
El Presidente.
   – Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 29 de enero de 2004.(1)

El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 5 de febrero de 2004, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. No he recibido ninguna solicitud de modificación del orden del día del lunes.
Cercas (PSE ).
    Señor Presidente, como ponente del informe de iniciativa referente a la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, solicito que la votación, en lugar de ser mañana, se realice el miércoles, puesto que hay negociaciones entre diversos grupos parlamentarios y así me lo han solicitado hace un momento. Por tanto, si fuera posible, nos gustaría poder continuar trabajando mañana y que el informe se votara el miércoles.
Pronk (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, apoyo esta propuesta porque nos ofrece una oportunidad de encontrar una solución para este engorroso expediente. 

 En lo que respecta a las preguntas orales sobre el desarme nuclear, he recibido una petición del Grupo Verts/ALE para cerrar el debate con una propuesta de resolución que podría someterse a votación en la próxima sesión en Bruselas. 
Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el propósito de la resolución es preparar las directrices antes de la conferencia para revisar el Tratado de no proliferación.
Tradicionalmente, concluimos tales debates con una resolución, por lo que parecía oportuno hacer lo mismo en este caso, aunque la resolución será sometida a votación en la próxima sesión. 
Schulz (PSE ).
   – Señor Presidente, creo que este es uno de los asuntos políticos más importantes que en la actualidad se están considerando y debatiendo en el marco de la política internacional. Con frecuencia adoptamos resoluciones con menos relevancia que esta, por lo que estamos totalmente a favor de que se adopte una que concluya este debate. 
El Presidente.
   ¿Quiere alguien hablar en contra de la petición? 
Suominen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, mi Grupo está en contra de que haya una resolución. 

(1)

Bradbourn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me ha llamado la atención que el Partido Laborista maltés haya presentado hasta 1 600 peticiones al Tribunal Constitucional de Malta, en virtud de las cuales se incapacita a los ciudadanos malteses que se encuentran temporalmente en el extranjero por motivos laborales o de estudio para votar en las próximas elecciones europeas. Si fuese así, esto parecería estar en contra de la letra y el espíritu de la legislación y la convención de la Unión Europea, en el sentido de que muchos de estos nacionales se encuentran fuera de su territorio por razones perfectamente legítimas.
Si esto es verdad, parece tratarse de un comportamiento que no es coherente con el proceso democrático que esta Cámara aceptaría por norma para un país que en breve se va a convertir en Estado miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, le pido que investigue si se está intentando manipular el proceso electoral en Malta y que dé a conocer sus resultados a esta Cámara. 
El Presidente.
   Investigaré el asunto y le informaré del resultado, señor Bradbourn. 
De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, a todos en esta Asamblea nos preocupa la situación de los derechos humanos en Colombia, y la visita del Presidente de Colombia, el Sr. Uribe, brinda a esta Asamblea la oportunidad de transmitir nuestras preocupaciones acerca de esa situación.
Señor Presidente, intervengo específicamente para pedirle que le plantee al Sr. Uribe, al Presidente en ejercicio y a la Comisión la cuestión del apoyo a una conferencia propuesta sobre derechos humanitarios este mismo año. Ha sido propuesta por la plataforma –una alianza de 115 ONG y organizaciones civiles de Colombia–, que pretende que la población civil intervenga en la búsqueda de soluciones a los 40 años de conflicto. Señor Presidente, le enviaré los detalles de esta propuesta y le pido que los considere y le plantee este asunto al Presidente Uribe cuando se reúna con él. 
El Presidente.
   Agradecería su nota sobre el asunto.
Haciendo una excepción, el Presidente Uribe comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa durante la jornada laborable de mañana. Los miembros de esa comisión dispondrán de una oportunidad directa para llamar su atención sobre los asuntos que deseen. 
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero protestar en contra de la indulgencia demostrada por el Presidente Musharraf de Pakistán respecto a la confesión por televisión del Dr. Abdul Qadeer Khan. Esta Cámara ha criticado las exportaciones de tecnología nuclear por parte de Pakistán en el pasado y ha sido condenada por su Gobierno por hacerlo. Es insólito que la venta de tales conocimientos sobre armas de destrucción masiva a regímenes tan brutales como Corea del Norte sea objeto de un perdón presidencial y del derecho a conservar los pagos adquiridos de modo ilegal. Huele a algo así como un ejercicio público de chivo expiatorio en vista de las vergonzosas pruebas del apoyo oficial secreto por parte del Gobierno.
En segundo lugar, quiero transmitir mis condolencias a la gente de Moscú por el reciente y atroz atentado suicida en su metro, que ocasionó al menos 39 muertes y 150 víctimas, y todo apunta a los terroristas chechenos organizados por un seguidor saudí de Al Qaeda. Pregunto a aquellos en esta Cámara que proclaman la gloria de los luchadores por la libertad chechena cómo explican el asesinato de moscovitas inocentes. 
Napolitano (PSE ).
    Señor Presidente, dentro de unos días se cumple el XX aniversario de la aprobación por el Parlamento Europeo del proyecto de Tratado por el que se instituyó la Unión Europea, creado y propuesto por Altiero Spinelli. La Conferencia de Presidentes instó a los grupos políticos a considerar la posibilidad de celebrar este aniversario y el XXV aniversario de la muerte de Jean Monnet, uno de los más grandes artífices de la integración europea.
No obstante, deseo llamar su atención, señor Presidente, sobre la distinta naturaleza de estos dos aniversarios. La celebración del aniversario del proyecto de Spinelli no implica tanto homenajear la figura de Altiero Spinelli como apreciar la visión de futuro del Parlamento Europeo que, hace 20 años, redactó y propuso el primer tratado de naturaleza constitucional, cosa que se debe recalcar hoy en día, a la luz de nuestro renovado compromiso de dotar finalmente a Europa de una Constitución.
El Presidente.
   Tal y como ha observado correctamente, señor Napolitano, su sugerencia ha sido discutida en la Conferencia de Presidentes. Se decidió que en la última sesión parlamentaria de mayo deberíamos celebrar algunos de estos aniversarios. No obstante, respecto a la observación específica que ha realizado sobre el informe Spinelli y el liderazgo del Parlamento Europeo, me complacerá celebrar ese día con una declaración en nombre de esta Cámara, de acuerdo con su preferencia y su sugerencia a la Conferencia de Presidentes. 
Segni (UEN ).
    Señor Presidente, volviendo a lo que ha dicho el Sr. Napolitano, sinceramente me parece que su respuesta ha tenido muy poco sustancial, cuando necesitamos mucho más.
No se trata de conmemorar a Altiero Spinelli, sino de aprovechar la oportunidad de esta importante e histórica fecha, lo cual exige una sesión especial y no una celebración más, entre tantas. Supondría también la oportunidad de dar un paso mucho mayor y más importante: dejar que el Parlamento Europeo haga tanto como hizo entonces con Spinelli. Lo cual quiere decir que, para promover la Constitución Europea, hay que aprobar de inmediato el texto propuesto por la Convención, firmando así un acto que, aunque carezca de valor legal, tendría una enorme importancia política.
Esto le pido, señor Presidente: que el Parlamento Europeo tenga el valor, veinte años después, de adoptar las mismas iniciativas. Les insto a usted y a los presidentes de los Grupos políticos, por encima de todos los que hablan de la idea europea, a que lo hagan. Espero que sigan fieles a su tradición. 
Martin, Hans-Peter (PSE ).
   – Señor Presidente, solo quiero plantear brevemente una cuestión. En el orden del día de esta semana se ha incluido un informe mío sobre asociaciones sectoriales sin mi conocimiento y, sobre todo, en contra de todo lo acordado por el Parlamento con las autoridades presentes. He tenido noticia de este hecho porque alguien del periódico londinense me ha llamado para contármelo. Cuando se le ha preguntado a la oficina responsable del Parlamento cómo había ocurrido, esta ha respondido que se había hecho con el consenso de los Grupos. Cuando les he preguntado, han respondido que lo habían hecho los servicios parlamentarios. Todo esto no le hace ningún favor a la Cámara. Ahora me entero –con evidente gratitud– de que la presentación del informe será sometida a la aceptación del ponente, puesto que algunos Grupos son conscientes de que se trata de un asunto que está siendo objeto de importantes negociaciones en la actualidad. Ahora bien, en la práctica hubiera preferido que las cosas se hicieran con más transparencia y eficacia. 
El Presidente.
   Le haré llegar los detalles cuando haya tenido la oportunidad de estudiar el asunto. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, los periódicos portugueses han informado recientemente de atroces casos de malos tratos, abusos e incluso esclavitud a los que se han visto sometidos trabajadores portugueses en distintos países de la UE, como Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
La edición de esta mañana del periódico portugués publica un artículo titulado «Más ciudadanos portugueses maltratados en los Países Bajos» según el cual las autoridades neerlandesas estaban informadas de la situación. El artículo dice que los informes de dicho país están marcados por abusos sin precedentes perpetrados contra trabajadores portugueses. Existen casos de malos tratos a trabajadores en algunas empresas de los Países Bajos o en manos de mafias; se niega a los trabajadores los derechos más básicos, como una alimentación suficiente y un alojamiento adecuado para seres humanos; se comenta que existen verdaderas redes organizadas que operan en varios países para contratar a trabajadores, lo que es un absoluto escándalo.
Hay que tomar medidas inmediatamente, señor Presidente, para poner fin a esta situación. Solicito, señor Presidente, que la Comisión y el Consejo sean informados y que se adopten medidas inmediatas para erradicar el problema de estos espantosos ataques contra los derechos de los trabajadores en particular y los derechos humanos en general. 
El Presidente.
   Quisiera que enviara a mi oficina copias del material al que se ha referido. Me encargaré del asunto, tal y como usted sugiere.
Señor Martin, el informe del que es usted ponente se incluyó en el orden del día siguiendo los procedimientos habituales. Sin embargo, al haber tenido noticias de sus dificultades de calendario, y en deferencia a usted como ponente, ha sido retirado del orden del día. 
Martin, Hans-Peter (PSE ).
   – Señor Presidente, lamento plantear este tema de nuevo, hasta ahora solo he escuchado hablar de ello en la lengua original. Quiero reiterar que existió un acuerdo claro con los servicios parlamentarios para que este informe no se incluyera en el orden del día hasta marzo o abril. Posteriormente me entero por el periódico de Londres de que se le ha dado cabida en febrero. Solo entonces he dicho «¡todavía no, por favor!». ¡Es aquí donde no se debe confundir causa y efecto! 
El Presidente.
   La Conferencia de Presidentes decidirá cuándo se incluye de nuevo en el orden del día, pero de momento no está incluido en él. Esa es la respuesta a su pregunta. 
Hudghton (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la semana pasada la Comisión resolvió en contra del nivel de asistencia prestado por las autoridades del aeropuerto de Charleroi a cierta compañía aérea. No solo simpatizo con las autoridades públicas responsables de Charleroi, sino que las admiro por intentar tomar medidas para estimular el crecimiento económico y los puestos de trabajo tan necesarios, a la luz del declive de las industrias tradicionales.
Los beneficios del transporte aéreo de bajo coste se han sentido en una zona más amplia que la de los alrededores inmediatos de Charleroi. Por ejemplo, la ruta de Glasgow-Prestwick a Charleroi es el único enlace aéreo entre el oeste de Escocia, una zona muy poblada, y la zona de la capital de Europa. Aunque reconozco que la Comisión estima oportuno aplicar normativas en materia de ayuda estatal de determinadas formas, ¿qué ocurre con los consumidores? Espero que la Comisión no se entusiasme demasiado y termine por perjudicar a los consumidores, incluidos muchos grupos que desean –y necesitan– visitar nuestro cuartel general y las demás instituciones europeas para conocer mejor cómo funciona realmente Europa. 
Frahm (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, hace 25 años se fundó la República Islámica de Irán, que ha llevado al incumplimiento violento de los derechos humanos y, en concreto, a la violación de los derechos de la mujer. La pregunta es si estamos presenciando el comienzo de un proceso similar en el Iraq ocupado.
El 29 de diciembre, la ley sharia reemplazó a una serie de sentencias sobre divorcios, matrimonios, hijos, etc. en el Iraq, estado por lo demás secular. Ahora oigo que la líder de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Iraq está sufriendo ataques violentos de grupos islámicos. Su nombre es Yamha Mohammed. Pido que se proteste, en nombre del Parlamento, por los ataques cada vez más numerosos a los derechos de la mujer en el Iraq, además de protestar ante las fuerzas de ocupación, es decir, la alianza de los llamados voluntarios, por este asunto. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero tratar el tema de la visita del Presidente colombiano, el Sr. Uribe, a este Parlamento. Mi Grupo no estaba a favor de esta invitación, y, según tengo entendido, tampoco lo estaban el Grupo ELDR ni el Grupo GUE/NGL. Es una pena que el Grupo del PSE no nos apoyara en esta cuestión.
Existe un gran peligro de que el Presidente Uribe utilice esto como maniobra de propaganda para dar la impresión a escala internacional de que todo marcha bien. Solo hay que mirar los informes de las Naciones Unidas sobre Bogotá, cuando se publiquen, para encontrar informaciones de graves violaciones de los derechos humanos. La legislación promulgada recientemente, especialmente la ley antiterrorista, que se adoptó en diciembre, concede poderes judiciales a las fuerzas armadas. Este es otro ámbito de gran preocupación.
Este Parlamento ha de tener mucho cuidado de no permitir que el Presidente Uribe utilice esta oportunidad con fines de propaganda, para dar la impresión de que, de alguna manera, la situación de los derechos humanos en Colombia está mejorando. Sabemos por las organizaciones de base sobre el terreno que esto está lejos de ser verdad. No debe permitirse que de este Parlamento salga ese falso mensaje. 
Patakis (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, es una vergüenza que el Parlamento Europeo reciba mañana al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con honores. Es una vergüenza para los socialistas que lo propusieron y para todos los que aceptaron. El Sr. Uribe y su Gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos, son responsables de la muerte de miles de agricultores sindicalistas y otros defensores de los intereses del pueblo. Rechazan la reconciliación étnica, desprecian las numerosas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pretenden sofocar el descontento popular con medios militares. La presencia del Sr. Uribe aquí demuestra que la Unión Europea tiene la intención de implicarse en el plan «Colombia», a través del cual los Estados Unidos intervienen con crueldad en este país con el objetivo de hacerse con el control general de la región.
Condenamos cualquier intervención exterior y exigimos que todos los Gobiernos apoyen a las fuerzas populares en Colombia, para que cesen el derramamiento de sangre y las actividades de las fuerzas paramilitares, se proteja la paz y se respeten los derechos humanos. Expresamos la solidaridad sin divisiones del Partido Comunista de Grecia con los ciudadanos de Colombia que, no nos cabe duda, al final ganarán. 
Sanders-ten Holte (ELDR ).
   – Señor Presidente, lo que quiero decir está relacionado con la seguridad de los diputados al Parlamento Europeo y las medidas que a tal respecto ha adoptado el Parlamento. El 19 de enero abandoné el edificio del Parlamento en Bruselas hacia las 18.00 horas por la salida de Wiertzstraat y en dirección a la Rue de Wavre. A apenas 100 metros de distancia del edificio parlamentario, me detuve con mi coche en un semáforo en rojo, cuando oí un golpe enorme y la ventana del asiento del copiloto se rompió. Me robaron el bolso, que estaba en el suelo. Puedo asegurarles que el bolso contenía todo lo imaginable: tarjetas, pasaporte, etc. Evidentemente, este hecho puede suceder en cualquier parte, pero me parece de una extraordinaria gravedad que venga a pasar tan cerca del edificio del Parlamento. Lo que encuentro incomprensible es que suceda una y otra vez; puedo nombrar a más de una diputada neerlandesa que le ha sucedido lo mismo.
Regresé al edificio del Parlamento, donde me trataron con mucha amabilidad; no tengo ninguna queja al respecto. Los guardias de seguridad vinieron cuando llamé aunque –quizás no tienen constancia de este dato–no pude realizar una llamada fuera de Bélgica. No pude, por tanto, realizar una llamada para bloquear mis tarjetas de crédito y supongo que comprenderán que se trataba de mi principal preocupación. Llamamos entonces a la policía y fuimos a la comisaría, si bien es cierto que tuve que seguir a los guardias de seguridad en mi coche dañado. Cuando llegué a la comisaría, había un oficial que hablaba flamenco, aunque no de la variante que guarda similitud con el neerlandés. Me trató con mucha amabilidad, no tengo ninguna queja en ese sentido, pero fue muy complicado. Como no tenía nada (ni dinero, ni permiso de conducir, etc.), me comunicaron que alguien me llevaría al taller de reparaciones de ventanas de coches , pero no fue así. Llegué a mi hotel a eso de la medianoche, en donde me trataron con mayor eficiencia.
Mis pérdidas han sido enormes, por lo que les solicito que se aseguren de que, en primer lugar, en tales situaciones se pueda realizar una llamada internacional desde las salidas del edificio parlamentario si un diputado así lo desea y, en segundo lugar, que se proporcione ayuda para llegar a la comisaría, ya que podría haberse tratado de un danés sin conocimientos de neerlandés o de un ciudadano de cualquier otro país. Asimismo, sería muy útil si se pudiera dar algo de dinero para tomar un taxi. Además, creo que es de extrema importancia que se proteja mejor la seguridad de los eurodiputados. Como acabo de decir, la pérdida es enorme. No diré cuánto ha sido, pero espero que el Parlamento procure reembolsarme la cantidad íntegra. 
El Presidente.
   No he querido interrumpirle, señora Sanders-ten Holte, debido a la naturaleza personal del ataque que ha mencionado, y respecto al cual estoy seguro de que contará con la plena simpatía de los diputados a esta Asamblea. Pediré a los servicios de seguridad del Parlamento que redacten un informe sobre esto y que la Mesa considere las lecciones generales que podemos aprender con respecto a algunas de sus sugerencias. También hay una discusión en curso con las autoridades belgas sobre la seguridad en Bruselas. Quisiera añadir que hasta la fecha no ha comportado una respuesta satisfactoria o suficiente en cuanto a las necesidades de esta Cámara. 
Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, quisiera volver muy brevemente sobre la dimisión del Sr. David Kay, responsable norteamericano encargado de encontrar en el Iraq las armas de destrucción masiva que, al parecer, poseía el Gobierno de ese país.
Quisiera volver asimismo sobre las declaraciones del especialista británico, Sr. Kelly, que fueron seguidas de su sospechosa muerte. Por último, quisiera volver sobre la reciente confesión del Presidente Bush, este domingo, en una entrevista emitida por la cadena NBC, en la que dice que Sadam Husein y el régimen iraquí probablemente no disponían de armas de destrucción masiva, pero que la guerra estaba justificada de todos modos, porque si no tenían armas de destrucción masiva, quizás habrían podido obtenerlas algún día.
Creo que esto es preocupante, porque significa claramente dos cosas. En primer lugar, los Sres. Bush y Blair mintieron de un modo cínico y grave. Después, durante diez años hicimos pasar hambre a un pueblo con un falso pretexto, desencadenamos una guerra con un falso pretexto y se destruyó un Estado también con un falso pretexto, con el aval de una serie de Gobiernos de la Unión Europea, lo cual es un hecho de una gravedad extrema.
Korakas (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, deseo expresar mi repulsa y enfado ante la resolución anticomunista tan despreciable que se ha aprobado en el reciente XVI Congreso del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que relaciona el brutal y monstruoso fascismo nazi con el comunismo y pide una nueva caza de brujas contra los miembros y dirigentes de los partidos comunistas que siguen fieles a sus elevados ideales.
El Grupo del Partido Popular Europeo maltrata e insulta el recuerdo de millones de comunistas que dieron sus vidas para liberar a la raza humana del monstruo nazi. A la vez, demuestra que apoya o que incluso dicta el primitivo anticomunismo y las flagrantes violaciones de derechos humanos que siguen produciéndose en los antiguos países socialistas candidatos. Revive un espíritu de venganza que solo presagia penurias para nuestra gente. No olvidemos que la persecución de comunistas siempre ha venido seguida de la persecución de cualquier idea progresista. Los ciudadanos no olvidan que Hitler también persiguió a los comunistas.
