Protección de los menores y la dignidad humana
El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0037/2002) del Sr. Beazley, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 sobre la protección de los menores y la dignidad humana (COM(2001) 106 - C5-0191/2001 - 2001/2087(COS)).

Beazley (PPE-DE)
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi reconocimiento a mi colega, el Sr. Heaton-Harris, por su trabajo inicial en el borrador de este informe antes de irse a otra comisión.
El rápido desarrollo de los medios audiovisuales nos ha reportado muchos beneficios reales en términos de educación, propagando por todo el mundo una mayor concienciación de los asuntos públicos y, no en menor grado, en términos de entretenimiento.
Sin embargo, junto a sus indudables ventajas, existe la preocupación de que, debido a la cada vez mayor aptitud de los niños para el uso de los recursos audiovisuales, en algunas áreas su acceso a un material inadecuado o perjudicial comporta ciertos peligros. Esto es sobre todo evidente por lo que respecta al material sexual abierto y la violencia gratuita.
Los principios que han guiado este informe son fomentar una mayor concienciación pública sobre estas cuestiones, apoyar la responsabilidad de los padres y fomentar la cooperación entre los proveedores de contenidos, las organizaciones de consumidores y las correspondientes autoridades, tanto nacionales como europeas. La autorregulación se considera el principal instrumento, reforzada en caso necesario por requisitos legales.
El informe, que analiza el informe de evaluación de la Comisión, se centra principalmente en Internet y los videojuegos, pues no se percibe la importancia de anticipar una posible revisión futura de la directiva de la Televisión sin Fronteras. El informe pide que se establezcan sistemas de filtración de contenidos fáciles de usar que permitan a los padres predeterminar el tipo de contenido que ellos crean inadecuado para sus hijos y, a este respecto, me agrada mucho el hecho de que, desde el primer borrador del informe, la Asociación para la Clasificación de Contenidos de Internet (ICRA) ha lanzado un sistema de filtración gratis, una iniciativa apoyada por la Comisión.
También pedimos una mayor concienciación pública y la creación de campañas de educación y líneas directas, como las que ya existen en TV, para que los consumidores, especialmente los padres, puedan registrar sus quejas sobre los contenidos perjudiciales o ilegales.
Consideramos que los llamados 'Sitios de Chat de Internet? deben ser sometidos a una mayor supervisión, tanto en lo que concierne a las reglas para su instalación como en relación a su uso. Por lo que respecta a los videojuegos, pedimos a los Estados Miembros que sigan promoviendo la clasificación de los videojuegos de nuevo mediante la autorregulación, pero si en algunos casos se considerara inadecuada, debe reforzarse con la introducción de criterios mínimos acordados de contenido y promoción. También se espera que los Estados Miembros continúen intercambiando sus experiencias en este campo y sigan coordinando medidas en cooperación con la industria y los proveedores de contenidos.
El informe no pretende ser sensacionalista ni exagerar los peligros percibidos, sino proporcionar un marco útil para fomentar la concienciación pública de los riesgos implicados y proporcionar remedios prácticos. Por último, el Parlamento pide a la Comisión que prepare otro informe, preferiblemente antes de final de año, sobre la implementación de la recomendación con referencia específica a la implementación en cada Estado Miembro. Recomiendo a la Cámara el informe.
Sanders-ten Holte (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la protección de los menores y la dignidad humana es un tema que nos conmueve a todos. Por lo tanto, es muy positivo que la Comisión haya presentado este informe de evaluación en relación con los progresos que estamos consiguiendo en el ámbito de internet y los medios audiovisuales. Me parece que el Sr. Beazley, como anteriormente hizo el Sr. Heaton-Harris, ha elaborado un informe excelente.
No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar que los medios tecnológicos y una regulación desde arriba no son suficientes para garantizar esta protección. Siempre habrá artimañas más o menos ingeniosas para eludir las medidas protectoras y sobre todo los niños son muy hábiles en burlarlas. Me parece que la autorregulación, que se está aplicando a gran escala, ha resultado un instrumento muy eficaz. Sin embargo, quisiera señalar que la mejor forma es y sigue siendo la sensibilización de los menores mismos, de los padres y los educadores. Esto se puede llevar a cabo, por una parte, prestando atención en los colegios a la educación mediática, mediante la que se enseña a los jóvenes a reconocer un contenido nocivo, y por otra parte, facilitando a los educadores un instrumento como el sistema de clasificación neerlandés "kijkwijzer". Justamente ayer tuvimos una reunión muy interesante sobre este sistema. En los Países Bajos también estoy implicada en su puesta en marcha. Se trata de un sistema muy ingenioso y muy práctico mediante el cual se pueden clasificar de forma fiable los medios audiovisuales. Incluye también una clasificación por edades: MJ6 por ejemplo significa: 6 años y mejor mirar juntos. De esta forma se subraya la responsabilidad que tienen los padres porque el desinterés de los padres hace a los niños más vulnerables. Por consiguiente, hago un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que en los estudios sobre la mejor forma de protección tengan en mente este sistema de clasificación y para que en los planes escolares deje un hueco a la formación mediática.

