorías de diplomados. Aquí debemos reafirmar que el reconocimiento real de los diplomas, la libre circulación real de los profesionales, es un elemento vital para la integración europea y para el desarrollo de la ciudadanía europea.
Así pues, alegrémonos por los médicos, pero presionemos a nuestros gobiernos para que se acelere el reconocimiento de los diplomas y de este modo se aporten respuestas a los jóvenes que hoy se hallan en un compás de espera, a menudo, impaciente.

Porto
El reconocimiento de los diplomas de los médicos en el conjunto de la Unión Europea ha supuesto un paso significativo en la creación de un mercado único más eficaz y con mayores posibilidades de realización para nuestros profesionales.
Sin embargo, se trata de unos objetivos que obviamente presuponen la defensa de los intereses de las personas, con el cumplimiento de las normas y la armonización de los criterios.
En el caso de la práctica médica es indispensable un conocimiento profundo de la lengua de los pacientes, sin lo cual éstos - sobre todo los más pobres y más desfavorecidos-, no podrán explicar con rigor cuál es su situación.
Además, el libre ejercicio de la práctica profesional implica la armonización de las normas de acceso a la enseñanza, porque no tiene sentido que a un país, aisladamente, le pueda preocupar fijar un sistema de numerus clausus para adecuar la oferta a la demanda de licenciados, puesto que el mercado de trabajo está todavía abierto a quien proceda de países sin esta misma preocupación. Por ejemplo, no tendría sentido que hubiese un numerus clausus en las facultades de Lisboa y no lo hubiera en otras facultades del país, puesto que después podrían acceder al mercado de trabajo de la región de Lisboa licenciados de otras facultades del país. Por esta misma razón, tiene que existir una armonización de los numerus clausus entre los distintos países en un espacio único que, según la directiva analizada, ofrece las condiciones de trabajo de un espacio nacional.
sobre la recomendación Dybkjaer (A4-0235/97)
Bowe
Me satisface el informe Dybkjær sobre la revisión del quinto programa de acción en materia de medio ambiente. Junto con mis colegas, quisiera dar gracias a la Sra. Dybkjær por toda la labor que ha realizado para producir un informe que mejora considerablemente el documento marco original de la Comisión.
Como el informe trata de muchas cuestiones importantes, ha habido muchas intervenciones de partes interesadas y, en particular, de entidades industriales. La enmienda que ha suscitado mayor interés es la enmienda 34 del artículo 11.4, que preconiza una jerarquía para la nueva estrategia comunitaria en materia de desechos.
La jerarquía en materia de desechos existe desde 1989, año en que la Comisión la propuso por primera vez en su documento sobre la estrategia para la gestión de desechos. Yo mismo la recomendé al Parlamento en el informe de 1990 sobre dicha estrategia. Naturalmente la Sra. Dybkjær ha añadido métodos, como la formación de abonos y la biometanización, cuya utilización ha aumentado con la aparición de nuevas tecnologías. Me parece que ése es el enfoque adecuado en estos momentos, e insto al Parlamento a que lo apoye.
La industria ha procurado centrar nuestra atención en diversos informes independientes encargados por la Comisión, que sugieren que la jerarquía propuesta por la Sra. Dybkjær es demasiado rígida y, por consiguiente, les priva de la flexibilidad que, según ellos, necesitan. Me guardaré mucho de descartar esos informes, y estimo que hay algunas incógnitas por lo que se refiere a algunos de los supuestos que forman la base del informe.
Hemos de recordar asimismo que nos hallamos en la fase de segunda lectura y que pronto comenzará el procedimiento de conciliación. Éste no es el momento apropiado para empezar a cambiar una política que seguimos desde hace mucho tiempo, solamente por la actuación de los grupos de presión. Hay una reunión sobre residuos este otoño, organizada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Ésta y otras cuestiones se examinarán a fondo entonces. La audiencia nos brindará una oportunidad mucho mejor para refinar y precisar la jerarquía en materia de desechos.
Una vez más, insto a mis colegas a que apoyen plenamente este informe.

Holm
La votación del Pleno de hoy demuestra de nuevo que cuando el Parlamento Europeo se propone traducir en decisiones correctas las hermosas palabras que se pronuncian aquí sobre el medio ambiente, esto no es posible. La decisión del Parlamento Europeo hará que el camino en dirección al desarrollo sostenible resulte sinuoso y que nos lleve más tiempo recorrerlo.
Todas las enmiendas que, efectivamente, deberían haber sido un toque de atención a la Comisión y al Consejo para que reaccionasen y tomasen verdaderamente en serio las cuestiones medioambientales, no recibieron los votos necesarios. Se trata sobre todo de las enmiendas que consistían en reducir el uso de energía, en la inversión seria en las fuentes de energía renovables y en la reducción de la combustión media de los automóviles a 0, 5 litros por milla para los coches que usan gasolina a más tardar para 2005 como fecha máxima, y a 0, 3 litros por milla para el 2010.

Vaz da Silva
Existe una grave contradicción entre el liderazgo mundial que afirma querer mantener la Unión Europea en materia de política medioambiental y carácter vago de las formulaciones tanto de la propuesta de la Comisión como de la posición común del Consejo sobre el programa «Hacia un desarrollo sostenible».
En la presentación de la Agenda 2000 -que define las orientaciones políticas para el inicio del siglo XXI- la Comisión afirmó ayer su compromiso de incorporar el medio ambiente en su estrategia global.
Sin embargo, las declaraciones políticas y las conferencias internacionales no consiguen llegar a modificaciones duraderas. La agenda de Río, el Convenio sobre el clima y tantas otras cuestiones siguen esperando poder demostrar lo que valen en la práctica. La propia Agenda 2000 de la Comisión corre semejante riesgo si la voluntad de integrar el medio ambiente en otras políticas no se traduce en medidas con calendarios y sanciones para los infractores.
Este es el mérito del informe Dybkjaer: dar forma concreta a las «vagas consideraciones de orden medioambiental» que se repiten en el texto de la Comisión. Aunque se puede no estar de acuerdo con todas las propuestas, la ponente introduce referencias a las políticas de reducción de riesgos, de protección de la diversidad, de energía, de imposición fiscal, de consideración de la salud humana, de gestión de residuos, y en contra también de la acusación del Consejo de asumir ciertas propuestas que irían en el sentido de garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ello he evitado votar contra ciertas medidas cuando discrepaba y he optado por la abstención. Unos compromisos sin plazos, sin números y sin sanciones sólo son caramelos para engañar a los despistados.
sobre el informe Jarzembowski (A4-0243/97)
Van Dijk
Mi Grupo se ve obligado a votar en contra del informe. Hemos votado a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, pero no ha servido de nada. De hecho, este informe da largas a la internalización de los costes externos para el tráfico de mercancías. Ya se han realizado suficientes investigaciones y debates para perseverar con la internalización.
El nivel de coste de la Euroviñeta es tan bajo que no se transportará ni una tonelada menos por carretera. Debido a ello, el desplazamiento al transporte por ferrocarril sigue siendo una ilusión, aunque casi todo el mundo en este Parlamento diga considerarlo necesario.
Por último, la UE tiene una gran responsabilidad en lo que respecta a la búsqueda de una solución para la región alpina. Pero adopta más bien la postura de una roca puesta en medio del camino, apoyada por este Parlamento. En las negociaciones con Suiza se tiene en cuenta solamente el interés propio, con estrechez de miras y pretendiendo dar vía libre a los camiones de 40 toneladas, con lo cual Austria gozará ahora de una posición de excepción para el Brennero. Pero con ello no se han solucionado de forma sostenible los problemas en los Alpes. Mientras no se encuentre una solución seria, este problema volverá a aparecer sin duda en el orden del día.

Donnay
El informe presentado por el Sr. Jarzembowski aporta cambios significativos a la propuesta de Directiva del Consejo relativa al cobro de tasas por parte de los vehículos pesados para la utilización de ciertas infraestructuras.
Esta propuesta de Directiva tiene por objeto sustituir la Directivas 93/89/CEE, la Directiva «Euroviñeta», que el Tribunal de Justicia había anulado en 1995.
Se da así ocasión al Parlamento Europeo de incidir sobre el alcance de un texto muy importante en la perspectiva de una fiscalidad más eficaz y más precisa sobre los vehículos pesados en el seno de la Unión Europea. Es también ocasión de aportar elementos de respuesta muy esperados a los problemas que plantea un tráfico de vehículos pesados cada vez más importante: atascos, perturbaciones medioambientales y degradación de las infraestructuras.
La propuesta de la Comisión deberá introducir ciertos elementos de armonización suscitados por el Libro Verde «Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte» que indique las orientaciones a largo plazo para una política de imputación de los costes de las infraestructuras y en materia de atascos en el transporte por carretera.
Se plantea aquí un principio fundamental: el de la recuperación íntegra de los costes de infraestructura y de explotación que debería imputarse a los distintos usuarios según criterios armonizados.
El actual sistema se basa en unas tasas a tanto alzado. Se propone introducir una diferenciación en función del grado de deterioro de la infraestructura imputable a los vehículos y de la contaminación que provoquen. Se trata pues de una diferenciación suplementaria basada en criterios mediomabientales, gracias a una clasificación bien adaptada.
El informe del Parlamento Europeo introduce dos enmiendas importantes a este texto.
En primer lugar, el Parlamento insta a la Comisión a que tome en consideración en su proyecto de Directiva sobre el cobro de tasas a los vehículos pesados, las reflexiones elaboradas en el marco el Libro Verde «Sobre la internalización de los costes externos de los transportes» y las conclusiones de la correspondiente resolución parlamentaria de 30 de enero de 1997.
Por último, las cantidades por peaje deberán fijarse de modo y manera que los ingresos que generen no superen los costes de construcción, explotación y desarrollo de las infraestructuras por las que se cobran esas cantidades, además de un índice de rentabilidad que corresponda a una rentabilidad posible de proyectos de inversión similares.
Por consiguiente, he votado a favor del informe del Sr. Jarzembowski, con la esperanza de que todos los elementos descritos se tomen bien en cuenta en la futura propuesta de Directiva.

Lindqvist
El medio ambiente de los Alpes es extremadamente delicado. Hay unos pasos angostos que están muy expuestos a las emisiones medioambientales. La mayor parte del tráfico debería efectuarse por ferrocarril. Deberían transferirse a la vía férrea los transportes por camión y contenedores a su paso por los Alpes.

Porto
Los pasos que se han dado en el sentido de que los vehículos industriales paguen peaje de acuerdo con el uso de la infraestructuras deben contar con nuestro máximo apoyo, puesto que constituyen, por un lado, un medio correcto de participación en su financiación y, por el otro, un incentivo para la utilización de los medios de transporte -en el caso de los transportes ferroviario, marítimo y fluvial- menos congestionantes y menos contaminantes.
Por esta razón no se entiende que la preocupación ahora expresada no se haya hecho extensiva a los vehículos ligeros, en relación con los cuales son válidas las mismas razones según el uso que hagan de las infraestructuras.
Se trata de la lógica de la financiación, que, -a diferencia de lo que ha ocurrido en Portugal- necesita una especial vigilancia en las zonas metropolitanas, donde son mucho más gravosos los costes de las infraestructuras, siendo por ello inaceptable que deban sufragarse íntegramente a costa del conjunto de los ciudadanos del país, incluidos los ciudadanos más pobres de las zonas más desfavorecidas, y donde, en beneficio de todos, interesa que la demanda se desvíe a los transportes colectivos que no provocan atascos ni contaminan.

Van der Waal
El informe de la Comisión de Transportes modifica considerablemente la propuesta de la Comisión.
En lo que respecta al impuesto sobre los vehículos de motor, apoyo las propuestas de la Comisión de Transportes en cuanto a la eliminación de la tarifa máxima y la simplificación de la propuesta. La introducción de una tarifa máxima, que es 30 veces superior a la tarifa mínima, tiene poco sentido.
Mi principal objeción contra el sistema de tasas propuesto por la Comisión de Transportes es que no se establece ninguna distinción entre los vehículos Euro I y Euro II. De una reciente investigación en los Países Bajos se desprende que las enamanciones de NOx y SO2 han disminuido gracias al uso de motores menos contaminantes, a pesar de una subida del total de kilómetros recorridos por carretera.
Apoyo la simplificación propuesta por la Comisión de Transportes para los derechos de uso. En este sentido es importante la diferenciación en tarifas, lo cual hace posible una disminución del precio de la Euroviñeta para los vehículos menos contaminantes.
No estoy de acuerdo con la eliminación de los costes externos y las rutas sensibles según las propuestas de la Comisión. Reconozco que la fijación de los costes externos sigue siendo muy problemática. También sé que la regulación propuesta ahora sólo será vigente temporalmente, durante sólo tres años. No obstante, considero que hay que empezar poco a poco a imputar los costes externos. Pues aun sin el estudio que tiene que realizar la Comisión, está claro que el transporte por carretera, concretamente en los entornos vulnerables, conlleva costes que no se manifiestan suficientemente en el actual precio. La excepción que hace la Comisión de Transportes para el Brennero no va suficientemente lejos.
Por estas razones he votado a favor de la mayoría de las enmiendas del Grupo de los Verdes.

Wibe
Me he abstenido de votar sobre este informe. Pienso que los impuestos sobre vehículos y tráfico de carreteras son cuestiones que deben decidirse en los Estados miembros. Se da la circunstancia, no obstante, de que el proyecto de informe es mejor que el de la Comisión, puesto que el informe rechaza la propuesta de que se fijen tipos máximos para los impuestos sobre vehículos. Sin embargo, no puedo apoyarlo.
sobre el informe Berger (A4-0238/97)
Watson
No puedo aceptar el incremento propuesto del capital financiero mínimo que ha de poseer un transportista por carretera para poder seguir ejerciendo su profesión. La Comisión propone que se aumente el capital financiero mínimo actual, en términos de capital y reservas, que es de 3.000 ecus por vehículo, a 9.000 ecus en el caso del primer vehículo, con un nuevo incremento de 5.000 ecus por cada uno de los vehículos de transporte de mercancias de más de 6 toneladas o de transporte de pasajeros que acomoden a más de 20 personas.
Me opondré a esas propuestas porque inevitablemente dificultarían más la posibilidad de que una persona estableciese una nueva empresa en el sector del transporte. Sus consecuencias serían las siguientes: a las empresas pequeñas y medianas con recursos limitados se les reducirían las oportunidades de establecerse en el sector del transporte; se favorecería a los transportistas de mayor importancia y ya bien establecidos que poseen mayores reservas de capital, con lo que se reduciría la competencia en esta esfera y se desalentaría el espíritu de empresa y de iniciativa en el sector del transporte.
sobre el informe Virgin (A4-0241/97)
Caudron
¿Qué podemos hacer con nuestros desechos? Esta cuestión constituye hoy un envite importantísimo y en el futuro estará en el centro de nuestros desarrollo industrial. Hasta la fecha nuestras sociedades contemporáneas sólo han logrado producir desechos en grandes cantidades, sin preocuparse nunca por su desaparición o por su tratamiento.
¿Debemos exportarlos y comerciar con ellos? ¿Acaso hay que amenazar, de alguna manera, a aquellos países terceros que rechazasen nuestros desechos? La propuesta de la Comisión no es aceptable, el informe presentado por nuestro colega lo explicita perfectamente.
La Unión Europea no debe aquí dar lecciones de nada y ganaría mucho crédito si adoptara una postura mucho más constructiva. Debemos poner en práctica los medios, incluidos los financieros, para una auténtica política de tratamiento de los desechos de cualquier índole. No podemos seguir cerrando los ojos y zafarnos de nuestras responsabilidades. ¡La protección de nuestro entorno tiene un coste! ¡No debería ser nunca humano!
Es preciso que la Comisión adopte una actitud que esté a la altura de sus ambiciones. El Parlamento Europeo podrá contribuir a ello, incluso haciendo presión sobre los Estados egoístas.

Rovsing
Para la exportación de residuos no peligrosos con fines de reciclaje fuera de la OCDE, la Comisión ha de consultar a cada uno de los países no miembros de la OCDE si desea aceptar esos residuos para su reciclaje y, en caso afirmativo, qué categorías desea aceptar, y finalmente qué tipos de procedimientos de control serán aplicables.
La Comisión se dirigió por escrito a varios países no miembros de la OCDE en el período 1993-1994. Algunos de ellos contestaron que no están dispuestos a aceptar ninguna o determinadas categorías, mientras que otros no han contestado aún a la solicitud de la Comisión. Hemos de aceptar ambas respuestas y la Unión Europea debe prohibir la exportación de residuos no peligrosos a los países consultados.
Según la propuesta de la Comisión, se seguirán exportando residuos no peligrosos a los países consultados (tanto a los que han contestado que no desean recibir ninguna o determinadas categorías como a los que no han contestado), si bien las exportaciones estarán sometidas a un engorroso procedimiento de autorización. El motivo aducido por la Comisión de que estos países no se dan cuenta de la importancia de su respuesta para su sector industrial es insostenible. Por eso, apoyo el informe del ponente que incluye el «principio de cautela» en la propuesta de la Comisión de reglamento del Consejo.
Obviamente, los países consultados pueden modificar su postura y permitir el envío de residuos no peligrosos a su país; recuérdese al respecto el procedimiento de comitología vigente en relación con el Anexo del reglamento.

Sandbæk
Me hubiera gustado ver un rechazo total de la propuesta de la Comisión, ya que es inaceptable que ésta no reconozca las valoraciones y actuaciones de otros países soberanos. No obstante, el Sr. Virgin corrige en su informe los errores de la Comisión, por lo que voto gustosamente a favor de ese informe y de las excelentes enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente.
Es verdad que la UE es el bloque comercial mayor del mundo, pero eso no le da ningún derecho -casi lo contrarioa proponer una actuación como la que la Comisión ha incluido en su iniciativa. Es doloroso y embarazoso que la Comisión adopte una actitud tan arrogante y paternalista. Es increíble que tenga la desfachatez de decir que los países que han contestado que no desean recibir residuos de la lista verde no comprenden la importancia de su decisión para los círculos de su sector industrial que podrían utilizar esos residuos para su elaboración y reciclaje.
Es inaceptable de todo punto que la Comisión intente obligar a los países que, expresamente o mediante su silencio, han manifestado que no desean recibir determinadas categorías de residuos a hacer algo que no desean hacer. Si un país ha manifestado que no desea recibir ninguna o determinadas categorías de residuos verdes, hemos de respetarlo. Debemos prohibir la exportación de los residuos y no limitarnos a considerarlos residuos rojos con procedimientos de autorización más estrictos. ¡La exportación no debe tener lugar bajo ninguna circunstancia! La exportación a los países que no han respondido a las misivas de la Comisión debe también ser prohibida. Esto sólo se puede interpretar como falta de interés en la importación de este tipo de residuos. ¡La exportación debe ser prohibida y no realizada a través del procedimiento más estricto de los residuos rojos!
Otra razón más para no realizar los envíos es que hay dudas respecto a la lista verde. A pesar de que la mayor parte de los residuos incluidos en ella no son peligrosos, algunas categorías de los mismos han resultado tener propiedades peligrosas. ¿Tiene la Comisión la intención de forzar el envío de estos residuos a los países no miembros de la OCDE que no lo deseen?
Como el mastodonte que ha llegado a ser, la UE no puede simplemente arrollar a otros países independientes. Con su iniciativa, la Comisión está intentando legitimar una actuación así, lo que es un acto sumamente irrespetuoso e indecente.
sobre el informe W.G van Velzen (A4-0215/97)
Caudron
En varias ocasiones hemos podido plantear la importancia de la noción de servicio universal en el marco de la apertura a la competencia de los mercados de las telecomunicaciones.
En distintas ocasiones nuestro Parlamento ha recordado lo apegado que se siente con este concepto de servicio universal, garantía de la igualdad y de la libertad de acceso a los servicios de las telecomunicaciones para los ciudadanos europeos.
Hoy debo lamentar que, una vez más, la Comisión se niegue a considerar el servicio universal como algo lo bastante importante como para poder contar con una directiva.
Una vez más, hoy debo manifestar mi sorpresa por el hecho de que una simple comunicación se considere suficiente para tratar de este delicado tema de la evaluación del cálculo del coste y de las financiaciones de dicho servicio universal. El impacto de las comunicaciones, como sabemos, siempre se infravalora, y esta comunicación, debido a ciertos aspectos muy dirigistas, carece sorprendentemente de peso jurídico, tal y como lo han destacado los colegas de la Comisión que se han ocupado del asunto.
Así pues, lamento la dispersión que ha efectuado la Comisión respecto del servicio universal y la insto a que, por fin, elabore una directiva global y potente sobre este tema esencial para el futuro.
La Unión Europea, y el conjunto de sus Estados miembros, necesitan claras indicaciones sobre el compromiso de las instituciones comunitarias respecto a la noción de servicio universal, cosa que si lo deseamos de verdad puede destruir la imagen ultraliberal de Europa, imagen de la que ya ha sufrido demasiado.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes han votado contra el informe sobre todo por los siguientes motivos:
1.El informe es un claro ejemplo de los problemas técnicos y burocráticos que surgen cuando se entrega una importante infraestructura pública a los intereses comerciales.2.Los consumidores se ven afectados por las dificultades que se originan cuando hay que poner en marcha un sistema fragmentado como lo es el que ahora se aconseja para el ámbito de las telecomunicaciones.3.Las infraestructuras del tipo que aquí se describen deben seguir funcionando uniformemente a nivel nacional. Los sistemas nacionales deben ser de propiedad pública y estar sujetos a la transparencia y al control. Es más fácil establecer conexiones entre los sistemas nacionales ya existentes.4.Con operadores privados los ciudadanos pierden su protección por derecho constitucional a la anonimidad telefónica que constituye un derecho democrático y cívico fundamental.- sobre el informe Argyros (A4-0213/97)
Wolf
Se busca aquí algo que en una forma temáticamente tan restringida va a ser difícil de lograr: »un marco regulador eficaz para el marco europeo de las telecomunicaciones». Por la vía de cada vez más regulaciones de detalle esto no va a alcanzarse por razones técnicas o (como aquí) por razones técnicojurídicas.
El informe del Sr. Agyros, en especial, después del añadido consensual por parte del ponente y de la Sra. Read extrae en esta situación en el plano de lo concreto lo que se puede extraer. Por esta razón le otorgamos nuestra conformidad.
Pero lo que sería necesario, urgentemente necesario, sería una reorientación de principios, tanto en la «filosofía» básica como respecto del alcance de las soluciones que se buscan: debemos aprender, de una vez, a distinguir entre flexibilización, apertura a nuevos usuarios y usuarias, liberalización, individualización y privatización, y como Parlamento hemos de enseñar, evidentemente, a las instituciones de la UE a replantearse, por fin, el problema de una política industrial en el mercado interior, que asume como tarea de configuración democrática el reto de la transición hacia la sociedad de la información.
sobre los informes W.G. van Velzen (A4-0215/97), Argyros (A4-0213/97) y Herman (A4-0240/97)
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor de los tres informes arriba mencionados.
La legislación relativa a la oferta de red abierta está en este momento repartida en varias directivas. El informe del Sr. Argyros indica como motivo para unirla en una sola directiva que en su forma actual es difícil de dominar y poco transparente. Los socialdemócratas daneses opinan que tal unión de la legislación en una sola directiva no facilitaría el acceso a la misma. Un texto refundido crearía una situación poco flexible. Habría que revisar la directiva con más frecuencia, y correríamos el riesgo de encontrarnos a menudo en la situación de que las disposiciones quedasen anticuadas antes de entrar en vigor.
Los socialdemócratas daneses opinan que la creación de una Autoridad Europea de Reglamentación en materia de telecomunicaciones, según los informes de los Sres. Herman y Van Velzen, es una buena idea. El mantenimiento a la vez de 15 sistemas nacionales no es compatible con la armonización en el ámbito legislativo. No obstante, las funciones de las autoridades deben quedar claramente definidas. Los socialdemócratas daneses son partidarios de que alguna autoridad contribuya a la normalización y armonización y de que ésta se encargue de la coordinación de los países de la UE con terceros países. Por otro lado, los socialdemócratas daneses se oponen a que esta autoridad actúe como instancia de apelación para las ofertas transfronterizas y a que sea dotada de competencias para emitir códigos armonizados.
sobre el informe Rosado Fernandes (A4-0214/97)
Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, con esta explicación de voto no hablo en nombre de mi grupo, sino personalmente en el mío propio. Tal como parece que sucede también en otros grupos, aunque entre nosotros no existen discrepancias de principio respecto del tabaco, se vota de forma diferente según el estado de ánimo. Una línea ha sido la siguiente: si estamos a favor de una limitación del cultivo del tabaco debemos ofrecer mediante pagos compensatorios y subvenciones compensatorias a las regiones y a las explotaciones que viven del cultivo del tabaco unas alternativas para que se mantengan en estas regiones rurales los puestos de trabajo y se aseguren las explotaciones. Una política estricta de recorte de los recursos, que se presente luego como política sanitaria, no debe conducir a la destrucción de estos modos de vida. Por consiguiente, no hay que hacer una mezcolanza directa y apresurada de política sanitaria y de ayuda al tabaco. Si se desea vivir sanamente, se puede hacer también cultivando tabaco. Y si se quiere vivir de una forma insana, también se puede hacer, después de suspender el cultivo del tabaco. Esta es una cuestión propia del régimen de mercado del tabaco y de cómo ha de orientarse éste, y la política sanitaria de la UE figura en hoja aparte.

Ahlqvist, Andersson, Lööw, Theorin y Wibe
Consideramos erróneo por principio que la Unión Europea conceda subsidios al cultivo de un producto que tiene unas repercusiones tan dañinas sobre la salud.
Es absurdo subvencionar un producto en un 80 por ciento o más para dar a sus productores unos ingresos mínimos. El producto tiene además un valor insignificante en el mercado. Mil millones de ecus al año por un tipo de cosecha que da empleo a 135.000 personas en total es un precio elevado si se calcula la suma per cápita. Se trata de alrededor de 75.0-100.000 coronas suecas por persona en concepto de ingresos directos. La ampliación futura de la UE encarecerá aun más este sistema si, por ejemplo, se admite a Polonia como miembro, y se le concede el derecho a recibir subvenciones en las mismas condiciones.
Pensamos que deben sustituirse las ayudas directas bajo la forma de ingresos al cultivo de tabaco en cuanto sea posible. Pueden elaborarse planes estratégicos de desarrollo a nivel local que consistan en la transición a otras cosechas, en la silvicultura, en la posibilidad de cesar en la recolección del tabaco y en unas garantías temporales de conservación de los ingresos. Pensamos que hay que fijar un año definitivo como objetivo para el cese total de las ayudas. Es complementamente razonable decidir que hay que sustituir todas las modalidades de ayudas de la UE al cultivo de tabaco durante el próximo periodo de programa, y que cesen totalmente para el año 2005 . Es importante fijar una fecha final ya que de otro modo los planes de reestructuración no serán vinculantes.

Amadeo
La producción de tabaco, si bien es el blanco de una fuerte oposición por parte de las corrientes antitabaco de la opinión pública, se ha demostrado positiva para evitar la desertización de algunas regiones europeas.
El análisis de la Comisión es positivo, puesto que reconoce el carácter no excedentario de la producción de tabaco en la Unión, así como su importancia social. Recalcamos con fuerza y denunciamos el hecho de que dicho análisis no hace referencia a la estabilidad del precio del producto comunitario, que contrasta con las variaciones de precios registradas en el mercado del libre comercio salvaje, de las cuales se aprovechan las multinacionales.
No podemos dejar de subrayar que la prohibición del cultivo del tabaco, propugnada con el pretexto de los problemas de salud pública y con la compra de las cuotas de los agricultores, traerá aparejada la desaparición definitiva del cultivo del tabaco en Europa con dos consecuencias graves: la pérdida de los conocimientos y de las técnicas acumulados durante siglos en todos los países mediterráneos de la Unión y la deslocalización de las unidades fabriles de primera transformación, con los consiguientes costes financieros y políticos derivados de la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.
Es falsa la relación entre la reducción de la producción europea y los efectos beneficiosos en la salud pública, ya que la reducción de la producción únicamente beneficiará a las multinacionales que fabrican cigarrillos, porque dominarán el mercado mundial. La Comisión es responsable de que nunca se establecieran criterios de calidad, cuya definición se ha dejado en manos de las grandes empresas transformadoras.
Hoy la Comisión de Agricultura propone la adopción de medidas de promoción de la calidad:
1.La modulación de las primas no deberá superar el 20 o el 25 %; 2. la retención de un 2 % sobre las primas deberá financiar la investigación para mejorar la calidad de las variedades conocidas; 3. será necesario adoptar medidas concretas en lo relativo a la definición del concepto de calidad a través de la creación de un organismo independiente.Hay que rechazar asimismo cualquier intento dirigido a convencer a los productores de tabaco a que abandonen la actividad, habida cuenta de que no existen excedencias, así como es preciso facilitar la transferencia de cuotas individuales a jóvenes agricultores, aunque hay que mantenerlas vinculadas con las zonas más desfavorecidas.

Cars
Me he abstenido de votar, ya que me opongo a toda modalidad de continuación de las ayudas de la UE al cultivo de tabaco. El tabaco produce -también entre los jóvenes- demasiados perjuicios para la salud como para que se pueda argumentar a favor de las subvenciones estatales a este producto.
Las repercusiones pueden ser graves para los agricultores que hayan invertido en este tipo de cultivo. Por tanto es importante que reciban unas ayudas para que puedan pasar así a otro tipo de producción. Pero no es a través de la continuación del sistema de subvenciones como se va a llevar a cabo la reestructuración necesaria.

