
Donnelly, Alan
Señor Presidente, estoy seguro de que la Asamblea se unirá a mí en la condena de la decisión adoptada anoche por la Cámara de los Lores británica de rechazar el intento del Gobierno británico de alinear al Reino Unido con el resto de la Unión Europea introduciendo en él la representación proporcional.

El Presidente
Señor Donnelly, ésa es una opinión sobre una decisión de otro parlamento. Esta Asamblea no es el lugar apropiado para condenar o aprobar las medidas adoptadas por otras Asambleas.
Tenemos que respetar a los otros parlamentos.

Green
Señor Presidente, deseo señalar a la atención de esta Asamblea un ataque totalmente inaceptable y vergonzoso contra el Gobierno de Italia lanzado ayer por el Primer Ministro de Turquía en una intervención ante la Asamblea Nacional de Turquía.
Quisiera pedirle, señor Presidente, que haga saber con claridad al primer Ministro turco que esta Asamblea rechaza y condena totalmente su acusación de que la negativa a entregar al Sr. Abdullah Ocalan para que sea juzgado en Turquía equivalga a hacerse cómplice de asesinato. Italia tiene la clara obligación legal, constitucional de hecho, de no devolver a una persona por el procedimiento de extradición a un país en el que siga existiendo la pena de muerte. En ese marco, conviene decir que Italia encarna los valores de esta Asamblea y de la Unión Europea en general. Italia está aplicando actualmente los procesos democráticos y constitucionales apropiados dictados por su constitución. Fomentar las manifestaciones y los embargos comerciales contra uno de nuestros Estados miembros es, francamente, inaceptable por parte de un país que desea unirse a nosotros en la Unión Europea.
Un ataque así contra el Gobierno de Italia es un ataque contra todos nosotros en la Unión Europea: contra los valores en que se basa esta Unión y contra la solidaridad y cooperación que es fundamental para la integración europea.
Señor Presidente, quisiera pedirle que expusiera con claridad al Gobierno y al Primer Ministro de Turquía las opiniones de esta Asamblea y, de hecho, que comunicara nuestro firme apoyo al Gobierno y al Primer Ministro de Italia para que prosiga con sus procesos democráticos y constitucionales apropiados, pese a ese hostigamiento, para abordar la cuestión que tiene ante sí. Tal vez podríamos pedir a la Asamblea Nacional de Turquía que se una a nosotros al considerar este momento no como una amenaza, sino como una oportunidad para lanzar el diálogo político, que es la única vía para resolver el problema kurdo.

Martens
Señor Presidente, estimados colegas, en nombre de nuestro Grupo quisiera sumarme a la propuesta que ha formulado la Sra. Green. Creemos, en efecto, que las autoridades turcas, y más concretamente, el Primer Ministro, han realizado declaraciones inaceptables respecto a Italia. Han manifestado que este Estado miembro será cómplice en el terrorismo si no se les entrega al líder kurdo Ocalan. Creemos que Italia ha actuado correctamente y, ante este drama, las autoridades italianas han respetado la normativa fundamental de un Estado de derecho, que prohíbe la extradición de una persona a un país en el que todavía existe la pena de muerte. Creo que la inmensa mayoría de este Parlamento se ha opuesto siempre a las distintas formas de terrorismo, sean las que sean; podemos confiar en Italia, Estado miembro de la Unión Europea, que ha mostrado tener una consideración fundamental hacia el Estado de derecho y hacia sus normas fundamentales. Estamos convencidos de que van a resolver el problema concreto al que se enfrentan conforme a esas normas. Efectivamente quisiera sumarme a la petición de formular una protesta ante las autoridades turcas y manifestar nuestro apoyo a la actuación del Gobierno italiano.

Cox
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, apoyo la iniciativa de la Sra. Green. Creemos que el Gobierno italiano respeta el imperio de la ley y que debemos mostrarnos solidarios con ese proceso y deploramos -por considerarlo equivocado- el ataque político que el primer Ministro turco ha lanzado contra los italianos. Rechazamos la opinión de que la concesión de sus derechos, de conformidad con la ley, a cualquier persona cuya extradición haya sido solicitada equivalga a un apoyo implícito o explícito al terrorismo. Tampoco prejuzga en modo alguno su culpabilidad o inocencia. Deseamos demostrar nuestra solidaridad con el proceso italiano.

Puerta
Señor Presidente, yo había expresado al principio de la semana, en nombre de mi Grupo, nuestra preocupación por la petición de extradición del Gobierno turco. Y ya había quedado claro, como lo han dejado claro otros presidentes, que queríamos el asilo político para Ocalan.
Hay una situación nueva y que afecta al Parlamento. El copresidente de la comisión mixta de la Unión Europea-Turquía, el Sr. Bülent Akarcali, ha dirigido una carta a los diferentes diputados italianos amenazando en nombre de Turquía. Esta carta termina diciendo: «Conceder asilo político a Ocalan no sólo afectará negativamente a las relaciones amistosas entre Turquía e Italia sino que creará también el problema terrorista para Italia, para Europa y para todo el mundo».
Nos parece inaceptable que el copresidente de la delegación mixta Turquía-Unión Europea, con la que mantenemos una unión aduanera, se permita, de forma institucional y solemne, amenazar con terrorismo a los diputados y a las instituciones italianas y europeas.
Yo le pido, señor Presidente, que, con toda energía, le dirija usted una carta a este señor, defendiendo la dignidad de este Parlamento, la paz y la democracia.

Aelvoet
Señor Presidente, estimados colegas, los Verdes en el Parlamento Europeo se suman a lo que ya se ha dicho aquí. Especialmente, quisiéramos subrayar dos cosas. En primer lugar, y ante todo, la manera en que las autoridades turcas tratan a Italia y a las autoridades de ese país es inaceptable. Éste no es un conflicto entre Italia y Turquía sino un conflicto entre Europa y Turquía y por eso me parece muy bien que el Parlamento Europeo aborde este asunto, aunque es un poco tarde, porque ya el lunes sabíamos que tendríamos serios problemas.
En segundo lugar, la gran mayoría de este Parlamento siempre se ha manifestado a favor de la necesidad de buscar una solución política para el problema kurdo. En cuanto a lo que a esto se refiere, es evidente que se actúa de semejante forma precisamente en el momento en que el PKK, del que mi Grupo y todos los demás Grupos siempre se han distanciado, ha declarado unilateralmente que quiere abandonar la lucha para encontrar soluciones por otras vías. Opinamos, por tanto, que no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre Italia, que toda Europa debe solidarizarse con este país y que, sobre todo, hay que esforzarse por lograr una solución política. Es evidente que no se puede presionar para que una persona sea entregada a sus enemigos, cuando, como se ha probado en el pasado, éstos utilizan frecuentemente métodos que no son mucho mejores.

Lalumière
Señor Presidente, el asunto que hoy se nos plantea no es emitir un juicio sobre el jefe del PKK. Por lo demás, en muchas ocasiones, concretamente en el Informe McMillan Scott, nuestro Parlamento ha expresado lo que pensaba de este movimiento que practica el terrorismo. No, la cuestión que hoy se nos plantea es saber si Italia debe o no aplicar la extradición al Sr. Ocalan. Italia es un Estado de derecho. Italia tiene una constitución y una jurisprudencia que le prohíben conceder la extradición de cualquier persona a países que mantinen la pena de muerte. Debemos confiar en el Estado de derecho italiano. Este país aplicará su Constitución y su jurisprudencia, y está muy bien que así sea. Nosotros apoyamos a las autoridades italianas.

Amadeo
Señor Presidente, como italiano, quiero agradecer la solidaridad manifestada por todos los Grupos políticos. Quiero añadir que en estas situaciones, en que un Estado miembro es atacado por el Gobierno turco, es sumamente importante que haya solidaridad, porque de esta forma, y sólo de esta forma, se puede construir la que es la Casa común de Europa y la Política Exterior y de Defensa Común.

Comunicación del Presidente
El Presidente
Señorías, creo que el Parlamento Europeo tiene autoridad moral sobrada, como defensor constante del Estado de Derecho y como Asamblea que siempre ha condenado el terrorismo, para apoyar y mostrar su solidaridad con un Estado miembro que se atiene estrictamente a esas reglas, que respeta la independencia del poder judicial y la aplicación de sus propias leyes.
Entiendo, por tanto, que respondo a las peticiones que se me han hecho por la gran mayoría de los representantes de los Grupos políticos formulando la más enérgica protesta, en nombre de este Parlamento, contra los ataques de que han sido objeto las autoridades de este Estado por parte nada menos que del Primer ministro de un Estado tercero, mostrando al mismo tiempo el más enérgico rechazo al procedimiento de que un copresidente de una comisión se dirija a los diputados de esta Asamblea formulando lo que puede entenderse como una amenaza a su independencia y a la libertad del ejercicio de su mandato.
Se harán de inmediato ambas cosas.

Corbett
Señor Presidente, el artículo F del Tratado de la Unión Europea exige a sus Estados miembros ser democracias, disposición que, si acaso, ha resultado fortalecida por el Tratado de Amsterdam.
En estas circunstancias estoy seguro de que la mayoría de esta Asamblea convendrá en que la votación de anoche en una asamblea no elegida democráticamente...

El Presidente
Señor Corbett, he de decir claramente que no corresponde a esta Asamblea juzgar lo que hacen los parlamentos de nuestros Estados miembros, que tienen sus competencias establecidas. No nos incumbe a nosotros juzgar el uso que de ellas hacen. No voy a permitir que se siga debatiendo esta cuestión.

Votaciones
El Presidente
Señorías, espero que estén en buenas condiciones físicas, porque se han presentado 760 enmiendas, y JeanPierre Cot y yo trataremos de hacerles pasar una mañana lo más agradable posible.
Informe (A4-0397/98) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la preadhesión (COM(98)0551 - C4-0606/98-98/0094(CNS))
Antes de la votación de la enmienda 9:

Walter
Señora Comisaria, siento que tenga que intervenir ya ahora pero en la lista de votaciones que tengo pone que si aprobamos la enmienda nº 9 se suprime la nº 21. En esta enmienda se trata una cuestión que afecta tanto al informe del Sr. Barón Crespo como al del Sr. Sonneveld y a mí mismo. Se trata de si los candidatos a la adhesión deben estar representados en el correspondiente comité de seguimiento o no. La Comisión de Política Regional se ha pronunciado a favor. Creemos que estos Estados deberían participar en el comité correspondiente, al menos a nivel de asesoramiento.
Debemos actuar unitariamente en los tres informes. Si rechazamos la enmienda nº 21, deberíamos decir acto seguido que no queremos que estos países estén representados en los comités. Si votamos afirmativamente, esto correspondería a la opinión de la Comisión de Política Regional y entonces tendríamos que decir para los tres que están dentro. Mi voto es darles la oportunidad de participar. Pero esto se tiene que aclarar aquí pues está al principio del orden del día.

El Presidente
Señor Walter, concederé la palabra al Sr. Barón Crespo. La solicitud del Grupo de los Verdes ha creado quizá una ligera confusión. Por eso desearía que se aclarase esta cuestión. Mi intención era que se votara en primer lugar la enmienda 9 de la Comisión de Asuntos Exteriores. Al parecer, ha sido rechazada; pero lo confirmaremos. En caso de que se hubiese aprobado, habríamos votado la enmienda 19 del Grupo de los Verdes como añadido. Luego, naturalmente, someteré a votación la enmienda 21 de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Señor Barón Crespo, ¿opina usted lo mismo?

Barón Crespo
No, señora Presidenta, porque yo había sometido esta cuestión por carta al llamado «Steering Committee», el cual no me ha dado respuesta y esperaba una resolución de la Presidencia en torno a este tema.
Todos estos reglamentos los estamos examinando en el Parlamento de acuerdo con el llamado procedimiento Hughes, teniendo en cuenta que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es la comisión a la que corresponde el liderazgo en esta cuestión. Mi colega, el Sr. Walter, lo que ha hecho ahora mismo es hacer una apelación al voto, teniendo en cuenta que el criterio de ambas comisiones es distinto al nuestro. En la Comisión de Asuntos Exteriores entendemos que nuestro criterio prevalece porque es una cuestión relativa a las relaciones exteriores de la Comunidad. Entonces, mientras no haya una respuesta de la Presidencia entendemos que nuestro criterio debe prevalecer.
Después de la votación de la enmienda 9:

Walter
Señora Presidenta, antes de las votaciones usted ha dicho que iba a someter a votación también la enmienda nº 21. El primer apartado de esta enmienda ...

El Presidente
Si la enmienda 9 fuese rechazada, señor Walter; eso es lo que yo había dicho. Pero ha sido aprobada, el resultado es muy claro.

Schroedter
Señora Presidenta, formalmente su conclusión podría ser correcta pero en la práctica esta enmienda nº 21 supone un complemento y soy de la opinión de que se debería votar ahora al respecto, tanto más cuando usted misma también lo ha dicho así. Muchos quieren otra forma de participación a lo que dice nuestra enmienda y creo que se han preparado para ello. Por esta causa debería mandar ahora que se votase.

El Presidente
Señora Schroedter, no he dicho que en cualquier caso sometería la enmienda 21 a votación. He dicho que sometería la enmienda 21 a votación si la enmienda 9 fuese rechazada. La enmienda ha sido aprobada por voluntad de la Asamblea. En mi opinión la enmienda 21 ha decaído. Me dirijo al ponente, y si comparte esta opinión, pasaremos a la votación de las enmiendas siguientes.

Barón Crespo
Señora Presidenta, es evidente que esta enmienda decae, porque trata de la misma cuestión sobre la que se ha pronunciado el Parlamento y quiero señalar, en relación con la cuestión planteada por mi colega el Sr. Walter, que entiendo, dentro del procedimiento Hughes, salvo mejor criterio de la Presidencia, que esta votación marca también el criterio en relación con el texto de los otros dos informes, el de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el de la Comisión de Política Regional.
Después de la votación de la propuesta de la Comisión así modificada:

Barón Crespo
Señora Presidenta, desearía preguntar al Comisario, Sr. van den Broek, si mantiene el criterio contrario a las enmiendas del Parlamento que anunció ayer en el Pleno.

Van den Broek
Señora Presidenta, creía que tras la intervención que realicé ayer ante el Parlamento, estaba claro que hay una categoría sobre la que hemos dicho estar de acuerdo y otra categoría cuyos motivos respetamos claramente. Sin embargo, todavía no queremos apoyar formalmente esas enmiendas porque pensamos que el Consejo tal vez quiera efectuar algunas modificaciones en cuanto a su formulación sobre las que podríamos estar de acuerdo. Por tanto, creo que debo remitirme a lo que dije ayer.

Barón Crespo
Señora Presidenta, a la vista de las manifestaciones del Comisario, solicito que, de acuerdo con el artículo 60.2 del Reglamento, se proceda a la devolución a comisión de este informe.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

El Presidente
Señorías, si me permiten, daré lectura a la enmienda oral del Sr. Barón Crespo, para mayor claridad. Se votaría, a continuación, como un primer considerando: «Considerando que todos los demás países incluidos en el proceso de adhesión deberían también beneficiarse de programas análogos en el marco jurídico y contractual de sus relaciones con la Unión Europea».
No hay oposición a que se tenga en cuenta esta enmienda oral. Por lo tanto, la someto a votación.
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) - Sobre la enmienda 21:

Walter
Señora Presidenta, el objetivo de la enmienda oral que ha presentado mi colega Barón Crespo al principio, y sobre el que nos habíamos puesto de acuerdo, fue el resultado del procedimiento Hughes entre las tres comisiones participantes. Se trataba de si Chipre debía incluirse en la lista de los Estados favorecidos. Para Chipre existe una estrategia de acercamiento propia. Con esta enmienda oral, queremos mostrar claramente que queremos tener en cuenta a todos los Estados candidatos a la preadhesión, de modo que en este lugar ya no debería aparecer Chipre en la enumeración. Por ello, aquí debería existir una votación por separado sobre el complemento de Chipre en este lugar.
Después de la votación de la enmienda 21:

Barón Crespo
Señora Presidenta, llamo su atención sobre el hecho de que la Presidencia ha cometido una cierta incoherencia porque, al votar la enmienda 16, el Parlamento se acaba de desdecir de lo que ha dicho mi informe, a pesar de que yo lo había advertido. El Parlamento se ha pronunciado en mi informe en relación con la composición del comité y ha adoptado ahora mismo la resolución contraria. Yo entiendo que prevalece la primera votación.

El Presidente
Sí, señor Barón Crespo, era la Asamblea la que debía tenerlo en cuenta. No corresponde a la Presidencia eliminar por iniciativa propia una enmienda que figuraba en el informe del Sr. Walter y que el Sr. Walter no ha retirado.
Antes de la votación del proyecto de resolución legislativa:

Walter
Señora Presidenta, como el señor van den Broek dijo ayer que muchas cifras se habían podido recoger o incorporar pero no algunas partes importantes, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60 ruego que se devuelva la enmienda a la comisión.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Samland
Señora Presidenta, tras la insatisfactoria respuesta de la Comisión -ya que no está dispuesta a recoger la enmienda nº 1 sobre la que acabamos de votar-, sólo quiero anunciar que en la lectura ordinaria de este documento que va a tener lugar en enero, si la Comisión modifica hasta entonces su actitud respecto a dicha enmienda, vamos a proponer devolver el informe a la comisión. Quiero decirlo aquí con toda claridad. De este modo, damos tiempo a la Comisión para que recapacite sobre un cambio de actitud frente a la mencionada enmienda.
Antes de la votación final:
(El Parlamento aprueba una solicitud del ponente de devolución a comisión)

Barón Crespo
Señora Presidenta, intervengo para anunciarle de nuevo que se va a plantear un problema que yo anuncié por escrito al «Steering Committee» o Comité de coordinación y a la Presidencia y que hoy he reiterado. Le ruego, señora Presidenta, que no me endose a mí la responsabilidad. Entiendo que la enmienda nº 30 de la Comisión de Agricultura, que tiene el mismo tenor que la que he señalado, la 16 de la Comisión de Política Regional, ha decaído, porque si no es así, el procedimiento Hughes y la coordinación que hacemos no sirven para nada. Como lo he anunciado en tiempo y forma, le ruego que la Presidencia y los servicios tomen en serio el tema y no endosen la responsabilidad al diputado. Me parece que debemos funcionar de acuerdo con nuestras normas.

El Presidente
Señor Barón Crespo, no se trata de responsabilizar a nadie. Como usted sabe, la Asamblea es soberana; es un principio democrático.

Sonneveld
Señora Presidenta, pienso que la enmienda 30 no tiene que ver con lo que acaba de comentar el Sr. Barón Crespo. Aquí se trata de un comité consultivo en el que los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos tienen un representante. No obstante, es un comité consultivo para la preparación de proyectos y éste ha sido el núcleo de mi informe. Esto es, ciertamente, de índole diferente de la que acaba de comentar nuestro colega, el Sr. Walter. No diría, por tanto, que forma parte del mismo precepto que acaba de presentar el Sr. Barón Crespo.

El Presidente
Sí, señor Sonneveld, yo opino lo mismo. Dicho esto, es bueno que la Asamblea haya oído las observaciones del Sr. Barón Crespo, y corresponderá a la Asamblea decidir soberanamente.
Después de la votación de la propuesta de la Comisión así modificada:

Sonneveld
Señora Presidenta, supongo que tampoco ahora el Comisario tiene buenas noticias y no ha modificado su posición tal como manifestó ayer. En ese caso, pediría la devolución del informe a la comisión.

El Presidente
Veo que el Comisario Van den Broek está de acuerdo.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Teverson
Señor Presidente, para que podamos concluir esta votación rápidamente, propongo que, si el PPE va a seguir votando contra sus propias enmiendas, tenga en realidad el valor de retirarlas para que no debamos seguir así hasta el final de la sesión. Es ridículo.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Fraga Estévez
Señor Presidente, en este informe voy a pedir igualmente la aplicación del apartado 2 del artículo 60 del Reglamento, en virtud del cual pedimos que se devuelva el informe a comisión por dos razones: para poder proceder a una segunda lectura y para poder iniciar conversaciones con el Consejo. Espero que toda la Asamblea apoye esta solicitud.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Görlach
Señor Presidente, como el Comisario Fischler nos comunicó ayer por la tarde o, mejor dicho, esta noche tras el debate, cuales son las enmiendas que la Comisión no puede recoger en ningún caso, y parto del hecho de que no se ha producido ningún cambio, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60 solicito que se devuelva el informe a la comisión.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, a fin de aligerar todavía más el trabajo de nuestros colegas, nuestro Grupo le ha comunicado una propuesta para votar en la próxima sesión el informe del Sr. Ferri, que sí está concluido. Por tanto, no esta semana. Entiendo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo con ello porque se trata de un informe complicado.
(El Parlamento acepta la propuesta)

El Presidente
A la vista del trabajo realizado, propongo votar los demás informes esta noche.

Malone
Señor Presidente, en relación con la votación sobre el informe McCarthy, deseo decir que mi explicación se refiere a la situación irlandesa. Hemos sido los beneficiarios principales de los Fondos estructurales de la UE y del Fondo de Cohesión y los hemos utilizado muy bien en ese período. Gracias a ello, ahora tenemos una economía muy próspera. Sin embargo, seguimos considerablemente retrasados respecto de nuestros socios europeos desde el punto de vista de nuestras infraestructuras, en particular los servicios de transporte, telecomunicaciones y protección medioambiental. Seguimos teniendo problemas enormes de exclusión social, en particular en las comunidades urbanas y rurales necesitadas y, de hecho, subdesarrollo. Hay que abordar todos esos problemas y por esas razón acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de que no se ponga fin de forma súbita a la financiación procedente de Bruselas. Debe ser reducida gradualmente. Sin embargo, deploro el cinismo con que el Gobierno irlandés ha optado por dividir el país en regiones para fines de partidismo político, sin apenas tener en cuenta el objetivo de los Fondos estructurales, que era el de prestar asistencia para la cohesión económica y social. Con ello está privando a los pobres rurales y urbanos del beneficio pleno de los fondos y, de hecho, de la ayuda estatal.

Raschhofer
Señor Presidente, respecto al informe McCarthy, nos hemos pronunciado en contra del mismo por los siguientes motivos. Primero, el objetivo 2: consideramos que el predominio del criterio del desempleo es inadecuado. Es urgentemente necesaria una ampliación de estos criterios, en especial, para asegurar las áreas rurales. Segundo, el objetivo 1: el criterio prescrito por la Comisión no debe debilitarse y ampliarse con disposiciones de excepción. Tercero: subrayamos expresamente que apoyamos todas aquellas medidas que son de ayuda para amortiguar la presión de adaptación en las regiones fronterizas con los PECOS. Por ello, apoyamos las disposiciones que pretenden adaptar la iniciativa comunitaria INTERREG, pero indicamos al mismo tiempo que ésta solamente va a poder realizar una aportación limitada.

Barros Moura
He votado a favor en la votación global final por considerar que el balance no compromete los intereses específicos de Portugal en la negociación de la Agenda 2000, además de contener elementos pertinentes en el sentido de la cohesión económica y social. Pero he votado contra el apartado 2 (que compromete la capacidad de decisión futura sobre las perspectivas financieras) y contra el apartado 5, que, después de la aprobación de la enmienda nº 7 (contra la cual también he votado), podría entrañar una interpretación restrictiva de la capacidad de decisión del Consejo sobre las regiones de objetivo 1.

Gallagher
Quisiera comenzar mis observaciones diciendo que acojo con beneplácito la decisión adoptada esta semana por el Gobierno irlandés de subdividir el país para los fines de la asignación de los Fondos estructurales de la UE durante el período 2000-2006.
Es más que correcto y atinado que las regiones más pobres de Irlanda reciban una proporción mayor de los Fondos regionales y sociales europeos para mejorar el rendimiento económico en esas zonas.
Los beneficios de la categoría del objetivo 1 son muy claros:
Una mayor proporción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para corregir el déficit infraestructural en las zonas menos favorecidas de Irlanda.-Una mayor cantidad de ayuda estatal para las industrias que se instalen en las regiones de objetivo 1 de Irlanda.-La posibilidad de que se conceda la categoría de objetivo 1 en transición a las zonas más pobres de Irlanda después del año 2006.Gracias a la adopción de esa decisión, se van a instalar las infraestructuras adecuadas para lograr que una gran proporción de la industria se establezca en las zonas de objetivo 1 de Irlanda.
Desde que se aplicó el Acta Única Europea en 1987, ha resultado claro que una de las políticas básicas de la Unión Europea es la de velar por que todas las regiones de Europa puedan participar eficazmente en el régimen de la moneda única europea y en el Mercado Interior.
Quisiera elogiar las gestiones hechas por todas las personas que han participado en el proceso de cabildeo en pro de la concesión de la categoría del objetivo 1 a las regiones más pobres de Irlanda para la próxima ronda de Fondos estructurales correspondiente al período 2000-2006.
Con ello se avanzará mucho en la solución de los problemas de la despoblación rural en Irlanda, que ha alcanzado proporciones muy altas en los últimos años.

McCarthy
Quisiera agradecer a los diputados a esta Asamblea el apoyo que han dado hoy a mi informe. Los votantes de mi circunscripción de East Midlands se sentirán muy complacidos al saber que el Parlamento apoya la continuidad de los fondos europeos para las zonas rurales, urbanas e industriales de nuestra región en las que niveles menores de desempleo ocultan deficiencias estructurales y sociales subyacentes. De hecho, al aceptar dos años más de financiación respecto de la propuesta de la Comisión para las zonas que están en proceso de reestructuración, se sostendrá ese proceso, en particular en las zonas mineras y rurales.
Me complace en particular que las cifras más recientes de Eurostat indiquen que cuatro regiones del Reino Unido van camino de obtener la categoría de objetivo 1. Aunque aún se deben celebrar negociaciones y se deben adoptar decisiones el año próximo, esas cifras constituirán la base para dichas negociaciones. Merseyside, en la región nordoccidental, con un PIB del 72, 54 %, que queda comprendido en el umbral del 75 %, tiene permanentes problemas estructurales, por lo que esa zona seguirá necesitando la categoría prioritaria de la UE.
Respecto de la categoría del objetivo 1, el Parlamento ha expresado con claridad la opinión de que cualquier excepción a la disposición relativa al 75 % del PIB deberá figurar en anexo al reglamento antes de que formulemos nuestro dictamen conforme sobre la propuesta de la Comisión.
La Asamblea ha votado también a favor de la nueva iniciativa «Urban» de la Comunidad y otra iniciativa para futuros sectores o regiones en crisis: una iniciativa «Restruct» en cierto modo. Manchester, Liverpool y Nottingham, que se han beneficiado del fondo Urban, estarán encantadas de saber que el Parlamento ha respaldado su continuidad.
Como ponente, ahora presentaré esta posición en primera lectura en nuestros debates con el Consejo y la Comisión y espero lograr las prioridades del Parlamento expuestas en el informe.

Collins, Gerard
Si bien debemos reconocer que el nivel de vida ha subido en Irlanda gracias en parte a la contribución de los Fondos Social, Regional y de Cohesión de la Unión Europea, sigo creyendo que queda mucho por hacer para que haya una igualdad de acceso y de oportunidades para las empresas, los exportadores y los fabricantes irlandeses con vistas a competir en condiciones de igualdad en el bloque comercial sin fronteras de la Unión Europea.
Acojo con beneplácito la aceptación por la Comisión Europea de la necesidad de introducir cambios en la financiación europea para Irlanda con carácter gradual, lo que se conoce como el planteamiento del «aterrizaje suave». La continuación de la financiación europea después de que concluya el presente programa el año próximo es decisiva, si queremos consolidar las extraordinarias tasas de crecimiento de los últimos años. Una interrupción repentina de la financiación europea podría provocar una grave sacudida en nuestra economía y al tiempo socavar los beneficios recientes.
Constituye una prioridad para el Gobierno y para el Grupo del Fianna Fail en el Parlamento Europeo que en la próxima ronda de financiación para el período 2000-2006 se sigan aplicando a Irlanda el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Cohesión con la mayor amplitud posible. Las razones son las siguientes: nuestra infraestructura de carreteras sigue siendo muy inferior a los niveles de que disfrutan la mayoría de las regiones de la Comunidad; nuestra situación periférica impone una mayor necesidad de niveles relativamente altos de inversiones en las infraestructuras portuarias y de aeropuertos regionales; se necesita inversión para cumplir la Directiva de la Unión Europea relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, cuya aplicación va a requerir un total de 1.600 millones de libras irlandesas en el período 1994-2005.
Actualmente, en Irlanda se dedica el 35 % de todos los programas con cargo a los Fondos estructurales en Irlanda a los sectores de la educación y la formación con cargo al Fondo Social Europeo. Si bien es probable que la aportación de ese fondo se reduzca en parte a partir de 1999, se debe seguir asignando prioridad a unos mejores servicios de educación y formación para quienes carecen de las aptitudes necesarias o encuentran dificultades para lograr un empleo.
El período de transición propuesto por la Comisión Europea a partir del período 2000-2006 permitirá que muchos importantes proyectos de desarrollo rural, industrial y turístico y en materia de carreteras y de protección medioambiental continúen como estaba previsto. Gracias a esta decisión, habrá más comunidades urbanas y rurales que puedan aprovechar la financiación europea para proyectos encaminados a la creación de nuevos puestos de trabajo, a mejorar el medio ambiente y a garantizar un crecimiento económico permanente.

Darras
En consideración al proceso de ampliación de la Unión Europea, la propuesta de la Comisión para la reforma de los Fondos estructurales adquiere una dimensión particular para el futuro de los ciudadanos europeos. Se trata de confirmar que la Unión no puede ser sólo un gran mercado abandonado a los abusos del liberalismo, sino que debe crear mecanismos de recuperación, de acompañamiento, en una palabra: de solidaridad. No olvidemos que la política regional sigue siendo un elemento esencial desde el punto de vista del acercamiento de Europa a sus ciudadanos. Debemos, pues, continuar actuando en tal sentido, para comprender mejor los retos de la ampliación.
El trabajo que hoy se nos presenta es resultado de numerosas horas de discusiones y de compromisos elaborados por nuestros dos coponentes, a quienes doy las gracias por sus esfuerzos. Si bien podemos suscribir el contenido general del informe, que adopta los principios de concentración, de simplificación y de descentralización propuestos por la Comisión Europea, especificando algunos criterios de elegibilidad (tasa de desempleo juvenil, de larga duración, nivel del PIB...), concretamente en relación con el Objetivo 2, e insistiendo en la necesidad de transparencia, nosotros no podemos, sin embargo, votar a favor de la resolución final.
En efecto, a pesar de los puntos positivos del informe: la aplicación horizontal del Objetivo 3, esencial para la cohesión social, la formación y la lucha contra la exclusión; el mantenimiento de la iniciativa URBAN, tomando en cuenta, por primera vez, las ciudades de pequeño y mediano tamaño; la necesidad de prever una nueva iniciativa para hacer frente a las crisis económicas y sociales que suponen pérdidas de empleo; la revisión de esta «reserva de eficacia» que establecía la Comisión y que era inoportuna y vaga, nuestra opinión sigue siendo negativa.
Negativa, porque con respecto al Objetivo 1 no deseamos volver a abrir la caja de Pandora. Conscientes de las restricciones presupuestarias que se imponen a todos, corroboramos que la ayuda debe beneficiar en primer término a los más débiles. Por eso ya no conoceremos en nuestro territorio metropolitano regiones menos desarrolladas, que, por este motivo, se benefician de los créditos europeos. Nosotros deseamos que se respete estrictamente el criterio del 75 %, principio que no debe tener excepciones.
Negativa, porque en modo alguno podemos aceptar que algunos créditos de la Sección Garantía del FEOGA, utilizados en el marco del Objetivo 2, se consideren gastos no obligatorios. Esto es contrario al Tratado.
Negativa, finalmente, porque si nuestra enmienda 46, en el apartado 53 de la resolución, por la que se pide, por razones de transparencia, que se garantice una utilización no discriminatoria de los créditos de los Fondos estructurales en las diferentes regiones afectadas, no se votase en el Pleno, lo consideraríamos un hecho lamentable para nuestra democracia.
Por estas razones, señor Presidente, Señorías, la delegación socialista francesa del Parlamento Europeo no votará a favor de esta primera lectura.

