
Buttiglione
Señora Presidenta, he solicitado el uso de la palabra para manifestar el profundo malestar de un grupo de diputados italianos -pienso de todos los diputados italianos, pero creo también de la mayoría o de todo este Parlamento- por las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Kuçan. Compartimos totalmente la condena de la opresión nazi y fascista de Eslovenia, expresada ayer en Estrasburgo por el Presidente Kuçan en su discurso ante el Parlamento Europeo, sin embargo, no podemos aceptar que no sea objeto de la misma condena el horror de la limpieza étnica antiitaliana llevada a cabo por el régimen comunista inmediatamente después de su conquista del poder. En particular, no podemos aceptar que la masacre de italianos y la expropiación de sus bienes se consideren como una medida contra los colaboracionistas nazis y fascistas, en ese espíritu de Postdam y de Yalta que dividió a Europa y contra el cual Europa ha reconquistado y está reconquistando su libertad y su unidad.
Se trató de una serie de crímenes contra la humanidad en los que por primera vez se pusieron a punto los métodos de la limpieza étnica a la que recientemente hemos asistido en otras partes de los Balcanes. Italia es amiga del pueblo esloveno y respalda la adhesión de Eslovenia a la OTAN y a la Unión Europea. Considerábamos que el contencioso entre Italia y Eslovenia había encontrado una solución equilibrada con los acuerdos Solana de 1995. No comprendemos por qué hoy el Presidente Kuçan ha vuelto a proponer valoraciones absolutamente inaceptables sobre el pasado y temores sin fundamento de cara al futuro. Ayer, el Presidente Kuçan emitió una nota a través de la Embajada de Eslovenia en la que se decía que se trató de errores de traducción y que la polémica no va dirigida contra Italia, sino contra Austria. Pues bien, para nosotros una acción contra los derechos humanos, un crimen es tan condenable tanto si se hace contra los austríacos como si se hiciera contra los italianos.
Señora Presidenta, pido que tome iniciativas para presentar al Gobierno esloveno y al Presidente Kuçan la profunda desaprobación de este Parlamento por unas inaceptables declaraciones que ciertamente no crean un clima adecuado para la conclusión positiva de las negociaciones con vistas a la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea.

Tajani
Señora Presidenta, no puedo sino sumarme a las palabras del Sr. Buttiglione y, como líder y en nombre de la delegación de "Forza Italia" en el Grupo del Partido Popular Europeo, no puedo dejar de recordar lo que sufrieron las poblaciones italianas en la antigua Yugoslavia cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después. Hubo una operación de limpieza étnica propiamente dicha, existen todavía algunos contenciosos abiertos, hay algunos ciudadanos italianos que siguen esperando que se respeten sus derechos.
Estamos vinculados a Eslovenia por sentimientos de profunda amistad, pero no podemos olvidar lo que ocurrió en el pasado y no queremos que se olvide. La Europa que está naciendo, la Casa que todos juntos estamos construyendo no puede nacer olvidando el pasado. No puede nacer sino condenando los horrores cometidos por el comunismo y por el nazismo. Es también por eso, señora Presidenta, que, además de pedir su autorizada intervención ante el Gobierno de Eslovenia, invito a todos los diputados a que suscriban la declaración que solicita que el Parlamento Europeo instituya un día dedicado a la Shoah, al Holocausto.

Napoletano
Señora Presidenta, conocemos al Presidente Kuçan, su apego a Europa y las buenas relaciones que se han establecido también con Italia. No estamos preocupados, sin embargo, no cabe duda de que este hecho debe aclararse y querría decir que para nosotros el compromiso español obra del Sr. Solana es básico. Naturalmente todo esto no se puede poner en tela de juicio y, por lo tanto, yo también pienso que usted tratará de aclararlo. Nos encomendamos a su sabiduría y a su cargo.

La Presidenta
Gracias, señora Napoletano.
Propongo a los tres colegas que han intervenido dirigirme por carta al Sr. Kuçan para ponerle al corriente, de la manera más respetuosa posible, de las observaciones o reflexiones de los colegas, y, en su caso, ponerme en contacto con él para informarle fielmente de lo que han manifestado.
Creo que lo dicho refleja el parecer de una parte importante de nuestra Asamblea, y les doy las gracias por la confianza que depositan en mí para transmitirle este parecer de la manera más fiel y clara posible.

Comunicaciones de la Presidenta
La Presidenta
Debo comunicarles dos cuestiones. La primera, que espero ya les haya llegado a través de sus correos electrónicos, es para informarles de ciertas dificultades materiales aparecidas en algunos locales del edificio. Los Cuestores han sido diligentes en controlar de la mejor manera posible esta situación. La sociedad alemana Dekra, que por iniciativa de éstos ha analizado el aire, ha comprobado algunos defectos, que, como es habitual, hemos solucionado lo antes posible.
Agradezco a los Cuestores por su diligencia, y en particular al presidente del Colegio, el Sr. Poos. Por mi parte, me he puesto inmediatamente en contacto por carta con las autoridades de Estrasburgo, así como con la Dirección de Acción Sanitaria y Social, de tal manera que todas las autoridades competentes estuvieran informadas. En sus correos electrónicos tienen, pues, esta comunicación.

Morgan
Señora Presidenta, resulta totalmente inaceptable que un edificio que ha costado millones de libras y que fue inaugurado oficialmente hace menos de seis meses tenga miles de fallos y ahora se descubra que constituye una posible amenaza para las personas que en él trabajan. Confío en que se plantee ese problema en las negociaciones sobre el precio final del edificio, lo que debe fortalecer la posición del Parlamento a la hora de reducir el costo para los contribuyentes de Europa.

La Presidenta
La segunda comunicación me ha sido transmitida por el Gobierno francés, y se refiere a un decreto sobre la anulación del mandato de uno de nuestros colegas, el Sr. Le Pen. En su momento, como sin duda recordarán, yo hice saber a nuestra Asamblea que, de conformidad con nuestro Reglamento, había solicitado a la Comisión de Asuntos Jurídicos que emitiera una opinión al respeto. La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó en varias ocasiones todos los aspectos de la cuestión, en especial los jurídicos. Agradezco a la Sra. Palacio, su presidenta, y a los miembros de la comisión los esfuerzos realizados. El debate ha sido muy amplio, y ayer a las 20.00 horas la Sra. Palacio me transmitió una carta informándome de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre esta situación. Para que no haya ningún equívoco, ninguna dificultad en cuanto a su interpretación, creo que es mejor dar lectura a dicha carta.
"Señora Presidenta: En su reunión del 16 de mayo de 2000, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior prosiguió el examen de la situación del Sr. Jean-Marie Le Pen. La comisión es consciente de que el decreto del Primer Ministro de la República Francesa, notificado al Sr. Le Pen el 5 de abril de 2000, tiene fuerza ejecutiva. No obstante, la comisión señaló que, como se menciona en la carta por la que se notifica del decreto al interesado, este último tiene la facultad de interponer ante el Consejo de Estado un recurso para solicitar la suspensión de la fuerza ejecutiva del decreto.
A la vista de la decisión adoptada el día anterior, en el sentido de recomendar que, por el momento, el Parlamento Europeo no tome nota formalmente del decreto que afecta al Sr. Le Pen, la comisión ha examinado el curso que debe dársele. En apoyo de esta decisión, se ha mencionado, como precedente, el caso del Sr. Tapie. Por consiguiente, se recomienda que el Parlamento Europeo tome nota formalmente del decreto de anulación sólo después de que concluya el plazo para interponer recurso ante el Consejo de Estado o, en su caso, después de la decisión de este último".
Esta es la carta que la Sra. Palacio me transmitió ayer por la noche, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que le reitero mi agradecimiento. Tengo la intención de seguir la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Barón Crespo
Señora Presidenta, intervengo para solicitar que el Parlamento se pronuncie en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento. Y, si me lo permite, justifico mi propuesta.

La Presidenta
Por supuesto, señor Barón Crespo.

Barón Crespo
Señora Presidenta, el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento establece que la Presidenta puede solicitar la opinión de la comisión competente y, sobre esta propuesta, el Parlamento podrá pronunciarse.
Yo solicito que se pronuncie y lo hago con todos los respetos para la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha celebrado un amplio debate sobre la cuestión, porque entiendo que aquí hay dos elementos básicos. Uno de ellos es el respeto del Derecho parlamentario y de los Tratados.
La Comisión de Asuntos Jurídicos citaba en la carta del lunes -que es la que yo conozco, porque de ésta acabo de tener conocimiento-, por parte de su presidenta, el apartado 2 del artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes del Parlamento Europeo, de 1976, que dice lo siguiente: "Cuando la vacante resulte de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor en un Estado miembro, éste informará a este respecto al Parlamento Europeo, que tomará nota de ello". Ello significa, en primer lugar, que un Estado miembro, que es un Estado de Derecho, como Francia, ha tomado unas decisiones en función de una sentencia judicial y el ejecutivo nos ...
(La Presidenta interrumpe al orador)

La Presidenta
Vamos a interrumpir la sesión algunos instantes. Al parecer, uno de nuestros colegas sufre una ligera indisposición.
(La sesión, interrumpida a las 10.20 horas, se reanuda a las 10.40 horas)

La Presidenta
Señorías, nuestro colega, el Sr. Staes, acaba de sufrir una indisposición que, según me informan, no parece ser de origen cardiaco. Aunque su estado no revestiría gravedad, se le practicará de inmediato un electrocardiograma. No obstante, deseaba tranquilizarles, en términos generales, sobre su estado de salud.
Querría dar las gracias a los dos colegas médicos que han intervenido de inmediato y que acaban de facilitarme estas informaciones. Asimismo, deseaba decirles que este infeliz incidente nos ha permitido constatar, desgraciadamente, el tiempo que tardan en intervenir los servicios médicos. Esto podría ocurrirnos a cualquiera de nosotros y debemos hacer algo al respecto.
Concederé la palabra a la Sra. Banotti, quien desea intervenir enseguida para que los Cuestores tomen medidas a fin de que todo funcione realmente como tendría que funcionar.

Banotti
Señora Presidenta, a todos nos ha consternado profundamente la enfermedad de nuestro colega. Siento un inmenso alivio de que, al parecer, no esté tan enfermo como parecía al comienzo: yo soy enfermera, razón por la cual he subido a ver si podía prestar ayuda. Hemos de reconocer que, en particular, cuando hace un tiempo tan caluroso como el que ha hecho esta semana, la salud de los diputados está sometida a una gran presión. Es lamentable que se tardara tanto en conseguir la camilla para sacar al Sr. Staes de la Asamblea. Quisiera proponer, en nombre de los diputados, que dispongamos de un equipo de reanimación inmediata aquí, en la Asamblea, para el caso de que se repita un acontecimiento tan consternador.
Me alegro mucho de que no esté tan enfermo como parecía, pero debemos disponer de un equipo de reanimación en la Asamblea, dadas no sólo las condiciones, sino también nuestras edades y me incluyo a mí misma. A muchos diputados les está resultando particularmente difícil esta semana con el calor que hace.

La Presidenta
Gracias, señora Banotti. Pienso que no hay edad para este tipo de indisposición.

Aparicio Sánchez
Señora Presidenta, junto con los colegas que hemos asistido al minuto siguiente a nuestro colega enfermo, debo decir en justicia que el tiempo transcurrido desde que se ha producido el incidente hasta que ha acudido el médico es un tiempo que firmaría como bueno cualquier institución del mundo. Y cuando el médico oficial, que ha venido equipado de todos los aparatos de reanimación exigibles -y en esto coincido con mi colega que también le ha asistido-, ha ordenado el traslado en camilla, ha llegado la camilla. Yo estoy muy satisfecho con el tiempo transcurrido y con la actuación de los servicios médicos del Parlamento.

Lynne
Señora Presidenta, tal vez al final decidamos que el servicio médico no esté situado en el sótano. Sus miembros preferirían estar en el mismo piso que el Pleno y tal vez podríamos examinar esa posibilidad.

La Presidenta
Señorías, confíen en los Cuestores.

Barón Crespo
Señora Presidenta, ante todo, hago votos por la pronta recuperación de nuestro colega, el Sr. Staes, pero creo que también hay que recordar y pedir a los medios de comunicación que digan a nuestros conciudadanos que nuestra vida no es un camino de rosas, que vivir prácticamente como nómadas, yendo y viniendo, no es lo mejor para la salud. En fin, lo hemos elegido voluntariamente.
Vuelvo al tema que nos ocupaba: la solicitud por parte de mi Grupo de que el Parlamento se pronuncie sobre esta cuestión de acuerdo con el Reglamento. Estaba procediendo a la lectura del apartado 2 del artículo 12 del Acta de 1976, que es el fundamento de derecho que alegaba la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos en su carta del lunes. Este apartado dice que "cuando la vacante resulte de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor en un Estado miembro, éste informará, a este respecto al Parlamento Europeo, que tomará nota de ello".
Francia es un Estado de Derecho. Hay una resolución judicial, hay un decreto del Gobierno, se nos ha comunicado y entiendo que al Parlamento Europeo le corresponde tomar nota de ello, de acuerdo con los Tratados y con el Derecho parlamentario. He oído -porque no tengo conocimiento directo de la actual carta- que se citan precedentes. Es cierto que los hay, y mi Grupo es partidario de que se respeten. Pero, en este caso, no cabe alegar el precedente del Sr. Tapie por dos razones: la primera, porque existía inelegibilidad a causa de una quiebra, y la segunda -que es importante- porque el Sr. Tapie había utilizado el derecho de recurso. Y aquí nos encontramos con una inelegibilidad por un año y no se ha hecho uso del derecho de recurso, que le reconoce el decreto francés.
No quiero entrar en un debate sobre Derecho francés, que no conozco. Creo que, en los términos de los Tratados y de nuestro Derecho, al Parlamento le corresponde tomar nota de la decisión del Estado francés. Eso es lo que procede y me parece que, aunque no he estado presente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta no lo refleja. En cualquier caso, entiendo que dicha propuesta no debe ser ratificada por el Parlamento Europeo y yo, desde luego, voy a solicitar que se someta a votación y anuncio que mi Grupo votará en contra.

Medina Ortega
Señora Presidenta, intervengo como coordinador del Grupo socialista en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
Me ha sorprendido mucho la carta que acaba usted de leer de la Sra. presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Ayer mismo yo recibí una carta de la presidenta, en la que reflejaba fielmente lo que había ocurrido en la Comisión de Asuntos Jurídicos: después de una discusión se había decidido no recomendar que se tomara nota, dejando el tema sobre la mesa para una posterior discusión.
La carta que usted ha leído refleja las motivaciones personales que la Sra. presidenta y, quizás, otros diputados también alegaron, pero no refleja el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Concretamente, la posición del Grupo socialista fue que, a la vista del Acta de 1976, lo único que podía hacer este Parlamento es lo que acaba de decir el Sr. Barón, es decir, tomar nota de la decisión del Gobierno francés, sin ningún otro condicionamiento.
Se planteó la posibilidad de dar una explicación, y yo aduje que eso supondría una nueva votación. No se efectuó ninguna votación, y, por tanto, -repito- los puntos de vista expresados en la carta que acaba usted de leer reflejan la posición personal de la Sra. Palacio, pero no reflejan la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir que, en todo caso, todos somos conscientes de que nos encontramos ante una situación en la que tenemos que navegar con pocos elementos de referencia concretos y, por lo tanto, debemos remitirnos a la analogía, al precedente, al sentido común y, en términos generales, a los principios generales del Derecho. Porque en nuestro Derecho estatutario, en el Reglamento, no está contemplado explícitamente qué hacer ante una situación como ésta.
En segundo lugar, indudablemente, aquí hay una confusión, que creo que es importante señalar. Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido consultada por la señora Presidenta, en una decisión de análisis puramente formal. Como en otras ocasiones, y por dar un ejemplo general, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos examina si ha de interponerse o no un recurso ante el Tribunal de Justicia, estamos ante un análisis puramente técnico por un órgano interno del Parlamento, que hace una recomendación a la Presidenta, órgano externo del Parlamento, que es el llamado a tomar la decisión.
Yo respeto lo que dice el Sr. Barón. Sus argumentos se barajaron y se examinaron con profundidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Permítanme referirme a lo que se dijo en esta comisión. En primer lugar, el Sr. Barón dice que no cabe la analogía con el caso Tapie porque la inelegibilidad en aquel caso surgía de una quiebra y en este caso surge de una condena penal. Yo personalmente no comparto esta opinión, y creo que, de acuerdo con el Derecho aplicable, hay bases para no compartirla, porque, en cualquier caso, se trata de dos condenas, precisamente ambas de tribunales franceses, y condenas a la inelegilibilidad. No tiene sentido analizar ahora la causa de la condena. La condena está ahí. La condena a inelegibilidad es el referente.
El segundo argumento en favor de la diferencia que invoca el Sr. Barón es que el Sr. Le Pen no ha interpuesto recurso y el Sr. Tapie sí lo había interpuesto. Tampoco lo comparto, y tampoco lo compartió la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque el Sr. Le Pen está dentro de plazo para interponer ese recurso. Por lo tanto, nosotros no podemos ir en contra de algo en lo que la ley francesa le ampara: interponer recurso dentro de un plazo.
Permítame ahora salir al paso del juicio de intenciones efectuado por el Sr. Medina. Quiero hacerlo en términos serenos, aunque considero que es absolutamente injustificado y merecería otra respuesta rotunda. Pero, en mi condición de presidenta, he de manifestar que las dos cartas son cartas complementarias. En la primera carta se le decía a usted, señora Presidenta, que la Comisión de Asuntos Jurídicos había tomado una decisión, la de no tomar nota del decreto por el momento, habida cuenta de su carácter no definitivo, ejecutorio pero no definitivo. En un segundo párrafo se le decía: "mañana continuaremos reflexionando sobre esta cuestión".
En cuanto a la segunda carta, se refiere a lo acontecido en la segunda reunión y todos los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos saben que así lo expuse. En ningún caso se planteó que iba a conducir a una votación, sino a una reflexión; que yo personalmente, como ponente, iba a proponer una vía de reflexión. Por lo tanto, no cabía -y así lo anuncié desde el día anterior- ninguna votación sobre el asunto. La votación ya se había hecho en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Eso sí, señora Presidenta, yo le he hecho partícipe de lo que fue ese debate y de por qué no se siguió adelante, y no se hizo fundamentalmente porque se invocó con fuerza el asunto Tapie.
Evidentemente, en la Comisión de Asuntos Jurídicos se puede votar sobre todo, pero no habiéndolo previsto y al tratarse de un asunto de esta envergadura y gravedad que no figuraba en el orden del día, no me pareció razonable someter a votación si seguíamos adelante en una vía que todos los que intervinieron -y así consta en acta-, por unas razones o por otras, desestimaron. Es más, en ella consta que dije que rara vez una presidenta de comisión obtenía tanta unanimidad respecto a una propuesta. Esto para salir al paso de estas afirmaciones.
Ahora permítame hacer una reflexión desde el Reglamento.
Señora Presidenta, se está invocando aquí el apartado 4 del artículo 7. Ese apartado -en caso de que nos tuviéramos que atener a él, cosa que yo no creo y ya explicaré el porqué- dice que el Parlamento podrá pronunciarse sobre una propuesta. Señora Presidenta, aquí no hay una propuesta al Pleno. Creo que para votar, en conciencia, en un asunto tan delicado como éste, si el Parlamento ha de votar, deberá elaborarse un informe en regla, para que todo el mundo pueda votar lo que estime conveniente, y no movido por unos alegatos de un lado o de otro, teniendo en cuenta que, realmente, la mayor parte de los diputados desconocen el fondo del asunto. Con lo cual, si la señora Presidenta quiere proceder por esta vía, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos es absolutamente necesario y sería irregular no hacerlo así,...
(Exclamaciones)
... que el Pleno se pronuncie sobre una cuestión sobre la que no hay un documento escrito ni absolutamente nada, y que impone una reflexión jurídica de altísimo nivel. Es perfectamente irregular, contrario al Reglamento que se invoca.
(Aplausos)
... porque, señora Presidenta, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, por mayoría, se estimó sobre bases exclusivamente jurídicas que no podíamos tomar nota de esta pérdida de la condición de diputado.
(Protestas)
Señora Presidenta, en mi opinión, además, este artículo no es aplicable, y voy a decir por qué: el Parlamento está aquí llamado a tomar nota, no tiene un margen de apreciación político, que es la naturaleza de toda decisión del Pleno, con una visión política. Es exclusivamente un análisis jurídico formal.
Yo, señora Presidenta, entiendo que es la Presidenta la llamada a tomar esa decisión, y puede consultar el Reglamento, que dispone que se consulte con la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se puede hacer un análisis -y yo estoy dispuesta a hacerlo, porque lo he hecho- de las razones por las cuales hay que consultar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, como órgano interno de asesoramiento en este caso.
(Protestas)
Señora Presidenta, puede pedir consultas a cualquier otro órgano interno y, en particular ...
(Interrupción de la Presidenta)
... a la Conferencia de Presidentes de Grupo, pero la Asamblea no puede tomar en consideración esta propuesta en esas condiciones.
(Protestas e interrupción de la Presidenta)

La Presidenta
Señorías, no vamos a repetir el debate que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin embargo, era normal que escucháramos a la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha realizado un trabajo muy difícil y minucioso sobre un asunto particularmente delicado.
Asumo toda la responsabilidad en esta cuestión. Es verdad que, en virtud del Tratado, habría podido, simplemente, tomar nota del decreto. Pero, y acepto la responsabilidad, he preferido aplicar el apartado 4 del artículo 7 de nuestro Reglamento, es decir, contar con la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque consideraba que el problema era muy delicado desde el punto de vista jurídico. He deseado, pues, que se tratara dejando de lado todo tipo de consideraciones políticas y que el caso del colega afectado fuese abordado como el de cualquier otro colega de esta Asamblea. Creo que es de esta manera como debe actuar siempre nuestro Parlamento, es decir, con un gran sentido de rigor.
Ocurre que en este tipo de casos, el interesado tiene la posibilidad de interponer un recurso y que este recurso puede ir acompañado de la suspensión de la ejecución. Ahora bien, a partir del momento en que el Parlamento Europeo toma nota la decisión se convierte inmediatamente en ejecutiva. Dicho de otra forma, la posibilidad de recurso y la suspensión de la ejecución no tienen aplicación posible, y ello de manera completamente irreversible, ya que, si por ventura el recurso llegara a buen término, no se podría decir al nuevo colega: "Ahora debe irse y el colega saliente vuelve a ocupar su escaño". Imagínense la situación. Se trata de una responsabilidad muy importante para la Presidencia, pero también para nuestra Asamblea.
Así pues, me situé en el marco del apartado 4 del artículo 7, que me parecía adecuarse a la situación, y solicité la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Doy las gracias, una vez más, a la comisión por las largas horas que tanto su presidenta como sus miembros han dedicado a este asunto.
Ahora que dispongo de dicha opinión, podría no seguirla. Repito: se puede discutir mi decisión, pero decido seguir esta opinión. Dicho esto, el señor Barón Crespo, ha hecho bien en leer con atención el apartado en cuyo marco me he situado y en recordar que, cito: "El Presidente encargará el seguimiento del asunto a la comisión competente, a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento". Esto es, efectivamente, lo que expresa nuestro Reglamento. Una vez escuchados los colegas que han manifestado su deseo de intervenir, a la vez que les pido que no se vuelva a iniciar el debate, lo normal sería que se consultara a la Asamblea para saber si el Parlamento desea pronunciarse sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en cuyo caso votaríamos a las 12.00 horas, en el turno de votaciones.
Esta es mi propuesta. No existe una solución perfecta y creo que es necesario que todos actuemos con el mayor rigor y la mayor equidad posible.
No vamos a alargar esta discusión toda la mañana. Les pediré que sean breves, y luego tomaremos la decisión que nos parezca más adecuada. Es la Asamblea la que decidirá, puesto que se trata de un asunto muy serio. Recuerdo, en efecto, que es el Parlamento el que toma nota y no su Presidenta.

Poettering
Señora Presidenta, puesto que un Presidente de Grupo ha hablado, y, naturalmente está en su derecho, quisiera aclarar brevemente la posición de mi Grupo. La persona de quien se trata mantiene opiniones políticas que yo aborrezco en gran parte. Pero existe un Derecho de la Unión Europea y un derecho de todos los diputados que yo defendería siempre. Si en un país miembro existe un proceso judicial contra un diputado, es preciso aguardar al resultado de este proceso antes de que podamos adoptar aquí una decisión definitiva.

Si la información es correcta, Sr. Hänsch -no he tenido ocasión de hablar con usted sobre ello, pero digo esto precisamente sintiendo un gran respeto por nuestro anterior Presidente, Klaus Hänsch-, en el caso Tapie, nuestro anterior Presidente debió argumentar expresamente entonces en el sentido de que deberíamos aguardar primero al procedimiento de apelación antes de que llegásemos a una decisión. Lo que entonces era verdadero, no puede ser falso hoy. Respetemos el derecho de cada cual en el Parlamento, con independencia de su posición política. Mi Grupo defenderá siempre esta actitud, aunque tales miembros pertenezcan a otros Grupos. Defenderemos por igual estos derechos porque son nuestros derechos comunes. Si violamos el Derecho acabaremos con la Unión Europea. Por esa razón respetamos el Derecho y lo defendemos para todos.
(Aplausos)

Hautala
Señora Presidenta, los representantes de mi Grupo que son miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han estudiado a fondo este asunto, y yo misma también formo parte de esta comisión parlamentaria en representación de mi Grupo. Nosotros somos plenamente conscientes del delicado carácter político que este caso implica. Pero no queremos que esta cuestión sea utilizada políticamente contra nosotros de forma injusta. Nuestro Grupo ha llegado por mayoría a la conclusión de que la posición de la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos está justificada. Pero debemos dejar claro que si se procede a votar sobre este asunto en el Pleno, o sea, sobre la suspensión del mandato del Sr. diputado Le Pen, la mayoría de los miembros de la Delegación francesa de nuestro Grupo votará a favor de la suspensión.

La Presidenta
Señora Hautala, creo que tenemos que ser muy claros. No se trata de votar sobre la suspensión de la inmunidad de nadie. Nos situamos en el marco del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, artículo en el que me he basado para solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos que emitiera una propuesta de opinión. Tenemos dicha propuesta de opinión, y el propio apartado 4 del artículo 7 dice "a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento".
He recibido una solicitud para que el Parlamento se pronuncie, y desde mi punto de vista debo, en buena lógica, puesto que me he basado en este artículo, no ya someter a votación la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sino celebrar una votación para saber que saber quiénes desean que votemos. ¿Está claro para todos?
(Interrupción de la Sra. Pack)
Precisamente, Sra. Pack, no se trata de votar sobre el fondo, sino de saber si votamos o no, es una cuestión que concierne al orden del día. La Asamblea desea que a las 12.00 horas el Parlamento se pronuncie sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quedando claro que en ese momento veremos...
(Reacciones diversas) La carta les será distribuida.

Wallis
Hablo como coordinadora del Grupo ELDR en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En vista de que este asunto ha ocupado a nuestra Comisión durante tres larguísimas y exhaustivas reuniones, la Asamblea debe comprender que se consideró que se trataba de una cuestión muy compleja y difícil. Yo, por ejemplo, consideraría un error que esta Asamblea intentara examinar este asunto a toda prisa, como parece ser la propuesta formulada por el Sr. Barón Crespo.
Se trata de un caso que requiere absoluta objetividad y atención al Reglamento. Tal como yo entiendo el artículo en cuestión, que usted, señora Presidenta, está intentando cuidadosamente interpretar, en este momento tiene usted ante sí una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero no existe una propuesta como tal. En el artículo se dice que el Parlamento tiene derecho a emitir un dictamen sobre una propuesta, pero, al parecer, usted tiene ante sí una simple opinión, no una propuesta. Si debiéramos adoptar una simple opinión como Parlamento en pleno, deberíamos tener ante nosotros algo más y disponer de mucho más tiempo y detenimiento antes de pasar a celebrar una precipitada votación sobre una cuestión como ésta.

Wurtz
Señora Presidenta, creo que este asunto ha estado mal enfocado desde el principio y lo lamento teniendo en cuenta las repercusiones políticas que tendrá.
Pienso que nos hacemos una idea de la confusión que ha reinado en el seno de la propia Comisión de Asuntos Jurídicos durante el examen de esta cuestión, cuando vemos que una persona - como la Sra. Hautala - ha creído que se estaba pronunciando sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria. Ahora bien, esto no es así, y es en este clima de confusión de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se obtuvo, en líneas generales, un mismo número de votos a favor y en contra; de ahí esta propuesta.
(Reacciones diversas)
Es así como ha ocurrido. Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Poettering cuando dice que hay que respetar el derecho: ahora bien, ese es el Derecho francés. En este caso, el Derecho francés establece que incumbe al gobierno asumir sus responsabilidades sobre la base de una sentencia de un tribunal, es decir, publicar el decreto de anulación, y no tenemos más elección que tomar nota. Puede estar bien o mal, pero es así. Deseaba precisarlo.

Garaud
Señora Presidenta, pido la palabra para una cuestión de orden.
Me permito recordar al Sr. Wurtz que un tribunal no pronuncia sentencias, sino que lo hace una Cour. Debería poner al día sus conocimientos en materia jurídica.
Por lo demás, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha realizado una discusión jurídica y el Sr. Wurtz no estaba presente. Por consiguiente, pienso que es inoportuno hacer críticas respecto a una confusión inexistente. Se trata de una confusión política, pero no jurídica.
La posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido muy simple. La decisión no es definitiva, no se toma una decisión que no es definitiva. Por lo demás, si la Sra. Presidenta desea considerar la posibilidad de consultar al Pleno, sería conveniente, por lo menos, como lo ha dicho la presidenta de la comisión, que esta consulta se realice basándose en un informe preciso. No se puede discutir y votar a las 12.00 horas un texto bastante complicado desde el punto de vista político y cuya complejidad se basa en una contradicción interna de los textos del Derecho penal francés, que no es fácilmente accesible para el conjunto de los diputados de esta Asamblea, incluso para los franceses. Si se decide que se debe celebrar una votación en este Parlamento, debe ser sobre la base de un informe de la comisión.

La Presidenta
Señorías, he recibido numerosas solicitudes para intervenir. Creo que hay que encontrar la mejor solución.
No obstante, desearía dar lectura, para informarles, de la carta que el Sr. Klaus Hänsch había dirigido al Sr. Hervé de Charrette, que era ministro francés de Asuntos Exteriores en el momento en que se planteó el caso del Sr. Tapie. Me limito a leerles el párrafo que nos interesa: "En razón del carácter irreversible de la anulación del mandato, creo adecuado esperar a que se pronuncie sobre este recurso el Consejo de Estado. Al parecer, la decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión se tomará de manera inminente". Como ven, no se puede polemizar, pero yo también he observado el proceder de mis antecesores en situaciones similares, porque, en derecho, la jurisprudencia es una realidad.
Nos encontramos, en este caso, en una situación difícil. Lo que les propondría sería decidir si deseamos que la Comisión de Asuntos Jurídicos nos someta una propuesta en cuanto tal, ya que, al parecer, algunos de ustedes piensan que la carta que la Sra. Palacio me ha escrito no es una propuesta en el sentido del Reglamento. Personalmente, deseo seguir el Reglamento, ajustarme estrictamente al Reglamento, que dice "a propuesta de la cual podrá pronunciarse el Parlamento". Si el Parlamento desea, pues, que se someta una propuesta, pediremos entonces a la Comisión de Asuntos Jurídicos que formule dicha propuesta sobre la que votaremos con toda serenidad, no a las 12.00 horas, sino quizás más tarde.
Creo que es preciso que superemos esta situación. Por lo tanto, someteré de inmediato a votación las dos soluciones posibles. O bien nos atenemos a la situación actual, es decir: nos ajustamos a los términos de la carta de la Sra. Palacio y esperamos el resultado del posible recurso que nuestro colega presentará ante el Consejo de Estado, para luego tomar nota de la anulación o no del mandato, o bien nuestro Pleno desea que la Comisión de Asuntos Jurídicos formule una propuesta en cuanto tal sobre la cual éste se pronunciará, de conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento.

Poettering
Señora Presidenta, lamento tener que solicitar una vez más el uso de la palabra. Pero hoy no podemos votar nada, en absoluto, pues tenemos procedimientos claros, regulados. Cuando encomendamos a una comisión una tarea, entonces hemos de tener una fundamento para esta tarea, es decir, necesitamos un documento que defina esta tarea. No disponemos de este documento. Por consiguiente, desaconsejo con toda insistencia que se realice ahora una votación sobre este asunto, sea cual sea la forma.

Cohn-Bendit
Señora Presidenta, Señorías, desearía hacer un llamamiento al Sr. Barón Crespo y al Grupo Socialista. Estamos en un punto muerto y creo que yo sería la última persona que no comprendería que ustedes desean que el mandato del Sr. Le Pen sea anulado. Pero, felizmente, ello no depende de nuestros deseos políticos, sino del derecho, así como del hecho de que en este momento existe una situación jurídica que se opone a lo que ustedes proponen y que nos coloca en un punto muerto.
La señora Presidenta tiene razón. O existe una propuesta jurídica de la comisión y votamos sobre dicho informe, o no existe propuesta, y solicitan entonces que se elabore una propuesta. Si desean una votación indicativa, eso depende de ustedes, pero sería inteligente renunciar a la misma, ya que creo que hay una contradicción. Casi nunca estoy de acuerdo con la Sra. Garaud, pero, en este caso, tiene razón. La contradicción se debe a la contradicción del Derecho francés, que exige que una decisión no sea definitiva, que no sea suspensiva. Que comprenda quien pueda, pero corresponde al Parlamento francés reformar dicha legislación.
Para nosotros -en este punto, señor Wurtz, no estoy de acuerdo con usted-, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, son soberanos. El Parlamento Europeo también es soberano, y puede pronunciarse contra una decisión del Estado. Esta es mi concepción de Europa. En la situación actual, les pido simplemente que se declare que esperamos, y que se ejerzan presiones para que el Consejo de Estado tome una decisión en el sentido de precisar si la petición del Sr. Le Pen es o no suspensiva. Esto puede hacerse muy rápidamente. No se trataría de una decisión de fondo, aun cuando sólo sea una decisión jurídica, sino de una decisión sobre la forma. Si el Consejo de Estado decide hoy que su decisión no es suspensiva, el Parlamento Europeo podrá tomar una decisión en 48 horas. Les pido, pues, que retiren su solicitud de votación, para que no nos encontremos en un punto muerto.

Hänsch
Señora Presidenta, lo primero que quisiera decir es lo siguiente: considero indigno que el Parlamento se fragmente o se desmorone en este asunto. Ofrecemos a la opinión pública una escena que no deberíamos ofrecer.
Lo segundo que quiero decir es lo siguiente: basándose en el párrafo 4 del artículo 7 ustedes han decidido realizar una consulta ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. Están en su derecho. Sin embargo, si lo he entendido bien, no tenemos ningún documento de la Comisión de Asuntos Jurídicos en base al cual podamos votar, sino que ustedes se han dejado asesorar por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se da un problema jurídico, cuya aclaración sólo puede realizar usted. Consiste en la diferencia entre el artículo 12 del acto que se contiene en los Tratados para la puesta en marcha de elecciones generales inmediatas y el artículo 7, apartado 4, de nuestro Reglamento. Existe una discrepancia.
Mi consejo es que aclaremos esta discrepancia. Esta es su función, señora Presidenta. No tenemos nada que votar hasta que usted haya aclarado esto con la Comisión de Asuntos Jurídicos.
(Aplausos)
En consecuencia, aconsejo que no realicemos hoy votación alguna y que aguardemos a la decisión que usted, señora Presidenta, adopte.
(Aplausos)

Barón Crespo
Hago mías las palabras del Sr. Hänsch.

La Presidenta
Veo que el Sr. Barón Crespo aplaude al Sr. Klaus Hänsch. Supongo, pues, que suscribe lo dicho por el Sr. Cohn-Bendit y que retira su solicitud, al considerar, que no estamos en presencia de una verdadera propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Creo, en efecto, que es la mejor solución para todos.

Igualdad de trato de las personas
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0136/2000) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM(1999) 0566 - C5-0067/2000 - 1999/0253(CNS))

Oostlander
Señora Presidenta, en el orden del día figura el informe extraordinariamente importante de la Sra. Buitenweg. Con todo el respeto, su discusión va demasiado deprisa, especialmente, porque esta misma semana hemos votado sobre ese informe en una comisión parlamentaria, así que después ha habido muy poco tiempo para trabajar seriamente en las enmiendas de cara al Pleno. No obstante, para colmo de males, debo decir que en este momento es aplicable el artículo 115, conforme al cual, excepto en caso de urgencia, tal como se indica en los artículos 50 y 112, el debate y la votación de un texto solamente pueden iniciarse si éste ha sido distribuido con, al menos, 24 horas de antelación.
Este último no es desgraciadamente el caso, señora Presidenta. Tengo entendido que esta mañana todavía no se había facilitado la versión francesa. Le propongo que aplacemos el debate y la votación de este informe sumamente importante hasta el próximo Pleno.

Cox
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. Quisiera hacer tres observaciones breves. La primera se refiere a la cuestión de orden abordada por el Sr. Oostlander, a saber, la de que, en vista de la delicadeza del asunto de que se trata, diversos diputados consideraron que les gustaría disponer del texto del informe y todas las enmiendas a él aplicadas en su propia lengua, como tienen derecho. Así se indicó claramente en la Conferencia de Presidentes la semana pasada... ­en más de una ocasión. Yo no estuve presente, pero así se me ha confirmado.
En ese caso, cuando se indicó claramente la importancia de que se dispusiera de los documentos, ¿cómo es que los servicios no le concedieron prioridad para evitar esta situación? Ésta es mi primera pregunta. Dada la delicadeza de la cuestión, la Mesa, la Asamblea y la Conferencia de Presidentes deben recibir una relación detallada ese fallo general del sistema.
Mi segunda observación es la de que el Sr. Oostlander tiene todo el derecho a decir que, de conformidad con el artículo 115, se puede impugnar la celebración ahora del debate o de la votación, pues la documentación no estaba disponible 24 horas antes. Tiene toda la razón en insistir en la aplicación de ese artículo, si así lo desea.
Según tengo entendido, todos los documentos y enmiendas estuvieron por fin disponibles en todas las lenguas hacia las tres de la tarde ayer. Me gustaría que se me confirmara. Si es así, me gustaría proponer que cambiáramos el orden del día de hoy y, respetando el plazo de 24 horas, quisiera pedir a la ponente, la Sra. Buitenweg , que presentara su informe a las 3 de la tarde, a lo que seguiría un debate, las urgencias y después la votación, con lo que se respetaría plenamente el plazo de 24 horas.
Existe un aspecto que para muchos de nosotros es la cuestión sustancial en este informe. De conformidad con los Tratados, tenemos competencia para presentar nueva legislación antidiscriminación. De todos los sectores políticamente delicados en la Europa contemporánea, el del examen del racismo y la xenofobia debe recibir la máxima prioridad en esta Asamblea. La Presidencia portuguesa organizará un Consejo de Asuntos Sociales con el que podremos colaborar, si emitimos un dictamen. Hago un llamamiento a la Asamblea para que aproveche creativamente la posibilidad de que disponemos, al fijar nuestro orden del día, de reconocer esa necesidad política sustantiva y facilitar un debate a las tres de la tarde y una votación a las seis de la tarde o más adelante esta tarde.

La Presidenta
Gracias, señor Cox.
Antes de conceder la palabra a la ponente, la Sra. Buitenweg, les transmito que el informe estaba disponible ayer por la tarde en todas las lenguas y que las enmiendas sólo están disponibles a partir de este momento. Es indudable que estamos fuera de los plazos que establece el artículo 115 del Reglamento.

Buitenweg
Señora Presidenta, me agrada la propuesta efectuada por el Sr. Cox y creo que se trata de un compromiso viable. Me parece lamentable que los democristianos invoquen el artículo 115 porque la última versión del texto, es decir, la francesa, estuviera lista ayer noche a la 01.02. Ya han transcurrido 23 horas y media. Tal vez necesiten esta última media hora para deliberar, pero parece que ése no es el motivo. No obstante, considero que es un buen compromiso empezar hoy por la tarde, a las 15.00 horas, con este informe, y espero que lo podamos concluir esta misma tarde. Quiero reiterar que, en efecto, es extraordinariamente importante que lo dejemos zanjado durante esta sesión, ya que, en caso contrario, perderemos toda posibilidad de influir en el Consejo de Asuntos Sociales que se celebrará los días 5 y 6 de junio, y con ello, se socava seriamente la importancia de este informe.

Cohn-Bendit
Señor Poettering, el Derecho es interpretable en una cuestión. Creo que la posición de nuestro colega, el Sr. Cox, que con usted ha logrado la mayoría estratégica para elegir a la Sra. Fontaine, es un compromiso que posibilita aquí a todos votar con la cabeza alta un informe sobre el racismo. Sobre Austria cabe mantener posturas diferentes, pero puesto que es importante aclarar qué posición mantenemos sobre el racismo en Europa, no debemos perdernos ahora, como antes, en un debate formal, sino que debemos hacer explícito que somos personas con claridad de ideas. Quiero hacerle un llamamiento: acepte usted el compromiso del Sr. Cox y permítanos entrar en este debate con la cabeza alta. Por favor, por favor, por favor.

Watson
El debate sobre este expediente en la Comisión que tengo el honor de presidir ha sido un ejemplo excelente de cooperación entre diferentes comisiones del Parlamento y, de hecho, de la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y la Presidencia del Consejo. Cuando se votó en comisión el lunes por la noche, el texto y las 200 enmiendas estaban disponibles en todas las lenguas. Quisiera repetir la petición del Sr. Cox y preguntar si dará usted a esta Asamblea la seguridad de que habrá una investigación sobre las razones por las que el texto final no estuvo disponible en francés hasta ayer por la tarde, más de 40 horas después de que se aprobara en comisión.

El hecho es que el debate sobre esta directiva ha sido ejemplar: dice mucho a favor de este Parlamento y cualquier intento de retraso de este debate o de aplazamiento de la votación sería una sórdida maniobra política por razones de ventaja política partidista.
(Aplausos)

Oostlander
Señora Presidenta, quiero insistir, en nombre de mi Grupo, en el artículo 115, y es muy importante que proceda a examinar de qué manera y en qué momento se proporcionaron las traducciones. Sin embargo, considero un poco molesto, siguiendo la línea del Sr. Cox, que por ese motivo se discuta el viernes por la mañana sobre este texto, ya que puede ocasionar problemas de conciencia a algunas personas.

La Presidenta
Se trata de otro problema.
Señor Oostlander, estamos situados claramente en el marco del artículo 115 del Reglamento, y la propuesta del Sr. Cox se atiene a dicho artículo 115. El Sr. Cox propone, si he entendido bien, y la Sra. Ponente aceptaría la propuesta, que celebremos el debate esta tarde y que votemos mañana, en cuyo caso los plazos del artículo...
(Protestas en el hemiciclo)
Señor Cox, vuelva a formular su propuesta, ya que deben respetarse los plazos del artículo 115.

Cox
Señora Presidenta, la propuesta que he hecho y que voy a repetir es la de que examinemos la posibilidad de celebrar el debate a las 15 horas y que después siga el debate sobre las urgencias y las votaciones sobre el informe y sobre otros informes concluidos esta tarde en cuanto al debate y las urgencias.

La Presidenta
De acuerdo.
Examino ahora si, en este caso, se respetan los plazos. Se respetan, efectivamente. Someto, pues, a votación la propuesta del Sr. Cox, aceptada por la Sra. Ponente.

Barón Crespo
Señora Presidenta, mi Grupo presentó ayer una solicitud de que todas las cuestiones de procedimiento relacionadas con este informe fueran objeto de una votación nominal. Le ruego que aplique esa solicitud.

La Presidenta
Es posible celebrar una votación nominal sobre este asunto, puesto que el compromiso propuesto por el Sr. Cox se ajusta al Reglamento.
(El Parlamento expresa su acuerdo)
El debate sobre el informe de la Sra. Buitenweg tendrá lugar a las 15.00 horas.

Posselt
Señor Presidente, sólo una pregunta concreta: ¿cuándo comienza el debate de cuestiones de urgencia que estaba fijado de manera firme e inaplazable de las 15.00 a las 17.30 horas? Aquí se ha hecho una chapuza. ¿Cuándo dará comienzo, a qué hora? Tengo derecho a saberlo.

La Presidenta
Señor Posselt, habida cuenta del tiempo que exige el debate sobre el informe Buitenweg, el debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia comenzará hacia las 16.30 horas.