Con esta resolución tan desafortunada y extremadamente peligrosa, el Grupo del Partido Popular Europeo trata en realidad de detener la lucha de los trabajadores contra las políticas reaccionarias y contrarias a los intereses del pueblo. Desean golpear a los pioneros de esta lucha, los comunistas que permanecen fieles a sus ideales, puesto que los seguidores son sus amigos y protegidos. 
Evans, Robert J.E. (PSE ).
   – Señor Presidente, hace unos días 19 chinos perdieron sus vidas en la Bahía de Morecambe, en el noroeste de Inglaterra. Estaban cogiendo berberechos en la arena, la marea subió y todos se ahogaron. ¿Está de acuerdo conmigo en que esta tragedia, aunque haya ocurrido en suelo británico –o en aguas británicas– es igualmente una cuestión europea o internacional, y que debemos trabajar juntos para detener a las bandas internacionales de contrabando de personas que estaban explotando a estas pobres gentes a las que se les pagaba tan solo una libra esterlina por día de trabajo?
Es más, este caso subraya de nuevo la clara necesidad de establecer un sistema de asilo común europeo efectivo y eficiente, y del mismo modo para la inmigración, incluida la migración legal, de forma urgente. Está claro que lo que es una tragedia en el Reino Unido un día podría ocurrir con facilidad en el territorio de cualquier otro país otro día.
Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, intervengo en respuesta a los vergonzosos comentarios que acaba de realizar el Sr. Gollnisch, que ha implicado que David Kelly, y cito: «murió en circunstancias sospechosas», y que Tony Blair mintió.
La reciente investigación judicial ha considerado todos los hechos que rodean estas trágicas circunstancias y ha concluido de forma muy clara que no hubo circunstancias sospechosas en torno a la muerte del Sr. Kelly, como él ha implicado, y que el Sr. Blair no mintió a la Cámara de los Comunes sobre este asunto.
Cualquiera que sea la postura de cada uno acerca del conflicto iraquí –y hay diferencia de opiniones en esta Cámara, en mi país y en mi partido, y yo mismo tengo mi opinión al respecto–, es esencial que discutamos este asunto basándonos en los hechos, no en la ficción.
El Presidente.
   ¡La cuestión es que ahora soy yo quien tiene el micrófono que funciona! 
Ludford (ELDR ).
   – Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la confusión total que reina sobre la libre circulación de ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Ahora parece –pero no es de ninguna manera cierto– que, a tan solo 11 semanas del 1 de mayo, 13 Estados miembros van a aprovechar el mecanismo para obstaculizar la libre circulación. Esto ha hecho que los otros dos Estados restantes –Irlanda y el Reino Unido– hayan atraído la atención, y también ha ocasionado reacciones histéricas de la prensa sobre la inundación de turistas necesitados. No apruebo el modo en que la prensa británica está reaccionando, ni la reacción bastante ambigua del Gobierno del Reino Unido, pero creo que la decisión original de permitir la libre circulación plena fue y es económica, política y moralmente correcta.
Las previsiones de la Comisión demuestran que quizás habría existido un trabajador móvil del Este al año por cada 1 000 habitantes del Oeste, si se hubiera compartido entre todos los Estados. Puede que exista algún tipo de justificación para las medidas especiales en zonas fronterizas, pero el modo en que este pánico se ha extendido y ha infectado a la mayoría de Estados miembros es vergonzoso. Trata a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros como de segunda clase, contrariamente a todas las promesas que se les hicieron, y demuestra –como en tantas otras cuestiones como el Iraq, la Constitución y el presupuesto– una falta deprimente de solidaridad por parte de la UE. ¿Podría al menos plantear esta cuestión en la Comisión y ante los Estados miembros en el Consejo para intentar acortar tanto como sea posible los períodos de transición? 
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, la decisión de la Comisión relativa a los acuerdos comerciales que Ryanair tiene con el aeropuerto de Charleroi está muy equivocada. Hace caso omiso de las razones económicas y es un duro golpe para el desarrollo de las líneas aéreas de bajo coste en Europa.
El aeropuerto de Charleroi ha pasado de ser un campo desierto a acoger a más de dos millones de pasajeros al año gracias a Ryanair. El transporte aéreo de bajo coste tiene el apoyo de los ciudadanos de Europa. La Comisión Europea todavía tiene que explicar con claridad lo que pretende hacer para apoyar el transporte aéreo de bajo coste en Europa en el futuro.
El problema actual es la falta de claridad respecto a la ayuda estatal para los aeropuertos regionales de Europa. Ahora existe una gran incertidumbre desde la perspectiva de los aeropuertos regionales a lo largo y ancho de la Unión Europea respecto al modo en que vamos a desarrollar la industria de líneas aéreas de bajo coste en el futuro.
La decisión de la Comisión simplemente estaba equivocada, y la Comisión todavía tiene que explicar la futura orientación de la política para el sector de las líneas aéreas de bajo coste en Europa. 
Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, tanto mi colega el Sr. Claeys como yo esta mañana nos hemos incluido electrónicamente en la lista de intervenciones de un minuto cada uno y ahora parece que no estamos en ella. 
El Presidente.
   Pediré que los servicios lo comprueben, pero yo me he guiado por el sistema de solicitud incidental de intervención. No tengo ninguna lista delante de mí.
Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, tengo una prueba electrónica en mi ordenador que confirma que estoy registrado. 
El Presidente.
   Quisiera recordar a sus Señorías que siempre comenzamos con un sistema de solicitud incidental de intervención. Desconozco el significado de una «comunicación electrónica», pero en el futuro levanten la mano e intentaré incluirles. 
Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, para preparar la visita del presidente chino a Francia, el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin, ha venido a Bruselas para pedir el levantamiento del embargo de armas en China. El hecho es que Francia quiere firmar contratos lucrativos con Beijing para aumentar el volumen de ventas de su industria armamentística, lo que explica que el presidente chino haya recibido una bienvenida imperial en Francia. No se ha dicho nada sobre los derechos humanos, ni sobre la opresión del Tibet, un país que el presidente francés no parece siquiera localizarlo en el mapa. Cuando se tiene la oportunidad de vender algunos cazas Mirage del amigo Dassault, es mejor no pensar en unos cuantos viejos y aburridos monjes. Jacques Chirac, que puede deshacerse en elogios sobre la tolerancia en su propio país, por lo que se ve no ha tenido tiempo de leer los informes de las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos que, año tras año, detallan las violaciones cometidas en China: censura, detenciones arbitrarias, hacinamiento en las prisiones, campos de rehabilitación y ausencia de libertad de expresión. Jacques Chirac ha llegado incluso a calificar el próximo referéndum en Taiwán como un acto de agresión contra China. Una cosa es que a la Unión Europea no le quede más remedio que hacer negocios con China, y otra totalmente distinta es suministrar armas a ese país. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la afirmación del Sr. Watson de que este embargo de armas representa uno de los últimos medios de que dispone la Unión Europea para obligar a la dictadura comunista en China a respetar los derechos humanos.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0040/2004) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la función y los métodos de las agencias de calificación crediticia (2003/2081(INI)). 
Katiforis (PSE ),
   . – Señor Presidente, el informe que tengo el honor de presentar es un informe de iniciativa propia sobre las agencias de calificación crediticia, que son organizaciones empresariales que gozan de buena reputación en los mercados. Sin embargo, su reputación se ha visto sacudida en cierto modo por la reciente racha de escándalos financieros, empezando por Enron y terminando por Parmalat. El fraude de Parmalat es especialmente relevante, puesto que tiene que ver con los titulares de bonos: precisamente la parte del mercado que se supone que las agencias de calificación protegen. Hasta pocos días antes del descalabro de estas compañías, fueron incapaces de hacer algo para proteger al público. Estos fracasos han ocasionado debates en los Estados Unidos, investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos, en la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de este país, en la Organización Internacional de Comisiones de Valores y otros foros internacionales.
Existe un aspecto específico europeo en este asunto. Las agencias de calificación que tienen cien años en los Estados Unidos son relativamente nuevas en Europa. En algunos casos han indicado que no entienden la mentalidad empresarial europea. Han creado fricciones, especialmente en Alemania. El otro punto de interés especial europeo es la observación inevitable de que cualquiera que sea la naturaleza de la regulación de las agencias –por suave e indirecta que sea–, tiene su sede exclusivamente en los Estados Unidos, en la forma de la SEC. El hecho de que no exista nada similar en Europa comporta una relación transatlántica desequilibrada, que podría resultar problemática si no se compensa a tiempo.
Estas consideraciones dieron pie a la propuesta original del informe a favor de la formación de una autoridad de registro Europea para ser considerada por la Comisión, una autoridad que recibiría informes de las actividades de las agencias y con la que estas podrían establecer un diálogo reglamentario, un diálogo entre iguales basado en el Comité Europeo de Calificación de Valores, sobre temas de interés mutuo, con exclusión, sin duda, cualquier intervención en la sustancia de las opiniones emitidas por las agencias. Es interesante que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos haya expresado recientemente su interés en contactar con el CEV sobre este asunto.
La mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios piensa que esta propuesta es demasiado vanguardista y ha recomendado examinar de nuevo todo el terreno de operaciones de las agencias de calificación sin incluir en su recomendación nada tan específico como la creación de una autoridad de registro europea. Con el debido respeto por la opinión mayoritaria de mis colegas, me permito discrepar por dos razones. En primer lugar, porque existe una autoridad reglamentaria que opera en los Estados Unidos, y en segundo lugar porque –como ya he dicho– la falta de una autoridad correspondiente en Europa crea un desequilibrio potencialmente perjudicial.
Por lo tanto, he pedido a mi Grupo político que me ayude a presentar de nuevo la propuesta de una agencia de registro europea en forma de enmienda, e insto a todos mis colegas que originalmente discrepaban en este punto a que reconsideren su postura. No se trata de una cuestión política partidista, pero sin duda es una cuestión política porque tiene que ver con los intereses de Europa en su conjunto. La alternativa es que las agencias, con el tiempo –tal es la fuerza de sentirse al amparo de alguna regulación de sus actividades– se verán obligadas a informar a 15 ó 25 autoridades financieras nacionales de Europa, cosa que las propias agencias deben observar con terror.
Las agencias de calificación deben seguir realizando un buen trabajo. No hemos propuesto una regulación severa, pero sin una agencia de registro europea no conseguiremos lo que es, sin duda, nuestro objetivo principal. A la vez que agradezco a mis colegas el apoyo a otras propuestas útiles, les insto a que reconsideren su postura acerca de este asunto. 
Diamantopoulou
   , . Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de redactar un informe sobre la función y los métodos de las agencias de calificación. Quiero felicitar al ponente por su iniciativa, que es oportuna.
Como todos ustedes saben, la función de las agencias de calificación está aumentando hoy en día. En el pasado, las calificaciones crediticias se centraban principalmente en la deuda soberana. Sin embargo, en la última década, la función de las calificaciones crediticias se ha hecho más crucial, con el crecimiento de las emisiones de bonos de empresas y la inclusión de referencias a las calificaciones crediticias en varios actos de legislación financiera, incluida la legislación bancaria. Además, como todos ustedes saben, los importantes escándalos recientes han planteado cuestiones acerca de la función de las agencias de calificación en general: no podemos olvidar el caso Enron en 2001 o el reciente caso Parmalat, entre otros. Por lo tanto, está claro que ha llegado la hora de tomar medidas, como ha señalado con razón el Sr. Katiforis.
Como mínimo existen cuatro cuestiones por resolver en relación con las agencias de calificación crediticia. En primer lugar, el tratamiento jurídico de la cuestión del acceso por parte de las agencias de calificación a la información privilegiada de los emisores no está claro actualmente en Europa. No existe una legislación europea armonizada, ni siquiera una regulación a escala nacional. Si las agencias de calificación van a tener acceso a la información privilegiada de los emisores, deberíamos garantizar que todas las agencias de calificación dispongan de la misma información. Creo que el informe del Sr. Katiforis refleja esto. Otra solución sería prohibir el acceso de las agencias de calificación a la información privilegiada de los emisores, como se hace en el caso de los analistas financieros.
La segunda cuestión relativa a las agencias de calificación crediticia en el contexto de Enron y Parmalat tiene que ver con el nivel de cualificación del personal de la agencia, al igual que con la transparencia de su metodología. Sería razonable pensar en medidas para abordar esta cuestión, y sin duda estamos de acuerdo con el Sr. Katiforis en este punto. Teniendo esto en mente, una directiva que la Comisión adoptó el pasado mes de diciembre, por la que se aplica la Directiva sobre abusos de mercado con respecto a la presentación imparcial de recomendaciones de inversión, podría ser un buen punto de partida.
La tercera cuestión planteada comúnmente es la falta de competencia entre las agencias de calificación crediticia. En la práctica, el sector a escala mundial es casi un oligopolio. Por lo tanto, acogemos con satisfacción el llamamiento del Sr. Katiforis a promover una mayor competencia en Europa. El establecimiento de criterios objetivos para la entrada o el desarrollo de otros actores en el sector podría ser útil.
La cuarta y última cuestión, probablemente la más debatida, tiene que ver con los conflictos de intereses de las agencias de calificación crediticia, y estos adquieren dos formas distintas. Por una parte, se sospecha que la prestación de servicios de asesoría por parte de las agencias de calificación a las empresas que ellas mismas califican podría influir en el resultado del proceso de calificación. Por lo tanto, tales servicios de asesoría deberían revelarse junto con la calificación. De nuevo, la directiva adoptada por la Comisión el pasado diciembre, por la que se aplica la Directiva de abusos de mercado en relación con la revelación de conflictos de intereses, podría ser un buen punto de partida para abordar esta cuestión. El segundo conflicto de intereses, y el más controvertido, tiene que ver con la remuneración de las agencias de calificación por parte de las empresas a las que califican. Si es el emisor, y no los suscriptores, los que pagan a la agencia de calificación, surgen dudas en cuanto a la posibilidad de «reducir la rigidez» cuando se actualizan las calificaciones. Esta cuestión no es nueva, pero ahora tiene que resolverse.
Tenemos que tomar medidas rápidas en relación con estas cuatro cuestiones. La Comisión Europea se comprometió a este efecto en el Consejo Europeo de Oviedo en abril de 2002. Tenemos que respetar nuestro compromiso antes de que se produzcan nuevos escándalos. Por lo tanto, la Comisión Europea podrá tomar partido en la cuestión en verano u otoño de 2004 a más tardar. Entre otras contribuciones, el informe del Sr. Katiforis será un elemento importante para guiarnos.
En conclusión, queda la cuestión de qué van a hacer los Estados Unidos respecto a este asunto. Tenemos que ser realistas. Las dos principales agencias mundiales de calificación son norteamericanas. Sería razonable tener esto en cuenta, como ha señalado con razón el Sr. Katiforis. Sin embargo, de momento, la Comisión del Mercado de Valores norteamericana no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de las peticiones de cambio formuladas en el Congreso. Si los Estados Unidos quieren conseguir la convergencia con nosotros antes de que adoptemos una posición, agradeceríamos que nos proporcionaran rápidamente una visión clara acerca de este tema crucial. Les mantendremos debidamente informados. 

Radwan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías y señor Katiforis, a quien, antes que nada, quiero agradecerle su informe sobre la futura evaluación de las agencias de calificación.
¿De qué estamos hablando en realidad? Constituye un hecho que las agencias de calificación crediticia tienen, en el mercado de capitales, un gran poder e influencia sobre las empresas. El hecho de que mejore o, sobre todo, empeore su calificación tiene gran importancia para una empresa, ya que contribuye a la aparición de graves problemas de recaudación de capital, problemas financieros y, sin duda también efectos indirectos en el empleo. Las agencias de calificación, sin embargo, evalúan también a los países; en Alemania, por ejemplo, evalúan a los Estados federados. De ahí que la mejor o peor calificación de los Estados federados alemanes tenga efectos en el contribuyente. No comento esto como una crítica, sino simplemente como una observación. Existen tres agencias de calificación en el mercado; aunque soy un defensor de la competitividad y me parecería estupendo que hubiera más, creo que una solución pública y administrativa no sería la correcta. En cualquier caso, la creación de más agencias de calificación o de una agencia europea debe producirse en respuesta al mercado, aunque todos los intentos hasta la fecha en esta dirección han sido insatisfactorios.
Si consideramos el poder que tienen las agencias de calificación y nuestra tendencia, en la legislación sobre mercados financieros, a una mayor regulación y supervisión, tenemos que pensar en cómo vamos a hacerlo en el futuro. Por este motivo considero que el informe del Sr. Katiforis es muy importante, ya que es la primera vez en Europa que se presta atención a este tema. Es también importante que Europa lo haga así. Las tres agencias de calificación existentes pueden calificarse de predominantemente anglosajonas. No hay nada intrínsecamente malo en ello, pero debemos reconocer que existen diferentes estructuras financieras en la Unión Europea y en todo el mundo, con distintas reglas, y no todas las reglas que funcionan en una orilla del Atlántico tienen por qué aplicarse de la misma forma en la otra. Por todo ello, me parece muy importante que hagamos un intento a escala europea. De ese modo, no prestaríamos tanta atención a lo que hacen los norteamericanos a este respecto, ya que las agencias de calificación también desean hacer negocios en esta parte del mundo.
Debemos considerar todo esto en el contexto de Basilea II, puesto que la calificación, ya sea interna o externa, se utilizará cada vez más para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de un tiempo será algo normal y la diferencia por antonomasia entre la calificación interna y externa será que la primera, en los Estados miembros, estará sujeta a supervisión financiera, mientras que la segunda no lo estará. De todas formas, lo importante es saber si en el futuro podremos seguir solo con una calificación interna supervisada, mientras que la externa no lo estará. El principal motivo por el que planteo esta cuestión es que algunas personas del sector y del mundo financiero me han comentado que tienen muchas dificultades para obtener información sobre su propia calificación, por lo que es prácticamente imposible decir que existe una relación de cliente normal entre las empresas y la agencias de calificación.
Por ello, es importante que ahora exijamos a la Comisión que analice esta cuestión, trabaje algo en ella, informe con exactitud sobre el estado de cosas y haga propuestas. Por este motivo, comparto en gran medida la preocupación del Sr. Katiforis. El resultado, sin embargo, debe quedar abierto; aún no debemos exigir el registro y la supervisión; eso puede dejarse para el final del proceso. No obstante, podemos aspirar a que las agencias de calificación adquieran un compromiso que incluya la promesa de transparencia, y que la Comisión debe tomar como base para su trabajo. Este proceso podría, por supuesto, darle la oportunidad a las agencias de calificación para que hagan propuestas. Creo –como también cree el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos– que este proceso debe comenzar con carácter urgente, que debemos supervisarlo con ojo crítico y que la Comisión debe presentar sus propuestas a mitad del año que viene. 
Berès (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria Diamantopoulou, señor Katiforis, mis felicitaciones por esta iniciativa y por el contenido de este informe. Creo que llega en un momento importante. 
Cuando se intenta asumir esa mentalidad «macro» que tenemos y que defendemos punto por punto, en particular en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hay a veces algo que choca: entre el modelo de sociedad que pretendemos encarnar y las normas, los trabajos concretos que emprendemos, existe a veces una distancia que en cierto modo usted ha destacado, señora Comisaria, lo cual le agradezco. 
Si tenemos que hablar de las agencias de calificación y tenemos que alegrarnos de la iniciativa del ponente, es porque el mercado es ciego y, en su ceguera, las agencias de calificación han conseguido o consiguen un poder de decisión totalmente esencial que prevalece sobre el futuro de las empresas y, por tanto, de los empleos.
Teniendo en cuenta esto, quisiera hacer tres observaciones. La primera es que lo que decimos aquí no puede disociarse del debate global sobre la gobernanza empresarial. ¿Qué gobernanza queremos para nuestro modelo de sociedad en Europa? ¿Qué reparto de papeles entre capital y trabajo? ¿Qué función de redistribución? Estas son las preguntas a que debemos responder con las soluciones que contemplamos para el funcionamiento de dichas agencias, en particular pero no sólo. Les recuerdo los debates que mantuvimos sobre la cuestión de las normas contables y las derivas a que nos ha conducido la denominada autonomía del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). No quisiera que nos sucediera lo mismo con las agencias de calificación. 
