

El Presidente. –
   De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral al Consejo (B6-0238/2005), por parte de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la financiación de la RTE-T, y a la pregunta oral a la Comisión (B6-0239/2005), por parte de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la financiación de la RTE-T.
Paolo Costa (ALDE ),
   . –Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, Señorías, la Comisión de Transportes y Turismo, que tengo el honor de presidir, sigue con gran atención y cierta preocupación el proceso de ejecución de la red transeuropea de transportes (RTE-T), definido en las directrices adoptadas mediante codecisión por el Consejo y el Parlamento en abril de 2004. 
Nuestra preocupación se debe a la constatación de importantes retrasos en la ejecución de los proyectos que integran la primera definición de la RTE-T –codecidida en 1996– y a la identificación de la causa principal de esos retrasos en la insuficiente financiación. La Decisión nº 884/2004, que modifica la definición de la RTE-T a la Unión de los 25, deja entrever unas exigencias financieras de grandes dimensiones: al menos 225 000 millones de euros para los treinta proyectos de aquí a 2020, de los cuales al menos 140 000 deberán gastarse en el período comprendido por las perspectivas financieras 2007-2013.
Parece esencial garantizar desde ahora la cobertura de dichas exigencias, a ser posible antes incluso de la definición de las perspectivas financieras 2007-2013, para evitar que se produzcan en los próximos años frustraciones insoportables para la Unión y para los Estados miembros, dado el valor estratégico de la realización de la red transeuropea. 
Es estratégico para la competitividad interior y exterior de la economía de una Unión que debe explotar plenamente los beneficios del mercado único: unos beneficios ilusorios si un bien producido en Lisboa o Dublín no puede competir con bienes similares producidos en Varsovia o Budapest por diferencias de costes de transporte. Es estratégico para la sostenibilidad del transporte europeo, ya que los proyectos prioritarios son ante todo ferroviarios, marítimos y fluviales. Es estratégico, por último, para la integración real de la sociedad europea: una integración social y cultural ni forzada ni impedida, pero que necesita unas conexiones eficientes entre todos los puntos de la Unión para que puedan manifestarse oportunidades de comunicación, intercambio, reconocimiento y apreciación de la identidad y la diversidad.
Si, como espero, la Comisión y el Consejo confirman hoy aquí la conciencia del valor estratégico de la realización de la RTE-T, las consiguientes garantías que pide el Parlamento se refieren a la adecuación de la dotación para la cofinanciación comunitaria de toda la red a los treinta proyectos que deben ejecutarse antes de 2020 y la conveniencia de que las cofinanciaciones comunitarias se utilicen en el tiempo y en el espacio de modo que sirvan de palanca para las financiaciones –mucho más ingentes– de los Estados miembros, y, allí donde sea posible, para la participación de particulares en planes de cooperación entre el sector publico y el privado.
Las normas y decisiones comunitarias que faciliten todo esto –de la directiva sobre la Euroviñetaa la constitución de un fondo especial de garantía sobre los préstamos– son un complemento necesario. Y, en este marco, visto que el presupuesto para la RTE-T asciende a 20 300 millones de euros propuestos por la Comisión en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013 –un presupuesto que garantizaría la cobertura media del 15 por ciento de la financiación de las redes transeuropeas de transporte–, la comisión, a través de mí, quiere saber si el Consejo considera que ese importe puede garantizar la cofinanciación comunitaria necesaria y suficiente para los treinta proyectos. En otras palabras, puede el Consejo garantizar que los Estados miembros estén en condiciones de financiar con medios propios, públicos o privados, el 85 % restante, en promedio, de la financiación prevista, o no deberíamos pensar en incrementar la cuota de la Comunidad? 
La misma pregunta se formula a la Comisión, a la que se pide, además, que comunique el perfil temporal de absorción de la cofinanciación comunitaria por parte de los distintos proyectos, lo que presupone un conocimiento de su progreso desde el punto de vista administrativo y técnico ahora y en el futuro, y cómo piensa distribuir el presupuesto disponible en el tiempo y el espacio.
La siguiente pregunta está dirigida tanto al Consejo como a la Comisión e incluye una propuesta o recomendación explícita: ¿no convendría concentrar de forma prioritaria, si no exclusiva, la cofinanciación comunitaria en las 48 secciones transfronterizas de los treinta proyectos, aquellas que se encuentran a caballo entre dos Estados miembros y que a menudo no despegan por conflictos de competencia y de intereses? De ahí se derivarían muchos efectos positivos: al limitar la financiación a las 48 secciones transfronterizas haríamos que la idea de una cofinanciación del 30 al 50 % fuera viable y podríamos garantizar su pronta ejecución. 
Si la cofinanciación comunitaria estuviera condicionada y se exigiera la aprobación de tratados internacionales bilaterales, los Estados miembros estarían obligados a asumir explícitamente su responsabilidad respecto incluso de los tramos interiores. Al asegurar la ejecución de los tramos transfronterizos, los frenos se convertirían en estímulos. ¿Cómo no completar, por poner un ejemplo que conozco bien, el tramo interior entre Turín y Trieste si la Unión garantiza la conclusión en plazos prefijados del túnel de Frejus entre Turín y Lyon en el lado francés y del enlace entre Trieste y Divača en el lado italo-esloveno?
Con el deseo de que esta recomendación sea aceptaba y de que el Consejo y la Comisión la hagan suya, concluyo pidiendo a esta última que nos facilite una definición clara y precisa de las 48 secciones transfronterizas. Señor Comisario, señor Ministro, espero con confianza sus respuestas.
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por haber abordado esta cuestión extremadamente importante. En efecto, compartimos su análisis sobre la importancia de las redes transeuropeas, que se manifiesta en varios aspectos: en primer lugar, estas redes transeuropeas se inscriben en una iniciativa de crecimiento que ha sido relanzada por el Consejo Europeo; contribuyen o deben contribuir asimismo al objetivo de la competitividad, tal como ha sido definido por el Consejo Europeo de marzo; constituyen además un elemento esencial del buen funcionamiento del mercado interior y, sobre todo, son indispensables para garantizar la cohesión territorial de la Unión Europea.
Se han producido retrasos, en efecto, y esto es tanto más lamentable cuanto que cierto número de proyectos se decidieron en el marco de un programa de puesta en marcha rápida. En principio, esos proyectos debían lanzarse rápidamente. Precisamente de estas cuestiones y de las razones de los retrasos se ocupó un Grupo de alto nivel sobre las redes transeuropeas de transporte, dirigido por el señor Van Miert, en particular de los retrasos registrados en las secciones transfronterizas. Para paliar esos retrasos, el Consejo adoptó, en abril de 2004, el Reglamento n° 807/2004, destinado en particular a incrementar la tasa de financiación comunitaria de determinados proyectos. El objetivo evidente del reglamento es garantizar una cofinanciación adecuada de los proyectos en cuestión; su aplicación es competencia de la Comisión y estoy seguro de que el Vicepresidente les dará explicaciones al respecto.
El 27 de julio de 2004, el Consejo recibió una nueva propuesta de reglamento sobre este tema, que pretende mejorar la financiación de las redes transeuropeas de transporte y de energía para el período 2007-2013. El grupo de trabajo competente del Consejo ha examinado una sola vez el texto. Dadas las importantes consecuencias financieras de la propuesta, varias delegaciones expresaron su deseo de esperar a la conclusión del debate sobre las perspectivas financieras antes de tomar una decisión definitiva.
Estoy en condiciones de decir, en nombre de la Presidencia, que la realización de este programa y estos proyectos es de vital importancia por las razones que hemos indicado. Para poder realizar estos proyectos, hacen falta en efecto medios suficientes. La Presidencia considera, por tanto, que la dotación propuesta por la Comisión es adecuada y suficiente. El Consejo está examinando asimismo una comunicación de la Comisión relativa a la posibilidad de crear un instrumento de garantía comunitaria para los préstamos concedidos a los proyectos de las redes transeuropeas de transporte.
Pienso que solo conseguiremos poner en práctica esta serie de proyectos si podemos crear también modos de financiación innovadores. Ustedes han sugerido cierto número de ellos, en particular un mejor reparto entre el sector privado y el público. Estoy seguro de que, sobre la base de todos estos elementos, conseguiremos lanzar estos proyectos en el plazo más breve posible, pues también es un factor importante en el contexto de la ampliación.
Jacques Barrot,
   . Señor Presidente, Señorías, señor presidente de la Comisión de Transportes y Turismo, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por haber planteado hoy esta pregunta, que me permite insistir una vez más, señor Ministro, en el lugar central que ocupan las redes transeuropeas de transporte en la realización de la estrategia de Lisboa y en el crecimiento de Europa.
Usted mismo ha mencionado, señor Schmit, la cohesión territorial, que es capital para la Europa ampliada. Ha evocado también el objetivo de competitividad de la Estrategia de Lisboa. Soy de los que piensan que, ahora, la movilidad forma parte integrante de la competitividad.
Antes de responder a las preguntas del señor Costa, presidente de la Comisión de Transportes y Turismo, quisiera recordar algunas cifras, que confirman la importancia de estas redes. El tiempo perdido con la congestión en Europa se ha evaluado en un 1 % del producto interior bruto o más de cien mil millones de euros; esto es casi lo mismo que el presupuesto de la Unión Europea. El estudio de impacto realizado por la Comisión en 2003 concluye que la construcción de los grandes proyectos de la red transeuropea podría generar un crecimiento económico añadido del orden del 0,25 % del PIB, es decir, un millón de puestos permanentes altamente cualificados.
El señor Costa ha recordado los retrasos registrados en la ejecución de los proyectos de Essen. Esos retrasos se explican, en particular, por la insuficiencia de las ayudas de la Comunidad. En efecto, dichas ayudas no siempre han sido suficientes para incitar a los inversores a movilizarse y coordinar sus esfuerzos, en particular en los enlaces transnacionales. Está muy claro que esos proyectos no se realizarán sin un esfuerzo financiero de la Unión Europea que se traduzca en este incremento razonable y largamente madurado del presupuesto comunitario consagrado a las redes transeuropeas.
Si me lo permiten, abordaré brevemente tres cuestiones. La primera se refiere a la estimación efectuada por el Grupo Van Miert del conjunto de los treinta proyectos prioritarios por valor de 225 000 millones de euros para el período comprendido entre 2003 y 2020. Tras una encuesta realizada entre los Estados miembros, la Comisión determinó las necesidades financieras relativas a cada uno de los proyectos hasta 2020. Sumando esas necesidades, se obtiene un perfil de inversión que muestra que, para el período 2007-2013, el pico de las necesidades financieras se concentrará a mediados del nuevo período de las perspectivas financieras. Este perfil indica que las necesidades en inversión son del orden de 140 000 millones de euros para el período 2007-2013 y que registrarán un aumento considerable entre 2007, con 17 000 millones, y 2010, con 25 000 millones, en particular cuando arranquen grandes proyectos como los cruces alpinos del Brennero y de Mont Cenis, que absorberán sumas muy importantes.
El presupuesto de 20 000 300 000 euros propuesto por la Comisión es un mínimo. De hecho, si me atengo a los tramos de los proyectos prioritarios que están preparados para iniciarse hoy mismo, puedo decir a este Parlamento, señor Presidente, que todo el presupuesto anual medio propuesto por la Comisión para 2007-2013 se habría absorbido ya. Las solicitudes de financiación de los Estados miembros recibidas por la Comisión en 2003 y 2004 permitirían ya gastar de tres a cuatro veces el presupuesto actual. Me dirijo a la Presidencia luxemburguesa porque realmente hemos de tener esas cifras muy presentes para comprender que este dinero se utilizará de inmediato, en las mejores condiciones.
Añadiré que, además de los proyectos prioritarios, habrá que cofinanciar el resto de la red, en particular los proyectos tecnológicos, como el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) o la iniciativa Sesame relativa a la gestión del tráfico aéreo.
Todo esto demuestra claramente, Señorías, la importancia de mantener al menos el presupuesto que se propone de 20 000 300 000 euros. En efecto, este dinero podrá utilizarse tan pronto la Unión Europea pueda disponer de él. Esta es mi primera respuesta.
Respondo ahora a la segunda pregunta. Por lo que respecta al reparto del presupuesto, se basará, en primer lugar, en un programa plurianual indicativo 2007-2013, que precisará los importes concedidos por proyecto y por período. Evidentemente, estas asignaciones estarán condicionadas por el avance real de los proyectos. Dicho programa debería elaborarse en el curso del año 2006. En segundo lugar, una parte del presupuesto se distribuirá sobre la base de convocatorias de propuestas anuales. Los proyectos se seleccionarán en función del estado de preparación del proyecto, de la solidez del paquete financiero y de las consecuencias sobre el medio ambiente. La Comisión prestará especial atención a la obtención de compromisos firmes por parte de los Estados miembros, para asegurarse de que los proyectos prioritarios se desarrollen tal como está previsto. Esta es mi respuesta a la segunda pregunta.
Por lo que se refiere a la tercera pregunta, en la que ha insistido con razón el señor Costa, quisiera confirmarles que las 48 secciones transfronterizas de los treinta proyectos prioritarios a los que su Señoría hace referencia se consideran y seguirán considerándose prioritarias para el reparto de los fondos, a condición de que cumplan los criterios de preparación y madurez que acabo de mencionar. Para las secciones transfronterizas que cumplan los criterios se podrá llegar hasta el 50 % si se acepta la propuesta de la Comisión, pero, atención, no se trata de un baremo general.
Para poder acogerse a este porcentaje, los proyectos deberán cumplir los siguientes criterios: en primer lugar, deberán requerir acciones y trabajos de construcción a ambos lados de la frontera entre dos Estados miembros. Después, el proyecto deberá ser técnica y financieramente indivisible. Por último, los Estados miembros afectados deberán participar conjuntamente en el proyecto y crear una estructura común. Personalmente estoy muy a favor de dar esta prioridad a las secciones transfronterizas. Puedo asegurar al señor Costa que tenemos la lista de esos proyectos, de esas 48 secciones.
Paso ahora a mi conclusión, señor Presidente, Señorías. Sé que están ustedes convencidos de la necesidad para la Unión de disponer de una red transeuropea de transportes eficaz y eficiente. ¿No adoptaron ustedes aquí, en este Parlamento, en abril de 2004, los treinta proyectos prioritarios? Evidentemente, señor Ministro, es preciso que las futuras perspectivas financieras 2007–2013 permitan trasladar a la práctica esas perspectivas que el Parlamento sabiamente ha descrito. Quiero que esta cuestión quede clara. O bien su Parlamento y el Consejo de Ministros nos conceden el presupuesto necesario para realizar los treinta proyectos prioritarios, y en ese momento podremos –estoy convencido de ello, y puedo decirles que me comprometo personal y firmemente a ello– conseguir la ejecución de esos treinta proyectos prioritarios, o bien, lo cual no quiero pensar, su decisión se quedará en un mero anuncio y, entonces, solo será posible cofinanciar una parte más o menos modesta de esos proyectos.
Cambiando de tema, observaré, señor Presidente –y aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Presidencia luxemburguesa–, que hemos franqueado una primera etapa en la creación de la euroviñeta. Permítanme insistir en recordar todo lo que la Presidencia luxemburguesa ha hecho para llegar a este resultado.
Quisiera precisar también que hemos creado, junto con mi colega, el señor Almunia, el instrumento de garantía, que, como acaba de evocar usted hace un momento, permitirá en unos pocos casos recurrir a asociaciones entre el sector público y el sector privado. Pero, honestamente, sin esos 20 000 300 000 euros nos será extremadamente difícil superar este desafío. Por ello, doy las gracias una vez más al Parlamento por haber tenido a bien abordar esta importante cuestión hoy. Incluso si anticipa los grandes debates sobre las perspectivas financieras, es bueno en algunos casos, Señorías, recordar que hay cierto número de imperativos a los que no podemos sustraernos. Cuando se cree profundamente en el éxito de Europa, en el éxito de esta cohesión territorial en la que todos tenemos empeño, en el éxito también de una Europa más competitiva, con toda honestidad, hay que dar, en mi opinión, la prioridad que conviene a las redes transeuropeas, como el Parlamento las ha descrito sabiamente, que creo con toda honestidad que son esenciales para el éxito de Europa en los próximos años.
Luis de Grandes Pascual,
   . Señor Presidente, señor Comisario Barrot, señor Ministro Schmit, Señorías, he pedido intervenir en este debate porque me identifico plenamente con las razones que han llevado a la Comisión de Transportes y Turismo a formular la pregunta, a través de la brillante intervención del señor Costa.
Sé que nuestras preocupaciones sectoriales no son las únicas que se ven amenazadas por la restricción de recursos que parece avecinarse, pero, en cualquier caso, forman parte de las responsabilidades propias de este Parlamento. 
El retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 1996 mediante codecisión entre el Parlamento y el Consejo, en relación con la financiación de las redes transeuropeas de transporte, es un hecho. No es una opinión simplemente. También es una realidad la propuesta de la Comisión de una cuantía de 20 300 millones de euros para este objetivo, en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013.
Se pregunta al Consejo sobre la suficiencia financiera para abordar los compromisos contemplados en la Decisión 884/2004. Respetamos la opinión del Consejo, que hemos escuchado por boca del señor Schmit, que la califica, cuando menos, de adecuada y suficiente. Ahora bien, si formulamos las preguntas es porque creemos sinceramente que proyectos importantísimos corren el riesgo cierto de quedarse en papel mojado.
La Comisión ha reseñado en su propuesta preocupaciones graves, que merecen reproducirse en su totalidad. Dice la Comisión: "los retrasos más flagrantes afectan a dos proyectos ferroviarios y a los enlaces transfronterizos e impiden aprovechar al máximo la dinámica creada con la apertura del mercado ferroviario. Esos retrasos constituyen, además, una de las principales fuentes de congestión y de desequilibrio entre modos de transporte en los grandes ejes". 
Al ritmo de inversión actual, para completar el conjunto de la red transeuropea de transporte con arreglo a revisión 2004, harían falta más de 20 años. En definitiva, la conclusión es muy clara, el señor Barrot nos ha dado muestra de su ambición y el Consejo nos ha dicho que este presupuesto es suficiente, pero nosotros entendemos que si esto no se completa así, se verán frustrados grandes proyectos en los que países periféricos como España tienen puestas sus esperanzas. Confiamos en la eficacia del trabajo de la Comisión y del Consejo, con la contribución de este Parlamento.
Willi Piecyk,
   . – Señor Presidente, en las redes transeuropeas de transportes existe una clara contradicción entre su importancia general, que el señor Schmit acaba de destacar, y su grado de ejecución hasta el momento. Por ese motivo, corremos el riesgo de que, en lo que respecta a las redes transeuropeas de transportes, se hagan permanentes los problemas que arrastramos desde hace algunos años.
Les recordaré que la construcción de las redes transeuropeas es una tarea que nos encomienda el Tratado de Maastricht. No es algo que se nos haya ocurrido espontáneamente, sino que es una obligación, una tarea que nos atañe a todos. Todo el tiempo que he trabajado en las redes –al principio con el grupo de Christophersen y, más recientemente, con el grupo de representantes de alto nivel bajo la dirección de Karel Van Miert), se ha producido mucho humo, pero pocos resultados consistentes y muy pocos proyectos. Incluso en la época del grupo de Christophersen se nos decía que todos los proyectos estaban listos para seguir adelante, que eran verdaderas propuestas prácticas y que las excavadoras empezarían a trabajar al día siguiente. Pero en realidad se ha hecho muy poco.
Quiero también recordarles que el año pasado, en mayo de 2004, el Consejo y esta Cámara fijaron unas fechas concretas para la conclusión de esos proyectos. Si resulta que esas fechas no se van a cumplir, espero que el Consejo –y me refiero no al Consejo en sí, sino a los Estados miembros– diga que no es eso lo que quiere, que no está dispuesto a aceptarlo y que los proyectos no se llevarán a término. Será entonces cuando debamos abandonarlos. Por tanto, esperamos del Consejo más valor, compromiso y honradez en esta materia. Y si lo que hemos oído hoy era una promesa en firme en el sentido de que la Presidencia, el Parlamento y la Comisión aprobarán los créditos presupuestarios para las perspectivas financieras, entonces es una declaración con la que podemos estar muy satisfechos. 
Michael Cramer,
   . – Señor Presidente, Señorías, estos últimos días hemos conmemorado el sexagésimo aniversario del 8 de mayo de 1945, pero también celebramos el 1 de mayo de 2004, fecha en que pusimos fin a la división de Europa. Ahora, en nuestro continente, lo que está unido puede crecer unido, y los proyectos RTE contribuyen a ello, pero sabemos también que esos treinta proyectos son un catálogo de deseos inspirados en la ambición nacional. El puente sobre el estrecho de Messina no tiene nada que ver con la integración europea, pero está en la lista.
Sabemos que la financiación de los treinta proyectos, que deberían estar concluidos antes de 2020, supondrá unos 600 000 millones de euros. Pero sabemos también que suponiendo un 20 % de financiación por la UE, según el plan financiero actual harán falta 120 años para que la UE aporte su 20 %. No tenemos tanto tiempo. Sí, es una buena cosa que el Consejo haya dado su consentimiento a una euroviñeta para las autopistas, pero sabemos también que el importe recaudado no servirá para financiar, por ejemplo, el túnel que discurre bajo el Brennero entre Austria e Italia. Teniendo en cuenta los peajes que recauda Austria, tardaría trescientos años en poder aportar su cuota para el túnel del Brennero. Por eso necesitamos fijar prioridades. Lo que más necesitamos son proyectos de transporte que unan a Europa.
Esto nos ha llevado a impulsar una iniciativa que trasciende a los partidos y a las fronteras. Queremos que se otorgue absoluta prioridad al enlace de las líneas de ferrocarril entre Berlín, Varsovia, Tallin, Riga y Vilna, y queremos una conexión ferroviaria entre Viena y Venecia con Liubliana, Bratislava, Praga y Budapest. Si realizamos esos dos proyectos, habremos alcanzado las ocho capitales de los nuevos Estados miembros, y Europa podrá crecer junta. En cualquier caso, preferiríamos ver estos dos proyectos terminados para 2010, en vez de tener 30, 50 o 48 proyectos en marcha a medias en 2020. La integración europea depende de las prioridades que establezcamos en este terreno. 
Seán Ó Neachtain,
    – Señor Presidente, soy el ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre las normas generales para la concesión de ayuda financiera en el ámbito de la energía y las redes transeuropeas de transportes. Como tal, puedo afirmar claramente que en ninguna circunstancia deberían reducirse los 20 300 millones de euros que se proponen actualmente en el proyecto de reglamento. Es imperativo que este nivel de financiación se considere un mínimo absoluto.
La Comisión tiene que dar garantías de que este nivel de financiación propuesto cumplirá las necesidades creadas por los mayores niveles de cofinanciación comunitaria, que pueden alcanzar el 50 %. Tenemos que ser realistas para cumplir el objetivo de avanzar estos proyectos, especialmente ahora que el número de proyectos prioritarios ha aumentado de 14 a 30. Sin duda existe un alto grado de expectación sobre del terreno en torno a normas más claras respecto a la concesión de ayuda para proyectos RTE-T.
Creo firmemente que la cofinanciación es esencial. Los Estados miembros tienen que levantarse y asumir la responsabilidad sobre sus propias infraestructuras. La financiación europea por sí sola no puede hacerlo por ellos. Buena parte de la financiación se destinará a importantes proyectos transfronterizos, pero no creo que esto pueda ser eficaz sin la firma de acuerdos bilaterales vinculantes entre todos los países implicados.
Si un Estado miembro no ha aportado la debida financiación paralela, será necesario reforzar la función de inspección de la Comisión y su capacidad de recuperar fondos. Después de todo, la Comisión es la guardiana del presupuesto comunitario. 
Stanisław Jałowiecki (PPE-DE ).
      Señor Presidente, señor Comisario, si se me permite, antes de nada quiero agradecer al señor Cramer sus bellas palabras de solidaridad.
Tal como yo lo entiendo, se necesitan tres cosas para que la red transeuropea de transportes sea una realidad: dinero, dinero y dinero. Pero no creo que el dinero sea todo lo que hace falta. Hubo una época en que todos los caminos llevaban a Roma, el centro del mundo civilizado, porque así fue como lo construyeron los romanos. ¿Adónde conducen ahora los caminos de una Europa más unida que nunca? No pretendo responder aquí a esta pregunta. En cambio, quiero plantear otra pregunta relacionada con la anterior. ¿Pueden realmente formar un mismo sistema las redes de transporte de la UE ampliada, que en el futuro se ampliará aún más, y pueden verse esas redes europeas como un todo? En mi opinión, la respuesta debe ser negativa. Se han añadido 16 nuevos proyectos a los que hasta hace poco eran 14, en consideración a la integración de los nuevos Estados miembros. Las medidas que tomemos en el futuro seguirán sin duda esa misma tendencia; es decir, se irán añadiendo nuevos proyectos paulatinamente, a medida que se incorporen nuevos países, como si estuviéramos ampliando una casa o haciendo una colcha de retales.
Por eso quiero preguntar a la Comisión si no es hora ya de contemplar a Europa en toda su perspectiva y si no merecería la pena realizar un estudio completo de la red transeuropea de transportes. Dicho estudio abarcaría no solo a los Estados balcánicos, sino también a Moldova, Ucrania, Belarús, Georgia y, probablemente, también Rusia. En mi opinión, es un buen momento para realizar un estudio detallado y metódico de este tipo, para poder contemplar Europa desde una perspectiva amplia. 
Inés Ayala Sender (PSE ).
    Señor Presidente, querría agradecer también el coraje del Comisario Barrot y la buena voluntad que demuestra la Presidencia en ejercicio del Consejo, que, más que de buena voluntad, deberá dar muestras de rigor en la exigencia de mayor financiación o financiación suficiente, como mínimo, para las redes transeuropeas.
El Parlamento siempre ha apoyado las redes transeuropeas y su financiación suficiente y, de hecho, asume como un mínimo la propuesta de 20 300 millones para las perspectivas financieras y condena los retrasos y los obstáculos, porque son retrasos y obstáculos a la hora de impulsar el crecimiento y el empleo y la cohesión social, económica y territorial.
Me congratulo de la atención especial dada a los tramos transfronterizos y querría preguntarle a la Comisión si ha estudiado si el montante —de 20 300 millones— será suficiente en el caso óptimo de que, en al menos la mitad de los proyectos transfronterizos, se llegase a invertir el 50 % posible hasta 2013. ¿Será también suficiente dicho montante para garantizar el funcionamiento de los instrumentos de garantía que conjuntamente están estableciendo los Comisarios Barrot y Almunia?
Desearía también asegurarme de la voluntad de la Comisión y del Consejo para concentrarse en los 30 proyectos ya adoptados, garantizando su estabilidad y el impulso necesarios, sin dejarse desviar por otros intereses que, en forma de proyectos alternativos, están apareciendo al amor de la previsión de dinero fresco.
Quisiera finalizar refiriéndome a la necesaria flexibilidad y provisión de adicionalidades en los distintos niveles de financiación, tanto a nivel comunitario como nacional y regional, así públicos como privados, incluyendo las sinergias posibles entre redes de transporte y redes de energía.
Adam Jerzy Bielan (UEN ).
      La limitada cuantía de los fondos destinados a la política de transportes ha hecho necesario establecer una lista de prioridades en los proyectos de la red transeuropea de transportes. Pero está claro que esa lista contiene aún demasiados proyectos que demandan recursos financieros de la UE. Considerando la reciente ampliación y el gran retraso que sufren los nuevos Estados miembros en lo que respecta al desarrollo de infraestructuras, creo que los proyectos encaminados a unificar la red europea de transportes deben ser objeto de especial atención.
En cuanto a las propuestas de la Comisión sobre los niveles de financiación con las perspectivas financieras de 2007-2013, debo decir que no hay justificación alguna para aludir a la ampliación de la UE como motivo del aumento del gasto en este ámbito. Los nuevos Estados miembros están afectados por solo 10 de los 30 proyectos aprobados, y reciben únicamente el 10 % del presupuesto. Además, los diez nuevos Estados miembros lo consideran un sistema de financiación poco atractivo, por la cuota inusualmente baja de cofinanciación de la UE.
A pesar de estas deficiencias, creo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el gasto en la red europea de transportes se mantenga en el nivel propuesto por la Comisión. 
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos aquellos y aquellas que han intervenido y demostrado que la ejecución de los proyectos de redes transeuropeas representa para su Parlamento una gran prioridad.
Quizás deba corregir un poco el pesimismo o el análisis negativo expresado por algunos, pues es cierto que los progresos en la realización de estos proyectos, desde el Tratado de Maastricht hasta ahora, han sido insuficientes; no obstante, cierto número de ellos se han realizado o están en curso de realización desde el Consejo Europeo de Essen, si mi memoria no me falla. Por tanto, se ha franqueado una primera etapa en la ejecución o está en vías de serlo.
No hay duda de que el Consejo comparte la preocupación del Parlamento cuando dice que las redes transeuropeas constituyen un elemento esencial desde un punto de vista económico, o desde el punto de vista de la cohesión territorial, como han dicho algunos oradores y como ha destacado el Vicepresidente de la Comisión. Sin duda, como alguien ha señalado, el dinero es la espina dorsal de este esfuerzo. Por tanto, hay que velar por que nuestras prioridades políticas se traduzcan también en prioridades presupuestarias. A este respecto, las perspectivas financieras representan desde luego una cuestión capital.
Como Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo sino decirles que hasta junio la Presidencia luxemburguesa concede una importancia capital al capítulo de las perspectivas financieras y no quisiera que dicho capítulo se redujera, porque la propia prioridad política se vería reducida o incluso retrasada. Pero este es un compromiso que no puede contraer la Presidencia. En efecto, corresponde a los Estados miembros primero y a su Parlamento después decidir al respecto, puesto que las perspectivas financieras no las decide únicamente el Consejo. Las perspectivas financieras las deciden conjuntamente el Consejo y su Parlamento.
Creo que, si conceden ustedes una gran prioridad política a las redes transeuropeas, deben hacerlo saber. Ustedes lo han hecho hoy, la lección está aprendida, el mensaje se transmitirá en las próximas semanas, en las que sin duda se intensificarán los debates sobre las perspectivas financieras.
Jacques Barrot,
   . Señor Presidente, en primer lugar quisiera unirme al señor Schmit para dar las gracias a todos los diputados y oradores que, con su presencia, manifiestan el gran interés que prestan a esta cuestión.
Seguidamente, quisiera recordar que tenemos un plan prácticamente completo para veintisiete Estados miembros, actuales y futuros, y que los porcentajes de cofinanciación serán los mismos para todos los Estados miembros. En términos generales, financiaremos los estudios al 50 %, como ya hacemos actualmente. En relación con los proyectos, pasaremos de un porcentaje del 10 % para los proyectos «normales» a tal vez un 30 % si son prioritarios. Para los proyectos transfronterizos, que hasta hoy podían aspirar a un porcentaje máximo del 20 %, podrán beneficiarse en su caso de un porcentaje del 50 %, en la medida en que efectivamente nos sumemos a ustedes para otorgarles una gran prioridad.
Por otra parte, quisiera volver sobre la cuestión de la vecindad y de los enlaces que desean con el conjunto del continente europeo. Como saben, he confiado a la señora De Palacio una reflexión sobre la ampliación de la red transeuropea a los países vecinos: los Balcanes, el Cáucaso, Rusia, Ucrania, Moldova y el Mediterráneo oriental y meridional. Tengo puestas muchas esperanzas en esta labor, que nos permitirá reflexionar sobre el futuro de los enlaces a escala del continente europeo y que contribuirá también a nuestra reflexión sobre la política de vecindad.
Quisiera decirles asimismo que tendremos que estar muy atentos, porque deberemos velar de todos modos por que los Estados nacionales y los Estados miembros puedan emprender seriamente los proyectos. Globalmente, aportamos una séptima parte del esfuerzo, una contribución que tendrá un efecto de palanca fundamental.
No comentaré todas las intervenciones que se han hecho, en particular por parte de los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo. Dicho esto, tienen ustedes razón, es realmente urgente, sobre todo si queremos evitar, como algunos de ustedes temen, la creación de una especie de tejido hecho a base de retales, formado por pequeños tramos que podrían ser fáciles de gestionar pero que no estarían conectados al conjunto de la red. Por esta razón, señor Presidente –y me permito insistir en este punto–, he tomado la decisión de proponer al Consejo y al Parlamento el nombramiento de coordinadores encargados precisamente de velar por que, a lo largo de todo el corredor –se trata esencialmente de corredores ferroviarios, incluso de corredores fluviales– se realicen todos los esfuerzos en los plazos fijados para garantizar la coherencia del corredor. Creo, señor Presidente, que el Parlamento debe emitir con prontitud un dictamen sobre las propuestas.
En mi calidad de Comisario quisiera aprovechar esta ocasión para repetir que espero con impaciencia el dictamen del Parlamento. Entonces podré transmitir al Consejo la propuesta sobre la estrategia, si puedo llamarla así, de los coordinadores, que por lo demás, señor Ministro, cuenta con el consentimiento del Consejo. Respaldado por el dictamen del Parlamento y por el del Consejo, tendría entonces que someter al Colegio de Comisarios el nombramiento de estos coordinadores, cosa que espero sinceramente. En efecto, los coordinadores tendrían a la vez la competencia técnica y, creo, la autoridad política y moral necesaria para poner realmente a todo el mundo en movimiento y, si es preciso, para hacer que dos Estados vecinos puedan comprometerse con el proyecto de extender la red mediante relaciones bilaterales.
Una vez más, doy las gracias al Parlamento y doy las gracias a la Presidencia, que ha recordado que, por supuesto, todo esto está pendiente de las negociaciones financieras. Dicho esto, creo que corresponde asimismo a los diputados recordar a sus responsables, a los responsables de sus Estados miembros, que si queremos que Europa sea plenamente competitiva y haga efectiva su cohesión territorial, también ellos deben comprometerse plenamente con estos grandes proyectos, que pueden revelarse como una auténtica oportunidad para la Europa de mañana. Gracias también al del Costa, que, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, ha tomado la iniciativa de este debate, que ha sido, también para mí, muy útil.
El Presidente
   .El debate queda cerrado. 
Presidente. –
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Hennis-Plasschaert sobre la mejora de la seguridad de los puertos (COM(2004)0393 – C6-0072/2004 – 2004/0031(COD)). 
Jacques Barrot,
   . Señor Presidente, mis primeras palabras son de agradecimiento a su ponente, que realmente ha hecho un trabajo excelente.
La reciente ola de atentados terroristas ha demostrado que ningún país, ningún sector de actividad, está al resguardo de tales amenazas. Cualesquiera que sean sus motivaciones, estos actos terroristas pueden producirse en cualquier momento y lugar. No escapan a esta amenaza el mundo marítimo y el entorno portuario, y no podemos esperar a que ocurra un atentado para tomar medidas esencialmente preventivas en el marco de la política de transportes.
El objetivo fundamental de esta propuesta de directiva es completar, en el ámbito portuario, las medidas adoptadas en 2004 solo para las terminales portuarias, en el marco del Reglamento de mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias. Como recordarán, este reglamento transpone, a escala comunitaria, las medidas de seguridad adoptadas por la Organización Marítima Internacional en diciembre de 2002, en particular el Código ISPS sobre la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias. La Comisión optó entonces por extender las medidas de seguridad a toda la zona portuaria en una fase posterior y por medio de una directiva.
Nuestro objetivo final es suprimir esta separación casi artificial entre, por una parte, el puerto y, por otra, las instalaciones portuarias que lo componen, e implantar un dispositivo de seguridad coherente, estudiando cada caso, según la transposición que de él hagan los Estados miembros, la geografía y la topografía de los distintos puertos, así como de las distintas zonas que los componen. Es un enfoque que nos parece eficiente en términos de eficacia y de coste.
Quisiera subrayar que nuestra propuesta se basa en gran medida en los resultados de un trabajo realizado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional y que ha conducido a la publicación de un código de conducta para la seguridad en los puertos. Ahora bien, este código de conducta no tiene efectos legales. Por ello, la propuesta de la Comisión recurre a las mismas estructuras y órganos de seguridad que el reglamento ya vigente para crear un régimen de seguridad aplicable al conjunto del transporte marítimo, desde los buques hasta el límite de la zona portuaria.
Este enfoque permite simplificar los procedimientos y generar sinergias en materia de seguridad. La directiva propuesta pide a los Estados miembros que definan los límites de sus puertos y velen por que las evaluaciones sobre la seguridad portuaria, así como los planes de seguridad portuaria, se elaboren de forma adecuada con arreglo a unos requisitos mínimos.
La propuesta que hacemos prevé también la designación de una autoridad de seguridad portuaria para cada puerto o grupo de puertos, el nombramiento de un agente de seguridad portuaria y la designación de puntos focales en los Estados miembros para garantizar la comunicación necesaria con los demás Estados miembros y, por supuesto, con la Comisión. Por último, establece un procedimiento de control comunitario de la aplicación de las medidas de seguridad portuaria.
Concluiré mi intervención, señor Presidente, destacando muy especialmente que algunos de nuestros principales socios comerciales han llevado a cabo ya una aplicación extensiva del Código ISPS de la Organización Marítima Internacional. Esos terceros países aplican las medidas de seguridad a todos sus puertos y naturalmente esperan el mismo compromiso por nuestra parte. Están dispuestos a venir a comprobarlo si no avanzamos más deprisa en esta dirección. Considero que la Unión Europea no puede quedar en deuda en este ámbito, tanto por razones comerciales como de protección, por supuesto, de nuestros conciudadanos europeos y de infraestructuras tan vitales como nuestros puertos.
Añadiré que, cuando visité los Estados Unidos hace un mes, pude entrevistarme con el señor Jackson, responsable de la seguridad nacional. Para ser sincero, hemos entablado realmente una cooperación basada en la confianza. No obstante, esto exige también que los europeos realicen los esfuerzos necesarios para dotar a todas las instalaciones portuarias de esta seguridad a gran escala.
Por tanto, doy las gracias de nuevo a su ponente y a todos los que han trabajado en este texto. Les agradezco, en particular, que den a este asunto toda la importancia que merece y espero, señor Presidente, señor Ministro, un acuerdo rápido al respecto.
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE ),
   . – Señor Presidente, como sabemos y como de hecho acaba de afirmar el señor Comisario Barrot, los atentados terroristas en los Estados Unidos y en España, así como el aumento generalizado de la criminalidad, han llevado a la adopción de todo tipo de medidas de seguridad en Europa. Después de los aeropuertos, ahora ha llegado el turno a los puertos marítimos; de hecho, los puertos europeos son eslabones fundamentales en la cadena de transporte que conecta los flujos de mercancías y de pasajeros por mar y por tierra. En muchos casos, son también centros neurálgicos para el trasbordo de cargas peligrosas destinadas a importantes centros de producción química y petroquímica, y están situados cerca de las ciudades. En consecuencia, los atentados terroristas dirigidos contra los puertos podrían ocasionar graves trastornos en los sistemas de transporte, producir un efecto dominó y, además, causar daños personales en los puertos y en las ciudades vecinas. Sencillamente, era necesario intervenir.
Debo añadir que es preferible solucionar este asunto por nuestros propios medios que recibir la ayuda no solicitada de equipos de inspección estadounidenses, por poner un ejemplo. Tal como acaba de indicar el señor Comisario Barrot, lo primero fue el Reglamento 725, que transpuso el Código internacional para la protección de los buques y las instalaciones portuarias (el Código BPIB) en normas vinculantes para toda la UE. Pero ese Reglamento no lo abarca todo. Como solo se ocupa de la seguridad en la parte húmeda de los puertos, en 2004 se aprobó una nueva directiva que regulaba la seguridad en todo el recinto portuario. Esa es la directiva que tenemos hoy ante nosotros y que tendremos que votar a lo largo del día.
Quiero centrarme en dos aspectos básicos que me han sido encomendados como ponente. El Comisario Barrot ya ha tratado en profundidad otros aspectos. Los que yo quiero comentar aquí están relacionados con la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones en la Unión Europea.
En primer lugar, está la propuesta de ayuda financiera. ¿Quién es el que realmente la está pagando? Las diferencias entre los distintos Estados miembros es considerable, y eso me parece muy poco conveniente si lo que se pretende es que haya unas reglas de juego iguales para todos. Por eso, en el acuerdo final, la Comisión se ha visto obligada a presentar lo antes posible, y no más tarde del 30 de junio de 2006, un estudio sobre la distribución de los costes entre los órganos de gobierno, las autoridades portuarias y la industria. Las medidas adicionales de seguridad no deben distorsionar en ningún caso la competencia.
En segundo lugar, me planteé el objetivo de que la interpretación de las normas en todos los Estados miembros debía ser inequívoca y que se debía armonizar su aplicación. Es de todo punto inaceptable que un Estado miembro se conforme con poner un candado más, por poner un ejemplo, mientras que para los demás es obligatorio mantener cinco guardias y seis cámaras. Por supuesto, es un ejemplo exagerado, pero ilustrativo. Por ese motivo he argumentado a favor de que la Comisión de alguna manera . Este ha sido un punto delicado durante las negociaciones, sobre todo en el Congreso, lo cual me sorprende, porque son los mismos Estados miembros quienes se quejan por la falta de igualdad de condiciones, pero bien está lo que bien acaba. Hemos encontrado una frase con la que se pueden identificar todos los afectados y que está proporcionando a la Comisión suficientes medios para llevar a cabo la necesaria supervisión de supervisores.
Como ponente, también he hecho todo lo posible para evitar la creación de una nueva institución burocrática, y las propuestas de ese tipo han sido debidamente rechazadas. Por supuesto, me complace informarles de que he llegado a un acuerdo con los ponentes alternativos, el Consejo y la Comisión muy recientemente. El compromiso consta de las enmiendas 13 a 75, ambas inclusive, que cuentan con el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y de mi propio Grupo, así como del Consejo y de la Comisión. Si finalmente aprobamos este compromiso en el día de hoy, la directiva podrá ultimarse en primera lectura. Aunque sus Señorías puedan sentirse inclinadas a simpatizar con las enmiendas 10, 11 y 12, formuladas por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, les recomiendo que voten en contra. Esas enmiendas no fueron juzgadas adecuadas en una fase anterior en la Comisión de Transportes y Turismo, y su esencia ha quedado ya reflejada en otras partes, o sencillamente tendería a producir un efecto innecesario de árbol de Navidad.
El acuerdo que se ha alcanzado ahora es un compromiso muy factible para todas las partes implicadas en la puesta en práctica de las medidas, y por eso es muy conveniente que pueda concluirse en primera lectura. No tengo nada más que decir, salvo agradecer sinceramente a los ponentes alternativos, a la Comisión y a la Presidencia luxemburguesa su dedicación y su cooperación, que he apreciado enormemente. 

