Reanudación del período de sesiones
El Presidente. -
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 de abril de 2002

El Presidente. -
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la delegación del Parlamento brasileño que ha tomado asiento en la tribuna oficial. La delegación está encabezada por el Sr. Foscarini y ha visitado el Parlamento durante la semana pasada. Espero que su visita haya resultado interesante e instructiva. Sean bienvenidos.
(Vivos aplausos)
Tengo también el enorme placer de dar la bienvenida entre nosotros a un grupo de estudiantes del Colegio Jean Zay de Lens, Francia, así como a sus profesores y al Alcalde de Lens, Sr. Guy Delcourt. En su colegio han construido una moneda gigante de euro que, según tengo entendido, ha entrado en el Libro Guinness de los Récords y que está expuesta en el Ministerio de Economía francés. Quiero darles las gracias por sus esfuerzos y decirles, una vez más, que hoy les damos la bienvenida a esta Asamblea

El Presidente. -
Respecto al orden de los trabajos para hoy, quiero informar a la Asamblea que el Sr. Cortés, Secretario de Estado para la Cooperación con América Latina, no podrá acudir al Parlamento hasta las 17.30 horas. Las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Cumbre UE/América Latina comenzarán, por consiguiente, a partir de las 17.30 horas.

Schulz (PSE).
Señor Presidente, Señorías, el Grupo socialista había solicitado la inclusión en el orden del día de hoy de una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la Política Pesquera Común, al principio de la sesión plenaria. Además también solicitó que dicha declaración fuese acompañada de una explicación del Consejo y la Comisión sobre la Política Pesquera Común y la forma en que se han adoptado las decisiones que en las que se apoya. Pedimos esta explicación porque entre la opinión pública ha surgido la impresión -a lo cual también han contribuido activamente el Gobierno español y su Ministro de Agricultura, por lo menos- de que el Gobierno de un Estado miembro influyó o ejerció presiones sobre uno o varios miembros de la Comisión durante el proceso de adopción de dichas decisiones.
Se trataría de un hecho particularmente significativo dada la relevancia de dicho proceso para la legislación europea. Por esto habría sido conveniente una declaración del Consejo y de la Comisión al respecto, es decir, sobre cómo se adoptaron dichas decisiones. Estamos aún más convencidos de ello después de tener que leer, en los comunicados de las agencias de prensa de hoy, que el miembro de la Comisión objeto de dichos comentarios y que aparentemente recibió presiones de su gobierno, la Sra. Comisaria De Palacio, ha expuesto en una carta pública fuertes críticas contra las decisiones de la Comisión; parece ser que ella no asistió a la sesión decisiva de la Comisión. Es decir que las circunstancias que nos llamaron la atención en su momento se están concretando cada vez más y, en consecuencia, exigen un debate en el Parlamento, pero este debería ir precedido, por lo menos, de una declaración del Consejo y de la Comisión.
El Consejo no está presente hoy. Sin embargo, podría presentar en la próxima sesión plenaria de Estrasburgo la correspondiente declaración, desde su punto de vista, sobre el proceso de adopción de dichas decisiones. En cualquier caso, el representante de la Comisión, también podría aclarar por lo menos hoy cómo adoptaron dichas decisiones comunes, además de presentar su declaración sobre la Política Pesquera Común.
Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, yo no habría intervenido si el colega Schulz no hubiese hecho estos comentarios. No es mi intención juzgar ahora la actuación del Gobierno al que se ha referido el colega Schulz, ni tampoco la actuación de un miembro de la Comisión. Sus observaciones habrían resultado, sin embargo, más creíbles, colega Schulz, si también hubiese criticado las presiones que ejerció el Gobierno federal alemán sobre el Consejo de Ministros para evitar que se cursase la nota de advertencia que debía recibir.

Su intervención habría resultado más creíble si hubiese incluido también como tema de una declaración a un miembro de su partido, que forma parte de la Comisión -y no voy a mencionar explícitamente su nombre ahora porque no quiero suscitar un gran debate-, cuando éste infringió las normas de la Comisión. Quiero dejar bien claro que no es mi intención abrir un debate sobre hechos pasados. Sin embargo, usted está sacando a relucir determinados temas de manera selectiva y esto mina su credibilidad. Ello no contribuye a apuntalar la crítica, posiblemente justificada, contra la actuación individual de determinados gobiernos o comisarios. Esto lo que quería señalar. Todos estábamos de acuerdo en que el Comisario Fischler realizaría hoy una declaración. Acogemos con satisfacción su presencia y no deberíamos aprovechar indebidamente su intervención para hacer declaraciones partidistas.
(Aplausos)

Watson (ELDR).
Señor Presidente, a veces resulta difícil mantener la cabeza fría cuando la sensación de agravio lo invade todo y creo que estamos presenciando sus consecuencias. No hay duda de que se han hecho acusaciones en relación con la actuación de determinados Comisarios, entre otros, en un caso relacionado con la pesca, pero esta cuestión ha sido estudiada por la Conferencia de Presidentes. La Comisión de Pesca ha recibido la solicitud de examinar el asunto y de comunicar el resultado a la Conferencia de Presidentes, y tengo entendido que la Comisión de Control Presupuestario también está examinando este asunto. Es importante que permitamos que el proceso parlamentario correspondiente siga su curso antes de plantear estas cuestiones en el Pleno.
También es importante que no mezclemos estas acusaciones con una comunicación muy importante que la Comisión ha presentado sobre el futuro de la Política Común de Pesca relativa a la protección de los recursos pesqueros para las generaciones futuras. Por consiguiente, quiero rogarle, señor Presidente, que pida al Sr. Schulz que, en nombre del Grupo Socialista, vuelva a plantear este asunto a su debido tiempo en la Conferencia de Presidentes.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, dos cuestiones: en primer lugar, en la Conferencia de Presidentes acordamos que se debatirían ambos temas. Nosotros deseábamos que se tratasen por separado, pero se nos replicó que no, que sólo era posible hacerlo en el contexto de la declaración de la Comisión. Pero es necesario decidir en algún momento qué se desea hacer. Nosotros estamos dispuestos a debatir este asunto de una manera o de otra, pero lo que no aceptamos es que cada vez que se adopta una decisión, se nos diga que habría que proceder de otra manera y luego, de nuevo, que habría que hacerlo a la inversa.
En segundo lugar, en relación con las intervenciones de los gobiernos. Voy a darle una sorpresa. Tiene usted razón en su crítica contra el Canciller federal y él también tiene razón cuando critica al gobierno ...
(Exclamación del Sr. Poettering: ¡Entonces que haga ambas cosas!)
... ¡es lo que estoy diciendo! ¡Pero estamos ante un error de fondo! Los comisarios no son representantes de sus gobiernos, sino que representan los intereses de la Unión Europea. Los ministros representan a los gobiernos. Tenemos que decírselo muy claramente a todos nuestros gobiernos. No actuemos como representantes de nuestros partidos o de nuestros gobiernos, en nuestra calidad de diputados. ¡Defendamos, junto con la Comisión, los intereses de la Unión Europea! ¿De acuerdo? ¡Trato hecho!
(Risas, aplausos)

Crowley (UEN).
Señor Presidente, sólo deseo recordar a la Asamblea que aunque existan dificultades o desacuerdos con respecto a los procedimientos o a la indebida injerencia contra algunos miembros de la Comisión o cualquier otro, el asunto más importante de nuestro debate de hoy son los medios de vida de cientos de miles de personas que trabajan en el sector pesquero.
Estas personas quieren garantías de que podrán continuar con sus actividades pesqueras, proporcionar alimentos a la población de Europa y mantener comunidades costeras rurales sólidas. Estas discusiones acerca de los procedimientos, problemas puntuales o problemas políticos en nada benefician al Parlamento. Se supone que debemos representar los intereses de las personas de la Unión Europea, y no aquéllos de los bloques políticos que intentan adjudicarse puntos.
Por ello debemos escuchar lo que el Comisario Fischler tiene que decir, y rechazar o apoyar la política. Ocupémonos de cuestiones reales y no de cuestiones esotéricas con las que algunos intentan adjudicarse puntos políticos.

Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Watson, en la Comisión de Pesca hemos investigado exhaustivamente este asunto a petición de la Conferencia de Presidentes. Ya hemos elaborado un informe basado en una audición muy sincera de dos horas que hemos celebrado con el Sr. Fischler, que respondió con toda franqueza a un bombardeo de preguntas. Presentaremos dicho informe a la Conferencia de Presidentes una vez que la Comisión de Pesca haya examinado de nuevo el informe para garantizar el acuerdo respecto a que se trata del acta fiel de la audición celebrada la semana pasada.
Ahora, nuestro deber en la Comisión de Pesca, como Brian Crowley acaba de decir, es centrar nuestra atención en el paquete de reformas de la Política Común de Pesca. Actuar de otro modo y poner nuevos obstáculos para impedir que esta reforma siga adelante con su procedimiento equivale sencillamente a hacerle el juego a aquellos que intentan hacer descarrilar todo el proceso. Espero que la Asamblea respalde a la Comisión de Pesca en su análisis del paquete de reformas. Si hay otras preguntas sobre la gestión del personal o cualquier otro aspecto de esta controversia, lo dejo en manos de los buenos oficios de la Conferencia de Presidentes.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, lo que me mueve a tomar la palabra es sólo el comentario del Sr. Cohn-Bendit respecto a que no debemos servir a intereses nacionales en esta cuestión. Como danesa, me gustaría decir que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, debe investigarse si de hecho ha sucedido de esta forma y si han intervenido intereses nacionales. Y me parece que una declaración no es suficiente. Cualquiera puede llegar y decir cualquier cosa. Hemos de tener una investigación en condiciones. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que lo que debemos defender aquí sean los intereses de la Unión. Son los intereses de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Queremos que haya peces en el mar también para las generaciones futuras? Luego, no son los intereses de la Unión, son los intereses de las generaciones futuras los que debemos servir.

Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, acepto las razones que la Conferencia de Presidentes tenía inicialmente para mantener separado el debate sobre la esencia de las propuestas que todos esperamos impacientes poder debatir. Pero también creo que no hemos zanjado la cuestión de la reciente controversia. Como han dicho otros, existen asuntos de mayor calado que vale la pena investigar más a fondo. Por ejemplo, es una coincidencia notable que hace 10 años, la última vez que se revisó la PCP, el entonces Director General de Pesca cesara de su cargo en circunstancias muy similares durante una polémica muy similar a ésta.
Por consiguiente, para despejar cualquier duda que pueda ceñirse sobre la Comisión en esta cuestión, creo que se impone seguir investigando, con independencia de las consideraciones de la Comisión de Pesca respecto a la esencia de las propuestas.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, creo que estamos ocupados por un procedimiento democrático que realmente oculta intereses que no se pueden negar.
La reforma propuesta por la Comisión provocará la pérdida de 28.000 puestos de trabajo en un ambiente en el que se mantiene una discriminación evidente al permitir capturas suplementarias a los países del Norte contra los países del Sur. Todos estamos a favor de la conservación de los recursos, siempre que todos los europeos seamos iguales en los mares comunitarios, cosa que niega la Comisión, y que niegan muchos de los que están protestando por intervenciones, que yo no apruebo, del Gobierno español.

Schulz (PSE).
Señor Presidente, yo también voy a hacer una propuesta sobre el procedimiento y no voy a abundar más en las declaraciones del Sr. Poettering. Naturalmente, me resulta difícil. Los que me conocen comprenderán que esto me exige un gran esfuerzo de autocontrol.

En Alemania se celebrarán elecciones dentro de un par de semanas y el Sr. Poettering ha dejado claro que la campaña electoral ya ha comenzado. Por esto no voy a entrar en sus declaraciones. Pero el hecho de que, ante una solicitud relativa al orden de los trabajos presentada por nuestro Grupo y que yo he justificado objetivamente aquí, se tenga que responder con una crítica contra el propio Gobierno para obtener credibilidad, ¡es el colmo de la política partidista! ¡Por esto carece usted de credibilidad! Nosotros pedimos que se someta a votación nuestra solicitud.

El Presidente. -
Este asunto ha sido sometido a debate en la Conferencia de Presidentes cuando preparamos el orden del día para hoy. El orden del día para hoy fue sometido a votación y aprobado en la Sesión Plenaria del Parlamento en Estrasburgo. Una vez aprobado, la facultad discrecional para su modificación recae exclusivamente sobre la Presidencia.
Tomo nota de la solicitud del Sr. Schulz del Grupo Socialista. Teniendo en cuenta la labor de nuestros colegas de la Comisión de Pesca, sugiero que invitemos al presidente de la comisión a presentar un informe a la Conferencia de Presidentes y, a la luz del mismo, la Conferencia de Presidentes hará una recomendación sobre cualquier otro punto del orden del día, como hoy propone el Sr. Schulz.
Quisiera sugerir que aprobemos el orden del hoy sin modificaciones.
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos)

Klaß (PPE-DE).
Señor Presidente, yo quiero intervenir con motivo un suceso muy reciente, para formular una pregunta sobre la seguridad y dirigir al mismo tiempo una advertencia a todas las personas que entran y salen de este edificio. Ayer, sobre las 18.00 horas fui asaltada y atracada, junto con mi asistente, por un grupo de cuatro o cinco jóvenes junto a la entrada de visitantes. A mi asistente le robaron la cartera y tiene lesionada una mano. Estábamos en el patio, en la zona de seguridad, en la zona cubierta por las cámaras de vigilancia. El ataque quedó perfectamente registrado y yo les recomiendo a todos la grabación, como una lección instructiva. Yo pedí ayuda a gritos y perseguí a los culpables a través del parque. Mi asistente no recibió apoyo y ayuda del servicio de seguridad hasta que consiguió levantarse y entrar en el edificio. Por lo tanto, quiero hacer constar que nuestra seguridad no está garantizada en los accesos de este edificio.
Mi pregunta es: ¿por qué no acudió en nuestra ayuda el servicio de seguridad? Podrían haberme oído y de hecho me oyeron. ¿Qué medidas ha adoptado el Parlamento desde que ocurrió el anterior incidente de este tipo? Yo pido que se establezca una zona de seguridad o una zona de acceso restringido alrededor de este edificio y también del edificio Eastman, que también debemos utilizar como parte del Parlamento. Es inadmisible que bandas de ladrones puedan desarrollar sin problemas su actividad delictiva en este edificio y que nuestro servicio de seguridad se limite a poner trabas y a controlar a nuestros grupos de visitantes, a nuestros asistentes y a veces también a los diputados.
El Presidente. -
Señora Klaß, su cuestión de orden es muy oportuna. Como puede comprobar por la reacción, usted y su asistente cuentan con el apoyo y, estoy seguro, con la solidaridad de toda la Asamblea. El problema que usted plantea es muy grave. Hoy se celebrará una reunión de la Mesa en la que plantearé esta cuestión y le informaré sobre la decisión adoptada.

Mombaur (PPE-DE).
Señor Presidente, es preciso añadir un detalle adicional a las importantes explicaciones de la colega Klaß. Todo el suceso quedó grabado. Por lo tanto, señor Presidente, ha llegado el momento de que usted adopte medidas legales disciplinarias contra todos los responsables del servicio de seguridad que se encontraban en las proximidades y no intervinieron. Además, también debería presentar una denuncia ante las autoridades penales competentes por omisión de socorro.
Ludford (ELDR).
Señor Presidente, es oportuno que exponga mi cuestión de orden tras este intercambio porque la mayor agitación política que existe en el centro de Bruselas en estos momentos gira en torno a las maquinaciones e intrigas sobre la política de pesca, más que sobre su contenido que, naturalmente, es muy importante. Es muy lamentable que no tengamos la flexibilidad suficiente para incluir en nuestro orden del día un debate sobre la amenaza de una guerra nuclear que se cierne en Asia entre la India y el Pakistán. Deseo protestar porque nuestro ensimismamiento nos impide prestar atención a la mayor amenaza a la que hoy se enfrenta la seguridad mundial - una guerra en la que podrían morir millones de personas.
Me alegra que el Sr. Solana, el Sr. Patten y el Sr. Straw hayan viajado a la región, y no digo que un debate del Parlamento Europeo sea decisivo, pero parece que estemos haciendo caso omiso del problema. El Parlamento Europeo está eludiendo así toda reivindicación del intento de construir una Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Francamente, dicha amenaza que se cierne sobre el mundo cambia el cariz de las cosas que hemos oído durante el último cuarto de hora.

El Presidente. -
Reconozco plenamente la cuestión que plantea sobre la gravedad del problema entre el Pakistán y la India con respecto a Cachemira.
El Comisario Patten no puede asistir a nuestra sesión de hoy ni de mañana, pero comparecerá el lunes próximo ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa.
La Presidencia española ha indicado que está dispuesta a debatir este asunto en Estrasburgo. O sea, que aunque no estamos en condiciones de debatir este asunto en le presente período parcial de sesiones, hemos tomado medidas para garantizar que se incluirá en nuestro orden del día por las razones que usted mismo ha señalado.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, el 10 de abril debatimos el informe González Álvarez sobre el alcohol etílico de origen agrícola. Fui ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior para dicho informe, que fue retirado el mismo 10 de abril por carecer de un fundamento jurídico adecuado para la medida en su situación de entonces.
Ayer, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, por procedimiento de urgencia, el informe en su nueva forma sin la menor referencia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Es una manera irregular de proceder y solicito que se le pida a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, aunque deba hacerlo sin pérdida de tiempo, que verifique la existencia de fundamento jurídico para esta medida en su nueva forma.
Aprovecho mi intervención sobre el artículo 63 del Reglamento para añadir que son numerosas las cuestiones de la reforma de la Política Común de Pesca que despiertan serias dudas sobre el fundamento jurídico, y espero que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, así como la Comisión de Pesca, estudien detenidamente este aspecto.

El Presidente. -
Gracias por poner en nuestra atención esta cuestión. Lo comprobaremos antes de que se celebre el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Política Común de Pesca.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, agradezco mucho tener la oportunidad de exponerles hoy el contenido de la propuesta de reforma que ayer decidimos presentar al Consejo de Ministros de Pesca y al Parlamento. No es exagerado, ni tampoco retórica barata, decir que sólo mediante una reforma profunda podremos garantizar un futuro para nuestros pescadores y también para las poblaciones de peces. La política de pesca actual no es sostenible y, por lo tanto, está condenada al fracaso. Cada vez hay más poblaciones de peces amenazadas de desaparición. La capacidad pesquera no disminuye, sino que va en aumento. Los controles y sanciones son desiguales y, por lo tanto, injustos. Cada vez se pesca menos aunque el dispendio es mayor. Las oportunidades económicas de los pescadores se están deteriorando y muchos tienen que dejar la actividad pese al aumento de las subvenciones públicas.
Ya me han preguntado muchas veces cómo hemos podido llegar a esta situación. Mi respuesta es la siguiente: ¡porque el sistema que tenemos es erróneo! Por esto no necesitamos curar los síntomas, sino modificar el sistema. La futura política de pesca necesita unos objetivos claros. La reforma debe concretarse en una nueva política de pesca que garantice un desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico y económico, pero también social. Necesitamos una pesca y una acuicultura responsables, que permitan mantener un ecosistema marino sano. Aspiramos a contar con un sector rentable y competitivo, que también sea beneficioso para los consumidores. También debemos asegurar, no obstante, un marco de condiciones económicas equitativas para las personas que dependen sobre todo de la pesca.
También queremos aplicar en la nueva política de pesca los principios de 'nueva gobernanza?, para lo cual debemos garantizar la publicidad y transparencia de nuestras medidas, promover la participación del propio sector, dejar claras las responsabilidades, desarrollar procedimientos de decisión ágiles y asegurar la coherencia con otras políticas. La mejor manera de aclarar el alcance de la reforma es establecer una comparación entre la política actual y la futura. Hasta ahora, el Consejo de Pesca ha decidido cada año, en diciembre, los TAC y las cuotas y cada año las recomendaciones científicas han quedado diluidas por los compromisos. A ello se suma el hecho de que el sistema existente hasta ahora no ha puesto freno de manera eficaz a las capturas ilegales y las excesivas capturas accesorias de alevines. Hemos centrado nuestra política de recursos pesqueros y su control en torno a las cuotas, en vez de establecer una clara relación directa entre los recursos determinados científicamente contabilizadas y el esfuerzo pesquero, cuya supervisión resulta considerablemente más fácil.
Hemos desarrollado una política de flotas con unos objetivos que no han conducido a ninguna reducción perceptible de las capacidades y unas medidas en las que las subvenciones para el desguace quedaban totalmente contrarrestadas por las subvenciones para la construcción de buques nuevos, en vez de establecer una vinculación entre los recursos más expuestos a las presiones de capacidad y la necesaria reducción, a fin de poder conceder niveles razonables de esfuerzo pesquero a los pescadores individuales.
Con ello hemos contribuido al desarrollo de una competencia entre buques con una capacidad cada vez mayor por unos recursos cada vez más escasos, con la consecuencia de que, pese a la subida de los precios del pescado, la rentabilidad económica se ha reducido y entre 1991 y 1998 ya se perdieran alrededor de 66.000 puestos de trabajo. Esta tendencia se ha intensificado al dedicar primordialmente los recursos financieros a la adquisición de nuevos buques con una mayor capacidad de captura, en vez de dedicarlos a medidas que ofrecieran alternativas a los afectados. Como colofón, en vez de procurar garantizar unas condiciones equitativas, hemos sembrado, además, un clima de desconfianza con la aplicación de controles y sanciones completamente diferentes, de manera que actualmente cada uno cree estar recibiendo un trato más desfavorable que el colega del país vecino.
Por todos estos motivos queremos establecer un sistema nuevo y coherente que, a ser posible, conduzca por sí mismo a la consecución de los objetivos fijados, en vez de actuar como una espiral funesta. Para ello hemos tomado como punto de partida las poblaciones marinas que por regla general son objeto de pesca común. Se encomendará a los científicos la evaluación de su situación y, en caso necesario, se elaborarán planes plurianuales de repoblación y explotación. Sobre esta base, podremos calcular qué esfuerzo pesquero podrán soportar las poblaciones y qué medidas técnicas será necesario aplicar. En otras palabras: en el futuro vamos a fijar cada vez menos TAC y cuotas anuales, para determinar, en su lugar, cuántos buques podrán faenar, con qué redes y durante cuántos días en determinadas zonas para realizar capturas entre sus poblaciones.
Este sistema también será mucho más sencillo de controlar con ayuda del sistema de localización de buques vía satélite y se podrá adaptar asimismo de año en año según la evolución de las poblaciones. Donde exista un exceso de capacidad, los pescadores que no puedan permitirse seguir manteniendo en operación sus buques tendrán que preguntarse: ¿qué me resulta más atractivo: seguir así o abandonar el sector, desguazar el buque y jubilarme, o reconvertirme y formarme para desarrollar otra profesión?
En cualquier caso, tenemos que dejar de incitar a los pescadores afectados a embarcarse en nuevas inversiones con la ayuda de primas, sin que esté garantizado un contexto económico adecuado. Por el contrario, queremos utilizar los fondos públicos para facilitar el abandono y la transición a un futuro positivo, lo cual mejorará simultáneamente las oportunidades para los armadores que continúen.
Para financiar este planteamiento se requerirá, en primer lugar, una reprogramación de los programas estructurales existentes para la pesca. Los Estados miembros no pueden continuar escudándose tras el argumento de que es preciso esperar hasta 2006. La normativa actual ya prevé la posibilidad de una reprogramación. Nosotros proponemos que los recursos dedicados hasta ahora a la exportación de buques y a las empresas mixtas se utilicen para el desguace y que, en lugar de subvencionar la adquisición de nuevos buques y mantener por consiguiente unas condiciones de competencia artificiales, se destinen 450 millones de euros a medidas sociales. Nos parece imprescindible que este dinero se destine en adelante a medidas sociales, puesto que, según nuestros primeros cálculos, la limitación del esfuerzo pesquero podría suponer la supresión de unos 7.000 puestos de trabajo anuales. A lo cual se sumarían los que en cualquier caso ya se pierden cada año, por ejemplo porque también el sector pesquero trabaja con técnicas cada vez más modernas, que requieren menos intensidad de mano de obra.
En cualquier caso, habría que poner a disposición nuevos fondos adicionales para el desguace y para ayudas sociales si fuese necesario. Esta es la diferencia fundamental. Como les he dicho, en los últimos años se han perdido anualmente 8.000 puestos de trabajo sin la reforma. Para asegurar estos puestos de trabajo se han previsto unos 100 millones de euros para el período total del actual programa estructural. Para la adquisición de nuevos buques, se han previsto 800 millones de euros. Verdaderamente ha llegado el momento de prestar más atención a las personas y velar por que estos fondos adicionales reviertan en las personas y no en nuevos buques.

El resultado de todos estos esfuerzos será una flota más pequeña pero más competitiva, cuyo esfuerzo pesquero mucho más ajustado a los recursos disponibles. También será una flota económicamente más sana y menos dependiente de las subvenciones. Para consolidar una supervisión unificada de la pesca proponemos la creación de una inspección pesquera común. Es necesario coordinar las actividades de control nacionales y de la UE, y emplear en común los medios financieros destinados a este fin. En efecto, los pescadores no se limitan a faenar dentro de las fronteras de su Estado nacional. ¿Por qué los inspectores tendrían que controlar exclusivamente dentro de sus aguas nacionales? Por lo tanto, los controles, independientemente de que se efectúen en el Golfo de Vizcaya o en el canal de la Mancha, correrán a cargo de equipos de inspección integrados por inspectores de varios Estados miembros. Unos controles comunes también requerirán, empero, una armonización de las sanciones. Los Estados miembros que no respeten las disposiciones comunes deberán aceptar rebajas de cuotas, una reducción de su esfuerzo pesquero o reducciones de los fondos estructurales para la pesca.
Soy consciente de que, de entrada, el sector contempla en parte con recelo estas reflexiones. No podemos reprochárselo, puesto que los directamente afectado por las Política Pesquera Común han permanecido excluidos durante todo este tiempo de la mayor parte de las decisiones adoptadas hasta ahora. También en este aspecto debemos emprender un nuevo camino y convertir al sector en nuestro primer y más importante asesor político. Pero para esto es necesario que también elaboremos todas nuestras decisiones de manera transparente y comprensible, a fin de que los pescadores ya no tengan la impresión de que en la pesca ocurre como en Rebelión en la granja, donde todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros.
También queremos fomentar el diálogo internacional, sobre todo el diálogo entre la Unión Europea y los países con los que hemos firmado acuerdos de pesca. Nuestra estrategia para la pesca a escala mundial incluye un plan de acción para la lucha contra las capturas ilegales, una evaluación más adecuada de la situación de los recursos pesqueros accesibles para los buques de la UE fuera de las aguas de la Unión y un marco básico integrado para la cooperación pesquera.
Resumiendo, nuestro primer paquete de reforma contiene nuestros objetivos para el futuro y las propuestas de reforma relativas a la conservación de los recursos, la integración de objetivos medioambientales en la política pesquera, la política de flotas, el control de la actividad pesquera y la lucha contra la pesca ilegal. Seguirán otras propuestas e informes sobre la conservación de recursos en el Mediterráneo, la pesca fuera de las aguas de la UE, la supervisión de la actividad pesquera, la acuicultura, la integración de elementos económicos en la política pesquera común y la reestructuración de la flota en las zonas litorales. Nuestro calendario de trabajo prevé que las medidas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2003.
Si tenemos el valor de adoptar decisiones responsables, también podemos tener la esperanza de que conseguiremos una actividad pesquera sostenible, unos ecosistemas equilibrados, una mayor independencia del sector y la estabilización económica y social de nuestras regiones costeras. Por esto quisiera invitarles a avalar la reforma de la pesca. En cualquier caso, pueden contar con mi compromiso.
Antes de acabar, permítanme que me refiera muy brevemente a diversas informaciones que se pueden leer hoy en la prensa. De ellas se desprende que la señora Vicepresidenta De Palacio Vallelersundi no está de acuerdo con la reforma de la pesca. También se han publicado otros artículos con una orientación parecida. Me parece lamentable. Yo quisiera decir claramente que no tiene nada de raro que un comisario escriba una carta a un colega en la fase previa a una decisión, pero la elección de las palabras de dicha carta es lamentable. Yo quisiera aclarar, en relación con las referencias a una provocación, que sólo una cosa sería una provocación y ésta es que no estuviésemos en condiciones de poder reformar a fondo el sector pesquero. Discutamos, por lo tanto, el contenido de la reforma a fin de que dicho sector y las personas activas en el mismo tengan un futuro.
(Aplausos)

Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, agradezco al Comisario su declaración. No hay ninguna duda de que la PCP necesitaba una reforma radical desde hace mucho tiempo, y debemos felicitar a la Comisión por la elaboración de un primer paquete de propuestas dinámicas, en particular, habida cuenta del esfuerzo concertado por desbaratar las reformas, sobre el que hablábamos al inicio de esta sesión, y la tormenta de controversias que ha desatado esta torpe táctica de intimidación.
Acojo favorablemente las propuestas de establecer con carácter permanente las zonas de 6 y 12 millas, como medidas de salvaguarda fundamentales. Estoy encantado de que se hayan hecho devoluciones importantes en materia de gestión y controles de conservación a los Estados miembros dentro de dichas zonas. Es más, la devolución de la gestión es una característica fundamental de estas propuestas sobre la reforma de la PCP. La creación de consejos consultivos regionales en los que participen pescadores, científicos, representantes del sector de la acuicultura, ecologistas marinos e incluso el sector de la pesca deportiva, además de los políticos regionales, representa un hito en la participación de las partes interesadas.
Aplaudo la valentía de la Comisión de exigir que se ponga fin inmediatamente al extraño espectáculo de subvencionar la modernización y la nueva construcción de buques en algunos Estados miembros, al tiempo que se subvenciona el desguace de buques en otros. Todos sabemos que hay demasiado pescadores para unos recursos pesqueros demasiado escasos. Todos sabemos que es necesario recortar la capacidad de la flota de la UE. Por consiguiente, debemos insistir en que toda la ayuda pública que se destina a la modernización y reestructuración y a la construcción de nuevos buques se destine en lo sucesivo al desguace.
No obstante, en lo que respecta a la reducción global de la capacidad de la flota de la UE, las cifras de la Comisión despiertan una gran preocupación. Según mis cálculos, sobre una base de país por país, los Estados miembros del Norte que faenan principalmente en el Mar del Norte, el Báltico y el Atlántico, sufrirán un recorte del 21,3% del tonelaje bruto. En cambio, los Estados miembros del Sur que faenan en el Mediterráneo, el Adriático y el Golfo de Vizcaya, experimentarán un recorte de sólo el 9,2% del tonelaje bruto.
Si tomamos ejemplos individuales, el Reino Unido deberá desguazar el 23,1%, Bélgica el 25,3%, Dinamarca el 27,3% y Suecia se enfrentará a la asombrosa pérdida del 49,7% de su tonelaje bruto. Entretanto, España, que cuenta con la mayor flota con diferencia de la UE, se escapa con un recorte de sólo el 9,4% e Italia, que tiene la segunda mayor flota, sólo sufre un recorte del 7,3%.
Algunos se preguntan si la Comisión ha cedido a la presión de intimidación de España. Estudiaremos muy detenidamente estas cifras en la comisión. El Comisario ha dicho que no queremos seguir el camino de que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros - pero ése parece ser exactamente el camino que estamos siguiendo con estas propuestas sobre los recortes.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, voy a comenzar por donde ha acabado el señor Comisario; en cualquier país de la Unión, si un Ministro escribe el mismo día en que se toma una decisión -y además no va al Consejo- una carta como la que ha escrito la Vicepresidenta de la Comisión al Comisario, se produciría una crisis de gobierno, y el Primer Ministro o el Presidente tendría que cesar a uno de ellos o a los dos. Ésas son las costumbres democráticas.
Y aprovecho para decir, señor Presidente, después de escuchar al señor Presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento, que tengo muy poca confianza en su neutralidad a la hora de emprender una investigación imparcial, después de lo que ha dicho, porque el Presidente de la Comisión de Pesca tiene que representar los intereses del Parlamento, y no hacer sus propios cálculos sobre lo que puede interesar a un país o a otro.

Permítame, señor Presidente, que diga que estamos ante un problema en relación con la reforma de la política de pesca, pero tenemos también un problema constitucional, y lo estamos viendo: en el Consejo, un Presidente del Consejo que dice que da instrucciones a la Comisión; en la Comisión, una escisión clarísima, pública y notoria, de la que nos hemos enterado por la prensa. Ayer la Comisión tomó la decisión y no ha comparecido ante el Parlamento; se lo ha contado todo a la prensa. La única forma que tenemos de enterarnos es comprando los periódicos.
Señor Presidente, le voy a hacer solamente una pregunta al Comisario, y parto de la base de que el Parlamento tiene una enorme responsabilidad para tratar de defender los intereses de todos los europeos, empezando por los pescadores.
Nosotros creemos que a este informe le falta hablar de cohesión económica y social; le falta hablar del tejido social en las zonas costeras, que también son europeas; le falta hablar de desarrollo sostenible; le falta incluir la acuicultura, y le falta hablar de los consumidores, que también tienen derecho y, además, estaremos todos de acuerdo en que, para mejorar nuestra dieta, los médicos nos dicen que hay que comer más pescado.
Entonces, señor Presidente, la única pregunta que le hago al Comisario es la siguiente: ¿por qué no aplica a la reforma de la pesca todos los principios que afirma defender en la reforma de la Política Agraria Común? Si decimos que es multidimensional, que tiene que defender a los ciudadanos, al paisaje, a la cultura y a todos los aspectos que configuran la vida europea, ¿por qué lo defiende en la agricultura y no lo defiende en la pesca?
(Aplausos)

Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, el Grupo ELDR acoge favorablemente las propuestas que ha presentado la Comisión. En su resolución sobre el Libro Verde, el Parlamento pedía una política que estableciera un equilibrio entre las necesidades de la sostenibilidad medioambiental y aquéllas de la pesca como sector socioeconómico. De hecho, el futuro de este sector depende de que hoy asumamos el compromiso de conservar los recursos.
Reconocemos que existe la necesidad urgente de reducir el esfuerzo pesquero, y que éste debe efectuarse, en parte, mediante una reducción de la capacidad. No obstante, deberá llevarse a cabo de una manera equitativa y que además refleje la situación actual de los diferentes recursos. Tampoco cabe esperar que alcancemos el objetivo de sostenibilidad únicamente a través del desmantelamiento. Necesitamos una imagen clara de las otras medidas previstas con este fin y de cómo éstas se combinarán entre sí para materializarlo.
Sin ninguna duda, el prometido enfoque a largo plazo, según el cual se fijarán capturas plurianuales, supondrá una importante mejora y ayudará a resolver el problema de los descartes. Las propuestas son gratificantes no sólo para los peces juveniles, sino también para otras especies vulnerables como los delfines, las aves marinas y los tiburones.
También acogemos favorablemente la intención de velar por un mejor cumplimiento de las normas y la acción prevista de luchar contra la pesca ilegal y garantizar la pesca sostenible más allá de las aguas comunitarias. El mantenimiento del límite de 6 a 12 millas contribuirá al desarrollo de medidas de conservación y será determinante para la protección de la pesca costera de la que dependen muchas de nuestras comunidades más frágiles. La confirmación del Comisario de que la nueva normativa sobre estos límites entrará definitivamente en vigor, a más tardar, el 1 de enero de 2003 sería muy tranquilizadora.
Asimismo, creemos que la creación de grupos consultivos regionales contribuirá de manera significativa al fomento de medidas de conservación responsables, aunque deberá definirse mejor el papel de dichos consejos. Entendemos que la retirada de ayuda pública a la modernización y renovación de la flota no será bien acogida por todos, pero dadas las circunstancias, creemos que la medida no es más que lógica.
Por otra parte, la excepción por motivos de seguridad también es satisfactoria, siempre que sea exclusivamente por motivos de seguridad. Nos alegra, en particular, que los fondos se convertirán en un paquete social importante para paliar las consecuencias de las medidas sobre los modos de vida de las personas que actualmente dependen de la pesca. Siempre ha sido motivo de preocupación que las medidas de desmantelamiento no incluyan otras para ayudar a las tripulaciones de los buques pesqueros.
Si hacemos las cosas bien, preservaremos la pesca y también a los pescadores. De lo contrario, no lograremos ninguna de ambas cosas y es posible que a las generaciones futuras les resulte muy difícil perdonarnos.

Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, este paquete tan esperado contiene muchos aspectos gratificantes. Naturalmente, para la PCP tendrá una importancia fundamental que hagamos hincapié en la conservación y la sostenibilidad. La gestión de multiespecies y plurianual es motivo de satisfacción. Los esfuerzos para crear igualdad de condiciones en el cumplimiento son gratificantes. Las medidas técnicas para la conservación y su desarrollo también son gratificantes. Naturalmente, la capacidad de la flota deberá ser más acorde con los recursos disponibles. Presumo que el Comisario podrá confirmarnos hoy que se tendrán en cuenta los esfuerzos realizados recientemente en determinados ámbitos en este sentido.
Acojo favorablemente el mantenimiento del régimen de acceso al límite de las 6 y 12 millas, pero me preocupa profundamente la formulación de documentos en lo relativo al acceso a aguas y recursos y la estabilidad relativa más allá de las 12 millas. ¿Está diciendo la Comisión que la igualdad de acceso traerá consigo la igualdad de oportunidades pesqueras en nuestras aguas? ¿Dice realmente el documento que las claves para la estabilidad relativa estarán perennemente abiertas a su revisión? ¿Tiene previsto la Comisión conceder cuotas a nuevos Estados miembros en zonas en las que actualmente no tienen ninguna - por ejemplo, en el Mar del Norte?
La formulación del documento en ese capítulo en particular apunta hacia la inestabilidad relativa, en vez de la estabilidad que se buscaba. Es cuando menos posible que las, por otra parte, buenas intenciones de las propuestas sobre conservación del documento podrían verse muy mermadas. Por este motivo, pido garantías importantes y claras de intención en dicho ámbito.

Jové Peres (GUE/NGL).
Señor Presidente, la Comisión hace una propuesta sobre la Política Común de Pesca y nos encontramos una vez más con la estrategia de cortar la cabeza para curar la jaqueca. Es innegable la delicada situación que atraviesan algunos caladeros, pero resulta sorprendente que la Comisión no encuentre otra solución que desmantelar el sector pesquero y los empleos asociados al mismo.
Es sorprendente la escasa atención que se ha prestado a las medidas técnicas para la regeneración de stocks y la exoneración de la pesca industrial de las medidas de reducción de flota. Parecería que pescar industrialmente enormes cantidades de pescado, de forma indiscriminada, para alimentar a los animales, no afecta a los recursos marinos, mientras que la pesca para alimentar a los humanos, generando empleos y con mayor valor añadido, es la que esquilma los caladeros.
La Comisión ha intentado disfrazar con un barniz ecologista una propuesta sesgada y parcial. Resulta sorprendente que se impongan una mayor reducción de flotas a los países que han cumplido las obligaciones de los POP sin imponer obligaciones adicionales a los que no las han satisfecho, o incluso que han incrementado la capacidad de flota -y no voy a dar nombres. La propuesta es parcial y discriminatoria. Olvida que hay acciones estructurales programadas hasta el año 2006. Resulta sorprendente que la Comisión ose suprimir las ayudas a la modernización de la flota acordadas en el Consejo de Berlín. El verdadero problema es un problema social. La propuesta de la Comisión se traducirá en la pérdida de un enorme número de puestos de trabajo en zonas dependientes de la pesca, en posiciones periféricas y con un alto nivel de desempleo.
La Comisión debe ser consciente de que debería haber hecho propuestas equilibradas, de que con esta medida difícilmente avanzará la política pesquera, porque difícilmente podrá entrar en vigor y, mientras tanto, señor Comisario, seguiremos perdiendo un tiempo precioso para resolver los problemas de la pesca.

Gallagher (UEN).
Señor Presidente, esperaba que el tiempo adicional que se ha tomado la Comisión para poner a punto las propuestas tendría como resultado unos documentos que reflejaran plenamente las preocupaciones manifestadas por esta Asamblea cuando aprobamos nuestro dictamen este mismo año. Esperaba que prestara especial atención a las repercusiones sociales y económicas para las regiones de la periferia de la Unión. Estas zonas dependen fuertemente de la pesca porque no tienen ninguna otra fuente de empleo alternativa.
Lamento decir que me ha decepcionado lo que la Comisión ha producido tras sus largas deliberaciones a numerosos niveles. En vez de unas medidas cuidadosamente elaboradas que aborden los problemas reales que afectan al sector pesquero, la Comisión ha presentado lo que sólo puede describirse como un instrumento muy burdo que, si se aprueba, no conseguirá proteger los recursos pesqueros ni solucionar el problema del esfuerzo pesquero.
Irlanda cumple rigurosamente los compromisos legales establecidos en los programas de orientación plurianuales. Nuestras flotas pesqueras se mantienen dentro de los TAC y las cuotas impuestas legalmente sobre las dimensiones de la flota. En este contexto, es absolutamente inaceptable que la Comisión presente propuestas que penalizan a todos los países por los pecados de algunos. No dispongo de tiempo para referirme a los pecados de esos países ambiciosos, los Estados miembros de otras partes de la Unión que intentan explotar los recursos pesqueros en zonas apartadas de sus países.
Estas propuestas subrayan que la reducción de la flota pesquera será del 8,5%. Es un manera algo parcial de exponer los hechos. Puede que sea una reducción del 8,5% de la flota pesquera, pero la reducción de la capacidad es del 18% como mínimo. Las propuestas de la Comisión encaminadas a prohibir todas las ayudas estatales para la mejora de la flota son una flagrante irresponsabilidad. La esencia de la política de renovación de la flota es mejorar la seguridad y las condiciones de vida a bordo de los buques, y no mejorar su capacidad o eficacia. Si no lo hacemos, será negligencia y debemos insistir en el derecho de los Estados miembros a mantener esa política.
Por consiguiente, estoy profundamente decepcionado de que la Comisión no haya restablecido la política anterior a diciembre de 2001 - ésa era la cláusula de seguridad respecto a la capacidad. ¿Cómo puede afirmar la Comisión que defiende un entorno de trabajo más seguro para los pescadores y los miembros de la tripulación si al mismo tiempo penaliza a los armadores que quieren llevar a cabo medidas para mejorar la seguridad a bordo? Dicho llanamente, si quieren poner una cubierta convexa en un buque para proteger a la tripulación y crear un entorno más seguro, en lo sucesivo serán penalizados. La Comisión debe tener esto en cuenta y ser mucho más razonable.
Para terminar, creo que estas propuestas de la Comisión son sólo eso. Es una suerte que los guardianes del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo estén ahí para proteger los recursos pesqueros y también, algo que es igual de importante, para proteger los intereses de los pescadores de las zonas donde, como decía al comienzo, no existe ninguna otra fuente de empleo alternativa.

Farage (EDD).
Señor Presidente, ésta no es una reforma, como señala la propia Comisión. El Reglamento nº 3760/92 del Consejo establece el marco sobre el que se asienta la PCP. Su piedra angular es, naturalmente, la igualdad de acceso a las aguas comunitarias, que fue derogada hasta el 1 de enero de 2003. Sólo entonces entrará plenamente en vigor la PCP. Por consiguiente, lo que vemos aquí es, en realidad, la fase final de la aplicación de la PCP.
Después de 30 años de intromisiones de la Comisión y de luchas internas entre los Estados miembros, lo que tenemos ahora es una catástrofe ecológica de proporciones planetarias y la práctica destrucción de muchos elementos del sector pesquero británico. Esto es por sí solo testimonio gráfico del lamentable fracaso de las medidas aplicadas hasta ahora.
Pero en vez de introducir nuevas medidas para encontrar solución a todo esto, lo que ahora tenemos delante es una contradicción total. Obligados por el Tratado a permitir la igualdad de acceso, lo que en realidad significa permitir a la flota española entrar en el resto de aguas británicas, contra eso, tenemos: estabilidad relativa. La estabilidad relativa está basada en la trayectoria; la igualdad de acceso está basada en los tonelajes de la flota. En realidad son cosas opuestas. No pueden existir una al lado de la otra. Este punto crucial por sí solo demuestra que estas propuestas son una treta política.
Por ello no es sorprendente que la Sra. De Palacio, colega del Sr. Fischler, haya expresado una reserva global respecto a todos los aspectos de la reforma propuesta, y yo comparto esa reserva global. Nada de lo que el Comisario ha ofrecido aborda la causa fundamental del fracaso, a saber, su carácter de política común.
Las únicas políticas de pesca del mundo que han tenido éxito son aquellas que gestionan exclusivamente los Estados nación soberanos. O sea que la única opción real es abolir la PCP. La política y la pesca sencillamente no son compatibles.