Lucha contra la trata de mujeres
Sörensen
Señor Presidente, Comisaria Diamantopoulou y Señorías, quisiera, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han colaborado en la realización de este informe, es decir, a todos: asistentes, así como colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer y también los intérpretes, ya que han hecho mucho. Este informe supone también una respuesta a la excelente comunicación de la Comisión respecto de las nuevas medidas en materia de lucha contra la trata de mujeres. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades organizó una audiencia pública para la preparación de este informe en la que participaron expertos y que contó con la presencia de víctimas que prestaron testimonio. Una delegación de dicha Comisión y la Comisaria Diamantopoulou visitaron una casa de acogida para víctimas de la trata de seres humanos. Además, se ha enviado una encuesta a los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y de los estados candidatos sobre cómo abordan la trata de mujeres. Los resultados de esta encuesta serán transmitidos a la Comisión Europea.
El informe tiene como objetivo, en primer lugar, la lucha contra la trata de mujeres, pero también la lucha contra la trata de niños y de hombres, es decir, la lucha contra el comercio de seres humanos en general. Se comercia con niños, de los que los que se abusa. También los traficantes de seres humanos comercian con hombres y se abusa sexualmente de ellos. Las industria del sexo no es, por otra parte, el único mercado para las personas sometidas a este comercio. En Bélgica, el 40 por ciento de las víctimas acude al mercado de trabajo: el sector textil, la hostelería, la recogida de fruta, las panaderías, la construcción, el personal doméstico, las canguros; donde deben trabajar como esclavos en condiciones inhumanas. Así mismo, se reclutan víctimas en el mercado de los matrimonios, en los clubes deportivos, en los clubes de fútbol. Según estimaciones de las Naciones Unidas y de la Organización para las Migraciones, OIM, cuatro millones de personas son anualmente víctimas de la trata de seres humanos, y de esos cuatro millones, 500.000 llegan a Europa. Todo indica que el número de víctimas aumenta y que la afluencia procedente de países de Europa Central y Oriental se ha incrementado dramáticamente por encima del flujo existente, que proviene de África, América Latina, la zona del Caribe y Asia.
En un informe de las Naciones Unidas se hace hincapié en que la trata de seres humanos constituye una de las formas de crimen organizado que aumenta más rápidamente. Las enormes ganancias y la relativa seguridad que existe para los autores que cometen este tipo de delito, contribuyen a ello. Las penas por tráfico de estupefacientes son, por ejemplo, mucho más elevadas que las penas por trata de mujeres. Las víctimas no están en condiciones de hacerse oír por su situación frecuentemente ilegal. Es importante que este problema se acometa y aborde a nivel europeo, ya que hay indicios claros de que se desarrolla en el terreno de actuación de las redes internacionales. Se necesita, en primer lugar, una definición clara de trata de seres humanos a fin de abordar este problema de forma adecuada. Además, hay que conceder prioridad a la lucha contra las redes organizadas que no sólo se ocupan de la trata de seres humano, sino que también efectúan todo tipo de comercio ilegal, como por ejemplo, el tráfico de estupefaciente, de armas y cosas similares. Aplaudo, por tanto, las nuevas iniciativas comunitarias relativas al blanqueo de dinero, asunto en el que los ingresos procedentes de la trata de mujeres desempeñan un importante papel. Ya se han adoptado diferentes iniciativas en el ámbito europeo. El proceso de sensibilización ha ido bien: actividades de la Interpol, Europol, iniciativas en cada Estado miembro, proyectos Hábitat, etc. No obstante, la armonización de las diferentes legislaciones nacionales en este ámbito y los métodos divergentes de detección y persecución resultantes deben ser abordados de manera prioritaria a nivel europeo. Las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros y entre los países candidatos a la ampliación se han puesto de manifiesto con motivo de un estudio realizado en el marco de este informe. Algunos países en los que sí existe una legislación muy estricta respecto de la prostitución, carecen totalmente de legislación respecto de la trata de personas.
Gracias a la adopción del programa STOP, Europa ha respondido activamente a la actualidad y han surgido posibilidades para la cooperación. El Consejo adoptó el programa DAPHNE el año pasado. Se trata de un nuevo instrumento político destinado a la prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niños, tanto física, como sexual y psíquica. Resulta alentador que la Comisión pretenda presentar propuestas detalladas en la primera mitad de este año a fin de proceder a una armonización de las disposiciones de los Estados miembros en materia penal, relativas a la trata de seres humanos con miras a la explotación sexual y, especialmente, a fin de otorgar permisos de residencia temporales a las víctimas que estén dispuestas a colaborar en la investigación, algo necesario para procesar a los traficantes.
Al echar una ojeada a las enmiendas, me ha dado la impresión de que algunos quieren aprovechar este informe, que versa sobre las víctimas de la trata de personas, para suscitar un debate sobre la prostitución. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha elegido expresamente hablar sobre la trata de mujeres, sobre la prostitución forzada, en el marco de este informe. El debate sobre la prohibición o legalización de la prostitución es urgente, pero no aquí y ahora, en interés de las víctimas de la trata de seres humanos. Tal como ya he dicho, la trata de personas no es un problema relacionado solamente con la prostitución. Además, las víctimas de la trata de seres humanos tienen muy difícil la reintegración en su lugar de origen e incluso en su familia. Si, en tanto víctimas, han trabajado en el mundo de la prostitución, toda su vida llevarán ese estigma. Una vez puta, siempre puta.
Las iniciativas adoptadas constituyen el primer paso hacia una solución, pero el número de víctimas aumenta. Por tanto, tenemos que trabajar mucho. Hemos presentado enmiendas en el marco de la prevención, la acogida de las víctimas y la legislación. Una sociedad que se enfrenta a semejante fenómeno tiene una deuda moral frente a las víctimas, y debe conceder mucha prioridad tanto a la lucha contra la trata de personas como al apoyo a los afectados.

Roure
Señor Presidente, este informe reviste una gran importancia. El drama que constituye la trata de mujeres, esa supervivencia de la esclavitud, nos afecta profundamente. Nuestra prioridad debe ser la ayuda y la asistencia a las víctimas. Debemos luchar para eliminar todos los eslabones de una cadena: captación, transporte, explotación, intermediarios, clientes. Hoy, al celebrar este debate en el seno del Parlamento Europeo, participamos en la ayuda a las víctimas procurando contribuir a restituirles su dignidad y su integridad.
Mujeres o niños son tratados como mercancías y condenados a la prostitución. La trata de mujeres constituye un comercio de una naturaleza específica para el crimen organizado. Se trata de un comercio en que seres humanos son la mercancía que se compra y se vende. El infortunio, la miseria y las promesas falaces de los proxenetas atraen a estas jóvenes a nuestros países con el fin de obtener un empleo, e incluso algunas abandonan sus países con la esperanza de contraer matrimonio. Ignoran las condiciones infrahumanas en que serán explotadas, maltratadas, torturadas, amenazadas. Más de la mitad de las víctimas son menores de 25 años. Un 10% tiene entre 15 y 18 años, y aun cuando estas jóvenes parecen ser tolerantes, porque se hallan amenazadas o porque están enamoradas, bajo ningún concepto podemos dejarnos convencer por una prostitución libre, cuando vemos vender a esas mujeres aterrorizadas.
Por eso no podemos emplear la expresión de prostitución forzada en este informe. Por lo menos, es lo que nosotros pensamos. Con respecto a la trata de mujeres, se trata de una explotación sexual, de una explotación abominable. Debemos ayudar a estas víctimas para que hablen, para que denuncien sus condiciones de vida. Debemos, pues, acogerlas y ayudarlas. Los proxenetas son personas de gran brutalidad, y las víctimas deben pagar deudas importantes para cubrir el coste de su viaje y de los documentos de identidad falsos que deben adquirir. Cuando ellas se oponen a la presión de los traficantes y de los rufianes, se las amenaza personalmente o a través de su familia. Los traficantes pertenecen a una organización criminal mafiosa y controlan varios de los elementos de la red, a la que la víctima está sometida. La situación para las víctimas no tiene salida y la propia naturaleza del medio en el que trabajan a menudo las hace hundirse en la desesperación y la toxicomanía. Algunas llegan incluso al suicidio.
Es necesario luchar contra la trata de seres humanos, pero es preferible prevenirla. Así pues, es esencial crear un sistema de información, una educación preventiva destinada a los jóvenes, en los países afectados, y también de los clientes que generalmente son lo que se llama "buenos padres de familia".
Tampoco olvidemos de que la trata posee bases económicas. Las desigualdades, las relaciones de dependencia entre países privilegiados y países desfavorecidos permiten que sigan siendo los más débiles, concretamente las mujeres, quienes paguen el precio. Pedimos una política europea coherente, y de ahí la importancia de este informe. La trata de mujeres es un crimen, la trata de seres humanos y la explotación sexual son indignas de la humanidad.

Martens
Señor Presidente, ya se ha dicho: tratamos un asunto importante. Afecta a la dignidad de los seres humanos. Como se ha señalado, no se refiere solamente a la trata de mujeres, aunque es ésa la materia de la comunicación. Va todavía más lejos: la trata de personas. También los hombres, las niñas y los niños se ven afectados.
Constituye un problema creciente en la UE. La trata de mujeres resulta lucrativa financieramente. No sólo mujeres de los países asiáticos, sino también más y más mujeres de Europa Central y Oriental son víctimas, entre ellas, mujeres de los países de la ampliación. Se las atrae con falsos pretextos, por ejemplo, mediante anuncios para ser peluquera, trabajar en un bar, como bailarina o mediante anuncios matrimoniales. Las mujeres son a menudo víctimas fáciles por su situación de pobreza.
La trata de mujeres aparece ligada cada vez en mayor medida a las organizaciones criminales internacionales. Se ha hecho mucho, pero hay que hacer todavía más, especialmente, en cuanto a la disminución de las diferencias existentes entre las normativas de los países en materia de detección y persecución, y en lo relativo a la información de la policía y la justicia.
De ahí que me alegre la iniciativa de la Comisión Europea y las propuestas concretas que figuran en el informe, por ejemplo, en cuanto a una mayor coordinación de la normativa, que facilite y haga más eficaz la detección y la persecución; en cuanto a la cooperación y colaboración, sobre todo, en la investigación, de la policía, de la justicia; y también en cuanto a la acogida y protección de las víctimas.
Espero que la enmienda relativa a las organizaciones no gubernamentales, presentada por nuestro Grupo y modificada en consulta con los Verdes, sea aceptada. Ante las nuevas necesidades, los primeros auxilios son a menudo prestados por personas o grupos de personas que se sienten llamadas a hacer algo por su filosofía o creencias religiosas. No siempre obtienen el reconocimiento que merecen. La enmienda pretende que también las organizaciones de fundamento filosófico puedan pertenecer a las ONGs.
Por último, se trata de una comunicación importante de la Comisión. Es buena. Es un buen informe. Mi enhorabuena a la colega Sörensen. Espero que los Estados miembros trabajen enérgicamente en su desarrollo.

Valenciano Martínez-Orozco
Señor Presidente, la vergonzosa realidad es que en nuestra próspera y libre Europa toleramos un lucrativo negocio -el de la trata de mujeres- que esconde torturas, tratos inhumanos y violaciones flagrantes de los derechos fundamentales. Las víctimas -nos lo han contado- describen salvajes palizas, violaciones, raptos, amenazas de muerte y, en ocasiones, asesinatos. Lo escandaloso es que no sólo lo toleramos en Europa, sino que contribuimos a su expansión. Cada vez que un ciudadano compra los servicios sexuales de una mujer atrapada en una red de tráfico, está contribuyendo al aberrante enriquecimiento de organizaciones criminales que utilizan métodos cada vez más despiadados.
Lamentablemente, la búsqueda de soluciones por parte de las instituciones está siendo muy lenta. El problema sigue creciendo. En cualquier caso, hay que reconocer que las propuestas presentadas por la Comisión Europea son, en su conjunto, razonables y esperamos que útiles. No obstante y dada la naturaleza transfronteriza de este delito, es necesaria una tipificación armonizada del mismo en todos los Estados miembros que incluya su extraterritorialidad y su jurisdicción universal.
Los países de destino deberían conceder a las víctimas un permiso de residencia temporal mientras dure el proceso judicial, independientemente de su deseo de testificar o no. Es más, las condiciones de extrema dureza en las que se encuentran las víctimas justifican de sobra que los Estados les concedan, por razones humanitarias, un permiso de residencia definitivo.
Por otro lado, la persecución por razón de género y, en concreto, la trata de mujeres deben ser consideradas causas de concesión del estatuto de refugiada. Si se quiere de verdad ayudar a las víctimas, hay que garantizar su seguridad así como la de sus familiares e indemnizarlas mediante la incautación de los ingresos de las redes. Deberían además estas víctimas tener acceso de forma gratuita al cobijo, a la asistencia médica y psicológica, a los servicios sociales, ayuda para la búsqueda de empleo, etc.
Todas estas consideraciones han sido aprobadas prácticamente de forma unánime por la Comisión de Derechos de la Mujer, pero por sí mismas no serán suficientes. La lucha contra la trata de mujeres y la política de inmigración deben convertirse en una prioridad de la agenda política de la Unión Europea y de los Estados miembros. Las políticas de inmigración que giran en torno a las consecuencias y no pretenden subsanar las causas no logran sino fomentar un terrible modelo de explotación cercano al esclavismo. La miseria, las desigualdades sociales y los conflictos armados explican los flujos migratorios. Mientras no se encuentren soluciones integrales al desarrollo, el número de personas a la búsqueda de una vida mejor será imparable y la presión migratoria incontenible.
En consecuencia, analicemos, evaluemos y pongamos en marcha verdaderas políticas de desarrollo e integración. Al fin y al cabo, la lucha contra la trata de personas es, además de uno de los requisitos necesarios para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, una exigencia ética irrenunciable.

Van der Laan
Señor Presidente, empiezo felicitando a la Sra. Sörensen. No es sólo una gran profesional, sino que también está especialmente implicada en la materia. Tiene mucho mérito que haya sabido incluir esta importante materia en la agenda europea.
La trata de mujeres ha pasado inadvertida durante demasiado tiempo. El problema ha sido subestimado por la política. Buen ejemplo de ello es el hecho de que hayan transcurrido ya más de tres años desde que los Ministros de Justicia declararan la importancia de nombrar un relator nacional en materia de trata de mujeres. Eso se ha logrado en los Países Bajos gracias a los esfuerzos de la Secretaria de Estado Verstand. Desgraciadamente, todavía hay muchos Estados miembros que no cuentan con un relator nacional, y ahora deben proceder rápidamente a su designación. Al mismo tiempo, tanto la legislación como la colaboración son insuficientes.
Este informe aporta numerosas ideas y también propuestas concretas, por ello, cuenta en gran medida con el apoyo del Grupo Liberal. Hay un par de puntos que resultan atrayentes, pero desgraciadamente, no podemos aceptarlos. El primero se refiere a la concesión automática del estatuto de refugiado a las víctimas de la trata de mujeres. Creemos que va demasiado lejos, ya que para ello habría que modificar toda la Conferencia de Ginebra. Sí consideramos importante, sin embargo, que se les conceda un permiso de residencia por razones humanitarias. Por tanto, respaldaremos esa enmienda.
Tenemos una segunda observación respecto de la inversión de la carga de la prueba. Lo que aquí se pide no es menos que lo que existe respecto de una parte importante y fundamental de la protección jurídica, es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este principio es importante en un Estado de Derecho. La idea procede del derecho administrativo y se aplica especialmente respecto de las discriminación que se producen en el ámbito laboral. Si trasladamos este principio al derecho penal, daremos un gran paso. Los liberales valoran mucho la protección jurídica. No estamos preparados todavía para dar ese paso.
Por último, la discusión sobre la trata de mujeres y seres humanos es importante y urgente. Por ello, resulta equivocado mezclar en esta discusión consideraciones de orden moral sobre la prostitución, tal como algunos han intentado. Si hacemos eso, el debate se complicará infinitamente más y no se adoptarán medidas efectivas contra la trata de mujeres. Algo así no puede suceder.
El problema es urgente y se necesitan medidas eficaces. No pueden quedarse en palabras, ahora realmente necesitamos hechos.

Boumediene-Thiery
Señor Presidente, Señorías, permítanme expresarme en nombre del Grupo Verts, ya que la persona que debía hacerlo se ha visto obligada a acompañar a nuestro colega afectado por una indisposición.
En mi opinión, debemos felicitarnos, en particular, de que la Sra. Sörensen haya sido encargada de examinar este informe sobre la trata de mujeres. En efecto, no abundan los ponentes con unos conocimientos directamente vinculados con el tema tratado. De hecho, la Sra. Sörensen se interesa desde hace más de veinte años por la trata de las mujeres y por el medio de la prostitución, y las propuestas que formula merecen, pues, toda nuestra confianza. Por lo tanto, suscribo sin reserva el informe de la Sra. Sörensen, y desearía hacer algunas observaciones a propósito de los debates que sobre esta cuestión han tenido lugar en comisión y también en los diferentes países miembros, al acercarse la fecha de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres en el mundo, que se celebrará en Nueva York en el mes de junio.
En dicho debate, muchas asociaciones más bien abolicionistas tratan de poner en el mismo paquete el tráfico de mujeres, la prostitución, el proxenetismo. De este modo, alimentan cierto proceso de amalgama. Se oponen, por tanto, a todo tipo de debate sobre estas cuestiones, escondiéndose detrás de consideraciones morales como: inalienabilidad del cuerpo humano y mercantilización del cuerpo. En este sentido, éstas atacan el último informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la trata de mujeres y la prostitución, al igual que el trabajo de la Sra. Lin Lean Lim, que pone de relieve la necesidad de un estatuto para proteger a las prostitutas, o acusan a Europa de proxeneta con el pretexto de que algunos países pretenden aplicar una legislación no abolicionista en este ámbito.
¿Se puede dejar este debate en manos de asociaciones que, como ocurre con algunas de ellas - subrayo, algunas de ellas -, después de haber luchado contra el aborto, hoy se niegan a distribuir preservativos a las prostitutas, ya que ven en ello un estímulo a la prostitución?
De la conmiseración a la estigmatización, de la victimización al desprecio, a la exclusión del debate público, hay sólo un paso. De hecho, la única solución para las prostitutas es integrarse en un sistema de Derecho común, cuidarse, vivir decentemente, defenderse contra la violencia de que son objeto tanto por parte de los proxenetas como de los clientes o de las instituciones; la única solución es reconocerlas como tales, y ante todo darles la palabra. Reconocimiento de su actividad profesional, derechos sociales amplios, una protección policial que las defienda de toda forma de violencia: esto es lo que piden. Debemos escucharlas.
Bien sean abolicionistas, como en Francia, prohibicionistas, como en Suecia, o incluso a veces reglamentaristas, las leyes que suponen el no reconocimiento de toda una población no pueden sino fortalecer las discriminaciones contra las personas que inmigran de manera forzada y también contra las prostitutas que se reconocen como tales, sean o no inmigrantes.
La ineficacia de la ley refuerza la servidumbre respecto a los proxenetas, la imposibilidad de vivir dignamente o de componérselas, rompiendo las frágiles solidaridades y deteriorando aún más su propia imagen. En efecto, la Sra. Roure tiene razón en el análisis de este problema, pero nosotros admitimos que se deben estudiar diferentes soluciones y que se deben presentar diferentes propuestas para ser tomadas en cuenta. Es absolutamente necesario que la Comisión examine todas las formas posibles de una legislación común sobre la prostitución, capaz de otorgar un estatuto real a las prostitutas, para proteger a las mujeres y a los hombres del proxenetismo, de la violencia y de la exclusión.

Eriksson
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a la Sra. Sörensen este excelente e interesante informe, que merece la pena ser leído. En la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades estamos casi totalmente de acuerdo. En el informe no sólo destacamos la colaboración policial, sino también la importancia de acciones sociales en todos los terrenos.
Sin embargo, hay dos cosas en las que no estamos de acuerdo. Una de ellas es el papel de la industria del sexo en este asunto. Todos, desde la derecha hasta la izquierda, estamos plenamente de acuerdo en que la pobreza es la principal causa de la trata de mujeres y de la prostitución. No obstante, opino que la industria del sexo, que ahora, además, ha empezado a introducir en las bolsas partes de sus actividades, debe ser cuestionada y en el futuro tendrá que asumir sus responsabilidades.
El otro asunto controvertido es, como suele ocurrir, la prostitución. En el informe se habla casi exclusivamente de la prostitución obligada, pero al usar este término se supone que hay algo que se le opone, es decir, prostitución voluntaria. Esto resulta muy extraño, especialmente cuando hablamos de trata de mujeres y de esclavitud.
El Grupo GUE/NGL ha presentado algunas enmiendas sobre esta materia que espero que reciban apoyo. Una vez más quiero dar las gracias a la Sra. Sörensen y a todos los colegas. Desgraciadamente no creo que ésta sea la última vez que discutamos este tema, aunque hasta ahora sólo lo hemos hecho dos veces.

Thomas-Mauro
Señor Presidente, la trata de mujeres no es sólo un asunto de mujeres, sino que entra en el marco más amplio y global de la delincuencia internacional y de la trata de seres humanos. Hoy podría parecer anacrónico mencionar este tema. Y bien, no lo es; la esclavitud formará parte del siglo XXI: poderosa, se expande sobre la miseria de esos seres que se tambalean, que andan errantes por el mundo, en contra de su voluntad, que hoy se venden en algún lugar del planeta, para ser luego comprados y venir también a nuestros países. Nada detiene a esos proxenetas mundialistas que obligan a familias a vender a sus hijos, que atraen a las jóvenes a Europa para hacerlas trabajar, para convertirlas en prostitutas.
En una conferencia organizada en el mes de marzo conjuntamente por los Estados Unidos y Filipinas se planteó también el aspecto altamente lucrativo de este nuevo mercado. La trata de seres humanos, después de la droga y las armas, es la tercera fuente de ingresos para el crimen organizado.
Pero la trata de seres humanos constituye sobre todo la violación de la dignidad humana y de los derechos humanos. Nuestras sociedades reclaman un derecho a la felicidad, la desaparición de los tabúes, el placer, la libertad. Poco importa si algunas personas, mujeres, niños, pagan el precio de un descenso a los infiernos. La prostitución es una forma de esclavitud que se querría convertir en algo exótico y novelesco para esconder toda su tragedia y su sordidez. Se trata de una negación de la libertad. Estos crímenes tienen por única consigna el placer, se realizan ante la indiferencia general de una sociedad que acepta todo esto en nombre de la profesión más antigua del mundo, mezclado con la pornografía cotidiana de la televisión y en Internet, donde todo se compra, incluso las jóvenes. Prostitución, tráfico de seres humanos, turismo sexual, pedofilia; los medios de comunicación sacan a luz estos temas, y poco a poco dichas cuestiones tabúes lo son menos. ¡Tanto mejor! Puesto que esa resignación frente a lo que la sociedad juzga como irreversible es intolerable.
Hoy hay que ayudar a aquellos cuyos cuerpos se explotan con fines comerciales, en nuestros países y en los países de origen, aumentando para ello las ayudas al desarrollo, a la educación, a la cooperación entre los Estados. La Unión Europea debe preocuparse y, más que dar lecciones a las mujeres del mundo, a través Pekín + 5, sería mejor que barriera delante de su puerta. El tráfico de seres humanos adquiere una amplitud increíble en nuestros países, porque la demanda existe, y la Unión Europea se erige en consumidora rolliza y despreciativa del desamparo de estos adultos o niños que no han tenido otra elección.
Concluiré citando la frase guía del coloquio organizado en París el 15 de mayo, patrocinado por el Parlamento Europeo: "La persona humana escarnecida por la prostitución: un atentado insoportable a los derechos humanos" .

Turco
Señor Presidente, en nombre de los diputados de la Lista Bonino agradezco a la señora ponente su excelente informe sobre el dramático problema de la trata de mujeres. Estamos seguros de que dicho informe, extraordinariamente equilibrado, va a ser aprobado por amplia mayoría por este Parlamento. Y lo estamos porque nadie puede tolerar la violencia que hoy se ejerce contra las mujeres secuestradas u obligadas por medio de engaño y amenaza a entrar en el territorio de la Unión Europea para ser destinadas con frecuencia a la prostitución coactiva o a cualquier otro trabajo forzado.
Todos nosotros conocemos las espeluznantes historias de prostitutas, a menudo menores de edad, secuestradas en sus Estados de origen, hechas entrar en la Unión - según se dice - ilegalmente, violadas, amenazadas con represalias contra sus seres queridos o incluso matadas si, valientemente, deciden denunciar a sus explotadores. El informe señala algunas posibles soluciones ya aplicadas con éxito como la concesión de permisos de residencia, la protección y la asistencia sanitaria gratuita. Estas medidas, ya aplicadas con éxito en algunos Estados, deben aplicarse en todo el territorio de la Unión.
No obstante, quiero llamar la atención sobre una cuestión de máxima importancia: ¿acaso no son la prohibición directa e indirecta de la prostitución y las leyes de inmigración restrictivas las que causan la trata de mujeres y la prostitución coactiva? ¿Acaso las víctimas de la delincuencia relacionadas con la prostitución no están obligadas a ejercer dicha actividad por su condición de clandestinas, ilegales, de persona débil, aplastada entre la violencia de sus explotadores y la represión de las fuerzas del orden? En suma, ¿no es el mismo prohibicionismo que convierte en intolerable, dramático e inhumano el fenómeno que se proponía gobernar? Y ¿por qué las personas que quieren prostituirse voluntariamente, a pesar de que la prostitución sea formalmente legal en muchos Estados miembros, deben enfrentarse con la prohibición sustancial que afecta a las actividades relacionadas con ella y con los escamoteos que, de hecho, criminalizan el ejercicio de la prostitución voluntaria? Además, ¿acaso la legalización de la prostitución voluntaria no permitiría a las prostitutas extranjeras mejorar su estado y salir de la situación de clandestinidad, ilegalidad y violencia en que hoy se encuentran?
Por eso, hemos presentado dos enmiendas: con la primera pedimos que se elabore un análisis costes/beneficios de las diferentes leyes y políticas actuales y futuras; con la segunda, proponemos medidas para proteger de la explotación y de la violencia de la delincuencia las personas adultas que, libres de coerción, directa o indirecta, se prostituyen y para permitir formas legales de ejercicio de dicha actividad.

Mathieu
Señor Presidente, Señorías, hablar de un problema ya significa admitir su gravedad. Cada año entran en Europa occidental 500.000 personas víctimas de la trata de seres humanos. Es urgente luchar contra la trata de mujeres, puesto que cuando la Unión pregona su determinación de luchar contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico y el crimen organizado, olvida que la trata de seres humanos es una de las facetas importantes del crimen organizado.
Desearía felicitar a la Sra. Sörenson por su informe, que se presenta en vísperas de la ampliación de la Unión a los PECO, a menudo señalados con el dedo como países de origen o de tránsito en los asuntos de prostitución y de esclavitud moderna.
Con respecto al método, debo decir que la lucha contra la trata de seres humanos no supone necesariamente una comunitarización integral, sino una cooperación estrecha entre los Estados de la Unión, bajo la égida de Europol y de Interpol, estructuras interestatales que han demostrado su eficacia sobre el terreno.
Nuestro objetivo es lograr que la trata de seres humanos se considere una infracción penal severamente sancionada en todos los Estados miembros y que los organizadores de redes sean castigados de manera ejemplar.
En el estado actual de las diferentes legislaciones, nos enfrentamos a una gran diversidad de tradiciones penales en nuestros Estados miembros. Formular incriminaciones precisas en el plano comunitario conduciría, pues, a un punto muerto. Deberíamos inspirarnos, más bien, en el método del informe Schmid sobre el fraude y la falsificación de moneda. El Consejo de Ministros podría, de este modo, a propuesta de la Comisión, realizar una lista de comportamientos criminales que deben combatirse, encargándose los Estados miembros de traducir dichos comportamientos en infracciones penales, dentro del respeto de sus tradiciones jurídicas.
En conclusión, estoy segura de que así seremos más eficaces en la acción que llevamos a cabo contra esta plaga y de que evitaremos los obstáculos de una armonización que retrasaría las medidas que deben tomarse en este momento.

El Presidente
El debate del presente informe debería continuar por la tarde, sin embargo, la información exacta sobre la continuación del debate y el desarrollo de la sesión de hoy se facilitará más tarde
Se procede al turno de votaciones.

McMillan-Scott
Señor Presidente, tenía que haber habido un debate sobre la cuestión de la violencia en el fútbol. Los acontecimientos de anoche en Copenhague ponen de relieve la importancia de que el Parlamento Europeo celebre ese debate, como decidió a comienzos de esta semana.
En vista de las dificultades naturales sobre el lugar de celebración de los partidos de la Copa de Europa 2000, el Grupo PPE-DE en conjunto ha decidido no apoyar esta resolución y retirarla.
Por otra parte, la delegación británica, que ahora se compone de 36 diputados, ha vuelto a presentar la resolución en su forma original. Señor Presidente, le pido que considere admisible que se celebre ahora ese debate, según el deseo expresado por esta Asamblea a comienzos de esta semana.

El Presidente
El debate se celebrará como se ha propuesto. Más adelante se anunciará la hora exacta.

VOTACIONES
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa

(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Informe (A5-0121/2000) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2001
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0134/2000) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación de la Comisión (COM(2000) 214-C5-0218/2000 - 2000/2119(COS)) relativa a las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y de la Comunidad (elaborada de conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0108/2000) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación anual de la aplicación de los programas de estabilidad y de convergencia (2000/2041(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0135/2000) del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de una decisión del Consejo (apartado 2 del artículo 122) (8350/2000 - COM(2000) 274 -C5-0226/2000 - 2000/0110(CNS)) para la adopción por Grecia de la moneda única el 1 de enero de 2001
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución conjunta
Purvis (PPE-DE). (EN) Señor Presidente, me sorprende mucho el orden de la votación. Quisiera pedir que lo invierta para que se someta primero a votación la resolución de transacción de cuatro Grupos, incluidos los dos mayores.

El Presidente
Señor Purvis, el procedimiento consiste en que la primera resolución que se somete a votación es la primera presentada. Cuando se llega a una transacción, si figura en ella la primera resolución, se somete a votación en primer lugar la transacción, independientemente del número de Grupos que participen en ella.

Ahern
Señor Presidente, la resolución del Grupo de los Verdes fue la primera presentada. Es perfectamente correcto que votemos sobre ese texto en primer lugar, pues logramos una transacción con varios otros Grupos. De hecho, la han apoyado diputados de todos los Grupos de esta Asamblea. Espero que así lo hagan durante la votación -incluso algunos diputados de Grupos políticos que no han apoyado esa transacción­, porque la situación en Sellafield es grave.

El Presidente
Procedamos a la votación y no iniciemos de nuevo el debate.
(El Parlamento rechaza la propuesta conjunta de resolución)
Propuesta de resolución (B5-0414/2000) de la Sra. Ahern y otros sobre los problemas de seguridad en las instalaciones británicas de tratamiento de combustibles nucleares de Sellafield
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
Propuesta conjunta de resolución sobre la falsificación de datos relativa a combustibles de mezcla de óxidos en Sellafield
(El Parlamento aprueba la resolución conjunta)
Informe (A5-0109/2000) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el proyecto de la Directiva de la Comisión (SEC(1999)404 - C5-0102 - 2000/2065(COS)) por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas políticas
(El Parlamento aprueba la resolución)
Propuesta de resolución conjunta sobre la deuda externa de los países pobres
(El Parlamento aprueba la resolución conjunta)
Propuesta conjunta de resolución sobre la situación en Zimbabwe
(El Parlamento aprueba la resolución conjunta)
Informe (A5-0094/2000) del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y al Comité de las Regiones (COM(1999) 537 - C5-0112/2000 - 2000/2072(COS)) relativa al Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones

Barón Crespo
Señor Presidente, había solicitado la palabra en relación con la votación sobre Zimbabwe, en donde hemos votado mecánicamente 12 enmiendas presentadas por el llamado Grupo Técnico de Diputados Independientes, y tras haber comprobado que en ningún caso han votado a favor de sus enmiendas y nos han obligado sistemáticamente a votar. Lo digo a efectos del informe Provan y de la reforma del sistema de votación en el Pleno. Me parece inaceptable esa forma de proceder.

Flesch
Señor Presidente, tengo intereses relacionados en un sector vinculado con la comunicación de la Comisión, objeto del presente informe. Por consiguiente, no participaré en ninguna votación sobre dicho informe. Y debo hacer la misma declaración, señor Presidente, a propósito del informe siguiente, el del Sr. Alyssandrakis sobre el espectro radioeléctrico, a menos que haga constar en este momento mi declaración.

McMillan-Scott
Señor Presidente, la Sra. Flesch tiene toda la razón al declarar un interés en asuntos en los que lo tiene. Propongo que esa declaración no sea necesaria al votar. Cuando los diputados intervengan en el debate -ya sea en Comisión o en el Pleno- deberán declarar un interés, pero eso no debe impedirles votar sobre un asunto.

El Presidente
No quiero que haya un debate a este respecto. No quiero ponerme a repasar el Reglamento. Si no recuerdo mal, el Reglamento establece que se debe hacer también antes de las votaciones.

Rovsing
También yo tengo interés financiero en las telecomunicaciones y el espacio, por lo que no participaré en la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0122/2000) del Sr. Alyssandrakis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM(1999) 538 - C5-0113/2000 - 2000/2073(COS)) sobre "Los próximos pasos en la política del espectro radioeléctrico - Resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde"
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0119/2000) del Sr. Alyssandrakis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el documento de trabajo de la Comisión "Hacia un enfoque coherente del espacio europeo" (SEC(1999) 789 - C5-0336/1999 - 1999/2213(COS))
Después de la aprobación de dos enmiendas:Ford (PSE). (EN) Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Estas dos enmiendas son muy semejantes a las que se rechazaron en comisión. ¿Podríamos aclarar que el ponente está dando la opinión de la Comisión y no la suya propia?

El Presidente
Creo que se trata de un asunto que sus Señorías deben examinar en su comisión.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0131/2000) de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Hacia un espacio europeo de investigación" (COM(2000) 6 - C5-0115/2000 - 2000/2075(COS))

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, quisiera exponerle lo siguiente. Se han presentado algunas enmiendas que realmente aparecen duplicadas en el texto votado en la comisión. Quisiera intentar, con su ayuda, poner el texto un poco en orden y eliminar algunas de las cuestiones repetidas. Además, tengo una enmienda oral respecto de los párrafos L, M, N, O que he repartido a los distintos coordinadores y con la que podrían estar de acuerdo.

El Presidente
Ésta es una operación de aliño. ¿Hay alguna objeción a esa enmienda oral?
(El Parlamento acepta la enmienda oral)

Barón Crespo
Señor Presidente, en estas condiciones, un informe de iniciativa y con esta confusión, propongo que se devuelva a la comisión competente y que hagan el trabajo bien hecho.

El Presidente
Señor Barón Crespo, ¿se trata de una petición reglamentaria en nombre del Grupo Socialista?

Hänsch
Señor Presidente, esto no es una enmienda formal, pero sí un comentario necesario sobre la manera en que este Parlamento trabaja en cuestiones importantes. Sólo podemos votar asuntos que hayan sido también ultimados en comisión. Ciertamente, es intolerable que se organicen estas cosas en el Pleno.

MacCormick
Señor Presidente, con todo el respeto para la ponente, ha formulado una observación que no se formuló en modo alguno en el debate celebrado anoche. Éste es un informe que hubo que preparar a toda prisa. Dos comisiones le hicieron importantes aportaciones. Puede que a fin de cuentas haya cierta redundancia, pero se hacen observaciones diferentes. Anoche el Comisario no indicó que hubiera algo que le pareciera ambiguo o difícil. Resulta totalmente improcedente que hagamos cualquier otra cosa que no sea votar sobre cada uno de los puntos que figuran en la lista de votaciones.

Plooij-van Gorsel
Les agradezco sus observaciones, pero sigo estando mayormente de acuerdo con la observación del Sr. Hänsch. Quizá, por una vez, deba prestarse atención a cómo se desarrollan a veces las cosas en este Parlamento. Me parece muy placentero.

El Presidente
No quiero iniciar otro debate. La Mesa está examinando los métodos de trabajo del Parlamento. Todos sus Señorías recibirán una copia del excelente documento de debate del Sr. Provan en un futuro inmediato.

MacCormick
Señor Presidente, en el párrafo 13 resultante del debate celebrado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se dice que la Comisión de Asuntos Jurídicos acordó pedir la presentación de informes bienales, es decir, cada dos años. Mientras que -tal vez a causa de mi curioso acento- se transcribió como "bianuales" , lo que requeriría dos informes al año, ¡y sería poner demasiados huevos en el pastel! Así, pues, pido que se enmiende oralmente para que diga "bienales" .
(El Parlamento acepta la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0125/2000) de la Sra. Smet y la Sra. Gröner, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín (2000/2020(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
El Presidente. Queda cerrada la votación.

El Presidente
Antes de que se suspenda la sesión, tal vez deseen sus Señorías oír la propuesta de organización de los trabajos para el resto del día. Proponemos que a las tres de la tarde se celebre un debate sobre el informe Buitenweg, seguido del debate sobre los asuntos de actualidad y urgencia. A las seis de la tarde votaremos en primer lugar sobre el informe Buitenweg, después sobre las resoluciones relativas a la urgencia y después celebraremos todas las demás votaciones cuyos debates hayan concluido. Ese será el orden del día.

McKenna
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Esta semana nos hemos encontrado en dos ocasiones en una situación en la que ha habido Grupos que han pedido una votación nominal para la votación final de un informe y, justo antes de la votación final, se dice a la Asamblea que se ha retirado la votación nominal. ¿Qué situación es ésta, si, por ejemplo, se ha hecho una petición de votación nominal, otros Grupos no hacen la petición y al final se nos deniega la oportunidad de celebrar una votación nominal sobre el informe final? ¿Podría explicar que situación es ésta?

El Presidente
Reconozco que no es satisfactorio que los Grupos puedan retirar sus peticiones en cualquier momento. Lo único que puedo proponer es que, si se quiere garantizar que haya una votación nominal, se haga también, para mayor seguridad, una petición en nombre del Grupo propio. Reconozco que no es una situación satisfactoria.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, creo que debe darse la posibilidad de que cualquier otro diga que quiere llevar una enmienda a votación nominal. Debe darse esta posibilidad, cuando otro Grupo retira la enmienda. De esto se trataba aquí.

El Presidente
Se trata de un asunto que compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales. De conformidad con el presente Reglamento, nada impide a los diputados retirar sus peticiones de votaciones nominales.

Theorin
Señor Presidente, no comprendí lo que pasaría con el informe Sörensen. ¿Va a continuar el debate después de los asuntos urgentes y de especial importancia? Si no es así, ¿cuándo se piensa que tendrá lugar? De acuerdo con la información que se me dio, continuaríamos el debate del informe Sörensen hoy, después de las votaciones sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. Pero no fue eso lo que usted dijo y por eso quiero que me lo confirme.

El Presidente
Así es. Como es habitual, después de las votaciones continuaremos con los debates y los dos primeros son los relativos a los informes Sörensen y Karamanou. Conque reanudaremos los debates.

Van Dam
Señor Presidente, algo sobre el orden de esta tarde. Usted ha señalado que empezaremos a las 15.00 horas con el informe Buitenweg y que votaremos a las 18.00. Hemos encontrado en nuestra mesa una nota anónima en la que se indica que a las 18.00 horas se votará el informe Buitenweg y tendrán lugar las votaciones que no se celebren ahora. Segunda cuestión, la resolución de urgencia sobre la que se ha cerrado el debate. Por último, la tercera cuestión, las resoluciones de urgencia sobre las que no se ha debatido por falta de tiempo. Quiero que me confirme si la tercera cuestión está siendo considerada y, en caso afirmativo, protestar por ello, ya que significaría que se votará sobre resoluciones de urgencia sin que medie un debate. Me parece inaceptable.

El Presidente
Así es y eso es lo que la Asamblea ha acordado, por lo que eso es lo que vamos a hacer.

Ford
Señor Presidente, hago uso de la palabra para hacer una observación similar, porque no tengo claro lo que ha acordado la Asamblea. Hemos acordado votar a las seis de la tarde. Lo que podríamos hacer es reducir el tiempo de uso de la palabra para las urgencias, con lo que habría la oportunidad de celebrar un debate sobre cada una de ellas. Desde luego, no ha quedado claro a la Asamblea que hayamos acordado votar sobre urgencias que no se han debatido.

El Presidente
Señor Ford, ese no es un asunto que competa al Presidente. Lo que hemos decidido es asignar al informe Buitenweg la primera hora de lo que normalmente habría sido el debate sobre las urgencias. La Asamblea ha hecho eso antes. Se trataba de una decisión que competía a la Asamblea. La Asamblea es soberana en esos asuntos. Después corresponde a los Grupos decidir cómo asignan el tiempo de uso de la palabra para los debates sobre las urgencias. Si tenemos tiempo suficiente, celebraremos todos los debates; si no, no podremos hacerlo. Dependerá de cómo asignen el tiempo de uso de la palabra los Grupos entre los diferentes temas y ése es un asunto que corresponde a los grupos, no al Presidente.

Ford
Señor Presidente, hemos acordado que celebraríamos el debate sobre el informe Buitenweg, no que dedicaríamos una hora a dicho debate. Por ejemplo, se me ha dicho que yo intervendré al cabo de una hora de haber comenzado el debate, por lo que supongo que el debate sobre el informe Buitenweg durará probablemente una hora y media como mínimo. No habíamos acordado reducir el tiempo dedicado a ese debate, eso debe quedar claro.

El Presidente
Su Señoría está en lo cierto. He dicho una hora. Ha sido un lapsus. Creo que está programado para una hora y media. También dependerá de la disciplina de los diputados, cosa por la que es famosa esta Asamblea.

McCarthy
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Me refiero a las observaciones formuladas en una declaración esta mañana por la Sra. Fontaine sobre ciertos problemas logísticos en el edificio. En pro de la transparencia y la información a los diputados, debemos conocer la amplitud del problema de la legionella. ¿Podría darnos información a ese respecto? ¿Qué procedimientos se han aplicado? ¿Se ha apagado el sistema de aire acondicionado? Así, pues, ¿podemos suponer que se ha emprendido una operación de desinfección del sistema?
¿Podría confirmarlo y, de hecho, podría la Presidencia del Parlamento confirmar que no existe un problema de asbestosis, cosa que, naturalmente violaría nuestra propia directiva de la UE aprobada hace un decenio?

El Presidente
Yo, personalmente, no estoy en condiciones de responder ninguna de las preguntas de su Señoría. No tengo información a ese respecto. Tendrá usted que remitir ese asunto a la Presidenta y a los Cuestores. Desde luego, yo no dejaré de indicar las observaciones de su Señoría.

EXPLICACIONES DE VOTO - Informe Ferber (A5-0121/2000)

Meijer
Señor Presidente, no he podido estar de acuerdo con el informe Ferber. Siempre se ha argumentado desde el Parlamento que existen motivos para pedir más dinero para nuestro propio funcionamiento. No obstante, eso no quiere decir que la Unión Europea se democratice si el Parlamento obtiene más dinero. La opinión pública europea nos exige austeridad. El dinero disponible debe utilizarse para satisfacer las necesidades de nuestros 375 millones de habitantes y para proteger su entorno humano, no en el Parlamento Europeo en tanto institución.
Opino que podríamos ahorrarnos muchos costes y trabajo superfluo si sustituyéramos el sistema de informes y ponentes por el mecanismo de respuesta directa de los grupos a las propuestas presentadas, tal como sucede en la mayoría de los parlamentos nacionales.
Por último, también estoy en contra de que se destine dinero procedente de los impuestos a las relaciones de cooperación entre los partidos políticos y, en contra, de que se cubran las vacantes para intérpretes de tal forma que los recién llegados queden en una mala situación jurídica.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado con gusto a favor del informe Ferber sobre el presupuesto para el año 2001, pero no estoy muy satisfecho de que en este presupuesto se dé tan poca importancia, se asigne tan poco dinero y se inviertan tan pocos fondos de la Unión Europea en las actividades de ayuda que afectan a las personas mayores y a los pensionistas.
No digo que deba darse a las personas mayores y a los pensionistas y a sus problemas la misma parte de nuestro presupuesto que las personas mayores ocupan en la sociedad que hoy se sitúa en un 32%. Por lo tanto, no digo que deba asignarse el 32% de nuestro presupuesto a actividades que afectan a las personas mayores, pero al menos el 3% o incluso el 0,3% me satisfaría mucho.

Van Brempt
Respaldo plenamente la propuesta para cubrir de forma efectiva 35 puestos en la reserva del servicio de traducción con miras a la ampliación, a condición de que las lenguas de todos los estados candidatos estén representadas. De ahí que haya votado a favor de la enmienda 2.
Es esencial que el PE se prepare bien ante la próxima ampliación hacia Europa Central y Oriental. Esto supone, sobre todo, la formación a tiempo de traductores e intérpretes altamente cualificados. Las anteriores ampliaciones han puesto de relieve que no se puede producir ninguna demora en este sentido. El multilingüismo es un requisito esencial para el funcionamiento del PE por tres motivos. En primer lugar, por el principio de igualdad. Todos los diputados deben poder realizar su trabajo en las mismas condiciones.
En segundo lugar, por la legitimación democrática del PE. Esta institución es la representación democrática del pueblo.
En tercer lugar, por el criterio de necesidad. El multilingüismo aumenta la eficiencia de la labor parlamentaria.
Urge un debate a fin de dar forma concreta a todo ello. A este respecto, me remito al informe final del grupo de trabajo "multilingüismo" , dirigido por el Sr. Cot, en el que se hacen muchas sugerencias concretas. En cualquier caso, está claro que la preparación lingüística de cara a la ampliación no tolera más demoras.

Kuntz
. (FR) El informe del Sr. Ferber que discutimos hoy expresa la preocupación por una política presupuestaria más rigurosa para nuestra institución, y lo acogemos favorablemente.
El incremento limitado a un 2,28% del presupuesto del Parlamento que se propone para el ejercicio 2001, o sea, unos 987,8 millones de euros, nos parece aceptable por cuanto dicha propuesta toma en cuenta un nivel de inflación del orden del 2%, lo cual parece realista.
El importe propuesto corresponde al 20% de los créditos de la rúbrica 5 y respeta el límite máximo que el propio Parlamento Europeo se había fijado para el año 2001.
Sin embargo, habida cuenta de la necesidad de hacer frente a las consecuencias, incluso lingüísticas, de las futuras ampliaciones, este incremento limitado del presupuesto de nuestra institución supone, más que nunca, una gestión racional y responsable del presupuesto de nuestra Asamblea.
Por lo tanto, en materia de política de personal, es conveniente proceder, como se pide en el informe, a un análisis de los perfiles actuales del personal de la institución, y ello a la vista de las necesidades evidentemente evolutivas del Parlamento, con la finalidad de preparar lo mejor posible las necesarias adaptaciones estructurales.
A propósito de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de los Grupos políticos, la resolución parece ir por buen camino cuando pide a la Mesa del Parlamento, así como al Secretario General de la institución, que garantice una transparencia total de la utilización de los créditos. Sin embargo, la delegación francesa del Grupo Unión por Europa de las Naciones no puede suscribir la propia idea de la inscripción en una línea presupuestaria separada de los créditos destinados a los partidos políticos europeos, ya que - no dudamos de ello un solo instante - eso sólo estaría encaminado, a la larga, a revalorizar las alianzas, asociaciones y reagrupamientos de partidos políticos europeos con vocación esencialmente federalista e integracionista.
En materia lingüística - que es uno de los ámbitos más sensibles por naturaleza, puesto que ello afecta a nuestra identidad, a nuestra cultura y a nuestra dignidad - cada uno de nosotros insiste más o menos claramente en que hemos llegado a una situación que ya no puede perdurar, y menos aún a la vista de las próximas ampliaciones.
Por consiguiente, debemos reflexionar, actuar con prudencia y cautela, respetando las sensibilidades, pero sin pérdida de tiempo. Una de las pistas posibles podría ser reconocer a cada uno de nosotros, elegidos del pueblo, de sus pueblos, el derecho imprescriptible de poder expresarse en su lengua, que se interpretaría o traduciría en una de las tres lenguas más utilizadas, en razón de las realidades demográficas y culturales, pero también económicas, que predominan en la Unión Europea, a saber: el francés, el alemán, el inglés. De este modo podríamos unir el respeto de las identidades, de las naciones y de las culturas de Europa a la eficacia con el menor coste posible en el trabajo diario de las instituciones europeas.
Esta solución también tendría la virtud de tomar en consideración las tres principales ramas culturales y de origen de la Unión Europea en su composición actual. Me refiero a los elementos latino, anglosajón y germánico. Esta solución tendría la ventaja indiscutible de ser provechosa para el conjunto de países europeos candidatos a la adhesión, cuya primera lengua extranjera es bien el francés, el alemán, o bien el inglés. Finalmente, si bien una de estas lenguas es importante, sobre todo en Europa, las otras dos lo son en el plano internacional.