Giles Chichester (PPE-DE ),
   – Señora Presidenta, intervengo en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. En primer lugar, quisiera expresar nuestro amplio apoyo a esta propuesta, y en particular acoger con satisfacción la flexibilidad que contempla por lo que respecta a los Estados miembros y a su implementación. Las medidas de seguridad y antiterroristas son en gran medida una característica de los tiempos en que vivimos y son cuestiones importantes, así que se acoge con especial satisfacción que el Comisario haya tomado una iniciativa en este terreno.
No obstante, mi comisión estaba algo preocupada por la falta de un análisis adecuado de coste-beneficio o una evaluación de impacto suficiente de los costes derivados de esta directiva. También nos inquietaba la ausencia en la propuesta de toda referencia concreta a la financiación o a medidas de financiación. Está muy bien que planteemos propuestas, pero deberíamos considerar cómo van a financiarse dichas propuestas. Por tanto, hemos presentado una enmienda que llama la atención sobre estos aspectos de la propuesta y pide que los Estados miembros los tengan en cuenta cuando establezcan las directrices para la acción. No quisiéramos que toda la carga que suponen los gastos de esta medida recayera en los operadores o transportistas del sector privado, pero propugnamos un reparto justo y equitativo de las cargas y gastos implicados. 
Romano Maria La Russa (UEN ),
   . –Señora Presidenta, Señorías, doy las gracias a los ponentes que me han precedido y confirmo naturalmente que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior apoya esta medida. 
No obstante, considero necesario añadir algunas cosas: la facilidad y desenvoltura con que los terroristas pudieron atentar en septiembre de 2001 y en otras circunstancias ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar los controles de seguridad no solo a los aeropuertos y las fronteras, sino también a los puertos, que a diario registran un flujo considerable de mercancías y personas.
Con respecto a la propuesta del Consejo y del Parlamento de someter a controles también los transbordadores que transportan mercancías, como ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles me permití precisar que un mayor control en los puertos permitiría atajar asimismo el comercio de mercancías falsificadas, el tráfico de estupefacientes y una larga serie de actividades de que se sirven las organizaciones delictivas. Esta propuesta, que presenté en forma de enmienda en la Comisión de Libertades Civiles, no fue aceptada, como tampoco fueron aceptadas otras enmiendas que pedían la extensión de los controles a las personas, además de las mercancías y los automóviles.
Sinceramente, me ha parecido incomprensible este rechazo, habida cuenta de que el objetivo era exclusivamente salvaguardar mejor la seguridad de nuestros ciudadanos. Afortunadamente, los debates subsiguientes entre el Consejo y el Parlamento confirmaron la legitimidad de mi tesis, tomando nota de ella y añadiendo al texto el contenido de mis enmiendas, que en esencia han sido aceptadas.
Considero que la directiva puede constituir también un instrumento válido en la lucha contra la inmigración clandestina, al limitar la entrada de personas que, sin trabajo ni permiso, confiando en una fácil integración social, se ven obligadas muy a menudo a delinquir para poder sobrevivir, a veces incluso a pesar suyo.
Philip Bradbourn,
   . – Señora Presidenta, comenzaré felicitando a la señora Hennis-Plasschaert por realizar un trabajo excelente al redactar este informe. El hecho de que estemos, espero, llevando esta cuestión a una rápida conclusión es reflejo de su gran esfuerzo.
Todos sabemos que la amenaza del terrorismo ha aumentado considerablemente en los últimos años. La Cámara ha debatido estas cuestiones, con razón, muchas veces recientemente.
Al principio me preocupaba que las propuestas de la Comisión fueran demasiado vagas, llegaran demasiado lejos y que los considerables costes de implementación y cumplimiento de esta directiva pudieran repercutirse en la cadena de suministro, ocasionando un aumento de costes para la industria y los consumidores. Estoy totalmente de acuerdo con las observaciones del señor Chichester sobre el análisis de coste-beneficio.
Gracias al esfuerzo de la ponente, expresiones tan vagas como «actos ilícitos» –que podrían significar cualquier cosa, como verter basura en una zona portuaria, que no supone una amenaza real para la seguridad– han sido sustituidas por «incidentes que afecten a la seguridad». Esto concreta el significado de la formulación y garantiza que la directiva se centre mejor en las amenazas reales. Se ha mejorado la definición de las zonas portuarias para limitar los costes repercutidos en la cadena de suministros fuera de la zona geográfica del puerto. Un aspecto importante es que se ha hecho prevalecer el principio de subsidiariedad en relación con la definición de zonas contiguas a los puertos a las que se aplicará la directiva.
No obstante, la seguridad no solo es cuestión de dinero, y de hecho, no podemos ponerle un precio. El gran esfuerzo de la ponente ha permitido abordar la cuestión de la burocracia potencialmente innecesaria. Me complace decir que tenemos un informe que apoyo plenamente, y pediría a la Cámara que le diera su pleno apoyo en la votación que se celebrará hoy mismo. 
Marta Vincenzi ,
   . –Señora Presidenta, Señorías, con esta directiva conjugamos la seguridad del transporte con la protección del tráfico comercial y marítimo entre Europa y el resto del mundo. En efecto, desde 2002 y con las disposiciones específicas de 2004, el problema no solo se plantea ya en términos de defensa de la vida humana en el mar y de impacto medioambiental, sino también de prevención de atentados terroristas.
No obstante, es necesario mejorar la situación, pues sucede a menudo que en puertos estadounidenses se impide a los buques cargar y descargar –en particular los buques de contenedores– y que los puertos deben ponerse de acuerdo con la agencia de aduanas estadounidense so pena de exclusión de las rutas de tráfico. Esto no ayuda a nuestra competitividad.
Además, las normas de seguridad ya aplicables, citadas por el Comisario Barrot, son fragmentarias, no son vinculantes y carecen de una visión de conjunto. Por tanto, parece fundamental aprobar este marco normativo, a fin de evitar distorsiones de la competencia y reconocer los puertos como puntos nodales de la cadena logística. La contribución del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo a la elaboración de las propuestas globales ha ido en estas dos direcciones: definir los puertos en el sector de los transportes –no solo en la interfaz buque-puerto, sino reconociendo su vínculo funcional con la política común de transportes– y afirmar la necesidad de inspecciones por parte de la Comisión para garantizar un marco uniforme, pero respetando la autoridad de los Estados miembros.
Teniendo en cuenta la notable distancia inicial entre las posiciones del Consejo y las de la Comisión, y contentándonos con un resultado menos ambicioso del que habríamos esperado, consideramos satisfactorio el compromiso alcanzado y votamos a favor. Agradezco sinceramente a la ponente su excelente capacidad para escuchar y sintetizar.
Sylwester Chruszcz,
   .  Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también soy contrario a la burocracia y lo mismo dirán probablemente todos los diputados a esta Cámara. El creciente número de documentos que tratan de problemas relacionados con la seguridad portuaria bien podrían generar una proliferación de estructuras burocráticas y la regulación comunitaria de esta cuestión supondrá la existencia de dos legislaciones y dos sistemas jurídicos vigentes a la vez.
La subsidiariedad es uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea. No debemos privar a los Estados miembros de más competencias declarando que la directiva se aplicará también en zonas exteriores a los puertos. No debemos imponer restricciones a los sistemas judiciales de los Estados miembros dictando lo que debe considerarse una infracción y lo que debe considerarse ilícito. Estoy totalmente a favor de mejorar la seguridad de los puertos, pero en lo posible deben ser los Estados miembros y los puertos mismos quienes decidan cómo lograr ese objetivo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. El efecto de esta directiva no debe ser que los puertos tengan que someterse a interminables inspecciones realizadas por distintos y muy variados organismos. Como he dicho al principio, debemos evitar la sobrecarga burocrática de reglamentos, directivas y leyes vigentes en la UE en esta materia. 
Philip Claeys (NI ).
   – Señora Presidenta, una directiva sobre la seguridad de los puertos de la UE no es ningún lujo.
Los atentados de Nueva York, Washington y Madrid han demostrado que no existe ya ningún medio de transporte seguro ante el terrorismo y por eso es lógico que se incremente la seguridad en los puertos. El Comisario Barrot acaba de decir que, con ello, simplemente estamos incumpliendo una serie de obligaciones internacionales. En realidad, no se trata solo de la amenaza del terrorismo, sino también de la lucha contra la inmigración ilegal, el crimen organizado y el tráfico de drogas y productos falsificados. Esperamos, en cualquier caso, que la iniciativa no se quede solo en buenas intenciones, sino que todas estas cuestiones relativas a la seguridad se acometan de manera adecuada.
Para concluir, quiero expresar mi apoyo a las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo. Es, desde luego, necesario que la financiación de las medidas propuestas no distorsione la competencia y que se establezcan directrices claras para financiar los costes incurridos por los Gobiernos por un lado y por los operadores por otro. 
Willi Piecyk (PSE ).
   – Señora Presidenta, me complace que usted, amante de la costa, presida esta sesión, como bien sabe usted. Quiero agradecer a la ponente el trabajo que ha realizado en colaboración con los ponentes alternativos. Creo que hemos llegado a un compromiso razonable que podremos votar mañana, un compromiso que todos los Grupos podrán apoyar para dar por finalizada esta cuestión.
Pero lamentablemente el mundo no es como nos gustaría que fuera. Se han cometido atentados terroristas que ponen en peligro el transporte de personas y mercancías. Algo hay que hacer al respecto y eso es lo que pretende esta directiva: el resultado es que debemos tomar medidas preventivas. Una puntualización que debe hacerse en este contexto es, no obstante, que la responsabilidad última de la seguridad no puede transferirse solo a los puertos; por el contrario, es una tarea que atañe a todas las partes implicadas en el transporte, y eso no lo debemos olvidar. La seguridad empieza con la persona que carga las mercancías y tiene que abarcar, en definitiva, tanto el transporte por carretera como por ferrocarril, o de lo contrario terminaremos distorsionando la competencia y provocando algo que tampoco queremos: un aumento del tráfico por carretera en detrimento del marítimo. Creo que eso debe tenerse en cuenta. Si no me equivoco, la Comisión ya ha comenzado a considerar la manera de incorporar este aspecto. 
Johannes Blokland (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, la seguridad de lugares vulnerables, como son los puertos, es vital para la sociedad. Esto se aplica tanto a la relación buque-muelle como a otras partes del puerto. Dado que los puertos no son idénticos entre sí en cuanto a dimensiones, emplazamiento, carácter y organización, los Estados miembros tienen cierto margen para decidir la mejor forma de aplicar estas normas, lo cual parece razonable. Celebro que los Estados miembros puedan aplicar esas reglas de la forma que consideren más oportuna. Después de todo, una regulación uniforme de todos los puertos iría en detrimento de la diversidad a que he aludido antes y aumentaría los costes.
Un segundo punto importante es la aplicación de esas normas. La experiencia nos ha demostrado que esa aplicación es más fácil en la teoría que en la práctica. La escasez de mano de obra no contribuye a la calidad de las inspecciones, por lo que celebro que la Comisión supervise de cerca la transposición de esta directiva.
Por último, deseo expresar mi reconocimiento a la ponente que se ha encargado de llevar este informe a buen término de forma sucinta, ateniéndose a los principios básicos y consultando al Consejo. 
Bogusław Liberadzki (PSE ).
      Me complace sinceramente que se esté celebrando un debate sobre esta cuestión, ya que demuestra que nos estamos esforzando por actuar con prudencia antes de que el daño esté hecho. También demuestra que realmente consideramos los puertos como nodos de intermodalidad dentro de la cadena del transporte. Por último, este debate reforzará la confianza de los consumidores. La ventaja de la directiva propuesta es que establece unos objetivos claros y nos permite ser flexibles en la aplicación y en el logro de esos objetivos. Ha existido cierta polémica dentro de mi Grupo en torno a cuestiones como la financiación de instituciones con competencias en este ámbito, y sobre si las inspecciones causan o no trastornos en las operaciones portuarias. Creo que el acuerdo alcanzado es bueno y merece nuestro apoyo.
Para terminar, quiero añadir que he solicitado a las autoridades portuarias de mi distrito de Szczeczin y Świnoujście su opinión sobre estas propuestas. Las respuestas han sido totalmente positivas. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, no cabe duda de que tenemos que defender y garantizar la seguridad de los puertos, así como de los aeropuertos. El terrorismo es, desde luego, algo con lo que vivimos y a lo que tememos. Como periodista, experimenté de primera mano el importante caso de piratería a bordo del crucero cerca del Pireo, cuando vi flotar en el agua brazos y piernas amputadas. El terrorismo es algo espantoso.
Pero igual de terrible es el miedo al terror, que algunos Gobiernos utilizan como pretexto para atentar contra las libertades civiles. Los ciudadanos temen por sus vidas debido al terrorismo, y temen por su libertad debido a las cámaras que vigilan cada uno de sus movimientos en calles, puertos, aeropuertos, hoteles, etc. Los proveedores de servicios de correo electrónico pinchan los teléfonos. Los ciudadanos son vigilados a través de sus tarjetas de crédito, vigilados desde todas partes. Tenemos terrorismo y miedo al terror. Así que protejamos a nuestros ciudadanos. Todo el dinero que nos estamos gastando en terrorismo –en los Juegos Olímpicos gastamos mil millones de euros– podría haberse gastado en otras cosas, como en la repulsa del fanatismo y el extremismo que conducen directamente al terrorismo. 
Nikolaos Sifunakis (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, como sabemos, los atentados terroristas de los últimos años se han dirigido contra el transporte público –trenes, autobuses, aviones, barcos y las zonas donde operan–. El recuerdo de atentados terroristas como el cometido en Madrid permanece fresco en nuestra memoria. Tenemos que tomar urgentemente más medidas más eficaces. La directiva propuesta pretende servir a ese propósito. La mayor parte de las medidas que contempla son satisfactorias.
Necesitamos adoptar medidas a escala comunitaria para establecer unas normas de seguridad aceptadas por todos y, al mismo tiempo, lograr iguales condiciones de competencia entre los puertos de la UE. El ejemplo de la buena organización de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, con la aplicación de medidas de seguridad innovadoras, debe ser tenido en cuenta por los Estados miembros, quienes deben informarse sobre dichas medidas.
Siendo Grecia un país con cientos de islas y puertos en una delicada zona situada en el linde geográfico de Europa, creo que la Unión Europea debe dar prioridad a los programas que atiendan necesidades prioritarias y completen las infraestructuras de esas islas, que a menudo constituyen una vía de entrada ilegal de personas y mercancías. 
Jacques Barrot,
   . Señora Presidenta, seré muy breve, pero antes quisiera tranquilizar a la ponente y, en particular, al señor Chichester. Somos muy conscientes de que existe un problema de coste y, por lo que se refiere a los costes que pueden devengar estas medidas, tenemos previsto comprometernos, en nuestro programa de trabajo para 2005, a hacer una comunicación sobre la seguridad en los distintos modos de transporte, incluida la cuestión de su financiación. De este modo se tendrá en cuenta el deseo del Parlamento. Por otra parte, la referencia a la financiación figura en un considerando.
Quisiera recordar también, a aquellos que temen que no se tengan en cuenta las peculiaridades nacionales, que se trata de una directiva, y no de un reglamento, lo que permite tener en cuenta, en la fase de la transposición por los Estados miembros, en virtud de la subsidiariedad, cierto número de consideraciones prácticas que hagan más eficaz esta lucha por la seguridad. Por último, quisiera decir al señor Piecyk que tiene toda la razón, que debemos preocuparnos también por la prevención a lo largo de toda la cadena de transporte.
Voy a dirigirme ahora a usted, señora Hennis-Plasschaert, para expresarle mi más profundo agradecimiento porque gracias a usted creo que podremos ganar tiempo en el contexto de la aplicación de estas normas de seguridad.
Doy las gracias también a su comisión, la Comisión de Transportes y Turismo. Se han hecho cargo ustedes de esta propuesta, que es bastante técnica, y han adoptado un enfoque pragmático y constructivo para la gestión de este expediente. Me alegra comprobar que en el fondo existe una gran convergencia entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en torno a las medidas que es preciso adoptar. Por tanto, la Comisión puede suscribir el compromiso a que ha llegado el Parlamento en el marco de las negociaciones con el Consejo y que se traduce, señora Presidenta, en las enmiendas 13 a 75. Podemos aceptar, por tanto, las enmiendas 13 a 75, pero lamentablemente no las enmiendas 1 a 12.
Para concluir, deseo que se tome una decisión para que esta directiva pueda adoptarse rápidamente. Como he dicho, la Unión Europea no puede ahorrarse medidas preventivas de protección de sus puertos tanto ante sus ciudadanos y el sector de la actividad portuaria como ante sus socios internacionales. Además, todo esto acaban de decirlo muy bien algunos de ustedes. Señora Presidenta, señora Hennis-Plasschaert, Señorías, mis servicios les transmitirán la postura detallada de la Comisión sobre cada enmienda propuesta. Les doy las gracias de todo corazón por su atención y también por su contribución absolutamente decisiva al resultado de este proyecto.
La Presidenta.
   Gracias, señor Comisario. Gracias también por su brevedad.
Con esto concluye el debate.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A6-0105/2005) presentado por el señor Cercas en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (COM (2004) 0607 C6-0122/2004 2004/0209(COD)). 
Vladimír Špidla,
   .  Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar dando las gracias tanto al ponente como a toda la Cámara por el excelente trabajo que han realizado en un plazo extremadamente corto, dada la compleja y delicada naturaleza de esta cuestión.
Nuestra intención al revisar la directiva es clara: queremos garantizar que las condiciones de salud y seguridad en el trabajo sigan siendo buenas. Es perfectamente conocida la relación que existe entre los accidentes relacionados con el trabajo y unas jornadas de trabajo excesivamente largas. Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que el futuro está en las empresas flexibles que sepan introducir métodos de trabajo innovadores, que motiven a sus empleados para que sean más productivos y les ofrezcan también empleos de alta calidad.
Por el bien de nuestros conciudadanos, tenemos que responder lo mejor que sepamos a esos nuevos retos. Tenemos que desarrollar el modelo social europeo, uno de cuyos principios básicos es la calidad como factor determinante de la competitividad y, de hecho, esa necesidad se constata en las encuestas públicas sobre el Tratado Constitucional. La intención de la Comisión ha sido siempre asegurar que la directiva revisada mantenga el nivel actual de protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, contribuya a una organización más flexible del tiempo de trabajo. Esa fue la intención de la propuesta original, y creo que es el mismo objetivo que persiguen las enmiendas presentadas por el Parlamento y que la Comisión podrá aceptar.
Comentaré con más detalle la postura de la Comisión sobre las enmiendas presentadas después de haber escuchado su debate. 
Alejandro Cercas (PSE ),
   . Señora Presidenta, muchas gracias, señor Comisario, por sus amables palabras, referidas no solo a mi informe, sino al trabajo común que hemos realizado todos los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento. 
Señoras y señores diputados, el azar ha querido que coincidan en el tiempo nuestro debate sobre la Directiva del tiempo de trabajo y las efemérides europeas del 9 de mayo. Todavía resuenan en esta Cámara las palabras que ayer pronunció nuestro Presidente, el señor Borrell, sobre la relación entre nuestro deber de memoria y nuestro deber en la construcción de una Europa en la que se derrote el euroescepticismo y el antieuropeísmo.
Nuestro debate de hoy y la votación de mañana tienen mucho que ver con nuestras responsabilidades. Tienen mucho que ver, porque millones de europeos están esperando el resultado de unos debates en los que hay una gran expectativa, ya que esta Directiva está en el corazón de la Europa social y será una señal nítida de nuestra voluntad y nuestra confianza en que el modelo social europeo tiene futuro o de que, por el contrario, nos echamos en manos del otro que viene no ya del otro lado del Atlántico, sino desde el mismo Pacífico.
También coinciden nuestros debates con un momento importante de la construcción europea y de la ratificación del Tratado Constitucional en diversos parlamentos y pueblos de Europa. Y en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos que estos días se enfrentan a la idea de avanzar o no por la vía constitucional está siempre la misma pregunta: ¿qué hace Europa para mejorar nuestras condiciones de vida? Todos sabemos que este es el punto clave y que es precisamente en la reafirmación del modelo europeo donde unimos nuestra agenda o la separamos respecto a la agenda y a la preocupación de los ciudadanos. 
Y el punto clave, como ha dicho el señor Comisario, es el El Parlamento quiere que se termine con esta cláusula. Las leyes europeas de carácter social se deben aplicar a todos los países sin excepción. No basta, señor Comisario, con eliminar los abusos o fraudes que se han cometido en el pasado al amparo de la anterior legislación. Hay que terminar con su fundamento jurídico en todos los Estados miembros, como dice el Parlamento, a partir de 36 meses o cuanto quedara en una negociación posterior con el Consejo. 
¿Por qué? Porque el contradice de forma flagrante los objetivos de la Directiva, la salud y la seguridad de los trabajadores y principios fundamentales del Tratado. Porque contradice la prueba de 10 años de experiencia en la que, en los países en los que se ha aplicado, se han agredido gravemente la salud, la seguridad y la conciliación de la vida familiar y profesional de millones de mujeres y de hombres de Europa. Porque va en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales y de nuestro Tratado Constitucional, cuyo artículo 91 señala la obligación de un alto nivel de calidad de vida en el empleo y una limitación de las jornadas de trabajo. Porque nos lo están pidiendo, señor Comisario, los trabajadores europeos, sus organizaciones, las organizaciones de mujeres y, también en privado, muchísimos empresarios que quieren que haya un modelo de relaciones industriales típicamente europeo.
Pero, ¿qué pasa con la flexibilidad? Este Parlamento sabe que necesita, también, dar una respuesta a la flexibilidad, porque en Europa necesitamos no solamente trabajo de mayor calidad, sino más trabajo. Por eso estamos de acuerdo y daremos la flexibilidad y votaremos la anualización, pero, ojo, es un , no votaremos la anualización si no se vota el finalizar la cláusula del . Creemos que el es regular una Europa sin reglas, en cambio sí estamos a favor de flexibilizar las normas europeas.
Un mayor nivel de flexibilidad no es contradictorio con un alto nivel de protección social de los trabajadores, siempre que se asegure que hay un mínimo de regulaciones y garantías, como decía el informe Wim Kok. Queremos, también, señor Comisario, responder a los principios que esperan a la definición de los tiempos de guardia; queremos que se respete el ; que se respete la decisión del Tribunal de Justicia. Los tiempos de guardia son tiempo de trabajo, porque los trabajadores no pueden disponer libremente de su tiempo y están en los lugares que señala el empresario. 
Pero, igualmente, somos sensibles a las necesidades de los sistemas sanitarios europeos, que tienen dificultades serias para reclutar profesionales que cubran estos períodos de guardia. Por eso hemos buscado una solución de síntesis entre flexibilidad y seguridad. Señor Comisario, los diputados de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales creemos que ambos términos son compatibles. Quienes creen que no son compatibles son los que buscan perennizar el o los que buscan definir los tiempos de guardia como tiempo de no trabajo. 
Podemos hacer un esfuerzo, lo hemos demostrado, hay un consenso en el Parlamento. Le pido a la Comisión y al Consejo que no rompan la ilusión que ha creado este acuerdo, porque es el viejo acuerdo que permitió el modelo social europeo. Esperamos, por eso, de todo corazón, su ayuda, su diálogo y poder trabajar constructivamente en los próximos meses.
Nils Lundgren (IND/DEM )
   , – Señora Presidenta, en la obra de George Orwell hay una escena que se repite en la que, tan pronto como va a comenzar un debate, las ovejas empiezan a gritar «cuadrúpedo es bueno, bípedo es malo». Esto es lo que vemos ahora. Cada vez que alguien se opone a la transferencia de competencias de los Estados miembros a las instituciones de la UE, se nos dice que no hacerlo equivaldría a revivir la II Guerra Mundial, con el Holocausto y todo lo demás. Así que ni siquiera podemos debatir la existencia de la Directiva sobre el tiempo de trabajo o algo equivalente sin ser objeto de ese tipo de acusaciones.
El principio de subsidiariedad es fundamental, y en las ocasiones solemnes se le rinden todo tipo de homenajes. Cuando entramos en los detalles, sucede exactamente lo contrario. Es realmente imposible que nada se quede en los Estados miembros. La Directiva sobre el tiempo de trabajo es, en sí misma, una infracción del principio de subsidiariedad. Todos los Estados miembros son diferentes. Todos tienen su propia estructura económica. Algunos viven de la fabricación de bienes, y otros de la industria transformadora. Tenemos distintos acuerdos en el sector público, con diferentes normas que rigen estas materias. No existe ninguna razón lógica para querer regular de esta forma el tiempo de trabajo en toda la UE. Por el contrario, sería absolutamente inadecuado. Los que ahora son partidarios de hacerlo dicen que la alternativa es el dúmping social. Esa es una acusación muy grave contra los países que han sido aceptados como miembros de la UE, todos los cuales cumplen los criterios de Copenhague y son Estados constitucionales facultados para organizarse como les parezca oportuno. La idea de que podemos encontrar ciertas formas de trabajo esclavo en esos países es una grotesca acusación que merece todo nuestro rechazo.
El Parlamento ha pretendido ahora en esta Cámara llevar aún más lejos la Directiva sobre el tiempo de trabajo que ya existe. Esto es algo a lo que nos tenemos que oponer, pues supone un intento de incrementar aún más la presencia de las instituciones comunitarias. La propuesta, por tanto, debe ser definitivamente rechazada en atención al principio de subsidiariedad. 
Věra Flasarová (GUE/NGL ),
   – Señorías, las decisiones políticas son a veces resultado de compromisos que intentan contentar a todas las partes. Los problemas derivados de la idea de que todo lo que beneficia a los empresarios perjudica a los trabajadores, y viceversa, han acosado siempre a la propuesta de directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y no vamos a pretender lo contrario.
La votación en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha demostrado que los diputados de todas las convicciones políticas desean poner fin a las diferencias entre empresarios y trabajadores y garantizar un progreso gradual hacia la igualdad de trato para hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Pero la concepción humanista moderna de las relaciones laborales no ha surgido de la nada. Es la culminación de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y, por ende, del derecho a unas condiciones de trabajo justas, derecho consagrado, por ejemplo, en la Estrategia de Lisboa y claramente recogido en el informe del señor Cercas. Ahora bien, ciertas lagunas jurídicas y compromisos supuestamente inocentes podrían dar al traste con siglos de progreso. Es un hecho desafortunado que el altruismo de los empresarios hacia sus trabajadores no ha sido hasta ahora un principio fundamental de nuestra civilización.
Apoyamos el principio de la conciliación de la vida profesional y personal cuando votamos sobre la propuesta en comisión, e insistimos en que se aprueben las siguientes propuestas con objeto de que ese principio llegue a ser algo más que una frase vacía de contenido que pronunciamos solo para tranquilizar nuestra conciencia. En primer lugar, la jornada semanal máxima no debe sobrepasar las 48 horas, incluidas las horas extraordinarias. Este principio debe poderse derogar solo por medio de los convenios colectivos, que descartan el uso del individual. En segundo lugar, el tiempo de guardia, que incluye el llamado «tiempo de atención continuada inactivo», debe considerarse tiempo de trabajo. Al margen de cualquier otro argumento, este principio se ha visto confirmado por las sentencias del Tribunal de Justicia. En tercer lugar, el período de referencia para calcular la jornada semanal media debe seguir siendo de cuatro meses. Hay una prioridad más que quiero destacar, y es que el logro de la igualdad de oportunidades no solo implica la igualdad de hombres y mujeres con respecto a los salarios y el acceso al empleo y a la formación; supone también otorgar iguales derechos a los hombres en cuanto a la oportunidad de participar plenamente en la vida familiar. 
José Albino Silva Peneda,
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la propuesta que tenemos ante nosotros revela equilibrio y sentido común; por eso es una buena propuesta. Está en sintonía con la Estrategia de Lisboa, pues protege a las pequeñas y medianas empresas y contiene una serie de elementos que dotan de mayor flexibilidad al mercado de trabajo.
Pero contiene también algunos elementos controvertidos, el primero de los cuales es la práctica del La posibilidad de mantener la práctica del significaría que la Unión Europea estaría aprobando una directiva sobre aspectos delicados con normas mínimas que deben cumplirse en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, para afirmar en esa misma directiva que el cumplimiento de esos mínimos es totalmente voluntario. El mantenimiento de esta práctica no puede verse, pues, como una forma de flexibilidad. Lo que significaría es la desregulación en una materia tan sensible como la salud y seguridad en el trabajo.
La economía europea precisa de mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, pero no a costa de la ausencia de reglas. Hay otras formas más eficaces de garantizar la flexibilidad del mercado de trabajo, como la extensión del período de referencia, que se incluye en esta propuesta. Además, se inspira en el principio de subsidiariedad, ya que da a los Estados miembros libertad para escoger un período de referencia de cuatro a doce meses, en función de la situación del país, sin que la UE imponga unilateralmente una duración fija.
Por último, en relación con el tiempo trabajado y el tiempo de descanso, no hay ninguna razón para que el Parlamento deje de cumplir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Una vez más, esta propuesta no respeta el principio de subsidiariedad, que permitiría que los Estados miembros establecieran los métodos de cálculo que estimaran oportunos a efectos salariales y para el cómputo del tiempo de trabajo. Quiero dejar muy claro que en la propuesta presentada no existen más efectos posibles que los que acabo de mencionar. 
Stephen Hughes,
   . – Señora Presidenta, felicito al ponente y a todos los que le han ayudado en este trabajo.
Existen dos puntos cruciales en el informe: son las propuestas gemelas de eliminar progresivamente el , a la vez que se abre camino al cálculo anual del tiempo de trabajo. De ese modo mantendremos la seguridad de los trabajadores a la vez que seguimos permitiendo a las empresas disponer de la flexibilidad que necesitan para prosperar en el mercado moderno.
Una exclusión voluntaria de un instrumento legislativo de salud y seguridad es incorrecta por principio. Hay que ponerle fin y tenemos que crear un equilibrio apropiado entre la vida laboral y la vida familiar. Nuestros líderes prometieron hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, con más y mejores empleos de calidad y una mayor cohesión social. No lo lograremos abriendo la puerta a un universal. Ese sería el camino hacia una economía de jornadas largas y salarios bajos, que es lo contrario de lo que estamos intentando lograr. Si no ponemos fin a los , simplemente deberíamos derogar la legislación y dejar de fingir que queremos poner en práctica cualquier norma mínima sensata sobre el tiempo de trabajo.
Quiero subrayar lo siguiente: me han dicho que esto no tiene nada que ver con el equilibrio entre trabajo, vida y familia. Sí tiene que ver. En 1996, el Tribunal de Justicia Europeo resolvió que esta es una directiva de salud y seguridad y que la salud y la seguridad tratan del pleno bienestar social, psicológico y físico de las personas. El equilibrio entre la vida familiar y laboral tiene que ver con el bienestar social y psicológico de todos los trabajadores en el seno de la Unión Europea. De modo que acabemos con ese argumento particular. 
Bernard Lehideux,
   . –Señora Presidenta, señor Comisario, este texto no pretende, por supuesto, uniformizar las condiciones de trabajo en la Unión, lo cual no sería hoy ni deseable ni posible, sino que persigue más bien implantar unas bases comunes para la protección de los trabajadores. Por tanto, los sistemas sociales más favorables, a semejanza del Derecho laboral francés, no se ponen en entredicho y seguirán siendo aplicables. Esta puntualización es esencial, no lo duden, en el marco del debate sobre la Constitución en Francia y ante las preocupaciones suscitadas por la elaboración de normas europeas en el terreno social.
No obstante, lo que está en juego es importante. Para nosotros, Señorías, se trata de enviar una señal clara sobre el sistema social que esperamos promover a escala europea. Los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa hacen necesaria la adaptación de la economía europea a los nuevos desafíos. Es evidente que las empresas deben gozar de cierta dosis de flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo, pero pensamos sinceramente que una mayor flexibilidad no es incompatible con un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. El equilibrio entre flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y seguridad de los trabajadores impone la definición de unas normas mínimas, unas normas de salvaguardia y unos controles adecuados.
El debate relativo a la cláusula de adquiere especial relieve en este marco. En nuestra opinión, la posibilidad de que una empresa pueda incumplir el límite legal de 48 horas de trabajo semanal con el acuerdo individual de los trabajadores contradice claramente el espíritu de la directiva. Quiero recordarles que el Parlamento, al examinar el informe de 2004, se opuso al mantenimiento de la cláusula de individual. No obstante, si en un texto que no busca la normalización esperábamos la supresión progresiva de la cláusula de individual, hemos apoyado el mantenimiento de una posibilidad de encuadrada, según las tradiciones nacionales, por la negociación y los convenios colectivos. Por lo que se refiere a los períodos de referencia, estamos de acuerdo con el ponente y la Comisión en autorizar su extensión hasta doce meses, lo que responde a las necesidades de flexibilidad de las empresas, que naturalmente deben poder hacer frente a las fluctuaciones de la demanda.
Por último, estamos convencidos de que todos los tiempos de guardia deben considerarse tiempo de trabajo. No obstante, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales les propone que los Estados miembros puedan autorizar el cálculo de las partes inactivas del tiempo de guardia siguiendo un sistema específico, a fin de ajustarse al nivel semanal máximo del tiempo de trabajo. Apoyamos esta disposición que, una vez más, tiene en cuenta las especificidades nacionales en este terreno.
Jean Lambert,
   . Señora Presidenta, también nosotros quisiéramos dar las gracias al ponente y demás personas por el trabajo realizado en la revisión de la directiva sobre el tiempo de trabajo. Para nuestro Grupo se trata de un instrumento legislativo extremadamente importante. La limitación del tiempo de trabajo ha sido una lucha histórica del movimiento obrero y no deberíamos renunciar a ella en el siglo XXI.
Pero según un reciente informe de la Work Foundation, del Reino Unido, en la actualidad el tiempo de trabajo supera a menudo las 60 horas semanales en toda la Unión Europea, sobre todo en determinados sectores. Considero que esto no es algo que debamos celebrar, sino que debe preocuparnos bastante.
Para el Grupo Verts/ALE, el control del tiempo de trabajo también tiene que ver con quién controla tu vida, y esta directiva sobre el tiempo de trabajo se aplica a los trabajadores. Es muy importante que todo el mundo se dé cuenta de esto. No se trata de tener flexibilidad en sentido unidireccional, sino poner sobre el tapete los derechos de los trabajadores. Es una cuestión de salud y seguridad. Los trabajadores cansados son trabajadores peligrosos, estén ejerciendo su actividad o conduciendo de camino a casa. También se trata de una cuestión de salud social, respecto al equilibrio entre trabajo y vida, si deseamos que nuestros ciudadanos sean ciudadanos activos implicados en muchas otras cosas. Esto no es posible si están trabajando todo el tiempo.
Pero la exclusión voluntaria es un gran problema para nosotros. Se nos dirá que se trata de que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir, pero son muchas las pruebas que demuestran que no se trata de una elección. Se plantea a los trabajadores para que firmen la renuncia a sus derechos a fin de evitar que los empresarios tengan que negociar o hacer papeleo. De hecho, hemos sabido que en el Reino Unido dos de cada tres trabajadores ni siquiera saben que existe un límite para su tiempo de trabajo.
Para nosotros el tema del tiempo de guardia como tiempo de trabajo también es importante, ya se trate de un trabajo en una hamburguesería o en un hospital, y el elemento de descanso compensatorio también es crucial, ya que el estrés es una las mayores causas de baja laboral y esto está relacionado con el tiempo de descanso. 
Dimitrios Papadimoulis,
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todo mi Grupo político está absolutamente en contra de la propuesta de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, es profundamente crítico con el informe aprobado por mayoría en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, porque, lamentablemente, en la mayoría de las cuestiones está en línea con la propuesta de la Comisión.
Rechazamos la propuesta porque perpetúa la opción dey agrava el dúmpingsocial. Alimenta aún más el poder unilateral del empleador con el pretexto de la flexibilidad empresarial. Debilita los niveles actuales de protección de decenas de millones de trabajadores y la conciliación de su vida laboral y personal. Relaja las normas vigentes sobre el tiempo de trabajo incorporadas a la directiva de 1993, ya derogada.
En concreto, la propuesta de la Comisión permitirá una jornada máxima semanal de nada menos que 65 horas, mientras que la actual directiva y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo establecieron un máximo admisible de 48 horas en el ya lejano 1919. Estamos retrasando el reloj ochenta y cinco años.
Además, el período de referencia para el tiempo de trabajo flexible se ha extendido de cuatro a doce meses, a la vez que se ha suprimido el requisito previo de una negociación colectiva para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. De esta forma, los empresarios, tanto públicos como privados, podrán gestionar de forma unilateral y abusiva el tiempo de trabajo de los trabajadores, sin contar con ellos y sin incumplir la legislación vigente. De forma análoga, la clara jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sido soslayada con la falaz artimaña de dividir el tiempo de atención continuada en activo e inactivo. Así, los Estados miembros y los empresarios pueden decidir por su cuenta que ocho horas de trabajo inactivo equivalen a 0,8 horas de tiempo activo. Es una burla.
Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha impuesto un período de descanso inmediatamente después de un período de disponibilidad. ¿Cómo interpreta la Comisión la palabra ? ¿Un día, tres días, tres semanas? Mucho me temo que la propuesta de la Comisión no sea otra cosa que una puñalada trapera para decenas de millones de trabajadores, sobre todo en el sector sanitario y de servicios. Pero al mismo tiempo representa un peligro para la salud y la seguridad de todos nosotros.
Señor Comisario, ¿le gustaría ser operado por un cirujano que hubiera estado de guardia en las últimas 30 horas? ¿Querría usted cruzarse en la carretera con un camionero que llevara 30 horas conduciendo sin descanso? 
Derek Roland Clark,
    Señora Presidenta, la directiva sobre tiempo de trabajo pretende mejorar la situación de los trabajadores y la vida familiar, pero ¿lo conseguirá? El mejor trato que un trabajador puede recibir es tener un empleo, y esta directiva no mejorará ni el empleo ni la vida social.
Comprendo que el principal objetivo de la UE es que cada Estado miembro ponga sobre la mesa su experiencia y capacidades, sus mejores prácticas y sus ideas, las comparta con el resto y favorezca a todos. Así que permitan a este representante británico poner hoy sobre la mesa algunas experiencias y prácticas del Reino Unido: cuanta menos regulación, más empleo. Incluso el señor Špidla ha estado de acuerdo conmigo en cierta medida hace unos instantes.
Aparte de Dinamarca y Suecia, el Reino Unido tiene la menor tasa de desempleo de toda la UE, muy por debajo del promedio de la UE. Estos países no han adoptado el euro y el Reino Unido no ha cedido en las prácticas de empleo más restrictivas. La semana laboral de 48 horas, si se aplica estrictamente, provocará el cierre de pequeñas empresas o empujará a las personas hacia la economía sumergida, donde carecen de toda protección y se convertirán en evasores fiscales del impuesto sobre la renta y el IVA. La flexibilidad puede conseguirse mediante las exclusiones voluntarias de la semana laboral, que se eliminarán progresivamente a pesar de una votación que hubo en esta Asamblea el 24 de febrero. Organizaciones como la Administración Pública del Reino Unido, las cámaras de comercio, EuroCommerce y Sky TV, todas quieren que continúen las exclusiones voluntarias, pero estas entidades no operan en el pseudomundo de la UE de planes fantasiosos y normativas opresivas, operan en el mundo real de los márgenes de beneficios y el pleno empleo generados por las exclusiones voluntarias de la norma de las 48 horas. 
Mogens N.J. Camre,
   – Señora Presidenta, esta propuesta de modificación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo es un ejemplo de legislación comunitaria tan absurda como la directiva que pretende reformar.
Supone una injerencia fuera de lugar en las condiciones del mercado de trabajo y no sorprende que haya sido rechazada por ambos interlocutores sociales. Las condiciones a las que se refiere la directiva difieren mucho en los 25 Estados miembros e, independientemente de los aspectos positivos que introduce sobre la protección de los trabajadores y la vida personal, sigue siendo reflejo de la obsesión de la UE por la regulación. Está claro que el Parlamento Europeo desea un crecimiento lento. En mi país, que sin duda disfruta del nivel de protección de los trabajadores más alto de la Unión, esas condiciones se acuerdan entre los interlocutores sociales. Y esto ha dado buenos resultados. En primer lugar, tenemos una mayor proporción de población activa que cualquier otro país de la UE. No tenemos las huelgas que vemos una y otra vez en Bélgica y Francia. Tenemos la mitad de desempleo que en la zona del euro y el segundo mayor producto interior bruto por habitante de la UE.
Es increíble que tengamos que tolerar una situación en que la UE, que no ha sido capaz de resolver esos problemas ni de lejos tan bien como nosotros, nos diga lo que tenemos que hacer. Deberían venir todos a Dinamarca, ver como hacemos las cosas y luego volver a casa y decidir, en su propio país, qué deben hacer en sus respectivas circunstancias. Es imposible valorar lo mucho que trabaja una nación por la duración de su jornada laboral. Lo importante son los métodos de organización, la formación de los mano de obra y el grado de eficiencia. En Dinamarca, las personas trabajan con eficiencia, de manera que el país se puede arreglar con menos horas de trabajo. Los extranjeros no deben interferir con esas condiciones y recomiendo que se vote en contra de esta directiva. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
      Señora Presidenta, señor Cercas, el tiempo de trabajo es una cuestión muy delicada. Los motivos para que esto sea así van desde la lacra del desempleo hasta los problemas económicos que sufren los empresarios, especialmente en los nuevos Estados miembros. Hace unos días me quedé atónito al enterarme de que en Polonia se podía ir a comprar a Ikea hasta las ocho de la tarde el 1 de mayo, que no solo era el Día del Trabajo, sino también domingo. Los supermercados suelen permanecer abiertos hasta las diez entre semana y a veces incluso las veinticuatro horas. La amenaza de pérdida de empleo y el débil estado de nuestras economías dificultan saber si hay que apoyar a los empresarios o a los colectivos de trabajadores, cuyas posiciones son de por sí opuestas. Por este motivo considero el informe del señor Cercas y las enmiendas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales un compromiso sensato y destinado a mejorar el bienestar general de la sociedad. El tiempo de guardia en el lugar de trabajo debe considerarse tiempo trabajado, y los trabajadores deben cobrar una tarifa plana por el tiempo de atención continuada fuera del lugar de trabajo. Hay una serie de cuestiones que tienen que regularse a escala de toda la UE, y el tiempo de trabajo es una de ellas. 
Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, al decir hoy, en primera lectura, que es muy importante imponer unas normas mínimas para la salud y la seguridad en el trabajo y también para conciliar la vida profesional y familiar, en realidad estamos apuntalando la legislación de 1993.
Observo que algunos de los que participan en el diálogo social han dejado pasar la ocasión de tratar este asunto ellos mismos, pues de lo contrario no habríamos tenido que hacerlo nosotros aquí.
En tercer lugar, compruebo que existen muchos mitos en torno a esta cuestión que han desatado la polémica, incluso –no lo quiero ocultar– dentro de mi propio Grupo. Quiero derribar esos mitos, uno a uno.
En primer lugar, en cuanto a la flexibilidad, se ha dicho que Lisboa y la flexibilidad no son ya compatibles con esta legislación, pero no es cierto, pues el período de referencia para computar 48 horas se ha extendido de 4 a 12 meses.
En segundo lugar, dado que he oído a los empresarios quejarse de la carga administrativa, pongo en duda el motivo para cambiar esta legislación. Solo estamos cambiando en términos de flexibilidad y también para someternos a la jurisprudencia de un Tribunal.
En tercer lugar, en cuanto a la subsidiariedad, en este momento estamos dejando a los Estados miembros decidir si el tiempo de espera o descanso durante una guardia debe ser remunerado y de qué manera, y si se descuenta por él, en qué medida. Estamos dejando esta decisión en manos de los interlocutores sociales y los Estados miembros, porque pienso que es competencia suya. Por último, quiero dar las gracias al señor Cercas y al señor Silva Peneda, que han tratado de incorporar en este documento el respeto del principio de subsidiariedad. 
Jan Andersson (PSE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, antes de nada quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. En el escaso tiempo de que dispongo, me centraré en un solo aspecto: la opción de . La señora De Vits ha dicho que esa opción es contraria al principio de subsidiariedad, pero no es así. Dinamarca, Suecia y Francia, por ejemplo, son libres de imponer unas normas más estrictas que las establecidas en esta directiva de mínimos. Esta es una directiva de mínimos. ¿Podemos prescindir de una directiva de mínimos? No, no podemos, porque una directiva de este tipo afecta también indirectamente a normas mucho más esctrictas que pueden imponer algunos países. Si estuviéramos en una situación en la que los países comenzaran a competir entre sí en términos de duración de la jornada laboral, eso afectaría a la situación en Francia, Suecia y Dinamarca. Dado que tenemos libertad de movimiento de capitales, estas cuestiones no son ajenas al principio de subsidiariedad. Eso es lo primero.
Lo segundo se refiere a nuestra responsabilidad como legisladores. ¿Se termina nuestra responsabilidad en nuestras fronteras nacionales? ¿Tenemos solo que pensar en la libertad de movimiento de las empresas, o debemos también asumir alguna responsabilidad sobre la salud de los trabajadores? Yo creo que también tenemos que asumir esa responsabilidad, para lo cual es necesaria una directiva de mínimos.
En tercer lugar, hablamos constantemente de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, pero ¿qué sucederá si permitimos largos períodos de trabajo? Se generaría una situación en la que habría hombres trabajadores que no asumirían ninguna responsabilidad familiar, con lo que no tendríamos una sociedad equitativa. Por eso necesitamos esta propuesta del ponente. 
Luigi Cocilovo (ALDE ).
   –Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, felicito al ponente por el trabajo realizado y por las conclusiones alcanzadas en la votación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Mis felicitaciones no son formales, porque ya desde los primeros indicios de debate a que asistimos tuvimos la confirmación de cuán difícil sería gestionar un tema tan delicado. 
En mi intervención haré alusión tan solo a algunas cuestiones de fondo: la protección de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo no es meramente el fundamento jurídico, sino también la referencia que justifica esta propuesta de directiva.
No comprendo que se pueda afirmar que represente una amenaza al principio de subsidiariedad, a la tutela de las distintas experiencias nacionales. Debemos tener en cuenta que el principio de protección de la salud y la seguridad, más allá de ciertos límites de la jornada laboral, constituye un valor de salvaguardia general que impone una base de normas y referencias comunes para la definición del modelo laboral social y económico y de los principios en que debe inspirarse la Unión Europea. 
Se han respetado todas las posibilidades de regulación flexible y específica en la materia y precisamente por ello, yo, al igual que otros colegas, preferiríamos que el principio básico fuera el de remitirnos a las soluciones adoptadas mediante la contratación colectiva en los distintos países. Esto, por supuesto, en la medida en que la negociación colectiva exista, sea eficaz y garantice una base reguladora que permita conciliar las exigencias de flexibilidad y organización específica sectorial de las horas de trabajo con las de salud y seguridad, que hay que proteger a toda costa. 
Veremos si es posible realizar progresos en este punto, también en relación con las posiciones del Consejo. Por ahora, considero que las soluciones adoptadas con la votación en comisión garantizan dichas condiciones, al igual que garantizan márgenes de flexibilidad gracias a la posibilidad de ampliar el período de referencia hasta 12 meses.
Espero que, sobre la base de este trabajo, las posiciones que se desarrollen en relación con la posición común del Consejo garanticen soluciones aún más adecuadas en el futuro.
Elisabeth Schroedter (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, quiero recordar a la Cámara que realmente tenemos que asumir la responsabilidad de la dimensión social de Europa, sencillamente porque muchos creen que la incorporación de los diez nuevos Estados miembros hará de ella una utopía. Una Europa social exige unas normas mínimas, y por eso mismo rechazamos las enmiendas de la Comisión a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que suprime esas normas y convierte la directiva en nada más que una abstracción arbitraria.
Estas enmiendas implican, entre otras cosas, la novedosa idea de dividir el tiempo de atención continuada en tiempo de trabajo activo e inactivo, con partes de él que dejan de reconocerse como tiempo trabajado. A nuestro juicio, el tiempo de guardia debe seguir considerándose tiempo trabajado. La protección de los trabajadores y la seguridad de los ciudadanos deben seguir teniendo prioridad sobre las consideraciones económicas. Los trabajadores sanitarios que hacen turnos de 30 horas o más ponen en peligro a los pacientes. No creo que haya aquí lugar para ningún compromiso, y la sentencia del TJCE me da la razón. Aunque quiero dar las gracias al ponente por incluir esta importante frase en el informe, no podemos apoyar los compromisos que se derivan de ella. Somos conscientes de la necesidad de mejoras, pues creemos que el tiempo de atención continuada deber seguir considerándose tiempo trabajado. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Esta propuesta de directiva sobre el tiempo de trabajo es una de las más peligrosas facetas del ataque contra los derechos de los trabajadores. Pone en peligro las conquistas logradas a lo largo de más de cien años de lucha, y afecta a millones de trabajadores y a sus familias.
Por eso es fundamental que se retire esta propuesta de la Comisión Europea y se redacte otra que elimine por completo el , que rechace la clasificación del tiempo inactivo, que respete la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar y que proteja la salud y la seguridad de los trabajadores.
Insistimos también en la necesidad de reducir la jornada de trabajo a 42 horas semanales, en vez de aumentarla de 48 a 65 o más horas. Lo que Europa necesita es dar ejemplo en la protección de los derechos, no aproximarse a los patrones asiáticos en nombre de la flexibilidad y la competencia. 
Thomas Mann (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, la Estrategia de Lisboa revisada tiene por objeto el crecimiento y el empleo. De acuerdo, necesitamos ser más flexibles y más competitivos, pero esto es precisamente lo que encontramos en el informe Cercas relativo a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, y en los compromisos en los que ha trabajado mi colega, el señor Silva Peneda, y otras personas de nuestro Grupo.
No queremos poner a toda la UE en una camisa de fuerza; más bien, queremos un marco razonable para acciones que dejen espacio para las normas nacionales, como por ejemplo ampliar el período de referencia de cuatro meses a un año, siempre que los interlocutores sociales estén de acuerdo con ello. Las decisiones sobre posibles ampliaciones de la semana de 48 horas también son un asunto que compete a ellos y a los convenios colectivos. Se trata de una expresión práctica de lo que la subsidiariedad y la flexibilidad significan, pero la base de todo esto tiene que seguir siendo la sentencia en la que el Tribunal de Justicia Europeo definió el tiempo de atención continuada como tiempo de trabajo. Considero que la propuesta de la Comisión, que hace una distinción entre tiempo de trabajo activo retribuido e inactivo sin retribuir, es poco realista.
Puedo decir al Comisario Špidla que yo, en una ocasión, me incorporé al personal de la unidad de accidentes y emergencias de Hesse en su turno de noche. Los médicos subalternos, las enfermeras y los conductores de ambulancia estaban de guardia y, por lo tanto, extremadamente activos. Las cortas pausas entre las intervenciones no eran lo suficientemente largas para que el personal pudiera recargar sus baterías. No solo es en los hospitales donde los trabajadores tienen derecho a la seguridad y la satisfacción en el puesto de trabajo; es necesario que existan excepciones en la Directiva para el cuerpo de bomberos, incluidos aquellos que trabajan en los aeropuertos, para los trabajadores de salvamento y para los trabajadores de seguridad en empresas sensibles para el medio ambiente. He hablado con todos ellos. Aunque estoy familiarizado con las preocupaciones financieras de los hospitales, tienen que hacer lo que se ha hecho en otros sectores y hallar maneras inteligentes de reducir los costes, mejorando la coordinación de las intervenciones de su personal y hacer un mejor uso de sus instalaciones técnicas.
No hay que olvidar los demás costes que se derivan cuando el personal está, día tras día, tan estresado que corre el riesgo de perjudicar irreparablemente su salud, por no mencionar el riesgo de personal exhausto que dé un diagnóstico o un tratamiento equivocados. No se puede aceptar que los pacientes estén expuestos a estos riesgos. 
Karin Jöns (PSE ).
   – Señora Presidenta, me centraré en el tiempo de atención continuada. Lo hago porque muchos diputados se preguntan por qué esto parece ser un problema particular en Alemania, donde los propietarios de los hospitales están furiosos con el cambio propuesto por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, igual que lo estuvieron con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.
Así pues, en aras de la claridad, permítanme que les explique que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se ha aplicado también en Alemania, desde 2004, cuando el Derecho alemán empezó a tratar el conjunto del tiempo de atención continuada como tiempo de trabajo, precisamente de la misma manera que exige el informe Cercas.
En segundo lugar, también en la práctica, esto se puede hacer sin mucha dificultad, tal como se demuestra en un estudio al que se ha referido incluso el Ministro de Sanidad alemán. He de añadir que, en Alemania, desde 2003 se ha dispuesto de financiación para la introducción de modelos de tiempo de trabajo, innovadores y muy necesarios, y para la contratación de nuevos médicos. Incluso entonces, pueden producirse problemas, pero es precisamente por esta razón que nuestra Comisión quiere la cláusula abierta, que establecería que se podría llegar a acuerdos alternativos mediante un convenio colectivo –y solo en caso de situación de urgencia por vía legislativa– para tener en cuenta los períodos de inactividad. El problema no reside en la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, el problema es la aversión a la reforma de los hospitales alemanes. Por ejemplo, una región alemana, siendo mucho más pequeña que Suecia, dispone de muchos más hospitales y camas de hospital. La cuestión con el tiempo de atención continuada es la seguridad de los pacientes. Incluso si permanecer despierto durante un período de 24 horas es equivalente, en cuanto a sus efectos adversos, a tener un nivel de alcohol en sangre del 1 por mil, los médicos a menudo trabajan más de 30 horas de un tirón, y esto es lo que debe cambiar. 
Danute Budreikaite (ALDE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, mientras debatimos algunos aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, ante todo tenemos que hablar de esos casos en que los trabajadores contratados mantienen a sus familias con su trabajo, y que componen la mayoría del mercado laboral. Un elevado nivel de desempleo, en particular en algunos nuevos Estados miembros, el lento desarrollo de nuevos centros de trabajo, la reducción de antiguos centros de trabajo en algunos sectores, como por ejemplo en la industria textil, y el temor de la gente, en particular en las provincias, a perder sus puestos de trabajo, permite que los empresarios hagan un uso indebido de la posibilidad de eliminar centros de trabajo, o amenacen con el despido si un empleado se niega a trabajar horas extraordinarias. El trabajo que sobrepasa 48 horas semanales puede empeorar aún más las condiciones de los trabajadores en todos los sectores, en particular las de quienes trabajan en el sector de servicios, creando no solo malestar físico, sino también moral, y causando efectos indeseables en las familias y la educación de los niños.
Si se argumenta la necesidad de prolongar la semana laboral desde el punto de vista del temor de que las empresas de la Unión Europea se trasladen a China o a otros países, tendríamos que preguntarnos si uno de los motivos esenciales de la constitución de la Unión Europea –el bienestar de sus ciudadanos– es solo una consigna, y si tenemos que buscar otros medios para el desarrollo económico y las capacidades competitivas. Por otro lado, la propuesta del Parlamento Europeo, con respecto a los trabajadores que tienen más de un contrato de trabajo, de sumar los tiempos trabajados con arreglo a cada uno de los contratos, priva a los ciudadanos de esos Estados donde los salarios son bajos, en sectores como el sanitario, que emplea tiempo de servicio, de la posibilidad de asegurarse un nivel de vida adecuado. Por lo tanto, al adoptar la Directiva modificada, propongo que nos abstengamos de introducir la cláusula de en todos los sectores y no sumar el tiempo de trabajo con respecto a las personas que trabajan voluntariamente con arreglo a varios contratos de trabajo, y dejar que este tipo de decisiones se tomen a escala nacional. 
Claude Turmes (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, si queremos convencer a los ciudadanos europeos del proyecto europeo, la UE no debe convertirse en un supermercado en lo que se refiere al Derecho social y laboral. Es debido a que un Estado de bienestar a la carta no es una opción por lo que hay que eliminar la cláusula de actualmente, esto permite excepciones a la semana de trabajo máxima, y ya en el Reino Unido ha tenido como resultado 700 000 contratos de empleo que no tienen en cuenta la semana de trabajo de 48 horas. Se trata de un buen compromiso, en particular porque, mediante la asociación social, permite la intervención de los sindicatos.
Voy a terminar recurriendo a nuestros amigos del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. En la anterior legislatura votamos sobre el impuesto Tobin, y hubiéramos ganado la votación si hubieran votado ustedes junto con nosotros. Tengan cuidado, o de otro modo sus votos de este miércoles permitirán que los conservadores de la línea dura consigan lo que quieren. 
Jacky Henin (GUE/NGL ).
   –Señora Presidenta, esperaba de esta directiva algo que la Carta de los Derechos Fundamentales del proyecto de Constitución europea no contenía: una armonización al alza de los derechos sociales. No hay nada de eso, sino de hecho todo lo contrario. En él solo sale reforzada la flexibilidad del trabajador.
Si los hombres ahorcados de Chicago murieron en 1886 por la jornada de 8 horas y la semana de 40, resulta que en este comienzo del siglo XXI, la gran innovación social de la Unión Europea va a ser elevar la duración máxima del tiempo de trabajo semanal de 48 a 65 horas, incluso más en caso de acuerdo individual o colectivo, elevándose el período de referencia para el cálculo de la duración máxima semanal de cuatro a doce meses. 
Generosamente se garantiza un período de descanso compensador después de 72 horas de trabajo. ¡No podemos sino apreciar la audacia social de este texto, que probablemente hará temblar a la patronal europea! Para coronarlo todo, se introduce el concepto de período de guardia inactivo, período que estaría excluido del tiempo de trabajo en perfecta contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No son necesarias más explicaciones. Los celosos servidores de la patronal europea han trabajado a fondo y, aunque sepan, como los que optarán por votar a favor de este texto...
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, me ceñiré en mi comentario exclusivamente a la cuestión de la cláusula del . El ponente ha dicho que el viola los principios fundamentales del Tratado. Esto simplemente no es verdad. La Comisión es la guardiana de los Tratados; la Comisión propuso hace 10 años que debería existir el . Ahora, en la revisión, 10 años después, la Comisión sigue proponiendo que se mantenga el .
El señor Hughes ha dicho que se trata del equilibrio entre trabajo y vida. El ponente alega que los ciudadanos preguntan cómo mejora Europa sus condiciones de vida. No creo que los ciudadanos pregunten esto. Los ciudadanos se preguntan como pueden mejorar ellos mismos sus condiciones de vida. De momento, la decisión de muchos millones de ellos es recurrir al .
La cuestión que está hoy sobre la mesa es: ¿quién decide? ¿Debe ser un pequeño grupo de políticos por encima de toda sospecha el que dicte qué es mejor para la calidad de vida de las personas, o deben ser los propios millones de trabajadores, que hoy por hoy tienen el derecho a elegir y quieren seguir decidiendo por su propia cuenta?
Muchos de los nuevos Estados miembros desean recurrir al . Todos los interlocutores sociales, salvo la CES, desean mantener el . Organizaciones de pequeñas empresas de toda la UE se han puesto en contacto conmigo reclamando que se mantenga el . Mi buen amigo el señor Silva Peneda dice que este informe propone más flexibilidad y es bueno para las PYME. Las propias PYME están básicamente en desacuerdo, y deben de saber por qué. La cuestión es esta: ¿quién debe decidir?
Creo que no nos incumbe a nosotros en este Parlamento decidir y establecer restricciones excesivas y rígidas sobre el estilo de vida que quieren llevar las personas. Las personas desean más libertad y más flexibilidad. Deberíamos dárselas y votar en contra de este informe. 
Pier Antonio Panzeri (PSE ).
   –Señor Presidente, Señorías, felicito al ponente por el buen trabajo realizado. Tenemos una importante tarea que desempeñar: construir seriamente, junto a una Europa económica, una Europa social. 
No cabe imaginar el crecimiento y el desarrollo económico de Europa sin la decisiva aportación de los trabajadores, la defensa de la calidad del trabajo y la protección de su salud en el lugar de trabajo. La directiva relativa al horario de trabajo es un elemento esencial de la Europa social. Hay que ser plenamente conscientes de que será imposible alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo si optamos por la denominada «vía baja» hacia la competitividad: la basada en recortar los costes y exigir más a la mano de obra. La que vale es la vía alta, basada en la calidad y la innovación: en este marco, el capital humano es decisivo y su aportación cualitativa debe ser nuestro objetivo. 
El informe Cercas constituye una respuesta válida a este objetivo. Pretende preservar los principios de fondo de la directiva sobre el horario de trabajo, tal como están consagrados en la Constitución europea, tanto por lo que se refiere a la cuestión del período de referencia, como por lo que respecta al o en lo relativo a la sentencia del Tribunal de Justicia en materia de períodos de guardia. El informe apoya claramente la introducción de disposiciones encaminadas a ayudar a los trabajadores a conciliar la vida profesional y la vida privada. Por tanto, apoyamos plenamente el informe Cercas.
Chris Davies (ALDE ).
    Señora Presidenta, para muchos Demócratas Liberales, la exclusión voluntaria constituye un importante principio de subsidiariedad. Respaldamos aquellas medidas que protegen al individuo de la explotación en el trabajo. No estamos convencidos de que corresponda a la Unión Europea ser el órgano que imponga restricciones no deseadas, que nada tienen que ver con la salud y la seguridad, a los individuos de todos los Estados miembros. No estamos en absoluto de acuerdo con el señor Hughes, del Partido Laborista británico, respecto a que la Unión Europea debería establecer la normativa sobre el equilibrio entre trabajo, vida y familia de las personas en todas partes. No me sorprende que tengamos que enfrentarnos a tanto euroescepticismo en Gran Bretaña cuando destacados diputados a este Parlamento reclaman que la UE pueda interferir en las vidas de las personas hasta este punto.
Contamos con un mercado único europeo, pero eso no anula el hecho de que los Estados miembros compiten unos con otros. Si los ciudadanos de un país desean una mayor protección social a riesgo de mermar su competitividad, entonces deben votar a favor de un Gobierno que lo haga. En muchos casos, los demócratas liberales les respaldarán. Pero los controles exhaustivos impuestos por Bruselas sobre cada país limitarán la libertad de los Estados miembros para decidir cuál es el planteamiento que más les conviene. Es excesivo y erróneo.
También resulta condescendiente que este Parlamento pretenda imponer restricciones a otros al tiempo que excluye a ejecutivos, diputados al Parlamento Europeo y Comisarios. Yo personalmente nunca he trabajado menos de 48 horas a la semana y no tengo intención de empezar a hacerlo. Aplicar estas restricciones con rigidez a los trabajadores del sector turístico y agrícola, dadas sus extremas fluctuaciones estacionales, simplemente les empujaría hacia la economía sumergida. Esta no es forma de promover la Agenda de Lisboa. Por motivos prácticos y de principio, debe mantenerse el derecho a la exclusión voluntaria. 
Anna Ibrisagic (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, está bien que ahora se nos haya dado la oportunidad de revisar la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Mi planteamiento principal en esta tarea es garantizar que a los Estados miembros les sea más fácil crear nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante que se ofrezcan soluciones flexibles y que haya una reducción de la reglamentación detallada y del control central por parte de la UE. Las cuestiones relativas al tiempo de trabajo tienen que ser, en primer lugar, responsabilidad de los Estados miembros, cada uno de los cuales ha de tener, por lo tanto, una esfera de acción amplia para hallar su propia solución. Las industrias también funcionan de forma diferente, y como individuos también tenemos diferentes necesidades y deseos con respecto a nuestras horas de trabajo.
Las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo son un ámbito en el que hay que aplicar la práctica nacional y no asuntos que la UE tenga que decidir. Por desgracia, existen fuerzas poderosas en este Parlamento que quieren moverse en la dirección opuesta. Quieren reducir la capacidad de los Estados miembros para ajustar las cosas según sus propias tradiciones y necesidades. Hay que aplicar un modelo único en toda Europa, lo que significa que quieren introducir el supranacionalismo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo. No quieren permitir a los Estados miembros ser diferentes unos de otros y piensan que todos los europeos quieren exactamente lo mismo en materia de ordenación del tiempo de trabajo. A diferencia de estas personas, creo que lo que es más importante en Europa hoy en día es sentar unas bases sólidas para crear nuevos puestos de trabajo. A diferencia de ellas, tengo fe de que las personas tienen una mejor idea que los políticos de aquello que mejor se ajusta a sus necesidades.
Como con tantas otras cuestiones, no se trata de que una solución sea mejor para todo el mundo. Somos diferentes, y aquí reside el encanto y la fuerza de la UE. Somos Estados diferentes con diferentes culturas y tradiciones. Quiero brindar a cada uno de los países europeos la oportunidad de conservar sus características distintivas y conferir a los Estados miembros el poder de decidir sobre la cuestión del tiempo de trabajo. No es una cuestión que deba ser regulada con detalle a escala de la UE. 
Jean Louis Cottigny (PSE ).
   –Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no a la semana de 60 horas; la cláusula de exclusión voluntaria, el ,debe desaparecer. Sin duda alguna, apoyo el texto presentado por el señor Cercas.
Lo apoyo, en primer lugar, apelando al sentido común, que quiere que se trabaje para vivir y no a la inversa. El sentido común basta para comprender que, a excepción de misiones claramente reivindicadas por quien las realiza, el hecho de trabajar, como sucede en algunos países de la Unión Europea, 60 horas por semana –o peor aún, 63 horas con la autorización concedida en 1993– planteará problemas de adaptación al entorno personal, familiar y social a largo plazo.
En el ámbito social, como en el del ejercicio político, el progreso pasa por el compromiso. Querer generalizar la práctica de las 60 o 65 horas es contrario al progreso social. En este sentido, el debe desaparecer.
Herbert Reul (PPE-DE ).
   – Como diputados al Parlamento Europeo, somos nosotros quienes tenemos que asumir la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos de Europa tengan la oportunidad de un buen futuro. Esto también implica proteger sus derechos como trabajadores y sus derechos en el centro de trabajo. Para todo esto, tienen que existir unas normas; sí, pero, ¿qué normas? ¿Cuántas y cuán detalladas tienen que ser? A buen seguro, la tarea fundamental ha de ser –o al menos así lo he oído decir en esta Cámara reiteradamente durante el año pasado– la de dar prioridad a que puedan conservar sus puestos de trabajo o que puedan tener puestos de trabajo en primer lugar.
Ahora se nos ha presentado una Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo que las comisiones de esta Cámara han considerado y han empeorado, en particular en lo que se refiere a los criterios de la Estrategia de Lisboa. Todo ello se reduce a que elaboremos más reglamentaciones. En lugar de reducir las normas y ser más flexibles, terminaremos haciendo todo lo contrario.
Voy a ilustrarlo con un par de preguntas. En primer lugar, ¿cómo es que en Europa tenemos que concretar lo que significa estar en tiempo de atención continuada? ¿Tiene que significar lo mismo en todos los hospitales de todas las ciudades de todos los países de Europa? Y, si fuera así, ¿por qué? No obstante, es una realidad que existe una diferencia entre lo que ocurre en un servicio de emergencias y accidentes, donde las personas a menudo tienen que salir a mitad de la noche, y la situación de una sala de ortopedia donde, de noche, ¡todo el mundo está durmiendo! No se puede aceptar –es totalmente erróneo– que estas cosas estén atadas a una especie de cama de Procrusto.
En segundo lugar, ¿por qué la prolongación del tiempo de trabajo debe regirse únicamente por un convenio colectivo? ¿Por qué un empleado individual no puede celebrar un acuerdo por sí mismo? ¿En realidad, quién nos da derecho a prohibir a los trabajadores que lleguen a un acuerdo por sí mismos, con respecto a sus puestos de trabajo y las horas que trabajan? Conozco a médicos que quieren perfectamente trabajar un poco más en el futuro y ganar más, ya que están empezando en la vida o acaban de convertirse en propietarios. ¿Queremos realmente en el futuro prohibirles que hagan esto? ¿Y qué derecho tenemos a hacerlo?
Asimismo, ¿por qué queremos ahora prescribir minuciosamente las horas que los familiares tienen que trabajar? ¿Por qué queremos impedir a las empresas familiares que en el futuro sean tan flexibles como siempre lo han sido en el pasado? Diferentes situaciones laborales exigen diferentes soluciones, y si no permitimos que las personas las encuentren, haremos una injusticia a las personas y no haremos justicia a Europa. 
Anne Van Lancker (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, no hace falta decir que el mayor desafío al que nos enfrentamos hoy en nuestra labor parlamentaria es la supresión de la cláusula de exclusión voluntaria u , que –se lo digo señor Davies– no tiene nada que ver con la subsidiariedad, sino con la anarquía y la ausencia de derechos. Sin embargo, si suprimimos la cláusula de exclusión voluntaria, tenemos que encontrar una solución para el tiempo que el trabajador realiza turnos de disponibilidad localizada; un número cada vez mayor de países están contestando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, amenazando con recurrir a la fuerza al en sectores como la seguridad y la salud y la asistencia a las personas de la tercera edad. Sería inaceptable, Comisario, si los turnos de disponibilidad localizada y los tiempos de descanso se excluyeran del tiempo de trabajo, ya que este es el tiempo durante el que los trabajadores están a disposición de sus empresarios y, lo que es más, la exclusión de esas horas tendría implicaciones importantes no solo en la seguridad y la salud de los trabajadores, sino también en los pacientes en hospitales y las personas de edad en las residencias para la tercera edad.
Desde mi punto de vista, la solución presentada en el informe Cercas es excelente, tratando los períodos de atención continuada como tiempo de trabajo, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia, mientras propone que se puedan calcular de manera diferente los turnos de disponibilidad localizada y los tiempos de descanso por el convenio colectivo. Espero que toda la Cámara dé su respaldo al señor Cercas y a su excelente informe y permítame que diga, Comisario, que espero que la Comisión cambie de posición. 
Maria Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, la propuesta de Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo que tiene que someterse a votación es el producto de una síntesis de opiniones diferentes sobre la organización del tiempo de trabajo y un esfuerzo por encontrar un compromiso entre los intereses de los empresarios y los trabajadores.
Se está haciendo un esfuerzo por situar la situación real y las necesidades de cada uno de los Estados miembros en un marco general, que cada interlocutor evalúa según su propio punto de vista y encuentra que es alarmantemente limitado y cualquier cosa menos protector para la salud y la seguridad.
Sin embargo, el ponente, el señor Cercas, quien merece que se le felicite, y el ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Silva Peneda, y todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y, sobre todo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, han hecho lo que mejor han sabido, incluso si sus opiniones difieren, por conciliar estas diferencias.
Por lo tanto, el informe que ha de someterse a votación y sus enmiendas –no la propuesta de la Comisión, señor Papadimoulis– no aceptan una prórroga; ponen fin a una excepción de la jornada de 8 horas, no aceptan la propuesta de la Comisión de un límite superior de 65 horas, garantizan la semana de 48 horas y, en todo caso, proponen que se salvaguarden las condiciones de trabajo y seguridad y la necesidad de tiempo libre y el aprendizaje continuado.
La propuesta Cercas restablece el respeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo de las Comunidades Europeas con respecto a las limitaciones del tiempo de trabajo y el tiempo de atención continuada, que se considera expresamente tiempo de trabajo. Asimismo respeta el principio de subsidiariedad y salvaguarda el diálogo social como factor regulador. El cálculo del tiempo de trabajo anual es una solución de compromiso, pero tendrá consecuencias, por desgracia, para los trabajadores con bajos ingresos que confían en las horas extraordinarias en los períodos de mayor demanda.
En cuanto a las cuestiones que se refieren a las mujeres trabajadoras en las familias, comentaré que la Comisión Europea las ha debido olvidar, pero se pide al Parlamento que vote a favor de la enmienda nº 12, que insiste en que los empresarios han de tener en cuenta las necesidades de la vida familiar y profesional de toda una vida, y la enmienda nº 22 que exige a la Comisión que presente...
Richard Falbr (PSE ).
   – Señora Presidenta, Comisario, la jornada laboral de 8 horas y la semana laboral de 48 horas se consagraron en el primer convenio adoptado por la Organización Internacional de Trabajo, que se fundó en 1919. Fue un reconocimiento de que la salud y la seguridad de los trabajadores tienen que protegerse, y que hay que darles tiempo para descansar y la oportunidad de crear una familia o, dicho de otra manera, producir más trabajadores. Sin embargo, la propuesta de la Comisión suprime todo esto y cita razones hipócritas para hacerlo. La cláusula de exclusión voluntaria, que es una práctica lamentable, invalida todo lo que el movimiento sindical ha logrado alcanzar durante los últimos siglos. Si el informe Cercas contempla la supresión de esta cláusula, merece nuestro apoyo. 
La Presidenta.
   Señorías, nos encontramos en medio de un debate y nos quedan aproximadamente otros ocho minutos, incluida la declaración del señor Comisario. Les agradecería que conversaran fuera. Por favor, ustedes, los que están sentados detrás de la señora Klaß, pidan a sus colegas que abandonen la sala. Esto incluye al señor Rasmussen y a otros. Pido a los ordenanzas que acompañen a la salida de la Cámara a las personas que abandonan el debate. Les ruego que se sienten y guarden silencio durante otros ocho minutos o abandonen la sala. 
Simon Busuttil (PPE-DE ).
    No cabe duda de que Europa ha conseguido establecer un modelo social que está entre los mejores del mundo. Tenemos que esforzarnos por preservar este modelo. Nadie dice que no tengamos que hacerlo.
El informe parlamentario que se halla ante nosotros va demasiado lejos, sin embargo, y puede crear graves problemas, en particular en los Estados miembros que todavía no han alcanzado un determinado nivel de vida. ¿Por qué deberíamos eliminar el derecho de los trabajadores a que se incrementen sus salarios, en especial en los nuevos Estados miembros, donde las personas tienen que trabajar necesariamente durante más horas para aumentar sus ingresos? ¿Qué es lo que van a hacer los trabajadores que han pedido prestado dinero a los bancos en forma de hipotecas?
Está bien aspirar siempre a niveles sociales más altos. Sin embargo, tenemos que entender que estamos tratando de la realidad, no de la teoría. En un momento en que hablamos tanto de la Estrategia de Lisboa para que nuestra economía crezca y de crear empleo, no deberíamos aprobar leyes que sean menos flexibles. Los trabajadores quieren que aprobemos leyes que creen puestos de trabajo, no que les impidan trabajar horas extraordinarias de más de 8 horas por semana. ¿Quiénes somos nosotros para despojarles de este derecho?
Yo sería el primero en estar de acuerdo con que la semana laboral debería ser más corta, pero solo si los salarios son suficientes para vivir. Algunos países todavía no han llegado a esta posición. Por lo tanto, usemos el sentido común. Si hay alguien que hace un uso indebido del y trabaja un número excesivo de horas con riesgos para la seguridad y la salud, ataquemos este abuso. Sin embargo, no hay que quitar el derecho de los trabajadores a elegir por sí mismos si quieren o no trabajar más horas. 
Ole Christensen (PSE ).
   – Señora Presidenta, si queremos que se cumplan los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es necesario mejorar la situación social y del desempleo en Europa. Hay que suprimir de una vez por todas la cláusula de con respecto a la semana de 48 horas. Ningún país tiene que estar exento de las normas que rigen el tiempo de trabajo y tener, por lo tanto, un mercado laboral donde los trabajadores estén expuestos a semanas laborales imposibles y agotadoramente largas. La cláusula de no contribuye en modo alguno a una Europa social. Abre el camino a la competencia social desleal, donde los países pueden escoger las normas que quieren seguir. Esto no es la forma de avanzar para Europa. No podemos ni tenemos que competir con salarios bajos ni largas jornadas laborales. Los habitantes de Europa han de sentir que la Unión Europea se toma en serio sus intereses. Todos los estudios demuestran claramente que las semanas laborales largas son perjudiciales tanto para la seguridad como la salud. Una semana laboral de 48 horas que tenga mejores definiciones del tiempo de trabajo y tiempo recreativo y que pide a las empresas que tenga en cuenta las vidas familiares de los trabajadores, incrementará las opciones de los trabajadores. Si se vota a favor del informe de la Comisión, demostraremos al pueblo de Europa que queremos una Europa social y justa. 
Anja Weisgerber (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, para reactivar el proceso de Lisboa, la Comisión Barroso se ha comprometido públicamente a reducir la burocracia y promover la desregulación, y esta Cámara tiene que apoyarle en este empeño. Mañana podremos dar un paso en la buena dirección votando a favor de una revisión flexible y progresista de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Una directiva europea tiene que dar, por definición, a los Estados miembros el espacio creativo y la flexibilidad necesaria para aplicarla a su manera y, por lo tanto, nuestro principal objetivo, a escala europea, solo tiene que establecer los principios rectores.
Si se acepta la propuesta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es decir, si la totalidad del tiempo empleado en atención continuada se trata, en principio, como tiempo de trabajo, y si se suprime la cláusula de , esto creará un obstáculo considerable para alcanzar sistemas de trabajo flexibles en toda Europa. Esto no es lo que yo consideraría una solución moderna. No puede ser justo que tengamos que establecer que hay que aplicar a los trabajadores implicados el principio de que el tiempo de atención continuada se considere en su totalidad tiempo trabajado, puesto que no es probable que hagan un esfuerzo excesivo, por ejemplo, los bomberos, los trabajadores de asistencia a la juventud y el personal de centros de rehabilitación, ya que el tiempo de atención continuada en estos casos implica estar inactivo la mayor parte del tiempo. 
Por este motivo defendemos que se definan distinciones entre los diferentes tipos de servicio con períodos de atención continuada. Dejemos que sean los hospitales, los médicos, los servicios de incendios y los trabajadores de la juventud, junto con los interlocutores sociales locales, quienes decidan entre ellos qué tipo de acuerdos laborales son adecuados para ellos. Votemos por dar a los trabajadores la libertad de elegir. Optemos por la flexibilidad, cosa que exige la cláusula de , períodos de referencia más largos y una diferenciación adecuada entre los diferentes tipos de turnos de disponibilidad localizada. Por estos motivos pido su apoyo para nuestras enmiendas 26, 27 y 32, junto con las enmiendas 29 y 30 sobre servicios con períodos de atención continuada. 
Kósáné Kovács, Magda (PSE ).
   – Señora Presidenta, revisar la directiva exige algo más que una simple medida legal. Como sabemos, es en el centro de trabajo donde la ley y la práctica más difieren. Cuantos más medios necesita movilizar un país para ponerse a la altura de los demás, más grande es la distancia entre la normativa y la realidad.
En los nuevos Estados miembros, la duración del tiempo de trabajo está escasamente por encima de la media europea, pero el número real de horas trabajadas anualmente es de 112 más, casi tres semanas más, que en los Quince. Por lo tanto, es especialmente importante que establezcamos límites bien definidos para el tiempo de trabajo. La participación coherente de los interlocutores sociales en la creación de normas locales es importante, y también lo es la mejora de los mecanismos de supervisión tanto a escala comunitaria como de los Estados miembros. La propuesta de compromiso del Parlamento promete que el papel de los sindicatos será más importante, no dejará sola a cada persona y mediante la supervisión del cumplimiento por parte de los Estados miembros con garantías, establecerá una práctica coherente en el mercado laboral. 
Vladimír Špidla,
   . Señora Presidenta, Señorías, aunque la Comisión no está de acuerdo con el Parlamento en todo, el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales deja muy claro que compartimos el mismo deseo de buscar un amplio consenso que proteja a los trabajadores y contribuya a lograr la flexibilidad necesaria.
Antes de que me centre en las enmiendas individuales con más detalle, quiero hacer una serie de comentarios más generales. En primer lugar, observaré que esta propuesta de directiva es una propuesta de modificación de una directiva. La directiva original, que ya está en vigor desde hace 10 años, ha de modificarse oportunamente, en particular porque en la propia directiva está previsto que se puedan introducir enmiendas en el futuro.
Asimismo, quiero hacer hincapié en que esta Directiva tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Su objetivo no es, por lo tanto, reorganizar el tiempo de trabajo, sino proteger a los trabajadores, al mismo tiempo que mantiene la flexibilidad tan necesaria exigida por la Estrategia de Lisboa y por la vida moderna. Las cuestiones que componen el telón de fondo de esta Directiva son extremadamente complejas. Incluyen el envejecimiento de la población, que exige una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida social. Tal como he destacado, la Directiva se refiere a la protección del tiempo de trabajo. No dudo en afirmar que el tiempo de trabajo tiene una influencia general en la seguridad y la salud en el trabajo. Actualmente se plantea una prolongación de la vida laboral debido a la evolución demográfica de la sociedad, y no hay duda de que las personas necesitan llegar al final de sus vidas laborales con buena salud.
El debate que acabamos de escuchar abarca una serie de propuestas básicas que quiero abordar con más detalle. Empezaré con la propuesta de una prolongación del período de referencia para calcular la semana laboral media máxima de 48 horas.
Como sabrán, la Comisión propone que las cosas se dejen tal como están, en otras palabras, que el período de referencia «estándar» continúe siendo de cuatro meses, con la opción de prolongarlo a doce meses mediante convenios colectivos. La Comisión quiere garantizar que se aplican las mismas condiciones a todos los Estados miembros, independientemente de cómo se organicen las relaciones entre los interlocutores sociales y, por lo tanto, propongo que también sea posible prolongar este período de referencia a través de la legislación.
Me alegra ver que la posición del Parlamento no difiere en gran manera de la de la Comisión sobre este asunto y, de hecho, la propuesta del Parlamento ofrece una mejor garantía de que esta ampliación sea posible. Por lo tanto, puedo decirles que la Comisión acepta casi todas las propuestas del Parlamento en este sentido, con la excepción de la de establecer que el período de referencia solo se pueda prolongar por la vía legislativa si el trabajador en cuestión ya está amparado por convenios colectivos.
La Comisión no cree que los convenios colectivos tengan que verse favorecidos hasta el punto de que se niegue el uso de la legislación en supuestos en que o bien no se ha discutido el periodo de referencia, o bien no se ha alcanzado un acuerdo.
La Comisión no acepta la posición del Parlamento con respecto a los períodos de atención continuada, aunque aprecia la preocupación del Parlamento.
Quiero dejar bien claros nuestros puntos de vista sobre esta cuestión. El objetivo básico de la propuesta de la Comisión es dar una garantía de seguridad jurídica, y estoy seguro de que no es necesario que les recuerde que este problema ha surgido a raíz de la manera en que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha interpretado el concepto de «tiempo de trabajo». La Comisión ha decidido no considerar «tiempo de atención continuada inactiva» como tiempo de trabajo a efectos de seguridad y salud en el trabajo, para que los Estados miembros sean libres de tomar las medidas que crean que van a proteger mejor la seguridad y salud de los trabajadores.
No creo que la propuesta del Parlamento, tal como se establece en la enmienda 10, proporcione el mismo nivel de seguridad jurídica, y puede muy bien dejar la puerta abierta a otras sentencias que darán lugar a una aún mayor inseguridad jurídica.
Sin embargo, aprecio mucho la preocupación del Parlamento, que ha esbozado en el proyecto de informe. Por lo tanto, la Comisión modificará su propuesta de tal manera que garantice que los trabajadores en tiempo de guardia estén mejor protegidos. No se autorizará la inclusión del período inactivo del tiempo de atención continuada en el período de descanso diario de 11 horas y el período de descanso semanal de 24 horas.
Ahora quiero decir unas palabras sobre la delicada cuestión de los individuales. Aunque tanto el Parlamento como la Comisión son críticos a la hora de aplicar en la práctica esta disposición, las dos instituciones mantienen puntos de vista diferentes sobre su futuro. La Comisión propone que se revise la cuestión, mientras que el Parlamento pide que se suprima la cláusula de exclusión voluntaria tres años después de que entre en vigor la Directiva.
La Comisión no acepta esta propuesta tal como está. Sin embargo, está dispuesta a debatirla y a trabajar junto con los legisladores, quienes están divididos sobre esta cuestión, para hallar el mejor compromiso posible. Sé que esta es una cuestión muy política, y también una cuestión de principio. En vista de ello, la Comisión seguirá manteniendo un diálogo intensivo con el Parlamento.
Ahora me gustaría exponer la posición de la Comisión sobre las distintas enmiendas.
La Comisión acepta las enmiendas 2, 3, 12, 13 y 17 en su totalidad, ya que mejoran el texto de la propuesta o la clarifican. Una de ellas introduce una disposición relativa a la mejora de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, que considero que es una cuestión fundamental.
La Comisión acepta las enmiendas 1, 4, 8, 11, 16, 18, 19, 24 y 29, ya sea en principio o a condición de que se redacten de modo distinto. En particular, quiero llamar la atención de la Cámara a las enmiendas 16 y 18, sobre el descanso compensatorio, y la enmienda 19, sobre el período de referencia.
La Comisión no acepta las enmiendas 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25 a 28 y 30 a 52, algunas de las cuales se refieren al individual del que ya he hablado. Como he dicho antes, la Comisión pretende buscar una solución de compromiso para esta cuestión. Las demás enmiendas tratan de asuntos que la propuesta original de la Comisión no abarca, como por ejemplo el apartado 1 del artículo 17 sobre la excepción para ejecutivos dirigentes.
En conclusión, quiero agradecer al Parlamento la alta calidad del debate que se ha mantenido sobre esta propuesta. El diálogo entre la Comisión y el Parlamento me ha permitido exponer con confianza que la directiva que ahora tenemos, y que sirve de símbolo de una Europa social, protege aún más la salud y la seguridad de los trabajadores, al tiempo que garantiza que estos últimos no estén expuestos al peligro que implica la organización flexible del tiempo de trabajo exigido por nuestros empresarios. Por lo tanto, contribuye a crear un modelo social europeo más sólido y moderno. 
La Presidenta.
   Gracias, señor Comisario. Gracias también por ser tan paciente con esta Cámara y por intervenir en condiciones más difíciles de lo que es habitual. 
Señor Davies, ¿es absolutamente necesario que intervenga usted sobre la observancia del Reglamento, teniendo en cuenta que está a punto de empezar la votación? 
Chris Davies (ALDE ).
    Señora Presidenta, se ha pedido a los diputados a este Parlamento que vinieran a votar a las 11.30 de la mañana y no es culpa de ellos que se haya malgastado su tiempo, sino de la Presidencia. No es culpa suya, ya que usted no es responsable de cada detalle, pero ¿cuándo procederá la Presidencia a programar los debates como es debido? 
La Presidenta.
   Señor Davies, la Mesa tomará nota, pero también es culpa de la propia Asamblea. He tenido que estar constantemente pidiendo orden para lograr cierta tranquilidad de forma que los oradores pudiesen intervenir. También es culpa de algunos Grupos políticos, ya que las intervenciones de un minuto siempre superan ese tiempo. Esto puede tratarse en la Conferencia de Presidentes. Me complacería eliminar las intervenciones de un minuto y sustituirlas por intervenciones de dos minutos. Podemos tratar el tema, pero tenemos que llegar a un acuerdo al respecto.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana. 