Holmes (NI).
Señor Presidente, el hecho de que la Comisión acabe de descubrir su parte de responsabilidad en la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros merece nuestro aplauso y nuestro apoyo. No obstante, como consecuencia del fracaso casi total de las políticas anteriores, soy de la opinión de que lo mejor sería devolver a los gobiernos de los Estados miembros el control de las actividades pesqueras, así como el control sobre sus antiguas aguas territoriales.
Estas propuestas perjudican injustamente a los pescadores del Reino Unido con una reducción del tonelaje del 29%, en comparación con el 20% de Francia, el 12% de España y el 2% de Grecia. Las poblaciones de peces son auténticos recursos naturales y deben poder renovarse a perpetuidad. En las cadenas alimentarias que tienen su base en tierra, es necesario sembrar y criar, además de cosechar y procesar. Pero en el caso del pescado, nos limitamos a capturarlo. No podemos permitirnos pescar de una manera egoísta ni capturarlo hasta su extinción. Sería un acto de cinismo que los Estados miembros atenuaran aún más estas propuestas. No sólo necesitamos amigos de la pesca, sino también, y lo que es más importante, amigos de los peces.
Ésta es probablemente la última oportunidad que tienen los países europeos de demostrar su clara determinación de encontrar solución a estos riesgos. Si estas propuestas no son eficaces, en lo que a mí respecta, defenderé la retirada total del Reino Unido de la PCP.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Fischler, ha sucumbido usted ante el nacionalismo antieuropeísta de ciertos Estados que sólo quieren el monopolio del pescado para ellos; nada de compartir, ante la excusa del fundamentalismo medioambientalista que antepone los peces a los seres humanos.
Conservación de los recursos: claro. Nosotros los primeros, usted no. Y usted no porque no da prioridad en sus propuestas a una radical reforma científica, que debe ser la base misma del sistema, la relega usted a un segundo plano, a un segundo paquete. Craso error.
Permite, además, el escandaloso despilfarro de más de un millón de toneladas de pescado que un Estado miembro destruye al año para convertirlo en piensos animales sin preguntarse cómo afecta eso a la propia cadena alimenticia de las especies. Eso no es conservacionismo. Usted nos promete estudios, pero llevamos veinte años de política pesquera y usted nos sigue prometiendo estudios. No es presentable.
Hay que repartir científicamente entre todos los recursos disponibles y hay que actualizar el grado de dependencia de las regiones europeas, cosa que usted tampoco ha hecho. Ha reconocido que los estudios son incompletos. No se puede abordar una reforma de este calibre con estudios incompletos de la dependencia de las regiones. Se mantienen zonas reservadas solamente para ciertos Estados. Se desguazan barcos partiendo de cero, como si unos Estados no hubieran desguazado ya el cincuenta por ciento de su flota y otros no la hubieran aumentado. Se rompe la política de cohesión social que está prevista hasta el año 2006, impidiendo a los operadores económicos mantener su planificación en actividades en regiones objetivo nº 1, que no le piden a usted más dinero, señor Fischler, sino que le piden seguir pescando. Quieren y pueden seguir pescando, y la Unión Europea lo necesita.
Y en política exterior, señor Fischler, incumple usted su palabra dada ante este Parlamento de que iba a tratar en la reforma por igual a los armadores y a los acuerdos del Norte y a los armadores y a los acuerdos del Sur. Lo incumple. No lo hace en la propuesta. Restringe los acuerdos comerciales con terceros y prohíbe las empresas mixtas, con lo que debilita usted el posicionamiento mundial de la flota europea, aumenta la vulnerabilidad de nuestra industria y dependeremos más de las importaciones. Es un error político de primera magnitud, histórico en la pesca, y si no lo cambiamos y europeizamos el sector se convertirá usted en el enterrador de todo un sector económico y social estratégico para la Unión Europea.
Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, la Comisión presenta hoy aquí un punto de una importancia política extraordinaria, puesta de manifiesto por la enorme controversia existente entre la Comisión y el sector pesquero. ¿Y de qué se quejan los pescadores? De que la Comisión no ha incluido sus opiniones en su propuesta de reforma, ni las de este Parlamento, que se pronunció sobre este asunto en enero de este mismo año. Es más, esta propuesta fue adoptada ayer por el Colegio de Comisarios por mayoría simple, con la ausencia de cuatro Comisarios, y sin ninguna seguridad de que cuente con la mayoría cualificada necesaria en el Consejo.
La Comisión actúa al margen del sector. Me decía un armador francés, hace menos de diez minutos, que la Comisión oye pero no escucha. Cualquier reforma de una política básica, como es la pesca, tiene que garantizar, para ser creíble, la supervivencia del sector y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus afectados. La Comisión, con sus propuestas, está lejos de buscar el equilibrio entre la preservación de los recursos, la eficacia de la flota, el mantenimiento del empleo y la actividad económica en las regiones pesqueras.
La Comisión sí recoge las preocupaciones bienintencionadas de los grupos medioambientalistas, pero las antepone a las del propio mundo pesquero y sacrifica sin pudor principios básicos de la Unión Europea, como la cohesión económica y social en las zonas altamente dependientes de la pesca, zonas, todas ellas, objetivo 1.
Los socialistas reclamamos una gestión sostenible de los recursos, pero creemos que sólo podrá llevarse a cabo si se implica en ella a los pescadores. Con este plan, dentro de diez años se habrán reconstituido los stocks para que los europeos los miremos desde una vitrina, y todos comeremos pescado importado.
Los veintiocho mil puestos de trabajo, que usted anuncia ya que se van a perder, no son más que la punta del iceberg. La pesca genera muchísimos más puestos de trabajo, directos e inducidos, que no están contabilizados en el documento que presenta el señor Comisario. Su propuesta va más allá de la pesca. Se trata de una reforma desguazadora, de corte neoliberal, que abre paso a una PCP que no será comunitaria porque da la espalda a la solidaridad europea y ahonda en la división Norte/Sur; ni política porque la Comisión renuncia a ejercer sus competencias; ni pesquera puesto que condena al sector al que quiere proteger y, en particular, al artesanal, a la pura extinción.
Así que mi Grupo, señor Comisario, trabajará en este Parlamento, trabajará en la Comisión de Pesca -a partir del día de hoy en que hemos conocido los textos- en común con el sector, en común con los otros grupos representados en este Parlamento, escuchando a quien nos quiera hablar para trabajar por una reforma que sea gradual, que sea consensuada y que esté bien dotada económicamente, porque nosotros creemos que no se puede condenar a la muerte, a la desaparición a un sector de la importancia trascendental y estratégica que tiene la pesca en la Unión Europea.
Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, apruebo los planes de reforma. La atención que se presta al control y a la preservación de la flota está plenamente justificada. Cortar por lo sano duele, pero al mismo tiempo abre nuevas posibilidades. Es fundamental que los recursos comunitarios se destinen a actividades económicas viables. Por lo que al control y a la preservación se refiere respaldo su llamamiento en favor de un control internacional uniforme sobre la base de un tratamiento igualitario.
Quisiera formular algunas observaciones críticas. En primer lugar, es inconcebible que la Comisión se muestre dispuesta a otorgar a los Estados de la UE el derecho a una pesca ilimitada de las denominadas especies 'libres? en el Mar del Norte. De este modo los problemas no se harán esperar. Aquí hace falta un balance. En segundo término, usted afirma que en principio quien contamina paga. Efectivamente, esto es lo que dice el documento y es correcto, pero tengamos en cuenta los hechos y la realidad. No obliguemos a los pescadores a pagar por los fenómenos naturales. Paso al programa plurianual: merece mi apoyo siempre y cuando no volvamos a incurrir en los errores cometidos en el pasado. Es preciso utilizar unas evaluaciones satisfactorias y evitar una excesiva burocracia.
Quisiera concluir diciendo, señor Presidente, que estas propuestas están destinadas a instaurar un equilibrio entre las fuerzas del mercado y el medio ambiente. A fin de cuentas, esto es lo que se entiende por política europea.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, a pesar de que los Verdes apoyamos plenamente los esfuerzos de la Comisión encaminados a crear una política de pesca sostenible en la UE, rechazamos cualquier intento de transferir sencillamente nuestros problemas al mundo en desarrollo. Durante demasiado tiempo, la UE ha enviado sus buques pesqueros a aguas lejanas para explotar los océanos de África y otras zonas en los que pueden causar enormes daños a las poblaciones de peces y a las comunidades locales que dependen de la pesca artesanal. Debemos poner orden en nuestra propia casa sin trasladar nuestros problemas a aquellos cuya situación económica es peor que la nuestra y que necesitan desesperadamente todos los fondos que puedan obtener.
El Comisario Fischler ha declarado que la UE debe esforzarse por practicar una pesca sostenible allí donde faenen las flotas de la UE, y nosotros le exigiremos que cumpla ese objetivo. En lo relativo al exceso de capacidad de la flota comunitaria, quisiera preguntar a la Comisión ¿qué opinión le merece el anuncio que hizo ayer el Gobierno irlandés sobre un paquete de inversiones por valor de 56 millones de euros para buques comunitarios? Esta medida choca frontalmente con lo que la Comisión está intentando llevar a cabo. Si se permite al Gobierno irlandés seguir adelante con la iniciativa, ¿cómo encajarían eso otros Estados miembros, que podrían querer seguir el ejemplo y hacer exactamente lo mismo? Eso va completamente en contra del objetivo que la Comisión está intentando alcanzar.
Por último, en relación con toda la saga de la participación de España durante las pasadas semanas en la reforma de la política de pesca - un ministro español ha reconocido en televisión que dio órdenes a sus comisarios en este sentido - es una flagrante violación de las normas de la UE. Es necesario investigar a fondo toda esta saga porque, por lo que puedo ver, todo este asunto es muy sospechoso.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, la propuesta que el Comisario Franz Fischler acaba de hacer aquí es una verdadera declaración de guerra al sector de la pesca, con rasgos particularmente graves para países con flotas más débiles y anticuadas, como Portugal. Con el pretexto de la defensa del medio ambiente, la propuesta avanza hacia una marcada reducción del esfuerzo de pesca y con medidas encaminadas a reducir el volumen de capturas y premiar la retirada de embarcaciones, sin tener en cuenta debidamente las especificidades y necesidades de cada uno de los países. Se olvida, por ejemplo, que Portugal es el Estado miembro que ya ha superado con mucho los objetivos en cuanto a reducción del esfuerzo de pesca, que mantiene una flota envejecida -casi el 40 por ciento de los barcos tiene más de 25 años- y registra los rendimientos medios más bajos de la Unión Europea.
Ahora bien, lo que la Comisión promete son más incentivos para retirar embarcaciones (287 en Portugal), es decir, una reducción de casi 12.000 toneladas de registro bruto, cuando lo necesario, en el caso portugués, era aumentar el apoyo a la modernización de la flota con vistas al abastecimiento de una población que es la mayor consumidora de pescado por habitante de la Unión Europea, lo que también hace de Portugal un mercado apetecible para los intereses de las multinacionales. Pero no es ése el interés de la población ni de los que trabajan en el sector estratégico de la pesca, ahora tan gravemente amenazado. Por eso, rechazamos la propuesta y proponemos que haya un revisión global de su contenido.

Souchet (NI). -
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el plan que practica la eutanasia a la pesca artesanal europea - que el comisario Fischler nos acaba tranquilamente de presentar - debe ser rechazado en bloque tanto desde el punto de vista de su filosofía general como de su dispositivo técnico. Este plan es ante todo característico de un método supranacional detestable, el del descaro y la arrogancia tecnocráticos capaces de decretar, tras una amplia consulta del medio profesional - hecha para la galería -, la condena pura y simple de un sector a partir de una generalización abusiva de estudios técnicos incompletos y controvertidos, parciales y a menudo falsos - cito como ejemplo la anchoa y el carbonero del Atlántico -.
Este plan es absurdo y contradictorio, ya que, con la excusa de protegerla, condena la pesca mejor encuadrada y la que más se preocupa por proteger la durabilidad de los recursos, en beneficio de las flotas de terceros países, que son las menos respetuosas en materia de conservación y que en el futuro - si hacemos caso al Sr. Fischler - serán prácticamente las únicas que abastecerán un mercado europeo de la pesca en plena expansión. Este plan es peligroso porque es irrealizable. Dicho plan se basa, en efecto, en una noción central, el índice de esfuerzo pesquero, imposible de ser evaluado mediante un indicador seguro o un instrumento fiable - y usted lo sabe, señor Comisario -. Este plan refleja, finalmente, las contradicciones crecientes que conoce la Unión y el peligro que para las bazas europeas representa la adopción de soluciones uniformes. ¿En nombre de qué los Estados miembros que han sacrificado su pesca artesanal en provecho de una pesca industrial impedirían a aquellos que desean conservar como elemento fundamental de identidad y de gestión de los recursos una pesca artesanal viva, que así lo hagan?
Se impone, pues, la necesidad de una movilización general de las fuerzas vivas de nuestros Estados miembros, un verdadero esfuerzo por parte de los amigos de la pesca, para que el Consejo condene inequívocamente, el próximo 11 de junio, la antigua nueva PPC propuesta por el Sr. Fischler y exija que sea sustituida por un plan ambicioso. Dicho plan debe defender exactamente los supuestos contrarios de la Comisión, que consisten en el catastrofismo sin bases sólidas en relación con los recursos y en la negativa de tomar en consideración los otros factores, distintos de los que afectan a los recursos. Este plan voluntario debe tomar nota de las carencias de nuestros conocimientos en materia de recursos - lo que, por otra parte, el Libro Verde de la Comisión reconoce - y establecer el desarrollo sustancial de una investigación que no esté sometida a la Comisión, así como una estrecha asociación entre los profesionales y los científicos. De este modo, se podrá aquilatar el sistema de cuotas y hacer innecesaria la destrucción de nuevos buques. Dicho plan debe asimismo establecer el indispensable capítulo de modernización de la flota, que los fondos propios de los pescadores no les permiten asumir solos. La ayuda pública es, pues, imprescindible y legítima si queremos evitar que se multipliquen los naufragios ocasionados por el envejecimiento de nuestra flota. Este plan, señor Presidente, debe, por último - como en agricultura -, incluir un capítulo 'instalación de jóvenes? y un capítulo 'rastreabilidad? desde el pescador al consumidor. Sólo así se podrá proteger el modelo artesanal de pesca que muchos Estados miembros defienden.

Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, es una agradable sorpresa, señor Galeote, que hoy desee hablar sobre la pesca, en su calidad de jefe de delegación. Incluso dispondrá de tres minutos. Un tiempo suficiente para equilibrar la balanza, diría yo. Con este apoyo oficial, y confío en que apoyará usted la reforma, señor Galeote, como espero que lo hagan todos los colegas. Lamentablemente, el buque de la pesca en realidad parece haber perdido el rumbo. El ambiente está sumamente enrarecido, no sólo en la Comisión de Pesca. ¡Es una lástima! Yo ruego a todos los colegas que en adelante declaren en qué calidad van intervenir en esta Asamblea.
Ahora me dirijo a usted, señor Fischler: ¿quién será a partir de ahora nuestro interlocutor en su Dirección General, además de usted mismo, después de que su colaborador más importante -sí, voy a decirlo- haya quedado políticamente desacreditado? Por otra parte: ¿se puede cargar en la cuenta de los contribuyentes la rotación en un puesto de asesoría que carece de sustituto? ¿Quién me presentará y nos presentará por fin los datos y la información que necesitamos para poder apoyar la reforma? Le ruego que nos haga llegar también sus cálculos y el método empleado para realizarlos. Los ataques que acabamos de escuchar exigen estas respuestas.
En este contexto, permítame que le pregunte, señor Crespo -si todavía estuviera aquí- o en cualquier caso a usted, señor Noguera, qué entienden por el conflicto Norte-Sur del que continuamente hablan? ¿Estamos verdaderamente en guerra, señora Figueiredo? ¿Por qué han acogido con tanta satisfacción la nueva agrupación de los Amigos de la Pesca los amigos españoles de la Comisión de Pesca? ¿Es un grupo integrador o que más bien divide? ¿Por qué no participan en él los demás países pesqueros? ¿No son bienvenidos? ¿Y dónde queda entonces la Comunidad?
Ayer mismo estuve en la ciudad española de Vigo. Algunos me dijeron: "¡Qué valiente, chica!". Pero allí se oyen comentarios muy distintos al respecto. Las alarmas suenan desde diversas direcciones. Yo espero que todos los que intervengan hoy y mañana sobre el tema de la pesca demuestren capacidad de integración. Al fin y al cabo, todos deseamos una reforma, pues hemos esquilmado los mares. Ahora tenemos que asumir las consecuencias, ¡comunitariamente!

Stihler (PSE).
Señor Presidente, me gustaría expresar mi satisfacción por el paquete de reformas de la Comisión sobre la Política Común de Pesca. Asimismo, me satisface comprobar que son muy pocos los cambios introducidos a los objetivos de la reforma original.
La Política Común de Pesca en vigor ha fracasado en la realización de sus objetivos. No garantiza un medio de vida adecuado a numerosos pescadores y, al mismo tiempo, tampoco protege los recursos pesqueros para las generaciones de ahora y del futuro. Debemos tomar decisiones difíciles. En el marco de la nueva PCP, debemos recortar la flota actual de la UE; pero la UE no debería efectuar un recorte global, sino tener en cuenta los diferentes tamaños de las flotas nacionales de la UE.
Por ejemplo, la flota escocesa ya se ha reducido durante los últimos años hasta un tamaño más sostenible. Debe ponerse fin a la subvención de la construcción de buques y destinar esos fondos a ayudar a los pescadores que abandonan el sector a encontrar un nuevo empleo. Debemos relacionar el mantenimiento de los límites de 6 y 12 millas, como propone la Comisión - la mayoría de los Estados miembros reconoce que la medida protege a las regiones costeras que dependen especialmente de la pesca - con una participación mucho más estrecha del sector pesquero, a través de los nuevos consejos consultivos regionales, en el desarrollo y el funcionamiento de las medidas de gestión de la pesca. Debemos examinar seriamente el problema de los descartes y debemos mejorar los niveles de inspección y de cumplimiento en toda la Comunidad y equiparar todos estos niveles.
Por último, necesitamos mejores acuerdos pesqueros en las aguas de los países en desarrollo, que tengan como base pruebas científicas sólidas para prevenir la sobreexplotación de los recursos. Siento interés por lo que ocurrirá durante los próximos seis meses. Cuanto antes lleguemos a una conclusión, mejor será. El tiempo apremia, pero si existe voluntad, estoy convencido de que conseguiremos una PCP digna de este siglo.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario Franz Fischler, espero que su propuesta de reforma de la PPC sea rechazada por los Estados miembros y por este Parlamento. Espero incluso su dimisión por laborar en pro de los países del Norte, que se consideran dueños de los mares comunitarios, y por actuar contra los países del Sur, como Galicia y otros, aún considerados intrusos en su propia casa europea.
Se debe rechazar su propuesta porque corresponde a un despotismo no ilustrado, porque no está fundamentada en estudios científicos serios sobre la conservación de los recursos, porque consagra un principio de estabilidad relativa discriminatorio y contrario a los Tratados, que otorga a Estados como Dinamarca el 16 por ciento de las capturas normales comunitarias, mientras que España tiene sólo el 6 por ciento. En ningún otro sector económico se osaría proponer lo que el Comisario pretende hacer con la pesca.
Señor Comisario Franz Fischler, deje su lugar a otro Comisario menos sectario, más abierto y sensible a las necesidades del sector pesquero, que presente medidas compatibles con un auténtico desarrollo sostenible.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, la Península Ibérica, la mayor zona pesquera de Europa, está condenada al enfrentamiento debido a la nueva Política Común de Pesca indiscriminada del Comisario Fischler. Desde 1986, la flota pesquera de la Península se ha reducido a la mitad y si las nuevas medidas terminan por aplicarse, los días de los pescadores vascos estarán contados.
Sobre la base del asesoramiento de científicos y marinos, la Comisión debería aclarar, en primer lugar, la magnitud de las repercusiones sobre los recursos pesqueros de la contaminación industrial y rural, los residuos nucleares y los naufragios de buques cisterna. Para eso hace falta más tiempo. Entretanto, los choques entre la Presidencia en ejercicio y la Comisión no deben interferir en un nuevo período de control eficaz del abuso de redes de enmalle demasiado fino. Ello permitiría recuperarse a las menguantes poblaciones de peces.

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, el Comisario parte del supuesto de que para llevar a cabo una política eficaz hace falta una serie de objetivos unívocos. Este lenguaje me gusta. Ha señalado asimismo que la política de pesca debe fundamentarse en la búsqueda de un equilibrio entre economía, medio ambiente y condiciones sociales. Ahora, también es cierto que no puede haber pesca si no hay o apenas hay peces.
Algunos recursos pesqueros se hallan en muy mal estado. Es algo que hemos de reconocer. Ello significa que debemos adoptar medidas. El programa de orientación plurianual ha fallado. En las circunstancias actuales no podemos continuar subvencionando la construcción de nuevos buques en el sector naval. Respaldo este planteamiento y esta postura rotunda.
Aplaudo asimismo la propuesta del Comisario de ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de las cuotas. Éste es el talón de Aquiles de la política de pesca europea. Dicho control debe reforzarse y espero que nosotros, como Parlamento, sepamos armarnos de valor para destinar suficientes recursos financieros a este fin. Espero igualmente que tengamos la valentía de desarrollar una política pesquera basada en un análisis específico de cada uno de los recursos pesqueros que nos permita ajustar nuestra política de flotas y de cuotas a la situación actual. Hay que acabar de una vez por todas con la política de regateo entre los Estados miembros. Aplaudo la intención de sustituir el mercadeo anual de las cuotas por un sistema de cuotas plurianual.
Por otra parte, considero importante que las medidas desagradables se compensen con suficientes medidas financieras: no es aceptable que algunos Estados miembros sí apoyen el programa social mediante la cofinanciación y otros no. En realidad, preferiría que la aplicación del mismo no se sustentara en la cofinanciación sino en la financiación directa por parte de la Unión Europea.
Tengo otra observación crítica al respecto: no queda muy claro hasta qué punto los Estados miembros que en este momento no tienen acceso al Mar del Norte y no disponen de cuotas tendrán opción a ello en el futuro. Resultaría inaceptable que determinados Estados miembros situados a orillas del Mar del Norte se vieran gravemente afectados por la reducción de la flota pesquera al tiempo que se ampliaría el acceso al mismo a otros Estados miembros. Se trata de dos medidas incompatibles. No se puede cerrar el grifo en un sitio y abrirlo al máximo en otro.

Lage (PSE).
Señor Presidente, nadie con sentido común puede negar o poner en entredicho la absoluta necesidad de preservar y proteger los recursos pesqueros, es decir, las especies marinas amenazadas. De hecho, no se puede admitir una actitud meramente depredadora, como si estuviésemos en la prehistoria, pero con tecnologías del siglo XXI. La pesca, como actividad depredadora, debe acabar, ya no tiene razón de ser. No obstante, la reforma ha comenzado mal, señor Comisario Franz Fischler, envuelta en polémicas. Más aún: ha comenzado como una farsa. Por eso, está amenazada de muerte, está herida de muerte. ¡Es una lástima! Están poniendo contra ella a los destinatarios, que se rebelan.
La reforma requiere objetividad, serenidad y pedagogía, y no el clima de guerrilla que se ha creado. Por otro lado, es una reforma demasiado brutal que pone a los afectados en contra de ella. Es una reforma desequilibrada que mantiene intacta la pesca industrial de ciertos países. Es una reforma injusta porque no tiene en cuenta a los que incumplen la legislación y a los que respetan las políticas aplicadas hasta la fecha en el terreno. Es una reforma con una base científica poco rigurosa. ¡Todo el mundo lo dice! Por último, es una reforma tecnocrática: no tiene en cuenta la subsistencia de culturas milenarias y marcos de vida que conviene proteger. ¡Éstas son nuestras reservas y nuestras protestas!

Piétrasanta (Verts/ALE). -
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con respecto a la política pesquera común nosotros preconizamos en esta Asamblea, después de varios años de vigilancia y acciones concretas, lo siguiente: gestión de los recursos, protección del medio ambiente marino. La mayoría de los gobiernos se han mostrado apáticos frente a estas propuestas con vistas a una pesca sostenible. Ahora que constatamos el agotamiento de las reservas - han desaparecido entre la tercera parte y las dos terceras partes de las poblaciones de merluza, bacalao y merlán - nos encontramos entre la espada y la pared. Por consiguiente, no podemos ahorrarnos una reforma del instrumento, que debe ser menos agresivo y más selectivo, evitando concretamente la pesquería suplementaria, que a veces alcanza el 80% de las capturas, incluyendo los juveniles.
Cada Estado aplicará esta directiva europea, establecida en el interés general, de la manera que crea más conveniente. A la inversa de una pesca industrial relativamente devastadora, nosotros defendemos una pesca artesanal que esté en mejores condiciones de mantener el empleo. Pero será conveniente, ciertamente, destinar al tratamiento social de dicho expediente importes más importantes que los actualmente previstos. Sin embargo, no somos favorables a procedimientos administrativos efectuados a ciegas. Los mismos deben decidirse en colaboración con los consejos consultivos regionales que propone la Comisión, compuestos por profesionales, magistrados, científicos y sociedades civiles, capaces de adaptarlos a la especificidad de la materia. Esto debería permitirnos no sólo protegernos, sino sobre todo dar a la pesca un nuevo impulso y proporcionarle el desarrollo sostenible indispensable para nuestro equilibrio económico y humano.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, represento a un país en el que la pesca y el mar son la base de su historia y en el que existen aún casi 50.000 puestos de trabajo en todo el sector de la pesca. La primera crítica que hago a la propuesta de la Comisión es que no tiene en cuenta la diversidad de la composición de la flota pesquera en la Unión Europea: hay países en los que la flota está mayoritariamente compuesta de barcos grandes que se dedican a la pesca industrial y otros en los que la mayoría está constituida por barcos pequeños. En Portugal, el 90 por ciento de las embarcaciones existentes tiene menos de 12 metros y se dedican a la pequeña pesca costera. Como casi el 40 por ciento de esas embarcaciones tiene más de 25 años, sin ayudas financieras comunitarias la mayoría aplastante de nuestros pescadores quedará sin capacidad para modernizarse y viabilizar su actividad.
La segunda gran crítica que hago es la de que hay una cuestión de fondo que envenena todas esas propuestas y tiene que ver con la forma como los diferentes países han cumplido las metas previstas en los planes de orientación plurianual, los llamados POP; ha habido países que han cumplido esas metas y ha habido algunos, como en el caso de Portugal, que hasta han superado en un 30 por ciento dichas metas, mientras que otros no sólo no las han cumplido, sino que incluso han aumentado la capacidad de su flota. Por lo demás, debo recordar que desde que Portugal entró en la Unión Europea, en 1986, la flota portuguesa fue reducida en un 45 por ciento y el total de capturas en un 50 por ciento. Ante esos números, considero que no es justo pedirnos más sacrificios cuando hay países que han aumentado sus flotas. Ahora bien, al no tener en cuenta ese pasado reciente, las propuestas de la Comisión no sólo hacen pagar a justos por pecadores, sino que, además, compensan a quien ha incumplido la legislación en el pasado.
Por último, señor Comisario, quisiera decirle que es un error querer hacer una reforma aprisa, porque siempre será mala. El argumento de la sostenibilidad de recursos es muy serio, pero no se puede utilizar para hacer las cosas de forma precipitada y subvalorando la dimensión humana y social del problema y sobre todo imponiendo un equilibrio injusto. Nada se dice sobre la cuestión de las harinas de pescado, sobre la ultraperiferia y sobre la pesca ilegal. Y espero que las reacciones a las propuestas de la Comisión sirvan para ponderar lo que ahora no se ha ponderado y propicien una reforma más equilibrada que tenga en cuenta todas las dimensiones del problema. Aunque para ello sea necesario esperar un poco más.

Gillig (PSE). -
Señor Comisario, usted acaba de presentar propuestas en materia de reforma de la Política Pesquera Común y de inmediato surge la polémica. En sus propuestas, y más allá de algunos aspectos positivos que contienen - pienso especialmente en las cuestiones de controles y sanciones, respecto a las cuales todos parecen estar de acuerdo -, existen dos aspectos que, en nuestra opinión, son esenciales y que no han sido tomados en cuenta. El primero es la referencia a los totales admisibles de captura, esos famosos TAC, y la cuestión de las cuotas, que debería seguir siendo la piedra angular de la Política Pesquera Común.
El segundo aspecto en el que quiero insistir es un aspecto que no se toma en cuenta y que incluso se subestima: el de la cohesión económica y social del sector de que se trate, las consecuencias en el plano de los empleos locales, ya sean empleos directos o empleos indirectos. Las únicas medidas sociales contempladas son la jubilación o algunas hipotéticas reconversiones. Nada se establece para las generaciones más jóvenes, su formación, la mejora de las condiciones de trabajo y, por tanto, de las inversiones en la seguridad de los buques. La protección de las especies - de los peces, en este caso - como único criterio de definición de una política no es aceptable.
En nuestra opinión, la garantía de sostenibilidad, independientemente del sector de que se trate, es resultado de un equilibrio entre objetivos económicos, objetivos medioambientales, ciertamente, pero también objetivos sociales. Para que una política comunitaria, una política común, sea entendida y aceptada, debe estar basada en este enfoque global, lo que no ocurre con las propuestas que hoy usted presenta en el sector de la pesca. Creo que la cuestión puede ampliarse al asunto de los objetivos sociales, al riesgo que supone el hecho de no tomar en cuenta los objetivos sociales en las políticas de la Unión Europea, que hoy son una razón de fondo y de recelo, o incluso de rechazo, hacia Europa por parte de nuestros conciudadanos. No se ha tomado suficientemente en cuenta el impacto de las medidas en las regiones dependientes de la pesca, y ese desequilibrio implica una revisión de las propuestas que hoy nos presenta.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Comisario, permítame una cierta confianza. ¿Sabe usted dónde está Barbate, Isla Cristina? ¿Sabe usted dónde está Ayamonte, Almería, Motril? ¿Conoce usted algo más de Andalucía que no sea el amargor de sus aceitunas verdes?
Sin acritud, señor Comisario, ha establecido usted un nuevo récord, difícilmente superable, en cuanto a propuestas para destruir empleo.
¿Ha tenido usted en cuenta, o alguien de su equipo ha pensado que sus propuestas de reforma de la PCP se suman a su nefasta negociación con Marruecos para renovar un acuerdo pesquero tradicional que evitase la destrucción de miles de empleos de flota artesanal?
Señor Comisario, usted globalizó la pesca del sur de Europa, consiguió que el lugar que ocupaba una flota artesanal, bajo un acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea, que respetaba las paradas biológicas y que mantenía un exquisito control de artes y mallas, haya sido ocupado en estos caladeros ahora por una flota que no respeta las paradas biológicas, ni sufre ningún control de sus artes. No desembarcan parte de sus capturas ni generan empleo autóctono, como lo hacía la flota comunitaria.
Usted, señor Comisario, ha presentado una propuesta de PCP que cuantifica perfectamente los desguaces y el empleo que se perderá, pero deja dentro de la más impenetrable de las nebulosas las soluciones para paliar los problemas sociales y económicos provocados por su propuesta. ¿Tiene usted claro de dónde saldrá el dinero que necesitamos? Ahora se pretende que recoloquemos a los pescadores parados en el sector turístico. ¿Más hoteles, más campos de golf, señor Comisario? ¿A eso lo llaman ustedes desarrollo sostenible? ¿Es eso diversificar la economía de las regiones? ¿Sabe usted que cuando prohíben la modernización también prohíben la sostenibilidad de la pesca, también prohíben una pesca más respetuosa con el medio ambiente, con esos caladeros que los pescadores son los más interesados en respetar?
Usted, con sus propuestas, destruye la única flota que genera empleo y paralelamente respeto al medio ambiente; la flota artesanal. También prohíben la creación de empresas mixtas, única solución que nos dejaron para solucionar los problemas que plantean casos como el de Marruecos. Eso sí, vamos a hacer ricos a los chatarreros.
Y por último, su propuesta no solamente afectará al empleo o una cultura tradicional ligada a unos pueblos que usted no conoce, sino que encarecerá considerablemente para los consumidores uno de los componentes esenciales de la dieta mediterránea, una dieta sana y equilibrada, sin colesterol, que gracias a sus propuestas iremos perdiendo a favor de la comida basura que tanto predicamento tiene en el norte de Europa.

Lisi (PPE-DE).
Señor Comisario, realmente no le envidio no solo por los muchos elogios y felicitaciones que ha recibido en este Pleno, sino porque usted, lamentablemente, hoy ha venido aquí a certificar el fracaso de una política. Por lo tanto, al menos desde el punto de vista humano, sepa usted que cuenta con toda mi simpatía.
¿Por qué ha certificado el fracaso de la política pesquera? En sustancia, usted ha dicho: "Hemos gastado dinero para reducir el esfuerzo de pesca", y tomamos nota que, en realidad, este dinero ha servido para potenciarlo; "hemos gastado dinero para conservar los recursos pesqueros", y - según los datos que usted nos ha anticipado, que no facilitado - el patrimonio pesquero se encuentra totalmente depauperado; "hemos gastado dinero para limitar las repercusiones sociales en este sector, en términos de ocupación", y usted hoy nos ha hablado de los 66.000 puestos de trabajo perdidos, más los 28.000 que prevemos que vamos a perder.
Entonces, señor Comisario, en todo caso, se impone una pregunta: ¿por qué, si estos eran los resultados - y estos eran los resultados que ustedes tenían a disposición - hasta ahora la Comisión ha venido defendiendo esta Política Común de Pesca de manera tan obstinada? La pregunta no es tan peregrina.
Por las propuestas que usted ha formulado, entiendo y constato que existe un intento de modificar esta situación; sin embargo, no quiero entrar en detalles, puesto que nos gusta hacerlo cuando se trata de propuestas específicas, y hoy no hay tiempo para esto. Sólo me permito hacer una recomendación, realmente fuerte, que querría que la Comisión tuviese en cuenta: no repitamos el mismo error del pasado; no pensemos que los pescadores son enemigos de la sostenibilidad medioambiental, enemigos del intento de mantener el equilibrio. Son nuestros principales aliados, son sus principales aliados. Si no les implicamos, y ustedes en primer lugar, en la determinación de los objetivos y en la gestión de las normas que nos daremos, no habrá ningún objetivo alcanzable. Desde este punto de vista, la regionalización es uno de los puntos fundamentales, puesto que la centralización con la que hemos gestionado esta política ha fracasado.
Otro tema que me interesa sobremanera es el Mediterráneo. Hoy usted no ha presentado las propuestas que anunció como inminentes. Cuando lo haga, trataré de entender y de expresar un juicio, mío y de mi país, respecto a este otro sector del mundo pesquero.

Nicholson (PPE-DE).
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que, por fin, hayamos comenzado a debatir las propuestas sobre la reforma de la Política Común de Pesca. No me gusta el camino que hemos tomado, pero poco podíamos hacer al respecto. Debemos reconocer que la actual Política Común de Pesca ha terminado en fracaso. Todos los sabemos.
Debemos llegar a la conclusión de que nuestra responsabilidad, como ha dicho el Sr. Stevenson, es ir al grano y colaborar con la Comisión y el Consejo para sacar adelante una política que, ojalá, sea infinitamente mejor que la anterior.
Saludo el hecho de que nos propongamos atribuir mayor responsabilidad a los pescadores locales que se encuentran más cerca de las zonas en las que faenan. Me gustaría que fuera una responsabilidad real, y no una consulta mínima, porque si terminamos haciendo eso, no funcionará. Efectivamente, todos reconocemos la necesidad de reducir la capacidad y la necesidad de un sector pesquero y de una flota pesquera sostenibles al final de todo esto. Debemos desarrollar una política que funcione.
El Gobierno del Reino Unido ha decepcionado por completo a los pescadores y al sector pesquero durante años. Quiero que el Comisario nos garantice que las medidas que se adopten, cuales quiera que sean, serán las mismas para toda la Unión Europea y que se financiarán de manera uniforme para que ningún Estado miembro aporte más fondos que los otros en ayudas a su industria en particular.
No podemos tratar aquí hoy sobre cada uno de los puntos. Puede que nos gustara hacerlo, pero no podemos. Todos reconocemos que los medios de vida de todas las personas pertenecientes a este sector están en juego y tengo la certeza de que todos nos esforzaremos por intentar encontrar una solución.
Por último, señor Comisario, me gustaría plantearle la cuestión que ya planteé en comisión la semana pasada. Le pedí que explicara cuáles son fundamentalmente los cambios introducidos en el informe desde que el Sr. Smith fue cesado de su cargo. Usted se comprometió a informar a la Comisión de Pesca. ¿Cumplirá su promesa y nos dirá cuáles son los cambios sustanciales que se han introducido en las propuestas desde el cese del Sr. Smith?

Galeote Quecedo (PPE-DE).
Señor Comisario, comparece usted ante el Parlamento Europeo con una propuesta que implica la constatación del fracaso de la Comisión Europea a la hora de gestionar la Política Común de Pesca.
Ahora propone que ese fracaso lo pague el sector, pero no todo el sector, pretende que sean los pescadores de los países mediterráneos, que pescan para consumo humano, no para fabricar harinas, que han hecho en los últimos años los mayores sacrificios en una constante reducción de su flota, los que asuman ahora el coste de esa propuesta. Coste, por cierto, del que se desentiende su colega responsable del presupuesto. ¿De dónde va a sacar entonces los 240 millones de euros que le faltan para incentivar el desguace entre los años 2003 y 2006? ¿Los va a sacar de los Fondos estructurales?
Permítame que le recuerde alguna cifra elaborada por sus propios servicios. Entre 1996 y el año 2000, España, por ejemplo, se vio obligada a reducir su flota en unas 88.000 toneladas, y en ese mismo período de tiempo, Dinamarca, por ejemplo, aumentó su flota, gracias a las ayudas comunitarias, en unas 64.000 toneladas. Esas son cifras de sus servicios.
¿Pretende tranquilizar ahora al sector diciendo que los pescadores de Portugal y España, después de 17 años de espera, tendrán acceso a los caladeros del Atlántico Norte? Eso lo garantiza el Acta de adhesión que, hasta ahora, no la puede modificar la Comisión Europea.
El Comisario se ha referido a diferencias en el seno de la Comisión Europea, que él calificó como normales; lo que no es normal es que se produzca una división geográfica tan acusada en las tres instituciones. Y como estamos en las puertas del Mundial de Fútbol podríamos decir que con su propuesta, señor Comisario, Norte 1-Sur 0, pero estamos en el comienzo del partido y esperamos que usted actúe como un árbitro justo y equilibrado. Esto es lo importante. Lo anecdótico es alguna intervención que escuchamos al comienzo de este debate, supeditando el futuro de miles de familias en Galicia o en Andalucía a un intento de rentabilidad política doméstica que me parece sencillamente despreciable, y lamento la ausencia de aquellos o de aquél que ha hecho esa intervención. No hay aquí crisis institucional, sino crisis personal, crisis de actitudes, crisis que augura, en beneficio de todos y en particular de los pescadores en mi país, muchos años de oposición a aquellos que se pronuncian de esa manera.

Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, intervengo para exponer una cuestión de orden antes de que el Comisario Fischler responda al presente debate. El Sr. Barón Crespo ha dicho que desconfía de mi neutralidad como presidente de la Comisión de Pesca. En mi calidad de presidente de dicha comisión, siempre intento ser completamente neutral, pero la neutralidad debe construirse sobre una plataforma de juego limpio. Estoy seguro de que toda esta Asamblea cree en la igualdad de trato entre todos los Estados miembros. Si éste es un concepto extraño para el Sr. Barón Crespo, lo siento por él. Espero que la Asamblea me apoye en esto.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, he seguido gran atención el debate. Ahora quisiera volver a exponer mi posición con respecto a algunas manifestaciones sobre aspectos importantes, sobre todo también aquellos en los que aparentemente aún subsisten diversos puntos dudosos. No obstante, previamente Sin embargo, quisiera hacer una observación previa, concretamente un ruego. Soy muy consciente de que la polémica es, de hecho, el condimento de un debate parlamentario. Pero, aun así, yo creo que expresiones como 'condena de muerte? y 'ejecución? y otras manifestaciones de radicalismo verbal son, en realidad, indignas de esta Asamblea.

Les invito, por lo tanto, a reanudar un debate objetivo, pues los problemas ya son suficientemente grandes y no debemos hincharlos más de manera artificial. Yo creo que también deberíamos tener presente lo que ha manifestado la Sra. Langenhagen: ¡No vamos a emprender una guerra! En realidad, lo que queremos es alcanzar una situación que ofrezca mayores esperanzas para el futuro de nuestros recursos pesqueros y de nuestro sector pesquero que la que hemos vivido en los últimos años. Debemos trabajar conjuntamente para lograrlo.
Yo creo, señor Galeote, que tampoco deberíamos caer en el antiguo juego de decir que estamos ante un partido entre el Norte y el Sur en el que, según usted, el resultado es en este momento !:0. Yo no lo veo así. Y suponiendo que así fuera, apenas se acaba de pitar el inicio del partido y todos deberíamos jugar unidos y tener claro que no debemos dejarnos arrastrar a la tradicional alineación en bandos enfrentados, que tantas dificultades han generado ya muy a menudo en el pasado.
El Sr. Stevenson ha citado varios datos. Yo les ruego que sean comprensivos. En verdad, es preferible dejar que los datos hablen por sí solos y citar aquellos que estén debidamente confirmados. Señoría, en la página 49 del reglamento sobre la gestión de los recursos puede usted leer de qué cifras estamos hablando en realidad en el caso de los buques por Estado miembro.
También quisiera rogarles que aclaren qué entienden por un enfoque científico. Los científicos no deben presentar un gran proyecto previo a la reforma, para luego seguir dedicándose a la gestión de las reformas, sino que deben hacer un seguimiento permanente de la política de pesca. Este es exactamente también el contenido de nuestra propuesta. El Sr. Barón Crespo ha preguntado por qué no se aplican a la política de pesca los mismos principios que a la Política Agraria Común? Lamentablemente, ya no se encuentra aquí, pero yo les ruego que le comuniquen que se están aplicando exactamente los mismos principios. El principio fundamental para el desarrollo futuro de ambas políticas es el de la sostenibilidad, en sus tres dimensiones. Y a él vamos a atenernos.
También es falso afirmar que ya no nos preocupamos por la seguridad de los pescadores y la seguridad de los buques. Está previsto explícitamente que en el futuro se sigan subvencionando las inversiones en dispositivos de seguridad de los buques. No se ha introducido ninguna modificación en este aspecto, sino que, por el contrario, nos proponemos concentrar más las ayudas en el mismo.
Luego está el gran tema del acceso a las aguas. En este aspecto parece haber algunos malentendidos o tal vez también interpretaciones erróneas. En primer lugar, para empezar, los Tratados de adhesión de España y Portugal siguen incluyendo por el momento una cláusula particular. Ésta expirará a finales de este año. Su expiración garantiza que ambos Estados ya no tendrán que aceptar ningún tipo de restricciones específicas y ya no podrán ser discriminados, sino que tendrán acceso a las aguas. Sin embargo, les ruego que distingan: ¡tener acceso a las aguas no es equivalente a tener acceso a los recursos! La extinción de una cláusula transitoria significa que se debe aplicar el Derecho comunitario sin discriminaciones. Es lo que vamos a hacer, ni más ni menos, pues estamos obligados a ello. No era necesario mencionarlo especialmente en la reforma, puesto que es evidente. Pero aun así, lo hemos hecho, para que quede claro.
Otra dificultad parece ser la impresión que se ha creado de que con la nueva política de flotas vamos a castigar a los países que hasta el momento han hecho de manera voluntaria más de lo que estaban obligados. En primer lugar, no debemos olvidar que nuestra flota europea es demasiado grande. Quien lo discuta, no reconoce la realidad.
En segundo lugar, existen sanciones para quienes no hayan cumplido los requisitos que ya están en vigor y la normativa actualmente vigente. Esto está previsto explícitamente en las propuestas. Por ejemplo, se rebajará su esfuerzo pesquero. Los Estados que han hecho voluntariamente más de lo que debían tienen en cualquier caso una gran ventaja con el nuevo sistema, pues el esfuerzo pesquero, que en el futuro se repartirá entre los distintos Estados miembros, se podrá repartir de manera económicamente más razonable entre su flota y no supondrá que no haya ningún buque que disponga de un número suficiente de días en el mar para poder faenar con resultados razonables. Esta es la gran diferencia y, en este sentido, los distintos Estados que han cumplido las exigencias de la normativa actual y, no sólo eso, sino que incluso las han sobrepasado, sin duda se verán compensados
No voy a comentar nada más sobre las diferentes peticiones de una renacionalización de la política pesquera. Es lo que deberíamos hacer si quisiéramos dispararnos a las propias rodillas. Pero yo creo que francamente no nos ayudaría a avanzar. Necesitamos una Política Pesquera Común, común para todos los Estados miembros.
Otro tema que, al parecer, siempre vuelve a suscitar una cierta inquietud es el de la pesca industrial. Es cierto que se siguen produciendo cantidades apreciables de harina de pescado, pero ésta está destinada en una parte no desdeñable al abastecimiento de las piscifactorías. Es decir que, sin esta harina de pescado, en gran medida tampoco tendríamos acuicultura. Les ruego que tampoco lo olviden.
En segundo lugar, la pesca industrial se concentra en especies que no intervienen en la alimentación humana. Por lo tanto, no existe ninguna competencia entre la pesca industrial y la pesca destinada a la alimentación humana. La pesca industrial estará sujeta, obviamente, a las mismas restricciones y las mismas normas que cualquier otra modalidad de pesca. Lo que, desde luego, no se nos puede reprochar es que no hayamos estudiado detenidamente la situación y los problemas de desarrollo de las regiones especialmente dependientes de la pesca en la fase de preparación de la reforma. Realizamos 22 estudios sobre dichas regiones. Pueden consultar los resultados en Internet cuando lo deseen. Están disponibles allí desde hace un año.
En cuanto a la impresión que se está creando de que vamos a emprender una reforma basada en el desguace, por decirlo así, también en este caso yo les ruego que no saquen las cosas de quicio. Lo que se propone se traducirá seguramente en una reducción de la flota en un 10%. ¡Un 10%! Por lo tanto, no se debería actuar como si en el futuro ya no fuese a quedar ningún barco. En cualquier caso, existe una diferencia con respecto al pasado, a saber, que vamos a aplicar estas medidas de manera socialmente responsable, puesto que la necesaria reducción de la flota va ir acompañada justamente de las correspondientes medidas sociales. O sea que si se ha de hacer algún reproche, éste debería ir dirigido contra la política actual, no la futura.
Otro tema es el debate sobre la pesca artesanal y la pesca con buques de gran tamaño y muy eficaces. En este caso yo considero necesario, en efecto -y así lo manifesté también en la Comisión-, que esta distinción también se contemple debidamente en la transposición de la política. Es importante asegurar también un futuro para la pesca artesanal.
La pregunta sobre cómo ha afectado a las propuestas la partida del Director General Smidt, requiere dos rectificaciones. En primer lugar, el Sr. Smidt no se ha ido. Sigue siendo director general en la DG de Pesca. En segundo lugar, lo cierto es que puedo afirmar con un cierto orgullo que las propuestas no han cambiado en absoluto y no se han modificado.
El Sr. Galeote ha preguntado al final del debate de dónde saldrá el dinero para financiar la reforma. Como ya he dicho, una parte deberá proceder precisamente de una reflexión sobre la idoneidad de nuestros programas estructurales para la pesca en su forma actual y una reprogramación. Una segunda parte de los fondos deberá proceder del instrumento de flexibilidad. Una tercera parte se obtendrá en el marco de la revisión de mitad de período ya prevista. Si observan el actual retraso con respecto a la programación en la ejecución de los créditos con cargo a los Fondos estructurales, que se eleva a más de 80.000 millones de euros, una discusión sobre 200 millones de euros no será gran cosa en ese contexto.
En cualquier caso, subsiste un hecho: si nos preguntamos si es necesaria una reforma -y el Parlamento ya ha respondido afirmativamente a esta pregunta en varias ocasiones-, si nos preguntamos si tenemos problemas con nuestros recursos pesqueros y si podemos salir adelante con los fondos disponibles, si nos preguntamos si debemos reducir la capacidad y si tenemos una responsabilidad social, yo creo que la propuesta de la Comisión responde de manera clara a todas esas preguntas.
(Aplausos)

Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, reconozco que en un debate como éste, el Comisario debe contestar a muchas, muchas preguntas en su respuesta, pero mis preguntas eran específicas, en particular, la relativa a la estabilidad, a la que el Comisario no se ha referido en su respuesta. El documento "Resumen del Capítulo 4" dice que debería mantenerse la estabilidad relativa, pero que el Consejo debería decidir el método de asignación por población con vistas a dotar la aplicación de mayor transparencia. ¿Qué significa esto? Deja abierta la posibilidad de que las claves de la asignación sean ......
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente. -
Señor Hudghton, ésa no es una cuestión de orden, es una cuestión de detalle. Tendremos mucho tiempo para debatir sobre este informe antes de que vuelva al Parlamento.
El debate queda cerrado.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0144/2002) del Sr. Konrad, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor.