Guinebertière
Este informe equilibrado aporta un apoyo indudable a los productores de tabaco cuyos lugares de producción, les recordaré, están situados por lo general en las regiones del Sur más pobres de Europa.
Es una utopía pensar que se puede detener el tabaquismo en Europa deteniendo la producción europea. Demasiadas multinacionales tienen intereses en este consumo. Su abastecimiento se realizaría en otros lugares, y sólo los grupos estadounidenses se aprovecharían de nuestra actitud angelical si pretendiésemos seguir la opinión de los Verdes de esta Asamblea.
Asimismo, apoyo la utilización de los fondos de investigación para una mejor calidad del producto, sobre todo en la investigación dirigida a un menor contenido en nicotina, que es el producto nocivo del tabaco.
Me alegra el hecho de que nuestra Asamblea apoye este informe, cuyas consecuencias económicas son tan importantes.

Izquierdo Rojo
El primer problema de los europeos es el empleo. No en vano el Consejo Europeo de Amsterdam ha resuelto impulsar decididamente el empleo situándolo en «primerísimo lugar» (por reproducir literalmente sus palabras). ¿No es pues exigible que el mantenimiento del empleo sea la premisa básica y la condición inequívoca para cuantas acciones y medidas contenga la nueva reglamentación?
Sin embargo, señor Comisario, algunas de las medidas que se contienen en sus propuestas destruyen empleo. En Granada, en Extremadura y en otras zonas del Objetivo 1, miles de familias viven de esta producción. Si lo que declara la Comisión de que está a favor del fomento del empleo de la mujer y los agricultores es verdad, no vale consecuentemente que después adorne cínicamente sus propuestas con palabras-comodín , como la calidad , no definidas, tras las que se ocultan hipócritas políticas que destruyen empleo.
El abandono del sector sería un desastre más a añadir al desmantelamiento rural. ¿Cómo hablar retóricamente de desarrollo rural y desmantelar de esta manera el sector de un producto como el tabaco que tiene mercado?
La Comisión no ha contestado a mi demanda de cuantificar el impacto social sobre el empleo de sus propuestas, pero que sepa que nosotros sí cuantificaremos todos los aspectos de esta reforma que supongan una regresión material.
No votaremos la enmienda 6, si siquiera como adición, porque es nefasta. Transacciones de última hora entre los fundamentalistas anti-consumo-cigarrillos no pueden ocultar que el abandono del sector en favor de intereses y mercados extracomunitarios no es una opción de futuro que mejore el presente: una nueva OCM del tabaco crudo sólo se justifica si es capaz de mejorar la actual situación para los ciudadanos europeos.
Llamo asimismo la atención sobre la modulación de la prima en función de la calidad, porque podría producir en determinados Estados miembros efectos perversos que vayan incluso en contra del deseado objetivo de calidad.

Lindqvist (ELDR), Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Sandbæk (I-EDN)
La política agrícola de la UE debe ser respetuosa con respecto al medio ambiente, la salud y los derechos del consumidor, y caracterizarse por una reducción sucesiva de las subvenciones a la agricultura. No pueden razonarse las ayudas de la UE cuando la propia UE apoya proyectos para reducir el consumo de tabaco por motivos de salud.
La eliminación inmediata de las subvenciones de un día para otro crearía un gran desempleo entre los cultivadores y trabajadores, además de que repercutiría negativamente en las zonas rurales. En nuestra opinión debería, por consiguiente, darse una sustitución gradual y estar completada para el año 2005.
A través de los Fondos estructurales, entre otros instrumentos, cabe realizar unas inversiones decididas en la investigación y las ayudas al desarrollo y los cultivos alternativos. El modelo de la UE, consistente en ayudas que ascienden aproximadamente a 9 mil millones de coronas suecas para la producción de un artículo tan nocivo para la salud como es el tabaco, al tiempo que se destinan 0, 1 mil millones de coronas a las acciones dentro de la lucha contra el cáncer, es erróneo y se contradice a sí mismo.

Novo
La reforma del sector del tabaco crudo ha generado varios movimientos con vistas a preservar la salud pública, en algunos casos de modo bienintencionado, aunque en la mayoría de ellos con objetivos muy poco claros.
Si se pusieran en práctica ciertos aspectos de la propuesta de la Comisión y muchas de las enmiendas del presente informe, la producción de tabaco en la Unión Europea desaparecería y se vería sustituida por la importación más barata de países terceros. A diferencia de lo que creen algunos, el consumo no disminuiría, la salud pública no saldría beneficiada y sólo aumentarían las ganancias de las multinacionales transformadoras del tabaco. Estamos seguros de que no es esto lo que pretenden muchas de las personas autoras y/o defensoras de las enmiendas rechazadas por el Parlamento Europeo.
Por otro lado, conviene no olvidar que la producción de tabaco crudo se realiza en regiones del sur, de Objetivo 1, que éste es un sector que emplea mano de obra intensiva, y que se trata de una producción sin alternativas viables, pero que por estar en el orden del día del futuro de la PAC contribuye de modo insustituible a preservar el medio ambiente y a poblar ciertas regiones, algunas de las cuales son montañosas.
Tampoco conviene olvidar que sin empleo (prioridad retórica en boca de tantos), sin rendimiento, sin alternativas y sin perspectivas de vida digna, la salud tanto mental como física de las mucho más de 150.000 personas que emplea este sector sería indudablemente peor que el daño producido por el humo de los cigarrillos que sin duda seguiríamos comprando y consumiendo.
Es evidente que hay que aumentar las inversiones destinadas a evitar el consumo de tabaco y a fomentar la investigación y el tratamiento de las enfermedades que produce. Sin embargo, es bien sabido que el consumo de tabaco no disminuirá ni se evitará con medidas coercitivas en contra de la producción de tabaco crudo, aplicadas en regiones pobres y con consecuencias notables en el aumento del desempleo. La disminución del consumo de tabaco sólo puede obtener progresos sensibles por la vía de la educación, de la prevención y de la limitación del enorme poder y de los beneficios de las multinacionales transformadoras que, si se hubieran aprobado las enmiendas propuestas, habrían reforzado su poder y sus valores. Como esto no ha sido así, el informe constituye una base de trabajo alternativa para ciertos aspectos de la propuesta de la Comisión sobre la reforma de la OCM del tabaco que merece nuestra aprobación en términos generales y que, incluso, recoge enmiendas presentadas por nosotros durante los debates realizados en la Comisión de Agricultura.

Parigi
Ante todo deseo felicitar al ponente, Sr. Rosado Fernandes, por el excelente trabajo realizado y por el enfoque dado al informe, cuyo contenido compartimos plenamente y apoyaremos cuando se celebre la votación.
Es evidente que las posiciones de los que quieren suprimir cualquier ayuda a los productores de tabaco adolecen de una tendencia integrista con respecto a los fumadores y sospecho que sus campañas más que defender la salud de los consumidores defienden la salud presupuestaria de las multinacionales del tabaco.
¿Qué sentido tiene, en efecto, sostener que la salud de los consumidores europeos está estrechamente ligada a la producción de tabaco en Europa, cuando paralelamente no se prevé una rígida limitación de las importaciones de terceros países de dicho producto? ¿O quizás estos ideólogos de la salud tienen previsto volver a las políticas anteriores al mercado común o incluso a los Estados autárquicos de antes de la guerra?
El Grupo de Alianza Nacional en el Parlamento Europeo, en consecuencia, considera indispensable la no reducción de las ayudas a la producción y el efectivo apoyo a la producción de calidad y coincide con el ponente en la creación de un organismo independiente en el que estén presentes los productores y que, al encargarse de supervisar la calidad o de decidir sobre las clasificaciones, impedirá la actual fragmentación entre las agrupaciones de productores y fomentará la calidad del tabaco no sólo desde el punto de vista de una mayor variedad, sino también desde el de la relación entre calidad y salud.
La OCM del tabaco, por consiguiente, deberá servir de estímulo para que no se abandonen las actividades emprendidas, así como de apoyo para la transferencia de las cuotas individuales a jóvenes agricultores, aunque manteniendo los lazos que las vinculan con las zonas más desfavorecidas.

Souchet
Me alegra la votación masiva que acaba de producirse en la sesión plenaria en favor del informe Rosado Fernandes. Sin embargo, he tomado nota con sorpresa de que los más feroces adversarios de nuestros productores de tabaco eran, muy a menudo, aquellos que precisamente no dejan de propugnar con celo la liberalización de la venta de la droga en nuestros países.
Más allá de las disputas teológicas, que no tienen cabida en este debate, lo que aquí hemos querido apoyar es la función económica y social desempeñada por los 150.000 productores de los Estados miembros de la Unión, así como las interprofesiones a las que hemos queridos alentar en sus esfuerzos en favor de las producciones europeas de calidad.
En un sector de producción deficitario para la Unión es un deber y un interés nuestro fomentar las iniciativas de nuestros propios productores. Esta estrategia ha estado en el origen de la creación de la política agrícola común y conviene que nos ciñamos a ello. Efectivamente, hay que evitar a toda costa que la política europea permita que la grandes multinacionales vuelquen en nuestros países sus excedentes de tabaco producidos en Florida, en Virginia o en cualquier otro país tercero, o de lo contrario la Comunidad estaría trabajando en contra de los intereses que se supone que ha de defender y proteger.
(La sesión, interrumpida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0632/97 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Camboya; -B4-0635/97 de los Sres. Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Camboya; -B4-0637/97 de los Sres. Goerens y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Camboya; -B4/0641/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Camboya; -B4-0666/97 de los Sres. Schwaiger y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Camboya; -B4-0675/97 de la Sra. Junker y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Camboya; -B4-0676/97 del Sr. Titley y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Camboya; -B4-0693/97 de los Sres. Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Camboya.
Pradier
Señor Presidente, hace cuatro o cinco años, los países europeos desplegaron esfuerzos gigantescos para permitir que la población de Camboya se inscribiera en listas electorales y pudiera votar para elegir su propio futuro. Entonces creímos que se había pasado definitivamente una página, la del genocidio, los asesinatos, las emboscadas, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias.
Esto no fue así. Actualmente en las calles de Phnom Penh y de Siem Reap se producen tiroteos, se realizan detenciones, se ejecuta a los miembros del Funcinpec o del PDLB, se persigue a cualquier persona que no haya dado muestras de lealtad explícita a Hun Sen.
Estando así las cosas, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, hay que presionar para que pueda volverse al espíritu y a la letra de los acuerdos de París. Después, hay que apoyar sin reservas la acción de las Naciones Unidas y del CICR. Por último, hay que congelar los 450 millones de dólares que había prometido el Banco Mundial y aplazar la aprobación del informe sobre los acuerdos de cooperación.

Van Bladel
Señor Presidente, no me extraña que un país en el que se ha perpetrado un genocidio, como Camboya, tarde tanto en volver al equilibrio. El golpe militar que ha tenido lugar ahora amenaza con precipitar de nuevo al país en un caos. Parece como si el apoyo moral y material que hemos dado desde el exterior en los últimos tiempos no hubiera servido de nada. Los avances democráticos son abortados, los líderes de la oposición asesinados, los periodistas y abogados han de esconderse.
¿Acaso ha desaparecido por completo la perspectiva de una estabilidad en Camboya? Pienso que no. Hay algunas señales positivas. En primer lugar, la ASEAN ha expresado duras críticas a la adhesión de Camboya. Esto significa que la propia región aborda la situación. Luego está la promesa de elecciones. Hemos de aprovechar esta situación. Hemos de exigir que se envíen observadores que garanticen los derechos humanos fundamentales. Este mensaje queda muy claro en esta resolución que también es apoyada plenamente por mi Grupo.

Goerens
Señor Presidente, los acontecimientos acaecidos recientemente en Camboya ponen en tela de juicio la capacidad de este país para seguir con el proceso de democratización y de reconstrucción. Por si fuera poco, Camboya ha perdido toda credibilidad ante la comunidad internacional en lo que se refiere al respeto de sus compromisos, en particular aquellos que suscribió en los acuerdos de París.
No somos los únicos que vertimos un juicio tan severo sobre Camboya; así, para la ANASE, parece que se ha alcanzado el límite de lo soportable hasta el punto de que se ha aplazado la adhesión de Camboya a este organismo, cosa que es, por decir poco, inhabitual. Es realmente una lástima que haya que llegar a este extremo, puesto que Camboya, a menos de que adopte un nuevo comportamiento compatible con los acuerdos internacionales, sobre todo con los acuerdos de París, está actualmente privándose de todo tipo de apoyos, apoyos que, por cierto, necesita desesperadamente.

Pettinari
Señor Presidente, considero necesario reflexionar en torno al reciente nombramiento del nuevo primer ministro en Camboya que se produjo ayer por la tarde. Ung Huot fue nombrado en sustitución de Norodom Ranariddh. Esto explica la complejidad de la situación de ese país y demuestra que Camboya no ha finalizado todavía su proceso de estabilización política.
Creo que el cometido de la Unión Europea es respaldar todo esfuerzo dirigido a que en el país no se produzca una guerra civil. Es obvio que hay que deplorar la desestabilización constitucional originada por las fuerzas de Hun Sen, así como condenar el hecho de que se produjeran pérdidas de vidas humanas. Tampoco creo deseable un Gobierno en que estén presentes los Jémeres Rojos, responsables del trágico genocidio.
Por este motivo, estimo que el Consejo debe ejercer todas las presiones necesarias sobre las autoridades camboyanas a fin de que se cumplan los acuerdos de París de 1991 y estoy convencido asimismo de que la tarea de la Comisión es hacer respetar la cita electoral de mayo de 1998 que, como todos deseamos, tendría que acabar con esta trágica situación.

Junker
Señor Presidente, estimados colegas, en principio siempre es acertado negociar para intentar encontrar una solución. Pero no se sienta uno, sin más, en torno a una mesa con un asesino y agresor, que acaba de apoderarse del poder. No basta con que el Consejo de Ministros en el caso de Campuchea formule una tibia exigencia de un alto el fuego y que el Consejo de Seguridad de la ONU apremie a sentarse en torno a la mesa de negociaciones para solucionar la crisis.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional de estados para que condene de forma severa e inequívoca los sangrientos ataques en Campuchea y ponga a Hun Sen en el sitio que le corresponde. Debe estar claro que un régimen golpista no puede cimentar mediante ayudas de la comunidad internacional un poder que ha sido forzado de manera ilegal y por la violencia de las armas. Por esta razón debe suspenderse también el acuerdo de cooperación de la Unión Europea y Campuchea, que ya ha sido firmado, hasta que se haya reestablecido una situación democrática. La comunidad internacional de estados debe insistir en que en mayo de 1998 puedan celebrarse, como está previsto, elecciones libres y democráticas bajo nuestra mirada.

Harrison
Señor Presidente, hace dos años formé parte de la delegación que el Parlamento Europeo envió a Camboya. Pensábamos con optimismo que, después de las elecciones de 1993, se había logrado un arreglo político entre Funcinpec y el Partido Popular de Camboya, de Hun Sen. Esperábamos que las elecciones dierán cierta estabilidad política a un país azotado por la pobreza y cuya reciente historia había sido tan trágica. Nuestro optimismo estaba mal fundado y el caos se ha enseñoreado una vez más del país.
La vergonzosa y cínica toma del poder por el Primer Ministro Hun Sen es una afrenta para el Acuerdo de París de 1991, y además arruina los esfuerzos de la comunidad internacional que aportó miles de millones de dólares para la celebración de las elecciones de 1993. Los combates, en los que hubo 58 muertos y 200 heridos, son un sombrío epílogo de lo sucedido y hacen presagiar nuevos trastornos y revueltas. Naturalmente, la que ha salido perdiendo es la democracia.
Hasta ayer no me enteré de las propuestas de Hun Sen, que quiere reducir el número de seguidores de Funcinpec mediante la eliminación de los candidatos parlamentarios que poseen doble nacionalidad, o sea los legítimos seguidores de Funcinpec. Es natural que la ASEAN decidiera el 10 de julio aplazar el ingreso de Camboya en la familia de naciones que representa ASEAN, en vista de estos conflictos internos.
¿Qué va a suceder ahora?¿Cuál debe ser la actitud del Parlamento Europeo? En primer lugar, tenemos que hacer todo lo que podamos para insistir en que se ponga término a la violencia. En segundo lugar, tenemos que interrumpir la ayuda financiera, que va directamente a manos del Gobierno que luego la utiliza para alimentar la tesorería de guerra. En tercer lugar, tenemos que proseguir la ayuda humanitaria: la estación de las lluvias comenzará pronto en Camboya y hay que evitar que los pobres y los desfavorecidos sean las víctimas. En cuarto lugar, tenemos que encontrar soluciones políticas. Tenemos que revitalizar el Acuerdo de París, recurriendo a los copresidentes Francia e Indonesia para que ejerzan presión sobre Hun Sen a fin de que respete el Acuerdo de París, y finalmente, como es lógico, tenemos que aplazar la ratificación del acuerdo de desarrollo entre la Unión Europea y Camboya hasta que se restablezca la estabilidad política en el país. Ésta es la opinión del Grupo Socialista del Parlamento Europeo.

Telkämper
Señor Presidente, tras el golpe militar del 4 de julio en Campuchea nos hemos sentido todos muy consternados. Habíamos esperado que tras el largo período de carnicería en Campuchea se conseguiría la paz definitivamente con el Acuerdo de París de 1991. Sabemos que desde las elecciones de 1993 la corrupción aumenta en Campuchea. También hemos discutido repetidas veces acerca de cómo un período de posguerra implica siempre como consecuencia un cierto potencial de violencia en la población o de agresividad entre grupos de la población, entre grupos sociales diferentes y hemos discutido acerca de cómo se puede reducir quizá este período mediante una política exterior civil.
Deberíamos tomar esto como ocasión para desarrollar nuevos conceptos y medidas para países que hayan experimentado la violencia. Pero no debemos aceptar en ningún caso este golpe militar. La pregunta es la siguiente: ¿Qué se puede hacer? Cada vez llegan nuevas noticias de que, por ejemplo, los miembros del FUNCINPEC siguen siendo reprimidos. Tenemos miles de víctimas que lamentar y creo que el paso acertado consiste en congelar, ante todo, el acuerdo de cooperación de la UE, apoyar a los estados ASEAN que han pedido que la adhesión debe ser aplazada. Pienso que este gobierno militar debe ver que con más violencia en Campuchea no seguirá adelante.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, la Comisión se suma sin reservas a las expresiones de condena por la infracción de la ley constitucional y la expulsión del Primer Ministro, Príncipe Ranariddh. La Comisión quisiera poner de relieve los términos de la declaración hecha por la Presidencia de la Unión Europea en respuesta a los combates del 5 y el 6 de julio, en la que pedía lo que algunos diputados que han tomado la palabra han pedido también, es decir, un alto el fuego inmediato e incondicional, un regreso a condiciones normales de gobierno, y la celebración de las elecciones prometidas para mayo de 1998.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una declaración el 11 de julio en la que insistía en que se entablara el diálogo entre las partes en el conflicto y se pusiera término al enfrentamiento. Como han indicado algunos oradores como la Sra. van Bladel y el Sr. Harrison, es muy importante que la ASEAN haya expresado su disgusto mediante la suspensión de la solicitud de ingreso de Camboya y mediante una intervención diplomática ante el Rey Sihanouk, pidiendo que los interesados procuren encontrar una solución pacífica, mantengan la ley y se abstengan de perseguir a los adversarios políticos.
La Comisión ha enviado una note verbale a las autoridades en la que expresa su preocupación por la seguridad de sus encargados de la ayuda humanitaria, pero no ha dado instrucciones para que abandonen el país. Los planes que se puedan adoptar para la adopción de medidas de ayuda a largo plazo se coordinarán estrechamente con los representantes de Estados miembros sobre el terreno y también aquí en Europa. Los medios de que disponen las organizaciones no gubernamentales para encauzar la ayuda de emergencia y humanitaria están intactos y en condiciones de funcionar cuando se requiera. El país se halla en una situación que puede cambiar de un día para otro, y no hace falta decir que la vigilaremos muy cuidadosamente y nos mantendremos en condiciones de responder a cualquier cambio que lo aconseje.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40638/97) del Sr. De Vries y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la detención de criminales de guerra en la antigua Yugoslavia.

Cars
Señor Presidente, el Tribunal de Guerra de La Haya no ha podido llevar a cabo su cometido de dar curso a las demandas interpuestas contra sospechosos de haber cometido crímenes. Su fracaso no ha sido, sin embargo, culpa del Tribunal. El motivo es que sólo se ha conseguido presentar ante la justicia a unas pocas de las 75 personas acusadas de haber cometido crímenes en relación con la guerra de la antigua Yugoslavia. Peor aun es que algunos de los mayores sospechosos siguen en libertad y que además ejercen influencia política en sus regiones.
Mientras esto continúe no habrá terminado la guerra. Seguirán existiendo unas tensiones que pueden poner en riesgo la seguridad de varias maneras en la antigua Yugoslavia. La seguridad de Yugoslavia exige por tanto que se sancionen los crímenes. Es también la única posibilidad que tienen los supervivientes de rendir homenaje a aquellos que se vieron expuestos a las atrocidades más palpables y crueles de esta guerra.
Con cada día que pasa en que los sospechosos siguen en libertad se reduce la confianza en el Tribunal de Guerra de la Haya. El resto del mundo tiene que ver, por tanto, que los sospechosos de haber sido criminales se someten a la justicia. Hemos de demostrar que no se tolera ningun crimen de guerra y que éstos nunca prescribirán. Si los Gobiernos de la República Federal de Yugoslavia, Croacia y Bosnia-Herzegovina continuan ignorando los compromisos de Dayton, habrá que dar a las fuerzas de la Ifor el cometido y las competencias necesarias para que, por la fuerza si así fuera necesario, detengan y lleven a los sospechosos ante el Tribunal. Sólo entonces podrán cicatrizar las heridas y el futuro volverá a ser esperanzador para los ciudadanos de la antigua Yugoslavia.

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, la solicitud que tenemos aquí ante nosotros, es una solicitud que podemos apoyar plenamente. Tiene un motivo positivo y un motivo triste. El motivo triste es que muchos criminales de guerra se encuentran todavía en libertad. Igualmente triste es quizá el hecho de que en relación con la detención se haya producido una muerte. Siendo esto tan triste, considero claramente necesario que la comunidad internacional manifieste también de forma clara a través de sus representantes militares en la antigua Yugoslavia que no puede ser ni debe ser que criminales de guerra se muevan libremente con independencia del lado en que hayan hecho la guerra. No existe ninguna razón que pueda justifcar los hechos que deben ser condenados aquí por el Tribunal de La Haya.
Cuando ha habido una guerra, cuando ha habido enfrentamientos, sobre todo, entre diferentes grupos étnicos, entonces se necesita reconciliación, se necesita cooperación, pero se necesita también justicia. Somos completamente partidarios de esta justicia para todas las partes. Esto no significa que no debamos desarrollar paralelamente nuevas estructuras, que no debamos prestar ayuda y apoyo, que no debamos generar confianza. Allí donde se hayan hecho errores más pequeños hay que rectificar. Debe haber una cooperación entre los diversos grupos, como hemos visto hace poco precisamente durante una visita a Croacia; allí se están dando pasos, imperfectos, vacilantes, pero, a fin de cuentas, pasos hacia una reconciliación, como ocurre también precisamente en Bosnia. Espero que en la República Serbia esto se convierta también pronto en una obviedad.
En este sentido, es bueno que la comunidad internacional actúe, aunque sea algo tarde. No obstante, ahora debemos apoyar plenamente esta actuación pues sólo dos cosas pueden servir de ayuda: la persecución de los criminales de guerra y el apoyo para la comunidad afectada.

von Habsburg
Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias al Grupo Liberal por haber presentado esta resolución. Hasta aquí me he situado siempre críticamente frente a la idea de semejante Tribunal, pero hoy, puesto que lo tenemos, debemos utilizarlo para ser creíbles. En el pasado, y esto hay que decirlo una vez más, los diversos gobiernos de los territorios de la antigua Yugoslavia -con excepción de los serbios- han sido los responsables de que no se entregase a los criminales de guerra, sino la debilidad de occidente. En efecto, se pudo detener absolutamente a ciertos criminales de guerra, pero no se hizo. No voy a entrar ahora en particularidades, no tengo tiempo suficiente para ello. Sin embargo, es un hecho que cada cual conoce in situ, que, por ejemplo, Karadzic y Pladic no fueron detenidos porque hubo instrucciones de arriba.
Quiero dar las gracias al Sr. Swoboda porque se ha mostrado partidario de la reconciliación, pero, al mismo tiempo, porque ha destacado también que hay diferentes responsabilidades y que en este punto se comete en general el error de atribuir a todos la misma responsabilidad. Quien haya estado en Croacia y en Serbia sabe, ciertamente, quién fue el agresor, pues en Croacia están destruidas las iglesias y las casas, y en Serbia, en cambio, no cayó un solo disparo. Existen grandes diferencias, y si se echa todo en un mismo puchero, no se logrará la justicia que es absolutamente necesaria.

Kaklamanis
Señor Presidente, me pregunto por qué no empezamos por el primer culpable de esta terrible historia. Y el primer culpable de esta terrible historia es la misma Unión Europea, que impuso el desmembramiento de Yugoslavia. La Unión Europea, que después del desmembramiento de Yugoslavia vio venir la guerra y no hizo nada para evitarla. La Unión Europea, es decir, todos nosotros, que vimos avanzar la guerra y nos limitamos a hablar y a votar resoluciones en el Parlamento Europeo, en espera de que llegase América para ofrecer una solución, que en la práctica no es una solución de paz, sino sólo una suspensión de las hostilidades. Y esto lo sabíamos todos cuando firmamos y apoyamos la solución de Dayton. Por eso, es evidente que son culpables todos los autores de crímenes de guerra. Y sería yo el último en no apoyar su enjuiciamiento. Solo que no debemos buscarlos únicamente en una sola parte. Puede que sean más de una parte y menos de la otra, pero en todo caso hay culpables en las dos. Y llamo la atención sobre esto: acciones como la de la pasada semana, en la que se buscaba a una persona, se detuvo a otra y se asesinó finalmente a una tercera, porque de un asesinato se trata, no sólo no ayudan a la consolidación de la paz en la zona, tal como todos deseamos, sino que mucho me temo que enciendan otra vez la mecha del fuego de la guerra. Hemos de ser muy cautelosos.

Van Dijk
Señor Presidente, por fin la SEOR ha entrado en acción y ha empezado a atrapar a los criminales de guerra. Pero poco después resulta que un país como Francia nos lleva la contraria y nos obliga a preguntarnos: ¿acaso quiere Francia que no se coja a los chicos malos, o es que sólo está ocupada puliendo su propia grandeza y demostrando al mundo que no se deja dominar por Estados Unidos?
Si queremos que en Bosnia reine la paz cuando se retiren las fuerzas de la SEOR, tendrán que suceder muchas más cosas. Hay demasiados hombres en libertad que en realidad deberían comparecer ante el tribunal de La Haya. No hace falta dar los nombres, todos los conocemos. La semana que viene, los donantes volverán a reunirse y me parece bueno que les dirijamos un llamamiento para que sigan el ejemplo de la Unión Europea e interrumpan la ayuda a la República Srpska, pues a decir verdad no creo que sea posible seguir con esa ayuda.

Dupuis
Señor Presidente, yo también deseo dar las gracias a los amigos liberales por esta iniciativa. Considero que es muy importante seguir presionando a la comunidad internacional, a fin de que este Tribunal pueda funcionar. Y es importante para que el proceso de paz siga avanzando; es importante para la credibilidad del propio Tribunal ad hoc, así como para otro gran proyecto: la creación de un Tribunal Permanente Internacional. Éste es sin lugar a dudas otra pequeña señal que podemos dar.
Deseo manifestar a la Sra. Van Dijk que, hasta que la Unión Europea no disponga de los instrumentos para llevar a cabo misiones de paz y, en consecuencia, también -como en este caso- para detener a los criminales de guerra, seguiremos buscando las pulgas a un Estado más que a otro: hoy lo ha hecho a Francia, mañana se podría hacer a Italia o al Reino Unido. Por lo tanto, es prioritario que desde ahora mismo la Unión Europea se dote de un cuerpo europeo de peace keeping y de peace making.

Oostlander
Señor Presidente, oigo a quienes se sienten especialmente satisfechos por la detención de criminales en Bosnia por parte de la SEOR. Por supuesto, ya iba siendo hora de que nos tomáramos en serio los acuerdos de Dayton. Hasta ahora no se había cumplido este importante aspecto, la detención de los criminales de guerra y su enjuiciamiento ante el Tribunal Internacional, la cooperación con el Tribunal. Tampoco nosotros lo habíamos cumplido, ni la SEOR. Por fin lo hacemos y me complace mucho que podamos contar con la Comisión Europea, que, siempre que puede, sigue una política que demuestra tener fuerza.
Asimismo aplaudo que la Comisión Europea adopte una actitud dura frente a la República Srpska, que tan mal va en estos momentos, no sólo porque en ella esté la chusma en el poder, sino también porque vemos las consecuencias a nuestro alrededor. La situación de la población es mucho peor que en la zona de la Federación, por no hablar de Serbia y Croacia. Concretamente, por el bien de la población hay que seguir reforzando el orden jurídico, pues sin él los refugiados no pueden regresar de forma digna y segura, las industrias no pueden ponerse en marcha y las líneas de ferrocarril que atraviesan territorio no serbio, como las que pasan por Tuzla, no pueden ser utilizadas por los serbios. Se trata de limitaciones muy graves que se evidencian por sí mismas. Me parece muy correcto que la Comisión Europea haya sacado las consecuencias adecuadas.
En realidad, también quisiera que la Comisión Europea contribuyera a que tuviéramos una mejor idea del grado de obstruccionismo que se practica desde diversos lados contra la cooperación. Sigo oyendo que el Gobierno de Bosnia coopera con el Tribunal, los croatas algo menos y la República Srpska y la República de Serbia muy poco. Hemos de tener garantías de que se cooperará para poder rebatir con hechos las tonterías que se han dicho en círculos del Partido Socialista de Austria. Es un escándalo que allí se acepte que los criminales puedan moverse libremente y que sólo se señale a otros.
En general tendremos que ayudar al Tribunal en Serbia, en la República Srpska y también en la República de Croacia. Se puede ofrecer todavía mucha más cooperación para que se restablezca por fin el orden jurídico en la zona.