Van Dam
La democracia cuesta mucho dinero, es irremediable ¡Votamos un presupuesto del Parlamento que asciende hasta casi los 1000 millones de euros! Una suma astronómica, aunque no sobrepasa el 20% de la estimación acordada para el conjunto de todas las instituciones europeas. Ante los ciudadanos de Europa, es decir, ante los contribuyentes que tienen que aportar ese capital, tenemos la obligación de controlar los gastos.
Cuando en el párrafo 18 leemos sobre los edificios que necesita el Parlamento, comprobamos que se despilfarran cantidades considerables de dinero comunitario ¡El PE no necesita en absoluto el edifico en que nos estamos reuniendo esta semana! En Bruselas, disponemos de todos los edificios que realmente necesitamos como Parlamento. Debe quedar claro que no tenemos ninguna necesidad de adquirir este palacio de cristal, sean cuales sean los requisitos que reúna. Más de 400 diputados han vuelto a decir recientemente que nosotros mismos debemos decidir dónde nos reunimos. Apenas nos podemos tomar a mal que el ponente pase esto por alto en su informe, que, por otra parte, merece, con toda seguridad, un reconocimiento. Así sucede, por ejemplo, cuando hace un llamamiento para que el Consejo y el PE se pongan de acuerdo sobre el estatuto de los diputados. Este Parlamento debe avergonzarse profundamente de que todavía no haya nada a la vista un año después de las elecciones.
La línea presupuestaria sugerida por el Tribunal de Cuentas para los partidos políticos realmente no debe adoptarse. Semejantes órganos disimulan la pluralidad cultural y aumentan la distancia respecto del ciudadano.
En lo que a los numerosos robos en los edificios respecta, es inaceptable que, con un servicio de seguridad tan amplio, esto suceda, sin embargo, casi a diario.
Nuestro voto en contra de este presupuesto quiere ser una señal en el sentido de que es necesario un cambio radical en la determinación de nuestras prioridades.

Thyssen
Quiero felicitar a mi colega y compañero de grupo, el Sr. Ferber, por su informe, aunque no estoy de acuerdo en todos los puntos y he votado, en contra de su orientación de voto, a favor de la enmienda 2 y en contra de la enmienda 8 de su proyecto de resolución. He votado así con todo convencimiento, ya que considero que, en tanto Parlamento Europeo, no emitimos una señal política o anticipamos una decisión política por seguir la propuesta del Secretario general (y cubrir 35 vacantes en el servicio de traducción), sino, al contrario, por no seguirla.
Mientras las reglas de esta Casa respecto del régimen lingüístico no se modifiquen, los estados candidatos y nosotros mismos asumimos que éste permanece inalterado, es decir: en primer lugar, cada diputado puede utilizar su propia lengua en las reuniones oficiales.
En segundo lugar, cada diputado dispone de documentos redactados en su propia lengua.
En tercer lugar, de esta forma damos un trato equivalente no sólo a todos los diputados, sino, sobre todo, a todos los ciudadanos a los que representamos.

Lulling
He votado a favor de informe de mi colega, el Sr. Ferber, sobre nuestro presupuesto para el 2001, pero no quiero pasar de largo sin protestar enérgicamente contra las prácticas verdaderamente concusionarias hacia determinadas categorías de los funcionarios, especialmente las más bajas, para que éstos pidan "voluntariamente obligados" el traslado desde Luxemburgo a Bruselas, todo esto bajo el pretexto de que durante más de 50 días laborables al año están "en mission" , es decir, en viaje de servicio en Bruselas o en Estrasburgo.
Ahora bien, el Parlamento Europeo tiene tres lugares de trabajo: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Así lo decidieron hace años los Jefes de Estado y de Gobierno en su cumbre de Edimburgo. Hemos de vivir con esto, incluso con las consecuencias financieras que no son tan graves, en absoluto, y que compensan en gran medida las consecuencias de un centralismo insano en Bruselas, como el que lamentablemente es practicado por una buena tercera parte de los actuales eurodiputados.
Un ejemplo de centralismo lo estamos viviendo ahora también por parte de algunos diputados verdes que en el viernes de la sesión plenaria de abril nos impidieron ya adoptar importantes decisiones, porque no se alcanzó el quórum de un tercio de los diputados presentes.
Estoy en este Parlamento desde 1965, con una interrupción entre 1974 y 1989, por consiguiente puedo contemplar aquí 20 años de presencia en los que he estado presente cada viernes de una sesión plenaria en Estrasburgo. Los deshilachados argumentos de quienes quieren reducir a 4 días la semana de 5 días de los eurodiputados en Estrasburgo y que, en exacta correspondencia a su táctica del salami, tampoco quieren aparecer por aquí el lunes, tiene el objetivo claro de acabar con la sede de Estrasburgo para 12 sesiones plenarias al año y con ello trasladar también de Luxemburgo a Bruselas la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo.
Ante la Mesa de nuestro Parlamento debe figurar actualmente un documento de trabajo de un vicepresidente británico que quiere trasladar de Luxemburgo a Bruselas servicios enteros y direcciones generales enteras. En Luxemburgo quedarían a lo sumo servicios técnicos como el servicio de impresión o el servicio de traducción. Esto no puede ser así ni lo será. Tales contravenciones violan claramente la letra y el espíritu de los acuerdos de los Jefes de Estado y de Gobierno en lo que respecta a la cuestión de las sedes y esto hay que decirlo aquí de manera clara e inequívoca.
Quiero hacer una advertencia a los que practican la táctica del salami contra Estrasburgo y Luxemburgo. Sabremos impedir sus actuaciones altamente antidemocráticas contra las decisiones,que fueron adoptadas democráticamente, sobre la cuestión de las sedes y del calendario de sesiones del Parlamento Europeo. El Derecho, efectivamente, está de nuestra parte.
Informe Katiforis (A5-0134/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Katiforis sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de nuestros Estados, por los importantes contenidos del texto, sin embargo, lo he hecho de mala gana. ¿Por qué? Porque en este informe se dice varias veces que hay que controlar, que se debe reaccionar ante el hecho de que la población es cada vez más mayor -el número de personas mayores es cada vez más alto y esto convierte en difícil el apoyo a los sistemas de pensiones- y que hay que vigilar e invitar a los Estados miembros a gastar cada vez menos en las actividades de pago de las pensiones de las personas mayores. Considero absolutamente inaceptable que se continúe achacando a las personas mayores la responsabilidad del desequilibrio de los presupuestos nacionales.

Raschhofer
Señor Presidente, tal como dice con razón el ponente en el punto 2 de su informe, la consolidación del presupuesto debe cobrar ahora la máxima prioridad. Sólo mediante una consecuente disciplina presupuestaria cabe aumentar la confianza de los ciudadanos y también, sobre todo, la de los mercados financieros, en el euro. Digo todo esto a la vista de que ayer el euro descendió casi hasta su histórica depresión del 3 de mayo. El ponente no ha podido recoger en su informe el programa de estabilidad que ha presentado ahora el Gobierno austríaco. En consecuencia quisiera hacer constar que el nuevo gobierno está decidido a solucionar los problemas que le ha dejado el gobierno precedente. El antiguo Gobierno, regido por los socialdemócratas, no le ha dejado, sin duda, una herencia fácil. Pero en el año 2000 deberán satisfacerse ya totalmente todos los compromisos derivados del pacto de estabilidad.

Alavanos
. (EL) A pesar de que existe el objetivo de aumentar la producción, las inversiones y el empleo en la Unión, las orientaciones generales de la Comisión para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad contemplan toda una serie de direcciones negativas: la continuidad de los recortes presupuestarios, más allá incluso de las obligaciones del pacto de estabilidad; las limitaciones salariales; el revisionismo fiscal en beneficio de los poderosos; la descomposición, aun más avanzada, del mercado laboral; la importancia central de la política de competencia que constriñe los principios de la justicia social. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a pesar de la sensibilidad de su ponente, el colega Sr. Katiforis, ha mantenido este espíritu de la Comisión y por ello voto en contra de la propuesta de resolución. La Unión tiene el deber de impulsar una política que combine el crecimiento cuantitativo con la disminución de la jornada laboral; que armonice el aumento de su productividad con una reforma fiscal orientada socialmente y hacia el desarrollo; que propicie la modernización, y no el desmantelamiento del sector público.

Bordes
. (FR) El informe Katiforis constituye una vulgar apología de las grandes orientaciones de política económica de los Estados miembros. De sus 29 apartados, ocho empiezan por la aprobación y cuatro por la autofelicitación.
Desde el punto de vista de la población trabajadora y de la gran mayoría de la población de los países de la Unión Europea, no hay de qué felicitarse. ¿De qué sirve el crecimiento económico del que se jacta el informe si ello sirve para recomendar - a los asalariados, naturalmente - "actitudes razonables en el marco de las negociaciones salariales" o para cometer la osadía de pretender llevar a cabo "una revisión radical de los regímenes de pensiones", con el objetivo de "que sigan disfrutando de solidez financiera"? Es una forma de reconocer que en este "crecimiento", del que el informe Katiforis pide al Parlamento que se felicite, no hay sitio ni para los asalariados ni para los jubilados.
Una vez más, el Consejo y la Comisión se comportan como portavoces de los grandes empresarios y piden al Parlamento que dé su visto bueno. Y bien, por nuestra parte, no hemos sido elegidos para felicitar a los gobiernos que echan una mano a los grandes empresarios y a los grandes grupos financieros para permitirles enriquecerse agravando las desigualdades, dejando sin trabajo a 18 millones de mujeres y hombres, generalizando la flexibilidad y la precariedad, reduciendo brutalmente la masa salarial, para garantizar un crecimiento continuo de las rentas de capital, incluyendo sus formas más parasitarias, especulativas. Si fuera verdad, como lo afirma el informe, que el crecimiento se habría recobrado, es indignante que sólo beneficie, en toda Europa, a una pequeña minoría. Por consiguiente, hemos votado contra el informe.

Caudron
. (FR) He aprobado en comisión el planteamiento y los argumentos de nuestro colega Katiforis. Debí haberlo hecho ayer, durante el debate en el Pleno. Me lo impidió un problema técnico, y pido disculpas por ello.
Al igual que el Sr. Katiforis, me felicito por la recuperación del crecimiento en Europa. Pero, como él, sé que no bastará para retornar a una situación de pleno empleo sin una política voluntarista por parte de los Estados de la Unión y, añadiré, sin una reducción del tiempo de trabajo.
Finalmente, yo también digo que el empleo no puede ser el resultado de una liberalización desenfrenada, de una privatización acelerada y de un retroceso de las protecciones social y salarial.
Todo lo que se ha aprobado este mediodía no me ha dejado satisfecho, pero he seguido al ponente en su voto final.

Figueiredo
. (PT) En las orientaciones económicas 2000 la Comisión Europea expone con claridad su defensa de las posiciones neoliberales, insistiendo en el Pacto de Estabilidad y en políticas monetaristas, en la aceleración de la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones, energía, servicios postales, transportes y servicios financieros, en el aumento de la flexibilización laboral y en la llamada modernización de los sistemas de protección social. Eso significa que, a pesar de mencionar la necesidad de políticas activas de empleo para luchar contra el desempleo y alcanzar a medio plazo el pleno empleo, la Comisión persiste en aplicar las mismas recetas que no permitieron obtener resultados efectivos en cuanto al empleo, pues la tasa actual de desempleo sigue siendo aún superior a la del comienzo del decenio, como reconoce la Comisión.
En el informe del PE, el ponente hace algunas críticas a la aceleración de los objetivos de los criterios de convergencia y estabilidad, insiste en la necesidad de aumentar la inversión y acepta la aplicación de medidas fiscales globales para luchar contra la especulación financiera, cosa positiva. Ahora bien, acepta la aceleración de la liberalización de los sectores de los transportes y la energía, el aumento de la flexibilización laboral y el proceso de consolidación presupuestaria en curso, con lo que quedan claras sus contradicciones.
Con el objetivo de mejorar el contenido del informe, presentamos varias propuestas encaminadas en particular a reforzar la importancia de las microempresas y pequeñas empresas y sus asociaciones, defender el empleo con derechos y la reducción de la jornada laboral, poner en entredicho el Pacto de Estabilidad y las consecuencias de su aplicación. Por desgracia, exceptuado el apoyo a las PYME, no hemos conseguido la aprobación de esas propuestas, por lo que votamos en contra del informe.

Fruteau
. (FR) Deseo ante todo felicitar a nuestro ponente por la calidad de su trabajo. En efecto, los grandes ejes de la política económica europea desarrollados en dicho informe me parecen ir por buen camino. Pleno empleo y paso a una economía basada en el conocimiento: esta es nuestra ambición común para el primer decenio del siglo XXI.
Mal que le pese a las mentalidades atribuladas, los indicadores económicos, en conjunto, están en luz verde. Debemos, pues, ser audaces para prolongar la fase de crecimiento que conocemos hoy a escala europea.
Las perspectivas para los años 2000-2001 son alentadoras; las mismas prevén un crecimiento del 3%: 3% para fortalecer el vínculo social, para lograr una mayor solidaridad, una mayor igualdad de oportunidades, y sobre todo para que el desempleo masivo que conocemos desde hace demasiado tiempo ya no sea una fatalidad. Puesto que es este último punto el que plantea el mayor problema.
En efecto, si bien el desempleo ya ha disminuido progresivamente, sigue alcanzando - basándonos en las previsiones para 2001, que indican un índice de desempleo del 8% de la población activa - un nivel inaceptable en el conjunto del territorio comunitario y, en particular, en sus fronteras exteriores más alejadas: me refiero a las regiones ultraperiféricas. Como ya lo he dicho en varias ocasiones ante ustedes, los frutos del crecimiento deben ser equitativamente repartidos entre todos los ciudadanos de la Unión: tanto los continentales como los insulares.
Este es el precio que debemos pagar para construir la Europa del siglo XXI, una Europa con rostro humano, donde cada uno pueda participar en la evolución colectiva, avanzando a su manera, con sus especificidades, pero progresando en la misma dirección. He votado a favor del informe del Sr. Katiforis porque creo en esta Europa.

Krivine y Vachetta
. (FR) El informe Katiforis es una exposición alucinante del inconsciente del capital europeo. Dicho informe se basa en una incomprensión absoluta de las razones de la recuperación actual: ésta no es en absoluto el resultado de las políticas neoliberales que privilegian la austeridad salarial y la moneda fuerte. Las actuales creaciones de empleos se efectúan en una coyuntura caracterizada, al contrario, por un aumento del consumo de los asalariados y por un euro débil, favorable a las exportaciones.
A pesar de este mentís práctico, el informe propone una mayor flexibilidad de los mercados, comenzando por el mercado del trabajo. El mismo desea la "estabilidad salarial" y exhorta a los sindicatos a adoptar "actitudes razonables" en las negociaciones salariales.
Para no aparecer como portavoz directo del empresariado, el informe introduce en cierto modo cláusulas sociales. Pero las contradicciones saltan a la vista: ¿cómo puede proponerse, por ejemplo, reformar ("modernizar") la protección social, lo que en la práctica significa sustituir la solidaridad por productos financieros, e invocar un "enfoque basado en la cohesión social"? ¿Cómo se pueden bloquear los salarios "dentro de un espíritu de equidad", cuando los beneficios demuestran una insolente exuberancia?
El único argumento que le queda al informe, para "hacer moderno", es mencionar las nuevas tecnologías. ¿Pero por qué éstas deberían automáticamente poner en entredicho el modelo social europeo? Este materialismo vulgar, que a veces se atribuye a los marxistas, corresponde hoy al de un capitalismo cínico cuyo único proyecto es ampliar el reinado de las mercancías, sin tener en cuenta las necesidades sociales. Hemos votado, pues, en contra de un texto a la vez estúpido y repugnante.

Lang
. (FR) La exposición de motivos del Sr. Katiforis es mucho mejor que el cuerpo del informe, donde no se encuentra ni el tono ni el fondo de las críticas formuladas a la recomendación de la Comisión.
Los diputados del Frente Nacional y yo mismo hemos votado en contra de este informe porque consideramos que se preconizan las mismas viejas recetas ineficaces, incluso nocivas: siempre más mercado, que no sirve para regular nada; siempre más ultraliberalismo, sobre todo en los servicios públicos, que Bruselas desearía ver desmantelados; renuncia a la protección social en favor de las inversiones públicas para respetar la "estabilidad presupuestaria"; siempre una mayor estabilidad de los precios, cuando la inflación está contenida desde hace muchísimo tiempo. Y para los trabajadores: moderación salarial, reducción del subsidio de desempleo, flexibilización de la legislación de protección del empleo.
Además, nos han sorprendido dos puntos en especial. El primero consiste en que la Comisión recomienda a mi país, Francia, que se asfixia bajo el peso del régimen tributario, que no aproveche el crecimiento para reducir los impuestos, a fin de, cito: "evitar estimular a través del presupuesto una actividad económica que ya es sólida". ¡Ni que estemos soñando! ¿Desde cuándo se rechaza el crecimiento en nombre de dogmas económicos superados?
El segundo punto consiste en la ausencia casi total de referencia al euro: la famosa moneda única, que debía traernos un mañana próspero y sobre la cual el mundo entero, ávido de un competidor para el dólar, debía precipitarse, es rechazada no sólo por los inversores, que invierten en dólares en los Estados Unidos, sino también por los bancos centrales. Nadie confía en el euro, que ha dejado de ser una moneda flotante para ser una moneda que se hunde, así como tampoco en las autoridades monetarias europeas. Wim Duysenberg no es Allan Greenspan, el BCE no es el FED, el euro no es el dólar. Europa no posee ni la tasa de empleo ni la tasa de crecimiento de Norteamérica. Y no será con los emplastos de ustedes para patas de palo como cambiarán esta realidad.
Informe Pomès Ruiz (A5-0108/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, el informe del Sr. Pomés Ruiz hace una valoración de la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia que afectan sobre todo a la moneda única europea: el euro. He constatado en este documento que se da demasiada importancia a los números, a la parte económica de la Unión Monetaria. Es verdad, es justo: se habla de moneda, se habla de euro y no se tendría que hacer otra cosa más que mirar los áridos números. Yo, en cambio, creo que también hay que prestar atención al corazón de nuestras resoluciones, al que es el comportamiento del ser humano en su actividad que no debe ir marcado exclusivamente por el dinero.
Por lo tanto, espero que en la próxima ocasión en que se hará este tipo de valoraciones se tenga en cuenta que no solo debemos mirar los números, sino también los sentimientos de los europeos.

Figueiredo
. (PT) El informe Pomés Ruiz es fundamentalista en la defensa de los principios del Pacto de Estabilidad, sobre todo en cuanto a la consolidación fiscal para garantizar el objetivo único de la estabilidad de los precios. El análisis de los criterios de convergencia nominal es ciego en cuanto a sus consecuencias en el nivel de los riesgos de deflación de la economía, al castigar la inversión pública, el crecimiento económico y una política de lucha contra el desempleo.
Pero el ponente va más lejos, de conformidad, por lo demás, con las recomendaciones de la Comisión Europea. Para él es necesario adelantar en el tiempo los objetivos propuestos en los programas de estabilidad y convergencia aprovechando el actual "buen momento económico". Para ello, propone una mayor aceleración de la consolidación fiscal, de las reformas estructurales, de las privatizaciones y la "modernización" de la protección social, recomendaciones ya expresadas, por lo demás, por la Comisión Europea, en particular para Portugal, con incidencia en la liberalización de los transportes y la energía y en la flexibilización del mercado laboral, cosa inaceptable. Por esa razón, votamos en contra del informe.
Informe Goebbels (A5-0135/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, al intervenir en el debate sobre la decisión de que Grecia entre a formar parte de la moneda única, me declaré totalmente a favor de la inmediata incorporación de este país, puesto que ha cumplido todos los requisitos exigidos por los Tratados de la Unión Europea. En particular, repito, respaldo y, por eso he votado a favor de esta decisión, el hecho de que no deben plantearse otros problemas al presupuesto de Grecia porque, lamentablemente, ello no hará más que incidir en las personas mayores y los pensionistas, en este caso, griegos que se convertirían en víctimas de un endurecimiento del presupuesto del país que, siguiendo nuestra indicación, querría y debería reducir más aún, si cabe, los aspectos negativos de los criterios de Maastricht que, como se ha declarado, cumple en todo caso.

Alavanos
. (EL) La propuesta legislativa del Parlamento Europeo simplemente acata la propuesta de la Comisión de la Unión Europea que se limita a constatar que "Grecia cumple los requisitos para la adopción de la moneda única. El levantamiento de la exclusión de Grecia entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2000."
Formalmente, es cierto que Grecia cumple los índices presupuestarios y monetarios exigidos para la UEM. En este contexto -teniendo en cuenta las posiciones de mi partido, el Synaspismós (Coalición de la Izquierda y del Progreso), a favor del ingreso de Grecia en la Unión Económica y Monetaria-, mi voto ha sido positivo.
Personalmente, sin embargo, quiero manifestar mis serias objeciones y reservas sobre las políticas de la UEM que mantienen a los países miembros constreñidos en una rígida austeridad presupuestaria, en un continuo aumento del desempleo, en una agudización de las diferencias sociales, en una competencia sin control; todo ello sin que, en contrapartida, se ofrezca una moneda europea fuerte con la capacidad de situarse sólidamente frente al dólar a escala mundial.
Quiero manifestar, asimismo, mi total oposición al modo en el que el gobierno griego ha impulsado nuestra entrada en la UEM, procurando la convergencia nominal y no la real. El gobierno ha conseguido colocar a Grecia entre los países con el índice de paro más alto y no ha dudado en liquidar la Hacienda Pública para enjugar el déficit.
Desdichadamente, estas políticas no concluyen al ingresar en la UEM, sino que se institucionalizan, se consolidan y se perpetúan. Las fuerzas progresistas y de izquierda de los países miembros de la UEM deben reforzar el campo de colaboración y promover una reforma radical del modo de construcción de la UEM, al objeto de dar prioridad a los criterios sociales y al impulso de la lucha contra el desempleo, y de fomentar políticas de convergencia real, políticas de desarrollo justas y viables.

Theonas
. (EL) El Parlamento Europeo ha sido convocado hoy para dar su opinión sobre la adopción de la moneda única por parte de Grecia, una vez que la Comisión y el Banco Central Europeo han dado luz verde.
Señalaremos en principio que para nosotros el asunto no es técnico, sino profundamente político. Basándonos precisamente en los aspectos político e ideológico de todo el proceso de la UEM y de la moneda única, votaremos en contra del ingreso de la dracma en la zona del euro.
Desde el punto de vista técnico, es indiscutible que Grecia ha cumplido los criterios establecidos por el Tratado de Maastricht para entrar en la tercera fase de la UEM. Sin embargo, la cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí y qué va a ocurrir a partir de ahora.
El logro de los criterios nominales de convergencia ha exigido penosos sacrificios al pueblo griego. Ha sido el resultado de una severa política de austeridad, que ha tenido y que tiene como características básicas la disminución de los gastos sociales, el ejercicio de una política presupuestaria especialmente restrictiva, la congelación de los salarios, la devaluación del sistema de protección de los trabajadores, la liberalización de los mercados y el fomento de las privatizaciones. Desgraciadamente, esta política, que ha llevado a la desesperación a amplias capas de nuestro pueblo, ha conducido a un dramático aumento del desempleo, a la aceleración de la ruina y desaparición de la población rural y a la desindustrialización del país. Esta política no solo no se invertirá con el ingreso en la moneda única, sino que por el contrario se consolidará. Tanto las obligaciones que impone el pacto de estabilidad, como las severas recomendaciones que han acompañado a los informes de la Comisión y del Banco Central Europeo, lo ponen de manifiesto. Ambos han solicitado continuidad de la política de austeridad, celeridad en la desarticulación de las relaciones laborales, rápido impulso de las medidas para desmantelar el sistema de seguridad social, continuidad y aceleración de las privatizaciones.
Es evidente que los trabajadores no sólo no van a ganar nada con el ingreso -tan atolondradamente festejado- en la moneda única, sino que, por el contrario, con toda seguridad van a conseguir la continuidad, en términos más austeros y con una «supervisión» más intensa por parte de la UE, de la ciega política de austeridad aplicada durante los últimos diez años. Asimismo, las voces que se alzan clamando sobre la necesidad de asegurar la "sostenibilidad" de la observancia de los criterios aspiran precisamente a propiciar el endurecimiento de la política actual y a apoyar las medidas especialmente antipopulares que se avecinan. Asimismo, la experiencia de los otros pueblos que se encuentran ya en la zona euro demuestra que las medidas que se suceden van suprimiendo las conquistas de las décadas anteriores. Y el «modelo americano» constituye ya el paradigma al que debe ajustarse ahora el famoso modelo social europeo.
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia, firmes en las posiciones mantenidas ya desde la firma del Tratado de Maastricht -que fue rechazado tan sólo por el P.C.G. cuando llegó al Parlamento griego para su ratificación-, sin otro principio que los intereses de los trabajadores y de nuestro país, vamos a votar contra el ingreso de Grecia en la zona del euro. Al mismo tiempo, junto con los trabajadores seguiremos con nuestra lucha contra esta política, por el impulso de una propuesta alternativa de desarrollo centrada en el ser humano y sus necesidades, y con el norte en los antípodas de la reaccionaria política de la "democracia de los monopolios" .

Thyssen
He votado a favor del informe Goebbels y a favor, por tanto, de la entrada de Grecia en la zona euro.
He votado con el mismo convencimiento a favor de las enmiendas al informe Pomés-Ruiz. Estas enmiendas ponen especialmente de relieve una cuestión sensible que ha provocado algo de revuelo no sólo en el Pleno, sino también en las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos.
Muchos colegas han manifestado dudas especialmente en cuanto a la durabilidad de la política de convergencia y estabilidad de los Estados miembros.
Todos hemos podido comprobar que la súplica efectuada a Grecia para que realice mayores esfuerzos a fin de disminuir su deuda y lograr una estabilidad duradera, no guardan sólo relación con la situación de la propia Grecia, sino también con el desagrado por la forma en que otros Estados miembros actúan ante un porcentaje de deuda sumamente alto, y hacen poco uso de los resultados del crecimiento económico y de las altas posibilidades que ofrecen los bajos tipos de interés para disminuir esa deuda.
Esperemos que esta crítica soterrada del Parlamento convenza a quien la tiene que escuchar: entre otros, el Gobierno belga, que ya ha hecho tantas promesas que hasta la propia prensa empieza a preguntarse por la viabilidad de esta desviación de los gastos.
Opino que Grecia no debe ser víctima de los titubeos que precisamente origina su entrada, no tanto por la propia Grecia, sino por suscitar una crítica general. Grecia es bienvenida a la zona euro, y todos los Estados miembros de la misma deben respetar la letra y el espíritu del pacto de crecimiento y estabilidad.
Resoluciones de Sellafield

Rübig
Señor Presidente, la votación sobre Sellafield ha sido una novedad en el Parlamento Europeo. Creo que es la primera vez que el Parlamento Europeo se ha pronunciado en favor de estándares únicos de seguridad en las centrales atómicas. Considero urgentemente necesario que antes de las primeras adhesiones el Consejo adopte la decisión de que se llegue a una elaboración y entrada en vigor de los estándares de seguridad.
Informe Randzio-Plath (A5-0109/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Randzio-Plath sobre la distorsión de la competencia de la que pueden ser objeto también las empresas públicas. El Comisario Monti, al finalizar el debate, ha declarado que las ayudas a las empresas públicas no deben ser una sobrecompensación al servicio público. Por eso me planteo lo siguiente: en Italia, por ejemplo, tenemos televisiones privadas y televisiones públicas; se asigna mucho dinero a las televisiones públicas, pero, de hecho, esto es una sobrecompensación porque no existe ninguna diferencia entre el servicio que prestan las empresas privadas de televisión y el servicio que prestan las empresas públicas de televisión. Ésta es una distorsión de la competencia.
Consideremos otro sector: las pensiones públicas y las pensiones privadas. Las pensiones públicas reciben muchas ayudas, pero prestan peores servicios que las pensiones privadas: ésta no es una competencia correcta.

Bordes
. (FR) El informe alude a la necesidad de transparencia financiera entre los Estados y las empresas. Pero la única transparencia que interesa concierne únicamente a las empresas públicas y se refiere sólo a la cuestión de saber si la ayuda de los Estados no podría falsear la competencia entre empresas públicas y empresas privadas.
El hecho de que una empresa tome la decisión de despedir una parte de su personal, aumentando de este modo el desempleo, cuando una pequeña parte de sus beneficios podría servir para mantener los empleos suprimidos, en absoluto interesa a la Comisión Europea. De la misma forma que no le interesan los perjuicios causados al medio ambiente, a la seguridad y a las condiciones de trabajo de sus asalariados por la carrera para conseguir el máximo beneficio.
En general, a la Comisión no le molesta para nada la falta total de transparencia que rodea las opciones fundamentales de todas las empresas, la manera en que obtienen sus beneficios y en qué los utilizan, aunque sea en detrimento de la sociedad.
Nosotros hemos votado en contra de este proyecto de directiva, reafirmando que el interés de la sociedad exige la transparencia total del funcionamiento y de las cuentas de todas las empresas, públicas o privadas, así como la abolición del secreto en los negocios. El primer paso en este ámbito debería ser la derogación de todas las leyes que amenazan con una sanción a los asalariados de una empresa que ponen en conocimiento del público y de los usuarios todo lo que saben sobre el funcionamiento de su empresa.

Figueiredo
. (PT) Con el argumento de que es necesario determinar e impedir la concesión de subvenciones que distorsionen la competencia y aumentar la transparencia de las relaciones entre el Estado y las empresas públicas, la Comisión crea condicionamientos burocráticos y limitaciones reales que pueden poner en entredicho la prestación de un servicio público de calidad. Basándose en el principio de la necesidad de garantizar la competencia entre los sectores público y privado, la Comisión acaba, de hecho, desvalorizando el importante papel de las empresas públicas que prestan servicios públicos, cosa inaceptable.
La ponente del PE, que, en su versión inicial, valorizaba el papel de los "servicios de interés económico general", acabó viendo su informe modificado, principalmente en lo referente al servicio público de radiodifusión. Ahora bien, en nuestra opinión, es conveniente que la directiva no sea aplicable a los organismos públicos de radiodifusión, dado su carácter específico, indisociable de las necesidades democráticas, sociales y culturales en los diferentes Estados miembros y las consecuencias negativas que entrañaría para el cumplimiento de su misión de interés público. A eso se debía la propuesta que presentamos y que lamentablemente fue rechazada.
Resolución sobre la deuda de los países pobres

Boudjenah
. (FR) El endeudamiento exterior de los PVD constituye un desafío de capital importancia. Los 50 países más pobres gastan el doble por el servicio de la deuda de lo que reciben de ayudas. El informe de la CNUCED sobre el África subsahariana demuestra que los países africanos no sacan ningún beneficio de los planes de ajuste estructural que se aplican desde hace más de diez años.
Ahora bien, la presente propuesta es muy restrictiva y se limita a los países más pobres, a los llamados países muy endeudados. La misma plantea demasiadas condiciones a los países afectados por una condonación de la deuda. Lamento cualquier medida que imponga condiciones, en particular cualquier tipo de vínculo entre la condonación de la deuda y la aplicación de medidas de ajuste estructural. Por esta razón me abstengo sobre la resolución.
Por mi parte, estoy a favor de una reducción consistente de la deuda del conjunto de los países afectados, y una condonación para los países más pobres.

Morgantini
. (IT) Me he abstenido en la votación sobre la resolución común sobre la deuda de los países pobres porque la considero débil y ambigua respecto a los sistemas financieros conocidos que sumergen en la más absoluta pobreza a la mayor parte de la humanidad.
Hoy en día hasta incluso los organismos multilaterales - el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera -hablan de reducción de la deuda porque los sistemas que atenazan las economías ya no responden a la lógica de una perspectiva neoliberal.
Durante la reunión del G7 de mitad de junio de 1999, los Estados Unidos, el Reino Unido y los demás países hablaron de reducción de la deuda de los países pobres hasta el 90%. Examinando con más detenimiento estas propuestas comprobamos que no conducen a una verdadera solución porque estas medidas, en el caso de aplicarse, afectarían sólo al 8% o cuando más al 10% de la deuda de los 41 países implicados, cuando más al 1% de la deuda total del Tercer Mundo.
Sin embargo, estas mismas medidas se aplican mínimamente, con trágicos condicionamientos que consiguen favorecer a los propios acreedores: créditos a la exportación, instituciones financieras, transnacionales.
Ante todo hay que reconocer que la deuda del Tercer Mundo es ilegítima. En consecuencia, la Unión Europea debería promover una acción internacional de condonación de la deuda del Tercer Mundo tanto bilateral como multilateral, sin ninguna condición.
Los Estados miembros debe condonar concretamente las deudas de los países pobres y fomentar medidas similares también en los organismos internacionales en que están representados.
Hay que impedir que las condonaciones se aporten sólo a los presupuestos de la cooperación, como ocurre a menudo, o que se vinculen a cualesquiera medidas de ajuste estructural.
Es preciso atacar esos sistemas financieros que han generado esta deuda y las políticas de ajuste estructural que siguen alimentándola y extendiendo la miseria en estos países.
Resolución sobre Zimbabwe

Cauquil
. (FR) Es natural que la extrema derecha diga una serie de miserables estupideces para defender el derecho de "4.500 propietarios de origen europeo" de monopolizar las mejores tierras de Zimbabwe.
Pero la manera en que la resolución común alude al "respeto de la ley", para condenar "las ocupaciones ilegales" y los actos de violencia que las acompañan, es pura hipocresía.
Se podría creer más en la sinceridad de los autores de esta resolución cuando lamentan "los recientes asesinatos, las agresiones físicas... relacionadas con las continuas ocupaciones" si, al menos, se dignaran recordar las matanzas del pasado que sirvieron para que un puñado de colonos despojara de sus tierras a la población de este país, así como las décadas de violencia colonial, y después de apartheid, para mantener esta situación.
El régimen de Mugabe es un régimen autoritario y corrupto. Pero ni este autoritarismo ni esta corrupción han incomodado a los defensores de la minoría rica del país y a la antigua potencia colonial mientras dicho autoritarismo era utilizado para defender los intereses y los privilegios de estos últimos.
Por tanto, no sólo hemos votado en contra de esta resolución, sino que denunciamos el cinismo y la hipocresía de aquellos que defienden los intereses privilegiados de la población blanca de Zimbabwe.
Corresponderá a la población pobre de este país ajustarle las cuentas a Mugabe y a su régimen, y no a los servidores políticos de aquellos que se han enriquecido con el saqueo de este país.
Informe Paasilinna (A5-0094/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Paasilinna sobre la regulación de las telecomunicaciones, sin embargo, también en este caso, no estoy satisfecho como desearía. En estas directivas de la Unión Europea que regulan también las telecomunicaciones no existe aún el suficiente empeño, si es cierto que el resultado es que, lamentablemente, no tenemos aún una frecuencia de televisión europea ni una emisora de televisión europea ni tampoco una simple radio europea. Nuestro Parlamento, nuestras reuniones no se transmiten a ninguna parte de Europa. Las directivas sobre las telecomunicaciones de la Unión Europea deben atañer a la Unión Europea.

Caudron
. (FR) En 1993, la Unión Europea y los Estados miembros se comprometieron a liberalizar el sector de los servicios de telecomunicación.
Este compromiso conduce a la adopción de una serie de directivas. Detrás de la reglamentación existía un objetivo político: garantizar el crecimiento, el empleo, la competitividad, así como abrir a todos el acceso a la sociedad de la información, asegurando una protección jurídica adecuada.
La Comisión ha desempeñado un papel de supervisión, que, a partir de mayo de 1997, se ha traducido por la elaboración de una serie de informes.
La comunicación de la Comisión a la que hoy nos referimos se inscribe en este enfoque y el balance que se nos presenta es, cuanto menos, matizado.
Alrededor de tres años después de la liberalización completa, los mercados de los servicios de telecomunicación en los Estados miembros se caracterizan por una tasa de crecimiento que está en aumento, por muchos operadores recién llegados y por unas tarifas en descenso. Sin embargo, siguen habiendo graves lagunas.
Así, se puede comprobar que se ha ahondado una "fractura digital" a varios niveles: entre las regiones y entre los ciudadanos. La razón de ello estriba, evidentemente, en el coste de acceso a estos nuevos servicios. Ahora bien, no se puede tolerar la exclusión de algunos ciudadanos de la sociedad de las nuevas tecnologías de la información. El mantenimiento del servicio universal debe garantizar el carácter inclusivo de dicha sociedad. Hay que velar porque la reglamentación que se está preparando, y la que se ha sometido a nuestro Parlamento, haga suyo este enfoque.
Preocupado por hacer descender el coste de acceso a Internet y por hacerlo accesible a todos los ciudadanos, el Parlamento insiste en su informe sobre la necesidad de abrir la competencia en el bucle local. Esta disposición deberá ser objeto de discusiones a fondo con las autoridades nacionales, a fin de responder a objeciones pertinentes.
Se trata de realizar muchos esfuerzos en materia de armonización y de simplificación de las normas. Pienso, por ejemplo, en las normas relativas a la protección de los consumidores, en las normas que regulan el funcionamiento y el papel de las autoridades de reglamentación nacionales (ARN) y en los regímenes de concesión de las licencias.
En conclusión, el proceso de liberalización de las telecomunicaciones no representa un objetivo en sí mismo, sino que pretende garantizar la transición hacia la sociedad de la información.
Queda un largo camino por recorrer, sin perder de vista, además, que los empleos creados deben ser duraderos y de calidad.

Figueiredo
. (PT) No podemos dejar de criticar los presupuestos de este informe, en particular en cuanto a la aceleración de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, partiendo del principio de que ese proceso ha tenido consecuencias positivas para los usuarios de ese servicio, pues, para demostrar lo contrario, basta con partir del análisis de la experiencia en Portugal.
La Portugal Telecom, empresa pública objeto de una inversión pública de muchos miles de millones de escudos, fue parcialmente privatizada, lo que tuvo como consecuencia el aumento de los precios que alcanzó a los denominados "usuarios residenciales" (la mayoría de la población) que hoy tienen las "tarifas más caras de Europa". En el nivel de los trabajadores, se dio la reducción de miles de puestos de trabajo, el aumento del ritmo de trabajo y la utilización de trabajadores sin derechos y con bajos salarios, en muchos casos; es decir, que la aplicación de una lógica de máximo beneficio, en un sector muy lucrativo, originó presiones para reducir la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio universal garantizado a la generalidad de los usuarios.
Creemos que no es ése el camino. Es necesaria la existencia de un servicio público de telecomunicaciones moderno, que cuente con los avances del desarrollo técnico y científico. Un servicio público con costos asequibles, en condiciones de igualdad, que garantice el derecho de los usuarios y como factor de desarrollo equilibrado. Y también con la mejora de las condiciones de empleo para los trabajadores de ese sector.

Olsson
. (SV) Es de vital importancia que las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones se actualicen al ritmo del veloz desarrollo global de las comunicaciones digitales y móviles. También es importante que esto se haga en el marco de las condiciones del mercado interior y con el objeto de proteger la libre competencia. En este contexto, el informe destaca algunos aspectos importantes.
Lo que no trata el informe, y tampoco lo toma en cuenta el informe de la Comisión, son las distintas condiciones existentes en los países miembros para construir y mantener diferentes tipos de redes. En Suecia, un país con poca densidad de población y en el que las distancias son muy grandes, hay proporcionalmente más inversiones y funciones de servicio público en materia de telecomunicaciones que en otros sitios. Allí las consecuencias de una plena apertura del mercado de redes, de la manera que se describe en el informe, serían poco claras en relación con las posibilidades de decisión e inversión y con las posibilidades de los ciudadanos de acceder a redes de comunicación de calidad uniforme y que funcionen. Por esta razón me abstuve en la votación de este informe.
Informe Alyssandrakis (A5-0122/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, éste es el primer informe Alyssandrakis - he votado a su favor - sobre las frecuencias radiofónicas que se utilizan, en particular, para los progresos en las comunicaciones efectuadas a través de los llamados móviles. También esta directiva adolece de un fallo, pues presta poca atención a la adaptación, a la enseñanza, al reciclaje profesional, al uso de estos nuevos sistemas de comunicación por parte de las personas mayores y de los pensionistas. No estoy hablando de personas mayores y de pensionistas en general, ya que en este momento hablo de mi madre. Mi madre vive en Roma, tiene 85 años, es cierto, pero aún no he conseguido convencerla de que acepte que le regale un móvil, porque no sabe cómo usarlo. Le sería muy útil tenerlo y sería muy interesante que lo tuviera, pero no ha habido forma de convencerla. Me ofrecido a enseñarle cómo se usa, pero no ha querido. Esto significa que las personas mayores no están en condiciones de utilizar el progreso.
Informe Alyssandrakis (A5-0119/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, en cuanto al segundo informe Alyssandrakis, he de hablar de mi hija. Esta mañana cuando me he encontrado con ella - ayer por la noche no estuve con ella porque intervine aquí en el Pleno sobre este informe -me ha dicho: " Papá, ¿es verdad que quieres ser astronauta y que quieres ir a la luna? Me lo han dicho esta mañana en cuanto llegué aquí." He tenido que contestarle: "Sí, es verdad" , porque ayer, en mi intervención -y lo repito aquí- pedí que la investigación espacial europea avanzara y, del mismo modo que en los Estados Unidos, hubo un astronauta y político que a los 69 años -por lo tanto, pensionista- viajó al espacio, también me gustaría que hubiera un astronauta europeo, también él político, que a los 69 años -por lo tanto, dentro de quince años- se convirtiera en astronauta. Y entonces solicité ser el primer astronauta de la Unión Europea.

El Presidente
Tal vez debería usted dar la nave espacial a su madre y el teléfono a su hija.

Raschhofer
Señor Presidente, he votado a favor del informe, pero quisiera manifestar lo siguiente para que conste en Acta: la coordinación de las actividades europeas de investigación no debe conducir a que desaparezca la competencia entre los centros de investigación. Por esta razón no hay que perder de vista nunca los límites de la comunitarización que la subsidiariedad establece. La unificación de los derechos de propiedad inmaterial se ha acreditado ya en el derecho de marcas y en el derecho de autor. El actual sistema de solicitud de patente obliga al solicitante a solicitar una patente en cada Estado miembro con lo cual se produce inevitablemente una fragmentación del mercado europeo. Por consiguiente, la creación de una patente comunitaria es la consecuencia lógica. La perspicacia de los agentes nacionales que adoptan las decisiones nacionales será decisiva para la realización de los ambiciosos proyectos. A la hora de otorgar los encargos de investigación debe tomarse en cuenta la competitividad de toda la Unión europea.
Informe Plooij-van Gorsel (A5-0131/2000).

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Plooij-van Gorsel sobre la comunicación de la Comisión "Hacia un espacio europeo de investigación", a pesar de que me habría gustado que por fin se tomara la decisión de reunir en un único proyecto todas las investigaciones que se llevan a cabo en toda Europa en los distintos ámbitos de gobierno: el alcalde, la Provincia, las Regiones, los Estados nacionales y, por último, la Unión Europea gastan dinero en investigación. Debería haber un único centro de gasto, la Unión Europea, para gestionar todo este dinero.
Además estoy preocupado porque me gustaría que se hicieran más investigaciones en el ámbito de la ciencia que quiere alargar la vida humana. Estoy preocupado porque no quisiera que los presupuestos de los Estados, las entidades gestoras de pensiones, trataran de retrasar de alguna manera dichas investigaciones que les perjudican por los mayores gastos que tendrían que soportar.

Alyssandrakis
. (EL) Aunque contiene ciertos elementos positivos, el informe de la Sra. Plooij Van Gorsel está inspirado por la idea de que la investigación debe estar al servicio de las empresas, de que debe producir nuevos conocimientos por encargo, sobre todo, conocimientos capitalizables comercialmente, en el marco de la liberalización del mercado y de la competencia.
Cualquier política de investigación basada en tales ideas y puesta al servicio de tales políticas tergiversará el carácter de la investigación, no solo como proceso de producción de nuevo conocimiento, sino también como fuerza productiva.
Lo que principalmente necesita la investigación es el aumento de la financiación, la cual para el conjunto de la UE es inadmisiblemente baja (el 1,8% del PIB frente al 2,8% de los EE.UU. y al 2,9% del Japón), y más aún en países como Grecia, que ocupa la última posición en la UE, donde se encuentre en el trágico nivel del 0,5%. El aumento de la financiación ofrecerá la posibilidad de que se desarrollen nuevas investigaciones y que se aproveche la multitud de jóvenes investigadores desempleados con un alto nivel de especialización que tanto abundan, por lo menos en mi país.
La financiación debe proceder de organismos públicos, en el marco de un programa de investigación que refuerce tanto la investigación básica como la aplicada, la cual deben tener siempre como resultado final la mejora de la calidad de vida de todas las personas y no los beneficios de los monopolios.
La cooperación internacional desempeña un papel primordial en el proceso de investigación y en su posterior desarrollo. Toda cooperación, tanto entre los Estados miembros de la UE, como con otros países, es deseable y debe ser bien acogida. La ligadura, sin embargo, del esfuerzo conjunto en investigación de los países de la UE al servicio del gran capital, con el único objetivo de aumentar sus beneficios, no sólo no es deseable, sino que constituye una perspectiva espeluznante para el futuro de la humanidad.
Por estas razones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos el informe de la Sra. Plooij Van Gorsel.