Konrad (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, la presente reforma del Reglamento relativo a la aplicación de las exenciones a determinadas categorías de acuerdos tiene como finalidad la reordenación de la distribución de vehículos automóviles en la Unión Europea. La propuesta de reforma también es extraordinariamente importante, a mi parecer, para la política europea de la competencia. Por esto, el Parlamento ha intentado llegar a un acuerdo sobre algunas disposiciones detalladas importantes mediante el diálogo con la Comisión. En mi calidad de ponente, yo quisiera añadir que usted mismo, señor Comisario Monti, también ha contribuido personalmente, mediante un diálogo muy intenso con esta cámara, con el ponente y con muchos miembros de esta Asamblea, a que muchas propuestas del Parlamento quedasen recogidas en su planteamiento n el marco de este diálogo constructivo.
¿Cuál es en estos momentos la situación de los comerciantes en la Unión Europea con el antiguo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos? ¿Qué permite dicho Reglamento en los acuerdos establecidos entre los distribuidores y los poderosos fabricantes de automóviles? Se pueden hacer algunas consideraciones interesantes sobre la situación actual. En estos momentos, los distribuidores sólo están autorizados a vender una marca. En estos momentos, el fabricante puede exigirle al distribuidor que además de la distribución también se haga cargo de ofrecer un servicio posventa. En estos momentos, las piezas de recambio sólo se pueden comprar al fabricante del vehículo y no al fabricante de las piezas. En estos momentos, los fabricantes pueden establecer el número de vehículos que el distribuidor debe tener en existencia en sus locales.
Esta situación se caracteriza de manera bien visible por un desequilibrio en las relaciones de poder entre los distribuidores y los fabricantes. Yo creo que el presente proyecto de un nuevo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos también puede mejorar claramente las condiciones para las medianas empresas, a la vez que ofrece a los consumidores la oportunidad de obtener unas condiciones de compra más favorables gracias a la mejora de las condiciones del mercado.
En el futuro, los distribuidores podrán comercializar varias marcas. En el futuro ya no se les podrá obligar a ofrecer también un servicio. En el futuro habrá más talleres y empresas de reparación independientes, que podrán obtener directamente del fabricante -nosotros nos hemos preocupado de que sea así- la información necesaria para poder hacerse cargo del mantenimiento y reparación de los automóviles. Es una futura ventaja adicional que el presente reglamento hará posible.
Si examinamos la situación actual veremos que ésta se caracteriza asimismo por una gran oleada de rescisiones de acuerdos con los distribuidores por parte de los fabricantes. Yo no lo critico. Los fabricantes deben tener la posibilidad de reorganizar sus redes de distribución. Sin embargo, en Europa hay estos momentos 3.000 empresas que han visto rescindidos sus acuerdos. La presente reforma permitirá su permanencia en el mercado; gracias a la reforma, podrán continuar en el mercado.
Por lo que respecta al tema de las estructuras de distribución en la Unión Europea, yo creo que con la estructura de distribución que se propone -conforme a la propuesta del Sr. Monti- se dará un fuerte impulso a la liberalización. Esto representa un cambio adicional importante en el sector de la distribución, en comparación con las difíciles condiciones actuales. Por esto, el Parlamento se ha pronunciado a favor de la ampliación de los plazos transitorios, con objeto de ofrecer al mercado la posibilidad de adecuarse a este cambio. Por esto, una amplia mayoría va a votar mañana a favor de la propuesta de ampliación del plazo de transición para la cláusula relativa a la libertad de establecimiento. También se pide la inclusión de una cláusula de revisión con unos plazos adecuados, que permita comprobar si la 'cláusula de localización? (location clause) sigue siendo necesaria a la vista de la situación del mercado. La mayoría del Parlamento apoya esta propuesta. Yo creo que esto también nos permitirá asegurar el apoyo de una amplia mayoría de esta Asamblea para la propuesta de reglamento del Sr. Monti.
Señor Comisario, mañana vamos a mejorar su propuesta de reglamento con el apoyo de una amplia mayoría. Yo creo que a la vista de la presente reforma, una vez finalizado el proceso de negociación, es preciso constatar que se volverá a establecer una excepción a la legislación sobre monopolios para un determinado sector. Sin embargo, yo también quiero manifestar que en el futuro debe haber menos excepciones para determinados sectores. Por esto, sería bueno que la industria vaya haciéndose a la idea de que en 2010 no se adoptará automáticamente una prórroga del Reglamento, sino que procuraremos llegar a una situación que ya no tenga el carácter de excepción a la legislación sobre monopolios.

Berger (PSE)
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, yo quiero felicitar muy sinceramente al Sr. ponente por su informe y darle las gracias, al igual que a todos los demás miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por la excelente colaboración. La comisión competente ha podido hacer suyas, en efecto, bajo una forma u otra, algunas de las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Nuestra comisión pudo limitarse a presentar muy pocas enmiendas, entre otras cosas porque apoyamos el enfoque de fondo de la Comisión. Las cuantificaciones no son nunca del todo exactas, pero aun así quiero decir que podemos apoyar plenamente un 95% del contenido de la propuesta de la Comisión. En varios otros aspectos, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios está obligada, sin duda, a adoptar una posición.
En nuestra comisión hemos insistido sobre todo en un punto de principio. El debate de hoy y todo el proceso previo han demostrado, en efecto, que este reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos, pese a su título críptico, se ocupa de una cuestión que afecta directamente a nuestros electores y electoras y a círculos muy amplios de personas en Europa. No obstante, se trata de un acto que la Comisión puede decidir autónomamente y en el que el Parlamento Europeo sólo participa a través de un procedimiento de consulta voluntario. Con todos los respetos hacia la Comisión -y, sobre todo, teniendo en cuenta asimismo la necesidad de preservar la independencia de ésta cuando, ante decisiones concretas, es objeto de presiones políticas inadmisibles-, yo creo que las cuestiones que afectan al derecho general de la competencia deberían estar incluidas en adelante dentro del procedimiento de codecisión. El viernes pasado me permití presentar también una propuesta en este sentido a la Convención Europea, de la cual soy miembro.
En la Comisión de Asuntos Jurídicos también se trató naturalmente el tema de la protección de la confidencialidad y de la seguridad jurídica. Por esto, hemos propuesto algunas mejoras relativas a la protección en el caso de rescisión de un acuerdo y a la indemnización del distribuidor, y nos hemos concentrado sobre todo en la protección de las zonas de actividad. La disposición transitoria que propuse, y que mañana se someterá a votación como enmienda 28 de la comisión competente para el fondo, está basada en algunas consideraciones que creemos que están plenamente en la línea de un aumento de la competencia. En efecto, como ya se ha dicho, es bueno -y nosotros lo apoyamos explícitamente- que el nuevo reglamento suprima casi todas las demás limitaciones de la competencia, pero aun así yo creo que se debería mantener transitoriamente la protección de las zonas de exclusividad de cada distribuidor, entre otras cosas para asegurar que éstos también puedan mantenerse a flote en los lugares con poca capacidad de compra -yo procedo de una de estas regiones periféricas- y garantizar el abastecimiento de los consumidores.
La protección de las zonas de exclusividad en un mercado que no crece también puede ofrecer una protección frente a los efectos sumamente negativos del proceso de concentración actualmente en curso. Yo creo que merece la pena que observemos cómo se desarrolla este proceso durante otros dos años. A la Comisión le corresponderá adoptar luego autónomamente las medidas finales definitivas.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente y a todos cuantos han participado en la elaboración del presente informe, así como también al Comisario, que ha mantenido abundantes conversaciones individuales dedicadas a escuchar y argumentar. Esto por si sólo ya indica que se trata de un tema muy sensible. Nos encontramos ante un reglamento que incluye una exención del derecho de la competencia. Nosotros estamos convencidos de que dicha exención no se puede mantener a la larga. Todo aquel que crea que la libertad de establecimiento forma parte de las cuatro libertades y que la competencia es un elemento absolutamente esencial para la consolidación del mercado interior, debe posicionarse a favor de ambos y del planteamiento de fondo de la propuesta del Comisario Monti. Nosotros así lo hacemos. Sin embargo, lo importante es cómo vamos a trasladar a la práctica la libertad de establecimiento y la ampliación de la competencia junto con los afectados. Éstos son los productores, los consumidores y, entre unos y otros, las capas medias, representadas por los vendedores, los talleres y los distribuidores. Nosotros opinamos, por lo tanto, que lo importante es de qué manera y con qué ritmo se realizará la transición.
En este sentido, el Parlamento propone unos períodos de transición más largos, una mejora de la seguridad jurídica y la protección de la confidencialidad, la apertura a la competencia, la protección de las inversiones y nuevas disposiciones para la rescisión de los acuerdos incluido el pago de indemnizaciones cuando exista abuso de confianza, una prolongación de los plazos y una motivación más sólida. Señor Comisario, ya se ha dicho que la ampliación del período transitorio hasta 2005, por un lado, y una evaluación de los efectos, por el otro lado, son elementos centrales de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Nosotros le pedimos que tome nota de que apoyamos su planteamiento básico, pero que también se aproxime a nuestra posición en el momento de la transposición, sobre la base de la decisión del Parlamento.

Rapkay (PSE).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, acaba de recibir usted elogios de tres colegas y seguramente le sorprenderá que yo manifieste expresamente mi voluntad de sumarme a ellos. Sí, quiero hacerle un cumplido explícito y decirle que la propuesta que ha elaborado apunta en principio en la dirección adecuada, pues el antiguo Reglamento relativo a la aplicación de exenciones a determinadas categorías de acuerdos-sin negar todos sus posibles méritos- ha quedado lisa y llanamente desfasado. Ha demostrado tener tantas carencias, que verdaderamente se hace necesario otro nuevo. Usted también ha resistido, no obstante, a la tentación de rechazar todo tipo de reglamento. No, por el contrario ha elaborado una propuesta que yo creo que es verdaderamente muy de agradecer en muchos aspectos, como por ejemplo, la distribución de varias marcas, la supresión de la vinculación obligatoria de la distribución y el servicio posventa, o sea, la posibilidad de separar ambas actividades, el fortalecimiento de los talleres independientes y los fabricantes independientes de piezas de recambio, y algunos otros. Esto abre en conjunto un camino para una ampliación de la competencia en interés de los consumidores y consumidoras. No obstante -y, de hecho, no es de extrañar-, las dificultades están en los detalles y en algunos aspectos tenemos, naturalmente, algo que aportar. Sin embargo, insisto en que se trata de cuestiones de detalle y yo creo que hemos alcanzado un buen compromiso en muchos aspectos, tras un largo debate en nuestra comisión. También quiero manifestar, en este contexto, mi agradecimiento al ponente.
No obstante, señor Comisario, debo decir, y usted ya lo sabe, que tengo algunos reparos en relación con un punto. Éste es el contenido de la 'cláusula de localización? (location clause). Usted sabe que ésta se ha valorado de manera diversa. Usted afirma y la Comisión afirma que la propuesta ampliará la competencia y hará bajar claramente los precios. A mí me preocupa que no sea así. Yo me pregunto si lo que se propone significa una auténtica competencia y si contribuirá a ampliar la competencia. En efecto, lo que se propone significa sencillamente que el productor seleccionará a sus distribuidores y también restringirá su número. En consecuencia, la diferencia con respecto al sistema actual no es muy grande, si bien los distribuidores podrán desarrollar luego una auténtica competencia entre ellos. Lo que de entrada suena efectivamente como una propuesta plausible y razonable puede entrañar un gran riesgo: puesto que se trata de un círculo cerrado, los grandes pueden acabar devorando a los pequeños.
Esto es lo que me preocupa, que el resultado final sea una mortandad entre las pequeñas y medianas empresas del sector de la distribución, que los grandes las devoren, que esto genere un nuevo proceso de concentración todavía más rápido que el que ya está teniendo lugar en cualquier caso. Lo cual podría tener como consecuencia que los precios vuelvan a subir más adelante, puesto que ya no habrá suficientes competidores. Por esto, no pedimos que se retire toda la propuesta, sino que proponemos que ésta se incluya en el reglamento, pero que se aplace. De este modo podremos volver a evaluarla seriamente y decidir de nuevo, a la vista de los acontecimientos concretos, si deseamos mantenerla o no.

Riis-Jørgensen (ELDR).
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al señor Comisario Monti por el valor y la voluntad mostrados al presentar esta propuesta. La propuesta de la Comisión es un paso en la dirección correcta, sin embargo, nos hubiera gustado que ésta hubiera ido más lejos con respecto a la libre elección del consumidor, y por ello el Grupo ELDR presentará mañana varias enmiendas. Sin embargo, nos vimos obligados a respaldar la propuesta de la Comisión para evitar una mayor dilución. Hay muchos intereses en juego con muchos interesados involucrados, y como mencionara usted mismo, señor Monti, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recientemente, algunos de estos interesados no escatimaron medios en sus intentos por organizar la venta de automóviles del futuro como mejor les convenga. Desgraciadamente, la idea de los productores de automóviles es que lo que resulta mejor para ellos no es compaginable con lo que beneficia a los consumidores. Lo hemos visto claramente con el masivo cabildeo realizado durante las últimas semanas y meses principalmente para impedir la puesta en práctica de un verdadero mercado interior en el ámbito de la venta de automóviles con las ganancias que esto implica tanto para distribuidores como consumidores. Ciertamente no desvelamos demasiado dando algunos nombres, son especialmente algunos grandes fabricante automovilísticos alemanes, Mercedes y BMW, quienes han llamado a nuestra puerta.
Sin embargo, aparentemente una mayoría del Parlamento Europeo no desea todas estas ganancias, puesto que los elementos principales de la propuesta originaria de la Comisión han sido rechazados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Había esperado que pudiéramos llegar a un compromiso razonable, sin embargo, desgraciadamente he de decir que algunos de mis, por los demás, buenos amigos y aliados en el Grupo PPE-DE y en el Grupo PSE me han decepcionado en este tema. No obstante, me gustaría dar las gracias al señor ponente, Sr. Konrad, por haber realizado un buen trabajo y haber tratado de tirar en la dirección correcta. Me gustaría acabar dando mi máximo apoyo al señor Comisario Monti para que permanezca firme en este tema y por una vez, pedirle que no escuche a la mayoría del Parlamento Europeo, que no ha sabido defender los intereses del consumidor y ciudadano de a pie. Por ello mi mensaje es: No dejemos que los intereses creados dirijan el desarrollo en una dirección que ni beneficia a los distribuidores y consumidores ni a la economía europea conjunta.

Herzog (GUE/NGL). -
Señor Presidente, a pesar de que se trata de un proyecto de reglamento muy importante, no está sometido a la codecisión. Una de las prioridades de la Convención - y contamos con la Sra. Berger para ello - debe ser establecerla para todos los reglamentos importantes. El proyecto pretende reducir las considerables diferencias de precio que existen en la Unión. Éstas serían mucho menos importantes si se armonizara la fiscalidad. Por lo demás, ¿es realmente necesario reforzar la competencia y acelerar la centralización en el plano de la distribución? Existen límites con respecto a la protección de los intereses del consumidor. Los acuerdos verticales permiten garantizar la seguridad de los consumidores y contribuyen a la solidez de la industria. Es preciso flexibilizarlos para reforzar la independencia del concesionario, manteniendo al mismo tiempo la cadena de responsabilidades. El principal peligro del proyecto es la supresión de la cláusula de localización. Ello facilitaría la creación de grandes grupos especializados y de grandes superficies. Hemos presenciado la llegada del Director y Presidente General de Virgin - señora Riis-Jørgensen, se ha olvidado usted de incluirlo en su lista -. La llegada masiva de estos distribuidores sería catastrófica para las pequeñas y medianas empresas del sector y podría acarrear importantes destrucciones de empleo, aniquilar la proximidad del consumidor, salvo en las zonas territoriales más rentables. Nos preocupa concretamente el peligro que existe para el consumidor de ruptura de la relación entre venta y posventa, en caso de que el distribuidor pueda delegar el servicio posventa a talleres de reparación oficiales no sometidos a una cláusula de localización.
Nuestra comisión pide que se efectúe una evaluación en 2005, antes que se adopte una decisión definitiva en relación con el libre establecimiento de los distribuidores. Ello permitirá examinar las prácticas de reducción de las diferencias de precios compatibles con el mantenimiento de la cláusula de localización. Se trata de un compromiso razonable. Evidentemente, luego se podrán emprender otras reformas. En resumen, el diálogo con el comisario ha sido muy positivo; aunque no estamos de acuerdo, el diálogo ha sido realmente bueno. Y el trabajo de nuestra comisión también ha sido muy serio, y conduce, en mi opinión, a unas enmiendas útiles. Sería prudente que el Parlamento aprobara lo esencial de estas conclusiones.

Caullery (UEN). -
Señor Presidente, Señorías, el expediente que hoy se nos somete - como todos sabemos - reviste capital importancia. El proyecto de la Comisión por el que se revisa el reglamento de exención por categorías en la distribución de vehículos automóviles compromete el futuro de un sector económico absolutamente estratégico para muchos Estados miembros de la Unión Europea. En efecto, más allá de la distribución de los vehículos automóviles propiamente dicha, están en juego varios centenares de miles de empleos en Europa.
Esto me induce a manifestar, precisamente, que el debate que hoy nos reúne no es sólo un debate técnico, reservado a especialistas, sino un debate político en toda regla. Lo que está en juego es una determinada idea de Europa, o más exactamente la idea que nuestros conciudadanos se hacen de Europa. Por eso los consumidores tienen derecho a interrogarse sobre las motivaciones reales de la Comisión, una Comisión que quiere trastrocar un sistema de distribución del que todos opinan que no sólo ha demostrado su eficacia, sino que también ha respetado los grandes principios de la competencia. ¿Por qué ha de suprimirse la cláusula de localización y la noción de territorio? ¿Por qué ha de romperse la relación imprescindible entre venta y posventa? ¿Por qué esta concepción extremista de la venta simultánea de varias marcas? ¿Por qué ha de existir siempre una mayor competencia, cuando nuestra industria del automóvil es ya una de las más competitivas del mundo? En mi opinión, todas estas incoherencias revelan un enfoque rematadamente dogmático de la competencia, un enfoque que encontramos, por lo demás, en otros expedientes, como por ejemplo el del control de las concentraciones. En el caso concreto de la distribución en el sector del automóvil, la realidad que la Comisión ignora deliberadamente es que no se puede alcanzar la competencia perfecta y conservar todo aquello que es determinante para los consumidores, o sea: una red de puntos de venta y de talleres de reparación de automóviles tan denso como el que tenemos en Europa.
Pido a todos nuestros colegas que decidan por sí mismos teniendo en cuenta las realidades económicas y sociales. Estemos, pues, vigilantes y atentos. Debemos aplicar una visión más equilibrada, más justa, en este expediente lleno de desafíos de todo tipo, desde el de la seguridad de los consumidores hasta el desafío del empleo en todos los Estados miembros, incluyendo los territorios más alejados.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, desde el punto de vista del método, creo que hay que destacar, como lo ha hecho el Sr. Karas, que estamos hablando de exonerar de las reglas normales de competencia a un sector, una exoneración que no existiría ni Europa ni en los Estados Unidos si no existiera la potencia política de políticos de este sector.
En cuanto al fondo, las objeciones y las profecías de desventura que se hacen contra esta liberalización son idénticas a las que se hicieron para todas las demás liberalizaciones. Al final de esta liberalización tendremos más eficacia, más competencia, más ventajas para los consumidores y, probablemente, también más empleo. Por lo tanto, los radicales italianos respaldarán con convicción la labor de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento apoyando las enmiendas de los Sres. Konrad, Karas, Villiers, Huhne y Riis-Jørgensen que están orientadas a reforzar, si acaso, el plan de liberalización preconizado por la Comisión.

Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, los Conservadores británicos no creemos que la propuesta de la Comisión deba atenuarse, aplazarse ni revisarse. Nosotros apoyamos la liberalización que propone la Comisión. Creemos que los consumidores del Reino Unido han pagado demasiado por sus coches durante demasiado tiempo, y este Parlamento no debería aplazar la reducción de precios de automóviles, que será la consecuencia de un mercado más competitivo. El Parlamento debería recordar que, aunque seamos sensibles a las preocupaciones de las pequeñas empresas, cada distribuidor que nos escribe tiene probablemente 100 o 500 o 1000 clientes, cuyos intereses también debemos tener presente en este difícil debate.
Creo que la supresión de la cláusula de localización es fundamental para garantizar un marco competitivo en el mercado automovilístico de la UE. Sin la supresión de la cláusula de localización, la situación actual no cambiaría prácticamente nada, porque sin dicha supresión, los consumidores deberán seguir viajando a otro país para tener acceso a un distribuidor no nacional. Creemos que los precios no bajarán en la UE a menos que desaparezca la cláusula de localización y los distribuidores tengan libertad para establecerse en diferentes Estados miembros de la UE.
Si queremos proteger a los distribuidores, deberíamos protegerlos de las prácticas anticompetitivas de los fabricantes de automóviles y del cese ilegal e injustificado de sus franquicias por parte de los fabricantes. No deberíamos protegerles del mercado y de las presiones normales de la competencia porque eso equivale a negar a los consumidores unos precios de automóviles más bajos, a los que tienen derecho y que este Parlamento debería estar dispuesto a garantizarles.

Berenguer Fuster (PSE).
Señor Presidente, señorías, nos encontramos ante un nuevo documento que forma parte del esfuerzo que está llevando a cabo la Comisión Europea para la reforma y actualización del Derecho comunitario de la competencia. Documento que, además, es coherente con otros varios reglamentos y documentos sobre los que, por cierto, este Parlamento se ha mostrado favorable.
La distribución de vehículos automóviles siempre ha tenido un tratamiento específico, un tratamiento sectorial y, si se me apura, este régimen podría haber tenido sentido antes, cuando existían diversos reglamentos para los diversos sistemas de distribución, pero quizá ahora tenga menos sentido.
Pero el caso es que, con independencia de ello, los distintos reglamentos que han estado vigentes en este sector no han conseguido que desaparezcan las barreras de ese mercado. Las diferencias de precios dentro de los diferentes países siguen siendo considerables, fundamentalmente, por la actuación de los fabricantes que se empeñan en mantener las fronteras nacionales impidiendo el comercio transfronterizo. Basta con acudir a un repertorio de las decisiones de la Comisión y conocer las considerables multas y sanciones impuestas a los fabricantes por estas conductas anticompetitivas, para darnos cuenta de la realidad de esa afirmación.
La Comisión nos trae ahora una nueva propuesta de Reglamento que, en mi opinión, va en la buena dirección. Desde algunos sectores afectados, se nos anuncian poco menos que las penas del infierno si se aprueba el Reglamento, previendo consecuencias nocivas para el sector. No creo que nada de eso sea real. Sin embargo, estoy seguro de que con las medidas propuestas se pedirá que, en determinados países, los fabricantes mantengan unos precios injustificadamente altos por actuaciones anticompetitivas.
El punto primordial de la propuesta es la desaparición de la cláusula de localización del distribuidor, y esa medida va en la buena dirección. Es verdad que puede afectar a la estructura del mercado de distribución, y por ello puedo estar de acuerdo con un período transitorio. Por el contrario, no aprobar esa medida hasta que se realice un estudio y se adopte una nueva decisión constituye, no nos engañemos, un subterfugio de quienes no quieren que se apruebe esa medida. Ni ahora ni nunca.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, como ponente alternativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos en colaboración con mi colega la Sra. Berger, quisiera agradecer a nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que hayan aceptado tantas enmiendas de nuestra comisión.
Quiero centrarme en dichas enmiendas y, en particular, hacer referencia a algunas de las complejidades de este Reglamento y a lo difícil que resultará su aplicación en la práctica. Pero, antes, quiero unirme a las felicitaciones dirigidas al Profesor Monti por haber tenido el valor de seguir adelante con una reforma tan amplia y de tanto calado. Recuerdo que compartí con él una tribuna en una conferencia en mayo de 2000, en la que él expuso sus inquietudes con mucha claridad. Ha trabajado a fondo y coherentemente sobre ellas. Cuenta con mi apoyo, a pesar de que me encuentro entre las relativamente escasas personas a las que el Comisario no ha presionado. Sé que ha realizado una intensiva campaña de presión en este Parlamento en favor de su propuesta.
Quiero declarar un interés porque, años atrás, fui director de ventas de una importante fábrica de automóviles. Gestionaba la distribución en todo el mundo. Me alegra comprobar, señor Comisario, que los distribuidores independientes que compiten entre sí seguirán constituyendo la base para proporcionar ventas y servicios de calidad a los consumidores. En este sentido, animo a los colegas a que apoyen las enmiendas que mi colega la Sra. Villiers ha presentado para reforzar dicha independencia. Es de crucial importancia.
Quiero decirle, señor Comisario, que este Reglamento es excepcionalmente complejo. Usted ha dado a los distribuidores una amplia serie de armas nuevas. Deben ser alentados a hacer uso de las mismas sin pérdida de tiempo y usted deberá elaborar unas directrices claras e inequívocas sobre las ventas y también sobre los servicios. No debemos subestimar el servicio que usted ha prestado a los consumidores abriendo a la competencia a los servicios posventa y las piezas de recambio. De hecho, su repercusión sobre una base anual será aún mayor para la mayoría de los consumidores. Éstos compran coches con relativa poca frecuencia. El enfoque transfronterizo será bueno para los consumidores y le animo a que garantice que los distribuidores independientes contarán realmente con las garantías empresariales que necesitan para invertir y sacar provecho de sus propuestas.

Whitehead (PSE).
Señor Comisario, quisiera decir que hace falta auténtico valor para enfrentarse a los importantes intereses creados de la manera que usted lo ha hecho. En particular, cuando dichos intereses pueden tener consecuencias en toda Europa en términos de nuestra viabilidad económica. Por favor, no decepcione a los consumidores de Europa con retrasos innecesarios como consecuencia de lo que haya podido escuchar hoy. Nunca falta el pretexto de que aún no está en su punto para retrasar las cosas. Los nuevos participantes en la variedad de elección abierta a todos siempre serán vilipendiados como demasiado ricos o demasiado poco escrupulosos.
Lo cierto es que nunca hemos sido capaces de aumentar la competencia en un ámbito, e incluyo aquí a las compañías aéreas, sin que algunas personas adineradas y otras con distintos planteamientos entren en el mercado que se abre. En este caso se invoca al pequeño distribuidor como víctima, pero él tiene mucho que ganar de la reforma de la franquicia, como ha dicho la Sra. Villiers. Aquí se condena la elección que esperamos poder hacer a la hora de adquirir cualquier otro equipo personal sofisticado, la competencia que buscamos en el mantenimiento de nuestras hogares, nuestros ordenadores y, sí, también, nuestros coches de segunda mano. No debería ser así. Se trata de ampliar la elección. Señor Comisario, debería prestar oídos a lo que se dice en este debate, pero es probable que el apoyo que obtenga aquí sea mayor de lo que el propio debate revela. ¡Siga adelante!

Radwan (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, el tema que hoy se debate afecta a todos los consumidores y a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Afecta a todos nuestros invitados y, en el ámbito de la industria, también son muchos los muchos puestos de trabajo y las medianas empresas afectados. Estas medianas empresas no se encuentran sólo en los países donde tienen su sede los grandes consorcios del sector del automóvil, sino en toda Europa.
Yo mismo también me cuento entre los afectados y recuerdo con disgusto la última factura de la inspección de vehículos, que fue extraordinariamente alta. Por esto, agradezco mucho la valiente propuesta del Comisario a favor de una ampliación de la competencia. Por nuestra parte, también hemos incorporado algunos elementos a dicha propuesta positiva, como por ejemplo la separación entre la distribución y el servicio posventa, la distribución de varias marcas, la protección de las zonas de exclusividad, que se eliminará, y la obligación de ofrecer información a los talleres. Por lo tanto, se ampliará considerablemente la competencia y yo se lo agradezco mucho, señor Comisario Monti.
También le agradezco mucho su intensa voluntad de diálogo con el Parlamento, los intercambios que ha mantenido aquí y su reiterada insistencia en que el voto del Parlamento es muy importante para usted. Esto también es algo que yo le agradezco mucho. Nos encontramos ante una situación en la que, por un lado, tenemos a la industria y, por el otro lado, estamos intentando fortalecer los derechos de los consumidores, y entre una y otros se encuentra el distribuidor. Éste será seguramente el que se verá más afectado. Yo mismo sugerí en nuestra comisión y le agradezco mucho al colega Konrad que ahora lo apoye, que también reforcemos la posición de los distribuidores, por ejemplo mediante la introducción de una cláusula de protección de las inversiones. Un punto discutido es el del plazo de transición para la llamada 'cláusula de localización' y el tema de una revisión. Yo creo que dicha revisión no debería preocuparnos. Si actualmente consideramos que se debe establecer un determinado período de transición y pensamos que es posible que la propuesta no dé fruto, tenemos que exponerlo de manera decidida, tenemos que justificarlo, y entonces se confirmará que quienes ahora lo defendemos teníamos razón. En consecuencia, este puede ser un camino para introducir una mayor competencia, pero si se contempla un período de transición, entonces no debemos rehuir una revisión. El Parlamento Europeo adoptará una decisión mañana y yo agradecería que, aun cuando formalmente no se trate de un procedimiento decisorio, la Comisión, empezando por el Presidente de la Comisión Prodi, respete el resultado de esta votación de los únicos representantes populares elegidos de la población europea.
Santos (PSE).
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión para el mercado automovilístico introduce en la legislación comunitaria beneficios inequívocos para los consumidores. Así, pues, merece que se la apoye, independientemente de los ajustes que se puedan introducir aún y que sigan una orientación más global de equilibrio de todos los intereses afectados, si bien se debe reconocer que se trata de un proceso de consulta al Parlamento.
En particular, se deben recomendar acciones que fortalezcan la seguridad en la carretera mediante una correcta utilización del automóvil. El nuevo reglamento representa un avance importante en todo el sector del comercio automovilístico, pues, además, pone fin al excesivo poder de las marcas, que en algunos casos llega a prefigurar una situación de abuso de posición dominante. El proyecto de reglamento acoge y ajusta, por ejemplo, de forma equilibrada la importancia del comercio automovilístico, de los distribuidores mayoristas y de los minoristas.
Pero la concepción básica del nuevo reglamento es -repito- esencialmente la de la defensa del interés del consumidor, no tanto de inmediato, pues no hay certeza de que se produzcan instantáneamente cambios importantes en el precio de los vehículos que puedan beneficiarlo, sino sobre todo a medio y a corto plazo, cuando se asimilen totalmente las normas de una competencia activa que consagra el reglamento. Así, pues, es imprescindible que este reglamento avance deprisa a fin de que los agentes económicos se preparen para la liberalización total del sector a partir de 2010.
Se puede y se debe aceptar el aplazamiento por un período razonable de entrada en vigor de la cláusula de localización, entendido exclusivamente como una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas. El debate público de esta iniciativa legislativa ha ido orientado a veces con el argumento de la posibilidad de que se den de inmediato bajadas importantes en los precios de los automóviles. No es verdad que pueda ser así automáticamente. Incluso pueden darse de inmediato movimientos perversos de subida de precios. El objetivo anunciado por el Comisario Mario Monti, en nombre de la Comisión, sólo será plenamente satisfactorio, si avanzamos hacia la armonización fiscal. Espero que este nuevo reglamento pueda inducir ese cambio.

García-Margallo y Marfil (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, iré directo al grano, entraré en corto y por derecho en el debate sobre la cláusula de localización en la que se está centrando el debate y la discusión en esta Cámara.
Comprendo perfectamente el objetivo de la Comisión al propugnar la supresión de esta cláusula. En opinión de la Comisión, la supresión de esta cláusula aumentaría la competencia entre los distribuidores y eso se traduciría en una reducción de los precios. Nada más loable para el Grupo del Partido Popular que se caracteriza por la defensa de la libertad y por la defensa de los consumidores.
Pero tal como ha planteado su propuesta el Comisario hay algunas cuestiones que deberían ser despejadas antes de llegar a una solución quirúrgica. Parece evidente que el nivel actual entre marcas es suficiente. Si se suprime abruptamente la cláusula de localización ¿no corremos el riesgo de dificultar la capacidad de los fabricantes de organizar su red de distribución? ¿No corremos el riesgo de que sean precisamente los fabricantes más grandes los que se coman a los fabricantes más chicos y disminuya, por tanto, la competencia?
En segundo lugar, las propuestas de la Comisión, interesantes muchas de ellas, contienen elementos suficientes para potenciar la competencia intramarca, dentro de una sola marca. ¿No sería prudente esperar a ver cómo funciona, antes de matar pulgas a cañonazos?
En tercer lugar, ¿no parece evidente que las inversiones hechas por los distribuidores corren peligro y más peligro cuanto más pequeños sean, lo que aumentaría la cuota de mercado precisamente para los más grandes, en contra del propósito de la Comisión?
Por eso, señor Comisario, porque no ha habido respuestas claras, creo que la propuesta del ponente es una propuesta prudente, hay tiempos para el valor y tiempos para la prudencia y, en este caso, me parece evidente que es necesario esperar a ver cómo funcionan los nuevos elementos que favorecen la competencia que introduce la propuesta antes de proceder a la supresión de la cláusula de localización.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, doy la enhorabuena al Comisario por esta propuesta tan audaz y valiente. Realmente, puede estar tranquilo de que en esta Asamblea hay muchos que le apoyan en esta iniciativa, aun cuando algunos puedan sugerir todo lo contrario.
Los fabricantes de automóviles no cambiarán su conducta. Les va demasiado bien como para querer hacerlo, ya hemos esperado casi toda una década para que lo hagan, desde la última revisión. ¿Deberemos esperar otra década hasta que vuelvan a esta Asamblea a repetir lo mismo una y otra vez? Y mientras tanto los consumidores de toda la Unión Europea deberán pagar las consecuencias, como han hecho siempre, y como seguirán haciendo a menos que atajemos la cuestión del cártel. De sus propuestas, señor Comisario, se desprende con toda nitidez que eso es precisamente lo que quiere hacer y para ello cuenta con el apoyo de la delegación Laborista de este grupo y con el de otras delegaciones de esta cámara.
Espero que el apoyo que ha recibido aquí le dé ánimos para seguir adelante con esta iniciativa audaz y que por fin veamos alguna reducción de la actividad de este cártel y alguna mejora para el consumidor de toda la Unión Europea.

Andria (PPE-DE).
Señor Presidente, un cordial saludo al profesor Monti, en este momento inmerso, creo, en una gran reflexión y mis felicitaciones más sinceras al Sr. Konrad por la gran cantidad de trabajo realizado y por el empeño puesto en este informe.
El objetivo prioritario del nuevo Reglamento está dirigido a aumentar globalmente el nivel de conocimiento a fin de mejorar el bienestar y la seguridad de los consumidores, así como el funcionamiento del mercado interior. Para alcanzar este objetivo, el mismo debería garantizar también la defensa de los concesionarios y fomentar las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector europeo del automóvil. Por lo tanto, coincidimos en que los intereses de los consumidores están en primer lugar, con una amplia gama de posibilidades dentro del mercado común. En consecuencia, hay que valorar positivamente el aumento de la competencia entre los distribuidores en lo que se refiere a la venta y al servicio posventa, así como la mayor competencia en la producción y distribución de piezas de recambio.
En cualquier caso, no se puede silenciar que, según se interpreten restrictiva o ampliamente, las medidas previstas en el nuevo Reglamento pueden reducir la certeza del Derecho y llevar a formas de concentración en la localización de la distribución, en la asistencia posventa y en la producción de piezas de recambio, con la consiguiente desaparición de nuestro mercado de un gran número de pequeñas y medianas empresas y con efectos negativos en el empleo y en los beneficios esperados para los consumidores.
Por esto, resulta muy positiva la posición del Grupo del Partido Popular Europeo que está de acuerdo con un período transitorio hasta 2005 y una cláusula de revisión. Obviamente, esperamos que los demás Grupos mantengan la misma postura.
La hipotética defensa de los consumidores a través de una reducción de los precios de los vehículos, que está por demostrar, no puede sino llevar a una verificación de lo que ocurrirá en el período transitorio. De los resultados que aflorarán de ella se extraerán las debidas conclusiones y la posible aplicación del nuevo Reglamento. De todos modos, en dicho período los concesionarios tendrán la posibilidad de invertir teniendo en cuenta una posible reconversión industrial, hecho que, en todo caso, sería menos nocivo que un reglamento que podría no favorecer al consumidor pero que seguramente perjudicaría a un número considerable de pequeñas y medianas empresas concesionarias del ramo del automóvil.

Monti
. (IT) Señor Presidente, este proyecto de Reglamento es el resultado de un largo proceso de análisis de la situación en el sector de los vehículos automóviles. En el informe de evaluación de noviembre de 2000, la Comisión concluyó que el régimen actual no había dado los resultados esperados y que, por lo tanto, no se podía confirmar en su forma actual. En consecuencia, los principales objetivos del futuro sistema son claros: ante todo favorecer los intereses de los consumidores introduciendo una mayor competencia no solo en la venta de vehículos nuevos, sino también en lo que a los servicios de reparación y mantenimiento se refiere. La propuesta de Reglamento pretende asimismo garantizar el funcionamiento del mercado interior en el sector de los vehículos nuevos. Es inaceptable que en el ámbito del mercado interior el coche que, Señorías, es el símbolo mismo de la movilidad, continúe siendo uno de los bienes menos muebles.
En el pasado, la Comisión tuvo que imponer multas a los fabricantes de automóviles que habían obstaculizado el comercio paralelo. Esos casos concretos demuestran en qué medida los consumidores han sido privados de la ventaja, del derecho a adquirir los vehículos donde preferían. En este sentido, quiero subrayar que la Comisión no tiene como objetivo una armonización de los precios en cuanto tal, sino que su objetivo más profundo, más fundamental es garantizar el funcionamiento del mercado interior y, en particular, permitir a los consumidores adquirir los vehículos directa o indirectamente donde son más baratos. También los revendedores y los talleres independientes obtendrán, al fin, un beneficio de la nueva normativa, puesto que ésta refuerza su independencia económica y les ofrece nuevas posibilidades comerciales.
Las reacciones de las organizaciones de consumidores, de los conductores, de los fabricantes de piezas de recambio y de los talleres independientes ante la propuesta de Reglamento de la Comisión han sido muy positivas. Ellos consideran que una reforma de este tipo beneficia claramente a los consumidores europeos. En realidad, algunas de sus reacciones muestran que la propuesta de Reglamento no es bastante valiente. Los líderes de la industria europea no dejan de pedir a las Instituciones europeas que promuevan la liberalización y la flexibilidad como elementos fundamentales para una economía más competitiva que relance el crecimiento y el empleo. Esta propuesta de Reglamento ha sido concebida con este espíritu, promovido en todo momento por la industria europea, un espíritu que la Comisión comparte plenamente.
Por lo tanto, nos sorprende la considerable actividad de cabildeo contra la propuesta de Reglamento emprendida por algunos grupos de presión ligados a la industria. Duele que, a veces, hayan existido verdaderas coacciones y afirmaciones simplemente erróneas sobre la propuesta de Reglamento. Esto contrasta con la apertura y la disponibilidad al diálogo mostradas por la Comisión respecto a todas las partes afectadas.
Estamos plenamente convencidos de las ventajas que se derivarán del nuevo Reglamento. El mismo tiene en cuenta el hecho de que los vehículos son productos especiales. El nuevo Reglamento pretende garantizar que los vehículos sean productos seguros, que se beneficien de servicios de posventa altamente fiables y que respeten los estándares en materia de medio ambiente. Debemos tener confianza - nosotros la tenemos - en los numerosos revendedores altamente cualificados que tomarán las oportunas decisiones comerciales. Después de todo, son ellos los que conocen de cerca las exigencias de los consumidores y los que soportan los riesgos comerciales.
Me satisface que en el Parlamento Europeo se hayan celebrado exhaustivos debates sobre esta propuesta de Reglamento de la Comisión, en particular en el ámbito de los debates sobre el informe Konrad que se han producido en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y yo también he encontrado muy útil y constructivo el diálogo que hemos mantenido. Tomo nota y me alegro de que el informe aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos sea ampliamente favorable a la línea general indicada por la Comisión, en particular en lo que se refiere a la necesidad de introducir cambios en el sistema actual.
Ahora voy a examinar brevemente las propuestas de enmienda más importantes contenidas en el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Uno de los elementos más importantes del nuevo sistema es la prohibición de la cláusula de localización. Esto es fundamental para que también las demás medidas sean plenamente eficaces. La supresión de esta cláusula para la venta de vehículos que permitirá a los revendedores abrir puntos de venta o de entrega secundarios en otros lugares, incluso en otros Estados miembros, es un elemento fundamental para facilitar el acceso de los consumidores a los vehículos vendidos por revendedores de otros Estados miembros a precios más bajos. De este modo, aumentará la competencia entre los revendedores de la misma marca de coches y se favorecerá la integración del mercado, y además se garantizará la posibilidad de una actividad de venta multimarca. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone que se prevea para esta medida, es decir, la supresión de la cláusula de localización, un período transitorio hasta el 1 de octubre de 2005 y que se supedite la supresión de la cláusula de localización a los resultados de una evaluación. Entiendo que el período transitorio permitirá tanto a los fabricantes como a los revendedores prepararse, adaptarse al nuevo sistema; sin embargo, considero que sería perjudicial, realmente perjudicial, aplazar una decisión sobre la supresión de la cláusula de localización hasta una futura evaluación.
No es oportuno alargar un estado de incertidumbre sobre el futuro régimen. Por contra, deberíamos establecer normas claras ya desde el principio; de no ser así, el mismo período transitorio tendría, no nos engañemos, poco sentido, puesto que los operadores no sabrían a qué futuro régimen se deberían adaptar y, lógicamente, no se irían preparando para las nuevas normas. No sería una transición, sino que sería, no nos engañemos, una mera espera, la espera de un nuevo Parlamento, de una nueva Comisión para decidir el futuro sistema de distribución de los vehículos en Europa, como alguno de ustedes decía, un subterfugio para no tomar ninguna decisión, ni ahora ni nunca. Por el contrario, la Comisión considera que debemos asumir esta responsabilidad ya desde ahora. No podemos seguir repitiendo que queremos una Unión Europea más cercana a los ciudadanos - cuantas veces lo he oído decir en este Pleno y cómo lo comparto - y no comportarnos en consecuencia en el momento de tomar las decisiones.
Dicho esto, de acuerdo con lo que declaré ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, estoy dispuesto, exclusivamente por lo que respecta a la cláusula de localización, a reflexionar sobre la utilidad de un período transitorio más largo que el previsto en la propuesta de Reglamento. Sin embargo, no hay que olvidar que al aumentar la duración del período transitorio también se aplazarán las ventajas de las que los consumidores se podrán beneficiar con el nuevo régimen.
Actividad multimarca: uno de los principales objetivos de la propuesta es que los revendedores estén realmente en disposición de vender varias marcas si lo desean. La propuesta se dirige a convertir la actividad multimarca en más fácil para los revendedores y al mismo tiempo protege la imagen de marca en la que los fabricantes han invertido: de este modo se favorece la elección de los consumidores y se aumenta la competencia entre marcas. Coincido en que la imagen de marca constituye un importante instrumento de competencia para los fabricantes de automóviles. Sin embargo, la imposición de establecimientos separados para la exposición y venta de automóviles o de personal de venta diferente no está justificada y convertiría la actividad de venta multimarca en no interesante desde el punto de vista económico para los revendedores. Subrayo además que la multimarca reviste especial importancia precisamente para los pequeños concesionarios, puesto que puede facilitar su presencia y su supervivencia en las zonas rurales. El hecho de dejar este elemento a la contratación entre las dos partes no es apropiado hasta que los revendedores dependan, desde el punto de vista económico, totalmente de sus fabricantes. En consecuencia, para reforzar la posición de los revendedores, estos han de tener la posibilidad de decidir entre exponer vehículos de marcas diferentes en zonas de venta separadas del mismo establecimiento o bien en establecimientos diferentes, así como de emplear a personal de venta diferente para cada marca.
Considero asimismo que el Parlamento debería concordar con la necesidad de defender a los revendedores, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión, ya que el preaviso mínimo y la obligación de facilitar justificaciones detalladas para extinguir el contrato tienen como objetivo reforzar la posición de los concesionarios.
La propuesta de Reglamento pretende además reorganizar la relación, actualmente muy estrecha, entre la venta de vehículos nuevos y los servicios de posventa. Un concesionario puede elegir entre concentrar su actividad sólo en la venta de vehículos o prestar también servicios de posventa: este derecho refuerza su independencia. Puesto que los servicios de posventa se pueden subcontratar sólo a talleres autorizados, se garantiza un alto nivel de calidad y de seguridad. El proyecto originario de la Comisión, en mi opinión, ya garantiza la proximidad de un punto de asistencia al concesionario en el caso de que este último subcontrate esta actividad; sin embargo, a la vista de las enmiendas propuestas a este respecto, una posible solución sería imponer al concesionario la obligación no sólo de informar al consumidor sobre la localización del taller autorizado, sino también sobre la distancia entre este último y el punto de venta. Convertir en menos obligatoria la relación entre venta y servicios de posventa es, déjenme subrayarlo, especialmente importante en un período de reestructuración de las redes de revendedores y de reducción del número de los mismos. Los revendedores, cuyos contratos se extingan, ahora pueden seguir en el mercado como talleres autorizados. A la vista de todo ello y a fin de defender los intereses del consumidor en una amplia red de centros de servicios, sería equivocado limitar el número de talleres autorizados.
Por último, soy favorable, en líneas generales, a las enmiendas dirigidas a reforzar el acceso a las informaciones técnicas y a aclarar la definición de piezas de recambio.
En conclusión, señor Presidente, tomo nota y me alegro de la actitud favorable de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a la línea de la Comisión. Les he expresado mi postura respecto a las principales enmiendas que la misma ha sugerido e invito a sus Señorías a que tengan en cuenta estas consideraciones a la hora de expresar su voto. El mismo hecho de que el informe de la Comisión de Asuntos Económicos comparta plenamente la línea de la Comisión demuestra que este Parlamento no cree en los negros escenarios preconizados por esos lobbistas que habían presentado el proyecto de la Comisión como una especie de catástrofe. Señorías, quizás recuerden que el mismo tipo de reacciones se produjo cuando la Comisión se opuso a proponer la continuación del duty free. Entonces se habló de los 140.000 desocupados que habríamos creado. También entonces se ejercieron muchas presiones políticas al más alto nivel y hubo un gran esfuerzo lobbista. La Comisión no se dejó influir por las presiones. Las tiendas libres de impuestos se han suprimido en beneficio de los contribuyentes y ningún aspecto de la catástrofe se ha hecho realidad.
Señorías, les agradezco este diálogo y quiero darles personalmente las gracias por su valoración. Algunos de ustedes han dicho que hemos sido valientes. Se lo agradezco, pero no creo que obrar en beneficio de los ciudadanos signifique tener valor. Y si me permiten expresar una opinión personal estoy seguro de que los ciudadanos, sus electores, esperan que el Parlamento sea al menos igual de valiente.
El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Cumbre UE/América Latina de los días 17 y 18 de mayo de 2002 en Madrid.

