Una acción, un voto - Proporcionalidad entre la propiedad y el control en las empresas de la UE con cotización en bolsa (debate)
El Presidente
El siguiente punto es el debate conjunto sobre
la pregunta oral a la Comisión sobre una acción, un voto, de Pervenche Berès, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (O 0004/2007 B6-0014/2007), y
la pregunta oral a la Comisión sobre proporcionalidad entre la propiedad y el control en las empresas de la UE con cotización en bolsa, de Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos - B6 0016/2007).
Pervenche Berès 
autora. - (FR) Señor Presidente, gracias por permitir que mantengamos este debate sobre la pregunta oral "una acción, un voto". El 26 de septiembre de 2006, un comunicado de prensa conjunto de Institutional Shareholder Services (ISS) y el Instituto Europeo de Gobernanza Empresarial (ECGI) nos informó de que habían ganado el concurso para llevar a cabo un estudio sobre el principio de "una acción, un voto".
Este es un punto sobre el que el Parlamento debatió mucho en una legislatura anterior, en particular con motivo de un informe sobre el tema de las ofertas públicas de adquisición (OPA). Al término de ese debate prolongado, serio y transparente se decidió que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, se concedería a los Estados miembros cierto margen de libertad con respecto a las estrategias de "una acción, un voto", con ánimo de definir el modo en que operarían dichas estrategias. En esa ocasión también se hizo especial hincapié en la importancia de la dirección y los demás agentes como partícipes de la gobernanza empresarial, ya sean empleados, acreedores, clientes o proveedores.
Sin embargo, el Comisario McCreevy ya confirmó en octubre de 2005 su firme voluntad de poner en entredicho el equilibrio que se había alcanzado cuando se debatió la Directiva relativa a las OPA, antes incluso de que se hubiera llevado a cabo la evaluación del funcionamiento de dicha Directiva, es más, incluso antes de que dicha Directiva hubiera sido completamente transpuesta al Derecho nacional de los Estados miembros. Ahora bien, paralelamente constatamos día tras día, por lo que respecta al tema del estatuto de los accionistas en la empresa y de la estrategia de los accionistas que sería más favorable a una estrategia industrial y al desarrollo de las ventajas de Europa como ubicación de empresas, que quizás sería beneficioso abrir un debate sobre la fidelización de una parte del accionariado.
Por último, conocemos la importancia que concede la Comisión actual, presidida por el señor Barroso, a los estudios de impacto, en especial a la hora de definir la estrategia que hay que seguir. En aquel entonces, cuando se lanzó este debate, dije lo siguiente: "díganme a quién van a proponer que realice el estudio de impacto y les diré cuáles serán las conclusiones". Me parece que, en el caso que nos ocupa, muy bien puede ser así, ya que quienes han ganado el concurso para redactar el estudio sobre el principio de "una acción, un voto" son bien conocidos por haberse pronunciado en muchas ocasiones a favor de ese mismo principio. Nos encontramos, pues, en la obligación de formular algunas preguntas y este es el objeto del debate que vamos a entablar.
¿Por qué financiar por un importe de 450 000 euros un estudio cuando ya sabemos cuál será su resultado? ¿Qué sacamos con proporcionar a los grupos de presión los medios para financiar sus argumentos, glorificados por los resultados de un estudio apoyado por la Comisión Europea?
Dudo mucho de que los contratistas elegidos para realizar el estudio cumplan los criterios generales de independencia y objetividad requeridos. Por otra parte, es importante destacar a este respecto que, al mismo tiempo, en los Estados Unidos, las actividades de ISS son objeto de una atención creciente por parte de la autoridad de vigilancia de los mercados financieros, la SEC, y de la Bolsa de Nueva York, ante la sospecha de un alto riesgo de conflicto de intereses. Al igual que la SECSI y la Bolsa de Nueva York, deberíamos estar muy atentos a la acumulación desproporcionada de información e influencia de determinados grandes agentes en la cadena de intermediarios y consejeros implicados en el ejercicio del derecho de voto de los accionistas en las empresas y no reaccionar impulsivamente dando un peso añadido a esos mismos accionistas.