Delcroix
El programa de acción «Agenda 2000» no puede disociarse del informe de la Comisión sobre el sistema de recursos propios. Parece incluso más racional reflexionar prioritariamente en la reforma de los recursos propios, ya que ésta condicionará los tres ámbitos del programa, que son: el presupuesto, la política agrícola y los Fondos estructurales.
A largo plazo, el sistema de recursos propios debería reorientarse hacia una mayor eficacia y equidad. Esto significa abandonar el recurso «IVA», que falsea el reparto equitativo de las contribuciones entre los Estados miembros, y adoptar una de las medidas preconizadas por la Comisión: la integración del impuesto sobre las rentas mobiliarias en los recursos propios. Las demás propuestas de la Comisión no parecen suficientes para aumentar los recursos propios; el impuesto sobre el CO2 no reportará demasiado; la armonización del impuesto de sociedades planteará problemas técnicos muy complicados. Posteriormente, se podrán añadir medidas comunitarias sobre el movimiento de capitales especulativos, respecto a los cuales un día habrá que legislar. A lo que hay que tender es a una participación justa de cada Estado miembro, utilizando el criterio de una contribución supeditada al PIB por habitante.
A corto plazo, ya es hora de que algunos países europeos dejen de preconizar la teoría de la justa compensación. La misma corresponde a una concepción mercantil de la construcción europea, que complicaría mucho las negociaciones sobre la ampliación. La justa compensación es, en efecto, la antítesis de la ampliación. No se puede abogar por la adhesión de países económicamente mucho menos desarrollados que los Quince y, al mismo tiempo, reducir las transferencias netas en el seno de la Unión; esto carece de sentido.
¿Qué ocurre con los ámbitos de la Agenda 2000?
Con respecto al presupuesto, el límite máximo del 1, 27 % del PNB de la Unión es, en el contexto actual, una cifra realista, ya que no habrá acuerdo sobre un aumento, y esta cifra tiene la ventaja de obligar a la Unión a efectuar una reforma más eficaz de los gastos actuales. Esto no impedirá interrogarse sobre el realismo de dicha posición a medio plazo cuando se aborde, dentro de algunos años, la integración de los Estados bálticos y de Polonia. El porcentaje del 1, 27 % no puede ser una norma definitiva. Mientras tanto, esta solución implica establecer límites máximos con respecto a las políticas agrícolas y estructurales. A falta de estos límites máximos, se correría el riesgo de no obtener más créditos para las políticas que, en nuestra opinión, deben ser prioritarias: la investigación, el empleo, las redes, las relaciones exteriores.
En cuanto a la política agrícola, es preciso evitar la trampa que conduciría a la Unión Europea, mediante la revisión de la PAC, a una renacionalización de hecho. Para eso, es necesario evitar dejar un margen de maniobra demasiado grande a los Estados miembros con respecto a la utilización de los fondos. El logro de la reforma de la PAC dependerá de su capacidad para garantizar un nuevo período de competitividad a la agricultura europea sin sacrificar las perspectivas de desarrollo del medio rural. Dicho de otro modo, habrá que valorizar la dimensión económica de la actividad agrícola, reconciliando la agricultura con la sociedad a través de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente, centrado en la valorización del espacio rural, la calidad de los productos, la seguridad del consumidor, el respeto de la biodiversidad y el bienestar de los animales.
En la óptica de la ampliación a los países de Europa central y oriental, el nuevo modelo europeo deberá aumentar su descentralización en el plano de la gestión diaria, y su marco jurídico deberá ser ampliamente simplificado. Simplificación y subsidiariedad serán las palabras claves para el desarrollo satisfactorio de una nueva dinámica de integración.
Con respecto a los Fondos estructurales, los dos primeros objetivos son de una naturaleza muy diferente de la del tercero. Sus acciones están concentradas en zonas geográficas reducidas, cuyo desarrollo económico y social es claramente más débil que la media de las demás zonas de Europa, bien porque son zonas desfavorecidas, o bien porque necesitan una reconversión. Estas regiones son o bien menos favorecidas, o bien en declive industrial, o bien están formadas por zonas rurales o urbanas que conocen graves problemas. Una intervención financiera masiva y precisa permitiría a estas regiones compensar los efectos perversos de un mercado abierto cada vez más desreglamentado. El tamaño de estas regiones debe ser lo suficientemente reducido para que el efecto sea patente.
El Objetivo 3 es de naturaleza muy diferente. Ya no se trata de buscar un efecto puntual de cicatrización, sino de suscitar un movimiento de conjunto en la sociedad, para el desarrollo de los recursos humanos; se trata de invertir en las personas más que en las infraestructuras. El desarrollo de los recursos humanos debería desempeñar un papel central en las estrategias europeas y nacionales en favor del empleo, y nos podemos alegrar por la yuxtaposición de un objetivo general transversal junto a objetivos verticales centrados en zonas puntuales. Habrá que interrogarse sobre los medios disponibles para llevar a cabo un objetivo tan ambicioso.
Aunque la resolución propuesta por la Sra. McCarthy y el Sr. Hatzidakis sobre los Fondos estructurales se refiere al «carácter horizontal» de este Objetivo 3, y considera que debe cubrir la totalidad de los territorios de los Estados miembros, es de temer que, por falta de fondos suficientes, se limite, como propone la Comisión, únicamente a los territorios que no son objeto de los Objetivos 1 y 2. Creo que en tal caso se perdería su aspecto más innovador.
Es sabido que se han acentuado las distancias entre los Estados miembros tanto en relación con el desempleo -uno de cada cinco jóvenes europeos carece de empleo y las familias que viven por debajo del umbral de pobreza son cada vez más numerosas- como con la formación. Ahora bien, ésta constituye un elemento determinante para la competitividad de las economías regionales. Estas disparidades, que también pueden observarse en el campo de la investigación científica y del desarrollo tecnológico, no son defendibles en los planos político y social y comprometen las posibilidades de la Unión Europea frente a la competencia mundial. Yo abogo, en consecuencia, por que Europa se dote de los medios para realizar plenamente el Objetivo 3, que debe cubrir la totalidad del territorio de la Unión.
Sólo cuando Europa haya demostrado su capacidad para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad -el desempleo, la pobreza y la exclusión-, la opinión pública apoyará con plena confianza el fortalecimiento y la ampliación de la Unión.

Ephremidis
Las personas de la regiones menos desarrolladas de la UE afrontan con especial inquietud la revisión de los reglamentos de los Fondos Estructurales y, especialmente, su financiación por el presupuesto comunitario.
Aunque el informe de la Comisión de Política Regional confirma el 0, 46 % del PNB para la realización de actuaciones estructurales durante el período 2000-2006, aún no se sabe, ya que el asunto sigue pendiente, cuál será la financiación total del presupuesto comunitario durante dichos años y cuál la contribución de los Estados miembros.
La insuficiencia de las sumas disponibles hasta ahora para «salvar la distancia» que separa a las regiones menos desarrolladas y las que lo están más es evidente, ya que no sólo no se alcanza el resultado deseado de la convergencia real sino que se presentan divergencias aún mayores, como constatan, por ejemplo, los datos referentes a nuestro país, Grecia.
Por tanto, las sumas disponibles son insuficientes y, mientras permanece incierta la financiación del presupuesto comunitario, se añaden a los países del objetivo 1 las regiones más alejadas de la Comunidad (de las cuales se excluye, de forma completamente ilógica, a las islas del Egeo) y las regiones del antiguo objetivo 6. Al mismo tiempo, el riesgo de que ciertas regiones de países pertenecientes al Fondo de Cohesión en los que la renta per cápita es inferior al 75 % de la media comunitaria sean excluidos del objetivo 1 es directo. Es decir, como dice nuestra gente, «no cabía el ratón en su agujero y llevaba calabazas».
Es sabido que la cofinanciación de las obras integradas en los programas comunitarios absorbe casi el total de los recursos nacionales destinados al desarrollo. En este sentido, por tanto, es acertada la propuesta de aumentar la participación comunitaria del 75 % al 85 %. Sin embargo, queda el hecho de que, debido a la absorción completa de los recursos nacionales, se reduzcan de forma decisiva las posibilidades de ejercer una política de desarrollo nacional que, obligatoriamente, se mueve en el ámbito de las elecciones comunitarias.
La Comisión Europea, a fin de imponer un control aún mayor al cumplimiento de las elecciones comunitarias, propone la creación de una reserva que ascienda al 10 % de los créditos, así como la anulación de los créditos que no se hayan utilizado una vez transcurridos dos años. Muy acertadamente, la Comisión de Política Regional desestima la propuesta de creación de una reserva y, asimismo, insiste en la disposición de los créditos que después de dos años no hayan sido utilizados en el país para el que se habían previsto.
Aunque las financiaciones comunitarias podrían representar un papel auxiliar para cubrir la distancia que separa a las regiones de la Comunidad menos desarrolladas de las que lo están más, en esencia son las migajas para «echar ceniza en los ojos» de los pueblos de Europa, expiar conciencias y crear mecanismos que impulsen los grandes intereses monopolistas que, fundamentalmente, son los que más se benefician de los programas comunitarios, una vez que estos disponen del equipamiento necesario y del conocimiento técnico requerido. Es sabido que gran parte, si no la mayor, de las sumas destinadas a la ayuda estructural vuelve a los otros, es decir, a los Estados miembros más desarrollados.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos optado por abstenernos en la votación final. Nos contamos entre quienes muestran una actitud crítica ante las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión Europea, ya que consideramos que estos fondos no han logrado su objetivo de reducir las desigualdades regionales. En su lugar, sería adecuado transferir la mayor parte de estos Fondos estructurales al ámbito nacional, donde, como ha demostrado la experiencia, el control y el seguimiento son considerablemente más seguros que a escala de la UE. Sin embargo, estimamos que constituye un paso acertado el hecho de que la Comisión haya mostrado su voluntad de llevar a cabo una simplificación y una depuración de las ayudas, en especial, por lo que respecta a la limitación del número de objetivos y de iniciativas comunitarias.

Klaß
La política estructural europea ha demostrado su validez pero, sin embargo, tiene que reformarse. Para los 7 próximos años hay que crear una política estructural que impulse la cohesión económica y social y que haga justicia a la exigencia general de mayor eficiencia y transparencia.
Un modo de pensar en términos de propiedad es erróneo en este contexto. La política estructural europea tiene la finalidad de que las regiones más pobres de la Unión puedan aproximarse a las más ricas. Cito aquí sólo a modo de ejemplo el Fondo de Cohesión, que ha sido creado para ayudar a los Estados miembros de estructuras especialmente débiles para que puedan participar en la Unión Económica y Monetaria. Una vez alcanzado ese objetivo, el Fondo de Cohesión habrá cumplido su tarea. En consecuencia, una posterior financiación de los Estados miembros España, Portugal e Irlanda con el Fondo de Cohesión no está justificada ni tampoco es soportable de cara a la ampliación de la Unión.
En el marco de las ayudas de los Fondos estructurales, se subvencionan también «medidas innovadoras». Ahora bien, con frecuencia la proporción de proyectos que se presentan a la Comisión no están en ninguna relación con los que al final se seleccionan como subvencionables. Esto se debe sobre todo al reducido volumen de las ayudas. Sólo un 1 % de los créditos de los Fondos estructurales se han destinado a medidas innovadoras para el período 1994-99. Espero que este Parlamento se pronuncie en favor de un aumento de estos créditos. Estos proyectos son de especial importancia para las personas, las asociaciones y organizaciones en todas las regiones de la Unión Europea, ya que aquí se puede evitar la con frecuencia larga y complicada marcha por las autoridades nacionales.
Además, una concentración de los créditos de los fondos en las regiones más afectadas de la Comunidad no debe significar que las medidas de ayuda nacionales sólo estén permitidas en estas regiones.
La política estructural europea nos ha aproximado mucho al objetivo de reducir las diferencias en el nivel de desarrollo y los ingresos per cápita en los Estados miembros y en las regiones. Estoy seguro de que la reforma de los Fondos estructurales va a seguir fortaleciendo la cohesión social y económica entre las regiones de Europa. A largo plazo, Europa solamente podrá seguir creciendo conjuntamente si se superan de modo permanente la diferencias económicas y sociales existentes.

Lindqvist (ELDR)
Una condición imprescindible para la reducción del número de objetivos y para llevar a cabo otros cambios en el ámbito de los Fondos estructurales es la incorporación sin modificaciones en el objetivo 1 de los criterios del objetivo 6 para las regiones con escasa densidad de población. Asimismo, se deberán enmarcar, también sin modificaciones, los criterios del objetivo 5B en el objetivo 2. Por consiguiente, no se deberá producir ningún deterioro de las condiciones para las regiones de escasa densidad y las áreas rurales que quedaron establecidas con motivo de las negociaciones para la adhesión de Suecia.

Lööw y Sandberg-Fries
El desarrollo de los Fondos estructurales reviste la máxima importancia de cara a la ampliación y profundización de la Unión Europea. Estimamos que el desarrollo de los Fondos estructurales, que podrá contribuir a reforzar la cohesión social y económica en Europa, entraña al mismo tiempo una gran importancia para responder a las necesidades que presenta Europa a la hora de lograr la creación de más puestos de trabajo, hacer un mayor hincapié en el desarrollo sostenible, aplicar una política medioambiental más enérgica y conseguir el objetivo de la solidaridad europea entre las regiones más ricas y las más pobres de Europa. Los Fondos estructurales constituyen un instrumento financiero para poner de manifiesto la fuerza de la Unión Europea como elemento de coordinación en aquellos ámbitos donde únicamente es posible satisfacer la voluntad popular mediante una mayor coordinación al margen de fronteras nacionales.
Consideramos que es necesaria una reforma de los Fondos estructurales en este sentido. En principio, creemos que es positivo que se concentren los Fondos estructurales en los ámbitos que presenten verdaderamente necesidades, que se agrupen en tres los objetivos y que se simplifiquen de manera constructiva dichos Fondos. Además, entendemos que es importante la adaptación de los Fondos estructurales -y de la Política Agrícola Común- para poder hacer frente a los desafíos que plantea la ampliación. Es necesario considerar la reforma de los Fondos estructurales como un instrumento para facilitar la ampliación. Por motivos de principio, deseamos también hacer hincapié en la necesidad de considerar como límite máximo el marco financiero del 0, 46 % del PNB. Creemos asimismo que, por medio de un procedimiento administrativo flexible, horizontal y descentralizado, las ayudas estructurales deberán permitir cierto margen para la asociación, especialmente para las iniciativas nacionales, regionales y locales.
En lo relativo al objetivo 1, es preciso aplicar de manera estricta el criterio del 75 %, a la vez que se deberán incorporar los criterios del anterior objetivo 6 dentro de este nuevo objetivo 1. Por lo que respecta al objetivo 2, éste deberá poder abarcar las áreas urbanas, partiendo del principio de que se debe conceder a los Estados miembros una gran libertad para poder decidir por sí mismos acerca de la distribución de las regiones beneficiarias de las ayudas. En nuestra opinión, el objetivo 3 deberá operar en un amplio ámbito en el que tengan cabida las ayudas destinadas a la formación de carácter ordinario. Es necesario además que los Fondos estructurales se sometan a enérgicas normativas de carácter financiero.
Nuestra posición frente a las distintas propuestas que se han sometido a votación es coherente con nuestros principios, sin dejar por ello de reconocer nuestro respeto hacia las posiciones del Grupo Socialista. Hemos optado por dejarnos guiar en la menor medida posible por nuestros intereses nacionales, ya que nuestro cometido como diputados del Parlamento Europeo va más allá en estos momentos de los intereses de nuestro país.
Desearíamos hacer aún algún comentario a nuestras posiciones. Por lo que respecta a la creación de una reserva de eficacia general, su extensión y su distribución, consideramos que es necesario coordinar estos tres aspectos de una manera coherente con los distintos objetivos de los Fondos estructurales. En nuestra opinión, las propuestas recogidas en el informe y las enmiendas no ofrecen en todos los aspectos una respuesta a estas exigencias. Hemos señalado anteriormente que se debe considerar el 0, 46 % como límite máximo del marco financiero. Por consiguiente, hemos optado por respaldar las enmiendas que coinciden con este planteamiento. Por lo que respecta al texto del apartado 2 acerca de las perspectivas financieras, entendemos que no se deben interpretar dicho texto como una expresión de la voluntad por elevar el marco financiero.
En lo relativo al objetivo 6 y su incorporación en el objetivo 1, hemos optado por apoyar las enmiendas que mejor coinciden con nuestra idea de incluir el criterio relativo a la escasa densidad de población. Tanto el apartado 6 del informe como algunas de las enmiendas presentadas abordan la cuestión del reparto con arreglo a los niveles de población. A pesar de que este reparto podría ser interesante, creemos que la distribución exacta por porcentajes que se propone no constituye el modo de actuación correcto en las circunstancias actuales.
Por lo que respecta al apartado 31 y a la adicionalidad, creemos que las propuestas para considerar también, entre otros aspectos, las condiciones macroeconómicas están formuladas de una manera que resulta difícil evaluar su aplicación. Consideramos asimismo que se debe someter a debate la propuesta para seguir considerando en adelante las medidas estructurales recogidas en la rúbrica 2 como uno de los objetivos de gasto, si bien este debate deberá abordarse con un mayor detalle que como se propone en el apartado 46 y en las enmiendas respectivas.
En cuanto a la enmienda 94 sobre la evaluación, estimamos que, a pesar de basarse en buenas intenciones, la formulación de esta propuesta entraña en la práctica el peligro de que dicha evaluación se traduzca en una mayor burocratización. Querríamos asimismo destacar que no apoyamos las propuestas relativas a la señalización tal como quedan recogidas en el apartado 55. Si bien es necesario advertir a este respecto, su formulación no debe ser tan detallada como se propone en el informe. Nos mostramos de acuerdo con la propuesta sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el reparto de los puestos de representantes en los comités de gestión de programas y en los comités consultivos.
Finalmente, desearíamos resaltar que estamos de acuerdo con las propuestas del informe en las que se destaca el enérgico papel que deberá desempeñar el Parlamento Europeo.

Malone
Irlanda ha sido uno de los beneficiarios principales de los Fondos estructurales y de Cohesión de la UE en el último decenio. El apoyo de la UE ha contribuido a dar un vuelco a la economía irlandesa y a crear miles de nuevos puestos de trabajo. Gracias a nuestro progreso económico, Irlanda ha logrado ahora alcanzar los niveles medios de riqueza de la UE.
Pero seguimos considerablemente retrasados respecto de nuestros socios europeos desde el punto de nuestra infraestructura, en particular en lo relativo a los servicios de transportes y telecomunicaciones y de protección medioambiental. Y aún tenemos enormes problemas de exclusión social, en particular en comunidades urbanas y rurales desfavorecidas, y subdesarrollo. Hay que abordar todos esos problemas.
Por esa razón, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de que no haya una interrupción repentina de la financiación procedente de Bruselas. Tendrá que reducirse gradualmente.
Es probable que ésta sea la última oportunidad de que Irlanda reciba un importante apoyo financiero de la UE. No es una señal de fracaso por parte de Irlanda, sino de éxito. Es una señal de que hemos utilizado bien la asistencia que hemos recibido.
Pero se han cometido errores. Se han utilizado demasiados fondos para clubes de golf y puertos deportivos. No debemos repetir ese error. Debemos velar por que la nueva ronda vaya destinada a los que más la necesitan: las comunidades urbanas y rurales desfavorecidas de todo el país, que deben ser absolutamente prioritarias durante la nueva ronda.

Palm
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar los Fondos estructurales de la Unión. He optado por respaldar en líneas generales la posición del Grupo de los Socialistas.
Acojo con satisfacción la decisión de concentrar los Fondos estructurales para destinarlos mejor a las regiones que los necesiten, en lugar de «dispersarlos» y restituirlos a los Estados miembros como una especie de reembolso por parte de la Unión. Considero igualmente positivo que se comience ya a abordar los posibles problemas que ocasionará la ampliación en el ámbito de las políticas estructural y agrícola.

des Places
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha deseado manifestar su desconfianza en la votación de los diferentes informes relativos a la reforma de los Fondos estructurales. Este recelo no se refiere tanto a los propios informes y a sus autores, a quienes felicitamos por el trabajo que han realizado, sino a las propias propuestas de la Agenda 2000. Éstas son a menudo incoherentes, a veces peligrosas para el equilibrio del territorio de los Estados miembros; las mismas desatienden las dificultades de numerosos trabajadores europeos, empezando por los pescadores.
Durante los debates, cada uno ha intentado, de hecho, defender los intereses de su región o de su país, lo cual, en suma, es muy legítimo. Nuestros amigos alemanes parecen ser indudablemente los más hábiles en este juego: éstos pretenden, en efecto, ser contribuyentes netos del presupuesto de la Comunidad Europea. Antes de reclamar la disminución de su participación financiera, nuestros amigos del otro lado del Rhin harían bien en pensar que, gracias al maná comunitario vertido sobre la antigua Alemania del Este, son los principales beneficiarios de la política regional.
Por otro lado, la reforma de los Fondos estructurales parece, desgraciadamente, descuidar muchas cuestiones. Por ejemplo, han sido olvidadas las regiones que dependen de la pesca. De igual modo, cabe interrogarse sobre las consecuencias de la Agenda 2000 para las regiones rurales, que figuran entre las más frágiles de la Unión Europea. Así, el 9 % de la población de los Estados miembros de la Unión se beneficiaba de los Objetivos 5a y 5b; en el futuro, la población idónea sólo alcanzará alrededor del 5 %. Muchas regiones rurales perderán su idoneidad, en el mismo momento que la reforma de la PAC y la disminución de los precios agrarios fragilizan la situación de nuestros agricultores. En Francia, 9, 7 millones de personas vivían en zonas cubiertas por la acción estructural; en el futuro sólo serán 7, 1 millones. Cerca de 3 millones de franceses, la mayor parte de los cuales residen y trabajan en regiones rurales, se verán afectados por la nueva reforma: el 20 % del territorio francés dejará de ser idóneo con respecto a las intervenciones de los Fondos estructurales.
Recordemos en este sentido que las regiones rurales habían obtenido, a título de compensación, medidas de ayuda estructural más ambiciosas tras las negociaciones del GATT y la reforma de la PAC, ya que habían resultado muy afectadas. Hoy la reforma de los Fondos estructurales pone en entredicho el ámbito geográfico de estas medidas, cuando incluso los efectos de la Ronda de Uruguay y de la disminución de los precios agrarios, agravada a su vez por la nueva reforma de la PAC, siguen castigando cada vez más duramente. Se trata de una falta flagrante de coherencia.
Además, los Fondos estructurales aparecen, en realidad, como un instrumento de redistribución federalista, cuyo objeto consiste más en someter a la Comisión las regiones beneficiarias que permitirles superar sus dificultades.
Deseamos aprovechar los debates para recordar, una vez más, que sería deseable que la Unión, en lugar de dedicarse sobre todo a dispersar inútilmente los fondos públicos, concentrase sus esfuerzos en las políticas comunes existentes: la PAC y la PPC. Desgraciadamente, no se ha elegido dicha vía, puesto que algunos aprovechan esta ocasión para tratar de obtener más poder, en detrimento de las naciones y de sus colectividades locales, menospreciando el principio de subsidiariedad, únicamente para provecho de Bruselas. Así, algunos exigen «la aplicación de una estrategia europea de ordenación del territorio» o incluso el nacimiento de una «política urbana integrada».
A este respecto, sería preferible, en general, que la Unión Europea, en lugar de procurar obtener continuamente nuevas competencias, se ocupase de examinar las repercusiones de las políticas comunitarias existentes, de las decisiones que adopta o de las negociaciones en las que participa -tanto en el plano de la OMC como en el plano de los acuerdos internacionales- sobre el equilibrio del territorio europeo, con el fin de dejar de lado los aspectos negativos. Es preciso comprobar, en efecto, que la acción comunitaria ha tenido a veces consecuencias muy perniciosas respecto a una cohesión económica y social que a todos complace, pero que sería conveniente restaurar.

Schiedermeier
Lamentablemente, he tenido que votar en contra en la votación final porque
Primero: se ha rechazado mi enmienda nº 47 para la mejora de las ayudas nacionales y
Segundo: se han propuesto muchas ampliaciones de prestaciones que a la larga van a hacer saltar por los aires el marco de financiación.

Theorin y Wibe
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido guiarnos en líneas generales por las directrices de votación del Grupo de los Socialistas.
Sin embargo, estamos convencidos de la escasa eficacia de los Fondos estructurales y de que dichos fondos se restituyen en su mayor parte a los Estados miembros en forma de reducciones en las cuotas de pago a la Unión. Se podría retener una gran parte de estos fondos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas a los países de la Europa central y oriental. Dichos países necesitan estas ayudas bastante más que Grecia, Italia, Portugal y España.

Titley
Voy a votar a favor de este informe provisional, pues, en mi opinión, representa una reacción correcta de este Parlamento ante los cambios inmensamente complejos y potencialmente polémicos que se deben hacer en los Fondos estructurales y regionales propuestos por la Comisión en los planes de la Agenda 2000.
Dadas las preocupaciones de los ciudadanos de las zonas que actualmente reciben financiación de la UE sobre su futura situación y en vista de que debemos centrarnos en la financiación de los costes de la ampliación a la Europa oriental y meridional, los ponentes están totalmente en lo acierto al pedir que la Comisión de Política Regional examine detenidamente la posible lista de regiones elegibles y cualesquiera posibles excepciones. Igualmente importante es la argumentación del informe en pro de que se conceda, de hecho, a las regiones que pierdan financiación un período transitorio para adaptarse.
En particular, aplaudo la petición del ponente de que, a la hora de determinar las zonas que en el futuro recibirán financiación con cargo al objetivo 2, se incluyan como factores que se deben tener en cuenta, junto con el desempleo, un bajo PIB, las disparidades de riqueza dentro de las regiones y cualquier descenso del número de personas en edad de trabajar en una región.
Si la Comisión y los Estados miembros siguen el planteamiento justo y atinado por el que se aboga en este informe, con reducciones transitorias y no repentinas de la financiación, calculadas con un conjunto equilibrado de criterios para determinar qué financiación debe corresponder a las diferentes zonas, creo que con ello aumentará la comprensión pública de los cambios necesarios para garantizar una UE ampliada y más próspera en el futuro.

Trizza
La reforma de los Fondos estructurales para conseguir la cohesión económica y social, debe tener en cuenta la situación económica real de las regiones destinatarias de la intervención. En Italia, especialmente en el Sur, la coexistencia de diferentes situaciones impone rigor a la hora de seleccionar las regiones a elegir para evitar acciones puramente asistenciales.
En consecuencia, Alianza Nacional -y yo personalmente- considera que han de seguirse las siguientes orientaciones:
concentración geográfica de las acciones tendente a la simplificación de los procedimientos de acceso y de gestión de los Fondos estructurales; -programación de las intervenciones en régimen de cooperación ampliada incluyendo, además de los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales, los interlocutores económicos y sociales y los demás organismos competentes, en particular en materia medioambiental y de promoción de la igualdad de oportunidades; -aplicación flexible del principio del 75 % per cápita en la definición de las regiones Objetivo 1 a través de la incorporación del principio de insularidad para garantizar las acciones en favor de las islas estructuralmente desventajadas por sus características geográficas; -aplicación flexible del techo máximo de población a incluir en el Objetivo 2, con la introducción de indicadores suplementarios como las dificultades geográficas y/o la situación medioambiental, capaces de amparar a Estados -como Italia- fuertemente penalizados por una rígida aplicación de la «red de seguridad»; -acuerdo de máxima sobre la reducción a tres del número de iniciativas comunitarias manteniendo la iniciativa URBAN, el único instrumento capaz de asegurar la uniformidad de la política urbana a todas las regiones europeas de acuerdo con las autoridades locales interesadas; -disconformidad con el establecimiento de una reserva de eficacia tanto de acuerdo con el modelo propuesto por la Comisión como bajo la forma de reasignación al FEDER o a otros Fondos estructurales en el ámbito del mismo Estado miembro; -aplicación del sistema de phasing out de siete años para las regiones que salen de los Objetivos 2 y 5b garantizando la progresiva supresión de las ayudas provisionales también al recientemente excluido Abruzo.- Informe G. Collins (A4-0395/98)
Eriksson y Seppänen
Hemos votado en contra del informe sobre el Fondo de Cohesión. Este Fondo fue creado para que Irlanda, España, Portugal y Grecia pudieran satisfacer los criterios de convergencia necesarios para su participación en la UEM. Este fondo no debe incluirse en la política regional y estructural de la UE, sino que se trata de una ayuda directa en beneficio de estos países. Una vez que los países hayan reunido los criterios de la UEM, hay que suprimir esta ayuda a la mayor brevedad posible. Por ello, los países con derecho a subsidios han de poder acceder a las ayudas por medio de los Fondos estructurales. Ha de ponerse punto final a las ayudas una vez alcanzado el objetivo para el que fueron creadas.
Desgraciadamente, la historia de la política regional de la UE está plagada de acuerdos suscritos con motivo de negociaciones, habiéndose recurrido a los denominados acuerdos colaterales para lograr compensaciones mediante medidas distintas a las destinadas a reducir los desequilibrios regionales. La creación en 1975 del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) representa un ejemplo de ello: dicho Fondo se creó para resolver los problemas presupuestarios del Reino Unido, no para igualar las diferencias regionales.

Lindqvist (ELDR)
Una ampliación con las disposiciones actuales en materia de ayudas para las políticas agrícola y regional -de manera que abarcaran también a los nuevos Estados miembros de la Europa Central y Oriental- exigiría, o bien una contribución financiera considerablemente mayor por parte de países como Suecia y Alemania. o bien una reducción de los recursos totales que se destinan a estas ayudas agrícolas y regionales.
En consecuencia, es necesaria una reforma total de la política agrícola que recompense más el trabajo y la producción, y reduzca las ayudas. Resulta inaceptable e insolidario que los países de la Europa Central y Oriental perciban ayudas menores que el resto de la Unión Europea. En el futuro es preciso prever una reducción de los subsidios de la UE y un aumento de las posibilidades de prestar ayuda a escala nacional. En Suecia, es necesaria una distribución más justa de las ayudas agrícolas entre el norte y el sur del país.

Lööw y Sandberg-Fries
El Fondo de Cohesión es de gran importancia para la cohesión económica y social de Europa. Es absolutamente necesario someter a debate la futura evolución del Fondo de Cohesión por lo que respecta a los países que han logrado incorporarse a la UEM. Del mismo modo que la moneda única deberá contribuir a reforzar la cohesión económica y social en Europa, es necesario también volver a evaluar el papel futuro del Fondo de Cohesión y su campo de acción.
Sin embargo, estimamos que no es posible establecer una relación directa entre el cumplimiento de los criterios de convergencia y la posibilidad de percibir ayudas procedentes del Fondo de Cohesión. Si bien los países que han satisfecho los criterios de convergencia han alcanzado ciertamente un elevado nivel por lo que respecta a los indicadores macroeconómicos, esta circunstancia no implica automáticamente que se haya logrado una total cohesión económica y social con estos países, o dentro de los mismos. Queremos igualmente destacar la necesidad de contar con una gestión financiera y un control eficaces.

Marinho
He votado a favor de este informe con la convicción de que la votación específica del rechazo de las limitaciones del Fondo de Cohesión a países de fuera de la UEM, al discriminar negativamente a Portugal, ha sido tan expresiva -siempre más de 300 votos contra esa discriminación-, que se han creado -me parece a mí- las condiciones mínimas para que ya no sea posible privar a Portugal de los beneficios del Fondo de Cohesión.
De hecho, el Parlamento confirma expresamente la posición de la Comisión, lo que garantiza desde el principio una posición más favorable para los intereses de Portugal.

Novo
La propuesta para el Fondo de Cohesión incluida en la Agenda 2000, documento que la Comisión presentó a mediados del año 1997, dispone que los beneficiarios de dicho Fondo sean los países que sigan teniendo un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria, independientemente de que formen parte o no de la Unión Económica y Monetaria.
Posteriormente, los servicios jurídicos del Consejo elaboraron un dictamen que, a la luz del Tratado de la Unión Europea, confirma la elegibilidad para el Fondo de Cohesión no sólo de Grecia -que no forma parte de la moneda única- sino también de España, Irlanda y Portugal, cuyos Gobiernos decidieron formar parte del euro.
Para nosotros esta cuestión siempre ha sido indiscutible y consideramos que ninguna institución comunitaria tiene legitimidad para subvertir, en este marco, el Tratado y el principio de cohesión económica y social en el que se basó la creación del Fondo, impidiendo a Portugal acceder al Fondo de Cohesión.
El informe Collins corrobora este punto de vista, por lo que, como es natural, hemos votado a favor. Añádase a esto, y como seguimiento de lo que siempre hemos sostenido, que el informe pone en entredicho también la condicionalidad entre la financiación del Fondo y el cumplimiento de los criterios de convergencia y se opone a la dependencia, propuesta por la Comisión, entre el Fondo y el Pacto de Estabilidad.
Evidentemente, hemos de subrayar que en este marco no se puede considerar particularmente relevante el mantenimiento del Fondo de Cohesión para Portugal, sino que es la confirmación de lo que ya se había conseguido hace mucho en el proceso negociador relativo al próximo marco comunitario de apoyo. Por eso, rechazamos que el mantenimiento del Fondo pueda servir de cortina de humo para ocultar pérdidas reales que Portugal puede llegar a tener en los Fondos estructurales. Lo que resulta fundamental es modificar la metodología negociadora del Gobierno, resolviendo la cuestión esencial del aumento de los medios financieros globales para afrontar los nuevos problemas y encargos resultantes de la ampliación e impidiendo que su financiación se haga exclusivamente a costa de los actuales países de cohesión con perjuicio único de las dotaciones de los Fondos estructurales.

Theorin y Wibe
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar los Fondos estructurales de la Unión. Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. Sin embargo, estamos convencidos de que se deben desmantelar los Fondos estructurales y restituir estos recursos a los Estados miembros. Sería posible retener una parte considerable de estos fondos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable.
Informe Varela Suanzes-Carpegna (A4-0393/98)
Darras
En su propuesta, la Comisión Europea no tenía la intención de introducir grandes cambios en el funcionamiento del FEDER. El objetivo era clarificar y ampliar el campo de aplicación del Fondo.
En este sentido, no puedo menos que apoyar el informe que hoy se nos presenta. En efecto, los complementos introducidos por el Parlamento Europeo toman en consideración la evolución socioeconómica de la Unión Europea, así como la de las nuevas tecnologías y la de los servicios de cercanía. Se trata de nuevos ámbitos que, en nuestra opinión, el FEDER debe tomar en cuenta.
De igual modo, el ponente considera que el sector del turismo y el sector cultural deben estar recogidos en el ámbito de intervención del FEDER. En efecto, estos dos sectores son de capital importancia para la creación de empleos (en el sector cultural existen 3, 1 millones de empleos en la UE, es decir, el 18 % de la población activa); en cuanto al turismo, éste representa a menudo una solución de recambio para las regiones que padecen un retraso estructural o dependen mucho de otros sectores en declive.
Igualmente, y en relación con el informe de la Sra. McCarthy y del Sr. Hatzidakis, apoyo firmemente el mantenimiento de la iniciativa URBAN para el desarrollo de una política urbana europea.
Finalmente, es fundamental que nuestro Parlamento desempeñe un papel activo en el seguimiento y en el control de la aplicación de las políticas estructurales.
Por estas razones votaré a favor de este informe así enmendado.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos decidido abstenernos en la votación final. Nos contamos entre quienes muestran una actitud crítica ante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya que consideramos que este Fondo no ha logrado su objetivo de reducir las desigualdades regionales. En su lugar, sería adecuado transferir un fondo de estas características al ámbito nacional, donde, como ha demostrado la experiencia, el control y el seguimiento son considerablemente más seguros que a escala de la UE. Sin embargo, estimamos que constituye un paso acertado el hecho de que la Comisión haya mostrado su voluntad de llevar a cabo una simplificación y una depuración de las ayudas. Además, consideramos también positivas las propuestas para destacar las cuestiones medioambientales y las actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Theorin y Wibe
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas estructurales de la Unión. Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y restituir sus recursos a los Estados miembros. Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa Central y Oriental. Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable.
Además, creemos firmemente que los recursos de los Fondos estructurales reflejan el uso extremadamente ineficaz que se hace de la contribución financiera de los ciudadanos a la Unión. Creemos que una política regional de carácter nacional es más eficaz y menos costosa.
Informe Kellett-Bowman (A4-0380/98)
Bonde, Krarup y Sandbæk
No podemos apoyar la propuesta de texto conjunto de Reglamento del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas. El programa TEN se presenta a menudo como un programa que se puso en marcha para promover formas de transporte respetuosas con el medio ambiente. De acuerdo con este objetivo, ha de reconocerse que el programa ha sido un fracaso. Las cifras de EUROSTAT muestran cómo el sector del transporte ha adelantado en la actualidad a la industria como el mayor contaminador individual de la UE. Otro importante argumento empleado para defender el programa TEN es que el desarrollo de las infraestructuras de las regiones periféricas atrasadas -sobre todo uniéndolas a las regiones claves más desarrolladas - ayudará a que las regiones atrasadas alcancen el nivel económico de las prósperas regiones centrales. Las cifras de EUROSTAT vuelven a mostrar cómo la diferencia entre las regiones más ricas y las más pobres dentro de la UE sigue siendo igual de grande - cuando hablamos de prosperidad, desempleo, etc. a pesar de que el programa TEN lleve funcionando ya bastante años. Ahora el programa TEN ha sido ampliado para aplicarlo también a los países de la Europa central y oriental y los argumentos han sido exactamente los mismos que se utilizaron dentro de la propia UE. En el fondo, el programa TEN trata de asegurarle a la industria comunitaria las mejores vías de acceso posibles a sus mercados, incluidos los nuevos mercados de la Europa del Este.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra de las propuestas de la Comisión y del ponente para modificar las disposiciones actuales de las ayudas económicas a las Redes Transeuropeas. La Comisión quiere destinar 5.500 millones de ecus a ayudas en favor de las Redes Transeuropeas durante el período 2000-2006, lo cual equivale al doble del importe correspondiente al período 1993-1999.
Al mismo tiempo, las inversiones nacionales han disminuido en la Unión Europea desde un 1, 5 % del PNB en los años setenta al 0, 9 % de la presente década. En la mayor parte de los casos, los rigores presupuestarios de los Estados miembros en los últimos años se relacionan con la firme voluntad de éstos de cumplir los criterios económicos y monetarios exigidos para entrar a formar parte de la Unión Económica y Monetaria. Por lo tanto, éste ha sido el motivo por el que los Estados miembros no se han podido permitir hacerse cargo a título individual del buen estado de sus vías de comunicación. tanto dentro de sus fronteras como entre los distintos Estados.
Informe Jöns (A4-0398/98)
Blak, Iversen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una reforma del Fondo Social. Con la nueva sección sobre el empleo incluida en el Tratado, resulta imprescindible unir las medidas dependientes del Fondo Social y las directrices anuales para el empleo. Hemos votado a favor de una serie de enmiendas a las propuestas de la Comisión: notas adicionales para que se tomen en consideración el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las actuaciones en favor de grupos desfavorecidos como los parados de larga duración y los discapacitados. Al menos un quince por ciento de los recursos debe reservarse, por ejemplo, a las mujeres. Pensamos que todos los países miembros tienen la obligación de adoptar iniciativas en el campo de la equiparación. Incluso un país como Dinamarca, que ha avanzado mucho en la integración de las mujeres en el mercado laboral, tiene la obligación de hacer todavía un esfuerzo especial por la equiparación según el Fondo Social.

