
Donnelly, Brendan
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden referida al artículo 136 del Reglamento, que trata de las comisiones de investigación: ayer por la tarde, otros dos diputados y yo intentamos acceder a la reunión de la comisión que investiga la EEB. El acceso nos fue prohibido amable pero categóricamente. Quiero recalcar que lo único que pretendíamos era asistir; no deseábamos participar en las deliberaciones ni votar en la comisión. Después de mirar una vez más el Reglamento, no queda totalmente claro si la comisión tenía derecho a excluir de sus deliberaciones a otros diputados, en contraposición al gran público.
Sólo quiero comentarle, señora Presidenta, que voy a escribirle para solicitarle que pida una interpretación sobre la materia a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. Mientras esto no se aclare, hago un llamamiento político a los diputados de la comisión para que, en la medida de lo posible, permitan que otros diputados participemos, observando, en lo que obviamente es una cuestión política y agraria muy interesante y delicada.

El Presidente
He tomado nota de ello y esperamos a su escrito.

Plooij-Van Gorsel
Señora Presidenta, esta mañana he descubierto alarmada que la cadena de televisión neerlandesa que podemos recibir aquí en Estrasburgo ha sido suprimida de la red. Precisamente hoy, día de la inauguración oficial del año parlamentario en los Países Bajos, cuando nuestra Reina lee su discurso anual, ya no podremos enterarnos. Quisiera pedirle, señora Presidenta, que pregunte a la alcaldesa de Estrasburgo si puede ocuparse de que podamos volver a tener una emisora neerlandesa en el Parlamento, para que podamos seguir las noticias neerlandesas.

El Presidente
Tomamos nota de ello.

Decisión sobre la urgencia
Jacob
Señora Presidenta, sobre esta primera solicitud de urgencia que corresponde al Reglamento nº 805/68, la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido una opinión favorable y el informe estará listo para mañana.

Wynn
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. Realmente la solicitud de urgencia no se puede considerar de manera aislada; hay que considerar las tres juntas. Estoy hablando desde un punto de vista presupuestario. La forma en que se haga es indiferente, pero si votamos «sí» a la primera, habrá que votar «sí» a las dos restantes. El Parlamento quedará en ridículo si vota «sí» a la primera y «no» a las otras dos.

Funk
Señora Presidenta, se trata de tres informes independientes. Quiero rogar a sus Señorías que tomen en sus manos el documento. Comprobarán que se trata de tres informes con tres números diferentes que se elaboraron también en momentos diferentes. La Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural se ha pronunciado ayer con gran mayoría en favor de la urgencia de la propuesta sobre la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino.
Del mismo modo, ha rechazado con gran mayoría una modificación del régimen de apoyo para los productores de determinados cultivos herbáceos pues no existe ninguna urgencia para ello. El dinero para ello se necesitará solamente en 1998. Nos lo ha confirmado el representante de la Comisión que estaba presente.
Finalmente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha rechazado también con gran mayoría la solicitud de urgencia para mejorar la eficacia de la estructura agrícola.
Repito: urgencia para la carne, ninguna urgencia para los otros dos informes. La comisión lo aprobó así claramente.

El Presidente
La recomendación de la comisión es la de realizar tres votaciones por separado. Vamos a votar ahora sobre esta recomendación de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural consistente en votar por separado sobre las solicitudes.
(El Parlamento aprueba la propuesta)

El Presidente
Vamos a repetir ahora la votación sobre el Reglamento relativo a la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, de conformidad con la propuesta del ponente Funk, ha mandado votar sobre el primer punto, que ha sido aprobado. Siguiendo la recomendación, debería ordenar votar también sobre los otros dos puntos. Los queremos rechazar para que la Comisión se cerciore de que no vemos esta relación entre carne de vacuno, régimen de apoyo y desarrollo general de la reforma agraria.

Rocard
Señora Presidenta, creo que el Reglamento nos obliga a equilibrar las cuentas. Permitan a este antiguo ministro de agricultura solicitar a este Parlamento que no se ponga en ridículo.
El Reglamento de la carne de bovino depende de los gastos, y será en las otras dos resoluciones donde se trate de los ingresos. No podemos votar las unas sin los otros so pena de dar de nuevo una impresión de irresponsabilidad, y lamento que la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural lo haya hecho aquí. Hay algo de trágico en esta actitud. Suplico a este Parlamento, señora Presidenta, que sea lógico y responsable, y que ello se refleje en nuestros reglamentos.

Jacob
Señora Presidenta, únicamente quisiera recordar que, habida cuenta de la amplitud del tema, nos parece importante abrir un debate sereno, fuera del procedimiento de urgencia, con el fin de que podamos dialogar y trabajar seriamente con la comisión de Presupuestos, en lugar de arañar en unas horas, como ha propuesto el Sr. Rocard, en un presupuesto de mil millones de ecus.
Por ello proponemos hacer las cosas con seriedad y seguir el procedimiento ordinario. Por consiguiente, rechazamos la urgencia.
Propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0422 - C4-0448/96-96/0212(CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) nº1765/92 por el que se establece el régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos y se deroga el Reglamento (CEE) nº 1872/94
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Sociedad de la información - Derechos de autor y
derechos afines
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0244/96 del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre «Europa y la sociedad global de la información - Recomendaciones al Consejo Europeo» una comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre «Europa en marcha hacia la sociedad de la información». Plan de acción» (COM(94)0347 - C4-0093/94) (Ponentes para opinión (procedimiento «Gomes»): Sr. Barzanti en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. van Velzen de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. Kuhne en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, Sra. Plooij-Van Gorsel en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía); -A4-0255/96 del Sr. Barzanti, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM(95)0382 - C4-0354/95) relativo a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información; -A4-0215/96 del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las propuestas de decisiones del Consejo (COM(96)0006 - C4-0212/96-960017(CNS)) relativas a la firma y aprobación en nombre de la Comunidad Europea del Convenio Europeo sobre aspectos de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión transfronteriza vía satélite.
Herman
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, el informe que tengo el honor de presentarles ha sido elaborado conforme a las obligaciones del procedimiento «Gomes». Dicho de otro modo, en un solo informe integramos cinco o seis procedentes de las diferentes comisiones implicadas. Por desgracia, el resultado final no responde a la medida de nuestras aspiraciones y esperanzas. ¿Podemos preguntarnos por qué?
Apreciando las aportaciones, evidentemente positivas, que emanan de cada una de estas comisiones, debemos ser conscientes de que, en razón a la amplitud del tema (la sociedad de la información abarca muchos campos) el informe final había de ser necesariamente extenso. Contiene en torno a 120 párrafos, lo que produce necesariamente la sensación de que el documento adolece de combatividad, de radicalismo. Hubiéramos esperado y deseado decir a la Comisión lo más esencial en pocas palabras pero no ha sido posible. Por ello hemos recogido muchas aspiraciones, hemos aportado gran cantidad de consejos, temores e inquietudes que conllevan como resultado final que el documento no será probablemente considerado una obra maestra de claridad y tampoco tendrá un impacto considerable. Lo lamento, y temo que tengamos que modificar nuestros procedimientos en este sentido. Si el Parlamento desea tener algo que decir en este campo, debe aceptar el recurso a otros procedimientos diferentes al «Gomes». Además, veremos las aportaciones de las enmiendas que tendremos que votar y que probablemente no contribuirán a clarificar el mensaje.
Dicho esto, conviene aclarar, para aquellos que tengan el coraje de profundizar haciendo una lectura especialmente cuidadosa de cada párrafo, que todo lo esencial está en el informe. Pero estas cuestiones fundamentales se encuentran dispersas en un magma de consideraciones, de alcance general para unas y de alcance muy específico para otras, lo que no deja sitio para estas últimas en un mensaje general.
Así, por ejemplo, hay un párrafo donde se adoptan disposiciones fiscales, como una tasa que es medida, apreciada e incluso cifrada. Evidentemente, una medida como ésta no pertenece a este tipo de informes. Al hablar de la sociedad de la información, en el estado en el que nos aparece actualmente, se habla de grandes principios y no se entra en detalles tan concretos como una tasa, de la que, por otra parte, no se especifica con exactitud su forma de aplicación. Es como decir que, por esta razón, el informe general carecerá de pertinencia.
Dicho esto, desearía recordar los puntos fundamentales del informe. En primer lugar, la información no es una mercancía como las demás. Tiene un impacto en todos los aspectos de la vida en sociedad, especialmente en la sociedad moderna. Europa se encuentra ante un importante desafío y está mal preparada para afrontarlo. Necesitamos trabajar doble si no queremos quedarnos en la cuneta, pues la realidad está en permanente evolución. Hoy, más que nunca, es importante tomarle la medida al problema para afrontar las alianzas entre las multinacionales y ante el hecho de que en estos momentos los Estados se ven totalmente superados en la materia. El fenómeno que se va a desarrollar con rapidez es algo que no hemos tenido ocasión de apreciar en toda su amplitud.
Me ha impresionado que se haya hecho hincapié, en principio y ante todo, en los temores e inquietudes. Por supuesto, sin olvidar que son reales, debemos ser muy conscientes de su importancia. Pero, si hemos de prevenirnos contra todas estas inquietudes, contra los peligros que nos amenazan, no debemos olvidar lo principal, que es participar en la carrera. Efectivamente, los peligros y las amenazas de concentración son reales, la libertad de expresión se ve atacada y la desigualdad socava la sociedad aumentando la marginación. Todo esto es cierto. Pero la evolución seguirá imparable si no actuamos con premura. Y no estamos haciendo gran cosa.
Es necesario decir que la mayoría de los Estados miembros se están entregando a batallas ya superadas del mismo modo que, en 1940, se pensaba que la línea Maginot sería capaz de detener a los tanques. Lo mismo sucede hoy con nuestro concepto de servicio público y los monopolios de Estados. El mundo se llena de redes, de servidores para alimentarlas, se crean sociedades y se ofrecen nuevos servicios a todo el mundo mientras nosotros discutimos sin parar sobre el contenido del servicio universal y nos vemos excluidos o estamos cada vez menos presentes.
Éste es el mensaje que yo quisiera transmitir. Desearía que el Parlamento tomara las riendas, que no buscara en cada uno de los 120 párrafos todos los peligros posibles e imaginables, todo lo que sería necesario hacer y que no añadiera una lista de medidas imposibles de aplicar si hubiera de hacerse en conjunto, sobre todo en breves plazos.
Terminaré mi mensaje diciendo que ya es hora de tomar las riendas e ir a lo fundamental.

Barzanti
Señora Presidenta, la perspectiva de la sociedad de la información global es tan fascinante -estamos sólo al principio de una aventura extraordinaria- como preocupante. No repetiré análisis más o menos apocalípticos que se prodigan todos los días. Es nuestro deber de políticos -quisiera decírselo también al Sr. Herman-, de parlamentarios, determinar lo que hay que hacer, lo que hay que hacer ahora e inmediatamente.
Partiendo de un convencimiento en el que creo que coincidimos, llevamos retraso, un serio retraso. Las tecnologías avanzan y trastornan cada día un panorama difícil incluso de analizar; la liberalización procede, a veces con frecuencia de manera salvaje sin normas, pero la política corre el riesgo de quedarse con los brazos cruzados. Las normas necesarias para un desarrollo sano que combata los desequilibrios y las desigualdades son débiles o tardan en precisarse, en concretarse.
Por ejemplo, ante redes invasoras como Internet, ante el debilitamiento, la desaparición, con el aumento de los multimedia, de límites netos entre ordenador personal, televisión, emisión más o menos tradicional, telefonía, emisión por satélite, ante la confusión cada vez más acentuada entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo colectivo que todo esto conlleva, el gobierno de la información debe dar un salto con gran valentía, pero no se vislumbran sus signos, al menos de manera apreciable.
Pues bien, el capítulo sobre los derechos de autor y los derechos afines, sobre los que, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, hoy presento un informe elaborado durante mucho tiempo, puede parecer limitado, pero no lo es en absoluto. La dinámica de homologación de la información global puede dar lugar a una máquina trituradora que considera cada mensaje como una mercancía o como un texto que hay que utilizar con fines puramente económicos, que no hay que respetar en sus caracteres de invención, de lengua, de creatividad y de arte.
Por eso subrayo además, como Comisión de Asuntos Jurídicos, algunos puntos sobre los que quisiera llamar la atención: en primer lugar, si existe protección de una obra de autor o de los derechohabientes, pues bien, esa protección debe poderse tener prescindiendo de las modalidades de difusión de la propia obra. Una película es una película, una ejecución musical es una ejecución musical, que da origen a ciertos derechos, exige cierta gestión, etcétera. Por lo tanto, no podemos seguir estando ligados a categorías y a instrumentos del pasado.
En segundo lugar, es necesario -como dice el texto de nuestra resolución- garantizar a los ciudadanos la igualdad de acceso a las obras y a los servicios que se consideren de interés público. Tercer punto: ¿cuál es el Derecho aplicable para regular un sector tan complejo? Respondiendo al excelente Libro Verde de la Comisión, que planteaba este interrogante, nosotros consideramos -y este punto es decisivo- que el Derecho aplicable para garantizar la protección no puede ser sólo el del país de emisión: la solución que, por ejemplo, dimos para la directiva cable y satélite, porque desde una perspectiva global ese criterio es insuficiente, es incompleto.
Además, hay que considerar también-el párrafo 14 está formulado de manera equilibrada, y nosotros no queremos adoptar fórmulas forzadas y simplificadoras- el Derecho del país de recepción, que es un Derecho fundamental para que no se debilite la protección de las obras y para que se eviten maniobras desaprensivas de traslado de empresas.
Cuarto punto: el derecho moral de los autores es, en nuestra opinión, una de las vías principales, uno de los elementos fundamentales de la vía europea, del modelo europeo de protección de las obras y de los mensajes, porque instituye una relación, consagra una relación entre autor y obra que se renueva cada vez que se disfruta de la obra y que da a la obra no la calidad de una cosa o de un objeto, sino, precisamente, de una continua creación.
Por último, somos conscientes -quinto punto- de que, para resolver las cuestiones antes mencionadas, más que de una normativa jurídica esmerada y precisa, más que de la aplicación coherente de convenios internacionales -estoy pensando en el Convenio de Berna, en su artículo 6 bis, en la necesidad de que todos los países se ajusten a él- es necesario que Europa actúe con una única voz, con una única voluntad a nivel internacional, sobre todo con respecto a los Estados Unidos -pero no únicamente-, para que se apliquen estos convenios. Es indispensable además establecer sistemas electrónicos de identificación de las obras, sin los cuales nosotros consideramos que la protección no será posible. Estos sistemas electrónicos, estos experimentos -ya puestos en marcha ampliamente- de codificación digital de las obras deben hacer posible - y lo harán posible- un mayor nivel de protección en la lucha contra la piratería electrónica. Nosotros queremos un convenio internacional, un acuerdo internacional contra el comercio ilegal de copias piratas, lo cual es hoy más indispensable que nunca.
Permítaseme que añada brevemente -porque si no lo hiciera, dejaría de pronunciarme sobre la opinión que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha emitido, mejor dicho, sobre las enmiendas que ha presentado -que, por lo que respecta al informe Herman, estamos decepcionados porque la Comisión no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la propuesta de directiva presentada por el Comisario Monti, encaminada a proteger el pluralismo de los medios de comunicación en el marco del mercado único. Dicha propuesta de directiva constituye también un capítulo decisivo para establecer normas claras en la propia formación de la sociedad de la información. Sin una intervención europea que evite concentraciones de poder ilícitas y anómalas, no se podrá construir una sociedad de la información en la que los derechos de ciudadanía, el sentido de pertenencia, la amplia demanda de conocimientos y de cultura encuentren respuestas eficaces, incisivas y reales y no sean sacrificados cínicamente en aras de un crecimiento completamente aparente, cuantitativo y efímero, en definitiva vacío y a la larga negativo.

Medina Ortega
Señora Presidenta, a diferencia de los informes anteriores, donde estamos en un proceso de formación del Derecho, yo diría que en este informe que me corresponde exponer hoy estamos en un terreno bastante firme puesto que ya hay un Derecho comunitario elaborado. Me refiero a la Directiva 92/100 del Consejo sobre los derechos afines, y la Directiva 93/83 sobre los derechos de propiedad intelectual en materia de televisión por cable y satélite.
Me correspondió en este Parlamento ser ponente del informe relativo a la directiva sobre derechos de televisión por cable y satélite, y en los debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tuvimos ocasión de contrastar nuestros puntos de vista con la Comisión con respecto al procedimiento adecuado para su aprobación.
Como resulta que en las directivas anteriores no se ejerce una competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de estos derechos, parece que nos encontramos con el procedimiento de los acuerdos de carácter mixto. Desde el acuerdo europeo sobre transportes por carretera, es decir, la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso AETR, tenemos la noción de que debe haber un procedimiento especial para estos acuerdos de carácter mixto. Hay que reconocer que la Comisión actuó de una forma bastante razonable y el procedimiento que nos ha propuesto ha sido considerado aceptable por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, y que creo que también debe considerarlo así el Parlamento.
En primer lugar hay una propuesta de decisión del Consejo para la firma y aprobación en nombre de la Comunidad Europea y luego, bajo reserva de dicha aprobación, el dictamen previo del Parlamento Europeo antes de la ratificación. Creo que es un procedimiento correcto y en este caso, además, no tenemos ninguna dificultad ya que no sólo el Convenio Europeo sobre protección de derechos de autor es acorde con el Derecho comunitario sino que, además, hay una reserva especial en el artículo noveno en virtud del cual las partes que son miembros de la Comunidad Europea aplican entre sí las normas especiales acordadas entre ellas. Es decir, no es un convenio que produzca ninguna modificación del Derecho comunitario. Consolida el Derecho comunitario y de hecho el Consejo de Europa, al redactar el convenio, tuvo en cuenta lo que la Comunidad ya había conseguido en el terreno de los hechos.
Desde el punto de vista jurídico, yo creo que es positiva la consolidación en el Convenio Europeo del Consejo de Europa de lo que la Comunidad había establecido. Refiriéndome a ciertos elementos jurídicos -por ejemplo, el Sr. Barzanti mencionó el principio de la competencia de la legislación del Estado de emisión- parece que en materia de la sociedad de la información, teniendo en cuenta los avances de la telecomunicación digital donde hay, por un lado, una especie de relación entre oferta y demanda, una especie de contrato entre el que emite y el que recibe, se puede tomar en consideración el derecho del lugar de recepción. En materia de emisión por satélite y cable, el principio debe ser el de la unidad de acto, el de la consideración como único derecho aplicable el derecho del lugar de la emisión, a pesar de los problemas que se puedan plantear desde el punto de vista de la deslocalización. Pero yo creo que el tratamiento adecuado de la deslocalización no es a través de la propiedad intelectual sino a través de otro tipo de medidas de unificación fiscal, por ejemplo, que impidan que alguien trate de ampararse en el ordenamiento de un país determinado si desde el punto de vista de la propiedad intelectual logramos seguir armonizando todo el derecho de la propiedad intelectual.
En definitiva, otro de los elementos de este convenio es el reconocimiento del Convenio de Berna -como ha señalado el Sr. Barzanti, el Convenio de Berna viene a ser la piedra fundamental en todo este sector- y el Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.
Yo creo, señora Presidenta, que el Parlamento Europeo debe dar su aprobación al convenio, al objeto de que se pueda proceder a su rápida ratificación. Y quiero subrayar en este caso, como en otros bastante frecuentes en este momento, la buena voluntad y el espíritu de cooperación de la Comisión con el Parlamento Europeo en temas de carácter jurídico muy marcado en los que siempre es bueno que las instituciones comunitarias actúen conjuntamente.

Van Velzen, Wim
Quiero contestar al Sr. Herman, quien de hecho centra todo el debate en el lema: »debemos participar». En mi opinión, todo el mundo está convencido de ello, no se trata de eso, sino que la cuestión principal, señor Herman, es: cómo participamos y cuál es la responsabilidad de la administración, que también tenemos nosotros en gran medida. Y considero que en su discurso no ha recalcado usted suficientemente el hecho de que la sociedad de la información, además de todos los mecanismos de mercado, también es el trabajo humano, y que también se trata de decisiones, entre otros de administraciones que determinan si la sociedad de la información también ha tenido efectos positivos para el ciudadano de a pie y para los trabajadores.
Quiero recordar uno de los puntos centrales del dictamen del High Level Group, los expertos a los que recurrió la Comisión, de que el problema central de toda la sociedad de la información que ahora nos ocupa, es la distribución justa de los beneficios de la sociedad de la información y el papel activo que ha de desempeñar el Estado en ello junto a este mercado, y a menudo creo que también dentro de él. Y en efecto, uno de los problemas es que resulta excepcionalmente difícil tratar las cuestiones conjuntamente. Cuando se creó el mercado interior, al principio todo era liberalización, etc., y sólo más tarde se prestó atención a la dimensión social, a las consecuencias sociales, y esto es exactamente lo que sucede ahora también en el Parlamento. Parece ser muy difícil tratar aspectos de forma conjunta en el Parlamento. Parece ser muy difícil poner fin a la limitación según la cual algunas cuestiones son consideradas puramente económicas o únicamente por sus aspectos sociales o jurídicos. Lo que defendemos es que precisamente se realice una integración, y estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Herman en que el «procedimiento Gomes» no da en absoluto una buena respuesta. Pero quiero comunicarle, señor Herman, que si hubiera dirigido usted un poco más el procedimiento y si éste no se hubiera retrasado tanto, hace meses que habríamos votado en contra de esta cuestión en este Parlamento y no lo habríamos hecho después de la aparición del Libro Verde sobre consecuencias sociales en la Comisión Europea.

Kuhne
Señora Presidenta, señoras y señores, las diversas etapas y aportaciones de cada una de las comisiones a este informe revelan ya en si mismas las dificultades existentes para entenderse en Europa sobre la configuración de la sociedad de la información. No se trata solamente de un problema relacionado con el procedimiento de las comisiones, sino de las diferentes experiencias culturales y nacionales que se reflejan en las aportaciones de los ponentes.
¿Qué aspectos destaca la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación? En primer lugar -lo que sorprenderá a muchos que tienen una imagen determinada sobre esta comisión- se ha realizado una valoración básicamente positiva de la sociedad de la información. No se considera como una vía cultural equivocada sino como una gran posibilidad de enriquecimiento cultural y como una oportunidad de participación democrática.
Así como tras la llegada de la radio y de la televisión no se arrinconó la lectura -pues en ningún lugar se lee tanto como en las sociedades en las que hoy existe radio y televisión- en el futuro, gracias a la sociedad de la información surgirá un nuevo espectro de posibilidades, si bien los instrumentos culturales tradicionales seguirán existiendo y no serán desplazados.
Naturalmente, deberán cambiar las formas de transmitir estas nuevas posibilidades. Por ejemplo, en el campo de la formación, deberá cambiar el papel del profesor o de la profesora. Pero ¿en qué sociedad son las clases hoy como en los tiempos en que nosotros mismos -yo incluido- íbamos a la escuela? Estos cambios son algo normal. Lo que en cualquier caso la comisión no cree -incluido yo-, al contrario que muchas declaraciones públicas, entre otros, del Sr. Bangemann, es que el mejor modo de hacer realidad la sociedad de la información y la amplia participación en ella sea mediante una comercialización ilimitada y la reducción de las normas especiales que existen por ejemplo para la radio y la televisión.
Por ello, subrayamos que debe seguir existiendo un ámbito jurídico separado para la radio y la televisión con condiciones especiales que pueden estar perfectamente escalonadas. Habrá que hablar en detalle al respecto. Hace falta una continuidad de resoluciones, tal como las hemos adoptado ya en esta Asamblea sobre las infraestructuras de las telecomunicaciones.

Plooij-Gorsel
Señora Presidenta, Señorías, el principal reto para las empresas europeas es el desarrollo efectivo de la sociedad de la información. Esta es la clave de la reducción del desempleo y del refuerzo de la competitividad de la industria europea. También las pequeñas y medianas empresas han de poder participar competitivamente en los nuevos desarrollos, porque generan empleo. Como políticos hemos de preguntarnos: ¿qué significan para nuestra sociedad los cambios en dirección a la sociedad de la información? ¿Qué hemos de hacer a nivel europeo para garantizar un aterrizaje suave?
En primer lugar, el Parlamento Europeo ha de reaccionar con mayor rapidez a los nuevos desarrollos. El informe Bangemann y el plan de acción de la Comisión datan de mayo y junio de 1994, respectivamente. Ahora que han transcurrido más de dos años, por fin disponemos de todos los informes del Parlamento. Señora Presidenta, la lentitud del Parlamento contrasta violentamente con el desarrollo rápido e irreversible de la sociedad de la información. Nosotros, los parlamentarios, hemos de participar, estimular, y no frenar.
En segundo lugar, se producirán grandes cambios en el mercado laboral. A fin de cuentas, en la era digital, una empresa se establecerá allí donde le sea más ventajoso desde el punto de vista de los gastos y de la presión fiscal. El Grupo de los Liberales considera que su principal tarea consiste en preparar al ciudadano de forma óptima, a través de la enseñanza y la formación, a través de una educación permanente desde la escuela primaria, pero también por medio de una conducta modélica. Las administraciones -local, nacional y europea- han de dejarse de historias y dar ejemplo. Hay que estimular a los ciudadanos para que participen. La autopista de la información es en sí un excelente medio para conseguirlo. Para los próximos tiempos se plantean varios dilemas políticos de difícil solución.
Para el Estado es difícil resistir la tentación de dar prioridad a la seguridad por encima de la intimidad del ciudadano. Así, la Unión ha decidido que hay que poder interceptar el tráfico de telecomunicaciones. El Grupo de los Liberales no está convencido de que la elevada carga que esto conlleva para la democracia sea necesaria y de que esto ayude a atrapar a más criminales. Las administraciones tendrán más problemas para recaudar impuestos, porque es difícil determinar el valor de los transportes en la red. ¿Se producirá luego un desplazamiento de los impuestos a los productos o los ingresos, una vez pagados los impuestos sobre el uso de las materias primas?
Por último, las administraciones se enfrentan por primera vez a la tecnología de la comunicación a escala mundial. Aquí es preciso ser reservado con la legislación. La censura en internet es funesta. Limita la libertad de expresión y la libre circulación de servicios. La legislación nacional ha quedado superada en la era digital transfronteriza.

Hallam
Señora Presidenta, la sociedad de la información abre inmensas oportunidades. Desde luego, en mi circunscripción electoral, que consta de extensas áreas rurales cerca de la frontera con Gales en Kington, en el Golden Valley y en Newcastle on Clun, he podido observar directamente la forma en que se está aprovechando la nueva tecnología para crear nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo para la gente normal y corriente. Es emocionante; pueden pasar muchas cosas buenas; pero hay ciertos temores. Hay temores muy reales de que quizá estemos siendo en realidad testigos de una concentración de poder y privilegios en las zonas urbanas. De acuerdo que se diga que la liberalización generalizada de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información permitirá disponer de puestos de trabajo. Lo que preocupa a muchas personas es que dichas oportunidades se concentren en esas pocas manos.
Leí el informe del Sr. Bangemann. Me preocupó. Tenía un cierto tono de liberalización feroz: tenemos que liberalizar porque, si lo hacemos, será positivo y funcionará. Hay mucha gente de las zonas rurales que teme que ocurra exactamente lo contrario de lo que sugiere el informe.
Hay que asegurarse de que haya un servicio público universal. Hay que asegurarse de que haya suficientes incentivos, que haya una buena financiación para planes locales que puedan funcionar, que todos los rincones de la Unión Europea queden estratégicamente conectados; y hay que asegurarse de que haya tarifas fijas de acceso en toda la Unión Europea. Lo que más temo es que vayamos a dar a una minoría favorecida y despojar a la mayoría.

Waddington
Señora Presidenta, querría, brevemente, llamar la atención sobre el impacto potencial que puede tener la sociedad de la información en la igualdad de oportunidades. Hablo, a este respecto, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer.
Aunque, sin lugar a dudas, se abren oportunidades nuevas y positivas que hay que recibir con agrado y aprovechar, algunos corren el peligro de convertirse en ciudadanos de segunda en la sociedad de la información. Concretamente, muchas mujeres pueden quedar excluidas de sus ventajas por no tener acceso a la formación ni a la tecnología. Por ejemplo, algunos estudios recientes han puesto de manifiesto que sólo uno de cada siete usuarios de Internet es una mujer. Por tanto, será necesario que haya una labor de sensibilización y recursos y programas específicamente dirigidos a las mujeres y niñas, teniendo en cuenta sus intereses.
En segundo lugar, la influencia de la sociedad de la información en la naturaleza del trabajo creará nuevos empleos y nuevos sistemas de trabajo que tendrán una especial repercusión en la mujer: por ejemplo, un aumento del trabajo a distancia y desde el hogar. Por ello se hace más necesaria la protección social de las personas que trabajan en casa. Supondrá tener en cuenta los aspectos de salud y seguridad y la posibilidad de aislamiento social y de situaciones de precariedad en el empleo. La Comisión de Derechos de la Mujer supone que la Comisión y los interlocutores sociales abordarán los temas del trabajo desde el hogar y a distancia y que elaborarán propuestas en las que se reconozcan las consecuencias de estos nuevos sistemas de trabajo.
En tercer lugar, sabiendo que la tecnología de la información se está utilizando para retratar formas violentas e interactivas de pornografía y racismo, debemos reconocer que es necesario trabajar a escala mundial y europea para combatirlo.
En este Parlamento y en la Comisión tenemos la oportunidad de introducir planes para garantizar que los ciudadanos de Europa -hombres y mujeres- se beneficien del desarrollo de la sociedad de la información y de la tecnología de la información. Espero que garanticemos que la igualdad de oportunidades ocupe un primer plano dentro de nuestra planificación.

Argyros
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información.
Quisiéramos subrayar que una protección vigorosa de los derechos de propiedad intelectual y una consideración equitativa de las necesidades de todas las partes que actúan en el mercado son condiciones previas para el pleno desarrollo de la sociedad de la información.
En este contexto, considero que el régimen existente de derechos de autor y derechos afines debería constituir la base de la sociedad de la información y que, además, tienen una importancia capital el principio de trato nacional y el de libertad de contratación, así como el de elección de la legislación.
Sin embargo, quisiera subrayar la necesidad de alcanzar una cierta armonización y/o clarificación en aspectos como:
el principio del agotamiento de los derechos, con el fin de excluir el agotamiento internacional de los derechos de autor, -el principio del derecho de distribución, de manera que el principio del agotamiento no se aplique a la transferencia de copias intangibles de las obras y, por último, -el principio de reproducción, de manera que se autoricen las reproducciones digitales y excluyan las excepciones de «utilización privada» existentes.Además, la comisión quisiera subrayar la importancia de los sistemas de concesión voluntaria de licencia y de los sistemas de identificación técnica. En este contexto, reconocemos que los sistemas de identificación técnica facilitarán la explotación normal de obras digitales y ayudarán a combatir la piratería. Asimismo reconocemos que existe la necesidad de establecer normas armonizadas que prohíban la fabricación, importación y utilización de dispositivos destinados a eludir las medidas técnicas destinados para proteger las obras cuyos derechos de autor estén protegidos.
Para finalizar, señora Presidenta, pedimos a la Comisión que recoja información detallada acerca del valor económico de las actividades relacionadas con los derechos de autor en Europa.

Mouskouri
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el informe del Sr. Barzanti es bastante completo; por lo tanto, permítanme que me limite a destacar algunos puntos.
En primer lugar, me ocuparé de la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de derechos de autor. Naturalmente, sería deseable que esta armonización tuviera lugar al nivel más elevado, pero, siendo realistas, si queremos que se realice en unos plazos idóneos, tenemos que empezar a poner la mira en un nivel medio de protección. Además, hay que prever medios eficaces de control de la aplicación y el cumplimiento de esta legislación.
A continuación, en lo que respecta al tema de la adquisición y gestión de los derechos, el aumento de la producción de obras multimedia complica la protección de los derechos de autor. De hecho, los creadores de esas obras tienen que pedir el permiso de cada autor, o cada titular del derecho, para todas las obras que vayan a utilizar.
Por consiguiente, se plantea un problema práctico de recopilación de la información sobre todos los derechos implicados. Es en este punto donde aparece la solución de la «ventanilla única», aunque no parece bastante claro el papel que vaya a desempeñar: si sólo va a funcionar como centro de identificación y de recopilación de información sobre los derechos existentes, lo cual simplificaría los trámites para cualquier usuario posible, o si se trata de un órgano de gestión colectiva de los derechos relacionados con una obra.
Quisiera referirme, además, a la cuestión del derecho moral. Los nuevos métodos de explotación de las obras requieren por su propia naturaleza, tratamientos y transformaciones específicos. A este respecto, el derecho moral se considerará un obstáculo y será cada vez más objeto de negociaciones. Aunque es cierto que la libertad de contratación debe respetarse para que se aproveche también plenamente la sociedad de la información, existe un riesgo de desviación, sobre todo para los autores jóvenes, que intentarán ceder derechos y luego se arrepentirán. Quizás haya que reexaminar la posibilidad de poner límites para que esta cesión de derechos no sea absoluta.
El último punto sobre el que quisiera llamar su atención es el referente a las copias privadas. Parece imprescindible definir también este concepto en el marco de la sociedad de la información, introduciendo sanciones eficaces. Este último punto es tan fundamental como el relativo al respeto de los derechos morales si queremos conservar la riqueza creativa y la justa remuneración de los autores.
Se esperan, por tanto, con gran interés las propuestas de la Comisión relativas a las copias privadas.

Donnelly, Alan
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a Fernand Herman por su excelente informe y a los demás ponentes por los suyos. No quiero hablar de una visión retrospectiva sino mirar hacia el futuro, como ha dicho el Sr. Herman. El 24 de julio la Comisión publicó una nueva comunicación sobre la sociedad de la información de Corfú a Dublín y las nuevas prioridades que van surgiendo. Y esto es de lo que debería estar preocupándose ahora esta Asamblea, y no de una retrospectiva de los dos o tres últimos años.
El hecho es que en Corfú, en junio de 1994, definimos el programa de la sociedad de la información. Elaboramos la idea, pero el problema que ahora tenemos es que han transcurrido dos años y hay que revisar detenidamente hasta qué punto ha avanzado el proceso y qué tiene que pasar en el futuro para establecer un nuevo programa de trabajo de la Unión Europea. Como con tantos otros temas de la Unión Europea, comenzamos muy bien. Los Estados miembros, la Comisión, el Consejo y el Parlamento hacen frente común y después, en cualquier tema, después de un año o dos años de camino vemos que los Estados miembros empiezan a echarse atrás. Les empiezan a preocupar los aspectos presupuestarios y, como consecuencia, perdemos la ventaja competitiva que hemos adquirido en tantas áreas. Ahora nos encontramos en la misma situación con la sociedad de la información. A los dos comisarios hoy presentes y a los diputados de la Asamblea les digo que basta con mirar lo que está proponiendo el Consejo sobre el presupuesto para Info 2000 y sobre la sociedad de la información para darse cuenta de que el apoyo del Consejo a la tecnología de la información ni siquiera da de sí para mantener las líneas presupuestarias que se necesitan el año que viene para desarrollar realmente tecnología de la información para la Unión Europea.
Voy a centrarme específicamente en los cuatro apartados que ha señalado el comisario Bangemann en su nueva comunicación, la cual, sin duda, estaremos debatiendo en esta Cámara dentro de dos años -en vista del tiempo que nos lleva tratar los asuntos. En ella habla de mejorar el contexto de las empresas, invertir en el futuro, hacer de las personas el centro de atención y enfrentarse al reto mundial. Son cuatro puntos claros del programa de trabajo que debemos acometer en la Unión Europea.
El Consejo de tecnología de la información se reúne el 8 de octubre. Tendríamos que decir a nuestros comisarios que queremos que vuelvan aquí después de esa fecha para hacer una declaración ante la Asamblea, informarnos de lo que dicen ahora los Estados miembros sobre la sociedad de la información y sobre la evolución de la tecnología de la información. ¿Van a apoyar las cuestiones relativas a las líneas presupuestarias? ¿Van a implantar el tipo de medidas legislativas y reglamentarias que se precisan para desarrollar la tecnología de la información? ¿Van a proporcionar las redes que permitan a los ciudadanos sacar provecho de la tecnología de la información en las escuelas y lugares públicos?
Dejemos a un lado las discusiones teóricas del pasado. Es algo ya superado. Ahora necesitamos propuestas concretas y detalladas. Necesitamos el apoyo de los Estados miembros. Necesitamos líneas presupuestarias para que la Comisión ejecute sus programas y necesitamos una estrategia coherente apropiada si queremos que este programa sobre tecnología de la información beneficie a nuestros ciudadanos -especialmente a los jóvenes. De otro modo, los Estados Unidos y el Lejano Oriente se llevarán esa ventaja competitiva y Europa habrá perdido una vez más.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, creo que esta Asamblea ahora, como tantas otras veces, cumple muy bien su cometido. Hoy no estamos aquí reflexionando sobre el papel legislador de la Asamblea, sino sobre su actividad como caja de resonancia de la realidad social que nos circunda. Por esto, estos informes diversos, informes de aluvión, probablemente carentes en muchos casos de técnica, reflejan lo que es la preocupación de la sociedad. La sociedad en estos momentos se encuentra ante una encrucijada histórica como pocas a las que podamos referirnos, tal vez el descubrimiento de América. No lo sé. Probablemente es incluso más importante, más revolucionario pues los hechos sociales con los que la sociedad se tiene que enfrentar ahora van a tener una mayor transcendencia para nuestras vidas, van a afectar íntimamente a lo que somos más que cualquier otra del pasado.
Señora Presidenta, en este momento, se produce la cristalización de las dos tendencias entre las que siempre se debate la humanidad: el miedo a lo desconocido y el reto ante las tierras por descubrir. Y eso es lo que reflejan estos informes: confusión, ruido. No hay una idea clara de qué va a pasar ni a dónde vamos. No hay una idea clara, además, porque aflora el que constituye sin duda el debate fundamental: ¿reglas de mercado o reglas de Derecho? A qué hay que dar primacía, ¿a la liberalización de los mercados, a la potenciación de las industrias -y el resto nos vendrá por añadidura- o, por el contrario, hemos de afirmar que la técnica de ordenación es la técnica jurídica, pues nunca la economía dejada a su libre albedrío producirá un orden social.
Y en este cruce de caminos tenemos que preguntarnos: ¿es el Derecho capaz de crear ese orden? Porque, sin duda, nos encontramos ante unos instrumentos jurídicos que no pueden dar respuesta a esos hechos sociales, que son incapaces de ordenar esa realidad nueva que se está produciendo.
Y la otra gran pregunta que hoy nos hemos de formular aquí es: ¿tiene sentido un debate, una actuación en sede de la Unión Europea, ante una realidad que se plantea global, mundial, que hay que examinar sin duda en foros internacionales mundiales? Pues bien, entiendo que el hilo de Ariadna, como siempre, nos vendrá a través del Derecho y, por otra parte, la reflexión ha de formularse desde una Unión Europea que actúe con una sola voz. Y esto porque toda esta realidad pone en tela de juicio los dos principios fundamentales de nuestros ordenamientos jurídicos: la diferenciación entre lo público y lo privado y la idea de territorialidad y su correlato concepto de soberanía, fundamentaciones de los ordenamientos jurídicos nacionales que se resquebrajan hoy.
Y tenemos que buscar ese hilo de Ariadna para salir al paso de lo que son las demandas sociales: en primer lugar individuales en las relaciones inter privatos , en cómo se ha de arbitrar el equilibrio entre derechos de autor y otros sujetos con legítimos intereses protegibles jurídicamente, así como también la esfera de la protección de la intimidad e, indudablemente, la esfera de las libertades públicas, en especial el derecho a la información.
Y, además, esta reflexión debe tener en cuenta los intereses generales que no podemos dejar de lado. Interés general de primar la creación en Europa, de defender lo que ha sido la seña de identidad del derecho europeo de autor, que culturalmente está indisolublemente ligada ala potencia creadora europea.
Y por último, qué duda cabe de que hemos de tener en cuenta también otros intereses generales que entran de lleno en el concepto de orden público, en particular los de colectivos como la infancia, que ha de ser protegida ante esa avalancha incontrolable de nuevas técnicas; ha de protegerse la sociedad en su conjunto frente al crimen organizado, que puede utilizar ese panorama asilvestrado en beneficio de sus intereses torcidos. Y ha de reflexionarse en clave de orden público internacional respecto del Derecho aplicable.
Pues bien, ante todas estas cuestiones, creo que la respuesta, como he dicho, es: la Unión Europea constituye el ámbito necesario de acción común. Porque la Unión Europea lleva en sí ese germen creador de una estructura política cuya razón de ser es precisamente enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad.
Y, por último, señora Presidenta, frente a este ruido, tenemos que volver a los principios jurídicos de nuestra tradición, es decir, a aquellos que permitieron a Sabinianos y Proculeyanos dar contestación a las realidades sociales de la Roma clásica y que siguen siendo vigentes y válidos.

Garosci
Señora Presidenta, la información no es una mercancía cualquiera, y tal vez no es ni siquiera una mercancía. Lo ha dicho bien el Sr. Herman en su introducción; lo ha dado a entender al presentar el informe, que, aunque no es ciertamente sintético ni incisivo, sino largo y laborioso, queremos considerar de manera favorable, en particular porque es un documento importante, yo diría que fundamental, en un momento importante para la información. En efecto, en los próximos años será la información la que establecerá la diferencia entre los distintos ámbitos de aplicación: en el económico, piénsese en las oportunidades que ofrece a las pequeñas y medianas empresas, a las que el desarrollo de la tecnología permitirá ganar tiempo y eficacia, permitiendo así a los empresarios que hagan finalmente de empresarios y creando, pues, nuevos puestos de trabajo; en el social, basta recordar cuáles y cuántos son los ámbitos de aplicación a los que afectará -ya afecta- la tecnología, desde la sanidad al fisco, a los otros miles de momentos de encuentro entre tecnología y telecomunicaciones; por último, en la organización de las necesidades del ciudadano, en particular como consumidor: desde la deregulation -es decir, menos burocracia en las ventanillas públicas- a la posibilidad de que lo público esté finalmente al servicio de lo privado.
En este escenario -lo ha dicho bien el Sr. Barzanti- la política corre el riesgo de quedarse con los brazos cruzados. Esto es lo que no podemos permitir, especialmente por nuestra función institucional. Es necesario trabajar cada vez más para que se preserve el respeto de la vida privada y exista una separación clara entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo particular; es necesario, pues, como conclusión, tener la seguridad jurídica: derecho al respeto de la subsidiariedad, derecho de libre circulación -tema que tanto le gusta al Comisario Monti-, derecho del autor, derecho moral y material juntos, el derecho -permítasenos en definitivadel usuario final.

Vaz da Silva
Señora Presidenta, voy a hablar del derecho de autor aplicado al sector multimedios, porque por su complejidad podemos considerarlo un laboratorio en el que se plantean y se superponen cuestiones diversas que exigen respuestas nuevas. El derecho de autor afecta a la cultura, afecta a la economía, afecta a las libertades. Pone en juego intereses divergentes que es preciso conciliar: el de los autores, el de los productores/difusores, el del público consumidor. Tiene un objetivo doble y contradictorio: proteger a los autores y crear nuevos productos deprisa y en cantidad.
El Libro Verde producido por la Comisión enumera exhaustivamente las cuestiones, pero se muestra inseguro a la hora de ofrecer soluciones que no han tenido tiempo de madurar. El informe Barzanti, por su parte, ofrece algunas ideas importantes, aún necesariamente genéricas, que conviene subrayar y apoyar. Habla de preservar la riqueza del concepto europeo de derecho moral por oposición al concepto americano de copyright , de buscar una armonización de las legislaciones de derecho de autor y conexos de los 15 Estados miembros, de avanzar en el estudio de sistemas técnicos de identificación de las obras que permitan su rápida utilización, de establecer desde ahora mismo sanciones para quien intente anular técnicamente los sistemas de protección creados, de promover la cooperación entre los Estados miembros y la articulación de sus trabajos con los de las organizaciones internacionales competentes -OMC, OMPI, TRIS, sin olvidar la importante reflexión que se lleva a cabo en el Consejo de Europa y en la Unesco-, sobre la inclusión de cláusulas de protección de los derechos de autor en los acuerdos con terceros países, con vistas a lograr que las normas sean universalmente aplicables.
Cualquiera de esos aspectos plantea cuestiones difíciles, entre las cuales mencionaré la del concepto de copyright en lo que respecta a los trabajadores remunerados.
Nana Mouskouri, ponente de la Comisión de Cultura para este informe, hace hincapié, por otro lado, en el papel de las bibliotecas y los establecimientos culturales y educativos, la importancia de la información y la sensibilización de los pequeños productores independientes respecto de las cuestiones de los derechos de autor, se refiere a la deseable colaboración entre servicios de la Comisión para articular íntimamente la reflexión sobre aspectos de contenido y de tecnología e insiste en la urgencia de que se racionalice mediante la cuestión colectiva de los derechos. Termino, señora Presidenta, diciendo que se ve que, de momento, hay casi más preguntas que respuestas, pero Europa sabe que no puede perder la batalla del sector multimedios, sabe que está atrasada y que los derechos de autor son el meollo mismo de esta cuestión. Se trata de una esfera en la que la subsidiariedad significa tratar obligatoriamente el asunto en el nivel europeo, el único eficaz.

Svensson
Señora Presidenta, el informe contiene numerosas observaciones esenciales sobre las repercusiones sociales, pero refleja además contradicciones e inseguridad con respecto a las consecuencias a largo plazo. La Comisión de Política Regional, por ejemplo, tiene miedo de la centralización, mientras que la de Asuntos Económicos cree por su parte en la descentralización. La Comisión de Derechos de la Mujer nos hace advertencias. La Comisión de Asuntos Económicos aplaude el trabajo a distancia, pero sin mencionar el riesgo de caer en una débil posición a la hora de negociar convenios o la carencia de contacto creador con otros colegas. La cuestión es cómo evitar que el desbordamiento comercial de la sociedad de la información nos lleve a una situación inabarcable, a la falta de calidad y a una conciencia fragmentada. Por último: ¿Quién va a detentar el poder, cuando todos los esfuerzos van dirigidos hacia la reducción del sector público? La arrogancia neoliberalista de la Comisión asusta a cualquier demócrata.

Hautala
Señora Presidenta, felicito al Sr. Herman por la amplitud de su planteamiento, que va a permitir, en mi opinión, la realización del primer debate realmente extenso sobre la sociedad de la información en este foro. Es evidente que este tema no puede por menos que caracterizarse de revolución mundial, ya que las transformaciones que va a producir en nuestra vida cotidiana y en las relaciones a nivel mundial son realmente profundas y, por ello, es positivo que podamos tratar varios aspectos a la vez.
Me incluyo entre los que desean hacer hincapié en que las posibilidades que ofrece la sociedad de la información deben ser objeto de una orientación política bien definida. Tal y como ha señalado el Sr. Svensson, unos creen en la descentralización mientras otros ven peligros en la centralización de los mismos; unos consideran positivo que se descentralice el empleo en beneficio del teletrabajo, mientras otros ven riesgos en ello.
Nuestra tarea como políticos es crear un marco para esta cuestión. Me gustaría hacer hincapié en la formación que, afortunadamente, se trata en el informe. Tal y como ha señalado ya anteriormente en este debate la Comisión de Derechos de la Mujer, no tenemos ninguna razón para permitir el desarrollo de una sociedad de la información de dos velocidades.
Posteriormente, se ha realizado aquí una propuesta interesante en el sentido de que, de acuerdo con el modelo propuesto por la Sra. Cresson, se establezca un impuesto del 0, 5 % sobre las telecomunicaciones. Espero sinceramente que los estimados miembros de la Comisión puedan estudiar esta idea. No estaría mal que los ingresos así obtenidos se empleasen en la formación, a fin de que las mujeres y otros colectivos que se encuentran en una situación desfavorecida tengan acceso a la sociedad de la información.
Sin embargo, este impuesto debería recaer fundamentalmente sobre los proveedores de las infraestructuras técnicas de la sociedad de la información y no sobre los usuarios, ya que si debemos alentar a los usuarios a acceder a la sociedad de la información es para que todos tengan la posibilidad de hacerlo. En Finlandia contábamos con un impuesto sobre las telecomunicaciones, pero muy pronto desistimos de él, porque, de hecho, frenaba el desarrollo de la sociedad de la información: se recaudaba a los usuarios de las telecomunicaciones, no a los proveedores.

Ewing
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Herman por trabajar a tal velocidad e intentar guiarnos a través de la revolución en medio de la cual nos encontramos. Me centraré en los aspectos sociales regionales y culturales. Hemos de tener la garantía de un servicio público universal que llegue a los lugares más apartados, por ejemplo a las 90 islas habitadas de mi circunscripción electoral.
No queremos una Europa de dos velocidades con una sociedad de la información que beneficie únicamente a las regiones industrializadas. No queremos la marginación de las zonas periféricas ni la supercentralización que podría producirse. La sociedad de la información realmente puede mejorar la vida de los habitantes de la periferia. La enseñanza a distancia, por ejemplo, se está desarrollando muy rápidamente en el Reino Unido. Tenemos esperanzas de que ayudará a crear una universidad para las áreas montañosas y las islas, que, a través de esta moderna tecnología, conecte todos los centros universitarios de mi extenso territorio.
En la faceta cultural, acojo con satisfacción el especial papel de los servicios públicos de radiodifusión en las lenguas minoritarias, ya que la diversidad cultural de nuestra unión ha de ser una de las cosas que más protejamos como un tesoro. Cada lengua es parte esencial del patrimonio europeo y la sociedad de la información contribuirá a alimentar estas preciosas lenguas. Mi deseo es que haya libre acceso a las redes de información para las escuelas, organismos culturales, bibliotecas, centros sociales, etc.
Hemos de asegurarnos de que dicha sociedad de la información posibilite a los ciudadanos tener un control de la información y no a la inversa. Sin embargo, a menos que insistamos en los aspectos sociales y regionales, las ventajas positivas de la sociedad de la información podrían escapársenos a todos nosotros.

de Rose
Señora Presidenta, Señorías, parece que el objetivo de la Comisión, en este documento, no sea verdaderamente la protección de los seres humanos frente a una sociedad de la información que puede llegar a ser devastadora con relación al concepto de vida privada, vagamente evocado por otra parte en el texto, sino también con relación al individuo en tanto que mercancía de trabajo, en nombre de este concepto que se hace omnipresente en los documentos comunitarios: la competitividad.
¿No se está rebajando al hombre al estatus de un simple prestatario de servicios?¿De qué forma se protegerá a los hombres y mujeres que trabajan y trabajarán en el futuro en los medios de comunicación?¿Trabajarán a destajo, como en siglo XIX? Interesante avance social, me pregunto qué sociedad desean ustedes construir.
Y me estoy dirigiendo a los miembros de la Comisión, sin duda, pero también a mis propios colegas. Esta sociedad de la información puede ser, y todos lo sabemos, un desafío considerable, pero está reservada sólo a un pequeño número cuando sería necesario que las ventajas se vieran repartidas de manera equitativa. El documento que se nos ha presentado en nombre de una pretendida competitividad no hará sino aumentar las desigualdades, y el hombre se verá progresivamente asimilado a una mercancía. De hecho, a través de la sociedad de la información vemos cómo aumenta la distancia entre Europa, con sus valores humanistas, y una Unión irreal, incluso suicida, que desearía imponer un modelo de desarrollo en una realidad económica y social de las más cambiantes. Creo que este planteamiento tiene un cierto tufo a colonialismo que ya no resulta admisible. Quizá la palabra colonialismo pueda parecer algo fuerte, pero en cualquier caso se corresponde con la realidad de los hechos.
La idea de competitividad que preconiza la Comisión se conjuga mal con la de progreso social. Pretender aplicar el credo ultraliberal a Europa es una forma enmascarada de colonialismo, en este caso. ¿Por qué? Le corresponde contestar a la Comisión, y, por desgracia, ya ha contestado.

Hoppenstedt
Señora Presidenta, señoras y señores, Fernand Herman ha dicho lo esencial sobre la opinión de nuestro grupo político. No obstante, quiero indicar que su informe ha quedado modificado por los demás informes, por lo que no ha quedado clara cuál es nuestra actitud esencial. Me parece muy bien que Fernand Herman presente de nuevo un informe tras dos años de pausa. La situación ha cambiado desde entonces totalmente. Hace dos años solamente muy pocos querían hablar sobre este tema y hoy quieren hacerlo muchos. Es decir, en estos dos años, desde que el Sr. Bangemann y el grupo correspondiente presentaron un informe, ha surgido un plan de acción y muchas cosas han cambiado. Me parece importante que debatamos al respecto en este Parlamento para mostrar a la opinión pública adónde va este tren y exigirle que también participe en este debate.
Según la exigencia del Sr. Herman tenemos que tirar todos de la misma cuerda para lograr un objetivo determinado. Las objeciones planteadas no deben ser inconveniente suficiente. La evolución de la sociedad de la información representa uno de los mayores desafíos para Europa. Los nuevos servicios ofrecen a nuestros ciudadanos no sólo unas posibilidades insospechadas de información, de formación continuada, recreo y utilización de muy variados servicios sino que son también para nuestros Estados miembros y para las regiones un desafío en lo tocante a la formación escolar. Tal como ya se ha dicho varias veces, debemos integrar a las escuelas en la red, introducir en éstas la formación en los medios de comunicación y, ante todo, hacer todo lo posible en las Universidades para que los profesores sean formados en esta materia. Nada hay más importante que acostumbrar ya en las escuelas elementales a los niños y a los jóvenes en el uso diario de las pantallas de ordenador y eliminar las preocupaciones y posibles temores sobre esta materia. Se han puesto ya en marcha en Europa iniciativas para integrar a las escuelas en la red, lo que en los Estados Unidos es algo ya cotidiano.
Como ponente del informe sobre las redes transeuropeas en el sector de las telecomunicaciones, lamento que, aunque pronunciemos muchas palabras y mantengamos discursos, titubeemos cuando se trata de la aplicación práctica de estas redes de telecomunicación y planteemos entonces numerosas objeciones. Tal como se dice claramente en el informe, me parece muy importante integrar en la sociedad a los sectores débiles de Europa, a los más débiles. En comparación con nuestros interlocutores comerciales internacionales, los oferentes de nuevos servicios en Europa están sometidos a un gran número de desventajas competitivas, como por ejemplo, elevados costes de las telecomunicaciones, anchuras de banda de las redes en parte insuficientes, carencia de capital de riesgo así como la fragmentación de Europa en mercados nacionales, lo que impide a las empresas europeas desarrollar proyectos de magnitud suficiente. La creación y mantenimiento de un mercado interior realmente europeo para los servicios de la sociedad de la información tiene que ser, por ello, uno de nuestros objetivos centrales.
La Comisión ha presentado hace poco una comunicación junto con una propuesta de directiva para el establecimiento de un procedimiento para el intercambio de informaciones relativas a la cooperación legislativa en materia de los servicios de la sociedad de la información. Esto es de saludar, pues la fragmentación en procedimientos legislativos nacionales va a colocar a Europa en una posición aún más desventajosa. Me parece muy importante que impulsemos esta iniciativa legislativa para poder desarrollar realmente una legislación unitaria en Europa. Al menos deberíamos recibir a tiempo las informaciones sobre la legislación para no crear obstáculos innecesarios.
Unas últimas palabras: es absolutamente necesario incluir de nuevo en el procedimiento presupuestario las líneas presupuestarias que se dedicaron a Info 2000 o a las redes transeuropeas, pues aunque aquí aprobemos Libros Blancos sobre el empleo y pronunciemos grandes discursos, si no creamos las correspondientes líneas presupuestarias no existirán las condiciones previas para el desarrollo europeo.

Giansily
Señora Presidenta, Señorías, la sociedad de la información de este fin de siglo es mucho más que una moda. Se trata de una prioridad para Europa que conviene reafirmar, tanto a nivel de la Unión como de los propios Estados miembros.
Recordemos que la comunicación de la Comisión sobre Europa y la sociedad de la información, que es continuación del informe del Comisario Bangemann, recibió una acogida muy favorable por parte del Consejo en la Cumbre de Corfú de 1994, que pretendió que las diferentes acciones previstas en este plan se iniciaran en los plazos acordados. En este caso, conviene saludar la determinación de la Comisión para poner en práctica este plan de acción.
Recordemos también que el tema de la «sociedad de la información», en el núcleo del informe Bangemann, fue considerado como prioritario, en especial por las Presidencias francesa y alemana, en 1995, y podemos observar con satisfacción que van tomando cuerpo una serie de iniciativas, tanto en el plano reglamentario como en el de las aplicaciones concretas en diferentes lugares de la Unión.
Conviene felicitarse igualmente por las nuevas asociaciones que tienen lugar entre las ciudades, las regiones y el sector privado. Observamos que en la actualidad se está realizando un progreso considerable en esta emergente sociedad de la información a nivel europeo. Citemos, a título informativo, la adopción de un marco reglamentario liberal en el sector de las telecomunicaciones, la adopción y puesta en práctica de programas de investigación y desarrollo en el marco del cuarto PMID; en lo que hace referencia a los campos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la adopción de programas orientados a favorecer el desarrollo de redes y la puesta en práctica de proyectos piloto en el marco del G7 y, para concluir, el lanzamiento de numerosas iniciativas en los Estados miembros, en especial en Francia, en lo que respecta a las autopistas de la información.
Por lo que hace referencia al informe del Sr. Herman, nuestro grupo considera que va en la buena dirección. Insiste especialmente en la urgencia de un plan de acción con unas prioridades de aplicación: investigación y desarrollo, realización de servicios y promoción de aplicaciones operativas en los sectores de interés público (educación, salud, marginalidad, normalización). Igualmente, las orientaciones que traza el informe en términos de política industrial y telecomunicaciones, así como la descripción de los aspectos jurídicos y las consecuencias sociales, son razonables.
Por todo ello, el Grupo Unión por Europa apoyará el informe del Sr. Herman, aun manifestando una reserva sobre la propuesta de creación de una autoridad europea para reglamentar el sector de las comunicaciones.

Teverson
Señora Presidenta, deseo empezar felicitando al Comisario Bangemann por ser un paladín de la sociedad de la información, que es tan crucialmente importante para el futuro de Europa y para nuestra capacidad competitiva. La necesitamos, pese a la forma en que ha ido decayendo el interés con los años, tal como lo ha descrito perfectamente Alan Donnelly hace unos pocos discursos.
Quiero hacer dos breves comentarios. En primer lugar, la sociedad de la información nos da la oportunidad de nivelar las diferencias producidas por la distancia dentro de la Unión, sobre todo en lo que respecta a las zonas rurales, a una de las cuales yo represento. Es un reto que debemos aceptar, sobre todo por el bien de las pequeñas y medianas empresas que tanto proliferan en la economía de dichas regiones. Curiosamente, en muchos aspectos me parece bien la idea de aplicar un impuesto o pequeño canon a la información, porque ello nos daría la oportunidad de hacer una afectación de los impuestos y, en efecto, reintegrar el dinero y reinvertirlo en un área en la que puede emplearse. Asimismo, hay que garantizar que haya igualdad de acceso a tecnologías como la RDSI -en el Reino Unido tener acceso a la misma es muy caro. Me gustaría hacer una advertencia al Parlamento: en primer lugar, tenemos que ser mucho más rápidos que lo que hemos sido con este informe. En segundo lugar ¿no sería mucho mejor construir un parlamento más virtual, en lugar de la inversión que se ha hecho al otro lado de este edificio? Se han gastado en ello miles de millones de ecus, cuando, en vez de eso, tendríamos que estar mejorando inmediatamente la propia tecnología electrónica del Parlamento.

Ullmann
Señora Presidenta, señor Comisario, tanto el Libro Verde de la Comisión como el informe del colega Barzanti adoptan frente al desafío de las nuevas tecnologías de la información la posición de una actitud abierta pero crítica. Esto es algo diferente a «tenemos que participar» tal como se ha dicho aquí esta mañana. Es esta una posición por la que la Asamblea expresa su agradecimiento a ambos y que debería apoyar.
Una cosa es especialmente importante para mí en este asunto, la protección de la libertad individual del artista y de sus obras frente a los intereses y los corsets tecnológicos de la comercialización. Tal como ha dicho el colega Barzanti, en este caso se trata de reflejar en el Convenio de Berna los logros de los clásicos derechos de autor y no renunciar a ellos. No obstante, me planteo la pregunta de si los derechos de autor del siglo XIX que están orientados a la originalidad de la obra y a la propiedad intelectual, están a la altura de los nuevos desafíos técnicos. Creo que hoy se trata más de la libertad individual del autor en el uso de sus derechos así como de la libertad del acceso público.
El arte no puede ni debe convertirse en información. Más bien debe hacer posible la información y la libertad de información. Solamente si existe la libertad para ello, habrá una garantía de que la sociedad de la información no se convierta en sociedad de la deformación.

Mann, Erika
Señor Bangemann, quiero dirigirme directamente a usted y, naturalmente, también al Sr. Herman, el ponente, y al Sr. Barzanti.
Señor Bangemann, usted ha sido el actor principal a nivel europeo de la creación de esta sociedad de la información. Nos encontramos inmersos en ella tanto en sentido positivo como negativo. Sobre lo que aún tenemos que discutir -creo además que muy seriamente- es sobre qué aspecto debe tener esta sociedad. Tenemos que discutir sobre qué rostro debe tener en el futuro y sobre la responsabilidad del Estado en este nuevo asunto que deberá ser diferente a la que ha tenido en el pasado. Deberá hacerse responsable -lo que ha hecho ya- de la regulación. La regulación es un instrumento para crear estabilidad. Por ejemplo, es comprensible que actualmente exista el deseo de controlar Internet. Es comprensible que mediante el control se quiera lograr una mayor protección para el individuo. Lo que el Estado debe hacer -y tanto usted como nosotros tenemos una gran responsabilidad al respecto- es garantizar por un lado esta protección sin limitar, por otro, la libertad de opinión del individuo y del comercio.
Esto no va a ser fácil. Se deberá lograr un equilibrio adecuado también a nivel internacional. Habrá que establecer un nuevo código moral que integre las antiguas ideas morales que tenemos a nivel mundial y que, a pesar de ello, añada algo nuevo. Tendremos que luchar por lograrlo. En este nuevo mundo no deberá poder existir el derecho a que cada uno imponga sus intereses, a que todo el mundo pueda publicar pornografía a su antojo o a que todo el mundo pueda introducir en Internet toda la violencia que desee. Pero deberá existir la libertad a que cualquiera pueda publicar la opinión que considere correcta y relevante. Se trata de una zona fronteriza en la que es muy difícil lograr un equilibrio adecuado.
Esta es una cara, pero el Estado tiene una segunda responsabilidad mucho más importante. Debe crear la base para que todos los ciudadanos, todas las regiones -sobre lo que también se ha llamado la atencióntengan acceso a esta nueva red, a las nuevas posibilidades que existen actualmente. Ordenadores, hardware, software, Internet, WWW, todas estas son solamente posibilidades para proporcionar acceso a la información. Lo esencial y lo nuevo es el acceso la información. Lo nuevo va a ser investigar y adquirir conocimientos. Lo nuevo va a ser crear una nueva calidad de formación en Europa y en todo el mundo. Lo nuevo va a ser crear intellectual capital , tal como se dice hoy con esta expresión de moda. ¿Cómo puede participar Europa? ¿Qué posibilidades vamos a proporcionar a los ciudadanos? El servicio universal no es la repuesta en exclusiva. Incluso con el servicio universal -al menos tal como nos lo imaginamos hoy- los costes siguen siendo demasiado elevados. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a integrar a los ciudadanos y a las regiones?
Señor Bangemann, ¿no cree que es hora de hablar sobre cómo podemos integrar en esta nueva infraestructura a todas las escuelas, Universidades y bibliotecas de Europa? ¿No cree que es hora de que, como actores políticos de los cambios, reflejemos la responsabilidad que tenemos en este proceso creando una iniciativa europea para proporcionar el acceso a estas nuevas fuentes de información a las escuelas, regiones y bibliotecas? ¿No cree que debemos adoptar las medidas necesarias para que no existan discrepancias a nivel europeo y que no ocurra que tengamos Estados que, debido a las estructuras de los costes o del atraso que tienen en este campo, no puedan participar al mismo tiempo que los demás Estados? ¿Cuál es su respuesta a estas críticas cuestiones que aún no hemos solucionado? Estoy a favor de entrar a tiempo en este proceso y de encontrar una respuesta auténticamente europea.

