Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Macartney
Señor Presidente, sobre el punto 2 del Acta: ayer planteé la cuestión sobre el dumping del salmón noruego. Debo informar a la Asamblea que, al parecer, son ciertas las noticias que oímos ayer sobre el acuerdo de Noruega con la Unión Europea que prevé una limitación de la exportación sobre una base voluntaria. En la UE se producirá un gran malestar por el hecho de que un país que dijo no a su ingreso en el club, tenga más fácil acceso a la Comisión que este Parlamento cuando ayer intentamos plantear esta cuestión.

Sichrovsky
Señor Presidente, distinguidos colegas, saluden con nosotros, diputados liberales, a un huésped especial, al Sr. Lama Gangchen, presente en la tribuna, Presidente de la World Peace Foundation, quien visita por vez primera el Parlamento Europeo. Muchas gracias.

Gallagher
Señor Presidente, provengo de una región periférica en la que dependemos en gran medida de la pesca y de la acuicultura, ya que no tenemos ninguna otra fuente alternativa de empleo, por lo que apoyo plenamente a mi colega Allan Macartney de Escocia. Debemos preguntarnos ¿a quién representamos? ¿Representamos a los ciudadanos, a los pescadores y a los acuicultores de la Unión o a los intereses de terceros países? La Comisión debe adoptar una postura crítica sobre su actuación y pensar a quién representamos.

Provan
Señor Presidente, me alegra que el Sr. Macartney haya planteado esta cuestión. Es un asunto importante que afecta a la posición de esta Asamblea y a sus relaciones con la Comisión. La Comisión de Pesca y el Parlamento siempre han defendido la postura de que debemos permanecer unidos en el apoyo a la Unión Europea en esta disputa con Noruega. No es prudente que la Comisión entable negociaciones y concluya a escondidas un acuerdo, sin tener en consideración todas las implicaciones que ello tiene para la Unión Europea. Debemos pedir a la Comisión que haga una declaración durante el próximo período parcial de sesiones con el fin de que podamos conocer todo lo que ha estado sucediendo a nuestras espaldas.

McMahon
Señor Presidente, sobre la misma cuestión, el Grupo Socialista apoya a los demás Grupos en su petición de una declaración del Comisario Sr. Brittan. Durante estos últimos meses hemos intentado averiguar cuándo exactamente va a difundir el contenido del estudio que han llevado a cabo los servicios de su departamento. Algunas filtraciones a la prensa apuntan a que el Comisario se inclinaba por una tasa sobre las importaciones de salmón noruego, pero que ahora le da miedo seguir por ese camino. Parece preferir la antigua vía de imponer un precio mínimo de importación que no dio buenos resultados en el pasado, como pudimos comprobar en este Parlamento. Por ello, tal y como ha propuesto el Sr. Provan, espero que Sir Leon Brittan haga una declaración completa y sincera a la Asamblea el lunes o el martes del próximo período parcial de sesiones en Estrasburgo sobre la situación actual de esta cuestión tan seria, que afecta a miles de puestos de trabajo en Escocia, Irlanda y otras partes de la Comunidad.
(El Parlamento aprueba el Acta)

Seguridad social: Trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0118/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0452 - C4-0534/96-96/0227 (CNS)) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, el Parlamento juzga muy positivamente la propuesta que tratamos hoy, señor Comisario. La propuesta tiene por objeto, por así decirlo, »dar pies y cabeza» a los servicios telemáticos, tal como existen en los Estados miembros y que son necesarios para la coordinación de los regímenes de seguridad social. Consideramos la propuesta muy aceptable.
Ahora, otra propuesta, también excelente, la de las prestaciones en caso de enfermedad o maternidad para los estudiantes y los que siguen cursos de formación profesional. En Europa tenemos la libre circulación. Queremos fomentarla. También queremos ocuparnos de que un número creciente de estudiantes tengan la posibilidad de pasar un año de estudio o de formación profesional en el extranjero. ¿Qué más lógico que tengan derecho, sobre la base de normativa vigente en el Estado miembro, a un seguro de enfermedad o de maternidad?
Por consiguiente, la modificación cuenta con nuestro apoyo. Por desgracia, he de constatar también que en los Países Bajos, mi propio Estado miembro, se ha incluido una disposición en que esta buena regla no será válida para los estudiantes holandeses que viajan al extranjero. En la Comisión de Asuntos Sociales consideramos que ha de anularse la excepción que han pedido los Países Bajos. No podemos permitir que un Estado miembro quiera tratar de modo distinto a sus estudiantes y a los que siguen cursos de formación profesional que los demás Estados miembros.
Además, tengo algunas preguntas complementarias. Todos conocemos el problema de los trabajadores fronterizos y no es sólo un problema que se presente en los Países Bajos/Bélgica/Alemania, sino también en Francia/España, España/Portugal, Italia. Este problema de los trabajadores fronterizos va en aumento, porque los Estados miembros modifican sus sistemas, presionados por los recortes que se aplican a menudo en la seguridad social. Cuando se introducen cambios, no siempre se notifican de inmediato a la Comisión Europea, ni se estudian las posibles consecuencias de estos cambios para las personas que viven en un país y trabajan en otro. Constato que la notificación es defectuosa. Pido al Comisario que haga algo al respecto.
Otra cuestión es el momento en que pudiera notificarse, y ahora hay un caso concreto: ayer, por desgracia de nuevo en los Países Bajos, el Congreso decidió en una consulta general, y he constatado que todos los Grupos de nuestro Congreso, no sólo el Grupo del CDA, sino también el VVD, el PVDA y D66, que todos los Grupos han pedido al secretario de Estado que consulte a la Comisión Europea si es correcto lo que han hecho. Y ¿qué han hecho concretamente? Han presentado una propuesta para limitar de forma drástica los derechos de las personas que trabajan en los Países Bajos y viven o tienen intención de ir a vivir al extranjero. Esto significa no sólo que si uno se queda incapacitado para el trabajo recibirá por un período limitado una pensión de incapacidad laboral, si se trata de un trabajador belga en los Países Bajos. Sino que también significa que, por ejemplo, ya no se garantiza la cotización para la jubilación, el seguro nacional. Pregunto a la Comisión: ¿han tenido ustedes contacto con los Países Bajos sobre esta cuestión? Al fin y al cabo, se trata de una regla que puede tener consecuencias, no sólo para el entorno inmediato, sino también para terceros países en Europa. ¿Han tenido ustedes contacto? ¿Están ustedes dispuestos a entablar contacto rápidamente? Pues si ha habido una consulta general, esta será tratada en seguida en el Congreso. ¿Están ustedes dispuestos a entablar contacto y a comunicarnos lo que piensan al respecto?
El Parlamento ya se ha pronunciado unas cuantas veces, en una anterior ponencia mía, sobre las modificaciones de la seguridad social como las que se producen continuamente. ¿No sería necesario que debatieran por lo menos una vez con los ministros de Asuntos Sociales los estudios de impacto de ida y vuelta o los estudios de impacto fronterizo, o como quieran llamarse, para que en cualquier caso sepamos de antemano lo que está pasando realmente y no tengamos que corregirlo siempre después?
Señor Presidente, nuevamente quiero dar las gracias por las propuestas de la Comisión, por la buena cooperación, y espero que se aprueben las enmiendas.

Lindqvist
Señor Presidente, el informe regula los sistemas de seguridad social en caso de que trabajadores, o trabajadores autónomos y sus familias cambien de país dentro de la Comunidad. Se trata de un informe importante, dado que está en aumento la circulación de personas, lo cual es naturalmente positivo. Las enmiendas que ahora propone la Comisión tienen el fin de incorporar modificaciones que en gran medida ya se han realizado en las legislaciones nacionales. No obstante, es excelente que se haga.
Hoy por hoy, las personas que residen en otro Estado miembro para estudiar tienen sólo derecho a unos «cuidados básicos» en caso de enfermedad, una especie de asistencia mínima o de urgencia. Según la propuesta de la Comisión, ahora tendrán acceso a la atención médica siempre que lo necesiten, lo cual debería ser evidente. Naturalmente, esto es algo que cabe respaldar, y que nosotros también apoyamos. La comisión mantiene una postura abierta y acoge las mejoras, también en lo concerniente a los estudiantes.
El Grupo liberal apoya las enmiendas que tienen el objetivo de garantizar que también los ciudadanos de terceros países que estudian en la UE tengan derecho a asistencia de urgencia. Esto es una mejora, señor Presidente, en relación con la legislación actual. No obstante, quiero señalar que sigue habiendo diferencias entre los estudiantes que proceden de países pertenecientes a la UE y los que vienen de fuera. Este es un paso en la dirección correcta que mejora la situación de los estudiantes de países que se hallan fuera de la Unión. Las diferencias que todavía queden deberían poderse regular con ocasión de la próxima ronda de reformas. El Grupo liberal votará a favor del informe.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, tenemos ya mercado interior desde hace tiempo. Tenemos también una movilidad transfronteriza que crece lentamente, pero la libertad de circulación de las trabajadoras y de los trabajadores sigue estando insuficientemente apoyada a través de la seguridad social y a través del aseguramiento y el acceso a los sistemas sanitarios. A este respecto, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten y la base de la Comisión son, de hecho, un primerísimo paso para establecer en principio un mínimo que necesitamos para que los derechos sociales fundamentales sean también eficaces en el contexto de la creciente movilidad transfronteriza de las trabajadoras y de los trabajadores.
Es importante que esto sea aplicable también para las trabajadoras y trabajadores en formación y que se incluya también a los estudiantes, pues, de hecho, se trata de un ámbito en el que la movilidad se desarrolla también justamente de forma especial como una contribución a la consolidación y al desarrollo del mercado interior para el trabajo dependiente. Quiero subrayar también la necesidad de procurar que las trabajadoras y trabajadores procedentes de terceros estados no sigan siendo discriminados, como sucede ahora. Debemos seguir adelante en esta dirección. Hay también otros deseos que siguen abiertos. Puesto que nosotros, naturalmente, tenemos interés en que la migración, la movilidad transfronteriza, se desarrolle en la Unión Europea, tenemos también interés en posibilitar que se puedan utilizar regulaciones ventajosas del propio estado cuando se trate de una estancia transitoria en otro estado de la Unión. En este punto el informe se queda muy por detrás de lo que sería necesario en lo que respecta a la valoración realista de las posibilidades. En realidad podemos sacar, en conjunto, el balance de que en los ámbitos en los que, como Parlamento, tenemos que decir algo tenemos, evidentemente, dificultades muy grandes incluso para introducir pequeños avances. Sólo allí donde no tenemos nada que decir podemos formular grandes principios. Hemos de superar de una vez por todas esta discrepancias. Debemos llegar en nuestro procedimiento legislativo a una auténtica política enérgica y guiada por principios.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, por el continuo apoyo que ha brindado a las enmiendas al Reglamento (CEE) nº 1408/71 y al Reglamento (CEE) nº 574/72. La Comisión acoge con satisfacción la actitud tan positiva del Parlamento Europeo ante esta propuesta así como el hecho de que comparta la opinión de la Comisión de que los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72 sobre la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social necesitan ser actualizados a la luz de los cambios que se han producido a nivel de la legislación nacional.
El Parlamento comparte asimismo la opinión de que es necesario proporcionar a los servicios telemáticos una base adecuada en el texto de los Reglamentos para la coordinación de los regímenes de seguridad social. Dicha base se conoce como el programa TESS, y la Sra. Oomen-Ruijten ha hecho especial hincapié en su importancia.
El Parlamento apoya asimismo la propuesta de hacer extensivas las prestaciones de enfermedad a las personas que siguen estudios y cursos de formación profesional en un Estado miembro distinto de aquel en el que están aseguradas. En su informe, la Sra. Oomen-Ruijten propone tres enmiendas. La primera y la tercera son relativas a la supresión propuesta para los Países Bajos sobre el método de reembolso entre los Estados miembros de los costes de las prestaciones por enfermedad en el caso de estudiantes. Parece ser que esta supresión sitúa a los Países Bajos en una posición desfavorable frente a otros Estados miembros. La Comisión está dispuesta, por consiguiente, a respaldar dichas enmiendas.
La segunda enmienda intenta ampliar a los nacionales de terceros países el derecho a recibir prestaciones por enfermedad cuando se encuentren temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en el que están asegurados. El Sr. Wolf ha hecho especial referencia a este punto. La Comisión ya había presentado esta idea al Consejo en 1995, aunque, lamentablemente, sin éxito. No obstante, la Comisión está dispuesta, una vez más, a incluir esta enmienda en su propuesta modificada.
Por último, la ponente ha planteado otra cuestión. No guarda ninguna relación especial con el informe que hoy nos ocupa. Se trata de una decisión del Gobierno holandés y su entrada en vigor está prevista para un futuro próximo. Es relativa a las pensiones de invalidez. La DG V tiene conocimiento del tema y ha recibido a representantes de personas discapacitadas con motivo de esta propuesta. La DG V ha solicitado a los servicios jurídicos asesoramiento sobre esta cuestión, que parece ser bastante complicada. Es además una cuestión delicada desde el punto de vista político. Aunque la Comisión no esté satisfecha con la nueva decisión, no puede impedir su entrada en vigor. Aunque si entra en vigor, la Comisión estará en una situación que le permite iniciar un procedimiento de incumplimiento en caso de que la medida sea contraria al Derecho comunitario. Puedo garantizar a su Señoría que el asunto será seguido con la mayor diligencia, de acuerdo con el deseo manifestado por la ponente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas.

