
El Presidente.
   Declaro abierta la sesión.
El Presidente.
   De conformidad con el orden día vamos a proceder al debate sobre el informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2003.
Para ello tiene la palabra en primer lugar el Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Fabra Vallés, a quien damos la bienvenida en nuestro hemiciclo.
Fabra Vallés,
   . Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, señoras y señores, el pasado 15 de noviembre presenté en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al ejercicio 2003.
En esa ocasión tuve la oportunidad de darles cuenta detallada de las observaciones y conclusiones contenidas en nuestro Informe. Hoy quisiera centrar mi presentación en las conclusiones relativas a tres áreas: la declaración de fiabilidad, la gestión presupuestaria y el proceso de reforma de la Comisión.
El capítulo 1 del informe del Tribunal contiene la declaración de fiabilidad la DAS que se publica en el Diario Oficial junto con las cuentas consolidadas de la Comunidad.
Como en el ejercicio anterior, la declaración de fiabilidad está basada en cuatro pilares que son el resultado de la evolución de la metodología utilizada por el Tribunal para ofrecer una mayor solidez al resultado de su trabajo. Estos cuatro pilares son los siguientes: en primer lugar, la calidad de los sistemas de control de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros; en segundo lugar, el examen de una muestra de compromisos y pagos en cada área de gasto; en tercer lugar, el análisis de las declaraciones anuales de los Directores Generales de la Comisión; y, en cuarto lugar, el examen del trabajo realizado por otros auditores.
Como resultado de este trabajo de auditoría, el Tribunal opina que las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003 presentadas por la Comisión han sido establecidas de acuerdo con el Reglamento financiero. Las cuentas reflejan fielmente los ingresos y los gastos del ejercicio, así como la situación financiera de la Comunidad, con la única salvedad del registro de la partida de deudores varios.
El Tribunal señala, como en años anteriores, que en 2003, el sistema contable utilizado por la Comisión no estaba preparado para garantizar un inventario completo de su patrimonio. El plan de modernización de la contabilidad aprobado por la Comisión en 2002 debe surtir efectos a partir de enero de 2005. El Tribunal considera que la ejecución completa del conjunto de nuevas normas y de los nuevos planes contables exigirá un esfuerzo considerable por parte de las entidades cuyas cuentas serán objeto de consolidación.
En cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones y en lo que se refiere a los ingresos, los compromisos y los gastos administrativos, el Tribunal opina que las operaciones subyacentes son legales y regulares.
En relación con el resto de capítulos del presupuesto, las observaciones del Tribunal recogen deficiencias que afectan en general a los sistemas de supervisión y control de la gestión de los fondos comunitarios.
En el capítulo de la agricultura, los pagos se vieron de nuevo afectados por errores materiales. En el ámbito de las acciones estructurales persisten debilidades a nivel de los Estados miembros en los sistemas de supervisión y control.
En los capítulos de las políticas internas, acciones exteriores y ayudas de preadhesión, también han sido detectados errores que afectan a la legalidad y regularidad de las transacciones.
Por ello, a pesar de los notables esfuerzos realizados por las instituciones europeas en los últimos años, el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda incrementar los esfuerzos en los sistemas de gestión y control en estas áreas.
El Tribunal destaca, de nuevo, que en las áreas de gestión compartida, indirecta o descentralizada, siguen apareciendo más errores y que estas son las áreas donde deben realizarse más esfuerzos.
En este sentido, el Dictamen 2/2004 del Tribunal sobre el método de auditoría única al que luego me referiré con más detalle es una propuesta concreta de mejora de los sistemas de control que podría contribuir a su vez a una mejor gestión de los fondos comunitarios en los Estados miembros.
A continuación voy a referirme a las observaciones relativas a la gestión presupuestaria. El total del presupuesto de pagos en el ejercicio 2003 alcanzó la cifra de 98 000 millones de euros, habiéndose ejecutado pagos por 90 500 millones de euros, lo que representa un incremento respecto al ejercicio 2002 del 6 % aproximadamente.
El excedente presupuestario se ha reducido sensiblemente, pasando de 15 000 millones de euros en 2001 a 7 000 en 2002 y a 5 500 en 2003. No obstante esta mejora, el Tribunal considera que la cifra de excedente presupuestario sigue siendo elevada y que denota la existencia de problemas de carácter sistemático que deberían corregirse mediante una mejor previsión presupuestaria.
La principal causa del excedente sigue siendo la diferencia entre gastos previstos y gastos reales. El Tribunal señala que no sería realista esperar una implementación del presupuesto del 100 %, teniendo en cuenta que el 80 % del presupuesto comunitario es de gestión compartida o descentralizada y que requiere de la acción de los Estados miembros para su ejecución.
No obstante, en el ejercicio 2003 el grado de implantación del presupuesto, en cuanto a la ejecución de pagos se refiere, alcanzó un ratio del 92 %, lo que representa una mejora considerable respecto a la cifra del 86 % del ejercicio precedente. 
En relación con la gestión presupuestaria de los Fondos Europeos de Desarrollo, observamos que el informe renovado sobre la gestión financiera constituye un esfuerzo para mejorar la calidad de la información relativa a la gestión del ejercicio.
La Comisión se ha esforzado por reducir el volumen de los compromisos pendientes de liquidación. Por otra parte, la ejecución de los pagos ha sufrido una insuficiencia de recursos financieros: 270 millones de euros. Para completar su informe, la Comisión debería reflejar en el mismo los costes de gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo.
Voy a terminar mi presentación refiriéndome al estado de la reforma administrativa lanzada por la Comisión en el año 2000.
En febrero de 2004, la Comisión publicó un informe sobre el grado de implementación de las acciones derivadas del Libro Blanco sobre la reforma. El Tribunal de Cuentas reconoce los progresos realizados por la Comisión en cuanto al nuevo marco de control, pero considera que los resultados de la implementación del sistema no son todavía satisfactorios.
En opinión del Tribunal, para ocho de las acciones que teóricamente estaban terminadas al final de 2003, entre las que se incluyen las relativas a los estándares mínimos de control interno o a las estructuras de auditoría interna dentro de cada Dirección General, el grado de implantación no es todavía satisfactorio.
Por ello, el Tribunal considera que, a pesar de los progresos realizados, la implementación de los estándares de control interno de la Comisión no puede considerarse todavía suficiente para dar garantías razonables sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones. El Tribunal anima a la Comisión a culminar la implantación del nuevo sistema de control interno, en particular en las áreas de gestión compartida, análisis de riesgos y recuperación de deudas.
Recordemos, por último, que la reforma de la Comisión parte del principio de la responsabilidad del gestor, de la rendición de cuentas y de la evaluación de los resultados. En este sentido, la Comisión Europea ha presentado, por primera vez, en el ejercicio 2003, un análisis sobre el grado de fiabilidad de sus sistemas de supervisión y control, en relación con la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, asumiendo así la responsabilidad en la gestión del presupuesto comunitario, como establece el artículo 274 del Tratado de la Comunidad Europea.
La Comisión ha manifestado que no está todavía en disposición de presentar una declaración sin reservas en una importante área de su gestión, los Fondos Estructurales, lo que ha sido corroborado por las observaciones del Tribunal de Cuentas.
En otras áreas de la gestión, la Comisión se remite a las declaraciones de los Directores Generales, de las que 21 contenían reservas. Estas reservas limitan la garantía ofrecida por los Directores Generales en sus declaraciones.
El Tribunal considera, por otra parte, que, a pesar de los esfuerzos y progresos que realiza la Comisión, estos no son suficientes si no se ven acompañados además por una mejora en los controles de los Fondos comunitarios, realizados por las distintas administraciones que participan en la gestión de estos fondos a nivel nacional. Este tema ha sido abordado en el Dictamen 2/2004 del Tribunal de Cuentas Europeo, emitido el pasado mes de abril, sobre la viabilidad de introducir un modelo de auditoría única, al que me refería al principio de mi intervención. Este dictamen fue realizado a petición del Parlamento Europeo.
La finalidad del modelo de auditoría única sería desarrollar en la Unión Europea un marco de control interno, eficiente y eficaz, que garantice la fiabilidad de los resultados y permita su utilización por todas las partes que participan en el control. Este es un campo en el que las instituciones europeas y los Estados miembros, con la colaboración de sus instituciones nacionales de control, pueden trabajar en estrecha cooperación, con el fin de desarrollar un marco jurídico que permita aplicar mejoras al control de los Fondos comunitarios.
Antes de poner punto final a mi intervención, me van a permitir que me salga un poco del orden del día. Como ustedes saben, mi mandato de Presidente del Tribunal acaba en enero de 2005. Completo así el ciclo de tres años, que empecé con la presentación en la COCOBU del programa de trabajo del Tribunal para el año 2002. Durante estos tres años he trabajado para fomentar y mantener las mejores relaciones de trabajo y confianza con el Parlamento Europeo, principalmente a través de la colaboración con su Comisión de Control Presupuestario. Se ha promovido una mejor comunicación, el intercambio de información y la mayor cooperación entre ambas instituciones. Creo que el balance es positivo y que el Tribunal proporciona cada día al Parlamento una asistencia independiente y profesional de mayor calidad. Eso solo se puede conseguir desde el respeto a la independencia y a los mandatos de nuestras respectivas instituciones.
Por otra parte, el Tribunal emprendió una reforma interna de su organización y estructura para mejorar la eficacia de la institución en el cometido de sus funciones y dotar de mayor flexibilidad y eficiencia a un colegio de 25 miembros. Esta reforma, consecuencia directa de la ampliación y del Tratado de Niza, ha tenido como objeto asegurar su eficacia, respetando su marco jurídico.
Al mismo tiempo, el Tribunal ha colaborado con las instituciones de control de los nuevos Estados con el fin de prepararles para el importante trabajo que deberán realizar como instituciones de enlace en las auditorías del Tribunal en sus respectivos Estados. Estas, junto con otras medidas de carácter técnico y de recursos humanos, han de ayudarnos a continuar y mejorar nuestro trabajo en una Europa ampliada. Hoy creo que podemos celebrar el cumplimiento de estos objetivos.
Termino aquí mi intervención, dándoles las gracias, señoras y señores, por la atención que me han prestado. 
El Presidente.
   Antes de dar la palabra al representante de la Comisión, en cuyo nombre va a intervenir el señor Kallas, quiero agradecer, en nombre del Parlamento, al Presidente del Tribunal de Cuentas el trabajo que ha desempeñado estos años.
Todavía puede que tengamos el placer de verle de nuevo por aquí, porque podría ser reconducido en sus funciones, pero si ese no fuera el caso, esta sería su última comparecencia y no quiero dejar de aprovechar la ocasión para señalarle la satisfacción que ha tenido el Parlamento de colaborar con usted y con la institución que preside, que es de una vital importancia para que este Parlamento pueda cumplir con sus funciones de control. Muchas gracias, señor Fabra.
Tiene la palabra el señor Kallas en nombre de la Comisión.
Kallas,
   – Señor Presidente, señor Fabra Vallés, miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, Señorías. Permítanme antes de nada agradecer al señor Fabra Vallés su intervención y repetir que estoy muy satisfecho con la imparcialidad y equidad del informe anual presentado por el Tribunal de Cuentas. Quiero reiterar al Tribunal y a este Parlamento que la Comisión tendrá muy en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del Tribunal.
Pero ahora, permítanme que aborde lo que me parece que es el aspecto político más importante de todo el proceso. Esa cuestión política esencial tiene que ver con el trasfondo negativo de la declaración de fiabilidad positiva, la llamada DAS. Ese trasfondo negativo se deriva del hecho de que, durante diez años consecutivos, el Tribunal de Cuentas ha sido incapaz de emitir una declaración de fiabilidad plenamente positiva.
Este presunto aniversario ha sido acogido con gran entusiasmo por la prensa euroescéptica –y por algunos políticos–, que han aprovechado la declaración de fiabilidad negativa para formular afirmaciones distorsionadas y desproporcionadas sobre la administración de los fondos de la Unión Europea en general. La situación se ha mantenido relativamente estable este año, pero solo porque la prensa euroescéptica ha estado demasiado ocupada con el aplazamiento de la investidura de la Comisión Barroso. No obstante, al margen de lo distorsionada que pueda estar la información y de las medidas que podamos adoptar para defender nuestra posición, año tras año esta percepción negativa sigue afectando a la opinión pública, a los referendos y a la cooperación paneuropea.
Eso nos lleva, inevitablemente, a plantearnos las siguientes preguntas: «¿Quién tiene la culpa de que las declaraciones de fiabilidad del Tribunal de Cuentas Europeo hayan sido negativas durante diez años consecutivos?» y «¿Qué debemos hacer al respecto?»
Si preguntáramos a la Comisión de quién es la culpa, su respuesta más sencilla sería culpar a los Estados miembros por la deficiente implantación del sistema de pagos y a la metodología aplicada.
Si preguntáramos al Consejo, este podría culpar fácilmente a la Comisión, quien, según el artículo 274 del Tratado, es claramente la responsable de ejecutar el presupuesto de la Unión Europea.
Si preguntáramos al Tribunal de Cuentas, insistirían en sus limitados recursos humanos y la magnitud de la tarea. En ocasiones sí que reconocen el progreso realizado por la Comisión, pero puesto que el Tratado no les deja mucho margen de maniobra en su enfoque, el resultado es una declaración de fiabilidad negativa. Pero ¿cual sería, Señorías, la respuesta del Parlamento Europeo? Por una parte, el Parlamento quería aprobar el presupuesto, pero por otra, la impresión es que ha tenido en cuenta la declaración de fiabilidad negativa. Es difícil conseguir un equilibrio en esa situación.
Celebro que el señor Fazakas presida la Comisión de Control Presupuestario este año, y que el señor Wynn sea el ponente para la aprobación de la gestión presupuestaria, con quien estamos de acuerdo en la gravedad de la situación. Eso significa que podemos permitirnos el lujo de ser ambiciosos. Todos debemos aspirar a algo más que a simplemente la aprobación de la gestión presupuestaria.
Las cuatro instituciones deben trabajar juntas para formular un plan de acción conjunto que permita obtener una declaración de fiabilidad positiva en un futuro próximo. Esta cuestión tiene que resolverse, y la Comisión está dispuesta a desempeñar el papel que le corresponde.
Permítanme que comente brevemente los debates celebrados en la Comisión de Control Presupuestario. Me complace el calendario, el formato y el enfoque adoptados por el Parlamento este año. En los debates de la comisión celebrados desde la semana pasada, se han planteado temas importantes para tratar de aclarar algunas cuestiones fundamentales que están todavía sin resolver. En mi opinión, este tipo de enfoque nos permitirá mejorar la calidad de nuestro diálogo.
Me alegré de que una de las cuestiones principales consideradas por la comisión fuera la manera de conseguir una declaración de fiabilidad positiva sobre los pagos en el futuro. Una declaración de fiabilidad positiva significa que la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria tiene suficiente confianza en que las autoridades encargadas de la supervisión y el control están al tanto de los gastos y reducen al mínimo el riesgo de irregularidades a un coste administrativo razonable.
Pese a lo que dice el Tratado, la Comisión no está en condiciones de conseguirlo por sí sola. Necesitamos una mayor coordinación de los procesos de auditoría y control presupuestario por parte de la Comisión, los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas. La minimización de riesgos exige unas medidas de supervisión y control mucho más eficaces, lo que a su vez significa llenar las lagunas en la auditoría y eliminar cualquier solapamiento.
En cuanto a los pagos realizados por los Estados miembros, por ejemplo, eso significa que los Estados miembros tendrían que emitir certificados de auditoría creíbles en los que pudiera confiar la Comisión, que es la responsable última.
Ni que decir tiene que los Estados miembros no han estado demasiado interesados en asumir esa responsabilidad adicional. Y tal vez nosotros tampoco hayamos conseguido motivar lo suficiente a los Estados miembros para que tengan algo más que un interés temporal en las cuestiones relacionadas con la aprobación de la gestión presupuestaria.
Cuando el Tribunal de Cuentas presentó su informe al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros la semana pasada, mi principal mensaje al Consejo fue que la aprobación de la gestión presupuestaria no es simplemente un asunto bilateral entre la Comisión y el Parlamento. Debemos tratar de encontrar más formas y oportunidades de recordar esto a los Estados miembros. Esperemos que el Parlamento y el debate de hoy nos ayuden a progresar en esta cuestión.
En cuanto a la Comisión, haremos lo que nos corresponde. Para nosotros, uno de los retos más importantes es el sistema contable. En este sentido, quiero insistir en que la Comisión ha hecho grandes progresos en la modernización del sistema contable y en la conversión al método de contabilidad basado en el devengo. Cuando se haya implantado el nuevo sistema en 2005, la Comisión estará muy por delante de la mayoría de las administraciones públicas de la Unión Europea.
Señor Presidente, señor Fabra Vallés, miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, no he utilizado mi tiempo de palabra para enumerar todas las medidas adoptadas por la Comisión que han sido bien acogidas en el informe del Tribunal de Cuentas. 
Permítanme decir simplemente que estamos, como no, encantados con la declaración de fiabilidad positiva que el Tribunal de Cuentas ha emitido sobre la fiabilidad de las cuentas. Celebramos que se hayan reconocido las mejoras conseguidas en la presentación de las cuentas este año. Y, desde luego, apreciamos la declaración de fiabilidad plenamente positiva que el Tribunal de Cuentas ha emitido con respecto a sus propios recursos, los créditos de compromiso y el gasto administrativo.
Ahora tengo la oportunidad de devolver el cumplido: el hecho de que la gestión financiera de la Unión Europea haya mejorado considerablemente en todos los niveles, garantizando a los ciudadanos europeos una mayor eficiencia, se debe en gran medida a los informes del Tribunal de Cuentas. Quiero agradecer muy sinceramente al señor Fabra Vallés la valiosa contribución del Tribunal. El procedimiento de aprobación de la gestión del presupuesto correspondiente al ejercicio 2003 ha comenzado. Quiero finalizar reiterando que a todas las instituciones les interesa y compete participar activamente en el futuro proceso. Mis colegas y yo en la Comisión estamos deseosos de debatir con ustedes la manera de conseguir el mejor resultado y la mejor forma de evaluarlo. Creo que eso nos interesa a todos.
Gracias. 
Busuttil (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, es lamentable que un informe de esta importancia se haya visto eclipsado por otros acontecimientos, como el nombramiento de la nueva Comisión, cuando todos debiéramos dar gran importancia al modo en que la Unión Europea utiliza el dinero de los contribuyentes en la gestión de su presupuesto. 
Celebro que en el informe de este año se reconozcan las mejoras realizadas en la utilización del presupuesto de la Unión Europea y los avances que se han hecho para reforzar el control financiero. Sin embargo, como ha dicho el señor Comisario, nos sentimos cada vez más frustrados por la declaración de fiabilidad negativa. El informe señala también que siguen existiendo deficiencias, sobre todo en el capítulo de la agricultura y en las acciones estructurales, un ámbito en donde los fondos comunitarios son gestionados conjunta o directamente por los propios Estados miembros. 
Procedente de un nuevo Estado miembro, me ha sorprendido en particular saber que una parte importante de los fondos destinados a diferentes Estados miembros se quedan habitualmente sin utilizar. Eso debería enviar un mensaje claro a las administraciones públicas nacionales, sobre todo a las de los nuevos Estados miembros, para que sepan que si no ponen en orden sus asuntos internos, corren seriamente el riesgo de no poder absorber los fondos de la Unión Europea, lo cual, desde luego, no sería una buena noticia.
A la vista de las nuevas perspectivas financieras, las diferencias que siguen existiendo entre gastos previstos y gastos reales nos indican también que difícilmente podemos esperar un aumento del presupuesto de la Unión Europea y un aumento de los fondos transferidos si no somos capaces de utilizar el dinero que ya tenemos.
El Grupo del PPE-DE seguirá insistiendo firmemente en que se utilice el presupuesto de la Unión Europea de modo eficiente, efectivo y respetuoso a las más estrictas normas de integridad. Queremos que los contribuyentes piensen que la Unión Europea hace un buen uso de su dinero y, sobre todo, que lo emplea en cosas que merecen la pena.
En este sentido, creo que estamos en el camino correcto, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Solicito al nuevo Comisario, a quien felicito por su nombramiento, que encabece la marcha. 