Blak
Señor Presidente, el Parlamento Europeo se siente satisfecho de que, en su Libro Verde sobre la sociedad global de la información, la Comisión haya reconocido que, al apoyar el desarrollo de una sociedad de estas características, debe apoyar al mismo tiempo que ese desarrollo sea acompañado por una clara definición de la situación jurídica de las partes en juego. ¿En qué situación se encuentra la vida privada en la sociedad global de la información? ¿Tiene el individuo posibilidad de decidir sobre la información que se incluirá en el sistema? Y al revés: ¿quién controlará la información que, por ejemplo, nuestros hijos reciban a través del Internet? Si la gente normal ha de tener la posibilidad de elegir entre toda la información de Internet, hemos de prepararnos para ello. Y no estaremos preparados hasta que se apueste por la enseñanza de niños y adultos.
Otro aspecto que me preocupa es el siguiente: ¿quiénes se pueden permitir económicamente navegar por Internet? ¿Son los mismos que pueden permitirse navegar en las Barbados? Si es así, tenemos un problema. La gente normal no puede permitirse dejar las líneas de teléfono abiertas para conectar con Internet. Por lo tanto, la sociedad de la información no es para todo el mundo, sino para unos pocos. Con todo, se trata de un desarrollo que ya está en marcha, y debemos sentirnos satisfechos de lo que está pasando y de que lo podamos seguir. Únicamente hemos de ocuparnos de dirigir el desarrollo, en lugar de que éste nos dirija a nosotros.

Hendrick
Señor Presidente, querría felicitar al Sr. Herman por un informe excelente que creo que, sin lugar a dudas, ha estimulado nuestra imaginación sobre cómo debemos pasar a la era de la información. Desde luego, el informe inicial del Sr. Bangemann era de por sí bastante visionario en el sentido de que describía el tipo de futuro que queremos para Europa, porque una cosa es cierta: para que Europa sea competitiva en el próximo siglo en relación con Estados Unidos y los países en desarrollo de Asia, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras tecnologías fundamentales, especialmente en las industrias de la información, con el fin de garantizar que Europa y el mercado único sean un éxito. No sólo por el presente, sino también por el futuro cercano. Ello supone garantizar que la infraestructura de información esté efectivamente presente y pueda utilizarse sin trabas y de forma asequible, a un precio que beneficie a las empresas, a los grupos de población y a la sociedad en general. Cuanto más libre y rápidamente pueda circular la información por la Comunidad, antes podrá mejorar la economía. Esa infraestructura viene a ser como las arterias de la economía. Las arterias de una economía vienen a ser como las arterias del cuerpo humano.
Quisiera, sobre todo, atraer la atención hacia el énfasis que se ha dado a la radiodifusión, porque, en el pasado, la radiodifusión terrestre se desarrolló de forma limitada en cuanto a anchura de banda y a la cantidad de información que podía difundirse. La nueva infraestructura, ya sea con tecnología digital por satélite o con tecnología de fibra óptica, incrementa efectivamente el número de cadenas que pueden ofertarse por toda la unión, y ello se sumará y multiplicará la cantidad de información que circula por la Unión. Esto, a su vez, hará aumentar la necesidad de aplicaciones para facilitar que la gente pueda acceder a la información que necesita. Si hay cientos de cadenas, será necesario poder acceder rápida y fácilmente a la información deseada y no ir pasando de una cadena a otra como se ha hecho anteriormente con los equipos convencionales de televisión. Significa que nuestros centros de investigación y desarrollo y nuestras universidades tendrán que contribuir a desarrollar esas nuevas aplicaciones si queremos seguir en competición. Desgraciadamente, a estas alturas las empresas estadounidenses son las que van en cabeza y nosotros estamos tardando mucho en alcanzarlas al desarrollar las aplicaciones mencionadas. Con las iniciativas que hay en marcha en la Unión Europea para desarrollarlas, quiero pensar que podemos realmente alcanzarlos y llegar a ponernos en cabeza en un momento dado.

Mohamed Alí
Señor Presidente, partiendo del principio de que el Derecho debe ser aplicable en beneficio de todos, hoy nos encontramos ante una cuestión de crucial importancia para el mundo de la cultura y de la comunicación. Estamos completamente de acuerdo con el Sr. Barzanti cuando subraya la necesidad de encontrar un justo equilibrio entre la defensa de los derechos de autor y los de una utilización razonable por parte de los consumidores, y nos preocupa especialmente que este equilibrio se mantenga. Es por ello que queremos que la protección de los derechos de autor, así como de los derechos afines, tenga prioridad sobre cualquier otra exigencia en el caso de la utilización de las nuevas tecnologías.
Por otro lado, creemos que es inadmisible que se concedan abusivamente derechos exclusivos para la tramitación de acontecimientos que deben ser difundidos por el conjunto de los medios de información para el mayor público. Es éste un debate ya conocido en nuestra Asamblea a través de diversos informes y en el que mi Grupo seguirá manteniendo esta postura. No hace mucho, en este mismo foro, Izquierda Unitaria Europea advertía ante este Parlamento de la necesidad de estar atentos ante los posibles peligros. Nuevos peligros que podría traer la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Por ello, hemos considerado importante presentar una enmienda para que se elabore un informe sobre el préstamo público en la Comunidad en el que se tengan en cuenta las consecuencias inducidas por irrupción de la nueva sociedad de la información, entendiendo que la protección del artista es uno de los principios para asegurar el libre acceso a los nuevos medios.

Bangemann
Señor Presidente, puede comprender que este debate es muy importante tanto para mí como para mi colega Mario Monti, pues queremos que el Parlamento apoye lo que hacemos. Naturalmente, aceptamos las observaciones críticas sobre las cosas que no hemos hecho correctamente.
El Sr. Fernand Herman ha descrito nuestro problema muy bien. Se trata del modo de trabajo del Parlamento. La Comisión no puede cambiarlo. Son ustedes quienes deben hacerlo. El hecho de que desde la presentación del primer informe haya pasado tanto tiempo, tiene naturalmente como consecuencia que este debate contenga muchos aspectos que están ya superados o que preste escasa atención a los nuevos desarrollos. Este es un problema. Un segundo problema -y como ustedes saben cuánto aprecio el trabajo del Parlamento me permitirán esta observación- consiste en que no entramos en un diálogo adecuado. 18 miembros del Parlamento han participado en este debate como ponentes, como autores de opiniones o en nombre de su grupo político y han planteado en parte preguntas y realizado observaciones críticas. 12 de estas personas ya no están aquí. Esto significa que lo que quisiera decir respecto a dichas preguntas y observaciones solamente puedo hacerlo llegar a dichas damas y caballeros a través de los medios modernos de las tecnologías de la información.
Para mí esto representa realmente un problema. Puede ser que haya colegas en la Comisión para los que quizás sea agradable, no lo puedo enjuiciar, pero a mí me gustaría debatir sobre lo que alguien me ha dicho críticamente. Se han realizado una serie de observaciones críticas que muestran sin duda problemas, pero no es cierto lo que a veces se nos achaca en el sentido de que la Comisión es incapaz o de que no se ocupa de las cuestiones.
En primer lugar me voy a referir a un reproche, que ya no se expone con tanta frecuencia como en el pasado pero que surge de vez en cuando -también en este debate-, en el sentido de que estamos obsesionados por el mercado, de que somos liberalizadores a ultranza y de que no nos ocupamos de las repercusiones sociales de lo que hacemos. Esto es totalmente falso, lo que se deduce simplemente del primer informe que hemos presentado. Por ejemplo, hemos elegido expresamente el título «Sociedad de la información» y no como los norteamericanos «Highways of information», pues no creemos que se trate de un problema técnico sino de un problema de desarrollo social. Hemos creado el foro «Sociedad de la información», lo que, por cierto, no se menciona en el informe Herman pero sí ha salido aquí en el debate. Hemos llamado a toda una serie de diputados a este foro, de modo que ustedes han tenido la posibilidad de incluir los trabajos de este foro en sus consideraciones si es que dichos diputados van allí e informan, lo que ignoro. En este foro tenemos por ejemplo una serie de periodistas, provenientes también de las televisiones y radios públicas, que elaboran sus propias propuestas y nos ayudan en nuestro trabajo. No es cierto pues que digamos que el mercado ya lo arreglará y que una vez que hayamos liberalizado habremos cumplido nuestra tarea.
No obstante, una cosa es realmente cierta, lo que ha subrayado Fernand Herman y yo quisiera decírselo de nuevo a todos que se ocupan del servicio universal, ante todo para permitir una acceso económico de todos los ciudadanos a estas nuevas posibilidades: si no deregulamos, es decir, si no eliminamos los antiguos monopolios de carácter jurídico-público -que es lo que se esconde tras la palabra deregulación o liberalización-, si no lo hacemos no obtendremos unos servicios universales baratos y utilizables en todos los lugares. El importe de las tarifas telefónicas es hoy, por ejemplo, el único o al menos uno de los obstáculos más importantes para que muchas personas puedan participar en estas posibilidades. En todos los lugares donde se ha deregulado, las tarifas telefónicas han bajado. ¡Ojalá pudiera aclarárselo esto de una vez! Y esto no tiene nada que ver con liberalismo, socialismo, capitalismo o lo que sea sino que es una simple y llana realidad que por lo demás también...
Sí, señora, sé que es esto lo que nos separa. Es una lástima, pues por lo demás estamos los dos de acuerdo. ¡Si pudiera aclararles por fin que un monopolio, también y precisamente cuando se trata de uno de carácter jurídico-público, tiene la posibilidad de mantener altos los precios! Siempre les digo que vayan a Finlandia o a Suecia. Se trata de dos países que no están sobresaturados precisamente de capitalismo sino que tienen una tradición social-demócrata muy antigua. Estos dos países han eliminado ya muy tempranamente los monopolios jurídico-públicos e introducido la competencia, lo que ha hecho que las tarifas bajen y que en todos los lugares sea posible el servicio universal a unos precios bajos. Suecia y Finlandia son dos países con unas condiciones muy malas para ello, pues una gran parte de la población se encuentra en los centros de aglomeración urbana y tienen amplias regiones en el norte sin apenas población. A pesar de ello, allí funciona. ¿Porqué no echan allí un vistazo si no me creen a mí? Bueno, puedo comprenderlo pues a veces ocurre que un Comisario, por querer hacer avanzar algo, sea criticado sin que él mismo tenga mucho que ver.
Vayan a Finlandia o a Suecia. Hablen con los Correos o Telecomunicaciones suecas que, por cierto, han logrado establecerse muy bien en el mercado en un régimen de competencia, lo que tenían muy fácil pues estaban ya establecidos. Lo que tenemos que hacer es que los nuevos tengan su oportunidad. No queremos que el mercado sea una especie de jungla en la que animales salvajes se ataquen despiadadamente. Que tenemos que regular y que es necesario un orden jurídico al respecto, figura ya en el informe Bangemann. Hay tres capítulos: el capítulo I se llama «Deregulación» y el capítulo II «Regulación». Hemos aceptado esta contradicción pues hemos dicho que necesitamos normas jurídicas para la privacy , para la seguridad de las informaciones, para los derechos de autor, todos estos asuntos sobre los que mi amigo Mario Monti va a decir aún algo. Es decir, esta disparidad, aquí el espacio libre del mercado y allí el espacio jurídico ordenado no es para nosotros algo a temer sino que queremos combinar ambos aspectos.
Con ello, me refiero a los miedos que impiden al Parlamento que se pueda oír su voz. No es suficiente con hablar. Hay que lograr algo con lo que se dice. Naturalmente que hay temores e inseguridades, pero hay que enfrentarse a ello. Muchos diputados han tenido noticia de los resultados de Home-CEBIT , la gran exposición de Hannover, en la que todos, los usuarios, los expositores, los organizadores e incluso la prensa han visto que aquí surgen nuevos puestos de trabajo. El único campo en el que hoy se crean nuevos puestos de trabajo es el de las nuevas tecnologías y, entre ellas, se encuentra ante todo la tecnología de la información y de la comunicación.
Así pues, si no solamente queremos lloriquear por el elevado desempleo sino hacer también algo al respecto, hay que recoger estas posibilidades. No es suficiente sumarse al coro de las plañideras. Por el contrario, mediante esta actitud se fortalece la posición de los objetores.
Examinemos lo que ha dicho la Comisión de las Regiones: en primer lugar tenemos una tecnología que convierte la distancia en una magnitud cero. The death of the distance es el concepto para calificar a esta tecnología. Tanto si envían un mensaje de Estrasburgo a Kehl o lo hacen de Estrasburgo a Sidney, no hay diferencia temporal -pues la velocidad de la luz hace que tales distancias sean una magnitud totalmente despreciable- ni en el futuro habrá una diferencia económica, es decir, de precios. Por primera vez, regiones alejadas pueden tener una oportunidad, pues lo que las desfavorecía hasta ahora económicamente, su distancia respecto a los grandes centros, ya no desempeña un papel. Quizás debería tomar nota de esto la Comisión de las Regiones. No estoy diciendo que no se debe plantear la exigencia de que las regiones alejadas participen en ello. Naturalmente, se puede decir esto, pero entonces ustedes introducirían una frase y dirían que esta tecnología es una posibilidad importante para lograrlo realmente.
Las pequeñas y medianas empresas -lo que no se ha dicho hoy quizás porque siempre lo repetimos...
(Exclamación) Yes, but positively. Mr. Teverson said positively and I thank him for his positive approach. Las pequeñas y medianas empresas: por primera vez en la historia de la economía ya no es aplicable la ley de la economy of scale . Si usted produce un coche, tiene que ser un gran productor. Si el Sr. Agyros y yo decidimos hoy producir coches, deberemos abandonar inmediatamente la idea pues no lo lograremos ya que el aparato necesario para ello es economy of scale . Pero si el Sr. Agyros y yo acordamos desarrollar una software, por ejemplo, en la que figure todo lo positivo que se puede decir sobre la sociedad de la información y la enviamos a todos los diputados para que lo lean, tenemos la posibilidad de hacerlo los dos solos. Lo podemos. Y si usted mismo echa un vistazo sobre las grandes empresas en el campo de la sociedad de la información, comprobará que comenzaron hace pocos años como empresas muy pequeñas. En otras palabras, para las pequeñas y medianas empresas existe la posibilidad de utilizar esta tecnología y emplearla para su propio provecho frente a las grandes.
Se han presentado enmiendas respecto a las posibilidades o la necesidad de proteger a las personas que practican el teletrabajo. El problema es que a un trabajador o trabajadora de este tipo no se les puede encasillar sencillamente en las antiguas categorías. Es sencillamente imposible. Y el Parlamento dice -al menos así entiendo estas enmiendas- que tenemos que aplicar a estas personas los contratos de trabajo y los derechos protegidos que existen para el trabajo por cuenta ajena. En algunos casos esto puede ser correcto, en concreto, cuando existe realmente una dependencia económica. Pero esto puede ser también totalmente erróneo. ¿Pueden aplicar tales normas a personas que se negarían a ser tratadas como trabajadores por cuenta ajena y que buscan y quieren esta independencia? Es decir, tenemos que crear normas especiales y examinar en cada caso lo que es acertado o falso.
El Sr. Kuhne ya no está aquí. Se trata de un debate fantasmal. El Sr. Kuhne se ha remitido de nuevo a la radiodifusión pública. Yo no he dicho nunca que la radiodifusión pública no pueda estar sometida a normas especiales. Lo que siempre he dicho -y lo repito de nuevo- es que las antiguas normas por las que se constituyeron la radio y televisión públicas, ya no están justificadas. ¿Cuál era la justificación? La escasez de recursos y el suministro básico. Con las modernas tecnologías -y no me refiero ahora a la posibilidad que ofrecen los satélites a la comunicación personal, pues este será uno de los grandes temas de los próximos años, sino solamente a las posibilidades que tenemos actualmente por tierra mediante cable o con los satélites estacionarios existentes- ya no hay escasez de recursos. La técnica digital...
No, no escasean los recursos. Éste es el gran cambio tecnológico. Con los nuevos materiales y las nuevas formas de transmisión, las posibilidades son inmensas.
(Interrupción de la Sra. Tongue) Me estoy refiriendo al argumento al que se ha recurrido siempre en el pasado para justificar el carácter específico de servicio público en el campo de la radiodifusión y la televisión. Tenemos que darnos cuenta de que este argumento ya no es válido.
El otro argumento es el del suministro básico. Reconozco que ciertas emisiones de las televisiones públicas, en especial los canales 3, 4 y 5 cumplen realmente una demanda que las privadas aún no cumplen. Señor Kuhne, pero si miro los programas generales de televisión, tengo que decirle que esta pretensión de querer ser algo especial no es realidad en todos los casos, al menos para mí. Por ejemplo, si miran la TF1 francesa podrán ver siempre estos estúpidos juegos de adivinanzas. Hay una persona sentada y se le pregunta: »Dígame un gran hombre de Estado francés que comienza con N». La persona no lo adivina. Viene el moderador y le dice: »La segunda letra es la A». Sigue sin adivinarlo. En la P comienza a pensar y al cabo de varios minutos le viene el nombre de Napoleón. Parece que esto le interesa a la gente.
Si miran la televisión alemana, podrán ver la llamada música popular. No hay nada que esté más alejado del pueblo que esta música popular, realmente nada. Los intérpretes que lo ofrecen no tienen nada que ver en absoluto con el pueblo, no tienen ni la más remota idea de lo que le gusta al pueblo. Y las personas que están allí sentadas están tan acostumbradas culturalmente a tales representaciones que, por lo visto, no se pueden imaginar otra cosa. Que se denomine esto como suministro básico quisiera rechazarlo en interés de la televisión pública.
Es decir -con lo que termino con este asunto- también la radiotelevisión pública solamente puede beneficiarse de la competencia. Esto es todo lo que digo y no más. No tengo nada en contra de la radiotelevisión pública. Es estupendo que la tengamos y que presenten algo especial, sólo que no deben eludir enfrentarse con calidad contra calidad o la falta de calidad de los demás. Esto es todo. Esto es también aplicable a Correos. Se ha mencionado de nuevo el servicio público. Estupendo. El servicio público es algo muy razonable y si funciona, cuando es de utilidad al ciudadano, solamente se puede uno congratular de ello. Pero si es tan estupendo, ¿porqué no puede mantenerse en competencia con otros? Esta es mi pregunta escueta.
Quizás me permitan ahora -he sido más extenso de lo previsto, por lo que hoy estoy especialmente bien...
Quisiera repetir de nuevo lo que el Sr. Herman ha dicho. Si desean que su informe sea una aportación a este debate, examinen por favor las enmiendas. La Sra. Mann tiene toda la razón en lo tocante al problema de las escuelas. Estamos ocupándonos del mismo y ya hemos encargado el tema a los Estados miembros. En este informe nos encontramos al nivel de hace dos años. No se dice aquí qué es lo que hemos hecho en estos dos años. No se lo echo en cara pero, por favor, examinen las diversas enmiendas. Por ejemplo: »...considerando sin embargo que el proceso de liberalización de la infraestructura de las telecomunicaciones esconde en si el gran peligro de la reducción de puestos de trabajo en este sector...». Señora Castellina, ya lo he dicho «n» veces, este es el caso al comienzo del proceso pues hay una serie de puestos de trabajo típicos de un monopolio. Pero ya al cabo de dos o tres años se crean nuevos puestos de trabajo; es decir, esta enmienda es meramente defensiva, pesimista y despierta la impresión de que aquí se trata de reducir puestos de trabajo en lugar de crear nuevos, tal como es en realidad.
Señor Presidente, sigo su apelación y no voy a referirme a todas las enmiendas. Pero si se quiere que un debate de este tipo tenga sentido no puede convertirse en un diálogo entre sordos y mudos. Tenemos que ocuparnos de los argumentos contrarios y ver qué es lo que se está haciendo y si esta sociedad de la información se desarrolla en una dirección correcta. El Sr. Blak ha dicho con toda razón: esta sociedad de la información es algo que puede ser provechoso para nosotros. Si la utilizamos correctamente y la empleamos como instrumento, puede aportar algo muy positivo. No hay que descalificarla de antemano. No es ni la panacea ni tampoco significa el fin de la sociedad humana. A veces se tiene la sensación de que el Parlamento ve el fin de la sociedad humana. Tienen que estar a la cabeza de nuestro movimiento, tienen que intentar dirigirlo poniéndose a su cabeza y no ir a la zaga lamentándose. Recuerdo aún -el Sr. Caudron estaba aquí pero se ha ido de nuevo- las enormes dificultades que tuve con él cuando abandonamos el procedimiento analógico D-2-MAC para adoptar el digital. ¡Los varapalos que me dio en aquella ocasión el Parlamento! ¡Qué cosas me dijeron entonces cuando yo dije que del mercado debían venir los estándares de facto y que era mucho mejor! Ahora el Sr. Fernand Herman exige al menos estándares de facto. Todo esto lo hemos hecho con gran éxito. Es una historia de éxitos. Tomen nota de ello y utilícenlo en vez de lamentarse.
(Aplausos)
Monti
Señor Presidente, señores diputados, ciertamente la enérgica intervención del Comisario Bangemann me permitirá ahorrar tiempo; me uno a él para insistir en la importancia de este debate y la gratitud de la Comisión: sólo lamento que no pueda ser un debate más amplio y con más participación.
El Parlamento Europeo es muy activo en el debate sobre el marco normativo para la sociedad de la información. Los dos informes de los Sres. Herman y Barzanti confirman ese empeño. Por lo que respecta a los derechos de autor ha sido determinante la influencia que el Parlamento Europeo ha ejercido, en el pasado, a favor de la adopción de las cinco directivas que existen en esta materia. El informe del Sr. Barzanti, cuya excelente calidad quisiera subrayar, se inscribe claramente en esa tradición y atestigua la calidad de la colaboración entre Parlamento Europeo y Comisión.
En la sociedad de la información, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento clave para el desarrollo, que podrá contribuir al empleo y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en particular, como ha puesto de relieve el Comisario Bangemann. El objetivo del Libro Verde de la Comisión era suscitar un amplio debate sobre los problemas que el desarrollo de las nuevas tecnologías plantea al marco normativo de la propiedad intelectual. Hay que garantizar a los inversores y a los creadores un nivel de protección adecuado.
La consulta registró una amplia participación de los sectores afectados y concluyó con la conferencia que se celebró en Florencia el pasado mes de junio. La conferencia, o, mejor dicho, toda la consulta puso de manifiesto una exigencia en particular: llevar a cabo una acción a nivel comunitario en cierto número de aspectos considerados prioritarios. Ahora la Comisión tiene la intención de adoptar, en breve, una comunicación que presente los resultados de la consulta y anuncie las nuevas iniciativas que piensa realizar en un futuro próximo.
Para ello, la Comisión tendrá en cuenta al máximo las conclusiones del informe Barzanti. En cualquier caso, en esa futura acción suya -y puedo decirlo ya ahora- la Comisión piensa mantener y proteger tanto el equilibrio necesario entre todos los derechos y los intereses que están en juego como el alto nivel de protección que la armonización comunitaria ha permitido alcanzar.
Así, se podrá establecer una reglamentación que haga posible garantizar, por una parte, la defensa de la creatividad y de la innovación y, por otra, el éxito de una industria europea competitiva.
El Sr. Barzanti ha lamentado que la Comisión no haya aprobado todavía una directiva en materia de concentración y pluralismo en los medios de comunicación. Como el Sr. Barzanti sabe perfectamente, la materia es muy compleja en el plano técnico y muy sensible en el plano político. En cualquier caso, puedo confirmar mi compromiso personal para que esa iniciativa se lleve adelante; puedo confirmar también que la Comisión ha decidido proseguir los trabajos para una iniciativa en este ámbito que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y confío en que la Comisión podrá en breve tomar una posición al respecto.
Además, el Parlamento tiene que pronunciarse hoy sobre las propuestas de decisiones del Consejo relativas a la firma y aprobación del Convenio Europeo sobre aspectos de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión transfronteriza vía satélite. La opinión favorable del Parlamento para la conclusión del Convenio, que garantiza un estrecho paralelismo con las disposiciones correspondientes de la legislación comunitaria en esta materia, como propone el clarísimo informe del Sr. Medina Ortega, contribuirá a crear un marco reglamentario coordinado a nivel paneuropeo.
Por último, señor Presidente, por lo que se refiere al informe Herman, subrayo una vez más la importancia de este informe, que pone justamente el énfasis, entre otras cosas, en la exigencia de un marco normativo adecuado para el desarrollo de la sociedad de la información.
En este contexto, la Comisión ha aprobado recientemente una serie de medidas, basadas en los principios del mercado interior, precisamente para responder a los nuevos y múltiples desafíos a los que el informe Herman hace referencia. Recuerdo, por ejemplo, además del ámbito de la propiedad intelectual y de la protección de los datos de carácter personal o de las bases de datos, el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales y el relativo a la protección de los servicios codificados.
Finalmente, me complace señalar que una ulterior iniciativa reciente de la Comisión parece insertarse idealmente en la vía trazada por el informe Herman: se trata de la propuesta de directiva para un mecanismo de transparencia para los futuros proyectos legislativos nacionales en el ámbito de la sociedad de la información, la propuesta a la que ha hecho referencia el Sr. Hoppenstedt. Una protección incisiva de los objetivos de interés público relevantes en esta materia sólo podrá realizarse -estoy convencido de ello- a través de medidas coordinadas y no mediante leyes nacionales aisladas y probablemente contradictorias.
Doy las gracias de nuevo a los ponentes y a todos los que han contribuido a este importante debate.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Función de la televisión pública
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/96) de la Sra. Tongue, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la función de la televisión pública en una sociedad multimedia.

Tongue
Señor Presidente, me alegro de que el Comisario Monti y el Comisario Bangemann estén hoy aquí, sobre todo este último. Lamentablemente, tenemos muy poco tiempo. No voy a poder dar réplica a todos los comentarios que ha hecho usted en su respuesta, pero sí haré algunas observaciones importantes sobre lo que mi grupo y, creo yo, una mayoría aplastante de este Parlamento opinan de la televisión pública.
Es bien evidente que la televisión es el instrumento moderno de la información, la educación y el entretenimiento. Con estas palabras fue bautizada la BBC. Son los principios a los que se han mantenido fieles ésta y otras televisiones públicas. Empecemos por definir la radiodifusión pública en su forma primera y original: la televisión. Ésta es accesible para todo el mundo, sirve de punto de referencia de nuestra propia identidad nacional y europea. Garantiza una oferta variada de opiniones, debate e información equilibrada. Dilata la selección de programas, atendiendo a todos los gustos de nuestra población. Es independiente desde los puntos de vista político, de opinión y financiero. En suma, la televisión pública constituye la piedra angular de las sociedades saludables, interactivas y democráticas. El poder de la televisión reside en su valor como punto común de referencia de millones de personas. La televisión tiene el poder de unirnos, de igual manera que puede dividirnos. A nosotros, como ciudadanos, nos puede unir el afán de las televisiones públicas o nos puede dividir, señor Bangemann, la comercialización en nichos de cientos de cadenas privadas. Recordemos que el deber de la televisión pública es poner la calidad en primer lugar y fomentar el pluralismo por el bien público. La primera obligación de las cadenas privadas es hacia los anunciantes y los accionistas. Nuestro deber y el deber de la televisión pública son uno mismo: servir a todos los ciudadanos europeos. La radiodifusión pública es la clave.
En primer lugar ¿por qué es clave de nuestro éxito económico? Las empresas internacionales dominantes no siempre utilizan su poder económico para apoyar a la industria audiovisual europea, una industria que podría dar trabajo a dos millones más de personas hacia el año 2000. Pero las televisiones públicas, por el contrario, invierten en nuevos talentos europeos, apoyan la producción, fomentan la innovación y asumen riesgos que las cadenas privadas no aceptarían. Las televisiones públicas son, sencillamente, el Hollywood de Europa. Tan sólo la BBC invierte anualmente 1.200 millones de libras en nuevos programas, más de lo que invierte en total nuestra industria cinematográfica. Pero su considerable potencial dentro de la cartera económica europea se perderá a menos que sea debidamente apoyado y alimentado por los servicios de radiodifusión, los gobiernos y la Unión Europea.
En segundo lugar, la radiodifusión pública es la clave para preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. La radio y la televisión son los modernos contadores de cuentos. Sí, usted tenía algún cuento que contarnos, señor Bangemann. Es el espejo de nuestra sociedad. En este punto ataco a los servicios de radiodifusión por no referirse suficientemente a Europa. Si, pongo por caso, nuestra televisión no hace referencia a nuestro continente, ¿cómo aprenderán sobre él las generaciones futuras? Tendríamos que ser capaces de contar con nuestros servicios públicos de radiodifusión para cumplir esta función. En cambio, la con frecuencia estrecha dependencia de la televisión privada de importaciones americanas baratas de segunda mano irá en detrimento de la producción de programas europeos originales y a la larga le costará caro a nuestra civilización europea.
En tercer lugar, la radiodifusión pública es la clave de la libre información democrática. La era digital debería, como ustedes han dicho, señores Comisarios, ser precursora de una mayor capacidad de elección, de un pleno acceso a los programas por parte de todos los públicos, de todos los ciudadanos. En vez de ello, corremos el peligro de contemplar una tendencia hacia una sociedad formada por los que puedan permitirse el privilegio de la información imparcial y los que no, los que puedan permitirse ver en televisión nuestras joyas deportivas nacionales y los que no. ¿Qué dirá la Comisión al Sr. Kirch cuando llegue la hora de emitir las dos próximas Copas del Mundo? Nos interesa mucho saberlo. Confiamos en que sean retransmitidas por televisión de emisión abierta. Las democracias dependen de que todo el mundo tenga igualdad de acceso a una información equilibrada. Es un derecho civil y cultural básico que debe definir la era digital. Por consiguiente, como digo en mi informe, esto es lo que debemos hacer. En primer lugar, pido a la Comisión que tome nota de la votación de hoy y que, entre otras coas, apoye a los servicios públicos y a los servicios públicos de radiodifusión cuando se haga la revisión futura de los tratados; que garantice la igualdad de acceso para todos utilizando todos los tipos de trasmisión en la era digital; que refuerce los mecanismos de financiación y permita que los servicios públicos de radiodifusión europeos pujen conjuntamente por derechos de retransmisión.
A modo de resumen, Michael Grade, director de Channel 4 Television, lo dijo concisamente: »Se está produciendo una creciente división entre las cadenas cuyo propósito primordial es el servicio público y aquellas otras que, de manera obvia, son negocios que pretenden obtener el máximo beneficio.» Quizá el mejor remedio sea asegurarnos de que los servicios públicos de radiodifusión -aquellos que anteponen el interés público, aquellos que se comprometen a mantener una base de producción creativa y no derivativa- cuenten con el apoyo adecuado, con la asistencia adecuada y con la financiación adecuada. Debemos pensar en Europa, en nuestra industria, nuestros pueblos, nuestra democracia. Debemos hacer una sitio para los servicios públicos de radiodifusión dentro de las disposiciones formuladas para Europa, esto es, dentro de nuestros Tratados.

Barzanti
Señor Presidente, señores diputados, deseo simplemente manifestar que estoy completamente de acuerdo con el informe que se nos presenta. Sólo quisiera subrayar que, como se ha dicho hace un momento, la televisión pública presenta características específicas, tiene fines particulares que perseguir. Esas características, esos fines hoy hay que actualizarlos y situarlos en el ámbito de los sistemas mixtos y ante la perspectiva de la mundialización del mercado.
No existe un modelo europeo de televisión pública, pero existen problemas comunes. Pues bien, como servicio público, las cadenas públicas se instalan en el mercado y tienen que poder competir sin aspirar a privilegios injustificados. Deben aceptar ciertamente los desafíos de la competencia, pero cuando se observa, por ejemplo -señalaba hace poco el Comisario Bangemann-, que los recursos son ilimitados y que, por lo tanto, no tiene sentido actuar como en el pasado, se debe precisar que eso es cierto desde un punto de vista potencial, existen enormes recursos desde el punto de vista tecnológico, pero para aprovecharlos es necesario disponer de medios económicos, es necesario tener los medios técnicos y materiales para utilizarlos.
Por lo tanto, este es el tema: si la televisión pública tiene una cara, si tiene un aspecto dirigido al mercado y como tal no puede aspirar a privilegios monopolísticos o a posiciones en alguna medida particulares, dominantes por lo que respecta, por ejemplo, a los recursos publicitarios, etc., al estar la televisión pública dirigida a la sociedad, tiene derecho a aquellas financiaciones, a aquellos apoyos que pueden reforzar aún más su independencia, su autonomía y su presencia en los nuevos servicios, en las nuevas capacidades productivas que hoy son necesarias para que la televisión pública esté a la altura de los desafíos que también ella debe aceptar.

Hoppenstedt
Señor Presidente, señoras y señores, el Sr. Bangemann ha iniciado antes el debate. Me interesa saber cuáles han sido sus resultados en el juego de adivinanzas, cuándo ha llegado a la solución y ha respondido a esa pregunta. También me interesa saber cuál es su relación con la música popular. Recuerdo que la melodía popular «och auf dem gelben Wagen» fue un éxito en años pasados aunque hoy no se canta con tanta frecuencia.
Respecto al tema: sin duda, todos los presentes en esta sala están a favor del sistema dual. En todos los Estados de la Unión Europea necesitamos la radiodifusión pública al igual que la privada. Sé que la radiodifusión pública -al menos en Alemania, pero también en otros Estados- se ha construido sobre la tradición de los años de fundación y que esa fase de construcción fue importante para la República Federal de Alemania, ante todo, en lo que se refiere al surgimiento del orden democrático. Algunos saben que yo fui durante algunos años presidente del Consejo de Radiodifusión del «Nordeutsche Rundfunk», es decir, conozco los puntos fuertes y débiles de la radio pública. ¿Quién no tiene puntos débiles?
Señoras y señores, tengo la sensación de que en este informe se intenta destacar en especial la posición de la radiodifusión pública en desmérito de otras. Me parece que la actitud lanzar en este informe a nivel europeo un ataque contra la radiodifusión privada no nos va a ser de ayuda para posteriores debates. No tiene que ser así, se puede mejorar también la radiodifusión pública sin lanzar ataques. El Grupo del PPE ha intentado eliminar del informe esta valoración negativa, lo que ha logrado en parte. Espero que tengamos también éxito en el Pleno, para lo se tendrían que aprobar nuestras enmiendas.
La radio pública no es objeto de debate solamente en este informe. Con motivo de la directiva sobre la televisión, mantuvimos un intenso debate de fondo sobre la radiodifusión pública. Vamos a volver a tenerlo. No es bueno que el «lobby» de la radiodifusión pública intervenga de un modo tan masivo, por ejemplo, en el artículo 1, por el que todos los nuevos servicios que surjan allí deben ser también radio para poder participar en base a la legislación nacional. Creo que todos pueden participar. Lo que no puede ser es que siempre haya que financiarlo, por lo que me permito dar el buen consejo a la radiodifusión pública de que no trabaje siempre tan superficialmente. Esto no es de provecho para nadie.
También en el debate sobre los derechos del deporte -informe de propia iniciativa de la Sra. Castellina- hemos discutido sobre el tema de la radiodifusión pública. Con ese motivo dije que no es de mucha ayuda levantar imágenes de falsos enemigos y destacar solamente a la radiodifusión pública como la esforzada defensora de la cultura de la radio. Ya se ha dicho que también hay puntos flacos en la radio pública que hay que erradicar para hacerla conjuntamente fuerte, también en competencia con los oferentes privados, y fuerte a nivel europeo ante el trasfondo del debate que se mantiene a nivel mundial.
Necesitamos unas normas generales válidas que ofrezcan posibilidades de participación en todos los campos de intereses en Europa. Mi consejo es acercarse a los temas de un modo mucho más distendido sin hacer una máxima -me dirijo en especial a la Sra. Tongue- a nivel europeo de las experiencias negativas tenidas en los propios países. Tampoco creo que podamos tratar y solucionar aquí los problemas que existen en Italia y posiblemente en Gran Bretaña.
Nuestro objetivo debería ser desarrollar la dimensión paneuropea, para que en el futuro la radiodifusión pública tenga un espacio fijo y se pueda garantizar su capacidad de supervivencia. Creo que actuaremos correctamente si no levantamos imágenes de falsos enemigos y no nos oponemos a otros con una batería de prejuicios.

Guinebertière
Señor Presidente, una iniciativa parlamentaria de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, aprobada por la Mesa del Parlamento, nos da hoy ocasión para manifestarnos sobre la función de la televisión pública en una sociedad cada vez más mediática.
Aprovecho esta ocasión para decir que sí a una televisión pública, a condición de que su misión esté bien definida y responda a criterios de ética y calidad que justifiquen la financiación pública y aseguren a los telespectadores, cualesquiera que sean, el acceso a la información, a la cultura, a la educación, al deporte y a la ficción. Lo que no excluye, por otra parte, la asociación de la televisión pública con cadenas privadas, temáticas, si la ocasión se demostrara oportuna.
La cuestión de los medios audiovisuales no puede tratarse como un producto comercial cualquiera. Los nuevos servicios están llamados a desarrollarse, el Sr. Bangemann no me desmentirá, pero no serán gratuitos para los consumidores ni accesibles para todo el mundo.
La escalada sin fin de los derechos de transmisión televisada para el deporte en general, y para el fútbol en particular, debería hacernos reflexionar. Efectivamente, por un lado, el coste de estos derechos contribuye a aumentar el precio de los jugadores, y por otro, obliga a las cadenas a una búsqueda cada vez más encarnizada de una publicidad más rentable para pagar esos derechos. Peor aún, paralelamente obliga a las cadenas a difundir las producciones cinematográficas más baratas posibles, ofreciendo con ello un exceso de producciones americanas.
Señorías, ¿creen, ustedes que preconizan el espíritu liberal, emprendedor y comercial, que todo es comercializable?, ¿se han imaginado un mundo en el que la educación, la práctica del deporte, la salud y el orden público, se inscribieran en un entorno puramente comercial, dejando libertad total a las prácticas del mercado?
No, Señorías, no todo es comercio y libre empresa. Hemos visto que esta libertad es dolorosamente capaz de comercializar el sexo, hasta el punto de que ha creado consumidores de este producto, ha hecho surgir fantasmas y generado un comercio por desgracia demasiado lucrativo. Ya estamos viendo cómo se comercializa el racismo y la xenofobia en Internet. Debemos desconfiar de los espíritus fuertes que explotan a los débiles.
El Estado debe ser garante tanto de la moral como de la salud pública. Éste es el poder que yo le delego diciendo sí a una televisión pública.

Vaz da Silva
Señor Presidente, el informe Tongue -¿y cómo podríamos llamarlo de otro modo teniendo una autora tan fogosa?- es un informe valiente y exhaustivo. A mi modo de ver, peca de algún desequilibrio. Defender el servicio público en la televisión es una evidencia y un deber. Confundir servicio público con televisión pública es una incoherencia y un error.
El servicio público puede y debe correr a cargo de empresas públicas y privadas. Deberá también estar presente en todos los sistemas de transmisión, digital o analógica, por cable o por satélite. Los Estados miembros tienen el deber de crear condiciones para que así sea. Las empresas tienen el deber de tener un sentido social de su función y aceptar las obligaciones que ello entraña.
¿Cuáles son las prioridades para un servicio público en la Unión Europea? Ofrecer calidad y diversidad y constituirse en punto de referencia cultural. Informar y estimular el debate de ideas, consolidando el sentido de la ciudadanía. Contribuir al fortalecimiento del espíritu europeo, difundiendo productos de diversos orígenes y fomentando intercambios y coproducciones entre Estados miembros. Promover formas de acceso de grupos de ciudadanos a la antena, aparte del esquema tradicional del tiempo concedido a los partidos y los interlocutores sociales, contribuyendo a una renovación del propio ejercicio de la democracia.
El servicio público en la televisión es un concepto fundamental en una sociedad democrática. Merecería una referencia en el Tratado de la Unión, ahora en revisión. No es justo ni útil que lo limitemos a empresas públicas. Si las empresas privadas colaboran, me atrevo a afirmar que la televisión pública, tal como la conocemos hoy, tiene los días contados.
Para terminar, señor Presidente, insto a la Comisión a que profundice en el concepto de servicio público en el Libro Verde sobre nuevos servicios que reclamo con urgencia, porque en las telecomunicaciones el tiempo vuela. Insto a las empresas públicas y privadas a utilizar el enorme poder que tienen para arrastrar a los espectadores en lugar de dejarse arrastrar por ellos. Insto, por último, a los Estados miembros a que asuman sus responsabilidades dando una base económica sólida a la industria europea de programas, avanzando ahora con el fondo de garantía, apoyando a los difusores paneuropeos ya existentes y haciéndose cargo, sin regatear, de los costos del servicio público como medio indicadísimo que es para revitalizar la democracia.

Castellina
Señor Comisario Bangemann, usted se extraña porque nosotros nos preocupamos mucho de la televisión pública y nos dice: »¡Pero si nadie quiere poner en tela de juicio la televisión pública!» Pues, mire, si nuestra comisión ha decidido elegir para uno de nuestros poquísimos informes de iniciativa precisamente la cuestión de la televisión pública es porque, en cambio, advertimos, en la nueva situación que se ha creado a causa de las nuevas tecnologías y de los procesos de liberalización y privatización que están en curso, una situación que amenaza seriamente a la televisión pública, no en el sentido de que tenga la intención de suprimirla, sino ciertamente en el sentido de que tiende a marginarla porque no puede resistir la competencia en el mercado mundial.
De ahí la necesidad de reafirmar su función, su necesidad, pero, al mismo tiempo, también de pedir todas las medidas apropiadas para que pueda realizarse esta función. Y por lo tanto, las medidas reglamentarias: nosotros estamos muy preocupados porque el Colegio de Comisarios ha aplazado aún más la directiva que se nos prometió hace muchos años con respecto a la defensa del pluralismo -la existencia de una televisión pública fuerte es una cuestión esencial desde este punto de vista-. Y cuando digo medidas reglamentarias hablo también de medidas reglamentarias que permitan que la televisión pública sea autónoma respecto del mercado. Este es, efectivamente, el elemento característico: ser autónomos respecto del mercado, más independientes, quiere decir poder cumplir una función que la televisión, que depende del mercado, no puede cumplir. Comisario, ¿sabe usted cuál es actualmente la demanda en el mercado? Es casi toda de videogame y de pornografía.
¿Queremos, pues, que la gran sociedad de la información, con todas las nuevas tecnologías, se haya inventado sólo para darnos un poco de videogame , un poco de teleshopping y un poco de pornografía? ¿Confiaremos la escuela, que tiene una importantísima función educativa, a las reglas de la competencia del mercado? Desde luego que no.
Hoy en día la televisión tiene una repercusión en la educación de los chicos mucho mayor que la de la propia escuela. Ahí está lo delicado del problema y la necesidad de que la televisión pública siga teniendo una función que no puede mantenerse sólo gracias a la aplicación de la idea del servicio universal. Ampliar el principio del servicio universal precisamente a las telecomunicaciones, confundirlo con el servicio público del broadcasting sería un error gravísimo. Y, en fin, es por eso, señor Bangemann, que pedir que se refuerce la televisión pública no es una locura de la Comisión de Cultura de este Parlamento.
En la misma dirección va el documento del foro de la sociedad de la información, que usted mismo ha creado y que insiste muchísimo en este concepto; en la misma dirección van las resoluciones de la Asamblea del Consejo de Europa, extremadamente preocupado, como nosotros, por la marginación de la televisión pública; el mismo Tribunal de Karlshrue, de su país, señor Comisario, se ha pronunciado en este sentido diciendo que es impensable que la televisión pública no mantenga una función central puesto que es un principio constitucional.

Tamino
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a la ponente por el entusiasmo con el que ha expuesto sus razones, que expresan un punto de vista que encuentra también una amplia convergencia en la Comisión. El presente informe completa, de alguna manera, el debate que tuvo lugar sobre la directiva «Televisión sin fronteras» y el debate que se celebró también en este Hemiciclo sobre la transmisión de los acontecimientos deportivos de gran importancia. Precisamente por esas razones y como consecuencia del debate que ya se ha celebrado en el Parlamento Europeo, hay que decir que es necesario, y seguramente importante, que se den garantías para que la televisión pública tenga un futuro, para que en el futuro pueda sobrevivir.
No se trata de limitar la función de la televisión privada, ni de hacerlas competir entre sí; tienen funciones distintas, pero precisamente porque son distintas, precisamente porque existen diferencias en los distintos países, hay que tomar medidas para que la televisión pública esté suficientemente garantizada y apoyada y pueda desempeñar una función importante y decisiva en la construcción de la ciudadanía europea; a ella le compete efectivamente -como dice también la ponente- una función de programación europea y no sólo nacional, además de multicultural, en particular garantizar una educación y una información independiente de los respectivos gobiernos para realizar completamente las potencialidades del pluralismo.
Por esos motivos, la televisión pública no debe confundirse con la comercial, debe tener una función esencial, propia, pero al mismo tiempo no debe ni siquiera convertirse, en sentido negativo, en la televisión del Estado. Las nuevas tecnologías nos plantean serios problemas, pero precisamente por esas razones hay que garantizar a la televisión pública un futuro adecuado.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, la permanencia de una televisión pública en nuestros Estados miembros es una cuestión extremadamente importante. Por ello debemos, en primer lugar, agradecer a Carole Tongue que se haya enganchado a este difícil expediente y, en segundo lugar, felicitarla por ello.
Al igual que ella, creo que es necesario trabajar para mantener este espacio de difusión privilegiado que constituye la televisión pública. Ciertamente, no debemos ser ingenuos, y tenemos que reconocer que el desarrollo de la sociedad de la información ha modificado los términos del debate, pues, por encima de la relación de fuerzas que se está planteando en estos momentos entre televisión pública y televisión privada, se trata de la igualdad de acceso a esas cadenas que las nuevas tecnologías han multiplicado. Por tanto, sabemos que algunas disparidades geográficas, sociales o culturales son otros tantos frenos a ese libre acceso.
Sin embargo, creo que la televisión pública sólo alcanzará sus objetivos si sabe responder a tres exigencias. La primera es el respeto por el telespectador, cualquiera que sea su edad, origen o situación. La televisión pública debe por tanto crear un espacio de expresión pluralista y democrático, y renunciar a imitar a las televisiones comerciales en su carrera desenfrenada por la audiencia.
Segunda exigencia, la televisión pública debe responder a su misión educativa, principalmente en materia de pedagogía de la imagen. Se olvida con demasiada frecuencia que la imagen es un lenguaje que los telespectadores, principalmente los más pequeños, deben aprender a descifrar.
Tercer punto, la televisión pública debe contribuir a responsabilizar a aquellos que la ven. Por consiguiente, se debe dirigir a un telespectador-ciudadano.
Para concluir, me gustaría recordar que el desarrollo de un espacio de creación audiovisual verdaderamente europeo pasa por la existencia de un sector televisual público abierto y dinámico.

Kuhne
Señor Presidente, señoras y señores, estamos manteniendo un debate. Tengo por primera vez la oportunidad de referirme a las palabras finales del Sr. Bangemann y de dar algo la vuelta a este privilegio. Señor Bangemann, por lo visto tenemos las mismas preferencias en lo que no nos gusta ver. La diferencia política esencial consiste en que tanto yo como la Sra. Tongue y la comisión somos de la opinión de que el sistema europeo de radiodifusión pública no debe retroceder al nivel, por ejemplo, del PBS americano, mientras que el resto del mercado acapare las emisiones comerciales en exclusiva.
Por esta razón, la radiodifusión pública debe estar en situación de ofrecer algo en el espectro de las emisiones lúdicas y deportivas. Esto significa que la radiodifusión pública -en lo que coincido con usted- debe someterse a la competencia, pero también bajo las mismas condiciones. Esto significa, por ejemplo, que la Comisión no debe impedir que tenga lugar una compra conjunta de derechos deportivos a través, por ejemplo, de la Unión Europea de Radiodifusión. Si cada uno de los entes nacionales públicos tuviese que competir solo contra los grandes consorcios -la Sra. Tongue ha mencionado el ejemplo de los dos campeonatos mundiales de fútbolel juego estaría ya decidido, además para siempre en contra de la radiodifusión pública.
Para poder actuar bajo las mismas condiciones de competencia, lo que significa, bajo las mismas condiciones financieras, la Comisión debe crear claridad en el sentido de que la financiación de la radiodifusión pública mediante las tarifas de los usuarios y usuarias y/o una financiación mixta no choca contra las normas relativas a las ayudas del Tratado. También debe garantizarse la plena participación de la radiodifusión pública en las nuevas técnicas.
Unas últimas palabras dirigidas al Sr. Hoppenstedt: el problema no consistía en que se plantease la exigencia de que cualquier nuevo servicio debería ser automáticamente radio. Ha sido él quien ha impedido un posible compromiso en un sentido razonable, pero quizás podamos aún corregirlo para la segunda lectura.

Galeote Quecedo
Señor Presidente, durante el debate y votación de este asunto en comisión se ha puesto de manifiesto de manera general que la televisión pública ha tenido -y creo que ha de seguir teniendouna importancia notable en la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea.
Aun teniendo en cuenta el desarrollo del sector privado, parece cierto que la evolución previsible de las circunstancias no privará a las televisiones públicas de al menos ciertas funciones que pueden considerarse esenciales en el panorama audiovisual. Así, la presencia de la televisión pública es necesaria, en primer lugar, en orden a completar la variedad de la programación, evitando que las razones comerciales -legítimas, por otra parte- conduzcan a una emisión excesivamente centrada en los programas más rentables y de mayor audiencia. También debe desempeñar la importante tarea de elevar el nivel general de calidad de la programación. Es innegable que la necesaria y legítima búsqueda del resultado económico puede ser un inconveniente a la hora de abordar ciertas producciones de calidad que constituyen una operación de excesivo riesgo comercial, riesgo que las televisiones públicas han de estar dispuestas a afrontar. Asimismo y desde la perspectiva tanto del Gobierno como de la oposición, tendríamos que coincidir en que la televisión pública ha de cumplir, además, la importantísima función de ofrecer una información independiente. Y para ello será necesario establecer en cada Estado una normativa que garantice esa independencia y evite las injerencias del poder público.
Estas consideraciones no deben conducir a la conclusión de que la función de la televisión pública se ha de limitar a la difusión de programas minoritarios, es decir, a una función residual. Por el contrario, la existencia de un nivel mínimo de audiencia, la variedad de la programación y la garantía de que esta programación variada llegue a todos los hogares pueden considerarse como principios básicos de la televisión pública.
Desde esa perspectiva, quisiera resaltar dos exigencias que figuran en el informe respecto al futuro inmediato de las televisiones públicas: la exigible autorregulación en su programación que elimine cualquier riesgo de influencia perniciosa para los telespectadores y, por otra parte, el impulso que desde los poderes públicos se ha de dar para que las cadenas públicas desempeñen una función motriz, como ha dicho la ponente, en el desarrollo y acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías audiovisuales.

Arroni
Señor Presidente, estamos perfectamente de acuerdo con el informe de la Sra. Tongue y sobre el hecho de que la televisión pública debe existir y debe financiarse convenientemente. Debe existir porque con su voz contribuye a mantener el pluralismo junto con las demás televisiones, pero debe existir dentro de un sistema en el que esté claramente definida la misión de servicio público que debe desempeñar. Debe financiarse porque es un servicio público que debe subvencionarse ya que desempeña una misión social.
Este es nuestro punto de desacuerdo con el informe: ¿cómo debe realizarse esa financiación? Consideramos que un informe sobre la televisión pública no puede ignorar el aspecto de las modalidades de financiación, financiación que garantiza la existencia de las televisiones públicas, con arreglo a modalidades que garantizan la calidad y el equilibrio del más amplio panorama televisivo constituido por las televisiones privadas y públicas conjuntamente, las cuales sólo conjuntamente podrán cumplir una verdadera misión de servicio público.
Dicha financiación debe ser transparente, dirigida claramente a cada fase de esa misión de servicio público que la televisión debe cumplir, pero ya no para reponer las pérdidas del final del año, modalidad paternalista que impide a la televisión pública crecer y determinar sus áreas de ineficacia. Tenemos que salir de esa ambigua forma de financiación mixta -canon, subvenciones, publicidad, reposición de las pérdidas- que reconoce a las televisiones públicas privilegios que, por otra parte, no son capaces de aprovechar. Me pregunto cuáles son los países en Europa que están realmente satisfechos con su televisión pública, qué países, con excepción del Reino Unido -e imagino que la Sra. Tongue pensaba en su televisión pública inglesa-, que tiene una excelente televisión pública y que, por ejemplo, ha logrado muy bien definir, de manera transparente, las modalidades de financiación y separar la financiación del mercado, es decir, la publicidad, de la financiación pública, es decir, el canon.

Larive
Hablo en nombre del Grupo de los Liberales. El informe Tongue canta las excelencias del ente público. La televisión pública como una especie de iglesia que se cuida del alma del telespectador, como una especie de buen padre de familia. Ojalá fuera así. La contrapartida en este informe: exención de las estrechas reglas europeas sobre competencia y concentración del poder. Un «no» liberal a estas propuestas.
Brevemente. En primer lugar, también los liberales son partidarios de un sistema dual, es decir, una televisión pública fuerte que se ocupe de la información, los documentales y la identidad cultural, pero también espacio para las cadenas comerciales. No a la concentración de poder, y sí a las posibilidades de opción. En segundo lugar, las mismas reglas europeas para la televisión pública y las cadenas comerciales que ofrecen suficiente espacio para servicios públicos. En tercer lugar, eficacia y profesionalidad confieren a la televisión pública más competitividad que los grandes flujos de subvenciones. La comisión neerlandesa Ververs ha dado el primer paso. En cuarto lugar, la prestación universal de servicios no es sólo cosa de la televisión pública. Es muy posible que determinadas tareas del ente público se confíen a empresas privadas. En quinto lugar, es preciso evitar a toda costa la escandalosa concentración de poder y los privilegios. Está muy bien que, el 11 de julio, el Tribunal de Justicia Europeo anulara la concesión a la UE de los derechos colectivos de los grandes acontecimientos deportivos. Nuestro criterio ha de ser: acceso general y asequibilidad, y ello puede aplicarse tanto a la televisión pública como a la comercial. En sexto lugar, romper con los esquemas de conducta fijos en el mundo de los medios de comunicación, aunque no conlleva el divorcio, produce confusión y distorsiona la competencia. La televisión pública se ve obligada más o menos a ser comercial. Por otra parte, las nuevas emisoras comerciales que han de obtener sus ingresos del mercado, están vinculadas a reglas que no tienen nada que ver con el mercado libre, como las cuotas y la obligación de invertir.
Señora Presidenta, el Comisario Bangemann, con su próximo Libro Verde, y el Comisario Monti tienen una tarea importante. ¿Qué empresas están encargadas de la prestación de servicios públicos? ¿Qué es realmente la prestación de servicios públicos? ¿Cuáles son las reglas nacionales y europeas para la subvención de la televisión y cuáles son sus criterios y limitaciones? Por último, habrá quedado claro que el Grupo de los Liberales sólo puede apoyar este informe si se aceptan diversas enmiendas y si desaparecen un gran número de apartados de la resolución.

Pailler
Señor presidente, en la lectura del informe de Carole Tongue, que agradecemos, vemos cómo se dibuja lo que podría ser una televisión pública en cada uno de nuestros Estados miembros. Una televisión independiente del poder político y económico, exigente en su contenido y que no renuncie a su función de transmisor de los valores democráticos, a condición de que, con la misma exigencia, transmita una información veraz - pues en este tema se utiliza desde hace varios años la objetividad como señuelo -, plural, que distraiga, cultive y eduque. No debe privarse a esta televisión de los medios necesarios para que acceda a la sociedad de la información pues es la única garantía para los ciudadanos de acceder a nuevos servicios sin discriminación económica, social ni geográfica.
Este informe merecería ser algo más que un informe de propia iniciativa, habida cuenta del nuevo y reciente rechazo de la Comisión - me dirijo especialmente a usted, señor Bangemann - a proponer una directiva sobre la concentración de medios y el pluralismo. ¿Hay porvenir para una televisión pública en un entorno dominado y restringido en el futuro a cuatro o cinco grupos, de los que ya se perfila su poder mundial a través de las reestructuraciones diarias con una ofensiva terrible sobre el digital. Sin embargo, debería existir una voluntad política de mantener y desarrollar medios de producción, con el fin de reforzar la autonomía y la continuidad del vector público en Europa. En su lugar, con respecto a Francia por ejemplo, la Comisión parece alentar y estimular al Gobierno a reestructurar la Sociedad Francesa de Producción por medio de la privatización. Allí donde existe capacitación, avances tecnológicos punteros en funcionamiento, un patrimonio material y técnico - vaya a verlo: unidades móviles digitales, estudios... la ceguera ideológica de los Gobiernos y de la Comisión los lleva a negar estas importantes ventajas para privilegiar el interés del financiero Sr. Butler. Éste ha ganado el premio gordo de la lotería, pues con una aportación de 50 millones de francos obtendrá un regalo de 1.400 millones de fondos públicos, más el patrimonio que acabamos de describir para, finalmente, suprimir 660 empleos sobre 1.040 asalariados.
Después de lo que acaba de decirnos, Sr. Bangemann, creo que nos podemos plantear algunas preguntas tanto sobre el potencial como sobre la supresión de empleos. Tomemos el ejemplo de las telecomunicaciones. Lo que baja en este campo, y usted lo sabe muy bien, son las telecomunicaciones a larga distancia y para las grandes empresas, pero está claro que no sucede lo mismo para el ciudadano de a pie. Así pues, el servicio público no es el enemigo público número uno, sino una idea de futuro si realmente queremos verlo honradamente.

Whitehead
Señor Presidente, ofrezco mis respetos a Carole Tongue por su gran dedicación y elocuencia en esta causa. Declaro mi propio interés como productor ocasional para cadenas tanto públicas como privadas del Reino Unido. Volveré a ello dentro de un momento.
A los que han hablado en el debate -el Sr. Arroni y la Sra. Larive- les diría que debiéramos recordar lo que puede hacer el mercado. Esto lo admitimos, admitimos la vitalidad y pujanza del mercado. Pero éste no ofrece ni una auténtica diversidad en todas la circunstancias ni una universalidad del servicio donde más se necesita.
Voy a referirme exclusivamente a cosas que están sucediendo en mi propio país. La BBC y Channel 4 son dos formas completamente diferentes de servicio público: una procede de una subvención (el canon televisivo), la otra se financia por medio de la publicidad; una es la primera, la otra es la más reciente y quizá la última innovación en el ámbito de los servicios públicos. ¿Qué ocurre ahora con la BBC? Carole Tongue ha aludido a ello. La BBC está plagada de asesores que le dicen que dé un giro hacia la publicidad; que le dicen que haga tratos con los mismos que intentan destruirla. Hoy mismo ha anunciado que no puede competir en el terreno deportivo, porque se están empleando ingentes recursos financieros para quitar esos productos básicos del público de masas que la BBC necesita para conservar su propia diversidad y, por supuesto, su propio público. En cuanto a Channel 4, que ha constituido la mejor forma posible de atender a nuevos intereses con cometido de servicio público, en un trust público sin accionariado privado, ahora hay componentes de nuestro Gobierno diciéndole que tiene que privatizarse. No hay ni un solo argumento que sustente esto por la calidad de los programas; ni un solo argumento que lo sustente por la diversidad de los servicios. Su moralidad es la de un asalto a un banco. No es más que un ataque a los recursos que ha aportado esa cadena a la programación de calidad de nuestro país.
Me disculpo por estar hablando primordialmente de la situación en Gran Bretaña. La radiodifusión es un área de la que todavía podemos enorgullecernos, y nos embarga un profundo sentimiento de vergüenza por el tipo de emisiones que Europa puede tener que soportar en un plazo de diez años.

Perry
Señor Presidente, después de escuchar lo que ha dicho el último orador, me pregunto por qué no podemos enorgullecernos de la televisión pública y, a la vez, de la televisión privada. Me parece que éste es el tipo de televisión que deseamos.
No me cabe ninguna duda de que la televisión pública ha desempeñado, desempeña y seguirá desempeñando una importante y valiosa función a la hora de atender a las necesidades del público televidente. No dudo de que es así en cada uno de los países de la Unión Europea pero, como diputado británico, me alegra poder elogiar la altísima calidad y liderazgo que ha introducido la BBC en la televisión pública.
Sin embargo, no debemos sobreestimar la función del sector público. Ni debiéramos olvidar el válido y valioso papel que ha tenido y tiene el sector privado en el ámbito televisivo. Si esto fuera un debate sobre prensa, todos tendríamos muy serias reservas sobre una prensa pública. No termino de entender por qué se han de hacer las exageradas afirmaciones que estamos haciendo sobre la radiodifusión pública. Yo me abstuve cuando el presente informe pasó a la comisión porque me parece que no consigue el justo y correcto equilibrio que se precisa.
Déjenme tratar sólo de un par de cuestiones. En los deportes, es injusto olvidar la importante contribución financiera que está haciendo ahora el sector privado a actividades deportivas de todo tipo. Esto, diría yo, ayuda al deporte y fomenta el interés del público por verlo de tres maneras distintas. Ahora se retransmiten muchos más deportes minoritarios gracias a la presencia del sector privado. Las instituciones deportivas cuentan con más fondos, con una parte más justa de los ingresos, y pueden hacer que ese dinero revierta a los propios deportes creando instalaciones y cursos para que la gente los practique. Los propios deportistas reciben ahora una retribución justa por sus facultades y éstas, precisamente, son las que hacen que merezca la pena ver en televisión las actividades deportivas.
En otro orden de cosas, apoyo la asistencia financiera ocasional de la Comunidad a televisiones de ámbito paneuropeo, como Euronews. No estoy convencido, sin embargo, de que deba ser un apoyo indefinido para siempre. Dichos programas necesitan un público que justifique su raison d'être , y no hay mejor disciplina para que busquen ese público que la disciplina del mercado. Entregar grandes subvenciones a programas de elevada calidad que nadie ve no es una forma sensata de emplear nuestro dinero.
Nos encontramos a las puertas de un gran crecimiento de la televisión; tenemos encima la era de la televisión digital; pero estoy seguro de que no deberíamos sólo tener controles y normativas que dejen fuera al sector privado y permitan que el sector público se relaje, carezca de innovación y sea incapaz de mantenerse a la altura de los deseos de los televidentes.