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Ian Hudghton (Verts/ALE )
   , . Señor Presidente, este informe no ha provocado controversias en la comisión, sino que ha sido aprobado por unanimidad y sin enmiendas. Por lo tanto, puede que se pregunten ustedes por qué quiero comentarlo ahora. No debemos dejar que este hecho oculte lo que constituye un exhaustivo trabajo de la Comisión, dando sentido a un documento de 25 años de antigüedad que ha sufrido numerosas revisiones. Este se ha refundido en un documento de unos 300 artículos, que ahora es comprensible y que por lo tanto puede aplicarse mejor. Nada de lo recogido en él requiere que se introduzcan cambios en la legislación de ningún Estado miembro. Sin embargo, garantiza que todas las adiciones de tratados de adhesión y demás se incorporen en un documento, cosa que es útil.
Como persona que con frecuencia ha sido crítica con la Comisión Europea, es razonable que en esta ocasión deje constancia de nuestra gratitud y felicite a los funcionarios de la Comisión que han realizado esta labor y lo han hecho muy bien.

Louis Michel,
   . Señor Presidente, la Comisión, si bien lamenta el resultado de la votación, ha tomado buena nota de la posición expresada por la mayoría de los diputados.
Conforme al acuerdo marco existente entre el Parlamento y la Comisión, este punto va a ser planteado en el seno de la Comisión para examinar con toda atención su en estas circunstancias.
Señor Presidente, la Comisión informará próximamente y de forma adecuada al Parlamento de los resultados de estas consideraciones.
El Presidente.
   – El informe se remite a la comisión de conformidad con el apartado 3 del articulo 52 del Reglamento.
Se suspende la votación y se reanudará después de la sesión formal. 

El Presidente.
   Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión dedicada a la visita oficial del Presidente de Afganistán, señor Hamid Karzai.
Scharele President Karzai, amadané schoma ra bâ Párlemané Europa khosh amdadid megoyém, lo que quiere decir que damos la bienvenida al Parlamento Europeo al Presidente Karzai.
Señor Presidente, este Parlamento, como el resto del mundo, ha seguido muy de cerca los dramáticos acontecimientos que ha vivido su país durante el último cuarto de siglo. Pocos países han vivido una historia tan atormentada como la suya: la ocupación soviética, la guerra civil, la intervención militar internacional que siguió a los atentados del 11 de septiembre y ahora el difícil proceso de transición a la democracia en un país que tanto ha sufrido y que ha visto sus estructuras sociales, económicas y políticas profundamente transformadas.
Señor Presidente, queremos reconocer su sólido liderazgo, que ayuda al desarrollo de esta democracia embrionaria, primero con carácter provisional y, ahora, como Presidente elegido democráticamente en Afganistán. Reconocemos también los grandes riesgos personales que han afrontado usted y sus colegas de Gobierno.
Todos somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer. A veces las cámaras de televisión nos lo recuerdan con la dureza de sus imágenes, otras veces las cámaras se han ido, pero la realidad sigue allí; la concienzuda, lenta y metódica reconstrucción de un país devastado por décadas de guerra no atrae tanto a los medios de comunicación como la guerra misma. Sabemos, en el mundo occidental, la importancia que tiene el impacto del acontecimiento frente a la tarea cotidiana o los acontecimientos cotidianos, que solo tienen importancia cuando los medios los reflejan con dureza.
Sabemos también que la consolidación de la democracia no se consigue de la noche a la mañana, que no se cambia a las sociedades por decreto, que una cosa es garantizar los derechos de la mujer, por ejemplo, en una Constitución, y otra cosa es asegurar que esos derechos se respetan en las áreas más remotas de un país. Sabemos también del compromiso que tiene usted por la igualdad de derechos de la mujer, pero usted comprenderá también que, cuando hay acontecimientos concretos que remueven nuestras conciencias, la preocupación emerge. Esperemos utilizar la indignación que ello produce para aumentar nuestro compromiso con la tarea de reforma democrática y el progreso de su país. Estoy seguro de que usted también lo mencionará en su intervención. Queremos comprometernos con usted en ese proceso difícil de transición. Haremos todo lo posible para ayudarle en la creación de un país estable y democrático.
Por eso, esta Cámara, señor Presidente, espera con gran interés las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre y, tal como hemos hablado antes con usted, este Parlamento debería considerar seriamente la posibilidad de enviar una delegación para evaluar la situación actual, antes de que se celebren las elecciones, y enviar observadores después para seguir su desarrollo sobre el terreno.
Confiamos, señor Presidente, en que, después de las elecciones, podamos desarrollar unas estrechas relaciones interparlamentarias, precisamente porque confiamos en que la Unión Europea y Afganistán harán realidad su gran potencial de amistad y cooperación. Por todas estas razones y por la importancia que tiene el país al que usted representa, es un placer para mí y un honor para este Parlamento acogerle y darle la palabra.
Hamid Karzai
   , . Señor Presidente, señores diputados al Parlamento Europeo, Señorías, es un placer y un honor para mí dirigirme a tan distinguida audiencia, especialmente dado que esta es mi primera visita al Parlamento Europeo. Me da una gran confianza en el futuro de Afganistán y de nuestra región ver a los países de Europa aquí reunidos en un espíritu de unidad y cooperación. No hace mucho tiempo el telón de acero dividía a Europa en Este y Oeste. Sin embargo, hoy, este telón ha desaparecido y ha revelado un mosaico en el que cada pieza mantiene una identidad diferenciada, pero que en conjunto forma una entidad mayor.
Hace dos días, Europa celebró el 60º aniversario de la Victoria en el Día de Europa, el aniversario del nuevo comienzo de Europa. Aunque en el pasado los conflictos europeos tuvieron implicaciones mundiales, en la actualidad la cooperación europea mejora la vida de las personas y es fuente de admiración en todo el mundo.
Durante la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, contaron ustedes con garantías de seguridad, el Plan Marshall, además de un compromiso internacional a largo plazo. Nosotros, el pueblo de Afganistán, también estamos agradecidos por el respaldo económico y la seguridad internacional que hemos recibido durante los últimos tres años. Concretamente, la Unión Europea es una de las entidades que más han apoyado a Afganistán. Les agradecemos sus generosas contribuciones, el envío de tropas de sus naciones y la ayuda técnica que han proporcionado y siguen proporcionando. Por encima de todo, ustedes nos muestran cuál podría ser el futuro de nuestra región: un futuro de paz, unidad y cooperación.
Afganistán era uno de los países menos desarrollados, incluso antes de que fuese invadido por la antigua Unión Soviética. Diez años de lucha contra la invasión soviética, seguidos de más de una década de interferencias extranjeras y conflicto entre facciones, empobreció todavía más a nuestro país. Nuestra infraestructura se vio prácticamente destruida, nuestras comunidades devastadas y nuestras instituciones estatales inutilizadas.
Sin embargo, los largos y oscuros años de sufrimiento no empañaron nuestras aspiraciones de construir un Afganistán estable, democrático y próspero. Dada la oportunidad de 2001, el pueblo de Afganistán comenzó con entusiasmo el proceso de reconstrucción de nuestro país. Hoy contamos con una constitución ilustrada y progresista que salvaguarda los derechos humanos, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, establece una economía de mercado libre y crea un marco para un gobierno responsable.
El pasado octubre se celebraron las primeras elecciones presidenciales de nuestra historia en las que participaron más de ocho millones de personas. El éxito de las elecciones ilustró de forma gráfica la derrota del terrorismo en Afganistán.
Concretamente, la participación masiva de las mujeres de Afganistán, el 42 % de los votantes a escala nacional, demostró categóricamente que había comenzado una nueva era de derechos políticos y sociales para las mujeres.
Quisiera contarles aquí una historia de la que fui testigo hace dos meses y medio. Hace dos meses y medio estaba comiendo con un grupo de ancianos tribales de una parte muy conservadora de Afganistán, y observé que con aquellos ancianos y con el clero había mujeres. Me dio la impresión de que las mujeres provenían de zonas urbanas del país y yo saludé a los jefes tribales por su nombre. Sabía el nombre de muchos de ellos y les dije: «Bienvenido, señor tal y cual, ¿cómo está usted?» Una vez que terminé de saludar a los hombres, dije a las mujeres: «Bienvenidas, me alegro de verlas». De pronto, una de las mujeres se levantó y dijo: «Señor Presidente, usted ha saludado a los hombres por su nombre, pero no a nosotras». Esto me sorprendió y dije: «Lo siento, pero no conocía su nombre». Ella dijo: «Usted sabe que ha sido elegido gracias a nuestro voto. La próxima vez que le vea espero que sepa mi nombre o no será elegido».
Este es el cambio en Afganistán del que estamos muy contentos.
La presencia de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, liderada por Europa desde el principio, nos ha proporcionado un entorno seguro para ejercer nuestros derechos políticos. Con la ayuda de Europa y otros países de la comunidad internacional, hemos preparado un nuevo cuerpo de policía formado por unos 50 000 hombres, además de una fuerza especial encargada de operaciones contra la droga. El nuevo ejército nacional afgano, en la actualidad formado por 20 000 hombres, asume cada vez mayores responsabilidades en el mantenimiento de la seguridad en todo el país. Estamos acelerando el proceso de desarme, desarmando tanto a fuerzas armadas regulares como a grupos armados . Más de 50 000 antiguos combatientes ya han sido desarmados y más del 95 % de las armas pesadas están a buen recaudo.
Se están realizando amplias reformas en otros sectores, incluido el servicio civil y judicial, es decir, la administración. Nuestro sistema judicial está recuperando su eficacia y su credibilidad mermadas por la guerra. Las instituciones del Gobierno y la sociedad civil se refuerzan progresivamente, transmiten más confianza a los ciudadanos, les prestan más servicios y más derechos de que disfrutar. La Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos prosigue su importante labor de promover los derechos humanos en todo el país. Gracias a la atmósfera política abierta en Afganistán, la prensa libre ha conocido un fuerte desarrollo y un gran éxito, como demuestra la publicación de más de 300 periódicos independientes, y la existencia de más de 30 emisoras de radio independientes y cuatro canales de televisión independientes en menos de dos años.
Nos hemos dado cuenta de que los avances políticos y de seguridad solamente pueden sostenerse con las correspondientes mejoras en el ámbito económico. Durante los últimos tres años hemos introducido una nueva moneda, estabilizado la inflación y promulgado numerosas reformas legales y administrativas destinadas a simplificar nuestros procesos aduaneros y de inversión. Gracias a ello, en Afganistán han entrado miles de millones de dólares de inversión extranjera. Determinados sectores, como el de la hospitalidad, los bancos y las comunicaciones móviles, se han visto especialmente beneficiados. Los salarios han aumentado, al igual que las transacciones y el comercio con los países de la región, especialmente Pakistán, Irán, Tayikistán, China y otros. Quisiera poner aquí un ejemplo de los cambios que se han producido. Hace tres años, el comercio de Afganistán con Pakistán ascendía a menos de 50 millones de dólares estadounidenses. El pasado año, este comercio –en menos de tres años– superó los 1 000 millones de dólares. En la actualidad, el comercio entre Pakistán y Afganistán asciende a 1 000 millones de dólares. Lo mismo se aplica a China y a otros países de la zona.
Hasta el momento se han hecho muchas cosas, pero aún quedan grandes retos ante nosotros. Los indicadores de desarrollo social de Afganistán siguen siendo lamentables: tenemos una de las tasas de mortandad infantil y una de las tasas de esperanza de vida del mundo; además de niveles inaceptables de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres. Tristemente, estos indicadores sociales sitúan a nuestro país cerca del nivel más bajo del índice de desarrollo humano: de hecho, en el quinto lugar empezando por abajo.
Se ha vencido al terrorismo como fuerza, pero sus residuos alteran nuestra paz y tranquilidad. Pese a que se han dado pasos clave para establecer un Gobierno efectivo, la capacidad de las nuevas instituciones para proporcionar seguridad y ayudar a sacar al pueblo de la extrema pobreza está lejos de ser suficiente. El cultivo de amapola y la economía de la droga todavía afectan a nuestras comunidades y siguen siendo obstáculos para la estabilidad de Afganistán.
Quisiera apartarme del discurso que había preparado para explicarles lo que está sucediendo en Afganistán con respecto a la economía de la droga, es decir, el cultivo de amapolas. Hace treinta años, cuando la antigua Unión Soviética invadió Afganistán, este país tenía una sociedad agraria en cierto modo acaudalada. Durante los años de conflicto, sequía y dificultades para el pueblo afgano, los hombres y mujeres –familias, padres, madres, hijas– no tenían esperanzas de futuro. Un padre y una madre no sabían si su hijo o hija estaría vivo o no al día siguiente; si tendrían comida o pasarían hambre. En esta situación, la gente destruyó los viñedos y los sustituyó por amapolas; destruyó las huertas de granados y las reemplazó por amapolas; destruyó las huertas de albaricoques y las sustituyó por amapolas, porque estas eran fáciles de cultivar –no necesitan mucho riego– y de vender. Por lo tanto, debido a la falta de confianza en el futuro y a la falta de medios, la sociedad se volcó en este fácil cultivo.
El año pasado iniciamos una acción contra el cultivo de amapolas, y las personas respondieron porque tienen más esperanzas de futuro: tienen más confianza en su país y en sí mismas. Esperamos que este año se produzca una considerable reducción del cultivo de amapolas en Afganistán, en gran parte de forma voluntaria. Mi esperanza, y la del pueblo afgano, estriba en que la comunidad internacional siga ayudándonos a reducir este cultivo en Afganistán y a sustituirlo por formas legítimas de agricultura. En otras palabras, a reemplazarlo por medios de vida alternativos, de forma que nuestro pueblo pueda volver a cultivar viñas, granados, albaricoques y demás productos agrícolas que sabe cultivar de modo excelente.
Afganistán produce las mejores granadas, los mejores alimentos; puede competir en mercados internacionales. Les ruego que sigan ayudándonos a proporcionar de nuevo una economía legítima al pueblo afgano. Nadie desea tener mala fama en el mundo y Afganistán no es una excepción. Afganistán desea vivir una vida honorable, en la que pueda volver a generar sus propios ingresos legítimos. Les agradezco lo que han hecho por nosotros hasta el momento, pero por favor, sigan ayudándonos.
Las elecciones parlamentarias de septiembre marcarán la culminación del proceso de Bonn en Afganistán. La constitución afgana establece que al menos el 27 % del Parlamento afgano deben estar formado por mujeres.
Sin embargo, aunque hayamos cumplido todos los criterios establecidos en el Acuerdo de Bonn para finales de septiembre, tan solo nos encontraremos al principio de un largo camino para alcanzar la visión establecida para Afganistán en ese documento. Por lo tanto, el fin del proceso de Bonn no debe constituir el fin de su compromiso y su respaldo a Afganistán, sino el inicio de una asociación a largo plazo más amplia. El final del proceso de Bonn no significará el éxito de Afganistán o el éxito completo de Afganistán. El fin del proceso de Bonn, la constitución del parlamento, sentará las bases para el éxito de Afganistán, pero no constituirá un éxito de por sí. El éxito tardará muchos más años en conseguirse, para lo que necesitamos su ayuda.
Necesitamos el respaldo de Europa y la garantía de que nuestro país seguirá recibiendo ayuda de forma sostenible. Concretamente, mientras deliberan ustedes aquí sobre los futuros compromisos internacionales de la Unión Europea, espero que vean la necesidad de garantizar ayuda multianual para Afganistán a fin de respaldar nuestros esfuerzos por reconstruir nuestro país.
También necesitamos que las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Japón y otros países que nos han ayudado hasta el momento reafirmen su compromiso de asociación con Afganistán: una asociación que es esencial si queremos conseguir una estabilidad, democratización y desarrollo duraderos.
Permítanme aprovechar esta oportunidad para darles de nuevo las gracias, en nombre del pueblo afgano, por el generoso respaldo que la Unión Europea, uno de los mayores donantes a Afganistán, ha proporcionado durante los últimos tres años. El pueblo de mi país está especialmente agradecido a sus hijos e hijas uniformados que sirven valientemente en nuestro país. A aquellos que han entregado sus vidas para proporcionarnos seguridad, les ofrecemos una vez más nuestra gratitud, nuestras oraciones y nuestra promesa de que nunca lo olvidaremos.
Hoy en Afganistán, un país que no hace mucho tiempo estaba totalmente aislado del mundo, está sucediendo algo sin precedentes. En un genuino espíritu de cooperación, personas de todas las partes del mundo, de distintos credos, culturas y orígenes, están trabajando conjuntamente para ayudar a proporcionar seguridad a las vidas del pueblo afgano y a reconstruir nuestro país. Está claro que sin esta cooperación los afganos nunca habrían conseguido lo que han logrado en los últimos tres años.
Afganistán necesita hoy tanto su ayuda como Europa la necesitaba hace 60 años. Entonces un compromiso a largo plazo de sus amigos de todo el mundo les dio el apoyo que necesitaban para reconstruir sus países y sus vidas. Hoy les pedimos la misma oportunidad. Gracias por lo que han hecho por nosotros hasta el momento. Les estamos muy agradecidos.

Nicola Zingaretti (PSE ).
   –Señor Presidente, Señorías, pido la palabra para llamar la atención sobre lo dispuesto en el artículo 9 en relación con las normas de comportamiento y el código de conducta de este Parlamento, puesto que hoy han aparecido en esta Cámara banderas de una nación que no existe,Padania, así definida por el señor Borghezio.
Quisiera deplorar este acto, que ofende a mi país, Italia, al que estoy orgulloso de representar. Me pregunto si la Presidencia no piensa intervenir ante la ofensa que se hace a uno de los Estados miembros con la presencia en este Parlamento de banderas de un Estado o una nación que no existe y no está reconocida en ningún organismo internacional.
Espero que todos los diputados italianos se unan a mí para denunciar esta ofensa a nuestro país.
Alexander Radwan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tras la convincente intervención del Presidente Karzai, por la que nuestro Presidente no se ha visto obligado a darle las gracias, quiero agradecerle que se haya dirigido a esta Cámara.
Mario Borghezio (IND/DEM ).
   –Señor Presidente, Señorías, intervengo solo para recordar a todos los diputados a este Parlamento –también al que acaba de hablar– que hasta la caída del Muro de Berlín había en Europa muchas naciones sin Estado y que, algún día, el derecho de autodeterminación permitirá también a Padania ser una nación con su propio Estado.
El Presidente.
   – La mesa está examinando esta cuestión y sin duda tomaremos una decisión sobre el asunto. 

Gyula Hegyi (PSE ),
   . Señorías, lamento quitarles dos minutos de su tiempo de almuerzo, pero tengo que presentar una enmienda oral. Este es uno de los primeros informes realizados por un nuevo diputado de un nuevo Estado miembro. Quisiera darles las gracias por la ayuda que he recibido en este trabajo.
Quisiera dar especialmente las gracias a mis colegas franceses, de distintos Grupos políticos, que me han prestado ayuda de forma muy activa. Justo antes de que se celebre el referendo francés, es importante comprender la importancia del papel de primera línea de Francia en la conservación del patrimonio cultural común de Europa. Pueden estar orgullosos de su país.
Mi objetivo era conseguir un acuerdo en primera lectura y la Presidencia de Luxemburgo se ha mostrado muy favorable y activa en este sentido. Si los diputados aprueban mis enmiendas presentadas conjuntamente con los Liberales y los ponentes alternativos del PPE-DE, se alcanzará un acuerdo en primera lectura en el Consejo de Ministros de mayo.
Tengo una enmienda oral a la enmienda 59. Hay dos palabras que añadir: «La adopción, en un plazo de dos años tras la aprobación de la presente Recomendación, de medidas legislativas, administrativas –y aquí viene la enmienda oral– o de otro tipo adecuadas»...
Gracias por su ayuda y comprensión. 


Romano Maria La Russa (UEN ).
   –Señor Presidente, Señorías, quería intervenir para comunicarles que habría retirado la enmienda 12, pero esta caduca, al igual que la enmienda 10, porque de hecho han sido aceptadas ya por el Parlamento y la Comisión. Mantengo, en cambio, la enmienda 11, que hace referencia a los controles contra el tráfico de estupefacientes, la falsificación de mercancías y, sobre todo, la inmigración ilegal.

Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    En principio apoyamos una asociación más estrecha con la República de Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la República de Albania con la UE. Una vez que estos países cumplan plenamente los criterios de Copenhague, deberían convertirse en Estados miembros. Sería la consecuencia natural de la ampliación que se inició en mayo de 2004.
Los Acuerdos marco de la UE, concebidos para preparar a los países para su adhesión, tienen que concentrarse en la mejora de la administración pública, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y el combate contra la corrupción. Los países implicados no deben aclimatarse a la política agrícola onerosa y perjudicial de la UE.
La ampliación de la UE no debe ser una excusa para dejar de reformar y, con el tiempo, suprimir la Política Agrícola Común. Una UE ampliada de hasta 35 Estados miembros exige una reforma exhaustiva de la política agrícola. 
Queiró (PPE-DE ),
   He votado a favor de este informe porque creo que los Acuerdos marco en cuestión forman parte, a escala mucho más amplia, de lo que tiene que ser la política europea sobre cooperación con sus países vecinos, incluidos los países cuyo pasado reciente y perspectivas futuras justifican el apoyo y una estrecha cooperación con la Europa de los 25.
Wohlin (IND/DEM ),
    Si Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Albania cumplen alguna vez en el futuro los criterios para su adhesión a la UE, serán bien acogidos como Estados miembros. Sin embargo, el Parlamento Europeo no debe adoptar una posición sobre un Acuerdo marco antes de que exista un fundamento claro para los compromisos financieros que deben otorgarse mediante un acuerdo de este tipo a otros Estados miembros. El documento en cuestión también tiene que indicar qué tipos de ayuda y subsidios supondría un Acuerdo marco.
La experiencia de anteriores Acuerdos marco demuestra que un voto positivo genera presión política a partir de ese momento para apoyar toda forma concebible de ayuda y subvención. Hasta la fecha, a menudo se ha tratado de que los países se acostumbraran a un sistema de la Unión Europea que tiene que reformarse. Varias formas de ayuda para la adaptación, por ejemplo, al sistema agrícola de la UE son solo un ejemplo. A la larga, no se ayuda ni a la UE ni a los Estados miembros potenciales mediante la adaptación a un sistema que crea dependencia de las subvenciones. Por lo tanto, he votado en contra del informe y espero que la Comisión volverá con un cálculo financiero y un documento básico que defina claramente qué formas de ayuda estarán disponibles una vez que se haya firmado un Acuerdo marco. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
    Al mejorar y armonizar las herramientas estadísticas utilizadas por la UE, estaremos en condiciones de adquirir un mejor conocimiento de la realidad social en los Estados miembros y gracias a ello, en principio, podremos ayudar al Consejo y a la Comisión en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Por el momento, toda información sobre la exclusión social es escasa, se suministra tarde, no está desglosada ni abarca las cuestiones de género, tal como he propuesto.
Por consiguiente, esperamos que la Comisión aporte más indicadores, que sean mejores y más rápidos, para que podamos adquirir un mejor conocimiento de la situación. Al hacerlo, podemos actuar de forma eficaz y oportunamente, ya que la UE y los Estados miembros tienen que dar respuestas estructurales, con carácter de urgencia, para subsanar una situación en la que existen casi 70 millones de personas que viven en la pobreza, y donde existe una enorme desigualdad económica y un elevado desempleo. 

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Hemos votado a favor de la propuesta de este informe de que la UE (CE) suscriba este Convenio Internacional. En general, somos escépticos sobre que la UE como tal suscriba convenios internacionales, pero, debido a que organizaciones intergubernamentales pueden acceder a este convenio y debido a que también creemos que la adhesión de la UE mejorará el mercado interior en este ámbito, votamos a favor del informe. 
Queiró (PPE-DE ),
   El que la UE se haya adherido a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es un paso positivo para que encuentre el buen equilibrio entre los intereses de los cultivadores y de los agricultores en cuanto a la protección razonable de los derechos de propiedad de los cultivadores relativos a las obtenciones vegetales. Por este motivo, y porque creo que los intereses portugueses estarán de esta manera protegidos, voy a votar a favor. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   Existe un acuerdo con carácter general sobre este informe, dada la necesidad de prorrogar las medidas transitorias hasta que entre en vigor un nuevo paquete de medidas destinadas a combatir la EEB. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la ponente de dividir en dos el proyecto de reglamento. En primer lugar, el informe propone modificar el Reglamento (CE) nº 999/2001 para prorrogar las medidas transitorias hasta el 1 de julio de 2007, con el fin de dar tiempo para el debate necesario sobre las dos medidas.
Así pues, se pide que se elabore un nuevo reglamento, que englobe las enmiendas en el contenido del Reglamento (CE) nº 999/2001, o dicho de otro modo, las enmiendas a las normas para la prevención, control y erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, dado que estas enmiendas exigen un conocimiento en profundidad de la situación actual, los progresos realizados en clasificar a los países, los progresos científicos y un debate profundo sobre la revisión del reglamento en cuestión. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
    Hemos votado a favor del informe que concluye el acuerdo entre la CE y Suiza sobre la participación de esta última en la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET).
El objetivo del acuerdo y de la participación suiza es proporcionar información objetiva, fiable y comparable sobre el medio ambiente. Se concederá a Suiza la categoría de observador sin derecho a voto, se le tratará en igualdad de condiciones en cuanto al suministro de datos, información y análisis medioambiental, y establecerá una infraestructura para suministrar datos uniformes sobre el estado del medio ambiente.
Este acuerdo facilitará y hará más estricto el suministro de información fiable y comparable sobre el estado del medio ambiente en Europa. También apoyaré la evaluación integrada y la notificación medioambiental de los ecosistemas que comparten Suiza y sus países vecinos. 
Queiró (PPE-DE ),
   La situación de la UE, sus Estados miembros y Suiza, en cuanto a la importancia geográfica y económica y las relaciones establecidas en varios campos, justifica –en realidad exige– la participación de Suiza en la Agencia Europea del Medio Ambiente. En este contexto, como en otros, tratar con la realidad práctica trasciende las fronteras geopolíticas. 

Gollnisch (NI ),
   . –Señor Presidente, Señorías,
Hemos votado en contra del informe del señor Hudghton sobre la refundición de las múltiples directivas del IVA porque solo se trata, en efecto, de una refundición sin modificación del fondo de textos cuyos principios uniformizadores y que vulneran la autonomía fiscal de los Estados rechazamos en su momento.
En este texto no vemos libertad para que los Estados puedan fijar libremente la fiscalidad de las actividades puramente localizadas, como la restauración, que no tienen ninguna incidencia sobre la competencia europea. No vemos ninguna permanencia en la aplicación de tipos reducidos de IVA al trabajo.
En cambio, vemos que los Estados seguirán teniendo que suplicar a Bruselas para modificar sus tipos de IVA. Vemos que todavía no son libres de elegir los sectores o productos sujetos a un determinado impuesto.
Sobre todo, vemos que el anuncio efectuado, a tres semanas del referendo francés, de bajar el IVA sobre la restauración es un último y lamentable intento de comprar el voto de los franceses. No se ha hecho nada, no se ha decidido nada.
Basta ya de mentiras y falsas promesas.
Queiró (PPE-DE ),
    Dado que no existen enmiendas sustanciales al sistema del IVA establecido en la Sexta Directiva, que ha sido objeto de una serie de enmiendas, he votado a favor. Sin embargo, continuaré expresando mi opinión sobre varios campos que quedan dentro del ámbito de aplicación, cuando llegue el momento en deliberaciones sobre estos asuntos. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   Este informe rechaza la propuesta de la Comisión relativa a la cofinanciación de medidas de ayuda al mercado en caso de brotes de enfermedades infecciosas como la fiebre aftosa o la fiebre porcina clásica. En este sentido, estoy plenamente de acuerdo con el ponente y las propuestas que ha formulado. Sin embargo, donde diferimos es en sus motivos para rechazar la propuesta de la Comisión; por ejemplo, el informe menciona el efecto potencial negativo de la propuesta en la Política Agrícola Común y en las condiciones de competencia en la agricultura europea. Aunque esto es cierto, no es la razón principal para votar en contra de la propuesta de la Comisión.
Además de proporcionar ayuda a los agricultores en caso de brotes de enfermedades infecciosas, en forma de medidas financieras prácticas para establecer la igualdad de condiciones en el mercado para los agricultores de todos los Estados miembros, la UE también tiene que actuar para impedir este tipo de enfermedades mediante la ayuda a los agricultores, en particular aquellos que disponen de menos recursos.
Es bien conocido que nos oponemos a la reforma de la Política Agrícola Común y a las medidas propuestas, dado el impacto en la agricultura portuguesa y, en especial, en las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y las familiares. 
Goudin y Lundgren (IND/DEM ),
    La tarea de la UE es resolver los problemas transfronterizos. Uno de ellos es la propagación de enfermedades veterinarias infecciosas. Por lo tanto, votamos a favor del informe.
Combatir la propagación de enfermedades veterinarias infecciosas en el marco de la UE no es motivo, sin embargo, para seguir aplicando una Política Agrícola Común (PAC) onerosa y perjudicial. Creemos que la financiación de la PAC debería nacionalizarse. 
Queiró (PPE-DE ),
   El informe señala con razón que la propuesta de la Comisión no solo dará lugar a la desigualdad en la agricultura, sino que también parece formar parte de una cuestión más amplia sobre la nacionalización de la Política Agrícola Común, sobre la que el debate está lejos de haber concluido. La decisión acertada es, por lo tanto, rechazar la propuesta de la Comisión y pedirle que presente otra. 

Aylward (UEN ),
   . Fianna Fail y el Grupo UEN no respaldarán hoy las enmiendas relativas a:
(a) La eliminación de una nueva clasificación de «suficiente» introducida y acordada en el Consejo durante la Presidencia irlandesa en junio de 2004 en el Anexo I 
y
(b) La eliminación de la distinción entre aguas insulares y costeras, también acordada en el Consejo por la Presidencia Irlandesa.
Conforme a la Directiva vigente de 1976 (76/160/CEE), la mayoría de los Estados miembros respaldan la clasificación de «suficiente», dado que establece normas realistas y aplicables con un requisito mínimo legalmente vinculante que se aplicará a todas las aguas de baño de cada Estado miembro. Por otra parte, considero que será un trampolín y un fuerte incentivo para trabajar por la consecución de la clasificación de «buena» o «excelente».
Respecto a la clasificación de las aguas costeras, respaldamos la distinción entre estas y el agua dulce, ya que las aguas costeras tienen menores niveles de contaminación admisibles que las aguas de interior. 
De Rossa (PSE ),
   . Acojo con agrado este informe y las normas para el control y la clasificación de la calidad de las aguas de baño. No podemos permitirnos que se relajen las normas de calidad. Apoyo el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente a la propuesta de que la categoría del agua sea «suficiente» en lugar de adecuada. También rechazo cualquier relajación de las normas de calidad para las aguas interiores, en comparación con las aguas costeras.
Irlanda cumple aproximadamente el 98 % de lo estipulado en la actual Directiva, pero es evidente que no se está haciendo lo suficiente para garantizar que la calidad del agua sea adecuada, ni tampoco en el caso de las normas medioambientales en general.
La sentencia dictada el pasado mes por el TJCE, en la que afirmaba que Irlanda incumple la principal directiva comunitaria sobre gestión de residuos, constituyó una crítica irrefutable al historial medioambiental del Gobierno.
La Comisión ha confirmado también que Irlanda todavía no ha entregado su informe sobre la aplicación de la legislación europea sobre vertederos correspondiente a los años 2001-03. Además, la Comisión está estudiando la posibilidad de iniciar otros procedimientos de infracción.
Esta deficiente actuación del Gobierno irlandés nos proporciona pruebas más que suficientes de que la calidad de los controles medioambientales está muy lejos de ser buena y espero que la aprobación, en el día de hoy, del informe Maaten permita ampliar la presión sobre Irlanda para que mejore esa situación. 
Estrela, Madeira e dos Santos (PSE ),
   . Los diputados que suscriben el presente han votado en contra de la enmienda 27 del informe Maaten sobre la calidad de las aguas de baño, debido a que de acuerdo con estudios epidemiológicos existen diferencias entre las aguas costeras y las aguas continentales.
Según estos estudios, los peligros que entraña la contaminación fecal para los niños (el grupo más vulnerable) proceden de varias bacterias. Por lo tanto, tiene sentido mantener la diferencia entre las aguas costeras y las aguas continentales, que en realidad es lo que el Consejo ha propuesto.
Los diputados abajo firmantes han votado en contra de las enmiendas 5, 7, 8 12 y 32 porque están a favor de la existencia de la categoría de «suficiente» para clasificar a las aguas de baño.
Esta clasificación de «suficiente» posibilitará evaluar un tramo de aguas de baño sobre una base gradual y escalonada. Por consiguiente, si estas aguas cumplen la directiva, tendrán la oportunidad de ser promovidas a los niveles de «buena» y «excelente». 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   Hablando en términos generales, acogemos con satisfacción las enmiendas presentadas por el ponente a la Directiva sobre la gestión de las aguas de baño. Sin embargo, nos oponemos a eliminar la distinción entre aguas costeras y aguas continentales, ya que esto significaría que ciertas zonas de baño en Portugal, como las playas de ríos, se clasificarían como sucias, a pesar de que son adecuadas para que se utilicen, y no han dado lugar a problemas sanitarios públicos. Estudios epidemiológicos han demostrado que, de hecho, existen diferencias entre estos dos tipos de agua.
En este ámbito, como en otros, es por lo tanto esencial tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
En cuanto a la clasificación de «suficiente», solo sería aceptable si esto se hubiera considerado un requisito de calidad mínimo, que debería mejorarse en un plazo límite ajustado y concreto, lo que no ha sido así.
De modo similar, adelantar la fecha de clasificación da lugar a problemas con respecto a la Directiva marco sobre política de aguas. Acojo con satisfacción las medidas sobre información pública y planes de emergencia para zonas que se encuentran afectadas con regularidad por inundaciones y, por lo tanto, hemos apoyado estas propuestas. 
Freitas (PPE-DE ),
   . El 21 de abril, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó 34 enmiendas a la posición común del Consejo sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
Me opongo enérgicamente a la enmienda 27, que pretende eliminar la distinción entre «aguas costeras» y «aguas continentales» en el Anexo I. Portugal ha mantenido una clara distinción entre las dos, dado que estudios epidemiológicos han demostrado que existen diferencias con respecto a los indicadores de calidad y los niveles de actividad bacteriológica, utilizando una serie de métodos diferentes.
Por lo tanto, la conclusión es que si los indicadores de bacterias son diferentes y funcionan de forma diferente, los dos tipos de agua exigen unos criterios de evaluación epidemiológica diferentes.
No veo ninguna razón para tomar decisiones que van en contra de las recomendaciones hasta la fecha hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los estudios científicos sobre los cuales se basan estas recomendaciones, que indican que hay que hacer una distinción entre «aguas costeras y aguas transitorias», en especial debido a que en Portugal alrededor del 21 % de las aguas de baño que actualmente son conformes perderían su clasificación.
Por lo tanto, no puedo apoyar esta propuesta del Parlamento. 
Goebbels (PSE ),
   . –He votado en contra de todas las enmiendas del informe Maaten tendentes a una reglamentación excesiva. El público debe ser informado de la calidad de las aguas de baño, y su calidad ha de mejorar. Pero también hay que confiar en la inteligencia y el juicio de los seres humanos, en particular para la práctica de las actividades recreativas.
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    La normativa referente a los criterios que deben aplicarse a la calidad de las aguas de baño en los centros europeos de veraneo costero es un asunto que compete no a la UE, sino a cada uno de los Estados miembros. La propuesta del Parlamento no ha tenido en cuenta los principios de subsidiariedad ni de proporcionalidad.
Más allá de la posición que adoptemos por principio, dado que la gestión de la calidad de las aguas de baño no es algo que competa a la UE, consideramos que la propuesta del Parlamento es más burocrática y compleja que la del Consejo. Por lo tanto, hemos votado en contra de la recomendación actual.
El estado de las aguas de baño varía mucho en la UE y, por lo tanto, no es aconsejable adoptar una directiva que sea aplicable tanto a los países mediterráneos como a los países nórdicos, como por ejemplo Suecia.
Por consiguiente, nos oponemos a una serie de formulaciones, como por ejemplo la que estipula que es necesario establecer los planes de emergencia de manera que abarquen sucesos como inundaciones, accidentes o problemas de infraestructura, lo que podría repercutir en la calidad de las aguas de baño. No estamos a favor de las reglamentaciones detalladas que el Parlamento quiere introducir, como por ejemplo cuando establece que el alcance de la Directiva tiene que ampliarse para incluir más actividades recreativas. 
Marques (PPE-DE ),
   . Este informe sobre la calidad de las aguas de baño es muy importante para mi país. La costa portuguesa se extiende a lo largo de muchos kilómetros y el baño en las aguas es un pasatiempo muy popular. Lo mismo ocurre con algunas zonas de aguas de baño continentales.
Los requisitos que se deben cumplir para garantizar el uso seguro de las zonas de aguas de baño designadas abarcan no solo el acceso, las infraestructuras y la seguridad en las playas, sino también, cada vez más, la calidad del agua.
La calidad de las aguas de baño, por lo tanto, representa una cuestión sanitaria y un indicador importante de la calidad medioambiental y el desarrollo turístico.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la propuesta efectuada en el informe de descartar la distinción entre aguas costeras y aguas continentales, ya que existen diferencias entre estos dos tipos. También me opongo a la eliminación de la clasificación de «suficiente», que da a los Estados miembros un mayor espacio de maniobra en cuanto a la gestión de la idoneidad de las aguas de baño. La adopción de estas dos enmiendas tendría graves repercusiones para Portugal, dados los costes desproporcionados implicados con relación a las ventajas obtenidas. 
Martin, David (PSE ),
    Acojo con agrado este informe y espero que se produzcan nuevas mejoras de la calidad de las aguas de baño. Estoy convencido de que es necesario actualizar la Directiva vigente, que ya tiene casi 30 años.
Hay dos cosas que me preocupan. No deseo que se elimine la categoría «suficiente», puesto que esto haría que algunas playas quedaran relegadas a la categoría de «malas». Si fuera así, el público pensaría que las condiciones se han deteriorado, cuando en realidad no se habría producido cambio alguno. 
McAvan (PSE ),
   .  Los diputados laboristas deseamos que la calidad de las aguas de baño siga mejorando y acogemos con agrado la oportunidad de actualizar la directiva sobre aguas de baño casi 30 años después de su entrada en vigor. Sin embargo, no hemos apoyado las enmiendas en dos ámbitos clave.
En primer lugar, en cuanto a la eliminación de la calidad suficiente, los diputados laboristas no podemos apoyarla porque significaría que algunas aguas de baño que cumplen las normas actuales quedarían repentinamente clasificadas como «malas» (la calidad suficiente que se propone es dos veces más estricta para las áreas costeras que la actual calidad mínima). Esto resultaría confuso para el público. Es mucho mejor abordar la mejora de la calidad de una forma escalonada.
En segundo lugar, en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva para incluir las aguas recreativas: los diputados laboristas no podemos apoyar ninguna medida destinada a ampliar el ámbito de la directiva a las aguas recreativas. Esa ampliación sería impracticable y generaría costes que no se han calculado, ya que los deportes acuáticos se practican durante todo el año y no solo durante la temporada de baños y el número de puntos de control sería enorme. 
Queiró (PPE-DE ),
   Naturalmente, es necesario y conveniente proteger el medio ambiente con reglamentaciones más estrictas. Sin embargo, debido a que no es necesario que una política de esta naturaleza sea incompatible con el desarrollo y el crecimiento económico, las medidas que se tomen en este sentido no tienen por qué acabar, en nombre de la proteción incondicional del medio ambiente y la salud pública, perjudicando a la economía, en particular la industria turística, tan importante para Portugal.
En este informe, y más concretamente en algunas de las enmiendas que se presentan en el mismo, no se ha encontrado este equilibrio; lejos de ello, algunas de ellas no tienen ninguna base científica.
Por consiguiente, he votado a favor del informe pero en contra de las enmiendas que, a mi entender, repercutirían negativamente en los intereses nacionales razonables y justificables, como la disposición que descarta la categoría de «suficiente» en la evaluación de la calidad del agua, y la eliminación de la distinción entre aguas costeras y aguas continentales. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   Con esta propuesta de directiva se pretende facilitar las fusiones transfronterizas de sociedades de capitales, si bien acojo con satisfacción que no contemple las sociedades cooperativas.
Hablando en términos generales, el informe se ocupa más de las propias sociedades que de las repercusiones de la fusión en las vidas de los trabajadores y las regiones, si bien menciona que el proyecto común de la fusión tiene que incluir las repercusiones de la fusión en el empleo y el dictamen de los empleados. Sin embargo, no considera que este dictamen sea vinculante, y no contempla que se rechace la fusión si este dictamen es negativo.
Con respecto al derecho de participación de los empleados, existen algunas contradicciones, lo que significa que incluso algunos aspectos positivos serán difíciles, en definitiva, de poner en práctica, a la vista del contexto del que forman parte. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   Teniendo en cuenta que la cinematografía es parte integral de la cultura y que la cultura es primordial para el desarrollo de los seres humanos, hay que fomentarla y apoyarla con medidas prácticas y, en particular, financieras. La industria cinematográfica no debe considerarse exclusivamente una actividad económica, ya que la competencia tiene un efecto negativo y puede diluir los elementos culturales y educativos de la cinematografía.
Estoy de acuerdo con el ponente en que hay que conservar el patrimonio cultural de la cinematografía europea, «fomentando políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, en el campo de la conservación y restauración de obras cinematográficas», pero con una finalidad cultural y educativa, rechazando la competitividad como factor principal. El establecimiento de la «obligación legal» de depositar el original es otra medida que se acoge con satisfacción para la conservación de la memoria colectiva y la identidad de las personas.
Estas medidas tienen que formar parte de un marco de cooperación entre los Estados miembros, en el ámbito de la diversidad cultural que caracteriza las diferentes regiones, países y pueblos de Europa.
La obsesión por la competitividad socava la creatividad y la naturaleza artística, debido a las presiones del mercado y a las exigencias de los capitalistas, cuya mentalidad está orientada a la obtención de beneficios. Por lo tanto, hay que elaborar una política que establezca medidas prácticas que apoyen al sector audiovisual, lo que reducirá la dependencia del sector en el respaldo privado y hará que sea menos dependiente de las contradicciones inherentes al mismo. 
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Naturalmente, la preservación del patrimonio cultural es muy importante. Sin embargo, creemos que se trata de una cuestión que debe abordarse no por la UE, sino por los Estados miembros, y que podemos tener plena confianza en la manera en que estos tratarán esta cuestión. Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe, puesto que creemos que no era necesario que el Parlamento Europeo abordara para nada esta recomendación. 
Le Pen, Marine (NI ),
   . – proteger mejor el patrimonio cultural europeo, Europa quiere implantar medidas de conservación y protección excepcionales que permitan preservar el patrimonio cinematográfico y favorezcan la defensa de las identidades lingüísticas, culturales y artísticas de nuestro viejo continente.
Una de las recomendaciones propone extender el beneficio de las ayudas estatales al cine. Se trata, de hecho, de prolongar la «excepción cultural» y prorrogar este estatuto de excepción, que es la transposición exacta de lo que defendemos en Francia, es decir ¡la preferencia nacional! La Comisión ha decidido prorrogar por tres años el régimen actual de ayudas públicas a las obras cinematográficas y televisadas, aun cuando convenga evaluar y reformar estos dispositivos, que distan mucho de ser totalmente satisfactorios. 
En estas condiciones, ¿por qué limitar esta protección a la cultura y no hacerla extensiva al textil, la agricultura, la siderurgia, la construcción naval, etc.? 
¿Acaso la lógica internacionalista de la Comisión no condena en última instancia esta moratoria, que falsea la libre competencia? Solo una defensa clara de la preferencia nacional y europea preservará a Europa del ultraliberalismo mundial.
Malmström (ALDE ),
    He decidido votar en contra de este informe porque no creo que la UE deba ejercer un control sobre estas cuestiones culturales. El informe se inclina demasiado en interferir allí donde no le llaman. Pertenece a cada país individual gestionar la manera en que se regula una película. 

Goebbels (PSE ),
   . –Me he abstenido en la votación sobre la mejora de la protección de los puertos, porque este Parlamento, como de costumbre, ha sobrecargado y complicado inútilmente unos procedimientos que en cualquier caso entran en el ámbito de la subsidiariedad.
Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Naturalmente, es necesario que existan estrictos requisitos de seguridad para los puertos europeos. Lo reconocemos.
Sin embargo, nos preguntamos si existe algún peligro de que un Estado miembro, como pueden ser los Países Bajos, lleve mal la seguridad del puerto de Rotterdam, que es tan crucial para la vida económica del país. 
Esta directiva ha sido concebida de tal manera que existe el peligro de que dé un duro golpe a puertos más pequeños, lo que tendría como consecuencia que tuvieran que aplicar un número desproporcionado de medidas costosas para continuar sus actividades. Debido a que estos puertos a menudo están situados en regiones económicamente más débiles, esto conllevaría consecuencias lamentables para las regiones.
Queremos que esta directiva se revise y se adapte desde la perspectiva de los puertos más pequeños. 
Le Rachinel, Fernand (NI ),
   . –Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han situado la cuestión de la seguridad del transporte en primera línea del quehacer político. Los puertos, como eslabones esenciales de la cadena de transporte que comunica los flujos de mercancías y pasajeros por mar y tierra, deben ser objeto evidentemente, tal como propone la Comisión, de medidas de protección. No puedo sino aprobar una iniciativa como esta, como diputado europeo elegido de la gran región noroccidental, en la que están afectados más de una quincena de grandes puertos de comercio marítimo indispensable para la vida económica local y nacional.
Francia es sensible a este expediente, pues tiene tres fachadas marítimas especialmente bien expuestas. El Canal de la Mancha en el norte (los puertos de Le Havre, Dunkerque, Calais, Boulogne o Rouen), la costa atlántica (los puertos de Burdeos, Nantes, Saint-Nazaire o La Rochelle, que son puertos de entrada para el comercio con el este, el norte y el sur de Europa) y, por último, la costa Mediterránea (el puerto de Marsella-Fos).
Estas medidas de protección no deben limitarse evidentemente a las terminales portuarias, sino abarcar también el conjunto del puerto y de las actividades asociadas.
Marques (PPE-DE ),
   . Quiero felicitar a la señora Hennis-Plasschaert por su informe importante y oportuno sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de mejora de la protección portuaria, que apoyo plenamente, en especial la propuesta de establecer un nivel de protección común en todos los puertos comunitarios. Sin embargo, los Estados miembros tienen que ser libres de establecer diferentes niveles de protección acordes con el volumen de riesgo en los puertos, y definir el perímetro de cada puerto conforme a esta Directiva y sus zonas adyacentes.
También creo que es crucial examinar los costes involucrados en las medidas propuestas y quién tendrá que pagar, para garantizar una igualdad de condiciones para todos los afectados. 
Titford (IND/DEM ),
    No estoy de acuerdo en que sea necesario aprobar una legislación comunitaria en este ámbito, puesto que debería ser responsabilidad de los Estados miembros decidir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de los puertos. Además, ya existe un código de conducta de la OMI sobre este tema.
La Unión Europea afirma que el código de conducta de la OMI no es legalmente vinculante y se ha elaborado una propuesta de directiva comunitaria, contra la que he votado. Las enmiendas 5, 6, 7, 30 y 45 tenían por objeto suavizar la incidencia de esta directiva, permitiendo a los Estados miembros tener más autoridad sobre las medidas propuestas. Yo habría votado a favor de esas enmiendas si no se hubiera realizado una votación conjunta, pero me parecía imposible apoyar el resto de las enmiendas de ese bloque. 
Toussas (GUE/NGL ),
   .– La Directiva de mejora de la protección portuaria se deshace de la Directiva sobre la liberalización de los servicios portuarios, ataca los salarios y el empleo y los derechos sociales de los trabajadores y vende puertos a los navieros, a los industriales y a los monopolios para incrementar los beneficios de las grandes empresas.
Con el pretexto del terrorismo, la directiva en cuestión se utiliza para crear centros de trabajo marginados, reforzar los mecanismos represivos y atacar las libertades colectivas e individuales de los trabajadores en los puertos y en los buques.
El Partido Comunista de Grecia ha votado en contra de la directiva reaccionaria de mejora de la protección portuaria. Pedimos a los trabajadores que actúen conjuntamente contra la política antipopular de la UE, que luchen para defender y ampliar sus derechos, para cambios radicales, para puertos que pertenezcan al pueblo para la prosperidad del pueblo. 

Goudin, Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    La resolución sobre el asesinato de Robert McCartney identifica al IRA como responsable del asesinato, a pesar de que la cuestión aún no se ha decidido en los tribunales. Es absurdo que el Parlamento Europeo se erija a sí mismo en juez sobre una cuestión delicada que puede afectar al proceso de paz en Irlanda del Norte. Por lo tanto, hemos optado por abstenernos a la hora de votar sobre esta resolución. 
Krarup y Sjöstedt (GUE/NGL ),
   . Hemos votado a favor de la resolución del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el caso McCartney. Nos hemos abstenido de votar sobre la resolución de otros Grupos. Esta resolución contiene muchos puntos sensatos, pero su base, en el artículo 1, es que el asesinato fue político y organizado por el IRA. Este probablemente no sea el caso, y la investigación policial no ha concluido. Esto introduce un desequilibrio de la resolución en su conjunto. 
Markov (GUE/NGL ),
   . El Grupo GUE/NGL deplora y condena el asesinato de Robert McCartney y pide que se haga justicia. Deseamos hacer llegar nuestras condolencias a la familia McCartney y recalcar que merecen todo nuestro apoyo en su afán de justicia.
El GUE/NGL pide a los responsables que asuman la responsabilidad de sus acciones y a quienes presenciaran cualquiera de los acontecimientos relacionados con el asesinato que se presenten y faciliten información a la policía o de cualquier otra forma que pueda ser útil para conseguir que los asesinos de Robert McCartney sean puestos a disposición de la justicia.
Respetando lo dicho por las hermanas de Robert McCartney en su visita al Parlamento Europeo el pasado 6 de abril, en el sentido de que este asesinato no tuvo una motivación política, sino que se trató de un acto delictivo que debe ser perseguido y cuyos responsables deben ser puestos a disposición de la justicia, el GUE/NGL hizo todo lo que estuvo en su mano para acordar una resolución común con los demás grupos políticos. Lamentamos profundamente que no estuvieran dispuestos a llegar a compromisos, prefiriendo usar la resolución para centrarse en la situación política en el norte de Irlanda.
El Grupo GUE/NGL está dispuesto a tratar este asunto en el Parlamento Europeo, pero la resolución votada hoy no es la forma correcta de hacerlo. Por lo tanto, nos hemos abstenido en la votación final y nuestra posición queda muy clara en la resolución propuesta por nuestro Grupo. 
Martin, David (PSE ),
    Me complace esta votación en apoyo de las hermanas de Robert McCartney en su lucha para llevar a sus asesinos ante la justicia.
Su valor nos da esperanzas para el cambio y la reconciliación en Irlanda del Norte. 
Queiró (PPE-DE ),
   Los Estados democráticos tienen una manera de abordar el terrorismo que pasa por sus sistemas judiciales. Las sociedades libres tienen una manera de tratar a aquellos que usan el terror y la «justicia» privada como su arma, y es la de rechazarlos de plano. Todos lo que quieran representar políticamente a los ciudadanos tienen que seguir estas reglas. No puede haber excepciones.
Aparte de la tragedia familiar personal que el asesinato de Robert McCartney representa, también es un ejemplo perfecto de que tenemos que defender estos principios sin reservas.
Aunque no compete al Parlamento involucrarse en procesos judiciales nacionales, estos valores son tan importantes que voy a votar a favor. 
Titford (IND/DEM ),
    Los miembros del Partido por la Independencia del Reino Unido apoyamos la valiente lucha emprendida por la familia McCartney para que se haga justicia tras el asesinato de su hermano, Robert. Sin embargo, no podemos apoyar el uso de dinero de la UE en un proceso civil en Irlanda del Norte. 