Fazakas (PSE ),
   .  En nombre de la Comisión de Control Presupuestario, quiero dar las gracias por haber podido celebrar nuestra sesión plenaria el 15 de noviembre, paralelamente a las comparecencias de la Comisión Barroso. En dicha sesión se presentó el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo para el ejercicio 2003. Esta es una de las funciones más importantes del Parlamento Europeo, y marca el inicio del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria. El Presidente Fabra Vallés ha realizado una evaluación detallada del ejercicio fiscal 2003. Quiero manifestar nuestro agradecimiento al Tribunal de Cuentas por un informe tan imparcial, profesional y equilibrado. 
Como saben ustedes, nuestra comisión introdujo la reforma del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria este año. Las preguntas por escrito tan complejas e impersonales han sido sustituidas por comparecencias orales de los Comisarios, creándose así unos foros de debate abiertos, animados y muy interesantes. Se ha establecido un fructífero diálogo entre el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Cuentas. Quiero agradecer a la Comisión y, sobre todo al señor Kallas, su actitud positiva y su talante colaborador. Para terminar, la integración del Tribunal de Cuentas Europeo en el proceso de aprobación de la gestión presupuestaria y la importancia otorgada al papel del ponente han sido acogidos, en general, con satisfacción, como explicará luego con detalle el señor Wynn. 
Mulder (ALDE ),
   .  Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al señor Fabra Vallés la forma en que, en los últimos tres años, ha estado siempre dispuesto a entablar un diálogo abierto con el Parlamento. Además, quiero desear al Comisario Kallas mucho éxito en su nuevo cargo; espero por su bien que el Tribunal de Cuentas Europeo pueda emitir una declaración de fiabilidad positiva al final de su mandato.
Las elecciones estarán todavía frescas en la memoria de casi todos y, como ha dicho el Comisario Kallas en su introducción, una de las principales críticas que hemos escuchado es que después de diez años, la Comisión sigue siendo incapaz de obtener una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas. Y eso da mucho que hablar a los euroescépticos. Tenemos que hacer todo lo posible por conseguir una declaración positiva. Ahora bien, el Tribunal de Cuentas debe decirnos con más claridad qué tiene que hacer exactamente la Comisión para obtener esa declaración positiva. ¿Cuáles son los criterios? Todos los años leo que las cosas están mejorando, pero nunca sé cuánto han mejorado. ¿Cuáles son las medidas concretas que debemos adoptar? El Parlamento ha hecho ya algunas sugerencias, como que aumenten las correcciones financieras. ¿Qué consecuencias tendría eso exactamente? ¿Las ha analizado alguna vez el Tribunal de Cuentas?
El año pasado especificamos en la resolución que de saberse que los fondos seguían utilizándose indebidamente en algún sector, la Comisión tendría que suspender el pago de anticipos. En la respuesta de la Comisión a los comentarios del Tribunal de Cuentas, se dice que eso ya se hace normalmente. ¿Qué consecuencias tiene eso exactamente? ¿Ha servido de algo? ¿Y cómo están las cosas en lo que respecta a la cooperación entre el Tribunal de Cuentas Europeo y los tribunales de cuentas nacionales? ¿Aplican los tribunales de cuentas nacionales los mismos criterios que el Tribunal de Cuentas Europeo a la hora de emitir la declaración de fiabilidad? ¿Puede un Estado miembro, al final de cada ejercicio presupuestario, firmar una declaración de buena fe de todos los gastos? Si resulta que al final se demuestra que eso no es así, ¿puede ocurrir que la Comisión no penalice al país en cuestión por habernos engañado? Todas ellas son medidas concretas que podrían adoptarse. ¿Podría el Tribunal de Cuentas analizar esto con más detalle? Me parece importante que sepamos en qué dirección estamos trabajando.
Ayer celebramos un debate sobre las nuevas perspectivas financieras. La mayoría de los países dicen que necesitan más dinero que el 1% solicitado por algunos Estados miembros. ¿Cómo puede justificarse eso si parece ser que, año tras año, los fondos no se gastan correctamente? Los argumentos a favor de recibir más fondos están perdiendo peso y me parece que el Tribunal de Cuentas Europeo ha visto reducido su trabajo.
Me sorprende también lo que he leído en el epígrafe 0.6 de la Introducción General del Informe Anual de 2003. En él se dice que el aumento de los compromisos pendientes de liquidación nunca ha sido tan grande. A finales de 2003, los compromisos equivalían a los pagos de cinco años. Esa es una cantidad increíblemente grande. En otras palabras, podríamos pasarnos cinco años sin adquirir nuevos compromisos. ¿Me equivoco al pensar que ese período de cinco años simplemente sigue corriendo?
Así pues, creo que todavía queda mucho por hacer. Me parece inaceptable que no tengamos una declaración de fiabilidad durante un período de dos o tres años. La Comisión tiene que establecer criterios claros que el Tribunal de Cuentas Europeo debe verificar, indicando también en qué medida se han conseguido los objetivos que ella misma se ha fijado. 
Staes (Verts/ALE )
   , .  Señor Presidente, señor Comisario, miembros del Tribunal de Cuentas, Señorías, en primer lugar quiero desear al señor Fabra Vallés mucho éxito en su futura trayectoria profesional. Siempre hemos mantenido una buena relación de trabajo y quería decirlo hoy aquí.
Quiero también dar la bienvenida al Comisario Kallas. Supongo que este es su primer debate en el pleno y me gustaría darle una palmada en el hombro como gesto de aliento. Celebro que el Comisario Kallas haya leído la carta de la Comisión de Control Presupuestario y de algunos diputados, como el señor Bonde y el señor Van Buitenen, y que, tal como se solicitaba en ella, haya aplazado la destitución de Martha Andreasen para poder escuchar a las partes y ver si su destitución está realmente justificada.
Señor Fabra Vallés, he escuchado con sumo interés su intervención y, al igual que el señor Mulder y muchos otros diputados a esta Cámara, tengo que decir que todos los años nos cuentan la misma historia. Se cometen errores a escala masiva, como constatamos también con la lectura del informe de la OLAF publicado la semana pasada. Creo que, en general, existe un problema de seguimiento y, en ese sentido, quiero pedir al Tribunal de Cuentas que nos diga específicamente qué legislación y qué reglamentos favorecen el fraude. Puede que el Tribunal de Cuentas, conjuntamente con el Parlamento, tenga que elaborar un calendario para reformar esa legislación. La Comisión tendría después que responder a este tipo de preguntas en su conjunto.
Una vez más, observo que el Consejo no está presente y me parece lamentable que, año tras año, una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria no evalúe ni controle debidamente el procedimiento de aprobación de la gestión. Por otra parte, los documentos referentes a la aprobación de la gestión que recibimos del Consejo son siempre vergonzosamente insustanciales y, de hecho, no tienen mucho interés. Quiero, por tanto, proponer que a partir de ahora se pida al Consejo, cuando el Tribunal de Cuentas tenga alguna crítica que hacer con respecto a aspectos relacionados con distintos ámbitos políticos, que los respectivos consejos especializados respondan a dichas críticas, de manera que podamos garantizar el buen funcionamiento del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de mutuo acuerdo. 
Titford (IND/DEM ),
   . – Señor Presidente, mis comentarios sobre el informe anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2003 se hacen eco por desgracia de lo que ya pensaba el año pasado. Poco ha cambiado: las cuentas no se han aprobado y cerca del 94 % de los datos se consideran inaceptables, ya sea por su escasa fiabilidad o por su elevado número de errores. Más de la mitad de los directores generales de la Comisión han firmado sus declaraciones con reservas. Eso es como si la Unión Europea dijera: «No tengo ni la menor idea.» Todo esto suena demasiado familiar.
Y no es de extrañar, puesto que desde hace diez largos años viene sucediendo lo mismo. En mi país, cualquier empresa que presentara unas cuentas poco fiables sería tratada sin miramientos, pero la Unión Europea lo lleva tolerando –como ya he dicho– desde hace más de diez años. La gran tragedia es que esta saga de corrupción y mala gestión que ya dura diez años es financiada por los pobres viejos contribuyentes.
No puede haber mejor testimonio de la impotencia de esta institución que el hecho de que se haya permitido un escándalo así durante tanto tiempo. Y eso que Marta Andreasen fue despedida por decir la verdad y el Parlamento aprobó una resolución que exigía al Secretario General y al Presidente del Comité de las Regiones presentar sus disculpas a un auditor interno por la persecución que había tenido que soportar, pero eso no fue suficiente. Todos los años sucede lo mismo.
El presente informe trata de echar la culpa de todo este maldito asunto a los Estados miembros, pero no debemos engañarnos sobre quién tiene realmente la culpa. La Comisión Europea es la única custodia de los fondos transferidos a la Unión Europea por los Estados miembros y es la única con poder para congelar los pagos si observa algún tipo de irregularidad. En su lugar, la Comisión se ha limitado a no hacer nada y a mirar hacia otro lado durante diez largos años.
Pero, desde luego, nosotros no somos los únicos que debemos sentirnos avergonzados. Al señor Blair y a sus colegas británicos se les debería caer la cara de vergüenza por seguir desviando el dinero de los contribuyentes a la Unión Europea a razón de 1,5 millones de libras cada hora cuando saben perfectamente lo mal que funcionan aquí las cosas. El Gobierno británico tiene la obligación de administrar sabiamente el dinero de los contribuyentes. Y está fallando estrepitosamente en su función.
¿Es que no preocupa a nadie esta situación? A mí y a mi partido sí que nos preocupa, desde luego. Esperamos que algo cambie en el futuro. 
Mote (NI ).
   – Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas es una farsa: la malversación de fondos públicos empieza por quienes le pagan, así que es imposible que el Tribunal sea eficaz. Los pocos contables honestos, profesionales y con experiencia que han conseguido acercarse a la gestión de tesorería de la Comisión han hablado todos ellos de negligencia institucionalizada. El sistema contable no es seguro, los cambios en los registros financieros son imposibles de rastrear y el nuevo sistema no será mucho mejor. Las nuevas disposiciones con las que se pretenden reforzar los controles aumentarán, de hecho, el riesgo de fraude. El Tribunal y la OLAF se ocupan de los problemas que existen una vez que los fondos públicos salen de aquí, de manera que la Comisión queda libre de presiones, cuando es en ella donde residen los verdaderos problemas. ¿Qué otra razón puede explicar que el Tesoro no se haya sometido a una auditoría independiente durante más de 14 años? ¡Es un escándalo! 
Elles (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, por décimo año consecutivo se nos dice que el Tribunal de Cuentas no ha podido otorgar una declaración de fiabilidad positiva con respecto a las cuentas anuales de la Unión Europea. Los Conservadores creemos que esta situación es deplorable y compartimos la opinión de aquellos que quieren que se subsanen de una vez por todas las deficiencias del sistema financiero. Sospecho que en años anteriores esta cuestión no ha gozado de verdadera prioridad, a pesar de que una Comisión tuvo que dimitir debido a algunos de estos problemas. 
Doy la bienvenida al señor Kallas, nuestro nuevo Comisario, en su primera intervención. Si no recuerdo mal, ha dicho en su intervención que se asegurará de que no exista la más mínima tolerancia frente a los casos de malversación y fraude. Pero no basta con decirlo.
Al contrario que los dos anteriores oradores, que solo están aquí para ser destructivos y críticos, los Conservadores queremos que se fijen tres prioridades para los próximos cinco años. La primera de ellas tiene que ver con el sistema de contabilidad. Tenemos que reconocer que se han producido fallos importantes, pero como han dicho el Comisario y el Presidente del Tribunal, vamos a implantar un nuevo sistema. Celebramos este importante paso, pero vigilaremos muy de cerca el nuevo sistema para ver exactamente qué es lo que consigue. 
En segundo lugar, con respecto a la cuestión de las denuncias de irregularidades, a menudo hemos recibido información –por ejemplo, en el caso de Eurostat– pero sin que se haya realizado ningún seguimiento de la misma. Necesitamos un sistema que permita a las personas dar un paso al frente y decir exactamente lo que está sucediendo.
Por último, lo más importante es la cuestión de la gestión compartida. Yo y otros agradecemos al Presidente del Tribunal su excelente trabajo, que ha abordado el problema real al que se enfrenta la Unión Europea. No es tanto una cuestión de fraude y corrupción como de ser capaces de saber a dónde va a parar el dinero: ya sea con certificados de auditoría de los Estados miembros o con un sistema de control interno, como ha sugerido el Presidente. Tenemos que asegurarnos de que en el futuro pueda otorgarse una declaración de fiabilidad o DAS positiva. Tenemos que asegurarnos también de integrar a los Estados miembros en el sistema y de hacer responsables a las administraciones nacionales, de manera que podamos rendir perfecta cuenta de los fondos europeos. 
Wynn (PSE ).
   – Señor Presidente, hace diez años fui ponente para la aprobación de la gestión del presupuesto y hace diez años dije que nunca conseguiríamos una declaración de fiabilidad positiva. Y lo dije porque, al margen de las deficiencias en el seno de la Comisión o los problemas que había con las irregularidades, hace diez años ya sabíamos perfectamente que había dos sistemas incompatibles: el sistema utilizado por el Tribunal para hacer su auditoría y el sistema utilizado por la Comisión por el modo en que funcionaba.
En los últimos diez años se han producido algunos cambios. El Tribunal ha cambiado su metodología, pasando a un sistema de cuatro pilares, y la Comisión ha emprendido las reformas Kinnock, pero yo sigo convencido de que, ni siquiera a partir del 1 de enero del año que viene, con el nuevo Reglamento financiero y con los nuevos sistemas contables, conseguiremos una declaración de fiabilidad positiva tal como están organizadas las cosas. Quiero dirigir un comentario al señor Titford. En su país, el Departamento de Seguridad Social no ha conseguido la aprobación de sus cuentas desde hace 14 años. El presupuesto federal norteamericano tampoco ha conseguido la aprobación de sus cuentas en los últimos seis años. La nuestra no es una organización única y hubiera sido conveniente, señor Titford, que hubiera participado usted en las audiencias que celebramos, seis en total. Por lo menos el señor Mote apareció en alguna ocasión y formuló alguna pregunta, pero el señor Mote es un Independiente británico independiente, y no un Independiente británico a secas como es el señor Titford.
Pero no nos desviemos del tema. Por un lado, tenemos a la Comisión que dice que utiliza la liquidación de cuentas porque así lo establece el Reglamento financiero. Así es como controla cosas como el gasto en agricultura. Su actitud es, por tanto, que los fondos pueden recuperarse. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no incluye eso en la declaración de fiabilidad? Conviene recordar que cuando se utiliza la liquidación de cuentas es cuando se recuperan realmente los fondos de los Estados miembros. No se recuperan de los agricultores ni de las organizaciones que los reciben, lo que significa que los contribuyentes nacionales son los que pagan por las irregularidades o los casos de fraude.
Luego el Tribunal dice que no hay nada de malo en recuperar fondos, pero que deberíamos tener un sistema en el que eso no fuera necesario. El sistema debería mejorar. Bueno, eso es fácil de entender. Así que la Comisión responde: bueno, pero hacer lo que el Tribunal dice costaría tanto dinero que no valdría la pena. Eso también lo puedo entender.
Comentaré algunas de las conclusiones de las seis audiencias que la Comisión de Control Presupuestario ha celebrado con los Comisarios y el Tribunal. Es evidente para todo el mundo que uno de los principales problemas es la gestión compartida. Como dijo uno de los miembros del Tribunal en las audiencias, no es un problema de control, no es un problema de auditoría, sino que es un problema de gestión. Estoy empezando a pensar que necesitamos un sistema que responsabilice a los órganos que autorizan la gestión en los Estados miembros de garantizar la legalidad y la ausencia de irregularidades.
Parece extraño que, en un sistema de gestión compartida, solo una de las partes tenga que rendir cuentas. Eso supondrá cambios en la legislación y exigirá la cooperación del Consejo y los Estados miembros. Desde el punto de vista del Tribunal, todavía me tienen que convencer de la fiabilidad de dos de los cuatro pilares mencionados por el señor Fabra Vallés.
Me preocupa realmente el número de transacciones inspeccionadas y cuestiono también la medida en que se utiliza el trabajo de otros auditores. Necesitamos un informe periódico de la actividad relacionada con el trabajo de las auditorías nacionales para tener la seguridad de que los cuatro pilares proporcionen una declaración de fiabilidad transparente. El Parlamento seguirá pidiendo, como siempre, que el Tribunal desglose la declaración de fiabilidad para que la autoridad presupuestaria sepa exactamente dónde están los problemas.
Nos encontramos en una situación en que el Tribunal establece una serie de reglas que la Comisión, haga lo que haga, nunca podrá cumplir a un coste razonable en comparación con el posible beneficio. No estoy tratando de doblegar las reglas, sino de ajustarlas. Pido al Tribunal que trate de establecer un conjunto de reglas que sean aplicables. Imaginen al Barcelona jugando contra el Manchester United en la Final de la Copa de Europa. Los 70 000 espectadores que llenan el estadio tienen los ojos fijos en el campo y en los jugadores. Toda Europa está viendo el partido. Cuando aparece el árbitro, camina hacia el centro del campo y coloca a los pies de Wayne Rooney no una pelota de fútbol, sino una pelota de rugby. Mientras los jugadores tratan de señalar los problemas que pueden tener con una pelota ovalada, el árbitro dice: ¡No se preocupen por la pelota y pónganse a jugar!
Esa, francamente, es la actitud del Tribunal ante los esfuerzos por cambiar el sistema. La pelota no importa, pongámonos a jugar. Pero que quede claro: esta analogía no significa que la Comisión o los Estados miembros deban considerarse la elite de la administración pública.
Quiero hacer un último comentario. Por suerte, estoy en la comisión temporal encargada de las nuevas perspectivas financieras. No debemos aprobar nuevas perspectivas financieras hasta que no hayamos resuelto este problema de fiabilidad y responsabilidad de los Estados miembros. 
Virrankoski (ALDE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Tribunal de Cuentas y, en particular, al señor Fabra Vallés, su informe anual y la presentación del mismo en esta sesión plenaria. Los estados financieros demuestran que existen deficiencias en la administración de la Unión Europea. Los problemas afectan sobre todo a las medidas estructurales. El año pasado se quedaron sin gastar 8 300 millones de euros. A mediados de año los pagos se redujeron 5 000 millones de euros, pero aún así los estados siguen indicando una cifra de 3 100 millones de euros no utilizados. En total, los créditos de pago presupuestados que no se han utilizado durante el período 2000-2003 ascienden a 34 000 millones de euros. La consecuencia de esto es que los compromisos pendientes han aumentado a 69 300 millones de euros, lo cual significa que para pagar los atrasos necesitaremos el equivalente a los créditos de dos años completos.
La gestión de la política estructural merece una revisión en profundidad cuando se elaboren los nuevos reglamentos. Otro problema es el de los pagos ilícitos efectuados con cargo al gasto agrícola, que entre 1971 y el año pasado ascendieron a 3 100 millones de euros. En el futuro debemos implantar un sistema en el que los pagos no justificados pueda descontarse directamente de la ayuda pagada a un Estado miembro el año siguiente, y la cantidad retenida pueda permanecer en la cuenta de ese Estado miembro.
Los estados financieros y el informe anual de auditoría que se han presentado ahora son los primeros que se basan en el nuevo Reglamento Financiero. Son, por tanto, muy importantes para el futuro. La declaración de fiabilidad contenida en el informe es, de nuevo, motivo de preocupación. Por décima vez consecutiva, la declaración no es positiva ni ofrece garantía alguna de que el gasto de la Comisión con respecto a los pagos sea en conjunto legal y correcto. Por eso es difícil controlar la situación. Si la Comisión no ha sabido desempeñar sus obligaciones de una manera perfectamente legal y correcta, el supuesto básico es que tiene que dimitir. Tendría que haber dimitido en cada uno de los últimos diez años. La legalidad y la conducta correcta constituyen la base de toda buena administración. Pero solo dimitió la Comisión del señor Santer, y sus motivos fueron más políticos que jurídicos.
Toda aprobación de la gestión presupuestaria debe basarse en lo que es correcto desde el punto de vista humano. La cuestión que se plantea es si las cuentas y la administración se han atendido con el mismo cuidado con que un hombre prudente atendería sus propias finanzas. La naturaleza de los errores cometidos es también un factor decisivo. ¿Se trata en este caso de una diferencia de interpretación, una negligencia, un error administrativo claro o un fraude intencionado? La declaración de fiabilidad no da ninguna respuesta clara sobre la naturaleza de los errores. Algo habrá que hacer para mejorar la administración y la labor de auditoría en el futuro. Por eso estoy de acuerdo con el ponente para la aprobación de la gestión presupuestaria, el señor Wynn, cuando pide que se mejore el sistema. Ayer el señor Nicolaï, representando al país que ostenta la Presidencia, se manifestó también de acuerdo con esto. 
Lundgren (IND/DEM ).
    Señor Presidente, el informe anual del Tribunal de Cuentas es un análisis en su mayor parte competente y convincente de las cuentas de las Comunidades Europeas. Pero como podemos ver todos nosotros en esta Cámara, es un verdadero escándalo que por décimo año consecutivo el Tribunal de Cuentas no haya podido emitir una declaración de fiabilidad positiva.
Conviene señalar que, por supuesto, no es competencia del Tribunal de Cuentas tratar de descubrir fraudes y otros delitos. Eso es competencia de la OLAF y, además, se producen multitud de escándalos de ese tipo en todas las actividades de la Unión Europea. Los diputados al Parlamento Europeo y los funcionarios de la Unión Europea hablan abiertamente de escándalos que nunca llegan a hacerse públicos ni dan lugar a acciones legales, pese a que muchas personas conocen perfectamente su existencia.
Ahora nos encontramos con que el Tribunal de Cuentas no puede aprobar transacciones relacionadas con la política agrícola, la política estructural, las acciones exteriores y las ayudas de preadhesión. Estas son las transacciones de lejos más importantes en términos de sumas de dinero, lo que significa que la parte más grande con diferencia de esos pagos no puede ser fiscalizada por los ciudadanos. 
Significa también que la Unión Europea no debe seguir transfiriendo fondos a países y organizaciones cuya tarea consiste en administrar ese dinero de acuerdo con los deseos de las autoridades de la Unión Europea. Probablemente nunca se podrá fiscalizar un sistema así. En realidad no existen razones para llevar a cabo estas actividades que no pueden supervisarse en ámbitos como la agricultura, la política estructural y las ayudas.
Existen motivos para ayudar a los países más pobres de la Unión Europea, pero esas ayudas deben canalizarse a través de la transferencia de fondos sin fines específicos. La ayuda a los países ajenos a la Unión Europea no debe canalizarse a través de las autoridades de la Unión Europea, sino a través de las instituciones de Naciones Unidas o mediante transferencia directa de los Estados miembros. 
Martin, Hans-Peter (NI ).