Ahlqvist
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a mi camarada Carole Tongue su trabajo de excelente calidad, no sólo en cuanto al informe, sino también porque ha trabajado con ahínco con el fin de que este tema central fuera debatido hoy en el Parlamento.
Como subraya Carole, la televisión sigue siendo el medio de masas de mayor influencia. Por eso es tan importante que los programas que se transmiten contengan calidad, pluralismo y una información objetiva. Debemos proteger a nuestros hijos de la violencia y la pornografía, y al mismo tiempo proveerlos de información y programas recreativos de gran calidad. La televisión debe asumir su responsabilidad. La televisión crea escuela, también por lo que respecta a la violencia. Una empresa pública de televisión con medios considerables a su alcance constituiría toda una garantía en este sentido. Deben mejorarse las ayudas de la UE y de los países miembros.
La televisión constituye además un foro indispensable para el séptimo arte -la industria del cine. En una época en que las pequeñas salas independientes de proyección han tenido que retirarse ante los grandes supermercados del cine, que obtienen sumas astronómicas por incluir la producción en masa que viene de América, a menudo la televisión representa nuestra única posibilidad de ver películas alternativas y/o extranjeras. Por eso la televisión tiene también en este ámbito un papel muy importante, que es el de facilitarle al público europeo el acceso a la cultura del propio país y del continente. Lo que se transmite por televisión refleja el espíritu de la época, pero también contribuye a formar sus valores. Luchemos por tanto juntos por que estos valores estén a la altura de nuestra cultura democrática y humanista.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, hay un aspecto de este informe que quiero subrayar: la financiación pública de las cadenas de televisión públicas es legítima. Pero añadiría algo más: la financiación pública de la televisión pública es, en muchos casos, necesaria.
La explicación es sencilla: la televisión pública ofrece un servicio a la sociedad en muchas áreas que no pueden ser totalmente financiadas por el mercado. Servicio que es necesario para garantizar la multiculturalidad, para favorecer la pluralidad lingüística sobre todo en comunidades reducidas, para fomentar la producción propia y para potenciar los servicios culturales y educativos. Y este servicio debe ofrecerse al ciudadano ahora y en la sociedad multimedia que se está creando. Y si el mercado no lo ofrece completamente, los entes públicos deben hacerlo.
En nuestra sociedad hay áreas que no pueden ser medidas desde el concepto de la competencia pura y dura, y una de ellas son las obligaciones de una televisión pública respecto a la sociedad y que son compensadas proporcionalmente a través de la financiación pública. Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo: la lengua vasca es hablada por 800.000 personas en un área de vecindad de 50 millones de francófonos y 35 millones de hispanohablantes. Difícilmente el mercado por sí mismo va a servir para fomentar el uso audiovisual de la lengua vasca en esas condiciones. Por ello, la sociedad debe financiar la televisión pública. Porque la democracia supone tolerancia y respeto a la pluriculturalidad y, en nuestra sociedad, la televisión pública contribuye a asegurarla. Además, al fomentar la información a nivel local y de comunidades naturales, colabora en articular y construir Europa desde el respeto a las identidades, a los autogobiernos y a la subsidiariedad.
Es importante que el Parlamento Europeo lance este mensaje y diga claramente a la Comisión Europea que las simples reglas de la competencia no valen en este caso para asegurar una Europa unida y plural.

Junker
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, nos encontramos sin duda en un punto de inflexión para la radiodifusión. Por ello, la resolución de este Parlamento es de extraordinaria importancia. Cada vez caemos más en la defensiva ante el hecho de que se cuestiona también crecientemente la radiodifusión como un bien cultural.
Me remito a la audiencia que se celebró ayer a invitación de la Comisión y que se ocupó de un marco reglamentario para la radiodifusión y las telecomunicaciones en base a un estudio cuyo contenido solamente se puede calificar de extraordinariamente decepcionante. Dicho estudio no concede apenas a la radiodifusión pública un espacio y la new vision que allí se plantea se refiere exclusivamente al mercado de los multimedios que está orientado a la maximización de los beneficios.
No podemos aceptarlo y reclamamos de la Comisión que presente el Libro Verde prometido, que debe aportar claridad sobre la posición de los nuevos servicios, pues nosotros tenemos que decidir sobre lo que es o no es radio en la era de la globalización de los multimedios. Por desgracia, no está injustificado el temor expresado aquí en numerosas ocasiones de que nos encontramos de espaldas a la pared en lo que se refiere a la evolución cultural.
Según parece, solamente vamos a ocuparnos de fenómenos marginales al permitírsenos, por ejemplo, que recapacitemos sobre la protección de la juventud pero no sobre el acceso general del público, sobre información, formación o entretenimiento, lo que es precisamente una tarea originaria de la radio y debe seguir siendo en una era de la digitalización que, aunque nos abre nuevas posibilidades técnicas, no debe tentarnos a renunciar a los contenidos antiguos, de gran valor para nosotros.

Caudron
Señor Comisario, Señorías, nuestra colega Carole Tongue, de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, somete hoy a nuestra consideración un informe de propia iniciativa esencial y de máxima importancia. Por mi parte deseo felicitarla por el excelente trabajo que nos ha presentado. Por la misma razón, deseo también decirle a Carole hasta qué punto valoro su trabajo en todo el sector de los medios audiovisuales, y al Sr. Bangemann, hasta qué punto sería bueno que nos escuchara más respecto al mismo sector.
Todos somos conscientes de la explosión de ofertas televisivas que se está produciendo en la actualidad en todo el mundo, y de lo que nadie se puede quejar. La multiplicidad de cadenas y programas garantiza la libertad de expresión y preserva una parte de la democracia. Es, por tanto, una condición necesaria para esta libertad, pero (todo el mundo lo sabe también) no es una condición suficiente.
Efectivamente, al igual que el ponente, estoy muy interesado en la existencia de televisiones públicas. Representan y garantizan el acceso más amplio posible a una televisión de calidad, que promueva la riqueza cultural de la Unión Europea. Permite acceder a la cultura a todos aquellos que no dispongan de medios financieros y técnicos para recibir todas las televisiones privadas. La Unión Europea debe también garantizar el mantenimiento de esas televisiones públicas y permitir a los Estados miembros velar por su financiación, y como contrapartida, esas cadenas se comprometerán a respetar un pliego de condiciones preciso y conforme a las razones mismas de su existencia. Esta red de cadenas públicas europeas puede y debe convertirse en el lugar privilegiado de difusión de producciones europeas que, en este campo, debe servir de motor para las televisiones privadas. Es importante para acceder a una verdadera Europa de los ciudadanos. Desearíamos encarecidamente, Sr. Bangemann, que nos entendiera en esta ocasión.

Bangemann
Señora Presidenta, señor Caudron, naturalmente es una obligación pero para mí es también un placer escucharle así como a los demás diputados. Por supuesto, hemos incluido el informe de la Sra. Tongue en nuestras propias deliberaciones y lo vamos a seguir haciendo. A mi juicio, la valoración del papel de la radiodifusión pública que se realiza en el informe de la Sra. Tongue es muy optimista y positivo, lo que ha destacado muy acertadamente también la Sra. Larive.
Les ruego que contemplen a la radiodifusión pública con los mismos ojos críticos que hacen con la privada. No puede ser que solamente porque se trata de la radiodifusión pública se dejen de lado, por ejemplo, baremos de calidad. Lo que queremos es una actitud crítica respecto a la calidad y creemos que el método más sencillo para lograr este control de la calidad es la competencia con las emisoras privadas. Luego, el oyente o espectador hará lo que le parezca.
Sin embargo, hay un punto que ha planteado acertadamente la Sra. Tongue. Se trata de la siguiente cuestión: ¿qué posición tiene hoy día la radiodifusión pública en esta competencia? Por un lado, hay ventajas y por otro desventajas. Sin duda, el modo de financiación a través de cuotas u otros fondos públicos supone una ventaja en la competencia, pero la casi completa exclusión de la radiodifusión pública de los ingresos privados es, por otro lado, una desventaja para ella. Habrá que decidir qué es lo que se quiere.
Recojo lo que ha dicho mi amigo Barzanti: naturalmente deberemos ocuparnos de la cuestión del servicio público y de la radio pública. Tengo que llamar la atención de sus Señorías y rogar que escuchen a un Comisario, pues la Comisión siempre escucha al Parlamento.
Naturalmente que hay un debate y tiene que haber un debate sobre el service publique . La cuestión es hasta qué punto podemos encontrar normas europeas para ello. Por ejemplo, la radio y televisión públicas están reguladas de modo diferente en cada país miembro. El Sr. Barzanti tiene razón al respecto y la Sra. Castellina concede una gran importancia a estas diferencias nacionales. Sería erróneo imponer ahora una solución europea y meter todo en ese cajón.
Me permito contradecir lo que se ha dicho en el debate sobre el control de la concentración de los medios. La Comisión no lo ha rechazado. Hemos mantenido un debate orientativo en base a un primer proyecto de mi colega Monti, cuyo enfoque no ha encontrado demasiados partidarios. Allí también se decía que la concentración de los medios supone, en cualquier caso por el momento, un problema interno de los países miembros. Cuando haya un problema transfronterizo será europeo, por lo que debemos recapacitar sobre lo que se puede regular a nivel europeo.
El Sr. Monti y yo somos los más decididos partidarios del control de la concentración de medios. Así pues, no lo hemos rechazado como ha dicho la Sra. Pailler, sino que nos encontramos en un proceso de debate y queremos regular lo que se puede regular a nivel europeo.
Permítanme que realice una última observación sobre la preocupación de la Sra. Castellina -expresada también por otros- en el sentido de que la radiodifusión pública se va a ver marginalizada. En primer lugar, esto no tiene nada que ver con los nuevos servicios. De lo que se trata es de su definición. La Comisión se ha opuesto a que se incluyan bajo el concepto de radiodifusión demasiados nuevos servicios, por cierto, coincidiendo con la mayoría de esta Asamblea, sencillamente porque las condiciones de autorización y de control deben ser diferentes. No se puede someter todo nuevo servicio a estas estrictas normas, pero, por supuesto, no tenemos nada en contra -me dirijo ante todo al Sr. Kuhne- de que la radiodifusión pública utilice u ofrezca los nuevos servicios. No es este nuestro problema. Nuestra preocupación era solamente -y espero que no se convierta en un problema- que se contemplan como radio demasiados de estos nuevos servicios.
Unas últimas palabras sobre la marginalización: estimada señora Castellina, siento mucho que se le haya hundido todo cuando mencionó mi nombre. Naturalmente no era un efecto deseado por mí. Pero debo decir que me alegro de que la radiodifusión pública no tenga ya una posición monopolística de facto en la difusión de informaciones y opiniones sino que tenga que competir con otras fuentes. No me parece en absoluto mal que las personas puedan informarse, por ejemplo, a través de emisoras privadas de radio, también emisoras de noticias. Estimada Carole, no puede ser el ideal de la democracia que haya alguien que, en posesión de un monopolio de facto, lo ejerza aunque sea con la mejor voluntad. La Comisión no descalifica a la radiodifusión pública ni a la privada. Al igual que el Sr. Hoppenstedt, somos bastante desapasionados. No obstante, deseamos que la gente muestre su valía en la práctica y si la radiodifusión pública es tan buena como opina la Sra. Tongue, no debemos tener miedo alguno por su futuro.

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en unos instantes.

Pasty
Señora presidenta, mi llamamiento al Reglamento es relativo al respeto por el orden del día.
Ayer votamos un orden del día que prevé que la franja horaria de los martes, entre las 19.00 y las 21.00 horas está reservada, al igual que cada período parcial de sesiones mensual, a las reuniones de los grupos políticos, y que las comisiones deben reunirse entre las 17.30 y las 19.00 horas. Ahora bien, me acaban de informar que, al menos dos comisiones, la de Presupuestos y la de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, tienen previstas reuniones entre las 19.00 y las 21.00 horas.
Esto no es aceptable, pues las reuniones de grupos son esenciales para permitirnos, por medio del debate, definir nuestra posición sobre las votaciones. Quisiera saber quién ha podido autorizar estas reuniones de comisiones fuera de la franja horaria prevista para estos efectos, y desearía que fueran anuladas y restablecidas en la franja entre las 17.30 y las 19.00 horas.

El Presidente
Señor Pasty, tomo nota de su protesta con mucho gusto. Creo saber que se trata de problemas urgentes los que han justificado la reunión de esas comisiones. Dicho esto, me permito sugerirle que se dirija a la Conferencia de Presidentes, de la que usted mismo es miembro.

Jacob
Señora Presidenta, quisiera presentar una cuestión de orden. Creo que este Parlamento debe poder resolver con libertad y sin coacciones. Así, me sorprende ver en el piso de abajo una jaula para vacas que se encuentra expuesta en el mismo momento en que vamos a debatir sobre ese tema. Si se encuentra ahí en nombre de la libertad de expresión lo acepto de buen grado. Pero en ese caso permítame hacer un llamamiento a los ganaderos alsacianos para que, el viernes próximo, vengan con animales vivos al Parlamento.

El Presidente
Gracias, Sr. Jacob, estoy segura de que esos incidentes no impedirán a esta Asamblea votar con toda independencia.

Votaciones
Mosiek-Urbahn
Señora Presidenta, señoras y señores, hay que saludar la propuesta de directiva que se somete a votación para modificar la Directiva relativa al coeficiente de solvencia de las entidades de crédito.
El punto principal es la prórroga hasta el 1 de enero del año 2001 de la ponderación del riesgo de hasta el 50 % para los préstamos garantizados por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes que ya expiró el 1 de enero de 1996. Hasta ahora solamente se había concedido a cuatro países miembros la posibilidad de esta ponderación del riesgo del 50 por ciento y ahora va a ser facultativo para todos los Estados miembros de la Unión. La ponderación del riesgo de los créditos, es decir, la cobertura con capital propio de las financiaciones realizadas por el banco, constituye un principio elemental de la supervisión bancaria. El mantenimiento de esta ponderación del riesgo en la Unión Europea y la ampliación a todos los Estados miembros está plenamente indicado desde un punto de vista económico. Está justificado por un gran número de amortiguadores del riesgo y desde un punto de vista jurídico de la competencia es totalmente inobjetable.
Respecto a los factores de riesgo hay un límite de crédito del 60 % del valor del inmueble. El valor de este inmueble se averigua mediante unos estrictos criterios y los objetos deben estar además asegurados.
En Europa se puede registrar una tendencia ascendente. La no aprobación de esta propuesta de directiva significaría un encarecimiento del 0'25 % de los tipos de interés y de amortización, lo que no se puede justificar sin duda en la fase actual. Les pido por ello que den su voto afirmativo a esta propuesta.

El Presidente
Señora Mosiek-Urbahn, me había dicho que deseaba hacer una breve declaración, y, efectivamente, hubiera deseado que ésta fuese un poco más breve.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Kirsten Jensen, y Blak
Estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Desde hace mucho hace falta una prórroga para la Directiva que incluye los créditos hipotecarios comerciales. Las consecuencias económicas y mercantiles son considerables, por lo que apoyamos esta solución de compromiso.
Informe van der Waal
Holm
Es muy cierto que hay que crear unas posibilidades para que se confiera a las vías navegables internas una mayor importancia como modalidad de transporte. La evolución de los últimos años ha demostrado lamentablemente que son los transportes por carretera los que han aumentado más, lo cual es muy preocupante en relación con nuestro medio ambiente común. Por eso es central que se hagan grandes inversiones en las modalidades de transporte beneficiosas para el medio ambiente, como los ferrocarriles y las vías navegables internas. Se necesitan unas grandes inversiones estructurales dentro de estos ámbitos en lugar de, como es el caso actualmente, invertir miles de millones de coronas suecas en la construcción de carreteras y de puentes innecesarios, como el del Sund. En este sentido, el Consejo ha adoptado lo que diplomáticamente podríamos definir como una posición preocupante contra la que el Parlamento Europeo debe reaccionar categóricamente.
Informe De Esteban Martín
Ford
Señora Presidenta, hablando en nombre del grupo socialista, querría agradecer al Comisario van den Broek su respuesta al debate sobre este informe relativo a los derechos humanos en la Unión Europea. Prometió medidas de la Comisión para ocuparse del abuso sexual a menores dentro de la Unión Europea, combatir el turismo sexual y organizar una estrecha vigilancia de las redes de pedofilia tanto sobre el terreno como en Internet. Algunos acontecimientos ocurridos en Inglaterra en los últimos años y los recientes terribles descubrimientos de Bélgica han mostrado más que trágicamente la necesidad de tales medidas.
Pero dichas medidas sólo podrán funcionar con éxito si existe unidad de intenciones entre los Estados miembros. Me gustaría saber si el Sr. Comisario confía en poder arrastrar con él, al introducir las medidas, a los representantes del Reino Unido, quienes parecen dispuestos a sacrificar cualquier medida europea, pese a la importancia que pueda tener para los habitantes de Europa, en aras del euroescepticismo y la subsidiariedad. Es necesario que hagamos uso de Europol, la organización policial y aduanera con sede en La Haya, para intercambiar información sobre estos temas. Necesitamos nueva legislación de nivel europeo para controlar no sólo las redes de pedofilia, sino también la pornografía y los nazis y racistas de Internet. La cuestión es si conseguiremos el apoyo necesario.
Igualmente, querría felicitar a la Comisión por el hecho de que 1997 vaya a ser el año contra el racismo y agradecerle su apoyo al observatorio europeo para el seguimiento del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, que será instaurado de conformidad con las recomendaciones de la comisión consultiva y que recibió el apoyo de la Cumbre de Florencia. Espero que fuera un lapsus cuando dijo que esperaba que la cláusula antirracista se incorporara a los Tratados. Permítame señalar que el Comisario Flynn ya dijo que tendría que haber una cláusula antirracista dentro del Tratado de la Comunidad , un lugar mucho mejor que las vagas promesas del tercer pilar.
Para terminar, los derechos humanos dentro de la Comunidad deberían permitir que los ciudadanos ingresaran y abandonaran libremente organizaciones religiosas, sin otorgar a estas últimas una condición fiscal especial que se niegan a otras organizaciones culturales y sociales.

Van der Waal
Señora Presidenta, los neerlandeses de nuestro Grupo hemos votado por diversas razones en contra del informe Esteban Martín. Para empezar, consideramos que existe una clara diferencia entre los derechos fundamentales clásicos y los demás derechos socioeconómicos y culturales. Estos últimos comprenden en parte afirmaciones justas, pero son objetivos políticos, y no derechos humanos.
Además nos parece inconveniente que en muchos de estos apartados se propugne una actuación comunitaria. Asimismo creemos necesario luchar contra el racismo, pero esto corresponde sobre todo al nivel nacional. Todos los Estados miembros se han adherido al Tratado Europeo de Derechos Humanos y son muy capaces de encargarse de la defensa de los derechos humanos. También algunas libertades se definen de forma muy amplia. Así, en la libertad de expresión se traza el límite en la esfera personal y el buen nombre de los demás. Echo en falta la blasfemia, la pornografía y las expresiones de carácter contrario a la moral.
Por último, quiero declarar por qué hemos votado en contra del apartado 93, porque un determinado voto se tacha con demasiada facilidad de extrema derecha. La tendencia que se manifiesta en la izquierda de considerar así a otros que tienen ideas menos extremas que ellos, desvía la atención del verdadero problema. En declaraciones como las del apartado 93, el Parlamento se muestra no menos extremista y totalitario. El hecho de que los partidos de extrema derecha sigan ideas y prácticas que nosotros también consideramos censurables, no implica para nosotros automáticamente que estos partidos hayan de ser excluidos de la política y de la gestión. No hay ninguna razón para hacerlo, mientras sigan funcionando dentro de las reglas de nuestro ordenamiento jurídico democrático. No hemos de adoptar sus métodos y su modo de actuar en nuestro comportamiento.

Le Gallou
Señora Presidenta, hemos asistido al gag anual sobre los derechos humanos, pues el más fundamental de esos derechos es el de la libertad de expresión, el de la libertad de opinión, el de la libertad de pensamiento.
Así, el Gobierno francés (al que usted apoya), se dispone a votar en nombre de la nueva ideología dominante y totalitaria, el antirracismo, una ley que juzgue no los actos, ni las palabras, ni los escritos, sino las intenciones, las segundas intenciones que supuestamente las motivan. Dicho de otra manera, el Gobierno francés se dispone a aplicar una policía de las segundas intenciones, lo que supone una regresión en las libertades y una regresión jurídica sin precedentes.
Esta ley no afectará sólo a algunos representantes elegidos del Frente Nacional, sino que amenazará en su libertad a millones de franceses. Los padres de alumnos (creo, señora, que usted ha dirigido una asociación en este ámbito) que, por inaplicación o excepción con respecto al mapa escolar, decidan escolarizar a sus hijos en una escuela donde haya pocos inmigrantes, podrán ser perseguidos por la nueva ley perversa del Gobierno francés. El empresario ya no podrá elegir con libertad a sus empleados sin peligro de resultar también perseguido, y lo mismo ocurrirá con los profesores, que se verán amenazados en su libertad. ...
(El Presidente interrumpe al orador) ... se verán amenazados por una ley sobre las segundas intenciones, una ley de guerra civil que es preciso que no salga adelante pues significaría el final de nuestras libertades.

El Presidente
Muchas gracias, señor Le Gallou; y quiero señalarle, por si fuera necesario, que me encuentro en este escaño en mi calidad de diputado europeo, de vicepresidenta y de Presidente de sesión, y no al título por el que usted me ha interpelado.

Blot
Señora Presidenta, Señorías, la votación de un informe dedicado a los derechos humanos debería llevar a esta Asamblea a reflexionar sobre una terrible paradoja.
Desde un punto de vista histórico, la declaración más generosa, la de 1793, fue aprobada por el gobierno más terrorista de su época. Este fenómeno se repitió más tarde, en 1945, cuando Stalin hizo que la URSS firmara la Declaración Universal. A la inversa, el Reino Unido, que no ha aprobado declaración de derechos, no ha cometido ningún crimen de la importancia de los de Robespierre o de Stalin.
Esto debe enseñar a los redactores de declaraciones una cierta modestia. Añadiré que el gran filósofo Hegel explicó por qué la búsqueda de la libertad absoluta a través de la proclamación de unos derechos humanos cada vez más amplios termina necesariamente en el terror: cuando un individuo se toma a sí mismo por la conciencia universal, eso lo lleva a no tolerar la menor oposición por parte de otros. De este modo el amor de todos se transforma en el odio de cada uno, explica Hegel.
Por ello creo que es suficiente con tener declaraciones de derechos humanos a nivel nacional. No es necesario proclamar una a nivel europeo.

Jung
El presente informe no es un informe real sobre la situación de los derechos humanos en la UE porque, exceptuando algunos pocos puntos, apenas aparecen hechos. En segundo lugar, la acumulación de 126 subapartados y 24 enmiendas que, en el breve tiempo de que se ha dispuesto, no se han podido examinar con la suficiente atención, hace imposible presentar propuestas serias de mejora. En tercer lugar, en muchos puntos trata en exceso de cuestiones de aplicación, para las que son competentes los Estados miembros atentando de este modo contra el principio de subsidiariedad y socavando los derechos de los Parlamentos nacionales. En cuarto lugar, en gran parte consta de una enumeración de resoluciones ya adoptadas y de una repetición de exigencias, con lo que representa solamente un, en parte, confuso catálogo de exigencias acumuladas y sobrecargadas sin relación con la realidad; en quinto lugar, además apenas es defendible desde un punto de vista jurídico formal en algunos puntos esenciales.
Estamos a favor del pleno respeto de los derechos humanos, pero no creemos que se les haga un auténtico servicio mediante la aprobación de este confuso paquete de exigencias, que abarca todo, desde el medio ambiente, pasando por las fuerzas armadas hasta el sistema procesal en el Reino Unido, pero que no lo trata seriamente. Por ello, lo rechazamos en su totalidad. La recomendable aprobación de algunos subapartados de la propuesta nos ha parecido que no es razonable pues están fuera de contexto. Por ello, nos hemos abstenido.

Schulz
Señora Presidenta, deseo expresar mis felicitaciones a la colega Esteban Martín quien, lamentablemente, ya no está presente. Ha contribuido de modo y forma notable a que también nuestro grupo político pudiese discutir una serie de puntos relacionados con este informe sobre los derechos humanos. Lamento que no haya sido apoyada hoy por su grupo político del modo que se merece, pero esto es algo de lo que debemos tomar nota.
Con la aprobación de este informe hemos logrado hoy un avance esencial pues el Parlamento Europeo dispone ahora de nuevo de una base de trabajo que nos autoriza a hablar también sobre las violaciones de los derechos humanos fuera de la Unión Europea, pues quien no reconozca lo que pasa en su propia casa tampoco tiene derecho a criticar lo que pasa fuera. Respecto a las declaraciones realizadas por los colegas Le Gallou y Blot sólo quiero decir que también ellos tienen el derecho a decir tales tonterías pues el decir estupideces es también un derecho humano y hoy estamos debatiendo sobre los derechos humanos. Por ello, aceptamos hoy estas declaraciones que son más bien de carácter psiquiátrico.

Rübig
Los extremismos de izquierda y de derecha deben rechazarse del mismo modo. En la práctica, con frecuencia apenas se puede detectar una diferencia. Deben condenarse ambas formas.

Berthu
El informe de la Sra. De Esteban Martin sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea aborda demasiados temas como para poder ahondar en ellos. De este modo se nos invita a que nos pronunciemos mediante votación de conjunto sobre 125 propuestas muy diversas y de valor muy desigual, de las cuales algunas son absolutamente discutibles como la que he denunciado en el debate que ha precedido a esta votación. Esto explica nuestra reserva.
Además, no se aborda un problema esencial que la CIG debería, por cierto, tratar toda vez que algunos Estados miembros lo han planteado recientemente: se trata de la ausencia de cualquier procedimiento de apelación contra las decisiones del Tribunal de Justicia cuando éste se pronuncia con carácter prejudicial, o después de un recurso de anulación, sobre la interpretación o la validez de un acto comunitario.
Las decisiones del Tribunal pueden efectivamente aportar enfoques totalmente nuevos e imprevistos acerca de ciertas disposiciones del Tratado, como se ha visto recientemente en el asunto Bosmman. La imposibilidad de apelar en tales casos nos parece que constituye una grave violación de un derecho humano fundamental, el derecho a un procedimiento jurisdiccional equitativo y completo. Y el hecho de que tal laguna muy a menudo no afecte a un individuo en particular sino a todo un pueblo constituye evidentemente una circunstancia agravante.
Sin duda, en caso de sentencia objeto de litigio cabría imaginar que el Consejo pudiese reformar la norma comunitaria para aclararla. Pero para ello haría falta que la Comisión le presentara una propuesta en tal sentido, porque ésta dispone del monopolio de las iniciativas, por lo tanto del poder de bloqueo. Vemos perfectamente que esta situación no es sana. Los pueblos no pueden dejar que en puntos cruciales dirija sus destinos, sin darles la posibilidad de reaccionar, un Tribunal de Justicia que a veces da una interpretación del Tratado completamente diferente de la que los parlamentos nacionales suponían cuando votaron el texto inicial. Así pues, es esencial actualmente imaginar un procedimiento que permita llevar ante los parlamentos nacionales, incluso ante los pueblos, las sentencias con mayor grado de controversia del Tribunal de Justicia.

Caudron
Este informe sobre los derechos humanos en la Unión es muy denso y especialmente importante. Por supuesto, ha suscitado numerosos debates contradictorios entre nosotros, lo que apenas debe sorprender.
Y sin embargo es totalmente lamentable que no se haya podido llegar a un cuasi consenso. Por supuesto, entre nosotros hay algunos diputados con los que no puede tener lugar el debate sobre los derechos humanos, pues los niegan, los ridiculizan y se vanaglorian de ello. No es posible ningún acuerdo con ellos, pero sí hubiera podido llegarse a un acuerdo entre todos los demócratas.
Sin duda, la Izquierda del Parlamento Europeo defiende con toda razón un concepto amplio de los derechos fundamentales del hombre. Y no duda en incluir los derechos sociales, los económicos, los culturales o los ecológicos. Tiene razón, pues ¿donde están los derechos de los que no tienen ni empleo, ni medios para vivir, ni alojamiento?
Sin duda, el segundo grupo político del Parlamento por su importancia numérica, defiende un concepto clásico de los derechos humanos, situados generalmente en torno a las libertades y al derecho de propiedad, fundamentos del liberalismo.
Por mi parte, lamento sin embargo que no podamos ponernos de acuerdo sobre puntos tan fundamentales como la denuncia de cualquier forma de discriminación, racial, sexual o religiosa, de todo tipo de torturas físicas o morales que todavía practican algunos Estados miembros, de la miseria que provoca el paro y de la carrera desenfrenada por los beneficios a cualquier precio.
Igualmente, me pregunto si no podemos ponernos de acuerdo sobre el rechazo absoluto a cualquier pensamiento o ideología maligna, racista, xenófoba, incluso antidemocrática que vemos surgir un poco por todas partes, a veces incluso en este mismo hemiciclo. En Francia comienza a ser dramático, ya no hay límites. «¡La bestia inmunda ha despertado...!»
Los demócratas del Parlamento Europeo no deberían dividirse ante un tema tan fundamental como la afirmación y la defensa de los derechos humanos. ¡Es demasiado grave! Ojalá nuestra conciencia colectiva pueda abrirse a los graves problemas, a los verdaderos retos y dramas que nos acechan.

Dillen
Si la preocupación por los derechos humanos quiere tener un significado más profundo que el puramente formal, habrá que pulirla mucho más. El sentido de la mesura y la realidad no pueden convertirse en víctimas de teóricos vacíos e ideologías desarraigadas. Además de recortar, hay que completar.
Y aunque hoy todavía no existan los derechos de pueblos y naciones -lo cual no se lamenta suficientemente-, todos han de tener derecho a permanecer al amparo del pueblo y la nación.
Todo el mundo ha de tener el derecho, y mantenerlo en el futuro, a verse libre de amenazas a su lengua, su cultura, su tradición, su identidad nacional. Todo ello se desatiende y queda desprotegido.
Quien se interese realmente por los derechos humanos concretos, ha de ocuparse de que el derecho a la seguridad sea algo más que una palabra vana. La lucha eficaz contra la criminalidad, grande y pequeña, es absolutamente necesaria, y sobre todo el ciudadano de a pie tiene un derecho innegable a ello.
Con vistas al futuro, sobre todo la juventud, los niños, tienen derecho a la protección y a la integridad física y espiritual. Quiero añadir que también el feto, el ser humano nonato, tiene derecho a la protección y la vida. Quien no reconozca este derecho, pierde el derecho a hablar de derechos humanos.
Por último, en cuatro palabras: cuándo se verá que no se puede hablar de derechos sin hablar también de deberes. ¡Cuántas desgracias no ha causado ya idolatrar los derechos y burlarse de los deberes!

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Votamos a favor de este informe porque pensamos que su contenido es de gran calidad. Lo que condenamos es que la UE se apropie de las funciones del Consejo de Europa.
Naturalmente, creemos que hay que castigar el crimen de signo racista, pero no estamos a favor de una prohibición general de las asociaciones racistas.
Nos felicitamos de que finalmente se haya sometido el informe a votación.

Gahrton, Lindholm y Schörling
Hemos votado a favor del informe y de la mayor parte de sus apartados, porque pensamos que la protección de los derechos humanos constituye por principio una responsabilidad universal común más allá de las fronteras. Por el contrario, no opinamos que deba convertirse a la UE en una personalidad jurídica con competencia para suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre derechos humanos, lo cual además es totalmente innecesario, porque la totalidad de los Estados miembros de la UE ya tuvieron que ratificarlo para poder acceder a la condición de miembros. Por eso hemos apoyado la enmienda 19 del grupo EDN.
Además, queremos hacer hincapié en que el conjunto de invitaciones concretas en favor de la protección de los derechos humanos que se incluyen en el informe es y debe seguir siendo un ámbito de responsabilidad incluido dentro de las decisiones soberanas de los Estados miembros y de la cooperación intraestatal.

Holm
En relación con este informe anual, que en líneas generales es excelente, destacaré ciertos aspectos.
El hecho de que las personas homosexuales se arriesguen a ser expulsadas a un país tercero, donde pueden verse expuestas a la persecución o represalias en base a su homosexualidad, debe tener un gran peso específico en el tratamiento que se dé a su caso; se debería dar preferencia a la seguridad por encima de la inseguridad y no poner en práctica la expulsión.
Por lo que respecta al apartado 56, yo soy de la opinión de que nunca se debería poner en marcha ni la Europol ni el SIS. Pero si esto sucede, estos bancos de datos no deberían en absoluto contener información de carácter personal, por ejemplo, informes sobre raza, religión o convicción política, o sobre de inclinaciones sexuales.
Quiero hacer hincapié en la importancia de que aquellas personas que por motivos de conciencia se nieguen a realizar el servicio militar no se vean afectadas por encarcelamientos u otras penalizaciones. En su lugar, debe existir la posibilidad de realizar un servicio civil como alternativa al militar.
Es esencial que los países de la UE adopten toda clase de acciones para procesar a los turistas que realizan infracciones sexuales, una vez se encuentren de vuelta en sus países de origen, y que se impidan los ataques sexuales contra menores de edad en los países de origen del niño.
Finalmente, deseo destacar la importancia de que existan unas disposiciones internacionales sobre derechos humanos, pero no pienso que la UE tenga por qué prestarles una atención exclusiva, porque el mundo es más grande que la UE, y los Estados miembros deben poder actuar por sí mismos bajo los auspicios de las grandes organizaciones internacionales.

Kirsten Jensen, Sindal y Blak
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo se felicitan ante todo de que el Parlamento Europeo vigile la situación de los derechos humanos en la UE. Desgraciadamente, sigue siendo necesario hacerlo. La única forma de mejorar la situación es seguir señalando los problemas y demostrar a todo el mundo lo mal que están las cosas.
Al mismo tiempo, queremos decir que la enmienda de Bertel Haarder dirigida a prohibir la obligatoriedad de asociación nos parece realmente singular. No estamos en contra de la libre elección de sindicato, pero la enmienda incluye algo oculto que tiene su origen en el odio a los sindicatos y que constituye un intento de socavar el trabajo realizado por éstos durante muchos años.
Nos parece, además, raro que miembros de la Comisión de Libertades Públicas hayan utilizado un informe sobre derechos humanos para plantear el tema de la libertad de asociación. La diputada en cuestión debe saber que precisamente la libertad de asociación, la libertad de huelga y los temas relacionados con la asociación en general son ámbitos que quedan fuera del Tratado de Maastricht.

Lindqvist
He votado «sí» al informe porque una de nuestras labores más importantes como diputados elegidos democráticamente al Parlamento es la de salvaguardar los derechos y las libertades humanas. He votado «no», o me he abstenido de votar sobre ciertos apartados del informe, por ejemplo el del derecho a la residencia, que no considero que se pueda incluir en la cuestión de los derechos humanos. No he votado «no» sobre estos aspectos porque no los considerase merecedores de una atención especial, por el contrario, lo he hecho para que no los mezclemos con la cuestión sobre la que trata este asunto.

Ribeiro
Subrayamos las gestiones que ha habido que hacer para que este informe esté aquí y se vote.
Como nosotros tenemos una concepción amplia, abarcadora, de los derechos humanos, siempre nos parece corto el tiempo que les dedicamos tanto en intervenciones como en explicaciones de voto.
Particularmente atentos a los «tejados de vidrio» de la casa propia -como debe ser la actitud de quien no abdique del derecho a criticar a los demás-, lamentamos la exactitud de las referencias a Portugal y sobre todo nos escandaliza que la aplicación de malos tratos a personas detenidas pueda parecer, en nuestro país, un «fenómeno relativamente corriente», según se dice en la exposición de motivos.
Y más grave, mucho peor, sería que el informe no se refiriera a 1994, sino a 1995 o 1996, en que ocurrieron casos extremos que, sin ser generalizables, ¡inspiran la mayor indignación y repulsa!
Preocupados por la seguridad de los ciudadanos, nos negamos a limitarla al respeto de los derechos de algunos seres humanos, mientras que muchos otros ni siquiera tienen la seguridad de sobrevivir. Y nos negamos a admitir siquiera que la seguridad de los primeros sea un pretexto o justificación para la violencia de las fuerzas de seguridad contra tantos otros.
Si no fuera por la voluntad y la determinación de luchar por una sociedad en la que prevalezcan los derechos humanos, sería angustioso pensar en lo mucho que se ha degradado la situación social en la UE, en las muchas más víctimas que se han sumado a las víctimas de los atentados contra los derechos humanos.
Por eso mismo, este informe es tan necesario y oportuno y de él esperamos una resolución y una acción consiguientes, sin fronteras ambiguas y sin vacilaciones ni compromisos desculpabilizadores.

Ford
Señora Presidenta, usted nos preguntó si aceptaríamos una relación de personas que podrían dar explicaciones de voto por escrito. La norma es que los diputados deben estar presentes. Hoy, evidentemente, resulta muy difícil, porque usted dio los nombres más tarde, pero creo que sólo podemos aceptar los nombres de las personas que efectivamente han votado en el debate de esta tarde. No se puede dar una explicación de voto de una votación en la que no se ha participado.

El Presidente
Señor Ford, tiene usted toda la razón, pero hemos realizado las verificaciones oportunas. Se comprobará que los colegas que se habían inscrito estaban presentes.
(La sesión, interrumpida a las 13.26 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Igualdad de trato en la seguridad social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0256/96) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(95)0186 - C4-0422/95-95/0117(CNS)) por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.

Torres Marques
Señor Presidente, la Comisión nos propone una modificación de la Directiva 86/368/CEE relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.
En primer lugar, quiero hacer hincapié en que no vamos a tratar aquí del régimen general de la seguridad social, sino a analizar, exclusivamente, los regímenes complementarios que determinadas empresas ofrecen a sus trabajadores y que en muchos casos alcanzan enorme importancia.
Delimitado el ámbito de actuación, hay que afirmar que este proyecto de directiva es técnicamente complejo y políticamente polémico. Por eso, ha sido objeto de debates sucesivos en la Comisión de Derechos de la Mujer para ver si conseguimos encontrar soluciones más viables y equilibradas. Las propuestas de modificación de la directiva que la Comisión nos hace ahora son consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con varios casos, el más famoso de los cuales es la sentencia Barber, aunque le han seguido otros que han precisado esa interpretación.
La situación es la siguiente: como todos sabemos, el artículo 119 del Tratado de la Unión Europea establece la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Pero, mientras que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera que este artículo no se aplica a los regímenes obligatorios de seguridad social, dado que éstos están reglamentados directamente por la ley, no ocurre lo mismo con los regímenes profesionales de seguridad social. Para el Tribunal de Justicia, esos casos de regímenes profesionales de seguridad social están considerados parte integrante de la remuneración y, por consiguiente, no pueden ser objeto de exenciones o distinciones.
Por lo demás, es preocupante lo que está ocurriendo en el nivel de la jurisprudencia del Tribunal, a consecuencia del principio de igualdad, puesto que no se lo está utilizando para garantizar a las mujeres un salario igual al de los hombres -como vienen demostrando sucesivos informes, esa diferencia alcanza valores del orden de un 20 % en contra de las mujeres-, sino para privar a las mujeres de algunas ventajas que la sociedad les reconocía como derecho: por ejemplo, la posibilidad de disfrutar una edad de jubilación más baja.
Constituye una verdad indiscutible que las mujeres cumplen sus deberes profesionales con gran sentido de la responsabilidad y su valor es reconocido. Pero toda la sociedad sabe que, sin beneficio concreto alguno, corresponde a las mujeres el papel fundamental en la educación de los hijos, de las nuevas generaciones y en la gestión de la economía doméstica.
La gran solución para este problema que ahora estamos examinando, señor Presidente y Señorías, es que aprovechemos la Conferencia Intergubernamental para que en la revisión del Tratado de Maastricht se llegue a considerar la igualdad entre los hombres y las mujeres un derecho fundamental del ciudadano europeo y que se incluyan en él medidas positivas, necesarias para que ese objetivo deje de ser una utopía y pase a ser la realidad.
Pero, entretanto, hemos de trabajar con el Tratado que tenemos. Así, pues, presento un conjunto de enmiendas y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muy sinceramente los apoyos y las contribuciones que de los diferentes sectores políticos he recibido y que mejoran en gran medida -me parece a mí- la propuesta de la Comisión.
En resumen, son los siguientes: considerar comprendido en este sistema de seguridad social el trabajo atípico y el trabajo en jornada parcial. Son formas de trabajo que se están generalizando y que son desempeñadas esencialmente por mujeres. Es preciso defenderlas.
Un segundo grupo de enmiendas versa sobre el cálculo actuarial, que, con el pretexto de que las estadísticas informan de que las mujeres tienen una esperanza de vida más larga, les perjudica en el cálculo de los descuentos y de las pensiones. Ahora bien, no está demostrado que las mujeres trabajadoras vivan más tiempo, por lo que no es admisible que se perjudique en el cálculo de la pensión.
Otra de las enmiendas va encaminada a permitir el derecho de adquisición de los derechos de pensión en la participación en el régimen de seguridad social. Una de las propuestas que considero más importantes es la institución, tanto para los hombres como para las mujeres, de una mayor flexibilidad en la elección de la edad de jubilación en condiciones que, evidentemente, se deberán determinar. ¿No sería más natural y más conforme con la vida actual que, dentro de un período fijado -entre los 60 y los 70 años, por ejemplo- se brindara a las personas la posibilidad de adelantar o aplazar su edad de jubilación? ¿Por qué obligar a quien quiere continuar trabajando a jubilarse y para qué obligar a prolongar los años de trabajo a quien necesita dejarlo antes?
Por último, quiero referirme a una última enmienda que acaba de presentar el PPE y que me parece muy interesante y a la que doy mi total conformidad. Se aplica a los dos sexos e impide que quien haya trabajado toda una vida resulte perjudicado en sus legítimas esperanzas. Espero, señor Presidente y señores diputados, que estas contribuciones, así como las de la Comisión de Asuntos Sociales, lleguen a aceptarse y mejoren el texto propuesto por la Comisión.

Van Lancker
Señor Presidente, para empezar quiero felicitar a la Sra. Torres Marques por su buen informe sobre una materia técnica, y al mismo tiempo recordar que se trata de un tema políticamente muy actual, aunque no lo parezca a primera vista. En diversos países europeos, el régimen de pensiones está siendo cuestionado, se reforman los sistemas, y la igualdad de trato entre hombres y mujeres es también un tema muy sensible, sobre todo entre las mujeres.
Para empezar, quiero decir que este Parlamento y la Comisión Europea no pueden permitir que se abuse de las directivas europeas como pretexto en las medidas de ahorro a costa de las mujeres, pues esto es lo que sucede a menudo con la igualdad de trato. Por ello quiero formular dos objeciones a la propuesta de la Comisión.
En primer lugar: las mujeres no pueden ser víctimas de los intereses económicos de las compañías de seguros. Las diferencias en la manera de calcular las cuotas de los trabajadores para hombres y mujeres, sobre la base de los llamados datos actuariales, hacen que las mujeres resulten más caras para los empresarios, y ello supone un obstáculo a su contratación. Por cierto, señor Comisario, que muchos juristas afirman, en contra del Tribunal de Justicia Europeo, que esto es incluso contrario al Tratado. Queremos que se elimine esta discriminación.
En segundo lugar: una igualdad de trato formal no garantiza automáticamente una igualdad de derechos real para las mujeres. A menudo, la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral se refuerza en sus derechos de pensiones. Por ello, sólo existirá una igualdad de derechos cuando en el régimen de pensiones, y por consiguiente también en los regímenes complementarios de pensiones, se introduzcan medidas compensatorias, que compensen los salarios bajos, para tener en cuenta las carreras interrumpidas, el trabajo a media jornada o al trabajo atípico, que realizan sobre todo las mujeres. La equiparación de los cálculos de pensiones ha de realizarse de forma gradual, y por consiguiente también ha de abarcar las medidas compensatorias. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la instauración del derecho a una pensión mínima digna con un umbral bajo, la adjudicación de estos derechos de pensiones a personas que trabajan a tiempo parcial o bajo formas atípicas, la introducción e incluso la ampliación de períodos equiparados. Mis compañeras en el Parlamento belga han presentado este paquete de demandas al gobierno belga, que quizás las tome en consideración. Y por tanto, señor Comisario, espero que apruebe nuestras enmiendas a nivel europeo.

Lulling
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, pronto celebraremos el cuarenta aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Roma, aunque su artículo 119, que establece la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres no se aplica correctamente. Porque este artículo es de aplicabilidad directa siempre hay valientes que se atreven a invocarlo ante las jurisdicciones y no autoriza ninguna excepción del principio sacrosanto de la igualdad de trato, quedando por suerte sin efecto las disposiciones de directiva que contienen tales excepciones. Por razones evidentes que ha expuesto nuestro ponente, al que felicito por su trabajo, debemos modificar la directiva de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social.
No quisiera extenderme en las enmiendas de la comisión de Derechos de la Mujer, salvo en lo relativo al establecimiento de un límite de edad idéntico para hombres y mujeres. No se trataría de vulnerar los derechos adquiridos del sexo que se beneficia del límite de edad más favorable para garantizar la igualdad de trato. Por una vez, son generalmente las mujeres las que pueden hacer valer su derecho a pensión antes que los hombres, pero en conjunto, es una pensión bastante más modesta en razón a las discriminaciones salariales que éstas han sufrido durante años de vida profesional. Se trata principalmente de aquellas mujeres que pronto tendrán derecho a su pensión, y sé de qué hablo porque yo misma soy víctima de estas discriminaciones.
Espero por tanto que este Parlamento vote la enmienda que he presentado en nombre de mi grupo sobre este problema y agradezco a la señora ponente sus palabras de hace unos momentos.
Para terminar, quisiera también aprovechar la ocasión para incitar al Consejo a aprobar la propuesta de directiva de 1987, que modifica la directiva de 1979 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes legales de la seguridad social. Porque vamos a encontrarnos en una situación bastante curiosa, al poder los asalariados ser objeto de discriminaciones en los regímenes legales en lo relativo a la edad de jubilación y pensión de superviviente, mientras que no ocurre otro tanto en los regímenes profesionales de seguridad social, y ello porque las prestaciones que ofrecen los regímenes legales de seguridad social no se consideran una remuneración en el sentido del artículo 119.
En algunos países como el mío, la mayor parte de los asalariados y trabajadores por cuenta propia no se benefician de los regímenes profesionales, sino que dependen de los regímenes legales de seguridad social. Ya es hora de acometer, en esos regímenes, la eliminación de las discriminaciones relativas a la pensión de superviviente y a la edad de jubilación, diferentes en función del sexo. Por otro lado, señor Presidente, serían principalmente los hombres los beneficiarios de la abolición de esas discriminaciones, a condición de no penalizar a las mujeres para garantizar la igualdad de trato de los hombres.

Garosci
Señor Presidente, nuestro trabajo se propone hoy tratar de garantizar una mayor protección de las mujeres, en condiciones de trabajo salarial, en igualdad de trato con los hombres. En efecto, hoy nadie puede pensar que una mujer que trabaja, integrada en un contexto profesional -ya sea la fábrica o la oficina- pueda ser discriminada en materia de seguridad social. Han pasado seis años desde la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que imponía que todas las formas de pensión establecieran la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Hoy la Comisión prevé modificar la normativa vigente para que dicho principio se adopte totalmente y se actualice coherentemente.
Las enmiendas propuestas, que nuestro Grupo apoyará por unanimidad, tienen por objeto, efectivamente, introducir pensiones flexibles para permitir jubilaciones en edades variables. En el cálculo de las pensiones hay que tener en cuenta los períodos de inactividad en la vida de la mujer trabajadora, debidos a embarazos y al cuidado de niños pequeños. Asimismo hay que garantizar una protección social a los trabajadores a tiempo parcial, fórmula ésta que garantizará grandes, enormes oportunidades al mercado de trabajo para su revitalización. El tiempo parcial es la fórmula que a corto plazo puede ofrecer las mayores posibilidades de empleo.
Por último, en los cálculos del régimen de seguridad social se debe impedir el recurso al factor actuarial, es decir, la distinta esperanza de vida para hombres y mujeres. Por lo tanto, régimen idéntico para ambos sexos, aun reconociendo, gracias a la naturaleza, una mayor longevidad al femenino.
Como conclusión, esta directiva es un capítulo, quizás uno de los más importantes, para que se llegue a una total igualdad en las condiciones laborales entre hombres y mujeres. En efecto, aún son demasiadas las diferencias y las limitaciones punitivas para la otra mitad del universo, la femenina.
No podemos afirmar hoy si la mujer trabaja más o menos que el hombre; no obstante, afirmamos que su trabajo contribuye de igual manera al funcionamiento de la sociedad y pretendemos que sea tratado consecuentemente.

Larive
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales está satisfecho con el informe Torres Marques. Comisario Flynn, usted y la Comisión se han desentendido con demasiada facilidad y han querido incluir en la directiva 86 únicamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no se han preocupado de las consecuencias perjudiciales que ello puede tener para las trabajadoras, y de ahí que sean muy necesarias nuestras enmiendas.
Además, me ha decepcionado que la Comisión de Asuntos Sociales no haya propuesto ni una sola enmienda y haya bajado la cabeza. Me parece una razón más para confiar las directivas sobre emancipación y el código de buena conducta a la Comisión de Derechos de la Mujer como comisión principal.
En primer lugar, es preciso modificar la edad de jubilación rígida y única para hombres y mujeres, sustituyéndola por un régimen de pensión flexible, opcional para ambos. En segundo lugar, como ha señalado la Sra. Van Lancker, ha de aplicarse el mismo cálculo actuarial para hombres y mujeres al fijar la cuota patronal. La existencia de una cuota más alta hace que las mujeres sean más caras para el empresario, y supone por lo tanto una discriminación indirecta. Además, me pregunto si la esperanza de vida de las mujeres que trabajan fuera de casa sigue siendo más alta que la del hombre. Además, ¿acaso puede uno pagar una cuota menor si no fuma o, como las mujeres, si está con menos frecuencia en las cárceles y por tanto cuesta menos impuestos?
En tercer lugar, ha de ponerse fin a la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial. Eso es también una forma de discriminación indirecta. En cuarto lugar, Comisario Flynn, más vale algo que nada, espero que apoye usted nuestras enmiendas, que inste usted a la Presidencia irlandesa a hacerlo, y asimismo quiero hacer un llamamiento a la próxima Presidencia neerlandesa para que no sólo defienda nuestras enmiendas, sino que recupere la polvorienta propuesta de la Comisión, de octubre de 1987, que ha de llenar las lagunas de las dos primeras directivas. A las puertas del siglo XXI, el Parlamento Europeo debe hacer todo lo posible por poner fin a la discriminación directa e indirecta en los regímenes de seguridad social, tanto legales como complementarios. Las palabras clave han de ser: flexibilidad y elección, elección para hombres y mujeres.

Sornosa Martínez
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, la modificación de esta directiva podría suponer un paso más hacia la igualdad de trato y hacia el costoso cumplimiento del artículo 119 del Tratado. Las enmiendas de la señora Torres Márquez -a la que felicito- inciden principalmente en la inclusión, dentro de los regímenes profesionales de la seguridad social, de los trabajadores con contrato atípico y a tiempo parcial. Teniendo en cuenta que esta categoría laboral está representada de forma mayoritaria por mujeres y que la directiva que se ha de modificar consiste en la aplicación del principio de igualdad, es un imperativo incluir el trabajo atípico y los contratos a tiempo parcial como régimen profesional de seguridad social, puesto que su exclusión resultaría claramente discriminatoria para la mujer. Si la modificación de la directiva se limita a subsanar las contradicciones que existen actualmente entre el Derecho comunitario derivado y el primario seguiremos legislando con retraso y a partir de hechos consumados. Esta modificación nos brinda, pues, la oportunidad de aplicar el principio de igualdad con más coherencia y creo que debemos aprovecharla.

Van Dijk
Comisario Flynn, sé que quizás no sea muy amable de mi parte, pero tengo la impresión de que, cuando diseñó usted esta directiva, tenía en mente los intereses de los fondos de pensiones más que los intereses de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. A decir verdad, no alcanzo a comprender que no haya aprovechado usted la oportunidad de la modificación de la cuarta directiva para resolver de inmediato los problemas derivados de los factores actuariales, que ya se han mencionado varias veces. El Tribunal ha dicho siempre que esta directiva no establece una cuota más alta de las empresas para la pensión de las mujeres, y que por tanto está permitida. Es decir, que usted podría haberlo arreglado en esta modificación. Afortunadamente, el Parlamento lo ha hecho y espero de todo corazón que la Comisión lo apruebe, pues es de locos que se pueda obligar a las empresas a pagar una cuota más alta al seguro de pensiones para las mujeres que para los hombres. Además -sé que el Comisario es alguien que sigue siempre fielmente las sentencias del Tribunal-, cuando se trata de sentencias sobre el efecto retroactivo, sobre la fecha a partir de la cual las mujeres pueden exigir derechos de pensión, concretamente para las trabajadoras a tiempo parcial, he notado que la Comisión no desea recurrir a lo que el Tribunal sí ha hecho, el efecto del artículo 119 desde 1996, sino que recurre a la sentencia Barber de 1990, con lo cual muchas mujeres pierden un gran número de años, en concreto 14.
Estoy de acuerdo con la propuesta de igualar las edades de jubilación, pues las mujeres no pueden permitirse el lujo de jubilarse antes, y de este modo estar obligadas, moralmente obligadas, a asumir todas las tareas de atención pues a fin de cuentas si se jubilan antes es porque realizan estas tareas. Hemos de acabar pronto con esta situación. Estoy plenamente de acuerdo con una jubilación flexible. Lograr la igualdad, señor Presidente, y también, Comisario Flynn, lograr la igualdad significa derechos y deberes tanto para las mujeres y los hombres como para los fondos de pensiones.

Ahlqvist
Señor Presidente, empiezo agradeciendo a la Sra. Torres Marques su excelente trabajo sobre una cuestión muy complicada. Hay en especial un aspecto que desearía destacar del informe, que es el del trabajo atípico.
Bajo la denominación «trabajo atípico» se esconde de hecho una modalidad de explotación de la fuerza laboral que existía en el sistema editorial anterior a la industrialización de mediados del siglo XVIII. En esta época los empresarios establecían la sede del trabajo en el hogar, en primer lugar el de las mujeres, y era un trabajo que se realizaba a cambio de una retribución extremadamente baja. Existen muchos ejemplos de este tipo de ocupaciones actualmente en Europa, y el desarrollo de la sociedad de la información hace que surjan más aun. Son sobre todo las mujeres, los jóvenes y los emigrantes los que se ven atrapados en este sistema. Para muchos se trata de un primer paso dentro del mercado de trabajo a cambio de unos salarios mínimos, y de una débil o incluso nula protección social.
Por eso es esencial que se preste atención a este tipo de trabajo dentro del sistema de seguridad social, y que se haga que el trabajo atípico sea excepcional a partir de una disposición para la creación de un sistema que se base en la rama profesional o en el tipo de empresa en concreto, y que cubra el ámbito de la seguridad social. Estos empleos constituyen una discriminación indirecta de las mujeres y los jóvenes, que en estos casos se arriesgan a convertirse en los trabajadores de la empresa editorial del siglo veinte.

Glase
Señor Presidente, señor Comisario, el hecho de que en el año 1996 haya que ocuparse del tema de la igualdad de trato de hombres y mujeres en la seguridad social es en si un asunto muy lamentable. La lucha por la igualdad de oportunidades no significa otra cosa que la lucha por el reconocimiento de la equiparación del hombre y la mujer.
En todos los países miembros de la Unión Europea se dicen cosas muy bonitas sobre el papel. También la Comisión ha reflejado en este informe unas intenciones excelentes expresadas en bellas palabras. Pero en la práctica, éstas no son determinantes para contribuir a solucionar el problema de la igualdad de oportunidades. Por ello, la Comisión y el Consejo debe escuchar las exigencias fundamentales planteadas por la Comisión de Derechos de la Mujer.
Se entendería erróneamente la igualdad de oportunidades si en el aseguramiento de los derechos sociales y en las prestaciones particulares empresariales, no se tuviesen en cuenta las especiales aportaciones de las mujeres en la educación de los niños y en el sacrificado cuidado de los familiares.
Los llamados contratos de trabajo atípicos son cada vez para más mujeres la única posibilidad de realizar un trabajo remunerado, y esto por diversas razones. Dependen precisamente de una igualdad de trato en los sistemas de seguridad social, lo que afecta también al trabajo a tiempo parcial como acabamos de oir.
Espero que mediante la aprobación de este informe podamos acercarnos en la práctica un paso más hacia la igualdad de oportunidades.

Vaz da Silva
Señor Presidente, la igualdad entre los sexos es, a mi juicio, sobre todo igualdad de oportunidades e igualdad de responsabilidades. Por eso, me gusta la palabra paridad. Expresa un concepto de coexistencia entre hombres y mujeres basado en derechos -el acceso- y deberes -las tareas- compartidos y manteniendo intactas las diferencias de perspectiva y de actuación que puedan caracterizar a unos y a otras. Pero nada justifica discriminaciones en textos jurídicos como las existentes en las Directivas 79/007 y 86/378, que establecen exenciones al principio de igualdad de trato. El artículo 119 del Tratado exige que el trato sea igual para hombres y mujeres. El Tribunal de Justicia confirma esa posición. El excelente informe de Helena Torres Marques se refiere a la revisión de la directiva de 1986. Está bien, pero no basta. Es preciso que la Conferencia Intergubernamental modifique el Tratado en el sentido de incluir el derecho fundamental de la igualdad entre los sexos, pero es preciso más aún. Las directivas no son nada, si no tienen detrás una voluntad política de los Estados y una conciencia social de los ciudadanos. En el caso de la igualdad, falta aún, por desgracia, ese «pequeño» detalle.

Ribeiro
Señor Presidente, el cortísimo tiempo de intervención no permite tratar de aspectos técnicos y jurídicos relacionados con esta importante cuestión, pero sí una felicitación y tres brevísimas observaciones. Una felicitación a la ponente por la documentada exposición de motivos y por las propuestas y observaciones para subrayar que igualdad social no es lo mismo que igualitarismo, que la confusión entre ambos conceptos puede entrañar en algunos casos posiciones que propicien la incomprensión de exenciones y discriminaciones positivas que la lucha contra la desigualdad exige, pero que el igualitarismo no puede aceptar. Y, al tiempo que decimos que la aplicación del principio de la igualdad de trato es uno de los objetivos principales de la política social de la UE, en caso de que tal política existiera, hemos de recordar que el artículo 117 del Tratado de Roma afirma el principio de la igualación en el progreso, lo que impediría, por ejemplo, que se aproximara la edad de jubilación de las mujeres, cuando es más favorable, a la edad de jubilación de los hombres -aproximación en el retroceso capciosamente simulada con argumentos de igualitarismo-, pero sí lo contrario, porque sólo así se igualaría socialmente, en el progreso.

Jouppila
Señor Presidente, esta semana, el viernes 20 de septiembre de 1996, se cumplen noventa años de la firma por el zar Nicolás II de la declaración que garantizaba a los finlandeses, a hombres y a mujeres, el sufragio universal. Las mujeres finlandesas fueron las segundas en el mundo y las primeras en Europa en hacer uso de este derecho. Además, en aquel entonces fueron las primeras en el mundo en contar con el derecho de sufragio pasivo. Esto intensificó el desarrollo de la igualdad de trato en los países nórdicos y en Finlandia.
El artículo 119 garantiza la igualdad de trato de hombres y mujeres en la vida laboral en los países de la UE. La Directiva aprobada en 1979, por su parte, establece la aplicación del principio de igualdad de trato en los sistemas de seguridad social regulados por ley. ¿No ha llegado ya la hora también de poner en práctica estos planteamientos?
La igualdad de trato entre hombres y mujeres constituye para los finlandeses algo obvio, pero esto no ocurre así en todas partes. En muchos países todavía existe una legislación que discrimina a las mujeres, entre otros ámbitos, en el de los regímenes de seguridad social. La UE debería ahora mostrar el camino que ha de seguirse y poner fin a tales prácticas.
Las propuestas de directiva de 1987 tenían como punto de partida la personalización de la seguridad social. En Finlandia existe un sistema de estas características desde hace bastante tiempo. Un régimen de seguridad social basado en el individuo es la única solución razonable en favor de la igualdad de trato. También hay que hacerlo extensivo a las personas que trabajan en casa, sean hombres o mujeres.
Por ejemplo, en este momento en Finlandia las mujeres de menos de 40 años poseen una formación mucho mejor que los hombres y muchas de ellas reciben un salario superior al de sus maridos. El régimen de seguridad social basado en la familia va en detrimento de la situación, la libertad y la dignidad del cónyuge que percibe un salario inferior, independientemente de su sexo.
Además de la personalización, la seguridad social y el derecho a pensión deben alcanzar incondicionalmente a los trabajadores a tiempo parcial y para ello debe aumentarse su flexibilidad. De esta forma, las mujeres tendrán mejores posibilidades para vivir una vida más independiente y polifacética, ya que muchas de ellas, para tener o cuidar a sus hijos, se ven obligadas a permanecer durante períodos más o menos largos en parte o totalmente excluidas del mundo laboral.
Muchos Estados miembros deben revisar su legislación en materia social a fin de que se aplique una verdadera igualdad de trato, y la UE debe ayudarles en ello. Debe aprobarse el informe de la Sra. Torres Marques, por el que la felicito, así como las propuestas presentadas y aprobadas en la Comisión de Derechos de la Mujer.