El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral al Consejo sobre la Estrategia del Consejo para el Seminario de Expertos Gubernamentales sobre el Cambio Climático (B6-0234/2005),
y la pregunta oral a la Comisión sobre la Estrategia de la Comisión para el Seminario de Expertos Gubernamentales sobre el Cambio Climático (B6-235-2005). 
Karl-Heinz Florenz (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, señor Schmit, señor Comisario, es cierto que la política climática no solo importa a la Unión Europea, sino a todo el mundo en general, por lo que prestarle atención constituye una labor global.
Sin embargo, antes de que presionemos con el debate sobre el tema de Kyoto, Europa debería preguntarse qué objetivos ha establecido y cuáles ha alcanzado. O quizás al revés: ¿qué objetivos debemos establecer para el futuro y con qué medios podemos alcanzarlos? Dentro del debate relativo a Kyoto ¿hemos conseguido implicar a los países que no han firmado el Protocolo? En cualquier caso, el Tratado de Kyoto es moralmente vinculante para todos nosotros, ya que todos compartimos la responsabilidad de las políticas que adoptamos con respecto al clima de este planeta.
Por este motivo quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que nos expliquen cómo se están preparando para este nuevo paso para después de 2012, y si están dispuestos a tomar la iniciativa para encontrar nuevos hombros que soporten la carga de Kyoto. ¿Están buscando ustedes otros socios y participantes en este proceso conjunto? Por supuesto, los países que tengo en mente son la India, China, Brasil y los Estados Unidos.
Si esta Asamblea cree que se puede provocar que un país realice avances amenazándole con una citación judicial, desde mi punto de vista se equivoca. Solamente se puede llevar a alguien ante los tribunales si todos los argumentos están a favor de uno sin que quepa la menor duda. Me parece mucho más recomendable y prometedor poner a estos países en una situación en la que tengan que adoptar medidas y motivarles a que dejen de enfurruñarse y poner excusas unos por otros, y en su lugar digan «sí, compartimos una misma responsabilidad».
Señor Comisario, Presidente en ejercicio, hay otra cuestión que quisiera retomar. Se trata de en qué grado están ustedes dispuestos no solo a implicar a otros países y a participar de forma activa en un diálogo con estos, sino también a otros sectores. Pienso, por ejemplo, en la política de transportes, la calefacción de hogares particulares...
Sí, se trata de algo que estamos pidiendo desde hace tiempo, pero a lo que ustedes no han prestado la menor atención. Entonces es necesario que todos estos sectores se impliquen. No cabe duda de que habrá problemas; por este motivo, cuando le dije al Ministro alemán de Medio Ambiente –uno de los aliados de su partido político– que debía pedir esto, su respuesta fue que no podría, ya que si lo hiciese perdería inmediatamente su puesto. Sin embargo, es precisamente por este motivo por el que debería hacerlo. Así que, señor Comisario, ¿qué sectores desea incluir usted?
También creo que deberíamos tener el valor de tratar la cuestión de la calefacción en los hogares privados, además de los restantes elementos de nuestras casas que desprenden calor y que constituyen una tercera parte del total de emisiones de CO2. ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a poner de relieve nuevos modos para afrontar esta situación?
Los ejemplos son muy simples, pero en lugar de aplicar una única norma a todos, lo que tenemos que proporcionar a los socios que se unan a nosotros en Kyoto son objetivos y dejar que ellos mismos elijan el modo en que quieren alcanzarlos. Después de todo ¿quién habría creído que la República Federal de Alemania, por poner un ejemplo, habría ahorrado un equivalente a 21 millones de toneladas de CO2 en los últimos 15 años mediante una política de residuos bien pensada? Sin embargo, realmente podemos conseguir cosas si estamos dispuestos a motivar a estos países para que se involucren.
A modo de observación final, ¿por qué ya no existe ninguna referencia a la agricultura en toda esta cuestión? Con esto no me refiero a castigar al sector –esa es la política de los Verdes, que siempre he considerado equivocada– sino a motivarlo. No está escrito en ningún lugar que los agricultores solamente deban plantar cultivos de raíces y tubérculos, cereales, colza o viñas; también podrían cultivar plantas modificadas genética o biológicamente que absorban grandes cantidades de CO2 y solamente lo devuelvan a la atmósfera en pequeñas cantidades cuando sean posteriormente quemadas. También en este caso existen enormes oportunidades de futuro y espacio para la imaginación.
Señor Comisario, quisiera instarle a usted y al Presidente en ejercicio del Consejo a que tomen la iniciativa y sean optimistas a la hora de afrontar esta cuestión, de forma que, por el bien de nuestros hijos, finalmente podamos adoptar las medidas necesarias para hacer que este continente sea seguro con respecto a las emisiones de CO2.
Nicolas Schmit,
   . Creo que en primer lugar debo dar las gracias al señor Florenz por su pregunta, pero también por su intervención, en la que ha definido bien el reto del cambio climático y ha dejado entrever asimismo soluciones a este problema, que constituirá o puede constituir al final una amenaza para la humanidad. Creo que Europa se ha convertido en un auténtico líder en este terreno. Hemos conseguido mostrar el camino aplicando el Protocolo de Kyoto, pero también sabemos que no podemos quedarnos aquí, que debemos seguir desarrollando las políticas que hemos aplicado sobre la base del Protocolo de Kyoto. Y si hay que encontrar soluciones con nuestros interlocutores a escala internacional, también debemos encontrarlas en nuestros países, como tan bien ha dicho usted. Pienso que, como ha demostrado el Consejo Europeo de marzo, el cambio climático es sin duda un desafío importante para Europa, como por lo demás para todos los países industrializados o en vías de industrialización, pero ofrece también a nuestras industrias nuevas posibilidades y perspectivas.
Hablar de competitividad de la economía europea no excluye en absoluto superar este desafío desde el punto de vista industrial. Está muy claro que Europa puede explotar su papel motor para convertirse en una potencia industrial en las tecnologías de desarrollo y, en particular, en el ámbito de las energías alternativas; por lo que respecta al ahorro energético, Europa puede, cooperando con otros interlocutores, y en particular con países como China, que empieza a conceder mayor importancia a estas cuestiones por distintas razones, en particular de orden climático, consolidar su liderazgo y sacar de ello más partido económico. Creo, por tanto, que competitividad y protección del medio ambiente, así como competitividad y solución del problema climático, son totalmente compatibles.
Por otra parte, el Consejo comparte cierto número de análisis que el Parlamento desarrolla en su resolución sobre este tema. El seminario de expertos gubernamentales constituye a este respecto una cita importante: de algún modo, representa una nueva etapa en la elaboración de un futuro régimen climático para después de 2012. En efecto, en este seminario, las partes procederán a un intercambio de puntos de vista sobre las políticas y las iniciativas actuales, así como sobre las futuras medidas de adaptación y atenuación que deben tomarse frente al problema del cambio climático. La contribución de la Unión Europea a este seminario es, por consiguiente, un elemento importante de su estrategia en la perspectiva de unas negociaciones formales destinadas a elaborar un régimen post-Kyoto.
El Consejo Europeo, reunido los días 22 y 23 de marzo de 2005 –ya he hablado de él en el contexto del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa–, adoptó elementos clave que revisten una importancia esencial para el diseño del futuro régimen climático. Confirmó que, para alcanzar el objetivo esencial del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el aumento de la temperatura media anual mundial en superficie no debe exceder de 2 ºC con respecto a los niveles de la etapa preindustrial. Además, acogió con agrado la comunicación de la Comisión titulada «Vencer el cambio climático planetario» y, a este respecto, insistió claramente en la necesidad de dar un nuevo impulso a las negociaciones internacionales, explorando las opciones para un régimen para después de 2012 y garantizando la cooperación más amplia posible de todos los países. Además, destacó que procedía elaborar una estrategia de la Unión Europea a medio y largo plazo que sea compatible con el objetivo de los 2 °C y, a este respecto, creo que responde plenamente a las preocupaciones que usted ha expresado y que recoge las soluciones propuestas en los distintos sectores a los que usted ha aludido.
Durante una visita efectuada por la Troika a los Estados Unidos los días 18 y 19 de abril de 2005, y creo que el Comisario puede hablar de ello, se llegó a un acuerdo para explorar los medios de relanzar las actividades del Grupo de alto nivel Unión Europea-Estados Unidos a fin de examinar políticas de lucha contra el cambio climático. Puedo afirmarles que el Presidente de los Estados Unidos ha asegurado al Presidente en ejercicio del Consejo Europeo que los Estados Unidos van a adoptar un enfoque más abierto y sensible a estos problemas. Están previstos para los próximos meses contactos con otras partes importantes que intervienen en el proceso relativo al cambio climático, y citaré en especial a China y a la India. La cuestión del cambio climático figura asimismo en un lugar destacado del orden del día del G8 y sé que la futura Presidencia británica considera este problema una de sus prioridades.
El Parlamento Europeo tiene sin duda un papel importante que desempeñar en los esfuerzos que realizaremos en común para llegar a un acuerdo en torno a un futuro régimen climático. El Consejo está muy interesado en conocer el punto de vista del Parlamento sobre el marco para después de 2012 y espera asimismo que el Parlamento siga participando en las reuniones internacionales. Además, el Consejo pide al Parlamento que le ayude a sensibilizar mejor a la opinión pública europea y a los Parlamentos nacionales de la Unión Europea y de otros lugares. En efecto, no es raro que encuentren en otros foros parlamentarios a diputados de países afectados por este problema, un problema que debe preocuparnos a todos.
Dimas Stavros,
    Señor Presidente, tras la extremadamente informativa intervención del Ministro Schmit, quisiera añadir varios comentarios y quizás retomar algunas de las cuestiones planteadas por el señor Ministro.
En primer lugar quisiera dar las gracias al, el señor Florenz, por proporcionarnos la oportunidad de debatir sobre el cambio climático y, concretamente, sobre la estrategia de la Unión Europea para el seminario de expertos gubernamentales sobre el cambio climático que se reunirá en Bonn la próxima semana.
Comparto la opinión del Parlamento de que el seminario es una medida muy oportuna para establecer las disposiciones futuras respecto al cambio climático. Por lo tanto, la contribución de la Unión Europea a este seminario constituye una parte importante de nuestra estrategia, cuyo objetivo es obtener el mandato de abrir las negociaciones oficiales sobre el desarrollo de estas disposiciones.
El 9 de febrero, la Comisión aprobó su comunicación titulada «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial». Esta comunicación, que también está dirigida al Parlamento Europeo, contiene las recomendaciones iniciales de la Comisión sobre la estrategia de la Unión Europea para después de 2012. Los elementos básicos de la comunicación en cuestión fueron adoptados por el Consejo de Medio Ambiente el 11 de marzo y por el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo, como ya ha mencionado el señor Schmit.
Además de definir los elementos que incluirán disposiciones futuras, el comunicado enumera también medidas específicas que es necesario adoptar en el sentido de estas disposiciones. Por orden de importancia, lo primero es la necesidad de investigar, conjuntamente con los socios fundamentales y durante este año, el potencial de una estrategia para después de 2012 y propiciar un clima favorable para abrir las negociaciones oficiales sobre disposiciones futuras.
Como ha dicho el señor Schmit, hace tres semanas, mis colegas de Luxemburgo y el Reino Unido y yo visitamos los Estados Unidos y el resultado de estas conversaciones verdaderamente constructivas –como ha reconocido usted, señor Florenz, ya que hemos podido hablar de todo esto de antemano– fue que estuvimos de acuerdo en encontrar formas de reiniciar y reactivar el grupo de alto nivel Unión Europea/Estados Unidos, con la idea de examinar las políticas destinadas a combatir el cambio climático.
También hemos programado contactos con otros países para los próximos meses. El cambio climático ocupa asimismo una posición importante en la agenda del G8, mientras yo personalmente he tenido conversaciones no oficiales con mis homólogos representantes de nuestros socios básicos dentro del marco de las reuniones del G8 y en las Naciones Unidas durante los debates sobre el desarrollo sostenible. Nos hemos reunido, conjuntamente con el señor Lux y Lord Whitty o por separado, con representantes, con Ministros de China, Brasil, España, Sudáfrica, Australia y Rusia, y hemos tomado nota de sus reacciones iniciales. Lamentablemente, no pudimos reunirnos con el ministro indio, a pesar de que intentamos reunirnos con él en las reuniones celebradas por el G8 en Inglaterra, además de en Nueva York.
Al mismo tiempo, intensificamos numerosas conversaciones y contactos informales en el plano técnico.
En lo que respecta al seminario de expertos gubernamentales, se trata de una importante oportunidad de ampliar estos contratos en este nivel a través de un diálogo abierto dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Conforme a la estrategia de la Comisión, el objetivo de la Unión Europea para este seminario es generar un clima de confianza, debatir y buscar puntos en común, además de transmitir los mensajes adecuados, no solamente a los Estados Unidos, sino a todos los agentes globales. Quisiera señalar aquí que muchos países se escudan –al menos lo han hecho hasta el momento– tras de la negativa de los Estados Unidos para evitar debatir la cuestión del cambio climático.
La Unión Europea no hará lo mismo. Transmitirá los mensajes adecuados al presentar nuestras opiniones y esforzarse por obtener las opiniones de otros sobre los temas importantes planteados en la comunicación de la Comisión.
Quisiera manifestar mi acuerdo con el señor Florenz en que también necesitamos incluir a otros sectores, si queremos poder luchar contra el cambio climático de forma más efectiva, incluido el sector del transporte. Como he dicho antes, la Comisión está preparando una comunicación para el próximo junio sobre la cuestión del transporte aéreo, cuya contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero va en constante aumento. Estamos examinando tres soluciones alternativas: impuestos, inclusión en el régimen de comercio de gas o tarifas pagadas por el usuario.
De igual modo debemos decir que la nueva política agrícola respalda la producción de biocarburantes y, por supuesto, el sector de la vivienda y el de la construcción en general son sectores muy importantes en los que podemos conseguir resultados significativos.
Para concluir, quisiera decir que se solicita al Parlamento que desempeñe un papel importante en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre disposiciones futuras relativas al clima. La Comisión está especialmente interesada en sus opiniones sobre los problemas y las recomendaciones para la estrategia de la Unión Europea, tal como se presenta en nuestra comunicación. También cuento con que su cooperación y participación activa en los congresos internacionales tenga continuidad. Por otra parte, solicito el apoyo del Parlamento para concienciar aún más al público de la Unión Europea, así como a sus homólogos en otros países. Han hecho un excelente trabajo en Buenos Aires y desearía que este buen trabajo continúe con las mismas demandas por parte del Parlamento Europeo. 
Anders Wijkman,
    Señor Presidente, quisiera felicitar a todos los oradores, especialmente al señor Schmit y al señor Dimas, por sus intervenciones. Es muy positivo que usted irradie cierto optimismo sobre esta difícil cuestión, tanto respecto al problema en su conjunto como, concretamente, acerca de su interpretación del señor Bush. Ojalá yo pudiera ser tan optimista. Hace tan solo unos días, George W. Bush pronunció un discurso sobre energía y cambio climático que lamentablemente no mostraba ningún cambio real en la dirección adecuada. Sin embargo, por supuesto estoy de acuerdo con usted en que el diálogo con los Estados Unidos es muy importante, ya que sin su participación activa, el trabajo sobre el cambio climático nunca puede ser realmente eficaz.
Por supuesto, también es igual de importante celebrar diálogos –concretamente de naturaleza estratégica– con los grandes países en desarrollo, como China y la India. Hace poco supe que China prevé construir 800 grandes centrales eléctricas de carbón en los próximos diez años. Las emisiones procedentes de estas eclipsarán completamente lo que hagamos en Europa. Por supuesto, la respuesta es que los países en desarrollo no necesariamente deben seguir la misma ruta que nosotros hemos seguido en el desarrollo energético. No es necesario que repitan nuestros errores y, en interés de todos, debemos ofrecerles condiciones favorables para invertir en la mejor tecnología posible. Sobre esta cuestión, lamentablemente me veo obligado a decir que el MDL, es decir, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, no es suficiente. Debemos plantear algo mucho más ambicioso y radical que esto.
La situación es grave, ya que los últimos informes científicos indican que el sistema climático puede ser mucho más vulnerable que lo que inicialmente pensábamos. Será mucho más difícil mantenernos en el incremento de temperatura de dos grados establecido por la UE como objetivo y evitar un peligroso cambio climático. Por ese motivo es tan importante la cumbre de Bonn, ya que ustedes podrán establecer una base para el período posterior a 2012.
Nuestra resolución indica la necesidad de objetivos a corto y largo plazo para las emisiones. También creemos que estos objetivos deben ir acompañados de programas mucho más ambiciosos en términos de desarrollo de nuevas fuentes de energía y aumento de la inversión en eficiencia energética. Hay una serie de aspectos en esta materia que debemos retomar y respecto a los cuales debemos idear objetivos prácticos. Quiero desear al Consejo y a la Comisión buena suerte en Bonn, y espero que vuelvan con informes positivos de modo que podamos hacer este trabajo de forma constructiva para el futuro y, como ha señalado el señor Florenz, aceptar nuestra responsabilidad por las generaciones venideras. 
Dorette Corbey,
   .  Señor Presidente, también yo quisiera dar las gracias al señor Florenz y al señor Wijkman por tomar la iniciativa de plantear este debate. Señor Comisario, el calentamiento global se está haciendo realidad mucho antes de lo previsto. Nos enfrentamos a la doble tarea de adaptarnos al cambio climático y, al mismo tiempo, de mantenerlo en el mínimo absoluto. Dado este enorme reto, el resultado de la Conferencia Climática de Buenos Aires fue especialmente decepcionante. Por supuesto, es positivo que un seminario tratase de mantener en su curso el proceso de Kyoto y que la UE tuviese su propio método, además de que el seminario que se celebrará la próxima semana en Bonn trate sobre las medidas de futuro, pero el resultado es lamentablemente pobre. Debemos llegar a la conclusión de que la UE está cada vez más aislada, y que la urgencia que se siente en Europa no se comparte en otras partes del mundo. La UE deberá ser constructiva en Bonn si desea afianzar una coalición internacional mucho más fuerte, y allí deberán presentarse propuestas sólidas, productivas y bien fundamentadas.
Señor Comisario, quisiera plantearle cuatro puntos que, desde nuestra perspectiva, pueden contribuir a alcanzar una coalición internacional constructiva.
En primer lugar, debemos dedicar mucho más esfuerzo a la adaptación y a ayudar a otros, concretamente a los países en desarrollo, a que se adapten. La adaptación no es simple, pero definitivamente la ayuda no debería limitarse a los desastres importantes. Dado que la adaptación como estilo de vida es trascendental, deben elaborarse programas creíbles.
En segundo lugar, con respecto a la transferencia de tecnología que ya ha mencionado el señor Wijkman, debemos abandonar nuestras reservas ideológicas sobre el mecanismo para el desarrollo limpio y optar por la inversión en transferencia tecnológica, concentrándonos en una mayor investigación y desarrollo en el área de la tecnología ambiental, tema que me complacerá retomar durante el debate sobre el séptimo programa marco de investigación.
En tercer lugar, necesitaremos centrarnos mucho menos en el planteamiento nacional y los objetivos dentro de cada país, pero mucho más en los objetivos por sectores. En los debates que celebramos como delegación parlamentaria en Buenos Aires, el planteamiento sectorial resultó ser una ruta viable. Necesitaremos celebrar diálogos con la industria siderúrgica, del cemento y del papel. Considero que la aviación es un sector al que hay que dar prioridad. En todos estos sectores, la competencia es mundial, por lo que está claro que deberán establecerse objetivos mundiales basados en la mejor tecnología disponible. Por otra parte, el planteamiento sectorial se adapta especialmente a nuestra Estrategia de Lisboa, revisada durante la última cumbre de primavera.
Por último, aunque para mí es más controvertido decir esto, quisiera pedirles que consideren el papel que puede desempeñar la OMC. La Unión Europea debe abrir el debate sobre las medidas de comercio contra los países que no cumplan con sus obligaciones climáticas. En ese caso, la política de comercio verde no apunta contra los países en desarrollo, sino contra los países más ricos, lo que de hecho puede ser útil para los primeros. Señor Comisario, esperamos de la Unión Europea una política climática internacional con ambición y con el mayor respaldo internacional posible de otros países, de la industria y del público. Le deseo mucho éxito en Bonn. 
Vittorio Prodi,
   . –Señor Presidente, Señorías, el cambio climático es, en efecto, un problema extremadamente importante y un problema real. Todavía hay quien lo quiere negar, pero no nos podemos permitir ocultar la gravedad del problema.
El cambio climático se deriva de una doble carencia: la escasez física de recursos energéticos y la incapacidad del ecosistema para absorber los flujos de residuos. De hecho, es preciso recordar que el cambio climático, con la agravación de los sucesos extremos, genera grandes amenazas para el territorio, que hay que afrontar de inmediato. En el contexto actual, resultan necesarios más elementos de seguridad: el Protocolo de Kyoto representa solo una primera respuesta; debemos avanzar y aportar una solución sistemática.
Sobre la mesa no está solo la cuestión de la producción de energía, sino también los hábitos de consumo de nuestra civilización. Lo que más me asusta son las declaraciones procedentes de los Estados Unidos en el sentido de no replantear su estilo de vida. Sin embargo, es lo primero que debemos hacer posible en Europa.
Tomar en serio la civilización del conocimiento quiere decir también cambiar nuestro sistema de vida de forma aún más radical y hacer sostenible nuestro desarrollo. Debemos tratar de progresar en la labor por implicar a los demás países, convenciéndonos de que nos encontramos realmente ante la obligación de transformar nuestra sociedad. 
Debemos abandonar la época de los combustibles fósiles; el Protocolo de Kyoto es solo una primera etapa; debemos ir más allá y trabajar con seriedad, porque debemos modificar radicalmente los modos de nuestra sociedad.
Satu Hassi,
   . Señor Presidente, el pasado otoño, una revista de negocios finlandesa publicó que si el mundo contase con un director general, este ya habría comenzado a adoptar medidas enérgicas para reducir las emisiones, y desde luego mucho más enérgicas que las de Kyoto.
Hace tiempo, un artículo publicado en la revista británica expresaba su asombro por la indiferencia que demostraban ante el cambio climático las personas encargadas de la toma de decisiones. La revista planteaba si estas pensaban que vivían en un universo alternativo en el que no se aplicaban las leyes de la naturaleza, y afirmaba que nadie mostraría tanta despreocupación ante un riesgo de colapso económico.
Después de Kyoto, necesitaremos mayores reducciones de las emisiones y la participación de más países. También necesitaremos implicar a los principales países en desarrollo económico, como es el caso de China y la India. Sin embargo, sobre todo, es el principal contaminador, los Estados Unidos de América, el que debería reconocer su responsabilidad. No tiene sentido tratar de imaginar la implicación de China y la India si el país más rico de la Tierra sigue yendo por libre. Los países industrializados tienen que reconocer su responsabilidad histórica ante el hecho de que el cambio climático ha comenzado de forma general y, por lo tanto, somos nosotros los que debemos asumir la principal responsabilidad de reducir las emisiones.
Los países que no han ratificado el Protocolo de Kyoto tratan de adquirir una ventaja competitiva injusta. Deberíamos considerar seriamente si podemos, por ejemplo, imponer aranceles protectores sobre las importaciones a Europa de acero producido en los Estados Unidos. Las normas de la Organización Mundial del Comercio lo permiten.
Afortunadamente, la voz de la razón también se está escuchando en los Estados Unidos. Muchos Estados han decidido tomar medidas. Los Estados del nordeste están comenzando a participar en el comercio de emisiones de dióxido de carbono y desean participar en el programa de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. Varios alcaldes se han comprometido a actuar en el ámbito local y están tratando de implicar a 141 ciudades, el mismo número que los países que han ratificado Kyoto. Sin embargo, dado que la simple razón no parece ser suficiente para convencer a los Estados Unidos de que asuma una responsabilidad global, debería considerarse seriamente el tipo de acción posible conforme a las normas de la OMC.
Kartika Tamara Liotard,
   . – Señor Presidente, apoyo totalmente la resolución sobre el cambio climático. En febrero, cuatro miembros de nuestro grupo asistieron a la Conferencia sobre el Clima del IPCC celebrada en La Reunión en la que nos quedamos impactados por las conclusiones de los científicos que allí se reunieron. Incluso si recurriésemos a todas las medidas enumeradas en la resolución, no podríamos resolver el problema del cambio climático por completo.
Incluso si adoptásemos todas las medidas posibles dentro del marco de Kyoto hasta 2050, seguiríamos sin poder impedir que la tierra se calentase dos grados y que el nivel del mar subiese medio metro. Dado que provengo de los Países Bajos, fijándonos simplemente en el nombre del país, esto me ocasiona cierta ansiedad. Si el nivel del mar sube medio metro, gran parte de mi país se inundará si no se hace nada al respecto. La costa tal como la conocemos desaparecerá. La Haya desaparecerá en el mar y con ella las embajadas de todos los países hoy representados allí, los edificios de nuestro Gobierno, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Yugoslavia y el Palacio de nuestra Reina. Puede que seamos un partido republicano, pero no queremos conseguir nuestras metas sumergiendo el palacio real.
Afortunadamente, los Países Bajos tienen la capacidad técnica para impedir que esto suceda, pero muchos otros países no la tienen. La desaparición de franjas completas de costa es inevitable. Deberemos prepararnos para ello y por lo tanto insto a la Comisión a que elabore un dictamen al respecto. Esto podría iniciarse durante el próximo seminario al que asistirán expertos gubernamentales. Quisiera pedir a la Comisión que al menos se atenga a sus propias medidas y directivas, incluidas las relativas a la calidad del aire. Dado que estas medidas están comenzando ahora a tomar forma concreta, aumentará la oposición de determinados Estados miembros o sectores y se solicitará moderación, cosa a la que nos oponemos y solicitamos al Parlamento y al Consejo que se mantengan firmes.
También quisiéramos instales a optar por dar un paso adelante, no a potenciar la energía nuclear, sino a optar por el desarrollo de todas las alternativas posibles, y les pediría que se adhieran al texto de la resolución de forma que la UE pueda seguir desempeñando su papel pionero. 
Hélène Goudin,
    Señor Presidente, durante los últimos cien años, el mundo ha experimentado un aumento de temperatura de unos 0,6 grados. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha observado que este cambio afecta principalmente a los más pobres del mundo. Quisiera destacar este hecho, ya que en esta Asamblea con demasiada frecuencia vemos los problemas globales desde una perspectiva unilateral europea. Son muchos los motivos por los que son principalmente los más pobres los que experimentan los efectos del cambio climático global. En parte tienen que ver con el hecho de que en las economías de estos países con frecuencia predominan industrias sensibles al clima, especialmente la agricultura. También cuentan con escasos recursos con los que adaptarse a los diversos cambios y protegerse de los mismos, como es el caso de la subida del nivel del mar o la disminución de la lluvia. Asimismo hay muy pocos recursos de salud preventiva. Por lo tanto es difícil erradicar el riesgo de que surjan brotes de enfermedades relacionadas con el clima, como es el caso de la malaria.
Los países ricos del mundo necesitan coordinar sus esfuerzos comunes para luchar contra el cambio climático y para trabajar especialmente con medidas preventivas. Mi partido considera que la UE debería trabajar en cuestiones ambientales transfronterizas, entre ellas el cambio climático. Por ello respaldo las propuestas constructivas y bien planteadas por la UE en este ámbito. Al mismo tiempo, quisiera hacer hincapié en que la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas ha sido ratificada por 189 partes. Por ese motivo, no podemos operar unilateralmente a través de las instituciones europeas. En su lugar, debemos coordinar también nuestras medidas dentro de los marcos de otras entidades internacionales y estar atentos a los órganos competentes de las Naciones Unidas y al Consejo Mundial de la Energía (CME). 
Luca Romagnoli (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo en que el medio ambiente es un bien inalienable cuyas potencialidades deben gestionarse del mejor modo y cuya continuidad hay que garantizar, y en nuestra opinión y en la del , al que represento, es correcto que la Unión sitúe este tema entre sus prioridades políticas y estratégicas.
No es posible analizar aquí el mérito científico de la hipótesis de que nuestro planeta esté sufriendo un cambio climático a escala de los tiempos geológicos –hipótesis sobre la cual los investigadores no están de acuerdo–, entre otras cosas debido a la limitación de las observaciones meteorológicas en el tiempo y en el espacio. En cambio, existe un amplio acuerdo en que, desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, la elevación media de la temperatura planetaria ha sido una de las causas de alteraciones del ecosistema; baste citar por ejemplo el avance de los procesos de desertización.
Puesto que se reconoce que el aumento de la temperatura es, al menos en parte, responsabilidad de las actividades humanas, coincidimos en que una aplicación más amplia del Protocolo de Kyoto es un intento útil de limitar dicho efecto. Por tanto, pido a la Comisión y al Consejo que prevean cualquier dispositivo capaz de favorecer el absoluto respeto del Protocolo en el ámbito de la UE y consideren cualquier posible medio de presión política y económica sobre los Estados que no han adoptado dicho Protocolo. 
Antonios Τrakatellis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es muy importante establecer las condiciones adecuadas de forma que la política sobre el cambio climático, también basada en el Protocolo de Kyoto, pueda comenzar a producir resultados concretos. Estoy de acuerdo con los anteriores oradores en que es necesario que participen los Estados Unidos de América, China, la India, Brasil y otros países.
Sin embargo, es igualmente importante que se den las directrices adecuadas, de forma que se pueda formular y tratar a largo plazo la política y el avance para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Me ha complacido oír al señor Comisario hablar de una estrategia para después de 2012.
Esta política debe tener en cuenta el aumento de las necesidades de nuestro planeta y de la presión ocasionada por el aumento de población y nuestras diversas actividades humanas. No se puede alcanzar el desarrollo sostenible si no se desarrolla nueva tecnología medioambiental y otras innovaciones, principalmente en los sectores del transporte y la energía.
Necesitamos promover esta política no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también en el ámbito mundial. El seminario de expertos gubernamentales también debe incluir la promoción de las tecnologías medioambientales y la innovación. Las medidas destinadas a moderar y ajustar, por encima del aspecto del coste de la productividad, también deben basarse en alcanzar los retos futuros. 
Con este objetivo, se considera que el seminario es útil para identificar los factores que actualmente imponen la mayor carga sobre el medio ambiente y, por lo tanto, para promover las innovaciones y tecnologías medioambientales adecuadas para mitigar estas repercusiones dañinas. 
Åsa Westlund (PSE ).
    Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Schmit y al señor Dimas por sus intervenciones optimistas. Realmente espero que su análisis sea acertado y que las cosas estén avanzando en la dirección adecuada. También quisiera dar las gracias al señor Wijkman por su trabajo en la resolución sobre la que votaremos más tarde. Como muchos otros presentes en esta Asamblea, comparto la idea de que la conferencia en la que participarán expertos gubernamentales constituye un extraordinario avance, aunque también quisiera destacar que no puede sustituir a las cumbres celebradas en un nivel político más alto, ya que en ocasiones parece como si tuviésemos un enorme conocimiento pero careciésemos de voluntad política para hacer más por afrontar el cambio climático.
Espero que esta conferencia pueda contribuir a llamar la atención sobre ejemplos positivos del modo en que puede reducirse el efecto sobre el clima, especialmente en lo que respecta a la planificación social, ya que en ocasiones parece que los problemas climáticos se consideran exclusivamente una cuestión medioambiental periférica para aquellos que tienen un especial interés en ella. Sin embargo, es sumamemente importante que integremos este planteamiento en nuestra estructuración y planificación social, porque solamente así podremos conseguir resultados.
También espero que la conferencia incluya un debate sobre el modo de integrar medidas destinadas a reducir los efectos sobre el clima e impulsar el desarrollo sostenible en el sistema comercial de la OMC, además de en otros acuerdos internacionales. Esto es necesario si queremos que más países adopten las medidas necesarias, pero las normas de este tipo también podrían ayudar a reducir el número de transportes que actualmente desempeñan un papel tan importante en provocar grandes problemas climáticos.
Por ejemplo, en la actualidad, el pescado capturado en el Báltico y el en Mar del Norte se transporta por avión a Asia y se envasa como comida elaborada que vuelve al mismo lugar en que se desembarcó el pescado para posteriormente venderse. No es posible que este tipo de transporte pueda tener sentido económicamente ni ser sostenible en modo alguno, y debemos garantizar que la economía se desarrolla de forma que no sea rentable transportar comida de este modo.
Por último, quisiera desearles suerte en la conferencia, y que hagan todo lo posible para que se sepa que la UE realmente está haciendo algo en este ámbito. Necesitamos tomar medidas. Necesitamos demostrar a nuestro electorado y a nuestros ciudadanos que estamos haciendo algo en la práctica sobre el mayor desafío al que nos enfrentamos: el cambio climático. 
Jonas Sjöstedt (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, varios de los recientes estudios científicos realizados indican que el cambio climático probablemente está avanzando incluso más rápidamente de lo que pensábamos y que también se necesita una mayor reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero para impedir que ocurra. Esto significa que cada vez se nos pide más y que las medidas que debemos adoptar para reducir las emisiones entre un 60 y un 80 % para 2050 –una cifra realista– requerirán políticas energéticas y de transporte muy distintas a las que tenemos en la actualidad. Simplemente acabamos de empezar.
Al mismo tiempo, en esta Asamblea solemos decir que estamos mejor que los Estados Unidos, y es cierto, aunque dada la situación actual eso no es especialmente difícil. En Buenos Aires pudimos ver como, en la actualidad, los Estados Unidos no solo se niegan a aceptar su parte de responsabilidad, sino que tratan de impedir la cooperación global en la esfera climática de forma activa. Por eso es incluso más importante que la UE se atreva a aplicar una política coherente que implique objetivos de gran alcance. También creo que, finalmente, el principal perdedor en esta situación, no solo ecológica sino también económicamente, será los Estados Unidos, ya que sus anticuados y torpes sistemas de energía y transporte le obligarán a realizar ajustes incluso más rápidos y exhaustivos más adelante. 
Eija-Riitta Korhola (PPE-DE ).
    Señor Presidente, la semana pasada la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó mi enmienda relativa a la Organización Mundial del Comercio en la que propongo que los expertos gubernamentales deberían investigar la posibilidad de imponer sanciones comerciales en el ámbito de esta organización a aquellos países que permanezcan fuera del Protocolo de Kyoto en el futuro, en la fase 2.
Reconozco que se trata de una declaración dura. Sin embargo, conviene tener en cuenta que no se está condenando a nadie a la imposición de sanciones: simplemente proponemos que se investigue esta posibilidad en el futuro. Para ello necesitaremos nuevas medidas y tácticas de apertura, que también sean fuertes, en el debate sobre la política climática. Por lo tanto me pregunto si no deberíamos adoptar una medida que hiciese que ir por libre fuese imposible e incómodo. Con suerte, también se nos revelarán los puntos débiles del Protocolo de Kyoto, de forma que aprendamos una lección y que para 2012 contemos con armas mucho más eficaces para combatir el cambio climático.
Debemos admitir que Kyoto ha llegado a un punto muerto, ya que el frente global no es el adecuado, en parte porque no existen límites para los países en desarrollo, y en parte porque los principales contaminadores están fuera. Esto hace que Kyoto sea ineficaz y provoca la distorsión de la competencia y fugas de carbono. Aunque hiciésemos todo lo que está en nuestras manos en la UE, se calcula que en las próximas décadas las proporciones de emisiones de los 25 países de la UE se reducirán a menos del 10 %, mientras que los países en desarrollo aumentarán su parte a más de la mitad del total de emisiones. Si no se consigue ampliar el frente, las medidas de la UE no servirán de nada.
Sin embargo, ni siquiera la UE se librará de mi enmienda de la OMC si no consigue cumplir sus compromisos. No cabe duda de que las decisiones políticas y la retórica en la UE se encuentran en buen estado, pero su desarrollo en la práctica se está convirtiendo en un problema. El avance en la reducción de emisiones en la UE se ha detenido, ya que las medidas más fáciles para llevar a cabo reducciones ya se han adoptado. Nueve de los quince antiguos Estados miembros han superado sus propios objetivos de Kyoto en más de un 20 %. Si no pensamos en algo radical, existe el peligro de que también nosotros tengamos que reconocer la desesperanza de esta situación. 
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, creo que el debate ha demostrado claramente que entre la Comisión, el Consejo y este Parlamento no hay ninguna divergencia de fondo. Todos somos conscientes de que la cuestión del cambio climático merece nuestra plena atención y debe ser plenamente integrada en nuestras políticas. Precisamente por esta razón, la Presidencia luxemburguesa ha hecho del tema del desarrollo sostenible una de sus grandes prioridades, y hay que precisar, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible, todos los elementos que conciernen concretamente al cambio climático. 
Como ya he dicho, Europa ejerce y debe seguir ejerciendo su liderazgo en este terreno. Se hará sin duda bajo la Presidencia británica. Es preciso que Europa haga oír su voz clara y enérgicamente en el escenario internacional. Creo que con el tiempo ningún país podrá sustraerse a las evidentes exigencias que se nos imponen a todos a este respecto y pienso que si Europa sigue desempeñando su papel en el tema del cambio climático, conseguirá convencer a quienes se muestran hoy más reticentes.
Stavros Dimas,
   .  Señor Presidente, quiero volver a dar las gracias al Parlamento por esta oportunidad que me brindan para responder a algunas de las preguntas, así como por el debate que hemos mantenido.
Con respecto a las virtudes y los defectos, las ventajas y las desventajas de ser optimista o pesimista, como han sugerido el señor Wijkman y la señora Westlund, sobre este tema no se debe ser ni optimista ni pesimista, sino realista. Debemos intentar trabajar con todos los que se dan cuenta de la importancia del problema, de que se trata de un problema mundial y necesita una solución mundial.
Con respecto a los Estados Unidos, país mencionado por el señor Sjöstedt, la señora Hassi y la señora Korhola entre otros, debo decirles que, durante nuestras conversaciones con las autoridades de ese país, dejamos muy claro que consideramos que la cooperación en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas tecnologías es muy importante, pero que no vamos a considerarla un primer paso adelante porque es algo sobre lo que de todas formas estamos de acuerdo. Nadie rechaza la utilización de nuevas tecnologías, como ha dicho el señor Trakatellis. Es preciso que apliquemos nuevas tecnologías para luchar contra el cambio climático. Esto lo hemos acordado. Es preciso que avancemos. Que en el G-8 o en cualquier otro foro se acuerde una cooperación en materia de desarrollo no supone un avance. Eso no basta. Es preciso que avancemos. Hemos dejado eso muy claro a los Estados Unidos porque, como ya hemos dicho antes, otros países se negarán a colaborar y, después de unos años, los países en vías de desarrollo del sur de Asia y de Sudamérica, junto con otros países en vías de desarrollo, producirán muchas más emisiones de efecto invernadero que la de la Unión Europea y los Estados Unidos juntos. Necesitamos que todos los países colaboren, que todos vayan en el mismo barco. Vamos a seguir una política común, aunque diferenciada, porque no podemos pedir a los países en vías de desarrollo que contribuyan a la reducción de las emisiones tanto como los países desarrollados que, hasta ahora, han causado muchas más emisiones.
La Comisión reconoce la necesidad de que la Unión Europea mantenga su papel de liderazgo en la lucha internacional y también interior contra el cambio climático, como ha dicho el señor Trakatellis. En su Comunicación del 9 de febrero «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial», la Comisión subrayó la necesidad de ejercer el liderazgo por el ejemplo. El señor Prodi afirmó que tenemos la obligación moral de hacerlo. Una de las recomendaciones más importantes fue que el Consejo Europeo debe transmitir con claridad que la Unión Europea desea entablar un diálogo abierto con otros países sobre qué nuevas medidas multilaterales son precisas para abordar el problema del cambio climático.
También se indicaron objetivos, que han demostrado ser una herramienta muy útil en la elaboración de políticas medioambientales. Constituyen una orientación clara para los responsables de la toma de decisiones y resultan especialmente útiles para la industria privada. Por lo tanto, los objetivos seguirán siendo un elemento central de cualquier política sobre el clima que se apruebe en el futuro. Sin embargo, la programación de los objetivos es muy importante. La programación exacta debería depender de los avances que realicemos en la consecución de apoyo internacional para el inicio de negociaciones sobre el futuro régimen sobre el cambio climático. Una vez que dispongamos de un mandato para iniciar esas negociaciones, la Unión Europea tendrá que estudiar la posibilidad de proponer los objetivos que desea fijar para el periodo posterior a 2012.
Quisiera responder a la sugerencia realizada por varios oradores de que la Unión Europea utilice medidas comerciales para proteger nuestra industria u otras medidas para contrarrestar la ventaja competitiva de las empresas ubicadas en países en los que no se restringen las emisiones de gases de efecto invernadero. La política climática de la Unión Europea se ha diseñado cuidadosamente para reducir al mínimo los costes de la industria. Por eso optamos por el comercio de emisiones. Nuestro objetivo debe ser trabajar para elaborar un futuro régimen climático que no solo sea un paso decisivo para ganar nuestra batalla contra el cambio climático, sino que también nos permita hacerlo de una forma que refuerce nuestra competitividad en el ámbito de las tecnologías limpias. Ese régimen nos llevará mucho más lejos –también en términos climáticos– que la imposición de sanciones comerciales.
En lo que respecta a los países en vías de desarrollo, estoy de acuerdo en la importancia de ayudar a esos países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. La Unión Europea es el mayor donante a la Declaración Política de Bonn de 2001, que compromete 410 millones de dólares anuales, a partir de este año, para la financiación de los países en vías de desarrollo en el ámbito del cambio climático. Una parte importante de esa cantidad se utilizará para apoyar medidas de adaptación. La Unión Europea es también el principal donante del Fondo para los Países Menos Desarrollados. Esos países tienen que enfrentarse a todas las consecuencias del cambio climático, pero no están preparados para tomar las medidas necesarias para adaptarse a ellos adecuadamente. Trabajar con ellos y ayudarles es una obligación moral para nosotros. También redunda en nuestro beneficio, porque de esta forma ellos también contribuirán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Quisiera destacar la importancia de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, también en los países en desarrollo. La Comisión está delimitando y poniendo en práctica medidas concretas. Recientemente ha llegado a un acuerdo con China para establecer dos nuevos planes de acción Unión Europea-China en el ámbito de la energía: uno sobre el carbón limpio y el otro sobre las energías renovables y la eficiencia energética, para el que la Comisión ya ha garantizado la financiación inicial.
Una vez más, gracias por esta oportunidad para debatir el seminario de Bonn y las próximas negociaciones sobre el futuro régimen internacional en materia de cambio climático. Estoy seguro de que, como siempre, el Parlamento tendrá un importante papel en este debate. La Comisión y el Parlamento siempre han sido grandes aliados en este tema. Espero con ilusión colaborar con ustedes en el futuro. 
El Presidente.
   Al término del debate he recibido la propuesta de resolución B6-0278/2005.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre las armas ligeras de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas de julio de 2005.
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, con respecto a la cuestión de las armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC), todos sabemos que el mundo debe afrontar muchos conflictos regionales en los que este tipo de armas, a veces incluso utilizadas por niños, crea situaciones extremadamente peligrosas y destructivas. Por esta razón, la Unión Europea se suma al llamamiento lanzado por el Secretario General para la elaboración de estrategias a largo plazo que pongan fin a la plaga de la proliferación ilícita de armas ligeras.
Una de esas estrategias es el Programa de Acción de las Naciones Unidas destinado a prevenir, combatir y eliminar el comercio ilícito de armas ligeras en todos sus aspectos. Fue adoptado el 20 de julio de 2001 y la Unión Europea se esfuerza activamente por aplicar a escala nacional, regional y mundial las recomendaciones que contiene.
Las consecuencias de la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas ligeras, así como su acumulación excesiva y su diseminación incontrolada, ocupan un lugar central en cuatro de los cinco desafíos capitales identificados por la estrategia de seguridad adoptada por el Consejo Europeo en 2003. En efecto, las armas ligeras y de pequeño calibre contribuyen a la agravación del terrorismo y la delincuencia organizada y constituyen un importante factor de desencadenamiento y propagación de los conflictos, así como de hundimiento de las estructuras estatales.
Como resalta la estrategia europea, los conflictos en los que este tipo de armas ha sido de lejos el principal instrumento utilizado han costado la vida, desde 1990, a cerca de 4 millones de personas y obligado a más de 18 millones a abandonar su hogar o su país. El acceso creciente de agentes no estatales a estas existencias de armas ha modificado la naturaleza y la duración de los conflictos. Ante esta situación, que puede poner en peligro nuestra propia seguridad, la Unión Europea debe reaccionar en estrecha cooperación con sus socios internacionales.
Así, preparamos muy activamente la segunda reunión bienal de Estados con vistas a la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas relativo a las ALPC, que tendrá lugar en Nueva York a mediados de julio. En el contexto de la preparación de este importante evento, la Presidencia ha elaborado una lista de temas que deberían tratarse de forma prioritaria en los foros internacionales competentes. Esta lista, que está en curso de aprobación, comprende en particular el corretaje ilícito de ALPC, el control de las transferencias, la comprobación del uso final, el vínculo entre seguridad y desarrollo, la gestión de las armas de las fuerzas militares y de seguridad, el establecimiento de un mecanismo de aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas, la posesión de armas ligeras por civiles, la transferencia a agentes no estatales, así como la asistencia técnica para la presentación de informes. 
La Unión Europea destaca en especial la importancia de constituir un grupo de expertos gubernamentales inmediatamente después de la conferencia de examen del Programa de Acción, que se celebrará en 2006, a fin de prever medidas adicionales para reforzar la cooperación internacional encaminada a prevenir, combatir y eliminar el corretaje ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre.
Otro elemento clave que figura entre nuestras prioridades es la negociación de un instrumento internacional de identificación y rastreabilidad de dichas armas. La Unión Europea presta todo su apoyo al grupo de trabajo de composición no limitada encargado de negociar este instrumento. En las dos sesiones celebradas hasta ahora por este grupo integrado por diplomáticos y expertos, la Unión Europea y las demás partes han expuesto y confirmado sus prioridades sobre los distintos aspectos, en particular la naturaleza del instrumento, su ámbito de aplicación y las definiciones, el marcado y la rastreabilidad de las armas ligeras y las municiones, así como el registro y la cooperación internacional. La Unión Europea toma nota de los progresos realizados en estas negociaciones, al mismo tiempo que lamenta que los Estados participantes sigan estando divididos en torno a las dos grandes cuestiones que son la naturaleza del instrumento y la inclusión de las municiones.
Por lo que respecta a la Unión Europea, trabaja por conseguir la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante destinado a completar el Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. Insiste también para que este instrumento incluya disposiciones adecuadas sobre las municiones. En efecto, solo el abastecimiento constante de municiones hace posible que las armas ligeras y de pequeño calibre ilícitas sigan haciendo estragos. En cambio, si conseguimos impedir el tráfico de municiones, podremos reducir esas armas al silencio. Si este grupo llega a un resultado positivo en su sesión final de junio de 2005, la Unión hará todo lo necesario para conseguir una rápida entrada en vigor de este instrumento.
Como saben, Señorías, la Unión Europea es también muy activa en este campo, tanto internamente como en el marco de la asistencia bilateral a terceros países. Dentro de la Unión, el Consejo adoptó en 1998 el Código de Conducta en materia de exportación de armas convencionales, que permite mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros y reforzar la comprensión mutua de sus políticas de control de las exportaciones, e incluye disposiciones relativas a la exigencia de un certificado de usuario final o de documentos apropiados o de alguna forma de autorización oficial expedida por el país de destino final, que deben ser objeto de un control minucioso. Como saben, el Código de Conducta se encuentra actualmente en curso de revisión; abarcará prácticamente todas las actividades más o menos asociadas a la transferencia de armas. Por lo que respecta a la asistencia a terceros países, tras algunas acciones comunes puntuales, la Unión Europea adoptó en 2002 una acción común y lanzó sobre esta base acciones específicas relativas a proyectos de recogida y destrucción de armas en África, Asia, América Latina y los Balcanes. Con respecto a estas armas, el Consejo está dispuesto a informar periódicamente al Parlamento y a colaborar estrechamente con ustedes.