Mi segunda observación es que, si queremos, en Europa, que la mejora del funcionamiento de las agencias de calificación contribuya a la defensa de nuestro modelo de sociedad, no podemos dejar de lado la cuestión de la responsabilidad social de las empresas. También en este ámbito se crean hoy agencias. Son iniciativas europeas. Pienso en particular en la agencia de la Sra. Nicole Notat en Francia, Vigeo. Son desarrollos complementarios sobre los cuales debemos reflexionar. 
Por último, mi tercera observación es, señora Comisaria, para lamentar no haber oído su punto de vista sobre la enmienda que propone nuestro ponente y que apoyaré plenamente, junto con mi Grupo, a favor de la creación de autoridades europeas de registro y de regulación. 
Villiers (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente por su excelente trabajo sobre esta cuestión. Es una cuestión de actualidad, y el Sr. Katiforis ha aportado un gran conocimiento de la cuestión. Me complace especialmente que haya tenido en cuenta una serie de preocupaciones que expresé en mis enmiendas. Espero que pueda alcanzarse un acuerdo entre el Grupo del PPE-DE y el ponente. Esto no ha sido posible –hasta la fecha–, pero estoy seguro de que apoyamos una gran parte de su informe.
En una ligera inversión de las funciones normales dentro del Grupo del PPE-DE, descubrí que el resto de mi Grupo era más cauto que yo respecto a la idea de una mayor regulación: normalmente en mi Grupo soy yo el que defiende un enfoque más desregulador. Lo que es muy importante –como afirmó claramente el Sr. Radwan, el ponente alternativo– es que sí, se trata de una cuestión importante; sí, hay preguntas que necesitan respuesta sobre el modo en que funcionan las agencias de calificación, y sí, hay que plantearse si deberíamos disponer de un sistema de registro para las agencias de calificación. La conclusión a la que ha llegado el Grupo es que no deberíamos prejuzgar el resultado de este proceso.
Es importante que los diputados al Parlamento y las comisiones parlamentarias consideren cuidadosamente las cuestiones planteadas por el Sr. Katiforis en su informe, pero no queremos prejuzgar el resultado y decir en este momento que sí, deberíamos tener una autoridad de registro europea. En nuestro Grupo somos cautos respecto al coste de la regulación. Nos preocupa la importancia de incluir las agencias de calificación en un marco reglamentario o un sistema de registro, y debemos tener cuidado al responder a los recientes escándalos financieros.
Hay una tendencia entre algunos de los comentaristas financieros a asumir que debemos reforzar la regulación después del escándalo Parmalat, y las organizaciones que están más a favor de una mayor regulación y del registro son las agencias de calificación. Deberíamos considerar de modo objetivo y con calma lo que ocurrió en Parmalat, y ver la respuesta necesaria para evitar reacciones precipitadas o viscerales, porque es difícil ver de qué modo el cambio de sistema o de regulación de las agencias de calificación podría haber evitado el escándalo Parmalat.
Siempre habrá personas dispuestas a violar la ley, como las hubo en Parmalat, y por muy amplio y efectivo que sea el sistema de regulación, tanto para los fondos de cobertura como para las agencias de calificación o cualquier otra cosa, no vamos a impedir ese tipo de conducta criminal. Podemos intentar que ocurra con menos frecuencia, pero es imposible prevenirla. Hemos de preguntarnos qué son y cómo funcionan las agencias de calificación, pero es prematuro llegar a la conclusión de que hoy por hoy precisamos una mayor regulación o un sistema de registro. 
Ettl (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero decir a la Sra. Villiers que bajo ningún concepto debemos decir que no sabemos lo que pedimos o lo que queremos.
Es lamentable que la labor realizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos ha dejado con poca sustancia del proyecto de informe original, poca cosa para forzar una mayor transparencia por parte de las agencias de calificación y una vigilancia más estrecha de las mismas. Tras los escándalos financieros mundiales, desde WorldCom hasta Parmalat, ha llegado la hora de que las agencias de calificación se registren y de que se supervisen sus prácticas. En vista del reconocimiento de la calificación externa en Basilea II y de las consecuencias resultantes, el mensaje que lanzamos a la Comisión no se merece su indiferencia.
Este informe adopta una actitud tolerante hacia un oligopolio que es prácticamente imposible de supervisar y contrario a todas las prácticas del mercado interior. De las cien empresas más grandes de la Unión Europea, 80 son supervisadas por tan solo tres agencias, que tendrían que ser capaces de hacer un mejor trabajo al calificarlas. La información utilizada para la evaluación es también importante a la hora de decidir en dónde invertir. En esto no podemos quedarnos a la zaga de los acontecimientos actuales en los Estados Unidos, con los graves problemas que se han producido recientemente y que han llevado a reforzar considerablemente el sistema existente de supervisión de las agencias de calificación, actualmente en manos de la Comisión del Mercado de Valores norteamericana.
Lamento informar al Sr. Katiforis de que la señal que envía este informe realizado por iniciativa propia a la Comisión es demasiado moderada y nos da pocos motivos para esperar que terminaremos con un instrumento fiable. No obstante, concluyo uniéndome a su petición de que, en vistas de las numerosas incertidumbres que existen, debemos explorar todas las alternativas para crear una autoridad europea de registro. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, señor Katiforis, Señorías, este informe y este tema revisten una importancia especial en vista de las numerosas cuestiones que se plantean. Los anteriores ponentes ya han explicado cómo las agencias de calificación han adquirido una doble relevancia: por un lado, a raíz de sonados escándalos, y por otro, en virtud de la Directiva relativa a créditos al consumo o el desarrollo de Basilea II.
Seamos honestos y admitamos que todo cliente de un banco y cualquiera que pida un préstamo se encuentra sometido a alguna forma de proceso de calificación. Pero sobre todo, las agencias de calificación evalúan a las empresas y los países. Estas evaluaciones desencadenan debates sobre los tipos de interés, la cantidad de recursos propios y las cotizaciones bursátiles; también tienen un efecto en la confianza de los clientes en la empresa y el país en cuestión. Debemos recordar también, por supuesto, que toda la filosofía de las agencias de calificación es principalmente de origen anglosajón y que existen tres grandes firmas en este campo que realizan también calificaciones amplias e importantes en Europa. Ante esto, debemos considerar el hecho de que todas estas agencias de calificación poseen una marca de calidad, que es norteamericana y otorgada por la Comisión del Mercado de Valores norteamericana. Si queremos que haya más competitividad, necesitamos no solo agencias europeas, sino también una marca de calidad europea, ya que esta tendría el efecto natural de generar confianza y mejorar el valor de la agencia en el mercado.
Por tanto, deseamos que se promueva la creación de agencias de calificación europeas y que estas respondan específicamente a las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Abogamos por la introducción de una marca de calidad europea o, incluso mejor, una marca mundial que acompañe a Basilea II, y deseamos un debate sobre la calificación interna y externa. Favorecemos la libertad de opinión y la independencia de las agencias, y deseamos mayor transparencia.
Por todo ello, considero intolerable que no exista ningún procedimiento de licencias para las agencias de calificación. Puede que una forma correcta de hacer las cosas sería empezando con la supervisión del mercado financiero y dando igual tratamiento a las calificaciones internas y externas, de manera que las agencias se puedan registrar, es decir, autorizar, en lugar de crear nuevas autoridades. 
Santos (PSE ).
    Señor Presidente, yo también elogio este informe. Es una iniciativa excelente y yo, al igual que la mayoría de los diputados a esta Cámara que han intervenido, espero que durante los debates, concretamente en sesión plenaria, podamos hacer realidad la filosofía original del Sr. Katiforis. Como ha dicho el Sr. Katiforis, el quid de la cuestión que debatimos hoy, en relación con este informe de propia iniciativa, es si se deben regular las actividades de las agencias de calificación y, en caso afirmativo, si tal regulación se debe realizar a escala nacional o europea. Como el ponente sugiere en su exposición de motivos, se trata claramente de una decisión política y este debate así lo corrobora. Sin embargo, el ponente estaba en un principio totalmente a favor de la regulación, y regulación a escala europea, aunque se han alzado voces muy próximas al sector en contra de ella.
Los representantes del sector entienden que su actividad forma parte del ámbito de la información económica y que lo que se debate, por tanto, es garantizar la total libertad para dicha información económica. Sin lugar a dudas, la necesidad de información no es incompatible con las necesidades e intereses de la regulación y, aunque hay que admitir que las agencias de calificación han funcionado bien en general con el sistema actual, también está claro que hoy en día nos enfrentamos a nuevos problemas que exigen soluciones novedosas y probablemente un nuevo sistema. De dichos problemas hay ejemplos espectaculares que ya han mencionado los diputados que me han precedido. 
Además, no cabe duda de que las opciones del ponente van en la misma línea que el enfoque legislativo adoptado por la UE en el marco de los servicios financieros. En mi opinión, es por tanto de interés general establecer organismos que regulen la calificación crediticia, sobre todo porque, como todos sabemos, el resultado de esta actividad ya ha repercutido decisivamente en la legitimidad y la elegibilidad de algunos activos financieros para distintos tipos de aplicaciones que utiliza el público en general.
En consecuencia, creo que la primera iniciativa del ponente, que no fue aceptada en su totalidad por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tiene que aprobarse en sesión plenaria. Es una medida de extrema audacia, pero totalmente justificada. 
Diamantopoulou
   , . Señor Presidente, ha sido un debate muy interesante, y está claro que esta es una cuestión política y económica candente.
Sus Señorías han debatido muchas cuestiones. Quiero subrayar en particular el debate sobre la regulación: si tal regulación tiene que ver únicamente con la transparencia y los criterios de transparencia o si debería ser más vinculante. Después tenemos la interesante cuestión de una autoridad independiente, qué tipo de entidad sería y si deberíamos acordar establecerla a escala europea. Otra cuestión importante es el registro de estas empresas y si tienen que estar registradas a escala europea o nacional.
La Comisión está de acuerdo con muchos de los puntos que señala el informe Katiforis, pero presentará su postura final a finales de la primavera o a más tardar en otoño. Me gustaría agradecer al Sr. Katiforis de nuevo su interesante contribución. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0026/2004) del Sr. Cercas, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la ordenación del tiempo de trabajo (Revisión de la Directiva 93/104/CE) [2003/2165(INI)].
Cercas (PSE ),
   . Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, mi informe tiene como objetivo principal examinar dos artículos de la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.
Hace diez años se aprobó esta importante Directiva que regula determinados elementos fundamentales para la salud y la seguridad de los trabajadores por cuenta ajena, como son los tiempos de descanso diario y de vacaciones. También señala la Directiva la jornada máxima semanal en 48 horas, aunque permite que su cómputo medio se realice en un período de referencia de cuatro meses.
La aprobación de esta importante Directiva -que es una de las más relevantes en el ordenamiento social comunitario- no fue pacífica. La resistencia del Reino Unido solo fue vencida ante el Tribunal de Justicia y, durante diez años, hubo que hacer dos excepciones con carácter temporal respecto al período de referencia en el que se computaban las 48 horas semanales, y respecto a la propia aplicación de la jornada de 48 horas semanales en aquellos países que quisieran regular esta excepción a voluntad de los trabajadores, siempre que esta se expresara de forma fehaciente y libre: es lo que se conoce como el individual.
La Comisión y el Consejo deberían haber reexaminado estas excepciones temporales antes del pasado 26 de noviembre. Sin embargo, lamentablemente, la Comisión no comunicó en dicha fecha ni sus análisis ni sus propuestas. Hasta el 30 de diciembre de 2003 no nos presentó una Comunicación ni abrió un período de consultas, y aún así su texto carece de propuestas concretas sobre los asuntos más peliagudos. Lo que sí ha hecho la Comisión -y es de agradecer- ha sido encargar un estudio a la Universidad de Cambridge- que han realizado Barnard, Deakin y Hobbs- sobre el uso que ha hecho del el país que lo aprobó -el Reino Unido- y que nos permite conocer en profundidad las negativas consecuencias originadas por su uso y su abuso masivos en un mercado laboral donde se ha aplicado con carácter general.
Mi informe se refería exclusivamente al reexamen de estas dos excepciones para responder no con lengua de madera, sino con claridad, a la pregunta obligada de la Directiva: diez años después de la aprobación, ¿tiene sentido mantener la ampliación de los períodos de referencia? ¿Tiene sentido mantener el principio de que no se aplique el máximo de 48 horas a través del individual? Ambas preguntas, estimo en mi informe, deben responderse a la luz de los principios que definieron la aprobación de la Directiva: la salud y la seguridad de los trabajadores. Estos deben ir acompañados de un tercero: la flexibilidad, que la propia Comisión señala en su Comunicación. Hemos de velar por que se concilien la vida laboral y familiar de los europeos y las europeas.
Mis propuestas también son claras. Según nuestra información objetiva, no hay por qué derogar la ampliación de períodos de referencia que han demostrado ser útiles y que no han ocasionado, al menos de momento, graves consecuencias a la salud y seguridad de los trabajadores, pero, por el contrario, son abrumadoras las evidencias de que el lesiona gravemente los derechos mínimos a la salud y la seguridad, y es un grave riesgo para la conciliación de la vida familiar y profesional.
El debate y la votación han sido muy duros en la Comisión de Empleo. Espero que mañana podamos seguir trabajando y acercando posiciones. Personalmente, he mantenido una actitud abierta respecto al elemento de la flexibilidad, incluso respecto al problema de la guardia de los médicos que se ha introducido en este debate. He sido flexible, como lo es la Directiva. Ahora bien, no he cesado de proclamar, y lo haré hasta el final, que el individual introduce gravísimos precedentes: los derechos mínimos, señor Presidente, son irrenunciables.
Si hoy se obliga o se permite a los trabajadores renunciar a derechos básicos, como son los horarios máximos, mañana, con la misma argumentación, podría permitírseles renunciar a otros elementos fundamentales de su salud y su seguridad, trabajar en ambientes de ruido, de polvo, eliminar barreras protectoras en las obras, renunciar a derechos de maternidad y a otras muchas cosas. Y todo ello en nombre de la libertad individual, que desaparece cuando se aplica. Es un pésimo precedente.
Termino, señor Presidente, diciendo que nuestra Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 137 del Tratado nos obligan a frenar los deseos de quienes no quieren que haya normas europeas. El no es una norma flexible: es la ausencia de normas. Al permitir que a alguien no se le aplique una legislación básica de derechos mínimos fundamentales, se está defendiendo la ausencia de normas. Y espero que todos los colegas reflexionen a fondo sobre esto. No puede ofrecerse el triunfo a los que no quieren que se construya la Europa social, a los alérgicos a las normas mínimas, de las que los trabajadores de nuestro continente gozan desde hace más de un siglo.
Diamantopoulou
   , . Señor Presidente, agradezco al Sr. Cercas su magnífico informe sobre la revisión de una Directiva que constituye una de las piedras angulares de la legislación laboral en la Comunidad.
Como hemos oído, el objetivo primordial de esta Directiva, que constituye también su marco político y su fundamento jurídico, consiste en proteger a los trabajadores contra los efectos nocivos para la salud y seguridad que tiene trabajar demasiadas horas, no descansar lo suficiente o tener unos horarios de trabajo irregulares.
La Directiva establece de hecho un marco de requisitos mínimos para la salud y seguridad en términos de descanso diario y semanal, duración máxima del trabajo semanal, período de vacaciones anuales retribuidas y duración de los turnos de noche. Obviamente no podemos ignorar el hecho de que, aunque el marco jurídico es la salud y seguridad de los trabajadores, también tiene una relación directa con la productividad de las empresas. Está claro que las empresas con trabajadores que no cumplen estos requisitos mínimos aceptables no pueden conseguir la productividad necesaria.
La Comisión, como exigía el vencimiento del período de diez años desde la publicación de la Directiva, ha presentado su informe el 30 de diciembre y ha anunciado la revisión de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. La Comisión, teniendo en cuenta la forma en que esta Directiva se ha aplicado en los 15 estados miembros, está obligada a evaluar dos disposiciones contenidas en ella. Primero, las derogaciones en cuanto a los períodos de referencia y la forma de calcular el número máximo de horas de trabajo a la semana. El Sr. Cercas ha preguntado si necesitamos debatir este asunto, que no ha generado ningún problema en particular. Ahora bien, existen muchos sectores que tienen problemas y que estarían interesadas en un período de referencia distinto, lo que se ha traducido en propuestas y discusiones tanto de los trabajadores como de los empresarios. Segundo, la posibilidad de excepciones individuales respecto a la duración máxima de la semana laboral, el famoso o exclusión voluntaria.
Obviamente, estos dos temas no se pueden abordar sin tener en cuenta el reciente desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que califica el tiempo que los médicos están de guardia en su casa en régimen de llamadas como tiempo de trabajo solo cuando durante ese tiempo se requiera su presencia física en el centro sanitario. En consecuencia, la Comunicación de la Comisión manifiesta preocupación por los resultados de estos casos judiciales. No podemos plantearnos las dos disposiciones que necesitan revisión sin tener en cuenta la decisión de los tribunales. Se trata de un tema de extrema complejidad que, como se recalca en el informe, necesita una evaluación pormenorizada de cualquier repercusión que pueda tener ese cambio en la legislación. Por ello, la Comisión ha iniciado un amplio procedimiento de consulta.
A la vez, pedimos la opinión de los interlocutores sociales en un marco especial de procedimientos, según se establece en el Tratado, y ya nos encontramos en la primera fase de consultas de acuerdo con el artículo 138 del Tratado. Debo insistir en que, en virtud del Tratado, la función de los interlocutores sociales es muy distinta, es independiente, y el ámbito en el que la Comisión está iniciando el debate solo puede ser amplio; el primer acercamiento no puede tener como resultado unas directrices establecidas por la Comisión, puesto que los propios interlocutores sociales tienen que consultar en las fases primera y segunda, para saber sus posturas. Por todo ello, como habrán observado, la primera Comunicación tiene un marco bastante general.
No obstante, existen varios puntos en los que somos muy claros y que yo apoyo.
El primero de ellos es que debemos realizar un análisis y una evaluación detallados de las repercusiones y consecuencias de cualquier cambio, primero en los trabajadores, porque en cuestiones de salud y seguridad no hay medias tintas, y segundo en el funcionamiento de las empresas.
En segundo lugar, debemos abordar todos los aspectos de este asunto. Se trata, como ya hemos apuntado, de una Directiva fundamental para la legislación laboral y tenemos que evitar por todos los medios cualquier enfoque exclusivamente sectorial. Obviamente, esto no quiere decir que no debemos tener en cuenta problemas importantes, como en el ámbito de la salud que, tras las sentencias del Tribunal, podrían extenderse a otros sectores con problemas similares.
El tercer punto es la correlación entre el tiempo de trabajo y la igualdad de oportunidades. Este es un vínculo innato que existe en la Directiva y que, básicamente, insta a los Estados miembros a que tomen medidas para que pueda conciliarse mejor el trabajo y la vida familiar.
El cuarto punto hace referencia al . Existen distintas formas de enfocar esta cuestión. Yo diría que existen dos extremos. El primero es que no tengamos la posibilidad de excluirnos de la duración máxima de la semana laboral, es decir, que eliminemos por completo el ; y el segundo, que generalizamos este concepto. Esta segunda opción daría a las empresas y a los trabajadores la posibilidad de decidir los horarios laborales y todo el marco de empleo.
Ambos extremos plantean problemas importantes: el primero no tiene en cuenta las características especiales de los distintos y numerosos sectores que existen y, aún más importante, las características especiales que pueden surgir a raíz de sentencias como las del Tribunal, con consecuencias muy graves en el caso específico de los sistemas sanitarios. Si en el futuro se dictan sentencias de este tipo en otros sectores, estos tendrán también problemas similares. La segunda posición extrema, que supone la generalización del como parte del funcionamiento del mercado laboral, anula en esencia todos los marcos fundamentales de la Unión Europea basados en los derechos de los trabajadores, que tratan de proteger su salud y seguridad, además de vincular la productividad al trabajador como persona.