Recordemos que este Parlamento, cuando tuvo ocasión de pronunciarse, el pasado mes de julio, sobre la evolución reciente y las perspectivas del Derecho de sociedades, solicitó un análisis objetivo de las pruebas empíricas y teóricas relativas a la repercusión de los distintos modelos de propiedad existentes en los Estados miembros sobre la eficiencia económica, el control de las sociedades por sus propietarios y la posibilidad de transacciones transfronterizas. Pero en aquel momento pedimos también un análisis a fondo del Derecho de sociedades con respecto al contexto económico y jurídico más amplio de los Estados miembros y los distintos modelos de gobernanza empresarial.
No tengo la impresión de que lo que la Comisión ha emprendido al apoyar la propuesta de estudio por parte de esos dos institutos nos garantice las condiciones para un debate a la altura del reto que representa la cuestión de "una acción, un voto". Espero, señor Kyprianou, que pueda usted hacer llegar las preocupaciones de esta Cámara al Comisario responsable, el señor McCreevy, y que cuando estén sobre la mesa las conclusiones del estudio, dichas preocupaciones estén bien presentes en la mente de todos para poder mantener un debate responsable y efectivo sobre esta cuestión.
Klaus-Heiner Lehne 
Señor Presidente, Señorías, apoyo plenamente lo que acaba de decir la señora Berès, porque el tema de ambas preguntas orales es, en principio, bastante similar.
El motivo por el que la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición es como es radica en que el principio de "una acción, un voto" no existe en Europa, y eso hay que decirlo con claridad. Otro motivo estriba en que, en el momento en el que la citada Directiva estaba siendo elaborada, no fue posible asegurar la aceptación del principio de "una acción, un voto". En ese momento yo estaba dispuesto a aceptarlo, pero ni en esta Cámara ni en el Consejo era posible encontrar las mayorías necesarias en su apoyo.
Creo que aquellos que hablan en debates públicos interpretan demasiadas cosas del informe que la Comisión ha presentado ahora sobre la aplicación de la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición, porque de hecho el informe simplemente dice que la Directiva ha sido aplicada, en gran medida, de manera satisfactoria por los Estados miembros, que se han acogido a la opción que ofrece la misma, que es precisamente la intención que subyace a la legislación.
No obstante, las cosas solamente se pondrán interesantes cuando la Comisión haga lo que exige la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición y elabore en 2011/2012 su primer informe sobre el uso que se está haciendo de la Directiva, porque entonces habremos llegado al punto en el que podremos formular conclusiones con respecto a si lo que hemos hecho con ella -es decir, fijar una referencia comparativa y dejar las cosas al albur de las fuerzas de mercado- ha sido positivo o no, o si será necesario pensar en otros instrumentos legislativos, pero ese punto no se alcanzará hasta 2011 o 2012, cuando dispongamos del primer informe definitivo sobre la aplicación de la Directiva; todavía no estamos ahí.
Quiero añadir que nosotros -me refiero a esta Cámara y al Consejo en calidad de legislador- estipulamos por amplia mayoría ciertos puntos sobre muy diversas cuestiones que se están debatiendo actualmente, incluida entonces la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición, insistiendo, por ejemplo, en que el llamado "principio de neutralización" -que es, sin duda, la referencia comparativa decisiva- debía aplicarse a todas las defensas previas y posteriores a la oferta, aunque habría ciertas excepciones al respecto.
No incluimos los aspectos que no suponen obstáculos para las adquisiciones, y lo hicimos basándonos en sencillos ejemplos contables y los resultados de sencillos cálculos matemáticos, como por ejemplo las llamadas acciones preferentes, que estaban exentas del "principio de neutralización" desde el comienzo. ¿Por qué se hizo así? Uno de los motivos fue que los titulares de acciones preferentes reciben más dividendos que otros; un segundo motivo fue que la ley de sociedades las limita a un máximo del 50 % del capital, para que nunca puedan representar una parte del capital mayor que las acciones ordinarias reales, que conllevan el derecho a votar.
