Decisión sobre la urgencia
Arias Cañete
Señor Presidente, la Comisión de Pesca ha acordado aceptar la urgencia y pedir que se inscriba en el orden del día por el procedimiento sin debate.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

El Presidente
La votación del informe tendrá lugar el viernes por la mañana. El plazo de presentación de enmiendas vencerá el miércoles a las 12.00 horas.

De Clercq
Señora Presidenta, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aprobó ayer por unanimidad la decisión sobre la urgencia, el informe del Sr. Pex, como indica usted con razón. Esperamos que la sesión plenaria haga lo mismo.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

El Presidente
Este punto se incluirá también en el orden del día del viernes. El plazo de presentación de enmiendas vencerá el miércoles a las 12.00 horas.

«Aduana 2000»
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0083/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0006/96-95/0087(COD)) con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito aduanero (»Aduana 2000») (Ponente: Sr. von Wogau).

von Wogau
Señora Presidenta, Señorías, hoy procederemos a la votación de la recomendación para la segunda lectura relativa a la posición común del Consejo con vistas a la promulgación de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adopción del programa de acción comunitario en el ámbito aduanero «Aduana 2000».
El objetivo del programa es equiparar y mejorar la eficacia de los procedimientos aduaneros y de las administraciones de aduanas. Es urgentemente necesaria una mayor armonización entre los métodos de trabajo y la organización de las administraciones aduaneras nacionales, que presentan considerables divergencias en algunos aspectos. En la primera lectura aprobamos una serie de enmiendas al programa, que la Comisión incorporó luego en gran parte a su propuesta modificada.
En su posición común adoptada por unanimidad, el Consejo hace hincapié, empero, en unos puntos que difieren claramente de las preocupaciones centrales del Parlamento. Las diferencias aparecen ya en el título del programa. El Consejo se refiere a un «programa de acción comunitario en el ámbito aduanero», en tanto que el título propuesto por la Comisión y recomendado por el Parlamento es «programa de acción de la aduana comunitaria». En nuestra comisión hemos mantenido un debate en profundidad con la Comisión y con el Consejo sobre si existe o no una aduana comunitaria. A nuestro parecer, toda vez que contamos con un arancel exterior común, es posible hablar de una aduana comunitaria de la Unión Europea. Esto contribuiría a destacar la unidad de las disposiciones y objetivos aduaneros en el ámbito comunitario.
En la presente recomendación para la segunda lectura se definen, entre otras, las siguientes cuestiones primordiales. Se destaca la evolución ulterior del mercado interior europeo hasta crear un auténtico «mercado doméstico» con fronteras interiores abiertas y una frontera exterior común. Deberá prestarse una especial atención a los Estados asociados de la Europa central y oriental.
Como primer paso hacia el posterior establecimiento de una administración aduanera común, los funcionarios de aduanas de la Comunidad llevarán de forma visible el símbolo de las doce estrellas de la Comunidad Europea, a fin de evidenciar su pertenencia a una administración aduanera comunitaria. En el campo de la formación, la resolución propone la creación de una academia europea de formación aduanera, no como alternativa a la formación que realizan las administraciones de aduanas de los Estados miembros, sino con objeto de completarla y de armonizar las administraciones aduaneras de la Unión.
Finalmente, con vistas a la urgentemente necesaria automatización de los servicios aduaneros, proponemos el derecho de acceso a determinados datos almacenados en los bancos de datos de los Estados miembros y la creación de un banco de datos unificado. Este último aspecto es de particular importancia a mi entender, sobre todo para proteger los intereses financieros de la Comunidad. Las cantidades que ésta deja de recaudar debido al fraude, a los aranceles retenidos, etc., son considerables. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha constituido además una comisión de investigación encargada de examinar el procedimiento comunitario de despacho, en el contexto del cual son particularmente frecuentes estos fraudes.
Esta actuación afecta en particular a los expedidores, que deben rendir cuentas a la autoridad aduanera como principales responsables del debido cumplimiento del procedimiento de despacho de aduana. Se trata de cantidades muy importantes. Como garantía, los operadores deben depositar una fianza en la administración de aduanas. Cuando no se pagan derechos de aduana como resultado de un fraude delictivo y las autoridades aduaneras lo detectan, los operadores sufren una enorme penalización.
Sólo en los Países Bajos, los expedidores han tenido que pagar casi 900 millones de ecus por este concepto. Se estima que el importe es equivalente en el caso de Alemania. En toda Europa suma, según las estimaciones, alrededor de 3 millardos de ecus y con frecuencia se trata de cantidades depositadas como fianza por operadores de tamaño medio. Las empresas individuales se ven obligadas, por ejemplo, a hacer frente a cauciones que superan los 50 millones de marcos. Lo cual puede suponer la ruina financiera cuando las expediciones son numerosas.
La rápida y completa automatización de las administraciones aduaneras que solicita el Parlamento es, por lo tanto, una medida que contribuirá apreciablemente a evitar los delitos aduaneros y a la protección de puestos de trabajo.

Caudron
Señora Presidenta, Señorías, hemos llegado a esta etapa del debate, después de que nuestro Parlamento Europeo aprobara, en octubre pasado, un texto fuerte, luego de una posición común del Consejo más bien sosa y sin suficiente relieve ni fuerza, nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, al votar toda una serie de enmiendas, ha querido volver a dar un sentido más real, más directo y más fuerte a este programa Aduana 2000. Entre otras cosas, para nosotros se trata de reafirmar, mediante estas enmiendas, el concepto, importante a nuestro entender, del mercado interno; asimismo, se trata de hacer más real la noción de aduana comunitaria mediante toda una serie de signos y símbolos distintivos en este ámbito; se trata, por último, de empezar a garantizar una verdadera movilidad de los agentes aduaneros entre los diferentes países miembros, garantizar también una formación común así como intercambios y, claro está, armonizar los controles desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. Por lo demás, en el ámbito de las legislaciones, se han hecho esfuerzos de armonización también entre los Estados miembros, y, sin duda alguna, es preciso que la interpretación misma de esas legislaciones tenga una determinada homogeneidad entre los quince Estados miembros.
No obstante, quisiera insistir de manera particular, como lo ha deseado la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la lucha contra todas las formas de fraude, en particular contra los fraudes durante el tránsito. Como ustedes saben, señora Presidenta, Señorías, existe una comisión de investigación contra los fraudes en materia de tránsito comunitario y los primeros trabajos de esta comisión de investigación ya han demostrado que abundan los fraudes y que es preciso hacer un gran esfuerzo en lo que concierne a los documentos TIR, en materia de informatización del régimen de tránsito comunitario, en materia de intercambio de datos y en materia del control efectivo de esos datos.
Por último, a nivel de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, habíamos insistido en el fortalecimiento de la colaboración con los países terceros, en particular con los PECO, especialmente en forma de programas de formación tales como el programa MATTHAEUS. Por último, insistimos en que se asignen realmente los créditos suficientes en el marco de este programa para que las declaraciones de intención se traduzcan en hechos.
Este es el resultado de los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y me gustaría saludar en esta etapa el trabajo realizado por nuestro ponente, el presidente von Wogau. Una última palabra para pedir sencillamente a nuestro Parlamento que voten nuestras enmiendas, sin las que este programa, ya importante por su mera existencia, correría un gran riesgo de ser una engañifa. Si se quiere tener credibilidad, es preciso, lo repito, luchar contra todas las formas de fraude, que son numerosas en el interior de esta Unión y que provocan reflejos nacionalistas.
Señora Presidenta, un gran mercado supone una protección común. Esta protección común supone aduanas armonizadas y fuertes alrededor de nuestra Unión, y ese es precisamente el objeto de este informe, informe que deseamos ver fortalecido por el voto de un determinado número de nuestras enmiendas.

Jarzembowski
Señora Presidenta, Señorías, en nombre de mi Grupo político, yo quiero sumarme ante todo a los agradecimientos al ponente, quien ha trabajado durante varias semanas con gran dedicación en la elaboración de esta recomendación. Sus objetivos -a saber, por un lado, el funcionamiento del mercado interior o del «mercado doméstico», según sus palabras, y por el otro, combatir más adecuadamente el fraude y el comercio ilegal- son compartidos por todos nosotros.
Yo quisiera volver a abundar en dos aspectos. Con este programa debe garantizarse, a mi entender, que los controles aduaneros se efectúen con el mismo nivel de rigor en todos los puestos fronterizos, incluidos todos los puertos y aeropuertos. En mi opinión, señor Comisario, a usted le corresponde velar en último término por que así sea. En efecto, los ciudadanos no pueden comprender que la Comunidad pueda perder ingresos y se dé alas al fraude debido a la posible negligencia de los controles en determinados puestos fronterizos comunitarios. En este sentido, puesto que la Comunidad cuenta con un código aduanero común, también debe aplicar efectivamente las mismas medidas de control aduanero en todos los puestos. Yo pienso que el programa que usted propone puede contribuir a ello, pero también será preciso controlar que así sea.
El segundo ámbito al cual quisiera referirme, corresponde a un aspecto muy distinto del programa. Yo acogí con gran satisfacción que la Comisión propusiera por propia iniciativa -propuesta que el Consejo también aceptó luego en su posición común- que también deben tomarse en consideración los intereses de los actores que intervienen en el comercio exterior. Es decir, que también debe contemplarse la participación de los importadores y exportadores. Acojo asimismo con satisfacción el propósito de efectuar un seguimiento y un examen de la normativa aduanera con objeto de considerar su posible simplificación. En mi opinión, unas regulaciones complicadas tienden a fomentar más bien el incumplimiento o el fraude y unos controles más sencillos serían mucho más eficaces. Por consiguiente, me complace que la Comisión se declare dispuesta a tener en cuenta los intereses de los importadores y exportadores y a considerar la simplificación del procedimiento.
También considero excelente su propósito de sustituir las disposiciones autoritarias por acuerdos con los agentes económicos -ya sean los expedidores o los importadores y exportadores-, concretamente sobre las posibilidades de simplificar y hacer efectivos los controles mediante procedimientos con apoyo informático. Este elemento de cooperación entre el mundo económico y las autoridades aduaneras es una excelente idea, a mi entender, y debe ponerse en práctica.
Para finalizar, debemos dirigir no obstante un nuevo llamamiento al Consejo - suponiendo que lea las Actas de nuestras sesiones- y hacerle notar que de nada sirve adoptar una resolución común con vistas a mejorar la administración aduanera, si posteriormente cada Estado miembro no ofrece a su respectiva administración de aduanas los medios financieros y técnicos para su aplicación. A mi parecer, es necesario recuperar un importante retraso en la introducción de sistemas informáticos adecuados en todos los puntos, en todos los controles fronterizos, de la Comunidad. Los Estados miembros también están obligados a modificar esta situación.

Garosci
Señora Presidenta, el asunto que hoy volvemos a presentar y que confiamos en que llegue a definirse, reviste una importancia extrema para el mercado interior europeo.
Evidentemente, nos es muy grato -y le otorgaremos la aprobación de nuestro Grupo- que el ponente sea el propio Sr. von Wogau, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, habida cuenta de que, en definitiva, en el seno de nuestra comisión existe un amplio consenso respecto a los principales objetivos. Objetivos que, deseo recordárselo a sus Señorías, son fundamentales para crear un verdadero mercado interior. En efecto, se trata de aplicar las políticas comunes, de regular y facilitar los intercambios tanto en el interior como en el exterior de la Comunidad, de percibir aranceles e impuestos, de garantizar el respeto de las disposiciones fiscales y de control, de salvaguardar los intereses financieros, económicos, comerciales e industriales de la Comunidad, de luchar contra los tráficos ilícitos y, sobre todo, de garantizar la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de los consumidores de la Comunidad.
En particular, existe un aspecto que deseamos recalcar y que, por otra parte, ya fue tratado con anterioridad, es decir, la importancia de la identificación de la autoridad aduanera destinataria del programa «Aduana 2000». Reviste gran importancia la definición de los poderes de los agentes de aduana, que deben ser necesariamente homogéneos en el ámbito de la Unión. Por consiguiente, bienvenido sea, el proyecto de potenciación automatización y creación de un sistema informático con un banco de datos común, que tendrá una doble función: por una parte, eliminar la incompatibilidad entre los diferentes sistemas de elaboración de datos y, por consiguiente, facilitar los trámites de despacho de aduanas, y, por otra, servir como instrumento para luchar contra los fraudes y los tráficos ilícitos, tarea que ha alcanzado gran relevancia tras la creación del mercado único y a la que hoy las aduanas pueden dedicar todos sus recursos conforme se vaya disponiendo de ellos.
Por todo ello, estamos firmemente convencidos de que este proyecto representa un paso de vital importancia para la realización del mercado único.

Hautala
Señora Presidenta, si el programa Aduana 2000 reviste una gran importancia, aún es más importante lograr su puesta en práctica con objetivos realistas. Por lo que respecta a este asunto, es posible que los objetivos que el Parlamento pretende alcanzar rápidamente sean demasiado ambiciosos. Va a pasar aún mucho tiempo antes de que la actual cooperación entre los servicios aduaneros deje paso a un servicio aduanero común propiamente dicho, lo cual se explica, sobre todo, por el hecho de que las fronteras exteriores comunes implican en todo momento cuestiones extremadamente delicadas. Los Verdes desean hacer hincapié en la cooperación aduanera con los terceros países y los Estados vecinos fronterizos de la Unión. En nuestra opinión, debería destinarse una quinta parte, como mínimo, de la financiación del programa Aduana 2000 al desarrollo de los servicios aduaneros de estos países y a la cooperación con los mismos. Además, queremos recordar que, a la vez que se crean bancos de datos comunes necesarios para la lucha contra el fraude, es igualmente importante tener presente la necesidad de garantizar la protección de la información para evitar que el control de dichos bancos de datos se les vaya de las manos de los ciudadanos y lleguen a ser utilizados en su contra.

Blokland
Señora Presidenta, el programa de acción propuesto y el informe del Sr. von Wogau han de evaluarse con cierta ambivalencia. Según se desprende de diferentes noticias, parece ser que la realización de la libre circulación de bienes tiene consecuencias drásticas para el alcance y la escala en que se defrauda en la exportación, la importación y el tránsito. Por ello, ahora es preciso centrar los esfuerzos en la lucha contra el fraude. Una prioridad en este sentido es la posibilidad de intercambiar información en tiempo real a través de bancos de datos automatizados y redes de ordenador accesibles entre ellas. Por consiguiente, en lo que a mí respecta, los esfuerzos por crear un instituto común de formación quedan relegados a un segundo plano.
Me asombran las propuestas de incluir una insignia de la Unión Europea en el uniforme de los aduaneros y las medidas para crear la noción de un servicio aduanero comunitario. Se trata de una política meramente simbólica que pertenece a la categoría de window-dressing .
Una última cuestión. La prevista adhesión de los PECO implica un esfuerzo adicional para la Comunidad Europea. Es conveniente iniciar ya los preparativos para una futura cooperación con los servicios aduaneros de estos países.

Wemheuer
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, el Sr. Jarzembowski ha destacado como un aspecto positivo que el programa prevea una especial participación de los agentes económicos. Yo quiero decirles con toda claridad que si, además de haber contado antes con la participación de los agentes económicos, se hubiesen escuchado también sus advertencias, no se habría ampliado el procedimiento T1 a los Estados de Visegrad. Los expedidores -a quienes ya se ha citado y que deben responder en la práctica a enormes exigencias financieras, a pesar de no ser ellos los deudores- y sus organizaciones han lanzado, en efecto, repetidas advertencias contra la ampliación del sistema T1 a los Estados de Visegrad o a otros países, y no porque estos Estados susciten especial desconfianza, ni porque no quieran incluirlos. El motivo tampoco es la incertidumbre en cuanto a la importancia de estas primeras medidas con vistas a una ampliación, sino sobre todo el hecho de que el procedimiento T1 ya no funciona en estos momentos en la cooperación de la Unión Europea con los Estados de la AELC y, según ha manifestado la Comisión, se encuentra al borde del colapso.
Hablando claro, de nada sirve el diálogo con el mundo económico y con los agentes económicos, de nada sirve el diálogo con las autoridades aduaneras, si en último término no se extraen las debidas consecuencias del mismo. Cuando por razones políticas de orden superior, finalmente se adopta una vez más una decisión injustificable en términos prácticos, de nada sirve el mejor de los diálogos. Aun así nos alegramos, naturalmente, de que éste siga contemplándose en el programa.
También quisiera considerar no obstante otro aspecto, relativo a la enmienda 16, que ha sido objeto de un malentendido, puesto que ésta solicita que se conceda prioridad al control aduanero directo frente a todos los demás métodos. Lo cual obviamente no significa que deba descargarse cada camión en la frontera o en el puesto de control aduanero. Esto sería una insensatez. Todos lo sabemos y también yo lo sé. Pero lo que en estos momentos está haciendo la Comisión, la presente estrategia de la Comisión y de los Estados miembros, que consiste en elevar las cauciones, exigir fianzas individuales, ampliar los plazos para la realización de los controles, efectuar inspecciones retroactivas que en vez de evitar el fraude sirven para llevar un registro estadístico del mismo y exigir luego el pago a los mismos agentes económicos ya tantas veces aludidos, ésta no es la estrategia adecuada.
No se trata de encontrar un chivo expiatorio y prolongar tanto como sea posible su responsabilidad. Se trata de actuar también de manera disuasoria y preventiva y la única vía para ello son los controles. Lo que acaba de ocurrir en las pasadas semanas, me refiero a la supresión de la fianza para determinados productos y la introducción de fianzas individuales para productos sensibles, ya está llevando a las empresas a la ruina y ninguno de los aquí presentes puede desear que esto suceda.

Rosado Fernandes
Señora Presidenta, es evidente que, cuando se pensó en un programa como Aduana 2000, todos los que hicieron el Mercado Interior tenían sin duda la idea muy clara de que acabar con las barreras aduaneras iba a significar más fraude, más competencia desleal, más delincuencia dentro de la economía europea. Nadie ignoraba eso. Y, desde luego, el romántico símbolo de las estrellas en el uniforme de los funcionarios de aduanas no va a resolver ese problema.
En los artículos 7 y 8 están perfectamente consagradas las medidas que se deben adoptar. Pero, ¿se adoptarán? ¿Tendrán realmente interés los Estados miembros en adoptar esas medidas? ¿No estarán muchos funcionarios de los diversos Estados interesados en que haya cierta libertad de fraude para que haya competencia y se vendan sus productos? ¿Cuál es el grado de responsabilización de los Estados miembros para que se pongan en ejecución las disposiciones ahora formuladas? El problema, en este caso, es el de la responsabilización de los Estados miembros y así como hay ciudadanos europeos que figuran en listas negras, también habría, desde luego, la necesidad de mostrar cuáles son los Gobiernos y las administraciones que no cumplen las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros y en la Comisión. Sin eso, no tendrá el menor efecto y esta Aduana 2000 será tan sólo un documento más elaborado por la Comisión y por el Consejo de Ministros.
Por tanto, me gustaría que, de hecho, la voluntad política fuera obligatoria y que se pusiera coto a los Estados, porque, señoras y señores diputados, sin la complicidad de los Estados el fraude raras veces existe en las proporciones actuales.

Wibe
Señora Presidenta, voy a hacer algunos comentarios breves sobre un informe cuyas conclusiones comparto en lo esencial. Por lo que respecta a la enmienda número 5, que apoyo, considero que es importante dejar claro que en aquellos casos en que se llegue a un acuerdo a nivel comunitario sobre los criterios para la amplitud de los controles aduaneros, dichos criterios deben tener por objeto unos niveles mínimos. Esto significa que todos los Estados miembros deben procurar mantener un nivel standard mínimo en los controles, pero que gozan de plena libertad para introducir unos sistemas de control más estrictos si así lo desean. Durante el debate celebrado en la Comisión de Asuntos Económicos, también von Wogau confirmó que los criterios debían tener este carácter mínimo.
Quiero señalar la gran inquietud que reina en mi país por la posibilidad de que el mercado interno menoscabe las posibilidades de control eficaz de la entrada de estupefacientes. La gran mayoría de la población desea que se pueda, si es eso lo que queremos, aumentar el nivel de control. Por este motivo me permito criticar la redacción de la enmienda número 3. Creo que, sin que por ello vayamos a perjudicar de modo decisivo la libre circulación de productos y servicios, podemos mantener una cierta modalidad de controles fronterizos internos, con el solo fin de poner coto a las diversas variantes de criminalidad transfronteriza, como por ejemplo, el tráfico de drogas.
Finalmente, señora Presidenta, me parece poco eficaz el requisito de que los oficiales de aduanas lleven el símbolo de las doce estrellas de la UE. El signo característico de los uniformes de la policía o del personal aduanero debe hacer referencia al poder jurídico que representan, es decir, en Suecia, al Estado y al sistema jurídico sueco. Por consiguiente, veo las doce estrellas como un símbolo sin valor. Pero admito que esta cuestión carece de relevancia, y no afecta mi posición positiva de fondo sobre el informe von Wogau.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, ante todo, deseo felicitar al ponente, Sr. von Wogau, por el importante trabajo que ha realizado. Tal como se afirma en el informe, la condición fundamental para la creación de un verdadero Heimatmarkt reside en la protección común de las fronteras exteriores.
Dicha protección común debe garantizar la seguridad de los operadores económicos de la Unión Europea, proteger los intereses financieros de la Comunidad y ofrecer a todos los operadores y ciudadanos un trato igualitario en sus relaciones con los despachos de aduanas. Habida cuenta de estos objetivos primordiales, la Comisión presentó el 6 de abril de 1995 este texto, que fue objeto de un primer análisis del Parlamento el pasado 25 de octubre. De las 34 enmiendas que fueron propuestas, 23 fueron definitivamente recogidas por la Comisión en su propuesta modificada de 21 de noviembre, y 14 fueron adoptadas por el Consejo en la posición común de 22 de diciembre de 1995.
Tal como recalqué ante este Pleno con ocasión de la primera lectura, este programa se inscribe en el ámbito de la política seguida por la Comisión desde 1993 y dirigida a lograr un marco que favorezca el desarrollo de la cooperación entre las administraciones de los Estados miembros y entre estas últimas y la Comisión, mejorando así la gestión del mercado interior. Dentro del respeto del Tratado que, evidentemente, debe ser tomado en cuenta, el programa no desea substituir la responsabilidad de los Estados miembros por la de la Comunidad en la actuación del Derecho comunitario o en la percepción de los recursos propios, antes bien se propone crear una forma de colaboración constructiva que asegure una mejor coordinación de estas actividades. El programa «Aduana 2000» tampoco desea interferir en la organización de los poderes públicos o en las administraciones nacionales, ni intervenir directamente en materia de cooperación aduanera en sentido estricto, sector respecto al cual, conforme al contenido del título VI del Tratado, la Comisión no dispone de poder de iniciativa.
Del mismo modo, la presente decisión no constituye de por sí el principal instrumento concebido por la Comisión para afrontar los problemas, graves pero específicos, que ha podido detectar en materia de fraude, especialmente por lo que se refiere al régimen de tránsito. Dichas cuestiones son y serán abordadas de forma específica en propuestas puntuales y en un contexto diferente.
Ello no obstante, el programa «Aduana 2000» constituirá un marco especialmente adecuado para el desarrollo de una verdadera política de prevención contra el fraude aduanero. Es a la vista de estos objetivos, señora Presidenta, que la Comisión ha evaluado las propuestas de enmienda presentadas en la recomendación para la segunda lectura.
El Pleno propone incluir 23 enmiendas en la posición común del Consejo, respecto a la que la Comisión manifestó su opinión el 11 de enero. Muchas de dichas enmiendas son el fruto de una reflexión llevada a cabo junto con los representantes del Consejo y de la Comisión en el ámbito de un diálogo tripartito informa. Otras recogen las enmiendas de la primera lectura que no fueron adoptadas por el Consejo ni, en algunos casos, tampoco por la Comisión. Otras, por último, nos parecen innecesarias porque ya se encuentran recogidas en el texto de la posición común del Consejo.
Por ello, la Comisión puede aceptar, en su actual redacción, las enmiendas núms. 1, 3, 5, 7, 9, apartados 2, 15, 21 y 23, así como, salvo algunas modificaciones en cuanto a su redacción, las enmiendas núms. 2, 4, 8, 10, 11, párrafos 1, 19 y 20. La Comisión, en cambio, no puede adoptar las enmiendas que van en contra del principio de subsidiariedad y que intentan substituir, de una manera u otra, la responsabilidad de los Estados miembros por la de la Comisión o de la Comunidad en las tareas propias de aquellos. Esto último vale para las enmiendas núms. 6, 9, apartado 1, 11, apartados 2, 14, 17, 18, 22 y 25. A pesar de que estas últimas enmiendas no pueden aceptarse, la Comisión considera que el contenido de algunas de ellas corresponde a objetivos que compartimos. En base a esto, la Comisión adquiere el compromiso de incluir dichos compromisos en los trabajos que serán llevados a cabo en el marco de la actuación del presente programa.
Por último, nos parecen innecesarias tres enmiendas, puesto que corresponden a enmiendas de la primera lectura que el Consejo, por lo menos en cuanto al fondo, ya incluyó en la posición común, me refiero a las enmiendas núms. 12, 13, 16 y 24.
Termino expresando la satisfacción de la Comisión por el gran interés que suscita el programa «Aduana 2000» en el Pleno y por el activo apoyo que esta Asamblea depara a nuestro proyecto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Política industrial y sector farmacéutico
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0104/96) de la Sra. Soltwedel-Schäfer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(93)0718 - C3-0121/94) sobre las líneas generales de la política industrial que deben aplicarse al sector farmacéutico de la Comunidad Europea.

Soltwedel-Schäfer
Señora Presidenta, antes de iniciar mi intervención sobre el informe relativo al sector farmacéutico quiero manifestar que la colaboración ha sido muy buena, sobre todo en el último período de aprobación del informe y de conversaciones para alcanzar un compromiso, y agradecer a mis colegas su cooperación y espíritu de equipo.
Señorías, este informe contiene sin duda material susceptible de una gran divergencia de opiniones en cuanto a la política industrial que debe aplicarse en el sector farmacéutico. Desde luego no creo equivocarme al hacer esta valoración de mi informe, que cuenta con el respaldo de gran parte del Parlamento y que no parece complacer demasiado a la Comisión, según deduzco de un comunicado de prensa del Sr. Bangemann, puesto que según dice le estamos dando -y cito textualmente- «mucho trabajo a la Comisión con este informe». Es decir que las discrepancias son del conocimiento público.
Quisiera referirme a esta cuestión. Lamentablemente, Sr. Bangemann, en la comunicación de la Comisión, se contemplan de manera absolutamente insuficiente los intereses de los pacientes de disponer de información objetiva sobre los productos farmacéuticos, ni tampoco las cuestiones éticas en relación con la autorización y producción de medicamentos, sobre todo por lo que respecta al aspecto cualitativo de la innovación en el sector farmacéutico. Nosotros, y yo personalmente en mi calidad de ponente de este informe, deseamos y solicitamos la creación de un Comité de Ética en la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos con sede en los Londres y la participación de representantes de los pacientes en el comité de gestión y en las comisiones científicas de dicha institución. Sr. Bangemann, usted y yo participamos en la ronda de conversaciones de la AEEM en Londres y no me cabe la menor duda de que también usted, como moderno defensor de los consumidores, respaldará dichos criterios y peticiones.
Yo quisiera hacer, una vez más, especial hincapié en las formulaciones matizadas de compromiso incluidas en el informe en aras de conseguir un respaldo mayoritario. Naturalmente, esto no es lo más deseable para un ponente, pero la formulación final siempre responde a un compromiso. Así, por lo que respecta al período de protección de las patentes de los medicamentos genéricos, además de destacar el irrenunciable interés político social de los mismos, también se toma en consideración el hecho de que un número creciente de empresas dedicadas a la investigación farmacéutica participan directamente o a través de sociedades interpuestas en el sector de los medicamentos genéricos.
Otros puntos del informe que recibieron el respaldo mayoritario de mis colegas en la comisión, lo cual es una gran satisfacción para mí, son las peticiones de una limitación de los experimentos con animales, de que se facilite la comercialización europea de los medicamentos de origen vegetal y homeopáticos, y de un atento seguimiento de los procesos de concentración en el sector farmacéutico, de suma trascendencia para el empleo. En este contexto cabe citar la insistencia en la especial necesidad de una política de exportación responsable, garantizada mediante un código de conducta, en el sector farmacéutico.
Acojo con gran satisfacción la Resolución sobre las líneas generales de política industrial que deben aplicarse en el sector farmacéutico aprobada por el Consejo en su última sesión de finales de marzo, en la cual ya parecen recogerse algunas sugerencias y en la que se insta a la Comisión -y yo le agradecería, Sr. Bangemann, que incluya este tema en su explicación- a presentar propuestas encaminadas a mejorar la transparencia en este sector y que tomen en consideración de manera más adecuada los intereses de los productores de medicamentos genéricos y de origen vegetal. Éste es un hecho que acojo con gran satisfacción, puesto que estas consideraciones, a las cuales también se otorga especial importancia en el informe, son consideraciones modernas, que se ocupan de las necesidades de los pacientes y consumidores y no están exclusivamente orientadas a la industrias, sino que toman en consideración a ambas partes.
Finalmente, quisiera reiterar una vez más que la posición del Grupo conservador y liberal de esta Asamblea, que con sus enmiendas intenta volver a incorporar al informe posiciones que contradicen esta moderna orientación, es en mi opinión una posición retrógrada y acrítica frente al susceptible lobby del sector farmacéutico. Permítanme manifestarlo con toda claridad. Una política industrial moderna no debe ser una política de competencias ni clientelar. Debe estar abierta a la sociedad, debe responder a sus justas aspiraciones y sobre todo, Sr. Bangemann, ¡debe tener el valor de innovar!
Yo soy del parecer que el informe debe aprobarse en su presente forma. Doy por sentado que el Parlamento tendrá el valor de emprender un nuevo rumbo y que esta Cámara y mis colegas en la misma pondrán de relieve la diferencia que media entre la propuesta de la Comisión todavía muy orientada a la industria y esta propuesta muy meditada y consensuada en comisión. Yo deseo que esta propuesta obtenga un amplio respaldo y me congratularé si conseguimos ganarnos de este modo la confianza de las ciudadanas y ciudadanos y de Europa en el ámbito de la protección de los pacientes.

Donnelly, Alan
Señora Presidenta, quisiera comenzar en el punto con el que la ponente ha terminado su intervención. Como sabe el Comisario Sr. Bangemann, en esta Asamblea nadie ha luchado con tanto ahínco por el principio de política industrial durante los últimos tres años como yo y algunos otros diputados que intervendrán en el presente debate. Tenemos que reconocer, sin embargo, que la idea de elaborar una política industrial para el sector farmacéutico se diferencia bastante de la de otros sectores de los que nos hemos ocupado en el pasado.
Debemos reconocer que el sector farmacéutico está íntimamente ligado al tema de la salud y a los sistemas nacionales de seguridad social de nuestros Estados miembros. A la hora de determinar una política industrial -que se adapte al sector farmacéutico- debemos reconocer que se trata de un sector mucho más amplio que el de otras industrias que hemos examinado en el pasado. En unos momentos en que los gobiernos intentan recortar sus déficits presupuestarios, debemos considerar los costes originados por la compra de productos farmacéuticos para la salud de nuestros ciudadanos. Para garantizar la buena salud de los ciudadanos, debemos asegurarnos de que los medicamentos sean lo menos caro posible.
El Grupo Socialista apoya una política industrial. No creemos que debamos ser selectivos. Queremos una estrategia global para toda la industria de la Unión Europea, y no creemos que debamos contemplar únicamente aquellos sectores que están en declive. Por consiguiente, acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión para que se estudie el sector farmacéutico. De hecho, deseamos que la Comisión vuelva en un futuro muy próximo con una nueva comunicación sobre el sector farmacéutico que esté basada en las consultas que la Comisión ha llevado a cabo sobre su propuesta de 1994 y en la que se reconozcan los rápidos avances que se han producido en el sector.
En este sector, la competencia es a nivel mundial. Reconocemos que en lo relativo a los mercados mundiales debemos tener presente este sector clave y asegurarnos de que es competitivo a nivel de la Unión Europea. A ello se debe que el informe que hemos elaborado estudie una serie de aspectos clave. Queremos fomentar la innovación. Queremos una protección adecuada de los nuevos medicamentos. Queremos que los medicamentos estén realmente disponibles a escala comunitaria. Pero además -y no vemos ninguna contradicción en ello- queremos que se desarrolle un sector farmacéutico genérico que esté basado en la UE como una contribución positiva a la competencia. No existe ninguna contradicción si reconocemos la importancia que el sector farmacéutico tiene para la salud de nuestros ciudadanos y para nuestros sistemas nacionales de seguridad social.
Deseamos también una vigilancia estrecha de las fusiones, una acción específica destinada a las actividades de fusión tales como la biotecnología, en las que actualmente estamos intentando cooperar con el Comisario Sr. Bangemann para garantizar que se presentan propuestas racionales para la Unión Europea y, naturalmente, deseamos que se promueva una automedicación responsable. Por consiguiente, queremos una política industrial bien equilibrada, pero queremos asegurarnos de que dicho equilibrio reconoce la responsabilidad que el sector farmacéutico tiene en Europa. Tiene sus responsabilidades industriales, pero también una responsabilidad hacia cada uno de los ciudadanos que pueda necesitar hacer uso de dichos productos en el futuro.

Langen
Señora Presidenta, Señorías, han transcurrido más de dos años desde que la Comisión presentó su informe y durante este período lo hemos debatido con gran atención en el Parlamento. La Sra. Soltwedel-Schäfer ha hablado de formulaciones matizadas en aras del compromiso y esto sin duda es cierto en algún aspecto, puesto que las propuestas que presentó al principio eran totalmente inviables. Aun así, no estamos de acuerdo con el informe en una serie de detalles y, en mi opinión, es simplificar demasiado afirmar, como hace la Sra. Soltwedel-Schäfer, que cualquier argumento práctico de la industria es automáticamente retrógrado. Ésta no es la vía adecuada.
Tras un intenso debate, hemos llegado a un acuerdo con los liberales para presentar enmiendas comunes a cuatro puntos en total. Primero, con relación al sector y a la respuesta a la pregunta «¿Cómo puede garantizarse su futuro, fomentando la competencia o incrementando la regulación?»; segundo, con relación al papel de la ingeniería genética y la biotecnología en el desarrollo de medicamentos con perspectivas de futuro, en particular con vistas al tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables; tercero, con relación al tema de la investigación y desarrollo de productos innovadores; y cuarto, con relación al tema, estrechamente vinculado con el anterior, de los medicamentos genéricos y la automedicación.
A nuestro parecer, el informe de la Comisión ofrece una descripción relativamente acertada de la situación, aunque mejorable por lo que respecta a las propuestas. En este aspecto coincidimos con el análisis del Grupo socialista. No obstante, yo no creo que el futuro del sector pueda asegurarse con controles de precios y otras limitaciones de la competencia, sino que por el contrario se requieren otro tipo de medidas que favorezcan una mayor competencia y ofrezcan así a las empresas la oportunidad de afianzar su capacidad innovadora a largo plazo por esta vía y de ofrecer a las personas medicamentos mejores y más prometedores.
El papel que desempeñarán en el futuro la ingeniería genética y la biología es discutible y, a mi entender, es tarea de la política responder a la necesidad de evaluar debidamente las preocupaciones y temores que suscitan, sin limitarse a rechazar simplemente este importante ámbito. Debemos analizar detenidamente la situación y, con la competitividad de la industria europea también en mente, no podemos limitarnos a declarar que «los riesgos son excesivos». De lo contrario, la industria no tardará en emigrar a Estados Unidos.
En los debates en la comisión, el aspecto más crítico resultó ser el tema de los medicamentos genéricos. La industria desarrolla una considerable labor de lobby en este ámbito. A nuestro parecer, debería mantenerse el compromiso alcanzado con anterioridad, esto es que, a la vez que se promueve la prescripción de medicamentos genéricos en general, no debe frenarse empero la labor investigadora de la industria, de la industria innovadora, y es preciso mantener, por lo tanto, los períodos de protección acordados, si bien cabría la posibilidad de unificar su duración. En estos momentos coexisten en Europa períodos de protección de los medicamentos genéricos que oscilan entre los 6 y los 36 meses, con un promedio de 18 meses a partir de la expiración del plazo de vigencia de la patente. Es posible adoptar alguna medida en este ámbito -y ésta sería a mi entender la vía adecuada- para lograr una mayor transparencia y promover la competencia en este mercado.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el Grupo de los Liberales cree que una buena política para el sector farmacéutico ha de descansar, por un lado, en un sano equilibrio entre las necesidades de la salud pública, y por otro en el interés de una industria farmacéutica competitiva como baza de la economía europea. Por desgracia, durante las últimas semanas he podido constatar que algunos diputados de este Parlamento consideran que las medidas de ahorro emprendidas por los gobiernos en la Sanidad constituyen el único móvil de la política para el sector farmacéutico en la Unión y consideran que los medicamentos genéricos en la Unión son la solución por excelencia. Sin embargo, debido a ello olvidan diversos factores.
En primer lugar, la importancia del progreso terapéutico. Una buena protección mediante patentes es una conditio sine qua non para el esfuerzo de investigación y para el progreso terapéutico de la industria farmacéutica. Un período de diez a doce años de exclusividad es absolutamente necesario si se sabe que de cada diez mil principios activos, sólo uno o dos llevan a la comercialización de un medicamento.
En segundo lugar, no hemos de olvidar que el mercado de los medicamentos genéricos es puramente comercial. Se limita a los éxitos comerciales.
En tercer lugar, no podemos comparar la situación con la de Estados Unidos. Allí no existe regulación de precios, por lo cual la industria farmacéutica puede recuperar más deprisa los gastos de investigación. Lo mismo puede aplicarse al Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania, que gracias a la liberalización de precios tienen un mercado floreciente de medicamentos genéricos, que apenas existe en Bélgica o Francia. Señorías, hemos de buscar la solución más en la liberalización de los precios que en el debilitamiento de las patentes.
Además, el mercado norteamericano no está tan fragmentado como el de la Unión, donde el plazo de protección se calcula sobre la base de la primera licencia concedida en uno de los Estados miembros.
Por último, es sobre todo la industria farmacéutica innovadora la que crea puestos de trabajo. Tiene un efecto multiplicador mucho mayor que otros sectores, y en Europa da trabajo a 530.000 personas, de las cuales 80.000 son trabajadores altamente cualificados.
Aparte del debilitamiento de las de patentes, también me preocupan mucho los puntos de vista de la ponente en torno a la biotecnología y la terapia génica. Me pregunto qué es más o menos ético: estimular a los científicos a realizar una investigación genética de enfermedades que hasta ahora no son tratadas, o que nosotros, los políticos, creamos poder juzgar cómo ha de evolucionar o frenarse esta investigación. Espero, Señorías, que en la votación prime el interés del progreso médico y de una industria farmacéutica competitiva en Europa.

Ribeiro
Señora Presidenta, a propósito de este informe conviene subrayar la especificidad del sector industrial farmacéutico. Está umbilicalmente vinculado con la salud pública y, como recuerda el considerando E, debería perseguir, en primer lugar, el objetivo de abastecer a la población con medicamentos seguros y eficaces.
Esa irreductible prioridad choca en el nivel comunitario con las diferencias de los sistemas de salud y de seguridad social de los Estados miembros y con peculiaridades nacionales. Por otro lado, es un sector que ilustra de forma extrema y contradictoria el proceso de transnacionalización privada con la destrucción de sectores industriales nacionales. Instalaciones fabriles excelentes, bien equipadas técnicamente y en materia de laboratorio, han sido desactivadas, abandonadas y transformadas, a consecuencia de transacciones sobre todo financieras, en meros almacenes y lugares de cambios de etiquetas.
El caso de Portugal ilustraría perfectamente esa acelerada y perversa evolución que ha colocado la producción y la comercialización de fármacos en una situación de dependencia total del exterior. Por eso, cabe preguntar, como se insinúa en el considerando I, si no será inevitable que llegue a suceder al sector farmacéutico europeo lo que a algunos sectores nacionales, al ser Europa, como se sabe y como subraya la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, el mayor mercado mundial de medicamentos.
Son observaciones que revisten particular oportunidad, cuando la crisis de las «vacas locas» ha colocado en la primera página de la información y en la primera línea de las preocupaciones de la opinión pública los medicamentos y su control, un control que los intereses exclusivos de acumulación de capital transnacional han anulado progresivamente y cuya recuperación resulta problemática por la acción de dichos intereses.
Es evidente que la industria farmacéutica exige medios de gran dimensión, por exigencias de una investigación muy onerosa. Ahora bien, conviene evitar que esa investigación y su desarrollo estén exclusivamente al servicio de intereses privados y no de la humanidad y de la salud pública.
La delicadeza de estas cuestiones y la dimensión de los intereses se refleja en el informe que menos debería tener que preocuparse del mercado y los precios. Pero así son las cosas.
No queremos dejar de subrayar y poner de relieve la votación 26/24 que está detrás de esta propuesta de resolución y la orientación claramente mercantil de algunas enmiendas, en contra de la primera prioridad, que debería ser la de la industria farmacéutica y que resulta de su razón de ser: la salud pública.

Wolf
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el tema que nos ocupa es, de hecho, el desarrollo de una política industrial de ámbito europeo para un sector determinado. En el sector farmacéutico es preciso armonizar una diversidad de intereses. En primer lugar, debe considerarse la categoría del patrimonio común de la humanidad en términos de biodiversidad, así como los conocimientos científicos adquiridos hasta el momento, que evidentemente constituyen un requisito previo esencial para el desarrollo de productos farmacéuticos. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los intereses colectivos de nuestra sociedad, para cuyos sistemas sociales de protección y de salud es determinante el nivel general de precios en este sector. En tercer lugar, también debe tenerse presente el interés social general en unas innovaciones sostenibles con perspectivas de futuro, en las cuales siempre desempeñan un papel imprescindible tanto el empresario como las exigencias a las que éste debe responder. No basta con la posibilidad de obtener grandes beneficios; si así fuera, en los últimos años habríamos sido testigos de una oleada de innovaciones industriales en Europa, que sin embargo no se han producido. El interés por la rentabilidad del capital invertido en este sector es obviamente legítimo. En eso estoy totalmente de acuerdo.
El informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer, tal como fue aprobado en comisión, se apoya en sólidos compromisos. Yo quiero advertir del riesgo de una vuelta atrás en relación con estos compromisos para promover un enfoque que afirma que si volvemos a dejar que la industria actúe libremente como le plazca, el resultado será una política industrial adecuada. Lo que interesa no es introducir en este ámbito sensible una política industrial según el modelo alemán de la autogestión de la economía, tal como la denominó en cierta ocasión el Banco Federal Alemán, sino de alcanzar un equilibrio democrático de intereses, en cuyo marco también la industria farmacéutica deba responder a determinadas exigencias, con lo cual ésta promoverá, a mi parecer, las innovaciones necesarias.

de Rose
Señora Presidenta, Señorías, aunque su título resulte molesto, este informe es loable. La política industrial que es preciso aplicar al sector farmacéutico ¿no recordaría, en este caso, la planificación de los países de la cortina de hierro? La argumentación sin polémica es de la misma índole. Efectivamente, es imposible uniformar las políticas de gestión del sector farmacéutico, pero el presente informe alude a especificidades importantes.
Hablemos, si están ustedes de acuerdo, sobre lo que comúnmente denominados «medicamentos huérfanos», es decir, aquellos que son retirados del mercado debido a que carecen de rentabilidad, dado que las cantidades utilizadas son demasiado bajas. Es indispensable un enfoque específico de este problema, visto que aparecen nuevas formas de enfermedades que no tienen un carácter epidemiológico. Un medicamento existe porque cura, independientemente del hecho de que sea rentable o no.
Japón y Estados Unidos se han dotado de reglamentaciones sobre estos medicamentos, »orphan drugs», confiriéndoles un estatuto particular. En Europa existe un vacío jurídico a este respecto. En Estados Unidos, los «orphan drugs», a través de su personalidad jurídica, benefician de un trato de favor en relación con los ensayos clínicos, los incentivos fiscales, etc. No son retirados del mercado; no dejan de producirse; no son comercializados, pero están a disposición del cuerpo médico.
A través de la problemática de los medicamentos huérfanos se plantea la noción misma de salud pública. Nuestra Europa debería esforzarse en favorecer esta protección de la vida a todos los niveles, sin excluir las poblaciones llamadas a riesgo o las víctimas de patologías raras. Una noción correcta de la salud pública debería brindar a todos la posibilidad de curación según sus necesidades reales.
Esta comunicación de la Comisión parece querer estudiar cómo restringir la oferta de la salud. No es aceptable. Este informe, en su conclusión, tiene visos de un determinado entusiasmo boyscout, ya que propone, para ese sector, una política industrial que significa establecer una Europa a varias velocidades hasta en los cuidados que atañen a la salud, es decir al individuo. Si se añade un desconocimiento de la economía de mercado, el trago no puede ser sino amargo. Una pequeña pregunta suplementaria: ¿qué se piensa de la fusión Ciba-Geigy y Hoffmann-Laroche, uno de los resultados de este informe?

Read
Señora Presidenta, quiero hacer constar mi agradecimiento a la ponente por su importante labor sobre este sector industrial clave para la Unión Europea.
Las dificultades que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial encontró en la elaboración del presente informe, a las que han aludido la ponente y el Sr. Donnelly, se deben a que no tenemos ningún contexto en el que situar este trabajo. No disponemos de una estrategia real en materia de salud pública para la Unión Europea, y ésta es una omisión importante que quizá podamos corregir en otros trabajos.
La ponente ha llamado la atención, acertadamente, sobre algunos de los problemas del sector, y en particular sobre cómo las compañías de los Estados Unidos de América están obteniendo beneficios de las formas más diversas. Ha llamado la atención sobre las consecuencias que para el empleo tienen las fusiones y otros cambios, y también ha llamado la atención oportunamente sobre los problemas que conlleva exportar a los países más pobres medicamentos cuya venta no está permitida en la Unión Europea.
El ámbito al que deseo referirme de manera especial es el de la automedicación. Es un ámbito difícil, porque, por un lado, el Parlamento desea apoyar el derecho del paciente bien a elegir o a participar en la elección del tratamiento medicamentoso más adecuado para él. Existe aquí además un importante elemento de coste, y a veces estos dos objetivos paralelos pueden estar en contradicción. En toda la Unión Europea -y, de hecho, en todo el mundo- los políticos se preocupan por los costes de la atención médica y existe la tentación de poner a disposición medicamentos que puedan ser prescritos por el médico o el farmacéutico.
Esto me lleva al importante papel que tienen los farmacéuticos en la venta y prescripción de medicamentos de venta libre. Hacen falta un etiquetado eficaz, unas pruebas eficaces y exhaustivas y el asesoramiento farmacéutico si queremos que el paciente haga una elección auténtica y con conocimiento de causa entre los medicamentos de venta libre. Es difícil alcanzar un equilibrio entre la necesidad de una reglamentación adecuada y la protección de los derechos del paciente.
También deseo llamar la atención sobre la parte del informe que declara, y cito textualmente, que: »El crecimiento [del sector farmacéutico] no puede constituir un objetivo político en sí, pues no existe relación directa alguna entre el consumo de medicamentos y el estado de salud de la población.» Ahora bien, dicha afirmación podría atenuarse si la situáramos en un contexto mundial. Pero no cabe duda de que analizar el sector farmacéutico y su eficacia sin situarlo en el contexto de la conexión que existe entre la pobreza y la salud, entre la vivienda y la salud, entre el empleo y la salud, entre la educación y la salud, supone una grave omisión.
Acojo con satisfacción el informe. Acojo con satisfacción la innovación. No estoy de acuerdo con que necesitemos un sector farmacéutico con controles de precios como los que existen en la actualidad, pero se trata de una contribución importante al desarrollo de una política para un sector clave.

Heinisch
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas. En mi calidad de farmacéutica en ejercicio y con experiencia en la investigación en la industria farmacéutica, yo quisiera exponer mi opinión sobre dos cuestiones. He manifestado mi parecer sobre la automedicación en una propuesta, en la cual solicito que los medicamentos para los que deje de exigirse prescripción médica, deban seguir expendiéndose en las farmacias y únicamente previa recomendación del farmacéutico al paciente.
Asesorar al paciente y ofrecerle apoyo para la automedicación responsable es un aspecto primordial de la tarea que se espera que cumplan los profesionales de la salud. Deben establecerse procedimientos que faciliten el tránsito sin solución de continuidad entre la exigencia de prescripción médica y la venta libre. Quisiera destacar esta cuestión sobre todo a la vista del caso de los pacientes dependientes de la fenacetina, que a menudo tomaban medicamentos contra la cefalea «sólo para gozar». El consumo actual, con frecuencia incontrolado, de ácido acetilsalicílico, considerado como un medicamento de aplicación universal, constituye una nueva señal de atención que es preciso tener en cuenta.
En segundo lugar, quiero referirme al tema del respaldo de los medicamentos genéricos. Por mi parte, me interesa destacar una vez más que, pese a la considerable importancia relativa de los medicamentos genéricos, las condiciones de la competencia deben ser iguales tanto para los medicamentos innovadores como para los genéricos. Sólo pueden estar a favor de una autorización más rápida de los medicamentos genéricos quienes no comprendan el enorme esfuerzo de investigación que exige el desarrollo de nuevos medicamentos. Debe quedar claro que la comparación con Estados Unidos está fuera de lugar. Como ya se ha señalado, en Estados Unidos el período de protección nacional de las patentes es de 16 años, mientras que en Europa ésta sólo es efectiva una vez obtenida su autorización en los distintos países.
También deseo manifestarme críticamente respecto al objetivo de fomentar que se receten medicamentos genéricos; yo no quisiera imponer esta medida, sino dejarla al arbitrio del mercado. Por lo que respecta a la producción de medicamentos mediante procedimientos de ingeniería genética, yo valoro sobre todo las oportunidades que ésta ofrece y pienso que no deberíamos hablar de los riesgos hasta que no sea posible evaluar los progresos conseguidos en el tratamiento de algunas enfermedades que constituyen las mayores plagas de la humanidad.

Watson
Señora Presidenta, pocos informes han sido objeto de una presión tan intensa por parte de los grupos de interés y creo que eso es siempre aleccionador. Formo parte de la minoría -aunque importante- dentro del Grupo de los Liberales que acoge con satisfacción el presente informe, aunque creo que las críticas de la Comisión que aparecen en los apartados 3 y 4 son quizá injustificadamente severas.
Es lamentable que no exista el libre mercado para los productos farmacéuticos. Es contraproducente para las compañías que producen medicamentos innovadores basados en la investigación; es contraproducente para el consumidor que dispone de menor elección, y es contraproducente para la sociedad que al final paga un precio más alto en términos de una industria más débil y de menos puestos de trabajo. Sospecho que el coste de pasar al libre mercado sería mucho menor de lo que imaginamos pero, ni que decir tiene, una vez implantada la psicología de los mercados restringidos, resulta difícil superarla.
Pero si necesitamos un libre mercado, también necesitamos procedimientos normales para la protección de patentes. ¿Por qué no podemos permitir a las compañías que producen medicamentos genéricos, como sucede en los Estados Unidos, que inicien sus trabajos de desarrollo antes de que expiren las patentes? Sabemos que las compañías europeas realizan ese tipo de trabajo en Turquía e Islandia, por ejemplo. Eso nos está costando puestos de trabajo aquí, en la Unión Europea. Existe algo más que un poco de hipocresía entre las grandes compañías farmacéuticas, la mayoría de las cuales tienen sucursales genéricas. Quieren estar en misa y repicando.
En los Estados Unidos se considera el sector de la medicina genérica como una importante fuente de puestos de trabajo. El presente informe hace un llamamiento en favor de la apertura de dicho sector. Hace un llamamiento asimismo en favor de que se introduzcan otros cambios importantes, como la creación de un comité ético en el seno de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos; la adopción de medidas para reducir el alcance de las pruebas con animales vivos; la promoción de tratamientos alternativos, tan importante especialmente en el campo de la homeopatía y de una automedicación responsable; la prohibición de exportar a países en desarrollo medicamentos que no permitiríamos aquí; y para lograr la armonización de los requisitos exigidos para el registro farmacéutico. Todas estas medidas conducirían a una sociedad más segura y más sana con unas prácticas medicinales más sostenibles y una industria farmacéutica mejor dotada para afrontar los desafíos del futuro.

Kouchner
Señora Presidenta, Señorías, una buena parte de nuestra identidad europea se funda en nuestro sistema de protección social y, singularmente, en nuestro sistema de seguro por enfermedad. A pesar de las disparidades que subsisten entre Estados miembros, éste sigue siendo uno de los más evolucionados del mundo, al grado de convertirse en una referencia ante más de la mitad de los habitantes del planeta, para quienes la perspectiva de la enfermedad sigue siendo un drama. Desde ese punto de vista, la Sra. Soltwedel ha realizado un informe muy claro y sumamente detallado que merece nuestras felicitaciones.
En el plano internacional, el sector farmacéutico atraviesa un período de transtornos, atenazado como se encuentra entre la globalización de la competencia y las medidas de reducción de los gastos que se aplican a los sistemas de salud pública. Si Europa es un gran mercado del medicamento, posee también -felizmente- una gran tradición científica e industrial: es lo que se llama la buena fabricación, una noción que ha de preservarse.
Las medicamentos es uno de los factores esenciales de la protección de la salud. Su accesibilidad, su calidad, su eficacia, su seguridad deben mejorarse -el informe es categórico sobre ese punto- de modo a garantizar a todos los ciudadanos un tratamiento, incluso la curación, pero también la prevención. No olvidemos, a este respecto, la información y la indispensable seguridad sanitaria, sobre la que no se insiste suficientemente. En este ámbito, ha de erradircarse toda aproximación. Debemos imponer reglas estrictas y no dejar al mercado el cuidado de aplicar las suyas. En lo que se refiere a los reactivos, que recientemente fueron objeto de un debate en este mismo lugar, nos es preciso, claro está, mencionar el triste asunto de las pruebas «Abbot» para la detección del sida. Lo repito, es indispensable prevenir toda regresión e instaurar una seguridad sanitaria suficiente, no solamente entre Estados miembros, sino en todos lados.
Aprovechemos las enseñanzas que nos impone la situación causada por el prión de la encefalopatía espongiforme bovina. No limitemos la intervención de los poderes públicos en la materia, no encerremos el sector farmacéutico en el único ámbito de la política industrial. Se trata de la salud y de la vida de la gente. Lo repito, eso es la seguridad sanitaria.
Asimismo, debemos dedicarnos a aumentar la transparencia de los precios, y sé que, desgraciadamente, los tratados no permiten todavía incitar a los gobiernos y a los laboratorios a hacer un esfuerzo en este sentido. Soy partidario, sin duda alguna, de la utilización de los medicamentos genéricos, pero no desmantelemos la protección de las patentes, patentes sin las cuales no habría ni investigación ni inversiones, cada día más costosas. En cuanto a las medicinas naturales y a la homeopatía, me seducen, pero me dejan escéptico.
En mi calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quisiera añadir algo sobre la necesidad de una ayuda de los poderes públicos a los medicamentos huérfanos y a toda la gama de esas terapias que son indispensables al Tercer Mundo -especialmente las vacunas- pero que no son lo suficientemente rentables como para permitir que los laboratorios se dediquen a fabricarlos ni, por lo demás, a la investigación necesaria antes de la fabricación.
Por último, doy la enhorabuena a la creación de la Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos. Pienso que es un excelente primer paso hacia una reglamentación comunitaria. Concluiré con una reflexión sobre la necesidad de la bioética, y quisiera añadir que la medicalización de la vida a la que asistimos en Europa me parece nefasta. Hay países que se atiborran de tranquilizantes, y sin embargo, no conozco píldora antidesdicha o antidesempleo. Es preciso llamar la atención de las poblaciones sobre la utilización correcta de las medicamentos, la información y, quizás, la diferencia entre lo que se enseña en las facultades de medicina y la realidad, la cual ha cambiado.

Valverde López
Señora Presidenta, ante todo deseo expresar que la comunicación de la Comisión Europea sobre la política industrial farmacéutica es oportuna y equilibrada, aunque en un futuro deberá hacer propuestas más ambiciosas para potenciar la innovación. Es una llamada de atención a los gobiernos y a la opinión pública sobre la necesidad de lograr un ambiente social favorable a la investigación terapéutica.
Determinadas políticas científicas, económicas y sociales equivocadas han conducido a que, en los últimos 25 años, la industria farmacéutica europea haya perdido casi 25 puntos de competitividad en lo que se refiere a su contribución de nuevos medicamentos en el mercado mundial.
No podemos apoyar el informe elaborado por la ponente. Por eso, el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado un bloque de enmiendas cuya aprobación consideramos esencial.
La potenciación de la innovación es la mejor herramienta para el progreso terapéutico -esto no puede olvidarse-, y también para aligerar en un futuro las cargas de los sistemas de seguridad social. La mejor protección de los intereses de los pacientes como consumidores es disponer de medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Se olvida que un medicamento es una sustancia activa, más un proceso de investigación farmacológica y clínica, más información, y una responsabilidad civil y penal. A nada de esto contribuyen los medicamentos llamados «genéricos», que no aportan nada al progreso terapéutico o social. Es sólo un factor de autorregulación, y como tal hay que tomarlo.
Muchas de las intervenciones que han hecho distinguidos colegas sobre este informe olvidan que existe un estatuto jurídico muy completo en la Unión Europea, y que esta comunicación únicamente trata de las perspectivas de una política industrial farmacéutica. Si nos hubiésemos centrado en este tema, posiblemente hubiésemos llegado a un mejor resultado y a un apoyo prácticamente total a las propuestas de la Comisión Europea.

Peijs
Señora Presidenta, represento a una pequeña minoría, aunque una minoría viva dentro del Grupo del Partido Popular Europeo. La investigación farmacéutica es cara y consume mucho tiempo. Suelen transcurrir entre diez o doce años antes de que pueda comercializarse un nuevo medicamento. En 1993, los gastos medios de investigación y desarrollo se estimaron en 275 millones de ecus. Señora Presidenta, podrá usted imaginarse que semejantes importes sólo pueden ser generados por empresas que disponen de suficiente liquidez durante toda la fase de desarrollo, de diez años, de un producto nuevo. Los gastos no sólo son elevados, sino que también son arriesgados. Por ello, sólo las empresas muy grandes disponen del dinero para realizar investigación y desarrollo.
De un reciente informe de la Comisión sobre la situación de la industria europea se desprende que la industria farmacéutica europea es más pequeña que sus competidores norteamericanos. Así pues, puedo sacar la conclusión de que la industria europea tiene muchas más dificultades para financiar la investigación y el desarrollo. Hace veinte años, el 50 % de las medicamentos nuevos se desarrollaba en Europa, hoy en día es sólo el 30 %. Ahora no quiero pronunciarme sobre si esto es una causa o una consecuencia de las diferencias de cuota de mercado. Estará claro que no quiero seguir recompensando al titular norteamericano de una patente después de que ésta haya expirado. El plazo de validez de la patente es la recompensa que fijamos en el marco del GATT para las inversiones realizadas por la industria para desarrollar un producto nuevo. Al mismo tiempo corremos el riesgo de que los conocimientos tecnológicos se desplacen a Estados Unidos y Japón, donde es posible iniciar la investigación antes de que venza una patente, si no permitimos lo mismo en Europa. Así pues, en Europa hemos de permitir que se inicie la investigación de los medicamentos genéricos antes de que acabe la patente. A fin de cuentas, un producto empezará a desarrollarse allí donde esté permitido desarrollarlo, y donde pueda comercializarse antes para recuperar cuanto antes los costes de producción.
Señora Presidenta, si este Parlamento no apoya el apartado 17, no haremos más que aumentar aún más la desventaja de nuestra industria. Los fabricantes asiáticos y norteamericanos, donde existe libertad de investigación, aumentarán su ventaja frente a la industria europea, con lo cual dentro de diez años quizás tengamos que leer en un informe de la Comisión que desarrollamos tan solo el 10 % de los productos.