Krarup
Me he abstenido en la votación del informe sobre el Fondo Social Europeo porque el objetivo general del fondo es contribuir a la convergencia social dentro de la Unión. El Fondo Social Europeo es así una herramienta para la creación de una verdadera política social europea y para el fomento de la cohesión económica y social. La UE no debe intentar regular los sistemas nacionales de política social y laboral con vistas a una homogeneización de los regímenes de seguridad social de los países miembros. La política social y laboral debe seguir siendo una cuestión nacional.
En el informe se hacen una serie de valoraciones y evaluaciones de las medidas de los fondos estructurales relativas a promover la igualdad de oportunidades a la hora de la integración en el mercado laboral, a potenciar los sistemas educativos y a aumentar la vinculación de las mujeres al mercado laboral. De la misma manera, el fondo debe contribuir a fomentar iniciativas de empleo locales y regionales. A largo plazo, estas medidas ayudarán a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones comunitarias. Estas iniciativas contienen aspectos todos positivos, sin embargo, es un problema que estos esfuerzos vengan unidos a la realización de una política social europea y a la promoción de un diálogo social que a largo plazo contribuirá a establecer una política laboral europea común. Al mismo tiempo, el informe contiene también esfuerzos dirigidos a coordinar los instrumentos comunitarios en materia de política educativa.
Estoy de acuerdo en la obligación de ayudar a las regiones menos desarrolladas de toda Europa. También es importante promover la igualdad de oportunidades a la hora de la integración en el mercado laboral, sin embargo, esto debe producirse sin matices políticos y no como parte de una estrategia dirigida a la creación de una convergencia social dentro de la UE.

Lööw y Sandberg-Fries
Acogemos favorablemente la revisión del Fondo Social Europeo actualmente en marcha, especialmente por lo que respecta al nuevo capítulo del Tratado de Amsterdam sobre el empleo. El Fondo Social Europeo desempeña un papel muy importante dentro de la estrategia para la creación de empleo, ya que respalda y complementa los esfuerzos que se están realizando en el plano nacional.
Las experiencias que se han registrado por lo que respecta a una reducción en el pago de ayudas a las organizaciones no estatales, por ejemplo en el marco de la iniciativa PEACE, han demostrado ser positivas. Por este motivo, apoyamos la propuesta para dar prioridad a los proyectos locales en la planificación de los programas relacionados con las actividades del Fondo Social Europeo.

Theorin y Wibe
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión. Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Social Europeo y restituir sus recursos a los Estados miembros. Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable.
En el informe se pone de manifiesto que necesitamos el Fondo Social Europeo para luchar contra el desempleo. Sin embargo, sacar dinero de los presupuestos de los Estados miembros para redistribuirlo a través de los Fondos estructurales de la UE no crea nuevos puestos de trabajo, si descontamos los de quienes trabajan en esta redistribución de los fondos. Los perdedores son los empleados en las administraciones públicas respectivas de los Estados miembros.
Resolución sobre la PAC
Barros Moura
Mi voto sobre este asunto ha tenido en cuenta la posición ante la propuesta de cofinanciación de las ayudas a la renta por los presupuestos nacionales (que figuran, en particular, en el apartado 8 de la propuesta de resolución común PSE-Verdes). He votado contra esa opción -cuyas repercusiones en la PAC están por determinar- por considerar que equivale, fundamentalmente, a anticipar una decisión sobre las perspectivas financieras en el sentido correspondiente a una de las modalidades anticipadas por la Comisión para solucionar el problema del así considerado «exceso de contribución líquida de ciertos Estados miembros». En este caso concreto, la propuesta va encaminada a corregir la situación a favor de Alemania, sobre todo en perjuicio de la situación financiera actual de Francia en el marco del presupuesto comunitario, pero sin resguardar la situación de otros Estados miembros, como Portugal, que podrían verse perjudicados tanto en la financiación de la agricultura como en su posición líquida global ante el presupuesto comunitario.
Fundamentalmente, semejante opción condicionaría inadmisiblemente la negociación sobre los recursos propios y limitaría en el punto de partida la capacidad negociadora de Portugal tanto en la Agenda 2000 como en las perspectivas financieras.
En lo demás, he apoyado las excelentes propuestas de reforma de la PAC que figuran en la resolución PSE-Verdes con la esperanza de que resulten consagradas.

Collins, Gerard
En cualquier revisión de la Política Agraria Común para el período posterior a 1999 se debe incluir una mayor integración de las iniciativas medioambientales. Creo que las metas de la UE en materia de desarrollo sostenible, integración de la protección medioambiental junto con las iniciativas agrarias y el reconocimiento de los agricultores como guardianes del campo deben ser preocupaciones fundamentales de la Política Agraria Común. Existe una opinión mayoritaria a favor de una mayor integración de los objetivos de la política medioambiental en la PAC.
Sin embargo, se deben evaluar y recompensar los resultados medioambientales positivos. Para dar el reconocimiento que se merece al papel del agricultor en el cuidado del campo, se debe añadir otro principio, a saber, el de que se les debe remunerar. La Unión Europea debe apoyar a los agricultores en forma de pagos directos a fin de lograr que utilicen métodos agrarios inocuos para el medio ambiente.
Ya conocemos el éxito obtenido hasta ahora por el plan de protección del medio ambiente rural, cuya ejecución se inició en 1994 y entre cuyos fines figura la introducción de métodos agrícolas y de producción controlada que reflejan la preocupación pública cada vez mayor por la conservación, la protección del paisaje y los problemas medioambientales más amplios. El plan de protección del medio ambiente rural va encaminado también a prestar asistencia para la producción de alimentos de calidad de forma extensiva e inocua para el medio ambiente. Ese plan debe ir obteniendo cada vez más éxitos y tan sólo en 1997 ascendió a 101, 4 millones de libras irlandesas.
Con arreglo al programa operativo para la agricultura, el desarrollo rural y la silvicultura correspondiente a 1997, se asignaron 67.176 millones de libras irlandesas para la inversión directa en explotaciones agrarias. El desglose de ese subprograma fue el siguiente: mejora de los niveles de higiene de la leche: 11.252 millones de libras irlandesas; mejora de los niveles de bienestar animal: 149.000 libras irlandesas; programa de mejora de las explotaciones agrarias: 8.769 millones de libras irlandesas; plan de lucha contra la contaminación en las explotaciones agrarias: 47.006 millones de libras irlandesas.
Ese programa ha contribuido en gran medida a reducir la contaminación en nuestras explotaciones agrarias y a fomentar métodos agrarios inocuos para el medio ambiente.
Apoyo un aumento de la asistencia de la UE para la inversión en las explotaciones agrarias en cualquier nuevo plan con cargo a la Política Agraria Común para el período posterior a 1999. Las preocupaciones medioambientales están cobrando cada vez mayor importancia en las políticas de la UE en general. Sin embargo, debe haber incentivos y planes de apoyo por mediación de la Unión Europea para que los cambios en ese sector se hagan de forma eficaz en función de los costos. Cada vez más personas utilizan las zonas rurales para fines de ocio y recreativos. Los agricultores no reciben una recompensa financiera por mantener y dar forma al campo.
Se deben celebrar debates sobre estas cuestiones con las organizaciones agrarias y con el Gobierno irlandés y la Comisión Europea para que los cambios que se hagan cuenten con la buena voluntad y el apoyo de los agricultores irlandeses y de las autoridades nacionales y europeas.

Damião
Declaro que he votado contra el párrafo 8 del informe Fantuzzi sobre la Agenda 2000 y la reforma de la PAC, pues, como afirma el ponente, «la opción de cofinanciación no va destinada a resolver los problemas y las necesidades de la agricultura, sino que tiene que ver con la contribución de los países al presupuesto».
Por esa razón, lamento tener que votar contra un documento excelente de política agraria, porque considero que la financiación del presupuesto comunitario se debe examinar en la sede adecuada con toda la claridad y sin subterfugios.

Ephremidis
La revisión de la PAC, en 1992, condujo a una reducción de las sumas del presupuesto comunitario destinadas a la agricultura, a la desaparición de las explotaciones pequeñas, medianas y familiares, principalmente en las regiones meridionales de la Comunidad, con la consiguiente reducción drástica del número de explotaciones y del número de empleados, catapultando al alza los porcentajes de desempleo en las regiones agrícolas, aumentando peligrosamente el ritmo de abandono del campo.
Las nuevas propuestas que impulsa la Comisión a través de la agenda 2000 para la agricultura son, quizás, la indicación más representativa de las propuestas totales de la UE en lo referente a su modelo de desarrollo. El sector agrícola sufre de forma más intensa los cambios dictados por el plan estratégico a medio plazo del capital monopolista, al tiempo que constituye uno de los sectores más críticos para la configuración del nuevo panorama económico y la repartición de los mercados mundiales.
La postura cuestionada y la continua reducción de la parte del presupuesto comunitario destinada a la agricultura a la que proceden las propuestas de la «Agenda 2000» y las propuestas para la revisión de la PAC, en realidad -y sin mayores disculpascuestiona y socava el papel decisivo de desarrollo que la agricultura representaba hasta hoy en la mayoría de las regiones de Europa. La UE contrae continuamente su potencial agrícola existente al tiempo que su objetivo declarado, salvo el ahorro de recursos, es también la preparación de la empresa depredadora de ampliación hacia los países de Europa central y oriental y garantizar más posibilidades para poder responder -con el conocido sometimiento a las exigencias de los EEUU- al nuevo régimen de la Organización Mundial del Comercio desde el 2000 y en adelante.
Tenemos en nuestras manos propuestas contradictorias, sin equilibrio alguno entre el factor humano, la producción y la tierra destinadas a una reducción posterior de la población agraria, a la caída de los precios y del coste de producción en favor de la competitividad, a una sustitución generalizada de las intervenciones por medio de ayudas al almacenamiento privado. Dichas propuestas no sólo producirán desequilibrios en la producción sino que hacen peligrar directamente la calidad de los productos, el equilibrio medioambiental, el mismo empleo agrario, el equilibrio social y la cohesión.
Asimismo, dicha propuesta es la antesala de una intervención inadmisible y flagrante en los presupuestos de los Estados miembros al introducir condiciones de sumisión mediante la cofinanciación obligatoria de las ayudas directas por parte de los Estados miembros. Ello contraviene no sólo lo dispuesto en el Tratado sino que, indirectamente, prepara el terreno para el traslado esencial de los gastos obligatorios hacia los presupuestos de los Estados miembros -sin la opinión de los parlamentos nacionales- para políticas y decisiones asumidas por la dirección de la UE. En nombre de un ilógico -contrario a todo concepto de solidaridad- supuesto racionalismo se anuncia con la mayor hipocresía y demagogia el falso epígrafe de la renacionalización que, sin embargo, afectará también de forma exclusiva sólo a los gastos, mientras que la Comunidad seguirá teniendo la competencia exclusiva para la formación de cualquier detalle de la PAC -contingentes, subvenciones de precios y de exportaciones, de aranceles, etc., sin dejar margen alguno de maniobra o para trazar una política agrícola al propio Estado miembro. Es decir, «¡despellejado y apaleado!».
Nos oponemos de forma categórica a dicha propuesta de la Comisión y no existe margen alguno para «su mejor gestión», como dicen algunos para adornarla y hacerla más digerible. Es nuestra obligación para con los agricultores y en favor del equilibrio social el anticiparnos a los sufrimientos que especifica dicha propuesta. Debemos oponernos y rechazar una política que se opone no sólo a los agricultores de la UE sino también a todos los trabajadores que serán llamados a pagar las consecuencias de dicha política antiagraria de la UE mediante la utilización de sumas de los presupuestos de los Estados miembros en el ámbito, desde luego, de una política de disciplina financiera y de intensa austeridad.
La postura del Parlamento es que el precepto más alto es armonizar la reforma de la política agrícola común hacia los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de las capas populares que es seguro que fortalecerán sus luchas para anular, para revocar dicha política.

Garot
La delegación socialista francesa, que apoya lo esencial del texto de la propuesta de resolución común PSE/Verdes, desea señalar su desacuerdo con el apartado 8, relativo a la cofinanciación por los Estados miembros de las ayudas agrícolas.
Al tratarse de un aspecto de capital importancia de la PAC, la DSF se niega a avalar la instauración de este mecanismo, capaz de poner en entredicho el principio de la solidaridad financiera, que es uno de los fundamentos de la PAC, y de abrir la vía para la renacionalización de esta última.
El rechazo de mi enmienda, por el Parlamento Europeo, sobre este aspecto decisivo lleva a la DSF a abstenerse en la votación final del conjunto de la propuesta.

Marinho
Todo mi voto sobre esta resolución ha estado condicionado por la introducción de la cofinanciación, que no me parece un problema de la PAC, sino un problema creado en relación con la cuestión de la contribución líquida de ciertos países.
Si no hubiera resultado derrotado en el Parlamento Europeo ese principio de la cofinanciación, habría quedado muy condicionada la libertad de negociación de Portugal en el marco de la Agenda 2000 y limitado en el punto de partida el objetivo de mantener el mismo volumen de apoyos financieros comunitarios para el próximo marco resultante de la Agenda 2000. Por eso, considero muy satisfactorio el resultado global de las votaciones.

Mulder
La actitud del Grupo Liberal en las votaciones ha estado muy influida por su convicción de que en el futuro sería deseable que hubiera financiación con los Estados miembros de las partidas del gasto agrario relacionadas con el apoyo a la renta. Diversos miembros del Grupo han explicado las razones de ello en diferentes intervenciones en debates sobre la política agraria.
Así, pues, el Grupo Liberal ha votado contra las enmiendas relativas a esa cofinanciación del gasto agrario.
Ha votado a favor de las resoluciones de los Grupos PSE-Verdes, por su aprobación incondicional del apoyo a la renta, pese a que en la resolución figuraban diversas expresiones (condicionalidad de las diversas medidas de apoyo) que no reflejaban en su totalidad la posición del Grupo.
Por la misma razón ha votado a favor de la resolución del PSE y, cuando se han rechazado las dos resoluciones antes citadas, ha votado, naturalmente, contra las resoluciones de UPE y EDN.
Como era de esperar, el Grupo ELDR ha votado a favor de todos los artículos de su resolución conjunta con el PPE. Al llegar la votación final, tenía que decidir si votar a favor de la resolución, pese a que había resultado derrotado el párrafo 14 con su cláusula de cofinanciación.
Una mayoría del Grupo ha opinado que, aun así, podía votar a favor, pues con la aprobación del párrafo 13 puede continuar el debate sobre la financiación de la Política Agraria Común, en particular a la luz de las diversas votaciones sobre las preguntas orales, en las que las enmiendas que rechazaban la cofinanciación han resultado rotundamente derrotadas por una gran mayoría.

Querbes
Mi voto condena una política agrícola comunitaria inscrita esencialmente en una lógica de disminución de los precios y de desvalorización del trabajo, una política tan destructora que pone en tela de juicio la propia PAC, proponiendo la cofinanciación de los gastos agrícolas.
Si hoy deseamos responder a las aspiraciones de los pueblos que han condenado las políticas ultraliberales, no han de suprimirse las políticas existentes. Es preciso no sólo proteger y reformar la PAC, sino también reorientarla.
El marco de esta reorientación ya ha sido trazado por nuestra Asamblea. Ésta sostiene la idea «de un alto nivel de empleo», incluyendo la agricultura. Nuestra Asamblea propone poner barreras a la carrera de la productividad. La misma desea responder a los nuevos desafíos que se plantean a la humanidad en el ámbito de la alimentación, de la energía, del medio ambiente, del abastecimiento de agua, de un desarrollo sostenible.
Contamos con los principios: la unicidad del mercado, la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria, que puede renovarse.
Contamos con el medio financiero más importante: el presupuesto de la PAC. Se trata de fondos públicos considerables que hay que utilizar prioritariamente, no para producir excedentes y venderlos como saldos en el mercado internacional, sino para satisfacer las necesidades interiores de la Unión, dar a cada producción los medios de gestión del mercado, corregir las injusticias entre agricultores, producciones, regiones y países y desarrollar intercambios internacionales recíprocamente ventajosos.
Podrían crearse otros medios financieros con créditos baratos asignados selectivamente para el empleo, la inversión productiva y el desarrollo sostenible, con una imposición del movimiento de capitales financieros y con unos instrumentos de justo reparto, por sector, de la riqueza creada entre la producción agrícola y el consumo.
Esta podría ser una política alternativa.

Souchet
Nuestro Grupo se ha opuesto a cualquier forma de cofinanciación de la PAC por los Estados miembros. Esta cuestión plantea, en efecto, problemas de fondo.
En primer lugar, esta propuesta de la Comisión rompe con el principio fundamental de la solidaridad financiera, establecido en el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, aplicable al conjunto de las políticas comunes.
Actualmente, sólo existen dos políticas comunes: la política agrícola común y la política pesquera común. Ahora bien, a propósito de estas dos políticas observamos un comportamiento paradójico de la Comisión, que pone en tela de juicio algunos de los elementos constitutivos de dichas políticas. Así, la Comisión propone, por un lado, la cofinanciación de la PAC por los Estados miembros y, por otro, la supresión de las ayudas estructurales a la política pesquera común para las zonas del territorio de los Estados miembros que no pueden acogerse a los nuevos Objetivos 1 y 2, tal como están definidos en la Agenda 2000, a riesgo de provocar graves distorsiones de competencia entre los operadores europeos del sector de la pesca.
Estamos muy preocupados por esta desviación de la Comisión, que, al parecer, ya no desea respetar el Tratado fundamental constitutivo de la Comunidad Europea, y concretamente su artículo 2. Desde hace más de un año, en las diferentes opiniones que se nos encomendó que elaborásemos sobre la comunicación «Agenda 2000» en el seno de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Pesca, Édouard des Places y yo hemos llamado permanentemente la atención sobre las importantes dificultades presupuestarias que sin duda alguna conocería la Unión Europea si el conjunto de sus medios presupuestarios no se concentrasen en las dos únicas políticas comunes existentes, como son la PAC y la PPC.
En el debate sobre la propuesta relativa a la Agenda 2000 de la Comisión, nosotros habíamos indicado que si se tenía la intención de proteger, en el marco de la reforma de la PAC y de las principales OCM, los principios fundamentales de la preferencia comunitaria y del mantenimiento de los ingresos de los agricultores -compensando la totalidad de la disminución de los precios-, tanto el presupuesto como la línea directriz agraria, según estaban previstos, serían insuficientes. Tras los primeros análisis efectuados en el seno del Consejo, todos los ministros aceptaron los objetivos de la reforma de la PAC, tal como los presentó la Comisión, aunque todos ellos manifestaron muy serias reservas sobre los medios propuestos para aplicarla. Este problema presupuestario no podrá solucionarse si no existe una voluntad política suficientemente fuerte para decidir concentrar el conjunto de nuestros medios en las políticas comunes de la Unión, en lugar de dispersarlos en mil ámbitos diferentes, con fines clientelísticos.
Al oponerse a toda forma de cofinanciación, nuestro Grupo rechaza el propio principio de un aumento artificial del presupuesto de la Unión Europea -contrario a los compromisos de Edimburgo- y el surgimiento de un desdoblamiento funcional y financiero particularmente pernicioso, porque la Comisión decidiría unilateralmente una política europea y los Estados miembros se encontrarían en la obligación de cofinanciar, como tales, dicha política, cuando ya financian la totalidad del presupuesto de la Unión Europea. De este modo, las responsabilidades se diluirían totalmente.
En lugar de crear esta separación, sumamente perjudicial, entre quienes adoptan decisiones y quienes pagan, nuestro Grupo preferiría, entonces, que nos orientásemos hacia una renacionalización total de la PAC, lo que permitiría a los Estados miembros elaborar su propia política agrícola en beneficio de sus agricultores, de la ordenación del espacio rural y de la protección de los consumidores.
Me congratulo de constatar que, tras la votación celebrada esta mañana en el Pleno, el Parlamento Europeo haya rechazado claramente los elementos de la resolución que establecían la instauración de una cofinanciación.
Informe Görlach (A4-0405/98)
Ephremidis
Desde 1980 hasta hoy se han perdido cinco millones de puestos de trabajo en la UE. Las cifras del paro en las regiones agrícolas son mayores que en las urbanas y el campo se queda desierto a un ritmo cada vez más rápido siendo los jóvenes los primeros en abandonarlo. Esa es la situación dramática a la que llevaron al campo y a la economía agrícola de los Estados miembros de la UE las desastrosas políticas adoptadas.
Y ahora hablamos de medidas aún más desfavorables cuyo objetivo exclusivo es intensificar el ritmo de abandono de la actividad agrícola por parte de los agricultores pequeños y medianos y de concentración de la tierra y de la producción en las manos de cada vez menos personas.
Dicha política prepara nuevos feudos y lamentamos que el ponente, a pesar de que incluso él mismo reconoce la situación dramática, mediante su informe, mediante sus enmiendas, sólo le hace frente de forma sintomática, intenta corregir la letra pero no toca, no se opone, no interviene en el espíritu del reglamento, mientras que por otra parte «abre los utrículos de Eolo» y da sus bendiciones para la apertura del campo a otras actividades alternativas, no sólo por los agricultores, sino también para cualquier otro que esté interesado en «explotar» la tierra quemada que dejará a su paso la desastrosa política antiagraria.
El ponente olvida, e intenta convencer a los agricultores para que lo olviden, que el campo, las regiones agrícolas donde vive el 25 % de la población de la UE, está estrechamente ligado a la agricultura, a la ganadería y que los agricultores están sólidamente unidos a la tierra y a sus actividades. El problema no es reorientar, desorientar, a los agricultores disimulando o suavizando políticas hostiles.
¿En el marco de una ya abierta política antiagraria, cuyo principal objetivo es intensificar el ritmo de reducción de la población agrícola, no es acaso un farisaísmo el interés por la ocupación en el campo? ¿No están llenas de hipocresía las propuestas para hacer frente a las zonas de pobreza, cuando todos están conformes con la política total que crea dichas zonas? ¿No son contradictorias las propuestas para incentivar la renovación de la población agrícola cuando con las cantidades cada vez menores casi prohíben a los jóvenes dedicarse a la agricultura? ¿No es hipócrita el excesivo interés por la protección del medio ambiente en un momento en el que se eliminan cultivos tradicionales y se admiten plantas alteradas genéticamente, sin que haya precedido o se haya completado una investigación meticulosa sobre las consecuencias medioambientales y las consecuencias en los consumidores, única y exclusivamente porque ello es lo que dictan las multinacionales que producen material multiplicativo alterado genéticamente? ¿Cómo se materializan en la práctica los devocionarios para la prosperidad del campo cuando los recursos para la financiación se contraen continuamente?
Lo que esperan, lo que exigen los agricultores europeos es que defendamos por todos los medios su derecho a continuar sus actividades sin obstáculos y en las mejores condiciones y su derecho a vivir dignamente de ellas. Y dicho objetivo no se logra con medias medidas y calmantes. Se logra con su propia lucha, lucha que, por ejemplo, desarrollan en mi país precisamente en este momento que debatimos, y la cual apoyamos sin reservas. Por ello votaremos en contra de la propuesta de reglamento del Consejo, así como del informe que, a pesar de sus puntos positivos, no se atreve a invertir, como debería, el contenido antiagrario total de la propuesta.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra de las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEOGA. La Comisión no va lo suficientemente lejos en su propuesta para reformar la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000. En líneas generales, hemos optado por abstenernos en la votación sobre la política forestal al considerar que no se debe introducir ninguna política forestal a escala de la UE. Existe demasiada diferencia entre las condiciones que presentan los distintos países.

Novo
Tiene sentido un instrumento, independiente de los mecanismos de apoyo a la producción y de los mecanismos de apoyo a la reestructuración de las infraestructuras directas de la actividad agraria, que pudiera dar apoyo a otras actividades íntimamente relacionadas con la agricultura y desempeñadas en lo esencial por los agricultores. Entre otras, podemos citar la actividad forestal, las acciones de lucha contra los incendios, la protección medioambiental y paisajística, que, si se llevan a cabo de forma integrada, podrían contribuir a la lucha contra la desertización rural y potenciar una diversificación económica en el espacio rural. Mediante ese instrumento se podría también contribuir de forma suplementaria a la disminución de algunos desequilibrios graves y conocidos. Todos esos enunciados figuran en la propuesta de la Comisión. En ella figura también el propósito defendible de unificar la reglamentación dispersa ya existente sobre estas cuestiones. Sólo, que después las buenas intenciones son desmentidas por las propuestas concretas.
Así, comprobamos que este instrumento no dispone de medios financieros aptos para afrontar los problemas que supuestamente pretende resolver, cuando no ocurre incluso que algunos de los que va asignar serán retirados a otras vertientes agrarias, ya de por sí insuficientemente dotadas. En relación con las medidas agromedioambientales, establece una reglamentación que más parece hecha a medida para las estructuras agrarias y para la capacidad financiera de algunos pocos Estados miembros del centro y del norte de la UE.
El informe no modifica esas orientaciones agromediambientales ni elimina la tendencia a que puedan llegar a beneficiarse de este instrumento agentes hasta ahora desvinculados de la actividad agraria directa. Dichos agentes deben ser apoyados con un medio distinto de este instrumento, que debe servir exclusivamente para los agricultores.
En el informe hay aspectos positivos resultantes de las enmiendas que hemos presentado, ya sea la duplicación de las indemnizaciones compensatorias por hectárea, la posibilidad de apoyar inversiones en propiedades comunales y colectivas (baldíos), la de reconocer las especificidades regionales y la de reivindicar un mayor equilibrio entre producciones mediterráneas y continentales.
Sólo, que los medios globales siguen siendo insuficientes y las orientaciones centrales no han sido modificadas. A eso se debe nuestra abstención en la votación.

Theorin y Wibe
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión. Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola y restituir sus recursos a los Estados miembros. Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable.

Van Dam
Es positivo que la Comisión Europea proponga concentrar en un reglamento marco las medidas relativas a la estructura agraria. Esto ofrece la posibilidad de ajustar mejor los distintos instrumentos. Las propuestas de la Comisión se refieren en gran parte a la continuación y mejora de las medidas existentes. A grosso modo, estamos de acuerdo con ello. Me parecen especialmente importantes las medidas de acompañamiento que estimulan al sector agrario para que utilice métodos agrícolas ecológicos y respetuosos con la naturaleza.
El ponente pretende en su propuesta de informe extender las medidas actuales, que principalmente están dirigidas al desarrollo de la estructura agrícola, a otras actividades del espacio rural. Estas enmiendas han sido rechazadas por la Comisión de Agricultura. Con ello, consideramos que los inconvenientes del informe han desparecido y hemos podido apoyarlo en la votación final. La política rural debe continuar siendo en primer lugar una cuestión de las administraciones nacionales y regionales. Cuentan con más instrumentos que la Comisión Europea, que tiene una capacidad de ejecución limitada y está alejada de los problemas regionales.
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15 horas)

Personas desplazadas
El Presidente
La orden del día prevé el debate sobre el informe del Sr. Wiebenga (A4-0399/98), en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores,
I.sobre la propuesta de la Comisión para una Acción común relativa a la protección de las personas desplazadas (COM(98)0372 - C4-0505/98-97/0081(CNS)) (Nueva consulta)II.sobre la propuesta de la Comisión para una Acción común relativa a la solidaridad en la acogida y la estancia de los beneficiarios de la protección temporal de las personas desplazadas (COM(98)0372 - C4-0506/98-98/0222(CNS)).
Wiebenga
Señor Presidente, la propuesta relativa a la adopción de medidas sobre la acogida de personas desplazadas es una buena propuesta. Se trata de aquellos casos en los que se debe acoger a la vez a un gran número de personas y, podríamos decir que, en semejante situación de emergencia, no es posible aplicar los procedimientos normales de asilo. Una de las enmiendas del Parlamento Europeo establece que esta regulación complementa el estatuto de los refugiados, pero no lo sustituye.
Encontramos un procedimiento interesante. Por primera vez, la Comisión Europea ha utilizado su derecho de iniciativa en el marco del tercer pilar, especialmente en lo relativo a la legislación. En la segunda lectura, que ahora tratamos, la Comisión, la Comisaria Gradin, que se encuentra hoy aquí, ha adoptado muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo. Quiero mencionar las más importantes: la introducción de un plazo final de hasta cinco años en el régimen de acogida, y, sobre todo, el diseño de unas reglas que permiten efectuar un reparto entre los distintos Estados miembros respecto de las personas desplazadas. Estas adaptaciones, y lo digo en el marco del tercer pilar, son un golpe de suerte para el Parlamento Europeo. Hasta aquí las observaciones positivas.
Ahora la realidad del día a día. Es increíble e irresponsable que la Unión Europea, y añado que es el Consejo de Ministros cuando se trata del tercer pilar, todavía no haya establecido una división justa del reparto de las personas desplazadas y tampoco un régimen de acogida para ellas. Todos sabemos que se actuó demasiado tarde en el caso de los bosnios desplazados. Estaban abandonados, y continúan estándolo, a las buenas intenciones de algunos Estados miembros, sobre todo Alemania, los Países Bajos y Suecia; otros países han hecho mucho menos.
En este momento, el Kosovo está tranquilo. Menos mal, aunque la situación es, por supuesto, muy trágica desde el punto de vista humano. No obstante, si la situación se desborda otra vez e, inesperadamente, añado, muchos kosovares llegan a la Unión Europea, de nuevo no habrá un acuerdo en el ámbito europeo. Lo mismo puede decirse en el caso de que se produzcan importantes conflictos en otros lugares que ocasionen una afluencia masiva de personas, y pienso, por ejemplo, en Argelia.
La pregunta es qué Estados miembros no quieren colaborar para que el Consejo de Ministros establezca este régimen. En los pasillos oigo mencionar a España, Francia y Gran Bretaña, pero no lo sabemos con seguridad porque el Consejo se reúne a puerta cerrada. Quisiera que la Comisaria aclarara esta cuestión.
Todavía queda mucho por hacer en cuanto a la política de asilo e inmigración. El intercambio de datos de Eurodac tarda demasiado. No hay acuerdos sobre la vigilancia de las fronteras exteriores. No existe una política de repatriación común. En los últimos años, el Consejo de Ministros está en el atolladero. Al Grupo Liberal le parece bien, por tanto, que la Presidencia austriaca haya tomado ahora la iniciativa para llegar a un planteamiento estructural de la política de asilo e inmigración, sobre todo con vistas a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Sin embargo, la propia Comisión Europea también deberá hacer más a la luz de ese Tratado y opino que, en el actual departamento, la cantidad de funcionarios de que dispone la Comisaria Gradin es, en este punto, demasiado limitada, sobre todo, en cuanto a las posibilidades que debe tener y utilizar la Comisión Europea tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. Quisiera saber si hay planes para mejorar esa situación.
La propuesta de acción común relativa a la acogida de personas desplazadas parece razonable ahora que se han adoptado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo. La segunda acción común, centrada especialmente en el reparto de la carga, que se ha añadido, constituye un gran paso adelante, ya que semejante regulación no existía el año pasado. No obstante, de acuerdo con lo que opinamos en nuestra comisión parlamentaria, el reparto de la carga debe realizarse de forma distinta de la propuesta por la Comisión Europea. En primer lugar, debe existir un reparto equilibrado de las personas desplazadas en los Estados miembros y, sólo después, una compensación financiera.
El Consejo de Ministros ya va con retraso. Si de nuevo no logra adoptar una decisión porque algunos Estados miembros no quieren colaborar, habrá que buscar otra solución y los Estados miembros que sí estén dispuestos a asumir su responsabilidad deberán participar en una coalition of the willing .