Registro de pasajeros y formación en profesiones marítimas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos:
el informe (A4-0152/97) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0574 - C4-0029/97-96/0281 (SYN)) sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje; -el informe (A4-0174/97) del Sr. Parodi, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0470 - C4-0550/96-96/0240(SYN)) por la que se modifica la Directiva 94/58/CE relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.
Watts
Señor Presidente, la Comisión de Transportes y Turismo opina que debemos respaldar esta propuesta de la Comisión relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajeros en la Unión Europea. De hecho, la comisión fue unánime en su apoyo a esta medida, y creemos que no hay la menor duda sobre su necesidad para garantizar la eficacia de las operaciones de búsqueda y rescate.
Para poder apreciar plenamente la importancia de esta medida, debemos remontarnos en el tiempo, sobre todo hasta la catástrofe del Herald of Free Enterprise de 1987, de la que se cumplen ahora diez años. Cuando ese buque se hundió ocasionando la muerte a más de 190 personas, el informe oficial de entonces concluyó que uno de los factores agravantes de la tragedia fue la falta de interés que demostró la compañía, en este caso, P & O. Una de las pruebas de esa falta de interés fue el hecho de que la compañía ignorara el número de personas que se encontraban a bordo, así como los nombres de los pasajeros. Una de las recomendaciones que hacía el informe Sheen era que debía elaborarse una lista de pasajeros y que cada uno de ellos debía recibir una tarjeta de embarque.
Aunque han transcurrido diez años, aún no se han tomado las medidas oportunas para poner en práctica dicha recomendación. Desde entonces hemos asistido, trágicamente, a otros accidentes de buques, algunos graves y otros menos graves. Muchas personas murieron a bordo del Scandinavian Star a causa de un incendio. El caso más grave fue la pérdida de 900 vidas humanas cuando se hundió el Estonia . En todos estos casos, la eficacia de la operación de búsqueda y rescate se vio dificultada por la falta de un registro de pasajeros.
Algunos afirman que eso supone una carga y un quehacer adicional y que redundará en un incremento de los costes. En cierta medida habrá responsabilidades adicionales, pero no cabe duda de que cuando nos acercamos a un nuevo milenio, lo mínimo que podemos esperar de las compañías de transbordadores es el reconocimiento de que deben conocer cuántas personas se encuentran a bordo de sus buques y quiénes son. Si pueden registrar los detalles para controlar la venta de productos libres de impuestos -y reconozco que deben hacerlo-, ¿por qué no pueden elaborar una lista para una operación de búsqueda y rescate? No cabe duda de que las vidas de sus pasajeros y de la tripulación es tan importante como garantizar el fiel cumplimiento de las normativas para la venta libre de impuestos.
Hay, además, varios otros aspectos que merecen ser comentados en el Parlamento. En primer lugar, uno relativo al exceso de pasaje. Lamentablemente siguen dándose casos de transbordadores que navegan en aguas de la Unión Europea con un número excesivo de pasajeros a bordo. Esta medida acabaría de inmediato con esa práctica. En segundo lugar, como ya he explicado, permitiría una operación de búsqueda y rescate más eficaz. La Guardia Costera de mi Estado miembro respalda plenamente esta medida. Facilitaría enormemente sus labores de ayuda. En mi circunscripción, el Cuerpo de Bomberos de Kent me informa que es exactamente el tipo de información que necesita, y se pregunta por qué hemos tardado diez años en poner en vigor esta medida.
En tercer lugar, la medida permitirá a los buques garantizar que sus equipos de seguridad son adecuados para el tipo de pasajeros que transportan. Por último, y posiblemente lo más importante, obligará a cambiar de actitud a las navieras. Los pasajeros dejarán de ser sólo números, dejarán de ser apenas una fuente de ingresos, para convertirse en personas reales con nombres reales, vidas reales, familias reales y con un valor real.
Acogemos con satisfacción el fuerte impulso que esta propuesta supone. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la información deberá estar disponible inmediatamente en el puerto de partida. Si hay que esperar media hora para disponer de la información, esa media hora podría tener consecuencias drásticas. El Herald of Free Enterprise se hundió a los veintidós minutos de zarpar de Zeebrugge. En segundo lugar, creemos que es necesario hacer extensiva esta medida a los túneles submarinos, especialmente al Eurotúnel. No tiene mucho sentido que los transbordadores que cruzan el canal se vean afectados por esta medida y el Eurotúnel no. Lo cierto es que se ignora cuántas personas se encuentran en el túnel del Canal de la Mancha en un momento determinado. Los servicios de emergencia sostienen -al igual que las navieras- que en aras de la igualdad y de la seguridad debemos seguir avanzando en este campo. Espero que el Sr. Comisario nos ofrezca sus comentarios sobre esta propuesta nuestra. Por último, pedimos que esta medida afecte no sólo a los trayectos de 20 millas, sino también a aquellos que sobrepasan las dos horas, y esperamos que el Comisario se muestre favorable a esta petición.
Para terminar, creemos que durante estos dos últimos años hemos conseguido, por fin, avanzar realmente en el ámbito de la seguridad de los transbordadores. Es cierto que fue necesario el hundimiento del Estonia para que a esta cuestión se le diera el impulso que venía necesitando, pero también deseo rendir homenaje al modo en que el Comisario Sr. Kinnock, desde su nombramiento, ha garantizado que el tema de la seguridad en general se mantenga entre los asuntos prioritarios de su agenda. La seguridad en el mar, en particular, se ha mantenido como una de las principales preocupaciones de este Parlamento. El Comisario debe atribuirse el mérito de haber sabido conducir hábilmente hasta su aprobación una serie de propuestas legislativas importantes que garantizan que las vidas de los pasajeros en el mar y de las tripulaciones estén mucho más seguras. El trabajo debe seguir adelante, y mi informe reconoce que aún queda mucho por hacer. Pero tenemos motivos para pensar que esta medida, que aunque simple, es importante, contribuirá en gran medida a la seguridad en el mar y esperamos con interés poder colaborar con otras personas que comparten nuestra inquietud y, en particular, con el Comisario Sr. Kinnock. Podemos garantizarle que continuaremos siempre apoyando sus esfuerzos para que la seguridad sea siempre una de las prioridades.

Parodi
Señor Presidente, señores diputados, el objetivo que persigue el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW), revisado en 1995, es adaptar mejor la formación de la gente de mar a las condiciones reales del transporte marítimo, en particular a los nuevos avances tecnológicos introducidos a bordo de los buques y a los nuevos métodos de formación profesional. En efecto, no olvidemos que aproximadamente el 80 % de los accidentes marítimos se debe esencialmente a errores humanos o a omisiones.
Para remediar esta situación, o por lo menos para reducir la influencia del «factor humano» en los accidentes marítimos, era necesario, pues, establecer requisitos mínimos para la formación profesional, la titulación y la guardia de la gente de mar, garantizar el control efectivo de la aplicación de las disposiciones internacionales evitando que, como en el pasado, la propia credibilidad de las titulaciones expedidas se perdiera a causa de la poca observancia de las disposiciones del Convenio.
El nuevo Convenio de 1995, del que catorce Estados miembros de la Unión Europea son parte contratante, representa, por lo tanto, un paso adelante hacia una mayor seguridad de los mares, ya que refuerza las competencias de la OMI en materia de procedimientos de control sobre los métodos de adiestramiento y de verificación seguidos por los Estados signatarios.
Al mismo tiempo, la OMI podrá reaccionar ante los posibles incumplimientos negando el reconocimiento internacional de las titulaciones expedidas.
La propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/58/CE, objeto de mi informe, prevé que todos los requisitos del Convenio se apliquen efectiva y concretamente en la Unión Europea y que se incorporen al sistema jurídico comunitario.
Partiendo de la necesidad de perseguir una mayor seguridad en el mar, verdadero hilo conductor de mi informe, he querido introducir algunos cambios, que, sin interferir en la naturaleza jurídica del Convenio, pretenden: primero, mejorar y consolidar, en la medida de lo posible, la propuesta de directiva, simplificando su interpretación y su aplicación; segundo, eliminar las posibles inseguridades jurídicas o los conflictos jurídicos por lo que respecta a las obligaciones de los Estados miembros en materia de expedición y de reconocimiento de titulaciones de formación de la gente de mar.
Sobre la base de esas orientaciones, las principales modificaciones introducidas en el texto original incluyen: la necesidad de que a bordo de los buques se establezca una lengua común de trabajo, de conformidad con el nuevo reglamento SOLAS que entrará en vigor el 1 de julio, para que todos los miembros de la tripulación puedan comunicar entre sí; la oportunidad de conciliar mejor el trabajo a bordo con las necesarias cualificaciones exigidas; un sistema más racional de reconocimiento de los títulos expedidos por terceros países, subordinado a una serie de criterios de calidad para evitar el empleo de tripulaciones poco cualificadas; por último, el refuerzo de la directiva sobre el Port State Control .
En efecto, considero que la formación de la gente de mar puede contribuir a mejorar la seguridad y la competitividad de la flota comunitaria y, en un contexto global, a reducir el número de los buques sub-standard .
Si bien las repercusiones de la revisión del Convenio no se pueden aún evaluar con precisión, ya se puede prever que, en cualquier caso, serán significativas. La mayor parte de los comentaristas internacionales considera que la aplicación de nuevas normas comportará, a nivel mundial, una disminución del número de trabajadores marítimos en posesión de titulaciones reconocidas internacionalmente. Si el resultado consiste en un aumento general de los niveles de competencia de la gente de mar, eso será sin duda positivo para la industria internacional de armadores.
En mi opinión sería asimismo positiva la adopción conjunta de instrumentos encaminados a promover la formación de mano de obra cualificada europea, hoy en constante disminución.
Datos estadísticos internacionales indican la falta de 18.000 oficiales necesarios para la conducción de la flota mundial, lo que equivale aproximadamente al 4, 4 % de la fuerza laboral.
Por consiguiente, los Estados miembros y las regiones podrían perseguir este objetivo mediante una política que haga más atractivas las profesiones marítimas para los jóvenes, mediante la creación de un Instituto Marítimo Europeo -como ha pedido muchas veces nuestra Asamblea-, mediante cursos de actualización y de formación para la gente de mar.
De todos modos, este objetivo no debería ser apoyado únicamente por las sociedades de navegación, la mayoría de las cuales están hoy abrumadas por costes de gestión incompatibles con las condiciones de los mercados. En cambio, habría que prever las medidas fiscales y económicas positivas para hacer competitiva la contratación y la formación de la gente de mar europea.
Está en juego la seguridad de nuestros mares y de la vida humana, la protección del medio marino, pero sobre todo la salvaguardia de una profesión y la inaplazable necesidad de crear nuevo empleo especializado en Europa cuya demanda en el sector tiende a aumentar.
Con este informe estamos, una vez más, en vías de abrir nuevas fuentes de trabajo para nuestros jóvenes.

Sindal
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, celebro que, al parecer, sea posible ponernos de acuerdo sobre dos temas relacionados con la seguridad marítima durante este período parcial de sesiones en Bruselas. En nuestra reunión aquí de hace un mes no estuvimos de acuerdo con la Comisión en dar a la industria naval un trato justo. No obstante, quiero subrayar que en la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo nos sentimos satisfechos con la cooperación con la Comisión en materia de seguridad marítima y, en especial, con el Comisario Kinnock.
Por supuesto, apoyo las dos propuestas presentadas. Continúan produciéndose muchos accidentes en el mar, mucha gente sigue perdiendo la vida en él. Nadie se imagina que un buque tan grande como el «Estonia» pueda desaparecer en el mar, pero es la cruda realidad. Por eso es importante que sigamos trabajando para mejorar la seguridad marítima. En otras palabras, la seguridad no es suficientemente segura. La seguridad marítima es objeto de debates continuos, no terminamos nunca, ya que surgen constantemente nuevos retos. No obstante, con voluntad, podemos avanzar en una dirección positiva y lograr un aumento paulatino de los buenos resultados, y me parece que lo estamos consiguiendo con estas dos Directivas.
La Directiva sobre el registro de los personas que viajan a bordo de buques de pasaje contribuirá a mejorar los trabajos de rescate en momentos de crisis. Las normas influirán positivamente sobre todo en el rescate de las personas de edad avanzada y las personas con minusvalías. Las navieras son, en general, escépticas ante tales propuestas. Quizás se deba a que las mejoras cuestan dinero. Las navieras deben saber que tenemos una buena cooperación en la Comunidad en materia de seguridad y que cabe la posibilidad de que las normas sean objeto de modificaciones en los casos en que se den condiciones especiales. Hay que comenzar por algún sitio, y estas dos propuestas son una buena base.
Me parece que hay que ver la Directiva relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas a la luz del hecho de que el 80 % de los accidentes marítimos se deben a errores humanos. Es nuestra obligación trabajar para que la gente de mar mejore continuamente sus conocimientos de primeros auxilios, de idiomas y de otros ámbitos. Es verdad que los países occidentales están perdiendo puestos de trabajo en beneficio de otras partes del mundo. Esto mismo ocurre en el caso de la gente de mar, que tiene que estar atenta al dumping social. Tenemos, pues, la obligación de seguir una política agresiva en el ámbito marítimo, igual que en otros sectores. Sólo si apostamos por la calidad lograremos un alto nivel de empleo para los trabajadores europeos en cualquier sector. Esto quiere decir formación y más formación en el caso de la gente de mar.
Quiero llamar la atención del señor Comisario sobre la enmienda nº 10 del informe del Sr. Parodi, que cuenta con la aprobación del Grupo Socialista. Sé que el Grupo del PPE no la apoya, pero me gustaría que el señor Comisario me dijera si la Comisión tiene la intención de apoyarla.

Stenmarck
Señor Presidente, me permito comenzar agradeciendo profundamente al ponente, Sr. Watts, el ambicioso trabajo realizado con este informe, que nos llevará al establecimiento de una normativa obligatoria respecto a la elaboración de listas de pasajeros dentro del tráfico marítimo en la Unión Europea. Pienso también que en un día como hoy, está justificado expresar mi agradecimiento al Comisario Kinnock por la responsabilidad de que ha dado muestra a la hora de proponer medidas en aras del aumento de la seguridad.
Cuando, hace unos años tuve el privilegio de ser miembro de este Parlamento, la primera pregunta que formulé al Comisario Kinnock giraba precisamente en torno a las listas obligatorias de pasajeros. Con ocasión de una reunión de la Comisión de Transportes, él me prometió volver con unas medidas en este sentido. Por ello le agradezco que hoy podamos adoptar esta resolución.
Una oscura noche de setiembre de 1994 tuvo lugar el terrible accidente, al naufragar el transbordador Estonia entre Talin y Estocolmo. Fallecieron exactamente 900 personas. Esta es una de las mayores catástrofes de la navegación moderna, pero también es uno más de la serie de graves accidentes ocurridos en aguas europeas durante los últimos decenios. Un serio problema surgido a raíz de estos accidentes es que no se ha podido establecer con seguridad qué personas se encontraban a bordo. Nunca se han encontrado listas de pasajeros. Es fácil decir ahora que esto es desquiciado, que tendría que ser algo evidente y un requisito previo que los responsables del transporte de miles de personas en un barco de pasaje deberían saber no sólo el número, sino también la identidad de quienes se encuentran a bordo. Pero no ha sido así. Esto es lo que hoy vamos a corregir.
Todos los que se dedican a analizar los hechos que sucedieron en el Parlamento Europeo durante los días y semanas que siguieron al accidente del Estonia saben que el Parlamento se pronunció unánimemente y exigió unas acciones para evitar nuevas catástrofes en la medida de lo posible, y para que, en caso de accidente, sus repercusiones fueran mínimas. Pienso que todo ello demuestra la verdadera fuerza de este Parlamento como órgano eficaz de formación de opinión en favor de los cambios necesarios. Una de las consecuencias de la fuerte reacción del Parlamento nos ha llevado a una serie de propuestas diversas con el fin de mejorar la seguridad en el transporte marítimo.
Es naturalmente un hecho lamentablemente cierto que nunca se podrá descartar la posibilidad de que se produzcan accidentes, pero sí es posible reducir los riesgos de que se produzcan y hacer más eficaces los trabajos de rescate. La información sobre los pasajeros que viajan a bordo del buque es en este contexto una condición fundamental para que resulten más eficaces los trabajos de salvamento en alta mar. Se trata de conocer el número de niños y ancianos, entre otras personas, que se hallaban a bordo antes del suceso.
Con la propuesta presentada existe solamente un único límite, y es la duración del viaje. Se ha limitado a 20 millas naúticas entre dos puertos. En este sentido la Comisión de Transportes hace una pequeña precisión que espero que el Comisario pueda aceptar.
Es positivo que, según parece, vaya a desarrollarse un marco coherente para la política de la UE con respecto a la seguridad en alta mar. La continua presión del Parlamento Europeo, ejercida durante diez años, ha jugado un importante papel en este contexto. Es importante que no descansemos en estos trabajos, y que estemos dispuestos a proseguirlos.
Me permito acabar solicitando al Comisario que en su intervención mencione qué acciones ulteriores está dispuesto a proponer con el fin de aumentar más aún la seguridad en el tráfico marítimo.

Wijsenbeek
Señor Presidente, los dos informes tienen que ver en efecto con la seguridad en el mar. Es necesario, no sólo porque con regularidad suceden siniestros. Siempre ha sido así y por desgracia siempre será así, sino sobre todo para limitar al mínimo las consecuencias de esos siniestros inevitables. Por ello es también necesario que como Unión Europea nos amoldemos a las normas establecidas por la International Maritime Organisation . Lamentablemente no tenemos un registro europeo propio, no se ha creado; es lamentable, pero bueno.
En la medida en que nos adaptamos, ambos informes presentan dos problemas. El primer problema ha sido abordado por el ponente Parodi, tema de un idioma.
Quizá el Sr. Comisario desee prestar un poco de atención. El año pasado, cuando ocurrió el desastre del Sea Empress , que se hundió justo en frente de su bella costa natal de Gales -veo que sí está escuchando-, se descubrió que el único medio de comunicarse con la tripulación del Sea Empress era a través del propietario del restaurante chino del lugar, porque toda la tripulación era china. En el informe del Sr. Parodi insistimos en la necesidad de que exista un idioma común. Con el debido respeto a las demás lenguas europeas, el idioma debe ser el inglés, al igual que sucede en el caso del transporte aéreo. Ésa es una cuestión.
En segundo lugar, en cuanto al informe del Sr. Watt, a pesar de todas las buenas intenciones, ¿hasta qué punto se podrá controlar y cuántas tripulaciones cumplirán las normas impuestas?

Alavanos
Señor Presidente, quiero dar mis más sinceras felicitaciones al ponente, Sr. Watts, y al Comisario, Sr. Kinnock, por la presente iniciativa, una iniciativa que, a pesar de su injustificado retraso, quizá establezca las condiciones previas para un funcionamiento más seguro, más humano y más respetuoso con los usuarios de los trasbordadores de pasajeros de carga rodada.
Creo haber advertido que las opiniones expresadas por los diferentes oradores se repetían, lo cual demuestra el apoyo unánime a la presente propuesta. Por mi parte, quiero también subrayar, a la luz de nuestra experiencia con los puertos griegos y con los viajes dentro de Grecia, que la propuesta es necesaria. Primero, para evitar el gran mal de la sobrecarga indiscriminada de los buques con pasajeros; segundo, para garantizar el control y la capacidad suficientes de los medios de rescate en relación con el número de pasajeros; tercero, para que existan todos los elementos necesarios en caso de accidente y, cuarto, como muy bien ha destacado el Sr. Watts, para que por fin pidamos a las empresas marineras que cambien su postura ante el público que utiliza sus barcos y dejen de mirarle sólo como una fuente de ingresos, para mirarle como un conjunto de ciudadanos a quienes tiene el deber de prestar determinados servicios de alta calidad y eficacia.
Para terminar, quiero subrayar que, en mi opinión, con el desarrollo de los sistemas de informática, ni el coste ni las disfunciones serán de importancia. Por ello, es importante que todo esto pase rápidamente a ser aplicado.