Bangemann
Señora Presidenta, Señorías, el presente debate indica que nuestra comunicación es necesaria y que también se requiere, a mi parecer, un debate más amplio. Debemos seguir profundizando en las cuestiones que se han abordado hoy.
La Comisión no se siente aludida, sin embargo -y yo creo que el Sr. Watson tenía razón cuando ha salido en nuestra defensa-, por las afirmaciones de la ponente, concretamente cuando señala, en los puntos 3 y 4, que no hemos considerado la situación específica de este sector industrial y esperamos que la competencia lo resuelva todo. Basta una lectura de la citada comunicación para comprobarlo. Yo le recomendaría a la ponente que vuelva a releer el inicio de nuestro capítulo 2, donde afirmamos que, si bien la Comunidad debe procurar mantener y reforzar la competitividad de su industria farmacéutica, para definir las modalidades de las correspondientes medidas deben tomarse asimismo en consideración las especificidades de este sector -tal como ya han señalado también el Sr. Alan Donnelly y otros-, habida cuenta, por una parte, del papel esencial que desempeñan sus productos en el ámbito de la salud pública y, por otra parte, de las repercusiones directas de la financiación del consumo de medicamentos sobre los presupuestos de seguridad social de los Estados miembros.
La política industrial comunitaria para el sector farmacéutico debe tener en cuenta ambos aspectos, el relativo a la «salud pública» y el relativo a la «seguridad social», sin interferir empero en las competencias de los Estados miembros. Cómo puede llegarse a semejante conclusión a la vista de ello es algo que se me escapa, pero como ya he señalado no haremos un contencioso de ello. En efecto, atacar de entrada a la Comisión puede ser un recurso para animar el debate. Esto me parece bien y, además, ya estamos habituados a ello.
¿Cuáles son los problemas que están en juego? En primer lugar, estamos considerando un sector industrial que -como ha señalado acertadamente la Sra. Peijs- hasta hace poco fue puntero en todo el mundo y que también ha desempeñado un papel de primer orden en el ámbito de la investigación y el desarrollo, así como en la creación de nuevos puestos de trabajo. En efecto, por lo que respecta al empleo, en la década de los ochenta todavía pudimos contar con un crecimiento medio anual superior al 2 %. Esta tendencia se frenó y se estancó en 1993 y a partir de 1994 se ha registrado una pérdida de empleo en este sector, con una tasa de -1, 8 % en 1994 y de -2, 8 % en 1995.
La situación tampoco es halagüeña por lo que respecta a las patentes; la Sra. Peijs ya lo ha señalado y es posible que ésta sea también la causa del descenso del empleo. Entre 1975 y 1979, la industria europea desarrolló un 61 % de los nuevos medicamentos, porcentaje que se redujo al 48 %, es decir algo menos de la mitad, en el período 1990-1994. La parte correspondiente a Estados Unidos se incrementó del 26 % al 31 % y la de Japón, del 11 % al 31 % en el mismo período. Si a ello se suma la biotecnología, que evidentemente es uno de los principales campos de innovación y adquirirá particular importancia en los próximos años, el panorama es todavía más desfavorable. Entre un 58 % y un 48 %, o sea la mitad o más de la mitad, de las patentes de las empresas norteamericanas corresponden a productos en fase de desarrollo clínico o preclínico. En las empresas europeas, esta proporción sólo es, en cambio, del 16 %-26 %. Por consiguiente, desde la perspectiva de la política industrial nos enfrentamos con una situación de retroceso de una industria muy competitiva también a escala internacional.
La comunicación también aborda, obviamente, esta cuestión. En efecto, se trata de una comunicación sobre la política industrial. La Sra. Read está, sin duda, en lo cierto cuando afirma que la salud abarca también consideraciones sobre las condiciones y características de las viviendas, las condiciones medioambientales y sociales; todo esto es cierto. También debe tenerse en cuenta la alimentación y muchísimos otros aspectos. Pero no estamos debatiendo un informe sobre la salud, que no entraría dentro de mis competencias. Por otra parte, las competencias de la Unión Europea tampoco abarcan todos los aspectos de la política de salud. Éste es otro de los problemas que también abordaré hoy.
El informe plantea más bien una serie de interrogantes en el ámbito de mis competencias e intenta ofrecer una primera respuesta sobre las posibles vías para mejorar la competitividad de la industria europea y proteger más adecuadamente de este modo la atención de salud y naturalmente también los intereses de los consumidores en este ámbito. Esto es evidente, puesto que es imposible contar con una industria farmacéutica si no se establece una relación razonable con el sistema sanitario y, en particular, con los sistemas de seguridad social.
Sin embargo, Sra. Soltwedel-Schäfer, también es cierta la afirmación inversa, a saber, que los consumidores, en este caso los enfermos, no podrán contar con una oferta razonable si no velamos por la competitividad de la industria. Es decir que en cierto modo nos encontramos encadenados en una interrelación indisoluble y debemos intentar hallar soluciones. En primer lugar, nosotros proponemos establecer el mercado interior también en este ámbito. Un propósito que, por otra parte, nunca se ha discutido. Los productos farmacéuticos, o sea los medicamentos, deben estar sujetos a las normas del mercado interior como cualquier otro producto.
Lo cual no significa que deban recibir en todos los casos la misma consideración que otros productos. Ya hemos adoptado una serie de medidas en este sentido -la Sra. Soltwedel-Schäfer ya ha visitado, de hecho, conmigo la Agencia de Londres-, no empezamos a preguntarnos sólo ahora cómo debemos proceder, sino que ya hace años que venimos ocupándonos de estas cuestiones. Con este objeto se creó la Agencia de Londres. Hemos establecido un procedimiento para la autorización de medicamentos que, a mi parecer, ya ha superado al menos las primeras pruebas de fuego. Ya veremos qué conclusiones extraemos de estas experiencias. Con este objeto visitamos también la Agencia.
No tengo nada que objetar a la participación de las organizaciones de consumidores y otras en la evaluación y autorización de los medicamentos. Tampoco me opongo, Sra. Soltwedel-Schäfer, a la creación de un Comité de Ética. Pero si éste se crea, debería tomar usted seriamente en consideración sus dictámenes aunque a veces no coincidan con su propio punto de vista. Lo cierto es que esto no suele suceder, Sr. Langen. Yo soy una persona muy abierta y usted debería saberlo. Lo prueba el hecho de que incluso mantengo relaciones amistosas con usted.
Sin embargo, me parece intolerable que se pida la creación de un Comité de Ética independiente y luego no se acepten sus dictámenes. Contamos, en efecto, con un comité de este tipo en los ámbitos de la producción de alimentos y del etiquetado. Y yo quiero recordarles que dicho Comité de Ética respaldó nuestra opinión. No intercedimos para que así fuera, no presionamos a través de procedimientos de lobby. Los miembros del Comité son personas totalmente independientes y su respuesta fue que la posición de la Comisión es acertada. Cuando así sucede, el dictamen tiene relativamente poco valor para algunos sectores de esta Cámara, lo cual desde luego es de lamentar. Cuando se solicita la creación de un Comité de este tipo, esto se pide sin duda porque se le atribuye una cierta objetividad y neutralidad y, por lo tanto, también deberían aceptarse sus dictámenes aunque no respondan a los propios deseos.
Aun así, no me opongo en absoluto a que se refuerce la actuación en este ámbito. Sin embargo, ya contamos con la AEEM. Disponemos de un procedimiento de autorización de medicamentos encargado de garantizar, por una parte, oportunidades de comercialización para los productos farmacéuticos y, por la otra, que éstos estén sujetos a un riguroso procedimiento de autorización previa. Nos hemos ocupado de los problemas de la automedicación. El procedimiento de autorización establece una división entre los medicamentos para los que se exige prescripción médica, los de venta exclusiva en farmacias y los de venta libre. Este sistema rige, por lo tanto, para toda la Unión Europea. También hemos establecido ya en parte la protección jurídica que se pide, y que es particularmente importante en el caso de las innovaciones.
Podría ampliarse la protección de las patentes, con objeto de evitar la deplorable circunstancia de tener que deducir el período de prueba del plazo de vigencia de la patente. Esto ya está regulado y no es preciso darle más vueltas. Estados Unidos y Japón han seguido incluso nuestro ejemplo. En resumen, no empezamos de cero, sino que de lo que ahora se trata es de reflexionar sobre lo que queda por hacer. Nos enfrentamos con dos problemas o, de hecho, con los cuatro que ha expuesto el Sr. Langen. Éstos resumen perfectamente la situación.
En primer lugar, debemos responder a la pregunta de si es preferible confiar más en la competencia o en una reglamentación más rigurosa. En mi opinión, una mezcla adecuada de ambas ofrece los resultados más prometedores, tanto para la industria como en relación con el tema de la moderación de los costes y de la protección de los consumidores. Evidentemente, esto no puede lograrse sin una regulación. Pero tampoco es posible afirmar que pretendemos coartar la intervención de las autoridades públicas. Ésta es necesaria, de esto no cabe la menor duda, pero tampoco constituye una garantía. Considérese, por ejemplo, el caso de la encefalopatía espongiforme bovina. Uno de los motivos fundamentales de que haya llegado a convertirse en un problema tan grave en Gran Bretaña es que las autoridades públicas redujeron la temperatura requerida para la elaboración de piensos fabricados con despojos de animales. Esta decisión no es imputable a la competencia, ni tampoco a la Comisión, sino que fue autorizada por las autoridades públicas. Afirmar que si confiamos un asunto a las autoridades públicas, todo irá bien, lamentablemente no responde a la realidad y la experiencia tampoco lo confirma. De lo cual, sin embargo, obviamente no se desprende que no se requiera también una intervención pública en este ámbito.
Permítanme ilustrarlo con una comparación, que siempre es lo más claro. Los sermones sólo permiten una difusión limitada de las ideas, puesto que la parte de las personas que los escucha ya creen en ellas y la otra parte, a la que quizás podríamos convencer, no acude a la iglesia. Por consiguiente, a mi modo de ver, lo más idóneo son las experiencias. Basta considerar, en este sentido, la segunda cuestión que ha planteado el Sr. Langen, esto es, el tema de los medicamentos genéricos y la automedicación. La Sra. Read también se ha referido a este tema. ¿Cuál es la situación en este ámbito? En algunos países, los consumidores pueden adquirir directamente, sin receta médica, medicamentos genéricos para la automedicación y esto es posible gracias a la competencia de precios. En efecto, la única oportunidad para los medicamentos genéricos reside en la posibilidad de desplazar a los jefes del rebaño, por utilizar un símil, a través de la competencia de precios. Cuando esta posibilidad no existe, Sra. Soltwedel-Schäfer, como por ejemplo en España, donde los medicamentos tienen fijado un precio mínimo, prácticamente no se encuentran medicamentos genéricos. Un 90 % del mercado de medicamentos genéricos se concentra en cuatro Estados miembros: Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Dinamarca, porque en todos ellos es posible la competencia de precios y dichos medicamentos tienen de este modo una oportunidad.
En otras palabras, quien desee una reducción costes y unos precios más bajos para el consumidor, no debe hacerse la ilusión de que esto se conseguirá fijando unos precios mínimos. En realidad, ocurre todo lo contrario, ya que con unos precios mínimos fijos también se incrementa el consumo. Es decir, Sra. Soltwedel-Schäfer, que el gasto total es mayor en ese caso que cuando se alcanzan unos precios diferenciados, y la correspondiente respuesta de los consumidores, por la vía de la competencia. Éste es el abecé del mercado, pero siempre resulta difícil atenerse a él porque existe la idea de que esto supone ponerse en manos de un mecanismo, cuyos resultados son malos.
¡Esto no es así! La Sra. Read tiene razón. Consideremos ahora el tema de la parte del coste total de la atención de salud que corresponde a los medicamentos, que hasta hace pocos años era del 14 % y ahora se ha reducido al 12 %. En algunos Estados miembros dicha parte es aún inferior y, por lo tanto, muy baja. La parte principal de los costes de la atención de salud corresponde a los hospitales y estos costes se han reducido. El efecto de reducción de los costes que tienen los medicamentos resulta evidente si se considera que su uso adecuado hace innecesarios muchos tratamientos estacionarios. Por consiguiente, también desde la perspectiva de la reducción de costes es preciso concentrarse en la búsqueda del mecanismo más adecuado.
Lo cual me conduce al tema de qué papel desempeñan estas medidas en relación con los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. El Consejo se refugia en un absoluto silencio por lo que respecta a esta cuestión y se niega a responder cuando se le plantea la pregunta. La razón es bien sencilla: como ustedes naturalmente ya saben, cualquier intervención en estos sistemas tiene enormes repercusiones políticas. Pero nuestro propósito tampoco es armonizar los sistemas de atención de salud de los Estados miembros. Más bien nos proponemos liberar la determinación de los precios de los mecanismos de los sistemas de seguridad social y que ésta tenga lugar en el mercado. La combinación resultante tiene, en efecto, dos consecuencias: unos precios más bajos y competitivos y a la vez también un sistema de seguridad social razonable para los pacientes. Si conseguimos estos resultados -y con este objeto hemos invitado a los Estados miembros, mediante un protocolo especial, a participar en estas deliberaciones del Consejo-, ya tendríamos mucho ganado.
El tema de la biotecnología es absolutamente decisivo. Tendremos que seguir ocupándonos de él en el contexto de la patentabilidad de los hallazgos tecnológicos. Yo confío haber conseguido avanzar un poco en este aspecto y que el Parlamento pueda aceptar la propuesta. En este contexto existe, en efecto, un grave peligro y no es un invento mío para influirles indebidamente, sino un hecho real. La gente se va a América porque está harta de las malas condiciones que encuentran en Europa y yo no creo que sea favorable para nosotros tener que utilizar luego medicamentos norteamericanos, sobre el precio de los cuales no podemos influir y que nuestros pacientes deben pagar a un alto coste. No comprendo en qué puede beneficiarnos esta situación, que además tampoco contribuye a crear puestos de trabajo aquí. Me gustaría que alguien me explicase qué beneficios nos reporta dicha política. La biotecnología es, por tanto, un punto importante.
Para acabar, señora Presidenta, me referiré al tema de los medicamentos genéricos y de origen vegetal. En el procedimiento de autorización de la AEEM hemos incorporado por primera vez en la historia de la Unión Europea la posibilidad de autorizar medicamentos homeopáticos, aplicándoles en toda su amplitud los criterios establecidos para la autorización de medicamentos. Les ruego, por lo tanto, que no disparen contra el pianista. Éste soy yo, ¡y estoy dispuesto a defenderme!
Volviendo al tema de los medicamentos genéricos y los que están protegidos por una patente, también en este caso se trata de una cuestión de coexistencia. Sin innovaciones, no habrá medicamentos genéricos. Éstos sin duda son importantes para evitar que las innovaciones alcancen unos precios tan prohibitivos que acaben resultando irrelevantes para el sector de la salud. Se trata de lograr una simbiosis, en la que puedan convivir unos y otros. Me resulta difícil aceptar la idea de que puedan iniciarse experimentos de laboratorio con patentes protegidas antes de la expiración de las mismas. Una patente cubre sólo una parte de los costes que actualmente puede generar la investigación y estos costes son enormes. Alguien ha señalado también que muy pocos de los medicamentos que permite obtener la investigación acaban llegando al mercado. De ahí la necesidad de innovaciones, las cuales es preciso proteger. La competencia de precios a través de los medicamentos genéricos puede iniciarse luego.
Una última observación sobre la concentración, que ya figura también en nuestra comunicación. Es preciso aplicar, obviamente, las normas de la competencia en este ámbito. Cuando examinamos el caso de Sandoz y Ciba Geigy, después de que ambas empresas comunicaran su intención de fusionarse, nos sorprendió constatar que estas dos grandes empresas europeas, pero también internacionales, sólo representan conjuntamente el 4, 8 % del mercado mundial. La parte de la mayor empresa farmacéutica es ligeramente inferior al 10 % del mercado mundial. Incluso en el caso de las grandes empresas, la dispersión sigue siendo lo suficientemente importante como para garantizar la competencia.
Señora Presidenta, con esto he respondido a las aportaciones al debate. Desde luego, tendremos que seguir ocupándonos de estas cuestiones. También mantendremos el seguimiento del desarrollo de la AEEM y cuando abordemos realmente el problema, a partir de los datos y no sólo sobre la base de determinadas valoraciones, que cada cual es libre de compartir o no, desarrollaremos una política razonable también para este sector industrial. En cualquier caso, éste es un sector de nuestra industria por el que aún merece la pena seguir luchando. No se trata de un sector industrial que deba ser apoyado con subvenciones. Gracias a Dios, la propia industria no lo desea. Pero también es un sector industrial que está perdiendo competitividad y, por consiguiente, es preciso actuar si queremos evitar que eso suceda.

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, me permite usted hacer una pregunta adicional y añadir algunas aclaraciones, puesto que al Sr. Bangemann, en su calidad de Comisario, se le ha otorgado un tiempo de uso de palabra cinco veces superior al que yo he podido disponer.
Pero antes de referirme directamente al sector farmacéutico, quisiera salir al paso de una tergiversación -no quiero hablar de un falseamiento- en relación con el caso de la encefalopatía espongiforme bovina. Se trata de un asunto que no le afecta directamente, Sr. Bangemann, puesto que no entra dentro de su campo de competencias. Cuando en octubre me entrevisté con el Sr. Marchand, de la Comisión, para tratar sobre el tema de la encefalopatía espongiforme bovina y la adopción de medidas de alcance europeo, ya se conocían muchos de los hechos que sólo salieron a la luz pública seis meses más tarde. En mi opinión, lo ocurrido no se explica únicamente porque en algunos casos se ha reducido la temperatura de los hornos utilizados para incinerar los cadáveres de los animales, ya que las instituciones públicas no están en condiciones de controlar debidamente el procedimiento, sino que sobre todo ha intervenido una presión muy fuerte del lobby del sector cárnico. Yo creo, Sr. Bangemann, que existen unas conexiones que aflorarán cada vez más visiblemente.
No obstante, volviendo al sector farmacéutico, ante todo, Sr. Bangemann, yo me congratulo por su favorable disposición hacia la creación de un Comité de Ética y de que prácticamente ya la apruebe, incluidas por consiguiente también, según entiendo, las medidas expuestas en el informe y aprobadas en comisión, así como la constitución del comité de gestión. Me complace mucho que así sea y pienso que, en la misma línea, será posible ampliar posteriormente también la protección de los pacientes y los consumidores.
No he entendido exactamente -y quisiera hacerle una pregunta complementaria al respecto- si en verdad y con toda sinceridad no le es posible aceptar el compromiso alcanzado en el informe para adelantar la entrada en vigor de las patentes de los productos genéricos y permitir que pueda aprovecharse ese plazo para iniciar la investigación. Yo le agradecería una respuesta clara, ya sea afirmativa o negativa, al respecto. Yo pienso que nos debe usted una respuesta clara y una toma directa de posición, sin limitarse a remitirse sólo a las palabras del Sr. Langen.
Mi última pregunta, Sr. Comisario Bangemann, seguramente será también muy significativa para nosotros. ¿Qué seguimiento se derivará de la comunicación a la industria farmacéutica? ¿Se establecerán unas directrices en toda la regla y se reforzará su carácter vinculante para la industria en un plazo de seis a doce meses, o de momento todo quedará sólo en una mera comunicación?

Bangemann
Señor Presidente, Señora SoltwedelSchäfer, si recuerda bien mi comentario en relación con la temperatura de los hornos, sabrá que sólo tenía por objeto responder a otra observación, en el sentido de que cuando las autoridades estatales toman cartas en estos asuntos cabe esperar que aporten soluciones razonables. ¡Nada más! No me he manifestado sobre el tema global de la encefalopatía espongiforme bovina. Evidentemente, podríamos desarrollar un largo debate al respecto. Yo sólo he señalado que dicho ejemplo demuestra que no siempre ocurre así.
Nuestro debate sería ciertamente más fructífero, a mi parecer, si usted no me atribuyera continuamente intenciones que no corresponden a mis palabras. Yo sólo soy maquiavélico en muy contadas ocasiones y en esos casos lo advierto de antemano, de modo que pueda estar sobre aviso. Por consiguiente, he afirmado con toda claridad -no sé si es preciso volver a repetirlo- que yo no apruebo que los productores de medicamentos genéricos puedan iniciar investigaciones o experimentos sobre las especificaciones protegidas por una patente antes de la expiración de la misma, con objeto de estar preparados para introducirlos en el mercado en cuanto expire la protección de la patente.
Evidentemente, una comunicación como ésta siempre sienta las bases para ulteriores medidas. No creo que propongamos de inmediato unas directrices, sino que nuestra intención es examinar primero con los Estados miembros, con datos en la mano, las posibilidades de separar la determinación de los precios del sistema de seguridad social, de manera que sea posible establecer efectivamente el mercado interior de productos farmacéuticos, sin topar continuamente con problemas como el de las importaciones paralelas y otros. Ésta será seguramente nuestra próxima actuación. En otras palabras, queremos aclarar primero algunas de las cuestiones que se han planteado aquí, antes de hacer nuevas propuestas.
Sin embargo, aún queda pendiente la propuesta sobre el acceso a la patentación. Una propuesta importante, a mi parecer. Cuando la hayamos puesto en práctica podremos debatir qué medidas adicionales serán necesarias.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Prevención de la toxicomanía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0093/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (C4-0008/96-94/0135(COD)) por la que se adopta un programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía en el marco de la acción en el ámbito de la salud (1926-2000) (Ponente: Sr. Burtone).

Burtone
Señor Presidente, Señorías, también con ocasión de esta segunda lectura hemos tenido en cuenta algunos factores que nos han servido de pauta. El primero de ellos se refiere al hecho de que el fenómeno de la toxicomanía ha dejado de ser marginal. Por desgracia, se trata de un fenómeno difundido entre todas las clases sociales y entre los diferentes grupos ideológicos, pues afecta a casi todas las ciudades europeas, tanto a las que se consideran ejemplares como a las que albergan los barrios más degradados.
El segundo factor en el que hemos basado nuestro informe se refiere al hecho de que no existe un única causa que lleva a la toxicomanía. Hay que hablar de causas: la crisis de la familia, la crisis de valores, el contexto social y otras muchas variables. Por consiguiente, los toxicómanos no son marcianos. Por desgracia, son nuestros jóvenes, los que viven a nuestro alrededor. Y si enfocamos la problemática siguiendo esta línea y partiendo de esta base, la respuesta no puede ser simple, simplista, superficial, simplificada. Es necesaria, por otra parte, una dura confrontación, pero también una capacidad de diálogo. Para afrontarlas, nuestro papel no debe limitarse a colocarnos en los pedestales de la política o de la técnica científica, sino que debe existir una capacidad de comunicación con los que actúan sobre el terreno e intentan luchar realmente contra la toxicomanía.
El trabajo que nosotros, humildemente, como comisión hemos intentado llevar a cabo corre el riesgo de malograrse. Deseo decirlo con mucha claridad también a los miembros de mi Grupo. Quisiera manifestar mi firme desacuerdo con respecto a algunas enmiendas presentadas también por el Partido Popular Europeo. Deseo expresar mi desacuerdo con quien, de buena fe, no comparte el planteamiento de mi informe, porque lo ha leído de forma superficial y simplista, condicionado quizás por algunos esquemas que se basan únicamente en algunas experiencias nacionales. Pero, sobre todo, deseo expresar mi disconformidad con los que en este Parlamento quieren malograr, de mala fe, un trabajo que tiene una importancia vital y ello para seguir los Diktat de algunos Gobiernos. Deseo condenar, en particular, la superficialidad de los que actúan de oídas, de los que pasan de un informe a otro sin profundizar en los problemas. Respecto al drama de los toxicómanos y de sus familias, respecto a este drama de la sociedad, no es posible mantener una actitud similar, tan superficial y destructiva. Es necesario que avancemos, y nos lo hemos propuesto, por el camino del diálogo contra todos los extremismos; hemos dicho «no» y lo reiteramos a la liberalización o legalización de cualquier tipo de droga y argumentamos esta posición con el rigor científico de nuestra posiciones, respetando plenamente a los que esgrimían otras diferentes; hemos hablado de daño biológico, pero también de la influencia psicoemotiva de todas las drogas, tanto blandas como duras; hemos descrito la relación sociológica entre las drogas blandas y las drogas duras, pero también hemos dicho «no» por una elección moral, porque estamos en contra de la droga de Estado.
Sin embargo, con la misma fuerza con la que decimos «no» a la liberalización y a la legalización, decimos también «no» a la incriminación del toxicómano, porque la cárcel no le salva ni tampoco le rehabilita. La cárcel es un lugar de perdición, pues, en las cárceles es donde, muy a menudo, se difunde todavía más el fenómeno de la toxicomanía.
Ciertamente, cuando el toxicómano se convierte en traficante, es justo y necesario que pague y que responda ante la ley. Sin embargo, la enmienda propuesta por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor tenía como objetivo hacer hincapié, frente a estos hechos, en la rehabilitación y no en la represión. Se proponía, por consiguiente, asumir un compromiso preciso en cuanto a fijar algunas prioridades.
Sin embargo, lo que me asombra, deseo destacarlo con gran firmeza, es que precisamente esas mismas personas que dicen que desean luchar contra la droga se oponen a intervenir en el ámbito del tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, cuando los proyectos, además de pensar en la prevención primaria, amplían su esfera hacia otros objetivos y no se limitan a intentar reducir la demanda de estupefacientes, que es enorme en nuestra Comunidad, e intentan a través de acciones informativas y formativas llegar hasta los jóvenes para dialogar con ellos y evitar que la droga se convierta en un factor determinante del fenómeno juvenil.
Nosotros, en cambio, con nuestro programa hemos querido tomar nota del dramatismo del problema y nos hemos hecho cargo, sin ningún perjuicio, de cualquier medida posible apta a tratar, rehabilitar y reinsertar, habida cuenta de que estamos convencidos de que la propia esencia del fenómeno de la toxicomanía entraña también reconocer que, por desgracia, hay personas que se drogan y deben ser salvadas.
Por lo tanto, señor Presidente, decimos «no» a la liberalización y, al mismo tiempo, decimos «no» a la incriminación de los jóvenes toxicómanos. Desconocemos cuál será el resultado de la votación, sin embargo, queremos lanzar un mensaje, un mensaje muy fuerte: se puede salir de la droga y un joven que sale del túnel de la droga se convierte en el ejemplo viviente en el que debe inspirarse la elaboración de los planes de prevención primaria.
Por consiguiente, deseo invitarles a que rechacen algunas enmiendas presentadas por el Partido Popular, porque el drama de la drogodependencia, tal como he manifestado al comienzo de mi intervención, no puede afrontarse con superficialidad. Estamos luchando en una guerra en la que todos debemos combatir, porque todos nosotros debemos sentirnos realmente implicados.

De Coene
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera pedir encarecidamente a los miembros de este Parlamento que aprueben el informe del Sr. Burtone, y a la Comisión y al Consejo que lo tengan muy en cuenta.
El Sr. Burtone ha conseguido dar un enfoque pragmático y realista, libre de eslóganes. A este respecto quiero recalcar que, en la primera lectura, el informe Burtone obtuvo una gran mayoría en este Parlamento, y que el presente informe contó igualmente con una amplia mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Sin embargo, últimamente se dicen muchas tonterías acerca de este plan de acción, y sobre todo acerca del informe Burtone.
Por ello, para mayor claridad, quiero recalcar que este informe no trata de la legalización o la liberalización de una o otra droga. Desde Suecia se ha iniciado una acción en la que el ponente, yo mismo y otros que apoyan el informe quedamos enterrados bajo un montón de tarjetas postales en las que se afirma que estamos a favor de la liberalización. Que lo queramos o no, en este marco no se puede defender la liberalización. Se trata de un informe en el marco de la salud pública y esto no compete de ningún modo al tercer pilar.
Así pues, basta ya de tonterías. En segundo lugar, en ningún lugar del informe se aprueba el consumo de drogas. En tercer lugar, el informe subraya la importancia de la harm-reduction y la prevención. Harm-reduction no significa derrotismo. Aceptar la harm-reduction no significa que se dé por perdida la lucha contra el consumo de drogas, sino que la realidad actual exige medidas urgentes e innovadoras para proteger tanto la salud pública individual como la viabilidad de la convivencia. ¿Y cuál es la realidad actual?
A pesar de la llamada war on drugs, la oferta cuantitativa de drogas no ha disminuido, al contrario. A pesar de los muchos millardos que se dedican a la lucha, la producción de drogas no ha disminuido y el número de drogas y los tipos de drogas no han hecho más que aumentar. Como mucho, se intercepta un 10 % de la creciente oferta de drogas. Es decir, que las drogas están disponibles, las drogas están cada vez más disponibles. Tomemos esto como punto de partida y no nos hagamos ilusiones de que a la larga tendremos una sociedad libre de drogas, por mucho que algunos lo quisieran. Quien se atreva a hacer frente a esta realidad, podrá prevenir con mucha mayor eficacia en cualquier fase.
Algunos consideran que la policía ha de desempeñar un papel más destacado. Bien, cito aquí a alguien de la policía, y no a uno cualquiera, sino a Raymond Kendall, secretario general de Interpol. Él indica que para reducir el consumo de cocaína en un 1 % es preciso invertir 35 millones de dólares en harmreduction, frente a los 246 millones de dólares en medidas policiales, es decir, que la harm-reduction es siete veces más eficaz. Kendall no deja lugar dudas: es preciso luchar contra la oferta de drogas, pero no se puede esperar un efecto a largo plazo en la calle. Paul Cook, funcionario de policía de Manchester, habló en los mismos términos en una conferencia de la Comisión Europea sobre las drogas, bajo la Presidencia española, celebrada hace poco en Bruselas. No hemos de limitarnos a invitar a estas personas a nuestras conferencias, sino que también hemos de poner en práctica lo que nos dicen.
Aquí hay quienes afirman que las terapias con metadona, la distribución de jeringuillas, la ayuda ambulante, una prevención primaria sensata, son en realidad salvoconductos para la toxicomanía y no hacen más que estimular el consumo de drogas. Quiero señalar que gracias a las terapias sustitutivas se logra reducir al mínimo el consumo de opiáceos, disminuir la criminalidad y el consumo de drogas por parte de terceros, y por tanto detener las nuevas toxicomanías, fomentar la reintegración y en general reducir la conducta de riesgo y evitar el contagio de infecciones víricas.
También existen graves prejuicios acerca de la distribución de jeringuillas, pero las investigaciones serias han demostrado que no aparecen nuevos consumidores, que no se inyecta más sino menos y que los toxicómanos no reinciden. Resumiendo, sólo buenos resultados.
Considero especialmente lamentable que determinadas personas se sientan llamadas a última hora a socavar este amplio compromiso por el que el Sr. Burtone ha trabajado durante meses, y espero, señora Oomen-Ruijten, que luego, cuando votemos, el sano juicio prevalezca sobre los eslóganes y la histeria.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, tanto mi Grupo como yo valoramos el informe del Sr. Burtone, que nos guía con gran experiencia por la primera y segunda lectura.
La prevención es el tema central. ¿Cómo evitamos que los jóvenes empiecen a consumir drogas? ¿Cómo podemos ayudar a los toxicómanos a que dejen de consumirlas? ¿Cómo limitamos los riesgos para la salud? Los medios de que disponemos -12, 5 millones de florines anuales- no son más que una gota de agua en una plancha ardiendo, y por ello, por desgracia, sólo podrán utilizarse para intercambiar experiencias.
La financiación concreta de proyectos, como por ejemplo la metadona como sustitutivo o la distribución de jeringuillas, pueden contribuir a mejorar la atención a los toxicómanos, pero no pueden ser financiados de ningún modo por la Unión Europea. Se trata de una tarea de los Estados miembros. Intercambiar experiencias, sí, pero nada de financiación europea de proyectos. Hemos presentado varias enmiendas sobre este punto y creo que es a esto a lo que se refería el Sr. de Coene.
Hay un amplio debate en torno a la política sobre las drogas, un debate muy acalorado. Es lamentable que, en lugar de unir fuerzas para hacer frente definitivamente al consumo, sobre todo entre los jóvenes, de nuevos estupefacientes como el XTC, con una composición cada vez más peligrosa, no aprendamos los unos de los otros. En realidad, los gestores no hacen más que enfrentarse.
La política de tolerancia holandesa no es una solución. No hace más que aumentar la accesibilidad de las drogas y funciona sólo como un imán sobre los toxicómanos extranjeros. Por ello aumenta la criminalidad en lugar de frenarla. Criminalizar a los toxicómanos tampoco funciona.
Nosotros apoyamos expresamente la estrategia de harm-reduction que recoge este informe. Esto significa que estamos plenamente de acuerdo con que no se establezca distinción entre drogas blandas y duras. Sin embargo, no compartimos la postura fatalista expresada por el Sr. de Coene, quien dice que la lucha contra la oferta de drogas ha de darse por perdida.
Tolerar y también liberalizar no es una solución. Lleva a un círculo vicioso, en el que la sociedad es cada vez más permisiva. El líder socialista, el Sr. Tobback, dijo el pasado domingo en la televisión holandesa: »¿Qué ha producido la política holandesa? Yo, Tobback, soy alcalde de una ciudad de 35.000 estudiantes y allí no hay ningún muerto por la droga». Lo que quiere el Grupo del PPE es que la Comisión y el Consejo presenten pronto un programa en el que se analicen bien los resultados, también del modelo sueco de lucha contra las drogas, al que nuestro Grupo da preferencia, y quizás sea este el enfoque, el camino transitable para un mayor número de países europeos.

Eisma
Señor Presidente, cada Grupo político de este Parlamento tiene un punto de vista mayoritario o minoritario con respecto al programa de acción para la prevención de la toxicomanía. Hablo en nombre de la mayoría del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas al elogiar el informe Burtone.
Asimismo hemos de darnos cuenta de que este informe y el programa de acción no tratan de la lucha contra el tráfico de drogas, sino de los aspectos sanitarios del problema de las drogas. La premisa ha de ser que un enfoque humano, tolerante y pragmático -veo, al pronunciar estas palabras, que la Sra. Oomen abandona la sala, cosa que lamento- es mejor en la prevención que un trato duro y represivo del toxicómano.
Es preferible aplicar este enfoque represivo al tráfico de drogas a gran escala y al crimen organizado. Eso de nada les sirve a los toxicómanos. Asimismo es justa la premisa de que es de ilusos luchar por una sociedad libre de drogas. Es tan realista como pedir una sociedad sin tabaco y sin alcohol. Tal como dice el Sr. Burtone, no estamos hablando de marcianitos.
Lamento que en el informe Burtone no se establezca ninguna distinción entre drogas blandas y drogas duras. En nuestro país, los Países Bajos, este es el punto de partida de la política sobre drogas y, gracias a ello, la distinción en el ámbito de la salud pública está dando buenos resultados en comparación con otros países europeos. El número de consumidores, el contagio del sida y el número de muertes es relativamente bajo en nuestro país, y además, las estadísticas demuestran que en relación con otros países europeos, pocos jóvenes pasan de las drogas blandas a las duras, y que el consumo de drogas duras incluso disminuye.
Señor Presidente, por fortuna, algunas enmiendas señalan en esta dirección cuando se aboga por distribuir instrumental de desinfección y jeringuillas y agujas estériles, para combatir enfermedades infecciosas como el sida. Asimismo se aboga por reconocer los productos sustitutivos, como la metadona, tal como establece la enmienda nº 23. Esto nos complace.

González Álvarez
Señor Presidente, yo creo que el problema fundamental está recogido en un informe del Sr. Stewart-Clark de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. En ese informe se dice que el grupo financiero del G-7 considera que en Europa y Estados Unidos se mueven 120.000 millones de dólares con la venta de drogas. De ellos, 85.000 millones se blanquean en instituciones financieras. Yo creo que ese es el problema fundamental con el que se enfrentan todas las instituciones, incluido el Parlamento Europeo, que quieren hacer frente a un problema tan terrible como la drogodependencia.
Nosotros estamos de acuerdo con el informe del Sr. Burtone y con que haya incluido de nuevo las enmiendas de la primera lectura. Son enmiendas importantísimas porque inciden fundamentalmente en la prevención, la educación y la formación; y cuando esa prevención no es efectiva, inciden en la rehabilitación y en el tratamiento de los drogodependientes. Esas enmiendas también tienen en cuenta la situación social de las personas que padecen exclusión social y la situación social de pobreza que conduce -no en todos los casos, pero sí en muchos casos- a los jóvenes a la drogodependencia. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que el informe, al margen de otras enmiendas con las que no coincidimos, debería ser aprobado en el Parlamento Europeo quizás con la misma mayoría con que fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, una mayoría abrumadora: 28 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Subrayamos también que en el informe los drogodependientes y la drogodependencia se consideran problemas de salud pública y no como individuos susceptibles de represión. Lo que el informe deja entrever es que la represión debe dirigirse precisamente contra los grandes traficantes, que son quienes mueven esos 120.000 millones de dólares, y no contra el pequeño consumidor que, en la cárcel, podrá ver agravarse su situación. En mi país, el 60 % de los presos proceden de la drogodependencia y de ese 60 %, un 40 % tiene el virus del SIDA. Por lo tanto, la prevención ha de ser fundamental y, por eso, a nosotros nos parecen importantes otras dos enmiendas: en primer lugar, proveer de medios humanos y económicos suficientes al Observatorio de Lisboa para que disponga de un estado riguroso de los datos que tenemos en toda Europa sobre cuál de las actuaciones ha sido la más efectiva; y en segundo lugar, que se realice la conferencia que propone el ponente en el año 1996, bajo la égida de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y la Comisión, en donde se evalúen las experiencias de todos los países europeos, y no sólo de estos últimos veinte años, porque sabiendo qué experiencias han sido las más efectivas, podremos después tomar decisiones más prácticas en este ámbito.

Cohn-Bendit
Señor Presidente, señor ponente, Señorías, soy una de esas personas que ustedes respetan aparentemente pero cuya opinión no comparten y que se pronuncian por una reglamentación positiva de las drogas, es decir por lo que ustedes denominan la «liberalización legalizada».
Sé que en este momento, no tenemos una mayoría en este sentido en el seno del Parlamento. Añadiré que no estoy totalmente de acuerdo con el Sr. De Coene: incluso si se plantea el problema de la salud pública, una reglamentación positiva de las drogas suaves facilitaría la aplicación de la política de salud. Lo mismo ocurriría con el alcohol, por poco que se deseara atacar el problema. Como quiera que sea, no quiero abrir el debate sobre eso, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza que existen aquí.
Hay una cosa que me inquieta: hubo en Europa, durante estos últimos meses, un debate de una pusilanimidad increíble. Estoy pasmado de que el presidente de una república que quiero mucho haya podido decir tantas cosas -no diré «tontas», para no ofenderlo- fútiles e inexactas sobre la droga. Eso me da miedo ya que, ciertamente, soy favorable a que se trate a nivel europeo el problema de la droga y de la salud pública, pero si se trata como lo propone el Sr. Chirac, yo digo: »¡Alto! ¿adónde vamos?». Sería una catástrofe, si se considera que el país al que ataca el Sr. Chirac, el país que odia (por lo que se refiere a su política en materia de estupefacientes, claro está, porque aparte de eso, los holandeses son amigos), en resumen, ese país está mucho mejor, en el ámbito de la salud pública, que Francia, cuya responsabilidad política incumbe al Sr. Chirac. He aquí a un señor que se atreve a dar consejos a gente que está mejor que algunos otros y les dice: »Si vienen a nuestro país, estarán más mal, pero nuestro país es mejor». Con todo, es un tanto difícil de creer...
Esta es la razón por la que nuestro Parlamento debe adoptar el informe del Sr. Burtone. No estoy de acuerdo con todo lo que figura en el informe, pero es mejor que muchas otras cosas. También es preciso que el Parlamento diga claramente a los responsables políticos y al Consejo, que nos oponemos a las políticas recomendadas por el gobierno francés, no porque se trate del gobierno francés, sino porque son políticas esencialmente dañinas para la salud pública en Europa. El Sr. Chirac es, en materia de salud pública y de estupefacientes, un verdadero peligro público. Hay que decírselo amablemente, ya que es un amigo que, de vez en cuando, comete errores: ya lo vimos con las pruebas nucleares, continúa con la droga, pero ya le pasará con la edad. Acabará por entenderlo, como todo el mundo, por lo demás.

Hory
Señor Presidente, Señorías, el informe que nos ha presentado el Sr. Burtone presta oídos, una vez más, a un determinado número de preocupaciones expresadas por nuestro Parlamento en primera lectura e ignoradas por la posición común. Por tanto, apruebo la inspiración general de este informe y casi todas las enmiendas, a excepción de la nº 8, que se niega, en la etapa de la prevención, a distinguir entre drogas duras y drogas suaves. En relación con las demás, tengo, sin embargo, la impresión, leyendo las enmiendas 1 y 4, que se refieren respectivamente al cuestionamiento de la represión y al aspecto sanitario de la toxicomanía, que tenemos miedo tanto de las palabras como de la realidad.
La realidad que todos pueden comprobar, resultado de una política esencialmente represiva, dictada por los convenios internacionales prohibicionistas y las supuestas ideologías de determinados Estados -tales como Francia o Estados Unidos- esta realidad es la siguiente: crecimiento ininterrumpido del tráfico y del consumo, financiación a niveles fabulosos del crimen organizado, desestabilización de los sistemas bancarios, corrupción de Estados enteros, desarrollo de la delincuencia inducida por las necesidades de financiación, y la propagación del sida, solapados por la prohibición y la hipocresía. Ese es el balance especialmente edificante de la política de represión.
Sin embargo, no propongo oponer al dogma de la represión sin principio el dogma simétrico de una liberalización desprovista de objetivos a nivel de la salud pública. Nuestra posición, pragmática, se apoya en cuatro ideas sencillas y realmente adaptadas a la situación: despenalización de todos los usos de la droga, legalización controlada de los productos que no provocan dependencia, control público internacional de la oferta y los intercambios de productos «duros» mediante un acuerdo entre la Unión Europea, Estados Unidos, los grandes países consumidores y los países productores y, por último, la generalización de las políticas de reducción de riesgos y de tratamiento de sustitución.
Esa es una política sencilla, clara, comprensible. Mientras no se avance valerosamente en esta vía, el crimen continuará prosperando a costa de tragedias individuales.

Blokland
Señor Presidente, nos acercamos a la aprobación del programa de prevención de la toxicomanía. La posición común implica un buen número de mejoras, introducidas a raíz de las enmiendas del Parlamento Europeo. Gracias a ello, su calidad es mayor. La concesión de créditos será ahora más fácil, porque se nombran acciones concretas. De ello se beneficiarán tanto la Comisión como los Estados miembros.
Algunas enmiendas no han sido adoptadas por la Comisión y el Consejo. No lo lamento. Las enmiendas que vuelven con la recomendación para la segunda lectura tienen un espíritu derrotista. El tenor de estas enmiendas es que, dado que es poco lo que podemos hacer, más vale que limitemos los daños. Esta actitud favorece a los traficantes de drogas. Indirectamente, estos traficantes cargan en sus conciencias con la destrucción de sus semejantes. Por principio rechazamos una posición básica de harm-reduction y la aceptación de la toxicomanía como fenómeno social. Con esta actitud se pierde por culpa propia la legitimación de la asistencia. Por ello soy contrario a las enmiendas que se centran expresamente en la estrategia de reducción de daños.
La desintoxicación es un asunto precario, para el cual no ha de prevalecer ninguna estrategia europea general. Además, no se trata de actuar de forma preventiva, sino curativa, y de eso no trata este programa de acción.
Conclusión: estoy de acuerdo con la posición común, pero votaré en contra de la recomendación Burtone.

Blot
Señor Presidente, Señorías, primeramente quiero protestar contra la propaganda, en forma de libelos colocados en los pasillos del Parlamento, de la que es actualmente objeto el informe del Sr. Burtone. Me parece que este procedimiento es perfectamente irrisorio en el fondo, inadmisible desde el punto de vista de la limpieza de los locales y me pregunto a dónde iría a parar este Parlamento si se aplicaran sistemáticamente para todos los informes, técnicas de propaganda de esta índole en los locales del Parlamento, que se hagan retirar esos documentos que están pegados por todas partes.
Ahora, en relación con el meollo del tema, sé que el ponente tuvo un trabajo difícil en la medida en que, desde el principio, la distinción entre prevención y regresión nos parece bastante artificial. Es evidente que en muchos casos la represión constituye la mejor de las prevenciones. Compruebo también que, como figura de manera más bien implícita en el informe, y sumamente explícita en algunas enmiendas, especialmente en las enmiendas 2 y 3 que han sido presentadas, subyace un espíritu de capitulación ante este combate contra la droga, algo que es totalmente inadmisible. Pienso sobre todo en la enmienda 2, que dice que una sociedad totalmente liberada de la droga es utópica, y la enmienda 3, que afirma que el objetivo ha de ser limitar los efectos nefastos del consumo de la droga. Dije efectivamente «limitar».
Quisiera tomar un ejemplo en el ámbito de las ciencias económicas, se trata del ejemplo de la inflación. Con el pretexto de que la inflación con índice cero es casi irrealizable en un crecimiento económico, algunos economistas siempre han pensado que era preciso oficializar una política de la inflación débil. Y eso es lo que de cierta manera se trata de hacer en el ámbito de la droga al decirse que, puesto que no puede suprimirse totalmente, la cuestión es oficializar una política de limitación de los daños. Pienso que, al igual que en el caso de la inflación, por razones psicológicas evidentes, este enfoque es un error.
Actualmente se sabe a ciencia cierta que cuando se quiere luchar contra la inflación, es preciso tener como objetivo la inflación cero. Incluso si se es consciente de que no se logrará, debe afirmarse esta intención, de manera que pueda actuarse sobre las anticipaciones de los agentes económicos, que ven en ello una voluntad verdadera de los gobiernos de mantener la estabilidad de los precios. Pues bien, en materia de droga, ocurre un poco lo mismo. Por tanto, es preciso afirmar su voluntad de combatirla.
Otro error: la enmienda 4, por ejemplo, indica que los toxicómanos padecen únicamente un problema de salud. No es exacto; ahí hay, efectivamente, un problema de salud, pero también un problema moral, del cual no puede hacerse abstracción. Sófocles lo escribió hace ya 2.400 años en Antígona, el hombre sabio sabe elegir libremente entre el bien y el mal. Si se quiere medicalizar totalmente el problema y suprimir toda responsabilidad a los toxicómanos, no pienso que se le ayude. Creo, por el contrario, que constituirá, para ellos, una desventaja más cuando traten de dejarla. Por lo tanto, considero que es un error filosófico de base creer que se puede dejar a un lado la represión en este ámbito.
El cerebro humano no es totalmente racional, lo sabemos hoy gracias a trabajos de frenólogos como MacLean, y una represión colectiva se hace absolutamente indispensable. Hoy día, se pretende hacer la guerra a la droga a golpe de miles de millones, pero es un error de muerte contra los traficantes, la guerra contra la droga está perdida de antemano. Por tanto, es inútil gastar dinero si no se tiene ese valor moral.
Si la droga se desarrolla, es porque ésta es una sociedad decadente en el plano de la ética. Rechazar la dimensión moral, no ver más que los aspectos sanitarios y sociológicos de este drama, es condenarse al fracaso. No es ayudar a los toxicómanos, es dejar hipócritamente las manos libres a los traficantes. ¿Qué desean los traficantes? Efectivamente, que se mantenga la situación actual.

Kouchner
Señor Burtone, ha sido usted muy valiente. Encontró, debido al Grupo al que pertenece, muchos obstáculos. Me doy perfecta cuenta que tuvo que hacer un balance entre ambos extremos.
Hablar de la prevención de los riesgos es absolutamente esencial. No es suficiente. Porque es necesario que acabemos por darnos cuenta aquí, donde es el lugar de hacerlo, donde podemos, en fin, aprovechar la experiencia de los demás, que no avanzamos e, incluso, que estamos en regresión. El Observatorio de Lisboa nos proporciona cifras trágicas. Desde luego que ha habido detenciones, desde luego, se han incautado alijos, pero la droga sigue entrando cada año en gran cantidad sobre el territorio. Lo menos que puede decirse, sin juicio moral, es que la política represiva no funciona. Yo no soy, sin embargo, partidario de abrir las compuertas, claro está. Sin embargo, si se pone en un pie de igualdad a los que quieren liberalizar y a aquellos que quieren únicamente reprimir, creo que no se irá demasiado lejos. Aprecio mucho su valor y este informe, pero no es suficiente.
Seamos muy claros: existe un racismo en relación con las drogas. Cuando escucho que los perjuicios causados por las drogas suaves son trágicos, pienso que en el alcohol y el tabaco. Lo siento, esas son nuestras drogas. El tabaco entraña una dependencia calculada en un 25 % o 35 %. ¿Qué hacen ustedes? Es, no obstante, el Estado el que lo vende. Yo hablo desde el punto de vista de la salud pública, si se quiere, luego desde un punto de vista moral y político. En materia de salud pública, son el alcohol y el tabaco los que causan más daños. ¡Tengámoslo en cuenta y no condenemos las drogas de los demás! Nosotros tenemos las nuestras.
En lo relativo al fondo, se hace forzosamente necesario un enfoque económico. Debemos tener el valor de decir que es preciso reglamentar, y no solamente despenalizar el uso de las drogas. Como cuando se ha bebido demasiado, no se tendrá el derecho de conducir. Pero si se precisa que, en mi país en particular, contamos con 5 millones de usuarios de canabis, me pregunto cómo va a hacerse para meterlos a todos en la cárcel. Nos encontramos en este Parlamento ante la necesidad de hablar mucho más entre nosotros. Chocamos con la experiencia de los demás en lugar de escucharla. El ejemplo caricatural es, evidentemente, la actitud de mi país hacia Holanda, que, en el fondo, es decir por haberse preservado, gracias a sus técnicas, la llegada y el contagio del VIH entre los usuarios de drogas duras, es un buen ejemplo que, por lo menos, hay que escuchar y frecuentar. Como consecuencia, debemos hablar más entre nosotros y aprovechar las experiencias nacionales, tanto las negativas como las positivas. Creo que ello será un progreso, y esta conferencia que usted menciona y que esperamos se realice, en 1996, me parece una buena etapa.
Por último, no condenemos ninguna de las experiencias o tentativas, ya sean negativas o positivas. Como primer paso, escuchemos lo que se ha hecho en favor de la prevención de los riesgos y tratemos de ir más lejos. En lo que parece ser un problema vinculado a nuestras sociedades y no solamente al abatimiento moral. Creo que si no se propone a nuestra juventud otra cosa, suficientes sueños, suficientes aventuras, suficientes certidumbres, la droga y los traficantes tienen aún una larga vida por delante.

Reding
Señor Presidente, la droga es una plaga que destruye nuestras familias y mata a nuestra juventud. Para hacer frente a este desastre, el Parlamento Europeo, desde hace ya muchos años, se concentra en tres acciones. Primera, prevenir la toxicomanía, segunda, combatir el tráfico de drogas y la criminalidad que éste conlleva y, tercero, ayudar a los enfermos de toxicomanía a abandonarla.
Hoy día, nos ocupamos de la primera acción. Esta es, en mi opinión, la más importante. Ya que si la droga pierde su interés para los jóvenes, si la juventud considera que todas las drogas y estimulantes son una amenaza para la libertad del individuo, entonces el tráfico de los estupefacientes se verá automáticamente reducido. En materia de prevención, es, por tanto, esencial llegar a una acción concertada a nivel europeo, intercambiando experiencias positivas y negativas en la materia. Intentar la prevención de la toxicomanía en los diferentes programas comunitarios destinados a los jóvenes, financiar proyectos prometedores.
Sin embargo, ante todo, habría que ayudar a los padres, tan a menudo desprovistos ante los peligros que acechan a sus hijos, los profesores e instructores, especialmente aquellos que trabajan en medio ambientes con riesgo. Y, finalmente, no olvidemos un gran principio: a menudo los programas diseñados con los jóvenes son mucho más eficaces que los destinados a los jóvenes. Responsabilizar y hacer participar a los más concernidos me parece ser, en materia de prevención de la toxicomanía, una regla de oro.

Caccavale
Señor Presidente, Señorías, deseo agradecer al Sr. Burtone sus esfuerzos, en particular, los que ha realizado últimamente, para afrontar el problema con mayor transparencia, pero también con mayor realismo. El hecho de entender por fin que el problema de la droga no puede ser afrontado en términos represivos, me parece un significativo paso adelante, al igual que me lo parece el hecho de que se acometa el mismo en términos de prevención.
Sin embargo, debo manifestar que, en el fondo y al final, lo que nos queda es un remedio parecido a la «aspirina contra el cáncer». Esto es lo que en definitiva se deduce, sin perjuicio -repito- del gran esfuerzo de buena voluntad de mi amigo Burtone y de todos los que trabajaron en este informe.
Lo cierto es que, tal como manifestaron los colegas Sres. Hory y Kouchner, el intento de represión ha fracasado totalmente y que el adversario que tenemos ante nosotros es ya un gigante de la economía mundial, un gigante al que no se le puede hacer frente ni tan siquiera con tanques o helicópteros: más se reprime, más aumenta el uso de la droga a nivel internacional y mundial.
Ésta es la realidad. Pues bien, el enfoque debe cambiarse radicalmente y debemos hacerlo todos juntos, empezando por debatir entre nosotros cuáles han sido hasta la fecha los resultados del prohibicionismo y de la represión. He aquí porque la enmienda más importante es la nº 32, en la que se pide que se organice una conferencia que trate científicamente acerca de los desastrosos resultados del prohibicionismo y que se revisen los convenios internacionales de las Naciones Unidas.

Olsson
Señor Presidente, el señor Burtone ha efectuado una ingente labor, y es evidente su gran motivación contra del uso de estupefacientes, pero al mismo tiempo quiero decir que no comparto todas sus ideas. En nuestro Grupo yo represento a lo que se da en llamar una proporción minoritaria de la población, pero creo que en este caso concreto esta proporción es mayor que la mayoritaria en realidad. Ni mi partido, el del centro sueco, ni tampoco la mayoría de políticos suecos, se basarán nunca en el principio de que el logro de una sociedad libre de drogas es una utopía inalcanzable.
Me indigna ver casi la totalidad del programa comunitario europeo de acción contra el abuso de estupefacientes modificado hasta la irreconocibilidad, por unos colegas parlamentarios que han abandonado la lucha contra los fabricantes y los defensores de la liberalización de la droga. Es totalmente erróneo presentar la política de signo restrictivo en cuanto a todo tipo de drogas como contraria a una política de reducción del daño y del sufrimiento que produce el consumo de estupefacientes. Doy la bienvenida a cualquier visita de estudio de los defensores de la liberalización de este parlamento a Suecia, para que así vean cómo combinamos una línea muy restrictiva respecto a la droga con el tratamiento humano de las víctimas de estas sustancias asesinas.
La propuesta del PE no tiene ninguna repercusión en las leyes y disposiciones suecas, sino que se reduce a unas recomendaciones para el programa de acción. Lamentablemente, este tipo de decisión contribuye a menoscabar la legitimidad del Parlamento Europeo y su credibilidad entre los ciudadanos. Esta es una consecuencia desafortunada del debate de hoy. Dicho debate refuerza mi convicción de que el ámbito de derecho penal debe seguir siendo materia completamente nacional de los países miembros.

Sjöstedt
Señor Presidente, el informe Burtone contiene aspectos diversos. Hay algunos que yo apoyo, por ejemplo, el de la importancia de la labor preventiva y de la necesidad de tratamiento y rehabilitación con objeto de hacer que la persona drogodependiente abandone su vicio. Pero existen también aspectos del informe que no son aceptables en absoluto. Contiene en su mayor parte unas afirmaciones en favor de la liberalización, donde se menciona la política de la reducción del daño, la llamada «harm reduction». Se trata de una filosofía basada en la reducción de los daños causados por el abuso de drogas - no en la lucha contra ellas para que se abandone su uso.
El informe incluye además el requisito de una política supraestatal en materia de drogas y de la revisión de los convenios internacionales vigentes. Esto no es aceptable. Los convenios sobre estupefacientes de las Naciones Unidas deberían ser aplicados rigurosamente por los países de la UE, como parte integrante de la lucha contra la droga. La política que siguen actualmente ciertos países de la UE en este ámbito sabotea en realidad la colaboración internacional en su contra.
En el informe se trata la cuestión de los narcóticos como asunto de salud, y la dependencia como una enfermedad. Pero la cuestión de la droga es en gran medida social y política. La base sobre la que florece el abuso de estupefacientes es la situación social, la exclusión, el desempleo y la carencia de posibilidades de futuro a que se enfrentan los jóvenes. La lucha contra el paro, la injusticia social y la segregación constituyen, por consiguiente, un aspecto importante en la lucha contra el consumo de narcóticos -el más importante. Además, es necesaria una buena política para hacer que funcione la labor de tratamiento y rehabilitación. En esta visión de conjunto, también es importante que la sociedad no acepte ni el comercio ni la posesión -esto ha de ser ilegal. Asimismo, es necesaria la oposición manifiesta de la población a la droga, y unas acciones consecuentes por parte de la policía y del personal de aduanas. Esta política forma un todo, donde todos los elementos son necesarios.
Señor Presidente, como socialista considero central el principio de que todos los seres humanos somos igualmente importantes. No puedo aceptar que las personas se degraden com el abuso de estupefacientes. Por tanto, mi objetivo es el de una política integral consecuente con este fin: el de una sociedad libre de drogas.

Pradier
Señor Presidente, es de costumbre felicitar a un ponente. Pero en este caso, quisiera felicitarlo de manera muy especial, ya que es raro ver textos tan inteligentes y tan valientes presentados ante esta Asamblea, como, por lo demás, lo demuestra el número de diputados actualmente presentes en la sesión.
Este informe va a contracorriente del pensamiento dominante y de la ceguera que agrava día a día una situación ya, de por sí, sumamente preocupante. Señala el fracaso de las políticas represivas que recurren a medios cada vez más y más considerables, en menor medida en Europa y en grado extremo en Estados Unidos, país al que estamos pisando los talones cuando vemos, al mismo tiempo, un aumento paralelo del número de consumidores, el número de riesgos que toman y el número de accidentes del que son víctimas.
De lo que se trata hoy día, es, pues, de prevención. Esta prevención, convendrá, claro está, ejercerla de manera más especial respecto a las drogas duras, haciendo hincapié en las drogas intravenosas. Y se hará preciso instaurarla a diferentes niveles: la familia, las escuelas, las universidades, las asociaciones, los municipios, los talleres, debemos luchar en todos esos frentes, ya que, aunque a algunos no les guste, se trata de una enfermedad a la que hemos de combatir, y estamos tratando con enfermos, al igual que un cirrótico alcohólico es un enfermo y un fumador que padece cáncer del pulmón es un enfermo.
Por tanto, tenemos que hacer frente a una enfermedad y a sus complicaciones -que son, es verdad, un elemento importante- trátese de contaminación viral, es decir esencialmente las hepatitis y el sida, contaminaciones sociales en forma de dramas familiares, marginalización y exclusión-desamparo, o, incluso, de contaminación judicial, debido a la delincuencia que induce.
Todos estos elementos deben ser objeto de una evaluación. ¿Por qué cada uno se parapeta en su campo, sin querer examinar los resultados obtenidos en el marco de un cierto número de acciones -y pienso, sobre todo, en las acciones de sustitución- cuyos resultados no se han estudiado suficientemente?
Por lo demás, se trata de hacer progresar la conciencia colectiva, de la opinión pública, de nuestros Estados, de nuestros gobiernos -y hablo de ello con conocimiento de causa vista mi nacionalidad- y, por último, de la opinión internacional en su conjunto. A este respecto, la convocación de una conferencia que suscitara el cuestionamiento de la posición de la comunidad internacional sería sumamente bienvenida.

Hulthén
Señor Presidente, este debate gira en torno a una de las cuestiones más importantes en Europa y en toda la sociedad internacional. Se trata de encontrar el modo mejor y más eficaz de combatir el azote que constituyen los estupefacientes. Es una misión en la que estamos comprometidos y que nos exige que, como parlamentarios, asumamos nuestra responsabilidad y no dejemos que las cosas sigan como están.
Las ideas que expresa el informe Burtone me preocupan. Confirman el hecho de que se está produciendo una revisión de la política tradicional en materia de droga que anteriormente nos había servido de norte en los trabajos internacionales y en la lucha contra los estupefacientes. Se respira la derrota y la falta de entusiasmo. El mensaje es que no se puede combatir la droga. Pero esto no es cierto.
Sabemos que una política de signo restrictivo en este ámbito, combinada con una amplia rehabilitación, da unos buenos resultados. Sabemos que cuantos menos jóvenes dejen de iniciarse en el uso de narcóticos, menos acabarán siendo dependientes. Por ello las iniciativas preventivas deben ir orientadas hacia la población joven. Esta es nuestra acción prioritaria. Es el mejor modo en que se puede trabajar para reducir el número de drogodependientes en el futuro.
Una política que se dedique exclusivamente a paliar los efectos nocivos del abuso de la droga cuando ya se ha iniciado da unas señales totalmente erróneas y asigna medios a unos objetivos equivocados. La política de la reducción del daño es una aceptación negativa. Es una política derrotista.
Si queremos combatir eficazmente el abuso de estupefacientes, no podemos distinguir entre su uso o abuso. Tampoco podemos diferenciar entre droga blanda o dura. Siempre existe un riesgo -independientemente de la denominación que se le dé- el riesgo de que la persona siga con su vicio. Por consiguiente, no puedo dar mi apoyo al informe Burtone y espero que en esta cámara tengamos una política de un signo más activo y positivo en lo referente al abuso de narcóticos.

Heinisch
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ante todo quiero manifestar mi sincero agradecimiento al Sr. Burtone por su informe. A la vista del balance de 1995 sobre las toxicomanías en Alemania, yo solicito en primer lugar que se adopten medidas políticas en el ámbito de la información sobre los riesgos de aquellas substancias cuya gravedad todavía se minimiza con demasiada frecuencia calificándolas como «drogas de diversión», pero también en el ámbito de la prevención orientada a las causas originarias del consumo. Resulta preocupante el rápido incremento de la demanda de drogas sintéticas y particularmente del éxtasis, así como la despreocupación con que se aborda el consumo de estas drogas estimulantes, sin tener presentes sus riesgos. Es de esperar que una prevención eficaz de la adicción a las mismas permita reducir su demanda, igual que ha ocurrido con la heroína.
Por otra parte, también quiero manifestar mi oposición a la liberalización de las drogas, como medida para contrarrestar la expectativa de que aumente su demanda. Europa sigue representando un lucrativo mercado con buenas oportunidades de beneficio. En este contexto, cualquier tendencia liberalizadora y legalizadora conlleva el riesgo de que se trivialice el consumo de drogas ilegales y constituye el mayor problema para el éxito de la prevención. En estos debates siempre se destacan al mismo tiempo las consecuencias del abuso del alcohol y de la nicotina. No deberíamos limitarnos a mencionar estos problemas, sino interpretarlos también como una clara advertencia, a fin de evitar que el libre acceso a las drogas blandas genere los mismos problemas.
En mi calidad de farmacéutica en ejercicio, yo me opongo a cualquier intento de que el hashish o la marihuana se expendan en las farmacias, pues esto supondría equiparar las drogas a los medicamentos y remedios. Yo abogo, por el contrario, por nuevos modelos y progresos en el ámbito de la ayuda a los toxicómanos y el tratamiento de las toxicomanías, incluida la sustitución por metadona, pero sólo si va acompañada de medidas terapéuticas y psicosociales. Es preciso ampliar y diferenciar la oferta de asesoramiento y tratamiento para las personas en situación de riesgo y drogodependientes, así como para sus familiares.
¡Manifestémonos en favor de una vida libre de drogas y sustancias adictivas y no trivialicemos estos problemas mediante debates confusionistas!

Donnay
Señor Presidente, Señorías, me alegra mucho que se debata hoy, ante nuestra Asamblea, el programa de acción comunitario en relación con la toxicomanía.
Estoy tanto más satisfecho porque vamos a debatir, muy próximamente, la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la cooperación Norte-Sur en el ámbito de la lucha contra las drogas y la toxicomanía que, por tanto, completa el aspecto de la prevención en este expediente.
En el momento en el que se inicia la Conferencia Intergubernamental, que se ha fijado especialmente como objetivo acercar la Europa de los ciudadanos, el tema que tratamos corresponde a las preocupaciones concretas, y desgraciadamente cotidianas, de nuestros conciudadanos.
Como diputado de una región particularmente afectada por esta plaga, a 100 kilómetros de Holanda, conozco las consecuencias destructoras, para nuestra sociedad, de este fenómeno, que, desgraciadamente, tiene cada día un mayor desarrollo, sobre todo entre los jóvenes e, incluso diría, algunas veces, entre los niños. Así, el 90 % de toxicómanos de los que se ocupa mi región, son menores de 30 años.
Es preciso cerrar un grifo permanentemente abierto. Naturalmente, nos hace falta mejorar y reforzar los programas de tratamiento. Me alegro de las propuestas contenidas en la posición común del Consejo, que prevén una serie de acciones claramente más importantes y más específicas que en la propuesta inicial de la Comisión.
Deben continuarse los esfuerzos en este sentido. Nos es preciso sobre todo aumentar los medios dedicados a las curas de tratamiento. Asimismo, nos es preciso promover una mejor cooperación entre Estados miembros y entre los órganos comunitarios competentes en esta materia. Por lo demás, ¿no sería juicioso integrar en un sólo organismo a todos los órganos y agencias comunitarios implicados en este tema? Únicamente a través de una sinergia así de todas las energías combatiremos eficazmente y obtendremos resultados para eliminar esta plaga.