Oostlander
Señor Presidente, en algunos Parlamentos nacionales el debate sobre el asilo y los refugiados fracasa con la esperanza de obtener ventajas electorales por un juego populista de consecuencias xenófobas. Nada de esto aparece en el informe del Sr. Wiebenga, que se mantiene claramente dentro de la concepción clásica-liberal, presenta una buena línea y muestra su implicación en la suerte de las personas desplazadas. Las mejoras que introduce en las dos propuestas de la Comisión las hace aún algo más claras y humanas. El ponente propone justificadamente que se refuerce el papel del Parlamento. Además busca una base jurídica más firme para la política de refugiados y, como la mayoría de nosotros, intenta eludir la dependencia de la utilización de la regla de la unanimidad en el Consejo. Desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, resulta interesante que el fenómeno del desplazamiento masivo de personas se achaque, entre otras cosas, a la fallida política exterior del Consejo. De ahí que complemente las reglas relativas al reparto de responsabilidades, que la Comisión quisiera poner en práctica, con la consideración de los esfuerzos de los Estados miembros por evitar desplazamientos masivos tales como la intervención militar y otras acciones para evitar conflictos, como partes de una responsabilidad de alcance común. Éstos son complementos muy valiosos frente a los intentos de la Comisión que, en sí mismos, son encomiables. Sin embargo, el ponente lucha con el dilema al que se enfrenta la Comisión. En los últimos años, el Consejo ciertamente más de una vez ha dado la impresión de ser consciente de la importancia de efectuar un verdadero reparto de las cargas o responsabilidades en la acogida de las personas desplazadas, pero en caso de necesidad, el Consejo permanece impotente. La Comisión cree haber encontrado una salida con la división de su propuesta en dos partes: una viable ante el Consejo y otra no factible. En todos los casos, la votación por unanimidad sirve de pretexto a los Estados miembros a los que no importa el principio de la solidaridad europea. Un principio al que los mismos Estados miembros tan gustosamente recurren cuando se trata de aplicarlo en su favor. Uno puede preguntarse si el rechazo de la corresponsabilidad no puede compensarse con uno o más fondos de la Unión Europea. No se puede comer à la carte del pesebre de la UE.
En muchos de los Estados miembros, que contribuyen cuantiosamente a la Unión y que no quieren compartir la carga de este problema europeo, hay un llamamiento para suprimir la solidaridad. Lo lamento. Los países poco dispuestos cortan así la rama sobre la que están sentados. Según lo expuesto, el ponente tiene también muchas dudas sobre la forma en que la Comisión pretende resolver su dilema. La cuestión es si se pueden realizar grandes progresos antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam ¿No constituye la solución de la Comisión un autoengaño para así dar un pretexto al Consejo? El Sr. Nassauer se pronunciará sobre este punto en nombre del Partido Popular Europeo. Opino que, como ante cada acción hay que superar primero la barrera de la unanimidad, la Comisión nos ofrece la solución de más vale pan y ensalada que no comer casi nada. Quisiera formular una advertencia para que no nos dejemos sorprender en un juego que, en el fondo, libera al Consejo de sus problemas y nos los traslada a nosotros. Debe valorarse mucho la idea del Sr. Wiebenga de realizar un intento. Así mismo, es estupenda la manera en que la ha plasmado en su informe. No obstante, pienso, así mismo, que las dudas que subraya en su explicación son compartidas por muchos. A pesar de todo el valor que concedemos a la manera en que ha organizado el informe, esas dudas persisten para todos nosotros y debemos, por tanto, extraer las consecuencias pertinentes.

Zimmermann
Señor Presidente, espero que haya tomado nota de que he recibido los cuatro minutos del Sr. Schulz. Me alegra que hoy se encuentre entre nosotros la Comisaria Gradin, que se ha ocupado de este tema. Siempre me ha parecido muy importante que los Comisarios estén presentes en los debates. Sin embargo, quiero expresar también mi frustración y la de mi grupo político por cómo se ha ido aplazando el informe esta semana. No estamos de acuerdo en debatir sobre este informe en un momento en el que, en opinión de todas y todos los colegas, en realidad deberíamos hacerlo sobre las urgencias pero no sobre una cuestión política tan importante como esta. Se trata de refugiados que vienen a nuestra Unión, refugiados con los que se actúa de modo vergonzoso y mezquino, donde siempre tenemos la sensación de que son demasiado para nosotros, que no tenemos ningún sitio para ellos y que más bien tenemos que preocuparnos de que estas personas se vayan lo antes posible.
Esto se refleja también en cierto modo en el modo con que mantenemos este debate. Este debate tiene lugar en un momento en que muchos colegas se ven impedidos por otros compromisos. No todos se ven afectados por las urgencias, por lo que otros compromisos se determinan ya mucho antes que nuestros debates. Esto explica porqué hay tan pocos colegas aquí presentes.
También tengo que disculpar que algunas y algunos colegas de mi grupo político que querían contribuir a este debate no puedan estar presentes porque ya mucho antes tenían fijados otros compromisos. Esto es aplicable al Presidente de nuestra comisión, quien normalmente siempre está presente durante todo el tiempo cuando nuestra comisión participa en debates en esta Asamblea. Desgraciadamente, hoy no puede participar pues desde hace mucho tiempo tiene otro compromiso que no podía aplazar más.
Quiero felicitar a mi colega Wiebenga por el trabajo que ha realizado en este informe. Sin embargo, hay algunos puntos con los que no estamos sin más de acuerdo, si bien esto lo sabe ya él mismo. Sobre todo, considero importante que el informe esté terminado antes de la reunión del Consejo que se celebrará en diciembre, de modo que el Parlamento, tras la propuesta modificada de la Comisión, tenga la posibilidad de exponer su opinión y votar al respecto.
Tras la guerra en la antigua Yugoslavia, la Unión Europea se encontró en varias ocasiones ante la situación de acoger a numerosos refugiados de diversas regiones, en los últimos tiempos sobre todo de Irak y Argelia, tal como ha indicado el señor Wiebenga. La Unión Europea no disponía en ningún caso de ningún instrumento que, por un lado, facilitase a los Estados miembros la acogida mediante medidas solidarias y, por otro, ofreciese una protección burocrática. La tragedia de los refugiados de Kosovo ha puesto de nuevo en evidencia la incapacidad de nuestros Gobiernos para reaccionar antes tales acontecimientos según sus propias convicciones morales y de derechos humanos.
Ahora, los refugiados de Kosovo son detenidos como inmigrantes ilegales en la frontera exterior de la Unión y con frecuencia se les trata además como delincuentes. Esto no puede proseguir así. Queremos poder ofrecer protección en la Unión Europea a las personas que huyen de un conflicto armado, de la violencia o de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Consideramos acertado que todos los Estados miembros actuales y futuros participen en este compromiso humanitario.
Los motivos de la huida pueden ser también la persecución étnica o religiosa. En cualquier caso, en mi grupo político estamos de acuerdo en que hay que incluir también estos motivos, lo que se refleja en el borrador del informe por propia iniciativa de mi colega Michel Lindeperg, sobre el que vamos a debatir próximamente.
No negamos que debido a una interpretación restrictiva del Convenio de Ginebra para los Refugiados ha surgido una laguna de protección en Europa para los que huyen de las guerras civiles. Hay que cerrarla, pero no sólo con las medidas presentes. Por ello, estoy a favor de que se vote positivamente sobre algunos puntos del texto propuesto originariamente por la Comisión pues son mejores que algunas de las enmiendas presentadas.
No tiene ningún sentido que en caso de una afluencia en masa, por un lado, tengamos una medida común que ofrezca a los refugiados protección en la Unión pero que, por otro lado, no adoptemos una regulación sobre cómo pueden llegar realmente estas personas a la Unión. Una vez que los Estados miembros se han decidido a aplicar las medidas comunes, sólo es lógico que no apliquen las limitaciones de visados y el principio de terceros Estados seguros.
En lo tocante a la distribución equitativa de las cargas, la propuesta de la Comisión da preferencia a la distribución financiera frente a la de las personas. Se podría apoyar esta perspectiva pues precisamente en el caso de los refugiados en Alemania se ha visto cuántos han venido porque tenían allí vínculos personales, conocían la lengua porque fueron en alguna ocasión trabajadores en este país y encontraron por ello refugio en familias. En parte se habían integrado por sus conocimientos de alemán, de modo que podían atender a sus necesidades. Dudo que esto hubiese sido posible si se hubiese transportado obligatoriamente a las personas a una región donde no hubiesen tenido ninguna relación de este tipo.
Por tanto, debido a las experiencias tenidas hasta ahora, una distribución por cuotas parece más bien contraproducente. La vía correcta es la compensación económica. No obstante, me adhiero a la opinión de mi grupo político de que antes o durante el momento de la llegada de los refugiados, se puede realizar una distribución de los mismos entre diversos Estados miembros. Sin embargo, esto precisa de una planificación muy detallada para no provocar unos daños personales y financieros aún mayores a los refugiados así como a los ciudadanos de la Unión Europea. Para finalizar, quiero decir que espero también que el Consejo apruebe próximamente propuestas concretas sobre cómo se debe hacer esto.

Nassauer
Señor Presidente, tras esta intervención de la colega Zimmermann, me pregunto si, tal como había anunciado, ha emitido la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos o si ha hablado en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos. Ruego a la Sra. Zimmermann que lo aclare.

Zimmermann
Señor Presidente, ya he dicho al principio que iba a hacer uso de los cuatro minutos del Sr. Schulz, por lo que he hablado tanto en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos como de mi grupo político.

El Presidente
Sra. Zimmermann, creo que al Sr. Nassauer le ha debido satisfacer su respuesta.

Van Lancker
Señor Presidente, supongo que puedo hacer uso de la palabra durante cuatro minutos y directamente paso a dejar claro a nuestro colega, el Sr Nassauer, que hablo en nombre del Grupo Socialista y no en nombre de algún que otro Comisario. Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, me tranquiliza especialmente que el Parlamento Europeo llegue a tratar la propuesta de la Comisión relativa a la adopción de un estatuto temporal durante esta sesión. Debe estar claro para todos nosotros que el tiempo apremia. Aunque todo el mundo reconoce que las minorías albanesas del Kosovo continúan siendo perseguidas, que desde hace años existe un problema político enorme y una guerra azota el territorio kurdo, todavía no hay un acuerdo europeo para la protección de los refugiados de esos territorios. No obstante, todos los Estados miembros se enfrentan a las situaciones más dolorosas de estos refugiados. Kosovares que huyen, que son sacados masivamente de los camiones; en algunos casos, los Estados miembros asumen su responsabilidad y abren procedimientos de asilo. En muchos otros casos, la gente es simplemente expulsada o abandonada a su suerte. La única respuesta que los países de Schengen, por ejemplo, fueron capaces de idear cuando los barcos con refugiados kurdos llegaban a la costa italiana, consistió en llamar al orden a Italia y cerrar directamente sus fronteras. Ya es hora, pienso yo, de que los Estados miembros de la Unión asuman de forma común su responsabilidad y aprueben este estatuto temporal relativo a las personas desplazadas.
Señorías, en este debate caben algunas advertencias. Primero, el estatuto temporal tiene por objeto la protección de los refugiados y la concesión de derechos sociales, únicamente en aquellas situaciones en las que una afluencia masiva impida responder a las peticiones individuales de asilo en un plazo razonable. El objeto de este llamado estatuto B, que concede menos derechos a refugiados, no puede ser socavar el estatuto A del Convenio de Ginebra. Porque seamos claros: el Convenio de Ginebra, interpretado de manera amplia y humanitaria no queda desfasado, tal como la Presidencia austriaca manifestó en un slip of the tongue en su primer documento, sino que, por el contrario, comprende la mayoría de las situaciones de las personas desplazadas, de conflictos interétnicos, de guerras civiles. El problema reside especialmente en la adopción de una definición restrictiva en el Consejo Europeo de marzo de 1996. De ahí que el Parlamento Europeo sea partidario de que los refugiados tengan derecho a realizar una petición de asilo individual, a pesar de esa protección temporal.
Segundo, en nuestra opinión, el estatuto temporal debe estar necesariamente vinculado a la solidaridad de los Estados miembros respecto de la acogida. No sólo a la solidaridad financiera, sino sobre todo también a la solidaridad de hecho para garantizar una acogida efectiva de los refugiados. Es, por supuesto, justamente en este ámbito donde se centra el problema de la aprobación de la propuesta por el Consejo. Muchos Estados miembros optarían por redimir su conciencia, preferiblemente, incluso con dinero del Fondo Europeo para los Refugiados, en lugar de acoger refugiados de forma efectiva.
Sin embargo, la Comisión ha considerado útil dividir las dos propuestas para, así, dar una oportunidad a una de ellas. He escuchado antes que el Sr. Nassauer y el PPE aparentemente quieren unir los dos elementos en un texto. De alguna una forma, eso, por supuesto, tiene sentido. Estimado colega Nassauer, todos sabemos que si hacemos esto ahora, todo el asunto de la protección temporal de las personas desplazadas queda en manos del calendario griego. Eso implica dar una argumento espléndido al Consejo para no hacer nada más.
Tercero, la propuesta prevé que la protección temporal finalice solo cuando la situación en la región de origen sea segura. Mi Grupo quisiera añadir otros dos requisitos. En primer lugar, deben respetarse los derechos humanos de los implicados y no puede haber discriminaciones. En segundo lugar, los refugiados deben poder regresar sin problemas a la zona de la que provienen y no se les debe abandonar en cualquier parte de la región. Pienso esto, no sin razón. Yo misma y muchos otros colegas nos hemos asustado bastante ante la propuesta de repatriación de los bosnios propugnada por algunos partidos políticos neerlandeses, y eso que todas las organizaciones de derechos humanos afirman que no se puede hablar de una situación segura en Bosnia. Éstos son los puntos del informe Wiebenga que queríamos mencionar. Una última cuestión, señor Presidente. Esperamos que este Parlamento no dé al Consejo un pretexto para no aprobar este estatuto temporal y espero que la Casa lo adopte.

El Presidente
Señora Van Lancker, desearía pedirle por favor que, cuando pregunta si tiene cuatro minutos, los respete si los tiene y no los prolongue a voluntad.

Nassauer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero comenzar expresando mi agradecimiento al colega Wiebenga, nuestro ponente, quien, como era de esperar, ha elaborado un excelente, cuidadoso y equilibrado informe en nombre del Parlamento. Al contrario que la impresión que acaban de querer despertar las colegas Zimmermann y van Lancker, quiero indicar que no se trata de si acogemos o no refugiados. Naturalmente, en Europa se acogen refugiados de guerras civiles, además, en cantidades de cientos de miles. El problema es la distribución de las cargas. Lo que aquí se esconde bajo el titular de «protección temporal de refugiados» es la cuestión de si en lo esencial dos Estados, Austria y Alemania, deben acoger ellos solos más del doble de refugiados que todos los demás juntos, como ha ocurrido en el caso de la antigua Yugoslavia, o si se encuentra una distribución más justa de las cargas; este es el problema político. Nadie que hable en serio en esta Asamblea pone en duda que la acogida se realiza bajo unas condiciones humanas.
El problema es urgente desde que la guerra civil en Yugoslavia ha puesto en fuga a cientos de miles de personas. Desde entonces se ha planteado la exigencia de un burden sharing . Tras algún tiempo de dudas y de insistencia por parte de los Estados afectados, la Comisión ha elaborado un primer borrador sobre este tema. No voy a analizar porqué fue insuficiente a nuestros ojos ya que la Comisión no se ha atrevido a hacer más o, lo que debo reconocer en su favor, señora Gradin, porque ha visto claramente que no se podía alcanzar más.
Respecto al punto realmente importante del burden sharing, en este borrador se decía que en caso de una afluencia en masa de refugiados, el Consejo examinará medidas adecuadas, es decir, no con el objetivo de adoptar medidas auxiliares. No, examinará medidas adecuadas, con lo que ha cumplido sus compromisos. Como regulación de distribución de las cargas, esto era absurdo, por lo que tampoco ha encontrado una mayoría en el Consejo. La Comisión ha elaborado su documento y ha llegado ahora a una idea muy especial. Ha propuesto dos actos jurídicos: el primero, sobre la acogida de refugiados y el segundo, sobre la solidaridad en la acogida de refugiados.
Si se analiza más exactamente, lo que recomiendo encarecidamente se haga, entonces se ve que la acogida de refugiados se puede acordar con mayoría cualificada, es decir, en caso necesario, incluso en contra del voto del Estado de acogida que se ve especialmente gravado, pero que las medidas de solidaridad, las medidas de ayuda pueden aprobarse sólo unánimemente y que no están prescritas obligatoriamente; es solamente una cláusula discrecional lo que se ha introducido en la propuesta de la Comisión. Esto es decididamente demasiado poco. No se trata de solidaridad, tal como indica el titular, sino que sólo beneficia a aquellos que quieren negarse a una distribución más justa de las cargas. Por ello, no podemos aceptar ambas propuestas de esta forma.
Lo que exigimos y sería adecuado es lo siguiente: la acogida de refugiados y la distribución de las cargas tienen que hacerse en un paso. Cuando se acojan refugiados tiene que estar inmediatamente claro qué países tienen que acogerlos según un baremo que debe tener en cuenta la capacidad de aceptación y el potencial económico. Si no se hace así, no se realizará a continuación una distribución justa de las cargas.
Hay también algunos detalles dignos de mención. Nuestro punto central radica en la acogida de refugiados en diferentes países y no en medidas de ayuda financiera. Señora Gradin, también pedimos que se examine si es correcto cifrar la acogida provisional en cinco años. Cinco años es más bien un hecho migratorio que una protección provisional. Mi experiencia me dice que quien ha estado cinco años en un país de acogida es muy difícil que lo abandone de nuevo.
Tendremos que debatir sin duda aún sobre más detalles. Me remito al problema de la reunificación familiar. Sería más correcto ofrecer a aquel que está fuera la oportunidad de entrar en lugar de proporcionar a aquel que ya ha entrado en la Unión la posibilidad de traer a toda su familia. Esto multiplica el número de acogida y, en consecuencia, las cargas que se deben soportar en este caso.
Para nosotros la cuestión era política: el progreso que aquí se alcanza, a pesar de todas las críticas, es tal que se puede aprobar o es tan poco que un voto favorable nos gravaría en el futuro con la observación crítica del siguiente tenor: pero si está regulado. Nosotros decimos que lo que aquí se ha logrado es tan poco que no nos podemos dar por satisfechos. Por ello, señora Comisaria, sintiéndolo mucho, tenemos que rechazar ambas propuestas.

Goerens
Señor Presidente, deseo ante todo rendir homenaje al trabajo de nuestro colega, Jan Wiebenga, sobre la protección temporal de las personas desplazadas
El informe que nos presenta, así como el proyecto de resolución legislativa, en la hipótesis de que el Consejo lo aprobase, constituiría un buen instrumento para hacer frente a una ola migratoria como la de Bosnia-Herzogovina o, quizá más cercano a nosotros, a un movimiento masivo de personas desplazadas de Kosovo hacia los Estados miembros de la Unión Europea.
Empleo el condicional por la simple razón de que nunca se pueden tomar las suficientes precauciones oratorias, puesto que el Consejo, que debe zanjar en el mes de diciembre la cuestión que debatimos, está lejos de ser unánime sobre las propuestas que acaba de exponer Jan Wiebenga.
Las propuestas de acción común de la Comisión relativas a la protección temporal de las personas desplazadas y a la solidaridad en la acogida y estancia de los beneficiarios de dicha protección constituyen un todo. El ponente ha subrayado el carácter complementario de la primera parte de su documento con respecto a la Convención de Ginebra sobre los refugiados. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y proponemos mantener la presión sobre todos los organismos internacionales, sobre todas las autoridades afectadas, con el fin de influir en el Derecho internacional en la materia.
Por otro lado, la experiencia nos enseña que una desigual repartición de las cargas es la causa de muchos problemas relacionados con la aplicación del derecho de asilo o al trato de las personas que, por una razón u otra, no ven otra salida a su triste destino que atravesar las fronteras de la Unión Europea.
Recordemos el pánico -iba a decir: el ridículo, si la situación no hubiese sido tan seria- que el año pasado había provocado la llegada de algunos kurdos a Italia, como si la presencia de algunos miles de kurdos en el territorio de la Unión Europea fuese capaz de desestabilizar a 350 millones de europeos. Evidentemente, es absurdo.
Si las propuestas de este informe, y concretamente las relativas al reparto de las cargas en relación con la problemática de las personas desplazadas, hubiesen estado vigentes en ese momento, mucho apostaría que el psicodrama al que acabo de referirme no habría tenido lugar.
Estas son las razones, que tienen que ver con la moral, la ética o simplemente con una necesidad elemental de solidaridad, por las que es importante repartir las cargas de manera justa. El ejemplo de la afluencia de algunos miles de kurdos a Bari evidenció la falta de solidez y las lagunas de la problemática y de la aplicación de las normas actuales. Lo cual demuestra que, en caso de llegada masiva de refugiados a nuestro territorio, Europa estaría mal preparada para gestionar una situación de ese tipo.
No querría, con todo, que este debate se convirtiese en un diálogo de sordos sobre esta cuestión, porque, entre todo o nada, existe, no obstante, un progreso serio, y por esta razón pido a la Asamblea que apruebe las medidas preconizadas por nuestro amigo Jan Wiebenga, a quien deseo dar de nuevo muy sinceramente las gracias.

Lagendijk
Señor Presidente, siempre nos agrada poder comprobar que un ponente se empeña en mejorar un informe de la Comisión que ya es bueno de por sí. Como ya hizo con éxito en el pasado, el ponente al que me refiero ha procurado hacer lo mismo en el caso que nos ocupa. Estamos de acuerdo con las grandes líneas de sus propuestas. No obstante, hay un punto importante que no podemos apoyar. Se trata de la enmienda 5 al artículo 3, que tiene por objeto prorrogar la duración máxima de este régimen, que en la propuesta se determina en cinco años, con otros cinco años más. Respecto a esta cuestión quisiera formular dos serias objeciones.
La primera consiste en que, en cualquier caso, el primer período de cinco años ya me parece excesivamente largo para un estatuto temporal. De lo que se trata aquí es de un régimen de acogida para personas desplazadas temporalmente y en estas circunstancias, cinco años es mucho tiempo, tal y como se ha venido comprobando en los casos acaecidos hasta la fecha. Si somos partidarios de una integración estable, una incorporación estable en la sociedad no es oportuno que las personas acogidas tengan durante cinco años la impresión de que al día siguiente o tal vez al final de dicho período puedan acogerse a otro estatuto mucho mejor, y menos que al cabo de esos cinco años puedan volver a sumirse en un estado de inseguridad inaceptable durante otros cinco años más. Por todo ello rechazamos tajantemente la propuesta del ponente de crear un estatuto temporal de diez años como máximo.
Otra pregunta, que en realidad no va dirigida al ponente sino más bien al Comisario, concierne a la falta de transparencia respecto al papel del ACNUR. Se hacen varias observaciones al respecto, pero leo por ejemplo en el artículo 2.2 de la segunda propuesta sobre la solidaridad financiera: puede consultar al ACNUR. Nosotros optaríamos en este caso por el verbo «debe» y, como parecen demostrar algunos comentarios, eso es lo que a veces pretende la Comisión. Quisiéramos, por tanto, que el Comisario aclarase este punto.
Uno de los aspectos positivos del informe es que las personas desplazadas temporalmente no van a ser enviadas continuamente de un lado para otro. Ahora vemos cuáles pueden ser las consecuencias de tal actitud, puesto que en el marco de los acuerdos de Dublín los solicitantes de asilo sí pueden padecer esta situación. A raíz de dichos acuerdos grandes grupos de refugiados están abandonados a su suerte, incluso en los Países Bajos, donde no son acogidos porque previamente han estado en otro país europeo. Por fortuna, aquí no se ha formulado esta propuesta y me alegro de ello.
Por último, el ponente pretende que la palabra «solidaridad» sea borrada del informe. Su propuesta se fundamenta en argumentos formales convincentes. A mí me gustaría que no desapareciera el concepto «solidaridad» ni el sentimiento que inspira sino que sólo se cambiara la palabra.
No puedo por menos que observar que parece ser más fácil llevar a cabo una política liberal en materia de asilo en Europa que en los Países Bajos. Aludo con eso al Sr. Wiebenga, cabeza de lista del Partido Popular Neerlandés para la Libertad y la Democracia en las próximas elecciones europeas, y debo admitir que su actitud liberal clásica, que ya se ha mencionado antes, me llega al alma. No puedo decir lo mismo con respecto al comportamiento que adopta su partido en el Parlamento neerlandés.

Pradier
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea apoyará sin reservas el texto que nos presenta nuestro colega Wiebenga, a quien felicitamos cumplidamente, de paso, por su tenacidad en relación con esta cuestión. Hoy la dificultad consiste en que es necesario, por una parte, que los refugiados se beneficien de un régimen común de protección y, por otra, que los Estados y los gobiernos que los reciben realicen esfuerzos comparables o, al menos, que sean compensados presupuestariamente.
Sin embargo, todo esto parece evidente. La verdadera dificultad radica en la ausencia de Europa. Hace un momento, nuestro amiga Zimmermann -que lamentablemente no está presente- aludía al carácter desértico de este hemiciclo, que representa exactamente la total ausencia de Europa en cada una de las situaciones de crisis actuales. Europa no existe, para ser absolutamente claro, no se ha dotado de los medios para estar presente y activa, Europa no tiene peso en ninguna de las crisis. Lo vemos muy bien en el Mediterráneo oriental, lo vimos en Bosnia, lo vemos en Kosovo. La ausencia de Europa es un desastre, sobre todo porque la propia Organización de las Naciones Unidas no ha sido capaz de crear una estructura de intervención que permita mantener la paz o, en todo caso, prevenir los conflictos armados, limitar su extensión cuando se producen y proteger a las poblaciones civiles.
¿Eso quiere decir que queremos convertirnos en gendarmes del mundo, a semejanza de una u otra gran potencia? No; pero, en cambio, tenemos el deber de fomentar estructuras de intervención de una policía internacional, que no tendría por qué ser europea, y nosotros queremos actuar en este sentido. Mientras tanto, concederemos lugares de acogida temporales, daremos protección a los refugiados, y no tendremos cargo de conciencia cuando los expulsemos a sus países el día en que la situación haya cambiado, en que sea menos candente y en que nuestra mala conciencia se haya aplacado.
Suscribimos el Informe Wiebenga, pero éste es sólo un comienzo. Lo esencial aún queda por hacer.

El Presidente
Le doy las gracias, señor Pradier. Desearía pedir a nuestros amigos que se encuentran en las tribunas que guardasen silencio durante las discusiones. Desgraciadamente, debemos exigirlo y no deseo verme obligada a ordenar que se desalojen las tribunas.
Si la intervención de los oradores provoca entusiasmo, sírvanse conservarlo para ustedes y expresarlo en otro sitio.

Buffetaut
Señor Presidente, ante todo deseo dar las gracias a mi colega Wiebenga por su trabajo. A pesar de no estar siempre de acuerdo con él -en este caso, no estoy de acuerdo con algunos aspectos de su informe-, reconozco de buen grado que es una persona que realiza su trabajo con mucha seriedad y con una gran cortesía. Dicho esto, me parece sorprendente hablar de una protección temporal de cinco años, que puede ampliarse a cinco años más, es decir, por una duración de diez años, lo que considero absolutamente excesivo. En efecto, nos alejamos entonces del ámbito de la protección temporal, para entrar en el de la emigración, que no es el tema de hoy.
Por otra parte, me sorprende que se quiera sustituir la regla de la unanimidad, que presidía hasta ahora las decisiones sobre los mecanismos de solidaridad, por la de la mayoría cualificada. Si se desea que el sistema funcione, los Estados afectados deben aceptarlo. Pero me uno a mi amigo Pradier, para decir que esta cuestión plantea en el fondo el problema de la influencia internacional de Europa. Se nos dice: «Europa es la paz», pero Europa no es la paz, puesto que hemos visto que, desgraciadamente, en Europa hay guerra y que la Unión Europea deja que los Estados Unidos solucionen los conflictos europeos.
Me pregunto si la voluntad encarnizada de tener una política común en materia diplomática es la vía correcta, y si no hubiese sido preferible, sobre todo para solucionar el conflicto yugoslavo, utilizar las competencias, las tradiciones y las relaciones históricas de algunas naciones de Europa -por ejemplo, Alemania con Croacia, Francia con Serbia-, en lugar de buscar inútilmente una posición unanimista que, finalmente, ha condenado a Europa a una forma de impotencia, que ha sido a la vez deplorable para los países afectados y para la propia Unión Europea.
En cuanto a los refugiados, es evidente que nuestro deber es acogerlos. Tenemos un deber, sobre todo frente a Europa central. Nunca dejaré de repetir suficientemente que los países que componen la Unión Europea se han beneficiado durante cuarenta años de la libertad y de la prosperidad a costa de la dependencia y de la miseria de los países de Europa central.

Vanhecke
Señor Presidente, como mi tiempo de uso de la palabra asciende exactamente a 90 segundos - por cierto, insisto en que el Parlamento hace el ridículo al reducir el tiempo de uso de la palabra en un debate tan sumamente importante como el de la política en materia de asilo de tal manera que a los oradores no les queda más remedio que hablar de superficialidades - mi intervención se ceñirá a dos citas importantes.
La primera recoge unas palabras del representante por excelencia de los liberales neerlandeses, Frits Bolkestein, y es anterior a las últimas elecciones europeas. Cito: «Los refugiados no europeos deben ser acogidos en países seguros en el continente del que proceden. En cuanto la situación en su país de origen vuelva a ser segura, todos los refugiados acogidos procedentes de dicho país han de regresar.» Curiosamente, no encuentro este espíritu ni en el informe ni en la intervención de nuestro colega liberal neerlandés Wiebenga, aunque supongo que ha sido elegido en razón de este programa. Ello me lleva a pensar que, tal vez, el Partido Popular Neerlandés para la Libertad y la Democracia maneje dos programas, uno para los electores y otro para los elegidos, uno para la campaña electoral y otro para después.
La segunda cita proviene del socialista flamenco Louis Tobback que, en un libro de corte electoral, define a la gran mayoría de los refugiados como sigue: «Gaviotas que vienen aquí a posar en un basurero porque les resulta más cómodo que pescar o cultivar la tierra en su casa.» Que conste que no son palabras mías. Ni siquiera reflejan mi convicción política. Se trata de las palabras y de la convicción del gran jefe de los socialistas flamencos. Así que también los elegidos de este partido cantan una canción bien distinta a la que canta la ejecutiva del partido en casa para sus propios electores. Eso se llama engañar al electorado y seguiré denunciándolo.

Elliott
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Wiebenga por un informe positivo en el que -en mi opinión- hace propuestas extraordinariamente válidas. Resultaba muy claro que teníamos que prestar más ayuda en relación con la crítica situación que ha habido en Kosovo y en Bosnia en los últimos años: la afluencia temporal de gran cantidad de personas.
Sin embargo, aunque apoyo firmemente la necesidad de mantener el derecho individual de las personas que sufren persecución a buscar asilo, consagrado en el Convenio de Ginebra, derecho que existe desde hace más de 50 años, creo que debemos examinar con sentido crítico la forma como debemos abordar la situación de personas que no necesariamente huyen de la persecución de sus gobiernos, según la concepción en que se basa el Convenio de Ginebra, sino que huyen de la guerra civil, de la total descomposición de la ley y del orden en las sociedades en las que viven o de la persecución padecida por grupos de la sociedad a los que los gobiernos no desean o no pueden proteger. Se trata de una medida muy importante y espero que dé resultado. No obstante, sigo abrigando ciertas reservas, no tanto respecto de la primera parte del informe del Sr. Wiebenga, que me parece que puedo aceptar totalmente, cuanto de la segunda parte.
En primer lugar, sobre la cuestión de la necesidad de compartir la carga: el Sr. Wiebenga se ha referido a que ciertos Gobiernos de la Unión Europea, incluido el de Gran Bretaña, abrigan reservas a ese respecto. El de la necesidad de compartir la carga parece un principio válido, pero, ¿cómo se debe aplicar? ¿Deberá recaer una carga mayor sobre los países mayores? ¿Deberán aceptar una cantidad mayor los países más ricos? ¿Deberán recibir menos en el futuro los países que en el pasado han acogido el mayor número? Hay que tener en cuenta detalles de todas clases y solucionar complicaciones de todo tipo respecto de la necesidad de compartir la carga.
Después pasamos al aspecto abordado en el apartado 1 del artículo 2 de las propuestas, en el que la enmienda que tenemos ante nosotros -la nº 10- propone que pasemos a una votación por mayoría en el Consejo, en lugar de la unanimidad. No es algo que ni yo ni los diputados laboristas británicos podamos aceptar, por lo que vamos a tener que disentir a ese respecto, si bien hay muchos aspectos del informe con los que estamos de acuerdo.
Reviste importancia decisiva que solucionemos esas cuestiones y superemos las dificultades y los problemas para que podamos cumplir con nuestro deber de ofrecer refugio a quienes huyen de verdad de la persecución y que son muchos. Sabemos que algunos no son auténticos, pero debemos velar por que, al intentar excluirlos, no incumplamos nuestro deber de ayudar a los que de verdad lo necesitan, por la persecución que padecen.