Louis Michel,
   . Señor Presidente, Señorías, la Comisión Europea aprueba evidentemente los constantes esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y otros actores en su lucha contra los graves efectos del comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre. Celebramos la atención renovada que suscita esta cuestión y esperamos con impaciencia participar en la reunión bienal de Estados que se celebrará en Nueva York en julio de 2005. Estamos muy agradecidos al Parlamento Europeo por haber tomado la iniciativa de llamar la atención sobre este próximo evento. La Comisión estudiará con toda atención las propuestas formuladas en las resoluciones parlamentarias.
Reconocemos que la acumulación y la difusión de estas armas agravan los conflictos, alimentan el terrorismo, perjudican los esfuerzos de reconstrucción tras los conflictos y reducen las perspectivas de un desarrollo sostenible. Por tanto, para tratar estas cuestiones es esencial recurrir a cooperaciones multinacionales que combinen medidas de prevención y de reacción y es también esencial utilizar con este fin los instrumentos de las Naciones Unidas. La eficacia de la lucha contra el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre depende de la comunicación y la colaboración entre los Estados.
La Comisión, favorable a un enfoque multilateral, ha contratado varios de estos servicios en distintos proyectos en este terreno. Es importante subrayar que para remediar este problema deben emprenderse acciones en varias direcciones, que van de la ayuda al desarrollo propiamente dicha a la reforma del sector de la seguridad, pasando por la destrucción efectiva del armamento. Algunos de estos ámbitos son competencia de la Comunidad, pero por desgracia otros no.
En su programa para la prevención de los conflictos violentos, la Unión Europea reconoce que trabajar por eliminar esa fuente de desestabilización y conflicto que son las armas ligeras, contribuiría en gran medida a prevenir nuevas violencias. La Unión Europea se esfuerza por conseguirlo mediante la cooperación internacional, programas de asistencia financiera y técnica y un control efectivo del armamento. En el marco del Fondo Europeo de Desarrollo, la Comisión financia cierto número de acciones que tienen que ver con la desmovilización y la reinserción de los antiguos combatientes en la sociedad, así como con la recogida y la destrucción de estas armas.
En muchos casos, esas acciones se llevan a cabo a través de programas específicos de desmovilización, desarme y reinserción. No obstante, en otros, la reinserción de los antiguos combatientes se ha integrado en el marco de programas más vastos de desarrollo y rehabilitación de las zonas después de un conflicto. Esos programas pretenden mejorar globalmente las estructuras económicas y sociales de las zonas afectadas por un conflicto, contribuyendo a la reintegración de los antiguos combatientes y sus familias en la vida civil.
Además se están estudiando actualmente una serie de cuestiones relacionadas con la transferencia transfronteriza de estas armas, con vistas a la conferencia del próximo año. En particular, está en curso un debate sobre un Tratado relativo al comercio de armas. La Comisión participará activamente en el debate sobre estos temas que tendrá lugar en el Consejo. Es prematuro abordar ahora estos puntos de forma detallada, en la medida en que algunos de ellos requerirán un estudio en profundidad, en el que deberán participar varios comisarios. La Unión Europea ha reclamado además en varias ocasiones instrumentos legalmente vinculantes sobre el corretaje de armamento, el marcado y la rastreabilidad de las armas ligeras y de pequeño calibre en la Conferencia de las Naciones Unidas y en la reunión de seguimiento sobre el comercio ilícito de armas de pequeño calibre en 2001 y 2003.
Karl von Wogau,
   . – Señor Presidente, Señorías, la cifra de cuatro millones de víctimas que acaba de mencionar el Presidente en ejercicio del Consejo demuestra la importancia de este tema. Todos estamos de acuerdo en que hay que impedir que las armas ligeras caigan en manos indebidas.
Aquí en Europa, en la Unión Europea, el Estado tiene el monopolio sobre el uso de la fuerza armada, lo cual constituye una gran ventaja. Aquí las circunstancias son distintas que en los Estados Unidos, donde esta cuestión no se entiende del mismo modo. Lo que esto significa es que el uso de las armas ligeras se reserva a los soldados y a los agentes de policía, y existen estipulaciones especiales para las personas que practican la caza y el tiro como deporte. Es muy importante que cada arma que haya en nuestra Unión Europea esté registrada, en otras palabras, que se conozca su procedencia.
Los problemas surgen cuando estas armas llegan a países ajenos a la Unión Europea, y por ello es tan importante endurecer más el código de conducta relativo a la exportación de armas e impedir, en la medida de lo posible, al menos el suministro de armas a los focos de conflicto en que muere un número tan grande de personas. Esto implicaría desarrollar un sistema de seguimiento en el que cada compraventa de armas de este tipo se anotase en un registro internacional que permita rastrear un arma dada hasta su origen y su fabricante, amén de determinar quién es responsable de su venta y quién de su entrega. Para ello se necesitan acuerdos internacionales y esto es lo que hace especialmente importante que nosotros, en esta Cámara, contribuyamos a hacer avanzar estos proyectos –iniciados por las Naciones Unidas– y llevarlos a buen puerto. 
Richard Howitt,
   . – Señor Presidente, aunque el mundo se ha centrado en las armas de destrucción masiva, hoy nos corresponde hablar de los 650 millones de armas pequeñas y ligeras que circulan por todo el planeta. Casi cada minuto, una bala de un arma mata a una persona y durante la última década han muerto por esa causa dos millones de niños.
Estas armas agravan y provocan conflictos prolongados. Facilitan los delitos violentos y se usan en actos terroristas. A Europa le interesa limitar el número de armas pequeñas por su propia seguridad, para proteger la inversión extranjera y fomentar el desarrollo. Para ello, es preciso incluir las armas pequeñas en los programas europeos de seguridad, desarrollo y gobernanza. No se trata simplemente de apoyar programas de desarme, desmovilización y reconstrucción en el marco de nuestra respuesta de gestión de crisis, sino que debemos incluir este principio en programas de ayuda al desarrollo más amplios, así como en nuestro diálogo político con los demás países y regiones del mundo.
En aplicación de la estrategia de seguridad de la UE, eso significa desarrollar una estrategia comunitaria global de desarme y control de armas. Esa estrategia debe integrarse con iniciativas de la sociedad civil, de la misma forma que las ONG deben poder realizar una aportación activa a la reunión bianual de Estados de las Naciones Unidas, que se celebrará en julio.
Se trata, como decimos en la resolución, de un nuevo impulso para las consultas de las Naciones Unidas sobre la lucha contra las actividades ilegales de intermediación. Aquí en la Unión Europea, nuestros Estados miembros tienen que estudiar únicamente la posibilidad de aplicar estos controles a nuestros ciudadanos que operan fuera de la Unión. Sin embargo, esos intermediarios viajan al extranjero deliberadamente para realizar su actividad. Me hubiera gustado haber sido testigo esta tarde de un compromiso de la Presidencia luxemburguesa para reforzar la posición común a fin de conseguir que sea obligatorio controlar a los nacionales de países de la Unión que participan en el tráfico de armas, con independencia de dónde realicen esa actividad.
Por último, se trata también de limitar la oferta de armas en general. Las medidas tomadas por la Unión Europea para controlar la proliferación de armas pequeñas en Estados con conflictos se ven menoscabadas por nuestro papel como grandes exportadores de armas. Con independencia de la calidad del código de conducta comunitario, o de la necesidad de reforzarlo, el armamento alemán utilizado en Myanmar llegó allí porque se exportó a través de Ucrania, un país no vinculado por nuestras normas comunitarias. Esto demuestra por qué no son suficientes los acuerdos regionales. Por eso acojo con agrado el compromiso de mi Gobierno, el del Reino Unido, y del Gobierno finlandés, así como la recomendación del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas para liderar un tratado internacional sobre el comercio de armas. El transporte de armas debe ser objeto de controles legales, no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. 
Raül Romeva i Rueda,
   . Señor Presidente, permítame, en primer lugar, que dé las gracias tanto a la Comisión y al Consejo como al resto de colegas de esta Cámara por haber aceptado la invitación de tratar nuevamente esta cuestión —la lacra que suponen las armas ligeras en el mundo. Porque hoy, como se ha dicho, estas son las verdaderas armas de destrucción masiva, no solamente por el número de millones de víctimas que causan cada año, sino por las consecuencias sociales y políticas que provocan.
El descontrol de pistolas, revólveres, rifles de asalto, granadas, ametralladoras o armas similares, ha comportado dramáticas consecuencias para la seguridad e integridad de millones de personas en todo el mundo. En algunos países, como Brasil, Colombia o El Salvador, se estima que la violencia llevada a cabo con este tipo de armas es la responsable de la pérdida del 10 % del producto interior bruto.
A instancias de la sociedad civil y especialmente de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA), las Naciones Unidas celebraron en julio de 2001 una conferencia en Nueva York en la que se adoptó un Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. El próximo julio, los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas se reunirán nuevamente en Nueva York con motivo de la reunión bianual sobre la implementación de este Programa de Acción, y la conferencia de revisión está prevista para un año después.
El Programa de Acción insta a los Gobiernos a controlar la producción y la venta de este tipo de armas, a marcar las pistolas para facilitar su identificación una vez vendidas, a penalizar la producción y la posesión de armas ilícitas, a identificar y destruir los excedentes de armas y a establecer certificados de uso final para la exportación y el tránsito, entre otras medidas.
Desde 2001 se han hecho notables avances, sobre todo en materia de legislaciones nacionales. Sin embargo, todavía, es necesario profundizar y desarrollar las recomendaciones generales. En este contexto, la Unión Europea y sus Estados miembros deben seguir liderando el debate. El actual proceso de revisión del código de conducta es una buena oportunidad para ello. 
En general, soy optimista, tengo que decirlo, sobre todo después de que la Presidencia en ejercicio del Consejo, no solamente hoy, sino en otras ocasiones, haya insistido en la necesidad de profundizar e instar a los Gobiernos a que hagan un texto jurídicamente vinculante sobre corretaje y transferencias de armas ligeras. Sin embargo, otros datos me hacen ser un poco más cauto, como, por ejemplo, el que todavía sean pocos los países de la Unión Europea que se han mostrado favorables al establecimiento de un tratado internacional de comercio de armas. Hasta ahora solo Finlandia y el Reino Unido se han mostrado firmes defensores de la idea, aunque también España ha hecho alguna declaración en este sentido, por lo que nos gustaría que la matizara y la completara un poco más. 
Es urgente, estimados y estimadas colegas, que demos un impulso definitivo al establecimiento de un tratado internacional sobre comercio de armas que debería ser posible justo después de la conferencia de revisión del Programa de Acción de las Naciones Unidas en julio de 2006. Esto no es solamente necesario, sino claramente de vital importancia.
Vittorio Emanuele Agnoletto,
   . –Señor Presidente, Señorías, en el mundo en que vivimos circulan casi 700 millones de armas y cada año se fabrican más de 8 millones.
Hay empresas que las fabrican, intermediarios que las comercializan, Gobiernos y particulares que las compran y las venden y hay personas que mueren: una por minuto. Con estas palabras, Amnistía Internacional ha lanzado recientemente el proyecto , un tratado mediante el cual los Estados se comprometen a adoptar medidas para identificar todas las armas y municiones con un número de serie que no pueda falsificarse ni destruirse: un paso necesario para impedir el tráfico ilícito de armas. Mientras las armas no sean identificables, los Estados y las empresas declinarán siempre toda responsabilidad.
La Unión Europea debería apoyar de forma activa esta campaña. Italia, por ejemplo, el segundo productor del mundo de armas ligeras y el primero a escala europea, de 1999 a 2003, sin respetar los decretos legislativos, vendió armas por valor de 36 millones de euros a países implicados en conflictos armados, por 3,6 millones de euros a naciones sometidas a embargo y por 128 millones de euros a países condenados por violación de los derechos humanos. Por otra parte, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU controlan el 88 % del mercado mundial de armamento.
Por todas estas razones es fundamental la adopción por parte de la Unión Europea del tratado sobre el comercio de armas elaborado por un grupo de ONG y premios Nobel y el lanzamiento de una convención sobre los intermediarios de armas que prevea, entre otras cosas, que cualquier actividad que tenga por objeto la transferencia de armas entre terceros esté sujeta a autorización estatal.
Es necesario que la Unión Europea mejore el Código de Conducta sobre las transferencias de armas, aclarando las circunstancias en las que es posible negar una autorización de exportación de armas, ampliando los controles a todos los equipos militares y obligando a los Estados individuales a dotarse de legislaciones conformes al Código de Conducta y a publicar un informe anual sobre sus respectivas exportaciones de armas.
No podemos olvidar que precisamente las armas ligeras son responsables de la práctica totalidad de los muertos en conflictos que tienen lugar en todo el mundo.
Willy Meyer Pleite (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Schmit y al señor Michel por sus intervenciones, que yo destacaría fundamentalmente por el nivel de compromiso.
Este compromiso —que todos estamos interesados en asumir— se manifiesta en dos líneas de trabajo: la primera, acabar con el descontrol del comercio de armas y, en ese sentido, hay que insistir en la necesidad de tener mecanismos que permitan un control desde el momento en que se fabrica el arma hasta el momento en que se usa, es decir, debemos lograr un control internacional. Y, en segundo lugar, es fundamental y muy importante —ya lo han dicho otros colegas— que preparemos las condiciones para que en la reunión de 2006 consigamos avanzar y conseguir un verdadero tratado internacional que regule todo lo referente al comercio de armas.
Los europeos tenemos que seguir dando ejemplo. Sería muy importante que en el debate que estamos teniendo sobre el código de conducta consiguiéramos, en primer lugar, que este fuera más restrictivo y, sobre todo, que fuera vinculante para el conjunto de los Estados miembros.
Creo que, si trabajamos todos en esta dirección, podremos contribuir modestamente desde Europa a que se consiga el final efectivo de este descontrol, que es el origen de la mayoría del sufrimiento de muchas poblaciones y de muchos conflictos territoriales.
Por lo tanto, yo apelo a esa coincidencia de voluntades para que, efectivamente, consigamos, en un horizonte que no supere dos años, acabar con esta lacra de la humanidad.
Bart Staes (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, todos estamos de acuerdo en que las armas convencionales, y especialmente las armas ligeras, siguen siendo las que provocan el mayor número de víctimas en todo el mundo. Estas están disponibles con bastante facilidad en el mercado a un coste relativamente bajo, y demasiado a menudo dificultan los procesos de desarrollo sostenible y reconstrucción. Es cierto que deberíamos examinar nuestras propias conciencias, ya que mi país ha exportado en el pasado importantes cantidades de armas a zonas de conflicto. El Comisario Michel puede proporcionarles todos los detalles, además de su apreciación. Permítanme recordarles el suministro de armas realizado a Nepal o la República Democrática del Congo, en donde han sido asesinadas más de tres millones de personas desde agosto de 1998. El Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Schmit, ha hablado de interrumpir el suministro de armas. Por este motivo el proyecto de Tanzania y la construcción de una fábrica de armas merecen toda nuestra atención. Hay que poner fin a este proyecto.
Quisiera insistir especialmente en la petición política planteada por mis colegas diputados a la Presidencia en ejercicio del Consejo para garantizar que se haga la promesa política de elaborar un tratado internacional sobre el comercio de armas convencionales. Este tratado sobre el comercio de armas debería materializarse sin demora con el respaldo de los 25 Estados miembros, si fuese posible. 
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, hay dos propuestas en particular de este Parlamento que retomaré y transmitiré al Consejo, y pienso que también el señor Comisario ha tomado buena nota de ellas. En primer lugar, la mejora de los mecanismos de control dentro de la propia Unión Europea para rastrear mejor el itinerario de las armas, ya que esta información permite descubrir, mostrar e identificar el comercio de exportación existente y creciente de este tipo de armas. En segundo lugar, la idea de un tratado internacional. Hay en efecto una serie de grandes exportadores de armas ligeras a todas las regiones del mundo y esos exportadores no son necesariamente Estados miembros de la Unión Europea. En efecto, países en vías de industrialización se han convertido en exportadores y el único medio de controlar de forma efectiva este tipo de exportación, que subyace a los conflictos regionales a los que varios oradores han hecho referencia, es alcanzar unos compromisos internacionales mucho más firmes y también un sistema de control más sólido y eficaz. 
A mi entender, la Unión Europea debe tomar la iniciativa de un tratado de este tipo y apoyar los esfuerzos del Secretario General en este sentido, puesto que queremos desempeñar un papel a este respecto. Como alguien ha dicho –el señor Michel lo sabe bien–, queremos llevar con éxito una misión de paz, en particular en una parte de África, y la paz solo tiene una oportunidad si conseguimos cortar las líneas de abastecimiento de este tipo de armas, que a menudo son las armas de los países en desarrollo, las armas de los pobres. Como he dicho, a menudo arman los brazos de niños soldados, que es una de las cosas más horribles que se pueda imaginar.
Louis Michel,
    Señor Presidente, creo que se ha repetido suficientes veces. Es evidente que la lucha contra la proliferación de las armas ligeras y de pequeño calibre es un objetivo prioritario de la Unión Europea. Evidentemente, también debe ser un objetivo prioritario de los Estados miembros.
Por lo que se refiere al Código de Conducta europeo, cabe lamentar ante todo que no sea vinculante. En todo caso, no tiene ese carácter en todos los países y, por haberlo vivido personalmente, puedo asegurarles que basta que un país rechace una licencia de exportación para que, rápidamente, otros países europeos se ofrezcan de inmediato a servir el pedido no cursado. Creo que no hay que engañarse. En mi país, en particular, la ley contempla ahora este caso concreto y normalmente existe una obligación, pero es evidente que habría que convertirla en norma. Añadiré que, aunque tuviéramos un código vinculante, no por ello los competidores de fuera de la Unión Europea lo respetarían. Dicho esto, soy por supuesto el primero en querer dar carácter preceptivo a este Código.
Quisiera exponerles tres consideraciones. La rastreabilidad, en primer lugar, constituye un elemento muy importante, que consiste en poder remontar todo el itinerario del arma. Y quisiera también llamar su atención sobre una nueva perspectiva que puede ser interesante. Hoy se realizan investigaciones en Europa no solo para garantizar la rastreabilidad del arma, sino también para hacer el arma inoperante a distancia. Las investigaciones están ya muy avanzadas en este campo y creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas.
Quisiera citar también cierto número de proyectos y acciones llevados a cabo por varios Estados miembros. Así, algunos de ellos proponen a las poblaciones que poseen armas y aceptan devolverlas cambiárselas por bicicletas. Puedo decirles que, en África, es el tipo de acción que hay que alentar.
Otra consideración: yo, que conozco bien el problema africano, puedo afirmar que la Unión Europea no es el espacio comunitario que proporciona el mayor número de armas ligeras a África. Admito que debemos mostrar el camino, que de vez en cuando debemos incluso reconocer nuestra culpa, pero tampoco debemos hacer creer que todas esas armas proceden de la Unión Europea. La mayoría de ellas no proceden de la Unión Europea, proceden de otros países y, en particular, de restos, no utilizados, de algunos ejércitos. Podría citar países, pero no lo haré. Es evidente que algunos saben y saben incluso muy bien de quién hablo. Es, pues, un elemento muy importante.
Por lo que respecta al tratado sobre el comercio de armas, que consiste en introducir una autorización obligatoria de base nacional para todas las transferencias internacionales de armas y en el establecimiento de mecanismos eficaces de autorización y licencia, apoyamos por supuesto tales medidas y espero que, en algunos meses, podamos enorgullecernos de este tipo de avance.
Las limitaciones expresas de la transferencia de armas en caso de violación de las obligaciones resultantes del Derecho internacional, por ejemplo en caso de violación de los embargos de las Naciones Unidas sobre las armas, del Derecho consuetudinario, de los tratados internacionales que ligan a las partes contratantes o de inobservancia de las prohibiciones internacionales de determinadas armas, como las minas terrestres antipersona, las limitaciones también de la transferencia en función del uso, cuando, por ejemplo, se dé a conocer a una parte contratante que las armas transferidas pueden ser utilizadas en flagrante violación del Derecho humanitario internacional o de los derechos humanos para cometer un genocidio o crímenes contra la humanidad, son otros tantos elementos manifiestamente importantes de este tratado.
No obstante, el texto actual sigue siendo muy impreciso en varios ámbitos. El principal objetivo es conseguir que un número suficiente de Gobiernos se pongan de acuerdo sobre el principio de un instrumento jurídico internacional en materia de transferencia de armas. Las ONG intentan crear una dinámica en torno al concepto de tratado antes de abordar los detalles. El tratado se ha concebido como un convenio marco que puede completarse con protocolos relativos, entre otras cosas, al corretaje de armamento o a la producción con licencia. Pero, como siempre en estos casos, será necesaria una presión máxima para que todos los Estados lo suscriban, porque si son siempre los mismos Estados los que suscriben y los mismos los que no suscriben, sin duda cundirá el desaliento.
Por último, dado que se ha hecho referencia a mi experiencia personal, quisiera terminar diciendo que a veces es difícil juzgar la conveniencia de conceder o no una licencia de exportación de armas. En efecto, en algunos casos, señor Staes, cuando, por ejemplo, el ejército de un país o la policía de un país, que quizás no sea necesariamente una democracia, solicita tener acceso a armas o comprarlas y ese mismo Gobierno, ese mismo país, se enfrenta a rebeldes realmente muy peligrosos, que, por ejemplo, organizan auténticos escudos humanos cuando atacan a comisarías de policía o escuelas, es extremadamente difícil, como político responsable, tomar una decisión. Lo que quiero decir en realidad es que nunca se puede elegir entre una solución buena y otra mala, siempre hay que elegir entre dos soluciones malas. Entiendo bien a qué se refiere y puedo asegurarle, para responder a su pregunta, que si pudiera volver a hacerlo, tomaría exactamente la misma decisión, porque considero en el fondo de mi corazón que era la decisión que debía tomar.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves 26 de mayo. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0094/2005) de la señora Berès en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el nombramiento de un Miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
Pervenche Berès (PSE ),
   . –Señor Presidente, tal como prevén el Estatuto del Banco Central y los Tratados, debemos renovar los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central por rotación para garantizar que tenga cierta continuidad en el ejercicio de sus responsabilidades.
Hoy se nos brinda la ocasión de celebrar el modo en que el predecesor de aquel cuya candidatura debemos examinar, el señor Padóa-Schioppa, ejerció su cargo en el Comité Ejecutivo. Creo que en las relaciones que mantuvo con nuestra institución y más en general en su calidad de representante exterior del Comité Ejecutivo, demostró un gran talento y un gran dominio de estas cuestiones.
El candidato cuya propuesta de nombramiento debemos examinar hoy es el señor Bini Smaghi. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios tuvo ocasión en primer lugar de interrogarle por escrito conforme al procedimiento de cuestionario que conocemos bien y, después, de escucharle en una audiencia en que se llegó a un consenso entre los miembros de la comisión. A la luz de la tarea que deberá llevar a cabo, hemos podido comprobar que su pericia y su capacidad profesional no dejan lugar a dudas. Posee todas las cualidades para ser un buen banquero central y dos activos adicionales que quisiera mencionar: capacidad para comunicar, que sin duda es muy útil para un banquero central, y también una visión enriquecida por un enfoque pluridisciplinario.
Si la mentalidad de un banquero central basta para hacer de él un buen miembro del Comité Ejecutivo o si ha de tener una visión y una perspectiva más amplias es una cuestión que hemos debatido varias veces. Nos parece que el señor Bini Smaghi será capaz de aportar a los debates del Comité Ejecutivo ese enfoque pluridisciplinario y que esto hará que la política monetaria responda mejor a las necesidades de la economía real y de las aspiraciones de los ciudadanos.
Joaquín Almunia,
   . Señor Presidente, quiero, también, en nombre de la Comisión, empezar, como lo ha hecho la señora Berès, haciendo un homenaje a la tarea desarrollada a lo largo de su mandato por el señor Padóa-Schioppa como miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Creo que ha sido un ejemplo de bien hacer, de respeto a sus responsabilidades institucionales y de demostración de una profesionalidad por encima de toda sospecha; profesionalidad que también adorna la trayectoria del señor Bini Smaghi. 
La Comisión Europea no participa en el procedimiento formal de selección y de designación de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pero sí ha tenido la suerte de colaborar y conocer a lo largo de mucho tiempo al señor Bini Smaghi en su papel como economista de honda formación académica y de gran experiencia, tanto en su tarea como economista en la Banca d'Italia como en sus responsabilidades en la Administración italiana y, también, en su muy activa participación en el Comité Económico y Financiero, en el cual, hasta su nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha sido presidente de su subcomité en temas monetarios y financieros.
Creo que es una persona absolutamente idónea para el desarrollo de las funciones que se le encomiendan y, por lo tanto, aunque, repito, no tenemos ninguna participación formal, estaríamos enormemente satisfechos si el Parlamento, como ha hecho el Consejo Ecofin, apoyara este nombramiento. 
Sí quiero hacer una última consideración. La Comisión no participa en el procedimiento, pero es guardiana de los Tratados, y hemos analizado escrupulosamente si en todas las sucesivas etapas para la designación del señor Bini Smaghi se han cumplido los Tratados y las normas vigentes. Efectivamente, así ha sido; tuve ocasión de decirlo durante la reunión del Ecofin que lo propuso unánimemente como candidato. Pero, aprovechando esta ocasión, quiero decir que todavía hay cuatro Estados miembros de la zona euro que no han tenido ocasión de formar parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Portugal). 
El hecho de que en las dos últimas sustituciones de miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central se hayan producido por parte de las instituciones nombramientos que corresponden a la misma nacionalidad de la persona sustituida en nada obsta para que la Comisión deba recordar que el procedimiento no debe atender a la nacionalidad del saliente, sino a las competencias profesionales del entrante, como en este caso ha hecho, sin duda. 
Othmar Karas,
   .  Señor Presidente, señor Comisario, señora Berès, en esta Asamblea estamos de acuerdo sobre las cualidades del señor Padóa-Schioppa, que ha dejado el Comité Ejecutivo del BCE. Le agradecemos su trabajo y su cooperación con nosotros. Tras respaldar el nombramiento de su sucesor, también estamos de acuerdo sobre su preparación; lo vemos con buenos ojos y le deseamos el mayor éxito posible.
Quisiera tomar este debate como punto de partida para decir que estoy de acuerdo con el señor Comisario en que no debe haber nada automático en los nombramientos realizados por determinados países, y que habría sido positivo que hubiésemos contado con varios candidatos para los puestos disponibles, y por lo tanto, con una serie de cualidades, principios, opiniones y creencias fundamentales entre las que elegir. Que este no fuese el caso en esta ocasión no desacredita al señor Bini Smaghi, pero es algo que teníamos que poner de manifiesto.
En tercer lugar, hay que decir que el Banco Central Europeo desempeña un papel muy importante y lo hace muy bien, gracias a su independencia, también como guardián del euro y fuerza impulsora del mismo. Quisiéramos instar al señor Bini Smaghi a que se una a sus colegas del Comité Ejecutivo en el respeto de estos principios. En este sentido, las modificaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento otorgarán al Banco Central Europeo un papel aún más importante, en colaboración con la Comisión. Algo que deberíamos hacer es comparar las dos estadísticas que se nos han facilitado, con el fin de garantizar que no existan discrepancias en el modo en que se evalúa a los países; también pienso en las evaluaciones y declaraciones públicas del BCE como guardián de la estabilidad de precios, en lo que respecta al tamaño de los presupuestos de los Estados miembros, las cosas en que invierten sus presupuestos y el desglose de sus ingresos tributarios. Lo que necesitamos es un Banco Central sólido e independiente, que permita al euro continuar su acertada andadura. 
Manuel António dos Santos,
   . – En mi opinión, el Parlamento debería votar a favor del nombramiento del señor Smaghi para el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), de conformidad con la propuesta de recomendación elaborada por la señora Berès.
Personalmente, creo que debo señalar el oportuno respaldo y la defensa del Tratado Constitucional por parte del candidato. Su nombramiento nos ofrece la oportunidad de reiterar algunos de los aspectos que han demostrado ser cruciales en el planteamiento del Banco Central Europeo respecto a la situación económica de la UE, y especialmente su contribución al cambio y a una sólida recuperación.
El nombramiento del señor Smaghi concuerda con la decisión del Consejo que modificó considerablemente las normas que rigen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que estaban destinadas a mejorar sus procedimientos. Se sabe que el BCE se opuso inicialmente a todo cambio del reglamento, e incluso llegó a amenazar con subir los tipos de interés. Posteriormente aceptó los cambios establecidos por el Consejo, pero siempre de forma provisional y conservadora.
A pesar de que es cierto que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluye un pilar para prevenir y otro destinado a remediar, también es cierto que este instrumento político, económico y financiero debe aplicarse en todos los ámbitos. Es inaceptable que los denominados factores relevantes y circunstancias excepcionales, ahora identificados y formalizados por el Consejo, se vean reducidos a pequeñas enmiendas a la normativa vigente.
La lectura del documento aprobado por el Consejo es clara e inequívoca, y de hecho incluye importantes modificaciones del modelo actualmente vigente. Ignorar este hecho o simplemente reducirlo a formalidades y enmiendas cosméticas es totalmente erróneo. A pesar de todos los esfuerzos del BCE por controlar y contener los precios, y su indiscutible éxito en la consecución de este objetivo, la economía de la UE está lejos de mostrar indicios claros de recuperación y no ha conseguido resolver su principal problema, el desempleo.
De hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional instó al BCE a que redujera de nuevo los tipos de interés. Esto forma parte del nuevo marco adoptado por el Consejo para la supervisión, el control y la solución de desequilibrios fiscales. Lo que está en juego no es una liberalización presupuestaria al por mayor, sino la recuperación económica y social de la UE, para lo que el BCE debe contar con un enorme crédito. El Comité Ejecutivo del BCE no debe pasar por alto este hecho inevitable y el recién nombrado miembro del mismo debe garantizar que lo incluya en su plan de trabajo político. 
Luca Romagnoli (NI ).
   – Presidente, Señorías, intervengo para explicar mi voto contrario al nombramiento del profesor Bini Smaghi, porque, aun siendo un riguroso estudioso de reconocida trayectoria y competencia, se ha pronunciado a favor de políticas que son absolutamente inaceptables. Al término de la audiencia sostuvo la necesidad de que el BCE no reduzca los tipos de interés. Se ha pronunciado, naturalmente, por la ratificación de la Constitución, que justamente facilita la tarea del Banco Central Europeo, que es para nosotros la madre de todas las usuras: en efecto, priva de contravalor al papel moneda que autoriza estampar y gobierna los tipos de interés aplicables por los bancos de los Estados miembros, obligando después a los consumidores a unas condiciones usureras. Además, se ha declarado favorable al Pacto de Estabilidad, que limita la libertad de los Estados nacionales.
Lorenzo Bini Smaghi ha sostenido públicamente que las instituciones surgidas de los acuerdos de Bretton-Woods –Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial– cuentan entre sus justos objetivos la estabilidad del sistema financiero internacional, pero olvida que, en nombre de esta, han favorecido la pobreza y el aumento de las diferencias entre ricos y pobres.
Para nosotros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BCE representan los intereses de una exigua minoría de tecnócratas y de las grandes finanzas transnacionales, que se enriquece con las especulaciones financieras. Se trata de instituciones que han decretado la desgracia de naciones enteras: recordemos el caso de Yugoslavia, primero asfixiada por tipos de interés extorsionadores y después aplastada, destruida y desmembrada.
Por tanto, nuestro voto no va ciertamente en contra de la persona, a quien apreciamos, sino en contra de una de las instituciones que no compartimos y que de hecho condenamos positivamente.
Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al señor Smaghi por su nombramiento. Espero colaborar con él.
Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las respuestas del señor Smaghi a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios revelaron ciertas incoherencias, que quisiera señalar brevemente. Aunque su comentario sobre las incertidumbres jurídicas del antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento es válido, su interpretación de las condiciones dinámicas que provocaron la reforma del mismo es cuestionable. Parece que el señor Smaghi da a entender que la propia rigidez del pacto hizo que determinados Estados miembros infringieran sus normas y que las políticas de dicho pacto imposibilitaron el seguimiento de una política económica sensata. Resulta decepcionante oír esto en boca de una persona que está a punto de instalarse en el BCE. La verdad es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue destruido por la incapacidad política de algunos Estados miembros para aplicar una política económica sensata basada en las normas acordadas por todos, mucho después de que entraran en vigor.
Quisiera recordar al señor Smaghi que, sin unas normas eficaces aplicables a todos en condiciones de igualdad, la Unión Europea sería una mera agrupación de países con escasos poderes de coordinación. Con toda seguridad, como miembro del Consejo del BCE, no puede estar a favor de una evolución que incrementaría la asimetría económica entre los Estados miembros pertenecientes a la zona euro.
En segundo lugar, en lo que respecta a su nombramiento en sí, es preciso clarificar las normas que rigen qué Estados miembros de la zona euro obtienen plazas en el Consejo del BCE. Esas normas deben basarse en mecanismos verdaderamente abiertos de selección de candidatos. El actual sistema parece favorecer con excesiva frecuencia la entrada automática de los candidatos de los grandes Estados de la zona euro, a expensas de los candidatos de los Estados más pequeños. Estos últimos quedan excluidos de los acuerdos de pasillo que deciden los nombramientos. Eso es totalmente lamentable y puede resultar perjudicial a largo plazo.
Aunque con estos «peros», vuelvo a felicitar al señor Smaghi por su nombramiento. No estoy en contra de ese nombramiento, pero me preocupan las circunstancias generales relacionadas con el mismo. 
Ashley Mote (NI ).
   – Señor Presidente, es de esperar que el señor Smaghi aporte algo parecido a disciplina financiera al BCE.
Recientemente planteé una pregunta sobre el hecho de que el BCE haya decidido doblar la cantidad de billetes de 500 euros que imprimirá este año. Se trata de los billetes de mayor valor del mundo, ya que su valor es siete veces el de un billete de 100 dólares estadounidenses, y la divisa elegida por la mafia rusa. El año pasado, la falsificación de billetes de 500 euros aumentó un 160%, y estoy hablando únicamente de los billetes que se han detectado. La respuesta de la Comisión a mis preguntas habría sorprendido incluso a alguien con pocas entendederas. Me dijeron que «una fuerte demanda de billetes de valor elevado solo puede atenderse mediante denominaciones más bajas y crecientes costes de impresión». ¿Les parece eso una respuesta seria de un banco central? Seguían diciendo que «los billetes de 500 euros se utilizan ampliamente para fines de atesoramiento». ¡Pues vaya sorpresa! Y, por último, «no hay indicios de que los billetes de elevada denominación fomenten operaciones ilegales». ¿En qué planeta viven? El BCE debe haberse vuelto loco para fomentar un aumento de la circulación de esos billetes, y creo que el señor Smaghi tiene mucho trabajo que hacer.
Joaquín Almunia,
   . Señor Presidente, dos palabras simplemente para reiterar lo que he dicho en mi primera intervención y que coincide con una amplia mayoría de las intervenciones de los diputados y diputadas. Le deseamos al señor Bini Smaghi el mayor de los éxitos, porque el éxito en su tarea como uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo será el éxito de la moneda única, será el éxito de la unión económica y monetaria y será el éxito del progreso, la felicidad y el bienestar de todos los ciudadanos europeos. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles al mediodía. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión: Plan de acción sobre el Programa de La Haya «Libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea». 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, Señorías, la Comisión ha adoptado hoy un proyecto de comunicación que yo había presentado y que consiste en el plan de acción para poner en práctica y realizar las prioridades del denominado programa de La Haya para la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
La comunicación contiene una primera formulación de los objetivos políticos y un anexo que indica las principales medidas concretas, acompañadas también de los plazos temporales para la adopción de cada una de las iniciativas. Hemos elaborado un programa que consta de 84 iniciativas para el período de tiempo global del mandato de la Comisión: de esas 84 medidas, 32 se realizarán ya en 2005, que será el año más importante para el arranque del plan de acción. Consideramos que ponemos en marcha así la segunda fase de la política europea de libertad, seguridad y justicia. 
En primer lugar, se trata de dotarnos de los medios para programar y planificar mejor las acciones futuras. Desde luego, somos conscientes de que, en materia de seguridad, siempre es posible cierta imprevisibilidad de los acontecimientos exteriores, pero hay que trabajar con un plan estratégico y evitar las medidas de emergencia: se trata de áreas, tanto la de la seguridad como la de la justicia y la de las libertades, en que no podemos idear una única medida con carácter episódico, sino que debemos idear una línea europea que responda a las demandas de los ciudadanos y marque la diferencia con respecto a las acciones individuales de los Estados miembros.
Otro aspecto de nuestro trabajo será el control de la aplicación de las iniciativas individuales de los Estados miembros. Hemos preparado una guía de referencia concreta, un capítulo de la comunicación relativo a la elaboración anual de un informe, una especie de plan de gestión, que sería en realidad un esquema comparativo de las medidas adoptadas a escala nacional para aplicar y respetar las orientaciones recogidas en este documento. Creo que este informe es importante; el primero se publicará en diciembre de este año, seis meses después de la adopción del plan de acción por la Comisión. 
Los tres grandes objetivos que la Comisión quiere perseguir son, en primer lugar, el fomento y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideramos que es un aspecto central de la ciudadanía europea, que debemos realizar de modo orgánico, pero que requiere que Europa, en su interior y en el exterior, en su acción internacional, sea promotora y no solo defensora pasiva de los derechos fundamentales y las libertades de las personas.
Evidentemente, este aspecto se relaciona con la exigencia y la prioridad de una seguridad que los ciudadanos europeos piden; seguridad quiere decir una acción decidida en contra del terrorismo y de la delincuencia organizada, y una atención especial a las víctimas de la delincuencia. Prestaremos especial atención a este aspecto, pero como ya he señalado, nuestras medidas para reforzar la seguridad no podrán ir en detrimento de las libertades y los derechos fundamentales de cada uno. Los principios rectores serán: más seguridad, más respeto y más protección, así como promoción de las libertades individuales.
Un importante capítulo se dedica a los distintos aspectos de la solidaridad: solidaridad quiere decir considerar a escala europea, y no ya a escala nacional, materias como la inmigración, separando el aspecto de la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, contra el cual debemos trabajar con energía, del aspecto de las normas para la admisión de los inmigrantes legales, de los que tienen derecho a obtener un acceso adecuado a los servicios sociales; por tanto, una política de integración basada en la legalidad y en el respeto de las leyes; evidentemente, también en este sector, solidaridad quiere decir equilibrio entre el derecho de nuestros conciudadanos a una garantía contra los traficantes de seres humanos y la protección de las víctimas de los traficantes de seres humanos, es decir, los propios inmigrantes o los solicitantes de asilo.
Con este punto se relaciona el dedicado al espacio europeo de justicia. Por supuesto, sintetizo al máximo estos aspectos, pero encontrarán los detalles en la comunicación: la justicia civil y la justicia penal. No podemos considerar solo la justicia penal, debemos resaltar que la justicia civil y la armonización de las normas o al menos la solución de problemas comunes puede ayudar a los ciudadanos europeos ante problemas graves de su vida cotidiana. Pienso en algunos aspectos relativos al derecho de la familia, por ejemplo, las sucesiones entre personas de distintas nacionalidades, la ejecución de las órdenes de pago en las que el acreedor es de un país y el deudor de otro: también en el derecho civil podemos encontrar soluciones que mejoren y resuelvan algunos problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sin duda, todo esto significa un compromiso de los tres agentes institucionales europeos: el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Queremos trabajar para reforzar esta acción, reforzar esta cooperación interinstitucional. Haremos, allí donde sea posible, todos los esfuerzos necesarios para ampliar las áreas de codecisión con el Parlamento. En este plan de acción hemos recogido muchos aspectos que el Parlamento había subrayado; recordaré solo uno: un mayor protagonismo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en algunos sectores. En ocasiones, hemos encontrado problemática la reacción del Consejo, pero nos sentimos comprometidos a seguir trabajando para que los tres agentes institucionales se pongan de acuerdo en torno a la aplicación de las directrices de este plan de acción.
Conozco, desde luego, el informe elaborado por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el señor Cavada, tras una audiencia y un debate en profundidad sobre las prioridades en materia de seguridad, justicia y libertad. Como pueden ver, dicho documento recoge muchas de esas indicaciones, muchas de esas sugerencias. Espero y deseo que en esta ocasión y en la prosecución de los trabajos del Parlamento puedan encontrar cierta concordancia con la estrategia de la Comisión en lo concerniente a las líneas de acción.
Concluiré diciendo que, evidentemente, contamos con el apoyo de este Parlamento. Contamos con su apoyo porque libertad, justicia y seguridad son necesidades fundamentales de los ciudadanos, son pilares de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y del Tratado Constitucional de la Unión Europea; también porque se trata de materias que tienen una importante dimensión política, no una dimensión burocrática. Por ello, el Parlamento Europeo, como agente político, podrá presentar contribuciones, propuestas y peticiones de integración que sin duda tendremos en cuenta.
Martine Roure (PSE ).
   –Señor Vicepresidente, por supuesto estamos de acuerdo con usted; nuestra principal prioridad es la protección y la promoción de los derechos fundamentales. Pero en su plan de acción solo está previsto un único nuevo programa para la ciudadanía y los derechos fundamentales. ¿Piensa que es suficiente?
Nos preocupa incluso el número creciente de disposiciones previstas para el arsenal represivo. En efecto, tememos una extensión del uso de la biometría, tememos profundamente una extensión del acceso ampliado a las bases de datos sobre los visados y sobre el sistema Schengen y queremos saber dónde están los aspectos técnicos de la utilización de la biometría en los visados.
¿Tendrá usted en cuenta la opinión negativa del Parlamento Europeo en las nuevas conversaciones con los Estados Unidos sobre la transferencia de datos personales? Y, por último, reafirmamos nuestro deseo de preservar un equilibrio entre la protección de la intimidad y la seguridad.
Cem Özdemir (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su intervención. Tengo una pregunta sobre las diez prioridades. El punto 3 se dedica a la gestión de la inmigración mediante lo que se llama un nuevo enfoque equilibrado de la gestión de la inmigración. El problema, como ya se ha dicho, es que la decisión sobre cuántos inmigrantes procedentes de terceros países pueden ser admitidos en la Unión Europea sigue siendo una decisión que compete a los Estados.
La Comisión sugirió que una zona de libre circulación exige una política de inmigración común y nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo va a intentar superar la Comisión la contradicción inherente al hecho de que, por una parte, la Unión Europea está desarrollando un sistema común de asilo, un sistema común de visados y un control fronterizo común, mientras que, por otra parte, la inmigración legal, que es una parte muy importante de la gestión de la inmigración, sigue siendo una cuestión estrictamente nacional? 
Sophia in 't Veld (ALDE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar me complace mucho saber que la Comisión no solo va a proteger sino que va a promover activamente los derechos fundamentales. Este es un paso adelante.
Tengo una propuesta concreta sobre los registros de pasajeros –también mencionados en el plan de acción– y más concretamente en relación con el incidente con el avión de KLM de hace un mes. He formulado una pregunta escrita a la Comisión Europea. También he planteado la cuestión durante el debate del período parcial de sesiones de abril, pero hasta la fecha no he recibido respuesta. Es posible que se trate de una violación del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, así que es urgente que recibamos una respuesta. Me pregunto si el Comisario Frattini podría darnos algún indicio sobre el sentido de esa respuesta. 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, sin duda el tema de la ciudadanía y de los derechos fundamentales es uno de los que más nos preocupan en este contexto. La ciudadanía europea será, a mi entender, la síntesis de todos nuestros valores comunes, de los principios europeos en los que creemos y que hemos inscrito en la Carta de los Derechos Fundamentales.
Precisamente por ello, en el plan de acción apostamos no por reforzar el arsenal represivo –es decir, evitamos un planteamiento únicamente represivo y punitivo–, sino por encontrar un equilibrio entre la necesidad de investigación –la necesidad de identificar a los autores de los delitos, ante todo a los terroristas y los miembros de la delincuencia organizada– y la protección de los derechos y las libertades personales.
Esto quiere decir potenciar, por ejemplo, los derechos jurídicos y procesales: una primera propuesta está ya tramitándose en este Parlamento. No es suficiente, es solo una primera propuesta para el debate, le seguirán otras para mejorar la defensa de las prerrogativas, las libertades y los derechos de las personas.
Entre estos, por supuesto, despunta el tema de la protección de los datos personales, que tendremos en especial consideración. A este respecto, me he reunido recientemente con el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Le he confirmado mi intención de consultarle previamente cuando presente propuestas por mi parte, precisamente para garantizar, en el tema de la protección de los datos personales, la posibilidad de tener en cuenta las distintas preocupaciones, incluidas las del denominado Comité del Artículo 29.
Esta cooperación va más allá de los aspectos puramente formales, es decir, cuando el fundamento jurídico nos permite reconocerlo explícitamente en el procedimiento, y se extiende a los casos en que queremos asegurar de antemano que se respeten las normas de protección de los datos personales. He renovado una oferta de colaboración informal con la Comisión.
Esto vale se aplica a muchos sectores. Se aplica al expediente relativo al acuerdo suscrito la pasada legislatura con los Estados Unidos –por cierto, como he dicho antes, esperamos una sentencia del Tribunal de Justicia antes de hacer nuestra evaluación–, y se aplica sin duda al pleno respeto de los acuerdos existentes con la Unión Europea, y me refiero al episodio concreto mencionado hoy de un vuelo de KLM que no fue autorizado a cruzar el espacio aéreo de los Estados Unidos. Sobre este incidente daré una respuesta precisa dentro de un momento.
El último tema que se ha tocado es el de la inmigración. El tema de la inmigración debe abordarse sin duda en su conjunto: inmigración ilegal por una parte y política europea de integración y de inmigración legal, por otra. El diputado que ha intervenido ha recordado las competencias nacionales. Como es sabido, las competencias nacionales se limitan al número de personas que pueden ser admitidas en un determinado Estado, pero existe una disponibilidad por parte de los Estados miembros a ponerse de acuerdo sobre algunas normas comunes, y este es el objetivo del Libro Verde que presentamos en enero.
Por tanto, también en materia de inmigración legal, no solo ilegal, será necesaria una acción de Europa, no de los Estados miembros individuales. Desde luego, el número de inmigrantes que deben acogerse sigue a discreción de los Estados miembros, pero el propio Tratado Constitucional, como saben, confirma este principio.
Por último, sobre el caso concreto del vuelo de la KLM, hemos obtenido informaciones que serán objeto de una respuesta escrita, que llegará en breve, por parte de la Comisión, en particular de la oficina de la señora Ferrero-Waldner. No obstante, puedo anticipar, como se ha pedido, el contenido de las informaciones que hemos recibido. Dichas informaciones nos dicen que los datos sobre los pasajeros de ese vuelo no habían sido transmitidos en virtud del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), sobre cuya base la Comisión habría podido intervenir, sino con arreglo a un acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos, el denominado Acuerdo APIS. Por tanto, en este caso, la Comisión no puede interferir en un acuerdo que afecta a los Estados Unidos, por una parte, y a México, por otra, precisamente porque no se ha aplicado el Acuerdo PNR, sobre cuya base habríamos podido intervenir. Estos son los primeros elementos recibidos, pero por supuesto la respuesta escrita será mucho más detallada.
Giusto Catania (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, doy las gracias al Vicepresidente Frattini por estar hoy aquí. Considero que cuanto nos ha dicho indica algunos objetivos correctos, pero demasiado a menudo los instrumentos para alcanzarlos no son los más adecuados.
Me refiero, en particular, a la necesidad de hacer frente a la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Demasiado a menudo se le ha hecho frente mediante juicios y expulsiones sumarias, a veces vulnerando el principio de no rechazo e incluso denegando a las personas el derecho de asilo. Me refiero en particular al hecho de que, el pasado 14 de abril, el Comisario Frattini se reunió con los Ministros de Asuntos Interiores de la Unión Europea para reforzar la cooperación con Libia a fin de frenar la inmigración ilegal. He asistido personalmente al trato a que son sometidos los inmigrantes ilegales en Libia –incluidos los que son devueltos por un país europeo– y he presenciado vulneraciones manifiestas de los derechos humanos.
Pregunto si la Unión Europea pretende servirse de tales instrumentos para frenar la inmigración ilegal.
Sarah Ludford (ALDE ).
   – Señor Presidente, agradezco su presentación al Comisario Frattini. El problema es, Comisario, que hay una gran distancia entre su buena fe personal, que reconozco, de no menoscabar la intimidad y la protección de datos –y también la buena fe de la Comisión, que ha asegurado que no va a renunciar a esos principios en aras de la seguridad– y la realidad de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sus promesas chocan con grandes dificultades, en buena medida derivadas de la cultura de las fuerzas policiales europeas, que, en ocasiones, es un poco arrogante en cuanto a la protección de datos. En el contexto de la aplicación del principio de disponibilidad, de interoperabilidad, de las bases de datos, de transferencias a terceros países –que se han convertido en transferencias a cuartos países– yo no sé cómo van a conseguir mantener su postura, porque eso no está ocurriendo en este momento. Llevamos años esperando a que se aprueben normas de protección de datos en el tercer pilar, que se nos prometieron para el final de este año. ¿Qué pueden hacer para crear un clima de respeto realmente reforzado del cumplimiento estricto de las normas de protección de datos ante la enorme presión para debilitarlas, como acabamos de escuchar en el caso de los registros de pasajeros? 
Mihael Brejc, (PPE-DE ).
   Señor Comisario, quisiera plantearle la siguiente pregunta. Cada vez que se produce un delito, la víctima y el delincuente se encuentran en una posición desigual. El Estado proporciona al delincuente protección legal, mientras que la víctima debe buscarla por su cuenta.
Por ello me complace especialmente que haya destacado usted de forma explícita su intención de dedicar especial atención a las víctimas del crimen organizado. Me complace también porque el programa político del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- Cristianos) y de los Demócratas Europeos destaca esta misma cuestión.
Por lo tanto, me interesaría saber cómo garantizará la Comisión un trato más adecuado de las víctimas en los Estados miembros.
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, la primera cuestión se refiere a Libia y puedo decir resumiendo que el primer informe de la Comisión sobre Libia, que expuse a los Ministros de Asuntos Interiores exactamente el 14 de abril, como ha señalado el señor Catania, pone de manifiesto algunos factores preocupantes.
El informe está disponible, no es secreto, pero precisamente por las cuestiones y preguntas que surgieron en la reunión con los Ministros de Asuntos Interiores decidimos enviar una segunda misión técnica a Libia para visitar los lugares donde se encuentran personas repatriadas o personas que esperan poder llegar a Europa.
Los resultados de esta segunda misión todavía no están disponibles, pero la misión ha concluido ya y en el próximo Consejo de Ministros de Asuntos Interiores, del día 2 o 3 de junio, no recuerdo exactamente, informaré de la segunda misión y propondré iniciativas concretas, que sin duda estarán inspiradas en la necesidad de proteger enérgicamente sobre el terreno, por tanto también en Libia, los derechos fundamentales de las personas que hayan entrado legal o ilegalmente, que en todos los casos tienen derecho a ser tratadas con dignidad, como seres humanos. Desde luego, se mantendrá constantemente informado al Parlamento de todo esto.
Con respecto a la protección de los datos, baronesa Ludford, usted sabe perfectamente hasta qué punto esta cuestión es para mí motivo de preocupación constante. Sin duda, un modo de indicar el camino correcto es decir que no es posible acceder a los datos personales salvo para los fines concretos autorizados por la ley. No es posible una extensión por analogía: como se ha autorizado para determinados fines, podemos extender el acceso a otros fines. Bien, esto no se puede hacer. 
Si empezamos a ser concretos con esto y decir, por ejemplo, que solamente se permite a determinadas autoridades acceder a los datos reservados de las personas y no a otras autoridades, empezamos a fijar algunas directrices. Pondré solamente un ejemplo conocido por usted: los Ministros de Asuntos Interiores me han pedido que desarrolle una mayor capacidad de acceso de las autoridades de investigación a los bancos de datos existentes. Mi respuesta es que el derecho de acceso se podrá ampliar si paralelamente aumenta también la protección de esos datos con una propuesta del Tercer Pilar, que, les confirmo, presentaremos antes de finales de año. A mi entender, la respuesta es «hemos de ser claros». 
Hay fines que deben interpretarse de forma estricta, como dicen los juristas, en los que, si se autoriza el acceso a los datos para un fin, no puede autorizarse para otro. Esta es la base de partida sobre la que he comenzado a trabajar. 
El último tema es el de las víctimas de delitos: presentaremos propuestas para ayudar financieramente a las víctimas, no de forma directa, sino, por ejemplo, a través de organizaciones e instituciones que se ocupan de la atención, incluso psicológica, de quienes han sufrido un acto violento, han sido objeto de trata de seres humanos o huyen de traficantes. Hay muchas formas de asistencia, incluida la asistencia práctica, a las personas que han sido víctimas de delitos; no podemos mantener relaciones financieras individuales, pero podemos desarrollarlas a través de instituciones y organizaciones específicas. Nos preocuparemos concretamente de aliviar los efectos en quienes han sufrido las consecuencias trágicas de la delincuencia.
El Presidente.
   El debate queda cerrado. 

La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0236/2005). Vamos a dirigir una serie de preguntas a la Comisión.
La Presidenta.
Desde que el 1 de enero de 2005 dejó de aplicarse el sistema internacional de cuotas sobre los productos textiles y aprovechando sus inferiores costes de mano de obra y de fabricación, las exportaciones de algunas prendas de vestir chinas a Europa han aumentado en más del 500 %.
¿Está de acuerdo la Comisión en que estas excesivas importaciones de ropa están provocando distorsiones en el mercado y en que miles de puestos de trabajo del sector textil pueden peligrar si China no limita sus exportaciones? ¿Apelará la Comisión ahora a las normas de la OMC para imponer límites a las importaciones chinas del 7,5 % al año hasta 2008?
Charlie McCreevy,
   . Intervengo sobre este tema en nombre de mi colega, el señor Mandelson. En su calidad de miembro de la OMC, China se ha beneficiado de la supresión de las cuotas para productos textiles a partir del 1 de enero de 2005. Las cifras de importaciones de los primeros meses de 2005 demuestran que los exportadores chinos han aprovechado las oportunidades que les ha ofrecido esa supresión de cuotas. Teniendo en cuenta la gran inquietud mostrada por los fabricantes textiles europeos, los sindicatos y algunos Estados miembros, la Comisión abrió el pasado 29 de abril una investigación que abarca varios productos, con el fin de determinar si se han producido distorsiones del mercado y una evolución desordenada del comercio tal y como se definen en la legislación comunitaria relevante de acuerdo con el protocolo de adhesión de China a la OMC. Tras estas investigaciones, la Comisión puede decidir abrir consultas formales con China. En ese caso, China se verá obligada a limitar las exportaciones a la Comunidad a determinados niveles, con una tasa de crecimiento, en general, del 7,5 %.
Esas medidas pueden estar en vigor hasta el 31 de diciembre, o durante un año, dependiendo de cuándo se hayan solicitado las consultas. Asimismo, pueden volverse a aplicarse si fuera necesario. 
Eoin Ryan (UEN ).
   – Agradezco al Comisario su respuesta. Según los numerosos informes de los medios, parece que el Comisario responsable del comercio solicita moderación en este ámbito y ha pedido que se evite lo que él denomina pensamiento proteccionista. Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos ha aceptado una solicitud de su industria textil para investigar el acusado incremento de la importación de textiles de China. El Secretario de Comercio estadounidense, Carlos Gutierrez, ha prometido una investigación rápida e imparcial. Ha dicho lo siguiente: «Queremos hacerlo rápidamente y queremos hacerlo bien».
¿Cuál es la gran diferencia de los textiles comunitarios, que lleva a lo que parece ser un enfoque muy prudente de la Comisión, en lugar del enfoque rápido e imparcial de los Estados Unidos? 
Charlie McCreevy,
   .  La Comisión está defendiendo activamente los intereses de la industria textil europea, pero desea basar sus medidas en hechos y en las normas de la OMC. Las directrices aprobadas y publicadas a principios de abril estipulan procedimientos rápidos para analizar si es preciso tomar medidas de salvaguardia en respuesta al fuerte incremento de las importaciones de productos textiles y de confección de China. De acuerdo con estas directrices, si los hechos lo justifican, la Comisión puede iniciar una investigación con el fin de analizar si se cumplen las condiciones para la imposición de medidas de salvaguardia.
El 29 de abril, la Comisión abrió una investigación sobre nueve categorías de productos textiles y de confección. La Comisión ha afirmado que hará todo lo posible por cerrar esta investigación antes de que concluya el plazo máximo establecido en las directrices. En paralelo, la Comisión celebrará consultas informales con las autoridades chinas con el fin de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes que alivie la situación de la industria europea y evite el recurso a medidas de seguridad.
Si estas conversaciones no tienen éxito, la Comisión se reserva el derecho de solicitar la apertura de consultas formales con China a través de la OMC y, posiblemente, de imponer medidas de salvaguardia, siempre que los hechos lo justifiquen. Se han producido solicitudes de aplicación del procedimiento de emergencia estipulado en las directrices. Eso implicaría pasar directamente a las consultas formales con China a través de la OMC sin una investigación previa, si hay pruebas de que, de no seguirse ese procedimiento, la industria comunitaria sufriría daños irreparables. Los servicios de la Comisión están analizando estas solicitudes. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Comisario, Señorías, uno de nuestros principales problemas actuales con respecto al comercio con China es la situación monetaria. ¿Cabe la posibilidad de que la Comisión lleve a cabo un estudio al respecto o que elabore un Libro Verde para mostrarnos qué efectos pueden tener sobre China los mecanismos de mercado del ámbito monetario y financiero? 
Charlie McCreevy,
   .  Los hechos que la Comisión está teniendo en cuenta en estos momentos se refieren a los datos de las importaciones que se publicaron tras el primer trimestre de este año. La Comisión esperó a tener los datos de importaciones en lugar de basarse en los acuerdos de licencias.
La segunda pregunta de su Señoría sobre la situación de la divisa no se está estudiando de acuerdo con las actuales normales de la OMC. Los Estados Unidos, en un contexto distinto, han estado hablando sobre la situación de la divisa en China, es decir, sobre el tipo de cambio fijo chino, que, según comentaristas estadounidenses, está agravando la situación de las exportaciones de China. La cuestión de las divisas es un tema totalmente ajeno a la investigación de conformidad con las normas de la OMC. Existen distintos análisis expertos sobre lo que debería hacerse sobre la divisa china. En estos momentos, no se está analizando esa cuestión de conformidad con las normas de la OMC y esta pregunta concreta. 
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, nadie duda de que China es un factor importante en el sistema comercial mundial. Yo mismo también estoy convencido de que es preferible para China integrarse en las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio antes que ser un sistema libre y no regulado. Sin embargo, quiero hacer tres observaciones:
En primer lugar, es preciso establecer pronto la cooperación en materia de aduanas. Así se limitarían significativamente las importaciones de productos falsificados chinos y, más en general, se protegería el cumplimiento por parte de China de las normas y disciplinas de la OMC.
En segundo lugar, ¿hasta qué punto es eficaz el reglamento de diciembre de 2004?
En tercer lugar, ¿qué se ha logrado protegiendo la investigación en torno a las importaciones de textiles de origen chino? 
Charlie McCreevy,
   .  La Unión Europea respeta las normas de la OMC, que establecen bastante claramente lo que hay que hacer en esta fase concreta. Por eso, el Comisario Mandelson esperó a tener información objetiva sobre las exportaciones de China a la Unión Europea durante los tres primeros meses de este año. Ahora, la Comisión ha puesto en marcha otras medidas. A raíz de esta medida concreta, ahora se están investigando varias categorías.
Sin embargo, como ha destacado mi colega, el señor Mandelson, de conformidad con el acuerdo aprobado en el seno de la OMC, los Estados miembros de la Unión han tenido diez años para prepararse para esto. Por lo tanto, no debería sorprendernos mucho –ni tan siquiera un poco– que los exportadores chinos aprovechen la oportunidad.
Asimismo, con independencia de la medida que se tome a raíz de la investigación que se está llevando a cabo, sus efectos solo pueden durar hasta el 31 de diciembre de 2008. No estoy anticipando la decisión que se tomará a resultas de estas investigaciones, pero, sea cual sea, las medidas que se tomen podrán estar en vigor como máximo hasta que termine el año 2008.
Por otra parte, su Señoría ha preguntado por la colaboración aduanera. La investigación realizada por los servicios de la Comisión ofrece datos de todos los Estados miembros sobre el volumen de importaciones procedentes de China durante los primeros meses de este año. La colaboración aduanera entre las autoridades de los Estados miembros en cuestión y la Comisión para facilitar la información exacta sobre los datos reales de las importaciones ha sido buena. 
La Presidenta.
Muchos pasajeros, que reservan vuelos y alojamiento por separado por Internet en vez de hacerlo a través de paquetes turísticos, no gozan de una protección adecuada contra la posibilidad de quedarse en la estacada en el extranjero o de perder su dinero en caso de insolvencia de la compañía aérea. El 29 de marzo de 2005, la Comisión Europea señaló que estaba estudiando el problema y que examinará la necesidad de elaborar nuevas medidas legislativas.
¿Podría informar la Comisión de la fecha en la que se concluirá este estudio y de cuándo estarán listas las propuestas destinadas a proteger a los millones de ciudadanos de la UE que hacen sus reservas en línea?
Charlie McCreevy,
   . Intervengo con respecto a esta cuestión en nombre de mi colega, el señor Barrot. Actualmente la Comisión está estudiando la cuestión de la insolvencia de las compañías aéreas. Ha encargado un estudio sobre el funcionamiento del mercado interior del transporte aéreo, que abarca la cuestión de la quiebra como un asunto aparte.
Además de suministrar a la Comisión una base de datos que contiene información importante sobre insolvencias relevantes ocurridas desde el 1 de enero de 2000 en la industria aérea de la Unión Europea, se ha pedido al consultor que analice la cuestión de los pasajeros que se quedan en tierra a causa de la quiebra. Su conclusión establecerá si es o no necesario un mecanismo de protección de los pasajeros de líneas aéreas y examinará las opciones posibles. Está previsto que el estudio extraiga sus conclusiones para finales de agosto de 2005. Basándose en esas conclusiones, y si efectivamente se confirma que un número elevado de ciudadanos se enfrenta a una falta de protección, la Comisión tomará una decisión en torno a posibles acciones futuras. 
Robert Evans (PSE ).
   – Gracias por esta respuesta. Dice usted que podría estar listo para agosto, dejando así pasar las vacaciones estivales de este año. Creo que estará usted de acuerdo conmigo en que la mayoría de los ciudadanos europeos esperan recibir ayuda cuando la compañía aérea quiebra y se quedan tirados. Imaginan, o creen, que se les apoyará y que las compañías aéreas les auxiliarán.
Piensan que pueden contar con el respaldo de su seguro de viaje, cuando en realidad en la mayoría de los casos no es así; creen que si han utilizado una tarjeta de crédito para hacer la reserva o que si lo han hecho por Internet están cubiertos, pero, insisto, no es así. ¿Cree usted que la Comisión tendría que desempeñar cierta actividad publicitaria antes de estas vacaciones de verano para animar a las personas a contratar un seguro apropiado? Si no están cubiertos, y la compañía aérea quiebra, se encontrarán en una nefasta situación. Las personas esperan de las compañías aéreas más de lo que al parecer obtienen actualmente. 
Charlie McCreevy,
   . Su Señoría tiene razón al hacer hincapié en esta laguna concreta de la legislación vigente. Como muy bien sabrá, la Directiva sobre viajes organizados abarca el transporte como parte de todo el paquete. Sin embargo, tal y como ha indicado, en el momento en que un consumidor compra su vuelo por separado del paquete, ese ya no está cubierto. Esto conlleva la posibilidad que surjan las dificultades mencionadas. Por este motivo la Comisión ha realizado un estudio a este respecto en particular. De la primera parte de la consulta se encargará el Comisario Barrot y abarcará el estudio general de los reglamentos a este respecto. La segunda parte versará sobre la posibilidad de que ocurran quiebras y qué debe hacerse en tal caso.
Asimismo, quiero señalar que la DG Sanco está realizando un estudio de la Directiva de viajes organizados, que también abordará esta cuestión. Desde 2000 se han producido 40 quiebras, pero el método de afrontarlas varía de un Estado miembro a otro. Algunos Estados miembros asumieron la responsabilidad de velar por sus ciudadanos afectados. Otros han concluido acuerdos entre ellos. Por tanto, es necesario que examinemos este asunto en su conjunto. Esperamos contar este verano con el estudio de la consultora. Después, el Comisario Barrot propondrá algunas enmiendas, si lo estima necesario, basándose en ese estudio. 
Paul Rübig (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, ¿cree el Comisario que este problema podría resolverse si se exigiese a las empresas implicadas suscribir un seguro? En segundo lugar, la situación relativa a la estructura de fijación de precios de vuelos es en estos momentos muy poco clara, porque a menudo a los precios cobrados en Internet hay que añadir las tasas de aeropuerto y muchos otros derechos. ¿Cree que se puede plantear cómo ofrecer a los consumidores precios fijos reales por los vuelos? 
Charlie McCreevy,
   . Quiero señalar que el tener o no un seguro no comporta necesariamente que el pasajero afectado sea trasladado de vuelta en avión. Es posible que más tarde el seguro le compense, pero no le serviría de nada en el momento en que tienen lugar los hechos. El estudio que se está realizando examinará todos los aspectos y estoy seguro de que formulará propuestas para abordar algunos de estos problemas.
Como usted ya sabe, uno de los grandes éxitos que en los últimos años ha cosechado la apertura de mercados en Europa ha sido el sector aéreo. Ahora las personas pueden volar por toda Europa por muy poco dinero, en comparación con hace unos pocos años, y esto ha beneficiado a los consumidores en general. De eso no hay duda. Todas estas cuestiones se examinarán en el estudio de la consultora. 
La Presidenta.
Habida cuenta del espíritu y la filosofía del artículo I-5 de la Constitución europea, ¿por qué motivo no ha estudiado aún la Comisión la posibilidad de debatir en el plano técnico con una delegación de tres miembros nombrada por el Gobierno griego, de modo análogo al conocido procedimiento comunitario de "conciliación", aquellos puntos de la ley sobre el "accionista de referencia" en los que disiente, antes de enviar su dictamen motivado en respuesta a la carta del 6 de abril de 2005 del Gobierno griego?
Charlie McCreevy,
   .  De acuerdo con la práctica establecida en casos similares, la Comisión quiere destacar que, antes de enviarle su carta de notificación formal y su opinión razonada, ha estado en contacto con el Gobierno griego. Las autoridades nacionales, incluidos algunos miembros del Gobierno griego, han tenido varias oportunidades de presentar sus argumentos en reuniones con la Comisión. El artículo 15 del Tratado Constitucional establece el principio de cooperación sincera entre la Unión y los Estados miembros. Exige el cumplimiento por ambas partes de sus tareas descritas en la Constitución como muestra de pleno respeto mutuo. No se contempla en ella un procedimiento que implique debates técnicos entre la Comisión y una delegación de tres miembros del Gobierno de un Estado miembro, tal y como ha propuesto su Señoría. 
Nirj Deva (PPE-DE ).
   – Me sorprende la última respuesta del Comisario. No hay ninguna Constitución en uso, no ha sido ratificada por los ciudadanos de Europa. ¿Por qué cita una constitución? ¿Qué hay de malo en el Tratado?
Georgios Dimitrakopoulos (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, deseo agradecer al Comisario McCreevy la respuesta que me ha dado y también quiero dar las gracias a sus colegas. Quiero decir lo siguiente:
En primer lugar, de su respuesta deduzco que el Comisario McCreevy y la Comisión siempre están abiertos a dialogar y este es un aspecto muy, muy positivo.
En segundo lugar, en cuanto se refiere al artículo 1.5 de la Constitución, por supuesto yo también reconozco que la Constitución aún no ha sido ratificada; sin embargo, la Constitución introduce el principio de diálogo y cooperación que observo que el señor McCreevy acepta. 
Charlie McCreevy,
   .  Por supuesto, la Comisión sigue abierta a conversar sobre este asunto con las autoridades griegas. Ha habido algunos debates con mis servicios y yo mismo he celebrado reuniones con miembros del Gobierno griego. Por supuesto, queremos llegar a una conclusión con respecto a esta cuestión, pero he de decir a su Señoría y a las autoridades griegas que hemos sido muy concretos en nuestra petición a las autoridades griegas. Saben qué se les pide que hagan. Nosotros hemos procedido sobre esta base particular. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Comisario, esta cuestión del accionista de referencia es muy peligrosa. Si se extiende por toda Europa, supondría el control de la prensa. El Gobierno tiene precisamente problemas con la prensa en Grecia y desea controlarla. Actualmente tenemos unas condiciones óptimas para empresas extranjeras. El Ministro competente dijo lo siguiente: «No se preocupen por lo que hacemos en Grecia, son las empresas extranjeras quienes se benefician.»
Queremos que las empresas griegas tengan las mismas facilidades que las de otros países. Si esto sigue así, creo que acabará por burlar el principal elemento de la justicia. Por tanto, protejan a las empresas griegas frente a la voluntad del Gobierno de controlarlas. 
Charlie McCreevy,
   . Se ha informado a las autoridades griegas de que la Comisión cree que esta ley incumple las directivas de la Unión Europea y el propio Tratado.
Hemos dicho a las autoridades griegas que ni el artículo de la constitución ni la ley son compatibles con las disposiciones de la directiva de la Unión Europea o del Tratado. Además, hemos hecho hincapié en que lo mismo cabe decir de la ley anterior, que no ha sido aplicada o ejecutada. El 23 de marzo enviamos una carta de notificación formal a las autoridades griegas, y contestaron el mismo día. Entonces supimos qué cuestión planteaban. Después, el 28 de abril enviamos nuestra opinión razonada.
Esta es la situación. Por supuesto, hemos de conversar con las autoridades griegas, pero ya conocen nuestra posición al respecto. 