McMahon
Señor Presidente, quisiera unirme a las felicitaciones dirigidas al Comisario Sr. Kinnock por haber sacado adelante esta propuesta de directiva. Parte del mérito recae también en el antiguo diputado por Merseyside, el difunto Ken Stewart que, como excelente marino, trabajó incansablemente en la Comisión de Transportes y Turismo en su afán por mejorar la seguridad marítima.
Cuando se produjo el desastre del Estonia , sentí especial pesar al conocer que entre las víctimas se encontraba un buen amigo del Parlamento, Lennart Pettersson, antiguo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento sueco, que había colaborado activamente con este Parlamento durante las negociaciones previas a la adhesión de Suecia. El alcance de aquel desastre demuestra la necesidad de un endurecimiento de la normativa que incluya la confección de listas de pasajeros, con el fin de que se conozca el número de pasajeros que hay a bordo.
También siento preocupación desde la perspectiva escocesa. El Comisario Sr. Kinnock conocerá bien las navieras Caledonian McBrayne y Western Ferries. De hecho, creo que llegó incluso a tomar el timón de uno de sus buques en cierta ocasión cuando se dirigía a Dunoon. Dichas navieras se interesan por esta medida porque cubren varias rutas. Afortunadamente, su historial de seguridad es muy bueno. Utilizan el sentido común, de manera que cuando soplan vientos fuertes en el Firth of Clyde o el Minch, no zarpan. No ponen en peligro la vida de pasajeros.
No obstante, dichas navieras sienten preocupación por las disposiciones relativas a la duración del viaje, especialmente en su travesía hasta Barra, que también se verá afectada por esta directiva. Pero creo que podremos persuadirlos de que es por su propio bien. La información que el Comisario exige no es excesiva y con ayuda de la informática, debería ser viable.
Sobre la cuestión Eurotúnel, es lamentable que la semana pasada las autoridades responsables del Eurotúnel cancelaran la visita. La Comisión de Transportes y Turismo podría haber discutido el informe del Sr. Watts y sus implicaciones con las autoridades responsables. No obstante, por alguna razón, Eurotúnel optó por la cobardía como su mejor estrategia y decidió no invitarnos a las conversaciones, cancelando la reunión a última hora. Fue una pena porque podríamos haber mantenido un diálogo útil sobre las implicaciones del informe Watts para el Eurotúnel.
En términos generales, la directiva es buena y las propuestas del Sr. Watts la fortalecen en muchos aspectos.

Sarlis
Señor Presidente, me voy a referir al informe del Sr. Parodi sobre el nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas. Debo destacar que se trata de un tema con una historia previa. Existe un convenio internacional, denominado STCW, sobre el nivel mínimo de formación. Este convenio es el que se firmó en el marco de la OMI. En 1994, la Comisión y, a continuación, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la Directiva 94/94 por la que se regulaban temas de nivel mínimo de formación de las profesiones marítimas, sobre todo de terceros países, y subrayo este último aspecto. Me refiero al nivel mínimo de formación del personal marítimo de terceros países empleado en buques de pabellón europeo. Más tarde, en 1995, la OMI, la Organización Marítima Internacional, modificó el Convenio STCW y, a continuación, la Comisión preparó una nueva directiva, o mejor una nueva propuesta de directiva, teniendo en consideración todo lo que se había acordado en 1995.
En primer lugar, cabe destacar que el Partido Popular Europeo considera la propuesta de la Comisión -y pongo énfasis en ésto- muy buena. Sin embargo, no está conforme con el modo en que ha sido modificada por el Parlamento Europeo. En concreto, hemos votado en contra de determinadas disposiciones del informe y, lamentablemente, nos vemos obligados a votar en contra de él, sobre todo por lo que atañe las enmiendas núms. 10, 32 y 33.
¿Qué dice la enmienda nº 10? Dice que formarán parte del derecho comunitario las disposiciones de la Parte A del Código de formación STCW y que este Convenio Internacional entrará en vigor por la vía de la directiva. Según la enmienda nº10, en el mismo momento en que entre en vigor la Directiva se aplicarán automáticamente las disposiciones del Convenio STCW. Tal enmienda no puede ser aprobada por nosotros, porque supone una vinculación automática de los Estados miembros, muchos de los cuales aun no han ratificado el Convenio STCW. Ya pusimos de manifiesto esta cuestión, de carácter meramente procedimental, explicando que no era posible utilizar la adopción de una directiva para imponer la vigencia del Convenio STCW como derecho coercitivo incluso a los Estados miembros que no lo hubieran ratificado. No obstante, la mayoría de la Comisión de Transportes decidió lo contrario.
Además, no estamos conformes con la necesidad de abolir el sistema creado por la Directiva 94. Como ya les he señalado, la Comisión ha hecho un buen trabajo y su modificación, tal como se ha presentado, no cuenta con nuestro apoyo. Es decir, que hay pocas cosas que quisiéramos modificar en el proyecto de la propuesta que presentó la Comisión.
Otro tema que quisiera abordar es que la agregación de un nuevo anexo crea una gran confusión; me refiero a las enmiendas núms. 32 y 33 de la Comisión de Transportes, razón por la cual estamos en contra de ellas de la Comisión de Transportes del Parlamento.
Termino anunciando lo que ya he señalado al principio, que daremos un voto desfavorable al informe.

Thors
Señor Presidente, con motivo de los debates que hoy celebramos sobre esta cuestión, como ciudadana finlandesa no puedo dejar de pensar en la mañana de setiembre del año 1994, en que me enteré de la catástrofe del Estonia. Se trata de un suceso que los navegantes finlandeses nunca olvidarán. Me satisface que se señale el accidente del Herald of Free Enterprise en el informe, pero es de igual importancia que recordemos a las víctimas del Estonia.
Hemos de aprender algo de todo esto, lo cual demuestran los dos informes. No obstante, creo que sigue habiendo mucho por hacer respecto al logro de unos requisitos más duros en torno a las tripulaciones. Considerando la situación del tráfico marítimo que experimentamos en las aguas finlandesas del mar Báltico, me doy cuenta de que hay navegantes que cada vez dominan menos el tráfico en esta región. No creo que sea desacertado que tengamos una requisitos más estrictos en determinadas aguas que son especialmente difíciles, como por ejemplo, el Báltico.
Es deplorable que debatamos hoy una propuesta que se aleja mucho de la posición común del Consejo. Espero que también el Parlamento logre llegar a una mejor protección de las personas, y a ciertas excepciones para el tráfico de pasajeros que suben y bajan frecuentemente del transbordador (que corresponda al tráfico ferroviario de pasajeros), por ejemplo con respecto al tráfico que tenemos en el archipiélago en aguas finlandesas. He entendido que los países miembros están dispuestos a examinar las condiciones exigidas para un sistema práctico, una especie de registro. Espero además que el Parlamento siga prestando más atención a la protección de las personas, y que las listas de pasajeros no se conserven demasiado tiempo, una cuestión sobre la que espero que volvamos. Espero también que la Comisión reconozca abiertamente que se necesitan unas excepciones en las aguas navegables donde el oleaje es verdaderamente bajo, se efectúan trayectos cortos y se sube y baja con frecuencia del buque; esto también se ha discutido recientemente en los trabajos de colaboración con la Comisión.

Van der Waal
Señor Presidente, a raíz de los graves accidentes acaecidos, en los últimos años hemos tratado repetidas veces la cuestión de la «seguridad marítima». En parte gracias a las actividades del Parlamento, se está elaborando una política europea coherente en este ámbito. Los presentes informes sobre el registro de pasajeros en los buques y sobre la formación en profesiones marítimas constituye una parte importante de esta cuestión.
Dado el carácter mundial de la navegación marítima, las medidas en este ámbito deberán tomarse en primer lugar a escala internacional.
Uno de los principales problemas es la aplicación de la normativa vigente. Esto afecta al Convenio STCW de 1978, relativo a la formación de los marineros. Debido al defectuoso cumplimiento, este tratado ha quedado desacreditado. Por ello celebramos que ahora llegue una versión revisada del Convenio STCW de 1995 y la propuesta de la Comisión para traducir esta legislación. Aparte de las medidas de contenido, la fuerza de este tratado modificado reside en la mejor vigilancia y control por parte de la OMI.
Sin embargo, no nos agrada que la Comisión se limite a revisar la antigua directiva con tan sólo una parte del Convenio STCW. Necesitamos una única directiva en que se incluya de forma integral el texto del Convenio STCW. Por ello apoyamos las enmiendas del informe Parodi, que proponen que el texto del nuevo Convenio STCW se incluya íntegramente en una nueva directiva. Ello favorecerá la claridad y la viabilidad de la directiva.
Asimismo apoyaré las enmiendas que proponen, de acuerdo con el Convenio STCW, que se anule la exigencia de reciprocidad de la propuesta de la Comisión. En cambio, no otorgaremos nuestro apoyo a las enmiendas que formulan exigencias de seguridad y que van más allá de las del Convenio STCW. En el clima de feroz competencia del mercado mundial no podemos permitirnos colocar a la flota europea en una posición de desventaja.
Por último, algunas observaciones sobre la directiva relativa al registro de pasajeros en los buques. Después de los siniestros de algunos transbordadores se han aprobado una serie de enmiendas que mejoran de forma importante la seguridad de estos buques. Con el informe Watts se pretende sobre todo mejorar la eficacia de las posibles operaciones de rescate. La introducción de sistemas de registro de pasajeros parece comportar mucho papeleo administrativo, pero las nuevas técnicas permiten mejorar la eficacia y rapidez del registro de pasajeros. Además, a nuestro entender, el Sr. Watts presenta un informe equilibrado en lo que respecta al ámbito de aplicación. Por ello apoyaremos el informe Watts, a excepción de la enmienda sobre los túneles.

Baldarelli
Señor Presidente, señor Comisario, también yo creo que se ha hecho un buen trabajo y considero que los dos informes son una respuesta importante a la difícil situación de la navegación marítima. Pero me doy perfectamente cuenta de que eso no es suficiente, de que hay que seguir controlando el sector y, sobre todo, de que hay que seguir moviéndose en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la formación.
Me refiero naturalmente a esas áreas que definiría como delicadas o sensibles, donde el número de pasajeros es muy alto y donde también la competencia que impulsa el mercado único o, si quieren, la desregulación que está interviniendo de manera muy fuerte en el sector de la navegación marítima, crea verdaderos problemas, hasta el punto de que incluso los requisitos establecidos por ley muchas veces no se respetan en absoluto. Se asiste, pues, a una situación extremadamente delicada y difícil: me refiero a algunas áreas sensibles, en particular a un área que conozco bien, la del Adriático.
Existen, sin duda, necesidades importantes por lo que respecta a la formación, pero considero que deberíamos también tener en cuenta otros aspectos, señor Comisario, que se refieren a la cuestión jurídica. Naturalmente, sobre estos aspectos hay que trabajar aún mucho: por ejemplo, existen todavía hoy, llamémoslas así, cajas chinas, compañías que se registran en los Estados comunitarios y que quizás luego no responden hasta el final a los requisitos de fiabilidad y de garantía en caso de accidentes.
Éste es un punto muy delicado: no es la primera vez que ocurren accidentes en los que no se consigue determinar las responsabilidades, ni identificar siquiera a los titulares de una línea de navegación. Por eso se apela a la responsabilidad de los Estados miembros, pero se apela también a la responsabilidad de las instituciones comunitarias, para poder vigilar e instar a los Estados miembros a actuar en esa dirección.
No tengo nada más que añadir, salvo que comparto la enmienda nº 10, presentada por el Sr. Parodi: la considero importante en particular porque el buque es una máquina compleja, y, por lo tanto, se requiere una lengua unitaria. En estos últimos tiempos se trata de apuntar más bien hacia una cualificación del personal, es decir, hacia un número alto de personal cualificado, mientras que las profesiones bajas no tienen ninguna cualificación. Eso responde naturalmente a un criterio de competencia y de búsqueda de mano de obra, lo que abre la vía hacia un verdadero problema de dumping social con respecto a los trabajadores marítimos. Y éste es también un punto sobre el que tendremos que reflexionar.

Evans
Señor Presidente, mi enhorabuena al Sr. Watts y al Comisario por la presentación de esta propuesta. Todos los aquí presentes viajamos con frecuencia. En los medios de transporte descubrimos numerosas anomalías. Por ejemplo, el vuelo de Londres a Bruselas dura apenas 40 minutos, sin embargo, existe un control de embarque, el pasajero debe estar en posesión de una tarjeta de embarque en la que figure su nombre, y la compañía aérea es responsable de comprobar que el nombre que aparece en dicha tarjeta se corresponde con el nombre del pasajero. Las compañías aéreas disponen de una lista con los nombres de todos los pasajeros.
Cuando se viaja en el Eurostar a través del Eurotúnel -a pesar de sus aireados problemas y de las ocasiones de peligro que se han producido durante estos últimos meses-, el pasajero recibe una tarjeta de embarque en la que figura su nombre, pero no se realiza ningún control para comprobar que la identidad del viajero corresponde al nombre de la tarjeta de embarque. En el Eurostar no existe ninguna lista de pasajeros. Cuando se cruza el Canal de la Mancha en alguno de los transbordadores que cubren las rutas entre Inglaterra y Francia o Inglaterra y Bélgica, no se lleva a cabo el menor control de pasajeros. No existe ninguna lista del pasaje. Las autoridades ignoran cuántas personas se encuentran a bordo.
Y no porque nunca haya habido problemas. El Sr. Watts ha hablado de los problemas surgidos hace diez años en el caso del Herald of Free Enterprise . En sus observaciones ha dicho que las navieras o los buques de pasajeros, en general, han avanzado con gran lentitud en la aplicación de las recomendaciones Sheen que siguieron a dicho desastre. Pero se trataba del Herald of Free Enterprise , que navegaba con bandera de la Townsend Thorensen Company. Dicha compañía cambió rápidamente su nombre por el de P & O, para que la gente no supiera que estaba navegando en los mismos buques. Se apresuraron a cambiar el nombre del buque gemelo del Herald of Free Enterprise , el Spirit of Free Enterprise , por el de Pride of Bruges , de manera que pudiera seguir navegando sin despertar sospechas. Todo ello se hizo en aras de la libre empresa. Nunca se había bautizado a un barco con un nombre más acorde, ni nunca habían resultado más claros los peligros de la libre empresa.
Algunas de las personas que han intervenido han buscado excusas. El Sr. Stenmarck ha dicho que las navieras deben saber cuántos niños y personas de edad avanzada se encuentran a bordo. Lo que deben saber es el total de las personas a bordo. La Sra. Thors pedía que se concedieran excepciones para travesías muy cortas. No pedimos excepciones para vuelos muy cortos. El Sr. van der Waal dijo que podría convertirse en un trámite demasiado burocrático y que podrían surgir problemas de competitividad. No creo que las víctimas del Estonia o del Herald of Free Enterprise pensaran que esas medidas eran demasiado burocráticas. No quiero que sigamos indefinidamente con estos mismos problemas. Hace falta un registro adecuado y lo necesitamos ya. Algunas compañías no ponen ninguna objeción. Sea Container que opera con SeaCat y Hovercraft no ponen ninguna objeción, y estoy completamente convencido de que el Comisario, con su trayectoria, estará 100 % de acuerdo con que se anteponga la seguridad de los pasajeros a los beneficios de la libre empresa.