Ryynänen
Señor Presidente, debemos acoger de un modo muy favorable este primer programa de prevención de la toxicomanía basado en premisas de ámbito sanitario y social que en estos momentos, finalmente, ve la luz. Espero que dicho programa constituya el primer paso hacia una cooperación más positiva entre las autoridades policiales y de interior y las autoridades responsables en materia de salud y de asuntos sociales. Por lo tanto, son necesarios proyectos de cooperación entre las diversas instancias implicadas.
Las experiencias que tenemos en Finlandia acerca de esta problemática tienen su origen, principalmente, en el tráfico de drogas procedente del este. El punto de partida de la política en materia de estupefacientes ha de ser clara: la sociedad no acepta las drogas. No puede resultar aceptable el uso de las drogas con fines que no sean médicos. Una vez que el individuo ha aprendido a regular su estado de ánimo haciendo uso de productos químicos, comenzando con el tabaco y el alcohol y terminando con las drogas, se pone en marcha fácilmente un ciclo de marginación como consecuencia de un consumo abusivo. Las denominadas drogas legales, es decir, aquellos medicamentos calmantes que terminan siendo objeto de tráfico ilegal, constituyen un grave problema especialmente para los jóvenes, en particular cuando se consumen junto con alcohol. Se debe estrechar la vigilancia y realizar una labor competente y apropiada de información sobre las drogas, libre de sensacionalismos, conjuntamente con los jóvenes. Igualmente, es necesaria una mayor investigación en este campo.

Malone
Señor Presidente, estoy firmemente a favor de las propuestas contenidas en el presente informe. En Europa hemos pasado demasiado tiempo consagrados a los temas financieros y comerciales a expensas de otros aspectos de vital importancia, como es el problema de las toxicomanías. Este desequilibrio ha sido corregido en parte gracias a la competencia en el ámbito de la salud pública que nos otorga el Tratado de Maastricht. A pesar de que el presupuesto propuesto para el programa es lamentable -28 millones de ecus para cinco años es una cifra claramente insuficiente, habida cuenta de la magnitud del problema- es una prueba del reconocimiento de la necesidad de medidas concertadas a nivel europeo.
En combinación con el desempleo y la pobreza, las drogas devastan grandes partes de nuestras ciudades y destrozan la vida de nuestros jóvenes. En mi ciudad, Dublín, el número de heroinómanos no ha dejado de crecer durante los últimos veinte años y actualmente se estima en unos 7.000. Quisiera pedir al Comisario Sr. Flynn que se una a mí para solicitar al Gobierno irlandés que coordine sus esfuerzos con aquellos que se están realizando aquí en Europa. Necesitamos, por ejemplo, incrementar las dotaciones policiales que se dedican a combatir los delitos relacionados con las drogodependencias. En Irlanda, dicha dotación representa el 1 % del total del cuerpo de policía, lo que resulta ridículo teniendo en cuenta que el 80 % de los delitos que se comenten en Dublín están relacionados con la droga.
Debemos pedir asimismo una coordinación eficaz entre el Gárdai, los Comisarios responsables de la financiación y el Departamento de Asistencia Social. Ya es hora de que el Gobierno aborde los problemas pendientes relacionados con la práctica de este comercio ilícito para que los beneficios obtenidos puedan ser confiscados.
He visitado recientemente la cárcel de Mountjoy de Dublín, y he podido comprobar que la única política que se aplica es la de la contención. El Eastern Health Board debería ofrecer una terapia eficaz de seguimiento a los reclusos. El problema del éxtasis está creciendo de manera incontrolada y actualmente resulta muy fácil adquirir paquetes para fiestas en cualquier parte de Dublín. Necesitamos más programas educativos. Coincido en que existe la necesidad de programas de tratamiento especializado para pacientes que estén enfocados a combatir el consumo no sólo de éxtasis, sino también de heroína, ya sea por vía intravenosa o por inhalación; y, por último, es necesario intensificar la acción del Gárdai en aquellos lugares de venta de drogas de todos conocidos.
Pido a la Comisión que presente más programas en esta línea para atajar este problema que supone una amenaza para la vida en toda Europa.

Banotti
Señor Presidente, he trabajado en el tema de las drogodependencias desde que se estableció la primera comisión de investigación en la que participé junto a Sir Jack Stewart-Clark. A lo largo de los años me he sentido atraída por una variedad de opciones. A menudo son los liberales de los años sesenta y de mayor edad, como en mi caso, los que abogan por la liberalización y la legalización de las drogas. Muy a menudo presentan argumentos muy convincentes. Pero en términos generales, las personas que defienden esta postura no son adictos, en muchos casos no están en contacto directo con los vastos problemas relacionados con las toxicomanías y que son de gran complejidad. Ni que decir tiene que el elemento del paro y la pobreza tiene aquí una gran importancia. De hecho, toda la cuestión relativa al por qué algunas personas eligen afrontar la vida a través del ofuscamiento que producen las drogas, por qué algunas personas se convierten en drogodependientes y otras no, forma también parte del problema que debemos afrontar.
Necesitamos prestar especial atención a nuestras cárceles. A diferencia de lo que ha dicho la oradora anterior, me complace comunicarles que se ha inaugurado una unidad especializada en las cárceles de Dublín. Estoy segura de que muchos colegas de otros países han tenido conocimiento de este mismo problema, y es que en muchos caso, los jóvenes que tal vez no eran adictos cuando ingresaron en prisión, sí lo son cuando salen de ella. Por ello es importante que en las cárceles existan unidades que permitan a los reclusos adoptar una decisión contra la droga. Descubrirán que un número considerable de dichos reclusos optan por esta alternativa. A pesar de que el 80 % de nuestra población carcelaria se encuentran allí por delitos relacionados con la droga, hay otros que no lo están. Es una enfermedad contagiosa, tan contagiosa como lo fue la tuberculosis en los años cuarenta y cincuenta, y debemos tratarla como tal.
También tenemos que reconocer que nuestros programas de desintoxicación y tratamiento deben incluir no sólo la desintoxicación, sino también un elemento de formación que les enseñe la manera de afrontar la vida. No se puede rehabilitar a personas cuando muchas de ellas nunca fueron habilitadas, para empezar.

Stewart-Clark, Sir Jack
Señor Presidente, sé que el Comisario Flynn comparte con nosotros el pesar de que no tengamos competencia total en todos los asuntos relativos a las toxicomanías. Es de lamentar el hecho de que la ley y el orden radiquen en el tercer pilar. No obstante, tenemos la formación -la formación destinada a los jóvenes, a los profesores y a los padres; la salud, tenemos la rehabilitación y tenemos la reducción de daños, y es mucho lo que podemos hacer en ese sentido. Por ello, esta posición común es un primer paso muy positivo. El Sr. Burtone ha elaborado un informe sincero y, en su conjunto, merece nuestro apoyo.
Opino que las distintas naciones de los países deben decidir sus propias políticas en materia de drogas. De hecho, si contemplamos mi país, en Escocia e Inglaterra existen dos políticas distintas en materia de drogas. Escocia siente mayor preocupación por la reducción de daños que Inglaterra. Y en este sentido considero que el Observatorio Europeo de la Droga debe desempeñar un papel de vital importancia. Deberá ser este nuevo Comité, formado por miembros de los diferentes gobiernos y que sin duda estará presidido por el Comisario Sr. Flynn, el que elabore debidamente comparaciones entre lo que ocurre en cada país, el que examine los métodos que se están utilizando para ayudar a los toxicómanos, para impartir formación a los drogodependientes, para solucionar el problema de las toxicomanías, para acudir después a la Comunidad, a este Parlamento, con una recomendación de lo que se debe hacer. Ése es su valor.
Por ello, en apoyo de este debate y de lo que ha presentado el Sr. Burtone, pido a la Comisión que vuelva a este Parlamento y que presente recomendaciones específicas en base a la labor del Comité y en base a las recomendaciones que haga el Observatorio Europeo de la Droga.

Cederschiöld
Señor Presidente, estimados colegas, la salud de los ciudadanos de la Unión es algo que nos concierne en lo relativo a los alimentos y productos de consumo. ¿Por qué no nos va a preocupar la salud de los ciudadanos cuando se trata del abuso de drogas y los efectos que ello tiene sobre el cerebro, pulmones y órganos reproductivos?
La política en materia de droga debe abordarse desde frentes diversos. No existen soluciones fáciles. El objetivo debe ser una sociedad libre de narcóticos. Juntos debemos hallar unos métodos comunes y nacionales que sean eficaces. Es necesario concentrarse en la labor preventiva y en la lucha contra el tráfico, mientras que la asistencia y la labor represora deben ser competencia nacional.
Si deseamos el apoyo de los ciudadanos, no podemos destinar medios de la UE a la financiación de proyectos discutibles, como por ejemplo, el reparto de heroína con receta médica. Pero también los programas de jeringas con metadona son controvertidos. Sólo el 5 % de los que han participado en programas de metadona se han liberado de su dependencia en menos de diez años -o sea que no es tan eficaz.
Deberíamos evaluar conjuntamente nuestros programas nacionales respectivos. Con ello lograríamos una política común que arrancaría de los resultados obtenidos, los cuales naturalmente deberían llevarnos a una caída de la demanda. La alternativa a este tipo de política es que el abuso de drogas se extienda, y que así se beneficien los traficantes. Es necesario dar muestras de voluntad de llegar a un compromiso. Es la condición para que podamos poner en marcha unas acciones comunitarias.
Igualmente deseo agradecer al Sr. Burtone su interés por la cuestión y destacar que pienso que el Consejo y la Comisión se hallan en un camino realista y sensato que el Parlamento debe respaldar. No son los traficantes, sino nuestros colegas de las instituciones europeas los que merecen nuestro apoyo.

Liese
Cada vez que en la Unión Europea se plantea el tema de las drogas, se encrespan los ánimos, como está ocurriendo entre Francia y los Países Bajos en estos momentos. Me parece preocupante, en este contexto, la tendencia de los respectivos oradores a ensalzar su opinión como la única correcta. Éste es un proceder que a menudo se ha reprochado al Sr. Chirac. Sin embargo, por mi experiencia, podría dirigirse al menos con igual razón el mismo reproche a los fetichistas de la liberalización, dentro y fuera de esta Cámara. El Grupo del Partido Popular Europeo rechaza la frecuentemente citada contraposición entre ayuda y penalización. Ambas son necesarias para afrontar con verdadera eficacia el problema.
En mi opinión, el modelo que ha dado mejores resultados hasta el momento es el sueco. No he escuchado en el debate conjunto de hoy, ni tampoco en otras sesiones, ningún argumento realmente válido contra dicho modelo y no comprendo por qué no puede adoptarse para toda Europa. En este contexto, también me molesta el debate entre mi país -Alemania- y los Países Bajos. Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Kinkel, manifestó hace poco en La Haya la voluntad de no inmiscuirse en la política neerlandesa en materia de drogas. Sin embargo, el Gobierno federal mantiene en su conjunto una posición distinta. Yo me pregunto si el Sr. Kinkel ha olvidado que vivimos en el año 3 de la era posterior al Tratado de Maastricht. El diálogo sobre la lucha contra las drogas no constituye una ingerencia, sino que forma parte de la política interior europea. El problema de las drogas debe abordarse a escala europea. En primer lugar, mediante la prevención, que es el tema del debate de hoy; en segundo lugar, mejorando la cooperación policial en el marco de la Europol; y en tercer lugar, mediante una política común de ayuda al desarrollo para crear alternativas en los países productores.
Yo considero particularmente importante este tercer punto y espero que cuantos están siguiendo el debate de hoy, asistan también a la sesión del jueves, cuando examinaremos este tema, no porque se trate de mi informe, sino porque en ausencia de alternativas para los países productores, no es posible combatir eficazmente el problema de las drogas.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar deseo dar las gracias a todos aquellos que han contribuido de una manera tan sincera y con tanta dedicación. Evidentemente se trata de un debate por el que un gran número de los presentes en esta Asamblea sienten un profundo interés.
El texto que hoy tienen ante ustedes para esta segunda lectura es la posición común del Consejo sobre el primer programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de un programa de este tipo y la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir la drogodependencia a nivel europeo. Deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Burtone, ponente del Parlamento, por los esfuerzos tan considerables que ha realizado en el examen de la acción común, la elaboración del texto que hoy nos ocupa y la propuesta según enmienda que ha sido presentada por la Comisión a raíz de la primera lectura en el Parlamento.
Como saben, la propuesta inicial ha sido ampliada a raíz de la incorporación de las 21 enmiendas presentadas por el Parlamento que contaron con el apoyo de la Comisión, ya sea en su totalidad o en parte. El Consejo incluyó muchas de las enmiendas, a veces, tengo que reconocer, con una ligera diferencia. Creo que hemos dando un gran paso adelante con la llegada de un texto que todas las instituciones comunitarias consideran aceptable. Reconozco que existe la necesidad de seguir trabajando aún para superar las diferencias que subsisten. La Comisión, por su parte, no puede aceptar la posición común del Consejo principalmente por dos motivos, a los que se ha hecho referencia aquí.
El Consejo desea reducir el presupuesto global para el programa quinquenal de 28, 5 millones de ecus a 27 millones de ecus. La Comisión considera esta medida inadmisible, habida cuenta de que la posición común presentada por el Consejo supone una ampliación considerable del alcance de la propuesta original. El Consejo quiere ampliar su alcance y al mismo tiempo reducir la dotación. Eso nos parece inadmisible. En segundo lugar, el Comité de gestión, organigrama propuesto por el Consejo, es inadecuado para un programa tan pequeño. La Comisión apoya la creación de un comité cuya única función sea la de asesorar, tanto por una cuestión de principios, como para evitar costes administrativos innecesarios. Mantengo esa opinión, a pesar de las decisiones adoptadas relativas a la estructura del Comité para los otros tres programas de salud aprobados recientemente por el procedimiento de codecisión.
Quisiera presentar a continuación la posición de la Comisión relativa a las 32 enmiendas presentadas por el ponente en la segunda lectura. Doce son aceptables para la Comisión, señor Burtone, en su totalidad o en parte. Éstas son las enmiendas 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 26, 27, 28 y 31. En cuanto a las enmiendas restantes, la Comisión no puede apoyar los proyectos de recomendación por motivos que expondré más adelante; se trata de las enmiendas 1, 2, 8, 11, 14 y 30 y las nuevas enmiendas 33 hasta 36. Estas escapan a los poderes de la Comunidad en virtud del artículo 129 o bien tratan sobre asuntos que entran en el ámbito de otros pilares del Tratado, tal y como Sir Jack Stewart-Clark viene observando desde hace cierto tiempo.
Enmienda 4: esta declaración está ya contemplada en el apartado 1 de la posición común y en la enmienda 6. Enmienda 5: la enmienda 7 describe los objetivos del programa de manera más detallada sin hacer referencia a los objetivos de una política sobre toxicomanías. Enmienda 6: la primera declaración es perfectamente aceptable puesto que confirma el enfoque que la salud pública hace de esta lacra, pero la segunda parte queda fuera de los poderes comunitarios en virtud del artículo 129. La enmienda 9 ya está contemplada en la enmienda 7. Enmienda 13: el contenido de esta enmienda está incluido en la enmienda 15 que la Comisión encuentra aceptable. Enmienda 18: las funciones del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías están contempladas en el Reglamento constitutivo y no pueden ser modificadas mediante el presente programa. Enmiendas 19, 20 y 21: ya he subrayado cual es la posición de la Comisión relativa a la naturaleza del Comité previsto en el artículo 5 de la decisión propuesta. Además, deseo señalar que las enmiendas 19 y 21 no se ajustan a las decisiones adoptadas por los tres programas en materia de salud que fueron adoptados a comienzos del presente año. Enmiendas 22 y 37: las actividades previstas en dichas enmiendas no se ajustan al principio de subsidiaridad y sobrepasarían las posibilidades presupuestarias del programa. Enmienda 23: la Comisión estaba a favor de la evaluación y el intercambio de experiencias en los ámbitos mencionados en la enmienda y este aspecto ha sido incluido en la posición común. Enmienda 24: la Comisión considera que estas actividades ya están incluidas en la posición común bajo las disposiciones genéricas. Enmienda 25: la primera parte de la enmienda ya está contemplada en la posición común, mientras que la segunda parte, relativa a la organización de servicios sociales y en materia de salud, es asunto que compete a las autoridades nacionales. Enmienda 29: la prevención de la toxicomanía y los riesgos relacionados con el apoyo de las actividades de los organismos competentes es el principal objetivo del programa, aspecto en el que ya se hace hincapié en el texto del Consejo. Enmienda 32: la organización de una Conferencia europea no es indicada, habida cuenta de que ya se celebró una Conferencia europea sobre toxicomanías que fue coordinada y coorganizada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión el pasado mes de diciembre, e incluyó unas jornadas sobre medidas y actividades de prevención. Tras haber repasado las distintas enmiendas presentadas, quisiera expresar, una vez más, mi agradecimiento por la labor de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
El informe de la Comisión sobre la evaluación de la Semana europea de prevención de la toxicomanía en 1994, que ha sido presentado recientemente al Parlamento, confirma el interés de aquellos que participan en la gestión diaria de los problemas relacionados con las toxicomanías y que trabajan en cooperación a nivel europeo. Espero que la adopción del presente programa pueda, llegado el momento, apoyar, relanzar y servir de catalizador de los esfuerzos comunes para prevenir la toxicomanía y ayudar a los toxicómanos.

Burtone
Señor Presidente, voy intervenir brevemente para agradecer el esfuerzo que el Comisario ha realizado para acercar la posición de la Comisión a la del Parlamento. Sin embargo, siguen existiendo notables diferencias con la Comisión y también con los que presentaron enmiendas en nombre del Grupo del PPE, que han trastocado el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.
Reitero: hemos seguido un camino coherente y un recorrido difícil. Así y todo, hemos intentado dar una respuesta a un problema dramático como es el de la toxicomanía en Europa. Hemos manifestado claramente que estamos en contra de cualquier forma de liberalización o de legalización de la droga, pero, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente cualquier clase de incriminación. En efecto, el joven toxicómano no debe ser marginado, sino recuperado a través de todos los medios e instrumentos posibles. Por lo tanto, señor Presidente, repito que es importante un plan de prevención primaria, un plan para intentar reducir la demanda de estupefacientes en nuestra Comunidad, sin embargo, y al mismo tiempo, esto podría resultar, mejor dicho, resultaría insuficiente si después no se emprendiera el camino de la recuperación, del tratamiento, de la rehabilitación y de la reinserción del toxicómano en la sociedad. Éstas son las líneas que hemos puesto en evidencia en el difícil debate que hemos llevado a cabo en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, posteriormente, en el Pleno. Hay quien, aunque de buena fe, no ha entendido nuestra posición, pero también hay quien, de mala fe, está intentando por todos los medios posibles malograr un trabajo cuyo objetivo es luchar seriamente contra el fenómeno de la drogodependencia en Europa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Votaciones
Pompidou
Señora Presidenta, desearíamos que las enmiendas 5 y 6 se votaran por separado.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, tenía la impresión de que habíamos acordado que si queríamos votar algo por separado, lo anunciaríamos de antemano. Por supuesto, estoy de acuerdo con el Sr. Pompidou, pero quiero que se siga una línea estricta, pues de otro modo no podremos seguir adelante.

El Presidente
Señora Oomen-Ruijten, tiene usted toda la razón, en el caso de que haya una recomendación de la comisión competente. Esa es la razón por la que precisé inicialmente que no había ninguna recomendación de la comisión competente en relación con esas enmiendas. Por tanto, no hay problema.

Pompidou
Siento intervenir de nuevo, señora Presidenta, pero también queremos que la 22 y la 23 se voten por separado.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Oomen-Ruijten
La nº 16 por separado, señora Presidenta.

El Presidente
Señora Oomen-Ruijten, en este caso, la comisión competente recomendó la votación en bloque de las enmiendas 12, 16, 19, 21. Además, su solicitud de votación por separado no parece habernos llegado en los plazos previstos por el artículo 116 del Reglamento. Comprenda usted el apuro en que me pone.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, miro hacia atrás, y si no me equivoco, la semana pasada ya se elaboró una lista de cómo votaríamos, y si estoy bien informada -pero veo que la colaboradora en cuestión no está presenteha llegado a la secretaría. Eso es lo que hemos hecho exactamente, señora Presidenta.

El Presidente
Señora Oomen-Ruijten, como usted pudo comprobarlo esta mañana, inauguramos un sistema, digamos, un poco más severo y estricto que de costumbre. Considero que es preciso ser pragmático y es necesario tratar de aplicar estrictamente ese sistema, autorizándose, con todo, una cierta flexibilidad, ya que no somos máquinas de votar. Por esta razón, voy a separar la enmienda 16.
Señor Anastassopoulos, cuando usted presida, tendrá toda la posibilidad de aplicar la rigidez que desee.

Pompidou
Por razones de equidad, señora Presidenta, si se separa la 16, pedimos que se haga lo mismo con la 19 y la 21.

El Presidente
Señor Pompidou, ¡se aprovecha usted sin ambages de la situación!

Pompidou
No, señora Presidenta, se trata de una cuestión de equidad.

El Presidente
Estoy segura, señor Pompidou, que renuncia usted a esta solicitud, que la hizo para introducir una pequeña nota de humor en esta votación.

Pompidou
No, señora Presidenta, mi Grupo me apoya. No soy el único que puede decidir si se renuncia a esta solicitud.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Soulier
Señora Presidenta, quisiera decir unas palabras sobre ese punto ya que presenté de nuevo el cuadro que, lamentablemente, por cerca de un voto, no obtuvo la adhesión de la Comisión. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que habiendo aprobado el texto anterior, entraremos en contradicción si no votamos la enmienda que propongo. Ayer, el Comisario Papoutsis, que estaba aquí presente, mostró en efecto la coherencia que existe entre el texto que acabamos de votar y el cuadro que propongo. Por ello, pido que se vote en favor de mi enmienda, tanto más cuanto que tendremos, tanto la Comisión como el Parlamento, que lograr convencer el Consejo.

Lange
Señora Presidenta, yo intervendré a favor de la propuesta. A mi parecer, no existe ninguna contradicción. La comisión aprobó la tabla por unanimidad, porque en ella se hacía claramente hincapié en determinados aspectos centrales, con mayor claridad tal vez que en el redactado un poco más amplio del texto. No obstante, como ya he señalado, no existe ninguna contradicción entre una y otro y la comisión aprobó la tabla por unanimidad.

El Presidente
Gracias, Señoría. Ahora la Asamblea posee los elementos suficientes para votar con todo conocimiento de causa.
Después de la aprobación de la parte correspondiente al «cuadro» de la enmienda 27

Lange
Señora Presidenta, yo me refería obviamente a la tabla aprobada en comisión y no a la propuesta por el Sr. Soulier y el Grupo del Partido Popular Europeo. Esto es absolutamente evidente, puesto que la comisión presentó y aprobó dicha tabla y no la del PPE. Por lo tanto, yo le ruego que repita la votación, habida cuenta de que mi intervención parece haber dado lugar a una cierta confusión. En resumen, vuelvo a aclararlo: ¡la tabla que propone la comisión es distinta de la tabla del PPE!

El Presidente
Señor Lange, creo que, efectivamente, hay ahí una confusión. Por mi parte pienso haber sido muy clara. Presenté a votación la enmienda 27 del Grupo del Partido Popular Europeo. El ponente me pidió entonces la palabra para explicar por qué recomendaba esa enmienda y por qué la había presentado. Usted intervino dando la impresión que le apoyaba, pero eso es asunto suyo. Esta enmienda ha sido sometida a votación y precisé muy bien de qué enmienda se trataba.
No volveremos a hacer esta votación. No sería correcto. Creo que todo ha sido muy claro.

Dankert
Quisiera hacer una protesta. En efecto, es normal que un ponente intervenga en nombre de la comisión. Ahora bien, en este caso, fuimos inducidos a error por la muy sencilla razón de que el ponente no habló en nombre de su comisión, sino en nombre de su Grupo. Eso no es de ninguna manera normal.

El Presidente
Señor Dankert, he escuchado atentamente al ponente, con mayor razón cuanto que se expresaba en mi lengua y, por tanto, no hay error de interpretación posible. Yo no escuché al Sr. Soulier evocar al Grupo del Partido Popular Europeo. Realmente estuve muy atenta y se lo digo con toda sencillez. No repetiremos esta votación, no sería correcto. Las cosas estuvieron muy claras.

Desama
Señora Presidenta, sólo quisiera decir lo siguiente, El Sr. Soulier consideró que debía representar, en su calidad de ponente, la enmienda 27, que había sido presentada por su partido, teniendo precisamente en cuenta las conclusiones del debate que tuvimos esta semana -un debate sirve a veces para algo- y las respuestas del Comisario Papoutsis.
En función de ello, era, pues, preferible apoyar la enmienda 27 del Sr. Soulier, mas que conservar la enmienda 26 de nuestra Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Tranquilizo a los miembros de mi Grupo, las cosas se hicieron con toda normalidad.

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Bloch von Blottnitz
Señora Presidenta, el hemiciclo está vacío y a mis espaldas se oye un enorme alboroto, pero a pesar de todo me congratulo de que la Asamblea haya aceptado mi propuesta y hayamos aprobado las medidas legislativas relativas al Programa SAVE. Yo quisiera instar encarecidamente a la Comisión a plegarse en este caso a la resolución del Parlamento, puesto que, como hemos podido comprobar, sin medidas legislativas no se consigue ningún progreso visible en la reducción del CO2 o en la eficiencia energética. No se ha conseguido ningún progreso en relación con el Programa THERMIE, cuya aplicación fue obstaculizada por el Consejo y que de hecho era un programa en favor de las energías renovables. Contradiciendo sus altisonantes declaraciones políticas en todas partes del mundo y a pesar de haber suscrito la Declaración de Río y la Declaración de Berlín, el Consejo bloquea la aplicación del único programa que se ocupa de las energías renovables, o sea el Programa THERMIE II.
Es particularmente importante que el Parlamento se ocupe de su transposición y obligue al Consejo y a la Comisión a traducir por fin sus palabras en hechos. ¡De lo contrario, la Unión Europea acabará convirtiéndose en un verdadero hazmerreír! ¡No quisiera decir que somos unos embusteros, pero la verdad es no se está haciendo nada! Se proclama por todos lados que necesitamos mejorar la eficiencia energética, que es preciso reducir las emisiones de CO2 , ¡pero no se hace nada! ¡Todo se queda en palabras vacías! La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía incluyó por este motivo el elemento legislativo en el Programa SAVE II. Mi recomendación al Consejo y a la Comisión es una vez más que harán bien en adoptar la posición de la comisión. ¡De lo contrario, plantearemos dificultades por la vía presupuestaria!

Rovsing
La presente propuesta de decisión del Consejo se refiere a un ámbito especialmente importante para los Estados miembros de la Unión, tanto desde el punto de vista económico y medioambiental como desde el punto de vista del suministro, es decir, del fomento de la eficiencia energética. Debería ser evidente que, al aumentar la eficiencia energética, los Estados miembros podrán reducir su consumo, aprovechar mejor una serie de fuentes de energía no renovable, reducir su dependencia respecto de las importaciones de energía y reducir las emisiones de CO2 , principal causante del efecto invernadero.
Por lo tanto, es de vital importancia renovar la aplicación del programa SAVE durante otros cinco años para garantizar un aprovechamiento más racional de nuestros escasos recursos energéticos. El importe previsto para SAVE II, 150 millones de ecus, supone un incremento importante de la modesta dotación asignada a SAVE I, que fue de sólo 35 millones de ecus. No obstante, la ponente tiene razón al señalar que es necesario establecer disposiciones jurídicas vinculantes en los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la aplicación de SAVE II, cuya finalidad es reducir el consumo energético. No tiene sentido rechazar una legislación en este ámbito apelando al principio de subsidiaridad, dado el carácter transfronterizo que presentan los problemas del CO2 .
Por el mismo motivo, opino -conforme a los objetivos del programa SYNERGY- que la UE debe poner a disposición de los países en vías de desarrollo toda la experiencia y todos los datos útiles sobre un aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos recopilados en el marco del programa SAVE, teniendo en cuenta que se prevé un aumento explosivo de su consumo de combustibles fósiles de aquí al año 2020, lo que supondrá un aumento considerable de las emisiones totales de CO2 .
Recomendación para la segunda lectura von Wogau
Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Theorin y Wibe
Damos por sentado que el programa Aduana 2000 tiene como meta llegar a un acuerdo a nivel comunitario sobre los criterios necesarios para la configuración de las normas mínimas relativas a los controles que se deban efectuar.
Puesto que en los Estados miembros existen actualmente unas legislaciones divergentes dentro del ámbito del control de armas y de narcóticos, no vemos que se pueda llevar a cabo una interpretación única de las competencias que deben tener las autoridades aduaneras.
En nuestra opinión, cada Estado miembro debe poder adoptar decisiones sobre la amplitud de los controles a efectuar en sus fronteras con otros países de la UE.

Berthu
Durante nuestra intervención en primera lectura sobre el programa de acción de la Comunidad en materia aduanera, nos habíamos felicitado por esta iniciativa destinada a coordinar mejor los controles de las aduanas nacionales en las fronteras exteriores de la Unión, pero al mismo tiempo, nos preocupamos por las orientaciones del Parlamento Europeo: sus enmiendas tendían, en efecto, a «comunitarizar» las aduanas nacionales y a promover el objetivo de un «mercado doméstico» todavía más unificado que el mercado interior actual, el cual prácticamente retiraría a las naciones todo margen de maniobra en relación con su legislación.
Por tanto, hoy nos alegramos, en segunda lectura, de ver que entretanto el Consejo ha seguido la misma línea que nosotros y ha rechazado las enmiendas más controvertibles del Parlamento. Para marcar bien su intención, incluso desbautizó el programa, ya que no tiende más a la «aduana comunitaria» sino solamente «a la acción comunitaria en el ámbito aduanero», lo que nos parece perfecto.
Como era de esperarse, el Parlamento Europeo volvió a la carga, a través de enmiendas que mi Grupo no votó. En efecto, consideramos que las Comunidades Europeas, bajo la presión de Grupos federalistas como los de nuestra Asamblea, sigue sistemáticamente la mala dirección: primero, desmantelamos los controles de mercancías en las fronteras interiores sin incluso haber armonizado los controles en las fronteras exteriores, error que pagamos muy caro.
Ahora, con el pretexto de mejorar los controles exteriores, se nos propone tender hacia la «comunitarización». Es otro error. Por tres razones. Una razón de principio: cada Estado miembro debe conservar sus aduanas, que asumen también misiones propiamente nacionales, incluida, por lo demás, la aplicación de eventuales cláusulas de salvaguardia (recordemos, a este propósito, las lecciones de la «vaca loca»); una razón de eficacia: pensamos, aquí como en otros lugares, que vale más apoyarse en las administraciones nacionales antiguas que funcionan, en lugar de crear estructuras europeas nuevas (preferimos la asociación a la fusión); una razón de oportunidad, si fuese aún necesario añadir otro argumento: teniendo en cuenta las ideas librecambistas dominantes, nada nos garantiza que renunciando una vez más a nuestros instrumentos de defensa aduanera en beneficio de las Comunidades Europeas, los controles se volverían más severos, lo que es, precisamente, necesario.

Fayot
Apruebo la insistencia que manifiesta el Parlamento Europeo en dar más fuerza y nervio al programa comunitario «Aduana 2000» ante los titubeos del colegislador, el Consejo.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial quiere de este modo intensificar la lucha contra el fraude mediante unas aduanas armonizadas y reforzadas. Ante los países terceros se precisa, a tarifa común, aduanas comunes. Ello significa la imposición de principios estrictos en todas las aduanas, y no principios que varían de un Estado miembro a otro.
Un programa de esta índole puede estimular a la Unión Europea a seguir esta vía, pero evidentemente será necesario dar muestras de seriedad en la ejecución del programa, y en particular en los controles. Cada Estado debe dotar sus aduanas con los medios técnicos y humanos necesarios responder a esta tarea.
Insisto de manera particular en la importancia de una formación continua de alto nivel que venga a añadirse a la formación inicial que recibe cada agente aduanero en su país de origen. Esta formación continua, que se hará en una academia europea de aduanas, será una ventaja esencial para los agentes aduaneros europeos que trabajan en las fronteras exteriores y se dedican a la lucha contra el fraude.

Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling (V), Eriksson, Sjöstedt (GUE/NGL), Lindqvist (ELDR), Lis Jensen, Bonde y Sandbæk (EDN)
Hemos votado en contra de casi todas las enmiendas al programa de acción «Aduana 2000», ya que opinamos que no respetan la soberanía de los Estados miembros. Los Estados miembros deben estar capacitados para seguir decidiendo de qué forma quieren controlar sus fronteras, formar a su personal, etc.
La legislación de los distintos Estados miembros sobre la importación de determinadas mercancías como drogas y armas es heterogénea. Creemos que debe seguir así en el futuro y no vemos ningún motivo para armonizarla.

Reding
El Parlamento Europeo ha aprobado en segunda lectura su decisión definitiva en relación con el programa de acción «Aduana 2000». Yo espero que el Consejo de ministros acepte a continuación las siguientes importantes propuestas del Parlamento:
1) El proyecto de una autoridad aduanera europea debe ser un objetivo a largo plazo de la política de la Unión Europea.
2) A corto y medio plazo será preciso definir unos criterios y métodos de trabajo comunes para las autoridades aduaneras nacionales, promover el intercambio entre las administraciones aduaneras nacionales y crear una academia comunitaria de formación aduanera dedicada a completar la formación de todos los agentes de aduanas.
3) Para hacer frente a los problemas relativos al sistema de tránsito, es preciso mejorar los medios de control a escala europea. Es igualmente imperativo el establecimiento de una red eficaz de tratamiento de datos, así como la automatización de todos los servicios de aduanas europeos. También es imprescindible promover que los países asociados de la Europa Central y Oriental, que participan activamente en el libre comercio internacional, intervengan en el control del tránsito de mercancías y facilitar su acceso al Programa Matthaeus.
Recomendación para la segunda lectura Burtone
Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Theorin, Waidelich y Wibe
El abuso de estupefacientes es una de las peores plagas a las que se enfrenta Europa. Por ello es asimismo de una importancia vital que se escojan cuidadosamente las estrategias a emplear contra los narcóticos. En mi opinión, la propuesta presentada en el informe Burtone se concentra excesivamente en las medidas para reducir los daños causados por el abuso ya iniciado. En nuestra opinión, la acción comienza demasidado tarde. Debe hacerse mayor hincapié en las iniciativas preventivas y profilácticas, sobre todo dirigidas a la población joven. Sabemos que cuantos menos jóvenes prueban la droga, menos acaban más tarde abusando de ella.
Naturalmente, deben combinarse las acciones preventivas con una amplia rehabilitación, cuya idea principal debe ser la de hacer que el drogodependiente deje de serlo y se integre de nuevo en la sociedad.
También pensamos que es erróneo diferenciar entre la droga blanda y la dura, y entre uso y abuso. Surgirán invariablemente problemas a la hora de definir dónde termina una cosa y comienza la otra, y esta indecisión a la hora de definir lo que aceptamos y lo que no transmite unas señales poco claras a nuestros niños y jóvenes.
Una política preventiva en materia de droga es el camino que debemos elegir conjuntamente para poder luchar con eficacia contra ella. La aceptación y un nivel de tolerancia mayor tienen el efecto contrario. La cuestión del abuso de estupefacientes se basa en el fondo en los principios de la democracia y de los derechos humanos: Cada mujer u hombre deben tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Una persona drogodependiente nunca puede ser libre.

Caudron
El informe que nos propone nuestro compañero el Sr. Burtone ha debido retomar, de nuevo, un buen número de enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo durante la primera lectura, ya que el Consejo olvidó deliberadamente nuestras propuestas y modificó el espíritu de la respuesta modificada de la Comisión.
Es sumamente lamentable que el Consejo no tenga un punto de vista adaptado a la extensión del problema de la toxicomanía y a su indispensable prevención.
Al igual que el ponente, creo que la «mera represión» no es un buen medio para lograr parar la plaga que constituye la toma de sustancias estupefacientes y que la represión debe recaer esencialmente sobre los proveedores, los comerciantes de estos productos, y más aún sobre los que utilizan la red de la droga con fines financieros. La lucha debe ser implacable contra los traficantes, esos mercaderes de la muerte, y contra los adeptos al lavado del dinero de la droga, rapaces de la muerte organizada.
En cambio, ha de salvarse y hacerse cargo de los toxicómanos, quienes han de beneficiar de una política de prevención lo más amplia posible que, ciertamente, ha de pasar por un verdadero programa de salud europeo, pero también por otras políticas comunitarias.
Es preciso que el Consejo acepte las cooperaciones que es preciso establecer. Es preciso que el Consejo considere a los toxicómanos como seres en peligro de naufragio, a los que es preciso devolver al seno de la sociedad, y no como delincuentes.
Por lo tanto, (este objetivo es un trabajo a largo plazo), en primer lugar es preciso dar a los toxicómanos los medios de evitar la propagación de los riesgos relacionados con el consumo de drogas. No podremos substraerlos a la dependencia de la noche a la mañana. Asimismo, paralelamente a la mera prevención, que permite evitar el uso de drogas, es preciso preservar a los toxicómanos de los riesgos mucho más grandes a los que están expuestos.
Por ello, apoyo el informe del Sr. Burtone, al que debemos aprobar en una gran mayoría.
Espero que la Comisión apoyará nuestro punto de vista.
Pido al Consejo más realismo y más voluntad a la hora de poner en práctica este programa. Su credibilidad está en juego.

Cars
Lo que me causa intranquilidad y preocupa en gran medida a la mayoría de ciudadanos suecos y a otros europeos es la dirección adoptada con las enmiendas del Sr. Burtone y de la comisión pertinente.
Verdaderamente es importante ayudar a los drogodependientes. Pero es igualmente importante impedir que los jóvenes y otras personas se vean arrastrados al infierno de la droga. Esto exige unas señales claras por parte de los Estados europeos.
Si el Parlamento Europeo aprueba el informe Burtone transmitiría una señal muy distinta -una señal que podría llevarnos a que muchos más jóvenes europeos se vieran arrastrados a la desesperación, la prostitución y el crimen.
Lo que necesitamos en Europa no son concesiones en materia de política de drogas, sino unas medidas poderosas por parte de gobiernos, parlamentos y organizaciones de voluntarios, para con ello poder castigar a los que extraen provecho del tráfico y hacer que el uso de la droga se reduzca, con el fin de liberar nuestro continente del abuso esclavizante de estupefacientes.
En consecuencia, he votado en contra del informe Burtone en todo lo esencial.

Dybkjær
He decidido no votar a favor del informe relativo a la prevención de la toxicomanía, pero esto no significa que no apoye esa prevención. Lo hago, y mucho. Ahora bien, la prevención, como contrapunto de la lucha contra este grave problema, es un tema que puede tratarse de forma más adecuada a escala nacional. Cada Estado es el que mejor puede juzgar qué política y qué medios darán los mejores resultados, teniendo en cuenta las condiciones del país y sus normas culturales. Una estrategia comunitaria común no sería la solución óptima para prevenir el problema de la toxicomanía, y las perspectivas de alcanzar un acuerdo sobre un tema como este no son muy buenas, a juzgar por las diferencias que se observan entre las distintas intervenciones.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
El informe Barton ha sido anteriormente causa de unas intensas divergencias entre una mayoría liberalizadora en materia de estupefacientes, y la mayor parte de los diputados suecos. En la propuesta que ahora se adopta han desaparecido una parte de las propuestas de signo liberalizador. Además se deja claro que «no es oportuno establecer un límite preciso entre drogas blandas y drogas duras». ¿Significa esto que la labor de información llevada a cabo por los diputados suecos ha surtido efecto? Esto es posible, y en tal caso, también esperanzador.
Pero el informe sigue conteniendo unos aspectos que el partido de los Verdes no puede respaldar:
El partido de los Verdes no puede aceptar la estrategia de «reducción del daño», puesto que esta expresión se ha convertido en el lema de la política liberalizadora en cuanto a la droga.-El partido de los Verdes no puede aceptar que se inicie el programa reconociendo que «una sociedad completamente libre de las drogas constituye una visión utópica». Calificar, ya desde el principio, el objetivo principal de «utópico» equivale a una rebaja inaceptable de nuestras ambiciones.-El partido de los Verdes no puede aceptar que la política en torno a los estupefacientes se convierta en competencia de la UE, puesto que esto abre la posibilidad de que entre en vigor una legislación en materia de droga que será común, y aprobada mediante decisiones adoptadas por mayoría.-Finalmente, pensamos que deben restablecerse los controles fronterizos, si un país cualquiera de la UE los considera como instrumentos eficaces contra el tráfico ilegal de narcóticos.
Novo
La lucha contra la toxicomanía, en particular mediante la incentivación de la cooperación entre los Estados miembros, el apoyo a sus acciones y la promoción y coordinación de sus políticas, que son las bases del programa de acción comunitaria de prevención del flagelo de la droga en el sector de la salud pública, merece nuestra conformidad.
Todo cuanto promueva la información, la prevención y la educación, la profilaxis y el tratamiento, ya sea en los sectores de edad más jóvenes (donde las incitaciones al consumo se dan cada vez más temprano) o en el ámbito familiar, escolar o profesional o en acciones destinadas a las poblaciones de riesgo (entre las cuales la reclusa) o destinadas a la opinión pública en general, puede contar con nuestro apoyo y aprobación.
Pero no nos hacemos ilusiones de que, con vistas al éxito de este programa, se apliquen otras políticas necesarias de forma coordinada, entre las cuales las encaminadas a castigar el blanqueo de capitales y la reducción de las causas profundas de la exclusión y de la inestabilidad social y del desempleo que crean, en conjunto, vulnerabilidades y propician la aproximación al consumo de droga.
Lamentamos también que los fondos asignados por el Consejo para este programa (27 millones de ecus, es decir, cerca de cinco mil millones de escudos para cinco años) sean inferiores a los propuestos y muy inferiores a los deseables. En la lucha contra la droga cometeremos un grave error, si comenzamos a admitir la idea de que es «una guerra perdida» y, por cuestiones hipócritamente economicistas, no vale la pena invertir los medios conmensurables con la dimensión de este flagelo. Al contrario, sólo si contamos con una fuerte voluntad política y medios importantes con vistas a abordar el problema en todas sus vertientes, conseguiremos circunscribir y reducir la toxicomanía.

Rovsing
El consumo de distintos tipos de estupefacientes, incluyendo las llamadas drogas duras, como la heroína y la cocaína, ha adquirido dimensiones dramáticas durante los últimos 20 años. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos ciudadanos de la Unión consideren actualmente la toxicomanía como uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Por este motivo, no cabe duda de que este problema transfronterizo ha de solucionarse mediante una combinación de medidas nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta lo expuesto, hay que dar la bienvenida a la propuesta de la Comisión para la adopción de un programa de acción relativo a la prevención de la toxicomanía.
En el informe elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se indican una serie de medidas complementarias, entre las cuales figuran propuestas para fomentar el intercambio de información entre los Estados miembros, la concesión de ayuda para campañas de información y para actividades de las asociaciones de voluntariado, así como una propuesta para la elaboración de una estrategia de lucha contra la toxicomanía a escala internacional basada en una investigación de la legislación de cada país en el ámbito de los estupefacientes. Apoyo plenamente estas propuestas para mejorar el programa de acción comunitario.
Recomendación para la segunda lectura Castricum
Blot
El proyecto de la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de gran velocidad es un buen proyecto. Pero sólo adquiere sentido si va acompañado de un plan financiero mediante el que Europa complemente los esfuerzos de los Estados miembros. Es preciso aplicar el principio de subsidiaridad, y, muy a menudo, la Unión Europea interviene de manera ilegítima en los asuntos que normalmente incumben al ámbito de los Estados miembros. Sin embargo aquí, ámbito transfronterizo por excelencia, es sorprendente que la Unión Europea no prevea un compromiso financiero importante.
Si tomo el ejemplo del TGV Este, París-Estrasburgo-Munich-Viena-Budapest, es preciso, además de los esfuerzos de los Estados miembros, que las Comunidades Europeas intervengan financieramente en el proyecto. La Unión Europea debería volver a centrar de nuevo sus acciones en lo que es realmente transfronterizo. Globalmente, este nuevo enfoque no aumentaría los gastos, sino más bien los reduciría. Deseo que un informe financiero complemente algún día el presente informe. Me parece una medida de toda urgencia.
Recomendación para la segunda lectura Cornelissen
Blak
Es necesario mejorar los sistemas de seguridad del transporte de mercancías peligrosas. Las modificaciones se han realizado teniendo presente el accidente ferroviario de la estación de Næstved, donde, tres años después, sigue habiendo problemas con las filtraciones de sustancias tóxicas. Quiero expresar mi satisfacción por el trabajo realizado con este informe para reforzar el rigor de las normas y, por consiguiente, lo apoyo.
Informe Soulier
Rovsing
La presente propuesta de reglamento relativa al programa SYNERGY constituye, en todos los sentidos, una contribución positiva a la solución de una serie de problemas medioambientales, de desarrollo y de suministro de energía a escala internacional. Por consiguiente, no cabe duda sobre la necesidad de renovar otros cinco años la aplicación de este programa, que se inició hace otros tantos.
El consumo mundial de energía está en alza, especialmente en los países en desarrollo. Según cálculos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), estos países, que en 1990 representaban el 75 % de la población mundial y sólo el 25 % del consumo de energía, representarán en el 2010 el 80 % de la población mundial y el 40 % del consumo de energía. El aumento del consumo se plasmará, desgraciadamente, en un aumento del uso de combustibles fósiles, que a su vez generará un aumento de las emisiones atmosféricas de CO2 . Para contrarrestar en lo posible esta evolución, es sumamente importante que la Unión continúe e intensifique la transferencia de conocimientos y experiencia en el ámbito energético a los países en desarrollo. La Unión debe poner todos los datos reunidos en el marco del programa comunitario SAVE II a disposición de estos países.
Informe Soltwedel-Schäfer
Antony
Señora Presidenta el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer tiene gran cantidad de observaciones y propuestas tanto sensatas como de buena voluntad. Sin embargo, algunos puntos son inaceptables.
En primer lugar, la uniformidad, incluso parcial, de los sistemas de protección social de los Estados miembros (con el fin de armonizar las cantidades de reembolso de los medicamentos) está, en nuestra opinión, totalmente excluida.
En segundo lugar, es preciso ser prudente en la promoción de los medicamentos llamados genéricos. Este tipo de medicamentos no debe perjudicar a los laboratorios que crean productos fundamentales, que provienen de investigaciones más largas que su duración de explotación, investigaciones sumamente costosas, en comparación con los gastos de publicidad realizada únicamente entre el cuerpo médico -recordémoslo- parecen ampliamente exagerados por el ponente.
En tercer lugar, la exaltación que se hace de la automedicación nos inspira la mayor desconfianza. Es la puerta abierta a todos los abusos y a todos los peligros. No olvidemos nunca que los medicamentos son un producto activo, que es preciso manejar con prudencia. Por tanto, nunca hay que perder de vista el papel esencial del farmacéutico ni del médico a nivel de la información y el control y no tratar de sacrificarlo en aras de malas razones económicas. Lo que debe primar en la materia, es la salud pública.
Por último, y no por ello menos importante, lamentamos la imprecisión del término «ética», que, sin embargo, se menciona a menudo en este informe: es el vocablo utilizado por la nueva lengua de lo «políticamente correcto» para evitar la necesaria sumisión del medicamento a los principios de la moral natural y cristiana.
A pesar de estas importantes reservas, hemos votado en favor de este informe.

Chanterie
Las directrices comunes en materia de política industrial con respecto a la industria farmacéutica han de tener en cuenta el hecho de que el comercio de medicamentos no tiene lugar en condiciones de mercado normales. No es una mano invisible la que crea la demanda, la oferta y el precio. Son los representantes de grupos de presión y las administraciones quienes fijan en gran medida la venta, el consumo y las ganancias. Esto acarrea varias consecuencias. Piénsese en las ganancias excepcionales, los precios artificiales, los enormes gastos en publicidad, las fusiones a gran escala, etc. Por supuesto, esto también tiene que ver con los enormes gastos de investigación y desarrollo, el empleo, la competencia y las características especiales de los medicamentos. A fin de cuentas, »pharmacon» significa a la vez medicamento y veneno, saludable y mortal. Es natural que este tipo de mercancías no puedan adquirirse libremente y sin control. Asimismo es comprensible que el Estado, las mutuas, las asociaciones de pacientes, los sindicatos médicos, los centros universitarios y el sector farmacéutico se inmiscuyan todos con la creación y distribución de medicamentos.
La contribución de la Unión Europea, y concretamente del Parlamento Europeo, se enmarca tanto en la política de salud pública como en la política industrial. Las líneas de acción de una política como ésta pueden resumirse del siguiente modo. Por una parte, la racionalización de la producción, entre otras cosas, limitando los presupuestos de publicidad y combatiendo la fragmentación. Por otra parte, la reorientación de la innovación, prestando atención sobre todo a las verdaderas innovaciones, los procedimientos de aprobación y las exigencias de registro de nuevos medicamentos, los derechos de propiedad y el suministro de medicamentos o terapias para enfermedades poco corrientes o todavía incurables. En conexión con esto se rompe una lanza a favor de la medicina preventiva e informativa, los medicamentos genéricos, los medicamentos a base de plantas y los productos homeopáticos, el uso racional de medicamentos, el empaquetado uniforme de los medicamentos, las pruebas alternativas, la automedicación, una política empresarial ecológica, la planificación a largo plazo, una política comercial responsable, un banco de datos europeo (concretamente el ECPHIN), y una comisión ética (en la EMEA), etc.
Como miembro de ambas comisiones consultivas, en principio estoy de acuerdo con el proyecto propuesto. Se trata de un compromiso sensato y equilibrado entre los diferentes intereses de la industria farmacéutica, la seguridad social, los institutos de investigación, los seguros de enfermedad, los médicos y las organizaciones de clientes o consumidores. Aunque sí quisiera abogar por una definición clara de las «innovaciones». Una innovación real es un medicamento nuevo, y por tanto no un medicamento ya existente que recibe una indicación complementaria ni tampoco un me too que aparece como derivado años después de la verdadera innovación. Una innovación real tiene que servir para curar o tratar enfermedades hasta entonces incurables o afecciones intratables, o ha de servir para ofrecer un tratamiento mejor de determinados males o ofrecer una mayor posibilidad de curación en comparación con los medicamentos existentes.
Con todo considero que este proyecto supone un paso en la buena dirección. La política farmacéutica ha de tener en cuenta la competitividad y la rentabilidad de la industria como tal (política industrial), pero también el empleo, la salud pública, el progreso médico y la seguridad social (política social). A mi entender, el proyecto que hemos de votar cumple la exigencia de una política farmacéutica responsable desde el punto de vista tanto industrial como social.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Aprobación de la gestión de los presupuestos
1991, 1992, 1993 y 1994
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0058/96 de la Sra. Kjer Hansen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión en lo que se refiere a la liquidación de cuentas del FEOGA para el ejercicio de 1991; -A4-0086/96 del Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM(95)0666) sobre las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones incluidas en la resolución que acompaña a la decisión de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas del ejercicio 1992; -A4-0097/96 del Sr. Samland, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM(95)0666) sobre las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones incluidas en las resoluciones que acompañan a las decisiones de aprobación de la gestión del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1993; -A4-0098/96 del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio de 1994; -A4-0089/96 del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión a la Comisión de la aprobación de la gestión de la CECA para el ejercicio 1994; -A4-0081/96 del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Salónica) en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1994; -A4-0082/96 del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo en lo que se refiere a la utilización de los créditos del ejercicio de 1994; -A4-0096/96 del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la denegación de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo durante el ejercicio 1994.
Blak
Señor Presidente, no me habría importado que mi atractiva colega danesa, Eva Kjer, hubiera intervenido antes que yo. Voy a hablar de la CECA y he de reconocer que me siento un poco decepcionado por la ausencia de la Comisión y por el hecho de que al Sr. Comisario no le parezca el asunto lo suficientemente importante para estar aquí durante este debate. Sé que su representante Fritz Brüchert es un hombre muy competente, pero me hubiera gustado contar con la presencia del Sr. Comisario para debatir un tema tan importante. Y es que vamos a hablar de 60.000 millones de coronas danesas.
El conjunto de cuentas de la CECA ha sido el único que se ha beneficiado de una declaración sobre la fiabilidad sin reservas, lo cual merece una felicitación. Ha existido una cooperación excelente entre el Parlamento, la Comisión de Control Presupuestario, el Tribunal de Cuentas y la Comisión, pero esto no quiere decir que no hayan surgido disparidades de criterios; todo lo contrario.
No obstante, para empezar, quiero felicitar a la Comisión por haber cerrado por fin el caso Bagnoli. He criticado durante cuatro años un asunto que data de diez años atrás. Se trata de las bonificaciones de interés, indebidamente pagadas, que los italianos no tenían intención de devolver. La Comisión ha logrado recuperar el dinero. Se trataba de un par de millones de coronas, pero esto es algo que los contribuyentes entienden: el dinero que se ha pagado indebidamente se devuelve. Deberíamos izar la bandera para celebrar que, por fin, el 11 de octubre de 1995, la Comisión haya podido solucionar este tema.
Me referiré ahora a algunas de las cuestiones que causan ciertos problemas, como los coeficientes de solvencia. Aprobamos una directiva en 1992 y ahora infringimos hasta la relativa a los coeficientes de solvencia. Esto quiere decir que nuestras inversiones son excesivas. Hay que dispersar los riesgos. El riesgo está distribuido entre un número de deudores cada vez más reducido, los cuales asumen cada uno una parte más grande del riesgo total. Hay once deudores cuya deuda pendiente rebasa el 25 % de los fondos propios de la CECA. El volumen total de los grandes riesgos rebasa en un 800 % los mismos fondos propios, lo cual quiere decir que los riesgos no están suficientemente dispersados. Corremos, por lo tanto, el riesgo de que surjan casos que nos causen repentinas pérdidas, y ahora me estoy anticipando a la aprobación de la gestión del próximo año, pero ¿qué pasará si nos vemos envueltos en una quiebra en relación con el túnel entre Francia y Inglaterra? En tal caso, la Unión perdería -agárrense- más de 10.000 millones de coronas danesas, y entonces sí que habría problemas. Esto quiere decir que, a pesar de que las cuentas cuadran, existen algunas deficiencias y las cuentas no son quizás tan buenas como deberían. Esta es una de las cosas que me preocupan y he solicitado una lista de los tipos de garantías que tenemos. La Comisión ha prometido facilitármela, pero aún no la he recibido.
Las especulaciones en obligaciones no han sido muy acertadas. Las cuentas que vamos a aprobar muestran una pérdida de 70 millones de ecus, repito: 70 millones, por no haberse vendido las obligaciones en el momento oportuno. Ahora hemos de esperar a que el mercado vuelva a subir para recuperar el dinero.
A continuación vamos a analizar otro problema, por ejemplo, el caso de París. Mi buen amigo John Tomlinson recordará la irregularidad que cometimos en París. Adquirimos un inmueble tan caro que parecía que habíamos comprado toda la ciudad. Este hecho se ha ocultado en las cuentas. Había que devolver a la CECA el 28 % de la inversión, es decir, 1, 68 millones de ecus, pero el reembolso no se ha efectuado. Esto quiere decir que se han manipulado las cifras, por lo que ruego a la Comisión que arregle la situación y que no intente seguir ocultando estas cifras. Se podría plantear la siguiente pregunta: ¿Se han manipulado también las cuentas de los inmuebles en los que se alojan nuestras 126 embajadas en todo el mundo? Esta es una de las cosas que intentaré investigar cuando aprobemos la gestión del próximo año.
Nos ocuparemos ahora de otro capítulo. Se trata del cierre de minas en el Reino Unido. El gobierno conservador solicitó préstamos a bajo interés, pero posteriormente se dio cuenta de que no los necesitaba y reembolsó el importe correspondiente. Ha recibido no sé cuántos millones de coronas en concepto de bonificaciones de interés y, según el servicio jurídico de la Comisión, no tenemos ninguna posibilidad de recobrarlas. En mi opinión no debemos atenernos, en este caso, al aspecto jurídico; hemos de situar la cuestión en el terreno político y llevar el Gobierno británico ante el Tribunal para decirle que nos hemos cansado de su falta de honradez. Insisto en que la Comisión debe tener el valor de dar un paso político para recuperar ese dinero.
Para finalizar, señor Presidente, quiero señalar que el Reino Unido ha recibido más del 50 % de los préstamos centrados en cuatro países. No podemos tolerarlo. Es interesante que sea el Gobierno británico el que los ha recibido. El Primer Ministro Major dirá, como las chicas de mala vida, que sin dinero duele. Le gusta nuestro dinero, pero no le gusta la Unión.

El Presidente
Tiene la palabra la Sra. Theato para una cuestión de orden.

Theato
Señor Presidente, no acabo de comprender por qué se ha cambiado el orden de presentación de los informes. He tenido noticia de que el Presidente en funciones del Consejo asistiría a nuestro debate y escucharía al menos los primeros informes. Yo le pregunto si tiene usted conocimiento de que el Presidente en funciones del Consejo acudirá a esta Cámara y, en caso afirmativo, si existe la garantía de que los informes, para cuya presentación consideramos particularmente importante contar con la presencia del Presidente del Consejo, podrán exponerse antes de que el Consejo haga uso de la palabra, esto es, que por lo menos los ponentes tendrán la oportunidad de intervenir previamente. Yo le agradecería que me lo confirme. Temo que desperdiciemos el tiempo si seguimos introduciendo cambios y que no nos sea posible cumplir el horario convenido.

El Presidente
Señora Theato, el orden se ha cambiado exclusivamente porque el Sr. Blak tenía un asunto urgente y no podía venir después. Todos los demás informes se presentarán según el orden previsto. El Consejo hará uso de la palabra, pero parece que está retrasándose a causa del diálogo tripartito que está teniendo lugar.
Tiene la palabra el Sr. Tomlinson para una cuestión de orden.

Tomlinson
Señor Presidente, a propósito de la pregunta que ha formulado la Sra. Theato, fue el propio Consejo el que fijó la hora en que debía celebrarse el diálogo a tres bandas. O sea, que el Consejo adquirió dos compromisos para la misma hora deliberadamente. Permanecer en otra sala manteniendo el diálogo a tres bandas mientras tiene lugar el debate sobre la aprobación de la gestión en esta Asamblea supone una conducta inadmisible. Si yo estuviera en su lugar, señor Presidente, le negaría el uso de la palabra al Consejo en nuestro debate sobre la aprobación de la gestión por haber adoptado la caprichosa actitud de adquirir dos compromisos para la misma hora. Fue el Consejo el que fijó el diálogo a tres bandas y el que determinó la hora en que debía celebrarse. El Consejo estimó que en este debate, que está basado en su recomendación, puede hacer acto de presencia cuando le parezca oportuno y pronunciar su discurso sin haber asistido al debate. Por ello espero, señor Presidente, que se plantee la posibilidad de negar el uso de la palabra al Consejo cuando éste haga acto de presencia por haber tratado a esta Asamblea con desprecio y desdén. Debemos hacer lo mismo.

Cornelissen
Señor Presidente, estoy perplejo de que estemos celebrando un debate sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos sin que esté presente la Comisión. Señor Presidente, ¿cómo puede esperarse que se tome en serio a un Parlamento que funciona de esta manera? Hace 25 años que soy diputado, señor Presidente, pero nunca me había ocurrido nada semejante. Mi pregunta concreta es si está usted dispuesto a tomar medidas para que la Comisión Europea esté presente aquí a nivel político sin más demora.

Müller
Señor Presidente, yo quiero adherirme a las observaciones de las oradoras y el orador que me han precedido e invitar, de hecho, a la Asamblea a abandonar el hemiciclo e interrumpir la sesión a partir de este momento, mientras no se comunique al Parlamento cuándo será posible proseguirla debidamente. Lo cierto es que no podemos continuar de este modo el debate sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos.

Ewing
Señor Presidente, sobre este mismo asunto. Me disponía precisamente a presentar una propuesta de aplazamiento, para la que cuento con el apoyo de un gran número de diputados de toda la Asamblea.

Wynn
Señor Presidente, vengo directamente de la sala en la que he asistido al diálogo a tres bandas, en la que tanto el Comisario Liikanen como el Presidente en ejercicio están siendo retenidos. Abandonamos la Asamblea a las 13.00 horas, al finalizar la votación, y nos dirigimos directamente a la sala donde se celebra el diálogo a tres bandas, pero su inicio fue aplazado unos 45 minutos para dar tiempo a la Presidencia para preparase. La forma en que la Presidencia ha intentado conducir la reunión durante las últimas dos horas ha sido absolutamente vergonzosa. No creo que la reunión pueda terminar antes de dos horas. No sé si la sala está reservada. He abandonado la reunión porque tengo dos informes en el orden del día. Pero usted tiene un problema, señor Presidente. Quizá alguien pueda obtener alguna información en la sala de la reunión sobre cuándo creen que terminarán. Dicha información sería de gran utilidad para los diputados.

El Presidente
Señor Wynn, Señorías, voy a suspender la sesión diez minutos. He mandado una persona a que pregunte si en estos diez minutos podremos contar con la presencia del Consejo y de la Comisión. Si la respuesta es que no pueden asegurar su presencia el Consejo y la Comisión terminados esos diez minutos, someteré a votación el que continuemos o no con el debate.
(La sesión, interrumpida a las 15.10 horas, se reanuda a las 15.20 horas)

El Presidente
Señorías, hemos entrado en contacto con la Comisión y con el Consejo. El señor Comisario ha tenido la gentileza de acudir inmediatamente. En cuanto al Consejo, nos dicen que están negociando un texto en este momento y que tardarán todavía un cuarto de hora. Por tanto, someto a votación la continuación del debate.
(El Parlamento decide continuar con el debate)

Tomlinson
Señor Presidente, advierto por adelantado que pobre del Consejo si acude aquí con la intención de impartir una lección durante media hora sobre un debate al que no ha asistido. Espero que usted se lo comunique con la suficiente claridad al Presidente en ejercicio antes de que entre en la Asamblea. Fuimos tratados con desdén en la comisión cuando el Consejo envió a un funcionario para que comunicara lo que, al fin y al cabo, es una recomendación política. En la comisión dejamos perfectamente claro que la conducta de la Presidencia era inadmisible. Hemos vuelto a ser tratados con desdén esta tarde, y no estamos dispuestos a aceptar un discurso sobre un debate al que el Consejo no ha tenido la cortesía de asistir. Espero que el representante del Consejo manifieste esta postura con toda claridad a la Presidencia antes de que ésta haga acto de presencia en la Asamblea. Nos ahorrará a algunos de nosotros la vergüenza de tener que volver a decírselo directamente al Consejo cuando llegue.

El Presidente
Gracias, señor Tomlinson. El Consejo tiene un distinguido representante aquí que, naturalmente, le hará conocer estos puntos de vista. Usted sabe que no me corresponde a mí censurar lo que el Consejo quiera decir en esta Asamblea, y recibirá las contestaciones que sean oportunas dentro de los términos reglamentarios. Doy, por tanto, la palabra a la Sra. Kjer Hansen para la presentación del informe del que es ponente.