La Presidenta.
Según diversos sondeos de opinión, los ciudadanos no se sienten demasiado identificados con la Unión Europea y sus instituciones. Las campañas de información y el discurso sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa en relación con los distintos referendos corren el peligro de verse empañados por otros asuntos, como la posible adhesión de Turquía o la cuestión de la aprobación o el rechazo de la Directiva sobre servicios.
¿Reconoce la Comisión que el debate sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no es lo bastante claro? ¿A qué estrategias de comunicación recurrirá para acercar la Unión Europea y sus ventajas a los ciudadanos?
Margot Wallström
   , .  La Comisión apoya con firmeza la ratificación de la Constitución y participará activamente en la tarea de informar a los ciudadanos europeos de su contenido, con la ayuda del Parlamento Europeo. 
La Comisión va a emprender diez iniciativas de comunicación específicas. Desde la amplia distribución gratuita del texto de la Constitución, el sitio web de la Constitución, la formación para periodistas nacionales y regionales, debates en mesas redondas con la sociedad civil, acciones informativas dirigidas a universidades y colegios, como el Día Europeo de la Primavera, y ayuda a la producción de programas de radio y televisión, hasta el uso del centro de llamadas Europe Direct, la movilización de nuestras redes de multiplicadores en varios ámbitos políticos, iniciativas de análisis minuciosos de sondeos de opinión y de investigación de grupos temáticos y, por último, el apoyo a campañas de información en los Estados miembros. 
Comprendo plenamente la preocupación de su Señoría de que el debate sobre el Tratado que establece una Constitución para Europa carezca de la claridad necesaria. Precisamente porque conocen muy bien este riesgo, la Comisión, el Parlamento y los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron participar en el debate desde el principio y llevar a cabo oportunamente campañas de información sobre la Constitución que, respetando las especificidades nacionales de cada uno de los Estados miembros, informen a los ciudadanos y les animen a participar en el debate y los referendos.
Hemos de utilizar todas las herramientas de comunicación a disposición de nuestros ciudadanos para que elijan con criterio sobre la base del contenido de la Constitución. Quiero que el debate se base y no en los numerosos mitos que circulan por ahí. 
Bart Staes (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, agradezco a la Comisaria su respuesta. Por supuesto, entiendo que diga cómo va a intentar explicar al público de qué va realmente todo esto, pero lo que me preocupa es que esta información ya se interprete de antemano como propaganda. Si esto es así, es posible que acabe usted produciendo el efecto contrario al que pretendía. Quiero preguntar a la Comisaria qué esfuerzos se están llevando a cabo para impedir que la información se convierta en propaganda, en otras palabras, para incluir en la información tanto los aspectos positivos como los negativos del proyecto de Constitución actual. Creo que habría que mostrar al público ambas caras, para que pueda adoptar la decisión correcta. 
Margot Wallström
   , .  No nos dedicamos a hacer propaganda. He dejado muy claro que la Comisión como institución no debería participar en la publicación de propaganda. Por este motivo nos centramos, por ejemplo, en que el texto completo de la Constitución, traducido a las diversas lenguas, esté a disposición y al alcance de los ciudadanos de a pie para que lo lean por sí mismos. En algunos casos nuestro material puede ser tan solo un resumen del texto, o el texto completo. Hemos manifestado claramente que los ciudadanos pueden formular preguntas y que los servicios están a su disposición.
El resto ha de formar parte, espero, de un debate informado en cada uno de los Estados miembros, donde el «sí» y el «no» estén plenamente representados. Realmente hemos dejado muy claro que no deberíamos hacer propaganda. Hemos limitado nuestro trabajo para garantizar que podamos contribuir a este debate informado y objetivo sobre la Constitución. 
David Martin (PSE ).
   – Me pregunto si la Comisaria comparte mi frustración por la hipocresía de los Estados miembros a este respecto, que por un lado se quejan de la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre la actividad de la Unión Europea y, por otro, frustran la labor de distribución de la información por parte de la Comisión Europea. Ahora que ya han pasado las elecciones generales británicas, ¿va la Comisaria a celebrar nuevas conversaciones con el Gobierno británico para debatir cómo distribuir información objetiva en el Reino Unido sobre la labor de la Unión Europea y, en particular, sobre el contenido de la Constitución? 
Margot Wallström
   , .  Siempre hemos intentado mantener un diálogo abierto y franco con el Gobierno del Reino Unido, incluso sobre el tema de la información, pero también respetamos la voluntad, los planes y las estrategias de cada uno de los Estados miembros. Sería muy poco afortunado que parezca que tratamos de imponer a un Estado miembro algo que pudiera interpretarse como propaganda o de interferir en un debate en curso en un Estado miembro determinado.
En vez de ello, ofrecemos nuestro apoyo, nuestra ayuda, el material y todos los datos que podemos poner a disposición de todos y cada uno de los Estados miembros. Espero que prosigan estas conversaciones y descubramos la mejor forma de ayudar al Gobierno del Reino Unido con información sobre la Constitución, pero la estrategia siempre ha de ser nacional. Nosotros podemos prestar asistencia, ayuda y apoyo a las estrategias nacionales, y así es como se ha planificado hasta ahora. 
Josu Ortuondo Larrea (ALDE ).
    Señora Presidenta, señora Comisaria, en el País Vasco ya hemos votado el Tratado Constitucional y el resultado ha sido afirmativo, pero una de las cosas que me han llamado la atención es que quienes se oponían a la Constitución argumentaban que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea rebajaba los derechos que ya tenían los ciudadanos de la mayoría de los Estados miembros, sobre todo en materia de vivienda, de trabajo, etc. 
Yo quisiera preguntarle qué podríamos hacer entre todos, y también desde la Comisión, para que los ciudadanos de Europa entiendan que la Carta de los Derechos Fundamentales se suma a los derechos que ya garantizan las Constituciones de los Estados y que la ciudadanía europea se suma a las ciudadanías de los Estados miembros.
Margot Wallström
   , .  No solo esto, sino que al ponerlo en la Constitución, estas normas y derechos fundamentales serán legalmente aplicables a los ciudadanos europeos. Este es otro argumento que hay que transmitir a nuestros ciudadanos. Lo intentamos hacer de distintas formas. La mejor forma consiste a menudo en mostrar el texto para que los ciudadanos puedan leer por sí mismos lo que realmente dicen los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y explicarles qué significan. También podemos hacerlo mediante la información en la página web u otros materiales informativos con que contamos. Existe un diálogo constante con los ciudadanos para intentar explicárselo y comentarlo con ellos. En España lo han hecho ustedes muy bien. Y estamos agradecidos a España por ello. Han dado ustedes un ejemplo. En realidad, en muchos Estados miembros anuncian el texto completo de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales. 
La Presidenta.
Van en aumento las críticas contra las actividades de información y relaciones públicas de la Comisión. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para mejorar las relaciones con los medios y dar a la información sobre la Unión Europea unas características que la acerquen a los intereses y las preferencias de los ciudadanos?
Margot Wallström
   , .  La Comisión Barroso ha lanzado una propuesta de asociación para establecer un renovado orden europeo con vistas a abordar los complejos desafíos que se avecinan, donde la visión, el liderazgo y la transmisión son los elementos clave para construir una confianza y una seguridad renovadas. La única forma de desarrollar esta asociación pasa por implicar a los ciudadanos europeos y tener en cuenta sus intereses.
Por tanto, la primera responsabilidad de la presente Comisión es conectar con los ciudadanos. Permítanme añadir inmediatamente que esta no es solo responsabilidad de la Comisión. De hecho, es responsabilidad de todas las partes en juego: el Parlamento, el Consejo y los Gobiernos de los Estados miembros.
Por tanto, la Comisión propondrá un Libro Blanco sobre comunicación, que abordará el papel de todos los implicados y que brindará a las demás instituciones la posibilidad de definir y organizar su aportación. La Comisión por su parte intentará dar un nuevo enfoque a la comunicación, que se centrará en la necesidad de despertar el interés de los europeos por la política de la Unión Europea. Este enfoque de comunicación basada en la demanda ha de implicar un mejor conocimiento de los destinatarios y de los agentes multiplicadores, un mejor uso de las herramientas y técnicas de comunicación modernas y eficaces, y una actitud más profesional ante toda nuestra labor de comunicación.
Lo que la Comisión tendrá que hacer, en primer lugar, es mejorar su forma de escuchar. La Comisión necesita utilizar mejor sus servicios de sondeo e inteligencia, si podemos llamarlo así, en sus procedimientos de consulta, así como sus herramientas de comunicación de acuerdo con las necesidades e intereses de sus audiencias. Para llegar a los ciudadanos, la comunicación de las prioridades políticas se adaptará a las especificidades demográficas y nacionales, en lugar de adoptar el clásico enfoque de «talla única». En este sentido, nuestras oficinas de representación en los Estados miembros desempeñarán un papel central.
La Comisión explicará sus políticas y su efecto en las vidas diarias de los ciudadanos de la Unión Europea y comunicará las ventajas tangibles de Europa en lugar de sobrecargar a las personas con información técnica. Por último, la Comisión promoverá y apoyará los esfuerzos por establecer y mejorar el diálogo con los europeos. Por tanto, la Comisión necesita profesionalizar sus actividades de comunicación. Esto implica mejorar la investigación, la planificación, la coordinación y la evaluación de las actividades de comunicación y mejorar el uso de herramientas de comunicación de calidad a su alcance y las representaciones en los 25 Estados miembros.
La comunicación se integrará desde el principio en la cultura de trabajo de la Comisión y en la formulación política, y así ha de mantenerse en todo el proceso político. Como la comunicación es un desafío general, todos los participantes, desde las instituciones europeas y los Estados miembros hasta la sociedad civil y los medios de comunicación, desempeñan un papel. La cooperación interinstitucional es un elemento esencial.
La Comisión ha mantenido regularmente informado al Parlamento en torno al desarrollo de la estrategia de comunicación, que también se debatió en la última reunión del Grupo Interinstitucional sobre Información y en la Comisión de Cultura y Educación durante el debate en torno al informe Herrero-Tejedor. La Comisión invitará al Parlamento Europeo y al Consejo a comentar el Libro Blanco. Además, seguirá mejorando las relaciones con los medios, en particular los regionales y locales de los Estados miembros, como elemento clave para garantizar que la información llegue a los ciudadanos. 
Bernd Posselt (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, Comisaria, creo que la política de información pública de la Comisión ha de lidiar con dos peligros: en primer lugar, un apoyo excesivo en unas pocas lenguas principales, entre ellas el inglés, y, en segundo lugar, la concentración en Bruselas, o la centralización en dicha ciudad.
¿Qué va a hacer la Comisión para que la información esté menos centralizada, y para que los Comisarios sean más accesibles para la prensa de los Estados miembros? Por supuesto, existe la red «Europe Direct» de centros de información; justo este pasado fin de semana he estado en la apertura de uno de ellos, que es espléndido, en Furth im Wald. Sin embargo, sigue habiendo muy pocos, sobre todo en los nuevos Estados miembros. Quiero preguntarle si este año la red abarcará a toda Europa. 
Margot Wallström
   , .  El señor Posselt tiene toda la razón cuando habla del riesgo de que esto resulte se convierta en un enfoque demasiado estrecho o visto exclusivamente desde Bruselas, y hasta ahora esto ha sido parte del problema.
Nos enfrentamos a un gran desafío al trabajar con 20 lenguas oficiales, desafío que se mantendrá en el futuro. Al preparar esta nueva estrategia de comunicación nos hemos guiado por el concepto de «localización», es decir, llegar al ámbito local y regional a través de nuestras oficinas de representación. Tenemos que equipar a esas oficinas, y trabajar y planificar en este sentido, para que puedan «localizarse» y comunicarse con medios de comunicación locales. Nuestros contactos con los Parlamentos nacionales también ayudarán. Debemos asegurarnos de que los asuntos europeos se basen en tradiciones políticas y sistemas de partidos locales y nacionales. Deberán comprender los asuntos europeos y cómo afectan a la forma en que trabajan y a sus tareas. Estoy de acuerdo con ustedes en que todo esto son desafíos. Actualmente ya nos centramos en intentar resolver estas dos cuestiones. 
La Presidenta.
Los ciudadanos de los Estados miembros tienen tendencia a ver la UE como algo lejano y abstracto, a pesar de que la Unión Europea ejerce una influencia considerable en muchos ámbitos de sus vidas cotidianas. Según la edición más reciente del Eurobarómetro, que realizó su trabajo sobre el terreno en noviembre de 2004, aproximadamente un tercio de los europeos no han oído nunca hablar de la Constitución. Existe también un enorme problema de información errónea. Como se ha podido ver en Francia, los debates relativos a la Constitución se asocian a menudo a cuestiones muy distintas como la adhesión de Turquía a la UE. ¿Cómo facilita la Comisión una información clara a los ciudadanos sobre la Constitución? ¿Piensa la Comisión comprometerse a hacer algo más para disipar los mitos que circulan actualmente sobre la Constitución?
Margot Wallström
   , . Es correcto el dato que recoge el Eurobarómetro Especial nº 214 sobre «el futuro Tratado Constitucional» de que el 67 % de los ciudadanos ya han oído hablar de la Constitución y el 33 % no. Además, de acuerdo con el Eurobarómetro, el 75 % de aquellos que conocen bien la Constitución la defienden, e incluso el 60 % de quienes solo la conocen medianamente son favorables a ella. Sin embargo, el apoyo de quienes nunca han oído hablar de la Constitución solo es, hasta la fecha, del 22 %.
La conclusión es clara. Existe una necesidad imperiosa de comunicar este proyecto crucial para el futuro de la Unión Europea. Como usted sabe, la responsabilidad principal sobre la comunicación relativa a la Constitución corresponde a los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea está decidida a emprender todas las acciones necesarias para informar a los ciudadanos acerca del contenido de la Constitución, y también sobre su importancia para el futuro de la Unión.
Por tanto, hemos desarrollado esta estrategia que he mencionado antes, que consiste en diez iniciativas que forman un concepto integrado y se apoyan y refuerzan entre sí. Son las siguientes: la distribución gratuita del texto de la Constitución; un sitio web de la Constitución; formación para periodistas nacionales y regionales; debates de mesas redondas con la sociedad civil; información a universidades y colegios; apoyo a la producción de programas de radio y televisión y la prioridad del uso del centro de llamadas «Europe Direct».
Nuestra octava acción implica la movilización de nuestras redes de multiplicadores en varios ámbitos políticos. La novena consiste en emprender análisis de sondeos de opinión detallados y en la investigación de grupos temáticos, y la décima en apoyar campañas de información de los Estados miembros.
A través de estas iniciativas queremos desarrollar un debate informado basado en el contenido de la Constitución. Los diputados al Parlamento Europeo y los Estados miembros individuales también desempeñan un papel crucial. 
Gay Mitchell (PPE-DE ).
   Gracias por su respuesta, señora Comisaria. En Irlanda estamos obligados a celebrar un referendo. A un antiguo colega mío, Ministro, le dijeron lo siguiente cuando hacía campaña en un referendo anterior: «Si no quitas esos camiones del final del callejón, no votaré». Hasta ese punto llega el compromiso de algunas personas en esta campaña.
Las dos cuestiones principales en torno al Tratado Constitucional son, en primer lugar, que 60 millones de europeos murieron en la primera mitad del siglo pasado porque no teníamos una Europa integrada y, en segundo lugar, que no solo los Gobiernos y los Parlamentos, sino también la sociedad civil, están implicados en la elaboración de este Tratado Constitucional.
Las instituciones de esta Unión han hablado. ¡No hagan caso a los cínicos! Tienen ustedes una tarea: salir y venderlo y prestar a los Estados miembros toda la ayuda posible para venderlo. Voy a pedirles que creen un grupo de trabajo formado por expertos de comunicación de primera categoría a fin de ayudarles en esta tarea. 
Margot Wallström
   , .  Ha empleado usted bien sus 30 segundos, señor Mitchell.
Haré lo que nos incumbe como institución europea para contribuir y garantizar que ayudemos a los Estados miembros. La estrategia básica ha de ser nacional. Ustedes en Irlanda gozan de una buena posición para conocer las sensibilidades y los tipos de preguntas y debates que pueden plantearse con sus ciudadanos. Pero haremos todo lo posible, de forma profesional, para contribuir, para ayudarles y darles el respaldo y el material que necesiten, y estamos plenamente dedicados a ello. 
David Martin (PSE ).
   – Acogemos con satisfacción su lista de diez puntos de acción para promover la información sobre la Constitución. Me parece que falta algo: no se contempla la refutación de informaciones falsas. Es muy urgente establecer en toda la Unión Europea, mediante la red de oficinas de la Comisión, un sistema mediante el cual podamos responder inmediatamente cuando se propaguen mitos y mentiras sobre la Unión Europea, y en particular sobre el contenido de la Constitución. No tiene sentido contestar 20 días o dos meses más tarde, porque entonces el mito se ha integrado en la realidad. Hay que responder al instante. 
Margot Wallström
   , . Hemos empezado a poner en marcha un servicio de refutación. Estoy de acuerdo con usted en que esto es muy importante porque a veces se cuentan puras mentiras acerca del texto de la Constitución. Estamos decididos a prestar un servicio de refutación. Quizá debería ser más visible que ya hemos puesto en marcha este servicio. Consiste en gran parte en responder a las declaraciones que aparecen en los medios de comunicación del Reino Unido. Puede accederse a él en el sitio web de la Representación en el Reino Unido. A mí también me parece muy importante. 
James Hugh Allister (NI ).
   – ¿No se avergüenza la Comisión de tratar de obtener la victoria en la campaña del referendo a costa de la emoción y los sentimientos, como mostró el fin de semana la Comisaria en su discurso en la ceremonia de conmemoración de la liberación del campo de concentración de Terezin? ¿No se da cuenta la Comisión de que los oponentes de la Constitución están tan orgullosos como el que más de la derrota del nazismo y que nos ofende mucho cuando trata de secuestrar y monopolizar ese sentimiento para promover esta Constitución? 
Margot Wallström
   , .  Lo siento, ¿pero no se avergüenzan los medios del Reino Unido de publicar semejantes mentiras absolutamente desesperadas? Nunca he dicho eso, pero ya no sirve de nada si lo han escrito. Han mentido, se lo han inventado. Lo siento por usted, porque se ha dejado engañar por simples mentiras de los medios británicos. Quiero que todos los aquí presentes sepan que es una pura mentira. Se han inventado una especie de título o titular en la prensa que es totalmente erróneo. Había allí muchas personas, así que ustedes sabrán cuáles fueron exactamente mis palabras. 
La Presidenta.
En su proyecto de informe sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea (PE 355.447v01-00), el Parlamento Europeo propone que las instituciones "deberían llegar a acuerdos con productoras de televisión independientes capaces de idear series de ficción, concursos, películas, reportajes, y en general todos aquellos contenidos que, con calidad y amenidad –sabiendo conectar con los gustos de la audiencia– sirvan para transmitir la idea y los valores europeos" (apartado 11). En su Comunicación COM(2004)0196 final, la Comisión señala la necesidad de informar sobre la idea y los valores europeos. La Comisión constata que el sector audiovisual desempeña un papel de primer orden en este contexto y que debe mantenerse la cofinanciación de programas audiovisuales sobre la UE (página 18).
¿Considera la Comisión que sigue siendo pertinente cofinanciar programas televisivos como uno de los elementos de la estrategia de la Comisión de informar a los ciudadanos en los ámbitos específicos propuestos por la Comisión de Cultura, es decir, series de ficción, concursos, películas y reportajes? ¿A qué importe ascienden las distintas partidas presupuestarias de la estrategia de información y comunicación vigente?
Margot Wallström,
     Señora Presidenta, el mayor desafío de la Comisión desde el punto de vista de la comunicación es llegar a 450 millones de personas en la Unión Europea utilizando recursos limitados. De acuerdo con el último informe completo del Eurobarómetro, la televisión es con diferencia la fuente de información más popular entre los ciudadanos de todos los 25 Estados miembros en cuestiones relativas a la Unión Europea. La radio le sigue de cerca en tercer lugar, con porcentajes más elevados en los nuevos Estados miembros, por lo que los medios audiovisuales son los canales más eficaces para extender la información sobre la Unión Europea.
Con vistas a facilitar a los ciudadanos datos y otras informaciones sobre la Unión Europea, sus ámbitos de actividad política y las decisiones y medidas que adopta, todos los años desde 2003 la Comisión viene publicando una invitación a presentar propuestas para cofinanciar programas de alta calidad y programas accesibles que respondan al gusto popular y que, al mismo tiempo, sirvan para promover las ideas y valores de la Unión Europea.
El presupuesto total para 2004 ascendió a 6,7 millones de euros. Entre todos los proyecto propuestos por empresas o productores de radio y televisión se seleccionaron 79. Para 2005 la invitación de presentar propuestas solamente está dirigida a la radio, y el presupuesto para dicha actividad asciende a 3,9 millones de euros. Posteriormente se redactarán acuerdos que regulen las formas que adopte esta cooperación entre las empresas o productores de radio y televisión y la Comisión.
A la hora de diseñar sus proyectos, los candidatos pueden elegir el tipo de programas que prefieren producir y transmitir. Los formatos pueden incluir no solo series dramáticas, concursos, películas e informes de actualidad, sino también debates. Hasta la fecha no se han elegido candidatos para desarrollar proyectos de series dramáticas, concursos o películas.
Así lo confirman los resultados de los últimos estudios de calidad y sondeos de opinión de la Comisión que se han llevado a cabo en los 25 Estados miembros de la Comisión. El objetivo consistía en aportar una visión general de lo que quieren y esperan los europeos desde el punto de vista de la forma y el contenido. En realidad, los televidentes no consideran que las películas, las series dramáticas o los concursos sean la forma ideal de suministrar información sobre la Unión Europea. Por el contrario, prefieren espectáculos de asuntos de actualidad, noticias en directo, documentales y, sobre todo, noticias objetivas y actuales en programas informativos más generales. Es posible que también les interesen los documentales históricos, programas artísticos y películas, pero bastante menos.
Los candidatos siempre han sido totalmente libres de elegir qué tipo de programa quieren producir, a condición de que ayude a comunicar el mensaje europeo a los ciudadanos. 
Hélène Goudin (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, le doy las gracias por la información tan completa que me ha dado en su respuesta. Tengo una pequeña pregunta más: si la Comisión puede garantizar la objetividad de la información. Dice usted que el contenido depende totalmente de quienes hacen los programas. ¿No existe requisito alguno de equilibrio y objetividad? 
Margot Wallström,
   .  Señora Presidenta, partimos de la base de que los socios con quienes cooperamos cumplen las leyes de sus Estados miembros en materia de equilibrio o, más bien, objetividad. No podemos imponer más exigencias. Todo lo que podemos hacer es lanzar una invitación y solicitar ofertas de programas, pero quienes hacen los programas deben, por supuesto, cumplir las leyes nacionales relativas a la libertad editorial, y, naturalmente, a la objetividad. 
Gay Mitchell (PPE-DE ).
   – Señora Comisaria, la ONG que malversa los fondos públicos –y me refiero en particular a una ONG de Irlanda cuya misión es trabajar en el mundo en desarrollo, que colocó carteles contra la OTAN en el último referendo del Tratado de Niza–, ¿deberá afrontar alguna sanción o censura por parte de la Comisión, especialmente si utiliza fondos públicos cuando debería estar ocupándose de asuntos relacionados con el Tercer Mundo y con el desarrollo? 
Margot Wallström
   , .  Es muy difícil comentar un caso concreto si no conozco en detalle las circunstancias, pero no creo que debamos temer un debate abierto con quienes disienten de nosotros y deberíamos acoger con satisfacción un debate animado en torno a diferentes cuestiones.
Si trabajamos con la sociedad civil, con ONG, siempre habrá las que nos criticarán, pero eso forma parte del procedimiento democrático. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a trabajar con ONG de medio ambiente y prestamos mucha ayuda a las ONG. Me han criticado constantemente, pero en realidad es su función. Además, deberían mantener cierta presión sobre nosotros y vigilar lo que hacemos, y nosotros hemos de aceptar que haya un debate.
No conozco el caso concreto que menciona su Señoría y por qué es un problema. Pero si damos dinero o pedimos propuestas, entonces hemos de ser muy concretos sobre lo que esperamos a cambio; y probablemente en este caso algo se ha hecho mal a este respecto. 
Nils Lundgren (IND/DEM ).
   – Señora Presidenta, parece como si la Comisaria Wallström y buena parte de quienes han participado en el debate de esta Asamblea opinen que la prensa de la Unión Europea, y quizás también la radio y la televisión, adoptan un sólido enfoque parcial y contrario al proyecto de Constitución. Quiero preguntar si es esta la opinión de la Comisaria Wallström, porque yo tengo justo la impresión contraria, es decir, que en toda Europa existe una fuerte inclinación hacia el lado del «sí», que domina la prensa. Lo curioso es que se diga que la realidad es todo lo contrario. 
Margot Wallström,
   . Señora Presidenta, señor Lundgren, no creo haber dicho nada en absoluto sobre una tendencia hacia un lado u otro. Por supuesto, hemos hablado de intentar extraer hechos e información sobre la Constitución y de ayudar a los periodistas a entender mejor y obtener toda la información que necesiten para poder, tal y como yo lo veo, propiciar un debate que aborde los argumentos del «sí» y del «no». El hecho es que es extremadamente importante contar con medios independientes y un debate animado sobre esta cuestión.
Por tanto, no creo que exista ninguna inclinación en una dirección u otra. Lo que intentamos ayudar a garantizar es que los periodistas tengan acceso a la información, así como a material educativo si es necesario, para que puedan conocer, por ejemplo, cómo funcionan las instituciones europeas. No deseo expresar una opinión sobre si existe una inclinación a un lado u otro. Solo quiero asegurarme de que contribuyo a un debate bien informado. 
La Presidenta.
¿No está de acuerdo la Comisión en que sería necesario y urgente poner más énfasis en destacar las ventajas de un voto afirmativo al Tratado Constitucional, en lugar de insistir persistentemente en las consecuencias de un voto negativo? ¿Puede describir la Comisión de qué manera está transmitiendo este "mensaje positivo" a los ciudadanos de la UE?
La pregunta nº 36 se contestará por escrito.
La Presidenta.
El Sr. Souflias, Ministro griego de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas, declaró el 22 de marzo de 2005 que el antiguo aeropuerto ateniense de Elliniko no se transformará por entero en un parque metropolitano porque, según dijo, no puede esperarse del contribuyente griego que sufrague su construcción y mantenimiento, por lo que se acondicionarán al menos 100 hectáreas del mismo. Los habitantes de Atenas afrontan, como es sabido, un problema de "asfixia", ya que se trata de la capital con el menor porcentaje de espacios verdes por habitante de toda la UE. ¿Ha solicitado el Gobierno griego a la Comisión que cofinancie la construcción de dicho parque? ¿Hay parques metropolitanos en otras grandes ciudades de la Unión?
Danuta Hübner,
   .  En el tercer marco de ayuda comunitaria para Grecia hay dos programas operativos, «Environment» y «Attica», que incluyen acciones relacionadas con la vivienda de zonas urbanas, así como el apoyo a parques de ocio y zonas verdes. De acuerdo con la información que en estos momentos tiene la Comisión, las autoridades griegas no han propuesto la cofinanciación de un parque metropolitano en el lugar del aeropuerto de Elliniko, ni se ha aprobado tal proyecto al amparo de estos dos programas operativos.
Como ya sabrán ustedes, la elección de propuestas de proyectos es responsabilidad de las autoridades griegas. Al amparo de las perspectivas financieras actuales, las autoridades griegas todavía pueden proponer los proyectos mencionados si así lo estimaran oportuno.
Con respecto a la última parte de la pregunta: sí, existen parques metropolitanos en muchas grandes ciudades de la Unión Europea. 
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Comisaria, en nuestro país es usted conocida como la «dama de hierro», que toma decisiones sobre programas y suspensiones de pagos. Por tanto, usted, la «dama de hierro», debería conservar su reputación ayudando al Gobierno griego a ver las cosas tal y como son. Atenas, con el Partenón, que una vez fue la ciudad más bella del mundo, es hoy día una jungla de hormigón interminable. Si sube usted al Partenón, todo lo que puede verse es hormigón. Debería hacer comprender al Gobierno griego que esa zona no debe urbanizarse. Es preciso que no se construyan bloques de pisos; no hay ni una zona verde en toda Atenas. Ayude a Atenas, ayude a los alcaldes, sentará un precedente para Grecia. Necesitamos ese parque. 
Danuta Hübner,
   .  Ha sido más un comentario que una propuesta. Mañana vamos a reunirnos con el representante del Gobierno griego. En otras ocasiones también compartiré sus opiniones con las autoridades griegas. 
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, el proyecto del mayor parque metropolitano de cualquier ciudad de Europa, mayor incluso que el Hyde Park, se va a ejecutar de acuerdo y en cooperación con los alcaldes de la zona de Elliniko en general. Es un símbolo de la moral democrática, percepción participativa y respeto a las autoridades locales por parte del Ministro griego competente, el señor Souflias. No deseo que el señor Karatzaferis quiera, en cuanto se refiere a la financiación del proyecto, transferir los recursos de las regiones griegas a esta zona específica de Atenas. 
Danuta Hübner,
   . No ha sido una pregunta, sino un comentario, y le he escuchado atentamente.
Una de las características de los fondos estructurales es la colaboración. Sin duda, cualquier parque o cualquier lugar urbano abierto al público en general suele precisar una gran dosis de colaboración, no solo en la fase de planificación de dicha inversión, sino también una vez terminada, desde el punto de vista de la gestión y el mantenimiento de estos parques. Espero que esta idea sea un ejemplo de oportunidad para muchos representantes de diferentes instituciones en Grecia de reunirse y reflexionar sobre si es totalmente necesario. He escuchado atentamente sus comentarios. 
La Presidenta.
En un estudio de la Universidad de Kassel elaborado en julio de 2004 se señala, en relación con los programas alemanes de desarrollo regional (programas conjuntos de la UE y la República Federal de Alemania), que las deslocalizaciones y los efectos de arrastre hacen que hasta un 96 % de las ayudas carezcan de cualquier efecto económico apreciable. Con las disposiciones generales del actual proyecto de Reglamento (COM(2004)0492 final) se intenta impedir que durante el nuevo período de programación se subvencionen las deslocalizaciones. Sin embargo, el Reglamento sólo contempla el caso de las inversiones en operaciones que durante un período de siete años no hayan sido objeto de una modificación fundamental. ¿Cómo puede tomarse en consideración en este Reglamento una deslocalización que tenga lugar antes de transcurrido ese período? ¿Cómo puede impedirse que se financien deslocalizaciones puras y simples?
Danuta Hübner,
   . En los fondos estructurales, en los reglamentos y también en la práctica existen mecanismos disuasorios del traslado de empresas que se han beneficiado de los fondos estructurales. La normativa vigente dispone claramente que una empresa que se traslada en un plazo de cinco años desde que ha recibido los fondos debe reembolsar la ayuda recibida. Este mecanismo se mantendrá después de 2006; sin embargo, proponemos la ampliación de este periodo de cinco a siete años. Además, vamos a añadir una disposición según la cual cualquier empresa que deba reembolsar el dinero no podrá recibir en el futuro ayuda con cargo a los fondos. Actualmente esta propuesta es objeto de negociación y debate en el Consejo. El reglamento contempla la situación de que cuando se aprueba un proyecto importante –más de 25 millones de euros en el caso del medio ambiente y 50 millones de euros en el caso del transporte e infraestructuras–, la Comisión también pide al Estado miembro, al amparo de un análisis de rentabilidad, que informe de los puestos de trabajo que se crean o se pierden en las regiones afectadas en el contexto de un proyecto determinado. Por tanto, también tenemos en cuenta esta cuestión.
Con futuros reglamentos la Comisión pretende desempeñar un papel más activo en la supervisión, lo que significaría que podemos reunir información sobre cualquier proceso en curso de traslado y facilitarla a los Estados miembros. La última información sobre este mecanismo actualmente en fase de consulta con los Estados miembros se refiere a las normas de ayuda estatal para la competencia. La DG de Competencia de la Comisión también ha pedido comentarios a los Estados miembros sobre la cuestión del traslado de empresas. La Comisión está actualmente analizando las posiciones de los Estados miembros. 
Markus Pieper (PPE-DE ).
   – Señora Comisaria, el mecanismo que ha descrito usted guarda relación con la permanencia de la inversión, y no con una deslocalización que ya puede haberse producido. Las decisiones sobre dónde situar una empresa siempre responden a criterios de mercado –infraestructura, el mercado en el que la empresa pretende vender, la posición fiscal en diferentes lugares y la situación del mercado laboral–, pero las subvenciones no son un factor decisivo. Esto es algo que la política regional europea debe tener en cuenta, ya que estas subvenciones son principalmente ganancias extraordinarias. Si el propósito es lograr que se acepte el ideal europeo, son veneno puro, en particular en las regiones afectadas por cierres de empresas, y su producto final es, en realidad, nada; no producen ni puestos de trabajo adicionales ni un potencial económico añadido.
Sin embargo, permítanme preguntar otra vez a la Comisaria: ¿qué mecanismos adicionales podemos asegurar para excluir la posibilidad de que se den subvenciones a empresas que ya se han deslocalizado? 
Danuta Hübner,
   . Mi responsabilidad abarca los Fondos Estructurales. He entendido su pregunta en términos de la contribución de los Fondos Estructurales, que implica la inversión con el uso de los fondos. En la medida en que tenemos autoridad sobre el uso de los fondos, incluimos el reto de la deslocalización. Sin embargo, no puedo actuar en el contexto más amplio de los procesos de deslocalización en general. Por esta razón, he limitado mi respuesta al vínculo entre los Fondos Estructurales y los procesos de deslocalización potenciales. 
La Presidenta.
La Comisión propone que las regiones que han sobrepasado el criterio del 75 % del PIB por habitante debido al desarrollo económico (las regiones denominadas "de efecto natural") estén sujetas a un régimen transitorio (para responder al objetivo de competitividad) por oposición al proceso de supresión gradual (del objetivo de convergencia) como ocurre con regiones similares en el marco del presente programa de programación. La propuesta de la Comisión es muy restrictiva con respecto a estas regiones, puesto que las medidas propuestas en el marco del objetivo de convergencia responden mejor a sus necesidades de desarrollo respectivas que las medidas incluidas en el objetivo de competitividad.
¿Estaría dispuesta la Comisión a aceptar la propuesta consistente en someter a las regiones "de efecto natural" al proceso de supresión gradual del criterio de convergencia, sin conceder recursos financieros adicionales distintos de los previstos en la propuesta de la Comisión para dichas regiones? 
Danuta Hübner,
   . Como usted sabe, las regiones en régimen transitorio son regiones que suelen beneficiarse del máximo apoyo de la Comunidad durante muchos años, permitiéndoles financiar todas las inversiones necesarias para participar plenamente en el mercado único y crear condiciones en que las empresas puedan operar sin problemas. 
Una vez reunidas estas condiciones, hay que dar prioridad a otros factores de la competitividad, como el conocimiento, la innovación, la investigación y el desarrollo, y también a la calidad del capital humano. Estos son los ámbitos clave en los que proponemos concentrar la ayuda de la Comunidad, de conformidad con las directrices integradas sobre empleo y crecimiento que la Comisión propuso y la Presidencia acordó en el Consejo Europeo de primavera. Así pues, la lógica natural es que deberíamos fijar otras prioridades.
La segunda cuestión es, por supuesto, la de los recursos limitados. En virtud del Objetivo 2 y del mecanismo del régimen de transición, tendremos recursos muy limitados, que exigirán seleccionar muy bien el destino del apoyo. La masa crítica de crecimiento y competitividad tiene que alcanzarse lo antes posible. Pero quiero señalar que el menú de prioridades que la Comisión propone de conformidad con la normativa no impide que las regiones inviertan en infraestructura para fortalecer las redes secundarias. Esto podría incluir la mejora de los enlaces con las redes transeuropeas –los ferrocarriles, aeropuertos y puertos regionales y también las plataformas multimodales que establecen enlaces radiales con las principales líneas ferroviarias– y el fomento de las vías fluviales interiores de carácter regional y local.
Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a examinar la posibilidad de introducir un grado de flexibilidad en la definición del alcance del uso de los fondos en las regiones en régimen transitorio. En consecuencia, el texto de compromiso de la Presidencia ya se ha modificado en este punto y permitiría una derogación. Dicha derogación tendría que justificarse debidamente y podría referirse a algunas prioridades financiadas al amparo del objetivo de convergencia. Pero esto también podría incluir infraestructuras sociales, como educación, sanidad y, posiblemente, algunos enlaces que faltan en las redes transeuropeas. Todo esto es posible. Tendrá que justificarse –con toda probabilidad caso por caso–, pero contemplamos esta posibilidad. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ).
   Señora Comisaria, gracias por su respuesta. Las regiones «de efecto natural» verán alguna esperanza en la respuesta que acaba de dar.
Es importante subrayar que estas regiones, a pesar del progreso, aún tienen deficiencias estructurales e infraestructurales. No es lógico utilizar diferentes vertientes de la política de cohesión para abordar sus problemas socioeconómicos. Están buscando exactamente las mismas condiciones que las regiones que abandonaron el Objetivo 1 en el año 2000. Es una aspiración justa, de modo que le doy las gracias por su respuesta y creo que las regiones dispondrán de cierta flexibilidad. 
Danuta Hübner,
   . En mis viajes por las regiones de Europa también he visitado regiones que son víctimas de su propio éxito. Sería lógico someterlas a un régimen transitorio del Objetivo 2. Sé que muchas de ellas continúan teniendo problemas. Por esta razón, hemos intentado crear la posibilidad de ampliar el alcance del tipo de inversión.
Respecto de las condiciones para acogerse al Objetivo 1 o al Objetivo 2, en este momento no veo ninguna posibilidad de cambio de un grupo a otro. Lo hemos debatido en muchas ocasiones. Asimismo, hemos mantenido numerosas conversaciones con muchos Estados miembros. Hemos hecho consultas sobre estas cuestiones. Creo que en estos momentos no podemos hacer nada más por esas regiones.
Sin embargo, el Parlamento todavía tiene posibilidades; en el Consejo se está negociando. No puedo decir que sea imposible, pero no soy muy optimista a este respecto. 
La Presidenta.
Grecia dejó de presentar solicitudes de pago a comienzos de año, hasta que se completen las negociaciones con la Comisión sobre las modificaciones del sistema de control de los contratos y las irregularidades detectadas en proyectos durante el período 2000-2004. Por otra parte, según noticias publicadas en la prensa griega, el Ministerio de Economía griego piensa llevar a cabo una nueva revisión del 3 MCA, que deberá obtener la aprobación de la Comisión. ¿Cuál es el resultado de las negociaciones entre el Gobierno griego y la Comisión sobre las irregularidades surgidas durante el período 2000-2004? ¿Se registrarán pérdidas de recursos? ¿De qué importe y en qué programas? ¿Qué programas propone recortar el Gobierno griego por su reducida capacidad de absorción, con miras a transferir los recursos correspondientes a otros programas? ¿En qué casos considera la Comisión necesario hacerlo? ¿En qué proporción?
Danuta Hübner,
   . Es mucho más amplio que una revisión del Tercer Marco Comunitario de Apoyo.
Quiero explicar al señor Papadimoulis en qué fase nos encontramos. Como usted sabe, las autoridades griegas presentaron oportunamente una descripción de todos los sistemas de control y gestión del FEDER establecidos en Grecia. A raíz de ello, en octubre de 2003 los servicios de la Dirección General de Política Regional llevaron a cabo una auditoria que confirmó la existencia de graves deficiencias en los sistemas y en el proceso de gestión. Acordamos un plan de acción con las autoridades griegas; el plazo final para la aplicación de las medidas del plan expiraba a finales de septiembre 2004.
Se han analizado los resultados del plan de acción. La conclusión es que ciertos tipos de operaciones cofinanciadas y ciertas operaciones que pasaron del Segundo al Tercer Marco Comunitario de Apoyo no justifican la contribución del FEDER. Asimismo, hemos confirmado la existencia de graves deficiencias en los sistemas de control y gestión. Puesto que las autoridades griegas no investigaron las irregularidades y no hicieron las correcciones financieras necesarias, la Dirección General les informó de que la Comisión podría suspender los pagos provisionales del FEDER destinados a medidas específicas de los programas operativos afectados por las irregularidades mencionadas.
Se han celebrado varias reuniones entre enero y mayo de 2005 y, durante este proceso, la Comisión ha hecho hincapié en la urgencia de llegar a una solución que permita seguir haciendo pagos en el futuro sobre una base sólida.
En respuesta a su pregunta, el importe de cualquier corrección deberá tener en cuenta plenamente los resultados de la auditoria, pero las consecuencias en términos de pérdida de fondos comunitarios no pueden cuantificarse en este momento. Puedo decir que se aplicarán correcciones de tarifa fija, de conformidad con la normativa. Asimismo, puesto que los debates que se han celebrado de momento no han desembocado en un acuerdo, la Comisión está tomando medidas que pueden conducir a decisiones de suspensión. Sin embargo, mantendremos abierta la posibilidad de un diálogo continuo para encontrar una solución. La próxima reunión con las autoridades griegas tendrá lugar mañana. Cuando se cierre el debate con las autoridades griegas, le informaré por escrito de los programas que se verán afectados y hasta qué punto se verán afectados.
Respecto de la modificación del Tercer Marco Comunitario de Apoyo, se ha informado a la Comisión de que el Ministro de Economía griego tiene la intención de presentar una solicitud en el curso del año. Sin embargo, hasta la fecha la Comisión no ha recibido propuestas para la transferencia de fondos entre programas. 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ).
   – Señora Comisaria, entiendo que hay negociaciones en curso sobre el alcance de los recortes, que aún no han concluido. Sin embargo, ¿puede la Comisión indicarnos una orden de magnitud de acuerdo con sus cálculos, no una previsión precisa, de los recortes objeto de debate, además de su previsión de la fecha en que concluirán las conversaciones en cuestión con las autoridades griegas? 
Danuta Hübner,
   . – Lo siento, pero hoy por hoy no puedo concretar más, vista la información de que dispongo antes de la reunión de mañana. Sin embargo, puedo repetir que si mañana logramos hallar una solución –esa es mi ilusión–, le informaría inmediatamente. De lo contrario, recibirá usted información con respecto al alcance de la suspensión, pero en estos momentos no puedo facilitarle ningún dato. 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Quiero agradecer a la Comisaria, la señora Hübner, que haya recordado el acuerdo informal alcanzado en otoño de 2003 con el Gobierno griego de entonces en torno a un acuerdo legislativo que abarcaría problemas planteados por la legislación en materia de obras públicas. También quiero darle las gracias por el acuerdo, a principios de 2004, suscrito con el Gobierno griego de entonces sobre el plan de acción destinado a mejorar el sistema de gestión del Marco Comunitario de Apoyo.
No obstante, además de mi agradecimiento, quiero hacerle una pregunta: ¿qué ocurrió a continuación en lo que respecta a la ejecución del plan de acción con el nuevo Gobierno después de marzo de 2004? ¿Puede la Comisaria decirme algo al respecto? 
Danuta Hübner,
   . Quizá no me he explicado bien. Hay dos cuestiones que fueron objeto de la auditoria y que también se han presentado como un resultado de la misma. No se trata solo de la cuestión ya mencionada; también ha habido graves fallos en el sistema de gestión y control, que han producido irregularidades. De conformidad con la legislación sobre obras públicas se cofinanciaron ciertos tipos de operaciones, y ciertas operaciones se traspasaron de un marco comunitario de apoyo a otro. Estas no estaban justificadas desde el punto de vista de las condiciones necesarias para acogerse a la aportación de los fondos.
La segunda cuestión eran los fallos del sistema de control y gestión, que han provocado estas irregularidades sistemáticas, en particular respecto del FEDER. Así pues, estamos adelantando el cambio del sistema de la pérdida para contar con un buen sistema en el futuro. No obstante, también queremos saber qué ha ocurrido hasta ahora con los fallos del sistema existente. El pasado y el futuro son dos cuestiones diferentes. 
La Presidenta.
¿Qué lecciones extrae la Comisión de las dificultades a que se enfrenta MG Rover en el Reino Unido?
Danuta Hübner,
   . La pregunta es muy breve pero no admite una respuesta muy corta. Creo que debemos examinar la cuestión desde una perspectiva a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, tan pronto se anunció el cierre intervinieron funcionarios de la Comisión y mantuvimos un contacto intenso y frecuente con nuestros interlocutores de las West Midlands. Nuestra primera prioridad fue delimitar el abanico de medidas necesarias para paliar las consecuencias del cierre. Estas medidas están encaminadas a garantizar unas perspectivas de crecimiento a largo plazo para la región.
Permítanme subrayar que hemos colaborado muy de cerca, durante las últimas semanas, con las autoridades nacionales y regionales, y este caso demuestra que podemos cooperar si queremos ayudar a superar este tipo de trágicos reveses económicos. Si trabajamos juntos podemos secundar los esfuerzos regionales por recobrar fuerza económica.
A medio plazo, la Comisión ha decidido cooperar con los fabricantes de coches europeos y otras partes implicadas con vistas a mejorar la competitividad del sector. Para ello, mi colega, el Comisario Verheugen, ha establecido un grupo de alto nivel llamado «CARS 21». El grupo presentará propuestas sobre un sistema normativo competitivo en el ámbito de la industria automovilística para los próximos diez años. En este grupo hay representantes de la industria y también expertos.
A largo plazo, como usted sabe, la cuestión de la reestructuración empresarial y las políticas industriales ocupa un lugar importante en el programa de trabajo europeo en este momento, en línea con la renovada agenda de Lisboa. Hace algunas semanas, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la reestructuración y el empleo, estableciendo medidas que habrá que desarrollar o reforzar. Esto significa que la Unión Europea puede movilizarse con vistas a anticipar y gestionar la reestructuración de empresas.
Los Ministros de Trabajo y Empleo de Europa y los interlocutores sociales europeos también se han reunido recientemente, y han subrayado la necesidad de anticiparse y trabajar juntos por el éxito de la reestructuración empresarial. Creo que es importante que hayan concluido que el éxito de la reestructuración exige un clima de confianza. Exige buena comunicación. Por definición, esto implica compromiso por parte de los empresarios y los empleados para anticiparse y gestionar el cambio, buscar alternativas a los despidos y explorar oportunidades de formación, recolocación y creación de nuevas actividades.
Creo que el caso Rover también ha demostrado que hemos de pensar seriamente en la reestructuración en Europa. 
David Martin (PSE ).
   – Señora Comisaria, gracias por su amplia respuesta, en particular porque debo confesar que la pregunta –no sé si ha sido culpa de mi oficina o de otra persona– estaba dirigida al señor Verheugen y se centraba más en la vertiente de la política industrial. Sin embargo, ha tenido usted la amabilidad de abordar muchas de estas cuestiones.
Señora Comisaria, en su propio ámbito, ¿está usted convencida de que existe suficiente flexibilidad en los Fondos Estructurales existentes para prestar ayuda regional, en su caso, dinero del Fondo Social para el reciclaje profesional y –ligeramente fuera de su ámbito– dinero para tareas de investigación y desarrollo si se halla un uso viable para la planta? 
Danuta Hübner,
   . Francamente, no somos suficientemente flexibles. Hemos propuesto que en el futuro reglamento, por ejemplo, se establezca un tipo de reserva especial. No recuerdo la cuantía exacta, pero sería cierto porcentaje de los fondos. Cada Estado miembro dispondría de una reserva para casos como este y no habría necesidad de transferir dinero entre programas o proyectos ni implicarse en un proceso burocrático muy complicado. Por desgracia, a pesar del caso Rover, no hay apoyo entre los Estados miembros para dicha reserva. Así pues, en el futuro nos veremos privados de este tipo de flexibilidad.
Al mismo tiempo, no solo a través de los fondos, sino también en general, nos hemos embarcado en un proceso que nos permitirá mejorar la estructura europea garantizando que las estructuras futuras, basadas en nuevos factores de producción y crecimiento, sean más flexibles. Esto permitirá que las industrias se ajusten a tiempo y de forma progresiva, en lugar de que se produzca el tipo de reestructuración a la que nos enfrentamos en el caso de Rover. Es una cuestión de estructuras flexibles, que podremos alcanzar si basamos el desarrollo industrial en factores modernos, como la investigación y el desarrollo y la tecnología moderna. Estas estructuras son mucho más flexibles que la vieja industria. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señora Comisaria, represento a las West Midlands. Comencé mi vida laboral en la planta de Longbridge de la que ha estado usted hablando. En primer lugar, quiero darle las gracias a usted y a sus servicios por la rápida respuesta. Mi región lo aprecia mucho, al igual que el apoyo que hemos dado a las personas directamente afectadas.
Quiero llamar su atención sobre dos puntos. Primero, yo también tengo el privilegio de ser miembro del Grupo «CARS 21», al que usted ha hecho referencia. Es importante que sus servicios también colaboren con el señor Verheugen en este terreno. Están en juego cuestiones regionales importantes.
Segundo –y esta es una lección que extraigo de nuestra experiencia en las West Midlands–, nosotros comenzamos la reestructuración de la cadena de suministro para las industrias, y en particular para las PYME. Usted no nos apoyó demasiado al comienzo, pero espero que aprenda la lección para otras industrias importantes en el futuro. 
Danuta Hübner,
   . Muchas gracias en nombre del Grupo «CARS 21». Entiendo que puedo decirle al Comisario Verheugen que las West Midlands han pedido que estemos allí. Estoy de acuerdo en que tenemos que estar allí para contribuir y tomar conciencia de hacia dónde vamos y para ser capaces de contribuir con fondos.
Nadie es perfecto, como sabemos. Todos cometemos errores. Sin embargo, de cara al futuro, con el enfoque de Lisboa revitalizado, sin duda queremos ayudar, ser innovadores y contribuir a la reestructuración. Puedo decirles, a la luz de un ejemplo polaco, que tanto la reestructuración como todo el cambio estructural en la importación y la exportación vino también a través de las PYME. Es una buena idea apoyar a este sector. 
La Presidenta.
   Las preguntas 42 a 46 se contestarán por escrito.
La Presidenta.
¿Cuándo piensa la Comisión presentar propuestas para modificar la normativa farmacéutica a fin de facilitar a los pacientes el acceso a una información fiable, en un formato aprobado que garantice una información de alta calidad y evite la publicidad?
Margot Wallström
   , . El objetivo prioritario de la Comisión es facilitar a los pacientes mejor información sobre los medicamentos y, por lo tanto, se dedica a mejorar la situación en diferentes ámbitos.
En primer lugar, el artículo 88a de la Directiva 2001/83 insta a la Comisión a presentar al Parlamento y al Consejo un informe sobre la práctica actual respecto del suministro de información –particularmente en Internet– y de sus riesgos y ventajas para los pacientes. El informe se elaborará después de consultar a las organizaciones de pacientes y consumidores, a los colegios médicos y farmacéuticos, a los Estados miembros y a las partes interesadas. El plazo de presentación expira tres años después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 2004/726/CE –es decir, a finales de 2007–, pero la Comisión hará todo lo posible por presentar este informe antes de ese plazo. De conformidad con los resultados del informe, la Comisión presentará propuestas que establezcan una estrategia informativa que garantice información de buena calidad, objetiva, fiable y no promocional de los medicamentos y otros tratamientos y aborde la cuestión de la responsabilidad de la fuente de información.
En segundo lugar, el proceso del G10: el informe también tendrá en cuenta la experiencia de las actividades asociadas en este terreno, como el trabajo de la Agencia Europea de Medicamentos con las organizaciones de pacientes, la asociación entre el sector público y el privado en el marco de la iniciativa del G10 y otras actividades relevantes, como la nueva base de datos europea sobre medicamentos. El Reglamento que ya he mencionado insta a la Agencia Europea de Medicamentos a establecer una base de datos accesible al público, que abarque los medicamentos autorizados por la Comunidad y por los Estados miembros. La base de datos facilitará la búsqueda de información ya autorizada en los prospectos e incluirá una sección sobre medicamentos pediátricos. El informe final tendrá que abordar la cuestión de si, más allá del inventario de la práctica actual, con sus riesgos y ventajas, es preciso mejorar la estrategia de información y qué elementos podrían incluirse.
La tercera cuestión es el Programa de Salud Pública de la Unión Europea de 2003 a 2008, cuyo objetivo es la creación de un sistema de conocimiento e información fiable y exhaustivo. Dicho sistema se crea sobre la base de una lista seleccionada de indicadores acordados para los que se recoge información principalmente a través de Eurostat y de servicios y proyectos . El programa apoya el análisis de la información, dando pie a informes regulares sobre cuestiones de salud pública. Todos los informes de los proyectos se publican en la página web de salud pública de la Comisión. Además, para mejorar la presentación y la disponibilidad de información de cara a la opinión pública, a públicos especializados y a pacientes, la Comisión está preparando un portal de salud pública de la UE, que está en fase avanzada, donde reúne información de carácter regional, nacional y europeo, con recursos de la sociedad civil. Está previsto lanzar esta iniciativa antes de finales de año. 
John Bowis (PPE-DE ).
   – La Comisaria Wallström siempre es bienvenida, pero entenderá que estemos algo decepcionados porque el Comisario designado –a quien estaba dirigida la pregunta– no esté presente para contestarla. Quizá podría usted transmitirle amablemente la petición de que en el futuro haga acto de presencia. Le agradezco la respuesta improvisada que me ha dado hoy: es prolija y útil.
Sin embargo, comprenderá –y esto en parte está en la pregunta– que los pacientes sienten la necesidad urgente de recibir más información sobre su condición, los medicamentos y los tratamientos. Demasiado a menudo consultan en Internet y obtienen información que puede ser engañosa o peligrosa. Por lo tanto, urge que dispongamos de de sistemas de información autorizados y autentificados para los pacientes. Quizá la Comisaria podría participarle al Comisario Verheugen que el castigo es que acelere el proceso todavía más. 
Margot Wallström
   , . Señor Bowis, le diré al señor Verheugen que le ha echado usted de menos. También puedo decir que entiendo perfectamente la pregunta, porque en su tiempo fui Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales y sé que esta cuestión es muy importante. Solo he intentado enumerar las cosas que ahora están elaborándose y en curso de realización. Entiendo que también habrá un diálogo continuo entre el Parlamento y la Comisión para poner en marcha un sistema de información bueno y fiable. 
La Presidenta.
¿Qué medidas tiene previstas la Comisión para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en lo referente a la estrategia de empleo y crecimiento en los ámbitos legislativo y no legislativo?
Margot Wallström
   , . Como principales impulsoras de la innovación, la creación de empleo y la competitividad, las pequeñas y medianas empresas ocupan un lugar preponderante en la Estrategia de Crecimiento y Empleo aprobada recientemente. La Comisión tiene la intención de presentar un nuevo marco para la política de las PYME en el segundo semestre de este año.
Desde la presentación de la Estrategia de Crecimiento y Empleo, el 2 de febrero, se han tomado ya tres iniciativas significativas para las PYME. La primera es la mejora de la normativa. La Comisión aprobó, el 16 de marzo, una comunicación sobre la mejora de la normativa para el crecimiento y el empleo en la Unión Europea, siendo una de sus metas seguir reduciendo la burocracia. Esto es particularmente importante para las PYME porque tienen recursos limitados y se ven afectadas por una burocracia desmesurada.
La Comisión afinará la herramienta de evaluación del impacto, que es importante para examinar el efecto de la legislación europea sobre las PYME. Se mejorará el análisis económico de estas evaluaciones, lo que reforzará su calidad y contribuirá de forma significativa a la competitividad.
La Comisión también abordará el exceso de regulación en la legislación vigente. Para optimizar las aportaciones de cara a la simplificación de la legislación, tenemos que implicar a todas las partes interesadas, incluidas las PYME. Sobre la base de sus aportaciones elaboraremos planes de acción para simplificar la normativa por sector industrial.
La Comisión está iniciando una fase de prueba para lograr un enfoque común que mida los costes administrativos en la UE, una cuestión de particular importancia para las PYME.
En segundo lugar, se trata del acceso de las PYME a los programas de la UE. El 6 de abril, la Comisión aprobó sus propuestas restantes para las nuevas perspectivas financieras. Incluían dos instrumentos importantes para las PYME: el Programa de Competitividad e Innovación (PCI), por importe de 4 200 millones de euros, y el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, por importe de 70 000 millones de euros.
El PCI está destinado de forma equitativa y directa a las PYME. Serán las únicas beneficiarias de los 1 000 millones de euros destinados a los instrumentos financieros de la Comunidad y a los servicios de apoyo a las empresas y la innovación, que se suministrarán a través de las redes de la Unión Europea. Asimismo, las PYME serán las principales beneficiarias de las actividades de innovación empresarial. Sobre la base de la experiencia de los instrumentos existentes, la Comisión estima que más de un 70 % de este presupuesto para el programa de innovación y competitividad se destinará a las PYME.
Para acelerar la implicación de las PYME en el desarrollo tecnológico y la investigación, nos esforzaremos para que también participen en el Séptimo Programa Marco. Estamos haciendo esfuerzos por simplificar la gestión del programa, reducir los costes de las solicitudes, reducir el retraso de los contratos y dar más seguridad a los solicitantes. En comparación con el programa anterior, este programa marco duplicará con creces los fondos propuestos, destinados a las PYME, que estarán disponibles para el programa. Esto ayudará a las PYME cuya capacidad de investigación es escasa o nula a recibir aportaciones de los proveedores de investigación.
La investigación en colaboración sigue formando el núcleo y el grueso del programa marco. La elección de los nueve temas favorecerá la participación de las PYME.
El 16 de abril fue nombrada una nueva enviada para las PYME, la señora Ruth. Es funcionaria de la Comisión Europea y servirá de punto de contacto de las PYME, mantendrá conversaciones con las mismas y velará por sus intereses en todos los programas y políticas de la UE. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   Gracias, señora Comisaria, por una respuesta tan exhaustiva. El fenómeno contra el cual tenemos que lidiar es la discrepancia entre lo que ocurre y lo que perciben quienes están afectados por lo que ocurre, y, por ende, quiero pedirle que nos diga qué medidas van a adoptarse en el marco de la campaña informativa a fin de comunicar lo antes posible los proyectos que acaba de describir a las pequeñas y medianas empresas, de modo que estas puedan prepararse de cara a estos proyectos.
En segundo lugar, ¿qué se piensa hacer, en términos prácticos, en torno a un horario y un plan para ejecutar lo que se describe bajo los epígrafes «Reducir la burocracia», «Valorar el impacto» y «Deshacerse de la sobrerregulación»? Hemos oído la promesa de un nuevo marco para las PYME y creo que se cumplirá; lo único es que no dejan de preguntarnos qué ocurre realmente en la práctica en relación con lo decidido en el pasado, cómo será el nuevo marco que el Comisario Verheugen quiere introducir y cuáles serán sus prioridades reales.
Margot Wallström
   , . Estoy segura de que el Comisario Verheugen estará en mejores condiciones de darles las fechas exactas. Todo este trabajo ya ha empezado. Hace poco estuve en Praga y me reuní con representantes empresariales, que quedaron realmente impresionados. Dijeron que por primera vez habían escuchado algunos de los mensajes que querían oír sobre la reducción de la burocracia y la comprensión de las condiciones de las pequeñas y medianas empresas. Por fin estaban satisfechos con las propuestas de la Comisión hasta la fecha.
Sé que ya se ha empezado a trabajar en esto, por ejemplo el inventario que se ocupa del reglamento vigente sobre el acceso. En el programa marco hay fechas concretas para lo que se puede solicitar, etc. La Comisión y su forma de trabajar han integrado realmente todo el enfoque y el mensaje sobre las PYME. Esto es muy importante. Aquí es donde hay que crear empleo en el futuro: en las pequeñas y medianas empresas.
Solo puedo darles una respuesta general. Informaré a mi colega de sus puntos de vista. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Me satisface que la señora Comisaria haya hecho hincapié en toda la cuestión de la mejora de la normativa, porque sabemos que la normativa se refiere mucho más a las pequeñas empresas que a las grandes.
Respecto de la enviada para las PYME, ¿puede la Comisaria decirnos si la Comisión tiene la intención de darle una función mucho más explícita en el marco del programa de mejora de la normativa, que le permita fiscalizar proyectos legislativos, en especial desde la perspectiva de las pequeñas empresas, y publicar un informe accesible al Parlamento, para que nos aseguremos de que las preocupaciones de las PYME queden totalmente recogidas en el programa de mejora de la normativa? 
Margot Wallström
   , . No estoy segura de poder dar una respuesta exacta a esa pregunta. Puedo explicarle la manera en que se han definido las tareas de esta enviada, y creo que ella también estará de acuerdo en que desempeña un papel de vigilante para las PYME. Sin duda, será una tarea sobre la que plantear una legislación.
Pero siempre tiene que haber un equilibrio entre los diferentes intereses. La experiencia con el debate de REACH, por ejemplo, demuestra lo difícil que puede ser esto. Pero desde el comienzo, cuando tuvimos que regular los productos químicos, dijimos que esto no debería desequilibrar a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que asegurarnos de que no sea desproporcionado para las pequeñas y medianas empresas, y hacerlo de modo que resulte económico.
Supongo que la enviada también verá y definirá su papel de vigilante. Respecto de sus tareas concretas y de la manera exacta de informar, etcétera, tendré que preguntar los detalles al Comisario Verheugen, y en su caso comparecer de nuevo para darles una respuesta concreta. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Gracias por crear un ambiente tan agradable, señora Presidenta. Desde su elección esta Asamblea ha creado un Intergrupo de PYME, y quiero invitar a la Comisión a designar a un representante que sea miembro permanente y que sea responsable de las PYME, a fin de mantenerles al tanto de lo que pasa. Un miércoles de cada dos meses nos reunimos en Estrasburgo. Le pido que transmita esta invitación al Comisario Verheugen y que le pida, en la sesión parcial de julio, que nos ofrezca ejemplos más concretos de lo que ha dicho usted hoy. Quizá así pueda poner las cosas más en su contexto. 
La Presidenta.
   Las preguntas de la 49 la 85 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas queda cerrado.