Pirker
Señor Presidente, señora Comisaria, en los últimos meses de este año el número de solicitantes de asilo ha crecido de modo similarmente intenso y dramático a los años 1991 y 1992. Constatamos que se ven afectados por esta avalancha de solicitantes de asilo exactamente los mismos países que en 1991 y 1992. Mi colega Nassauer ha indicado que Alemania y Austria acogieron en aquellos años a más de la mitad de los refugiados. La carga para estos Estados es grande y sabemos que la capacidad de integración llegará a sus límites si prosigue esta evolución. Por ello, ruego encarecidamente que en el futuro se realice una distribución personal de las cargas. Lo que está pasando es insostenible y las propuestas que se han puesto hasta ahora sobre la mesa no son adecuadas para solucionar realmente el problema.
Es absolutamente necesario para Europa que se realice una distribución de las cargas. Califico las propuestas que se han presentado como una coartada para que no se llegue realmente a una solución. La acogida debería realizarse por mayoría, es decir, que se pueda llevar a cabo también en contra de la voluntad de los países afectados. Pero la distribución de los refugiados depende de la unanimidad, por lo que se puede partir del hecho de que no va a tener lugar. Esto tiene como consecuencia que en el futuro se van a seguir viendo afectados los países que se ven más intensamente confrontados a los flujos de refugiados. Todo esto tiene además un efecto de potenciación pues se trata de los países que han acogido antes también al mayor número de trabajadores extranjeros integrándolos con sus familias, por lo que van allí los solicitantes de asilo ya que tienen allí a sus parientes, conocidos y amigos. Me temo que si no llegamos rápidamente a soluciones, la capacidad de carga no sólo va a llegar a sus límites sino que se va a sobrepasar en algunos países, lo que nadie de nosotros deseamos.
El segundo punto es una propuesta totalmente inaceptable por parte del Grupo de los Verdes; el Sr. Voggenhuber ha dicho que el refugiado puede traer ya consigo a todos sus parientes. Todos sabemos lo que esto significaría. Habría que contar con una multiplicación por cuatro o por cinco de la presión migratoria y los problemas que derivarían de ello se los puede imaginar cualquiera.
Tampoco entiendo que según la propuesta se pueda conceder un derecho de estancia provisional de cinco años, aspecto este en el que he recibido el apoyo del ala izquierda de esta Asamblea, lo que me alegra especialmente. En Austria, durante la última crisis hemos acogido más de 60.000 solicitantes de asilo procedentes de Kosovo y que hemos integrado a una gran parte de ellos. Pero también sabemos por la experiencia lo difícil que es que vuelvan de nuevo a sus países personas que llevan ya tres años en un país y proporcionarles ayuda para la reintegración. Será dificilísimo. Para hacer posible realmente esta reintegración, se debería conceder un permiso de estancia provisional de tres años como máximo y sólo en situaciones especiales conceder una prórroga. Queremos lograr con ello que las personas que están desarraigadas y que se encuentran en otros países, puedan volver de nuevo y que no se les sustraiga la posibilidad de integrarse de nuevo en sus antiguas comunidades.
El Informe Wiebenga ha mostrado sin duda que necesitamos soluciones. Lo que se ha presentado no es aún el concepto que necesitamos. Sería deseable que se pusiese sobre la mesa lo antes posible una solución pues el tiempo apremia y los problemas los tenemos ya.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, me produce una gran tristeza lo que he venido escuchando hasta el momento. Y estoy triste porque tengo la impresión de que se está tratando de crear una alianza que no tiene nada de santa -una alianza que podríamos quizás considerar en otro contexto-, con lo que, por otra parte, es posible afirmar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si rechazamos esta propuesta y no conseguimos presentar otra propuesta acertada en su lugar, corremos un riesgo más que evidente de que el Parlamento se desentienda completamente del asunto, en cuyo caso el Consejo podría alegar que no deseamos actuar al respecto. ¿Es esto lo que quiere el Parlamento? Porque en caso de que así fuera, ¡deberíamos reflexionar verdaderamente sobre cuál es nuestra función! De hecho, creo que todo esto tiene inevitablemente mucho que ver con lo que aquí se ha dicho acerca de las posiciones de los diputados. En este debate han participado personas que han intentado retrasar los trabajos precisamente con estos mismos argumentos. Si ahora que reina algo de paz en nuestras fronteras exteriores no lo llevamos a cabo, ¿cuándo vamos a hacerlo?
Espero verdaderamente que podamos recobrar nuestras fuerzas y reconocer la excelente iniciativa del Sr. Wiebenga. Creo que lo más importante es que podamos adoptar una toma de decisiones por mayoría, ya que ello significaría que Europa es capaz de poner sus ideas en orden. Es evidente que las decisiones se adoptarán en coordinación con los Estados miembros implicados, pero el Estado más reacio a actuar no podrá impedir esta toma de decisiones.
Me gustaría que mi país participara en este marco de cooperación. Yo también soy de las que piensan que Finlandia ha asumido muy pocas responsabilidades y ha venido practicando una política muy poco previsora en materia de refugiados. Como ya he dicho, me gustaría felicitar al Sr. Wiebenga. Espero que su informe cuente con el respaldo de todos, ya que, de lo contrario, seríamos testigos de un hecho escandaloso durante la votación. Desearía únicamente hacer una ligera observación en el sentido de que deberíamos hacer una mayor referencia a la resolución n- 13/48 del Consejo Europeo del año pasado, en la que se solicita a la UE y a la Comisión que colaboren con aquél en este tipo de cuestiones.

Lindholm
Señor Presidente, también yo desearía felicitar al Sr. Wiebenga. Es evidente que todos los países democráticos, y por lo tanto también los Estados miembros de la Unión Europea, han de practicar una política generosa en el ámbito de los refugiados. No obstante, todos sabemos que esta política aún deja mucho que desear. Se necesita una cooperación constructiva para ayudar a las personas necesitadas y a los refugiados, una cooperación que deberá implicar también acuerdos voluntarios en torno a un reparto solidario de las cargas. A pesar de ello, no creo que sea necesario promulgar legislación a este respecto. ¡Sería algo engorroso! Estamos hablando de humanidad, de valores humanos, de algo que debería ser de por sí una obviedad.
Si perseguimos una política que cuente con la aceptación de los ciudadanos de la UE, es extremadamente importante lograr una unanimidad en la toma de decisiones. Naturalmente, en el Grupo de los Verdes deseamos que se apoyen nuestras enmiendas, a la vez que consideramos una iniciativa interesante la propuesta de la Comisaria Gradin en torno a una acción común en materia de protección temporal. El informe refuerza la dimensión humana. Sin embargo, es necesario ver en este instrumento un suplemento, un añadido a la Convención de Ginebra sobre el asilo, no una alternativa. Es importante que los refugiados puedan seguir recibiendo protección en el marco de esta convención, ya que cualquier otra circunstancia sería inaceptable.

Maes
Señor Presidente, en cualquier periódico europeo que uno pueda abrir se topa enseguida con el dramático problema de los solicitantes de asilo y las desavenencias de los respectivos Gobiernos en torno a la cuestión. Estamos ante un problema gigantesco, no podemos negarlo, y debo admitir que si a mí me han enseñado en la escuela que gobernar es prever, en los diferentes países europeos se ha gobernado últimamente de mala manera. Era evidente que el conflicto de la antigua Yugoslavia provocaría una huida masiva de refugiados. El conflicto que actualmente asola a Kosovo ya era previsible hace dos años. El inicio de los debates sobre la necesidad de crear un estatuto para personas desplazadas se remonta al año 1997. Por todo ello, me parece que ya va siendo hora de que pongamos manos a la obra. Acojo con mucho interés las diferentes tendencias, desacuerdos y preocupaciones de todo el mundo, pero, señor Presidente, no podemos perder de vista que en no pocas ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. Si en este momento no disponemos de una solución europea, no se dispone de una solución en ningún lado. Porque cuando Alemania encuentra una solución distinta a la de los Países Bajos, los flujos se desplazan. Es tan simple como eso. Por todo ello, es fundamental que contemos con un estatuto europeo y que encontremos una solución aceptable para el concepto de solidaridad. Por esta razón votaremos a favor de las propuestas, aun cuando nos inclinemos a discutir sobre una serie de aspectos sin duda importantes pero sobre los cuales nunca lograremos ponernos de acuerdo y que no pueden impedir que se haga lo que se deba hacer.
Pero a pesar de todo, señor Presidente, me sigue pareciendo una auténtica vergüenza que no dispongamos de una política exterior común digna de este nombre. No deja de ser una vergüenza que los países europeos se resistan a afrontar las verdaderas causas de estos flujos de personas en busca de seguridad y una mejora de su condición. Nuestra política de cooperación al desarrollo ha fracasado y cerramos los ojos ante la necesidad de llevar a cabo una política de movilidad que tenga en cuenta a las personas, no sólo al capital y las mercancías.

Hager
Señor Presidente, la situación de los refugiados de Kosovo exige urgentemente una solución que aporte sobre todo una distribución personal más justa. Aquí se ha reconocido que Austria ha reaccionado ejemplarmente ante las situaciones de crisis de los últimos años, ha acogido a personas desplazadas, sobre todo de la zona de crisis de Bosnia y ha integrado a la mayoría de ellas en la sociedad.
Entretanto -tal como ha dicho acertadamente el Sr. Pirker- la población austríaca ha llegado al límite de su capacidad de carga. Si no queremos que en la Unión Europea la palabra solidaridad sea una palabra vacía de contenido, ha llegado el momento de llevar a la práctica los objetivos comunes. Ningún país miembro debe exonerarse de la responsabilidad. Todos deben acoger refugiados en función de su tamaño y de su número de habitantes y demostrar así la tan pregonada conciencia europea.
Creemos -además por los motivos que el Sr. Nassauer ha expuesto- que la separación de la propuesta en dos partes y el aplazamiento de la cuestión de la distribución de las cargas derivada de ello no es defendible. Sólo la rápida adopción de una resolución sobre el paquete global hará justicia realmente a los intereses de los ciudadanos europeos.

Posselt
Señor Presidente, no quería molestar al Sr. Hager sino solamente decirle lo siguiente. A las cuatro y tres he pedido la palabra para una cuestión de orden por el siguiente motivo. Hay dos posibilidades: o comienza a las 16.00 en punto con el debate de urgencia o acepta todas las intervenciones en la cuestión el Informe Wiebenga. Pero lo que no puede ser es que conceda la palabra a algunos colegas después de las 16.00 horas y aplace otras intervenciones para la tarde. O una cosa u otra.

El Presidente
Señor Posselt, debía terminar la primera ronda de oradores de todos los grupos políticos. De ahí el retraso de tres minutos.
Se interrumpe el debate sobre el informe Wiebenga. Proseguirá una vez realizada la votación sobre los asuntos de actualidad.

Wiebenga
Señor Presidente, doy por supuesto que la Comisaria, la Sra. Gradin, podrá volver a hacer uso de la palabra en el curso de este debate para responder a nuestras observaciones y preguntas.

El Presidente
Señor Wiebenga, debe entender que el orden del día ha sido fijado y es la que seguimos. El debate sobre su informe se continuará una vez realizadas las votaciones.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
El orden del día prevé el debate sobre asuntos importantes de actualidad y urgencia.

El Presidente
El orden del día prevé el debate común sobre las siguientes siete propuestas de resolución sobre la ayuda alimentaria a Rusia.
B4-1002/98, de los parlamentarios Väyrynen y Kjer Hansen, en nombre del Grupo ELDR, - B4-1008/98, del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo PSE, - B4-1018/98, del Sr.. Carrère d'Encausse, en nombre del Grupo UPE, - B4-1019/98, del Sr. de Lassus Saint Geniès, en nombre del Grupo ARE, - B4-1030/98, de los parlamentarios Schroedter, Lagendijk y Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes, - B4-1034/98, del Sr. Provan y otros, en nombre del Grupo PPE y- B4-1043/98, del Sr. Seppänen y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL.
Bertens
Señor Presidente, señor Comisario, me voy a referir a la ayuda a Rusia. El Grupo Liberal está a favor de que la Unión presté ayuda de emergencia a la Federación Rusa. De ello no cabe duda. La población de dicho país se encuentra en una situación extraordinariamente difícil y precaria y está pasando mucho frío. No podemos cerrar los ojos ante la suerte de este pueblo. A la luz de estos problemas, nuestra tenacidad, que se fundamenta en razones puramente presupuestarias, es un flagrante despropósito. Por otra parte, el Gobierno ruso ha de comprender que a una señal positiva de nuestro lado debería corresponder una señal positiva de su parte.
Las soluciones duraderas para los problemas que sufre la economía rusa pasan necesariamente por una política financiera responsable e implacables compromisos con el FMI. Ya lo sé, son palabras muy fáciles de pronunciar en comparación con la tarea tan ardua que reflejan.
La lucha contra la fraude desempeña un papel primordial. De la misma manera, la Unión ha de respetar en la medida de lo posible el mercado ruso a la hora de prestar ayuda de emergencia. Por todo ello, insto al Consejo a que apruebe en breve la propuesta de la Comisión de poner 400 millones de ecus a disposición de los rusos. La Comisión, por su parte, tendrá la obligación de consultar al PE en vista de la elaboración de su Memorandum of Understanding . Le agradezco que me haya concedido más tiempo de uso de la palabra.

El Presidente
Señorías, el tiempo del que disponemos para el debate de los temas de actualidad es escaso, lo saben. Por tanto, pediría por favor que lo tuvieran en cuenta durante su intervención.

Krehl
Señor Presidente, hoy hablamos sobre un problema muy importante, sobre las ayuda alimentaria a Rusia. Es importante porque Rusia no sólo está pasando una crisis económica y financiera durante las últimas semanas y meses, sino también porque tienen que superar las consecuencias de una cosecha fallida. En 1998 solamente se ha obtenido la mitad de la cosecha esperada de cereales. En el caso de las patatas la situación no es mucho mejor y en los pequeños huertos que tienen la mayoría de los rusos y que necesitan para su abastecimiento básico de alimentos, se han obtenido asimismo unos rendimientos sensiblemente inferiores.
La caída del rublo ha hecho el resto. La mayoría de los rusos apenas puede comprarse alimentos. Viven por debajo o justamente al límite de la pobreza. La necesidad de ayuda es pues innegable, de lo que me he podido convencer además en visitas que he realizado a Rusia durante las últimas semanas. Sobre todo, los niños y las personas mayores dependen urgentemente de nuestra ayuda. Las primeras noticias sobre hambrunas ya han llegado a nuestros medios.
En lo tocante a la ayuda alimentaria que quieren proporcionar el Consejo y la Comisión, solamente hay una cosa clara hasta el momento: se trata de una ayuda para los agricultores europeos, quienes como consecuencia de la devaluación del rublo ya no pueden ofrecer sus productos en el mercado ruso. Si los alimentos van a parar realmente a los orfanatos, escuelas u hospitales, es decir, a los necesitados, es aún algo dudoso. Se quiere vender los productos agrícolas a los precios usuales en el mercado, meter los ingresos obtenidos en un fondo especial del presupuesto ruso y dedicarlos más adelante a finalidades sociales.
Es absolutamente necesario que la Comisión recapacite de nuevo sobre si este es el camino correcto. No podemos permitirnos que aparezcan alimentos en el mercado negro o que vayan a parar incluso a las exportaciones rusas. Queremos apoyar a los pobres de Rusia y no a la Mafia. Por ello, en la resolución exigimos que junto a la ayuda alimentaria se proporcione también ayuda humanitaria. La Cruz Roja rusa, las Iglesias y las ONG han prometido su ayuda para averiguar las necesidades y para la distribución de los alimentos y medicamentos y disponen además de los correspondientes sistemas de distribución.
Otra cuestión es la financiación de la ayuda alimentaria. Si realmente es así que se va a ayudar y apoyar a los agricultores europeos, creemos que la financiación se debería realizar desde la categoría de la política agrícola, la Categoría I, y no a costas de la política exterior aunque se trate de una buena finalidad para Rusia. Insto a la Comisión para que adopte las correspondientes decisiones. Con la ayuda alimentaria no se solucionan los problemas estructurales en Rusia. La misma Rusia tiene que actuar y presentar y aplicar por fin los correspondientes programas.

Van Bladel
Señor Presidente, en Estrasburgo estamos a dos grados de temperatura e incluso ha nevado, pero nosotros no pasamos frío y tenemos comida más que suficiente. Por eso mismo, me parece obvio que pretendamos ayudar a los rusos que están pasando un frío extremo y no tienen nada para comer. Mi lema es: ayudemos a los rusos a pasar el invierno.
Evidentemente, no hemos olvidado que muchos de los miles de millones en préstamos concedidos a Rusia han caído en saco roto y han privilegiado a una elite adinerada. La reciente visita del Canciller Schröder al Presidente Yeltsin ha puesto de manifiesto que la flexibilidad alemana en materia de créditos pertenece definitivamente al pasado. 720 bancos están a punto de cerrar sus puertas y el resto de las entidades financieras no puede cumplir sus compromisos. Es necesario que Rusia inicie otra vía distinta si pretende salir del atolladero financiero y económico.
Sin embargo, nada parece indicar que el país vaya a cambiar de rumbo. Según los últimos planes que ha dejado entrever, el Primer Ministro Primakov tiene la intención de incrementar la intervención del Estado. Está claro, pues, que ha hecho oídos sordos a los consejos del Sr. Schröder, que le emplazó a aplicar las normas del FMI. A pesar de ello, no podemos desatender el llamamiento de la Cruz Roja Internacional para prestar ayuda alimentaria a la población más pobre de las regiones más alejadas. Me alegro, por tanto, de que la Comisión haya tomado la iniciativa.
Como contrapartida, considero que los rusos deben comprometerse a no cobrar impuestos de importación, a permitir que se controle el fraude y a no obstaculizar la distribución. El tiempo apremia. Queremos ayudar a los rusos a que pasen el invierno, pero han de dejarnos un margen suficiente para que podamos explicar a los ciudadanos europeos que los impuestos europeos se emplean adecuadamente. Ayudemos a los rusos a que pasen el invierno, pero no nos olvidemos de ejercer el control necesario.

Dupuis
Señor Presidente, el Sr. Bertens lo ha dicho diplomáticamente, pero creo que se puede decir de manera más directa. La realidad es que hoy somos prisioneros de nuestros créditos a Rusia. Es evidente que, frente a una situación humanitaria desastrosa como la que conoce Rusia, el Grupo de Coalición Radical Europea votará positivamente esta resolución en favor de la ayuda humanitaria a Rusia. Pero la verdad es que no tenemos una política con respecto a Rusia y que no logramos tener una política porque los rusos, gracias a nuestros créditos y gracias al poder que éstos le proporcionan indirectamente sobre nuestros bancos, están en condiciones de hacer lo que deseen: permanecen sordos a las peticiones de la Unión Europea; no realizan privatizaciones, sobre todo de tierras, que darían a Rusia la posibilidad de producir lo que necesita para su consumo. Nos encontramos, por lo tanto, totalmente acorralados, en la imposibilidad de promover y de fortalecer una política de reforma en Rusia. Este es el verdadero problema: la ausencia, una vez más, de una política europea.

Lagendijk
Señor Presidente, en el debate sobre la ayuda de emergencia se suele plantear la pregunta de si esta ayuda realmente es imprescindible. ¿Realmente existe una falta de alimentos en Rusia? Si queremos ser sinceros, tenemos que admitir que esta pregunta, al ser tan general, tiene difícil respuesta. Pero sí estoy convencido de que regiones enteras y amplios grupos de la población realmente no disponen de alimentos suficientes. Me refiero especialmente a las regiones situadas en el norte de Rusia. Esta mañana he leído en el periódico que incluso los esquimales del norte de Rusia se ven afectados por la falta de alimentos y que huyen masivamente al sur. Tampoco debemos olvidarnos de colectivos como el de las personas mayores solas, los sin techo y los presos que seguramente carecen de alimentos. Por otra parte, también es evidente que prácticamente en todas partes la escasez de alimentos va acompañada de una falta de medicamentos. Por ello, nos parece oportuno que prestemos dicha ayuda de emergencia. Según tengo entendido, la Comisión está pensando en vender la ayuda en lugar de ofrecerla gratuitamente a fin de crear un fondo social con los beneficios. Opino que, en tal caso, debemos poner como condición que los precios no sean demasiado elevados puesto que, de lo contrario, la ayuda no llegaría a los grupos destinatarios, que suelen ser las personas con menor poder adquisitivo, mientras que sí alcanzaría a los mas adinerados, que tienen la posibilidad de comprarla.
Lo que debemos evitar a toda costa, y lo digo con conocimiento de causa por haber mantenido durante las últimas semanas unos contactos relativamente intensos con sectores de la población rusa, es que la gente en Rusia, y también en Europa, tenga la impresión de que esta ayuda alimentaria sirve para vender a bajo precio los excedentes europeos. De que el interés de Europa por deshacerse de sus excedentes prevalece sobre el interés que tienen ciertas regiones rusas y ciertos rusos en obtener suficientes alimentos. En ningún momento podemos causar esta impresión.
Para concluir, señor Presidente, querría insistir en algo que ya se ha repetido muchas veces: el problema de la distribución. Me puedo imaginar que la Comisión no sabe a ciencia cierta si todo lo que se vaya a importar llegará a su destino. Yo sugeriría que se colaborara con las regiones en lugar de intentar llevar la ayuda a través de un canal de distribución nacional. Estoy convencido de que la colaboración regional ofrece mayor seguridad, o al menos, mayores probabilidades de que los alimentos y los medicamentos lleguen ahí donde se necesiten.

Provan
Señor Presidente, no es frecuente que un diputado de este sector de la Asamblea pueda hacer uso de la palabra y estar de acuerdo con lo que acaban de decir los Verdes. Acojo con el mayor beneplácito lo que el Sr. Lagendijk acaba de decir, porque estoy de acuerdo con él prácticamente en todo.
Creo que afrontamos una situación muy difícil, como -estoy seguro- sabe también Su Señoría. Creo que algunas de las dificultades que afrontamos se deben a que no estamos seguros de los hechos reales ni de la información que recibimos.
Cuando algunos de nosotros hicimos una visita a Moscú recientemente, nos sorprendió que varias ONG y, después de mi regreso, también la Organización Mundial de la Salud dijeran que no estaban del todo seguras de que lo que hacía falta en Rusia en el momento actual fuese ayuda alimentaria: tal vez en una o dos de las regiones, sí, pero no necesariamente ayuda alimentaria general.
El primer imperativo para resolver la situación es el de que haya una estabilidad política y económica adecuada en el país. A consecuencia de lo sucedido el 17 de agosto, toda clase de consecuencias financieras están afectando en gran medida a la población. Hasta el 17 de agosto, habíamos visto también fraudes inmensos y una enorme incidencia de la delincuencia. Es algo muy lamentable y que se debe erradicar, para que se puedan ejecutar programas adecuados de ayuda para el pueblo de Rusia aquí y ahora.
El auténtico problema es el impago de las pensiones, de los sueldos de los soldados, los médicos y los maestros. Podríamos repasar diversas categorías de personas que no están recibiendo los ingresos necesarios para poder comprar alimentos que pueden estar disponibles en el propio país.
Con ello se están causando enormes penalidades a grandes sectores de la población y la falta de poder adquisitivo tiene, por tanto, consecuencias en el suministro de alimentos.
También hay que abordar la falta de dinero para medicinas, porque los problemas de salud que la población está empezando a afrontar en Rusia son graves. El Gobierno ya no puede costear la importación de alimentos de fuera del país. Han dependido en un 40 % de su suministro de los alimentos procedentes del exterior y ése es el vacío que vamos a tener que intentar colmar. Se trata en realidad de un problema económico. Los bancos están en quiebra. La cuestión no es necesariamente la escasez de alimentos y, para lograr que se distribuyan adecuadamente los alimentos, tenemos que encontrar formas de velar en el nivel europeo por que vayan de verdad a las regiones que los necesitan.
El segundo imperativo es el de que tenemos que trabajar en estrecha cooperación con los Estados Unidos respecto de cualquier programa que formulemos. Sería un error que el Gobierno ruso aplicara una política de «divide y vencerás» en el momento actual, que es lo que podría suceder. Debemos abordar, si es posible, todas las cuestiones de los alimentos, la salud, la economía y la estabilidad política en un programa.

Paasilinna
Señor Presidente, Rusia ha dado un giro despiadadamente radical con el paso del comunismo al capitalismo, algo así como un giro de 180 grados a toda velocidad. El pueblo se ve literalmente con el agua al cuello y, mientras tanto, los oligarcas no dejan de hacer guiños a los ciudadanos desde la seguridad de sus poltronas estatales. El primer requisito de la ayuda financiera ha de ser evitar que vuelva a ir a parar a oscuros personajes. Es imprescindible poner fin a la corrupción a nivel gubernamental.
Por lo que respecta a la ayuda alimentaria, el hecho de que los problemas sean comunes implica que también lo han de ser las posibilidades. Creo que no se debe proporcionar la ayuda a través de una cadena comercial, ni tampoco de una sola vez, sino poco a poco y con la ayuda de las organizaciones del ámbito social. Así fue como perdimos el dinero la última vez, al dispersarlo a través de la red comercial. Contamos con numerosas organizaciones comunitarias con un enorme número de receptores. Existe hasta un programa de televisión, VID, que se ha especializado en la ayuda a los necesitados. Hagamos uso de unas redes de asistencia como las que ya tenemos para el cuidado de niños y ancianos, recurramos a un control tripartito con los medios e instrumentos necesarios -UE, Estados y Ministerios para los asuntos de cooperación-, y lograremos los objetivos que nos hemos fijado.

Iversen
Señor Presidente, tal y como hemos oído, la situación en Rusia es grave y la situación económica hace que las posibilidades de importar alimentos estén muy limitadas. A esto hay que añadir que el suministro alimentario ruso depende en un 40 % de la importación alimentaria. Por ello es un motivo de alegría que, ahora y tras meses de presión por parte, entre otros, del Parlamento Europeo, la Comisión esté lista para proponer la concesión de ayuda alimentaria por valor de más de 3.000 millones de coronas danesas. Sin embargo, es fundamental, absolutamente fundamental - también considerando el debate en curso sobre la decharge - que esta acción se lleve a cabo de manera responsable. Esto significa que exigimos que la ayuda alimentaria no destruya el mercado doméstico, esté dirigida a fines específicos y se reparta entre los pobres. Para acabar, me gustaría pedir a la Comisión que entienda que la realización de esta acción alimentaria será seguida muy de cerca por el Parlamento y por la opinión pública europea, por lo que es primordial obrar en este asunto de manera responsable.

Van den Broek
Quisiera agradecer a los diputados sus aportaciones, que me han permitido llegar a la conclusión de que la elaboración de un programa de ayuda alimentaria para Rusia merece un amplio apoyo. Acojo con satisfacción el contenido del proyecto de resolución que tenemos sobre la mesa y que consideramos como un importante soporte para el trabajo que realizamos en este ámbito.
Hasta el pasado 12 de noviembre, la Comisión no recibió una solicitud formal por parte del Gobierno ruso respecto a un programa especial de ayuda alimentaria, aunque intuíamos desde hacía tiempo que dicha solicitud no se haría esperar. Es cierto que, tal y como se ha dicho aquí esta tarde, resulta difícil determinar el volumen y el alcance exactos de la necesidad de ayuda alimentaria. Además, esta necesidad varía mucho de una región a otra. Por el momento, tenemos previsto preparar un programa cuyos fondos oscilarían entre los 400 y los 500 millones de ecus, destinado a suministrar productos diversos por un valor de entre aproximadamente 400 y 500 millones de ecus. Esta tarde se ha señalado acertadamente que la aplicación del programa es una tarea compleja. Es por eso por lo que hace muy poco distribuimos para información del Parlamento un documento de la Comisión que pretende recapitular los antecedentes y los puntos de partida de esta acción. Ciertamente, es fundamental que el Gobierno ruso presente a la mayor brevedad posible un plan de acciones pormenorizado, no sólo respecto a las regiones más necesitadas sino sobre todo en lo que a los canales de distribución y, más en concreto, a las posibles medidas de control se refiere. En este ámbito, la Comisión tiene previsto imponer otra serie de condiciones obligatorias como por ejemplo la cláusula de que la distribución de las mercancías se suspenderá inmediatamente en caso de que se desvíen a mercados fuera de Rusia. Asimismo es obligatorio que las mercancías se vendan a precio de mercado local y que los beneficios se remitan a una provisión especial del presupuesto ruso destinada a la financiación de programas especiales. Muy en breve, la Comisión consultará al Gobierno ruso para elaborar un Memorandum of Understanding , aunque evidentemente ya ha habido contactos. Ya se ha enviado una misión a Moscú. En dicho Memorándum tendrán que fijarse igualmente los puntos de partida que he mencionado antes. A este respecto estoy de acuerdo en que debemos establecer una estrecha coordinación con nuestros socios americanos, que también han creado un programa de ayuda alimentaria.
Precisamente porque toda esta operación no sólo reviste carácter humanitario, sino que también presenta una dimensión política, se someterá al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible un proyecto de reglamento que determine dichos puntos de partida. Quiero dejar claro que no se trata de una operación sin riesgo. Para ello, todo este programa aún está rodeado de demasiadas imprecisiones que, por otra parte, no pueden ser esclarecidas de momento. Ahora bien, lo que procuramos es protegernos lo más posible contra dichos riesgos mediante la imposición de condiciones, la elaboración previa consulta al Gobierno ruso del Memorandum of Understanding y el intercambio de experiencias con otros donantes como los americanos. En nuestra opinión, el riesgo sería todavía mayor si a la luz de las incertidumbres que aún quedan por despejar decidiéramos no hacer absolutamente nada. Porque tampoco nos podemos permitir esa opción.
Quisiera pedir al Parlamento que, cuando le llegue el reglamento, considere la posibilidad de dar la prioridad necesaria a la aprobación o al dictamen del mismo en el marco del procedimiento de urgencia para que podamos poner manos a la obra lo antes posible. El invierno ya ha hecho su entrada, las existencias disminuyen, es fundamental que actuemos cuanto antes.
Para finalizar, unas palabras sobre la ayuda humanitaria propiamente dicha. Esta semana, una misión de ECHO ha visitado Rusia y en breve se destinará un importe de 7 millones de ecus a la financiación de una serie de proyectos que ya han sido preparados por organizaciones no gubernamentales. Previa consulta a un ministro ruso, el Ministro Bulkak, que visitará Bruselas en un futuro próximo, volveré a insistir en que se busque una solución para los obstáculos que en este momento aún dificultan el despliegue de una ayuda eficaz, también por parte de dichas ONG. Está previsto que dicha ayuda se concentre principalmente en los hospitales, los equipamientos sanitarios, etc. Con esto, señor Presidente, esperamos haber dado muestras de un gesto de solidaridad hacia Rusia, aunque pueden estar seguros de que instaremos a las autoridades rusas a que vigilen minuciosamente la aplicación de estos programas.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy por la tarde a las 5.30 horas.

El Presidente
La orden del día prevé el debate común sobre las siguientes siete propuestas de resolución sobre el desarme nuclear.
B4-0998/98, del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, - B4-1009/98, del Sr. Theorin, en nombre del Grupo PSE, - B4-1031/98, del Sr. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes, - B4-1035/98, de los parlamentarios Cushnahan, Oostlander y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, - B4-1040/98, de los parlamentarios Ewing y Maes, en nombre del Grupo ARE y- B4-1044/98, del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL.
Bertens
Señor Presidente, los liberales han acogido con satisfacción la iniciativa de la denominada New Agenda Coalition . Ocho países de cinco continentes diferentes, de distintos tamaños y diversas vinculaciones políticas, pretenden ocuparse del tema del desarme nuclear. Mi Grupo preconiza que se tomen las medidas necesarias para salir del punto muerto en que se encuentra esta cuestión. Especialmente ahora que el mundo ha dejado de vivir en un clima de bipolaridad y conflicto congelado.
Por tanto, nos congratulamos de que doce de los dieciséis países de la OTAN hayan tenido el valor de distanciarse de la posición de las grandes potencias nucleares para optar por una solución poco ortodoxa. Plantean una serie de preguntas pertinentes. ¿Cuándo se ratificará START II? ¿Cuándo tendrán lugar las negociaciones sobre START III? ¿Cuándo iniciarán los Estados que disponen de armas nucleares verdaderas negociaciones sobre el desarme nuclear? Por eso me alegro de que el First Committee de las Naciones Unidas haya aprobado con abrumadora mayoría una resolución que reclama la ratificación del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares y la llamada desactivación de las armas nucleares, la colaboración con la OIEA y una moratoria relativa a la producción de material nuclear. No son propuestas controvertidas o incompatibles con la doctrina de la OTAN. Por último, la resolución de las Naciones Unidas pretende que los Estados que disponen de armas nucleares estudien otras medidas complementarias, como por ejemplo el compromiso de no ser ellos los primeros en utilizar dichas armas.
Para terminar, señor Presidente, quisiera señalar que apoyamos el texto original de la resolución de las Naciones Unidas, pero no las enmiendas de los Verdes. Los Verdes van más allá de la New Agenda Coalition . Sus propuestas no son viables y se podría decir que rompen esta amplia coalición. Lo que se pretende con la resolución es obtener una amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me temo que las enmiendas de los Verdes dificultan la consecución de este objetivo. Espero, por tanto, que los Verdes retiren sus enmiendas.

Malone
Señor Presidente, en nombre de la Sra. Theorin, que tomó la iniciativa respecto de esta resolución, y de mi Grupo, quisiera pedir a todos los diputados que la apoyen.
Mediante su resolución en las Naciones Unidas, Irlanda y Suecia han adoptado la iniciativa, de conformidad con la propuesta de la Comisión de Canberra de un mundo sin armas nucleares. Apoyamos su petición de que todas las armas nucleares dejen de estar en alerta. Tener armas nucleares en alerta nueve años después del fin de la Guerra Fría resulta increíble y crea grandes riesgos para todos nosotros.
Como ha dicho el Sr. Bertens, el Parlamento apoya las iniciativas adoptadas por los ocho países de la Coalición de la Nueva Agenda. El Parlamento Europeo siempre ha dicho con claridad que quiere que la Unión Europea adopte una actitud seria sobre la cuestión del desarme nuclear y esta iniciativa es un paso más por la vía del desarme nuclear mundial.
Pasando a los detalles de la resolución, quisiéramos pedir a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho -y que van a abstenerse- que voten «sí» en la Asamblea General. Pedimos a los países que cuentan con armas nucleares que cumplan con su compromiso de desarme, de conformidad con el artículo VI del TNP. También pedimos a las Partes no nucleares en el TNP que cumplan sus compromisos con arreglo al Tratado, es decir, los de no recibir, fabricar ni adquirir de otro modo armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares. Espero que reciba el apoyo entusiasta de la Asamblea.

Schroedter
Señor Presidente, las armas nucleares se incluyen entre los medios de destrucción masiva y representan una amenaza para toda la Humanidad. En una resolución anterior, el Parlamento Europeo ha confirmado claramente la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, que así lo expresó, por lo que debemos ser también coherentes en nuestras resoluciones.
Todos sabemos qué amenaza representan las armas nucleares. Es absurdo querer seguir apostando por las armas nucleares o incluso por la opción del primer ataque preventivo. Hay que subrayar aquí de nuevo la importancia del éxito del grupo «Nueva Coalición de la Agenda» en el primer comité de las Naciones Unidas. Doce de dieciséis Estados de la OTAN han votado a favor o se han abstenido. Esta es una importante señal para recapacitar sobre la estrategia de defensa en los Estados miembros de la Unión Europea.
Por ello, lamentamos que Eslovenia haya salido ahora del grupo de los Ocho. Este país podría desempeñar un importante papel para una nueva estrategia de seguridad en Europa. Es importante suprimir el derecho a un primer empleo de armas nucleares, un residuo de la guerra fría. Llamo la atención de nuevo sobre el tratado de coalición del nuevo Gobierno alemán, quien quizás podría adoptar a modo de ejemplo una iniciativa para el desarrollo de la política de seguridad y exterior común. El nuevo Gobierno federal quiere insistir en el objetivo de una eliminación completa de todas las armas de destrucción masivas y va a participar en iniciativas al respecto en cooperación con los interlocutores y aliados. Se quiere comprometer en su objetivo de desarme nuclear y, en consecuencia, en la reducción del estado de alerta de las alarmas nucleares y la renuncia al primer empleo preventivo de armas nucleares. Creo que este es un importante impulso.