Harrison
Señor Presidente, al igual que al Sr. Evans, me preocupa la seguridad de los pasajeros, pero me referiré al informe Parodi. Cuatro de cada cinco accidentes marítimos son debidos a un error humano o a la incompetencia humana. Como usted sabe, la seguridad en el mar, lejos de alcanzar niveles más altos, está decayendo. Razón de más, por lo tanto, para que el Parlamento Europeo se proponga imponer unas normas mínimas de formación, titulación y guardia de los marinos.
El Convenio STCW de 1978, que contó con el beneplácito de la Organización Marítima Internacional, fue actualizado en 1995 para tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos a bordo de los buques, así como los métodos más modernos de formación. El gran interrogante para la Comisión Europea era si debía absorber por completo el Convenio STCW revisado, o si debía elegir uno a uno los mejores elementos revisados. La Comisión optó por lo segundo y ha pagado las consecuencias de no establecer un nuevo conjunto coherente y completo de normativas. Ha sido una decisión lamentable, a pesar de mis simpatías por la Comisión, que está ansiosa por actualizar la Directiva 94/58. Estaba decidida a no obstruir esa directiva con las minucias de los detalles que se habían salvado del Convenio STCW.
Cuando originalmente se tomó esa decisión, el Parlamento se fijó el objetivo de sacar el mejor partido posible de lo que podría denominarse, injustamente, una chapuza. Habida cuenta de la importancia de los armadores como impulsores de la economía y de la importancia decisiva de una buena administración para mantener las normas más estrictas de seguridad en el mar, el Grupo de los Socialistas se ha propuesto asegurar todas las escotillas.
Las enmiendas que he presentado se centran en aspectos de la seguridad. En lo que respecta a los principios por los que se rige la navegación costera, por ejemplo, la Comisión, al parecer, eximía a los Estados miembros del cumplimiento de las normativas aprobadas a nivel internacional relativas a la formación y la titulación. Sin embargo, durante los últimos años ha habido casos de transbordadores de pasajeros, petroleros y buques que transportaban productos químicos que han sufrido trágicos accidentes ocasionados por un error humano cuando navegaban en aguas de Gran Bretaña y del litoral del continente. El apartado i) del artículo 5 relativo a disfrutar de un buen estado físico para poder ejercer de marino, parece insuficiente en lo que se refiere a los nuevos miembros de la tripulación, los patrones, los oficiales o los marineros de la armada británica que se incorporan en un buque inmediatamente después de haber estado viajando durante algún tiempo antes de su llegada a bordo.
En este texto parcheado existe una clara ambigüedad sobre si las normativas sobre las guardias incluyen a los patrones, al igual que a los marinos sin graduación. Tomemos otro ejemplo; el Estado rector del puerto. Debemos preocuparnos por la navegabilidad de los buques que se hacen a la mar. Pero -y pido al Comisario Sr. Kinnock que tome nota de ello- ¿acaso no debemos también ejercer control sobre la competencia y la titulación de las tripulaciones que pilotan esos buques en particular?
Para terminar, apoyo la interesante propuesta de nuestro ponente de crear un programa de acción a nivel de la UE, que tenga como objetivo despertar el interés de los jóvenes por el mar. Existe escasez a nivel mundial de marinos cualificados y capaces. ¿Por qué no podrían los jóvenes europeos, una vez que hayan recibido una formación y un entrenamiento adecuados, contribuir a la lucha contra el desempleo en Europa, así como mejorar la seguridad de todos los mares del mundo?

Cornelissen
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando a los Sres. Parodi y Watts. Han presentado dos informes que se ciñen muy bien a la línea consecuente de nuestra comisión de dar prioridad a la seguridad en el transporte. Por ello les doy las gracias.
Lo considero muy importante, en parte debido al hecho de que en estos momentos tenemos un Comisario que quiere dar prioridad a la seguridad en el transporte. Por consiguiente, este es el momento idóneo para que las instituciones europeas den un importante paso adelante. El problema sigue siendo, no obstante, lo que quisiera denominar la tensión entre la doctrina bruselense por un lado y la realidad cotidiana por otro.
La semana pasada, la organización alemana ADAC publicó un informe con los resultados de una investigación realizada en abril sobre la seguridad en catorce servicios de transbordador en la zona del mediterráneo. Los resultados son reveladores. Cinco líneas de transbordadores en Francia, Grecia, Italia, Croacia, España y Marruecos sacan un insuficiente, cinco de las catorce. Tres son calificadas de aceptables, dos de buenas y dos de excelentes. Los temas centrales de la investigación eran: estabilidad, impermeabilidad, equipo de seguridad para las emergencias y las disposiciones de seguridad contra el fuego. Mi pregunta concreta al Comisario es si está dispuesto a que su servicio examine esta investigación y si quiere hacer un comentario argumentado sobre esta investigación del ADAC.
Nuevamente considero de máxima importancia que no sólo nos ocupemos de una buena legislación, sino que por supuesto aún es más importante que en la práctica cotidiana se aplique cuidadosamente esta legislación. De ahí mi pregunta expresa al Comisario de si puede hacer que lo estudien y nos dé una respuesta detallada de los resultados tal como han sido publicados por la organización alemana ADAC.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, no en términos de calidad, pero sí en términos de temperamento, qué gran alivio supone poder intervenir ante esta Asamblea a una hora temprana de la mañana, en vez de hacerlo a medianoche. Estoy seguro que todos nos beneficiamos del cambio de horario. Quisiera responder a los informes del Sr. Watts y del Sr. Parodi, y deseo recomendar ambos a sus Señorías por la calidad del trabajo que han llevado a cabo.
En cuanto al informe Watts, quiero agradecer a la Asamblea la minuciosa a la vez que rápida deliberación con que ha tratado esta nueva propuesta relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajeros. Esa rapidez y minuciosidad hace posible que los ministros adopten una posición común en el próximo Consejo de Transportes que se celebrará dentro de tres semanas. Estoy muy agradecido al ponente, Sr. Watts, y a la comisión por la actitud positiva que han adoptado, y los felicito por el acuerdo común que han alcanzado sobre esta propuesta, cuyo principal y necesario objetivo, como hemos podido escuchar esta mañana, es garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate y las repercusiones de mayor alcance de cualquier accidente que puedan sufrir los buques de pasajeros sean abordadas con mayor eficacia que en el pasado.
Está claro que los dos temas principales que plantean las enmiendas de la comisión son relativos a la necesidad de una mayor flexibilidad que permita hacer frente a situaciones concretas, y a un interés especial por la seguridad en el túnel del Canal de la Mancha. El objetivo de mayor flexibilidad se persigue en la primera parte de la enmienda 8 y en las enmiendas 9 y 12 de la comisión. Me complace informar a la Asamblea que la Comisión está dispuesta a cumplir el objetivo de dichas enmiendas mediante una modificación del artículo 9, en conjunción con algunas definiciones. Esta medida hace posible que la Comisión conceda exenciones explícitas en circunstancias bien definidas y previa consulta a un comité que se creará para asesorar a la Comisión.
Estoy seguro de que los diputados al Parlamento comprenderán que dicha flexibilidad no debe afectar la ejecución del registro de las personas a bordo de buques que navegan en zonas con un tráfico intenso y en las que a menudo prevalecen condiciones climatológicas y marítimas adversas. Estoy convencido asimismo de que los miembros de la comisión y los diputados al Parlamento no desean que la flexibilidad razonable, que ellos defienden, debilite en modo alguno las disposiciones básicas necesarias de esta propuesta.
La propuesta de imponer un sistema de registro en los túneles ferroviarios submarinos en los que se realicen transportes de vehículos automóviles que se hace en las enmiendas 5, 7 y 10, queda fuera del ámbito de esta directiva marítima, por lo que éstas no pueden ser aceptadas. No obstante, la Comisión está dispuesta a investigar los beneficios de una propuesta semejante, teniendo en cuenta evaluaciones como las que hace el Cuerpo de Bomberos de Kent, que el Sr. Watts ha llevado a la atención de la Asamblea, y, en su momento, informaremos a la Asamblea sobre este particular.
Reconozco la finalidad que persiguen las enmiendas 1 hasta 4, y coincido plenamente con la opinión expresada esta mañana por varias de sus Señorías de que siempre hay cabida para mejorar la seguridad marítima. No obstante, es justo decir que los progresos alcanzados gracias a la Organización Marítima Internacional y en la Unión Europea en lo que respecta a la gestión de la seguridad y a las normas y medidas de seguridad, adoptadas conjuntamente con el Acuerdo de Estocolmo sobre Diseño y Estabilidad de los Buques de Pasajeros del pasado año, dan fe de un constante e importante progreso. Aunque tomo nota y comprendo las referencias que hace el Sr. Watts en su exposición de motivos, debo decir que algunas de ellas son específicas a un gobierno en particular, y otras quedan fuera del ámbito de esta directiva. No hay ninguna duda de que volveremos sobre estas cuestiones, pero la Comisión no puede aceptar las mencionadas enmiendas en esta coyuntura.
Puesto que la finalidad de la presente propuesta no es eximir automáticamente a los buques de pasajeros que navegan en aguas abrigadas del cumplimiento de sus disposiciones, no podemos aceptar la enmienda 6. La tercera parte de la enmienda 8, que atribuye toda la responsabilidad de proporcionar información al capitán del buque en vez de a la compañía, también es inaceptable y puede que esta consecuencia de la enmienda sea inintencionada. Por otro lado, estoy dispuesto a aceptar un texto mejorado para el segundo apartado del artículo 8, en la línea de la enmienda 11. También acepto la referencia a la edad de los pasajeros del artículo 6, que propone la segunda parte de la enmienda 8. No obstante, la parte final de esa enmienda, donde se exige que se registre el nombre propio en vez de sus iniciales, la encuentro innecesariamente inflexible.
Quisiera concluir expresando mi agradecimiento a todos los que han contribuido a la elaboración de este excelente informe, en particular al Sr. Watts, cuyo interés es profundo y notorio, como demostró, una vez más, en su intervención de esta mañana. El Sr. Watts y otros diputados han planteado asimismo otras cuestiones, a las que quisiera referirme al final de mi intervención. Quiero adelantar, sin embargo, que estoy seguro de que la aprobación de este informe por el Parlamento ayudará a alcanzar una posición común sobre esta medida que tendrá efectos beneficiosos sobre la gestión de la seguridad, y que además será de gran utilidad para las autoridades y las familias en el terrible supuesto de que se produzca una tragedia en el mar, y para poder hacerlo sin un exceso de burocracia, sin importantes retrasos en los servicios y sin repercusiones considerables sobre los costes de las operaciones.
Paso a continuación al informe del Sr. Parodi relativo al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. La Comisión está agradecida a la Asamblea no sólo por la calidad del informe, sino también por haber logrado incluirlo en el orden del día de esta sesión, tras la votación en la Comisión de Transportes y Turismo celebrada la semana pasada. Como sabrá la Asamblea, la nueva propuesta proporciona coherencia entre las disposiciones relativas a la formación y titulación de la Directiva 94/58 y los nuevos requisitos del Convenio de la Organización Marítima Internacional en materia del nivel de titulación y la vigilancia en profesiones marítimas. Define además criterios comunes para el reconocimiento a nivel comunitario de las titulaciones de profesiones marítimas emitidas por terceros países.
Para cumplir estos objetivos, las modificaciones de la actual directiva reflejan, en primer lugar, todo el Convenio STCW revisado, incluidas las disposiciones de obligado cumplimiento de la Parte A, y las orientaciones recomendadas de la Parte B del Código. En segundo lugar, las modificaciones suplen lagunas que podrían dar lugar a incongruencias entre la directiva propuesta y el STCW 95 y, en tercer lugar, las modificaciones contemplan las recientes enmiendas al Convenio de Seguridad Marítima de la OMI, en particular, aquellas relativas a la comunicación a bordo en los buques de pasajeros.
Me alegra poder informar a la Asamblea que la Comisión acoge con satisfacción las enmiendas 10, 14, 21 y 32 porque contribuyen a garantizar que el Convenio STCW 95 queda reflejado en la directiva exento de toda ambigüedad. La Comisión puede apoyar también las enmiendas 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 26, 27, 31, 34, 35 y la primera parte de la enmienda 7, porque mejoran una serie de disposiciones específicas de la directiva. También podemos dar nuestra conformidad a las enmiendas 23, 24 y 25 para reflejar la reciente revisión del Convenio Solas de la OMI, relativo a la introducción de un idioma de trabajo común a bordo de los buques de pasajeros.
No obstante, hay una serie de enmiendas que la Comisión no puede aceptar. Primero está la que el Sr. Harrison acaba de denominar la gran cuestión. La Comisión no cree que sea necesario sustituir la actual Directiva 94/58 por otra totalmente nueva. La directiva que modifica la anterior y que tiene ante sí la Asamblea cumple con el objetivo de proporcionar un texto consolidado procediendo a una codificación una vez que el Consejo haya adoptado esta propuesta de directiva. Por tanto, hago hincapié en que los objetivos que -acertadamentepersiguen sus Señorías pueden cumplirse sin las complejidades jurídicas ni el posible retraso que podría originarse si se sigue la opción de una sustitución completa. La Comisión no puede aceptar, por consiguiente, las enmiendas 1 y 2.
Las enmiendas 5 y 6 no son acordes con el objetivo de la directiva, que es el establecimiento de unos niveles mínimos de formación, y no la introducción de un sistema homologado. La propuesta de la segunda parte de la enmienda 7 está bien intencionada, pero es imprescindible dar prioridad a la mejora de la calidad y del rendimiento de los institutos marítimos nacionales existentes, y la creación de un instituto europeo simbólico no es necesaria ni especialmente relevante para ese importante objetivo. La Comisión no puede apoyar las enmiendas 28 y 29, sencillamente porque vienen a reiterar las disposiciones ya contenidas en otros artículos de la directiva propuesta.
Las enmiendas 15, 16, 19, 20 y 30 no pueden ser aceptadas porque persiguen modificar el texto de la disposición del Convenio STCW o se refieren a artículos de la directiva y a disposiciones pertinentes del STCW ya transpuestos en la directiva. En ciertos aspectos eso significaría una duplicación innecesaria y daría lugar a incertidumbre, y estoy seguro de que no es eso lo que desea la Asamblea, puestos a pensar en ello. La enmienda 11, relativa a las exenciones a ciertas normas sobre educación y formación para los viajes próximos a la costa no puede ser aceptada porque el texto propuesto no es congruente con el texto pertinente del punto 3 del artículo 1 del Convenio STCW sobre este mismo tema. Por último, las enmiendas 18, 22 y 33 no pueden ser aceptadas sencillamente porque su contenido queda fuera del ámbito del Convenio STCW revisado en el que se basa la presente propuesta que nos ocupa.
Aunque me he limitado a explicar por qué la Comisión no puede apoyar determinadas enmiendas, quisiera hacer hincapié en que hay muchas otras a las que daremos nuestro apoyo, y espero que la Asamblea así lo aprecie y que lo reconozca, del mismo modo que nosotros acogemos con satisfacción el espíritu constructivo de que ha sido objeto la propuesta por parte de la comisión y, también, de la Asamblea.
Para terminar quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en este magnífico informe, en particular al Sr. Parodi, y responderé a algunas de las preguntas que han sido formuladas durante el debate. No responderé a todas ellas debido sencillamente a las limitaciones de tiempo. Escribiré al Sr. Cornelissen sobre las cuestiones que ha planteado relativas a la investigación de la organización ADAC. Como puede suponer, la Comisión se interesó vivamente por dichos procedimientos, pero le daré los detalles en una carta.
En cuanto a las preguntas formuladas por los Sres. Watts, Sindal, Stockmann y Harrison relativas a seguir avanzando en materia de seguridad marítima, aunque no puedo dar una lista exhaustiva de las medidas, diré que éstas incluirán una propuesta de directiva sobre la concesión de licencias a los buques de pasajeros, que aparecerá en octubre, y después presentaré una propuesta de enmienda a la directiva sobre el Estado rector del puerto con el fin de dar legitimidad al Código de Gestión Internacional de la Seguridad de la Organización Marítima Internacional. El objetivo de introducir la enmienda es un intento de garantizar que los buques que no dispongan del certificado GIS, no sólo deberán permanecer amarrados de conformidad con la directiva sobre el Estado rector del puerto hasta que vuelvan a ser navegables, sino que además se les negará la entrada en todos los puertos de la Unión Europea hasta que hayan conseguido dicho certificado. Los diputados a este Parlamento desearán examinar detenidamente esta propuesta, pero reconocerán ya que, en forma general, el avance en la aplicación eficaz del Estado rector del puerto será un nuevo elemento positivo que vendrá a sumarse a los esfuerzos para seguir mejorando los niveles de seguridad marítima, así como la protección de los pasajeros de cruceros y del medio ambiente.
Estoy convencido de que el Parlamento, al aprobar estos dos informes, facilitará que podamos alcanzar en breve posiciones comunes sobre dos instrumentos importantes que, tanto en términos de formación como de gestión de los buques de pasajeros, seguirán mejorando los niveles de seguridad. Agradezco a la Asamblea la paciencia de que ha hecho gala con lo que, inevitablemente, ha sido una larga respuesta a los informes presentados.