Cortés
. Señor Presidente, comparezco en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo para informar al Parlamento sobre los resultados de la Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe celebrada en Madrid los días 17 y 18 de mayo.
Tras una larga preparación, pues los trabajos preparatorios de la Cumbre se iniciaron hace ahora un año bajo la Presidencia sueca y continuaron durante la Presidencia belga, hay que decir que en la Cumbre se han obtenido notables resultados, coincidentes con los objetivos que la Presidencia española había fijado para este semestre.
Como la Cámara conoce, el lema elegido para la Cumbre era "Unión Europea, América Latina y Caribe, impulsando una asociación estratégica para el siglo XXI", que creo que resume lo que se está definiendo entre las dos áreas geográficas: un espacio común y una actuación conjunta en el ámbito internacional entre dos regiones del mundo que comparten principios y valores de tanto calado como la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la economía de mercado, el pensamiento racional y tantos otros que cimentan eso que entendemos como el mundo occidental.
Para esta Cumbre, señor Presidente, se habían definido en las reuniones preparatorias tres áreas temáticas, a saber: el diálogo político, la cooperación económica y comercial y la cooperación cultural, educativa y en materia de política social.
A estas áreas se adaptaron las sesiones de trabajo con los siguientes puntos, introducidos por distintos países: en la sesión política se trató del fortalecimiento y modernización del Estado, de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, de multilateralismo y de la promoción de la democracia, derechos humanos y Estado de derecho.
En la sesión de política social y cooperación en materia cultural y educativa, se trató de la diversidad cultural, del peligro del desfase tecnológico, de educación, equidad y cohesión social, de desarrollo sostenible y medio ambiente.
Por último, en la sesión económica, se habló de arquitectura financiera internacional, de comercio birregional, de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, de medidas de estímulo del crecimiento económico y el desarrollo y, finalmente, de procesos de integración regional.
Asimismo, hubo un almuerzo de trabajo con el Presidente del Banco Central Europeo y con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
A continuación, señor Presidente, voy a señalar a la Cámara los resultados, a juicio de la Presidencia, más importantes de esta Cumbre en los tres campos a los que me he referido.
En primer lugar y en relación con el ámbito político, donde claramente se han obtenido unos resultados destacables, el firme compromiso de combate contra el terrorismo y contra el narcotráfico entendidos como amenazas a todo el conjunto del mundo, reforzando para ello los mecanismos de cooperación entre los Gobiernos. Y en segundo lugar, el fortalecimiento del diálogo político birregional mediante la concertación en foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. Esta concertación permitirá aunar posiciones entre quienes compartimos los mismos principios y valores para abordar las principales cuestiones de la agenda internacional. Tiene, en este sentido, pleno fundamento la renovación del compromiso para cooperar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
En el segundo aspecto, el ámbito económico y comercial, es donde se han producido avances más considerables en comparación con la situación que deriva de la primera Cumbre de Río de Janeiro de junio de 1999. Por un lado, la entrada en vigor del Acuerdo con México, que ha tenido un impacto muy positivo en los flujos comerciales entre la Unión Europea y México.
Por otra parte -es sin duda el hecho más relevante-, la conclusión del Acuerdo de asociación con Chile. Todos los participantes han señalado la trascendencia de este acto después de unas negociaciones complejas y, en ocasiones, difíciles que nos van a llevar, como ha sucedido con México, a una relación privilegiada con beneficios sociales y económicos directamente para Chile, pero que trascienden a este país para ser un mensaje de confianza en todo el continente en estos momentos de incertidumbre económica, sobre todo en algunas subrregiones.
En relación con Mercosur, se han constatado avances en la negociación, cuyos capítulos político y de cooperación, así como de facilitación del comercio, están prácticamente concluidos. Se ha acordado, además, continuar las negociaciones comerciales con una reunión a nivel ministerial el próximo mes de julio, lo que implica un espaldarazo a la negociación pese a las circunstancias adversas derivadas de la situación que atraviesa Argentina.
Respecto a Centroamérica y a la Comunidad Andina de naciones, se ha conseguido abrir un horizonte a la eventual negociación de acuerdos de asociación con ambas regiones. Entretanto, se negocian acuerdos de diálogo político y de cooperación al tiempo que se profundiza la cooperación en materia de comercio, inversiones y relaciones económicas.
Con todo ello lo que se pretende es preparar el terreno para que, una vez terminada la Ronda de Doha, puedan negociarse acuerdos de asociación con estas dos subrregiones latinoamericanas. A la vista de la experiencia con Mercosur, es esencial que se profundice en ambos procesos de integración para facilitar los acuerdos a los que aspiramos.
Puedo informar al Parlamento de que la parte centroamericana ha aceptado de buen grado esta fórmula, aunque hubiese preferido un calendario más preciso que comenzase a partir de la Cumbre de Madrid. La Comunidad Andina ha manifestado menos satisfacción por el acuerdo alcanzado aun reconociendo que la fórmula obtenida les abre la puerta a un futuro acuerdo de asociación que permita superar las concesiones unilaterales de que hoy disfrutan con el régimen de sistema de preferencias generalizadas vinculado a la lucha contra el narcotráfico.
Para terminar con el repaso a las distintas áreas geográficas, quiero señalar la decisión de los países del Caribe, junto a todos los países ACP, de iniciar el próximo mes de septiembre las negociaciones para la asociación económica con la Unión Europea en el marco de Cotonú.
Como se puede ver, con estas decisiones y acuerdos tomados hay una perspectiva amplia, de relación fluida e intensa, entre ambos lados del Atlántico en un horizonte no lejano y que, como he dicho, redundará en beneficio para las sociedades de América y de Europa.
Quiero subrayar igualmente en este ámbito económico tres cuestiones más: por un lado, la decisión de cooperar para erradicar la pobreza mediante, entre otros instrumentos, el fortalecimiento institucional. Sobre esto y sus consecuencias se tomaron importantes decisiones en la Conferencia de Monterrey celebrada en el mes de marzo, que se plasmaron en su documento final denominado Consenso de Monterrey.
En segundo lugar, la creación de mejores condiciones para el desarrollo como el equilibrio macroeconómico, a cuyo esfuerzo se sumarán tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones. Ambas instituciones financieras se incorporan de esta forma al proceso de fortalecimiento de la asociación estratégica con toda su experiencia y capacidad, lo que constituye una novedad notable.
Igualmente merece la pena destacar el apoyo a la introducción del euro, reconociendo sus efectos positivos, como hicieron en la Cumbre de Madrid tanto el Consejo como el Banco Central Europeo.
En el ámbito de la cooperación también se aprecian nuevos elementos de interés. Voy a referirme a los siguientes: el programa ALIS para el desarrollo de la sociedad de la información, programa cuatrienal que contará con 85 millones de euros, de los que la Comisión financiará 63,5 y los países latinoamericanos el resto, hasta completar esa cifra. Aunque la Comisión podrá informar de ello más extensamente, quiero apuntar únicamente que, entre los objetivos del programa, se encuentran la normalización del marco regulatorio y la interconexión de redes.
En el área de la educación, a la que se ha prestado particular atención en la Cumbre, destaca el nuevo programa de becas ALBAN. Este programa fue presentado por el Comisario de Relaciones Exteriores, señor Patten, en el marco del Foro Cultural paralelo a la Cumbre que reunió a fundaciones y entidades culturales de los países europeos y latinoamericanos. El programa consiste en la financiación de 3900 becas para estudios de posgrado, con cargo a la Comisión -75 millones de euros- y a las universidades europeas que participen en el programa -38 millones de euros. Me parece que éste es un hito que merece destacarse pues va a impulsar decididamente la cooperación en materia educativa entre Europa e Iberoamérica y va a permitir la formación al más alto nivel de estudiantes de posgrado latinoamericanos, con todo lo que esto supone de ayuda al desarrollo en esos países y de superación de una relación casi unidireccional de estas sociedades con los Estados Unidos de América. Creo que es un programa de gran alcance, por lo que aprovecho esta ocasión para felicitar a la Comisión por el trabajo realizado a través del Comisario Patten.
Igualmente, es preciso mencionar el apoyo que la Cumbre dio al Plan de Acción 2002-2004 en materia de educación superior con los objetivos de mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar la movilidad de los estudiantes.
Señor Presidente, la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe se ha celebrado en unos momentos en los que el entorno internacional no era el más favorable, ni a uno ni al otro lado del Atlántico. En efecto, además de unas dificultades económicas a raíz de los atentados del 11 de septiembre, situaciones difíciles en varios países de América del Sur -la particular situación de Venezuela a un mes de la grave crisis de abril, el proceso de paz interrumpido en un clima electoral muy afectado por la inaceptable violencia terrorista en Colombia, la profunda crisis en la que se encuentra Argentina-, sumado todo ello a la atención europea por la ampliación y a los diversos procesos electorales que tienen lugar estos meses en algunos países de la Unión Europea, no auguraban el mejor clima para el desarrollo de la Cumbre.
Sin embargo, la Cumbre de Madrid ha contado con una elevadísima participación, ha tenido resultados concretos muy apreciables y ha recibido una valoración muy positiva tanto por parte de los participantes como, en términos generales, de la opinión pública.
Como consecuencia de los acuerdos y decisiones adoptados en la Cumbre, recogidos en una Declaración política de 33 puntos denominada Compromiso de Madrid, se abre una nueva etapa en las relaciones birregionales, lo que implica un paso importante en el proceso de consolidación de la asociación estratégica. La convocatoria de la próxima Cumbre en México en 2004 da garantías de continuidad a este proceso de afianzamiento y consolidación de la asociación birregional. Para ello los compromisos adquiridos en la Declaración de Madrid deberán recibir un adecuado seguimiento para conseguir que la Cumbre de México constituya un nuevo paso significativo en este proceso de alianza entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, proceso que siempre ha contado con el estímulo de este Parlamento.
Vitorino
. (EN) Señor Presidente, Señorías, cuando mi colega, el Comisario Patten, se dirigió al Parlamento hace quince días en relación con la preparación de la Comisión para la Cumbre de Madrid, resaltó específicamente la necesidad de que la asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe fuera un proceso creíble y que la Cumbre produjera resultados concretos.
Ahora, cuando ya hemos dejado atrás la Cumbre y tras el exhaustivo informe que la Presidencia acaba de presentar al Parlamento, puedo afirmar sin temor a equivocarme que hemos logrado nuestro propósito. Madrid ha demostrado claramente que la asociación birregional que establecimos en Río es mucho más que una tertulia cualquiera. Hoy, mi objetivo no es ofrecerles un análisis en profundidad de los tres documentos principales que ha producido la Cumbre de Madrid; la Presidencia ya ha tratado sobre el tema detalladamente. Los documentos, que ya son del dominio público, son, como saben, la Declaración de Madrid, el Documento sobre valores y posiciones comunes y el Informe de evaluación de nuestro progreso desde la Cumbre de Río.
Quiero poner en su atención el hecho de que el Informe de evaluación hace claramente hincapié en que la Comisión Europea es, con toda probabilidad, la institución más activa en el fomento de la aplicación concreta de la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe lanzada en Río de Janeiro en 1999.
En nombre del Comisario Patten, me gustaría destacar los principales aspectos de la Cumbre. El hecho de que los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones hayan reafirmado su convencimiento de que el multilateralismo es la mejor manera de afrontar los problemas y los retos actuales del mundo. Ambas partes han rechazado el unilateralismo en asuntos políticos y comerciales y se han comprometido a aunar fuerzas y a fomentar una visión común sobre estos importantes temas dentro del marco de mecanismos multilaterales. Esto representa un firme compromiso que nos ayudará a sacar adelante la asociación en el día a día.
La Comisión está especialmente satisfecha con el resultado de las reuniones y los actos celebrados en el contexto de la Cumbre de Madrid. En primer lugar, pudimos completar con éxito las negociaciones entre la Unión Europea y Chile a tiempo para que el Sr. Prodi, el Sr. Aznar y el Sr. Lagos pudieran anunciar la conclusión oficial de las negociaciones y el establecimiento de nuestro tan esperado Acuerdo de Asociación.
En segundo lugar, la Cumbre de Madrid brindó la ocasión de que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de Mercosur tomaran nota con satisfacción del progreso alcanzado por el comité de negociaciones birregionales respecto al establecimiento de una asociación estratégica interregional. Asimismo aprobaron un nuevo mecanismo para celebrar sus reuniones con mayor frecuencia, con vistas a reforzar y profundizar el diálogo político UE-Mercosur. Por otra parte, en julio se celebrará una reunión ministerial, o así lo esperamos, de cara a impulsar las negociaciones del capítulo del comercio.
En tercer lugar, las peticiones de la Comunidad Andina y de América Central de iniciar negociaciones con vistas a la celebración de acuerdos de asociación con la UE también encontraron una respuesta adecuada en Madrid. Cabe destacar la decisión adoptada de negociar acuerdos políticos y de cooperación con ambas regiones. Asimismo, se decidió reforzar la cooperación en los ámbitos de comercio, inversión y de las relaciones económicas. Estas tres iniciativas deberían establecer las condiciones necesarias para negociar acuerdos de asociación viables y beneficiosos para ambas partes, incluidos los acuerdos de libre comercio, entre la Unión Europea y ambas regiones. Evidentemente, estos acuerdos deberán tener en cuenta los resultados del Programa de trabajo de Doha, que nos hemos comprometido a completar antes de que finalice 2004.
En cuarto lugar, la 18ª Conferencia Ministerial del diálogo de San José, al margen de la Cumbre de Madrid, adoptó una agenda renovada y un nuevo formato para el diálogo político. La Comisión comparte la opinión de nuestro socio centroamericano sobre la necesidad de mantener vivo el carácter particular del diálogo de San José. El resultado de la Cumbre de Madrid demuestra que la asociación estratégica birregional avanza a buen ritmo. No hay ninguna duda de que los grandes esfuerzos de la Presidencia española han desempeñado un papel fundamental para garantizar el éxito de la Cumbre.
La Comisión centra sus esfuerzos especialmente en la necesidad de conducir la Asociación UE, América Latina y Caribe en la aplicación de nuevas iniciativas birregionales concretas. En el ámbito de la educación, la Comisión acaba de lanzar un nuevo programa de becas, ALBAN, que permitirá a 4.000 estudiantes latinoamericanos posgraduados completar su formación en Europa. El programa birregional en vigor para los intercambios entre PYME, AL-INVEST, será renovado en vista de su éxito. El programa ALIS ha entrado en vigor recientemente y próximamente se crearán proyectos piloto en el ámbito de la sociedad de la información. Asimismo, estamos trabajando en estos momentos en la elaboración de una nueva iniciativa social que impulsará los contratos entre las administraciones y el programa encaminado a la prevención de catástrofes.
Por último, estamos deseosos de comenzar a trabajar con los Estados miembros y coordinar nuestras iniciativas con las suyas con vistas a mejorar la aplicación del Acuerdo de Asociación birregional. Para cuando se celebre la próxima Cumbre UE/América Latina y Caribe en México en 2004, espero que tendremos la grata sorpresa de comprobar lo mucho que hemos avanzado en el breve plazo de seis años, desde el lanzamiento de la asociación estratégica en 1999.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, pueden hacerse lecturas de los resultados de la Cumbre de Madrid desde distintos puntos de vista. Se puede hacer una aproximación subjetiva, dirigida a sacar ventaja política, o se puede intentar hacer una aproximación equilibrada que, sin exaltar luces ni ocultar sombras, nos permita examinar los resultados de la Cumbre de Madrid a la luz de las posiciones mantenidas por el Parlamento Europeo.
Yo quisiera subrayar muy particularmente el hecho de que el Parlamento Europeo no estuvo presente en la Cumbre de Río de Janeiro y que, precisamente por eso, la Conferencia Interparlamentaria solicitó que estuviese presente en la Cumbre de Madrid, como así ha sucedido. Por ello quiero reconocer el esfuerzo de la Presidencia en ejercicio del Consejo de acoger en la Cumbre de Madrid a los representantes de nuestro Parlamento.
En noviembre del año pasado, señor Presidente, el Parlamento Europeo pidió que se concluyese en la Cumbre de Madrid el Acuerdo de Asociación con Chile y así se ha hecho. En noviembre del año pasado, el Parlamento Europeo pidió que se diese un impulso al Acuerdo de Asociación con Mercosur a pesar de las dificultades por las que está pasando Argentina y así se hizo en la Cumbre de Madrid.
El Parlamento pidió, también en noviembre, que se presentasen unas directivas de negociación con vistas a concluir acuerdos de asociación con la Comunidad Andina y con la Comunidad Centroamericana. En la Cumbre de Madrid no se ha podido dar una respuesta definitiva a ese deseo del Parlamento, pero sí se ha producido un avance sustancial en la medida en que en las conclusiones figura, efectivamente, un horizonte de asociación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina y Centroamericana, puesto que no se les puede discriminar frente a otras áreas geográficas, y, por lo tanto, en cuanto expire en el año 2004 el sistema de preferencias generalizadas pueden aspirar a tener ese horizonte de asociación.
En noviembre felicitamos también a la Comisión Europea por el programa ALIS que ha sido adoptado en la Cumbre de Madrid, junto a otras iniciativas como las que acaban de referir la Presidencia en ejercicio y el Sr. Vitorino, por lo que todos tenemos que felicitarnos.
Nos parecen también especialmente relevantes las conclusiones de la Cumbre de Madrid sobre el Tribunal Penal Internacional, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y, en este sentido, me gustaría recordar a la Cámara que acabo de regresar de un viaje de misión electoral con otros miembros de este Parlamento a Colombia, donde, por cierto, los ciudadanos de este país han dado un magnífico ejemplo de madurez democrática y de coraje cívico, haciendo que prevalezca la voluntad pacífica de los ciudadanos sobre la amenaza, la violencia, la extorsión, la intimidación y el chantaje.
Colombia, señor Presidente, necesita el apoyo de la comunidad internacional y también de la Unión Europea.
Yo quisiera, señor Presidente, hacer dos comentarios que no se refieren a la Cumbre de Madrid, pero que me parecen particularmente relevantes en este contexto. Yo siempre digo que América Latina no necesita caridad sino que lo que necesita son oportunidades, pero me parece una mala señal política, y así tuve la ocasión de decírselo al Sr. Patten, que en este año emblemático de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina, la Comisión haya presentado un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2003 con menos recursos que en el año 2002. No se pueden atender, señor Comisario, nuevas prioridades con menos recursos. Esperamos que en el curso del debate presupuestario este Parlamento pueda volver a restablecer las cantidades en los términos que ese Continente se merece.
Segunda observación, señor Presidente, nosotros pensamos que la Unión Europea tiene que dotarse de una estrategia común para la región de tal forma que, con pleno respeto a los acuerdos bilaterales o regionales que están en vigor, o que están en curso de negociación, pueda dar una perspectiva geográfica completa a las relaciones con esta región.
Señor Presidente, por último, a pesar de que se sospecha o se tiene siempre la duda de si estas Cumbres pueden arrojar resultados concretos, yo creo que la Cumbre de Madrid ha producido resultados completos, tangibles, contantes y sonantes y que representa un equilibrio muy razonable entre lo que es deseable y lo que es posible, entre el pragmatismo y la utopía.

Obiols i Germà (PSE).
Señor Presidente, para valorar los resultados de la Cumbre de Madrid hay que tener en cuenta, y muy presente, el contexto en el cual se celebraba este encuentro, que es un contexto de grandes incertidumbres y de muchas fragilidades. Por consiguiente, para hacer una valoración ponderada, hay que comprender que en el tiempo transcurrido desde Río hasta Madrid no todas las expectativas que se habían levantado en la Cumbre de Río han podido ser satisfechas.
La evolución de las cosas, la evolución económica en particular, ha limitado las expectativas y por consiguiente me parece que todos los participantes y observadores de la Cumbre pueden estar moderadamente satisfechos por el hecho de que la Cumbre haya tenido lugar en un contexto de acuerdos generales, de común denominador, o por el hecho de que se haya podido presentar un balance de las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe, que contiene realizaciones concretas, acuerdos de asociación con México, con Chile, mantenimiento de la perspectiva y de la voluntad de un acuerdo de asociación con Mercosur y mantenimiento también de una perspectiva positiva respecto al partenariado con los países andinos y con los países de América Central.
Yo alerté al Consejo y a la Comisión en el debate previo a la reunión de Madrid sobre el riesgo previsible de que estos países resultaran decepcionados. Me complace hoy reconocer que este riesgo ha sido evitado con éxito, que la apertura de una perspectiva de acuerdos con las dos subregiones se ha mantenido, y espero que esto no sea una huida hacia adelante sino que sea realmente un compromiso serio y consistente, porque nada sería peor en este contexto perturbado que levantar expectativas y perspectivas que no se cumplieran luego.
Las Cumbres valen lo que valen. Lo importante es el mantenimiento de un impulso político y, como decía hace unos instantes mi colega Salafranca, el mantenimiento de unos compromisos que no pueden ser únicamente compromisos políticos, sino compromisos prácticos que se expresan en el presupuesto.
Si esto es así, las cosas irán adelante. Si no, lamentablemente, tendremos que dar la razón a una de las voces que se levantó en la Cumbre de Madrid cuando decía "vamos de cumbre en cumbre y nuestros pueblos pueden ir de abismo en abismo".
Malmström (ELDR).
Señor Presidente, es importante que no sólo los españoles participen en este debate. El Grupo liberal se suma a los esfuerzos para mejorar las relaciones entre la UE y América Latina. Es extraordinariamente importante seguir desarrollando esta colaboración. Tenemos muchas cosas en común, no sólo desde una perspectiva histórica, sino también de cara al futuro.
Como expresó el Presidente Fox en esta Asamblea no hace mucho tiempo, muchos países latinoamericanos ven en la UE un ejemplo a seguir en materia de derechos humanos. La postura de América Latina respecto a las convenciones internacionales - como el Protocolo de Tokio - y al Tribunal Penal Internacional es más constructiva que la de Norteamérica. Ésta es una importante alianza sobre la que se puede seguir construyendo.
La lucha contra la delincuencia organizada y contra las drogas requiere también una colaboración más profunda.
Aún queda mucho por hacer en materia comercial. La UE debe abrir sus mercados a América Latina, especialmente en el sector agrícola. Somos siempre muy rápidos para criticar el proteccionismo de otros. A menudo tenemos razón, pero ¿qué es nuestro mercado de alimentos sino proteccionismo?
Los liberales quisiéramos destacar el caso de Cuba y lamentamos que no se le haya incluido en la resolución común del Parlamento. Nos alegramos de que en Ginebra se haya adoptado una resolución sobre Cuba. En esta materia se necesita mucha más energía. Estamos de acuerdo en que debe suspenderse el embargo norteamericano, pero tenemos que hacer algo más para fortalecer la democracia en Cuba. Nunca antes la oposición ha estado más unida y más dispuesta a discutir. El proyecto de plebiscito, el proyecto Varela, merece nuestro respaldo. Las bibliotecas libres desempeñan un importante papel a la hora de proporcionar a los cubanos otra literatura que no sea la recopilación de discursos de Fidel Castro. Cuba sigue siendo una dictadura, pero allí existen fuerzas democráticas poderosas, organizadas y que necesitan desesperadamente apoyo de la UE y de América Latina. ¡No los defraudemos!

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, voy a subrayar algunos de los aspectos más preocupantes de esta Cumbre que, en nuestra opinión, ha sido en cambio, Comisario Vitorino, realmente un mentidero, completamente impermeable a la voz de la sociedad civil y mudo, también por razones diplomáticas, respecto a los que son los verdaderos problemas.
Hemos dicho con frecuencia que, para que Europa pueda realmente desempeñar un papel importante en América Latina, debe decir algo diferente respecto a los Estados Unidos. Y en cambio, también aquí, el único compromiso claro fijado en Madrid es el cumplimiento de la agenda de Doha y el desarrollo de la negociación para nuevos acuerdos de librecambio. Por lo tanto, el librecambio es la única perspectiva que se ofrece a América Latina. Sin embargo, todos nosotros sabemos que con frecuencia también ésta es pura retórica. La Unión Europea no es capaz de ofrecer el acceso a los mercados que quiere América Latina. En cualquier caso, completar, junto con el ALCA, también un proyecto que podríamos llamar ALCEU no nos parece que pueda evitar que se registren manifestaciones, incluso muy numerosas, como la que tuvo lugar en Madrid: 100.000 personas estuvieron en Madrid durante la Cumbre. Realmente no se puede decir que no es nada.
Quisiera abordar brevemente algunos temas más. En cuanto a Argentina, por ejemplo, la Declaración dice: "Acogemos con satisfacción y respaldamos los esfuerzos actuales de las autoridades argentinas para completar un programa sólido y amplio que permitirá el éxito de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional". Nadie niega ya que el Fondo Monetario Internacional ha sido una de las causas principales de la crisis en Argentina. ¿Qué creen que dirán los argentinos que protestan por las calles cuando lean estas frases? Tendrán la impresión de que se les toma el pelo y pensarán que también los europeos, y no sólo los estadounidenses, son unos cínicos. No se ha dicho nada con respecto a Venezuela, y esto evidentemente es un problema; la Sra. Malmström, además, nos ha hablado de Cuba. En definitiva, nos parece que la Declaración de la Cumbre es una lista de puntos que faltan y de ocasiones perdidas.
Con todo, estoy cada vez más convencida de que el verdadero problema no es otro que el instrumento de las Cumbres y que no conseguiremos mucha cosa de estas megacumbres. A mi modo de ver, en cambio, deberíamos seguir la propuesta de la Comisión para una verdadera política hecha por la Comisión para una verdadera política exterior y dotarnos de los instrumentos y de los recursos necesarios para crear una alternativa respecto a los Estados Unidos, también en América Latina.

Marset Campos (GUE/NGL).
Señor Presidente, lamentablemente, en vista de los resultados no podemos sumarnos a la opinión favorable que se ha expresado sobre la Cumbre, y digo que lo lamentamos, porque hubiésemos querido que, efectivamente, los grandes problemas hubieran sido bien tratados y bien resueltos.
Voy a poner un ejemplo muy breve de lo que se puede considerar como logro: la ratificación del acuerdo con Chile, la constatación de que sigue un buen rumbo el acuerdo con México, el trabajo magnífico de la Comisión en la propuesta ALBAN para los postgraduados al que se ha hecho referencia y por último, una genérica declaración sobre las bondades de la estrategia de asociación.
Sin embargo, la lista de omisiones, de ocasiones perdidas, es larga. Por ejemplo, comencemos por el informe que elaboró el propio Sr. Salafranca y que apoyamos todos en este Parlamento, que brindaba una gran oportunidad para mirar la asociación estratégica entre América Latina y Europa con grandes perspectivas y con gran énfasis, cosa que no se ha hecho.
Hay un conjunto de aspectos que son muy preocupantes, como puede ser el hecho de que todos los puntos críticos que hay en América Latina están tocados de una u otra forma por la mano larga, o negra, o como queramos llamarla, de Estados Unidos y de las consecuencias del 11 de septiembre. Preocupantes también son algunos aspectos del proceso del ALCA (Área de Libre Comercio de la América).
Respecto a Argentina, hay que indicar que el conjunto de los países de la Unión Europea tiene mayoría en el Fondo Monetario Internacional y si hubiesen querido se hubiese podido actuar de una forma distinta con la crisis argentina.
Ya ni hablamos de la situación, muy preocupante, en Guatemala, y en algunos países de América Central, donde asistimos otra vez al ataque a las libertades y a la eliminación de dirigentes y defensores de los derechos humanos. También se puede mencionar el problema en Venezuela, respecto al cual la Unión Europea no se ha mostrado a la altura de las circunstancias, así como la oportunidad perdida para mejorar la relación con Cuba. Por último, mencionar que la situación en Colombia precisa de paz y negociación y no de listas que son en cierta manera lo contrario de lo que se necesita.

Queiró (UEN).
Señor Presidente, Señorías, quiero acoger con satisfacción el compromiso de Madrid alcanzado en la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe y felicitarme por el reconocimiento de valores comunes entre los dos continentes. Me refiero en particular a la protección de los derechos fundamentales, a la cooperación económica, a la lucha contra el terrorismo y contra la droga. Si esa Cumbre no hubiera conseguido otros resultados, éstos bastarían para que podamos creer que la cooperación entre las dos riberas del Atlántico es un proceso políticamente creíble -como ha dicho el Comisario António Vitorino- y que irá avanzando a buen ritmo, a pesar de las dificultades que atraviesan algunos de los países latinoamericanos.
Con todo, hay una nota de realismo que debo hacer constar. Es que, como en todas las Cumbres, una cosa son los objetivos trazados y otra el camino que es necesario recorrer para alcanzarlos. En ese marco, considero urgente dar cuerpo a iniciativas y a acciones concretas que confieran un contenido real a los objetivos acordados. Igualmente indispensable es aumentar los intercambios comerciales y estimular la inversión en las dos regiones mediante una política prudente, pero decidida, de apertura de mercados y resistencia a las tentaciones proteccionistas no justificadas, como también ha dicho el Presidente Romano Prodi. Lo que presupone el apoyo a la iniciativa privada en los países latinoamericanos como elemento decisivo de esa estrategia de desarrollo económico, por un lado, y de lucha contra la pobreza, por otro.
Por último, no podemos perder de vista la defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos y el fomento de la democracia en todos los países de la región sin excepción y conviene recalcar esta expresión "sin excepción" para que no se olvide aquí una vez más la dictadura de Cuba, salvo por mi colega Malmström.
A pesar de las lagunas, apoyo la propuesta de resolución común, subscrita, por lo demás, por el Grupo político al que pertenezco, con la certeza de que el Parlamento Europeo no dejará de seguir contribuyendo en el futuro con su atención permanente al desarrollo de las condiciones de éxito de la próxima Cumbre, que se celebrará en México en 2004.

Fernández Martín (PPE-DE).
Señor Presidente, la segunda Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, que hoy debatimos, merecerá una valoración positiva por una mayoría de la Cámara.
Se han dado pasos adelante, se han emitido señales positivas, se han culminado acuerdos concretos como el de Asociación con Chile, que creará una zona de libre cambio, la más ambiciosa e innovadora hasta la fecha en línea con el acuerdo preferencial firmado con México hace dos años. El Acuerdo con Chile debe ser entendido por nuestros amigos de Mercosur, del Pacto Andino, del Grupo de San José y del Caribe como un estímulo para la integración subregional que a ellos corresponde desarrollar con progresos concretos y no sólo retóricos.
El caso del Mercosur y la crisis argentina es un ejemplo de ello, pero no es el único. Las democracias en América Latina están hoy más asentadas que hace dos décadas, pero su debilidad institucional debe ser corregida si queremos evitar que los desequilibrios sociales y la pobreza que aqueja a sectores crecientes de aquellas sociedades desestabilicen y pongan en peligro las instituciones democráticas.
No debemos, ni podemos caer en triunfalismos, debemos dar pasos más valientes en el terreno de la cooperación con países y con proyectos concretos. En Perú, en Venezuela, en Colombia, donde hace apenas horas los colombianos han dado un ejemplo de coraje y valor cívico, apostando por la paz y la convivencia, los terroristas siguen matando, secuestrando y extorsionando, mientras aquí nosotros seguimos deliberando sobre si incluir o no en la lista de organizaciones terroristas a quienes asesinan, secuestran y extorsionan en un ejercicio repugnante de doble moral.
La gestión que hacemos, señor representante de la Comisión, de nuestras ayudas al desarrollo es deficiente. La financiación de proyectos que hemos comprometido llega tarde y, a veces, mal. Casi a diario recibimos quejas y, pruebas de ello, con ejemplos que en nada contribuyen a la buena imagen de la Unión y, lo que es peor, que priva a amplios sectores de la población de los beneficios de una cooperación para su desarrollo que no admite demoras.

Linkohr (PSE).
Señor Presidente, yo quisiera decirle, en primer lugar, al señor Presidente del Consejo, que no se deje engañar por la escasa asistencia. América Latina nos interesa mucho. Puede que actuemos como un semiconductor. También en ese caso puede ocurrir que cuanto más numerosos son los espacios vacíos, mejor es la calidad. Lo mismo sucede posiblemente también en el Parlamento.
Al igual que el Sr. Fernández Martín, yo también quisiera instar a la Comisión a que agilice la ejecución de los proyectos. Cuando los parlamentarios visitamos América Latina, nuestras propuestas obtienen siempre la misma respuesta: 'Sí, ustedes hacen buenas propuestas y aprueban la concesión de fondos, pero éstos no llegan.? La credibilidad de la Unión Europeo no depende de una larga lista de peticiones, sino de que cumplamos lo prometido. Yo les ruego, por lo tanto, y creo poder hablar en nombre de todo el Parlamento, que también ejecuten los proyectos y que paguen las cantidades que ya hemos aprobado.
En tercer lugar, y ahora me dirijo a los latinoamericanos, que ahora mismo no se encuentran aquí: cuanto más unida esté América Latina, cuando más unidos estén Mercosur y los países andinos, cuanto más unida esté toda América Latina, mayor será también su peso en las negociaciones con la Unión Europea y también con otros países. Sigan en este sentido el ejemplo de la Unión Europea; es un consejo sincero. Nuestras negociaciones con Mercosur y con otras regiones se ven afectadas por el hecho de que no tenemos un solo interlocutor, sino muchos. Es preciso reconocer que esto hace más lento el proceso de negociación. Yo no participo personalmente en las negociaciones, pero muchos me lo han dicho. Sería preferible que hablasen con una sola voz.
También quisiera destacar un aspecto que me gustó mucho en Madrid, concretamente un acontecimiento paralelo, el Foro Empresarial Mercosur-Europa. Un encuentro que ya es la tercera vez que se celebra, entre empresarios, entre asociaciones de empresarios, y también políticos de Mercosur y de Europa. Necesitamos establecer un diálogo económico y tecnológico entre América Latina y Europa, a semejanza del que mantenemos con los Estados Unidos. Quizá la Comisión también podría contribuir a ello.
Una última observación: además de los muchos problemas, también existen oportunidades que se pueden aprovechar. En el Parlamento Europeo estamos examinando en estos momentos varias directivas que también les ofrecen oportunidades comerciales, una directiva sobre biocarburantes -con ella les ofrecemos también nuevos mercados- y una directiva sobre el comercio de emisiones de CO2 como resultado del Acuerdo de Kioto. También esta última ofrece nuevas oportunidades de cooperación, ventajosas, además, para América Latina. Todo esto merece ser discutido.

Liese (PPE-DE).
Señor Presidente, yo apoyo la propuesta de resolución de los Grupos del PPE, PSE, de los Liberales y de la UEN. Me parece especialmente favorable que al principio de las resoluciones conjuntas se destaquen los valores comunes compartidos entre Europa y América Latina. En efecto, es importante que no consideramos la cooperación bajo un prisma exclusivamente económico, sino que también debatamos políticamente sobre los valores comunes y sus consecuencias. Yo creo que algunos de los elementos que han intentado incorporar los Verdes también son positivos, como por ejemplo la necesidad de prestar más atención a la sostenibilidad. Sin embargo, la propuesta de resolución de los Verdes, y también la de la UEN, resultan en conjunto excesivamente negativas, con su posición contraria a los Estados Unidos, a la globalización, al libre comercio. Yo creo que esto no nos hará avanzar. Tenemos que mantener un equilibrio entre la crítica justificada sobre aspectos concretos y la cooperación constructiva.
Yo apoyo decididamente los comentarios del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra sobre el presupuesto. De nada sirve hablar mucho y organizar grandes Cumbres, pero al mismo tiempo poner a disposición pocos fondos. La Comisión lo ha propuesto repetidamente en los últimos años y cada vez lo hemos rechazado, pero la Comisión debería decidirse a presentar al fin propuestas constructivas desde un primer momento.
Con respecto a Cuba, la Sra. Malmström y el Sr. Queiró ya han comentado algunas cosas. Yo creo que es muy importante no transmitir señales equivocadas a dicho país ahora que la democracia reivindica con voz sonora sus derechos en Cuba. Evidentemente estamos en contra del embargo, pero también estamos en contra de la dictadura y de la violación de los derechos humanos. Por esto sólo se podrán ofrecer concesiones a Cuba en el marco del diálogo con la Unión Europea si allí mejora la situación de los derechos humanos y de la democracia.
Finalmente, quisiera abogar por que, en el contexto de la apertura de los mercados, prestemos especial atención a los países más pobres de América Latina. Yo creo que es evidente que con México y con Chile se pueden establecer acuerdos de libre comercio sobre una base de reciprocidad, aunque tal vez no con el mismo calendario. Pero con países como Nicaragua, Honduras y Bolivia, también se tendrían que situar en un primer plano las preferencias y yo creo que estos países tienen tanto derecho a recibir un trato preferente como la mayoría de los Estados ACP. Yo creo que este punto se debería incorporar más firmemente al diálogo.

Stenzel (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, debemos acoger con satisfacción que la Presidencia española haya querido transmitir una señal especial, una señal de solidaridad y de aproximación política, con la celebración en Madrid de la Cumbre con América Latina y el Caribe. Ésta responde al compromiso sin parangón de España con América Latina, que es fruto de su historia, pero también de los grandes intereses económicos. Acabo de leer hace poco que cuando América Latina estornuda, España se resfría. Sin embargo, en el trasfondo de esta Cumbre había, evidentemente, muchas más cosas.
La conexión de ambos continentes, como la ha descrito el Presidente de la Comisión Prodi, es una aspiración de Europa. Es cierto que la opinión pública europea presta demasiado poca atención a las conmociones políticas y las crisis económicas en esa zona. Muy a menudo nos asombramos de que un país rico en petróleo como Venezuela se esté deslizando hacia una grave crisis económica, que al mismo tiempo es una crisis de la democracia en dicho país. Aparentemente ya nos hemos acostumbrado al colapso de Argentina y en los mercados internacionales de capital se teme más un posible hundimiento de Japón, de la economía japonesa, que la bancarrota de la economía argentina.
No obstante, siempre depositamos también renovadas esperanzas en un nuevo comienzo, como ahora mismo después de las elecciones celebradas en Colombia, porque justamente ese país demuestra cuán estrecha es la amalgama entre la delincuencia asociada a las drogas y el terrorismo internacional. El Parlamento Europeo debe exigir precisamente con toda la energía la liberación de la política colombiana Betancour de la violencia de la guerrilla izquierdista.
Para acabar, la UE debe insuflar vida a la estrategia para América Latina, es decir, poner a disposición también los recursos financieros necesarios, tal como ha señalado el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra. Esto también significa, concretamente, la creación de una zona de libre comercio entre la UE y los Estados centroamericanos y andinos, que debería acabar conduciendo a la celebración de un acuerdo de asociación similar a los establecidos con México y Chile. Las negociaciones de un acuerdo de este tipo con los países de Mercosur están, lamentablemente, estancadas.
La Unión Europea no debería dejar el mercado latinoamericano exclusivamente en manos de los Estados Unidos. El motivo para desarrollar una estrategia para América Latina rebasa, sin embargo, ampliamente los intereses económicos. También la necesitamos para luchar contra la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. La Cumbre UE-América Latina que se celebrará en México en 2004 nos dará finalmente la medida de los logros conseguidos.

Cortés
. Señor Presidente, en la preparación y el desarrollo de la segunda Cumbre Unión Europea/América Latina y Caribe la Presidencia en ejercicio del Consejo ha contado en todo momento con la coordinación con la Comisión y el estímulo de este Parlamento, que estuvo efectivamente representado en las sesiones de la Cumbre, así como durante todos los trabajos preparatorios. El estímulo que en todo momento se ha recibido de este Parlamento ha sido de una enorme utilidad.
Creo que todas las intervenciones que ha habido en este debate son confirmatorias de esta opinión y este proceso. Es verdad que se han apuntado deficiencias y, probablemente, a todos nos hubiese gustado ir más lejos, ir más rápido, que hubiese un contenido de mayor entidad. Siempre se puede ir más allá en todos los procesos, pero, sinceramente, la valoración que podemos hacer -que se puede contemplar viendo el eco que ha tenido en los medios de comunicación, tanto europeos como de América Latina o del Caribe, o en los contactos directos con los responsables políticos de los países de América Latina- es que la Cumbre ha sido satisfactoria en sus resultados y, sobre todo, en el desarrollo del diálogo político, económico y cultural que ha habido entre estas dos partes del mundo con una clara vocación recíproca de acercamiento y entendimiento.
Creo que el Parlamento Europeo ha sido en todo momento un referente de vanguardia en estas relaciones. Muchas de las intervenciones que ha habido en esta sesión han apuntado a ello y, precisamente, desde esa perspectiva de ir abriendo camino, algunos de ustedes han señalado algunas cuestiones que pueden considerarse frustrantes, en el sentido de que no se haya ido tan lejos como se querría y como, probablemente, hubiera sido posible. Pero tenemos una experiencia larga en la Unión Europea de que estos procesos, como el que nosotros protagonizamos en nuestra propia casa, llevan tiempo, tienen unos trámites, se avanza algunas veces con más rapidez y otras con algún desfallecimiento. Pero, sinceramente, si miramos la perspectiva de lo que ha sido la relación de la América Latina en los últimos años con la Unión Europea, si consideramos que la Cumbre de Madrid es sólo la segunda, es decir, que es un proceso relativamente joven, pero que ya se ha fijado la de México, la tercera, para dentro de dos años, acortando los plazos, por lo tanto, ya se puede hablar de una relación regularizada. Y además, querría decir que es verdad que en las cumbres se concentra en un día o un día y medio una gran cantidad de reuniones o de actos que tienen repercusión pública, pero hay un trabajo muy sostenido durante mucho tiempo, que, en el caso de esta Cumbre, ha sido impulsado por este Parlamento y llevado con tesón por la Comisión. Las Presidencias sueca y belga se han ocupado de una manera muy destacada de cuestiones que se tratarían durante la Presidencia española. Sinceramente, creo que el resultado es positivo y podemos felicitarnos.
El Sr. Salafranca se ha referido a Colombia y creo, señor Presidente, que es muy importante esta mención cuando un país, golpeado como pocos por el crimen y la violencia, ha elegido en democracia un nuevo Gobierno que merece, de la comunidad internacional, y muy singularmente de la Unión Europea, comprometida de antiguo con la paz y con el desarrollo en Colombia, el mismo respaldo y la misma confianza que ha tenido en la sociedad colombiana.
Como español comparto las opiniones de algunos miembros de este Parlamento, que han dicho que es bueno que no sólo sean españoles los que se ocupen de América Latina. Creo que, en este sentido, el programa ALBAN, lanzado por la Comisión, es enormemente positivo porque abre el conjunto de las universidades europeas a aquellos estudiantes de posgrado que hasta ahora estaban básicamente orientados hacia los Estados Unidos y, en algunos casos -porque había un programa bilateral muy importante-, hacia España. Creo que es muy importante que los estudiantes de posgrado de toda América Latina y del Caribe puedan elegir aquellas universidades, aquellos centros de formación superior que consideren de más confianza y donde ellos deseen profundizar sus estudios, y esto fortalecerá todavía más las relaciones entre nuestras dos regiones. Relaciones que no se limitan al plano político, en torno a la Cumbre de la Madrid -la Cumbre es sólo de Jefes de Estado y de Gobierno- sino que, en paralelo a la Cumbre, los días previos, incluso los días posteriores, ha habido multitud de reuniones de eso que podemos llamar genéricamente la sociedad civil, y ha habido una relación, unos vasos comunicantes muy fluidos, con la Comisión, con la Presidencia del Consejo y con los responsables de los países latinoamericanos.
Yo creo que hay que destacar en esta sesión todo el trabajo preparatorio, que ha contado con una muy alta participación y de mucha calidad, de lo que se ha aprobado en la Cumbre. Como ocurre en los Consejos, se han aprobado cuestiones en unas pocas horas, pero se han venido debatiendo durante mucho tiempo.
Para concluir, señor Presidente, creo que la Unión Europea, América Latina y el Caribe han reforzado sus vínculos políticos, económicos, culturales, educativos y sociales. La Unión Europea, en un proceso de consolidación interna y como actor internacional, tiene que estar presente de una manera muy activa en esa parte del mundo con la que comparte tantos principios y tantos valores.
Lo que ocurrió a partir de 1492 fue un injerto europeo en una realidad preexistente, que dio lugar a esto que llamamos el mundo occidental. Se desplazó hacia Occidente. Compartimos principios y valores que estaban aquí y que hoy se concretan en expresiones como la democracia, como el Estado de derecho, como la igualdad entre hombres y mujeres, como el respeto de los derechos humanos. En algunos casos, la situación es frágil y requiere permanente vigilancia y estímulo, pero la Unión Europea es un referente para América Latina y para el Caribe. Lo es como modelo social, como modelo económico, como modelo político, y también como modelo de integración. El éxito que ha tenido la Unión Europea, un continente mucho más heterogéneo, mucho más diverso que la América de habla española, portuguesa y el Caribe, con distintas lenguas europeas. Sin embargo, la Unión Europea ha tenido un enorme éxito en su integración, y éste es un modelo que tienen los latinoamericanos y los caribeños y creo que tenemos la responsabilidad de ayudarles en esta tarea.
La relación reforzada va en mutuo beneficio. No para actuar contra nadie, sino -como ha dicho el Sr. Linkohr- para aprovechar oportunidades donde hoy hay dificultades e incertidumbres.
La Presidencia en ejercicio, señor Presidente, valora muy positivamente el debate que se ha producido, el estímulo que en todo momento se ha tenido del Parlamento Europeo y quiere públicamente agradecer el respaldo y el impulso que en todo momento ha encontrado en esta casa.

El Presidente. -
Para cerrar este debate, he recibido cinco propuestas de resolución

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores:
A5-0168/2002 de la Sra. Cerdeira Morterero, sobre la iniciativa del Reino de España relativa a la creación de una red de puntos de contacto de autoridades nacionales competentes en materia de seguridad privada (5135/2002 - C5-0052/2002 - 2002/0802(CNS));
A5-0166/2002 del Sr. Sousa Pinto, sobre la iniciativa del Reino de España relativa a la creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía (5133/2002 - C5-0055/2002 - 2002/0803(CNS));
A5-0167/2002 del Sr. Stockton, sobre la iniciativa del Reino de España relativa a la creación de una red europea de protección de personalidades
(5361/2002 - C5-0051/2002 - 2002/0801(CNS));
A5-0173/2002 del Sr. Deprez, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de España con vistas a la adopción de un acto del Consejo por el que se celebra el Protocolo que modifica el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía, y el Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes (5455/2002 - C5-0053/2002 - 2002/0804(CNS)); y sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el desarrollo futuro de Europol y su integración de pleno derecho en el sistema institucional de la Unión Europea,
A5-0165/2002 del Sr. Deprez, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica con vistas a la adopción de una decisión del Consejo por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol (14628/2001 - C5-0682/2001 - 2001/0830(CNS)).