Figueiredo
. (PT) Es importante observar que, pese a todas las declaraciones de intenciones de las instituciones europeas respecto de la nueva economía, del paso a una economía digital y basada en el conocimiento, impulsada por la existencia de nuevos bienes y servicios, el esfuerzo global de investigación de la Unión Europea respecto de su PIB disminuye continuamente desde hace diez años y, como término medio, la UE dedica sólo 1,8% de su PIB a la investigación, mientras que los Estados Unidos de América dedican el 2,8% y Japón el 2,9%.
Según la comunicación de la Comisión Europea, el desfase entre el gasto total en la investigación pública y privada en los Estados Unidos de América y el de la UE aumenta continuamente y ha pasado de 12.000 millones de euros en 1992 a casi 60.000 millones de euros en 1998. También desde el punto de vista del empleo los investigadores representan sólo 2,5 por cada mil trabajadores de las empresas en Europa, en comparación con el 6,7 por cada mil en los Estados Unidos de América y 6 por mil en el Japón. Ahora bien, sabemos que la investigación y la tecnología contribuyen entre el 25% y el 50% al crecimiento económico y son considerablemente determinantes para la competitividad, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
Así, ¿cómo pueden los Jefes de Gobierno de los 15 Estados miembros de la Unión Europea apostar por conseguir un nuevo objetivo estratégico para el próximo decenio, el de hacer que el espacio económico europeo sea el más dinámico y competitivo del mundo, basado en el conocimiento y capaz de garantizar un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social, si no modifican en gran medida la política de investigación, en particular los fondos presupuestarios que se le destinan? De esa forma, con inversión pública y garantía del respeto de los derechos de los trabajadores y no con insistencia en la liberalización de sectores básicos y servicios públicos esenciales o en la flexibilización del mercado de trabajo, se consiguen mejores niveles de desarrollo.
Informe Smet/Gröner (A5-0125/2000)

Ferrer
El reconocimiento de los derechos de la mujer en tanto que parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales requiere la adopción de medidas de acompañamiento que permitan traducir este reconocimiento en acciones concretas. Y requiere, además, proceder a una evaluación posterior de las mismas sobre todo para poder corregir el tiro, en caso de no resultar suficientemente efectivas. De ahí la oportunidad y el acierto del informe Smet-Gröner y de las propuestas que en él se formulan, motivo por el cual lo he votado favorablemente.
Especialmente importante me parece la petición de medidas específicas de prevención y de promoción de la salud de la mujer y para garantizar su derecho a la sanidad genésica, siempre que este derecho se entienda no como un derecho al aborto sino a la protección de la salud de la embarazada y del no nacido. En cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades en el contexto de las políticas de cooperación al desarrollo quiero precisar que, a mi entender, los esfuerzos en este terreno deberían concentrarse especialmente en garantizar el acceso de las niñas a la educación primaria, para lo cual es necesario asegurar, al mismo tiempo, la gratuidad de la misma.
Sin embargo, debo lamentar que no haya prosperado la enmienda que he presentado en nombre del PPE. Porque evitar los embarazos adolescentes exige, sobre todo, formar a los jóvenes en los valores que emanan del sentido transcendente de la persona y enseñarles a vivir su libertad de manera responsable.

Figueiredo
. (PT) Hemos votado a favor de este informe, porque en él se subrayan los aspectos más importantes del análisis que hacemos sobre el seguimiento dado a la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín.
También pensamos que el proceso de revisión de 2000 en modo alguno debería propiciar una renegociación de los compromisos suscritos en Pekín. Los doce sectores críticos son importantes y es necesario afrontarlos, dado que la discriminación en función del sexo está presente en todas las esferas y la falta de avances en un sector repercute inevitablemente en los demás.
También consideramos importante la celebración de una nueva conferencia dentro de cinco años con vistas a evaluar los avances de las mujeres en las esferas de la igualdad, del desarrollo y de la paz.
Subrayamos como fundamental que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros hagan todo lo posible para luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres, ya sea en el nivel doméstico, en el local de trabajo, en la sociedad en general o en los conflictos armados.

Montfort
. (FR) El informe de las Sras. Gröner y Smet me permite insistir en un programa de acción discutible. Dejando aparte la ideología malthusiana que reviste, la plataforma de Pekín utiliza unas vías de aplicación que nosotros denunciamos.
La ONU pretende regentar el mundo imponiendo una visión uniforme, basada en el modelo occidental, a todas las regiones del planeta, más allá de sus culturas y de sus legislaciones actuales. Además, para eludir las reglas de su naturaleza intergubernamental, y, por tanto, sometida a la aprobación de los Estados, la ONU recurre a ONG financiadas por ella, pero que pueden aplicar programas onusianos en todas partes y con mucho menos limitaciones. Por otro lado, en los casos de países renuentes, utiliza el chantaje de las ayudas financieras, para obtener la aplicación, por ejemplo, de medidas de limitación de nacimientos.
Si bien es esencial que el papel específico de la mujer sea reconocido en cualquier sociedad, no es menos indispensable que eso se realice en el respeto de tradiciones y de reglamentaciones locales aceptadas por todas y por todos, y que no perjudiquen en absoluto el respeto de la dignidad de las mujeres. Este enfoque condiciona una mejor comprensión por las poblaciones afectadas de textos internacionales de orientación general.
Además, hemos discutido y votado el informe de la Sra. Sörensen sobre la trata de mujeres. Estos dos debates deberían hacernos reflexionar sobre el alcance real y la finalidad de estos grandes programas internacionales. Si bien han obtenido resultados en su voluntad de fragilizar un poco más la demografía de los países occidentales, no han respondido, lógicamente, a la pregunta más urgente de la protección de las mujeres que se encuentran realmente en dificultades.
Una vez más, es la ideología y el egoísmo de algunos lo que ha prevalecido sobre la preocupación por el bien común; la cultura de la muerte ha sido más importante que la defensa de la vida.

Perry
. (EN) Los diputados conservadores británicos han decidido abstenerse en nuestra votación sobre este informe.
No se debe interpretar en modo alguno como que no nos opongamos a la discriminación. Nos oponemos a la discriminación y creemos efectivamente en la igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Sin embargo, no aceptamos que la forma de lograr la igualdad de trato sea la imposición de cuotas legales. Todo lo contrario. Consideramos que las cuotas en sí mismas institucionalizan la discriminación.
Creemos que las mujeres de todo el mundo y en particular aquí, en Europa, están haciendo una contribución valiosa y positiva al proceso democrático. Estamos convencidos de que ese papel se desarrollará plena y efectivamente sin "medios progresistas" o "artificiales".
Sobre la cuestión de que los anticonceptivos estén más disponibles, hemos votado contra la enmienda, porque creemos que se trata de cuestiones de moralidad y conciencia personales y no una cuestión respecto de la cual la Unión Europea deba adoptar una postura política.
Por esas razones, hemos votado en contra de ciertas enmiendas y nos hemos abstenido en la votación final.

Scallon
. (EN) Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de la expresión "salud reproductiva" incluye la expresión "regulación de la fecundidad" en la que va incluida la "interrupción de los embarazos no deseados", es decir, el aborto a petición propia. En pro de la subsidiariedad, no se deben incluir en un documento del PE párrafos y enmiendas conexas que versen sobre la salud reproductiva, a no ser que estén definidos clara y sinceramente. Existe una terminología mundial comúnmente acordada que es la de "atención primaria de salud", definida en la conferencia de la OMC celebrada en Alma Ata en 1978, que versa sobre la salud de las mujeres y las madres y no incluye el aborto a petición propia.
Además, la redacción del párrafo 18 no permite entender claramente el significado y se presta a diversas interpretaciones; la prevención de "los embarazos de niñas" tiene el lamentable doble significado de intentar prevenir específicamente los embarazos en los que el feto sea una niña. No se debe permitir que ambigüedades como ésa figuren en un informe concebido como instrucciones para el equipo negociador en Nueva York durante lo que queda del período de sesiones de Beijing +5.
Respecto del párrafo 26, en el que se declara que "el respeto de los derechos de las mujeres debe ser una de las condiciones principales para conceder ayuda y se debe supervisar estrechamente en todas las relaciones exteriores y la cooperación", la Unión Europea no debe vincular con especificación alguna su distribución de ayuda ni imponer condición alguna para la recepción de ayuda entre las mujeres, dado que las mujeres son extraordinariamente vulnerables a la utilización de técnicas coercitivas para realizar sus derechos humanos básicos, tales como la vivienda, la nutrición, la educación y la atención básica de salud. La UE debe ejercer una extrema prudencia para que las definiciones actuales sean coherentes con la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues las mujeres no son un grupo minoritario.

Thomas-Mauro
. (FR) El Grupo UEN ha decidido votar contra el informe Fröner-Smet por varias razones. Una de ellas hace referencia a la ideología que motiva Pekín + 5.
Nosotros no deseamos rechazar en bloque el contenido de este informe, pero rechazamos la visión ideológica de la mujer que se desea imponer al mundo.
Esta visión de la mujer que nosotros rechazamos comprende, en efecto, unos presupuestos empíricos: primero, no estamos de acuerdo con el principio de la mujer como factor de paz, esa imagen de la paloma que se superpone a la de la mujer para formar un sólo ser. El hombre sería entonces ese individuo hirsuto y belicoso, fuente de todos los desórdenes del mundo.
Por otra parte, no puede considerarse que la mujer, por naturaleza, pueda ser un factor de desarrollo económico. Ciertamente, ella puede contribuir a ello y es necesario darle los medios para hacerlo. Sin embargo, nosotros creemos que, en el marco de este debate, la educación debe tener la prioridad absoluta.
Tampoco podemos aceptar la segmentación de los derechos humanos que se incluye en este informe.
El Grupo UEN, respetuoso de la tradición europea integral de los derechos humanos, no puede aceptar una segmentación de dichos derechos, puesto que no representan más que necesidades específicas a las que deben darse respuestas adecuadas.
Indudablemente, no se puede basar un instrumento internacional obligatorio en presupuestos erróneos.

Vachetta
. (FR) El informe sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín señala que la situación de las mujeres, si bien ha mejorado, supone aún grandes desigualdades. En el plano del trabajo es importante hacer algo más que "evaluar las consecuencias del trabajo con dedicación parcial y los empleos atípicos (...) en el desarrollo de la pobreza femenina". En efecto, las mujeres no siempre tienen la posibilidad de escoger un empleo de jornada completa correctamente remunerado. Ahora bien, el 85% de ellas desearían una jornada completa.
Las consecuencias de la imposición de estos trabajos con dedicación parcial son, evidentemente, fuente de pobreza. Por esta razón, nosotros nos oponemos a ello. La desigualdad de salarios de hombres y mujeres, del orden del 30%, continúa existiendo. Con respecto a esta cuestión el informe tendría que haber introducido medidas coercitivas para suprimir esta realidad. Eso implicaría una voluntad política. Finalmente, más de mil asociaciones de mujeres en 140 países organizan, este año, una marcha mundial para luchar contra los actos de violencia que aún persisten y por la igualdad. Debemos apoyarlas. Por nuestra parte, hemos votado a favor de este informe, a pesar de sus limitaciones, y nos manifestaremos en París, el 17 de junio, con todos aquellos y aquellas que militan en favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres.

El Presidente
Queda cerrado el turno de explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 13.48 horas, se reanuda a las 15.00 horas.)

Igualdad de trato de las personas
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0136/2000) de la Sra. Buitenweg en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores relativo a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM(1999) 566 - C5-0067/00 - 1999/0253(CNS)).

Buitenweg
Señor Presidente, la semana pasada hizo cincuenta años que Robert Schuman sentó con su declaración las bases de la CECA. A todo esto, el carbón y el acero han dejado de ser las cuestiones más importantes del proceso de integración. En el último medio año se ha puesto de relieve que los valores ocupan cada vez más un papel central en el debate. Europa como comunidad de valores.
En cuanto a la polémica relativa al momento en que se distribuyó la versión francesa, el plazo para la presentación de enmiendas y el Reglamento interno amenazan con hacer pasar desapercibida la importancia de la directiva que discutimos hoy, mientras que el contenido tal vez indique precisamente por qué se lucha con tanta dureza. Hace algunos meses, cuando su contenido no había sido fijado todavía, todos los partidos estuvieron de acuerdo en tramitar esta directiva mediante un procedimiento acelerado. El Consejo vive un momento de impulso político con la Presidencia portuguesa que, no sólo yo, sino también mis colegas han querido aprovechar.
Los problemas técnicos están subordinados a la voluntad política y, para gran parte de mis colegas, eso todavía es aplicable. Quiero agradecer explícitamente a Richard Howitt, ponente para la Comisión de Asuntos Sociales, Anne Van Lancker, Joke Swiebel, Sarah Ludford en Arie Oostlander, además de a los ponentes para opinión, la contribución extraordinariamente constructiva que han realizado al informe.
Ahora paso a la propuesta de la Comisión. Contiene un mínimo aceptable en cuanto a la protección contra el racismo a base de sanciones y organismos independientes a los que atribuimos una importancia extraordinaria. La Comisaria ha hecho justicia a las numerosas formas en que puede manifestarse la discriminación. La directiva abarca tanto la discriminación directa como la indirecta y, también, el concepto "acoso" .
Así mismo, se aboga en mi informe por incluir la incitación a la discriminación. Éste es el caso, por ejemplo, de un empresario que encarga una selección a una headhunting agency conforme a criterios impropios. Espero que este complemento sea adoptado por la Comisión.
El Parlamento también ha estudiado atentamente los ámbitos en que se aplica esta directiva. Tengo entendido que se han celebrado votaciones en el seno del Consejo a fin de exceptuar la política de asilo e inmigración, así como la concesión de visados, de esta prohibición de discriminación. Espero estar totalmente equivocada. Aunque una distinción basada en la nacionalidad puede ser perfectamente comprensible, sería injusto, por supuesto, que el color de la piel contara en una solicitud de visado o tratar de forma distinta la petición de asilo de una persona negra en situación de necesidad que la de un blanco. La política de asilo e inmigración cae actualmente en el primer pilar y, por tanto, las excepciones explícitas en este ámbito no serían justas.
La carga de la prueba es algo que se ha discutido muchas veces en este Parlamento. Además, cada Estado miembro contempla esta figura conforme a la cual tanto el demandado como el demandante cumplen un papel. La inversión de la carga de la prueba ya ha tenido lugar en el ámbito de la igualdad de trato entre hombre y mujer. En este procedimiento, el demandante debe presentar hechos que hagan sospechar que existe una discriminación directa o indirecta; hechos que, a continuación, deben ser rebatidos por el demandado. Esta regulación funciona bien y ha ocasionado pocos problemas. Quizá, sus detractores puedan explicarme durante el transcurso del debate por qué, a pesar de todo, hay que dar marcha atrás y, sobre todo, por qué la discriminación basada en la raza merece comparativamente menos protección que la discriminación por razón de sexo.
Al mismo tiempo, reconozco que tampoco es necesaria una mayor protección. Espero que esta Casa, en su sabiduría, adopte mañana un texto lo más cercano posible al texto originario de la Comisión.
Desgraciadamente, las medidas legales contra el racismo son necesarias. Procuran protección y la posibilidad de recurso a las víctimas. Son importantes, además, de cara a la formación de actitudes. Dejan claro que Europa no acepta el racismo. Éste es el mensaje que debe predicar el Parlamento. Todos distintos, todos iguales.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, correspondiendo a su petición, seré muy breve, pero se trata de una cuestión de orden en nombre de mi Grupo para hacer constar con desagrado la mención del Partido Popular danés en la exposición de motivos del Sr. Richard Howitt entre partidos racistas y de extrema derecha. Quiero repudiar enteramente, en nombre de mi colega Mogens Camre esa calificación y sobre todo una mistificación a la que se presta el texto, dado que en el informe se menciona a un dirigente de un partido neonazi de Dinamarca, que nada tiene que ver con el Partido Popular danés. Quiero también que quede claro en esta Asamblea que esas injustas y excesivas acusaciones fueron objeto de un caso ya juzgado en Dinamarca en 1999 y que su autor fue condenado. El Tribunal consideró probado que esas acusaciones eran injustas y condenó al calumniador. Lamento que esas calumnias tengan eco en este Parlamento, por lo que haremos llegar a la Mesa una copia de la sentencia del Tribunal. Solicito a la Mesa que la haga llegar también a nuestro colega Richard Howitt y a todos los diputados que estén interesados en ella.
Quisiera subrayar que los dirigentes del Partido Popular danés participaron en la resistencia a la invasión nazi, cosa que, por desgracia, no sucedió con algunos antiguos dirigentes de otras fuerzas políticas danesas.

El Presidente
Estimado colega, tomo nota de lo que usted nos ha dicho. Permítame que le indique que no era directamente una cuestión relativa al Reglamento, pero tomo nota de ella.

Howitt
Señor Presidente, como coponente de esta primera directiva europea sobre la igualdad de trato, mi partido y yo estamos orgullosos de contribuir a la legislación que establece normas comunes de protección para las víctimas de la discriminación racial en todo nuestro continente. Así se enviará a la extrema derecha racista la señal clara de que está fuera de lugar en la Europa moderna y se cerrará el capítulo del racismo, del antisemitismo y de la xenofobia, que arruinó trágicamente nuestra historia en el siglo que acaba de concluir.
El racismo no es una opinión: es un delito. El trabajador negro de 24 años de edad quemado en un ataque racista en Gran Bretaña, los cinco neonazis declarados culpables de apalear a dos vietnamitas en Alemania, las autoridades francesas citadas por Amnistía Internacional por las torturas sufridas por un ciudadano marroquí-holandés, casos, todos ellos, habidos en Europa esta misma semana, son simplemente los ejemplos más visibles de la discriminación racial, que es la experiencia cotidiana de los europeos de las minorías negras y étnicas en nuestros negocios, en nuestras comunidades y en nuestras calles. Por ejemplo, el grupo de Watford, en mi circunscripción, con el que me reuní la semana pasada, sin ir más lejos, presenció una intimidación racista en un puesto fronterizo, cosa que lamentablemente constituye algo tan habitual que ya no se informa al respecto.
Permítaseme decirlo claramente: hoy el Parlamento Europeo hace constar nuestro convencimiento de que esta legislación servirá para abordar concretamente esa clase de racismo. El cambio en la carga de la prueba, porque el discriminador cuenta con toda la información, garantizará una mayor equidad en la forma de atender las quejas. La definición de discriminación indirecta permitirá luchar contra las acciones encubiertas, que son omnipresentes y resultan más insidiosas a la hora de luchar contra ellas y permitirá la aplicación por parte de órganos auténticamente independientes con fondos suficientes para que lleven a cabo su labor a fin de que nuestras palabras se plasmen en realidades.
La Comisión de Igualdad Racial del Reino Unido es un simple ejemplo en Europa y me complace que algunas de las mejores enseñanzas que se desprenden de la Ley de Relaciones Racionales del Reino Unido, junto con los procedimientos óptimos de otros Estados miembros, se plasmen hoy en la legislación europea.
El Parlamento Europeo debe ser consciente de que los elementos que he esbozado son intrínsecos a la legislación y que la Sra. Buitenweg y yo hemos llegado a un claro acuerdo con la Presidencia portuguesa de que, a cambio de nuestra cooperación para acelerar la aprobación parlamentaria, esos elementos constituirán un mínimo en la directiva final acordada.
Permítaseme pasar a las mejoras concretas que proponemos y esperamos que se acepten: la incitación o la presión en pro de la discriminación queda prohibida en la misma medida que la propia discriminación; los grupos y los individuos podrán presentar demandas, incluida la condición jurídica de las organizaciones de voluntarios para participar en el diálogo civil, lo que constituye una cooperación para aplicar la directiva por primera vez; el ámbito de aplicación de la nueva legislación es aplicable claramente a todas las autoridades públicas; se ofrece la posibilidad de conciliación para resolver diferencias sin perjuicio del derecho a recurrir a los tribunales; y se va a poner a prueba la eficacia de la nueva legislación durante uno o dos años, no durante cinco, después de su aplicación.
Además, pido a la Comisaria que aborde concretamente en su respuesta nuestras peticiones suplementarias de que se apliquen los principios de la directiva en las políticas y los programas de la propia UE, que, en segundo lugar, se conceda a las autoridades públicas el derecho a requerir a las empresas que demuestren el cumplimiento de la legislación antidiscriminación a la hora de extender contratos y, en tercer lugar, respecto de la importancia de la supervisión estadística, para que podamos luchar de verdad contra la discriminación.
Por último, felicito sinceramente a Kathalijne Buitenweg por su labor y le agradezco su cooperación en la presentación de este asunto ante el Parlamento. Todos los diputados deben agradecer la campaña por parte del movimiento antirracista en toda Europa. Grupos nacionales tales como la Red sobre las Razas y Europa de mi país, el Reino Unido, la Red Europea contra el Racismo y, en particular, el Grupo Starting Line han trabajado durante 20 años para conseguir esta legislación y para ellos hoy es simplemente el comienzo.

McCarthy
Señor Presidente, quiero sumar mi voz a la de los diputados que piden una rápida tramitación de esta legislación en el Parlamento. Este es un Parlamento orgulloso de su ejecutoria. Desde el decenio de 1980 hemos encabezado las acciones y las iniciativas de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Ahora tenemos el informe Buitenweg nos brinda una oportunidad excepcional para que se incluyan esas medidas en un plano legislativo y en un plan de acción.
Quiero agradecer a la ponente que haya incluido la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos encaminada a ampliar la propuesta para que abarque el racismo institucional. También nosotros creemos que se debe prohibir la incitación al racismo. Los grupos y las organizaciones antirracistas de mi región, en el noroeste de Inglaterra, esperan ansiosos la aprobación de esta legislación. Para algunos de ellos, víctimas del racismo, toda prisa es poca y las organizaciones de mi región harán oídos sordos, la verdad, a la petición del PPE de que se respete el procedimiento parlamentario.
El racismo vuelve a ir en aumento. Todos tenemos nuestros ejemplos locales. Por ejemplo, en Liverpool un guionista asiático fue atacado, obligaron a su automóvil a salirse de la carretera y matones locales intentaron después empalarlo contra la punta de una verja. Fue un ataque tan despiadado, que la policía de Merseyside convocó una urgente conferencia de prensa. La comunidad judía del Manchester septentrional es objeto persistentemente de tratos discriminatorios y racismo: les pintarrajean las casas y se ven sometidos a amenazas y malos tratos racistas. Eso tiene que acabar. Ésa es la razón por la que es decisivo que Europa haga una firma declaración pública sobre el racismo y la discriminación respaldada por medidas legislativas para prohibirlos y ampliar el ámbito de resarcimiento judicial invirtiendo la carga de la prueba de la víctima a los grupos y las organizaciones racistas y para que se presenten demandas por discriminación racial ante los tribunales de toda la UE.
Al votar este informe y sus recomendaciones, este Parlamento puede enviar una señal firme de que está dispuesto a ser implacable con el racismo y con las causas y los perpetradores de actos racistas. Los partidos que pretenden legitimar y promover el racismo y la discriminación mediante los votos -y tenemos ejemplos en muchos países­ deben tomar nota de esta directiva y tener en cuenta las recomendaciones y su imperio jurídico en sus constituciones.

McAvan
En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por este texto. Es un texto válido. Muchos de los principios básicos que deseábamos figuran en él. También felicito a la Presidencia portuguesa, porque lo ha promovido hasta el final y ha aportado su influencia política para velar por que adquiriera fuerza de ley, porque, como acaba de decir la Sra. McCarthy, las víctimas del racismo no pueden esperar hasta que se hayan aclarado todos los procedimientos. Quieren esta legislación rápidamente y la quieren ahora mismo. Ésa es la razón por la que es importante que votemos esta tarde.
Es una legislación importante. En el marco de lo sucedido en Austria, resulta aún más importante. Algunas cosas contribuirían a fortalecer el texto. Me gustaría destacar dos aspectos: la enmienda nº 29, encaminada a velar por que no haya escondrijos para el racismo, escondrijos detrás de las consideraciones religiosas, las de creencias y las de nacionalidad. Debemos velar por que no sean simples coberturas del racismo.
La segunda enmienda, que es importante, es la relativa a la incitación a la discriminación racial, que es tan importante como el acto racista en sí mismo, y espero que la Comisión la acepte. Mi Comisión, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, consideró particularmente importante que veláramos por que los Estados candidatos conozcan esta legislación y estén en condiciones de aplicarla lo antes posible. Espero que la Comisión vele por que en el programa de acción, propuesto como acompañamiento a este conjunto de medidas legislativas, haya muchos proyectos procedentes de los Estados candidatos.
Esta directiva tendrá repercusiones directas en las vidas de muchos ciudadanos de mi circunscripción de Yorkshire, personas de minorías étnicas y muchos miles de personas en toda Europa. Es muy importante que consigamos su aprobación hoy. Espero que al final de esta tarde no haya más chanchullos ni más retrasos y logremos que se celebre la votación a la 6 de la tarde para que podamos sacarlo adelante antes de que acabe la Presidencia portuguesa.

Oostlander
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar sinceramente a la ponente, la Sra. Buitenweg, por haber logrado por los pelos que hoy se discuta todo el informe y se someta a votación. Ésa es la primera cuestión.
Al leer el informe y escuchar el debate, tengo un fuerte sentimiento de déjà vu. Hace 15 ó 20 años que colaboré en los Países Bajos con la Secretaria de Estado democristiana Jeltien Kraaieveld, quien también se ocupaba en aquel momento de esta legislación antidiscriminatoria, entonces, en el ámbito de la discriminación por razón de sexo. Todas las cuestiones, vacilaciones y conflictos, que surgieron en aquel tiempo reaparecen ahora. Sobre todo, las vacilaciones relativas a de qué se trata, qué debemos incluir en un único informe. También entonces, nos dimos cuenta de que era mejor abordar la discriminación punto por punto y no intentar apiñar todo en una ley, por tanto, tampoco en una directiva. La ponente me ha convencido de que es mejor, por ello, examinar la religión por separado, ya que conviene un trato aparte.
Daría un premio si consiguiéramos retirar las enmiendas 15 y 29, en las que la religión sigue adelante de forma negativa. Mi enmienda 63, conforme a la cual se trata de forma adecuada la cuestión de la religión, no sería necesaria por tanto, y restablecemos completamente el equilibrio, logrando un informe limpio.
Señor Presidente, creo que es importante que se analice el reparto de la carga de la prueba, llamado abusivamente la inversión de la carga de la prueba. Por aquel entonces, también meditamos mucho sobre cómo debía hacerse y si se podía hacer. Llegamos a la conclusión de que había que hacerlo y que debía estar relacionado con la creación de un consejo o comité independiente para la igualdad de trato - uno de mis mejores ex colaboradores actualmente forma parte del mismo -de manera que pudieran analizar en qué medida debía tomarse en serio una determinada queja, y en caso afirmativo, íbamos a juicio y, eventualmente, apoyábamos al demandante. Los demandados debían demostrar que nosotros estábamos equivocados. Ésta es una forma de división de la carga de la prueba que no sólo existe ya en la mayoría de los Estados miembros en lo relativo a la discriminaciones entre hombre y mujer y que debe ser aplicada por todos en el año 2001, sino que también se recoge ya, por ejemplo, en la legislación en materia de medio ambiente. En este ámbito también figura, según me ha comunicado hace poco un experto, una inversión de la carga de la prueba cuando resulta necesaria. Se trata de fenómenos que son extraordinariamente difíciles de probar y, conforme a la forma antigua, el interesado puede, con éxito, intentar zafarse. También cuando esto es completamente injusto. Creo que es positivo que el derecho conozca una evolución en lo que a eso respecta.
El reparto de la carga de la prueba constituye un punto importante y está relacionado con el comité, por ello, estoy a favor de lo que figura respecto de esta cuestión en el informe, en nombre de la parte de mi Grupo que lo respalda completamente.
Por supuesto, algunos empresarios o personas que cuentan con una posición fuerte, que se encontraban en una posición segura conforme a las anteriores formas de administración de justicia, o los que pertenecen a las mayorías, siempre ponen reparos a la antidiscriminación. Ésta amenaza su posición. En tanto democristiano, creo que debemos estar con los que se encuentran en la situación más débil, en una situación más delicada y considero, por tanto, que éste es un desarrollo positivo.
Opino también que la ponente hace una concesión extraordinaria al decir que tal vez esté dispuesta a retirar el aumento de control en ese punto que no sea, de hecho, jurídicamente necesario. Considero que se trata de un gesto importante, también hacia el Partido Popular Europeo y lo aprecio mucho.
En lo que a otros puntos del informe respecta, sí debo decir que la naturaleza de una directiva permite que no haya que ser muy detallado. Una directiva debe transponerse en la legislación nacional. Podría decirse, por supuesto: supongamos que un Estado miembro de repente se vuelve loco, entonces, hay que detallar todo lo que debe suceder. Supongo, señor Presidente, respetando el principio de subsidiariedad, que esta forma de locura no se manifestará en los Estados miembros y que van transponer esta directiva en la legislación nacional decente y razonablemente para, así, lograr el objetivo perseguido. Ésta es, al fin y al cabo, la naturaleza de una directiva. Eso implica para nuestro Grupo, y hablo en nombre de todo el grupo, que no hace falta incluir algunos puntos, en realidad, eso ya lo ha dicho implícitamente la ponente. Eliminémoslos y no permitamos que figuren en la directiva.
Así mismo, no hace falta que se mencionen aquí algunas cuestiones burocráticas relativas a cómo debe hacerse exactamente. Por tanto, no votamos a favor, o mejor dicho, votamos en contra. Esto no atañe al núcleo del informe, señor Presidente. De hecho, ésa es la cuestión.
Por supuesto, hay algunos puntos que sí queremos que figuren en la directiva. Por ejemplo, el derecho de inspección de datos confidenciales en el caso de que resulte necesario examinar la contabilidad de las empresas para verificar si existe o no una discriminación sistemática clandestina. Así mismo, opino, en nombre de parte de mi Grupo, que es muy importante que se incluya un punto claro sobre las elecciones de los trabajadores. Naturalmente, tampoco puede discriminarse a este respecto por razón de raza u origen étnico. Debe existir un diálogo empresarial y social en el que esto se plantee. Ello refuerza precisamente la idea de subsidiariedad, ya que cuando se trata de antidiscriminación, hay que empezar por la base. Por tanto, eso se aplica especialmente al diálogo social.
Señor Presidente, esta cuestión me preocupa porque la discriminación, especialmente por motivos étnicos y raciales, afecta al núcleo de la Unión Europea, de la integración europea. De esto se trata. Aquí estamos reunidas personas de distintos pueblos y origen, y trabajamos juntas. Así lo han hecho siempre los padres de la Unión Europea, y debemos transformarlo en legislación, tal como estamos haciendo hoy. En tanto neerlandés, debo decir que somos especialmente sensibles al problema de la discriminación por toda la historia de los neerlandófonos, a menudo correligionarios, que contribuyeron a instaurar el régimen de segregación racial de Sudáfrica. Nos hace estar todavía más alerta, y creo que debemos tener totalmente en cuenta la advertencia que deriva de esos hechos históricos. Me alegra mucho que esta materia se haya planteado ahora de forma adecuada.

Van Lancker
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, pertenezco a un grupo que ha colaborado con mucho convencimiento con los dos ponentes, Kathelijne Buitenweg y Richard Howitt, a fin de que este Parlamento pueda presentar esta semana una opinión parlamentaria sobre la propuesta de la Comisión, y quiero agradecer explícitamente de todo corazón a los ponentes el espíritu tan constructivo con el que hemos podido trabajar. Los socialdemócratas de este Parlamento han continuado luchando por mantener esta cuestión en la agenda, y me alegra que se haya conseguido gracias a la adecuada propuesta de compromiso de los liberales. A pesar de manifestar mis simpatías y mis respetos hacia el trabajo que Arie Oostlander y algunos colegas del PPE han realizado a fin de convencer también a este grupo, sin embargo, debo decir con sinceridad que los intentos continuos de sabotaje y los juegos de procedimiento que hemos presenciado aquí esta semana, me han demostrado que un núcleo duro de diputados conservadores del PPE no quería sino hundir el informe y, con él, también la directiva. Me alegra que les hayamos hecho fracasar.
La Presidencia portuguesa, los sabemos todos, está firmemente decidida a llevar este debate a buen puerto en el seno del Consejo. No lo tendrán fácil. La mayoría de los colegas saben muy bien por qué es tan importante esta directiva. Europa quiere dar una señal inequívoca, tanto a los ciudadanos de nuestros países como a los ciudadanos de los estados candidatos, mediante la aplicación rápida y enérgica del principio de no discriminación que figura en el Tratado. Ello, a fin de demostrar que Europa lucha seriamente por la igualdad de oportunidades, independientemente de la raza u origen étnico de las personas, ya que se sabe que la discriminación aún abunda mucho en nuestros países, de forma que todavía existe racismo y ultranacionalismo que, además, se manifiestan con más fuerza que antes; y porque los partidos políticos racistas sacan provecho de las ideas de "nuestro propio pueblo primero" . Sé, señora Comisaria, que también hay distintas posturas en el debate que se desarrolla en el seno del Consejo. Precisamente por ello, es importante que el Parlamento Europeo refuerce la posición de la Comisión e incluso la respalde, puesto que dentro de poco necesitaremos una directiva que permita hacer frente a toda discriminación basada en la raza o en el origen étnico.
Por último, quisiera señalar algunas prioridades de mi Grupo en cuanto al contenido. En primer lugar, es muy importante que la directiva de no discriminación desempeñe una función amplia y eficiente. De ahí que estemos muy a favor de ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a los grupos de personas que están discriminados. También en ámbitos como la vivienda, la formación, el funcionamiento de los servicios públicos, la actitud de la policía. Estamos satisfechos con la solución que hemos encontrado finalmente respecto de la discriminación basada en la religión, que no puede constituir una razón encubierta para discriminar por motivos de origen étnico.
En segundo lugar, la fuerza de esta directiva, en nuestra opinión, reside o se encuentra en su ejecutabilidad, en el control de la discriminación, en la eficiencia de las medidas relativas a la lucha contra la discriminación y, de ahí, la importancia que atribuimos a la posibilidad de que la directiva permita organizar acciones colectivas e incluya sanciones. Con todo el respeto y simpatía hacia el colega Oostlander, si se refiere a la operación de depuración, debo decir que, precisamente, se hace desaparecer uno de los núcleos duros de nuestro refuerzo. Pienso que eso va realmente demasiado lejos. Mi Grupo apoya, además, el refuerzo y el respaldo del funcionamiento de los organismos independientes que deben crearse para el control. Estoy segura de que esta directiva reforzará la labor del centro para la igualdad de oportunidades de mi propio país.
Para terminar, una última reflexión sobre la división de la carga de la prueba, ya que no comprendo la resistencia de algunas personas. Debe quedar claro para todos que resulta imposible para un emigrante demostrar que está discriminado en su trabajo o por el propietario de su casa, a menos que se pida al demandado que demuestre que los hechos invocados por el demandante carecen de fundamento. Nosotras, las mujeres, lo sabemos. De ahí que hayamos luchado durante tanto tiempo por una directiva que reparte la carga de la prueba, y hombres y mujeres del grupo socialdemócrata no pedimos sino que se trate a los emigrantes de la misma forma que a las mujeres. Respaldamos, por ello, la propuesta de la Comisión y no permitimos ninguna enmienda a este respecto.

Bienvenida
El Presidente
Me acaban de comunicar que en la tribuna de visitantes se encuentra una delegación del Consejo municipal de Munich, la capital del estado bávaro. Saludo cordialmente a las colegas y a los colegas del parlamento municipal. Celebro que ustedes tengan tanto interés por nuestro trabajo.

Igualdad de trato de las personas (continuación)
Ludford
Me ha encantado poder trabajar con la Sra. Buitenweg. Ha hecho una labor excelente y no excluyente y ha preparado un texto equilibrado, que por lo general fortalece la capacidad de la Comisión. La directiva propuesta es un hito para Europa. Es adecuado que Europa legisle para garantizar el derecho fundamental a la dignidad, independientemente de la procedencia étnica, y a no sufrir discriminación. También es oportuno que Europa legisle ahora, en vista del alarmante aumento de la violencia racista y de la extrema derecha.
Quiero destacar algunos aspectos del texto. En primer lugar, la importantísima inclusión del racismo indirecto e institucional, aspecto que han fortalecido las enmiendas. En segundo lugar, la inclusión específica de la vivienda, la salud y otras funciones de los organismos públicos, incluido el mantenimiento del orden. No se trata de una injerencia en las atribuciones nacionales, sino la afirmación de que la prestación no discriminatoria de esos servicios es un deseo europeo.
En tercer lugar, la inclusión, mediante las enmiendas núms. 15 y 29, de la discriminación racial encubierta. Mi Grupo no es partidario de la inclusión de la religión o las creencias en el ámbito de aplicación de esta directiva, porque se trata de algo sobre lo que hay que reflexionar mucho más. Sin embargo, creemos que, si el trato desigual tan sólo aparenta estar basado en la religión o la nacionalidad, pero, en realidad, se trata de pura y simple discriminación racial, no se debe dejar pasar.
En cuarto lugar, la inclusión, como ya se ha dicho, de la incitación o la presión en pro de la discriminación: eso es muy importante. En quinto lugar, el papel del Observatorio de la Unión Europea para que asista a la Comisión en la supervisión de la aplicación de esta directiva... y espero que la Comisión lo acoja con beneplácito. En sexto lugar, aunque mi Grupo entiende los principios en que se basa la enmienda nº 38, su inclusión de los clubes o asociaciones privados resulta bastante problemática. Pondré un ejemplo a sus Señorías: yo represento a Londres y podría significar un problema para las personas de origen caribeño reunirse para recordar la vida en el Caribe en el decenio de 1950, si excluyeran a personas blancas. Creo que la enmienda nº 38 no está bien redactada.
Por último, sobre el ajuste de la carga de la prueba -y tomo prestada la expresión pronunciada aquí por el Sr. Oostlander, porque es adecuado denominarlo "reparto" o "distribución" de la carga de la prueba-, lamento bastante que el Grupo socialista insista en llamarlo inversión de la carga de la prueba, porque eso es ligeramente engañoso. Se aplica a las limitadas circunstancias de la legislación relativa a la igualdad de oportunidades, que es una legislación civil o administrativa. Mi Grupo conviene en que, como el organismo empleador dispone de la mayor parte de la información, debe demostrar que no ha habido violación de la igualdad de trato, una vez que el denunciante haya demostrado tener razón a primera vista.
Por último, hoy va a ver más vehemencia que luz por parte de algunos oradores y me temo que podría incluir entre ellos al Sr. Helmer, de cuyas observaciones tuve anoche un anticipo al regresar de una deliciosa cena con espárragos.

Boumediene-Thiery
Señor Presidente, Señorías, tres años después del Tratado de Amsterdam y de la incorporación del famoso artículo 13, que hizo correr tanta tinta, el Consejo propone dos directivas tendentes a promover los principios de este Tratado.
No podemos menos que felicitarnos por esta voluntad que revela el Consejo para llegar a un resultado, especialmente en este período en que algunos partidos de la derecha tradicional no dudan en celebrar acuerdos con movimientos de extrema derecha; ayer ocurrió en Francia, hoy ocurre en Austria y quizá mañana ocurra en Italia.
Así pues, es una necesidad urgente definir un marco europeo mínimo para la lucha contra las discriminaciones. La directiva relativa a la lucha contra la discriminación racial y étnica va en este sentido, al establecer concretamente la inversión de la carga de la prueba, la aplicación progresiva de la discriminación positiva - más eficaz que la simple igualdad teórica -, así como el reconocimiento de la discriminación indirecta. Todos estos aspectos demuestran una voluntad real de avanzar.
Sin embargo, se constatan carencias. Nuestra ponente ha señalado algunas. Así, menciona la cuestión de la gratuidad de los procedimientos para los demandantes y la necesaria extensión del derecho de incoar procesos judiciales para los grupos o las asociaciones. Pero existen otras dos lagunas a las que desearía referirme. La primera es de orden general. ¿Cómo es posible que el Consejo se haya contentado con tratar las discriminaciones étnicas y raciales, sin crear un marco legal global para el conjunto de las discriminaciones? El hecho de señalar un tipo de discriminación entre otros induce a hacer creer que algunas discriminaciones son menos condenables que otras. Lo cual es inaceptable.
Próximamente deberá examinarse una segunda directiva sobre las discriminaciones en el ámbito laboral. El Consejo debe, pues, darse prisa para proponer un proyecto de directiva e incluir en éste todas las formas de discriminación. Se trata de una necesidad imperiosa, ya que aquellos que sufren una mayor exclusión son quienes padecen varios tipos de discriminación. El hecho de protegerlos contra un solo tipo de discriminación no los ayuda más que parcialmente.
La segunda laguna se refiere a la exclusión de las discriminaciones de orden religioso de esta directiva. Personalmente, creo que es muy lamentable que las discriminaciones religiosas no hayan sido tratadas al mismo tiempo que las discriminaciones raciales y étnicas, puesto que estos diferentes tipos de discriminación están, en mi opinión, muy vinculados entre sí. Por ejemplo, ¿cómo puede definirse la identidad judía? El odio a los judíos que sigue existiendo en muchos países, ¿no responde acaso tanto al antisemitismo, o sea, al origen étnico, como a aspectos religiosos? La discriminación frente a las comunidades magrebíes en Europa es también doble. Se puede incluso decir que el miedo al islam desempeña el papel catalizador de un sentimiento de racismo hacia estas comunidades. Por consiguiente, limitar esta directiva a las discriminaciones raciales y étnicas podría dejar la puerta abierta a ambigüedades de interpretación, de las que a los jueces les costaría desprenderse.
Para concluir, creo primordial que el Consejo adopte un enfoque integrado en cuanto a los instrumentos jurídicos que deben crearse para incorporar este artículo 13 en nuestra vida diaria. Dividir la lucha contra las discriminaciones en múltiples textos me parece peligroso para la coherencia global del dispositivo antidiscriminatorio, y, por lo tanto, lo debilita.

Posselt
Señor Presidente, le agradezco que usted haya saludado a políticos municipales que tienen la tarea de llevar a la práctica lo que nosotros aprobamos aquí. Pero, primero hemos de hacer nuestro trabajo. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que esta mañana no se disponía aún de todas las versiones lingüísticas de las enmiendas que ha mencionado nuestra colega, la Sra. Ludford. Le ruego que de aquí a la votación los servicios de la sesión aclaren si aquí rige el plazo de 24 horas o si no hemos de aplazar esto a mañana. No quiero convertir esto ahora en objeto de controversia, pero le ruego que aclare esto de una manera definitiva, porque hoy ha reinado un gran desconcierto.

El Presidente
Querido colega, señor Posselt, estamos acostumbrados a que en esta Asamblea reine una gran confusión. Pero haré que se compruebe esto.

Krivine
Señor Presidente, esta resolución es positiva y la aprobaremos, pero sólo tendrá credibilidad si los Estados miembros empiezan a barrer delante de su propia puerta. ¿Qué credibilidad demuestra Bélgica, cuando organiza batidas y expulsa masivamente a los solicitantes de asilo gitanos hacia Eslovaquia y Bulgaria, en contra de las recomendaciones del Parlamento y de la petición expresa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Qué credibilidad demuestran los Estados miembros al imponer en su función pública una discriminación contra la contratación de ciudadanos extracomunitarios, condenando de este modo a los inmigrantes que emplean a una eterna precariedad?
¿Qué credibilidad demuestra Francia cuando una propuesta de ley constitucional, que preconiza el derecho de voto de los inmigrantes extracomunitarios en las elecciones locales, aprobada en la Asamblea Nacional el 3 de mayo, está hoy bloqueada debido a la hostilidad del Senado, del Presidente y a una falta de voluntad del gobierno? ¿Cómo se pretende proteger contra las discriminaciones a aquellos a quienes se les niega todas las nacionalidades?
Sólo se combatirán eficazmente las discriminaciones acabando con el doble lenguaje de los gobiernos. Pero este texto es ya una etapa que habrá que precisar.

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, Señorías, habría sido de desear que el Parlamento Europeo hiciera una contribución positiva, aclaradora y decisiva a la propuesta de directiva del Consejo, correspondiendo al impulso de la Presidencia portuguesa. Por desgracia, no estamos seguros de que así sea. En algunos aspectos, las propuestas corresponden a mejoras concretas del texto de referencia. Aparte de detalles, he de mencionar, personalmente, los derechos de acción del grupo, el apoyo judicial y otros que, por lo demás, ya existen en las leyes portuguesas. Pero, en lo fundamental, las propuestas que debatimos corren el riesgo de echarlo todo a perder. Parece que los ponentes y otros que se identifican con ellos quisieran ir demasiado lejos y, con el ansia de ir demasiado lejos, se puede perjudicar gravemente a todo. Hay tres aspectos sobre todo que nos preocupan: la cuestión no aclarada de la inversión de la carga de la prueba, la de la nacionalidad y la de la religión. La de la inversión de la carga de la prueba es ya de por sí una cuestión suficientemente delicada. Aun así, hay sectores en que está claramente justificada, pero es inadmisible que, en vez del principio clásico de in dubio pro reo, se implante una norma de in dubio pro auctore, sobre todo cuando no se aclara si esa inversión de la norma es aplicable a casos de la justicia penal... y sabemos que hay aquí casos que pueden llegar a la justicia penal. Eso sería una violación de principios fundamentales de nuestra civilización jurídica, de garantías fundamentales del proceso tan antiguas, que se formulan en latín, es decir, que provienen del Derecho Romano.
En segundo lugar, la nacionalidad. Nosotros, los portugueses, tal vez seamos la mayor mezcla de sangres y de orígenes étnicos a lo largo de la Historia. Yo mismo y los amigos con los que me relaciono no tenemos la menor idea de nuestro registro étnico. Seríamos un rompecabezas, tanto para un investigador nazi como para las relaciones de seguimiento étnico que hace unas semanas eran tan del agrado de la baronesa Ludford en otro informe. Conocemos el asunto del racismo, que carece del menor sentido para nosotros, aunque haya que luchar contra él; sobre todo hay que luchar con firmeza contra la violencia racista. Pero conviene no confundir las cuestiones. Y en otros planos una cuestión es la etnia y otra la nacionalidad. Si hay una discriminación de un negro contra un blanco o viceversa -por ejemplo, si un portugués blanco es discriminado a favor de un portugués negro o un portugués negro a favor de un portugués blanco-, se trata claramente de racismo ilegítimo, que se debe perseguir. Pero, si en el acceso a determinadas funciones, un portugués -ya sea asiático, negro o blanco- es apto para esas funciones, en términos que no son aplicables a un ciudadano de Zimbabwe, ya sea blanco, negro o asiático, la cuestión no es de racismo, es de ciudadanía y puede ser una cuestión legítima. Ese es el problema y en muchas propuestas los conceptos están confusos, cosa que podría tener efectos devastadores, en particular en sectores como la función pública o incluso en otros imprevistos. Otro asunto esencial es el de la religión. Para nosotros, debe quedar claro que la de organización de las religiones es una libertad civil fundamental, que no se puede poner en entredicho ni en jaque ni en riesgo, como sucede en algunas propuestas que estamos examinando.