Watts
Señor Presidente, muy brevemente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por habernos dado una respuesta tan completa y exhaustiva a la gran mayoría de las observaciones hechas por mí, como ponente, y por otros diputados. Aunque reconocemos que discrepamos en lo que respecta al alcance de la directiva, acojo con satisfacción su declaración de que está dispuesto a estudiar nuestra propuesta de que se lleve a cabo un registro en Le Shuttle del túnel del Canal de la Mancha, y me complace que haya prometido informar a la Asamblea.
En cuanto a las enmiendas, el Sr. Kinnock hizo un buen trabajo al tratar sobre algunas enmiendas muy complicadas -y presento mis disculpas si he entendido mal-, pero permítame pedirle que aclare cuál es la posición relativa a la enmienda 8 y, en particular, a nuestro argumento de que la lista de registro de pasajeros debe estar disponible antes de que zarpe el buque. El Sr. Comisario comprenderá la importancia que atribuimos a dicha enmienda a la luz del historial de los accidentes que se han producido en el mar en los que media hora puede ser un tiempo precioso. En el caso del Herald of Free Enterprise , el buque se hundió a los veintidós minutos de zarpar. Le agradecería al Sr. Kinnock que nos diera su parecer y nos diga si apoya o no nuestra propuesta. La información debe estar disponible antes de zarpar, no media hora después de la salida.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, agradezco la pregunta adicional del Sr. Watts. Quiero asegurarle que los datos registrados en tierra estarán, efectivamente, disponibles de inmediato. La transmisión de los nombres puede hacerse con mucha rapidez, pero es importante no imponer el límite de tiempo que el ponente desea introducir, sencillamente porque ello podría ocasionar una inflexibilidad innecesaria. No hay ninguna duda de que, desde el punto de vista tecnológico, ya se puede garantizar una transmisión rápida, y lo más probable es que sea precisamente eso lo que ocurra en la práctica, superando así el tipo de problemas que, por motivos obvios y sensatos, el Sr. Watts cree que podrían producirse en otras circunstancias. Espero que con estas explicaciones adicionales, no considere de ninguna manera que la posición adoptada por la Comisión es antagonista a la suya. La Comisión, por el contrario, acepta por completo el principio que él defiende, y sus únicas reservas son relativas a su viabilidad inmediata.
(La sesión, interrumpida a las 10.35 h., se reanuda a las 11.00 h.)

Votaciones
Christodoulou
Señor Presidente, las dos enmiendas núms. 20 y 21, presentadas por los Sres. Peijs y Blockland, se refieren a una norma técnica dirigida a armonizar los métodos que se aplican para calcular el PIB en los diferentes Estados, a fin de evitar la aplicación de diversos métodos que pueden ser desleales.
Insto al Parlamento que las apruebe. La Comisión no las aprueba, y el Consejo tampoco, pero creo que es oportuno que las aprobemos, para dar una señal en esa dirección.
Enmienda nº 19

Cunha
Señor Presidente, es sólo para decir que me he equivocado al votar. Quería votar en contra. Agradecería que se corrigiese.

El Presidente
No es una votación nominal, señor Cunha; por lo tanto, cuenta el resultado.

von Wogau
Señor Presidente, le ruego que compruebe una vez más el resultado de la votación precedente. Si no he contado mal, con este voto se produciría igualdad de votos y la enmienda estaría rechazada.

El Presidente
Señor von Wogau, no quiero entrar en un análisis así. Usted conoce muy bien las normas por las que nos regimos. Son las que hemos aplicado.

Azzolini
Señor Presidente, me uno a lo que ha pedido el colega, porque mi voto, que era negativo, tampoco ha sido registrado.

El Presidente
Como sabe usted, señor Azzolini, no se reconoce ningún error después de la votación.

Wolf
Señor Presidente, solamente quiero afirmar que aquí jugamos siempre con las mismas reglas y usted ha repetido las reglas correctamente. Lamento que nuestros colegas conservadores caigan en la tentación de modificar las reglas cuando no les gusta el resultado.

El Presidente
Hacer interpretaciones le incumbe a la Presidencia, señor Wolf.

Provan
Señor Presidente, para usted resulta muy fácil decir que no lo tendrá en cuenta, pero cuando alguien se equivoca realmente al utilizar el sistema electrónico de votación y rectifica inmediatamente, ciertamente debería ser tenido en cuenta.

El Presidente
Señor Provan, no acepto su observación. Como sabe usted, esto podría valer sólo en caso de que se hubiera puesto en conocimiento de la Presidencia antes de anunciarse el resultado de la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

von Wogau
Señor Presidente, permítame que felicite a nuestro ponente, el Sr. Christodoulou, pues en esta difícil cuestión ha logrado que el Parlamento haya emitido de una vez por todas una opinión totalmente clara.
La línea que hemos emprendido en las negociaciones con el Consejo, con la Presidencia en ejercicio del Consejo, con el Ministro Zalm, se ha visto confirmada y yo estoy convencido de que el Consejo podrá abordar como mínimo dos o tres de los deseos modificadores del Parlamento Europeo. Creo que éste es un éxito conjunto de este Parlamento.

Schulz
Señor Presidente, no deseo hacer ninguna aclaración, sino advertir únicamente lo siguiente: sobre el apartado 17 hay dos enmiendas, la enmienda 9 del Grupo del Partido Popular Europeo y la enmienda 1 del Grupo de los Socialistas Europeos. Ambas enmiendas, así como también el propio apartado 17, son superfluas porque entretanto se ha solucionado el objeto al que se refieren. Hay, en efecto, un acuerdo acerca de que el TEJ tendrá una competencia de orientación en los litigios. Por consiguiente, en nombre del Sr. Chanterie por el Grupo del Partido Popular Europeo quisiera retirar la enmienda 9 y nuestra enmienda 1 y rogar que se vote en contra del apartado 17, pues es totalmente superfluo en el texto. Sólo así lo podemos sacar del texto.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Randzio-Plath
Señor Presidente en el parágrafo 6 se ha producido un error, porque en la reproducción de la comisión faltaba un fragmento. Con el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y con los ponentes he logrado un acuerdo acerca de que aquí existe un malentendido en la reproducción del resultado de la votación de la Comisión de Asuntos Económicos. En el parágrafo 6 se debe añadir: »... y exige en especial, que en cada ingreso se imponga un impuesto mínimo en la UE.» Sólo hay que añadir esto. Esto era totalmente indiscutible y fue decidido prácticamente por unanimidad en la comisión.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Lannoye
Señor Presidente, Señorías, la enmienda del Sr. Aparicio Sánchez no me conviene en la medida en que suprime el final del texto original. Si el Sr. Aparicio Sánchez está de acuerdo en considerarla como adición y mantener el final del texto original que dice que para cada disciplina la metodología ha de ser apropiada a cada evaluación, estoy de acuerdo en tomarla como adición.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, agradezco el esfuerzo del Sr. Lannoye, pero no puedo aceptarlo, porque quedaría desvirtuado el sentido de mi enmienda.
Antes de la votación final

Lannoye
Señor Presidente, desearía intervenir antes de la votación. Según mi análisis, el resultado de la votación sobre el párrafo 2, después de la votación de la enmienda 6, destruye totalmente el informe. Por tanto no puedo mantener mi nombre en ese informe. Solicito que lo retire y pido a los compañeros que voten en contra porque la posición del Parlamento se limita a pedir algo que ya se ha obtenido, es decir, estudios.

Collins, Kenneth
Señor Presidente, lamento la decisión del Sr. Lannoye de retirar su nombre del informe. Este informe ya fue presentado al Parlamento en 1994. Entonces agotó su plazo. Llevamos cuatro años tratando sobre el mismo. Comprendo que el ponente ha perdido enmiendas que hubiera preferido mantener, pero cuatro años de trabajo no deben echarse por la borda de esta manera. Es una práctica habitual que cuando un ponente retira su nombre de un informe, el presidente de la comisión lo asuma como propio. Propongo, en consecuencia, hacerme cargo del informe, y pido que mi propuesta sea sometida inmediatamente a votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Baldarelli
Señor Presidente, me parece que, como se ha aprobado la enmienda nº 13, la nº 10 decae.

El Presidente
Señor Azzolini, esta opinión ya ha sido expresada, pero ni el presidente de la comisión competente ni el ponente han estado conformes. Por consiguiente, es mi deber someter a votación las dos enmiendas.
Enmienda nº 12

Ojala
Señor Presidente, mi intervención se refiere al apartado número 12. Desearía señalar que la versión finesa del informe incluye un error en este apartado, ya que falta la traducción del texto inglés in particular the implementation of the proper land use policy . Esta parte falta en la versión finesa del informe y, consiguientemente, en la enmienda correspondiente a este apartado se señala que la enmienda no afecta a la versión finesa. No afecta puesto que la versión finesa es incorrecta, pero desearía poner de manifiesto que la enmienda relativa al apartado número 12 sí que afecta a su contenido.

El Presidente
Gracias por su observación, señor Ojala. Examinaremos la laguna que usted acaba de mencionar.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Ya hemos declarado anteriormente que pensamos que la Unión Europea debe basarse en una cooperación entre Estados independientes. Por consiguiente, no podemos votar a favor de una resolución que se pronuncia en términos generales a favor de la adopción de decisiones por mayoría cualificada en el seno del Consejo, de la supresión del derecho al veto en el marco de la PESC, de que el Parlamento Europeo tenga derecho a la codecisión sobre todas las líneas presupuestarias, de unos estatutos comunes para el conjunto de diputados miembros del Parlamento Europeo, etc.
Se trata de cuestiones extremadamente importantes, que no es conveniente que el Parlamento apoye sin más en una resolución de este tipo. Por consiguiente, votamos contra la resolución.

Dury
Este 28 de mayo ha sido elegido por la Confederación Europea de Sindicatos como un día de acción por el empleo. Ante la cercanía de la cumbre de Amsterdam que, a mediados de junio, debe concluir los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, era necesario recordar que el empleo constituye una preocupación máxima de los ciudadanos, al igual que el problema de la democracia.
Con toda razón, los europeos consideran que la Unión Europea es una estructura que escapa a cualquier control democrático. ¿A qué corresponde la democracia a nivel europeo? El Parlamento Europeo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la transparencia de los procedimientos, la responsabilidad de los gobiernos y el reconocimiento de los derechos fundamentales en beneficio de todos los ciudadanos.
La complejidad de los procedimientos europeos desilusiona a cualquier ciudadano bien intencionado que intente comprender algo. En función de los temas, el Parlamento Europeo, legítimamente elegido, es consultado para un dictamen simple o en procedimiento de codecisión con conciliación tras dos o tres «lecturas» eventuales, en procedimiento de dictamen conforme, en procedimiento presupuestario, etc. En cada caso particular, las exigencias en cuanto al tipo de mayoría son diferentes en el Consejo: mayoría simple, mayoría cualificada, supercualificada o unanimidad. Estas exigencias sobre la mayoría varían en función de que la Comisión apruebe o no los dictámenes del Parlamento Europeo. En asuntos de política exterior, de unión económica y monetaria o de cooperación policial y judicial, los procedimientos son también diferentes. La democracia no saca provecho de ello, ya que los ciudadanos europeos tienen la sensación de que el proceso de decisión está fuera de su alcance.
Pero la complejidad de los procedimientos no es el único obstáculo a la transparencia. En el ejercicio de sus atribuciones legislativas, el Consejo es la única institución parlamentaria cuyas deliberaciones son secretas para evitar tener que dar cuenta a los ciudadanos, a los parlamentos nacionales o al Parlamento Europeo. Para llenar este vacío, el Parlamento Europeo ha de tomar una actitud firme frente al Consejo, debe recordar a los gobiernos que es inútil luchar por normas sociales mínimas si no se dota a Europa de los medios para hacer políticas sociales sustanciales y coherentes. Los miles de personas presentes en las calles de Bruselas este miércoles deseaban que Europa hiciera del empleo su principal prioridad. ¿Serán oídas?
La democracia no se limita a unas elecciones cada cinco años. implica el control cotidiano del ejecutivo por parte de la representación popular. En ese caso también estamos lejos. El poder legislativo es ejercido por el Consejo a propuesta de la Comisión. El Parlamento Europeo no tiene la iniciativa de las leyes y únicamente interviene para emitir dictamen en la mayoría de los casos. En cuanto a las medidas de ejecución, son patrimonio de la «comitología», por retomar una expresión de la jerga comunitaria, es decir, de funcionarios nacionales que sólo rinden cuentas a su burocracia nacional. Este débil control es todavía demasiado, nos hemos dado cuenta de ello con ocasión del asunto de las «vacas locas». Así pues, confieso que cada vez me cuesta más explicar a los ciudadanos que es necesario seguir luchando por Europa, y ello a pesar de mi compromiso europeo.
La democracia es indisociable de los derechos del hombre y Europa se siente orgullosa de haber sido su cuna. En este caso también, la realidad desmiente las intenciones. La Unión Europea aún no se ha adherido al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Ni siquiera aplica las modestas disposiciones adoptadas en este sentido: derecho de voto de los ciudadanos en las elecciones municipales en Francia o en Bélgica, cierre de la fábrica Renault en Vilvorde y despido de tres mil trabajadores belgas en flagrante violación de la directiva europea sobre información y consulta a los trabajadores por parte de una multinacional.
Si no hacemos progresos políticos y sociales con ocasión de la revisión del Tratado, el futuro de Europa corre un grave peligro. Me he reunido con los protagonistas de la marcha por el empleo y me han hablado de sus temores, pero también de sus esperanzas. Sería suicida pretender que Europa se construyera sin los ciudadanos con el riesgo de alimentar a los Le Pen, Goldsmith, Pasqua y otro Haider en Austria. Ahora que John Major ha perdido el poder, sus tesis lo llevarán a Europa si los Jefes de Estado y de Gobierno no tienen el último impulso de construir Europa con los ciudadanos en lugar de hacerlo contra la democracia.
La voluntad expresada por los interlocutores sociales en el transcurso de la marcha por el empleo ha dado el tono. Corresponde ahora a los gobiernos asumir sus responsabilidades en la reunión del Consejo de Amsterdam el mes próximo. A la vista de los resultados podremos decir si Europa ha restablecido la democracia.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo esperan que la Conferencia Intergubernamental se pueda dar por concluida en la cumbre de Amsterdam. Nos satisface mucho que se incluya un capítulo monográfico sobre el empleo en el Tratado, que imponga obligaciones a la Unión en relación con la catastrófica tasa de desempleo de los 15 Estados miembros. Apoyamos asimismo las iniciativas para reforzar la política de medio ambiente, la protección del consumidor y la lucha contra el fraude.
Debido a las reservas danesas, los socialdemócratas daneses no pueden aceptar que se incluyan temas relacionados con el tercer pilar en la cooperación comunitaria, y rechaza la inclusión del Acuerdo de Schengen en el Tratado. Somos fervientes partidarios de una estrecha cooperación en la lucha contra las actividades delictiva y en cuanto a la política común de asilo, pero creemos que puede lograrse con los tipos de toma previstos en el tercer pilar.
Debido a las reservas danesas, los socialdemócratas daneses no pueden aceptar que se introduzcan decisiones por mayoría en materia de política común y de seguridad exterior, ya que la unanimidad que se requiere actualmente para la creación de una unidad común de análisis y planificación nos parece positiva. Consideramos asimismo excelente la idea de buscar otros tipos de toma de decisiones fuera de la unanimidad. En muchas ocasiones, las acciones comunes se han visto bloqueadas por la oposición de un único país. En opinión de los socialdemócratas daneses, hemos de buscar una forma que evite que un único país bloquee una acción común; por otra parte, es importante que casi todos los Estados miembros participen.