    Señor Presidente, si alguien ha podido seguir el debate de hoy sin llegar a la conclusión de que es el momento ideal de considerar algunas cuestiones fundamentales, habrá tenido que taparse los oídos muy fuerte con las manos. 
Como institución, un Tribunal de Cuentas tiene que ser siempre uno de los más fieles aliados de los ciudadanos. Consideren la manera de trabajar del Tribunal de Cuentas estos días, y pregúntense si existe forma alguna de garantizar esa fidelidad. ¿Qué ha estado sucediendo estos últimos años? Incluso ahora recuerdo los grandes titulares que ocupó el informe del Tribunal de Cuentas en 1992. Pero hoy los ciudadanos dicen que en el fondo «solo es más de lo mismo».
¿Representa el hecho de que nosotros nombremos a 25 cargos importantes del Tribunal de Cuentas un progreso para este o para la Unión Europea y, si así fuera, qué mejoras cualitativas se van a producir? Lo que espero de usted, señor Fabra Vallés, es que ahora piense en lo que está haciendo tras escuchar lo que se ha dicho aquí, y luego espero que volvamos a centrar este debate en cuestiones de principio. 
Maat (PPE-DE ).
    Señor Presidente, cuando digo que el Informe anual del Tribunal de Cuentas es una buena herramienta para el Parlamento, es también un cumplido para su Presidente saliente. Pero antes de hablar sobre el informe con más detalle, quiero hacer dos comentarios políticos.
Tanto el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales para Europa como el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo se han referido a la política agrícola. Yo no voy a negar que las cosas se hacen mal a veces en lo que respecta a los pagos, pero la intención nunca puede ser que la industria sufra las consecuencias cuando la Comisión o un Estado miembro hace mal las cosas e incumple las normas. Su deficiente aplicación no puede ser nunca un motivo para reanudar el ataque contra la política agrícola europea con sus estrictas normas en materia de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y bienestar de los animales.
Quiero referirme a un punto específico del informe: la política de la Unión Europea en materia de enfermedades animales. El Tribunal de Cuentas tiene razón cuando dice que la supresión de la política de no vacunación a principios de los años noventa se basó en una serie de supuestos, que han cambiado totalmente. El número de mataderos se ha reducido drásticamente y el número de cabezas de ganado transportadas ha crecido de manera exponencial. Si nos remontamos a 1998, la FAO ya advirtió a la Comisión de las consecuencias de esto y de la posible propagación de enfermedades animales. Observo que la Comisión no ha hecho prácticamente nada con respecto a esas advertencias. Bajo la presión de la comisión temporal de la fiebre aftosa, se modificó algo la legislación en materia de fiebre aftosa, pero sin llegar a cumplir las recomendaciones de la FAO o la OIE, la Oficina Internacional de Epizootias. Aquí es donde un enfoque mucho más dinámico por parte de la Comisión habría hecho realmente justicia al informe del Tribunal de Cuentas.
Existen tres cuestiones que la Comisión debe abordar. En primer lugar, la Comisión tiene que garantizar que se revise la política de no vacunación y que la vacunación se convierta en la norma, una norma establecida también en todo el mundo para cumplir los requisitos de la OIE. En segundo lugar, la Comisión tiene que aplicar esa política de una manera uniforme en todos los Estados miembros. En tercer lugar, ninguna de las disposiciones contenidas en los reglamentos europeos, incluidas las referentes al pago de primas a los mataderos, debe volver a interponerse nunca en la aplicación de esta política. 
Bösch (PSE ).
    Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Tribunal de Cuentas por este informe. Sus anteriores informes habían sido más flojos que este último, que me parece importante y bueno, sobre todo cuando estamos a punto de negociar las perspectivas financieras. La Comisión tiene una gran parte de responsabilidad en esto. Se trata simplemente de que no debemos dejarnos estafar por los Ministros de Finanzas de esos mismos países que no están utilizando los Fondos Estructurales, cuando hemos transferido más de 100 000 millones de euros a ese fin en particular. Aquí es, señor Comisario, donde tenemos que cambiar los objetivos para las perspectivas financieras.
Lo mismo ocurre cuando vemos, una vez más, dónde están las principales deficiencias y los fraudes. Estoy pensando ahora en todo el ámbito de las restituciones a la exportación para la producción agrícola. La pelota está ahora en el campo de la Comisión. Pero mientras tengamos políticas como esta en la Unión Europea, seguiremos viendo titulares con duras críticas a la política europea. La lección que este informe puede enseñarnos es la necesidad de abandonar esas políticas.
Quiero llamar también su atención sobre las ayudas de preadhesión que aprobamos para los diez nuevos Estados miembros. Hasta la fecha de la adhesión de esos países se había utilizado el 15 % de esas ayudas Hoy he escuchado decir al Comisario responsable del programa SAPARD que los fondos se están transfiriendo a un ritmo estupendo, pese a ser un instrumento concebido para antes de la adhesión, no para después de ella. En el futuro habrá otras ampliaciones; de hecho, esas nuevas ampliaciones ya son inminentes. Extraigamos una lección de esta. La responsabilidad recae en la Comisión, y ahí es donde las cosas pueden acelerarse un poco. Si se logra eso, este informe habrá sido un gran éxito. Los miembros del Tribunal de Cuentas no son historiadores; tampoco lo somos en esta Cámara. Queremos extraer conclusiones positivas de las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas. 
Lang (NI ).
    Señor Presidente, como ocurre todos los años, el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto los graves problemas, los errores manifiestos y los casos de fraude que existen en la gestión del Presupuesto, sobre todo en los ámbitos de la Política Agrícola Común y los Fondos Estructurales. 
Todos los años, el Parlamento Europeo y los Estados miembros toman nota de estas deficiencias, pero nada cambia. Nada cambia porque Europa se ha convertido en una enorme máquina burocrática en donde nadie tiene ya ninguna responsabilidad, una conclusión a la que también se llegó en el análisis del Informe de Expertos Independientes que provocó la dimisión de la Comisión Santer en 1999. 
Además, la OLAF no tiene ni los medios ni la voluntad de vigilar la correcta utilización de los fondos comunitarios, y los Estados miembros tienden a proteger a sus respectivos ciudadanos cuando son sospechosos de fraude.
En resumen, es hora de que los Estados miembros, que son los principales contribuyentes al Presupuesto comunitario, controlen los fondos transferidos a ellos y vigilen su correcta administración, imponiendo graves penas a los infractores, entre ellos a los culpables de fraude. De lo contrario, recibiremos año tras año el mismo informe del Tribunal de Cuentas denunciando las mismas deficiencias, pero sin ningún tipo de efecto práctico. 
Pálfi (PPE-DE ).
    Me dirijo a ustedes hoy como delegado de un país que, por su experiencia histórica, está plenamente comprometido con el proyecto de una Europa común. Después de la segunda Guerra Mundial, Churchill, refiriéndose a Europa del Este, comentó que la Unión Soviética había engullido a los países de Europa del Este –exactamente los que acaban de reincorporarse a Europa– y que después de la comida viene la digestión. Permítanme que aplique esta idea de la digestión a los llamados fondos de preadhesión, que permiten a esos Estados participar en los procesos europeos con la mayor rapidez y eficiencia posible.
Permítanme que diga que el informe del Tribunal de Cuentas es muy sincero en lo que se refiere a los fondos de preadhesión. Su método de examen está claro y, por tanto, es también indicativo del futuro, ya que podrá utilizarse para examinar los mismos fondos dentro de unos años. Sus observaciones son correctas y, como ha dicho mi colega, el señor Bösch, los fondos de preadhesión proporcionan muy poca o ninguna ayuda a los diez nuevos Estados miembros. Por ejemplo, tres años después de la puesta en marcha del Programa de Adhesión Especial para la Agricultura y el Desarrollo Rural, se había transferido el 14,8 % de los fondos. En el informe se dice también que las autoridades de los países candidatos han complicado en exceso las condiciones para obtener estos fondos. En conclusión, el Tribunal de Cuentas está ayudando con su informe a la toma de decisiones políticas y al conocimiento de los resultados de estas decisiones. 
Ayala Sender (PSE ).
    Señor Presidente, me sumo hoy al agradecimiento al señor Fabra Vallés por sus tres años al frente del Tribunal de Cuentas, por la profesionalidad consolidada del Tribunal, la dinamización de sus actividades y la credibilidad de sus informes y dictámenes, tan útiles y fundamentales para el trabajo del Parlamento Europeo y de los parlamentarios y parlamentarias que aquí estamos.
Con todo, como nueva diputada, debo expresar mi desánimo y consternación porque un año más, y escuchando a los compañeros y compañeros que llevan muchos más años, el desánimo es todavía mayor, la presentación del informe anual resulta un ejercicio frustrante; todos los esfuerzos y progresos realizados por las diversas instituciones, y de manera última por la Comisión a instancias del Parlamento Europeo, siguen sin ser suficientes para lograr una declaración de fiabilidad positiva. Pesan más las reservas que los avances y la ciudadanía sigue recibiendo malas noticias sobre irregularidades y situaciones insatisfactorias.
También creo que diez años son muchos, son suficientes, y que en este momento de inicio de las negociaciones de unas nuevas perspectivas financieras, en una Europa ampliada a 25 y pronto a 27, es de absoluta urgencia llegar a un compromiso entre las instituciones, para que queden definitivamente claras las responsabilidades compartidas y evitar así el creciente peligro de la renacionalización, esos cantos de sirena de quienes, desalentados por las malas noticias anuales sobre las cuentas, ven la solución en reducir los presupuestos de la Unión y volver a fórmulas menos comunitarias, menos solidarias y cohesivas.
Yo no me conformo, señoras y señores, no me resigno a ver cómo euroescépticos y renacionalizadores utilizan el informe del Tribunal de Cuentas y la incapacidad de otorgar una declaración de fiabilidad positiva para atacar lo que es el corazón de la Unión Europea, su cohesión económica y social y sus políticas de futuro. Por consiguiente, apelo a la Comisión, –al señor Kallas que en su primer día ha demostrado una gran voluntad– y al Tribunal de Cuentas, –al señor Fabra Vallés, con su experiencia–, para que logremos encontrar una vía innovadora, un compromiso interinstitucional firme con el Parlamento Europeo –evidentemente–, que nos conduzca a una declaración positiva que garantice a los ciudadanos europeos, que su contribución a la construcción europea se programa bien, se gasta bien y contribuye a tener el valor añadido que todos buscamos.
Fjellner (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Fabra Vallés y al Tribunal de Cuentas. Como nuevo diputado al Parlamento Europeo, quiero decir que el contenido del informe es muy interesante. Aunque el lenguaje del Tribunal de Cuentas es cortés, el informe contiene críticas devastadoras. Me sorprende la magnitud de las deficiencias detectadas y creo que tras diez años sin un informe positivo de los auditores, las implicaciones están muy claras.
A mí me parece que las deficiencias más graves son probablemente las que afectan a lo más fundamental, en concreto al sistema contable. No podemos aceptar otra cosa que no sea la inmediata solución de estos problemas.
Pero ahora quiero centrarme en algo totalmente diferente. En los últimos días se han debatido en el pleno dos cuestiones importantes: este informe de los auditores y la cuestión de las perspectivas financieras de la Unión Europea. Creo que ya es hora de que estas dos cuestiones se vinculen.
El informe de los auditores contiene una crítica importante y fundamental que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar el futuro. Después de leer el informe, resulta evidente que, en numerosos ámbitos, la Unión Europea no tiene la oportunidad de gastar de una forma razonable los fondos asignados; pero aún así, la mayoría de los ciudadanos parecen estar a favor de aumentar los fondos. De la misma forma, el Tribunal de Cuentas demuestra que se hace un uso limitado de los fondos de la Unión Europea en muchos ámbitos; no obstante, es precisamente en esos ámbitos en donde muchos quieren invertir más dinero.
En los ámbitos donde existe una mayor necesidad de reformas y donde existen numerosos problemas, estos últimos no se resuelven con la asignación de más fondos. Precisamente por esa razón, quiero dirigirme no solo a la Comisión, sino en particular a los diputados a esta Cámara y a otros para pedir a todos los que quieran debatir en serio la cuestión de las perspectivas financieras, o el futuro económico de la Unión Europea, que lean el informe de estos auditores y que se tomen muy en serio su contenido. Gran parte del contenido del informe tiene una enorme importancia y perjudicará a la Unión Europea si no se tiene en cuenta. 
Casaca (PSE ).
    Señor Presidente, yo también quiero elogiar el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas en estos últimos años y mencionar, en particular, que en su informe anual correspondiente al ejercicio de 2003 advierte que los servicios de la Comisión y, en particular la OLAF, no realizaron el debido seguimiento de algunos casos de fraude que afectaban al presupuesto de agricultura de la Comunidad. Ese es, en realidad, el aspecto más preocupante de la situación, sobre todo porque el caso más grave que debatimos en esta Cámara durante la pasada legislatura fue el de iniciado en octubre de 1999 cuando la OLAF fue alertada por la policía italiana de un fraude cuyo coste para el presupuesto comunitario fue estimado por la propia policía italiana en 100 millones de euros.
En noviembre de 2004 escuché con gran sorpresa a esta nueva Comisión decir que no existía ninguna acusación en firme por pérdidas para el presupuesto de la Comunidad. Eso es totalmente increíble y demuestra la gravedad de un problema sin resolver que implica un fraude a gran escala en la enorme industria alimentaria europea, como he dicho innumerables veces en esta Cámara. Sobre este problema, más que sobre otras irregularidades formales de escasa importancia, quiero llamar la atención de la Cámara, de la Comisión y, en particular, del señor Kallas, que asiste con nosotros a este debate. 
Parish (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, una vez más se nos presenta un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la fiabilidad de las prácticas contables de la Comisión y las propias cuentas por décimo año consecutivo. El Tribunal dice que cerca del 95 % del presupuesto de la Unión Europea tiene problemas graves con respecto a la responsabilidad y el gasto efectivo. Hace dos años, Marta Andreasen, la jefa de contabilidad de la Comisión, planteó muchos de los problemas que existían con las cuentas de la Unión Europea. En lugar de escucharla y seguir sus consejos, la Comisión la amonestó, la suspendió de sus funciones y dos semanas antes de que la anterior Comisión finalizara su mandato, la destituyó.
Los ciudadanos europeos se muestran escépticos ante muchos de los problemas de la Unión Europea, pero su principal preocupación es que la Unión Europea sea incapaz de tener unas cuentas correctamente auditadas y aprobadas. Esta situación no puede continuar, porque hundirá cada vez más a la Unión Europea en el descrédito. Es fundamental que la nueva Comisión actúe de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Como miembro de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, quiero centrarme ahora en el informe especial del Tribunal sobre la crisis de 2001. El informe del Tribunal pone de manifiesto los muchos fallos que cometió el Gobierno británico durante la epidemia de fiebre aftosa. No se adoptaron medidas para hacer frente a la grave epidemia de esta enfermedad, ni controles financieros adecuados para gestionar la epidemia. El Tribunal ha detectado también numerosos problemas importantes con los transportes de animales. Los tres días que el Gobierno tardó en prohibir los transportes de animales permitieron que la enfermedad se propagara rápidamente, con el resultado de que hubo que sacrificar al doble de animales. La falta de control financiero por parte del Gobierno británico hizo que la Comisión Europea rechazara casi dos tercios de la cantidad reclamada por Gran Bretaña y cerca de 948 millones de libras esterlinas de fondos comunitarios para emergencias. Todo eso ha hecho que los contribuyentes británicos pierdan cerca de 600 millones de libras esterlinas.
El informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la fiebre aftosa ha vuelto a insistir en la necesidad de una plena investigación pública en el Reino Unido sobre la epidemia de fiebre aftosa de 2001.
El Presidente.
   – El debate queda cerrado. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la situación en Colombia. 
Ferrero-Waldner,
    Señor Presidente, Señorías, permítanme que de entrada diga que Colombia nos importa por ser un país en donde la Unión Europea tiene intereses que van desde el comercio y las inversiones, hasta cuestiones como la producción y el tráfico de drogas, las redes criminales, el terrorismo, los flujos migratorios y la dimensión regional del conflicto que está teniendo lugar allí. Pero más que nada, nos importa por los valores que compartimos con nuestros amigos colombianos, como el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y también la mitigación de la pobreza y el desarrollo económico sostenible.
Así pues, les agradezco que me ofrezcan la oportunidad de explicar mi análisis de la situación en Colombia y las políticas que queremos aprobar con respecto a este país. Explicaré el objetivo estratégico de nuestras acciones y los principios e instrumentos fundamentales que las sustentan y que estamos aplicando con ese objetivo en mente. Las continuas y graves violaciones de los derechos humanos y el hecho de que la situación siga siendo muy difícil para la seguridad de muchos colombianos nos producen, lógicamente, una gran inquietud y exigen nuestra plena solidaridad, sobre todo con el pueblo colombiano.
Nuestro objetivo estratégico es, pues, lograr una paz duradera y apoyar a los colombianos en este sentido. La piedra angular de nuestra estrategia global con respecto a Colombia es la búsqueda de una solución pacífica. Para este conflicto no habrá una solución puramente militar, y por eso es importante que busquemos formas de llegar a un acuerdo pacífico aunque sea con grupos ilegalmente armados, siempre que estén dispuestos de verdad a negociar un tratado de paz. Desde este punto de vista, la Comisión otorga gran importancia a los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre todo en su relación con los grupos armados ilegales en Colombia. La participación actual de la Organización de Estados Americanos en la «Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia» y la mediación del Gobierno mexicano entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional representan ambas unas contribuciones muy valiosas. Todos los grupos armados ilegales tienen que poner fin a las hostilidades; se les ha exigido además que demuestren su voluntad de embarcarse de una vez por todas en un proceso de paz con la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y otras personas retenidas por esos grupos.
Nosotros, en la Unión Europea, tenemos que considerar la manera de proporcionar fondos para apoyar las negociaciones de paz tan pronto como se adopte una estrategia integral de negociación con los grupos armados. Estamos convencidos de que la vibrante sociedad civil de Colombia debe desempeñar también un papel fundamental en estas negociaciones de paz a través del diálogo continuo con el Gobierno colombiano y la comunidad internacional.
Nuestro objetivo a corto plazo es garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en la Conferencia de Londres de 2003 por la comunidad internacional y por el Gobierno colombiano. Nosotros tenemos que respetar nuestros compromisos en materia de ayuda económica, pero el Gobierno colombiano tiene también que respetar los suyos, sobre todo los relacionados con el respeto de los derechos humanos que contrajo ante el Alto Comisariado de las Naciones Unidas responsable de estos asuntos.
La reunión convocada por el Gobierno colombiano los días 3 y 4 de febrero de 2005 será una muy buena oportunidad tanto para reiterar la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo colombiano, como para recordar los compromisos que se han contraído.
Nuestra estrategia respecto a Colombia se basa, pues, en tres principios fundamentales. En primer lugar, la defensa del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que implica también la necesidad de vigilar la situación de los derechos humanos. En segundo lugar está el buen gobierno, que implica nuestro apoyo al Gobierno colombiano, sobre todo en sus esfuerzos por construir un Estado de Derecho. En tercer lugar, por supuesto, está el desarrollo sostenible, en particular el desarrollo de la cohesión social, que se debatió también en la cumbre de mayo en Guadalajara.
La Unión Europea y la Comisión están desplegando todos los instrumentos de política exterior disponibles para conseguir esos objetivos. Uno de esos instrumentos es la diplomacia activa, mediante la cual apoyamos el proceso de paz internacional. Otro instrumento importante son los acuerdos comerciales extremadamente favorables a las exportaciones colombianas, con lo que me refiero a la propuesto que hemos presentado de un Sistema de Preferencias Generalizadas que permita mantener las preferencias comerciales para las exportaciones de Colombia y que también, por supuesto, beneficie al desarrollo económico sostenible. El tercer instrumento es la ayuda al desarrollo.
La consideración de la ayuda comunitaria como tal, a través de la cual los Estados miembros de la Unión Europea proporcionan ayuda bilateral, revela que la Comisión ha cumplido realmente sus obligaciones. Creo que podemos sentirnos orgullosos de haber hecho más de lo que nos comprometimos a hacer. Al final del actual período de programación podremos ir más lejos, y en la conferencia de donantes de 2001 ya anunciamos la concesión de 140 millones de euros a Colombia durante el período 2001-2006, la mayor suma jamás gastada en un país de Latinoamérica. A finales de 2003 ya habíamos comprometido 136 millones de euros, y estoy convencida de que, entre 2004 y 2006, habremos asignado todos esos fondos, que en realidad son muchos más de los que habíamos prometido.
Existen una serie de prioridades que queremos conseguir con esta ayuda comunitaria que administra la propia Colombia. Una de ellas es el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo en el sistema judicial y en lo que respecta al Estado de Derecho; eso es muy importante. En segundo lugar, queremos apoyar el proceso de paz por medio de los denominados «laboratorios de paz», que son programas de desarrollo local integral dirigidos principalmente a complementar las iniciativas de paz en el ámbito local. Por último, como he dicho antes, queremos defender los derechos humanos y proporcionar ayuda humanitaria, sobre todo a las víctimas de expulsiones. Gracias a las reformas de la administración de la ayuda comunitaria puestas en marcha por mi predecesor, Chris Patten, los pagos netos han aumentado enormemente, hasta casi alcanzar los 30 millones de euros ya en 2003.
He tratado de explicar los fundamentos de una buena política para Colombia. Creo que tenemos que seguir por ese camino y pueden estar ustedes seguros de que la Comisión así lo hará también en el futuro. 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, es evidente que la situación de los derechos humanos en Colombia dista de ser perfecta, y es evidente también que el Parlamento Europeo tiene que contribuir a la causa de la paz, al apoyo a los derechos humanos y a las recomendaciones del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recomendaciones que muchas veces van dirigidas no solo al Gobierno de Colombia, sino a los actores armados, como los paramilitares, las FARC y el ELN; organizaciones que se encuentran en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.
Precisamente las FARC son responsables de más de 6 000 secuestros y de más de 300 asesinatos en los últimos años y también de las minas antipersonales, a causa de las que, desgraciadamente, todos los días fallece en Colombia una media de dos personas, de las cuales el 40 % son civiles y, de ese 40 %, la mitad niños.