Swoboda
Señor Presidente, no quiero alargarme mucho. Al alemán se ha traducido que aquí la última porquería harapienta forma parte de un gobierno, pero, con todo respeto para el Sr. Oostlander, en este Parlamento no se debería designar a otras personas con tales palabras, suponiendo, que la traducción haya sido correcta. Esto no lo sé.

Oostlander
Señor Presidente, no se ha traducido correctamente, pero he encontrado allí alcaldes que en los Países Bajos incluimos en la categoría de «chusma». Fue un encuentro muy sorprendente, algo casi nunca visto, pero por desgracia sí en esa zona.

Brittan, Sir Leon
A la Comisión le satisface que la Fuerza de Estabilización haya detenido recientemente a un presunto criminal de guerra. Este hecho subraya la importancia de la sentencia dictada por el Tribunal Penal Internacional en el caso contra el Sr. Tadic. Desde el principio nuestra posición ha sido que no puede haber paz sin justicia y que hay que apoyar firmemente toda acción encaminada a hacer respetar la justicia. No hay justicia que pueda entrañar una amenaza continua para la estabilidad y la paz duraderas, en detrimento de la recuperación política y económica de Bosnia-Herzegovina y del regreso de los refugiados. La Comisión estima que la detención de criminales de guerra en la antigua Yugoslavia representa un elemento esencial de las condiciones fijadas para el desarrollo de relaciones entre la Unión Europea y los firmantes del Acuerdo de Paz de Dayton.
La semana pasada la Comisión decidió suspender su asistencia no humanitaria a la República Srpska mientras criminales de guerra como el Sr. Karadzic no comparezcan ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Se ha suspendido el envío de productos de carácter no humanitario, por valor de 35 millones de ecus. El hecho de no detener al Sr. Karadzic es una clara violación del Acuerdo de Paz de Dayton, cuyo cumplimiento es un requisito para la prestación de asistencia para la reconstrucción.
Además se ve claramente que el Sr. Karadzic sigue influyendo mucho en el desarrollo político de la República Srpska, con lo que obstaculiza el proceso de paz, lo que constituye asimismo una violación de los acuerdos de paz. Además, sus actividades «económicas», que tanta publicidad reciben, son de tal carácter que no se puede descartar que el Sr. Karadzic se beneficie directa o indirectamente de la asistencia para la reconstrucción de la República Srpska.
En vista de lo antedicho, no hay justificación para seguir prestando asistencia para la reconstrucción.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Condena a muerte en los Estados Unidos -B4-0609/97 del Sr. Imbeni y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la condena a muerte de Joseph O'Dell en los Estados Unidos; -B4-0630/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la condena a muerte de Joseph O'Dell en los Estados Unidos; -B4-0653/97 del Sr. Manisco y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre la condena a muerte en los Estados Unidos y el caso O'Dell; -B4-0678/97 de los Sres. Aglietta y Orlando, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la condena a muerte de Joseph O'Dell en los Estados Unidos;
Kenia -B4-0599/97 del Sr. Fassa y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Kenia; -B4-0644/97 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos y la situación en Kenia; -B4-0650/97 de los Sres. Hory y McCarthy, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la violación de los derechos humanos en Kenia; -B4-0667/97 de los Sres. Oomen-Ruijten y Schwaiger, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en Kenia; -B4-0692/97 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Kenia; Perú
B4-0598/97 de los Sres. Bertens y André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las violaciones de los derechos humanos en Perú; -B4-0615/97 del Sr. Howitt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos en Perú; -B4-0656/97 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de los derechos humanos en Perú; -B4-0664/97 de los Sres. Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre Perú; -B4-0679/97 del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en Perú; 
Mutilaciones sexuales en Egipto -B4-0655/97 de la Sra. Sornosa Martínez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre las mutilaciones genitales en Egipto; -B4-0672/97 de la Sra. Terrón i Cusí y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las mutilaciones sexuales en Egipto; -B4-0673/97 de la Sra. Kokkola, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la aprobación judicial de la mutilación genital femenina en Egipto; -B4-0689/97 de los Sres. Hautala y van Dijk, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las mutilaciones sexuales; 
Túnez -B4-0594/97 de los Sres. Bertens y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los derechos humanos en Túnez; -B4-0618/97 del Sr. Roubatis y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos en Túnez; -B4-0626/97 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Túnez y las reacciones del Gobierno tunecino tras la reunión de Estrasburgo sobre la situación de los derechos humanos; -B4-0688/97 del Sr. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los derechos humanos en Túnez; 
Filipinas -B4-0601/97 del Sr. Apolinário, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas; -B4-0645/97 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre el apoyo a las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas; -B4-0686/97 de los Sres. Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la adhesión a los principios e instrumentos de respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional en las negociaciones de paz entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas.
Condena a muerte en los Estados Unidos
Dupuis
Señor Presidente, considero que esta resolución es importante porque desaprueba firmemente las muchas ejecuciones capitales que cada año afectan a centenares de personas. No creo que esto hace honor a un país considerado por muchos, y también por mí, un ejemplo de democracia. Estoy convencido de que se trata de otras tantas venganzas de Estado que implican, como en el caso de Joseph O'Dell, que se repitan errores judiciales fatales para muchas personas. Nuestro Parlamento justamente hace presente a los Estados Unidos que esto es inaceptable.

Manisco
Señor Presidente, este Parlamento se considera como el faro de la razón y la compasión en este mundo brutal de nuestros días, pero se diría que pierde la memoria cuando se trata de violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos de América. Por su parte, los estadounidenses eligen dirigentes que consideran que los diputados de este Parlamento son demasiado tontos para ver la verdad, demasiado sordos en lo moral para oírla, y demasiado miedosos para levantar la voz cuando disienten.
El caso de Joseph O'Dell, persona presuntamente inocente, condenada a la horca en el Estado soberano de Virginia, nos brinda la posibilidad de demostrar que se equivocan, la esperanza de que nuestra voz resuene lo suficientemente lejos para que el condenado salve la vida, y el sueño de que nuestra resolución común pueda comenzar a invertir el sentido de la salvaje tendencia hacia el asesinato judicial de millares de personas. Lo que tenemos ante nosotros es una fase extraordinaria de horror rutinario, una profunda letargia acerca de los derechos humanos. Nunca ha habido en una democracia occidental semejante silencio, semejante vacio. El debate sobre la pena de muerte -siempre que hay que ejecutar una de esas sentencias en los Estados Unidos de América- se concentra en el medio más humano de llevarla a cabo: el gas, la horca, la inyección o la electrocución.
Basta ya. Tenemos que conseguir que nuestros amigos norteamericanos vuelvan a la familia humana mediante algunos medios prácticos, quizá invitando a millones de turistas europeos a visitar únicamente los Estados en los que no hay pena de muerte; las nieves de Vermont en vez de las colinas de Virginia, las playas de New England en vez de las palmeras de Florida. Hagamos todo lo posible por recordar a los norteamericanos las palabras inmortales del poeta: »La muerte de un hombre, de cualquier hombre, me disminuye porque formo parte de la Humanidad y por lo tanto no tengo por qué preguntarme por quién suenan las campanas: suenan por mí»

Orlando
Señora Presidenta, en estos días, en estas horas, en Richmond, en el despacho del Gobernador de Virginia, un hombre debe decidir con un gesto de la mano, con una firma, sobre la vida y la muerte de otro hombre. Éste es unos de los dramáticos y bárbaros aspectos del dramático y bárbaro rito de la pena de muerte. Dicho rito recuerda el dramático y bárbaro rito de los circos de la antigüedad, cuando en el Coliseo un hombre, con un gesto de la mano, con un pulgar dirigido hacia arriba o hacia abajo decidía sobre la vida y la muerte de otro hombre. Ayer decidía el aplauso de la muchedumbre del circo, hoy son los sondeos de opinión y las previsiones de consenso electoral.
Me obstino en creer y pedir que estos bárbaros juegos deben terminar de una vez y que la pena capital debe ser abolida, porque es inhumana y completamente ineficaz para prevenir los delitos. La vida es sagrada y nadie, ni siquiera el Estado, puede matar. Tampoco hay que matar a Caín y esto vale para todos los condenados a muerte.
Para expresar este valor en mi ciudad, la ciudad de Palermo, a lo largo de muchos años ciudad de muerte, se concede, previa indicación de Amnistía Internacional, la ciudadanía honoraria a los condenados a muerte, a fin de testimoniar una cultura de vida. En el caso de Joseph O'Dell, ciudadano honorario de Palermo, la situación es aún más atroz. Aunque siguen existiendo dudas sobre su culpabilidad, el Gobernador Sr. Allen se niega a ordenar que se realice la prueba de ADN.
Mientras esperamos que se deje de jugar con la vida o la muerte del ser humano y que sea abolida la pena de muerte, pedimos que se acuerden las pruebas, a fin de que la culpabilidad demostrada y no el grito silencioso de los sondeos de opinión decida sobre la vida de Joseph O'Dell. Si se hace caso omiso de este llamamiento, Joseph O'Dell será ejecutado el 23 de julio en el corredor de la muerte de una cárcel de Virginia y se llevará consigo la duda de su culpabilidad y legará no sólo a Virginia, sino a todos nosotros la vergüenza de un homicidio. Estimo que a partir de estos hechos debemos sacar esta firme conclusión: ya es hora de que en las cláusulas referentes al respeto de los derechos humanos, incluidas en los acuerdos financieros de la Unión Europea, se prevea la abolición de la pena de muerte.

Imbeni
Señora Presidenta, ante todo le agradezco que me ofrezca la posibilidad, al haber usted anticipado su turno de Presidencia, de intervenir sobre un asunto que en nuestro país y en toda la Unión Europea ha suscitado una gran emoción. Seguramente, no es la primera vez; confiamos en que sea, aunque no la última, al menos una de las últimas veces que se impide verificar in extremis la situación jurídica real de una persona condenada a muerte. En este caso, hay una persona que se declara inocente y pide poder someterse a la prueba del ADN. Considero que el Gobernador del Estado de Virginia y las demás autoridades implicadas, no pueden seguir estando tan seguros aunque nada más sea por los llamamientos formulados en este caso; dentro de algo menos de una semana, una persona, a pesar de ser inocente, puede ser ejecutada. En la Unión Europea pensamos en que la ejecución de un culpable por parte de un Estado es un crimen; cuando se mata a una persona inocente el crimen es ciertamente aún más grave.
Confiamos en que el Gobernador del Estado de Virginia, aunque no atienda los llamamientos de los particulares, atienda al menos el llamamiento del Papa, así como el de los parlamentos, los Gobiernos y las autoridades morales que se han manifestado en torno a este asunto. ¿Por qué no puede hacerse un gesto muy simple, a fin de evitar el riesgo de descubrir mañana, dentro de diez días, que se ha matado a un inocente? No pedimos ponernos en el lugar de los Jueces de los Estados Unidos de América, tan sólo pedimos un gesto de sabiduría, de clemencia y de respeto hacia la vida del ser humano.

Ferrer
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el 23 de julio -tal como se nos ha recordadoen el Estado de Virginia, puede ser ejecutado, con la pena capital, un inocente. Porque, incomprensiblemente, se le niega al sentenciado la posibilidad de realizar la prueba del ADN, una prueba que hace 12 años está solicitando para demostrar su inocencia y que permitiría esclarecer el caso. Un caso muy confuso, según las pruebas. Recordemos que uno de los principales testigos ha confesado haber inventado su declaración y que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a pena de muerte de Joseph O'Dell por un solo voto.
Por eso, con esta resolución, no se trata únicamente de rechazar la pena de muerte y de que este Parlamento, en consonancia con sus reiteradas declaraciones, se pronuncie pidiendo le sea conmutada la pena de muerte a Joseph O'Dell y a otros cuatro ciudadanos sentenciados a muerte, sino que se trata, sobre todo, de pedir que a Joseph O'Dell se le dé la oportunidad de demostrar su inocencia.
El valor que para nosotros tiene la vida humana, toda vida humana, nos mueve a unir nuestra voz a la de todas aquellas que se han levantado pidiendo clemencia para Joseph O'Dell, y a formular este llamamiento solemne al Gobernador del Estado de Virginia y al Gobierno de los Estados Unidos para que no se cometa de nuevo y una vez más un acto irreparable.

Caccavale
Señora Presidenta, el caso de Joseph O'Dell ofrece una doble lectura: primero, como han manifestado sus Señorías, Joseph O'Dell corre el riesgo de morir inocente, porque la justicia americana se obstina en no autorizar una nueva prueba de ADN que, probablemente, exculparía a este hombre; segundo, nosotros consideramos el caso O'Dell como un caso ejemplar de lo que es en la actualidad la pena de muerte en los Estados Unidos y en el mundo: la pena de muerte es una venganza de Estado, un delito de Estado, un crimen, así como un ejercicio de la autoridad y de la soberbia sobre una vida humana. Consideramos que la misma es un insulto para el modelo de democracia y de libertad que los Estados Unidos representan en todo el mundo actualmente, pero sobre todo consideramos el caso O'Dell -ésta es la razón por la cual debemos salvarleun símbolo para todas las condenas a muerte que se ejecutan todos los días sin el clamor de la opinión pública en países como China, Irán, Sudán y en muchos otros países del mundo. Ésta es la razón por la cual debemos impedir este delito de Estado: ¡se trata de una cuestión de civilización!

Cars
Señora Presidenta, Estados Unidos es y ha sido durante mucho tiempo un ejemplo democrático para el mundo. Pero en el país democrático más grande del mundo se sigue aplicando una modalidad de castigo repugnante. La pena de muerte es irrevocable. Incluso sucede con bastante frecuencia que más tarde se demuestra que el ejecutado era inocente. La pena de muerte no disminuye la criminalidad. Por el contrario, conduce a un embrutecimiento de la sociedad. La pena de muerte sigue un principio obsoleto: ojo por ojo y diente por diente. ¡Pero no se castiga a un violador violándolo!
A los diputados del Parlamento nos causa estupor el aumento de ejecuciones registrado en EE UU. Comprobamos como las ejecuciones ensombrecen la figura del Presidente Clinton. Consideramos especialmente repugnante el caso O'Dell. La justicia americana no le ha informado de los derechos que tenía en realidad. El Parlamento desea que EE UU se abstenga de ejecutar a O'Dell y al resto de sentenciados.

Dell'Alba
Señora Presidenta, Señorías, si hay algo de lo que el Parlamento Europeo puede sentirse orgulloso es de esta tenaz y firme convicción de que es preciso abolir la pena de muerte en todo el mundo y luchar para que la pena capital no se aplique allí donde la legislación la contempla. El que nos preocupa sobremanera en este momento es el caso de los Estados Unidos, el de Joseph O'Dell: un caso en el que, además de los sentimientos comunes a todas las demás ejecuciones capitales que intentamos evitar, tenemos la fundada certeza de que las pruebas de culpabilidad no acreditan en absoluto los hechos y de que una nueva prueba de ADN es necesaria y puede exculpar al imputado.
Por todos estos motivos, es muy importante la voluntad del Parlamento que vamos a manifestar. Si este mensaje, además del mensaje del Papa y de muchos otros hombres y mujeres de buena voluntad, logrará llegar hasta el Gobernador de Virginia, confío en que pueda encenderse la esperanza de salvar la vida de Joseph O'Dell el 23 de julio y así la de otros muchos que se encuentran en los corredores de la muerte de las cárceles americanas.

Vanhecke
Señora Presidenta, con la regularidad del reloj aparece en este debate de actualidad el tema de la pena de muerte para los criminales peligrosos en Estados Unidos. Hoy vuelve a darse el caso.
Pues bien, he de reconocer que sobre este caso concreto no puedo hablar con conocimiento de causa, aunque me pregunto quién en este hemiciclo puede hablar con conocimiento de causa al respecto. No sé qué terrible crimen o crímenes ha cometido O'Dell. Ni siquiera deseo pronunciarme sobre la afirmación gratuita de la presente resolución que da a entender que el acusado no ha tenido un juicio justo. Si bien he de constatar que estas afirmaciones sobre los juicios injustos aparecen en todas las resoluciones sobre la pena de muerte en Estados Unidos, lo cual me hace dudar de su fundamento. No soy un ciego admirador de la política o del sistema judicial de Estados Unidos, pero me niego a aceptar que los tribunales y las salas de apelación e incluso el Tribunal Supremo de dicho país se tomen tan a la ligera la vida humana y la pena de muerte.
Tampoco quiero pronunciarme sobre la afirmación igualmente gratuita de la resolución de que la pena de muerte es inadecuada como medio de intimidación, como medio de prevención para los criminales. Sé que los criminólogos debaten sobre esta cuestión. Pero se podría argumentar asimismo que la pena de muerte ha podido salvar la vida de muchas personas inocentes, que habrían sido víctimas de reincidentes de los que hay tantos sueltos.
Sólo quiero decir que yo mismo provengo de un país donde en el último año nos hemos enterado con horror de que unos sádicos pedófilos condenados, unos morbosos violadores de niños y asesinos de niños, son puestos en libertad y soltados a la sociedad después de unos meses, como mucho después de unos años. A pesar de que todo psiquiatra sabe que estos monstruos no tienen curación y volverán a causar nuevas víctimas. Y lo que es más: provengo de un país donde Dutroux, el violador de niños reincidente y condenado, no sólo fue liberado después de unos años, sino que encima recibió una subvención social de 80.000 francos mensuales, que utilizó, como era de esperar, para construir los calabozos donde sus víctimas eras torturadas y asesinadas.
Tomando esto en consideración, mi conciencia no me permite aprobar la presente resolución, aunque personalmente no sea partidario de la pena de muerte. Pero sólo estaré dispuesto a leerle la cartilla a Estados Unidos el día en que me convenzan de que en nuestro país y en nuestro continente se defiende eficazmente a los débiles, a las víctimas de los criminales, y hoy por hoy no es el caso.

Castagnetti
Señora Presidenta, votamos esta resolución no sólo para reiterar -cosa que hemos hecho siempre- nuestra oposición hacia la pena de muerte, una elección de civilización que el Parlamento Europeo ha hecho tantas veces, sino por nuestras íntimas convicciones morales -recientemente, el Papa, refiriéndose a este caso manifestó que sólo Dios es dueño de la vida y de la muerte de los seres humanos- y además porque, en este caso, como diputados europeos, sentimos el deber de agregar también nuestra iniciativa para evitar un posible error judicial. Nos encontramos, de hecho, ante el peligro concreto de un error judicial que ha suscitado muchas reacciones en todo el mundo.
Sabemos que en estas horas un juez americano, el juez Spencer, debe tomar una decisión definitiva. Ayer, por cierto, manifestó que muchas de las pruebas en contra de O'Dell son discutibles y no se aprecia su veracidad. Ante estos riesgos sentimos el deber, como diputados europeos, de agregar nuestra iniciativa para pedir al Gobernador de Virginia que suspenda esta ejecución mientras se realiza un nuevo examen de las pruebas, en particular de las de ADN. Todo lo que pueda hacerse para salvar la vida, aunque sea de una sola persona, debe hacerse. En este espíritu, hoy votamos esta resolución.

Amadeo
Señora Presidenta, la macabra liturgia de la venganza de Estado se está preparando para celebrar otro de sus ritos el 23 de julio. En esa fecha O'Dell dejará de ser un problema para la justicia de su país, sin embargo, se agravará el problema que la posibilidad «legal» de matar a un semejante plantea a la conciencia del ser humano. No quiero saber si O'Dell es inocente o culpable, ni tampoco me interesa saber si eran inocentes o culpables todos los que abierta, semiclandestina o clandestinamente han sido ejecutados en las últimas veinticuatro horas: ajusticiados sin la intervención del Papa, sin la intervención del Parlamento Europeo, sin el clamor de la opinión pública. O'Dell debe servir de precedente, de enésimo precedente para condicionar la cultura, todavía violenta, de un gran país como los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvieron la primera Constitución democrática y para muchos representan un modelo a imitar en muchos campos. Y es precisamente por el hecho de que en muchos -en demasiados- de sus Estados aplican la pena de muerte, que los Estados Unidos siguen ofreciendo una coartada a esos países comunistas mucho menos democráticos que justifican la existencia de la pena capital en su ordenamiento más o menos jurídico.
Kenia

Fassa
Señora Presidenta, hace unos días algunos ciudadanos que pedían pacíficamente para Kenia las reformas institucionales mínimas y necesarias para un correcto desarrollo de las próximas elecciones, fueron tratados con brutalidad por la policía que provocó la muerte de al menos 17 personas. La desestabilización de Kenia implicaría una gravísima violación de los derechos humanos y podría desestabilizar toda la región. En consecuencia, es absolutamente necesario lo siguiente: primero, la firme condena por parte de todos y en particular del Parlamento Europeo, del brutal comportamiento de las fuerzas policiales de Kenia; segundo, la prestación a Kenia de toda la más adecuada asistencia posible para la celebración de elecciones libres y limpias en ese país.

Pettinari
Señora Presidenta, al igual que el Sr. Fassa, entiendo que la inadmisible represión policial de las manifestaciones de la oposición en Nairobi, pone de manifiesto que el régimen keniano se basa en la violencia y en la negación de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos. Considero justo pedir asimismo que, antes de que se celebren las elecciones presidenciales y administrativas, se lleven a cabo profundas reformas constitucionales en Kenia. Sin dichas reformas, las elecciones serán una farsa y otra legitimación forzosa del poder personal de Arap Moi. Pido al Consejo y a la Comisión que recuerde al Gobierno keniano el contenido del artículo 5 del Convenio de Lomé y le comunique asimismo la intención de Europa de suspender la cooperación económica con Kenia si el régimen seguirá reprimiendo a sangre y fuego toda solicitud de democratización del país. Es evidente que Kenia sufre por la falta de democracia y que el pueblo keniano está pidiendo reformas radicales a través de las manifestaciones de estas semanas. Creo que es tarea de la Unión Europea secundar este proceso, porque si no existe el peligro de que nuestra cooperación con dicho país no sirva para nada.

Günther
Señora Presidenta, distinguidos colegas, los informes que nos llegan de Kenia son realmente cualquier cosa menos satisfactorios. Sin embargo, quisiera hacer tres puntualizaciones y dirigir tres preguntas a la oposición: en primer lugar, tengo la impresión de que, en parte, estamos viendo ahora en el Tercer Mundo los cambios que se produjeron en la Europa central a mediados de los años 90, es decir, el deslizamiento de los bloques y de los regímenes que entonces estaban sólidamente asentados y de cuya legitimidad democrática nadie se atrevía a discrepar ni a manifestar duda alguna. Hoy se les pone en cuestión.
En segundo lugar, una oposición no es en principio una defensora de la democracia. Esperemos que en este caso no suceda igual que en el Zaire. En tercer lugar, debemos cuidar de que las algaradas y las manifestaciones callejeras no se conviertan en algo automático, que luego no se puedan frenar, cuando se haya producido aquello por lo que han luchado.
Paso ahora a formular mis tres preguntas. En primer lugar: el gobierno reprocha a la oposición no notificar las asambleas, que estarían permitidas según la antigua legislación, práctica que procede de la época colonial británica para suscitar en el extranjero la impresión de que seguía siendo obstaculizado en la propia libertad de reunión. ¿Es cierto esto, o tiene la Comisión alguna información al respecto?
En segundo lugar: ¿qué hay de la disposición de la oposición a renunciar a la violencia cuando se produzcan los cambios constitucionales que se han anunciado? En tercer lugar: ¿qué piensa hacer la Comisión para urgir al Presidente Moi a llevar a cabo también rápidamente sus promesas de cambios constitucionales?

Telkämper
Señora Presidenta, distinguidos colegas, en los últimos tiempos recibimos constantemente desde Africa nuevas noticias de violencia, de guerras o de enfrentamientos violentos en las manifestaciones; ahora también desde Kenia. Después de una larga historia colonial, después de la época de transición que ha seguido a la época colonial, parece que ahora es necesario que ofrezcamos a estos países concepciones o apoyo, sean de índole económica sean de índole educativa, para que puedan encontrar también realmente la vía hacia la democracia.
Actualmente está siendo renegociado el Acuerdo de Lomé. Nuestro objetivo debería ser el de imponer con el Acuerdo de Lomé el precepto de la democracia y ofrecer también instrumentos para este fin. De esta suerte, se podría instruir a personas en estos países, o quizá podrían éstas venir aquí y recibir formación en materia de reforma administrativa o en materia constitucional.
En lo que respecta a Kenia, no puede ser, naturalmente, que la manifestaciones sean reprimidas con violencia, con independencia de que hayan sido declaradas o no. Pienso que se trata de los derechos humanos, que han de ser salvaguardados. Precisamente a través del Acuerdo ACP, a través de la cooperación que existe con la UE, deberíamos dar a Kenia la advertencia de que en este asunto hay que proceder con medios pacíficos.

Vecchi
Señora Presidenta, el artículo 5 del Convenio de Lomé proporciona el marco básico de las características que debe reunir cualquier país para poder formar parte de pleno derecho de dicho Convenio. Todos los países ACP, al firmarlo, se comprometieron a respetar los derechos humanos y a emprender el camino de la democratización y del buen Gobierno.
Lo sucedido en Kenia hace unos días demuestra que dicho país y su régimen están todavía muy lejos de los estándares mínimos necesarios para considerar democrático cualquier país del mundo.
El impulso popular en favor de la democracia y la libertad de las personas se manifiesta con gran fuerza en todo el continente africano. Dicho impulso representa, desde hace ya muchos años, la novedad más importante y positiva de la situación en África, que puede permitir a todo el continente asentar su desarrollo civil, social y económico sobre bases sólidas y consensuadas.
Esto es lo que se intentó expresar en Kenia donde, a través de multitudinarias manifestaciones, los que se oponen al régimen de Arap Moi pidieron reformas legislativas y constitucionales para permitir que las próximas elecciones sean libres y limpias.
La brutal represión de las manifestaciones que ocasionó numerosas víctimas, seguida por una oleada represiva de detenciones, ha demostrado, una vez más, que el régimen keniano, según parece, no tiene intención de aceptar la libertad de expresión ni la democratización real del país.
En consecuencia, es preciso que nuestro Parlamento condene con fuerza la acción de las fuerzas policiales kenianas y que se ejerzan todas las medidas de presión, a fin de poder abrir una nueva página en la historia de dicho país.
Por fin, podemos expresar nuestro apoyo a la iniciativa de la comunidad internacional que, a través de los embajadores de 19 países en Nairobi, ha condenado firmemente los trágicos sucesos y ha pedido con fuerza la puesta en marcha de las reformas democráticas.
La evolución de la situación en Kenia tendrá asimismo una importancia fundamental para toda la región, la de África oriental y de los Grandes Lagos, en la que es necesario más que nunca crear condiciones de estabilidad, democracia y desarrollo.
Perú

Bertens
Muchas gracias, señora Presidenta, Perú fue noticia debido al secuestro, pero en estos momentos hay otras noticias preocupantes. Se pisotea la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Hablo de la existencia de tribunales secretos, de las leyes de amnistía para los violadores de los derechos humanos, de las amenazas que reciben los periodistas y de las medidas emprendidas contra los medios de comunicación que critican al gobierno, del cese de tres jueces del Tribunal Constitucional por parte del Congreso con el apoyo del partido gubernamental debido a su oposición a una ley que ha de permitir la reelección del gran héroe de la solución del secuestro, el Sr. Fujimori.
Señora Presidenta, todas estas cosas son contrarias a los principios en que debe basarse un Estado de derecho en 1997. Por ello hay que dejar claro al Gobierno peruano que, sin un cambio de circunstancias y el regreso a la normalidad, la Unión Europea tendrá dificultades para mantener relaciones normales con Perú.

Howitt
Señora Presidenta, hoy es el vigésimo aniversario de la última huelga nacional del Perú, y los huelguistas han organizado hoy en todo el país marchas masivas para pedir los derechos económicos, sociales y jurídicos que les han sido denegados. A raíz de la delegación que este Parlamento envió al Perú el pasado mes de septiembre y de los informes que nos dio el senador Canseco en Bruselas este mes, es lógico que el Parlamento se sume hoy a los manifestantes para expresar nuestra preocupación acerca de los abusos continuos y sistemáticos de los derechos humanos en el Perú.
El testimonio del Sr. Canseco resulta aún más conmovedor tras los informes que el domingo por la mañana presentó la televisión peruana acerca de un sofisticado sistema de escuchas telefónicas establecido por las fuerzas de seguridad peruanas contra los funcionarios superiores de la administración pública y los dirigentes de la oposición, incluido el propio Ministro de Asuntos Exteriores, que tengo entendido ha dimitido.
En este contexto instamos a que se vuelva a restablecer en sus puestos a los tres jueces expulsados del tribunal constitucional del Perú. El no hacerlo equivaldría a una clara señal de que, una vez más, los reiterados llamamientos internacionales en favor de la independencia judicial y del respeto de las norma democráticas en el Perú han sido ignorados.
En este contexto también hemos de condenar hoy la pauta de amenazas y ataques contra los medios de información en el Perú, que lo único que quieren es informar libremente e imparcialmente sobre los abusos ocurridos. La bomba puesta en la emisora de Televisión Mundial de Puno el pasado mes de octubre, los asaltos físicos contra tres periodistas del programa de televisión «En Persona» en Naña el 25 de junio, el feroz ataque contra el redactor político de la revista «Ojo» en San Miguel el 1 de julio y la supresión de la nacionalidad peruana en el caso de Baruch Ivcher, propietario de Canal Dos de la televisión del Perú, decidida esta semana, representan otros tantos ataques contra el periodismo independiente, ataques que deberían ser evitados mediante las necesarias salvaguardias constitucionales.
Hoy en día Europa se suma a la condena de la utilización sistemática de brutales torturas físicas por las fuerzas de seguridad peruanas. Acogemos con agrado la prórroga de la labor de la comisión ad hoc que preconiza el perdón de los presos acusados injustamente de crímenes terroristas, y pedimos que haya un examen judicial completo de esos casos y que se abone la indemnización que corresponda de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos. Hoy manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que durante tanto tiempo el Perú haya menospreciado las protestas internacionales contra los denominados «jueces sin rostro», concepto que es totalmente inaceptable para la Comunidad Internacional.
Europa tiene un papel que desempeñar en la colaboración con el Perú para suprimir las divisiones creadas por la pobreza masiva que padece el país, no solamente ayudando a reasentar a las personas internamente desplazadas con las que me hallo asociado personalmente, sino haciéndolo sobre la base de la concesión de garantías en materia de derechos humanos por el Gobierno, garantías que nuestro debate de hoy indican que son fundamentalmente inexistentes.