Kjer Hansen
Señor Presidente, primero deseo dar las gracias a la Comisión, que ahora está debidamente representada, por la cooperación que hemos tenido, por haberme facilitado la información que he solicitado y por haber contestado con prontitud a mis preguntas sobre este tema. Quiero empezar diciendo que la mayor parte de las deficiencias del procedimiento de liquidación de cuentas se deben, en mi opinión, a la política agrícola, especialmente a su configuración. Esta es ahora tan compleja que una liquidación de cuentas eficaz requerirá una simplificación radical y la aprobación de una reforma de la política agrícola. Espero que este mensaje se tenga debidamente en cuenta en el debate sobre la futura política agrícola. También es un problema que los gastos agrícolas se paguen únicamente con cargo al presupuesto comunitario. Este procedimiento hace que los Estados miembros pierdan interés en detectar los posibles pagos indebidos. La Comisión y los Estados miembros no ven las cosas de la misma forma porque no comparten los gastos.
El procedimiento de liquidación de cuentas no es satisfactorio por muchos motivos. La Comisión no dispone de los recursos necesarios para garantizar la fiabilidad de la liquidación de cuentas. El grado de cobertura de la auditoría es mínimo en comparación con las transacciones realizadas. Hay sectores que pueden funcionar durante varios años sin ser objeto de ningún tipo de control. Los importes a recuperar parecen en muchos casos una conjetura. Sólo el 7 % de las correcciones del presupuesto para 1991 son correcciones específicas; el resto son las llamadas correcciones fijas, es decir, la Comisión estima o valora a tanto alzado los importes o el porcentaje a recuperar. Los Estados miembros suelen aceptar las correcciones, pero existe también una serie de casos de discrepancias que han sido llevadas ante el Tribunal. Por eso expreso mi satisfacción ante el nuevo órgano de conciliación que permitirá a los Estados miembros y a la Comisión resolver sus diferencias.
El verdadero problema del procedimiento de liquidación de cuentas es que lo que debería ser un procedimiento técnico, se ha convertido en un debate político. Los cálculos de la Comisión son objeto de una negociación entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Uno de los ejemplos más significativos es la producción de algodón en Grecia. La Comisión exigió primero una corrección del 25 % pero, después de negociar con el país interesado, se redujo al 10 %, con la condición de que se cumpliesen una serie de requisitos. Se pueden decir muchas cosas a favor o en contra de esta forma de negociar, pero el hecho es que no hay objetividad.
Otro ejemplo conocido es el caso de las cuotas lecheras. Aunque lo hemos debatido detenidamente, quiero recordar que la negociación y la presión política prevalecieron sobre el hecho de que se trataba de un importe abonado indebidamente. El caso terminó en un chanchullo político, y lo mejor que se puede decir al respecto es que los ciudadanos se enteraron de lo sucedido.
Las negociaciones que a menudo se entablan entre la Comisión y el Estado miembro determinan que falle a veces la seguridad jurídica. Existe el riesgo de que los Estados miembros no sean tratados por igual, ya sea con premeditación o por una discriminación fortuita. Algunos Estados miembros encuentran satisfactoria la llamada flexibilidad, opinan que puede ser interesante para ellos. Sin embargo, la idea que subyace tras la liquidación de cuentas es la de recuperar el gasto abonado indebidamente. El sistema tiene muchas deficiencias y la más importante es que no garantice ni intente garantizar que los importes recuperados en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas correspondan lo más objetivamente posible a las pérdidas reales sufridas por el presupuesto comunitario.
Recomiendo la aprobación de la gestión en este ámbito, no ya porque sea justo, sino porque es lo más natural, dado que ha sido aprobada con anterioridad. Para finalizar, quiero decir que más vale un procedimiento de liquidación de cuentas imperfecto que ningún procedimiento de este tipo, y espero que éste pueda servir de modelo a otros capítulos presupuestarios, como el de los Fondos estructurales.

Cornelissen
Señor Presidente, la aprobación de la gestión presupuestaria en la ejecución del presupuesto general de 1992 ha provocado un gran revuelo. Como es sabido, gracias a la postura clara y perseverante del Parlamento Europeo, se ha logrado que finalmente la Comisión Europea incluyera 1, 6 millardos de ecus en relación con la no aplicación de la cuota lechera en Italia y España; es decir, el Parlamento ha salvado al contribuyente de tener que pagar una factura de no menos de 1, 6 millardos de ecus. Quiero recordárselo a todo aquel que quiera oírlo, y especialmente a los euroescépticos. Quisiera preguntarle al Comisario qué cantidad se ha abonado de estos 1, 6 millardos de ecus.
En el debate sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos del año pasado quedaron por examinar algunas cuestiones. En primer lugar, la investigación sobre el fraude del tabaco en Grecia e Italia. ¿Es correcta la información que tengo de que concretamente en Grecia se está investigando poco? ¿Cuándo se informará al Parlamento Europeo de la probable envergadura del fraude y de las medidas adoptadas?
A continuación, la ejecución de un programa para comprar la cuota lechera sin que existiera una base legal para ello. La Comisión se desentiende con demasiada facilidad, al aducir que en 1995 se aprobó un fundamento legal con efecto retroactivo con el cual ahora se han legalizado 170 millones de ecus. ¿Comparte el Comisario mi opinión de que esta actuación no encaja en una gestión financiera responsable?
Por último, el hecho de que no se hayan reclamado a España los 170 millones de ecus para la no aplicación de la cuota lechera en 1989. En la posterior explicación, por la que deseo dar las gracias a la Comisión, se introduce el argumento de que no se reclamó este importe porque ningún Estado miembro había apelado ante el Tribunal de Justicia.
Señor Presidente, me parece un asunto grave. Significa que, para la Comisión, la aplicación del Tratado y del principio de igualdad depende de que uno o varios Estados miembros protesten. No puedo evitar pensar que, de este modo, la Comisión amenaza con convertirse en el recadero del Consejo de Ministros en lugar de ser la guardiana de los Tratados y protectora de los contribuyentes europeos. Me doy cuenta de que se trata de decisiones que fueron tomadas principalmente por la anterior Comisión, pero quiero que la actual Comisión me explique claramente la cuestión. La situación en torno a la financiación de la destrucción de terneras en los Países Bajos hipoteca la credibilidad de la política financiera de la Comisión. Sé que mañana la Comisión hará una declaración, pero quizás el Comisario del Presupuesto y Control Presupuestario pueda darnos ya una explicación de esta política financiera oscilante.
Señor Presidente, aclararé este punto. Un día el Comisario de Agricultura expresa su gran asombro ante la decisión holandesa de destruir 60.000 terneras y unos días más tarde leemos en el periódico que la Comisión contribuye con 20 millones de florines holandeses a esta medida, calificada por la propia Comisión de innecesaria y superflua. Señor Presidente, considero que es un asunto grave. Pone en juego la credibilidad de la Comisión. ¿Puede explicarnos el Comisario cómo cuadra esto con el anuncio por parte del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, de una gestión financiera estricta que ha merecido mi elogio? Pero, señor Presidente, como bien dicen los ingleses, the proof of the pudding is in the eating, y por ello quisiera que el Comisario me diera una amplia respuesta a esta pregunta fundamental.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, estos ocho informes para el debate conjunto representan toda una novedad para la Comunidad este año, debido a que el Tratado de Maastricht establece que el Tribunal de Cuentas debe emitir una declaración de fiabilidad todos los años sobre las finanzas de la Comunidad. No indica al Tribunal de Cuentas cómo debe hacerla ni tampoco indica al Parlamento qué debe hacer con ella. Me disponía a seguir la línea del Sr. Wynn con mis observaciones y ahora descubro que estoy desempeñando el papel de Henry St John ante él.
El Tribunal de Cuentas ha destinado recursos considerables a la DAS (declaración de fiabilidad), y la medida resulta obvia cuando contemplamos las deficiencias o lagunas que presenta el Informe Anual de 1994. Espero que el nuevo Presidente del Tribunal de Cuentas introduzca una reestructuración de los métodos de trabajo del Tribunal de Cuentas. Así lo solicité el pasado año y vuelvo a pedirlo ahora, porque es necesario que el Tribunal de Cuentas se organice hasta el punto de que pueda elaborar un informe anual y la declaración de fiabilidad. Sé que puede sentirse apremiado, pero si actuara más como una auditoría internacional y menos como una mala imitación de la Comisión Europea, quizá tendría más éxito.
El segundo problema surge a raíz de que el Parlamento Europeo recibiera la DAS, lo cual dio lugar a considerables discusiones en la Comisión de Control Presupuestario. Apoyo firmemente las soluciones propuestas por el Sr. Wynn que él mismo dará a conocer dentro de un momento y que podrán encontrar en su exposición de motivos. Sitúa la DAS y la posición constitucional de la DAS en su debido contexto, porque lo único que hizo el Consejo Europeo fue pedir al Tribunal de Cuentas que elaborara la declaración. No dijo cómo debía hacerlo ni tampoco dijo qué debía hacer con ella el Parlamento. Pero creo que la exposición de motivos que se adjunta al informe del Sr. Wynn es tan buena que deberíamos elaborar un informe por iniciativa propia que nos permita presentar esos dos apartados -del 30 al 51- a la Asamblea con objeto de que ésta pueda votar sobre ellos como la política para la Comunidad.
Ahora bien, mi amigo Sr. Blak ha tenido que desviarse. Ha sido cuestión de romper ventanas y salir corriendo. El año pasado dije sobre él que lo consideraba el hombre que estaba a cargo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y que estaba realizando una labor excelente. No obstante, con sus observaciones sobre el cierre de las minas de carbón ha permitido que la política de su Partido se lleve la mejor parte de su razonamiento, normalmente acertado. Y este año vuelve a las andadas. Hay que reconocer que ha dejado claro que el Reino Unido no ha actuado de forma ilegal. No puede hablarse de que haya habido un caso de despilfarro de los fondos de la CECA. A pesar de que una de las minas se cerró en 1990, la carbonera principal de Markham está siendo reparada y acondicionada para poder ser explotada en el futuro. Votaremos en contra de su apartado 11.
Si me permite referirme a Dublín, se trata de una tarea bastante fácil, porque la Comisión de Control Presupuestario no duda en recomendar que se apruebe la gestión para el ejercicio 1994. Me alegra la información de que la saga sobre la pobreza en Dublín ha llegado a su fin. Ha durado demasiado tiempo y esa preocupación ha quedado ahora atrás. Pero el problema del control financiero en Dublín está aún por resolver. El año pasado recomendamos que la Comisión nombrara un responsable a tiempo parcial para que realizara esa labor, pero aún no lo ha hecho. Se diría que el modelo de trabajo, el Reglamento financiero y el dictamen del Tribunal de Cuentas se habían confabulado para conceder demasiados fondos de una sola vez. Si el Tribunal de Cuentas, la Comisión y la Fundación no consiguen su objetivo, deberían proponer una enmienda del Reglamento financiero, porque el dictamen pugna de año en año. Espero que la Asamblea apoye la recomendación de la Comisión de Control Presupuestario de que se conceda la aprobación de la gestión de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín.
La historia no es tan fácil en el caso del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el Cedefop, como se le conoce; en este caso existen problemas mucho más graves. Me apresuro a añadir que la causa principal de dichos problemas no obedece a la actividad del Centro, no es en absoluto culpa del Centro. La decisión del Consejo Europeo de trasladar el Cedefop de Berlín a Salónica es posiblemente uno de los principales ejemplos de la teoría de la chapuza. Creo sinceramente que su intención era la de trasladar a Salónica la Fundación para la Formación de Europa del Este -que fue temporalmente inquilina del Cedefop en Berlín. Pero el rey había hablado, y el traslado tenía que producirse.
La Comisión no fue de ninguna ayuda al mostrarse complaciente en una serie de vergonzosas relaciones laborales, por lo que más de la mitad del personal no estaba dispuesto a trasladarse. Tampoco creo que el Parlamento ayudara en nada cuando solicitamos que se llamara a asesores independientes para que revisaran la labor del Cedefop. Decidieron llegar justo en unos momentos en que la moral del personal estaba por los suelos porque no se sentía satisfecho con las disposiciones que se habían tomado.
El Tribunal de Cuentas elaboró un informe bastante crítico sobre este aspecto, y los asesores llegaron incluso a sugerir que el Centro no era realmente de mucha utilidad para la Comunidad.
No creo que la Comisión de Control Presupuestario sea el organismo idóneo para hacer una evaluación cualitativa sobre la utilidad del Centro y sobre su futura utilización. Esa labor corresponde a la Comisión de Gastos. Mi opinión es que si existe una creciente demanda de los informes del Centro, es porque éste esta realizando una investigación de utilidad y que las personas desean recibir. Además, creo que ofreceríamos una imagen bastante ridícula si sugerimos que dicho Centro es innecesario en unos momentos en que la tasa de desempleo es tan alta en Europa y en unos momentos en que el concepto de formación profesional es de vital importancia para nuestro futuro.
Es necesario dar mayor prioridad a esa labor. En vez de condenar irremisiblemente al Cedefop denegando la aprobación de la gestión, proponemos que se aplace la aprobación. En el futuro inmediato, la comisión debe organizar una visita a Salónica, de modo que el director y los funcionarios puedan tranquilizarnos en cuanto al futuro del Cedefop, su viabilidad y el hecho de que puede desempeñar un papel de gran utilidad en la investigación y la formación profesional. La Comisión de Control Presupuestario recomienda a la Asamblea un aplazamiento de la aprobación de la gestión del Cedefop por el momento.
Termino con un llamamiento a la Comisión y a todos los interesados para que examinen lo que está sucediendo en los consejos de administración de Dublín y de Salónica. En la actualidad hay más personas en el consejo de administración que trabajando en el Centro. La idea original de los padres fundadores era conseguir que los interlocutores sociales se reunieran a hablar -lo cual es bueno-; el gobierno, la patronal y los sindicatos. Pero si tenemos a un representante por cada uno de los 15 Estados miembros y por cada país de la AELC, además de los representantes de la Comisión, tenemos consejos formados por 60 personas. El consejo se reúne dos veces y su mesa tres o cuatro veces. Debe existir un método mejor de actuación y que resulte más sensato a los ojos de los ciudadanos de Europa. Hago un llamamiento a la Comisión para que ordene una investigación sobre la forma en que puede mejorarse la situación.

Wynn
Señor Presidente, me referiré en primer lugar al presupuesto general: en cuanto a la resolución, no debemos olvidar el hecho de que acogemos con satisfacción el espíritu de cooperación constructiva que ha existido entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 1994. Si eso es cierto en lo relativo al pasado, también acogemos con idéntica satisfacción las propuestas de «SEM 2000», y esperamos que en el futuro las cosas vayan mucho mejor.
El problema que se plantea a la hora de aprobar la gestión es el hecho de que el 80 % del presupuesto de la Unión sea utilizado por los Estados miembros, como todos sabemos. Lamentablemente, no nos compete aprobar la gestión de los Estados miembros, sino tan sólo aquélla de la Comisión. La Comisión no debe abrigar demasiadas esperanzas de que no oirá nada más que alabanzas, pues como sabe, la presente resolución contiene críticas a la falta de entusiasmo con la que, en nuestra opinión, actúa, evitando dirigirse a los Estados miembros para que devuelvan los fondos o den garantías de que serán utilizados correctamente.
Muchos de los ámbitos específicos contenidos en el informe serán tratados por personas que intervendrán después de mí. Sólo deseo centrarme en un único tema, al que se ha referido el Sr. Kellett-Bowman, a saber, la DAS. La DAS potenciará una gestión financiera eficaz del presupuesto comunitario -todos reconocemos este hecho, pero existen algunos problemas, como ha señalado el Tribunal de Cuentas. De los algo más de setenta apartados que contiene la resolución, el que me parece más importante es el apartado 8, en el que se pide a la Comisión que en lo sucesivo incluya una cuenta bajo el epígrafe «importes específicos sujetos a procedimientos de recuperación». Esta solicitud obedece al deseo de que se especifiquen casos individuales y subtotales basados en errores sustanciales comunicados por el Tribunal de Cuentas; después pedimos a la Comisión que informara al Parlamento sobre la acción emprendida en ambos casos. Digo que es el apartado más importante porque, a pesar de que recomendaré que concedamos la aprobación de la gestión, también recomendaré que lo hagamos únicamente previa claras garantías de la Comisión de que hará lo que pedimos. Por consiguiente, debemos esperar a oír la respuesta de la Comisión a esto.
Ésta ha sido la primera declaración de fiabilidad. Los resultados del informe del Tribunal de Cuentas sobre la Comisión han sido de diferentes signos. En la exposición de motivos utilizo un término del ámbito futbolístico para decir que tras estudiar esta respuesta, cabría afirmar que la Comisión consiguió una victoria, una derrota y un empate. La victoria es que las cuentas reflejan fielmente los ingresos, los gastos y la situación financiera de la Unión; la derrota es que aparecen demasiados errores en las transacciones de pago como para ofrecer una garantía positiva, y el empate es el hecho de que no aparezcan errores sustanciales en los recursos propios, aunque no ha sido posible dar garantías de que todas las importaciones imponibles habían producido los ingresos correspondientes.
Incluso con dichos resultados de una victoria, una derrota y un empate, cuando el Tribunal de Cuentas presentó su informe el pasado mes de noviembre, los medios de comunicación -al menos, los británicos- se agarraron a la cifra del 4 %, proclamando con bombo y platillo que la Comunidad estaba derrochando o perdiendo el 4 % de nuestro presupuesto -naturalmente, la palabra «fraude» aparecía una y otra vez.
Debemos tener esto presente y debemos decidir si podemos conceder nuestra aprobación a la gestión de la Comisión a la luz de lo que se dice en la declaración de fiabilidad.
Analicemos el caso. Lo que debemos tener muy presente es que la aprobación de la gestión es el certificado legal de las cuentas. Al contemplar este 4 %, debemos preguntarnos: ¿es éste un nivel aceptable o un nivel inaceptable? La respuesta es sencillamente que es un nivel inaceptable. El Parlamento no puede de ninguna manera condonar esta cifra del 4 %. No podemos aceptar que un ecu de cada 25 sea utilizado indebidamente.
Pero luego debemos analizar el sistema y debemos preguntarnos: ¿es la cifra fiable? La respuesta dependerá del ángulo desde el que se mire. Como podrán ver, el tema es tratado en la exposición de motivos, donde nos preguntamos si las cuentas son fiables.
Pero si son fiables, entonces ¿de quién es la culpa? Éste es un dilema aún mayor. En términos generales, podríamos culpar a los Estados miembros, porque son ellos los que utilizan el 80 % del presupuesto. Pero, naturalmente, como decía hace un momento, no nos compete aprobar la gestión de los Estados miembros.
Lo que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿se pueden corregir dichos errores? Creo que la respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en la exposición de motivos; y a ello se debe que el apartado 8 sea tan importante para este Parlamento, porque es la forma en que podemos conceder la aprobación de la gestión de la Comisión, a pesar de lo que dice la declaración de fiabilidad.
Debemos tener perfectamente claro que, legalmente, el Parlamento no puede establecer una deuda. No podemos hacer el trabajo de la Comisión. Por consiguiente, no podemos imponer la condición de que se recuperen los fondos para conceder la aprobación de la gestión. Este aspecto tiene una importancia fundamental. El poder del Parlamento para aprobar la gestión se centra en las cuentas de la Comunidad. Es el ámbito en el que, naturalmente, podemos actuar. Si se modificaran las cuentas, tal y como solicitamos en el apartado 8, para que se incluyan los importes que la Comisión espera recuperar, sucederían tres cosas. Primero, el Parlamento no tendría que certificar las cuentas y, por consiguiente, no tendríamos que encubrir ningún error; segundo, la Comisión estaría obligada a intentar recuperar los importes pagados por error y, tercero, la responsabilidad jurídica de la Comisión de ejecutar el presupuesto no se vería obstaculizada. Por todo ello, las conclusiones a las que llegamos en dicho informe general es que debemos conceder la aprobación de la gestión a condición de que la Comisión cumpla las peticiones que le hacemos.
Paso a continuación a los Fondos Europeos de Desarrollo. En este caso, la recomendación es completamente diferente. Aquellos de nosotros que llevamos aquí muchos años y hemos asistido a la aprobación de la gestión de los FED año tras año, conocemos los problemas de financiación que se canalizan a través de los Fondos Europeos de Desarrollo y lo hemos asumido con los años -no es que hayamos intentado encubrir nada, pero al menos hemos intentado tomar conocimiento de todos aquellos ámbitos en los que, en términos de desarrollo, las cosas no son tan sencillas como podrían parecer a un contable común.
Llega un momento en que debemos decir basta. Francamente, hay tres cosas que han llegado a una situación insostenible y que nos obligan a decir que ya está bien.
Hace mucho tiempo que venimos diciendo que los FED no rinden cuentas de la manera democrática a las que le obliga su marco jurídico y financiero. Y sin embargo, son los Estados miembros, una vez más, los responsables de dicha declaración jurídica y financiera: son ellos los que han creado esta situación, son ellos los que han cambiado la situación.
En este informe y en la resolución, el Parlamento reconoce el intento de la Comisión de mejorar los FED mediante una gestión financiera más eficaz, a pesar de trabajar dentro de lo que consideramos un marco imposible. La Comisión no hace ninguna crítica de los FED en general. La crítica, naturalmente, aparece cuando llegamos a la Fundación Cultural -volveré sobre este tema dentro de un momento- porque es el ámbito en el que utilizamos la palabra «deplora»; de hecho la utilizamos en dos ocasiones en relación con la Fundación Cultural.
Pero la DAS nos brindó la oportunidad de examinar las cuentas, y el Tribunal de Cuentas dijo que las cuentas reflejan de modo imperfecto la situación financiera y las operaciones de los FED. Carecen de consistencia y disciplina por lo que no pueden reflejar fielmente la situación real. Evidentemente no se trata de una declaración de fiabilidad positiva. La DG VIII de la Comisión argumenta que sí lo es. Éste ha sido una vez más nuestro dilema en el que hemos actuado de árbitro, y al hacerlo, lo único que tenemos claro es que no es una declaración positiva. Como decía al referirme al presupuesto general, su función es la de servir de herramienta para ayudar al Parlamento.
Pero la mayor anomalía de este año -al igual que el año pasado, aunque entonces no teníamos la DAS- es que el Tribunal de Justicia, en su decisión, ha declarado ahora que los Fondos Europeos de Desarrollo no son gastos comunitarios. Es un gasto de los Estados miembros gestionado por la Comisión. En otras palabras, la Comisión actúa como subcontratista para gestionar dichos fondos y en realidad el Parlamento no tiene nada que decir sobre dichos gastos. No obstante, tenemos el deber de aprobar la gestión. Respetamos la decisión del Tribunal de Justicia, pero ésta da lugar a una situación confusa e incoherente. Además crea problemas en la gestión del día a día de los FED. Si queremos conceder la aprobación de la gestión año tras año, queremos saber cual es nuestra posición jurídica para hacerlo.
La Comisión ha progresado a grandes zancadas para cambiar las cosas, lo cual reconocemos y celebramos. Pero es necesario un replanteamiento radical y estoy seguro de que todos aquellos que componemos este Parlamento, salvo unas pocas excepciones -y digo bien, unas pocas excepciones - estarían de acuerdo con que los FED se incluyeran en el presupuesto. Es la única forma para que cambie el sistema. Reconocemos asimismo que con el sistema actual, el personal con que cuenta la Comisión en Bruselas no basta, no en calidad, sino en números. La Comisión no dispone de personal suficiente para hacer lo que debería estar haciendo en estos momentos.
La naturaleza del papel de la Comisión en lo relativo a los fondos de desarrollo da lugar a contradicciones que el Parlamento, en su calidad de institución democrática, encuentra sumamente difícil de aceptar. Los Estados miembros se llevan los honores por proporcionar los fondos. Son ellos los que escriben el reglamento -tal y como es-, pero luego dejan que sea la Comisión y el Parlamento los que carguen con las culpas. Tenemos, por consiguiente, dos aspectos a los que me he referido hasta ahora. Primero, la DAS y, segundo, la decisión del Tribunal de Justicia.
El tercer aspecto es lo que sucedió en la Fundación Cultural. En este caso, la Comisión no debería poner excusas de ninguna clase. Cuando me reuní con la Comisión, habría estado bien que la Comisión dijera: »La reprimenda es justa, jefe. Reconocemos que nos hemos equivocado». Pero en algunos círculos se recurrió a la defensa, lo cual me parece bastante inexplicable. Cuando algo está tan mal como lo que ha sucedido con la Fundación Cultural, no debemos intentar encubrirlo. La Comisión adoptó una decisión política que no estaba obligada a adoptar, a pesar de las presiones por parte del Consejo de Ministros para que lo hiciera. El Parlamento no debe de ninguna de las maneras verse relacionado con dicha decisión. De no haber contado con la DAS o con la decisión del Tribunal de Justicia, en lo que a mí respecta, estaría recomendando que no concediéramos la aprobación de la gestión debido a lo que ha sucedido con la Fundación Cultural.
No me produce la menor satisfacción recomendar que no se conceda la aprobación de la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo, pero ha llegado la hora de que el Parlamento deje de proporcionar esta apariencia de respetabilidad, esta hoja de parra que siempre hemos proporcionado en el pasado. A partir de ahora, debemos mirarlo con ojos diferentes, y en el caso del ejercicio 1994, la recomendación es que rechacemos la aprobación de la gestión.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nuestra tarea como Parlamento difiere de la del Tribunal de Cuentas. A nosotros nos corresponde evaluar políticamente la política que revela el Presupuesto. En el ámbito de la política social, éste revela que existe una enorme brecha entre la política social europea que sería necesaria y la política social europea efectiva. Esta brecha es claramente visible y posteriormente se refleja en los problemas estructurales concretos. Así, tenemos el conocido problema estructural, todavía no superado a pesar de las reformas, esto es, la dificultad para efectuar en el debido plazo los pagos con cargo al Fondo Social Europeo, un problema que aún no ha sido posible resolver a pesar de los esfuerzos de la Comisión en este sentido.
Otro problema -fuera de esto no entraré en mayores detalles- se plantea en el ámbito del diálogo social, donde sigue prevaleciendo una gran asimetría, porque la europeización de las relaciones entre asalariados y empleadores ha alcanzado estadios diferenciados y también es distinta la disposición a mostrar las cartas en este marco.
Para aprobar la gestión de los presupuestos debemos tomar en consideración, por un lado, que una política social europea sería ciertamente necesaria, pero no se practica. Pero también debemos reflexionar -y en este aspecto yo quiero sumarme explícitamente a las consideraciones del Sr. Wynn- sobre quién es el responsable en cada caso. En este contexto, es preciso señalar con toda claridad que debe empezar a exigirse de una vez otra responsabilidad a los Estados miembros. En efectos, éstos desarrollan con demasiada frecuencia una política que consiste en abordar las cuestiones con lentitud, con la esperanza de recibir quizás aún, antes de que finalice el ejercicio, fondos para proyectos que de otro modo no habrían podido ejecutar o incluso de recibir recursos del Fondo Social para construir carreteras, que es lo que prefieren. Si no conseguimos controlar este proceder de los Estados miembros, resulta en cierto modo un poco sorprendente que critiquemos a la Comisión y nos neguemos a aprobar su gestión de los presupuestos. Debemos aprobar, por consiguiente, la gestión de la Comisión, puesto que podemos tener la certeza de que el error en este caso no es imputable a ésta.

Telkämper
Señor Presidente, nuestro cometido es comprobar la eficacia de la ayuda al desarrollo y proceder a su control en defensa de nuestro interés político y del interés de los contribuyentes. Podríamos afirmar tal vez que esta ayuda no sería necesaria si desarrollásemos un comercio justo y condonásemos las deudas. En el informe del Tribunal de Cuentas y en nuestro informe se critican muchos aspectos concretos, como por ejemplo el relativo a la ayuda humanitaria, con una utilización de apenas un 66, 9 %, o como señala el Tribunal de Cuentas, la falta de independencia de los servicios responsables, la imprecisión del mandato de verificación, una preparación insuficiente, la superficialidad y lentitud de los controles. Con frecuencia se carece de informes escritos al respecto. La Comisión no debería apoyarse demasiado en las autoridades o empresas encargadas de la ejecución para asegurar un control efectivo.
No obstante, dada la estricta limitación del tiempo de uso de la palabra, no voy a detenerme más en estos aspectos y me centraré en la consideración final del Sr. Wynn, a saber, que debemos denegar la aprobación de la gestión financiera de los Fondos Europeos de Desarrollo debido al problema de la Fundación Cultural. Este problema es un escándalo, que sin embargo ya se remonta a dos años atrás. Los europarlamentarios sacamos a la luz este escándalo e iniciamos su discusión. Celebramos un debate en el Parlamento, la Comisión de Desarrollo y Cooperación convocó una audiencia y presentó un informe a la Asamblea de la ACP con objeto de destapar todo este escándalo. Con esto queda zanjado el asunto, en mi opinión.
Si no aprobamos la gestión, corremos el riesgo de desencadenar un nuevo debate sobre el IV Convenio de Lomé y su financiación. Acabamos de mantener una gran controversia con el Consejo al respecto. El IV Convenio de Lomé también tiene muchos aspectos criticables, pero es el único foro en el que se desarrolla un diálogo Norte-Sur. Debemos reconocer la importancia de este diálogo político y, por lo tanto, no deberíamos permitir que fracase por este solo caso.
Es importante recordar que este tema se tratará en la Conferencia Intergubernamental. Allí debemos politizar esta cuestión, a saber, la inclusión de los Fondos Europeos de Desarrollo en el presupuesto. Esto es lo que nosotros pedimos. Debemos aprovechar la aprobación de la gestión de los presupuestos para presionar a los Gobiernos nacionales, tal como acaba de manifestar el Sr. Wolf. También debemos exigir responsabilidades a los Gobiernos nacionales. Ése es nuestro cometido. Yo pienso que si nos basamos para ello en el caso de este escándalo, habrá una desproporción entre el análisis y el efecto logrado. Por este motivo, yo solicito que aplacemos esta votación, precisamente con vistas a la Conferencia Intergubernamental, a fin de hacerle comprender al Consejo que si queremos impulsar una política europea de desarrollo, el Parlamento debe tener competencias de control y aprobación sobre la misma. Por lo tanto, es necesaria su inclusión en el presupuesto.
Nos encontramos ante unos escándalos y problemas que quizás podrían resolverse de otro modo si así se hace. Si no procedemos como propongo daremos, a mi entender, una visión equivocada de la actuación de la Comisión y omitiremos lo que esta misma Cámara consiguió dos años atrás gracias a nuestras iniciativas, esto es, dar publicidad a estas cuestiones. Por lo tanto, en resumen, yo abogo por que aplacemos la votación de la aprobación de esta gestión y sometamos a discusión el tema en nuestras capitales nacionales -en Bonn, en París, en Londres-, y aguardemos luego los resultados de la Conferencia Intergubernamental.

Tomlinson
Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar a todos los ponentes por todos estos informes y decir que en cada caso seguiré la recomendación del ponente. Es un reflejo de la labor que han llevado a cabo para conseguir un consenso para sus informes.
Deseo utilizar el limitado tiempo de que dispongo para hablar políticamente sobre el proceso por el que estamos pasando. La actitud de la Comisión es gratificante. No cabe duda de que la cultura en el seno de la Comisión ha cambiado y está mejorando. Espero que siga mejorando hasta que se logre el tipo de cultura que ha sido prevista tanto por el Presidente de la Comisión, como en los documentos para una gestión buena y eficaz que han sido presentados al Parlamento.
Al dirigirme al Consejo, debo decir que su actitud en este proceso es deplorable. El 80 % de los gastos son utilizados en los Estados miembros. Los derroches que afectan a los contribuyentes europeos se producen, en su mayor parte, en los Estados miembros y bajo su jurisdicción. La liquidación de las cuentas se hace en los Estados miembros. Las sanciones son, por consiguiente, contra los Estados miembros.
Si estudiamos lo que ha sucedido desde que los informes son debatidos en la comisión, especialmente aquéllos relativos a los ejercicios de 1992 y 1993, encontramos que Italia ha sido sancionada con 217 millones de ecus por las cuotas lecheras, con 89, 4 millones de ecus por cereales no existentes -y debo decirles que 89, 4 millones de ecus por cereales no existentes, representan muchos cereales-, con 25, 6 millones de ecus por almacenamiento de carne de vacuno, con 16 millones de ecus por sobrepasar las cuotas del tabaco. Con la misma facilidad, podría referirme a los demás Estados miembros; he elegido Italia porque sé que afecta de cerca al Presidente en ejercicio del Consejo. Otros Estados miembros como España, Grecia, Irlanda o el Reino Unido han sido sancionados por los procedimientos de liquidación de sus cuentas.
Sin embargo este Consejo, tan prolijo en su retórica cuando se trata de lograr la mejor relación gasto-utilidad y de la lucha contra el fraude, se queda corto a la hora de actuar. La acción del Consejo ha consistido en el envío de un funcionario a la comisión, el cual no pudo responder ni a una sola pregunta política, y ahora a permanecer ausente de nuestro debate de hoy. Reconozco que su ausencia se debe a que está asistiendo a un diálogo a tres bandas, pero fueron ellos los que fijaron la hora de la reunión. Es un desprecio al Parlamento. Hubiera dado igual celebrar un debate ante un escaño vacío. Ése ha sido el nivel de contribución que el Consejo ha hecho a nuestros procedimientos.

Garriga Polledo
Señor Presidente, quiero antes que nada suscribir las últimas palabras de nuestro colega John Tomlinson. Opinábamos en la Comisión de Control Presupuestario, durante el debate del informe Wynn sobre la aprobación de la gestión 1994, que el Tribunal de Cuentas corría el peligro de verse superado por su propio éxito. Creemos que eso es cierto ahora porque el Tribunal de Cuentas se irá hoy de este hemiciclo no sólo con el reconocimiento de su gran labor, sino con el encargo de al menos seis informes especiales y tal vez dos o tres procedimientos nuevos de control. Sin embargo, se detectan ya signos crecientes de una falta de recursos materiales del Tribunal para alcanzar los objetivos que el propio Parlamento le ha fijado. Y la necesidad derivada del Tratado de Maastricht de elaborar la declaración de fiabilidad va a contribuir todavía más a presionar sobre unos recursos materiales ya muy ajustados.
Este Parlamento ha votado y votará por la austeridad en el gasto, especialmente en lo que se refiere a la contratación de nuevo personal, pero debemos tener en cuenta que, sin un Tribunal de Cuentas suficientemente dotado, este Parlamento tendrá muy difícil el cumplimiento de uno de los principales mandatos de nuestros electores, que es velar por el correcto uso de los fondos comunitarios y por el interés de los contribuyentes europeos y ello cuando estamos ante el hecho cierto, resaltado en el informe Wynn, de que el 80 % del presupuesto comunitario se gasta en los Estados miembros. Existe, y sus Señorías lo saben bien, una corriente de opinión que considera que, dado este porcentaje del 80 %, tal vez debieran ser los Estados miembros y sus propias instituciones nacionales de control los que tuvieran la plena responsabilidad en la fiscalización del gasto comunitario; es decir, la aplicación pura y dura del principio de subsidiariedad al control presupuestario, y la renacionalización del mismo.
Sin embargo, creo que la mayoría de esta Asamblea no aprobaría tal aplicación del principio de subsidiariedad. Los fondos comunitarios no representan en ningún caso más del 2 % de los presupuestos nacionales y, por tanto, asimilarlos al total de los gastos nacionales, a la hora de la fiscalización, sólo iría en perjuicio de la calidad específica del control. Pero sí es cierto que debe instituirse un mecanismo más eficaz de cooperación entre el Tribunal de Cuentas europeo y los nacionales. Si ello es difícil de conseguir por el momento es porque existen importantes diferencias contables entre los Estados miembros, especialmente en cuestiones de plazos de fiscalización y presentación de cuentas, y también porque hay diferencias en las propias atribuciones de los tribunales de cuentas nacionales y en las configuraciones políticoadministrativas. Todo ello proviene de ordenamientos constitucionales distintos que dificultan mucho -pero no lo impiden- el establecimiento de un mecanismo de cooperación imprescindible para garantizar el buen control de los recursos comunitarios.
Debería quedar muy claro en esta Asamblea el compromiso y la voluntad política de los diputados de reforzar la capacidad material del Tribunal de Cuentas para cumplir con sus misiones. Y debería quedar muy clara también la importancia que atribuye esta Asamblea al mantenimiento de la responsabilidad del Tribunal de Cuentas en la fiscalización del 100 % de los recursos comunitarios, preservando desde este Parlamento la independencia y la plena autonomía del Tribunal, además del respeto y el cumplimiento de lo especificado en los Tratados.
Quiero terminar felicitando a todos los ponentes, de cuya capacidad y voluntad de diálogo es muestra el escaso número de enmiendas presentadas.

De Luca
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de 1994 se perfila más importante de lo que lo ha sido en el pasado. Ello es debido al hecho de que, en virtud de las nuevas disposiciones del Tratado de Maastricht, las competencias del Parlamento han dejado de ser de mera ratificación de la gestión contable de la Comisión y parecidas a una especie de cadena de sellado. Las mismas, en cambio, se basan en la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas, asumiendo, por consiguiente, un contenido mucho más significativo y esencial.
En cuanto al fondo, debido al incremento de los fraudes e irregularidades, que han alcanzado niveles muy preocupantes y que han impuesto un nuevo y profundo examen de las modalidades de ejecución y control de todo el gasto comunitario, este año la aprobación de la gestión del presupuesto adquiere una importancia totalmente nueva.
En consecuencia, el informe del Sr. Wynn tiene un alcance político muy relevante y sus conclusiones, que recogen el contenido de las sugerencias formuladas en el seno de la Comisión de Control Presupuestario, inciden directamente no sólo en las modalidades de ejecución de los gastos incluidos en el presupuesto, sino también y sobre todo en el funcionamiento y en los métodos de gestión, hasta la fecha totalmente insatisfactorios, de las políticas comunitarias.
Si se querrá evitar que el próximo año el Parlamento deniegue la aprobación de la gestión y, por consiguiente, un grave conflicto de competencias institucionales, será necesario emprender cuanto antes una reforma que incida en profundidad en los mecanismos del gasto.
En particular, se deberá garantizar una mayor transparencia y publicidad, especialmente respecto a la gestión de los créditos directos, a algunos sectores cruciales como son los del turismo y, más en general, de las políticas internas. Se deberá, si fuera necesario, examinar la conveniencia de crear una comisión de investigación encargada de proteger los intereses financieros de la Comunidad.

Kjer Hansen
Señor Presidente, para empezar, quiero felicitar al Sr. Wynn por su informe sobre la aprobación de la gestión del presupuesto general. Me parece que el ponente ha logrado poner el dedo en la llaga en los temas importantes. Estoy de acuerdo en que las cosas han cambiado últimamente. La cooperación con la Comisión se realiza en un ambiente mucho más positivo que antes. No obstante, me parece desesperante ver, año tras año, tantas repeticiones en los informes sobre la aprobación de la gestión. Pido encarecidamente que se ejecute con extremo rigor la obligación de seguir las recomendaciones del Parlamento y me parece una tarea obvia, en relación con la Conferencia Intergubernamental, la aplicación rigurosa de las disposiciones, para que tanto la Comisión como los Estados miembros tengan la obligación de acatar las modificaciones necesarias para que se aprueben las cuentas de forma satisfactoria.
Es lamentable que, hoy en día, la Comisión no utilice los medios que tiene a su disposición para obligar a los Estados miembros a cumplir las normas y sus obligaciones en materia de control, sabiendo que los Estados miembros descuidan a menudo este aspecto. Lo vemos, por ejemplo, en relación con los Fondos estructurales, donde el control de los proyectos es insuficiente sin que de ello deriven consecuencias negativas, en el caso de que un proyecto no se lleve a cabo o se lleve a cabo de forma diferente a la prevista en un principio. En caso de incumplimiento de las normas habrá que exigir una reducción de la ayuda y el reembolso de los fondos, para que dicho incumplimiento no quede impune.
En cuanto al programa PHARE, quiero pedir a la Comisión que acepte la petición de elaborar unas normas estratégicas sobre su aplicación en relación con la ampliación a los países de la Europa central y oriental. Es primordial que la ayuda concedida en el marco del programa PHARE sirva para abrir paso a la ampliación a los países de la Europa central y oriental.

Müller
Señor Presidente, Señorías, hoy debemos examinar todo un paquete de resoluciones relativas a la aprobación de la gestión de los presupuestos y esto nos permite contemplar globalmente los problemas más difíciles con que topamos para la ejecución reglamentaria del Presupuesto. Las ciudadanas y los ciudadanos de la UE tienen derecho a esperar que hasta el último ecu se administre de manera transparente, eficaz y económica y, como ya ocurrió el año pasado, hoy nos vemos obligados a constatar una vez más, sobre la base de los análisis del Tribunal de Cuentas, que el sistema presenta importantes lagunas. No obstante, un debate abierto y sincero sobre estas deficiencias ya contribuye a generar al menos una cierta confianza. No debería intentarse ocultar nada. Todos los informes se expresan con claridad en este sentido y cuentan con el respaldo de mi Grupo político.
Dos problemáticas ocupan, a mi entender, un primer plano. Es preciso empezar a erradicar el método de «probar a ver qué pasa». Quiero decir con ello que cuando los Estados miembros comienzan a aprovechar las cuotas de la leche para hacer un pequeño negocio y luego esta transacción recibe por añadidura el beneplácito de la Comisión, cuando ésta renuncia al reembolso de dos millardos de ecus, esto alimenta la expectativa de que meter mano indebidamente en la caja de la UE puede acabar resultando rentable. Mi colega el Sr. Detlef Samland ha completado acertadamente estas consideraciones y el Consejo, naturalmente, también.
Si no se cumplen las normas de gestión de los Fondos estructurales y no se responde a este proceder, aplazando la entrega de nuevos recursos, por ejemplo, se estará fomentando precisamente este proceder. Lo cierto es que la ejecución de un 80 % del Presupuesto europeo corresponde a los Estados miembros y precisamente en este ámbito se aprecian considerables deficiencias. Pero las meras recomendaciones ya no bastan. Mientras el Presupuesto europeo siga operando con un nivel tan elevado de subvenciones en el ámbito de los Fondos agrarios y estructurales, será preciso contar con un abanico de mecanismos de sanción que impidan que las irregularidades no tengan consecuencias. La Comisión debe considerar, por lo tanto, muy seriamente todas las propuestas de la Comisión de Control Presupuestario encaminadas a garantizar el reembolso de los intereses abonados indebidamente.
En el ámbito de las políticas exteriores es necesario superar las dificultades en la realización de los contratos, para promover una política de desembolso más transparente y una auténtica cooperación entre las autoridades presupuestarias por ambas partes. Esta recomendación es aplicable tanto a los Fondos Europeos de Desarrollo como a la Política Exterior y de Seguridad Común.
El Parlamento ha solicitado repetidamente la integración del FEDER en el Presupuesto. Los motivos son evidentes y han conducido al Tribunal de Cuentas a manifestar la dificultad de contrastar los objetivos previstos con lo que en efecto se ha hecho. Por consiguiente, yo quisiera replicar a cuantos ahora opinan que la denegación de la aprobación de la gestión supondría denigrar la política de desarrollo, en general, y nuestros compromisos en el marco del Convenio de Lomé, en particular, que en realidad ocurriría todo lo contrario. La subcultura financiera que estamos alimentando en estos momentos genera considerables deficiencias administrativas. Se pretende que aprobemos la gestión a pesar de no tener ninguna capacidad de influir y de ejercer un control político eficaz sobre la utilización de los fondos. ¡Esta situación debe cambiar, precisamente también en aras de la calidad de nuestra política de desarrollo!
La denegación de la aprobación de la gestión constituye, por lo tanto, una vía adecuada para indicar a la Conferencia Intergubernamental la necesidad de que ofrezca por fin una solución institucional a este dilema. Yo espero que la Conferencia de revisión de los Tratados clarifique también la Política Exterior y de Seguridad Común y su complemento presupuestario. No es posible aceptar que el Consejo continúe decidiendo acciones comunes -como la de Mostar, por ejemploy que éstas se financien con cargo al Presupuesto de la Unión, mientras el Consejo no cumple, por otra parte, los procedimientos de gestión de los recursos. El procedimiento presenta una laguna que ahora también se extiende, lamentablemente, a la aprobación de la gestión de los presupuestos, puesto que en definitiva el Parlamento no puede aprobar la gestión del Consejo.
Yo le agradezco al Sr. Wynn que haya recogido en la resolución las conclusiones de mi documento de trabajo y tengo la esperanza de que el anunciado informe extraordinario del Tribunal de Cuentas sobre la Política Exterior y de Seguridad Común nos proporcione un buen fundamento para concretar todavía más nuestras propuestas con vistas a la Conferencia de revisión de los Tratados.

Ewing
Señor Presidente, mi Grupo apoya todos estos informes, pero deseo hacer una pregunta al Sr. Wynn, antes de poder recomendar el sentido del voto sobre la cuestión de los Fondos Europeos de Desarrollo, sobre lo que volveré dentro de un momento.
En lo relativo a la Sra. Kjer Hansen, resulta evidente que deben hacerse correcciones; éste no debería ser un asunto político que pueda negociarse. Debe ser un asunto objetivo que esté basado en la pérdida real. En este aspecto me atengo al informe del Sr. Cornelissen, quien ha explicado que los fondos no se recuperaron porque ningún Estado miembro había recurrido al Tribunal. Eso es realmente inadmisible. No podemos volver ante nuestros ciudadanos europeos que se muestran muy críticos con la cuestión del fraude y lo que leen en la prensa, y decirles que el sistema es así. Tenemos que conseguir un sistema distinto y mejor que funcione, porque de lo contrario, los ciudadanos no lo comprenderán.
A pesar de que estoy de acuerdo con el Sr. Tomlinson en que se ha producido una enorme mejora con todo el intento por parte de la Comisión de poner orden en su propia casa en lo relativo a todos estos asuntos, la Comisión no cumplió todas las solicitudes de información en determinados epígrafes. Aún puede mejorar.
Pasando a la aprobación de la gestión general del Sr. Wynn, quien dice recomendar la aprobación de la gestión sólo si antes recibe garantías de la Comisión, resulta algo difícil saber cómo debemos votar, porque la Comisión no ha estado aquí para oírle ni para ofrecer dichas garantías. ¿De qué sirven? No lo sabremos, a menos que la Comisión lea el Acta esta noche. El Consejo ahora se encuentra presente, pero tampoco pudo oírlo. Es una situación muy insatisfactoria. Deberé explicar esto a mi Grupo en la reunión de esta noche.
Mantengo una actitud muy crítica en lo relativo a los Estados miembros. Están tratando con el dinero de los contribuyentes. No parecen tomárselo con la seriedad necesaria. No deberíamos facilitarles la hoja de parra de la respectabilidad a la que se ha hecho alusión, involucrándonos en un procedimiento en el que realmente no podemos intervenir debidamente, porque no tenemos el control necesario.
En lo relativo a mi pregunta sobre los Fondos Europeos de Desarrollo, ¿tiene conocimiento el Sr. Wynn de los temores que los 70 Estados ACP manifestaron en la reciente Conferencia de Lomé, de que nuestra negativa a conceder la aprobación de la gestión podría afectarles de algún modo? Si pudiera obtener esa garantía, podría aconsejar a mi Grupo sobre el sentido del voto. Si no supone ninguna diferencia financiera, si no destruye la confianza de los países ACP, entonces podría unirme al rechazo de la aprobación de la gestión. Pero me gustaría mucho poder oír algo más sobre ello.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, señor Representante del Consejo, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar con una observación de procedimiento. Yo no estaba presente hace un momento, cuando mis compañeros se expresaron sobre este tema, y no se debe a que asistiera al diálogo tripartito, puesto que mi presencia en la delegación del Parlamento Europeo fue rechazada.
Me gustaría hacer notar que debatimos, en menos de tres horas, ocho informes. Uno de ellos concierne la aprobación de la gestión de los presupuestos de 1992, del Sr. Cornelissen. A este respecto, se recordarán los debates que rodearon la aprobación de la gestión de esos presupuestos, aplazada durante más de un año. El segundo de estos informes se refiere al seguimiento que ha de darse a la aprobación de la gestión de los presupuestos de 1993. El tercero, el del Sr. Wynn, se refiere a la concesión de la aprobación de la gestión de los presupuestos de la Comisión para el ejercicio 1994, cuando, por primera vez, el procedimiento de la declaración de fiabilidad (DAS) por el Tribunal de Cuentas entró en vigor y que éste nos proporciona una DAS negativa sobre las operaciones de pago.
¿Es razonable? ¿No habría sido necesario dedicar más tiempo a cada uno de los informes? ¿Nuestro Parlamento no se desacredita a fuerza de querer hablar de todo, corriendo el riesgo de no hacer ni siquiera lo que le da razón de ser, en este caso, controlar la utilización de los créditos de la Unión Europea? Si añado a esto que se modificó la orden de los informes para ayudar a uno de nuestros ponentes, el Sr. Blak, a organizar su agenda, y que ni siquiera está presente para escuchar la continuación, se calcula hasta qué punto nuestros procedimientos pueden parecer sorprendentes.
Me refiero a los dos informes del Sr. Wynn, uno sobre la aprobación de la gestión de 1994 que propone conceder sobre el presupuesto general, el otro sobre la aprobación de la gestión de 1994 que propone denegar sobre la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo. Por tanto, se concede la aprobación de la gestión de un presupuesto de cerca de 60.000 millones de ecus haciendo a un lado la denegación de dar una DAS positiva del Tribunal, que calcula en 2.386 millones de ecus, o sea, 2.400 millones de ecus, es decir el 4 % del presupuesto, el importe de las irregularidades relativas a los pagos.
Se deniega la aprobación de la gestión de los presupuestos del FED, cuyo importe asciende a 2.500 millones de ecus, y se deniega por un doble motivo: por un lado, no hay declaración de fiabilidad positiva, lo que igualmente se aplica al presupuesto general y, por otro, hay irregularidades en el presupuesto de la Fundación Cultural, irregularidades que yo no contesto. Pero, ¿saben ustedes cuál es el importe del presupuesto de esta Fundación? Lo digo para las personas que nos escuchan aquí: 810.000 ecus, lo que corresponde al 0, 04 % del FED. Presenté una enmienda que no hacía sino precisar estos importes. Sin ser contestada, esta enmienda fue rechazada. ¿Por qué? En realidad, porque el dispositivo de la decisión sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos estaba fijada de antemano. Los argumentos invocados no son sino pretextos. La aprobación de la gestión de los presupuestos ha sido denegada en la Comisión porque el FED no está integrado en el presupuesto comunitario.
Formulo, entonces, algunas preguntas. ¿Por qué se concedió la aprobación de la gestión de los presupuestos de los FED precedentes cuando se habían emitido críticas semejantes y el marco legal era el mismo? ¿Se tomó en cuenta el efecto desastroso, en el aspecto político, que tendría esa denegación de la aprobación de la gestión de los presupuestos sobre la conferencia de los países ACP, en la percepción del compromiso de los países europeos con respecto a ellos? Antes de pedir competencias suplementarias para el Parlamento, ¿no sería mejor tratar de que haya allí más diputados que puedan ejercerlas siquiera?

Samland
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, lamento mucho no haber podido intervenir hasta este momento en el debate, en contra de lo que, como usted saben, suelo tener por costumbre. En efecto, un debate también debe incluir, de hecho, la posibilidad de responder a las observaciones de las y los colegas. Pero como ustedes saben, hoy hemos celebrado simultáneamente un diálogo a nivel tripartito para negociar un importante paquete presupuestario y esto explica la ausencia, tanto del Presidente del Consejo como de los miembros de la delegación de la Comisión de Presupuestos, durante este debate. Es un hecho que lamento muchísimo, y que desde luego no debe interpretarse en absoluto como una muestra de que no concedemos la debida importancia a este debate, pero que nos ha impedido participar en su momento.
Por lo que respecta al informe que debo presentarles hoy, yo quiero decirles que ha sido una experiencia extraordinaria para mí poder seguir la ejecución de un presupuesto desde su elaboración en 1992 -sobre la base de los cálculos realizados por la Comisión en 1991- hasta su aprobación para el ejercicio de 1993 y luego en su segunda etapa, esto es, a lo largo del procedimiento de aprobación de la gestión de su ejecución durante el pasado año y la presente evaluación de las respuestas de la Comisión al procedimiento de aprobación de la gestión.
Existen, en efecto, algunos aspectos, Sra. Müller, en los que uno tiene la impresión de que podría haber habido oportunidad de actuar en algún momento a lo largo de un espacio de tiempo como el que ha transcurrido entre 1991 y 1996. Sin embargo, cuando se considera la regulación del sector del tabaco o las regulaciones en el sector vitivinícola, es preciso constatar en la práctica que incluso cinco años no bastan para conseguir algún progreso.
Con el respaldo de mi comisión, me he propuesto dar respuesta sólo a algunas cuestiones centrales en mi informe y quiero subrayar que esto no significa que todos los puntos no considerados hayan sido aceptados. Estas pocas cuestiones centrales se refieren: primero, al sector tabaco; segundo, al sector vitivinícola; tercero, al tema de las transferencias de créditos y a la evaluación cualitativa; y cuarto, al reembolso de los intereses devengados sobre los recursos no desembolsados en el marco de los Fondos estructurales.
Permítanme añadir algunas observaciones sobre estos cuatro puntos. En primer lugar, con respecto al tabaco, hemos presentado un informe al Tribunal de Cuentas sobre esta cuestión. También hemos instado a la Comisión a elaborar un informe, de conformidad con las directrices del Tribunal de Cuentas, el cual debía ser presentado antes del 1º de abril. A la vista de los preparativos informales de este proceso ya realizados, no parece que vaya a cumplirse la petición del Tribunal de Cuentas, esto es, la introducción de subvenciones directas en el sector del tabaco; no se aprecian indicios de que la Comisión se disponga a presentar realmente esta propuesta y aún son menores las perspectivas de que ésta sea aceptada luego por el Consejo.
Puede constatarse, en cambio, que una parte de los despropósitos, de los errores de gestión o incluso del fraude -como quiera que se definan- se mantienen año tras año como un aspecto consubstancial, puesto que no se modifican los fundamentos jurídicos. Esto sucede, Sra. Müller, porque nuestra interlocutora en el procedimiento de aprobación de la gestión del Presupuesto es la Comisión, cuando de hecho deberíamos discutirla con la verdadera parte ejecutora, que ocupa la primera fila, o sea el Consejo, que es el que podría establecer los fundamentos jurídicos capaces de evitar el fraude o la mala gestión.
Otro tanto puede decirse sobre el sector vitivinícola, donde la situación es auténticamente desastrosa. Insistimos en que se hiciera un catastro y que éste se realizara efectivamente en todos los Estados miembros. Ahora se anuncia la elaboración de un nuevo catastro, porque el procedimiento anterior ha resultado excesivamente problemático. No obstante, seguimos efectuando los pagos según el procedimiento todavía vigente y el nuevo, obviamente, no se ha presentado aún. ¿Quién es responsable de que no se hayan llevado a cabo las reformas propuestas? Igual que en el caso anterior, el responsable es el Consejo. Éste tiene por otra parte, en cualquier caso, 256 decisiones pendientes, mientras que nosotros sólo tenemos 52. Lo cual indica donde se encuentra el cuello de botella y donde reside el desequilibrio entre las instituciones.
El tercer punto es el relativo a los intereses devengados en el marco de los Fondos estructurales. Hemos mantenido contactos con la Comisión y la hemos instado a que haga lo necesario para que se definan con precisión los gastos subvencionables y no subvencionables y quede zanjado definitivamente el tema de la recuperación de los intereses, puesto que damos por sentado que estos fondos pertenecen a la Comunidad Europea y deben serle transferidos, en vez de ser engullidos por las arcas de los Estados miembros o de sus instancias regionales, como ocurre en mi país en el caso de los Estados federados.
Por último, pero no por eso menos importante, está la actitud de la Dirección General XIX con respecto a las transferencias de créditos. Tengo presente que le corresponden las competencias en materia de Presupuestos, pero nosotros esperamos, señor Comisario, que en el futuro no se limite a hacernos llegar un justificante cuantitativo de las transferencias de créditos, sino que también nos remita una evaluación cualitativa, puesto que éste es el fundamento necesario para una utilización y una aplicación eficientes de los recursos. La Comisión de Presupuestos aprobó por unanimidad a tal efecto mi informe provisional.

Giarda
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera pedirles disculpas por el retraso, debido en parte al hecho que el interés político por los futuros presupuestos en la Comunidad y en otros países, es normalmente mayor que el interés que despiertan los presupuestos del pasado. Estaba, en efecto, debatiendo el planteamiento presupuestario de 1997.
Me hallo aquí para presentar la recomendación del Consejo, adoptada el 11 de marzo y transmitida al Parlamento, mediante la que se otorga a la Comisión la aprobación de la gestión del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1994. Estoy seguro de que ustedes comparten el convencimiento de la Presidencia y del Consejo respecto a la necesidad de que las dos Instituciones trabajen conjuntamente también en materia de actos relacionados con el presupuesto comunitario. Sé, por anteriores experiencias, que el Parlamento y el Consejo consideran que para la Comunidad reviste una importancia fundamental vigilar que se mantengan y perfeccionen todas las acciones dirigidas a que los recursos del presupuesto comunitario sean empleados dentro del respeto pleno de los principios de una buena gestión financiera, que en síntesis se basan en tres elementos. Primero: las elecciones deben responder a las necesidades de la colectividad; segundo: los recursos deben ser utilizados en base a criterios de economía y eficiencia; tercero: debe existir plena transparencia en la administración y en los informes financieros. En un momento como éste en que los Estados miembros se enfrentan a los problemas sociales y financieros, que todos conocemos, dichos criterios adquieren gran relevancia.
En su recomendación el Consejo subraya que la disciplina presupuestaria y el respeto de los principios de buena gestión, a los que me he referido, deben ser aplicados respecto a cualquier intervención a cargo del presupuesto comunitario. Es fundamental que se lleve a cabo un análisis periódico de las razones por las que se adoptan las acciones en curso para garantizar una economía y eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos empleados. Esto debe ser llevado a cabo siempre, independientemente de las evaluaciones realizadas para elaborar las elecciones presupuestarias. Los informes del Tribunal de Cuentas y los trabajos de control en los que se basan, son los instrumentos fundamentales que permiten verificar la aplicación de estos principios. Es obligado rendir un homenaje al Tribunal de Cuentas por la eficacia con la que cumple esta misión fundamental que le otorgan los Tratados. Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para agradecer a la Comisión de Control Presupuestario el trabajo que lleva a cabo en el ámbito de la aprobación de la gestión de los presupuestos, un trabajo que se realiza no solamente en pro del Parlamento Europeo sino de toda la Comunidad.
Por lo que se refiere a las observaciones que integran las posiciones del Consejo, permítanme formular algunas breves reflexiones respecto a las principales cuestiones y pedirles que examinen en todos sus pormenores el texto de la recomendación y las observaciones contenidas en el mismo.
En cuanto al sector de los recursos propios, el Consejo comparte las preocupaciones del Tribunal respecto al funcionamiento del régimen en materia de tránsito comunitario en los Estados miembros. A dicho propósito, el mismo manifiesta un indiscutible interés por la iniciativa del Parlamento Europeo de crear una comisión temporal de investigación que se encargue de dicho régimen aduanero.
En cuanto al sector de los gastos, el Consejo está completamente de acuerdo con el Tribunal respecto a la necesidad de mejorar la gestión y el control de la organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas y, asimismo, reitera la importancia de la reducción de los excedentes estructurales y de una mejor utilización de los productos retirados del mercado.
Por lo que se refiere al sector de los Fondos estructurales, el Consejo constata la existencia de un importante problema, es decir, la excesiva concentración de los compromisos y de los pagos hacia el final del ejercicio presupuestario. Hace falta remediar esta situación cuanto antes y, a este fin, es necesario que los Estados miembros mejoren la planificación de sus gastos y que la Comisión acelere los procedimientos administrativos. El Consejo considera necesario mejorar la colaboración entre las autoridades nacionales competentes y los servicios de la Comisión interesados en la actividad de gasto. Es necesario, asimismo, llevar a cabo un mayor esfuerzo para aclarar los criterios de admisión de los gastos y de control sobre las declaraciones de los mismos.
Por lo que se refiere, en particular, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Consejo solicita una aplicación homogénea y rigurosa de la reglamentación comunitaria relativa a la adjudicación de los concursos públicos y de la normativa en materia de medio ambiente para las intervenciones financieras a las que contribuye el presupuesto comunitario.
En el marco del Fondo Social Europeo, el Consejo pide que se ataje el insistente problema del exceso de compromisos del Fondo y que se lleve a cabo la revisión de las estructuras de gestión de las iniciativas comunitarias a fin de mejorar sus eficiencia.
En cuanto a las observaciones que el Tribunal de Cuentas ha formulado respecto a la ejecución de los programas PHARE y TACIS, el Consejo es consciente de que la Comisión lleva a cabo su actividad en un contexto difícil, sin embargo, pide que se mejore la coordinación entre sus participantes, a fin de que los estudios realizados sean seguidos por acciones concretas y se proceda a una evaluación sistemática preventiva antes de decidir renovar los programas.
Por último, y por lo que se refiere a la aplicación de las asignaciones para el funcionamiento de las Instituciones, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas respecto a algunas lagunas relativas a la gestión del personal, de las delegaciones exteriores y de los bienes inmuebles, el Consejo toma nota de que la Comisión está cumpliendo las recomendaciones del Tribunal.
Para concluir, y considerando todas las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas tras haberlas examinado pormenorizadamente, el Consejo ha decidido recomendar al Parlamento que apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1994.
Permítanme dos comentarios ulteriores, uno de los cuales se refiere al problema de la declaración formulada por primera vez por el Tribunal de Cuentas conforme al artículo 188 C y que ha dado lugar a la declaración del Consejo transmitida en la misma fecha de la recomendación. El Consejo ha comprobado que las cuentas reflejan fielmente los ingresos y los gastos de la Unión, a pesar de que su contenido informativo debe mejorarse. El Tribunal no ha detectado errores significativos en relación con la regularidad de las operaciones relativas a los ingresos, sin embargo, ha detectado errores en las operaciones relativas a los pagos, errores que no le permiten certificar plenamente la legitimidad o la regularidad de todas las operaciones. Este hecho ha sido y es fuente de preocupación para el Consejo, que ha acogido con satisfacción el anuncio del programa de mejora de la gestión financiera de la Comisión. Dicho programa debe ser aplicado rápida y totalmente a fin de reducir los errores en las operaciones relativas a los pagos.
Esto es lo que la Presidencia deseaba comunicar en nombre del Consejo, respecto a los problemas relacionados con el presupuesto para el ejercicio de 1994.

Telkämper
Señor Presidente, es posible que no lo ha oído bien, pero el Consejo ha hablado del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. No ha expuesto su posición sobre los Fondos Europeos de Desarrollo. El Sr. Wynn ha propuesto que se deniegue la aprobación de la gestión. Yo me he manifestado, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a favor de posponer la decisión para ofrecer al Consejo -en su calidad de responsable, añado ahora, de un escándalo como el ocurrido en la Fundación de Cultura, si bien también en este caso la responsabilidad tiene asimismo raíces estructurales- la oportunidad de sacar las debidas conclusiones, con la inclusión de los Fondos Europeos de Desarrollo en el presupuesto, por ejemplo. El Parlamento habría recibido con agrado una respuesta a estas manifestaciones, que nos permitiera decidir cómo debemos proceder. Nuestro Grupo político todavía tiene que decidir su posición al respecto. El Consejo no puede limitarse a barrer sus problemas bajo la alfombra, donde resultan perfectamente evidentes a la vista del escándalo. Desearía obtener una respuesta del Consejo.