Cerdeira Morterero (PSE)
. Señor Presidente, una de las funciones esenciales de los Estados modernos es la función de policía y, dentro de ella, tiene una importancia capital el garantizar a los ciudadanos la seguridad como premisa básica de una convivencia en libertad. Sin embargo, el desarrollo exponencial de actividades en las sociedades contemporáneas ha generado nuevas necesidades de prestación de servicios de vigilancia y seguridad de personas y de bienes, llevados a cabo por personas privadas físicas o jurídicas, y los Estados han tenido que reaccionar para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio que corresponde al Estado por ser ésta una actividad complementaria y subordinada respecto del servicio público de seguridad.
Los Estados de la Unión Europea han ido adoptando sucesivamente disposiciones legislativas para establecer controles administrativos que difieren de un Estado a otro. La libertad, la seguridad y la justicia son elementos que han de estar garantizados por los Estados. Son los Estados quienes deben garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin duda, en este sentido, la creación del mercado único y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia hacen necesaria la armonización de los servicios de seguridad privada en la Unión Europea.
Sin embargo, éste no es un tema fácil. Los estudios que se han ido elaborando al respecto ponen de manifiesto que en este campo hay una serie de dificultades para culminar este proceso. En primer lugar, la existencia de grandes diferencias entre las legislaciones nacionales que regulan la materia. En segundo lugar, la existencia de potentes barreras jurídicas entre los Estados de la Unión que coartan o impiden la libre prestación de servicios en el sector de la seguridad privada. Y en tercer lugar, la necesidad de armonizar los aspectos imprescindibles de las diferentes reglamentaciones nacionales referidas al sector.
Son estos problemas los que determinan la necesidad de armonizar las legislaciones de los Estados de la Unión Europea en el sector de la seguridad privada, garantizando así la libre prestación de servicios en un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Pero, dicho esto, me veo en la necesidad de solicitar a esta Cámara que mañana, en la votación, apoye el informe de la Comisión de Libertades por el que se pide al Consejo que retire esta iniciativa, no por su oportunidad, sino porque la forma jurídica elegida es la de una decisión, y por los fundamentos jurídicos escogidos por la actual Presidencia en ejercicio del Consejo -la Presidencia española- para poder regular esta materia, fundados en la letra a) del artículo 29 y el apartado 1 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea. Es esencial -y así ya lo hemos expresado tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento como yo misma en la Comisión de Libertades- determinar si la materia objeto de regulación por el proyecto de iniciativa presentado por España cae dentro de la esfera de competencias de la Comunidad o de la esfera de competencias de la Unión.
Por ello, quiero subrayar que ya hay al menos tres sentencias del Tribunal de Justicia en que se ha condenado a España, a Bélgica y a Italia por mantener en sus legislaciones ciertas condiciones para el ejercicio de la prestación de servicios en materia de seguridad privada que violaban el principio de no discriminación previsto por el Tratado de la Unión Europea.
Señorías, estoy en contra de que la prestación de servicios de seguridad privada forme parte de un servicio público, y así lo ha dicho el Tribunal de Justicia, con lo que, en lo que afecta a la libre circulación de trabajadores, no es aplicable la excepción referida a los empleos públicos prevista en el apartado 4 del artículo 39 del Tratado de la Comunidad Europea.
De igual modo, creo que las actividades de seguridad privada no constituyen un ejercicio de autoridad oficial y que, cuando actúan para ayudar a las fuerzas de seguridad públicas, lo hacen sólo en calidad de funciones auxiliares.
Tengo que insistir también en que el sector de la seguridad privada -y así lo ha expresado el Tribunal de Justicia- es un sector económico y, por lo tanto, las disposiciones legislativas que regulen su actividad en los Estados miembros han de estar sujetas a las medidas establecidas por la Comunidad con el objeto de establecer un mercado único sin fronteras interiores en el territorio de la Unión Europea.
También quiero mencionar que, hasta el momento, la Comunidad no ha adoptado ninguna directiva con el objeto de regular el sector de la seguridad privada. Pero, sin embargo, no creo que esto pueda ser ningún impedimento para una futura armonización del sector. En consecuencia, esta ponente opina que, si se adoptara la presente iniciativa de decisión, se contravendría el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a la Unión a respetar la capacidad de actuación de la Comunidad en una determinada materia cuya competencia le ha sido atribuida por el Tratado de la Comunidad Europea y le impide legislar sobre la misma.
Por lo tanto, por las razones expuestas, propongo que el contenido de la iniciativa, oportuno y de gran interés, sea reconsiderado, y que, de conformidad con el artículo 208 del Tratado de la Comunidad, el Consejo pida a la Comisión que proceda a un estudio de las necesidades de una acción en común en el sector de las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de seguridad privada, y si es necesario, se proponga la adopción de las disposiciones pertinentes.
Por todo ello propongo, señor Presidente, que se rechace la iniciativa de decisión del Reino de España porque no es posible legalmente regular materias que entran dentro del ámbito de aplicación del primer pilar del Tratado de la Comunidad Europea desde el ámbito de aplicación del tercer pilar regulado por el Tratado de la Unión Europea. De hacerlo, se estaría vulnerando, entre otros, el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea.
Sousa Pinto (PSE)
Señor Presidente, voy a exceder sus mejores esperanzas en materia de economía de tiempo diciendo que este informe tiene por objeto la creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía, que consistiría fundamentalmente, en una fase inicial, en la creación de una red que agruparía los diferentes institutos nacionales de formación e investigación policial y después debería evolucionar en una dirección no explicada por los autores con vistas a ofrecer una plusvalía a la Unión en materia de coordinación de las diferentes entidades policiales de los Estados miembros.
Ahora bien, a nuestro entender, la iniciativa adolece de cierta enfermedad infantil de la construcción comunitaria, cierta tendencia a la proliferación de organismos con finalidades más o menos superpuestas. En esa esfera ya tenemos en el terreno Europol, Eurojust, la Academia Europea de Policía, la Unidad Operativa de Jefes de Policía, la Red Europea de Prevención de Delitos y la Red Europea de Legislación Penal. Por tanto, esta propuesta, tal como se nos ha presentado, sugiere una adición de irracionalidad e incoherencia al sistema en una esfera, por lo demás, relativamente incipiente de acción comunitaria.
Tal vez se pudiera contribuir mejor a ciertas preocupaciones loables, que merecen ser atendidas y dignas de nuestra reflexión en materia de articulación, coordinación policial, aprovechamiento en común de experiencias en esa esfera y manifestadas por la Presidencia, con una enmienda al estatuto y al reglamento de la Academia Europea de Policía y la propia adhesión sin reservas de España a ese mecanismo constituiría también un importante fortalecimiento de esa articulación en el marco de los organismos de policía.
Lo importante es discernir cuáles son las novedades que de verdad entrañan cierto valor añadido y que realmente representan aumentos de la eficiencia para el sistema, al introducir coherencia en él, dejando aparte las enmiendas que se plasman en una inútil multiplicación de organismos, funcionarios y gastos, en la línea de cierta tradición burocratizante que no nos interesa y sin provecho útil relevante para la acción de la Unión en la esfera de la lucha contra la delincuencia. Por esas razones, la Comisión de Libertades Públicas consideró oportuno traer a este Pleno una opinión negativa sobre la aprobación de esta iniciativa.

Stockton (PPE-DE)
. (EN) Señor Presidente, ésta es la tercera propuesta, y creo que también bastante innecesaria, que presenta el Reino de España. Su propósito es institucionalizar la protección de personalidades. La protección de personalidades es, por definición, algo que debe ser acordado entre los Estados miembros, u otros Estados, y en el caso de las visitas, entre el Estado que efectúa la visita y el Estado anfitrión. Me parece muy extraño además que su fundamento jurídico sea únicamente el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, cuando a mi entender deben añadirse también el apartado 1 del artículo 30 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34.
No obstante, tenemos aquí el germen de una buena idea. Por ello he modificado la propuesta de tal manera que facilite la cooperación entre los servicios de información, de policía y de seguridad nacionales sin necesidad de crear una institución burocrática y sin ningún coste adicional. Uno de los problemas con los que me encontré inicialmente fue que parecía querer codificar o crear una tasa de protección. Por consiguiente, a alguien como usted, señor Presidente, de suma importancia en los asuntos de la Unión Europea, se le proporcionaría sin ninguna duda dos automóviles blindados llenos hasta los topes de policías armados con ametralladoras, mientras que un mero diputado novel como yo, tendría suerte si viera pasar delante de su casa a un policía en días alternos. Esto me parece una idea bastante extraña porque, cuando menos, proporcionaría a un asesino en potencia una guía absolutamente perfecta de lo que puede encontrar. Por ello he eliminado todo eso.
No obstante, insisto, está la cuestión fundamental y lo que he añadido a dicha cuestión es que debería existir cooperación y algún tipo de armonización no sólo de la protección que se proporciona, sino también de los mecanismos de respuesta en el caso de producirse una tragedia o incluso de un intento. Existen numerosas instituciones que van desde el SAS en Gran Bretaña, pasando por la policía fronteriza alemana, hasta la excelente policía militar en España, Italia y otros países que, desde los trágicos acontecimientos de las Olimpiadas de Múnich, han adquirido una gran experiencia de respuesta. Me parece una locura dejar el elemento de respuesta de este problema fuera de la cuestión.
Respecto al tema de la información compartida, creo que la información debería compartirse con arreglo a la necesidad de conocimientos y, sobre todo, debería mantenerse al margen de los políticos, burócratas e incluso de las personas que reciben protección, porque lo más importante en este ámbito es la seguridad operativa. Tampoco deberían crearse niveles adicionales de toma de decisiones que puedan interferir con la eficacia de la operación. Sabiendo lo mucho que tardan a veces las instituciones de la Unión en tomar una decisión, la idea de introducir un eslabón más entre el atentado contra su vida, señor Presidente, y la respuesta del policía, si ésta tuviera que pasar por varias comisiones, espero que le produzca un cierto escalofrío.
Por último, el otro aspecto importante que he añadido es que toda información que se comparta estará sujeta a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales. Éste es un ámbito en el que se compartiría información sobre amenazas conocidas, posibles sospechosos conocidos, pero, sin embargo, debemos garantizar el respeto absoluto de los derechos fundamentales.
Dicho esto, espero que la Asamblea estará lo suficientemente impresionada como para saber que mis enmiendas fueron las únicas presentadas en comisión. Fueron aprobadas por unanimidad sin ningún voto en contra, lo que, según tengo entendido, es un caso raro si no único.

El Presidente. -
Señor Stockton, muchas gracias por sus amables observaciones sobre la importancia del Presidente en funciones, pero debo decir que tengo una pistola en mi casa y con eso bastará.

Deprez (PPE-DE)
. (FR) Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo tranquilizarles: no consumiré los diez minutos que me han sido impartidos.
Señor Presidente, los dos informes que hoy tengo el honor de presentar ante nuestro Pleno revisten una naturaleza y un alcance muy diferentes aunque ambos versen sobre un mismo asunto, es decir: Europol, que - como todos saben - es la Oficina Europea de Policía.
El primer informe se refiere a la iniciativa del Reino de Bélgica, relativo a la adaptación de los sueldos base aplicables al personal de Europol. Su alcance es muy limitado, y es evidente que no requiere largos comentarios. En términos simples y claros, propongo formalmente a nuestro Parlamento que rechace esta iniciativa, y ello por dos razones esenciales.
En primer lugar - y espero que el Parlamento esté de acuerdo conmigo -, no veo por qué se deba conceder un aumento del 5,2% a los agentes de Europol, para el período comprendido entre julio de 2001 y julio de 2002, cuando a las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios de la Unión Europea en los Países Bajos, en la misma ciudad de La Haya y por el mismo período, se les aplicará un aumento del 4,3%. No se nos ha proporcionado ninguna justificación seria y creíble con respecto a este argumento.
En segundo lugar, considero incoherente e inaceptable que el Consejo consulte al Parlamento Europeo sobre esta cuestión rutinaria, mientras siga negándose a consultarlo sobre el presupuesto de Europol, a pesar de que ambas decisiones entran en el ámbito del procedimiento establecido en el Título VI del Tratado de la Unión Europea y requieran la consulta del Parlamento Europeo. Por consiguiente, propongo sin vacilaciones y sin dejarme llevar por ningún tipo de sentimiento que se rechace dicha iniciativa.
El segundo informe, señor Presidente, Señorías, posee un alcance diferente. Se trata de una iniciativa del Reino Unido de Bélgica y del Reino de España que propone, además de una adaptación de los cometidos de Europol, un nuevo dispositivo para modificar el Convenio Europol. Como saben sus Señorías, actualmente Europol es una institución que entra en el ámbito de la cooperación intergubernamental pura y simple. Dentro de este marco, cualquier modificación - más allá de la importancia o urgencia que la misma revista - del convenio que rige Europol implica la ratificación por todos los Estados miembros, de conformidad con las exigencias de sus respectivas normas constitucionales. Eso quiere decir, por ejemplo, que para la ratificación del Convenio Europol se precisaron no menos de tres largos y buenos años. Es evidente que se trata, señor Presidente, Señorías, de un procedimiento demasiado largo, demasiado lento y totalmente inadecuado si queremos que Europol sea capaz de responder con rapidez a las múltiples y cambiantes formas graves de delincuencia. Al proponer que ahora las modificaciones que se apliquen al Convenio Europol sean aprobadas por el Consejo, la iniciativa de los Reinos de Bélgica y de España parece constituir un paso en la dirección adecuada.
En realidad, en mi opinión y en la de la Comisión de Libertades Públicas, dicha iniciativa presenta tres graves deficiencias:
1. Mantiene a Europol, jurídicamente, en el ámbito de la mera cooperación intergubernamental, a pesar de las numerosas reivindicaciones de nuestro Parlamento y de que el Consejo Europeo - prácticamente, en todas sus reuniones - confía a Europol cada vez más cometidos en beneficio del conjunto de la Unión.
2. Tras la ampliación de la Unión esta decisión podría provocar una ralentización excesiva e incluso una paralización total del proceso de toma de decisiones, dado que todas las decisiones relativas a Europol deben y deberán adoptarse por unanimidad. Pregunto a mis colegas cómo piensan que, con 27 países, se podrá llegar a un acuerdo unánime sobre decisiones policiales operativas, cuando en Europa la delincuencia y las formas graves de delincuencia aumentan de modo galopante en algunos sectores.
Esta propuesta confirma el papel marginal del Parlamento Europeo en todo lo relativo a Europol, al mismo tiempo que se le priva de los instrumentos jurídicos y del marco institucional que en el futuro le podrían permitir ejercer un verdadero control democrático. Que no se me vaya a objetar ahora que gracias a la Convención existe actualmente cierto control democrático sobre Europol por la vía de los Parlamento nacionales. Todos aquellos que conocen el funcionamiento de Europol y la manera en que los Parlamentos nacionales trabajan saben bien que, por el momento, no existe ningún control democrático serio sobre Europol. La opción del Consejo consistente en proponer un dispositivo que presenta las graves deficiencias que acabo de mencionar es inexplicable sobre todo considerando, señor Presidente, Señorías, que en el Tratado existe una vía alternativa que permitiría resolver adecuadamente los problemas a los que acabo de referirme. En realidad, basta con aplicar la disposición que la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea establece formalmente y que permite pura y simplemente sustituir el Convenio Europol mediante una decisión del Consejo.
La aplicación de dicha disposición tendría como consecuencia la integración de Europol en el tercer pilar y, por consiguiente, en el sistema del Derecho comunitario, lo que reportaría tres ventajas considerables:
1. mejora de la capacidad operativa de Europol, ya que, de conformidad con el artículo 34 del Tratado, todas las decisiones del Consejo relativas a Europol se aprobarían por mayoría, sin posibilidad de otorgar exenciones;
2. mejora del control parlamentario, de nuestro Parlamento, sobre Europol, ya que, por una parte, de conformidad con el artículo 39 del Tratado, deberá consultarse al Parlamento Europeo antes de la adopción de cualquier medida de aplicación decidida por el Consejo y, por otra, en caso de que se vulneren sus derechos, el Parlamento tendrá la posibilidad de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia europeo;
3. la aplicación automática a todas las decisiones adoptadas por el Consejo, de conformidad con el artículo 34, de las normas relativas a la competencia del Tribunal de Justicia, lo que nuestro Parlamento siempre ha reclamado.
Basándome en estos argumentos, señor Presidente, Señorías, pido a nuestro Pleno que rechace por insuficiencia operativa y democrática la iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de España - ¡hoy es un mal día para el Reino de España! - y que apruebe, por el contrario, el proyecto de recomendación por el que se convierte el Convenio Europol en decisión del Consejo y se lo integra, por consiguiente, en el sistema institucional de la Unión Europea. Deseo precisar a la atención expresa de mi colega, la Sra. Frassoni, que, en mi opinión, esta operación sólo debe constituir una fase transitoria - preferentemente breve - antes de una comunitarización integral, es decir: antes de la fusión de los Tratados y de la supresión de la distinción paralizadora y arcaica entre los tres pilares. Espero que, en este ámbito, la Convención esté a la altura de los desafíos históricos y de las expectativas de los ciudadanos.

Naranjo Escobar (PPE-DE)
. Señor Presidente, yo voy a limitar mis comentarios a la iniciativa sobre la declaración de los sueldos base e indemnizaciones del personal de Europol, de la que me ocupé como ponente de la Comisión de Presupuestos.
En principio, es una cuestión menor, con apariencia de rutina. Sin embargo, tal como se nos presenta adolece del rigor necesario. En su momento, este Parlamento ya se pronunció sobre la conveniencia de incluir el presupuesto de Europol en el presupuesto comunitario.
Europol, efectivamente, en los últimos años, ha ido ampliando su ámbito competencial y esta trayectoria no se ha visto acompañada por un cambio de su marco jurídico que permita al Parlamento ejercer su función de control democrático. La decisión de la adaptación de los sueldos hay que inscribirla en el ámbito presupuestario. Pues bien, este ámbito, que incluye naturalmente su Reglamento financiero, funciona sin que el Parlamento se pronuncie sobre estas cuestiones, y con estos antecedentes se nos consulta sobre la adaptación de salarios e indemnizaciones, tal como está previsto en el artículo 44 del actual Convenio.
Como ya ha señalado nuestro colega Deprez, la decisión no da cuenta del motivo por el que la adaptación salarial se fija en el 5,2%; para el mismo período, la adaptación salarial para los funcionarios comunitarios, en los Países Bajos, es del 4,3%, cifra que se basa en la información estadística que proporciona la OCDE para el conjunto de las instituciones comunitarias.
Es cierto que el artículo 44 del Convenio no vincula la adaptación a un procedimiento equiparable al utilizado para el resto de los funcionarios, pero creo, sinceramente, que la ausencia de justificación no parece muy conforme con los principios de buena gestión financiera aplicable al presupuesto comunitario.
El rechazo, pues, de esta iniciativa, no pone en cuestión el nivel que haya de tener la remuneración para los funcionarios del Europol, sino la ausencia de justificación en el procedimiento que se ha seguido.
Señor Presidente, queremos que Europol se fortalezca, que cumpla sus misiones de manera eficaz para que los ciudadanos se sientan protegidos, y esto es perfectamente compatible con el control democrático que viene exigiendo este Parlamento en cada ocasión en que se debate sobre el estatus jurídico de este instrumento de cooperación policial.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Asamblea por poder dirigirme a ella en esta fase del debate, porque debo partir hacia Roma para participar en el lanzamiento de un estudio de viabilidad sobre la protección de la frontera exterior. Digamos que se me permite intervenir porque debo partir hacia el frente.
Las cinco iniciativas presentadas por los Estados miembros tienen ámbitos diferentes, pero todas guardan relación con la cooperación policial. Comenzaré con las iniciativas relativas a Europol. La primera, presentada por Bélgica, tiene el objetivo de adaptar los sueldos base y las indemnizaciones del personal de Europol. Es una formalidad, porque es el resultado de la aplicación del Reglamento de Europol, y la Comisión no tiene nada en contra de dicha iniciativa.
La segunda iniciativa de Bélgica y España con vistas a la adopción de un acto del Consejo por el que se celebra el Protocolo que modifica el Convenio Europol es un paso importante en el cumplimiento de las disposiciones sobre Europol, según establece el apartado 2 del artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, que, como saben, prevé la participación de Europol en equipos mixtos, así como la posibilidad de solicitar a los Estados miembros que dirijan y coordinen investigaciones. Asimismo, es consecuencia directa de las Conclusiones de Tampere 43 y 45 en esta materia.
Por consiguiente, la Comisión saluda que el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado abril llegara a un acuerdo político sobre esta parte de la iniciativa, a la espera del dictamen del Parlamento. Respecto a la parte de la iniciativa sobre la simplificación del procedimiento para modificar el Convenio Europol, el Consejo está estudiando en estos momentos dos alternativas diferentes. La firme opinión de la Comisión, y aquí sigo los argumentos del Sr. Deprez, es que el Convenio Europol debería ser sustituido por una decisión del Consejo en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea. Sobre este particular, la Comisión está plenamente de acuerdo en lo relativo al proyecto de recomendación del Parlamento sobre el futuro desarrollo de Europol y su integración de pleno derecho en el sistema institucional de la Unión, tal y como presenta el informe del Sr. Deprez.
La decisión del Consejo no sólo permitirá la modificación de los artículos del Convenio a través de un procedimiento simplificado, sino además la adopción de medidas de ejecución con una mayoría cualificada, de conformidad con el apartado 2 del artículo 34. Si Europol debiera establecerse hoy, probablemente estaría basado sobre una decisión del Consejo, porque éste es el instrumento jurídico moderno. Asimismo, el fundamento jurídico de Europol estaría entonces en consonancia que el elegido para Eurojust. Por último, la decisión del Consejo pondría el papel del Tribunal de Justicia en consonancia con aquél previsto en el Tratado de Amsterdam.
Paso a comentar, a continuación, el proyecto de recomendación. Estamos totalmente de acuerdo con la Recomendación nº 6 sobre la cooperación con Eurojust y la OLAF, y con la práctica totalidad de la Recomendación nº 4 relativa al control democrático. Respecto a esta última, me complace que el Parlamento esté de acuerdo con lo que la Comisión propone en la comunicación que hemos lanzado sobre el control democrático de Europol. Tenemos algunas dudas con la propuesta relativa a la representación del Parlamento en el consejo de administración de Europol. Creo que existen formas alternativas de control parlamentario más adecuadas al carácter específico de Europol.
Respecto a la Recomendación nº 2 sobre el presupuesto, la Comisión opina, como explica en la Comunicación a la que me refería más arriba, que la cuestión de la financiación comunitaria debería resolverse en el contexto de las posibles futuras competencias operativas de Europol. En lo que se refiere a la Recomendación nº 3, las funciones, estamos de acuerdo con todo excepto con los dos primeros puntos: la participación en equipos mixtos y la petición a los Estados miembros para que inicien investigaciones. Desde la perspectiva de la Comisión, estos últimos dos puntos son superfluos porque el Consejo alcanzó un acuerdo político al respecto el pasado abril.
En lo que respecta a las tres iniciativas presentadas por la Presidencia española, quisiera expresar a la Presidencia española el agradecimiento de la Comisión por incluir este tema en la agenda, porque dan respuesta a la necesidad real de progreso en la cooperación policial en la Unión Europea. Con respecto a los estudios de policía, la Comisión ha resaltado en varias ocasiones su interés en impulsar la cooperación en un ámbito en el que el conocimiento a nivel europeo es a menudo insuficiente. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos hecho una llamada de alerta contra la multiplicación de redes, cuyo funcionamiento puede resultar difícil, como indica la experiencia obtenida en el Colegio Europeo de Policía.
En consecuencia, la Comisión ha sugerido una fórmula más pragmática que propone modificar la Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 2000 por la que se crea el Colegio Europeo de Policía para permitir que los institutos de estudios de policía de los Estados miembros, en aquellos casos en que éstos sean distintos de las instituciones de formación de policía, participen como miembros de pleno derecho de la red del Colegio Europeo de Policía. Me complace que varios Estados miembros se hayan hecho eco de esta sugerencia, que está muy en consonancia con la sugerencia del Sr. Sousa Pinto, y que en estos momentos parece ser la opción que cuenta con el mayor respaldo en el Consejo.
Respecto a la iniciativa sobre una decisión del Consejo relativa a la creación de una red de puntos de contacto de autoridades nacionales competentes en materia de seguridad privada, la Comisión reconoce que el crecimiento del sector de la seguridad privada en nuestros países, así como en los países candidatos, exige un debate político general para tratar sobre el reparto de las responsabilidades entre las autoridades públicas y el sector privado de proporcionar seguridad a nuestros ciudadanos. No obstante, aunque nos gustaría mucho que se celebrara un debate político serio a nivel de la Unión Europea sobre este tema, debemos respetar totalmente el reparto de competencias que establecen los Tratados.
La Comisión ha señalado en reiteradas ocasiones que, aunque sería positivo establecer contactos entre las autoridades competentes de la seguridad privada en los Estados miembros, conviene resaltar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la seguridad privada es un servicio como cualquier otro. Y como tal, entra en el ámbito de la Comunidad Europea, como acaba de resaltar la Sra. Cerdeira Morterero, y la creación de una red que tenga como fundamento el Título VI equivaldría a violar el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, que establece que "ninguna disposición del presente Tratado afectará a los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ni a los Tratados y actos subsiguientes que los hayan modificado o completado".
En consecuencia, la Comisión ha adoptado las medidas oportunas para proceder, dentro del contexto del primer pilar, a un estudio de la necesidad de medidas comunes para regular la prestación de servicios de seguridad por parte de empresas privadas en la Unión Europea. Asimismo, la Comisión quisiera reiterar su argumento sobre la inconveniencia de crear otra red con las consecuencias administrativas y presupuestarias que ello entraña.
Por último, respecto a la propuesta relativa a la creación de una red europea de protección de personalidades, la Comisión saluda esta iniciativa que identifica un ámbito en el que ha quedado patente la necesidad de reforzar la cooperación en la Unión Europea. A pesar de que debemos cuestionar la conveniencia básica de crear una red más, parece evidente que esta iniciativa responde a una necesidad real confirmada por expertos en este campo.
Una observación importante que ha hecho el ponente, Lord Stockton, y que la Comisión comparte, es que la red no debería tener competencia para armonizar la legislación y los reglamentos de los Estados miembros. La red no debería tener ningún poder de decisión, sino que debería funcionar únicamente como organismo asesor y no debería tener repercusiones presupuestarias. Sólo hay una salvedad para el apoyo de la Comisión a esta iniciativa y ésta tiene que ver con la participación de la Comisión en la red: la Comisión debe tener una participación mayor.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Lord Stockton, que con su labor ha hecho una valiosa contribución a esta iniciativa en lo que respecta a su fundamento jurídico, pero además en lo relativo al valor añadido que esta red aportará a la cooperación policial.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario. Le deseo un feliz vuelo y bese el suelo cuando aterrice.

Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, mi querido colega y muy buen amigo Deprez se ha olvidado de que tampoco hoy es un buen día para Bélgica precisamente.
La posición de mi Grupo es coincidente con las conclusiones de los informes Cerdeira y Sousa Pinto, en la medida en que es necesario regular el sector de las empresas de seguridad privada, desde el punto de vista comunitario, por la importancia y el volumen que hoy tienen en el ámbito de la Unión, como lo reconoce la colega Cerdeira en su propio informe. Sin embargo, tengo que decir que son válidos los argumentos aducidos para el replanteamiento de dicha iniciativa, atendiendo a la necesidad de que se ajuste a su base jurídica.
En cuanto a la creación de un Instituto europeo de Estudios de Policía, seguramente debería incluirse en el ámbito de la Academia europea de policía, precisamente para no multiplicar organismos que luego pueden interferirse en sus funciones.
En cualquier caso, Señorías, estas dos iniciativas demuestran el claro interés y la preocupación de la Presidencia española por conseguir la máxima eficacia en los instrumentos puestos a disposición del ciudadano europeo para garantizar su seguridad.
Señorías, la opinión pública europea registra además con inquietud no sólo el aumento de la delincuencia, sino también la creciente disposición a emplear la violencia en la calle.
Los espectáculos de masas, como el fútbol, las manifestaciones públicas -en principio legítimas y pacíficas, como las de los movimientos antiglobalización-, se convierten, en demasiadas ocasiones, en manifestaciones violentas que originan brutales destrozos en el mobiliario urbano o incluso causan víctimas personales. En las grandes ciudades existen ya barrios que no son accesibles a los ciudadanos normales al caer la tarde. Hay una evidente insatisfacción y preocupación ciudadana ante la inseguridad. Y esto lleva a que las empresas privadas de seguridad estén en pleno auge y necesiten una regulación a nivel europeo. Es necesaria, además, una profunda reflexión sobre el binomio seguridad pública-seguridad privada. Da la impresión de que quien tiene medios económicos para garantizar su seguridad puede disfrutar de ella, y quien no los tiene sufre un mayor riesgo. Es decir, quien dispone de dinero suficiente compra la seguridad que el Estado no es capaz de garantizar. Por lo tanto, creo que vale la pena profundizar en este tema.
Por otra parte, la violencia callejera, los delitos informáticos, la pornografía infantil son nuevas formas de delinquir que tienen un gran componente psicológico, producto quizás también del dinamismo y del hiperdesarrollo de una sociedad con gran capacidad de comunicación y de transmisión, donde valores como la seguridad, la justicia y la paz ciudadana quedan relegados a un segundo plano en pro de una modernidad y de un progresismo mal entendidos.
Combatir estos fenómenos a escala europea exige un esfuerzo de coordinación policial y la rápida puesta en práctica de iniciativas que, como las que hoy discutimos aquí, van dirigidas en esa dirección.

Ceyhun (PSE).
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, yo quisiera manifestar, en nombre de mi Grupo, mi agradecimiento al ponente, nuestro colega Deprez, por su excelente informe sobre Europol. En esta Asamblea hablamos, de hecho, muy a menudo sobre este tema y yo creo que todos estamos de acuerdo en que Europol es una autoridad importante de la Unión Europea, cuya existencia es acertada. Contribuye a mejorar la seguridad de los ciudadanos y nos puede ayudar a contener las formas transfronterizas de delincuencia.
Para conseguirlo necesitamos buen personal y esto, naturalmente, cuesta dinero. Hasta aquí, todos coincidimos. Por esto, nos duele un poco tener que aclarar nuestra posición actual en el contexto del tema de los sueldos del personal. Yo lamento de verdad que de momento no tengamos más remedio que recurrir a las sanciones y que esto afecte a los funcionarios. En realidad, no quisiéramos enfrentarnos con los funcionarios, sino dirigirnos sobre todo con el Consejo, pero de momento, por la parte parlamentaria, la situación es esta. Se nos ha consultado al respecto y esta es nuestra respuesta.
Pedimos que se creen unas estructuras que posibiliten el control parlamentario de Europol. El Consejo no puede ignorar a la larga esta petición. Yo quiero manifestar, dirigiéndome al Consejo, que la cooperación de la gran mayoría del Parlamento dependerá de su actuación en relación con este asunto. Mi Grupo considera que fortalecer al Parlamento es uno de los aspectos más importantes para el futuro de una Europa estable. También el éxito de la ampliación depende directamente de la parlamentarización de Europa. Esto es válido para todos los ámbitos, incluida también la política interior y la seguridad interior. No queremos codecidir únicamente sobre el dinero; también queremos participar en la definición de la política interior desde el Parlamento. El Derecho presupuestario es sólo una parte de esta definición. En este contexto, yo quisiera recordar que hasta ahora hemos mantenido una actitud muy cooperativa. El Consejo ha contado con nuestro pleno apoyo a las medidas adoptadas después del 11 de septiembre. Aprobamos plenamente una rápida actuación contra el terrorismo. También apoyamos sin vacilación las listas de personas y grupos cuyo patrimonio se debe congelar porque estábamos convencidos de que era una medida acertada. Ampliamos nuestra agenda para incluir algunos puntos esenciales de la lucha contra el terrorismo, en cooperación con el Consejo y la Comisión.
Sin embargo, ahora, después de brindar nuestro pleno apoyo, esperamos también un gesto del Consejo. Nosotros hemos dado el primer paso. Ahora le corresponde al Consejo aproximarse a nosotros. Mientras esto no suceda, vamos a apoyar la propuesta del ponente Duprez sobre el tema de Europol, por la que se rechaza la iniciativa de Bélgica y España, y esperamos que los funcionarios de Europol sabrán comprendernos.

Frassoni (Verts/ALE). -
Mi Grupo va a apoyarle, señor Deprez, en relación con las dos primeras cuestiones, las iniciativas del Consejo. Desgraciadamente, no será así en relación con la recomendación. En efecto, consideramos arriesgado recomendar algo nuevo, careciendo de un paracaídas democrático; y nos parece bastante peligroso apoyar la idea de que se pueda obtener una mayoría en el Consejo, careciendo al mismo tiempo de una codecisión. Además, la experiencia europea nos demuestra muy claramente que el principio del provisionalmente definitivo y del definitivamente provisional también se utiliza aquí, en la Unión Europea.

Kaufmann (GUE/NGL).
Señor Presidente, la Convención Europea se ha estado reuniendo en este edificio desde febrero. En las sesiones se ha lamentado repetidamente, con razón, la falta de transparencia, la deficiente publicidad y el control democrático insuficiente de las instituciones europeas. Sin embargo, todo esto parece que se considera irrelevante en el caso de Europol. Las tareas de esta autoridad las deciden los gobiernos entre ellos, no el Consejo a través del proceso de decisión por mayoría, que por otra parte tampoco es la quintaesencia de la transparencia y la democracia. En nuestra calidad de Parlamento Europeo, estamos totalmente excluidos del control y la codecisión. Por esto yo quiero decir con toda claridad aquí que es, y siempre será, un escándalo que los gobiernos de los Estados miembros se nieguen a modificar este estado de cosas.
No obstante, mientras se sigue excluyendo la influencia y el control democráticos, desde 1998 se han ido ampliando incesantemente las competencias de Europol. Éstas recibieron un nuevo impulso después del 11 de septiembre; las palabras clave son blanqueo de dinero y lucha contra el terrorismo. Ahora es inminente una nueva ampliación de las tareas de Europol. Ya se está trabajando activamente en la preparación de la ampliación. Según informa la prensa, la sede de la autoridad ya ha ocupado nuevos edificios con este objeto y los primeros funcionarios de enlace de los países candidatos, de Polonia por ejemplo, han iniciado su tarea.
Todas estas vertiginosas transformaciones se están llevando a cabo sin que se haya concedido al Parlamento Europeo las más mínimas posibilidades de información y de control. Éste no puede solicitar un debate sobre el informe anual de actividades de dicha autoridad, ni tampoco puede pedir la comparecencia de su director ante la comisión parlamentaria competente. El Parlamento no dispone ni siquiera del derecho a designar dos representantes en el Consejo de Administración. Los diputados directamente elegidos nos vemos obligados a informarnos a través de la prensa. Por esto, señor Deprez, mi Grupo va a apoyar su recomendación de que se rechace la iniciativa de Bélgica y España.

Berthu (NI). -
Señor Presidente, los dos informes Deprez sobre Europol nos brindan la ocasión de que el Parlamento Europeo exija que se le otorguen competencias de control sobre este organismo. En el mes de febrero último el Parlamento recibió al respecto un apoyo bastante hábil de la Comisión. En su comunicación relativa al ejercicio de un control democrático sobre Europol, ésta propone, en efecto, reforzar los poderes de control del Parlamento Europeo, pero al mismo tiempo se aparta de esta idea al referirse a la creación de una comisión mixta Parlamento Europeo/Parlamentos nacionales, reforma aparentemente seductora, pero, en realidad, vacía de contenido, ya que la comisión mixta propuesta no tendría ningún poder. En nuestra opinión, la coherencia exige, por el contrario, que el control de la cooperación policial europea, así como el de las policías nacionales, sea confiado a los Parlamentos nacionales. Dicho control podría estar organizado dentro del pilar interparlamentario, cuya creación el intergrupo SOS Democracia ha propuesto a la Convención que reflexiona actualmente sobre el futuro de la Unión. Volveré a referirme a ello, señor Presidente, en mi explicación de voto.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, hoy se debaten cinco iniciativas de los Estados miembros y el Consejo brilla nuevamente por su ausencia. Aunque dichas iniciativas son de por sí positivas, cada vez nos plantean más problemas. Problemas debidos a que el fundamento jurídico en el que se apoyan muy a menudo es absolutamente inservible y a que luego se nos consulta, cuando de hecho no deberíamos ser consultados, como por ejemplo en el caso del aumento de los sueldos del personal de Europol. Yo le digo al Consejo: concédanles por fin unos ingresos razonables, de manera que el personal de Europol reciba una remuneración acorde con su rendimiento y esté motivado, en vez de estar frustrado.
Ustedes señalan los problemas y, finalmente, en el momento de presentar las propuestas, acaban oponiéndose a una mayor integración. Me refiero ahora nuevamente al Convenio Europol. Necesitamos decisiones más rápidas, necesitamos que las decisiones las adopte el Consejo por votación mayoritaria. Estas iniciativas también nos crean problemas debido a que continuamente se están creando nuevas instituciones, lo cual significa más burocracia, que a su vez significa más costes, pero nadie puede explicarnos qué valor añadido aportan a la Unión Europea o a la seguridad las nuevas redes, instituciones e instalaciones.
De hecho, estas iniciativas crean más bien la impresión de que se anuncian actividades sin que exista la voluntad de intentar buscar verdaderas soluciones. Esta abundancia de iniciativas obstaculiza cada vez más el trabajo en nuestra comisión. El resultado es que mañana probablemente tendremos que rechazar cuatro de las cinco iniciativas y la otra sólo se podrá aprobar si Lord Stockton y los demás pueden aceptar efectivamente las correspondientes enmiendas que proponemos. En conjunto, no será un buen día para esta forma de parlamentarismo y para esta forma de iniciativas. Deberíamos plantearnos la necesidad de encontrar en el futuro -quizá en el marco de la Convención- una nueva vía para estas iniciativas, que permita alcanzar soluciones razonables en interés de la seguridad y también del Parlamento.
Borghezio (NI).
Señor Presidente, no somos contrarios en principio a la propuesta de crear un órgano que, por un lado, garantice la efectiva cooperación entre las fuerzas de policía en Europa, y por otro, recoja los avances y los resultados de estudios e investigaciones en orden a combatir la delincuencia. Sin embargo, la propuesta parece ignorar un reto criminal existente en muchos países europeos, un reto de peligrosidad criminal muy elevado que no es otro que el de la mafia: un reto que, sin duda, el Parlamento Europeo no puede ignorar. Lamentablemente, es algo más y diferente de lo que en la propuesta se define como simple "delincuencia organizada". La mafia tiende a propagarse cada vez más desde las zonas históricas donde radica, estrecha alianzas de carácter incluso planetario y se infiltra en los sectores económicos y financieros a través de los sistemas más sofisticados de lavado de dinero negro.
El Instituto Europeo de Policía, que propongo que se dedique a la memoria del doctor Giovanni Falcone que precisamente hace ahora diez años se sacrificó en la lucha contra la mafia y que fue el primero en señalar esta dimensión transnacional de la mafia, debe tener entre sus objetivos precisamente la lucha contra la mafia y la prevención del peligro mafioso.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo ha sido coherente al aprobar varias iniciativas encaminadas a ampliar el mandato de Europol: además del tráfico de droga y de las competencias iniciales, hemos ido atribuyendo competencias en el nivel del tráfico de seres humanos, del terrorismo, del blanqueo de capitales, de la falsificación de moneda y de medios de pago, así como de todas las formas graves de delincuencia internacional.
Queremos a contribuir a transformar a Europol en una organización más eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. La iniciativa aquí en debate hoy pretende ir más lejos, pretende modificar el propio convenio, que, en su versión actual, limita las funciones de Europol a la recogida, análisis e intercambio de datos. Aplaudimos la introducción de competencias operativas en Europol, lo que se desprende del propio Tratado de Amsterdam, tal como lo interpretamos. Pero subrayamos la necesidad de que vaya acompañado de medidas que garanticen el control democrático y el control jurisdiccional.
Pero el procedimiento adoptado para la modificación del convenio tiene carácter estrictamente intergubernamental. De modo que apoyamos la propuesta del ponente, Sr. Gérard Deprez, para que se retire esta iniciativa y se presente una nueva propuesta de substitución del convenio por una decisión del Consejo, conforme al artículo 34, lo que permitirá integrar a Europol en el tercer pilar y, de ese modo, en el sistema institucional de la Unión Europea, como ha venido solicitando reiteradamente el Parlamento Europeo.
En esas esferas del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que queremos son pasos concretos meditados pero firmes. Rechazamos las iniciativas que pretenden contribuir a la idea de que se hace algo, pero sin contenido concreto. Por esa razón, apoyo el informe Sousa Pinto y propongo que se rechace la iniciativa española de creación de un Instituto Europeo de Estudios de Policía, que entrañaría una superposición en relación con la estructura ya existente y en particular con la Academia Europea de Policía.
Apoyamos también el informe del Sr. Gérard Deprez sobre el aumento de los salarios básicos de los funcionarios de Europol: si no se escucha al Parlamento Europeo sobre el presupuesto general de Europol, carece de sentido que así sea sobre una cuestión de detalle. Convengo con el ponente en la importancia de que se integre el presupuesto de Europol en el comunitario.

Paisley (NI).
Señor Presidente, la creciente amenaza de las organizaciones terroristas y la participación cada vez mayor del terrorismo en el asesinato de personalidades, como el odioso asesinato recientemente de uno de los políticos más destacados de los Países Bajos, son motivos suficientes para que el Parlamento atribuya la máxima importancia a este asunto.
Todas las agencias de seguridad de los países de la UE, tanto públicas como privadas, deben cooperar al máximo unas con otras en todo lo posible. Aunar los datos de sus bancos de inteligencia y sus estrategias normativas tiene para ellas un valor fundamental en su lucha contra el terrorismo. Convendría animar a los países de la UE que se han enfrentado al poder de destrucción del terrorismo y que han ganado o están ganando la batalla a los terroristas a que tomen la iniciativa y ayuden a otros países que pudieran tener que enfrentarse a una situación similar.
Creo que no será la incorporación de los cuerpos policiales o las agencias de seguridad de la UE lo que permitirá resolver este problema, sino la plena cooperación entre dichas agencias ahora y con carácter de urgencia.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 19.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural:
A5-0169/2002 del Sr. Fiori, sobre el balance provisional de la reforma de las OCM en el marco de la Agenda 2000 (2001/2127(INI));
A5-0164/2002 del Sr. Rodríguez Ramos, sobre el desarrollo rural en el marco de la Agenda 2000 - balance provisional en la Unión Europea y los países candidatos (2001/2041(INI)).