El Presidente Uribe ha desarrollado una política de seguridad democrática que ha favorecido toda una serie de mejoras. Se han producido en los últimos años un 26 % menos de secuestros y una tasa de homicidios que es la más baja de los últimos 18 años, pero hay un número muy importante de alcaldes amenazados.
No debemos olvidar que el Presidente Uribe ha sido uno de los pocos Jefes de Estado que ha venido a este Parlamento, que ha comparecido ante el Pleno y que, además, ha comparecido ante la comisión para entablar un diálogo franco con los diputados sobre la situación de los derechos humanos en su país. Este diálogo lo ha continuado el Vicepresidente, que viene todos los años a dialogar con organizaciones no gubernamentales, a las que informa de los avances que está realizando en este ámbito el Gobierno.
Señor Presidente, quiero decir que, solamente desde la ignorancia o desde la mala fe, no se pueden reconocer los avances que se han producido en los últimos años gracias a la política del Gobierno colombiano. Es evidente que nuestro Parlamento tiene que apoyar la causa de los derechos humanos, que el Gobierno puede y debe hacer más, pero, es evidente también, que los que extorsionan, los que asesinan, los que chantajean y los que causan víctimas son las organizaciones terroristas – las FAR y el ELN– y tenemos que ser implacable con estas organizaciones, que son las que realmente atentan alevosamente contra los derechos humanos en ese país.
Medina Ortega (PSE ),
   . Señor Presidente, me congratulo de que esté en este momento la señora Ferrero-Waldner en nombre de la Comisión. El diálogo entre ella y el Parlamento fue magnífico cuando ocupó el cargo de Presidenta del Consejo, y estoy seguro de que continuará siéndolo en los próximos cinco años. Y me congratulo también de la forma en que ha expuesto el tema de Colombia. En efecto Colombia es, probablemente, uno de los países más maravillosos del mundo, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de sus paisajes, desde el punto de vista de su riqueza y desde el punto de vista de su gente, que es maravillosa, encantadora, agradable.
Pero Colombia tiene un problema, y es un problema de violencia estructural, porque las manifestaciones de violencia en la calle, los enfrentamientos entre guerrillas y el narcotráfico, son la expresión de una situación profundamente injusta, de enormes desigualdades dentro del país, de forma que, aunque acabemos con la guerrilla y el narcotráfico, si esos problemas no se solucionan, la violencia volverá a aparecer. Yo creo que en este aspecto la señora Comisaria ha hecho una exposición clara, objetiva, muy precisa y muy constructiva. No se trata de atajar solo uno de los problemas: evidentemente, si la violencia continúa no puede haber paz, pero tampoco puede haber paz si no solucionamos los problemas de fondo.
Creo que la línea que ha marcado la Comisaria es la línea correcta, ya que aborda todos los aspectos, los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo y, sobre todo, el desarrollo social. Cualquier política gubernamental tendrá que incluir todos estos aspectos, y la Comisión y la Unión Europea en su conjunto deberán contribuir a que las autoridades colombianas y cualquier otra organización responsable puedan seguir adelante.
Es cierto que las organizaciones terroristas o guerrilleras han realizado actos terroristas, pero también tenemos que recordar que numerosos dirigentes sindicales, de la izquierda colombiana, han sido víctimas de asesinatos por parte de organizaciones paramilitares, que en muchos casos, no sabemos si son del propio gobierno. Por lo tanto, creo que la línea de la señora Comisaria es la correcta, y que en esa línea deberíamos esforzarnos para ayudar al pueblo colombiano.
Lipietz (Verts/ALE ),
    Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, ¿cuál es nuestra posición en lo que se refiere a promover la paz en Colombia? En la legislatura anterior se criticó el llamado «Plan Colombia» y se propusieron reformas sociales de gran alcance. La Comisión, el Consejo y el Parlamento se declararon dispuestos a actuar como facilitadores en las negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas iniciadas por el presidente Pastrana. Esta declaración se vio obstaculizada primero, por el hecho de que las autoridades colombianas abandonaran esa política y, segundo, por las escandalosas prácticas de las FARC de capturar rehenes, como ilustra el caso de Ingrid Betancourt. Así pues, el campo quedó en manos de los extremistas de ambos bandos: por un lado, las FARC; por otro, la administración del presidente Uribe que, con su propuesta de militarizar a la población civil y de conceder inmunidad y financiación a las fuerzas paramilitares, ha puesto en grave peligro al Estado de Derecho.
¿Que hacemos ahora? Solo nos queda una solución: apoyar los esfuerzos de la sociedad civil por promover la paz, canalizados por ejemplo a través de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Recordemos que esta coordinadora ha conseguido recoger diez millones de firmas a favor de la paz. La Asamblea propone ahora un gran acuerdo humanitario que contemple, entre otras cosas, el intercambio de prisioneros, pero, sobre todo, el respeto del Derecho humanitario internacional por ambas partes. Desde este punto de vista, apruebo la declaración de la Comisaria Ferrero-Waldner. Instamos al Gobierno colombiano a respetar el Estado de Derecho y el Derecho humanitario. Esperamos que las guerrillas liberen a los rehenes como señal de su deseo de volver a la mesa de negociaciones. Por nuestra parte, financiaremos los laboratorios de paz y apoyaremos a la sociedad civil en Colombia. La mejor forma en que Europa puede ayudar a promover la paz en Colombia es apoyando este tipo de iniciativas y a las autoridades locales colombianas que las coordinan. 
Catania (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, aunque celebro en parte lo que ha dicho la Comisaria en esta Cámara, creo que hay que puntualizar las distintas cuestiones que ha planteado. 
La primera cuestión, en lo que se refiere a Colombia, es la política desarrollada por el presidente Uribe. Hace solo unos meses, la prestigiosa revista semanal americana publicaba en primera página una fotografía del presidente colombiano y decía que en 1991, estando en el Departamento de Defensa americano, el presidente Álvaro Uribe, cuando todavía no era presidente, había tenido relación con el cartel de narcotraficantes de Medellín y había sido amigo de Pablo Escobar. 
Como si eso no bastara, la política del presidente Uribe en los últimos años ha consistido exclusivamente en favorecer a las fuerzas paramilitares, hasta tal punto que hace unos meses invitó a sus cabecillas al Parlamento, demostrando con ello que para él solo existe un interlocutor en esta guerra. Hasta los familiares de Ingrid Betancourt han acusado al presidente Uribe de oponerse a cualquier tipo de intercambio humanitario. En los últimos años, la política de seguridad nacional se ha caracterizado por detenciones masivas y arbitrarias, criminalización del conflicto social, masacres de dirigentes sindicales y violación de los derechos humanos.
Creemos que la Unión Europea no debe mantenerse neutral en un contexto así, sino alentar la búsqueda de una solución política al conflicto y el cese de las hostilidades militares, que el presidente Uribe sigue favoreciendo. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para que se respete la Declaración de Londres de julio de 2003 y la recomendación hecha por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en marzo de 1994: recordemos que en realidad es el Gobierno colombiano el que ha incumplido sus compromisos.
Por último, con respecto a la cooperación internacional y europea, debe decirse que los fondos destinados a los laboratorios de paz terminan con demasiada frecuencia en zonas totalmente controladas por las fuerzas paramilitares. Creo que la Comisión y el Consejo deben prestar una mayor atención a este aspecto. 
Allister (NI ).
   – Señor Presidente, lamentablemente los terroristas de Irlanda del Norte han ayudado a desestabilizar la situación en Colombia. En 2001, un experto en explosivos del IRA llamado Monaghan y otras dos personas fueron detenidos en Colombia cuando impartían conocimientos terroristas a las guerrillas marxistas de las FARC financiadas por la droga. Su misión en aquella ocasión era perfeccionar una bomba de aire combustible con equipos especiales suministrados por el IRA. En dos visitas anteriores, organizadas por un representante del Sinn Féin en Cuba, el IRA ya había trasferido a las FARC sus conocimientos para fabricar coches bomba y morteros. Desde entonces, las FARC utilizan siempre los mismos coches bomba y morteros que el IRA. A cambio de sus mortales conocimientos, el Sinn Féin-IRA recibió seis millones de dólares, y el pueblo colombiano, asesinatos y destrucción en masa.
Para terminar, pienso que lo sucedido en Colombia demuestra lo mucho que el Sinn Féin tiene todavía que recorrer para que se le pueda considerar apto para gobernar cualquier parte de Irlanda. 
Fernández Martín (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Álvaro Uribe fue elegido hace dos años y medio.
Durante este tiempo nada ha sido fácil, pero la inmensa mayoría de los colombianos -la inmensa mayoría, según todos los datos- creen que la situación de su país es mejor hoy que hace dos años. Por tanto no sorprende que el respaldo a la Administración Uribe sea hoy mayor que cuando fue elegido, con un programa que hace de la lucha contra el terrorismo y la pacificación del país su principal objetivo.
Algunos datos son alentadores. Ha mejorado la situación de orden público, aunque Colombia sigue siendo un país inseguro. Ha disminuido el número de atentados terroristas y de secuestros, aunque en Colombia se siga atentando y secuestrando. Ha disminuido la producción y exportación de drogas, aunque Colombia sigue siendo un país clave en el narcotráfico internacional.
Pese a quien pese, en Colombia no hay un grave deterioro de los derechos humanos. Quienes violan los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario son los terroristas que secuestran y extorsionan y no los que no ceden al chantaje de los secuestradores.
Nada ha sido fácil y queda mucho por hacer. Ahora mismo, en medio de la controversia, el Gobierno colombiano trata de avanzar en una negociación con los paramilitares de la AUC. Frente a las dificultades indudables de este proceso, la Unión Europea debe tomar una posición mucho más activa, ejerciendo presión sobre las partes y velando por el respeto de los derechos de las víctimas.
Nuestra cooperación con Colombia es estrecha, pero podemos hacer más, en un momento especialmente delicado, apoyando a la Organización de Estados Americanos, que tiene un mandato amplio y claro en Colombia, financiando programas de verificación de la tregua, de asistencia jurídica a las víctimas y proyectos socioeconómicos para los guerrilleros desmovilizados y para sus víctimas, facilitando la reinserción de los combatientes y creando mecanismos para evitar la impunidad por delitos de sangre, entre otros.
Efectivamente, queda mucho por hacer y desde la Unión Europea debemos y podemos cooperar en ello.
Señora Comisaria, no podemos quedar al margen en un momento especialmente delicado, excusándonos con argumentos de lo políticamente correcto.
Fava (PSE ).
   – Señor Presidente, agradezco a la Comisaria su informe, aunque creo que debemos encontrar el valor de mostrar algunas cifras que nos dicen lo que está sucediendo realmente en Colombia. Dirijo este comentario en particular al señor Salafranca Sánchez-Neyra, que acusa de mala fe a todo aquel que no reconoce los avances que ha hecho Colombia estos últimos años en lo que se refiere al respeto y la situación de los derechos humanos. 
Quiero mencionar algo que Amnistía Internacional escribió hace tan solo unos meses, recordando que Colombia es el país del mundo donde los dirigentes sindicales corren más peligro: 500 han sido asesinados en los últimos cuatro años. El Alto Comisariado para los Refugiados nos recuerda que existen tres millones de personas desplazadas en el interior del país y que 300 000 personas se han visto obligadas a huir al extranjero.
En esta guerra de todos contra todos; repito: de todos contra todos, nadie está libre de culpa, ni los grupos de la guerrilla, por supuesto, ni tampoco las fuerzas armadas que, en colaboración con los grupos paramilitares –y solo digo lo que nos han contado las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos–, participan directamente en los asesinatos, las torturas y la intimidación que sufren los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales y los líderes de las comunidades locales, a todos los cuales se les pone la etiqueta de guerrilleros o simpatizantes. 
La estrategia del Gobierno en esta situación demuestra una peligrosa falta de visión. Se ha llegado a un acuerdo solo con los paramilitares: el acuerdo del perdón y olvido. Se han creado nuevos grupos paramilitares: 150 000 soldados campesinos bajo el control directo del ejército y la policía.
Nosotros creemos que se necesita una estrategia con más visión para abordar el problema de Colombia y que debe considerarse también lo que ha sucedido en estos años con el Plan Colombia: 500 000 dólares han ido a parar directamente a los bolsillos de un puñado de contratistas estadounidenses. El Plan Colombia, señor Presidente, ha sido un negocio excelente para muchas empresas estadounidenses, pero no tan bueno para Colombia, que sigue desgarrada por la represión y la guerra.
Concluyo pidiendo a la señora Comisaria, al Parlamento y a nuestras instituciones que adopten una estrategia muy prudente y objetiva en su apoyo al proceso de paz en Colombia: en este proceso y en estas negociaciones, el país no puede prescindir de la participación de todas las partes en el conflicto, y digo todas las partes, no solo los paramilitares. 
Romeva i Rueda (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, no cabe duda de que, tras cuarenta años de conflicto armado, Colombia sigue sufriendo un importante déficit en paz y en justicia social. Y el Gobierno Uribe, sin embargo, sigue apostando por una respuesta fundamentalmente militar, al tiempo que sigue sin reconocer la existencia de un conflicto armado con raíces políticas. La Unión Europea puede hacer mucho más para promover la paz en Colombia.
En primer lugar, la Unión Europea puede exigir que el Gobierno colombiano cumpla las recomendaciones de respeto de los derechos humanos que hace anualmente la oficina de la Unión en Bogotá, como precondición para recibir ayuda comunitaria.
En segundo lugar, la ayuda de la Unión Europea debe servir para desmontar el paramilitarismo como fenómeno, lo que significa ir mucho más allá del simple abandono de las armas y afrontar la dimensión política y social del mismo.
En tercer lugar, la Unión Europea debe apostar claramente por facilitar procesos de exploración, de negociación política y de acuerdos de paz con todos los actores, incluidos el ELN y las FARC, lo que, a su vez, requiere también gestos por parte de estos, como, por ejemplo, la liberación de los miles de personas secuestradas.
Y, en cuarto lugar, la Unión Europea debe promover también los acuerdos humanitarios en el marco de los Convenios de Ginebra, tal como propone la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Pafilis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia y con todos los que luchan contra el bárbaro régimen de Uribe, que recibe el apoyo económico, político y militar de los Estados Unidos de América y que, utilizando al ejército y a organizaciones paramilitares, está asesinando a dirigentes sindicales y sembrando la violencia y el terror entre los ciudadanos de Colombia. Esta política está al servicio de los intereses de la oligarquía colombiana, mientras la situación de los ciudadanos se deteriora cada vez más.
Los partidos políticos, las organizaciones sindicalistas de trabajadores, los campesinos, las mujeres intelectuales, los jóvenes, la iglesia y los movimientos de resistencia se oponen a este régimen. El conflicto en Colombia tiene, por tanto, una dimensión política, económica y social, y cualquiera que limite sus argumentos al terrorismo y todo eso está tratando de ocultar el problema político y dar a este bárbaro régimen una coartada. Para que pueda existir conciliación en Colombia, tiene que buscarse una solución política, una solución que solo se encontrará por medio de unas negociaciones basadas en las siguientes exigencias:
Primero: crear las condiciones de seguridad que permitan a todas las partes sentarse a la mesa de negociaciones.
Dos: quitar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Además, el propio régimen reconoce que es una organización político-militar.
Tercero: dar un primer paso en la aplicación del Derecho humanitario internacional, con el intercambio de prisioneros y detenidos por el régimen. Esta posición es aceptada por todos menos por el Gobierno.
Cuarto: no extraditar a ningún detenido a los Estados Unidos de América.
Quinto: descriminalizar la vida social y las iniciativas de la sociedad civil y no procesar a nadie acusado de delitos políticos por el ejército o la policía. 
Sexto: dejar de prestar asistencia y apoyo a las organizaciones paramilitares.
Séptimo: poner fin a toda injerencia en los asuntos internos de Colombia por parte de los Estados Unidos de América. El «Plan Colombia», rebautizado como «Iniciativa Regional Andina», que prepara una intervención general en Colombia, debe ser denunciado.
Estas posiciones son aceptadas por todos menos por el bárbaro Gobierno Uribe y los Estados Unidos de América. 
López-Istúriz White (PPE-DE ).
    Señor Presidente, desgraciadamente la realidad de Colombia es la del terrorismo alimentado por el secuestro y el chantaje. Probablemente muchos no sepan, o no quieran enterarse, que además de la ex-candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, hoy permanecen secuestrados en poder de las guerrillas más de 3 000 ciudadanos colombianos, tratados de forma inhumana y en condiciones deplorables en la selva. Me pregunto si esa es la manera de luchar por la justicia social.
No hace mucho tiempo algunos diputados del anterior Parlamento Europeo recibieron al Presidente Uribe abandonando el hemiciclo en señal de protesta por la falta de democracia en Colombia. Probablemente, desconocían o no querían enterarse de que el señor Uribe había ganado hecho inédito en la historia de Colombiala primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Quizá muchos ignoren también, o no quieran enterarse de que las FARC, el ELN y la AUC son organizaciones terroristas incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Solo así se puede explicar el delito de financiación a banda terrorista que una ONG de un país miembro de la Unión Europea acaba de cometer al entregar 8 500 dólares a las FARC.
El Gobierno de Uribe ha iniciado un diálogo con un sector de los paramilitares dispuesto a desarmarse, con el único requisito de que abandonen las armas. Y ha sido enormemente criticado por ello. Sin embargo, el caso de las FARC es distinto. La posibilidad de negociación no se abre mientras se nieguen a desarmarse, mientras no se les reconozca, además, un territorio de despeje en el que continuar delinquiendo. Recuerdo que ya han pasado cinco años desde que el Presidente Pastrana intentó negociar; pero nunca se encontrará el apoyo de la sociedad a las FARC, una sociedad abrumada por el dolor y por la sangre de sus seres más queridos.
Mientras tanto, parte de la comunidad internacional, a través de unas mal llamadas ONG, se dedica a criticar al Gobierno legítimo y democrático de ese país, influyendo e incluso manipulando a muchos de nosotros. 
Por último, quiero recordar la experiencia de España. No empezamos a vencer el terrorismo que operaba en España hasta que la Unión Europea lo asumió como algo que afectaba también a la convivencia de los europeos. Valga el ejemplo también para Colombia.
De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, antes de nada quiero destacar el papel que ha desempeñado el Parlamento y agradecer los esfuerzos que ha hecho para garantizar el II Programa de Paz para Irlanda del Norte negociado con el Consejo por el procedimiento de conciliación estos últimos días. La Unión Europea y también este Parlamento están desempeñando un papel muy importante como garantes de la paz en algunas partes de Europa.
Se ha dicho que 500 sindicalistas han sido asesinados en los últimos cuatro años, doscientos cincuenta de ellos desde que el Presidente Uribe fue elegido presidente y cincuenta en los últimos nueve meses.
Si queremos hacer frente a esta situación con seriedad, tenemos que insistir en que el Gobierno colombiano actúe como se espera que actúen todos los gobiernos: respetando la ley; no solo la ley nacional, sino también la ley internacional. Y está claro que ni el Presidente Uribe ni su Gobierno lo han hecho.
Me preocupa que ahora la Comisión diga que no hay una solución «puramente militar» cuando antes decía que no había solución sin un acuerdo negociado. Supongo que esa sigue siendo la posición. Me preocupa que diga que «no hay una solución puramente militar.» Si vamos a aceptar que el Gobierno colombiano tiene derecho a utilizar la fuerza militar en algunas circunstancias, tenemos que insistir en que actúe dentro del Estado de Derecho, sobre todo dentro del marco del Derecho internacional, que respete los derechos humanos y que los sindicalistas puedan actuar libremente sin que se les amenace de muerte. 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, solicito la palabra sobre la base del artículo 145 del Reglamento por alusiones personales. Yo he dicho en mi intervención que la guerrilla terrorista de las FARC ha secuestrado en los últimos años a 6 000 personas, políticos, civiles y militares que están secuestrados en la selva en condiciones infrahumanas, muchos de ellos enfermos y padeciendo grandes sufrimientos y penalidades.
He dicho también que la guerrilla de las FARC tiene a mucha gente secuestrada, y estoy bien situado para ello porque, cuando estaba abierta la mesa de diálogo con el Presidente Pastrana, me reuní con el señor Marulanda y, con otros colegas del Parlamento Europeo, imploré la liberación de varios rehenes de la Unión Europea Estos datos y estos hechos no pueden ser desconocidos y he dicho simplemente que solo la ignorancia y la mala fe pueden impedir que se tomen en consideración estos hechos.
Señor Presidente, he pedido en mi intervención que el Gobierno asuma las responsabilidades que le corresponden; que puede hacer más y mejor, aunque ha hecho mucho y que, desde luego, el peso y la carga de la prueba recaen sobre los que extorsionan, secuestran, asesinan y chantajean a la sociedad colombiana.
El Presidente.
   – Quiero agradecer a los oradores y a la Comisaria su participación en este debate. 
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.
Ribeiro (GUE/NGL ),
    Mientras que en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y otros lugares de ese continente y de todo el mundo se producen cambios históricos y esperanzadores, la situación en Colombia se está haciendo, por el contrario, cada vez más violenta y reaccionaria. 
La conexión que existe entre las instituciones de tinte democrático, las organizaciones paramilitares y los llamados soplones –informadores– ha creado y fortalecido una red de represión y violencia.
Se utilizan todo tipo de estratagemas. Se pone como pretexto el terrorismo y el tráfico de drogas para atacar a los movimientos populares y para arrasar zonas que se sospecha que son de la resistencia o que apoyan a la resistencia contraria a la infiltración fascista. 
En el centro de esta lucha protagonizada por Colombia, está la cuestión social y la situación geográfica del país. La legislación laboral progresista ha sufrido en los últimos años brutales ataques; al frente de la lucha social, los comunistas han soportado el embate de esos ataques; las operaciones militares se han sucedido sin éxito; la evolución de los países vecinos ha hecho que el papel de vigilancia policial y de amortiguación de la región se haya revalorizado. 
Cuanto tanto se habla y tantos hablan de derechos humanos, el caso de Colombia merece una atención muy particular. Con denuncia, solidaridad y combate. Lo contrario de la injerencia, la militarización y la intervención con que Estados Unidos está siempre amenazando a la región bajo el disfraz del «Plan Colombia». 