Turco
Señor Presidente, queremos en primer lugar dar las gracias a la ponente por haber sabido mejorar la propuesta de la Comisión. No obstante, pensamos que merece un agradecimiento especial la señora Comisaria Diamantopoulou porque ha sabido darse cuenta de la importancia de la introducción del artículo 13 en los Tratados, así como plasmar una norma abstracta en un paquete de directivas.
Día tras día Europa se va convirtiendo en un continente que, como nos revelan los informes de las Naciones Unidas sobre la tendencia de la población europea, acoge a ciudadanos de terceros países y que sobre todo necesita su aportación, su cultura, sus capacidades y sus iniciativas. En un contexto de este tipo, la Unión debe reafirmar los principios fundamentales de la democracia garantizando a todos los ciudadanos y a todos los residentes los mismos derechos y los mismos deberes.
Partiendo de esta premisa, tanto el informe como la directiva nos producen cierto escepticismo en cuanto a tres puntos: no compartimos y estamos firmemente en contra del principio de inversión de la carga de la prueba que viola los principios fundamentales del Derecho. No creemos que los fines justifican los medios, sino que los medios utilizados prefiguran el fin.
Tampoco compartimos la creación en los Estados miembros de organismos independientes, encargados de seguir y controlar las discriminaciones ligadas a la raza y a los orígenes étnicos. Y esto porque, en términos generales, desconfiamos de las instituciones que, violando el principio democrático de la división de poderes, interfieren en las demás instituciones, con el resultado de alterar el juego de los equilibrios entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial o de no encontrar una función específica porque ya la cumplen otras instituciones.
Por último, no compartimos las referencias a las discriminaciones positivas. Nos oponemos a las discriminaciones positivas en general cuando son impuestas por el Estado, habida cuenta de que creemos que el mérito debe primar sobre la política de las cuotas que, a la postre, al tratar de combatir las discriminaciones, discrimina a las personas. Con estos reparos los diputados de la Lista Bonino apoyarán el informe y la directiva confiando en que el Parlamento Europeo y la Comisión reflexionen e incorporen las oportunas modificaciones a los puntos que acabamos de mencionar.

Blokland
Señor Presidente, intervengo en este debate con sentimientos contradictorios. La forma en que se ha tramitado este informe en relación con el procedimiento normal tiene mucho que ver con ello.
Suscribo, desde luego, la importancia de la igualdad de trato de las personas independientemente de su raza y origen étnico. No obstante, precisamente por tratarse de una materia tan importante, el Parlamento y, sobre todo, la Presidencia portuguesa debían haberse preocupado de que se le dedicara más tiempo. La adopción de la ley general de igualdad de trato de los Países Bajos costó, en su momento, mucha sangre, sudor y lágrimas. Experiencias semejantes, que han tenido lugar en más Estados miembros, deberían al menos conducirnos a la prudencia y a una buena preparación de la tramitación de esta propuesta en directiva. Eso exige su tiempo porque, en primer lugar, la realización de la propuesta actual conlleva bastantes consecuencias para las legislaciones y los sistemas vigentes en los distintos Estados miembros; piensen en la modificación de la carga de la prueba.
Las enmiendas propuestas por el Parlamento van todavía más allá de la propuesta de la Comisión. Esta última institución aboga por mantener el principio de subsidiariedad. Sin embargo, tengo mis dudas. El funcionamiento de la directiva complementaría su sentido político. No obstante, ese sentido ha sido atribuido igualmente, al menos, por la legislación nacional existente durante años, que está mucho más próxima al ciudadano, y por la famosa CEDH. Con toda seguridad, hubiera sido deseable una discusión en profundidad dadas las consecuencias trascendentales que puede conllevar esta regulación para la legislación y los sistemas jurídicos de los Estados miembros, y el atentado que supondrá para la soberanía de los Estados miembros.

Raschhofer
Señor Presidente, apreciados colegas, consternado por la apresurada condena de Austria por los 14 Estados miembros quisiera celebrar expresamente la propuesta de la Comisión. La aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción de la raza o de la procedencia étnica constituye algo evidente. La discriminación sobre esta base no debe tener lugar en una sociedad moderna. Sin embargo incluso en un tema tan incontrovertible es posible exagerar más allá del objetivo. La inversión de la carga de la prueba, propuesta por la Comisión, implica una sobrecarga no exigible, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas, las cuales en adelante han de levantar una acta de cada entrevista de demanda de empleo, a fin de poder aportar una prueba en un caso de apuro. Una regulación de este tipo no genera ninguna comprensión para con las víctimas de la discriminación. Por el contrario, es en sí misma contraproducente. La precisión de la valoración que se adjunta a la propuesta de la Comisión se deriva únicamente del empleo de la palabra "aparentemente" . En efecto, en ella se dice lo siguiente: Aparentemente las regulaciones de este tipo ya existentes no acarrean mayores problemas.

Diamantopoulou
. (EL) Señor Presidente, creo que es importante que los señores diputados conozcan el trabajo que ha realizado la Comisión sobre la propuesta del Parlamento, por lo que respecta a la admisión de las enmiendas, con objeto de que el debate sea más fácil.
Como es sabido, en mi condición de Comisaria competente, presenté hace unos meses un paquete contra las discriminaciones que contenía dos directivas y un programa. Hoy debatimos una de estas dos directivas, y me permitirán sus Señorías que diga que esto es posible gracias a la extraordinaria colaboración y al eficaz trabajo de las dos comisiones del Parlamento, cuyos esfuerzos han superado cualquier expectativa. Una directiva que, aun siendo especialmente compleja, con muchas consecuencias, con particularidades nacionales y con diferentes enfoques, con diferentes contribuciones de todas las comisiones participantes, ha logrado convertirse en un informe, y gozar además de un amplio consenso. Me gustaría dar la enhorabuena a la señora Buitenweg y al señor Howitt, así como a todos cuantos han colaborado, incluida la Presidencia portuguesa.
Creo que esta sesión tiene carácter histórico por dos razones: en primer lugar, porque la demanda de un acto legislativo semejante lleva sobre la mesa más de veinte años. Grupos sociales, partidos políticos, parlamentos, eurodiputados, conferencias internacionales han propuesto y han insistido en la necesidad cubrir legalmente un asunto de tanta transcendencia como el racismo y el comportamiento de las sociedades organizadas. Después de veinte años, se ha hecho realidad: estamos debatiendo esta directiva.
El segundo factor es que, debido a la coyuntura política, debido a los problemas políticos que hemos tenido en el seno de la Unión durante los últimos meses, referidos a casos de racismo en los ámbitos social y político, el presente trabajo es el primero que elude palabras, que elude resoluciones y formulaciones políticas generales y hace realidad una política concreta. La Comisión Europea, tras el informe de la comisión del Parlamento, ha trabajado con gran celeridad en colaboración con todos los servicios implicados, y debo decirles que más de la mitad de las enmiendas han sido admitidas, bien en su espíritu, bien, de algún modo, en su formulación. Debo subrayar que las enmiendas que no han sido admitidas, no lo han sido principalmente por motivos administrativos, legales o porque, después de la experiencia y la colaboración que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos considerado que era imposible su adopción por el Consejo. Como saben, nos hemos basado en el artículo 13. Y se trata de un artículo limitado; pero bueno, es el punto de partida con el que contamos.
Me gustaría comentar varias enmiendas. Debo decir que estamos de acuerdo con las enmiendas referidas a la incorporación de la dimensión del género (enmiendas 7 y 59), con las referidas al ámbito de aplicación (enmiendas 5, 30, 31, 34, 36 y 37), con la referida a la asunción de una acción positiva (enmienda 40). Asimismo, estamos de acuerdo con la idea sobre los procedimientos de conciliación que se mencionan en la enmienda 42, con el diálogo con las organizaciones no gubernamentales (enmiendas 21, 50 y 51) y con las enmiendas referidas a actos anteriores del Parlamento Europeo y del Consejo (enmiendas 3, 4, 8, 9 y 12). También estoy de acuerdo con su propuesta de que se destaque más el papel del observatorio europeo -dato que incluiremos en la enmienda 59- aunque debo recalcar que, basándonos en la experiencia de la Comisión, consideramos que la presentación de informes cada dos años por parte de los Estados miembros es una labor muy exigente que no nos va a permitir la valoración correcta de la influencia de las políticas que se estén desarrollando. Proponen, asimismo, que se modifique la definición de la discriminación indirecta, y una de las oradoras lo ha vuelto a señalar. Estoy de acuerdo con los puntos de la enmienda, pero debo subrayar que los utilizaremos de modo que contribuyan a una mayor aproximación de la formulación de la definición a la de la noción empleada por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso O' Flynn.
Me gustaría detenerme en aclarar del artículo sobre la equiparación del peso de la prueba que se propone en la enmienda 43, aunque, según se ha apreciado tanto en el debate, como en el Consejo, su aceptación va a suponer un gran problema. No obstante, me gustaría señalar -dado que la Comisión está de acuerdo con esta aproximación- que un debate semejante por la misma razón, el trato discriminatorio entre los sexos, tuvo lugar hace bastantes años. También entonces hubo una gran preocupación por las repercusiones que tendría tanto en los tribunales, donde temían que se concentrara un gran número de casos, como en las empresas. Tras muchos años de aplicación, debemos decir que estos miedos no estaban justificados y que no hubo ningún problema. Creo, pues, que podemos servirnos de esta experiencia y aventurar este enfoque.
Estoy de acuerdo -y saludo la perseverancia de sus Señorías- en que la directiva sea válida para todas las personas residentes en el territorio de los Estados miembros, y no sólo para los ciudadanos comunitarios. Asimismo, estoy de acuerdo con la propuesta de dejar claro que la directiva será valida para las personas físicas y jurídicas; pero debo subrayar que sus referencias a grupos de personas no institucionalizados no pueden ser tenidas en cuenta puesto que esta noción no está legalmente reconocida. En su esencia es comprensible el contenido de la noción, pero desde el momento en que se trata de una noción sin reconocimiento legal, puede originar muchos problemas.
Asimismo, quiero hacer referencia al asunto que parece preocupar especialmente a la Cámara, en concreto a la distinción, por un lado, del origen étnico y racial, y por otro, de la religión. Durante la elaboración de la propuesta tuvo lugar un gran debate en la Comisión sobre si debía ser incluida en la directiva en cuestión la prohibición de las discriminaciones por razones de creencia religiosa. Comprendemos el argumento de que, muchas veces, es difícil hacer claramente esta distinción. Y esto es válido con frecuencia en el entorno laboral, sobre todo porque hay problemas relacionados con la posibilidad de rezar, con la concesión de permisos para actividades religiosas, con la necesidad de una alimentación especial en los lugares de trabajo. Por esta razón, en la segunda directiva del paquete, referida al empleo, respecto a la discriminación en el mundo del trabajo, se hace mención expresa a las discriminaciones por razones de creencia religiosa. Pero podemos entender cuán difícil y cuán complejo se hace el asunto si extendemos la prohibición de la discriminación por razones de creencia religiosa, por ejemplo, a la educación. Y cuán difícil sería la negociación de la directiva con los Estados miembros, en donde existen enfoques diametralmente opuestos. Saludamos, sin embargo, el enfoque que han seguido sus Señorías, esto es, que se subraye en las enmiendas 15 y 29 que eventualmente algunos intentarán interpretar la discriminación por razones de origen racial como un trato discriminatorio por razones de creencia religiosa. Estoy de acuerdo además en que la directiva debe ser reforzada en este punto y que los Estados miembros deben llamar claramente la atención de las autoridades judiciales, y del resto de autoridades competentes, hacia este peligro, en lo que atañe al tratamiento de la cuestión del derecho de amparo contra las discriminaciones.
Asimismo, haré una breve referencia a las organizaciones independientes: comparto algunas de las ideas manifestadas sobre el papel que desempeñan y, especialmente, sobre la necesidad de que sean independientes. Sin embargo, debo decir que no podemos avanzar pormenorizadamente en su organización y funcionamiento, ya que esto concierne a los propios Estados miembros.
Es muy elevado el número de enmiendas que realmente hemos admitido, y creo que estaremos de acuerdo en que debemos analizar el modo en que estas ideas van a incorporarse a una propuesta modificada, de modo que mantengan la estructura y el equilibrio del texto y que la propuesta tenga esperanzas de ser aprobada por el Consejo, porque creo que para todos la proporción se encuentra entre lo deseable y lo factible.
Haré una brevísima referencia a las enmiendas más relevantes de entre las que no pueden ser admitidas. La primera concierne a las reservas de sus Señorías sobre la exclusión en el proyecto de la referencia detallada a determinados servicios, como la policía y los servicios judiciales. Sin embargo, la ponente ha señalado muy correctamente que la directiva puede intervenir solo cuando exista competencia comunitaria. Esto no es válido en lo que respecta a la cooperación judicial en casos penales y en lo que respecta a la cooperación policial. Ambas competencias se hallan en el campo de aplicación del Tratado sobre la Unión Europea. Así pues, estamos de acuerdo con la mención de la enmienda 37 a entidades públicas en general. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo en la mención concreta de la policía y de las autoridades del derecho civil.
Una observación a la complicadísima cuestión de los problemas particulares en el ámbito de las políticas de inmigración y de las políticas de asilo: la Comisión prefiere seguir una aproximación gradual debido a la gran complejidad del asunto; durante la elaboración de legislaciones concretas relacionadas con las políticas de acogida, en estos dos ámbitos, el de asilo y el de inmigración, la Comisión valorará la situación y analizará en qué medida la inclusión de una cláusula ad hoc contra las discriminaciones resultaría la respuesta más adecuada. Hay otros muchos datos, como los suministros públicos, en los que el marco no permite introducir criterios semejantes; el asunto de los datos estadísticos, en el que reconozco y destaco el temor a la falta de datos estadísticos, y debo decir que, precisamente, uno de los objetivos básicos del programa de actuación tiene que ver con la creación de bases estadísticas a escala europea; y, por último, quiero acentuar nuestra obligación, como instituciones europeas, de aplicar lo que proponemos para los Estados miembros. La reforma que hemos emprendido y llevamos adelante en el marco de la Comisión ha tenido en cuenta todo el marco de esta directiva.
Señor Presidente, quiero agradecerle su comprensión para con el abuso del tiempo, pero debía hacer referencia a una serie de enmiendas y de artículos particularmente complejos; de modo que la Cámara comprendiera lo mejor posible los puntos que pueden ser admitidos, los cuales, como ha podido comprobar, son numerosos.
Señorías, creo que con una voluntad política común y con la continuidad de nuestra excelente colaboración podemos hacer realidad un pequeño sueño: un auténtico compromiso de Europa en el asunto del racismo.

Martens
Señor Presidente, creo que nos ocupamos de un informe extraordinariamente importante y agradezco a la Comisaria sus comentarios sobre las enmiendas. La comunidad internacional atribuye mucho valor a la lucha contra el racismo, cuestión que también figura como prioritaria en las agendas de los Estados miembros; no obstante, todavía queda mucho por hacer en lo relativo a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Cada vez está más claro que la colaboración en el seno de la UE resulta imprescindible. Un mayor acuerdo respecto del ámbito de aplicación, el contenido y las posibilidades para su ejecución tiene, sobre todo, gran importancia en un mercado interior abierto en el que existe la libre circulación de mercancías, personas y servicios.
Quisiera felicitar a la Sra. Buitenweg por su informe. Es un informe extraordinariamente bueno. Se trata de la igualdad de trato de las personas, independientemente de su raza y origen étnico en general. No obstante, quiero señalar que las mujeres se ven mayormente afectadas por la discriminación; y dentro del grupo de mujeres, especialmente, las mujeres y niñas que también lo están por su raza y origen étnico y, por tanto, muchas veces se encuentran doblemente discriminadas.
Tengo todavía cuatro cuestiones, señor Presidente. Es positivo que las organizaciones u otras personas jurídicas que luchan contra la discriminación, tengan derecho a iniciar el procedimiento a fin de favorecer el cumplimiento o aplicación de esta directiva y prestar ayuda a las víctimas durante el desarrollo del mismo. También opino que es recomendable que se cree en cada Estado miembro algo similar al órgano independiente con que contamos en los Países Bajos para pronunciarse sobre las quejas. Éste recibe el nombre de comisión de igualdad de trato, y funciona extraordinariamente bien y de forma muy eficaz; es una institución independiente.
Me complacen las enmiendas presentadas por mi colega del PPE, la Sra. Smet, que abogan por que la directiva también recoja las elecciones de, por ejemplo, los representantes de los trabajadores a los comités de empresa. Creo que constituye una aportación.
Por último, quiero detenerme brevemente en el problema del reparto de la carga de la prueba. Ya se ha dicho antes. Popularmente, se conoce como la inversión de la carga de la prueba en caso de posible discriminación. Ya funciona en relación con las mujeres. Se ha propuesto ahora el mismo sistema respecto de esta directiva.
Resulta extraordinariamente importante que esto entre en vigor para, así, lograr una lucha eficaz contra la discriminación. Llego a decir, incluso, que resulta imprescindible. Tal como la Comisaria ya ha dicho, en la práctica, nunca ha originado dificultades en otros ámbitos. Razón de más para aceptarlo aquí y efectuar una rápida transposición.

Karamanou
Señor Presidente, señora Comisaria, indiscutiblemente la importantísima "directiva histórica" , como la ha denominado, y las correspondientes propuestas del Parlamento Europeo llegan en el momento oportuno: ¡justo a tiempo! La lucha contra la discriminación por razones de origen étnico o racial o de convicciones religiosas adquiere hoy en día carácter de urgencia en el continente europeo. El resurgimiento de mentalidades intolerantes de corte medieval, la creación de partidos de ideología racista, la extensión de la violencia, revelan que el respeto a la diferencia, que es distintivo de las sociedades desarrolladas, no se ha logrado totalmente.
Es evidente que, en el siglo XXI, el campo de la confrontación política e ideológica se situará entre la concepción cosmopolita y progresista, que admite la multiculturalidad, y el fundamentalismo, que afronta las diferencias con miedo y hostilidad y que conduce al racismo y a la xenofobia. Por ello se hace indispensable el blindaje legal de la Unión Europea y la aceleración de los procesos de integración del espacio común de libertad, de seguridad y de justicia para todos cuantos residen en el territorio de la Unión Europea.
Esperemos que muy pronto, con la adopción de la directiva del Consejo, los Estados miembros den máxima prioridad, en primer lugar, a la cooperación judicial y a la armonización de sus legislaciones penales; en segundo lugar, a la formación adecuada en el ámbito de los organismos estatales y empresariales sobre la aplicación de la directiva para todas las personas físicas y jurídicas; en tercer lugar, a la aplicación de la Carta de los Partidos Políticos Europeos de 1997 por la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra todas las formas de violencia racial; en cuarto lugar, al derecho de acción colectiva de víctimas individuales de discriminación; en quinto, a la garantía del acceso de las minorías a la formación profesional, al empleo, a los servicios de salud, a la seguridad social y a los sistemas de pensiones, así como a su participación en la política social y económica y en la vida cultural.
Habría que añadir asimismo la sensibilización de los ciudadanos sobre las discriminaciones directas e indirectas, el seguimiento de la aplicación del marco institucional comunitario y la configuración de nuestra política de inmigración, basada en los principios que presiden esta importantísima directiva.

Lynne
Ésta es la primera directiva que debatimos de conformidad con el artículo 13 y es un buen comienzo en nuestra lucha contra todas las clases de discriminación en toda la UE. Los diputados al Parlamento Europeo y las ONG laboraron denodadamente en pro de su inclusión en el Tratado. Estoy deseosa de que se aprueben otras directivas al respecto, tal vez comenzando por una relativa a la discapacidad.
En principio, yo me oponía a que se abordara el racismo por separado. Me habría gustado que se abordara en la directiva sobre el empleo y en el Programa de Acción. Estaba convencida de la urgencia al respecto por el aumento actualmente del racismo en toda la UE. Varios diputados han citado casos concretos hoy.
Espero que la Presidencia portuguesa labore denodadamente en pro de que se saque este asunto adelante y vele por que logremos esta legislación sobre racismo. Tenemos que enviar el mensaje de que nos oponemos al racismo y a la xenofobia en toda la UE. Por esa razón, me alegro de que celebremos la votación hoy.
Permítaseme pasar a referirme concretamente a algunas de las enmiendas. Sé perfectamente que ciertas jergas europeas excluyen a los ciudadanos. Esa es la razón por la que quería que se incluyera la enmienda nº 48 sobre el lenguaje sencillo. Enmienda nº 43: ya se ha hablado de la carga de la prueba. Contribuye a que haya una carga compartida de la prueba. El denunciante debe efectivamente aportar datos y ya se ha dicho que la igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres abarca este aspecto también en la legislación europea. Enmienda n 51: me encanta que se vaya a consultar a las organizaciones no gubernamentales y caritativas. Saben de lo que hablan, porque están en contacto con la dura realidad a ese respecto.
Por último, quisiera sumar mi felicitación a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por haber colaborado tan estrechamente para presentar un informe excelente.

Ceyhun
Señor Presidente, desde el Tratado de Amsterdam y de la Cumbre de Política Interior de Tampere se han puesto en movimiento muchas cosas en Europa. Éste es un paso digno de celebrarse. El programa de acción contra la discriminación, dos propuestas de directiva de la Comisión, la apertura de un observatorio sobre el racismo y la xenofobia y, finalmente, el establecimiento del artículo 13 constituyen de manera irrefutable una señal. Anteriormente no se contenía en los Tratados una cláusula semejante de no discriminación. Los órganos europeos pueden adoptar ahora sobre la base del artículo 13 medidas adecuadas para luchar contra determinadas discriminaciones.
El Parlamento Europeo ha hecho también ahora su contribución. Mi colega, la Sra. Buitenweg, ha presentado bajo presión del tiempo un informe muy admirado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre este paquete de la discriminación, informe que va a ser votado ahora.
En conjunto, sus 55 enmiendas hacen más concretas las propuestas de la Comisión. Ha logrado mucho. La presente propuesta es la primera translación del artículo 13. Se refiere a la igualdad de trato de las personas independientemente del color de la piel o del origen étnico. No sólo se tratan los más importantes ámbitos existenciales, como el acceso al empleo, la formación, la protección social y la seguridad social. La Comisión intenta también enlazar con las principales experiencias de los Estados miembros. La regulación de la inversión de la carga de la prueba convertirá a la directiva en un instrumento importante. Ahora el acusado debe probar de manera fidedigna que no existe discriminación.
También se amplía en ámbito de aplicación. La protección contra la discriminación se extiende también a asociaciones y grupos de personas. La gran mayoría de la comisión ha apoyado a la ponente. La votación de hoy es una continuación consecuente de esta decisión.
Por consiguiente, quiero dar expresamente las gracias a mi colega por su excelente trabajo y doy por supuesto que hoy aprobaremos por una gran mayoría este informe, aunque la Comisaria competente haya manifestado hoy aquí que no puede asumir la mitad de las enmiendas. No obstante, hoy se da aquí un paso muy importante y se establece una señal.

Sylla
Señor Presidente, deseo igualmente felicitar a nuestra colega, la Sra. Buitenweg, por su excelente trabajo. Considero, en efecto, que hoy el hecho de tomar medidas concretas contra las discriminaciones significa enfrentarse a la parte sumergida del racismo, ese racismo más solapado que, insidiosamente, se instala en el corazón de nuestros países. Esas vejaciones y humillaciones de cada día pueden tener consecuencias graves y, en cualquier caso, poner en tela de juicio la lógica de la integración.
¿Cómo dejar de mencionar nuevamente ante ustedes, señor Presidente, señora Comisaria, el ejemplo de ese joven de Estrasburgo que puso en evidencia, hace dos meses, a una empresa de esta ciudad, al enviar dos CV rigurosamente idénticos, con la única diferencia de que uno llevaba un apellido francés y otro un apellido extranjero? Naturalmente, el autor del CV recibió una cita por el apellido de sonido francés y una negativa por el otro apellido, el de sonido extranjero.
¿Cómo no referirnos hoy a esos jóvenes a quienes se les niega la entrada a las discotecas únicamente por ser de piel morena, y cómo no entender que después se encierren en sus ciudades, en sus barrios, donde acaban reuniéndose en bandas de excluidos sociales o bandas étnicas, para poder al menos divertirse entre ellos? Estas discriminaciones, como podrán apreciar, favorecen el hecho de que se encierren en su identidad y refuerzan aún más su marginación.
El hecho de ir luego a hablar a estos jóvenes -y aquí es donde las cosas se complican- de civismo y de ciudadanía se considera un insulto, ya que para ellos las discriminaciones afectan a todos los ámbitos y fases de su vida. A sus hermanos y hermanas menores se les niega una inscripción en los establecimientos escolares, a ellos se les niega el acceso a cursillos, a su familia se le niega el acceso a una vivienda, la atención sanitaria. Era y es muy importante, pues, ofrecer a las víctimas un marco jurídico que les proteja.
La adopción del informe y la aplicación de la directiva constituyen un acto político de extrema importancia. La Unión podría demostrar así que se preocupa por los millones de personas que viven en su seno y que actúa concretamente para reducir las tensiones racistas, y también que reconoce la diversidad de su población que constituye un rasgo de su propia identidad: esta es una de las respuestas políticas que debe darse al resurgimiento de la extrema derecha racista y de corte fascista en Europa.
En el momento en que algunos, con razón, dudan de la Unión, ésta podría también demostrar, de este modo, que no es una coalición de defensa de los intereses económicos de los países ricos, sino que se basa en los valores de libertad, de tolerancia y de solidaridad. Por todas estas razones debemos votar a favor de dicho informe.
Sabemos, Señorías, que el informe y la directiva tienen sus limitaciones y que no van a solucionar todos los problemas. La mayoría de los países ya poseen leyes contra el racismo y las discriminaciones, incluso algunas constituciones las tienen en cuenta. Ahora bien, las prácticas discriminatorias continúan. Lo que falta a menudo, como es preciso reconocer, es una verdadera voluntad política de aplicar realmente los textos.
En Francia, el año pasado sólo hubo 14 denuncias y condenas judiciales por actos de discriminación. Nadie se deja engañar respecto del escaso número de denuncias, y menos aún las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que están inundadas de miles de peticiones. En la mayoría de los casos, la policía archiva las denuncias sin darles curso. Los fiscales no las instruyen. Consideran que hay asuntos más importantes para tratar. Ahora bien, creo que no hay nada más importante que mejorar la suerte y la vida de cada día de los individuos, de los seres humanos. Es positivo ampliar el poder de las asociaciones, como lo preconiza con sobrada razón el informe de la Sra. Buitenweg, pero los Estados no deben descargar el peso de sus responsabilidades en las asociaciones. La igualdad de derechos constituye, en efecto, una responsabilidad de los Estados.
Hoy las asociaciones van a la vanguardia de la lucha contra las discriminaciones. A menudo deben reunir las denuncias, procurarse un abogado, la ayuda jurisdiccional adecuada y, a veces, ir a buscar a los agentes judiciales para que se comprueben dichas discriminaciones. El informe de la Sra. Buitenweg preconiza dotar a las asociaciones con medios financieros, pero me cuesta creer que los Estados lo vayan a hacer, cuando, al mismo tiempo, los criterios económicos del pacto de estabilidad imponen a los Estados una reducción de su presupuesto.
Tampoco desearía que el pago de subsidios a algunas asociaciones se tomara como pretexto para justificar la disminución del número de funcionarios policiales o judiciales que hoy es necesario formar.
Existe otro problema, y será mi último punto: la aplicación diferenciada del Código de la Nacionalidad. Hoy, un joven descendiente de padres extranjeros en un país de la Unión Europea se encuentra frente a dos situaciones. Si dicho joven nació en Francia y le ampara el Código de la Nacionalidad, podrá efectivamente gozar de la protección de la circular en caso de que se le niegue acceder a un empleo, en condiciones de discriminación. En cambio, muchos jóvenes de segunda o tercera generación nacidos en un país como Alemania o Austria, donde prevalece el derecho de sangre, siempre serán extranjeros y no gozarán de ninguna protección jurídica. Sé que este no era el objeto del informe de la Sra. Buitenweg, pero deseaba hacer hincapié en ello, ya que considero absolutamente lamentable que, frente a una situación idéntica, puedan existir tratos tan diferentes en el seno de la Unión.
El Parlamento y la Comisión deberían dirigirse al Consejo sobre esta cuestión, para lograr una mayor coherencia en el conjunto de la legislación. En todo caso, felicitaciones a la Sra. Buitenweg, y me congratulo por este informe.

Thorning-Schmidt
El orador anterior no fue traducido como es debido porque fue demasiado rápido, por lo que quiero pedir a los futuros oradores que hablen de tal forma que los intérpretes puedan seguirles..

El Presidente
Sí, he pedido al Sr. Sylla que hable más despacio. Pero tiene libertad para aceptar o rechazar mi consejo. Sin embargo, su Señoría tiene razón: a consecuencia de ello no se oye en otras lenguas lo que está diciendo.

Callanan
Señor Presidente, en tiempos medievales los grupos de matones y vándalos se metían con mujeres ancianas y las acusaban de brujería. Las arrojaban al estanque del pueblo. Si las pobres se ahogaban, demostraban su inocencia; si sobrevivían, demostraban su culpabilidad y eran quemadas en la hoguera. En ambos casos, el resultado es el mismo.
Hemos tenido un ejemplo similar en la China del siglo XX durante la Revolución Cultural. Los guardas rojos acusaban a intelectuales de profesar el pensamiento burgués. Si confesaban, eran culpables ­aunque, naturalmente, redimibles­, pero, si negaban la acusación, eran condenados por sus propias afirmaciones, porque no reconocían su culpabilidad. En ambos casos vemos el peligro de atribuir la carga de la prueba al acusado. Nuestros sistemas judiciales siempre han atribuido correctamente la carga de la prueba al acusador, no al acusado. Siempre han dado por sentado que una persona es inocente, mientras no se demuestre su culpabilidad.
Ahora, en la Europa del siglo XXI proponemos abandonar ese principio fundamental de la justicia y adoptar, en cambio, el planteamiento de los cazadores de brujas medievales y de los guardas rojos chinos. Proponemos que recaiga la carga de la prueba sobre el acusado y hay enmiendas incluso que atribuyen la presunción de inocencia al acusador y no al acusado.
Además, está la cuestión de las alegaciones maliciosas -de las que hemos visto, lamentablemente, un gran aumento­ que obligan a muchos empleadores a hacer grandes gastos y afrontar grandes costos. Mi propio partido fue acusado por muchos izquierdistas de racismo, porque habló claramente sobre la cuestión de los solicitantes de asilo en el Reino Unido.

En el caso de los empleadores, aun cuando un empleador logre organizar una defensa con éxito ante acusaciones injustificadas, el tiempo y la ansiedad que entrañará la vista ante un tribunal representarán enormes molestias. Dada la parcialidad de esta legislación a favor del acusador y el clima dominante de corrección política con el que parecemos estar obsesionados, incluso muchos empleadores inocentes perderán con frecuencia los juicios, recibirán castigos, además de haber de pagar las costas y perder el tiempo.
Esta legislación es -lamento decirlo­ una invitación a los alborotadores y a los resentidos para que presenten denuncias frívolas y vejatorias o posiblemente para que las utilicen incluso como amenaza para lograr compensaciones financieras.
(Interrupciones)
Naturalmente, existe otro peligro y es el de que los empleadores, conscientes del riesgo de denuncias por parte de candidatos de minorías étnicas que no hayan conseguido un puesto, pueden llegar incluso hasta el extremo de no incluirlos en las listas de candidatos, lo que sería un desastre terrible y contravendría completamente el espíritu de esta legislación. Como con tanta frecuencia ocurre en esta Asamblea, no hemos pensado en las posibles consecuencias no deseadas.
Esta legislación es innecesaria en el nivel europeo. La mayoría de los Estados miembros tienen ya sus propias medidas contra la discriminación convenientes para su cultura y sus circunstancias propias.
Me enorgullezco de decir que me opongo a la discriminación y al racismo en todas sus formas, pero esta legislación irracional e injusta desacreditará a Europa ante muchos de los ciudadanos de mi circunscripción. Me complace decir que el resto de mi delegación se me sumará en la oposición a dicha legislación.

Ford
Señor Presidente, deseo formular tres observaciones. En primer lugar, quisiera felicitar a la ponente, a los redactores y a la Comisión -en particular al Comisario Diamantopoulou­ por la directiva y el informe que tenemos ante nosotros.
Ha tardado mucho en llegar. Yo fui presidente de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el aumento del racismo y el fascismo en Europa allá por 1986, cuando nuestro ponente, el Sr. Evregenis, propuso esa legislación. Yo mismo fui el ponente de la Comisión de Investigación sobre el Racismo y la Xenofobia de 1990, que reiteró esa petición.
Supongo que en cierto modo ha valido la pena esperar. Tenemos aquí una legislación que tendrá repercusiones reales en las vidas de los 12 a 14 millones de ciudadanos de terceros países que viven en la Unión Europea y los cuatro millones de europeos negros.
En segundo lugar -y sin reducir un ápice mi apoyo al informe y a la directiva en conjunto­, el Consejo va a tener que resolver varias cuestiones pendientes: sobre la intervención de representantes, sobre la definición de discriminación indirecta y, como ha dicho el orador anterior, sobre la carga de la prueba.
La última de ellas debe ser viable, porque, de lo contrario, ¡el orador anterior sentirá un gustazo! El fundamento mejor es la legislación vigente sobre la carga de la prueba, respaldada ya por 25 años de jurisprudencia, y en los casos en que no se disponga de cifras bastará la opinión de los expertos.
En tercero y último lugar, deseo avisar a mis colegas del Grupo PPE. Muchos de ellos -la mayoría, creo­ han estado preocupados de verdad por que los procedimientos del Parlamento no les hayan ofrecido el tiempo adecuado para examinar los detalles. Sin embargo, es evidente que algunos de ellos tienen motivos más oscuros. Con el Sr. Haider y el Sr. Le Pen asomándose al fondo, el Vlaams Blok y el Movimento Sociale Fiamma Tricolore promoviendo el racismo y la xenofobia, el Grupo PPE, en conjunto, no debe extrañarse de que, si continúa con sus objeciones técnicas, los ciudadanos saquen la conclusión de que se trata de un intento apenas disimulado de bloquear estas propuestas que acoge con tanto beneplácito la inmensa mayoría de los ciudadanos de Europa. A los que se juntan con perros se les pegan las pulgas.

Thors
Señor Presidente, The Economist dice que necesitamos 13,5 millones de inmigrantes hasta el año 2015 para efectuar todo lo que hay que hacer en Europa. International Herald Tribune dice que no alcanzaremos esa cifra. En los otros continentes se sabe que en Europa arrecia el racismo y por eso la gente elige, por ejemplo, América en lugar de Europa, justamente por el racismo.
Estamos acostumbrados a hablar en contra del racismo, ya que queremos combatir la intolerancia y la xenofobia. Tal vez también deberíamos combatirla pensando en nuestro propio futuro. Quienes dicen hablar en favor de la empresa y de las pequeñas empresas no saben de lo que hablan si no aprueban esta propuesta de directiva.
Yo respaldo la mayoría de las enmiendas, pero hay un punto que me preocupa. Se trata de la enmienda 29, en la que se propone que las diferencias en el trato basadas en el origen étnico, igual que las que tienen su fundamento en motivos religiosos, ideológicos o de nacionalidad, deberán considerarse como discriminación. Me temo que esto contradiga su propio objetivo. En la ley sueca sobre medidas contra la discriminación étnica se dice expresamente que se entiende que alguien pertenece a una etnia cuando esa persona es parte de un grupo que tiene la misma raza, color de la piel, nacionalidad, origen étnico o religión. Lo que pretendemos que sea una ampliación puede convertirse en una limitación. La interpretación generalizada es que la pertenencia a una etnia comprende la nacionalidad. Por este motivo no votaré a favor de esta enmienda. Se opone a lo que me parece correcto.

Lambert
Quisiera agradecer a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt el trabajo dedicado a este asunto, que ha constituido un compromiso a la vez personal y político. Como han dicho otros, ésta es una directiva ambiciosa sobre el tipo de Europa que queremos crear. Por una vez es directamente pertinente para la vida de muchas personas que viven dentro de la Unión Europea. Para mi circunscripción de Londres, en la que una gran parte de la población procede de grupos de minorías étnicas y en la que hay un número cada vez mayor de hijos de parejas racialmente mixtas, se trata de una directiva extraordinariamente importante. Es incluso más importante para zonas en las que la gente cree equivocadamente que no hay necesidad de una legislación contra el racismo o la discriminación, porque no hay visiblemente personas que no sean de raza blanca, pero, aun así, siguen votando a partidos que propugnan políticas racistas o contrarias a los solicitantes de asilo, porque tienen miedo de lo desconocido y lo diferente.
Acojo con satisfacción la directiva. Me complace que el Consejo tenga una sensación de urgencia al respecto. Supongo que ello se reflejará en su disposición a aceptar lo que dice el Parlamento. Debemos reconocer que en esta Asamblea pedimos periódicamente a otros países y gobiernos que reconozcan los derechos de las minorías étnicas y apliquen políticas de derechos humanos universales. Tenemos que exigirnos las normas más estrictas a nosotros mismos.
No va a ser fácil aplicar esta directiva y no me refiero a los votos. Nos exige poner en entredicho el funcionamiento de todas nuestras instituciones, incluidas las muy respetadas desde hace mucho tiempo, y sus métodos. No va a ser un proceso fácil ni indoloro. En el Reino Unido estamos reconociendo gradualmente el racismo institucional que practicamos y empezando a examinar los valores básicos de nuestras instituciones. Eso no se puede hacer, si las personas que forman parte de ellas no examinan sus propias creencias y acciones. Ésa es la razón por la que las enmiendas sobre formación, supervisión y aplicación son tan importantes para esta directiva.

Rübig
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, Europa se ha fortalecido; en los últimos cincuenta años hemos aprendido a construir puentes. Nos hemos esforzado de manera muy intensa por el diálogo social: hablar los unos con los otros, ir a los problemas entenderse mutuamente. La interlocución social constituye un modelo ideal, en que se coloca al interlocutor en el punto central, se establece el entendimiento mutuo y se practica la ayuda mutua. La integración debe constituir también un objetivo para nosotros, la buena vecindad. Deberíamos esforzarnos por proporcionar estímulos y servir de ejemplo. Creo que una cualidad muy esencial de nuestra comunidad humana es la de servir de ejemplo.
Precisamente en mi condición de austríaco puedo decir que con una población de 7 millones de habitantes hemos acogido en los últimos decenios a un millón de refugiados. Con ello somos en Europa el país que ha acogido más refugiados por habitante. Hemos sido una isla de salvación en Europa y lo seguimos siendo hoy. Nos oponemos al extremismo y a la violencia de izquierdas y de derechas.
Austria tiene las leyes de prohibición más severas del mundo contra el fascismo y contra el nacionalsocialismo. Hemos aprendido de la historia y sabemos oponernos.
Ahora se trata de la discriminación. Hablo ahora en nombre de las pequeñas y medianas empresas. Hemos de procurar no perjudicar la jornada laboral y el éxito de las empresas haciendo que tengan que ocuparse más de rellenar estadísticas. Cuando realizo visitas a empresas escucho con frecuencia la queja de que hay que producir tanta burocracia y tanto formalismo. Si, además, llegan los inspectores se consume asta tiempo y creo que la mayo parte de las empresas se comportan ordenadamente y debidamente y que la relación entre los trabajadores y los patronos es muy buena en general.
Por esta razón, creo también la supresión de contratas públicas puede conducir a provocaciones. Aquí vuelvo a la afirmación esencial: La inversión de la carga de la prueba va a tener una consecuencia, si llega. Efectivamente, va a invitar al abuso. Va a ser necesario defenderse de ella. Va a ser necesario realizar un mayor aseguramiento de la prueba. Limitar el riesgo, es decir, métodos de vigilancia, grabaciones de video, grabaciones acústicas; cada cual intentará asegurarse tanto como sea posible de suerte que ante un ataque ante los tribunales pueda ser creíble. Veo aquí un gran peligro. Un peligro que hay que repeler.

Moraes
Señor Presidente, para dar idea de la eficacia e importancia de esta legislación he de decir que, incluso en pleno proceso de adopción de una serie completa de reformas de la legislación sobre las relaciones raciales en mi país, tenemos una situación en la que se pueden hacer mejoras. Iba a pronunciar un discurso de la variedad normal, pero tras haber oído algunas de las reacciones al otro lado de la Asamblea, quiero cambiar lo que iba a decir, que expresa más pena que irritación.
Esta Asamblea debe reconocer y cambiar su tono respecto de lo que considera el artículo 13. De todos los oradores, la Sra. Diamantopoulou ha formulado la muy eficaz observación de que las palabras son fáciles en materia de lucha contra el racismo. Resulta fácil adoptar poses. Las motivaciones son muchas y muy diversas. A mi amigo el Sr. Sylla y a mí nos preocupan dos cosas importantes. Una es la de que dispongamos un terreno de juego igual para todos mediante el artículo 13. La carga de la prueba, la capacidad de las organizaciones para presentar denuncias en nombre de personas que hayan sido víctimas de acoso o discriminación: todas esas disposiciones no representan una ventaja para la mayoría de la sociedad. Brindan una oportunidad a personas de talento y capacidad para ponerlos en juego con vistas a enriquecer la situación de Europa, para crear riqueza, para crear la cultura y la diversidad de Europa, no para crear desventajas a las pequeñas y medianas empresas ni a nadie.
Debemos comenzar a hablar positivamente sobre estas propuestas principalmente porque la Comisión y la Presidencia portuguesa, muchos de los que han elaborado este informe, muchos de mis colegas que han trabajado denodadamente en la redacción de sus opiniones han respondido de la forma como lo hemos hecho, porque entendemos que esta legislación no se refiere a las víctimas, se refiere al enriquecimiento de los países de la UE. Muchos de esos países UE representados en esta Asamblea no eligen la legislación sobre relaciones raciales que convenga más: muchos de ellos no tienen ninguna legislación. Nosotros tenemos algo: podemos mejorar lo que tenemos. Ahora tenemos una oportunidad, una oportunidad simbólica y una importante oportunidad práctica para que esta Asamblea emita un juicio histórico, vote en pleno durante una Presidencia que nos ha ayudado a sacar adelante una ley que enriquecerá ­no me cabe duda­ a esta Asamblea y de la que con el tiempo nos sentiremos orgullosos.

Thorning-Schmidt
Señor Presidente, fue difícil seguir al orador anterior, cuyas palabras salen del corazón. También es mi caso, pues respaldo calurosamente que la Comisión haya sido tan rápida a la hora de poner sobre la mesa esta propuesta y proceder a la transposición del artículo 13. También felicito a la Sra. ponente por su estupendo trabajo. Naturalmente, soy partidaria de que apliquemos esta directiva lo más rápidamente posible en los países miembros. Quiero destacar especialmente cuatro circunstancias que me parece especialmente interesantes con respecto a esta directiva. En primer lugar, que hayamos conseguido para ella un amplio ámbito de aplicación y en segundo lugar, que incluya la discriminación tanto directa como indirecta, incluido el acoso sexual. Al mismo tiempo, se ha propuesto repartir la carga de la prueba. Hemos visto que ésta es una ventaja enorme en el caso de la discriminación por razón de sexo, y de ahí que sea positivo que ahora también se introduzca en este ámbito. Y por último, también supone una ventaja que se trate de una directiva de mínimos y que así los países miembros dispongan de la posibilidad de ir más allá si lo juzgan acertado. No obstante, la propuesta también se resiente lamentablemente de un defecto fundamental. Sólo toca la discriminación que tiene lugar en base al origen racial o étnico y no incorpora los otros motivos de discriminación presentes en el artículo 13. Con ello, la Comisión va a crear una jerarquía en lo que a motivos de discriminación se refiere y pienso que esta forma de proceder choca completamente con el tenor, la opinión y el espíritu del artículo 13. Sería interesante que la Comisión pudiera explicarnos cuáles han sido los móviles detrás de la creación de esta jerarquía en lo que a la discriminación se refiere.

Cashman
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Buitenweg y al Sr. Howitt su excelente labor y a la Comisión sus propuestas. Es esencial que aprovechemos la oportunidad que representan las propuestas de la Comisión sobre todo el artículo 13. Es el momento oportuno para hacerlo. En los últimos años hemos presenciado en toda Europa un constante aumento de los delitos, la violencia y la discriminación raciales y -me duele decirlo­ la "retórica política" que se ceba con la discriminación racial.
Siento una mayor sensación de urgencia, en vista del proceso de ampliación al que nos vamos a lanzar. Ésa es la razón por la que este debate es tan importante: porque afecta a lo esencial de nuestra definición de Europa y de nosotros como europeos. Somos algo más que un bloque comercial. Somos un grupo de naciones basadas en un conjunto de valores: un conjunto de ideales que deben acompañar y fortalecer todo lo que hacemos.
Espero que se aborde este planteamiento cuando examinemos la situación que afecta a todas las minorías. Si no lo hacemos, el precio que habrá que pagar será una Europa que quede muy por debajo de sus auténticas posibilidades. Ésa es la razón por la que esta directiva y el conjunto de disposiciones del artículo 13 son tan importantes. Demuestran que la posición de los Estados miembros, del Parlamento y de la Comisión sobre la erradicación a largo plazo de la discriminación y el racismo es seria. No es una directiva perfecta. No satisface todas mis ambiciones, pero, aun así, representa el comienzo de una lucha contra el racismo en Europa, en nuestras naciones, nuestras regiones y -lo que es más importante­ nuestras comunidades.
Espero encontrarme un día en esta Asamblea debatiendo directivas encaminadas a erradicar la discriminación, basada concretamente en la discapacidad, la edad y la orientación sexual, por ejemplo. Estas medidas actuales son plausibles, pero aún falta mucho camino por recorrer.
Por último, el espectáculo de un conservador británico blanco y de clase media sermoneando sobre la discriminación y los efectos de la discriminación sería para echarse a reír, si no fuera tan atroz y lamentable.
En última instancia, la discriminación mata y constituye un cáncer para quienes la practican y quienes la fomentan.