González Álvarez
Señora Presidenta, nosotros, en su día, nos pronunciamos claramente en contra del secuestro de un grupo muy importante de personas en la Embajada del Japón. Sin embargo, también condenamos -propusimos una resolución, pero ésta no avanzó- la forma en que el Presidente Fujimori entró en la Embajada del Japón y asesinó -hay que decirlo así-, sin ningún derecho a juicio, a las personas que estaban allí.
Creo que eso se olvidó pronto, no se volvió a hablar de ello, pero, desgraciadamente, quien tiene un talante antidemocrático, como el Presidente Fujimori, después demuestra cómo aquello que hizo en aquel momento tiene su correlación en las amenazas a periodistas -lo dijo el compañero Howitt-, al Diario de la República, a cadenas de televisión y emisoras de radio. Y no sólo eso, sino que se han formulado amenazas clarísimas a responsables de la oposición, como el Sr. Díez Canseco, que estuvo efectivamente en Bruselas hablando con todos los Grupos.
También se olvida la razón de aquel secuestro. La razón de aquel secuestro era la situación inhumana, en las prisiones del Perú, de más de cinco mil presos políticos. La Unión Europea debería volver a considerar en sus relaciones -con el Perú, en este caso, pero también con otros países de América Latina- cómo debe presionar para que esto no vuelva a ocurrir.
Señor Comisario, siempre espero su respuesta, pero estoy asistiendo a otra reunión y tengo que volver a ausentarme. Espero leer su respuesta en el Acta de la sesión.

Lenz
Señora Presidenta, Perú ha sido siempre uno de nuestros niños problemáticos en Sudamérica. Al principio fue la economía, pero ahora marcha un poco mejor. Siempre lo fue el terrorismo que, ciertamente, ha mostrado claramente su odiosa faz. No obstante, todo el que ataque al gobierno no debe ser visto como sospechoso de maquinaciones terroristas.
Y ahora nuestra auténtica preocupación tiene como objeto la democracia en Perú. En mayo, durante la Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Caracas, tuvimos numerosas ocasiones de hablar con colegas de Perú.
La libertad de pensamiento está amenazada, la independencia de la Justicia está amenazada por el actual gobierno y, por consiguiente, queremos dirigirle un urgente llamamiento para que, al menos, respete las reglas que figuran en el Constitución peruana. En efecto, sólo entonces podrá establecerse de nuevo en el país un equilibrio entre una estabilización económica, la lucha contra el terrorismo, y también la libertad de pensamiento y un renacimiento de la vida política. No existe duda alguna acerca de que el actual Presidente no quiere saber demasiado de los partidos políticos; éstos son también muy débiles. Sin embargo, precisamente porque todos nuestros partidos tienen relaciones con Perú, deberíamos prestar ayuda y asesoramiento. En este sentido mi grupo apoyará la resolución.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, hace pocos días se ha privado de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher. Su delito: en su canal de televisión, »Frecuencia latina» , había informado sobre acciones de escucha contra intelectuales y defensores de los derechos humanos. Actualmente no existe en Perú libertad de prensa ni libertad de pensamiento. Quien formule críticas al Presidente Fujimori pone en peligro su vida. Una agente del servicio secreto ha sido descuartizada porque denunció ataques estatales a la prensa. Sus abogados temen por sus propias vidas. La Justicia en Perú se encuentra amordazada, tres jueces que han considerado no constitucional una tercera elección de Fujimori han sido inmediatamente inhabilitados. El Tribunal Constitucional Superior se encuentra a las puertas de su disolución. El sistema peruano se asemeja cada vez más a una dictadura militar. Montesinos, el asesor del Presidente, conocido internacionalmente como narco-general, tiene un sólido control de la situación. Diputados valientes, como Xavier Díez Canseco, que hace dos semanas nos visitó aquí, en el Parlamento, han sido y continúan siendo víctimas de atentados que planifica gente como Montesinos y esto está demostrado. Miles de presos políticos vegetan sin proceso en prisiones que atentan contra la dignidad humana. Ni siquiera puede visitarlos la Cruz Roja. Al mismo tiempo una ley de amnistía otorga a los militares impunidad por sus acciones de violencia y por sus actos de crueldad.
En nuestra estancia allí, el año pasado, tuvimos ocasión de discutir con el Presidente Fujimori. Sólo puedo decir una cosa: rara vez he podido tratar a un político tan gélido y rígido como él. Aunque puede mostrar éxitos económicos, un sistema que es tan antidemocrático, que empuja a la población a permanecer callada para no ser asesinada, no puede ser tolerado en ningún caso por nosotros. Espero de la Unión Europea que haga depender la continuación de la cooperación con Perú del hecho de que se hagan mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos y en la democratización, pues, de lo contrario, no podemos mantener por más tiempo aquí nuestras elevadas aspiraciones.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, aunque lamento no coincidir con mi amigo KreisslDörfler, y con mi amigo Bertens, tengo, no obstante, una opinión diferenciada en este punto.
Cuando se habla hoy sobre Perú, habría que tener presente siempre cómo se encontraba Perú apenas hace 10 años, en qué situación se encontraba el país, cuando acciones violentas de organizaciones criminales terroristas costaron la vida a más de 20.000 personas inocentes e infligieron un daño incalculable a la sociedad y a la economía. Cuando se contempla el Perú de hoy, se ve un país que está realizando esfuerzos por institucionalizar un sistema que pone freno al terrorismo y que intenta dar de nuevo a los ciudadanos un amplio volumen de confianza en su propio país.
No deberíamos olvidar que el gobierno de Perú ha instituido, por ejemplo, una comisión que comprueba las sentencias que se han dictado en materia de terrorismo y que en los últimos meses ha revisado más de 500 sentencias. Tampoco debemos olvidar que un tribunal militar acaba de condenar a cuatro oficiales por abuso del cargo. Perú está emprendiendo enormes esfuerzos por eliminar la mala fama de su pasado, ensombrecido por acciones terroristas, y creo que en el momento actual haríamos muy bien no sólo en criticar -esto es necesario a veces- sino también en dar ánimo y en prestar apoyo.
Mutilaciones sexuales en Egipto

Mohamed Alí
Señor Presidente, me complace mucho que finalmente, tras varios intentos infructuosos de traer este tema al Parlamento, tengamos por fin una resolución común sobre la mutilación sexual femenina.
En primer lugar, quiero deplorar y condenar enérgicamente la práctica de la mutilación sexual de las mujeres, tanto en Egipto como donde quiera que esta execrable práctica se lleve a cabo.
En segundo lugar, quiero dejar constancia de que dicha práctica, de origen africano y entroncada con viejas y arcaicas tradiciones, en absoluto está objetivamente amparada por creencia o confesión alguna, por lo que son condenables, a su vez, las burdas manipulaciones que se hacen para justificar una práctica que es rechazable en cualquier caso.
Y, en tercer lugar, pido enérgicamente que el Parlamento Europeo y la Unión Europea, a través de los mecanismos pertinentes, fuerce a los países que amparan esta práctica a que respeten escrupulosamente los derechos humanos en general y los derechos incuestionables de las mujeres, en un plano de igualdad absoluta.
El respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres ha de ser una exigencia firme y urgente. Cumpliendo esta resolución contribuiremos a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres y ayudaremos a que la sociedad, en general, y los pueblos que ejercen esta práctica, tomen conciencia de lo que realmente representa.
Insisto, por lo tanto, en que se cumplan todos sus puntos.

Kokkola
Señora Presidenta, hay que considerar como derechos adquiridos todos aquellos derechos que se han conseguido después de tantas luchas y que constan, por ejemplo, en el Convenio sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas de 1989, en la Conferencia de Pekín sobre los Derechos de las Mujeres de 1995, en el artículo 4 de la Declaración sobre Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la Conferencia Internacional del Cairo, etc. Y ahora el tribunal administrativo del Cairo permite a los hospitales públicos proseguir con las prácticas de ablación en las mujeres, invalidando la decisión del Ministerio de Sanidad por la que se prohibía tal intervención.
¿Para qué, pues, las conferencias, los convenios, las declaraciones, las decisiones, cuando se mantienen estas violaciones de los derechos humanos? Consideramos inadmisible que se utilicen la religión, las costumbres y las tradiciones como excusa para prácticas de violencia contra la mujer y más aún más contra niñas privadas del derecho de elección. ¿Con qué derecho un tribunal administrativo infringe la naturaleza y la dignidad humanas? La Unión Europea tiene el deber de oponerse a este retroceso, protagonizado sobre todo por los fundamentalistas islámicos a expensas nuevamente de las mujeres, y debe elevar su propia voz para la defensa de los derechos de las mujeres, que son también derechos humanos. La mutilación genital femenina por motivos supuestamente religiosos es una práctica bárbara, una intervención en contra de las leyes de la naturaleza, y constituye una violación de derechos que la naturaleza ha concedido a la mujer. Además, ¿quién puede prever las consecuencias físicas y psíquicas de tal intervención antinatural en el organismo de la mujer? La Unión Europea tiene el deber de proseguir las campañas de información en los países con los que se relaciona de algún modo, y de mantener su preocupación hasta que se prohíban las mutilaciones genitales en sus respectivos territorios.

Van Dijk
Señora Presidenta, es lamentable que en este Parlamento tengamos que volver a pronunciarnos y que haya un motivo para pronunciarse contra la mutilación sexual que sigue teniendo lugar en el mundo. Y no sólo en África, como pensamos a veces para mayor comodidad. Este tipo de prácticas también tienen lugar en Europa. Por supuesto se trata de una violación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual no puede tolerarse de ningún modo. Asimismo nos ha conmovido la decisión del tribunal administrativo de El Cairo anulando la prohibición de la mutilación genital decretada por el Gobierno egipcio.
Me parece bueno que este Parlamento se pronuncie en contra de ello y al mismo tiempo diga que hará todo lo posible por erradicar y perseguir esta mutilación genital también en nuestros Estados miembros.

Lenz
Señora Presidenta, me puedo sumar en muchas cosas a los colegas que han hablado aquí. Esta es una de las peores lesiones a la mujer que puedan imaginarse y no es explicable religiosa ni médicamente. Sin embargo, lamentablemente se explica todavía en muchos lugares del mundo -no sólo en Europa, sino en parte también en Asia- mediante tradiciones contra las que sólo podemos luchar con información. Es uno de los problemas más difíciles cuando se habla con africanas o con mujeres de estos países, pues en el fondo la resistencia debe surgir, con nuestra ayuda, de sus propias filas, para cortar tales tradiciones.
Por esta razón, deberíamos hacer todo lo posible para contribuir a la información. Solamente podemos hacer un llamamiento al gobierno de Egipto. Egipto desea ser considerado un país moderno, un país grande y líder de la región. Es útil informar y proceder contra estas tradiciones que, lamentablemente, con frecuencia son mantenidas también por mujeres de estos países. También aquí deberíamos procurar hacer aún más cosas contra esto a través de nuestros canales, como sucede también ya en la ONU y en la UNICEF.

Van Bladel
Señora Presidenta, condeno la mutilación genital, y por ello, como ponente para el Acuerdo de Asociación con Egipto, me preocupa la sentencia del tribunal. Sin embargo, es una buena señal que el Gobierno la haya recurrido. A mi entender, ello ilustra la dura lucha que está librando el Presidente Mubarak para mantener a su país libre de las garras del fanático grupo religioso ortodoxo. Las informaciones confusas, tales como la referente a que un chicle procedente de Israel contenía una sustancia estimulante de la adrenalina, se ciñe al patrón de permanente intento de los fanáticos de controlar la administración. Recientemente, en el Financial Times hemos podido leer que una organización islámica militante anunciaba una tregua después de cinco años. Egipto está superpoblado y padece todos los problemas de desarrollo que ello supone. Egipto parte del Próximo Oriente y es un país importante para el proceso de paz.
Por ello, señora Presidenta, hay que sacar una conclusión política: es importante que la UE vote y firme cuanto antes el Acuerdo de Asociación, para poder incluir definitivamente a Egipto en las actividades de nuestra zona mediterránea.

Fassa
Señora Presidenta, la ablación en Egipto plantea al Parlamento Europeo un problema jurídico interesante. En los países con tradición jurídica occidental, los tribunales administrativos y, en su caso, los Consejos de Estado, tienen como función fundamental proteger a los ciudadanos contra los abusos de la administración pública o de los Gobiernos. En Egipto ha sucedido exactamente lo contrario. Por esta razón, es preciso que el Parlamento Europeo se oponga con fuerza a este inicuo comportamiento meramente jurisprudencial, a fin de salvaguardar tanto la civilización jurídica no tan sólo occidental sino mundial como todas las personas que residen en la Unión Europea, habida cuenta de que -como acaban de manifestar los demás colegas- la práctica de la mutilación genital femenina, por desgracia, también tiene lugar en algunos Estados de la Unión.

Pailler
Nosotros condenamos con energía las decisiones del Tribunal Administrativo del Cairo y del Consejo de Estado egipcio, que son prueba, una vez más, de la progresión del integrismo en numerosos países, en este caso a través de la ablación, y en otros, mediante el código de la familia o los actos terroristas. Al condenar la ablación, que a veces llega a tener consecuencias mortales, y que siempre constituye una minusvalía para toda la vida en términos de una sexualidad plenamente desarrollada, es decir aquella que permite y valora el placer, el disfrute -¿por qué razón no habría de erigirse esto en un derecho?-, estamos ayudando al gobierno egipcio y a todos los musulmanes que se oponen a los integristas.
Debemos dejar bien claro que estas torturas físicas entrañan una violencia simbólica, como lo ha explicado el antropólogo Maurice Godelier, que aliena a las mujeres y las lleva a reproducir estos mismos actos bárbaros, y, por lo tanto, a justificar lo que algunos denominan como «prácticas culturales», puesto que supuestamente serían aceptadas y practicadas por las propias mujeres.
Por último, desenmascaremos la hipocresía, la cobardía, o en el mejor de los casos la inconsciencia y la ligereza de aquellos que, incluso en nuestro entorno y so capa de una pesada tolerancia, se amparan detrás del respeto a las culturas y a sus prácticas, cuestionando de este modo la universalidad de los derechos humanos y el respeto de la integridad física de toda persona.

Leperre-Verrier
La sentencia del Tribunal administrativo del Cairo, por la que se anula la decisión del Ministro de Sanidad egipcio de prohibir la práctica de la ablación en los hospitales públicos de este país, supone una regresión en la lucha contra las mutilaciones sexuales de que son víctimas las mujeres en Egipto y en otros países. El gobierno egipcio había adoptado una decisión justa conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los actos de las Conferencias Internacionales de la Mujer, que se habían desarrollado -acaso hay que recordarlo- precisamente en el Cairo y en Pekín. Así pues, hay que animarle a que prosiga con sus esfuerzos recurriendo esta sentencia contraria a la dignidad humana más elemental.
Pero más allá del problema que deben arrostrar hoy las mujeres egipcias, hay que considerar que la ablación de que son víctimas las mujeres dista mucho de verse erradicada en el mundo. En los años 80, la UNICEF lanzó una campaña sobre este tema, pero este combate sigue por desgracia siendo de actualidad. En los Estados miembros, esta práctica, que está sin embargo prohibida, cuenta también con numerosos adeptos que se benefician muy a menudo de una indulgencia culposa. Y esto último hay que recordarlo porque el respeto de la integridad corporal es un hecho fundamental de la persona humana y, Señorías, no hay ninguna tradición o religión que pueda justificar que se atente contra ello.
Túnez

Fassa
Señora Presidenta, Túnez es una democracia formal, pero todavía no sustancial. No cabe duda de que la modernización económica de dicho país ha mejorado las condiciones de vida de los tunecinos, pero no la posibilidad de ejercer en concreto sus derechos políticos y civiles. En dicho país ha nacido una forma de persecución muy original: a quien no se identifica con el partido dominante, las autoridades administrativas e incluso los particulares le impiden, de hecho, ejercer los derechos fundamentales como la libertad de circulación y la libertad de pensamiento y de expresión, a pesar de que dichos derechos se reconocen en abstracto.
El caso del Sr. Chamari lo demuestra, ya que no se le puede impedir el regreso a su país por el mero y simple hecho de haber participado a una audiencia con algunos miembros del Parlamento Europeo. Está en juego, por lo tanto, no sólo el ejercicio de la democracia en Túnez, sino también y sobre todo la dignidad de este Parlamento y de toda la Unión Europea.

Swoboda
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, señor Comisario, si nosotros tratamos hoy esta resolución sobre Túnez no es solamente porque la situación en Túnez sea especialmente mala. Existen muchos países en los que las violaciones de los derechos humanos son mucho más extensas e irritantes. Pero consideramos a Túnez como nuestro vecino, como nuestro amigo, y nosotros somos especialmente críticos frente a los vecinos del norte de Africa que se encuentran en una situación muy difícil y precaria.
Estamos convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo social de cada país, también el de Túnez, depende decisivamente de cómo se desarrollen paralelamente los derechos humanos. Y yo quisiera decir aquí de manera muy clara que en el pasado se han producido aquí desarrollos muy positivos. Pero quisiera decir también con igual claridad que en los últimos tiempos hemos visto algunos acontecimientos que precisamente no nos alegran mucho. Entre otras cosas, un miembro de una organización política que participó en un coloquio en Bruselas ha sido tratado con rudeza a su vuelta, por decirlo de manera suave, aunque aquí, como en cada uno de estos incidentes, hay diferentes versiones.
Creemos que Túnez debería ser realmente un símbolo, un caso indicador de un desarrollo libre y democrático en el norte de Africa. Si existe un medio contra el extremismo, si existe un medio contra el fundamentalismo radical, si existe un medio contra las tendencias del aislamiento, de la dictadura, es la salvaguardia de los derechos humanos, el desarrollo positivo de los derechos humanos, y esto nos parece que es posible, factible y muy necesario precisamente en Túnez.

Dupuis
Señora Presidenta, creo que por fin nuestro Parlamento se muestra a la altura de sus declaraciones de amistad respecto a Túnez. Por vez primera dice las cosas tal como son, y creo que esto es importante y que merece ser subrayado.
En efecto, en Túnez se da una paradoja. Por un lado, tenemos un progreso económico y social real, y tenemos también las declaraciones muy precisas del Presidente Ben Ali, pero, por el otro, tenemos una situación que empeora en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y una democratización que no progresa. Así pues, considero que es importante que, como muestra de amistad real, nuestro Parlamento diga estas cosas al gobierno y a las autoridades de Túnez, para que nuestro diálogo pueda basarse en realidades y no en situaciones inventadas o en meros deseos.
Considero que a partir de esta constatación se podrán desarrollar relaciones más constructivas con Túnez. Habrá que trabajar mucho. Habrá que ser muy firmes con nuestros amigos tunecinos, con las autoridades, y no habrá que vacilar a la hora de recordar, cada vez que sea posible, que lo que le ha ocurrido al Sr. Chamari, y lo que le ha ocurrido al Sr. Moada, no son ciertamente signos que vayan en la buena dirección, en la dirección de un acercamiento a la Unión Europea.

Tamino
Señora Presidenta, yo también retomo lo que acaban de manifestar mis colegas y me extraña que en un país como Túnez, donde se ha registrado un progreso económico y una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, no exista también un adecuado desarrollo de las condiciones de democratización del país. Antes bien, a los sucesos que se acaban de recordar, hay que añadir otros actos de intimidación como la persistente utilización de la pena de muerte, el uso discriminatorio de la posibilidad de salir del país, la amenaza incluso de no poder regresar al país como en el caso del Sr. Chamari, las intimidaciones y las agresiones a las que ya se ha hecho referencia.
Por todos estos motivos y también porque queremos que Túnez sea un punto de referencia en una región especialmente peligrosa como el Mediterráneo, consideramos que es preciso recordar en todo momento que la cooperación emprendida por la Unión con los países de dicha región está supeditada al respeto de los derechos humanos y es imposible sin un adecuado proceso de democratización.

Izquierdo Rojo
Señora Presidenta, como miembro del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que soy, quisiera señalar que la utilización de este procedimiento parlamentario de urgencia con un asociado como Túnez, sin antes haber realizado previamente un diálogo parlamentario, es inapropiado y contraproducente.
Con esta forma de proceder podemos generar incomprensión y sabemos que la mutua incomprensión es el peor enemigo de la asociación; se corre el riesgo de provocar un enfrentamiento entre instituciones, entre parlamentos, y ello es contrario y vulnera el espíritu de mutuo acuerdo de la asociación euromediterránea.
El acuerdo de asociación entre la UE y Túnez debe desarrollarse en un determinado tiempo. Aún no ha sido ratificado. ¿No es, pues, prematuro que ya queramos avanzar resultados? Tiene un tiempo material de doce años. No podemos exigir de una manera prematura, ya antes incluso de que nazca y entre en vigor, todos los resultados. Es decir que, a la hora de contabilizar, tenemos también que contabilizar los avances que se han producido. Hay que señalar que, hace escasamente unos días, se ha aprobado una ley que refuerza la soberanía popular y avanza en la representación de las mujeres y los jóvenes. Ello también es importante, y por tanto insisto en que si queremos que este diálogo dé sus frutos, tenemos que utilizar parlamentariamente el procedimiento apropiado. Diálogo parlamentario previo, antes de que ninguna de las instituciones, sea el Parlamento Europeo o la Asamblea de Túnez, pueda pronunciarse unilateralmente.
Esto es el proceder normal entre socios.

Soulier
Señora Presidenta, voy a tratar de cambiar de tercio. El Partido Popular Europeo no votará a favor de esta resolución. Y no porque como todos los colegas aquí presentes no se sienta comprometido con los derechos humanos, cuya violación nos parece que es una cosa grave, pero es que no debemos quitarle contenido al fuerte mensaje que deseamos transmitir, cosa que ocurriría si estigmatizáramos a troche y moche todos los comportamientos en el mundo que puedan ser discutibles.
En lo que se refiere a Túnez, los pretextos aducidos en la resolución, son bastante débiles y las pruebas inconsistentes. Supuestamente, el gobierno tunecino habría perturbado y obstaculizado la libertad de circulación y de asistencia a una reunión que no era institucional, en Bruselas. Sin duda, parece que se temía que una de las personas que vino -es decir, que sí hubo quien pudo venir- no hubiera podido regresar a su país. ¡Muy bien, pero hay que aportar la prueba de ello! Y además, supuestamente un ciudadano tunecino fue objeto de intimidaciones.
Esto bastaría para que no votáramos a favor de esta resolución, pero además y, por encima de todo, nuestro rechazo de asociarnos al cuestionamiento de Túnez se ve inspirado en el hecho de que se podrían hacer muchos otros reproches o condenas a otros países vecinos del Magreb, cuyos destinos trágicos hoy tanto nos afectan.
¡Qué desproporción, en efecto, entre las eventuales trabas a la libertad de circulación, incluso una intimidación y los miles de cuerpos atrozmente mutilados que siembran la tierra argelina! ¿ Y quién habla de esto último? ¿Por qué permanecemos callados ante este drama? Cabría esperar que se hablase de esto, y ahora resulta que todos los esfuerzos se vuelcan sobre esta otra cuestión, que no desestabiliza nada, que no amenaza la seguridad europea, ni actualmente ni en el futuro, o la seguridad del continente africano. Por ello instamos a la Asamblea a que se niegue a condenar hoy a Túnez.

Van Bladel
Señora Presidenta, Túnez, uno de los primeros países con que se firmó un Acuerdo de Asociación, sirvió durante muchos años de ejemplo de política moderada. El país se encuentra atrapado entre la dictadura de Libia y Argelia, un país castigado por el terrorismo. Me preocupan los crecientes fenómenos que no encajan en un Estado de derecho. Sin embargo, al igual que la Sra. Izquierdo Rojo y el Sr. Soulier, creo que, precisamente en vista de la buena relación con Túnez, tendríamos que haber hablado con todas las autoridades de allí a otro nivel, a nivel parlamentario. Mi Grupo no puede apoyar en modo alguno la presente resolución.
Ahora se estigmatiza al país y con ello se le confiere una imagen inmerecida de que hace el juego a los islamistas ortodoxos fanáticos, lo cual es precisamente lo que no queremos. Lo siento, señora Presidenta, pero mi Grupo no apoyará esta resolución.

Bertens
Señora Presidenta, en primer lugar quiero contestar a lo que han dicho el Sr. Soulier y la Sra. Van Bladel. Me he quedado estupefacto. La presente resolución tiene por objeto ofrecer ideas positivas al Gobierno de Túnez y no sólo condenarlo. Pero me he quedado estupefacto al oir al Sr. Soulier, presidente de la subcomisión de Derechos Humanos y representante de todo el grupo de cristianodemócratas que precisamente han impedido que en esta Asamblea habláramos por fin de Argelia, atreverse a decir aquí que no hemos de hablar de Túnez, sino de Argelia. Me imagino que algunos diputados franceses en esta Asamblea serán más cuidadosos con su antigua colonia.

Pailler
Señora Presidenta, la aprobación de una resolución por parte de nuestra Asamblea el 22 de mayo de 1996 sobre las violaciones de los derechos humanos en Túnez había contribuido a ciertos resultados positivos. Los dos diputados del MDS, los Sres. Moada y Chamari, así como ciertos opositores y sindicalistas fueron liberados. Desgraciadamente, estas concesiones han sido limitadas y puntuales y las violaciones de los derechos humanos han proseguido.
Privadas de pasaporte -lo que no es un condicional, señor Soulier- o sometidas a presiones, las personas que habían sido invitadas por los organizadores del encuentro del 11 de junio celebrado en el Parlamento Europeo no pudieron participar en esta reunión. Además, han sido blanco de una violenta campaña en los medios de comunicación, que incluso han llegado a pedir que a algunos de nuestros invitados se les retire la nacionalidad tunecina.
El Sr. Moada, antiguo diputado del MDS, en arresto domiciliario desde su liberación -y esto tampoco es un condicional- fue objeto de acosos hace poco por parte de los agentes encargados de garantizar su seguridad. Actualmente está en el hospital y, personalmente, yo no establecería ninguna jerarquía en materia de respeto de los derechos humanos.
Los medios de información y de comunicación son siempre objeto de alta vigilancia, lo que ha hecho que la Asociación Mundial de la Prensa decida excluir a la asociación tunecina de la prensa por haber fracasado en su defensa de la libertad de prensa.
Nuestra Asamblea no tiene intención ni de transformarse en un Tribunal ni de dar lecciones a nadie, pero queremos llamar la atención del gobierno tunecino sobre la falta de respeto de los compromisos que suscribió en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos.
Es éste el objeto esencial de nuestro debate y de la resolución de compromiso que yo mismo he cofirmado con la esperanza de que el gobierno tunecino ponga fin a su política de hostigamiento y de prohibición contra los defensores de los derechos humanos, y con la esperanza que respete las libertades de opinión, de expresión y de asociación.