Cushnahan
Señor Presidente, acojo con beneplácito la iniciativa adoptada por la Coalición de la Nueva Agenda. Resulta particularmente oportuno y apropiado que ese acontecimiento se produzca en el período posterior a la Guerra Fría. Quisiera rendir homenaje en particular al actual Gobierno irlandés por el papel capital y hábil que ha desempeñado para llevar a buen término esa iniciativa. Fue alentador que el viernes pasado la Primera Comisión de las Naciones Unidas aprobara la resolución sobre la Coalición de la Nueva Agenda. Fue importante que miembros de la Unión Europea la apoyaran o se abstuvieran. Espero que se convenza a los Estados miembros que se abstuvieron y dieron muestras de tanta apertura para que voten la resolución cuando se presente el mes próximo ante la Asamblea General para una votación final.
Indudablemente, hay algunos miembros que abrigan reservas sobre esa resolución, en particular si apoyan la creación de la política de defensa de la UE. Quisiera tranquilizarlos. Personalmente, apoyo la creación de una política de defensa de la UE. La considero un componente esencial de la integración europea y no considero incoherente apoyar esa opinión y al tiempo laborar en pro del desarme nuclear. También es importante que la resolución que las Naciones Unidas tienen ante sí en modo alguno contradiga las políticas vigentes de la UE y de la OTAN.
Acojo con beneplácito el amplio apoyo a esta urgencia, pero, en nombre de mi Grupo, quisiera indicar que nos oponemos firmemente a las dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. Espero que al final de este debate tengamos una resolución que reciba un apoyo abrumador de este Parlamento y que, a su modo, dé impulso al apoyo a la resolución global en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Maes
Señor Presidente, nosotros vemos esta resolución en el marco de una tendencia general al desarme, pero cuando nos referimos, más concretamente, al desarme de armas nucleares, estamos convencidos de que la amenaza de suicidio no puede tratarse de una buena defensa. Ni siquiera para aquéllos que quieran seguir reconociendo ese ideal nuclear como amenaza. Esto ya no puede tomarse en serio. Ya que, entretanto, continúa la proliferación de armas nucleares sin interrupción. Se tendría que acabar con todas las pruebas nucleares y todas las inversiones que se hacen al respecto. Todo esto no nos debe dejar impávidos ante los horribles efectos de otras armas, las químicas, que también queremos que desaparezcan de nuestro mundo. La semana pasada me impresionó mucho algo que vi en los medios de comunicación relacionado con el desarrollo de las armas biológicas. Y digo esto para recordar que el que haya una tendencia general al desarme, incluyendo en este grupo a las llamadas «armas ligeras', no debemos olvidar que la mayoría de los países que desean un nuevo mundo, quieren, en primer lugar, que desaparezcan las armas nucleares, aunque tan sólo nos encontremos al comienzo de este proceso.
Además deberíamos estudiar bien si no sería necesario poner límites en Europa al tráfico de armas, que todavía se sigue practicando en Estados miembros que están presentes hoy aquí.

Carnero González
Señor Presidente, terminada la guerra fría daba la impresión de que el armamento nuclear había desaparecido. Ciertamente, había desaparecido quizás de las prioridades de los Gobiernos y también lamentablemente, de las prioridades de algunos sectores de la opinión pública, pero en realidad seguía existiendo como la principal amenaza para la supervivencia de este planeta. Prácticamente diez años después de la caída del Muro de Berlín ese armamento nuclear sigue sin reducirse. Incluso, en los últimos tiempos, hemos visto que Francia realizó ensayos en 1995 y que otros países -como la India y el Pakistán- los acaban de realizar hace poco tiempo. Por lo tanto, la necesidad de seguir reclamando el desarme nuclear es perentoria.
Y, en ese sentido, tenemos que dar la bienvenida a los países que forman parte de la campaña que está pugnando por que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncie sobre este tema en términos claros. Por ello, yo creo que desde Parlamento y con esta resolución vamos a apoyar en consecuencia sus esfuerzos en coincidencia con el conjunto de nuestras opiniones públicas.

Van den Broek
Señor Presidente, me doy cuenta de que esta resolución de proyecto no estaba dirigida a la Comisión, ya que nosotros no tenemos ninguna competencia en este tema. Por eso me gustaría limitarme a apoyar que se haga un llamamiento a los Estados que poseen armas nucleares, para que continúen esforzándose, sistemática y progresivamente, en reducir el número de armas nucleares de todo el mundo, con la finalidad de eliminar definitivamente todas esas armas.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy por la tarde a las 5.30 horas.

El Presidente
La orden del día prevé el debate común sobre las siguientes siete propuestas de resolución;
Libertad de expresión en Argelia y Serbia- B4-0995/98, del Sr. André-Léonard, en nombre del Grupo ELDR, - B4-1012/98, del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, - B4-1032/98, del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo de los Verdes, - B4-1036/98, del Sr. Soulier, en nombre del Grupo PPE y- B4-1045/98, de los parlamentarios Ainardi y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL..
Tribunal Penal Internacional- B4-1006/98, de los parlamentarios Cars, Bertens y Nordmann, en nombre del Grupo ELDR, - B4-1023/98, de los parlamentarios Dell'Alba, Dupuis y Hory, en nombre del Grupo ARE, - B4-1027/98, de la Sra. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes y- B4-1050/98, de la Sra. Puerta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL.
Akin Birdal- B4-1000/98, del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, - B4-1010/98, de los parlamentarios Titley, Dankert y Barros Moura, en nombre del Grupo PSE, - B4-1016/98, del Sr. Pasty, en nombre del Grupo UPE, - B4-1025/98, de los parlamentarios Aelvoet, Roth y Tamino, en nombre del Grupo de los Verdes, - B4-1038/98, de los parlamentarios Langen y otros, en nombre del Grupo PPE y- B4-1051/98, de los parlamentarios Puerta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL.
Escuela Teológica de Halki- B4-1013/98, del Sr. Avgerinos y otros, en nombre del Grupo PSE, - B4-1017/98, de la Sra. Daskalaki y otros, en nombre del Grupo UPE, - B4-1033/98, de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes, - B4-1039/98, del Sr. Christodoulou y otros, en nombre del Grupo PPE y- B4-1049/98, del Sr. Alavanos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL.
Antisemitismo en Rusia- B4-1004/98, de los parlamentarios Goerens y Nordmann, en nombre del Grupo ELDR y- B4-1007/98, del Sr. Barón Crespo, en nombre del Grupo PSE.
Libertad de expresión en Argelia y Serbia

André-Léonard
Señor Presidente, la resolución común sobre la libertad de expresión en Argelia quiere ser un testimonio de solidaridad para con la prensa argelina. Dicha prensa, que desempeña un papel determinante en la lucha contra el integrismo terrorista que reina en este país, ha pagado durante años un fuerte tributo, y muchos periodistas han sido víctimas por haber defendido la libertad. Nuestra intensión no es en absoluto injerir en los asuntos interiores, pero consideramos que es nuestro deber defender, aquí y en cualquier lugar, las libertades fundamentales, de las que la libertad de prensa no puede, evidentemente, disociarse.
Ahora bien, constatamos que el Estado argelino ha suspendido durante varias semanas la publicación de diferentes periódicos, aduciendo como motivo litigios comerciales. Estos periódicos habían efectuado revelaciones molestas, que afectaban directamente a personalidades cercanas a la Presidencia, a saber, el general Betchine, acusado de malversaciones financieras en el caso Benboualia, y el ministro de Justicia, el Sr. Adami, quien habría presionado a la magistratura. Si el poder puede hacer este género de maniobras, es porque éste detenta el monopolio de hecho sobre la prensa, sobre el papel, la imprenta y la publicidad. En un Estado que dice ser democrático, la prensa debe ser libre y no puede ser víctima de un control estatal, aunque más no fuese indirectamente.
Por consiguiente, pedimos a Argelia que garantice la libertad de prensa sin más presiones, ni la de los monopolios ni las del Código de Información, y que inicie sin demora estas reformas. A pocos meses de las elecciones presidenciales de abril de 1999, hacemos un enérgico llamamiento para que prevalezcan las libertades fundamentales y para que pueda instaurarse, antes de las elecciones, un debate democrático pluralista y transparente.

Schroedter
Señor Presidente, vengo de un país en que la libertad de prensa era algo que no hemos conocido, por lo que hemos padecido mucho. Por tanto, siento una plena solidaridad con las y los periodistas en Serbia y, en especial, en Argelia.
Es típico de los Gobiernos que no gozan de la total confianza de la población que empleen un medio para preservar el poder y este medio se llama limitación de la libertad de prensa.
También es muy típico e igualmente condenable que se limite la libertad de prensa con métodos como el monopolio sobre el papel y la imprenta. En nombre de los Verdes, quiero solidarizarme con los periodistas en Argelia, quienes han tenido el valor de oponerse, pagando por ello con frecuencia con la vida.
Como Unión Europea que coloca la democracia en primer lugar -delante de las relaciones comerciales-, tenemos que insistir en que la libertad de prensa tanto en Argelia como en Serbia se restablezcan plenamente como elemento central democrático. No podemos cerrar los ojos y debemos decir que si no se restablece primero la libertad de prensa, entonces no entrará en vigor el acuerdo ni se seguirá enviando ayuda económica a este país.
Pregunto al señor Comisario van den Broek cómo se imagina que debe proseguir el Acuerdo Euromediterráneo con Argelia o qué medidas de otro tipo se van a exigir a Argelia.
En segundo lugar, señor van den Broek, le pregunto ¿cómo va a reaccionar ante el trasfondo del Acuerdo de Dayton a las claras limitaciones de prensa en la República de Serbia?

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, este año estuve dos veces en Argelia y los argelinos siempre han mostrado su orgullo de poder decir que en Argelia existe libertad de prensa y que incluso existe una prensa muy variada, lo que así debe ser. Tanto más incomprensibles y graves han sido las limitaciones a la salida de algunos periódicos. A pesar de que sé que detrás de ello se esconde una lucha de poder -también aquí muestran los argelinos un cierto orgullo, ya que a pesar de estas limitaciones dos ministros han tenido que irse-, creo que esta lucha interna por el poder no se puede ejercer sobre las espaldas de los periodistas y periódicos.
La democracia es indivisible y aquí se incluye la libertad de prensa. Últimamente se han producido acontecimientos que han hecho que aparezcan de nuevo todos los periódicos. Espero que esta situación perdure. Apelo al Gobierno argelino para que garantice la plena libertad al respecto.
Personalmente, veo más grave la situación en Yugoslavia. Cuando ha tenido que ceder hacia el exterior, Milosevic ha elevado siempre la presión hacia el interior. Es lo que ha hecho ahora con las Universidades y la prensa. Esto es totalmente inaceptable y tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que muestran en este país un resto de libertad y pluralismo. Señor Comisario, en este contexto quiero pedirle que emita hoy aquí una declaración en el sentido de que va hacer todo lo que esté en su poder para que el dinero y el apoyo que se prometió a aquellos medios se pueda entregar realmente y a tiempo.
Lamentablemente, hemos escuchado de algunos redactores-jefe de Serbia, de Yugoslavia, que llevan esperando mucho, mucho tiempo. Creo que han esperado hasta hace poco aún al dinero de la Comisión Europea para el año 1997. No puede ser que estos periódicos no puedan salir más a la calle no sólo a causa de Milosevic sino también de la negligencia de la Comisión. Señor Comisario, le ruego que intervenga enérgicamente para que se entreguen estas ayudas.

Dupuis
Señor Presidente, deseo decir muy brevemente que me abstendré con respecto a Serbia. Se trata, una vez más, de una resolución tibia, y temo que mis amigos del PPE sufran el síndrome del Partido Socialista, que consiste, como sabemos, en no crear nunca dificultades y en no inoportunar a los gobiernos. Evidentemente, el PPE ya no participa en muchos gobiernos, lo que me da algo de esperanza. Dicho esto, empiezo a creer que pronto veremos surgir una iniciativa en favor de la concesión del Premio Nobel al Sr. Holbrooke y al Sr. Milosevic. Con esto quiero decirles lo desesperada que creo que es la situación.
Por lo que a nosotros respecta, proseguimos nuestra campaña para la inculpación del Sr. Milosevic. No hay ayuda ni reforma posibles en Serbia mientras este mafioso esté en el poder, y habría que empezar a convencerse de ello. Ya somos 120 los que opinamos lo mismo en este Parlamento.
Con respecto a Argelia, la situación es absolutamente delirante. Desgraciadamente, debemos hablar de ello en ausencia de uno de nuestros grandes contemporáneos, el Sr. Cohn-Bendit, uno de los autores de esta resolución, entre otros, como la Sra. AndréLéonard. Él es también nuestro ponente en relación con la cuestión argelina. ¡Es delirante! Nos damos cuenta que las razones que han originado esta resolución desaparecen. Se quitan de los textos originales todas las cuestiones porque, entretanto, han sido resueltas por los editores, el Gobierno y el Parlamento argelinos. Esta actitud no procede de la Embajada de Argelia, sino que puede constatarse apoyándose en documentos. Se vacía esta resolución de su sustancia, pero se la mantiene en el orden del día de nuestro Parlamento.
Considero que esta manera de actuar roza los límites de nuestro Reglamento y, mal que le pese a mi querida colega y amiga Anne André-Léonard, la situación de la prensa en Argelia es sensiblemente mejor que en otros países -como en Túnez, país del que hablan los periódicos de esta mañana, y quizá también en el país de donde ella procede-. Pienso, en efecto, que en Bélgica se ejerce cierta forma de censura indirecta, como se ha podido comprobar en algunas cuestiones que corrompen este país. No es el único país de la Unión que se halla en este caso, pero pienso que aventaja a otros países de la Unión Europea debido a algunas tendencias degradantes.
Por lo tanto, hacemos todo lo posible para restar credibilidad a un país, Argelia, que tiene un enorme problema, que debe hacer frente a la transición de un régimen comunista a un régimen pluralista y que ha aprobado algunas reformas. Hacemos todo lo posible para impedir que los inversores europeos crean, por poco que sea, en la posibilidad de un futuro diferente para este país. Enviamos sistemáticamente señales absurdas que no las entiende ni la opinión pública argelina, ni la opinión pública europea, ni -evidentemente- los inversores y aquellos que podrían aportar algo positivo a Argelia. ¡Es delirante!

Lehideux
Señor Presidente, nuestro colega André Soulier tendría que haber intervenido hoy ante ustedes. Desgraciadamente, le ha retenido un impedimento absolutamente dirimente, lo que me lleva a expresarme en su lugar. Todos recuerdan que la delegación del Parlamento Europeo, que había viajado a Argel el pasado mes de febrero, precisamente bajo la batuta de André Soulier, había llegado a la conclusión de que Argelia había iniciado un proceso democrático desde la elección del Presidente Amin Zeroual.
Unas elecciones por sufragio universal permitieron la elección de la Asamblea Popular Nacional, en una atmósfera multipartidista y de libre discusión. Algunos meses después, unas elecciones, también por sufragio universal, permitieron formar ayuntamientos en toda Argelia. Nuestros colegas habían llegado a la conclusión de que era conveniente alentar los esfuerzos realizados para instaurar la democracia en Argelia.
Desde entonces, las diversas misiones que han viajado a este país han corroborado el juicio de nuestros colegas, ya se trate de delegaciones parlamentarias -española, francesa o canadiense, por ejemplo-, o incluso del grupo de expertos designado por la ONU y encabezado, el pasado verano, por el ex presidente de la República portuguesa, el Sr. Mario Soares. Si bien todos los obstáculos que impiden esta marcha hacia la democracia deben ser eliminados, no habría, sin embargo, que callar nuestras preocupaciones o evitar las opiniones amistosas que se deben entre sí unos Parlamentos decididos a profundizar sus relaciones. Ello ocurre con el proyecto de resolución que hoy se somete a nuestra Asamblea.
Dentro de algunos meses, Argelia elegirá un nuevo presidente. Es de desear, por el interés de este país y el de la Unión Europea, que el veredicto de las urnas sea inequívoco. El éxito de las negociaciones con miras a la firma del acuerdo de asociación entre Europa y Argelia depende de ello. Ahora bien, una de las condiciones del debate democrático es la libertad de prensa. Todos los que han viajado a Argelia han observado la excepcional libertad de tono de los periódicos publicados en este país, sean de lengua francesa o árabe. Es decisivo que esta libertad se mantenga y garantice. Eso depende, evidentemente, de las garantías constitucionales, pero también de las condiciones económicas y financieras que deben prevalecer en este sector indisociable de la democracia.

Bertens
Señor Presidente, lo menos que puedo decir es que mi grupo está muy enojado por las acciones emprendidas por Milosevic y el Parlamento de la ex-Yugoslavia contra la libertad de expresión. Milosevic pretende imponer su voluntad al pueblo por medio de la represión ejercida sobre fuentes de información alternativas. Todo el mundo sabe que Milosevic es la voz del antiguo comunismo y del horripilante nacionalismo, causantes del drama en Bosnia. Mientras siga teniendo la oportunidad de continuar con su política dictatorial de forma impune, la cuestión de Kosovo adquirirá las mismas proporciones.
Tengo entendido, y estoy muy satisfecho con la noticia, que la Comisión Europea está llevando a cabo una política activa para fomentar la libertad de prensa en la ex-Yugoslavia. Entiendo, además, que la Unión no ejerza mucha influencia sobre la política de Milosevic. Sin embargo, espero que la Comisión y los Estados miembros hagan un gran esfuerzo en beneficio de la enseñanza libre y la libertad de prensa. El Consejo de ministros tiene que estar muy alerta ante el desarrollo político y militar en Kosovo, y hay que evitar la acción militar, si queremos que nuestra política prevalezca sobre la de Milosevic.

Pack
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, Milosevic no sólo practica la guerra desde hace nueve años, empezando en Eslovenia, Croacia y Bosnia. No sólo instala un régimen de «apartheid» en Kosovo y es responsable por las personas desplazadas, la guerra y la muerte en esta región, sino que causa continuamente desgracias a su propio pueblo, los serbios. Viola a su propio pueblo. Desde que está en el poder, en Serbia imperan la arbitrariedad, el miedo y el terror. Ha destruido además de modo planificado las instituciones serbias. Los serbios se sienten como parias. Dos serbios muy importantes han mostrado en una carta abierta al Sr. Milosevic qué es lo que ha hecho a su pueblo. Ha hecho de la Universidad una asociación local de agricultores, dicen literalmente. Ha convertido la Academia de Bellas Artes y de Ciencias en una especie de convento de clausura. Ha devaluado los medios, el Parlamento, la legislación y el Gobierno. Todo esto son citas de la carta mencionada. Ha empobrecido a los ciudadanos mientras que su mujer, sus amigos y él mismo se han enriquecido. Cientos de miles de personas -la inteligencia- abandonan el país.
Milosevic es insolente pero Occidente tiene miedo y es incapaz de acabar con sus desmanes. Se le sigue haciendo la corte y no se le castiga, a pesar de que según lo acordado en las negociaciones de Holbrook, no ha impulsado la solución política al problema de Kosovo. El 4 de noviembre deberían haber comenzado las negociaciones, pero no he notado nada de ello. En segundo lugar, al día siguiente de esas negociaciones, Milosevic ha prohibido todos los medios independientes. En tercer lugar, pocos días después ha aprobado la ley de prensa más antidemocrática posible a través de un Parlamento domesticado y esta ley sella ahora la boca a todos los periodistas. En cuarto lugar, la ley sobre la Universidad unifica la enseñanza y la ideología, lo que tiene una gran importancia. Expulsa a la élite intelectual fuera del país y los que se quedan dentro van a la emigración interna quedando al margen de Europa.
La mayoría de los serbios espera un golpe liberador que les proporcione de nuevo aire para respirar, la libertad para escribir, leer y ver. El pueblo serbio no votaría a estos criminales en la próxima ocasión si tuviese o pudiese ver una alternativa. Nosotros tenemos que ayudarles a tener esa alternativa apoyando a los medios independientes que pueden desenmascarar a Milosevic y tenemos que aislarle como interlocutor. Pero la mejor vía para lograrlo es acusar a esta persona que desprecia los derechos humanos como criminal de guerra ante el Tribunal de la Haya. Esta sería una clara señal. Como alemán, puedo decir que con Hitler no se habría podido construir una Alemania democrática. Con Milosevic, Serbia no puede convertirse jamás en una democracia.

Roubatis
Señor Presidente, el cierre de los periódicos, la imposición de multas, el procesamiento de los periodistas, exponen de nuevo al presidente Milosevic ante la comunidad internacional. Sin embargo, la experiencia que tenemos muestra que medidas dirigidas contra la libertad de prensa tarde o temprano se vuelven, con exactitud matemática, precisamente contra aquellos que toman dichas medidas. El gobierno de Belgrado debe comprender que la táctica que sigue no contribuye a solucionar los grandes problemas que existen en la región. Por otra parte, demos celebrar la decisión del gobierno de Montenegro, decisión mediante la cual se garantiza la libertad de expresión total de los medios de comunicación de masas, tanto locales como nacionales.
El Parlamento Europeo invita a Belgrado a que cambie su postura. Expresamos nuestra solidaridad a los periodistas y a los medios de información de masas sometidos a procesos y desearía pedir al Sr. Van den Broek que colabore con nosotros para ayudar a aquellos que luchan por la libertad de pensamiento.

Posselt
Señor Presidente, considero la represión de la Universidades y de los medios en Serbia como una señal alentadora, ya que muestra que allí hay fuerzas que apuestan por la libertad pero que lamentablemente no son suficientemente tenidas en cuenta a nivel internacional. Se sigue arrojando al pueblo serbio y a Milosevic en el mismo saco en el sentido de la tesis de una culpa colectiva, bajo la que han tenido que padecer también otros pueblos. Quiero retomar el hilo donde lo ha dejado la Sra. Pack. Precisamente como alemán quiero destacar que hay que diferenciar entre los dictadores y los pueblos. Tenemos que apoyar con todas nuestras fuerzas los movimientos de libertad del pueblo serbio y nos tenemos que ocupar de un modo más intenso que hasta ahora de la cuestión de qué va a pasar con Serbia. De ello depende también la respuesta a cuestiones como la de Bosnia-Herzegovina y de Kosovo, quienes tienen un derecho a una evolución independiente. Nunca podrá haber paz y libertad en la región si Milosevic no desaparece por fin y acaba ante el Tribunal internacional de Justicia.

De Luca
Señor Presidente, los acontecimientos de estos días, del caso Pinochet al caso Priebke y al de Ocalan, confirman -aunque no habría hecho falta- la necesidad, mejor dicho, la urgencia de un Tribunal Penal Internacional capaz de reprimir los crímenes contra la humanidad. El ocaso cada vez más patente del papel tradicional de la ONU como organización mundial capaz de garantizar el orden y la paz, impone la creación, siempre bajo la égida de las Naciones Unidas, de nuevos organismos internacionales más flexibles y aptos para hacer frente a delitos monstruosos como el genocidio, la xenofobia, la tortura y la violación de los derechos humanos.
Por esto, la decisión adoptada el 17 de julio en Roma, de crear, por primera vez en el mundo, un Tribunal Penal Internacional tiene un alcance histórico. Por tanto, ya no se tratará sólo de la justicia de los vencedores o de los más fuertes, sino de un enfoque hacia una verdadera justicia de los ciudadanos del mundo, por fin todos iguales ante un juez independiente. El Parlamento Europeo y, más en general, la Unión Europea deben emplearse a fondo para no anular el esfuerzo de civilización de la Conferencia de Roma, al objeto de lograr la adhesión de los Estados miembros que no han firmado todavía su estatuto, de instar a todos los Estados miembros de la Unión a ratificar cuanto antes el Tratado y de adoptar medidas concretas para ampliar el número de Estados participantes en la iniciativa, incluso supeditando las relaciones de la Unión Europea con estos terceros países a dicha adhesión.
Por último, todas las Instituciones comunitarias deben imponer como exigencia prioritaria la adopción de todas las medidas necesarias para crear cuanto antes la comisión preparatoria ...
(El Presidente interrumpe al orador)

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Comisario Van den Broek, estoy muy contento de que se celebre este debate. El Pleno no está muy concurrido, es verdad -y lo digo con vistas a la votación-, sin embargo, espero que este Parlamento demuestre una vez más, al igual que lo hizo en el pasado, el apego a esta causa y la necesidad de que, también gracias a la Comisión, ante todo nuestros Gobiernos y los demás países que el pasado 17 de julio en Roma tuvieron a bien decidir, a través de una votación histórica, la creación del Tribunal, puedan ratificar su Estatuto con el fin de que entre en vigor cuanto antes. Son necesarios 60 países: nosotros pedimos con el Parlamento que el 31 de diciembre de 2000 sea la fecha límite para que este Tribunal se convierta en una realidad y para que la impunidad de la que, hoy por hoy, se benefician demasiados tiranos y demasiados dictadores -no solo retirados como Pinochet, sino en activo como Swoboda, Milosevic y otros- pueda cesar mediante la creación de una justicia penal internacional que pueda encontrar en el Tribunal Permanente, en el Tribunal Penal la manera de expresarse.
La Unión Europea ha encabezado esta batalla; en Roma se logró un gran éxito, también gracias al empeño de la Comisión Europea, un empeño compartido por muchas organizaciones no gubernamentales que, entre otras cosas, están hoy aquí reunidas en virtud de una iniciativa que promovimos junto con el Sr. Dupuis, el Partido Radical y el movimiento «No hay paz sin justicia». Pues bien: organicemos una gran campaña de ratificación para que el 1 de enero de 2001 se establezca el Tribunal.

Lagendijk
Señor Presidente, casi me atrevería a decir que es como si el diablo andase en el juego, pero hasta ahora no ha habido suficientes razones para crear con urgencia un Tribunal Penal Internacional. Ya se ha mencionado la cuestión de Pinochet. Para mí es evidente que en este caso, en el que se ha pedido la extradición por hechos cometidos contra la humanidad, un Tribunal Penal Internacional podría ser de gran utilidad. El tema que nos ocupa a todos en este momento, la extradición o la petición de extradición del Sr. Ocalan, ex-líder del PKK, es un caso más complicado. Precisamente porque la petición la hace Turquía, uno de los siete países que votaron en Roma en contra del Tratado. Pero también en ese caso estoy convencido de que un Tribunal Internacional podría prestar un buen servicio, aunque fuera sólo para determinar qué es de competencia política y qué de competencia penal en esta cuestión. Consideramos que en este momento se están dando suficientes ocasiones para fundar rápidamente ese Tribunal Penal Internacional.

Carnero González
Señor Presidente, la creación del Tribunal Penal Internacional ha sido un logro de lo que llamaría diplomacia de los ciudadanos, un gran movimiento de la opinión pública que en muchísimos países ha terminado consiguiendo que decenas y decenas de gobiernos participaran en la conferencia que tuvo lugar en Roma y, por tanto, que se diera nacimiento a este tribunal.
El peligro es que este tribunal, creado ya con poderes y características insuficientes, pueda terminar pasando a lo que yo llamaría «el limbo de los justos» si los gobiernos no se dan prisa, en número necesario, a depositar los instrumentos de ratificación y a poner, lógicamente, los mecanismos necesarios para que la comisión correspondiente pueda poner en marcha este tribunal.
Además, esa diplomacia de los ciudadanos, esa opinión pública, que consiguió lo que hemos alcanzado en Roma, necesita que se le den señales positivas en esa dirección. Sobre todo, cuando hay casos evidentes encima de la mesa que ponen de relieve que un Tribunal Penal Internacional es absolutamente apropiado para juzgar, por ejemplo, a criminales como el dictador chileno Augusto Pinochet, que se han refugiado durante estas últimas semanas en los resquicios de las legislaciones nacionales -aprovecho para decir que ojalá el miércoles próximo sea una fecha a conmemorar como el día en que se adopte la decisión de que Pinochet sea extraditado a España y allí sea juzgado por los crímenes de los que ha sido acusado, nada más y nada menos que el genocidio, la tortura y el terrorismo.
Efectivamente, para acabar con el cristal blindado de la impunidad hace falta este Tribunal Penal Internacional. Es tremendo que haya existido ese cristal blindado porque se sabía quiénes eran los responsables de los crímenes, pero la mano de la justicia no podía alcanzarles. Por ello, yo creo que el Consejo y la Comisión deben empeñarse de nuevo con fuerza para que se firme el tratado creado en Roma, para que se deposite el instrumento de ratificación y, por lo tanto, para que el Tribunal Penal Internacional sea una realidad en breve plazo.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, hemos hablado sobre tres propuestas de resolución: Argelia, Serbia y el Tribunal Penal Internacional. Para mí ha sido extraordinariamente significativo que casi en cada intervención se haya pronunciado la palabra Milosevic, independientemente del tema que se tratase. Esto debería mostrarnos que realmente nos falta una institución como un Tribunal Penal Internacional y un derecho penal internacional. Tenemos dos «pequeños Tribunales penales» que se ocupan de Yugoslavia y Ruanda, pero no tienen las posibilidades que tendría un Tribunal Penal Internacional bien fundamentado. No tienen la posibilidad de intervenir también en asuntos nacionales si viesen que hay que ocuparse en un determinado marco de los derechos humanos. Tampoco tienen la posibilidad de intervenir activamente en los acontecimientos con un fiscal totalmente independiente.
Creo que es necesario que influyamos como europeos sobre los Estados que hoy no han firmado aún la resolución de Roma. Gran Bretaña y Alemania se incluyen entre dichos Estados. Necesitamos las firmas. Queremos comenzar a tiempo con el Tribunal Penal.
Akin Birdal

Bertens
Señor Presidente, la Comisión ya ha señalado en su informe de situación en Turquía que no se ha llevado a cabo un proceso serio contra el activista de los derechos humanos Akin Birdal. Si ese asunto es un ejemplo de la postura del Gobierno y la justicia turca, creo que Turquía puede olvidar, de momento, la integración en Europa. Ya que la integración está unida a criterios firmes, claros, estrictos y serios. En el caso de que Turquía quiera entrar en Europa, deberá encaminarse hacia una democracia y hacia el respeto de los derechos humanos. Espero que en el marco de la democracia y de las buenas relaciones entre la Unión y Turquía, el presidente Demirel indulte al Sr. Birdal.
Además, espero que el Parlamento turco lleve a la práctica en breve espacio de tiempo los cambios legales necesarios, que ya ha prometido desde hace tiempo, para garantizar la democracia, el respeto por los derechos humanos y un estado de derecho independiente. Mi grupo confía en que la Comisión y el Consejo emprendan las gestiones pertinentes.

Swoboda
Señor Presidente, señor Comisario, hace dos semanas me he encontrado en Turquía con Akin Birdal. He visto cómo padece aún bajo las heridas del atentado. He escuchado la conferencia que ha pronunciado en Ankara sobre los derechos humanos y le he respondido. Fue una intervención muy moderada. Recomendaría al Gobierno turco que aprovechase realmente la situación actual para hablar con personas como Akin Birdal, que defienden una actitud moderada y razonable, para solucionar la crisis interna de Turquía, en especial en lo que a la cuestión kurda se refiere.
Creo que es en el sentido de lo que desearía Akin Birdal si expongo a continuación algunas observaciones básicas sobre la actual situación de la crisis. Esta mañana Pauline Green y otros han expuesto que nosotros rechazamos la actitud que actualmente adopta Turquía en la cuestión del señor Öcalan y su posible asilo. Precisamente yo, que me esfuerzo por establecer una relación razonable entre Turquía y la Unión Europea y que por esta razón he estado este año tres veces en Turquía para mantener conversaciones, tengo que rechazar la actitud turca. Insto al Gobierno turco para que recoja ahora la oportunidad para que si se responde positivamente a la solicitud de asilo, todas las partes renuncien al uso de la violencia, también por parte del PKK y de los representantes políticos kurdos. Deberían celebrarse conversaciones que no tendrían que ser con el PKK sino que se podría ofrecer perfectamente para ello también Akin Birdal, con la finalidad de llegar a una solución en el sentido de una autonomía lingüística y cultural dentro de la unidad de Turquía. Akin Birdal y su organización luchan también por ello. Pienso por ello que el Gobierno turco debe hacer uso de la oportunidad de hacer lo mejor en esta situación de crisis y perseguir una solución pacífica interna en la cuestión kurda.

Wolf
Señor Presidente, señor Comisario, nos enfrentamos a un caso típico. La condena de Akin Birdal supone de hecho imponer una prohibición política en lo que se refiere a la cuestión kurda en Turquía. Esto bloquea de hecho la situación.
En segundo lugar, no debemos olvidar que precisamente en el Parlamento turco está en marcha el proceso para revisar el código penal y suprimir los artículos 312 y 159, por los que fue condenado Akin Birdal así como el artículo 8 de la Ley Antiterrorista. En esta situación, en primer lugar es oportuno políticamente que Turquía aproveche la ocasión de diálogo que Akin Birdal siempre ha significado y, en segundo lugar, es una exigencia humanitaria que Akin Birdal, que fue víctima de un atentado perpetrado por oscuros poderes y que aún sigue padeciendo sus secuelas, tenga acceso a una atención médica también en Europa. En este sentido, tenemos que apelar como amigos de Turquía para que el Gobierno turco modifique su actitud.

Langen
Señor Presidente, Señorías, si seis grupos políticos de esta Asamblea presentan y aprueban una solicitud conjunta, tiene que ser una señal para el Gobierno turco y para el Jefe del Estado turco que esta cuestión, la condena del Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos turca, a quien muchos de nosotros, como el Sr. Swoboda, conocemos de numerosas conversaciones en los años pasados, no es un asunto sobre el que se hable aquí rutinariamente. Para nosotros, esta cuestión es más bien una piedra de toque sobre la capacidad democrática de Turquía y el respeto de los derechos humanos. El Comisario van den Broek ha presentado hace poco un informe sobre el estado de las relaciones. Todos recordamos aún cuando nos pronunciamos en favor de la unión aduanera, qué promesas realizó el antiguo Gobierno en lo tocante a la adaptación de la Constitución y la práctica de los derechos humanos. Desde aquella ocasión, no se ha hecho nada, por lo que no podemos abrir a Turquía ninguna perspectiva sobre una posibilidad concreta de adhesión mientras en estas cuestiones básicas de la libertad de opinión y de derechos humanos no se alcancen progresos concretos.
Lo digo con tal claridad a pesar de que sé que en la semanas pasadas hemos constatado una mejora de la situación. Pero no es suficiente. Tienen que producirse más avances. El Presidente turco Demirel que anda planteando exigencias en lo que se refiere a la inclusión en el círculo de los candidatos a la adhesión y que intervino hace unos pocos día en Viena, tiene que aprovechar la oportunidad de indultar a Akin Birdal. Creo que este sería un test concreto para la capacidad de Turquía de mantener unas relaciones más estrechas con Europa. Todo lo demás no nos va hacer avanzar. Por ello, como Grupo del PPE apoyamos la solicitud conjunta. Esperamos que sea una señal positiva y que no se produzca otro agudizamiento de las relaciones entre Europa y Turquía como en el caso Öcalan.