El Presidente
¿Quiere el Consejo volver a hacer uso de la palabra o prefiere esperar a un momento ulterior?

Giarda
Señor Presidente, prefiero esperar.

McGowan
Señor Presidente, en calidad de portavoz del Grupo Socialista en materia de desarrollo, lamento el hecho de que la dirección de los Fondos Europeos de Desarrollo no deba dar cuenta democráticamente. Lamento el hecho de que pasemos por esta simulación anual, esta farsa anual, en la que el Parlamento no tiene nada en absoluto que decir sobre la financiación de los FED. Lamento la vergonzosa gestión de la Fundación Cultural ACP. Ha sido un escándalo que ha sido investigado por la Mesa de la Asamblea Paritaria del Convenio de Lomé de la que he formado parte. Hemos llamado a testigos y hemos llamado a capítulo a algunas personas, incluido un diputado clave al Parlamento Europeo. Quiero hacer esta constatación específica para ser justo con la Comisión.
La cooperación cultural es fundamental para el desarrollo, y ésta ha sufrido un revés debido a este escándalo. Confío en que la negativa a conceder la aprobación de la gestión acelere el avance hacia un rendimiento de cuentas democrático de los FED. Quiero hacer constar que este Parlamento deplora formalmente el enojoso escándalo de la Fundación Cultural ACP. Manifiesto la opinión de que la Comisión debe mantenerse vigilante y ser meticulosa a la hora de apoyar estas opiniones, en las que creo que la Comisión y el Parlamento están totalmente de acuerdo.
Podría ahora el Consejo ejercer por favor y con carácter de urgencia sus responsabilidades para garantizar que los fondos de los FED son gestionados debidamente.

Theato
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, se han presentado ocho informes relativos a la aprobación de la gestión de los presupuestos, en un orden de sucesión algo distinto del previsto en el orden del día, pero esto es algo que podemos comprender. No es posible comentarlos todos en cuatro minutos. Yo me limitaré a destacar algunos aspectos centrales, pero no obstante quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los ponentes.
Ante todo, quisiera añadir unas palabras sobre nuestra competencia de aprobación de la gestión de los presupuesto y nuestra Comisión de Control Presupuestario. Hace exactamente veinte años que disponemos de esta competencia, que hemos ido desarrollando continuamente. Para ello nos apoyamos sobre todo en el informe anual y en los informes especiales del Tribunal de Cuentas, cuya labor en este sentido también queremos agradecer, así como en el dictamen del Consejo, cuando lo recibimos a su debido tiempo, y así ha ocurrido en esta ocasión. Sin embargo, quien se encargó de ofrecer las aclaraciones a la Comisión de Control Presupuestario no fue un miembro del Consejo, tal como venimos solicitando repetidamente, sino un alto funcionario, a quien por otra parte nada tenemos que reprochar, puesto que cumplió adecuadamente su cometido. Usted se ha expresado ahora ante el Pleno, señor Presidente en funciones del Consejo, y yo supongo que también habrá escuchado atentamente lo que aquí se ha dicho. En efecto, cuanto aquí se ha dicho va dirigido principalmente a los Estados miembros, cuya gestión presupuestaria sin embargo no nos corresponde aprobar.
En cuanto al tema concreto que nos ocupa, la aprobación de la gestión de la Comisión se caracteriza en esta ocasión por el hecho de que se han aplicado por primera vez dos instrumentos, los cuales, como ya he manifestado, si se examinan detenidamente tienen como punto de mira los Estados miembros. La primera innovación es la aprobación de la liquidación de cuentas del FEOGA, presentada por la Comisión para el ejercicio de 1991. Hasta ahora, la liquidación de cuentas entraba dentro de las competencias de la Comisión, puesto que estaba conceptuada como un procedimiento técnico. El Parlamento le prestaba escasa atención. Debemos agradecer al Sr. Cornelissen que sacara a la luz los problemas de años anteriores, en su calidad de ponente para la aprobación de la gestión del Presupuesto de 1992. En particular, quedó patente la pérdida de alrededor de 1.600 millones de ecus para la Comunidad, en relación con las cuotas lecheras correspondientes a tres Estados miembros.
Como resultado de un detallado proceso de reflexión de la Comisión de Control Presupuestario juntamente con la Comisión, se ha decidido reformar el proceso de decisión sobre la liquidación de cuentas, que ahora se considera un complemento de la aprobación, ya otorgada, de la gestión para el correspondiente ejercicio. Este procedimiento se aplica por primera vez para el ejercicio de 1991 mediante el excelente informe de la Sra. Kjer Hansen. La ponente señala la discrepancia entre el aspecto técnico y el político, lo cual es de agradecer. En efecto, las necesarias correcciones que ha de imponer la Comisión a los Estados miembros no son negociables cuando está en juego una pérdida para las arcas comunitarias. De lo contrario, será preciso aplazar la aprobación de la liquidación de cuentas hasta que se hayan restituido los fondos. Un primer fruto visible de la insistencia del Parlamento en la protección de los fondos de los contribuyentes es el cobro del primer tramo de las cuotas lecheras no abonadas.
La segunda novedad, a saber, la Declaración de Fiabilidad (DAS) del Tribunal de Cuentas, tiene una mayor trascendencia para la aprobación de la gestión de los presupuestos. En conciencia debemos tenerla en cuenta para adoptar nuestra decisión, aunque el Parlamento no esté jurídicamente obligado a ello y a pesar de que el método de extrapolación estadística que ha aplicado por primera vez el Tribunal de Cuentas podría afinarse, si se dispusiera del personal suficiente, por lo que respecta a los Estados miembros y a los diferentes sectores industriales. El ponente Sr. Wynn así lo ha hecho en la propuesta de resolución elaborada en nombre de la Comisión de Control Presupuestario y su exposición de motivos, cuya lectura recomiendo, nos ha sido de suma ayuda para abordar esta compleja problemática. Ayuda que yo quiero agradecerle explícitamente.
Por mi parte considero muy grave el 4 % de errores en los pagos que ha constatado el Tribunal de Cuentas. No obstante, a la vista de las medidas que ha empezado a adoptar la Comisión mediante el programa «SEM 2000» -por el cual yo quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario Liikanen y también a su colega la Sra. Gradin- y, en particular, a condición de que la Comisión reclame las cantidades adeudadas, que se acredite su inclusión en las cuentas y el Parlamento pueda verificarla, bajo estas circunstancias y condiciones yo respaldo la vía constructiva que propone el ponente, en este primer año de prueba del procedimiento de la DAS. Mi Grupo político apoya, por consiguiente, la recomendación de que se apruebe la gestión global del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 1994 por parte de la Comisión, a pesar de las deficiencias detectadas, pero con las debidas salvaguardias.

Killilea
Señora Presidenta, es muy oportuno que al debatir sobre asuntos presupuestarios, hagamos referencia a los principios fundamentales por los que deben regirse un control presupuestario responsable, como son la prudencia y la asignación de fondos a proyectos que sean apropiados y los merezcan. Resulta evidente, sin embargo, que no todos los proyectos europeos se ajustan a estos principios, y quiero referirme a uno concreto. Estoy hablando de la administración de nuestras propias finanzas dentro de nuestras propias estructuras.
Algunos de los que visitan recientemente Bruselas se quedan muy sorprendidos al comprobar que aún continúa la construcción de la nueva sede del Parlamento Europeo en esa ciudad iniciada en 1990, y ante el carácter ornamental del edificio en cuestión. Esta Torre de Babel de cristal de los tiempos modernos es por completo innecesaria y supone un derroche de unos recursos que el Parlamento podía haber utilizado de forma más constructiva para otros aspectos de su trabajo. El coste estimado del edificio se sitúa en torno a los 900 millones de ecus -una suma de dinero excesiva, si se piensa en los otros usos que podrían haberse dado a esos fondos y en el actual déficit presupuestario previsto para este año, que según las estimaciones ascenderá a 72 millones de ecus, suma equivalente a lo que economizamos anualmente gracias a la reforma de la PAC. Todos esos ecus economizados están ahora siendo derrochados tontamente. Los diputados al Parlamento Europeo que recibieron un mandato democrático del electorado no han sido consultados sobre la construcción de esta extravagancia ni han tenido ninguna oportunidad de vetar este proyecto. Por el contrario, la construcción de este palacio de cristal ha seguido adelante sin el menor impedimento.
Resulta especialmente irónico que hoy estemos debatiendo asuntos presupuestarios y fiscales en este Parlamento. Si ha existido alguna vez un ejemplo de irresponsabilidad presupuestaria, ése es el grandioso edificio que actualmente está tomando forma en Bruselas. A pesar de todo lo que se ha hablado de acercar Europa a sus ciudadanos y de la necesidad de construir una Europa de los pueblos, proyectos como dicho edificio sólo sirven para reforzar la imagen de una Europa elitista que se mantiene alejada de la gente sencilla y de sus preocupaciones. La percepción es un factor muy importante para este Parlamento Europeo, y casos como éste no le hacen ningún servicio.

Mulder
Señora Presidenta, quisiera limitarme a hacer algunas observaciones sobre el informe Wynn, relativo a la aprobación de la gestión del presupuesto de 1994.
En primer lugar, unas cuantas observaciones sobre lo que dice en torno al tema de la agricultura. Considero que también en el futuro será prácticamente imposible predecir con exactitud cuáles serán los gastos agrícolas. Todavía no he conocido a nadie que pueda predecir el tiempo, que pueda predecir exactamente qué enfermedades aparecerán; baste con citar la enfermedad de las vacas locas que ha aparecido hace poco. Y tampoco he oído nunca a nadie hacer previsiones acertadas sobre la relación correcta entre el dólar y el ecu. Por consiguiente, pienso que, en este sentido, es preferible no arriesgarse, para así poder cumplir las garantías que damos a los agricultores. Lo que sí podemos controlar es que las normas sean lo más claras posible. En este sentido, muchos ya lo han señalado, todo deja mucho que desear. Pienso que si es preciso tomar una decisión política sobre cómo han de aplicarse, que es un asunto de la Comisión, del Consejo y del Parlamento.
Mi segunda observación tiene que ver con el programa PHARE. Sin duda el programa PHARE es una preparación para la adhesión de los países interesados a la Unión Europea. Por ello pienso que hemos de trabajar, sobre todo con estos países, para que la cooperación con ellos quede desde el punto de vista financiero libre de toda sospecha. Pienso que si queremos mejorar esta cooperación, es necesario no sólo mejorar el servicio diplomático y las delegaciones, sino que también hemos de realizar un intercambio de funcionarios, como por ejemplo, de la DG VI con el Ministerio de Agricultura de los países implicados. ¿No sería posible que determinados funcionarios de los Ministerios de Agricultura procedentes de antiguos países del bloque soviético fueran a trabajar a Bruselas y que la gente de la DG VI explicara su política, o la política de la DG VI, en los países implicados?
Pienso que en el documento, que ojalá recibamos el 30 de septiembre de 1996, se prestará atención a esta cuestión y que la Comisión también explicará cómo podrían detallarse más las medidas y la cooperación en materia veterinaria y fitosanitaria.

Dankert
Señora Presidenta, ante todo quiero manifestar que estoy plenamente de acuerdo con el informe Wynn y deseo tan sólo recalcar un aspecto. En realidad, el Sr. Tomlinson ya lo ha señalado: parece muy hipócrita oír por parte del Consejo en el dictamen sobre la aprobación de la gestión, que el Tribunal de Cuentas tiene razón y que la Comisión tendría que realizar mejor su trabajo. Sin embargo, razón no les falta, pues si se lee bien el informe del Tribunal de Cuentas, resulta que la Comisión no cumple su misión como guardiana de los Tratados. Las directivas sobre el gasto público y la normativa sobre el medio ambiente: casi nunca se cumplen. La razón es evidente, y es que si ello sucediera, la Comisión se encontraría con una subutilización de los fondos estructurales más grave que la que hay ahora. Pero este no es un argumento para no mantener la normativa, pues hace que se despilfarre mucho dinero o que la normativa ambiental ya no funcione para evitar los daños, sino como mucho para limitar los daños y a veces reparar los daños causados por los fondos.
El gasto público, un pequeño ejemplo: parece ser que en Grecia sucede a menudo que los contratistas griegos reciben un proyecto porque se inscriben por menos de la mitad del coste del proyecto, pero al final pueden obtener más del 150 % del coste del proyecto de manos de la Comisión. Me cuesta mucho creer que ese 50 % de beneficios se lo quede sólo el contratista.
Las cosas no están mejor con el medio ambiente. Normalmente se realizan estudios de impacto ambiental una vez que ya se ha tomado una decisión política sobre un determinado proyecto, y esto significa que muy pocas veces se estudian las alternativas, como en el caso del puente sobre el Tajo en Lisboa, y la única opción es limitar los daños.
Como ya he dicho, la principal causa, por lo menos dentro de la Comisión, es el hecho de que la mayoría de los Comisarios otorga bastante más importancia a apartar dinero del presupuesto que a respetar la normativa.
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Liikanen cuando dice, en una carta sobre el tráfico aduanero comunitario, que la Comisión no tiene más opción que mantener la normativa existente. Exacto. Así tendría que ser. Pero no es lo que hace la Comisión. Además, pueden señalarse otras causas: insuficiencia de los procedimientos de control, deficiencia de los comités de vigilancia, insuficiente aplicación del artículo 24. En resumidas cuentas, en los fondos estructurales, la Comisión fracasa en su tarea de guardiana del derecho comunitario. Por ello, la Comisión tendría que investigar más cómo solucionar estas deficiencias. Tengo la impresión de que convendría llegar a un acuerdo con el Consejo, y esto se suma a las recomendaciones del Consejo, de atribuir más responsabilidad a los Estados miembros a la hora de aplicar las directrices y que sea tan sólo a partir de ello que la Comisión juzgue si adjudica o no proyectos.

McCartin
Señora Presidenta, mi compañero de circunscripción, Sr. Killilea, ha hecho gala de su ingenio más pintoresco al describir el nuevo Parlamento Europeo como la Torre de Babel. Estoy seguro de que ha sido concebido para atraer la máxima atención, pero no quiero que este tipo de alegaciones circulen por mi circunscripción sin haber recibido una respuesta. No hemos construido un Parlamento para los diputados que hoy nos encontramos aquí. Lo estamos construyendo para la sociedad europea. El coste de su construcción es equivalente a 3 ecus per cápita de un año de la población de esta Unión Europea. Espero que al igual que la Cámara de los Comunes, el Reichstag en Alemania o Las Cortes en España, dicho edificio esté allí para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que nunca sea bombardeado ni profanado y que sea el lugar en el que el pueblo de Europa haga oír su voz durante las generaciones venideras. Me siento orgulloso de ese edificio. Refleja parte de la tecnología y de la grandeza de esta época y de la competencia de los pueblos de Europa de hoy en día.
El ataque del Sr. Killilea no es digno de un diputado. De haber asistido regularmente a las actividades de esta Asamblea, sabría que fuimos consultados. Si no tuvo inconveniente en no estar presente en todo momento, debería confiar en sus colegas que sí estuvieron y que tomaron la decisión.
Quiero dar las gracias al Sr. Wynn por su informe. Apoyo su negativa a conceder la aprobación de la gestión. No me refiero al ámbito de los Fondos Europeos de Desarrollo. No lo considero como una reflexión sobre la competencia de la Comisión Europea, sino que es fruto de las circunstancias en que nos encontramos; la situación imposible de que se nos exija que respondamos de algo de lo que no podemos responder, y de lo que no somos responsables.
No estoy de acuerdo con el tono de su crítica relativa a los gastos agrícolas. A veces me sorprenden la experiencia y los conocimientos que encuentro en la Comisión. Es un asunto de lo más complicado intentar prever los costes agrícolas en un año determinado. El Parlamento se muestra continuamente algo severo en lo que se refiere a este tipo de críticas.
La última observación que deseo hacer es relativa a la sanción impuesta al Gobierno irlandés. Es lamentable que los contribuyentes irlandeses tengan que aceptar esto, a pesar de no haber obtenido ningún beneficio de la conducta negligente que dio lugar a estos abusos. Quiero subrayar el hecho de que no fue a nivel europeo, sino en el marco del Parlamento irlandés donde se produjeron las primeras revelaciones y se exigieron aclaraciones de todos estos abusos. La sanción ha sido especialmente dura por ser equivalente a 1.000 millones de ecus para los británicos o los italianos. La agricultura irlandesa no ha obtenido el menor beneficio de todo este asunto.

Kaklamanis
Señora Presidenta, voy a referirme al informe del Sr. Edward Kellett-Bowman sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, en Salónica.
Sinceramente, no entiendo por qué su Señoría solicita un aplazamiento. ¿Porque se ha producido alguna anomalía en la gestión económica anterior a 1994? Si es así, debe mencionarla y describirla en su informe, y creo que todos nos pondremos de su parte. Sin embargo, no menciona nada similar en su informe. En cambio, sí expresa ciertas dudas sobre la continuación de la labor de este centro -el Cedefop- por razones de productividad y eficacia. Atribuye estas dudas al hecho de que, cuando en la cumbre de 1994 se decidió trasladarlo de Berlín a Salónica, la mitad de los empleados se negaron a trasladarse a esta ciudad. Los que contaban con protectores políticos poderosos se trasladaron a otras oficinas de la Unión Europea. Los que estaban cerca de la edad de jubilación se acogieron a la jubilación anticipada y, por último, los que no tenían ninguna de estas dos posibilidades abandonaron su puesto. Así, de unas 100 personas, menos de la mitad se encuentran actualmente en Salónica.
Señorías, yo les pregunto: ¿es así como se llevará a cabo la ampliación de Europa? Cuando se incorporen los países del Este, ¿habrá empleados malacostumbrados que se nieguen a trasladarse a capitales situadas fuera del triángulo París-Berlín-Bruselas? ¿Es así como el Parlamento Europeo practica la política de descentralización y de fomento de las periferias?
Lo lamento, pero si no recibo respuestas fundadas a mis preguntas me dirigiré a mi Grupo con la recomendación de votar en contra del informe del Sr. KellettBowman.

Tappin
Señora Presidenta, deseo hacer referencia al informe del Sr. Blak sobre la aprobación de la gestión de la CECA para el ejercicio 1994.
Quisiera llamar la atención de los diputados sobre el apartado 11 del informe del Sr. Blak que trata sobre el cierre de minas de carbón en el Reino Unido. Quiero llamar la atención del Sr. Liikanen sobre todo ese asunto de lo que él y el Consejo de Ministros piensan hacer sobre la recuperación de las ayudas concedidas a las minas del Reino Unido que posteriormente fueron vendidas o privatizadas.
Permítame analizar brevemente el texto del informe del Sr. Blak. Dice, lo cual resulta muy interesante, que reconoce que la CECA no va estar en condiciones de recuperar por la vía jurídica las bonificaciones de interés concedidas para financiar unas inversiones destinadas a mejorar la capacidad de producción. Pero si no puede recuperarlas por la vía jurídica, ¿acaso se propone el Sr. Blak o la Comisión enviar a los muchachos al número 10 de Downing Street para reclamar que devuelvan el dinero? ¿Qué es lo que está en juego en este caso? El informe del Tribunal de Cuentas dice claramente que 15 minas de carbón recibieron ayudas en virtud del artículo 54. Dos de ellas han sido cerradas. Una -Lea Hall, que se encuentra en mi circunscripción- recibió una subvención a fondo perdido de casi medio millón de ecus, y la mina de carbón de Frickey una ayuda de 294 millones de ecus, que no han sido devueltas por el Gobierno británico. También se han concedido ayudas a minas de carbón que posteriormente han sido privatizadas -dos de las cuales, una vez más, se encuentran en mi circunscripción: Trentham y Silverdale. Sé que cuando se privatizó Trentham, gran parte del equipamiento que había sido financiado con fondos de la CECA, fue incluido en el lote.
Quiero dirigir, por consiguiente, dos preguntas al Sr. Liikanen: ¿qué medidas se propone emprender para recuperar las subvenciones concedidas en efectivo, y cómo piensa poner fin a la concesión de este tipo de ayudas a empresas del Reino Unido que han sido privatizadas o que lo serán en el futuro? ¿Cómo piensa recuperar dichos fondos y prevenir que esto vuelva a repetirse?

König
Señora Presidenta, yo voy a dirigirme en particular a la Comisión porque pienso que es nuestra aliada natural para una ejecución sin despilfarros del Presupuesto, si bien al Parlamento le corresponde aprobar su gestión presupuestaria. Como ya ha señalado mi colega, la Sra. Theato, la DAS, la Declaración de Fiabilidad estadística, ofrece por primera vez a la Comisión y también al Parlamento un instrumento que, sin ser perfecto, confiere mayor significación al procedimiento de aprobación de la gestión de los presupuestos y amplía de este modo las posibilidades de actuación de la Comisión y su responsabilidad en relación con la ejecución del presupuesto.
Igualmente significativa es la dotación de personal de la UCLAF. Hemos podido comprobar -en el caso del fraude en el sector de embalaje, por ejemplo- que este servicio ha llegado a ser imprescindible para garantizar una gestión financiera rigurosa y también debe cumplir, evidentemente, una función esencial en la lucha contra el fraude. Por lo tanto, es preciso dotarla también de los recursos humanos necesarios.
Ya se ha señalado que la gestión de un 80 % de los recursos corresponde a los Estados miembros; de ahí la particular importancia de un seguimiento por parte de la Comisión, puesto que nos han llegado noticias que erizan el pelo sobre los resultados de los controles en el caso de las retiradas del mercado en el sector de las frutas y hortalizas. Ha quedado patente la importancia de los controles y que éstos deben ampliarse considerablemente, a fin de obligar a los Estados miembros a asumir la responsabilidad que les corresponde.
Como último aspecto significativo, yo quisiera destacar el caso de las organizaciones satélites, esto es, de las instituciones que actúan de manera descentralizada en los distintos Estados miembros en nombre del conjunto de la Unión. Nuestro colega griego se ha referido al Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional. Ahora bien, este Centro tiene dificultades como consecuencia de su traslado a Salónica. El Sr. Kellett-Bowman y su comisión han recomendado acertadamente la denegación de la aprobación de la gestión a la espera de que dicho Centro establezca claramente su función y de que la calidad del servicio ofrecido responda a la demanda. Deberemos comprobar si estas condiciones se cumplen en el futuro. Si es así, su existencia tendrá un sentido. De lo contrario, será preciso extraer las debidas consecuencias.

Bösch
Señora Presidenta, el debate sobre la aprobación de la gestión del Presupuesto europeo pone de manifiesto visiblemente una causa importante del desencanto europeo con que se enfrentan en estos momentos nuestros Estados miembros. Sin embargo, éste tiene en parte su origen en la falta de rigor en la gestión de los recursos, es decir de los fondos de los contribuyentes europeos. Yo he seguido el debate con interés, puesto que el interrogante que manifiestamente se dirime es si la responsabilidad es de los Estados miembros o de la Comisión. A mi entender, se trata de una pregunta bastante estéril, que sólo remite al Parlamento Europeo de Herodes a Pilatos.
Por mi parte, no puedo eximir totalmente de culpa a la Comisión. Que precisamente ahora se repita el debate sobre los fundamentos jurídicos -y éstos también constituyen, a mi parecer, un fundamento importante para garantizar la seguridad presupuestaria en Europa- me despierta la sospecha de que la Comisión Europea se presta de buen grado a este juego. Por otra parte, a la vista del desconocimiento de los hechos que han manifestado en algunos casos los miembros de los Comisión Europea ante nuestra comisión de investigación sobre los casos de fraude en el procedimiento de transferencias, me obliga a manifestar que es preciso introducir algunas modificaciones que nos permitan reforzar nuestra confianza en la Comisión en materia financiera.
Desde esta perspectiva, yo felicito a nuestro ponente, el Sr. Barry Wynn, por la claridad de su informe sobre la ejecución de los Fondos Europeos de Desarrollo durante el ejercicio de 1994 y sobre todo por su propuesta de denegación de la aprobación de la gestión de la Comisión en estas circunstancias. El Parlamento Europeo expresa de este modo su negativa a seguir tendiendo un velo sobre unas actuaciones que no deben encubrirse, sino que es preciso poner de manifiesto. Ha quedado patente que cuando las responsabilidades no están claramente definidas, se producen irregularidades, como por ejemplo en el caso de la Fundación Cultural. Hablando sin rodeos, queremos y pedimos la integración de los Fondos Europeos de Desarrollo en el Presupuesto europeo, a fin de cerrar el paso a futuras deficiencias en la gestión de los recursos en este ámbito. Yo espero que los nuevos Estados miembros promuevan asimismo iniciativas en este sentido. Pero también pienso que estamos autorizados a esperar el respaldo activo de la Comisión Europea.

Bardong
Señora Presidenta, Señorías, nos aproximamos al final de este debate, pero yo quisiera manifestar, no obstante, mi preocupación por lo que respecta a si en verdad existe una debida conciencia de la significación política del procedimiento de aprobación de la gestión de los presupuestos, tanto entre nuestros colegas, como en el Consejo y en los Estados miembros y, por consiguiente, también por parte de la opinión pública. Yo lo dudo muchísimo. Incluso deberíamos preguntarnos si la Comisión se toma suficientemente en serio todo el procedimiento, y bastará que les recuerde el inicio de este debate. Aun así, debo manifestar con toda claridad que nuestra valoración de la colaboración tanto con la Comisión como con el Tribunal de Cuentas es sumamente favorable y de hecho justifica, más allá de todos los posibles argumentos, la aprobación de la gestión presupuestaria, al margen de que, por otra parte, su repetido aplazamiento ha dejado de ser eficaz.
La información que hoy he recibido sobre la participación del Consejo y de los Estados miembros en todo el proceso ha sido insuficiente. En efecto, casi todos los oradores han señalado que un 80 % de la ejecución del Presupuesto corresponde a los Estados miembros, pero ésta sólo podrá mejorarse definitivamente con la colaboración de los Estados miembros y, por lo tanto, también debemos mejorar, a mi parecer, la cooperación con los mismos. Soy asimismo del parecer que la actuación de la Comisión frente a la negligencia de los Estados miembros que no cumplen las condiciones establecidas muchas veces no es suficientemente firme.
En cualquier caso, yo respaldo decididamente el aplazamiento o incluso la denegación de la gestión del Cedefop, pero sin que esta situación se prolongue durante años. En realidad, en mi opinión, en estos momentos ya existen motivos suficientes para preguntarnos si no deberíamos considerar la disolución de dicho Centro. El Sr. Kellett-Bowman ya ha manifestado, en efecto, con toda claridad, contrariamente a la opinión de uno de los oradores que me han precedido, que no está garantizada en absoluto una definición eficiente de sus tareas.
Para terminar, sólo quisiera subrayar que examinar con igual atención los gastos como los ingresos, un aspecto en el cual, a mi parecer, nos hemos quedado cortos este año. Se ha manifestado que la comisión de investigación se encarga de ello. No obstante, su labor es sólo una parte de la meticulosa atención que debemos dedicar a este ámbito.

Kranidiotis
Señora Presidenta, debo confesar de antemano que tengo especiales reservas en cuanto al informe Kellett-Bowman sobre el Cedefop.
En él se refieren problemas de administración menores, para llegar a la conclusión de que hay que aplazar la aprobación de la gestión del Cedefop para el ejercicio 1994. Esta propuesta de aplazamiento se basa en un informe de consultores externos, que no está claro en qué medida se refieren al ejercicio 1994. Sospecho que tras esta postura se esconden otras intenciones y expectativas, como la limitación de las actividades del Cedefop y su cierre, según da a entender indirectamente el informe.
Es cierto que el Cedefop está pasando por un período transitorio a causa de su traslado de Berlín a Salónica, a raíz de la decisión política adoptada por el Consejo Europeo de Bruselas, ante la cual cualquiera puede tener sus reservas. Aun así, es una decisión que todos debemos respetar y apoyar. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por superar cualquier posible retraso o defecto de forma, ayudando al Cedefop y contribuyendo a la racionalización de su organización, en lugar de poner en duda la utilidad de un órgano institucional europeo.
En una época en la que uno de los problemas más graves de la economía europea es el desempleo, la utilidad del Cedefop es inmensa. Señora Presidenta, creo que el deber de la Comisión Europea, como observa el ponente, es aprovechar mejor la aportación del Cedefop. Además, ya se ha hecho público un programa a largo plazo elaborado por el Cedefop, que habría que tomar seriamente en cuenta.
Para finalizar, quisiera instar al ponente a que, cuando visite Salónica, haga una evaluación objetiva de la situación. Por el momento, le pido que suprima el apartado 2 de la propuesta de resolución, donde se pone en duda la utilidad del Cedefop.

McCarthy
Señora Presidenta, deseo expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Blak, no sólo por un excelente informe, sino también por llamar nuestra atención una vez más sobre la práctica inicua del Gobierno Conservador en el mal uso y abuso que hace de los fondos europeos. Hay que decir que esto no es más que la punta del iceberg. Los 2, 2 millones de ecus no parecen mucho dinero, si se comparan con los casi 500 millones de ecus que la Comisión está investigando actualmente de los recursos del FEDER que han ido a parar a empresas de servicios de gas, agua y telecomunicaciones que han sido privatizadas en el Reino Unido.
Creo que la Comisión y el Consejo tienen el deber de supervisar y controlar la utilización de los fondos y de emprender medidas. Me temo que sencillamente no basta con decir que, por motivos jurídicos, la Comisión no puede emprender medidas para recuperar el dinero de los contribuyentes. ¿Cómo es posible que permitamos al Presidente Santer que se alce y haga un llamamiento a favor de un pacto de confianza por el empleo, mientras que al mismo tiempo permitimos que nuestros préstamos, ayudas y subvenciones vayan a parar a empresas de servicios privatizadas y a compañías multinacionales para que llenen los bolsillos de los accionistas y dejen a la gente dependiendo de las ayudas de la seguridad social? Eso no colará en la sociedad y ésta se dará cuenta de la hipocresía de nuestras políticas. Por ello pido a la Comisión y al Consejo que adopten medidas.
Hace dos años presenté preguntas parlamentarias sobre este mismo tema. Hasta el momento no hemos tenido resultados al respecto. Creo que si el Consejo y la Comisión no actúan, esta Asamblea tiene el deber de solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la mala utilización de los fondos, con objeto de prevenir el abuso sistemático de los mismos para beneficios y ganancias de particulares.

Truscott
Señora Presidenta, deseo referirme al informe del Sr. Samland, por el que le felicito. Acojo con especial satisfacción su referencia al programa TACIS y a la necesidad de supervisar más de cerca los proyectos TACIS.
También existe la necesidad, como ha declarado el ponente, de una mejor divulgación de los resultados del programa TACIS. TACIS ha aportado unos 600 millones de libras a la Federación Rusa, por ejemplo, durante los últimos cinco años. Pero, ¿acaso tiene idea el Parlamento de la finalidad que se ha dado a dichos fondos y de lo eficaz que ha resultado el programa TACIS? La respuesta debe ser un rotundo no.
Mayor obligación de rendir cuentas y mayor transparencia deben ser las principales prioridades, incluida una mejor supervisión de los gastos del programa para los Estados de la antigua Unión Soviética que recientemente han conseguido la independencia. Pero ello no debe hacerse a expensas de una ejecución rápida y eficaz.
Espero que la Comisión pueda garantizar que dicho espíritu de transparencia se hará extensivo a la investigación de cualquier irregularidad por parte de Michael Emerson y que el Parlamento será debidamente informado de cualquier posible mal uso de fondos europeos o de la concesión de asesoramiento.

Liikanen
Deseo pedir disculpas por el retraso de antes, pero nos encontrábamos reunidos con miembros de la Comisión de Presupuestos y con la Presidencia, intentando resolver los problemas relativos al procedimiento presupuestario para el próximo ejercicio.
El debate de hoy y la votación de mañana pone fin a la revisión de las actividades financieras de la Comunidad en el ejercicio 1994.
El proceso de control externo es una parte fundamental de los esfuerzos destinados a mejorar la eficacia y el valor de los fondos de los presupuestos comunitarios. Cada paso -desde los informes del Tribunal de Cuentas hasta las deliberaciones exhaustivas del Parlamento Europeo- viene a reforzar los intentos encaminados hacia la reforma de la gestión financiera en el seno de la Comisión y de toda la Comunidad.
La Comisión de Control Presupuestario, tomando como base un informe del Sr. Wynn, recomienda conceder la aprobación de la gestión de la Comisión en lo relativo al presupuesto general de la Comunidad para el ejercicio 1994. También se propone aprobar la gestión de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín, en base a los informes de los Sres. Blak y Kellett-Bowman respectivamente. La Comisión celebra dichas propuestas. En este contexto, deseo responder a la pregunta del Sr. Blak relativa a Bagnoli, Italia. La subvención fue devuelta en su totalidad antes de que finalizara el pasado año.
La aprobación de la gestión del Cedefop ha sido pospuesta. La Comisión trabajará con el ponente, Sr. Kellett-Bowman, para aclarar los asuntos pendientes. Por último, en lo relativo a los Fondos Europeos de Desarrollo y en base al informe del Sr. Wynn, se propone denegar la aprobación de la gestión. Volveré sobre este asunto dentro de un momento.
La particularidad del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1994 es que debe evaluar los resultados de un nuevo instrumento introducido por el Tratado de Maastricht, la «declaración de fiabilidad (DAS)».
Los resultados de la primera DAS demuestran que el examen de las distintas operaciones, comenzando por la Comisión hasta llegar a su destinatario final, aporta nueva información muy valiosa sobre el funcionamiento de la gestión de la Comisión y de los Estados miembros.
Al mismo tiempo, la necesidad de llegar a conclusiones generales en base a una pequeña muestra presenta difíciles interrogantes sobre la metodología. Existe además la dificultad de explicar el significado de los resultados a un público más amplio. Como ya se ha dicho hoy, los titulares de: »fraude y derroche por miles de millones de ecus» -aunque carecen de fundamento- reflejan la dificultad que encuentra un público más amplio para comprender este instrumento.
Por consiguiente, es especialmente valioso que la evaluación exhaustiva y equilibrada de la primera DAS realizada por el Sr. Wynn establezca una referencia para futuros ejercicios. Deseo felicitar a la Comisión y al Sr. Wynn por su excelente labor. Deseo hacer una alusión especial a la exposición de motivos, porque, conceptualmente, es un tema muy difícil y la observación se explica de un modo muy claro. Es posible incluso que, en el futuro, se convierta en una útil referencia para la Comisión.
La Comisión continuará colaborando con el Tribunal de Cuentas y con expertos externos para mejorar la metodología de la DAS. Las principales consecuencias que pueden sacarse de la primera DAS son de dos tipos. Primero, se proseguirán todos los esfuerzos para eliminar las causas de error detectadas en la DAS. Los errores atribuidos a la Comisión -principalmente de tipo formal- han sido tratados en las primeras dos fases del Programa para una gestión buena y eficaz (SEM 2000).
Los errores atribuidos a los Estados miembros -a menudo sustanciales- serán tratados en la tercera fase del ejercicio. Esta fase ya ha sido lanzada. La primera reunión del grupo de representantes personales de los Ministros de Finanzas, celebrada el 7 de marzo de 1996, fue fructífera. En ella se aprobó el programa de trabajo, que cubre temas que van desde la elaboración del presupuesto hasta el control financiero.
Los primeros asuntos debatidos en cierta profundidad incluyeron la cuestión de la elegibilidad del gasto de los Fondos estructurales y la posibilidad de reforzar las sanciones. Estas cuestiones han sido identificadas en el informe de aprobación de la gestión para el ejercicio 1994 como la cuestión fundamental de los Fondos estructurales. Como dice el Sr. Samland en su informe, es un tema fundamental. Confiamos poder encontrar una solución en el grupo de trabajo.
Las discusiones mantenidas por el grupo de representantes personales confirmaron las expectativas de que será difícil avanzar en estas cuestiones. Una serie de Estados miembros adoptaron una opinión opuesta al enfoque del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo. Existe, en realidad, una contradicción inherente entre, por un lado, unos objetivos ambiciosos en lo relativo a la calidad y, por otro, el compromiso político de «utilizarlo todo» antes de que finalice 1999.
El fuerte impulso dado por el Consejo Europeo de Madrid permitió mejorar la calidad de los gastos y estudiar la posibilidad de imponer nuevas sanciones. Pero la contradicción básica prevalece.
En segundo lugar, la recuperación de aquellos pagos individuales en los que el Tribunal de Cuentas encuentra errores sustanciales, necesita convertirse en una medida más sistemática y más transparente, tal y como se solicita en el informe de aprobación de la gestión para el ejercicio 1994, y como repetía el Sr. Wynn hace un momento.
Por ello, la Comisión presentará en lo sucesivo un informe sobre el seguimiento que se haga de cada uno de los errores sustanciales de pago. Dicho informe será publicado conjuntamente con el informe financiero anual.
Además, las previsiones de créditos (o prévisions de créances) se establecerán a partir de ahora por sectores. Los servicios de la Comisión responsables se encargarán de hacer las estimaciones de los importes, independientemente de la fuente de información que detecte una irregularidad. En ese caso, se intentará obtener el reembolso aplicando los procedimientos existentes en la sección. Los procedimientos son diferentes según los distintos sectores.
En lo relativo a las políticas internas, el informe sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1994 expone serias dudas sobre la transparencia de los procedimientos en materia de financiación directa y de las ayudas. En el informe del Tribunal de Cuentas encontramos escasa evidencia que apoye esta opinión. De hecho, cabe destacar que tanto LIFE como los gastos destinados a investigación tienen sus reglamentos específicos y detallados que garantizan la transparencia en materia de selección de los proyectos y de evaluación de los programas. La publicación en el Diario Oficial es obligatoria.
Las actividades turísticas han sido evaluadas minuciosamente. Los resultados serán comunicados al Parlamento dentro de unas semanas. Recomiendo vivamente la lectura de dicho informe como acercamiento ilustrativo a la metodología de evaluación en la que tengo firmes esperanzas para el futuro.
La Comisión colaborará con el Parlamento en cualquier mejora que pueda ser de utilidad. En vez de elaborar otro informe horizontal que cubra toda la categoría 3, sería más eficaz centrarse en programas individuales realizando evaluaciones ex ante y ex post de cada uno de los programas en cuestión.
Permítame referirme a continuación a los Fondos Europeos de Desarrollo. La Comisión de Control Presupuestario propone denegar la aprobación de la gestión de la Comisión. La propuesta no se debe principalmente a la mala gestión de la Comisión. De hecho, el informe del Sr. Wynn reconoce los intentos de la Comisión para mejorar la gestión financiera de los FED, si bien critica la gestión financiera de la Fundación Cultural ACP. El principal motivo de la crítica obedece a la no consignación de los gastos de los FED en el presupuesto.
La Comisión lamenta dicha recomendación. Por su parte, continuará esforzándose al máximo para mejorar la administración de los FED. Reconocemos que se han cometido errores en la gestión de la Fundación Cultural, pero se han sacado las consecuencias de dicha experiencia y se ha cerrado la Fundación. Conviene tener presente asimismo que los importes en cuestión eran bastante pequeños.
Además, la Comisión siempre ha compartido la crítica del Parlamento en lo relativo al marco jurídico y financiero de los FED. La Comisión continuará presionando para que los gastos de los FED sean consignados en el presupuesto. Pero denegar la aprobación de la gestión hasta que eso ocurra, aunque es una medida comprensible y consistente, puede significar que hasta entonces dejará de oírse la voz del Parlamento en lo relativo a la ejecución de los FED. Por último, como sin duda saben ustedes, algunos de los responsables de la política de desarrollo de la Comisión temen que la denegación de la aprobación de la gestión pueda dificultar aún más la política de desarrollo en el futuro.
Permítame concluir con dos respuestas a la Sra. Kjer Hansen y al Sr. Cornelissen, a quienes también deseo dar las gracias por sus excelentes informes. La Sra. Kjer Hansen ha hablado sobre los recursos en la liquidación de cuentas. Tenemos conocimiento de las necesidades que allí existen, pero quiero decir que para el presupuesto para 1977, la Comisión ya ha tomado la decisión de no solicitar nuevos recursos aparte del presupuesto para la ampliación. Haremos, por consiguiente, todo lo posible en el plano de la redistribución y los presupuestos para la ampliación.
El Sr. Cornelissen tenía una serie de preguntas. En primer lugar, respecto al reembolso de los fondos por incumplimiento de las cuotas lecheras, estamos recuperando los fondos en cuatro años, es decir, en cuatro tramos iguales. En 1995 ya recibimos 450 millones de ecus; para este año se ha fijado la suma en otros 450 millones de ecus, que han sido presupuestados, y los dos tramos restantes serán recuperados en 1997 y 1998. En lo relativo al fraude del tabaco, las investigaciones y los procedimientos legales siguen su curso. La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre cualquier nuevo acontecimiento que se produzca.
En cuanto al programa de recompra de cuotas lecheras, debo decir que mientras tanto ha sido adoptado el fundamento jurídico, y la Comisión considera zanjado este asunto. En lo relativo al incumplimiento de las cuotas lecheras por parte de España en 1989, la Comisión carece de fundamento jurídico para cambiar la decisión. Ésta es también la posición del Tribunal de Justicia. Por último, sobre los terneros holandeses, transmitiré la pregunta al Comisario Fischler. Mi experiencia en ese campo no me permite responder a esa pregunta.
También ha habido una pregunta sobre los préstamos de la CECA a British Coal . Ya discutimos este asunto el año pasado. Lamento decirlo, pero en opinión de los servicios jurídicos, no existe fundamento jurídico que permita a la Comisión recuperar dichas ayudas como consecuencia de la posterior privatización de British Coal .
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Theato, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, por estos excepcionalmente minuciosos y productivos procedimientos de aprobación de la gestión para el ejercicio 1994.

El Presidente
¿Quiere hacer uso de la palabra, señor Presidente en ejercicio del Consejo?

Giarda
Señora Presidenta, sólo un brevísimo comentario sobre la cuestión del Fondo Europeo de Desarrollo. Quisiera recordar que dicho fondo se financia mediante contribuciones directas de los Estados miembros y no mediante dotaciones a cargo del presupuesto comunitario. Por esta razón, la aprobación de la gestión del presupuesto del Fondo no ha sido incluida en la intervención de la Presidencia del Consejo del día de hoy.

Wynn
Señora Presidenta, debemos corregir dicha declaración si ésta va a constar en Acta. Lo que hemos oído en la versión inglesa es que el Parlamento no participa en la aprobación de la gestión de los FED. Esa es la cuestión. Sí participamos en eso y en nada más. Debo decir al Presidente en ejercicio que ya he tenido ocasión de verle luchar anteriormente -y no es una crítica personal- en la reunión a tres bandas, y con el tipo de respuesta que ha dado ahora, no ha recibido el mejor consejo sobre algo que el Parlamento toma con la máxima seriedad.

McGowan
Señora Presidenta, aquí se ha producido un conflicto muy serio entre la Comisión y el Consejo que debemos aclarar. La Comisión ha alegado que nuestra denegación de la aprobación de la gestión en lo relativo a los Fondos Europeos de Desarrollo puede dificultar aún más su trabajo. A esto siguió una declaración del Consejo en la que nos informaba que no tenemos la menor responsabilidad en lo relativo a la aprobación de la gestión de los FED. ¿Podrían ponerse de acuerdo, y decirnos cuál es la situación?

Theato
Señora Presidenta, yo agradezco al Consejo la información que acaba de darnos, sin embargo desearía verificarla. Por lo que yo sé, esta información no es correcta. Sin duda alguna, existe una recomendación del Consejo relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo. Yo solicito, por lo tanto, que vuelva a verificarse este punto.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, a este respecto, coincido con lo que acaba de decir la Sra. Theato. Simplemente quisiera recordar, al concluir este debate, que a menudo se ha tratado, en el curso del procedimiento, de las respectivas presencias de las instituciones. Me parece que sería conveniente recordar a los ponentes que presenten, de conformidad con el artículo 165, su informe en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, que deben, a partir del momento en que aceptan esos informes, estar presentes durante toda la duración de los debates. El señor Comisario Liikanen dio contestación a los ponentes: de ocho ponentes, cuatro estaban ausentes.

El Presidente
Se procede a tomar acta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0431/96), dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 18 formulada por Bertel Haarder (H-0279/96):
Asunto: Acuerdo de Schengen y cooperación en materia policial
En virtud del Acuerdo de Schengen, la cooperación entre las autoridades judiciales, policiales y administrativas de los países signatarios permitirá la abolición total de las fronteras interiores de forma gradual.
¿Existe alguna disposición en el Acuerdo de Schengen que impida a los países que se adhieran a él en el futuro, tales como Dinamarca y Suecia, mantener y reforzar sus acciones encaminadas a localizar y descubrir a las bandas de narcotraficantes y otros tipos de delincuencia en los puntos fronterizos si estas medidas resultan necesarias para luchar eficazmente contra la delincuencia?

Monti
La abolición de los controles de mercancías y de equipajes en las fronteras interiores no se deriva del acuerdo de Schengen. En materia de control de equipajes, por ejemplo, el artículo 124 del Convenio de Schengen, firmado en junio de 1990, se limita a disponer que «el número y la intensidad de los controles de las mercancías y de la circulación de los viajeros en las fronteras interiores se reducirán al mínimo posible. Su progresiva reducción y su definitiva supresión dependerán de la futura evolución de las prescripciones aplicables a la circulación transfronteriza de viajeros».
En particular, las medidas comunitarios adoptadas para establecer el mercado único son las que garantizan la abolición de los controles de mercancías y de equipajes en las fronteras interiores. Por lo que se refiere a los controles de equipajes, el artículo 1 del Reglamento nº 3925/91 dispone que la abolición de los controles de equipajes en las fronteras interiores se aplicará, sin perjuicio de los controles conexos con las prohibiciones o las restricciones emanadas por los Estados miembros de acuerdo con los tres tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.

Haarder
He formulado esta pregunta porque quienes se oponen al Acuerdo de Schengen siempre afirman que su aplicación dificultará la captura de las bandas de delincuentes. Yo afirmo por el contrario, y me gustaría conocer la opinión del Comisario al respecto, que el control fronterizo tradicional ha quedado anticuado, ya que las bandas de delincuentes lo franquean con facilidad. La colocación de agentes de policía a lo largo de las fronteras ha quedado anticuada; lo que necesitamos ahora para luchar contra la delincuencia es una cooperación internacional. Le ruego me confirme que la aplicación del Acuerdo de Schengen no impide de ninguna manera que la policía italiana, francesa o danesa pueda parar y registrar automóviles, etc., realizar todos los registros necesarios para capturar a los narcotraficantes y a los responsables del blanqueo de dinero o impedir la trata de personas, etc. Le ruego que me lo confirme.

Monti
La Comisión, tal como su Señoría sabe, participa en las reuniones del Comité ejecutivo de Schengen en calidad de observador. En este período, en este año de aplicación de los Acuerdos de Schengen, se ha constatado que la aplicación del acuerdo ha aumentado las posibilidades de control de todos los fenómenos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Por consiguiente, la aplicación del Acuerdo de Schengen ha fomentado la cooperación en el sector de las actividades de prevención y control llevadas a cabo por las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros. Por ello, creo que la respuesta que afecta en particular a los países que tienen intención de adherir a Schengen en el futuro, es una respuesta alentadora.

Sjöstedt
Señor Presidente, me gustaría referirme a la pregunta del Sr. Haarder. Actualmente el control por parte de las autoridades aduaneras de Dinamarca y Suecia se lleva a cabo a base de pruebas efectuadas al azar, sin que medie la sospecha previa de tráfico con narcóticos. ¿Piensa el Comisario que esta modalidad de pruebas arbitrarias, sin que medie la sospecha de infracción, puede mantenerse según el Acuerdo de Schengen?

Monti
Es suficiente que los controles no se efectúen de forma sistemática por el hecho de cruzar la frontera. Sin duda, los controles son posibles, lejos de las zonas fronterizas y, ocasionalmente, incluso en la frontera, sin embargo deben basarse en el supuesto de cruce de la frontera.

Lindqvist
Señor Presidente, esta última afirmación me sorprende un poco, puesto que se nos ha informado de que no se va a permitir a Suecia que lleve a cabo controles al azar del tipo que efectuábamos con anterioridad a la adhesión. Por eso es tan importante esta pregunta.
¿Tenemos derecho a efectuar controles arbitrarios, y va a producirse algún cambio que empeore la situación, es decir, que vaya a resultar más difícil efectuar estos controles a causa del Acuerdo de Schengen? ¿Se producirá algún cambio en relación con dicho acuerdo?

Monti
Es conveniente recordar que los Estados miembros conservan la facultad de llevar a cabo controles en cualquier punto de su territorio nacional, a condición de que dichos controles sean justificados y, en especial, en virtud del artículo 36 del Tratado CE, proporcionales y no discriminatorios.
El artículo 7 A del TUE señala asimismo un objetivo claro, que no deja ningún margen a la discrecionalidad, aunque la supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión no resta a las autoridades competentes la facultad de actuar en el conjunto del territorio y, por ello, también en las fronteras del mismo. Sin embargo, puesto que el cruce de la frontera interior ha dejado de ser la causa que determina el control, el ejercicio de dicha facultad debe formar parte de un sistema de control que abarca el conjunto del territorio. Por consiguiente, los posibles poderes de control que se ejercitan con ocasión o a causa del cruce de una frontera interior irían en contra del artículo 7 A.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 19 no se formula. Pido disculpas al Comisario Flynn y al Sr. McMahon quienes han acudido a toda prisa a la Asamblea para estar presentes cuando se formulara esta pregunta.
Pregunta nº 20 formulada por Brian Crowley (H-0240/96):
Asunto: Compras libres de impuestos
Las compras libres de impuestos en aeropuertos y a bordo de aeronaves y transbordadores constituyen una actividad voluntaria por parte de los viajeros a sus beneficios contribuyen de modo significativo a la rentabilidad de numerosos aeropuertos y rutas aéreas y de transbordadores. Además, los productos comercializados en los puntos de venta libre de impuestos de todo el mundo están dominados por marcas comerciales de empresas de la Unión Europea, cuya competitividad se ve reforzada por las ventas libres de impuestos efectuadas durante los viajes internacionales dentro de la Unión Europea.
En estas circunstancias y considerando que, hasta el momento, no se ha logrado un sistema común de IVA para toda la Unión Europea, ¿ha considerado la Comisión la viabilidad de prolongar las ventas libres de impuestos en las rutas internacionales dentro de la UE más allá del plazo que finaliza el 1 de julio de 1999? En caso contrario, ¿piensa hacerlo ahora?

Monti
Las ventas libres de impuestos a los viajeros intracomunitarios efectuadas en aeropuertos y puertos, a bordo de aeronaves o de barcos, fueron autorizadas por el Consejo, como saben ustedes, hasta el 30 de junio de 1999, a fin de obviar tanto las repercusiones sociales en los sectores interesados como las dificultades regionales, en particular en las regiones fronterizas, que podrían crearse tras la supresión de las imposiciones sobre las importaciones y las exportaciones para los intercambios entre los Estados miembros. Éste es el trece considerando de la Directiva 91/680.
La Comisión desea puntualizar claramente que al examinar la cuestión de las ventas libres de impuestos no puede ignorarse que la renuncia a la percepción de impuestos en determinados sectores equivale, de hecho, a conceder una ayuda.
Por lo tanto, será difícil que la Comisión pueda tomar en cuenta prolongar las facilidades concedidas a los puntos de venta libres de impuestos, al ser dicho régimen incompatible con los principios del mercado interior. Quisiera, además, destacar que ningún Estado miembro permite este tipo de beneficio en el interior de su territorio fiscal, puesto que dicho régimen es causa potencial, por un lado, de distorsiones entre los puntos de venta exentos y los sujetos a impuestos y, por el otro, entre los diferentes medios de transporte.

Crowley
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. Sin embargo, anda algo descaminado en lo que ha dicho. De hecho, está arrojando un tupido velo, lo cual es muy inusual, sobre lo que está sucediendo. Ha dicho que el mecanismo de las compras libres de impuesto va en contra del mercado interior. Sin embargo, uno de los principales aspectos de cualquier mercado interior debería ser la armonización de los tipos del IVA y del impuesto sobre el consumo. Pero eso no está sucediendo y no hay indicios de que vaya a suceder en un futuro próximo. Lo que aquí se propone con la abolición de la normativa sobre la venta libre de impuestos es una inmensa pérdida de puestos de trabajo en los 15 Estados miembros, así como una enorme caída de la atracción que sienten los viajeros por unos servicios, cuya elección depende únicamente de ellos mismos; y de los que podrán disfrutar cada vez que viajen fuera de la UE. Deseo hacer un llamamiento a la Comisión aquí y ahora para que posponga la aplicación de esta decisión hasta el momento en que se hayan establecido los demás sectores fundamentales del mercado interior, a saber, la armonización de los regímenes del impuesto sobre el consumo y del IVA.

Monti
Intentaré ser breve, aunque no es precisamente un tema simple. El Consejo ha autorizado las ventas libres de impuestos a los viajeros intracomunitarios en aeropuertos y a bordo de aeronaves o transbordadores hasta el 30 de junio de 1999. Sobre la cuestión que usted acaba de plantear, a saber, la conexión existente con otros aspectos del mercado interior, permítame decir sin perjuicio del futuro régimen definitivo del IVA, que la libertad de adquirir productos con el impuesto incluido en cualquier lugar de la Comunidad ha sido uno de los acervos del mercado interior desde el 1 de enero de 1993. Por consiguiente, ya no deberían seguir existiendo distorsiones de competencia a causa de las ventas libres de impuestos a partir del 30 de junio de 1999, fecha que marca el final del período de adaptación. Por consiguiente, el acontecimiento relevante que, lógicamente, produce la necesidad de poner fin al sistema de ventas libres de impuestos, no es el futuro régimen definitivo del IVA, sino algo que sustancialmente existe desde el 1 de enero de 1993.

Cox
Quisiera agradecer al Sr. Comisario las observaciones que ha hecho. Mi opinión personal es que se trata de un tema complejo, como él dice. Probablemente sea demasiado complejo para ser tratado de esta manera.
El Sr. Comisario ha sugerido que la venta libre de impuestos, en caso de continuar más allá de la fecha límite fijada por el Consejo, supondría un incumplimiento de los principios del mercado interior; pero que no va necesariamente en contra del Tratado. El Tratado prevé en su artículo 99 la armonización necesaria que garantice el establecimiento y funcionamiento del mercado. No tengo conocimiento de que el caso haya quedado ya bien establecido de manera que el nivel de supuesta distorsión suponga de algún modo un problema importante o un impedimento para el funcionamiento del mercado interior.
Deseo dirigir una pregunta al Sr. Comisario. El 20 de noviembre de 1990, en un debate sobre el sistema del IVA en relación con el informe Fuchs, su antecesor prometió a la Asamblea un estudio completo de la Comisión sobre las implicaciones de la abolición de las ventas libres de impuestos con anterioridad a la fecha en cuestión. ¿Está dispuesta la actual Comisión a cumplir dicho compromiso que jamás ha sido cancelado y que nos permitiría ocuparnos de este asunto, que como usted ha indicado claramente es complejo y no puede ser tratado de esta manera?

Monti
La pregunta me brinda la oportunidad de hacer referencia al informe.
Cuando se aprobó la Directiva 81/690, la Comisión se comprometió efectivamente a proporcionar al Consejo un informe sobre el funcionamiento del sistema de control por parte del vendedor. Este documento, elaborado en colaboración con las administraciones de los Estados miembros, está siendo examinado por los servicios de la Comisión. El informe trata a la vez el control por parte del vendedor y el análisis del importe de 90 ecus aplicable desde el 1 de abril de 1994 a las ventas libres de impuestos intracomunitarios. En efecto, la Comisión también se comprometió durante la aprobación de la Directiva 94/4 a elaborar, de esta fecha al 31 de diciembre de 1995, un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre este tema. Este es el informe al que, con cierto retraso, la Comisión está dando su forma definitiva.

Sindal
Señor Comisario, el Sr. Cox ya se ha referido a lo que yo quería preguntar, así que me permitiré recordarles los problemas que se plantean en los corredores de transporte entre, por ejemplo, Estocolmo y Helsinki, donde un tercio de los ingresos provienen de las ventas libres de impuestos. Lo mismo sucede en otros lugares de Europa. En consecuencia, el transporte cambiará de carácter cuando desaparezcan las ventas libres de impuestos. Finalmente, quisiera formular una pregunta que no ha de recibir necesariamente respuesta, ya que sé que el tema es complicado. Podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué consecuencias tiene la venta libre de impuestos? ¿Provoca alguna distorsión de la competencia si todos los Estados miembros participan? Me parece que no.
Quiero decir, por último, que el retraso del informe de la Comisión parece indicar que la complejidad del tema no se deja sintetizar en un informe. Hay que tener en cuenta tanto el transporte como las condiciones sociales y regionales. Espero, no obstante, que encontremos una solución común.

Monti
El aspecto sobre la transparencia reviste gran importancia. Es cierto que el actual sistema de venta libre de impuestos contribuye a los recursos financieros de aeropuertos, transbordadores, etcétera. Eso es lo que vengo diciendo desde un comienzo al afirmar que el actual sistema de venta libre de impuestos contiene un elemento de ayuda. Si los aeropuertos, el transporte aéreo, los transbordadores, etc. necesitan recibir ayuda, estoy seguro de que todos ustedes estarán de acuerdo en que existe la necesidad de estudiar métodos económicos distintos y más transparentes, en vez de continuar con este método no transparente de gastos fiscales.

El Presidente
Pregunta nº 21 formulada por Wayne David (H-0229/96):
Asunto: Reclamaciones del IVA
¿Puede informar la Comisión sobre los trámites necesarios para reclamar la devolución del IVA de bienes y servicios comprados en Europa por conductores de camión de larga distancia?
En lo relativo a los formularios del IVA, ¿es cierto que los conductores de camión tienen que rellenar formularios en distintos modelos y en la lengua del Estado miembro en el que se compraron los bienes y servicios para poder reclamar la devolución del IVA, o pueden utilizarse formularios en la propia lengua del conductor?

Monti
La octava Directiva IVA, en materia de devolución del IVA a los sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro distinto del que efectúa la devolución, prevé un formulario estándar para la presentación de las solicitudes de devolución y una nota explicativa que los Estados miembros deben facilitar a quienes presentan las solicitudes.
El solicitante tiene derecho a utilizar el formulario impreso en uno cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea, mientras que el propio formulario debe ser cumplimentado en la lengua del país que efectúa la devolución.
A pesar de que la Comisión es consciente de los problemas prácticos que dicha modalidad puede crear a los usuarios, por desgracia, no es posible solucionarlos en el ámbito del vigente régimen del IVA.
Sin embargo, este tipo de problema se superará con el paso al régimen definitivo del IVA, basado en el principio de la imposición en el país de origen. En efecto, el lugar de imposición determinará también el lugar en el que se realizará la deducción del impuesto. Dicha deducción se efectuará por el sujeto pasivo globalmente, imputándola al montante del impuesto del que es deudor, independientemente del lugar en el que el impuesto deducible fuera pagado. De este modo, el procedimiento especial previsto por la octava Directiva dejará de aplicarse en su conjunto.

David
Agradezco al Sr. Comisario que haya ofrecido una respuesta completa y exhaustiva y tomo nota de la observación que hace al final de que éste es básicamente un problema interino y que una vez que las nuevas disposiciones entren en vigor, desaparecerá el problema. Pero, habida cuenta de que existe este problema interino y habida cuenta de las grandes dificultades que está ocasionando en estos momentos, ¿no existe ningún tipo de medidas que la Comisión pudiera introducir con objeto de que el procedimiento se haga mucho más simple y eficaz, a pesar de su carácter interino?

Monti
La Comisión ha estudiado realmente si, en virtud del régimen actual, existe algún medio para eliminar los inconvenientes que, reconozco, existen. Lamento que hasta ahora no hayamos podido encontrar ninguna posibilidad en este sentido.

Hardstaff
Las compañías internacionales de mudanzas están experimentando problemas con el IVA muy similares a los que experimentan los conductores de camiones. ¿Puede confirmar qué país debe cargar el IVA en el caso de las mudanzas -el país de origen o el de destino-, y sería posible facilitar instrucciones claras a las compañías afectadas?

Monti
Se trata de un problema que, aunque relevante, es ligeramente diferente, porque en este caso no se necesitan formularios ni hay que decidir el idioma en que deben rellenarse, pero tiene que ver con otra debilidad, aún más fundamental, del actual sistema transitorio del IVA, que no quedará resuelto hasta que entre en vigor el sistema definitivo basado en el principio del origen.

El Presidente
Pregunta nº 22 formulada por Per Gahrton (H-0256/96):
Asunto: Europol
Tras el debate en el Parlamento Europeo sobre el informe Nassauer, parece claro que una mayoría de los diputados espera que la evolución de Europol se dirija tanto hacia una cooperación operativa entre los cuerpos policiales, como hacia la creación de un cuerpo policial común de la UE. La Comisaria Gradin ha recalcado en anteriores ocasiones que Europol deberá constituir una cooperación entre las autoridades policiales, no entre los cuerpos de policía. Asimismo, se ha distanciado de la idea en torno a una FBI de la UE. La cooperación entre las autoridades policiales se contempla ya en el marco de la Interpol. ¿Podría explicar la Comisaria a qué actividades cree ella que podría y debería dedicarse la Europol que no estén ya cubiertas o pudieran cubrirse por la Interpol o su subdivisión europea?

Gradin
La cooperación policial es una cuestión de interés comunitario, conforme al Tratado constitutivo de la UE. Esto se deduce claramente del capítulo VI del Tratado, así como de la explicación sobre la cooperación policial. Una parte proporcional de esta cooperación se dará a través de la configuración de un sistema que abarque toda la Unión para el intercambio de información dentro del marco de un cuerpo policial europeo, llamado Europol.
El objetivo de Europol es aumentar las posibilidades de las autoridades competentes de los Estados miembros de luchar contra las modalidades más graves del crimen organizado a nivel internacional que operen dentro de la Unión Europea. De acuerdo con el Convenio, hay que mantener una estrecha cooperación con Interpol. El Consejo debe establecer las disposiciones que hagan que esta cooperación cristalice, y aseguren que las funciones se complementen.