Echerer (Verts/ALE). -
Señor Presidente, apreciados colegas, distinguida Comisaria, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Beazley por su informe y dar también las gracias por la buena cooperación. Este tema nos interesa mucho a todos, como ha afirmado ya mi predecesora en el uso de la palabra. Existen muchas cuestiones en las que somos unánimes, por ejemplo, en que la confianza es un requisito básico mejor que un control exagerado o que incluso una censura, los cuales no serían una buena base para una buena cooperación.
También estamos de acuerdo en que debemos promover más intensamente las hotlines a fin de que puedan ser utilizadas en todo el plano europeo como desearíamos nosotros y para que podamos constatar dónde es necesaria la protección. También estamos de acuerdo en que hemos de poner en manos de los padres los instrumentos necesarios para que puedan juzgar junto con sus hijos qué programas de TV, juegos electrónicos, obras de cine, son apropiados para sus hijos de manera que con su apreciación de los programas puedan apoyar también tales programas. En esto coincido también con mi predecesora en el uso de la palabra. Una aproximación a nivel europeo hacia una clasificación unitaria en todo el ámbito audiovisual sería enormemente necesaria aquí, pues éste es un instrumento que significa un autocontrol para los padres y un autocontrol para los jóvenes y que podría funcionar también sobre la base de la confianza y no va encaminado, precisamente, al control exagerado y mucho menos a la censura.
Quiero pasar ahora al punto que, en mi opinión, es el más importante en relación con esta 'caja?: esta Internet parece ser una caja prodigiosa para muchos, y muchos se sientan delante de la misma y resultan sencillamente dominados por todo lo que de ella sale y olvidan las influencias que pueden operar sobre las personas, en especial, sobre los niños y los jóvenes, si no somos conscientes de lo que está por venir en este punto. Quiero insistir tres, cuatro, diez veces, en la competencia mediática. Respecto de la competencia mediática, no podemos comenzar suficientemente pronto a despertar la conciencia de contribuir a esta competencia. Para ello no sólo necesitamos disposición política, sino que necesitamos también más programas. También necesitamos dinero. Quizá se pueda llegar en este punto a una cooperación con todos los actores del plano europeo que, en definitiva, interese a todos.
Papayannakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, señorías, nuestra experiencia de los grandes avances que se registran en los medios de información de masas, y especialmente en los televisivos, se enriquece a diario. Asisten seguramente todos ustedes en sus países, como veo yo en el mío, al auge de esos programas de pésimo gusto que se basan en la reclusión, el encarcelamiento voluntario, podría decirse, de ciertas personas en un recinto, en los que los espectadores son invitados a mirar por la cerradura, a la espera de algo picante ?habitualmente, alguna escena de sexo, no nos engañemos? o de que ocurra algo inesperado que pueda resultar interesante. Al mismo tiempo, se cultiva también, principalmente entre las edades más delicadas, el modelo en el que se juega una especie de lotería en la que se apuesta el cuerpo y el espíritu al objeto de ganar algún dinero a costa de los demás.
Y todo esto, que yo considero, naturalmente, inadmisible y exasperante, no puede ser combatido con disposiciones legales o con intervenciones represivas. No creo que se pueda hacer frente a estos fenómenos ni con reglas artificiales ?ya lo han dicho otros colegas? ni con la información y aleccionamiento de los niños, porque, claro, la prohibición deja tras de sí la idea y el encanto de lo misterioso. Así pues, entiendo que todo esto es insuficiente, más aún cuando estos temas y estos programas, ahora con Internet, hoy o mañana, señora Comisaria, serán accesibles a todo el mundo. Creo que hace falta una legislación europea y una regulación más fuerte que la que ahora tenemos. No creo mucho en la autorregulación, puesto que la competencia impone reglas muy duras. No obstante, no hace daño imaginar un código deontológico de cumplimiento algo más obligado que en la actualidad. Demos a los padres y los consumidores el derecho a acosar a los productores de toda esta basura. Tal vez eso funcione como contrapeso de la competencia. Y, por supuesto examinemos también los aspectos más técnicos con respecto a las horas en que se emiten los programas en cuestión, al objeto de establecer, en la medida de lo posible, alguna distinción entre las horas de actividad de los niños, las horas de sueño, etcétera, y el horario de emisión de estos programas.