Schlyter (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 168 del Reglamento, quiero pedir, en nombre de mi Grupo, que se aplace la votación y se devuelva a comisión esta cuestión. 
La razón de ello se encuentra en el artículo 35 del Reglamento, relativo a la verificación del fundamento jurídico. En el apartado 3 del artículo 18 del Tratado quedan expresamente excluidos los pasaportes y los permisos de residencia de las competencias de la Unión Europea. El fundamento jurídico propuesto en el artículo 62 se refiere a normas y procedimientos los Estados miembros realizan controles, pero no a competencias en materia de pasaportes.
Solicito su devolución a comisión para que la Comisión de Asuntos Jurídicos tenga la oportunidad de manifestar su opinión sobre el fundamento jurídico tanto de este informe como del informe relativo a los permisos de residencia que se debatirá en el próximo período parcial de sesiones. Exigimos también una adición al dictamen de los servicios jurídicos, puesto que ellos mismos admiten en el apartado 50 que carecen de competencias suficientes para juzgar si todas las medidas tienen cabida en el marco del fundamento jurídico. 
Además, el Tribunal de Cuentas norteamericano ha elaborado un informe que saca a la luz los costes y problemas asociados a los datos biométricos, así que yo también pongo en duda la eficacia de la medida como tal y me pregunto si el Consejo ha investigado lo suficiente estas cuestiones. 
Coelho (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, Señorías, en mi opinión como ponente, y en opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, no hay ningún problema con el fundamento jurídico. Existe, no obstante, una cuestión política, que es sencillamente la siguiente: ¿Está el Parlamento en condiciones de manifestar al Consejo su opinión sobre este tema? A nuestro entender, lo que el Parlamento debe decir hoy al Consejo es que, aunque estamos a favor de reforzar la seguridad de los pasaportes y los documentos de viaje, estamos igualmente a favor de mantener unas cláusulas estrictas para la protección de los datos personales. Eso es lo que contiene el informe aprobado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y es también lo que solicito a sus Señorías que aprueben hoy. 
Bourlanges (ALDE ),
   – Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, quiero simplemente aportar una información. Así pues, no voy a expresar ninguna opinión ni a favor ni en contra, aunque personalmente estoy de acuerdo con el ponente. Quiero decir que si hoy no votamos a favor de este informe, el Consejo tomará nota de la incompetencia del Parlamento y decidirá por sí mismo. Quería hacer esta observación porque creo que le interesa a la Cámara. 