Brittan, Sir Leon
Me ocuparé antes que nada de la cuestión de la pena de muerte para Joseph O'Dell en los Estados Unidos; quienquiera haya podido seguir este debate no podrá sino sentir profundo respeto por la firmeza de los sentimientos expresados por tantos diputados de este Parlamento y por la fuerza de los argumentos expuestos.
El texto de la resolución no contiene ninguna pregunta para la Comisión y por lo tanto la Comisión no debe adoptar una posición respecto de los términos precisos de la resolución. La práctica normal consiste en no formular comentarios en casos concretos de este tipo, pero la Comisión quisiera destacar que es muy sensible a la cuestión de la pena de muerte y opina que deben respetarse debidamente las garantías que se enuncian en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y en otros instrumentos internacionales. Ese pacto internacional prohibe la aplicación arbitraria de la pena de muerte.
Por lo que se refiere a Kenya, la Comisión Europea participó en el marco de la labor del Grupo de donantes para el desarrollo democrático de Kenya, y colaboró en la redacción de una declaración conjunta sobre la celebración de elecciones libres e imparciales en Kenya, en los próximos meses de este año. Dicha declaración realza la importancia del acceso a la votación propiamente dicha, el acceso al electorado, y el acceso a la información y a la libertad de asociación. Estos cuatro puntos constituyen un grupo irreductible de condiciones necesarias para que haya elecciones libres e imparciales en Kenya.
Se ha preguntado qué es lo que hemos hecho acerca de esta cuestión. La declaración fue entregada al Presidente Moi el 6 de mayo. Se convino en que el Grupo de donantes para el desarrollo económico se reuniera periódicamente con las autoridades supremas de Kenya para sostener un diálogo sobre cuestiones relacionadas con las próximas elecciones en Kenya. El resultado fue otra reunión con el Presidente el 1 de julio.
En la actualidad el Grupo está elaborando recomendaciones acerca de la supervisión de las elecciones, con un experto financiado por la Comisión Europea como parte del equipo técnico que presta asistencia al Grupo de donantes para el desarrollo democrático. Los hechos que han tenido lugar la semana pasada en Kenya, a los que se ha hecho referencia en el debate, indican que la situación está empeorando y que la necesidad de que haya diálogo entre el Gobierno, la oposición y la comunidad de donantes es aún más importante. En este contexto cabe considerar la declaración de los Estados miembros y la Comisión de la Unión Europea, hecha pública el 9 de julio en Nairobi.
La Unión Europea subrayó su inquietud por la escalada de la violencia política y reiteró declaraciones anteriores en el sentido de que los kenianos tienen que estar en condiciones de ejercer sus derechos democráticos en un entorno pacífico. La Unión Europea renovó su llamamiento a todas las partes interesadas -el Gobierno y los que preconizaban la reforma- para que se abstuviesen de cometer violencias y recurriesen a medios pacíficos para resolver cuestiones políticas.
En cuanto a la cuestión del Perú, la Comisión comparte las preocupaciones acerca de la dimisión de los tres jueces del tribunal constitucional y toma nota de los aspectos expuestos en relación con la situación en materia de derechos humanos y libertad de información en el Perú. La Comisión sigue muy de cerca la situación en el Perú y, de conformidad con el enfoque positivo adoptado por la Unión Europea, está haciendo todo lo que puede para apoyar los esfuerzos encaminados a promover y proteger los derechos humanos en el país. Lo menos que se puede hacer es tomar nota de lo que ha dicho el Sr. Habsburg-Lothringen, es decir, que sean cuales fueren los problemas, la situación que reina en el Perú es muy diferente de lo que era hace algunos años. A pesar de todo la Comisión espera que la actual situación no plantee una amenaza para la independencia del poder judicial y comparte la preocupación del Parlamento por la libertad de expresión y la esperanza de que el Gobierno del Perú adopte medidas para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es importante seguir apoyando las medidas encaminadas a consolidar la independencia institucional y a garantizar una verdadera democracia.
Por lo que se refiere a la situación en Egipto, la Comisión coincide sin reservas en condenar abiertamente la práctica de la excisión genital de la mujer en Egipto y, por lo que a esa cuestión se refiere, en cualquier otro país. Con miras a ayudar a suprimir esa práctica, la Comisión está examinando una serie de formas de ejercer una influencia positiva, como por ejemplo campañas de información y publicidad, seminarios, capacitación de consejeros y de personal médico y campañas de educación, especialmente en las zonas rurales. Hay que abordar esta cuestión mediante una extensa campaña a largo plazo para la cual es necesario contar con el apoyo de dirigente políticos y religiosos, así como de autoridades sanitarias, si queremos que la campaña sea eficaz. La Comisión estimulará la adopción de medidas teniendo presente esa finalidad, incluido la importantísima labor del UNICEF contra esa práctica.
El debate sobre Túnez ha sido algo diferente de algunos de los primeros debates que ha habido sobre estas cuestiones al principio de la sesión de la tarde: en la medida en que el debate se refería a Túnez, el Parlamento no pudo expresarse de manera uniforme. Tres oradores hablaron en contra de las críticas al Gobierno de Túnez. La Comisión está supervisando cuidadosamente las declaraciones referentes a medidas adoptadas contra miembros de la oposición parlamentaria o miembros de la sociedad civil de Túnez. Opina que todos los medios, diplomacia inclusive, deben utilizarse para lograr que no se haga nada que perjudique la observancia de los derechos humanos y los principios democráticos. La Comisión acoge con agrado el asentimiento de este Parlamento al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Túnez, que la Comisión negoció con Túnez, y que se firmó en julio de 1995; ese Acuerdo entrará en vigor tras su próxima ratificación por los tres últimos Estados miembros de la Unión Europea.
El Acuerdo contiene dos innovaciones principales: por una parte, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es un factor central de acuerdo; por otra parte, se instituye un diálogo político sobre cuestiones de interés común. Este acuerdo debe considerarse a la luz de los componentes políticos y de seguridad de la Conferencia de Barcelona que inició la asociación euromediterránea en noviembre de 1995. No está de más indicar que no somos únicamente espectadores pasivos de la escena. En 1996 la Comisión financió 62 proyectos para promover la democracia y los derechos humanos, en beneficio de todos los asociados del mediterráneo meridional y oriental, incluyendo a Túnez.
Sé que no ha habido ningún orador que hablase acerca de Filipinas, pero hay una resolución. Sí que puedo decir que la Comisión acoge con satisfacción las negociaciones entre el Frente Democrático Nacional y el Gobierno de Filipinas para liquidar su prolongada disputa. Las conversaciones están actualmente en un atolladero. Personalmente, y en nombre de la Comisión, sugeriría que se incluyera un párrafo en la actual resolución que estimulase a las dos partes a reanudar las conversaciones lo antes posible. Hemos estado prestando asistencia en algunas de las esferas en las que el FDN ha actuado. Todos nuestros proyectos de desarrollo rural en Filipinas se ejecutan en las partes más pobres del país, y su finalidad concreta es ayudar a los más desfavorecidos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las seis propuestas de resolución de los diputados:
Sr. Bertens, Sr. André-Léonard, Sr. Fassa y Sr. Frieschenschlager, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre minas antipersonal (B4-0596/97); -Sr. Dupuis, Sr. Dell'Alba y Sr. Macartney, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre minas antipersonal (B4-0625/97); -Sra. Moreau, Sr. Alavanos, Sr. Manisco y Sr. Puerta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre minas antipersonal (B4-0648/97); -Sra. Günther, Sr. Fabra Vallés, Sr. Cushnahan, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre un acuerdo sobre la prohibición mundial de las minas antipersonal (B4-0660/97); -Sr. Swoboda y Vecchi, en nombre del Grupo del partido Socialista Europeo, sobre las minas antipersonal (B40677/97); -Sr. Telkämper, Sra. Hautala y Sra McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre minas antipersonal (B4-0691/97);

Bertens
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. Ha dicho usted que no había ningún orador sobre las Filipinas, pero lo he comprobado y yo estaba inscrito para decir durante un minuto lo que, por cierto, ya ha dicho Sir Leon Brittan sobre las Filipinas. Es decir, que ya está solucionado.
Durante este debate sobre las minas antipersonales habrán muerto 25 personas a causa de ellas. Por lo demás, la exigencia de eliminar las minas antipersonales y prohibir el comercio con ellas se ha convertido ahora en un debate. Me complace que el Gobierno canadiense haya asumido la iniciativa de Ottawa, que continúa con la declaración de Bruselas. Más adelante, en Oslo se dará la última mano al convenio definitivo, que quizás en diciembre sea firmado por más de 100 países. Me complace mucho porque el Consejo y la Comisión han demostrado tener buen corazón.
En el poco tiempo que me está permitido hablar como ponente para la erradicación de las minas antipersonales, quisiera aprovechar la ocasión para decir que gran parte de mi Grupo apoya la enmienda a la resolución en la que se dice que lamentamos que Finlandia y Grecia, dos países de la Unión, no hayan firmado la declaración de Bruselas, por sus propios motivos. Nos parece equivocado y por ello apoyamos esta enmienda.

Dupuis
Señor Presidente, todos somos conscientes de la importancia de este convenio, que podría firmarse a finales de año en Oslo. Sin embargo, tal vez haya una zona oscura en este panorama -el colega Bertens acaba de mencionarlo-, y exista quizá algo de confusión en la mente de nuestros amigos finlandeses, que parecen confundir las minas anticarro y las minas antipersonales. Quizá fuera oportuno que la Comisión enviara a alguno expertos para explicarles que, en la frontera con Rusia, el problema de los carros de combate rusos no se resuelve con minas antipersonales. Asimismo, a nuestros amigos griegos se les podría también explicar que hay una diferencia entre las minas antipersonales y las minas antibuques, y aquí también se podría mandar a algunos expertos para ahondar en la cuestión.
Dicho esto, considero que sería importante ser quince, es decir que Finlandia y Grecia se sumaran a los trece otros Estados de la Unión, para que sea la Unión como tal la que defienda de modo unánime esta postura, en aras de un convenio que es realmente muy importante.

Günther
Señora Presidenta, la ya mencionada Conferencia de Bruselas sobre minas impresionó a todos los que pudieron participar en la misma. Durante esta conferencia pudimos registrar ya un pequeño éxito y, por cierto, de tal suerte que la Conferencia de desarme para armas convencionales, de Ginebra, acordó, por fin, en el mismo momento nombrar un coordinador para la limpieza de minas, que desde hacía tiempo figuraba ya allí en el orden del día.
Sobre la cuestión que se acaba de plantear sobre Grecia/Finlandia quisiera decir una cosa: es posible que lo que nosotros decimos sea verdad, pero tampoco debemos decir siempre todo lo que sea verdad. Bajo este aspecto me gustaría defender que no aprobásemos esta enmienda. En vez de esto, deberíamos movilizarnos para que estos dos países superasen sus reparos y se sumasen a los 13 países restantes de la UE para firmar también la Declaración de Bruselas, cosa que yo celebraría mucho. Sin embargo, no considero necesario mencionarlos por ello ahora de manera expresa en la resolución. Nuestro colega, el Sr. Bertens, ha aludido claramente en las conferencias de prensa en Bruselas a este tema.
Un segundo punto que me interesa mucho es la limpieza de minas, pues una cosa está muy relacionada con la otra. Aquí se trata, sobre todo, de las posibilidades que existen respecto de una limpieza mecánica de las minas. Yo pediría encarecidamente a la Comisión que de los recursos que en el presupuesto de la Comunidad estaban previstos para la limpieza de minas, volviese a asignar al menos el mismo volumen que en el presupuesto de 1997, para que pudiéramos seguir trabajando. En efecto, no se trata solamente de minas en Africa o en Asia, sino que tenemos también esta plaga a las puertas de la Unión, por ejemplo, en Eslavonia oriental, y no podemos hacer regresar a los refugiados a un territorio minado. Por consiguiente, pido encarecidamente a la Comisión que muestre un poco de movimiento en esta cuestión.

Vecchi
Señora Presidenta, la lucha para la erradicación de las minas antipersonal comienza a tener un cariz amplio y puede alcanzar resultados significativos gracias también a la constante y valiente iniciativa del Parlamento Europeo.
Las minas antipersonal, queremos recordarlo, son hoy por hoy y con toda probabilidad las armas más peligrosas y mortíferas que existen, puesto que ya no tienen una efectiva función militar, sino que sirven para golpear a las poblaciones civiles indiscriminadamente, provocan miles de muertos y de inválidos cada año y convierten en impracticables regiones enteras durante varias décadas.
En muchos países del mundo, incluso cuando se logran alcanzar las condiciones políticas para poner fin a los conflictos, la existencia de miles de minas impide el regreso de millones de personas en condiciones de seguridad y de desarrollo.
No obstante la oposición de algunos grandes países que no pertenecen a la Unión Europa, se ha puesto en marcha el proceso de negociación para conseguir un Tratado internacional para la eliminación total de las minas terrestres y es preciso que la Unión Europea y todos sus Estados miembros lo respalden de forma eficaz y se conviertan en protagonistas del mismo.
A pesar de que la Decisión del Consejo de 1 de octubre de 1996 facilitó un primer fundamento político a la iniciativa europea en esta materia, hoy es necesario concretarla a nivel interno asumiendo compromisos vinculantes de cara a la erradicación de las minas antipersonal en todo los Estados europeos, así como ponerla al día a escala internacional a través de una enérgica iniciativa política.
97 países ya han firmado la Declaración de Bruselas, mientras que en el próximo mes de septiembre se celebrará en Oslo una importante cita para las negociaciones de cara a la Conferencia de Ottawa.
Ahora es preciso que todos los Estados miembros, sin excepción, participen y apoyen este proceso firmando la Declaración de Bruselas, así como que el Consejo apruebe una acción común en este sentido. Es necesario fomentar la amplia participación de los representantes gubernamentales y no gubernamentales en Oslo y respaldar el proyecto de Tratado para la eliminación total de las minas antipersonal, así como reforzar su alcance en lo que se refiere a la asistencia a las víctimas de dichos artefactos.
Pedimos a la Comisión y al Consejo que intensifiquen su acción con objeto de que se respete de forma escrupulosa el bloqueo del tráfico de minas, así como que se refuercen las acciones de retirada de minas y apoyo a las poblaciones que sufren los efectos de las mismas.

Hautala
Señora Presidenta, como hemos podido constatar, ni Finlandia ni Grecia han suscrito el acuerdo o la declaración de Bruselas para la prohibición total de las minas. En mi opinión sería muy positivo que el Parlamento Europeo deplorara esta circunstancia. Mi Grupo sí que apoya, y de hecho así lo ha propuesto, que se haga una mención inequívoca de Finlandia y de Grecia en esta declaración. Desgraciadamente, señora Günther, en este Parlamento hay también finlandeses que piensan que lo que aquí se ha dejado sin decir no es en absoluto la verdad; usted ha dicho que no es preciso decir todo aquello que es verdadero. En opinión de muchos finlandeses, no es posible defender la frontera oriental de Finlandia sin recurrir a las minas.
Señor Comisario, desearía preguntarle si el uso de minas terrestres en la defensa de la frontera oriental de Finlandia está relacionado de alguna manera con la Unión Europea, ya que estamos hablando también de una de sus fronteras. Sé que se trata de una cuestión muy delicada, pero aún así deseo formularle esta pregunta.

Brittan, Sir Leon
La Comisión ha utilizado su influencia y sus recursos en escala muy considerable para ayudar a superar la tragedia de las minas terrestres antipersonal. La próxima conferencia de Oslo brinda a los Estados la oportunidad de negociar una convención sobre la prohibición de la utilización, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas terrestres antipersonal.
He aquí una oportunidad para transformar el apoyo político que 97 Estados expresaron en la conferencia de Bruselas en un tratado internacional jurídicamente vinculante que se firme en Otawa en diciembre.
La Unión Europea es resueltamente partidaria de la eliminación total de las minas terrestres antipersonal y todos los Estados miembros estarán representados en Oslo, sea como participantes de pleno derecho, sea como observadores. Evidentemente, es lamentable que dos Estados miembros de la Unión no se hallen actualmente en condiciones de suscribir la prohibición total, pero eso no debe ensombrecer la enorme contribución aportada por la Unión Europea en esta esfera. Somos la mayor fuente de contribuciones al fondo fiduciario de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas, y en los tres últimos años hemos aportado más de diez millones de ecus. Aparte de nuestra contribución a los esfuerzos de las Naciones Unidas, somos el mayor patrocinador del mundo de medidas de lucha contra las minas en todos los países más afectados: 75 millones de ecus en los tres últimos años. Tenemos programas para el desarrollo de nuevas tecnologías de detección de minas, y hemos respondido al llamamiento en favor de prestar más ayuda a las víctimas de minas con una promesa de contribución de 1, 4 millones de ecus para el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Seguiremos aportando nuestra importante contribución a la financiación de las medidas relacionadas con las minas terrestres antipersonal, sin olvidar las limitaciones generales del presupuesto comunitario.
La concertación del tratado de prohibición en Otawa será un gran éxito. Espero que todos los países afectados por las minas lo firmen, pero con eso no liquidaremos el problema. Nuestra labor no podrá quedar finalizada mientras no haya una prohibición mundial eficaz, que cumplan todos los Estados; mientras no haya una remoción completa de minas en todas las zonas de vivienda y de uso económico; mientras no nos cuidemos debidamente de todas las víctimas de las minas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes ocho propuestas de resolución de los diputados:
Sr. Papakyriazis y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre los incendios forestales y la catástrofe ocurrida en el bosque de Tesalónica (B4-0611/97); -Sr. Papkyriazis, Sr. Theonas y Sr. Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los incendios en Grecia (B40647/97); -Sr. Trakatellis y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre las catástrofes y los incendios en Grecia (B4-0663/97); -Sra. Daskalaki y Sr. Kaklamanis, en nombre del Grupo UPE, sobre los incendios en Grecia (B4-0695/97); -Sra. Ewing y Sr. Macartney, en nombre del Grupo ARE, sobre las inundaciones en Escocia (B4-0623/97); -Sr. Habsburg-Lothringen y Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la reciente catástrofe ecológica en Austria (B4-0658/97); -Sr. Robles Piquer y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre los daños causados por las violentas tempestades en Chile (B4-0659/97); -Sr. Kristoffersen, Sr. Habsburg-Lothringen y Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre las inundaciones catastróficas en Polonia y en la República Checa (B4-0665/97).
Papayannakis
Señora Presidenta, la votación que ha tenido lugar lo dice todo y no tengo más que añadir. Lo apoyamos. Solamente querría hacer tres preguntas al Sr. Comisario:
En primer lugar, ¿no piensa que ya es hora de seguir adelante con algo que debatimos desde hace mucho tiempo y que es la coordinación comunitaria de la prevención de los incendios forestales? En cualquier caso, me refiero al Centro de Prevención de Incendios del que hablamos aquí hace ya mucho tiempo y el cual desearíamos ver en Grecia.
Segundo, ¿puede garantizar la Comisión que no financiará ningún proyecto desarrollado en superficies forestales que hayan sufrido directa o indirectamente un incendio?
Tercero, coinciden muchas razones para nuestra votación sobre el Reglamento 308/97; señor Comisario, ¿les ha presentado el gobierno griego los proyectos de prevención de incendios hasta noviembre, como debía, para poder ayudar a esta Comunidad en su aplicación?

Trakatellis
Señora Presidenta, cada año se queman en Grecia, y en otros países mediterráneos de la Comunidad, enormes extensiones de bosques. Los incendios de los últimos días en Grecia han sido particularmente catastróficos: sobre todo el de Salónica, capital europea, que ha destruido más del 50 % de su bosque natural más bello, el único pulmón de la ciudad. Por eso pedimos a la Comisión:
En primer lugar, que conceda ayudas económicas inmediatas para el alivio de los daños y la reparación de las víctimas.
Segundo, que agote todas las posibilidades ofrecidas por los programas correspondientes, como INTEREG II o el Reglamento 308/97, para adoptar medidas de prevención y mejorar la batalla contra los incendios en las regiones de alto riesgo de la Comunidad.
Tercero, que se prevea en el futuro la posibilidad de financiar, en el marco del Fondo de Cohesión, acciones y programas de reforestación de áreas forestales arrasadas.
Cuarto, que considere que la defensa del medio ambiente y de los bosques es extremadamente importante y que la Comunidad debe mostrar al fin una política global de defensa forestal y de reforestación, dadas las catástrofes representadas por los incendios en nuestros bosques, con tan alto coste económico y ecológico.
Quinto y último, que decida la creación de un Centro Europeo de Protección contra los Incendios para el estudio sistemático y la aplicación de nuevos métodos técnicos de prevención y de lucha, que podría tener su sede en Grecia.

Daskalaki
Señora Presidenta, en los últimos años -ya se ha dicho- el Sur de Europa se incendia en verano y se inunda en invierno. Y nosotros venimos aquí una y otra vez y repetimos lo mismo de siempre.
En Grecia, lo hemos oído a principios de este mes, se ha incendiado el bosque que rodea Salónica, así como muchas zonas de cultivo en el Peloponeso y en otras regiones. ¿Qué se necesita? Ante todo, se necesita solidaridad y ayuda económica para las personas que han sufrido grandes daños, pero esto no es suficiente. Evidentemente, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias, pero ¿qué ha ocurrido hasta el momento con todo lo que ha propuesto el Parlamento Europeo y se supone que ha aprobado la Comisión? ¿Qué ha ocurrido con nuestra votación de septiembre de 1994 y de septiembre de 1995 en la que solicitábamos una acción común, la creación de un Centro Europeo de Política Forestal, y la aportación de medios para la formación de los responsables sobre incendios? Se necesita una campaña de información a los ciudadanos, así como el control por parte de la Comisión de la eficacia de las medidas tomadas.
Algunas cosas las ha dicho ya el Sr. Papayannakis y no las repetiré. La Comisión, en el marco de sus esfuerzos de protección del medio ambiente europeo, debe prevenir y prohibir la reconstrucción de las zonas forestales arrasadas y evitar la especulación relacionada con actividades delictivas. El Mediterráneo es una zona de alto riesgo, especialmente en verano, y en la votación pedimos proyectos completos de protección de incendios para los bosques. Pedimos igualmente que la Comisión desarrolle finalmente una estrategia global de prevención, colaborando con los Estados miembros, y que supervise de alguna manera a éstos. Solicitamos que se desarrollen igualmente mecanismos idóneos hasta que esta estrategia esté finalizada.

Macartney
Señora Presidenta, no se trata solamente del sur de Europa: también en el norte tenemos problemas climáticos. Generalmente la gente no considera que Escocia sea una región seca, pero la parte nordoriental, en la que me he criado, es muy seca y por eso las consecuencias de que la décima parte de la precipitación de lluvia anual haya caído en sólo dos días han resultado excesivas. Por esa razón me sumo a los que piden asistencia de la Unión Europea para esa zona. Es importantísimo que Europa disponga de un fondo para catástrofes naturales al que pueda recurrir en caso de necesidad, con lo que la Unión Europea ganaría popularidad entre sus ciudadanos.
En el condado de Moray hemos sido víctimas de una catástrofe que a primera vista va a costar bastante más de 50 millones de libras esterlinas. Por eso hacemos el llamamiento para recibir asistencia de la Unión Europea. No queremos que se nos diga: »Ya les hemos prestado asistencia para las zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 5b, utilicen parte de esos fondos». Por favor, resistan a esa tentación. Necesitamos fondos adicionales. Si nos los dan, verán ustedes cómo la Unión Europea es más popular que ahora en esas zonas. Por eso me sumo con gran placer a mi colega griego en su llamamiento.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, señor Comisario, como ustedes saben, en los últimos días una gran ola de mal tiempo se ha desplazado por Europa y ha dejado a su paso en muchos lugares inundaciones y destrucciones y en parte las sigue dejando todavía tras de sí, como sabemos también a través de las noticias, como por ejemplo, actualmente en la frontera germano-polaca.
Uno de los países que ha resultado más fuertemente afectado por esta catástrofe es Austria. En Niederösterreich y en el Steiermark valles y regiones enteros han estado aislados de su entorno durante días, han sido destruidas cosechas en extensas zonas, miles de casas se han visto inundadas y la infraestructura, por ejemplo, el teléfono, entre otras cosas, no funciona en parte todavía hoy. Sólo en Niederösterreich los daños se cifran hoy prudentemente en algo más de 1.000 millones de chelines. Estoy convencido de que ahora es tiempo de mostrar una solidaridad europea con todos los afectados. Espero vivamente que la Comisión, en especial, agote ahora realmente todas las posibilidades de prestar ayuda de manera rápida y no burocrática allí donde sea posible.

Robles Piquer
Señora Presidenta, no solamente en nuestro viejo mundo tenemos catástrofes. Pensemos también en los demás. Después del largo período de sequía en Chile -ese país al que uno de sus escritores definió como una loca geografía-, se han sufrido terribles inundaciones, vientos y nieves. Siete regiones centrales, casi dos tercios del país, han sido afectadas; 60.000 personas han quedado sin hogar; ha habido una treintena de muertos y muchos centenares de personas aisladas. Se ha producido un lógico estado de emergencia. Y yo creo que nosotros, que tenemos un acuerdo de cooperación específico con Chile -un país que nos ha dado tantos buenos ejemplos en la vida política y económica en los últimos tiempos-, debemos ser sensibles a esa tragedia, y la Comisión debe -seguramente lo ha hecho ya o lo va a hacer- tratar de coordinar la ayuda de los Gobiernos europeos, aportar la suya propia y contribuir así a mejorar una situación que, ciertamente, si miramos algo más allá de nuestras propias fronteras, nos debe conmover.

von Habsburg
Señora Presidenta, por las diferentes catástrofes sufridas por Austria, que se acaban de mencionar, han resultado afectadas, sobre todo al principio, la República Checa y Polonia, las cuales siguen padeciéndolas aún hoy. Nosotros adoptamos con mucha frecuencia acuerdos de solidaridad, sin embargo, deberíamos recordar que primero estamos obligados con los países europeos que comparten con nosotros cultura e historia y tanto más cuanto que estos países han sufrido tanto en estos últimos decenios. Efectivamente, precisamente los pueblos que han estado bajo ocupación soviética han pagado el auténtico precio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí deberíamos dar expresión clara a nuestra solidaridad y, por cierto, de la manera menos burocrática posible. La ayuda burocrática nunca es tan buena como una ayuda espontánea y activa.

Schroedter
Señora Presidenta, dada la tensa situación económica que existe en Polonia y en la República Checa, constituye un pesado lastre para el equilibrio social acometer también ahora las consecuencias de la catástrofe ecológica. Esto afecta de manera muy especial a las personas que han perdido aquello que habían logrado con mucho esfuerzo.
Pero las catástrofes medioambientales no tienen solamente causas naturales. No sirve lamentarse solamente, aquí es preciso también actuar de forma preventiva en el oeste en favor del este y del sur. En este punto quiero hacer una referencia a Río + 5 y al fracaso de que todavía no haya sido posible ponerse de acuerdo acerca del consumo de CO2 que, naturalmente, necesita una reducción y, por cierto una clara cuota que evite en el futuro catástrofes ecológicas. Quisiera, además, preguntar al señor Comisario por qué la Comisión no ha emprendido aún ningún paso en el seno de INTERREG, el cual, por ejemplo, se usa para la cooperación en la renaturalización de ríos, para constituir un fondo común. Todavía sigue existiendo la dificultad de financiar proyectos comunes de manera no complicada. Quisiera rogarle que dé una respuesta al respecto. No puedo menos de decir que hay que acabar con el hormigonado de los ríos. Esto no debe suceder pues ésta es la condición previa de tales catástrofes y, por esta razón, la Comisión no debe pagar un solo céntimo para que en el marco de las redes transeuropeas se hormigonen ríos como, por ejemplo, el Havel en Brandenburgo.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, antes que nada quisiera expresar nuestra simpatía, en nombre de la Comisión, a las víctimas de los huracanes que han azotado regiones del Reino Unido, de Austria, de Polonia y de la República Checa, así como a las víctimas de los incendios forestales de Grecia, y también quiero hacer extensiva nuestra simpatía a los afectados por las recientes inundaciones en Chile.
Empezaré por los Estados miembros de la Unión Europea afectados. El presupuesto de 1997 no incluye consignaciones para ayuda de urgencia a las víctimas de catástrofes naturales en la Unión, pues por segundo año sólo se asignó una cantidad simbólica a la partida B 43400. En cuanto a los daños causados al potencial de producción agrícola y a las estructuras económica y productiva, en el marco de los actuales procedimientos podemos examinar cualquier propuesta que formulen las autoridades del Estado miembro interesado para que se le conceda asistencia con cargo a fondos estructurales en el marco de las asignaciones financieras fijadas y mediante el redespliegue de esas asignaciones.
La finalidad de los fondos estructurales no es facilitar compensación por los daños causados por catástrofes naturales. Su apoyo no puede ser más que indirecto. Esto significa que corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros el interpretar la situación de forma creativa y formular propuestas para que se dé prioridad a las zonas afectadas por la catástrofe natural en la asignación de la ayuda general para el desarrollo económico. Esto es realmente lo que puedo ofrecer a países como Austria. Tendrán que tomar una iniciativa en el sentido indicado.
Por lo que se refiere más concretamente a la protección de los bosques contra el fuego, en la primera parte de esta año el Consejo prorrogó por cinco años las medidas comunitarias de prevención de incendios. Su finalidad es ayudar a los Estados miembros a mejorar su sistema de protección contra incendios mediante la financiación de estudios acerca de las causas del incendio y acerca de las medidas de prevención, vigilancia y capacitación de personal, a condición de que esas medidas formen parte de un plan amplio para la protección de los bosques contra los incendios.
En el marco de estas medidas comunitarias se asignaron 12, 8 millones de ecus a 54 proyectos presentados por las autoridades griegas para el período 1992 a 1996, y además el 9 de julio pasado la Comisión aprobó asistencia por valor de 2, 35 millones de ecus para cinco proyectos griegos, todos los cuales estaban encuadrados en el plan nacional de protección contra incendios forestales de Grecia. En 1993 la Comisión clasificó como zona de alto riesgo de incendio a todo el territorio de Grecia.
La Comisión es responsable de la coordinación de estas medidas en estrecha colaboración con la Comisión Forestal Permanente. Esto entraña la aplicación del sistema de información de la Unión, que está transformándose en un excelente instrumento para evaluar las disposiciones de protección y de intercambio de información. Cabe añadir asimismo que los programas operacional y de desarrollo regional adoptados para Grecia en 1994-1999 incluyen asimismo medidas de protección forestal y medidas de repoblación forestal. Incumbe a las autoridades nacionales el reorganizar sus prioridades, de ser necesario a la luz de las necesidades que han expuesto.
En cuanto a las lluvias torrenciales que ha habido en la región de Moray en Escocia, los fondos estructurales no contienen una reserva que permita asignar fondos financieros adicionales a la zona afectada, pero la zona puede pedir asistencia con cargo a los fondos estructurales. Ninguno de los programas que abarcan la zona de Moray mencionan ese tipo de asistencia para la construcción de infraestructuras adecuadas para la prevención de inundaciones, pero esos dos programas contienen actividades prioritarias encaminadas al mejoramiento y la protección del medio ambiente natural, que es uno de los principales bienes de la zona. Si las autoridades escocesas estiman que la asistencia a dicha zona debe revestir alta prioridad, la Comisión, junto con los interlocutores locales, está dispuesta a tomar en consideración cualquier tipo de plan de gestión ambiental que reduzca al mínimo las consecuencias nefastas de esas lluvias torrenciales y fomente la sostenibilidad a largo plazo, al mismo tiempo que promueve el desarrollo económico.
Acojo muy calurosamente el interés que ha demostrado el Parlamento y comparto su preocupación por las graves consecuencias de las inundaciones que han afectado principalmente a Polonia y a la República Checa. Por otra parte comparto plenamente el sentimiento que se ha expresado en cuanto a lo que debemos hacer y el motivo de que debamos hacerlo. Por eso es para mí motivo de particular placer el anunciar al Parlamento Europeo que hemos reaccionado a la crisis adoptando el 14 de julio, o sea hace tres días, la decisión de prestar asistencia humanitaria por valor de 500.000 ecus a los grupos más afectados por las inundaciones en Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. La ayuda, administrada por la Oficina de asuntos humanitarios de la Comunidad Europea (ECHO), se facilita en respuesta a un llamamiento de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y permitirá que la Federación organice operaciones de urgencia inmediatamente y sin cortapisas democráticos.
La subvención de la Comisión proporcionará fondos para ayuda alimentaria, agua de beber y suministros esenciales de socorro, como camas y artículos higiénicos. Esta decisión asigna fondos para una operación de socorro que tenga lugar durante los tres próximos meses, por lo que espero que la respuesta sea inmediata y práctica. En estrecha coordinación con las autoridades de los países de que se trata, estamos dispuestos a considerar nuevas solicitudes de prestación de asistencia con cargo a otros recursos comunitarios, particularmente por conducto del programa PHARE, y en este contexto hemos entablado ya algunos contactos de alto nivel.
Por lo que se refiere a Chile, según ha mencionado el Sr. Robles Piquer, hemos estado siguiendo de cerca la situación y estamos dispuestos a facilitar financiación para una operación de emergencia pero, a falta de llamamientos provenientes de las autoridades chilenas, de las organizaciones internacionales o de organizaciones no gubernamentales europeas, y habiendo recibido la seguridad de las autoridades chilenas de que tienen la situación bajo control, no hemos intervenido. Ahora bien, hemos liberado fondos en el marco de un proyecto en curso en Chile, que está cofinanciado por el Gobierno chileno. Hemos asignado un total de 60 millones de pesos chilenos para hacer frente a las necesidades inmediatas de las víctimas de las inundaciones; esta medida se ha adoptado a petición de las autoridades chilenas y previa consulta con las embajadas de los Estados miembros en Santiago.