No obstante, y a pesar de todo, si no encontramos algo más original, con más imaginación, seguiré siendo pesimista, señor Presidente, con respecto al futuro y el éxito de este tipo de programas.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, internet y la televisión han cambiado el mundo. Se pueden tener noticias e información las 24 horas al día y en grandes cantidades. Sin embargo, como ya he manifestado en ocasiones anteriores, internet y la televisión son un reflejo de la sociedad. Tanto el informe de evaluación de la Comisión como el informe del ponente Beazley lo confirman. Sendos medios de comunicación son utilizados para fines criminales que atentan a la dignidad humana. Por mi parte, he acogido con gran satisfacción el informe de evaluación de la Comisión y el informe del ponente. Me parece muy positivo que la Comisión haya podido comprobar que en muchos Estados miembros se lucha tanto contra la difusión de la pornografía infantil como contra las actividades ilegales y otros atentados a la dignidad humana. Asimismo, se señala acertadamente que la Comisión ha de seguir insistiendo a los Estados miembros para que traspongan las disposiciones de la recomendación.
Por otra parte, me parece que el ponente subraya con mucha razón que la responsabilidad recae, en primer lugar, en los padres pero también en la administración y en los proveedores de los productos de internet. Todos juntos han de procurar que se valore el ser humano como una creación única y no como un instrumento para satisfacer las necesidades personales. Son justamente los menores a quienes hay que proteger para que puedan desarrollar un concepto sano del ser humano. No se trata solamente de la pornografía infantil, sino también del racismo, el odio y otras formas que atenten a la dignidad humana que a través de internet y la televisión se difunden con tanta facilidad.
Me parece que el alcance mundial de internet y de la televisión requiere un enfoque internacional. El deseo por parte de los Estados miembros de someter los marcos reguladores nacionales a unas normas mínimas a nivel europeo y tal vez a nivel mundial lo acojo favorablemente. La combinación de marcos nacionales y normas mínimas internacionales me parece buena porque hace justicia al problema mundial y a la diversidad cultural. Además, el mantenimiento de un marco regulador nacional no da opción a los Estados miembros a que se escondan detrás de una regulación internacional.
Señorías, la propuesta de consultar a todos los grupos implicados a la hora de diseñar un código deontológico y otras estrategias para luchar contra la difusión de material pornográfico y racista es muy útil. Sin embargo, quisiera manifestar que con miras a la censura y el control del material ilegal, la policía y la justicia son las autoridades competentes.
Señor Presidente, como punto final quisiera hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que insista a los Estados miembros en que sigan prestando atención a los abusos que se difunden a través de la televisión, los videojuegos y las películas. Del informe se desprende que en estos ámbitos se ha avanzado menos que en el ámbito de internet. No obstante, aunque sena abusos menos evidentes no dejan de ser abusos. Por mi parte, creo que tratándose de la protección de los menores y la dignidad humana no podemos ser lo suficientemente precavidos.

de La Perriere (NI).
Señor Presidente, los diputados MPF celebran la resolución del Parlamento Europeo relativa al informe de evaluación de la Comisión sobre la protección de los menores y la dignidad humana, que votarán favorablemente.
En este tema, que afecta al fundamento mismo de la humanidad, entran en juego dos actores principales: en primer lugar, la familia, que tiene la responsabilidad de la educación de los hijos, y después la sociedad, que debe velar por su protección. Es importante, pues - como se destaca en la resolución que debatimos hoy - hacer todo lo necesario para establecer unos marcos protectores, en particular por lo que se refiere a los medios de comunicación que pueden consultar libremente los jóvenes consumidores, ya se trate del sector audiovisual, de los soportes escritos o de Internet.
También es importante que las víctimas de agresiones puedan dirigirse a una autoridad moral capaz de ayudarlas. Hay que incrementar los medios a disposición de esos organismos.
Pero, para proteger eficazmente a los más vulnerables de nuestros conciudadanos, hay que cambiar asimismo los comportamientos de los adultos. No hay que tener miedo, aunque sea ir contracorriente, a redefinir las reglas de una moral que respete al hombre en su integridad. Hay que denunciar esos contramodelos del placer que demasiado a menudo son elevados al rango de héroes por una juventud cuyos puntos de referencia se intenta quebrar. Y también hay que emprender una verdadera pedagogía de lo bello, lo bueno y lo verdadero hacia los menores, para que tengan en su mano las llaves de su protección.
Para responder al Sr. Papayannakis, creo que, adoptando esta actitud, podremos ser optimistas; por mi parte, no soy pesimista sobre lo que la sociedad y cada uno de nosotros podemos hacer para proteger efectivamente a los menores.

Zabell (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Beazley. La realidad es que los peligros a los que están expuestos los niños y los jóvenes de hoy en día son muy distintos a aquellos a los que estamos sometidos nosotros. La televisión e Internet, no cabe duda, han contribuido en gran medida a ello, ya que les dan demasiadas ideas de situaciones que no son nada reales.