Puedo afirmar desde el principio que me opongo a ambos enfoques extremos. Naturalmente, debemos aceptar que el marco institucional que establecía la Directiva en cuestión para el permitía que se abusara del mismo. Por eso en algunos países se abusa sistemáticamente del en todos los sectores, en todas las categorías de empresas, con graves problemas para los trabajadores.
Por tanto, creo que debemos ver y resolver estos asuntos básicos pendientes, teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad de utilizar el y, por otro, la existencia de nuevos criterios y posturas vinculantes de los Estados miembros, de modo que haya control de su uso y no abuso.
Puesto que esta Directiva reviste claramente una gran importancia, afecta al mercado laboral y a la economía y tiene una repercusión directa en las vidas de millones de trabajadores europeos y, a la vez, en las empresas y la economía de Europa, necesitamos realizar consultas reales y amplias con todos los organismos implicados y, por supuesto, con los interlocutores sociales, como ya hemos dicho.
Nuestro objetivo es que este procedimiento nos conduzca a un mejor marco legislativo que tenga en cuenta las consecuencias reales para el mercado de trabajo y que sirva para lograr el objetivo básico de la Directiva, que es proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Creo que el Parlamento tiene la primera palabra en este proceso de consulta.
El informe es de plena actualidad y muy importante. Deseo asegurarles que representa la base de las preparaciones y, por supuesto, es solo el primer debate y acercamiento de la Comisión con el Parlamento. En los próximos meses tendremos la oportunidad de realizar debates e intercambios de opinión constantes, de modo que podamos tener en cuenta todas las posturas particulares. 
Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisaria y agradeciéndole sus sabios, prácticos y útiles comentarios de hoy y también el informe de la Comisión, que hace gala de un equilibrio excelente. No pretendo faltar al respeto al ponente, y espero que me perdone por decir que no puedo realizar los mismos comentarios sobre su informe. Como sabe, junto con el Grupo ELDR casi conseguimos derrotarlo en comisión, pero prácticamente ninguna de nuestras enmiendas fueron aceptadas. Pero ganaron muy a duras penas, y si hubiéramos tenido éxito nosotros, no tendríamos que molestar ahora a la Cámara. Ni que decir tiene que vamos a presentar de nuevo estas enmiendas, y esperamos que toda la Cámara las apruebe en la votación del miércoles.
Lo triste del informe es que esencialmente expresaba con claridad que no debería haber ninguna posibilidad de y que el Reino Unido debería ser llevado ante los tribunales por supuestos abusos, como diciendo: ya he tomado una decisión, no me confundan con los hechos.
Quisiera compartir algunos hechos con la Cámara esta tarde. El de la Directiva del tiempo de trabajo es voluntario: nadie puede estar obligado jurídicamente a firmar un , y es importante conceder a las personas la flexibilidad de trabajar más horas y ganar una paga extra si así lo desean. Las investigaciones en el Reino Unido indican que 2,5 millones de personas sobrepasan el número máximo de horas de trabajo estipulado en la Directiva, pero a dos tercios les pagan las horas extras, con lo cual saldrían perdiendo si se eliminara el . Es verdad que algunos trabajadores querrían trabajar menos horas, pero no si el recorte de horas significa una merma del salario. Más de siete de cada diez de aquellos que trabajan más horas han dicho que no querrían trabajar menos horas si ello conllevara un salario menor. No hay pruebas de que la salud y la seguridad se vean comprometidas en cualquiera de estas circunstancias.
Ahora quisiera hablar brevemente del informe de Barnard, Deakin y Hobbs, al que el ponente se ha referido. Ha afirmado que, según las conclusiones del informe, se han cometido abusos a escala masiva. Tengo que decir que las conclusiones no dicen nada de eso. Fue interesante que cuando salió a la luz el informe de la Comisión, había un artículo en el del martes, 6 de enero, cuyos autores eran Catherine Barnard y Simon Deakin, que mostraban sorpresa por el modo en que se había malinterpretado su informe.
Quisiera citar tres breves párrafos. «Es cierto que desvelamos pruebas de algunos abusos del sistema de . A veces el se presentaba como una condición estándar del contrato para el personal nuevo, que tendrían que tomar medidas positivas para evitar. Pero esto no era lo usual. Lo que era sorprendente era el hecho de que por cada empleado que se sentía presionado a realizar un , encontramos otros que querían el derecho a elegir las horas que trabajaban y qué salario, condición y satisfacción laboral obtenían a cambio (...). Descubrimos rápidamente un hueco entre la retórica en torno a la reducción de las horas de trabajo y la realidad de la vida laboral para muchas personas. En un ejemplo que nos describieron, los trabajadores de la industria tabacalera podrían perder cientos de libras esterlinas a la semana de paga extra si se limitaran a trabajar 48 horas.»
Afirman en el párrafo final que «una prohibición total de las horas largas sería poco factible en muchas empresas y sectores o simplemente se ignoraría.»
Estos son los hechos, no como los ha presentado el ponente.
Por lo tanto, la conclusión tiene que ser que el debe permanecer, y los abusos, si existen, deben desaparecer. Espero que los diputados de todas las partes de la Cámara puedan apoyar esto.
Por último, mencionaré las sentencias SIMAP y Jaeger. Son cuestiones importantes que deberíamos abordar, y nuestras enmiendas deberían intentar centrarse en estas cuestiones, porque tenemos que tratar de resolver los clarísimos problemas planteados por el Tribunal de Justicia.
En conclusión, sé que en el acta de septiembre los diputados laboristas del Reino Unido dijeron que votaron unánimemente en contra del mantenimiento del , pero nunca es tarde para arrepentirse. Todavía albergo la esperanza de que el miércoles voten con nosotros en interés tanto del empleo como de los empleados. 
Hughes (PSE ).
   – Señor Presidente, felicito al ponente por su excelente trabajo sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Tal y como ha dicho la Comisaria, se trata de una cuestión que afecta a todos los trabajadores y a todas las familias de la Unión Europea. Sin embargo, aunque entiendo que los Comisarios a título individual no siempre consiguen lo que quieren y cuando lo quieren, me desilusiona la manera en que la cuestión del tiempo de trabajo ha sido abordada por la Comisión en su conjunto. Ha tenido diez años para preparar y elaborar propuestas sobre el funcionamiento de las derogaciones sobre el y la anualización; la revisión y la comunicación se solicitaron claramente para noviembre de 2003 e increíblemente, la Comisión todavía consiguió incumplir el plazo.
Cuando llegó la comunicación, francamente, apenas valía el papel en el que estaba impresa. Es un documento flojo y no señala con claridad la mejor orientación de la acción. En mi opinión no debería permitirse que fuera un instrumento adecuado para la apertura de la primera fase de consultas entre los interlocutores sociales conforme al procedimiento previsto en el artículo 138. Espero que los interlocutores sociales aclaren esto.
También, cuando la Comisión consiguió elaborar la comunicación, estaba siendo bombardeada por notificaciones de los Estados miembros de que empezarían a utilizar el en sus sectores sanitarios en respuesta a las sentencias SIMAP y Jaeger. Sin duda, algunos Estados miembros estaban siendo oportunistas a este respecto, pero la Comisión había tenido tres años para responder a SIMAP; por tanto, su inactividad podría llevar a la neutralización de un acto central de la legislación de la Unión Europea relativo a la salud y seguridad. En nuestra opinión, la extensión universal del uso del no es la respuesta a SIMAP y Jaeger. Queremos acciones rápidas y específicas por parte de la Comisión en respuesta a estas sentencias, y después tiempo para revisar otras disposiciones de la Directiva original.
En cuanto al modo de resolver estas dificultades, podríamos considerar los acuerdos entre interlocutores sociales o especificar de nuevo mecanismos que se han establecido en ciertas partes de la Unión Europea para tratar las implicaciones de estos casos. O podríamos considerar el tipo de definición que adoptamos para abordar el caso de conductores de relevo y trayectos nocturnos de transbordadores de pasajeros al tratar el tiempo de trabajo para los conductores. Al igual que el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, se incluyó la noción de períodos de disponibilidad.
De modo más general, personas como el Sr. Bushill-Matthews me dicen constantemente que el es esencial para conceder a las empresas la flexibilidad necesaria para funcionar. Entonces es extraño, en mi opinión, que hasta hace poco solo un Estado miembro usara el los otros se las arreglaban bien y todavía se las arreglarían en sus sectores sanitarios si no fuera por las sentencias SIMAP y Jaeger. Lo cierto es que la Directiva es flexible. Unos mecanismos más flexibles se aplican a toda una gama de ocupaciones y actividades, y los períodos de referencia son generosos. Personalmente también estaría encantado de plantearme si la anualización del tiempo de trabajo podría convertirse en una opción más realista en todos los Estados miembros.
En general, el Grupo Socialista es de la opinión de que un en una directiva de salud y seguridad es un sinsentido peligroso. Esta posibilidad se previó por razones puramente políticas hace diez años, y desde el principio fue una mala idea. Un generalizado es malo para el bienestar de los trabajadores, malo para un equilibrio adecuado de la vida laboral, perjudicial para los esfuerzos por animar a las mujeres a volver al mercado laboral y, tal y como demuestran las estadísticas, de ningún modo útil para mejorar la productividad. No es la orientación que debe siquiera plantearse seguir una Unión decidida a convertirse en la economía más dinámica del mundo basada en el conocimiento.
Así que de ningún modo me arrepentiré y con seguridad no me uniré al Sr. Bushill-Matthews el miércoles. 
Lynne (ELDR ).
   – Señor Presidente, me complace que la Comisión presentara el documento de consulta. Sin embargo, habría sido útil presentarlo antes de que el Sr. Cercas redactara el informe, aunque me complace que hayamos podido presentar enmiendas orales. No obstante, esta no es la manera ideal de trabajar, y me gustaría dejar constancia de ello.
He presentado una serie de enmiendas, muchas de ellas junto con el Grupo del PPE-DE y algunas de cosecha propia. El punto principal –y me complace que la Comisaria lo haya mencionado– es que el individual debería mantenerse, pero debería ser verdaderamente voluntario, y deberían tomarse medidas para tratar cualquier abuso. Pero tal y como ha dicho el Sr. Bushill-Matthews, ese abuso no está tan extendido en el Reino Unido como el ponente nos lleva a pensar. De hecho, como el Sr. Bushill-Matthews y el ponente han repetido, los autores de la investigación –Barnard, Deakin y Hobbs– afirmaron que el abuso estaba extendido. Estas personas se han distanciado de lo que usted ha escrito en su informe, y de hecho se distanciarían de su declaración de hoy.
En respuesta al comentario del Sr. Hughes, una de las razones del mantenimiento del es que en el Reino Unido no tenemos convenios colectivos. Ese es uno de los motivos principales de que utilicemos el . Otros Estados miembros utilizan las derogaciones porque tienen convenios colectivos. Las decisiones pueden tomarse entre las dos partes del sector: los sindicatos y los empresarios se reúnen y deciden lo que quieren hacer respecto a la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Pero ya que no tenemos eso –al menos no en gran medida–, necesitamos flexibilidad para que nuestras empresas puedan hacer frente a los problemas.
Los salarios no son competencia de la Unión Europea ni deberían serlo. No deberíamos estar discutiendo sobre las pagas. Pero los trabajadores del Reino Unido tienen salarios bajos, a pesar de que tenemos un salario mínimo nacional. Con bastante frecuencia añaden a la paga normal que llevan a casa las horas extras. Si nos deshacemos del , habrá muchos casos de trabajadores que no puedan realizar horas extraordinarias y por tanto no obtendrán unos ingresos razonables. Tampoco somos el único país que lo utiliza: Alemania, Francia, los Países Bajos, España y Luxemburgo lo están utilizando o lo van a utilizar en el sector sanitario o la restauración.
Otro problema es la duración del período de referencia. El turismo y la agricultura tienen un problema particular debido a sus distintas pautas de trabajo y debido al tiempo trabajado al año. La Comisión también debe considerar las sentencias SIMAP y Jaeger. Es muy importante que lo hagamos respecto a la sanidad y presentemos propuestas.
Espero que mañana se nos una un número suficiente de diputados en la votación, especialmente aquellos diputados laboristas que votaron en contra de nosotros en comisión y en contra del Gobierno laborista del Reino Unido. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, como todos sabemos, esta Directiva de 1993, que establece las condiciones mínimas que rigen la organización del tiempo de trabajo, con el objetivo de garantizar un alto nivel de salud y seguridad a los trabajadores, tendría que haberse incorporado a las legislaciones nacionales antes de 1996, estableciendo la posibilidad de derogación limitada. Pero lo cierto es que varios Estados miembros han empleado y abusado de estas derogaciones y no han cumplido las disposiciones contenidas en ella, especialmente el límite superior de tiempo de trabajo en sectores como la salud, la hostelería y la restauración. Una vez más, ahora que el plazo de siete años ha vencido, lamentamos que la Comisión no haya dado ninguna indicación clara de cómo se resolverán los problemas que han surgido.
De ahí mi aprobación de la mayoría de las propuestas contenidas en el informe del Sr. Cercas, y en concreto la referente a una Directiva modificada que resuelva los problemas existentes, además de garantizar un mayor nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Asimismo, acojo con satisfacción el estudio comparativo sobre las repercusiones que tienen las largas jornadas de trabajo en la familia y en la salud, así como el efecto en ambos géneros. Una propuesta que también valoro es la disposición relativa a la protección de los trabajadores autónomos y otros cuya seguridad se ve en peligro por el agotamiento que les producen sus largas jornadas laborales.
El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en varios casos y ha concluido que el tiempo de guardia en régimen de llamadas es tiempo de trabajo, confirmando así el principio fundamental de que el tiempo que no está totalmente a disposición del trabajador por compromisos laborales debe considerarse tiempo trabajado. Felicito al Sr. Cercas por el trabajo que ha realizado y, como dice en su informe, se deben desechar las derogaciones en forma de cláusulas de individual y tratar de reducir las presiones y eliminar los abusos que deterioran la vida familiar.
Mi grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, ha presentado propuestas que nos permitiría ampliar estos derechos un poco más. Hemos pedido una revisión de la Directiva, inicialmente reduciendo el máximo de la semana laboral de 48 a 42 horas; y su reducción gradual a 36 horas en los próximos siete años. Esperamos que con esto se consigan mayores reducciones en el tiempo laboral y una redistribución del trabajo en los Estados miembros, que son formas eficaces de conciliar la vida familiar y profesional, de favorecer la igualdad de derechos para la mujer y de combatir el desempleo.
Por último, me parece deplorable que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos insista en menospreciar el informe aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, algo que solo sirve para demostrar que ellos están totalmente satisfechos de perpetuar una situación que perjudica la protección eficaz de la salud y seguridad de los trabajadores. Por tanto, tengan por seguro que votaremos en contra de dichas propuestas, tal como hicimos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Bouwman (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque nos hemos mantenido a flote en aguas algo agitadas, creo que hay que decir que el debate está siendo dominado por algunos oradores del Reino Unido. Eso es algo a lo que no estamos del todo desacostumbrados y a lo que me referiré en breve.
Comenzaré dando las gracias a nuestro ponente por su excelente informe. Todo el mundo sabe que las votaciones en nuestra comisión fueron muy estrechas y que se podría haber obtenido un resultado distinto, por lo que la Comisión es consciente de los diferentes puntos de vista que existen en esta Cámara. Por eso hemos examinado cada uno de ellos con detenimiento. Este informe de propia iniciativa era necesario. De hecho, deseábamos hablar sobre enmiendas a la Directiva que, en mi opinión, son sin duda alguna muy necesarias. Les explicaré más adelante las razones de ello.
Para estar segura, la Comisión se ha tomado su tiempo y en este aspecto apruebo los comentarios del Sr. Hughes acerca de la Comunicación que nos han presentado. El material que nos han entregado y el estudio publicado son esclarecedores, pero no normativos. Quienes, entre los presentes, hayan seguido este asunto durante cierto tiempo, saben en realidad de qué va todo. No obstante, me parece que debemos culpar a los Estados miembros en lugar de la Comisión. Algunos Estados miembros se han ocupado de poner en práctica tácticas de demora para obtener el apoyo temporal de los otros dentro de un tiempo, como el apoyo de los países candidatos, que también pueden ser partidarios de debilitar la necesaria regulación. Por otra parte están, naturalmente, las empresas y, sobre todo, todos los grandes grupos de presión que existen en la actualidad. Tan solo el pasado jueves durante el almuerzo, el Ministro de Seguridad Social británico me llamó por teléfono para preguntarme qué demonios estaba haciendo al apoyar unas cuantas enmiendas pertinentes. Realmente me parece que eso es ir demasiado lejos. Me complace que quisiera contactar conmigo, pero no hago tratos mientras como, especialmente porque en este caso significaría ignorar los problemas que ya existen.
Comenzaré con la opción de exclusión individual general u . Debemos preguntarnos si deseamos en Europa unos derechos sociales mínimos, sobre todo en cuestiones de gran actualidad, cuando hasta la propia OIT dijo –creo que en 1919– que con 48 horas es suficiente. ¿Queremos unas normas mínimas? ¿Queremos que estas normas supongan los medios para proteger la seguridad y la salud, o queremos acercarnos a una situación que poco a poco está tomando forma y que describiría como competencia en materia de política social entre los Estados miembros? Por el momento, de todo eso se trata.
Permítanme que les ponga un ejemplo. Por el momento –y el Consejo de Ministros neerlandés está también representado aquí– se están manteniendo conversaciones en los Países Bajos sobre el ajuste de la legislación neerlandesa en cuanto a la jornada laboral siguiendo las líneas del régimen mínimo europeo. Esto quiere decir que también en los Países Bajos se ha propuesto que las 60 horas no sean ya un tema para consulta, sino una norma. Eso es, desde luego, ir muy lejos. Sé que se está debatiendo este asunto en otros países también y no creo que lo podamos dejar en manos de los interlocutores sociales. En esta cuestión, debemos pedirles consejo, pero sin que sea determinante como proponen algunas de las enmiendas referidas a este punto.
Me referiré brevemente a los trabajadores de guardia en régimen de llamadas, un problema que debemos tratar de resolver. Aunque me agradan las propuestas de la Comisión, aún queda mucho por hacer; no solo respecto a los médicos, sino también a los bomberos, entre otros servicios. Se trata de un tema que está generando mucha polémica en algunos Estados miembros. En lo que a mí respecta, tenemos que tratar con rapidez y sin ambigüedades todos y cada uno de ellos. Ruego encarecidamente a los irlandeses y neerlandeses que presten toda su atención a este problema tan peliagudo que, en lo que le queda de mandato a este Parlamento, probablemente no volveremos a debatir como una Directiva modificada.
Titford (EDD ).
   – Señor Presidente, siempre he considerado que esta Directiva representaba una violación de los derechos de los trabajadores a trabajar las horas que deseen, pensando que es un derecho inalienable de la persona elegir el equilibrio propio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio.
La legislación estaba mal concebida y no tomaba en consideración las dificultades experimentadas por los pequeños empresarios y por muchas profesiones. Es esencial que se mantenga el , especialmente para ciertas ocupaciones. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de la Salud no podría funcionar sin la disposición del dedicado personal médico y de enfermería a trabajar muchas horas. A este respecto es imperativo eliminar las reglas amañadas que dicen que un médico está trabajando cuando duerme simplemente porque, técnicamente, está de guardia; pero en fin, el sentido común no es una capacidad que este Parlamento utilice con frecuencia.
El actual está abierto a todos los Estados miembros. El hecho de que Francia, Alemania y los Países Bajos estén siguiendo ahora el ejemplo del Reino Unido y lo apliquen a las profesiones médicas sirve para demostrar que la posición que el Reino Unido siempre ha tomado es la posición práctica.
Con la ampliación a la vuelta de la esquina, hay que considerar el modo en que esta Directiva afectará a los mercados de trabajo individuales de los nuevos países. Según mi experiencia, cuando visité Malta el año pasado, el tema principal para todos los partidos políticos era la Directiva sobre el tiempo de trabajo. La mayoría de las personas en Malta trabajan más de 48 horas a la semana y tienen que hacerlo en su propio beneficio y en el de la economía de la isla.