Fiori (PPE-DE)
. (IT) Señor Presidente, lamento que el Sr. Comisario no esté entre nosotros, puesto que quería empezar mi reflexión sobre el informe de iniciativa del que soy ponente diciendo que seguramente el clima que encuentra en la agricultura es mucho más amistoso que el que encuentra en el sector de la pesca, a la vista del debate de hoy.
El tema objeto de nuestro informe de iniciativa es el balance intermedio previsto en la reforma llamada Agenda 2000: un momento de análisis, tras una etapa de introducción de la segunda gran reforma de la Política Agrícola Común que, a lo largo de los últimos tiempos, ha adquirido una connotación mucho más fuerte, mucho más decidida respecto a la que era la intención de aquellos que firmaron el Acuerdo de Berlín en 1999. ¿Por qué? Porque la agricultura europea está atravesando una de sus etapas de transformación más difíciles, complejas y delicadas desde que existe la Política Agrícola Común, y la dificultad que atraviesa la agricultura - dificultad que es percibida perfectamente por los agricultores que ven en el momento europeo un gran referente - se ha ido reflejando en los trabajos de preparación del informe, en el debate en comisión y en la dificultad de elaborar un informe ampliamente compartido.
En efecto, hay dos grandes escuelas de pensamiento en la base de este informe de iniciativa: por un lado, están aquellos que expresan la necesidad de preservar el marco actual de la Política Agrícola Común y se declaran casi hostiles a toda modificación que pueda desvirtuar los objetivos y los principios de la Política Agrícola Común que hemos conocido, y por otro, hay quien pide intervenir con medidas rígidas, con medidas que modificarían bastante el marco normativo actual, para tener en cuenta la situación de crisis de algunos sectores, para tener en cuenta la ampliación al Este que se está negociando con la Unión Europea, para tener en cuenta las negociaciones en el marco de la OMC y, sobre todo, para tener en cuenta una necesidad, perfectamente advertida por los agricultores, de una orientación hacia el mercado, pero también hacia sistemas de producción que, a lo largo del tiempo, garanticen el mantenimiento de un nivel de renta aceptable.
Por lo tanto, éste es uno de los temas candentes que debemos afrontar. La reforma McSharry y la reforma de la Agenda 2000 garantizaban - está escrito - el mantenimiento y la subsistencia del mismo nivel de renta en favor de los agricultores. En muchos países de Europa esto ya no se comprueba ni se verifica. Además, hasta la fecha no disponemos de un marco de análisis que ofrezca datos precisos sobre la evolución de las rentas de los productores, con el cual efectuar un balance, también desde el punto de vista de la renta, de los efectos de la Agenda 2000.
Se han contrastado muchos pareceres, muchas ideas, y quisiera hacer algunas reflexiones sobre algunas de ellas, puesto que he presentado una serie de enmiendas, según mi punto de vista, que ha sido objeto de un largo contraste de pareceres, de una largo debate. Primer punto: nosotros insistimos en un sistema de ayudas directas disociadas de la producción. Ciertamente es un método correcto de abordar la transformación en curso en el sector agrícola; sin embargo, este método se debe parametrizar sobre el nivel mínimo de subsistencia de las rentas de las empresas agrícolas. Éste es un dato que actualmente no tenemos pero, sobre todo, no podemos pensar ni de lejos en hacer depender la renta de las empresas agrícolas exclusivamente de la intervención pública.
Segundo punto: tenemos dos instrumentos sobre los cuales estamos reflexionando hace bastante tiempo: la modulación y la degresividad. La modulación ha sido hasta la fecha voluntaria. En los Estados miembros en los que se ha utilizado no ha dado los resultados esperados. Entiendo que la modulación es un sistema de transferencia de recursos y de fondos. Es una modalidad totalmente correcta. La transferencia, en la actual formulación de voluntaria a obligatoria, es seguramente un instrumento de trabajo pero, descolgado con un mecanicismo que no permite ni la revisión ni el análisis en la fórmula que hemos determinado en el informe de iniciativa, preveo que, por un lado, podría causar serios problemas de renta a las empresas agrícolas, y por otro, es un hecho que hay que analizar con gran atención. Cito como ejemplo a una gran nación agrícola, Francia. Tan sólo hace unos días, el ministerio de Agricultura señaló que en el sistema de la modulación, preparado y actualizado a lo largo de los últimos dos años, se ha generado un remanente de 300 millones de euros que han quedado a disposición del sector público y no han sido transferidos a las empresas agrícolas. Si luego hipotetizamos conjugar, al mismo tiempo, la modulación y la degresividad, nos encontraremos en la condición, demostrada por cualquier modelo econométrico, de una caída de renta de las empresas agrícolas que podría estar alrededor del 30% en una empresa mediana de cien hectáreas. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a este aspecto.
Y termino con un último punto. He sido casi acusado de no haber utilizado la idea multifucional en mi informe de iniciativa. Pues bien, yo debía hacer un informe de iniciativa fuertemente anclado al primer pilar. Los aspectos de transformación de escenario evolutivo están recogidos en el informe de la Sra. Rodríguez Ramos, en el que me reconozco, que he votado y que comparto ampliamente. Sin embargo, con relación a un informe como el elaborado por la Sra. Rodríguez Ramos sobre el desarrollo del mudo rural, no debemos olvidar en ningún momento que la agricultura es una empresa, es una economía, necesita un primer pilar que permita una posición estratégica de Europa respecto a las grandes commodities internacionales, sobre todo después de las decisiones del Gobierno estadounidense en orden al Farm Bill.
Rodríguez Ramos (PSE)
. Señor Presidente, efectivamente se trata de un informe de iniciativa sobre la revisión intermedia de la Agenda 2000 en relación al segundo pilar - el desarrollo rural. Nosotros consideramos que el desarrollo rural ha de consolidar una agricultura multifuncional en el conjunto del territorio de la Unión, y que por ello es necesario que el desarrollo rural sea una de las prioridades de la Unión Europea.
El primer y el segundo pilar son dos instrumentos indisociables de la Política Agrícola Común, y por ello deben complementarse y ponerse al servicio de una agricultura multifuncional que permita el mantenimiento de numerosas explotaciones agrícolas en todo el territorio de la Unión Europea. Esta complementariedad entre el primer pilar y el segundo pilar creemos que es la única forma de impedir que en el seno de la Unión Europea se cree una agricultura dual: una que mire sólo a los mercados y dependa exclusivamente de las ayudas de mercado, y otra de espaldas a los mercados agrícolas y que dependa de ayudas desconectadas de la producción.
No es un buen modelo, no sería un buen modelo, que el primer pilar y el segundo pilar sean como dos compartimentos estancos e incomunicables, que se concentre toda la multifuncionalidad en el segundo pilar, en el desarrollo rural. Sr. Fiori, como usted acaba de hacer referencia a mi informe, tengo que decirle que estimo que su visión es equivocada y en último término ineficaz.
La agricultura multifuncional nos debe permitir hacer compatible la gestión de mercados y la gestión de los territorios rurales y hacer posible la existencia y la viabilidad de los agricultores de las explotaciones agrarias en todo el territorio de la Unión actual y de la ampliada.
Es cierto que la Agenda 2000 creó el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, y lo aplaudimos. Pero tenemos que denunciar que es cierto que está dotado de un presupuesto escaso: el 10% de todo el presupuesto de la PAC es el que dedicamos al desarrollo rural. Por lo tanto, pedimos una mayor dotación presupuestaria, un reforzamiento presupuestario de este pilar, para que pueda afrontar los retos que tiene ante a sí.
También hemos observado de forma negativa que la desigual aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de desarrollo rural no dan en todas las ocasiones un resultado positivo para las zonas rurales de la Unión. Sobre todo para aquéllas profundamente rurales, más atrasadas, más periféricas, que no encuentran una verdadera solución satisfactoria a estos problemas.
Por ello, proponemos que, sin menoscabo de las competencias de las autoridades nacionales, podamos definir prioridades en el segundo pilar de la PAC para avanzar en la definición de un núcleo de acciones prioritarias a nivel comunitario que garanticen el desarrollo sostenible en la Unión. Proponemos también que la Comisión defina una nueva tipología de zonas rurales que deberá facilitar la fijación de medidas prioritarias para cada territorio, y a su vez nos sirva para permitir una aplicación de distintos porcentajes de cofinanciación en función de las diversas problemáticas rurales presentes en la Unión.
Pedimos que, en el marco de la revisión intermedia de la Agenda 2000, llevemos a cabo una modulación obligatoria y uniforme de las ayudas del primer pilar. El Sr. Fiori ha dicho que la voluntad ya ha sido un fracaso. Por lo tanto, modulación obligatoria y uniforme de las ayudas del primer pilar, para utilizar estos recursos liberados, no sólo a las medidas a las que actualmente podemos dedicarlos, -sector agroambiental, jubilación anticipada, reforestación-, sino a todas las medidas establecidas en el Reglamento del desarrollo rural.
Estimamos que dentro de esta medida y en la revisión intermedia debemos reforzar la ecocondicionalidad de las ayudas y establecer una vinculación entre la ejecución de pagos directos y los servicios prestados en el ámbito de la multifuncionalidad, ampliando las medidas de la ecocondicionalidad en favor del desarrollo rural sostenible.
Pedimos también que se simplifique el marco comunitario de apoyo al desarrollo rural mediante la creación, a partir de las dos secciones del FEOGA-Garantía y del FEOGA-Orientación, de un único fondo agro-rural para el conjunto de la PAC. Y con ocasión de este informe en favor de una agricultura multifuncional, de una política agrícola multifuncional diferente, finalizo pidiendo la codecisión, para este Parlamento, en el ámbito de la política agrícola.

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el trabajo de ambos ponentes, el Sr. Fiori y la Sra. Rodríguez Ramos. Yo voy a referirme sobre todo al informe de la Sra. Rodríguez Ramos. En mi calidad de 'ponente en la sombra? del Grupo del PPE, debo manifestar mi agradecimiento por la buena colaboración mantenida con la Sra. Rodríguez Ramos. La revisión intermedia de la Agenda 2000 marca una etapa importante para la agricultura, puesto que el ulterior desarrollo de la Política Agrícola Común reviste justamente una gran importancia en un contexto global. Es preciso definir a tiempo las orientaciones adecuadas. Yo acojo, por consiguiente, con suma satisfacción ambos informes de propia iniciativa.
Me parece positivo que en el informe de la colega se preste mucha atención al desarrollo rural, con todas sus exigencias, problemas, oportunidades y posibilidades. Su futuro fomento en el marco del segundo pilar de la PAC es un objetivo verdaderamente importante para mí, sin que este apoyo se deba brindar a expensas del primer pilar de la PAC. También es importante destacar la multifuncionalidad de la agricultura, que ofrece la posibilidad de crear empleo y también tiene muchos otros efectos positivo para las zonas rurales en su conjunto, para el medio ambiente, la economía y el mantenimiento del paisaje humanizado. También quiero destacar que el apoyo a todas las explotaciones agrícolas en todas las regiones de Europa y sobre todo a los agricultores es un objetivo muy importante para mí, puesto que las estructuras rurales dependen de la existencia de dichas explotaciones, así como de la voluntad de las mismas de proteger dichas estructuras.
En muchas partes de Europa es necesario fortalecer la agricultura y orientarla hacia un desarrollo sostenible, sin descuidar no obstante, naturalmente, su competitividad. Yo les insto a que velemos por que la seguridad de los alimentos siga estando garantizada. La confianza de los consumidores y la calidad de los productos agrícolas son fundamentos importantes de la agricultura actual. Yo creo que es importante que esta revisión intermedia no se aproveche para cuestionar de manera genera general las normativas actuales de la PAC.
Una revisión intermedia no equivale, a mi modo de ver, a una revisión de la Agenda 2000 y de las normativas actuales. Evidentemente, será necesario introducir algunas correcciones como respuesta a los resultados de dicha revisión. Sin embargo, la Agenda 2000 se debe aplicar y es necesario examinar sus efectos a largo plazo. La problemática de la ampliación tampoco se debe mezclar, por otra parte, con el debate sobre la Agenda 2000 y la revisión intermedia que ahora estamos desarrollando. El modelo de la agricultura europea debe seguir estando asegurado en el futuro. Si se pide una modulación obligatoria de las indemnizaciones compensatorias, es necesario que también esté asegurada la cofinanciación obligatoria de los Estados miembros.
Recapitulando, yo quisiera manifestar y resaltar que el fomento del desarrollo rural no puede ir en ningún caso a cargo del primer pilar de la PAC, sino que se deben poner a disposición recursos financieros adicionales para ampliarlo. En el Parlamento Europeo esperamos, por lo tanto, con gran expectación las propuestas de la Comisión relativas a la revisión intermedia, a favor de un desarrollo positivo de la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales y, por consiguiente, a favor del futuro de los agricultores de Europa.

Garot (PSE). -
Señor Presidente, señor Comisario, de entrada soy partidario de que se respeten los principios fundadores de la PAC, me opongo a toda forma de renacionalización y estoy a favor de que se efectúen ajustes significativos de dicha PAC, en el marco de los acuerdos financieros de Berlín, para responder a las nuevas expectativas de nuestra sociedad. Más que nunca la PAC debe promover o reforzar en todas sus OCM el carácter multifuncional de nuestra agricultura, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, el desarrollo rural y los equilibrios territoriales, así como el bienestar de los animales. Eso es lo que hoy esperan de nuestra agricultura nuestros conciudadanos. Eso es lo que justifica nuestro modelo europeo agrícola, cuyo reconocimiento debemos buscar con obstinación en el escenario internacional. En otros términos, necesitamos una agricultura que pase del 'producir más? al 'producir mejor?.
Pero debemos ser claros. Si bien, por un lado, no existe futuro para nuestra agricultura fuera de respuestas auténticas a las expectativas ciudadanas, por otro lado, no existirá una verdadera multifuncionalidad si la política que se aplica no permite a sus actores obtener rentas suficientes que a la vez les permitan mantenerse en el conjunto de los territorios. La sociedad consumidores/contribuyentes debe en este caso asumir sus responsabilidades. Desde el punto de vista político, eso significa que debemos preocuparnos, con el mismo grado de compromiso, tanto de las necesidades de la sociedad moderna como de la situación de las rentas agrícolas. En tal sentido, quiero prevenir contra toda orientación que trate de restringir la PAC únicamente a la remuneración pública de la multifuncionalidad en el marco de un pilar rural consolidado, sometiendo, por lo demás, la agricultura a la desreglamentación de los mercados. En este mismo orden de cosas, denuncio la política de los Estados Unidos, que, a través de un aumento de las ayudas públicas, contribuirá al descenso de los precios mundiales y a inundar nuestros mercados de productos OMG.
En definitiva, y para concluir, abogo por una PAC restaurada basada, primero, en un presupuesto que esté siempre a la altura de sus prioridades, con ayudas públicas distribuidas de manera equitativa a los agricultores sobre la base de modulaciones; en segundo lugar, por una política de gestión de los mercados reforzada que valorice la calidad de los productos, que reduzca, además, nuestra dependencia con respecto a determinadas importaciones como las de proteínas vegetales, y basada, en tercer lugar, en una política de rentas agrícolas que garantice la durabilidad de las explotaciones en el conjunto de los territorios. Toda adaptación de la PAC que se aleje de estas tres exigencias engañaría a la vez a nuestros conciudadanos y a nuestros agricultores.

Olsson (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la señora Rodríguez Ramos y al señor Fiori por el enorme trabajo que han realizado en relación con estos dos informes. No tengo mucho que agregar en relación con el informe Rodríguez Ramos, pero quisiera hacer algunos comentarios en torno al informe Fiori.
Creo que es conveniente que decidamos si queremos mantener o desarrollar la política agrícola. Las mejores comunicaciones físicas y electrónicas nos hacen cada vez más dependientes de los países de nuestro entorno. La UE no puede aislarse y llevar adelante una política agrícola propia. Tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre en el resto del mundo.
Las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio cobran cada vez más importancia y se convierten en normas para nuestro proceder. Esto se acentúa por la próxima adhesión a la UE de los países de Europa Central y del Este. La UE ampliada será el principal actor en el mercado mundial de alimentos. Por eso debemos asumir también un papel protagonista en el futuro desarrollo. Ahora que EE.UU. ha aumentado las subvenciones a la agricultura, la UE debe intentar seguir adelante, abriendo el mercado mundial e incorporando a los países en vías de desarrollo a este mercado, que de esta manera funcionará mucho mejor. Esto posibilitaría también a los países en vías de desarrollo demostrar - mediante el crecimiento - su poder adquisitivo en el mercado mundial, ya que su necesidad de alimentos es enorme.
Señor Presidente, creo que valdría la pena pensar en todo esto cuando se redacte el informe y durante los trabajos para reformar la política agrícola. Para los agricultores europeos la existencia de un mercado mundial que funcione adecuadamente es más importante y puede ser una mayor garantía de ingresos que un sistema de subvenciones cada vez más frágil, cuyo desarrollo futuro ha dejado de ser incuestionable.

Jové Peres (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Consejo de Berlín limitó la reforma intermedia de la Agenda 2000 -y los dos informes de iniciativa se referían precisamente a las futuras propuestas de la Comisión sobre la revisión de la Agenda 2000- al respeto de los límites de las perspectivas financieras y a la eventual revisión de los precios de intervención de los cereales y de las cuotas lácteas.
Las perspectivas financieras se han respetado, más aún, el gasto ejecutado ha quedado muy por debajo de lo presupuestado. En cuanto al precio de los cereales, desde mi punto de vista, la necesidad real consistiría en restaurar el diferencial de precio de las oleaginosas para corregir el déficit estratégico de proteínas vegetales. Sin embargo, sería necesario no realizar experiencias con el triguo duro o el arroz para evitar riesgos de desaparición del cultivo. Y en cuanto al régimen de cuotas lácteas, deberíamos abstenernos de realizar experimentos que pudieran acarrear consecuencias desastrosas en zonas de montaña.
Por ello, yo creo que la interior intermedia de la Agenda 2000 en ningún caso debería traducirse en lo que yo llamaría una reforma radical, con restricciones presupuestarias, de cara a la ampliación. Sin embargo, se podrían reformar ciertos aspectos de la Agenda 2000 que han dado muestras de mal funcionamiento o de falta de eficacia. Por ejemplo, la aplicación de la modulación debería ser obligatoria y uniforme en todos los Estados miembros, y se debería ampliar considerablemente el ámbito de uso de los fondos liberados para su aplicación.
En relación a los temas de desarrollo rural, he aquí algunos apuntes: el clientelismo político puede comprometer la consecución de objetivos confiados al desarrollo rural. La exigencia de cofinanciación, tal como está diseñada actualmente, crea un déficit de acciones de desarrollo rural en las regiones más pobres, que son las más necesitadas, y las acciones predominantes en algunos países tienen poco que ver frecuentemente con un desarrollo rural sostenible.
El informe de la Sra. Rodríguez Ramos creo que aborda muy bien estos problemas y por ello recibirá sin ninguna reserva el apoyo de mi Grupo. En cuanto al informe del Sr. Fiori, es necesario reconocer que mantiene algunos problemas de estructura, derivados posiblemente del elevado número de enmiendas que recibió. Ahora bien, el Sr. Fiori sabe que mi Grupo -y yo personalmente- hizo un esfuerzo importante para poder consensuar algunos aspectos en relación a las enmiendas que yo había presentado, y a mí me pareció que el resultado final de la votación de la Comisión de Agricultura reflejaba ciertos compromisos entre todos los miembro de la comisión.
Me he visto sorprendido por las enmiendas finales del Sr. Fiori que se votarán mañana, y quiero manifestarle, con todo mi cariño, que yo no comparto la opinión que nos acaba de explicar, de que hay que confrontar una visión económica, empresarial, que debe existir también en gran parte de la agricultura, con las políticas de modulación. Yo creo que las políticas públicas deben ser políticas referidas a objetivos concretos, -desarrollo sostenible, creación de empleo, criterios sociales-, y que en ningún caso deben ser incompatibles con esa visión empresarial y económica de la agricultura. Ahí tengo una diferencia con el Sr. Fiori y, de ser aprobadas sus enmiendas, que suprimen la modulación, yo aconsejaré a mi Grupo que no vote a favor de su informe.

Mathieu (EDD). -
Señor Presidente, la caída de los precios de los cereales, de las aves de corral, del cerdo, de la carne de bovino, el abaratamiento de las importaciones, la inestabilidad de los mercados internacionales, todo ello forma parte de la vida cotidiana de los agricultores. Sin embargo, la agricultura, al igual que las otras actividades económicas, requiere ciertas perspectivas. Debemos aprovechar el examen a medio plazo de la PAC para confirmar los objetivos fijados por la Agenda 2000 y para tranquilizar a los agricultores en cuanto a la determinación de los negociadores de defender nuestras producciones y de imponer nuestro modelo agrícola en las discusiones internacionales. Misión difícil, cuando vemos que la Comisión ha hecho caso omiso de los dictámenes de los Estados respecto al expediente de la reforma de la Política Pesquera Común.
El objetivo de la PAC radica en una producción diversificada repartida en el conjunto del territorio. Sus dos pilares deben guardar coherencia entre sí para garantizar una renta decente a los agricultores, una renta basada sobre todo en el precio de los productos. Deben existir unas organizaciones comunes de mercado, con sus instrumentos de regulación de los mercados, que sigan desempeñando un papel esencial, reforzando al mismo tiempo el pilar del desarrollo rural. Este último debe asimismo permitir que los agricultores respondan a las nuevas expectativas de la sociedad en materia de calidad, de protección del medio ambiente, de bienestar de los animales, y financiar los costes adicionales que el mercado no puede asumir. Pero este segundo pilar puede también convertirse, por una parte, en instrumento de innovación, favoreciendo, por ejemplo, la pluriactividad, la diversificación de las producciones como las de proteínas vegetales y, por otra, en instrumento de futuro, favoreciendo la instalación de jóvenes agricultores, facilitando concretamente la reactivación de explotaciones, para permitir así que los mayores se retiren de la profesión con dignidad.
La vocación del desarrollo rural, sin embargo, no consiste en hacer frente a todos los desafíos medioambientales, sociales y territoriales del mundo rural. Por otra parte, ese no es el papel de la PAC. Se trata en este caso de políticas de ordenamiento territorial que caen, pues, dentro de la competencia y la responsabilidad de los Estados miembros en el marco de la subsidiariedad. El presupuesto agrícola no puede sustituir la insuficiente financiación de proyectos distintos de los agrícolas, como es el caso de proyectos con objetivos puramente medioambientales como los programas LIFE, por citar sólo un ejemplo.
La ampliación, finalmente, constituye otro desafío para nuestros agricultores. Habrá que procurar que éstos no cuestionen los equilibrios, de por sí frágiles, a la vez de los Estados miembros y de los países candidatos.

Jeggle (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el término 'revisión intermedia? referido a la Agenda 2000 es uno de los conceptos clave del actual debate político a escala europea. Cada uno de nosotros tiene sus preferencias personales sobre el tema. Tanto el debate en la Comisión de Agricultura como las numerosas enmiendas presentadas así lo demuestran. Ambos ponentes merecen todo el agradecimiento por el gran ahínco con que han procurado integrar en la mayor medida posible las aspiraciones de sus colegas en sus informes. La revisión intermedia, en su calidad de balance básico, debe entenderse como una opción para el futuro; es decir, que la Agenda 2000 se debe mantener como marco obligatorio hasta 2006. La Política Agrícola Común se debe seguir desarrollando sobre esta base.
A la vista de la situación en el mercado mundial, en el contexto de su globalización, es preciso rechazar con toda claridad cualquier tendencia a la regionalización. Nuestra Política Agrícola Común se debe plantear con una perspectiva a largo plazo y todos deben poder calcular su coste. En otras palabras, no debemos perder de vista el objetivo, que es reducir la burocracia a través de la simplificación. Las formas de producción que desea la sociedad se deben conseguir sobre todo mediante incentivos adecuados y con menos obligaciones y prohibiciones. Un gran interrogante es cómo vamos a cuidar del mantenimiento de las zonas rurales y a revitalizarlas.
Para ello es imprescindible un apoyo eficaz a los jóvenes agricultores, También queremos fortalecer el segundo pilar. ¿Qué se entiende, sin embargo, por sector agrario? El objetivo ha de ser dejar claro que no es cierto que el mantenimiento del paisaje y los servicios ecológicos 'no cuestan nada?, sino que tienen un valor de mercado identificable. El primer objetivo es la seguridad y una competencia equitativa para los agricultores, unidas a una mayor libertad para las explotaciones, con un enfoque global de sus aportaciones. El segundo es una excelente calidad de los productos, cualquiera que sea su forma de producción, unida a los necesarios ingresos.
La seguridad controlada de toda la cadena de producción es nuestro tercer, pero también irrenunciable, objetivo para el ulterior desarrollo de la Política Agrícola Común, señor Comisario.

Fruteau (PSE). -
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy está muy claro que debemos reconstruir un modelo agrícola europeo que no gire exclusivamente en torno a la producción. Debemos redefinir, por el contrario, una agricultura multifuncional capaz de garantizar el equilibrio social y la estabilidad del empleo, la ordenación territorial y el respeto del medio ambiente. En mi opinión, esta elección política es, indiscutiblemente, una buena elección. A la misma se añade un desafío: el de reformar nuestra política agrícola común para adaptarla a los retos del siglo XXI, con el fin de garantizar un futuro a nuestro modelo agrícola en una economía cada vez más globalizada. Se trata de un proyecto ambicioso, pero es vital. Dotémonos de los medios que estén a la altura de esta ambición, reorientando progresivamente una parte significativa del presupuesto comunitario del pilar 'mercado? hacia el pilar 'desarrollo rural?, fomentando al mismo tiempo todos los tipos de explotaciones agrícolas y sobre todo las más frágiles. Puesto que Europa no debe sacrificar las producciones que considera poco rentables en aras del 'todo beneficio?.
Señorías, me dirijo asimismo a ustedes en nombre de los productores de las regiones ultraperiféricas, que a menudo se sienten abandonadas frente al aniquilamiento de numerosas organizaciones comunes de mercado impuestas por la OMC, siguiendo el dictado de los norteamericanos. El sector de la caña de azúcar-ron representa cerca de 40.000 empleos en los Departamentos de Ultramar franceses, el plátano representa 65.000 empleos en las Antillas y en Canarias. Ello no sólo es importante para la supervivencia de estos territorios, sino también para la defensa de nuestro modelo agrícola europeo: si dejamos de apoyar dichas producciones dejaremos el campo libre a las multinacionales de América Latina, para las cuales el respeto de las normas sociales, medioambientales, o incluso simplemente de la dignidad humana no es más que accesorio. Y abandonaremos la agricultura que deseamos construir, una agricultura ligada a la protección del medio ambiente, de los consumidores, y respetuosa de la cohesión económica, social y también territorial de la Unión Europea.

Pesälä (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, doy las gracias a los ponentes por el trabajo tan valioso que han realizado. Estoy especialmente satisfecho por los principios inscritos en el informe de la Sra. Rodríguez Ramos, según los cuales en el futuro también tendrá que ser posible practicar la agricultura en todo el territorio de la UE actual y de la ampliada. Espero que la Comisión tome nota del mensaje incluido en el informe en relación con la necesidad de tener más en cuenta en la futura Política Agrícola de la UE los diferentes factores climáticos y las condiciones de cultivo.
Lo anteriormente mencionado está relacionado con la cuestión principal que más destaca en estos informes: la modulación. Todo el mundo habla de ella, pero aún no se ha decidido cómo se llevará a cabo. Ni tampoco todo el mundo muestra entusiasmo por la misma. En el Grupo ELDR hemos partido de la base de que la modulación es necesaria. Es verdad que la política actual de la UE concede demasiado dinero a las grandes explotaciones e incluso a las regiones más productivas de la UE sin que ésta canalice la utilización de estos fondos hacia un desarrollo estructural o hacia el desarrollo sostenible. Por ello, la modulación debe ser el medio a través del cual también se reconduzca la concesión de fondos hacia todo el territorio de la UE en favor de la calidad de los alimentos y de la seguridad alimentaria.

Fiebiger (GUE/NGL).
Señor Presidente, ambos informes y una buena parte de las enmiendas parten de la voluntad política de mantener vigentes las decisiones de Berlín y de organizar la ampliación sobre la base de este modelo agrario europeo. El objetivo principal es mantener los pagos vinculados a la OCM, con la aplicación del instrumento de regulación de las cantidades comercializadas mediante una compensación financiera, tal como se había previsto. Este planteamiento a largo plazo ha sido un puntal fundamental del éxito de la Política Agrícola Común y no se debería minimizar su importancia.
Conviene mejorar la competitividad a escala nacional mediante la aplicación de modelos de cooperación para el desarrollo de las zonas rurales, como uno de los factores económicos que determinan la situación profesional de los agricultores. Esto requiere una producción de alta calidad y un alto grado de aplicación de métodos de cultivo más naturales. Asegurar de manera duradera la multifuncionalidad del modelo agrario europeo es el planteamiento de fondo de ambos informes. Un abandono de este modelo supondría no seguir avanzando por un camino que los ciudadanos de las regiones apenas han empezado a transitar. Lo que falta es un amplio debate social sobre si es posible asumir los riesgos de la multifuncionalidad. Yo opino que sí.
Para acabar, quiero decir que soy contrario a cualquier tipo de economías de escala. El modelo agrario europeo no las ha requerido hasta ahora y esto habla a favor de la capacidad de desarrollo y las posibilidades de la Política Agrícola Común.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, algunos Estados miembros no dudaron ni un instante en aprovechar los nuevos fondos creados con motivo de la incorporación a la Agenda 2000 de la política de desarrollo rural. Por desgracia, las autoridades neerlandesas fallaron: su visión sobre el medio rural se limitó a la adquisición de reservas naturales, lo cual es una visión obsoleta. Al comprar los terrenos a los agricultores el medio rural desaparece, dando paso a un paisaje artificial en el que predominan los parques. Por todo ello he presentado una enmienda que debe poner fin a este uso indebido de las ayudas al medio rural en el futuro.
Los ponentes Rodríguez Ramos y Fiori consideran la despoblación como uno de los principales problemas del medio rural, hasta el punto de que este elemento sirve de base para su visión de la política de desarrollo rural. Prestan demasiada atención a los problemas sufridos por sus propios Estados miembros. En mi región el medio rural no se ve afectado por el problema de la despoblación. En los Países Bajos la principal amenaza emana de la urbanización y el creciente caos. El agricultor que no obtenga suficientes ingresos a través de la agricultura va en busca de todo tipo de actividades complementarias. Algunas de estas actividades perjudican al paisaje. También es triste que las granjas acaben convirtiéndose en meros almacenes de caravanas. La política europea de desarrollo rural también ha de centrarse en estos problemas.
El Sr. Fiori hace un flaco servicio a este Parlamento. ¡Ha elaborado tan sólo dos informes en un año: primero el informe sobre la genética humana y ahora éste! En el presente documente sobre el balance provisional de la reforma nos hubiera gustado emitir una señal a la Comisión acerca de la opinión del Parlamento sobre la política agrícola común, pero en lugar de buscar un denominador común el ponente ha fundamentado su informe en el modelo agrícola italiano, lo cual no es del agrado de los demás Estados miembros y diputados europeos. El informe ha degenerado en un documento plagado de contradicciones internas en el que ni el Parlamento, ni la Comisión y menos aún el Consejo pueden apoyarse. ¡Los agricultores europeos merecen un trato mejor!

Redondo Jiménez (PPE-DE).
Señor Comisario, cuando en el año 1999 se firma en Berlín la Agenda 2000 todos respiramos, puesto que se abría un período de tranquilidad presupuestaria donde la multifuncionalidad había asentado con fuerza sus cimientos y garantizaba la pervivencia de un medio rural sostenible, donde calidad, seguridad y respeto al medio ambiente habían encontrado su sitio. Su revisión intermedia, por lo tanto, es clave.
La Política Agrícola Común está viviendo, en estos momentos, un gran cambio, debido a los desafíos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea, sobre todo, en sus retos de la ampliación al Este y las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
La Unión Europea se prepara para emprender en el año 2003 la revisión de la PAC, que podría ser la antesala, de una reforma más profunda prevista para el año 2006. Una de las claves de este debate es la modulación de las ayudas de la política de mercado para trasvasar fondos al segundo pilar, al desarrollo rural, donde nos hemos quedado cortos; de esta manera conseguiríamos una política, a juicio de muchos, más coherente con los compromisos adquiridos en la OMC, además de facilitar el camino a la adhesión.
Pero lo que parece una meta loable puede ser también un arma de doble filo. Todos queremos que los agricultores contribuyan al mantenimiento duradero de las zonas rurales, pero éstas no pueden vivir sin agricultores, y además, si intentamos conseguir a toda costa el objetivo final, corremos el riesgo de equivocarnos en los medios utilizados, porque todos queremos un mayor desarrollo rural, pero este no puede realizarse poniendo en peligro la rentabilidad de la actividad agraria. Cualquier ajuste que haga la Unión Europea en las ayudas directas a la renta debe realizarse sin que ello suponga un perjuicio para la renta de los agricultores.
Por lo tanto, si aceptamos la modulación de las ayudas de la PAC, esta modulación debería realizarse siguiendo parámetros que no den al traste con la competitividad de las explotaciones y que tengan en cuenta las desigualdades económicas de la Unión Europea. Debemos ser, pues, sumamente prudentes a la hora de transmitir este mensaje a la sociedad. Esta actitud prudente es, creo, la que ha inspirado a la Comisión Europea cuando ha decidido aplazar al 10 de julio de la presentación de su propuesta de revisión de la PAC para 2003, una vez que los Estados Unidos hayan aprobado su nueva ley agraria. Esta nueva ley representa un giro de 180 grados en la política estadounidense al reintroducir un claro apoyo a los precios, lo que podría poner en clara desventaja a los productores comunitarios.
La Unión Europea no puede plegarse a los vaivenes de ningún país cuando está en juego el futuro de sus agricultores. Me gustaría que la Comisión Europea presentara sus propuestas a este Parlamento Europeo y calibrara muy cuidadosamente el impacto que va a tener la "Farm Bill". Exijamos al ejecutivo comunitario el informe sobre dicho impacto con el fin de tener las cuentas claras. Si debemos optar por la modulación, esta debe ser planteada con cuidado, siguiendo una línea prudente, que no nos lleve a una situación de no retorno para nuestros agricultores.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores colegas, el resultado de los reglamentos que hemos votado en el marco de la Agenda 2000 es nefasto para los agricultores. Con las recientes revisiones han aumentado las multas de corresponsabilidad, en tanto que las cuotas se han mantenido en niveles bajos en relación con las necesidades y la producción real, consecuencia de lo cual es el colapso de los precios y de la renta agrícola.
Han degenerado o se han anulado los precios de intervención y los precios mínimos, dejando a los pequeños y medianos agricultores en manos de la especulación de los descontrolados comerciantes industriales. Se han tomado decisiones como la anulación de las subvenciones al tabaco, que va a acarrear la desertización de grandes regiones de los Estados mediterráneos, las más pobres de la Unión Europea. Se altera el conjunto de la cadena de producción y alimentaria en beneficio de las grandes industrias de alimentos, con los sabidos escándalos alimentarios, y no se hace ninguna propuesta esencial para reorganizar la producción vegetal o para hacer frente con efectividad a fenómenos como los de la encefalopatía espongiforme.
Sólo podremos cambiar esta penosa situación si, previa la revisión de la PAC, se reexaminan los principios y las directrices de la Agenda 2000. Las mejoras complementarias sólo lograrán desorientar y esconder una situación mala para los pequeños y medianos agricultores, una situación que llevará fatalmente a su exterminio y a la concentración de la tierra en unas pocas empresas de carácter capitalista.

McCartin (PPE-DE).
Señor Presidente, al igual que ocurre con muchas otras cosas en este mundo, si hoy tuviéramos que diseñar una política agrícola común partiendo de cero, dudo mucho que ésta tomara la forma de la que tenemos actualmente. Cuando fui elegido por primera vez diputado a este Parlamento, la Unión era mucho más pequeña de lo que es hoy. Había nueve países con 20 millones de agricultores. Hoy, la Unión es mucho mayor y sólo tiene 6 millones de agricultores.
O sea, que no hemos conseguido nuestro propósito original de mantener a la población en las zonas rurales. No obstante, la población de la Unión Europea no ve la política agrícola común como un gran fracaso. Reconoce que nos ha asegurado el suministro de alimentos. Reconoce que la calidad de dichos alimentos ha mejorado con el paso de los años y, a pesar de que de vez en cuando surge algo que nos asusta y siempre surgirá, los consumidores de la Unión Europea están relativamente contentos porque les hemos proporcionado un producto seguro.
Quisiera señalar que a pesar de que a esta política destinamos una proporción relativamente modesta, en torno al 0,4%, del PIB de la Unión, los agricultores de países como Dinamarca y el Reino Unido reciben una media de 19.000 euros aproximadamente per cápita, pero si llegamos hasta el final de la lista, el medio millón de pequeños agricultores de Portugal sólo recibe 1.500 euros. Por lo tanto, no es una política socialmente justa. Irlanda ocupa un lugar intermedio con 11.000 euros per cápita. No hemos conseguido crear una situación socialmente justa.
No obstante, y además de haber hecho todo lo que acabo de decir, también hemos salvado muchas zonas rurales; esta política ha garantizado la permanencia de la población en numerosas ciudades, pueblos y comunidades. Debemos reestructurarla para que sea más justa socialmente. No debemos olvidar que la función primera de la agricultura es producir alimentos, y debemos garantizar que los alimentos sean seguros.
Hay dos cosas que preocupan a los agricultores de Europa en estos momentos: el exceso de trámites burocráticos y las restricciones que se les impone. Se están importando productos alimenticios de fuera, como por ejemplo conservas, pollo y otras cosas, cuya seguridad no pueden garantizar y esto no les gusta.
La tercera cuestión es que no podemos divisar el futuro porque no conseguimos llegar a un acuerdo con los estadounidenses. Debemos establecer un sistema que permita averiguar la procedencia de los alimentos, cualquiera que sea su lugar de origen, y debemos llegar a un entendimiento con nuestros competidores en los mercados mundiales.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el trabajo que han realizado ambos ponentes, el Sr. Fiori y la Sra. Rodríguez Ramos, y manifestar también mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura, encabezada por el presidente Daul, por sus amplias aportaciones al debate sobre la revisión intermedia. Yo creo que ambos informes plantean, en principio, la siguiente pregunta: ¿qué forma debe adoptar la Política Agrícola Común que deseamos para el siglo XXI? El intento de responder a esta pregunta estimula un amplio debate sobre nuevas ideas. Lo que necesitamos son justamente buenas ideas nuevas.
Yo creo que un debate de estas características se debe desarrollar a partir de dos principios. Una futura Política Agrícola Común debe ser sostenible en todos los aspectos, desde un punto de vista económico, social y también ecológico. Además, deberá responder a las exigencias de la sociedad y los retos del momento. Pero ¿qué espera exactamente la sociedad? La respuesta no es necesariamente tan clara y sencilla como se podría pensar intuitivamente. La política agraria debe tener en cuenta una diversidad de aspectos. Los ciudadanos de la UE saben muy bien que actualmente la agricultura no produce sólo alimentos. Por consiguiente, esperan que cumpla sus múltiples tareas. A nosotros nos corresponde apoyar, por lo tanto, todas estas funciones.
Cuando hablamos de los intereses de la sociedad, no deberíamos olvidar que los agricultores también forman parte de nuestra sociedad, de manera que también se deben tener en cuenta sus necesidades, si queremos que nuestra agricultura sea socialmente sostenible. Tenemos que responder a las expectativas del conjunto de la sociedad y satisfacer al mismo tiempo las aspiraciones de las comunidades rurales. Yo siempre he dicho que la reforma de la PAC es un proceso. Un proceso que iniciamos en 1992, o sea, hace diez años, y este año tenemos la oportunidad de continuarlo con la revisión intermedia. Ésta nos brindará también la oportunidad de comprobar en qué aspectos debemos adaptar los instrumentos de la PAC, a fin de poder responder mejor a las expectativas de la sociedad. En efecto, si algo va mal en un determinado sector, tenemos que actuar ya y no podemos esperar hasta el año 2006, aunque la Cumbre de Berlín no adoptara un mandato explícito de revisión. Yo me congratulo de que el informe Fiori exprese exactamente la misma opinión.
No obstante, también queremos poder incluir en el análisis las posibles repercusiones del decreto estadounidense sobre las ayudas a las rentas de los agricultores, así como los análisis de previsiones que va a presentar a principios de junio el Food and Agriculture Policy Research Institute, FAPRI, norteamericano. Por esto, vamos a presentar nuestra revisión intermedia el 10 de julio. Esto también nos brindará, sobre todo, la oportunidad de considerar las observaciones que han hecho ustedes en sus informes y en el curso del debate de hoy en esta Asamblea.
El informe Fiori contiene un gran número de reflexiones concretas, que sin embargo no siempre cuentan con un apoyo unánime, dada la divergencia de intereses existente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y supongo que también en el conjunto de la Asamblea.. Así, por ejemplo, por un lado se pide un sistema de ayudas directas, que se deberá disociar de la producción, mientras por el otro lado se pide un incremento de las ayudas vinculadas a la producción. Evidentemente, será preciso examinar individualmente todos estos puntos. Sin embargo, no olviden que para ocuparnos de los sectores cuya revisión no se decidió en Berlín, o sea, por ejemplos, los del azúcar, las frutas, las hortalizas, el aceite de oliva y otros, primero será necesario realizar los meticulosos trabajos previos necesarios. Sólo entonces podrá presentar la Comisión posibles propuestas. En consecuencia, no podremos presentar un segundo paquete hasta el año próximo.
Yo opino, no obstante, que en el caso del arroz no debemos esperar a que se dejen sentir plenamente los efectos de la iniciativa 'Todo menos armas?. Más bien deberíamos empezar a reflexionar ya sobre cómo vamos a responder a los retos que ésta conlleva. Me alegra constatar que en el informe Fiori, a pesar de estar dedicado primordialmente a los mercados, o sea, al primer pilar de la PAC, se reconoce la necesidad de prestar mayor atención al desarrollo rural. En este sentido, me parecen muy interesantes las sugerencias relativas a las condiciones medioambientales. A pesar del decreto estadounidense sobre ayudas a las rentas de los agricultores, que se ha aprobado entre tanto, no deberíamos cejar en nuestros esfuerzos por mejorar la viabilidad futura de nuestra Política Agrícola Común, y no sólo porque el nuevo decreto recuerda enormemente la conducta de quien le recomienda a otro las virtudes del agua, mientras él mismo bebe vino. Los Estados Unidos dejan al descubierto con esta política todas las mentiras que nos han estado diciendo a lo largo de los años en lo que respecta a una agenda enfocada hacia el comercio. Esto es inaceptable y pueden tener la seguridad de que voy a seguir criticándolo.
Sin embargo, también estoy igualmente convencido de que la Unión Europea no debe proceder ahora del mismo modo y hacer marcha atrás en el ámbito de la política agraria. ¡Al contrario! Tenemos que continuar avanzando por el camino de consolidación de los aspectos multifuncionales de nuestra política agraria que hemos seguido hasta ahora. Esto también nos será útil, no en último término, en el contexto de la OMC, donde la actuación de los Estados Unidos ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los miembros.
Esto enlaza con el informe de la Sra. Rodríguez Ramos. La propuesta de resolución sigue en la mayoría de los casos un planteamiento parecido al de la Comisión en lo que respecta a la orientación y el papel futuros de la política de desarrollo rural. En particular, yo creo que la transferencia adicional de fondos del primer al segundo pilar constituye una señal importante. En efecto, con algo más de un 10% de los gastos agrarios del FEOGA destinados al segundo pilar no es posible alcanzar los excelsos objetivos acordados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo de julio del año pasado.
Aun así, la Política Agrícola Común debe contribuir a un desarrollo sostenible. Es necesario conceder mayor prioridad al apoyo a unos productos más sanos, con un mayor valor cualitativo, a métodos de producción más ecológicos, a las materias primas renovables y a la protección de la diversidad biológica. Por esto, yo también comparto la afirmación del informe Ramos en el sentido de que el primer y el segundo pilar de la Política Agrícola Común están concebidos como partes de un todo y se deben complementar mutuamente.
¿Cuál es la situación en lo que respecta a la traducción presupuestaria de la Agenda 2000? Cada año hemos gastado -ahora podemos confirmarlo- unos 2.000 millones de euros menos de los inicialmente previstos. Es decir, que estamos utilizando de manera muy responsable el dinero de los contribuyentes y por esto también hemos propuesto, con vistas a la ampliación, que la introducción de los pagos directos se realice de manera escalonada a lo largo de diez años, con objeto de no imponer, por un lado, un esfuerzo presupuestario excesivo a los Estados miembros de la UE de los Quince, pero no obstaculizar tampoco, por el otro lado, el proceso de reestructuración en los países candidatos. Con ello también queda claro, no obstante, que el presupuesto agrario, correspondiente a la única política totalmente comunitarizada a escala europea, no se puede utilizar como una cantera para financiar otras políticas, sobre todo no cuando se esperan de la agricultura unos servicios que jamás podrán quedar compensados a través de los precios de mercado.
Finalmente, permítanme que aborde un último punto, que rebasa los límites de la revisión intermedia pero que, no obstante, es importante para el futuro y, por lo tanto, deberíamos tenerlo presente ya al considerar cómo queremos seguir desarrollando la Política Agrícola Común. A mi parecer, este aspecto no se contempla suficientemente en ninguno de los dos informes, igual que sucede con el nuevo decreto estadounidense sobre las ayudas a las rentas de los agricultores. Aun cuando yo estaba firmemente dispuesto a apoyar activamente la iniciativa 'Todo menos armas? -porque en Doha nos fue de una gran ayuda y también lo seguirá siendo en el futuro-, tengo que recomendar una cierta prudencia cuando se considera la posibilidad de aplicar estos principios a todos los países en desarrollo. No es mi intención abordar en el contexto de este debate todos los aspectos que tengo en mente. Voy a limitarme a considerar dos de ellos.
Si la Unión Europea se propone seguir abriendo sin restricciones sus mercados agrícolas a los países en desarrollo, primero será necesario desarrollar mecanismos para evitar que los consorcios multinacionales induzcan a los agricultores de dichos países a abandonar sus cultivos tradicionales en favor de monocultivos extensivos de productos apropiados para la exportación. Con ello se conseguiría, en efecto, exactamente el efecto contrario del que ha reclamado el Parlamento Europeo en muchos otros contextos. Si en los países en desarrollo se cultivan, además, plantas genéticamente modificadas -para combatir las plagas y mejorar la situación alimentaria, por ejemplo-, la UE no puede rechazar simultáneamente ciertas importaciones, sólo porque contengan OGM.
Garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos son objetivos de una importancia decisiva para que la Política Agrícola Común obtenga aceptación. Por lo tanto, también es necesario profundizar considerablemente en estas cuestiones si queremos responder a las aspiraciones justificadas de nuestros consumidores. Yo quisiera destacar también este aspecto en el contexto de la revisión intermedia.
Antes de acabar, permítanme que vuelva a agradecer, no obstante, el gran esfuerzo que han realizado los ponentes, que han agrupado y coordinado de manera convincente planteamientos e intereses muy diversos sobre la Política Agrícola Común.
El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0130/2002) de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la posición común del Consejo (15396/2/2001 - C5-0035/2002 - 2000/0189(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Ponente: Sr. Cappato).