Gahrton
Le agradezco su respuesta, pero no creo que respondiera concretamente a la pregunta sobre lo que Europol pueda hacer que no haga ya Interpol. Acabo de leer una tesis doctoral alemana «Policía sin fronteras», que cita a un funcionario británico de Interpol, quien afirma que Interpol tiene una «responsabilidad global», lo cual es una ventaja frente a Europol, y al antiguo jefe del Bundeskriminalamt, que dice que «Europol es una organización competitiva y paralela, y un derroche de energía respecto a Interpol». También directores de policía suecos se han mostrado críticos en los medios informativos, entre ellos el antiguo jefe de policía nacional, ex-presidente de Interpol, que hizo exactamente la misma pregunta que yo.
Por eso la repito: ¿Qué trabajos se ha pensado que vaya a realizar Europol que Interpol no realice o deba realizar en el futuro? Si no se responde a ello, es que se piensa claramente que va a constituir una especie de organismo competitivo, y me pregunto si eso es necesario.

Gradin
En mi opinión Europol no es una institución que derroche energías -muy al contrario. Es necesaria para poder analizar la información dentro de la Unión Europea, para así poder hacer frente a la criminalidad existente.
No estoy de acuerdo con el Sr. Gahrton en que el antiguo jefe de policía nacional estuviera especialmente preocupado por que se pudiera dar una sobreposición de tareas entre Interpol y Europol. Por el contrario, recientemente he visitado con Björn Eriksson la ciudad de Lyon, donde hemos mantenido unas conversaciones sobre el modo en que colaborarán las dos instituciones, y cómo debe concretarse. Pero esto no es posible sin la ratificación del Convenio Europol en los quince países miembros.

Elliott
Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria, en caso de que realmente siguiéramos la línea aprobada por el Parlamento con ocasión del informe Nassauer -lo cual creo que es prematuro-, si la Comisión se ha planteado aconsejar al Consejo sobre cómo una Europol más fuerte y semiautónoma debe dar cuenta políticamente -lo cual es fundamental-, y sobre la forma en que deberá tratarse cualquier queja que pueda presentarse contra las operaciones de Europol, del mismo modo que esperaríamos que sean atendidas por los distintos cuerpos policiales de nuestros respectivos países.
A propósito, deseo decir al Sr. Gahrton que si visita Europol, allí le explicarán la diferencia que existe entre su función y aquélla de la Interpol, y comprenderá que son muy diferentes y peculiares.

Gradin
La cuestión que aborda el distinguido diputado es muy importante, y trata del modo en que se podrán presentar las posibles quejas que haya sobre Europol. En base a que es muy importante que el Tribunal de Justicia actúe y funcione a modo de complemento de la Comisión, este aspecto es central. Es por ello que yo, y muchos otros también, esperamos que Inglaterra acepte finalmente que el Tribunal pueda desempeñar un papel en el Convenio Europol.

El Presidente
Pregunta nº 23 formulada por Eva Kjer Hansen (H-0274/96):
Asunto: Fraude con fondos comunitarios
La Comisión ha afirmado en numerosas ocasiones, la última con motivo de una audiencia en la Comisión de investigación, que la solución más eficaz para erradicar el fraude sería la creación de un sistema comunitario de sanciones.
En este contexto, ¿podría señalar la Comisión cuáles son los instrumentos que, en su opinión, permitirían a la Comunidad contar con los medios necesarios para imponer sanciones, así como si dispone del poder político para su aplicación?

Gradin
La Comisión lucha con todos los medios a su alcance contra los fraudes que atentan contra los intereses económicos de la Comunidad. Las prioridades se citan claramente en el último programa de trabajo contra el fraude. Consta de cuatro puntos. El primero consiste en una mayor presencia geográfica. El segundo, en fortalecer la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, por ejemplo organizando acuerdos de cooperación y celebrando seminarios y cursos sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas, inclusive las de materia penal. El tercero, en mejorar la legislación comunitaria. El cuarto punto señala la necesidad de una mayor convergencia entre las legislaciones de los Estados miembros.
Bajo los puntos tercero y cuarto la Comisión ha abordado la cuestión de las sanciones. En este contexto es importante distinguir entre sanciones administrativas y consecuencias en materia penal. Me permito empezar con las sanciones administrativas. En diciembre de 1995 se aprobó el Reglamento número 2988/95 del Consejo. El fundamento era el artículo 235 del Tratado de Roma y el artículo 203 del Tratado Euratom. El reglamento encierra las normas generales para las sanciones administrativas que deben aplicarse en caso de irregularidades. Se cubre todo el sector de gastos comunitarios, así como el de los recursos propios. Ya se ha introducido la posibilidad de aplicar sanciones, como es sabido, en ciertos ámbitos, como por ejemplo el de la agricultura.
Los Estados miembros han presentado informes sobre las medidas nacionales aplicables en caso de derroche y mala administración de los medios comunitarios. En base a estos informes la Comisión ha efectuado un análisis comparativo. Este análisis sirve de base a su vez para un estudio sobre la ampliación de las sanciones administrativas a otros ámbitos, por ejemplo el de los fondos estructurales. Así lo desea también el Consejo de Ministros.
Ahora me referiré a las consecuencias penales. El Convenio sobre la protección de los intereses financieros comunitarios se firmó en julio de 1995. Se espera su ratificación en los quince parlamentos de los países miembros, y espero verdaderamente que éste sea el caso lo antes posible.
El Convenio establece que el fraude es un acto criminal. Incluye los medios comunitarios conseguidos por motivos erróneos y la retención de los recursos propios. Se planea un número de protocolos suplementarios al Convenio. Uno de éstos contempla la cuestión de la corrupción. También contempla la cuestión de las consecuencias. Otro protocolo se centra en la responsabilidad penal de las personas jurídicas como uno de los aspectos de una mayor cooperación en cuestiones jurídicas. Dentro del marco de la próxima Conferencia Intergubernamental, la Comisión ha propuesto además que la lucha contra el fraude se transfiera al primer pilar.

Kjer Hansen
Agradezco la respuesta, así como el resumen del programa de trabajo y de las disposiciones ya aprobadas. No obstante, ruego a la Comisaria que confirme que esto no es factible a menos que se apliquen sanciones comunes en todos los ámbitos. La Comisaria ha mencionado algunos de los ámbitos en los que se han puesto en marcha iniciativas, pero todavía son insuficientes. ¿Para que sirve la aprobación de normas comunes para toda la Unión si no existen medidas de control que garanticen el cumplimiento de esas normas y un sistema comunitario de sanciones para los casos de incumplimiento? Si estas disposiciones no existen, seguirá dándose casos de indulgencia en las sanciones por infracción de las normas comunes. Por eso, ruego a la Comisaria que confirme que se está trabajando en la creación de un sistema comunitario de sanciones para todos los ámbitos.
Quiero formular, además, una pregunta sobre el sistema de sanciones en relación con los Estados miembros. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación por los Estados miembros de las normas judiciales, la Comisión puede sancionar, mediante la imposición de multas, a los Estados miembros que no las apliquen. Todavía no hemos visto ni un solo caso en que se haya hecho uso de esta facultad. ¿Tiene previsto la señora Comisaria aplicar sanciones a los Estados miembros que lo merezcan?

Gradin
Es evidente que debemos intentar controlar en todos los sectores. Pero hoy por hoy, la distinguida diputada sabe igual que yo que verdaderamente representa un gran avance que hayamos conseguido el Convenio para la protección de nuestros medios comunitarios. Sólo cuando se haya podido ratificar en todos los parlamentos, podremos continuar con los protocolos adicionales y otras medidas para lograr unas modalidades de cooperación a nivel comunitario.
La cuestión de las sanciones la abordaremos en el SME 2000, lo cual significa que ya hemos iniciado la cooperación y el diálogo con los países miembros para acordar entre otras cosas unas modalidades aplicables de sanciones, por ejemplo, la configuración de las que se puedan aplicar en el ámbito de los fondos estructurales.

Lindqvist
Una breve pregunta suplementaria: el 70-80 % de los medios de la UE se gasta dentro de los países miembros. No hace mucho en mi país, Suecia, se ha propuesto la creación de un órgano especial de carácter nacional para luchar contra el fraude con los medios de la UE.
Opino que esta iniciativa sería excelente, porque es más fácil que funcione en los propios países miembros, sin que sea necesario recurrir a unas sanciones comunitarias, posiblemente incluso supraestatales.
Mi pregunta es: ¿Va a intentar la Comisaria Gradin adoptar iniciativas parecidas de órganos nacionales en otros países miembros, conforme al principio de subsidiariedad?

Gradin
Es cierto que el 80 % de los medios de la UE se paga a los países miembros. También he leído que Suecia tiene la intención de designar una delegación que compruebe si los recursos se emplean del modo adecuado.
Hemos mantenido un diálogo con la totalidad de países miembros sobre el sistema que mejor se adaptaría a cada país en particular, todo lo cual se incluirá en un Convenio. Ya tenemos actualmente seis convenios y continuamos los trabajos con vistas a encontrar soluciones. En este contexto la piedra con que chocamos la constituyen los países que tienen un sistema federal.

von Habsburg
Señora Comisaria, ¿no cree usted que, en realidad, el mayor problema que se plantea en relación con la corrupción en la Unión Europea reside en el hecho de que los distintos Estados hacen una y otra vez cuanto está en su mano para evitar que se pongan a disposición de la Comisión los medios necesarios para un control efectivo de las diferentes operaciones?

Gradin
Lamentablemente, no es la corrupción lo que constituye el mayor problema, sino la tendencia que he percibido durante los últimos años a que, más que cualquier otra modalidad, el crimen organizado se da en una medida cada vez mayor y bajo la categoría del fraude. Este es un problema muy grave.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 24 no se formula.
Pregunta nº 25 formulada por Maj Theorin (H-0254/96):
Asunto: Desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común con vistas a una posible defensa común
En su dictamen previo a la Conferencia Intergubernamental (COM(96)90 final), la Comisión considera que hay que desarrollar una política exterior y de seguridad común que abarque también la defensa común. La Comisión insta por lo tanto a la Conferencia Intergubernamental a que permita una revisión por parte de la Unión del papel de la UEO con vistas a su integración en la Unión, de acuerdo con un calendario fijado.
¿Cuáles son las consecuencias que, según la Comisión, tendrá un desarrollo de este tipo de la PESC desde el punto de vista del derecho internacional para aquellos Estados miembros de la Unión que son neutrales y no forman parte de alianzas militares? ¿Tendrán estos países que abandonar la UE? En el caso de que algún Estado miembro emprendiera, a título individual, una acción militar ¿se verían obligados los Estados a contribuir económicamente a tal acción?

Van den Broek
Señor Presidente, en respuesta a la pregunta de la Sra. Theorin quisiera decir que el dictamen de la Comisión se ha emitido con vistas a la Conferencia Intergubernamental y que constituye una fase formal en el procedimiento que, como es sabido, está establecido en el Tratado de Maastricht. Por ello no creo que la Comisión tenga que explicar este dictamen fuera de la CIG.
Sí quiero llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que todos los Estados miembros ya han acordado que la política exterior y de seguridad común - »abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea, incluida la definición, en el futuro, de una política de defensa común, que puediera conducir en su momento a una defensa común»- artículo J 4 del Tratado de la Unión Europea.
El dictamen de la Comisión al que me he referido antes no puede interpretarse de ningún modo como si implicara que un Estado miembro ha de darse de baja de la Unión. Por supuesto, todos los detalles relacionadas con las obligaciones de los Estados miembros serán examinados detenidamente en el marco de la CIG.

Theorin
Puesto que la Comisión, en todo caso en su documento previo a la Conferencia Intergubernamental, incide en que la política exterior y de seguridad común debe también incluir la defensa común, debe haber pensado en las repercusiones, especialmente para los Estados miembros de la UE que son neutrales y no alineados. Mi pregunta es qué estrategia ha pensado emplear la Comisión para integrar a la UEO en la UE, dado que es un hecho consumado que varios Estados miembros no desean ser miembros de pleno derecho de la UEO, ni quieren participar en la defensa común.
Actualmente la UEO se compone de Estados miembros -27 países- que gozan de distinto status dentro de dicho organismo. Esto da pie a una gran ambigüedad e inseguridad en cuanto a las obligaciones que los países tienen recíprocamente.
¿Es posible la integración de la UEO dentro de la UE, teniendo en cuenta el gran número de países que pertenecen a la UEO y que tienen distintos sistemas de seguridad, y no se va a complicar la inminente ampliación hacia el este y centro de Europa con la integración de la UEO en la UE? ¿No deberían los posibles nuevos miembros de la UE verse también incluidos en las garantías de seguridad recíprocas de la UEO, y cuáles son las repercusiones que ello tendría sobre las relaciones de la UE con Rusia?

Van den Broek
En sí, se trata de preguntas relevantes e importantes en el debate sobre la cooperación en materia de política de seguridad en la Unión Europea y los aspectos de defensa afines. Sólo que el dictamen que ha emitido la Comisión para la Conferencia Intergubernamental en estos ámbitos formula unas cuantas recomendaciones muy claras, y menciona también algunas alternativas, y ahora me resulta difícil anticiparme al proceso de negociación iniciado a finales de marzo en la Cumbre en Turín. Ahora bien, a sus Señorías les daré un único ejemplo de cómo pueden superarse las dificultades esbozadas por ella.
Ustedes saben que, por ejemplo, en la CIG se hablará detalladamente del proceso de toma de decisiones en política exterior y de seguridad. Una pregunta muy importante es por ejemplo si es preciso distanciarse del derecho de veto vigente en la actualidad. Una cosa ha quedado clara a raíz del debate preliminar, y es que ningún Estado miembro, ni tampoco la Comisión, que por ejemplo aboga por decidir por mayoría sobre la participación en las acciones militares de la Unión, en caso de que la Unión dispusiera, con o sin la participación de la Unión Europea Occidental, de la capacidad militar, y todo el mundo está de acuerdo en que cuando se trata de la participación de Estados miembros en determinadas acciones militares, seguirá siendo siempre una decisión independiente y soberana de cada uno de los Estados miembros.
Pero en diferentes dictámenes en el debate preliminar se ha dejado claro que puede existir la posibilidad de acordar entre los Estados miembros que, si bien la mayoría no puede imponer a una minoría que participe en acciones militares, sí se podría acordar que, a su vez, una minoría no pueda impedir a una mayoría emprender tales acciones militares.
Les daré un ejemplo. Es pura teoría, pero en las negociaciones de la CIG sin duda se celebrará este debate. Estoy convencido de una cosa, y es que también los países que en estos momentos siguen una política de neutralidad, que por cierto interpretan y explican de forma diferente, también estarán dispuestos de alguna manera a realizar por ejemplo las llamadas tareas de Petersberg en uno u otro momento; puede tratarse de tareas de pacificación o tareas humanitarias realizadas por militares.
De nuevo les doy un ejemplo hipotético; hipotético en el sentido de que no se han tomado decisiones al respecto. En estos momentos no puedo decirles más sin anticiparme a los resultados y las negociaciones de la CIG.

Titley
Señor Presidente, quisiera comenzar abusando del privilegio del micrófono para felicitar al Sr. Comisario por el éxito de la Conferencia de donantes del pasado sábado. Sé que ha dedicado un gran esfuerzo personal a ella.
Tengo dos preguntas. En primer lugar, se ha sugerido que un modo de solucionar este asunto sería mediante la suspensión del artículo 5 del Tratado de la UEO, lo cual podría quizá facilitar la integración de los Estados neutrales en la futura Unión de Defensa. ¿Qué opina el Sr. Comisario sobre la viabilidad de esta posibilidad, es decir, la de suspender el artículo 5?
En segundo lugar, el Sr. Comisario ha citado el artículo J.4, cuyo texto llevo grabado en mi corazón. En él se habla de la definición de una política de defensa común, que pudiera conducir en su momento a una defensa común. Se trata, por consiguiente, de un objetivo a largo plazo. ¿No coincide conmigo el Sr. Comisario en que un avance prematuro hacia la integración de la defensa en la competencia de la Unión Europea haría más difícil, y no más fácil, la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental, ya que ello será percibido en estos momentos como una amenaza a Rusia?

Van den Broek
Permítanme que aproveche mi respuesta para dar las gracias al Sr. Titley. He visto que estaba presente en la Conferencia sobre Yugoslavia y todos agradecemos que la comunidad internacional haya asumido su responsabilidad financiera en torno a la reconstrucción y rehabilitación de Bosnia.
Con respecto a las dos preguntas del Sr. Titley, para empezar: la Comisión no se ha pronunciado sobre la fijación de garantías, artículo 5, ni sobre la obligación de ayuda mutua que se desprende del Tratado del Atlántico Norte. Por consiguiente, no me atrevería a responder, así sin más, si esto sería una solución. Por otra parte, cabría preguntarse si podría llegarse fácilmente a un acuerdo para establecer de este modo la obligación de ayuda mutua. Esto también depende mucho de la respuesta a la segunda pregunta formulada por el Sr. Titley: ¿hasta dónde se quiere llegar con la interpretación de las condiciones del Tratado de Maastricht citadas por él, que dicen que hay que aspirar a una política de defensa común, lo cual -como ha dicho con razón- podría desembocar en la creación de una defensa común?
Señor Presidente, el Sr. Titley establece de hecho una relación con el debate sobre la ampliación de la OTAN, que sabemos en estos momentos está provocando bastante desasosiego en la Federación Rusa; no sé si se puede hacer esta comparación. Tengo la impresión de que, en cualquier caso, hasta ahora no ha quedado demostrado de ningún modo que Rusia tenga nada que objetar a la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos de la Europa Central y Oriental, aunque no excluyo que tal desasosiego tenga algo que ver con la política de seguridad inacabada que actualmente sigue la Unión Europea. En realidad, en 1992, el Tratado de Maastricht ya planteó claramente el aspecto de la política de seguridad y dijo que, en realidad, todos los problemas relacionados con la seguridad de la Unión, también tenían que formar parte del ámbito político de la Unión; sin embargo, el Tratado de Maastricht no concreta a la hora de interpretar el instrumental de aplicación de la política de seguridad. Nos encontramos en medio del debate al que, confío, se prestará mucha atención durante la Conferencia Intergubernamental, concretamente en torno a la cuestión de lo que vamos a hacer con el componente de defensa de la Unión Europea. ¿Se materializará en la Unión Europea Occidental, se integrará la Unión Europea Occidental en la Unión Europea? Esta recomendación se incluye muy claramente en el dictamen de la Comisión, y la cuestión es cuál será la relación entre la capacidad de defensa de la Unión Europea por una parte y la OTAN por otra.
Señor Presidente, espero que podamos volver a intercambiar ideas al respecto en el marco de este turno de preguntas.

Sjöstedt
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. También me gustaría hacer referencia a los puntos de vista de la Comisión con respecto a la Conferencia Intergubernamental. Imaginemos que el resultado es el que desea la Comisión, que en los asuntos de política exterior se adoptan las decisiones por mayoría cualificada, y que la UEO se integra dentro de la Unión Europea. A continuación imaginemos que surge una situación en que la Unión se ve involucrada en un conflicto armado, y los países no alineados deciden no enviar sus tropas, como usted ha dicho. Supongamos que estos países no alineados eligieran declararse a sí mismos neutrales respecto al conflicto en que la Unión participa, con las obligaciones en materia de derecho internacional que presupone dicho tipo de neutralidad -puede tratarse de política comercial y de otros aspectos. ¿Piensa usted que la neutralidad en el sentido estricto del término es posible para un país no alineado que sea miembro de la Unión Europea?

Van den Broek
En primer lugar: en el dictamen de la Comisión, las decisiones que tienen que ver con una implicación militar se excluyen expresamente de la aplicación del principio de la mayoría cualificada, y también se recomiendan mecanismos específicos para este caso. Personalmente, en estos asuntos de política de seguridad, me agrada partir de la postura de intentar acordar una fórmula que, como ya he dicho antes, implique que la mayoría no pueda obligar a la minoría en caso de claras implicaciones militares, pero en la que la minoría tampoco pueda impedir a la mayoría llevar a cabo la acción deseada.
Una última observación, por un lado sobre la toma de decisión por mayoría y por otro sobre el veto. A quienes en los Estados miembros -y no son pocos- quisieran mantener íntegramente el derecho de veto en el ámbito de la política exterior y de seguridad, quisiera decirles que la Comisión aboga por una toma de decisiones por mayoría, también porque no acertamos a ver cómo, sobre todo después de la ampliación de la Unión Europea de 15 a 25 miembros, se podrá seguir una política exterior con derecho de veto; al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que abandonar el derecho de veto no implica automáticamente que vayamos a tener que votar una y otra vez cuando se debata la política exterior en la Unión, sino que más bien tendrá una dinámica convergente, y que sabiendo que un Estado miembro o algunos Estados miembros no pueden bloquear la toma de decisiones, sin duda se tenderá a lograr antes un consenso. Esta es la tendencia que puede observarse en la toma de decisiones en la Unión Europea en otros terrenos, en los que se decide por mayoría cualificada, y que no pasan a votación, sino que unos y otros intentan convencerse, y ahí la flexibilidad de los adversarios suele ser mayor porque saben que al final del día, en caso de votación, tendrán que hacer caso a la mayoría.

El Presidente
Pregunta nº 26 de la Sra. Birgitta Ahlqvist, sustituida por la Sra. Theorin (H-0259/96):
Asunto: UE y Belarús
El desarrollo democrático de Belarús debe ser sometido a un minucioso seguimiento. Mientras que la Constitución otorga al Presidente considerables poderes, el Parlamento cuenta con numerosos escaños vacantes como consecuencia de la Ley Electoral. Se han lanzado acusaciones de fraude electoral. El Parlamento Europeo protestó el 12 de octubre de 1995 contra la actuación de las autoridades del país con motivo de una huelga que tuvo lugar en Minsk en agosto de ese mismo año. La UE acaba de concluir un tratado provisional con el propósito de alcanzar un acuerdo de cooperación con Belarús. Se ha hecho público el establecimiento de una unión entre Belarús y Rusia el 2 de abril. Todavía no se ha dado a conocer la configuración que tendrá esta unión, si bien desde la oposición bielorrusa se han registrado fuertes protestas en contra de la propuesta.
¿Ha llevado a cabo la Comisión averiguaciones sobre la existencia de una verdadera libertad de prensa y de asociación en Belarús? ¿Es receptiva la Comisión a las críticas formuladas por la oposición en contra de las restricciones que padece el país en lo relativo a las libertades y derechos democráticos?

Van den Broek
Con respecto a la pregunta sobre la situación en Belarús, y concretamente la reciente firma del acuerdo interino, ¿qué ha movido a la Comisión a presentar el acuerdo interino al Consejo para su firma, después de que se aplazara la firma en vista de la situación en Belarús? La Comisión opina que, en 1995, Belarús ha realizado progresos. A fin de cuentas, y a pesar de la rigidez del derecho de sufragio, el país ha podido elegir un nuevo Parlamento. Aunque no todos los escaños estén ocupados, el número de parlamentarios elegidos obtuvo el quórum exigido para que el Parlamento pudiera funcionar normalmente, lo cual ha de considerarse un paso en dirección a la reforma democrática. Y me expreso con sumo cuidado.
La población de Belarús ha demostrado desear un parlamento elegido democráticamente y por fin, el presidente Lukashenko ha aceptado el resultado y ha ofrecido al parlamento su cooperación personal y la de su gobierno.
En cuanto a los procedimientos de votación, los observadores presentes en la votación, incluidos los representantes de los Estados miembros de la Unión, llegaron a la conclusión de que por lo general, en el proceso de la elección se respetaron los procedimientos de votación, a pesar del hecho de que tuvieron lugar algunas violaciones, por fortuna no sistemáticas. Los principales puntos de crítica se referían de nuevo a la campaña electoral, concretamente la limitación de la libertad de prensa durante la campaña.
La Comisión está de acuerdo con los análisis del Parlamento sobre la situación en Belarús y comparte también la preocupación por la situación de los derechos humanos, por ejemplo en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación -a la que acabo de referirme-, pero también en lo que respecta al derecho de asociación, concretamente de los sindicatos. En 25 de marzo ya expresé mi preocupación al respecto ante el primer ministro de Belarús que se encontraba de visita en Bruselas, y también durante la visita que llevé a cabo a finales de noviembre de 1995 a Minsk, cuando hablé de la cuestión con la mano derecha del presidente Lukashenko, el Sr. Myashnikowich.
En cualquier caso, la Comisión seguirá de cerca la situación de los derechos humanos en Belarús, así como la libertad de asociación sindical, la libertad de los medios de comunicación, y éste será el punto de partida para la continua revisión de la cooperación bilateral entre la Unión y Belarús.
Al margen de esto, quiero que el Parlamento sepa que la decisión de firmar en estos momentos el acuerdo interino ha sido difícil para la Comisión por las razones que acabo de mencionar, y también por los análisis que ha realizado el Parlamento y con los que no estamos en desacuerdo. Pero nos encontrábamos frente al dilema de seguir aplazándolo, y con ello aislar aún más a Belarús, o bien, en un momento dado, intentar utilizar el acuerdo interino como instrumento, como vehículo de un continuo diálogo con Belarús. Precisamente con Belarús que, como saben ustedes, busca insistentemente un acercamiento a la Federación Rusa, con la que ha firmado varios acuerdos que se parecen mucho a acuerdos para facilitar una mayor integración de Belarús en la Federación Rusa. Cuando hablamos de Belarús nos referimos también a un país que, por así decirlo, tenía la mayor integración con la Federación Rusa en el antiguo sistema soviético y sin que queramos competir con la Federación rusa en materia de relaciones con Belarús, también querríamos demostrar a Belarús que la Unión Europea puede ofrecer un complemento político y económico a sus relaciones con las Federación Rusa.
Por otra parte, sabemos que el Parlamento Europeo todavía ha de ratificar el acuerdo de cooperación. Se trata finalmente de un acuerdo más amplio que el acuerdo interino que acaban de firmar el Consejo y la Comisión, y sin duda el Parlamento Europeo hará sus propias consideraciones al respecto. Espero poder intercambiar ideas, en la Comisión de Asuntos Exteriores, y quizás también en la Comisión de Asuntos Económicos, con el Parlamento Europeo, para analizar a fondo lo que está sucediendo exactamente en Belarús, pero más concretamente lo que Belarús pretende con los acuerdos. Uno de ellos es un acuerdo de unión aduanera que se ha firmado con la Federación Rusa y en el cual, como saben ustedes, participan también Kirguistán y Kazajstán, países que he visitado recientemente, sin que -repito- esté del todo claro en qué medida esto lleva a una integración de estos tres países con la Federación Rusa, o si se trata de una relación más laxa.
Por último, en lo que respecta a la integración de Rusia y Belarús hemos de darnos cuenta de que el acuerdo que acaban de firmar ambos países representa el tercer o cuarto intento desde la desintegración de la Unión Soviética de otorgar una nueva base estable y más estrecha a las relaciones entre la Federación Rusa y Belarús. Nuevamente, en estos momentos resulta extremadamente difícil determinar cómo se desarrollará esto políticamente.
Por último, recuerdo que uno o dos días antes de que emitiéramos el dictamen al Consejo para proceder a la firma del acuerdo interino, tuve el placer de exponer claramente los argumentos de la Comisión ante la Comisión de Asuntos Exteriores. Espero que en este sentido, la firma por parte del Consejo y la Comisión no haya cogido por sorpresa a este Parlamento.

Schroedter
Señor Comisario, en relación con sus explicaciones hay diversas cuestiones que me interesa plantear. Primero: ¿De qué modo ha contribuido concretamente el tratado provisional a promover un desarrollo democrático positivo? Segundo: ¿Cómo valora usted el hecho de que el responsable del diario del Parlamento haya sido destituido una vez más sin la aprobación de la Cámara, meramente por haber manifestado públicamente que en Belarús no hay libertad de prensa? ¿Cómo valora usted que no se haya derogado aún el ucase 336, que prohíbe los sindicatos? ¿Cómo valora, finalmente, usted el hecho de que todavía no se haya publicado el texto legal suscrito por Lukashenko, a pesar de que el principal problema constitucional que se plantea es el de la configuración de la unión con Rusia?

Van den Broek
De hecho, ya examinamos cada una de las preguntas de la Sra. Schroedter durante la visita del primer ministro de Belarús a Bruselas. No quiero decir que en estos momentos haya suficientes respuestas. La Sra. Schroedter, que está muy al corriente de la situación en el lugar, sabe también qué respuestas se dan allí y que nosotros consideramos que esas respuestas son insuficientes y que seguiremos insistiendo y luchado para que esto cambie. Pero la pregunta era en qué medida estas deficiencias, graves deficiencias, de la situación democrática en su conjunto, por así decirlo, fueron motivo de un nuevo aplazamiento. En anteriores contactos con la Sra. Schroedter y el grupo que se ha ocupado de Belarús, ya indiqué que hemos tratado estos asuntos con diversos miembros de la oposición en el parlamento de Belarús y que también les hemos pedido que opinaran sobre la conveniencia de volver a aplazar la firma del acuerdo interino. Muchos de ellos, y lo digo con toda franqueza y sin exagerar, nos han dicho que esperaban que la firma de este acuerdo sirviera para desarrollar un diálogo permanente con este país, que sigue estando bastante aislado de Occidente, para intentar precisamente plantear una y otra vez esta cuestión. Como ya he dicho, éste ha sido para mí uno de los principales argumentos para tomar finalmente la decisión.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Friedrich König (H-0068/96):
Asunto: Activación del proyecto del ferrocarril del Paso de Brénner
¿Qué medidas tiene la intención de adoptar la Comisión para acelerar la realización de las obras del ferrocarril del Paso de Brénner, que se encuentra entre los 14 proyectos prioritarios de las redes transeuropeas, habida cuenta de las consecuencias previsibles de una prohibición de facto por parte de Suiza del tránsito de mercancías por carretera a partir del año 2004?

Kinnock, Neil
La Comisión atribuye la máxima prioridad al proyecto del ferrocarril del Paso de Brénner. Ha organizado una serie de jornadas y otras reuniones con representantes de los gobiernos y de los ferrocarriles que intervienen en este tramo del Brénner. Además, la Comisión sigue de cerca el trabajo de la comisión trilateral del Brénner.
En noviembre de 1994, el Comisario Sr. Oreja y los Ministros de Transportes de Alemania, Italia y Austria firmaron un memorándum sobre la continuación del desarrollo del eje ferroviario Munich-Verona. Dicho memorándum es la continuación de un acuerdo sobre la ruta que incluye el túnel del Brénner, alcanzado en junio de 1994, y en él se especifican las acciones que deberán emprenderse para mejorar la viabilidad financiera y económica del proyecto. La Comunidad se ha comprometido a apoyar la terminación del cruce transalpino en base a las directrices para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte y los instrumentos financieros disponibles.
En este contexto, la Comisión ha emprendido un estudio sobre el desarrollo del tráfico alpino que constituirá una base importante para posteriores estudios económicos y financieros más minuciosos sobre el proyecto del Brénner. Asimismo apoya los esfuerzos encaminados a la creación de una sociedad pública-privada que deberá encargarse de la ejecución del proyecto. Antes de que finalice 1996, la comisión trilateral del Brénner, junto con los servicios responsables de la Comisión, presentarán un informe que deberá constituir la base para la decisión política sobre la ejecución del proyecto.
Desde 1985, la Comunidad ha prestado una ayuda financiera de 85 millones de ecus con cargo al programa de infraestructura de los transportes y a la línea presupuestaria para las redes transeuropeas de transporte, y que ha sido destinada a la cofinanciación de los estudios de viabilidad y al mejoramiento de la actual ruta italiana Verona-Brennero. De las asignaciones concedidas en 1995 al proyecto, una parte importante se ha destinado a estudios técnicos medioambientales sobre una ruta alternativa para camiones en el tramo del valle Austria-Inn, el más avanzado y, debido a problemas de capacidad, la parte más urgente del proyecto.
El Banco Europeo de Inversiones se ha comprometido mientras tanto a conceder un préstamo por valor de 362 millones de ecus para los trabajos de mejora de la actual ruta Verona-Brennero, que constituye una fase preliminar de todo el proyecto.

König
Señor Comisario, es una satisfacción para mí oírle declarar que la Comisión concede especial importancia a este proyecto. Y así ha de ser, puesto que la suerte ya está echada en Suiza y debemos contar con que el tránsito de mercancías por carretera quedará prohibido de facto en dicho país. Se requieren, por lo tanto, otras alternativas. Las carreteras tienen un límite, las cargas medioambientales son enormes y el ferrocarril constituye, por consiguiente, la única alternativa posible. Mi pregunta, señor Comisario, es la siguiente. El Consejo se ha negado hasta la fecha a suscribir los catorce proyectos prioritarios. El Parlamento insiste en mantener esta prioridad, puesto que si no se establecen prioridades y los recursos, ya de por sí demasiados escasos, se reparten siguiendo el principio de la regadera, no podrán cumplirse a tiempo los objetivos importantes. ¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a la petición del Parlamento de que se mantengan los catorce proyectos prioritarios?

Kinnock, Neil
Agradezco al distinguido diputado la pregunta complementaria. En la Comisión somos perfectamente conscientes de las presiones derivadas de las características geográficas y de la acción que pueden ejercer los países vecinos. También estamos de acuerdo con la opinión manifestada por su Señoría de que debe tomarse un interés crítico y fuerte, y llevarlo a efecto en lo relativo al desarrollo del ferrocarril y del transporte combinado en la zona en cuestión.
Sería erróneo afirmar, no obstante, que el proyecto del paso de Brénner no figura entre los catorce proyectos prioritarios que fueron aprobados en Essen y que son centro de atención constante tanto de los Estados miembros como de la Comisión para fines de financiación dentro de la capacidad de la línea presupuestaria para las redes transeuropeas de transportes. El proyecto del paso de Brénner continuará recibiendo ayudas muy importantes. Lo único que lamento es que los controles y las limitaciones de los recursos de que dispone la Comunidad harán que dichas ayudas no sean todo los sustanciales que desearíamos que fueran, habida cuenta especialmente de la urgencia y la prioridad que la Unión Europea en su conjunto debería atribuir a la culminación con éxito de este proyecto.

Spindelegger
Señor Comisario, yo quisiera hacerle una pregunta en relación con el plan que ha presentado el Presidente Santer y los propósitos de dedicar recursos adicionales a la realización de las redes transeuropeas que ha manifestado. Por otra parte, sabemos que el proyecto del túnel de la base del Brénero consumirá precisamente una gran cantidad de recursos; el coste global del proyecto, desde Munich hasta Verona, se cifra en unos 160 millardos de chelines austriacos, una suma inconcebible. Austria debería aportar un 40 % de esta cantidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿Considera usted posible que se destine al importante y prioritario proyecto del túnel del Brénero una parte de los recursos adicionales que el Presidente Santer se propone dedicar ahora a las redes transeuropeas?

Kinnock, Neil
Lamento decir que si su Señoría cree que el Presidente Santer y la Comisión tienen poder, por utilizar sus propias palabras, para conceder recursos adicionales a las redes transeuropeas, su Señoría está basando sus argumentos en un craso y triste error. Quisiera recordarle la Cumbre de Essen. En ella, los Jefes de Gobierno manifestaron unánimemente la opinión de que la Comisión debería presentar propuestas, que ellos llevarían a Ecofin, para conceder las cantidades máximas disponibles en el presupuesto comunitario a la partida destinada a las redes transeuropeas. Dicho llamamiento -que, como he dicho, se hizo por vez primera en Essen- fue reiterado en Madrid, apenas el pasado mes de diciembre. A pesar de las reiteradas y detalladas propuestas presentadas a Ecofin, éste ha mostrado oídos sordos a dichos llamamientos.
Haciéndose eco del interés de la Comisión, al que me he referido en repetidas ocasiones, el Presidente Santer dejó muy claro al comienzo de este año que en su opinión ya era hora de que Ecofin diera una respuesta positiva a las propuestas presentadas por la Comisión y al llamamiento hecho por los Jefes de Gobierno. Hasta el momento no ha habido ningún resultado práctico.
Lo que hemos hecho ha sido tener en cuenta muy directamente las solicitudes presentadas en apoyo de la financiación de las redes transeuropeas por parte de los Estados miembros, que actualmente suponen un importe seis veces superior a los recursos de que disponemos. Hemos hecho cálculos en términos de los proyectos que están en marcha y podemos demostrar que existe justificación para incrementar en 1.700 millones de ecus adicionales los casi dos mil millones de ecus disponibles actualmente en el total de la partida para las redes transeuropeas. Sabemos que existen limitaciones presupuestarias y, por consiguiente, hemos dejado claro que estaríamos dispuestos a aceptar una suma adicional inferior a los mencionados 1.700 millones de ecus. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta positiva de Ecofin. Por lo tanto tenemos intención de reiterar nuestro llamamiento.
Sobre la última observación que ha hecho su Señoría, es evidente que si dispusiéramos de los recursos o incluso de una parte adecuada de los mismos, cuya necesidad podemos demostrar y que podrían ser utilizados de forma práctica para incrementar la competitividad, mejorar el crecimiento y generar empleo en la Unión Europea, estaríamos muy dispuestos a responder a las solicitudes realistas presentadas en relación con los pasos alpinos, incluido el proyecto del Brénner.

El Presidente
Pregunta nº 32 formulada por Florus Wijsenbeek (H-0082/96):
Asunto: Discriminación de los conductores de camiones extranjeros en los controles de los períodos de conducción y de reposo por parte de Bélgica
¿Está la Comisión al corriente de que a la hora de controlar los períodos de conducción y de reposo se está discriminando a los camiones extranjeros? Según los datos disponibles, los camiones extranjeros son objeto del 72 % de los controles efectuados por Bélgica, mientras que en muchos de los Estados miembros vecinos ese porcentaje varía entre el 15 % y el 20 %.
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para lograr que Bélgica reduzca el control de los camiones extranjeros a proporciones normales?

Kinnock, Neil
La Comisión ha adoptado recientemente un informe sobre la aplicación de la legislación social en el transporte por carretera de 1991/92. El informe refleja que en Bélgica, el 65 % de los conductores que son sometidos a controles de los períodos de conducción y de reposo son nacionales de otros Estados miembros, mientras que en los Países Bajos, por ejemplo, dicha cifra es del 20 %.
La Comisión no tiene evidencia, sin embargo, de que Bélgica no realice sus controles de manera objetiva. La información sobre las operaciones de control realizadas en cooperación con los Estados miembros colindantes tampoco apunta a ningún tipo de discriminación. La situación geográfica de los Estados miembros y la importancia de las compañías nacionales de transportes por carretera puede, naturalmente, ser la explicación de ciertas variaciones en el número de nacionales y no nacionales que son sometidos a controles. Un Estado miembro pequeño con altos niveles de tráfico de tránsito, pero con pocas compañías de transportes nacionales controlará proporcionalmente a un mayor número de conductores extranjeros que en el caso de un país mayor y periférico con una flota nacional considerable de vehículos que están sujetos a la normativa social comunitaria.
Los resultados de Luxemburgo, por ejemplo, muestran una situación comparable a la de Bélgica. A su Señoría sin duda le alegrará saber que, por iniciativa de la Comisión, se están realizando esfuerzos para determinar cuál es la mejor práctica en materia de controles y para promover medidas en los Estados miembros que garanticen una aplicación uniforme del reglamento comunitario.

Wijsenbeek
La opinión del Sr. Comisario sería correcta si -y él también reside en Bélgica- el 65 % de todos los camiones que circulan por las carreteras belgas fueran extranjeros. Ciertamente no es ése el caso, como bien sabe el Sr. Comisario. Por consiguiente, aún existen razones para creer que los extranjeros reciben un trato discriminatorio. Insto al Sr. Comisario a que tome medidas para garantizar que la Directiva 88/599 se aplica correctamente. Es la primera y principal tarea de la Comisión; ocuparse de que la legislación comunitaria se aplica correctamente en todos los Estados miembros.
Luxemburgo, naturalmente, es un caso diferente, porque tras haber conducido durante cinco minutos, ya hemos salido del país.

Kinnock, Neil
Hacemos caso a lo que dice su Señoría. Repito, solo con el fin de hacer hincapié en ello, que no existe evidencia que apunte a una discriminación, pero que, en colaboración con las autoridades belgas, la Comisión intenta garantizar que en todo momento se haga una aplicación justa y uniforme del reglamento comunitario para evitar cualquier posibilidad de discriminación contra los conductores extranjeros de cualquier país, independientemente de la compañía para la que trabajen o de su lugar de origen.

El Presidente
Pregunta nº 33 formulada por Hans Lindqvist (H-0150/96):
Asunto: Puente sobre el Øresund
Acaba de comenzar la construcción del puente entre Malmö y Copenhague, el puente sobre el Øresund. Los cálculos económicos y medioambientales han resultado equivocados ya desde la fase inicial. Parece que el presupuesto se va a superar en cientos de millones de coronas danesas. En cuanto al medio ambiente, parece que también se superarán los límites fijados de antemano para, entre otras cosas, los vertidos de lodos.
En vista de esto, ¿podría informar el Consejo si el proyecto de construcción del puente se financia con algún tipo de medios comunitarios? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe? ¿Se han previsto nuevos apoyos financieros o de otro tipo de la UE para la construcción del puente sobre el Øresund?

Kinnock, Neil
Durante el período 1992-1994, las rutas de acceso danesas a través del puente sobre el Øresund han recibido ayudas financieras de la Comunidad en virtud del programa para la infraestructura de transportes, por un total de 21 millones de ecus en la forma de ayudas directas a las autoridades danesas. En 1995, la ayuda financiera comunitaria fue concedida de conformidad con la nueva normativa para la concesión de ayudas comunitarias para obras de las redes transeuropeas. La ayuda consistió en 10 millones de ecus para la cofinanciación de estudios sobre el propio puente del Øresund, cuya destinataria fue la Øresund Consortiet Project Authority, y 5 millones de ecus para estudios sobre las rutas de acceso a Dinamarca, y su destinatario fue el Estado de Dinamarca.
La cofinanciación de estudios sobre el puente sobre el Øresund en 1995 incluyó estudios sobre el proyecto, el medio ambiente, las actividades de evaluación y vigilancia del impacto sobre el medio ambiente, así como de las previsiones en materia de tráfico. La cofinanciación de estudios en 1995 sobre las rutas de acceso a Dinamarca incluyeron estudios del diseño técnico, así como estudios y vigilancia del medio ambiente. Ayudas financieras adicionales han sido previstas para el período 1996-1999, habida cuenta de que el puente sobre el Øresund es un elemento clave en el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte. De hecho, es uno de los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas.
La solicitud de ayudas en el marco de las redes transeuropeas en 1996 destinadas al puente sobre el Øresund se ha hecho en la forma de subsidios a los tipos de interés. La Comisión no tiene conocimiento de ningún incremento sustancial en el presupuesto del proyecto. Las cifras de que dispone la Comisión, basadas en la aplicación de la cofinanciación de las redes transeuropeas para 1996, reflejan un incremento del presupuesto para la construcción, que ha pasado de 1.837 millones de ecus a 1.962 millones de ecus, como consecuencia de una serie de cambios y mejoras relacionados especialmente con aspectos medioambientales.

Lindqvist
Señor Presidente, gracias por su respuesta. Según informes que he recibido, se trata de una ayuda o de una contribución directa del orden de los 5-6 mil millones de coronas danesas, incluyendo lo que se ha pagado y lo que se va a pagar. Me gustaría saber si la Comisión o la UE han planteado algunos requisitos en materia ambiental para la concesión de recursos a la construcción del puente.
Las operaciones de dragado han producido más vertidos de lodos de lo que se había calculado en un principio. Parece ser que es seguro que se va a producir un gran aumento de tráfico, y la cuestión es si la construcción del puente en realidad es compatible con una buena política en materia ambiental. Es muy seguro que el puente resultará más caro de lo que se pensaba. Es muy posible que haya que pensar también en enlaces como el del túnel que atraviesa la ciudad de Malmö y otros. ¿Va a destinar la UE más recursos a este proyecto?
Además, le pregunto a la Comisión de la UE si está de acuerdo con la valoración de la empresa concesora de créditos Standard & Poors, de que el proyecto no puede sobrevivir sin garantía estatal. Por consiguiente, existe el riesgo de que la Comisión de la UE apoye un proyecto que no respeta los requisitos ambientales ni está en condiciones de sobrevivir en el mercado. ¿Se han concedido estos medios correctamente?

Kinnock, Neil
Mi respuesta a este último punto de la pregunta es un absoluto y rotundo sí. También me interesaría obtener informaciones firmes que apoyen la alegación que hace su Señoría en su pregunta de que el presupuesto para el proyecto -el puente sobre el Øresund- está disparando su presupuesto en cientos de millones de coronas danesas. Ni que decir tiene que estamos interesados en que se aclare si la noticia es cierta. No existe la menor evidencia de ninguna descripción que apoye dicho testimonio.
En lo que respecta a las condiciones medioambientales, las dos partes principales de la legislación comunitaria son la Directiva 85/337 sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la Directiva 79/409 sobre la conservación de las especies de aves silvestres. En 1991 y 1992, la Comisión examinó el cumplimiento por parte de Dinamarca de dichas directivas en relación con el proyecto en cuestión, y quedó satisfecha por no haberse producido ningún incumplimiento de las mismas.
Además, en lo que respecta a la parte sueca del proyecto, el consorcio encargado de la construcción ha presentado una solicitud en virtud de la Ley sueca sobre recursos naturales. Dicha solicitud llegó acompañada de un estudio sobre el impacto medioambiental. El estudio, junto con una serie de subinformes, tenía por objeto servir de base para el examen del medio ambiente en la parte sueca. Se acordó asimismo que una organización no gubernamental que se ocupa del medio ambiente -el ramo danés de Greenpeace- fuera reconocida en julio de 1994 como entidad con competencia jurídica para desafiar el proyecto en base a las deficiencias en la evaluación del impacto medioambiental.
No obstante, según una decisión posterior del Tribunal, los trabajos pueden continuar a la espera de que haya una sentencia firme.

Wijsenbeek
En lo relativo a la pregunta del Sr. König, ¿no estaría el Sr. Comisario dispuesto a reconocer que, habida cuenta de la escasez de fondos disponibles y de las propuestas presentadas por el Presidente Santer, que las mismas podrían servir como un excelente proyecto de un instrumento comunitario para la concesión de créditos?

Kinnock, Neil
No le sorprenderá si le digo que estoy a favor de la idea de estudiar el posible desarrollo de un nuevo instrumento comunitario que se encargue de conceder los créditos. El Presidente Santer ha vuelto a plantearse la idea de los denominados eurobonos. Actualmente se están llevando a cabo evaluaciones e investigaciones para determinar si existe la posibilidad de impulsar con mayor fuerza y determinación de lo que se hizo originalmente la creación de una nueva entidad comunitaria para la concesión de créditos.
No obstante, como su Señoría sabrá perfectamente, existe una resistencia muy fuerte a semejante idea por parte de los Estados miembros, y puede que no sea la primera vez en la historia que la Comisión en su opinión y el Parlamento en su entusiasmo demuestran ser más realistas y progresistas que el Consejo de Ministros.

El Presidente
Pregunta nº 34 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H0234/96):
Asunto: Valorización de la Vía Egnatia mediante la construcción de carreteras
Considerando que la Vía Egnatia está incluida en las redes transeuropeas, ¿puede indicar la Comisión qué opinión le merece la idea de maximizar la utilidad de dicha vía mediante la construcción de carreteras transversales que la unan a Sofia, Monastir, Skopje y Dürres y, si está de acuerdo, dónde podrán obtenerse los recursos necesarios para la realización de dicha obra?

Kinnock, Neil
La Comisión reconoce los beneficios de la Via Egnatia, que es uno de los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas, y reconoce que dichos beneficios pueden incrementarse mediante la construcción de conexiones transfronterizas hacia el norte, que ofrecerían una conexión adecuada por carretera entre Grecia y Albania, hasta Fyrom y Bulgaria, e incrementarían además la viabilidad económica del proyecto. El marco de ayudas comunitarias para 1994-1999 para Grecia, la iniciativa comunitaria Interreg II y el Fondo de cohesión ya están cofinanciando la construcción en territorio comunitario de las carreteras transversales que unen la Via Egnatia con Albania, Fyrom y Bulgaria, mientras que la conexión SalónicaEfsoni tiene ya la categoría de autovía. El programa PHARE ya está cofinanciando la continuación de algunos de estos ejes más allá de las fronteras de la Unión Europea hacia Durres y Sofía.
Además, se espera que una vez establecidas las relaciones con Fyrom, se tomarán las decisiones necesarias para construir la prolongación de los ejes FlorinaNiki hasta Fyron. La Comisión proseguirá, naturalmente, con sus esfuerzos para aprovechar todas las oportunidades que permitan continuar con la cofinanciación de dichas conexiones en el marco de los actuales mecanismos e instrumentos comunitarios. En resumen, eso significa que algunas partes de la UE pueden beneficiarse de la cofinanciación de los Fondos regionales y de los Fondos de cohesión, así como del servicio de créditos del BEI, mientras que aquellas partes que se encuentran fuera del territorio de la Unión Europea pueden ser cofinanciadas por el programa PHARE además de las ayudas mediante los créditos del Banco Europeo de Inversiones.

Hatzidakis
Quiero dar las gracias al Sr. Comisario por su respuesta. Como miembro de la Comisión de Política Regional, sólo quisiera subrayar una vez más las dificultades que plantea la financiación de obras que afectan a países no miembros de la Unión Europea. Nuestras obras se financian con cargo al Fondo de Cohesión o al Marco Comunitario de Apoyo, mientras que para los países no miembros de la Unión Europea hay que hacer una combinación con ayudas financieras encuadradas en el programa PHARE. Esto es un problema. Confío en que esto no impida el progreso de las carreteras transversales a la Via Egnatia. Quisiera, además, preguntar al Comisario qué valoración le merece el progreso global de estas obras y si cree que con la participación de capital privado la construcción de las carreteras transversales podría avanzar mucho más deprisa de lo que avanza en la actualidad.

Kinnock, Neil
Tengo la certeza de que no existe un solo proyecto en toda la Unión Europea sobre el que no pueda decir que se podría avanzar con mayor celeridad. En el caso de este proyecto en particular, debo decir que, dada la complejidad del mismo, dado el número de intereses invertidos en el mismo y dado el hecho de que es la primera vez en la historia que tiene lugar un proyecto semejante, sólo puedo manifestar una cierta satisfacción por el enorme interés que se está demostrando y por los esfuerzos que se están realizando para garantizar que el proyecto se beneficie de un progreso lo más rápido posible. Prefiero no ser optimista. Sencillamente me gusta ser realista, y es realista afirmar que tras un período de tiempo aceptable, los agotadores esfuerzos que están realizando todas las partes, derivarán en un resultado satisfactorio.

El Presidente
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. Las preguntas que no han sido examinadas por falta de tiempo, recibirán una respuesta por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Acuerdo de pesca con Marruecos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0085/96) del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (12358/95 - C4-0135/95-95/0306(AVC)) relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación.

Arias Cañete
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, el acuerdo de pesca con Marruecos es el convenio pesquero más importante celebrado por la Comunidad, no sólo por su montante económico - ciertamente importante- sino por sus amplias implicaciones socioeconómicas.
Este acuerdo ha constituido el principal tema de debate de la Comisión de Pesca durante los últimos meses. Como no es necesario recordar, desde el 30 de abril de 1995, fecha de expiración anticipada del anterior convenio que regulaba las relaciones pesqueras entre la Unión Europea y Marruecos, el Parlamento se ha manifestado en diversas ocasiones sobre la amplia problemática suscitada por las negociaciones en curso para su renovación, por lo que no vamos a repetir los pronunciamientos recogidos en anteriores resoluciones de esta Asamblea.
Pero antes de entrar a comentar el contenido del acuerdo y las consecuencias que de él se deducen, me gustaría, en nombre de la Comisión de Pesca, agradecer muy sinceramente a la Comisión la colaboración y rapidez en la transmisión de información que ha venido manteniendo a lo largo de los siete meses que han durado las negociaciones -esfuerzo si cabe más loable si se tienen en cuenta la dificultad y los numerosos momentos de estancamiento de las mismas-, una colaboración que confiamos constituya una norma de actuación en el futuro.
Asimismo, aprovecho para mostrar nuestra satisfacción porque, tras un largo proceso de diálogo y negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, la cooperación interinstitucional parece haber dado sus frutos y, por primera vez en un acuerdo internacional en materia de pesca, se consulta al Parlamento, de conformidad con el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 228 del TUE; es decir, tal como ha pedido esta Asamblea tantas veces, por medio del procedimiento de dictamen conforme. Esperamos que esta situación no sea una excepción y represente un cambio de la doctrina, mantenida hasta ahora por el Consejo y la Comisión sobre las bases jurídicas correspondientes a los acuerdos internacionales en materia de pesca.
Sin embargo, tengo que manifestar la sorpresa de la Comisión de Pesca y la decepción por la tardanza en la consulta al Parlamento sobre este acuerdo, que contrasta con la celeridad y diligencia anteriormente mencionada de la Comisión y el Consejo. Sin embargo, hay que reconocer que, al menos, hemos sido consultados antes de que haya vencido el plazo fijado para el primer pago de la compensación financiera correspondiente a este acuerdo.
Hechas estas observaciones, tenemos que afirmar, entrando ya en el contenido del acuerdo, que independientemente de la valoración que cada Grupo político de esta Asamblea tenga sobre el mismo, es ciertamente un acuerdo en el que hay una reducción de las posibilidades de pesca respecto al acuerdo anterior, que afecta singularmente a cefalopoderos, al palangre y a algunos segmentos de la pesca costera. Es un acuerdo en que hay un aumento de los derechos a abonar por los armadores y un aumento de las cargas laborales en lo que respecta al embarque de marineros marroquíes, lo cual, en algunos supuestos, dificulta la actividad pesquera.
Y conviene hacer una reflexión sobre la duración. Sería muy conveniente que el acuerdo previsto para cuatro años resultara un compromiso innegociable para ambas partes, y que se eviten, como en el protocolo anterior, reducciones unilaterales y drásticas de la duración inicialmente prevista. Y aunque no se prevea expresamente una cláusula de renovación, esta Asamblea insta a la Comisión para que en su momento, y con la debida anticipación, inicie los contactos y las negociaciones necesarias para una reconducción pacífica de las relaciones pesqueras con Marruecos, transcurrida la vigencia inicialmente prevista.
No es, posiblemente, el mejor acuerdo, el que más nos gustaría. Pero, posiblemente, señora Comisaria, sea el mejor acuerdo posible. Y, por lo tanto, la Comisión de Pesca, tras un profundo debate, ha acordado dar su conformidad a los términos en que ha sido negociado por la Comisión. Confiamos en que el Pleno lo apruebe.
Pero, por otra parte, este acuerdo ha puesto de manifiesto la creciente dificultad de concluir acuerdos internacionales de esta magnitud. Y ello, unido al hecho de que los países terceros están desarrollando progresivamente sus flotas y su industria conservera y transformadora, pone de manifiesto la situación de exceso de capacidad de la flota comunitaria. La Comisión de Pesca piensa que este problema no se ha abordado con seriedad hasta la fecha. Se ha aplicado una política de paños calientes y de parcheo en muchas ocasiones, pero la situación del sector pesquero, como muchas veces ha dicho la propia Comisaria, requiere enfrentarse con este problema, abordando con urgencia las alternativas necesarias para las regiones y personas que van a verse afectadas como consecuencia de la reordenación del sector pesquero.
Es evidente, señora Comisaria, que los próximos POPS van a ser muy difíciles de negociar, pero habrá que hacerlo desde la seriedad y desde el rigor, y no desde el oportunismo político. Y habrá que hacerlo arbitrando las medidas financieras y económicas -y sobre todo sociales- necesarias para hacer asumibles los costes que dimanen de los mismos y, desde luego, en el marco de un amplio diálogo y en colaboración con los agentes económicos y sociales implicados.
Señora Comisaria, al felicitarla hoy y al pedir a la Asamblea que apruebe este convenio pesquero, tampoco podemos olvidar que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy serio para ajustar nuestra flota a nuestras posibilidades pesqueras. Le deseamos a la Comisión mucho éxito en sus negociaciones pesqueras para poder seguir manteniendo la actividad de nuestra flota, pero también deseamos que los Estados miembros afronten con rigor las obligaciones que les corresponden para mantener la viabilidad a medio y largo plazo de sus flotas pesqueras.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, va a hacer ya un año que estallaba el conflicto pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos en relación con el mismo, que han tenido puntual reflejo en esta Asamblea y a los que me remito. Pero en el fondo de todo yace, como también se subrayó en la reciente sesión plenaria del pasado día 27 en Bruselas, la urgente necesidad de revisar y potenciar la política de acuerdos pesqueros internacionales de la Unión Europea.
No voy a entrar, en esta ocasión, en la letra pequeña del acuerdo -el presidente de la Comisión de Pesca se ha referido a los aspectos positivos fundamentales y también a los negativos y a los costes sociales que ha implicado-, porque quiero centrarme en la letra grande de la Política, con mayúsculas. Pero antes quiero reconocer, señora Comisaria, que valoramos positivamente la consecución del acuerdo y la vigencia de 4 años, y respecto a ese plazo me sumo a la petición que ha formulado el presidente de la Comisión de Pesca para que se establezcan las oportunas garantías de que sea efectivamente así.
También valoro positivamente que por primera vez -aunque tardíamente- se haya sometido al dictamen conforme de este Parlamento, como habíamos solicitado. Pero en el fondo -insisto- ante la experiencia de lo ocurrido y por razones políticas institucionales y sectoriales, se reclama un nuevo enfoque para los acuerdos internacionales. Políticamente, hay que vincular pesca y política exterior y comercial de la Unión Europea. Institucionalmente, hay que asociar definitivamente a este Parlamento, con plenitud de derechos y con rigor, a la negociación, aprobación y control de esos acuerdos. Sectorialmente, hay que reconocer que los acuerdos pesqueros internacionales son imprescindibles para el mantenimiento de la flota comunitaria, constituyendo, por tanto, un pilar fundamental del futuro de la Política Común Pesquera que consolide caladeros externos estables y contribuya a la búsqueda de nuevos caladeros alternativos.
En el caso de Marruecos, como antes en el de Canadá, ha habido graves imprevisiones e improvisaciones, cuantiosas reducciones pesqueras y costosas contrapartidas, y se han creado precedentes que, a buen seguro, no pasarán desapercibidos a otros Estados con los que pronto habrá que negociar o renegociar otros acuerdos. Por todo ello, aprobamos la iniciativa de la Comisión de celebrar en mayo un seminario con los diputados de la Comisión de Pesca de este Parlamento, para debatir la futura política europea de acuerdos pesqueros. Esperamos que el encuentro de Quimper trace las bases de una nueva política y arroje luz, la luz que el sector nos está reclamando en estos momentos.

Teverson
Señor Presidente, deseo manifestar que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas apoya firmemente y acoge con satisfacción el presente Acuerdo, y espera que el Parlamento le permita seguir adelante mediante el procedimiento de dictamen conforme. Nos complace el hecho de que el Parlamento tenga plenos poderes junto con el Consejo sobre este Acuerdo a través de dicho procedimiento.
No obstante, desearía hacer algunas observaciones sobre un tema más amplio. Varios de estos puntos ya han sido mencionados por algunos de mis colegas, me refiero al modo en que funcionan los acuerdos internacionales de pesca, al modo en que se concluyen dichos acuerdos y al efecto de los mismos no sólo sobre nuestras propias flotas pesqueras, sino también sobre las flotas pesqueras de otros países. En el presente Acuerdo hay una serie de aspectos que suponen una enorme mejora en relación con otros acuerdos internacionales examinados por el Parlamento. Espero que exista control suficiente y que los fondos sean reinvertidos en investigación, tanto a nivel local como en otras zonas.
Lo que más me preocupa es el importe de la suma en comparación con el importe total de los fondos que la Unión Europea dedica a la pesca, y el hecho de que en términos de relación coste-eficacia, el presente acuerdo coste el equivalente a 250.000 ecus por buque y año y algo así como 16.000 ecus por cada persona que empleada directamente por el sector pesquero. Debo preguntar al respecto, en términos del valor que generalmente tienen los acuerdos internacionales de pesca, aunque reconozco plenamente la importancia que tiene el presente acuerdo para el sector pesquero de España y Portugal, y creo que el informe debe seguir adelante.

Jové Peres
Señor Presidente, en relación con el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos conviene no perder de vista las relaciones globales entre ambos países y cómo éstas se han venido estableciendo. En todo acuerdo internacional es necesario que exista una simetría que respete y satisfaga al máximo las necesidades de las partes contratantes. A nosotros nos parece evidente el carácter desequilibrado de este acuerdo y, a este respecto, hay que tener en cuenta que en el contexto global -y no me refiero sólo a la pesca- Marruecos ha obtenido concesiones en ciertos sectores productivos característicos del sur de la Unión Europea y que están afectando negativamente, creando el riesgo de dañar seriamente nuestras estructuras económicas y sociales.
Marruecos, en la negociación, presionó sobre el sector pesquero forzando a la inactividad a la flota comunitaria con objeto de obtener concesiones en el sector agrícola. Los argumentos que se esgrimieron, presuntamente conservacionistas, han resultado muchas veces injustificados. La posición negociadora de la Unión Europea fue extremadamente débil: se obvió la cuestión de la soberanía de las aguas del Sáhara Occidental y se otorgaron concesiones agrícolas de duración indefinida para suscribir un acuerdo de pesca de duración limitada y bastante restrictivo.
La debilidad de la posición de la Unión Europea no es atribuible, a nuestro juicio, a la Comisión de Pesca ni a la Sra. Bonino, sino que es responsabilidad de las posturas de ciertos Estados en el seno del Consejo. Yo personalmente comprendo las dificultades de la Sra. Bonino durante todo el período de negociaciones y la felicito en determinado tipo de actuaciones.
El acuerdo no es satisfactorio para nosotros, pues crea un precedente para la renegociación del acuerdo. El Parlamento Europeo ha sido consultado, y esto es positivo, pero también hemos sido consultados tarde. Quiero sumarme a lo que han dicho otros compañeros sobre la compleja problemática de los acuerdos con terceros países. Esperemos que se pueda abrir la vía para que todos podamos ser más conscientes de las dificultades y saber sobre lo que tenemos que trabajar en el seminario de Quimper.

McKenna
Señor Presidente, como ya señalé anteriormente en relación con el presente Acuerdo, la UE necesita aprender de los problemas que ha ocasionado. Por ejemplo, existe una enorme dependencia por parte de los buques comunitarios de poder acceder a las aguas de países terceros. Además de eso, en algunos de estos países, existe el deseo de reducir el acceso de la UE a sus caladeros porque éstos están siendo esquilmados y necesitan tiempo para recuperarse.
Dichos recortes afectarán evidentemente a los pescadores de la UE, especialmente a los españoles, y en menor medida a los franceses, que son los principales beneficiarios de los acuerdos. No obstante, debemos respetar los intereses que los demás países tienen en conservar sus reservas pesqueras.
Necesitamos asimismo cambiar nuestro enfoque de dichos acuerdos. No debemos utilizarlos para dar salida al exceso de capacidad de la flota comunitaria. Lo que estamos haciendo básicamente es exportar nuestro problema con todas sus consecuencias negativas a estos otros países. Debemos situar los acuerdos de pesca en el contexto más amplio de una gestión responsable de las pesquerías regionales, dando mayor énfasis a la conservación de las reservas pesqueras y a las necesidades de las comunidades locales.
Dicho esto, el Acuerdo presenta algunos aspectos positivos. Acojo con satisfacción la disposición que contempla el Acuerdo para la financiación del desarrollo del sector pesquero marroquí, así como para una mejora de la investigación de la pesca en la región y una mejor formación de los pescadores. También acojo con satisfacción el reconocimiento del principio de que el tamaño de la flota comunitaria a la que se autoriza el acceso a las aguas marroquíes debe ser proporcional al volumen de capturas disponibles. Además de eso, debemos reconocer realmente en la UE que no tenemos derecho a establecer una zona de pesca abierta a todos en aguas marroquíes ni en aguas de ningún otro país.