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0119/2005), en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales (13781/2/2004 – C6-0008/2005 – 2002/0061(COD)) (Ponente: Stefano Zappalà). 
Stefano Zappalà (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, intentaré concentrar en pocas palabras el contenido de una directiva que reviste una gran importancia para muchas decenas de millones de profesionales europeos, pero sobre todo para los ciudadanos de la UE, que a diario han de tratar con profesionales.
Esta directiva, importantísima, se inscribe en una corriente fundamental, precisamente la plena realización del mercado interior. En el marco de su autonomía, cada Estado establece normas y procedimientos para el ejercicio de las profesiones, mientras que, de acuerdo con los Tratados, cada ciudadano de la Unión debe poder gozar del derecho a trabajar en cualquier otro Estado de la Unión, temporal o permanentemente, en pie de igualdad con los demás ciudadanos del Estado de acogida. En el ámbito de las autonomías nacionales, cada Gobierno decide cuáles son los niveles de educación y formación mínimos para el acceso a las profesiones y establece también quién debe autorizar y controlar el ejercicio de las mismas.
En este marco de respeto de los Tratados, respeto de la autonomía de las naciones y respeto del principio de subsidiariedad, debemos armonizar el sistema. En los últimos decenios, muchas directivas han regulado esta materia. Con esta directiva, el Parlamento las unifica en una única disposición en el ámbito de un macrosistema general, aunque respetando algunas peculiaridades y algunas profesiones.
Los puntos contenidos en la directiva son fundamentales. En aras a la brevedad solo mencionaré algunos de ellos. Los Tratados citan a los profesionales liberales, pero no los definen nunca. Por primera vez, con esta directiva –aunque en el marco de un considerando– se definen las profesiones liberales: es un paso adelante importantísimo, entre otras cosas porque, al hacer referencia a algunos artículos concretos del Tratado, el Parlamento establece un marco definitivo, que representa el fundamento jurídico para disposiciones futuras.
La directiva introduce una definición fundamental, la de autoridad competente, entendiendo como tal los organismos nacionales y –esperemos que en breve, de acuerdo con el preámbulo de la directiva– también los europeos. Esta definición debería poner fin a la polémica –que se prolongó durante la pasada legislatura– sobre órdenes, colegios y asociaciones. Todos estos organismos pueden por fin quedar incluidos, bien en el ámbito de las legislaciones nacionales, bien en el marco del Derecho europeo.
La directiva contempla toda una serie de nuevas ideas fundamentales: se evita la se excluyen del ámbito de la libre circulación a todos aquellos que ejercen poderes públicos –en particular, los notarios–; se excluye la posibilidad de que se pueda proceder conforme al principio del país de origen, cuestión que trataremos de delimitar en otra directiva. Además se establece que en el futuro los representantes de cada profesión deberán ser consultados a escala europea sobre cualquier otra innovación que les afecte. 
Debo hacer aún dos referencias. Algunos profesionales europeos, como por ejemplo los maestros alemanes o los ingenieros italianos, consideran que no tienen cabida en la directiva, pero no es así. Trataremos de resolver problemas concretos en el futuro, en colaboración con la Comisión, a través de las plataformas comunes y de otros instrumentos.
Señor Presidente, concluiré dando las gracias a todo el Parlamento. El Parlamento está totalmente de acuerdo con esta directiva y celebro también la excepcional relación mantenida con la Presidencia y la Comisión. Este entendimiento nos ha permitido alcanzar un compromiso compartido, que ennoblece el trabajo de Europa, pone fin a la burocracia cotidiana y abre un futuro de certezas y menos burocrático. Lo que aprobaremos mañana representa sin duda una gran novedad para Europa, para esa Europa que todos queremos.
Charlie McCreevy,
   .  Señor Presidente, doy las gracias al ponente, el señor Zappalà, por su propuesta de recomendación, la cual viene a completar de manera útil algunos aspectos de la posición común del Consejo, al tiempo que respalda plenamente los objetivos principales de la propuesta de la Comisión. Asimismo, doy las gracias a los ponentes alternativos, la señora Weiler, la señora Rühle y el señor Lambsdorff, por su cooperación y por la actitud constructiva mantenida con vistas a alcanzar un acuerdo con el Consejo en relación con esta pieza clave de la legislación del mercado único.
Como todos ustedes saben, esta directiva representa una importante contribución práctica a la movilidad de profesionales. Abarca a una amplia variedad de asuntos de gran interés para los profesionales y sus clientes. El establecimiento de un compromiso razonable en torno a este texto constituye un éxito ejemplar en materia de mercado interior, cuyo resultado final determina un equilibrio entre el derecho a la libre circulación de los profesionales cualificados y la necesidad de garantizar la protección de los consumidores.
En particular, me complace la conservación de los cinco niveles de cualificación, los cuales han desempeñado un papel fundamental en el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en el ámbito comunitario durante los últimos 15 años. Esta solución asegura la transparencia necesaria para la implementación del sistema y mantiene las garantías existentes para los migrantes.
La directiva mejora las condiciones aplicables a la libre circulación de profesionales a través de normas más sencillas y claras, en especial en lo que se refiere a la prestación temporal de servicios en otros países. Me satisface reconocer que el Parlamento ha participado de forma constructiva para lograr el grado justo de flexibilidad para aquellos prestadores de servicios profesionales que deseen ejercer su actividad en cualquier otro lugar de la Unión.
En una Europa ampliada, la creación de sistemas más efectivos para la administración de nuestra legislación ha llegado a ser absolutamente imprescindible. Los mecanismos y procedimientos expuestos en la directiva actualizan los ya existentes con el fin de garantizar su eficiente aplicación en los próximos años. En particular, el nuevo régimen previsto para el reconocimiento automático de las especialidades de medicina concilia el requisito de simplificación con las exigencias legítimas de la profesión. Por su parte, la consulta de asociaciones profesionales ofrecerá a la Comisión el asesoramiento técnico necesario para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. En este sentido, la sugerencia realizada por Toine Manders durante el diálogo a tres bandas de la semana pasada ha sido acogida con especial agrado, ya que nos permite garantizar una consulta efectiva y provechosa de las organizaciones profesionales e incorporar los resultados de la misma a las decisiones que se vayan a adoptar a través de la comitología. Por consiguiente, la participación de las asociaciones profesionales en la aplicación de la directiva será muy intensa.
Finalmente, aprecio las aportaciones a la posición común sugeridas por el Parlamento, como las referentes a las siguientes cuestiones: en primer lugar, la posibilidad de que las asociaciones profesionales emitan certificados profesionales; en segundo lugar, la posibilidad de armonizar un número mayor de profesiones en el futuro y, en tercer lugar, la cláusula destinada a evitar los abusos de la denominada «compra de cualificaciones».
Para concluir, deseo rendir homenaje a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, gracias a cuyo enfoque constructivo ha sido posible llegar a un acuerdo con el Consejo sin necesidad de recurrir a la conciliación. 
Marianne Thyssen,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es una obviedad decir que este informe es uno de los más importantes que se han debatido en esta Asamblea. Por tanto, quiero felicitar a la Comisión por la iniciativa, y al señor Zappalà y a los ponentes alternativos de los demás Grupos por el trabajo que han hecho. Casi a diario tenemos que explicar a los ciudadanos de nuestros Estados miembros que la libertad de circulación de los productos tiene una ventaja concreta para muchas personas. Se hace todo lo posible por insistir en la importancia de contar con una buena directiva de servicios, pero los ciudadanos acuden a nosotros para quejarse de las barreras excesivas a la movilidad que, como estudiantes, trabajadores, autónomos o de cualquier otra categoría, han de negociar si quieren trabajar o desplazarse al otro lado de la frontera. Por lo tanto, ya va siendo hora de que consolidemos las quince directivas sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales que hemos aprobado una por una con el paso del tiempo y que le demos a esta cuestión un marco jurídico coherente con cinco niveles, que además deberían ser fáciles de adaptar.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya totalmente el resultado presentado hoy por el ponente. No podemos abordar todos sus aspectos, pero, sin embargo, estamos satisfechos con el contenido. Nos complace especialmente que ahora se haya alcanzado un acuerdo con las demás instituciones, al menos es lo que esperamos, y que por tanto esta cuestión pueda concluirse con rapidez.
Nuestro Grupo ha respondido favorablemente al reconocimiento de la especificidad de las profesiones y del carácter singular del notariado, del papel de las organizaciones profesionales y de la forma en que finalmente vamos a poder conocer el contenido de esta importante directiva y, en función de todo ello, deducir qué ámbitos quedan para la otra directiva importante, la del mercado de servicios, sobre la que aún tenemos que trabajar. 
Barbara Weiler,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este compromiso es, en parte, fruto de la labor del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y mañana votaremos a favor de él. Esta nueva directiva afecta a trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que desempeñan profesiones llamadas reguladas, es decir, aquellas en las que las aptitudes se acreditan mediante cualificaciones, que abarcan desde los arquitectos hasta los técnicos de calefacción, pasando por los enfermeros y los farmacéuticos. Además de incorporar las sentencias del TJCE y hacerlas permanentes, también simplificará las cosas, y esto es precisamente lo que queríamos, un equilibrio entre el derecho a la libre circulación y el libre establecimiento, por un lado, y unas normas prefijadas de cualificación profesional y que beneficien a los consumidores, por otro. 
Tal y como ha dicho el Comisario, esta directiva puede considerarse una de las directivas de servicios, y de hecho pretende simplificar el mercado interior. Por tanto, desde el punto de vista de la política europea de mercado interior, es el lado bueno de la moneda y digo «bueno» con referencia a la famosa directiva de servicios. Para quienes aún no me crean, permítanme citar: «Los profesionales inmigrantes están sujetos a las mismas condiciones para ejercer una profesión que las personas naturales del Estado miembro de acogida» o, aún más concretamente: «Es preciso seguir cumpliendo los requisitos de cualificación del país de acogida». Esto demuestra lo importante que es para nosotros que se tomen en serio las normas y reglamentos del país de destino o de acogida y que no se permita su devaluación en otros ámbitos.
Hemos conseguido mucho; entre otras cosas, hemos logrado, con todos nuestros colegas diputados, establecer que se realicen comprobaciones en el país de destino, que, si es necesario, pueden exigir garantías, seguros de responsabilidad o incluso más formación.
La polémica de varios periódicos ha dado lugar a un interludio lamentable y ha generado incertidumbre entre varias personas. Entre la primera y la segunda lectura el Consejo ha estado dividido, y quiero subrayar que hablo del Consejo en su conjunto y no de Luxemburgo, y se ha mostrado algo dubitativo. No es cierto decir que tres meses de clases nocturnas basten para capacitar a técnicos de calefacción para hacer su trabajo.
Sin embargo, a pesar de la polémica de ciertos periódicos y, por supuesto, de ciertas asociaciones profesionales, tenemos el resultado que queríamos. Es viable; tiene un gran efecto sobre nuestras posibilidades en el mercado interior y sobre las oportunidades de las personas. Ahora deberíamos hacer todo lo posible por aprovecharlas bien y dejar que los ciudadanos experimenten Europa como siempre hemos querido que sea. 
Alexander Lambsdorff,
   . – Señor Presidente, Señorías, quiero empezar subrayando la loable y patente voluntad de todos los implicados por alcanzar el acuerdo en este problemático asunto. Por tanto, permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer al ponente, el señor Zappalà, y a los diputados y diputadas de los distintos Grupos, la señora Weiler y el señor Wuermeling, y también al señor Manders de mi Grupo. Realmente ha habido una cooperación muy constructiva, incluso, en la fase final, por parte de la Comisión y del Consejo.
Me parece necesario subrayar que esta directiva nos permite ahora lograr tres cosas básicas. La primera es que estamos más cerca de completar el mercado interior. En segundo lugar, estamos contribuyendo a la protección del consumidor. En tercer lugar, estamos ayudando a reducir la burocracia.
Permítanme empezar con la realización del mercado interior. La directiva sobre cualificaciones profesionales es un paso vital hacia la superación de las barreras que existen en la práctica a la libertad de circulación y a la libertad de prestar servicios en nuestro mercado interior común y, consecuentemente, es bastante crucial para que los ciudadanos de la Unión Europea gocen de mayor movilidad. Además, hay que tener en cuenta, en relación con la libertad de prestación de servicios, que en el futuro los ciudadanos de la Unión Europea adquirirán una especie de permiso de conducir con el que podrán marcharse, sin miedo a ningún obstáculo o discriminación, a los países de la Unión Europa, para quedarse en uno de ellos o para ofrecer sus servicios con carácter temporal. Al mismo tiempo, todo lo que está sujeto a las disposiciones especiales de esta directiva queda fuera del ámbito de la directiva de servicios, sobre la que se ha debatido mucho. Esto me hace tener la esperanza de que nuestro acuerdo de hoy servirá para dar objetividad al debate en torno a este importante proyecto.
Centrándome, en segundo lugar, si me lo permiten, en la protección del consumidor, diré que, mientras la directiva de servicios gobernará las condiciones en las que los proveedores presten sus servicios, esta directiva ha sido concebida para garantizar el nivel necesario de cualificaciones profesionales. En sí mismo este es un logro importante desde el punto de vista de la protección de los consumidores europeos, porque se les garantiza que los proveedores de servicios solo hacen aquello para lo que se les ha reconocido aptos. Por tanto, al deshacernos del hemos logrado introducir un mecanismos de garantía para impedir la obtención de derechos con falsas pretensiones y esto, también, es importante desde el punto de vista de la protección del consumidor. Además, me complace mucho que se haya podido contar con asociaciones profesionales para el procedimiento de comitología. Su experiencia será muy valiosa. Sin embargo, también será muy importante incluir la mayoría de artes y oficios en el Anexo II, para que sus cualificaciones particulares tengan el reconocimiento que merecen.
El tercer punto tiene que ver con la reducción de la burocracia. En los últimos años, las normas vigentes sobre el reconocimiento profesional se han convertido en un variopinto montón de reglamentos paralelos en diferentes versiones, todos ellos considerados complicados, desconcertantes y, naturalmente, difíciles de manejar. Con esta directiva, cuyo objetivo es reunir las diferentes piezas legislativas, parece que se está produciendo un cambio necesario de paradigma desde una desconcertante multiplicidad de enfoques reguladores hasta un único enfoque general, que finalmente someta varias profesiones a un único régimen legal que, anclado en ciertos niveles de cualificación, contribuya a promover la liberalización.
Por lo tanto, la aprobación de la propuesta de directiva, prevista para mañana, es un paso crucial para completar el mercado interior europeo, y un paso a favor del cual votará mi Grupo. Quiero añadir que, en mi opinión, este debate se debería estar celebrando en Bruselas y no en Estrasburgo. 
Heide Rühle,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias a nuestro ponente, el señor Zappalà, mañana la directiva sobre el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales pasará, por amplia mayoría, su segunda lectura. La nueva directiva sustituye a una mezcolanza de 15 directivas antiguas, proporcionando una mayor transparencia y seguridad jurídica. Con esta directiva, los ciudadanos de la Unión Europea aprovecharán las oportunidades que tienen para trabajar en otros países europeos, cosa que va adquiriendo cada vez más importancia debido a la situación problemática del mercado laboral en muchos Estados miembros. Aunque elimina restricciones injustificadas a la movilidad impuestas por un exceso de regulación burocrática en los Estados miembros, no hay motivo para temer que haya un repentino descenso del nivel de las cualificaciones.
A aquellos que se establecen en un Estado miembro con carácter permanente se les puede pedir que hayan superado una prueba de aptitud o cursado una formación complementaria. Se registran en su nuevo país, y no, tal y como se había planificado en un principio, en el país que han abandonado. Esta directiva también establece que el derecho a controlarles corresponde al país de establecimiento y fija niveles mínimos aplicables en toda Europa para profesiones que se asocian a ciertos riesgos, como por ejemplo médicos, farmacéuticos, matronas y arquitectos; el nivel de cualificación se garantiza mediante cinco niveles que dependen de la duración y el nivel de formación. También impone a los profesionales la obligación de informar a los clientes o a los consumidores sobre sus cualificaciones.
Nos parece que esta directiva hace una magnífica labor porque logra un buen equilibrio entre la libertad de circulación y la protección de la calidad, y espero que la directiva de servicios prevista no interfiera con esta. 
Adam Jerzy Bielan,
   .   La libre circulación de los trabajadores es uno de los principios fundamentales sobre el que se basa el mercado común. Sin embargo, por desgracia no siempre se respeta este principio, tal y como se desprende del elevado número de quejas recibidas tanto por la Comisión de Peticiones del Parlamento como por el sistema SOLVIT.
Muchos países europeos han aplicado varios tipos de restricciones y obstáculos deliberados que inhiben la competencia, impiden el desarrollo del mercado común, impiden que los precios caigan y contribuyen a reducir la calidad de la mano de obra. Estoy a favor de introducir el sistema más simple y rápido posible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, a fin de garantizar que los ciudadanos de nuestros países puedan moverse con total libertad. No tengo duda alguna de que el compromiso alcanzado por el Consejo y el Parlamento permitirá aprobar esta directiva, pero es una vergüenza que el Parlamento dé la impresión de empeñarse en frenar las necesarias y valientes reformas propuestas por la Comisión. Entre otras cosas, me refiero a las propuestas del Parlamento relativas a cinco niveles de cualificaciones profesionales y a la división en varias profesiones que se produjo durante las deliberaciones de la Comisión. Habría que introducir un sistema para cuando existen diferentes normas en relación con el tiempo necesario para obtener una cualificación entre el país de origen y el país donde la persona solicita trabajo, para que ambas cualificaciones puedan verificarse o pueda obtenerse cualquier cualificación necesaria y adicional.
Quiero hacer hincapié en que la directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales es perfectamente coherente con la propuesta de una directiva sobre servicios, y en mi opinión beneficiaría sobremanera al conjunto de la Comunidad Europea si estas directivas se aprobaran lo antes posible. Me parece lamentable que la propuesta inicial de la Comisión de permitir a los expertos prestar servicios con carácter temporal sin completar las formalidades necesarias, según el país de origen, no haya sido apoyada.
Espero que el informe que el Parlamento va a aprobar mañana constituya un paso hacia la simplificación de la contratación de mano de obra y la prestación de servicios en diferentes Estados miembros, y así se facilitará el movimiento de un país a otro. Creo que esta directiva, junto con la directiva de servicios, nos acercará un poco más a la plena realización del mercado interior y a la creación del crecimiento económico y de nuevos trabajos en toda Europa, a condición de que se observen las normas del país de origen. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, como coordinador del Grupo del PPE-DE en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, quiero rendir especial homenaje a nuestro ponente, el señor Zappalà, por lograr que se alcance con éxito un acuerdo definitivo en relación con esta compleja legislación. Se encuentran hoy aquí varios colegas que participaron en el anterior Parlamento; veo muchas caras familiares. Son numerosos los colegas que han colaborado en esta cuestión y el excelente resultado obtenido sirve para rendir homenaje a la persistencia del señor Zappalà. Me satisface que hayamos llegado a un acuerdo sin necesidad de recurrir a un procedimiento de conciliación.
A veces resulta fácil olvidar que el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales en el seno del mercado único europeo ha sido uno de los pilares fundamentales del conjunto del proyecto del mercado interior. Se trata de una reforma imprescindible de todo el paquete. Ha sido necesario hacer frente a las frustraciones de muchos profesionales en relación con algunas de las dificultades con las que se han topado a la hora de acceder a sus derechos al amparo de la legislación sobre el mercado interior. Es importante que nos ocupemos de estas cuestiones ahora, en el marco de nuestra estrategia global para la apertura del mercado interior de servicios.
Todas forman parte de las mismas propuestas. No hay duda, señora Rühle, de que unas frustran a otras. Todas forman parte de un enfoque claramente integrado. En el estudio económico danés sobre la apertura del mercado interior de servicios se identifica el ámbito de las cualificaciones profesionales como el de mayor potencial de crecimiento.
En lo que respecta a la sincronización y vinculación de estas propuestas, me complace que se presente esta importante reforma, que se convertirá en un componente indispensable de nuestro enfoque global. Estoy seguro de que para finales de este año, o principios del que viene, también habremos alcanzado una propuesta fundamental para la apertura del mercado de servicios. Esto permitirá a los profesionales cualificados sacar partido del mercado único y aprovechar sus capacidades para recordar las ventajas en términos de crecimiento y empleo que debe ofrecer un mercado interior de servicios. 
Evelyne Gebhardt (PSE ).
   – Señor Presidente, muchas gracias al señor Zappalà por el buen trabajo que ha hecho, pero, en calidad de máxima representante de los socialdemócratas alemanes en esta Asamblea, quiero extender mi agradecimiento personal a la señora Weiler, quien ha contribuido de forma decisiva al debate y nos ha ayudado a concluir esta labor relacionada con un importante instrumento legislativo en segunda lectura, sin tener que llegar más allá, al Comité de Conciliación. Esto es muy importante y realmente me complace.
También me complace que tanto esta Cámara como el Consejo hayan logrado –¿y quién iba a pensar que esto era posible?– malograr, con este instrumento legislativo y con un consenso también abrumador, el enfoque original de la Comisión, basado en el principio del país de origen. Hoy he oído a muchas personas decir que aprueban la forma en que lo hemos hecho, dejando claro con esta ley que no se aplicaría el principio del país de origen, ya que es antieuropeo, sino que nos íbamos a centrar en el reconocimiento mutuo, y que queríamos seguir haciéndolo.
Si queremos legislar con cierta coherencia, tal y como lo hizo la Comisión al proponer dos veces el principio del país de origen, ya va siendo hora de que esta Asamblea sea coherente y haga lo mismo también con la directiva de servicios. Esta será una gran labor, y deberíamos hacerlo. Además, me ha parecido relevante que la nueva Comisión, esta vez, aceptara la propuesta que he presentado en primera lectura de aprobar las tarjetas de identidad de profesionales europeos. Esta es la forma correcta de impulsar realmente la movilidad, abrir los mercados, abrir las fronteras que todavía, lamentablemente, existen en la Unión Europea y garantizar que esta funcione. Deseo que tengamos éxito en la votación, que se celebrará mañana. 
Anneli Jäätteenmäki (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales podría brindar nuevas oportunidades. La finalidad de la directiva consiste en eliminar los factores que restringen la libre circulación de personas y servicios entre los países de la Unión Europea. En la práctica, el objetivo consiste en permitir a las personas desempeñar su profesión en un país distinto al país donde han obtenido sus cualificaciones profesionales.
Es perfectamente razonable que los criterios relativos a las cualificaciones que se aplican a un profesional en el país anfitrión sean los mismos que se aplican a las personas naturales de dicho país. El profesional necesita demostrar que tiene un nivel de formación suficiente. El Estado miembro anfitrión, por su parte, debe poder insistir en que el profesional en cuestión tenga suficientes conocimientos lingüísticos. El dominio del idioma es especialmente importante en las profesiones sanitarias, porque si los pacientes no pueden comunicarse en su propia lengua pueden producirse graves problemas de salud y seguridad. No podemos promover la liberalización de los mercados y la libre circulación a expensas de la seguridad de los pacientes y la protección de los consumidores.
Al determinar los niveles de las cualificaciones profesionales tenemos que centrar nuestra atención en la calidad de la educación recibida, y no meramente en la duración del tiempo invertido. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales en otro país de la Unión Europea no puede depender de unos pocos meses si los sistemas educativos y la calidad de la educación son, por lo demás, equivalentes.
Sepp Kusstatscher (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, existen varios ejemplos, que se dan especialmente en mi país, de modos de utilizar procedimientos complicados y larguísimos para obstaculizar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y, por ende, para mantener fuera a los profesionales inmigrantes, en beneficio de la población autóctona. En Europa suele ser más fácil obtener una cualificación estadounidense reconocida que una adquirida en un país vecino.
El compromiso que ahora tenemos entre manos ha sido objeto de una gran reflexión y es un gran éxito, ya que establece niveles mínimos de cualificación profesional divididos en cinco niveles diferentes y, al mismo tiempo, impide cualquier degradación de los niveles. Repetiré lo que ya han dicho los oradores anteriores, a saber, que el principio del país anfitrión y no el principio del país de origen se ha fijado como requisito mínimo para las diferentes profesiones. Se pretende que constituya la base de unas normas inequívocas destinadas a facilitar, si es posible, el reconocimiento automático, en todos los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales de todos los ciudadanos de la Unión Europea, ya trabajen por cuenta ajena o por cuenta propia. El resultado de las deliberaciones a tres bandas ha sido un buen compromiso amplio, que también los Verdes recomendamos con satisfacción. 
Marcin Libicki (UEN ).
      Señorías, la pregunta que debemos hacernos hoy y que nunca deberíamos dejar de hacernos es si la Unión Europea es una unión de instituciones, Estados, Gobiernos y Parlamentos, o si es una unión de ciudadanos, personas y europeos. Cada vez que no se reconoce una cualificación queda una persona que tiene un problema y que sufre un trato injusto. Por supuesto, cada uno de nosotros sufre cuando esto ocurre, ya que la asistencia que prestamos a las asociaciones, gremios, sindicatos e instituciones para proteger sus intereses egoístas resta competitividad a las instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, son las personas cuyas cualificaciones no se reconocen quienes más sufren y a quienes se impide desempeñar los trabajos para los que están cualificados.
Como Presidente de la Comisión de Peticiones soy muy consciente del alcance de este problema en Europa. Solo vemos la punta del iceberg, pero es la punta de un iceberg muy grande. Se ha tratado muy injustamente a mucha gente, incluso a médicos, veterinarios, enfermeras y también a abogados y carniceros, ya que los intereses de estas profesiones están protegidos por asociaciones profesionales. El objetivo de la directiva de la Comisión era solucionar esta situación y de hecho ha tenido bastante éxito. Quiero felicitar al Comisario McCreevy por este logro.
Sin embargo, es una pena que el Parlamento haya arruinado esta directiva. Aunque votaremos a favor, ya que es mejor que nada, la consideramos un fracaso. He de añadir que los comentarios de la señora Weiler, que ha dicho que la directiva no establece niveles europeos para reconocer las cualificaciones obtenidas en el país de origen, me parecen bastante inaceptables. No tengo ni idea de cómo se ha formado esas ideas de lo que es y lo que no es Europa. Señorías, por el interés de Europa y para garantizar que Europa realmente pueda competir con los Estados Unidos y Extremo Oriente, tenemos que hacer todo lo posible para que las personas y las instituciones sean competitivas. Esta directiva es urgentemente necesaria y me parece lamentable que la versión que nos han dejado adolezca de tantas carencias. Quiero dar las gracias al Comisario McCreevy por todo lo que ha hecho. 
Zita Pleštinská (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la eliminación de obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los Estados miembros es uno de los objetivos de la Comunidad. Tras el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, la Comisión presentó su estrategia del mercado interior de servicios, dirigida principalmente a lograr que la libre prestación de servicios en la Comunidad fuera tan sencilla como en los Estados miembros.
Una de las directivas clave, estrechamente vinculada a la directiva de servicios, es la directiva sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Ha sido redactada mediante un procedimiento legislativo interinstitucional complicado que la Comisión lanzó a principios de 2002. Es alentador advertir que gracias a los esfuerzos sistemáticos por parte de los Estados miembros durante varios años, esta directiva finalmente establecerá un sistema de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales que permitirá a los ciudadanos de un Estado miembro buscar empleo en otro Estado miembro en las mismas condiciones que los naturales del país de acogida. La directiva establecerá normas para desempeñar todas las profesiones, excepto puestos de la función pública en los Estados miembros y en el notariado público, normas que serán lo más amplias posible y que facilitarán el uso de las cualificaciones personales en un espacio mucho más amplio del mercado laboral europeo.
Actualmente, la Unión utiliza normas uniformes para reconocer títulos de solo ocho profesiones, incluidos los médicos, enfermeras, abogados y arquitectos. Ha habido una omisión considerable de la profesión de ingenieros civiles, que no ha sido reconocida con la categoría correspondiente de ámbito europeo. Esta directiva debería solucionar la situación. A raíz de los ajustes introducidos por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, se han establecido cinco niveles de referencia, que corresponden a cierto nivel de educación y que permiten comparar requisitos de cualificación de ciertos Estados miembros; han sido bien acogidos por asociaciones profesionales como el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos. La comisión formada por representantes de varias profesiones que se ocuparán del reconocimiento de las cualificaciones profesionales también debería simplificar el procedimiento.
Para concluir, quiero agradecer al ponente, el señor Zappalà, su dedicación y esfuerzo a la hora de escribir este informe, y felicitarle por la aprobación unánime obtenida en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Phillip Whitehead (PSE ).
   – Señor Presidente, todos damos las gracias al señor Zappalà por haber sido nuestro particular prestador de servicios en lo que a esta importante medida se refiere. Se ha conseguido avanzar más en estos tres meses que en los últimos tres años, lo cual supone un feliz augurio, en mi opinión. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor contempla por cuarta vez cómo se completa con éxito, en segunda lectura, una pieza fundamental en materia de protección del consumidor. Espero que nuestros colegas diputados reconozcan este hecho.
La libre circulación de profesionales constituye un paso importante para el cumplimiento de la Agenda de Lisboa, al brindar oportunidades en otros Estados miembros a dentistas, médicos, trabajadores de la construcción e ingenieros petroleros, oportunidades que solían estar vetadas debido al establecimiento efectivo de gremios cerrados en las profesiones. Me complace enormemente que nuestros tres colegas alemanes aborden de manera directa las reservas existentes acerca de esta cuestión en su Estado miembro. Esto se produce de forma inequívoca en vista del progreso que debemos alcanzar.
Constituye un paso adelante hacia el equilibrio entre la libre circulación y la competencia, y permite garantizar al mismo tiempo la salud, la seguridad y la protección de los consumidores. Recomiendo esta directiva y espero que el Comisario la haga efectiva con prontitud. 
Toine Manders (ALDE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, me complace que haya usted mencionado mi nombre, pero fue todo un grupo el que participó en el diálogo a tres bandas que desembocó en un acuerdo. La Comisión ha escuchado con atención las opciones y finalmente ha aprobado unos pocos elementos, sin ceñirse a principios rígidos en los que suele insistir, lo cual se agradece. El señor Whitehead, nuestro presidente, ya ha indicado que el señor Zappalà ha sido un buen estratega. A veces me ha resultado parecido a César, que también fue capaz de retrasar batallas. Estaba convencido de que esta directiva nunca vería la luz del día, pero solo nos hemos dedicado a ella durante los tres últimos años y ya la hemos acabado. Por tanto, quiero felicitar al señor Zappalà por el enfoque estratégico que no he podido ver en los tres primeros años. Pido disculpas por ello. No tengo más que felicitaciones y elogios.
La definición es clara. Creo que la tarjeta profesional propuesta en la primera ronda por la señora Gebhardt es un añadido excelente para aclarar las cualificaciones mediante el uso de tecnología moderna. Lo que me parece crucial, y esto también lo han aprobado la Comisión y el Consejo, es que en cualquier caso se aplicará un mecanismo de responsabilidad, en particular para la profesión médica, porque es inaceptable que las personas de este sector contratadas temporalmente puedan escapar a todas las disposiciones disciplinarias y a toda responsabilidad a causa del carácter temporal del trabajo. Por tanto, quiero felicitar a todos quienes han trabajado en esta la que es, en mi opinión, una directiva fantástica. Es una piedra angular del mercado interior que ofrece a las personas jóvenes, en particular, espacio de futuro y mediante la cual, cosa que también me parece importante, especialmente las mujeres siguen teniendo una oportunidad, aunque hayan empezado a crear una familia, de hacer valer su formación profesional en el mercado encontrando un buen puesto de trabajo.
Me complace que se haya mencionado el reconocimiento mutuo, y en relación con el principio del país de origen creo que, si no establecemos ningún criterio, estamos hablando de la misma definición. Después de todo no se prescribe ninguna condición en esta directiva, porque la formación se presta en el país de origen. Llámenlo licencia: personas con ciertas cualificaciones pueden trabajar en otros países. Esto me parece que merece un debate. Considero muy importante que la Comisión haya aprobado esto y que ahora sea hora de justificar las propias acciones. Es esencial para obtener una Europa legalmente sólida, pero sobre todo para poder obtener una Europa democráticamente fortalecida.
Espero que con esta directiva de hoy hayamos demostrado, y hayamos lanzado un mensaje muy claro, que todos estamos dispuesto a trabajar por una Europa más fuerte y próspera. Además, quiero agradecer a nuestros presidentes, al señor Gargani, al presidente anterior y al señor Whitehead, su paciencia a este respecto, y hacer extensivo un agradecimiento especial también al señor Zappalà. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, señor Zappalà, Señorías, este debate es una prueba muy clara del buen trabajo que han hecho todos los implicados. Lograr un resultado así en un ámbito tan problemático como este es algo que merece nuestra atención. Nuestra labor consiste en hacer realidad las cuatro libertades en la Unión Europea; nuestro objetivo, construir el mercado interior, convertirlo en un mercado interior para todos, empresarios, trabajadores y consumidores. Esta directiva está al servicio de la estrategia de Lisboa, al servicio del mercado interior y al servicio de la Constitución, y es una directiva al servicio de la «unidad en la diversidad».
La directiva también es una prueba del deseo de la Unión Europea de mantener los niveles de calidad en lugar de rebajarlos, y de nuestro reconocimiento de criterios profesionales específicos. Por primera vez esta directiva moderniza el sistema comunitario de reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Demuestra el respeto que tenemos por lo que las profesiones liberales hacen por el bien común; con ella simplificamos visiblemente los reglamentos y los hacemos más transparentes en lugar de aprobar nuevos, y claramente promovemos la libre circulación de trabajadores preparados, a la vez que reforzamos organismos como las asociaciones profesionales, que representan sus intereses, en lugar de limitarnos a asfixiarlos en el mar de la burocracia europea.
Esta directiva, por supuesto, es una prueba de que, incluso ahora, el principio del país de origen de la directiva de servicios no se aplica a ninguna de las disposiciones de la directiva sobre cualificaciones profesionales que se aplican al país de destino. Esto significa que esta directiva complementa a la directiva de servicios. Como se complementan entre sí, creo que el trabajo que hemos hecho en torno a esta directiva debería servir de ejemplo para el futuro trabajo en torno a la directiva de servicios. Esperemos que cuando concluya este debate nuestro éxito sea igual de evidente. 
Mia De Vits (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me complace que logremos aprobar esta directiva esta semana, tras un período de 40 años durante los cuales las directivas sectoriales generales han complicado mucho más la situación, hasta el punto de que, como suele decirse, los árboles no dejaban ver el bosque. Me parece un paso importante desde el punto de vista de la simplificación y un paso adelante significativo. Usted mismo, señor Comisario, ha subrayado que es un compromiso honorable que aporta equilibrio entre la explotación del mercado interior con el máximo nivel posible de libre circulación de profesionales, por un lado, y la formación de calidad y respeto de los intereses del consumidor, por otro. Creo que con este debate hemos demostrado que ambos aspectos pueden reconciliarse. Un ejemplo de esto que he dicho figura en el apartado 3 del artículo 5, donde hemos sustituido las disposiciones disciplinarias por normas de conducta. El hecho de que un Estado miembro de acogida pueda seguir imponiendo normas nacionales a este respecto no es una medida proteccionista en absoluto, sino ni más ni menos que la prueba de este equilibrio. Quiero hacerme eco de la esperanza que ha expresado la señora Gebhardt, de que podamos seguir la misma senda para la directiva de servicios, donde también hemos de dar con este equilibrio tan necesario. 
Charlie McCreevy,
   .  Señor Presidente, doy las gracias a sus Señorías por sus contribuciones. Este debate ha demostrado que es posible llegar a un consenso general acerca de un asunto que provocó una enorme controversia en primera lectura. Esto me permite afrontar con optimismo la presentación de otras iniciativas ante este Parlamento.
Algunos diputados han planteado la cuestión del artesano o . Permítanme aclarar este punto. La nueva directiva no afecta en modo alguno a las normativas nacionales relativas a las cualificaciones en el sector artesano, ni tampoco implica ninguna reducción de las normas de calidad nacionales. En lo que respecta a este sector, se mantienen dos regímenes para el reconocimiento de cualificaciones profesionales: los artesanos cualificados pueden solicitar el reconocimiento de su experiencia profesional o el de sus títulos de formación, según corresponda, sujetos a una prueba de aptitud o a unas prácticas supervisadas. Además, la estructura especial de determinados cursos, entre ellos el de la titulación alemana de , se reconoce plenamente. Confirmo que esta condición especial se puede extender a un número mayor de cursos mediante la aplicación de medidas en el marco del comité instaurado en virtud de esta directiva.
Quisiera destacar una vez más que los valiosos esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo y, en particular, por el ponente, el señor Zappalà, y los ponentes alternativos han resultado imprescindibles para el resultado positivo de esta negociación y para la aprobación final de esta importante propuesta.
La Comisión presentará en el acta de este período parcial de sesiones una relación detallada de las enmiendas cuya inclusión podemos aceptar(1). Esta enumeración confirma que la Comisión apoya plenamente el acuerdo alcanzado por los colegisladores. 
El Presidente
   .El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
Se pueden aceptar 34 enmiendas en su totalidad: 2, 5, 7, 10, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55.
Hay que rechazar 21 enmiendas: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 32.
El Presidente. 
    De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A6-0121/2005) de la señora Herranz García sobre la simplificación de la organización común de mercado de las frutas y hortalizas (2004/2193(INI)). 
María Esther Herranz García (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, quisiera manifestar la gran satisfacción que siento por el proyecto de informe que mañana se somete a votación en este Parlamento, porque recoge íntegramente —eso sí, con alguna modificación— cada una de las medidas que propuse en el borrador inicial.
En vista del amplio consenso que se recabó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, espero que este informe reciba ahora el apoyo de la inmensa mayoría de los miembros de este Parlamento.
El Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado, sin embargo, una enmienda al informe, en la que se urge a la Comisión Europea a que presente lo antes posible una propuesta legislativa. El anuncio que realizó la Comisaria europea Fischer Boel, aquí presente, de aplazar la reforma del sector ha provocado un gran malestar entre los productores, malestar del que me gustaría que este Parlamento Europeo se hiciera eco.
El anuncio de la Comisaria es un síntoma de la escasa importancia que se concede a un sector tan importante como el de las frutas y hortalizas, y les recuerdo una vez más que el sector hortofrutícola representa el 17 % de la producción final agraria de la Unión Europea, hecho que parece no tener en cuenta la Comisión en un momento crucial, como es este, en el que se están negociando las perspectivas financieras para un período de siete años.
La actitud de la Comisión deja mucho que desear, a mi parecer, y, si he captado bien los mensajes transmitidos recientemente por la señora Comisaria, el ejecutivo comunitario podría incluir la reforma dentro de un sector, dentro de un saco, de una propuesta general para la puesta en marcha de una sola organización común de mercado de todos los productos agrícolas. Ello significaría, desde mi punto de vista, mezclar churras con merinas —como decimos en España—, pues, hasta hoy, el sector hortofrutícola ha recibido un tratamiento específico, que ha sido positivo en términos generales, aunque sea necesario introducir cambios de importancia en algunas ocasiones.
Los productores de frutas y hortalizas vivieron en su día una cierta frustración por ser considerados como un sector aparte, sin derecho a ayudas directas. Hoy en día, sin embargo, el esquema particular, basado en la existencia de unos fondos operativos, cofinanciados por los cultivadores, les ha permitido encontrar un medio para adaptar mejor sus producciones a las necesidades del mercado.
Aunque el sistema tiene fallos —¿qué no los tiene?—, y aunque requiere alguna modificación destinada, sobre todo, a incrementar la competitividad de los productores, sería un error asimilar las frutas y hortalizas al resto de sectores agrícolas. Ello supondría desmontar toda una filosofía sobre la que se sustentan los progresos que se han conseguido hasta ahora en el sector.
Me gustaría —insisto— hacerme eco del descontento que me han transmitido algunas organizaciones profesionales por el aplazamiento de esas propuestas legislativas. Es urgente proceder a una reforma para introducir mecanismos nuevos, mecanismos de gestión de mercado que permitan hacer frente a las dificultades por las que atraviesan algunos segmentos del sector y que se acentuarán tras las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
Un sistema ágil de intervención ante las crisis, en manos de las organizaciones de productores, permitiría mejorar su papel de gestoras del mercado, lo que debería, además, servir como anzuelo a los productores individuales que hasta ahora no han encontrado provechoso integrarse en esas agrupaciones. El 60 % de los productores no está dentro de esas agrupaciones.
El proyecto de informe que he presentado ante el Parlamento Europeo plantea precisamente una alternativa al régimen de intervención en vigor, que consistiría en la introducción de las llamadas "cajas de seguridad", gestionadas por las propias agrupaciones, destinadas a financiar retiradas en momentos de crisis graves, operaciones de reducción de la producción en caso de saturación de mercado, o incluso la puesta en marcha de un régimen de seguros de rentas. Esa caja, bien articulada, debería convertirse en el instrumento del que hoy carecen las organizaciones de productores para hacer frente a las embestidas del mercado.
El informe también contiene algunas medidas que urge poner en marcha para dar respuesta a alguna situación comprometida, como, por ejemplo, el bajo asociacionismo que existe en los nuevos Estados miembros, y también da respuestas al problema particular de los frutos rojos, para el que propone toda una serie de medidas destinadas a mejorar tanto el régimen de frutas y hortalizas frescas como el de transformados, sin olvidar la necesidad de ampliar las campañas de promoción de las producciones, haciendo hincapié en el origen comunitario.
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, para empezar doy las gracias a la señora Herranz García y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el trabajo que han realizado en relación con este informe.
La comunicación de la Comisión acerca de la organización común de mercado de las frutas y hortalizas tenía tres objetivos. El primero era describir el modo en que la Comisión había iniciado el proceso de simplificación; el segundo, presentar un documento de trabajo de la Comisión con un análisis de las principales cifras del sector, la aplicación de las organizaciones de productores y los aspectos presupuestarios y de fondos operativos relacionados; y el tercero, fomentar un debate en el Consejo, en el Parlamento Europeo y en el sector.
Volviendo al contenido del informe, empezaré comentando el papel de las organizaciones de productores, que son y seguirán siendo el elemento clave en la organización común de mercado. Acojo con satisfacción las sugerencias destinadas a reforzar su función en la gestión de los mercados y la concentración de la oferta, en especial en lo que se refiere a las fusiones, las asociaciones transnacionales de productores y las medidas especificas centradas en los nuevos Estados miembros. Asimismo, hay que considerar la posibilidad de introducir nuevos productos y nuevas categorías de organizaciones de productores.
Con respecto a la gestión de crisis, quisiera llamar su atención sobre la comunicación relativa a la gestión de crisis y riesgos en la agricultura, de febrero de 2005. Además de las medidas horizontales para la gestión de crisis propuestas en este contexto, estudiaremos la necesidad de ofrecer mecanismos específicos para el sector de las frutas y hortalizas. Tendremos en cuenta especialmente la propuesta de creación de fondos mutuos.
En lo que se refiere a los productos transformados, en las conclusiones de la Presidencia danesa se establecía que la Comisión debía llevar a cabo una evaluación de impacto. La intención de esta medida era incluir un posible cambio de los regímenes actuales a un enfoque basado en objetivos e instrumentos ya utilizados en la reforma de la PAC. Por lo tanto, la Comisión esperará a obtener los resultados de la evaluación de impacto antes de proponer alternativas para los productos transformados.
Tras la ampliación de la Unión Europea, la Comunidad está analizando la situación en lo que respecta a las frutas rojas. Una vez finalizados los diferentes estudios, consideraremos las medidas apropiadas, tanto en el marco de la organización común de mercado como en relación con las importaciones de terceros países.
Estoy totalmente de acuerdo con ustedes acerca de la necesidad de promover el consumo de frutas y hortalizas, dados los efectos positivos del mismo en la salud pública. Asimismo, quiero hacer referencia a los instrumentos horizontales de la PAC destinados al fomento de estos productos, siendo uno de los sectores beneficiados de su aplicación el de las frutas y hortalizas.
En cuanto al aumento de las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países, como miembros de la OMC no podemos aprobar medidas incoherentes con nuestras obligaciones internacionales. El modo más efectivo de responder a las señales de mercado consiste en concentrarse en la calidad. Consideraremos con detenimiento la posibilidad de introducir etiquetas distintivas de origen para los productos transformados elaborados exclusivamente a partir de materias primas europeas.
Con respecto a la compatibilidad de los instrumentos de desarrollo rural y los fondos operativos de la OCM, puedo asegurarles que adoptaremos medidas que permitan a los productores beneficiarse de ambos instrumentos, pero evitando la posibilidad de que se produzca una doble financiación. 
Albert Jan Maat,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, señora Herranz García por su posición clara, así como felicitar a nuestra Comisaria de Agricultura porque en todos los debates se ha mostrado firme respecto de las perspectivas financieras y la cofinanciación de la política agrícola, lo que de por sí ya merece la enhorabuena, y en todo caso sale en defensa de un sector Europa y desea mantenerlo.
Asimismo, acojo con satisfacción sus observaciones respecto de los estudios de impacto en el sector hortofrutícola para que podamos adoptar un enfoque sólido que nos permita trabajar de forma más orientada hacia el mercado, así como sus observaciones respecto del requisito de etiquetar los productos europeos de manera eficaz para que no haya dudas sobre su origen. Este es, en sí mismo, un enfoque sólido.
También quiero hacer una pequeña crítica, porque los estudios de impacto me llevan a la conclusión de que, en Europa, y sin duda tras la ampliación, los agricultores de frutas y hortalizas –que normalmente trabajan sin subvenciones y orientados hacia el mercado– apenas han podido mantenerse a flote. Las organizaciones de productores del sector no apoyan la gran concentración de la demanda en forma de supermercados. Si el sector desea sobrevivir en Europa, tiene que ser capaz de trabajar en las mismas condiciones que se aplican a los productos importados. El etiquetado es esencial, y la Comisión debería prestar más atención a este aspecto en sus futuros planes.
En segundo lugar, no cabe duda de que un gran número de agricultores de los diez nuevos Estados miembros tienen problemas de integración en el mercado europeo. Es imprescindible que abordemos este problema con más energía, estableciendo organizaciones de productores y garantizando que los agricultores de los nuevos países también puedan hacerse un hueco en el mercado en comparación con las grandes cadenas de supermercados.
En tercer lugar, si hay menos burocracia, es más probable que el dinero para estos fondos se gaste con prudencia. Es inaceptable que el 25 % del dinero esté infrautilizado, como ocurre en estos momentos. La Comisión tiene que examinar esta cuestión de inmediato y garantizar que el dinero se gaste. Si las organizaciones de productores no pueden beneficiarse directamente del presupuesto que sobra, en vista de las grandes heladas en muchas partes de Europa y de otras catástrofes naturales, incluida la sequía, el sector aún podrá usar este sobrante para garantizar su supervivencia en estos difíciles momentos. En cualquier caso, quiero dar las gracias a la ponente y a la Comisaria por su actitud razonablemente constructiva. 
María Isabel Salinas García,
   . Señor Presidente, señora Comisaria, todos compartimos la necesidad, aquí manifestada, de realizar algunos ajustes en la OCM actual con el fin de hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrenta este sector, pero nadie desea, y así se desprende del informe, una reforma que vaya más allá de dichas necesidades.
El informe de iniciativa que hoy debatimos cuenta con el apoyo amplio, yo diría mayoritario, no solo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sino, espero, también de este Parlamento, sobre todo, del propio sector —cosa que no es fácil—, y recoge muchos de los puntos que mi Grupo, el Grupo Socialista, reivindica y ha introducido en forma de enmienda: una mayor flexibilidad para las OPCH, la necesidad de clarificar y hacer menos burocrático el acceso a los fondos operativos, de fomentar el asociacionismo y de incidir en la concentración de la oferta y en la necesidad de proteger a nuestros productores frente a terceros países, la gestión de las situaciones de crisis, etc.
La Comisión preguntó a este Parlamento su opinión sobre cómo debería ser la próxima reforma del sector hortofrutícola. Aquí están las respuestas, respuestas que compartimos el Parlamento y, por supuesto, los interesados. Ahora esperamos y deseamos que se tengan en cuenta tanto en el tiempo como en el fondo. 
Quisiera recordar a la Comisión que en el informe se pide claramente que se presente antes de este verano una propuesta legislativa para reforzar y mejorar el papel de las organizaciones de productores en la gestión del mercado fundamentalmente; el futuro de este sector es el mercado, y el mercado es el futuro. No olvidemos que el sector hortofrutícola es dinámico, pero a la vez muy frágil, con una gran inestabilidad en los mercados.
Por todo ello, deseamos una reforma que tenga en cuenta tanto el informe del Parlamento como las peticiones de los propios agricultores y, sobre todo, que se mantenga y sirva para mejorar la renta agraria.
Por último, estamos siguiendo muy de cerca las negociaciones de la Ronda de Doha, con el fin de poder introducir estos productos agrícolas como productos sensibles. Igualmente, la Comisaria ha lanzado la idea de reemplazar, parece ser, las numerosas OCM por una OCM única o texto jurídico único. Vaya por delante nuestro desacuerdo, por el riesgo que esta decisión conlleva para el sector, así como por la inseguridad que ya se ha generado en el futuro inmediato tan solo con ese anuncio.
Quisiera terminar agradeciendo a la ponente su disponibilidad para llegar a este consenso, no solo en la Comisión, sino también aquí en el propio Parlamento y esperando que haya buena voluntad por parte de la Comisión de cara al futuro, ya que el sector lo espera con impaciencia.
Diamanto Manolakou,
   . – Señor Presidente,el sector hortofrutícola es uno de los más dinámicos y por eso estamos celebrando un debate al respecto. Constituye el 17 % de los productos agrícolas y solo se beneficia del 4 % del presupuesto. Al mismo tiempo, da empleo a una parte considerable de los trabajadores agrícolas y manuales.
La Comisión ya ha presentado la propuesta de reglamento para revisar la organización común de mercado, que beneficia a los fabricantes pero no a los pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, creo que las propuestas de hoy tampoco ayudan; no mejoran la situación, porque las evaluaciones contradicen lo que se ha propuesto.
Por ejemplo, se propone un desacoplamiento de la ayuda a la producción para las frutas y hortalizas, pero al mismo tiempo se alcanza un acuerdo con la revisión intermedia de la PAC, cuya esencia es la disociación de la ayuda a la producción.
Además, se ha alcanzado un acuerdo con la OMC y, al mismo tiempo, se propone que las frutas y hortalizas se mantengan fuera de las negociaciones de la OMC. Se ensalza a los productores y, al mismo tiempo, se estima que no funcionan bien; solo un 40 % de la producción pasa por sus manos y solo usan un 25 % de los recursos.
Creo que se esconde el hecho de que los productores funcionan como intermediarios entre los agricultores y los mayoristas y la industria, beneficiando a esta última con materias primas baratas.
La propuesta de un fondo cofinanciado tampoco es la solución, porque los agricultores tendrán que pagar las diferentes crisis y repercusiones de la OMC.
En general, creemos que tanto la revisión de la PAC como las negociaciones con la OMC se harán a expensas de los ingresos de los pequeños y medianos agricultores de frutas y hortalizas, mientras que los mayoristas y la industria se beneficiarán, garantizando precios aún más bajos para estos productos y obteniendo enormes beneficios. Por esta razón, este informe es injusto y no podemos votar a favor. 
Filip Adwent
   –Señor Presidente, quiero comunicarle mi inmensa preocupación por la posible importación de frutos rojos procedentes de Asia en 2005.
En Polonia existen 450 000 explotaciones agrícolas que producen frutos rojos. El año pasado, la importación de frutos rojos de Asia provocó una catástrofe. Las cotizaciones bajaron hasta tal punto que los frutos ni siquiera se recogieron. Otro año como este y desaparecerán 200 000 explotaciones. A cinco personas por familia, el resultado será un millón de personas privadas de ingresos desde este otoño: ¡una catástrofe social injustificable! Un agricultor que pierde su tierra, y por tanto su trabajo, pierde también su vivienda, ya que vende la tierra sobre la cual está construida su casa. Pierde también sus raíces, pues debe trasladarse lejos, a la ciudad, para buscar un trabajo. Pero en Polonia no hay trabajo que buscar en la ciudad. El desempleo afecta oficialmente al 20 % de la población. Expulsados de sus casas por una política económica irresponsable, los agricultores tienen grandes probabilidades de caer en la delincuencia.
Otra consecuencia, una emigración masiva al oeste y una toma de conciencia de la colosal mentira que es decir que la Unión Europea descansa en el principio de la preferencia comunitaria. Si quieren que los polacos rechacen la Constitución Europea, sigan importando frutos rojos de Asia, pero tengan la honestidad de decir a los campesinos polacos que su suerte no interesa a nadie. Eso al menos tendrá el mérito de la claridad.
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
      Señor Presidente, señora Herranz García, acojo con satisfacción esta propuesta de resolución, y quiero dar las gracias a la ponente por haber incluido la situación de los nuevos Estados miembros.
Los agricultores polacos han puesto objeciones a las cuotas de producción, y se han quejado de la dificultad de vender sus productos. En el tiempo de que dispongo quiero abordar una cuestión que quizá sea secundaria, pero que sin embargo reviste gran importancia. Las frutas y hortalizas en la UE son demasiado caras. Además, la fruta está demasiado madura y es insípida. Tenemos que mejorar la calidad de nuestros productos y garantizar que continúe habiendo variedad, en especial respecto a la fruta de temporada. En Polonia aún es posible comprar variedades de manzana muy sabrosas, que nunca he visto y sin duda nunca veré en Bruselas. Solo como tomates y pepinos en Polonia, porque en la vieja Europa son insípidos. Tenemos que ofrecer a nuestros ciudadanos frutas y hortalizas más frescas, y garantizar que los agricultores de frutas y hortalizas tengan un salario justo. No debemos permitir que disminuya la abundancia de variedades locales de fruta. 
Zdzisław Zbigniew Podkański (PPE-DE ).
     ) Señor Presidente, Señorías, la gran ampliación de la UE en 2004 nos ha presentado nuevos retos y nuevos problemas. Si bien ya hemos pasado un año trabajando juntos, por desgracia no hemos conseguido rectificar los errores que se cometieron en las negociaciones de adhesión de los nuevos Estados miembros. Todos sabemos que las decisiones requieren tiempo y reflexión, pero también somos conscientes de que no podemos posponer muchas cuestiones urgentes.
Una de ellas es la necesidad de un reglamento para el mercado de las frutas y hortalizas. Es muy importante que los nuevos Estados miembros dispongan de medidas protectoras para los mercados de los frutos rojos y las manzanas. Los productores europeos se enfrentan a numerosos problemas y están sufriendo trágicas consecuencias a causa de la afluencia de frutos rojos como las fresas, las grosellas, las frambuesas y las cerezas de China, Marruecos y Serbia. Los productores y fabricantes polacos se han visto especialmente afectados, porque Polonia produce cerca del 50 % de todas las bayas en la Unión Europea, y también es el mayor productor de manzanas. Tras una serie de intervenciones mías y de otros diputados sobre la cuestión, me complace que el Presidente del Parlamento y la Comisión de Agricultura hayan prestado atención a esta cuestión; esta última ha planteado el problema de manera muy profesional. El resultado final ha sido que la Comisión también se ha tomado el asunto en serio, y ha enviado una delegación a Polonia para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno. Espero que esta delegación complete su trabajo antes de que comience la temporada, y que podamos proporcionar la ayuda requerida y tomemos las medidas necesarias antes de que sea demasiado tarde.
Señorías, el informe que ha presentado la señora Herranz García a la Cámara merece una atención especial, y la Comisión tiene que sacar las conclusiones necesarias y ponerse a trabajar de inmediato. Si posponemos este problema, simplemente estaremos huyendo de las soluciones necesarias, agravaremos la situación de muchos agricultores y productores europeos y daremos lugar a malentendidos e inquietud entre la opinión pública. 
Katerina Batzeli (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, me preocupa e inquieta que vaya usted a posponer la presentación de propuestas legislativas para las frutas y hortalizas durante los próximos dos años. Si esta declaración o intención es cierta, creo que estará dejando de forma consciente la OCM en el sector de las frutas y hortalizas fuera de la Política Agrícola Común revisada y expondrá a estos productos y productores a numerosos peligros económicos e internacionales.
El informe de la señora García, a quien felicito, constituye un fundamento correcto para que usted presente sus propuestas antes del otoño.
Asimismo, quiero subrayar ciertas cuestiones particularmente importantes.
Primero, la Comisión tiene que hacer de inmediato propuestas realistas para los productores en el marco de un sistema y régimen simplificado, de manera que incluyan las características de cada región y se haga un uso equilibrado de los recursos disponibles en el sector.
Segundo, se puede mejorar el sistema de umbral para los productos transformados, si bien cualquier cambio no debe afectar al equilibrio existente entre los Estados miembros. Señora Comisaria, creo que sus propuestas para las frutas y hortalizas no se reducirán solo a tomar medidas o a hacer cambios en los productos transformados.
Tercero, hay que prestar especial atención en el marco de sus negociaciones internacionales. Hay que tener en cuenta la baja protección exterior para las frutas y hortalizas conforme a las disposiciones especiales previstas para los productos sensibles y cuando se regule una metodología para los equivalentes de los derechos de aduana .
La OCM de las frutas y hortalizas, con los programas operativos, la existencia de un fondo y la formación obligatoria de los grupos de productores, constituyen un criterio operativo para los mercados de los productos agrícolas. No decepcione a los productores que han hecho sacrificios para ajustarse y adaptarse a este modelo.
Es preciso eliminar la competencia injusta, ayudarles a ganar nuevos mercados y a mejorar la producción de productos de calidad. Usted puede hacerlo
Jeffrey Titford (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, he de felicitar a la ponente por presentar 19 páginas de lo que, incluso conforme a los estándares generales de documentación comunitaria, constituye la jerigonza burocrática más ilegible, presentada bajo el ridículo título de «simplificación» del mercado de las frutas y hortalizas. Jamás se había dicho tanto en materia de cultivo de frutas y hortalizas que sirviera para tan poco. No obstante, quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre el apartado 46, en el que se recuerda a la Comisión que las importaciones procedentes de terceros países no siempre proporcionan los niveles de seguridad y calidad a los que está acostumbrado el consumidor europeo y que, por lo tanto, es necesario asegurar que los productos de los terceros países cumplan las mismas exigencias de seguridad y calidad que los productos de la Unión Europea. Esto viene a decir más o menos que los países que no pertenecen a la Unión pueden producir sus mercancías más baratas, lo que debe evitarse a toda costa. Se trata de un burdo proteccionismo que pretende mantener el mercado de las frutas y las hortalizas europeo como un entorno blindado, controlado por una burocracia asfixiante que jamás debe ser traspasada por la competencia exterior.
Estas son, sin embargo, las normas que desea establecer la señora Herranz García, incluso en lo que se refiere a las hierbas aromáticas y el perejil. También se menciona la col china, pero evitaré hacer un chiste fácil al respecto, salvo para decir que, a diferencia de la Unión Europea, el sector no quiere oír cuentos chinos sobre estos productos, tan solo quiere cultivarlos.
Insto a sus Señorías a que rechacen este informe o que, al menos, exijan que se traduzca de ese lenguaje burocrático original a otro más sencillo, de forma que todos podamos comprenderlo. 
María del Pilar Ayuso González (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias por estar aquí esta noche.
Espero que usted traslade a la Comisión el mensaje claro y contundente de este Parlamento en contra del aplazamiento de la reforma del sector de frutas y hortalizas, como usted misma anunció hace poco tiempo.
El sector de frutas y hortalizas está presente en prácticamente todos los países de la Unión Europea y en todos sufre los mismos problemas. La actual OCM se ha mostrado eficaz, pero necesita ser mejorada y tiene que introducir un nuevo régimen que sea más eficaz en la gestión de las crisis y poner en marcha medidas específicas para los productos que están sometidos a la fuerte presión de las importaciones. Esto no es proteccionismo.
Yo soy de Castilla-La Mancha, que es una gran región productora de ajo. El ajo es un ejemplo de una producción que tiene que hacer frente a una importación feroz, procedente principalmente de China, que pone en peligro la supervivencia de muchas explotaciones.
Me alegro de que el informe recoja medidas en favor de esta categoría de productos y, al mismo tiempo, abogue por la simplificación del régimen de importaciones en vigor, para evitar irregularidades que se vienen observando como consecuencia de la existencia de tres fórmulas distintas a las que se pueden acoger los operadores, según les convenga, lo que propicia la aparición de prácticas fraudulentas, que en ocasiones han sido denunciadas por el sector ante la Comisión Europea.
Estoy de acuerdo también con la batería de propuestas realizadas en el informe para mejorar la competitividad del sector y aprovechar al máximo las disponibilidades presupuestarias, que se encuentran infrautilizadas año tras año por la falta de flexibilidad de la actual OCM.
Los fallos del sistema, como la gran burocratización, la inseguridad jurídica de las asociaciones de productores y la escasa generosidad comunitaria a la hora de incentivar la concentración de la oferta, son las principales causas de la pérdida de eficacia del régimen puesto en marcha en 1996.
Esto se traduce en un mal aprovechamiento de los fondos, problema que, espero, se resuelva con la nueva propuesta.
Csaba Sándor Tabajdi (PSE ).
    Señor Presidente, el cultivo de frutas y hortalizas tiene una importancia destacada en la agricultura. En este sector es especialmente importante que los productores actúen conjuntamente, porque es una condición esencial para el éxito del mercado, pero exige el desarrollo de una cooperación organizada. Sin embargo, el grado de organización en los diez nuevos Estados miembros es muy bajo, y la formación de organizaciones de productores (en adelante OP) es un proceso largo y tedioso.
Por lo tanto, es imprescindible apoyar la subvención de las OP y, en especial, impulsar la formación de OP y dar apoyo adicional a las nuevas. Por esta razón, tenemos que aumentar el tope actual de las contribuciones en proporción con los ingresos procedentes de las ventas de un 4,1 % a un 6 %. Es muy importante coordinar las medidas de mercado (primer pilar) con el desarrollo rural (segundo pilar). Las asignaciones del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria no financiarán suficientemente el desarrollo de la infraestructura y la inversión, por lo tanto, las OP tienen que disponer de financiación procedente del desarrollo rural.
El sector hortofrutícola en los nuevos Estados miembros exige una reestructuración. Hay muchos huertos antiguos de manzanas que tienen un impacto en el mercado de la UE, ya que hacen disminuir los precios debido a los productos de baja calidad, lo que crea una situación de crisis en el mercado europeo de las frutas y hortalizas. Por lo tanto, es importante que la UE apoye la retirada y reestructuración de las viejas plantaciones. Como en el caso del programa de la leche en las escuelas, subvencionado con fondos de la UE, hay que introducir un esquema que fomente el consumo de fruta en las escuelas para estabilizar el mercado de las frutas y hortalizas.
Hay muchos productos estratégicamente importantes que no pueden recibir el apoyo del mercado en el marco actual. En el caso de las bayas, las cerezas amargas y los champiñones, se han garantizado unas medidas más potentes de gestión de la crisis. Tienen que incluirse entre los productos transformados, y también tenemos que hacer un llamamiento a la protección del maíz frente a las importaciones chinas. Doy las gracias a la Comisaria Boel por su carta, y espero que se haya encontrado una solución. 
Witold Tomczak (IND/DEM ).
     Señorías, la más reciente ampliación de la UE ha comportado una serie de cambios en el mercado de las frutas y hortalizas. La UE lleva a cabo estudios de los países candidatos en sus informes anuales.
Sin embargo, si bien los estudios de la Comisión pusieron de manifiesto que la UE ganaría 19 nuevas variedades de frutas y hortalizas con la adhesión de los nuevos Estados miembros, y que esto aumentaría la autosuficiencia alimentaria de la UE y satisfaría a los consumidores, no se hicieron cambios en la organización del mercado sobre la base de estos hechos. Esto significa que nos enfrentamos a una extraña situación en la que existe un mecanismo de apoyo especial para una variedad de ciruela, mientras que no existe nada parecido para las manzanas, a pesar de que estas representan el 32 % de toda la fruta que se recoge, lo que las convierte en la fruta más popular. Existen mecanismos de apoyo para los frutos secos y los plátanos, pero no existe ninguno para la gran variedad de frutos rojos, que por su naturaleza tienen una durabilidad muy corta y, por lo tanto, están sujetos a la fluctuación de los precios.