Cappato (NI)
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a las más de 17.000 personas que en cosa de unos días, en cuanto se difundió en Internet la noticia de que queríamos incluir en un instrumento del primer pilar sobre la armonización del mercado interior una referencia expresa a la posibilidad de la obligación de conservación de los datos, de todos los datos - comunicaciones electrónicas, telefónicas, Internet, SMS, teléfonos móviles - se han movilizado: cincuenta organizaciones en los Estados Unidos, la American Civil Liberty Union, así como muchos más se han movilizado contra esta idea y esta propuesta que para nosotros sigue siendo el punto más grave y controvertido, un punto que el acuerdo popular y socialista, siguiendo las indicaciones del Consejo, ha querido y decidido introducir en nuestra directiva, contra la posición de la primera lectura de este Parlamento, contra la posición y la indicación de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos.
Esta hora tan tardía no se corresponde a un debate tan importante y además habría sido una señal de respeto si la persona que en este Parlamento ha formulado estas enmiendas de transacción, en contra de todas las posiciones de la comisión que preside, hubiera venido cuando menos a explicarnos y a convencernos del porqué nosotros, los pobres cuatro, cinco o seis que hemos quedado en este Pleno, con nuestros Grupos, con los diputados, deberíamos aceptar un giro de 180 grados en las posiciones de la primera lectura.
Estamos llegando a un absurdo: una directiva relativa a la protección de la intimidad será una directiva aprobada de modo tal que nosotros seremos muy duros contra... ¿qué? Las comunicaciones comerciales no solicitadas. Sobre esto - sus Señorías lo saben - tengo mi opinión que algunos no comparten; creo que no es la legislación, el opt in o el opt out, que nos ayuda contra las comunicaciones comerciales no solicitadas, y el spamming ya está prohibido por cuatro o cinco motivos con las directivas existentes. Pues bien, una prohibición más no cambia nada en absoluto ante la incapacidad de hacer que se cumplan esas normas. Sin embargo, yo digo, en particular a los colegas que están convencidos de que una gran violación de la intimidad es cuando alguien nos envía una comunicación electrónica no solicitada: ¿cómo hacen, precisamente ustedes, a aceptar la introducción, contra todo fundamento jurídico - y pediría a la Presidencia que tuviera cuidado también con este punto, que comprobara la admisibilidad de aquellas enmiendas - de una norma expresa que dice: sí, ésta es una directiva de armonización del mercado interior, en esta directiva damos permiso a los Estados miembros - ¿ya lo tienen?, pero si lo tienen ya, ¿por qué hay que incluirlo, añadirlo? - ¿para efectuar una data retention generalizada, para imponer la conservación generalizada de los datos personales en las comunicaciones electrónicas? Todos nos dicen que no lo hagamos. Nos lo dicen las empresas, por los costes - pero, podemos decir, ¿a quién le importa las empresas? - nos lo dicen las organizaciones no gubernamentales, nos lo dicen las organizaciones que se ocupan de las libertades en la red, nos lo dice el Garante de la intimidad establecido con arreglo al artículo 29, presidente del Grupo de los garantes europeos que había expresado una posición favorable - mejor dicho, nosotros le hemos seguido, en la primera lectura - sobre las garantías necesarias para introducir cualquier tipo de excepción. Pero no. Hemos tomado la decisión, mejor dicho, se ha tomado la decisión en virtud del compromiso entre populares y socialistas de que todo esto se tenía que abandonar. ¿Para hacer qué? ¿Para llegar a un compromiso? No, porque hemos aceptado totalmente las posiciones que el Consejo proponía.
Puedo entender las exigencias que se pueden tener, el hecho de que la Presidencia española quiera concluir este dossier: creo que pueden ser exigencias de algunos de los miembros de este Parlamento. Sin embargo, no entiendo en qué estas exigencias, por sí solas, han podido arrastrar la posición global de este Parlamento. También se ha dicho - y creo que esto ha sido lo peor que se nos han dicho - no en este debate, porque este debate, justamente, se celebra cuando las decisiones ya han sido tomadas, sino en los últimos debates que hemos tenido, que las posiciones eran totalmente divergentes. No ha habido un debate capaz de convencer y, de hecho, quien ha propuesto los cambios no ha venido esta noche para tratar de convencernos.
¿Acaso se ha hablado de la lucha contra el terrorismo? ¿Acaso necesitamos esa frase en un instrumento de armonización y de liberalización de las telecomunicaciones para la lucha contra el terrorismo? Esto no es verdad. Es una mentira: tras el 11 de septiembre, todos los analistas han sido unánimes a la hora de decirnos que lo que faltaba no eran los datos, sino la capacidad de analizar esos datos. Ahora necesitaríamos de verdad una acción contra la delincuencia capaz de invertir en la capacidad de analizar los datos, e imponer una conservación de los datos generalizada respecto a todos los ciudadanos va justamente en la dirección contraria, en la dirección de los errores que se han cometido. Por esto, pido - casi me da vergüenza apasionarme de esta forma pero creo que, a fin de cuentas, los colegas que se han quedado se lo merecen - que se pueden cambiar todavía las posiciones adoptadas, y pido que al menos esa frase que no tiene nada que ver - es una frase del tercer pilar, una frase de cooperación, justicia y asuntos interiores, la inclusión de la posibilidad para los Estados miembros de hacer leyes que pidan la conservación generalizada de los datos - al menos esa frase improcedente se elimine de nuestra directiva.

von Boetticher (PPE-DE).
Tras la votación en nuestra comisión, hemos estado intentando alcanzar un compromiso con el Consejo sobre los aspectos conflictivos. Todos deseábamos evitar el procedimiento de conciliación, aunque quiero añadir ya que no a cualquier precio. La colega Paciotti adoptó una posición muy cómoda de entrada y declaró explícitamente que apoyaría todos los puntos que fuesen aceptados por el Consejo. ¡Una posición ciertamente muy curiosa tratándose de una parlamentaria! La Sra. Palacio Vallelersundi presentó a continuación al Consejo algunas propuestas de compromiso en nombre de nuestro Grupo y también negociamos el paquete en incontables reuniones y conversaciones con la Presidencia del Consejo. Ahora el Consejo, en un movimiento táctico muy inteligente, como de costumbre, ha desmenuzado, naturalmente, nuestro paquete y ha negociado individualmente todas las propuestas de compromiso con los distintos interesados. Como resultado, aceptamos inicialmente como compromiso, en relación con el tema del almacenamiento de datos, la posibilidad de unas desviaciones nacionales estándar con respecto a la normativa general europea, sin que sea necesaria, por lo tanto, una decisión individual en cada caso. Además, también renunciamos a la limitación temporal y, por consiguiente, aceptamos de hecho la posición del Consejo prácticamente en su totalidad.
En relación con la publicidad a través del correo electrónico, aceptamos, pese a nuestras fuertes reticencias, el principio de 'inclusión? (opt in) como norma general. Un requisito para ello era, sin embargo, a mi modo de ver, que se estableciera un ámbito de aplicación amplio cuando ya exista un contacto entre los interesados y las empresas. Sin embargo, ahora se ha introducido un redactado restrictivo, según el cual las empresas sólo podrán hacer publicidad de productos análogos a los ya solicitados por el cliente. Además también se ha suprimido el concepto de 'cooperación? del ámbito de aplicación que nosotros proponíamos.
Yo habría podido -y puedo- aceptar todas estas restricciones como un compromiso, si el Consejo se hubiese aproximado a nuestra posición en relación con el último tema y hubiese aceptado claramente la posición de la 'exclusión? (opt out) en el caso de la guía de abonados- Sin embargo, en este aspecto, el Consejo sólo se mostró dispuesto a aceptar una variante, por la que la decisión se dejaría en manos de los Estados miembros. Esto significa, empero, que el Consejo no ha aceptado ni siquiera bajo una forma aproximada ninguno de los puntos clave para el Parlamento. Yo también creo que esto difícilmente se puede aceptar y, por lo tanto, repito: es cierto que queremos evitar el proceso de conciliación, ¡pero no a cualquier precio! Si el Consejo quiere jugar al póquer, seguiremos su juego y, desde nuestro punto de vista, esto significa que debemos mantenernos firmes en relación con este tema y apoyar la enmienda 14 del Sr. Cappato. De lo contrario, en la práctica habremos salido perdiendo en casi todos los aspectos en la negociación extraoficial, sin conseguir nada a cambio.

Paciotti (PSE).
Señor Presidente, por tercera vez volvemos a votar sobre la propuesta de modificación de la directiva relativa a la protección de datos en las telecomunicaciones y a hablar de opt in y de opt out. Mi posición, a diferencia de la del ponente, sigue firmemente a favor del derecho de los ciudadanos de elegir con antelación si sus datos pueden o no pueden incluirse en listas públicas y si desean o no desean recibir comunicaciones no solicitadas. Compruebo con satisfacción que ésta es la posición de la Comisión y la posición del Consejo que han mostrado también su disponibilidad a alcanzar soluciones de compromiso que respondan a algunas de las demandas más razonables de los empresarios del sector de las telecomunicaciones. De ahí la presentación de nuevas enmiendas de transacción que he firmado junto con la Sra. Palacio. Si estas enmiendas serán aprobadas tendremos por fin, según el resultado de la votación de mañana, una nueva importante directiva que contribuirá a desarrollar el mercado electrónico en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A este fin se ha debido buscar también una solución aceptable para el Consejo al problema de la conservación de los datos para proteger la seguridad nacional. En Italia, mi país, estos datos se conservan durante cinco años. El artículo 14 de la Directiva actual ya prevé que los Estados miembros pueden adoptar medidas legislativas para limitar los derechos a la confidencialidad de las comunicaciones necesarias para proteger la seguridad del Estado. La solución prevista en la enmienda de transacción 46 añade que, de conformidad con los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dichas medidas deben ser oportunas y proporcionadas dentro de una sociedad democrática, que la conservación de los datos se puede admitir sólo por un plazo limitado, que la legislación sobre la materia debe ser conforme con los principios contenidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y por lo tanto, en especial, con los principios reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y por las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros que hoy - estas tradiciones - están resumidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Como toda solución que debe establecer un equilibrio entre intereses diferentes, ésta debe valorarse en su conjunto. Me parece razonable y sostenible, habida cuenta de que el Parlamento Europeo no tiene el poder de conseguir que el Consejo impida a los Estados miembros la conservación de los datos de tráfico por razones de seguridad nacional. No lo podemos impedir; podemos dar un marco de garantías, de certezas y de protección de los derechos fundamentales para que la futura legislación los tenga que respetar.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, mi Grupo deplora el modo en que se ha tratado esta cuestión durante las pasadas semanas. Se ha dejado de lado la votación en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, así como a los ponentes, y entre la Presidencia y la dirección de los dos grupos mayoritarios han tendido una trampa de lo más conveniente.
Mi Grupo respetará el acuerdo alcanzado en comisión y votará a favor del sistema de optar por la exclusión de las guías públicas. Intentaremos suprimir la limitación burocrática en el sentido de que las comunicaciones comerciales por correo electrónico sólo se permitan para productos similares a los adquiridos anteriormente. Pero nuestra principal preocupación es el intento del Consejo y de los grupos mayoritarios de conferir amplios poderes para exigir a las empresas de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de Internet que almacenen los datos que trazan la vida diaria y los contactos de las personas, es decir, los datos de tráfico, de facturación y de situación, etcétera, para un posible acceso por parte de las fuerzas del orden.
No descarto la validez de almacenar algunos datos con fines de seguridad, pero estamos en contra de su inclusión en esta directiva, porque las enormes repercusiones para el sector y las libertades civiles no han sido tenidas debidamente en cuenta en este contexto. Es peligroso y prematuro y, sin ninguna duda, de dudosa legalidad, como ha dicho el Sr. Cappato, respaldar un régimen global de almacenamiento de datos en la UE como complemento del paquete sobre el mercado único en el sector de las telecomunicaciones. Cualquier imposición de estos poderes debería ser sometida a debate en los parlamentos nacionales y luego estudiada en el contexto de la cooperación comunitaria en materia de vigilancia y lucha contra la delincuencia, en la que los derechos de los ciudadanos estén garantizados.
Esta medida que hoy nos ocupa, siendo como es una directiva sobre el mercado interior, forma parte del paquete diseñado para abrir el mercado de la UE a la competencia y permitir a las empresas de telecomunicaciones y a los proveedores de acceso a Internet que operen en igualdad de condiciones. Éste es el motivo por el que la propuesta original de la Comisión no contenía ninguna referencia en absoluto al almacenamiento de datos, que el Consejo añadió más tarde. Me interesaría escuchar la respuesta del Comisario al respecto. Necesitamos un debate público adecuado y amplio. Intentar escabullir estos enormes poderes en la estela de la medida de liberalización no es nada apropiado.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, a mi Grupo le asombra el cariz que ha tomado este debate. La semana pasada todos los indicios apuntaban aún a que una mayoría de nuestra comisión estaba en contra del sistema de inclusión para el correo electrónico no solicitado, pero debido a la flexibilidad del PPE parece perfilarse ahora una mayoría a favor de dicho sistema de inclusión. En tal caso, la Presidencia española tendrá el honor de llevar este expediente a buen término. Esta generosa flexibilidad me recuerda una frase de Graucho Marx, que llegó a decir: "Éstos son mis principios. Si no le gustan tengo otros".
Pero no quiero adoptar una actitud despectiva respecto al resultado de este giro de 180 grados. De ahora en adelante quedará tajantemente prohibido introducir chivatos (cookies) y enviar mensajes de correo electrónico, SMS o fax a personas que no hayan solicitado dichos mensajes en todos los Estados miembros. A diferencia de lo que opina el Sr. Cappato ello me parece una buena idea, si bien es cierto que debemos imponer su cumplimiento si realmente queremos que las cosas cambien.
Ahora bien, no pretendo rebosar sólo satisfacción. Mi primer motivo de descontento es que, aparentemente, el Consejo no negocia ya con el Parlamento sino con dos Grupos. Los liberales también han insistido en ello. Para colmo me parece que el compromiso alcanzado por esos dos Grupos en el ámbito de la protección de datos deja bastante que desear. A este respecto me sumo plenamente a las palabras de la Sra. Ludford. ¿Por qué instamos nosotros como Parlamento en este documento perteneciente al primer pilar, y por tanto sujeto al poder de decisión del Parlamento, voluntaria y explícitamente al Consejo a que se ponga de acuerdo sobre el registro sistemático del comportamiento de navegación por Internet y otras actividades electrónicas de los ciudadanos en el marco del tercer pilar a puerta cerrada, con una falta absoluta de control parlamentario y judicial? Sometamos ese aspecto a una mayor reflexión en lugar de incluirlo sin más en esta directiva, que trata de un tema muy distinto. No confundamos el primer pilar con el tercero.

Schröder, Ilka (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, sin duda ustedes también deben haber recibido la carta de diversos grupos de defensa de los derechos de los ciudadanos que se refiere precisamente a este punto que ahora ha adquirido tanta importancia en el contexto de la presente directiva. El tema es si se debe permitir la 'retención de datos?, o sea, el almacenamiento de los datos relativos a las comunicaciones. Éste no es simplemente un intento cualquiera de intensificar un poco más la vigilancia, sino que confiere una nueva calidad al espionaje estatal. Hasta ahora, la policía y otras instancias sólo tenían acceso legal a lo que se decía o se escribía durante el período de la vigilancia. Con el presente texto, se pretende introducir la posibilidad de una intervención retroactiva de las comunicaciones y, por lo tanto, también una restricción retroactiva de los derechos fundamentales. Estas son las nuevas características del Estado policial, cuyo objetivo es acabar justamente con la esfera privada.
¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los datos que almacene el Estado sobre usted y su afición al surfing? Todos los datos se almacenarán conjuntamente y se entregarán al siguiente gobierno. Nadie puede asegurar si a continuación tendrá acceso a ellos Le Pen, Haider o Rasmussen, o sólo las altas autoridades socialdemócratas normales. Al fin y al cabo, antes del 11 de septiembre nadie sabía tampoco en qué medida se desmantelarían ciertos derechos fundamentales con la aquiescencia de los demócratas occidentales.
En Alemania ya existen experiencias de este tipo de limitaciones preventivas de los derechos fundamentales. El decreto contra los radicales no reprochaba a los afectados actos ilegales, sino únicamente actuaciones mal vistas por el gobierno. Si yo descargo ahora datos sobre el radicalismo de derechas de la red y mañana pierdo mi puesto de funcionario por esta causa, podría tratarse de otra de las consecuencias de la directiva que hoy se debate. El texto todavía habla de protección de datos, a pesar de que ya no contiene ninguna. Únicamente queda abierto el título que llevará la tentativa del consejo de imponer el almacenamiento de datos a escala de toda la UE. La directiva que hoy se debate prepara el camino para ese avance en la expansión del Estado espía a escala europea.

Cederschiöld (PPE-DE).
Señor Presidente. Es una pena que el hábil y simpático señor Cappato haya llegado a convertirse casi en un sinónimo de insulto entre los diputados y funcionarios que han trabajado dura y prolongadamente en este asunto. A pesar de que existe un acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo están aún muy distantes. Desgraciadamente es difícil estar satisfecho con los resultados, pero las legislaciones nacionales crearían aún más diferencias y más problemas. La postura del Consejo para incorporar la ley informática en la directiva encierra una gran inconsecuencia y un gran peligro.
Los asuntos pertenecientes al tercer pilar no funcionan en una directiva del primero. El sistema de pilares sencillamente no funciona y la Comisión, que acaba de comunicarlo, lo sabe. Ahora se dice que se piensa redactar una decisión marco sobre control generalizado. Los ciudadanos tienen motivos para estar preocupados. La Unión no debería actuar precipitadamente en estas importantes materias que, bajo el alero de la protección de datos informáticos, amenazan la protección de la integridad personal.
Antes de continuar legislando se necesita una minuciosa discusión con las empresas, con los políticos y con las organizaciones interesadas. Tal vez sería necesario detenerse a mirar cómo han hecho otros países, por ejemplo EE.UU. Estas materias deben estar sujetas a controles democráticos y jurídicos. Espero que la Convención se ocupe de esto.
El tema de los costes me preocupaba ya durante la anterior legislatura. Me ocupé de esto en mi informe sobre la estrategia para " la creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos" (A5-0284/01). Ha pasado bastante tiempo. ¡Hay que informar sobre los costes de los archivos informáticos obligatorios y de la búsqueda de datos! La Comisión me ha dado respuestas positivas, tanto por escrito como verbalmente. Es satisfactorio comprobar que la Comisión ha escuchado estos argumentos y que va a hacer algo. Me satisface esta buena noticia y, por ese motivo, retiro mi petición en esta materia. Espero que la Comisión realmente vuelva sobre este asunto para tener la oportunidad de discutir - no para asumir una postura sólida desde el comienzo - la manera de alcanzar una relación razonable entre EE.UU. y la UE.

Cashman (PSE).
Señor Presidente, quiero referirme a dos cuestiones; una es el almacenamiento de datos y la otra el sistema de exclusión o inclusión voluntaria. En primer lugar, sobre el sistema de exclusión o inclusión voluntaria. Debo decir que, en cualquier ámbito político, es verdaderamente terrible fijarse unas expectativas que no pueden cumplirse. Se ha presentado toda la idea del sistema de inclusión como la solución para poner fin a la práctica consistente en el envío de publicidad no solicitada mediante el correo electrónico. Permítanme declararlo públicamente. Las propuestas de la Comisión sobre el sistema de inclusión voluntaria no frenará en absoluto dicha práctica de envío de publicidad. Los que la utilizan no respetan las leyes ni los reglamentos. Operan desde países extranjeros y si queremos obligar a las PYME, el denominado motor de la nueva economía, a salir de la UE, éste es el modo de hacerlo.
Sobre el tema de almacenamiento de datos, esta noche se ha hecho referencia a Groucho Marx. En realidad eran tres hermanos y las intervenciones que he escuchado esta noche me llevan a pensar que Groucho, Chico y Harpo, los tres hermanos, están aquí presentes. La supresión de todo este artículo sobre el almacenamiento de datos que ahora se solicita nunca jamás fue solicitado en comisión.
¿A qué viene esa idea de que es una trampa, de que los grupos se aúnan para llegar a un compromiso haciendo un flaco favor a las libertades civiles de los hombres y mujeres corrientes? Las libertades civiles, no nos olvidemos, necesitan protección contra los terroristas internacionales que operan desde países extranjeros; contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia transnacional, contra el tráfico de mujeres y niños. Éstas son las libertades civiles que intentamos proteger con estas normas idóneas y equilibradas sobre el almacenamiento de datos que contienen las propuestas presentadas al Parlamento.
Espero que el Parlamento hago lo más sensato, que es votar a favor de las propuestas sobre el almacenamiento de datos. Debemos respetar las libertades civiles de nuestros ciudadanos, y lo hacemos, pero también debemos impedir que aquellos que operan más allá de nuestras fronteras abusen de las libertades civiles para extender su acción delictiva.
Podría decir muchas más cosas, pero afortunadamente he agotado mi tiempo de intervención.

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Estimados colegas, señor Presidente, señor Comisario, la directiva que estamos tratando aquí esta noche es absolutamente necesaria, puesto que pone el broche final al paquete de telecomunicaciones que ya adoptamos el pasado año. Hemos de cerciorarnos de que nuestros ciudadanos y empresas no reciban mensajes de correo electrónico no solicitados, de que sus datos personales no sean incorporados a las guías de teléfono sin su consentimiento y de que su comportamiento de navegación no sea registrado disimuladamente mediante el uso de chivatos (cookies). Todas estas cuestiones quedan perfectamente reguladas en la presente propuesta. Es más, todo ello se organiza de forma armónica, el único planteamiento viable en nuestro mundo transfronterizo y digital.
Sin embargo, no puedo respaldar la propuesta relativa al almacenamiento de los datos. No entiendo que la Comisión comparta la propuesta del Consejo al respecto. ¿Ha mandado calcular el Comisario de Empresa y Sociedad de la Información el coste que supone el almacenamiento durante tantos años de todos estos datos para los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de Internet así como el espacio de almacenamiento necesario y el monto total de los gastos?
En tiempos de guerra los Estados son siempre propensos a anteponer la seguridad del Estado a la protección de la vida privada de los ciudadanos. Pero no estamos en guerra. Debemos proteger la vida privada de nuestros ciudadanos, con todo lo que ello implica. Y esto es lo que estamos haciendo hoy.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, menos mal que estamos en la segunda lectura, en la que sólo teníamos que pulir algunas posiciones. Según parece, en cambio, aquí nos encontramos frente a un vuelco casi total respecto a lo que había ocurrido en la primera lectura: un replanteamiento que ha permitido a los distintos Grupos revisar posiciones tomadas de antemano, modificarlas y proponer unos compromisos que francamente nos dejan bastante perplejos. Ahora bien, deberíamos coger el saco por arriba, como se dice en mi país, y recordar de qué estamos hablando en realidad. Estamos hablando de una propuesta de directiva orientada a modificar y a actualizar, en virtud de las innovaciones tecnológicas que han surgido, pero que eran bastante previsibles, la vieja Directiva 97/66 del Parlamento Europeo y del Consejo - aquella, para entendernos, de 15 de diciembre de 1977 - que establecía unas normas sobre el tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones.
Reitero las reservas ya manifestadas con ocasión de la primera lectura respecto a la utilidad y a la eficacia de normas que regulan tan en detalle, demasiado en detalle y, por lo tanto, demasiado dentro de la intimidad del ciudadano, el sector de las telecomunicaciones electrónicas. Sigo considerando que las normas actualmente existentes y que se comparten a escala europea se pueden aplicar para alcanzar este mismo objetivo evitando el peligro de una hiperregulación, y por lo tanto, de un exceso de regulación. Es necesario evitar que este presunto respeto a la intimidad se resuelva en un doble régimen, en una doble vía que implique ante todo una protección exagerada de la intimidad de los ciudadanos y que imponga normas excesivamente restrictivas en el ámbito privado y que, por el contrario, deje a los Estados miembros la libertad absoluta de intervenir, en lo que se refiere a sus necesidades, en la vida de los propios ciudadanos, por ejemplo, imponiendo a los proveedores de comunicaciones electrónicas tareas casi policiales.
Por último, creo que no escandalizaré a nadie diciendo que estoy de acuerdo con el ponente cuando dice en la enmienda 4 que, en el fondo, los cookies son instrumentos tolerables, casi legítimos, porque ayudan a entender mejor el método de navegación, facilitan informaciones claras y exhaustivas, en definitiva, despiertan en cierto modo al navegador; en resumen, no creo en el navegador víctima de los cookies.
Otra cosa es el spamming, ante el cual estamos totalmente indefensos: los que lo practican intervienen cuándo y cómo quieren y, sobre todo, en la cantidad y en la calidad que quieren. En este punto creo que no es fácil emanar una directiva que se pueda compartir por parte de todos. Lo hemos intentado; si fuera posible - pero sé que el Reglamento no lo permite - deberíamos prever una tercera lectura: tal vez sólo entonces encontraríamos ese punto de coincidencia y de acuerdo que con dos lecturas nos damos cuenta, en este punto, en este momento, que no hemos conseguido alcanzar.

Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, éste es el último paquete de directivas relativas al sector de las telecomunicaciones. Afortunadamente, no nos hemos quedado esperando la problemática elaboración de la propuesta que nos ocupa, pues, en tal caso, el resto de las directivas también hubieran acusado retrasos.
Durante mucho tiempo no se ha llegado a comprender que el delito es delito también en Internet, como tampoco que el hecho de poder mantener en secreto su identidad no es óbice para no tener que hacer frente a sus responsabilidades en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. No se puede enviar un mensaje electrónico si el receptor no quiere recibirlo. Por lo general, esto es posible si lo paga el receptor, al contrario de lo que predica la publicidad. Por consiguiente, apoyo el compromiso con el Consejo, cuya posición respalda la modalidad 'opt-in'. La comercialización directa a través de la red será posible si el consumidor ha dado previamente su consentimiento. También apoyo muchos otros compromisos. El resultado está lejos de ser perfecto, pero es una muestra de lo que hemos podido conseguir.
'La inseguridad en la red?, la anarquía manifiesta, es una gran amenaza para todo el proyecto de una Europa electrónica, para la economía basada en el conocimiento y para el desarrollo de la democracia. De lo que se trata aquí, estimados colegas, es de que las redes de comercio electrónico deben ser seguras y los datos sanitarios de las personas también deben ser almacenados con todas las garantías. La seguridad en la red se ha convertido en un asunto de gran importancia, así que necesitamos, tal y como se ha propuesto en el programa Europa electrónica 2005, una unidad de seguridad en la red que controle la seguridad, pero que también vele por el respeto de los derechos ciudadanos en la red. Se trata de nuestra mayor necesidad común y de nuestro objetivo más importante.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, el nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas entró en vigor hace un mes, el 24 de abril. La propuesta de directiva sobre la protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas es el único elemento del paquete que aún sigue pendiente de aprobación entre esta Asamblea y el Consejo. Normas adecuadas sobre la protección de la intimidad en línea son tan necesarias para el sector como aquéllas destinadas a garantizar la competitividad de los mercados.
Hoy, quisiera pedirles que se unan al esfuerzo que estamos realizando para intentar alcanzar una solución concertada sobre esta directiva en su segunda lectura para evitar nuevos aplazamientos. Los siete elementos de compromiso que han presentado conjuntamente el PPE y el PSE, junto con tres enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades de los Ciudadanos y otras cinco enmiendas presentadas por el PPE, constituyen un paquete de textos de compromiso que son aceptables para el Consejo y también para la Comisión.
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Cappato, que ha dedicado mucho tiempo y energía a este expediente. También deseo rendir especial homenaje a la Sra. Palacio y a la Sra. Paciotti, por sus continuados esfuerzos para encontrar un paquete global que sea aceptable para todas las instituciones participantes.
Ya tenemos sobre la mesa soluciones equilibradas para las cuatro cuestiones principales restantes. Todas las partes deben hacer concesiones y nadie es del todo feliz con cada uno de los elementos del paquete, como corresponde a la naturaleza de un compromiso. Sobre los chivatos (cookies), las enmiendas 25 y 26 alinean las disposiciones correspondientes con la directiva sobre la protección general de datos.
Respecto al envío por correo electrónico de publicidad no solicitada, el Consejo ha aceptado nuevas concesiones para contentar a aquellos diputados que no están a favor de una política armonizada. Las enmiendas 9, 18, 28, 44 y 45 son aceptables, tanto para el Consejo como para la Comisión. La cláusula de excepción sería aplicable a las actividades de venta directa por parte de la misma empresa de productos o servicios de categorías similares. Algunas de estas categorías podrían ser, por ejemplo, libros, CD y DVD. Otra categoría podrían ser electrodomésticos. Eso es realmente hasta donde podemos llegar si no queremos terminar con soluciones poco satisfactorias para los ciudadanos así como para las empresas.
Debemos adoptar un enfoque claro y armonizado para todo el mercado de la UE, que no obligue a los clientes a pagar la factura de comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa a través del correo electrónico, SMS y otros servicios de mensajes. Éste es el mejor incentivo para los servicios electrónicos de mensajería y para el comercio electrónico en general.
Sobre el almacenamiento de los datos de tráfico, las negociaciones han sido especialmente difíciles. La Comisión reconoce los fuertes sentimientos expresados en esta Asamblea sobre la protección de los derechos fundamentales y las libertades. La Comisión comparte plenamente dichos sentimientos y, al igual que el Parlamento, está fomentando actualmente la inclusión de una Carta de los Derechos Humanos Fundamentales en el Tratado de la UE, de manera que será legalmente vinculante y ejecutable directamente.
Como hemos dicho desde el inicio de las negociaciones, la directiva sobre la que hoy debatimos no es un instrumento del tercer pilar. Impone limitaciones jurídicas sobre lo que podemos incluir útilmente en las disposiciones de la directiva, tanto con respecto a cualquier medida nacional para la seguridad pública o la lucha contra la delincuencia como con respecto a salvaguardar los derechos y las libertades de las personas.
Como la Comisión ha resaltado en su reciente presentación a la Convención Europea, creemos que la separación entre los tres pilares es causa de numerosas dificultades y, por consiguiente, debería abandonarse. Pero mientras existan los pilares, estamos obligados a respetarlos, porque el Tribunal de Justicia no permitiría la inclusión de ningún elemento del tercer pilar en una directiva del primer pilar.
Por razones similares, no podemos introducir en esta directiva una disposición sobre el coste de la aplicación de las medidas, como propone la enmienda 39. No obstante, puedo garantizar a la Sra. Cederschiöld que la Comisión seguirá estudiando esta cuestión con los Estados miembros.
Las enmiendas de compromiso 46 y 47, presentadas conjuntamente por el PPE y el PSE, significan una mejora muy importante de la posición común del Consejo sobre el tema del almacenamiento de datos. Refuerzan considerablemente el aspecto de los derechos humanos de las disposiciones pertinentes y además hacen referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La Comisión apoya plenamente estas mejoras e insta al Parlamento Europeo a que también lo haga.
No obstante, si se eliminara de la enmienda 46 la frase sobre el almacenamiento de datos, como se propone, a través de una votación por partes, todo el compromiso se desharía, lo que seguramente provocaría que el resultado de la conciliación fuera aún más incierto. La Comisión comprende las preocupaciones que han motivado la solicitud de una votación por partes, pero piensa que el texto actual aborda estas preocupaciones suficientemente.
Por último, el tema de las guías públicas sigue pendiente de solución. Aunque ha sido menos debatido que la opción de inclusión voluntaria para la publicidad solicitada a través del correo electrónico, están en juego cuestiones similares para la armonización propuesta de la inclusión voluntaria en lo que respecta a las guías. Una solución no armonizada, como propone la enmienda 35, no es compatible con el mercado interior.
En resumen, una solución global concertada entre todas las instituciones estará al alcance de la mano si el Parlamento Europeo aprueba mañana las enmiendas 9, 13, 18, 25, 26, 28, 37, 38 y 44 a 50. El resultado será una directiva con un gran valor añadido para los ciudadanos europeos y para el desarrollo de la sociedad de la información.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0136/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (11878/1/2001 - C5-0034/2002 - 2000/0169(COD)) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CE del Consejo (Ponente: Sra. Korhola).

Korhola (PPE-DE)
. (FI) Señor Presidente, la política medioambiental de la Unión Europea es buena y ambiciosa en la mayoría de los sectores. Sin embargo, es casi imposible lograr una ejecución óptima de la misma sin el apoyo de nuestros ciudadanos. La condición previa para contar con el apoyo de los ciudadanos es que nuestro trabajo en materia medioambiental sea transparente. Ése es el objetivo de la propuesta de directiva que hoy estamos debatiendo.
Al inciarse la primera lectura de esta propuesta, hace algo más de un año, la Comisaria, Sra. Wallström, señaló que para lograr crear las condiciones que propicien el desarrollo sostenible, debemos empezar dando prioridad a nuestras políticas nacionales en materia de medio ambiente. La Sra. Wallström vinculaba así de forma adecuada esta Directiva con el largo y, literalmente, vital proceso que se inició en Río en 1992 y que cumplirá diez años la próxima semana.
El décimo principio de la Declaración de Río relativa al medio ambiente y al desarrollo se refiere a la participación ciudadana, y el Convenio de Aarhus relativo a la ejecución de este principio supone un paso importante en la aplicación práctica del mismo. Además de por la Comunidad, el Convenio de Aarhus ha sido firmado por los quince Estados miembros, pero la Comunidad no ha podido llegar a ratificarlo porque la legislación vigente no está aún en conformidad con el Convenio.
La propuesta de directiva que nos ocupa es el primer pilar para conseguir la ratificación del Convenio de Aarhus. El segundo pilar afectaría a la participación ciudadana, y el Parlamento podrá abordar próximamente la segunda lectura, ya que se ha anunciado que la posición común del Consejo nos será al fin entregada al empezar la sesión de mañana. Por consiguiente, he entregado hoy el borrador de recomendación para la segunda lectura del segundo pilar a la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. El tercer pilar para la ratificación del Convenio de Aarhus se refiere al acceso a la justicia, y la propuesta al respecto ya está siendo elaborada por la Comisión. Asimismo, hay que revisar las normas de las instituciones comunitarias para adecuarlas al Convenio de Aarhus. La Comisión se ha comprometido a informar durante el mes de junio sobre las medidas necesarias y a precisar el calendario. Esperemos que la Comisión pueda confirmarnos esto hoy.
Al elaborar la recomendación para la segunda lectura que hoy estamos abordando, he tenido en cuenta que el Parlamento fue excepcionalmente unánime en la primera lectura y aprobó todas las enmiendas presentadas. Así pues, la recomendación para la segunda lectura reitera prácticamente todo lo que fue aprobado por el Parlamento y que no estaba aún incluido en la posición común del Consejo.
También el Consejo ha presentado una serie de propuestas importantes y dignas de apoyo, entre las cuales mencionaría la definición de autoridad pública formulada por el Consejo, que supone una mejora en la redacción de la propuesta del Parlamento, así como el texto redactado por el Consejo en el punto relativo al acceso a la justicia y al procedimiento de recurso. El Consejo también propone que los documentos históricos, es decir, todos aquellos documentos entregados o emitidos antes de la entrada en vigor de la Directiva, puedan ser puestos a disposición del público por medios electrónicos, por ejemplo en Internet, bajo la discreción de las autoridades. También recomiendo la aprobación de este punto.
Por el contrario, el Consejo no ha tenido en cuenta la propuesta del Parlamento de reducir el plazo límite de respuesta por parte de las autoridades de un mes a dos semanas. La recomendación contiene una propuesta de compromiso que se haga eco de los límites del Reglamento relativo al acceso del público a la información adoptado tras la primera lectura de esta propuesta de directiva y que está basado en el artículo 255 del Tratado. Así, el compromiso propone un plazo límite de respuesta de 15 días laborables, o sea, un período mínimo de tres semanas, el cual podrá ser prolongado en otro tanto si existen causas fundadas para ello.
Tras la primera lectura, principalmente nuestros colegas británicos expresaron su preocupación por el destino de la venta de información comercial practicada por las autoridades. Estoy convencida de que los servicios de previsión climática y de cartografía ni siquiera entran en el campo de aplicación de esta Directiva, y aunque así fuera, estos servicios estarían protegidos mediante una lista de excepciones elaborada concienzudamente. En cualquier caso, tras conocer esta preocupación, la comisión parlamentaria decidió suprimir parcialmente lo relativo a las informaciones sujetas a pago del apartado dos del artículo en cuestión. En mi opinión, se trató de un gesto precipitado y considero que no es la mejor forma de resolver esta situación.
Para corregir esta situación, el Grupo de los Verdes, el Grupo de los Liberales y el Grupo de la Izquierda presentaron conjuntamente la enmienda 48 con objeto de reforzar el principio general de gratuidad. Esta enmienda no es en sí censurable. Yo la apoyo, pero creo que era mejor la enmienda original que fue rechazada por la comisión parlamentaria. Puede ser que esta nueva versión tampoco entusiasme a los británicos.
Está previsto que la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental entre en vigor a finales del presente año. Es muy posible que la segunda lectura del segundo pilar del Convenio de Aarhus se lleve a cabo antes de las vacaciones de verano del Parlamento y que la Comisión nos informe para entonces sobre el calendario del tercer pilar y sobre todas las medidas necesarias. De este modo, se darían muchos pasos hacia la ratificación y entrada en vigor del Convenio de Aarhus en la Unión Europea.

Ludford (ELDR)
 - (EN) Señor Presidente, quizá quepa lamentar que, según parece, no concedamos el mismo carácter de urgencia a este informe, que garantiza a los ciudadanos el acceso a información, que a la liberalización de las telecomunicaciones, pero lo pasaré por alto.
Es muy importante resaltar que esta directiva no hace una concesión. Establece disposiciones prácticas para el ejercicio de un derecho que tienen los ciudadanos. Por ello las enmiendas 1, 5 y 10, que hacen hincapié en este derecho, son muy importantes.
Otro aspecto del informe de la comisión para la segunda lectura que convendría resaltar es la necesidad de garantizar que la difusión de información medioambiental incorpore los medios innovadores de la tecnología de la comunicación. Es éste un aspecto importante y nos gustaría persuadir al Consejo de que debe tenerlo en cuenta. También es muy valioso que se haga hincapié en la mejora de la calidad de la información que se publica, con vistas a que sea comprensible, exacta y comparable. No tiene ningún sentido tener acceso a información si ésta es demasiado compleja o demasiado opaca para que el gran público la pueda entender; dejaría sin significado dicho acceso.
Asimismo, acogemos con gran satisfacción el intento de la ponente de garantizar que cualquier restricción del derecho a la información sólo se permitirá en casos específicos, claramente definidos y excepcionales, así como que deberá realizarse una prueba del 'daño', que demuestre que es mayor que los beneficios de la revelación, en caso de que ésta se impida. Todos estos aspectos son muy importantes. Acojo con satisfacción que la Sra. Korhola haya aceptado la enmienda 48 y, aunque la ponente no cree que sea perfecta, me alegra mucho que la haya aceptado.

Malliori (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, todos reconocemos que la información constituye un principio básico de la democracia. El libre acceso, la transparencia y la difusión de la información sobre el medio ambiente son derechos fundamentales de todo ciudadano interesado en la calidad del espacio en el que vive y trabaja. Normalmente la accesibilidad a los datos relacionados con el medio ambiente en poder de las autoridades públicas es de importancia vital, no sólo para aumentar la sensibilidad del público, sino también para garantizar la confianza y la participación democrática de los ciudadanos.
Después de la primera lectura, constatamos que el Consejo adoptó muy pocas enmiendas de las que había aprobado la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en la posición común. Por tanto, consideramos una obligación retomar también en la segunda lectura todas las enmiendas importantes relativas a cuestiones como, en principio, las excepciones. Creo que es importante reducir las excepciones al mínimo para que todos los interesados puedan tener acceso a una gran amplitud de informaciones. Igualmente, creo que es suficiente para los servicios públicos el plazo de 15 días en los que la administración debe contestar a una solicitud relacionada con el medio ambiente; y paralelamente los interesados podrán utilizar la información oportuna y eficazmente.
Otro punto importante es el impuesto sobre el cálculo del coste del suministro de información. Creo que se debe limitar al coste real de la producción, de modo que se facilite al máximo el acceso del público a la información y para que el coste no sea, en ningún momento un obstáculo para adquirir información sobre el medio ambiente. Espero que nuestras observaciones encuentren la respuesta adecuada por parte de la Comisión Europea y que avancemos, lo más rápido posible, a fin de ratificar el Tratado de Aarhus.
Finalmente, señor Presidente, quisiera decir en nombre de mi Grupo político que apoyamos plenamente el informe de la ponente, Sra. Corola, a la que le doy mi enhorabuena por la excepcional labor que ha realizado.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, estoy muy contenta y satisfecha con la directiva sobre acceso del público a la información medioambiental, que está plenamente en la línea de la Convención de Århus. A mi juicio la ponente Sra. Korhola ha obrado correctamente al reincorporar la mayoría de las enmiendas de la primera lectura, ya que éstas habían sido aprobadas unánimemente por el Parlamento. Además, estas enmiendas contribuyen a mejorar sustancialmente la propuesta de la Comisión.
El nuevo artículo 7, que se ocupa de la calidad de la información medioambiental, es una de las enmiendas más importantes. Como ya se ha dicho, el que solicita información debe poder confiar tanto en que ésta es relevante, reciente y exacta como en los métodos y análisis usados para obtenerla.
Por el contrario, no me satisface la decisión de la Comisión de Medio Ambiente sobre los precios que podrán cobrar las autoridades para entregar esta información. Por eso hemos presentado la enmienda 48. Espero que nuestros colegas británicos y otros grupos la entiendan como una propuesta de acuerdo y que mañana voten a favor de ella.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, Señorías, como mejor se abordan los asuntos medioambientales es cuando todos los ciudadanos afectados participan en el ámbito adecuado. Este importante criterio arranca del principio 10 de la Declaración de Río, que ubica a los ciudadanos en el centro de la política medioambiental. Los ciudadanos podrán difícilmente participar si no tienen acceso a la información medioambiental, y por eso es tan importantes esta propuesta.
Los Estados miembros de la Comunidad Europea suscribieron en 1998 la Convención ONU/ECE sobre acceso a la información, participación del público en las decisiones y derecho a apelación en materias medioambientales, la denominada Convención de Århus. Esta convención es un primer paso para aplicar el principio 10 de la Declaración de Río y para continuar el proceso de apertura que se inició mediante la directiva 90/313/EEG del Consejo sobre el derecho a acceder a la información medioambiental.
Pienso que es muy conveniente que la Comunidad ratifique esta convención tan pronto como sea posible. Sin embargo, antes de que esto se materialice habrá que adecuar la legislación comunitaria a las disposiciones de la convención, circunstancia que constituye uno de los principales objetivos de esta propuesta.
Gracias a los trabajos de la ponente - aprovecho de dar las gracias a la señora Korhola -, del Parlamento Europeo y del Consejo se ha mejorado mucho la propuesta durante los últimos meses. En la mayoría de las enmiendas del Parlamento Europeo se reincorporan las anteriores propuestas que la Comisión no aceptó en la primera lectura y cuyo objetivo es fortalecer la propuesta de la Comisión. Aunque entiendo y respeto los deseos de optimizar la utilidad pública de la propuesta, creo que algunas enmiendas imponen obligaciones innecesariamente duras a los Estados miembros y sobrepasan los límites de la Convención de Århus.
En otras enmiendas se fijan muy detalladamente las normas prácticas para ofrecer información, en tanto que el objetivo de esta directiva es proporcionar un marco dentro del que los Estados miembros puedan adaptar las disposiciones a sus propias características.
Opinamos que la propuesta de la Comisión es equilibrada. Comprende algo más que los compromisos más importantes contenidos en la Convención de Århus y proporciona a los Estados miembros suficiente flexibilidad para aplicar eficazmente la legislación.
La Comisión acepta en su totalidad las enmiendas 22, 28, 30, 32, 33, 42, 45 y 46. La Comisión aprueba parcialmente las enmiendas 1 parte 3, 9 parte 1, 27 parte 3 y 48 parte 2. En principio, la Comisión acepta las enmiendas 9 parte 2, 19 y 27 parte 2, una vez que se hayan reformulado y reestructurado. La Comisión no aprueba las demás enmiendas, esto es, de la 1 a la 6, la 7 parte 1 y parte 2, la 8, de la 10 a la 18, la 20, la 21, de la 23 a la 26, la 27 parte 1, la 29, la 31, de la 34 a la 41, la 43, la 44, la 47 y la 48, con excepción de la parte 2.

El Presidente. -
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0155/2002) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Evaluación de las sustancias activas de los productos fitosanitarios (presentada de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios) (COM(2001) 444 - C5-0011/2002 - 2002/2015(COS)).

Lannoye (Verts/ALE)
. (FR) Señor Presidente, me veo obligado a retroceder once años en el tiempo. En efecto, en 1991 el Consejo de Ministros de Medio Ambiente aprobó una directiva, que esta noche será materia de debate, sobre la comercialización de productos fitosanitarios. El objetivo de esta directiva era, por una parte, definir un procedimiento de evaluación común de las sustancias activas de los plaguicidas ya existentes y nuevos y, por otra, establecer una lista positiva de sustancias autorizadas consideradas aptas en el plano sanitario y medioambiental. Una lista positiva significa que todo aquello que no se incluye en dicha lista está, de facto, prohibido. El plazo establecido para efectuar la enorme labor de evaluación era de doce años. Esto nos conduce, indudablemente, a julio de 2003. Pero, mientras tanto, el artículo 8 obligaba a la Comisión a publicar un informe sobre la evolución del procedimiento. Dicho informe fue efectivamente publicado a finales del año pasado y ese es el objeto de nuestro debate de esta noche.
¿Qué constata la Comisión? Que de las 834 sustancias activas que se comercializaban, sólo 31 han sido evaluadas, es decir, menos del 5%. Es evidente que en estas condiciones es imposible respetar el plazo de julio de 2003, como lo constata, con razón, la Comisión. No me extenderé sobre las causas de este enorme retraso, sino que en gran parte debe imputarse a una falta de voluntad política tanto de la Comisión como de los Estados miembros. En efecto, los Estados miembros se habían dividido la tarea de efectuar la evaluación de las sustancias.
La Comisión propone hoy prorrogar los plazos, y forzosamente, por razones de realismo, la Comisión de Medio Ambiente, de la que esta noche soy portavoz, debe acordar una prórroga. Pero aunque acepta dicha prórroga, la comisión acompaña su acuerdo con unas condiciones rigurosas. Cito algunas de ellas: adoptar prioridades claras para establecer el nuevo calendario de trabajo, dar prioridad a las sustancias problemáticas en relación con la calidad del medio ambiente y del agua potable, no consentir premiar el laxismo - indudablemente, no podrán ser estudiados los expedientes que las empresas no hayan presentado dentro de los plazos previstos, a menos que se considere que las exigencias de la directiva pueden ser fácilmente respetadas -. Finalmente, pedimos que se presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico sobre el desarrollo de dicha evaluación.
Por otro lado, la Comisión - y es lo que la Comisión de Medio Ambiente desea - debería presentar una propuesta de revisión de la directiva de 1991 antes de finales de 2003. ¿Por qué esta propuesta de revisión? La propia Comisión lo sugiere; por lo tanto, no hacemos sino apoyarla añadiendo algunas observaciones - en mi opinión - pertinentes. Se han constatado carencias importantes en el proceso desarrollado. Pienso concretamente que, con respecto a un plaguicida, no basta con evaluar las sustancias activas, sino que también han de evaluarse en su caso los metabolitos, es decir, los productos de desintegración, que a veces son más peligrosos que las sustancias de base.
La Comisión de Medio ambiente apoya asimismo la introducción del concepto de evaluación comparativa y del principio de sustitución, cuyo fin es favorecer la emergencia en el mercado y la utilización de las sustancias menos tóxicas, eliminando las más tóxicas. Añadiré que deben tomarse en consideración nuevos criterios - en diez años las cosas han cambiado, y aún más en doce años - como la ausencia de episodios de perturbaciones endocrinas - en 1991 no se hablaba de las sustancias que causan perturbaciones endocrinas; desde entonces esto se ha convertido en una cuestión importante en la política del medio ambiente - o la incidencia específica en la salud infantil y del feto, así como los problemas de sinergia ligados a la exposición a varios plaguicidas.
En conclusión, Señorías, les pediré que apoyen el informe de la Comisión de Medio Ambiente, y llamaré la atención de ustedes sobre un punto particular, que es el punto 14 de la resolución. Se solicita a la Comisión que publique antes de julio de 2003 otra propuesta de directiva por la que se establezca un programa de reducción de la utilización de los plaguicidas. Eso es lo que han hecho hasta ahora algunos Estados miembros. Pienso que la Comisión de Medio Ambiente tiene razón en apoyar esta propuesta por la que no sólo se pretende llevar a buen término la directiva de 1991, sino también reducir la utilización de los plaguicidas, lo que constituye, ciertamente, una muy buena manera de lograr que los riesgos disminuyan.