Todos los Estados miembros necesitan flexibilidad para organizar su propio tiempo de trabajo. La Unión Europea debería reconocer esto y devolver esta responsabilidad a los Gobiernos nacionales. 
Pronk (PPE-DE ).
   – Para tranquilizar al Sr. Titford, diré que el Gobierno neerlandés no está siguiendo el ejemplo del Reino Unido, sino que está tratando de resolver otro problema, que también nos preocupa hoy aquí. Por un lado, es muy irritante que esta Cámara se esté convirtiendo virtualmente en una especie de Cámara de los Comunes, ya que estamos prestando atención únicamente a problemas que no son ni siquiera propios del Reino Unido, sino específicamente ingleses. Evidentemente, esto se hace muy aburrido, sobre todo para los participantes de este debate que no proceden de dicho país. Existe además un segundo aspecto problemático, los casos judiciales referidos anteriormente: el caso Jäger y otros. En este aspecto, estoy convencido de que la Comisión no ha mostrado suficiente capacidad de liderazgo. Tendría que haber sido evidente que la combinación de la interpretación de estos actos jurídicos y la existencia del crearía dificultades y perjudicaría a los objetivos de la Directiva. Se esperó mucho tiempo y se dieron respuestas totalmente inapropiadas sobre la posible solución. Esto sin mencionar otros aspectos como, por ejemplo, las personas que piensan que también pueden utilizarlo para sus propios fines al crear más dificultades, algo contrario a lo que pretendía la Directiva. Eso puede suceder en cualquier momento y ese es el punto en el que todo empieza a desmoronarse. 
Aquí es donde mi opinión difiere de la de otros muchos, ya que creo que debemos actuar con rapidez. La realidad es que debemos darle prioridad a las cuestiones que son relevantes para los hospitales, los bomberos y otros servicios importantes no solo para el Reino Unido; entonces podremos hablar sobre el . Por el momento, todavía este punto no queda lo bastante patente en nuestro informe ni en las declaraciones de la Comisión. Lo único que se está haciendo es plantear distintas opciones, lo que parece indicar que aún nos queda un proceso muy largo por delante, aunque también podría ocurrir que todos los Estados miembros a la vez decidieran aprovecharse del , así que nunca se sabe lo que va a suceder.
En conclusión, opino que el es siempre una muestra de fracaso, de la incapacidad de resolver del todo las cosas, que es también el problema de fondo que se nos plantea hoy. Sigo creyendo que debemos buscar alternativas al , pero no podemos decir que no podemos librarnos de él si no se ofrecen otras alternativas. Si no existen otras alternativas, no se puede decir que el es perjudicial. Por el contrario, se tiene que decir: «el es perjudicial, pero aquí están las alternativas». Esa es la dirección en la que tenemos que trabajar con el informe. En las futuras consultas tendremos que aspirar a eso, claramente. Pero primero tenemos que llenar la laguna que existe en la Directiva lo antes posible, o donde los Estados miembros piensan que se encuentra. De esta forma tendremos el apoyo de todos los Estados miembros, con la excepción del Reino Unido, aunque estoy seguro de que también estarán los Estados miembros de la Europa Oriental. Y entonces podremos pasar a la última parte del segundo . 

Weiler (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero referirme a algunos de los comentarios realizados por los oradores que me han precedido acerca de la necesidad que tienen las empresas de libertad, margen de maniobra y productividad. Lo que estamos debatiendo aquí no es la regulación de semanas de 35 ó 38 horas, sino la posibilidad que existe en algunos Estados miembros de trabajar 55 o más horas a la semana. Tengo que decir que esta técnica del me parece totalmente absurda. Ese número de horas recuerdan al siglo XIX; estoy convencida de que la productividad de nuestras empresas no depende de ello y que no nos convertirá en la región económica más eficiente y moderna de Europa. Lo que más importa a casi todas las empresas son las opciones disponibles para los tiempos de actividad y funcionamiento de la maquinaria, en lugar de prolongar innecesariamente el tiempo de trabajo. Las empresas están interesadas en adoptar formas modernas de organización del trabajo. De hecho, Alemania constituye un buen ejemplo de cómo se puede involucrar a los interlocutores sociales en la creación conjunta de tipos modernos de empleo, organización del trabajo y tiempos de trabajo.
Puedo añadir que esto es lo que nos ha permitido ser líderes en el campo de la exportación.
Asimismo, debo decir que las cifras, datos y tiempos que estamos discutiendo hoy no parecen tener en cuenta la posibilidad de que los trabajadores tengan algo como familia e hijos. Después de todo ¿quién puede estar fuera de casa 48, 55 o más horas a la semana? Debo recordarles que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo tenía entre sus objetivos servir de instrumento para conciliar la vida laboral y familiar.
El Sr. Pronk ha hecho una afirmación muy acertada sobre el : que ha fracasado. Si hubiera sido una derogación con un plazo limitado, no se podría haber dicho nada en contra de este concepto. Pero ya hay varios países que desean adoptar el modelo británico y es lamentable que entre ellos se encuentren Alemania, los Países Bajos, España y la mayoría de los países candidatos que se nos unirán el 1 de mayo.
Dudo que la señora Comisaria haya constatado a menudo tanta aprobación pública como han recibido las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia en relación con los médicos de los hospitales. Por este motivo es fundamental que contrarrestemos cualquier tendencia que surja para devolver estas cuestiones de nuevo al ámbito nacional. Se trata de un ámbito en el que la política social europea está sometida a escrutinio, como lo están las normas europeas garantizadas, ya que si permitimos que estos asuntos vuelvan a transferirse al ámbito nacional, pueden estar seguros de que lo mismo sucederá en muchos otros casos durante el mandato del próximo Parlamento.
Para cortar de raíz este tipo de situaciones, queremos el marco jurídico preciso que nos han prometido. Estamos contentos de seguir adelante con esto, ¡pero no dejemos que haya una marcha atrás! 
Schmid, Herman (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, hace aproximadamente cien años que el movimiento obrero en Europa exigió un tiempo de trabajo obligatorio establecido por ley. Entonces se pidieron ocho horas de trabajo, ocho horas de tiempo libre y ocho horas de sueño. Poco a poco se fue aplicando ese programa. Fue importante en muchos aspectos, ya que significó que las empresas dejaron de competir en horas trabajadas. En su lugar, tuvieron que competir en otros aspectos. También significó que los trabajadores recibieron protección y la sociedad, un marco fijo para el trabajo, los estudios, el ocio y otras actividades.
Me ha escandalizado realmente que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, junto con otros grupos políticos, parece que quiere romper con esta tradición y volver a la situación que existía hace cien años, cuando un sistema de valores voluntario prevalecía en el mercado de trabajo. He observado que no se habla de acuerdos voluntarios entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores, pero sí de acuerdos voluntarios entre trabajadores individuales y empleadores individuales. Se trata de un paso atrás totalmente incomprensible. No comprendo cómo alguien puede argumentar de esa forma o presentar una propuesta en esa dirección. Me parece una irresponsabilidad temeraria que generará luchas y conflictos en los mercados laborales. En un mercado laboral tan expuesto a la competencia, se llegará a una situación en que las personas se verán obligadas a aceptar trabajos en las condiciones que les impongan. Llámenlo voluntario o involuntario, pero el hecho es que, en un mercado laboral expuesto a la competencia, las personas tendrán un valor de mercado predeterminado. Tendrán que aceptar lo que se les ofrezca. Las cosas así no son voluntarias.
Como muchos han apuntado, la vida familiar también se verá afectada. Los padres se verán obligados a trabajar con un horario difícil de compatibilizar con la vida familiar y el cuidado de los hijos. Quiero añadir también que todos nosotros, como consumidores, nos veremos afectados. No se ha hecho demasiado hincapié en este punto: corremos el peligro, por ejemplo, de sufrir daños cuando un cirujano agotado nos opere o que nos atropelle un camionero que se ha quedado dormido al volante. Todos somos víctimas del estrés y de la presión en el trabajo. Sería mucho mejor para todos que decidiéramos poner fin a estas exclusiones obtenidas por el Reino Unido cuando se aprobó la Directiva. De hecho, eran contrarias a la regla de la competencia en igualdad de condiciones. Actualmente las empresas de otros países opinan que, si el Reino Unido puede recurrir al , ellos quieren hacer lo mismo. El resultado de todo ello será la excepción convertida en regla. No podemos aceptar algo así. Debemos, por tanto, poner freno a esta situación y dar un giro en la dirección opuesta. Tenemos que eliminar la opción del «» del Reino Unido y encontrar otras formas de resolver estos problemas de flexibilidad, ya que no podremos resolverlos con éxito sin una legislación laboral que pueda aplicarse por igual a todos. 
Lambert (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe y la consulta pública de la Comisión sobre el mismo. Para quienes estén interesados, los detalles están en la página web.
Si somos sinceros, todos conocemos los problemas que ocasionan las largas horas de trabajo para la salud y seguridad, la productividad y las relaciones sociales, tanto para el individuo como en el seno de su familia. Por ejemplo, una serie de Estados miembros están muy preocupados porque se deja a los niños sin el cuidado adecuado de un adulto mientras sus padres y cuidadores están trabajando. Sabemos que la cultura de las «horas largas», por la razón que sea, trae consigo presión, estrés y crisis nerviosas potenciales.
Me encuentro en la interesante situación de estar de acuerdo con el Sr. Hughes esta tarde, y sin duda con la mayor parte de lo que ha dicho el Sr. Pronk sobre la posibilidad de resolver la cuestión de las guardias, entre los interlocutores sociales, en varios sectores y por otras vías. La cuestión de quién posee tu tiempo, quién lo controla, quién dice dónde tienes que estar en qué momento, es una cuestión clave en cuanto a la decisión de si estás o no estás realmente en el trabajo.
En cuanto a la dedicación de los médicos, sí, hay una dedicación enorme, pero no me siento segura en manos de un médico que ha estado de guardia durante 72 horas y se tambalea de cansancio mientras intenta decidir cómo tratarme. Hablo por experiencia propia.
Se nos dice que muchas personas quieren trabajar más horas porque les encanta su trabajo, como a todos nosotros. Bien. Pero también reconocemos que hay más cosas en la vida aparte del trabajo remunerado. De nuevo vemos en ciertos países un descenso del trabajo voluntario, por ejemplo, con todas las repercusiones que tiene para la sociedad en general.
También se nos dice que necesitamos mayor flexibilidad para que las personas puedan realizar horas extras y ganarse un sueldo para vivir. Si esto ha de hacerse de forma regular, sostengo que hay un problema con el salario básico pagado, más que con el derecho a continuar las horas extras obligatorias. Todos conocemos las presiones que ejercen los equipos para asegurar que realizas esas horas extras, quieras o no.
Mucho de lo que se ha debatido me suena a veces a discriminación de género: la gente sostiene que no existe porque nunca la han experimentado. Parte de esto es la cuestión de si la gente tiene o no la oportunidad real de elegir, digamos en el Reino Unido con su , si trabajan más horas o no.
Conocemos la enorme presión que los empresarios ejercen sobre las personas, con métodos de trabajo, producción «justo a tiempo», mediante todo un conjunto de cosas como la cultura machista del trabajo que dice que no tienes dedicación en tu trabajo si no estás en él a las 8 de la mañana y no te quedas hasta las 10 de la noche. Estoy segura de que parte del personal de este Parlamento reconocerá esa sensación.
La cuestión de la flexibilidad tiene que ver con quién toma esa decisión. Estaría más contenta con muchos de los argumentos del Reino Unido si pensara que realmente había un esfuerzo concertado por parte del Gobierno del Reino Unido por aplicar las reglas. Pero no veo prueba alguna de esto y tampoco es lo que oigo reunión tras reunión. 
Andersen (EDD ).
    Señor Presidente, la Comisión ha elaborado un proyecto de modificación de una Directiva relacionada con el mercado laboral de la UE.
El propósito de la Directiva original era, aparte de las consideraciones sobre salud y seguridad, proteger a los trabajadores contra jornadas laborales excesivamente largas, estableciendo la duración máxima del trabajo en 48 horas semanales. La Directiva, sin embargo, posibilita que el trabajador, con su firma, permita que ese máximo de 48 horas semanales sean solo el cómputo medio de todo el año. Las empresas disfrutan así de mayor flexibilidad a costa del bienestar de los trabajadores. Desde que se aprobó la Directiva, este punto ha hecho que, por ejemplo, millones de británicos hayan aumentado su tiempo de trabajo a más de 48 horas a la semana. Se trata de una manera equivocada de organizar la legislación sobre el mercado laboral. La Directiva apoya el principio de los contratos individuales, que es contrario al modelo de convenio colectivo que existe en Dinamarca. Los daneses apoyan considerablemente el modelo nacional según el cual, por ejemplo, el tiempo de trabajo y las condiciones salariales se establecen a través de negociaciones libres entre sindicatos independientes y asociaciones de empleadores. Los trabajadores votan para aceptar o rechazar las condiciones de trabajo.
La Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo es un ejemplo de la necesidad que tiene la UE de dejar la política del mercado laboral en manos de los Estados miembros. El principio de proximidad se tiene que tomar en serio. Por desgracia, nos encontramos en una situación en que la UE ya ha legislado en este ámbito. El informe sobre la revisión de la Directiva propone llenar las lagunas que existen en ella y que las empresas han aprovechado para explotar los injustos contratos individuales. En la práctica, las empresas han presionado en muchos casos a los trabajadores para que aceptaran jornadas de trabajo más largas. Esta individualización es inaceptable como base para acuerdos en el mercado de trabajo.
Para concluir, por tanto, vamos a votar a favor del informe del ponente y en contra de la mayoría de las numerosas enmiendas presentadas. 
Pérez Álvarez (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, estamos ante un informe que me parece de profundo calado social, jurídico y político.
Y ello porque la realización del mercado interior debe llevar a una mejora de las condiciones de trabajo, porque la Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los ámbitos de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, como reza el artículo 137 del Tratado CE, y porque todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo, a períodos de descanso diarios y semanales, y a un período de vacaciones anuales retribuidas, así como a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, como proclama la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La cuestión es muy simple, por lo tanto, en un planteamiento teórico. El primer aspecto es el de los períodos de referencia para la aplicación del artículo 6 (duración máxima del tiempo de trabajo semanal): cuatro meses, como fija el artículo 16 de la Directiva, o, en su caso, posibilidades de alargamiento en los supuestos previstos en el artículo 17: hasta seis y doce meses si se hace mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales. El segundo aspecto es la facultad de no aplicar el artículo 6 si el trabajador da el visto bueno, es el sistema del , como aquí ya se ha dicho.
Evidentemente, la ampliación de los períodos de referencia tiene la consecuencia de ampliar la flexibilidad otorgada a las empresas. El único límite serían así las once horas de descanso diario o las veinticuatro de descanso semanal, pero la Directiva estaría perdiendo su fin para pasar a regular solo la duración máxima del trabajo cuatrimestral, semestral o anualmente, según los casos.
En cuanto al , la posibilidad de abuso es evidente, sobre todo ante la situación de igualdad jurídica pero no de igualdad económica entre las partes protagonistas de la vida laboral.
La Directiva 93/104/CE está destinada a garantizar un mejor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tal como se ha reiterado en la propia Directiva 2000/34/CE. Será preciso, por lo tanto, buscar soluciones eficaces para los supuestos y actividades que así lo exijan, como los que se contemplan en las sentencias aquí citadas, Simap o Jäger, pero con criterios o condicionamientos objetivos, con usos con carácter general y no abusivos; en todo caso, no convirtiendo la excepción en la regla general.
Por eso, en mi opinión, creo que deberíamos buscar antes de la votación acuerdos que encajaran las garantías jurídicas de los trabajadores con la flexibilizacion, dentro del espíritu de la Directiva 93/104/CE.
Moraes (PSE ).
   – Señor Presidente, ha habido una serie de referencias a nosotros, los diputados laboristas británicos. Reconocemos claramente la importancia de esta cuestión para nuestro Grupo político y para los trabajadores, en particular la cuestión del equilibrio entre trabajo y vida, la salud y la seguridad. Esto lo han afirmado y comentado elocuentemente una serie de oradores. No queremos ver una cultura de horas largas; queremos ver una mayor productividad. Queremos que los trabajadores tengan el tipo de trabajo que les permita el ocio que se merecen. Apoyamos plenamente las repetidas declaraciones por parte de nuestro Gobierno en las que se afirma que no se debería abusar del y que el ejercicio del mismo debe ser auténticamente voluntario para ser legal de acuerdo con la ley del Reino Unido.
Necesitamos una aclaración sobre las sentencias SIMAP y Jaeger. Como diputados laboristas británicos, también creemos que no es de recibo que se abra un expediente de infracción al Gobierno del Reino Unido. Hemos presentado la enmienda 1, que suprime la recomendación de abrir un expediente de infracción contra el Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, creemos en el principio del tiempo de trabajo y queremos ver avances, especialmente en el sector sanitario. 
Patakis (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, las propuestas de la Comisión Europea sobre la duración del trabajo obedecen a las demandas de las empresas para que el tiempo de trabajo sea flexible. De este modo, podrán aumentar el nivel de explotación de la clase trabajadora y generar más beneficios para las grandes empresas.
Según estas propuestas, los trabajadores estarán a la disposición inmediata de las empresas siempre, cuando y durante el tiempo que estos deseen, sin cobrar horas extraordinarias, un hecho que el propio Tribunal de Justicia Europeo ha condenado.
De este modo se anulan los derechos básicos de los trabajadores: una jornada laboral fija, ocho o siete horas, cinco días a la semana. Los convenios colectivos se están dejando a un lado y se están ampliando los contratos a plazo fijo. Se están violando los derechos a estar asegurado y a las bajas normales, mientras se promueven unas relaciones laborales más flexibles.
Cualquier disposición positiva se contradice con las derogaciones planificadas y la aplicación de la cláusula del impuesta por el Reino Unido y que otros países también han utilizado. Con esta cláusula, los trabajadores se ven arrastrados bajo la presión de asegurarse un puesto de trabajo. Es una forma de esclavitud moderna remunerada, que obliga a un alto porcentaje de la clase trabajadora a trabajar una media de entre 48 a 70 horas semanales, con el deterioro de las condiciones de salud y seguridad y graves repercusiones para la salud mental y física de los trabajadores.
Somos partidarios de reducir el tiempo de trabajo, de introducir una auténtica semana de 35 horas con siete horas trabajadas al día, cinco días a la semana, de aumentar los salarios y de garantizar a todos los trabajadores en todas las empresas el respeto de sus derechos y su cobertura total en materia de seguros. Luchamos del lado de los trabajadores para acabar con el actual marco contrario a sus intereses y con las formas flexibles de empleo. 
Hermange (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quisiera destacar la importancia del texto que vamos a votar sobre la revisión de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, que habría debido tener lugar antes del 23 de noviembre de 2003, como ha señalado el Sr. Pronk, señora Comisaria. Por esperar demasiado nos encontramos ahora en esta situación. 
Recientemente, señora Comisaria, el Presidente Prodi nos presentó un documento titulado «Realicemos Lisboa». No podemos negar que hacer de Europa la potencia económica más dinámica del mundo requiere unas políticas eficaces que ayuden a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones de producción y a una competencia económica creciente, teniendo en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores.
Por esta razón, para adaptarse a las realidades del mercado, necesitamos evolucionar en un marco relativamente flexible. Dicho esto, la organización del tiempo de trabajo depende de una serie de factores, de las características propias de cada sector de actividad y de la profesión ejercida. Así, por ejemplo, para los trabajadores móviles del sector del transporte, hemos legislado ya en la materia, pero hemos reconocido y aceptado el concepto de flexibilidad para el personal conductor de vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas. Tenemos también cierto número de problemas en lo que se refiere a los trabajadores a domicilio o a las situaciones de trabajo que implican el acompañamiento de personas, pues aquí se mezclan con frecuencia vida privada y vida profesional. Este es el primer punto.