Blak
Señor Presidente, los regímenes de seguridad social de los distintos Estados miembros siguen distinguiendo entre los sexos. Las mujeres siguen discriminadas en comparación con los hombres. Es estupendo que, una vez más, hayamos podido servirnos del Tribunal para fomentar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero lo del Tribunal no debe ser llevado demasiado lejos. Hemos de garantizar que no sean los jueces, sino los políticos, los que hagan las leyes. Por este motivo, me siento algo decepcionado, igual que la ponente, de que en su propuesta la Comisión no haya ido más lejos de lo declarado por el Tribunal y no haya tomado nuevas iniciativas para mejorar lo que éste ha iniciado. Con ello, los derechos de las mujeres empeorarán en algunos casos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las pensiones y la cobertura del trabajo a tiempo parcial. Espero que sea posible corregir esta situación con nuestro apoyo a las enmiendas de la ponente y que la Comisión tenga las enmiendas del Parlamento en cuenta. Según las estadísticas, las mujeres no apoyan especialmente a la UE. Nos corresponde a nosotros demostrarlas que la UE hace algo por ellas. Esta propuesta puede servirnos para ello.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Sra. Torres Marques por su excelente informe sobre lo que, acertadamente, ha calificado de tema técnicamente complejo en el área de los regímenes profesionales de pensiones. La Comisión comparte en muy alto grado las preocupaciones que usted ha expresado en su informe y en la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros esta tarde.
El principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho comunitario. Es importante garantizar su eficacia y transparencia a fin de evitar cualquier posible confusión por parte de las instancias nacionales de todos los niveles llamadas a aplicar el Derecho comunitario. Es también esencial garantizar que los ciudadanos europeos estén plenamente informados de todos su derechos en este área.
La presente propuesta de directiva va encaminada a garantizar que un acto de Derecho comunitario derivado, concretamente la Directiva 86/378, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, sea coherente con lo dispuesto por el Derecho comunitario primario, concretamente el artículo 119 del Tratado, según la interpretación del Tribunal de Justicia. En la sentencia del asunto Barber, de 17 de mayo de 1990, y en sentencias interpretativas posteriores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce que todos los tipos de pensiones profesionales y, a su vez, todos los tipos de prestaciones que se deriven de los regímenes profesionales de seguridad social de los trabajadores constituyen un elemento retributivo a los efectos del artículo 119 del Tratado CE, que estipula la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos.
El artículo 119 del Tratado es directamente aplicable y puede ser alegado como fundamento por particulares ante los tribunales nacionales contra empleadores tanto del sector público como del privado. Este artículo no permite ninguna excepción al principio de igualdad de trato. Por consiguiente, algunas disposiciones de la Directiva 86/378 que contemplan excepciones al principio de igualdad de trato, concretamente en relación con la edad de jubilación y las prestaciones para supervivientes -esto en el artículo 9 de la Directiva 86/378carecían de validez por lo que respecta a los trabajadores asalariados, ya que éstos pueden invocar el artículo 119 del Tratado ante las autoridades nacionales. Este artículo, como disposición que es de Derecho primario, tiene primacía sobre la Directiva 86/378, que es un instrumento de legislación derivada, y tiene primacía asimismo sobre toda legislación nacional. He de aclarar, sin embargo, que el artículo 119 del Tratado no es aplicable a los trabajadores autónomos, respecto a los cuales la Directiva 86/378 sigue siendo totalmente válida.
Por el bien de la certidumbre jurídica y de la claridad, y a fin de garantizar la coherencia con el artículo 119 del Tratado, la Comisión presentó su propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 86/378. Las modificaciones propuestas sirven únicamente para transponer la jurisprudencia del Tribunal, de modo que esta propuesta de directiva tiene un carácter puramente declaratorio. Quiero hacer hincapié en que, de conformidad con el carácter declaratorio de la propuesta, la Comisión ha pretendido modificar exclusivamente las disposiciones de la Directiva 86/638 que, a la luz de la jurisprudencia, resultaban no ser válidas. La propuesta no aspira a ser una codificación completa de toda la jurisprudencia del Tribunal sobre igualdad de trato en el área de la seguridad social, ni aspira a introducir nueva legislación que vaya más allá de la actual jurisprudencia. Huelga decir que sería imposible introducir nuevas disposiciones que no estuvieran de acuerdo con la jurisprudencia, algo que sólo podría conseguirse mediante una modificación del Tratado.
Es importante señalar que la Comisión ha consultado en varias ocasiones a expertos gubernamentales, a representantes de fondos de pensiones y actuarios de seguros de ámbito europeo, al Comité Consultivo de Igualdad de Oportunidades y a los interlocutores sociales sobre las enmiendas propuestas a la Directiva 86/378, teniendo en cuenta la sentencia del asunto Barber y sentencias posteriores. Ha habido un amplio consenso para ajustar el texto de la Directiva 86/378 a fin de que sea coherente con la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 119 del Tratado.
Soy muy sensible ante sus preocupaciones sobre la posible repercusión de esta jurisprudencia en la mujer, que se refleja en las enmiendas propuestas. Con arreglo a dicha jurisprudencia, a fin de aplicar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, las normas de los regímenes profesionales de pensiones podrían y subrayo podrían , elevar la edad de jubilación de las mujeres o disponer en algunos casos que, a fin de equiparar las prestaciones, las cotizaciones pagadas por los empleadores en algunos regímenes -me estoy refiriendo a regímenes financiados- podrían ser diferentes para las mujeres que para los hombres.
Déjenme recordarles durante un momento que nos hallamos aquí en un área de la protección social en la que entra en juego la autonomía de los interlocutores sociales y en la que cuestiones como la edad de jubilación y la organización y financiación de los regímenes profesionales son objeto de negociación entre las partes interesadas y, en particular, entre los trabajadores y los empresarios. De modo que el margen de maniobra de la Comisión es muy pequeño -y todo el mundo lo sabe-, ya que está obligada, como cualquier otra institución o persona, a atenerse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Ir más allá de esta última no conviene en este momento porque sería imposible obtener el consenso necesario y, en cualquier caso, un paso así rebasaría el carácter puramente declaratorio de la propuesta.
Además, la Comisión no podría proponer ninguna medida que no entrara en el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado. Por consiguiente, no es posible aceptar las enmiendas referidas a la consideración de los factores actuariales -enmiendas núms. 2, 6, 7, 8, 9, y 10- porque van más allá de la actual jurisprudencia, la cual afirma específicamente que los factores actuariales pueden tenerse en cuenta desde el momento en que su uso cae fuera del ámbito de aplicación del artículo 119. Ir en contra de la jurisprudencia en este punto sería introducir nueva legislación y, en todo caso, sobrepasaría el ámbito de aplicación de la Directiva 86/378.
La razón por la que no puedo aceptar las enmiendas referidas a los trabajadores atípicos -muchas de las aportaciones se refieren a éstos, incluidos los trabajadores a tiempo parcial- es que resultan innecesarias -sólo porque la jurisprudencia ya especifica que la discriminación contra esta categoría de trabajadores puede constituir una discriminación indirecta. De la misma manera, las enmiendas núms. 11, 12, 13 y 14 son también innecesarias porque se ocupan de aspectos ya incluidos en la jurisprudencia y que, por lo tanto, es innecesario tratar aquí.
Quisiera darles las gracias por su apoyo y dedicación al área de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. En este área somos aliados; pero querría decir que el acquis communautaire a nivel europeo es muy importante y un ejemplo a seguir para países no pertenecientes a la Unión Europea. Nuestra tarea consiste en garantizar la plena aplicación y eficacia de un principio fundamental del Derecho comunitario, y esta propuesta sobre la que se les pide que emitan dictamen pretende cumplir dicho objetivo en todos los sentidos.
Quisiera hacer un comentario en relación con lo que dijo la Sra. Lulling porque me parece que viene bastante al caso. Lo que la Sra. Lulling preguntaba era si la Comisión estaría a favor de extender la plena igualdad a áreas que no contempla la directiva. A ello responderé que «sí». Si usted recuerda, en 1987 presentamos una propuesta cuyo propósito era completar la introducción del principio de igualdad de trato en materia tanto de regímenes legales como de regímenes profesionales de seguridad social. Sigue estando en la mesa del Consejo, señora Lulling, y en este momento sería prudente estudiar la posibilidad de actualizar la propuesta de 1987. Como consecuencia de lo que he oído aquí sobre estas cuestiones, es mi intención hacerlo. Agradezco a la Asamblea su atención.

Larive
Señor Presidente, pienso que no he entendido bien la cuestión, pues por un lado el Comisario felicita a nuestra ponente, la Sra. Torres Marques, por su excelente informe, y le comunica que la Comisión comparte con gran preocupación nuestras preocupaciones. Y por otra parte, aunque puede ser debido a la traducción, en mis auriculares he oído que a pesar de las felicitaciones y de la preocupación que agobia al Comisario, al igual que a los presentes en este pleno, no podrá apoyar las enmiendas porque no hay consenso sobre si ello está incluido ya en la jurisprudencia. Agradecería que el Comisario lo explicara, pues puedo comprender su preocupación, pero no que no haga nada al respecto.

El Presidente
Señora Larive, creo que el Sr. Comisario ha intentado explicarlo, pero, dado que este punto, efectivamente, se presta mucho a malinterpretaciones, sería oportuno que el Sr. Flynn volviera sobre el particular.

Flynn
Señor Presidente, no creo que tenga que haber ningún malentendido sobre lo que estamos diciendo aquí. Estamos proponiendo una operación de puesta en orden. En la directiva de 1986 hay algunas inexactitudes, respecto a la jurisprudencia, y ésta es una propuesta declaratoria cuyo fin es producir los cambios necesarios para respetar la jurisprudencia tal como se ha enunciado. No estamos poniendo por escrito toda la jurisprudencia, pero todo está incluido en la medida en que toda la jurisprudencia está presente en los considerandos.
He repasado las enmiendas y analizado cuáles son sus objetivos. Algunas son innecesarias porque su contenido ya está contemplado, en tanto que otras no son aceptables porque supondrían modificar el Derecho existente. No disponemos de la autoridad para hacerlo a causa de las limitaciones del artículo 119. Por ejemplo, la enmienda nº 1 habla de la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial, pero es innecesario porque ya está contemplado. El considerando nº 5 trata igualmente de este tema. De modo similar, todas las enmiendas se han analizado teniendo en cuenta lo que es posible en virtud del actual artículo 119 y si la jurisprudencia ya se ocupa de ello. De hecho, no haya nada que las enmiendas nos permitieran hacer que no se haya aceptado ya.

Van Dijk
Señor Presidente, comprendo que dispone usted de poco tiempo y tampoco quiero extenderme. Pero esto es un parlamento y se supone que en un parlamento se escuchan los argumentos de otros y se responde a los argumentos de otros. He constatado que el Comisario Flynn no ha respondido a muchos de nuestros argumentos. He constatado que no ve motivo alguno para aceptar ninguna de las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer para las que hemos realizado un trabajo duro y concienzudo. Si el Comisario Flynn dice que no pretende modificar la legislación vigente, no comprendo por qué ha de modificarse esta directiva. Sí se modifica la legislación vigente, y es a favor de los fondos de pensiones y en detrimento de las mujeres. Es la cuestión que plantea este Parlamento y que este Parlamento no puede aceptar. Quisiera que la Comisión tratara al Parlamento como lo que es, y respondiera a los argumentos que se han formulado aquí. Creo que es algo que no ha sucedido en este debate, pero mañana - ya se lo puedo anunciar al Comisario-, antes de la votación final, presentaremos el artículo adecuado para pedir la devolución a la comisión.

Flynn
La Sra. Van Dijk está haciendo unas aseveraciones y, como ella dice, es en este Parlamento donde tenemos que intercambiar nuestros puntos de vista sobre estos temas.
He examinado todas estas enmiendas con una actitud bastante positiva para poder aceptar todo lo que pudiera, siempre que me lo permitieran las disposiciones del artículo 119. He examinado en particular esta cuestión del trabajo atípico y de la naturaleza del trabajo atípico porque está recogida en varias de las enmiendas. El objetivo de la enmienda nº 5, por ejemplo, es incluir el trabajo atípico. Lo único que digo es que el carácter atípico del trabajo ya está contemplado en la medida en que los trabajadores atípicos forman parte de la población trabajadora. Si usted piensa, y al Parlamento le parece, que la enmienda nº 5 daría fuerza a lo que están intentando conseguir y añadiría algo que no esté ya contemplado, yo no tendría problemas en aceptarla. Pero he de advertirle, como comisario, que de acuerdo con el asesoramiento jurídico que he recibido, es una enmienda innecesaria porque ya se ha atendido a su contenido. Esa es la única razón.
Aún daría un paso más. Ha hecho usted ciertos comentarios sobre otras cuestiones relacionadas con algunas enmiendas y una posición que a usted le gustaría que se modificara. Ésta es la razón de que fueran tan importantes las observaciones del Sr. Blak y de la Sra. Lulling. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de los regímenes profesionales de pensiones. No estamos hablando de los regímenes legales. Fui bastante claro en mi presentación al mencionar los casos en que esto podría perjudicar gravemente las expectativas de las mujeres en algunos tipos de regímenes. Pero el artículo 119 no me permite modificar esto por ahora. Me complacería mucho dirigir las observaciones que ustedes han hecho a la atención del Consejo y defenderlas; pero, aunque sé que ha llevado mucho tiempo reunir las enmiendas en su forma actual y puedo ver las ideas que esconden, las cuestiones a las que se refieren están ya contempladas en lo que respecta al trabajador atípico y no hay necesidad de insistir en ellas. Si tiene importancia para ustedes y presionan sobre la enmienda nº 5, entonces la aceptaré.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Desplazamiento de trabajadores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0265/96) de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, relativa a la posición común del Consejo (C4-0327/96-94/0346(COD)) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Ponente: Sr. Peter).

Peter
Señor Presidente, cinco años después de la presentación del primer proyecto de directiva por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo puede ocuparse por fin en segunda lectura de la posición común del Consejo.
Este logro ha sido ante todo mérito la Presidencia italiana del primer semestre de 1996, lo que ya destaqué en otro lugar. Objetivo de la directiva es asegurar que los principios del mercado interior, la libertad de prestación de servicios, por un lado, y la cohesión económica y social, por otro, no se excluyan recíprocamente. Con la creciente integración del mercado laboral en la UE se ido mostrando paulatinamente con claridad una inevitable necesidad de regulación. Es distorsionador de la competencia y perjudicial socialmente que trabajadores provenientes de un país miembro de la Comunidad en que los salarios son menores realicen en otro país miembro, en el que los salarios y sueldos son sensiblemente superiores, el mismo trabajo que los trabajadores locales pero por un salario inferior. Ni a los trabajadores afectados se les paga el valor de su trabajo ni las empresas locales pueden competir contra los bajos precios condicionados por el dumping de salarios. Lo mismo es aplicable al desplazamiento de trabajadores de Estados que no pertenecen a la Comunidad.
El proyecto de directiva señala en la dirección correcta al determinar el principio del salario mínimo. Las normas jurídicas existentes en el correspondiente país miembro relativas a la seguridad en el trabajo y a la jornada laboral deberán respetarse en el caso de desplazamiento de trabajadores, además sin excepciones y desde el principio. El proyecto de directiva concede ahora a los trabajadores desplazados la posibilidad de acudir al juzgado competente para el lugar de trabajo para que revise sus condiciones laborales y salariales, lo que supone una muy positiva mejora.
El proyecto de directiva se ha perfeccionado sensiblemente durante la fase de deliberaciones. El debate sobre una regulación con o sin plazo de aplicación obligatoria es un ejemplo de ello. Al principio estaba previsto no aplicar las normas básicas sobre salario mínimo y vacaciones anuales para los tres primeros meses de un desplazamiento, pero ahora ya no existe este plazo. En lugar de ello, son posibles unas excepciones limitadas a la regla.
En primer lugar, se tiene en cuenta el principio de subsidiariedad ya que los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, podrán renunciar a aplicar las normas sobre el salario mínimo para las cuatro primeras semanas de un desplazamiento. En segundo lugar, parece oportuno renunciar a las normas sobre salarios y vacaciones en el marco del cumplimiento de contratos de suministro cuando el desplazamiento no supere los ocho días, siempre que se garantice que esta excepción no es aplicable a uno de los trece tipos de obras que figuran en el anexo 1. En tercer lugar, el salario mínimo y el derecho a las vacaciones anuales se podrán suspender si los trabajos a realizar en el marco del desplazamiento son de escasa importancia. Respecto a lo que es de escasa importancia, los Estados nacionales se han comprometido en la directiva a introducir una modificación.
Del ámbito de aplicación de la directiva se han exceptuado las dotaciones de los buques de la marina mercante. La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, cuyo ponente soy yo, quiere lograr en este contexto una clarificación en el sentido de que los trabajadores desplazados que trabajan en los puertos marítimos en operaciones de draga o de asistencia a la navegación marítima caen en el ámbito de aplicación de la directiva. Además, se pide expresamente a la Comisión que se ocupe de modo especial, en el marco de la obligación de información prevista, de cómo son informados los trabajadores desplazados en los Estados miembros de la Comunidad sobre el contenido de la directiva.
Señor Presidente, como ponente he recomendado a la comisión que no acepte enmiendas sobre la posición común, en lo que me ha seguido. Ruego también al Pleno que rechace mañana las tres enmiendas presentadas. Para ello hay al menos dos buenos motivos. Primero: en el curso de los largos debates, el Parlamento ha logrado que se acepten en gran parte sus posiciones. Y, en segundo lugar, y este es por el momento el motivo más importante: cualquier enmienda puede poner en peligro la mayoría cualificada en el Consejo. Quien realmente tenga buena voluntad no puede querer esto. Del proyecto debe salir por fin una directiva que llene el espacio libre y sea una columna portante de la Unión Social Europea.

Hughes
Señor Presidente, deseo dar las gracias sinceramente a Helwin Peter por el pormenorizado trabajo que ha realizado en este dossier a lo largo de los últimos cinco años -nos ha ayudado mucho. El Comisario Flynn está recibiendo muchas puyas en este lugar, pero yo querría alabar el papel que ha tenido en la conclusión satisfactoria a la que todos esperamos que llegue muy pronto el dossier. Hubo veces en que la llama de esta vela vacilaba peligrosamente, pero él la mantuvo viva hasta que llegó la Presidencia italiana y la Presidencia italiana consiguió sacarla adelante hasta un punto, allá por junio, en que se hizo posible un compromiso. Así que, felicitaciones también a ella por el valioso papel que ha desempeñado.
Esta propuesta sobre el desplazamiento de los trabajadores es, desde luego, una propuesta de gran trascendencia, tan importante a su modo como la anterior directiva sobre los comités de empresa. Por ello nos parece que si queremos adoptar una actitud madura ante la propuesta, deberíamos hacer exactamente lo que ha propuesto el ponente, que es aprobar esta semana la posición común sin ninguna enmienda. De hecho, la posición común en su forma actual se basa en algunos aspectos en el dictamen del Parlamento en primera lectura. En relación con el umbral, por ejemplo, o con la inclusión de nacionales de países terceros, en realidad va más lejos que el dictamen del Parlamento en primera lectura. Por ello queremos que se apruebe lo antes posible. La mejor manera en que podemos ayudar al proceso es aprobar la posición común sin enmiendas esta semana.
La propuesta está basada en los artículos 57 y 66 del Tratado. Por lo tanto, tiene que ver con la libertad de circulación y la libertad de prestación de servicios en el mercado único, cosas que pueden ser muy importantes y positivas para el funcionamiento de dicho mercado. Pero en ausencia de las disposiciones de una directiva como ésta, pueden ser también muy negativas y destructivas.
En el Reino Unido tenemos en escena desde hace bastante tiempo una comedia titulada «Auf Wiedersehen, Pet». Narra la historia de un grupo de trabajadores de la construcción de mi propia región, región con un alto nivel de desempleo, que viven en una chabola en el solar de la obra en la que trabajan en Alemania. Es una historia divertida sobre las aventuras y desventuras de este grupo de hombres, quienes viven al margen de la sociedad alemana en las zonas oscuras fuera de la ley alemana.
El problema es que en la vida real la situación no es nada divertida. Miles y miles de personas de regiones como la mía se ven obligadas a vivir de esta manera y no es nada divertido. No es que me esté metiendo con Alemania: se podría coger cualquier combinación de Estados miembros para hacer el mismo comentario.
Allá en mi distrito electoral, una semana sí y otra no, vienen a mi oficina con sus problemas personas que se han enzarzado con esta situación. Personas que han sufrido injurias en el trabajo, que de repente se encuentran con que no tienen un contratador legal, con que no pueden aspirar a ninguna reparación ni compensación; personas a las que no sólo no se les paga por el trabajo que han acometido, sino que se encuentran con que su supuesto empleador no ha mantenido al corriente las cotizaciones a la seguridad social; o personas que se han encontrado virtualmente atrapadas, pagando alquileres exorbitantes en lugares de alojamiento condicionados bajo el control de su empleador. No todos estos problemas se resolverán con la directiva sobre desplazamiento de los trabajadores, pero con ella se creará un marco para que la gente pueda estar protegida y ejercer estas libertades: la libertad de circulación y la libre prestación de servicios.
Las libertades sólo tienen sentido si suponen una verdadera posibilidad de elección. La presente directiva sentará las normas básicas para que los trabajadores puedan realizar una verdadera elección en aplicación de estas libertades. Así pues, hay que acogerla con los brazos abiertos.

Pronk
Más de tres años después de la primera lectura, el Consejo llegado a una posición común. También más de un año después de que debatiéramos sobre estas cuestiones. Creo que en efecto hemos de felicitar a todos los que han tenido que ver con ello, al ponente, al Sr. Flynn, pero sobre todo a la Presidencia italiana, que ha contribuido de modo excepcional al logro de esta posición común. El Grupo del PPE quiere apoyar la decisión del Consejo, porque ahora es el momento de tomar una decisión al respecto. Sin embargo, esto no significa que el Grupo del PPE no tenga algunas observaciones que hacer. Habríamos querido incluir dichas observaciones en una explicación que acompañara a la directiva, y en realidad el Sr. Peter las acaba de enumerar. Se tata de la tripulación de los buques mercantes. Se trata del ámbito de aplicación de los convenios colectivos declarados vinculantes, y se trata del control por parte de los Estados miembros de las normas mínimas. El reglamento de este Parlamento no prevé una declaración de este tipo y con ello creo que este Parlamento se tapa la boca. Pero pretendemos volver sobre esta cuestión en una próxima sesión con una pregunta oral.
El Grupo del PPE se alegra de que los trabajadores europeos ya no estén discriminados frente a los súbditos del país en los que son contratados. El Movimiento Sindical Europeo ha tenido que esperar mucho para lograrlo. Sobre todo en la construcción se aprecia mucho esta directiva, porque puede resolver muchos problemas transfronterizos en este sector. De este modo se podrá luchar mejor contra el fraude a la seguridad social y el fraude fiscal por parte de los contratistas de mano de obra. La directiva de desplazamiento es una parte esencial de la dimensión social del mercado interior. La directiva de desplazamiento es esencial para evitar en Europa una lucha competitiva basada en el dumping salarial. En la directiva se aplica el principio de lex loci laboris . Se aplica la ley del país en el que el trabajador desempeña sus actividades. Al incluir este principio en la directiva y darle vigencia desde el primer día, se logra que los trabajadores reciban un trato igual a partir del primer día de trabajo. Los trabajadores extranjeros tienen derecho al mismo salario que los trabajadores nacionales, siempre que se encuentren en la misma situación, claro está. Con ello se evita que los empresarios contraten mano de obra barata en el extranjero, pagando mucho menos que a los trabajadores nacionales. Y, especialmente, la directiva se aplica también a los trabajadores y empresarios de fuera de la Unión Europea que trabajan aquí.
El Grupo del PPE considera que es una directiva tan importante que apoyará la posición común del Consejo, sin enmiendas. Sobre todo porque es bastante mejor que la propuesta original de la Comisión, y está muy cerca de las propuestas del PPE en la primera lectura, que entonces, señor Peter, iban más lejos que las del Grupo Socialista. Es importante que esta directiva entre en vigor cuanto antes, o sea, mañana mismo.

d'Aboville
Señor Presidente, se comprende fácilmente por qué el transporte de flete marítimo se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la directiva. En efecto, en este caso se trata de un mercado totalmente internacionalizado y la aplicación de tales medidas penalizaría gravemente la competitividad de los buques comunitarios y llevaría a los armadores a transferir sus barcos a pabellones de conveniencia incluso a pesar suyo. En compensación, la problemática de los transbordadores de carga rodada, es decir, los ferris, es totalmente diferente y con nuestra enmienda proponemos mantenerlos en el campo de aplicación por las razones que voy a explicar a continuación.
La primera de ellas concierne al principio de la competencia leal entre los armadores de la Comunidad, competencia que nuestro ponente ha reafirmado. Tomemos el ejemplo de las conexiones de la Mancha. El coste salarial anual de un buque de pasajeros es ya muy variable según se trate de un buque francés o británico. Un buque francés: 37 millones de francos; el mismo buque británico: 29 millones de francos. Sin embargo si se sustituye la mitad del personal británico por personal asiático, el coste salarial desciende a 19 millones de francos. Si se compara este coste con los 37 millones de francos, ¿dónde está la competencia leal?
No insistiré en la segunda razón que se desprende evidentemente de la primera pues se trata de la salvaguardia del empleo de los marinos comunitarios. Quisiera emplear el poco tiempo que me resta en hablarles de otro problema, de otra de las consecuencias de una medida como ésa para la seguridad. La hemos visto en casi todos los accidentes marítimos, de consecuencias a veces catastróficas. El factor humano es determinante, ya se trate de la causa inicial de un accidente o de la gestión de la situación de crisis provocada por el accidente. A bordo de un buque, por muy moderno que sea, la seguridad es ante todo un asunto de personas. Ésta es la razón por la que el Código Internacional para la Gestión de la Seguridad aboga por la constitución de tripulaciones coherentes, bien preparadas para hacer frente a situaciones de emergencia y cuyos miembros sean capaces de comunicarse fácilmente entre sí y con los pasajeros.
La experiencia demuestra que, en un buque de pasajeros, es ilusorio pensar que haya miembros del personal que no tengan ninguna función que realizar en una situación de emergencia. Toda la tripulación debe ser formada en la seguridad.
En fin, destacaría también que los frecuentes relevos de las tripulaciones, tal como se practican en los buques de rotación rápida con el fin de evitar la excesiva fatiga que se deriva del ritmo tan particular de este trabajo, sólo se conciben con un personal residente en las cercanías del puerto de embarque. Precisamente por ello, los colegas que no voten nuestra enmienda asumirían, con respecto a la seguridad a bordo de los buques de pasajeros, una enorme responsabilidad.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, tal como han dicho ya varios oradores, esta propuesta es una cuestión de «lo toma o lo deja». En 1993, nuestro Grupo apoyó un compromiso, y ahora la mayoría de mi Grupo volverá a apoyar la propuesta, y por esa misma razón no ha presentado enmiendas.
Ahora bien, quiero llamar la atención sobre un punto al que se han referido varios compañeros, y es la cuestión del personal navegante. En estos momentos, todo hay que decirlo, en este sector suele reinar el caos. En los puertos próximos a la zona en que vivo, sucede regularmente que la tripulación es puesta de patitas en la calle o incluso abandona los barcos porque las condiciones de trabajo son tan malas.
Quiero señalar que nos encontramos ante una mundialización de la economía mundial, que el comercio crecerá y que cada vez más cosas irán por barco. Por ello, a mi entender, esta cuestión tendrá que tratarse en la consulta sobre el comercio mundial. No podemos permitir que el en mar reine el caos, cuando por lo demás establecemos una buena reglamentación para los trabajadores.

Stenius-Kaukonen
Señor Presidente, el examen de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores ha sido exasperantemente largo. En muchos países, esta situación ha tenido consecuencias negativas, ya que los salarios de los trabajadores desplazados temporalmente a otro país son significativamente inferiores al nivel nacional de los salarios.
El desplazamiento de trabajadores ha posibilitado una creación de empleo tal vez aceptable para los trabajadores del país con nivel de salarios más bajo, pero en mi opinión, también para ellos tiene consecuencias negativas en cuanto a las condiciones salariales. No obstante, el procedimiento sólo transfiere el desempleo de un país a otro e incrementa la presión para recortar los salarios y la protección social en los Estados miembros con un nivel de salarios y una protección social superiores. Esto es un mal asunto para todos.
La posición común del Consejo no responde en todos los aspectos a los objetivos del movimiento sindical europeo. En particular, las excepciones desvirtúan la directiva y originan problemas de aplicación. El tercer apartado, donde se permiten excepciones en caso de que los trabajos que han de realizarse sean de poca entidad, resulta, por su redacción, impreciso y puede dar lugar a formas de aplicación muy distintas en los diferentes países miembros.
Dado que, de acuerdo con la primera excepción, se puede decidir a nivel nacional acerca de la práctica que ha de seguirse para los trabajos con una duración igual o inferior a un mes, cabe preguntarse si con esa excepción no se abarcan ya las situaciones en las que la entidad de los trabajos sea menor.
A pesar de esta crítica, es importante que se apruebe la directiva aunque tenga defectos. Gracias a ella se podrán establecer ciertas condiciones laborales aplicables a los trabajadores desplazados y también se impedirá en todo el territorio de la UE el dumping de mano de obra procedente de terceros países.
La obligatoriedad con carácter general de los convenios colectivos constituye la piedra angular del sistema de contratación finlandés. Finlandia basa la legislación relativa a las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros precisamente en esa obligatoriedad. Con esta directiva se van a lograr nuevas posibilidades. Felicito al Sr. Peter por el trabajo que ha realizado y espero que el Consejo apruebe cuanto antes la entrada en vigor de esta directiva.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nos encontramos entre nosotros. En primer lugar, quiero adherirme plenamente a lo que han dicho los Sres. Peter y Hughes. Como yo soy yo y además un Verde, tengo que plantear algunos problemas adicionales. En primer lugar, se encuentra el problema de las excepciones. Va a ser necesaria mucha jurisprudencia para que en este aspecto no haya fisuras.
En segundo lugar, está el urgente problema de la información a los trabajadores provenientes del extranjero sobre sus derechos. Los Estados miembros tendrán que hacer mucho en este aspecto. En tercer lugar, está el problema de la aplicación que afecta precisamente a Gran Bretaña. Hay que realizar una definición correcta de lo que es trabajo por cuenta ajena, pues hay muchos seudo autónomos, la mayoría de los provenientes de este sector, quienes, en forma de seudo autónomos que llevan su fábrica consigo en forma de un maletín de instrumentos, vendrán a Alemania y en este aspecto hay que hacer realmente aún mucho.
Sin embargo, es urgente que ocurra por fin algo y que la posición común entre en vigor lo antes posible. Digo a los colegas que mediante sus enmiendas lo ponen en peligro así como al Sr. d´Aboville, que en el debate sobre las directrices de la OMI, la Organización Marítima Internacional, si es que no lo sabe, o en el debate sobre las directrices europeas relativas a la seguridad o dotaciones para todos los barcos que recalan en puertos europeos, es mejor que colaboren con nosotros en lugar de querer aclararlo ahora en este lugar. No se puede aclarar ahora de prisa y corriendo sin poner en peligro realmente la solución de este problema central.
A la postre, no se trata de otra cosa que de la reconstrucción del status jurídico y civil del trabajo por cuenta ajena, que actualmente es atacado y socavado desde todas direcciones. La navegación marítima, con los segundos registros y los pabellones ha sido el campo de experimentación y quiero felicitar también al Sr. Flynn si logra estabilizar esto. Se haría acreedor al mérito histórico de haber dado el primer paso para la nueva definición de status del trabajo por cuenta ajena como una categoría civil activa, una categoría con derechos y la correspondiente protección, por la que tenemos que luchar conjuntamente.

Jensen, Lis
Señor Presidente, es comprensible que precisamente la Directiva sobre el desplazamiento haya dado lugar a tantos y largos debates. Ha sido debatida en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales. El tema ha estado en el orden del día hasta seis veces. Ha sido debatido por empresarios y por trabajadores, en la Comisión y en el Parlamento, y probablemente en amplios círculos en todos los Estados miembros.
En el contexto de la UE, Dinamarca es conocida por varios motivos, entre otros la existencia de límites claros entre lo que puede ser pactado por los interlocutores sociales y lo que corresponde a la legislación. Empresarios y trabajadores se muestran preocupados por el contenido de las directivas en general y de ésta en especial. Su preocupación se debe a que esta directiva socavará el derecho a la celebración de convenios colectivos en Dinamarca. Cada vez que se aplica una directiva de la UE, se reduce algo el derecho de libre negociación, ya que la aplicación no se realiza nunca al 100 % por la vía de las negociaciones. El resto se hace a través de la legislación. En Dinamarca, la gente que trabaja en el sector de la construcción, sobre todo, es muy escéptica respecto a la directiva. No obstante, parece que el Consejo ha tenido este sector en cuenta al adoptar su decisión, si bien ¿qué pasará con los otros sectores? No parece que la directiva haya tenido en cuenta los problemas que pueden surgir en ellos. El propio informe del Sr. Peter indica que ya no se prevén períodos de no aplicación obligatoria y a continuación se señalan ciertas excepciones. En el punto 1 se indica, por ejemplo, lo siguiente: »Cuando el desplazamiento de un trabajador no dure más de un mes, los Estados miembros podrán, previa consulta a los interlocutores sociales y de conformidad con usos y costumbres del país, renunciar a aplicar el salario mínimo.» Nos vemos ahora obligados a formular la siguiente pregunta: ¿No es ésta otra forma de decir que se mantiene un período de no aplicación de hasta un mes? Queremos también señalar que el papel asignado al Estado en este juego supone una limitación del derecho de libre negociación entre los interlocutores sociales en Dinamarca. Además dice el punto 3: »Lo dispuesto en materia de salario mínimo y de duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas es de aplicación facultativa en el caso de los trabajos de «escasa importancia».» ¿Quién define lo que se entiende por «escasa importancia», el país de trabajo o el país de residencia?
Cuando un sindicato como el FTF, el sindicato de los funcionarios de Dinamarca, dice que ve la libertad de huelga seriamente amenazada por la Directiva sobre desplazamiento, tenemos que darles la razón. La directiva supone una amenaza real. La vemos como un eslabón más en la cadena de armonización en el ámbito de los convenios colectivos y del mercado de trabajo, y en vista de ello nos vemos obligados a rechazar el informe.

Nußbaumer
La regulación jurídica, ante todo de las condiciones marco financieras para el desplazamiento de trabajadores que prestan servicios en otro país miembro, es una necesidad urgente para enfrentarse al dumping salarial dentro de la Comunidad. Al eludirse masivamente los salarios nacionales, en algunas regiones y, en especial, en el ramo de la construcción, la oferta de empleo es muy baja. Además, en la competencia de las diversas empresas entre si se producen fuertes distorsiones. La directiva del Consejo intenta reducir el dumping salarial así como la distorsión en el sector de la libre prestación de servicios a un nivel de neutralidad competitiva para todos los trabajadores que prestan servicios.
Por ello, en la directiva es importante la norma que permite al correspondiente Estado nacional realizar él mismo la regulación en el plazo de un mes. Hay que dejar al Estado nacional la decisión de introducir inmediatamente tal norma sin plazo de transición al inicio de una actividad de prestación de servicios o si espera como máximo un mes. Es importante para el Estado que tenga esta posibilidad de elegir pues en el caso de desplazamiento de trabajadores de países de salarios elevados a otros de salarios más bajos no es necesario establecer trabas burocráticas, ante todo en caso de trabajos de corta duración. Por el contrario, en caso de desplazamientos de trabajadores de países de salarios bajos a países de salarios más elevados, si se aplica inmediatamente la norma se protegen a los trabajadores locales y se evitan distorsiones competitivas a las empresas.
No obstante, debemos tener claro que esta directiva es solamente un paso en la lucha contra la distorsión de la competencia y por el fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, en consecuencia, para el aseguramiento de los puestos de trabajo. Igualmente importante es la mayor flexibilidad de los horarios de trabajo y la necesaria desgravación fiscal de los costes laborales, ante todo en los países de salarios elevados, lo que puede proporcionar a las empresas una mayor competitividad.

Crepaz
Señor Presidente, hemos tenido que esperar mucho tiempo hasta que el Consejo se ha decidido por fin a presentar una posición común sobre la llamada directiva del desplazamiento de trabajadores. El largo tiempo que ha necesitado el Consejo para adoptar una decisión es para mí solamente otro indicio de que en ese gremio de Gobiernos nacionales de la Unión Europea precisamente las normas relativas al campo social se aplazan sine die si es que no se bloquean o estrangulan totalmente.
El ponente, Sr. Peter, dice en su informe que el Parlamento ha logrado en lo esencial sus objetivos en el marco de los debates sobre el proyecto modificado de la Comisión y la posición común. Esto es importante, pues precisamente en las cuestiones sociales el Parlamento Europeo es el motor dentro de la Unión.
El excelente informe del colega Peter es el mejor ejemplo de ello. El informe no proporciona al Consejo ninguna excusa para seguir retrasando la entrada en vigor de la directiva. Espero que su entrada en vigor sea una señal social de la que tome nota la población de la Unión. Espero que contribuya a que la tan cacareada Unión Social recupere algo de credibilidad.
Quiero referirme en este lugar de un modo algo más detallado al problema que ha planteado la elaboración y establecimiento de una directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Los trabajadores de los países en los que existe un nivel salarial elevado y unos costosos estándares sociales ven peligrar su existencia debido a trabajadores provenientes de países en los que el nivel salarial y social es bajo. Esto ocurre ante todo en el ramo de la construcción que precisa de mucha mano de obra y que depende en gran medida de la coyuntura. Por ello, es necesario garantizar que se pague siempre el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar y, si es posible, desde el primer día de trabajo.
Los críticos de esta regulación aluden que de este modo se relativiza una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior, es decir, la libre circulación de personas. Puede que sea así, pero quiero decir con toda claridad que esta directiva es necesaria para corregir las repercusiones extremadamente negativas de la libre competencia. Mediante esta regulación se pretende lograr la protección de los trabajadores del país anfitrión y, al mismo tiempo, se garantiza que los trabajadores de países de bajos salarios no tengan que trabajar en el extranjero por cuatro perras. Además estoy seguro de que la aplicación de la directiva no va a eliminar la ventaja competitiva que tienen en el mercado libre de trabajo los trabajadores de los países con un nivel salarial bajo. La directiva no llega hasta tal extremo en su redacción actual, pues prevé excepciones al respecto.
Depende de los Estados nacionales impulsar la aplicación de esta directiva. Coincido con el ponente en que sus efectos prácticos dependen en lo esencial de la eficacia de los instrumentos de control a nivel nacional. Labor de la Comisión es velar por que los Estados la apliquen y espero que el informe que la Comisión va a presentar a este Parlamento dentro de algunos años constate que precisamente en los sectores sensibles del mercado laboral el dumping salarial ya no representa ningún problema.

Schiedermeier
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la aportación de servicios es urgentemente necesaria. Hoy se da una gran importancia al principio del shareholder value y se coloca sobre la dignidad humana con la aparente justificación de no querer limitar la libertad de circulación de las personas o bien se aducen otros motivos.
Quiero describir la situación de los trabajadores que vienen a nuestro país provenientes de Gran Bretaña y Portugal o de los países de la Europa oriental. Por entre 5 y 8 marcos a la hora viven en barracones, en contenedores-vivienda, como sardinas en lata. Como no se pueden permitir comer en restaurantes, viven de pan y embutidos para poder enviar algo a sus familias. Me pregunto dónde está aquí la dignidad humana.
Soy de la opinión de que debe realizarse por fin la equiparación de los trabajadores de dentro y fuera de la Unión. Por lo demás, nadie habla de que se trata también de una distorsión de la competencia. Algunos países de la UE han adoptado ya medidas para impedir tales situaciones. Otros sacan beneficios de ello porque no han aprobado hasta ahora tales normas. La Comisión debe impedir estas distorsiones de la competencia. Para eso está ahí. También pondría coto a la delincuencia económica y a los abusos sociales que van unidos a estas prácticas.
Esta directiva no permite un aplazamiento, por lo que coincido con el colega Peter en que no podemos permitir enmiendas positivas ni negativas. Vamos a rechazarlas todas pues no podemos seguir impidiendo la directiva y no debemos proporcionar la Consejo ninguna excusa para frenarla.
Me permito felicitar expresamente al colega Peter y al Comisario por haberla puesto en marcha. Señor Presidente, me voy a referir aún al interés de los medios de comunicación. Si hablásemos sobre la Sociedad Anónima Europea, estarían presentes allí arriba un gran número de televisiones, pero cuando se trata de estas cosas, lamentablemente, no están aquí.

Amadeo
Señor Presidente, la propuesta tiene por objeto coordinar las legislaciones de los Estados miembros con el fin de crear reglas imperativas que deben respetar las empresas que trasladan a sus trabajadores a otro Estado miembro de la Unión. Ciertamente, dicha armonización, que por definición supera las competencias territoriales de los Estados miembros, implica una atención especial por parte de la propia Unión.
Estas normas de protección deben obviar esa inseguridad jurídica que acompaña a los fenómenos de traslado y responder a las exigencias de los trabajadores; además, deben conducir a desarrollar condiciones de competencia leal. Resaltamos el hecho de que la directiva no pretende armonizar las reglas materiales de los Estados miembros, relativas al derecho laboral y a las condiciones en las que se realiza, sino que pretende coordinar los reglamentos precisamente para determinar una lista de prioridades.
Pensamos que la Unión debe establecer un instrumento comunitario que regule toda la cuestión. En definitiva, la directiva trata del estatuto de los trabajadores y de la tendencia a la subcontratación, que se basa en el principio de hacer efectuar los trabajos por empresas no nacionales. Nosotros confiamos en que la Comisión defienda de manera eficaz a las industrias del sur, de modo que puedan mantener su principio de competencia y ejercerlo garantizando los correspondientes derechos sociales a los trabajadores.
Por último, concedemos gran importancia al previsto deber de información y de cooperación entre los Estados, obligación que debe ampliarse también a los Estados miembros que en el Consejo no han aprobado esta posición común.

Correia
Señor Presidente, el objetivo de esta directiva, que dota a la Unión Europea de un fundamento jurídico con vistas a luchar contra el dumping salarial en todos los Estados miembros, es el de acabar con la discriminación y la explotación a que están sujetos millares de trabajadores, en particular portugueses, cuando se los traslada a otros países comunitarios, y -lo que es más importante- restablecer el respeto y la dignidad a que tienen derecho los trabajadores, al no permitir que la competencia internacional de las empresas se haga a costa de la desvalorización del trabajo.
He de afirmar aquí que la aprobación de la posición común da la razón a la lucha de las centrales sindicales, en el nivel europeo, y de las centrales sindicales de los principales países interesados. Pero no hay belleza sin mácula. Esta directiva, al ser más exigente para el sector de la construcción civil, discrimina en cierto modo a otros sectores de actividad. La existencia de exenciones de aplicación voluntaria por los Estados miembros podría crear desigualdad de trato entre los sectores de actividad, entre empresas y entre trabajadores.
Por último, según su formulación, los convenios colectivos o las decisiones arbitrales podrían no garantizar la igualdad de trato entre empresas nacionales y extranjeras que puedan prestar el mismo servicio. Por nuestra parte, aprobamos las medidas encaminadas a luchar contra el dumping social y la explotación de los trabajadores, pero no podríamos aceptar que, mediante esas medidas, se pusieran en práctica discriminaciones desfavorables a las empresas portuguesas que operan en el mercado común y mucho menos aceptar que no se aplicaran medidas idénticas a empresas de terceros países.
Lamentamos el largo tiempo transcurrido entre la presentación de la primera propuesta de directiva y la presente fecha, con el consiguiente retraso de más de seis años en la adopción de las indispensables medidas de lucha contra el dumping social en el Mercado Único comunitario. Subrayo este aspecto para hacer otro llamamiento a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a fin de que se conceda la importancia debida a la dimensión social de la construcción europea.
Esperemos que la Comisión acepte la petición hecha por el ponente de que presente un informe en el plazo de cinco años después de la entrada en vigor de esta directiva. Tal vez el análisis de ese informe nos dé la razón en nuestras preocupaciones.

Konrad
Señor Presidente, señoras y señores, la presente propuesta de directiva -rechazada por lo demás en el Consejo por Gran Bretaña y Portugal- cree que existe una necesidad de proteger a la industria de la construcción en los llamados países de salarios elevados y parte de la suposición de que el desplazamiento de trabajadores de los llamados países de salarios bajos supone un dumping salarial y social que trae como consecuencia unas condiciones de competencia desleal.
Pero la causa principal del dumping salarial y social que se puede observar en los llamados países de salarios elevados es el preocupante aumento de las relaciones de empleo ilegales. Lo que este proyecto de directiva pretende es que, mediante unos pagos superiores, no sea rentable económicamente el desplazamiento legal de trabajadores de países de salarios bajos a los países de salarios elevados. Una limitación de este tipo del desplazamiento legal no contribuiría, pues, en lo más mínimo a erradicar la causa principal del empleo ilegal.
La autorización de unos salarios mínimos estatales o tarifarios no solamente tiene el efecto de eliminar la ventaja de costes salariales que supone el desplazamiento de trabajadores de países de salarios reducidos a países de salarios elevados, sino que ante todo impide o al menos dificulta considerablemente que los trabajadores desplazados encuentren un empleo en los países anfitriones con un nivel salarial superior.
El artículo 48 del Tratado de la CE, en relación con el apartado 2 del artículo 7 A, protege la libertad de los trabajadores a trabajar en todos los Estados miembros en las condiciones que ellos mismos determinen. Este derecho a la libre circulación de las personas es uno de los pilares del mercado interior y corresponde también a los trabajadores desplazados que trabajan en otro país bajo las condiciones laborales de su país de origen. Pero el ejercicio de este derecho se imposibilitaría en gran medida o, al menos, se limitaría fuertemente en caso de hacerse realidad el proyecto de directiva presente. Impedir o dificultar el ejercicio supone un socavamiento inaceptable del derecho a la libre circulación de personas.
La supresión unilateral del factor competitivo de los costes salariales tiende a expulsar del mercado a los oferentes extranjeros de obras lo que atenta contra uno de los principios fundamentales del mercado interior europeo.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Peter por su excelente informe. Dar, asimismo, las gracias al Parlamento por su generosa respuesta ante lo que hemos pretendido hacer en lo que respecta a la aprobación final de la propuesta.
En esta Cámara hay un firme apoyo a la posición común aprobada el 3 de junio por el Consejo sobre la propuesta de directiva relativa al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Ciertamente, señor Konrad, creo que fue su idea la que nos inspiró a todos al intentar dar finalmente reposo a este tema. La dificultad estaba en proteger la libertad de circulación como derecho fundamental y pilar de la Unión Europea y además, como ha dicho el Sr. Peter, impedir el dumping salarial, el dumping social y todos tipos de dumping. Quiero, por supuesto, dar las gracias al Sr. Hughes y a sus colegas, quienes expusieron el valor añadido de esta propuesta, y creo también que procede dar las gracias al Presidente en ejercicio del momento, el Sr. Treu, quien trabajó arduamente para convencer al resto de sus colegas de que había que establecer el compromiso final. Aprobando esta posición común, desde luego, estarán ustedes abriendo la puerta a una rapidísima aprobación definitiva de la directiva. Deseo asimismo felicitarles por las mejoras que han introducido en la propuesta de directiva inicial a través del proceso legislativo. Un diputado dijo que se había debatido en seis reuniones del Consejo de Asuntos Sociales; creo que yo había contado casi ocho en los que se había hablado de ello.
Tal como señaló la Comisión en su reciente comunicación al Parlamento, ahora la posición común contiene una serie de características importantes que reflejan las enmiendas que propuso el Parlamento en febrero de 1993. En este campo tan complejo de las normas que regulan los conflictos entre leyes aplicables a los contratos de trabajo, hemos conseguido llegar a un texto que, a la vez que realista, mantiene un equilibrio esencial entre las libertades económicas y los derechos de los trabajadores. En vista de todo ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que hoy se nos presentan cuyo contenido probablemente pondría en peligro lo que nosotros pensamos que es un equilibrio difícilmente conseguido.
Se ha mencionado la cuestión de los servicios de transporte por medio de buques de transbordo rodado, sobre todo el Sr. d'Aboville. He de decir que dichos servicios no constituyen un desplazamiento a los efectos de la directiva que nos ocupa. No es un instrumento adecuado para tratar los problemas que pueda haber en este área, motivo por el cual no podemos aceptar la enmienda. Me gustaría decir al Sr. d'Aboville que los buques que cubren estos recorridos transportan mercancías y pasajeros de un Estado miembro a otro sin que se transfiera la base de operaciones de los buques a otro Estado miembro, y al finalizar el servicio los buques regresan a su base de operaciones. En casos así no se produce un desplazamiento de los trabajadores a los efectos de la directiva y, además, a estos buques generalmente les es aplicable la ley del pabellón. El desplazamiento de trabajadores desde un buque que porte el pabellón de un Estado miembro a otro que porte el de otro Estado miembro es muy poco frecuente, de modo que no podemos aceptar esa enmienda concreta.
El Sr. Wolf hizo una observación muy importante sobre lo difícil que podría resultar transponer la directiva al Derecho nacional y creo que la observación es acertada, pero es nuestra responsabilidad que el Derecho comunitario se aplique efectivamente y con eficacia. Querría decir al Sr. Wolf y a la Asamblea que vigilaremos con mucho cuidado la transposición de este acto legislativo, ya que en su aplicación se reflejará el carácter transnacional de las disposiciones. Puedo asegurarle que la Comisión va a observar minuciosamente cómo se aplican las disposiciones en los Estados miembros, así como las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de la directiva. Asimismo, la Comisión se mantendrá alerta al comprobar los pasos dados por los Estados miembros para difundir la información que se menciona en el artículo 4. Hemos hecho esto en varias ocasiones en el pasado, con bastante éxito. Por otro lado, la Comisión está dispuesta a ayudar a los Estados miembros a buscar los medios adecuados para facilitar la aplicación de la directiva.
Para terminar, querría dar las gracias a todos los que han alabado muy generosamente al Comisario y al Consejo por dar finalmente reposo a este importantísimo acto legislativo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Reducción del tiempo de trabajo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0207/96) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la reducción del tiempo de trabajo.

Rocard
Señor Presidente, Señorías, cinco minutos para tratar de las soluciones al problema del desempleo es muy poco tiempo. No voy a acometer aquí la tarea de denunciar nuestros procedimientos pues conozco las razones, pero reconozcamos sin embargo que éstas tienen en ocasiones algo de trágica caricatura. En fin, vayamos a ello.
El proyecto de resolución que se ha sometido hoy a debate para votarlo mañana tiene un único objetivo: solicitar a la Comisión que estudie y profundice, con todos los medios econométricos e informáticos modernos, la viabilidad y eficacia de una nueva política de cálculo social encaminada a estimular una fuerte reducción de la duración del trabajo con el fin de disminuir sustancialmente el desempleo. Este informe es el resultado de 18 meses de trabajo y debates en el seno de la comisión de Asuntos Sociales y Empleo.
¿De qué se trata pues? El desempleo masivo asola Europa y nada hace suponer que disminuya de forma sustancial en los años venideros; la revolución tecnológica continúa destruyendo empleo de forma masiva y su última versión, la revolución de la información, apenas comienza a producir efectos, que todo el mundo sabe serán desoladores. Hace ya mucho tiempo que los servicios dejaron de absorber la mano de obra liberada por la industria y la agricultura.
Nuestros gobiernos, incluido el que tuve el honor de presidir, lo han intentado todo en una inverosímil acumulación de medidas cada vez más costosas y que no han alterado en gran medida el carácter masivo y temible del fenómeno. Hay, sin embargo, una pista que no ha sido suficientemente explotada, y es la de la reducción masiva de la duración del trabajo. El informe lo afirma y la propone. ¿Es eficaz esta pista para la creación de empleo? Hay dudas. No hay certeza absoluta pero vale la pena que se estudie el desafío con más detenimiento, y eso es lo que proponemos solicitar de la Comisión.
Un proceso como éste es demasiado complejo para ser impuesto por ley de manera uniforme y repentina. Sólo puede resultar de negociaciones de empresas. El problema de los poderes públicos es saber estimularlo con firmeza sin que ellos mismos sustituyan a los interlocutores sociales. A partir de ahí, la reducción de la duración del trabajo sólo puede generalizarse si es solicitada, y sólo lo será si se preservan, en lo esencial, los salarios. ¿Es esto posible? En todo caso, no a cargo de las empresas, sometidas a una competitividad tan severa que un proceso como éste sólo es aceptable para ellas a unos costes unitarios de producción constantes y sin ningún aumento de las cargas. Como, por otra parte, todos los Estados se encuentran en situación de déficit presupuestario, no pueden aceptar un aumento de esos déficits.
La única reserva financiera surge del hecho de que en la Unión, nuestros Estados gastan aproximadamente un 4, 5 % del producto nacional bruto, o sea alrededor de 350.000 millones de ecus para toda la Unión. Pero, a petición del PPE, he aceptado no mencionar esta cifra enorme en el texto escrito de la resolución, pues hay algunas dudas sobre su valoración. En todo caso quédense con sus enormes dimensiones. Este gasto sirve para mantener a los desempleados, sin que ello ayude a crear un solo empleo. Si el desempleo disminuyera de forma masiva, este gasto disminuiría de igual modo. La economía así planteada puede ponerse a disposición de las empresas para compensar las pérdidas de salarios en proporciones que pueden ir de un 85 a un 95 % y que deben resultar de negociaciones.
La nueva idea a estudiar, consistiría en modular las tarifas de las cotizaciones sociales, y quizá en alguna parte - Inglaterra, Dinamarca -, de los impuestos que atenazan a las empresas para bajarlos fuertemente, en torno a la mitad, por debajo de 32 horas semanales y para multiplicarlas por más de dos por encima de las 32 horas. El cálculo debe hacerse de tal forma que una empresa que no cambiara ni sus efectivos ni la duración del trabajo pagase las mismas cargas - no estamos aquí para aumentar los déficits - pero una empresa que disminuyera de forma significativa la duración del trabajo consiguiera un ahorro muy importante en sus cargas que destinaría a la compensación de las pérdidas salariales, lo que le permitiría, o bien no llevar a cabo despidos, o sobre todo llevar a cabo contrataciones hasta compensar la reducción, y por tanto, permitir un ahorro al Estado y a las instituciones sociales.
Los cálculos muestran que se puede esperar la creación de varios millones de empleos rápidamente en la Unión. No hay en estudio y en ninguna parte, medidas de un efecto tan potente. Nuestra preocupación es que la gran mayoría de este Parlamento se una a lo que no es una ley europea sino una demanda de verificación de una idea. También hemos aceptado, a petición de los grupos PPE y liberal, modificar el título del texto que fue «Resolución sobre la reducción del tiempo de trabajo» y que se ha transformado en «Resolución sobre la reducción y la reordenación (Reduction and Adaptation) del tiempo de trabajo». Igualmente hemos aceptado muchas enmiendas; podrán verlo ustedes mañana en el texto ya que no he tenido tiempo para describirlas. También hemos aceptado, con el fin de evitar controversias, no citar la enorme masa de maniobras financieras, de gastos del desempleo que puede disminuir.
En compensación, Señorías, he pedido al grupo liberal, y creo haberlo conseguido, que retire su demanda simultánea a la Comisión de un estudio sobre la eficacia de los empleos subvencionados pues en este caso no se trata de empleos subvencionados, sino de una política de tarificación, lo que no tiene nada que ver. No debemos provocar confusiones.
Señorías, nuestro Parlamento se honraría enormemente sometiendo a la Comisión y a toda la opinión pública una idea innovadora, fuerte y quizá por fin eficaz en el combate contra el desempleo.

Fitzgerald
Señor Presidente, en primer lugar querría dar las gracias al Sr. Rocard y a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por lo que resulta ser un informe muy interesante y estimulante. Pese a que, después de la Cumbre de Essen, los gobiernos han ido instaurando políticas concertadas en materia de crecimiento, formación laboral, flexibilidad del mercado de trabajo y reforma de la seguridad social, no hemos prestado suficiente atención al tema de las horas de trabajo y cómo puede contribuir a solucionar nuestro problema de desempleo.
Es un tema que sigue al Libro Blanco presentado por el Presidente Delors. En Europa, 18 millones de personas están sin trabajo mientras que otras trabajan demasiadas horas, y a la Comisión y los Estados miembros les incumbe examinar de cerca y a fondo cómo puede contribuir la reducción de las horas de trabajo a resolver la crisis del desempleo. Al mismo tiempo, hemos de reconocer que no es la panacea para resolver el desempleo. No es sustituto del crecimiento económico. No es sustituto de la regeneración de zonas muy castigadas por el desempleo de larga duración y de la reintegración de los desempleados de larga duración en la corriente económica principal.
Sin embargo, puede hacer una contribución y nosotros debemos estudiarla. En Irlanda hemos examinado cuál es la posible contribución que puede derivarse de una reducción de las horas de trabajo. Nuestros estudios apuntan a un aumento de la tasa de empleo del 1 % -cifra que no es trivial pero que, desde luego, no constituye una solución global al problema. Una de las razones por las que el tiempo de trabajo no ha ocupado un lugar destacado dentro del menú de sugerencias es la complejidad de los problemas que plantea. Los que estamos en proceso de transponer la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo que se introdujo por razones de salud y seguridad conocemos las dificultades que han surgido por ambos lados: por el lado de los trabajadores que ganan mucho gracias a las horas extraordinarias y no quieren que se suprima esa fuente de ingresos y por el lado de los empresarios que pagan salarios muy bajos y suponen que sus costes aumentarán si no pueden subvencionar los salarios ofreciendo generosas horas extraordinarias a sus trabajadores. De modo que no es fácil reducir las horas de trabajo extra. Como he dicho, a los que estamos ocupándonos de ello a fin de respetar la fecha límite del 23 de noviembre establecida en la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo nos están lloviendo las críticas.
Hay ya varias cosas en marcha que abordan algunos de los problemas. En primer lugar, la transposición de la directiva sobre tiempo de trabajo, aunque se concibió primordialmente como medida de salud y seguridad, tendrá como resultado una reducción de las horas de trabajo y del exceso de horas extra. En segundo lugar, el inicio de las negociaciones de los interlocutores sociales en virtud del protocolo social sobre el trabajo a tiempo parcial está abriendo nuevas posibilidades en ese área.
Es importante admitir las dificultades y problemas que existen. A menos que hagamos un examen honesto, no estaremos haciendo progresos reales. En primer lugar, cuando hablamos de compartir las horas de trabajo, nos referimos fundamentalmente a compartir los ingresos que produce el trabajo, ya sea mediante una decisión voluntaria de las personas de recibir menores salarios, mediante la jubilación anticipada voluntaria, mediante opciones de trabajo compartido, mediante sistemas de trabajo más adaptados a la familia, más trabajo a tiempo parcial, o compartiendo esos ingresos mediante la redistribución de las cotizaciones a la seguridad social, que es un punto básico del informe del Sr. Rocard. Hemos de afrontar el hecho de que estamos hablando de una redistribución de los ingresos y afrontar lo que ello significa.
Al examinar la posibilidad de que los ahorros en seguridad social financien la reducción del tiempo de trabajo sin merma de salario para los que trabajan actualmente hemos de reconocer el problema del lastre. En mi propio país, aproximadamente el 3 % de la población trabajadora deja el empleo o coge un puesto de trabajo cada mes, de manera que ya se están produciendo movimientos masivos, con muchas personas que empiezan o dejan de trabajar y personas que están modificando ya sus horas de trabajo. Si hay que pagar por lo que ya está ocurriendo, hay unos costes adicionales aparte del coste marginal de pagar por los extras -el movimiento extra de horas de trabajo que podríamos liberar como resultado de poner en práctica algunas de estas propuestas.
Al realizar un examen honesto de lo que propone el informe, debemos examinar el tipo de argumentos que encontrarán oposición. Primero diciendo por qué Europa produce una directiva sobre tiempo de trabajo en un momento en que nuestros competidores están trabajando las 24 horas. ¿Dañará esto nuestra capacidad competitiva? Éste es un tema que hay que afrontar con honestidad. Debemos plantear si dará lugar a una menor flexibilidad del mercado de trabajo en un momento en el que nuestros competidores de fuera de Europa están dando muestras de una absoluta flexibilidad. Queremos que la flexibilidad esté casada con la protección social, pero no queremos perder capacidad competitiva. Éste es un tema que también tenemos que afrontar.
Tenemos que examinar asimismo cómo influye la propuesta en las pequeñas y medianas empresas. Quitar tres o cuatro horas a la semana de una empresa que emplea a dos, tres o cuatro personas no va a crear necesariamente un puesto de trabajo adicional. Puede llevar a una mayor productividad dentro de la empresa o a que la modificación de los costes sea absorbida en forma de una menor producción. En las empresas de mayor tamaño, es más fácil entender cómo la reducción del tiempo de trabajo -por ejemplo, cambiando un sistema de trabajo a cuatro turnos por uno de cinco- puede generar puestos de trabajo adicionales. Pero hay que analizar el lado práctico de lo que se propone.
La idea general del informe, que tenemos que considerar con imaginación el problema de las horas de trabajo, es bien recibida. En la lucha contra el desempleo, ninguna solución, sean cuáles sean sus problemas -y yo he esbozado algunas de las posibles dificultades- puede echarse a un lado. Hay que estudiar a fondo lo que esté en juego y ver qué contribución, grande o pequeña, puede hacerse con cambios en este área.
Por último, nuestro modelo de semana laboral se ha formado a partir de la tradición victoriana de que el hombre saliera a trabajar y la mujer se quedara en casa cuidando de los niños, lavando los calcetines del marido y poniendo la comida en la mesa. Hemos pasado a una era del trabajo muy distinta, en la que una mayoría de las mujeres de la Comunidad trabajan fuera de casa, en la que muchos hombres y mujeres tienen responsabilidades familiares, ya sean hijos pequeños, padres de edad avanzada o algún familiar discapacitado.
Hay que examinar modelos diferentes de horarios de trabajo que reflejen las necesidades humanas de la persona. Si desarrollando unas condiciones de trabajo más adaptadas a la familia y al ser humano podemos generar además tiempo extra de trabajo que podamos repartir entre nuestros desempleados, estaremos haciendo dos trabajos al mismo tiempo y no sólo uno. En Irlanda estamos desarrollando en este momento un conjunto de propuestas sobre trabajo compartido que espero presentar al Gobierno en las próximas semanas. No consideramos que vayan a resolver nuestro problema de desempleo, pero sí que van a hacer una contribución que ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de pasar por alto.
En conclusión, acojo favorablemente el informe Rocard. Da mucho que pensar. No creo que vaya a tratarse tan sólo de poner en práctica las propuestas y nada más. Hay mucho trabajo que hacer, muchos estudios que realizar y muchas críticas negativas que echar abajo. Pero si tenemos valentía e imaginación, el Consejo, la Comisión y el Parlamento podremos explorar conjuntamente cómo puede contribuir la reducción del tiempo de trabajo a resolver el mayor problema de Europa, problema al que ha dado prioridad la Presidencia irlandesa: el problema del desempleo.