Redondo Jiménez (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, en la propuesta que nos presenta, la Comisión Europea pide al Parlamento y al Consejo que nos pronunciemos sobre la prórroga hasta el año 2008 del período de evaluación de las sustancias activas que debería haber finalizado en julio de 2003. Quedan 834 sustancias por evaluar. La Comisión intenta ser realista y, desde luego, tiene nuestro apoyo, pero yo califico de optimista su posición, puesto que en el anterior período se han analizado menos de un centenar.
Voy a señalar los puntos más sensibles para nuestro Grupo del Partido Popular Europeo: en primer lugar, debemos mantener la posibilidad de los usos esenciales, pues su desaparición podría ser traumática para algunos cultivos y regiones. Debemos mantener y apoyar aquellas enmiendas que así lo proponen.
En segundo lugar, yo no puedo compartir la filosofía de que las sustancias son nocivas en sí mismas, pues depende de en qué concentraciones, qué situaciones, qué formas de empleo. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser el menor riesgo, que no se identifica con la menor cantidad.
En tercer lugar, la evaluación preliminar -como se propone en alguna enmienda que no apoyamos- no debe ser realizada en ningún caso por industrias, ONG, etc., sino por quien está establecido legalmente que lo haga. Sin embargo, éstos -industrias, ONG, etc.- deben tener acceso a toda la información y pueden aportar estudios y ensayos para estas evaluaciones.
La nueva política agraria integrada que se va abriendo paso en la Unión Europea ha dado lugar a un descenso considerable del consumo de productos fitosanitarios, por ejemplo, en algunos cultivos como los cultivos herbáceos extensivos. Esto no ha sido valorado ni conocido suficientemente por la opinión pública. Esta opinión pública cada vez es más sensible a las tesis ecologistas, cuya defensa podría producir efectos no buscados contra la biodiversidad por acumulaciones, a falta de protección en cultivos menores, lo que nos presentaría graves problemas de desabastecimiento y de dependencia, podría llevar a no buscar soluciones para los usos esenciales, a establecer parámetros que sobrepasen los límites de determinación analítica o a hacer evaluar los productos fitosanitarios por ONG interesadas en ello. Interesadas por y para qué, me pregunto yo. Las evaluaciones técnicas las hacen los científicos y se discuten entre científicos.
Pediría a la Comisión Europea y al señor Comisario y a todos los Grupos políticos de este Parlamento un ejercicio de responsabilidad a la hora de votar que tenga en cuenta que, sin agricultura, no hay desarrollo sostenible posible. Quizá haya agricultura sin desarrollo sostenible, pero lo contrario no se da.

Van Brempt (PSE).
Señor Presidente, el informe de la Comisión pone de manifiesto que el funcionamiento de la Directiva 91/414/CEE presenta serias deficiencias. El ponente, que como ya he reiterado en más de una ocasión ha realizado un excelente trabajo por el que merece todo el apoyo de mi Grupo, critica en su informe con razón algunos de estos fallos. Entre otras cosas ha quedado demostrado que los intereses comerciales prevalecen sobre los rasgos intrínsecos, que la evaluación se limita a determinados aspectos como la perturbación endocrina y que apenas se tienen en cuenta las consecuencias para los niños. El ponente no ha dudado en plantear estas cuestiones. Hemos de concluir que no tenemos ninguna garantía de que las sustancias incluidas en la lista positiva no entrañen ningún peligro para el ser humano y el medio ambiente.
En realidad, no nos queda más remedio que aceptar la propuesta de prorrogar los plazos de evaluación, dado que hasta la fecha apenas el 3% de las sustancias ha sido evaluado. Ahora bien, nuestro visto bueno está supeditado a una serie de condiciones muy concretas. El ponente las ha comentado en detalle, así que no voy a repetirlas.
Sin embargo, quisiera aprovechar la oportunidad para llamar su atención sobre otro asunto. La política de plaguicidas no puede centrarse exclusivamente en la autorización de las sustancias tal y como queda regulada en la presente directiva, entre otras razones porque la directiva no permite frenar el continuo incremento del uso y de la dependencia de plaguicidas y la consiguiente presencia de residuos en el agua y los alimentos.
Nos esperan algunas tareas importantes y, al igual que otras muchas personas, estoy pendiente de la iniciativa de la Comisión. Es fundamental que a escala europea manejemos una amplia combinación de instrumentos. En primer lugar, debemos incrementar considerablemente la ayuda financiera adicional a la investigación y la aplicación de plaguicidas no químicos, tanto de cara al cultivo integrado como en el ámbito de la agricultura biológica. En segundo término, hace falta una formación obligatoria en métodos de cultivo integrado y buenas prácticas agrícolas. En tercer lugar, la falta de información requiere la inmediata creación de una base de datos europea de acceso público que recoja los datos de venta y de consumo de todos los plaguicidas así como sus rasgos toxicológicos. En cuarto lugar, necesitamos una tasa de IVA armonizada a escala europea. Una tasa armonizada, pero suficientemente elevada, señora Comisaria. Los valores actuales oscilan entre el 3 y el 25%, y eso tiene que cambiar. Por lo demás es necesario que se implanten impuestos especiales sobre costes medioambientales externos vinculados a los productos y a los precios de los mismos. Para finalizar tengo una última observación que no por eso es menos importante: a nivel nacional deben elaborarse programas de reducción destinados a cercenar el uso y sobre todo la dependencia de los plaguicidas.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, hace más de diez años que entró en vigor la Directiva 91/414/CEE relativa a la autorización, el uso y el control de los productos fitosanitarios. Si bien es cierto que de entrada quedaba claro que la aplicación de esta directiva sería una ardua tarea, coincidirán conmigo en que los resultados de esos diez años de trabajo son francamente escasos. Ni siquiera el 4% de todas las sustancias activas objeto de evaluación ha superado el procedimiento de principio a fin. ¡A este paso no acabaremos hasta el siglo XXII!
Además, no se han tenido en cuenta algunos aspectos de evaluación importantes. Pienso, por ejemplo, en el uso de adyuvantes y la consiguiente intensificación de los efectos de los productos fitosanitarios. En la agricultura de los Países Bajos se añaden anualmente más de 1.500 toneladas de adyuvantes químicos a las 3.600 toneladas de plaguicidas sin saber cuáles son las consecuencias para el ser humano y el medio ambiente. Falta asimismo un criterio de evaluación para el agua potable obtenida a partir de aguas superficiales. En la práctica ha quedado demostrado que la producción sostenible de agua potable se ve obstaculizada por la falta de sostenibilidad en el uso de los productos fitosanitarios. Estos dos ejemplos ponen de manifiesto hasta qué punto el marco comunitario vigente en materia de productos fitosanitarios deja que desear, y podría citar muchos más.
Por desgracia, la situación actual nos obliga a prorrogar los plazos de evaluación para los productos fitosanitarios. Es la única forma de sacar a flote el dificultoso proceso de los últimos diez años. Ahora bien, quisiera llamar su atención sobre tres puntos importantes.
En primer lugar, es fundamental que las sustancias nocivas queden prohibidas lo antes posible. En este sentido el nuevo plazo debe establecerse como fecha límite. En mi opinión, no es oportuno que este objetivo quede aplazado por más tiempo. En segundo término, debemos reducir al mínimo las excepciones. En tercer lugar, hemos de cerciorarnos de que las condiciones a las que hemos supeditado la prolongación se cumplan de verdad. A este respecto, el Parlamento está llamado a ejercer el debido control. Resumiendo, abogo por una actuación coherente en el ámbito de la autorización, el uso y el control de los productos fitosanitarios en Europa.
Señor Presidente, me veo obligado a añadir un comentario sobre la traducción al neerlandés de la palabra "protección". Se ha traducido por gewasbescherming -protección de cultivos- y con razón -esta noche los intérpretes también han utilizado sistemáticamente este término-, pero en el orden del día también aparece una vez gewasbestrijding -lucha contra cultivos-, que significa exactamente lo contrario. La versión neerlandesa del documento de la Comisión incurre reiteradamente en este error. Lo mismo sucede en el documento del Sr. Lannoye, aunque por supuesto no es culpa del ponente. Propongo que rectifiquemos esta incorrección y que dejemos de confundir los términos onkruidbestrijding -eliminación de malas hierbas- y gewasbescherming -protección de cultivos-.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Blokland, por su solicitud. Evidentemente, mañana, antes de la votación, tanto el ponente como los servicios de la Presidencia apuntarán la necesaria rectificación para que todos los textos sean uniformes.

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por el modo en que ha abordado este complejo asunto y por su voluntad de considerar una amplia serie de reservas expresadas por todos los partidos en comisión y, en la medida de lo posible, por enfocarlas con eficacia; y también a mi colega, la Sra. Van Brempt, por sus esfuerzos en este capítulo. Sólo dispongo de tiempo para tratar sobre un ámbito específico, y que en ningún caso me aparta de mi creencia de que la regulación eficaz de los pesticidas peligrosos debe ser una tarea prioritaria de este Parlamento y, también, de esta Comisión.
Mis reservas radican en la sección a la que se refiere el apartado 13 del informe del Sr. Lannoye, en donde pedimos a la Comisión que nos notifique, antes de final de año, las medidas adoptadas para garantizar que las sustancias de utilidad con niveles bajos de toxicidad, que aparecen en las Listas de prioridades 3 y 4 y que no han sido recogidas por su escaso interés comercial o por sus elevados costes de evaluación, puedan ser evaluadas con ayuda de un paquete adecuado de datos restringidos.
¿Por qué me preocupa tanto esto? Me preocupa porque existe el peligro de que algunos productos de alta toxicidad que no han sido regulados o debidamente examinados continúan en el mercado, mientras que otros, que no encierran ningún peligro imaginable y ocupan un lugar muy bajo en las Listas 3 y 4, y que en algunos casos entran realmente en la categoría de usos esenciales, dejarán de comercializarse porque probablemente sus productores no pueden preparar el complejo expediente necesario para superar todos los procesos establecidos inicialmente en el que, como dice el ponente, ha sido un proceso extraordinariamente lento.
Sólo quiero poner un ejemplo a la comisión para ilustrar lo que digo: los argumentos ad hominem siempre son peligrosos, pero hay un productor en mi zona que optó por una determinada gama de productos fitosanitarios porque él mismo se sintió alarmado al comprobar personalmente las consecuencias de pesticidas peligrosos. Si hablo de cosas como el Agente naranja, todos saben exactamente a lo que me refiero. Sustancias realmente nocivas.
Dicho productor ha elaborado un producto, que yo mismo utilizo, que se llama Armilatox y es el único capaz de combatir enfermedades de las plantas como la armillaria mellea. Él no puede permitirse de ninguna manera pagar el coste previsible de la evaluación de dicho producto, que se encuentra en la gama baja de toxicidad. Equivaldría a dos o tres veces su facturación anual.
Debe haber algún modo de ayudar a personas como ésta a cumplir con las exigencias necesarias, o al menos que puedan presentar el dossier pertinente durante el plazo que tenemos ahora. De lo contrario, estaremos haciendo caso omiso de todas las declaraciones que se han hecho en esta Asamblea, sin olvidar las del partido del ponente, en el sentido de que debemos ayudar a las pequeñas empresas. No deberíamos limitarnos a ayudar a los grandes fabricantes que, naturalmente, pueden asumir los elevados costes de evaluación. Si no lo hacemos en este ámbito tan importante, habremos fracasado.

Byrne
. (EN) Señor Presidente, agradezco la oportunidad de debatir aquí hoy este asunto. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Lannoye así como al Sr. Parish por sus esfuerzos en la elaboración de los textos que nos ocupan. Siento gran interés por conocer el texto final de la resolución.
Con la publicación, en agosto del pasado año, del informe de la Comisión perseguía un doble objetivo. Primero, garantizar una mayor transparencia. Segundo, mejorar la comprensión del proceso de evaluación de los productos fitosanitarios y los problemas que debe superar la Comisión para cumplir los plazos imposibles establecidos en la directiva en vigor.
En el presente texto de resolución hay una serie de declaraciones y afirmaciones con las que la Comisión discrepa profundamente. Yo podría proporcionar, en su momento, una respuesta exhaustiva a la resolución tras su aprobación formal. Como todos sabrán, a pesar de que el informe de la Comisión se centra en nuestro progreso hasta la fecha en la evaluación de las sustancias activas, también tiene la mirada puesta firmemente en el futuro. Todos reconocemos que las evaluaciones no estarán completas en 2003. Las razones para ello son numerosas y están contempladas en el informe, como muchos de ustedes habrán podido comprobar.
Quisiera mencionar, en particular, el desfase entre los ambiciosos objetivos que establece la directiva y los recursos de que dispone la Comisión para realizar dichos objetivos. Esta situación nos exige buscar un acuerdo sobre el enfoque que deberemos adoptar en julio de 2003 en lo que respecta a dichas sustancias, y habrá cientos de ellas cuyas evaluaciones aún no estarán terminadas.
A pesar de que la directiva delega esta decisión en la Comisión, a través del procedimiento de comitología, hemos considerado que el asunto es lo suficientemente importante como para solicitar el acuerdo del Parlamento sobre el enfoque que deberemos adoptar en 2003 con respecto a dichas sustancias amparadas.
Comparto la opinión de que esta labor debería estar concluida en 2008. No obstante, sólo puedo asumir este compromiso con la condición de que todas las partes que intervienen en el proceso respeten los plazos y pongan a disposición recursos suficientes. Asimismo, no debemos olvidar que pueden surgir nuevos problemas científicos importantes que hagan necesaria la solicitud de datos adicionales, lo que retrasaría el proceso de toma de decisiones.
La segunda cuestión que debemos resaltar es que la directiva tiene ya diez años. Es evidente que debe ser mejorada. La preparación del informe nos ha permitido reflexionar sobre cómo efectuar dichas mejoras sin comprometer los principios de la directiva. Son varios los ámbitos en los que podría mejorarse la eficacia y en los que podrían resolverse los problemas que han surgido con el paso de los años. Una vez más, agradezco la reacción del Parlamento en este sentido y tengo previsto volver este mismo año con propuestas sobre la modificación de la directiva.
Con este fin, estamos organizando una reunión de los interesados, que se celebrará en julio en Grecia con vistas a la preparación de la Presidencia griega, y acogeríamos con satisfacción la presencia del Sr. Lannoye y el Sr. Parish en dichas negociaciones para garantizar que el Parlamento tiene voz incluso en nuestros trabajos preliminares. Asimismo, los residuos de pesticidas son un aspecto importante de este ámbito de trabajo y tenemos intención de presentar propuestas en los próximos meses para consolidar y modificar la legislación fundamental.
Un aspecto importante es que las próximas propuestas estarán sujetas al procedimiento de codecisión. Esto permitirá la plena participación del Parlamento en el contenido definitivo de la legislación, lo que naturalmente acojo con gran satisfacción.
Señor Presidente, reconozco que son numerosos los asuntos sobre los que podríamos discutir y son muchas las observaciones contenidas en los textos que nos ocupan en las que podría discrepar, pero no quiero extenderme demasiado, y creo que lo mejor será tratar sobre estos asuntos cuando presentemos las propuestas sobre la modificación de la directiva. Sería una negligencia por mi parte no reconocer las repercusiones en julio de 2003, cuando se retiren del mercado cientos de sustancias. Entre ellas se incluirán sustancias para las que las alternativas reconocidas son pocas o ninguna. Los Estados miembros y los agricultores insisten en que esto podría crear serios problemas.
La Comisión es sensible a este asunto y está estudiando en colaboración con los Estados miembros cómo se podrían resolver y minimizar dichos problemas sin comprometer la seguridad. No obstante, tomo nota de la sugerencia que hace el presente texto, en el sentido de que cualquier autorización que se conceda para usos esenciales se hará bajo condiciones estrictas. No me olvidaré de transmitir a los Estados miembros este punto de vista del Parlamento.
Por último, reconozco que existe una cierta impaciencia en lo que se refiere a la adopción por la Comisión de una comunicación sobre el uso sostenible de pesticidas. La comunicación está en las últimas fases de nuestro procedimiento interno de consultas y espero que estará disponible a tiempo para que sus Señorías la incluyan entre su lectura de verano.
Para terminar, agradezco haber recibido las conclusiones del Parlamento y espero con interés poder volver este mismo año con las propuestas sobre la modificación.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0170/2002) de la Sra. Myller, sobre el informe de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3618/1/2002 - C5-0171/2002 - 2001/0029(COD)) por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente.

Myller (PSE)
. (FI) Señor Presidente, quiero dar afablemente las gracias a todos los que han participado en la elaboración y toma de decisiones en torno al Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, incluidos los ponentes alternativos de los Grupos, los miembros del Comité de Conciliación y su Secretaría, la Presidencia española y la Comisión. Todas las instancias mencionadas han contribuido al excelente resultado conseguido en la conciliación. También debemos sentirnos satisfechos de este resultado, ya que la gran mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento han sido aceptadas en la conciliación, pero más satisfechos aún debemos estar porque las enmiendas aceptadas son importantísimas cualitativamente.
En su conjunto, podemos decir que el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente es una continuación del Quinto Programa de Acción, a pesar de que se haya criticado que cuando se empezó la elaboración del Sexto Programa de Acción, no se había llevado a cabo un análisis suficiente del Quinto Programa de Acción para que le sirviera de base. En cualquier caso, la idea que surgió por primera vez en el Quinto Programa de Acción en cuanto a integrar la política medioambiental en todas las demás políticas sigue siendo el centro de gravedad de este Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, y está muy claro que sólo de esta forma podremos avanzar en las cuestiones medioambientales. Todos los ámbitos de la política deben esforzarse por sí mismos para conseguir los objetivos medioambientales. Estos objetivos deben trazarse atendiendo a consideraciones medioambientales, claro está, pero serán los diferentes sectores quienes tengan la responsabilidad de buscar los medios para alcanzar los objetivos. Nos damos cuenta de que esto no es fácil. Hoy, en esta Asamblea, hemos abordado el debate sobre la política pesquera y agrícola, y nos hemos percatado de que la incorporación de las cuestiones medioambientales a estos temas tan importantes y esenciales es algo que se antoja harto difícil en la práctica.
Los instrumentos de apoyo de este Programa -con el fin de garantizar que la ejecución del mismo avance en la dirección correcta- son las estrategias temáticas. También me siento satisfecha de que en el procedimiento de conciliación se consiguiese unanimidad con respecto de que el Parlamento tiene pleno derecho de participación en la creación de las estrategias y en la toma de decisiones sobre las mismas, así como que dichas estrategias deben elaborarse con la suficiente flexibilidad.
En la conciliación se aprobaron muchos principios importantes, entre los cuales quizás merezca la pena mencionar que, por primera vez, tenemos una decisión sobre impuestos medioambientales a escala europea. El Consejo debería ahora emprender medidas y analizar cómo y en qué contextos se progresará en esta cuestión. De hecho, ya tenemos una decisión sobre el impuesto energético para la Cumbre de Sevilla, por poner un ejemplo. Otro principio importante es que estamos obligados, por fin, a proceder a la revisión de las políticas de subvenciones practicadas tanto en los Estados miembros, como en el ámbito de la UE. No podemos, bajo ningún concepto, gastarle una mala pasada a la política medioambiental subvencionando actividades perjudiciales para el medio ambiente. La lucha contra el cambio climático recibió un nuevo impulso, y se presta mayor atención a las emisiones del transporte en estas acciones conjuntas.
Por último, quiero destacar de forma particular que la aprobación de la política de medio urbano como nueva estrategia temática por iniciativa del Parlamento representa un reto para todos nosotros, dado que se trata de una cuestión acusadamente horizontal. Debemos ser capaces de encontrar contenidos para esta estrategia temática en materia de medio urbano, tanto en lo que se refiere a la mejora de la política medioambiental como al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. Espero que lo consigamos.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar a todos los que han colaborado en el programa, y también a la Comisaria, -ahora diré porqué-, así como al Consejo, porque en las últimas actuaciones de conciliación ha hecho, evidentemente, el máximo esfuerzo por aceptar y acercarse a las posiciones del Parlamento.
Quiero felicitarla por el tipo de programa que se ha elaborado en esta ocasión. Creo que es una demostración de que el tiempo ha enseñado también a la Comisión a trabajar en la línea correcta. Y es que un plan de acción medioambiental debe contener grandes directrices, no anexos, no medidas concretas, sino que debe ser la gran percha de la cual tienen que colgar todas las actuaciones futuras. Y en ese sentido, la Comisión ha sabido hacer, creo, un programa viable y lleno de sentido común, que le da más autoridad a la propia Comisión y a Europa que un programa ideal lleno de exigencias e imposible de cumplir y de implementar, y que, por tanto, habría sido injusto.
He de alabar también la elección de las estrategias temáticas. Creo que es un paso adelante cualitativo que marca una nueva manera de trabajar, en la cual se van a tener en cuenta valores científicos, se va a elaborar un informe sobre el estado de la cuestión, se van a valorar los costos y la capacidad de implementación y, además, se va a conocer mejor lo que pasa en Europa antes de comenzar las actuaciones. Me parece que ésta -las estrategias temáticas-, es una medida que debería extenderse a muchos terrenos. Ello nos permitirá, por ejemplo, incluso conocer los costos, que es uno de los aspectos que se están exigiendo: que cuando se defina una política, se definan sus costos.
A su vez también quisiera llamar la atención sobre el hecho de que las estrategias temáticas han de aplicarse a la política de cambio climático y a las emisiones. No puede ser que sólo tengamos estrategias sobre los carburantes de coches, pero no sobre las calefacciones. Existe el riesgo, por otra parte, de que la aplicación de las políticas dañe al medio rural; una política fiscal malentendida y generalista para determinados productos puede causar un daño tremendo a los que viven alejados del territorio, que están cuidando el paisaje, que están cuidando el medio ambiente. Hago un llamamiento, por tanto, a una aplicación justa y equilibrada.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, espero que mi Grupo y la totalidad del Parlamento Europeo voten mañana a favor de la propuesta del Comité de Conciliación en relación con el Sexto Programa de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente - con Riitta Myller como ponente - ha trabajado intensamente, y con éxito, para concretar y mejorar la propuesta básica de la Comisión. Quisiera expresar mis agradecimientos a Riitta Myller, a todos los colegas y, obviamente, al Comité de Conciliación por haber posibilitado este trabajo.
Es evidente que para los próximos diez años mi Grupo hubiese querido ver un Programa de Acción en materias de Medio Ambiente más amplio, más orientado a la consecución de objetivos y más concreto, es decir, un real avance en favor de la política medioambiental y del desarrollo ecológicamente sostenible. Ahora tenemos un Programa pleno de expresiones que denotan deseo, tales como "fomentar", "intentar", "favorecer" y "pretender". Para que no tengamos sólo esperanzas vacías es necesario transformar las declaraciones estratégicas de carácter general en propuestas concretas y, posteriormente, realizarlas.
Confiamos en la Comisaria Margot Wallström y en las estrategias temáticas que se aprobarán por medio de la codecisión. El Programa tendrá que incentivar a los diferentes sectores sociales para resolver los problemas medioambientales de manera activa y responsable. Como legisladores, nuestra principal responsabilidad es fijar los objetivos y medios para alcanzar un desarrollo de estas características.
Wallström
. (EN) Señor Presidente, Señorías, con ocasión de la segunda lectura, en enero, comenté que existía un amplio acuerdo entre las instituciones sobre el programa y, por aquel entonces, esperaba que ello fuera indicio de que las tres instituciones no tardarían en llegar a un acuerdo definitivo sobre el programa. No fui defraudada y en aquella ocasión alabé también el espíritu con que la Sra. Myller, como ponente, abordó la segunda lectura. El cuidado y la precisión con que abordó sus enmiendas apuntaba a la posibilidad de alcanzar un compromiso sensato con el Consejo.
El presente acuerdo proporciona una excelente base para la política medioambiental comunitaria para los próximos diez años. Las prioridades son: el clima, la biodiversidad, la salud, los recursos y los residuos. El planteamiento: un enfoque basado en el conocimiento, la consulta, la evaluación de los costes y beneficios; y los medios: la legislación, los instrumentos del mercado, la integración, la participación de la ciudadanía y de las partes interesadas y una mejor aplicación del Derecho comunitario.
Es un programa de acción. Quizá la Sra. Schörling olvidó mencionar que se han identificado además 104 acciones diferentes. Esto quiere decir que es un programa para todos - tendrán ocasión de comprobar si realizamos dichas acciones o no.
La integración es la parte central del programa, y el programa es la parte central de la estrategia de la Comunidad para el desarrollo sostenible, que con la ayuda del Parlamento, como quedó demostrado en Estrasburgo a comienzos de este mes, presentaremos en la Cumbre Mundial de Johannesburgo después del verano y que a partir de ahí seguiremos impulsando, naturalmente.
Una vez más, permítanme dar la enhorabuena a la Sra. Myller; gracias, en buena medida, a ella y a todos los colegas del Parlamento Europeo que se han esforzado por sacar adelante esta propuesta hasta el borde de la aprobación, tenemos ahora este nuevo Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. Los grandes esfuerzos, sin embargo, no han hecho más que empezar, especialmente para la Comisión. Espero que la cooperación entre la Comisión y el Parlamento se mantenga en la aplicación de este programa. La próxima vez, cuando se presente una ocasión oficial, deberíamos sacar el champán.

El Presidente. -
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0163/2002) del Sr. Lange sobre el informe de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3615/2002 - C5-0136/2002 - 2000/0136(COD)) por la que se modifica la Directiva 97/24/CE relativa a determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas.

Lange (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, 'Un claro endurecimiento?, así valoraba el lunes un importante diario la normativa sobre los gases de escape que vamos a adoptar mañana. Con esta normativa hemos avanzado, en efecto, un nuevo paso en la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias nocivas procedentes de la combustión de los motores. Con la nueva normativa que tenemos sobre la mesa, a partir de 2006, las motocicletas y los ciclomotores serán tan limpios como un automóvil moderno, matriculado tras la entrada en vigor de la norma Euro-III.
Se ha requerido un largo procedimiento para conseguirlo. En el pasado, la normativa sobre emisiones había dejado un poco al margen a los vehículos motorizados de dos ruedas. Esto había conducido a que los valores límite actualmente autorizados para los mismos sean varias veces superiores a los valores límite para otros vehículos de motor, como pueden ser los automóviles o los camiones. Es absolutamente injustificable que las emisiones de una motocicleta, que transporta a una sola persona, sean 17 veces superiores a las de un automóvil, que puede transportar a cuatro personas. Por lo tanto, era acertado y necesario promover unas normas razonables también en este aspecto y yo creo que el resultado que finalmente hemos conseguido es también modélico.
Hemos logrado establecer unos valores límite que reducen las emisiones admisibles en un 75% como promedio. Yo creo que es un porcentaje del que todos podemos sentirnos satisfechos. Vamos a alcanzar esta meta en dos fases vinculantes. En este aspecto hemos tenido algunos enfrentamientos, pero finalmente llegamos a un acuerdo sobre esta segunda fase vinculante. De manera que en 2006 se habrá podido conseguir esta considerable reducción en todos los ciclomotores y motocicletas de nueva matriculación.
Además de fijar unos valores límite, también hemos incorporado, no obstante, otras garantías adicionales, de manera que los valores límite, además de quedar muy bien en el momento de la matriculación, también se traduzcan en una verdadera reducción de las emisiones de las motocicletas y ciclomotores en la calle. Acordamos que los valores límite deberán mantenerse durante 30.000 kms. También será preciso garantizar, por lo tanto, en la práctica, sobre el terreno, que las motocicletas sigan funcionando de manera limpia.
Acordamos asimismo que, cuando existan sospechas fundadas, las autoridades podrán establecer una vigilancia sobre el terreno y controlar los modelos de un determinado tipo para comprobar si existe un fallo mecánico, técnico o tal vez de mantenimiento que ocasione unas emisiones más altas. Y acordamos asimismo que nadie debe hacer trampa y no se autorizará el uso de dispositivos electrónicos de cierre.
Se conocen algunos casos de fabricantes que han conseguido excelentes resultados durante el ciclo de ensayo, pero cuando el vehículo circula fuera de ese contexto, las emisiones se disparan. Esto no debe suceder. También hemos llegado a un acuerdo al respecto, de manera que el paquete resultante tenga pies y cabeza. Esto también queda de manifiesto en las ligeras modificaciones introducidas en los requisitos que deberán cumplir las pruebas de homologación. Hasta ahora, las pruebas se realizaban con la motocicleta caliente a una velocidad de 50 km/h. Naturalmente esto está muy alejado de las condiciones reales de funcionamiento. Por esto, decidimos que la medición debe comenzar con la motocicleta fría y debe comprender también velocidades más altas, incluido un recorrido interurbano, pues en la práctica las motocicletas, evidentemente, raras veces circulan a una velocidad máxima de 50 km/h. En el procedimiento de conciliación también llegamos finalmente a un acuerdo al respecto. En este sentido, yo creo que es posible afirmar con plena justificación que hemos marcado un pequeño hito en la historia de la calidad del aire en Europa, un verdadero triunfo para la Unión Europea, que permitirá que el aire esté considerablemente más limpio en Europa. Doy las gracias a cuantos han contribuido a ello.
Liikanen
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo y, en particular, al ponente, Sr. Lange, por haber demostrado la voluntad necesaria para llevar a término el acuerdo de conciliación con el Consejo sobre este expediente. Permítame expresar también el deseo de que alguna vez tratemos sobre el informe del Sr. Lange durante el día. Ya es la séptima vez que iniciamos dicho debate a una cercana a las 11 de la noche.
Podemos sentirnos satisfechos de que se haya alcanzado un acuerdo sobre los valores límite para las emisiones contaminantes aplicables a los vehículos de motor de dos o tres ruedas. Este acuerdo permitirá, en última instancia, introducir un nuevo ensayo especial para motocicletas en los niveles de 2006 como opción a la elección del fabricante. La aplicación de este ensayo en la UE garantizará los mejores controles medioambientales posibles sobre dichos vehículos. Mantendremos nuestros esfuerzos para finalizar estos ciclos de ensayo sobre una base armonizada con las otras partes tan pronto como sea posible. En este sentido, la Comisión presentará una propuesta lo antes posible, si es factible antes de final de año, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la introducción de este nuevo ciclo especial junto con los valores límite adecuados para las emisiones que sean equivalente a aquéllos ya previstos para 2006 en dicho acuerdo.
Al mismo tiempo, estudiaremos a partir de qué fecha un nuevo ensayo especial para motocicletas se convertirá en el único ensayo para el procedimiento que debe seguir el usuario para obtener la homologación regular. En este sentido, la Comisión quisiera hacer una declaración que ya ha circulado por las instituciones y que es la siguiente: la Comisión reafirma su objetivo de garantizar la mejor protección posible del medio ambiente según establece el apartado 3 del artículo 95 del Tratado. De conformidad con su propuesta de incluir el nuevo ciclo de ensayo especial para motocicletas en la fase de 2006, tal y como establece el apartado 5 del artículo 4, la Comisión también estudiará la fecha en que este ensayo se convertirá en el único procedimiento de ensayo para la homologación a nivel de la UE.
La Comisión toma nota de la decisión de los colegisladores en el artículo 3 A, según la cual deberá presentar una propuesta que defina el tiempo de vida normal y establecer disposiciones complementarias. En esta ocasión, la Comisión recuerda que en virtud del derecho de iniciativa que le otorga el Tratado, corresponde a la Comisión estimar el momento oportuno y el contenido de la propuesta que deberá presentar.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos preguntas orales (B5-0019/02) e (B5-0020/02) a la Comisión sobre la situación del sector europeo de la construcción naval.

Mann, Erika (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace varios años que existen claros indicios de que la República de Corea distorsiona de manera apreciable y continuada la competencia internacional en el sector de la construcción naval mediante subvenciones contrarias a los acuerdos de la OMC. En junio de 2001, la Comisión declaró que las negociaciones con Corea habían fracasado e instó al Consejo y al Parlamento a iniciar un procedimiento en el marco de la OMC, acompañado simultáneamente de medidas temporales de protección de los sectores de la construcción naval europea, extremadamente amenazados.
El Parlamento aprobó este procedimiento y recomendó que, además, se hicieran extensivas dichas medidas protectoras a los buques cisterna para el transporte de gas. La Comisión dispone entre tanto de un estudio que examina la situación de la competencia para los diversos tipos de construcción naval, con especial atención al sector de los buques cisterna para el transporte de gas. Este estudio se ha remitido al Consejo. Yo quisiera formularle algunas preguntas al Comisario sobre estas sucintas circunstancias. Primero, ¿cuándo se pondrá dicho estudio a la disposición del Parlamento y de la opinión pública? Segundo, ¿confirma el estudio la necesidad de iniciar un procedimiento contra Corea en el marco de la OMC? Tercero, ¿existen diferencias en cuanto a la valoración del estudio dentro de la Comisión? Cuarto, ¿cuándo va iniciar la Comisión el procedimiento en el marco de la OMC y cuándo prevé introducir, además, las medidas defensivas para los sectores perjudicados?
Quinto, ¿cuántos puestos de trabajo corren peligro en Europa debido a las actuales distorsiones de la competencia? Sexto, ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido ya debido a que en los últimos dos años no se emprendió ninguna medida en el marco de la OMC y no se adoptó ninguna medida defensiva complementaria? Séptimo, ¿cuántos pedidos ha perdido la industria europea en los últimos dos años?
Como último punto, señor Comisario, ¿cómo valora usted la situación y los debates que se están desarrollando al respecto en el Consejo? La colega Riis-Jørgensen se encuentra aquí y la situación en el Consejo es parecida a la que existe en el Parlamento. En los Estados miembros se están desarrollando grandes controversias sobre la idoneidad del procedimiento previsto por la Comisión, con la propuesta de iniciar, por un lado, un procedimiento en el marco de la OMC y mitigar al mismo tiempo la situación mediante medidas defensivas. Cuando aprobamos el informe Riis-Jørgensen, una gran mayoría del Parlamento opinaba que este era el camino adecuado. Yo doy por sentado que esta gran mayoría seguirá siendo de la misma opinión en el futuro. No obstante, le ruego al señor Comisario que nos informe sobre las medidas que prevé adoptar y las sitúe en el contexto de las nuevas discusiones en el seno del Consejo después de que le fuera remitido el estudio.

Valdivielso de Cué (PPE-DE).
Señor Presidente, ya sé que voy a repetir lo que ha dicho la precedente oradora, porque, claro, aquí no hay más que sota, caballo y rey. Y una vez más nos reunimos en esta Cámara para hablar de la construcción naval y las prácticas desleales de Corea del Sur en este sector.
No me cabe ninguna duda de que, mientras estamos aquí discutiendo si son galgos o podencos, los astilleros coreanos estarán trabajando a pleno rendimiento. Me permito también recordar que esta discusión sobre las prácticas desleales de este país asiático comenzó en 1998 y, hasta el momento, no se ha actuado contra la República de Corea del Sur, sino que aquí pasamos el tiempo discutiendo la idoneidad o no de incluir una u otra categoría dentro del mecanismo de defensa, que la Comisión Europea ha diseñado hace ya casi dos años. Creo que no me equivoco si digo que a este ritmo acabaremos incluyendo los barcos de recreo.
También me gustaría recordar que en esta misma Cámara ya se aprobó en noviembre de 2001 la inclusión de los buques gaseros, ferrys y barcos para el transporte de vehículos rodantes, que, por otra parte, forma parte de la queja a la OMC, pero no estaban incluidos en el mecanismo de defensa.
Sorprendentemente, dicha propuesta no obtuvo el apoyo necesario en el Consejo, por lo cual todo el expediente continúa detenido. Esto es verdaderamente vergonzoso. Me gustaría hacer un llamamiento a la solidaridad entre los países de la Unión, solidaridad sobre la que hemos edificado esta Europa comunitaria y que en los últimos tiempos, parece haberse eclipsado en cierta forma, ya que sin ella, en un breve espacio de tiempo, los astilleros europeos habrán desaparecido, y nosotros seremos los responsables ante miles de familias.

Liikanen
. (EN) Señor Presidente, a pesar del apoyo del Parlamento Europeo el pasado noviembre y de las expectativas de la Comisión de que las negociaciones en el Consejo tendrían un resultado positivo, en la reunión de Ministros de Industria del pasado mes de diciembre no se tomó ninguna decisión sobre el mecanismo temporal de defensa.
A petición de la industria europea, la Comisión emprendió la actualización de su Reglamento sobre obstáculos al comercio, investigación que acaba de concluir. La Comisión tomó nota de los resultados del informe sobre dicho Reglamento en su sesión de 7 de mayo y autorizó su transmisión al Consejo. El informe sobre el Reglamento sobre obstáculos al comercio en su versión actualizada será objeto de negociaciones con los Estados miembros y el Comité de dicho Reglamento el 29 de mayo.
Las conclusiones de la investigación sobre la actualización confirman los resultados de la primera investigación en lo que respecta al sector de los buques contenedores y los buques cisterna para el transporte de productos petroleros y químicos, a saber, que las subvenciones coreanas en cuestión están teniendo repercusiones adversas para el sector de la UE según los términos del Acuerdo sobre subvenciones de la OMC.
En cuanto a los acontecimientos de 2001 relativos al sector de los buques cisterna para el transporte de gas natural, el Reglamento sobre obstáculos al comercio actualizado hace hincapié en el considerable incremento de las cuotas de mercado de Corea y llega a la conclusión de que es necesario un nuevo examen para determinar si esta tendencia se mantiene a más largo plazo. La Comisión continuará, por consiguiente, vigilando el mercado.
La propuesta de la Comisión sobre el mecanismo temporal de defensa, que fue sometida al Parlamento Europeo para consulta en noviembre de 2001, volverá a ser debatida, según las previsiones provisionales, durante la próxima reunión del Consejo de Industria, previsto para el 6 de junio. La Comisión insiste en la necesidad de una respuesta doble conjunta, es decir, la queja de la OMC y el mecanismo temporal de defensa. Asimismo, la Comisión acoge favorablemente la posición común aprobada por los miembros de la OCDE en París de lanzar nuevas negociaciones sobre un nuevo acuerdo relativo a la construcción naval en la que participen los principales países con construcción naval que no son miembros de la OCDE.
La Comisión considera que éstos son pasos importantes hacia una solución de los problemas ocasionados por las prácticas coreanas en relación con el caso del Reglamento sobre obstáculos al comercio y el mecanismo temporal de defensa, así como, a largo plazo, el acuerdo de la OCDE. En consecuencia, se propone participar activamente en dichas negociaciones y evaluar detenidamente los acontecimientos. Ha habido también otras preguntas detalladas a las que puedo responder en la forma de nuestro Informe anual y tras haber consultado a mis colegas que trabajan en este expediente, el Sr. Lamy y el Sr. Monti.

Gomolka (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace casi exactamente un año, el 14 de mayo de 2001, el Consejo otorgó poderes a la Comisión para iniciar un procedimiento de resolución de conflictos ante la OMC, con objeto de poner fin a las prácticas de competencia desleal de la República de Corea. Desde entonces, no sólo no se ha registrado ninguna mejora, sino que las desproporciones han seguido incrementándose. El dumping de Corea continúa distorsionando extraordinariamente la competencia internacional, con el resultado de que la Unión Europea ha perdido nuevas cuotas de mercado. Existe el riesgo de que los desequilibrios estructurales se intensifiquen todavía más. Los astilleros coreanos están realizando intensos esfuerzos para conseguir pedidos de determinados tipos de buques, como por ejemplo buques de crucero, cuya construcción había sido hasta ahora un dominio europeo. Esta carga permanente está afectando a un sector industrial europeo que justamente ha tenido que afrontar difíciles procesos de adaptación en los últimos años, tanto en lo que respecta a la reducción de capacidad como en cuanto a la mejora de la calidad y la productividad en los centros restantes.
Las repercusiones regionales de esta reestructuración fueron y siguen siendo sumamente gravosas para las regiones periféricas. Las medidas estructurales propuestas por la Comisión hasta que concluya el procedimiento de resolución de conflictos ante la OMC son imprescindibles si no queremos que se vea amenazada la supervivencia de la construcción naval europea. Por esto, es de esperar que el Consejo adopte sin demora las medidas defensivas temporales. Además, también se debería recurrir de manera consecuente con los procedimientos de imposición de aranceles antidumping y compensatorios de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Las amenazas no han tenido hasta la fecha ningún efecto visible sobre la actitud de Corea. ¡Ahora se impone la necesidad de emprender acciones claras!

Riis-Jørgensen (ELDR).
Señor Presidente, éste es un tema al que volvemos con cierta regularidad. Es la misma alianza cada vez y esto no mejora el tema. Parece fuera de cualquier duda que los surcoreanos conceden ayudas de Estado ilegales de acuerdo con las normas de la OMC. Sin embargo, no hay acuerdo respecto a qué debe hacerse.
La Comisión es la única responsable para demandar ante la OMC a Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de las inequívocas peticiones realizadas desde el Consejo y el Parlamento Europeo, la Comisión y el Comisario Lamy, como responsable de este ámbito, hasta la fecha han mostrado una capacidad impresionante para hacer caso omiso de estas peticiones. El Sr. Lamy se niega por razones absolutamente incomprensibles a presentar una demanda ante la OMC, a menos que simultáneamente se introduzcan ayudas de Estado a los astilleros europeos. O dicho de otro modo: el Sr. Lamy sólo intentará que se reconozca la práctica surcoreana como ilegal si la propia Europa introduce una práctica ilegal. A mi modo de ver, nosotros en Europa sólo dañaremos nuestra propia causa con semejante modo de proceder, sin embargo, es de esperar que usted, Sr. Liikanen, explique la sabiduría de esta posición, aunque lo dudo. Como ponente, el pasado otoño trabajé mucho en contra de esta interconexión y sigo siendo contraria. Las ayudas de Estados nunca han tenido ningún beneficio y tienen un coste alto para los Estados miembros. Me gustaría pedirle encarecidamente al señor Comisario Lamy, como por lo demás también ya he hecho en la carta aún sin contestar que le remití junto a mi colega finlandesa, la Sra. Kauppi, que denuncie inmediatamente ante la OMC a Corea del Sur. Esto mismo propone el Grupo ELDR en la enmienda 3.
En los astilleros daneses ya se ha comenzado a despedir a trabajadores con la justificación de que ya no se puede competir con las ayudas de Estado masivas de los coreanos. Éste es por tanto un tema muy importante, sobre todo para la zona por la que he sido elegida y pido encarecidamente que se inicie una demanda ante la OMC.
En cuanto a la cuestión relativa al desempleo, me remitiré a la enmienda 4 del Grupo ELDR.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta misma tarde, en una opinión que comparto, un colega parlamentario calificaba la propuesta de la Política Común de Pesca presentada por el Comisario Fischler diciendo que era la técnica de cortar la cabeza para curar la jaqueca. Dos actividades tan vinculadas entre sí, la pesca y la construcción naval, constituyen hoy una honda preocupación en muchos Estados miembros, en regiones de la Unión Europea como Galicia y en ciudades como la mía, Vigo, donde construcción naval y pesca son fuente de empleo y medio de vida para muchas familias.
En diciembre del pasado año 2000, un informe de este Parlamento recogía las amenazas para la construcción naval en Europa: crisis del sector pesquero, banderas de conveniencia en la marina mercante, riesgos de construcción de barcos con pabellón de un país comunitario fuera de Europa. Todo esto porque no somos capaces de resistir una situación de competencia desleal ante una realidad de deslealtad y de dumping. Eso sí, en espera de que Comisión y Consejo adopten decisiones de profundo calado político, valientes y decididas.
Pienso que el sector naval acepta y quiere los objetivos de la Unión Europea: saneamiento de la industria de la construcción naval, aumento de la productividad, mejora de la competitividad de los astilleros, mejora del medio ambiente, objetivos alcanzables en una situación de transparencia e igualdad, pero no desde la desventaja del dumping y la competencia desleal.
Por eso pedimos que se establezca un vínculo entre el mecanismo defensivo temporal y las decisiones que adopte la OMC en las acciones emprendidas por la Comunidad contra Corea, y por eso pedimos también la extensión del mecanismo protector a segmentos del mercado tales como buques gaseros, ferrys y buques Roll on - Roll off (Ro-Ro), pues a ellos se extiende también la reclamación presentada ante la OMC, además de los buques contenedores, los buques cisterna para el transporte de productos petroleros y químicos y los buques cisterna para el transporte de gas natural.
Concluyo: apruébese el Reglamento antes de que sea tarde, porque los astilleros hayan cerrado sus puertas ante la impotencia. Y lo que es peor, si la Unión Europea no apuesta a través de ayudas temporales por la construcción naval, estará quizá invitando a quienes practican el dumping y la deslealtad a extender esas prácticas a otros sectores de la actividad económica, como la automoción, la electrónica. Una y otra posibilidad son incompatibles con la transparencia y la libre competencia que quiere Europa y queremos los europeos.
Señor Comisario, no lleguemos tarde. Desaparecerá la jaqueca porque antes hemos perdido la cabeza.

Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, estimado colega, ahora es en verdad muy tarde. Reconozco que estoy cansado, pero no tanto como para no luchar por nuestros puestos de trabajo en la construcción naval europea. Los próximos días todo el mundo, o al menos todo el mundo aficionado al fútbol, tendrá la mirada puesta en Japón y Corea del Sur. Sin embargo, cuando pienso en la situación en el sector de la construcción naval, yo preferiría apartar la mirada del Lejano Oriente. El trasfondo sigue siendo el mismo, concretamente el dumping de los astilleros coreanos. La distorsión de la competencia ya descrita, que un estudio comunitario acaba de confirmar nuevamente, se ha agravado con la suspensión de las subvenciones en Europa. Como consecuencia, cada vez están cerrando más industrias navales y las incontables regulaciones de empleo sólo permiten llegar a una conclusión: ¡la construcción naval europea está sufriendo una crisis existencial!
¿Y qué hacemos en Europa? En mi calidad de diputado de una región costera, continuamente me repiten esta pregunta. Me gustaría responderles a los afectados que el Parlamento ha hecho sus deberes, pero los otros dos actores principales han descuidado su responsabilidad. Un pequeño dato numérico me permitirá dejar claro mi malestar. Entre tanto, estamos debatiendo la tercera resolución del Parlamento y ya hace tiempo que aprobamos las medidas defensivas temporales. Sin embargo, el apoyo a los astilleros todavía no ha obtenido luz verde. ¿Por qué? Porque el Consejo todavía no ha conseguido llegar a un acuerdo y la Comisión, lamentablemente, todavía tiene que contemplar la inclusión de otros tipos de buques, a los que ya se extiende el recurso ante la OMC. Permítanme, por lo tanto, que vuelva a exponer claramente aquí, en el Parlamento, los puntos esenciales de nuestra política común.
Necesitamos urgentemente una acción comunitaria. Ésta se deberá iniciar de inmediato mediante un recurso ante la OMC -el Consejo ya se reúne, en cualquier caso la semana próxima, según acabamos de oír- y esta acción comunitaria deberá ir acompañada de un apoyo temporal a los astilleros europeos. De lo contrario nos encontraremos jugando un partido de fútbol con la defensa incompleta, para retomar la imagen inicial. El procedimiento de recurso es lento. Pero el sector de la construcción naval europea ya está moribundo. No debemos subestimar el efecto declaratorio del recurso ante la OMC, pero aun así tenemos que contar con el apoyo de unas medidas inmediatas potentes. La propuesta de resolución presentada pide ambas cosas. Por lo tanto, yo espero que reciba un amplio apoyo en la votación de mañana, gracias también a la enmienda intergrupos.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del reglamento.