En segundo lugar, además de estas diferencias en función de los sectores, hay que recordar las características específicas de los sistemas nacionales de relaciones laborales. Algunos Estados miembros recurren a los convenios colectivos y a los contratos de trabajo para establecer la media del tiempo de trabajo, mientras que otros utilizan excepciones individuales para no someter a las limitaciones de tiempo de trabajo a los trabajadores que desempeñan, por ejemplo, funciones de supervisión. 
Evidentemente, estoy de acuerdo en que la Unión Europea debe adoptar unas prescripciones mínimas sobre la ordenación del tiempo de trabajo para garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero ¿no es necesario al mismo tiempo dejar a las empresas la posibilidad de reaccionar de forma excepcional ante distintas exigencias? Por esta razón, me parece, convendría matizar la opinión del ponente, aceptando, por ejemplo, como usted había propuesto inicialmente, señora Comisaria, la supresión gradual del , prevista en el artículo 18 de la Directiva, como contrapartida a la introducción en el proyecto de futura revisión de la Directiva de una excepción al artículo 6 destinada a permitir la consideración parcial de períodos de inacción. Esta sería, señora Comisaria, probablemente una solución transitoria que permitiría disponer de normas sociales mínimas y, a la vez, tener en cuenta los imperativos de cada rama.
Thorning-Schmidt (PSE ).
   – Señor Presidente, el fundamento de la Directiva relativa al tiempo de trabajo se está viendo erosionado. Se está ejerciendo presión desde dos frentes. Me refiero en primer lugar al individual. El señor Bushill-Matthews y la Sra. Lyme son grandes partidarios de ellas. Creo, sin embargo, que estamos obligados a preguntarles por qué, si el es tan fantástico, esta disposición no debe extenderse y aplicarse a toda la legislación sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo. ¿Por qué parar ahí? ¿Por qué no ir más lejos e incluir el ruido, el amianto u otros ámbitos si es un principio tan espléndido?
Sigue existiendo el malentendido de que el individual hace posible trabajar durante muchas horas. Quiero invitar al Sr. Bushill-Matthews y a la Sra. Lyme a que viajen por Europa y visiten algunos lugares de trabajo. Que vengan a Dinamarca, donde verán que de hecho se puede trabajar muchas horas en varias industrias danesas y, al mismo tiempo, cumplir la Directiva, por su gran flexibilidad.
Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar que de lo que estamos hablando es de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. No es simplemente algo que los socialdemócratas hayamos recalcado para ser oficiosos y excesivamente celosos, o para restringir la flexibilidad individual. Sabemos también que las estadísticas son claras respecto a sus consecuencias. Sabemos que hay una clara conexión entre las largas jornadas de trabajo y los accidentes laborales. Es más, en general se sabe que el número de días de ausencia por enfermedad está aumentando y que las largas jornadas laborales no equivalen realmente a una mayor productividad.
Tampoco podemos ignorar el hecho de que son las mujeres quienes se encontrarán en una situación difícil si simplemente ampliamos la jornada laboral, pues la consecuencia natural será que un gran número de mujeres quizá se retiren por completo del mercado laboral. Estoy segura de que el ala derecha de esta Cámara también piensa que eso sería muy desafortunado para la economía europea.
La segunda presión que sufre la Directiva relativa al tiempo de trabajo se deriva directamente del hecho de que la Comisión haya olvidado explicar lo que piensa hacer a tenor de las sentencias Jäger y SIMAP. Estas rígidas sentencias han provocado un clima de alarma entre las autoridades sanitarias nacionales y regionales que simplemente no pueden imaginarse cómo cuadrar las cuentas si tienen que pagar por igual las horas de disponibilidad.
Yo llegaría incluso a decir a la Comisión que, si no hace algo pronto y presenta alguna propuesta, ella misma contribuirá a dar la imagen de que la UE está alejada de la realidad y es incapaz de encontrar soluciones flexibles.
Necesitamos una revisión urgente de la Directiva para eliminar la cláusula del individual pero sin dejar de proporcionar flexibilidad allí donde se necesita; por ejemplo, en el sector de la sanidad. Le pido también al ala derecha que tome nota de que nadie está pidiendo una Directiva muy rígida. Todos queremos flexibilidad, pero, por supuesto, sin destruir los principios que sustentan la legislación en este ámbito.
Por último, quiero pedir que en la Directiva revisada se indique claramente que se puede aplicar a través de acuerdos colectivos. Digo esto no solo para hablar constantemente de las prácticas danesas, a las que el tiempo ha hecho honor, sino también porque este método de aplicación pone fin a las actuaciones individuales y, al mismo tiempo, permite una transposición de muy alto nivel de la Directiva. Por eso me parece una manera razonable de proceder, y por eso quiero pedir a la Comisión que declare expresamente en la Directiva que se puede aplicar a través de acuerdos colectivos. 
Lulling (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el ejercicio a que nos entregamos con la revisión de la Directiva de 1993 sobre la ordenación del tiempo de trabajo es interesante. Pero habría estado bien que no nos apartáramos demasiado, ni inútilmente, del objetivo contemplado, que es la posible modificación de la Directiva para garantizar un mayor nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.
Por desgracia, la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer es un ejemplo típico de ello, pues deja magistralmente de lado el objeto del informe.
Yo presenté una serie de enmiendas con vistas a suprimir del texto de esta opinión falsedades evidentes, según las cuales en la Unión Europea se estaría alargando en todas partes el tiempo de trabajo y en los Estados miembros se estarían imponiendo largas jornadas de trabajo, que tendrían efectos negativos sobre la salud, el bienestar y la alegría de vivir. Sin olvidarse de condenar al oprobio la pretendida cultura de largas jornadas de trabajo entre los profesionales de alto nivel y otros, en particular directivos.
Estas generalizaciones y falsedades no sirven a nuestro objetivo, que es mejorar el nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Para algunos aquí, una reducción masiva del tiempo de trabajo es la panacea que puede resolver todos los problemas. Dicho esto, estoy de acuerdo en que la Agenda de Lisboa, que se fija como objetivo una tasa de empleo de las mujeres del 60% de aquí a 2010, no puede realizarse sin lograr progresos previos en el ámbito de la conciliación entre vida profesional y cargas familiares; convengo asimismo en que es necesario un mejor reparto de las tareas domésticas y educativas entre las parejas y, en esta materia, los hombres deberían reaccionar, pues las mujeres siguen estando demasiado unilateralmente obligadas a asumir la doble carga del trabajo profesional, por una parte, y las responsabilidades familiares, por otra.
Lamento que mis esfuerzos por matizar las afirmaciones de algunos y restablecer la verdad no hayan complacido a la Comisión de Derechos de la Mujer, y lamento sobre todo que el ponente haya retomado algunas de estas falsedades, en particular la que hace creer que continúa alargándose la jornada laboral en la Unión Europea, cuando en la mayoría de los Estados miembros lo cierto es lo contrario.
Mi Grupo ha presentado infinidad de enmiendas para restablecer la verdad y la razón en este delicado asunto, en especial en contra de esos populistas que quieren hacer creer a los ciudadanos que, en Europa, pueden trabajar mucho menos para ganar mucho más que todos sus colegas de otras partes del mundo. 
Andersson (PSE ).
    Señor Presidente, deseo dar las gracias al ponente por haber elaborado un informe tan constructivo.
A veces, cuando escucho las intervenciones, tengo la impresión de que los aspectos relativos a la salud y la seguridad referidos al individuo –que, en términos estrictos, es de lo que realmente trata la legislación–, no son los más importantes. Si he de serle sincero, me asusta escuchar a los representantes británicos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Dicen que, en vista de que algunos trabajos están tan poco retribuidos, debemos permitir que los trabajadores trabajen más horas para compensar esos bajos salarios. ¿Qué es esto si no el modelo que existe en Estados Unidos, donde los ciudadanos necesitan a veces dos o tres trabajos para poder si quiera mantener a su familia? ¿Es eso lo que acordamos en el Proceso de Lisboa? Desde luego, tenemos que mantener la competitividad y el crecimiento, pero también unos objetivos sociales ambiciosos y la oportunidad de conciliar la vida familiar y la vida laboral. Estos principios, sobre los que hemos expresado nuestra opinión, son directamente contrarios a ese tipo de flexibilidad.
El problema es que la excepción se ha convertido en la norma en el Reino Unido. Nunca pretendemos que la excepción se convierta en norma, pero eso ya ha sucedido en dicho país. Si se extiende el , corremos el peligro de que los Estados miembros compitan para atraer la producción recurriendo a una jornada de trabajo más larga. ¿Es esta la Europa que queremos? ¿Una Europa que compita en su legislación social? No, yo no quiero una Europa así.
Creo también que necesitamos flexibilidad, como ha dicho la Sra. Thorning-Schmidt, aunque no considero el individual como una posibilidad. Piensen en la dependencia que tienen los trabajadores de sus empresas cuando tienen que negociar salarios y horarios de trabajo. La palabra «voluntario» no procede, digan lo que digan. Es mucho mejor implicar a las dos partes de la industria. Existen diferencias entre las distintas industrias y, en ocasiones, puede que algunas de ellas requieran algún tipo especial de acuerdo para conseguir flexibilidad y, al mismo tiempo, mantener los principios de salud y seguridad. Por lo tanto, recomiendo los acuerdos colectivos mediante los cuales se puede lograr esta flexibilidad.
No estoy a favor de la renacionalización, ya que tendría el mismo efecto. Significaría que los países tendrían que competir entre sí para atraer el capital disponible por no haber dado prioridad a la salud y la seguridad.
Queremos utilizar nuestro modelo europeo para estimular la competitividad pero, al mismo tiempo, queremos objetivos sociales ambiciosos y la oportunidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar. Adoptemos este modelo, para lo cual tendremos que eliminar el individual al tiempo que mantenemos la flexibilidad y un alto nivel de seguridad. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0013/2004) de la Sra. Flesch, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2003 (2003/2007(INI)). 
Flesch (ELDR ),
   . – Señor Presidente, los debates sobre este informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación se desarrollaron en un clima constructivo; a este respecto, quisiera agradecer a mis colegas las enmiendas que presentaron y que se incorporaron al informe, mejorando así la propuesta de resolución que se les presenta.
El hecho sorprendente del año 2003 fue sin duda que la Asamblea Paritaria pudiera recuperar un ritmo de trabajo normal tras la anulación de la sesión de noviembre de 2002 en las circunstancias que todos conocen. A este respecto, hay que celebrar especialmente el resultado de la misión del Copresidente ACP y de cuatro diputados ACP en Harare, que lograron convencer al Gobierno de Zimbabwe de que el jefe de su delegación en la Asamblea no fuera una persona objeto de las medidas restrictivas del Consejo. Hay que celebrar asimismo el compromiso personal del Copresidente ACP para que solo el jefe de la delegación de Zimbabwe hiciera uso de la palabra en la reunión de Roma. 
Aparte de este aspecto importante, merece la pena señalar seis puntos en relación con las actividades de la Asamblea en 2003. La entrada en vigor del nuevo Reglamento permitió estructurar mejor los debates. Durante la sexta reunión de Roma, la organización más informal del turno de preguntas a la Comisión dio buenos resultados e hizo posible un debate más animado. En 2003 pudieron organizarse y llevarse a cabo cuatro misiones conjuntas. El Foro de las Mujeres fue un éxito tanto en la 5ª reunión de Brazzaville como en la 6ª reunión de Roma. La cooperación entre la Asamblea Parlamentaria Paritaria y las Naciones Unidas se intensificó y mejoró mucho. Por último, se adoptaron dos informes importantes, uno sobre los derechos de los niños, y en particular de los niños soldados, y otro sobre la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo y el inicio de una reflexión sobre su inclusión en el presupuesto.
Para el futuro, señor Presidente, la Comisión de Desarrollo propone, en esencia, pedir a la Asamblea y a su Mesa que sigan organizando el turno de preguntas de forma que sea más informal y animado; que equilibren el orden del día de las sesiones y concedan más tiempo de palabra a los miembros de la Asamblea; que velen por una mayor continuidad entre las sesiones y que refuercen a tal fin la infraestructura de las comisiones permanentes; que mejoren la disponibilidad de los documentos, en particular mediante un mayor recurso a Internet; que desarrollen el papel de la Asamblea en la aplicación del diálogo político previsto en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú; que prosigan sus trabajos sobre los derechos humanos con una participación mayor de la sociedad civil; que materialicen el envío a Zimbabwe de una delegación paritaria libremente compuesta, que pueda desplazarse sin obstáculos y entrevistarse con quien desee; que desarrollen el papel de la Asamblea como foro de diálogo ante la Organización Mundial del Comercio; por último, que tengan en cuenta el deseo de los miembros de la Asamblea de que las reuniones que tengan lugar en Europa puedan celebrarse en buenas condiciones, fuera de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo.
En resumen, señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación hace un balance positivo del año 2003. Las dificultades del año anterior, que culminaron con la anulación de la reunión de noviembre de 2002, pudieron superarse gracias a los esfuerzos realizados por ambos lados, en particular por los Copresidentes y la Mesa de la Asamblea. Esta última pudo recuperar así un ritmo de trabajo normal. Se han introducido mejoras en la organización de sus trabajos que le permiten dejar oír su voz más claramente y participar de forma activa en el diálogo político previsto por el Acuerdo de Cotonú. Espero, señor Presidente, que nuestra Asamblea apruebe el informe de la Comisión de Desarrollo.
Diamantopoulou
   , . Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción con este informe tan explicativo sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, que es muy útil no solo para nosotros, sino para los organismos interesados que de alguna manera establecen relaciones entre Europa y otros países.
Como saben los miembros de la Asamblea y como apunta el informe de la Sra. Flesch, mi colega Poul Nielson está participando de forma activa en el trabajo de dicha Asamblea. Los servicios de la Comisión están intentando, con todos los medios a su alcance, apoyar este trabajo con documentos e información, mientras que los expertos de las comisiones permanentes están también preparando ya los informes de la Asamblea. Por tanto, creo que el interés de la Comisión es auténtico y claro, como lo es su estrecha y eficiente cooperación con la Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Quiero mencionar tres puntos. El primero es que acogemos con total satisfacción la creación de estas tres comisiones permanentes tras la aprobación del nuevo Reglamento interno en 2003. Gracias a la cooperación preparatoria entre estas comisiones, los informes presentan un alto grado de precisión y los debates en sesión plenaria son mucho más claros, específicos y detallados.
En segundo lugar, creo que la creación del Foro de Mujeres es muy importante. Este foro ha dado la oportunidad de escuchar la opinión de las mujeres y la posibilidad de un apoyo mutuo. Así pues, existe la posibilidad de que las propuestas de la Asamblea se enriquezcan con consideraciones referidas a la igualdad entre los dos géneros y la participación de las mujeres.
Por último, la Asamblea Parlamentaria Paritaria constituye un foro muy importante para el diálogo político entre los diputados del Parlamento Europeo y los diputados de los países ACP y, por consiguiente, la Comisión tiene el deber de apoyar todo este esfuerzo.
Quiero aprovechar la ocasión para informarles , aunque ya lo saben, de que dos de nuestros colegas, el Sr. Pοul Nielson y el Sr. Pascal Lamy, intervendrán en la séptima Asamblea Plenaria en Addis Abeba. Desde aquí les transmito mis mejores deseos de que la Asamblea sea todo un éxito. 
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el informe sobre el trabajo de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE contiene algunas consideraciones importantes. Es bueno comprobar que el grado y la calidad de la cooperación entre la Asamblea Parlamentaria Paritaria y las Naciones Unidas han alcanzado unos niveles sin precedentes. Considero especialmente importante que se haga visible una mayor cooperación con la ONU en la cuestión de los niños soldados, como evidencia este informe. Se trata de un ámbito en el que no podemos dejar de luchar hasta que hayamos ganado del todo. La existencia de un único niño soldado representa ya una gran injusticia para la humanidad y su futuro.
Se estima que existen unos 300 000 niños soldados menores de 18 años participando en cerca de 40 conflictos en todo el mundo. La utilización de niños como soldados constituye una violación de sus derechos humanos, pues significa privarles de la infancia, de la oportunidad de recibir una educación y, por consiguiente, de construir un futuro mejor. Ser soldado provoca graves daños psicológicos y a menudo físicos en esos niños.
La utilización de niños soldados ha aumentado con el desarrollo de la tecnología armamentística, ya que los niños pueden usar armas cada vez más ligeras y pequeñas. La razón de la creciente utilización de niños soldados se debe también a la naturaleza de las guerras modernas: la mayoría de los conflictos armados actuales son guerras civiles. En los tiempos de la primera Guerra Mundial, solo un 10% de las bajas de guerra eran civiles. Actualmente, esa cifra es del 90%. Las guerras civiles estallan entre grupos étnicos diferentes, lo que en la práctica significa población civil. De este modo, los niños se convierten en objetivos y tropas adicionales fáciles de reclutar. Los niños obedecen órdenes de mejor grado que los adultos. Los niños han tenido que presenciar atrocidades y ellos mismos las perpetran bajo coacción. Muchos movimientos de guerrilla prefieren a niños soldados antes que a combatientes adultos. Además, los niños están dispuestos a correr riesgos que los adultos rechazarían. Un ejemplo de ello es Irán, país en el que se utiliza a los niños como mensajeros en los campos de minas.
La Alianza Internacional Save the Children intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU cuando este se reunió a mediados de enero de 2003 para debatir la difícil situación de los niños en los conflictos armados. El debate se vio precedido por el tercer informe del Secretario General de la ONU sobre los niños y los conflictos armados. Por primera vez se nombró en un informe oficial a los responsables de utilizar a niños soldados. Se trata de un paso importante, porque permite ejercer presión internacional sobre los que violan de forma tan denigrante los derechos de los niños.
Por lo demás, este excelente informe aún necesita algunas pequeñas mejoras estilísticas. El turno de preguntas en Roma fue muy animado, como recogen los puntos 6 y 26, algo por lo demás muy loable, pero tal como se dice en dos ocasiones, da la impresión de que se trata de una excepción a la norma poco habitual y que la naturaleza básica de nuestro trabajo carece de vida y energía. 
Kinnock, Glenys (PSE ).
   – Señor Presidente, puedo asegurar a la última oradora que ni nos falta vida ni estamos anémicos en el trabajo que llevamos a cabo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria. Las referencias que hace la excelente ponente tienen que ver con el hecho de que ahora tenemos un estatuto parlamentario y un modo muy distinto de trabajar, pero, sobre todo, la representación de los países ACP está formada por diputados al Parlamento elegidos y no embajadores, como era el caso en el pasado. Estoy segura de que si la oradora anterior examinara las pruebas, comprobaría que ese es el caso. Tenemos una madurez nueva y dinámica porque tenemos ese estatuto parlamentario conforme al Acuerdo de Asociación de Cotonú.
La asamblea parlamentaria es una institución muy especial: es el brazo democrático de la cooperación ACP-UE y es la voz de las personas de los 93 países que están representados allí. Es nuestra tarea construir asociaciones creíbles y que funcionen a través del diálogo y la consulta entre nuestros parlamentos respectivos.
En nuestra última Asamblea Paritaria trabajamos sobre las negociaciones comerciales de los acuerdos de asociación económica, los derechos humanos, la gobernanza, el Fondo Europeo de Desarrollo y las preocupaciones medioambientales. Todo nuestro esfuerzo es garantizar que cumplimos la promesa y la visión de Cotonú. Nuestro trabajo debería reflejar esa adhesión de la Unión Europea y 78 países ACP a esos valores consagrados en el acuerdo. Esos valores son centrales para nuestro trabajo aquí en el Parlamento y para nuestro trabajo con los países en desarrollo, y eso es democracia, Estado de derecho y, sobre todo, erradicación de la pobreza.
Somos conscientes de la diferencia de oportunidad que existe entre nuestros colegas ACP y nosotros mismos. Nosotros tenemos acceso al personal y a la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo, y muchas más oportunidades de cooperar y trabajar juntos, puesto que ahora estamos preparándonos para Addis Abeba a finales de esta semana.
Además, tenemos más tradición de control parlamentario. Estoy encantada de que el Comisario Nielson haya expresado en varias ocasiones su apoyo a la Asamblea Paritaria, para que dispongamos de recursos financieros y podamos ser más efectivos en nuestro trabajo, y para que la participación de los parlamentos ACP sea mayor, porque, después de todo, es su legitimidad y responsabilidad como parlamentarios lo que está en el centro de nuestro trabajo.