El Presidente
Muchas gracias, Sir Leon Brittan.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas.

Schroedter
Señora Presidenta, el Comisario no se ha manifestado sobre INTERREG 2c. La pregunta era si en la Comisión existe la disposición de permitir que funcione como un fondo y no como INTERREG y PHARE, por separado, para poder financiar más fácilmente proyectos comunes.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, eso representaría un cambio normativo. Hoy no estoy en condiciones de anunciar lo indicado, pero transmitiré la sugerencia que se ha hecho a mis colegas que se ocupan concretamente de esos proyectos.

Orlando
Señora Presidenta, intervengo únicamente para hacer una breve referencia al asunto de los derechos humanos y de la pena de muerte en los Estados Unidos. Considero necesario anunciar que he recibido hace algunos minutos, desde el corredor de la muerte de una cárcel del Estado de Virginia, una comunicación telefónica de Joseph O'Dell, condenado a muerte. El Sr. O'Dell, utilizando los pocos minutos que le ofrecían las autoridades carcelarias, me ha pedido que transmita su profundo agradecimiento al Parlamento Europeo por el interés que este Pleno ha manifestado y manifiesta por su derecho a demostrar su inocencia.

El Presidente
El debate sobre los problemas de actualidad y urgencia queda cerrado.
(La sesión se interrumpe a las 17.23 horas y se reanuda a las 17.30 horas.)

El Presidente
Procederemos a continuación a la votación sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia

Votaciones (continuación)
Howitt
Señor Presidente, por lo que se refiere a esta votación por partes sobre el párrafo 13, sé que el Parlamento quedó muy satisfecho cuando en el último período de sesiones se aplazó este informe para que la ponente pudiera estar aquí, y no en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. Puesto que está aquí, quizá podría aclararnos si es partidaria de todas las partes de esta votación por partes.

El Presidente
En realidad no estamos votando sobre el párrafo 13. Al haberse adoptado la enmienda 1 ya no hay votación sobre el párrafo 13, pues ha decaído.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Graenitz
Señor Presidente, me gustaría comunicar a los colegas que no hayan contemplado atentamente las propuestas, sino que se hayan marchado después de las listas de votación, que hemos aprobado una propuesta en la que se insta a la Comisión a que aproxime el Derecho Civil al Derecho Penal. Esto puede parecer muy extraño a cualquier jurista y considero lamentable que el Parlamento no sea más preciso en cuestiones jurídicas.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, cuando un ponente dice algo, tiene que coincidir con lo que pone en las enmiendas, y estas dos palabras no se han utilizado aquí. Que conste.

El Presidente
Procuremos evitar los debates teológicos.

Fabra Vallés
Señor Presidente, habiendo consultado con la mayoría de los miembros de la Comisión y de la Comisión de Control Presupuestario, y habiendo sido positiva la respuesta de estos miembros, me permitiría presentar una enmienda in voce en el considerando FF, en el que se cambiarían las tres palabras «la sociedad ISMERI» por cuatro palabras, que dirían «una de las sociedades».
(El Parlamento acepta la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)

El Presidente
Con esto damos por terminadas las votaciones

Pasty
Señor Presidente, quisiera que los aplausos también estuvieran dirigidos a los intérpretes, que han logrado seguir el ritmo desenfrenado que le ha dado usted a estas votaciones.

El Presidente
Como siempre, quedo muy agradecido a los intérpretes.

Caudron
La Unión Europea debe saber protegerse de las compañías aéreas de los Estados terceros que no respeten las normas de seguridad dictadas por la Unión. Debemos saber sancionarlas de un modo u otro.
Todos tenemos en el recuerdo algunos accidentes de aviación, que, por culpa de una seguridad insuficiente, han causado la muerte a varios cientos de personas. La Unión debe actuar de modo óptimo para reducir al máximo estos peligros potenciales. Así pues, quisiera tributar un homenaje al ponente por sus propuestas en materia de seguridad, tanto a nivel de los aparatos como en cuento a la formación del personal navegante y personal de tierra.
Debemos orientarnos hacia una reglas comunes de formación con vistas a garantizar que todos los ciudadanos europeos tengan un nivel equivalente de seguridad. ¡Todas las acciones que vayan en este sentido merecen ser apoyadas!

Donnay
El informe presentado por la Sra. McIntosh reviste una gran importancia porque trata en profundidad de los factores capaces de mejorar la seguridad y la fiabilidad en el transporte aéreo. Yo he votado a favor de este texto.
Los recientes dramas acaecidos en los Estados Unidos así como en Europa nos instan efectivamente a reforzar al máximo la seguridad de este modo de transporte, por cuanto la demanda de transporte aéreo aumenta constantemente.
La mayor parte de los accidentes e incidentes aéreos tienen un origen humano. Este informe insiste pues en la necesidad de reforzar la formación del personal tripulante.
Además, el informe insiste en la necesidad de una mejor armonización de los productos aeronáuticos europeos, y ello por un prurito de seguridad, pero también para que puedan disminuirse ciertos costes y limitaciones que pesan sobre la industria europea.
Conviene subrayar un elemento fundamental: la Comisión Europea ha iniciado negociaciones para instaurar una organización europea encargada de la seguridad en el ámbito de la aviación civil. Podemos felicitarnos por la creación de dicho organismo, que definirá las reglas técnicas obligatorias que deberán aplicarse en común.
En concreto, deseo que una de mis propuestas, recogida en el informe, se aplique rápidamente por parte de la Comisión. Desearía que la Unión Europea participara activamente en los programas que permiten detectar eventuales deficiencias en el modo en que las autoridades de otros países terceros aplican las normas de la aviación civil internacional (O.A.C.I), así como los programas que permiten, después de estas detecciones, colaborar con nuestras autoridades para permitirles restaurar el respeto de las normas internacionales en materia de seguridad.

Kestelijn-Sierens
Con esta explicación de voto quiero reiterar mi apoyo al informe. El creciente tráfico aéreo exige cada vez más garantías en materia de seguridad en los aeropuertos. El riesgo de un aparato inseguro o de un vuelo inseguro no sólo lo corren los pasajeros, sino también otras personas, concretamente las que viven en las cercanías de un aeropuerto. Sin quererlo, también ellas corren un riesgo. La seguridad se ve amenazada sobre todo cuando un aeropuerto regional intenta «sobrevivir» y por esta razón impone condiciones menos estrictas que otros aeropuertos. Se convierten en el refugio de aparatos procedentes de terceros países que casi nunca cumplen las normas europeas. Hemos de evitar esta evolución favorable a los aeropuertos de segundo rango. Al parecer, los aviones procedentes de países pobres están implicados en el 92 % de todos los accidentes de aviación.
Para aumentar la seguridad del tráfico aéreo es preciso elaborar una lista negra de todas las compañías aéreas de terceros países que no cumplen las normas de la UE en materia de seguridad y sistemas de aviso. Una base de datos que notifique los incidentes aéreos puede impulsar a las compañías aéreas que gozan de mala fama a aprender la lección. Es preciso vigilar que el personal de cabina y de vuelo cumpla los requisitos en materia de aptitud y experiencia. Según dicen, la comunicación entre los controladores y el personal de cabina de un avión procedente de terceros países es bastante deficiente. El defectuoso inglés de determinados pilotos causa malentendidos que pueden tener consecuencias fatales.
Tal como señala con razón la ponente en su informe, el desarrollo de un sistema de aviación seguro implica una actuación concreta, sin que existan precedentes de cooperación entre los implicados en todos los niveles.
Además, las propuestas formuladas por la ponente en su conclusión nº 13 son muy importantes: como he indicado antes, hay que prestar más atención sobre todo a las medidas para limitar los riesgos para las personas que viven en los alrededores de los aeropuertos.
Por último, aplaudo la sugerencia de facilitar más información a los pasajeros sobre la seguridad de diferentes compañías aéreas. Las organizaciones de viajes han de indicar también qué compañía aérea realiza el vuelo a fin de que el pasajero pueda determinar por sí mismo qué riesgo desea asumir.

Theonas
Manifestamos nuestra profunda preocupación por el aumento del número de accidentes aéreos en este último período. Se impone la inmediata toma de medidas adicionales a nivel de la Unión Europea, sobre todo para prevenir los accidentes. Debe tenerse en cuenta especialmente que el aumento de los riesgos se debe en gran medida a los intentos de contención de los costes mediante el empleo de personal temporal no especializado y la disminución de los gastos de mantenimiento y funcionamiento.
Según nuestro parecer, es preciso intensificar la frecuencia y amplitud de los controles técnicos de los aeropuertos. La Unión Europea ha de contribuir a la elaboración de una norma internacional sobre los productos aéreos. Se debe prestar una atención especial a la prohibición y la abolición del comercio de piezas de recambio falsificadas. Hay que incentivar la adopción de medidas de apoyo técnico para aumentar al máximo la seguridad de los vuelos y la prevención de accidentes. Debe prestarse atención a la interpretación unitaria de los preceptos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) para evitar las infracciones.
En nuestra opinión, no tiene sentido una carrera de rivalidades en el sector de la seguridad. Todos los operadores aéreos comunitarios deben sufrir los mismos costes estándar unitarios de seguridad. Paralelamente deben imponerse duras sancione a los infractores, que lleguen hasta la retirada del permiso de navegación. Estamos de acuerdo también con las afirmaciones de la ponente sobre la concesión de permisos de aterrizaje o de despegue para las aeronaves de terceros países que no cumplan las medidas de seguridad.
El factor humano es de gran importancia en la prevención de accidentes. En consecuencia, todo aquello que se rija por la lógica de reducción de los costes del trabajador en el sector es condenable. Debe usarse personal fijo, especializado y formado continuamente. Ha de prohibirse la contratación de personal temporal de vuelo. Ha de invertirse la tendencia a la reducción de los miembros de la tripulación. Deben aplicarse criterios uniformes de composición del personal de vuelo.
Estamos de acuerdo en muchas de las observaciones de la ponente. Esperamos iniciativas concretas de la Comisión, en el marco de la Unión Europea y de la OACI, que vayan en las direcciones apuntadas. Solicitamos también la celebración de una reunión anual sobre la seguridad de los vuelos, con la participación de representantes de todas las compañías europeas de transporte aéreo, de la Unión Europea y de los trabajadores. La seguridad de los vuelos, de los pasajeros y de los trabajadores no admite dilaciones.
Sobre el informe Graenitz
Oomen-Ruijten
La comunicación de la Comisión sobre los acuerdos en materia de medio ambiente es una contribución importante en el marco del V Programa de Acción Ambiental. Sabemos que, al aspirar a un desarrollo duradero, una aplicación eficaz de la legislación ambiental es esencial. Para lograrlo hay que considerar si, junto a la legislación, existen también otros instrumentos políticos para lograr la aplicación.
Sustituir la normativa por otros instrumentos políticos es uno de los objetivos principales del V Programa de Acción. Unos acuerdos ambientales claros celebrados por la industria junto con la administración y estipulados en un convenio pueden ser un instrumento alternativo. En diferentes Estados miembros hace años que se trabaja con estos acuerdos con buenos resultados. Por ello, el Parlamento Europeo tiene que apoyar la iniciativa de la Comisión Europea de presentar esta comunicación, y desde el Parlamento Europeo no hemos de ser demasiado reacios.
Al amparo de un acuerdo se toman medidas eficaces, por lo que es posible reducir las medidas legales y administrativas. Yo misma he presentado en este sentido una enmienda al informe. Gracias a ello es posible anticiparse a la legislación. Asimismo, los acuerdos pueden utilizarse como complemento de la legislación y en su caso como instrumento de aplicación.
Los acuerdos ofrecen tres ventajas importantes:
una actitud activa por parte de la industria; -posibles soluciones a medida y de bajo coste; -posibilidad de acelerar y facilitar la realización de los objetivos ambientales.Por supuesto, es preciso actuar con cautela y todavía hay que profundizar. Pero no hemos de adoptar una actitud negativa de antemano. Por ejemplo, al firmar un acuerdo sobre medio ambiente es preciso indicar claramente cuáles serán las sanciones por incumplimiento (se ha presentado una enmienda en este sentido). Asimismo, el acuerdo ha de cumplir determinados criterios que garanticen ciertas cosas. Creo que ello puede lograrse si se utiliza la lista de control descrita ampliamente en la comunicación de la Comisión. Si no se cumplen los criterios, el organismo legislativo competente tendrá que adoptar directamente a una normativa vinculante.
También quiero pedir a la Comisión Europea que averigüe en qué medida es posible mejorar la posibilidad de firmar acuerdos a nivel europeo. A fin de cuentas, a nivel europeo ya existen diversos acuerdos, y este instrumento quizás podría utilizarse más.
Sobre el informe Fabra Vallés
Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, quisiera explicar por qué he votado a favor de la resolución que ha seguido al informe del Sr. Fabra Vallés, a pesar del rechazo a algunas de sus enmiendas.
Lamento, efectivamente, que nuestros colegas no hayan aprovechado la ocasión que se les brindaba para ejercer su función, que consiste en representar a los distintos pueblos de Europa, a los ciudadanos de los diferentes Estados miembros, que son también los contribuyentes.
Lamento que mis colegas no hayan querido arrostrar sus responsabilidades. Al igual que lo ocurrido con la aprobación de la gestión de 1992 de la Comisión, al igual que lo sucedido, más recientemente, en el asunto de la EEB, no hemos querido llegar hasta el final de nuestra lógica. En efecto, la condena que recoge el informe, consecuencia del informe sumamente preciso del Tribunal de Cuentas, es radical. Sin embargo, no hemos sacado todas las consecuencias que se imponían. Hubiéramos debido obtener la creación de una comisión de investigación.
Esta mañana, el Comisario Marín nos ha dicho que la Comisión hace muchas cosas. Eso está muy bien, pero el único problema es que las hace ahora cuando hubiera debido hacerlas hace tres años. Así que he votado a favor del informe al tiempo que lamento que no vaya suficientemente lejos.

Souchet
Las prácticas de la Comisión que ha puesto en evidencia el Tribunal de Cuentas, y luego nuestro colega Fabra Vallés, no cuestionan la gestión de un Comisario en particular sino un modo general de funcionamiento absolutamente inadmisible de la Comisión, que conviene eliminar.
Es sin duda grotesco en grado máximo denunciar una y otra vez mediante resoluciones, como hace este Parlamento, prácticas de corrupción en todo el mundo y, en particular, en los Estados que se benefician de los programas MED, cuando siguen produciéndose prácticas fraudulentas en el seno de la propia Comisión.
La Comisión debería, muy al contrario, dar ejemplo en la lucha contra la corrupción dentro de sus propios servicios. Pero como la experiencia nos demuestra la eficacia más que relativa del autocontrol de los órganos administrativos, es indispensable que nuestro Parlamento no se contente con las buenas palabras de los Comisarios (»estén seguros de que haremos lo necesario»), sino que desempeñe plenamente en este ámbito su papel de controlador serio y riguroso de las prácticas financieras de la Comisión.
Al examinar con profesionalismo, autoridad y rigor el asunto de la EEB, y luego el del fraude del IVA, gracias a dos comisiones de investigación que han cumplido su trabajo de manera destacada, el Parlamento Europeo ha tomado el camino adecuado. En efecto, si en lugar de atender a todos los temas posibles para tratarlos con superficialidad y, a menudo, sin disponer de la información necesaria, nuestro Parlamento orientara prioritariamente su trabajo hacia el control de los modos de funcionamiento de la Comisión, nuestra Asamblea podría sin duda desempeñar un papel muy útil.
Por ello nuestro Grupo apoya sin ambages la propuesta que ha hecho en el curso del debate el Sr. Fabra Vallés para que se cree una comisión de investigación sobre la utilización de los fondos destinados a los programas MED.

Diálogo social
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0226/97) del Sr. Peter, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria (COM(96)0448 - C4-0526/96)

Peter
Señor Presidente, distinguidos colegas, la constitución de un diálogo social estructurado a nivel europeo es una consecuencia de la decisión de la Comunidad de culminar el mercado interior. En la economía de los Estados miembros los interlocutores sociales juegan un papel que, aunque de relevancia diversa, es en todas partes un papel configurador. Ha sido muy acertado incluir los interlocutores sociales en la transferencia de las competencias reguladoras del mercado interior a la Comunidad. Efectivamente, esto es propio, en primer lugar, del modelo de una economía social de mercado y, en segundo lugar, la cercanía de los interlocutores sociales a la realidad favorece la adecuación de las regulaciones que hay que adoptar y también la aceptación de las mismas.
Si el diálogo social quiere dar cuenta de los objetivos fijados entonces ha de influir adecuadamente en el proceso de desarrollo del mercado interior y en las consecuencias sociales que se siguen del mismo. La establecimiento de tareas y la organización han de estar orientados a esto. En el plano de los principios, pero también en el real, es preciso revisar las formas de diálogo que se han desarrollado hasta ahora, hay que constituir nuevos planteamientos, tanto en el aspecto sustantivo como en el formal, y hay que desarrollar nuevos criterios para la participación de las organizaciones en el diálogo colectivo, tanto desde el punto de vista de su eficacia real como de su capacidad de consenso.
La comunicación que ha presentado la Comisión sobre el desarrollo del diálogo social a escala comunitaria constituye una invitación a una discusión reformadora. Por la exposición de situaciones, por la reavivación de los problemas, por la invitación a responder a las preguntas, la comunicación de la Comisión reviste el carácter de un libro verde. La opinión del PE no puede menos que ser adecuada. La Comisión ha anunciado la intención de presentar en el segundo semestre de 1997 sus propuestas concretas de mejoramiento del diálogo social. Entonces el PE tendrá que adoptar una posición concreta.
Si se contempla todo el planteamiento del problema, se requiere una multiplicidad de medidas de carácter técnico-organizativo, financiero y de personal, cuya importancia para el funcionamiento práctico del diálogo social y para el incremento de su eficacia en casi todos los niveles no debe minusvalorarse en modo alguno.
Pero también se derivan algunos puntos de vista políticos a cuya importancia quiero referirme brevemente. Una exigencia urgente es la representatividad de las organizaciones que participan en el diálogo social. Sólo pueden participar en el diálogo social organizaciones que respondan a los criterios de la representatividad. Los criterios mismos no deben suscitar ninguna duda sobre su claridad y deben resistir una comprobación jurídica. Elaborarlos y velar por su cumplimiento es tarea de los órganos de la Comunidad; cumplirlos es tarea de la organización y de las asociaciones que quieran participar en el diálogo social.
Las organizaciones participantes han de aceptarse mutuamente si, a pesar de la disparidad de intereses, tiene que reinar, sobre todo, un clima constructivo allí donde, más allá de la fase de audiencia, se trate de negociaciones y de resultados vinculantes para terceros. Esto es un resultado de la autonomía de las organizaciones y no puede ser logrado por la fuerza en una sociedad libre y pluralista.
Seguramente el diálogo social no es una panacea para lograr una solución socialmente justa para todos los problemas que están planteados, pero es absolutamente un instrumento eficaz de configuración que la Comunidad debería utilizar cada vez más. Por consiguiente, el reconocimiento del principio del dialogo social no debe verse reducido al clásico ámbito de planteamiento político-social, sino que ha de extenderse a todas las intenciones de regulación que tengan una destacada relevancia social.
Esto supone, por ejemplo, para la Comisión que todos los comisarios y comisarias desarrollen la pertinente actitud de cooperación y la impongan a los servicios que les están subordinados. El desempleo existente en la Comunidad exige claramente ocupar directamente las capacidades que existen en el diálogo social con el desarrollo de instrumentos de solución. Sobre todo, la Comisión debe poner sobre la mesa sin más dilación propuestas concretas al respecto.
Con la inclusión del Acuerdo Social en el Tratado de Amsterdam y con la adhesión de Gran Bretaña al Acuerdo Social se reforzará, por un lado, en el futuro la eficacia de las regulaciones que se deriven del diálogo social, pero, por otro lado, seguirá establecido el déficit democrático-parlamentario. Si el Parlamento permanece totalmente excluido, también para el futuro, de un procedimiento legislativo que tenga eficacia sobre todo el espacio de la UE, mientras el Consejo mantiene la última palabra también aquí, esto seguirá siendo un error cardinal que no puede ser compensado mediante la ampliación de las posibilidades de codecisión en otro lugar.
Por consiguiente, insto al Consejo y a la Comisión a que entren en negociaciones con el Parlamento sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional, para que se pueda eliminar a corto plazo este perjuicio.

Theonas
Señor Presidente, la presente comunicación de la Comisión podría, bajo ciertas condiciones, constituir una importante oportunidad para reflexionar sobre los objetivos, el contenido y los resultados del diálogo social a nivel comunitario. Más aún, la realidad actual demuestra, en beneficio de quienes aspiran al diálogo tanto en el plano social como en el plano de los Estados miembros, que el diálogo social actúa como un amortiguador de las sacudidas y reacciones que la política económica y social de la Unión y de los Estados miembros implica para los trabajadores.
Podría pensarse que la forma sustancial de diálogo social, la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios, debería ser el eje del presente debate, del mismo modo que debería reforzarse la representación con la participación de representantes de las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles de diálogo social. Sin embargo, las enmiendas relativas a la necesidad de un reforzamiento de la negociación colectiva y de los convenios laborales colectivos a nivel de la Unión o a nivel de empresas multinacionales, así como a nivel sectorial o periférico, no han tenido el apoyo del ponente ni de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. La misma suerte han corrido las enmiendas sobre participación de las pequeñas y medianas empresas en el diálogo social de Val Duchesse y a los demás niveles. El argumento de que las pequeñas y medianas empresas tienen voz y voto en la UNICE es, como mínimo, cómico y no convence a nadie, ya que supondría conferir a la gran industria europea la representación de las pequeñas y medianas empresas. Quiero pedir a sus Señorías que voten a favor de estas enmiendas.

Van Lancker
Señorías, señor Comisario, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe y asimismo quiero dar las gracias a la Comisión por el hecho de que en esta comunicación nos pida celebrar un amplio debate sobre el diálogo social. Ocurre que, a pesar del Tratado de Amsterdam e incluso a pesar de esta comunicación, creo que el lugar del diálogo social a nivel europeo, tanto intersectorial como sectorial, es muy poco claro. No obstante, Señorías, es muy necesario aclararlo.
Quiero citar tres ejemplos: en primer lugar, en noviembre la Presidencia luxemburguesa organizará una cumbre extraordinaria sobre el trabajo, que en realidad puede suponer el principio de una estrategia de empleo europea. Para mí está claro que habrá que decidir utilizar en el futuro los aumentos de productividad sobre todo a favor del empleo, a fin de separar las garantías laborales de la moderación salarial. Pero esto significa también que hay que implicar a los interlocutores sociales europeos. Estoy convencida de que en el futuro los acuerdos salariales y los acuerdos en materia de empleo tendrán que realizarse también a nivel europeo, en el marco de la Unión Económica y Monetaria. Lo mismo puede decirse de la organización del trabajo y de la reducción del tiempo de trabajo. Sigue estando poco claro qué papel desempeñan ahora los interlocutores sociales en el marco de la estrategia de empleo europea. Por cierto es significativo que la Presidencia luxemburguesa no haya formulado ninguna petición oficial a estos interlocutores sociales, por ejemplo para que elaboren un acuerdo marco europeo al que se vinculen compromisos de obligado cumplimiento.
En segundo lugar, el Tratado de Amsterdam deja en efecto preguntas abiertas en relación con la validez o el alcance de los acuerdos logrados en el diálogo social. No obstante, hay suficientes razones para aclarar la relación con el Consejo. Por ejemplo, qué pasará si el Consejo no aprueba un acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales. ¿Es lógico que el Consejo pueda rechazar este acuerdo sin que se prevea un procedimiento para lo que ha de suceder después? Apoyo al ponente en su pregunta y su preocupación por el hecho de que el Parlamento Europeo no esté implicado.
Señorías, también habría querido decir algo sobre los déficit del diálogo sectorial, pero veo que no dispongo de suficiente tiempo. Para mí resulta dolorosamente claro, a raíz del caso Renault, que también en el diálogo sectorial son necesarios unos acuerdos mucho más vinculantes, y espero de todo corazón que la Comisión aproveche esta comunicación para presentar en los próximos meses unas propuestas concretas y vinculantes.

Menrad
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Peter ha elaborado un excelente y completo informe sobre la comunicación de la Comisión sobre el diálogo social. Mi cordial felicitación.
La discusión de ambos documentos muestra que el Tratado de Maastricht abre un nuevo capítulo de la política social europea. La adhesión de Gran Bretaña en Amsterdam al Acuerdo sobre la Política Social refuerza este desarrollo. Al principio ocupaban el primer plano de la política social europea reglas de coordinación de la seguridad social de los trabajadores emigrantes y criterios mínimos sobre protección en el trabajo. Ambos campos de la política, la protección en el trabajo y los seguros sociales, constituyen también el comienzo de la política social nacional.
Luego se sumó allí la idea de que el trabajador debería poder intervenir como socio y debería poder cointervenir también en el orden político-social. Actualmente la política social de la Unión Europea se encuentra en esta fase. Quiero mencionar la directiva sobre los Consejos Europeos de Empresa, la cual habría fracasado sin el diálogo social entre la Confederación Europea de Sindicatos y la UNICE o sin la audiencia tras el Acuerdo sobre la Política Social. Después de este acuerdo son posibles, además, acuerdos entre los interlocutores sociales los cuales incluso pueden convertirse, eventualmente, en Derecho comunitario europeo a través de un acuerdo del Consejo, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las vacaciones de los padres.
A todo esto tiene, naturalmente, una gran importancia quién puede participar en el diálogo social. En 1993 la Comisión desarrolló un catálogo de representatividad para las organizaciones participantes en el procedimiento de elaboración de disposiciones jurídicas. Si por esta vía descrita se crea Derecho europeo del trabajo, entonces se verán afectadas las pequeñas y medianas empresas, las cuales emplean a la mayoría de los trabajadores en Europa. En el sentido de éstas es necesaria una rápida actualización del catálogo de las organizaciones representativas.
Esperamos tan rápidamente como sea posible una nueva comunicación pertinente de la Comisión. Este es el trasfondo de por qué reclamamos una votación separada del apartado 16 del Informe Peter y queremos tachar la parte que permite esperar un aplazamiento. Fundamentalmente, somos partidarios del criterio de la voluntariedad de la pertenencia como miembro en las organizaciones autorizadas para el diálogo social, pero también somos partidarios de una regulación especial para el país modelo de la interlocución social, Austria, es decir, la plena participación de la cámara oficial de comercio de la República de Austria. Pero sobre esto dirá todavía algunas cosas nuestro colega, el Sr. Pirker.
Para precisar nuestras posiciones proponemos en la enmienda 3 que el Parlamento se remita expresamente a su Informe Reding de mayo de 1994. Allí no sólo se define claramente el concepto de representatividad, sino que se pide con insistencia que la Comisión desarrolle estructuras de vinculación entre todas las organizaciones representativas de los interlocutores sociales.
El diálogo social es una expresión del principio de subsidiariedad. Por consiguiente, quiero prevenir de querer dar a los expertos representados allí demasiados consejos oficiales acerca de lo que hayan de hacer. En la mayoría de los casos ellos lo saben mejor. Esta tendencia se pone de manifiesto en algunas enmiendas que nosotros rechazaremos.
Subsidiariedad significa que en la duda se dé prioridad a la unidad más pequeña, pero también que en la duda se dé prioridad a las regulaciones de los interlocutores sociales frente a las soluciones estatales. Es importante que los interlocutores sociales aprovechen las oportunidades que les brinda el Tratado de la Unión. En comparación con las instituciones estatales y con los órganos de la Comunidad, ellos podrían aportar una mayor cercanía a las cosas a la hora dar solución a los problemas político-sociales. Igualmente es importante que la Comisión se muestre activa con una nueva comunicación sobre el diálogo social. En este sentido queremos dar nuestra conformidad al Informe Peter.