Ephremidis
Señor Presidente, el caso de Birdal concierne en primer lugar a una condena por el Tribunal de Seguridad de Turquía. Estos tribunales, en un informe al respecto de la Comisión -evidentemente influido por su experiencia, porque sigue los asuntos de Turquía- se califican de incapaces de proporcionar las condiciones para un proceso justo al acusado. Por un tribunal semejante fue procesado. En segundo lugar, no hay posibilidad de recurrir a un órgano superior. Por consiguiente, la decisión es irrevocable. Y Birdal seguirá sufriendo todas las consecuencias el resto de su vida, incluso el no poder ir a recibir atención médica hasta que desaparezca físicamente, cosa que no lograron con el intento de asesinato perpetrado contra su persona. La única salida es que el Sr. Demirel conceda el indulto y el único modo de lograrlo es que la Comisión presione hasta que se conceda dicho indulto. Señor Presidente, no se trata de un asunto que concierna simplemente a Birdal. Concierne a las libertades del pueblo turco, a nuestras libertades. El problema de Ocalan es similar. Debemos resistir a la presión turca, a la americana, para que no se le extradite a Turquía para que sea asesinado, bien mediante ejecución, bien encerrándolo en los calabozos de Turquía, como suele ocurrir. Y ambos son símbolos de una lucha por la paz, por la libertad, por la democracia. Concretamente sobre Birdal, quiero decirles que el Tribunal de Apelación Penal de Turquía calificó de motivo para su procesamiento por el Tribunal de Seguridad el que su contenido principal, su principal tendencia fuera la libertad y la paz. Es prisionero de dicha condena y ustedes, como Comisión, son los responsables éticos si no intervienen para la concesión del indulto.
Escuela Teológica de Halki

Roubatis
Señor Presidente, ya no me sorprenden las actuaciones del estado turco como las que hoy debatimos y me temo que no será la última vez que debatamos dichas actuaciones. Terrorismo, violación flagrante de derechos humanos y libertades religiosas, decisiones arbitrarias y sin motivo, hasta bombardeos, son algunos de los elementos que componen la imagen de la táctica del estado turco hacia el Patriarcado Universal, esto es, el centro espiritual mundial de referencia para 300 millones de cristianos ortodoxos. El líder histórico y tradicional de los ortodoxos, el Patriarca Universal Bartholomeos, que normalmente prefiere la política de tonos bajos, dijo lo siguiente: «nosotros no estamos intercalados, transplantados o no somos intrusos; somos el elemento nativo de este lugar; la igualdad ante las leyes, la justicia y la libertad religiosa de la que habla la justicia turca sólo está en vigor en los papeles».
Es evidente lo que pretende Turquía con dicha táctica. Quiere acabar de una vez con el asunto de la Escuela Teológica de Halki. Quiere acabar de una vez con los cristianos que hay en Turquía. Se dedica a aterrorizar a dichos ciudadanos, a los ciudadanos turcos que resultan ser cristianos. El interrogante de la Escuela Teológica de Halki revela una vez más el problema más general del respeto a los derechos humanos en Turquía. La Unión Europea no puede hacer oídos sordos cuando desde el primer día ha existido una movilización internacional y una denuncia de las inadmisibles acciones turcas. La Unión Europea debe pedir, y en concreto también el Sr. Van den Broek, la defensa del Patriarcado Universal y de la comunidad ortodoxa prevista en el Tratado de Lozanis. Por último, debe pedir la protección del propio pueblo turco que es ya una víctima diaria de la táctica del estado turco.

Wolf
Señor Presidente, creo que aquí debemos hacer una distinción. No debemos asignar a Turquía una esencia capaz de realizar los actos más inimaginables. Ciertamente, Turquía debe mover ficha. Hay que anular el acto administrativo que ha cerrado la escuela. El Gobierno turco debe dejar claro que la libertad religiosa -un derecho humano básico- debe garantizarse en Turquía. El Patriarcado Ecuménico exige la anulación de este acto administrativo y la Unión Europea debe mostrar aquí con toda claridad que ésta es una condición elemental para proseguir el diálogo con Turquía.
Si así se quiere, se trata al fin y al cabo del lugar más elevado de formación de la ortodoxia mundial centrada en Constantinopla y no es aceptable el modo como se ha actuado en vista del respeto de los derechos de las minorías asegurado contractualmente. Debemos recordar que comportarse así viola también leyes del Islam, pues el profeta Mahoma exige expresamente la libertad del ejercicio de la religión y esto se lo tenemos que recordar a nuestros interlocutores.

Daskalaki
Señor Presidente, el Patriarcado Universal y los ya escasos griegos de Estambul se encuentran allí desde hace muchos siglos, mucho antes de que existieran el Estado Otomano y Turco. Constituyen -lo dijo también el Patriarca, lo citó con anterioridad el Sr. Roubatis- el elemento nativo del lugar, pertenecen a dicho lugar, no llegaron de otra parte, ni son extranjeros ni intrusos, aunque Turquía haya logrado a lo largo de los años aniquilar el elemento griego con métodos sistemáticos y con toda clase de violencia. El último, por orden, de esos métodos es la destitución de los miembros del Comité de supervisión de la Escuela Teológica de Halki. El objetivo es evidente: Despojar a la escuela de su patrimonio y, principalmente, anular su nuevo funcionamiento. Se trata en esencia de otra acción terrorista por parte de un país que no respeta los derechos humanos y que no duda en lanzar, en todas direcciones, amenazas de todo tipo. Lo dijimos también por la mañana en un gran debate sobre lo que sucede en Italia.
No considero necesario extenderme en subrayar la seriedad del problema. La muestra nuestra resolución común. Desearía simplemente decir, para terminar, que si Turquía no respeta y se aleja continuamente de los ideales europeos, ello sucede porque Europa, anteponiendo continuamente intereses y criterios únicamente económicos, no le ha dado a entender que los derechos humanos deben ser prioritarios.

Hatzidakis
Señor Presidente, soy de los que creen en una Turquía moderna y progresista que en algún momento encontrará su camino. Sin embargo, tengo la impresión de que la propia Turquía no lo cree. Una de las muchas muestras que tenemos es también como se comporta ante el Patriarcado Universal de Estambul y como se comportó en el caso concreto con la Escuela Teológica de Halki. La misma Turquía ennegrece su imagen y debería comprender que el Patriarcado Universal de Estambul añade esplendor tanto a la propia Estambul como a Turquía como estado.
Turquía, después de haber cerrado fundamentalmente la escuela de Halki, ahora interviene también en el Comité de Supervisión de la Escuela, que era la última muestra de que dicha Escuela, si no qué otra cosa, vegetaba. Saben que el Congreso Americano se ha movilizado reiteradamente por este asunto concreto. Hoy, por fin, también se moviliza el Parlamento Europeo. Creo, señor Presidente, que también debería movilizarse la Comisión Europea. Comprendo la importancia económica que tiene Turquía, entiendo la importancia que tienen el comercio y los acuerdos económicos -además, en todas partes hay empresarios que tienen relaciones con Turquía, incluso en mi país, y las tienen correctamente- pero, dicho esto, aparte del comercio existen también los derechos humanos, nuestra cultura, el respeto a la diversidad. Por tanto, esto deberá existir no sólo en los papeles, sino que deberemos reclamárselo de forma intensa a los turcos, puesto que parece que lo tienen en su constitución sólo para verlo, para clamar que respetan los derechos humanos formalmente, porque en esencia los violan.
Por tanto, respondamos al desafío del Patriarca Bartholomeos, que es un líder religioso moderado, movilicémonos por dicho asunto. Creo que es importante para nuestra cultura y para los ideales que profesa la Unión Europea.

Ephremidis
Señor Presidente, en primer lugar diría que, una vez que votemos por unanimidad esta resolución común, la Comisión y los otros organismos institucionales deben, por fin, movilizarse porque ahora, según he oído, el tío Sam también ha dicho sí, se mueve el Congreso. No se demoren, imítenlos también cuando alguna vez hacen algo positivo.
Lo segundo que quiero decir es que dicha actuación del Gobierno Turco -no hablo de Turquía, separo a Turquía, esto es, al pueblo turco del «aparato» estatal, del régimen fascista, reaccionario que domina -socava el funcionamiento del Patriarcado al privarlo de su órgano operativo que es la Escuela de Halki. Una escuela, señor Presidente, -ocurre que he nacido en dichas regiones y lo sé- que era un referente ético, cultural, religioso, pacífico para todos los pueblos que vivían en Asia menor.
Por tanto, muévanse y dejen las medias tintas, dejen las evasivas, olviden las inversiones, los conductos, el petróleo y el gas y recuerden que desean ser llamados institución democrática, organización democrática, Unión Europea.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, el cierre de la escuela Halki en Turquía es un eslabón más de un proceso que ha venido teniendo lugar durante años. Turquía se toma una libertades que no se toma ningún otro país de Europa. Naturalmente, debemos oponernos a esta medida, que supone una violación flagrante de las libertades religiosas sencillamente inaceptable.
Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día en Turquía con la persecución de los kurdos y la guerra que viene manteniendo contra este pueblo desde 1984. Igualmente, las reacciones de Turquía contra Italia de estos momentos no son más que otra manera de expresar esta misma actitud.
Los Estados miembros de la Unión Europea han de actuar en contra de este planteamiento. Tenemos ahora la posibilidad de hacerlo exigiendo a Turquía que cumpla sus compromisos en el Acuerdo de la Unión Aduanera, porque, por si no lo saben, tenemos un acuerdo con Turquía. Hemos de hacer todo lo posible en la UE para que se respete este tratado, para que cese la guerra contra los kurdos y para que Öcalan obtenga asilo en Italia.
Antisemitismo en Rusia

Goerens
Señor Presidente, el carácter primitivo, irresponsable, incluso indecente, de las declaraciones de Makachov, nos indigna y nos preocupa por varios motivos. La incitación al odio contra los judíos por el ex general Makachov responde a un mecanismo bien experimentado. Aunque la situación económica, social y política sea alarmante, algunos no pueden resistir la tentación de reconstruir la unidad política y nacional lanzando mensajes rencorosos y acusadores con respecto a una comunidad, en este caso la comunidad judía.
Es preocupante constatar sobre todo que el Partido Comunista de la Federación Rusa, más que condenar sin reservas las palabras antisemitas de uno de los suyos, privilegia el espíritu corporativo y se niega a asumir las responsabilidades que se imponen en estas circunstancias: la aplicación de la moción de censura contra Makachov. Esto es tanto más lamentable por cuanto no faltan los mecanismos internacionales para hacer ver a Rusia lo que hay que hacer. La Duma, cuanto menos se distancie de este tipo de maniobras, más se aleja del respeto de los principios que Rusia había suscrito al convertirse en miembro del Consejo de Europa.
Por lo tanto, pedimos a la Duma que revise su decisión y que vuelva a considerar la moción de censura.

Swoboda
Señor Presidente, quiero disculpar a mi colega Barros Moura. Sin embargo, en nombre de mi grupo político quiero pronunciar algunas frases. Creo que es inaceptable lo que lamentablemente, ha vuelto a suceder aquí. El antisemitismo es una forma del racismo que ha llevado a Europa y más allá innumerables desgracias. Tenemos que condenar del modo más decidido todas estas declaraciones. Estoy especialmente apenado porque la Duma y aquellos compañeros de partido no hayan encontrado la respuesta adecuada. No se puede tolerar que tras la gran catástrofe que se abatió sobre la población judía en este continente, tras las numerosas acciones y declaraciones que tuvieron lugar en el Este de Europa y en Rusia, se produzcan ahora declaraciones antisemitas. Por ello, tenemos que rechazarlas con toda decisión y apelamos a los representantes del Parlamento ruso para que digan a sus colegas que no van a tolerar ninguna declaración antisemita.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, si se observa lo que está pasando en Rusia y se oyen las declaraciones del general Makaschov, a uno le recorre la espalda un escalofrío pues por lo visto los peores comunistas reaccionarios del estalinismo aparecen de nuevo y realizan declaraciones antisemitas, en una forma tal, que las personas afectadas en Rusia sienten un verdadero pavor.
Quiero recordarles algo: Rusia es un país en el que aún hoy existe un así llamado territorio autónomo judío. Es la región a la que Stalin mandó muchos judíos. Se encuentra en el este de Siberia, donde hoy aún vive un pequeño grupo de judíos, que se siente realmente amenazado y que teme por su existencia. Estos judíos solamente son un ejemplo de otros muchos que hay en Rusia. No podemos quedarnos sencillamente callados. Este siglo hemos visto ya los hechos más terribles y siniestros. No podemos aceptar algo así ni contemplar de nuevo algo similar.
Señor Comisario, antes hemos hablado sobre la cuestión de la ayuda alimentaria. Quizás se pueda tratar este tema en el marco de cualquier conversación que allí se mantenga.

Van Bladel
Señor Presidente, hemos empezado la actualidad con la dramática situación de los alimentos en Rusia, y finalizamos con un trágico aspecto de la vida espiritual: el antisemitismo. Me conmueve enormemente que tras siglos de pogroms y de llevar una vida insoportable en los stettels , nuestros colegas de la Duma no estén dispuestos a pronunciarse contra formas violentas de antisemitismo. Para políticos de origen judío es difícil hacer carrera conservando a su vez su nombre auténtico judío. De ahí que hace poco se diera a conocer que el actual presidente ruso aceptó el nombre de Primakov por esa razón. Desde mayo llevan peleándose rabinos y estudiantes jeshiwa y se han lanzado bombas incendiarias en las sinagogas. Como Parlamento debemos seguir insistiendo para que la Duma se esfuerce por combatir el racismo, la xenofobia y para que aplique instrumentos legales contra esas actuaciones. Pero Presidente, tampoco han surtido efecto las medidas que se han adoptado dentro de la Unión Europea contra los partidos políticos con esas mismas ideas. La privación de libertad y los castigos financieros no hacen nada, y la prohibición de un partido con estas ideas racistas no conduce a otra cosa que a la fundación de un nuevo partido con otro nombre. A mí me parece que un buen medio jurídico es que disminuya el sufragio pasivo. Tampoco existe en mi país esa medida jurídica, pero el juez francés lo ha tomado en serio. Hay que estimular la privación del sufragio pasivo en partidos xenófobos; y en lo que respecta a la Duma, Presidente, Comisario, hay que continuar insistiendo en la proposición 9 contra el antisemitismo en Rusia.

Schroedter
Señor Presidente, todo el mundo debe reconocer la dignidad de los demás. Esto es válido tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza. El antisemitismo nos recuerda los tiempos más tenebrosos de nuestro continente donde estos valores fueron pisoteados por innumerables personas. Por ello, el mandato común de nuestra generación es erradicar de raíz el antisemitismo. Esto es aplicable tanto a nuestros países como a nuestros interlocutores. Por ello, exigimos a la Duma que muestre una mayor sensibilidad y que rechace con toda decisión statements que hieren la dignidad de los judíos en Rusia. Con este rastrero populismo de algunos políticos, se hace la corte a grupos extremistas nacionalistas en Rusia y esto es un peligro para la democracia en este país.
Señor van den Broek, sabemos que las organizaciones grassrot en Moscú, son aquellas que intentan trabajar activamente en este campo. Le pregunto ahora: ¿no es posible dar precisamente a estos grupos el dinero que no ha gastado usted en el marco de la línea democracy de TACIS, que se gaste realmente en el sentido de la exigencia que planteamos el martes?

Blot
Señor Presidente, condeno el odio antisemita venga de donde venga. Pero, sinceramente, la lectura de las propuestas de resolución hostiles a la Duma me ha chocado. ¿Se debe a toda costa dar lecciones de moral al mundo entero, sobre todo si se tiene en cuenta que en los textos propuestos hay rastros de racismo contra los rusos y los eslavos, que considero totalmente inadmisible? ¿Debo recordar que los eslavos han sido las primeras víctimas de la segunda Guerra Mundial y que los rusos han totalizado el mayor número de muertos que ninguna otra etnia en la lucha contra el ejército nazi? ¿Debo recordar que recientemente el patriarca de Moscú y de todas las Rusias ha condenado dos veces el odio antisemita?
Es inaudito que algunos colegas nuestros deseen dar órdenes a la Duma del Estado ruso, como ocurre con el apartado 4 de la resolución común; como si personas extranjeras debieran dar órdenes a los representantes elegidos por el pueblo. La Duma es soberana en sus votaciones. ¿Qué dirían ustedes si los diputados rusos quisieran dar órdenes, a propósito de las votaciones, a los diputados del Parlamento Europeo? Por otro lado, es escandaloso asimilar constantemente y de manera sistemática el patriotismo ruso al antisemitismo. Se buscan todos los pretextos posibles para debilitar a Rusia o a cualquier otra nación que se resista al nuevo orden mundial imperialista. Esta es la realidad.
Finalmente, constatamos una deriva lamentable del propio término «antisemita». Antes estaba claro que un antisemita era alguien que odiaba a los judíos. Lo cual es condenable; estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero hoy se califica de antisemita a una persona simplemente porque el lobby israelí no la quiere. Es una manera de eliminar políticamente a alguien.
Esta deriva arrogante no favorece ni la amistad de los pueblos, ni la causa de la democracia, ni la lucha legítima contra el odio racial. No se construirá la amistad entre los pueblos y entre Europa y Rusia, comportándonos como fariseos agresivos, alentados por el desprecio a la Duma y a todo el pueblo ruso.

Amadeo
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional comparte la propuesta de resolución relativa a los brotes antisemitas en Rusia. Por desgracia, parece que de nada ha servido la experiencia histórica, ya que no es la primera vez que, cuando en un país se produce una situación de crisis, se achaca la culpa a los llamados complot judíos. Es imprescindible, por tanto, la máxima firmeza para aislar estas manifestaciones de demencia política y reaccionar con todos los medios a nuestro alcance para abortar desde el principio dichos brotes de odio y de discriminación. Es por esto que debo ampliar las informaciones que poseen recordando que el mismo general Makashov ha cosechado -cito un autorizado periódico italiano, el Corriere della sera- «muchos aplausos durante las manifestaciones en conmemoración del 81ºaniversario de la Revolución de Octubre».
Pues bien, en estas mismas manifestaciones se hallaban presentes las delegaciones de los dos Partidos Comunistas italianos, es decir, de Refundación Comunista y del Partido de los Comunistas Italianos, el primero miembro de la mayoría del Gobierno Prodi, el segundo titular de algunas carteras ministeriales del Gobierno D'Alema. Y no me parece que, hasta la fecha, el Presidente del Consejo italiano haya pedido aclaraciones o disociaciones a quien forma parte de su Gobierno y, al mismo tiempo, marcha junto con quien -comunista y ultranacionalista- incita al odio étnico y religioso.

Van den Broek
Señor Presidente, los debates que se celebran en esta Asamblea sobre los derechos humanos nunca tienen un carácter alentador, pero no por ello son menos necesarios. Intentaré responder muy brevemente a las cuestiones que se han puesto sobre el tapete. Empezaré por Argelia.
Para todo el mundo es evidente, y yo tampoco he oído ninguna voz en contra en esta Asamblea, que por mucho que se hable de que se han hecho progresos para conseguir la libertad de prensa y democratización en Argelia, todavía se está muy lejos de conseguirlo. Pero precisamente por eso la Comisión y la Unión Europea están empleando, desde hace tiempo, importantes medios para estimular principalmente la libertad de prensa en Argelia. Vds. saben que hay disponible un presupuesto relativamente amplio para los países mediterráneos, del que una buena parte está destinado a Argelia. Es algo penoso que cuando hablamos de libertad de prensa no podamos denunciar de una vez la inaceptable escala de violencia en Argelia, que en las últimas semanas ha costado la vida de forma sangrienta a decenas de ciudadanos inocentes. Esto nos enfrenta a la evidencia de las muchas cosas que tienen que cambiar en Argelia antes de que podamos hablar de un estado de derecho democrático.
Sabemos lo compleja que es la situación. Sabemos también que la Unión intenta mantener abierto el diálogo con Argelia. Incluso con el cierre de un acuerdo de asociación, lo que daría pie a que se institucionalizase un diálogo político, tropezamos en este tema con una postura bastante reservada por parte de Argelia.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho sobre Yugoslavia y el presidente Milosevic. Sobre estos asuntos hemos intercambiado también opiniones. No es una casualidad que tengamos que mantener una amplia política de sanciones frente a Yugoslavia. Nuestras críticas y nuestro malestar tienen que ver también con la libertad de prensa. La mayoría de los medios de comunicación en la República Federal de Yugoslavia, sobre los que se están ejerciendo presión, como Radio Index, Donas o Nasa Borba, reciben una ayuda financiera de la Comunidad.
En 1997 se destinó alrededor de 4 millones como ayuda a los medios de comunicación independientes en Yugoslavia, y en 1998 más de 5, 6 millones, de un total de 10 de los que disponemos para el conjunto de la ex-Yugoslavia. Se le presta mucha atención a esto.
Vd. debe entender que cuando hablamos sobre Yugoslavia pongamos todo nuestro interés, en este momento, en buscar soluciones al acuciante problema de Kosovo, pero eso no quiere decir que debamos prestar menos atención a otros aspectos democráticos y de democratización en la República yugoslava. Aunque tengo que decir que el Sr. Milosevic tampoco nos da ningún motivo habitualmente para que veamos este asunto de forma optimista.
Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre el Tribunal Penal Internacional. La Comisión se alegra enormemente del éxito alcanzado en la Conferencia, donde se creó este Tribunal. Aunque no se puedan tener en cuenta todos los propósitos expuestos, los estatutos de este Tribunal forman la base de un Tribunal eficaz y fidedigno, para que los delitos más horribles que se han cometido contra la humanidad no sigan permaneciendo impunes por más tiempo, y para desalentar a criminales potenciales, que no es menos importante. Expresamos nuestro deseo, pues, de que se consiga rápidamente el requisito exigido de 60 ratificaciones.
También hemos intercambiado opiniones con frecuencia sobre la política y, principalmente, sobre la situación de los derechos humanos en Turquía. Compartimos, asimismo, la preocupación del Parlamento Europeo por la condena de Akir Birdal, y por el reciente despido de la directiva de la escuela teológica de Galki. Todos aquéllos que se han puesto al corriente de nuestro informe de investigación en desarrollo sobre la situación política en Turquía habrán visto expresada esa preocupación.
Recientemente me he puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía y le he dicho lo siguiente: Vd. ha pedido a la Unión Europea que se juzgue a su país según los criterios de Copenhague, para ser miembro futuro de la Unión Europea. En lo que a esto respecta: noblesse oblige , es lo que nos enseña el control político. Intensifiquemos sobre todo el diálogo político, para tratar de mejorar estas situaciones que con frecuencia son inaceptables. Lo que acabo de mencionar constituye sólo una pequeña parte de ese diálogo.
Para finalizar quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre estar alerta ante el antisemitismo en Rusia. Los únicos términos que se pueden utilizar ante esta situación son los de inadmisible e inaceptable. Lamentablemente no es la primera vez, dentro de la historia rusa, que se utiliza a miembros de la población judía como cabeza de turco de una situación de crisis. En ese trasfondo se producen también las manifestaciones antisemíticas de un miembro de la Duma, que pertenece al partido comunista, aun más inaceptable, sobre todo si se tiene en cuenta que son los miembros del partido comunista los que han impedido que se pudiese anular la inmunidad del miembro pertinente.
Afortunadamente existen figuras prominentes como el alcalde de Moscú, Loesjkov, que se ha distanciado de esta declaración, y otras organizaciones destacables en Rusia. Es alentador, de igual modo, y tengamos en consideración esa parte positiva, que el Fiscal ruso haya dicho que se van a abrir investigaciones y que el incidente ya es un tema de discusión dentro del Consejo de Seguridad ruso.
Finalmente, ya que la Duma tratará esta cuestión con toda probabilidad la próxima semana, quisiera proponer que desde el Parlamento Europeo se entablen contactos intensivos con los miembros de la Duma en el marco del consejo de colaboración parlamentaria, por el acuerdo de colaboración que la Unión tiene con Rusia, y que hablen sobre este asunto con ellos y le transmitan su preocupación, así como nosotros también debemos hacer en nuestros habituales contactos con el Gobierno ruso. Muchas gracias, señora Presidenta, esto es todo lo que tenía que decir sobre estos informes.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Señor Swoboda, ¿tiene usted aún una pregunta?

Swoboda
Señora Presidenta, he preguntado de modo muy concreto al Comisario si está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para que el dinero puesto a disposición de la prensa serbia o de los medios se pague con rapidez. De lo contrario, algunos medios no deberán cerrar solamente a causa de Milosevic sino porque el dinero llega demasiado tarde. Señor Comisario, le ruego brevemente una respuesta.

Van den Broek
Señora Presidenta, puedo tranquilizar al Sr. Swoboda, ya que conozco la queja, y ya he requerido la atención de los servicios pertinentes y que se acelere su proceso tanto como sea posible.

Posselt
Señora Presidenta, mi intervención se refiere a la votación que se va a celebrar a continuación. Ha ocurrido de nuevo lo que ya advertí hace meses: aunque disponemos de las propuestas de resolución en todos los idiomas, no disponemos sin embargo de los textos originales. Ya conocen la frecuencia con que se rechazan aquí resoluciones conjuntas para debatir a continuación sobre textos originales. Pero según el apartado 1 del artículo 102, esto no es posible pues no están disponibles en todos los idiomas. Tras mi última queja, desapareció el problema, pero hoy ocurre de nuevo que no disponemos de los textos originales y ruego que la próxima vez se haga como debe ser.

El Presidente
Señor Posselt, comprendo su objeción pero tiene que considerar que en su caso habría que realizar una gigantesca cantidad de traducciones. Lo voy a exponer de nuevo, si bien ya existe una resolución al respecto.
Señor Roubatis, ¿tiene que plantear aún una pregunta al Comisario van den Broek?

Roubatis
Señora Presidenta, en el debate precedente, todos los oradores pidieron al Sr. van den Broek que hiciera algo concreto sobre el cierre de la Escuela Teológica de Halki. El Sr. van den Broek no nos ha dicho qué hará en concreto, a qué actuación concreta va a proceder para que las Autoridades turcas permitan de una vez a dicha escuela funcionar como debe.

Van den Broek
Señora Presidenta, le prometo que en el próximo contacto que entable con Turquía requeriré la atención sobre este asunto, y que transmitiré las opiniones de la Comisión que coinciden con las de este Parlamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a continuación.

El Presidente
Vamos a proceder a las votaciones.

Votaciones
Andersson, Lööw y Sandberg-Fries
Desearíamos resaltar en esta explicación de voto que es importante que exista la posibilidad de presentar a trámite las solicitudes de patentes en todas las lenguas de los Estados miembros. Estimamos que cualquier reglamentación en otro sentido perjudicaría el progreso de la actividad empresarial y el desarrollo de las actividades innovadoras en la Unión Europea. Acogemos favorablemente el modo satisfactorio con el que el informe aborda esta cuestión sobre el uso de las lenguas en la tramitación de las patentes.

Bonde, Krarup y Sandbæk
El sistema de patente comunitaria está basado en el Convenio de Munich de 1973, que es un convenio internacional. Las patentes expedidas en virtud de este Convenio tienen efecto en todos los países que lo han ratificado, es decir, en todos los países comunitarios y en varios países más. El Convenio simplifica, en un solo procedimiento, la obtención de la protección por la patente en más de un Estado, encomendándose la gestión del sistema a la Oficina Europea de Patentes. Las patentes expedidas en virtud de este procedimiento quedan sujetas al derecho nacional de cada país.
Posteriormente se ha probado suerte con otros dos convenios o acuerdos sobre concesión de patentes, el Convenio sobre la Patente Comunitaria de Luxemburgo de 1975 y el Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias de 1989 que completa al anterior. Estos dos instrumentos no han entrado todavía en vigor. Ahora se plantea la elaboración de otra patente comunitaria que sea válida en todo el ámbito comunitario. Los órganos jurisdiccionales de los países miembros serán los únicos competentes para decidir en cuestión de violación de la patente comunitaria y se piensa en que el órgano de apelación siga siendo el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
Creemos que la implantación de una patente comunitaria es un reglamento completamente inútil. Cuando ya se ha probado suerte con acuerdos sobre concesión de patentes comunitarias que 23 años después aún no han entrado en vigor, ¿por qué volver a repetir los mismos errores? Una patente comunitaria será válida en menos países que una patente expedida en virtud del Convenio de Munich. Nos adherimos completamente a la reflexión del informe según la cual «la actual combinación del Convenio sobre concesión de patentes europeas y los sistemas nacionales de patentes representa un sistema eficaz y flexible de patentes para el EEE».

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
La propuesta para establecer un sistema comunitario de patentes es un ejemplo de reglamentación innecesaria y de duplicación administrativa en el plano de la Unión Europea. Como queda de manifiesto en el apartado E del informe, la reglamentación nacional e internacional existente hoy en día en el ámbito de las patentes funciona bien. Por este motivo, hemos votado en contra del informe.

Lindqvist (ELDR)
En Europa existe ya desde hace mucho tiempo un sistema de patentes de carácter internacional. En permanente contacto con las importantes actividades en materia de normalización, su funcionamiento es excelente. No existe ningún motivo para establecer ahora nuevos sistemas solamente para que lleven la etiqueta de la UE. Por consiguiente, todas las reformas deberán basarse en los sistemas de patentes ya existentes, a fin de actualizarlos conforme al mundo industrial moderno.

Theorin y Wibe
En el considerando J se afirma «que los Estados miembros no deben renunciar a sus lenguas nacionales» en materia de patentes y de Derecho de patentes. Es necesario reforzar esta afirmación sustituyendo «no deben renunciar» por «no renunciarán », por las mismas razones que se exponen en dicho considerando.
Además, hemos de admitir que no entendemos bien por qué se ha de introducir un nivel más en el procedimiento de patentes, tal como se recoge en el apartado 6 al establecerse que la patente de la UE debe coexistir con los sistemas de patentes nacionales. Nos preguntamos sencillamente si no son suficientes un nivel nacional, otro europeo y otro mundial. ¿Es verdaderamente necesario un nivel comunitario?
Informe Hoppenstedt
Bébéar
La reputación de la Unión Europea en el ámbito de la industria aeronáutica y espacial es evidente. Hoy constituye un sector económico competitivo y prometedor, que dispone de sociedades muy potentes; así, AIRBUS Industrie , lanzada en 1970 por Francia y Alemania, dispone del 50 % del mercado mundial de su sector, tras la crisis asiática.
Sin embargo, estos resultados no nos deben hacer olvidar las realidades económicas: al acercarse el próximo siglo, perdemos terreno. Nuestro gran número de empresas nacionales ya no está en condiciones de mantener, aisladamente, el nivel de la competencia mundial. Las grandes empresas norteamericanas llevan a cabo, particularmente, una política ofensiva y encarnizada. Por otra parte, vivimos actualmente en un contexto de recorte de los pedidos nacionales de aeronaves militares y de restricciones de los gastos de defensa nacional.
Por consiguiente, se impone urgentemente una reestructuración de este sector, como lo subraya el Informe Hoppenstedt. Esta es la solución por la que debemos optar si queremos asegurar una verdadera concentración productiva, una verdadera sinergia de las inversiones financieras, y optimizar los resultados de investigación y de transferencia de tecnología del sector militar al sector civil.
La Unión Europea puede dar este fuerte impulso, y de inmediato, porque disponemos de poco tiempo para desarrollar esta lógica económica.
A este respecto, hoy debemos tomar iniciativas que fueron adoptadas hace más de diez años en los Estados Unidos: liberalizar las estructuras industriales militares y civiles, globalizar las actividades de defensa y espaciales... Por lo tanto, a Europa le interesa implicarse más, ya que posee un potencial de base viable.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo ha trabajado mucho en esta cuestión, teniendo en cuenta el aspecto del empleo. ¡Nunca debemos olvidar que más de 700 empresas mantienen a cerca de 370.000 familias en toda la Unión Europea!
Por lo tanto, no podemos dejar que este sector de empleos desaparezca progresivamente. Tampoco podemos despojarnos de esta industria si aún deseamos asumir nuestras responsabilidades de política exterior y de diplomacia internacional.
Por consiguiente, apruebo el informe de mi colega Hoppenstedt y la libre elección de las medidas que deben adoptarse, que deja a la vez en manos de las empresas afectadas y de los Estados miembros.

Blak, Iversen y Sindal
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votamos hoy a favor del informe conjunto del Sr. Hoppenstedt sobre la industria aeroespacial, puesto que este campo será una importante fuente de empleo en la Europa del futuro. Así, este sector empleó en 1997 a nada menos que 377.510 individuos, cifra a la que hay que añadir, entre otros, los empleos derivados hacia las empresas subcontratadas.
La propuesta plantea una mayor cooperación en materia de investigación y desarrollo dentro de la industria aeroespacial europea, una cooperación que nos parece necesaria si este sector va a competir con éxito ante la industria norteamericana. La industria aeroespacial norteamericana se beneficia de los grandes pedidos que recibe del ejército norteamericano y de los conocimientos que el ejército brinda gratuitamente a las empresas privadas.
El informe del Sr. Hoppenstedt contiene, sin embargo, propuestas de desarrollo conjunto de aeronaves militares y de reestructuración de la industria aeroespacial tanto civil como militar con vistas a promover una consolidación de la industria de defensa. Esta situación choca con la posición danesa en el ámbito de la política de defensa y seguridad y por ello nos hemos abstenido en la votación de los puntos 6 y 7, puesto que no queremos obstaculizar los pasos que los demás países miembros pudieran dar en esta sentido.

Holm
Considero que se debe hacer una distinción entre, por un lado, las actividades de la investigación en el ámbito civil y la industria aeronáutica y, por el otro, las actividades de la industria militar. Las actividades de la UE deben comprender únicamente las cuestiones de carácter civil, y el Tratado, hoy por hoy, no respalda en ningún momento esta división.
Por lo tanto, no puedo respaldar la comunicación de la Comisión acerca de la industria aeronáutica. Preferiría que se limitaran las actividades de esta industria y que se establecieran unas normas claras sobre cómo se debe llevar a cabo dicha actividad industrial. Si bien esta postura no significa que sea completamente contrario a la investigación y la actividad industrial en este ámbito, sí que creo que se deben esclarecer las condiciones en que tienen lugar las actividades militares.
Tampoco respaldo el punto de vista básico de este informe, que salió a la palestra con motivo de la reunión previa de seis Ministros de Defensa de la UE para debatir la integración y reestructuración de las industrias de defensa. Atendiendo a la política de no alianza y neutralidad de Suecia, resulta particularmente lamentable la participación en dicha reunión de las industrias de defensa de este país.
He decidido dar mi apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y votar en contra del informe en su totalidad.

Lindqvist (ELDR)
Es naturalmente positivo que se potencie la industria aeronáutica. Sin embargo, a los países neutrales que no participan en alianzas militares les resulta difícil, o simplemente imposible, participar en unas actividades que vinculan a la industria aeronáutica con las industrias de defensa de los distintos países y con la PESC.