Thors
He votado en favor de la resolución del Parlamento, aunque no apruebo la posición de la mayoría en su totalidad. La mayoría ha aprobado una redacción demasiado general sobre la supresión de la diferencia entre gastos obligatorios y no obligatorios. No creo que ni los diversos ámbitos políticos ni su organización estén maduros para este paso.
Es importante que se refuercen las posibilidades de la Unión de dar un tratamiento común a las funciones de política exterior. Un solo país no debería tener la posibilidad de cerrar el paso a unas acciones y con ello ejercer presión sobre el resto de la Unión. Pero tampoco se debe obligar a un país a poner en marcha unas acciones.
Informe Christodoulou (A4-0181/97)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Varias de las enmiendas que propone el informe son de gran calidad, en especial la nº 8, donde se propone que también se tengan en cuenta los gastos públicos de inversión cuando se decide si el déficit presupuestario sobrepasa o no los límites aceptables. No podemos, sin embargo, votar a favor del informe, ya que acepta el llamado pacto de estabilidad, un pacto que consideramos perjudicial para la economía social y que significa que el desempleo quedará estancado en la UE a unos niveles elevados.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes hemos votado contra el informe por los motivos básicos que se exponen a continuación:
1.El proyecto reduce el derecho de las naciones y sus ciudadanos a adoptar unas decisiones relacionadas con la política económica que armonicen con la situación respectiva de cada país, y va por ello en contra de la democracia.2.El proyecto servirá para neutralizar las posibilidades de los órganos estatales de combatir eficazmente las situaciones de coyuntura baja, de desempleo y de escasa utilización de la capacidad económica.3.El proyecto se basa en teorías económicas desfasadas, que no son válidas para las economías actuales.
Lindqvist
La UEM y el pacto de estabilidad están enfocados de un modo muy unilateral hacia unas medidas económicas de tipo administrativo. Aumenta el riesgo de que se produzcan unas graves crisis, con mayor desempleo, más desequilibrios regionales y una cultura permanente del «ahorro», con una demanda cada vez más débil. La aplicación de medidas penalizadoras, como las sanciones que propone el pacto de estabilidad, constituye una modalidad errónea de cooperación, que como consecuencia puede menoscabar también la cooperación de signo positivo dentro de la UE. Por eso he votado en contra del informe.
Informe Randzio-Plath (A4-0184/97)
Berès
Las dos conferencias intergubernamentales que habían preparado el Tratado de Maastricht tenían cada una un objetivo preciso: una, la unión económica y monetaria, la otra, la unión política. Ambos objetivos iban a la par. ¿Cuál es hoy la situación?
La unión política sólo avanza muy lentamente. El apartado económico de la UEM ha pasado a un segundo plano. Y es la moneda la que domina el debate político y económico. ¿Se encuentra ahí el mejor medio para garantizar el progreso social y reforzar la idea europea? No lo creo. La unión monetaria es indispensable pero no suficiente.
Por consiguiente, apoyo plenamente el informe de Christa Randzio-Plath, cuyas críticas a las «Orientaciones...» de la Comisión Europea comparto. Hoy, es urgente dar prioridad a una concertación y a una intensificación de la actividad europea en los ámbitos siguientes:
La futura política monetaria de la Unión deberá poder ser controlada por una autoridad política, que represente a la opinión pública y al interés general. Estoy a favor del establecimiento de un gobierno económico europeo.
En un mercado que muy pronto estará unificado en su totalidad, es indispensable acercar las legislaciones sociales de los Estados miembros, con el fin de evitar las situaciones de dumping social, y aumentar de manera concertada el nivel de bienestar de la sociedad europea, así como proteger las capas más vulnerables. Necesitamos más «de lo social».
Asimismo, la fiscalidad debe también convertirse en un ámbito de trabajo prioritario. Debemos coordinar nuestras legislaciones en este ámbito para detener el proceso de deslocalizaciones en el interior de la Unión. Para ello, la armonización fiscal ha de decidirse por mayoría cualificada.
Más importante aún, ha de aplicarse una coordinación más estrecha de las políticas presupuestarias. Sólo en el marco de una actuación concertada de relanzamiento del consumo y de inversión pública se podrá llevar adelante una política que favorezca la demanda, tan necesaria en el momento actual.
Finalmente, el empleo, que es nuestra principal preocupación, debe quedar integrado en todas las políticas europeas. Ya se trate de formación, de reducción del tiempo de trabajo o de protección de los servicios de interés general, desde hace mucho tiempo le concedo la mayor atención, y deseo que se tome más en consideración en la definición de las políticas comunitarias.
La moneda no es un objetivo en sí mismo. El verdadero objetivo de la política es la cohesión social. Sólo se puede alcanzar mediante una coordinación real de las políticas económicas, a la que el artículo 103 del Tratado ofrece potencialidades significativas. Resulta evidente que los Estados miembros y la Comisión no han sabido o no han querido utilizarlas.
¿Es necesario recordar que un estudio reciente ha evaluado el coste de la gestión no-cooperativa de las políticas monetarias, en el transcurso de los tres últimos años, en un aumento de un 1, 8 % de la relación déficit presupuestario - PIB? En 1995, una tasa media de déficit de un 3, 4 % en lugar de los 5, 2 % efectivos habría permitido evitar las políticas presupuestarias restrictivas de estos dos últimos años, lo que habría permitido a su vez continuar con el repunte iniciado en 1994 y una convergencia más rápida de las economías.

Gahrton, Holm y Schörling
Compartimos la crítica generalizada que hace el informe de la posición minimalista de la Comisión y de su rígida persistencia en los llamados criterios de convergencia. También coincidimos en las propuestas del informe de una política más activa creadora de empleo, entre otras cosas a través de inversiones en acciones en favor del medio ambiente. No tenemos nada en contra del aumento de la cooperación interestatal entre los Estados miembros de la UE, o con otros estados que puedan ser relevantes con el fin de disminuir el paro y de integrar los criterios medioambientales en la política económica, pero nos oponemos a cualquier intento de reducción de la libertad de acción de los Estados miembros con respecto a su política económica. Por consiguiente, nos hemos abstenido.
Informe González Triviño (A4-0172/97)
Bernardini
Durante la votación en primera lectura, este Parlamento adoptó 19 enmiendas para perfilar la propuesta de texto de la Comisión. La posición común sobre la que habremos de pronunciarnos recoge 15 de nuestras enmiendas. Por consiguiente, estamos en nuestro derecho a felicitarnos por el excelente trabajo de colaboración, y también, a felicitar a nuestro ponente.
Este texto, muy esperado por los usuarios de las compañías aéreas y por las propias compañías, pone al día el derecho existente en la materia. Efectivamente, hasta ahora, la protección en materia de cobertura de seguros de los pasajeros de transporte aéreo estaba regulada por el Convenio de Varsovia de 1929 y por protocolos adicionales de 1961. Por tanto, era ya momento de actualizar esta materia imponiendo principalmente un nivel de responsabilidad con umbrales pecuniarios de intervención. El texto que se nos ha sometido responde a este objetivo y debe por ello ser merecedor de nuestros votos.
Informe Watts (A4-0152/97)
Bernardini
A finales de noviembre de 1994, este Parlamento, sensibilizado y escandalizado por el naufragio del buque «Estonia» que se saldó con 900 víctimas, solicitaba a la Comisión la redacción de un programa orientado a reforzar la seguridad de los transbordadores.
El texto sobre el que hemos de pronunciarnos es un componente de ese programa. Plantea el registro obligatorio de todos los pasajeros embarcados a bordo de un transbordador de carga rodada de pasajeros. En virtud de esta obligación contribuiremos a una mayor eficacia en la búsqueda y rescate. Sin embargo, lamentamos que esta obligación llegue tarde. Finalmente, me atrevo a esperar que esta Asamblea siga las orientaciones de nuestro ponente y apoye sus enmiendas.
La Unión Europea debe adecuarse a las reglamentaciones internacionales (pienso en el Convenio SOLAS para la seguridad de la vida en la mar) y no puede tolerar infracciones que tengan consecuencias desastrosas.
Para terminar, desearía igualmente manifestar mi apoyo al Sr. Parodi que ha sido objeto del debate común de esta mañana. Más en especial, a la idea de creación de un Instituto de formación de marinos, financiado con cargo al presupuesto de la Unión. Idea muchas veces repetida por esta Asamblea y que siempre ha quedado en letra muerta. La Comisión y el Consejo deben obligatoriamente estudiar con seriedad esta posibilidad. En ello va la seguridad de los usuarios y los conocimientos técnicos de la profesión.

Wolf
Nos enfrentamos aquí a uno de los grandes escándalos de la Unión: en una situación en la que la que grandes y peligrosos accidentes afectan de manera constante a los transbordadores de carga rodada (y en la que incluso los grandes túneles submarinos presentan ya accidentes espectaculares), la Unión se encuentra todavía en la tarea de «lograr paulatinamente un marco coherente para una política de la UE en el ámbito de la seguridad en el transporte marítimo» (Cf. COM(93)0066 de 24.2.93 y el Informe Stewart de 28.3.94). Dada la urgencia de los problemas esto es muy poco y llega demasiado tarde.
Una regulación europea vinculante del transporte naval en las aguas de la UE, y no digamos del transporte por transbordador o de la utilización de túneles submarinos, es necesaria desde hace mucho tiempo. Tenía que haber sido impuesta hace tiempo con el control estatal de los puertos, al menos en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros.
Incluso en la cuestión fundamental de la seguridad de los transbordadores de carga rodada la UE no puede seguir escudándose en la OMI. No obstante, el informe es un pequeño paso en la dirección acertada. Por consiguiente, le otorgamos nuestra conformidad, llenos de cólera y rabia ante la idea de las muchas víctimas que probablemente cueste cada aplazamiento.
Informe Parodi (A4-0174/97)
Wolf
En primer lugar, quisiera referirme aquí al punto de las consecuencias de la navegación bajo el pabellón de otro estado y del doble registro para los requisitos de formación de los marineros. Siendo tan importante que la UE abandone la actitud de esperar a la OMI, actitud tan nociva para la seguridad marítima global (pasajeros, marineros, medio ambiente), servirá de poco introducir regulaciones que sustancialmente se limiten a los navíos que porten pabellones de los Estados miembros. Todos los navíos que naveguen por aguas europeas deberían cumplir unas exigencias mínimas.
La implantación del Convenio STCW no es más que un primerísimo paso. En el mismo se trata de definir unas exigencias mínimas, específicamente europeas, que garanticen por sí mismas una protección suficiente de los pasajeros, de los marineros y del medio ambiente. Tenemos que proporcionar esto, y no menos, a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Apoyaremos también este informe porque, a pesar de todo, se encamina -aunque demasiado lentamente- en la dirección correcta hacia la superación de la inseguridad fáctica y jurídica que existe actualmente en todas las aguas de la UE. En lo que respecta a la enmienda 1, votaremos en contra: no nos parece inteligente, en vez de proceder aceleradamente mediante una enmienda, dar a los estados miembros mediante la elaboración de una nueva directiva oportunidades de reclamar.
Informe Terrón i CusiLindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Schörling (V), Sandbæk (I-EDN), por escrito. (SV) Hemos votado contra el informe sobre la elaboración del Convenio sobre el Sistema de Información Europeo.
Tenemos muchos motivos para ello, y vamos a enumerar algunos por los que no podemos aceptar el informe.
El Convenio sobre el SIE no tiene suficientemente en cuenta los aspectos de seguridad jurídica y de integridad personal.-El Parlamento desea aumentar el supranacionalismo en este ámbito, a lo cual nos oponemos.-Nos oponemos y condenamos enérgicamente la política en torno al asilo, de carácter brutal y restrictivo, que refuerzan Schengen y el SIE.-Creemos que la colaboración eficaz de las fuerzas del orden puede y debe desarrollarse dentro del marco de Interpol.
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy en contra del informe de la Sra. Terrón i Cusi sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se establece el Convenio por el que se crea el Sistema de Información Europeo. Los socialdemócratas daneses consideran el informe muy problemático, ya que propone convertir el acto en un reglamento del Consejo y, como consecuencia, incluir el SIE en la legislación comunitaria por la vía del artículo 235 del Tratado. Esto significaría que la Comisión asumiría las competencias de control de los Estados miembros respecto al SIE. Los socialdemócratas daneses opinan que el SIE debe seguir siendo una materia de cooperación entre países en el marco del tercer pilar, en el que cada Estado miembro tiene las competencias decisivas.

Miranda
No compartimos la propuesta del Consejo y, con mayor razón, rechazamos el presente informe Terrón i Cusí.
Con esa propuesta se pretende dar un paso hacia una Europa policial.
En el informe, que se muestra indiferente a las actuales competencias comunitarias y que hace tabla rasa de las controversias existentes en el nivel de la CIG al respecto, se quiere ir mucho más lejos, comunitarizando y transformando el Convenio en Reglamento, con transposición inmediata y obligatoria en la esfera de las legislaciones nacionales.
Por esta vía resultaría reducido el papel de los Estados miembros. Y, en una cuestión tan delicada, los actuales sistemas nacionales ya marcados, por regla general, por la opacidad, darían lugar también a un sistema sin un mínimo de transparencia y sin el indispensable control democrático. Hechos evidenciados, entre otros aspectos, por la propuesta de creación de un Organismo Común de Control, compuesto por dos representantes de cada organismo nacional y de la Comisión y en que resalta la total ausencia de control parlamentario.
No ponemos en entredicho la necesidad de una cooperación en esa esfera entre los Estados miembros. Pero, naturalmente, rechazamos propuestas, como la presente, que superponen una filosofía policial a los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
La vacuidad, la falta de rigor o las ambigüedades en la definición de los contenidos y en cuanto a la transparencia y al control de tales sistemas es algo que no se puede tolerar.

Rovsing
Los sistemas que permiten a los Estados miembros el intercambio de información pueden ser herramientas muy útiles, sobre todo en los ámbitos de la investigación y la prevención de las infracciones graves de la ley. Ejemplos de ello son el Sistema de Información de Schengen, Europol y el Sistema de Información Aduanera; ahora bien, al aplicar sistemas de este tipo, adquiere una importancia decisiva la protección de la intimidad.
La comisión está, por lo tanto, en lo correcto al opinar que debe dotarse a estos sistemas de una protección eficaz contra el acceso de personas no autorizadas. Es asimismo positivo que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales para que se compruebe que los datos que figuran sobre ellos en los sistemas de información se ajusten a la ley.
Informe Schulz (A4-0060/97)
Chanterie
«El conocimiento es poder», así dice un tópico filosófico, y con razón.
Esto es válido también dentro del tercer pilar de la Unión Europea. La cooperación en el ámbito de los asuntos de justicia e interior es impensable sin un mínimo de captación y transmisión de datos. La información y los sistemas de información constituyen una necesidad cuando se trata de medidas en el ámbito de la emigración y del asilo, el fraude y la corrupción, criminalidad, drogas, terrorismo y cooperación judicial civil o penal.
Por estas razones, los Estados miembros de la Unión Europea han puesto en marcha numerosos sistemas de información, EUROPOL y SIE en el ámbito intergubernamental, SIS para Schengen a nivel multilateral.
La diversidad comporta el peligro de duplicación. Pero en primer lugar, los diferentes sistemas tienen una finalidad distinta. Y en segundo lugar, las duplicaciones entre sistemas no son una desventaja si al mismo tiempo existe una coordinación y un control. No hemos de tener sistemas de información competitivos o rivales. Pero tampoco hemos de tener un sistema de información único y centralizado.
Por tanto, es preciso prestar plena atención al control democrático, al control jurídico, al respeto de la intimidad y al mantenimiento de la operatividad y la compatibilidad. Para lograrlo, el Grupo del PPE pide al Consejo y a los Estados miembros un control político del Parlamento Europeo, competencia prejudicial para el Tribunal de Justicia, respeto de la normativa del Consejo de Europa en materia de intimidad, y sobre todo cooperación entre los servicios implicados y entre las autoridades competentes. No se trata de cuestiones secundarias. Son condiciones esenciales para poner en pie y utilizar los sistemas de información en cuestión. Además, los sistemas de información que no cumplen estos requisitos, no son una ayuda, sino una amenaza.
En este informe se trata por tanto del sistema de información aduanera o SIA. Del mismo modo en que el SIE se sitúa con un pie en el tercer pilar y con otro fuera de la Unión Europea, el SIA se sitúa a caballo entre el tercer pilar y el primer pilar, dado que, según el Tratado, las cuestiones aduaneras forman parte de la libre circulación y por consiguiente del ámbito comunitario. No obstante, esto no puede ser motivo para dejar fuera de juego al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, como ha sucedido en la firma del Convenio, concretamente antes de que el Parlamento Europeo pudiera pronunciarse sobre el texto aprobado. El Convenio se firmó el 26 de julio de 1995. Y entre tanto, el 29 de noviembre de 1996, se firmó un Protocolo.
Además de la cuestión del procedimiento, la Comisión presta atención a las libertades públicas y asuntos interiores, sobre todo la protección jurídica de los ciudadanos. Tiene que ver con las pretensiones tanto de control democrático como de competencia prejudicial. El Convenio y el Protocolo satisfacen en parte estas exigencias importantes. Pero finalmente, los Estados miembros son quienes deciden sobre la ratificación del Convenio y la aplicación del Protocolo. Y aún queda por ver quién lo ratificará y aplicara, y cuándo lo hará. El Grupo del PPE aboga por una pronta ratificación, para que el Acuerdo pueda entrar en vigor cuanto antes.
¿Hace falta repetir que la toma de decisiones y la gestión dentro del tercer pilar transcurren con dificultad e incluso van a la zaga de los hechos y sucesos? Es algo que se repite hasta la saciedad, incluso para cuestiones no controvertidas se trabaja con convenios, protocolos, acuerdos y declaraciones -porque esto es inevitable en el marco intergubernamental-, con negociaciones previas entre los gobiernos y después larguísimos procesos de ratificación por parte de los Estados miembros. Baste con recordar Schengen, Europol, la lucha contra el fraude y en este caso el sistema de información aduanero. Entre tanto, resulta superfluo y molesto remitir a la Conferencia Intergubernamental. Pero es un hecho que la comunitarización paulatina y parcial del tercer pilar, como se desprende de este expediente, es imparable.
En el mundo actual, y sobre todo en los países desarrollados, que se caracterizan por la diferenciación y la complejidad, la informática y la informatización son imperativas, tanto para las autoridades como para los funcionarios. También los ciudadanos, incluidos los criminales e ilegales, tienen acceso a los soportes y las redes de información. El ejercicio del poder en una sociedad del conocimiento necesita cada vez más bancos de datos y archivos de datos, entre otras cosas a consecuencia de la accesibilidad de las bases de datos, los directorios, los archivos y otras infotecas públicas o privadas. «Europa» no puede quedarse atrás respecto a estos desarrollos, que son en todos los sentidos transfronterizos, si quiere seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, »Europa» ha de andar con pies de plomo en las cuestiones de la seguridad jurídica, la igualdad jurídica y la protección jurídica de los ciudadanos.