Guinebertière
Señor Presidente, Señorías, Europa sólo será la Europa de los ciudadanos si los propios europeos están en condiciones efectivas de plantear su futuro. La Comisión tiene pues toda la razón de conceder máxima importancia al desarrollo del diálogo social. Sin embargo, los acuerdos que vayan a producirse deberán ser reconocidos por todos, y ahí radica toda la cuestión. Sobre todo conviene recordar, Señorías, que según el derecho francés la representatividad es el único criterio que le otorga a una organización profesional la capacidad de negociar acuerdos paritarios. Sin embargo, el reconocimiento mutuo defendido por el ponente Peter denota una visión germánica de los interlocutores sociales y, por ello mismo, efectúa exclusiones.
De este modo, creo que las cuestiones que se plantea la Comisión sobre la representatividad de sus interlocutores en el diálogo sobre la política social de la Unión son cuestiones justificadas. Sin embargo, debo decir también que algunos de estos mismos interlocutores cuestionan la influencia que puede tener su opinión sobre las decisiones de las instituciones comunitarias. ¿Qué ocurre, efectivamente, con el papel de las pequeñas y medianas empresas o con las representaciones agrícolas en el acuerdo sobre política social? Mientras que las representaciones que participan en el diálogo social son muy numerosas, sólo hay tres organizaciones que intervienen en el acuerdo sobre la política social.
Habida cuenta de lo dicho, deseamos que la Comisión presente cuanto antes propuestas concretas para mejorar la eficacia y los objetivos del diálogo social. Los resultados de Amsterdam, por escasos que sean, han permitido la incorporación del protocolo social al Tratado y la aplicación de la codecisión a las cuestiones sociales. Ahora hace falta que se quiera dar cabida al Parlamento en el diálogo social. La idea de incluir a los interlocutores sociales de los Estados candidatos a la adhesión es interesante, y agradezco al ponente Peter haberlo subrayado. Lo felicito por la calidad de su informe.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, el diálogo social es de hecho una cuestión en la que están implicadas diversas partes. En este caso, la administración europea y los interlocutores sociales. Pienso que hemos de dejar en manos de los interlocutores sociales las cuestiones que pueden regular por sí mismos. El Grupo de los Liberales no apoyará algunas enmiendas que parten de la idea de que hemos de prescribir lo que pueden regular los propios interlocutores sociales en los convenios colectivos, y en lo que respecta a los Liberales ello no es siempre necesario a nivel europeo. Esto no significa que no tengamos confianza en el diálogo social, pues la tenemos. Sobre todo en el marco de la ya próxima cumbre sobre el empleo.
Luego está la delicada cuestión que ya han apuntado algunas de sus Señorías, a saber, el hecho de que en el diálogo social sólo participen tres interlocutores y que siga faltando la pequeña y mediana empresa. Siempre había pensado que, si lo planteábamos suficientemente como diputados al Parlamento Europeo, todo saldría bien.
Entre tanto, hace tres años que soy diputada al Parlamento Europeo. Durante tres años he roto lanzas por la pequeña y mediana empresa y ésta sigue sin ser un interlocutor reconocido en el diálogo social.
Señorías, señor Comisario, esto es inaceptable. Excluye a los trabajadores que trabajan en este sector y excluye a los empresarios que trabajan en este sector. De hecho, hemos de constatar que la UNICE representa a un grupo cada vez más reducido de trabajadores, porque un grupo cada vez mayor de trabajadores pertenecen a la pequeña y mediana empresa. En este diálogo hemos de prestarles atención a ellos y no sólo a los grandes.

Elmalan
Señor Presidente, después de Amsterdam y bajo el impulso del gobierno francés, el debate sobre las cuestiones sociales y relacionadas con el empleo está abierto y nosotros le concedemos la máxima importancia. Pero la moneda única y el pacto de estabilidad, al que nuestro Grupo está firmemente opuesto, están en contradicción con el protocolo social y el capítulo del Tratado relativo al empleo.
El diálogo social constituye un elemento importante de la Europa social y solidaria que deseamos construir en interés de los ciudadanos de los países de Europa. Claro está que somos partidarios de su reforzamiento, su ampliación, puesto que ya ha dado resultados positivos en numerosos campos.
Sin embargo, no debería entrañar discriminaciones respecto a ciertas organizaciones sindicales. Ahora bien, la referencia al criterio de la representatividad a escala de la Unión Europea, como ha recordado el ponente, Sr. Peter, permite excluir en realidad a algunas organizaciones de las negociaciones y de las consultas previstas por el protocolo social, y excluirlas de los organismos consultivos, porque no son miembros de las estructuras europeas, como ocurre con determinados sindicatos franceses.
La voluntad justificada de disponer de un derecho social a nivel europeo debe expresarse gracias a un proceso democrático que respete las diversidades, los derechos fundamentales, así como los convenios pertinentes de la Organización Mundial del Trabajo. Estos convenios estipulan que la negociación con los empleadores es un derecho de los asalariados en lo que se refiere a las condiciones de empleo y a las garantías sociales. Precisan asimismo de modo explícito que sean los asalariados los que deban elegir en quién delegan el ejercicio de este derecho. En efecto, ¿cómo se puede concebir la legitimidad de los acuerdos celebrados en la Unión Europea y su aceptación por parte de los ciudadanos afectados, si las organizaciones sindicales nacionales representativas en las que los ciudadanos han confiado la defensa de sus intereses no participan plenamente en las negociaciones?
Esta es nuestra concepción democrática del diálogo social, que debe llevarse a cabo sin discriminación ni exclusivismo. Al mismo tiempo, para contribuir a que fracase la ofensiva de la patronal y de ciertos gobiernos contra el acervo social y los derechos de los trabajadores, es preciso que todas las directivas comunitarias en materia social garanticen el respeto de los convenios de la Organización Mundial del Trabajo, que prevean explícitamente el mantenimiento de las disposiciones más favorables a los asalariados que estén en vigor en los Estados miembros y que contribuyan al fomento de los derechos sociales en todos los Estados miembros.

Holm
Señor Presidente, mucho ha cambiado desde la introducción del diálogo social en 1985. La situación es muy distinta comparada con la de entonces. En el sector del mercado de trabajo tenemos actualmente alrededor de 20 millones de desempleados y en el sector social, según la Comisión, más de 50 millones de personas que viven en la pobreza en los países de la UE.
Puede decirse que la UE ha fracasado totalmente en su estrategia económica, que de un modo demasiado unilateral se ha encaminado y centrado en la lucha contra la inflación y por la estabilidad de precios. En realidad esta política más bien ha menoscabado el desarrollo estable en los ámbitos del trabajo, salarios, seguridad social y medio ambiente. Estos ámbitos son todos igualmente importantes con vistas a la estabilidad económica y social. Por eso es urgente ahora aplicar el diálogo social cuando la línea general a seguir debería ser la de la política creadora de empleo. Las desregulaciones y el requisito de la flexibilidad y adaptación no deben llevarnos a una desregulación de los derechos de los trabajadores y de los acuerdos a los que se llega a través de la negociación y de los convenios colectivos.
Hay buenas ideas, por ejemplo la de la reducción de la jornada laboral que se llevó a cabo en la industria automovilística alemana, dentro de Volkswagen, y en el sector público y las empresas de mi país, Suecia. Los convenios colectivos han tenido como consecuencia unas jornadas laborales reducidas sin, o con muy pocas reducciones salariales. La reducción de la jornada laboral crea nuevos empleos, como demuestran los cálculos de la organización Economistas Alternativos Europeos. Según la amplitud con que se aplicase la política de reducción de la jornada laboral se podrían crear 5-10 millones de nuevos puestos de trabajo en los países de la UE.
Para lograr una unión de fuerzas creo, al contrario que el ponente, que es necesario ampliar el diálogo social. No sólo debe incluir a las pequeñas y medianas empresas, como se aconseja, sino también a otras organizaciones, como por ejemplo las redes europeas de desempleados, lo cual proponemos los diputados del Grupo V en la enmienda 5. Por consiguiente, ruego a mis colegas que le presten su apoyo.

Amadeo
Señor Presidente, el diálogo social a escala comunitaria no siempre se manifiesta de forma unívoca. Con frecuencia, paralelamente a los principios básicos y los elementos fundamentales que lo caracterizan, el diálogo interprofesional y el sectorial se realizan a través de comités y grupos de estudio. En el marco del Protocolo social, hoy encontramos otras estructuras y procedimientos de reciente creación que se han convertido en parte integrante de la elaboración de la normativa europea.
El informe que hoy se somete a debate, pone justamente el acento en el empleo y en la creación de nuevos puestos de trabajo, así como en la necesidad de eliminar los fenómenos de deslocalización. El diálogo social deberá, en nuestra opinión, llegar a conocimiento de las organizaciones de interlocutores sociales acudiendo cada vez más sistemáticamente a las ventanillas de información de la Comisión, a la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, pero sobre todo al Centro Europeo de Relaciones Laborales, cuya sede está en Florencia. Abrir el diálogo social y comunitario a las organizaciones más representativas a escala europea e incrementar el diálogo sectorial en el sector público son prioridades que la Comisión ha recalcado con claridad.
A pesar de que evaluamos favorablemente la inclusión del Protocolo social en el nuevo Tratado y la ampliación de los procedimientos de codecisión a los temas sociales, que dependen de la cooperación, confiamos en que el diálogo social en sentido amplio vuelva a aparecer en los procedimientos de codecisión previstos en el Tratado.

Cabezón Alonso
Señor Presidente, en el camino por construir una auténtica negociación colectiva a nivel europeo todavía quedan muchos tramos por recorrer. Aún es preciso avanzar en la organización y hasta en la propia definición de lo que se entiende por diálogo social a nivel europeo para que su influencia se note en el desarrollo del mercado interior y en sus repercusiones sociales y, en general, para que se note la implementación de todas las políticas comunes. El proceso de transferencia de competencias compartidas a la Unión Europea no se ha visto acompañado por un desarrollo del protagonismo de los interlocutores sociales.
Es un tema que plantea no pocas cuestiones y algunas las hemos escuchado. Plantea problemas: la representatividad de lo que se entiende por interlocutores, el ámbito del diálogo sectorial, diferenciar entre la consulta y la negociación, la vinculación de los acuerdos, la compatibilidad del diálogo y la negociación con la propia actividad legislativa, etc.
En 1985 comenzaba una experiencia de diálogo social que hay que seguir desarrollando porque no ha avanzado lo suficiente. El Tratado de la Unión Europea y su última revisión de Amsterdam recogen la necesidad de apoyar ese diálogo social. Lo necesario -y quizá urgente- es organizar los procedimientos para que los resultados sean los más óptimos posible. El diálogo social puede resolver problemas en determinadas directivas en estudio o en debate; el diálogo social puede y debe resolver problemas respecto a la regulación de diferentes sectores económicos; el diálogo social es el mejor instrumento para regular las relaciones laborales y para regular las condiciones de trabajo. El diálogo social es una política activa de empleo. Por ello, los empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, tienen que trasladar al plano europeo el protagonismo que tienen a nivel nacional y, desde el plano europeo, ser mucho más activas en la aplicación de medidas y acciones comunes en favor del empleo.
Felicito al ponente y, en razón de que es un informe riguroso y cierto, pido su apoyo, y pido su apoyo además a la posición que él mantenga respecto a las enmiendas.

Pirker
Señor Presidente, creo que todos los que participamos en esta discusión estamos de acuerdo en que el diálogo social funcionará solamente si, se da también la representatividad, es decir, si todos los que están vinculados a nivel nacional en el diálogo social se vuelven a encontrar en el plano europeo. Esto es especialmente importante si la Unión Europea quiere poner en práctica también a nivel nacional medidas comunitarias. Aquí necesita socios pertinentes con capacidad de ejecución. Y éstos se dan solamente si se da la representatividad.
En el ejemplo de Austria quiero mostrarles que esta representatividad no se da en todas partes. Nuestro colega, el Sr. Menrad, ha aludido a esto en su intervención. En Austria sucede que la Cámara de Comercio, que representa allí a las pequeñas y medianas empresas, al comercio y a la industria, no se encuentra a nivel europeo. Allí la asociación de los industriales, integrada en el marco de la UNICE, es el correspondiente interlocutor en el diálogo social, es decir, el socio de la negociación colectiva en Austria no está integrado a nivel europeo. Y esto constituye un dilema, porque aquí no se encuentran muchos industriales y, al contrario, la Unión no tiene ninguna posibilidad de realizar en Austria sus intereses. Sin embargo, esto puede cambiarse. He presentado una enmienda -la nº 2 al párrafo 17- y les pido que la apoyen porque afirma que nosotros deseamos decidir aquí que el interlocutor en la negociación colectiva, la Cámara austriaca de Comercio, sea integrada por medio de una excepción en el diálogo social.

Lindqvist
Señor Presidente, la UE ha dedicado demasiado tiempo a la economía, a la UEM, a los requisitos de convergencia y al cumplimiento de numerosas normas en lugar de abordar la cuestión más importante que hemos de resolver en Europa, el desempleo. Por eso es importante que se presione para que se dé prioridad a esta cuestión a todos los niveles. El informe constituye un paso en esta dirección.
El diálogo debe tener lugar en primer lugar con los interlocutores sociales a nivel nacional y naturalmente también a nivel europeo. No obstante, los mayores progresos se pueden dar a nivel local y reducido entre las partes sin la interferencia de la UE o de las naciones. Éste es el camino que hay que escoger.
El informe incluye también el requisito de colaboración entre los comités existentes a nivel de la UE y los nuevamente instituidos creados por el Consejo. Esto es excelente. Un banco de ideas que pudiesen utilizar los países, los interlocutores sociales, también con anterioridad a la Conferencia de Luxemburgo, podría ser el modo de extraer una buena cantidad de propuestas de calidad para solucionar nuestro problema más grave.

González Álvarez
Señor Presidente, señor Comisario, comparto las preocupaciones del ponente -también del ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrialcuando expresa su preocupación por que el diálogo social no sirva a las instituciones comunitarias y a los Gobiernos de colchón, de amortiguador, de los terremotos que a veces produce la puesta en práctica de determinadas políticas económicas.
También comparto su preocupación -de ellos y de otros compañeros- por que estén suficientemente representadas las pequeñas y medianas empresas en la negociación, puesto que ellas crean el 85 % o más del empleo comunitario. Y en que las negociaciones debieran centrarse no sólo en la creación de empleo, sino también en la no pérdida de empleo. Todos recordamos la falta de diálogo que hubo con la decisión de la empresa Renault-Vilvoorde y la pérdida de tres mil puestos de trabajo. Y hoy mismo, la multinacional norteamericana Electrolux amenaza con la pérdida de veinte mil puestos de trabajo en Europa; algunos de ellos en España, Alcalá de Henares, un país con un 20 % de desempleo.
Por lo tanto, centrarse en la negociación por el empleo y en la negociación por que no se pierda empleo. Quizá ese diálogo lo facilitara un buen código de conducta para las multinacionales que les impidiera privar a Europa de veinte mil empleos sin ninguna consecuencia para ellas.
También sería necesaria -y naturalmente, ahí no sólo influye el voluntarismo del Parlamento Europeo- la presencia de las mujeres en ese diálogo social. Porque, como vimos en el código de conducta para la igualdad de oportunidades salariales que se ha aprobado, la falta de presencia de las mujeres influye en que ellas no puedan alcanzar un nivel de salarios que hoy está todavía en la diferencia del 20 % al 30 % en muchos de los países de la Unión Europea.
Hay que tener también en cuenta la propuesta que hace el Comité de Sabios, presidido por la Sra. Pintassilgo, para que las Comunidades se concierten con los agentes sociales en orden a la aplicación concreta de los derechos sociales fundamentales. Creo que hoy estamos en un momento de construcción europea. Para algunos, la Cumbre de Amsterdam fue una frustración y un fracaso, porque no se ha centrado suficientemente en el aspecto de la cohesión social, de la creación de empleo. Sabemos que va a haber una cumbre en Luxemburgo, pero mucho nos tememos que, según nos dijo el Sr. Juncker el otro día en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, si no hay una financiación de esa creación de empleo, mucho nos tememos que la Cumbre no sea lo suficientemente enérgica en esa creación de empleo que todos necesitamos.

Skinner
Señor Presidente, doy gracias al Sr. Peter por lo mucho que ha trabajado para preparar este informe que, como sabemos muy bien en la comisión parlamentaria, no ha dejado de plantear algunos problemas. Sin embargo, el Sr. Peter ha sabido ocuparse muy bien de ellos y estamos haciendo muchos progresos a este respecto.
Nunca ha sido tan importante el diálogo social, por lo menos en lo que se refiere a su continuación, pero desde muchos puntos de vista está amenazado por personas que, en mi opinión, preferirían la anarquía industrial. Si nos fijamos en el problema Renault, se diría que ha estado poniendo a prueba la idea de un diálogo social, un diálogo social que posiblemente no ha pasado antes por una prueba tan severa. Todo parece indicar que, a lo largo de los decenios, el único progreso industrial, económico y social que se ha conseguido se ha basado en el hecho de que ha habido una relación, una relación sostenida -y real- basada en las relaciones establecidas en el lugar de trabajo. No se trata de relaciones imaginarias, de relaciones que parecen manifestarse porque los grupos de trabajadores se reúnen, sino de las relaciones que existen porque los sindicalistas y las empresas que se encargan de negociar en el lugar de trabajo han tenido esas relaciones y pueden llevar a la mesa de discusión la experiencia adquirida. Es absolutamente cierto que esas entidades económicas deben seguir manteniendo su relación en el plano europeo; al menos en términos de carácter representativo, las organizaciones fundamentales que están representadas en el lugar de trabajo han procurado que el diálogo social que existe se consolide y continúe a largo plazo.
Únicamente las organizaciones que cumplen los criterios fijados originalmente por la Comisión pueden confiar en participar en el diálogo. Las organizaciones de pequeñas empresas tienen una función, y es evidente que han de disfrutar de mayor acceso y de mayor participación, pero no solamente porque las pequeñas empresas desean impugnar la legislación social: tienen que participar sinceramente en las discusiones.
La Europa central y oriental está cobrando una importancia cada vez mayor, y es muy natural y muy adecuado que procuremos dar a esos países la condición de observadores y participación en las discusiones, para que haya un proceso eficaz de cambio y adaptación. También es muy cierto que en el Reino Unido no podemos decir que hayamos participado mucho en el diálogo social. Esto ha cambiado también. Al Sr. Macartney se le ha nombrado ahora ministro encargado del diálogo social, y me parece que es lógico y adecuado que así lo mencione aquí.
El Sr. Peter tiene razón para preconizar reformas en el Comité Permanente del Empleo, así como un papel más importante para el Parlamento, pero, Comisario, permítame que le haga una pregunta. Desde que tenemos el diálogo social, ¿qué conocimiento tenemos de las relaciones industriales en la Unión Europea y qué salvaguardias y mecanismos institucionales particulares necesitamos establecer para lograr que progresen las relaciones industriales en toda la Unión Europea.

Thyssen
Señor Presidente, aplaudo el hecho de que en el informe se preste una atención expresa y específica a las PYME. Sólo que ni el informe ni la comunicación de la Comisión van suficientemente lejos. No hace falta explicar el significado de las PYME para la Europa social y económica. Parto de la idea de que sus Señorías y también usted, señor Comisario, están convencidos de que la diferencia de escala entre las PYME y las grandes empresas en algunos ámbitos supone también una diferenciación política.
Las necesidades de las PYME no siempre coinciden con las de las grandes empresas, y esta es la razón de que muchas PYME opten por asociarse. Esta es también la razón de que tengamos que exigir un lugar para una representación específica de las PYME en el diálogo social, por lo menos si queremos dar la máxima legitimidad al diálogo social.
En este contexto no sólo es importante la representatividad, sino también un grado de cobertura de quien participe en el diálogo. Las PYME han de poder participar como tales, no sólo en la consulta, sino también en la concertación que tiene como resultado acuerdos que después pueden declararse vinculantes. Por desgracia, el informe no habla de la participación necesaria de las PYME en la concertación y los convenios colectivos. Es una cuestión lamentable que puede corregirse si se aprueba la enmienda nº 4. Mi Grupo espera que ello suceda y sobre todo espera una iniciativa por su parte, señor Comisario.

Carlsson
Señor Presidente, la Comisión quiere efectuar una revisión del diálogo social. Es excelente y necesario por varios motivos, entre otros porque tenemos un mercado de trabajo que cambia rápidamente, que la diferencia entre empleados y empresarios se vaya haciendo más borrosa y cada vez más personas se conviertan en trabajadores autónomos. Muchos, también los jóvenes, no están acostumbrados a la misma participación en las organizaciones laborales a menudo colectivistas y jerárquicas. Para solucionar el problema del desempleo hay que reformar el mercado de trabajo. Se necesita una estructura que diga sí a las fuerzas reformistas y que haga sitio a las soluciones individuales y locales.
Señor Comisario, estimados colegas, en la continuación del debate en relación con la revisión del diálogo social los valores de principio deben ser eficacia, límites, apertura y transparencia, pero también representatividad y legitimidad. En los procesos decisorios democráticos de la UE creo que es importante que no se dé a los interlocutores sociales del mercado de trabajo una posición especial. Es además extraordinariamente urgente que los políticos elegidos democráticamente, también a nivel nacional, no abdiquen del difícil cometido de volver a crear las condiciones necesarias para un mercado de trabajo que funcione.

Mann, Thomas
Señor Presidente, el diálogo social en todas las ramas, en los comités deliberativos y en los diversos sectores, es decir, en los diferentes ámbitos económicos, realiza una importante contribución a la búsqueda de soluciones eficaces en la política de empleo, para la creación de nuevos puestos y en la participación de la mujer. El consenso social es una importante ventaja del espacio industrial europeo incluso para las inversiones que urgentemente se necesitan.
De cara a la globalización de la economía, ante la cual muchos se quedan trémulos como el conejo ante la serpiente, hay que adaptar las reglas de trabajo, pero no hay que arrojarlas por la borda, es preciso acordar conjuntamente la reestructuración social e impedir conjuntamente el derrumbe social. Una actuación cooperativa es la única respuesta correcta a las estrategias conflictivas que reinan actualmente. Por consiguiente, es preciso reforzar el diálogo social, como lo demuestra con expertez Helwin Peter.
No obstante, señor Comisario, la Comisión debe velar porque haya comités deliberativos eficaces. De ahí que sea necesario realizar a tiempo audiencias sistemáticas y coordinaciones temáticas. Los interlocutores sociales deben abrirse. En consecuencia, hay que ampliar el círculo del techo de las tres grandes organizaciones con los representantes de las pequeñas y medianas empresas, tanto en las consultas como en las negociaciones. A este respecto hay que integrar las estructuras de los futuros Estados miembros. El diálogo social debe ser proyectado hacia el futuro. El punto esencial es, evidentemente, la política de empleo. Igualmente hay que negociar los ámbitos de competencia comunitaria, especialmente tras la integración del capítulo del empleo, del Protocolo social y de la Carta de los derechos fundamentales de los trabajadores en el Tratado de la Unión Europea por la totalidad de los quince Estados miembros. Quien quiera la economía social de mercado ha de apoyarse en alianzas, ha de apoyarse en uniones en pro del trabajo en las regiones y en los sectores económicos, y ha de apoyarse en un diálogo permanente con los actores sociales.

Flynn
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a todos los que han contribuido al debate. El diálogo social ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y ha llegado ahora a una fase fundamental de su desarrollo. Los interlocutores sociales están desempeñando un papel cada vez más importante en la elaboración de la política social de la Unión Europea, y es evidente que el diálogo adquirirá aún mayor importancia porque los interlocutores sociales tienen una función que desempeñar en la promoción de las conclusiones políticas convenidas en Amsterdam. Ahora bien, la comunicación sobre el desarrollo del diálogo social en el plano de la Unión Europea, que la Comisión adoptó en septiembre del año pasado, pide que se reevalúen imparcialmente todos los aspectos del diálogo social desde el punto de vista de todas las partes que intervienen en él. Sobre la base de este debate y de los comentarios que ha originado, de los cuales este informe constituye un elemento principal, se redactará una segunda comunicación que espero sea adoptada por la Comisión antes de que acabe este año. En ese documento se definirá el papel y las modalidades del futuro diálogo social.
Permítanme que haga dos aclaraciones preliminares. En primer lugar, quiero darles las gracias por haberse esforzado por presentar sus opiniones en este momento para que se puedan tener plenamente en cuenta cuando se inicie la redacción de la segunda comunicación. En segundo lugar, quiero felicitar al ponente, Sr. Peter, y a toda la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como a las demás comisiones parlamentarias involucradas, por el análisis a fondo que han hecho de este complejo tema, además de darles las gracias por el apoyo que han prestado a las opiniones de la Comisión sobre el particular.
Naturalmente, la Conferencia Intergubernamental se ha encargado de desarrollar más el diálogo social y, aunque considero quizá demasiado prematuro discutir a fondo sus resultados, me gustaría hacer unas cuantas breves observaciones sobre la cuestión.
En primer lugar, el diálogo social se incorporará en el Tratado, cosa que todos queríamos y que ahora acogeremos con calurosa satisfacción. Por su parte, el Reino Unido ha puesto término a la situación en que se encontraba en lo social. En segundo lugar, se ha ampliado el procedimiento de codecisión en diversas esferas importantes. Y en tercer lugar, se ha suscitado un nuevo y mayor interés por el empleo, con una nueva sección consagrada a esta cuestión y un papel explícito para los interlocutores sociales. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Van Lancker. No hay duda alguna de que es necesario aumentar la productividad de la Unión Europea, pero debo decir a la Sra. Van Lancker que la productividad debe conseguirse mediante la flexibilidad y la seguridad de los trabajadores, y espero que la estrategia del empleo que se discutió en la cumbre de Amsterdam y que será objeto de una cumbre particular en la segunda parte de este año, no sea una declaración más sino un compromiso en favor de desarrollar una acción positiva en el plano nacional y en el plano de la Unión en lo que se refiere a la creación de mayor número de puestos de trabajo.
Aprovecharé esta oportunidad para decir a la Sra. Van Lancker que espero que el acuerdo colectivo sobre el trabajo en régimen de jornada parcial propuesto por los interlocutores sociales sea examinado antes de que comience la pausa estival.
Sin embargo, quisiera decir también que me hago cargo de que el Parlamento Europeo esté defraudado por no haber obtenido la posibilidad de intervenir directamente con arreglo al nuevo Tratado para la adopción de normas legislativas basadas en acuerdos colectivos. Comparto el desaliento del Parlamento porque la Comisión se esforzó por incluir el derecho de que el Parlamento pudiera obrar como acabo de decir durante la cumbre de Amsterdam. Ahora bien, aunque tenemos que aplicar el Tratado tal y como ha sido concertado por los Estados miembros, estoy dispuesto a examinar modalidades prácticas de información e intercambio de opiniones sobre esta cuestión con el Parlamento en el futuro. Me parece que ésta es la cuestión esencial que formula el Sr. Peter en su informe. He pedido ya a mis servicios que empiecen a reflexionar sobre esta cuestión y me esforzaré por conseguir que las cuestiones que ha planteado el Sr. Peter, al presentar su informe se tengan en cuenta en ese proceso.
Por lo que se refiere al informe propiamente dicho, me parece que consigue un buen equilibrio entre los diversos intereses involucrados al pedir que los interlocutores sociales consideren una posible ampliación del diálogo social, al mismo tiempo que respeta explícitamente su autonomía. Muchos diputados han subrayado aquí esta tarde toda la cuestión de la representación, y en particular la de la representación de empresas pequeñas y medianas en el diálogo social. La Comisión ha hecho siempre una distinción entre consultas y negociaciones, y ha recalcado que se preocupa por establecer un proceso de consulta lo más amplio posible sin desviarse en ningún momento del principio de que las negociaciones tienen que basarse en el reconocimiento mutuo de las partes que negocian.
Apoyo sin reservas las demandas que se hacen en el informe en favor de un diálogo más eficaz a todos los niveles. Me parece que son particularmente interesantes los siguientes llamamientos en favor de la adopción de medidas para conseguir esa finalidad: el llamamiento en favor de promover la importancia del diálogo social de forma más firme por conducto de toda la Comisión, pero dejando las cuestiones de coordinación en manos de la DG V; la necesidad de conceder más importancia al diálogo sectorial. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay muchos problemas con que se enfrenta Europa que se podrían resolver. También la necesidad de reformar el Comité Permanente del Empleo; esta cuestión reviste para mí alta prioridad. Su importancia ha aumentado en mi opinión a causa de la precedencia que la lucha por el empleo recibe en el nuevo Tratado y en el nuevo Título.
Por último, quiero darle una vez más las gracias por su informe, que nos permitirá determinar la mejor manera de fortalecer el diálogo social y de asociarlo más íntimamente a los esfuerzos destinados a alcanzar los objetivos de la Unión Europea, particularmente el empleo y el crecimiento económico.
El Sr. Skinner ha hecho una pregunta concreta a la que me gustaría contestar. Ha preguntado cuál es nuestro nivel de conocimientos e información acerca del diálogo social en todos los Estados miembros de toda la Unión. He de decirle que tenemos un volumen muy considerable de información sobre todos los aspectos del diálogo social, que ha recopilado y actualizado para nosotros el Observatorio de Relaciones Industriales, de Dublín. De su funcionamiento se encarga la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Si hay alguna información concreta que quisiera obtener usted del Observatorio de Relaciones Industriales y que pudiera ser de interés especial para usted, me ocuparé con mucho gusto de obtenérsela.

Rübig
Una pregunta, señor: ¿Hay una fecha concreta? ¿Cuándo será la próxima vez en que figure el diálogo social en el orden del día, por ejemplo, en la DG V?

El Presidente
Antes de darle a usted la posibilidad de responder doy una vez más la palabra a la Sra. BoogerdQuaak. Quizá pueda ser tratado esto de manera conjunta luego.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, el Comisario anuncia una segunda comunicación, pero si ésta sigue siendo tan vaga como la primera comunicación y la respuesta del Comisario a la implicación de la pequeña y mediana empresa, no avanzaremos nada. Iniciaré las vacaciones parlamentarias con una fuerte decepción si la administración no rompe el estancamiento que, por lo visto, los propios interlocutores sociales no desean romper.

Flynn
Señora Presidenta, en respuesta a la Sra. Boogerd-Quaak quisiera indicar que nuestra primera comunicación era un documento de consulta, encaminado a obtener todas las opiniones necesarias para poder evaluar la mejor forma de seguir adelante con la labor. La segunda comunicación está orientada en la dirección que usted espera: acción concreta sobre la forma de desarrollar el diálogo social para tener en cuenta todo lo que es necesario en el futuro. De todas estas cuestiones se ocupará la segunda comunicación.

Rübig
Yo pregunté si hay ya una fecha concreta, cuándo será la próxima vez que el diálogo social figure en el orden del día, por ejemplo, en la DG V.