Van Velzen, Wim
Señor Presidente, para mi Grupo el reparto justo del trabajo es un objetivo importante. Es inaceptable que precisamente en una sociedad donde tan a menudo se alaba el trabajo, por lo menos 18 millones de personas -aunque seguramente más de 30 millones- estén desempleadas en contra de su voluntad.
Naturalmente, como ya ha dicho el ministro, la solución del desempleo no se limita a la reducción del tiempo de trabajo. La creación de nuevos puestos de trabajo es sin duda igualmente importante. Pero la sociedad de la información en la que muchos se centran generará nuevos empleos como mucho a largo plazo, aunque a corto plazo eliminará muchos. Es harto conocido que el crecimiento económico no ayuda a todos los desempleados. Además, hay que añadir que el Estado y la asistencia social, ambos responsables de muchos puestos de trabajo, se reducen, pues están sometidos a los criterios de la UEM.
A corto plazo crecerá por tanto la importancia de la reducción de la jornada y del combate contra las horas extras. Actualmente se calcula que el número de horas extras en la toda Unión equivale a 3 o 4 millones de puestos de trabajo. Por ello la solución propuesta, entre otros, por el presidente del sindicato alemán del Metal, Sr. Klaus Zwickel, es lógica: a partir de ahora, remunerar las horas extras con tiempo libre.
A menudo se considera problemática la relación entre productividad y costes laborales más altos. Los estudios realizados en mi país -como saben ustedes, allí es bastante corriente la reducción del tiempo de trabajo y el trabajo a media jornada- han demostrado que la relación entre trabajar menos y la envergadura de la producción es mucho más positiva de lo que a menudo se sugiere. Estos han demostrado que las personas que trabajan menos tiempo, a menudo tienen una productividad y una calidad mayores, son más conscientes de su tiempo, establecen prioridades de forma más consciente, consideran las cosas con un aire nuevo, están más motivadas y finalmente tienen menos bajas por enfermedad. Una serie de efectos positivos que por supuesto influyen favorablemente en la productividad y los costes.
En la consulta sobre el convenio colectivo, en la que en mi país se decide reducir el tiempo de trabajo, los trabajadores pagan desde hace años la reducción de jornada con unas reivindicaciones salariales muy moderadas y más flexibilidad. Es una pena que algunos Grupos del Parlamento Europeo intenten equiparar la reducción de jornada a la flexibilidad y/o la reorganización del tiempo de trabajo. Con ello no hacen justicia al informe Rocard. Frente a los dogmáticos que sólo ven soluciones en la flexibilización o la redistribución, Rocard ofrece precisamente una mezcla de estrategias que podría estimular a ambas partes -empresarios y trabajadores- a reducir el tiempo de trabajo. Sobre todo quienes alaban los mecanismos de mercado, tendrían que ser partidarios de los mecanismos mixtos, en los que se diferencian las cuotas sociales, así como los incentivos económicos positivos para los trabajadores que contribuyen al empleo. Me parece que es bastante conforme con el mercado. Quienes quieren impedir que se estudie este modelo o mecanismo, dan la impresión de tener miedo de los resultados que pueda aportar. Ello quizás permita proteger los dogmas, pero como político uno se distancia de la responsabilidad de hacer todo lo posible para luchar contra el paro.

Mann, Thomas
Señor Presidente, la lucha contra el paro tiene absoluta preferencia para la Unión. Ante este gran desafío político y social, tenemos que buscar otras vías pero prestando atención a que las ideas sean realizables. En su informe por propia iniciativa, el Sr. Rocard se ocupa de la reducción del tiempo de trabajo. Con gran sorpresa constata que el tema apenas había sido tratado hasta ahora y sospecha que por miedo. Esto es falso. Muchos intentos para reducir el tiempo de trabajo y crear nuevos puestos han fracasado en la aplicación. El modelo de la VW de la semana de cuatro días no es de validez general, ni para el ramo del automóvil ni para otros sectores.
La distribución del trabajo es una estrategia defensiva. Para superar el desempleo necesitamos nuevos puestos de trabajo competitivos. Necesitamos unas condiciones marco políticas que hagan posible el crecimiento y creen un clima de inversiones e innovaciones. Solamente si la economía es competitiva existirá un margen para realizar modificaciones flexibles del tiempo de trabajo. Todo esto falta en el informe Rocard.
La propuesta de que las instancias estatales distribuyan los fondos ahorrados del subsidio de desempleo para compensar las pérdidas salariales, solamente se puede realizar en muy pocos países. Si esto trae como consecuencia un dirigismo por parte del Estado, es totalmente incompatible con nuestra comprensión del papel que deben desempeñar los interlocutores sociales. Estamos a favor de regulaciones del tiempo de trabajo en convenios colectivos, adecuadas a las necesidades y procesos laborales en las empresas y que sean aprobadas por los interlocutores sociales.
No se han podido eliminar nuestras dudas en la exactitud de la pequeña suma de 350.000 millones de ecus expuesta por el Sr. Rocard. Este dinero no es una reserva financiera de la que se pueda disponer libremente. Tarea de los Estados miembros debe ser ahorrar el dinero no necesitado para reducir el endeudamiento del Estado y encontrar la estabilidad. La idea de que la productividad del servicio público no puede aumentar es provocadora y errónea. Los miembros del PPE en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo hemos logrado proporcionar un nuevo semblante al informe Rocard. Además, el ponente ha recogido casi todas las enmiendas que hemos presentado como grupo político bajo el título «Adaptación del tiempo de trabajo». De este modo, se ha despedido de la idea básica de un estudio de la Comisión exclusivamente sobre la reducción del tiempo de trabajo.
La forma originaria preveía una recomendación en la que ya estaban definidas las condiciones para la reducción de los tiempos de trabajo. Hablando claro: habría que realizar el análisis aunque los resultados estaban ya determinados de antemano para el ponente. Así se convierten costosos estudios en farsas baratas.
La posición del Partido Popular Europeo está clara: estamos a favor de una adaptación inteligente y flexible del tiempo de trabajo. Estamos a favor de más puestos de trabajo a tiempo parcial sobre la base de la voluntariedad, adaptadas a las necesidades de las empresas y a la evolución de empleo. Estamos también a favor de transiciones variables a la jubilación y de modelos de tiempo parcial. Todo esto debe reflejarse en el estudio de la Comisión.

Crowley
Señor Presidente, antes de empezar quisiera dar la bienvenida a la Asamblea a la Presidenta en ejercicio del Consejo, ministra Fitzgerald. Es una señora con la que he trabajado mucho en el pasado en torno al Foro Económico y Social Nacional, cuya opinión me merece gran respeto y cuyos consejos aceptaría en muchas ocasiones. También, en este comienzo, deseo felicitar al Sr. Rocard por su tenacidad y constancia para sacar adelante el informe, pese a la a veces violenta oposición de algunos grupos, siendo yo mismo uno de los más violentos oponentes.
Fue Tomás Moore quién designó a la tierra de la esperanza con el nombre de Utopía. Esto es de lo que hoy estamos tratando. Estamos tratando de un ideal que a todos nos encantaría ver realizado: una semana de trabajo más corta, más dinero, menos impuestos, más tiempo de ocio... Pero la realidad es otra cosa diferente. La realidad es que, a menos que seamos competitivos, a menos que dejemos que nuestros negocios y empresas prosperen, crezcan y compitan en el mercado mundial, a la larga estaremos abocados al fracaso; no sólo en lo que se refiere a proteger los actuales puestos de trabajo, sino también en cuanto a garantizar que se intente encontrar nuevas formas de trabajo para los desempleados de larga duración.
Incluso en el debate que hoy se ha desarrollado aquí ha habido divergencias de opiniones sobre cuántos desempleados tenemos realmente en Europa. El Sr. Rocard ha dicho que más de 20 millones. El Sr. W.G. van Velzen -quizá los intérpretes lo entendieron mal, en cuyo caso me disculpo- ha dicho que 30 millones. La ministra y Presidenta en ejercicio del Consejo ha dicho que 18 millones. Hay grandes divergencias de opinión tan sólo en este punto. Si estamos hablando de introducir nuevas formas de trabajo y de tiempo de trabajo, seguramente sabremos qué intentamos conseguir y de qué base partimos.
En el informe que se ha presentado no se hace ninguna evaluación de las repercusiones, ni siquiera con respecto a lo que la Comisión define como el motor de generación económica y de empleo de la Unión: las PYME. Además, en él se asume erróneamente que, según los estudios internacionales, una reducción del tiempo de trabajo ayudará a incrementar el empleo. Sin embargo, si miramos el último informe de la OCDE, en él se dice que una reducción del tiempo de trabajo no incrementará el empleo. Además de eso, estamos dejando a la gente demasiado pronto para chatarra. Hay una nueva tendencia que obliga a jubilarse pronto, con lo cual perderemos una cantera de conocimientos y experiencia.
(El Presidente interrumpe al orador)

Boogerd-Quaak
El Sr. Rocard ha logrado hacernos trabajar mucho, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en nuestros propios Grupos, y puedo asegurarle, a él y a mis compañeros, que los debates en mi Grupo aún no se han extinguido. Pero también puedo asegurarle que, en lo que a mí respecta, abogaré por dar una oportunidad al informe. No porque crea que es esta la solución de todos los males, en absoluto.
Por otra parte, considero que de hecho tenemos la tarea política de luchar contra el desempleo en Europa con todos los medios que están a nuestro alcance. Hay una idea interesante en el informe Rocard. Esta idea es la que dice: ofrecer incentivos a través de los impuestos y las cuotas sociales, concretamente por el número de horas que se quiere fomentar; y yo quiero dar una oportunidad a esta idea. No sé si realmente es una solución. El Sr. Rocard me ha conocido como oponente en la Comisión de Asuntos Sociales. Muchas veces he dicho que, para mí, la reducción del tiempo de trabajo tiene algunos aspectos negativos. En mi país, el mismo país que el del Sr. Van Velzen, también hay ejemplos relacionados con la reducción del tiempo de trabajo en los que los trabajadores cedieron parte de su tiempo y parte de su sueldo, sin que ello redundara en la creación de un puesto de trabajo. Yo mismo fui víctima de ello en el pasado. Así pues, sé de qué hablo. Es también una solución que es válida más bien para las empresas grandes, pues allí es más fácil de ejecutar, y quizás contribuya menos en las empresas más pequeñas.
También he sido yo quien, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha abogado por otra organización del trabajo a la luz de la reducción de la jornada. Para mí, no se trata tan sólo de la reducción de la jornada semanal, sino quizás también de la reducción del tiempo de trabajo durante toda la vida activa, durante un año, y de ser mucho más flexibles a la hora de utilizar el trabajo en relación con los medios de producción, los edificios, el modo en que repartimos las diversas pautas de trabajo a lo largo de la semana. El Sr. Rocard ha sido tan noble, y me parece realmente noble, Señorías, como para tomarse en serio los argumentos que hemos formulado en la Comisión de Asuntos Sociales, y aceptar gran parte de nuestras enmiendas al respecto. Sin duda habrá quienes digan: es que quiere sacar adelante su informe; no, no lo creo. Creo que el Sr. Rocard es de esas personas que están dispuestas a escuchar a sus compañeros y aceptar las ideas interesantes. Y ruego a la Comisión que haga lo mismo.
Doy las gracias al Presidente del Consejo, que ha reflexionado mucho sobre este problema y que también ha mencionado varios puntos, como la pequeña y mediana empresa, que exigen un estudio más profundo. Por tanto, defenderé este informe en mi Grupo. No es seguro que lo consiga del todo, pero pienso que gran parte de mi Grupo votará a favor del informe para darle una oportunidad.

Stenius-Kaukonen
Señor Presidente, en el sector industrial de Finlandia se han puesto en práctica experiencias de acuerdo con el modelo 6 + 6, con buenos resultados. El tiempo de utilización de la maquinaria ha aumentado y los trabajadores conservan mejor su vitalidad, además de lo cual ha facilitado la compaginación de la vida laboral y familiar y del tiempo libre. Todo esto se refleja también en una reducción de las bajas por enfermedad y del absentismo laboral.
Para lograr un incremento de la productividad laboral se ha contado con la posibilidad, en estas experiencias, de pagar a los trabajadores, y así se va a seguir haciendo, el mismo salario sin tener en cuenta la reducción del tiempo de trabajo. Esto es perfectamente posible gracias al incremento de la productividad. La mayoría de nuestro grupo, formada por diputados procedentes de Estados miembros del sur de Europa, considera, como es lógico, que en ningún caso pueden aceptarse reducciones de los salarios.
En el sector público es difícil alcanzar todos estos buenos resultados que acabo de mencionar en relación con el sector privado. Las negociaciones en muchos lugares de trabajo de Finlandia han sido difíciles y no en todos se ha logrado un acuerdo debido a que los trabajadores se han opuesto a ello.
Por esta razón, considero indispensable que se asignen recursos económicos para las experiencias relativas a la reducción del tiempo de trabajo y al reparto del empleo en el sector público, en particular, a fin de que se compensen las posibles pérdidas salariales. A ser posible, en un 100 %. Al reducirse el desempleo, se pueden conseguir importantes ahorros en el gasto público. Igualmente, podría fomentarse el empleo, no sólo con ayudas, sino también mediante una reorientación de los criterios de recaudación de las cotizaciones sociales. El modelo que se propone en el informe sobre un escalonamiento de las cotizaciones sociales en función de la duración de la jornada laboral es una buena idea.
En este momento se necesitan ejemplos prácticos y que se les dé publicidad. La contribución más importante del informe reside en que obliga a la Comisión a recopilar los resultados de las experiencias llevadas a cabo en distintos países y a animar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a negociar sobre la puesta en práctica de nuevas experiencias, lo cual constituye una iniciativa de gran importancia, por lo que felicito al Sr. Rocard por el buen trabajo que ha realizado.

Schörling
Señor Presidente, los Verdes damos la bienvenida a esta iniciativa y al informe, los cuales consideran la reducción del tiempo de trabajo como un instrumento central para la disminución del desempleo. Quizá esto represente un paso adelante hacia unos nuevos puntos de vista en lo referente a la utilización de nuestros medios comunes, que son los del Estado. Quizá éstos puedan aplicarse a modo de compensación por la pérdida de ingresos salariales.
Habríamos deseado un informe que no se hubiera debilitado tanto a causa de las fuerzas más conservadoras del Parlamento Europeo, y que nos hubieran llegado unos documentos más directos sobre las situaciones y las propuestas sobre las que se ha basado el Sr. Rocard. No hay que ocultar que un alto índice de desempleo conlleva unas mayores diferencias sociales, y que esto lleva además a mayores conflictos, abonando el terreno para la violencia, el racismo y la decadencia de la democracia. Por consiguiente, habría sido humillante que no hubiésemos llegado a ninguna conclusión. Lo que tenemos ante nosotros es, por decirlo de algún modo, lo mejor que se ha podido conseguir en esta situación.
El punto de partida de los Verdes siempre ha sido que la reducción de la jornada laboral es beneficiosa por varias razones. Ciertamente, es aconsejable para que todos tengamos acceso al trabajo y se reduzca el paro, pero también porque nos llevará a una mayor equidad, una mayor igualdad y una mayor calidad de vida. También nos da la posibilidad de construir unas redes de seguridad social que funcionen, lo cual creará a su vez una situación de seguridad cívica y de libertad.
Más adelante serán necesarias naturalmente unas nuevas acciones para crear más empleo y una sociedad basada en el desarrollo sostenido. Pienso, por ejemplo, en un sistema fiscal verde y en unas inversiones en nuevos sistemas de transporte y de producción de energía. Estas acciones no han sido descritas suficientemente y verdaderamente podrían crear cientos de miles de empleos.
Se ha presentado una enmienda para que se incluya en el título la palabra «adaptación» del tiempo de trabajo. Es una palabra de la que pueden hacerse unas interpretaciones muy diversas, y que quizá pueda entenderse erróneamente. Por eso pienso que «adaptación» o «flexibilidad» no debe significar en la práctica que se neutralice la normativa en el ámbito del derecho social y laboral. Por el contrario, los interlocutores sociales, es decir, trabajadores, empresarios y Estado, deben negociar haciendo un esfuerzo común para que pueda llevarse a cabo una reducción apreciable del tiempo de trabajo.

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, el Consejo y la Comisión han aplazado durante mucho tiempo la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo. Supuestamente había otras prioridades que no permitían celebrar un debate al respecto. Estaba la norma del 3 % de Maastricht, y por consiguiente se aparcaban automáticamente las cuestiones sociales. Había quejas permanentes de los empresarios sobre las cargas sociales demasiado altas y la caída de nuestra competitividad. Mientras tanto surgía el fenómeno de la deslocalización hacia países de la Europa Central y del Sureste asiático. Asimismo -admitámoslo- había empates ideológicos entre lo que se denomina progresista y conservador. Por ello, este debate llega a tiempo, para dar una nueva oportunidad a la imaginación y la creatividad.
Hace tres años, nuestro partido organizó en Flandes un congreso sobre la reducción del tiempo de trabajo. Por aquel entonces, ello fue tachado de poco realista y a todas luces imposible. Hoy, este debate se celebra en el lugar adecuado, es decir, el Parlamento Europeo. Hemos de ser claros: la reducción del tiempo de trabajo no es la solución milagrosa para luchar contra el desempleo. Es preciso seguir varios caminos. La reducción del tiempo de trabajo es uno de ellos, pero se trata sobre todo una nueva dimensión moral que hemos de intentar crear. Por consiguiente, la reducción del tiempo de trabajo no puede ser una medida generalizada. Tendría que salir del resultado de las negociaciones por sector, eventualmente por empresa, para que se pudiera responder suficientemente a las circunstancias locales y la competitividad del sector o de la empresa en cuestión.
Hay varias enmiendas a este informe que hablan de la reducción del tiempo de trabajo sin merma del salario. Me parece simpático, pero -seamos sinceros- semejante enfoque no parece nada realista. Por ello, mi Grupo no apoyará estas enmiendas. Creemos que el ponente está en lo justo al seguir otro camino y al proponer un importe global de 350 millardos de ecus, que ahora se gastan en subsidios de desempleo, y que podrían utilizarse parcialmente para compensar la reducción del salario.
Asimismo, el Grupo de los cristianodemócratas ha presentado una serie de enmiendas para cambiar en el informe el concepto de reducción del tiempo de trabajo, por el eufemismo: adaptación del tiempo de trabajo. A mi entender, es una violación de anteriores acuerdos. He de señalar que en el informe de una comisión provisional de empleo, el informe del Sr. Coates, acordamos no explayarnos demasiado sobre la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo porque enseguida vendría el informe Rocard. Ahora ya está aquí. Es un informe que, entre otras cosas, propone muchos estudios, que pide muchos estudios. Estos son necesarios y hemos de empezar ya con ellos. A fin de cuentas, creo que nos encontramos en un momento decisivo de la historia. Básicamente se trata de un debate sobre lo que pensamos, como Grupo político, en materia de calidad de vida, en materia de nueva adaptación social. Este es el gran sentido de este debate.

Jensen, Lis
Señor Presidente, el informe del Sr. Rocard dice, entre otras cosas, que el desempleo es el problema principal de la Unión. Creo que todos estamos de acuerdo en ello, pero la cuestión es quién debe solucionarlo, la Unión Europea, los Estados miembros o ambas partes en común. Las base de este informe es que lo deben hacer ambas partes. Quiero dejar claro que, en mi opinión, ha de hacer siempre un intercambio de ideas a escala transfronteriza cuando está en juego el empleo. Pero no deseamos una cooperación que implique obligaciones. Rechazo la idea de elaborar propuestas comunes para la eliminación del desempleo. Me parece que el informe del Sr. Rocard incluye algunas buenas propuestas de solución, como la reducción general del tiempo de trabajo, pero cada Estado miembro debe decidir cómo quiere hacerlo, por vía legislativa o mediante acuerdos entre los interlocutores sociales.
En plan más general, quiero señalar que me parece increíble que en las instituciones de la Unión se hable tarde y mal de la lucha contra el desempleo y, al mismo tiempo, se trabaje con ahínco en la aplicación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Se recomienda a los Estados miembros que sigan una política de convergencia que, como es sabido, aumentará el número de desempleados. Varios expertos, incluso partidarios fervientes de la UEM, han manifestado que ésta aumentará el desempleo. Si se mantiene el horizonte temporal del Tratado de Maastricht, el Consejo Profesional del Movimiento Obrero en Dinamarca prevé un aumento del desempleo en la Unión Europea de casi un millón de personas.
Echo de menos una delimitación clara entre las competencias de los Estados miembros y las de la Unión en esta materia. Esta omisión supone un punto débil del informe. En esta Asamblea se habla a menudo de la importancia de conservar las diferencias culturales. Quiero decirles que una de las características de la cultura danesa es que los convenios colectivos son asunto de los interlocutores sociales, y deseamos que siga siendo así. Debemos conservar las diferencias culturales de los quince Estados miembros. Esto no debe impedir a cada uno solucionar el problema del desempleo.

Lang, Carl
Señor Presidente, Señorías, siento que el Sr. Rocard, que fue durante tres años Primer Ministro de Francia, no aprovechara ese tiempo para erradicar la lacra del desempleo con ayuda de los remedios milagrosos que nos propone hoy. Sin embargo, el número de desempleados ha pasado de uno a tres millones en Francia durante los dos septenios de François Mitterrand. Pero el Sr. Rocard no ha evolucionado ideológicamente y no ha renunciado a su visión maltusiana y pesimista de la economía.
No, la cantidad de trabajo disponible en la Unión Europea, y sobre todo en Francia, no quedará definitivamente limitada a su nivel actual. Sólo se crearán nuevos empleos si se protege a nuestros mercados contra la competitividad salvaje, si se reforma una fiscalidad aberrante que penaliza el trabajo, el esfuerzo y la empresa, si se abandonan las quimeras de Maastricht y sus divisas sobreevaluadas, si se reduce el exceso de gastos de los Estados, si se invierte la corriente de la inmigración y se relanza el consumo.
No, los encadenamientos económicos no son puramente aritméticos, sino dinámicos, evolutivos y vivos, y no se someterán por tanto a los esquemas intelectuales totalmente obtusos descritos en su exposición de motivos. ¿Qué ocurre cuando se aplican sus teorías a las PYME, pequeñas y medianas empresas con diez empleados o menos? Para que sea útil aumentar la duración de la utilización de los equipos, y por tanto producir más, será necesario también que haya demanda. Dice usted que la duración media del trabajo es una variable vinculada al nivel de empleo. Entonces, ¿cómo es que el desempleo está disminuyendo en Estados Unidos o es tan bajo en Japón, cuando los trabajadores de estos países trabajan estadísticamente más que los europeos? La reducción semanal, mensual o anual del trabajo no provocará, por tanto, de forma automática, una disminución del desempleo.
En fin, y quizás lo más importante, es que usted no piensa en los hombres. La calidad y la cantidad del trabajo de los hombres no se reducen a su visión contable de los horarios. Los directivos, para los que no existe concepto de horas extraordinarias, seguirán trabajando lo mismo aun cuando se supone que debieran trabajar 32 horas. Los obreros se verán privados de ingresos complementarios si se les prohíben las horas extraordinarias, y no será precisamente la conservación de su salario base inicial lo que les permitirá llegar a fin de mes. No, señor Rocard, los hombres no son intercambiables ni idénticos, y no van a dejarse modelar en función de las necesidades de la informática.
De hecho se niega usted a hacer un diagnóstico lúcido sobre las causas del desempleo. Ha intentado usted todos los remedios de curandero, las cataplasmas aplicadas a piernas de madera, el librecambismo mundial, la inmigración, la fiscalidad aberrante, y hay más de veinticinco millones de desempleados reales en Europa. Su informe es sólo un golpe de efecto político que no tiene más importancia que la que le concede una clase política sin rumbo y una clase sindical cómplice, incapaces ambas de responder a los desafíos de la crisis económica, social, política, demográfica y moral que sacude a Europa.

Weiler
Estimadas y estimados colegas, no me voy a referir a lo que han dicho los oradores anteriores, pero el escepticismo proveniente de las filas del PPE me ha sorprendido mucho. Según el Libro Blanco de Jacques Delors, mediante la reducción del tiempo de trabajo se ha creado un 8 % adicional de puestos de trabajo en los países del Norte de la UE y en los Países Bajos, incluso la mitad del 30 % de aumento de empleo que han experimentado. En Alemania, una tercera parte de los nuevos puestos de trabajo surgidos entre 1983 y 1992 se deben también a la reducción del tiempo de trabajo.
No obstante, tenemos que ver con realismo una cosa: sólo mediante el crecimiento apenas se van a lograr nuevos efectos de empleo. El Instituto de Pronósticos de Basilea ha previsto, por ejemplo para Alemania, que en el año 2010 no vamos a tener más empleo que en 1992. Esto se debe ante todo a los avances de la productividad. Es cierto que experimentaremos crecimientos en el sector de los servicios así como en el de la información, pero también una reducción en el sector de la producción y en la agricultura.
Como políticos, no podemos adoptar una actitud defensiva. La actividad laboral no supone solamente el aseguramiento económico sino que es la posibilidad más importante de autodesarrollo personal. Por ello, los conceptos que ha elaborado Michel Rocard -pues se trata de un abanico de conceptos y no solamente de la reducción del tiempo de trabajo- me parecen excelentes. Con este informe se van a impulsar también los debates en los Parlamentos nacionales y a nivel europeo. Los patronos han estado durante muchos años en contra de la reducción de los tiempos de trabajo y solamente a favor de la flexibilidad, la permanente disponibilidad las 24 horas del día o el trabajo temporal. Entretanto, esto ha cambiado.
La Volkswagen en Alemania es solamente un ejemplo. Estimado colega de la CDU, se equivoca si cree que no hay otros ejemplos. Incluso las PYME están examinando entretanto otros proyectos innovadores de tiempo de trabajo. Las propuestas de Michel Rocard son un importante elemento para una política de empleo europea.

Pronk
Señor Presidente, es sabido que mi Grupo tiene algunos problemas con el actual informe Rocard, y de ahí que esté muy sorprendido con lo que acaba de decir el Sr. Vandemeulebroucke, de que no nos atenemos a lo convenido. Y eso que nos hemos abstenido en la Comisión de Asuntos Sociales, y por tanto es lógico que no se esté de acuerdo. Pienso que incluso el Sr. Vandemeulebroucke tendría que saberlo.
El Grupo del PPE exige un estudio serio que ha de realizar la Comisión. Sobre la base de este estudio hemos de sacar conclusiones. Por ello hemos presentado catorce enmiendas. Si estas enmiendas se incluyen en el informe, nuestro Grupo lo considerará bastante más aceptable que antes. Se lo puedo asegurar.
La redistribución del trabajo no es el único medio para solucionar el paro. Puede ser uno de los medios, y aquí estoy de acuerdo con la Presidencia del Consejo, que ayude a las personas a encontrar trabajo. Pero el Sr. Rocard no ha de olvidar que no todos los nuevos puestos de trabajo que se crean son ocupados por desempleados registrados. Del Libro Blanco se desprende que tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo creados son ocupados por otros, como mujeres que se reincorporan a la vida laboral, jóvenes y personas que cambian de empleo. Por consiguiente, la tesis del Sr. Rocard de que el Estado se ahorra 350 millardos de ecus por tener que conceder menos subsidios de desempleo no es del todo correcta. En algunas situaciones puede incluso provocar más gastos.
Como holandés quiero decir algo positivo sobre la redistribución del trabajo. A principios de la década de los ochenta, en los Países Bajos, los empresarios y trabajadores, junto con el Estado, decidieron experimentar con la redistribución del trabajo que en muchos casos ha funcionado bien. Esta decisión sólo puede entenderse en el marco de la pésima situación económica de aquel momento.
Desde el gobierno Lubbers, en la década de los ochenta, el desempleo se ha reducido a la mitad. Por consiguiente, la reducción del tiempo de trabajo puede contribuir a una solución, siempre y cuando no suponga un aumento de los costes totales de la empresa. Toda reducción de jornada que incremente los costes producirá una disminución del empleo. Es algo que a veces se niega. Sin embargo, si los costes no suben, no se merma la competitividad y ésta incluso puede mejorar marginalmente. Por ello vale la pena estudiar la redistribución del trabajo, pero sin tomar de momento decisiones definitivas.

Hermange
Señor Presidente, el informe que se nos ha presentado hoy sobre la reducción del tiempo de trabajo es una prueba palpable de la capacidad de este Parlamento para contribuir de forma esencial a resolver los problemas de nuestro tiempo. Quisiera por tanto felicitar al ponente por su importante trabajo, tenacidad y entusiasmo para defender, en cualquier ocasión, sus propuestas.
La constatación que formula es buena y las pistas que propone son igualmente interesantes. Sin embargo, desearía aportar algunas mejoras a las soluciones que presenta.
En primer lugar, Europa en sus diversidades tiene tanta necesidad de una reducción como de una reorganización flexible del tiempo de trabajo con el fin de adaptar este último a las necesidades del sector y a la situación de la empresa, principalmente teniendo en cuenta las necesidades de las PYME. En este sentido, las enmiendas presentadas por nuestro grupo y las del PPE darían a las soluciones propuestas un giro mucho más realista y aceptable para el conjunto de países y tendencias políticas de esta Asamblea.
Hay un segundo punto que me parece fundamental. Este informe, que proporciona una base constructiva de reflexión en el plano europeo sobre las posibilidades y consecuencias de una reorganización, incluso de una reducción del tiempo de trabajo, no sería capaz sin embargo, de prever los resultados, positivos o no, de los estudios y concertaciones que demanda. En este sentido, las enmiendas del PPE que subordinan la acción europea en la materia al resultado de los estudios encargados, me parecen especialmente oportunas.
En el mismo espíritu, es poco realista proponer a priori una reducción del tiempo de trabajo sin una reducción de salarios, mediante una compensación automática por el Estado. Precisamente para clarificar este punto nosotros sugerimos vincular la compensación a la disminución efectiva del número de desempleados y, por consiguiente, del coste a cargo de la sociedad.

Cars
Señor Presidente, el informe Rocard se caracteriza por dos ideas básicas: La primera es que la cantidad de trabajo es una constante que sólo se ve afectada por la productividad. Cuando no hay suficientes empleos para todos, hay que racionarlos y repartirlos. Además hay que penalizar fiscalmente a los que deseen trabajar más. La otra idea es que el trabajo es algo triste, algo que los trabajadores no desean hacer.
Estas ideas básicas nos llevan a unas conclusiones que van totalmente en contra de los retos que nos plantea el futuro. La distribución de la población por edades será en unas décadas de un carácter que amenaza con producir serios conflictos generacionales. Será difícil para la decreciente población activa mantener a la población jubilada en aumento. Por eso hay que acabar con el desempleo, al tiempo que se mejora la productividad y se retrasa la edad de jubilación.
El Sr. Rocard defiende el racionamiento del trabajo cuando lo que se necesita es que aumente la cantidad de trabajo. De otro modo, dentro de unos años nos encontraremos con un trauma social de enormes dimensiones. Dentro de diez años, señor Presidente, el debate que celebramos hoy será descrito como ajeno totalmente a la realidad.

Bertinotti
Señor Presidente, nosotros pensamos que el informe Rocard suscita una crítica contraria a la que han impulsado las fuerzas conservadoras. En él se observa una contradicción entre el análisis y las indicaciones programáticas, entre las indicaciones y las opciones políticas.
Indudablemente, es importante no confiar más en las políticas cuantitativas, en el crecimiento, en el aumento del producto interior bruto, que, como se ha visto, no han reducido en absoluto el desempleo, y es justo, como propone el informe, determinar la importancia de la cuestión del reparto y de la reducción de los horarios, pero, en realidad, esta apreciable elaboración analítica queda aprisionada en algunas ilusiones de los años 90 que no han permitido lograr la reducción de los horarios de trabajo.
Una de esas ilusiones consiste en vincular la reducción del horario de trabajo a las políticas de la flexibilidad, llevada a cabo por las empresas a menudo unilateralmente y con una articulación que diluye la reducción del horario hasta hacerla indistinta. Aún es más impracticable la hipótesis de subordinar la reducción del horario de trabajo a una reducción de los salarios. Si es así, la reducción del horario no se hará.
En Europa y en muchos países se ha iniciado una verdadera cuestión salarial en condiciones tales que a menudo inducen a los trabajadores, mediante las horas extraordinarias, a aumentar, en vez de reducir, el horario de trabajo. Y, por otra parte, cuando se vincula el horario a la flexibilidad y se producen sólo políticas articuladas, sucede lo que ha ocurrido en muchos países: un aumento del horario medio diario real, en vez de una reducción, y, como si eso no fuera suficiente, con el aumento de la edad de jubilación se ha prolongado el período laboral, de modo que en muchos países de Europa asistimos hoy al aumento de la producción y de la productividad, al aumento del desempleo y al aumento de las horas medias trabajadas.
Hay que cambiar, sobre todo hoy que se aproxima una recesión que nos inducirá a sacar las consecuencias más racionales y extremas del análisis del Sr. Rocard. Hay que presentar la propuesta de una consistente reducción de los horarios concentrada en el tiempo, porque sólo la consistencia de la reducción y la concentración del tiempo determinan una política a favor del empleo.
Si la Comunidad Europea puede indicar, como indica, objetivos vinculantes para Europa, de reducción del déficit y de la deuda, entonces también debe poder indicar objetivos vinculantes para la reducción de los horarios de trabajo en la cantidad y en el tiempo, para que la acción de los gobiernos, la acción de las fuerzas sociales se centren en ese objetivo. Si no, el análisis será también válido, pero no lo serán las conclusiones políticas.

Sainjon
Señor Presidente, la reducción del tiempo de trabajo se encuentra inscrita en nuestra historia económica. El informe de Michel Rocard tiene al menos el mérito de plantear, por fin y en sus dimensiones reales, un verdadero problema social, y yo quisiera agradecérselo a su autor.
Se trata, evidentemente, de un tema controvertido, y a los adversarios de la reducción del tiempo de trabajo les resulta fácil afirmar que, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña, el desempleo retrocede sin cesar y nunca se ha trabajado tanto. Pero, ¿de qué trabajo estamos hablando? De un trabajo con frecuencia parcial, infrarremunerado, de un reparto del tiempo de trabajo entre ricos y pobres y de una precariedad galopante.
Tampoco creo que la reducción del tiempo de trabajo sea la única respuesta que podamos aportar a la lucha contra el desempleo. Es una respuesta entre muchas, y se inscribe en una estrategia de conjunto en la que intervendrían otros parámetros como el crecimiento, el relanzamiento del consumo, incluso la situación monetaria, pues, con un marco y un franco sobreevaluados, el desempleo tiene todavía un futuro brillante.
La reducción del tiempo de trabajo, más que una forma de gestionar la penuria, ha de ser el resultado de un cambio de nuestra relación con el trabajo, que está perdiendo el lugar central que ocupaba hace algunos años. Ahora más que nunca, en los albores del siglo XXI, los problemas de la educación, de la formación continua, de la cultura, de la actividad profesional y de la jubilación forman un todo que debe culminar en un espacio de libertad mayor para todos los individuos a lo largo de su vida.
En principio, creo más en una reducción del tiempo de trabajo individualizada que en una reducción globalizada. Si se toman medidas demasiado técnicas y globales corren el riesgo de fracasar. La reducción individualizada es, para mí, la definición de un proyecto de vida para cada asalariado que pasa por una anualización del trabajo acompañada, naturalmente, de una reducción no despreciable del tiempo de trabajo con, a la postre, contrataciones.
En mi opinión, el lugar propicio para este tipo de negociaciones es la empresa. Cuando la reducción tiene lugar por sectores me alegro, por supuesto, pero me doy cuenta de que, a este nivel, aparecen numerosas dificultades. Por el contrario, en las empresas, los resultados comienzan a ser más interesantes; y disponemos ya de algunos ejemplos como Volkswagen, Philips y otras.
Por tanto hay que actuar de modo que la innovación tecnológica ya no sea un factor de pérdida de empleo, sino de creación de nuevas actividades. Y, con respecto a los salarios, no es justo considerar que éstos deban ser recortados en función de la reducción del tiempo de trabajo, pues la consecuencia sería frenar todavía más el consumo y aumentar la precariedad.
Michel Rocard cita la cifra de 350.000 millones de ecus de gastos vinculados al desempleo. En ese caso, digámosle sinceramente que ya es hora de utilizar esos fondos de manera inteligente, por ejemplo, manteniendo los salarios en su nivel inicial en caso de reducción del tiempo de trabajo y suprimiendo todas las cargas que soportan los salarios más bajos.
Para terminar, una idea en la que tengo gran interés, la trilogía formación, investigación y reducción del tiempo de trabajo. Vincular las innovaciones tecnológicas con la ayuda a la investigación, con la reducción del tiempo de trabajo, me parece una pista a seguir. En cualquier caso, no podrá emprenderse nada sin los sindicatos que, principalmente con la Confederación Europea de Sindicatos, deberán jugar un papel determinante.

Martínez
Señor Presidente, Michel Rocard, que creía haber inventado una máquina para reducir el paro, ha encontrado una para remontarse en el tiempo, pero no hasta Léon Blum y las famosas 40 horas, sino 2.500 años atrás, hasta los debates de Sócrates y los sofistas.
Tenemos paro y estamos desconcertados. Michel Rocard sobre todo. El problema es económico, político y filosófico, porque el trabajo es creación, es el hombre mismo. Véase a Miguel Ángel. Fue la mano la que creó, a través del propio Miguel Ángel, la Capilla Sixtina.
Por tanto, frente a un problema de tal magnitud, la actitud científica consiste en determinar las causas; y éstas resultan evidentes. Hay paro por muchas razones, sin duda, pero hay una que suena a verdad de Perogrullo, y es que hay paro porque no hay suficientes empleos, y no hay suficientes empleos porque fueron destruidos cuando existían. No se crean cuando se desea y están ocupados cuando se necesitan.
Nosotros pensamos que están ocupados principalmente por la inmigración. Usted piensa que están ocupados por unos horarios de trabajo excesivos e incluso dice que no es necesario reducir los horarios, que no hay que introducir nuevas herramientas. Y dice también que la gran ley de la historia es la reducción del tiempo de trabajo: 3.200 horas a finales del siglo XIX, 1.700 hoy, después de las leyes de 1900, 1902, 1904, 1906, y sus amigos añaden incluso, con PIB a precios constantes.
Si se trabajaran hoy 3.200 horas no habría 22 millones de empleos, sino 11 millones. Por tanto la reducción del tiempo de trabajo ha creado 11 millones de empleos. En el fondo su eslogan es simple: trabajar menos para trabajar todos. También es el título de la obra de Guy Asnar. Y usted propone algunas herramientas: la jubilación progresiva, la reducción de la duración semanal del trabajo. El profesor Godet llama a esto la semana de los cuatro jueves en «La gran mentira»; la supresión de las horas extraordinarias, la sustitución por descanso (algo que se practica en la policía sin que por otra parte se resuelvan los problemas), los años sabáticos, los descansos en la jornada y la nueva organización del trabajo en el ciclo de vida.
Personalmente estoy de acuerdo en que usted recoja los análisis de Modigliani sobre el ciclo de vida. Pero en un ciclo de vida, el aspecto fiscal son, ¡17 años de la vida profesional de un hombre para pagar todas las deducciones obligatorias! Revisen la fiscalidad y reducirán el tiempo de trabajo.
Si entramos en su lógica, por supuesto que hay problemas. Se ha reducido en 1982, y no ha funcionado. ¿Qué hacemos?¿El salario es igual? Usted dice sí, hay una reserva de 350.000 millones. ¿Qué hacemos con el trabajo en negro?, porque cuanto más se reduce la duración oficial, más aumenta la duración oficiosa, ¿qué hacemos con la estructura natural de los costes? Usted nivela siempre por abajo.
La realidad, señor Rocard, es que su método es conocido; es el método de los sofistas, y voy a demostrárselo ahora mismo. Puesto que la reducción del tiempo de trabajo crea empleos, a fin de cuentas, para un tiempo de trabajo cero tenemos un número de empleos infinito, a condición de que sea en una economía cerrada. Pero en una economía abierta, los empleos liberados son ocupados inmediatamente. Y su conclusión, Michel Rocard, es el protestante maltusiano. Es usted Michel Foucault, cree en la historia inmóvil, en el estructuralismo con su modelo viviente en la miseria, por los suelos. En el fondo, no es usted ni socialista ni liberal, es un internacional pesimista. Cree en el racionamiento, en la miseria tranquila, mientras que nosotros somos nacionalistas optimistas.

El Presidente
Se interrumpe el debate para proceder al turno de preguntas. La sesión se reanudará esta noche a las 21.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40838/96), dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 30 formulada por Ben Fayot (H-0577/96):
Asunto: El derecho de iniciativa del Parlamento Europeo
En el artículo 138B del Tratado de la UE se señala que, por decisión de la mayoría de sus miembros, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto comunitario para la aplicación de dicho Tratado.
Antes de la aprobación de la declaración conjunta sobre el programa legislativo para 1996, el Parlamento europeo aprobó, basándose en el artículo 138B, dos informes de propia iniciativa (Informe ROTHLEY (A4-201/95), aprobado el 26.10.1995. DO C 308/95; y el informe ALBER (A3-232/94), aprobado el 20.4.1994, DO C 128/94). En su Resolución relativa al programa legislativo para 1996, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que presentase propuestas legislativas sobre estas iniciativas. En el proyecto del Parlamento Europeo para una declaración conjunta sobre el programa legislativo se recogía esta misma solicitud.
Si bien en el Código de Conducta de 15 de marzo de 1995 la Comisión se comprometió a tener en cuenta las iniciativas del Parlamento Europeo en virtud del artículo 138B, ésta no ha presentado hasta la fecha ninguna propuesta en este sentido.
¿Cómo se propone la Comisión respetar el (limitado) derecho de iniciativa de que dispone el Parlamento Europeo desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht? ¿Cuándo presentará la Comisión propuestas sobre las iniciativas a las que se ha hecho referencia anteriormente?

Bangemann
Señor Presidente, en primer lugar, en lo que se refiere al informe Rothley A4-0201/95, tenemos totalmente claro que existen grandes dificultades cuando las víctimas de accidentes tienen que pedir a una sociedad aseguradora la indemnización por los daños sufridos en otro país miembro. Las compañías de seguros también lo saben y han adoptado una serie de iniciativas. Nosotros hemos llevado a cabo una amplia consulta con todos los afectados en la que, por cierto, ha participado también el Sr. Rothley, para decidir qué procedimiento es el mejor. Habríamos preferido un acuerdo negociado por los afectados, pero no fue posible. Por ello, estamos recapacitando proponer una regulación por la que, en primer lugar, todas las sociedades aseguradoras europeas tengan que nombrar en cada país miembro un apoderado para la regulación de los daños, en segundo lugar, encargar a los Estados miembros la imposición de sanciones a las compañías aseguradoras que no nombren ningún apoderado y, en tercer lugar, crear en los Estados miembros centros de información que los apoderados puedan nombrar a los perjudicados en su país de origen.
En lo que se refiere al informe Alber, ya hemos informado al Parlamento en nuestro informe semestral. Hemos encargado varios estudios con el objetivo de saber cómo está regulada la responsabilidad en los países miembros y qué efectos tienen los diversos sistemas de responsabilidad.
Estos estudios pueden estar terminados a finales de año y, en base a los mismos, presentaremos una comunicación, de modo que podremos decidir junto con el Parlamento cómo podemos regular razonablemente esta cuestión.

Fayot
Señor Presidente, agradezco evidentemente al Comisario su respuesta tan precisa sobre los informes Rothley y Alber. Planteé esta pregunta porque no veíamos que ocurriera nada. Me gustaría saber cómo va a abordar la Comisión, en principio, este derecho de iniciativa del Parlamento Europeo, instaurado en el Tratado de Maastricht en virtud del artículo 138 B.
Usted sabe, señor Comisario, que este derecho de iniciativa es muy limitado, que está estrictamente reglamentado también por nuestro Reglamento de régimen interior y que se deben cumplir unas condiciones muy precisas. Por mi parte, desearía que la Comisión señalara si mantiene una actitud positiva o restrictiva con respecto a estas iniciativas del Parlamento Europeo.

Bangemann
La Comisión ha saludado esta norma. Hemos apoyado al Parlamento para que se introdujese en el Tratado de Maastricht una norma de este tipo. Por supuesto, nos tomamos muy en serio este derecho de iniciativa del Parlamento, ante todo porque se dirige a la Comisión. No sería muy colegial y cooperativo por parte de la Comisión si el Parlamento se viese obstaculizado por nosotros en el ejercicio de un derecho de este tipo, por lo que les he proporcionado estas informaciones. A veces, este derecho de iniciativa se dirige comprensiblemente a situaciones muy complejas y difíciles, pues de lo contrario, quizás habrían sido ya tratadas. Por ello, dura algún tiempo pero el derecho de iniciativa del Parlamento es naturalmente para nosotros un asunto importante que apreciamos adecuadamente.

White
He de decir que me complace mucho la respuesta que ha dado el Sr. Comisario en esta ocasión.
Deseo señalar a la Comisión que el artículo 138B es un derecho sobre el que espero que podamos contar con una cooperación positiva por su parte. Nosotros, claro está, somos el órgano electo y ustedes, lamentablemente, no lo son, aunque hayan recibido nuestro respaldo cuando aceptamos el nombramiento de la actual Comisión. Espero que tomen muy en serio nuestras ideas, porque son ideas que pueden utilizar, que nosotros podemos utilizar junto con ustedes y que tendrán un resultado constructivo.
Por ejemplo, la tarjeta médica, de la que hemos hablado en esta Cámara este mismo año. He hecho mis propias indagaciones al respecto pero, una vez más, no sé cual es el calendario. ¿Podrá usted ayudarnos? Porque si es capaz de contribuir al desarrollo de una tarjeta médica europea, sería algo que juntos, nosotros y la Comisión, podríamos proponer a una población europea más amplia por su carácter práctico -eso es lo esencial. ¿Puede usted darnos un calendario sobre la tarjeta médica?

Bangemann
Me voy a referir en primer lugar al aspecto general que ha mencionado de nuevo. Todos los años mantenemos con el Parlamento un debate sobre el programa legislativo, sobre el programa que queremos plantearnos cada año, tanto en lo que se refiere a las propuestas de la Comisión como a los deseos del Parlamento. En el marco de este debate se han adoptado una serie de iniciativas que no se han tratado de modo tan formal como habría sido necesario. Tomemos un ejemplo del debate de la última semana: el Parlamento considera con razón la pornografía en Internet como un problema urgente. La Comisión declaró que es de la misma opinión y que quería estudiar los pasos adecuados para limitar las posibilidades ya que no podemos impedirlas totalmente.
En estos momentos no puedo contestar con precisión - a pesar de que pertenece a mi programa-, a la pregunta de lo adelantados que estamos con esta tarjeta sanitaria. Es parte de nuestros proyectos piloto. Tenemos un proyecto piloto sobre cómo puede aplicarse la sociedad de la información en el campo de la sanidad y estamos trabajando en ello. Le pido comprensión, pero no puedo decirle realmente ahora con precisión cuándo existirán las condiciones para esta tarjeta. No se trata solamente de un problema técnico sino ante todo de la confidencialidad de los datos personales protegidos. Sin duda, usted lo verá también así, pues en una tarjeta de este tipo no figura solamente el historial clínico sino también la biografía, las circunstancias personales de una persona, por lo que hay que adoptar las medidas necesarias para que estos datos no caigan en manos no autorizadas. Este es uno de los problemas que se pueden solucionar técnicamente pero para ello hace falta tiempo. Le podemos escribir una carta indicándole es estado actual del asunto.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Angela Theodora Billingham (H-0619/96):
Asunto: Normas para los lugares de camping
El turismo es una importante industria en Europa y el camping es uno de los medios básicos y con más auge para pasar las vacaciones.
Parece ser que en muchos países europeos no existe control sobre el espacio asignado para el camping, suministros de equipo contra incendio, suministros sanitarios y muchos más puntos, los cuales están controlados por la «Caravan Site Act» (Ley sobre la ubicación de las caravanas, 1968 en el Reino Unido). Muchos consumidores han sido víctimas de información publicitaria engañosa relativa a los lugares de camping.
¿Existe alguna ley europea sobre las normas de seguridad e higiene en los lugares de camping para todos los Estados europeos miembros?
O bien, ¿está planteando la Comisión tomar alguna medida para asegurar que estas normas relativas a los lugares de camping sean definidas en todos los Estados europeos miembros?

Bangemann
Señor Presidente, esta pregunta no tiene nada que ver con la terrible desgracia que ha ocurrido hace poco tiempo en España, pero ha mostrado de nuevo que existe una necesidad de normas que hasta ahora han sido adoptadas casi exclusivamente por las autoridades nacionales competentes o mediante acuerdos de las organizaciones de arrendatarios de los lugares de camping. Actualmente no existe a nivel europeo ninguna norma jurídica sobre la seguridad y protección de la salud en los lugares de camping.
Si hay cuestiones contempladas por normas generales -por ejemplo, hay normas contra la publicidad engañosa en todos los países miembros-, naturalmente son también aplicables a los lugares de camping. La seguridad y la protección de la salud en los lugares de camping es similar a la seguridad y la protección de la salud en los centros de vacaciones, hoteles, discotecas, parques de atracciones, etc., un complejo general de cuestiones relativas a la seguridad de las prestaciones de servicios. Estas consideraciones cobran cada vez mayor importancia en el marco de nuestra política de protección al consumidor. En 1990 presentamos una propuesta sobre la responsabilidad por prestaciones de servicios defectuosas que no encontró el apoyo del Parlamento, por lo que retiramos la propuesta. No obstante, estamos considerando presentar una nueva propuesta para regular esta cuestión.

Billingham
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. Como probablemente habrá imaginado, mi pregunta no era a raíz del accidente al que se ha referido. Pero, desde luego, éste da mayor urgencia al tema que estamos tratando.
Millones y millones de personas de toda Europa dependen ahora mismo del uso de la caravanas para sus vacaciones. Todos los que tenemos familia sabemos que pueden hacerse muchos kilómetros, llegar a un camping ya entrada la noche, puede que con niños de mal humor y, por supuesto, no tener energía para salir a comprobar si el camping es efectivamente seguro. Hemos visto las trágicas consecuencias que se han derivado. Creo, pues, que es una necesidad creciente. Es un área en intenso desarrollo y me parece interesante saber que de hecho el tema pasó ya por el Parlamento y después se retiró. Espero sinceramente que, al ser el tema mucho más urgente ahora, se dé la posibilidad de que la Comisión y el Parlamento lo reintroduzcan como asunto de tramitación urgente. Tenemos, como usted bien ha dicho, tres áreas. Pero esas tres áreas han de ser conectadas, y la única forma de que puede hacerse es dentro de un procedimiento identificable.

Bangemann
Sí, puede que tenga razón. En lo que se refiere a la desgracia ocurrida en España, no tenemos informaciones suficientes sobre si se debe a una carencia de normas o a un seguimiento y control insuficiente de las normas existentes. Pues, lamentablemente, las normas por si solas no garantizan el éxito sino que sólo su control y aplicación correspondientes pueden impedir que ocurran tales catástrofes.
En lo que se refiere a lo que usted dice sobre la urgencia, solamente puedo subrayarlo. Desgraciadamente, en la política ocurre con frecuencia que cuando se quiere regular algo la gente reacciona con desagrado en tanto no haya pasado algo. En especial en su país no se encuentra un eco muy favorable cuando se quiere regular algo en unos tiempos en los que no ha pasado aún nada. Siempre tiene que ocurrir algo para que venga uno y diga: nos encontramos ante una urgencia especial. Pienso por ejemplo en los cinturones de seguridad en los autobuses. Si en el tiempo en que fui competente para el mercado interior hubiese realizado propuestas sobre la seguridad en los autobuses, en algunos países miembros, incluido el suyo, se me habría criticado fuertemente. En el momento en que pasa algo, toda la gente dice: ¿porqué no ha presentado la Comisión hace ya tiempo estas normas? Así pues, se deben tener en cuenta estas circunstancias, pero en el fondo no existe ninguna diferencia de opinión entre nosotros: tratamos el asunto como urgente.

Harrison
¿No está de acuerdo, señor Comisario, en que el problema que ha planteado la Sra. Billingham ilustra claramente que el turismo debiera ser un área de competencia de la Unión Europea -como muchos de nosotros hemos defendido- en la revisión de la CIG, para que en el caso de la libre circulación de personas, como ejemplifica este problema, podamos tener normas comunes que garanticen realmente la seguridad de los turistas?

Bangemann
Creo que con la situación jurídica existente se pueden aprobar tales normas. Tenemos unas claras competencias para el mercado interior. Las prestaciones de servicios se realizan en el mercado interior. Si las prestaciones de servicios son malas y, en consecuencia, se originan daños, según las normas jurídicas existentes, su solución compete a la Unión.
Pienso, por ejemplo, en nuestro reglamento sobre la responsabilidad por productos defectuosos. Tenemos un reglamento propio relativo a la responsabilidad si un fabricante elabora un producto defectuosamente. Esta responsabilidad está regulada de tal modo que afecta a cualquier fabricante que venda un producto defectuoso. Esta norma fue aprobada en el marco de nuestras competencias generales en el mercado interior y se puede aplicar sin más también a las prestaciones de servicios.
Esto no debe significar que estoy en contra de que el turismo se incluya en el catálogo de las competencias de la Unión, pero no es necesario para regular estos casos. Podemos aprobar ya ahora normas jurídicas al respecto.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 32 y 33 no se formulan.
Pregunta nº 34 formulada por Karin Riis-Jørgensen (H-0700/96):
Asunto: Acuerdo OCDE sobre la industria de la construcción naval
En relación con el Reglamento (CE) 3094/95 del Consejo sobre la aplicación del Acuerdo de la OCDE sobre ayudas a la industria de la construcción naval, el Consejo adoptó una declaración secreta el 19 de diciembre de 1995. Dicha declaración parece contravenir claramente tanto la prohibición de conceder ayudas a la industria de la construcción naval prevista en el Acuerdo OCDE, como la política de la Unión en el ámbito de la construcción naval definida en la «séptima directiva sobre astilleros».
¿Podría la Comisión ofrecer una interpretación de la declaración secreta del Consejo y confirmar que, una vez ratificado el Acuerdo OCDE, no será ya posible la concesión de ayudas estatales a la industria de la construcción naval en la Unión Europea?

Bangemann
Estamos muy interesados en la ratificación del Acuerdo de la OCDE pues nos permitiría colocar sobre una base más sólida la propia política de construcción naval. Las subvenciones no estarían permitidas según este Acuerdo. Ahora bien, la declaración de la Comisión a la que se refiere el Sr. diputado no está en contradicción con el Acuerdo de la OCDE. Los casos contemplados en la declaración tienen que ser examinados por la Comisión, quien emitirá entonces su dictamen al respecto y la publicará en el Diario Oficial. Tal como se prevé en el Acuerdo de la OCDE, estas decisiones se pueden plantear en el Parties Group si existen dudas sobre la compatibilidad con el Acuerdo de la OCDE. En consecuencia, todo lo que hacemos puede ser controlado por nuestros interlocutores y plantearse como problema. Esperamos que este Acuerdo sea ratificado. Usted sabe que no depende de nosotros, ni del Japón ni de Corea sino de nuestros interlocutores norteamericanos quienes no se han puesto de acuerdo en el Congreso sobre este texto ni tampoco se ocuparán de este asunto antes de las elecciones del nuevo Presidente. Esperamos que después de las elecciones podamos saber si los EE.UU. están dispuestos a ratificar este Acuerdo de la OCDE.

Riis-Jørgensen
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. Desgraciadamente, no he recibido respuesta a la última parte de mi pregunta, en la que ruego a la Comisión que confirme que, una vez ratificado el Acuerdo de la OCDE, no será posible la concesión de ayudas estatales a la construcción naval de la Unión. En primer lugar, me gustaría que me repitiera su respuesta sobre este punto. En segundo lugar, me gustaría saber qué ha hecho la Comisión para garantizar que los Estados Unidos lo firmarán. Entiendo que no podemos obligar al Presidente Clinton a firmar, pero, ¿qué estrategia se ha seguido en Europa para garantizar que los Estados Unidos firmarán y ratificarán el Acuerdo OCDE? En última instancia -tal como entiendo la respuesta del Sr. Comisario-, la declaración de la Comisión no contiene gran cosa. ¿Por qué es entonces secreta? ¿Por qué no puede el público acceder a ella? ¿Por qué se ha hecho una declaración secreta al acta del Consejo si -tal como interpreto lo que ha dicho el Sr. Bangemann- no contiene ninguna información importante?

Bangemann
Las actas tienen que ser especialmente secretas cuando no hay nada dentro, pues de este modo su importancia será mayor. No debería extrañarle. Pero aquí incluso se dice algo. No es que esta declaración no tenga ninguna importancia sino que indica que fuera del Acuerdo de la OCDE siguen siendo posibles otras ayudas, por ejemplo, para investigación y desarrollo o ayudas regionales. Por ejemplo, sigue siendo posible la construcción de unos astilleros en el marco de un programa regional si lo consideramos oportuno. El Acuerdo de la OCDE no excluye tales ayudas. Ahora bien, todas estas ayudas tienen que ser notificadas cuando son concedidas por un Gobierno nacional o regional. La Comisión examina entonces y publica en el Diario Oficial el resultado de su examen. Una consecuencia de esto puede ser que uno de nuestros interlocutores diga que no está en consonancia con el Acuerdo de la OCDE. Entonces deberemos tratar el tema con dicho interlocutor. En el fondo es algo evidente pero no vacío de contenido. Como usted lo ha hecho público, podemos discutir también públicamente al respecto. También puede ser que haya cometido un error al haberlo hecho público.

Blak
Al ver la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen, me asusté. Temía realmente que hubiera acuerdos clandestinos, escándalos, etc. En Dinamarca nos hemos visto afectados por un informe de una empresa que la Sra. Riis-Jørgensen conoce muy bien, y resulta que ese informe tampoco tenía fundamento. El Sr. Bangemann ha confirmado que no hay secretos en este caso. Todo puede ser leído en el Diario Oficial.

Bangemann
No confunda las cosas. Esta declaración que ha emitido la Comisión no figura en el Diario Oficial. En el Diario Oficial vendría si un país, por ejemplo, Dinamarca, concediese subvenciones a sus astilleros. Ya sé que esto no ha ocurrido en Dinamarca ni va a ocurrir, pero en el caso de que ocurriese tendríamos que examinarlo y publicar el resultado del examen en el Diario Oficial. Así funciona.

Kjer Hansen
Tengo cada vez más dudas sobre el contenido de esta declaración. Hace unos días nos informó el ministro danés responsable de este área de que la declaración no tenía importancia, y ahora entiendo, por lo que ha dicho el Sr. Comisario, que sí la tiene, por eso está ahí, y supongo que éste es también el motivo de que se pretenda mantenerla en secreto. ¿Podrían explicársenos claramente los motivos para actuar así? ¿Se debe a que la declaración va en contra del texto y por eso el público no la puede conocer? ¿Significa lo dicho hoy por el Sr. Comisario, la actitud que ha manifestado, que acepta las declaraciones secretas y le parece una buena práctica no permitir a los ciudadanos y a las empresas saber lo que dicen los textos aprobados?

Bangemann
Lo voy a intentar de nuevo. Quizás deba echarme en cara que he contribuido a la confusión pues aquello que se dice irónicamente se muestra claramente como ironía por el tono de la voz, lo que posiblemente se pierda en la traducción. Pero ahora se lo voy a aclarar por orden y sin ironía.
En el Consejo se produjo un debate sobre si el Acuerdo de la OCDE nos obligaba a suspender todo tipo de subvenciones a la construcción naval. En nombre de la Comisión expuse que interpretamos este Acuerdo en el sentido de que ya no están permitidas subvenciones específicas para la construcción de barcos. Voy a exponer un ejemplo al respecto: en unos astilleros se encarga un barco y el correspondiente país paga a estos astilleros un 20 % de ayuda para que el barco sea más barato para el comprador. Tales subvenciones no están permitidas según el Acuerdo de la OCDE. Creo que hasta aquí está claro.
Otra cosa es, naturalmente, una ayuda a la investigación y desarrollo. Tenemos un programa para la modernización de la construcción naval que llevamos a cabo junto con nuestros interlocutores del G7, es decir, también con Norteamérica y el Japón. Se estudia la utilización de tecnología de la información para racionalizar los procesos de producción y, ante todo, para integrar a tiempo a los proveedores en el curso de producción, etc. Un programa de este tipo es financiado en parte por nosotros en el marco de nuestra política de investigación y desarrollo. O tomemos otro ejemplo: unos astilleros quieren evitar ruidos y adoptar para ello las correspondientes medidas. Necesitan para ello una inversión y se apoya dicha inversión. Esto no tiene nada que ver con la construcción naval sino que posiblemente se trata de una medida para la protección del medio ambiente. Estas son formas de ayudas que no se contemplan en el Acuerdo de la OCDE. No obstante, tales ayudas son examinadas por nosotros, es decir, cualquiera que desee conceder tales ayudas debe notificarlas a la Comisión. La Comisión las examina y constata si atentan contra el artículo 92 o cualquier otra norma del Tratado y entonces son prohibidas o autorizadas si están de acuerdo con las normas del Tratado. Esta decisión se publica entonces en el Diario Oficial. Esta es toda la secuencia.
Así pues, todo el procedimiento es de importancia. No hay actas secretas sino que todas ellas se registran y se puede acceder en cualquier momento a las mismas. Si tienen alguna pregunta para el Consejo, diríjanse a él, quien les proporcionará información sobre las actas.
La Comisión tiene aún menos motivos para mantener en secreto tales actas, pues lo que hacemos constar en acta es nuestra opinión. Me preguntan ahora por nuestra opinión y se la digo aquí en una sesión pública. No tenemos nada que ocultar. ¿Me he expresado ahora con suficiente claridad?

El Presidente
Pregunta nº 35 formulada por Hugh R. McMahon (H-0641/96):
Asunto: Registro de los productos farmacéuticos Smoltine y Azamethipos
¿Puede dar garantías la Comisión de que el registro de Smoltine y Azamethipos, productos extremadamente importantes para la industria escocesa de cría de salmón, se basará en criterios científicos objetivos y no tendrá retrasos indebidos?