Ullmann
El acto jurídico del Consejo relativo a la creación del sistema de información aduanera contraviene el Derecho de la Unión. No ha efectuado pertinentemente la audiencia del Parlamento Europeo que está prescrita en el apartado 2 del artículo K6. De esta suerte, este acto jurídico se ve afectado por un grave defecto en lo que respecta a su propia existencia.
A esto se suma que el ámbito de vigencia de este acto se ve oscurecido en cuanto que el Convenio sobre el sistema de información aduanera es acompañado por un acuerdo relativo a la aplicación transitoria entre algunos Estados miembros. ¿Cabe imaginar un símbolo más claro de la inseguridad jurídica que reina y que se agrava constantemente en el tercer pilar?
El Grupo de los Verdes hace absolutamente suya la crítica que el Sr. ponente ha manifestado sobre los deficiencias en la protección jurídica de los datos y sobre la falta de control parlamentario y judicial, así como la petición a la Comisión de que estudie si el acto jurídico no debe ser sustituido por una directiva que responda a las tareas que se plantean por un sistema de información aduanera.
Informe Secchi (A4-0169/97)
Ahlqvist, Lööw, Theorin y Wibe
Pensamos que los Estados miembros detentan, por motivos democráticos, el derecho a fiscalizarse a sí mismos, y que el Consejo debe seguir tramitando las cuestiones según el principio de adopción de decisiones por unanimidad. Pensamos que los Estados miembros son los mejores para decidir en materia tributaria, y creemos que los ministros de finanzas de la UE pueden coordinarla entre dichos Estados sin apartarse del principio de unanimidad.
Por idénticos motivos democráticos no podemos apoyar una recomendación (el apartado 9 del informe), donde se dice: »...que no debe seguir aumentando la presión fiscal en general».
Aunque coincidimos en algunas partes del informe, entre otras en el código de conducta para el ámbito tributario, es decir, los acuerdos con los Estados miembros sobre la regulación voluntaria, no podemos apoyar la idea fundamental del informe, que consiste en que se ha de abandonar el principio de unanimidad en el Consejo en el ámbito de la política fiscal. En consecuencia, no podemos votar a favor del informe.

Andersson y Waidelich
Pensamos que los Estados miembros deben disponer por principio del derecho a fiscalizarse a sí mismos, y que el Consejo debe seguir tramitando en su mayor parte las cuestiones tributarias de conformidad basándose en el principio de toma de decisiones por unanimidad. No obstante, pensamos que deberían configurarse unas normas mínimas en lo concerniente a los impuestos que afectan al medio ambiente, capitales y sociedades, y que las decisiones que se adopten en estos ámbitos en el seno del Consejo deberían seguir el principio de la mayoría cualificada.
No podemos apoyar el apartado 9, puesto que la recomendación de que no aumente la fiscalidad global va demasiado lejos.
Coincidimos en la redacción del ponente en torno al código de conducta en el terreno fiscal, es decir, en los acuerdos con los Estados miembros para la regulación voluntaria. No obstante, esta toma de posición significa que no podemos respaldar la idea del informe de que se renuncie al principio de unanimidad en todo el ámbito de la política fiscal.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Los firmantes hemos votado contra el informe por los siguientes motivos:
1.Las economías de los países y su situación presupuestaria son muy divergentes. Los intentos de uniformizar la política fiscal pueden llevarnos al caos.2.El derecho a fiscalizarse es en toda democracia una prerrogativa de los pueblos y de sus parlamentos democráticos. Reducir este derecho constituye un ataque a la democracia.3.Transferir las decisiones en cuestiones tributarias a los órganos de la Unión significa que las decisiones escapan al control de los ciudadanos. El estado de la gestión de la Unión carece de principios fundamentales como el del parlamentarismo, la transparencia y la responsabilidad constitucional. La adopción de decisiones tributarias por mayoría atenta contra el derecho de los pueblos a su autonomía.
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Secchi en su conjunto, pero en contra del punto 4 y de la enmienda nº 7, ya que no somos partidarios de las votaciones por mayoría en el Consejo en el ámbito fiscal.

Lindqvist
La iniciativa de la armonización de los impuestos de los países miembros, encaminada a una política financiera y fiscal común, tendría fuertes repercusiones en la cooperación dentro de la UE. Nos llevaría a una UE federal, donde los más importantes instrumentos de administración de que disponen los Estados miembros para llevar su política económica nacional se transferirían al nivel de la UE.
La política tributaria de los Estados miembros, sus ámbitos fiscales y sus niveles varían mucho en base a ideas dispares sobre la política del bienestar y sobre la dimensión que ha de tener el sector público. La política fiscal debería seguir siendo nacional en el futuro. Por este motivo he votado en contra del informe.
Informe Harrison (A4-0160/97)
Striby
Señor Presidente, la propuesta de resolución señala con toda razón una serie de preocupaciones legítimas que cualquiera debe suscribir.
Ciertamente, la eficacia del mercado único exige que se planteen medidas orientadas a hacer más transparente el modo de funcionamiento de los comités, con el fin de garantizar la independencia con respecto a los grupos de presión, en la elaboración de los procedimientos legislativos, para una mejor protección de la salud y del medio ambiente. La preocupación por ayudar a las PYMES a participar en el mercado único y sacar provecho de ello, al igual que la voluntad de proteger a los niños contra las consecuencias negativas del mercado único, son evidentes.
Sin embargo, una buena lectura del principio de subsidiariedad invitaría a abordar un gran número de problemas que ha planteado el presente informe de una forma más flexible, mejor adaptada y, por consiguiente, más eficaz que una comunitarización sistemática y a veces abusiva. Es el caso concreto de las cuestiones relativas a los sistemas jurídicos y, por otro lado, de las cuestiones de carácter fiscal, que son objeto de otro informe estudiado en el día de hoy.
Por otro lado, las propuestas de adopción de una reglamentación comunitaria en materia de propiedad de los medios de comunicación confirman la voluntad de las instituciones comunitarias de otorgarse un poder de control sobre los medios de información. Ya denunciamos este tipo de maniobra cuando, en el contexto de la ampliación a los PECO, el Parlamento Europeo proponía subvencionar a los órganos de prensa sólo en contrapartida a su ortodoxia integracionista.
Por otra parte, resulta singular que el Parlamento y la Comisión estén tan prestos a señalar con toda razón los peligros de la burocracia que pueden desprenderse de las reglamentaciones excesivas, pero que, al mismo tiempo, éstas se centren exclusivamente en las administraciones nacionales sin hacerse preguntas acerca de las derivas de las instituciones comunitarias.
Para terminar, si bien nos adherimos a la preocupación manifestada de la lucha por el empleo, no deseamos la puesta en marcha de una política común de empleo. Ésta carecería de la flexibilidad y el pragmatismo necesarios. Las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental no darán solución al delicado desafío del desempleo. La contribución a esta batalla difícil a nivel europeo pasa por la voluntad de restablecer el principio de preferencia comunitaria inscrito en 1957 en el Tratado de Roma, pero sistemáticamente sacrificado en el altar del librecambismo en el caso de las negociaciones comerciales...
(El presidente interrumpe al orador)

Ahlqvist, Theorin y Wibe
En muchos apartados el ponente expresa su entusiasmo respecto al mercado interno, la continuación de la integración y una amplia armonización gradual. Nosotros dudamos de que el mercado interno haya aumentado el PNB de la Unión en 130 mil millones de dólares, como afirma el apartado 3 del informe. Todas estas cifras son y seguirán siendo conjeturas, y con el mismo derecho podemos decir nosotros que el PNB ha disminuido en la misma proporción, o que el mercado interno ha hecho que aumente el paro en 5 millones de personas.
No obstante, más grave que su entusiasmo es el hecho de que el ponente recomienda en varios apartados que la legislación de la Unión reemplace a la nacional. En el apartado 14 se recomienda, por ejemplo, que la política medioambiental se base en «normas y orientaciones de la UE», mientras que la posición de Suecia es que un país debe poder disponer siempre de una normativa medioambiental más estricta. En el apartado 16 el ponente dice que el mercado interno presupone un «sistema fiscal simplificado a nivel de la UE». En el apartado 25 se defiende un «sistema de control de la UE», etc.
Tenemos, por tanto, numerosas objeciones respecto a diversos apartados del informe, pero reconocemos al mismo tiempo que tiene muchas cualidades.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del Sr. Harrison en su conjunto, pero en contra del punto 11, ya que somos de la opinión de que los regímenes de seguridad social deben seguir siendo ámbito de la competencia nacional, y en contra de la enmienda nº 3, ya que opinamos que un sistema fiscal a nivel comunitario no debe incluir todas las fuentes de ingresos.

Rovsing
El crecimiento, la creación de puestos de trabajo y el bienestar en Europa dependen de que el mercado interior funcione totalmente sin obstáculos. La información de la Comisión en el sentido de que sólo la mitad de las medidas previstas en el Libro Blanco de 1985 sobre el mercado interior se han aplicado plenamente en los Estados miembros es, por lo tanto, preocupante. La tendencia en los Estados miembros a establecer nuevas normas técnicas contribuye únicamente a poner el funcionamiento del mercado interior aún en mayor peligro. Por eso celebro que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios haya incluido tantas propuestas constructivas en su informe para remediar las carencias. Quiero recalcar, sobre todo, la propuesta para la simplificación de las normas para la presentación de quejas por parte de los ciudadanos cuando éstos observan errores y falta de eficacia en el funcionamiento del mercado interior.
Informe Lannoye (A4-0075/97)
Chichester
Los Conservadores británicos reconocen el gran interés que sienten miles de electores de nuestras respectivas circunscripciones por los temas sobre los que trata el informe Lannoye. Tanto los consumidores de medicamentos complementarios, como los usuarios de terapias alternativas y los profesionales de la denominada medicina no convencional quieren que este informe salga adelante. A nivel europeo, los aspectos más importantes son la libertad de establecimiento y la libertad de elección. Nos gustaría que otros Estados miembros adoptaran el enfoque del Reino Unido ante los medicamentos complementarios, especialmente los Estados miembros que actualmente imponen serias restricciones al ejercicio de la medicina no convencional.
Es fundamental que se protejan los intereses de los consumidores mediante el establecimiento de normativas y de una titulación que sean reconocidas mutuamente en toda Europa. Queda por ver cómo puede conseguirse eso sin un torrente de normativas tanto a nivel europeo, como a nivel de los Estados miembros.
Estos objetivos ya son lo suficientemente ambiciosos sin el deseo manifestado en el informe de que los gastos sean reembolsados por los regímenes de la Seguridad Social, es decir, conseguir que el contribuyente pague la factura, precisamente cuando los fondos públicos están sujetos a fuertes presiones.
Nosotros los Conservadores apoyamos el objetivo general de este informe, pero consideramos que hay que hacer mayor hincapié en estudios adicionales sobre los medios para lograr dichos objetivos, y en la necesidad de investigar sobre la eficacia de las distintas terapias, antes de pedir una legislación europea.
Estamos en contra de las peticiones de una legislación inmediata debido a que ello privaría de sentido el resultado de cualquier estudio, y podría suponer una carga inadmisible y restrictiva sobre los profesionales de las medicinas no convencionales.

Díez de Rivera Icaza
El informe sobre el régimen de las medicinas no convencionales, a pesar del intolerante corporativismo de algunos de nuestros colegas médicos, ha suscitado un justo interés entre muchos ciudadanos de la Unión, porque, entre otras muchas razones: ¿quién no ha recurrido o recurrirá alguna vez a ellas?
Recientes encuestas de opinión ponen de manifiesto que entre un 20 y un 50 % de los ciudadanos hacen uso de estas medicinas denominadas no convencionales.
Por ello, como señalaba el ponente, la resolución hoy debatida, viene a plantear la búsqueda de las respuestas necesarias a estas situaciones de hecho, tanto para los profesionales y médicos que se dedican a estas disciplinas como para los pacientes.
Situaciones que requieren una respuesta comunitaria adecuada para evitar, precisamente, cualquier posible deformación o abuso en su ejercicio.
Me importa subrayar que aquí no estamos hablando o defendiendo charlatanerías pero tampoco privilegios de corporativismos obsoletos, más bien todo lo contrario. Lo que se busca con este informe de iniciativa, es establecer un estatus comunitario con la máxima seguridad sanitaria y jurídica para el ejercicio de estas disciplinas médicas alternativas a la que todos o casi todos recurrimos, como decía hace un momento.
Por ello, resulta urgente la regulación de la formación y homologación del ejercicio de dichas profesiones para garantizarle al paciente, la máxima seguridad y calidad en caso de recurrir a su uso.
Y, precisamente de esto, y no de otras cuestiones ajenas a este debate, es de lo que trata el informe del Sr. Lannoye, al que sinceramente felicitamos por su trabajo, por cierto, nada sencillo, ante la cerrazón mental de algunos.
Concluyo, manifestando que el citado informe contará con mi apoyo.

Ephremidis
El tema del régimen de la medicina no convencional es objeto de largos e intensos debates y diferencias en los círculos médicos. Al mismo tiempo, y quizá esto sea más importante, una gran parte de la población en la mayoría de los Estados miembros hace uso de los servicios y métodos ofrecidos por determinadas ramas de la denominada medicina no convencional, lo cual impone un cambio de actitud al tratar un problema que tiene unas repercusiones, aunque no de «laboratorio», sí reales y sociales.
Un tema que afecta a un número de ciudadanos tan grande y a un sector tan importante y delicado como el de la salud no puede ser despachado con una excomulgación y una actitud propia de una «caza de brujas». Desde este punto de vista, es de máxima prioridad, en nuestra opinión, que se abra el camino para un diálogo responsable y que se inicien una investigación y un estudio serios y exhaustivos sobre el contenido, las posibilidades, las peculiaridades y el margen de actuación de la medicina no convencional.
Es imprescindible que se documente el objeto de cada rama de la medicina no convencional, su metodología, así como su capacidad diagnóstica y curativa, de manera que el ciudadano, y mucho más el paciente, tengan el máximo nivel posible de información detallada sobre la competencia, calidad, eficacia y posibles riesgos de la denominada medicina no convencional, y no padezcan esa grave enfermedad que es la ignorancia y la desinformación.
La condición previa para todo ello es que se inicie un diálogo abierto y constructivo, con criterios científicos y con garantías acerca del nivel de protección de la salud de los ciudadanos. Desde este punto de vista y, en nuestra opinión, el informe del Sr. Lannoye ofrece impulsos positivos para tratar con seriedad esta importante cuestión, que afecta a la salud de millones de ciudadanos, pero también a la subsistencia de ciertas personas que se especializan, encuentran empleo y prestan este tipo de servicios medicoterapéuticos y que, no en último lugar, tienen derecho también a conocer el régimen de subsistencia y ejercicio de su profesión.
Haciendo un balance entre la dirección en principio positiva y ciertos puntos del informe, por un lado, y determinadas reservas y objeciones por nuestra parte referentes a otros puntos, por el otro, le daremos nuestro voto favorable, porque creemos que su aprobación es un paso importante para que todo este tema se trate de manera oficial y responsable.