Quiero recordar a la Comisaria que está pasando otra temporada sin que se hayan encontrado soluciones sensatas. La política que se aplica a los 15 antiguos Estados miembros es más ventajosa que la que se aplica a los 10 nuevos Estados miembros, y parece que la Comisión solo pretende tomar medidas, en lugar de encontrar soluciones prácticas. En un intento de ganar tiempo, se ha enviado un equipo especial de inspectores a Polonia. Se trata de un juego inoportuno en vista de la urgente necesidad de estabilizar el mercado de las frutas y hortalizas y de garantizar la subsistencia de miles de productores y de sus familias, en particular en los nuevos Estados miembros. Además, es un juego peligroso porque los consumidores son los que tienen que sufrir las consecuencias de la fluctuación de los precios, y soportar la fruta de mala calidad importada de países terceros y peligrosa para la salud. Sin embargo, la solución es muy sencilla. Los nuevos Estados miembros pueden garantizar la distribución de frutos rojos y manzanas de alta calidad. Por lo tanto, el apoyo a los nuevos Estados miembros tiene que ser prioritario, entre otros mediante la imposición de restricciones a las importaciones, a menos que, por supuesto, queramos plantear la cuestión de la solidaridad europea de forma totalmente diferente, y usemos la Política Agrícola Común para cubrir las cuotas adicionales. 
Armando Dionisi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Fischer Boel, Señorías, la resolución del Parlamento sobre la organización común de mercado de las frutas y hortalizas aborda una grave situación de la agricultura europea a la que es preciso dar respuestas rápidas y eficaces. 
Felicito a la ponente por haber afrontado las dificultades de este sector y haber propuesto soluciones adecuadas. Estoy convencido de que la Comisaria tendrá en cuenta las preocupaciones manifestadas por el Parlamento. La aceptación de una enmienda propuesta por mí, que instaura las etiquetas de origen para los productos transformados, es un paso adelante. En efecto, el sector textil no es el único que sufre la competencia asiática. Es necesario dar a conocer el origen de los productos agrícolas transformados, de modo que el consumidor esté informado de la procedencia del producto que compra a través de la etiqueta. Esta propuesta es especialmente importante para el sector de las conservas a base de tomate, un pujante sector de la economía italiana, tanto para la producción interna como para las exportaciones. 
En 2004, gran parte de los tomates de nuestros campos no fueron recogidos, las ingentes cantidades de productos transformados procedentes de China a precios bajísimos y sin garantías sanitarias han hundido el sector en la crisis. La conserva china es reelaborada en Italia, a menudo mezclada con producto italiano y después revendida como si fuera de origen italiano, sin que el consumidor pueda reconocer su verdadero origen. El etiquetado constituye una garantía fundamental de calidad y transparencia.
En segundo lugar, la Comisión de Agricultura ha aprobado la propuesta relativa a la necesidad de una reforma inmediata para afrontar las crisis periódicas del mercado en el sector del producto fresco. Se pide desde varias partes una reforma para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda y gestionar los excedentesEspero que la Comisaria tenga a bien reflexionar sobre la necesidad de acortar los plazos; los dos años de que ha hablado son un período demasiado largo. 
Quisiera concluir recordando que el sector hortofrutícola está muy penalizado con respecto a otros sectores agrícolas; recibe solo el 4 % de los recursos comunitarios y requiere cuotas de cofinanciación demasiado onerosas para los productores.
Béatrice Patrie (PSE ).
   –Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por la calidad de su trabajo. También yo deseo subrayar la necesidad de revisar la organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas lo antes posible, como la Comisión Europea se había comprometido a hacer en su comunicación del pasado 10 de agosto. En efecto, existe un consenso para mantener la OCM en su configuración actual. No es necesario, por tanto, proceder a una reforma completa del dispositivo. No obstante, las crisis acaecidas en las últimas campañas de comercialización, por ejemplo en el sudoeste de Francia, han demostrado la urgencia de adaptar los mecanismos de la OCM.
En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión de crisis, es conveniente responder eficaz y rápidamente a las crisis de sobreproducción. Una oferta excedentaria del orden del 5 al 10 % provoca un hundimiento de los precios del 30 al 50 %. Por ello me parece pertinente aumentar el límite de las retiradas autorizadas para ampliarlo hasta el 20 % de la producción. 
En materia presupuestaria, recuerdo que los productores hacen grandes esfuerzos. Producen el 15 % del valor de la producción agrícola europea y solo gozan del 3,5 % de las ayudas. Considero que el presupuesto puesto a disposición de las organizaciones de productores debe incrementarse para pasar del 4,1 % al 6 % del valor de la producción comercializada.
Por otra parte, la calidad de las producciones locales es esencial y debe respetarse.
Por último, en lo que respecta a la relación entre los productores y el sector de la distribución, propongo que la Unión Europea favorezca, en el marco de las organizaciones interprofesionales reconocidas en cada Estado miembro, la definición de códigos de buena conducta que eviten caídas brutales de los precios de compra al productor.
Cerraré mi intervención con la dimensión exterior de este asunto, que es determinante. Es esencial controlar el nivel de apertura de los mercados y regularlos: mantenimiento de la preferencia comunitaria, inclusión de las frutas y hortalizas en la lista de productos sensibles y reciprocidad en la apertura de los intercambios agrícolas, inclusive en los aspectos fitosanitarios, deben ser, en conclusión, las exigencias de la Unión Europea en la Conferencia ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005 y en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales.
Christa Klaß (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el mercado de las frutas y hortalizas siempre ha estado sujeto a la fluctuación de los precios; los productores han acabado acostumbrándose a ello. En el pasado, la intervención mediante las retiradas de mercado no consiguió mejorar la estabilidad del sector. Así pues, en 1996 la reforma de la organización común del mercado en el sector de las frutas y hortalizas introdujo un nuevo instrumento denominado fondos operativos, transfiriendo así los recursos de la intervención a un instrumento moderno y progresista.
Ahora nosotros tenemos que encontrar instrumentos progresistas para el sector hortofrutícola. No podemos trabajar sobre la base de un «retorno a la intervención al viejo estilo», y menos aún desarrollarla y ampliarla, ni tampoco sobre la base de un sistema de gestión de crisis que solo aborde las crisis en el mercado. En mi opinión, un sistema moderno de gestión de crisis también debería aguantar el impacto de las crisis causadas por el tiempo, por ejemplo, mediante un seguro multirriesgo. Tenemos que pensar en ello.
Respecto de los productos transformados, no basta simplemente con defender los umbrales de producción, que están anticuados y obsoletos. ¿Por qué no pensamos también en la disociación de la ayuda al sector hortofrutícola de transformación? Ahora que la disociación caracteriza a toda la reforma de la Política Agrícola Común, también debería aplicarse en este ámbito, en aras de la coherencia.
La Comisión ha decidido seguir adelante con la simplificación de la organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas y con la revisión de la OCM de las frutas y hortalizas transformadas, ambas en 2006. Respecto de las frutas y hortalizas frescas, en la actualidad los requisitos de una organización de mercado moderna se cumplen plenamente. Estoy convencida de que la organización común de mercado de las frutas y hortalizas transformadas necesita una reforma fundamental. Necesitamos más enfoques positivos. Aquí en Europa tenemos que celebrar un debate al respecto, y un sector orientado hacia el mercado necesita indicaciones respecto de la manera de afrontar el futuro. 
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ).
     La adhesión de los 10 nuevos Estados miembros a la Unión Europea significó cambios en los instrumentos que establecían la organización común de mercado de las frutas y hortalizas, tanto para acelerar el establecimiento y el funcionamiento adecuado de los grupos y organizaciones de productores como para prevenir que ocurriera un desastre en el mercado. Hay muy pocas organizaciones de productores en los nuevos Estados miembros, y la cifra actual en Polonia es de un 1,5 % del mercado.
Los nuevos Estados miembros tienen que recibir más ayuda para garantizar que los grupos de productores que se han reconocido de forma provisional sigan existiendo y se gestionen de forma adecuada. También se necesitan instrumentos específicos de apoyo financiero. Además, hay que dar permiso para establecer organizaciones de varios grupos de productores, como productores de frutas o de hortalizas transformadas. Asimismo, cabe señalar que una característica del mercado de los frutos rojos es su alta sensibilidad respecto de los precios, debido a las fluctuaciones en la producción y al creciente volumen de importaciones procedentes de terceros países que no pertenecen a la UE. Las importaciones descontroladas significan que los agricultores europeos, incluidos los productores de frutos rojos polacos, se enfrentan al desastre.
Necesitamos medidas que garanticen la estabilidad a largo plazo en este mercado. Dichas medidas tienen que incluir un aumento en el número de comprobaciones que se llevan a cabo en los artículos importados, lo que impedirá la afluencia de productos de baja calidad en la UE. La emisión de certificados de origen tiene que formar parte obligatoriamente de estas inspecciones, y la Comisión debería estudiar la introducción de cuotas de importación para estos productos sensibles. Sin embargo, todo lo que propone la Comisión es llevar a cabo estudios y tomar otras medidas que no ha explicado en detalle. Dicho de otro modo, propone sentarse y esperar. 
Janusz Wojciechowski (PPE-DE ).
      El debate de hoy sobre las medidas para simplificar el mercado de las frutas y hortalizas me ha llevado a realizar algunas consideraciones generales sobre la naturaleza de los cambios en la Política Agrícola Común. En calidad de diputado de Polonia, un nuevo Estado miembro, tanto a mí como a mis colegas nos sorprende el repentino cambio de enfoque que la UE ha dado a la economía, y en particular a la agricultura.
Antes de adherirnos a la UE, pensábamos que se trataba de una estructura y un mercado cerrados, al que solo podíamos acceder con gran dificultad. Ahora que formamos parte de la UE, solo oímos hablar de liberalización. Se supone que tenemos que liberalizar nuestros mercados de frutas y hortalizas, azúcar y leche y todo lo demás, y abrirlos al resto del mundo. Nosotros ingresamos en una UE diferente de la actual. Polonia produce la mitad de todos los frutos rojos de la UE, incluidas las cerezas, las grosellas y las frambuesas, y los diputados polacos a esta Cámara han instado a la Comisión en varias ocasiones y a través de una serie de canales a que adopten medidas que protejan el mercado de los frutos rojos. Siempre se nos ha respondido que esto no ocurriría, porque el mercado necesita liberalizarse, y que tenemos que abrir nuestro mercado para demostrar solidaridad con los países pobres que desean exportar sus productos a nuestros mercados.
La solidaridad es una bonita palabra, y los polacos somos particularmente conscientes de su valor. Sin embargo, la solidaridad no significa que se nos tenga que imponer la pobreza de otros. No podemos permitir que nuestros agricultores vayan a la bancarrota y caigan en la pobreza para que otros puedan vender sus productos en la UE. Una buena razón por la que esto no debe ocurrir es que la liberalización beneficiará más a los especuladores que a los agricultores de los países pobres. Continúo pensando que sería una buena idea poner en marcha medidas de protección e imponer restricciones en las importaciones de fruta en el mercado de la UE. Apoyo totalmente el informe de la señora Herranz García, y agradezco el trabajo que ha realizado. 
Mariann Fischer Boel,
   .  Quiero dar las gracias una vez más a la comisión por su informe de propia iniciativa sobre la simplificación de la organización de mercado de las frutas y hortalizas. He escuchado con atención todos los comentarios y puedo asegurarles que la Comisión analizará minuciosamente este informe final antes de presentar propuestas para el sector en cuestión.
En las conclusiones de la Presidencia de noviembre de 2004 se reconoció que en el sector de las frutas frescas también debería mantenerse la línea adoptada con la reforma de 1996. No obstante, al mismo tiempo se solicitó a la Comisión que llevara a cabo una evaluación de impacto de todos los aspectos de las frutas y cítricos transformados, la cual estará disponible a principios de 2006. Por motivos de coherencia, la Comisión decidió presentar una propuesta global que abarque tanto las frutas frescas como las transformadas.
En lo que respecta a la gestión de crisis, en el marco de la comunicación sobre gestión de crisis y riesgos en la agricultura, y teniendo en cuenta las opciones horizontales identificadas en este contexto, la Comisión considera que conviene analizar las necesidades específicas en cada caso concreto en función de las revisiones de la OCM, incluso en lo que al sector de las frutas y las hortalizas se refiere. Por consiguiente, la Comisión estudiará detenidamente la creación de un fondo estabilizador común basado en la cofinanciación pública y privada.
En relación con los frutos rojos, el Consejo ha solicitado que la Comisión elabore además un análisis apropiado de la nueva situación en el mercado europeo resultante de la ampliación y, en caso de que sea necesario, que presente propuestas específicas en las que se aborden estos problemas. La Comisión ya ha comenzado el análisis relativo al sector de los frutos rojos en los nuevos Estados miembros. Diversos funcionarios de las direcciones de agricultura y comercio acaban de regresar de una visita a Polonia. Cuando se complete este estudio, analizaremos los resultados y, si es preciso, se adoptarán las medidas oportunas.
Como miembros de las OMC, no podemos aprobar medidas proteccionistas que supongan un obstáculo a las importaciones. El modo más efectivo y eficiente de responder a las señales de mercado pasa por centrarse en la calidad de nuestros productos y mejorar la competitividad de nuestro sector. Para ello, podemos recurrir a dos mecanismos diferentes. Como ya he dicho, uno de ellos implica el refuerzo del papel de las organizaciones de productores, de forma que se evite la competencia entre los distintos productores; el segundo consiste en la posibilidad de mejorar nuestras iniciativas promocionales, lo cual podría resultar provechoso.
Algunos de ustedes han hecho referencia a la cuestión de la importación desde terceros países de frutas y hortalizas, en particular los frutos rojos. Las importaciones de terceros países deben cumplir las normas que aplicamos en la Comunidad. Los Estados miembros tienen que comprobar los productos que entran en la Comunidad y notificar a la Comisión, a través de nuestro sistema de alerta rápida, la interceptación de aquellos que no cumplan los requisitos pertinentes.
De acuerdo con la información de que disponemos, facilitada por este sistema, en el período de enero de 2002 a abril de 2005 solo se han registrado tres casos de interceptaciones de frutas frescas y congeladas que no se ajustaban a las normas. Teniendo en cuenta el gran volumen de las importaciones, creo que se trata de una cantidad muy pequeña.
En lo que respecta a la introducción de un sistema especial de etiquetado de origen, les aseguro que mi enfoque será positivo.
Por último, no puedo evitar resaltar la enorme importancia que reviste este sector específico para los Estados miembros, tanto desde un punto de vista económico como en lo que a la creación de empleo se refiere. 
El Presidente
   .El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
Presidente. 
    De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0096/2005) del señor Wojciechowski, en nombre de la Comisión de Agricultura, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 1868/94 por el que se establece un régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (COM(2004) 772 – C6-0014/2005 – 2004/0269(CNS)). 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, para empezar doy las gracias al señor Wojciechowski y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el trabajo que han realizado en relación con este informe. Quisiera situar esta propuesta en su contexto. El 26 de junio de 2003, el Consejo aprobó una reforma fundamental de la Política Agrícola Común en virtud de la cual se modifica de manera significativa el apoyo que presta la Unión Europea al sector agrícola. En lo que se refiere a la fécula de patata, un 40 % de la ayuda facilitada al productor se ha disociado y se ha incluido en el régimen de pago único. Tras la ampliación, seis de los nuevos Estados miembros han participado por primera vez en el sistema de cuotas de fécula de patata durante la campaña de comercialización 2004-2005.
Desde que en 1995 se introdujeron los contingentes de producción de fécula de patata, hemos intentado definir una estrategia que permita asegurar, mejorar y promover el desarrollo de este sector sumamente importante.
Volviendo a la propuesta sometida hoy a debate, diré que resulta esencial mantener la estabilidad de este frágil sector, teniendo en cuenta al mismo tiempo los cambios fundamentales derivados de la reforma de la PAC y la ampliación. En primer lugar, prorrogar los contingentes durante dos años en lugar de los tres previstos en el Reglamento (CE) nº 1868/94. Este período nos permitirá analizar los efectos iniciales de la reforma de la PAC y de la ampliación sobre el sector de la fécula de patata y nos permitirá actuar con rapidez si es preciso.
En segundo lugar, prorrogar los contingentes existentes que han asegurado un mercado estable en los ocho antiguos Estados miembros que han participado en este régimen. Soy consciente de que en determinados nuevos Estados miembros existe el temor de que los contingentes negociados en sus tratados de adhesión, basados en un período de referencia histórico, sean demasiado reducidos. Como de costumbre, se llevará a cabo una atenta supervisión del desarrollo del sector de la fécula de patata en todos los Estados miembros durante los próximos años.
La Comisión agradece la contribución de la Comisión de Agricultura al avance en este terreno. No obstante, algunas de las enmiendas planteadas superan el alcance de la propuesta de la Comisión, en especial en lo que a su calendario se refiere. Puesto que una prórroga de cuatro años nos impediría reaccionar con rapidez ante los desequilibrios que pudieran producirse en el mercado comunitario de la fécula, la Comisión no puede aceptar esta enmienda en el contexto de la propuesta que nos ocupa.
La enmienda relativa a la transferencia de contingentes a nuevos Estados miembros plantea sin duda cuestiones de gran importancia a los países implicados. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en el sector de la fécula de patata se registran enormes fluctuaciones, en función de las condiciones climáticas. La posibilidad de proceder a compensaciones entre países, dando prioridad a los nuevos Estados miembros, puede incitar a los productores de fécula de estos Estados a aumentar las áreas bajo contrato con la esperanza de conseguir transferencias sin utilizar de otros Estados miembros. Esto podría provocar un exceso significativo de sus contingentes durante los años en que las condiciones climáticas en la Unión Europea fuesen favorables para el cultivo de la patata, lo cual acabaría agravando su situación.
En conclusión, la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas en el informe. 
Janusz Wojciechowski (PPE-DE ),
   .   Señorías, la Comisión de Agricultura se ha enfrentado a dos problemas durante la elaboración de este informe. El primero era la cuestión de cuánto tiempo, o dicho de otro modo, de cuánto tiempo más debería estar en vigor el actual sistema de contingentes, y el segundo era la cuestión de en qué medida, o dicho de otro modo, de si deberíamos cambiar los niveles de los contingentes.
Respecto de la primera cuestión, la Comisión de Agricultura ha decidido que el sistema de contingentes siga en vigor durante los próximos cuatro años, en lugar de los dos años que proponía la Comisión. El argumento de que este período bastaría para que los productores de patata y fécula preparasen sus planes de producción con antelación ha convencido a la Comisión. Los dos años que sugiere la propuesta no bastarían para dichos planes, y por esta razón la Comisión de Agricultura ha aprobado una enmienda que propone un período más largo de cuatro años.
Sin embargo, la segunda cuestión ha suscitado un debate acalorado respecto de si hay que cambiar los niveles de los contingentes. La mayor parte del debate se ha centrado en si se había tratado injustamente a los nuevos Estados miembros, porque los contingentes que se destinaron durante las negociaciones de adhesión no se correspondían con su potencial de producción. Mientras que los contingentes para los 15 antiguos Estados miembros representan un 89 % de las 1 947 000 toneladas del contingente total de la UE, los de los 10 nuevos Estados miembros solo representan un 11 % de esta cifra.
Quiero recordar a la Comisaria y a esta Cámara que las cifras muestran claramente que, en 1999, los 10 nuevos Estados miembros produjeron más patatas que los 15 antiguos Estados miembros, con 1 400 000 hectáreas frente a las 1 600 000 de los nuevos Estados miembros. Mientras tanto, en los 10 nuevos Estados miembros la situación ha cambiado a consecuencia de una caída repentina en el cultivo de patatas, pero los niveles de producción siguen siendo muy elevados. Polonia, el mayor productor de patata de la UE, se ha puesto como ejemplo en el debate. Si bien en este país se han abandonado grandes extensiones de cultivo de patatas, el país sigue siendo el mayor productor. Sin embargo, a pesar de ello, sus contingentes de producción son varias veces inferiores a los que se asignan a Alemania, los Países Bajos o Francia. Esto significa que Polonia, un gigante de la patata, no produce suficiente fécula para satisfacer la demanda doméstica, y tiene que importar grandes cantidades de este producto. Los otros Estados miembros nuevos, en particular Lituania, se enfrentan a problemas similares.
Por el contrario, se ha señalado que si bien los 15 antiguos Estados miembros disponen de elevados contingentes para la producción de fécula, estos contingentes no se han usado durante muchos años. Durante los últimos seis años, por ejemplo, los contingentes solo se usaron en 2001, y el déficit en los años restantes varió entre el 3 % y el 17 %. Es muy injusto que ciertos países no consigan usar sus contingentes mientras que otros luchan por sobrevivir porque sus contingentes son demasiado bajos.
La Comisión de Agricultura ha decidido que es imposible aumentar los contingentes generales o cambiar los contingentes asignados a los países individuales. Esta decisión se tomó pensando que el mercado colapsaría si la producción aumentase. Sin embargo, la Comisión ha alcanzado un compromiso que ha conducido a una idea alternativa de «equilibrio», en la que los países tendrán la oportunidad de transferir los contingentes no usados. En vista de los problemas a los que se enfrentan los nuevos Estados miembros, la Comisión de Agricultura ha propuesto una solución que permita la transferencia de cualquier contingente no usado, como ha ocurrido a menudo en los últimos años. Los nuevos Estados miembros serán los primeros en beneficiarse. Quiero señalar a la Comisaria y a la Cámara que se trata de una solución excelente, porque no implica un aumento del total de contingentes para la producción, ni un riesgo para el mercado o una alteración del delicado equilibrio del sistema. Sin embargo, nos dará la oportunidad de corregir la asignación injusta de contingentes, al menos en los casos en los que algunos países no los usen.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión de Agricultura, cualquiera que sea su orientación política, por haber adoptado de forma unánime esta propuesta de compromiso. Recomiendo este compromiso a la Cámara y a la Comisión, y espero que la propuesta de equilibrio encuentre su lugar en la nueva propuesta de reglamento. Asimismo, quiero reiterar que se trata de un compromiso muy innovador y necesario, y demuestra la solidaridad entre los viejos y los nuevos Estados miembros a la que tenemos que aspirar. 
Laima Andrikiene,
   – La cuestión de los contingentes para la producción de fécula de patata es muy importante para algunos de los nuevos Estados miembros de la UE, en especial Lituania y Polonia. El problema es que el Acuerdo de Adhesión a la Unión Europea ha establecido un contingente para la producción de fécula de patata muy pequeño para Lituania, 1 211 toneladas por año, lo que representa solo el 0,06 % del contingente de la Unión Europea. Como saben, el contingente para Lituania se estableció según el período de referencia de los años 1998-2000, que fue el período de producción de fécula de patata más bajo en Lituania, y no cumple con los requisitos actuales. Quiero llamar la atención de los colegas y miembros de la Comisión Europea sobre el hecho de que este contingente ni siquiera garantiza la mínima utilización económicamente justificable de la capacidad de las fábricas de esta industria en Lituania. La industria para la producción de fécula de patata en Lituania se compone solo de dos fábricas. La capacidad tecnológica total de esas dos fábricas es de 13 000 toneladas de fécula de patata por año. En este momento, las fábricas lituanas funcionan solo a un 9 % de su capacidad. Si el contingente actual sigue siendo el mismo para los próximos años, esto significará la alteración de la industria para la producción de fécula de patata en Lituania. La utilización mínima y económicamente justificable de las capacidades de las fábricas sería solo de cuatro o cinco mil toneladas de fécula de patata por año; por lo tanto, Lituania quiere aumentar su contingente al menos a 4 855 toneladas por año, y esto supondría un 0,25 % del contingente de la Unión Europea.
En este contexto, quiero subrayar que durante los últimos años el contingente para la producción de fécula de patata de la Unión Europea no se ha gastado y, por lo tanto, la petición de Lituania de aumentar su contingente del 0,06 % al 0,25 % no tendrá un efecto esencial en los indicadores del mercado interior de la Unión Europea. Sin embargo, lo más importante es que si se aumenta el contingente para la producción de fécula de patata en Lituania, esto asegurará la estabilidad social, el empleo y la infraestructura de dos regiones del país estrechamente relacionadas con el funcionamiento de esas fábricas. Por supuesto, destruir es mucho más fácil que construir, y el problema es que, si se altera este sector en Lituania, habrá que compensar las consecuencias, incluidas las económicas, y esto ocurre en un momento en que la previsión indica que el consumo y demanda de fécula de patata en Lituania está creciendo y continuará creciendo, y que en la industria alimentaria y de la celulosa aumentará en 8 000 toneladas anuales. Así pues, no cabe duda de que hay que aumentar el contingente para la producción de fécula de patata en Lituania. 
Bogdan Golik,
   Señor Presidente, señora Comisaria, la reforma del mercado de fécula solo representa una pequeña parte de la reforma de la Política Agrícola Común. Si bien el informe y su exposición de motivos se refieren a este aspecto de la política, sin embargo sirven de ejemplo de la manera en que se trata de forma diferente e incorrecta a los países individuales. Por desgracia, los países candidatos acordaron este tratamiento en los tratados de adhesión.
Durante muchos años, Polonia ha sido uno de los líderes europeos en la producción de patata, después de Alemania y Francia. Esto se debe tanto a las tradiciones agrícolas y a los hábitos de los consumidores que se remontan a muchas generaciones, como al pobre y arenoso suelo polaco, en el que los agricultores solo pueden cultivar centeno y patatas. Las 144 000 toneladas de contingente para la producción de fécula en Polonia no guardan ninguna relación ni con el potencial de producción de sus 13 plantas de procesado de la patata, que en la actualidad se cifra en 220 000 toneladas, ni con la cantidad de patatas que se cultivan. Después de todo, Polonia dedica más suelo al cultivo de patatas que cualquier otro país europeo. Esta cifra tampoco guarda relación con el número de personas que viven en zonas rurales o que trabajan en la agricultura.
Si bien Polonia es el tercer productor de patatas más importante, los límites que se le han impuesto la han convertido en un importador de fécula. Por lo tanto, el Gobierno polaco ha considerado lógico presentar propuestas justificadas anticipando el aumento de los contingentes, que se habían subestimado y negociado mal. En mi opinión, nadie debería avergonzarse de admitir un error. Sin embargo, lo que sí es vergonzoso es negarse a corregir el error. Los cambios propuestos suponían un aumento del contingente de solo 40 000 toneladas para Lituania y Polonia juntas, a pesar de que el 20 % del contingente total de la UE, o dicho de otro modo, 200 000 toneladas, no se han usado en los últimos años. Si bien las enmiendas propuestas originalmente por el ponente de la Comisión de Agricultura reiteraban los cambios que previamente habían propuesto los Gobiernos lituano y polaco, causaron bastante conmoción. La Comisión protestó violentamente, y se celebró un debate largo y acalorado en la Comisión de Agricultura. A veces creía que me encontraba en un partido de fútbol en el que Polonia y Lituania, que habían hecho la propuesta, jugaban en un bando con los otros nuevos Estados miembros, y el resto de Europa en el otro.
Hoy estamos debatiendo la versión final de este nuevo informe, que es el resultado de un compromiso innovador. Mi razón para insistir en su historia era alertar a la Cámara del problema subyacente que ahora nos ha estallado en la cara, revelando el trato desigual que sufren los países individuales en el marco de la Política Agrícola Común. Esta desigualdad es el resultado de los errores cometidos por los que negociaron los tratados de adhesión, pero también se debe al cambio que han experimentado las zonas rurales en Europa tras la ampliación y la reforma de la PAC.
Mis observaciones también se deben a un deseo de poner de relieve que el informe Wojciechowski está bien pensado y constituye un buen compromiso, y que el ponente ha conseguido reconciliar todas las partes en este conflicto innecesario. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, al que represento, también ha apoyado este compromiso, que implica la ampliación de los contingentes a dos años más, o dicho de otro modo hasta 2009, así como la división de los contingentes de cuatro años entre los Estados miembros sobre la base de los contingentes de 2004-2005.
Junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, creo que dos años no bastan para evaluar los acontecimientos ocurridos en el mercado de la fécula tras la ampliación, y creo que los contingentes no usados, que actualmente ascienden al 19 % del total, tienen que dividirse entre los nuevos Estados miembros. Asimismo, quiero dar las gracias al ponente, y poner de relieve que se trata de un ejemplo de buen compromiso y de un informe muy bien elaborado. 
Gintaras Didžiokas,
   – Señora Comisaria, Señorías, a primera vista la cuestión de los contingentes para la producción de fécula de patata parece sencilla. Parece que solo estemos debatiendo cifras, porcentajes o proporciones. Sin embargo, tras esas cifras hay personas reales, sus familias y sus vidas.
Intentaré dar una explicación breve. Lituania, el país en el que he sido elegido, tiene un contingente diez veces menor de lo que el país es capaz de producir. Como ya se ha mencionado, en Lituania hay dos fábricas que producen fécula de patata, ambas en regiones rurales. Quiero hacer hincapié en esto: en zonas rurales. Lituania tiene una vieja tradición en el cultivo de patatas, que produce buenos rendimientos en nuestro país. La capacidad de las fábricas asciende a 13 000 toneladas anuales. La economía lituana, que es la de más rápido crecimiento en la Unión Europea, exige cada vez más patata; es decir, Lituania necesita este producto para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, el contingente para la producción, que solo es de 1 200 toneladas anuales, no permite que las fábricas lituanas empleen su capacidad al menos en un régimen mínimo y económicamente justificable. Quizás entiendan el significado del concepto eficacia de producción, si les digo que se obliga a las fábricas a usar solo un 9 % de su capacidad. La situación actual, es decir, el contingente de producción, obliga a los empresarios a cerrar esas fábricas en las zonas rurales. Las personas que trabajan y viven allí perderán sus empleos. Además, la infraestructura de esas dos ciudades está relacionada con las fábricas mencionadas, calefacción, suministro de agua, etc. Así pues, el cierre de las fábricas tendrá consecuencias sociales muy graves. La situación es aún más irregular porque otros Estados miembros tienen contingentes para la producción mucho mayores de lo que son capaces de producir o consumir. Lituania es capaz de producir y consumir su propia producción, pero no se le permite producir; se le obliga a cerrar las fábricas. Creo que no es justo ni consecuente con los principios de la Unión Europea.
Entiendo que la cuestión de los contingentes es muy delicada; sin embargo, no estoy hablando de beneficios adicionales, sino solo de la posibilidad de sobrevivir. El Ministro de Agricultura de Lituania ha presentado sus argumentos en detalle a la Comisión, pero la Comisión no ha creído oportuno tenerlos en cuenta. Bien, quizá podamos entender a la Comisión, la cuestión de los contingentes es realmente difícil. Quizá la Comisión pueda comportarse de esta manera porque está más alejada de las personas. Pero el Parlamento Europeo y los diputados al Parlamento Europeo tienen que tratar los problemas de la gente con mayor sensibilidad, sin darles la espalda y tomando decisiones reales. Es cierto que estos contingentes se han acordado. De acuerdo, pero esto no es positivo, y no son una «vaca sagrada» que no pueda tocarse. Si vemos el problema tenemos que resolverlo. Hablamos mucho y con seriedad sobre el desarrollo rural y el apoyo a las zonas rurales. Les destinamos una gran cantidad de fondos; por lo tanto, es injustificable destruir algo que puede funcionar, y después crear algo que exige más fondos. ¿Es una manera eficaz y racional de proceder? Creo que el compromiso de redistribuir los contingentes no usados es una medida positiva, y permitirá a los Estados miembros y a la Comisión encontrar la solución a esta cuestión. Quiero dar las gracias al orador, señor Wojciechowski, por su determinación y por el trabajo realizado. Espero que los colegas apoyen el informe que ha elaborado el señor Wojciechowski y que la Comisión de Agricultura ha aprobado y revisado. 
Peter Baco (NI ).
   – Señorías, quiero recomendarles e instarles a que apoyen la propuesta de la Comisión de Agricultura presentada por el ponente, el señor Jánusz Wojciechowski. Asimismo, quiero darle las gracias por su arduo trabajo en la elaboración de este documento.
Señorías, la aprobación de esta propuesta de compromiso demuestra nuestra buena disposición a eliminar, al menos en parte, la injusta redistribución de tierra para la producción de fécula de patata entre los viejos y los nuevos Estados miembros de la UE. Esto queda de manifiesto con el ejemplo de Polonia. Cuando la Comisión de Agricultura debatió esta cuestión, también abordó el problema más amplio de la discriminación de los agricultores de los nuevos Estados miembros de la UE. Después de todo, ya se ha dicho en esta sala de reuniones que los agricultores de un viejo Estado miembro de la Unión Europea en la orilla izquierda de un río, que cultivan bajo las mismas condiciones climáticas y de suelo, reciben pagos directos de 400 euros, comparado con los 50 euros que reciben los agricultores de un nuevo Estado miembro en la orilla opuesta del mismo río. En un debate abierto sobre este tema, la Comisión de Agricultura ha señalado la necesidad urgente de intercambiar opiniones relativas a la aplicación de la Política Agrícola Común y hablar del problema sin prejuicios.
Me complace usar esta oportunidad para señalar que los debates celebrados en la Comisión de Agricultura demuestran claramente la buena disposición –y no solo la buena disposición, sino también el interés– de organizar dicho intercambio abierto de opiniones. Los agricultores de mi país, la República de Eslovaquia, también esperan que estos debates conduzcan a la eliminación de las tensiones derivadas de una aplicación desigual de la política agrícola en diferentes partes de la Unión Europea. 
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ).
      Señor Presidente, Señorías, durante muchos años Polonia ha compartido la distinción de ser el mayor productor de fécula, con países como Alemania, los Países Bajos, Francia y Dinamarca. Sin embargo, en este momento, las instalaciones para la producción de fécula en Polonia solo funcionan al 60 % de su capacidad de producción, porque el contingente para la producción es de 145 000 toneladas. Esto significa que la fécula es uno de los productos que tenemos que importar, porque no producimos la cantidad suficiente, a pesar de que no nos faltan materias primas ni capacidad de procesamiento. Polonia necesita un contingente de producción de al menos 180 000 toneladas, y esta cifra es la que se propuso durante las negociaciones.
Hay poderosas organizaciones de productores que existen en Europa occidental desde hace más de 30 años. Dichas organizaciones son muy recientes en Polonia, y han sufrido graves problemas iniciales. En contraste, las instalaciones para la producción de fécula se han adaptado bien. Los productores invirtieron mucho dinero en 2003 para cumplir con la normativa medioambiental de la UE, y este es otro argumento para aumentar el contingente de Polonia. Cabe añadir que las empresas implicadas dan empleo a miles de personas, y principalmente están situadas en zonas del país que se han visto gravemente afectadas por el desempleo estructural.
No creo que las enmiendas presentadas resuelvan todos nuestros problemas, pero son un paso en la dirección correcta. Si bien la mitad de las patatas cultivadas en Europa proceden de Polonia, aún tendremos que importar la fécula. ¿Cómo vamos a explicárselo a los trabajadores de la producción y procesado de la patata, y a los consumidores? 
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (PPE-DE ).
      Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero llamar la atención de la Cámara sobre tres cuestiones importantes respecto del sistema de contingentes para la producción de fécula de patata. En primer lugar, los debates sobre agricultura nos dejan a menudo con la impresión de que por casualidad o a propósito, los representantes de la Comisión tienen grandes lagunas de conocimiento sobre el potencial de producción de los nuevos Estados miembros. Los nuevos Estados miembros representan el 30 % del potencial total de producción de la UE de fécula de patata, que hoy estamos debatiendo. Sin embargo, al mismo tiempo los contingentes para la producción de fécula establecidos para estos países solo representan un 10 % de los contingentes de producción para la Unión Europea en su conjunto. Por lo tanto, no podemos negar que la manera en que estos contingentes se han dividido entre los viejos y los nuevos Estados miembros es descaradamente injusta.
En segundo lugar, a menudo se afirma en los debates que es imposible cambiar lo acordado durante las negociaciones de adhesión. La justificación es que si un país se beneficiara de un cambio de este tipo, los demás países también querrían cambiar cosas para su beneficio. Este tipo de actitud es inaceptable. Por último, la Comisión tarda mucho tiempo en responder a las intervenciones y propuestas de los diputados a esta Cámara. A menudo tenemos que esperar una respuesta durante semanas, y la aplicación de las medidas puede llevar meses. Esta situación también es intolerable.
A pesar de estas reservas, espero que la Comisión, el Consejo y el Parlamento consigan alcanzar un compromiso, aunque solo sea sobre la cuestión de los contingentes para la producción de fécula. El señor Wojciechowski ha propuesto dicho compromiso, que la Comisión de Agricultura ha aprobado unánimemente, y se merece todo el reconocimiento. Es cierto que esta solución no garantiza a los nuevos Estados miembros el aumento de sus contingentes para la producción de fécula, pero al menos lo posibilita. Esto es particularmente cierto en vista de que los actuales límites para la producción de fécula en la Unión Europea han disminuido una media del 7 % durante los últimos seis años. Por lo tanto, es probable que en el futuro ocurra lo mismo. El nuevo reglamento permitirá que los contingentes no usados se transfieran a los nuevos Estados miembros, y esto dará a los agricultores que cultivan patatas en estos países la oportunidad de ganar más dinero con sus explotaciones agrícolas. Asimismo, permitirá que la industria de la fécula mejore la utilización de su capacidad de producción. 
Mariann Fischer Boel,
   .  Agradezco sus aportaciones a este importante debate. Uno de los puntos comentados por varios diputados tiene que ver con la cuestión de por qué no se asignó desde el principio un contingente más elevado a los nuevos Estados miembros. Las cuotas de fécula de patata correspondientes a los nuevos Estados miembros se negociaron en Copenhague en 2002 y recibieron la aprobación de los países candidatos y de la Unión Europea de los 25. Se calcularon del mismo modo que las cuotas de otros Estados miembros, haciendo una media de la producción durante un período de referencia de tres años.
En lo que respecta al ejemplo mencionado de Polonia, les ofreceré algunas cifras. La producción media en este país de 1999 a 2001 fue de 107 317 toneladas; no obstante, se le asignó una cuota de 144 985 toneladas. Por lo tanto, no parece del todo razonable hablar de un régimen injusto. Aunque reconozco que Polonia es un importante productor de patatas, he de recordarles que las cuotas para la fécula se basan en la producción histórica y no en el potencial de los diferentes Estados miembros.
Las demás cuestiones guardan relación con la extensión del período a cuatro años y la posibilidad de que se transfieran cuotas a los nuevos Estados miembros. En mi declaración inicial he dejado claro que no puedo aceptar las enmiendas propuestas en el informe. 
El Presidente
   .El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
Presidente. 
    De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión (O-0045/2005 – B6-0231/2005) por parte del señor Pistelli, en nombre del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, sobre la situación en Sudán. 
Lapo Pistelli (ALDE ),
   . – Señor Presidente, Señorías, me desagrada francamente iniciar esta intervención indicando que habríamos preferido como interlocutor al Comisario Michel, conocedor atento y profundo de la situación. Sin embargo, no quiero restar mérito para nada a la presencia de la Comisaria Fischer Boel.
La última vez que el Parlamento Europeo se ocupó de esta cuestión fue con ocasión de la visita a Sudán de la delegación encabezada por la señora Morgantini el pasado mes de septiembre. Pero, desde entonces, han sucedido muchas cosas en Sudán: ante todo, llegó a buen fin la negociación que condujo el 25 de enero a la firma del amplio acuerdo de paz, poniendo fin a 21 años de guerra civil entre el norte y el sur del país, aunque el conjunto de los protocolos contenidos en este acuerdo es muy exigente y requiere buena voluntad por ambas partes.
Al mismo tiempo, ha aumentado el interés internacional por la tragedia en curso en Darfur. Una tragedia compleja desde muchos puntos de vista, difícilmente sintetizable en pocos minutos, pero que ha sido objeto, además de una gran atención por parte de la comunidad internacional, de un notable esfuerzo humanitario, en especial de la Unión Europea, y recientemente también de importantes declaraciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Lo que, a nuestro entender, constituye el centro del problema y requiere por tanto la atención de esta Cámara es comprender si el positivo acuerdo alcanzado entre el Norte y el Sur del país, entre Ali Osman Taha y John Garang, puede ser de buen augurio e influir de forma positiva en el conflicto de Darfur o si, en realidad, la comunidad internacional corre el riesgo de que el problema irresuelto de Darfur pueda desestabilizar el acuerdo de paz entre el norte y el sur. Las dos cuestiones son independientes, pero están estrechamente relacionadas, porque se desarrollan en el mismo país.
La Unión Europea está muy comprometida, porque, por una parte, ha aportado ayuda humanitaria, con un esfuerzo de cerca de 400 millones de euros y, por otra, está pagando directamente una parte de los costes de la misión AMIS, encargada de mantener una relativa estabilidad en Darfur. Además, se ha reclamado enérgicamente que se amplíe el mandato de esta misión y se aumente considerablemente el número de componentes de la misión. Es justo recordar que Darfur abarca una zona muy amplia, más o menos de la extensión de Francia: resulta difícil imaginar que una misión militar pueda llevar a cabo las importantes tareas que tiene encomendadas como poco menos de 3 000 hombres hasta hace poco y hoy con 7 000 u 8 000 hombres, exige un gran esfuerzo.
Con todo, sabemos que la situación en Darfur sigue siendo compleja; no se producen los actos violentos de hace un año y medio, pero se siguen cometiendo abusos. Si no podemos poner fin a la violencia, no podremos devolver a los desalojados y los refugiados a sus pueblos. Entonces, paradójicamente, obtenemos el efecto de que la maquinaria humanitaria funciona, los campos funcionan, pero están atrayendo a nuevos refugiados, también del Chad, porque son oasis de relativa calma en un país que sigue siendo altamente inestable y muy violento.
Con esta pregunta oral, a la que seguirá en esta sesión una resolución transaccional de los principales Grupos, queremos preguntar a la Comisión qué importe está previsto y qué piensa hacer en términos de ayuda humanitaria en el curso de este año, y cuál es el marco de compromisos que la Comisión quiere promover para Darfur y para Sudán en general. Nos gustaría saber además si podemos promover, junto con la Organización para la Unidad Africana, la creación de una zona de exclusión aérea en Darfur, condición indispensable para poder detener de forma seria y creíble la violencia.
Aunque lo que voy a plantear a continuación no ha tenido cabida en la resolución transaccional, también quisiera preguntar si la Comisión considera útil trabajar por elevar el nivel de participación política de Europa nombrando para Darfur y Sudán a un representante especial, como se hizo para los Grandes Lagos y para Kosovo. En el fondo, si la Unión Europea está invirtiendo tantos recursos políticos y materiales para resolver los problemas de la zona y es el principal donante, nos parece justo preguntar si piensa elevar el nivel político de su presencia.
Mariann Fischer Boel,
   .  La Comisión sigue de cerca la situación general en Sudán, en particular en Darfur. Junto con los Estados miembros, ha promovido una intensa actividad diplomática en este país y en los foros internacionales con vistas a fomentar un progreso real en las negociaciones de paz norte-sur que condujeron el 9 de enero a la firma del acuerdo general de paz, y con el fin de encontrar una solución a la crisis de Darfur.
La Comisión está decidida a apoyar la aplicación del acuerdo de paz de enero y a respaldar las reformas programadas para el período de transición de seis años. En línea con la comunidad internacional, la Unión Europea considera que estos acuerdos ofrecen una plataforma inicial para tratar de afrontar las diferentes crisis presentes en Sudán, entre otras la de Darfur, y de obtener una solución global y duradera para las mismas.
Por lo tanto, la Comisión y los Estados miembros apoyaron desde un punto de vista financiero y político las negociaciones que dieron lugar al acuerdo de alto el fuego de abril de 2004 entre el Gobierno sudanés y los movimientos rebeldes. La Unión Europea también ha sido la principal colaboradora, sobre todo en términos financieros, en las dos operaciones de supervisión del alto en fuego en Darfur llevadas a cabo por la Unión Africana. Aunque reconoce las ventajas de dichas operaciones en Darfur y la necesidad de reforzar esta misión, la Comisión considera que la prioridad inmediata es asegurar que la misión de la Unión Africana sea completamente operativa, ya que en la actualidad funciona solo a un 50 % de su capacidad. Para ello es preciso intensificar la cooperación entre la Unión Africana, la Unión Europea y otras organizaciones, en particular las de Naciones Unidas.
La Unión Europea ha demostrado en diversas ocasiones su apoyo a los esfuerzos realizados por la Unión Africana por buscar una solución política en Darfur y asiste a las negociaciones de Abuya en calidad de observadora. La Presidencia ha mandado un enviado especial para que controle de cerca las negociaciones. Asimismo, para facilitar el progreso de estas, se podría proporcionar asistencia técnica a las partes.
En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la Unión Europea, a través de los Estados miembros y la Comisión, es uno de los principales donantes de Sudán. La Unión ha asignado más de 370 millones de euros en materia de ayuda humanitaria para el año 2005, siendo más de 120 millones de esta cantidad en forma de ayuda alimentaria. Por otro lado, la Comisión también ha destinado 60 millones de euros para apoyar la misión de la Unión Africana en Darfur.
Puesto que la crisis de Darfur figura entre los asuntos que más preocupan a la comunidad internacional, la Unión Europea ha dedicado una parte considerable de su ayuda humanitaria a esta región. Desde 1994, la Comisión ha concedido a Sudán la cantidad aproximada de 700 millones de euros de ayuda humanitaria. 
Michael Gahler,
    Señor Presidente, durante décadas Sudán ha sido el escenario de muchos conflictos; la realidad es que, aparte de Jartum y Omdurman, el Gobierno central ha descuidado de forma sistemática a todo el país, por lo que no resulta sorprendente que estallen crisis por todos lados. Sin embargo, nos alegra que las cosas marchen por buen camino, y la conclusión del tratado de paz con el sur en el mes de enero es un buen ejemplo de ello. Todas las partes tienen que aplicarlo de inmediato, y los 10 000 soldados de la UNMIS desplegados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contribuirán a ello. Damos las gracias a las personas que están ayudando a los desplazados, los heridos y las víctimas de violaciones en Darfur, y acogemos con satisfacción la presencia reforzada de la Unión Africana. Tampoco podemos dejar de mencionar el apoyo de la Unión Europea y los Estados miembros individuales mediante ayuda logística y otros servicios.
Me alegra que el Consejo de Seguridad haya llamado la atención del Tribunal Penal Internacional sobre la situación de Darfur. Se trata de un mensaje claro a todo el mundo en Sudán, y a los que se encuentran más allá de sus fronteras, de que no pueden –contrariamente a lo que creen– hacer todo lo que están haciendo en Darfur sin que se les castigue por ello.
Como acaba de afirmar el Comisario, la Comisión ha destinado 400 millones de euros en recursos para Sudán, y espero que se entreguen solo tras la aplicación del tratado de paz en el sur y cuando se hayan producido mejoras objetivas en la situación en Darfur. Todavía creo que el Gobierno sudanés forma parte del problema en lugar de parte de la solución.
Por ejemplo, ayer escuchamos que se había arrestado a un activista de derechos humanos poco antes de que viajara a Dublín para recibir un premio de derechos humanos. Por lo tanto, exijo su liberación inmediata, así como la de las otras personas que fueron arrestadas al mismo tiempo.
Pensando en esta actitud contradictoria del Gobierno sudanés quiero preguntar a la Comisión si existen medidas de protección para garantizar que, bajo ningún concepto, se paguen los 400 millones de euros como apoyo presupuestario y que los recursos no se distribuyan, en la medida de lo posible, a través de las estructuras gubernamentales; en su lugar, y si es posible, hay que intentar usar las organizaciones de ayuda extranjeras que se encuentran en Darfur y en otros lugares. 
Glenys Kinnock (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también apoyo las preguntas que han formulado mis colegas a la Comisión, que son sumamente importantes y que tienen que ver con la manera en que nos enfrentamos a la crisis permanente en Sudán, en las negociaciones norte-sur así como en Darfur.
Como ha dicho el señor Gahler, el doctor Mudawi, un valiente defensor de los derechos humanos en Sudán, ha sido arrestado una vez más por el Gobierno sudanés, concretamente por su Agencia de Seguridad e Inteligencia Nacional. Se disponía a coger un avión para ir a recibir un premio de la Presidenta de Irlanda. Es una nueva prueba –como si falta hiciera– de la determinación del Gobierno sudanés de acosar a los defensores de los derechos humanos y arrestar arbitrariamente, sin juicio, a personas que tienen el valor de hablar en voz alta. Es preciso tener en cuenta estas pruebas a la hora de tomar una decisión en relación con los 4 000 millones de euros de gasto presupuestario que ha sido asignado.
Hemos de dejar absolutamente claro que rechazamos la actitud del Gobierno sudanés y que estamos dispuestos a hablar claro acerca de la misma con los que quieren luchar contra la opresión y a favor de los derechos y las libertades. El sufrimiento y la agonía del pueblo sudanés exige un esfuerzo internacional renovado y mucho más decidido en su nombre.
Lo que está sucediendo en Sudán es la gran tragedia de nuestro tiempo. Es el fracaso de la comunidad internacional para hacer frente a la limpieza étnica, con violaciones y asesinatos masivos en ese país.
Esta misma mañana he podido leer en informes de ONG sobre cómo sigue el bandidaje y cómo las dificultades para proporcionar ayuda humanitaria se ven exacerbadas por esta situación. Los desplazados internos están informando muy claramente a las ONG –y las ONG británicas me informan a mí– de que han identificado a milicias árabes que ahora están siendo integradas en el ejército del Gobierno de Sudán y están siendo adiestradas como soldados.
Las ONG informan de continuos ataques, de nuevo esta semana, contra mujeres que recogían leña. Ahora, estas mujeres están tan desesperadas que venden parte de sus raciones de comida para comprar leña en los mercados y evitar así los ataques que sufren cuando abandonan los campos para buscar leña.
Comprendemos que la limpieza étnica prácticamente no ha parado. Sin embargo, si preguntan a la Unión Africana, les dirán que ha parado en gran medida porque la limpieza étnica se ha completado en gran parte en Darfur.
Dos millones de personas han quedado sin hogar, y siguen siendo aterrorizadas por las milicias Janjaweed. Se calcula que 197 000 personas buscan refugio en los desiertos inhóspitos del Chad, que visitamos el pasado mes de diciembre. Estas personas lo han perdido todo, pero siguen estando dispuestas, en su desesperación, a abandonar su país para ir al Chad. La desesperación de estas personas en Sudán nos permite ver desde otra perspectiva algunos de los debates que tenemos en nuestros países sobre el asilo y la inmigración.
El mantenimiento de la paz sigue siendo la cuestión clave. La Unión Africana está realizando esfuerzos desesperados en estos momentos y no puede cumplir su mandato salvo que veamos unos esfuerzos mucho más concertados para reforzar el apoyo militar que necesitan en ese país. 
Luisa Morgantini,
   . –Señor Presidente, Señorías, estoy plenamente de acuerdo con la evaluación y las propuestas presentadas por el señor Pistelli; se ha hablado mucho de la tragedia, el horror y el sufrimiento de la población sudanesa a causa de la guerra en Darfur. La investigación dirigida por la Comisión de las Naciones Unidas ha sido rigurosa, y ha determinado los crímenes cometidos y las responsabilidades de los distintos actores en el conflicto, que deberán ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Ni esos crímenes ni los criminales que los perpetraron deben permanecer impunes. 
Sin embargo, quisiera hablarles de los aspectos positivos que pude observar durante la visita de la delegación del Parlamento Europeo-ACP en marzo. Aniala Fatima, evacuada, aún asustada, expulsada de su aldea destruida, esperaba su turno, junto a otros miles de evacuados, para decir a la comisión creada por el Gobierno qué había perdido y conseguir una indemnización. En Fashr, en la reunión con los cabezas de familia y los jefes de tribu, que estaban decidiendo juntos un pacto para la reconciliación, se encontraban padres de miembros de las milicias gubernamentales y padres de rebeldes, que decían: «¡Son nuestros hijos, debemos hacer la paz!».
En Juba, en el sur devastado por la guerra, que sin embargo vive la esperanza de un acuerdo tan extraordinario e importante, diputados y ONG nos indicaban la necesidad de actuar rápido, de desminar las carreteras y de reunir a las familias divididas, de abrir la universidad bajo la atenta vigilancia de UNMIS. 
En Jartún, en las oficinas abiertas del SPLM, ya no clandestino, donde se trata de construir un movimiento político y ya no militar, nos han dicho que no tienen problemas para permanecer en Jartún, y también la Unión Africana, que, junto con los rebeldes y el ejército, discute e intenta entender qué hacer para resolver la situación.
No puedo decir más porque solo dispongo de dos minutos, pero considero fundamental que la función de este Parlamento y de la Unión Europea no consista en expresar condenas, sino en buscar soluciones al conflicto, a la pobreza, a la injusticia y a la falta de democracia que ahora devastan el país. En este sentido, las ayudas económicas decididas por la conferencia de donantes de Oslo son decisivas, como son decisivas las ayudas de la Unión Europea. Hay que actuar rápidamente, hay que alimentar la paz, y en Darfur, además de la desertización y la pobreza, miles y miles de personas esperan recuperar la seguridad. Por tanto, pienso que debemos actuar de este modo y trabajar por la paz.
Kathy Sinnott,
   . – Señor Presidente, el Gobierno de Sudán y los jefes de Janjaweed, como Musa Hilal, parecen curiosamente inmunes a las críticas occidentales. Después de haber espantado a las personas de la región de Darfur en Sudán a las tumbas y los campos de refugiados, han creado una zona militarizada –una zona de terror– que separa el norte y el sur de Sudán. En todas nuestras iniciativas de paz tenemos que ser siempre conscientes de que, para quienes perpetran el terror, la paz es una amenaza a la que se resistirán con todas sus fuerzas, porque la paz significa que serán condenados en los tribunales de crímenes de guerra. Los acuerdos son para los honorables: los Janjaweed no son honorables. No cooperarán. La población está sufriendo. No podemos esperar una cooperación que no llegará. Tendremos que denunciar a Hilal y a aquellos como él. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
      Señor Presidente, Señorías, 400 millones de euros es mucho dinero. Permitirán que la UE haga un gran esfuerzo por estabilizar la situación en Sudán, pero el señor Pistelli está en lo cierto al preguntar por la manera en que está distribuyéndose la ayuda humanitaria a Sudán. La UE no puede repartir dinero de forma indiscriminada, sin preguntar si las autoridades en Jartum están cumpliendo con las normas básicas. Aún estamos esperando una respuesta clara a la pregunta de si están respetándose los derechos de las minorías religiosas en el país. Preocupa la persecución de los cristianos, como ocurrió en el pasado en una serie de países africanos. La Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico plantearon esta cuestión durante la Asamblea Parlamentaria. Ni Sudán ni África han respondido, pero espero que la UE no siga su ejemplo. Sería un error donar dinero sin investigar la situación de los derechos humanos, y en particular los derechos de las minorías religiosas. Esta cuestión tiene que formar parte de la ecuación. Las relaciones presentes y futuras entre la Unión Europea y la Unión Africana tienen que construirse sobre la base del respeto de los derechos humanos. En mi opinión, este es el aspecto principal que tiene que surgir del debate actual. Comparto las reservas que ha expresado antes la señora Kinnock en esta Cámara 
Charles Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Sudán apenas había salido de una sangrienta guerra civil de 21 años entre el Gobierno islamista de Sudán y el Sur cristiano/animista, que llegó a su fin gracias al amplio acuerdo de paz firmado en Nairobi este mes de enero, cuando salió a relucir otra terrible situación humanitaria en Darfur en febrero de 2003, cuya importancia internacional ha de reforzarse ahora que la atención puede estar decayendo a raíz del tsunami en el sureste de Asia. Según un cálculo reciente de la Comisión Especial de la Cámara de los Comunes británica, las cifras de víctimas ascienden a 300 000, mientras que 10 000 personas mueren cada mes debido a la enfermedad, el hambre y las atrocidades, y dos millones de personas se han quedado sin hogar y están desplazadas, desestabilizando el vecino Chad. Al margen de que lo llamemos genocidio o no, sigue suponiendo la más grave violación sistemática de los derechos fundamentales probablemente en todo el planeta.
La Unión Africana tiene que ayudar urgentemente a detener los asesinatos en Darfur, donde pueblos enteros han sido bombardeados y quemados, donde las ejecuciones y las violaciones masivas son comunes y donde ahora está latente una crisis del sida. Millones de personas han sido víctimas de una lucha de tierra quemada entre el régimen islamista del Presidente sudanés Omar al-Bashir y sus milicias Janjaweed, y los secesionistas africanos de Darfur.
Por fin, las Naciones Unidas están actuando, conforme a la Resolución nº 1593 del Consejo de Seguridad, remitiendo a los acusados de crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional. China, un aliado tradicional de Sudán debido a las inversiones en petróleo en este país, y los Estados Unidos, que se oponen a la Corte Penal Internacional, han dado su consentimiento y se han abstenido en el Consejo de Seguridad.
Mientras que la lucha se ha enfriado, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha reclamado esta semana una fuerza africana de 12 000 hombres, además de los 7 500 esperados en agosto y los 2 500 de la Unión Africana que ya están en la región. Kofi Annan también quiere que los Estados no africanos envíen más tropas y Canadá ha sido uno de los primeros en aceptar.
Los representantes de los dos grupos –el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad– han manifestado el lunes su voluntad de declarar el alto el fuego y reanudar sin condiciones las conversaciones con el Gobierno sudanés.
Aplaudo la asignación de 450 millones de euros de ayuda humanitaria de la UE, y no acepto los alegatos de inocencia y, hasta la fecha, impunidad del brutal régimen de Jartum, que ha de responder de sus crímenes execrables. 
Karin Scheele (PSE ).
    Señor Presidente, el autor de las preguntas orales, señor Pistelli, ha descrito perfectamente los problemas en Sudán: durante mucho tiempo, la problemática situación del norte frente al sur llevó a la comunidad internacional a hacer la vista gorda a los problemas en Darfur. Como ya se ha afirmado, esta Cámara no solo existe para analizar y criticar –a pesar de que es muy importante en este caso– sino también para dar respuestas y ayudar a que haga justicia. Por esta razón, apoyo nuestra propuesta de resolución diciendo que acojo con satisfacción la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de instar al Tribunal Penal Internacional a que examine la situación en Darfur.
El conflicto en Darfur ha convertido en refugiados a más de un millón de hombres, mujeres y niños. El ACNUR está trabajando en el supuesto de que hay más de 200 000 refugiados de Darfur en el país vecino de Sudán, el Chad. Aunque se informa de ataques frecuentes a los refugiados, el ACNUR también está muy preocupado por las personas desplazadas en el interior de Darfur, donde las mujeres explican cómo se les viola cuando van a buscar leña o agua. Es importante que las personas desplazadas en su propio país no tengan que pasar por el trauma adicional de verse obligados a regresar a sus casas. Cualquier movimiento por parte de las personas desplazadas dentro de su propio país tiene que ser solamente por decisión propia. También lo pedimos en nuestra propuesta de resolución.
Asimismo, instamos al Gobierno sudanés a que coopere con el Tribunal Penal Internacional, garantizando que se procese a los inculpados por crímenes contra la humanidad. La estabilidad y la paz solo serán posibles cuando estas personas dejen de salir impunes. La cultura de la impunidad tiene que acabar; esto ayudará mucho a establecer justicia.
También se nos ha dicho que, tras la firma del tratado de paz, la Comisión y el Gobierno sudanés han negociado un documento estratégico para el país. Puesto que el objeto de dicho documento es el fomento de la paz, la democracia y los derechos humanos, el reciente arresto del activista de derechos humanos, el doctor Mudawi, resulta muy preocupante, y cuestiona la voluntad del Gobierno sudanés de alcanzar estos objetivos. Esta Cámara tiene que enviar un mensaje claro exigiendo la liberación inmediata del doctor Mudawi. 
Hélène Goudin (IND/DEM ).
    Señor Presidente, las Naciones Unidas son la organización internacional que mejor puede aportar una solución duradera a los conflictos en Darfur. Es importante que las medidas de la UE se apliquen en el marco de la cooperación de las Naciones Unidas y que sus esfuerzos se hagan en cooperación con instituciones con experiencia y legitimidad, como la OMS o el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Acojo con satisfacción los esfuerzos de las Naciones Unidas en el conflicto de Sudán, como la reciente creación de la UMIS, una misión formada por 10 000 hombres. Asimismo, me parece positiva la propuesta de aumentar la presencia de la Unión Africana en Darfur.
Por mi parte, siempre ha sido importante que fueran las Naciones Unidas quienes actuaran en primer lugar en este conflicto. Este organismo tiene que actuar en cooperación con la Unión Africana. Las posibles medidas de la UE tienen que centrarse en la ayuda humanitaria tras consultar con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas contribuirán con una ayuda de 1 500 millones de dólares durante 2005. Este es el llamamiento más importante que han hecho este año. Es importante que los esfuerzos de la UE se coordinen con los de las Naciones Unidas y que se consulten con dicho organismo. De esta manera, los esfuerzos mundiales en Sudán tendrán el máximo efecto. 
Ursula Stenzel (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, realicé mi primera declaración sobre la situación en Darfur el 14 de septiembre de 2004, y desde entonces –como se ha dicho– han tenido lugar algunos cambios cruciales. Tras 21 años de guerra civil y conflictos étnicos violentos entre el norte y el sur, el Gobierno y el Ejército Popular de Liberación de Sudán han firmado un tratado de paz. Para este país –el mayor de África– se trata de una gran oportunidad. Ahora es esencial ayudar a que los millones de refugiados vuelvan a vivir en condiciones dignas, que cubran sus necesidades básicas, lo que significa no solo comida y agua potable, la eliminación de minas y la devolución de sus tierras, sino también una garantía de seguridad física. Si bien la estrategia de la Unión Europea, que implica el apoyo a Sudán con 400 millones de euros es la adecuada, sobre todo es necesario que la liberación de estos recursos esté condicionada a la aplicación del tratado de paz y, en particular, a la mejora de la situación en la provincia sudoeste de Darfur.
Han ocurrido una serie de cosas en esta provincia desde nuestro debate el pasado septiembre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha delegado las graves violaciones de los derechos humanos en Darfur al Tribunal Penal Internacional. La comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre los crímenes de guerra en esta provincia los ha descrito de forma inequívoca como similares en crueldad al genocidio. El único inconveniente, en términos de lo que está ocurriendo en Sudán, es que la situación en Darfur sigue siendo extremadamente precaria y es capaz de volver a arrastrar al país al abismo. Es alarmante que el activista de derechos humanos, el doctor Mudawi, haya sido arrestado junto con un colega y su chofer, y por supuesto apoyo el llamamiento para su liberación inmediata.
Un tercer elemento que tiene un impacto positivo es el papel que desempeña la Unión Africana, que ha acrecentado sus fuerzas considerablemente, si bien el tamaño de Darfur hace que sus 7 700 hombres no sean más que una gota en el océano. No obstante, tanto la UE como la OTAN tienen que ser prudentes a la hora de comprometerse militarmente con las operaciones de paz. La estrategia europea, basada en el suministro de alimentos y educación, la repatriación y la construcción de servicios administrativos y gubernamentales, si bien también planifica la desmovilización, el desarme y la formación de las fuerzas de seguridad, sin duda es la manera adecuada de estabilizar la situación a largo plazo. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, sobre la cuestión específica de Darfur, la Comisión ha pedido repetidas veces a las partes contendientes que pongan fin de inmediato a la violencia y al sufrimiento ocasionado a la población civil y a los actos inexcusables perpetrados en clara violación del Derecho y de las convenciones internacionales. Sin embargo, creemos que aunque sea deseable en términos absolutos, la paz en Darfur por sí sola no sería sostenible y que debería formar parte de una solución política para todo el país.
Habría que recalcar que nada, aparte del pleno cumplimiento del acuerdo de alto el fuego por parte de todos los bandos contendientes, facilitará la reanudación del diálogo político entre el Gobierno sudanés y los rebeldes en Abuja. Es importante que estas negociaciones se reanuden cuanto antes y que todas las partes dejen de insistir en condiciones previas poco realistas que no hacen más que bloquear todo el proceso.
La Comisión también considera que el plan político para después de Naivasha es el marco adecuado para alcanzar una solución política duradera para toda la región.
La Comisión es partidaria de una actitud equilibrada hacia el Gobierno sudanés y los principales agentes políticos de Sudán. Este enfoque equilibrado consiste en medidas positivas y negativas, en función de la línea de acción seguida por el Gobierno y los demás principales agentes políticos.
A raíz de la firma del amplio acuerdo de paz, la Comisión ha decidido reanudar gradualmente su cooperación al desarrollo con una contribución de 400 millones de euros. La Comisión también está dispuesta a apoyar a las partes que buscan una solución pacífica para Darfur y otras regiones de Sudán a través del marco político del proceso de Naivasha.
Sin embargo, tal como declaró la Comisión en la reciente Conferencia de Donantes de Oslo sobre Sudán, la prontitud con la que reanude su cooperación dependerá en gran medida del grado de progreso a la hora de aplicar efectivamente el acuerdo de paz y una mejora real de la situación en Darfur. 
Al mismo tiempo, la Comisión apoya las recientes resoluciones de la ONU, incluida la amenaza de sanciones y la denuncia de los autores de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional, como un medio necesario para poner fin a la impunidad y la violencia en Darfur.
Una misión de evaluación de la Unión Africana realizada del 10 al 22 de marzo, con la participación de las Naciones Unidas y la Unión Europea, evaluó la necesidad de aumentar los esfuerzos de apoyo en Darfur, incluido el examen de posibles vías para reforzar AMIS 2. Los resultados de la misión reconocieron el papel positivo de AMIS en las zonas donde se ha desplegado. Sin embargo, tal como he mencionado antes, estima que actualmente AMIS está operando solo en un 50 % de su capacidad operativa. Es importante que AMIS adquiera su plena capacidad operativa antes de decidir sobre su refuerzo.
La Comisión está dispuesta a contribuir al cumplimiento de los retos en Darfur, junto con la Unión Africana y sus socios. El refuerzo sostenible de las capacidades africanas podría acelerarse si las lecciones aprendidas de esta operación se aplicaran también al sector de seguridad. 
El Presidente. 
    He recibido seis propuestas de resolución al término del debate, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (B6-0300/2005), el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (B6-0301/2005), el Grupo Confederal de la Izquierda UnitariaEuropea/Izquierda Verde Nórdica (B6-302/2005), el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos (B6-0303/2005), el Grupo Unión por la Europa de las Naciones (B6-0304/2005) y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (B6-305/2005).
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves. 