Swiebel
Señor Presidente, nuestra ponente, la Sra. Buitenweg, merece la enhorabuena por su excelente informe y la habilidad con que ha conducido la consulta y las negociaciones del mismo. Debemos adoptar este informe con la mayor diligencia.
Esta directiva forma parte de un paquete más amplio que pretende desarrollar el artículo 13 del Tratado CE. No se trata sólo, ya lo han dicho otros oradores, de la lucha contra la discriminación basada en la raza o en el origen étnico, sino también de la lucha contra la discriminación basada en otros motivos.
Puedo entender por qué la Comisión ha elegido recoger la lucha contra la discriminación por motivos raciales en un proyecto único de directiva. Entiendo también por qué vamos a tramitar ahora aquí, con urgencia, este documento que, según se espera, adoptaremos.
Entiendo mucho menos el hecho de que este proyecto de directiva contra la discriminación por motivos de raza cuente con un ámbito social de aplicación más amplio, y contenga garantías jurídicas y mecanismos de control más severos en cuanto al contenido que lo que figura en el segundo proyecto de directiva, que todavía está a la espera de ser tramitado, y que se refiere a la lucha contra otras formas de discriminación.
Además de la diferencia horaria en cuanto a la tramitación, la diferencia relativa al contenido conlleva el riesgo de que se origine una jerarquía de las formas de discriminación. Esto daría lugar a un mensaje político equivocado, que perjudicaría especialmente a la lucha contra la discriminación por motivos de edad, minusvalía y orientación sexual. Estas llamadas nuevas materias merecen más atención en lugar de menos. Me gustaría, por tanto, que la Comisión y el Consejo se comprometieran a eliminar esta forma de discriminación entre los motivos de discriminación.
Entiendo todavía menos el hecho de que la discriminación por razón de sexo haya quedado fuera del paquete presentado por la Comisión en noviembre ¡Cómo si la lucha contra este tipo de discriminación estuviera perfectamente regulada! Tal vez resulte innecesario señalar que ése no es el caso. La legislación europea existente en materia de igualdad de trato entre hombre y mujer se refiere sólo al ámbito laboral y manifiesta algunas lagunas que, con toda seguridad, tendremos necesariamente que remediar cuando sean cotejadas con la directiva que discutimos hoy. No cuento con tiempo suficiente para explicarlas todas, pero no tengo la impresión de que el problema se deba a desconocimiento por parte de la Comisión.
Espero, por tanto, que la Comisaria se comprometa a realizar esa labor con prontitud y a presentarnos rápidamente propuestas en las que la discriminación por razón de sexo, tanto dentro del lugar de trabajo como, sobre todo, fuera de él, se equipare con la directiva que discutimos aquí hoy, y que, según esperamos, aprobaremos.

Tannock
Señor Presidente, todos nos oponemos a la discriminación y a la violencia en todas sus formas. Sin embargo, no creo que hacer extensiva la competencia de la UE a este sector sea necesario ni útil para su causa. Las nuevas leyes no cambiarán los corazones y las mentes de los ciudadanos de Europa. Lo que necesitamos es educación, tiempo y fomento de la confianza con un espíritu de cooperación entre las diversas comunidades étnicas. En nuestro Grupo tenemos a dos miembros de minorías étnicas de la delegación conservadora que son extraordinariamente activos y están orgullosos de ser conservadores británicos, pese a lo que antes han dicho otros Grupos, y van a votar contra estas medidas.
El cambio de la carga de la prueba, pedido por este proyecto de directiva, es al mismo tiempo alarmante y extremoso. En el Reino Unido el Sr. Straw está ya preparando una situación en la que en casos de violación el hombre acusado resulte culpable hasta que se demuestre su inocencia a partir del testimonio de una persona: la mujer afectada. Se trata de un precedente muy peligroso contra todas las formas de justicia natural.
Naturalmente, todos condenamos los crímenes y ataques de violencia racista. No he estado presente antes en el debate, pero creo que otros Grupos han hecho varias alegaciones y han citado casos. La justicia penal debe seguir siendo prerrogativa de los Estados miembros. A diferencia de oradores anteriores que han citado esos casos, me opongo a cualquier erosión de la soberanía nacional en la esfera de la justicia penal. Ésta debe seguir siendo prerrogativa de los Estados miembros, que conservarán el control de sus sistemas judiciales. La UE no tiene la menor competencia en esa esfera.
Cuanto más se cite la palabra "racista" , más resultará sin significado, devaluada y desoída por el público en general. Pido a todos los que tengan un poco de sensatez que se opongan a esas medidas.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar inmediatamente después de que se aborden las urgencias.

DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

Sierra Leona
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0432/2000 de las Sras. Malmström y Thors y del Sr. Van den Bos, en nombre del GRUPO ELDR,
B5-0444/2000 de las Sras. Maes, Lucas, Rod, Schörling y Boumédienne-Thiery, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE,
B5-0448/2000 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y del Sr. Schori, en nombre del Grupo PSE,
B5-0456/2000 de las Sras. Ferrer y Maij-Weggen y de los Sres. Van Hecke y Schwaiger, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0465/2000 de la Sra. Morgantini y de los Sres. Sjöstedt, Brie y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre la situación en Sierra Leona.

Van den Bos
Señor Presidente, seamos sinceros y no hipócritas. La Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas se muestran muy preocupados por los acontecimientos de Sierra Leona. No estamos dispuesto a hacer sacrificios. Los Estados Unidos están paralizados por el síndrome de Somalia. La Unión se parapeta tras Washington. Los europeos incluso cedemos la iniciativa a los americanos, que envían a Jesse Jackson, y permiten que se comporte en Freetown como un elefante en una cacharrería.
Las diligencias de las Naciones Unidas han vuelto a fracasar. Tan sólo la intervención del Reino Unido ha permitido detener a los rebeldes y arrestar a su dirigente, Sankoh. Esto ofrece la posibilidad de un acuerdo de paz mucho mejor que el ridículo acuerdo existente, que ha quedado literalmente hecho jirones. Antes de nada debemos lograr un boicoteo hermético respecto de los diamantes.
Las quejas relativas a los asesinatos y mutilaciones crueles resultarán muy hipócritas si permitimos que la industria del diamante se haga de oro a costa de diamantes ensangrentados. En cualquier caso, seamos más sinceros cuando se trate de África.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, la violación del acuerdo de paz de Lomé por parte del Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona no solamente constituye un drama humano para la población civil, especialmente para los niños, sino también un drama político para toda la comunidad internacional.
La impunidad de los rebeldes de Sierra Leona y la debilidad de las fuerzas de paz, que no pueden ni abandonar el país, por razones políticas y humanitarias, ni enfrentarse en condiciones a los rebeldes armados, constituyen una amenaza para cualquier futura misión de paz de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, este fracaso supondría ya el tercero, tras los de Somalia y Angola, de los Cascos Azules y de las Naciones Unidas en África.
África, donde se están produciendo los más crueles conflictos, es también, a efectos de la paz, un territorio olvidado. El mandato de la misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona es, a todas luces, insuficiente para cumplir sus objetivos. Su refuerzo, pedido por el Secretario General de las Naciones Unidas, depende de una decisión del Consejo de Seguridad, del mismo Consejo de Seguridad que sí dotó de medios a los Cascos Azules en Timor Oriental y en Bosnia, pero que es mucho más reacio a hacerlo en este momento en Sierra Leona.
Estados Unidos y Gran Bretaña no han mandado refuerzos para las misiones de las Naciones Unidas sino para garantizar la seguridad de la evacuación. La única solución ante las dificultades de la misión de las Naciones Unidas para hacer cumplir el acuerdo de paz es la de confiar una negociación política a los líderes de Liberia y Libia, cuya trayectoria en favor de la paz es muy dudosa y, también, muy preocupante.
La liberación de parte de los rehenes y la detención ayer de Sankoh no ponen fin a este conflicto, sino que, incluso, todavía pueden ser motivo de mayor preocupación.
Sólo una acción decidida y clara de toda la comunidad internacional puede ponerle fin: el embargo de armas; el control del tráfico de diamantes; el envío de una fuerza de intervención rápida, bajo el mandato de las Naciones Unidas; y el juicio de los culpables de crímenes contra la Humanidad, de salvajes ataques contra la población civil, contra la paz y la seguridad internacionales así como contra las fuerzas de las Naciones Unidas.
Por ello, la Unión Europea debe apoyar, dentro del marco de la PESC, todo este tipo de medidas.

Van Hecke, Johan
Señor Presidente, durante el debate sobre Sierra Leona celebrado en diciembre, advertí aquí, junto a otros colegas, del riesgo ligado al acuerdo de paz de Lomé. Acuerdo que no sólo dejaba libre al dirigente de uno de los grupos terroristas más sangrientos del mundo, sino que le recompensaba, incluso, con la vicepresidencia y el control de las minas de diamantes. Sin embargo, hasta esto resultaba aparentemente insuficiente para el dirigente rebelde, Sankoh. Convirtió en farsa el desarme prometido. Los asesinatos, las mutilaciones, las ejecuciones y las violaciones continuaron. Su estrategia se parece mucho a la de su padrino, Charles Taylor, en la vecina Liberia, que aterrorizó a la población para que le votara en las siguientes elecciones presidenciales y, así, crear un nuevo estado mafioso en el núcleo de la región de los diamantes africanos.
La fuerza de paz de la ONU, que consiste, sobre todo, en tropas del tercer mundo mal entrenadas, amenaza con incurrir en los mismos errores que se cometieron en su momento en Somalia, Ruanda y Srebrenica. Sierra Leona pone claramente de manifiesto la urgente necesidad de crear una fuerza internacional de paz con carácter permanente, bien entrenada, reposada y dirigida por altos comandantes de los mejores ejércitos del mundo. Resulta esperanzador que el dirigente rebelde haya sido arrestado ayer, y que más de 200 cascos azules hayan sido liberados en días pasados. Sin embargo, persiste el interrogante de cómo van a reaccionar los rebeldes y hasta dónde se llegará con el acuerdo de paz. En cualquier caso, el embargo de armas debe controlarse mejor y quienes lo transgredan deben ser detenidos. No obstante, es esencial establecer un embargo respecto del negocio de diamantes de contrabando procedentes del país, negocio calculado en alrededor de 60 millones de dólares anuales que constituye para los rebeldes el motivo central de la guerra. Abogaré en mi propio país, Bélgica, por una prohibición de estas piedras preciosas que representan la sangre de miles de ciudadanos inocentes.

Markov
Señor Presidente, estamos indignados por la actual situación en Sierra Leona. Existe la peligrosa tendencia hacia una escalada del enfrentamiento armado, tanto más cuanto que Gran Bretaña ha iniciado acciones militares al margen del Derecho internacional y de la ONU. Exigimos el término de la escalada militar y la reanudación inmediata de negociaciones. A este respecto no son oportunas ni sirven de ayuda alguna las inculpaciones unilaterales. El RUF se caracteriza por su extrema brutalidad, pero no olvidemos que el gobierno y las milicias que lo apoyan no se quedan atrás en esto.
Exigimos que se aborden definitivamente las causas del conflicto; esto significa la terminación del tráfico de armas, la terminación del tráfico de diamantes del RUF a través de Liberia y de Burkina Faso, la terminación de la intromisión de estados que bajo la capa de humanidad quieren imponer intereses nacionales en Sierra Leona. Tengo la impresión de que Gran Bretaña está actuando de forma neocolonial en lo económico y se está comportando actualmente como una potencia colonial en el aspecto político-militar. Es muy fácil ser arrastrado hacia una guerra, pero resulta casi imposible salirse de la lógica de la intervención militar cuando se produce una escalada en el ambiente. Un forzamiento militar de la paz de tropas internacionales en combinación con las milicias gubernamentales contra el RUF no acarreará ninguna paz. Al contrario, encierra el peligro de una escalada que se vuelva incontrolable. Hay que intentar de una vez por todas eliminar las causas para llegar a una solución política. Esto quiere decir que necesitamos reducir y no fomentar la escalada en Freetown.

Ferrer
Señor Presidente, ante las amenazas que vuelven a acechar al pueblo de Sierra Leona cuando aún está vivo en él el recuerdo del horror y de la barbarie de que ha sido objeto por parte del RUF, no podemos limitarnos a una condena de los hechos que se están produciendo de nuevo. Recordemos que entre los objetivos de la política exterior común figura el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos, principios que hoy son absolutamente vulnerados en Sierra Leona. Por ello, este Parlamento debe urgir a los Estados miembros a que apoyen el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para que pueda procederse al envío de una fuerza de intervención rápida, que restablezca la estabilidad en Sierra Leona y contribuya de esta forma a evitar el peligro que hoy se cierne sobre el país de una nueva guerra civil.
Pero nuestro compromiso no puede limitarse a este llamamiento. Debemos también instar a que se ponga fin a la impunidad con que se han perpetrado los actos de genocidio y los crímenes de guerra y a que se lleve ante los tribunales a los responsables de los mismos para que sean juzgados. Asimismo, hay que extirpar de raíz el cáncer que origina la desestabilización de este país. De ahí que el Parlamento deba instar a la OUA, a la Unión Europea, a la Comisión y al Gobierno de Sierra Leona a que adopten y promuevan cuantas medidas sean necesarias para acabar con el tráfico de diamantes y con el control de los ricos recursos naturales de este país por parte de quienes, gracias a ellos, se convierten en señores de la guerra.
Estamos celebrando el 50º aniversario de la Declaración Schuman. Pues bien, el mejor homenaje que podemos tributar a quienes sembraron con esta declaración la simiente que tan abundantes frutos de paz y bienestar ha dado es comprometernos con la causa de este castigado país, ayudar de manera decidida al pueblo de Sierra Leona a restablecer la paz y, con la paz, el pleno respeto de los derechos humanos y la posibilidad de un desarrollo económico que le permita salir de su pobreza y vivir finalmente en condiciones de dignidad.

Van den Berg
Señor Presidente, la sociedad rota de Sierra Leona, los niños soldado, las luchas entre los señores de la guerra dificultan terriblemente hacer algo efectivo. Tenemos una gran indignación moral y, a la vez, un gran sentimiento de impotencia. Hay dos personajes políticos en Europa, Chris Patten y Solana, a los que podemos hacer un llamamiento político desde la Unión Europea cuando se presenta un conflicto de materia de seguridad exterior, a fin de que utilicen su imaginación política, tanto para respaldar a los países que intervienen en la región, como para apoyar a la ONU. Con todo lo dicho sobre los diamantes y la paralización de otros negocios que permiten la financiación de la guerra, y lo que se ha dicho sobre la necesidad de intervenir, queda claro que hay que llegar finalmente a un acuerdo político. Como Solana está viajando de vez en cuando a las Filipinas, y Patten actúa en los Balcanes, quisiera pedirles, en nombre de todos nosotros, que unan sus esfuerzos una vez más y se centren en el apoyo político para lograr que las fuerzas regionales lleguen a un acuerdo final definitivo.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, todas las mujeres y hombres que han comprado diamantes en los últimos meses deberían preocuparse por el origen de éstos; si provienen de Sierra Leona o de Angola deberían preguntarse si han financiado la mutilación de niños, la intoxicación con drogas de los niños soldados o han apoyado el secuestro de las personas de los campos de rehabilitación de UNICEF.
Podemos condenar y exigir, pero lo que podemos y tenemos que hacer en el Parlamento es presentar nuevas ideas. Como se dijo anteriormente, se necesita una estrategia a largo plazo para África, pero también un Plan Schuman para una administración común de los recursos por los que se combate, por ejemplo en Sierra Leona o en el Congo, de modo que la lucha no desemboque en conflictos capitaneados por líderes antidemocráticos.
¿Qué podemos aprender hoy, cincuenta años después del 9 de mayo de 1950, cincuenta años después del Plan Schuman? Necesitamos para los recursos africanos algo parecido al movimiento antidiamantes. Me parece que humanamente es más importante que todos los movimientos antipieles.

Titley
Señor Presidente, no debemos olvidar que el RUF es un grupo brutal y despiadado. Debemos felicitar al Gobierno británico por haber adoptado medidas efectivas de mantenimiento de la paz. Ésa es exactamente la reacción rápida que pedimos en la Unión Europea. Las observaciones del Sr. Markov, en particular, me parecen ligeramente estrambóticas, porque necesitamos constantemente fuerzas de intervención rápida para que acudan a preservar la paz e impedir un desastre en materia de asuntos humanitarios: exactamente lo que ha ocurrido allí.
También comprendemos claramente que el mantenimiento de la paz sólo se puede llevar a cabo mediante una operación de fuerza eficaz. Ésa es la enseñanza que debemos aprovechar, si vamos a tener una fuerza de reacción rápida en la Unión Europea.
La otra enseñanza que se desprende es la de que el acuerdo de paz de Lomé fue impuesto desde fuera por quienes no estaban implicados y era totalmente inviable. Debemos tener en cuenta esa enseñanza cuando intentemos imponer acuerdos de paz en el futuro.

Rod
Señor Presidente; una vez más, el drama que vive un país africano vuelve a situar al Parlamente frente al horror cotidiano de un conflicto, de una guerra civil. Ya podemos oír a las almas buenas que aducen el mal gobierno, que invocan causas étnicas, o que señalan a los malos que convendría eliminar. Y como en el Congo Brazzaville, en Angola o en Nigeria con el petróleo; como en el Congo Kinshasa, en el Chad o en el Níger con los recursos mineros; como en el Congo Kinshasa, una vez más, o en Angola, en Liberia, en Sierra Leona, las causas son económicas, y la lucha por el control de las zonas diamantíferas, la base y la razón de la continuidad de dicho conflicto.
Sí, tenemos razón en condenar al RUF, el Frente Revolucionario Unido, por la reanudación unilateral de las hostilidades y el terrible reclutamiento de miles de niños soldados. Pero el ejército de Sierra leona y sus milicias no están fuera del alcance de la crítica. Sí, tenemos razón en condenar la utilización de diamantes para fines bélicos por el RUF. ¿Pero cuáles son los intereses económicos que están detrás del gobierno? Sí, tenemos razón en condenar a Liberia y Burkina Faso por su implicación en el tráfico de armas y la utilización de los diamantes. Pero, ¿quién vende las armas a estos países y quién compra los diamantes?
Tenemos razón en imponer una fuerza de intervención rápida de la ONU y en querer desarmar a los combatientes, pero a falta de una repartición real de las riquezas de estos países, como de otros países africanos, si continuamos permitiendo que las sociedades mineras o petroleras saqueen estos países, pagando a las bandas que controlan estos recursos, nuestra intervención será otra vez inútil, ya que no ataca las causas reales.

Patten
. (EN) Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que la Comisión acoge con el mayor beneplácito la captura a primeras horas de la mañana del 17 de mayo del dirigente rebelde Foday Sankoh. Tenemos entendido que fue detenido por la policía sierraleonense y permanece detenido por el Gobierno.
Estoy seguro de que todos esperamos que Sankoh acelere ahora la liberación de los restantes rehenes. Al parecer hay unos 360. Según tenemos entendido, ya ha comenzado, pero falta mucho camino por recorrer.
Asimismo, es de esperar que Sankoh cumpla ahora los compromisos que contrajo el pasado mes de julio, cuando firmó el Acuerdo de Paz de Lomé y que con ello vuelva a haber en Sierra Leona la paz y la estabilidad por tanto tiempo esperadas.
La Comisión ha estado siguiendo de cerca y con considerable preocupación los acontecimientos recientes de Sierra Leona que han desbaratado la aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé y han puesto en entredicho -por decirlo con palabras muy suaves- el compromiso del RUF con vistas a restablecer la paz y la estabilidad en Sierra Leona.
La Unión Europea ha hecho públicas dos declaraciones en las que condenaba las violaciones del acuerdo de paz y los secuestros de personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por parte del RUF. En las dos declaraciones se pedía al RUF que cumpliera estrictamente sus compromisos conforme al Acuerdo de Lomé y, en particular, el proceso de desarme.
Seguimos convencidos de que el Acuerdo de Lomé sigue brindando la mejor oportunidad para una paz duradera en Sierra Leona. Seguiremos apoyando los intentos por parte del Gobierno legítimo de restablecer la paz y la estabilidad en el país y ejecutar los programas de recuperación económica y social.
Como muy bien ha dicho el Sr. Titley, el reciente apoyo prestado por el Reino Unido a la fuerza de mantenimiento de la Paz UMAMSIL es digno de beneplácito, como también lo es la liberación la semana pasada de 139 de los 486 rehenes, a raíz de la intervención del Presidente Taylor de Liberia.
La Comisión conoce las informaciones relativas a la participación de países vecinos, en particular Burkina Faso y Liberia, en el contrabando de diamantes y el apoyo a los rebeldes de Sierra Leona. La Comisión está examinando actualmente la, junto con los Estados miembros, dimensión regional del conflicto con vistas a formular una reacción regional apropiada.
La Comisión subraya el papel que deben desempeñar las organizaciones regionales -por ejemplo, la CEDEO- en la prevención de conflictos. La Comisión esta financiando con fondos regionales del FED el mecanismo de prevención de conflictos de la CEDEO, que podría constituir un cauce apropiado para el diálogo sobre esa cuestión.
Por lo que se refiere a la asistencia humanitaria, por mediación de la ECHO y de ONG internacionales seguimos financiando programas en apoyo de las comunidades de refugiados y desplazados. Desde comienzos de 1999, la ECHO ha aportado 14 millones de euros de asistencia en materia de suministro de ayuda médica, alimentación terapéutica, agua y saneamiento y ayuda psicosocial a los niños afectados por la guerra. Además, esa financiación ha sufragado la ayuda a los amputados: "los demasiados amputados que hay en ese país" .
Este mes la Comisión procurará obtener la aprobación de un nuevo programa de 12 millones de euros de asistencia a Sierra Leona, destinado principalmente a los refugiados y a los desplazados en el interior del país. Dicho programa se centrará en prestar ayuda en primer lugar a los refugiados que se encuentran en los países vecinos Guinea y Liberia, en segundo lugar a las poblaciones desplazadas en el interior del país y en tercer lugar a las mujeres y los niños afectados por la guerra y, naturalmente, a los amputados. También recibirán ayuda psicosocial los niños excombatientes.
Para mí, el resultado más interesante de este debate no han sido las expresiones de preocupación sobre la situación en Sierra Leona -eso era de esperar-, sino el número de diputados que han expresado muy clara y convincentemente sus opiniones sobre el comercio de diamantes. He de decir con cierta emoción que espero encarecidamente que los Estados miembros tengan en cuenta lo que se ha dicho en esta Asamblea.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas.

Sri Lanka
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0433/2000 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0449/2000 de los Sres. Titley y Sakellariou, en nombre del Grupo PSE,
B5-0457/2000 de los Sres. Van Orden y Deva, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0466/2000 de las Sras. Fraham y Morgantini y del Sr. Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0474/2000 de las Sras. Lambert y McKenna y del Sr. Lagendijk, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE,
sobre Sri Lanka.

Foster
Señor Presidente, la resolución promovida por mis colegas el Sr. Van Orden y el Sr. Deva se refiere a un asunto que es muy actual y muy urgente, pese a que ésta es la primera vez en que el Parlamento dedica tiempo al trágico conflicto en Sri Lanka, que no ha cesado desde hace más de 17 años.
La resolución nos envía un mensaje muy firme. Tienen que cesar los combates. Las partes deben sentarse a una mesa y alcanzar una solución razonable y duradera. A ese respecto, ha de ser por fuerza útil para la comunidad internacional -ya se trate de las Naciones Unidas, del Commonwealth o de la Unión Europea- mantener un interés firme y permanente por la evolución de la situación.
Dicho interés legítimo no debe obstaculizar la labor que ya han llevado a cabo los Gobiernos de la India y de Noruega, cuyos representantes llevan ya un tiempo dedicados a la difícil y delicada tarea de mediar con vistas a la celebración de negociaciones. Sé que, pese a las espantosas atrocidades que se han cometido contra la población civil y contra miembros de los sucesivos gobiernos, el Gobierno actual de Sri Lanka, en sus niveles más altos, está dispuesto a entablar negociaciones sin poner condiciones. Todos debemos reconocer la importancia decisiva del mantenimiento de la integridad territorial de Sri Lanka. Aparte de eso, hay muchas opciones políticas que se pueden promover fructíferamente.
La comunidad internacional, incluida la UE, debe estar dispuesta a prestar un importante apoyo material a su debido tiempo para cualquier solución que se idee y para la reconstrucción económica y social del país, después de tantos años de conflicto.
Ante todo, la resolución del Parlamento condena de forma inequívoca el terrorismo. Se trata de un azote que nos afecta a todos. No hay excusa para los actos indiscriminados de asesinato y provocación del caos cometidos por los llamados Tigres tamiles contra niños y civiles corrientes dedicados a sus asuntos cotidianos y contra los políticos democráticamente elegidos. Constituye un ataque a la sociedad civilizada y a las instituciones democráticas que tanto valoramos todos.
Inevitablemente, las personas más afectadas y más desamparadas en esas situaciones son los ciudadanos del país que han huido del conflicto y están intentando hacer una nueva vida en Europa. Esas personas son las más vulnerables a las amenazas y la intimidación de las organizaciones que actúan en nombre de terroristas como los Tigres tamiles. Naturalmente, hay muchos grupos terroristas cuyas actividades se mantienen de forma similar. Procuran inteligentemente no contravenir las leyes del país anfitrión y así pueden continuar impunemente con sus horrendas actividades. Esa situación debe cambiar.
Recomiendo la resolución sobre Sri Lanka a esta Asamblea.

Lambert
La cuestión del lugar que corresponde a los tamiles en Sri Lanka es un problema antiguo que se remonta al menos al año de la independencia, en 1948. Desde entonces ha habido acuerdos para conceder autonomía a la región tamil del Nordeste, que el Gobierno abrogó.
En ese conflicto han muerto demasiadas personas. Ha habido un catálogo en aumento de violencia y violaciones de los derechos humanos por ambas partes: por los Tigres tamiles y, lamentablemente, por las fuerzas de seguridad gubernamentales. Están perfectamente documentados por organizaciones como Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe de 1999 sobre el país. En particular, los jóvenes tamiles pueden verse víctimas de la coerción violenta de los Tigres tamiles y de interrogatorios violentos por las fuerzas de seguridad.
Está claro que miles de personas han resultado desplazadas dentro de Sri Lanka. Otros miles de personas han solicitado asilo y toda la población vive con miedo de la violencia. No podemos decir cuál es la situación exacta en este momento, pues está en vigor un bloqueo informativo total de los medios de comunicación como parte de un conjunto de nuevas leyes restrictivas aprobadas en mayo. La resolución lo expresa claramente. Antes de las elecciones de agosto se deben derogar esas leyes.
Algo tiene que cambiar. Debemos hacer lo que podamos para laborar en pro de una solución pacífica y duradera. Está claro que la comunidad internacional ya no está dispuesta a considerar la lucha armada interior como un simple problema del Estado interesado y que, más que ventas de armas, lo que se necesita es una inversión política a largo plazo y negociaciones. Irlanda del Norte es un ejemplo claro de las dificultades de ese proceso, pero también de sus posibilidades. Esta resolución es importante por su petición del cese inmediato de las hostilidades y la falta de condiciones previas es una iniciativa digna de beneplácito.
También contribuiría a mejorar la situación un acuerdo entre los propios partidos políticos de Sri Lanka, como también acogemos con satisfacción las gestiones del Gobierno de Noruega y otros y consideramos que el Commonwealth podría desempeñar un papel muy valioso en esa situación.

Heaton-Harris
Señor Presidente, éste es un día histórico y el de hoy es un debate histórico, porque, después de 17 años de guerra en Sri Lanka, el Parlamento Europeo está por primera vez debatiendo la forma de lograr de verdad la paz para esa isla destrozada por la guerra.
En 1948, cuando Sri Lanka obtuvo la independencia, era uno de los países más prósperos del Asia meridional. En 1952 Lee Kuan Yew, el recién elegido Primer Ministro de Singapur, dijo: "Mi ambición es que Singapur emule a Sri Lanka en prosperidad, instrucción y nivel de vida". Cuarenta y ocho años después, esa hermosa isla de Sri Lanka ha sido destrozada por un grupo terrorista, ahora reconocido como la organización terrorista más poderosa del mundo.
En Sri Lanka hay cuatro millones de tamiles y 15 millones de cingaleses. Un millón de tamiles viven en el norte; los otros tres millones viven en paz en el sur con los cingaleses. Ocupan puestos elevados en Colombo, el actual Ministro de Asuntos Exteriores es tamil, los empresarios más importantes del país son tamiles, como también lo son jueces, médicos, abogados y ministros del Gobierno... y no acaba ahí la lista. Y, sin embargo, tampoco acaba esa guerra sin sentido: para servir al objetivo exclusivo de un dirigente terrorista que persigue su propia ambición. En la resolución se expone el número de personas a las que ha asesinado. Hay que detener a los Tigres tamiles. Pido a los Estados miembros que proscriban esa organización terrorista y contribuyan a construir la paz y la estabilidad en Sri Lanka y apoyen firmemente la iniciativa que están adoptando actualmente los Gobiernos de Noruega y de la India.

Speroni
Señor Presidente, una vez más nos encontramos ante una crisis que ve a dos partes claramente enfrentadas. Si bien es cierto que es la primera vez que nos ocupamos de la misma, no es menos cierto que vemos casos similares todos los días.
Está claro deseamos la paz, deseamos que estos problemas no se resuelvan con las armas, sino a través de la negociación. Sin embargo, no hay que olvidar que demasiadas veces se descuida el principio fundamental de autodeterminación de los pueblos sacrificado en aras de otro principio, igualmente válido pero opuesto y que no es otro que el principio de la integridad territorial de los Estados. Y aquí hay que elegir entre una u otra solución. No digo cuál es la mejor, no obstante, hay que tener el valor de enfrentarse con el problema en todos sus aspectos.
Un colega ha mencionado el Estado de Singapur. En su momento, Singapur formó parte de Malasia, actualmente es un Estado independiente. Hubo una separación sin traumas y hoy Singapur ya no forma parte de Malasia, goza de su independencia territorial y estatal desde todos los puntos de vista, y esto sin traumas, sin homicidios, sin torturas, sin violencias. En cambio, hemos asistido, siempre en la misma área geográfica, a otro conflicto, el conflicto de Timor Oriental y este Parlamento se pronunció, con mucho retraso, a favor de la independencia de la parte oriental de la isla de Timor.
A veces me resulta difícil llegar a comprender cómo las mismas personas, es decir, los mismos diputados, ante situaciones que tienen no digo puntos de similitud, sino cuando menos de analogía, adoptan posiciones diferentes. La isla de Timor Oriental se dividió en dos, existen dos entidades separadas tras un referéndum celebrado democráticamente, aunque en condiciones no óptimas. La población decidió cuál tenía que ser su futuro y, pese a lutos, conflictos, etcétera, consiguió lo que deseaba.
Me pregunto por qué este Parlamento no desea que también en Sri Lanka se pueda celebrar un referéndum como el que tuvo lugar en Timor Oriental y después se respete su resultado.

Evans, Robert J
Señor Presidente, no voy a la zaga de nadie en mi deseo de paz para Sri Lanka y en mi condena de toda clase de violencia. Sin embargo, he de decir al Sr. Foster y al Sr. Heaton-Harris que necesitan verificar sus relatos y sus fuentes, porque, para que se logre una solución duradera en un conflicto, deben concurrir las dos partes.
Conozco Sri Lanka, he estado en ese país. Puedo dar ejemplos a sus Señorías de lo que he visto. He visto a hombres tamiles acosados en las calles por soldados gubernamentales. Sé que los ciudadanos tamiles necesitan 11 páginas de documentos simplemente para viajar de Batticaloa, en el Este, a la capital, Colombo. Y, como cualquier diputado a este Parlamento, y todos los periodistas europeos, no pude ir a Jaffna recientemente ni he visto información televisiva alguna de la batalla en el Paso del Elefante. He visto los combates en Sierra Leona, Chechenia, Kosovo, pero nada de Sri Lanka, porque el Gobierno de Sri Lanka no permite que la prensa informe. Esa situación se remonta a una época anterior al pasado mes de mayo.
El Gobierno de ese país ha aumentado el presupuesto de defensa en un 11% en un año y algún día tendrá que responder a las alegaciones de participación en el asesinato de destacadas figuras tamiles y otras violaciones de los derechos humanos. Debe haber paz para todos los ciudadanos de Sri Lanka, basada en los derechos, la humanidad, de los ciudadanos, y en la que los recursos estatales vayan destinados a construir comunidades y no a contribuir a su destrucción.

Patten
Señor Presidente, la Comisión está tan preocupada como sus Señorías por la trágica y dramática guerra civil ininterrumpida durante los 17 últimos años, una guerra civil que afecta gravemente a toda la población de Sri Lanka. Conviene recordar que más de 60.000 personas han perdido la vida a lo largo de ese conflicto: personas de los dos grupos étnicos.
Agradecemos las gestiones que se están haciendo en Sri Lanka para lograr una solución pacífica del conflicto, pero también reiteramos, como todos sus Señorías -estoy seguro-, nuestra preocupación por el respeto de las normas básicas del derecho humanitario internacional.
La Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo respecto de los acontecimientos habidos recientemente en Jaffna y sus alrededores. El 15 de mayo, la Presidencia hizo pública una declaración sobre Sri Lanka. En ella se pedía a las dos partes, en primer lugar, que cesaran las hostilidades y entablasen negociaciones; en segundo lugar, que garantizaran la seguridad de la población civil y, en tercer lugar, que cooperasen con el Gobierno de Noruega en sus gestiones para facilitar una solución negociada del conflicto.
Quisiera decir de pasada que me gustaría expresar mi agradecimiento por el papel desempeñado por el Gobierno de Noruega, que periódicamente nos recuerda con su comportamiento en la escena internacional lo que nos perdemos en la Unión Europea por la decisión adoptada en referéndum por el pueblo de Noruega.
La declaración de la Presidencia pedía también acertadamente al Gobierno que levantara lo antes posible las restricciones de las libertades civiles y de la libertad de prensa, introducidas por las disposiciones sobre la situación de emergencia.
En cuanto a nuestro apoyo a la rehabilitación en el norte y en el este de la isla, hay que encontrar una solución política viable y establecer cierto grado de paz antes de pensar en desempeñar un papel importante en ese proceso. Eso resulta bastante claro y razonable.
Naturalmente, se seguirá prestando asistencia en favor de los refugiados y los desplazados dentro del país por mediación de la OACNUR y las organizaciones no gubernamentales.
La Comisión Europea seguirá prestando ayuda humanitaria de emergencia a las poblaciones afectadas por el conflicto. Por mediación de nuestra delegación en Colombo, seguimos muy de cerca las repercusiones de la situación en la población civil y estamos permanentemente en contacto con el CICR, la OACNUR y las principales ONG.
Yo visité por última vez Sri Lanka a finales del decenio de 1980. Volé a Jaffna -creo que fui el primer ministro de cualquier país que lo hizo- en la parte trasera de un helicóptero de combate indio. Por desgracia, 12, 13 años después, la violencia continúa. Ha sido un terrible cáncer para uno de los países más hermosos del mundo y con algunas de sus personas más talentosas. Las palabras, en ocasiones certeras, del veterano ministro Lee Kuan Yew nos recuerdan las posibilidades de Sri Lanka, que antes se nos han citado. Nos recuerdan lo que Sri Lanka ha perdido a consecuencia de esa violencia.
Todos esperamos que acabe muy pronto. Si podemos contribuir a la labor que están llevando a cabo los Gobiernos de Noruega y de la India para lograr que las partes se reúnan, tendríamos mucho gusto en hacerlo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas.

Derechos humanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución:
Filipinas
B5-0434/2000 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0442/2000 de los Sres. Collins y Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN,
B5-0454/2000 de los Sres. Schori, Sakellariou y Linkohr, en nombre del Grupo PSE,
B5-0458/2000 del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0459/2000 de la Sra. Ferrer, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0467/2000 de los Sres. Krivine, Seppänen, Vinci y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL,
B5-0473/2000 de las Sras. Isler-Béguin y McKenna y los Sres. Kreissl-Dörfler y Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE,
sobre las Filipinas.
Guinea Ecuatorial
B5-0435/2000 de los Sres. Gasòliba, Böhm y Sánchez García, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0455/2000 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y de los Sres. Martínez Martínez y Menéndez del Valle, en nombre del Grupo PSE,
B5-0468/2000 de los Sres. Marset Campos y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre Guinea Ecuatorial.
Irán (código de prensa)
B5-0436/2000 de las Sras. Malsmström y Ries, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0440/2000 de los Sres. Belder y Van Dam, en nombre del Grupo EDD,
B5-0447/2000 de las Sras. Rühle y Boumédienne-Thiery y del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE,
B5-0450/2000 del Sr. Schori y del Sr. Sakellariou, en nombre del Grupo PSE,
B5-0460/2000 del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-0469/2000 de las Sras. Boudjenah y Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL.
sobre el Irán.
Birmania
B5-0437/2000 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR,
B5-0446/2000 de la Sra. McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes/NGL,
B5-0451/2000 de los Sres. Schori, Sakellariou y Veltroni, en nombre del Grupo PSE,
B5-461/2000 de la Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE-DE,
B5-470/2000 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL,
sobre Birmania.
Fútbol: Copa de Europa 2000 y prevención del vandalismo
B5-462/2000 de los Sres. Stockton, Heaton-Harris y Perry, en nombre del Grupo PPE-DE,
sobre el derecho a la seguridad en la Copa de Europa 2000.
Filipinas.

Thors
Señor Presidente, estimado Comisario, la crisis en Filipinas a la que nos estamos refiriendo, es trágica. Yo represento a uno de los países que tiene rehenes allí. Pedimos a la Comisión Europea y a sus representantes que continúen insistiendo ante el Presidente Estrada para que no use métodos violentos que pudiesen poner en riesgo la vida de los rehenes. También confío en que las ayudas médicas lleguen hasta los rehenes, por ejemplo, se debería permitir el acceso a Médecins Sans Frontière para así asegurar sus vidas.
De todos los acontecimientos trágicos se puede extraer alguna enseñanza. Creo que el pueblo finlandés ha aprendido que la causa de este conflicto son las injusticias sociales que, junto con las violaciones a los derechos humanos, nos afectan a todos.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, como europeos hemos de ser muy cautelosos cuando consideramos tales movimientos separatistas como los que se están mencionando aquí. En efecto, muchas de las fronteras con las que tenemos que ver en estos grandes estados insulares -Filipinas, Indonesia, Malasia- son sencillamente fronteras coloniales que hemos trazado artificialmente con arreglo a nuestros intereses políticos y económicos y que han desgarrado formaciones que se han desarrollado históricamente. En este sentido, somos culpables de muchos conflictos en esta región. Esto no significa que como europeos no tengamos la tarea de procurar que no se llegue al desmoronamiento de tales formaciones, con todos los peligros que esto implica. No deberíamos encumbrarnos demasiado. Hemos de admitir que tenemos una notable corresponsabilidad en este proceso.
No obstante, nuestra función, naturalmente, es la de crear aquí paz y estabilidad y, sobre todo, combatir a los delincuentes que bajo pretextos políticos han secuestrado y maltratado a turistas inocentes, ciudadanos de la Unión Europea. No existe ninguna razón política tan buena como para vejar de semejante manera a seres humanos, tal como sucede allí. Por esta razón, hacemos un llamamiento a estos delincuentes para que dejen libres sin más demora a los ciudadanos de la Unión Europea y a todos los rehenes y damos todo nuestro apoyo al Sr. Solana y a todos los demás que están intentando contribuir a la terminación de este drama de rehenes. Deberíamos considerar también este drama de rehenes como un aviso a nosotros mismos para que en estas regiones no nos hagamos los ciegos por más tiempo o no persigamos solamente nuestros propios intereses, sino que contribuyamos a que se logren allí situaciones estables y pacíficas, pues allí están sangrando focos de conflicto y heridas que con frecuencia hemos abierto nosotros mismos en estas regiones a lo largo de la historia.

Isler Béguin
Señor Presidente, Señorías, nuestro pensamiento está con los rehenes y nuestros conciudadanos cuyo único objetivo era descubrir otros pueblos, y que siguen retenidos como rehenes por el grupo armado Abu Sayyaf. Ignoramos si se trata de una acción de bandoleros o de una reivindicación política. Hoy es la isla de Jolo la que está en el centro de las hostilidades con este terrible secuestro.
En estas islas, caracterizadas por una frondosidad tropical y una pobreza sin nombre, el ametrallamiento de localidades, los secuestros, la exigencia de rescates, las torturas, son moneda corriente. Esta toma de rehenes, así como las múltiples violaciones de los derechos humanos, demuestran la manera en que estos movimientos armados de oposición han caído en la criminalidad.
Si bien no podemos tolerar estos actos de violencia permanentes en contra de los derechos humanos, deploramos también el fracaso de las negociaciones de paz con el Gobierno Filipino. Sabemos asimismo que la violencia tiene sus raíces en la pobreza.
Por eso apoyamos firmemente el llamamiento lanzado por el arzobispo de Manila al Presidente Estrada, a fin de que se realicen reformas socioeconómicas. A falta de una voluntad política para obtener resultados, debemos saber que la violencia continuará.
Guinea Ecuatorial

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, nos ocupamos en el presente caso de una de las cuestiones que ha merecido en anteriores ocasiones la atención de este Parlamento. Es el caso de Guinea Ecuatorial, uno de tantos países africanos que han hecho una muy mala transición desde la época colonial, en los cuales las anteriores relaciones coloniales, por una parte, y las ambiciones de ampliar su área de influencia por parte de otros Estados miembros de la Unión, por otra, han impedido el apoyo necesario y conveniente a la aplicación de un auténtico sistema democrático.
En el año 1999 hubo unas elecciones generales al Parlamento guineano, en las cuales los observadores internacionales constataron que se habían violado los derechos humanos, las garantías democráticas y la transparencia informativa. Ahora podemos volver a encontrarnos con la misma situación en las próximas elecciones del 28 de mayo, por lo que, según consta en esta Resolución, exigimos la intervención adecuada de la Unión Europea para garantizar que esta vez haya unas elecciones democráticas.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, ya se ha explicado cuál es el motivo de esta Resolución: en Guinea Ecuatorial persiste una situación política y social extremadamente grave.
En primer lugar, no se han dado pasos hacia el establecimiento de un Estado de derecho basado en una democracia multipartidista y con pleno respeto de los derechos humanos. En segundo lugar, la población subsiste en unas duras condiciones de pobreza. El Gobierno del Presidente Teodoro Obiang ha incumplido todas y cada una de las promesas de democratización formuladas ante la comunidad internacional. Los partidos de la oposición se enfrentan a una persecución constante de sus dirigentes y militantes, algunos de los cuales son arrestados arbitrariamente y a veces torturados. Por supuesto, no tienen acceso a los medios de comunicación y se enfrentan a procesos electorales viciados, en los que la transparencia y la limpieza están plenamente ausentes.
Ante los comicios municipales del 28 de mayo, existen indicios que nos preocupan, porque no está garantizada al día de hoy ninguna condición de democratización para la celebración de estos comicios. Por ello, estamos preocupados y solicitamos que haya una insistencia por ver cómo van a desarrollarse.
Guinea se hunde cada vez más en el subdesarrollo. Paradójicamente, sus ingresos, que provienen del petróleo, son cada vez más cuantiosos, pero no llegan en absoluto a sus habitantes, sino que se queda con ellos únicamente la clase dirigente.
Ante esta situación, como indica la Resolución que hemos presentado, exigimos al Gobierno ecuatoguineano el verdadero inicio de una transición hacia la democracia, cuyo primer paso entendemos que pueden ser estas elecciones municipales libres. La Unión debe presionar en este sentido, sin bajar la guardia ni dar crédito a más promesas falsas del Presidente Obiang.
Por ello, si las elecciones municipales se celebran en las actuales condiciones, sin ningún tipo de garantías, no debe reanudarse de forma alguna la cooperación con Guinea, excepto -exclusivamente- la humanitaria. El Convenio de Lomé en su artículo 5 obliga a la Unión y a todos sus Estados miembros a exigir democracia y derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Por ello creemos que esta Asamblea debe seguir en este mismo sentido.

Ferrer
Señor Presidente, la convocatoria por parte del Presidente Obiang de elecciones municipales debería suponer un paso adelante en el camino de democratización de este país y, por tanto, en sí misma, deberíamos valorarla positivamente.
Más aún si tenemos en cuenta que el Presidente de Guinea fue uno de los firmantes de la declaración de El Cairo y del plan de acción que la acompaña, donde se reconoce la necesidad de consolidar los principios democráticos, basados en el derecho de todos los ciudadanos a escoger libremente a sus dirigentes políticos mediante elecciones libres y, en consecuencia, la necesidad también de asegurar la celebración de elecciones transparentes y libres, y de adoptar los medios necesarios para el buen desarrollo de la observación de las mismas.
Pero la experiencia de elecciones precedentes, en las que se constataron graves irregularidades y una total falta de transparencia, así como la falta de garantías democráticas que sigue dándose en Guinea, nos exige no sólo estar muy atentos al desarrollo del próximo proceso electoral, sino requerir con toda contundencia al Gobierno de Guinea y al Presidente Obiang para que adopten las medidas necesarias para garantizar la limpieza de estas elecciones.
En especial, hay que velar por que el proceso esté abierto a todas las fuerzas políticas -lo cual conlleva la liberación de los presos políticos- y por que se garantice a la oposición el pleno ejercicio de sus libertades democráticas. Y hay que exigir también la presencia de observadores que puedan seguir, con toda libertad, el desarrollo de estas elecciones y comprobar si han sido respetados los principios democráticos.
La celebración de estas elecciones puede suponer para Guinea la posibilidad de empezar a caminar por la senda de la democracia. Y puede suponer también el reencuentro con la Unión Europea y la obtención de la ayuda que la Unión Europea estaba dispuesta a verter sobre ella en caso de respetarse la democracia.
Por ello, tenemos nosotros, en tanto que Parlamento, la obligación de ejercer presión sobre el Presidente Obiang y exigirle que estas elecciones se celebren y se desarrollen de acuerdo con los principios democráticos. Porque sólo así podremos devolver al pueblo de Guinea su plena libertad.

Marset Campos
Señor Presidente, no se puede ni se debe frustrar la oportunidad que se presenta para alentar la vía democrática para el pueblo de Guinea y, sobre todo, para su juventud, puesto que, en un ambiente de creciente empobrecimiento y desigualdad, el fracaso de la democracia supone, como contrapartida, el desencadenamiento de la espiral de la violencia y la represión, que a su vez desemboca en un conflicto bélico fomentado muchas veces desde fuera.
La Unión Europea ha de exigir por todos los medios al Gobierno de Guinea Ecuatorial la libertad de todos los presos políticos y el fin de la coacción ejercida contra las fuerzas democráticas, para garantizar así que las próximas elecciones municipales se conviertan en esperanza para el pueblo de Guinea y en el comienzo de fructíferas relaciones entre Guinea y la Unión Europea.
Irán (código de prensa)

Ludford, Baronesa
La lucha en el Irán por la reforma y la libertad presenta gran interés. Ha habido considerables razones para el optimismo con la elección del Presidente Jatami y la abrumadora votación a favor de candidatos reformistas en las elecciones de febrero, pero, como observa Human Rights Watch, la lucha por el control de la prensa es en muchos sentidos la lucha por el control de la dirección futura de la República Islámica en conjunto.
El propio éxito del programa reformista parece haber provocado una reacción violenta por parte de las fuerzas conservadoras reaccionarias y un intento de castigar a la mayoría que votó en febrero a favor de la reforma. Ponen la mira en la prensa independiente, porque es un cauce importante para los reformistas. Evidentemente, esos intentos no podrán tener éxito a largo plazo, porque la población juvenil desea, impaciente, un cambio que muestre que el Islam y las garantías de derechos y libertades son perfectamente compatibles.
Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para alentar y apoyar la reforma, incluidas, en particular, salvaguardias jurídicas básicas de la libertad de expresión que impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Irán.
Entretanto, pedimos al Irán que cese la persecución de periodistas y escritores porque profesen opiniones que no amenazan el orden público ni la seguridad nacional, sino sólo los intereses creados de los conservadores.