Me anima la confianza creciente de los parlamentarios ACP, y eso lo ha demostrado, como dice la Sra. Flesch, la amplia participación por ambas partes en los debates que estamos celebrando. Comentamos esto porque está creciendo y desarrollándose al mismo tiempo que aumenta la confianza. En el pasado eran los parlamentarios europeos los que dominaban todos los debates y me complace decir que ya no es el caso. Tienen muchísima hambre de información para poder ser más efectivos en sus Parlamentos.
Sé que algunos países –como Senegal– están dando prioridad a la formación parlamentaria y la capacitación en sus programas indicativos nacionales. Pero tenemos que hacer más para animar a más Parlamentos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria a dotarse de esa posibilidad. Ahora nos estamos preparando para la séptima sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en Addis Abeba este fin de semana y estoy segura de que seguiremos trabajando de modo cada vez más impresionante y centrado en 2003.
Maes (Verts/ALE ).
   – Señora Flesch, quiero darle las gracias principalmente por las apreciaciones positivas, y a la vez críticas, que contiene su explicación. Tengo cierta dificultad para entender algunos elementos de euforia que señalaré en el propio texto.
Como ha explicado largamente la Sra. Kinnock, el nuevo Reglamento interno de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha creado estructuras que permiten un diálogo real y fructífero. Me parece un poco prematuro convertirlo ya en un modelo para todo el mundo. No hay duda de que en el futuro puede convertirse en un modelo mundial en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en un foro en el que ciudadanos con iguales derechos puedan mantener un diálogo abierto y transparente sobre, entre otros temas, la democracia y la protección de los derechos humanos, permitiéndonos firmar acuerdos vinculantes entre nosotros. Pero todavía no hemos llegado tan lejos.
Existen ya las estructuras y ahora las dos partes tienen que hacer un uso eficaz de las mismas. Eso exigirá un aumento de los recursos proporcionados por la ACP y muy posiblemente, un cambio de mentalidad por ambas partes, ya que el socio europeo también cambiará tras la adhesión de diez nuevos países. Me pregunto si los buenos resultados que ya hemos conseguido en el grupo de trabajo conjunto y que se reflejan, entre otras cosas, en el informe sobre los niños soldados, podrán volver a repetirse en breve en nuestra asamblea general, donde el tono del debate se ha elevado mucho, a pesar de que a veces echo de menos la igual participación de la ACP. Nuestro foro debe convertirse en un Parlamento Norte-Sur que tenga verdadera repercusión en la orientación de nuestras actitudes frente a, por ejemplo, el comercio mundial. No solo queremos un comercio , sino también un comercio . Creo que tendremos que decidir de antemano nuestra política conjuntamente con la ACP, y que no siempre estaremos de acuerdo los ricos antes de ir a una conferencia en Cancún o en cualquier otro lugar.
La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas contiene una lista de los temas principales en los que queremos realizar un avance notorio, como, por ejemplo, reducir a la mitad la pobreza. En cuanto a la buena gobernanza, la salud, la educación y el fin de la opresión de las mujeres, todas ellas son cuestiones que están en la agenda y cuyo progreso podemos evaluar en el marco de las reuniones de la ACP-UE. Debemos convertirnos en socios reales en el desarrollo del Norte y el Sur, y quiero insistir en que las consultas son siempre necesarias para ahorrarnos los efectos desastrosos de incidentes como los de Zimbabwe. 

Souchet (NI ).
   – Señor Presidente, el sistema de cooperación que une a la Unión Europea y los países ACP está marcado por una doble evolución en sentidos opuestos. Por una parte, las instituciones originales instituidas por los Convenios de Lomé y confirmadas por el de Cotonú, en particular la Asamblea Parlamentaria Paritaria, se han mantenido a todas luces y están más vivas que nunca, y el informe de la Sra. Flesch expone claramente los innovadores desarrollos registrados en 2003 en la Asamblea Paritaria. Al mismo tiempo, sin embargo, los objetivos y el contenido de la cooperación que estas instituciones pretenden entablar tienden a debilitarse, a degenerar, a trivializarse, a fragmentarse y a disolverse, hasta tal punto que, pronto, si se dejan correr las cosas, podrían consistir tan solo en una ayuda financiera con un límite máximo y unos acuerdos estándar de libre comercio, que podrían ser más una fuente de dificultades para los países ACP que auténticos instrumentos de ayuda para su desarrollo. 
Como destaca la ponente, la creación en 2003 de tres comisiones permanentes, y en particular de una Comisión de Desarrollo Económico encargada de seguir la delicadísima cuestión de la negociación de los futuros acuerdos de cooperación, refuerza el carácter permanente de la Asamblea Parlamentaria y mejora la calidad de sus trabajos. El sistema de coponentes es original y el trabajo en comisión permite llegar a resoluciones más sólidas, más trabajadas, mejor preparadas, menos rutinarias, que den lugar a debates mucho más profundos que en el pleno. 
Pero si el marco institucional se refuerza y afina, por fuerza hemos de preguntarnos por el futuro de los instrumentos de cooperación en sí mismos. Si los futuros acuerdos de cooperación económica se limitan a aplicar el dogma de la igualdad de los competidores, ¿no podrían deparar a los países ACP insuperables problemas de tesorería al hacerles perder gran parte de sus ingresos aduaneros, es decir, una parte importante y a veces esencial de su presupuesto? Por otra parte, ¿no puede la competencia directa, sin protección suficiente, entre las mercancías comunitarias y la producción local fragilizar, incluso asfixiar, una serie de sectores de actividad de los países ACP?
Si queremos evitar estas derivas, es necesario que ese foro parlamentario único Norte-Sur que es la Asamblea Paritaria vele por que la gran negociación de los acuerdos de cooperación se lleve a cabo con la ambición y la energía necesarias, en particular en el ámbito de la agricultura, que es la plataforma del desarrollo. Ahora bien, los países ACP solo podrán dotarse de una agricultura suficientemente fuerte si esta se protege de forma adecuada, como una industria naciente en su fase de despegue. El marco de Cotonú, el de las zonas económicas regionales, puede considerarse el más adecuado para promover la constitución de mercados comunes regionales homogéneos dotados de un arancel exterior común. 
Trabajando juntos en esta dirección, señor Presidente, los países ACP y los países europeos no se encontrarán ya en campos diferentes en las futuras negociaciones sobre la agricultura y el comercio mundial.
Theorin (PSE ).
    Señor Presidente, permítame en primer lugar decir que el informe es constructivo y que hace una descripción correcta del trabajo en la Asamblea Parlamentaria Paritaria de la ACP-UE. El trabajo ha adquirido una mejor estructura con las tres comisiones, y eso es algo que ha mejorado el trabajo preparatorio para la sesión plenaria. El turno de preguntas también ha mejorado. Por supuesto puede mejorarse todavía más si las respuestas a las preguntas llegan a los diputados del Parlamento Europeo con tiempo suficiente, de forma que la Comisión no lea simplemente las preguntas, sino que deje espacio para un debate.
Personalmente, quiero resaltar la constructiva cooperación entre la Asamblea ACP-UE y las Naciones Unidas en el tema de los niños soldados y la vulnerabilidad de los menores en las guerras, así como en el debate sobre la Corte Penal Internacional. Son dos temas políticos de gran trascendencia, precisamente el tipo de asuntos a los que debe dedicarse nuestra Asamblea, pues se trata de encontrar formas razonables de cooperación que permitan a las dos partes aprender la una de la otra y apoyen la política que consideremos importante en el ámbito internacional.
Estados Unidos ha retirado su apoyo económico a los países que no apoyan su exigencia de que todos los estadounidenses en general queden exentos de responder ante la Corte Penal Internacional por graves crímenes de guerra. Esta medida puede y debe ser apoyada política y económicamente por la ACP-UE, sobre todo por la UE. Resulta gratificante advertir que, de los países latinoamericanos y de las Indias Occidentales, solo Belice se ha rendido a la acción de Estados Unidos y, de los países africanos, solo Nigeria, cuyo Presidente ratificó un acuerdo con Estados Unidos que era contrario a la constitución nigeriana y que desafiaba al Parlamento nigeriano. Es gratificante que la mayoría de los demás países hayan resistido a la presión de los Estados Unidos. La Asamblea ACP-UE desempeña un papel político y económico importante en las grandes cuestiones fundamentales de la esfera internacional. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0015/2004) del Sr. Modrow, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo, con especial atención a los servicios públicos: La necesidad de evaluar todas las opciones (COM(2003) 326 – 2003/2158(INI))
y
la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Cooperación de la Comunidad Europea con terceros países: Planteamiento de la Comisión sobre el futuro apoyo al desarrollo del sector empresarial (COM(2003) 267 -2003/2158(INI). 
Modrow (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, este informe se basa en dos comunicaciones de la Comisión que demuestran los esfuerzos que está realizando para actuar en los ámbitos a los que se refieren estas, sin ocultar la forma tan contradictoria en que está avanzando el proceso. De ahí se deduce que el principio subyacente –emprender acciones cautas y equilibradas– es el adecuado. La Comisión está barajando distintas posibilidades para el proceso de reforma, y el informe hace referencia a ellas.
Para el ponente, lo más importante sigue siendo que todas las orientaciones y todas las reformas se dirijan a luchar contra la pobreza, de forma coherente y sin tapujos ideológicos. Frenar el aumento de la pobreza y conseguir al final reducirla será el mayor reto al que se enfrente la raza humana en el siglo XXI. Pero los avances realizados hasta la fecha son modestos y los nuevos contratiempos los están obstaculizando constantemente, e incluso anulándolos.
Por esa razón, el presente informe, como la comunicación de la Comisión, considera una gran diversidad de opciones, aunque no se confunden los distintos énfasis y prioridades adoptados por la Comisión y por el ponente. Los servicios de interés general son objeto de polémica en los Estados miembros de la Unión Europea, si bien en esos países se consideran relativamente estables pese a los problemas que siguen existiendo. Peor es la situación en los países en vías de desarrollo y así seguirá siendo en el futuro, un situación que con frecuencia raya en los límites de la catástrofe. Los esfuerzos de la Unión Europea deben centrarse, sobre todo, en apoyarlos y motivarlos. Mientras la Comisión, y también algunos de mis colegas diputados de esta Cámara, están claramente a favor de la privatización, toda la experiencia que hemos tenido, incluida la de los Estados miembros de la UE, me lleva a abogar por un enfoque basado en soluciones cooperativas y en la participación del sector privado en estos Estados, junto con un papel responsable del sector público y del Estado. En el sector de la empresa privada, debe darse prioridad a la promoción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen los cimientos de la creación de empleo y del desarrollo económico autónomo en los países en vías de desarrollo.
En principio, no puedo apoyar las enmiendas del Sr. Deva. Si se aprobaran, el informe perdería su visión crítica y no se correspondería ya con el enfoque matizado que necesitamos dar al proceso de reforma. Tampoco se correspondería con la principal tendencia del informe, tal como fue aprobado por la Comisión. Por último, no van tan lejos como la Comisión en su disposición a entablar un diálogo, y son incompatibles con el carácter del proceso de reforma.
Como ponente, me he comprometido a proponer y lograr soluciones viables. Lejos de aferrarnos rígidamente a principios y a opiniones de carácter ideológico, nuestra labor debe supeditarse al gran objetivo de la lucha contra la pobreza. 
Diamantopoulou
   , . Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción el informe del Sr. Modrow y el apoyo que da a la aplicación de las dos comunicaciones.
Está claro que la Comisión, con estas dos comunicaciones, está intentando resaltar la importancia del sector empresarial para el desarrollo. La creación de empresas y la existencia de un sector privado dinámico son factores básicos para el desarrollo económico y constituyen la fuente principal de empleo en los países en desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta el sector no oficial de la economía.
Resaltamos la experiencia que tiene la Comisión de apoyo al sector privado, los beneficios que se derivan de la acción comunitaria y la necesidad de armonizar los distintos medios. Por lo tanto, podemos distinguir entre los sectores donde se reflejan las acciones emprendidas por la Comisión, y los sectores que se han dejado en manos de otros.
En cuanto a las empresas públicas, nuestra intención es contribuir a su reforma en los países en vías de desarrollo. Es evidente que en las empresas públicas se producen grandes pérdidas e ineficiencias, pero por supuesto las reformas tienen que integrarse en el marco de planes de restablecimiento del equilibrio macroeconómico y de promoción del desarrollo.
Por nuestra parte, hemos evitado adoptar enfoques ideológicos simples o simplificados. Por último, no hemos puesto punto final al debate sobre la propiedad, y con esto me refiero a si se trata de empresas públicas, empresas privadas o colaboraciones entre los sectores público y privado. Nuestro objetivo es exponer todos los argumentos y analizarlos para que, una vez que hagamos objetivamente todas las interpretaciones, podamos tomar una decisión final que refleje las necesidades de cada país y de cada sector.
Quiero recordarles que la Comisión ha mantenido siempre la misma posición respecto a estos programas, y que siempre ha tenido en cuenta las repercusiones sociales de los programas para liberalizar la economía. Es curioso que, a lo largo de los años, incluso las instituciones de Bretton Woods hayan adoptado el mismo enfoque. Reconocemos la enorme importancia de los inversores nacionales, así como las inversiones que las pequeñas y medianas empresas europeas puedan realizar, sobre todo aquellas que cuentan con experiencia y conocimientos. Insistimos en la necesidad de crear marcos reguladores y mecanismos de supervisión adecuados. Son cuestiones de vital importancia respecto a las cuales la Comisión desea poner su experiencia y su alto nivel de conocimientos técnicos al servicio de los países en vías de desarrollo.
Como ya he dicho, hacemos gran hincapié en la necesidad de atraer inversores y crear un clima favorable. Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo del sector crediticio en los países en vías de desarrollo y la promoción, como un medio eficiente de financiación, de las pequeñas empresas y las instituciones de microcrédito, que desempeñan un papel vital en la concesión de pequeños préstamos al sector no oficial de la economía, compuesto principalmente por empresas dirigidas por mujeres. Las dos comunicaciones son complementarias y han sido redactadas aplicando el criterio y con el objetivo último de seguir reduciendo la pobreza.
Espero que, con el debate en el Parlamento y su correspondiente resolución, contribuyamos a que se reconozca la necesidad de vigorizar la creación de empresas en esos países y ayudemos a reformar las empresas estatales que lo necesiten. 
Ó Neachtain (UEN ),
   . – Señor Presidente, felicito al ponente, el Sr. Modrow, por tomar la iniciativa de elaborar un informe sobre este importante tema. Me complace estar asociado al informe como ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Me complace especialmente que la Comisión de Desarrollo y Cooperación decidiera integrar plenamente las recomendaciones que hice en nombre de la Comisión de Industria.
Quisiera subrayar lo que creo que son algunos de los elementos clave de la reforma de las empresas públicas y privadas en los países en desarrollo. Esta semana la gestión empresarial está en el orden del día de esta Cámara, tras el reciente caso Parmalat en Italia. Todos estamos al corriente también del escándalo Enron en los Estados Unidos. En otras palabras, las cuestiones del funcionamiento eficiente de las empresas son tan pertinentes en las economías de mercado desarrolladas occidentales como lo son en los países en desarrollo. No obstante, hay que reconocer que un sector privado floreciente y eficiente puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la economía de terceros países y en la lucha contra la pobreza.
Apoyo plenamente la idea de la ayuda de la UE al sector empresarial en países en desarrollo a través de intermediarios. Comparto la opinión de la Comisión de que las reformas de empresas públicas deben tener en cuenta la capacidad y recursos de los países en cuestión. Muchas de las empresas en cuestión son esenciales para el desarrollo en los sectores de la energía, el agua, el transporte y la infraestructura.
La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo no debería limitarse a las medidas de privatización. Un objetivo primordial debería ser garantizar el acceso asequible a los servicios de interés general, como el suministro de agua, el saneamiento, el abastecimiento energético y los servicios de educación y salud. La UE debería fomentar las estrategias de reforma en que participan inversores del país, y prestar especial atención a las soluciones descentralizadas cuyos beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas (PYME).
En conclusión, creo que habría que apoyar al sector empresarial de los países en desarrollo, en particular en los ámbitos de la gobernanza, la creación de instituciones y el asesoramiento. Nuestro propio sector PYME debería participar activamente en este proceso. 
Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, aplaudo el desarrollo de las ideas del ponente sobre este tema en los últimos años. He disfrutado trabajando con él en este informe en la Comisión de Desarrollo y Cooperación.
No existe un enfoque global único para la gestión de los servicios públicos que sirva para todos los países en desarrollo. La experiencia de los países en desarrollo tras la independencia en los últimos 50 años enseña que las empresas públicas, en la mayoría de los casos, han sido incapaces de suministrar de forma eficiente y rentable agua, gestión de residuos, servicios municipales, transporte por carretera, servicios de aviación, minería, reforestación y abastecimiento de energía, convirtiéndolos por tanto en una carga considerable para el presupuesto estatal, obstaculizando el crecimiento económico y empobreciendo a los más pobres. La pobreza, las enfermedades y las oportunidades económicas perdidas han aumentado debido a la gestión estatal de los servicios públicos por parte de burócratas cuya principal prioridad es la seguridad en el trabajo y no la eficacia económica. Simplemente hay que ver el fracaso del sistema soviético.
Es imperativo implicar al sector privado en la prestación de servicios públicos en los países en desarrollo a fin de aumentar la rentabilidad, al igual que el crecimiento económico. El sector privado por sí solo puede generar empleo sostenible y es la fuerza motriz de toda economía moderna. Los servicios públicos en los países en desarrollo deberían privatizarse mediante procedimientos internacionales abiertos que sean transparentes, rápidos y no onerosos, capaces de hacer frente al desarrollo sostenible y los criterios de interés público. Lo ideal sería que la adjudicación de una licitación fuera tarea exclusiva de una institución financiera extranjera independiente, que actuara sola, de acuerdo con normas internacionales y requisitos de información, y que no tuviera conflictos de intereses en ese país o en ese proyecto.
He estudiado este proceso durante muchos años, y he llegado a una conclusión amarga y muy triste: muchos inversores directos extranjeros se desaniman ante los procedimientos tediosos y laboriosos de licitación, informes de consultores, comités de evaluación y comités para evaluar otras evaluaciones, dispositivos creados por funcionarios de países en desarrollo y consultores de organismos internacionales para ganar dinero a través de tasas o la corrupción. Estos procedimientos representan una puerta abierta al empobrecimiento de los países mediante el retraso, la vacilación y la corrupción. Cuantos más responsables de adoptar decisiones hay en el circuito, más corrupción.
Dicha corrupción adopta varias formas.
La primera forma es la de acelerar una decisión y pasar por alto una oferta mejor pagando a altos funcionarios del Gobierno, como sucede en países del este de Asia. La otra forma de corrupción menos detectable se encuentra en países del sur de Asia y África y es realizar pagos para bloquear el éxito de otra oferta más favorable de un competidor. En el primer caso, a pesar de la corrupción y los servicios de menor calidad prestados ahora, el trabajo se hace y se proporciona alguna forma de servicio, mientras que en el último no se hace nada y la economía sufre. El primero es endémico en países del norte y este de Asia, el último es epidémico en el sur de Asia y África.
Cuando se fomenta la inversión de grandes compañías transnacionales a través de una inversión directa extranjera en países en desarrollo, también deberían estar autorizadas a realizar inversiones compensatorias. Por inversiones compensatorias me refiero a que deberían poder dedicar parte de esa inversión a la creación de capacidades sociales, a escuelas, hospitales, centros de formación y centros juveniles, para que exista un elemento público en la privatización de un servicio público del que se beneficie todo el mundo que rodea a la empresa de servicios. Este es el camino a seguir, con transparencia y apertura. 
McAvan (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero referirme a la parte del informe que tiene que ver con la reforma de las empresas públicas. Acojo con satisfacción la Comunicación de la Comisión y estoy de acuerdo con la Comisaria en que necesitamos una reforma de las empresas públicas. Cuando los recursos escasean, tenemos que garantizar el uso efectivo de los mismos. También estoy de acuerdo en que tenemos que entender las necesidades de los países implicados y no adoptar soluciones dogmáticas.