Hautala
La amplia gama de medicinas no convencionales y complementarias existente hace necesaria una armonización legislativa en toda la Unión Europea. La propuesta del señor Lannoye y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor supone un claro mensaje a la Comisión para que comience a mejorar y armonizar mediante una propuesta de directiva la situación de las prácticas médicas no convencionales en la Unión.
Es preciso crear un marco común para el ejercicio profesional de estas prácticas, lograr el reconocimiento de las modalidades de tratamiento no convencionales y elaborar una relación de medicamentos que incluya también a los no convencionales. De este modo, la Comisión hubiera podido evitar pérdidas de tiempo en estudios comparativos, que ya abundan de por sí en los Estados miembros. Ahora hay que actuar. Desgraciadamente, el Parlamento ha desbaratado las exigencias de la Comisión de Medio Ambiente al conformarse con solicitar la elaboración de nuevos estudios.
La diversidad imperante en la práctica en los distintos Estados miembros no redunda en beneficio del paciente. En la actualidad, los requisitos en materia de formación de profesionales para ejercer las medicinas no convencionales no están armonizados y se echa de menos una lista clara de las sustancias farmacéuticas.
Resultaría igualmente razonable que los Estados miembros investigaran la posibilidad de que los regímenes de seguridad social cubrieran estos tratamientos y medicamentos, siempre y cuando existan garantías acerca de la eficacia de los mismos. Gracias a éstos se han logrado resultados positivos, por lo que no es de extrañar que los ciudadanos se muestren favorables a su uso.

Jackson
He votado a favor de esta resolución según enmienda. El ámbito de la medicina no convencional y la posible regulación mediante legislación comunitaria de la libertad de establecimiento para profesionales de dicha medicina es un tema en el que Europa debe proceder con gran cautela. No sólo porque los sistemas de regulación de los distintos países difieren ampliamente entre sí, sino también porque, con el método anterior, es muy probable que los compromisos necesarios para adoptar un enfoque a nivel europeo originen problemas a los propios grupos e individuos que piden dicho enfoque europeo.
Por este motivo, apoyo firmemente las partes del informe Lannoye en las que se pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio del tema, según se manifiesta en la primera parte del apartado 2, y un estudio sobre los resultados de las investigaciones que ya se han llevado a cabo con cargo a la partida presupuestaria B 7142 sobre la eficacia de la homeopatía y de otras terapias no convencionales.
Me alegra que el Parlamento haya rechazado esa parte del apartado 2 que, originalmente, abogaba por una legislación inmediata, sin esperar a los resultados de ningún estudio.
Habida cuenta de que la UE tiene un problema real en lo que respecta a la libertad de establecimiento de los profesionales de medicinas no convencionales, espero que ahora podamos hacer uso de esta resolución para instar a la Comisión a que lleve a cabo el estudio necesario y, posiblemente, para que presente la legislación.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses dudan de la conveniencia de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el régimen de las medicinas no convencionales; por un lado, porque nadie nos ha pedido que lo hagamos, y, por otro, porque la consecuencia podría ser que, con la aprobación en la UE, los profesionales que ejercen las medicinas no convencionales podrían beneficiarse de los regímenes de seguridad social, y entendemos que la UE no tiene ni debe tener competencias para inmiscuirse en este tema.
En cambio, no queremos dar la impresión de que ignoramos la necesidad de que los diferentes regímenes terapéuticos no convencionales no sean autosuficientes, sino que se escuchen los unos a los otros. En algunos países, las medicinas no convencionales han sido simplemente integradas en la medicina convencional. En otros países, luchan entre sí. Creemos al respecto en el justo medio. Mucha gente siente que no le basta con la ayuda que recibe de la medicina convencional o de los profesionales convencionales, pero, por otro lado, no queremos contribuir a aumentar la sensación general que tiene la gente de no encontrarse bien nunca -a lo cual contribuyen los puntos de vista de muchos profesionales que ejercen las medicinas no convencionales: se diría que hay una pastilla o una forma de tratamiento para cualquier cosa.

Lindqvist
Es importante que las medicinas alternativas (las no convencionales), como son por ejemplo la antroposofía, la homeopatía y la quiropráctica, dispongan de las mismas oportunidades de desarrollar su trabajo e investigación de que disfruta la medicina académica. En primer lugar, se debería elaborar un estudio para dar cuenta de la normativa de los países miembros en torno al derecho de práctica, etc. Dicho estudio podría demostrar si realmente es necesaria una armonización a nivel de la UE. Ésta podría, por ejemplo, adoptar la forma de unas normas mínimas en beneficio de la salud y seguridad de los pacientes. En base a esto y con esta reserva he votado a favor del informe.

Mendonça
He votado en contra del informe Lannoye sobre el estatuto de las «medicinas no convencionales», entre otras razones, por entender que la mayoría de los presupuestos presentados en forma de considerandos en la propuesta de resolución están imbuidos de un fuerte sentido de oportunismo y falta de imparcialidad y entre las imprecisiones y las medias verdades ocultan, fundamentalmente, intereses económicos que no se pueden armonizar con los intereses de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
Consideramos que para el reconocimiento de los métodos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes y de las enfermedades se debe exigir siempre la indispensable validación científica y que se deben comprobar por el método científico y reproducir experimentalmente todas las técnicas usadas en medicina.
Entre otras, las razones que permiten la coexistencia en los Estados miembros de la Unión Europea de conceptos tan diferentes por lo que se refiere a la prestación de atenciones de salud son esencialmente de tipo cultural y están vinculadas con la tradición y la sensibilidad de los ciudadanos.
Consideramos indeseable que la Unión Europea produzca legislación sobre esta materia controvertida, sobre todo cuando se pretende incluir la llamada «medicina no convencional» en el sistema de seguridad social con costos incalculables.
En este sector, y por algunas de las razones ya aducidas, consideramos que deberá prevalecer hasta las últimas consecuencias el principio de subsidiariedad.

Pimenta
He apoyado el informe Lannoye tal como se ha votado en la Comisión de Medio Ambiente y algunas de las enmiendas que he subscrito, a pesar de ciertas divergencias concretas con algunos de los párrafos.
Las razones que me mueven a apoyar la adopción de una actitud positiva frente al reconocimiento, la legitimidad y la reglamentación del sector de las atenciones de salud denominadas «medicinas alternativas» o «no convencionales» son diversas.
Efectivamente, la continuación de la situación en que estas formas de terapéutica son toleradas, pero no reconocidas, es extraordinariamente grave para los profesionales que las ejercen, pues impide la creación de un sistema de certificación y reconocimiento mutuo de sus habilitaciones, que separaría el trigo de la cizaña, y de un código deontológico reconocido.
Igualmente, los pacientes no disponen hoy de condiciones para evaluar la competencia profesional y la solidez curricular de los que las ejercen.
Por lo que se refiere a la ausencia de cofinanciación de estos tratamientos por los sistemas de seguridad social, situación que se da en la mayoría de los casos, hay que modificarla, pues no es admisible que subsista una discriminación en el acceso a estos tratamientos a partir de las posibilidades económicas de los pacientes, salvaguardando la necesidad de control y de contención de costos excesivos.

Sandbæk
Me alegro de que, finalmente, se vote el informe del Sr. Lannoye. Es importante iniciar una legislación común relativa a las profesiones sanitarias que todavía no están incluidas en las directivas sobre formación y actividades. En la Comisión de Medio Ambiente, el debate se ha centrado en la actitud de sus miembros ante las medicinas no convencionales, sobre todo cuando tal actitud era opuesta a cualquier tipo de tratamiento médico no convencional. Es una lastima que el informe haya tardado tanto, ya que intenta buscar condiciones sensatas para las profesiones sanitarias no convencionales. Debería ser obvio que una legislación general clara y transparente beneficiará tanto a los diferentes grupos profesionales que ejercen las medicinas no convencionales como a los intereses de los pacientes, ya que el sector de los tratamientos alternativas se parece a menudo a una jungla en la que resulta muy difícil orientarse.
Es un hecho que alrededor de un tercio de la población de la UE utiliza las medicinas no convencionales. Por eso sería deseable que la UE adoptara una legislación común en este ámbito, a fin de garantizar a este amplio grupo un tratamiento regulado y homogéneo (por profesionales con una formación adecuada). No obstante, quiero decir que la UE no debe, de ninguna forma, entrometerse en el tema del reembolso de los gastos terapéuticos y farmacéuticos por parte de la seguridad social, como se propone en la enmienda nº 15. Por otro lado, siento personalmente simpatía por la idea de que la seguridad social abone los gastos de los tratamientos no convencionales, lo que permitiría a los pacientes elegir libremente. En todo caso, opino que corresponde a los Estados nacionales decidir lo que se quiere abonar con cargo a un régimen de seguridad social nacional financiado a través de los impuestos.
Finalmente, quiero dar mi apoyo a la ampliación de la farmacopea europea elaborada por el Consejo de Europa para que incluya las medicinas no convencionales.

Sornosa Martínez
Estoy a favor del informe porque reivindico el derecho a disponer de un servicio médico de calidad, con garantías, reconocido y legislado que no tiene por qué ser necesariamente el del médico académico habitual. En la actualidad, entre paciente y facultativo se ha perdido la dimensión personal. La efectividad y rapidez en atajar los síntomas ha sustituido a la afectividad y reconocimiento del paciente.
La historia de la medicina cuenta con episodios de intransigencia memorables y con la posterior aceptación de técnicas que fueron entendidas en su momento como diabólicas o milagrosas. No repitamos, a las puertas del siglo XXI, equivocaciones pasadas y abramos la puerta al diálogo entre la medicina oficial y la no convencional.
Yo no creo en los milagros pero mantengo la esperanza de que los intereses corporativistas, médicos o farmacéuticos, no impidan la regularización y legislación de prácticas que vienen demostrando su efectividad y son aceptadas, desde hace mucho tiempo, tanto en algunos Estados miembros como en otros países. En muchos países como España existe un absoluto vacío legal al respecto, propiciándose incursiones en este campo de estafadores que ponen en peligro la salud de los consumidores.
La libertad del paciente a elegir la forma en que quiere ser tratado y la seguridad de que existen garantías dentro de su elección, es un derecho que debe ser respetado, facilitado y avalado por los Estados y la Unión.

Vaz da Silva
La polémica que surgió en torno al informe Lannoye se basa en una falsa premisa, la de que, al legalizarse el ejercicio de las prácticas curativas no convencionales, se está permitiendo el ejercicio profesional de personas sin competencia.
El objetivo de este informe es exactamente el opuesto. Al exhortar a la Comisión a que realice estudios profundos sobre la inocuidad y la eficacia de los tratamientos, por un lado, y al armonizar las normas para la certificación de los diplomas y para el ejercicio de la profesión, por otro, se procura precisamente impedir que haya charlatanes que se aprovechen de la falta de información de los ciudadanos y de los vacíos legales existentes.
Negarse hoy a admitir las virtualidades de prácticas como la homeopatía, la quiropatía, la osteopatía, la acupuntura y el shiatsu es tan insólito como inútil. Insólito porque va contra todas las corrientes recientes de un entendimiento global del individuo, inútil porque el número de practicantes no dejará de aumentar como hasta ahora... sólo que sin protección de ninguna clase.
Es responsabilidad de la Unión crear condiciones de igualdad entre ciudadanos: en este caso, de ejercicio y establecimiento para los profesionales y de elección para los usuarios.
Pero esa libertad de unos y otros tiene que basarse en una seguridad que sólo puede garantizar un sistema riguroso de certificación profesional, armonizado en el nivel europeo. Ésta es la piedra de toque de todo el edificio y no se encuentra suficientemente destacada en los párrafos de la propuesta de resolución Lannoye.
Ahora bien, demonizar esas prácticas -como en tiempos se hizo con el psicoanálisis-, ¡válganos Dios! ¿De qué lado está el obscurantismo?
Informe Crowley (A4-0088/97)
Lis Jensen, Sandbæk, Krarup y Bonde
, por escrito. (DA) No podemos apoyar el informe de Brian Crowley sobre los aspectos sociales de la política de la vivienda, principalmente porque tal política es de competencia nacional. Nos parece absurdo imaginar una política comunitaria de la vivienda, ya que no es posible trasferir sin más tal política nacional a la Unión Europea. La diversidad entre los Estados miembros es mucho mayor que la que existe a escala nacional.
Sobre esta base, entendemos que la creación de un Foro de la Vivienda Europeo y el desarrollo del programa piloto IGLOO para la financiación de proyectos relacionados con la vivienda son totalmente innecesarios. Tampoco apoyamos la inclusión en el nuevo Tratado del derecho de todos a una vivienda adecuada y asequible. Apoyamos los comentarios en el sentido de que algunos de los fondos deben asignarse al programa SAVE en calidad de ayudas para la construcción de viviendas de bajo consumo energético y de que todas las iniciativas deben ser sostenibles y tener en cuenta la protección del medio ambiente, el ahorro energético y los métodos de construcción más adecuados; todas estas ideas concuerdan con la opinión de la mayor parte de la población danesa.

Gahrton, Holm y Schörling
Estamos completamente de acuerdo con los requisitos fundamentales del informe Crowley consistentes en que es derecho de toda persona tener acceso a una vivienda decorosa, y que los 18 millones aproximados de personas de la UE que no tienen hogar o residen en viviendas deficientes tienen derecho a un hogar decoroso a un coste que no sea prohibitivo.
Como propone el informe, queremos evitar que la especulación del suelo y la carencia de medios financieros para poder ofrecer unas condiciones justas en los préstamos hagan del sector de la vivienda un «sector de coste elevado», al que sólo tengan acceso las personas de posición desahogada.
El conjunto de países miembros ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que reconoce el derecho de todo ciudadano a disponer de una vivienda satisfactoria, lo cual deberíamos tener más en cuenta.
También es positiva nuestra actitud ante la posibilidad de que los países miembros, por propia iniciativa o a través de la Unión, pongan en marcha unos proyectos piloto en los sectores de la vivienda, el empleo, la salud, la prestación de servicios sociales, etc., de conformidad con las propuestas del informe.
También pensamos que la construcción de viviendas debe basarse en los principios de un círculo ecológico cerrado, de la utilización sostenible de los recursos naturales, de la protección del medio ambiente y la salud, y del ahorro energético.
En cambio, pensamos que es demasiado ambicioso e inaceptable exigir una política europea de la vivienda como hace el Sr. Crowley en su informe. La política de la vivienda es y debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. Por otro lado, pueden llevarse a cabo actividades de cooperación e intercambio de experiencias a nivel internacional entre diversas regiones con el fin de solucionar el problema que representa garantizar viviendas de calidad a unos precios asequibles para todos. Hay que presionar a los países para que cumplan los requisitos del Convenio de la Naciones Unidas, que, por otra parte, ya han ratificado.
A pesar de que el informe contiene numerosas propuestas excelentes, no podemos votar a favor por los motivos expuestos anteriormente.

Lindqvist
Doy mi apoyo a todos los apartados del informe que proponen concretamente una mejora de la política de la vivienda. No obstante, no necesitamos una política de la vivienda común a nivel de la UE, con unos préstamos comunitarios para su adquisición, y una legislación integrada en torno al sector en cuestión. Éste es el camino equivocado. Los problemas extremadamente graves que aborda el informe deben solucionarse a nivel nacional y a través de la cooperación interestatal, cuando ésta se considere necesaria. En base a todo esto, he votado «no» al informe.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.

Interrupción del período de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