Bangemann
Como siempre, el Sr. McMahon ha llamado la atención sobre un problema. Pero en primer lugar debo constatar que en la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos de Londres no se ha presentado ninguna solicitud para la concesión de una autorización para la puesta en circulación de las sustancias que el Sr. diputado ha indicado en su pregunta.
En lo que se refiere a dichas sustancias, se presentan solicitudes para la determinación de los valores máximos de los residuos en el sentido del Reglamento del Consejo 2377/90. Hay que subrayar que la determinación de un valor máximo de residuos -un concepto horrible, pero es así como se dice- no supone en ningún caso una autorización para la puesta en circulación pero es una de las condiciones previas para dicha autorización. Así pues, en primer lugar hay que comprobar si no se superan las cantidades máximas que están permitidas como residuos. Sólo una vez superada esta primera fase se puede adoptar la decisión de si el medicamento se puede poner en circulación.
Dicha autorización se concede si el medicamento que contiene la sustancia enjuiciada cumple también los criterios científicos y objetivos de seguridad, calidad y eficacia indicados en las Directivas 81/851 y 81/852 y si no hay otras normas comunitarias que se opongan.
Las sustancias que menciona el Sr. diputado están destinadas a emplearse en peces. Para el Azamethipos se determinó el 25 de junio de este año un valor máximo de residuos. En lo tocante al somato salm la situación es diferente ya que el Comité para los medicamentos para animales no ha emitido una opinión favorable, por lo que esta sustancia debe ser objeto de un reglamento del Consejo. Una propuesta al respecto se va a presentar en breve a la Comisión.
El motivo del rechazo por parte del Comité para los medicamentos para animales fue una similitud entre somato salm y la BST. Por este motivo, la Comisión ha pedido a la Agencia Europea para Evaluación de Medicamentos informaciones adicionales sobre el riesgo de un empleo contrario a su finalidad de somato salm . La Agencia ha excluido entretanto esta posibilidad. Este es el estado del asunto.

McMahon
En su última respuesta, el Sr. Comisario ha dicho que la posibilidad de un uso nocivo ya ha quedado excluida. Al no poder usar Smoltine, que sirve para transferir los peces del agua dulce al agua salada, tienen que usar peróxido de hidrógeno, el cual es muy caro y provoca efectos muy graves en la vida de los peces. El segundo producto, Azamethipos, tiene que ver con parásitos marinos, que están causando grandes problemas en la industria del salmón, no sólo en Escocia sino en toda la Unión, atrofiando el crecimiento y causando problemas con las reservas piscícolas. Ahora que parecen haberse resuelto los problemas y en vista de la importancia que revisten estos productos para la industria salmonera escocesa, ¿podría asegurar el Sr. Comisario que va a dar una rápida autorización? Las industrias del salmón de Escocia, Irlanda y otros lugares de la Unión Europea están deseando que estos productos sean autorizados cuanto antes, sabiendo que las pruebas de ensayo han demostrado que no hay efectos nocivos para los peces ni para los seres humanos.

Bangemann
En primer lugar, en base a mis conocimientos personales del caso, que he seguido desde el principio, quiero decir lo siguiente: el Parlamento da con razón importancia a que la Comisión se tome en serio su obligación de control cuando se trata de medicamentos, tanto si están destinados a las personas o a los animales. Creo que esto es importante.
Normalmente, el Parlamento criticaría a la Comisión si, por así decirlo, nos lo tomásemos a la ligera. Por ello, cuando se planteó la pregunta de si se puede autorizar este producto, dije que primero tenemos que esperar a las opiniones de los Comités Científicos y de la Agencia. He rechazado autorizarlo a pesar de que se han presentado una serie de documentos y pruebas que en el caso de somato salm consideran esta sustancia como inocua. Espero que estén de acuerdo.
La industria escocesa es importante. No queremos hacer tampoco nada ilegal. Tampoco podemos prohibir sencillamente un producto si no hay un motivo para ello, pero hemos observado muy atentamente el procedimiento que se desarrolló como sigue: primero el Comité científico. Este dijo no. A continuación, la Agencia, a la que volvimos a preguntar. Para la Agencia no había motivo para prohibir este medicamento o como le quiera llamar. Pero como el Comité Científico estaba en contra no podíamos autorizarlo sin más. Este es el procedimiento, por lo que tenemos que encargar el asunto al Consejo. Así lo vamos a hacer y luego tendrá que decidir él. Este es el procedimiento. Aunque no se nos ha elegido, tal como ha dicho antes un colega, somos muy precisos en lo que hacemos y creo que esto radica también en interés de la industria escocesa del salmón.
Por lo demás, los salmones siempre han cambiado del agua salada al agua dulce y viceversa. Usted sabe muy bien que los salmones desovan en el agua dulce, vuelven al agua salada y vuelven a retornar cuando los jóvenes salmones alcanzan la capacidad reproductora. Así pues, el paso del agua dulce al agua salada o al revés es un elemento vital de un salmón normal. No tengo nada en contra de un producto que quizás facilite esto si es inocuo, pero esto lo tiene que decidir ahora el Consejo.

El Presidente
Pregunta nº 36 formulada por Lyndon H.A. Harrison (H-0649/96):
Asunto: Política en materia de productos medicinales genéricos
¿Qué medidas está pensando adoptar la Comisión para desarrollar y fomentar la producción y la utilización de genéricos?
¿Piensa la Comisión presentar propuestas para permitir a los fabricantes de genéricos probar y registrar dichos productos antes de que expiren sus patentes?

Bangemann
Siempre hemos considerado importantes ambos tipos de medicamentos. Esto es aún hoy parte de nuestra política industrial para la industria farmacéutica. Necesitamos una industria que investigue, que desarrolle nuevos medicamentos, lo que, por lo demás, es muy caro y va a seguir encareciéndose ya que solamente un reducido porcentaje de dichos medicamentos va a llegar de hecho al mercado. Naturalmente, una vez transcurridos los plazos de protección de la patente aplicables a los nuevos medicamentos, necesitamos también los medicamentos genéricos, es decir, la industria que realiza la invención y ofrece productos similares que son de importancia para el consumidor ya que por lo general son más baratos.
No se puede ignorar, y espero que el Sr. Harrison se percate de ello, que sin la industria investigadora no tendríamos tampoco una industria que elaborase medicamentos genéricos. Si no obtenemos nuevos medicamentos, tampoco habrá nadie que pueda producir después más barato en base de esos conocimientos. Así pues, tenemos que intentar establecer un equilibrio y creo que hasta ahora lo hemos logrado.

Harrison
El Sr. Comisario tiene toda la razón en que hay que conseguir un equilibrio, pero imagino que será consciente del problema de que algunas empresas prefieren trasladarse a Estados Unidos a desarrollar el trabajo preliminar antes de que expiren las patentes y que por ello hacen perder un escalón a Europa, porque carecemos de la habilidad para lograr que las pequeñas empresas, concretamente las del sector farmacéutico, participen en el trabajo anterior a que expiren las patentes. Al Sr. Comisario le diría que si no hacemos nada por ayudar al trabajo de producción durante la expiración de la patentes, tendremos entonces una expiración de los pacientes que de otro modo podrían beneficiarse de estos medicamentos más baratos producidos con este sistema.

Bangemann
Sí, señor Harrison. Usted sabe que hemos logrado dar un paso esencial, además a nivel internacional, válido también para las empresas norteamericanas y japonesas, consistente en prolongar el plazo de la patente por un tiempo de protección adicional si el largo tiempo necesario para realizar el control acorta el plazo de la patente.
Un ejemplo práctico: alguien desarrolla un medicamento. Naturalmente, tiene que lograr que se le autorice. Para ello, hace falta una serie de análisis que requieren mucho tiempo y puede ocurrir que la mitad o más del plazo de protección de la patente haya transcurrido cuando el medicamento salga al mercado. Hemos creado una norma y logrado que se acepte a nivel internacional, por la que el tiempo que duran los análisis se añade al plazo de duración de la patente, de modo que la protección total es exactamente el plazo del protección de la patente desde el día en que sale al mercado el medicamento. Esta es una medida nueva muy importante que mejora sensiblemente la situación de la industria investigadora. En este aspecto hemos solucionado pues el asunto.
Si las empresas siguen pensando en ir a otros países fuera de la Unión, lo hacen más bien por las posibilidades biotecnológicas que se han abierto hoy a muchas de ellas, en especial, a las pequeñas. No tengo que decirles demasiado: espero que la desesperada pugna que mantengo desde hace años con el Parlamento para llegar a unas normas razonables en esta cuestión, va a conducir pronto a un resultado, pues en el presente caso -con lo que me remito al debate sobre el informe del Sr. Rocard- se trata realmente de una industria que crea puestos de trabajo y es competitiva y a la que expulsamos de la Unión. Esto es naturalmente un sinsentido. No necesitamos entonces acortar el tiempo de trabajo pues si no hay puestos de trabajo ya no sirve de nada acortar el tiempo de trabajo. Lo importante es que tengamos puestos de trabajo y para ello necesitamos una normativa jurídica clara.

El Presidente
Pregunta nº 37 formulada por Mikko Rönnholm (H-0652/96):
Asunto: Coordinación administrativa del sector de la industria forestal
La industria forestal tiene un considerable impacto económico y de empleo en los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que resulta particularmente importante promover eficazmente su capacidad competitiva a escala comunitaria.
Sin embargo, la gestión administrativa de las cuestiones relativas a la industria forestal está bastante desperdigada por la Comisión, pues en la actualidad el sector depende al menos de cinco direcciones generales diferentes. ¿Qué medidas ha adoptado o proyecta adoptar la Comisión con objeto de garantizar una coordinación eficaz de los asuntos relativos a la industria forestal en la Unión Europea y en los ámbitos administrativos de la Comisión?

Bangemann
Somos conscientes de la importancia de esta industria. Desde la última ampliación de la Unión, en especial, con la adhesión de Finlandia y Suecia aunque también de Austria, los bosques de la Unión se han duplicado alcanzando los 120 millones de hectáreas. La producción de celulosa se ha triplicado pasando de 9 a 31 millones de t. por año. La producción de papel y cartón ha aumentado en un 50 %, de 45 a 69 millones de t. al año. Es decir, se trata de una industria realmente importante.
Somos exportadores netos de papel, no solamente de las clases de alta calidad sino también de otras de uso común, como el papel de periódico. Naturalmente, hay un intenso comercio interior y exterior con la mayoría de los productos de la industria forestal. En lo que se refiere al fomento de la competitividad, éste es uno de los objetivos de la política industrial de la UE.
En julio del año pasado, creamos en la DG III una sección para la industria de la madera y del papel que ha iniciado sus trabajos y es el interlocutor más importante para la industria.
Otros intereses de la industria forestal afectan también a otros ámbitos de competencias de la Comisión, naturalmente, a la política de medio ambiente, para la que es competente mi colega, la Sra. Bjerregaard, pero también a cuestiones de política de desarrollo e investigación. Estas competencias se entrecruzan pero también se complementan. La Comisión no ha tenido nunca problemas para coordinar sus diferentes servicios y los Comisarios cooperan positivamente en este caso.

Rönnholm
Señor Presidente, esta política forestal engloba muchos asuntos distintos. Una de sus peculiaridades es la certificación. En este momento, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la naturaleza han empezado a vender este tipo de certificados a la industria forestal. Esta posibilidad resulta alarmante debido a que este sistema carece de todo tipo de control democrático. ¿Podría la Comisión, en particular el departamento que se ocupa de las cuestiones de industria, pensar en la posibilidad de que se desarrollase, a través de decisiones de la UE, un certificado forestal equitativo y justo y que tuviese en cuenta las distintas condiciones existentes en cada país?

Bangemann
Sabemos que es un problema, por lo que esta nueva sección de la que he hablado ha participado muy activamente en el debate sobre los problemas de la certificación. Naturalmente, nuestros interlocutores son los correspondientes grupos de la industria, pero hemos incluido también en el diálogo a otros grupos de interesados. Por lo demás, hemos celebrado la primera y hasta ahora única reunión conjunta de todos estos grupos a nivel de la UE, el discussion forum on the ECO-certification of forest and forest products , es decir, que hemos actuado. Actualmente se está debatiendo en la Comisión sobre un documento con diversas opciones para poder solucionar este problema de la certificación. Esperamos que podamos participar activamente también en los preparativos del intergovernmental panel on forest , en especial en los problemas relativos al trade and environement , de modo que logremos una solución razonable.

El Presidente
Pregunta nº 38 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0678/96):
Asunto: Ordenación de la numeración en las telecomunicaciones
¿Se propone la Comisión fijar su opinión respecto a la ordenación de la numeración, en tanto en cuanto pueda afectar al encaminamiento de las llamadas, del sector de las telecomunicaciones?

Bangemann
Señor Presidente, este es un problema que nos ocupa permanentemente pues es muy importante que esta numeración se aplique razonablemente. Hasta ahora hemos renunciado a la introducción de unos números a nivel europeo y solamente nos hemos podido poner de acuerdo en dos directivas sobre un número de común para llamadas de emergencia -el 112- y sobre un número común de acceso internacional -el código telefónico 00. La Comisión tiene previsto publicar un Libro Verde sobre la numeración antes de que finalice este año. Tenemos que comprobar cómo se realiza la numeración en el sector europeo de las telecomunicaciones, ante todo, ante el trasfondo de la liberalización del año 1998. Esto conduce a más participantes en el mercado, más servicios y más clientes. Los clientes cambiarán de operador y, naturalmente, están interesados en poder conservar sus números.
El Libro Verde sobre la numeración planteará estas cuestiones, inclusive la armonización de los proyectos nacionales, la asignación de números libres para los servicios telefónicos, la selección carrier y la creación de un plan de numeración a largo plazo para Europa.
La ordenación de los clientes en un entorno liberalizado de las telecomunicaciones es difícil, como uno se puede imaginar. La pregunta del Sr. diputado es de hecho muy relevante. Hay que crear las condiciones para que los usuarios puedan conservar sus números en caso de un cambio de operador. Esta es nuestra intención.
En este contexto, se les debe garantizar una libre elección en lo tocante a la calidad, el servicio y los costes.

Camisón Asensio
Señor Comisario, le agradezco la información que nos acaba de ofrecer y me congratulo porque he oído lo que yo intentaba con esta iniciativa: saber ya efectivamente cuándo va a presentar la Comisión ese Libro Verde, que usted anuncia para final de este mismo año. Estamos ante un tema que afecta no sólo a un país sino a todos los países de la Unión, y que es importante puesto que afecta sobre todo a la competencia de todos los países miembros. Además, su regulación tiene que ser compatible en todos los Estados miembros. Por tanto, es una tarea realmente difícil y nos alegra que se empiece ya a trabajar en este asunto.

Bangemann
Le puedo exponer el calendario exacto tal como nos lo imaginamos: hasta el 1 de enero de 1998, es decir, el momento de la liberalización, queremos alcanzar seis objetivos. Primero, la posibilidad de elegir el carrier , en segundo lugar, este number portability para las conexiones locales, en tercer lugar, el fomento de las armonizaciones nacionales, es decir, intentamos asegurar la convergencia de estos planes numéricos nacionales; en cuarto lugar, la creación de un European telephoy numbering space , la creación de un common acces ; en quinto lugar, la creación de un marco conjunto para la regulación y administración de números, lo que garantizará que no surjan normas nacionales divergentes. A continuación, el 1 de enero del año 2000, un «carrier preselection». Naturalmente, esto será para el usuario mucho más sencillo.
Tenemos prevista la ampliación de la capacidad numérica para los usuarios de redes de comunicaciones móviles y personales así como para los usuarios de servicios generales y después, a partir del año 2000, la implantación de un plan de numeración a largo plazo que supondrá la creación de un código europeo por países, transfiriéndose la administración y gestión del código al nivel europeo.
Esperamos lograrlo. Sé que el Parlamento nos apoya en esta tarea. Los Estados miembros son a veces algo titubeantes, pero este es cualquier caso nuestro plan de trabajo.

El Presidente
Pregunta nº 39 formulada por David Bowe (H-0682/96):
Asunto: Solventes de extracción
El Anexo de la Directiva 88/344/CEE , »Solventes de extracción utilizadas en la producción de alimentos e ingredientes alimentarios» (revisado 92/115/CEE y 94/52(CEE) , no incluye el solvente alimentario de extracción 1.1.1.2 -tetrafluoroetano. Aunque la Comisión Científica de Alimentación del Reino Unido ha declarado su utilización aceptable, el proceso de extracción del 1.1.1.2 - tetrafluoroetano o de sus productos no se puede comercializar porque no se encuentra incluido en la Directiva antes mencionada.
El lento y burocrático mecanismo para revisar la Directiva sobre solventes significa que las compañías que desarrollan estos productos innovadores se enfrentan a la ruina económica. ¿Se asegurará la Comisión de que se realice una revisión urgente de la Directiva sobre solventes, parte de la cual sea un artículo adicional que permita a los Estados miembros la inspección de permitir la comercialización y la utilización de nuevos productos sobre una base temporal sujetos a la aprobación de la Comisión?

Bangemann
La Comisión es de la opinión de que en la aplicación de la Directiva 88/344, en relación con la autorización de nuevos solventes pueden surgir considerables retrasos. Este es también el temor expresado por el Sr. diputado. La causa principal es que las modificaciones de esta directiva solamente se pueden realizar mediante un procedimiento completo de codecisión con dos lecturas en el Parlamento y la aprobación de una posición común antes de la segunda lectura. En otras palabras, señor Presidente: el comprensible deseo del Parlamento de que tales modificaciones se traten en el procedimiento legislativo normal, es decir, en especial en el procedimiento de codecisión, conduce a retrasos temporales. Siempre lo hemos dicho. No se puede tener las dos cosas. Si desean tener decisiones rápidas habrá que elegir otro procedimiento, lo que no excluye en absoluto la participación del Parlamento; siempre hemos llamado la atención al respecto. Si insisten en un procedimiento de codecisión, como en el presente caso, durará más tiempo.
Pero hemos presentado una propuesta para modificar la directiva sobre solventes y autorizar el tetrafluoretano para su uso en los alimentos. Esta propuesta, que lleva el número 96 etc., se ha comunicado ya al Parlamento para que emita su dictamen en primera lectura. La Comisión espera que se examine este asunto con rapidez para que las pérdidas económicas que sufren los productores de alimentos debido a la prohibición de este solvente, sean lo menores posibles. Coincidimos con el Sr. diputado en que la directiva sobre solventes debe revisarse para evitar tales retrasos, pero para ello sus Señorías tendrán que realizar un gran esfuerzo. Nosotros no podemos regularlo en exclusiva. Si el Parlamento se aferra al procedimiento de codecisión, no puedo prometerle que lleguemos a unas decisiones rápidas.
En otras directivas, por ejemplo, la directiva sobre aditivos alimentarios, están previstos procedimientos para autorizaciones provisionales de los que pueden hacer uso los Estados miembros. No obstante, nosotros preferiríamos que las adaptaciones a los avances técnicos, de lo que se trata claramente en el presente caso, se confiasen a la Comisión y si el Parlamento lo desea tenga una especie de participación o de derecho de bloqueo si cree que debe bloquear una decisión de la Comisión. Probablemente esta sería la mejor solución, pero para ello hace falta la buena voluntad de todos los afectados.

Bowe
Quiero dar las gracias al Sr. Bangemann por lo que ha dicho y, en particular, darle las gracias en nombre de las empresas de pequeño y mediano tamaño de mi circunscripción electoral, que mirarán con muy buenos ojos esta propuesta concreta de cambio. Podrá contar con mi ayuda para garantizar que se tramite en el Parlamento lo más rápidamente posible. En una carta personal que me ha escrito, menciona que éste ha sido un lento proceso de legislación europea que no ha marchado a la velocidad adecuada. De hecho, lo que necesitamos no es una desregulación, sino una regulación correcta y eficaz.

Bangemann
No puedo sino apoyar su punto de vista. Espero que se difunda por aquí.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Marjatta Stenius-Kaukonen (H-0714/96):
Asunto: Concentración de endotoxinas en los sustitutos de leche materna
De acuerdo con informaciones recogidas en los últimos días, se han encontrado grandes cantidades de endotoxinas en los sustitutos de leche materna. Según un grupo internacional de investigación, en el mercado europeo se encuentran disponibles numerosas marcas de leches para lactantes -incluidos los productos Nestlé- cuya concentración de toxinas se eleva incluso a 700 nanogramos por mililitro. Estos niveles pueden poner en serio peligro la salud de los bebés, puesto que, al contacto con la sangre, la milésima parte de un nanogramo puede ocasionar en adultos síntomas como, por ejemplo, el de la gripe. Se debería establecer con la mayor urgencia posible un nivel máximo de concentración de bacterias en los preparados sustitutivos de leche materna. ¿Está la Comisión al corriente de los resultados de este estudio y qué medidas tiene previsto adoptar para proteger a los consumidores?

Bangemann
Señor Presidente, me parece que hemos pasado por toda la cadena alimenticia. Ahora estamos en los alimentos para los lactantes que, naturalmente, suponen una parte muy importante de la política alimentaria. Conocemos esta cuestión de las endotoxinas así como los informes de prensa sobre el estudio al que se refiere en su pregunta. Según las informaciones de que dispone la Comisión este estudio no ha aparecido en publicaciones científicas ni tampoco se ha puesto a disposición de otros científicos para su examen. Numerosos alimentos, inclusive los destinados a los lactantes, contienen endotoxinas. Estas son partes de células bacterianas que se presentan de modo natural en los alimentos. Son moléculas grandes que tras ingerir los alimentos normalmente no van a parar a la circulación sanguínea a través de la pared intestinal, por lo que, desde un punto de vista científico, no es peligroso para los adultos o para los bebés tomar leche o productos lácteos que contienen endotoxinas.
Estas endotoxinas solamente pueden provocar enfermedades si llegan a la circulación sanguínea lo que no ocurre a través de los alimentos. Desde un punto de vista científico, actualmente no es necesario fijar unos valores límite para las endotoxinas en los alimentos para lactantes o valores límite microbiológicos para limitar las endotoxinas. No obstante, seguiremos esta cuestión y si, en base a nuevos conocimientos científicos, surgiese otra cosa, actuaremos del modo correspondiente.

Stenius-Kaukonen
Señor Presidente, Sr. Bangemann gracias por la respuesta. Yo misma he investigado este asunto después de haber formulado la pregunta y he obtenido respuestas similares a las que acaba de exponer el Sr. Bangemann. En un diario finlandés se afirmaba, no obstante, que no se deben mantener en casa durante mucho tiempo los envases de sustitutos de leche materna una vez abiertos. Los preparados en polvo deben mezclarse siempre con agua de buena calidad y utilizarse cuanto antes. Por ello, es importante que se haga un seguimiento de estos sustitutos de leche materna y, en general, de la leche que se bebe. Se afirmaba asimismo que las endotoxinas pueden aumentar cuando se ha empleado una materia prima de mala calidad, cuando la higiene ha sido deficiente y el período de conservación ha sido largo, todo lo cual se traduce en un producto de mala calidad. ¿No parece llegado el momento de llevar a cabo, de manera general, un mejor control de la calidad de la leche y de los sustitutos de leche materna? ¿Ha pensado la Comisión en hacer algo al respecto?

Bangemann
Si alguien trata descuidadamente tales alimentos, por ejemplo, si los deja abiertos durante mucho tiempo o sin refrigerar, se trata naturalmente de una dejadez que no se puede solucionar mediante normas legales. Lo que quizás se podría hacer es llamar la atención en los envases de los alimentos para lactantes -no sé si ya se hace- que tales alimentos deben tratarse muy cuidadosamente, no dejarlos abiertos, etc. Podemos comprobar si en los países miembros o en nuestros propios reglamentos y directivas esto está ya regulado. Si no fuese así es quizás lo único que se puede hacer.
Si alguien, por dejadez, no trata cuidadosamente estos alimentos a pesar de todas las indicaciones, el poder del legislador no llega tan lejos.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Maj Britt Theorin (H-0628/96):
Asunto: UEM
El movimiento sindical LO, Confederación de Sindicatos suecos, ha planteado en el marco del debate que se lleva a cabo en Suecia la cuestión de si no desaparecerá en el futuro el arraigo democrático de las decisiones en materia de política monetaria. Otros destacados participantes en el debate han planteado el tema de si, tras la realización de una política monetaria común, no deberían tomarse medidas encaminadas a una política financiera común.
¿Qué juicio le merece a la Comisión el planteamiento de que el arraigo democrático de las decisiones en materia de política monetaria se perderá por el hecho de que la competencia en materia de decisiones pase de los representantes directamente elegidos por el pueblo en los Estados miembros a funcionarios del Banco Central Europeo?
¿Estima la Comisión que como consecuencia de la introducción de una política monetaria común se impone la preparación hacia una política financiera común y una política común?

de Silguy
Señor Presidente, la Comisión, al igual que su Señoría, mantiene un respeto escrupuloso por los principios democráticos. Ésta desea recordar, en este sentido, que las ratificaciones del Tratado de la Unión Europea se han efectuado conforme a los procedimientos nacionales respectivos de cada Estado miembro, es decir, de manera democrática.
Con respecto al contenido del Tratado, el artículo 109 A prevé que el presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, previa consulta a esta Asamblea. Este procedimiento de nombramiento ofrece por tanto todas las garantías de transparencia y democracia. El protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales prevé, por otro lado, unas disposiciones que permiten garantizar un control del banco y de su funcionamiento. Así, el Banco Central Europeo remitirá un informe anual al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo podrán, a petición de esta Asamblea, ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento.
El buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria se basará en dos vectores de decisión: el monetario y el económico. El monetario estará encarnado por el futuro Banco Central Europeo, cuya misión será la de dirigir la política monetaria con total independencia. Ésta es la garantía de credibilidad de la moneda europea, también la garantía de la lucha contra la inflación, un mal devastador para nuestras economías y en especial para las capas menos favorecidas de la población.
El vector económico estará representado por el Consejo de Ministros, compuesto por miembros de Gobiernos, por tanto, democráticamente constituido. Tendrá una función económica de primer orden, pues coordinará las políticas económicas. Decidirá la orientación de la política de cambio - es el artículo 109 del Tratado - y será competente en materia de empleo y cooperación económica.
La Unión Económica y Monetaria es, por consiguiente, un conjunto democrático y equilibrado, donde cada institución tendrá un papel bien definido y útil que desempeñar. Es, por otra parte y al mismo tiempo, la condición para este buen funcionamiento y la de su aceptabilidad por los ciudadanos.

Theorin
Muchas gracias por su respuesta. En Suecia hay una mayoría aplastante de la población en contra de la UEM. Esto se debe seguramente a varios factores. Dos de los máximos representantes del Gobierno, el Primer Ministro y el de finanzas, piensan que no es posible una UEM y una política monetaria común sin una política financiera común, es decir, una política común de ingresos fiscales y de gastos.
El experto americano en asuntos de economía nacional, Martin Feldstein, escribe en «Economist» que los argumentos económicos a favor de la UEM son tan dudosos, y los riesgos tan manifiestos, que el proyecto jamás se habría puesto en marcha si no existiesen unos motivos adicionales de fuerte signo político. Los dos motivos que menciona son el neoliberalismo y el federalismo.
En mi opinión, la democracia no aumenta negándoles a los parlamentos y gobiernos nacionales el derecho a adoptar decisiones sobre política financiera y monetaria. El control, señor Comisario, no es lo mismo que la democracia y la política que deciden los representantes elegidos democráticamente. La unión monetaria y, en relación con ella, la política financiera común, constituyen el sueño de los federalistas, pero son un proyecto que es la pesadilla de la democracia.

de Silguy
Creo que es necesario distinguir dos cosas. Por una parte los efectos de la Unión Económica y Monetaria, que serán buenos para la economía en general y para los ciudadanos. Efectivamente, reducir los déficits es algo positivo, en primer lugar para el empleo.
Poner en práctica la moneda única, es decir, suprimir las fluctuaciones monetarias, es igualmente algo positivo para el crecimiento y para el empleo. Por otra parte está la explicación a los ciudadanos para convencerlos de que la Unión Económica y Monetaria es necesaria y positiva. En este sentido, creo que la campaña lanzada conjuntamente por la Comisión y el Parlamento Europeo es un modelo en su género, y todos los miembros, tanto del Parlamento como de la Comisión, deben sentirse implicados.

Smith
El progreso hacia la plena unión económica y monetaria exige la irrevocable conexión de las monedas de los Estados miembros a una moneda única. No sé que pasa en el resto de la Unión Europea, pero el principio con el que actúa el Parlamento del Reino Unido es que ninguna legislatura puede vincular a sus sucesoras. Seguramente pedir la conexión irrevocable de una moneda, lo cual significa para siempre, sea pedir demasiado. ¿O hay algún medio de que, en el futuro, algún Estado miembro que piense que el sistema no funciona pueda salirse del mismo?

de Silguy
Plantea usted un problema teológico. En el sistema europeo siempre se puede entrar pero no se puede salir, y no es una novedad del Tratado de Maastricht con relación al Tratado de Roma o a los demás tratados europeos.
Dicho esto, creo que las ventajas son suficientemente importantes y positivas como para que nuestros pueblos se den cuenta de la utilidad de esta Unión. Y me parece muy importante añadir que hoy, en un momento en que los movimientos de capitales están completamente liberalizados, la soberanía en materia monetaria no se verá disminuida por la Unión Económica y Monetaria. La Unión Económica y Monetaria será un medio para que nuestros Estados miembros, de manera colectiva, puedan encontrar, en materia monetaria una soberanía que, por desgracia, están perdiendo día a día.

Bonde
La pregunta formulada por la Sra. Theorin es muy importante. Quisiera preguntar al Sr. De Silguy dónde encuentra teóricos económicos que insinúen que un país con ingresos procedentes del petróleo reaccionará igual que un país con déficit energético si el precio del petróleo se duplica o se reduce a la mitad. No es honrado presentar una propuesta para la Unión Monetaria que atiende al aspecto monetario sin incluir también competencias paralelas en los ámbitos de la política financiera, la política de rentas y de las demás formas de la política económica. Es posible apoyar una política económica establecida a nivel central, pero en este caso debe disponerse de todos los instrumentos políticos. No es posible apoyar una división de los instrumentos políticos como la que figura en el Tratado de Maastricht.

de Silguy
Al citar el ejemplo del petróleo toma usted, señor Diputado, el de un país - uno de los dos países - que justamente tiene una facilidad de opting out , es decir, de participar o de no participar, y a él le tocará decidir si desea participar en la Unión Económica y Monetaria. Yo veo que, incluso para este país, el peso de los ingresos por petróleo ha disminuido fuertemente desde hace unos veinte años, y estamos viendo en Europa una convergencia cada vez mayor entre las economías. Creo que para que una unión monetaria funcione es importante tener una buena coordinación entre las políticas presupuestarias y que todo el mundo persiga el mismo objetivo.
No tiene importancia la creación de una gestión centralizada de las políticas económicas y presupuestarias. Incluso creo que sería contrario al espíritu del Tratado y a nuestras tradiciones. Sino que se trata, por los medios que ponemos en práctica, y pienso sobre todo en el pacto por la estabilidad (tema sobre el que la Comisión presentará próximamente una propuesta a esta Asamblea), de trabajar de forma que la dirección de nuestras políticas económicas y de nuestras políticas presupuestarias pueda ir en el mismo sentido, es decir, que juntos decidamos objetivos comunes y nos aseguremos la complementariedad y la coherencia de los objetivos que persigue cada uno de los países.
Añadiré por otra parte que, si no fuera de este modo, los mercados terminarían por sancionar este tipo de comportamientos, ese tipo de desviaciones. En definitiva, ello se traduciría en movimientos monetarios y alzas de los tipos de interés y, a fin de cuentas, en un menor crecimiento y más paro.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Hans Lindqvist (H-0637/96):
Asunto: Objetivos y medios para reducir el desempleo
En la Cumbre de Florencia celebrada en junio se decidió seguir adelante para lograr la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, la UEM. Las propuestas que se recogieron sobre medidas encaminadas a reducir el desempleo serán atendidas en el futuro. En términos generales, con la UEM se trata de luchar contra la inflación, lograr una estabilidad de los precios y mantener reducidos el déficit presupuestario y la deuda pública. La UEM no incluye ninguna exigencia para reducir el desempleo o aumentar las cifras de personas con ocupación. El desempleo ha venido creciendo en la UE después de que se adoptara una decisión sobre la UEM en el Tratado de Maastricht.
¿Cuáles son los objetivos del Sr. Comisario por lo que respecta a la reducción del desempleo en la UE? ¿Qué medidas legislativas y concretas tiene previstas el Sr. Comisario para reducir el desempleo y aumentar los niveles de ocupación en los países miembros de la Unión? ¿Cuándo se presentarán dichas medidas?

de Silguy
Señor Presidente, señoras y señores Parlamentarios, la Comisión no comparte, en este caso particular, el análisis de su Señoría. El desempleo no data de la ratificación del Tratado de la Unión Europea. La aparición del desempleo en Europa corresponde a la primera crisis del petróleo de 1973, y debo añadir que las fluctuaciones de los tipos de cambio han penalizado igualmente de forma grave el empleo en Europa. Lo hemos visto en 1992-1993 e incluso en 1995. Entonces, ¿cuáles son las causas del desempleo? Son dobles. En primer lugar coyunturales. ¿Se sabe claramente que sólo las fluctuaciones monetarias de la primavera de 1995 costaron a Europa un 2 % de crecimiento y 1, 5 millones de empleos entre los años 1995 y 1996? Sólo un crecimiento duradero a medio plazo y no inflacionista permitirá contribuir a la creación de empleo. Pero las causas son ampliamente estructurales, y pienso en especial en la excesiva rigidez del mercado de trabajo que impide a la Unión aprovechar al máximo el crecimiento para crear empleo.
Para poner remedio de forma sustancial al desempleo, la Comisión propone una estrategia global que ya he tenido ocasión de presentar ante esta Asamblea. Si el saneamiento de las economías, que coincide con la realización de la Unión Económica y Monetaria, es hoy la condición previa para la creación de empleo en Europa, se deben tomar necesariamente una serie de medidas adecuadas de manera concomitante y por los Estados miembros. Por otra parte es éste el sentido del pacto de confianza que propuso el Presidente Santer.
La Comisión asume así plenamente sus responsabilidades en el tema del empleo que es, no olvidemos, la finalidad de la política económica, hasta tal punto que la Comisión, en el dictamen que elaboró para la CIG, pidió que en el Tratado se considere al empleo una cuestión de interés común por los Estados miembros de la Unión, al mismo nivel que la política económica y la política de cambio.

Lindqvist
Sí, señor Comisario, las dos cosas están relacionadas. El Tratado de Maastricht ha demostrado claramente que no se ha resuelto aquello que se considera como el mayor problema de Europa.
Si la intención hubiese sido la de dar primacía al empleo, no se habría dado, en su lugar, a la reducción de la inflación y a la estabilidad de precios, dejando el empleo fuera del Tratado de Maastricht. No está reglamentado. 18-20 millones de personas están en paro. Por ejemplo, en Suecia, el paro era del 2 % al solicitar la adhesión a la UE. Hoy, cinco años más tarde, es del 14 %. Naturalmente, no se puede argumentar que se trate de un problema de adaptación en relación con la UEM, porque debería ser al contrario. El paro debería disminuir.
No he recibido respuesta a mi pregunta. ¿Cuáles son las propuestas del Comisario con objeto de reducir el paro? ¿Cuándo nos llegarán estas propuestas, y qué otras propuestas constitucionales y de otro signo político aportará usted para que los parados se den perfecta cuenta de que es esto a lo que se da primacía y no a los principios de técnica presupuestaria?

de Silguy
No tengo las cifras en la cabeza, pero es interesante examinar la evolución del desempleo. Así, he podido constatar que, desde 1975, en Europa han crecido a la par los déficits públicos y el número de desempleados. Por consiguiente, el problema del empleo no se va a resolver insistiendo en los déficits públicos. Si éstos crearan empleo, visto su nivel en Europa, nos encontraríamos en una situación de exceso de empleo.
Antes al contrario, creo que únicamente con una política de rigor presupuestario y saneamiento de las finanzas públicas crearemos las mejores condiciones para conseguir un mayor crecimiento. Sepan que si se redujeran los déficits públicos en Europa en un 1 %, ello liberaría 60.000 millones de ecus por año, que podrían destinarse no a las deudas y a los déficits sino a la inversión productiva. Por tanto, la primera condición para crear empleo es recuperar un crecimiento sano, estable y no inflacionista, y ello pasa por el saneamiento de las finanzas públicas.
Por lo demás, las razones principales del desempleo son de orden estructural. La Comisión ha presentado en varias ocasiones ante este Asamblea, ante el Consejo de Ministros y ante el Consejo Europeo, las estrategias globales sobre el empleo. Y debo aclarar sobre este punto que en la medida en que el desempleo sea en gran parte de origen estructural, únicamente podremos combatirlo con medidas estructurales. No hay milagros y esto no se conseguirá de la noche a la mañana.
Más aún, en la práctica totalidad de los casos, se trata de medidas de carácter nacional. Pienso en especial en las reglamentaciones del mercado de trabajo; en la reglamentación del tiempo de trabajo y en la disminución de las cargas que pesan sobre la mano de obra industrial por medio de la fiscalidad o de las cargas sociales. Por tanto se trata ante todo de medidas de orden nacional principalmente. Sin embargo, en una serie de temas, mediante el refuerzo del diálogo social y a través de los medios presupuestarios de que disponemos, podemos utilizar el nivel comunitario para dar plena dimensión y acompañamiento suficiente a los esfuerzos que deben realizarse a nivel nacional.
No invirtamos los papeles en la materia. No intentemos tampoco echar abajo el principio de subsidiariedad y esperemos que los Gobiernos y los Estados miembros asuman sus responsabilidades de forma paralela a los interlocutores sociales y complementaria al trabajo de la Comisión.

Morris
Durante la última semana hemos sabido la respuesta del laborismo, de los trabajadores y los sindicatos en Alemania hacia los recortes propuestos en los servicios públicos y los recortes de las prestaciones públicas como consecuencia de la determinación del Gobierno alemán de cumplir los criterios de Maastricht para la UEM.
Permítame hacer una pregunta, que es una pregunta sincera: ¿qué margen de flexibilidad permiten y autorizan los criterios de Maastricht? Por ejemplo, si un determinado Estado miembro estuviera decidido a utilizar sus recursos para crear puestos de trabajo positivos, y ello implicara lo que podría entenderse como un incumplimiento de los criterios de Maastricht, considerarían inaceptable la Comisión y el propio Consejo ese tipo de decisión?

de Silguy
Para nosotros, crear empleo es necesariamente algo positivo, señor Diputado. Creo que es importante no equivocar el debate. Con moneda única o sin ella, los Estados miembros no tienen otra solución, en el momento actual, para reducir los déficits públicos. Citaba usted con toda justicia la utilización del dinero para crear empleo. Pues bien, hoy el 50 % del ahorro de las familias lo absorbe la financiación de los déficits de los Estados miembros y organismos de la seguridad social. Este dinero estaría mejor utilizado si se destinara a la creación de empleos, y ésta es la razón por la que es preciso justamente reducir los déficits públicos.
No hay otra solución, si los Estados miembros no lo hicieran, los mercados los sancionarían y, en definitiva, los tipos de interés de esos países subirían. Por consiguiente, el crecimiento disminuiría y sería todavía más difícil la creación de empleo. Por tanto, no se trata de flexibilizar el Tratado. No añadiremos nada ni suprimiremos nada al Tratado. Lo aplicaremos tal como está previsto. Y confío en que un número significativo de Estados miembros cumplan las condiciones previstas por el Tratado a finales del año próximo.
No obliguemos al alumno a que haga su examen de ingreso antes de saber en qué clase debe estar. No adelantemos nada sobre este examen; sería contraproducente e inoportuno y tendría un efecto desmovilizador, mientras que, incluso si no es suficiente para crear empleo, la prioridad macroeconómica es hoy, para los Estados miembros, poner en orden sus finanzas y no vivir por encima de sus posibilidades.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Jan Andersson (H-0646/96):
Asunto: ¿Qué países son necesarios para la entrada en vigor de la UEM?
Habida cuenta del número extremadamente reducido de países que, hoy por hoy, cumplen los criterios de convergencia, sería importante saber cuál es, en opinión de la Comisión, el número de países necesario para poder llevar a cabo la UEM. Del mismo modo, sería conveniente saber cuáles son, según la Comisión, los países que se encuentran en una posición clave y son, por lo tanto, imprescindibles para la entrada en vigor de la UEM.
¿Cuál es la mínima participación posible para asegurar la aplicación de la UEM?

de Silguy
Señor diputado, si, desde un punto de vista jurídico, la Unión Económica y Monetaria puede funcionar únicamente con dos Estados miembros, la Comisión estima (y yo diría que se trata sencillamente de una cuestión de sentido común) que, sin Francia, sin Alemania y sin un número importante de otros Estados miembros, el interés de las ventajas de la Unión Económica y Monetaria sería evidentemente menor.
Así las cosas, no existe ninguna lista preestablecida. A la vista de los progresos de la convergencia, ya lo he dicho hace unos instantes, la Comisión está convencida de que habrá un número significativo de países que estarán en disposición de participar desde el primer momento de la Unión Económica y Monetaria. Pero, conforme a lo que los Jefes de Estado y de Gobierno fijaron en Madrid en diciembre pasado, la decisión de paso a la Unión Económica y Monetaria se tomará lo antes posible en 1998 por el Consejo Europeo, sobre la base de los informes del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión, y previa consulta a esta Asamblea. La evaluación tendrá lugar, por tanto, a finales de 1997 o principios de 1998, a la vista de los resultados de 1997. La Comisión sabe hacer muchas cosas pero todavía no sabe leer en una bola de cristal, y yo no puedo adelantar nada sobre los resultados del año próximo.
En este mismo sentido, tengo interés en recordar que tampoco debemos adelantar nada sobre los plazos. Sería un ejercicio inútil. En estos momentos, el debate sobre este tema sólo frenaría el proceso de convergencia. Así pues, un relajamiento de los esfuerzos de consolidación presupuestaria no tendría sentido, pues la situación actual necesita que se continúe, y en algunos casos se amplíe, la reducción de los déficits, pues ésta (insisto en este punto pues es fundamental) contribuye a aumentar el ahorro disponible para la inversión creadora de empleo y por lo tanto, a reducir los tipos de interés.

Andersson
Gracias, señor Presidente y gracias, señor Comisario, por la respuesta. El motivo de que formule la pregunta son las grandes dudas que existen en torno a la UEM en toda Europa, y que me causan preocupación. Si sólo son unos pocos países los que participen al inicio de la UEM, creo que la duda seguirá existiendo en Europa. Si, por el contrario, son muchos los que participan y una minoría los que se quedan fuera, también creo que la opinión pública en los que permanecen fuera y donde la duda es quizá mayor, por ejemplo en mi país, Suecia, a su debido tiempo podrá ver cómo se desvanecerán las dudas, y estos países formarán parte de la UEM, porque las ventajas y la fuerza de la UEM se incrementarán cuantos más sean los países que formen parte de ella.
Por lo que respecta a la cuestión de la relación entre el empleo y la UEM, es evidente que un tratamiento demasiado duro de las cuestiones presupuestarias puede influir negativamente a corto plazo sobre el empleo. A largo plazo, por el contrario, no veo contradicción alguna entre la lucha por controlar la inflación y la lucha contra el paro.

de Silguy
Creo que, actualmente, hay una diferencia de apreciación entre la percepción que se tiene en algunos países, en ciertas opiniones públicas, de la posibilidad de llegar a la moneda única, por una parte, y la situación exacta por otra. Puedo decirles que se está acelerando el ritmo y que, a fin de año, habremos concluido los trabajos preparatorios de la Unión Económica y Monetaria.
El Consejo Europeo de Dublín deberá pronunciarse (y la Comisión hará una serie de propuestas a esta Asamblea sobre el tema) sobre el estatuto jurídico del euro, el pacto de estabilidad, que permite asegurar la buena gestión presupuestaria, y el nuevo sistema monetario europeo, que permitirá evitar que Europa se divida en dos con los países que estarán en la moneda única por una parte (los «in»), y por otra los que no estarán desde el primer momento y que tienen vocación de entrar (los «pre-in»). Creo que en el momento actual hay un importante avance, una voluntad considerable, política y técnica de alcanzar la Unión Económica y Monetaria en los plazos previstos.
Por otra parte, digo y mantengo que las previsiones que hicimos en la última primavera y que presentamos a la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de esta Cámara siguen siendo a fecha de hoy, 17 de septiembre, válidas, y tengo todas las razones para pensarlo. Por consiguiente confirmo lo que dije en el mes de mayo, habrá un número significativo (he hablado incluso de mayoría en lo que respecta al famoso valor de referencia del 3 %) de Estados miembros que estarán preparados para dar el paso a finales de 1997.
Falta, señor Diputado, que se plantee un problema de explicación y persuasión; tiene usted razón, es especialmente sensible en su país y en otros como en Suecia. Creo que, efectivamente, hay un esfuerzo que hacer para demostrar que, con moneda única o sin ella, no queda otra solución que reducir los déficits públicos y que no es la reducción de los déficits públicos la que destruye empleo; al contrario, permite crearlo; igualmente, es necesario demostrar que la estabilidad monetaria es un factor de crecimiento y por tanto un factor de creación de empleo.
Soy consciente de que hay que hacer un esfuerzo de comunicación. Diría que debe movilizar a todo el mundo y a todos los responsables políticos, sociales y económicos de los diferentes países. Europa se encuentra en un momento crucial y es necesario demostrar a todos los países que es más interesante estar dentro de la moneda única que fuera.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 48 no se formula.
Pregunta nº 49 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0624/96):
Asunto: Normativa sobre medio ambiente en los nuevos Estados miembros
Suecia, Finlandia y Austria obtuvieron durante las negociaciones de adhesión el derecho a mantener ciertos requisitos más estrictos en materia de medio ambiente por espacio de cuatro años. Durante el período transitorio, la UE revisará su normativa al respecto con el objetivo de hacerla más estricta. De acuerdo con un documento de la DG 11 de 10 de abril de 1996, la Comisión considera imposible que la UE pueda elevar el nivel de su normativa en materia de medio ambiente al nivel existente en los nuevos Estados miembros. De este documento se deduce igualmente que no parece claro si esta normativa se puede acoger a la posibilidad de solicitar continuas disposiciones especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 100A.
¿Puede el Miembro de la Comisión confirmar que la Comisión considera imposible aumentar el nivel de la normativa de la UE al nivel existente en los nuevos Estados miembros?
¿Considera el Miembro de la Comisión que el apartado 4 del artículo 100A es aplicable para las disposiciones transitorias en el caso de que el nivel de la UE no aumentara durante este período de cuatro años?

Bjerregaard
Como ya he dicho en otras ocasiones, la conclusión de la revisión antes de la expiración del período transitorio de cuatro años con resultados satisfactorios para los nuevos Estados miembros es uno de los primeros puntos del temario político de la Comisión. En cuanto al documento de la Comisión de 10 de abril de 1996, al que se hace referencia en la pregunta, éste no corresponde a la actitud oficial de la Comisión. Me han informado de que el documento era un texto para un debate interno destinado al uso de los servicios. Expone una serie de alternativas para el caso de que el proceso de revisión no termine antes de finales de 1998. En cuanto a mi propia actitud ante este tema, hago referencia a mi discurso ante el Parlamento Europeo el 3 de julio de 1996, en el que dejé claro que mi punto de vista siempre ha sido y seguirá siendo que, dentro de mi área de competencias, es decir, el medio ambiente, ninguno de los nuevos Estados miembros será obligado a reducir el nivel de sus normas medioambientales y sanitarias a la expiración del período transitorio. El nivel de cobertura en la prensa del debate del 3 de julio me ha sorprendido un poco; no obstante, este es mi punto de vista.
Puedo confirmar que la parte técnica de la revisión de gran parte de las decisiones incluidas en el proceso avanza a buen ritmo y que probablemente podrá ser terminada durante el período transitorio.

Sjöstedt
Le agradezco su respuesta a la Comisaria, y especialmente su aclaración sobre el hecho de que este documento no representa la actitud de la Comisión. Pero el documento es muy interesante, de modo que le haré dos preguntas adicionales.
En el documento se hace referencia a otro escrito del «Legal service» de 13 de diciembre de 1995, donde se dice que es un problema aplicar la llamada «cláusula de salvaguardia» a los países nuevos. Me pregunto si el documento es o puede hacerse público, y: ¿Qué tipo de problemas existen en relación con el artículo 100a 4, la llamada cláusula de salvaguardia?
En el documento se llega además a la conclusión de que resultaría difícil conseguir la mayoría en el Consejo si se estableciesen los niveles máximos de los países miembros. Me gustaría escuchar la opinión de la Comisaria sobre el tema.

Bjerregaard
Es evidente que el procedimiento implica que haya acuerdo político entre la mayoría de los Estados miembros y, obviamente, no tengo posibilidad de garantizar que lo habrá. Es posible que algunos Estados miembros tengan un punto de vista diferente al mío y al de la Comisión, por lo que pueden surgir problemas en el camino. Supongo que los Estados miembros conocen perfectamente los procedimientos internos. Lo que puedo prometer es que la Comisión se encargará de acabar la revisión, para que sea posible realizar el examen político. Mi propia opinión es que debemos conseguir los límites más altos posibles, para que los nuevos Estados miembros no se vean obligados a reducir sus normas. Esto es lo que estamos intentando.

El Presidente
Pregunta nº 50 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0625/96):
Asunto: Tarea de saneamiento medioambiental en la península de Kola
La situación del medio ambiente en la península de Kola puede describirse como catastrófica. A modo de ejemplo, los valores de radiación radiactiva son 500 veces mayores que los valores normales en Europa. Los Estados miembros de la Unión Europea se ven igualmente afectados por este problema.
¿Está examinando la Comisión las posibilidades de la Unión Europea para ayudar en la tarea de protección medioambiental en la península de Kola?
¿Se han planeado ya medidas concretas?

Bjerregaard
La Comisión no dispone de información que apoye la afirmación de que los valores de radiación en la península de Kola en la parte nordeste de Rusia son 50 veces mayores que los valores normales en Europa. En esa región se recogen grandes cantidades de residuos radiactivos. La Comisión ha terminado recientemente un estudio que incluye la recopilación de datos para la elaboración de una lista de residuos radiactivos. El correspondiente informe está a punto de ser publicado. En la actualidad, la Comisión está realizando asimismo un examen para valorar los efectos radiológicos del vertido de reactores nucleares en aguas árticas. Todos los residuos radiactivos en la península están almacenados en instalaciones provisionales en tierra o en barcos. La mayor parte de estas instalaciones son inadecuadas para el almacenamiento a largo plazo y no son compatibles con los requisitos de seguridad modernos. Como consecuencia de la crisis económica de Rusia, los productores de los residuos no han podido construir nuevas instalaciones. En 1995 se acordó que TACIS apoyara una serie de proyectos en esta región relacionados con la eliminación de residuos radiactivos. Un importe de 5 millones de ecus ha sido destinado a este trabajo. En el presupuesto de 1996 se ha destinado otro millón de ecus para ayudar a eliminar el combustible nuclear usado almacenado en el buque «Lepse» que se encuentra en el puerto de Murmansk. En otras varias ocasiones he tenido la oportunidad de contestar diversas preguntas en esta Asamblea y deseo subrayar una vez más que nos tomamos muy en serio los problemas relacionados con la península de Kola.

Ahlqvist
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. La situación en la península de Kola es catastrófica. Las instalaciones para el almacenamiento de residuos tienen filtraciones y los niveles de radiación son elevados. Según un documento de la Comisión, dichos niveles son 500 veces mayores que los normales en Europa. Ningún otro país del mundo tiene tantos reactores nucleares en una superficie tan pequeña, y dos de ellos se cuentan entre los diez más peligrosos del mundo. Según la Fundación Bellona, se han hundido 16 reactores nucleares en el Mar de Kara. Los buques se oxidan y su carga radiactiva se sumerge. Hay que hacer algo. Lo que está sucediendo no afecta solamente al futuro de la península de Kola, sino también a toda Europa. Todos estamos amenazados.
En 1995 Noruega elaboró un documento dirigido a la población. ¿Qué hace la UE? ¿Cuántos recursos se van a invertir en el futuro para solucionar este grave problema, y colabora la UE con las otras partes interesadas?

Bjerregaard
Comparto la preocupación de la autora de la pregunta por estos problemas, por lo que la Comisión está trabajando activamente en el tema. Me permitiré hacer un par de comentarios más sobre los proyectos TACIS. El mayor proyecto se refiere a la eliminación de residuos radiactivos y finalizará con la construcción de instalaciones de almacenamiento y con la valoración de la seguridad que presentan éstas y del emplazamiento elegido. El gasto será de 3 millones de ecus. Otros proyectos se refieren al almacenamiento provisional de residuos radiactivos y supondrán la valoración de las instalaciones existentes y la mejora en la construcción de nuevas instalaciones, con un gasto de medio millón de ecus. Se procederá también a una valoración de la gestión y del almacenamiento de combustible irradiado, incluidos los temas de los medios de transporte, el desarrollo de una política de gestión de los residuos radiactivos en la región y la realización de trabajos de carácter más general, como la formación de personal en la gestión de residuos radiactivos. En cuanto al proyecto relacionado con el «Lepse», que he mencionado antes, la Comisión está trabajando activamente en este tema e intenta, obviamente, cooperar con otros organismos interesados.

El Presidente
Pregunta nº 51 formulada por John Iversen (H-0626/96):
Asunto: El marchamo ecológico
¿Tiene la Comisión la intención de encomendar a las organizaciones ecologistas tareas en relación con la elaboración de criterios para el marchamo ecológico de forma que los consumidores europeos puedan volver a confiar en estas marcas de identificación que figuran en las etiquetas de los productos?
La Comisión está elaborando actualmente una modificación del sistema del marchamo ecológico. Una de las posibilidades que se están barajando es privatizar en parte el marchamo encomendando su atribución a una organización europea de marchamos ecológicos. Esta organización europea de marchamos ecológicos se encargaría de elaborar criterios en colaboración con las autoridades competentes y otros sectores relevantes.

Bjerregaard
La Comisión anunció en su programa de trabajo para 1996 una propuesta de modificación del Reglamento nº 880 de 1992 sobre el establecimiento de un régimen comunitario para la asignación del marchamo ecológico. El motivo principal de la modificación es -estoy segura de que el Sr. Iversen lo sabe- la necesidad de mejorar el régimen haciéndolo más eficaz. Para ello nos estamos basando en las experiencias obtenidas hasta ahora. Según el Reglamento actual, la propia Comisión fija los criterios para el marchamo ecológico mediante un procedimiento -en mi opinión- muy complicado. Por ello, la Comisión está planteando la posibilidad de traspasar esta función a una institución independiente, previa modificación del Reglamento. Estamos todavía considerando la forma y la composición de este organismo. Consideramos que la independencia y la neutralidad son aspectos decisivos para la fiabilidad y el éxito del marchamo ecológico y, por lo tanto, para su eficacia. Cualquiera que sea la decisión definitiva que propongamos, la Comisión velará por que la propuesta incluya normas para conseguir la participación de las organizaciones ecologistas en la definición de los criterios sobre el marchamo ecológico, e independientemente de la modificación del Reglamento, está procurando ya ahora que las organizaciones ecologistas sean oídas en relación con el establecimiento de las normas al respecto según el régimen actual.

Iversen
Les doy las gracias por su buena respuesta. Me parece interesante oír que la Comisión sigue teniendo una visión amplia del marchamo ecológico. Manifiesto también mi satisfacción por la forma en que tiene intención de llevar a cabo el proyecto. No obstante, tengo una pregunta que quizás vaya algo más lejos. Me preocupa la evolución del marchamo ecológico. Me he enterado de que el Gobierno danés -y posiblemente otros gobiernos también- se sumará ahora a otro marchamo ecológico. No tengo, realmente, nada en contra, pero no me parece que el uso de varios marchamos ecológicos favorezca a los consumidores. Por eso, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la idea, según parece, del Gobierno danés de utilizar el cisne como marchamo ecológico y al mismo tiempo mantener el de la UE. ¿Opina usted que esto es posible? ¿No terminarán los consumidores siendo los perdedores en este juego plural de marchamos ecológicos?

Bjerregaard
Ya existen varios marchamos ecológicos. Uno de los más conocidos es uno que funciona muy bien, sobre todo en Alemania, y otro es el marchamo ecológico nórdico del cisne, que ya se ha mencionado. Tengo la impresión de que el motivo de no haber tenido más éxito a nivel europeo es que nuestros procedimientos han sido hasta ahora demasiado rígidos. La aprobación de las propuestas ha llevado demasiado tiempo. A esto se debe también el que hayamos seguido utilizando el marchamo ecológico existente y el que hayamos intentado hacer nuestro procedimiento tan eficaz que realmente nos permita lograr una aprobación, a la vez que intentamos mejorar el régimen. Tengo la esperanza de que, una vez mejorado este régimen, tendremos indicaciones más unívocas para los consumidores. Hasta entonces, cabe decir que es mejor tener alguna forma de orientación para los consumidores que no tener ninguna.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 52 no se formula.
Pregunta nº 53 formulada por Eva Kjer Hansen (H-0656/96):
Asunto: Comunicación secreta sobre la directiva relativa a la supresión de las sustancias tóxicas PCB y PCT
¿Puede confirmar la Comisión que ha sido ella la que ha insistido en no hacer pública la comunicación sobre la interpretación de la directiva de referencia, y que dicha comunicación es contraria al texto de la propia directiva?
¿Considera la Comisión que mantener en secreto una comunicación es un proceder acorde con el código de conducta de 1995 sobre la transparencia, y cree que desde el punto de vista de los principios democráticos son aceptables las comunicaciones secretas?
¿Reconoce la Comisión que la comunicación de referencia dará lugar a una discriminación injustificada de los ciudadanos de la UE, ya que el texto legislativo será interpretado de distinta manera según los Estados miembros?

Bjerregaard
La Comisión ya ha tenido oportunidad de exponer su actitud ante el tema de las comunicaciones emitidas en relación con las actas de las reuniones del Consejo en un intercambio de cartas con el Presidente del Parlamento Europeo y en una respuesta a una pregunta oral formulada el pasado año por los diputados al Parlamento Europeo Krarup, Cot y Casini. Por este motivo, me limitaré a exponer brevemente la actitud de la Comisión, tal como ha sido manifestada al respecto. La Comisión es partidaria ferviente de una mayor apertura y transparencia en el proceso legislativo, por lo que dio la bienvenida al código de conducta aprobado por el Consejo en octubre de 1995. Este significa que las comunicaciones emitidas en relación con las actas de las reuniones son publicadas casi automáticamente. En el caso concreto de la Directiva sobre PCB y PCT, de los debates celebrados en relación con la aprobación definitiva se deducía que una comunicación elaborada a principio de las negociaciones, es decir, en enero de 1995, antes de que el Consejo aprobase el código de conducta y durante el mandato de la anterior Comisión, no era satisfactoria desde el punto de vista de la seguridad jurídica. En otras palabras, cabía la posibilidad de que la situación jurídica no quedase clara. Por eso se modificó el texto de dicha comunicación. Obviamente, ha de existir la garantía de que las obligaciones derivadas de la Directiva sobre PCB y PCT son interpretadas de la misma forma por todos los Estados miembros. La comunicación será publicada ahora junto con la directiva, que probablemente será aprobada definitivamente uno de estos días. Personalmente encuentro la solución satisfactoria, sobre todo debido a la publicación de la comunicación.
La Comisión seguirá cumpliendo sus obligaciones ante el Parlamento Europeo de mantenerlo informado, tal como se estipula en el Tratado de la Unión y en el código de conducta vigente entre la Comisión de la que soy miembro y el Parlamento Europeo.

Kjer Hansen
Ante todo, quiero dar las gracias por la respuesta y después quiero subrayar que me extraña mucho que la Comisaria se muestre ahora personalmente conforme con la publicación. ¿No es verdad que la Comisaria y la Comisión en su conjunto habían insistido en mantener la comunicación en secreto? El único motivo de su publicación ha sido la negativa por parte de Dinamarca a que se ocultara su contenido. Me gustaría saber qué opina la Comisión en general. ¿Puede la Comisaria garantizar que no habrá más comunicaciones secretas dentro del ámbito de competencias de la Comisión? ¿Cree la Comisaria que la opinión que ha manifestado ahora cuenta con el apoyo de la Comisión en su conjunto? ¿Puede la Comisaria garantizar al Parlamento que la Comisión no emitirá más comunicaciones secretas? Me parece triste no haber obtenido ni siquiera una respuesta a las preguntas formuladas por escrito; no obstante, me alegraría recibir ahora una exposición clara de la Comisión.

Bjerregaard
Me parece sinceramente que la autora de la pregunta recibió una respuesta muy clara la primera vez. Había una falta de concordancia jurídica entre la declaración secreta y la propuesta en sí, por lo que la Comisión consideró oportuno volverlo a someter a debate. Así se ha hecho. La directiva será modificada y la declaración será publicada, por lo que no estoy de acuerdo en que se haya actuado debido únicamente a la reacción de un Estado miembro determinado. Por lo demás, me reitero en lo que contesté en primer lugar, es decir, que la Comisión desea cumplir el código de conducta aprobado conjuntamente con el Parlamento.

El Presidente
Pregunta nº 54 formulada por Alex Smith (H-0658/96):
Asunto: Riesgos del uranio empobrecido
El 19 de septiembre de 1994, el comisario europeo (Sr. Paleokrassis) me escribió asegurándome que, en opinión de la Comisión, los riesgos del uranio empobrecido para la salud y el medio ambiente eran mínimos.
Recientemente, el diario británico «The Sunday Times» informó el 21 de julio del presente año de que la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido, en un informe elaborado en 1993, confirmaba la existencia de los riesgos tóxicos causados por el uranio empobrecido y que «el problema no desaparecerá».
¿Podría obtener la Comisión una copia de dicho informe -titulado «Kuwait Depleted Uranium Contamination»- y reexaminar su opinión sobre los riesgos del uranio empobrecido?

Bjerregaard
La Comisión no dispone de los documentos referentes a las consecuencias del uso de uranio empobrecido durante la Guerra del Golfo citados en el artículo de «The Sunday Times» señalado en la pregunta. Estoy al tanto de que ha habido una extensa correspondencia sobre este tema entre la Comisión y su Señoría. En este momento, la Comisión no tiene base para modificar la opinión que ha manifestado en la citada correspondencia.

Smith
Señor Comisario, ¿hará usted por obtener una copia de este informe y valorar sus implicaciones? Da la sensación de que el Gobierno británico no lo tomara en serio y la subsidiariedad no ha funcionado en este caso. ¿Estaría dispuesta la Comisión a adoptar un papel más activo?