Si miran a nuestra propia historia, los servicios públicos han desempeñado un papel vital en nuestro desarrollo económico. ayudaron a terminar con la pobreza y la enfermedad, y adoptando el principio del acceso universal a los servicios públicos, conseguimos erradicar la pobreza, reforzar el nivel de vida y crear sociedades más iguales. Cuando consideramos los servicios públicos en el mundo en desarrollo, también tenemos que centrarnos en la erradicación de la pobreza como prioridad principal de nuestra reforma de los servicios públicos y empresas estatales.
Existe otro ingrediente clave que no deberíamos pasar por alto, y es el principio de la responsabilidad pública. Esa responsabilidad debería incluir el control por parte de representantes elegidos, reglamentos independientes y la participación de la sociedad civil y las ONG. Tenemos algunos modelos de buenas prácticas en nuestros propios países que muestran cómo pueden responsabilizarse los servicios públicos. Si disponemos de una mayor responsabilidad en el modo en que consideramos la reforma en estos países, estoy segura de que tendremos el tipo de servicios públicos que favorecen a las personas, que garantizan el uso efectivo de los recursos y nos ayudan a perseguir nuestros propios objetivos de desarrollo, la erradicación de la pobreza y el aumento del nivel de vida. 
Boudjenah (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, en primer lugar, quiero apoyar aquí con entusiasmo el informe de mi colega, el Sr. Modrow, en el que las dos comunicaciones de la Comisión tienen el mérito de abrir el debate sobre el lugar, el papel y las responsabilidades de las empresas públicas y privadas en los países en desarrollo. Por su parte, el informe tiene el mérito de señalar las contradicciones, incluso a veces las incoherencias, de la política europea. 
En efecto, la Unión no es neutral en lo que se refiere a reforzar o no el sector público de los países con los que mantiene unas relaciones estrechas. Por desgracia, con demasiada frecuencia preconiza una política de reducción de costes y déficit públicos que obedece a las medidas de ajuste estructural queridas a las instituciones financieras internacionales, política que sin duda tiene de palabra la ambición de reducir la pobreza, pero que, en la práctica, puede resultar totalmente nefasta para las poblaciones afectadas. Así, los incentivos y las presiones ejercidos sobre estos países para que privaticen sus economías tienen un coste, y ese coste lo pagan caro los hombres y las mujeres de esos países, lo pagan caro los trabajadores afectados, tanto allí como aquí. La ausencia de relación entre los objetivos económicos y financieros y la necesidad de satisfacer en primer lugar las necesidades y los derechos fundamentales de las poblaciones es crónica.
En este marco, el llamamiento a menudo demasiado exclusivo al sector privado es en el mejor de los casos un engaño y, en el peor, una toma del poder económico, social y político que escapa al control de las poblaciones de esos países. Las consecuencias sociales de ello son conocidas y dramáticas. Y si no es así, ¿por qué entonces se sigue negando la Comisión a realizar una evaluación transparente, pública y comparativa de los efectos de las liberalizaciones sobre el empleo, la calidad y la cobertura de los servicios prestados y las condiciones de trabajo en la propia Europa? Sin duda, una evaluación de este tipo haría más creíble su llamamiento a que se tenga en cuenta la experiencia de la Unión Europea en la materia. Si bien la combinación de un sector público moderno y fuerte con empresas privadas puede ser deseable para satisfacer las necesidades, en particular en el ámbito de los servicios, por el momento el llamamiento a la cooperación entre el sector público y el sector privado tiene por efecto en la práctica debilitar a las empresas públicas más que crear una dinámica de conjunto. 
Ante la jungla de la competencia, las salvaguardias –cuando las hay– que se supone contribuyen al mantenimiento, el fortalecimiento y la modernización de los servicios de las empresas públicas no bastan. Sin una participación de los trabajadores en las decisiones y en el destino de la empresa, sin la consulta a la población y sin un auténtico código de conducta vinculante para las multinacionales establecidas en los países en desarrollo, el recurso a las inversiones privadas se limita a tomas de control financiero por parte de grandes grupos, sin que se observe ninguna mejora del servicio y a menudo en detrimento de los intereses nacionales de esos países. El papel cada vez más dominante de las empresas transnacionales en el mundo beneficia evidentemente más al sistema bursátil, financiero y especulativo que a los pueblos del Sur.
Por otra parte, me extraña que la Comisión avance la privatización como un medio de luchar contra la corrupción. Buen número de experiencias en Europa y en el mundo distan mucho de respaldar tales afirmaciones. La Unión Europea debería reforzar más su ayuda a los países en desarrollo sobre la base de criterios de modernización de las empresas asentados en una democratización de los procesos de toma de decisiones y en una mayor transparencia del funcionamiento de las empresas con carácter de servicio público.
Por último, y terminaré aquí, los derechos fundamentales de toda persona a la salud y a la educación deben permanecer en el ámbito de lo público, al igual que el agua, los transportes, la salud y la energía deben quedar fuera del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe Modrow tiene razón al resaltar una serie de aspectos negativos de la manía privatizadora que ha barrido muchos países en desarrollo. El episodio de la nacionalización en la época de la descolonización se vio seguido de un episodio de salvajes privatizaciones de empresas, que a menudo quedaron empobrecidas. Invariablemente, en ambos casos fue la elite política la que se embolsó los beneficios y los colocó en cuentas bancarias del extranjero. Invariablemente también, las multinacionales occidentales actuaron como empresas corruptas para acaparar sectores nacionales vitales como la minería y las materias primas. Cuando visito África, me siento a menudo avergonzada por su comportamiento poco ético, por la forma en que el sector del cobre en Zambia, por ejemplo, con el cierre de minas, ha arrastrado consigo un tejido social entero, un tejido económico que ha destruido el país por completo.
Me doy cuenta de que el desarrollo de un país requiere inversiones. Sin embargo, ¿no puede la Unión Europea desempeñar un papel más positivo y ayudar a crear las condiciones que garanticen que las reformas de las empresas estatales avancen en un sentido más favorable para el bien del desarrollo? No estoy haciendo un llamamiento al dogmatismo, sino a una verdadera colaboración. Un país pobre no siempre tiene el mismo poder económico de una multinacional cuyo presupuesto supera con creces al del propio país. Si ni siquiera nosotros somos capaces de imponer códigos éticos de conducta a las empresas, ¿cómo podemos esperar que esos países pobres lo hagan?
Me uno al ponente en su llamamiento a que se preste mayor atención y se dediquen mayores recursos a posibilitar la transición de las pequeñas empresas del sector informal al sector formal de la economía, y también a que se concedan mayores recursos a las mujeres, muchas de las cuales trabajan en este sector informal. Son ellas las que deben contar con las primeras ayudas, porque sus empresas son probablemente la forma más directa de librar la batalla contra la pobreza en sus países. 
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, las ayudas al desarrollo de la industria en los países en vías de desarrollo pretenden mejorar la posición comercial de esos países. Por consiguiente, los esfuerzos de la Comisión para crear un marco jurídico predecible y combatir la corrupción merecen mi apoyo incondicional.
Con respecto a la reforma de las empresas estatales, la Comisión y el informe Modrow son menos convincentes. En primer lugar, el ámbito de aplicación del marco político de la Comisión y del conjunto de obligaciones se está haciendo muy difícil de manejar. La Comisión afirma que un país en desarrollo tiene que considerar todas las demás opciones antes de decidirse a reformar una empresa estatal. Sin embargo, la propia Comisión admite que las consideraciones que inclinan la decisión a favor de la reforma son de naturaleza política. Por lo tanto, no es realista poner como requisito la consideración objetiva de las diferentes opciones. 
En segundo lugar, tenemos la política social. Según la comunicación de la Comisión y el ponente, el requisito de medidas sociales debe ir en paralelo a las reformas. Eso parece caritativo, pero es inapropiado. Después de todo, la Comunidad Europea no tiene competencias en el ámbito de la política social y la política de empleo en los países en desarrollo. Estas políticas quedan fuera del ámbito de la asistencia técnica y de la cooperación europea al desarrollo.
En tercer lugar, respecto a las políticas de los Estados miembros no se hace prácticamente ninguna referencia ni en la comunicación de la Comisión ni en el informe Modrow a la cooperación al desarrollo de los Estados miembros en esta cuestión. La relación de desarrollo sostenible entre un país en vías de desarrollo y un Estado miembro podría ser el marco perfecto para, por ejemplo, ofrecer apoyo en el caso de que se produzcan despidos.
Por último, está la relación entre las empresas estatales y la reducción de la pobreza. La Comisión desea utilizar la reducción de la pobreza como un criterio de valoración en la concesión de ayudas a las empresas estatales. Esto se contradice con su posición neutral sobre la propiedad privada frente a la propiedad pública. El criterio debe aplicarse por igual a las empresas privadas o no aplicarse a nadie. En conclusión, la ayuda a las empresas de los países en desarrollo cuenta con mi beneplácito, pero el enfoque adoptado en el caso de las empresas estatales plantea cuestiones esenciales. 
Claeys, Philip (NI ).
   – Señor Presidente, este informe es, desde mi punto de vista, un modesto signo de desarrollo favorable. Uno de los mayores problemas en los países en vías de desarrollo era –y lo sigue siendo en gran medida– la ausencia de una auténtica economía de libre mercado.
En la práctica, los experimentos socialistas y colectivistas han agravado los problemas en lugar de ofrecer una solución a la pobreza. Parece que existe un consenso cada vez mayor en cuanto a que los Gobiernos por sí solos no conseguirán la felicidad universal, por lo que hemos permitido que intervenga la iniciativa privada. Este es un desarrollo positivo que solo merece alabanzas.
Como dice el informe, hay distintas formas de reformar las empresas estatales. Nadie puede oponerse a un cambio gradual. Solo debemos añadir una palabra de cautela con respecto a los obstáculos resultantes de todo tipo de niveles intermedios de intervención gubernamental que quizá se intenten incorporar. En cualquier caso, es bueno que exista voluntad de dejar que intervengan las pequeñas y medianas empresas, tanto como en la Unión Europea. En mi opinión, es de la máxima importancia que se haga una evaluación completa y puntual de la situación, sin tabúes, como la corrupción, la excesiva burocracia, la ineficacia administrativa o incluso la mera incompetencia. Además, esto debe aplicarse no solo a los gobiernos locales, sino también a las ONG y organizaciones similares, ya que cuando existen disfunciones, rara vez se reprende a esas organizaciones. 
Arvidsson (PPE-DE ).
    Señor Presidente, acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre la reforma de las empresas estatales en los países en desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo lamento la actitud generalmente negativa hacia la libre empresa y la propiedad privada que se desprende del borrador del informe. El alto nivel de vida y de prosperidad logrado por el mundo occidental, Japón y Australia no son resultado del monopolio y el proteccionismo, sino de la economía de libre mercado y de las muchas fuerzas dinámicas de las empresas privadas que favorecen el desarrollo y la prosperidad.
En Europa, esto es particularmente evidente. La mitad de nuestro continente ha intentado otro método que consistía en el control centralizado y los grandes monopolios estatales. La ineficacia y el hundimiento del socialismo de monopolio en Europa ha sido la experiencia de muchos pueblos europeos y les ha dado una amarga lección. Es una lección que debemos, o incluso tenemos la obligación de, transmitir a los países que desean construir sociedades de bienestar democráticas. Los países en desarrollo deben tener la misma oportunidad de desarrollar y crear un modelo económico basado en la libre competencia y en una economía de libre mercado. No compete a la UE tratar de impedir una tendencia a la competencia que traerá consigo prosperidad. La economía de mercado no ha sido el gran problema en los países en desarrollo. Por el contrario, el problema no ha radicado tanto en las libres economías como en los monopolios, algo que ha llevado a una mala gestión, a la corrupción y al estancamiento. 
Comparto plenamente la opinión de los ciudadanos sobre la necesidad de tener agua limpia, alcantarillados eficaces, asistencia sanitaria básica y tratamiento médico, educación básica y acceso a la energía. Sin embargo, lo más importante no es la forma de la propiedad en sí misma, sino un alto grado de flexibilidad y eficacia en la prestación de esos servicios. La competencia es muy importante en este ámbito. Los países en desarrollo necesitan lógicamente disposiciones que establezcan un marco jurídico y posiblemente sea este un ámbito en el que la UE puede ayudar mucho a esos países. Las soluciones políticas actuales en muchos países en desarrollo son, con frecuencia y por desgracia, ineficaces y caras, y solo alcanzan a una proporción limitada de la población.
Todos los países en desarrollo que han logrado pasar de la pobreza a la riqueza y la prosperidad han dado prioridad a la competencia y la eficacia, no al control centralizado por parte del Estado y a la creación de monopolios. 
Zrihen (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera dar las gracias a nuestro colega el Sr. Modrow por la pertinencia de su informe, puesto que la idea es subordinarlo todo a la lucha contra la pobreza. Pero hay que decir que una de las dos comunicaciones de la Comisión –la titulada «La reforma de las empresas públicas en los países en desarrollo, con especial atención a los servicios públicos: La necesidad de evaluar todas las opciones»– ha sido para mí una lectura más que estimulante, al mismo tiempo que bienvenida. En efecto, se lee que muchas liberalizaciones y privatizaciones realizadas deprisa y corriendo en los países en desarrollo, bajo la presión de planes de ajuste estructural a menudo impuestos, han tenido consecuencias desastrosas en términos de puestos de trabajo perdidos y de degradación y encarecimiento de los servicios afectados. Sería de desear que la Comisión diera muestras de la misma lucidez y objetividad al hablar de los servicios de interés general en la propia Unión Europea. 
Un primer paso en este sentido sería, como se pide en el proyecto de informe, que la Comisión aceptase al fin emprender una evaluación transparente, pública y contradictoria de los efectos de las liberalizaciones sobre el empleo, la calidad y la cobertura de los servicios prestados y sobre las condiciones de trabajo en Europa. Este ejercicio sería tan beneficioso internamente como para comprender mejor las situaciones en los países del Sur. Nuestro objetivo es, lo recuerdo, combatir la pobreza y asegurar que esto no quede solo en palabras.
Al examinar más de cerca los distintos ejemplos citados en la Comunicación, se constata que, entre las experiencias positivas, figuran casos en que las empresas públicas siguieron siendo públicas, pero en las que se combatieron los derroches y la corrupción, en las que la dirección de la empresa recuperó el dinamismo y la eficacia y en las que, ante todo, se creó un marco reglamentario y político con unos objetivos claros, ambiciosos, en términos de desarrollo, de accesibilidad y de calidad del servicio, y financiados, en particular, mediante una perecuación tarifaria.
Todos estos elementos no equivalen a una comercialización de la empresa pública, según la definición de la Comisión; al contrario, constituyen, a mi entender, los factores de una buena gestión de los servicios públicos que deberíamos consagrar también a escala europea, quizás mediante una directiva marco.
Un último punto: los partidarios de la liberalización general de los servicios a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) afirman que la apertura de los servicios públicos de los países en desarrollo no puede sino beneficiarles. Un análisis más pragmático debería favorecer una estrategia de desarrollo económico diferente, centrada en los agentes económicos y sociales locales y en las pequeñas empresas y microempresas –teniendo en cuenta, principalmente, a las mujeres y los servicios públicos básicos– y, sobre todo, sin entregarlos a los apetitos desconsiderados de las multinacionales. Pero llegados a este punto les pido que me disculpen, porque creo que estamos hablando de ética.
Della Vedova (NI ).
    Señor Presidente, señora Comisaria Diamantopoulou, señor Modrow, al hablar sobre las ayudas al desarrollo del sector empresarial dentro de las políticas de cooperación con terceros países y, en particular, con los países en desarrollo, quizás convenga recordar lo que el economista peruano Hernando de Soto afirmaba en su libro  Decía que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico, el ingrediente que faltaba, en los países que de hecho deberían disfrutar de una riqueza considerable, es la ausencia de leyes de propiedad claramente definidas y, por lo tanto, protegidas por la seguridad necesaria para darles un valor económico auténtico. Así pues, está claro que la contribución más valiosa que las instituciones europeas pueden hacer –y yo diría, en general, la contribución más importante que los países desarrollados pueden hacer– es garantizar la infraestructura jurídica que proteja la seguridad jurídica, además de respaldar y guiar el proceso hacia la democratización y el reconocimiento de los principios del Estado de derecho.
El documento de la Comisión hace referencia a esto solo de pasada, cuando yo lo considero fundamental. Por su parte, el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, omite –siento decirlo– esta referencia y se centra en las trágicas consecuencias de las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Como ven, no creo que sea acertado, ni siquiera en esas situaciones, atribuir la responsabilidad de ciertas bancarrotas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Pienso en el caso de Argentina, donde está clarísimo que el fracaso, el declive del propio Estado, no puede atribuirse al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, sino al nivel de corrupción y al carácter estático de esa economía.
Se dice que no queremos ser ideológicos, pero me temo que eso es precisamente lo que estamos siendo. Es bueno considerar todas las opciones; sin embargo, creo que la opción política que debemos proponer es la privatización de las empresas con vistas a buscar la eficacia y la inversión. Queremos que haya servicios a disposición de los ciudadanos, y a su disposición en la medida y con la calidad necesarias para atender necesidades que hoy no están atendidas. Creo que no debemos pedir a las empresas públicas corruptas e ineficaces que presten este servicio. La opción de la privatización, tanto en Europa como en los países en vías de desarrollo, es la alternativa políticamente deseable. 
Korhola (PPE-DE ).
    Señor Presidente, además de analizar la política de la UE hasta la fecha, estas comunicaciones pretenden sentar las bases de las estrategias de la Comisión para promover la creación de empresas en los países en desarrollo y para preparar la posición de la Comisión sobre la reforma de las empresas estatales. Estoy de acuerdo con el ponente en que la atención debe centrarse en combatir la pobreza y proteger la disponibilidad de servicios básicos, y en que la prioridad es la de apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
En las últimas décadas, los Programas de Ajustes Estructurales se han utilizado para tratar de responder a la demanda de desarrollo económico. Estos programas se han orientado a la apertura de mercados y a distintos tipos de medidas, incluida la privatización. Pero no siempre han mejorado la situación; al contrario, han contribuido de manera importante a propagar la pobreza en los países en desarrollo.
La Comisión afirma con razón que existen varias opciones para reformar las empresas estatales, como la reforma de una empresa pública sin alterar la estructura de la propiedad, o la privatización parcial. Es absolutamente fundamental tener en cuenta los parámetros a la hora de seleccionar los distintos tipos de reforma. Con la privatización se debe prestar una particular atención a las leyes sobre la competencia y a su aplicación.
Tienen que sopesarse las distintas opciones de reforma y, en este sentido, es fundamental conseguir la participación de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones de usuarios y consumidores, cooperativas y sindicatos, en la toma de decisiones y en el seguimiento de las medidas adoptadas. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el objetivo primordial de la cooperación al desarrollo de la UE: la lucha contra la pobreza.
La comunicación de la Comisión recoge también algunas ideas básicas positivas sobre cómo enfocar el futuro apoyo al desarrollo del sector empresarial en terceros países. Me parece excelente que la Comisión proponga una estrategia general para el sector empresarial. El objetivo último de esa estrategia debe ser simplemente que se hagan inversiones en los países en desarrollo. Los ciudadanos tienen que poder esperar eso. No puede basarse en el principio del pozo sin fondo.
Es importante dar apoyo tangible a las PYME y a las cooperativas por medio de asesoramiento en materia de servicios, formación, modernización empresarial y promoción de microempresas, sobre todo garantizando la disponibilidad de financiación. No obstante, es fundamental recordar que las empresas y las cooperativas de los países en desarrollo también necesitan clientes dispuestos a gastar su dinero, y el mercado con el mayor poder adquisitivo somos nosotros, la UE. Por esa razón, debe lograrse que los canales de un comercio justo y sostenible funcionen de tal manera que los consumidores europeos puedan apoyar a las empresas y a los productores de los países en desarrollo con sus propias decisiones de compra. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
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