Sánchez García
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que debemos alegrarnos de que este informe sobre el acuerdo de cooperación de pesca marítima entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos haya venido a esta Asamblea, porque ello demuestra dos cosas: una, que las Comisiones de Pesca y Presupuestos tenían razón a la hora de emitir su opinión política al respecto, ya que el Consejo reconoce así las implicaciones presupuestarias de dicho acuerdo, lo que supone un paso significativo del papel del Parlamento Europeo en el procedimiento decisorio comunitario. Dos, que la propuesta de resolución que presenté a principios de este año, en nombre del Grupo de Alianza Radical Europea, tenía su razón de ser.
Sin embargo, la decisión del Consejo de aplicar provisionalmente el acuerdo limita el papel del Parlamento y neutraliza en parte esta tendencia más democrática. Coincido, por ello, con la Comisión de Presupuestos en su propuesta política de condicionar el dictamen conforme al compromiso oficial, por parte de la Comisión Europea, de informar anualmente al Parlamento Europeo sobre el estado de ejecución presupuestaria y financiera del acuerdo y, siguiendo con mi propuesta de resolución, añadiría la conveniencia de que la Comisión Europea presente una evaluación de los impactos socioeconómicos que se derivan del mismo sobre las regiones comunitarias afectadas, especialmente las periféricas.
No obstante, vamos a apoyar este dictamen conforme, pese a todas estas matizaciones y a las que presentamos en su día sobre los términos del acuerdo, ya que hay que reconocer que Marruecos se ha convertido en un polo importante de la estrategia exterior europea y, de facto, esta preocupación se ha plasmado en una política de diálogo que, pese a las tensiones pesqueras y otros conflictos sectoriales ya pasados, van caminando por la senda de la cooperación.

Blokland
Señor Presidente, el presente reglamento para un acuerdo de cooperación con Marruecos no es únicamente importante para la pesca. Este acuerdo también repercutirá en la horticultura europea. A fin de cuentas, el acuerdo nunca habría podido cerrarse sin concesiones comerciales en el ámbito de la importación de verdura, fruta y flores marroquíes. Con ello, la horticultura europea ha sufrido injustamente las consecuencias de la solución del conflicto pesquero entre la Unión y Marruecos.
Para aliviar el dolor, en el Consejo general del 10 de noviembre de 1995, la Unión se comprometió a presentar propuestas para un fondo de promoción de los productos de cultivo ornamental. Hasta ahora, seis meses más tarde, la Comisión Europea todavía no ha cumplido esta obligación. ¡Es inaceptable!
Espero que la Comisión presente cuanto antes propuestas concretas y sustanciales. Se trata de un sector que atraviesa dificultades, en parte debido a las crecientes importaciones de terceros países. Estas importaciones son una consecuencia de las concesiones arancelarias otorgadas en los últimos años. Por ello, las importaciones de terceros países se realizan casi por completo sin pagar derechos. Ya va siendo hora de que la Unión Europea ofrezca alguna compensación.
¿Está dispuesta la Comisaria a hacer promesas? En caso afirmativo, yo estaría dispuesto a votar a favor del reglamento.

Apolinário
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, prácticamente cinco meses después del comienzo de la aplicación provisional del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, el Parlamento Europeo da ahora su dictamen conforme a ese acuerdo. Es justo acoger con particular beneplácito el empeño de la Comisión y de la Comisaria Bonino y también de los servicios de la Comisión y de los Estados miembros que han acompañado ese sector a lo largo de las negociaciones. Pero ésta es también una oportunidad excelente para subrayar tres ideas fundamentales: los beneficios que Portugal, mi país, obtiene con este acuerdo -entre otras cosas, porque en Portugal surgió y se fomentó la tesis de que la negociación entre Portugal y Marruecos sería más ventajosa-, la necesidad de comenzar ya a preparar el período posterior a 1999 y la urgencia de una nueva política de pesca.
En el sector estricto de la pesca, la negociación con Marruecos en el marco de la Unión Europea ha sido hasta ahora favorable para Portugal. Portugal tiene ahora tres veces más licencias de pesca en Marruecos que en 1985 y los derechos de pesca están respaldados ahora por un fundamento jurídico en regla y no por un marco de licencias particulares. Por eso, luchamos coherente y continuamente por este acuerdo.
Con todo, es preciso desde ahora mismo preparar el futuro, el período posterior a 1995-1999, sobre todo cuando gran número de poblaciones y economías costeras de Portugal y España dependen en gran medida de los recursos existentes en las aguas marroquíes. En un futuro acuerdo siempre se planteará la reivindicación de disminución de la flota que haya de recibir licencias, de más empresas mixtas, de una gestión sostenida de los recursos pesqueros. Nadie que sea responsable puede quedarse tumbado a la bartola, porque los pescadores no son, nunca fueron subsidiodependientes, sólo quieren trabajar.
En tercer lugar, con eso se perfila una nueva política de pesca. Una nueva política pesquera común sostenida y responsable en la que los acuerdos internacionales no podrán ser la exportación de los desajustes estructurales de la flota comunitaria. Una política basada en la valorización de los pescadores, como principales defensores de los recursos piscícolas, porque, queramos o no, una política del mar y de la acuicultura sólo existirá con pesca y con pescadores.

Provan
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe Arias Cañete. Acojo con satisfacción el Acuerdo y acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión haya podido alcanzar dicho Acuerdo con Marruecos.
Nos enfrentábamos a unas circunstancias muy difíciles y como miembro no español del PPE, estoy encantado de que nuestros colegas españoles tengan una solución a lo que era una situación sumamente difícil, en la que se estaban pagando compensaciones a los pescadores que no podían salir a faenar. Era una posición muy delicada y, por consiguiente, celebro el nuevo Acuerdo. Dicho esto, obraría mal si no llamara la atención sobre el futuro de estos acuerdos de pesca.
El Acuerdo con Marruecos es el más importante. Debemos reconocer que el Acuerdo que esta noche tenemos ante nosotros va a costar aproximadamente un 20 % más que el anterior y que es posible que no tengamos las mismas oportunidades de faenar que tuvimos en el pasado.
Permítame decir también que agradezco la oportunidad, señor Comisario, que nos está ofreciendo de examinar el futuro de estos acuerdos de pesca, porque son importantes para nuestros colegas españoles, y por lo tanto lo son también para la flota pesquera europea en su conjunto. En el futuro no debemos permitir estos enormes gastos por un servicio que quizá pueda obtenerse por otros medios. Debemos reconocer el hecho de que tenemos acuerdos con los países ACP y con otros países en desarrollo.
En este Parlamento nos puede resultar difícil analizar estas relaciones en general. Creo que tenemos que ser cautelosos en el futuro, y ello puede tener implicaciones para nuestros colegas españoles y para sus pescadores. Digo esto sólo como un aviso, porque creo que el coste del pescado será un aspecto importante para futuros acuerdos.

Vallvé
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que debemos alegrarnos por el hecho de que se haya llegado a este acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Este acuerdo tiene unas características que creo van a ser comunes en los acuerdos que en el futuro se pueden firmar: disminución de las cuotas pesqueras por parte de las flotas de los países comunitarios; una necesaria valoración de los recursos; la constatación de una falta de excedentes y, por lo tanto, la exigencia de unas explotaciones sostenibles de los recursos pesqueros en las áreas correspondientes; y, además, una presencia creciente de terceros países en lo que será la actividad pesquera en las cercanías de sus costas.
Todo esto, evidentemente, se ha presentado en este acuerdo con Marruecos y creo que debemos felicitarnos por la actuación de la Comisión, y de la Comisaria en particular, al lograr este acuerdo, que, como ha dicho muy bien el ponente, no es quizá un buen acuerdo pero, posiblemente, el mejor acuerdo que se podía lograr.
En este sentido, creo que es importante destacar también que, en este acuerdo, hubo también la necesidad de poder acelerar la negociación, dadas las presiones que ejercía un miembro negociador; presiones a las cuales no era ajena la celebración de la Conferencia euromediterránea de Barcelona de finales de noviembre, y recordemos que fue muy pocas semanas antes de esta conferencia cuando se pudo lograr el acuerdo con Marruecos. Creo que esto condicionó la celebración de este acuerdo y será importante que en la Unión Europea se analice de qué forma los próximos acuerdos deban ser negociados por el bien de las flotas pesqueras comunitarias.

Elmalan
Señor Presidente, se ha celebrado un acuerdo de cooperación en materia de pesca con Marruecos. Me felicito de que se haya hecho hincapié en la valorización y la protección de los recursos haliéuticos marroquíes, sin exponer las posibilidades de pesca de los buques comunitarios, pero constato que el acuerdo es demasiado vago y ambiguo en cuanto a la delimitación y a la soberanía de las aguas territoriales reivindicadas por la República Árabe Saharaui Democrática.
Ni que decir tiene que no incumbe a la Comunidad Europea delimitar el territorio de un Estado, pero le corresponde decidir con sus contratantes el ámbito de aplicación de los acuerdos que celebra. La Comunidad no puede, en efecto, arrogarse derechos de explotación en un espacio que no se encuentra sometido a la soberanía o a la jurisdicción exclusiva de países terceros. Ello es evidente con respecto a las aguas territoriales del Sáhara Occidental, y ningún acuerdo de pesca con Marruecos puede otorgar a la Comunidad Europea derechos de pesca en aguas que, según el Derecho internacional, están sometidas a la autoridad de la República Saharaui. Las zonas de pesca de Marruecos, establecidas por el acuerdo, deberían ser delimitadas conforme a las normas del Derecho internacional y, en particular, a las normas del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Debo señalar que en 1982, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la denominada «Conferencia de Montego Bay», especificaba (cito): »Tratándose de un territorio de un pueblo que no goza de plena independencia o de cualquier otro régimen de autonomía reconocido por las Naciones Unidas, las disposiciones relativas a derechos o intereses a que se refiere el Convenio se aplicarán en beneficio del pueblo de dicho territorio, con el fin de fomentar su prosperidad y su desarrollo». En el estado actual del Acuerdo de pesca, las riquezas de las aguas territoriales del Sáhara Occidental no benefician al pueblo saharaui. Por lo tanto, solicito a la Comisión, que ha negociado este Acuerdo, procure que se respete el Derecho internacional.

Crampton
Señor Presidente, felicito a la Comisión y al ponente por el informe, pero veo dos problemas. No votaré en contra del Acuerdo, pero hay dos observaciones políticas que debo hacer.
Una es relativa al propio Marruecos. Votaré en contra -y lo advierto ahora y espero poder persuadir a otras personas para que hagan lo propio- de cualquier futuro acuerdo sobre lo que sea con Marruecos hasta que dicho país retire sus fuerzas militares y sus colonos del Sáhara Occidental y cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas hace ya mucho tiempo.
Segundo, espero que el Acuerdo -me estoy refiriendo a lo que ha dicho el orador anterior- no sea aplicable a las aguas al sur de la latitud 27, 5º o 28º -no estoy seguro cuál de las dos-, de modo que las aguas del Sáhara Occidental sean preservadas para una futura ocasión, cuando el Sáhara Occidental pueda decidir por sí mismo su política de pesca. Recuerden el ejemplo de Namibia, en cuyas aguas operaban principalmente buques de la UE antes de que los namibios pudieran establecer su propia política de pesca. Hemos cometido actos terribles en las aguas frente a la costa de Namibia cuando no existía ningún control.
Recordemos esas cosas y demos ahora nuestro dictamen conforme al Acuerdo, pero recordando dichas observaciones.

McCartin
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Arias Cañete por su informe. Como es habitual en él, ha realizado un trabajo exhaustivo y muy instructivo sobre el tema. Apoyo asimismo el Acuerdo, porque en estos momentos era política, social y económicamente importante para muchas regiones de España.
Evidentemente me preocupa que al Parlamento no se le otorguen todos sus derechos constitucionales en lo relativo a estos acuerdos. 500 millones de ecus es una suma importante y en virtud del Tratado de Maastricht tenemos derecho a la codecisión. Creo que nuestras obligaciones internacionales, cualesquiera que éstas sean, deben estar supeditadas a dicho derecho constitucional.
Estoy impresionado por las cifras que Robin Teverson nos ha dado en relación con el coste del presente Acuerdo por puesto de trabajo y buque. Las cifras son importantes y debemos tenerlas en cuenta. Debemos preguntarnos: si tomamos esos 500 millones de ecus y los invertimos en aquellas regiones sensibles de España, ¿cuántas inversiones adicionales atraería? ¿Qué se podría hacer con esa suma en el campo de la piscicultura y la infraestructura para el turismo? Es posible que se pudiera atraer unos 2.000 millones de ecus en inversiones, y al final, proporcionaría unos beneficios económicos mayores que de esta otra forma. No sólo en esta ocasión, sino también en el futuro, ésa debería ser nuestra forma de pensar. Porque, como han dicho James Provan y otros, no podemos construir una política pesquera a largo plazo sobre este tipo de acuerdos cuando no cabe duda de que muchos de los factores actuales habrán dejado de existir dentro de diez años. Por consiguiente, deberíamos estudiar otras perspectivas para ayudar a las regiones periféricas de un modo diferente.

Mendonça
Señor Presidente, en nombre del Sr. Arlindo Cunha, quiero decir aquí que se habrá de analizar con dos ópticas el acuerdo de pesca celebrado en noviembre de 1995 entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Primero, su contribución económica y social a algunas regiones europeas y a la supervivencia de algunos millares de familias vinculadas con esa actividad pesquera: frente a su significado en esa esfera, el coste de quinientos millones de ecus a lo largo de cuatro años parece razonable. Segundo, su articulación con el acuerdo de asociación en el marco global del acuerdo euromediterráneo con aquel país. Esa misma visión de conjunto es la que espero que sigan considerando los dirigentes políticos, no sólo los de Marruecos, sino también los de la Unión Europea, cuando en 1999 hayamos de negociar el nuevo acuerdo.
Por esas razones, apoyo, en nombre de mi partido, el informe del Sr. Arias Cañete.

Novo
Señor Presidente, señores diputados, aunque el Parlamento Europeo se ofreció a intervenir en la negociación del acuerdo de pesca con Marruecos y aprobó incluso varias propuestas de resolución durante el período de negociaciones, en particular contra la paralización de las flotas y a favor de compensaciones a armadores y pescadores, todo eso no impidió que hasta más de tres meses después de la firma de dicho acuerdo no se haya hecho la consulta oficial al Parlamento Europeo.
Ahora vamos a emitir un dictamen conforme cinco meses después de la aprobación del acuerdo y más de cuatro después de su entrada en vigor. Esta situación, señora Comisaria, no se puede admitir ni puede seguir siendo el procedimiento aplicable en el futuro, como repetidas veces ha reafirmado este Parlamento y usted sabe.
Los términos del acuerdo de pesca con Marruecos permitieron reanudar la actividad de importantes sectores pesqueros de mi país, en particular en Sesimbra y en el Algarve, a pesar de lo cual se establecen reducciones -aunque limitadas- del esfuerzo de pesca a lo largo del período de vigencia y no se imponen condiciones leoninas de descarga o de aceptación de pescadores originarios de Marruecos. Esas orientaciones corresponden, en lo esencial, a las propuestas que en su momento defendimos para este acuerdo, si bien se quedan cortas respecto de ellas.
A propósito de este acuerdo -por lo que yo sé, señora Comisaria-, el pago de las compensaciones por la paralización entre el 1º de mayo y el 30 de noviembre no se hizo de acuerdo con los valores aprobados por la Comisión y por el Parlamento Europeo, por lo que pido a la Comisaria que confirme esta información en este Pleno y también ante el Gobierno portugués y los sindicatos de pescadores locales y que intervenga al respecto y corrija, de ser necesario, las cuantías efectivamente debidas.
La negociación de este acuerdo de pesca fue paralela al acuerdo de comercio con Marruecos, manifiestamente perjudicial para Portugal. No podemos admitir que lo que se ofrece con una mano, aunque tímidamente y durante sólo cuatro años mediante el acuerdo de pesca, se retire con la otra, en principio durante doce años -pero, de hecho, definitivamente- mediante el acuerdo comercial.
Por eso, y aunque nos cueste, no podemos aprobar ni votar favorablemente un acuerdo de pesca que de forma implícita y colateral va a plantear problemas tal vez de supervivencia a sectores productivos portugueses, cuando debería haber resuelto simplemente los problemas de una flota de pesca de pequeñas dimensiones, con base artesanal y de características reconocidamente no depredadoras en aguas marroquíes.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, los máximos representantes del sector pesquero andaluz dicen de este acuerdo que es el mejor de los que se han firmado entre la Unión Europea y Marruecos. Simplemente, el mejor. Yo creo que esto es así porque dicho acuerdo de pesca tiene aspectos muy positivos: en su duración de cuatro años, sin revisión a medio plazo, que garantiza una estabilidad que ha ido mucho más allá de lo previsto incluso por el Sr. Almeida cuando se iniciaba la negociación; porque aumentan las capacidades globales de pesca; porque mejoran las condiciones técnicas y administrativas; porque garantiza muchos miles de puestos directos e indirectos en zonas de alto desempleo; porque ofrece una continuidad a la flota pesquera comunitaria; y porque los aspectos del impacto negativo son graduales.
Vaya mi felicitación sincera a los negociadores que, por cierto, han sido un equipo homogéneo, que ha actuado con firmeza y serenidad, esperando el tiempo preciso, y con decisión al final. Lo han hecho bien. Es un acuerdo la mar de difícil que ha quedado la mar de bien. Y es un acuerdo que nos permite continuar, mejorar y avanzar en las relaciones con Marruecos.
Constato que el Sr. Arias Cañete ya no dice lo mismo que decía antes de las elecciones españolas. Antes decía que el acuerdo era imposible. Decía que sólo un milagro de la Virgen podía hacerlo posible y cosas un poco más soeces como que nos estábamos bajando los pantalones ante Rabat.
Ahora, señor Presidente, después de las elecciones, constato que ya no dice lo mismo que decía antes. Al contrario, bienvenido, señor Arias Cañete, a nuestras posiciones, bienvenido a la sensatez, bienvenido a la racionalidad, sobre todo en vista de las opciones de gobierno que existen en España.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, la primera valoración que debemos expresar es la relativa al acuerdo en sí mismo. El compromiso alcanzado es el mejor de los posibles. A todos nos hubiera gustado quizás otro que hubiera salvaguardado los derechos de los 80 barcos que van a quedar fuera del caladero. Sin embargo, toda negociación conlleva cesión, equilibrio y acercamiento de posturas. Y éste es el mejor acuerdo que podía haberse conseguido frente a la cerrada y dura postura mantenida por los negociadores marroquíes. Debemos también felicitar a la Comisión por haber transmitido, inmediatamente después de la firma del acuerdo, una copia del mismo al Parlamento Europeo. Esta actuación no es sino una muestra más de ese espíritu de transparencia y colaboración con el Parlamento que la Comisión, y muy especialmente la Comisaria Bonino, está impulsando.
Hay otro aspecto que también merece la pena subrayarse. La propuesta del Consejo ha entendido que este acuerdo tiene consideraciones presupuestarias importantes para la Unión. Por ello, ha decidido consultar al Parlamento a través del procedimiento de dictamen conforme. Esta posibilidad constituye un importante reconocimiento de los derechos y poderes del Parlamento Europeo. Debemos, por tanto, votar sí a esta propuesta de decisión. En este caso, pese a que el compromiso presenta flecos difíciles, la Unión ha trabajado en favor de un acuerdo que ha sido el menos malo entre las diferentes opciones.
Voy a aprovechar la presencia de la señora Comisaria para hacerle un breve comentario que puede ser marginal en este debate, pero que es importante en los momentos que vivimos. Estamos en la campaña de la anchoa: Portugal cedió a Francia 6.000 toneladas de la zona 9, que están siendo pescadas por este país en la zona 8. Le pido que, con la diligencia y energía que le caracterizan, actúe para impedir este frontal ataque al a veces -sólo a veces- sacrosanto principio de estabilidad relativa.
Muchas gracias y felicidades por el acuerdo, señora Comisaria.

Jöns
Señor Presidente, señora Comisaria, es muy amable por su parte que me conceda la posibilidad de hablar en nombre de la Comisión de Presupuestos. Al igual que el colega Arias Cañete, quien ha hablado en nombre de la Comisión de Pesca, saludo la aplicación del procedimiento de dictamen conforme. Sin duda, el hecho de que, tal como han dicho algunos colegas, la Comisión nos haya transmitido al menos inoficialmente el texto tras la elaboración del acuerdo, supone otro progreso en la cooperación interinstitucional. Esto ha facilitado nuestro trabajo en las comisiones. Sin embargo, en nombre de la Comisión de Presupuestos debo criticar de nuevo decididamente el procedimiento de redacción de la resolución. Tal como nos tiene acostumbrados, el Consejo -que lamentablemente no está presente- ha acordado por quinta vez en el plazo de un año la aplicación provisional de un acuerdo sin consultarnos al respecto y sin darnos la ocasión de emitir antes nuestro dictamen consultivo.
Este recorte de nuestros derechos, contraria al Tratado, como parte de la autoridad presupuestaria es aún más grave que en los casos anteriores, pues el acuerdo con Marruecos tiene considerables repercusiones financieras. 500 millones de ecus no son moco de pavo. Protesto, por ello, con toda energía contra la exclusión sistemática de esta Asamblea y reclamo de nuevo que se respeten nuestros derechos de codecisión garantizados contractualmente.
Ante la gran importancia que todos concedemos a este acuerdo, la Comisión de Presupuestos lo ha aprobado unánimemente, pero hemos unido tres condiciones a nuestra aprobación. Primera: en el marco del diálogo tripartito sobre la clasificación de los gastos y en el del procedimiento ad hoc para los límites superiores de gastos para los acuerdos internacionales de pesca, el Consejo debe contribuir activamente para llegar a un acuerdo interinstitucional aceptable para todos.
Segunda: esperamos del Consejo una declaración formal de que nos va a informar oficialmente sobre todas las negociaciones relativas a acuerdos y protocolos futuros o a renovar. Además, exigimos al Consejo y a la Comisión que llegue a un modus vivendi con el Parlamento en lo tocante a la aplicación provisional de acuerdos.
Señora Comisaria, finalmente, exigimos a la Comisión que emita una declaración formal de que nos va a informar anualmente antes de la primera lectura del presupuesto sobre la aplicación de acuerdos y fichas financieras sobre la base de un análisis de costes-utilidades.

Bonino
Ante todo, en nombre de la Comisión y en el mío propio, deseo agradecer al Parlamento Europeo la celeridad que ha demostrado al formular su dictamen y, personalmente, también por ser importante tras un año de negociaciones muy difíciles y complejas, negociaciones que después requirieron la intervención de la Presidencia de la Comisión. Deseo asimismo aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos los altos cargos políticos que, también por parte marroquí, trabajaron para lograr este acuerdo.
En mi opinión, y en las actuales circunstancias, se trata de un acuerdo satisfactorio y equilibrado. A mi juicio, es un acuerdo sin vencedores ni vencidos y que, a pesar de no ser perfecto -se debe intentar alcanzar lo mejorsienta unas bases diferentes respecto a los tradicionales acuerdos de pesca.
En primer lugar, hace hincapié en un problema que para nosotros es importante, o sea, en el problema de la conservación de los recursos y en la buena gestión de los mismos. Y, por lo que se refiere al control, es un acuerdo que sienta unos principios importantes e innovadores. Deseo recordar, por ejemplo, que por primera vez en este tipo de acuerdos, hemos mejorado fundamentalmente los controles en el mar y en tierra a través de la definición del estatuto de los observadores marroquíes embarcados en los barcos de la Comunidad -creo que no es necesario subrayar este nuevo aspecto- la presencia recíproca de observadores en los puertos, así como la continua vigilancia por satélite.
Por consiguiente, y por lo que refiere al control para una mejor conservación de los recursos, éste es un acuerdo que contiene importantes novedades. Correrá de nuestra cuenta, en los próximos cuatro años, intentar desarrollar realmente una asociación con la parte marroquí, porque sólo a través de unas buenas relaciones de asociación se podrá crear un clima idóneo para renegociar otro acuerdo. Deseo recalcar la necesidad de que el próximo acuerdo se base fundamentalmente en las modalidades y buena aplicación del actual convenio, y en el tipo de relaciones de verdadera asociación que en los próximos cuatro años lograremos establecer.
Así y todo, deseo destacar ahora dos cosas: el Parlamento ha reconocido que por primera vez se ha aplicado el artículo 228, aunque con cierto retraso. Por consiguiente, la necesidad de que cada Institución asuma su responsabilidad por los retrasos y también por las atenciones deparadas. A lo largo de un año, creo que he intentado mantener lo más posible informados, tanto formal como informalmente, al Parlamento y, en especial, a la Comisión de Pesca respecto a todas las principales etapas de este acuerdo.
Deseo abundar ahora en el problema financiero y en el de los costes-beneficios. Desde este punto de vista, considero que el seminario que organizaremos en Quimper será de gran ayuda para entender más o menos exactamente la situación global de los acuerdos de pesca, para evaluar qué acuerdos son caros y cuáles no lo son. A través del dossier que estamos elaborando, descubriremos, por ejemplo, que existen acuerdos que en principio son menos caros, lástima que no se aprovechen. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que es necesario poner cierto orden en el expediente general de los acuerdos de pesca. A dicho fin, considero importante la iniciativa del seminario de debate común, porque creo que es importante comprobar qué acuerdos se han celebrado tradicionalmente, cuáles no se han explotado y cuáles, aun estando en vigor, se han dejado de explotar. Por consiguiente, creo que por estas razones la cita de Quimper será un importante elemento de análisis para todos nosotros.
Existe en este acuerdo otro aspecto importante, puesto que incluye el compromiso formal de reducir la dependencia de la flota pesquera comunitaria de las aguas marroquíes. Dicho compromiso existe y debo manifestar, tanto a los agentes españoles como portugueses, que se han celebrado varias reuniones para poder presentar antes de julio un programa de reducción de la dependencia de la flota pesquera comunitaria de las aguas de Marruecos. Se trata de un compromiso puntual que adquirimos, pues estoy convencida de que depender al 100 % de un tercer país no es económicamente sostenible para ningún sector y tampoco, como es obvio, para el sector pesquero.
Por último, deseo mencionar otro elemento. Muchos diputados han planteado el problema político de la relación con Marruecos, con el Sáhara y con otros países. Permítanme manifestar que esto no depende del Comisario de Pesca, que se halla vinculado por ciertos procedimientos internacionales y que, por consiguiente, trata con las autoridades en ejercicio y tratará con otras autoridades cuando, como es obvio, éstas serán las encargadas de gobernar a sus pueblos. Evidentemente, no me hubiera parecido sensato, por ejemplo, aplazar un acuerdo de pesca en espera de una definición de la situación del Sáhara. Permítanme, Señorías, decir que esto no depende únicamente de la política común de pesca ni tampoco del Comisario de Pesca.
Quisiera asimismo subrayar otro aspecto respecto al cual casi todos ustedes han hecho hincapié. Se trata del problema de la aplicación provisional de los acuerdos de pesca. Deseo recordar sólo dos hechos: primero, según las costumbres internacionales, la aplicación provisional es un procedimiento normal para cualquier clase de sector; segundo, creo que nos interesa a todos no prolongar las interrupciones de la actividad. ¡Figúrense si, en noviembre, hubiéramos dicho a nuestros pescadores que permanecieran anclados hasta febrero o marzo en espera de un dictamen sobre la aplicación provisional! Con esto quiero decir que esta actitud no hubiera contribuido a aumentar la comprensión hacia las Instituciones europeas por parte de importantes sectores de la opinión pública.
Por lo que se refiere a la pregunta que me fue formulada respecto a la compensación a los pescadores portugueses por el reposo forzoso, deseo manifestar que la cuestión no es competencia de la Comisión, sin embargo, me informaré acerca de quién es la autoridad nacional competente y cuáles son los motivos de dichos retrasos.
Por todo ello, y sin tener la presunción de haber contestado a todas las preguntas, deseo únicamente manifestar que en toda la política común de pesca, a parte de otros problemas, el expediente relativo a los acuerdos internacionales es un dossier que merece un profundo examen para organizar de la mejor manera posible nuestro futuro, desde muchos puntos de vista, incluso institucionales, teniendo en cuenta la diferencia entre países ACP y otra clase de países. Creo, sin embargo, que intentar celebrar acuerdos equilibrados y de asociación -cuando y dondequiera se pueda y deba- es, a mi juicio, el camino a seguir.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Seguimiento y control sanitario
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0092/96) del Sr. Poggiolini, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0449 - C4-0443/95-95/0238(COD)) por la que se adopta un programa de acción comunitaria sobre seguimiento y control sanitario en el contexto del marco de actuación en el ámbito de la salud pública.

Poggiolini
Señor Presidente, después de los grandes programas de acción contra el cáncer, contra el sida y de los programas de información y prevención de las grandes enfermedades, este cuarto programa a algunos les parece menos importante: a la opinión pública, a los periodistas y, quizás, a los mismos diputados que pueden considerarlo como algo técnicamente abstruso propio de los técnicos de la sanidad. Pues bien, esto no es así, ya que se trata, en cambio, de un soporte fundamental para tomar conciencia del estado de salud de los europeos, a fin de permitir evaluar los resultados provenientes de las grandes campañas contra el cáncer, el sida y las grandes epidemias.
Se trata de permitir realizar un análisis de las actividades llevadas a cabo, comparando los resultados obtenidos en los distintos países. Ello ofrecerá la posibilidad de facilitar a los Estados miembros elementos de juicio para plantear la acción de prevención y de tratamiento de las enfermedades más relevantes. ¡Hace falta conocer para decidir! Sin embargo, para conocer es necesario comparar los datos proporcionados por las distintas organizaciones gubernamentales e internacionales como, por ejemplo, la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud y los diferentes profesionales del sector y hace falta sobre todo encontrar un lenguaje común. Las dificultades que un programa de este tipo debe afrontar son notables y puede servir de ejemplo la recogida de datos, datos que tienen características diferentes entre Estado y Estado. En algunos casos ciertos datos son incluso imposibles de encontrar a nivel nacional. También es necesario que los distintos datos que deben compararse se sumen entre sí para obtener un marco completo de la salud de los europeos y, por consiguiente, de las enfermedades contra las que hay que luchar con la adecuada eficacia. Es necesario que en Europa funcione un sistema de seguimiento y de control, que se podrá lograr únicamente si conseguiremos comparar, confrontar y sumar los datos que poseemos, dado que en los distintos Estados miembros las definiciones de los muchos indicadores de salud son diferentes.
Hace falta obviar claramente un error de fondo, pues, cuando se habla de armonizar, ello implica superar las dificultades que no permiten la comparabilidad de los datos. Dichas dificultades son a veces sólo lingüísticas, otras, en cambio, nacen de tradiciones culturales o de procedimientos científicos que, aunque armonizados de hecho por el método científico internacional, sin embargo, a menudo convierten en difícil la identificación misma de los indicadores sanitarios que deben compararse, justamente porque se denominan y definen de manera diferente en los distintos países.
Ante estas dificultades, las soluciones indicadas en el programa distan mucho de ser claras, mejor dicho, a veces son tímidas y confusas. Se tiene el temor incluso de utilizar la palabra «armonización», porque, como saben ustedes, el artículo 129 del Tratado de Maastricht prohíbe la armonización de los sistemas sanitarios. Sin embargo, aquí es evidente que lo que se quiere armonizar es el lenguaje científico y no los sistemas sanitarios, pues sin un lenguaje científico común no es posible el seguimiento y control sanitario. Europa andaría a ciegas en materia de sanidad y no podría proporcionar a los Estados miembros los datos indispensables que les permitan intervenir eficazmente para proteger la salud, a pesar de los diferentes y heterogéneos sistemas sanitarios de los distintos países.
El texto objeto de examen, a pesar de sus deficiencias, estoy seguro que mejorará cada vez más y, por consiguiente, debe ser aprobado y apoyado, habida cuenta de que se trata de un básico e indispensable instrumento puesto a disposición de los Estados miembros para promover la salud de los ciudadanos europeos. El consenso en el seno de la Comisión de Medio Ambiente ha sido amplio: más de 40 enmiendas se han referido a los distintos problemas, entre los que se encuentra la propuesta de un Observatorio europeo, la adaptación de la dotación presupuestaria, los objetivos a concertar con los profesionales del sector, la definición de una lista no exhaustiva de los sectores en los que se deberían definir los indicadores sanitarios.
Confío en que el Pleno aprobará por amplia mayoría este programa, un programa quizás poco aparente, como he dicho, porque no afecta emotivamente a los ciudadanos; un programa que, a lo mejor, no será entendido y evaluado por los medios de información en su justa medida, pero que, así y todo, es un programa fundamental para el éxito de todos los programas ya aprobados y de los que están pendientes de aprobación en materia de salud pública en Europa.

Ghilardotti
Señor Presidente, la Comisión de Presupuestos ha estudiado la propuesta de adopción de un programa de acción comunitaria sobre seguimiento y control sanitario, analizando, como es lógico, sobre todo los aspectos financieros. Sin embargo, desde este punto de vista es necesario subrayar ciertas incoherencias, pues, la Comisión fija un importe estimado necesario, reduciendo en parte el margen de maniobra de la autoridad presupuestaria. El programa, tal como acaba de manifestar el ponente, Sr. Poggiolini, se refiere a medidas de carácter horizontal y transnacional que deben servir de indicadores para las medidas más operativas, previstas en el marco de los tres programas anteriores. Por este motivo, la Comisión de Presupuestos considera que la propuesta financiera de 13, 8 millones de ecus para cinco años, es decir, menos de 5 millones por año, representa un importe poco significativo de cara a la puesta en práctica de un sistema de seguimiento eficaz y operativo. Por otra parte, la Comisión en su comunicación sobre los fundamentos jurídicos y los importes máximos, propuso la no exigencia de fundamentos jurídicos respecto a las acciones cuyo importe fuese inferior a 5 millones de ecus. La propuesta de dotación financiera presenta también en este aspecto cierta incoherencia.
A la vista de su contenido, parece tratarse de una propuesta a medio camino entre la creación de un verdadero Observatorio europeo de la salud, dotado de un presupuesto consecuente y solicitado en numerosas ocasiones por el Parlamento, y la mera coordinación de informaciones transnacionales de presupuesto intencionadamente reducido, deseada por el Consejo.
Por consiguiente, estoy de acuerdo, al igual que la Comisión de Presupuestos, con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que, considerando insuficiente la dotación en relación con el interés fundamental de un programa como éste, propone en su propuesta un aumento. Considero importante recordar que, ya con ocasión de la reciente dotación de los tres programas en materia de salud, a los que ha hecho referencia el ponente, la posición del Parlamento ha hecho posible que en conciliación el importe global establecido para los tres programas fuera de 10 millones de ecus más.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, el Sr. Poggiolini merece, a mi juicio, la felicitación del Grupo Socialista por el rigor y la ilusión con que ha elaborado su informe.
A este rigor y a esta eficacia ha añadido la generosidad de aceptar prácticamente todas las enmiendas en comisión y, por consiguiente, le expreso, por ello, mi gratitud. También expreso mi felicitación a la Comisión.
Como ha señalado el Sr. Poggiolini, este programa tiene una extraordinaria importancia. En primer lugar, en cuanto al fondo, porque solamente a partir del conocimiento de la realidad sanitaria europea -y esto se hace a partir de una homogeneización de los datos, de su fiabilidad y de su transmisión informática mediante una red de datos- se podrá acceder a un sistema comunitario de vigilancia de la salud de los ciudadanos, de las causas que incidan sobre esta salud, para establecer comparaciones sobre la salud en los distintos Estados miembros y para apoyar las políticas sanitarias de los Estados miembros.
También me permito subrayar que esto debe desembocar en la creación de una estructura permanente para la vigilancia de la salud.
En cuanto al fondo, por consiguiente, estamos ante una iniciativa de extraordinaria importancia, pero también en cuanto al procedimiento: este es el cuarto programa, como se ha dicho, de carácter sanitario que aparece después del Tratado de la Unión Europea y después, por consiguiente, de que el Consejo fijara las prioridades en materia de salud. Pero es el primero de los cuatro que tiene un elemento diferenciador. Y es que no suma acciones de los quince Estados miembros sino que hay una gestión común, pues plantea una estructura de cooperación entre los Estados miembros. No es una suma de políticas. Por el contrario, plantea la creación de un sistema de seguimiento, y quienes creemos que debe progresarse en la «comunitarización» de las políticas sanitarias, pensamos que esta es una extraordinaria iniciativa. Se trata de un procedimiento de codecisión que se ha enriquecido, por otra parte, con las aportaciones de la Comisión, con las de la Comisión de Medio Ambiente y con las aportaciones de la Comisión de Presupuestos.
Finalmente, quiero agradecer a la Comisión su especial sensibilidad ante la postura de este Parlamento.

Gredler
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, felicito al Sr. Poggiolini por este excelente informe. La armonización de datos es necesaria para que cada país se pueda comparar, revisar su propia política sanitaria y reaccionar con mayor rapidez y efectividad ante las deficiencias.
La protección y seguridad de los datos son las prioridades máximas, por lo que solamente se pueden transmitir los datos de forma anónima. Para nosotros, los liberales, esto es muy importante. Estos deseos se amparan en el artículo 129, que exige el aseguramiento de un elevado nivel sanitario. No nos vemos en situación de apoyar la enmienda nº 32 pues creemos que los países tienen que estar ellos mismos dispuestos a contribuir a la financiación. La dotación de créditos del programa es demasiado reducida para apoyar a Estados aislados. La enmienda nº 40 -un nuevo listado de los datos a recoger- es una tarea que incumbe a la Comisión y no al Parlamento Europeo.

Marset Campos
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoya el informe del Sr. Poggiolini porque mejora sustancialmente la comunicación que ha presentado la Comisión. Y es verdad que tanto la comunicación de la Comisión como el informe suponen un avance importante y nos felicitamos por este hecho.
De todas formas, hay tres omisiones en dicha comunicación que deseamos mencionar, para que en el futuro se puedan incorporar, si es que ha lugar.
La primera omisión tiene que ver con el contexto social en el cual se hace este informe: parece ser que habrá un previsible empeoramiento de la salud de los europeos por tres causas. En primer lugar, el aumento del paro, que se hace estructural para los jóvenes y las mujeres, con todo lo que ello supone en cuanto a salud, así como el aumento de la población marginada en Europa -y debía haberse tenido en cuenta para hacer esta comunicación-, todo ello como producto de las restricciones que se imponen por la política neoliberal de Maastricht. En segundo lugar, la dificultad de que funcione bien una red de información sanitaria en toda Europa cuando estamos asistiendo a una reprivatización de la medicina, con lo que ello supone de ir dificultando la recogida de información por el sistema público. Y en tercer lugar, la amenaza de distintas epidemias que -como estamos viendo- pueden proceder de Rusia y países que están a su alrededor. La OMS ha alertado sobre ello y, por lo tanto, debemos mejorar la situación de nuestra información sanitaria.
La segunda omisión importante consiste en no considerar como un indicador importante -aunque ya se subrayó en Alma Ata en el año 1978 y en Ottawa en el año 1982- que no habrá salud para todos en el año 2000 si no hay participación de la colectividad en el funcionamiento del sistema sanitario, sobre todo en el funcionamiento del nivel de atención primaria.
Y, por último, la tercera omisión se refiere a la información. Es importante recoger información -¡no faltaba más!- y por ello saludamos esta iniciativa, pero la comunicación no especifica que hay que recoger información para actuar, para intervenir públicamente. Y yo creo que el ejemplo reciente de lo que ha ocurrido con el caso de las vacas locas está dando razón de que hace falta mejorar el conjunto de informaciones e instrumentos para poder intervenir eficazmente. Si no, nos quedaremos simplemente recogiendo información para su publicación, pero no para una actuación.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si existe una incertidumbre común compartida por el conjunto de los países industrializados, ésta es la necesidad actual de efectuar una serie de opciones fundamentales en materia de política de salud pública. No insistiré en las razones que ya han llevado a diversos Estados miembros a iniciar algunas reformas; pero, más allá de las opciones que, en este ámbito, aprueben los gobiernos, es evidente que una de las condiciones necesarias, previas a la adopción de cualquier decisión, es la aplicación, a nivel europeo, de un programa de evaluación de la situación y de las probables evoluciones de la salud de las poblaciones y de los sistemas sanitarios. Eso es lo que propone el documento de la Comisión y lo que transmite, con cierta habilidad, nuestro ponente, al enmendar dicho documento.
Nuestro Parlamento deseaba proponer la creación de un verdadero Observatorio europeo de salud, como ocurre en otros ámbitos. La mayoría del Consejo ha preferido limitarse a una simple coordinación. La Comisión nos propone un sistema de vigilancia de la salud pública, impreciso en su definición; pero cualquiera sea la forma que se dé al nuevo instrumento, éste deberá ser eficaz y operacional. No sólo lo necesitan los profesionales de la salud y los pacientes, sino también los gobiernos, con el fin de proporcionar a los dirigentes todos los medios para conocer lo mejor posible las actuales situaciones y su evolución.
Nuestro Parlamento había deseado que se asociara más a los profesionales de la salud, a las ONG y a todo el ámbito parasanitario. No he podido apreciar, en el documento de la Comisión, que esta aspiración haya sido tenida en cuenta. Así, la Comisión propone analizar la situación de la salud de los ciudadanos europeos, evaluar el efecto de los programas de acción comunitaria, facilitar a los Estados miembros informaciones sanitarias sobre la salud de los ciudadanos. En teoría, todo esto es perfecto; siempre que detrás exista una verdadera voluntad política de fomento de la seguridad sanitaria y de la prevención, ya que, como todos sabemos, la medicina del siglo XXI debe centrarse más en la prevención, una prevención que permita una mayor salvaguardia de la integridad de nuestros sistemas sanitarios, que hoy se encuentran amenazados.
En conclusión, espero que la propuesta de la Comisión ejecutiva, aun cuando no posea el grado de elaboración que nuestro Parlamento habría deseado, constituya, de acuerdo con el Consejo, un primer paso determinante con miras a la instauración de esta medicina preventiva y de seguridad que deseamos.

Flynn
Señor Presidente, estamos debatiendo la propuesta de decisión por la que se adopta un programa de acción comunitario sobre el seguimiento y control sanitario. El programa ya fue anunciado en la comunicación de la Comisión sobre el marco para una acción comunitaria en materia de la salud pública. Además responde a varias resoluciones presentadas por los diputados y por el Consejo.
El objetivo general del programa es el de contribuir a la creación de un sistema de seguimiento y control de alta calidad y orientación política con objeto de garantizar un alto nivel de protección sanitaria como exige el artículo 129 del Tratado. Más concretamente, lo que nos proponemos es alcanzar tres objetivos con este programa. Primero, el sistema debe realizar un seguimiento de la salud y de sus determinantes en toda la Unión y permitir el establecimiento de comparaciones con terceros países. Segundo, el sistema debe facilitar la planificación, el control, la ejecución y la evaluación de programas y acciones comunitarios. Tercero, debe ofrecer a los Estados miembros indicadores comparables en materia de salud.
Es posible que sus Señorías se pregunten para qué necesitamos un sistema semejante si cada Estado miembro ya se encarga de recoger toda una serie de datos sanitarios y varios organismos internacionales, especialmente la OMS y la OCDE, hacen lo propio a nivel internacional. La respuesta es muy simple. Los datos de que disponemos actualmente no son completos ni comparables. Por lo tanto, no permiten hacer un seguimiento de la salud ni de sus determinantes a nivel de la Unión Europea de una manera significativa, útil y eficaz. Este aspecto ha quedado muy claro en la intervención del Sr. Poggiolini.
Permítame hacer hincapié en que no nos proponemos reinventar la rueda. Lo que deseamos, por el contrario, es seguir avanzando y complementar los datos de que disponen los Estados miembros y los organismos internacionales. De esta forma esperamos proporcionar el máximo valor añadido. ¿Cómo podemos hacerlo? Estableciendo un conjunto de indicadores sanitarios que ofrezcan la información necesaria para establecer los objetivos mencionados más arriba, y a continuación desarrollaremos una red que se encargará de la recogida y divulgación de los datos necesarios como indicadores.
A la luz de los medios tecnológicos disponibles, nos estamos planteando recurrir principalmente a la telemática para este fin. El intercambio de datos entre las administraciones, es decir el programa IDA, puede proporcionarnos la infraestructura técnica adecuada para dicha red. Todos sabemos que la disponibilidad de datos, incluso datos comparables de alta calidad, no basta para garantizar su utilidad. Por consiguiente, nos proponemos asimismo emprender una serie de actividades relacionadas con el análisis de estos datos en particular. Sobre todo, nos proponemos utilizar los datos para elaborar nuestro informe anual sobre la salud, cuya primera edición les será presentada en los próximos meses.
También nos proponemos recurrir a los datos facilitados por el sistema para el análisis y la elaboración de nuestro informe anual sobre los requisitos sanitarios en otras políticas, actividad que se ha iniciado este año. En la elaboración de dichos informes se utilizan actualmente una variedad de fuentes, y la calidad de las mismas deja aún bastante que desear.
Quisiera pasar a continuación al informe propiamente dicho y a las propuestas presentadas, pero antes de hacerlo, deseo dar las gracias al Sr. Poggiolini y a los miembros de las comisiones que han colaborado en la elaboración del informe. Lo han realizado con gran rapidez, por lo que les estoy agradecido. Pasando ahora a las 47 enmiendas presentadas, puedo informarles que la Comisión está en condiciones de aceptar 28 de las mismas, bien en su totalidad o en parte. Aceptamos en su totalidad las enmiendas 12, 16, 17, 18, 20, 23, 24 y 29. Aceptamos en parte las enmiendas 1, 3, 4, 6 hasta 11, 13, 19, 33 hasta 40 y 42. El hecho de que estas enmiendas sean aceptadas sólo en parte obedece a diversos motivos. Seis de ellas son demasiado restrictivas. Me refiero a las enmiendas 4, 7, 8, 10, 11 y 38. Seis de ellas no han sido formuladas en los términos operativos adecuados o pueden dar lugar a cierta confusión si no son formuladas debidamente. Se trata de las enmiendas 19, 33, 35, 36, 37 y 40. Cuatro de ellas ya están incluidas en otra parte, a saber las enmiendas 3, 6, 34 y 39. Las cinco restantes o bien quedan fuera del alcance del programa; la enmienda 9; o no son aplicables; la enmienda 1; o son jurídicamente impracticables; la enmienda 13; la enmienda 25 no se ajusta al texto del artículo 129; la enmienda 42 no se ajusta a la comisión para los demás programas comunitarios en el ámbito de la salud pública.
Nuestra posición sobre algunas de estas enmiendas merece una explicación. Me refiero especialmente a las enmiendas 6 y 34, que son relativas al Observatorio europeo de la salud, al que han hecho referencia los Sres. Caudron y Poggiolini. Deseo llamar la atención sobre una promesa que hice en la reunión de conciliación de diciembre de 1995, en el sentido de que la Comisión estudiaría detenidamente la idea de crear un observatorio de salud. Toda nueva decisión relativa a la creación de un observatorio deberá esperar al resultado de dichas deliberaciones.
En lo relativo a la enmienda 9, no podemos aceptar la última parte que trata de una ayuda a la mejora de las bases de datos en los Estados miembros. En base al principio de subsidiaridad, este asunto compete a los propios Estados miembros. Por este mismo motivo no podemos aceptar la última parte de la enmienda 38 relativa al apoyo de un análisis de la relación coste-eficacia de los sistemas sanitarios de los Estados miembros. La Sra. Gredler se ha referido a este asunto en su intervención. En lo relativo a la enmienda 25, quisiera decir que no es que estemos en desacuerdo con la idea de que se fomente y desarrolle la cooperación con todas las partes interesadas, sino que debemos utilizar un texto que esté más en consonancia con la formulación del artículo 129.
En cuanto a las enmiendas que no podemos aceptar, los motivos por los que han sido rechazadas son los siguientes. Siete enmiendas no son aceptables por motivos jurídicos. Dos -las enmiendas 21 y 23- debido a que no pueden introducir en el programa el tipo de obligaciones que persiguen. Una -la 15- debido a que no se ajusta a la formulación exacta del artículo 129. Cuatro porque son inconsistentes con disposiciones análogas de otros programas en el ámbito de la salud pública; éstas son las enmiendas 43, 44, 46 y 47. Dos enmiendas han sido rechazadas por quedar fuera del alcance del programa; son la 2 y la 32. Cuatro han sido rechazadas por su carácter inaceptablemente restrictivo; se trata de las enmiendas 5, 14, 32 y 45. Tres enmiendas ya han sido contempladas en otra parte; son la 26, 27 y 28. Las dos enmiendas restantes -la 22 y la 41, relativas al tamaño del presupuesto, han sido rechazadas porque causan dificultades considerables.
Quisiera profundizar un poco más en los motivos por los que han sido rechazadas algunas de las enmiendas mencionadas más arriba. Es importante que sus Señorías comprendan por qué lo hacemos. En lo relativo al tema presupuestario -al que la Sra. Ghilardotti ha hecho especial referencia- es natural que yo desee ver incrementados los recursos financieros para este programa. Como sabe la Asamblea, el margen disponible para gastos adicionales bajo el epígrafe 3 del presupuesto es muy ajustado. En este sentido, sus Señorías recordarán que en el caso de los tres anteriores programas en materia de salud, las asignaciones presupuestarias no fueron decididas hasta que se llegó al procedimiento de conciliación. Espero que en este caso suceda otro tanto. A esas alturas del proceso legislativo, la autoridad presupuestaria podrá apreciar mejor el contenido definitivo del programa y los recursos que serán necesarios.
Las enmiendas 2 y 21 que hacen referencia al establecimiento de objetivos por parte de los Estados miembros, también han sido rechazadas. En primer lugar, se trata de un programa comunitario de seguimiento y control sanitario cuya finalidad es la de hacer un seguimiento de las tendencias sanitarias. Por consiguiente, fijar objetivos para los Estados miembros queda fuera del alcance del programa. En segundo lugar, en el caso de este programa no podemos exigir a los Estados miembros que emprendan semejante actividad. Por motivos similares hemos rechazado la enmienda 31, que habría obligado a los Estados miembros a garantizar la recogida de datos comparables. A propósito de este asunto, quisiera señalar que la formulación no es aceptable en las enmiendas 5 y 30, porque limita innecesariamente las actividades propuestas a aquéllas relativas únicamente a datos comparables. En otras palabras, si se aceptaran dichas enmiendas, tendríamos que esperar a la llegada de datos comparables para poder iniciar las actividades que constituyen el objetivo del programa, lo cual tendría un claro impacto sobre la flexibilidad y la eficacia del programa.
Espero que el Parlamento comprenda mis razonamientos tras la no aprobación de algunas de las enmiendas que acabo de mencionar. Espero asimismo que en la manifestación de interés general por el seguimiento y control sanitario, el Parlamento dé su dictamen conforme al programa, enviando con ello una potente señal al Consejo para que proceda a un rápido examen del dictamen y de la propuesta enmendada de la Comisión. Para terminar, expreso mi agradecimiento una vez más al Sr. Poggiolini por sus esfuerzos para mejorar la acción comunitaria en el seguimiento y control sanitario general. Los esfuerzos que hemos compartido conducirán a un programa valioso y productivo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Enfermedad de Alzheimer - Cartilla sanitaria -
Seguridad de la sangre
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0051/96 del Sr. Poggiolini, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la enfermedad de Alzheimer y la prevención de los trastornos de la función cognitiva de las personas de edad avanzada; -A4-0091/96 del Sr. Leopardi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la cartilla sanitaria europea; -A4-0094/96 del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión (COM(94)0652 - C4-0016/95) sobre seguridad de la sangre y autoabastecimiento en la Comunidad Europea.
Poggiolini
Señor Presidente, sabemos por experiencia adquirida que en la edad avanzada nos topamos frecuentemente con enfermedades que se definen, según los casos, como demencia senil y arteriosclerosis cerebral.
Sólo recientemente, la opinión pública -quizás por padecer esta enfermedad Ronald Reagan, ex Presidente de Estados Unidos- ha tomado conciencia de un hecho que la ciencia oficial conoce ya desde hace mucho tiempo, es decir, de que existe una enfermedad degenerativa del cerebro humano que, hoy por hoy, resulta todavía irreversible y cuyo tratamiento en la actualidad se halla en sus comienzos y a nivel experimental y no consigue frenar su fatal evolución. Los primeros síntomas se parecen a los de otras enfermedades, algunas de las cuales son eficazmente curables, por lo que resulta fundamental el diagnóstico precoz y diferencial, a fin de no confundir las distintas afecciones entre sí.
La enfermedad de Alzheimer afecta preferentemente a las personas de edad avanzada y comienza con síntomas banales -pérdida de memoria, desorientación, alteraciones de la personalidad- para avanzar fatalmente hacia las fases terminales, que se caracterizan por la pérdida total de independencia, la incontinencia, las úlceras por decúbito y, por consiguiente, al final por el fatal desenlace. Entre los primeros síntomas y la fase terminal transcurren seis, siete u ocho años. Habida cuenta de que afecta a las personas de edad avanzada, esta enfermedad se ha convertido y se convertirá cada vez más en un azote de nuestra sociedad, especialmente de una sociedad como la europea donde la esperanza de vida ha llegado a niveles impensables tan sólo hace unas décadas, por las mejores condiciones de vida, el incremento de los cuidados médicos y el desarrollo de los mismos.
Ello supone que el fenómeno va a extenderse. Se calcula que en el año 2000, entre aproximadamente 52 millones de personas de más de 65 años en Europa, habrán 4 millones de enfermos de Alzheimer: 4 millones que estarán a cargo de las familias que, especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad, deberán soportar gastos crecientes y gravosas cargas físicas y psicológicas. Se calcula que después de los 85 años -y las personas con 85 años empiezan a ser muchasuna persona de edad avanzada entre cuatro, es decir, el 25 %, padecerá la enfermedad de Alzheimer.
La presente resolución se propone servir de acicate -esperemos eficaz- a la Comisión para que elabore un programa plurianual de financiación y de iniciativas relacionadas con todo lo que puede hacerse para ayudar a las familias y a los enfermos. Hay mucho que hacer: apoyo a la investigación, formación del personal médico y técnico, sobre todo por lo que se refiere a la necesidad de un diagnóstico precoz, y también y especialmente, información y preparación puntual de los familiares sobre la evolución de la enfermedad a fin de prepararles psicológica, concreta y prácticamente para hacer frente a las distintas fases de la enfermedad. Como es obvio, los Estados Unidos deberán darse cuenta de que, sobre todo en la fase terminal, no es posible que las familias sean las que siempre y únicamente soporten el irresistible peso de esta trágica realidad.
Por último, será fundamental la campaña de información dirigida al gran público y a los jóvenes estudiantes para que aprendan a conocer la enfermedad, a convivir con ella y con estos enfermos, porque siguen existiendo tabúes y injustificables pudores respecto a la demencia senil. Sin duda, la Comunidad Europea no ha soslayado el problema, pues, a pesar de no existir un programa específico, en el ámbito de las intervenciones en materia de salud pública se ha pasado de una asignación de 2 millones a 5 millones de ecus en la línea de presupuesto B3-4300 para 1996. Dicha dotación ha sido asignada a los objetivos que he enumerado y puesta a disposición de diferentes asociaciones no gubernamentales europeas, como Alzheimer Europe, que agrupa a 18 asociaciones nacionales.
A tenor de la verdad, mi pregunta oral dirigida especialmente a la Comisión para conocer de qué forma se asignarán estos 5 millones de ecus, ha tenido una respuesta muy genérica por parte del Comisario Flynn. Sin embargo, tomamos nota de la prevista participación de la Comisión en la importante conferencia que se celebrará en Irlanda el 21 y 22 de noviembre próximo. El Parlamento Europeo deberá vigilar el mejor aprovechamiento de dichos fondos no sólo por lo que se refiere a los problemas más evidentes, sino también para que de la actual incertidumbre y confusión sobresalga el problema de este nuevo azote, a fin de que lo conozcan los ciudadanos europeos, quienes son los únicos que, de forma democrática, pueden emprender acciones ante los Estados miembros que impulsen a los Gobiernos a ayudar a los enfermos y a sus familias. En este sentido, el programa que a través de este informe pedimos con energía a la Comisión, va a ser un paso importante.

Leopardi
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cartilla sanitaria es un asunto hacia el que el Parlamento manifiesta su interés desde hace 15 años. Actualmente, todos saben que en Europa existe una gran movilidad debida a motivos profesionales, turísticos y de estudio, y en todos estos casos el ciudadano europeo tiene derecho a los cuidados y tratamientos adecuados que exija su estado de salud durante sus viajes. Consideramos que una cartilla sanitaria permitiría evitar accidentes graves relacionados con la aplicación de tratamientos inoperantes o peligrosos, sobre todo en el caso de enfermedades crónicas, dolencias graves o alergias. La cartilla sanitaria, en efecto, se propone facilitar el diagnóstico, evitar la prescripción de tratamientos o de medicamentos inadecuados y reducir los tiempos de los trámites administrativos.
La cartilla sanitaria incluirá informaciones relativas a algunos datos médicos, en particular, el grupo sanguíneo, las alergias reconocidas, los tratamientos médicos y farmacológicos en curso, la indicación, si procede, de un miembro del equipo médico al que se pueda acudir en caso de necesidad, las vacunas, las indicaciones de la voluntad de donar sus órganos y los datos relativos al sistema de cobertura social y de reembolso de los gastos médicos y sanitarios. En la práctica, la finalidad de la cartilla sanitaria es la de agilizar la libre circulación de las personas dentro de la Unión, garantizando su acceso adecuado a los cuidados y tratamientos que exija su estado de salud. Un documento de este tipo podría reportar asimismo unas ventajas económicas también para los sistemas sociales de los Estados miembros tales como, entre otros, los ahorros debidos a los análisis complementarios. La cartilla sanitaria europea deberá expedirse a todo ciudadano que la solicite con todas las informaciones oportunas y respetando los principios de confidencialidad. Actualmente, gracias a las nuevas técnicas, existen instrumentos capaces de crear una cartilla sanitaria a nivel europeo y ello me impulsa a presentar la propuesta de referencia. Por consiguiente, invito a la Comisión a elaborar antes del 1 de enero de 1997, un proyecto de decisión del Consejo y del Parlamento relativo a la creación, a partir del 1 de enero de 1999, de una cartilla sanitaria europea.

Cabrol
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión nos presenta una comunicación previa -así lo espero- a una directiva sobre las transfusiones sanguíneas encaminada a uniformizar, en toda la Unión Europea, la útil práctica de las transfusiones de sangre y a garantizar, en todos los Estados miembros, para todos los ciudadanos de la Unión, en primer término: la seguridad de la sangre; y, en segundo término: la autosuficiencia. Ciertamente, nosotros estamos de acuerdo con los puntos principales de esta comunicación; pero en nuestro informe insistimos en ciertos aspectos que nos parecen esenciales.
En primer lugar, para garantizar la seguridad, las diversas fases de la cadena de la transfusión sanguínea deben ser consideradas globalmente, comenzando evidentemente por la selección de los donantes, que debe ser estricta, de modo que los donantes pertenecientes a grupos de riesgo puedan ser descartados a través de un examen minucioso. También es necesario, en este plano, instaurar un seguimiento de los productos sanguíneos recogidos que permita, si es necesario, llegar hasta el donante. Se trata de rastrear el origen de la sangre.
Pero no basta con seleccionar a los donantes. También es necesario practicar pruebas de detección en las donaciones. Para ello hay que definir y utilizar los «marcadores infecciosos», que permitirán reconocer, en su caso, la presencia de bacterias o de parásitos peligrosos, transmisibles a los enfermos. Además, es importante definir y uniformizar en toda la Unión Europea los métodos de manipulación, conservación, almacenamiento y conservación de los productos sanguíneos, métodos que ofrezcan las mejores garantías de seguridad. La uniformización de todas estas medidas en todos los Estados miembros permitirá la libre circulación de los productos sanguíneos en el conjunto de la Unión Europea.
Finalmente, es importante ejercer una vigilancia permanente de las transfusiones sanguíneas y de las diversas fases de la cadena de la transfusión, para descubrir inmediatamente cualquier tipo de accidente o de contaminación, encontrar su causa y evitar que se reproduzca: se trata de la «hemovigilancia».
El segundo objetivo de esta comunicación es garantizar una cantidad de sangre y de productos sanguíneos suficientes para responder a las necesidades de los ciudadanos de la Unión. Existen dos medios para lograr este objetivo: reducir las necesidades o aumentar las recogidas de sangre. Es posible reducir las necesidades mediante una utilización racional y razonable de los productos sanguíneos, reservándolos para los casos absolutamente necesarios, a través del fomento de prácticas alternativas, como la autotransfusión, la recuperación y la retransfusión de la sangre obtenida durante y después de las intervenciones, así como también aceptando una ligera anemia postoperatoria mediante la reducción de la cantidad de sangre inyectada, anemia de la que el paciente se recupera rápidamente. Los profesionales de la transfusión sanguínea -médicos, personal especializado y sanitario- deben dominar perfectamente esta utilización racional de los productos sanguíneos. Ello requiere, por consiguiente, una educación y una formación apropiadas de los estudiantes.
La segunda manera de garantizar el abastecimiento de sangre consiste, evidentemente, en aumentar las recogidas de sangre, sensibilizando al público respecto a la necesidad insoslayable de las donaciones de sangre, o de las donaciones de plasma gracias a la técnica hoy perfeccionada de la plasmaféresis. Finalmente, es indudable que las donaciones no sólo deben ser voluntarias, sino también no remuneradas, lo que evitará la individualización de los donantes «profesionales», que por el hecho de recibir una retribución podrían no advertir los peligros que pueden ocasionar a los enfermos.
Pero actualmente, en la Unión Europea, la cantidad de plasma es insuficiente: cantidad de plasma, cantidad de factores 8 y demás, lo que obliga a importar plasma o hemoderivados de países terceros, en particular de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos productos son suministrados esencialmente por sociedades privadas que utilizan, por razones de rentabilidad de sus empresas, donantes remunerados, con el fin de contar con un número suficiente de personas. Estas sociedades privadas también existen, por otra parte, en la Unión Europea, y no es deseable condenarlas a desaparecer en provecho de las instituciones públicas, que de este modo obtendrían un monopolio. Una solución para evitar que dichas sociedades privadas remunerasen a sus donantes consistiría en abonarles una subvención a modo de compensación. De esta manera, se lograrían los dos objetivos: la seguridad y la autosuficiencia de la sangre en la Unión Europea.