Bjerregaard
Con referencia a la información sobre los riesgos para la salud y medioambientales del uso de munición fabricada a base de uranio empobrecido, me gustaría añadir que, al hablar de los riesgos por toxicidad radiológica del uranio empobrecido, hay que separar esta última de la toxicidad química de la sustancia, que es comparable a la del plomo, aunque algo mayor. Otra cosa es el uso de la sustancia como munición. En tal caso, el mayor riesgo está ligado a las partículas producidas por el calor y la fricción en el momento del impacto del proyectil. Estas partículas son prácticamente insolubles. El riesgo de una exposición a las mismas está condicionado, por lo tanto, más por la toxicidad radiológica del uranio empobrecido que por su toxicidad química. Una de las posibilidades de exposición es la inhalación en los pulmones, si bien hay que tener en cuenta que el proceso de resuspensión de las partículas es muy poco eficaz y, una vez que éstas se han sedimentado después de la precipitación, se cree que el riesgo de inhalación es mínima comparado con el de la fase inicial. No entraré en más detalles sobre este tema; tan sólo añadiré que, obviamente, haremos un seguimiento del mismo.

El Presidente
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. Las preguntas no examinadas por falta de tiempo serán respondidas por escrito .
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Reducción del tiempo de trabajo (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40207/96) del Sr. Rocard, sobre la reducción del tiempo de trabajo.

Andersson
Señora Presidenta, empiezo agradeciendo a Michel Rocard su excelente informe, aunque él no se encuentre entre nosotros.
La magnitud del desempleo es actualmente el problema más grave de Europa. Tiene unos costes económicos en forma de ayudas de carácter pasivo al mercado de trabajo, y unos costes sociales en forma de mayor exclusión, abuso de drogas y criminalidad. A largo plazo tiene ciertamente unos costes de carácter democrático, porque las personas que se ven excluidas del mercado de trabajo pierden la fe en el sistema democrático.
Son necesarias unas acciones contra el paro a todos los niveles: local, regional, nacional y europeo. No existe ninguna que sea suficiente por sí misma, sino que se necesita todo un conjunto de iniciativas. Necesitamos sobre todo una política económica que dé primacía a la lucha contra el paro en un grado al menos igual a la importancia que se confiere a la lucha contra la inflación. Necesitamos crecimiento económico y una mayor demanda. Además, es central que se adopten unas iniciativas masivas en favor de la educación, con el fin de incrementar la capacidad competitiva de la mayor parte de los trabajadores europeos. Pero también es necesaria una reducción del tiempo de trabajo con objeto de crear empleos para aquellos que están en paro actualmente. Ninguna medida esporádica va a resolver el problema, sino el conjunto de todas las acciones.
En Suecia los economistas, empresarios y miembros del movimiento sindical están, con unas pocas excepciones, muy en contra de la reducción del tiempo de trabajo, pero yo ya no lo estoy. Me ha impresionado el trabajo de Michel Rocard y su informe, y creo que ésta, junto con otras medidas, serán una valiosa contribución a la lucha contra el paro.
Necesitamos un mayor intercambio transnacional de experiencias sobre los diversos modelos que hayan obtenido los mejores resultados, y los proyectos que funcionan o se han llevado a cabo. También es necesario un estudio de los incentivos que se requieren para poner en pie una reducción del tiempo de trabajo. Michel Rocard ha propuesto un incentivo que puede resultar eficaz. Se trata de una importante aportación, pero es central que se presenten otras.
Aparte de que la reducción del tiempo de trabajo puede contribuir a crear más empleos, esto conlleva naturalmente una mayor calidad de vida para los ciudadanos -para el parado que consigue un empleo, pero también para aquellos que tienen una ocupación actualmente y que tendrán más tiempo disponible para sus familias, intereses, asociaciones y actividades políticas. De este modo podemos aprovechar la reducción del tiempo de trabajo para conseguir una mayor calidad de vida, y para crear más puestos de trabajo.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, tengo que reconocerle al Sr. Rocard una virtud y es que, ante tanto voluntarismo y declaración de intenciones sobre el drama social del desempleo en el ámbito de la Unión, ha conseguido por lo menos traer al Parlamento una propuesta puntual y concreta que ha provocado un intenso y largo debate. Se trata, pues, de un logro personal e inteligente del Sr. Rocard.
Me consta también que ha hecho importantes esfuerzos por aunar posiciones, ya que ante la tragedia del paro no debemos ni podemos encerrarnos en posturas inflexibles. Es una cuestión que de alguna manera nos afecta a todos. No obstante, su propuesta de reducir el tiempo de trabajo, tal y como ha venido planteando, adolece de varios defectos que conviene tener en cuenta.
Primero, no está comprobado que la reducción del tiempo de trabajo cree puestos de trabajo. Hay una especie de contradicción en el informe, porque pide estudios por una parte, pide que se analicen las experiencias, pero al mismo tiempo propone que las medidas se apliquen prácticamente de inmediato. Nosotros somos partidarios de un mayor proceso de maduración, de estudio y de análisis.
Le recuerdo también al Sr. Rocard que, por ejemplo, su compañero Felipe González -que después de 13 años de gestión socialista ha puesto a España a la cabeza del paro en Europa- propuso precisamente esta medida en la última campaña electoral y, sin embargo, los interlocutores sociales no cogieron el guante.
Por otra parte, la reducción del salario que conlleva la reducción del tiempo de trabajo difícilmente puede ser compensada a través del dinero público, como el Sr. Rocard propone, porque lo que se hace es cambiar un mecanismo de redistribución de la renta por otro. Y esa medida, al final, seguiría saliendo del bolsillo de los contribuyentes. Si desde las administraciones públicas se impulsara el mecanismo descrito en el informe, se generaría una demanda sindical y social para implantarlo en todos los sectores y empresas. Si veo que a mi vecino le reducen la jornada laboral y que su salario permanece igual gracias al dinero público, exigiría para mí también el mismo trato inmediatamente.
Y por último, la flexibilización, la adaptación o la reducción del tiempo de trabajo no puede imponerse, debe discutirse -el ponente también lo ha reconocido- y decidirse en su caso por los interlocutores sociales y en los centros de trabajo. Existe un instrumento válido que son los planes plurianuales de empleo, que deben ser el vehículo en cada Estado miembro, una vez debatido entre los sectores afectados -principalmente empresarios y trabajadores-, para trasladar esas medidas de adaptación y reducción del tiempo de trabajo para combatir el desempleo.

Colli Comelli
Señora Presidenta, la propuesta de llevar a cabo reducciones generalizadas del tiempo de trabajo para intentar combatir los altos niveles de desempleo de los países de la Unión Europea parece moverse en un contexto de renuncias. Se traduce en una clara aceptación de la imposibilidad de ampliar la base de empleo. Sin embargo, la única respuesta positiva, y creíble, al desempleo sigue siendo la creación de nuevos puestos de trabajo a través de nuevas iniciativas empresariales. Desde este punto de vista, es imprescindible una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. De ninguna manera puede aceptarse, dado que no está demostrada, la tesis según la cual una reducción generalizada del tiempo de trabajo se correspondería automáticamente con un incremento de los puestos de trabajo. Países como los Estados Unidos y Japón, que no han aplicado la reducción y que, por el contrario, han mantenido horarios laborales más amplios que los europeos, han registrado un aumento de los puestos de trabajo. Debe favorecerse e incentivarse la competitividad de las empresas, sobre todo de las PYME y de las microempresas.
La aplicación de la reducción del tiempo de trabajo implicaría graves pérdidas en términos de competitividad; imaginar disposiciones que restringieran las posibilidades organizativas de las empresas, sus exigencias productivas, significaría comprometer su propia existencia, por no hablar de la incitación al doble trabajo. Para combatir el desempleo hay que reorganizar el tiempo de trabajo mediante la utilización de diferentes fórmulas como la contratación por tiempo determinado y a tiempo parcial, el trabajo temporal o las formas de trabajo a tiempo parcial en el acceso, con destino a los jóvenes con escasa experiencia, y de tiempo parcial a la salida, reservadas para los trabajadores mayores. Reducir el tiempo de trabajo no significa crear oportunidades de empleo, sino hacer más costoso el trabajo ya existente.

Nordmann
Señora Presidenta, no me es posible analizar en un minuto todos los aspectos del informe.
Me limitaré, pues, al punto dos, que es la parte esencial, el meollo, del informe Rocard, para apoyar este punto, señora Presidenta, porque se trata de la propuesta más innovadora que hayamos oído desde hace años. Su mérito es cortar el nudo gordiano entre competitividad y reducción del tiempo de trabajo y mostrar que dicha reducción puede ser compatible con la competitividad de las empresas.
Esa es la propuesta esencial, ya que renueva el debate y resulta económicamente posible y socialmente oportuna. Dentro de este espíritu querría, en nombre de los Liberales, apoyar esta orientación inteligente e innovadora, y que puede constituir ese «punto de apoyo» que Arquímedes pedía para levantar el más pesado de los lastres, como es hoy la ausencia de pleno empleo.

Ribeiro
Señora Presidenta, una de las formas de luchar contra el desempleo es sin duda la de reducir la jornada laboral de quienes tienen empleo. Pero la reducción con ese objetivo sólo tiene sentido si sirve para crear más puestos de trabajo y para quienes carecen de ellos. Ése debió de ser en su génesis el objetivo de Rocard: reducir el horario de trabajo para crear empleo. Lo felicito por la iniciativa. Ahora bien, en su recorrido por negociaciones y transacciones, perdió, en nuestra opinión, el norte hasta el punto de que estaría justificado que se le cambiara el título, pero no adaptar el título, porque pasó a tener otro norte, pasó a perseguir una nueva configuración de la jornada laboral. Esa nueva configuración de la jornada laboral, mediante la flexibilización y la precariedad, va encaminada a la consecución de un mejor aprovechamiento de los equipos, un aumento de la productividad y de la competitividad sin garantía alguna de creación de nuevos puestos de trabajo, sino al contrario y con la aceptación de la inevitabilidad de que la disminución salarial para los trabajadores desempleados quede compensada, llegado el caso, mediante mecanismos intrincados. Por el camino se perdió la finalidad primera, prioritaria, única, de lucha contra el desempleo, de creación de más puestos de trabajo. Tal vez ingenuamente, nos gustaría haber contribuido a recuperar esa idea inicial y contrarrestar la recuperación de que ha sido objeto. Creemos que eso habría sido posible con la clara aceptación del principio de la reducción de la jornada laboral con ese fin, con la adopción de límites para la duración del período laboral no sólo semanales, sino también diarios, mensuales y anuales. La aplicación de ese principio y la materialización de los límites deberían hacerse en cada Estado miembro de acuerdo con sus respectivas situaciones y relaciones en el foro social. Lo que conviene subrayar es que el informe se ha alejado de su tema -reducción de la jornada laboral- y de su objetivo -lucha contra el desempleo- preteridos en pro de acuerdos al servicio de los intereses económicos y empresariales.

Nußbaumer
Señora Presidenta, ni las declaraciones del Sr. Rocard ni una buena cena han cambiado mi opinión. El informe Rocard parte erróneamente de la suposición de que Europa está aislada y de que el trabajo existente debe distribuirse entre todos los trabajadores. Una conclusión errónea que la burocracia planificada soviética mantuvo hasta que el imperio soviético se hundió por consunción económica.
Europa no es una isla económica de bienaventurados sino que está sometida masivamente a las presiones de los tratados comerciales, los acuerdos de asociación o los criterios de la OMC y está quedándose a la zaga en la posición competitiva en el mundo. Mi país, Austria, perdió, por ejemplo, en el plazo de un año, de 1994 a 1995, cinco puestos y ya no se encuentra ahora en el puesto once sino en el dieciséis.
Con sus 1.722 horas de trabajo anuales, los jubilados más jóvenes y aproximadamente 100.000 millones de déficit de comercio exterior, Austria es un ejemplo típico de la rapidez con que se pierde la competitividad, debido no sólo pero también al menor tiempo de trabajo y es también un ejemplo de la rapidez con que pueden aumentar los parados. El informe Rocard se basa solamente en la consideración de cómo se pueden crear más puestos de trabajo. Pero incluso el sistema propuesto de trabajo a tiempo parcial solamente tendrá posibilidad de hacerse realidad si se ofrecen suficientes estímulos, si es voluntario y si es posible el retorno individual al pleno empleo. Sólo la creatividad y el entusiasmo de los pioneros, en conjunción con un sistema de estímulos para un trabajo orientado a los rendimientos, permiten mejorar la competencia y crear nuevos puestos de trabajo.

Cabezón Alonso
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, creo que el mayor valor de este informe es el debate que provoca a todos los niveles: sindicatos, empresarios, responsables políticos, medios de comunicación, expertos, etc., que están participando de una forma o de otra sobre cómo relacionamos la disminución del tiempo de trabajo con la creación de empleo sin pérdida de competitividad y sin disminución sustancial de rentas y derechos adquiridos; cómo convertimos en políticas activas de empleo lo que en nuestros Estados se dedica a políticas de compensación o a políticas pasivas. Y esto no es un tema fácil. Si lo fuera sobraría incluso este debate.
No se trata de apostar por una reducción de la jornada laboral de forma lineal, generalizada y por ley de obligado cumplimiento. No estamos ante la defensa de reducciones mínimas que rápidamente son absorbidas por la productividad y sin efectos en el empleo -reducciones mínimas que son habituales en la negociación colectiva-. Tampoco estamos ante un texto en el que se quiera camuflar la realidad y la necesidad de este debate en todas nuestras sociedades. Y este informe no es una fórmula milagrosa, porque en este tema no caben los milagros. El Sr. Rocard avanza ideas, plantea sugerencias, argumenta fórmulas, elabora propuestas siempre con el respeto a la voluntariedad y al acuerdo entre los interlocutores sociales. Hay un potencial de nuevos empleos que pudiera beneficiarse de estas fórmulas de reducción del tiempo de trabajo.
Las fórmulas técnicas de aplicación siempre pueden ser discutibles y discutidas. No son, entre otras cosas, el objetivo fundamental de este informe. Yo mismo he planteado dudas y objeciones -y las he comentado con el ponente- sobre algunos aspectos de este texto que hoy debatimos, y creo que eso es algo normal. El texto del diputado Rocard ha sido redactado con rigor y simultáneamente con flexibilidad, y es una aportación política sustancial, a mi modo de ver, y por eso quiero felicitar al ponente.
Es un debate que no concluye hoy, sino que empieza en este Parlamento. Quedan por analizar experiencias puestas en marcha en otros sitios y examinar sus resultados, así como esperar a las respuestas de los interlocutores sociales y, en definitiva, de una sociedad agobiada muchas veces por este gran problema del desempleo, que no puede ser aceptado con resignación. Y como es el problema más grave que tenemos, debemos, entre otras cosas con imaginación, tratar de encontrar una solución con las fórmulas posibles de creación de empleo. En estos momentos, agotadas otras fórmulas tradicionales e incluso viendo cómo el crecimiento tampoco absorbe la mano de obra disponible, un debate racional, serio y riguroso sobre la disminución del tiempo de trabajo nos puede permitir ver el horizonte de cómo se puede crear empleo en un futuro inmediato.

Bourlanges
Señora Presidenta, la pregunta que plantea el informe del Sr. Rocard es de una simplicidad bíblica: ¿por qué el dinero público habría de servir para financiar el paro, cuando puede servir para financiar el empleo?
Se trata de algo tan simple que uno se pregunta por qué durante los veinticinco últimos años todos los gobiernos de la Unión Europea, comenzando por el del Sr. Rocard -quien ha tenido la elegancia de reconocerlo hace un momento-, no han sido capaces, al parecer, de dar una respuesta seria al respecto. De hecho, esta timidez es comprensible, ya que detrás de la simplicidad de la pregunta se oculta un conjunto muy complejo de interrogantes. Yo distinguiré tres, pero hay muchos más.
Primeramente, un interrogante de principio: ¿debe actuarse más bien sobre la reducción del tiempo de trabajo, o sobre la disminución del coste del trabajo, y sobre todo del trabajo poco cualificado? El Sr. Rocard hace hincapié en la primera hipótesis. Nosotros esperamos de la Comisión que nos ayude a efectuar un arbitraje claro, dilucidando las ventajas de la reducción del tiempo de trabajo, así como los posibles efectos nefastos que traería aparejada la inactividad de una parte de la fuerza de trabajo mejor formada, más motivada y más activa.
El segundo interrogante se refiere al método. ¿Se debe practicar el «doy para que des»?: »Yo reduzco tus cotizaciones sociales, pero tú, empresa, debes contratar», o hay que contentarse con el método basado en la incitación a través de las cotizaciones sociales? El Sr. Rocard, más liberal que muchos liberales, opta por esto último. Es valiente de su parte. Nosotros aprobamos la iniciativa y, también en este caso, esperamos que la Comisión nos ayude a ver sus efectos.
Tercer interrogante: la financiación. Consiste apostarlo todo a una contratación masiva que se supone compensará la disminución de las cotizaciones sociales. ¿Y si la contratación fallara, si las empresas prefirieran mejorar la competitividad antes que crear puestos de trabajo? Esta es la pregunta que debemos hacernos.
Quizás no estemos todos de acuerdo con Michel Rocard en las respuestas que daremos a estas preguntas, pero todos estamos de acuerdo con él para formularlas juntos a la Comisión.

Vieira
Señor Comisario, Señorías, aunque el problema del desempleo sea una cuestión decisiva, no podemos aceptar que la reducción generalizada de la jornada laboral sea la mejor, la única y la más adecuada respuesta para aliviar dicho problema y mucho menos para resolverlo. En muchos países, las experiencias que se han hecho en ese sentido no han dado resultados satisfactorios, se han quedado bastante cortas respecto de lo que se había pensado. Por otro lado, hay países, como Portugal, en los que la duración media del trabajo está aún muy alejada de los límites que se mencionan en este informe.
Lo que consideramos indispensable es que se flexibilice la duración de la jornada laboral a fin de que las empresas puedan negociarla libremente con sus trabajadores con vistas a la consecución del objetivo que les es común. En el futuro, ya que no a corto plazo, habrá de haber una jornada laboral inferior, así lo indica la Historia. Pero hoy hay que ser muy prudente, pues los costos que resultarán no podrán ser superados ni por las empresas ni por los trabajadores ni siquiera por los propios Estados. En cualquier caso, felicito al Sr. Rocard por su incansable trabajo y por la apertura que siempre ha demostrado respecto de este tema, que le es particularmente grato.

González Álvarez
Señora Presidenta, es obligado considerar que hay algunos aspecto positivos en el informe. Yo creo que poner encima de la mesa el debate sobre el reparto del empleo, en un momento en que el desempleo es el problema más grave que tenemos, ya es una cuestión positiva.
Hay algunos aspectos del informe -en lo que se refiere a la reducción de horas extraordinarias, al avance de la edad de jubilación, a pedir a la Comisión un estudio sobre las experiencias que hay- en los que nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, hay cuestiones fundamentales con las que, sintiéndolo mucho, no podemos estar de acuerdo. Una de ellas es la reducción de los salarios que acompaña a la reducción del tiempo de trabajo. En un país como el mío, por ejemplo, o en los países del Sur en general, en que hay salarios mínimos interprofesionales de 60.000 pesetas, esto es, salarios miserables, no se puede pensar en la reducción del salario. Pero, además, es que no se tienen en cuenta otras variables como, por ejemplo, el aumento importantísimo de la productividad. La productividad ha aumentado en mi país en 10 años el 25 %, pero los salarios el 7 %. ¿Por qué no utilizar ese margen que da el aumento de la productividad para reducir el tiempo de trabajo, y por qué no pensar en otras recetas económicas? Nos parece que hay aspectos del informe del Sr. Rocard que los países del Sur, y en concreto nosotros, no podríamos aceptar.

Schreiner
Señora Presidenta, el ponente ha presentado un informe que parte de muy optimistas suposiciones. Señor Rocard, el problema es que ni el sector público ni los entes territoriales sino sólo las empresas pueden crear a la larga puestos de trabajo en esta Unión Europea. Y en lo que se refiere a la afirmación de que mediante la reducción del tiempo de trabajo se pueden crear más puestos de trabajo, las pequeñas y medianas empresas han demostrado que no pueden hacerlo si racionalizan; y las grandes empresas trasladan en parte la producción a otros mercados en terceros países. Con ello no se ayuda a solucionar el problema.
Lo que echo en falta en el informe y en el debate es que nadie se ha ocupado de la cuestión de los costes laborales no salariales en Europa que representan una parte importante de los costes totales. Mientras en Europa existan diferencias, desde Islandia con un 31, 2 % sobre el salario neto frente al 102, 4 % de Austria y al término medio de Europa del 78 %, la cuestión de la creación de puestos de trabajo en determinadas regiones de Europa va a seguir siendo muy problemática. También creo que debemos tener en cuenta otro aspecto. Se trata de la ayuda masiva a las pequeñas y medianas empresas. Hoy tenemos más de 18 millones de parados. Si impulsamos la creación de algunos cientos de miles o millones de pequeñas y medianas empresas, realizaremos una gran aportación para enfrentarnos al azote del paro.

Iivari
Señora Presidenta, el informe de Michel Rocard sobre el reparto del empleo constituye un documento importante. Me sumo fervientemente al deseo de que de él se deriven medidas complementarias tanto a nivel comunitario como nacional. Nuestra tarea más importante es vencer el desempleo. Sólo un éxito en este ámbito creará las condiciones necesarias para la construcción de una Europa común.
El desempleo supone serios problemas para el propio individuo. La persistencia de un núcleo duro de desempleo y su constante crecimiento constituyen además, una amenaza para lograr un desarrollo social equilibrado. Espero, no obstante, que cuando pensemos en la importancia del reparto del empleo no olvidemos la necesidad de fortalecer los cimientos de la industria europea.
Europa debe salir adelante en la lucha de ámbito mundial por atraer las inversiones. Para lograrlo necesitamos de manera permanente, por ejemplo, unos tipos de interés bajos, unos transportes y unas telecomunicaciones funcionales, una mano de obra preparada, inversiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo de productos y una política energética sostenible.
Dado que Europa no puede competir con el resto del mundo por lo que se refiere al precio de la mano de obra, debe centrarse en el saber hacer. Por ello, resalto la importancia del tiempo libre destinado a la formación a la hora de repartir el tiempo de trabajo. Además me he dado cuenta de que las familias jóvenes desean soluciones flexibles por lo que se refiere al tiempo de trabajo cuando sus hijos son de corta edad. También está justificada la oferta de la opción de trabajo a tiempo parcial para los trabajadores de edad avanzada. Además de todo esto existen sectores para los que se adapta muy bien la división del tiempo de trabajo en períodos de 6 + 6 horas.
Deben estudiarse seriamente modelos de reparto del trabajo, a fin de que nuestras sociedades no se dividan en dos grupos, el de los que se encuentran permanentemente excluidos del mundo laboral y el de los que se sienten extenuados por la carga de trabajo. Es asimismo importante que las organizaciones del mercado laboral participen en este proceso.

Menrad
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, con razón ha dicho el Sr. Rocard que el desempleo en masa es el problema que amenaza la cohesión social de cualquier Estado miembro y de toda la Unión. Coincido con su opinión de que no existe ninguna receta. Pero en total, sus sugerencias se centran demasiado en las reducciones masivas de los tiempos de trabajo.
La reducción del tiempo de trabajo no es en si ninguna estrategia para lograr crecimiento, si bien hay ejemplos prácticos de que con ella se han evitado despidos y los puestos de trabajo existentes se han distribuido entre más trabajadores.
Al igual que otros, hago mención al modelo de tiempo de trabajo hecho especialmente a medida de la Volkswagen. Ha impedido que muchos miles de trabajadores fuesen a la calle. Menciono el pacto de confianza de la Comisión con su concepto clave «flexibilidad». Se refiere a una flexibilidad positiva. Así lo entiende el Grupo del PPE en sus enmiendas que con la fórmula «Adaptación del tiempo de trabajo» quiere sustituir sólo en algunos pasajes del informe el concepto «reducción del tiempo de trabajo» pues se trata también de trabajo a tiempo parcial y de otros modelos de trabajo a medida.
En los últimos años han surgido fórmulas para una fábrica «activa», por ejemplo, en la Opel de Rüsselsheim, en la que se ha establecido un sistema de tiempo de trabajo por el que se trabaja durante más o menos tiempo en función de la demanda de trabajo.
No debemos despertar demasiadas esperanzas entre los trabajadores, por ejemplo, con unas fórmulas estrictamente matemáticas pero erróneas, como: una reducción del 10 % del tiempo de trabajo da como resultado un 10 % de nuevos puestos de trabajo. Unas reducciones unitarias globales del tiempo de trabajo desde Dresde hasta Oporto no sería tampoco soportable para muchas empresas.
Mi grupo político aclara lo que acabo de exponer en algunas enmiendas que no están en contradicción con las ideas político-sociales del Sr. Rocard tal como las conozco de los dos últimos años. Es más, le expreso mis felicitaciones por sus inteligentes iniciativas, si bien solamente podremos solucionar conjuntamente el problema del desempleo en Europa.
En este sentido, ruego que apoyen las enmiendas del Grupo del PPE.

Podestà
Señora Presidenta, Señorías, el trabajo representa en la actualidad, y seguirá representando en lo sucesivo, uno de los principales problemas de muchos de países de la Unión Europea. Por lo tanto, es absolutamente necesario que nuestro Parlamento aborde este tema y contribuya a resolver la cuestión del desempleo. Ahora bien, para lograr tal objetivo hay que actuar creando un entorno más favorable al desarrollo de la competitividad de las empresas europeas y, por consiguiente, de todo el sistema europeo respecto de las demás economías mundiales.
Actuar en esta dirección significa incrementar la riqueza producida por las empresas y, por consiguiente, proteger de manera concreta el empleo, garantizar el sistema de previsión y permitir el mantenimiento de una política social en los países de la Unión: objetivos que pueden fracasar si no ayudamos a las empresas a crecer en términos de competitividad y de eficacia.
En cambio, la propuesta del Sr. Rocard, aunque redactada con rigor e indiscutible capacidad, tiende a reducir estas posibilidades para las empresas, en la medida en que convierte una importante oportunidad de flexibilización de las relaciones laborales en una propuesta vinculante, obligatoria, planificada: en otras palabras, en una mayor carga directa e indirecta para las empresas europeas. Por lo tanto, no tendrá el voto de nuestro Grupo.

Mather
Señora Presidenta, según la edición de esta semana de la revista European Voice , el Canciller Helmut Kohl «insta a los alemanes a que trabajen más, terminen antes su formación y se jubilen más tarde». O sea que, el Canciller Kohl quiere que la gente trabaje con mayor dedicación y durante más tiempo, mientras que el Sr. Rocard quiere que trabajen durante períodos más cortos y menos. Mucho me temo que ninguna de estas exhortaciones causará tanto impacto como las decisiones que tomen los propios trabajadores. Aunque reconozco que el informe del Sr. Rocard contiene una estructura incentivadora, me temo que no es deseable. Digo esto debido al daño que su sistema de incentivos ocasionaría a los sistemas nacionales de seguros de los Estados miembros. Creo que estamos avanzando hacia unos sistemas de ayudas sociales que se basan cada vez más en una clara relación entre las cantidades cotizadas y el principio de seguro y el pago que al final reciben los ciudadanos. Un sistema que reduce arbitrariamente las cotizaciones sobre las primeras 32 horas de trabajo para luego incrementarlas sobre las horas que sobrepasen las citadas 32 no me parece que esté en consonancia con el nuevo principio de transparencia que intentamos implantar.
Mi otra preocupación sobre el informe Rocard, el cual está bien argumentado y lleno de sugerencias interesantes, es la propuesta que se hace en la letra M relativa a la productividad laboral de los servicios públicos. Para dichos casos propone un sistema de compensación, al que ya se hace referencia anteriormente, »ya que en este sector...» -el de los servicios públicos- «... no resulta tan fácil elevar la productividad laboral como en el sector privado». Debo decir que no estoy seguro de que esa propuesta sea acertada. Creo que muchos de nosotros somos de la opinión de que en los servicios públicos existe a menudo un margen mayor para incrementar la productividad y la evidencia sugiere que mediante una mayor competencia y liberalización, dichas mejoras podrán alcanzarse muy rápidamente. Me temo, por consiguiente, que los Conservadores británicos no estaremos en condiciones de apoyar este informe.

Burenstam Linder
Señora Presidenta, lamentablemente no es un asunto tan sencillo el de desterrar el desempleo disminuyendo simplemente el tiempo de trabajo, y haciendo que todos los trabajadores perciban los mismos ingresos que tenían con anterioridad a la medida. Una reducción de este tipo incrementaría los costes de producción y disminuiría la capacidad competitiva y la creación de empleo. Surgirían sobre todo grandes dificultades para las pequeñas empresas. Modificando las ayudas actuales al desempleo y transformándolas en subvenciones a las empresas, para que de este modo pudieran costear los ingresos perdidos en concepto de salarios de los trabajadores afectados por una jornada laboral menor, y para que pudieran además costear los salarios de los parados a los que habría que emplear, si todo fuera bien, daría lugar a un masa de ayudas incontroladas y crearía puestos de trabajo para burócratas e inspectores.
La propuesta de descubrir cómo y si la reducción del tiempo de trabajo puede disminuir el desempleo puede parecernos encomiable, o en cualquier caso inocua. Pero adolece del punto débil que consiste en que los políticos de todos los países tendrían una nuevo pretexto para retrasar la puesta en marcha de verdaderas acciones contra el paro. Además, se menoscaban las acciones correctas cuando se induce a muchos votantes a creer que existen soluciones fáciles, que no es necesario trabajar más, sino menos.
Muchos diputados del Parlamento Europeo hablan con razón del azote del desempleo. Pero las acciones reales no se hallan en la misma proporción en todas las alocuciones. Incluir un capítulo sobre la creación de empleo en el Tratado constitutivo de la Unión Europea y solicitar un estudio sobre los efectos de la reducción del tiempo de trabajo no me parece que tenga mucha substancia. ¿Qué medidas se necesitan? En una Unión que fue creada para obtener unos beneficios de la desreglamentación de los mercados internacionales, debería ser natural que también se desreglamentaran los mercados nacionales; el más importante es el mercado de trabajo. Para promover una mayor creación de empleo hay que fomentar una mejor educación a nivel general, una mejor formación a nivel de élite para que surja la tecnología punta en la producción, unas mejores condiciones de trabajo para las pequeñas empresas, y una menor presión fiscal que incite al esfuerzo personal, todo lo cual significará un tiempo de trabajo mayor para muchos.

Flynn
Señora Presidenta, deseo comenzar diciendo que estoy muy agradecido de que el Parlamento y, en particular usted, señor Rocard, hayan dedicado un informe por iniciativa propia a la cuestión del tiempo de trabajo. De hecho, ha conseguido dar un perfil muy alto a este importante tema. Usted me ha hablado sobre ello en muchas ocasiones y, en términos generales, he oído la amplia respuesta que ha tenido su iniciativa.
Es importante enfocar el tema desde la perspectiva que usted ha elegido y usted ha puesto el acento en las personas. Con mucha frecuencia se produce la tendencia de hablar de flexibilidad, reducción de plantilla, eficacia y cosas por el estilo, pasando por alto el elemento humano. Por ello estoy firmemente convencido de que el objetivo de la política económica debe ser el de elevar la calidad de vida de toda nuestra población. Creo que comparto este objetivo con la mayoría de los diputados a esta Asamblea y, en particular, con usted, señor Rocard.
Otra característica importante de su enfoque es el acento que pone en la cooperación y el diálogo. Es uno de los principios que necesitamos desarrollar a medida que nos acercamos al siglo XXI. Debemos alejarnos de las relaciones industriales basadas en el conflicto y el altercado, y avanzar hacia soluciones de las que todos puedan beneficiarse. En otras palabras, debemos alejarnos de situaciones en las que existan ganadores y perdedores, o incluso no ganadores, y avanzar hacia situaciones de ganadores y ganadores, en las que todo el mundo pueda y sea un ganador.
Señor Rocard, la Comisión está elaborando actualmente un Libro Verde sobre la organización del trabajo, en la que se incluye el tiempo de trabajo, y es justo afirmar que el Libro Verde está siendo elaborado como respuesta a su iniciativa. Así es, en la elaboración del Libro Verde y también en el programa de trabajo de la Comisión para 1997 haremos un gran esfuerzo por tener en cuenta las peticiones de acción que se hacen a la Comisión en su propuesta de resolución. Muchos de los oradores que han intervenido hoy y también las enmiendas presentadas han intentado contrastar la flexibilidad del tiempo de trabajo, por una lado, y la reducción de la jornada laboral, por otro. No tomaré partido en el debate de hoy. Lo que me gustaría hacer es situarlo en un contexto más amplio, que es precisamente lo que nos proponemos hacer de la manera más eficaz posible en el Libro Verde que les he anunciado. Cada vez estoy más convencido de que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el de adaptar nuestro pensamiento en lo relativo al mundo laboral al mundo nuevo en que vivimos. De hecho, en Europa apenas hemos tenido problemas a la hora de hacer las inversiones de capital que necesitan las nuevas tecnologías. Eso no ha supuesto un gran problema. Donde hemos fracasado a menudo hasta ahora ha sido en nuestros intentos de adaptar la forma de organizar el trabajo para salir adelante con esas nuevas tecnologías. Ése es el tema que hemos desarrollado, en particular, en el Libro Verde sobre la vida y el trabajo en la sociedad de la información -las personas primero. Creo que debemos empezar por ahí, si queremos llegar a la situación de ganadores y ganadores de la que hablaba antes.
A mi entender, la clave de los problemas a los que hoy nos enfrentamos es la productividad. La cuestión ha sido mencionada muy elocuentemente por uno de nuestros participantes. Porque los cambios que se están produciendo en la organización del trabajo aportarán necesariamente una mejora de la productividad que, a su vez, hará posible mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. Este argumento quedó muy patente en la intervención de la Sra. González Álvarez; y le doy las gracias por ello.
Paso, a continuación, a los temas directamente relacionados con el tiempo de trabajo. Desde que se aprobó el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo hemos dedicado muchos esfuerzos a estudiar la cuestión del tiempo de trabajo y a tomar las medidas necesarias para elaborar un número considerable de estudios -algo que usted, en particular, solicitó, señor Rocard. Algunos de los estudios ya han sido completados, mientras que otros se encuentran aún en una fase inicial. La investigación nos demuestra que una política de redistribución del trabajo no tiene el éxito garantizado. Aunque parece demostrar que las reducciones del tiempo de trabajo pueden tener un efecto beneficioso sobre el empleo en determinadas circunstancias, pero únicamente si se cumple una serie de condiciones. La condición más importante es que las reducciones de las horas de trabajo deben tener lugar en el contexto de una mayor flexibilidad. De nada sirve limitarse a recortar las horas de trabajo si se mantiene el mismo modelo de organización del trabajo. O sea que no se trata de elegir una cosa u otra, porque no se puede tener una cosa sin la otra. Otra condición es que la redistribución del tiempo de trabajo debe ir acompañada de una política activa de formación, de lo contrario se producirá sin duda una falta de personal cualificado.
En lo relativo a los salarios, las reducciones del tiempo de trabajo de mayor éxito durante los últimos años han sido aquellas que fueron incorporadas en convenios colectivos a largo plazo. Dichos convenios a largo plazo tienen la ventaja de que hacen posible utilizar los aumentos de productividad para reducir el tiempo de trabajo durante un período de varios años mientras que, al mismo tiempo, reduce los incrementos salariales necesarios para compensar la reducción del tiempo de trabajo. Por último, es necesario contemplar los cambios del tiempo de trabajo en el contexto de las políticas de igualdad de oportunidades si queremos evitar que aumente la segregación en el mercado laboral.
En su informe, señor Rocard, presenta una serie de instrumentos. No puedo analizarlos todos por falta de tiempo, pero quisiera hacer referencia a dos de ellos. La principal solución que propone su informe es la cuestión de destinar los ahorros en el pago de indemnizaciones por desempleo a compensar las reducciones salariales derivadas de la reducción del tiempo de trabajo. La relación que existe entre las reducciones del tiempo de trabajo, la productividad y los salarios es, sin embargo, compleja y varía de sector en sector y de país en país, como ya se ha dicho, al igual que ocurre, naturalmente, con los propios sistemas de Seguridad Social. Será necesario que estudiemos esto con más detenimiento. Usted quiere que lo hagamos y desde los distintos sectores de la Asamblea se ha pedido que lo hagamos.
Deseo asimismo referirme brevemente al trabajo a tiempo parcial, porque es una cuestión que han mencionado numerosos oradores. Es un asunto sobre el que se ha discutido mucho durante muchos años y, como sostiene su informe, han sido pocos los planes que han tenido éxito y muchos los problemas que han surgido. Pero ahora creo realmente que nos encontramos en el buen camino de convertir una situación adversa en una situación de éxito; porque como la mayoría de ustedes saben, a raíz de la iniciativa de la Comisión, los interlocutores sociales están intentando actualmente negociar un acuerdo a nivel europeo con vistas a alcanzar el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. No debemos subestimar la importancia de este avance en particular.
Por ello, quisiera concluir diciendo que la Comisión está recibiendo peticiones para que tome medidas, y mencionaré cinco cosas que estamos haciendo o que nos disponemos a hacer. Primero, vamos a elaborar el Libro Verde al que me he referido sobre la organización del trabajo, que incluirá el tema del tiempo de trabajo. Acabamos de poner a punto el Libro Verde sobre la sociedad de la información, como he dicho. Segundo, el tiempo de trabajo es uno de los elementos que se han discutido en el marco del pacto europeo. Tercero, hemos tomado una iniciativa que ha conducido a negociaciones entre los interlocutores sociales a nivel europeo sobre toda la cuestión de la flexibilidad y la seguridad del empleo. Cuarto, estamos elaborando un Libro Blanco sobre los sectores y actividades actualmente excluidos de la directiva sobre el tiempo de trabajo. Dicho Libro Blanco está en consonancia con el punto 6 de su propuesta de resolución. Por último, continuaremos con la elaboración de estudios adicionales en estos ámbitos que se nos han solicitado y tendremos muy en cuenta los argumentos que contiene la resolución.
Señor Rocard, usted ha puesto en marcha algo. Sé hasta qué punto se siente involucrado en esto; usted ha hablado conmigo en muchas ocasiones. Me alegra que haya presentado el informe a la Asamblea y volveremos sobre este asunto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Medición de la contaminación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0267/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0330/96-94/0194(SYN)) con vistas a la adopción de una decisión del Consejo por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación en los Estados miembros. (Ponente: Sra. Pollack).

Pollack
Señora Presidenta, la presente directiva trata del establecimiento de un intercambio recíproco de información y datos de las estaciones de medición de la contaminación. Es una herramienta que permitirá evaluar el avance hacia una mejora de la calidad del aire en toda Europa. Todos somos conscientes de la necesidad de tomar medidas para reducir la contaminación del aire. Las mediciones de la calidad del aire que se realizan en la actualidad continúan siendo insuficientes, habida cuenta de que algunos agentes contaminantes no se miden en todas partes y otros no se miden en absoluto. Además, los datos que deben proporcionar los Estados miembros en virtud de la legislación de 1982 no siempre son comparables a nivel de la Unión Europea. Un mayor intercambio de información sobre la contaminación del aire no limpiará el aire que respiramos, naturalmente. Sólo cuando dicha información sea del dominio público podrá ser utilizada como herramienta para controlar la contaminación y, por consiguiente, mejorar la vida de los ciudadanos europeos. La propuesta consiste en crear un sistema de intercambio recíproco de datos que abarque los 34 agentes contaminantes que se miden actualmente en los Estados miembros. Esto significa que no se requieren nuevas estaciones de medición ni se prevén gastos adicionales. El problema de este enfoque tan minimalista es que uno de los objetivos de la directiva consiste en ampliar el alcance y mejorar la calidad de los datos que se transmiten a la Comisión. Por ello, lo que solicitamos en la enmienda 5 es, simplemente, que una vez se haya evaluado la primera ronda de datos, si se estima que los Estados miembros proporcionan datos inadecuados, el Parlamento desea que la Comisión estudie la posibilidad de hacer obligatoria la medición de los agentes contaminantes que figuran en el Anexo 1.2.
Si no damos este diminuto paso hacia el planteamiento de cómo mejorar el sistema, ¿cómo podemos esperar de los Estados miembros que apliquen la Directiva marco sobre la calidad del aire? Como decía, esta directiva es en realidad una herramienta para avanzar en el logro de los objetivos establecidos en esa importante Directiva marco sobre la que hace muy poco tiempo hemos celebrado la segunda lectura en esta Asamblea.
No tengo intención de extenderme demasiado esta noche ante la Asamblea; ni siquiera agotaré mi tiempo de intervención, porque hemos tenido nuestra primera lectura y ya entonces presentamos nuestros argumentos. Simplemente quiero decir que las cinco enmiendas a la posición común presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor son claras, razonables, muy modestas y que se explican por sí mismas. Intentan, en primer lugar, simplificar el título porque no estamos a favor de que la Unión Europea extienda su galimatías por toda la Unión. Queremos, y esto es muy importante, que el público tenga acceso a los datos. Para que el acceso del público a los datos sea realmente de utilidad pública, queremos también que los datos sean publicados de una manera clara y comprensible. Como decíamos en la enmienda 5, queremos estrechar el proceso de revisión de manera que cuando ésta tiene lugar, si encontramos que la situación no es todo lo buena que desearíamos, podamos plantearnos la posibilidad de pasar a una base más estricta en el futuro.
Recomiendo el informe a la Comisión y al Consejo. Espero que sea posible incluir nuestras enmiendas en la segunda lectura.

Myller
Señora Presidenta, las alergias que aumentan sin cesar y otras enfermedades causadas por las impurezas del aire hablan por sí solas del problema creciente de la contaminación atmosférica. Para lograr auténticas mejoras en la calidad del aire es necesario contar con información común para saber hacia dónde nos dirigimos. Deben compararse los resultados de las mediciones realizadas en los distintos países, lo cual requiere el desarrollo de procedimientos de medición comunes y que al seleccionar los lugares de medición se respeten unos principios también comunes.
La ponente, Sra. Anita Pollack, resalta acertadamente en su informe que deben hacerse públicas las informaciones relativas a la contaminación atmosférica. Esto es indispensable porque los ciudadanos europeos deben poder saber qué es lo que amenaza su salud. Cuando los datos permitan establecer comparaciones entre los distintos países, los ciudadanos podrán también presionar a los políticos y a las autoridades nacionales responsables para lograr una mejora del nivel de protección del aire.
El tráfico es el mayor contaminante atmosférico. Genera el 62 % de las emisiones de monóxido de carbono y el 50 % de las de dióxido de nitrógeno. El problema se plantea, en particular, en las ciudades y en otras zonas que padecen congestiones de tráfico.
La Unión Europea debe lograr avanzar en la consecución de unos mejores requisitos de calidad que regulen los combustibles. En la economía de mercado resulta de gran eficacia la utilización de los recursos característicos de una economía de mercado, es decir, persuadir con el precio. Debe fijarse un precio más barato para los combustibles de mejor calidad. En Finlandia, por ejemplo, se han obtenido muy buenos resultados de esta forma.
Sin embargo, en este momento el peligro reside en que las disposiciones en materia fiscal de la Unión Europea amenazan este método. En ningún caso puede aceptarse que no se pueda sacar partido de experiencias que se hayan revelado acertadas desde el punto de vista de los ciudadanos -y en este caso métodos para la mejora de la calidad del aire- debido al hecho de que no se adaptan a algún marco. Considero que como europeos tenemos derecho a exigir por todos los medios una calidad del aire mejor.

Estevan Bolea
Señora Presidenta, de las cinco enmiendas que la Sra. Pollack mantiene, y que no fueron aceptadas por la Comisión y por el Consejo, nosotros vamos a apoyar las cuatro primeras.
Señora Comisaria, yo creo que la Sra. Pollack tiene razón al decir que es mucho más claro el título que ella sugiere que el que ustedes mantienen. Ustedes dicen que ese título expresa mejor el contenido de la decisión, pero es tan largo y tan complicado que yo creo que todo lo que hagamos por simplificar la legislación de la Unión será interesante.
Por otra parte, ustedes dicen que no apoyan la petición que hace la Sra. Pollack de que se ponga a disposición del público la información de que dispongan porque eso ya lo hacen los Estados miembros. Pues claro que sí, lo hacen los Estados miembros y hay una directiva que obliga a todo el mundo a poner esa información a disposición del público.
No vamos a apoyar la enmienda 5, señora Pollack, como ya le hemos dicho en comisión, porque no nos parece realista. Esta decisión está vinculada estrechamente con la directiva sobre calidad del aire. Y ahí el Anexo I incluye seis contaminantes que se miden ya en todos los países o en casi todos, pero en el Anexo I, punto 2, se incluyen otros siete que, exceptuando el monóxido de carbono -que también lo medimos todos-, los otros no se miden, y no se miden porque, a lo mejor, no es necesario. Yo no sé si en todas las ciudades británicas se mide el níquel, el arsénico, el cadmio o el mercurio de forma separada, y también creo, señora Pollack, que usted no ha trabajado en esa área, porque si hubiera trabajado en esa área sabría lo difícil que es efectuar mediciones, y en algunos caso lo inútil -porque no existen esos contaminantes en cantidades medibles, escasamente en trazas-. Usted, en la enmienda 5, propone dos cosas: primero, que el plazo de cinco años que sugieren la Comisión y el Consejo -y que a nosotros nos parece correcto- para revisar esta decisión se quede en tres, pero en tres años apenas tendremos información que permita saber si la decisión es acertada o no. Por consiguiente, nos parecen mejor los cinco años. Y en segundo lugar, dice el texto aprobado en la posición común que en ese momento se verá si se modifica o no la decisión, y usted dice que se obligue a todos países a medir los 13 contaminantes y otros muchos que serán necesarios en determinados lugares. No se puede generalizar, porque en zonas industrializadas habrá unos problemas, y en zonas urbanas -con problemas de transporte- habrá que medir otros contaminantes.
Y yo vuelvo a decir a la señora Comisaria que haga usted un esfuerzo para que se legisle mejor y no más. En medio ambiente todos nos sentimos profundamente frustrados porque se ha legislado mucho pero se cumple poco. Quizás ha sido así porque en algunos casos se ha sido ambicioso y, más que ambicioso, poco concreto, se ha sido difuso. Nosotros esperamos que usted pueda reconducir parte de la normativa al revisarla y que se legisle mejor y no más.

Olsson
Señora Presidenta, en primer lugar doy las gracias a la Sra. Pollack por un informe constructivo y de gran calidad, que tiene el objetivo de dar a las personas una mayor influencia sobre el medio ambiente.
La contaminación atmosférica constituye un problema en aumento en las ciudades y a lo largo de las autopistas, pero también afecta a las personas, animales y plantas de toda la Unión. A Suecia también le llega mucha contaminación a través de la lluvia ácida que proviene de Gran Bretaña y de la Europa central.
Es un paso esencial el que la UE ha dado estableciendo un intercambio recíproco de datos sobre la contaminación atmosférica entre los Estados miembros. Una visión de conjunto del alcance de la contaminación facilitará la adopción de medidas comunes en favor de un aire más puro. Para muchos ciudadanos suecos la necesidad de que se coopere en el ámbito del medio ambiente ha sido y es un importante argumento para fortalecer la capacidad de acción de la UE.
Un documento común sobre la calidad del aire que tenemos dentro de la Unión funcionará como un argumento contundente para que se adopten unas acciones vigorosas en contra de la acidificación y del abono excesivo por vía de la contaminación atmosférica. Pero esto no sucederá hasta que los ciudadanos no tengan acceso a una información clara que puedan utilizar en los trabajos en favor del ambiente, e influyan sobre los políticos para que adopten unas decisiones democráticas que disminuyan la contaminación. Por eso es incomprensible que los gobiernos que se reúnen en el seno del Consejo de Ministros, y la propia Comisión, no quieran hacer el conjunto de la información sobre la contaminación del aire accesible para los ciudadanos. La población debe saber lo mala que es la situación del medio ambiente para poder influir sobre sus políticos. Por consiguiente, debe publicarse la información de que se dispone sobre la contaminación del aire.
Nuevamente se demuestra que es el Parlamento Europeo el que defiende los derechos de los ciudadanos a ser oídos dentro de los trabajos en el marco de la cooperación europea. Espero que el Consejo cambie de opinión y acceda a la propuesta del Parlamento en este sentido.

Rübig
Señora Presidenta, la averiguación de los valores propuestos es necesaria para tener una base objetiva con la que aplicar medidas eficaces contra la contaminación del aire y lograr un futuro sostenible. Apoyo sin duda las enmiendas dirigidas a simplificar el título y a lograr una amplia difusión de las informaciones obtenidas. Por ejemplo, en las áreas de aglomeración urbana de la Alta Austria se miden de modo continuado los valores de contaminación que se publican en lugares oficiales así como en los periódicos. También es cierto que el intercambio recíproco de datos para la totalidad del territorio de la Comunidad Europea debe impulsarse a la mayor brevedad.
No obstante, debemos tener en cuenta las objeciones de los Estados miembros sobre el plazo de aplicación, ya que la propuesta prevé unas estructuras totalmente nuevas que en casos extremos no se pueden crear en tres sino en cinco años. Pero, naturalmente, nuestro deseo es que los Estados compitan entre si y que se pongan a disposición los datos lo antes posible. Prestaremos atención a que la aplicación se lleve a cabo en todos los sectores con la mayor rapidez y eficacia posibles. Felicito encarecidamente a la Sra. Pollack por los puntos esenciales.

Bjerregaard
Señora Presidenta, ante todo quiero dar las gracias una vez más a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Pollack, por el trabajo realizado en relación con este tema importante, aunque bastante técnico. Me gustaría subrayar una vez más que esta propuesta y la Directiva sobre la calidad del aire debatida aquí en mayo se complementan. Ambas propuestas forman juntas un paquete importante para la mejora de la calidad del aire en Europa.
La Comisión aceptó totalmente o en principio 10 de las 11 enmiendas del Parlamento en la primera lectura. Cinco de esas 10 enmiendas fueron incluidas total o parcialmente en la posición común. En la segunda lectura, el Parlamento ha propuesto cinco modificaciones, de las cuales la Comisión puede aceptar cuatro totalmente o en principio y una solamente en parte. Las enmiendas núms. 1, 2, 3 y 4 complementan muy bien las exigencias propuestas, por lo que la Comisión las acepta, con ciertas modificaciones en la redacción.
La enmienda nº 5 se refiere a tres temas: la presentación al Parlamento de un informe sobre la aplicación de la decisión, el plazo para esa presentación y la revisión de la decisión. La parte de la enmienda que se refiere a la presentación al Parlamento de informes está en plena concordancia con la práctica actual y puede ser aceptada por la Comisión. La propuesta de reducir el período para la presentación del mencionado informe por la Comisión no es aceptable y varios oradores también han mencionado el tema. El plazo propuesto de tres años significa que el período útil para el intercambio de información sería únicamente de dos años. Nos parece insuficiente para contar con una base adecuada para la evaluación. La última parte de la enmienda se refiere a la posibilidad de declarar obligatoria la medición de los contaminantes si los Estados miembros facilitan información inadecuada. La Comisión no la puede aceptar, ya que no está en concordancia con las exigencias de la decisión, que únicamente se refiere al intercambio recíproco de la información existente en los Estados miembros. La exigencia de medición de nuevos contaminantes será incluida en las directivas sobre la calidad del aire.
Finalmente, quiero subrayar los resultados obtenidos hasta ahora en relación con esta propuesta. La posición común aprobada en el Consejo incluye varias enmiendas importantes procedentes de la primera lectura. Junto con las propuestas aprobadas por la Comisión hoy, constituyen un complemento importante y práctico de la política de calidad del aire iniciada con la directiva marco.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Traslado de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0266/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0331/96-95/0107(SYN )) con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (Ponente: Sr. Virgin).

Virgin
Señora Presidenta, voy a referirme someramente al fondo de este tema. Ya en 1993 se prohibió la exportación de residuos peligrosos para su tratamiento definitivo a países que no pertenecen a la OCDE, de conformidad con un reglamento de la UE. Esta prohibición no se aplicaba a la exportación de residuos destinados a su reciclaje. Con ocasión de la tercera Conferencia celebrada entre las partes interesadas, mediante el Convenio de Basilea se decidió prohibir, a partir del 1 de enero de 1998, la exportación de residuos peligrosos destinados a su reciclaje con origen en países de la OCDE y destino a otros no pertenecientes a la OCDE. La Comisión presentó por tanto una propuesta de prohibición en el mismo sentido hace más de un año. La propuesta seguía las recomendaciones del Convenio de Basilea.
La definición de residuos peligrosos según la propuesta de la Comisión se deduce del Anexo 3 del Reglamento, la llamada lista amarilla, y del Anexo 4, la lista roja. La Comisión de Medio Ambiente lo consideró insuficiente y recibió un fuerte apoyo por parte del Parlamento. Por lo tanto, presentamos unas propuestas que completaban las de la Comisión y que contenían la lista de la UE sobre residuos peligrosos según una decisión del Consejo de 1994, que lleva el número 904. El motivo era sencillamente que el reciclaje de los materiales de esta lista de ningún modo podía producirse sin riesgos para el medio ambiente.
Tras una larga serie de gestiones antes del otoño, incluyendo la devolución del asunto a comisión, llegamos a un compromiso con la Comisión por el que se creaba un nuevo Anexo, 2 a, a la lista de la UE según la decisión del Consejo 94/904. En conexión con ella, deseo agradecer a la Comisión los trabajos constructivos que se realizaron para llegar a este compromiso. No nos cabe duda de que nuestra propuesta original no era del todo precisa, pero eso se debe en parte a que el Parlamento no dispone de los recursos de investigación necesarios para presentar una propuesta precisa. El compromiso significa, por tanto, que nuestra propuesta puede incluirse ahora en una propuesta más operativa.
El Parlamento aceptó el compromiso el 16 de enero de este año. La reacción del Consejo de Ministros fue únicamente manifestarse a favor de la propuesta original de la Comisión. En un anexo destinado a añadir los residuos que cubría la decisión del Consejo 94/904, el Consejo confirma no obstante la conveniencia de abordar el tema en los procedimientos futuros. Debo decir que interpreto este comunicado como si el Consejo aceptase nuestra posición, a condición de que se consiga una fuerte mayoría en el Parlamento a su favor. Visto imparcialmente, la posición conlleva una mayor protección del medio ambiente en relación con la propuesta original de la Comisión.
Si se consigue llevar a buen puerto la cuestión, esto constituiría de hecho un buen ejemplo del papel que el Parlamento puede adoptar en temas importantes, que demuestra claramente la distribución de los roles, y que debería funcionar como un patrón ilustrativo para los ciudadanos de la Unión.
De lo que no trata la propuesta en esencia es de la responsabilidad por el tratamiento de los residuos peligrosos. En una sociedad de desarrollo sostenido será una lucha continua la disminución de residuos. El desarrollo tecnológico debe enfocarse hacia este objetivo. Y la posición del Parlamento en la cuestión que debatimos corrobora estas ideas.
Finalizo con una pregunta a la Comisión que está relacionada con el tema: ¿Cuándo se presentará una propuesta para ratificar el Convenio de Basilea? La pregunta está directamente relacionada con el asunto que nos ocupa y tiene el fin de darle, por decirlo de algún modo, una «base legal» al conjunto de la operación.

Myller
Señora Presidenta, los desechos problemáticos y su transporte representan un problema creciente en el planeta. Es una cuestión de dinero. Unos desean deshacerse a bajo precio de sus residuos y otros quieren conseguirlos baratos para utilizarlos como materia prima. No se puede culpar a los países en desarrollo de querer conseguir materias primas a bajo precio. En cambio, la tarea de los países desarrollados es garantizar que nuestros desechos no ocasionen problemas en los países donde el tratamiento de residuos no está suficientemente desarrollado o donde no existe ningún tipo de preocupación al respecto.
En el Convenio de Basilea se decidió prohibir la exportación de desechos para su reciclado fuera del territorio de los países de la OCDE. Como se señala en las propias propuestas de enmienda del informe elaborado por el Sr. Virgin y en el anterior dictamen del Parlamento, las definiciones de «residuos peligrosos» de la UE hoy por hoy no se corresponden con las recogidas en el Convenio de Basilea. Esto puede dar lugar a que los residuos clasificados como peligrosos se sigan exportando a países donde no se sabe o no se desea clasificarlos.
Es responsabilidad de la UE y de sus Estados miembros que la laguna existente no suponga una amenaza para la salud de los habitantes de los países pobres. Debemos asumir esta responsabilidad. El Consejo, en su posición, ha intentando esconderse detrás de problemas técnicos. Ha sido positivo escuchar el parecer del ponente en el sentido de que el Consejo parece que se está preparando para esconderse también detrás de los asuntos planteados en este informe.
Debe quedar claro que no se deben exportar a países no pertenecientes a la OCDE desechos que se definen como problemáticos en el ámbito comunitario. Esta exigencia debe aplicarse lo antes posible. Por otro lado, debe adoptarse una postura cautelosa con respecto al transporte de desechos y ponerse en práctica el principio según el cual deben tratarse y aprovecharse los residuos lo más cerca posible de su lugar de origen.
Si no se respeta este principio también en lo relativo al transporte entre los países miembros, se podrá llegar a una situación en que determinados países eviten su responsabilidad en materia de reciclado vendiendo sus desechos en otra parte. Esto dará lugar a un tráfico innecesario y causará daños también innecesarios a la naturaleza, lo cual, por su parte, mermará la utilidad que el reciclado conlleva para el medio ambiente.

Rübig
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, quiero llamar la atención sobre la importancia de la inclusión de la categoría 2a. En ella figuran residuos que aunque se mencionan en la lista de residuos peligrosos, sin embargo, de modo paradójico, no se declaran como peligrosos en los Anexos III y IV. Ya por motivos sistemáticos en el sentido de una regulación global y unitaria, no se puede aceptar esta diferencia. Además, las categorías de residuos mencionadas no carecen siempre de peligro si pensamos por ejemplo en la chatarra contaminada o en el arsénico de los endurecedores del metal o en los lubricantes o refrigerantes provenientes del mecanizado.
Difiero de la opinión común expresada por el Consejo y me parece importante que se recoja la totalidad de los productos peligrosos y que se prohíba su exportación para su reciclado mientras no existan garantías de que en los países de destino existan las condiciones adecuadas para un reciclado compatible con el medio ambiente.

Baldi
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, la Comisión ha presentado la propuesta de modificación del Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior de la Unión, en la que se prevé la prohibición de la importación y exportación de residuos peligrosos, tanto si están destinados a la eliminación como al reciclado.
Por una parte, esta propuesta ha de hacer frente a la necesidad de proteger el medio ambiente y, por otra, a la necesidad de tener en cuenta el peso de los intereses comerciales existentes: de hecho, algunos países no miembros de la OCDE desearían que el comercio de residuos peligrosos no fuera objeto de demasiadas restricciones, para poder utilizar algunas sustancias como materias primas, y además determinados Estados miembros quisieran seguir exportando sus residuos.
Se ha logrado un importante resultado con las enmiendas de transacción acordadas entre el Parlamento y la Comisión, que proponen la prohibición de la exportación de residuos peligrosos a partir del 1 de enero de 1998 y solicitan el ajuste de la definición de «residuo peligroso» y de lo previsto por el Convenio de Basilea. Por lo tanto, esta posición, expresada en las enmiendas núms 1 y 2, será apoyada por mi Grupo.

Pimenta
Señora Presidenta, hace más de diez años que se arrastra este asunto. Recuerdo que ya en 1986, ya entonces, la Comisión Europea pretendía acabar con las exportaciones de residuos tóxicos peligrosos hacia el exterior de la zona de la OCDE. Ese escandaloso turismo de los residuos sigue gestionado por una mafia propia, muchas veces por la propia Mafia. En Portugal lo conocemos por la importación de chatarra contaminada, tóxica y peligrosa: se exportó a Portugal -desde Suiza, en un caso, y desde Alemania, en otro- material clasificado como «chatarra no peligrosa».
Por eso vengo aquí a apoyar el excelente informe del Sr. Virgin, porque, además del punto de vista técnico, persigue acabar con ese escandaloso turismo de residuos abordando el asunto desde el punto de vista ético y moral. En primer lugar, porque fija una fecha definitiva, de acuerdo con nuestras obligaciones asumidas en el Convenio de Basilea. En segundo lugar, porque acaba con ese «agujero» que existía en nuestra ley acerca de la clasificación en el Anexo II de substancias que son tóxicas, que son peligrosas, pero que no estaban clasificadas como tales. Es de la más elemental justicia conseguir mañana una votación excelente para que el Consejo de Ministros no pueda introducir en la ley «sutilezas» que puedan provocar complicaciones futuras y la continuación de ese escandaloso turismo de residuos.

Gahrton
Señora Presidenta, ésta es una vieja cuestión en que los Verdes hemos sido pioneros. Recuerdo un libro de mi antecesor en el Parlamento Europeo, François Roelants du Vivier, que hace ya diez años describía el comercio de residuos peligrosos, y también el modo en que se inducía a los países pobres a aceptar, a cambio de sumas modestas, unos residuos que se describían como libres de peligro pero que de hecho eran altamente peligrosos para el medio ambiente.
Se avanza lentamente, pero se avanza. Como ya he dicho con anterioridad, el Sr. Virgin actúa en esta cuestión como un «verde», un buen defensor del medio ambiente. Esto es muy positivo. No presentaremos ninguna moción de enmienda, sino que apoyaremos la propuesta, que representa un paso hacia adelante.
Pero con esto no solucionamos el problema. Hace poco he estado en Hungría, la República Checa y Eslovaquia. En estos lugares existe preocupación dentro del movimiento a favor del medio ambiente, y también en otros círculos, por el hecho de que las normas que vamos a adoptar puedan no tener validez cuando estos países se adhieran a la OCDE y posiblemente a la UE, porque en esas fechas tendrán validez unas normas distintas. Estos países temen convertirse en depósito de descarga para los residuos de los países más ricos de la UE. Esto significa que el principio de proximidad naturalmente debería aplicarse generalmente también dentro de la Unión. Es una cuestión que debe abordarse cuanto antes, y espero que el Sr. Virgin y su grupo también en este caso den primacía al respeto por el medio ambiente por encima del principio de la libertad de comercio.

Lindqvist
Señora Presidenta, éste es un informe muy relevante. Se trata de un asunto importante en esencia, pero también a modo de ejemplo formativo para el comercio internacional. Debería congratular al ponente con una frase hecha, pero no pienso hacerlo. Diré solamente que ha realizado un excelente trabajo, contra viento y marea, bien podemos decirlo, puesto que el Consejo no ha aprobado ninguna de las enmiendas anteriores del Parlamento.
La propuesta del Parlamento es mejor que la del Consejo, porque cumple con los requisitos internacionales del Convenio de Basilea. El modo en que se están llevando los trabajos en una importante cuestión ambiental, y el tratamiento a que se están sometiendo estos asuntos es óptimo. El 1 de enero de 1998 entró en vigor una prohibición contra la exportación de residuos. Existen unas definiciones y unas listas claras sobre el tipo de residuos en cuestión. La propuesta es por tanto concreta y clara, y es esencial que el Parlamento la apoye y que obligue al Consejo a aceptarla. Espero verdaderamente que así sea.