Van Dam
Señor Presidente, bahar, es decir, primavera. Ése es el nombre de un nuevo periódico independiente de la República Islámica de Irán. Esperemos que este diario exista todavía. De esa palabra, bahar, deriva un programa político claro, un respaldo indiscutible a la política de reformas del Presidente Jhatami. Este rumbo tal vez pueda resumirse como la aspiración de llegar a una sociedad civil.
Los círculos conservadores iraníes consideran que esta línea representa un esfuerzo decidido por llegar a la secularización de su propio estado. No se equivocan. Para su creciente disgusto, estos fervientes defensores del statu quo político dentro de la República Islámica se han colocado a la defensiva desde la llegada al poder del Presidente Jhatami en 1998. Este hecho se ha visto subrayado por el descalabro sufrido en las elecciones parlamentarias de hace pocos meses.
Los partidarios de la línea dura de Teherán utilizan todos lo medios a su alcance para cambiar la marea política. Pensemos en los macabros asesinatos de clérigos independientes de hace alrededor de un año y medio. Pensemos también en la represión implacable de la protesta estudiantil del año pasado. Además, los partidarios del líder revolucionario Jhamenei intentan eliminar sistemáticamente la prensa crítica independiente a través de las restricciones a la libertad de prensa. Las elecciones parlamentarias supusieron una bofetada muy dura para los ultraconservadores. De ahí su reacción furiosa del mes pasado: el cierre de todos los diarios reformistas, exceptuando tan sólo tres de ellos.
La presente resolución conjunta toma partido por los periodistas iraníes perseguidos o condenados al paro. Éstos se sabían y saben respaldados por la gran mayoría de la población ¿Por qué? Porque han tenido el valor de manifestarse en público contra la servidumbre social que se mantiene por los claros métodos terroristas del aparato estatal. El Parlamento Europeo pretende apoyar con esta resolución a los redactores persas en su lucha por la libertad de prensa y el destierro del miedo de los escritorios.

Rühle
Señor Presidente, señoras y señores, quiero dar las gracias por la posibilidad de hablar hoy una vez más sobre Irán. El proceso de reforma en Irán se encuentra amenazado. Antes de que el Parlamento reformista, recién elegido, pueda reunirse, se está agudizando en Irán de manera amenazadora la lucha por el poder. Estamos consternados por la información manipuladora relativa a una conferencia de la Fundación Heinrich Böll en Berlín. Y estamos extraordinariamente preocupados sobre las detenciones de periodistas y de intelectuales críticos como consecuencia de esta conferencia.
Estamos impresionados, además, por la prohibición en Irán de todos los periódicos y revistas de orientación reformista. Hacemos un llamamiento a las autoridades iraníes para que sin más dilación pongan en libertad a los participantes en la conferencia y periodistas que fueron detenidos, a que dejen sin efecto todas las órdenes de detención que han sido dictadas en este contexto, a que autoricen de nuevo los periódicos y revistas que han sido prohibidos y, no en último término, a que respeten la voluntad política de la población iraní que se ha puesto de manifiesto de manera impresionante en los resultados electorales. Pedimos al Consejo y a los Estados miembros, así como a la Comisión, que intervengan ante Irán en favor de estas exigencias y hagan del respeto de los derechos humanos el fundamento de la ulterior cooperación con Irán.

Posselt
Señor Presidente, actualmente estamos viviendo una tendencia masiva contra la libertad de prensa. En la semana pasada las tropas del Sr. Puttin, en Rusia, han ocupado la mayor editorial de la oposición. En Belgrado ha ocurrido ayer lo mismo con la emisora independiente de radio, Belgrado. En Irán estamos viendo que se prohiben periódicos, periódicos que no hacen otra cosa que ser la voz de fuerzas y de personas que en las últimas elecciones, que han encarnado y encarnan una esperanza en el pluralismo en Irán. Por esta razón, puedo sumarme por completo a nuestra colega, la Sra. Rühle. Debemos aprovechar la fase actual para apoyar de manera masiva a las fuerzas democráticas y las fuerzas reformistas de Irán. En efecto, en la actualidad estamos viviendo una situación de renovación y, al mismo tiempo, de retroceso. A este respecto importa mucho que no dejemos solas y en el aislamiento a todas estas fuerzas, como intenta el régimen. Por esta razón ha sido tan desolador que se haya llegado a estos sucesos en esta conferencia de Berlín, que el gobierno ha tomado como uno de los pretextos para proceder contra la oposición en Irán.
Soy de la opinión de que en realidad un diálogo con Irán es la única posibilidad de influir en la evolución de allí. Ahora no debemos dejar sola a la oposición mediante medidas que fomenten el aislamiento, sino que en intenso contacto con la oposición más el influjo masivo del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión ejerzamos presión para que en Irán no se vuelva a estrangular por completo el proceso de democratización que, aunque débil, está cargado de esperanza.
Birmania

Maaten
Señor Presidente, este décimo aniversario de las elección de la NLD de Birmania es una ocasión desagradable. Desagradable porque la junta birmana ha logrado el reconocimiento internacional. Me refiero, por supuesto, a su entrada en la ASEAN. Puede ser que los Estados miembros de esa organización lo hayan decidido así teniendo todo tipo de intenciones respetables y con la esperanza de que condujera a la democratización de Birmania. Sin embargo, debemos señalar que esto no ha funcionado, no ha tenido éxito y, quizá, incluso ha sido erróneo, a juzgar por la expresión de los rostros de los mandatarios birmanos cuando este mes fueron anfitriones de los Ministros de Economía de la ASEAN.
La relación entre la Unión Europea y la ASEAN no puede, en lo que a nosotros respecta, ser la víctima del problema de Birmania. Esta relación es demasiado importante como para permitirlo. Eso significa que tenemos que continuar aprovechando la ocasión para sacar a relucir la situación de Birmania en nuestros contactos con la ASEAN.
Igualmente, debemos señalar que nuestras propias sanciones tampoco han funcionado tan bien. Tal vez sea bueno que reflexionemos sobre si podemos imponer las llamadas sanciones inteligentes a Birmania. Éstas sólo deben perseguir un objetivo: el restablecimiento de la democracia en ese país.

McKenna
Ayer se produjo la detención de 95 miembros del NLD y la situación en Birmania ha llegado a ser insostenible. Uno de los aspectos decisivos que debemos examinar es el papel de algunas compañías petroleras multinacionales europeas, en particular la compañía francobelga Total Fina. También debemos criticar al Gobierno francés por el apoyo que presta al Gobierno. Incluso el Gobierno británico es más progresista en su política al respecto. El Gobierno británico ha pedido, de hecho, a Premier Oil que se retire de Birmania.
El Gobierno francés debe seguir el ejemplo del Gobierno británico. Resulta inaceptable que las compañías multinacionales europeas inviertan y respalden un sistema en el que se producen violaciones en gran escala de los derechos humanos. En cuanto a las sanciones, debemos responder, la verdad, al llamamiento de que apliquemos sanciones económicas contra el SPDC y cortemos los vínculos entre Europa y Birmania basados en el comercio, la inversión y en particular el turismo. Resulta inaceptable que, en una situación en la que se producen violaciones flagrantes de los derechos humanos, en que se deniega a la población la vida y la libertad, invirtamos en turismo.

Maij-Weggen
Señor Presidente, ya han transcurrido diez años desde que tuviera lugar el drama político de Birmania. Tras un período de inseguridad y lucha, se celebraron elecciones libres y transparentes en 1990, y la Sra. Aung San Suu Kyi fue elegida Presidenta por una gran mayoría. Así mismo, la NLD consiguió la gran mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias.
Poco después, los militares volvieron a ocupar el poder. La Sra. Aun San Suu Kyi fue detenida. El Parlamento fue disuelto y muchos diputados fueron asesinados, encarcelados o expulsados del país. Desde entonces, Birmania es el escenario de una represión sin precedentes. Miles de personas han muerto, cientos de miles han huido del país y viven en campos de refugiados de Tailandia, Malasia y la India. Dentro del país, todos los grupos de población han sido desplazados a fin de terminar con las minorías. Se trata de trabajo forzoso. El Financial Times ha publicado esta semana que Birmania tiene más niños soldado que ningún otro país del mundo.
Birmania puede compararse con Sudáfrica y Chile en los años 80 ¿Qué pedimos a la Comisión y al Consejo? Pedimos, en primer lugar, que no acepten que el régimen militar de Birmania represente al pueblo birmano en la cumbre euroasiática. Pedimos, además, que se adopten disposiciones más duras contra ese país en el ámbito económico. Abogamos por un aislamiento económico y por una paralización absoluta de las inversiones de los Estados miembros de la UE, tal como han propuesto los Estados Unidos en más de una ocasión.

Además, los Gobiernos de la UE deben hacer llegar un mensaje negativo a sus ciudadanos en cuanto a ir de vacaciones a Birmania. Muchos de los nuevos complejos turísticos han sido construidos con trabajo forzoso. Ése es el núcleo de nuestra petición.
Birmania no puede ser mejor tratada por la opinión internacional que Sudáfrica y Chile en los años 80, en caso contrario, estaremos utilizando un doble rasero. La Sra. Aung San Suu Kyi debe lograr, de una vez, una respuesta efectiva a su resistencia pasiva ¿De qué le sirve haber recibido los premios Nobel y Sacharov si no logra un verdadero apoyo que le permita a ella y a su país salir de la difícil situación en que se encuentran?
Fútbol: Copa de Europa 2000 y prevención del vandalismo.

Heaton-Harris
Señor Presidente, debo declarar un interés, porque soy un árbitro de fútbol de primera clase y muy activo y llevo 18 años relacionado con el fútbol en muchos niveles. Esta resolución examina las disposiciones relativas a la seguridad en la próxima Copa de Europa 2000 para que este verano los seguidores y amantes del fútbol decentes puedan moverse por toda Europa y asistir a partidos de fútbol sin miedo ni preocupación por su seguridad: se trata de una petición muy oportuna, en vista de lo sucedido en Copenhague.
La mayoría de los diputados no considerarán polémica esta propuesta. Sin embargo, entiendo, desde luego, que haya algunas preguntas sobre la idoneidad del estadio de Charleroi y su aptitud para albergar con seguridad el partido Inglaterra-Alemania del 17 de junio. Voy a abordarlas ahora, porque creo que sobre esos aspectos es sobre los que los ciudadanos quieren recibir información.
Agradezco al programa BBC Watchdog que me facilitara detalles de las conclusiones de un renombrado experto británico en materia de estadios deportivos, el Dr. Jim Dickey. Tras un breve examen de la estructura provisional situada por encima de la tribuna septentrional en Charleroi, llegó a la conclusión de que había demasiados asientos en las filas, que la tribuna es demasiado empinada, que las barreras de seguridad demasiado bajas, las salidas de la tribuna demasiado estrechas y los escalones en la parte trasera de la tribuna demasiado amplios. Esa tribuna, como todas las demás, estará totalmente ocupada el 17 de junio. Entretanto, unos kilómetros más arriba, el estadio Rey Balduino, estadio nacional de Bélgica y probablemente uno de los más seguros actualmente de toda Europa, permanecerá vacío ese día.
Comprendo el orgullo regional de muchos diputados de Bélgica y no pongo en entredicho el mucho tiempo dedicado por los organizadores de la Copa de Europa 2000 a examinar los aspectos relativos a la seguridad de la competición. Pero es evidente que debería prevalecer el sentido común y se debería revisar esa situación para ver si debe continuar en el futuro.
Espero que sus Señorías apoyen esta propuesta, porque se trata de algo que podemos mejorar, en realidad. ¿Por qué no examinar un acontecimiento por anticipado y no tener que preocuparse por las consecuencias de las malas acciones de unas pocas personas violentas después de un acontecimiento futbolístico?

Perry
Señor Presidente, espero que el 17 de junio haya un gran partido de fútbol entre Inglaterra y Alemania. La mayoría de la gente está deseosa de asistir a un buen partido y espera que sea seguro. Pero, por desgracia, no es ésa la opinión de todo el mundo. El grupo operativo antivandalismo de la policía alemana ha dicho que está bastante seguro de que habrá vándalos. Nada puedo decir de los vándalos alemanes, pero puedo hablar de los vándalos ingleses del fútbol... no puedo decir "hinchas" y ni siquiera la palabra "vándalo" es bastante fuerte para esa clase de personas. Hay un grupo de personas que se proponen -de eso no cabe duda- asistir. Si lo dudan sus Señorías, basta con que contemplen las fotografías de la prensa sobre los problemas que hubo anoche en Copenhague.
Además de los problemas que podrían ocurrir dentro del estadio de Charleroi hay un grave problema que, como ha explicado mi colega, se puede producir en las calles de los alrededores del estadio. El jefe de la Federación de Policía de Bélgica ha dicho que está preocupado. Hemos de decir ahora a las autoridades belgas y a las autoridades futbolísticas europeas que deben optar por un terreno más seguro en otro punto de Bélgica y se ha citado el estadio de Bruselas.

Dehousse
Señor Presidente, Señorías, es reconfortante, naturalmente, tras el cortejo de horrores mundiales, plantearse otros problemas; aunque después de reflexionar, volvamos a contemplar imágenes difícilmente soportables.
Sin embargo, pienso que la propuesta que se nos somete aborda el problema correctamente. Así, cuando el apartado 2 de la resolución "expresa su preocupación frente al hecho de que el estadio del país de Charleroi, que debe acoger varios encuentros, en particular el partido Inglaterra/Alemania, no responde a las normas belgas de seguridad en la materia", dice algo que no es verdad.
Es falso. Por una serie de razones. Primero porque los organizadores de cualquier encuentro en Bélgica y los promotores de cualquier estadio deben estipular un acuerdo de Derecho público con el ayuntamiento en el que está ubicado el estadio y porque dicho acuerdo vincula personalmente al burgomaestre.
Nuestro honorable colega se ha referido al orgullo nacional. Los belgas saben todo lo que deben, para bien o para mal, a la noción de orgullo regional, y, por consiguiente, la utilización de un estadio requiere no sólo la firma del burgomaestre, sino también la del ministro de Interior. Es absolutamente falso, por lo tanto, hablar de exceso regional. Por otra parte, todo el mundo sabe, o se supone que sabe, que no es sólo la población de Charleroi quien ha elegido este encuentro.
Finalmente, en el marco del Euro 2000, a estas exigencias se ha añadido una exigencia suplementaria: el estadio debe estar autorizado por la Unión Europea, la UEFA. Y, en relación con todos los estadios que se transformaron para acoger a un número suficiente de visitantes, la UEFA no sólo dio una autorización in fine del procedimiento, sino que fue asociada a la organización material de la revisión de los estadios. Conozco la cuestión porque trabajé, como burgomaestre de la ciudad de Lieja, en la preparación de un estadio del mismo tipo.
En conclusión, lamento decir que nuestros colegas se apoyan en premisas inexactas y que, por lo tanto, sólo pueden sacar conclusiones falsas. No soy el único que lo piensa; mi colega Desama se habría expresado en este sentido si hubiera podido hacer uso de la palabra; ocurre lo mismo con nuestro colega holandés, el Sr. Van den Berg, quien me ha pedido que señalara que él entendía, personalmente, que además de una responsabilidad belga, existía en este caso una cooperación muy fuerte...
... una cooperación muy estrecha con el Gobierno holandés y se inició en el comienzo mismo y ampliamos esa cooperación con Francia en vista de las enseñanzas que se desprendieron del Campeonato Mundial y de muchos otros países -14, creo, incluido el Reino Unido, naturalmente-, porque queríamos mantener contactos con los países que podrían enviar equipos a Bélgica.
Señor Presidente, concluiré diciendo que la tercera y última observación es la de que creo que el Parlamento debe formular normas y no correr riesgos. ¿Vamos a ocuparnos mañana o la semana que viene de los trenes que salen de la estación de Paddington?

Ducarme
Señor Presidente, considero que este texto tiene varias ventajas. Nos permite recordar que todos estamos de acuerdo en condenar el hooliganismo y que todos queremos, evidentemente, luchar, en toda la medida de nuestras posibilidades, contra este fenómeno.
Desearía, con todo, recordar también que, desde hace ahora dos años, tanto en los Países Bajos como en Bélgica, con profesionalidad, los medios deportivos, las autoridades políticas, y también las autoridades policiales preparan el Euro 2000, e incluso desde el punto de vista material, se han realizado inversiones colosales.
A pesar de ello, ¿sigue existiendo un riesgo? Sí, pero siempre habrá un riesgo. Si nos encontramos frente a un fenómeno como este, jamás podremos decir que nada ocurrirá. Pero, de una manera muy deportiva, desearía decir a nuestro colega británico que ello no justifica que se explote a priori un acontecimiento de esta naturaleza con cierta demagogia y que se propaguen incluso informaciones falsas en documentos oficiales del Parlamento Europeo.
El punto 2, y el Sr. Dehousse lo ha indicado, es inexacto. Las autoridades belgas han dado la autorización con respecto al estadio de Charleroi. El punto 3, que indica que, en su caso, el estadio Rey Balduino sería arrendatario en Bruselas, es falso. Ninguna autoridad, ningún responsable se ha expresado en este sentido. Por consiguiente, creo que ser razonables y, naturalmente, no recoger estos textos.
Finalmente, nuestro colega ha indicado que estaba encantado con la publicidad que le había hecho la BBC. He recogido las palabras que ha transmitido por la BBC alguien que no es árbitro de fútbol como usted, sino entrenador del equipo del Reino Unido. ¿Qué ha dicho el Sr. Keegan, y concluyo, señor Presidente, durante su visita a Charleroi?: el estadio es adecuado para que se juegue un partido de alto nivel. Considera incluso que dicho estadio no es muy diferente de muchos estadios de Inglaterra.
Por lo tanto, ¡sean deportivos! Si usted es árbitro, señor Heaton-Harris, tiene usted un punto de vista, pero prefiero el punto de vista del Sr. Kevin Keegan, que me parece más cualificado, y, por tanto, renuncie y retire su propuesta.

Wyn
Señor Presidente, no me cabe la menor duda de que todos queremos que haya una erradicación del vandalismo en el fútbol en el nivel europeo y mundial. Sin embargo, debemos procurar no hacerlo de un modo que limite el disfrute de los seguidores auténticos.
Así, pues, se debe examinar esa cuestión en el nivel europeo y debemos guardarnos de vernos envueltos en discusiones locales sobre la capacidad y la seguridad de determinados estadios, estén donde estén.
Debemos preguntarnos por qué han fallado repetidas veces las medidas adoptadas en el pasado para crear una cultura del disfrute en el fútbol para todo el mundo. Acojo con beneplácito el diálogo en curso entre la Comisión y los clubes deportivos y futbolísticos sobre cómo se podría mejorar la situación. Las personas que dirigen el juego son las que, mediante un diálogo constructivo, podrán encontrar en su momento soluciones para el cáncer del vandalismo y -conviene decirlo- del racismo que afecta al más popular de todos los deportes.

Sylla
Señor Presidente, creo que, a pesar de todo, debemos, tomar en serio estas cuestiones de hooliganismo. Ahora sabemos que decenas de millones de personas se apasionan por este deporte, y, después de la Copa del Mundo de fútbol, que ganó Francia, esperan con impaciencia el Euro 2000. Considero que el fútbol se ha convertido en un deporte de masas, en un deporte popular, y que se trata, en definitiva, de la seguridad de nuestros hijos, de nuestros hermanos pequeños, de los adolescentes, que frecuentan los estadios.
Creo, por consiguiente, que no podemos contentarnos únicamente con decir: "existen riesgos, siempre existirán riesgos". Creo que es necesario tratar de oponerse en la medida de nuestras fuerzas a este fenómeno del hooliganismo. Digo esto, porque no se puede dejar empañar la imagen de los verdaderos seguidores por la acción de algunos extremistas violentos, que toman como pretexto las grandes concentraciones para cometer actos inaceptables.
Es bueno que en la resolución se señale que deben adoptarse medidas de seguridad adecuadas. Durante la última Copa del Mundo de fútbol, como recordarán, unos hooligans cometieron actos de violencia muy graves, agrediendo concretamente a un policía que estuvo durante largo tiempo en coma y que hoy sufre una parálisis de por vida. Creo, pues, que todo esto no es una fatalidad, que debemos buscar los medios, por ejemplo, para castigar a los hooligans en los países de la Unión Europea donde cometen sus fechorías.
En este sentido, considero que existe un importante ejemplo reciente en Francia. Desde hace años, algunos hooligans franceses de ideología nazi se habían adueñado de una tribuna de seguidores en el Parque de los Príncipes, en París. Aprovechaban los partidos para desahogar su odio, lanzar eslóganes nazis y hostigar a las personas de raza negra y a los árabes a la salida del club. El París-St-Germain lo dejaba correr y había incluso terminado por prohibir el acceso a dicha tribuna a toda persona de color moreno, alegando razones de seguridad. Tras una denuncia de la asociación francesa SOS Racismo, y frente a la amenaza de una condena, el club se comprometió a poner fin a estas prácticas y a no tolerar más a los hooligans en el estadio, controlando rigurosamente las entradas. El París-St-Germain emite ahora, antes de cada partido, un vídeo contra el racismo que fomenta los valores de la amistad, de la fraternidad y del placer del deporte.
Eso demuestra que se puede actuar, eso demuestra que la fatalidad no existe, y creo realmente que, desde el momento en que sabemos en lo que se ha convertido el fútbol, con las decenas de miles de jóvenes que acuden a esos estadios, debemos verdaderamente estar atentos y no tomar estas cuestiones a la ligera.

Thyssen
Señor Presidente, el PPE no respalda la resolución de los colegas británicos y ha anunciado que no votará a favor. No porque no queramos denunciar la violencia creciente que tiene su origen en los partidos de fútbol. Sí porque la resolución, tal como está redactada, es demasiado restringida y pobre y, así, no hace justicia a este hemiciclo.
Señorías, no es nuestra tarea expresarnos políticamente sobre un cierto partido que se jugará en un lugar determinado y, tampoco, realizar valoraciones técnicas sobre la pertinencia de un estadio de fútbol para un partido de la EURO 2000. Hubiera sido mejor indicar, en primer lugar, y eso es lo que quiero hacer en nombre de muchos colegas del PPE, que la seguridad es el objetivo esencial al que debe prestarse mayor atención y por el que también se han realizado muchos esfuerzos en relación con la EURO 2000. En segundo lugar, que se ha hecho un llamamiento a todos aquellos que se ocupan de la seguridad durante la EURO 2000 para que trabajen de forma sumamente preventiva. En tercer lugar, exhortamos a los servicios de policía de todos los países participantes a que logren salvar los obstáculos que impidan una estrecha colaboración. En cuarto lugar, hacer un llamamiento a favor del juego limpio a todos los implicados, tanto organizadores, como jugadores e hinchas.
Es lamentable que esta resolución relativa al partido que enfrentará a Bélgica con el Reino Unido se proponga primero en el PPE y, después, aquí, en este hemiciclo. Espero, por de pronto, que este partido se desarrolle deportivamente, y también espero que los belgas no sólo ganen este encuentro aquí, sino también algunos durante la EURO 2000.

Beysen
Señor Presidente, el vandalismo en el fútbol no constituye una reacción marginal, sino que se configura como una clara subcultura. Una subcultura no se controla tan fácilmente. En mi opinión, la única solución es la tolerancia cero, de modo que se actúe sistemáticamente contra toda infracción y se sancione de forma efectiva toda transgresión. El contenido de la presente resolución no trata, consciente o inconscientemente, las causas de este vandalismo. Los promotores de la iniciativa pretenden criticar claramente la organización de la EURO 2000. Los liberales no quieren seguirles el juego. Tenemos en consideración los enormes esfuerzos que los Gobiernos de los países organizadores han realizado para que la EURO 2000 se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
En vísperas de la EURO 2000, sólo deseamos exhortar a los responsables a fin de que se mantengan muy alerta para lograr el objetivo perseguido, a saber, hacer una fiesta de la EURO 2000 para los cientos de miles de asistentes y los varios millones de telespectadores. Una fiesta que debe contribuir a difundir una imagen positiva de Europa.

Maaten
Señor Presidente, no podemos respaldar la resolución presentada. Era partidario de que se discutiera la cuestión del vandalismo en el fútbol, pero esta resolución finalmente sólo ha servido para completar el orden del día. No compete a este Parlamento discutir sobre la seguridad de un partido de la EURO 2000 bajo presión de lo que considero es la idea de una parte de la opinión pública británica. Así mismo, considero que supone una ofensa para los organizadores belgas de este encuentro y para las autoridades internacionales implicadas. Es lamentable, ya que se trata de la lucha contra el vandalismo en el fútbol y sobre esta cuestión hay mucho que decir. Cada vez extraemos más lecciones importantes sobre, por ejemplo, cómo podemos controlar realmente de forma efectiva a los seguidores, cómo podemos mejorar la formación de los dirigentes de los clubes y de los organizadores. También merece atención la llamada second opinion que ahora se maneja, conforme a la cual un grupo que no forma parte de la organización analiza las medidas y realiza sugerencias.
Señor Presidente, los vándalos ya han conseguido, con mucho éxito, amargar el placer de los verdaderos seguidores. No lo lograrán durante la EURO 2000, ya que se convertirá para todos en una fiesta del fútbol.

Patten
Señor Presidente, voy a comenzar con las Filipinas y -dada la amplitud y diversidad de asuntos examinados en el Parlamento Europeo- acabar con el fútbol.
La Comisión comparte la preocupación de sus Señorías por la salud y la seguridad de los rehenes en Jolo y Basilan. Condenamos rotundamente semejantes acciones terroristas. Naturalmente, compartimos plenamente la decisión de enviar al Alto Representante de la UE, Javier Solana, a Filipinas. Se envió al Sr. Solana para que transmitiera personalmente al Gobierno de Filipinas el mensaje de la Unión Europea sobre la seguridad de los rehenes. Recibió seguridades del Gobierno de Filipinas de que no se emplearía la fuerza militar para liberarlos.
Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos de Mindanao y de las islas vecinas. Nos preocupa la intensificación de la violencia política que se ha producido después de la suspensión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y los diversos grupos armados. Consideramos que sólo una pronta reanudación de las negociaciones de paz, como han pedido los dirigentes de la sociedad civil y de los grupos religiosos, ofrece perspectivas para una mejora duradera de la situación en Mindanao.
Quisiera añadir una observación final sobre los 21 rehenes... siete de ellos ciudadanos de la Unión Europea. Evidentemente, todos esperamos su pronta liberación. Todos tenemos puestos -estoy seguro- nuestros pensamientos en las familias. Espero también que recibamos pronto noticias sobre el bienestar de los periodistas que fueron a informar sobre ese suceso y después han desaparecido. Espero que pronto se dé con su paradero.
Pasando a Guinea Ecuatorial, hemos estado observando de cerca la situación en materia de derechos humanos en ese país desde hace varios años. Compartimos las preocupaciones del Parlamento Europeo sobre las elecciones locales en ese país. Dichas preocupaciones se reflejaron en la declaración de la Presidencia a comienzos de mayo. Durante una reciente emisión de los servicios de la Comisión, se plantearon directamente al Presidente las cuestiones que está abordando el Parlamento. El Gobierno de Guinea Ecuatorial envió una solicitud oficial al Comisario Nielson para que envíe una misión de observación electoral. La Comisión va a enviar al Presidente Obiang una respuesta con una exposición detallada de los motivos por los que se ha rechazado dicha solicitud. La solicitud del Gobierno de Guinea-Bissau llegó demasiado tarde y, de conformidad con nuestras directrices, las misiones de observación electoral deben prepararse en una fase temprana del proceso electoral para que podamos velar por la exactitud y la equidad de dicho proceso. Es importante que los partidos de oposición de Guinea Ecuatorial hayan impugnado las listas electorales y hayan decidido ya boicotear las elecciones. Así, pues, consideramos que en esta fase la presencia de observadores internacionales no sólo no lograría mejorar la calidad y la transparencia de las elecciones locales, sino que, además, existe el riesgo de que dicha misión pudiera ser utilizada indebidamente por las autoridades locales como medio de legitimar un proceso insatisfactorio. Sin embargo, nos proponemos participar en el fomento del proceso de democratización en Guinea Ecuatorial.
Sobre el Irán, la Comisión comparte plenamente la preocupación del Parlamento sobre la falta de libertad de expresión en ese país. En el diálogo amplio entre la Unión Europea y el Irán la Comisión plantea periódicamente las cuestiones relativas a los derechos humanos, incluida la libertad de prensa. Las autoridades iraníes conocen perfectamente la importancia que atribuimos a esas cuestiones. Es evidente que la situación actual es muy delicada: los oponentes de la reforma han utilizado su control de las fuerzas judiciales y de seguridad para intimidar a los intelectuales y prohibir los periódicos reformistas. El actual juicio a 13 judíos acusados de espionaje resulta también muy inquietante. Los reformistas han conservado la calma y nosotros debemos hacer lo propio, con la esperanza de que la constitución del parlamento contribuya en breve a mejorar la situación.
Paso a Birmania. Deploramos la continua violación de los derechos humanos por el régimen militar birmano. En particular, deploramos los continuos asesinatos extrajudiciales, la generalizada imposición de trabajos forzados y el desplazamiento forzoso de poblaciones locales, así como la represión de los opositores políticos y la prevención del funcionamiento en libertad de los partidos políticos legítimos. Un ejemplo de ello es las limitaciones de libertad de movimientos de Aung San Suu Kyi y otros miembros de la Liga Nacional por la Democracia y las habituales detenciones arbitrarias. Hemos apoyado firmemente la posición común de la UE sobre Birmania y la decisión del Consejo de Asuntos Generales de abril de 2000 encaminada a fortalecer la posición común.
Aprovechamos todas las oportunidades para presionar a nuestros interlocutores asiáticos con vistas a instar al llamado -con connotaciones orwellianas- Consejo de Estado de Paz y Desarrollo a que entable un diálogo en serio con los representantes democráticamente elegidos y las minorías étnicas con vistas a llegar a una solución interna y mutuamente acordada de los problemas de Birmania y respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Por último, sobre el vandalismo futbolístico: el cometido de velar por una seguridad adecuada para los espectadores y los jugadores durante los partidos de la Copa de Europa 2000 corresponde a las autoridades nacionales competentes y a las asociaciones futbolísticas competentes. Sólo deseo hacer dos observaciones suplementarias. En primer lugar, queremos que el Parlamento recuerde que el pasado mes de junio el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior pidió a los Estados miembros que intensificaran la cooperación para prevenir y controlar la violencia y los disturbios relacionados con los partidos internacionales de fútbol. Al mismo tiempo, se distribuyó a las fuerzas de policía un manual con ejemplos de métodos de trabajo.
En segundo lugar, el programa de la Comunidad en pro de la cooperación aduanera y policíaca financia un proyecto preparado entre las autoridades de policía de los Países Bajos y Bélgica en el que participan fuerzas de policía de otros Estados miembros. Va encaminado a aprovechar las enseñanzas que se desprenden de la organización de la Copa de Europa 2000 para mejorar, cuando sea necesario, la organización de futuros acontecimientos similares.
Quisiera simplemente añadir una observación. Espero encarecidamente que la Copa de Europa 2000 sea un gran éxito. Sin embargo, espero con el mismo fervor que los partidos de la Copa de Europa 2000 sean mucho mejores que el que vi anoche en la televisión.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 18.00 horas.

Sturdy
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Voy a ser muy breve, pero hago uso de la palabra sobre un asunto que es muy importante para la mayoría de los diputados a este Parlamento. Esta semana ha habido en varias ocasiones visitantes de fuera del Parlamento y, de hecho, simples personas del público en el bar de los diputados. Sé que varios diputados no han podido conseguir nada de comida esta semana. ¿Podrían los Cuestores darnos una aclaración al respecto para que haya un bar de los diputados? En Bruselas tenemos un bar de los diputados. No me opongo a que se entre con uno o dos miembros del personal o con quien sea en el bar, pero llevar grupos de veinte visitantes o más no está bien. Espero que se nos dé una aclaración.

El Presidente
Gracias, señor Sturdy. Remitiremos ese asunto al Colegio de Cuestores, como ha pedido su Señoría.

Theorin
Señor Presidente, tengo entendido que vamos a votar las dos últimas resoluciones sobre Guatemala y el tratado de no proliferación sin debate. No voy a cuestionar esto, pero quiero dejar constancia de lo inusitado que resulta que el Parlamento dedique media hora a discutir las gamberradas en los estadios de fútbol -yo soy una gran amante del fútbol- y ni siquiera un minuto para la mayor gamberrada del mundo, esto es, las armas atómicas.

El Presidente
Su observación es oportuna. Esta mañana se ha adoptado la decisión de votar a las 18.00 horas y de que se votarán las urgencias que no se haya podido examinar, aunque no se hayan debatido. El asunto del vandalismo futbolístico figura entre los asuntos relativos a los derechos humanos. Ese debate ha concluido. Conque hemos acabado toda esa sección.
No quiero una multitud de debates. Tenemos mucho que votar hasta esta noche.

Liese
Señor Presidente, está claro que ahora quiere usted evitar un debate largo, pero creo que esta mañana a la hora de decidir no quedó claro que las urgencias tenían que ser simplemente barridas bajo la alfombra. Si ese hubiera sido el caso muchos colegas hubieran votado de diferente manera. Creo que en este Parlamento en ningún caso debe suceder que cuestiones que desde comienzos de la semana están incluidas en el orden del día sean simplemente barridas bajo la alfombra. Deseábamos hablar sobre Guatemala. Durante toda la semana contamos con la presencia de diputados de Guatemala e intentamos explicarles que deben mejorar su democracia y el respeto de los derechos humanos. ¡Si ni siquiera debatimos sobre el asunto, entonces creo que no estamos dando en absoluto un buen ejemplo!

El Presidente
Quisiera señalar simplemente a la atención de sus Señorías el apartado 6 del artículo 50: "El Presidente y los presidentes de los Grupos políticos podrán decidir que se someta a votación sin debate una propuesta de resolución". Ése es el artículo conforme al cual se ha establecido este procedimiento. Convengo con su Señoría en que no debe sentar precedente. Pasemos ahora a la votación.

Posselt
Señor Presidente, quisiera decir algo respecto de la votación, concretamente que se podría intentar hacer algo contra esta votación tanto a causa del hecho de no respetar el plazo de 24 horas como, según las circunstancias, por el quórum. ¡No quisiera hacer esto, pero sí pedirle a nuestra colega la Sra. Buitenweg y a sus amigos que, por su parte, respeten una moratoria y que desplieguen mañana en esta Asamblea su acción de sabotaje!

Ribeiro e Castro
Señor Presidente, mi intervención es, de hecho, una cuestión de orden, exactamente en el mismo sentido de mi colega y lamento que la Sra. Buitenweg haya participado en maniobras de sabotaje y yo quería reaccionar contra afirmaciones reiteradas que hemos oído de la Sra. Buitenweg, de la Sra. Van Lancker y del Sr. Howitt, que son acusaciones de sabotaje contra otros, cuando ha sido la propia Sra. Buitenweg quien ha encabezado efectivamente el movimiento de sabotaje del funcionamiento de esta Asamblea.

Watson
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Quisiera proponer que celebremos una votación ahora mismo. Esta mañana hemos celebrado el debate sobre este asunto, hemos adoptado nuestra decisión, pues acabemos con ello.

VOTACIONES
Meijer
Señor Presidente, todos somos distintos. No obstante, somos iguales. En nuestra opinión, hay que partir de la solidaridad, la dignidad humana y las semejanzas. Toda persona tiene derecho a ello.
Desgraciadamente, existe una larga tradición de trato desigual, en primer lugar, por los que ejercen el poder a fin de convertir a los otros en dependientes. Pueden tratar de forma desigual a esas personas, recompensándoles o castigándoles por cualidades sobre las que no pueden influir de ningún modo. Esto no sólo lo han hecho los dueños de esclavos y los militares coloniales, sino también los empresarios y responsables políticos. Se crea, así mismo, una discriminación cuando se hacen escasear innecesariamente las necesidades básicas de las personas. Si cada uno tiene que luchar por conseguir un puesto de trabajo, una formación o una vivienda, se está propiciando una lucha de intereses entre grupos. La gente piensa que si los otros no estuvieran allí, tendrían más. Desde una concepción racista, simplemente se trata de poder disponer o no de los escasos suministros. Todo el que pertenezca a otro grupo se considera un competidor indeseable en el mercado de trabajo o en el mercado de la vivienda.
Seguimos viendo cómo los empresarios y la policía tienen prejuicios y tienden al trato desigual en Europa Occidental. Además, hay grupos que quieren obtener una ventaja política de la escasez y de los sentimientos egoístas a fin de enfrentar a unos grupos con otros. Que la lengua de los trabajadores y los agricultores esté ahora presente en el estado y en la enseñanza de los nuevos países recientemente creados en Europa del Este, obedece a un proceso necesario de democratización, pero no puede llevar aparejada una discriminación e, incluso, la expulsión de las minorías del ámbito geográfico de ese estado. Todos tenemos derecho a la protección frente a los actores políticos y económicos que sacan provecho de la discriminación. El derecho de elección de los recién llegados; un buen trato a los refugiados políticos; la igualdad de trato de todos los habitantes de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad; y la utilización de la inversión de la carga de la prueba por los tribunales constituyen un medio indispensable para ello. El Grupo de Izquierda Unitaria es partidario de reforzar al máximo la posición de las víctimas de la discriminación y está en contra de todos los intentos que pretenden debilitar esta protección.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de la propuesta de directiva contra las discriminaciones raciales y de origen étnico. Lo he hecho con gusto y, sobre todo como representante del Partido de los Pensionistas, estoy contento de haber contribuido con mi voto a la aprobación de esta directiva. Las personas mayores y los pensionistas vivieron la Segunda Guerra Mundial, saben qué significa tener comportamientos antirraciales. Confiaban en que no se tendría que volver sobre este tema y nada menos que con unas leyes, porque hay que impedir que se perpetúen acciones antirraciales y antiétnicas. Espero que esta ley se convierta en inútil cuanto antes porque esto significará que ya no habrá comportamientos antirraciales y antiétnicos: que se convierta en inútil como cualquier ley contra las discriminaciones. Lamentablemente, al no ser así, Europa hace bien en expresar tan clara y públicamente su posición.

Berthu
. (FR) La propuesta de directiva presentada por la Comisión para poner en práctica el principio de la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y sobre todo el informe Buitenweg del Parlamento Europeo, demuestran claramente que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Sin embargo, la propuesta parecía al principio bien intencionada. Se trataba de mejorar en la Unión Europea la protección de las personas víctimas del racismo. Pero, en realidad, el texto que acaba de presentarse está tan obsesionado por perseguir las discriminaciones que pierde totalmente de vista los principios elementales del Estado de Derecho e incluso -es el colmo- el principio de igualdad de trato de las personas. Sin olvidar, evidentemente, que, como es habitual, la propuesta de directiva hace poco caso de la subsidiariedad y del necesario margen de apreciación de los Estados miembros.
En particular, sobre el capítulo del Estado de Derecho, se lee con estupor en el propio texto de la Comisión que si, en una situación dada, surge una simple presunción de discriminación, es la parte demandada la que debe probar su inocencia (artículo 8). El efecto de esta disposición sería tanto más destructivo por cuanto la presunta discriminación podría ser una simple "discriminación indirecta", que, según el artículo 2b, se produce "cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte o pueda afectar de forma intrínseca negativamente a una persona o grupo de personas de un origen racial concreto".
Pero este empeño "antidiscriminación" encuentra pronto sus límites, siempre en el propio texto de la Comisión, cuando se trata de adoptar medidas particulares para compensar las desventajas de un grupo étnico que supuestamente sufre desventajas (artículo 5). Vemos aquí como se esboza la famosa política norteamericana de la "discriminación positiva", que, por otro lado, en los propios Estados Unidos hoy se pone en entredicho.
Y no se trata más que del texto de la Comisión, que es más moderado. El informe del Parlamento Europeo añade elementos en todos los ámbitos.
Sin embargo, algunos parecen haber dudado en la Comisión, ya que se han tomado el trabajo de añadir a la propuesta de directiva una justificación de su posible efecto en las empresas. Este procedimiento infrecuente demuestra muy bien que la cuestión no está clara. En esta justificación, la Comisión afirma pura y simplemente que "la directiva reforzará la competitividad de las empresas europeas, procurando que éstas dispongan de un mayor volumen de competencias y de recursos, y que dichas competencias sean utilizadas independientemente del origen racial o étnico".
Desdichadamente, esta afirmación, que sólo pretende tranquilizar la conciencia de los redactores, resulta completamente falsa. Es evidente que los empresarios corren el peligro de encontrarse acosados, concretamente en el ámbito de la contratación, por las amenazas de personas cuyas candidaturas han sido rechazadas. Sin embargo, no puede negarse que la inmigración contemporánea, en los países europeos, está compuesta sobre todo por personas no cualificadas, procedentes de países donde la experiencia del trabajo en las empresas, tal como lo practicamos nosotros, es particularmente escasa. Amenazado por esta nueva legislación, y para no crearse complicaciones, el empresario puede verse obligado a realizar contrataciones injustificadas, que obstaculizarán la competitividad de su empresa.
Por todas estas razones, rechazamos el informe Buitenweg, y esperamos que el Consejo, que debe deliberar por unanimidad en aplicación del artículo 13 del Tratado CE, rechace por su parte la propuesta de la Comisión.

Dehousse
. (FR) Habría votado a favor de la resolución habida cuenta de los puntos positivos que contiene y de las esperanzas que algunos de dichos puntos podrían legítimamente hacer abrigar.
Sin embargo, dos intervenciones del Sr. Désir han puesto de relieve que los textos, en todo caso en su versión francesa, contenían disposiciones totalmente contrarias a los principios del Derecho Internacional y, en particular, al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por eso me he abstenido en la votación sobre la resolución legislativa.

Désir y Sylla
. (FR) Hemos votado a favor del informe Buitenweg, que apoya y mejora en muchos puntos la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Sin embargo, como hemos tenido la oportunidad de expresarlo en la votación de la enmienda 39, deseo recordar nuestro total desacuerdo con la redacción del artículo 4 del proyecto de directiva. En efecto, el mismo establece que "una diferencia de trato basada en una característica vinculada a la raza o al origen étnico no constituye una discriminación cuando, en razón de la naturaleza de una actividad profesional o de las condiciones de su ejercicio, la característica de que se trata constituye una exigencia profesional esencial". Dicho artículo está en total contradicción con las disposiciones de los convenios internacionales y europeos sobre derechos humanos y la eliminación de cualquier forma de discriminación social, que obligan a la Unión Europea y a los Estados miembros que los ratificaron, así como con las leyes y constituciones de varios Estados miembros de la Unión Europea.
Este artículo no podrá transponerse al Derecho francés, por ejemplo, ya que el Consejo Constitucional está obligado, con razón, a oponerse a ello. Si dicho artículo se mantuviese en la versión definitiva de la directiva constituiría por primera vez una base legal respecto de discriminaciones basadas en "una característica vinculada a la raza o al origen étnico en el Derecho del Trabajo". Deseábamos acompañar nuestro voto con esta reserva que se aplica igualmente a la utilización, en la versión francesa en todo caso, de la palabra "raza" de manera totalmente inapropiada en varios artículos.
En el artículo 2, por ejemplo, donde se utiliza como elemento descriptivo de "una agrupación de personas", y no como elemento que caracteriza una discriminación inaceptable; lo que significa que dicho concepto se considera fundado y que puede realmente ser válido para describir a una persona o un grupo. Bien entendida, la lucha contra el racismo se basa precisamente en el rechazo del concepto de raza, en su denuncia, en el rechazo de incluir hombres o mujeres dentro de esta categoría, en el hecho de dividir la Humanidad según este supuesto concepto.

Gill
Voy a votar a favor de la Directiva sobre la igualdad de trato por las siguientes razones.
Como mujer asiática británica, conozco por experiencia propia los efectos perjudiciales que puede tener el racismo en las personas y las comunidades. Aunque ha habido enormes avances en los últimos años en la lucha contra el racismo en todas sus formas, sigue arruinando la vida de las personas afectadas. Por ejemplo, en mi región, West Midlands, hemos visto recientemente algunos ejemplos muy preocupantes de violencia racista. El ataque al compañero blanco de la atleta negra de categoría mundial Ashia Hansen constituye un ejemplo horrible.
Este informe es un gran avance con vistas a invertir la carga de la prueba en los procesos civiles por discriminación racial. Una vez establecidos los hechos, los acusados de racismo deberán demostrar su inocencia. Acojo con particular beneplácito las medidas de la directiva, que permitirán a las personas víctimas de discriminación racial presentar demandas civiles. También me alegro de que la legislación tenga en cuenta el concepto de "discriminación indirecta", en la que disposiciones aparentemente neutrales pueden tener efectos negativos en una persona o un grupo de determinada raza o determinado origen étnico.
El extremismo de derechas va en aumento no sólo en Austria, sino también en toda Europa. Esta directiva establece algunas de las disposiciones más eficaces contra el racismo que se hayan aprobado jamás en Europa y constituye el instrumento legislativo referente a las relaciones raciales más eficaz que ha afectado a mi Estado miembro desde la Ley sobre relaciones raciales de 1976.
Se debe conceder a los grupos minoritarios una mayor capacidad de decisión en Europa. La UE debe prestar más atención a sus problemas y aspiraciones. Es necesario que pongamos en contacto las instituciones de la UE con todas las comunidades de la Unión. Europa no debe ser excluyente. Debemos abordar el racismo donde quiera y cuando quiera que se produzca. La directiva sobre a la igualdad de trato es un pronunciamiento contra el racismo y un importante paso adelante con vistas a su erradicación.

Lund y Thorning-Schmidt
. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de Kathalijne Maria Buitenweg sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Lo hemos hecho con gran alegría, puesto que con ello el Parlamento Europeo cumple con su tarea en lo que a la transposición del artículo 13 del Tratado de Amsterdam se refiere.
Según el artículo 13 del Tratado, el Parlamento Europeo sólo debe ser oído sobre este asunto. De ahí la importancia que ha tenido para nosotros a la hora de votar que el dictamen del Parlamento -tanto cada uno de sus puntos como globalmente- disponga de un respaldo político muy amplio. No obstante, no hemos podido votar a favor de las enmiendas que tocan directamente circunstancias que competen al derecho penal de los Estados miembros. Sigue siendo una cuestión nacional.
A raíz del debate del informe, hemos señalado que esta directiva sólo trata la discriminación por origen racial o étnico. Pero, ¿qué sucede con todas las demás consideraciones objeto de protección enumeradas en el artículo 13 del Tratado? Nos preocupa que la UE basándose sólo en estas dos consideraciones en esta directiva llegue en la práctica a elaborar una jerarquía de causas posibles de discriminación. De ahí que queramos destacar especialmente la enmienda núm. 6 relativa a un nuevo considerando que nos parece absolutamente fundamental.