Mendonça
Señor Presidente, señores diputados, permítanme que, de entre los informes que estamos examinando conjuntamente sobre problemas esencialmente relacionados con la salud de los ciudadanos europeos, destaque el informe Poggiolini sobre la enfermedad de Alzheimer, no sólo porque se me encomendara la redacción de una opinión sobre este asunto, emitida por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sino también y sobre todo por la actualidad y las perspectivas que se perfilan para esta enfermedad y otras deficiencias seniles resultantes de la cada vez mayor esperanza de vida que se ha venido acentuando en función de los niveles de desarrollo de los diversos países. No cabe duda de que son necesarios gran empeño, esfuerzo e inversión financiera en aumento en la investigación médico-científica de la enfermedad. Es importante encontrar los medios de prevención de la enfermedad de Alzheimer con bases científicas y, lo antes posible, tratar a los hombres y las mujeres que no pueden ver transformarse en desgracia el aprovechamiento de la esperanza de vida mayor que la ciencia les ha proporcionado. Entretanto, tenemos la obligación de encontrar soluciones cada vez más adecuadas para los problemas provocados por la enfermedad de Alzheimer y otras relacionadas con el envejecimiento de las poblaciones.
A los Estados miembros de la Unión Europea corresponde definir una política y una estrategia determinadas para una actuación en toda la problemática que las enfermedades neurodegenerativas plantean en los aspectos médico-sociales. financieros y de otra índole. No obstante, consideramos que la dimensión en aumento del problema, su importancia social y la oportunidad de que Europa afirme una vez más el deber colectivo de la solidaridad son motivos pertinentes para que la Comisión presente un plan de acción de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y substituya la modesta respuesta de Europa ante las cuestiones planteadas por dicha enfermedad.
Por último, quiero rendir homenaje a los asistentes sociales que en los diferentes países de Europa prestan atenciones abnegadas y extraordinariamente rigurosas a los enfermos de Alzheimer, en condiciones a veces tan difíciles y sobre todo emocionalmente desesperantes.

Pradier
Señor Presidente, Señorías, devolver y mejorar la confianza en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea y promover la autosuficiencia de la sangre constituyen, efectivamente, los dos objetivos perseguidos. Pero ello no resulta fácil, puesto que debemos suprimir disposiciones que impiden la libre circulación y tomar medidas para garantizar la máxima seguridad. Por lo tanto, ha de establecerse una normativa común.
Pero estas normas comunes merecen que nos detengamos un momento. En efecto, el contenido de las reivindicaciones del sector industrial del plasma demuestra que las medidas adoptadas en materia de autosuficiencia, concretamente en la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de septiembre de 1993, impiden que dicho sector pueda comercializar estos productos.
Para ser absolutamente claros, la libre circulación de mercancías es ciertamente un dogma sagrado, al igual que el ejercicio de actividades industriales generadoras de actividad económica y de prosperidad constituyen ciertamente una verdad intangible; pero, francamente, es de suponer que la vida de nuestros conciudadanos es más importante. Y, de la misma manera que debe protegerse la renta de los agricultores, aunque no a cualquier precio, es de esperar que se establezca una reglamentación rigurosa, que si bien no debe ser detallista, debe ponernos a cubierto.
Sobre el mismo asunto, hace apenas quince días hemos celebrado en este hemiciclo un debate sobre los dispositivos de diagnóstico in vitro: las pruebas serológicas. Las exigencias de vigilancia y de reglamentación provocaron una protesta general, justamente en virtud de la libre circulación de mercancías. Ahora bien, algunos días después de este debate, los fabricantes han reconocido que 50.000 pruebas de detección del VIH habían resultado defectuosas, por lo que se habrán de repetir los exámenes. Una reglamentación y un control rigurosos lo hubiesen impedido.
Puesto que conocemos el drama que provoca en una familia, en una pareja, un falso seropositivo; puesto que conocemos el verdadero desastre sanitario que suscita un falso seronegativo, es comprensible que nos mantengamos firmes, atentos y que continuemos siendo rigurosos con respecto a las exigencias relativas, por una parte, a las donaciones voluntarias y, por otra parte, a una utilización óptima de la sangre y de los productos sanguíneos, así como también con respecto a la información del público sobre la innocuidad de las donaciones, a la urgencia que reviste la situación y al sentido solidario de las donaciones de sangre. Deberemos ser exigentes en la elaboración de un informe normalizado de todos los donantes. Deberemos ser exigentes en el desarrollo de técnicas de ahorro de sangre. Deberemos fomentar la investigación sobre los productos sintéticos y de sustitución. Deberemos ser exigentes en la formación y el reciclaje de los médicos y del personal sanitario, en el sistema de «seguimiento» de la sangre, en las redes de hemovigilancia.
Finalmente, con respecto a redes de hemovigilancia, el marco reglamentario que ya existe en la Directiva 0381/89 debería servir de base a un sistema europeo bien armonizado. El Parlamento Europeo ya lo había pedido claramente en su resolución de noviembre de 1993. Espero que, tres años después, sepamos recordarlo.

Marinucci
Señor Presidente, el Parlamento Europeo no esperó la aprobación del Tratado de Maastricht para insistir reiteradamente sobre todas las cuestiones que plantea la salud pública. Lo cierto es que ahora el compromiso es mayor y múltiple y no es extraño que, inmediatamente después de la aprobación de los tres grandes programas marco, el Parlamento debata en esta sesión sobre las cuatro propuestas de resolución que son al mismo tiempo corolario y complemento de aquellos.
Acabamos de aprobar hace unos pocos minutos un importante complemento del programa marco para la salud pública. Por Respecto al que se refiere al seguimiento y control sanitario, deseo agradecer a la Comisión el hecho de haber cumplido el compromiso adquirido en conciliación, cuando, precisamente, aprobamos el programa marco para la salud pública.
En cuanto a la cartilla sanitaria, el Parlamento habló en múltiples ocasiones de ella -el Sr. Leopardi lo ha mencionado- sin embargo, llegamos con retraso. Considero que unos de los instrumentos de la ciudadanía europea debería ser - para cada ciudadano europeo, a su petición- la posibilidad de poseer una cartilla sanitaria que le permita afrontar la libre circulación en nuestro continente sin deber soportar los obstáculos derivados del hecho de encontrarse fuera de su domicilio, en contacto, por consiguiente, con médicos que no conocen su estado de salud. Por consiguiente, y a mi juicio, este tipo de cartilla sanitaria debe finalmente crearse y yo, en nombre de mi Grupo, pido con insistencia a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta de decisión para que los ciudadanos europeos puedan por fin solicitar, si lo desean, dicha cartilla sanitaria.
Por lo que se refiere a la enfermedad de Alzheimer -tuvimos la oportunidad de manifestarlo ya muchas veces y lo ha expresado muy bien el profesor Poggioliniel envejecimiento de la población es un éxito de la sanidad. Sin embargo, el envejecimiento de la población, al igual que hace aumentar los costes de la sanidad, al mismo tiempo no cabe duda que aumentará la incidencia de las enfermedades de la vejez. Por lo tanto, también respecto a este problema estamos sufriendo un retraso. Lo que el Sr. Poggiolini acaba de pedir -y que mi Grupo, por otra parte, apoya- es justo, ya que por fin debe ser mayormente tenida en cuenta una enfermedad que puede tener un amplio alcance, aumentando los recursos destinados a la investigación y al cuidado y tratamiento, sobre todo porque, como dijo el Sr. Poggiolini, hay que recordar que hasta ahora el peso de los sufrimientos de los enfermos de Alzheimer recae especial y casi exclusivamente sobre la familia.
Por lo que se refiere a la comunicación sobre la seguridad de la sangre, debo manifestar que, desde que soy miembro de este Parlamento, creo que es la tercera vez que en este Pleno hablamos de esta cuestión. Bien, también en este campo es demasiado tarde. Respecto a esto, creo que, salvo los que se encargan de estos trabajos, nadie creería que en Europa no existe autoabastecimiento. Nadie puede aceptar que en Europa no existe seguridad. Por otra parte, estos dos hechos están estrechamente relacionados entre sí: es a través del autoabastecimiento, en efecto, que alcanzaremos la seguridad, al no estar obligados a importar o, mejor dicho, rechazando las importaciones desde otros países, previo pago, tal como me parece que aquí se ha manifestado. Hace falta que aumenten las donaciones y es necesario que las mismas sean exclusivamente voluntarias y no remuneradas, aunque hace falta que exista un reconocimiento hacia los donantes, pues, debe reconocérseles, por ejemplo, dentro de lo posible, un día de permiso cuando donen sangre y el valor de su donación mediante premios y méritos.
Asimismo, es necesario ampliar la formación del personal sanitario. Esta donación tan valiosa no debe desaprovecharse y, por consiguiente, hay que incrementar la optimización de este recurso. Hace falta reducir la necesidad de transfusiones, aumentando la posibilidad de autotransfusiones. Creo que sería importante -pido a la Comisión y también al Consejo que apoyen esta solicitudcrear un organismo que vigile la recogida y seguridad de la sangre en Europa, un organismo europeo que se encargue de esta tarea en favor de los ciudadanos europeos.

Collins, Gerard
Señor Presidente, todos debemos mostrar una gran preocupación por la enfermedad de Alzheimer, por tratarse de una enfermedad degenerativa del cerebro que conduce inevitablemente a la destrucción de todas las funciones mentales y físicas. Termina por dejar a sus víctimas inmóviles, incapaces de reconocer incluso a sus familiares más próximos. En la actualidad no existe prácticamente ningún tratamiento para la enfermedad ni tampoco cura. Inevitablemente es una enfermedad terminal.
En Irlanda son más de 25.000 los hombres y mujeres que padecen esta enfermedad; aproximadamente el 6 % del total de la población irlandesa de más de 65 años de edad y el 20 % de las personas que han superado los 80 años padecen la enfermedad. A nivel europeo, las estimaciones actuales sitúan en más de 8 millones -el equivalente a aproximadamente el 2 % de la población de más de 65 años- las personas que se verán afectadas por la enfermedad de Alzheimer antes del año 2000.
Ni que decir tiene que esta cifra no contempla las dificultades de las familias de los enfermos de Alzheimer, que se ven profundamente afectadas por la enfermedad, tanto en el plano emocional como en el trabajo práctico. Toda vida social se ve interrumpida y a menudo aparecen problemas de tipo financiero y jurídico. En estos casos, los encargados de cuidar de los enfermos se ven sometidos a enormes presiones.
En Irlanda, la inestimable labor desempeñada por la Sociedad Irlandesa de Alzheimer ha supuesto una importante ayuda a los que sufren la enfermedad y a sus familiares.
A medida que el perfil demográfico de Europa se hace más viejo, resulta evidente que la enfermedad de Alzheimer se convertirá en un problema social y sanitario de proporciones aún mayores. Creo que no hay duda de que la Comisión debe participar en la creación de un programa completo de actividades destinado a combatir la enfermedad y, en particular, a fomentar la investigación con objeto de garantizar una solución a largo plazo.
La Comisión debe lanzar, con una cierta urgencia, un programa completo de medidas para combatir la enfermedad y ofrecer más recursos en el marco de su programa Biomed para que se investigue la enfermedad.
En lo relativo a la investigación, la Comisión tiene asimismo un papel importante en la coordinación de los Estados miembros en materia de investigación de la enfermedad y para garantizar los mejores resultados de dicha investigación.
Es importante concienciar más a la opinión pública sobre esta enfermedad y facilitar información a las familias de los afectados. No obstante, un programa europeo para combatir la enfermedad de Alzheimer no debe limitarse simplemente a aumentar los conocimientos sobre la enfermedad; debe además intentar ofrecer ayuda práctica, especialmente a las personas que se encargan de cuidar a los enfermos en sus hogares.
Por último, es importante que la Unión Europea haga un reconocimiento práctico de la inestimable labor de los cuidadores que viven cada día con los efectos traumatizantes de esta enfermedad. En este sentido, la Comisión debe contemplar con carácter de urgencia la asignación de fondos para ayudar a los cuidadores, incluidas las instalaciones de reposo.

Gredler
Señor Presidente, felicito a los tres ponentes por los excelentes informes. Como tengo poco tiempo, me voy a referir enseguida a media res . No creo que exista suficiente dinero para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y financiar la creación de ambulatorios especializados o incluso de hospitales. Este dinero no debe emplearse tampoco para la muy necesaria investigación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La Comisión debería recapacitar de qué otros lugares puede obtener los créditos.
Tampoco creo que los escolares sean el grupo «objetivo» adecuado para informar a la opinión pública sobre la enfermedad de Alzheimer. Creo que nuestro grupo político no puede apoyar la enmienda nº 1, pues opinamos que la investigación en el tejido fetal es totalmente necesaria y debe estar permitida.
Respecto al informe del Sr. Leopardi relativo a la cartilla sanitaria, tengo que decir que la voluntariedad debe estar en primer plano. Mi grupo político no va a poder apoyar la totalidad del informe si el Parlamento Europeo exige la obligatoriedad. Además, opinamos que los afectados deben tener la posibilidad de eliminar ellos mismos los datos almacenados. En tercer lugar, esta cartilla es una gran ayuda para poder actuar con rapidez y efectividad si no se la sobrecarga con informaciones, de modo que el médico no pueda reconocer las que son importantes. Creo, pues, que no hay que indicar medicamentos que no han mostrado ningún efecto. Si en alguna ocasión he tomado un medicamento contra hongos en los pies y no ha habido ninguna reacción, no tiene que reflejarse esto en una cartilla de casos de urgencia de este tipo. Hay que saber, pues, qué es importante para uno.
La seguridad social o el marco de cobertura financiera conduce a una medicina de dos clases. Creo que para un afectado puede ser peligroso si no puede demostrar inmediatamente quién proporciona la cobertura financiera.

Tamino
Señor Presidente, las resoluciones que son objeto de debate en este Pleno, se enmarcan dentro del conjunto de informes de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública que tienen la finalidad, en particular, de prevenir enfermedades respecto a las que es difícil un tratamiento y respecto a las que es mucho más lógica la prevención. En nuestra sociedad moderna, hemos vencido ciertas formas tradicionales de enfermedad, aunque se han diagnosticados otras. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, al igual que por lo que se refiere a los tumores y a algunas enfermedades cardiovasculares, sin duda, la prevención representa una solución.
En particular, y refiriéndome al informe del Sr. Cabrol, quisiera evidenciar que el problema de la prevención de las enfermedades víricas se basa precisamente en evitar el contagio y, tal como pudimos constatar, una de las causas de contagio se debe a las transfusiones de sangre contaminada. Por consiguiente, y a fin de evitar dicho contagio, es indispensable prestar mucha atención a los problemas que conlleva la transfusión. Aunque compartimos el planteamiento del ponente, hace falta recordar que actualmente, a pesar de la atención que se presta y de las pruebas a las que se someten los donantes y los lotes de sangre destinados a la transfusión, así y todo, existe un vacío que no nos permite obtener totales garantías. Asimismo, hemos comprobado que las pruebas conllevan en algunos casos peligros, habida cuenta de que ofrecen falsos negativos. Ante esta situación, es necesario aumentar las medidas de prevención y adoptar todos los sistemas que ofrezcan las máximas garantías a nuestro conciudadanos.

Blokland
Señor Presidente, el informe del Sr. Poggiolini trata de un problema que hasta ahora ha recibido poca publicidad: la enfermedad de Alzheimer. El número de personas de más de 60 años de edad que padecen esta enfermedad crece de forma preocupante. Debido a su enfermedad, los pacientes acaban siendo totalmente dependientes. El cuidado de estas personas recae a menudo en los parientes, y supone una carga muy pesada. Por ello, es justa la atención que presta este informe a la enfermedad de Alzheimer y sus consecuencias, así como la insistencia en que se realicen más investigaciones, se ofrezca más información y se aumente la contribución financiera de la Unión Europea y los Estados miembros.
No podemos, ni hemos de trivializar una enfermedad como ésta y sus consecuencias sociales, psíquicas y económicas. Y es con humildad y precaución que quiero expresar las siguientes ideas más o menos dictadas por una observación que figura en la exposición del Sr. Poggiolini. En un momento dado, éste señala el hecho de que esta enfermedad apenas se manifiesta en los países en vías de desarrollo, porque las expectativas de vida en dichos países son demasiado bajas. Es doloroso y a la vez toda una señal.
Una vida larga se ha convertido en algo normal en nuestra sociedad de bienestar. Sin embargo, es sorprendente que en nuestra sociedad la ideología corriente propague como ninguna que la persona ideal es joven y sana. Tememos a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. El núcleo del problema radica naturalmente en la pérdida de sentido de esta existencia terrenal. A fin de cuentas, sin la esperanza del evangelio, la muerte es el punto final. Es absolutamente necesario luchar contra la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hemos de aceptar que la enfermedad y la vejez forman parte de nuestra existencia. En esta sociedad, parece que queramos desligarlo de nuestra existencia diaria. Por ello, negamos el valor de nuestros semejantes con su propio lugar en esta creación. Pues eso es lo que son: semejantes, ni más ni menos.

Van Putten
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Sr. Poggiolini, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos. Ha colaborado estrechamente con nosotros y ha analizado seriamente nuestras enmiendas, adoptando muchas de ellas. De qué hablamos cuando nos referimos a Alzheimer, pues este es el informe que voy a examinar ahora. Hablamos de una cuestión. En realidad, quisiera suprimir del debate la palabra problema. Y lo he intentado en una enmienda en el anexo. No se trata de un problema, sino de una cuestión. Y eso va también por las palabras que acaba de pronunciar el Sr. Blokland. Pienso que cuando hablamos de ancianos dementes, de pacientes de Alzheimer, hemos de tratarlos con todo respeto, y la palabra problema, en cualquier caso en neerlandés, tiene connotaciones negativas. Pienso que se trata más bien de una cuestión. ¿A qué nos enfrentamos en nuestra sociedad? Y es cierto. También los anteriores oradores lo han señalado. Es cierto que Europa es el continente de los ancianos. Basta con fijarse en las cifras de ancianos en todos los continentes para ver que Europa tiene el mayor número de ancianos para las próximas décadas, que es el vencedor absoluto en este aspecto. Por consiguiente, cabría decir que hay un futuro para los jóvenes, y hay un futuro para los viejos. Eso tiene algo de positivo. Pero al mismo tiempo plantea cuestiones y temas difíciles, y de eso trata el informe.
En este sentido me alegra que el Sr. Poggiolini haya tomado en serio nuestra propuesta sobre el fomento, por ejemplo, de las asociaciones de Alzheimer -una de ellas es Alzheimer Europe-, el intercambio de investigaciones evitando la duplicidad, el estímulo y la creación de policlínicas especializadas y de las denominadas pólizas de memoria, en mi país, en los Países Bajos hemos acumulado mucha experiencia. Dar a conocer un modelo de éxito, el teléfono Alzheimer.
Señor Presidente, nuestro Grupo no puede aceptar las enmiendas nº 1 y 3, en las que se habla del uso de fetos para la investigación. Nos abstendremos en el caso de la enmienda nº1. Este es sin duda un tema importante, pero no en este informe, sino más bien en un informe en el que se hable de los límites éticos de la investigación.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. Poggiolini por los excelentes informes que ha elaborado. Lo digo sinceramente y de todo corazón. Pienso que con ello se demuestra que también un médico e incluso el presidente de los especialistas de la asociación de médicos de Italia puede ser un excelente político. Esto merece todo mi respeto.
En realidad quiero examinar todos los informes. En primer lugar está la cartilla sanitaria. Es una iniciativa perfecta. Pienso que una cartilla como ésta puede ser vital para su titular en caso de necesitar ayuda médica en el extranjero. De vacaciones o durante un viaje de negocios, uno puede estar seguro de que el médico podrá ayudarle sin graves dificultades con el idioma, y podrá establecer en seguida un diagnóstico. Asimismo pienso que, por ejemplo en caso de enfermedad, sería conveniente poder entablar contacto inmediato con los de casa, pues a fin de cuentas pueden incluirse todos estos datos.
Pienso y también espero que el Comisario Flynn esté dispuesto a adoptar la iniciativa que lleva ya tanto tiempo en el Parlamento, ahora que disponemos de nuevas técnicas.
Ahora quiero referirme a la enfermedad de Alzheimer; Maartje van Putten, el Sr. Blokland, todos han dicho algo al respecto. Hemos de darnos cuenta de que tenemos que hacer algo a nivel europeo para ver cuál es el mejor modo de solucionar las cuestiones a las que nos enfrentamos. Esto significa por tanto que hemos de relacionar las investigaciones, intercambiar experiencias, etc. a escala europea.
Desde este lugar quiero comunicar que mi colega Karla Peijs lamenta no poder estar presente debido a las tristes circunstancias familiares, pues le habría gustado hacer unas cuantas observaciones, también en sentido positivo, sobre el informe del Sr. Poggiolini.
Last but not least, quiero dar las gracias al Sr. Cabrol por el excelente informe que ha elaborado sobre la estandarización y la seguridad de las pruebas sanguíneas. Hemos presentado también algunas de mis enmiendas, y concretamente queremos incluir en el informe el autoabastecimiento y la distribución de sangre, que son muy importantes para la seguridad del abastecimiento de sangre. El Sr. Cabrol, con la experiencia que le caracteriza, ha aceptado las enmiendas y todo ha sido aprobado.
Muchas gracias a los ponentes. De veras que han hecho un trabajo excelente.

Nordmann
Señor Presidente, desearía intervenir sobre algunos problemas referentes a la seguridad de las transfusiones, que por otro lado deberían figurar en el orden del día de un Consejo previsto por la Presidencia irlandesa para el próximo otoño. Se trata de una cuestión extremadamente grave, ya que aún conservamos en la memoria las polémicas suscitadas por el drama de la sangre contaminada.
Yo desearía, adhiriéndome ciertamente al contenido de la comunicación de la Comisión y a las tesis fundamentales del ponente, llamar la atención de la Comisión ejecutiva sobre la cuestión de los plasmas secos liofilizados, técnica de conservación de cierta eficacia que, sin embargo, por la propia duración del período de conservación que ésta permite, ha provocado y mantenido algunos riesgos en las transfusiones. En efecto, al parecer, subsisten algunos excedentes residuales -se ha hablado de determinados usos, concretamente por la fuerzas armadas-, excedentes que escapan a los controles que, desde hace varios años, garantizan esta seguridad.
Desearía que, en la preparación de dicho Consejo sobre la seguridad de las transfusiones, se pudiera plantear la cuestión de estos excedentes residuales de plasmas secos liofilizados y que se adoptaran medidas para descartar los riesgos que podrían subsistir en materia de transfusión. Parecería que en este asunto las cosas no están del todo claras. Con independencia del problema del Sida, continuarían planteándose problemas de hepatitis.
Creo que sería bueno que el Consejo previsto sirviera para clarificar esta cuestión, de manera que se puedan dar las garantías exigidas y consolidar la realización de ese objetivo de seguridad que compartimos con el ponente.

Martinez
Señor Presidente, la cuestión en la que se centra el excelente informe del profesor Cabrol, es decir, la sangre contaminada, no ha servido de lección. La única causa de la contaminación con la encefalopatía espongiforme bovina, con el Sida (a través de la sangre contaminada), con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (a través de la carne contaminada), es ideológica.
La ideología de las mezclas: mezcla de sangres de diversas procedencias y mezcla de harinas de diversas procedencias. La ideología del oscurantismo, del rechazo de conocer el origen de la sangre, el origen de la carne. La ideología del beneficio económico: se han vendido los excedentes contaminados, el ganado contaminado, ni la sangre ni el harina se han sometido a procesos de calentamiento por razones de ahorro. La ideología tribal: se ha prescindido del interés general frente a los grupos de homosexuales, de drogadictos, de los dirigentes de las multinacionales, que se han arrogado el derecho de contaminar; porque también existe la ideología de la irresponsabilidad.
En los casos de la sangre y de la carne contaminadas, las sociedades capitalistas han privatizado las ganancias y nacionalizado la indemnización de los daños. Los que han contaminado no han pagado, es el contribuyente quien lo ha hecho. Y ello porque, finalmente, existe la ideología de la oligarquía: la oligarquía del complejo técnico industrial, de los funcionarios de la salud y de los representantes de los grandes laboratorios multinacionales (en el caso de la sangre), de los funcionarios europeos, de Unilever y de Unigate, multinacionales de productos de alimentación destinados a animales.
En resumidas cuentas, estas son las causas, Señorías, del desastre de la sangre contaminada, las causas del desastre de la encefalopatía espongiforme bovina. Ya no hay sanciones democráticas. Europa está enferma, padece la enfermedad de la oligarquía, cuyo principal foco infeccioso es la Comisión ejecutiva. El pensamiento federal es un virus. Si de erradicar se trata, es la Comisión Europea la que debe ser erradicada de las instituciones de Europa.

Martin, David
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Poggiolini por su informe. Me alegra sobremanera comprobar que el presente informe sobre la enfermedad de Alzheimer se hace realidad, porque fue una propuesta que yo presenté hace unos 18 meses la que ha conducido al presente informe.
Como hemos oído, se estima que en la Unión Europea hay unos 3, 5 millones de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Es la enfermedad más común, crónica y terminal entre nuestra población de edad avanzada. En mi país, Escocia, que tiene una población de cinco millones de habitantes, se estima que hay unas 61.000 personas que padecen demencia. Se calcula que esta cifra seguirá aumentando hasta llegar a unas 73.000 personas en la primera mitad del siglo próximo. Entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento de las personas que padecen demencia viven actualmente en algún tipo de centro de acogida institucional y son fuertemente dependientes -aunque algunas de ellas con un alto grado de dependencia son atendidas por sus propias familias en el seno de sus propias comunidades.
La demencia no es simplemente una enfermedad de personas de edad avanzada. La observación más seria que ha hecho el Sr. Martinez es que estamos descubriendo ese hecho de algunos de los nuevos casos de ECJ. Sólo en Escocia hay entre 2.000 y 3.000 personas de edades comprendidas entre 30 y 65 años que padecen demencia. La demencia no conoce límites sociales, nacionales ni económicos. Por ello creo que es hora de que se emprenda una acción a nivel europeo. Espero que la Comisión Europea se plantee utilizar el presente informe como base para lo que podría denominarse «el primer plan de acción europeo contra la demencia». Un plan de acción de este tipo podría contener los elementos siguientes: podría tener un elemento de información-educación que se proponga dar a esta enfermedad un mayor relieve y ayudar a superar el prejuicio y el desconocimiento de que aún son víctima las personas que padecen demencia utilizando, por ejemplo, el Año europeo de las personas de edad avanzada y algunas de las actividades que se desarrollaron en el marco de dicho programa.
Necesitamos hacer algo a nivel europeo para mejorar la formación y la calidad de las condiciones para el cuidado de los afectados. La Comisión podría utilizar sus buenos servicios para reunir a expertos en temas de salud y de asistencia social para difundir la buena práctica. Podríamos utilizar también algunos de nuestros programas de investigación existentes, como el BIOMED, para desempeñar un mayor papel en el fomento y la motivación de la investigación en este campo específico.
Quisiera asimismo alentar a la Comisión a que se plantee la creación de un comité asesor en este ámbito, que aúne a organizaciones no gubernamentales, usuarios y cuidadores y a profesionales de la sanidad y de la asistencia social; una vez más, con el fin de que podamos divulgar la buena práctica en todo el territorio de la Unión Europea. Se diría que se trata de una función legítima que la Unión y la Comisión podrían desarrollar.

Schleicher
Señor Presidente, señoras y señores, esta tarde tienen la palabra los políticos especializados en temas de salud. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas y decir en especial algo sobre el informe del Sr. Leopardi. La lucha por una cartilla sanitaria europea tiene historia en el Parlamento Europeo, pues ya en 1981 hubo actividades al respecto en el Parlamento a las que siguió la llamada recomendación de la Comunidad Europea. Pero en aquella ocasión, los Ministros de Salud ni siquiera estuvieron dispuestos a encontrarse. Eran otros tiempos en los que la política sanitaria se trataba sobre una base meramente nacional. Ahora hemos avanzado algo. En primer lugar, el Parlamento tiene un derecho de iniciativa y espero que el Comisario lo utilice también para iniciar su actividad. Por otro lado, mediante Maastricht hemos coordinado la política sanitaria.
Hoy dirijo en especial mi pregunta al Sr. Comisario. ¿Cuáles fueron en el pasado los motivos que hicieron que entre los Estados miembros no existiese ninguna coordinación en lo tocante a la cartilla sanitaria y qué podemos hacer para eliminar tales motivos? He presentado dos enmiendas y sólo hay dos puntos que sean importantes para los Presidentes. Con la primera enmienda quería mejorar algo, pero las traducciones son tan malas que en el texto alemán se dice algo totalmente diferente a lo que se dice en el francés o en el italiano. Naturalmente, hay ahora malentendidos, pues mi enmienda se basa en el texto alemán y es algo incomprensible para el ponente, que es italiano, pues falta la relación. Así pues, lamentablemente, la traducción no ha funcionado, por lo que han surgido problemas en la enmienda.
La segunda enmienda señala en la siguiente dirección: los colegas no solamente desean que venga la cartilla sanitaria sino que al mismo tiempo se coordinen las enfermedades profesionales y los seguros sociales. Me temo que los ministros de Asuntos Sociales, ante el hecho de que en el pasado ni siquiera hemos podido coordinar los temas sanitarios, van a tener problemas si incluimos el tema de las enfermedades profesionales y de los seguros sociales, pues nuestros sistemas no están coordinados.
Para mí, de lo que se trata es de lograr lo más rápida y fácilmente la cartilla, para que el médico pueda ayudar muy rápidamente a un paciente enfermo que no pueda hablar, porque esté inconsciente o porque no domine el idioma, en aquellos casos en los que está en juego la vida si se actúa erróneamente. Por ello, con mi enmienda quisiera excluir la cuestión de la seguridad social y de las enfermedades profesionales, pues es tan complicado que tenemos que esperar 100 años. Estaría realmente agradecido si el Sr. Comisario nos dijese qué elementos puede recoger y qué es lo que garantiza que podamos obtener realmente pronto la cartilla.

Fitzsimons
Señor Presidente, felicito al Sr. Cabrol por su informe. Un hombre con unos conocimientos médicos tan vastos como los suyos, es un ponente valioso para tratar sobre la seguridad de la sangre.
Una serie de controversias relativas a los suministros de sangre infectada en algunos países de la Unión Europea -incluido el caso de la hepatitis B en Irlanda- han mellado en cierta medida la confianza de la sociedad en la cadena de transfusión sanguínea. La Comunicación de la Comisión Europea sobre seguridad de la sangre y autoabastecimiento en la Unión Europea representa un esfuerzo considerable por restablecer la confianza y proporcionar una respuesta específicamente europea al problema.
En respuesta a las propuestas de la Comisión, considero necesario que la Comisión introduzca las medidas adecuadas para garantizar el máximo de seguridad en los suministros y la utilización de sangre y de sus derivados. La Comisión debe además instar a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para lograr un autoabastecimiento que esté basado en donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas.
También es fundamental que la Comisión establezca una normativa común sobre la selección de donantes, el establecimientos de pruebas uniformes del más alto nivel tecnológico en toda Europa: almacenamiento, tratamiento, higiene del plasma y la utilización racional de la sangre. Basta con recordar la trágica infección por el VIH de un número de hemofílicos, ocasionada por productos sanguíneos infectados procedentes de los Estados Unidos, para darnos cuenta de la necesidad de dicha normativa. No podemos permitir que vuelva a repetirse una tragedia como ésa.
Por último, la Comisión y los Estados miembros deben reconocer también los importantes beneficios en materia de seguridad que se derivan de los donantes de sangre habituales, y alentar a nuevos y a los actuales donantes a que hagan donaciones. El Tratado de Maastricht contempla el papel que tiene la Unión Europea en la coordinación de las políticas sanitarias nacionales. La seguridad de los productos hemoderivados para los ciudadanos europeos debe ser una de las principales prioridades en este contexto. Espero que el interés en el ámbito de la seguridad de la sangre ayude a preparar el camino para una política sanitaria europea más plenamente desarrollada que permita un enfoque más proactivo para atajar los urgentes problemas en materia de salud existentes en Europa.

Lukas
Austria tiene desde hace muchos decenios un sistema ejemplar de obtención de sangre y de plasma sobre el que quiero llamar la atención. Este sistema mixto, que está compuesto por organizaciones de la Cruz Roja, de las clínicas y de la industria, se ha ido conformando a lo largo del tiempo y consta de instituciones donantes de sangre sin ánimo de lucro y de centros privados de plasmaféresis, que aportan plasma para el fraccionamiento industrial. Ya en 1975 se introdujo por primera vez a nivel mundial una ley para la regulación de la plasmaféresis. Hay que agradecer ante todo a la iniciativa privada y su experiencia de muchos años que Austria pudiese aportar más de 120.000 l de plasma ya el primer año de su pertenencia a la UE, lo que supone una considerable aportación al autoabastecimiento europeo de plasma. Esto se logró con unos 14.000 donantes en trece centros de plasmaféresis. Se sobreentiende que la donación es voluntaria y gratuita. El plasma no se compra al donante. Naturalmente, los donantes perciben en Austria una compensación adecuada por su tiempo y por el viaje al centro de donación de plasma.
Cada país tiene sus propios sistemas que funcionan más o menos bien. En el campo de la donación de sangre y plasma tenemos que aceptar que existan sistemas diferentes y mixtos. Tanto si la gestión es comercial o sin ánimo de lucro, el objetivo para Europa es el mismo: un autoabastecimiento eficaz. Sin embargo, en los esfuerzos por lograr el autoabastecimiento europeo, no se debe olvidar el sistema de obtención en los Estados Unidos, pues mientras allí se pueda obtener plasma a la mitad de los costes que en Europa, la racionalidad económica no va a apuntar necesariamente hacia un autoabastecimiento europeo, sobre todo ante la explosión de los costes en nuestros sistemas de sanidad.

White
Señor Presidente, deseo llevar a la atención del Comisario Sr. Flynn el tipo de problemas a los que se enfrentan los ciudadanos europeos y que me ha sido comunicado por alguien de mi circunscripción. El hijo de uno de mis electores viajó a Grecia donde, lamentablemente, necesitó atención médica. A su regreso al Reino Unido presentó su formulario E 111, pero le dijeron que el recibo que había obtenido del médico no era válido porque no había sido perforado. Imagine el problema del joven: exhausto, cansado y decepcionado, fue obligado a insistir en que le dieran un recibo con la debida perforación. El hecho de que devolviera el recibo sin las debidas perforaciones en el Reino Unido significó la pérdida del reembolso de los gastos médicos.
Estoy seguro de que coincide conmigo en que acciones de este tipo inhiben la libre circulación. Quisiera rogarle, por consiguiente, que estudie la propuesta de una cartilla sanitaria europea a la luz del tiempo que ya hemos dedicado en el Parlamento a este asunto. Como recordará, es una de una serie de resoluciones, la primera de las cuales data de 1981. O sea, que hace mucho tiempo que venimos solicitándolo. La diferencia ahora, sin embargo, es que tenemos el artículo 138 B, que por primera vez otorga al Parlamento el poder de iniciativa legislativa -aunque hay que reconocer que sin sanción a la Comisión en caso de que ésta no diera curso a la solicitud.
Insto a la Comisión a que medite muy detenidamente sobre ello, porque como ya he dicho, se trata de la libre circulación; reduciría la burocracia como la que he intentado ilustrar, y estoy seguro que es técnicamente posible. De hecho, en su excelente informe, el Sr. Leopardi dice otro tanto en una parte de la resolución.
Deseo decir al Sr. Flynn, que me consta que está al corriente de ello, que si tuviera la amabilidad de presentar una propuesta, el tipo de cartilla que ya le he presentado estaría disponible para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Es el tipo de acción que el Grupo Socialista ya ha concebido, y sería de gran valor para todos los ciudadanos de la Unión Europea cuando se abran camino por el mercado único. Pedimos a la Comisión que presente dicha propuesta y tenemos grandes esperanzas de que el Sr. Comisario responda de la forma que he descrito.

Chanterie
Señor Presidente, el Sr. David Martin acaba de comunicarnos algunas cifras de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en la Unión Europea. Quisiera especificar aún más, señor Presidente. El Parlamento Europeo cuenta en estos momentos con 626 miembros. La edad media oscila en torno a los 45 años. Una tercera parte de los diputados tiene 55 años o más. Estadísticamente, dentro de diez años habrá entre cinco y quince compañeros que padecerán la enfermedad de Alzheimer. Esto significa concretamente que sufriremos, y cito del excelente informe del Sr. Poggiolini, un deterioro inevitable e incurable del cerebro que provoca pérdida de la memoria, alteraciones del sentido de la orientación y que algunas veces puede provocar un cambio de la personalidad. Y ni siquiera hablo de las afecciones afines a la enfermedad de Alzheimer.
Señor Presidente, Señorías, esperemos que dentro de diez años existan terapias y medicamentos eficaces para evitar y, si es posible, curar la enfermedad de Alzheimer y enfermedades parecidas. Pero ello depende entre otras cosas de la disposición de la Unión Europea a invertir en la lucha contra este tipo de afecciones. Ello ha de ocurrir, entre otras cosas, apoyando y estimulando la investigación científica sobre las causas y las consecuencias de la enfermedad, tanto la investigación fundamental como aplicada, tanto médica como farmacéutica; ocupándose también de la formación de profesionales y voluntarios, ayudando a las víctimas, tanto a los enfermos como a los parientes más próximos, a quienes viven con ellos y a sus vecinos, y a quienes les prestan ayuda, creando instituciones adaptadas en o junto a los hospitales, las residencias de ancianos o los centros psiquiátricos; fomentando el intercambio transfronterizo de datos y experiencia, tanto sobre la enfermedad como sobre los enfermos, y creando o impulsando programas de información y proyectos de detección precoz.
Un programa de acción comunitario con una línea presupuestaria independiente y no sólo simbólica podría complementar las iniciativas comunitarias ya existentes y coordinar hasta cierto punto las campañas iniciadas por los Estados miembros. Ni que decir tiene que también los Estados miembros cargan con una responsabilidad primaria, sobre todo con respecto al abono de los gastos médicos y las cargas sociales.
Por último, señor Presidente, sobre la base de las consideraciones presupuestarias, no hemos de perjudicar a los enfermos enfrentándolos entre ellos, ni compararlos. Pero como ponente para las acciones comunitarias en favor de los ancianos no puedo por menos que decir que no hemos de olvidar a este sector de la población. En el año 2000, la Unión Europea contará con más de 50 millones de personas, y por consiguiente más de 1 millón de pacientes de Alzheimer. Como personalista social y demócrata cristiano abogo fervientemente por un enfoque europeo de la enfermedad de Alzheimer.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, con estos informes se dan tres pasos importantes en esa implacable línea del sentido común que demuestra -es el principio de la Unión Europea, históricamente hablando- que una unidad sumada 15 veces no da como resultado 15 sino un valor mayor, por esa plusvalía que se añade cuando se ponen en común los problemas, cuando se establecen prioridades y se abordan los problemas conjuntamente. Este es un principio que deben conocer determinados Estados miembros que continúan con sus recelos de poner en común determinados problemas tan graves o tan importantes como los tres que hoy se presentan al Pleno. Felicitaciones a los Sres. Poggiolini, Leopardi y Cabrol por sus excelentes trabajos, que examinan respectivamente:
La enfermedad de Alzheimer y sus afines, una entidad nosológica que permanece inaccesible a la investigación etiológica y a la investigación terapéutica y que -como se ha subrayado- por su alta incidencia económica, humana y social, constituye uno de los principales problemas de los ciudadanos.
La cartilla sanitaria, de la que me permito solamente subrayar que no debe convertirse nunca en una traba a la circulación de las personas. Debe dejarse muy clara la voluntariedad de la cartilla sanitaria. Es algo que facilita la permeabilidad de las fronteras interiores y la circulación de las personas, y no un segundo pasaporte o un segundo requisito. La burocracia no puede convertir una idea inicial tan interesante en una traba más o en un documento obligatorio más.
Las transfusiones, que hoy es un problema principal. Es un trasplante de tejidos plenamente conseguido y, por tanto, un arma terapéutica extraordinaria. Sin perjuicio de que se siga progresando en la autotransfusión, creo que la homologación de la normativa entre los Estados miembros es un paso muy interesante.

Liese
Señor Presidente, señoras y señores, yo también quiero decir algo sobre el informe del Sr. Poggiolini relativo a la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, me adhiero a las felicitaciones al Sr. Poggiolini, pues ha presentado un informe realmente bueno que tiene en cuenta diversos aspectos del problema. Como médico, conozco pacientes con la enfermedad de Alzheimer y soy consciente de la importancia del tema. Creo que el Sr. Poggiolini ha encontrado el enfoque correcto y que los colegas, por ejemplo, la Sra. Van Putten, han destacado también lo correcto.
Pero quiero limitarme a un problema que preocupa mucho. Se trata de la investigación. Yo fui el ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para el tema BIOMED II, el programa de investigación, y en aquella ocasión discutimos muy apasionadamente hasta qué punto podíamos permitir la investigación con tejido fetal. ¿Dónde existen límites? ¿Dónde existen problemas y límites que no podemos sobrepasar? En aquella ocasión nos pusimos de acuerdo en un compromiso, por el que bajo ningún concepto se puede ejercer presión financiera o de otro tipo sobre las mujeres embarazadas para moverlas a abortar y utilizarlas, por así decirlo, como proveedoras de materia prima. Este es un peligro real y no teórico y creo que deberíamos tener en cuenta esta enmienda. Se aprobó con gran mayoría por el Parlamento, si bien, lamentablemente, no fue recogida por la Comisión en aquella ocasión.
Quisiera pedir al Comisario Flynn que examine esta idea del Parlamento, pues creo que es adecuada para excluir en cualquier caso la presión. Creo que tenemos la ocasión de subrayar de nuevo que apoyamos la investigación en cualquier caso, pero que el límite transcurre allí donde el hombre puede ser utilizado como proveedor de materia prima. El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha presentado una enmienda que rechaza totalmente esta investigación. El Parlamento no se va poder poner de acuerdo al respecto, pero lo que les presento en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo es un compromiso y ruego a todos que acepten esta enmienda nº 3 del Grupo del Partido Popular Europeo al informe Poggiolini.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la transfusión sanguínea es un acto importante, eminentemente delicado, cuyos diferentes aspectos son mal conocidos, y sin embargo es crucial e irremplazable para la salud, para la asistencia sanitaria y, en suma, para la vida. Por ello deseo ante todo agradecer al Comisario y a la Comisión por su comunicación, así como también al ponente, el diputado Christian Cabrol, por su notable trabajo.
Voy a ser claro: apoyo la comunicación, el informe y la mayoría de las propuestas, a condición, claro está, de que se efectúen algunas precisiones. Si bien el esfuerzo de clarificación era indispensable, la necesidad de insistir en la seguridad respecto del donante y del enfermo lo es aún más. Hoy la promoción de la donación de sangre debe efectuarse a través de una información amplia y precisa a la vez sobre la sangre, los productos sanguíneos y su uso en los tratamientos.
La armonización de la normativa aplicable a la cadena de transfusión sanguínea, sobre todo en cuanto a la selección de los donantes y a las pruebas de detección, es absolutamente urgente e indispensable en toda Europa.
Finalmente, debería crearse un organismo europeo de vigilancia de la seguridad de la sangre. Ello constituiría un enorme progreso para la Europa de los ciudadanos. Conozco muy bien la problemática de las donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas. Yo mismo soy donante de sangre. Los donantes y sus asociaciones han sufrido mucho los efectos, a todos los niveles, del drama del Sida y de la contaminación a través de la transfusión sanguínea. Hoy necesitan que se les reconozca, que se les estimule y apoye.
En conclusión, para poder garantizar en el futuro una seguridad óptima y la autosuficiencia europea -que a menudo condiciona dicha seguridad-, es necesario actuar aún con mayor rapidez y energía. La comunicación de la Comisión ejecutiva y el informe de Christian Cabrol deberán ayudarnos a conseguirlo.

Rübig
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, a una hora tardía he presentado esta tarde una prueba que hace que merezca la pena estar aún aquí presente. He traído mi carnet de donante de sangre que va unido a una tarjeta para casos de urgencia y que ha sido elaborada por la Cruz Roja austriaca. Tiene la ventaja de que uno lleva siempre consigo sus propios datos, que en este carnet figuran también las vacunas, las datos sobre sueros, diabetes y alergias así como las direcciones de familiares y anotaciones especiales, por ejemplo, anticuerpos.
Para el afectado, el donante de sangre, o para alguien que recibe sangre es extremadamente importante saber cómo se analizan los datos, que está permitido un diagnóstico rápido y fiable y que puede realizarse. Esto es decisivo en la política sanitaria y a este carnet va unida una consideración dinámica. Creo que es importante no averiguar los datos sólo estáticamente sino que se almacenen y evalúen durante muchos años.

Apolinário
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, comienzo felicitando a los tres ponentes por la excelente calidad de los trabajos aquí presentados, que prestigia y valoriza a este Parlamento.
Quisiera hacer algunas observaciones en pro de la que me parece una de las ideas más positivas y con futuro, que es la de la tarjeta de salud europea. La creación de una tarjeta de salud europea es una idea positiva y favorable al proyecto de construcción europea, que merece nuestro apoyo entusiasta. La libre circulación de personas no estará completa mientras el ciudadano europeo que se traslade a otro Estado, ya sea por razones de trabajo, de estudio o de turismo, no disponga de un sistema de atención de salud de calidad con un marco de derechos de acceso perfectamente claros.
Por ser oriundo de una región turística -el Algarve- y por ser Portugal un país de emigración, me considero con una marcada sensibilidad para la defensa de esta idea. El propio Tratado asigna a la Comunidad el cometido de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana. Ahora bien, actualmente hay condiciones técnicas para la creación de un documento sanitario europeo que sea aceptado por todos los Estados miembros y por los diversos sectores del sistema de salud. Una tarjeta de salud que no puede ni podrá nunca ser un nuevo pasaporte, un nuevo obstáculo a la libre circulación, que es una importante contribución contra la burocracia y que habrá de respetar los principios de la inviolabilidad y de la seguridad de sus datos.
Así, pues, esa idea, que no es nueva, merece aliento y desarrollo. Por lo demás, ya han transcurrido más de diez años desde la primera resolución del Consejo que lanzó la cartilla sanitaria europea de urgencia sin grandes consecuencias. Pero hoy los tiempos son diferentes, de mayor exigencia y mayores posibilidades técnicas. Los caminos ya recorridos (y la Comisión tiene trabajo y conocimiento suficiente para dinamizar una iniciativa de esas dimensiones) y la evaluación de experiencias resultantes de las tarjetas ya en circulación (se habla de 60/70 millones) son ejemplos positivos que se deben aprovechar.
Y, por último, se debe abrir la puerta a la participación de la sociedad, de las organizaciones profesionales de salud, de los servicios estatales y regionales de salud, de los consumidores; se debe romper por fin la tela de las palabras y las intenciones para que avance la tarjeta. ¡Ése es el imperativo que se nos plantea!

Malone
Señor Presidente, resulta interesante que el Comisario Sr. Flynn haya estado presente esta mañana, cuando discutíamos un problema que afecta principalmente a los jóvenes, a saber, las toxicomanías. Nos encontramos esta noche discutiendo lo que es principalmente un problema que afecta a las personas de edad avanzada; la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. Como se ha señalado, estas enfermedades afectan a millones de personas en toda Europa. En Irlanda, el número de personas afectadas se estima en 25.000.
El programa propuesto serviría para iniciar políticas coherentes a nivel europeo. Permitiría coordinar las medidas existentes a nivel nacional y actuaría como catalizador de las mismas tanto en el sector público como el privado. Apoyo el llamamiento que se ha hecho para que se ofrezca ayuda a las familias de los afectados. Sabemos que muchas mujeres deben cuidar de estos pacientes y que dichos pacientes pueden resultar muy difíciles, molestos y, a veces, violentos. Las familias también sufren porque los asuntos legales de estas personas pueden haberse quedado en el limbo. El deterioro puede ser muy rápido y las personas afectadas pueden ser incapaces de ocuparse de sus asuntos legales.
Insto también a la Comisión a que acepte las recomendaciones del Parlamento para un sistema de cartilla sanitaria europea antes de enero de 1999. Aunque esta medida no garantice un sistema sanitario europeo gratuito, la cartilla en cuestión permitiría a los ciudadanos de la UE tener acceso a tratamiento médico con mayor celeridad, y también sería de utilidad si aquélla fuera coordinada con la cartilla de donantes de órganos, de manera que en caso de accidente, puedan emprenderse acciones sin pérdida de tiempo.
Por último, en relación con el suministro de sangre y como ha señalado el Sr. Fitzsimons, hemos tenido un enorme problema en Irlanda con el susto de la hepatitis B. Acojo con satisfacción las propuestas de la Comisión en este sentido.

Vecchi
Señor Presidente, el retraso con el que nos ocupamos seriamente de una enfermedad como la de Alzheimer es la señal de la dificultad de entender que la modificación de la pirámide demográfica debe conllevar el replanteamiento de las prioridades en materia tanto de investigación científica como de organización social. El incremento de las esperanza de vida de las personas no debe ser contemplado como un problema, sino como una gran conquista de nuestra civilización que, sin embargo, debe ser apoyada a través de elecciones políticas adecuadas.
El informe objeto de examen, el óptimo informe del Sr. Poggiolini, hace justamente hincapié tanto en la necesidad de intensificar la investigación médica para lograr el tratamiento o, por lo menos, la gestión y la prevención de las enfermedades seniles, como en la imprescindible necesidad de adoptar esas medidas de información y de preparación dirigidas a la familia y también a los agentes sanitarios. En muchos lugares de Europa se han llevado a cabo excelentes experiencias de trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer, aunque son todavía escasos los intercambios de experiencias y el desarrollo de iniciativas transnacionales.
Por lo tanto, la solicitud de que la Comisión elabore un programa de acciones y de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y enfermedades conexas es, a todas luces, oportuna y, por consiguiente, tiene nuestro pleno consenso.

Flynn
Señor Presidente, me alegra tener la oportunidad de presentar la posición de la Comisión sobre estos tres importantes temas relacionados con la salud.
Me ocuparé en primer lugar de la enfermedad de Alzheimer y del informe del Sr. Poggiolini. La Comisión acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento Europeo y toma nota de que el Parlamento no limita su resolución a la enfermedad del Alzheimer, sino que ha ampliado su alcance para que incluya la prevención de los trastornos de la función cognitiva de las personas de edad avanzada. Ha sido una decisión muy constructiva.
Las enfermedades neurodegenerativas tienen graves repercusiones sociales. Por ello me alegra especialmente que la resolución del Parlamento se centre no sólo en los aspectos médicos de la enfermedad de Alzheimer, sino también en la pérdida de la función cognitiva, al igual que sobre su impacto social. Concienciación de la enfermedad, así como las ayudas a los familiares y a las organizaciones afines son algunas de las prioridades que estable dicha resolución. Con demasiada frecuencia nos olvidamos de las consecuencias que tienen estas enfermedades para las familias de los afectados. Hay que reconocer este hecho, perfectamente expuesto aquí por el ponente y todos aquellos que han contribuido al debate.
En 1993, en su Comunicación sobre el marco de actuación en el ámbito de la salud pública, la Comisión consideró que, aunque en base a los criterios desarrollados para la selección de ámbitos en que deben emprenderse acciones comunitarias y habida cuenta además de los limitados recursos disponibles, las enfermedades mentales no podían constituir una prioridad máxima en el futuro inmediato, debían ser tenidas en consideración.
Me complace comprobar que el Parlamento Europeo, que dio su apoyo a la comunicación y a nuestra selección de prioridades, haya tomado ahora la firme decisión de situar las enfermedades mentales, y en particular aquéllas que afectan principalmente a las personas de edad avanzada, como la enfermedad de Alzheimer, entre sus principales prioridades. En consecuencia, el Parlamento ha reforzado el presupuesto disponible para este tipo de enfermedades.
En 1995, el Parlamento concedió una asignación especial de 1 millón de ecus para acciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Este año ha añadido 5 millones de ecus a la línea presupuestaria para la salud pública. Comparto la preocupación que siente el Parlamento por el avance de esta terrible enfermedad y creo que esos fondos servirán para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades degenerativas del cerebro, en particular, la enfermedad de Alzheimer, así como la de sus cuidadores no profesionales. Son medidas que, según los deseos del Parlamento, deben recibir prioridad.
El informe del Parlamento sostiene firmemente la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer se convertirá en un problema de proporciones cada vez mayores para la sociedad europea. Hecho que resulta evidente si contemplamos los cambios demográficos que se están produciendo en nuestra sociedad. El rápido envejecimiento de la población europea y las necesidades específicas de los pacientes de Alzheimer conllevarán un aumento de la demanda de servicios sanitarios y sociales. Existe, por consiguiente, un valor añadido en los esfuerzos por atender a esta creciente necesidad a nivel europeo. El programa de actividades que emprenderá la Comisión deberá proporcionarnos información valiosa sobre las pautas correctas que deben seguirse. Dada la magnitud del desafío, estoy seguro de que es un asunto del que deberemos ocuparnos cada vez con mayor intensidad durante los próximos años.
Quiero pasar a continuación al tema de la cartilla sanitaria europea y al informe del Sr. Leopardi. La cuestión de la cartilla sanitaria ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo. Algunos diputados recordarán incluso antiguos debates celebrados en la Asamblea sobre este tema en particular. Tanto la resolución de 1986, sobre la cartilla sanitaria europea de urgencia, y las recomendaciones del Consejo relativas a la utilización de tarjetas informatizadas, tratan de los temas planteados en el informe del Sr. Leopardi.
También deseo señalar que en 1995, el Comité administrativo de la Seguridad Social para trabajadores emigrantes incluía dos proyectos importantes en su plan maestro para la segunda fase de la telemática aplicada al programa de la Seguridad Social -me refiero al programa TEST. La Comisión ha estudiado la viabilidad de la introducción de dichas tarjetas en las formas y condiciones adecuadas. La investigación sobre la utilización de las tarjetas en el sector sanitario se ha convertido actualmente en un tema importante en el contexto de la telemática aplicada y de los programas de información sobre la sociedad del Grupo G-7.
Desde 1986, la Comisión ha celebrado una serie de reuniones de expertos para intercambiar información y compartir experiencias sobre la concepción e introducción de las cartillas sanitarias y también ha apoyado algunos proyectos piloto. Los resultados no han sido especialmente alentadores, ya que sólo un pequeño número de Estados miembros han comenzado a utilizarlas. No obstante, varios Estados miembros han introducido paulatinamente tarjetas informatizadas en el sector de la Seguridad Social, en el que hay mayores perspectivas de hacer un uso más generalizado de las mismas.
En lo relativo al informe del Sr. Leopardi y la resolución que sigue, deseo decir en primer lugar, que hay una serie de ventajas que pueden verse incrementadas mediante la utilización de las cartillas sanitarias, ventajas que han sido puestas de manifiesto de forma elocuente en este informe concreto y a las que han hecho referencia muchos de los oradores que esta noche se encuentran presente.
No obstante, quisiera llamar la atención del Parlamento sobre una serie de consideraciones de orden práctico y sobre algunos problemas a los que la Comisión ha debido enfrentarse en sus anteriores intentos de promover la utilización de cartillas similares y que apuntan a las serias dificultades que conllevará la aplicación de las medidas preconizadas en el presente informe. La introducción de la cartilla, como ustedes proponen, exigirá que todos los servicios y oficinas médicos de la Comunidad -doctores, hospitales, centros de salud, etcétera- instalen la infraestructura necesaria en términos de equipos y programas informáticos a un coste que podría llegar a ser muy considerable. Además, habida cuenta de que los actuales sistemas nacionales tendrían que ser utilizados simultáneamente con un sistema comunitario optativo, es posible que los ciudadanos se vean obligados a llevar más de una cartilla. Actualmente surgen cuestiones fundamentales relativas a la protección de datos médicos de carácter confidencial que usted propone que sean grabados en las cartillas. Este aspecto tiene una importancia especial en el caso de robo, pérdida o utilización indebida de la misma.
Tenemos además el aspecto relativo a las responsabilidades de los médicos y de otros profesionales de la sanidad. ¿Pueden confiar en que los datos son exactos y completos? ¿Comprenden toda la información contenida en la cartilla? ¿Saben si la información está completa y actualizada, o deberán contrastar la información realizando sus propios exámenes como medida para autoprotegerse de posibles imputaciones por negligencia? ¿Qué hay de los temas éticos, como la aceptación de transfusiones de sangre o, incluso, la donación de órganos?
Podría continuar en estos términos para ilustrar que existe toda una serie de consideraciones de tipo práctico que nos abruman y que han abrumado a los Estados miembros en el pasado, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de discutir sobre las posibilidades de una cartilla sanitaria europea. Para qué será utilizada exactamente y qué tipo de información deberá grabarse en ella son dos de las cuestiones principales.
En lo relativo a la Seguridad Social: quizá sea factible una aplicación más limitada de las cartillas para convertirse en una versión informatizada del formulario E 111. Existe un argumento a favor de soluciones prácticas, incluido el reconocimiento mutuo de las cartillas nacionales del seguro de conformidad con la Recomendación del Consejo de 29 de septiembre de 1989. Comprendo perfectamente lo que ha dicho el Sr. White, quien ha tenido la amabilidad de ofrecerme una versión más pequeña de la cartilla que ahora está enseñando allí arriba, y he tomado nota sobre todo no de la fotografía -que con tanto acierto ha sido incluida en la cartilla- sino de algunas de las cosas que aparecen escritas. La cartilla concreta que me ha dado el Sr. White para que la examine detenidamente es bastante distinta de aquella en la que se hace un registro completo del estado de salud y que está siendo estudiada, y de aquella otra de la que estamos hablando aquí esta noche. Quería dirigir una pregunta a la Asamblea: ¿Es éste el límite hasta donde desean llegar ahora, tras haber tenido en cuenta algunas de las dificultades prácticas que les presenté hace un momento y que han ocasionado problemas muy considerables en el pasado, cuando intentábamos lanzar esta idea? Tal vez la Asamblea desee reflexionar sobre ello. La respuesta podría suponer un cambio de actitud y de las posibilidades.
En conclusión, quisiera subrayar que la Comisión continuará manteniendo el tema de las cartillas sanitarias bajo constante revisión e informará a la Asamblea si se produce algún avance que pudiera mejorar las perspectivas para su introducción generalizada. Pero soy consciente de lo que la cartilla del Sr. White intenta promover, tan distinto de lo que ha sido la opinión general de lo que desearíamos que se incluyera en el tipo de cartilla de la que ustedes han estado hablando esta noche.
Sobre el tercer tema, la cuestión de la seguridad de la sangre y el autoabastecimiento en la Comunidad Europea, la Comisión acoge con satisfacción el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y me alegra especialmente que nuestra propia preocupación por la calidad y la seguridad del suministro de sangre y sus productos derivados de que dispone la Comunidad sea compartida por el Parlamento. En su Comunicación sobre seguridad de la sangre y autoabastecimiento, la Comisión asumió las obligaciones impuestas por la Directiva 89/381 relativa a la elaboración de productos médicos estables y a las consideraciones éticas relativas al autosuministro en base a donaciones voluntarias y no remuneradas de la materia prima de todos estos productos.
La Comisión ha examinado asimismo los temas relativos a la seguridad y al suministro de sangre entera, plasma y células sanguíneas que no se utilizan en la elaboración de productos médicos y que, por consiguiente, no entran en el ámbito de la directiva. Los problemas intrínsecos a la seguridad de la sangre y al autoabastecimiento que se detectaron, llevaron a la Comisión a la conclusión de que existe una clara necesidad de formular una estrategia comunitaria para la sangre que cubra tanto la materia prima para productos médicos como la sangre entera y el plasma que se utilizan en las transfusiones.
Las principales actividades propuestas para lograr este objetivo quedaron reflejadas en la Resolución del Consejo de 2 de junio de 1995, que incluye aspectos que habían sido propuestos por la Comisión en el informe que ésta presentó en aquella ocasión. La Comisión se propone perseguir dichas actividades en respuesta a la invitación del Consejo y de acuerdo con los deseos de los diputados al Parlamento en este ámbito. De hecho, varias de ellas ya han sido abordadas. La semana próxima está prevista una reunión de expertos para discutir sobre temas relativos a la concienciación de la opinión pública en materia de sangre y de sus derivados, que deberá celebrarse en Roma bajo la Presidencia italiana.
Asimismo, próximamente se iniciarán los trabajos sobre un estudio de viabilidad para la creación de una red de vigilancia de la sangre. Este asunto también ha sido mencionado por uno de los diputados. Actualmente está en marcha un proyecto para identificar las prácticas actuales en materia de inspección y acreditación de los centros de sangre en los Estados miembros. Éstos son algunos de los objetivos que estamos persiguiendo en estos momentos. Está previsto que se lleven a cabo actividades adicionales durante la Presidencia irlandesa, con objeto de que los demás aspectos de la política comunitaria incipiente en materia de seguridad de la sangre y autoabastecimiento, a saber, selección de donantes, pruebas de detección, garantía de la calidad así como programas educativos para el personal sanitario, queden cubiertos por instrumentos comunitarios adecuados que serán puestos en marcha en su totalidad en un futuro próximo.
Ésta ha tenido que ser por necesidad una exposición muy breve de la posición de la Comisión sobre estos tres informes. Se trata de temas muy importantes. Reconozco que merecen un debate muy amplio. Deseo asegurar a la Asamblea que mis servicios estudiarán detenidamente todo lo que aquí se ha dicho esta noche. Personalmente me he propuesto hacer avanzar estos tres temas en nombre de la Comunidad.

White
Señor Presidente, quisiera responder a la observación que ha hecho el Comisario Sr. Flynn. Me alegra que haya leído la cartilla. Ha hecho una observación acertada al afirmar que es más limitada que la que se describe en el informe Leopardi. Deseo remitir al Sr. Comisario a la letra a) del apartado 1 de la resolución Leopardi que dice que el objetivo de la cartilla sanitaria europea será facilitar la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, garantizándoles un acceso adecuado a los cuidados y a los tratamientos que exija su estado de salud. Es una posibilidad técnicamente factible. Lo que me preocupa es que si ponemos las cosas demasiado complicadas, pasarán otros diez años.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan la Comisión y el Parlamento es la prensa sensacionalista que nos acusa de elaborar todo tipo de normativas estúpidas sin la menor importancia para la vida diaria. La presente propuesta del Parlamento sería importante. Por consiguiente, me pregunto si el Sr. Comisario ha leído la letra a) del apartado 1. Quisiera remitirle a la misma.

Flynn
Tomo nota de lo que ha dicho el Sr. White y prestaré especial atención a dicho aspecto en particular. Ambos estamos de acuerdo en que el tema sobre el que estamos hablando aquí es algo mucho más limitado y pensado para promover la libre circulación de las personas. Esto es algo ligeramente diferente que trata de algunos de los problemas políticos, jurídicos y técnicos asociados con una cartilla que incluya un registro más amplio de datos. Tomo nota de lo que ha dicho.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.55 horas)