Bjerregaard
Señora Presidenta, la Comisión quiere dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial al ponente, Sr. Virgen, por el trabajo realizado en relación con esta propuesta. Comparto la opinión expresada por el ponente de que el Parlamento ha desempeñado un papel activo y de que ha existido una buena cooperación. Expondré brevemente los objetivos de la propuesta. Modifica el Reglamento de 1993 relativo al traslado de residuos, que es un instrumento muy importante para la protección de terceros países contra la importación de residuos indeseados procedentes de los países industrializados. El objetivo de la Comisión con esta propuesta es -tal como ya han dicho todos los oradoresaumentar y mejorar la protección ampliando la prohibición existente de exportación desde la Unión Europea de residuos destinados a la eliminación definitiva.
A partir del 1 de enero de 1998, la prohibición de exportar residuos peligrosos incluirá también los envíos de residuos para su reciclado a cualesquiera países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Como ya saben, la propuesta permitirá incluir en la legislación comunitaria una decisión respecto a este punto que fue adoptada en el marco del Convenio de Basilea y que fue seguida por la aprobación de una modificación del mencionado Convenio según las mismas pautas.
En relación con la primera lectura, el Parlamento Europeo y la Comisión se pusieron de acuerdo sobre cuatro modificaciones de la propuesta inicial. La modificación más importante era la ampliación del ámbito de aplicación de la propuesta para incluir no sólo los residuos incluidos en los Anexos III y IV del Reglamento sobre traslado de residuos, sino también los residuos que no están incluidos en ninguno de estos Anexos, pero que figuran en la lista de la Comunidad de residuos peligrosos. Los residuos de este tipo serán incluidos en un nuevo Anexo IIa que la Comisión elaborará lo antes posible. Estoy en condiciones de informarles de que los servicios de la Comisión han comenzado el trabajo preparatorio necesario para enviar una propuesta a la comisión de adaptación técnica una vez aprobada la modificación del Reglamento sobre traslado de residuos, incluyendo la decisión de elaborar un nuevo Anexo IIa. La Comisión cuidará, obviamente, de que el Parlamento Europeo sea informado al mismo tiempo que se presente la propuesta oficial.
Me gustaría comentar brevemente las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo para la segunda lectura. Aun cuando el Consejo no ha aceptado ninguna de las enmiendas de la propuesta modificada de la Comisión, ésta ha observado durante los debates que el Consejo se ha mostrado positivo ante la posibilidad de tener en cuenta estas enmiendas después de la segunda lectura en el Parlamento, tal como han dicho el ponente y varios otros oradores. Por ello, la Comisión se alegra de que se hayan presentado de nuevo las mismas enmiendas y cuenta con su aprobación.
Finalmente quiero agradecer una vez más a la Comisión de Medio Ambiente su actitud positiva y activa en este asunto. Este tiene, tal como dijo el Sr. Pimenta, una larga historia. Estoy segura de que el Parlamento en su conjunto puede aceptar la recomendación de la Comisión y me parece que con esto hemos dado un paso importante hacia un desarrollo medioambiental correcto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Protección de la fauna y flora silvestres
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0262/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-285-00/0370(SYN)) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (Ponente: Sra. van Putten).

Van Putten
Señora Presidenta, todos los presentes conocen la importancia del tema. Hablamos de la reglamentación de un comercio que mueve millardos, y hemos de hacerlo racionalmente, para así poder controlar el comercio ilegal, cuya envergadura se estima en unos 17 millardos de dólares al año. Por consiguiente, tendremos que tratar esta cuestión de forma racional. El comercio ilegal de plantas y animales se aproxima al tráfico de drogas y de armas.
En sí es triste que el entorno natural se haya convertido en una mercancía económica. Es mi nota personal y hablo con el corazón. Es triste ver que las plantas y los animales, e incluso ahora también los niños, se han convertido en una mercancía. Pero también las plantas y los animales tienen derecho a un trato equitativo, o por lo menos a una buena protección. Esto me recuerda a un indio que en las negociaciones con el presidente Washington dijo, cuando se negociaba sobre su tierra: ¿Cómo quieren que vendamos el aire? Pues bien, no vamos muy desencaminados con las plantas y los animales. Aquí quiero poner esta nota personal que me sale del corazón. Es decir, que esta es una cuestión que suscita muchas emociones.
Pero vuelvo a la razón, la razón es la realidad, y la realidad es que se comercia. El Consejo, gracias a la Presidencia francesa, ha tardado cinco años en llegar a un acuerdo.
La falta de una legislación europea en el marco del mercado interior fue el motivo para que las partes del Convenio CITES denunciaran a la Comunidad Europea el año pasado, cuando las partes del denominado Convenio de Washington estaban reunidas, porque Europa había tardado tanto. Es precisamente el movimiento ecológico europeo, y luego hablaré de las excepciones dentro del movimiento ecológico, quien dice que es absolutamente necesario que se establezca cuando antes una legislación clara.
El nuevo reglamento que estamos examinando ahora ha supuesto sin duda un paso adelante en relación con la antigua legislación. Aunque no todo el mundo esté satisfecho, algo que por otro lado es imposible en política. Las grandes diferencias entre las legislaciones nacionales, y por consiguiente la imposibilidad de controlarlo todo en el mercado europeo, exigen una estructura común, y ahora ya la tenemos. Quiero mencionar unos cuantos ejemplos en los que se han realizado progresos.
Hemos visto el cambio de fundamento jurídico al artículo 130 S, que ya hemos aceptado como Parlamento, y esto indica claramente que la legislación está ante todo y sobre todo al servicio de la protección de la flora y la fauna. Esta protección de la flora y la fauna es primordial y se antepone a todo. Otro ejemplo: el artículo 16 abre nuevas posibilidades de sanción, incluida la lucha contra el transporte irresponsable. Lo dice claramente. Siguiente ejemplo: ahora está mucho más claro que en la legislación vigente que los Estados miembros han de tomar medidas para confiscar, en caso de violación de la ley y de incumplimiento, por ejemplo, de los requisitos de transporte, o cuando no se disponga de los documentos oportunos para el transporte. Asimismo digo claramente a quienes tienen críticas: en lo que respecta a las especies del Anexo B, es posible confiscar. Y otro ejemplo: el Anexo D es nuevo. Europa ha ido más lejos que el Convenio y ha introducido un Anexo D. Todavía nos queda mucho por hacer en el futuro, y como Parlamento hemos presentado enmiendas, pero se están realizando progresos. Y por último, es posible una actuación más rápida y una mayor flexibilidad para colocar las especies que de repente se encuentran amenazadas, por ejemplo por el comercio, en una lista prioritaria, a fin de prohibir o controlar estrictamente el comercio: Anexo B.
Se han mejorado las definiciones y se han incluido los problemas de transporte, pero, como se podrá comprobar, esto no es suficiente. Estas son las críticas del Parlamento. Hay críticas, concretamente por parte de nuestros compañeros alemanes, que quieren ser aún más estrictos. Respeto y comprendo sus emociones, pero, ya que se refieren sobre todo a las aves, hay involucradas 30.000 especies. Se trata de que otros países participen. De qué nos sirve que un único Estado miembro tenga directivas muy modernas en un mercado interior y que tengamos ese mercado interior con fronteras abiertas. A veces hay que ceder, por muy doloroso que sea. Estamos progresando. Así que comprendo las críticas, pero lamentaría que por ellas se retire toda la legislación. Un aspecto extraño de las críticas de este Parlamento, y no apoyo estas críticas, es cuando se trata de algo secundario: cuando hablamos de 30.000 especies, y de pronto llegan los cetreros y el grupo de presión. Pero volviendo a las críticas, el Parlamento ha presentado con razón enmiendas al transporte cuando esto lleva al empobrecimiento; se trata de la lista D.
Por último, no voy a examinar todo lo que ha propuesto el Parlamento, pues son muchas enmiendas, pero lo que sí es importante es la enmienda transaccional. Espero que la Comisaria comprenda realmente que hay que aceptarla, pues rechazarla sería negar la realidad, y no debemos hacerlo.

Graenitz
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el Convenio de protección de las especies de Washington se aprobó en 1973 y pronto va a cumplir 25 años. Muchas de las especies que se quería proteger con este Convenio no han sobrevivido durante mucho tiempo. Se las ha cazado, agrupado de modo no permitido, muriendo luego por asfixia, sed o sequedad en los transportes, constituyendo objetos de prestigio que nunca llegaron.
Al aniquilar y desaparecer especies que no podremos volver a ver y aún menos las generaciones que nos sigan, se nos roba a todos la herencia común del hombre.
Sólo una infinitésima parte de las plantas existentes son empleadas hoy por nosotros como plantas útiles. No nos hemos dado cuenta en absoluto de qué oportunidades se destruyen al desaparecer plantas de la lista de las especies. El equilibrio de la Naturaleza se destruye también al desaparecer animales.
Por ello, es urgentemente necesario un reglamento. Quiero expresar mis felicitaciones a la ponente por el compromiso mostrado para lograr su aprobación.
Espero también que la declaración sobre la protección de la fauna que se menciona en el Acta final del Tratado de la Unión se incluya en la Conferencia Intergubernamental actual tal como desea el Parlamento, de modo que la protección de la fauna se refleje adecuadamente en el Tratado.
Sin embargo, en un punto no comparto la opinión de la ponente a pesar de todo lo que valoro su trabajo. Creo que no solamente las plantas y animales de la lista A del Anexo necesitan documentos acompañantes sino también las que figuran en la lista B.
Queremos que esta lista A sea lo más reducida posible y que no vengan a sumarse otras especies pues no se les ha prestado suficiente atención. Creo que en el marco de la simplificación de la burocracia se debería examinar la posibilidad de introducir un simple documento de acompañamiento en la Unión.

Grossetête
Señora Presidenta, con respecto al informe de la Sra. van Putten, relativo a la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, es decir, el CITES, es necesario recordar ante todo que con este texto se pretende sustituir un reglamento que data de 1982. Se trata, de hecho, de una actualización, de una mejora, que debe tener en cuenta las modificaciones del CITES aprobado en Washington en 1973.
También hay que recordar que el objeto principal de esta propuesta de reglamento es proteger la fauna y la flora silvestres de los efectos negativos relacionados con su comercio y garantizar la aplicación uniforme de los instrumentos de la política comercial establecidos por el CITES.
En efecto, urge reforzar y mejorar el texto de aplicación del Convenio adoptado por el Consejo en 1982, a la vista del desarrollo actual del comercio internacional ilícito de especímenes vivos. Desde este punto de vista, no se puede menos que deplorar el retraso acumulado desde 1991, retraso debido sobre todo a los problemas atinentes a la elección del fundamento jurídico de este Reglamento.
Deseo subrayar que las principales mejoras introducidas en este texto están encaminadas a reforzar los controles en las aduanas, lo que permitirá luchar con mayor eficacia contra la proliferación de este comercio ilícito; a endurecer las sanciones aplicadas por los Estados miembros en caso de que no se respete el reglamento; y, finalmente, a garantizar buenas condiciones de transporte para los especímenes vivos que son objeto de transacciones comerciales.
Felicito al ponente por su trabajo en este sentido y apoyo totalmente la orientación del texto de la posición común al respecto.
Sin embargo, deseo subrayar que el apartado 1 del artículo 9 de la posición común plantea un verdadero problema para la práctica de la cetrería. Se trata de una actividad tradicional, muy antigua. Ésta forma parte de nuestro patrimonio y debemos esforzarnos por mantenerla. La práctica de la cetrería no debe estar sometida a excesivas formalidades administrativas. Quienes la ejercen deben, ciertamente, respetar la normativa general sobre el comercio de los especímenes que utilizan. Por lo tanto, deben estar en condiciones de demostrar la legalidad de la adquisición de su animal, como establece el texto; pero no se justifica la exigencia de la autorización previa para cada traslado de su animal dentro de la Comunidad, incluso tratándose de un halcón silvestre.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la Unión Europea existen muy pocos halconeros, que son aún menos los que utilizan animales que no han nacido en cautividad y que están obligados a trasladarse con frecuencia. Estos traslados no se efectúan, por otra parte, por razones comerciales y, por lo tanto, nada tienen que ver, en cualquier caso, con el objeto específico del reglamento.
Por eso me parece absolutamente razonable y sin riesgo para la conservación de las aves rapaces de origen silvestre que se utilizan en la cetrería el hecho de permitir, sin previa autorización, su traslado dentro de la Comunidad, con la condición de que estas aves sean devueltas directamente a sus lugares autorizados.

Cabrol
La posición común que discutimos actualmente demuestra la voluntad de Europa de crear un mejor sistema de protección de las especies amenazadas, mediante el control de su comercio.
No obstante, un exceso en las prohibiciones del comercio o del traslado de animales podría ir en contra de la conservación de la biodiversidad. Por eso les pedimos que apoyen esencialmente dos enmiendas: la enmienda 32, que, como ha dicho la Sra. Grossetête, permite a los halconeros el traslado de halcones de su domicilio a su zona de caza, puesto que esta antigua modalidad de caza, como es la cetrería, ya fue reconocida por la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres. Votar a favor de esta enmienda significa aprobar el esfuerzo de los halconeros que colaboran con los medios científicos tanto en el ámbito de la investigación como en el de la protección, conservación e incluso de la reintroducción de ciertas aves rapaces, como el halcón peregrino.
En segundo término, la enmienda 30, por la que se pide que se autorice la realización de investigaciones con animales en caso de enfermedades para las que actualmente no existe ningún tratamiento, investigaciones que sólo estos animales podrían permitir. La investigación en este ámbito ha conducido, como se sabe, a un progreso considerable en la protección y el bienestar no sólo de los seres humanos, sino también de los propios animales. No habría que olvidarlo.

Eisma
Señora Presidenta, quizás pueda usted conseguir que no siempre tratemos las cuestiones ambientales los martes por la noche. Los martes por la noche siempre se nos arrincona. Quizás sea posible tratar temas importantes como el medio ambiente durante el día.
Hace apenas una semana, leí en un periódico neerlandés que la policía de Londres había confiscado una gran partida de cuernos de rinocerontes. Se trata del mayor hallazgo de todos los tiempos, según el diario. Todos sabemos que el cuerno del rinoceronte es muy escaso. Lo que sin embargo no sabía es que en Gran Bretaña este delito es castigado con tan sólo dos años de prisión. El valor de la partida de cuernos se cifra en unos 10 millones. Ello indica que el comercio ilegal de especies amenazadas es una actividad muy lucrativa, que se mantiene gracias al tráfico incontrolado y a la levedad de las sanciones.
Por desgracia, el anterior ejemplo no es tan sólo un incidente aislado. Demuestra que la aplicación europea del CITES deja bastante que desear. Cada día se negocia con especies animales y vegetales amenazadas, tanto vivas como muertas. Sólo que no siempre se descubre, debido a la falta de personal o de mecanismos de control. Así pues, en Europa hemos de cumplir nuestras obligaciones derivadas del CITES y hemos de introducir legislaciones más estrictas. Todo ello ha de ser realista y controlable, y por ello apoyamos plenamente el informe de la Sra. Van Putten. Como todos sabemos, en las últimas décadas muchas especies animales y vegetales se han extinguido o empiezan a escasear. De ahí la importancia de este informe. Se trata de la conservación de la biodiversidad, que a nuestro entender es una cuestión vital.
Con este telón de fondo, y para acabar, es muy lamentable que en una cuestión tan importante se preste tanta atención inoportuna a la cetrería. Precisamente ahora que el Parlamento Europeo tiene oportunidad de hacer más estricto el reglamento, es una vergüenza que el debate se vea dominado por semejantes banalidades y hechos impropios, sobre todo porque se trata de un malentendido. Por ello, nuestro Grupo votará en contra, entre otras, de la enmienda nº 29. Sentimos mucha curiosidad por saber cuál será la respuesta de la Comisaria a la enmienda nº 5.

González Álvarez
Señora Presidenta, la próxima semana la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, tratará en Bruselas de la revisión del Quinto programa de acción medioambiental hacia un desarrollo sostenible. Algunas de las enmiendas presentadas denuncian la desaparición de muchas especies -en algunos casos hasta de un 30 %-. La recomendación de la Sra. van Putten intenta evitar que esa desaparición continúe, y nos parece una propuesta equilibrada y necesaria. No nos parecería bien, como dice el Sr. Eisma, que esta recomendación peligrara por una cuestión que, en el ámbito total de la conservación de las especies, es una cuestión menor.
A nosotros nos parece que la Sra. van Putten expresa claramente en la conclusión que la biodiversidad, la conservación de las especies, es un legado y nosotros tenemos la obligación de legarlo a nuestros descendientes de la mejor manera posible. Por lo tanto, nosotros aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor su recomendación y vamos a hacerlo también aquí, en el Pleno.

Bloch von Blottnitz
Señora Presidenta, al contrario que la ponente, Sra. van Putten, creo que la propuesta de reglamento, tal como se nos ha presentado, no aporta ninguna mejora. Por el contrario, creo que habría sido una de las últimas oportunidades para acabar con el comercio mundial de especies silvestres, plantas y animales y terminar con este saqueo de nuestro planeta. Esta situación me parece aún peor ante el hecho de que la UE es uno de los mayores importadores y un auténtico mercado de consumo.
Tras unas negociaciones que han durado más de cuatro años, el Consejo ha aceptado un documento que está muy alejado del principio de la previsión o de la sostenibilidad. Pero claro, solamente se trata del saqueo y del aniquilamiento de la biodiversidad. El colmo es que la actitud oficial es entretanto como sigue, cito textualmente: »cada especie tiene que obtener ella misma los medios financieros necesarios para su conservación». Pregunto: ¿qué filosofía se esconde tras estas palabras? ¿la vida solamente merece vivir si ella misma gana dinero? ¿Significa esto que la lechuza, el ara o el halcón solamente pueden volar libremente si tienen un talonario de cheques debajo de las alas? ¡Esto es un escándalo! Es realmente una vergüenza para un pueblo civilizado y para los países civilizados. Ahora se puede comerciar libremente en Europa con 500 mamíferos y aves y más de 110 tipos de orquídeas. Esto es aún peor, pues les recuerdo que con nuestras resoluciones actuales caemos mucho más atrás de lo que el Parlamento aprobó en 1993. Estamos retrocediendo.
Por estos motivos, en nombre de mi grupo político tengo que proponerles que rechacemos la posición común. Supone un empeoramiento. No sirve de nada que el transporte esté mejor regulado. Una jaula no es un espacio vital. Antes de que los animales lleguen al transporte, 10 de cada 9 han muerto y, del resto, la mayor parte fenece en el transporte. Me temo que el Parlamento no va a dar de nuevo el paso adecuado. Entretanto lo más importante es el comercio y no la sostenibilidad, la responsabilidad frente a las futuras generaciones. De lo que se trata en primera línea es de ganar dinero.
Sólo por estos motivos, he presentado con mis colegas Graenitz y Pimenta cuatro enmiendas, pues suponen una pequeña mejora y hacen justicia a nuestra responsabilidad y espero que al menos las apoyen. No nos haremos ningún favor si aprobamos la posición común tal como está y aceptamos este informe, pues supone realmente un empeoramiento. Todos sabemos que cada día alguna planta y especie animal se pierden sin remisión. El mundo es un sistema entrelazado en el que cada elemento tiene una importante función y cuanto más destruyamos de este sistema más destruiremos de nosotros mismos. Todos estamos entrelazados.

Blokland
Señora Presidenta, mi Grupo considera de suma importancia que el reglamento CITES modificado, que estamos examinando ahora, entre en vigor cuanto antes.
La Unión Europea está contribuyendo a reducir a gran velocidad la diversidad de la Creación, si no regulamos debidamente el comercio de animales y plantas amenazadas. Sabemos que el comercio a escala mundial asciende a 3, 5 o 5 millardos de ecus, de los que se estima que un tercio es ilegal. Una parte importante de este comercio es europeo. Razón de más para eliminar cuanto antes los problemas de control y definición en la Unión. Cinco años de consulta me parecen suficientes.
Quiero expresar mi respeto por el modo en que la Sra. Van Putten ha coordinado este expediente en el último período. Con razón ha indicado que es urgente. Cada día que ganemos, significa por decirlo así la conservación de una especie amenazada.
La problemática del transporte desempeña un papel importante en el comercio de animales y plantas. Todos conocemos las tristes fotos de montones de pájaros muertos, que son sacados de los aviones en los aeropuertos. Entre un 10 y un 70 % de los animales transportados no llegan con vida a su destino. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la Sra. Van Putten en que el presente reglamento no sea el instrumento más adecuado para establecer prescripciones en materia de transporte. La disposición del apartado f del artículo 16, según la cual se encarga a los Estados miembros fijar sanciones al transporte rudo de los animales, me parece suficiente. No excluye los preceptos nacionales complementarios.
Naturalmente, este reglamento depende del control del cumplimiento y la formación del personal de aduanas. Habrá que invertir en ello. En el caso de determinadas especies de la fauna y la flora resulta prácticamente imposible determinar si el documento cubre realmente la carga. Sin embargo, esta es la única manera de hacer funcionar un reglamento. Asimismo apoyamos la propuesta de la ponente de crear un grupo de trabajo especial que se ocupe de todos los problemas relacionados con la ejecución.
Por consiguiente, apoyaremos la mayoría de las enmiendas del informe.

Rübig
Señora Presidenta, habría que adaptar el texto en algunos puntos para hacerlo más comprensible y plausible para el que aplica el derecho. El título debería modificarse tal como se indica en la enmienda nº 16 para que el contenido sea más claro. Mediante el control del comercio hay que proteger la fauna y la flora. Por lo demás, el Parlamento Europeo está obligado a hacer posible también en el futuro la antiquísima tradición de la cetrería, transmitida de generación en generación y mantenida a nivel local, en el sentido de las enmiendas nº 42 a 47. Precisamente los halcones han asegurado la supervivencia de muchas aves rapaces. Es inaceptable e incomprensible hacer depender de una autorización cualquier traslado de un ave rapaz de un lugar a otro.
Los cetreros no tienen aves rapaces por motivos comerciales o como animales domésticos. En la cría adecuada a la especie de tales aves se incluye el vuelo diario. Sería una declaración de guerra a la cetrería incluir en la estricta protección del reglamento a las aves rapaces que fundamentalmente se emplean allí. Cuestionaríamos la competencia de la propuesta y de la Directiva de las aves 79/409. Por ello, el texto debe modificarse de acuerdo con las enmiendas nº 60 y 61.

Baldi
Señora Presidenta, las medidas previstas en el CITES y en el Convenio de Washington destinadas al establecimiento de un control mundial del comercio de las especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres y de sus productos derivados se aplican en la Comunidad en virtud del Reglamento 3626/82.
Con objeto de actualizar la normativa existente, la Comisión presentó, en febrero de 1994, una versión modificada de la de 1991, que, recuerdo, también cambió el fundamento jurídico, pasando el artículo 100A del Tratado al artículo 130S, es decir, de un procedimiento de codecisión entre las instituciones europeas a un procedimiento que prevé únicamente la consulta al Parlamento Europeo.
De cualquier modo, el Reglamento citado es fundamental no sólo para la protección de las especies, sino, sobre todo, para la correcta organización del comercio y de los productos derivados, que representa miles de millones, ya que, junto al mercado legal, existe un conjunto de operaciones ilegales de gran relevancia que pueden compararse con el tráfico ilegal de droga y armas.
Es preciso, pues, reforzar los controles aduaneros, pero, sobre todo, mejorar la coordinación de las actuaciones de los Estados miembros, estableciendo la aplicación de posibles sanciones; asimismo, hay que considerar la importancia de mantener las tradiciones que permiten la conservación de la fauna silvestre y, al mismo tiempo, prever posibles excepciones que permitan el transporte, naturalmente sin riesgos, de algunas especies ornitológicas dentro de zonas ya definidas en otras disposiciones comunitarias, como hemos especificado junto con el Partido Popular Europeo en la enmienda nº 32, presentada por el Sr. Grossetête.
Numerosos Grupos políticos apoyan, evidentemente, las enmiendas presentadas por nosotros, pero no adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente, que han sido nuevamente presentadas en esta Asamblea: en especial, las enmiendas núms. 33 y 35 que, por supuesto, apoyamos en cuanto promotores.

Tamino
Señora Presidenta, evidentemente todos sabemos que el Convenio CITES trata de los animales y las plantas amenazados de extinción. Sin embargo, permítanme, como biólogo, expresar ciertas dudas acerca de este concepto de protección de especies amenazadas. El problema ya no es salvar ciertas especies amenazadas de extinción, sino preservar los ecosistemas que existen en la naturaleza y que están amenazados no sólo por la desaparición de algunas especies, cuyo número de ejemplares es sumamente escaso, sino también por la reducción de las que existen en muchas zonas, en cuanto que tal reducción puede alterar gravemente cualquier ecosistema.
Se requiere un enfoque más global y más articulado de esta situación, del cual, desgraciadamente, carece el propio Convenio. La posición común adoptada reduce cualquier posibilidad de progreso, ya que insiste en una visión -que el Grupo de los Verdes no puede aceptar- de los animales y plantas como objetos, cosas para comerciar, y no como seres vivos que hay que proteger.
La propia modalidad de traslado en jaulas, a través de los sistemas de transporte, da lugar a una verdadera carnicería, a una verdadera destrucción de organismos vivos. Por ello, como Verdes, hemos de insistir en la necesidad de que se introduzcan grandes modificaciones en la posición común, aprobando para ello las importantes enmiendas presentadas por la ponente y, sobre todo, por el Grupo de los Verdes.

Vieira
Señora Presidenta, una intervención muy rápida para referirme a algunos aspectos que interesan a este debate. Hay que tener una atención especial, muy correcta, con las florestas y otros ecosistemas naturales de gran interés para el patrimonio europeo, y muchas veces del mundo entero, que aún existen en tantas de nuestras zonas más o menos extensas, como, por ejemplo, en muchas de las islas que forman parte del territorio comunitario. Es que se viene demostrando y subrayando, desde hace muchos años, que muchas de las especies vegetales y animales que componen esos ecosistemas, además de otros intereses, son también verdaderas reliquias, últimas representantes de una flora y fauna continental europea que desapareció hace muchos siglos. El caso concreto de las islas que constituyen la región biogeográfica de la Macaronesia merece todo el apoyo técnico y material de la Comunidad para que, en cooperación con sus gobiernos, las numerosas especies vegetales y animales que en ellas son endémicas o exclusivas y sobre todo las que están en riesgo o en vías de extinción, gocen de fuerte protección y puedan sobrevivir para bien de la ciencia y de la Humanidad. Sepamos todos concretar debidamente esa defensa, como muy bien se procura hacer mediante el reglamento del Consejo que se nos propone y que va encaminado esencialmente al control del comercio de especies de fauna y flora salvajes, pero no olvidemos que esa comercialización tantas veces fraudulenta, por lo que al espacio europeo se refiere, se viene intensificando desde la puesta en práctica de la libre circulación que impuso el desmantelamiento de estructuras aduaneras que ejercían un control, no siempre eficiente, de la importación y la exportación de plantas y animales vivos. No basta con legislar bien o formular normas reglamentarias apropiadas para que se mantenga o mejore el respeto de la naturaleza. Primero hay que sensibilizar a los Estados miembros y sus regiones sobre la importancia del problema y de una rápida y eficaz actuación al respecto y después hay que promover, incentivar y apoyar allí la creación de mecanismos y organismos que puedan materializar eficazmente los principios y las medidas aconsejables.

Van Putten
Señora Presidenta, acabo de darme cuenta de que antes he olvidado algo. Supongo que habrá sido la falta de tiempo. Querría formular una pregunta a la Comisaria y espero que todavía pueda incluirla. Se trata, según las noticias que ha tenido la Comisión de Medio Ambiente, concretamente con respecto a los cetreros -sobre los que con razón algunos han dicho que se trata de una gota de agua en el océano y que se está exagerando-, de que se ha diseñado un régimen especial para ellos. Quisiera saber si es cierto que se ha establecido un reglamento especial para que puedan practicar su deporte.

Bjerregaard
Señora Presidenta, para empezar quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. van Putten, por su excelente trabajo en relación con esta propuesta. Como ya han dicho varios oradores durante el debate, hoy estamos examinando una propuesta que data de 1991. Ha estado mucho tiempo en camino, y entre tanto se ha aplicado el régimen anterior. Las cosas no han ido bien, y necesitamos un reglamento nuevo. Tengo la impresión de que todos los oradores están de acuerdo en ello. Hasta aquí, todo bien.
Sin embargo, parece que con ello termina la concordia, por lo que iré directamente al grano, es decir, a la enmienda nº 5 del Parlamento. Entiendo que se trata de una solución de compromiso entre diferentes criterios que existen en el Parlamento, y de la intervención de la Sra. Bloch von Blottnitz deduzco que no incluye el suyo. Casi me parecía que estaba hablando de una propuesta diferente a la que estamos tramitando. La enmienda nº 5 en sí es una propuesta excelente, que introduce el aspecto del bienestar de los animales en la propuesta que estamos debatiendo. Por este motivo siento personalmente mucha simpatía por ella. No obstante, a juzgar por la información que he recibido de los funcionarios de la DG XI que llevan trabajando en este tema muchos años, su aprobación significaría que la propuesta no contaría con el apoyo del Consejo, y en este caso estaríamos como ahora. Terminaríamos otra vez sin un nuevo Reglamento. Si hemos conseguido al fin examinar una propuesta y situarnos tan cerca de una solución de compromiso es precisamente porque, con grandes esfuerzos, el Consejo ha llegado a una posición común que supone un gran paso hacia delante. Gran parte del mérito hay que atribuirlo a las aportaciones del Parlamento en la primera lectura en 1993. Esas aportaciones desempeñaron un importante papel en la configuración del texto de la posición común. Sin entrar demasiado en detalles, mencionaré algunos puntos que demuestran la importancia de la nueva propuesta de reglamento.
En primer lugar, el Reglamento actual se limita a las especies incluidas en el Convenio CITES. La propuesta ofrece la posibilidad de incluir en los Anexos especies no contempladas en CITES. En segundo lugar, los Anexos al Reglamento actual únicamente pueden ser modificados por el Consejo. La nueva propuesta permite a la Comisión modificar los Anexos B y D. En tercer lugar, el ámbito de aplicación del Reglamento ha sido ampliado considerablemente, lo que permite a la Comunidad reaccionar más de prisa y con más eficacia ante nuevas necesidades de conservación. Estos ejemplos han sido mencionados por otros oradores que han participado en el debate. La lista se podría, por supuesto, hacer mucho más larga. Finalmente, me encuentro con la enmienda nº 7, que la Comisión puede aceptar, y que es un buen sustitutivo de la enmienda nº 5. La enmienda nº 7 relaciona de forma apropiada el problema del índice de mortalidad de las aves durante el transporte con los aspectos comerciales y de conservación.
Entenderán, por lo tanto, que en este caso haya pensado en las diferentes posibilidades políticas y mis reflexiones me hayan llevado a preferir que se apruebe una propuesta por consideración al bienestar de los animales, aun cuando quizá no sea la ideal. Si acepta como políticamente justificable prescindir de este punto aquí es porque el problema del transporte de aves exóticas vivas cuyo conservación no corra peligro está previsto ya en una directiva en vigor, la Directiva del Consejo 91/628. El tema del índice de mortalidad durante el transporte puede, por lo tanto, ser debatido en relación con la aplicación de la misma. Comprenderán por mi intervención de hoy mi preocupación por que la propuesta no fuese aprobada. Muchos, muchísimos llevan esperándola largo tiempo.
Mi actitud ante las enmiendas es, por lo tanto, la siguiente: como ya he dicho, no puedo aceptar la enmienda nº 5, pero sí la enmienda nº 7. Según mi punto de vista, es una buena solución al problema señalado por el Parlamento. Acepto también las enmiendas núms. 1, 14, 15, 17 y 24 y, con cambios en la redacción, las enmiendas núms. 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 30. En consecuencia, no puedo aceptar las enmiendas núms. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 23, 25, 26 a 29, 31, 32, 33 y 34. En esta tardía hora no entraré en detalles de los motivos, pero estoy a disposición del Parlamento, si desea información más amplia. En cuanto a la última pregunta formulada por la Sra. van Putten sobre los halcones, tengo entendido que no se está planteando la preparación de normas especiales en este sentido.
Antes de terminar, quiero expresar una vez más mi respeto por el importante y dedicado trabajo de la ponente, Sra. van Putten, sobre este tema y espero que logremos que se apruebe la propuesta.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Plaguicidas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0251/96) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(95)0272 - C4-0284/95-95/0154(CNS)) por la que se modifica:
la Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas; -la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales; -la Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal; y-la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas.
Breyer
Estimadas y estimados colegas, se quiere modificar la legislación europea para la fijación de las cantidades máximas de plaguicidas. El objetivo principal de la propuesta de directiva es ampliar el ámbito de aplicación de las directivas que se desea modificar a los productos desecados o transformados y la inclusión de los productos transformados compuestos así como la simplificación de las normas sobre los productos excluidos de la exportación y sobre los programas de control.
La Comisión prevé que las normas relevantes se basen en el artículo 43, el llamado artículo agrícola. Según este, los residuos de plaguicidas se consideran como necesarios e inevitables en la producción de alimentos. El objetivo principal de la Comisión es el aumento de la producción agrícola dejando en un segundo plano la protección del medio ambiente y de la salud. En base al mencionado artículo 43, en el procedimiento legislativo se concede al Parlamento Europeo solamente un derecho de audiencia.
Independientemente de ello, un comité nombrado por la Comisión debe determinar los valores límite exclusivamente en base a consideraciones toxicológicas. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha presentado por ello un informe que concede a la protección del medio ambiente y de la salud una mayor prioridad. Sabemos que hay más de 800 diferentes plaguicidas y que muchas sustancias son cancerígenas, que modifican el material genético y que debilitan el sistema inmunológico. Por ello, al determinar los valores límite de los plaguicidas hay que tener en cuenta la protección del consumidor y del medio ambiente. Esto será posible si la directiva se basa en el artículo 100 A, tal como propone la Comisión de Medio Ambiente.
La determinación actual de los valores límite de los plaguicidas se basa en experimentos con animales y el valor ADI se basa exclusivamente en adultos de 70 kg de peso. No tiene en cuenta la composición real de la población ni el peligro especial para los enfermos, niños y personas debilitadas. No se tienen en absoluto en cuenta las interacciones entre los diversos plaguicidas. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente propone una concentración máxima unitaria de 0, 01 mg de sustancia activa por kg de alimento. El valor límite para el agua potable es cien veces más estricto pero para los alimentos sólidos, como verduras y similares, tenemos que permitir un valor cien veces superior a causa del límite de determinación.
Sin embargo, supone una gran mejora para el medio ambiente y la salud, pues actualmente se permite en los alimentos sólidos una concentración de plaguicidas hasta 10.000 veces superior que en el agua potable. Creemos que si concedemos al agua potable un elevado nivel de protección, debemos hacerlo también con los alimentos sólidos, tanto más si se tiene en cuenta que el 80 % del agua que tomamos lo hacemos a través de alimentos sólidos, es decir, no en forma líquida.
La Comisión de Medio Ambiente propone además un valor máximo de contenido global de plaguicidas de 0, 05 mg para limitar los peligros para la salud que se derivan de las interacciones desconocidas de diversas sustancias activas. Hace poco, un estudio realizado en Nueva Orleans ha demostrado que la acción conjunta de diversos plaguicidas clorados provocan unos daños muy superiores a la salud que los que provoca cada sustancia aislada. Por lo demás, estas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente suponen también una deregulación, una simplificación del procedimiento. En vez de fijar un valor para cada alimento, ya sea ruibarbo o coliflor, proponemos que exista un valor límite único para los plaguicidas y un valor límite para el total de residuos, de modo análogo a la directiva sobre el agua potable. Esto supondría una simplificación y muestra claramente que para nosotros se trata de lograr una mayor protección del medio ambiente.
Nuestro deseo es reducir la carga de plaguicidas en el sentido de la protección del medio ambiente. Un análisis de costes-utilidades realizado en 1991 en los EE.UU. ha demostrado que el 90 % de todos los plaguicidas son superfluos. Unos programas para reducir su uso en Suecia, Dinamarca y en los Países Bajos, han demostrado que también funciona de otro modo. En Suecia, en el plazo de 5 años han logrado reducir en un 50 % la cantidad de agentes activos y en Dinamarca un 30 % en un plazo de siete años.
Esto muestra que es posible reducir los plaguicidas sin poner en peligro la producción agrícola. El informe propone aplicar una protección fitosanitaria integrada, debiéndose tener en cuenta que la UE se ha comprometido ya en la AGENDA 21 de la Conferencia de Río. El informe exige que se realice una definición vinculante de los que es una «buena práctica agraria» que debe basarse exactamente en los compromisos de Río. Solamente si se evitan los plaguicidas en la agricultura se podrán superar los problemas de los residuos en los alimentos.
Para finalizar, permítanme que realice una cita del Sr. Fischler que comparto. Ha dicho que puede parecer cínico, pero precisamente la crisis de la EEB puede acelerar el proceso de reorientación en la agricultura de la UE. Creo que debemos producir para el mercado y no al margen del mercado. Les pido por ello su voto favorable al informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Redondo Jiménez
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, primero quisiera referirme a lo último que nos acaba de decir la Sra. Breyer, porque es muy fácil hacer demagogia en esta Asamblea con unos datos que sólo corresponden a parte de la verdad. Es muy fácil decir que se puede reducir la carga de plaguicidas en un 50 % en Suecia o en un 30 % en Dinamarca, pero la climatología es totalmente distinta a la que tenemos en otros países de la Unión Europea, los cultivos no son exactamente los mismos y la carga agraria tampoco. Y sobre todo, en unos países de la Unión Europea se están gastando 300 dólares por hectárea de media y en otros estamos gastando 30 dólares por hectárea. Luego, cuando todos estemos al mismo nivel, podremos decir que todos debemos reducir la carga de productos fitosanitarios en nuestros cultivos.
En cuanto a la propuesta de directiva, nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que ha dicho la Comisión. La Comisión intenta solucionar problemas reales detectados en la aplicación de estas directivas que nos propone modificar en cuanto a la armonización de las legislaciones nacionales en materia de límites máximos de residuos, y de los que se derivan graves obstáculos al mercado único de productos vegetales.
También pretende actualizar algunas directivas más antiguas, mejorar y avanzar en la armonización de aspectos tan importantes como la vigilancia del cumplimiento de los límites máximos de residuos, que hasta ahora se dejaban al criterio de los Estados miembros, y agilizar el procedimiento para la fijación de los límites máximos de residuos comunitarios.
Con la aprobación de esta propuesta conseguiríamos un gran paralelismo entre las Directivas 86/362, 86/363 y 90/642. Es un paso previo para emprender la tarea de refundirlas, pues parece claro que la Comisión, o no ha encontrado motivos que lo justifiquen, o bien ha encontrado importantes dificultades técnicas para abordarlo. Yo comparto el criterio de la Comisión de hacerlo en varias fases, pues en caso de hacerlo como nos propone la Sra. Breyer, sería subir la escalera en un solo salto en lugar de subirla peldaño a peldaño como acostumbramos todos. Yo pediría a la Comisión que elabore una propuesta de directiva única, en caso de que se aprobase el informe de la Sra. Breyer, para resolver los problemas técnicos y científicos con las suficientes garantías jurídicas.
Podemos apreciar en esta propuesta una forma muy diferente a la Directiva 76/895 y pienso que el motivo será que esta directiva no armoniza los límites máximos de residuos nacionales de los Estados miembros, sino que establece unos mínimos comunitarios para límites máximos de residuos nacionales, que pueden ser iguales o superiores en virtud de la disposición contenida en su artículo 3.2. El único modo posible de solucionar esto, a mi criterio, es revisar los límites máximos de las sustancias activas contenidas en su Anexo II y transferirlas como límites máximos de residuos comunitarios al Anexo II de la Directiva 90/642, tarea que ya ha sido iniciada por la Comisión en la Directiva 93/58, que una vez concluida nos permitiría derogar la Directiva 76 y yo pediría agilidad y rapidez a la Comisión en esta tarea de homologar los límites máximos de residuos.
Otro de los aspectos que quiero resaltar es el paralelismo que se trata de introducir entre los criterios para establecer los límites máximos de residuos en vegetales y los criterios de pureza para las aguas potables, ignorando que hay bases científicas reconocidas y admitidas internacionalmente para la fijación de estos límites máximos de residuos, lo cual puede conducir a obstrucciones al comercio en importaciones con países terceros, etc., en contra de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Resulta evidente que las aguas potables no se tratan, ni deben tratarse, con plaguicidas agrícolas. Incluso puede ocurrir que los coloides del suelo en algunas aguas nos den una lectura superior a las señaladas en el informe. Asimismo, en las plantas hay sustancias activas que existen naturalmente en los vegetales, como el ácido giberélico, que dan lecturas muy superiores a las indicadas en el informe. En caso de establecer estas exigencias, resultarían imposibles hasta los cultivos ecológicos con los que todos estamos de acuerdo.
Hay otro aspecto que quiero señalar a esta Asamblea: las menciones a los productos dietéticos y alimentos para bebés. No es razonable que se puedan comercializar alimentos frescos -zanahorias, por ejemplo- aptos para el consumo humano, excepto para bebés o enfermos. ¿Dónde está la protección al consumidor? Habría que advertirles de que no son buenos para ellos. ¿Y podrían consumirlos las madres lactantes? No es coherente. Los límites máximos de residuos deben cubrir científicamente la ausencia de riesgos para todas las personas desde su nacimiento. Permítanme señalar otra contradicción: asignar el mismo límite máximo de residuos para un producto fresco que transformado, para un producto entero o a partes de él, nos puede llevar a grandes contradicciones.
Por último, yo le pediría a la Comisión que estudiase con mucho detenimiento las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que fueron aprobadas por unanimidad, y que estudiemos con mucho cuidado el informe de la Sra. Breyer, para el que nosotros como Grupo pedimos un cambio de fundamento jurídico, esto es, aplicar el artículo 100 A del Tratado.

Graenitz
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ¿cuántos plaguicidas soporta la consumidora? Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor han tenido que plantearse esta pregunta al tratar el informe de la Sra. Breyer, un informe sobre cuatro directivas relativas a los residuos de plaguicidas en los alimentos y cereales. Creo que la unificación en una directiva, tal como ha propuesto la Sra. Breyer, supone una simplificación del trabajo administrativo. También lo que ya se ha realizado en algunos países miembros, es decir, programas dirigidos a reducir el empleo de plaguicidas y pesticidas, se puede integrar mucho mejor en una directiva que en cuatro diferentes, tal como propuso originariamente la Comisión. Creo que, de este modo, se puede lograr realmente una simplificación del trabajo administrativo.
Ustedes saben que no soy letrada, pero el sentido común me dice que, como fundamento jurídico, el artículo 100 A, relativo al mercado interior, es mucho más adecuado que los demás que han surgido en el debate. El tema sobre el que hoy hablamos afecta a las consumidoras y consumidores en el mercado interior. Si tomamos como fundamento jurídico el artículo 43, la agricultura, excluiremos a una parte de los que quieren consumir estos productos. El artículo 130 S, relativo al medio ambiente, es sin duda muy importante. Aquí se trata también de una cuestión de medio ambiente, pero creo que debemos dar más importancia a la protección del consumidor.
La utilización de plaguicidas es, sin duda, una cuestión de medio ambiente, pues éste se ve en peligro por un uso desproporcionado de todos estos productos.
Se nos ha presentado también una comunicación sobre la protección de las reservas de agua. Hay propuestas para una directiva sobre el agua potable, una directiva sobre la protección ecológica de las aguas. Creo que solamente seremos sinceros con tales directivas si evitamos todas aquellas sustancias que pueden ir a parar al agua potable a través del aire o del suelo. El agua es una sustancia de la que no disponemos en Europa en tal demasía como para ponerla en peligro.
También hay que recapacitar hasta qué punto una utilización intensiva de productos fitosanitarios puede influir sobre la alimentación animal, pues no solamente se rocían los productos que los consumidores toman sino también muchos que comen los animales y precisamente hoy día tenemos que recapacitar muy exactamente sobre qué es lo que se introduce en la cadena alimenticia.
Un enfoque integrado conduce a un desarrollo sostenible que es lo que todos queremos y que está además reflejado ya en muchos programas. Creo que tendremos que llegar a una agricultura ecológica si queremos que la agricultura y el medio ambiente sobrevivan en equilibrio.
Un equilibrio en la Naturaleza conduce también a un equilibrio en la agricultura, en la producción, en la demanda y, a la postre, también en los ingresos de la población rural.
Para finalizar, me permito decir que mi grupo político apoya la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Valverde López
Señora Presidenta, estamos ante un proyecto de directiva que viene a completar y a reforzar años de armonización en el ámbito de los pesticidas. Esta nueva propuesta asegura una mayor protección de la salud del consumidor sin comprometer la producción, y esto es importante decirlo y reafirmarlo. Se garantiza un informe mucho más sistemático y hace realidad la previsión de la directiva de 1991 relativa a la comercialización de los productos pesticidas con la fijación de los correspondientes contenidos máximos de residuos en los diferentes productos agrícolas. Por otro lado, afronta procedimientos para resolver casos de aparición de barreras al comercio intracomunitario. España ha sufrido con mucha frecuencia -quizá con demasiada en los últimos años- este problema en sus exportaciones de frutas y hortalizas, así como en otros productos más sensibles como los productos dietéticos infantiles. Por eso, damos la bienvenida a esta nueva propuesta de la Comisión que evitará estos problemas artificiales.
Esta directiva debería haber recibido un apoyo generalizado en la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, la ponente -tal vez en un exceso de celo- ha realizado propuestas bien intencionadas, pero tal vez no acertadas y que no corresponden a la realidad de las necesidades. Y, por lo tanto, esto nos impedirá apoyarlas como hubiese sido nuestro deseo.
Muchos podemos compartir sus propuestas como objetivos finales y de orientación de lo que debe ser una política sobre pesticidas, pero los deseos no se pueden confundir con propuestas de Derecho positivo que es necesario cumplir. Una cosa es compartir la idea que fundamenta la lucha biológica y otra bien distinta es contrastar las limitadas posibilidades actuales de su aplicación.
Podemos estar de acuerdo también en que es necesario tener en cuenta las sinergias de los diferentes productos, pero otra cosa bien distinta, señora Breyer, es pretender considerar como restos de plaguicidas todos los posibles productos de metabolización, aunque sean sustancias inocuas. Esto cambia por completo todo el cálculo de contenido de residuos. Tampoco podemos dejar que se transmita a la opinión pública la idea de que las normas comunitarias son decididas por burócratas sin control, cuando el procedimiento -y usted lo sabe muy bien- es todo lo contrario: es bastante complejo e intervienen científicos independientes, los comités que representan a los gobiernos, la Comisión e, indirectamente, este Parlamento, pues seguimos muy de cerca todas las decisiones que se toman a nivel comunitario.
Por último, señora Presidenta, creo que no podemos olvidar que realmente sólo existen dos tipos de agricultura: la que puede utilizar pesticidas y abonos y la que, desgraciadamente, no dispone de lo mismo y, por lo tanto, no llega a ser autosuficiente. Yo creo que no es bueno magnificar los riesgos tecnológicos potenciales del progreso y parecer ignorar lo que realmente es trágico en nuestra sociedad: que sigan muriendo millones de niños y adultos por falta de alimentos.

Cabrol
Señora Presidenta, la directiva que discutimos actualmente permite uniformizar la reglamentación creada por cuatro directivas anteriores que fijaban los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas, los cereales y los productos alimenticios de origen animal.
Esto era necesario ya que, en una época aún reciente, la agricultura trajo aparejada una concentración demasiado elevada de plaguicidas en los alimentos y en el agua, sobre todo por la utilización de nitratos. Sin embargo, desde entonces se ha constatado un esfuerzo de los agricultores y se han realizado evaluaciones científicas y técnicas de los riesgos relacionados con los plaguicidas, lo que permite una reglamentación adaptada a cada caso.
Por eso nosotros nos oponemos totalmente a la opinión del ponente de fijar un límite máximo de 0, 01 mg. de residuos por kilo para todos los productos alimenticios y agrícolas, tal cual se comercializan, que es el límite aplicable al agua potable. Ahora bien, los productos alimenticios no son en absoluto comparables al agua potable, y la aplicación de esta cantidad a la agricultura conduciría a una limitación muy importante del número de sustancias activas utilizables, lo que supondría graves consecuencias agronómicas y económicas para la agricultura y nuestra alimentación.
Por lo tanto, no nos parece razonable proponer reglamentos imposibles de aplicar, y es conveniente no aprobar las enmiendas 10 y 11, 14 y 15, así como tampoco las enmiendas 20 a 24.

Olsson
Señora Presidenta, me permito comenzar diciendo que pienso que la Sra. Breyer ha realizado un excelente trabajo y que ha ampliado el alcance de la propuesta de directiva hasta incluir además los valores límite. Volveré sobre esto más adelante.
En Suecia la sociedad, los agricultores y los consumidores, se han mostrado innovadores en la disminución del uso de plaguicidas en la agricultura. Nuestro deber en el Parlamento Europeo es el de impulsar un desarrollo correspondiente. Al mismo tiempo, esta cuestión debería plantearse también en otros foros internacionales, por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio, para que los productos importados no sean de un nivel inferior al de los que producimos nosotros.
La cooperación a nivel de la UE debe constituir un instrumento para disminuir notablemente el uso de plaguicidas, pero para que esto se lleve a cabo es necesario que el Parlamento Europeo tenga una mayor influencia sobre las decisiones. Eso es lo que lograremos si seguimos la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y cambiamos la base jurídica por la del artículo 100a. El uso de plaguicidas en la agricultura es naturalmente una cuestión ambiental y que afecta a los consumidores, y no solamente a la profesión agrícola, como se podría interpretar si dejamos el asunto bajo el artículo 43.
La responsabilidad por la reducción del uso de plaguicidas no puede recaer sobre el agricultor o los consumidores. No se puede, porque los fabricantes de plaguicidas son demasiado fuertes. Es un deber político hacer más estrictos los valores límite a través de la legislación, y mediante ella impedir que se encuentren residuos perjudiciales en la comida. La armonización de varias directivas sobre valores límite para los residuos de plaguicidas crea una legislación más clara.
Es la naturaleza la que debe dictar las normas para la actividad agrícola de la UE. La agricultura ecológica y una agricultura integrada que se realice en mayor grado en base a las condiciones naturales, deben ser la norma a seguir en el futuro para la producción en este sector. Es importante que el Parlamento Europeo haga hincapié en que los Estados miembros deben adaptarse a los compromisos logrados en la Conferencia de Río con objeto de disminuir el uso de plaguicidas. Utilizar grandes cantidades de abonos para la producción de alimentos no constituye una vía sostenible en el futuro. Es naturalmente injusto además a largo plazo que se permitan unos residuos de plaguicidas más elevados en los alimentos que en el agua potable; los alimentos no deben ser más perjudiciales que el agua.
Me parece muy bien la propuesta de la Sra. Breyer de un valor límite general de 0, 01 mg/kg, y pienso lo mismo sobre el valor global de 0, 05 mg. Lamentablemente carecemos de una base científica suficiente para que se pueda realizar esta propuesta. Por ello no podemos apoyarla. Pero espero que la Comisión vuelva pronto al Parlamento con una propuesta de reducción de los valores límite.

Blokland
Señora Presidenta, dentro de mi Grupo, hay división de opiniones sobre el informe Breyer. Todos estamos de acuerdo sobre la necesidad de un agua potable limpia, pero no todos optamos por los mismos medios.
Yo defiendo el punto de vista de la ponente, de que los residuos en los alimentos pueden ser un punto de referencia para proteger el agua subterránea. En estos momentos vemos que las violaciones de la norma de aguas subterráneas para la extracción de agua potable superan el diez por ciento y a veces incluso el ciento por ciento. Por ello, año tras año disminuyen las reservas explotables para la extracción de agua potable en Europa. A ello hay que añadir que, una vez que los plaguicidas se encuentran en el agua subterránea, es imposible eliminarlos. Me parece una idea poco atractiva. Por ello hemos de abordar el problema desde su origen, es decir, en las fumigaciones.
Las altas concentraciones en las aguas subterráneas se deben a que, por el uso incontrolado en la agricultura, demasiados plaguicidas llegan a las aguas subterráneas. Ya va siendo hora de que los agricultores reciban más incentivos para reducir el uso de plaguicidas. En las últimas décadas ha quedado claro que no lo harán por sí mismos. En mi país, los Países Bajos, se inició hace unos años un ambicioso programa para reducir el uso de estas sustancias, pero los resultados son decepcionantes. Si no se consigue por medio de acuerdos voluntarios, será preciso hacerlo a través de esta vía poco atractiva de la legislación en materia de residuos.
La simplificación de la legislación en materia de residuos que propone la Sra. Breyer tiene la ventaja adicional de que podría suponer una mejora del control. Si se trabaja con una sola cifra para todas las sustancias, se simplifica considerablemente la aplicación. Espero de todo corazón que el Consejo de Agricultura reaccione a esta señal.
Una última observación: la directiva sobre el agua potable habla de 1/10 de microgramo por litro. Aquí se trata de 1/100 de miligramo por kilo. La diferencia es del factor 100. Creo que es importante separar bien estas dos cuestiones, y comprendo por el debate que sigue habiendo grandes problemas al respecto.

Rübig
La fijación de unos valores máximos de residuos significaría ya solamente para Austria que habría que suprimir la mayor parte de los valores o sustancias activas residuales. No solamente sería imposible una producción suficiente de alimentos de origen herbáceo sino que la economía y la agricultura europeas ya no serían competitivas a nivel internacional.
Con estos valores de residuos propuestos arbitrariamente e infundados desde un punto de vista toxicológico, ya no se podrían producir convencionalmente frutas y verduras y se impediría la importación de productos frescos durante los meses de invierno. Por ello, es recomendable conservar el sistema actual de valoración individual de los residuos. Se basa en análisis científicos y tiene en cuenta las características toxicológicas de las sustancias activas y las buenas prácticas agrarias para los correspondientes alimentos. Los valores de residuos fijados son valores de previsión y no una limitación de peligros para los consumidores.
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿Es posible reducir los plaguicidas o los abonos mediante la biotecnología o la ingeniería genética?

Bjerregaard
Señora Presidenta, me doy cuenta de que el Parlamento está examinando la propuesta después de un largo y detallado estudio de sus muchos aspectos, y antes que nada quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Breyer, y asimismo a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por el trabajo que han realizado en relación con ella. Quiero empezar diciendo que la Comisión apoya plenamente el punto de vista principal del informe, en el sentido de que el empleo de los plaguicidas debe limitarse al mínimo absoluto y de que los métodos de producción como el control integral de plagas y la agricultura ecológica pueden ayudar a alcanzar tal objetivo. No obstante, en nombre del Comisario responsable quiero mencionar también que ya existe una normativa estricta para el uso de plaguicidas en la agricultura convencional, según la Directiva 91/414 sobre la comercialización de plaguicidas. En ella se indica que sólo se permite el uso de estas sustancias en las cantidades mínimas necesarias para un control adecuado de parásitos y en condiciones que no supongan un riesgo para la salud humana o que no produzcan efectos inaceptables sobre el medio ambiente. La Comisión considera que el equilibrio entre la necesidad de un empleo restrictivo y seguro de los plaguicidas y las ventajas que estas sustancias tienen para una agricultura eficaz no se manifiestan con suficiente claridad en las enmiendas núms. 6 a 10. En consecuencia, no puede aceptarlas. En cambio, acepta en principio la enmienda nº 43, por lo que está dispuesta a incluir una observación general que ponga de manifiesto la necesidad de un uso restrictivo y seguro de los plaguicidas en la agricultura y que, al mismo tiempo, subraye el papel positivo que desempeñan una serie de métodos como la agronomía integral y la agricultura ecológica.
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 42, ya que se refiere a los principios sobre el uso de plaguicidas en la agricultura ecológica, que en su caso corresponde al ámbito del Reglamento nº 2092/91 del Consejo sobre la producción ecológico de productos agrícolas y la indicación de este tipo de producción en los productos agrícolas y alimenticios. En cuanto al fundamento jurídico, la Comisión entiende que, si un precepto legal sirve uno o varios de los objetivos de la política agrícola común incluidos en el artículo 39 del Tratado, el artículo 43 es el fundamento jurídico correcto y suficiente, tal como ha sancionado el Tribunal. Por ello, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 1.
Las enmiendas núms. 14 y 22 y las enmiendas técnicas basadas en ellas, esto es, las núms. 11, 15, 20, 23, 24 y 31, buscan introducir un límite máximo arbitrario de 0, 01 mg/kg para todos los plaguicidas y todas las cosechas por encima de los usos permitidos y las características toxicológicas de cada sustancia activa. La Comisión no puede aceptar estas enmiendas ni la iniciativa básica a la que responden, porque significaría dejar de lado el procedimiento que se aplica a nivel mundial, incluido el Código Alimentario, que va encaminado a la fijación de límites máximos sobre una base científica. En el marco del procedimiento aprobado recientemente para la adopción de medidas relativas a la salud humana y a la sanidad vegetal de conformidad con el Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, también hay que respetar la base científica en el caso de las medidas relacionadas con la sanidad vegetal, y la enmienda propuesta podría implicar conflictos con nuestros socios comerciales. Finalmente, si no se pudieran proteger las cosechas mediante el uso de plaguicidas, la competitividad de la agricultura europea y el abastecimiento de productos agrarios correrían gran peligro. La Comisión está de acuerdo en que habría resultado más sencillo tener toda la legislación sobre residuos de plaguicidas resumida en una sola directiva o por lo menos disponer de una codificación de las directivas en vigor. Sin embargo, considera esta solución demasiado precipitada en un momento en que la Directiva 76/895 pronto perderá su vigencia. Además se necesita acumular más experiencia en la utilización de los procedimientos ahora propuestos, antes de iniciar nuevas tareas. Por este motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 2 a 5, 16, 17 y 33 ahora, aun cuando señala que los principios en que se basan serán investigados más a fondo con miras a la presentación de una propuesta en el futuro. En todo caso, la Comisión examinará de inmediato las posibilidades de enviar con regularidad a todas las partes interesadas unas tablas actualizadas y bien preparadas con información sobre los límites máximos permitidos en la Comunidad de todas las combinaciones de plaguicidas, en la medida en que tales valores estén fijados.
La Comisión entiende que una serie de enmiendas suponen mejoras técnicas útiles de la propuesta, por lo que acepta con gusto el apartado 5 de la enmienda nº 14, que mejora las disposiciones de control de la Directiva 76/895. La Comisión acepta en principio también las enmiendas núms. 12, 13 y 18, que alinean las disposiciones pertinentes de la Directiva 76/895 con las contenidas en la directiva aprobada con posterioridad. La Comisión puede aceptar la enmienda nº 21. Está de acuerdo en que el procedimiento de arbitraje debe ser aplicado sin demora innecesaria y en que puede aplicarse también a los productos alimenticios transformados. La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas núms. 25, 26, 28, 29, 32, 39 y 49. Hay muchas enmiendas. La Comisión también puede aceptar en principio las que llevan los núms. 27, 30, 38 y 48, que definen con mayor precisión el modo de utilizar los resultados de las medidas de control. La Comisión acepta en principio las enmiendas núms. 35, 37, 41, 45, 47 y 51. La Comisión estima que el procedimiento del comité previsto es apropiado para el establecimiento de los límite máximos, ya que las decisiones en juego son muy técnicas. Se basan en la evaluación de datos técnicos muy bien definidos. El mismo procedimiento se prevé para medidas técnicas parecidas, como las referentes a los límites máximos provisionales conforme a la letra f del apartado 1 del artículo 4. La Comisión lamenta, por lo tanto, no poder aceptar la enmienda nº 19. No obstante, acepta que los datos en los que se basa la fijación de los límites máximos sean más precisos. Podemos, por lo tanto, en principio aceptar las enmiendas núms. 34, 36, 40, 44, 46 y 50. Sin embargo, su última parte no es aceptable, ya que los requisitos de los datos sobre los residuos de plaguicidas quedan fijados en la Directiva 91/414.
La Comisión está convenida de que la propuesta, una vez aprobada, mejorará considerablemente las normas comunitarias en vigor sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas en los productos agrícolas. Junto con la Directiva 91/414 sobre la comercialización y uso de los plaguicidas, contribuirá más aún a fijar con eficacia los límites máximos que corresponden a los métodos científicos empleados a nivel internacional, y tiene en cuenta el alto nivel de protección de la salud humana y de los animales, que es el objetivo de la legislación comunitaria sobre plaguicidas.
Lo siento, señora Presidenta, ha sido una respuesta muy larga.

Breyer
Señora Comisaria, le estaría muy agradecida si nos pudiese aclarar cómo es posible que en los últimos diez años los valores de las cantidades de residuos se hayan reducido constantemente y en qué datos científicos se basa esto. Permítame una observación, realizada también por la Sra. Redondo y el Sr. Valverde, en lo tocante a que el valor de 0, 01 miligramos es arbitrario.
Tengo aquí el Reglamento sobre cantidades de residuos máximos de la República Federal que fue aprobado el 1 de septiembre de 1994. Dicho reglamento prevé que precisamente este valor, es decir, 0, 01 mg por kilogramo de alimento, debe aplicarse si no hay otros valores de residuos. No se puede achacar al Gobierno Federal ser totalmente arbitrario cuando él mismo lo propone.
Señora Comisaria, un último punto que formulo también en forma de pregunta: hay una serie de enmiendas, en especial de la Sra. Redondo, que se refieren a un Anexo 6 de la Directiva 414/91, del que sabemos que ya no existe. A demanda del Parlamento Europeo, el 18 de junio, el Tribunal Europeo de Justicia acordó que este Anexo ya no existe. Es decir, estamos ante la situación de que no hay criterios de evaluación. Por ello, me gustaría saber de la Comisión cómo hay que actuar en esta situación si no sigue a la Comisión de Medio Ambiente y actualmente no hay un Anexo 6. Como se trata de una situación muy actual, creo que esta es una pregunta muy difícil que quizás deberíamos plantear también a la Mesa de cara a la votación de mañana, es decir, cómo debemos actuar ante tal situación.

Bjerregaard
No alargaré el debate. He intentado en nombre del Comisario Fischler dar respuesta detallada a todas las preguntas surgidas en relación con las enmiendas presentadas, y estoy segura de que durante el examen en las distintas comisiones ha sido posible entrar más en detalle con respecto a los resultados científicos publicados y a los límites máximos mencionados en la propuesta.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Le doy las gracias a cada uno de ustedes, así como a los intérpretes, y les recuerdo que nuestra próxima sesión tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas)