Por motivos similares, en ese momento exceptuamos las acciones francesas con doble derecho de voto del principio de neutralización, y uno de los motivos fue que no se trataba de acciones con derecho a voto de una categoría especial, que pudiera considerarse garantizada a largo plazo, sino que se pretendía recompensar las inversiones a largo plazo, convirtiéndose dichos derechos de voto, al cabo de cierto período, en derechos de voto normales; el segundo motivo fue que, con el principio de neutralización, el 75 % -que por norma es el quórum que permite poner en marcha la neutralización- ya no plantea la cuestión de si las acciones son de doble voto u ordinarias. Si son mías, siempre tendré mayoría en la junta general. Por ese motivo hicimos una excepción con respecto a estos derechos de voto.
No obstante, en el principio de neutralización incluimos los derechos de voto múltiples y las limitaciones de dichos derechos, porque se trata de obstáculos reales a las adquisiciones. También a este respecto uno se encuentra con la situación peculiar de que existe una disparidad entre la propiedad, por una parte, y el control -es decir, la mayoría por número de votos- por otra, y consideramos que la aplicación del principio de neutralización a una y otro estaría justificada siempre que las sociedades o los Estados miembros hicieran uso de esta opción.
Solo quiero reiterar algo a lo que ha aludido la señora Berès, y es que en el informe Szejna planteamos enérgicamente la visión de que las fuerzas de mercado deberían, en primer lugar, tener rienda suelta para que pudiéramos ver cómo funcionaba esta directiva en la práctica, y que decidiríamos si eran necesarias otras medidas cuando la Comisión hubiera emitido el primer informe, en 2011/2012.
Habiendo escuchado ahora que la Comisión está barajando la idea de presentar una recomendación sobre este tema, permítanme ser franco y decir que soy muy poco entusiasta al respecto, y ello por dos motivos, el primero de los cuales es que en esta Cámara tenemos una visión cada vez más escéptica del recurso a este tipo de "Derecho indicativo". Además, la Comisión también corre el riesgo de que esta Cámara apruebe tal recomendación a modo de informe de propia iniciativa, en el que incluiría algo muy distinto de lo que la Comisión ha previsto en su recomendación, y si eso ocurre, la recomendación será inútil, porque una recomendación solo es efectiva si se puede considerar que el legislador estará dispuesto, en procedimientos posteriores, a apoyar esa normativa, pero si el legislador dice "no", la recomendación carece de valor.
El segundo motivo es que no tengo muy claro qué se supone que se persigue con dicha recomendación. En el artículo 10 de la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición estipulamos normas exhaustivas sobre transparencia, de acuerdo con las que todas las sociedades tienen que exponer abiertamente todos los obstáculos existentes para una adquisición. Esas normas de transparencia son estrictas, y me pregunto que se supone que conseguiría la recomendación por encima y más allá de esto.
Sigue habiendo otro motivo para esta pregunta y el texto de la pregunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos alude al mismo. Por supuesto, nos interesa saber qué opina la Comisión con respecto al avance introducido en las conclusiones del Abogado General en el asunto Volkswagen cuando, por primera vez, tuvo que tratar, no con las tradicionales acciones de oro, sino con reglas de restricción de voto y otras, y las consideró contrarias al Tratado casi por los mismos motivos que las acciones de oro. ¿Realmente tenemos que legislar si el TJCE se atiene a esta sentencia? ¿No significa que todos los obstáculos desaparecerán por sí solos? Sería interesante escuchar la opinión de la Comisión a este respecto.
Markos Kyprianou
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a sus Señorías por sus preguntas. Mi colega, el señor McCreevy, lamenta no poder estar aquí esta noche, pero puedo asegurarles de que será informado de los resultados y del contenido del debate de esta noche.
Es cierto que en septiembre se lanzó un estudio y que se pretende abarcar los distintos aspectos de proporcionalidad entre capital y control, cómo se aplica o no se aplica esto en los Estados miembros, cómo afecta a la desviación del principio y cómo afecta a los inversores institucionales. El estudio también pretendía analizar los marcos reguladores nacionales relevantes,
y los contratistas fueron seleccionados del modo usual. Se convocó una licitación pública y la elección fue sencilla. Se eligió al mejor autor y cada contratista elaboró y presentó la mejor oferta. Sin embargo, tengo que aclarar dos cosas: no habrá un estudio de impacto, de modo que la investigación se basará en la situación de hecho en los Estados miembros y no se presentarán propuestas ni recomendaciones.