Flynn
Señora Presidenta, el diálogo social es una cuestión de interés constante -prácticamente de interés semanal- para la DG V, que participa en todos los preparativos para todas las discusiones y evaluaciones que tratan del diálogo social. Si hay algún aspecto del diálogo social que el Sr. Rübig quisiera examinar conmigo, me agradará sobremanera poder discutirlo con él en privado, pero he de decir que la DG V consagra una enorme cantidad de su tiempo a la promoción del diálogo.

Modificación del Reglamento Financiero
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0217/97) del Sr. Sarlis, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de reglamento (EURATOM, CECA, CE) del Consejo (COM(96)0351 - C4-0497/96-96/0189(CNS))por el que se modifica el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Sarlis
Señora Presidenta, el debate que ocupa hoy al Parlamento Europeo se refiere a una propuesta de la Comisión de un reglamento del Consejo por el que se modifican determinadas disposiciones del reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
Las enmiendas que presenta la Comisión en su propuesta constituyen la llamada séptima tanda de modificaciones para la mejora de la transparencia y de la eficacia de la gestión financiera de los ingresos comunitarios de parte de los órganos comunitarios, así como para la determinación de la responsabilidad de estos órganos como medio de transparencia no susceptible de controversias. Debo decir que las enmiendas de la Comisión se mueven en la dirección correcta y, de hecho, tienen su punto de partida y se aplican en el marco del Programa de la Comisión para la mejora de la gestión financiera, conocido como SEM 2000, que, como se sabe, ha aprobado el Parlamento Europeo. Debo agregar que el punto de partida de la iniciativa de la Comisión, y sobre todo de las enmiendas que introdujo el Parlamento Europeo, está constituido por los problemas que se suscitaron respecto a la gestión de los gastos comunitarios, especialmente en el sector del turismo, y a la comprobación, en una investigación que se llevó a cabo, de la existencia de numerosas lagunas en las disposiciones del reglamento financiero, de la falta de rigor de alguna de ellas y de la diferenciación confusa entre lo que puede y lo que no puede hacer un órgano.
Debo decir además que es la primera vez que el Parlamento Europeo incluye en su informe enmiendas no sustentadas en propuestas de la Comisión. Es, creo, la primera vez que el Parlamento Europeo va de la mano con la Comisión y ofrece, diría, modificaciones a disposiciones concretas del reglamento financiero. Finalmente, antes de pasar revista a algunas innovaciones introducidas con las enmiendas del Parlamento, debo agradecer a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario su trabajo al margen de las posiciones políticas para la mejora de las propuestas del Parlamento, así como a la secretaría de esta misma comisión y a la Comisión de Presupuestos, cuyo ponente ha ofrecido en todo momento una colaboración excelente y armoniosa, aparte de ayudar a mejorar las disposiciones del reglamento financiero.
En relación con las disposiciones concretas, debo hacer referencia a la enmienda relativa al apartado 4 del artículo 22 sobre el tema de la delegación. En ella se delimita con toda claridad -puesto que se trata, sobre todo, de un intento de formulación de un texto legal- el tema de la delegación de poderes, así como de la actuación más allá de los límites de éstos.
En este tema, la falta de rigor de las disposiciones todavía vigentes ha permitido que sucediera lo ocurrido en el turismo. Hay otra enmienda también al artículo 22 que regula los acuerdos con contratistas. Otras enmiendas se refieren al famoso derecho de «passer outre». Es conocido este derecho, pues los órganos institucionales tiene la facultad de hacer caso omiso de la denegación de visado, salvo que la negativa de visado se funde en la duda sobre la disponibilidad de los créditos. Añadimos una segunda circunstancia, relativa a las dudas sobre la exactitud de la imputación presupuestaria. Si el control financiero muestra que la imputación presupuestaria es exacta, no podrá seguirse el procedimiento de hacer caso omiso de la denegación de visado.
Por último, se incluye una nueva disposición que acoge el principio general según el cual la competencia y capacidad de las instituciones, a partir de los Tratados y del acervo comunitario, para la celebración de contratos no se podrán delegar ni transmitir a entidades exteriores a las instituciones de la Comunidad Europea. ¿Qué significa esto? Que los órganos institucionales y servicios de la Comunidad Europea, tanto si se trata del Parlamento como la Comisión o del Consejo, no pueden delegar en terceros ajenos a los órganos comunitarios competencias que impliquen la celebración de contratos. Esto quería decir, y termino agradeciendo otra vez a todos los que he mencionado sus consejos para que esta propuesta fuera tan buena como fuese posible.

Colom i Naval
Señora Presidenta, el origen de esta modificación del Reglamento Financiero, como ha indicado el ponente, se deriva de las conclusiones de la segunda fase del programa SEM 2000 para la mejora de la gestión financiera de la Comisión.
El Parlamento se había pronunciado ya globalmente sobre esta segunda fase en noviembre de 1996 y, de alguna manera, habíamos indicado las grandes directrices a este respecto. Pero en ese informe, del que fui ponente, tuve ya ocasión de ver la problemática, y por lo tanto, eso me permite apreciar todavía más el ingente trabajo realizado por nuestro ponente. Creo que, si hablamos alguna vez con sinceridad, nadie le envidia al ponente el trabajo que ha tenido que desarrollar en esta materia. Es un informe muy trabajado y debo decir que un tanto árido e ingrato, pero muy importante sobre la base positiva, buena en general, de las propuestas de la Comisión. Pero realmente es un trabajo de compaginación de enmiendas sobre enmiendas, de enmiendas que rectifican un texto enmendado, etc. que realmente necesitan un conocimiento jurídico importante.
Creo que el resultado global es equilibrado y recoge la mayoría de las enmiendas socialistas, de lo cual nos felicitamos, y de la apertura de espíritu del ponente. Por tanto, quiero decirle que no hay problemas de fondo con su posición, aunque vayamos quizá en la votación a mantener alguna diferencia menor. A veces, la búsqueda del perfeccionismo nos ha llevado a redacciones ligeramente distintas, pero insisto en que no tenemos problemas de fondo.
Entre nuestras contribuciones, aceptadas por el ponente, quisiera subrayar los textos que pretenden evitar los problemas de confusión de intereses, tema recurrente en la gestión de algunos programas, y, al votar el informe Fabra Vallés, no hace ni una hora que hemos tenido la ocasión de ver los problemas que se derivaban de una insuficiente regulación de los mismos. Por lo tanto, creemos que son muy oportunos los textos que hemos podido redactar finalmente.
Y el otro aspecto a señalar sería -en cuanto a nuestra aportación- la correcta puesta en práctica de un sistema para el muestreo en la concesión de visados. Aquí hemos de decir que, en nuestra opinión, la Comisión se ha dado una libertad excesiva. Comprendemos las necesidades del muestreo como elemento agilizador de la gestión, pero no podemos conceder una carta en blanco.
Quisiera ahora insistir en lo que el ponente ha señalado hace un momento. El Parlamento, en esta propuesta, va más lejos incluso que la Comisión, pero ello es porque la propuesta de la Comisión es limitada. Y debo decirle al Comisario que siempre recibimos las propuestas de modificación del Reglamento Financiero por entregas, por fracciones, y nos gustaría saber si la Comisión tiene, en un esquema de trabajo interno, un programa detallado de las distintas etapas, de los distintos paquetes que piensa enviarnos. Ya sabemos que no podemos hacer un código nuevo, pero, como comprendemos que la mejora exige ir enviando paquetes, nos gustaría conocer ese programa de trabajo futuro de la Comisión, si lo tiene ya planteado. Y si no, pues que se lo plantee y nos diga cuáles van a ser los sucesivos volúmenes que vamos a recibir.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera contestar a lo que acaba de decir el Sr. Colom i Naval. No tengo un plano de lo que va a suceder en el futuro, pero transmitiré su sugerencia a mis colegas que se ocupan de la cuestión. Quisiera manifestar mi satisfacción por el detenido análisis que se ha hecho de nuestra propuesta y felicitar al Sr. Sarlis, y también al Sr. Dell'Alba, ponente de la Comisión de Presupuestos.
La actual propuesta de enmienda del Reglamento Financiero tiene por finalidad brindar un marco jurídico para algunas de las reformas principales de la gestión financiera que estamos introduciendo en el contexto de la iniciativa SEM 2000. La cuestiones fundamentales de que se trata en la propuesta son las siguientes: una mejor gestión de las obligaciones financieras existentes, y un control más estrecho de la labor sobre la ejecución de actividades comunitarias que se delega a organismos del exterior. En estas dos cuestiones ha insistido el Tribunal de Cuentas en los dos últimos años en el contexto de sus declaraciones de seguridad sobre las cuentas anuales de la Unión.
Se ha llegado a un estrecho acuerdo entre la Comisión y el Parlamento acerca de la mayor parte de esta extensa propuesta, y no deseo dar la impresión equivocada de que me concentro en los aspectos de discrepancia, cosa que inevitablemente tengo que hacer. Quisiera recalcar que, en general, hay un amplio grado de acuerdo, pero tengo la obligación de mencionar un par de cosas sobre las cuales discrepamos.
En la enmienda 7, apartado 4 del artículo 22(4), el primer punto esencial se refiere al derecho de cada institución a delegar poderes para la ejecución del presupuesto -a esto se han referido los oradores- de conformidad con sus normas internas para delegar dichos poderes en los Directores Generales y, en casos apropiados, en otros oficiales.
He de recalcar que esta cláusula particular se refiere exclusivamente a la delegación de poderes dentro de las instituciones y no a la delegación de poderes a organismos u órganos exteriores. Quisiera mencionar también que la subdelegación de poderes al personal no es cosa que se haga oficiosamente, y que los Directores Generales de que se trate firman documentos oficiales en los que asumen la plena responsabilidad por cada caso de subdelegación de poderes que haya delegado en ellos la institución. Para que la cosa sea aún más oficial, lo que es lógico y apropiado, de cada subdelegación se envía una copia al Tribunal de Cuentas.
Por razones operacionales, para poder llevar a cabo su cometido, la Comisión, que ejecuta el 98 % del presupuesto, necesita estar en condiciones de delegar poderes a 500 o más oficiales, algunos de los cuales inevitablemente obrarán con cierto grado de libre albedrío en nombre de su institución. Es evidente que no sería práctico ni eficaz en función del costo el retener todas las decisiones detalladas que han de tomarse para la ejecución del presupuesto en las manos de los puestos directivos de máxima categoría de las instituciones. Por eso tropezamos con dificultades para aceptar la parte de la frase de la enmienda propuesta del artículo 22 que dice lo siguiente: »La delegación del poder de ejecución del presupuesto no podrá tener nunca como objeto el ejercicio de un poder discrecional en concepto de una política comunitaria». Se menciona la utilización del poder discrecional como si diera uno un poder enorme al oficial, pero en realidad algunas de las cosas respecto de las cuales hay que adoptar una decisión están calificadas ya por la palabra «discrecional» y además son muy técnicas y detalladas. Estimamos que esa disposición es conveniente en relación con las delegaciones de poder a un órgano exterior, caso que queda incluido en la enmienda 20 del artículo 55(a), que la Comisión acepta.
Quisiera hablar a continuación de la enmienda 17 del artículo 39, segundo y tercer párrafos, referente al poder de cada institución de hacer caso omiso de la intervención de su interventor financiero que haya negado la aprobación o el visado de una transacción presupuestaria. En la actualidad el único límite para el poder de la institución se da en caso de no disponibilidad de consignaciones para llevar a cabo la transacción. El Parlamento ha propuesto que se añadan otros dos límites: en primer lugar, cuando en opinión del interventor financiero la partida se haya cargado a un renglón presupuestario equivocado; en segundo lugar cuando no se cumplan las directrices en materia de adquisiciones públicas.
La Comisión reconoce plenamente la importancia de que haya la debida disciplina financiera acerca de esas cuestiones adicionales. Sin embargo, la opinión de la Comisión es que en dichos casos el interventor financiero tiene que estar en condiciones de expresar su juicio objetivamente mediante la negativa del visado. A la luz de la decisión del interventor financiero, la institución asumirá sus responsabilidades para rectificar la situación que se ha planteado, incluida la liquidación de demandas legítimas presentadas por terceras partes. Se trata de decisiones institucionales que en todo caso hay que adoptar dentro de los límites de las consignaciones disponibles y que, naturalmente, hay que comunicar al Tribunal de Cuentas. Por eso nos parece que el texto de esta revisión debe quedar como está.
Las pocas cuestiones restantes son de carácter más técnico. La enmienda 6 se refiere a una propuesta anterior encaminada a modificar el Reglamento financiero de la FEOGA-Sector Garantía, que en breve va a adoptar el Consejo como cuestión de la categoría A. La enmienda 12 contiene una frase que se refiere a la reutilización del IVA reembolsado por Estados miembros, que no parece estar en consonancia con el enfoque nuevo y, según tengo entendido, convenido para el trato que se de al IVA según se define en la enmienda 11 del artículo 27.
La enmienda 21 se refiere a adquisiciones y requeriría que las ofertas incluyesen directamente todos los requisitos fijados en la invitación para tomar parte en la licitación, con la posibilidad de eliminar la oferta si no los incluye. Si se aplica de forma rígida, esta disposición descartaría ofertas que podrían ser favorables por motivos que pueden ser de poca importancia técnica.
Enmiendas 13, 15 y 19: la Comisión puede aceptar el principio de que las enmiendas consoliden el derecho del interventor financiero a conceder un visado a obligaciones y pagos probando los métodos aplicables en casos determinados. Ahora bien, estimamos que la norma actual es compatible ya con la utilización de métodos de sondeo, y las enmiendas no harían más que confirmar la práctica actual. También quisiéramos proponer algunos ajustes de la redacción de esta enmienda, incluidas posibles enmiendas de las disposiciones detalladas para la aprobación de imputaciones presupuestarias en el marco del apartado 1 del artículo 38.
Es una propuesta larga y compleja, que incorpora numerosas enmiendas, y es importante que no resulte exagerada en sus proporciones. Hemos llegado a un acuerdo sobre todas las cuestiones, excepción hecha de dos cuestiones importantes, tres cuestiones técnicas y una cuestión de aclaración.
Quisiera expresar una vez más la satisfacción de la Comisión por la estrecha y rápida cooperación de las comisiones parlamentarias sobre esta propuesta. Nuestra finalidad es presentar una propuesta revisada después de la pausa estival.

Sarlis
Señora Presidenta, solamente quiero agradecer al señor Comisario sus buenas palabras, como también al Sr. Colom y Naval y a todos los miembros de la comisión por la colaboración que han prestado. Tengo, sin embargo, que decir -y lo repito otra vez, y el Comisario lo entenderá- que el problema que teníamos tanto en el caso del MED como en el caso del turismo era principalmente un problema de la falta de rigor de las disposiciones. Había disposiciones que, si se hubiesen explicado correctamente, no habrían dado lugar a nada de todo aquello. Por tanto, cuando alguien tiene la responsabilidad de redactar una disposición sobre temas jurídico-financieros, está obligado a ser muy claro y no facilitar posibilidades de evasión. En este principio se enmarca la enmienda sobre la cual tiene dudas la Comisión.
Tengo que decir que en esta enmienda concretamente, señor Comisario, se ofrece a la Comisión la oportunidad, sobre la base del artículo 139, de ampliar el tema del discretionary power; pero dentro del Reglamento hay que tender como principio general a que el funcionario no puede ejercer los poderes como le parezca, es decir, según su juicio, sea quien sea. En todo caso, el tema puede ampliarse, dentro de lo que ofrece el Parlamento, para poder solucionar los problemas en la práctica.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Control financiero de las operaciones de los Fondos estructurales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A4-0230/97 del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el documento de la Comisión (C4-0246/97) sobre el control financiero de las operaciones de los Fondos estructurales - correcciones financieras netas.

Colom i Naval
Señorías, me temo -y la contemplación de esta magnífica aula me lleva a tener unos temores aún mayores- que mi informe va a pasar, si me permiten decirlo, sin pena ni gloria. Y es curioso, porque este informe, cuando se materialice el mes que viene en una nueva reglamentación de la Comisión Europea, seguramente cuando entre en aplicación el primer día, tendrá titulares de prensa. El día en que un Estado miembro tenga que devolver fondos debidamente utilizados, de los Fondos estructurales, estoy seguro de que por lo menos la prensa de ese país, y posiblemente algunas otras prensas comunitarias, lo pondrán en titulares, por lo menos en las páginas de economía. Por lo tanto, se trata de una de esas contradicciones de estos informes aparentemente técnicos, pero que tienen un contenido práctico y real en la ejecución de una parte importantísima de nuestro presupuesto.
El informe que tengo el honor de presentar hoy en nombre de la Comisión de Control Presupuestario es también un ejemplo de las relaciones que deben existir entre el Parlamento y la Comisión. Lo digo porque no existe -lo quiero subrayar- obligación legal por parte de la Comisión de consultarnos en esta materia. Es un acto de reconocimiento político a la actividad y a la responsabilidad del Parlamento, y al mismo tiempo tengo que decir que se había firmado un código de conducta de relaciones entre el Parlamento y la Comisión que implicaba que esto sería automático y hubo sus más y sus menos.
Tuvimos que arrancar, como quien dice, finalmente este acuerdo. Con lo cual ha habido aquí un pequeño lío, en cuanto a nuestras relaciones bilaterales, con su aspecto positivo para la Comisión de Control Presupuestario y su aspecto negativo para la Comisión de Política Regional.
Entonces, yo quisiera explicar con ello la razón que nos ha movido al presidente de la Comisión de Política Regional y a mí mismo como ponente, a firmar una enmienda conjunta recordando que en el código de conducta estaba incluido este punto. Por lo tanto, le anticipo, señora Presidenta, que evidentemente el ponente estará a favor de esta enmienda aunque no hubiese sido tratada en su día en la Comisión de Control Presupuestario.
Sobre el fondo, Señorías, se trata de trasladar el principio de las correcciones financieras de las cuentas del FEOGA-Garantía, que está en vigor ya hace muchos años, a otros sectores del presupuesto comunitario. Es una petición que el Parlamento ha hecho varias veces, la última y con mayor énfasis con motivo de mi propio informe sobre el SEM 2000, votado en noviembre último. Pedíamos que este principio se extendiera y se nos contestó, Señorías, que esto era muy difícil. Que era quizá imposible. Pero después, en este diálogo fructífero que hemos tenido con la Comisión y que hemos tenido ocasión de desarrollar en lo que se llama el Grupo de representantes permanentes de los Ministros de Hacienda presidido por dos Comisarios, y en el que el Parlamento ha estado representado por este ponente, ahí se llegó a la conclusión de que era una materia que se podía desarrollar y perfeccionar; que no había nada que lo impidiera. Por eso, la Comisión decidió que esto debía de ser aprobado antes de finales de julio. De ahí la urgencia de que mañana votemos sin falta este informe, de manera que el Parlamento haya fijado su posición antes de que la Comisión cierre definitivamente el capítulo.
Nosotros sabemos desde hace muchos años cómo funcionan las correcciones financieras en el ámbito del FEOGA-Garantía, designación de un organismo en cada Estado miembro que sea responsable ante la Comisión, homologación de organismos liquidadores, etc. etc. En cambio, en las políticas estructurales estos mecanismos francamente eran poco claros. ¿Qué bases podíamos tener? pues evidentemente los artículos 23 y 24 del Reglamento de coordinación de fondos.
Pero hasta ahora, estos dos artículos no han servido jamás a un procedimiento sistemático de liquidación de cuentas, ni tampoco a correcciones financieras ocasionales en el ámbito de los Fondos estructurales, aunque vinculadas a condiciones detalladas. ¿Por qué?, pues porque había razones indudablemente políticas y razones técnicas. Me atrevería a decir -y sé que los Estados miembros se quejarán- que no había la menor voluntad política por parte del Consejo; por mucho que luego el Consejo sea el primero que vaya gritando desde los tejados que quiere una administración eficaz, justa, severa y austera. Pero cuando se le tocaba el dinero de los Fondos estructurales, prefería mirar a otra parte.
Ante esta actitud del Consejo se comprende que la Comisión tampoco estuviera entusiasmada en abordar el tema. Y, el SEM 2000 ha actuado de catalizador y, por lo tanto, ahí hemos conseguido que se cambie esta voluntad política.
Por otra parte, los artículos 23 y 24 eran, quizá, poco claros y ello llevaba a dificultades de aplicación. Ahora, la Comisión sostiene que con los artículos 23 y 24 se puede hacer realmente la corrección financiera, cosa que nosotros siempre habíamos afirmado. Es más, justifica que la jurisprudencia existente en el FEOGA-Garantía -porque hay casos llevados ante el Tribunal de Justicia- la jurisprudencia ya le da una base suficiente y que, por lo tanto, así puede llevar adelante un procedimiento pragmático para la corrección de las cuentas de los Fondos estructurales sin necesidad de modificar el fundamento jurídico.
Nosotros -y es lo que estamos diciendo en nuestra propuesta- Señorías, podemos aceptar a título tentativo, experimental esta base pragmática, pero creemos que la arquitectura jurídica de la propuesta es un tanto débil y que, a medio plazo, de acuerdo con la experiencia, deberíamos mejorarla y completarla.
No creemos que debamos lograr un Reglamento absolutamente exhaustivo, pero algo más completo que el actual. Deberíamos facilitarle a la Comisión los medios de control en los países que están ejecutando los Fondos estructurales. Los Fondos estructurales los ejecutan básicamente las administraciones nacionales o subcentrales, locales, regionales, de los länder, etc. y hay que darle mayor fuerza a los poderes de la Comisión en esta materia. Señorías, no quiero abusar del tiempo, pero sí quisiera decirles que consideramos incorrecta la propuesta de la Comisión de que las correcciones puedan ser retroactivas. No se trata de sanciones. Si hay sanciones, sí que puede haber circunstancias atenuantes o una negociación para ver cuál es exactamente la multa. Pero no estamos esto; estamos estableciendo un procedimiento contable de fotografía de la situación y, por lo tanto, ahí, creemos que no tiene que darse el carácter retroactivo.

Berend
Señora Presidenta, quisiera hacer lo uno y lo otro y formular también algunas puntualizaciones a la Comisión de Política Regional. En el año 1995 se realizaron pagos por un total de casi 21.000 millones de ecus desde los Fondos estructurales. Como se deduce del VII Informe anual sobre los Fondos estructurales se realizaron por parte de las Direcciones generales, Política Regional y Control Presupuestario, un total de 220 inspecciones, 134 por la Dirección General de Política Regional y 80 por la de Control Presupuestario.
Esto no es suficiente, como se podría pensar. Sin embargo, cada proyecto financiado con fondos de la UE no puede ser inspeccionado por los servicios de la Comisión. La tarea principal de evitar o de descubrir irregularidades reside en los Estados miembros por razones de partenariado. Sin embargo, a la vista del hecho de que en el presupuesto se pierden anualmente cientos de millones de ecus, es preciso reconocer y eliminar los puntos flacos. Desde la perspectiva de hoy veo tres de estos puntos flacos.
Primer punto flaco: problemas de organización en la Comisión. Entre las direcciones generales que he mencionado existe el problema de que los resultados del control financiero no se comunican, o se comunican demasiado tarde, a los órganos competentes. Segundo punto flaco: los propios Estados miembros. Mientras el dinero procedente de Bruselas no sea aplicado con el mismo cuidado que el dinero nacional procedente de los impuestos, será ineficaz cualquier control. La utilización de los recursos procedentes de los Fondos estructurales para otros fines debe ser sancionada y castigada con la misma dureza que el fraude a las subvenciones procedentes de recursos nacionales.
Tercer punto flaco: ausencia de una regulación legal suficiente de las correcciones financieras. Aunque tenemos los artículos 23 y 24 en el Reglamento de coordinación, aún no han sido tomados éstos como fundamento de las correcciones financieras. Estoy de acuerdo con el ponente, que pide un marco jurídico sólido. Ya en el acuerdo de aprobación de la gestión del Parlamento Europeo sobre el ejercicio presupuestario de 1995, éste pidió bajo el título de Aprobación de la Gestión de los Fondos estructurales unos fundamentos jurídicos claros. Como miembro de la Comisión de Política Regional soy consciente de que tenemos una alta responsabilidad sobre la adecuada utilización de una tercera parte de los recursos presupuestarios de la UE. Los recursos han de contribuir a la cohesión económica y social y no deben desaparecer sin sentido ni utilidad a causa de una administración ineficaz o a causa de actividades fraudulentas. Estoy en condiciones de apoyar el Documento SEM 2.000, el Documento 3 de la Comisión así como también las conclusiones del ponente.

Virrankoski
Señora Presidenta, los Fondos estructurales constituyen un elemento cada vez más importante de los recursos de la Unión Europea y del uso que se hace de los mismos. En estos momentos estos fondos ya representan en importancia el segundo capítulo de gastos en el presupuesto de la Unión Europea, y comienzan a aproximarse a la barrera del 40 %. En el futuro, la proporción de los Fondos estructurales crecerá irremisiblemente, tal como constatamos ayer con motivo de la publicación del estudio relativo a la Agenda 2000, puesto que se van a transferir aproximadamente 2.000 millones de marcos finlandeses procedentes de los fondos estructurales a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, destinados a un uso prácticamente del mismo tipo, y porque, además, la cuota de financiación de los Fondos estructurales en el presupuesto permanecerá invariable, en un 0, 46 % del producto nacional bruto. El deber de los Estados miembros es hacer uso de este dinero.
El señor Colom i Naval ha realizado una excelente labor en la elaboración de su informe, en el que además identifica las dificultades relacionadas con el uso de los recursos que ofrecen los Fondos estructurales. La mayor parte de los recursos de los Fondos estructurales se utiliza a través de los programas objetivo, gestionados desde Bruselas por distintas direcciones generales. Este estado de dispersión administrativa dificulta ya de por sí una gestión adecuada de los recursos. Por otro lado, la utilización de los recursos en los Estados miembros está repartida entre diversas instancias administrativas y se encuentra también muy dispersa desde un punto de vista regional. Este es el motivo por el que plantea dificultades el control de los recursos. Por su parte, todas estas circunstancias ocasionan irregularidades en el control de los fondos. Por otro lado, los recursos de los Fondos estructurales se utilizan en pequeñas partidas inconexas y en distintos ámbitos sociales, lo cual a su vez dificulta el seguimiento del uso que se hace de los mismos.
No obstante, los Fondos estructurales representan una cierta cuestión de confianza para la Unión Europea y sus Estados miembros. Con ellos se intenta fomentar la cohesión y la igualdad entre regiones. Por este motivo son difíciles las correcciones netas que propone la Comisión; por este motivo, y tal como expone el ponente, se debería dotar de un fundamento legislativo a estas correcciones, las cuales deberían ser fácilmente previsibles. Únicamente de esta manera se puede garantizar la seguridad jurídica, tanto de los Estados miembros y de sus ciudadanos, como de la Unión Europea.
Señora Presidenta, respaldo la aprobación de este informe.

Holm
Señora Presidenta, es naturalmente importante que se lleve a cabo y exista un control de las operaciones de los Fondos estructurales. Por eso es satisfactorio que hayamos recibido el documento de la Comisión. También me ha causado una gran satisfacción el informe elaborado por el Sr. Colom y Nadal.
Los Estados miembros tienen la responsabilidad de efectuar el control con el fin de que no se produzcan infracciones. También es central que les recordemos a los Estados miembros este procedimiento de manera que evitemos tener que leer en los periódicos las noticias sobre las diversas infracciones que se han cometido.
No obstante, lo que necesitamos no es solamente el control financiero de los Fondos estructurales. Con demasiada frecuencia leemos en los periódicos que un proyecto que ha recibido ayudas de los Fondos estructurales ha tenido unas repercusiones que no eran en absoluto la finalidad de dichas ayudas. ¿Cómo repercuten, por ejemplo, los Fondos estructurales sobre los objetivos medioambientales que nosotros mismos nos hemos fijado en la UE y los cuales ha suscrito el Parlamento Europeo?
No obstante, también se da la circunstancia contraria. Existen Estados miembros que no utilizan su derecho a beneficiarse de los Fondos estructurales y medios que se congelan porque es difícil acceder a la información, muchos no saben cómo hacerlo y todo hay que solicitarlo a Bruselas. Esto hace que la burocracia adopte unas proporciones disuasorias y por ello habría que modificarla más adelante. Finalmente, gracias Sr. Colom y Nadal por su informe.

Brittan, Sir Leon
Quisiera dar gracias también al Sr. Colom i Naval por la labor que ha consagrado a esta cuestión.
Por lo que se refiere al control financiero, las medidas que ha adoptado la Comisión y que han recibido apoyo en el informe revisten dos formas. La primera es una propuesta de la Comisión para establecer un reglamento con arreglo al artículo 23 del reglamento de los fondos estructurales, que aclare las necesidades mínimas de control de los Estados miembros respecto de los fondos estructurales. La segunda es un conjunto de directrices para los servicios de la Comisión acerca de los criterios seguidos para efectuar correcciones financieras netas con arreglo al artículo 24 del reglamento de los fondos estructurales. El proyecto de reglamento, por consiguiente, constituye una aclaración de las disposiciones de gestión y control que ya están previstas en el reglamento de los fondos estructurales. No se trata de establecer nuevas normas o de pedir la creación de nuevas estructuras, sino de especificar la naturaleza y el volumen de los controles que son necesarios para que las autoridades designadas de los Estados miembros puedan certificar que las acciones han sido objeto de gestión y de verificación y que los gastos están justificados.
En particular, el proyecto de reglamento aclara la naturaleza de la certificación que ha de facilitar el Estado miembro. Las directrices para las correcciones financieras netas se derivan, en opinión de la Comisión, de la actual disposición de la norma principal relativa a los fondos estructurales y no requieren ninguna base jurídica suplementaria. De todos modos, la Comisión examinará el funcionamiento de las directrices dentro de un año y estimará si es necesario hacer algún cambio en el principal reglamento relativo a los fondos estructurales para el período que comienza el año 2000.
Entre tanto mantendremos al Parlamento plenamente informado de la aplicación de las disposiciones del artículo 24 en casos concretos, disposiciones que se aplicarán en plena consulta con el Estado miembro de que se trate.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 17.55 horas.)