Palm
Ni la Unión Europea ni ninguno de sus Estados miembros es objeto de una amenaza militar en la actualidad. Por esta razón, se deben realizar esfuerzos para reducir la producción de material armamentístico, ya que esta producción merma los recursos de otras actividades importantes en los Estados miembros y, además, porque los países en desarrollo que importan las armas destinan a este fin importantes recursos que serían necesarios de manera primordial para reforzar el ámbito social. Además, la producción incesante de material de guerra constituye de por sí una posible amenaza ya que, cuantas más armas se produzcan, mayor será la posibilidad de que se haga uso de las mismas.
Si, a pesar de todo esto, la situación mundial evolucionara en el futuro de tal manera que los Estados miembros decidieran democráticamente la fabricación de más material bélico, no veo ningún inconveniente a que, como se señala en el informe, la fabricación de aviones militares tenga lugar en el marco de un mercado de carácter monopolista.
No obstante, es extremadamente importante que la Unión y sus Estados miembros lleven a cabo esfuerzos por reducir el elevado grado en que la aeronáutica depende de los pedidos militares. Si no se actúa en este sentido, la producción podría seguir su propio camino, independientemente de la situación en materia de política de seguridad.

Titley
Como ponente sobre la comunicación conexa de la Comisión relativa a las industrias relacionadas con la defensa, acojo con el mayor beneplácito el informe del Sr. Hoppenstedt sobre el sector aeroespacial. Esos dos sectores de la industria de la UE son tan decisivos para el futuro éxito económico de todos nosotros, que, al debatirlos, se deberían dejar de lado, en la medida de lo posible, las diferencias nacionales y de partido.
Comparto el deseo del informe de que en el sector aeroespacial haya importantes grupos industriales a escala de la UE, no sólo para garantizar los muchos puestos de trabajo y los altos niveles de conocimientos técnicos que emplean, sino también a fin de mantener la capacidad de la UE para decidir cuándo competir y cuándo cooperar con los Estados Unidos en esa esfera. Si no damos una clara luz verde a las empresas interesadas para proseguir con la tarea de reestructurar sus operaciones para ese fin, nosotros seremos los únicos culpables de que nos encontremos ante la alternativa de comprar aeronaves americanas o no comprar nada.
Me alegro de que las empresas británicas estén impugnando el estereotipo, ahora inexacto, de mi país como nación de euroescépticos al desempeñar un papel destacado en la cooperación: los directores y el personal de Westland y British Aerospace están cooperando con los socios de la UE por sólidas razones comerciales, en lugar de seguir el dogma aislacionista del Partido Tory, que en tiempos afirmaba hablar por la industria británica.
Como se señala en este informe, tan sólo en el sector de los satélites, el mundo puede esperar 1.500 lanzamientos en el próximo decenio: como políticos, debemos brindar a nuestras empresas todas las posibilidades de competir por esos contratos, no paralizarlas con papeleo en la plataforma de lanzamiento.

Verwaerde
Deseo ante todo felicitar a nuestro ponente, el Sr. Karsten Hoppenstedt, por el excelente trabajo que ha realizado.
La comunicación de la Comisión Europea efectúa un análisis de la situación actual de la industria aeroespacial. Dicha comunicación permite tener una visión de conjunto, sin poner en evidencia los problemas específicos de uno u otro sector particular que componen esta industria europea.
Dicho enfoque es interesante. No obstante, desde la publicación de esta comunicación, el mercado europeo aeroespacial ha evolucionado, y el informe del Parlamento ha hecho hincapié en esta mutación. Europa posee un verdadero potencial con miras al futuro.
Para sacar el mejor provecho de dicho potencial, la industria europea debe beneficiarse de unas condiciones favorables, sobre todo para aplicar estrategias de empresas comunes. Estas estrategias permitirán a este sector de vanguardia competir en igualdad de condiciones con la industria norteamericana, que tiene la ventaja de no estar obligada a luchar contra fragmentaciones nacionales del mercado y que se beneficia de una ayuda pública importante en materia de investigación y de desarrollo.
Comparto plenamente el sentir de nuestro ponente con respecto a la declaración de Alemania, de Francia y del Reino Unido, del 9 de diciembre de 1997, y a la carta de intenciones de los Ministros de Defensa alemán, español, francés, italiano, sueco y británico. En efecto, el compromiso que asumieron de favorecer la consolidación de las industrias de defensa constituye un factor político esencial y un signo positivo para los industriales europeos.

Wibe
La aspiración de coordinar esfuerzos en el sector de la industria aeronáutica resulta digna de encomio. Sin embargo, considero que no se debería vincular este sector a los proyectos militares como se recoge, por ejemplo, en el apartado 6, donde se señala la necesidad de desarrollar las próximas generaciones de aviones militares. Creo que, en su lugar, se debería hacer hincapié en un desarrollo de la industria aeronáutica sin conexiones de ningún tipo con el sector de la industria militar.

Linser
El FPÖ apoya los contenidos políticos y declaraciones de intenciones de esta propuesta de resolución, pero se abstiene en la votación pues el aumento adicional de la ayuda financiera y económica que se exige en la solicitud para esta región no está suficientemente estructurada ni parece asegurada su eficiencia.

Personas desplazadas (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la prosecución del debate sobre el informe del Sr. Wiebenga.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, retomando las palabras de otros muchos oradores, quiero empezar felicitando al Sr. Wiebenga por un trabajo sostenido desde hace muchos meses, eficaz y cortés. Dicho esto, señora Presidenta, mi primera reflexión se referirá a algunas intervenciones que lo único que muestran es una peligrosa demagogia cuyo único efecto es hacer peligrar y, desde luego, perjudicar la causa de quienes entendemos -y somos todos- que, ante el problema de ofrecer una protección adecuada a quienes en un momento determinado lo necesitan por la situación de convulsión existente en sus países, debemos dar una respuesta adecuada, eficaz y proporcionada. Una respuesta, en definitiva, que esté a la altura de ese espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo con el tercer pilar.
Señora Presidenta, no ayudan a esa causa quienes incluso llegan a decir que han de restringirse los Fondos estructurales o de cohesión para aquellos Estados miembros que, supuestamente, están obstruyendo estas medidas. En primer lugar, porque eso es un juicio de intenciones y, en segundo lugar, porque, aunque esos países propugnaran la unanimidad para la toma de decisiones, no tendría el más mínimo sentido, ni jurídico ni político, establecer ese tipo de juicios de intenciones que son, como digo, totalmente perjudiciales, en última instancia, para sacar adelante este informe.
Respecto a la dos propuestas de la Comisión, señora Presidenta, he de felicitar a la Sra. Comisaria. Son dos propuestas interesantes, equilibradas y que creo harán su camino y de las que veremos los resultados -espero- en un futuro muy próximo.
Y ahora, señora Presidenta, permítame enarbolar la bandera de quienes mantenemos que las decisiones al respecto han de tomarse por unanimidad y por qué lo hacemos. No es demagogia ni muchísimo menos se trata de que no queramos estas medidas. Es, sencillamente, que la Sra. Gradin ha basado la primera propuesta en el artículo K3.2.b) correctamente , porque ese es el Derecho vigente.
Pero, evidentemente, hemos de tener en cuenta que el Tratado de Amsterdam -que, aunque todavía no ha entrado en vigor, es una decisión política de primera magnitud- establece la unanimidad para este asunto. No podemos, por lo tanto, desconocerlo. Yo entiendo muy bien la postura de la Sra. Comisaria, pero que no se diga que quien pide la unanimidad es porque no quiere ir más allá. Quien pide la unanimidad sólo muestra ser consciente de que, con mucho trabajo, quince Estados miembros han llegado a un pacto en Amsterdam que establece que, durante cinco años, en este ámbito deberá haber unanimidad. Y porque queremos de verdad que esto avance, hacemos esa propuesta, que es a la que hay que llegar.
Mi segunda reflexión va en el sentido de lo político. Evidentemente, los quince Estados miembros se tienen que poner de acuerdo, y sólo si se ponen de acuerdo los quince Estados miembros esta propuesta saldrá adelante. Hay que darle la razón al Sr. Nassauer. Si una parte de la propuesta se decide por mayoría cualificada, porque lo permite el artículo K3 y, sin embargo, otra parte de la propuesta se decide por unanimidad, al final tendríamos una situación absolutamente descompensada y desequilibrada tanto política como jurídicamente.
Por lo tanto, señora Presidenta, repito: quienes hemos presentado enmiendas a favor de la unanimidad, queremos, de forma realista, que esta propuesta salga adelante. Apoyaremos políticamente, con nuestros Gobiernos, que esta propuesta salga adelante, pero entendemos que sólo saldrá adelante si respetamos lo acordado en Amsterdam, y ello requiere que se pongan de acuerdo quince Estados miembros, no una mayoría cualificada.

Posselt
Señora Presidenta, el sector socialista de esta Asamblea está experimentando actualmente un proceso de transformación muy interesante. Tiene su punto de partida en los Gobiernos. Primero con un nuevo realismo en la cuestión del asilo en el «New Labour», que no va aún lo suficientemente lejos pero que sí está ya apuntando. Sigue luego el documento de debate presentado por el Ministro austríaco del Interior -el Sr. Schlögl es asimismo socialista-, y ahora tenemos al Ministro del Interior alemán Schily, quien de repente dice que la inmigración a Alemania y el flujo de solicitantes de asilo y de refugiados de guerras civiles han sobrepasado el nivel admisible o soportable. Ni siquiera dice que se ha alcanzado sino que se ha sobrepasado.
Es interesante ver esto en contradicción evidente con lo que la izquierda de esta Asamblea siempre defiende al respecto. Aquí se ve la diferencia entre ideología y práctica. La práctica se basa de dos puntos. Por un lado, en las cifras que el colega Pirker ha expuesto aquí de modo muy sugestivo. Quiero decir que Alemania ha acogido en diez años el 50 % de todos los solicitantes de asilo y en algunos momentos hasta las dos terceras partes de todos los refugiados de guerras civiles. Se trata sin duda de una situación extrema.
Por otro lado, esta nueva actitud de algunos Ministros se debe al clima reinante y esto hay que calcularlo de un modo realista en la política. Queremos acoger a las personas perseguidas. Queremos ofrecerles protección y seguridad, pero si quiero esto, necesito aceptación y esta aceptación solamente la puedo lograr si se produce una distribución personal de las cargas que grave por igual a los diversos Estados miembros. No podemos aceptar fórmulas como la de la presente propuesta, que es una pseudo propuesta, sino que necesitamos una distribución personal de las cargas según cuotas fijas.
Señora Comisaria, el ministro del Interior bávaro, Günther Beckstein, le ha propuesto crear una oficina central europea que determine estas cuotas fijas. Estamos aún muy lejos de ello; estaríamos muy satisfechos si al menos se diese un primer paso hacia más Europa, pero esta pseudo propuesta que se nos ha presentado es un paso hacia menos Europa. Lo que intenta es evitar la solidaridad y al mismo tiempo llenar este hueco con palabras. Por ello, tenemos que rechazar las dos propuestas anteriores que deberían portar el siguiente titular: tema fallido. Creo que cualquier Estado miembro puede ser afectado por una carga excesiva y quiero decir a los colegas españoles y otros que no se trata solamente de una cuestión para Alemania, Austria, Holanda y otros pocos. Mañana puede explotar algo en el Mediterráneo que afecte por ejemplo exactamente igual a España y entonces también será necesaria la solidaridad. Pero la solidaridad es algo recíproco y esta problemática puede afectar de modo y en momentos diferentes a todos los Estados miembros. Por ello, antes de que la catástrofe se abata sobre nosotros, antes de que surjan los problemas, debemos desarrollar ya unos instrumentos para distribuir las cargas. A este respecto debo decir que aquí se incluye también la prevención, en lo que expreso mis felicitaciones al colega Pradier por lo que ha dicho hoy sobre este tema.
No debemos estar mirando cruzados de brazos hasta que se produzcan las avalanchas de refugiados sino que mediante una intervención a tiempo como, por ejemplo, en el caso de Kosovo, debemos adoptar las medidas necesarias para crear in situ las condiciones para que las personas puedan vivir con seguridad en sus países.

Gradin
Señora Presidenta, señorías, la Comisión ha seguido con interés los dos informes del ponente, el Sr. Wiebenga, acerca de la propuesta revisada de la Comisión en relación con la protección temporal de las personas desplazadas y la propuesta en torno a un reparto solidario de las responsabilidades de la política de refugiados. Como telón de fondo de esta iniciativa, las negociaciones en torno a nuestra propuesta inicial sobre la protección temporal llevan ya un año atascadas en el Consejo de Ministros. Aunque se habían presentado muchas ideas favorables, resultaba evidente que no podríamos ir ya más lejos. Existía el riesgo de que se desinflaran las negociaciones, y daba la impresión de que lo que deseaba el Reino Unido, país que ocupaba por aquel entonces la Presidencia, era dejar de lado esta cuestión. Así pues, nos vimos obligados a actuar y, en mi opinión, no bastaba ya con pequeños ajustes de la propuesta original. Lo que se necesitaba era tanto una nueva redacción del texto sobre la protección temporal como unos planteamientos más avanzados sobre el futuro reparto de responsabilidades en lo relativo a la acogida de refugiados en la Unión Europea. Esta medida nos permitía también tener en cuenta las numerosas y excepcionales propuestas de mejora que habían surgido durante las negociaciones. Además, pudimos adaptar de una manera natural a la propuesta una parte de las posiciones que había presentado el Parlamento.
Como ha podido comprobar el ponente, la propuesta sobre la protección temporal no varía en gran medida en comparación con la anterior. Una de las cuestiones fundamentales continúa siendo qué trato ha de depararse a las personas que se han acogido a la protección temporal. ¿Deberán poder trabajar, qué tipo de asistencia y cuidados podrán recibir, y a qué tipo de educación podrán tener acceso? Creo que debemos mostrarnos muy ambiciosos a este respecto, algo que debería reflejarse también en la nueva propuesta.
La segunda parte de la propuesta se refiere a un mecanismo para alcanzar decisiones de cara a la concesión o la denegación de la protección temporal. El objetivo de este mecanismo es mejorar en el futuro las condiciones para la gestión común de crisis de refugiados en Europa. Estoy relativamente abierta a sugerencias en lo que respecta a este punto. En la nueva formulación de la propuesta hemos intentado tener presentes los distintos planteamientos que se han presentado hasta el momento. Es obvio que no existe un único modelo sobre cómo alcanzar la preparación que exige esta cuestión.
Señora Presidenta, la propuesta en torno a un reparto solidario de las cargas en lo relativo a los solicitantes de asilo es, en gran medida, una iniciativa innovadora. Hasta el día de hoy, cada vez que se ha abordado esta cuestión en la Unión, las discusiones han fracasado por las controversias que rodean la distribución de las personas o los criterios que se deben aplicar para ofrecer ayudas económicas. En nuestra propuesta hemos intentado combinar la idea de ayuda financiera con la exigencia de poder también llevar a cabo una redistribución de las personas. Creo que se trata de dos asuntos importantes. Es lamentable que el debate se centre tan a menudo en planteamientos irreconciliables. En mi opinión, se podría perfectamente combinar estas dos estrategias.
Hace dos semanas tuvo lugar en Viena una reunión informal del Consejo de Ministros de Interior y de Justicia. Uno de los puntos que se discutió hacía referencia al documento de la estrategia en cuestiones de inmigración y derecho de asilo que había presentado la Presidencia austríaca. Hay mucho que hablar sobre el contenido de este documento. En estos momentos están teniendo lugar los trabajos de redacción de dicho documento, la cual reflejará los puntos de vista que ha expuesto el Sr. Wiebenga, y que también se presentaron en la reunión de Viena. Con todo, la iniciativa ha logrado que, por primera vez desde que ocupo el cargo de Comisaria, se entable un debate formal de principios acerca de esta cuestión, lo cual creo que es algo satisfactorio.
El debate de Viena muestra también que la totalidad de los Estados miembros ha comprendido las implicaciones del nuevo Tratado y el aumento de las expectativas en torno a resultados concretos en los ámbitos de inmigración y derecho de asilo. Resulta satisfactorio que algunos de los ministros hayan resaltado la necesidad de alcanzar resultados tanto por lo que respecta a la protección temporal como al reparto de las cargas. La Presidencia austríaca cuenta con presentar, cuando menos, un informe de situación en la reunión formal del Consejo de los días 3 y 4 de diciembre. Parece una vez más que la cooperación en este ámbito tiene lugar con lentitud. En un ámbito tan dinámico como es el del asilo, se trata de una circunstancia preocupante.
Numerosos acontecimientos de los últimos tiempos nos han demostrado la gran necesidad de lograr una cooperación más activa. Pienso, ante todo, en el conflicto de Kosovo. Puede que merezca también la pena recordar que la Comisión ha prometido transformar la propuesta de directiva una vez que haya entrado vigor el Tratado. Desgraciadamente, todo parece indicar que va a transcurrir todavía bastante tiempo antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam, lo cual, si he comprendido bien, no está previsto que tenga lugar hasta el próximo verano.
Además, pude comprobar con agrado que numerosas delegaciones presentes en la reunión informal de Viena declararon la necesidad de llegar ahora a un acuerdo. Asimismo, en numerosas ocasiones quedó de manifiesto que una solución común a escala de la Unión tendría que incluir también un nivel razonable de derechos sociales para quien se acoja a la protección temporal.
Nosotros, en la Comisión, hemos hecho todo lo que hemos podido para desenmarañar esta situación y encontrar un camino transitable. Ahora corresponde a la Presidencia y a los Estados miembros velar por que se lleven a término las negociaciones y se llegue a un acuerdo. Esperaba con todo mi corazón el respaldo del Parlamento, pero resulta evidente que me marcho decepcionada.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Visado - Tránsito aeroportuario
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0408/98) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre
I.el proyecto de acción común del Consejo sobre el modelo uniforme de impreso para la colocación del visado que conceden los Estados miembros a personas que son titulares de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro afectado o que no poseen ningún documento de viaje (10224/98 - C4-0525/98-98/0914(CNS))y
II.el proyecto de una acción común del Consejo relativa al tránsito aeroportuario (10225/98 - C4-0526/98-980915(CNS)).
Lehne
Señora Presidenta, Señorías, sin duda este no es el informe más importante de este período parcial de sesiones. Por ello, es aún más interesante que obtenga siete minutos para un informe relativamente tan poco importante mientras que a veces el tiempo falta en otro lugar. Sinceramente, no sé qué puedo contarles durante siete minutos sobre este informe. Permítanme, por ello, que exponga todo esto en un tiempo algo más breve.
Del título que ha presentado la Sra. Presidenta, pueden extraer que se trata en lo esencial de problemas técnicos, si bien este tipo de problemas no siempre carecen de interés si se mira qué es lo que el Consejo nos ha presentado para que adoptemos una decisión. Esto comienza con que el Consejo, en lo referente al informe parcial sobre este modelo uniforme de visado, saliéndose de las disposiciones del Tratado intenta por lo visto colocarse en una posición jurídica más favorable que los Estados miembros, incluyendo las cuestiones de la forma del documento y del visado bajo el artículo K.3 del Tratado, a pesar de que existe para ello una disposición especial en el mismo, a saber, el artículo 100c. De este modo, ya no es ninguna acción común sino que debería ejecutarse en principio como directiva. Precisamente esto es lo que hemos dicho en la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.
Otros aspectos problemáticos en las ideas del Consejo es el hecho de que él mismo se define en toda una serie de artículos de esta acción común como autoridad ejecutiva. A este respecto, hemos adoptado las medidas necesarias para que en lugar de ello la Comisión o los Estados miembros figuren como autoridades ejecutivas. Lo hacemos porque creemos que esto es más correcto que si el Consejo, que es colegislador o, en este caso, legislador comunitario, lo hace él mismo y con ello, por así decirlo, cuestiona también los principios de la división de poderes.
En lo tocante al segundo informe parcial, los visados de tránsito en los aeropuertos, se trata en parte de la misma problemática. No obstante, creemos que el fundamento jurídico se ha elegido correctamente. En lo esencial se trata de la armonización de normas técnicas para combatir la inmigración ilegal y para mejorar los controles en los aeropuertos.
Les ruego que den su voto favorable aquí en el Pleno a las correcciones que ha acordado la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y con ello adhiero también mi opinión a este informe quizás no tan significativo pero quizás no carente de importancia.

Zimmermann
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en lo que se refiere a la configuración unitaria del documento, coincido con el ponente en que se puede aprobar tal como hemos votado en la comisión. Como se trata de una hoja que se elabora exclusivamente con la finalidad de hacer de ella un visado, el artículo 100c del Tratado de la CE es el fundamento jurídico correcto aunque algunas veces los juristas no se hayan podido poner de acuerdo en el enjuiciamiento de la cuestión de si esta apreciación es la correcta. Teníamos dos dictámenes al respecto. Me parece políticamente oportuno realizar la configuración del documento sobre la base del artículo 100c.
Como Parlamento, siempre hemos dado preferencia a los procedimientos que permiten la adopción de resoluciones con mayoría cualificada. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, en caso de regulaciones de visados, lamentablemente se da preferencia de nuevo para un período de cinco años a la unanimidad frente a la mayoría cualificada. No obstante, la dirección está clara. En el campo de «visados, asilo, inmigración y otras políticas relativas a la libre circulación de personas» el Consejo decidirá en un plazo previsible con mayoría cualificada. Sin embargo, no creo que pasados otros cinco años de unanimidad al Consejo le sea más fácil adoptar decisiones con mayoría cualificada.
Apoyo además la opinión del ponente de que estamos regulando unitariamente el sector del título IV del Tratado de Amsterdam en Europa. El papel de la Comisión Europea deberá en cualquier caso fortalecerse en este sentido. Esto significa que es de su incumbencia y no del Consejo presentar especificaciones para este documento y estar a disposición de los Estados miembros como interlocutor en lo tocante a los lugares de elaboración.
En lo tocante al visado de tránsito en aeropuertos, el Tribunal de Justicia Europeo ha proporcionado al Parlamento una base bastante clara. El fundamento jurídico del artículo K. 3 prevé en este sector sólo una cooperación con los Estados miembros. Esto lo teníamos ya claro en la comisión. Sin embargo, queremos fortalecer al Consejo frente a los Estados miembros y ayudarle a llegar de este modo a una actuación conjunta también en la cuestión de los visados y de la inmigración ilegal.
En la comisión hemos hecho depender las regulaciones sobre refugiados apátridas y reconocidos así como la inclusión de la obligación de visado de una resolución común en el Consejo. Esto lo queremos lograr también para modificaciones de la lista común. Estoy a favor por ello de que votemos a favor de la correspondiente enmienda para suprimir el artículo 4.
En lo tocante a las listas positivas, con el artículo 9 se concede a cada Estado miembro la posibilidad de anular temporalmente su vigencia. No obstante, creo que como tenemos fronteras exteriores comunes, necesitamos también normas comunes para los visados y las anotaciones y aquí se incluyen estos visados de tránsito. Creo que si estos visados están destinados ante todo a combatir la inmigración ilegal, entonces un modo de proceder unitario es el adecuado. Así se prevé en el Tratado de Amsterdam.
Por ello, estoy a favor de seguir el camino ya iniciado por el Parlamento y suprimir también el artículo 9.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir que tomo la palabra en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo para felicitar al ponente y para decir que el Partido Popular Europeo seguirá sus instrucciones y, en general, aprobará su informe.
En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre estas dos propuestas de acción común que, si bien no son el corazón mismo de la política del tercer pilar o, en general, de la política de construcción de un espacio de libertades, seguridad y justicia, me parecen interesantísimas porque representan una avanzadilla, una punta de lanza, una situación que se repetirá en otros textos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, en el fondo, se trata de la interpretación de textos, de reglas generales y de excepciones a interpretaciones restrictivas.
Tenemos la sentencia, que ya se ha citado, de 12 de mayo pasado, en la cual el Tribunal de Justicia de la CE interpreta estrictamente pero, en mi opinión, correctamente el artículo 100 C del Tratado CE, diciendo que en el Tratado CE se habla de visados de entrada, no de tránsito. Y como ese artículo es una excepción al artículo K1.3, ha de interpretarse en sus propios términos.
¿Por qué entonces apoyamos que la otra propuesta -la propuesta sobre el modelo de visado para casos excepcionales cuando el viajero no dispone de documento- se fundamente en el artículo 100 C? Pues porque esta es la función del Parlamento.
De la misma manera que antes he dicho que debemos ajustarnos a lo acordado en el Tratado de Amsterdam para determinar las reglas del juego en la materia que hemos tratado hace unos momentos, aquí la función de este Parlamento es ir hasta donde nos permiten los textos. Y bien es cierto que este visado, para quien no dispone de un documento de viaje correcto, legal, legítimo, va más allá del visado, pero qué duda cabe de que es una pieza accesoria a un documento de identificación y que, por lo tanto, juega el papel de un visado en el sentido del Reglamento 1683/95.
Por lo tanto, el Parlamento debe pronunciarse a favor de una interpretación del artículo 100 C que comprenda algo que no dice expresamente el texto, pero se puede entender que éste es un caso particular de los visados de entrada, en términos generales, y es correcto aplicar el artículo 100 C como fundamento jurídico.
Por lo tanto, señora Presidenta, en mi opinión -y aquí ya me pronuncio a título personal-, debe haber coherencia en lo que hace este Parlamento, que es llevar los textos jurídicos hasta el límite de su interpretación pero, desde luego, no hacer un voluntarismo estéril que sólo redunda en que las propuestas no se vean coronadas por el éxito.

Mohamed Ali
Señora Presidenta, examinamos hoy dos proyectos de acciones comunes, presentadas por el Consejo, que intentan armonizar algunos aspectos concretos de la política de visados y de la política de tránsito aeroportuario. Si bien se trata de aspectos más bien formales, como es el modelo uniforme de impreso que puede utilizarse para poner un visado, no debemos olvidar que en el trasfondo de estos actos formales se pueden apreciar algunas de las características que vienen siendo la tónica general de la política de inmigración y asilo llevada a cabo por las autoridades comunitarias y por los Estados miembros en los últimos tiempos en la Unión Europea.
Por lo que respecta a la acción común referente al modelo uniforme de visados y en particular en lo relativo al análisis del fundamento jurídico, compartimos con el ponente y con la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha estudiado el fundamento jurídico pertinente para esta acción, la idea de que la propuesta debería venir de la Comisión Europea y no del Consejo. Debería tratarse de una propuesta de directiva y no de una acción común, enmarcándola de esta manera en una política comunitaria de inmigración y asilo, preconizada por el Tratado de Amsterdam, y no dentro de una política de cooperación de los Estados miembros.
Además, y centrándonos en el contenido de la propuesta, de nada sirve indicar a grandes rasgos un modelo uniforme de visados a nivel europeo para que, al final, los Estados miembros puedan indicar la ejecución técnica que deseen. De la misma manera, el impreso debe ser válido para todos los países de la Unión Europea sin la posibilidad de admitir excepciones en ningún caso. No sería éste un buen mecanismo para encauzar una verdadera política comunitaria en materia de visados.
Aparte de estas cuestiones juridicopolíticas, me gustaría insistir en el hecho de que la armonización de estos aspectos de la política de visados comunitarios no debe conducir a más restricciones y limitaciones en la política de inmigración y asilo, solapadas a través de la exigencia de más trámites burocráticos o requisitos complicados para obtener los visados. No podemos admitir que ello nos conduzca a una situación más difícil para los refugiados o solicitantes de asilo que desean llegar a un país seguro.
En resumidas cuentas, las disposiciones que se adopten en materia de modelo uniforme de visados y tránsito aeroportuario deben enmarcarse en el ámbito de una verdadera política comunitaria de inmigración y asilo, en la que se asegure el control democrático y judicial de las distintas acciones, en la que figuren como principios inspiradores la solidaridad y el respeto de los derechos humanos, teniendo siempre como telón de fondo las disposiciones de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Lindholm
Señora Presidenta, la cuestión de los visados es un motivo permanente de discusiones y debates en este Parlamento. Entre otras razones, ello se debe a que todavía no existe unanimidad sobre cómo resolver este problema. La cuestión y el informe sobre la expedición de visados a ciudadanos de terceros países se encuentran en una fase de espera a causa de problemas de orden jurídico en la comisión. El Tribunal de Justicia ha anulado las decisiones del Consejo acerca de, entre otros aspectos, la lista gris, en la que se especifican los países a los que se exigirá visado. A pesar de ello, esta lista ha venido funcionando durante estos cinco años de espera. En la práctica, esto significa que, por ejemplo, los negociadores rumanos han de solicitar un visado para participar en las reuniones de Bruselas, ya que este país figura en la lista que, a pesar de haberse invalidado, continúa en vigor. ¡Algo absurdo!
Así pues, no se ha resuelto una cuestión tan importante y general como es la de la política de visados. Al mismo tiempo, tenemos ahora previsto pronunciarnos acerca de la formulación y redacción de los formularios para lograr una homogeneidad y armonización de estos papeles. Creo que es como empezar a construir la casa por el techo. A pesar de todo, el Sr. Lehne ha expuesto en su informe un planteamiento de carácter global para trasladar el fundamento jurídico del tercer pilar al primer pilar, con lo que la cooperación entre Estados pasaría a ser supraestatal. Los diputados verdes suecos nos oponemos a esta iniciativa, ya que preferimos la cooperación interestatal, aun si algunos diputados de nuestro Grupo mantienen una opinión distinta al respecto.
Me gustaría recordar una vez más que, gracias a la Unión nórdica de pasaportes, en Escandinavia contamos con más de cuarenta años de experiencia sobre cómo lograr -sin administración central, directivas ni armonizaciones- el buen funcionamiento de una unión de pasaportes y de una política de visados de carácter interestatal. Creo que es lamentable que no se haya mostrado un mayor interés por esta unión de pasaportes y que no se haya prestado más atención a las experiencias que se han registrado en este campo con vistas a recurrir, posteriormente, a estos planteamientos a la hora de crear el nuevo sistema.
Finalmente, querría recordar que, efectivamente, aún no ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, por lo que tampoco se puede utilizar como referencia dicho Tratado en este contexto.

Buffetaut
Señora Presidenta, hace un momento el Sr. Lehne ha dicho claramente que su informe era muy técnico, pero detrás de las consideraciones técnicas se perfilan otros problemas.
Comenzaré por los aspectos técnicos del documento. No comparto su punto de vista sobre el fundamento jurídico. Pienso que el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea era perfectamente fundado. Tampoco comparto su punto de vista consistente en hacer desempeñar a la Comisión el papel que al principio se impartió al Consejo, en el esquema de una acción común. Pero detrás de este problema puramente técnico se plantea, de hecho, una cuestión institucional que habrá que abordar algún día: ¿cuáles son y cuáles deberían ser los respectivos poderes del Consejo y de la Comisión?
Tengo el mayor respeto por la Comisión, por los comisarios, por los 15.000 funcionarios que trabajan para ellos. Resulta que a los comisarios se los nombra, y su legitimidad democrática es, diría, remota. Por el contrario, el Consejo, compuesto por representantes de los gobiernos, posee una legitimidad democrática real. Y este es el verdadero problema que se plantea respecto a la evolución institucional de la Unión Europea.
Se quieren trasladar los informes parlamentarios clásicos que conocemos en nuestras naciones a las instituciones europeas y convertir a la Comisión en un supuesto gobierno. Ahora bien, la Comisión no es un gobierno. La Comisión no emana de una mayoría. No está apoyada por una mayoría del Parlamento Europeo. La Comisión es una institución que está a medio camino entre lo política y lo tecnocrático. Y, por lo tanto, no puedo apoyar al Sr. Lehne ni a la mayoría de este Parlamento cuando quieren a toda costa, si puede decirse, poner en entredicho los poderes del Consejo -que son perfectamente legítimos en un plano democrático- en beneficio de una Comisión que sería el futuro gobierno del futuro Estado europeo, basándose en un hipotético pueblo europeo.
En realidad, en Europa existen unos pueblos, unas tradiciones, una historia, unas lenguas diferentes. Por consiguiente, debemos absolutamente, dentro de la evolución institucional de la Unión Europea, por una parte, volver a dar más autoridad política al Consejo, y, por otra, al dar más poderes al Parlamento Europeo, asociar también a los Parlamentos nacionales a los trabajos parlamentarios. Es así como lograremos una Europa realmente democrática.

Gradin
Señora Presidenta, deseo agradecer al Sr. Lehne su valioso informe sobre las dos propuestas de acción común relativas al tránsito aéreo y a un modelo uniforme de impreso para poner un visado. Esas dos propuestas forman parte de un proceso en curso. Su objetivo es el de armonizar las normas que rigen la política de visados de los Estados miembros. No todos los aspectos de la política de visados quedan comprendidos en el artículo 100 C del Tratado actual. Algunos se adoptan a partir del Título VI. Sin embargo, cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, reagrupará todos los aspectos de la política de visados en el primer pilar con arreglo al Título IV.
Permítaseme exponer ante Sus Señorías la opinión de la Comisión sobre estos dos proyectos de acciones comunes. En primer lugar, tenemos la nueva propuesta del Consejo de una acción común relativa a las disposiciones sobre el tránsito aéreo basada en el artículo K.3. Esta propuesta es una ampliación y una evolución de la vigente desde 1996. El Tribunal de Justicia ha confirmado en 1998 que esta acción queda comprendida en el ámbito de aplicación del artículo K.3. Esta nueva propuesta de acción común va encaminada a incluir dos elementos adicionales. En primer lugar, se amplía la lista final de países para incluir a Bangladesh y al Pakistán. En segundo lugar, la propuesta establece una excepción de la obligación de un visado para viajes aéreos de los nacionales de países titulares de documentos de residencia de otros terceros países: por ejemplo, los Estados Unidos y Suiza.
La Comisión no tiene observaciones concretas que formular en la fase actual. Sin embargo, una vez que el Tratado de Amsterdam entre en vigor, examinaremos la posibilidad de formular otra propuesta. Debemos tener en cuenta la integración de los acuerdos de Schengen en el acervo de la Unión.
La segunda propuesta del Consejo se refiere a una acción común con vistas a un modelo uniforme de impreso para poner un visado. Su objetivo es el de lograr cierto nivel de armonización para mejorar los niveles de seguridad en dos casos excepcionales. Uno es aquel en que no se puede fijar el adhesivo del visado en pasaportes no reconocidos como documentos de viaje válidos; el otro es el de las personas que no cuentan con un documento válido de viaje. La Comisión abriga cierta preocupación por el fundamento jurídico elegido para esta propuesta. No existe una competencia clara en el Tratado CE respecto de los casos en que se debe entregar ese impreso a las personas que carezcan de documentos de viaje. Sin embargo, se podría argumentar también que ese formulario constituye una parte integrante del propia modelo uniforme de visado. En ese caso podría ser aplicable el artículo 100 C del Tratado CE.
El debate en el Consejo será decisivo para la posición final de la Comisión. Puede ser que se pida a la Comisión que haga una declaración en el Consejo y, naturalmente, la Comisión transmitirá al Consejo las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 18.55 horas)