Tanto los contratistas como los subcontratistas cuentan con un buen historial de investigación original, independiente y de alta calidad en el ámbito del Derecho de sociedades y de gobernanza corporativa, y su presencia europea constituye una ventaja importante a la hora de realizar análisis comparativos que abarquen distintas tradiciones jurídicas. Los subcontratistas son de alto nivel y están especializados en Derecho de sociedades y normativas bursátiles, y el equipo de estudio presentó la mejor oferta basada en competencia científica, reputación profesional e integridad.
Como ya se ha mencionado, el estudio incluirá los derechos de voto múltiples, las acciones preferentes sin derecho de voto, las pirámides de empresas y otros instrumentos que cumplen la misma función de proteger a los accionistas que ejercen el control, así como las "acciones de oro" y la atribución de derechos especiales a las autoridades públicas, como ya se ha mencionado.
A este respecto, la Comisión ha tomado nota de momento de la opinión del Abogado General sobre la ley Volkswagen. El Abogado General considera que se trata de una restricción injustificable que infringe la legislación comunitaria. La Comisión está a la espera de la sentencia del Tribunal.
En lo que se refiere a la Directiva sobre adquisiciones, sabemos que su objetivo es eliminar determinadas defensas aplicadas por las empresas frente a los intentos de adquisición. Una de estas defensas consiste en contraponer derechos de voto al capital, pero la experiencia demuestra que, ante posibles adquisiciones, la gran mayoría de los Estados miembros se muestran reticentes a neutralizar los derechos de voto desproporcionados de sus empresas. No obstante, todavía es temprano para aplicar una directiva. La Comisión no tiene intención de reabrir un debate sobre la Directiva relativa a las adquisiciones en este momento. Independientemente de las orientaciones políticas que extraiga la Comisión del estudio de proporcionalidad, no se aplicarán a las ofertas de adquisición. La Comisión entiende que estas deberían considerarse dos iniciativas separadas.
Para concluir, me gustaría destacar que una decisión sobre cualquier paso futuro en la cuestión que debatimos en materia de proporcionalidad se adoptará a la luz del resultado del estudio. Si presentamos una propuesta o no y su eventual contenido dependerán del resultado del estudio y de la evaluación de impacto que se está llevando a cabo paralelamente. Por tanto, todavía nos encontramos en la fase de estudio y de los primeros procedimientos. Como siempre, nos tomaremos muy en serio la posición y los puntos de vista del Parlamento Europeo.
Manuel Medina Ortega
en nombre del Grupo del PSE. - (ES) Señor Presidente, tenemos que agradecer al señor Kyprianou que esté con nosotros hasta altas horas de la noche, aunque, probablemente, la discusión habría sido mucho más interesante si hubiéramos contado con el Comisario McCreevy, ya que mantenemos un diálogo permanente con él sobre este tipo de cuestiones.
Está claro que esta es una discusión que apenas está empezando. El Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva sobre las concentraciones de capital. Recientemente hemos adoptado una Directiva sobre derechos de los accionistas, y está claro que se plantean problemas fundamentales sobre la estructura de las sociedades.
El principio democrático de "un voto, una acción" en este momento no funciona en el conjunto de la Unión Europea y, como ha señalado la señora Berès, nos encontramos ahora con la posibilidad de grandes manipulaciones del mercado a través de unos cuantos operadores.
Está claro que los estudios de impacto pueden ser útiles, pero los estudios de impacto son útiles si se hacen adecuadamente. La preocupación que tenemos en este Parlamento es que se encomiende, diríamos, la custodia de las ovejas a los lobos. Es decir, si los estudios de impacto son realizados por grandes sociedades especializadas en la manipulación de los mercados, las recomendaciones de esas sociedades van a ir en el sentido de una mayor manipulación de los mercados.
Como ha señalado el señor Lehne, la virtual decisión del Tribunal de Justicia sobre el Asunto Volkswagen va a tener incidencia en el futuro desarrollo del Derecho de la Unión Europea, pero en ningún caso a este Parlamento le gustaría que la Comisión siguiera el camino de la recomendación, del llamado "Derecho blando" de la Unión Europea.