Jałowiecki (PPE-DE ).
      Señor Presidente, quiero comentar brevemente dos aspectos, uno de los cuales es una cuestión de estilo y el otro una cuestión jurídica, ambos referentes a las dos primeras líneas del apartado 11. Quiero leer en voz alta esas dos líneas y luego explicar los cambios que propongo. Esas líneas dicen así: «Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que, en caso de conclusión satisfactoria de la actual situación, aceleren la ratificación del plan de acción para Ucrania.» Propongo que la palabra «caso» que aparece en la primera línea se sustituya por «esperando», y que la palabra «ratificación» que aparece en la segunda línea se sustituya por «adopción». Después de realizar esos cambios, las dos líneas quedarían así: 

«Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que, esperando una conclusión satisfactoria de la actual situación, aceleren la adopción del plan de acción para Ucrania.»

Malmström (ALDE ).
    Señor Presidente, hay cierta confusión aquí. En realidad es el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa el que ha presentado esta enmienda oral de conformidad con el artículo 4 del Reglamento. La leeré en inglés. 

«Pide al Gobierno ucranio que no ejerza ninguna presión sobre los medios de comunicación, especialmente en los de carácter público, para que el pueblo ucranio reciba información objetiva e imparcial sobre los candidatos y la situación política actual del país.»

Laschet (PPE-DE ).
    Señor Presidente, nuestros colegas diputados que están ahora mismo con la delegación en Kiev han pedido simplemente que se elimine el considerando M, que dice así: 

«Considerando que el 29 de noviembre el Presidente Leonid Kuchma anunció que aceptaba la celebración de nuevas elecciones.»

 Esa es la única enmienda que se presentará por vía oral. Las demás ya se han presentado por escrito. 


(1)
(2)

Queiró (PPE-DE ),
   . He votado a favor del informe del señor Mulder por entender que es fundamental que los pagos relativos a los Fondos Estructurales que reciben los Estados miembros se hagan con la mayor rapidez posible. Dada la realidad de la ejecución presupuestaria, la necesidad de la enmienda que tenemos ante nosotros está clara y, por eso mismo, justificada. 
Ribeiro (GUE/NGL ),
    El presente presupuesto rectificativo, parte de la Conciliación Presupuestaria del 25 de noviembre, prevé un aumento de 3,7 millones de euros en los créditos de pago para los Fondos Estructurales, de los cuales 500 millones de dólares son recursos propios adicionales. Por eso, hemos votado a favor.
Este hecho demuestra que teníamos razón cuando hace un año dijimos que el montante de los créditos para los Fondos Estructurales era insuficiente y que la obsesión del Consejo – con la aprobación del Parlamento – de recortar esos créditos por causa de las restricciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no haría más que aumentar la diferencia entre las autorizaciones y los créditos y plantearía problemas a la hora de ejecutar el presupuesto.
Es de esperar que las peticiones de los Estados miembros en esta materia aumenten en los últimos años del actual marco financiero. Por lo tanto, deben crearse todas las condiciones para poder ejecutar los Fondos Estructurales, lo cual es incompatible con la aceptación por parte del Parlamento de limitar el nivel de pagos en 2005 al 1% del PIB comunitario.
Otro motivo de preocupación es el aumento del riesgo de anulación de autorizaciones en virtud de la aplicación de la regla N+2. Esta preocupación ha llevado también a solicitar la revocación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Queiró (PPE-DE ),
   . He votado a favor del informe del señor Gauzès (A6-0039/2004) sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (San Marino). El acuerdo alcanzado permitirá garantizar la adopción de medidas equivalentes a las que deben aplicarse dentro de la Unión Europea para asegurar la tributación eficaz de los rendimientos del ahorro en forma de pagos realizados en un Estado y destinados a beneficiarios residentes en otro Estado. Este instrumento debe permitir una tributación eficaz necesaria para combatir la competencia fiscal desleal y mejorar el funcionamiento del mercado único. Apreciamos los esfuerzos hechos por la República de San Marino para instaurar la transparencia fiscal y una verdadera cooperación judicial que permita combatir el fraude y el blanqueo de dinero. Pero debe decirse que la República de San Marino, que ha optado por construir una parte de su prosperidad sobre la base de la prestación de servicios financieros, tiene que seguir respetando las reglas del juego e intensificar su cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Ribeiro (GUE/NGL ),
   Somos conscientes de la presión que existe para conceder a la Unión Europea soberanía fiscal, es decir, capacidad para recaudar impuestos, y nos oponemos firmemente a ello, puesto que esa soberanía es un elemento esencial de la soberanía de un Estado. Somos igualmente conscientes de los peligros de la armonización fiscal progresiva, cuyo objetivo es avanzar paso a paso por el camino hacia una Europa federal. Pero nunca nos opondremos a que exista una mayor coordinación fiscal dirigida a gravar la libre circulación de capitales, a combatir el fraude fiscal y la evasión de impuestos, a acabar con los paraísos fiscales y a impedir el blanqueo de capitales.
La Directiva sobre el ahorro, encuadrada en el denominado paquete Monti, contribuye, a pesar de todos los peligros e insuficiencias, a crear un sistema de intercambio de información entre las administraciones fiscales de los Estados miembros, incluido el levantamiento del secreto bancario, para que puedan gravar los intereses obtenidos en otro Estado miembro. En consecuencia, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar acuerdos con Suiza, Estados Unidos, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino dirigidos a que estos Estados apliquen medidas equivalentes para evitar la fuga de capitales. Acogemos con satisfacción esos acuerdos, no solo, como dice el ponente, porque benefician al mercado interior, sino también porque se necesita coordinación para gravar los capitales y combatir los paraísos fiscales, sobre todo cuando la mayor parte de la carga fiscal recae en los trabajadores. No obstante, creemos que los términos de los acuerdos no garantizan ese propósito. 

Ribeiro (GUE/NGL ),
   Somos conscientes de la presión que existe para conceder a la Unión Europea soberanía fiscal, es decir, capacidad para recaudar impuestos, y nos oponemos firmemente a ello, puesto que esa soberanía es un elemento esencial de la soberanía de un Estado. Somos igualmente conscientes de los peligros de la armonización fiscal progresiva, cuyo objetivo es avanzar paso a paso por el camino hacia una Europa federal. Pero nunca nos opondremos a que exista una mayor coordinación fiscal dirigida a gravar la libre circulación de capitales, a combatir el fraude fiscal y la evasión de impuestos, a acabar con los paraísos fiscales y a impedir el blanqueo de capitales.
La Directiva sobre el ahorro, encuadrada en el denominado paquete Monti, contribuye, a pesar de todos los peligros e insuficiencias, a crear un sistema de intercambio de información entre las administraciones fiscales de los Estados miembros, incluido el levantamiento del secreto bancario, para que puedan gravar los intereses obtenidos en otro Estado miembro. En consecuencia, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar acuerdos con Suiza, Estados Unidos, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino dirigidos a que estos Estados apliquen medidas equivalentes para evitar la fuga de capitales. Acogemos con satisfacción esos acuerdos, no solo, como dice el ponente, porque benefician al mercado interior, sino también porque se necesita coordinación para gravar los capitales y combatir los paraísos fiscales, sobre todo cuando la mayor parte de la carga fiscal recae en los trabajadores. No obstante, creemos que los términos de los acuerdos no garantizan ese propósito. 