Martin, David W
En vista de la preocupante evidencia de que el racismo va en aumento, acojo con el mayor beneplácito este informe, encaminado a velar por que haya igualdad de trato en los sectores social y laboral entre las personas de todos los orígenes étnicos.
La ponente ha procurado garantizar un mínimo nivel común de protección, incluidos la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación racial y el derecho de las personas a presentar demandas civiles, si son acosadas o discriminadas por razones de raza.
La Presidencia portuguesa merece una felicitación por su disposición para incluir este asunto en el orden del día del Consejo.

Ries
La lucha contra las discriminaciones constituye un combate que, desde 1979, se confunde con la historia de nuestra Asamblea: ya se han formado dos comisiones de investigación sobre el racismo, y el Parlamento también promovió, en 1976, una declaración interinstitucional común.
Este género de iniciativas no son suficientes. Hay que ir más lejos, es necesario legislar.
El informe Buitenweg es oportuno cuando en Europa el racismo y el antisemitismo siguen siendo una inquietante preocupación. ¿Es necesario recordar nuestra vigilancia con respecto a ciertos partidos que hoy están en el poder?
Yo había presentado, con mis colegas Deprez y De Clercq, una enmienda sobre el título de la directiva. En efecto, el título inicial en francés de la Comisión indica "independientemente de su raza u origen étnico". La noción de origen es capital, puesto que las posibles discriminaciones pueden apuntar no sólo a la condición actual de un individuo, sino también a su origen, a su ascendencia.
Nosotros habríamos deseado introducir la misma matización y la misma precisión con respecto a la cuestión de la raza, y decir, pues, "de su origen racial". Esta enmienda fue aprobada en la Comisión de Libertades, pero hoy compruebo que ha desaparecido pura y simplemente del texto que se les somete. Desearíamos tener la seguridad de que este problema se resolverá correctamente.
Por otro lado, si bien la cuestión religiosa ha sido excluida, por razones jurídicas, de esta directiva, pienso asimismo que es de capital importancia recordar que en modo alguno olvidamos las formas de discriminación basadas en las convicciones religiosas, y que el Parlamento debe aún examinar, dentro de este espíritu, otro texto de la Comisión.
En conclusión, el informe Buitenweg está inspirado en un planteamiento voluntarista y progresista que he apoyado. Puesto que el riesgo del resurgimiento de la hidra neofascista y racista nos obliga, más que nunca, a estar muy vigilantes.
Nuestro Parlamento debe estar, en esta materia, a la vanguardia del combate.

El Presidente
Queda cerrada la votación.

Lucha contra la trata de mujeres (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la trata de mujeres.

Avilés Perea
Señor Presidente, señor Comisario, yo quiero, en primer lugar, felicitar a la ponente por el magnífico trabajo que ha realizado sobre un problema de enorme gravedad.
La trata de mujeres es algo que realmente está teniendo una gran incidencia, especialmente en los países fronterizos de la Unión Europea, donde se están organizando mafias para engañar a mujeres con promesas de empleo y de una vida mejor, que al final acaban en la prostitución y, en muchos casos, en una situación que podríamos calificar claramente de esclavitud.
Se trata de un fenómeno ligado a la sociedad actual, donde la inmigración está empezando a suponer un grave problema, ya que hay movimientos importantes de personas que buscan la sociedad del bienestar en la que nos encontramos la mayoría, o prácticamente todos los países de la Unión Europea. Esta situación exige una serie de medidas nuevas, fundamentalmente de atención a las víctimas y de persecución de las personas implicadas en la trata de mujeres y, también, de niños -no es sólo un problema de las mujeres, sino también de los niños- para la explotación sexual.
Entre las medidas que se proponen en este informe figuran fundamentalmente la ayuda a las víctimas y la solicitud a los Estados miembros de que modifiquen su legislación para facilitar el que se pueda actuar de una manera rápida y coordinada entre los distintos países a fin de solucionar este gravísimo problema.
La ayuda que necesitan las víctimas no es sólo material, sino también legal, porque suele tratarse de personas sin documentación, sin posibilidades, que están en una situación de miedo y que necesitan una ayuda que, a la vez, proteja su identidad y les garantice que no van a tener, si vuelven a su país de origen, problemas aún más graves. Los distintos países de la Unión Europea tienen que armonizar su legislación en este sentido y arbitrar medidas suficientes para ayudar a estas víctimas.
El comercio sexual es algo que se está extendiendo de manera alarmante. Hay mujeres y niños implicados. Creo que los medios de comunicación también deberían ayudar en este proceso. Porque, cada vez más, se detectan anuncios en los medios de comunicación -a veces en periódicos muy serios- tras los que se esconden la trata de mujeres y la explotación.
Pero no es sólo con ayudas jurídicas y mediante la protección de las víctimas como hay que abordar el problema, sino también con campañas de información, fundamentalmente en los países de origen, para que estas mujeres sepan realmente a lo que se exponen, ya que la mayoría de ellas están engañadas y no saben el infierno que después van a encontrar.

Theorin
, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades - (SV) Señor Presidente, medio millón de mujeres son inducidas con engaños u obligadas a vivir como esclavas sexuales. Este creciente mercado es más lucrativo que el de los narcóticos y está siendo manejado por mafias que se dedican a la trata de mujeres. A pesar de esta cruel realidad, las penas asignadas a la trata de mujeres son mucho más suaves que las que corresponden a los delitos graves de contrabando de narcóticos. Son penas de alrededor de dos años las primeras y de diez o quince las segundas. Se juzga a pocas personas como autores de estos delitos; aún menos son condenadas.
La UE ha sido hasta ahora un ejemplo de que las palabras no siempre se convierten en realidad. A pesar de sus numerosas declaraciones sobre la horrible trata de mujeres, no existe aún una base de datos completa con información sobre las víctimas, las vías de ejecución de estos delitos y las leyes y medidas aplicables.
Grupos de presión europeos informan que tan sólo el 0,036 por ciento de los presupuestos comunitarios para el año 2000 están destinados a asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y una fracción de esta fracción se destina a las medidas para combatir la trata de mujeres. Cada vez más mujeres de los países candidatos llegan a nuestros países. A pesar de esto, la UE no ha exigido a esos países candidatos que adopten medidas preventivas para combatir la trata de mujeres, medidas similares a las que se les exige tratándose de los objetivos económicos o medioambientales. Mediante el incumplimiento de las leyes vigentes y la falta de normas para perseguir a las mafias, los gobiernos de Europa permiten indirectamente que prospere este comercio, determinado por la demanda. No hay sólo ausencia de normas para perseguir a las mafias, sino que también para dar protección a las víctimas.
Todos los Estados miembros, exceptuando a dos de ellos, envían de vuelta a sus países de origen a las víctimas de este comercio, a pesar de que sus vidas corren peligro. Hoy votamos, o tal vez mañana, por un intento de transformar la retórica y las bellas palabras en medidas concretas. La Comisión de Derechos de la Mujer exige a los Estados miembros que den protección y condición de refugiadas a las mujeres que testifiquen en juicios relacionados con estos delitos. Exigimos penas duras y ejemplarizadoras para los delitos de trata de mujeres y la existencia de informadores nacionales que mantengan a los gobiernos al tanto de lo que pasa en el propio país y en el extranjero. Exigimos medidas en contra del creciente comercio con mujeres por medio de Internet, cursos de formación para las policías nacionales y para los funcionarios de las embajadas, además de mayores recursos para las organizaciones de voluntariado que ayudan a las víctimas.
Probablemente antes de fin de año los gobiernos de los países miembros habrán aprobado un nuevo tratado. Esperamos que en él se contemplen fundamentos jurídicos claros que permitan combatir la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida obviamente la trata de mujeres, y que se sienten las bases de una política comunitaria para combatir el comercio con personas. En esto se incluyen los temas sobre inmigración y asilo y, especialmente, los relacionados con el derecho de asilo por persecuciones y abusos de carácter sexual.
En EE.UU. y en Rusia se abolió la esclavitud en la década de 1860, en tanto que nosotros tenemos que comprobar que la esclavitud aumenta, a pesar de estar en el año 2000. Esta nueva esclavitud afecta principalmente a las mujeres y a las muchachas, pero, independientemente de quienes sean sometidos a esclavitud, su mera existencia constituye una de los mayores pruebas de la miseria de la vida humana.
Son muchos los que actualmente exigen que se ponga fin a la trata de mujeres, pero se necesitan más, más hombres, más gobiernos y más medidas concretas.

Paulsen
Señor Presidente, resulta bastante increíble estar aquí en esta sala -no se le puede llamar Asamblea en este momento- y comprobar que en la Unión Europea también hay comercio de esclavos, aquí, donde nos jactamos de nuestro trabajo por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Es grave que exista este tipo de comercio, ya que a menudo ni siquiera se trata de mujeres adultas, sino de niñas y de personas muy, muy jóvenes. Este comercio está vinculado estrechamente con las drogas y con el lavado de dinero; probablemente son distintos tipos de mafias que lo manejan.
Este informe es muy bueno. Tal como lo han hecho otros oradores, quiero subrayar la necesidad de que se actúe, de que se desarrolle la colaboración policial y de que aumente la información. A menudo me causan recelo las severas exigencias, por ejemplo las medioambientales, que se hacen a los países candidatos. Al mismo tiempo, opino que sería lógico que se les exigiese que informasen a sus ciudadanos y, especialmente, a las mujeres jóvenes. No se necesitan grandes recursos para esto y es perfectamente realizable. Por eso pido que votemos a favor del informe y que hagamos presión ante los gobiernos, las organizaciones y los medios de comunicación de nuestros propios países.

Blokland
Señor Presidente, prevenir es mejor que curar. Ésta parece una tarea imposible en el caso de la trata de mujeres. Asistimos a una creciente explotación comercial lucrativa de las mujeres en el ámbito geográfico de la Unión Europea y, especialmente, en los países de Europa Oriental y Central. El informe de la ponente señala que las medidas adoptadas hasta ahora han sido de poca envergadura.
Si queremos evitar la trata de mujeres, debemos adoptar otro planteamiento. No basta con modificar la política de asilo e inmigración y legalizar la prostitución para detener este comercio. Aunque, en general, soy partidario de las buenas condiciones de trabajo, esto tampoco ayuda a luchar contra la trata de mujeres.
No obstante, mientras continúe habiendo una demanda de prostitutas, siempre habrá mujeres que se ofrezcan como mercancía, atraídas por las mejores expectativas que les prometen, a menudo inciertas. No sólo las organizaciones criminales sin escrúpulos, sino también clientes ricos y menos ricos contribuyen al trabajo de esclavos que realizan estas mujeres carentes de oportunidades. No podemos sortear esta grieta entre pobreza y riqueza con sólo algunas iniciativas organizadas a nivel comunitario.
Además de una política de desarrollo buena e indulgente a fin de mejorar las condiciones de vida de estas mujeres en sus propios países, es necesario sacar a relucir la ausencia de normas que existe en nuestra sociedad. Queremos subrayar el rechazo que sentimos ante estas prácticas, abogando por el establecimiento de penas severas para las organizaciones que se dedican a la trata de personas. Sólo mediante éstas, puede reducirse de forma efectiva la trata de mujeres.
Agradezco a la ponente su valioso informe.

Van Lancker
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la señal de salida para establecer un planteamiento europeo de la trata de mujeres se dio más o menos en 1996, y me alegra poder recordarles que el Gobierno belga de aquel entonces desempeñó un papel muy importante en ello. No obstante, creo que debemos preguntarnos si, tras cuatro años de trabajo, Europa ha descansado lo suficiente como para luchar de forma efectiva contra la trata de mujeres. Debo decir que, conforme a lo que se desprende claramente del informe de la colega Sörensen, no es éste el caso. Respaldamos su informe al cien por cien y quisiera felicitarle por su excelente trabajo. Quisiera hacer hincapié de nuevo en las resoluciones que vamos a adoptar mañana, en la falta de un marco jurídico coherente para el planteamiento de la trata de mujeres, asunto, por otra parte, sobre el que el Gobierno belga machacó en su momento. Creo que todos entendemos bien ahora que un planteamiento coherente de la trata de seres humanos exige, primero y sobre todo, que se dé una definición clara de trata de mujeres. Una definición que no se limite, en efecto, a la prostitución forzada, aunque ésta sea muy importante, sino a todas las formas de trata de mujeres. Además, debe ser una definición que lleve aparejada penas muy severas para la trata de seres humanos.
Creo que debemos decir claramente que urge proceder a una armonización de las leyes nacionales y de los métodos de detección y persecución de la trata de mujeres, y que es importante mejorar la colaboración entre los servicios de la policía.
Una segunda cuestión esencial para nosotros respecto de este informe, y ya llevamos tiempo machacando sobre ella, es que debemos continuar luchando por la protección de las mujeres que son víctima de semejante comercio. Todavía se culpa a menudo a esas mujeres en muchos países y, realmente, son las víctimas. Abogamos por legalizar la situación de residencia de esas mujeres, de forma que puedan ser protegidas.
En tercer lugar, creo que está claro que nunca lo conseguiremos sin semejante marco jurídico. Por otra parte, quisiera felicitar al Comisario Vitorino por su intención de presentar dentro de este año una decisión marco al Consejo con la que quedarían regulados algunos problemas y cuestiones centrales.
Patsy Sörensen, nuestra ponente, conoce profundamente el ámbito sobre el que versa su informe. Quisiera pedir al Comisario, ahora que está presente, que hable, por supuesto, con los servicios de la policía y con las administraciones cuando elabore su futura política en materia de trata de seres humanos, pero, por favor, conceda también atención a los trabajadores de base y a los que prestan ayuda en ese ámbito. Su experiencia realmente puede servirnos para que nuestro planteamiento en materia de trata de mujeres sea coherente y global.

Di Lello Finuoli
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Sörensen su informe lleno de propuestas y la fuerza con la que subraya que la trata de mujeres y de menores es una violación de los derechos humanos. El cuerpo, la persona no son una mercancía. A pesar de que muchas mujeres eligen la prostitución para obtener fáciles ingresos, yo no diferenciaría la prostitución de la prostitución forzosa: la prostitución es explotación.
Querría hacer hincapié en tres puntos: ante todo la trata y la inmigración. Una política de cierre de fronteras empuja a los inmigrados a ponerse en manos de la delincuencia para obtener visados o entrar ilegalmente. Los Estados miembros deben realizar una política más solidaria y responsable. Tercer punto: los derechos de las víctimas. Se ha propuesto que la Unión Europea conceda a las víctimas permisos de residencia temporales, permisos vinculados con el hecho de testificar contra los traficantes, pero por ahora sólo Italia expide permisos no vinculados al hecho de testificar.
Terminaré con la cuestión de los clientes. El Comisario Sr. Vitorino ha declarado en reiteradas ocasiones la necesidad de tomar en consideración la demanda de este mercado, o sea, los clientes. Pero ¿quiénes son los clientes? Pueden serlo nuestros padres, nuestros hijos, podemos serlo nosotros mismos. Es nuestro deber contribuir a un cambio radical de la mentalidad y de la cultura de nuestras sociedades. Esto implica respaldar las políticas en favor de las mujeres.

Ghilardotti
Señor Presidente, hablar de trata de mujeres implica ser conscientes del hecho de que hablamos de una forma de esclavitud, de una forma de esclavitud en que la mayoría de las víctimas son mujeres sometidas a un tráfico gestionado por organizaciones delictivas.
La trata de seres humanos alimenta distintos mercados como, por ejemplo, el de órganos para transplante, de bebés para los que no tienen hijos, de mano de obra barata. Sin embargo, el mayor cuerpo de delito lo representan las mujeres, la mayor parte de las cuales están sometidas a un tráfico con fines de explotación sexual. La pobreza y la marginación de las mujeres en sus países de origen, los grandes beneficios garantizados a los traficantes y los escasos riesgos que corren, así como, en Europa, la fuerte demanda de mujeres para fines de prostitución y de otras formas de explotación sexual son las razones de este comercio creciente.
Recientemente el Consejo Europeo de Tampere encargó a la Unión Europea que luchara contra la inmigración ilegal y, además, contra quienes obtienen beneficios de la trata de seres humanos. El informe del la Sra. Sörensen supera esta óptica y atribuye a la lucha contra este delito la prioridad absoluta. Se estima que al año hay 500.000 mujeres sometidas a la trata, en su mayoría en situación de ilegalidad, sin embargo, el carácter clandestino de dicho comercio hace que no se conozca la envergadura real del problema. La aportación de las organizaciones no gubernamentales al poner de manifiesto las causas, los sistemas y las consecuencias de la trata de mujeres para fines de explotación sexual, así como el apoyo que proporcionan a las víctimas ha supuesto una mayor concienciación acerca de dichas cuestiones.
Los programas STOP y DAPHNE constituyen una importante iniciativa de la Unión Europea, pero hay que ir más allá. El excelente informe de la Sra. Sörensen, al subrayar la relación que existe entre la trata de seres humanos y la política de inmigración y de asilo, pide ante todo a la Conferencia Intergubernamental que proceda a una comunitarización integral de la política europea en este ámbito. En consecuencia, como se pide en el informe, será necesario establecer a escala europea un marco jurídico y unas medidas eficaces de prevención, de protección y de ayuda a las víctimas. Por otro lado, los Estados miembros y los países candidatos deben intervenir en sus ámbitos legislativo, administrativo y policial, al objeto de reprimir este delito y, paralelamente, fomentar la cooperación internacional con Europol e Interpol para luchar contra las organizaciones delictivas.
A escala nacional, es preciso conceder el estatuto de refugiado y los permisos de residencia a las víctimas de la trata. Algunos Estados han puesto en marcha esta legislación - Italia y Bélgica - asistidos por las organizaciones no gubernamentales. Asimismo es preciso emprender una campaña de información en los países de origen, así como una acción de sensibilización en los Estados miembros, dirigida a la opinión pública, en particular al público masculino.

Karamanou
Señor Presidente, los millones de víctimas de la acción criminal de las bandas internacionales de la trata de personas a escala mundial y la terrible extensión de sus redes en la Unión Europea hacen urgente e ineludible la toma de medidas para luchar contra esta hidra contemporánea. Hoy por hoy, la Unión y los Estados miembros demuestran una impotencia absoluta a la hora de intervenir de manera resolutiva y de desarticular las bandas que actúan casi impunemente a nuestro alrededor, en nuestro barrio. Recientemente, en Atenas, la opinión pública quedó conmocionada al descubrirse que un inmigrante albanés, que se declaraba médico, mantuvo prisionera durante nueve meses a una chica de 13 años en su apartamento de un tranquilo barrio de Atenas. Allí la obligaba a prostituirse con 50 ó 60 respetables clientes que acudían a diario.
Por esto, personalmente considero que todas las estrategias en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres y de los niños deben tener como objetivo el endurecimiento de los castigos tanto para los que obtienen beneficios de la compraventa de cuerpos humanos, como para los que hacen uso de los servicios de prostitución, tal y como ocurre con la legislación de Suecia y Canadá. Parece que la exacerbación de la actividad de los traficantes de personas coincide con los últimos grandes movimientos de población y con la depauperación económica de amplios grupos sociales. Recientemente, el diario Le Monde publicó unos datos estremecedores sobre la actividad de los traficantes de personas, los cuales sacan provecho de la situación en Kosovo y actúan en colaboración con redes internacionales de inmigrantes ilegales. Dichos traficantes explotan sexualmente a unas 300.000 mujeres en Francia, Alemania y Bélgica, mujeres que proceden principalmente de Kosovo, aunque también de Moldavia, Rumanía y Bosnia.
Las mujeres son retenidas bajo condiciones de auténtica esclavitud en campos de concentración, en donde sufren torturas, antes de ser obligadas a prostituirse. Estos hechos constituyen una vergüenza para la Europa del siglo XXI y desvelan la inexistencia de la voluntad y del compromiso políticos requeridos para otorgar al asunto la prioridad que merece. El comunicado de la Comisión es satisfactorio, y excepcional el informe de la Sra. Sörensen, pero no bastan las buenas intenciones en la lucha contra el crimen internacional organizado. Necesitamos iniciativas en muchos frentes: medidas administrativas y legislativas; armonización de las disposiciones legales y de los métodos de persecución; penas severas; protección de las víctimas, y cooperación de las autoridades judiciales y policiales. Necesitamos, asimismo, reforzar la Europol con recursos materiales y humanos, de modo que pueda avanzar en planes comunes de prevención y persecución con todos los Estados miembros; y, por supuesto, reforzar las organizaciones no gubernamentales. Es decir, necesitamos una materialización inmediata de todo lo previsto en el Tratado de Amsterdam y en las conclusiones de Tampere; asuntos que, según parece, señor Presidente, caminan hacia atrás, como los cangrejos.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción la oportunidad de participar en este debate sobre la formulación de nuestras medidas conjuntas para luchar contra la trata de mujeres para fines de explotación sexual, después de la segunda comunicación de la Comisión de diciembre de 1998. Aprovecho la oportunidad para presentar mis respetos a mi predecesora, la Sra. Gradin, autora de dicha comunicación. Permítaseme hacer extensiva mi felicitación a la Sra. Sörensen. Su informe es una contribución valiosa a la prosecución de nuestra labor.
Antes de pasar a los aspectos más de fondo de este asunto, quisiera declarar que la Comisión sigue plenamente comprometida con el mantenimiento de la lucha contra esa forma degradante de violación de los derechos humanos y la dignidad humana en el orden del día político. Así lo demostramos en las propuestas que presentamos al Consejo Europeo de Tampere el pasado mes de octubre.
Como ya han subrayado varios diputados, se deben alentar más las medidas preventivas y represivas y las encaminadas a ayudar a las víctimas, junto con la cooperación internacional.
He tomado nota de que en la resolución que sus Señorías votarán mañana y en el informe que estamos examinando hoy figuran varias peticiones a la Comisión. Así, pues, voy a intentar abordar algunas de dichas cuestiones.
En primer lugar, quiero abordar la cuestión de la mejora de la legislación penal vigente en los Estados miembros relativa a la tipificación como delito penal de la trata de seres humanos con vistas a su explotación sexual. Como punto de partida de esa operación, tenemos aquí el instrumento de febrero de 1997, pero ha quedado bastante claro que presenta deficiencias. Según tengo entendido, durante la audición de agosto, la Comisión presentará al final de este semestre un conjunto de propuestas sobre la trata y la explotación sexual de mujeres y niños. En mi opinión, tenemos un fundamento firme para ello en el Tratado de Amsterdam, el Plan de Acción de Viena de 1998 y las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Así, pues, no tenemos por qué esperar cambio alguno en los Tratados. Tenemos un fundamento jurídico claro para abordar esta cuestión de la tipificación como delito penal de la trata de mujeres.
La Sra. Van Lancker ha dicho que la propuesta se basa en una decisión-marco del Consejo en la que se examinará en particular la forma de garantizar que todos los Estados miembros tengan definiciones comunes, delitos penales comunes y sanciones comunes. Además, en el proceso de redacción debemos tener en cuenta las cuestiones judiciales horizontales, tales como la determinación de la jurisdicción competente, las normas sobre la extradición y el decomiso del producto del delito.
Un aspecto importante para el futuro es el de que esta propuesta, cuando por fin se apruebe, formará parte del acervo comunitario. Eso significa que los países candidatos habrán de asumirla en el marco de la ampliación. Otro importante elemento estrechamente relacionado con la mejora de la eficiencia a la hora de demostrar la culpabilidad de los traficantes es, como ya he dicho ante el Parlamento, la concesión de permisos de residencia temporales a las víctimas de la trata que estén dispuestas a presentar testimonio. Ésa fue una de las propuestas de la Comisión en su segunda comunicación. Así, pues, el conjunto de propuestas que he mencionado antes se completará un poco más adelante, en este mismo año, con una propuesta de directiva que versará sobre la cuestión de los permisos temporales de residencia para velar por la protección de las diversas víctimas de la trata, incluidas las víctimas de la trata con el fin de la explotación sexual. Sin embargo, se debe considerar ese elemento un complemento decisivo del primer conjunto de iniciativas. En realidad, existe una dificultad real a la hora de declarar culpables a los responsables de la trata.
Sin la cooperación de las víctimas, nunca podremos garantizar la presentación ante un tribunal y la debida declaración de culpabilidad de quienes se benefician de esa trata. Es extraordinariamente importante combinar esas dos clases de medidas: la tipificación como delito penal de la trata y al mismo tiempo la formulación de una política activa con vistas a fomentar la cooperación de las víctimas con la policía y con la judicatura a la hora de declarar culpables a los responsables de semejante actividad degradante.
A propósito de acontecimientos nuevos e importantes en la esfera de la trata de mujeres en el nivel europeo, también debemos examinar las diversas actividades apoyadas por el programa STOP. Los proyectos anteriores y futuros con cargo al programa STOP abarcan varios aspectos destacados en el informe de la Sra. Sörensen. En particular, quisiera mencionar dos de las prioridades fijadas para este año, a saber, la asistencia a las víctimas y la prevención. Al aplicar un planteamiento multidisciplinario, participarán ONG y los servicios encargados de hacer cumplir la ley y creo que es necesario promover un diálogo más estrecho entre las ONG que trabajan en ese sector y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Como el programa STOP está ya en su último ejercicio financiero y ha hecho una valiosa contribución a la lucha contra el tráfico en el nivel europeo, la Comisión hará una propuesta de prórroga del programa por otro período de cinco años a partir del año 2001. Naturalmente, la propuesta se basará en la experiencia obtenida con el primer programa. También nos proponemos ofrecer la posibilidad de ejecutar proyectos multianuales que mejoren la eficiencia de los programas.
Conviene decir también unas palabras sobre la ejecución del nuevo programa DAPHNE después de la aprobación en 1997 de la iniciativa DAPHNE. Su objetivo, como saben sus Señorías, es el de prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños, entre ellas la trata y explotación sexual de mujeres. Ese programa, junto con el programa STOP, nos permitirá ayudar a las víctimas de la trata y la explotación sexual haciendo una contribución financiera de 20 millones de euros en el período de 2000 a 2003. Además, se ha prestado y se debe prestar mayor atención al desarrollo de nuestra cooperación mediante proyectos específicos con los países candidatos, como los mencionados por varios de sus Señorías. Compartimos con dichos candidatos un grave problema común, ya que existe una clara tendencia a considerar los países de la Europa central y oriental como la más importante región de origen de las víctimas y los perpetradores de la trata. Así, pues, la Comisión ha hecho extensivo DAPHNE a los países candidatos y lo mismo hará con el programa STOP.
Por último, la Comisión ha movilizado también otras fuentes de financiación para fomentar el apoyo a las ONG locales de los países candidatos y campañas de prevención en los países de origen. En el marco de la nueva Agenda Transatlántica y en cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos de América, ha organizado, por ejemplo, varias campañas de información en Polonia, Ucrania, Hungría y Bulgaria para sensibilizar a la población y a los organismos públicos de esos países.
Con vistas al futuro vamos a estudiar la posibilidad de organizar nuevas campañas destinadas a nuevas zonas y nuevos países. Se trata de una cuestión que debe desempeñar un papel importante en el Pacto de Estabilidad para los Balcanes.
Por último -si bien no se trata de lo menos importante-, deseo subrayar claramente la importancia de la participación de la Unión en formas más amplias de cooperación internacional. La Comisión está participando ahora activamente en la labor sobre el proyecto de protocolo de las Naciones Unidas relativo a la trata para complementar el proyecto de convenio sobre la delincuencia organizada transnacional y espero sinceramente que los miembros de las Naciones Unidas puedan aprobar ese nuevo convenio en el próximo otoño.
En conclusión, quisiera señalar a la atención de sus Señorías un aspecto que debemos tener presente cuando luchamos contra la trata de mujeres en el nivel europeo. Es el de que, aunque la Unión puede y debe desempeñar un papel activo en la lucha contra la trata, los Estados miembros tienen la competencia primordial a ese respecto. Eso significa que debemos ser prudentes cuando hablamos de medidas como la despenalización automática de las víctimas de la trata, la posibilidad de que las ONG promuevan acciones judiciales en nombre de las víctimas y los métodos de investigación en materia de asuntos penales. En otras palabras, debemos tener claros los objetivos que mejor podemos alcanzar en el nivel europeo teniendo el cuenta el nivel de cooperación transfronteriza existente entre los Estados miembros.
Sus Señorías tienen la oportunidad de aprobar una muestra, en mi opinión, de labor positiva que no sólo confirma una política europea multidisciplinaria y coherente en materia de trata de mujeres, sino que, además, aporta un nuevo impulso para futuras acciones indudablemente necesarias en el nivel europeo.
Quiero agradecer a la Sra. Sörensen sus conocimientos, su pericia y su contribución a esta lucha común.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Readmisión de nacionales de terceros países
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0110/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República de Finlandia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo por el que se establecen obligaciones entre los Estados miembros en materia de readmisión de nacionales y de terceros países.

Karamanou
. (EL) Señor Presidente, mi informe se refiere en efecto a la propuesta de reglamento presentada por la Presidencia finlandesa, con vistas a que se regulen las relaciones y las obligaciones de los Estados miembros en torno a la readmisión de nacionales de terceros países en el seno de la Unión Europea. Siento mucho tener la obligación de decir, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, que la propuesta de reglamento no ha contado con la atención debida, con el estudio y la preparación minuciosa que exigía el tratamiento de un tema delicado y complejo. El resultado de la falta de preparación ha sido bien la manifestación de serias reservas, bien el rechazo, bien la falta de interés en la propuesta de directiva, tanto por parte de la Comisión Europea como del Consejo; por parte de las comisiones competentes del Parlamento Europeo, es decir, de la Comisión de Libertades, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, a las que la Presidencia finlandesa parece no haber consultado.
Las conclusiones de Tampere ponen de manifiesto la necesidad de una aproximación global al fenómeno de la inmigración, el cual está claramente ligado a una larga serie de interrogantes políticos que aguardan contestación. Está relacionado con el respeto a los derechos humanos, así como con las circunstancias culturales, políticas, sociales y económicas de los países de origen. En el asunto de la readmisión, los Estados miembros tienen ya cierta experiencia, debido al acuerdo en el marco de la cooperación política europea y de Schengen. Se trata de un asunto delicado que exige una cooperación transfronteriza.
En cuanto al contenido de la iniciativa finlandesa, el proyecto propuesto no viene acompañado de un informe justificativo. La iniciativa no está inspirada por ninguna visión estratégica. El proyecto intenta imponer un sistema de Dublín para los inmigrantes ilegales según el ejemplo del Convenio para los solicitantes de asilo, cuya aplicación, como sabemos, ha resultado muy problemática e ineficaz. En la propuesta de reglamento se da prioridad a la deportación de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el territorio de los Estados miembros, mediante un sistema de readmisión obligatoria entre los Estados miembros. El reglamento se propone determinar el estado miembro que está obligado a readmitir al nacional de un país tercero, al objeto de que pueda materializarse el acuerdo. El proyecto de reglamento no excluye la eventualidad de que un estado miembro deporte, al país de origen o a un país tercero, a un extranjero que no cumpla los requisitos de entrada o de residencia en un país miembro. Esta previsión parece legitimar decisiones más duras, que podrían ser tomadas por los Estados miembros fuera del marco del reglamento propuesto.
Otro punto susceptible de crítica es el hecho de que se excluya todo tipo de solidaridad entre los países miembros, en particular en lo que concierne al tránsito ilegal de las fronteras y a la responsabilidad de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La propuesta quizá constituye un mecanismo de presión indirecta para atrincherar las fronteras de la Unión Europea.
Asimismo, hay una falta absoluta de sensibilidad hacia la situación personal de los ciudadanos que han vivido durante un largo tiempo en un estado miembro antes de ser considerados ilegales. Asimismo, los títulos de residencia de los solicitantes de asilo quedan excluidos de los títulos que prevé el reglamento, lo que origina nuevas posibilidades de socavar su protección. El reglamento permite solicitar la readmisión en otro estado miembro, en el plazo de seis meses, que dará comienzo a partir del momento en que las autoridades del estado miembro solicitante se percaten que el nacional de un tercer país podría ser -no que es- ilegal. Es decir, la propuesta permite demostrar la entrada en el territorio de un estado miembro con documentación supuesta. El modo con el que se establece la documentación indispensable para determinar las personas que deben ser de nuevo promovidas admite todo tipo de infracciones.
No obstante, el problema fundamental parece ser la falta de una estrategia y de una política europea para la inmigración. Considero que es urgente que avancemos, señor Comisario, en la preparación de los instrumentos jurídicos de la directiva para la inmigración, en lugar de limitarnos a medidas de represión y de control policial que no están sujetas a un control democrático. Urge materializar las conclusiones de Tampere y avanzar en la elaboración de una política europea común para el asilo y la inmigración, basada en los valores humanistas europeos y en el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Finalmente, pedimos a la Comisión Europea que emprenda las iniciativas legales necesarias para todos los asuntos concernientes a la inmigración y, por supuesto, para la determinación de las obligaciones mutuas entre los Estados miembros. Dado que conocemos su interés personal, señor Comisario, así como las dificultades que afronta en el Consejo, le manifestamos que cuenta con nuestro apoyo incondicional en cuantas iniciativas tome en este sentido.

Echerer
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias a nuestra colega la Sra. Karamanou por su fluida y excelente cooperación. Me consta que todos hemos tenido que trabajar con este texto con gran urgencia, y en ese momento ella se encontraba bajo una doble presión debido a obligaciones nacionales. Ella ya ha expuesto numerosas cuestiones. Sólo quisiera recalcar que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estaba de acuerdo en el contenido y que también coincidía con la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior, sólo nos separaba una pequeñez formal.
Así mismo, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos solicitamos la retirada de esta iniciativa de la República de Finlandia. Con seguridad se presentó con buena intención, pero no con la suficiente reflexión. Desde la perspectiva jurídica también ha arrojado más incógnitas que aclaraciones. Permítanme añadir algunos puntos importantes. Una iniciativa de estas características no debe conducir a que dentro de nuestro territorio sencillamente se despache de un lado a otro a la gente. Además, como acaba de decir nuestra colega Karamanou se trata de un programa muy insolidario entre los Estados miembros.
Respecto de los acuerdos de readmisión quisiera decir lo siguiente: éstos no pueden ser utilizados para extorsionar, eventualmente, a los países que son receptores de ayuda al desarrollo, de modo que sólo recibirían ayuda al desarrollo y financiación así como cooperación si también firman estos acuerdos de readmisión. Esto se sitúa al borde de la extorsión.
Last but not least permítanme decir que también este problema, en concreto el de la readmisión de personas que residen ilegalmente en nuestro territorio sólo puede ser solucionado de forma común, poniéndonos definitivamente de acuerdo sobre la lucha contra sus causas y sobre la problemática de la integración y del asilo.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, permítame empezar destacando el trabajo que han realizado tanto la ponente como la ponente de opinión, Sra. Echerer, de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Con la ponente he tenido ocasión de trabajar en la Comisión de Libertades Públicas y para mí ha sido un honor presidir la comisión que votó la excelente opinión de la Sra. Echerer.
Señor Presidente, nos enfrentamos a una situación que es un problema real: la desaparición progresiva de las fronteras interiores hace que circulen libremente entre los Estados miembros no sólo aquellos ciudadanos de terceros Estados que están en situación legal, sino también aquellos que no lo están. Y éste es un problema que -seamos realistas- tenemos que abordar, como lo han destacado las dos ponentes, de forma completa, y yo añadiría que de forma urgente.
Mi juicio sobre la iniciativa de Finlandia es mucho menos crítico que el de ellas. Creo que hay que destacar que la iniciativa de Finlandia representó un paso adelante importantísimo desde el momento en que se puso sobre la mesa, porque hizo que el Consejo tomara cartas en un asunto candente. Es decir que, en su momento, la iniciativa finlandesa desempeñó un papel fundamental, y podemos decir que ha muerto de su propio éxito. La reflexión a que dio lugar la iniciativa finlandesa hace que sus propuestas no tengan ya ningún mordiente, porque ya están perfectamente asumidas. Lo que necesitamos ahora no es una iniciativa provocadora que señale con el dedo dónde hay un problema y lance el debate, sino abordar -serena pero inmediatamente- la solución de ese problema.
Creo que coincido, a partir de aquí, con muchas de las críticas que se han hecho. Y además con una que creo que está implícita pero que no se ha formulado. Nosotros, como institución legisladora, no podemos enmendar cualquier texto; hay textos que no son enmendables y en los que hay que hacer una enmienda a la totalidad. Esto es lo que hemos hecho con la iniciativa de Finlandia, por lo menos desde el Grupo del PPE. Saludamos el valor que ha tenido y que tiene la iniciativa de Finlandia, pero decimos que con esa iniciativa no podemos desarrollar seriamente las responsabilidades que los ciudadanos nos han confiado. ¿Por qué? Pues por las razones que se han expuesto, y que yo probablemente no haría más que repetir: en esta iniciativa se tiene en cuenta un aspecto, el más represivo, pero ése es sólo un aspecto del problema. Lo que precisamos ahora, dada la evolución habida después de Tampere, es una visión más global. Desde luego, tiene toda la razón la ponente al destacar que aquí no se tienen en cuenta cuestiones de procedimiento, garantías fundamentales del procedimiento, ni tampoco se abordan las necesarias previsiones de protección de los derechos fundamentales de aquellos que se verán incursos en este tipo de procedimientos.
Finalmente, no se ha señalado -y me parece importante hacerlo- que lo que hagamos en este terreno tiene que estar en coherencia con los principios de readmisión de los Estados miembros respecto de terceros. Se está negociando todo este tipo de acuerdos bilaterales que tendrá que haber.
En nombre del PPE, hemos depositado dos enmiendas, que espero que la Asamblea -recogiendo lo que han dicho las dos oradoras precedentes- respalde en la votación de mañana, dando una señal política, y se pida a la Comisión que más pronto que tarde y de forma completa y coherente nos presente un texto.

Berger
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a las dos ponentes tanto por el informe como por la opinión. También puedo decir en nombre de mi Grupo que apoyamos totalmente la devolución a comisión de esta iniciativa. Hemos llegado a esta conclusión no porque deseamos facilitarnos las cosas y no introducir ninguna modificación, sino porque - y esto se deriva ciertamente de las amplias y convincentes argumentaciones - sencillamente no se mencionan muchos requisitos previos esenciales. Los que faltan los hemos escuchado en el debate y también los hemos podido leer en los informes.
Sin embargo, las deficiencias no solo nos conducen a la recomendación de rechazar esta iniciativa en concreto, sino que también plantean la cuestión del sentido que tiene en este ámbito de competencia el derecho de iniciativa de los Estados miembros.
Las propuestas presentadas a consulta a este Parlamento fundamentadas en este derecho de iniciativa no han sido en su conjunto y hasta la fecha muy convincentes. Incluyo aquí también una iniciativa austríaca, tanto por motivos técnicos como de contenido. A estas iniciativas les era común que en una serie de medidas diversas no estaban ligadas a un concepto en sí mismo coherente. También les era común a todas estas iniciativas que o bien contradecían instrumentos jurídicos existentes o bien los duplicaban. La ventaja del derecho de iniciativa exclusivo de la Comisión reside, sin lugar a dudas, en que con el mismo se garantiza un proceder sistemático y en que se garantizan unas propuestas jurídicamente más precisas y no contradictorias, sobre todo bajo la responsabilidad de nuestro Comisario Vitorino.
Las debilidades del derecho de iniciativa de los Estados miembros también se hacen evidentes en el hecho de que en el mismo círculo del resto de Estados miembros no son acogidas con gran entusiasmo. Esto también vale para la presente iniciativa que ya no es considerada como prioritaria por la Presidencia portuguesa. Por lo tanto, como Parlamento disponemos de más argumentos que nunca para situarnos con escepticismo frente a este derecho de iniciativa de los Estados miembros, no sólo porque perjudique el equilibrio entre las instituciones, sino porque hasta ahora su ejercicio no ha sido convincente.
Quisiera abordar otro problema que guarda relación con esto y quizá sería merecedor de una iniciativa común de los Estados miembros. De los funcionarios que trabajan en las fronteras exteriores correspondientes a Schengen se escucha a menudo que los permisos de residencia presentados por ciudadanos de terceros países y emitidos por nuestros Estados miembros siguen siendo muy diferentes y frecuentemente son difíciles de identificar como tales. Esto no parece que se corresponda con la iniciativa común por la configuración unificada de los permisos de residencia. A este respecto deberían presentar los Estados miembros las correspondientes iniciativas y proceder en su ámbito administrativo de acuerdo con la UE.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera decir que hablo tanto en mi condición de finlandesa como en la de representante del Grupo ELDR. Agradezco, tanto a la ponente como a la ponente de opinión, sus francas, directas y sinceras palabras sobre la iniciativa finlandesa.
En el informe se señala que la iniciativa debe considerarse inconclusa, que carece de exposición de motivos, que se ha preparado sin consultar a organizaciones tales como ECRE o ACNUR, y que tampoco se menciona la relación entre los principios para la readmisión entre los Estados miembros y los de readmisión a través de terceros países. La ponente dijo también que carece de sentido estratégico. No se hacen diferencias entre quienes cumplen y quienes no cumplen con los requisitos para permanecer aquí. Esto recuerda la iniciativa de Austria el famoso primer día de la Presidencia austríaca.
Además, faltan garantías para el procedimiento, cosa que me sorprende. Hace menos de dos meses, el mismo Ministerio de Interior que es responsable de esto, propuso modificar la ley de extranjería finlandesa introduciendo la expulsión inmediata. Mi partido, el Partido Popular Sueco, votó en contra de esta iniciativa por las mismas razones que la comisión de constitución finlandesa, es decir, por ser contraria a la constitución, ya que en caso de expulsiones rápidas se viola el derecho a ser oído por las autoridades.
Lo mejor es que Finlandia siga la propuesta del Parlamento y retire la propuesta, tal como lo proponen la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Derechos de los Ciudadanos. Quiero destacar que sólo dos diputados apoyaron esto en la comisión. Lamento que el Parlamento y el Consejo hayan empleado su tiempo de esta manera. Opino igual que Berger en el sentido de que ese tiempo pudo haberse empleado en otras cosas, por ejemplo, en procedimientos puramente administrativos. También se debió pensar en las mujeres como solicitantes de asilo, ya que tenemos que ver la decisión de Tampere de manera amplia con el objeto de mejorar el proceso de asilo. Quiero subrayar que hablo tanto en mi condición de finlandesa como en la de representante del Grupo ELDR.

Berthu
Señor Presidente, el informe Karamanou que hoy examinamos pide al Parlamento Europeo que emita un dictamen negativo sobre la propuesta finlandesa de crear dentro de la Unión Europea una especie de sistema de restitución de clandestinos al Estado responsable. En efecto, según esta iniciativa, el Estado miembro que detiene inmigrantes clandestinos en su territorio podría devolverlos al Estado miembro por el que han entrado, hasta que este último los expulse, en su caso, al tercer país del que son originarios.
Esta idea me parece interesante por tres razones. Primero, porque responde a un verdadero problema causado por la abolición de las fronteras interiores en Europa y llena, pues, un vacío jurídico, creando para la devolución de los clandestinos un sistema basado en el acervo de Schengen y calcado de la Convención de Dublín de 1990 sobre los solicitantes de asilo.
En segundo lugar, obliga al país miembro que haya demostrado negligencia en la vigilancia de sus fronteras a que vuelva a hacerse cargo de los clandestinos que, desde su país, se han infiltrado en los países vecinos.
En tercer lugar, esta idea demuestra la utilidad -a pesar de lo que hayan podido decir los oradores anteriores- del derecho de iniciativa de los Estados, que el Tratado de Amsterdam ha mantenido provisionalmente en las materias relacionadas con la inmigración y la circulación de personas. En estos ámbitos, en efecto, es importante que los gobiernos nacionales, que están más próximos a los pueblos que la Comisión, conserven un pleno derecho de propuesta y, por supuesto, de decisión.
Ahora bien, nuestra Comisión de Libertades rechaza totalmente esta iniciativa finlandesa, dando muestras -debo decirlo- de cierta exageración, señor Presidente. Ésta utiliza como pretexto, en efecto, algunas imperfecciones jurídicas, para rechazar dicha iniciativa en bloque, cuando muy bien habría podido, dentro de un espíritu más positivo, proponer por sí misma una serie de correcciones. Pero esta iniciativa no gusta a los federalistas, quienes preferirían un procedimiento menos intergubernamental, más comunitario, es decir, dar más poder a la Comisión y al Parlamento Europeo. Tampoco gusta a los grupos de presión pro inmigración, que no pasan desapercibidos en la exposición de motivos, ahí donde se habla del aporte positivo de la inmigración y del rechazo de una iniciativa que a priori se supone represiva.
Es evidente que estas razones se oponen diametralmente a las nuestras.

Vitorino
Señor Presidente, la Comisión quisiera felicitar a la ponente por su informe. Como convenimos completamente con su análisis y su conclusión y compartimos la opinión de que no se puede aprobar en su redacción actual, voy a ser muy breve.
El informe de la Sra. Karamanou ha demostrado claramente que la cuestión de las normas de readmisión entre Estados miembros de la Unión Europea, pese a ser muy técnica y específica, afecta a varios asuntos normativos muy delicados que necesitan, sencillamente, una reflexión y una preparación más detenidas antes de que las aborde la Unión. Reconozco que esta iniciativa ha señalado a la atención del Consejo la necesidad de adoptar un planteamiento coherente y consistente de la política de inmigración. Ésa es la razón por la que he declarado ante el Parlamento la intención de la Comisión de presentar al Consejo y al Parlamento en el otoño de este año una comunicación sobre la política de inmigración, precisamente para que dispongamos de un panorama más amplio en el que se puedan integrar plena y adecuadamente esas cuestiones parciales y sectoriales.
Puedo asegurar a sus Señorías que la Comisión considera que no debemos comenzar con esta cuestión de la readmisión. Creemos que, aunque las cuestiones relativas a la readmisión son indudablemente pertinentes, se debe abordarlas principalmente en los acuerdos sobre la readmisión que la Unión está negociando ahora con terceros países. No obstante, de momento es mejor ver todo el panorama antes de examinar los pequeños detalles. De modo que la Comisión puede subscribir el planteamiento de la ponente y, al parecer, de la mayoría del Parlamento, en el sentido de que esta iniciativa en su forma actual -y no emito un juicio sobre la intención en que se inspira- es inaceptable.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.50 horas)