Hay un camino más adecuado que es el de la legislación, aunque es posible que este no sea el momento todavía de legislar, teniendo en cuenta que todavía no hemos tenido una valoración de lo que está ocurriendo en el campo de las concentraciones de capital.
Hay, en este momento, una especie de gran revolución en Europa con las concentraciones de capital, con una gran incidencia política y una gran incertidumbre en las operaciones a través de las fronteras, con la coexistencia, por ejemplo, de sistemas de protección pública con sistemas privados. Es un tema que tiene un profundo calado desde el punto de vista político, pero que tiene también unos elementos jurídicos.
Desde el Parlamento yo creo que es importante señalar, primero, que el Parlamento no aprecia el recurso al llamado "Derecho blando", que hace falta una carga legislativa, que el Parlamento agradece los estudios de impacto, pero que estos tienen que hacerse de una manera objetiva y no entregándolos en manos de sectores que puedan hacerlo en su propio beneficio, y que es posible que no haga falta precipitarse en ningún tipo de medidas legislativas sin haber estudiado antes la situación.
Pero creo que estamos, como he dicho antes, en un momento de gran cambio en el conjunto del sistema de la Unión Europea, y la consolidación de un Derecho europeo en materia de concentraciones y derechos de los accionistas requiere mucho más estudio y, sobre todo, mucha mayor cooperación entre el Parlamento y la Comisión.
Espero que el señor Kyprianou transmita al señor McCreevy nuestro interés por este tema, nuestra preocupación, y el deseo de que sigamos discutiéndolo entre la Comisión y el Parlamento como conviene hacerlo.
Wolf Klinz
en nombre del Grupo ALDE. - (DE) Señor Presidente, el principio de "una acción, un voto" es muy atractivo en lo que se considera "democracia accionarial", y el Comisario McCreevy -que es responsable de estos asuntos- teme que cualquier desviación del mismo pueda reducir la transparencia y recortar los derechos de los accionistas, pero las modificaciones no tienen por qué tener efectos perjudiciales, ya que pueden ocasionar más competencia e innovación a la vez que tienen en cuenta los distintos tipos de accionistas, que tienen intereses diferentes y se comportan de manera diferente.
La Comisión tiene previsto publicar en otoño una recomendación sobre el principio de proporcionalidad entre capital y control, que se basará en los resultados de un estudio extensivo. El señor Lehne ya se ha referido a los aspectos problemáticos de esta recomendación, y la señora Berès ha barruntado -creo que con razón- que una encuesta confiada al ISS, al European Corporate Government Institute y a Sherman [amp] Sterling quizá no fuera tan objetiva como el asunto en cuestión podía requerir, por lo que insto a la Comisión a postergar sus propuestas prácticas hasta después de un examen amplio y objetivo de la situación actual en Europa y de una evaluación crítica y exhaustiva de nuestra experiencia con la Directiva sobre las ofertas públicas de adquisición. Lo que importa en todo esto es que se consideren las ventajas e inconvenientes de todos los sistemas que se desvían de la norma "una acción, un voto", ya sean las estructuras piramidales de Italia, las acciones preferentes en Alemania, el doble voto en Francia o las acciones "A" y "B" que se encuentran en los países nórdicos.
Tenemos que calibrar y distinguir con mucho cuidado entre el deseo de que el poder de control del accionista sea proporcional al número de acciones que posee y el deseo de la sociedad de tener libertad de contratación, entre estructuras accionariales estables por una parte y suficiente discreción por otra, garantizando en cada caso que cualquier desviación de la norma "una acción, un voto" será transparente, y que los accionistas tienen derecho a saber si las acciones que poseen o adquieren limitan o no su capacidad de participar en la dirección de la empresa y su control sobre el modo en que se gestiona.
Ieke van den Burg
(NL) Según los periódicos neerlandeses de esta mañana, ISS, la sociedad de la que estamos hablando, aconseja a sus clientes que desbaraten el plan de abonar un dividendo de fidelidad adicional a los accionistas que dejen sus acciones en dicha sociedad durante tres años o más en la próxima junta general de DSM, una importante multinacional neerlandesa. El plan de DSM me parece una idea fantástica para promover un accionariado responsable. Los dividendos adicionales podrían ser un modo de lograrlo, pero también podría hacerse mediante una mayor ponderación de los votos, que podría ser otro modo legítimo. Por ese motivo siempre me he opuesto a los que defienden a capa y espada lo que llaman democracia accionarial con respecto al principio de "una acción, un voto".