McCarthy (PSE ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción las propuestas contenidas en el informe Mastenbroek. Ante el aumento del tráfico transfronterizo y del abuso de los contenidos en Internet, Europa tiene que intensificar sus esfuerzos por proteger a los niños de contenidos dañinos y ofensivos. Tiene que actuar ante la proliferación de sitios web de pedofilia en Internet. Pero Europa tiene que hacer algo más, no solo con respecto a la identificación y clausura de esos sitios, sino también con respecto a la ayuda que reciben los servicios policiales para perseguir y procesar a los delincuentes e identificar a las víctimas.
Quiero que la Unión Europea siga prestando su apoyo a proyectos de identificación de las víctimas de abuso infantil en Internet. Los niños que son objeto de imágenes de abusos tendrán que vivir ya para siempre con sentimientos de dolor, culpa y sufrimiento. Las imágenes que de ellos circulan por Internet están siendo comercializadas todos los días por pedófilos. De un total de 60 000 niños que presuntamente aparecen en esas imágenes, solo se han realizado 250 identificaciones. Las nuevas tecnologías, como los fotomensajes y las cámaras digitales, hacen que sea más fácil producir y compartir en Internet imágenes de abusos infantiles. Esperemos que el informe de hoy abra nuevos canales para la acción comunitaria, de manera que podamos localizar y destruir esos materiales delictivos y ofensivos y prevenir los abusos infantiles. 
Coelho (PPE-DE ),
   . Las nuevas tecnologías, como las nuevas oportunidades que ofrece Internet y las nuevas tecnologías en línea, están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Un problema que eso plantea es, sin embargo, la aparición de nuevos peligros y abusos en la forma de utilizar esas tecnologías. Por consiguiente, se necesitan medidas que incentiven el refuerzo de la seguridad en su utilización y que protejan a los usuarios finales contra contenidos no deseados.
Apoyo, pues, esta iniciativa que pretende adoptar un Programa comunitario plurianual para promover la utilización más segura de Internet y de las nuevas tecnologías en línea. Incidirá en áreas como contenidos potencialmente nocivos para los niños, contenidos no deseados por el usuario final y contenidos ilegales, como la pornografía infantil.
La iniciativa sustituye al Plan de acción para una Internet más segura (1998-2004), que tuvo un resultado francamente positivo y que consiguió poner en marcha una gran diversidad de iniciativas para promover mejores formas de beneficiarse, de una manera segura, del potencial que ofrecen los nuevos medios.
Acojo también con satisfacción el plan para crear nuevas líneas directas en todos los Estados miembros, que deben integrarse con rapidez y eficacia en la actual red europea de líneas directas, para garantizar la cobertura y el intercambio de denuncias relativas a los tipos más preocupantes de contenidos ilegales. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Hemos votado a favor de este informe porque presta una atención especial a un ámbito en el que existe un acuerdo generalizado. Apoyamos los objetivos de combatir el uso indebido de Internet, de promover una utilización más segura de Internet, sobre todo por los niños, y de combatir contenidos ilegales y no deseados, y pensamos que debe prestarse una atención aún mayor a esta cuestión.
Consideramos positiva la propuesta de crear un programa para financiar y coordinar la lucha contra contenidos ilegales, haciendo más hincapié en la información sobre la sensibilización de los usuarios finales que en la vigilancia policial; para financiar y coordinar líneas directas en los países de la Unión Europea y coordinar esas líneas directas con los futuros Estados miembros y terceros países; para reducir la financiación concedida a empresas privadas con el fin de que desarrollen software de filtración; y para aumentar la participación de las ONG en la creación de mecanismos de autorregulación por parte de los Proveedores de Servicios de Internet, en lugar de establecer procedimientos de control judicial.
Es cierto que Internet ha evolucionado de tal forma que nos ha permitido adentrarnos en nuevos dominios tecnológicos y «navegar» por las páginas web, pero sigue estando dominada por intereses comerciales y se ha transformado en el medio de difusión de publicidad por excelencia, extensivo a la industria pornográfica y a contenidos ilegales como la pornografía infantil y contenidos xenófobos y racistas. Por consiguiente, es necesario tomar medidas, pero garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. 
Gollnisch (NI ),
    Después del «Plan de acción para una Internet más segura» (1998-2004), aquí estamos, enfrentados a un nuevo programa: «Safer Internet Plus». La diferencia consiste en unas cuantas restricciones más en la libertad de expresión y una atención ligeramente mayor a los denominados contenidos racistas. Se prohíben no solo los contenidos ilegales, sino también los contenidos «no deseados» y «nocivos». Software de filtración, códigos de conducta, autorregulación, denuncia de otros... ¡Viva la censura! Nosotros rechazamos un documento así porque, por un lado, estamos comprometidos con la libertad de expresión y condenamos los documentos que coartan la libertad. La ley del comunista Jean-Claude Gayssot es el principal ejemplo de ese tipo de documentos. Por otro lado, consideramos que la base de Internet es el correo electrónico y, al contrario que los totalitarios, estamos comprometidos con la libertad de correspondencia, también la electrónica. Lo que tenemos que condenar son los comportamientos bárbaros, pedófilos y violentos y a sus autores, y no a los medios de comunicación que estos utilizan. Es la sociedad, con unos valores morales cada vez más deteriorados que trivializan todo tipo de conductas desviadas, la que tiene que cambiar. Es la complacencia de nuestros gobiernos con todas estas tendencias lamentables lo que tenemos que combatir, y no la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión en Internet u otras tribunas. Estas libertades son ahora menospreciadas en Francia, en aras del dogma de lo políticamente correcto. 
Martin, David (PSE )
   , . Acojo con satisfacción este informe que insiste en la importancia de seguir actuando para proteger a los niños contra los contenidos dañinos e indeseables que circulan por Internet. 
Aplaudo el reconocimiento que se hace en él de la necesidad de adoptar medidas para promover la notificación de contenidos ilegales, además de evaluar el funcionamiento de tecnologías de filtrado y de realizar estudios comparativos de dichas tecnologías. 
Quiero además reafirmar la magnitud del trabajo de la Comisión en estrecha cooperación con los Estados miembros, puesto que así se garantizará que la ejecución del Programa se complemente con otras políticas comunitarias relevantes, principalmente los programas comunitarios de investigación y desarrollo tecnológico, así como los programas Daphne, eContent y Modinis. 
Queiró (PPE-DE ),
   . He votado a favor del informe de la señora Mastenbroek (A6-0033/2004) sobre el uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea. 
La penetración de Internet y el uso de nuevas tecnologías como los teléfonos móviles siguen aumentando considerablemente en la Comunidad. En paralelo, siguen existiendo peligros, especialmente para los niños, y prácticas de utilización abusiva de las tecnologías, al tiempo que aparecen nuevos peligros y abusos. Para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen Internet y las nuevas tecnologías en línea, se necesitan también medidas que fomenten una utilización más segura y protejan al usuario final contra contenidos no deseados.
El nuevo programa, Safer Internet Plus, contiene algunas propuestas buenas para avanzar en los programas existentes y para poner en marcha otros programas nuevos. La orientación al usuario final es un enfoque más realista y la insistencia en la sensibilización es el aspecto más positivo. Al igual que la ponente, entendemos que el programa debe insistir en la importancia de la transparencia y la representación de todas las partes interesadas a todos los niveles. Tenemos también que participar activamente en todos los frentes propuestos: combatir los contenidos ilegales, hacer frente a contenidos no deseados y nocivos, crear un Foro «Para una Internet más segura» y sensibilizar a los ciudadanos en general. 

Fajmon (PPE-DE ).
    Señor Presidente, solo quiero ofrecer una breve explicación sobre la votación del informe Coelho, y es que en la votación final quise votar en contra, pero voté a favor. En cualquier eso, eso no altera para nada el resultado. Gracias. 
Cashman (PSE )
   , . El Grupo Socialista votó a favor del anterior informe en la comisión LIBE celebrada el 25 de octubre de 2004. El informe votado en comisión proponía la inserción obligatoria de una fotografía digital, mientras que dejaba la posibilidad de un segundo dato biométrico (huella dactilar) en manos de los Estados miembros. 
La posición del PSE fue aprobada en comisión, una posición que abordaba la necesaria protección de los datos y de las libertades civiles (véanse las enmiendas 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Además, el Grupo Socialista apoya las protecciones contempladas en el artículo 2 y en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 de la posición del Consejo del 23 de noviembre. 
En la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrada a finales de noviembre de 2004 se decidió hacer obligatorios dos datos biométricos (foto y huella dactilar). El Consejo manifestó su deseo de adoptar una decisión final sobre esta cuestión en la reunión que celebraría el 3 de diciembre de 2004. El Consejo insiste en que el informe sea aprobado por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 1 de diciembre.
El Grupo del PSE no ve razón alguna para que el Parlamento Europeo desafíe al Consejo haciendo que vuelva a consultar al Parlamento sobre este informe que está sujeto al procedimiento de consulta. El Grupo del PSE insta al Consejo a reconocer la buena fe demostrada por el Parlamento al respetar el calendario que el Consejo deseaba para este informe. 
Cederschiöld, Fjellner, Hökmark e Ibrisagic (PPE-DE ),
    La delegación del Partido Moderado en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor del informe Coelho porque las opiniones del Parlamento respecto al documento habrían mejorado considerablemente la propuesta original si el Parlamento hubiera tenido derecho de codecisión. 
No obstante, queremos insistir en que cuestionamos la propuesta en su redacción actual. La recogida de las características biométricas de las personas entraña grandes riesgos. La intimidad de las personas se ve amenazada por la creación de grandes bases de datos cuya protección puede ser difícil de mantener a la larga, sobre todo si existen escasas oportunidades reales de corregir los errores. 
Además, no ha quedado suficientemente demostrado que esas medidas protejan en realidad a la sociedad contra el terrorismo. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    La actual propuesta de la Comisión y el Consejo es consecuencia y forma parte de la preocupación de las instituciones de la Unión Europea por la seguridad. Por tanto, hemos votado en contra de ella y, de hecho, esa es la posición que el Parlamento había adoptado ya en la anterior legislatura.
Como se ha denunciado ampliamente, se trata de una medida desproporcionada –o con un fundamento jurídico dudoso– que se enmarca en una dinámica supranacional para crear instrumentos de control y vigilancia a escala comunitaria, tanto más cuanto no existe un marco legal de protección de los ciudadanos, ni control parlamentario alguno, en particular por parte de los Parlamentos nacionales.
Además, esta medida intenta servilmente responder a las exigencias de los Estados Unidos en lo que respecta a la entrada de ciudadanos de la Unión Europea, sin que se aplique con reciprocidad.
El Consejo, por iniciativa del grupo «G5» (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España), pretende llegar todavía más lejos que las «exigencias» sobre la utilización de datos biométricos –cuya eficacia es, desde luego, cuestionable, dados los argumentos esgrimidos para su introducción, la llamada «lucha contra el terrorismo»– introduciendo dos (fotografía y huella dactilar) en lugar de una.
Por eso hemos votado en contra. 
Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Los datos biométricos pueden ayudar a hacer más seguros nuestros documentos de identidad al dificultar la falsificación de pasaportes. Aunque no existe ningún derecho humano a no ser identificado, los derechos de los ciudadanos tienen que ser protegidos con claras líneas de demarcación sobre cómo se utiliza la información, con qué fines y por quién. La creación de una base de datos centralizada a escala de la Unión Europea entraría en conflicto con los principios de proporcionalidad y finalidad y aumentaría el riesgo de que los datos fueron objeto de un uso indebido, además de poder ser cruzados y combinados en contextos ajenos a los fines originales. 
El Consejo es y tiene que ser el único que decida en cuestiones referentes a las normas y procedimientos que deben seguir los Estados miembros cuando realizan controles a los ciudadanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pero a través de este procedimiento, el Consejo está obligado a escuchar los puntos de vista del Parlamento Europeo, razón por la cual hemos decidido manifestar nuestro apoyo a la opinión de que los aspectos relacionados con la seguridad jurídica y la protección de la vida privada se abordan mejor en el informe de la comisión que en la propuesta original de la Comisión. 
Pafilis (GUE/NGL ),
   – Quieren tenernos fichados a todos. Todos somos potencialmente peligrosos para el orden establecido y terroristas potenciales.Esa es la esencia de la decisión del Consejo, cuya aplicación es el tema del debate de hoy.
La recogida obligatoria de identificadores biométricos (fotografía digital, huella dactilar y uso «voluntario» del iris) que se contempla, así como su almacenamiento y transmisión, representan un paso importante hacia la creación de bases de datos centralizadas con identificadores personales y acceso no controlado que servirán para perseguir y reprimir los movimientos populares.
La manera de promover medidas específicas, ignorando los supuestos poderes de consulta del Parlamento Europeo, demuestra la prisa que tiene la Unión Europea por alinearse con la doctrina de seguridad interna de Estados Unidos y la teoría de tolerancia cero. La decisión de los Consejos europeos de introducir dos identificadores biométricos obligatorios y otro voluntario, mientras el Parlamento Europeo sigue debatiendo la propuesta que contempla un identificador obligatorio y otro voluntario, demuestra el respeto que la Unión Europea tiene al llamado Estado de Derecho y que ahora quiere exportar a Ucrania.
Estas medidas, junto con el reaccionario paquete de programas de la Haya, se están utilizando para acelerar la creación de una red mundial que permita fichar y aterrorizar a todos aquellos que se opongan al terrorismo de los monopolios europeos y mundiales. Ahora bien, no podrán detener la lucha de los trabajadores, y los intentos de alarmismo terminarán volviéndose en contra de sus responsables. 
Queiró (PPE-DE ),
   . He votado a favor del informe del señor Coelho (A6-0028/2004) sobre los pasaportes de los ciudadanos de la Unión Europea. La propuesta actual trata de hacer más seguros los pasaportes introduciendo medidas de seguridad armonizadas y legalmente vinculantes para los pasaportes de los ciudadanos de la Unión Europea e introduciendo identificadores biométricos en los pasaportes. La introducción de identificadores biométricos dificultará sobremanera la falsificación de pasaportes, porque garantizará que la persona que presente un pasaporte sea en realidad la misma a la que se expidió originalmente dicho pasaporte. La utilización de la biométrica es una cuestión muy delicada desde el punto de vista de la protección de los datos. Tienen que adoptarse las salvaguardas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva relativa a la protección de los datos. De hecho, los datos personales tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se recogen y el uso que se hará posteriormente de ellos. No obstante, consideramos que el informe alcanza un buen equilibrio entre la seguridad que es necesario garantizar y la libertad que todos debemos disfrutar. 
Roure (PSE ),
    En octubre, el Consejo decidió hacer obligatoria la inclusión de huellas dactilares en los pasaportes europeos. Esta decisión no fue precedida de ningún escrutinio público, ni existió control democrático alguno por parte del Parlamento.
Quiero recordar al Consejo que la tecnología utilizada para las huellas dactilares es poco fiable y que tampoco hace más seguros los documentos de trabajo ni más fácil el desplazamiento de los europeos. Esta decisión es, por tanto, desproporcionada con relación a sus objetivos.
Hoy quiero pronunciarme a favor de un documento que permita la inserción de la fotografía, pero deje que sea voluntaria la inserción de la huella dactilar.
Mi voto envía un claro mensaje a los Estados miembros de antemano al próximo Consejo. Quiero advertir al Consejo que en ningún caso debe permitir que esas medidas se inclinen en la dirección de crear un banco de datos centralizado que contenga datos biométricos.
Les recuerdo que, en un ámbito tan delicado como este y que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, la transparencia y el proceso democrático tienen que seguir siendo la norma. Solo la participación del Parlamento Europeo en todas las etapas del proceso de decisión permitirá una mejor protección de los derechos de los ciudadanos. El Consejo tiene que respetar sus compromisos adoptando lo antes posible la codecisión en este ámbito. 