Esto se planteó por primera vez cuando debatimos la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición. La intención original de la decimotercera directiva no era sin duda crear el reino del control empresarial de los accionistas sobre la Tierra, sino simplemente proteger a los accionistas minoritarios y permitir una adquisición decente. No obstante, un puñado de interesados fanáticos consiguió convertir la norma "una acción, un voto" en una idea absoluta, siendo su principal defensora la sociedad ISS. Los motivos no eran únicamente ideológicos, sino que también se debía al hecho de que su negocio consiste simplemente en hacerse con derechos de voto y prestar servicios de representación a los accionistas.
Con el debido respeto por la declaración de la Comisión, considero bastante inusual que se lance una encuesta en un sector que está tan manifiestamente lleno de prejuicios e implicado. Acabo de examinar de cerca el modo en que se ha realizado la encuesta; he visto los cuestionarios que todavía circulan entre sociedades de inversión por una parte y empresas por otra, donde se pregunta simplemente a las empresas si utilizan ciertos mecanismos de refuerzo del control, como estructuras piramidales, certificaciones, acciones de oro y similares, mientras que los inversores son abordados de un modo muy distinto y se les formula una serie de preguntas clave que calibran sus opiniones sobre todas estas malas medidas. Es probable que yo pueda predecir el resultado de esta encuesta.
En conclusión, ya albergo importantes reservas sobre el resultado de la encuesta y no creo que pueda ser una base sólida para nuevas conclusiones e intenciones, como la elaboración de recomendaciones. En primer lugar, debemos considerar los motivos por los que las empresas se dotan de estos mecanismos de refuerzo del control y por qué, en los tiempos que corren, en que el activismo accionarial de los fondos de cobertura es moneda corriente, hay una necesidad renovada de protección frente a actividades de inversión a corto plazo. Será necesario mantener un debate a fondo con esta Cámara antes de que la Comisión esté preparada para desarrollar cualquier tipo de medidas o cualquier otra actividad.
Markos Kyprianou
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a sus Señorías por el debate. Seré muy breve.
En primer lugar, me gustaría decir al señor Medina Ortega que siento no haber podido estimular un debate más interesante, dado que yo no soy el Comisario responsable. Sin embargo, ha sido muy interesante para mí, porque me recuerda a mi trabajo anterior de abogado. Estas cuestiones me resultan muy interesantes. Ante todo, permítanme asegurarles que, por supuesto, informaré a mi colega. Sin embargo, entiendo que sus Señorías tendrán la oportunidad de debatir estas cuestiones en más profundidad con el Comisario responsable, porque en marzo acudirá a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y todas estas cuestiones serán tenidas en cuenta.
Me gustaría repetir que lo que haga la Comisión dependerá del estudio y de la evaluación de impacto. Con respecto al estudio, la selección de los contratistas se hizo sobre la base de nuestras normas y reglamentos, teniendo en cuenta las necesidades de la Comunidad Europea. Una vez más, me gustaría recordarles que se trata de un estudio de situaciones de hecho que no formulará recomendaciones. Será la propia Comisión la que lo haga. Por tanto, estoy seguro de que el resultado será equilibrado y proporcionado, en función, por supuesto, de los resultados del estudio.
Pervenche Berès
(FR) Señor Presidente, hemos escuchado perfectamente la respuesta del Comisario. Dicho esto, el mensaje que importa transmitir al Comisario McCreevy es el siguiente: es verdad que no podemos predecir qué hará el Comisario con los resultados del estudio, pero nuestra preocupación emana del propio estudio, antes incluso de que se conozcan sus resultados, dadas las cuestiones que han esbozado los autores de dicho estudio.
Creo que este es el mensaje que hay que transmitir al Comisario McCreevy.
El Presidente
Señora Berès, estoy seguro de que el Comisario Kyprianou lo ha entendido perfectamente.
Se cierra el debate.