Posselt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, el término «euroatlántico» ha sido motivo de discusión en relación con esta resolución. Celebro la solidaridad europea y atlántica con Ucrania, puesto que no podemos resolver esta crisis y prestar un apoyo eficaz al movimiento democrático sin aliarnos con los Estados Unidos.
No obstante, permítanme que deje claro que Ucrania no es un país euroatlántico, sino un país europeo, un país simple y llanamente europeo. Por ese motivo quiero dejar claro que Ucrania –al contrario que Turquía, un país no europeo al que equivocadamente se le ha concedido la condición de candidato– debe tener unas perspectivas claras de adhesión a la Unión Europea, siendo un país que merece toda nuestra solidaridad. Es un país europeo, un país que merece tener unas perspectivas claras de adhesión a la Unión Europea tan pronto como cumpla los criterios, tan pronto como la Unión Europea esté en situación de prestar una mayor atención a su política ucrania, y tan pronto como se reestablezcan sus estructuras. 
Queiró (PPE-DE ).
    Señor Presidente, cuando lo que está en juego es la democracia y la libertad, o se está a favor o se está en contra. Por eso es tan importante que en estos momentos manifestemos claramente nuestra posición clara a favor de la democracia y la libertad, exigiendo libertad electoral en Ucrania.
No es la victoria de uno de los dos candidatos lo que nos mueve; es la esperanza de los ucranios nuestro imperativo. No olvidemos que, aparte del hecho de ser un país vecino de Europa, hay cientos de miles de ucranios esparcidos por toda Europa. De hecho, en Portugal existe una gran comunidad ucrania. Aquellos de nosotros que hemos seguido de cerca estas elecciones, no podemos traicionar la confianza que han depositado en una Unión que es, por encima de todo, democrática y libre.
Pero también es el momento de decir que celebramos la contribución ejemplar del Parlamento a la causa de la democracia en Ucrania. Esa causa justifica plenamente nuestro compromiso. Ha llegado también el momento de reconocer, como ya se ha dicho en esta Cámara, que en términos generales, en lo que se refiere a los valores fundamentales, nuestras prioridades son idénticas a las de nuestros aliados transatlánticos.
Termino diciendo que la determinación mostrada por la mayoría de los ciudadanos ucranios es un ejemplo para todos nosotros, que nos compromete, cada día más, a defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    La preocupante situación en Ucrania se ha debatido en el Parlamento, pero en unos términos que no siempre han sido los más correctos. Eso, en cierto modo, se refleja en la resolución común aprobada, de la que nos distanciamos.
Por nuestra parte, consideramos que es fundamental que exista un compromiso de estabilidad en Ucrania. Por tanto, nos hemos pronunciado a favor de una resolución pacífica del conflicto, sin injerencias externas, teniendo en cuenta que ya ha habido demasiado intervencionismo externo en todo este proceso.
Sabemos que la contienda en Ucrania es el resultado de un conflicto interno entre los que lucharon por el fin de la URSS, que presionaron para que se implantara un proceso de restauración del capitalismo y que ahora se encuentran sometidos a presiones externas, sobre todo de los Estados Unidos, para extender la influencia de la OTAN.
Por eso, pensamos que tomar partido en este conflicto es una equivocación. Los ciudadanos ucranios tienen que controlar su propio futuro. 
Ford (PSE ),
   . Como observador principal de la Misión de la Unión Europea para la Observación de las Elecciones en Indonesia este año, siento un gran respeto por el trabajo de mis colegas en Ucrania. Por consiguiente, tengo muy claro que la integridad de las elecciones se ha visto comprometida y que los resultados de las mismas no pueden aceptarse. El papel de la Comisión Electoral también es dudoso, bien por ser cómplice del fraude, bien por estar tan mal organizada que no fue capaz de detectarlo. En tales circunstancias, es preciso que se celebren nuevas elecciones, unas elecciones libres de corrupción y de incompetencia. Votaré en consecuencia. 
Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    Apoyamos una Ucrania libre y democrática y, por tanto, los principales argumentos de la resolución. Ucrania es un miembro potencial de la Unión Europea y, por consiguiente, se tiene que garantizar su desarrollo democrático. Pero nos oponemos rotundamente a que la Unión Europea adopte un papel mayor en la política exterior y de seguridad. Siendo la OSCE la única organización de seguridad paneuropea y la que ha vigilado las elecciones ucranias, debe ser ella la que asuma la responsabilidad principal como mediadora en el conflicto entre el gobierno y la oposición. Por consiguiente, la Unión Europea debe actuar dentro del marco de la OSCE. 
Pafilis (GUE/NGL ),
   – La hipócrita grandilocuencia con que hablan de «legitimidad», «compromiso» y «procedimientos democráticos» en esta Cámara los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de la Comisión y del Consejo, no puede ocultar la descarada y despreciable injerencia en los asuntos internos de Ucrania y la supresión de todo concepto de independencia nacional. 
Después del abuso preelectoral de publicidad prohibida y comercialización masiva, estamos pasando ahora a la etapa de una flagrante intervención de la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia, en un intento de servir los intereses de sus poderes imperialistas en el enorme juego de ajedrez geopolítico y asegurar el control del mar Caspio, el Cáucaso y el mar Negro.
La crisis que ha estallado no trata de resolver los problemas de los ciudadanos ucranios y atender sus demandas de un estado de bienestar social y una sociedad justa. Tampoco los presuntos contrincantes políticos desean salvaguardar nada de eso, puesto que ambos han colaborado con la oligarquía ucrania y con los responsables de la política contraria a los intereses de las bases populares y de los trabajadores que ha venido aplicándose en los últimos años.
Los intereses de las clases dirigentes de la Unión Europea y Estados Unidos han entrado en conflicto con la nueva cúpula de mando rusa y se están enfrentando con tal violencia que pueden llevar al país y a la región a una situación imprevisible. Los ciudadanos ucranios tienen que enfrentarse a estas sombrías perspectivas y no dejarse atrapar entre Escila y Caribdis. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
    Lamentamos que se hayan rechazado las cuatro enmiendas presentadas por nuestro grupo a la Resolución sobre las perspectivas financieras. 
Así, la Resolución no condena la estrategia de los países firmantes frente a lo que se conoce como la «Carta de los seis», una estrategia que el Consejo parece apoyar. Su objetivo es condicionar el debate sobre las perspectivas financieras al proponer que el presupuesto de la Unión Europea se fije en un máximo del 1 % del PIB comunitario y, de esa forma, se desvíe la atención de los fondos de cohesión social y económica en una Unión Europea ampliada y de otras políticas en ese ámbito. Igualmente, queda abierta la cuestión de la duración de las próximas perspectivas financieras, en vista de los objetivos a cinco años establecidos por la llamada Constitución Europea. Para nosotros, el período de siete años –de 2007 a 2013– nos parece más adecuado desde el punto de vista de la programación de la política estructural. Por último, la Resolución establece una conexión indebida entre el debate sobre recursos propios, ingresos, perspectivas financieras y gasto, que coloca los mecanismos de corrección de los principales contribuyentes de liquidez en el plato de la balanza de la negociación. 
Por eso nos hemos abstenido. 
Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    La Lista de Junio ha decidido votar en contra de la Resolución porque bajo ningún concepto queremos ponernos al servicio de las «prioridades del Parlamento». En todos los debates, especialmente en las negociaciones previas al presupuesto de 2005, se ha demostrado claramente que una amplia mayoría parlamentaria es partidaria de aumentar considerablemente el gasto de la Unión Europea y, por tanto, las cuotas para Suecia. Por el contrario, nosotros apoyamos al Gobierno sueco y a los otros cinco países que, en una declaración conjunta, han dejado claro que el presupuesto de la Unión Europea, en lo que se refiere a pagos y compromisos, no debe sobrepasar el 1 % del producto interior bruto común de la Unión Europea. El Parlamento debe tener también libertad para revisar todos los gastos, entre ellos las subvenciones agrícolas, para poder dar prioridad a las ayudas destinadas a los diez nuevos Estados miembros. La Lista de Junio cree que un estricto marco de gastos y un instrumento de flexibilidad dentro de un presupuesto del 1 % liberaría grandes dosis de creatividad y proporcionaría un estímulo para aumentar el ahorro. 
Martinez (NI ),
    Hemos fijado el tope presupuestario para el período de 2007 a 2013 de acuerdo con los «paquetes de Delors» y el «paquete de Santer». Hay dos problemas con los gastos y los ingresos. En cuanto al gasto, el Parlamento desea obviamente aumentarlo, mientras que el Consejo quiere imponer un tope del 1 % o del 1,2 % del PIB, puesto que en el fondo la austeridad presupuestaria impuesta a los Estados miembros debe imponerse también en Bruselas. Pero la disputa entre los manirrotos diputados del Parlamento Europeo y el ahorrativo Consejo da paso a un silencio cómplice cuando se trata del gasto anual de 30 000 millones de euros que supondrá la adhesión de Turquía, posiblemente en 2011, es decir, durante la planificación financiera. Respecto a esto, no se ha previsto nada. En otras palabras, desde el principio las estimaciones presupuestarias se han infravalorado en al menos un 30 %.
En cuanto a los ingresos, se plantea evidentemente la cuestión de los recursos propios, con el cheque británico, las injusticias en el reparto de la carga «fiscal» entre los Estados que aportan fondos, como Francia o Alemania, y los Estados que reciben fondos, como Grecia e Irlanda, y los diez países del Este cuya competencia desleal en materia fiscal –deslocalización al Este– es financiada por los esclavos fiscales del Oeste.
Pero aquí también se guarda silencio sobre el impuesto europeo que inexorablemente está en camino. 
Queiró (PPE-DE ),
   . Como diputado al Parlamento Europeo y, especialmente como portugués, creo que la necesidad de mantener políticas que promuevan una mayor integración y cohesión en la Unión Europea –como se pide en este informe– debe ser una constante en la estrategia financiera general de la Unión Europea. 
La solidaridad es uno de los principios básicos en los que se fundó nuestra Comunidad. Es también un principio importante que no puede convertirse en una ecuación a merced de las fluctuaciones de la media europea, sobre todo cada vez que una ampliación produce una reducción de esa media. Nuestro objetivo debe y tiene que ser nivelar por arriba y crear una Europea cohesionada y solidaria en términos de desarrollo y riqueza. 
Toussas (GUE/NGL ),
   . – El problema de la futura financiación de la Comunidad no puede limitarse al problema interinstitucional de las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, pese a que eso es también indicativo del dominio de la plutocracia y la marginación de los organismos representativos.
La cuestión básica es la orientación política de la utilización de recursos de la Unión Europea y el grado en que está o no al servicio de las clases trabajadoras.
Ahora se ha demostrado que los recursos y fondos comunitarios sirven para redistribuir la riqueza; se obtienen de los trabajadores y de las regiones pobres y menos desarrolladas y se entregan a las grandes empresas, a la plutocracia y a las regiones más desarrolladas de la Unión Europea.
Las desigualdades aumentan constantemente y la inseguridad y la incertidumbre de los trabajadores frente al futuro son cada vez mayores, lo cual está permitiendo a las multinacionales explotarlos todavía más. Los presupuestos de la Unión Europea reflejan la política económica y el carácter imperialista de la Unión y su orientación reaccionaria y contraria a los intereses de las bases populares.
El paquete de fondos anunciado está resultando ser ceniza y no oro para los trabajadores, pero es un maná caído del cielo para las grandes empresas.
El conflicto actual expresa oposiciones internas de las grandes empresas, no los intereses de los trabajadores, que están pidiendo que se atiendan sus necesidades actuales y que luchan para que cambien las orientaciones políticas en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. 

Battilocchio (NI ),
   . – La Unión Europea es el mayor donante del mundo. Las ayudas mundiales para combatir el sida se han triplicado en los últimos tres años. Pese a ello, las cifras publicadas en el último informe de la OMS son terroríficas, y la pobreza está aumentando.
Un mayor compromiso financiero es útil, pero no suficiente. Lo que tiene que discutirse es, sobre todo, la calidad y eficacia de las ayudas concedidas. La Comisión debe establecer con claridad sus prioridades de acción para el futuro, de manera que los recursos destinados al desarrollo no se desvíen a otras políticas de diversa naturaleza, como la seguridad o la resolución de conflictos.
Lo que se necesitan son medicinas, prevención e información; apoyo a los grupos más afectados por la enfermedad: niños sin padres que cuiden de ellos, ancianos sin hijos que les mantengan; investigaciones de interés común y no solo con fines comerciales; y lucha contra todo tipo de prejuicios y contra ese tipo de moral que dificulta la prevención.
El sida no es una realidad lejana. En 2004 se ha producido un aumento impresionante del número de casos en Rusia y Ucrania, nuestros nuevos vecinos. El malestar social causado por la disminución de la población activa genera pobreza, tensión y conflictos. Por consiguiente, la guerra contra el sida tiene que librarse también en nuestro propio interés y en nombre de la estabilidad que representa nuestra Unión. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Celebramos que se haya aprobado esta Resolución, sobre todo porque la mayoría de las propuestas que presentamos para mejorar la Resolución común se han aprobado. Esas propuestas fueron las siguientes:
- Insta a la Comisión y a los Estados miembros a contribuir al Fondo Mundial de la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria con un mínimo de mil millones de euros, sobre una base sostenida;
- Insta a la industria farmacéutica europea a destinar una parte importante de sus recursos a medicamentos antiinfecciosos y otros medicamentos esenciales; insta, por ejemplo, a Sanofi-Aventis, el mayor grupo farmacéutico europeo, a dar inicio a la investigación de esta enfermedad, en lugar de dispersar a un equipo de investigadores con conocimientos especializados en este campo; 
- Insta a la Comisión a elaborar una propuesta dirigida a salvaguardar mejor el interés público en la orientación, la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos, a reducir los precios y el gasto médico como en los servicios de salud pública, y a garantizar el derecho de acceso universal a tratamientos médicos y a medicamentos esenciales; 
- Insta a la Comisión a oponerse –tanto en la Organización Mundial de Comercio como en sus relaciones bilaterales– a la insistencia de Estados Unidos en sus acuerdos bilaterales con países en vías de desarrollo para que esos países renuncien al derecho a importar los genéricos que necesitan para proteger la salud pública de sus ciudadanos. 
Lundgren y Wohlin (IND/DEM ),
    La lucha mundial contra el VIH/sida es una cuestión muy acuciante que exige un gran compromiso internacional. Ahora bien, nosotros pensamos que el problema del VIH/sida no debe abordarse en el marco de la cooperación de la Unión Europea. Creemos que la lucha contra el VIH/sida debe librarse en los respectivos Estados miembros de la Unión Europea, así como en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Lista de Junio desea una cooperación limitada de la Unión Europea. Nos oponemos a que la Unión Europea tenga influencia y competencias en cuestiones de las que ya se ocupan otras organizaciones internacionales. 
Queiró (PPE-DE ),
   . La interminable propagación del VIH/sida debe dejarnos a todos muy preocupados. Hace varios años que los esfuerzos realizados se han visto contrarrestados por una realidad mutante que ha afectado a sectores de la población diferentes y variables. Esto es así tanto en Europa como, sobre todo, en el resto del mundo, especialmente en África, donde la epidemia ha alcanzado proporciones dramáticas.
La situación requiere un esfuerzo constante para frenar su propagación y para invertir en la investigación y el desarrollo de medicamentos terapéuticos y preventivos más eficaces. Y este esfuerzo tiene, forzosamente, que ser compartido por los países más ricos del mundo, es decir, por nuestros países. 
Toussas (GUE/NGL ),
   . – Cuando termine el debate de hoy sobre el sida, miles de personas habrán muerto, muchas de las cuales podrían seguir vivas si las gigantes empresas farmacéuticas no hubiesen detenido el proceso de producción e importación de medicamentos antivirales, para evitar la pérdida de sus monopolios y la disminución de sus beneficios. Las «copias» de los medicamentos pueden proporcionar alivio, como demuestra el ejemplo de Brasil que, produciendo ella misma los medicamentos y reduciendo sus precios un 79 %, ha disminuido la tasa de mortalidad por sida en un 50 %.
Las estadísticas son preocupantes: en África, solo uno de cada cien africanos puede costearse el precio de la medicación. En Zambia, una de cada tres mujeres embarazadas tiene el sida. Todos los días mueren 8 200 personas.
Eso es el capitalismo: salvajismo y barbarie. Mata no solo con armas, sino también privando a las personas de derechos humanos básicos, como el acceso a asistencia sanitaria y a tratamientos médicos. Unos derechos que siguen siendo letra muerta, aunque en la práctica la salud y las medicinas se hayan convertido en mercancías con las que las multinacionales obtienen beneficios.
Esta es la política que está favoreciendo la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros que defienden los intereses de los monopolios.
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo luchan exclusivamente por un sistema nacional gratuito de salud y bienestar y una industria farmacéutica nacionalizada. Solo así la salud podrá convertirse en un verdadero derecho para todos. 
El Presidente.
   El Parlamento ha agotado su orden del día.
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.