Hace poco salió publicado en un medio de comunicación español un estudio en el que citaban que el hecho de que los jóvenes vean, por ejemplo, cómo una persona se tira de un cuarto piso y sale corriendo ilesa o para con la mano una bala que acababa de ser disparada, sin sufrir ninguna consecuencia, contribuía a que muchos jóvenes no fueran conscientes del verdadero peligro de estas situaciones. Es más, se piensa que les dan demasiadas ideas y que, tristemente, esto está contribuyendo al aumento de la violencia tanto juvenil como infantil.
Dicho esto, yo quisiera expresar mi total apoyo al ponente, cuando pide a los Estados miembros que clasifiquen los videojuegos mediante mecanismos de autorregulación establecidos por la industria y que creen también departamentos de detección de abusos. También quisiera -cómo no- felicitar a la Comisión por su intención de realizar un estudio sobre la clasificación de las películas que se distribuyen en salas de cine, en la televisión, DVD y cintas de vídeo.
Señorías, tenemos que ser conscientes de que no podemos aspirar a un mundo sin violencia cuando nuestros futuros adultos se pasan el día viendo dibujos animados, películas y noticias de actualidad cada vez más violentos.

Junker (PSE). -
Señor Presidente, señoras y señores, quiero concentrarme en la auténtica tarea que tenemos que realizar aquí como institución europea, aunque no sin tener en cuenta las exigencias que también hay que plantear a los países miembros. Creo que el actual desarrollo de las ofertas de los medios, que en gran medida ya no se limitan sólo a la televisión clásica, tampoco a Internet, sino que incluyen también muchas otras ofertas, aumentará en la era de la digitalización y por esta razón es acertado y necesario que reflexionemos acerca de la configuración jurídica del control y de la protección de los jóvenes y destinemos también recursos para la vía en que hay que proceder para esto.
Sin duda es preciso que el marco jurídico se adapte a este nuevo desarrollo. Esto es cierto no sólo respecto del plano europeo, sino también del plano nacional. Considero los organismos de autorregulación, y en esto hablo en nombre de mi Grupo, como un complemento importante de un marco jurídico. No podemos renunciar a una fijación de estándares jurídicos. Es una necesidad acuciante. Incluso los organismos de autorregulación precisan un fundamento jurídico y esto significa lo siguiente: los proveedores, aquellos que ofertan los programas no pueden ser exonerados de su deber. Expresado de otra manera: no podemos renunciar a una responsabilidad del oferente y una responsabilidad de los programas. Éste es un requisito básico. Cómo se vaya a llevar a cabo, para ello pueden existir muchas vías y existen también muchas vías. En los países miembros existen muchas regulaciones diferentes que, en definitiva, corresponden a los sistemas mediáticos tradicionales y no se trata, por ejemplo, de suprimir todo esto.
Quiero insistir en lo siguiente: los organismos de autorregulación, como complemento, son irrenunciables. Inclusos los sistemas técnicos pueden ser irrenunciables, pero tampoco pueden sustituir la responsabilidad. También sabemos que muchos niños y jóvenes, justamente en una era en la que los adultos no han aprendido a desarrollar sobre el teclado las nuevas posibilidades técnicas, son superiores a sus padres en este sentido. A largo plazo esto va a cambiar, pero hoy sucede justamente así y todos sabemos que los niños pueden ser muy ingeniosos cuando se trata, por ejemplo, de extraer algo. Por esta razón, no es posible confiarse exclusivamente a los sistemas técnicos, sino que en este punto debe haber un control de contenido, debe haber limitaciones de contenido y éstas tampoco pueden referirse solamente a la emisión en una hora apropiada. Si se emite por satélite, esto se ha vuelto ya obsoleto a nivelregional a causa de las diferentes zonas horarias. Por consiguiente, incluso éste no deja de ser un método muy limitado.
Celebro sobremanera que en este informe se haya recogido la exigencia de mi Grupo de proseguir y desarrollar el plan de acción encaminado a un aprovechamiento más seguro de Internet, que debería extinguirse a finales de año. Creo que es urgentemente necesario. Para terminar quisiera decir lo siguiente: hemos de abordar medidas para facilitar competencia mediática a los niños, a los jóvenes y a los padres, pues solamente puede generarse una capacidad segura de evaluación si contribuimos a ello mediante nuestras medidas.
McCarthy (PSE)
. (EN) Señor Presidente, quiero centrarme en la necesidad de afrontar el creciente fenómeno del abuso de menores en Internet. Agradecemos las iniciativas de los Estados Miembros de la UE sobre el uso seguro de Internet por parte de los niños, pero es necesario que intensifiquemos nuestras acciones a favor de una campaña más coordinada para luchar contra la pedofilia en Internet. Cuando se trata de ciberdelincuencia, los Estados Miembros dan prioridad correctamente a la campaña contra el terrorismo global y, además, se centran en el fraude de tarjetas de crédito en Internet, pero se puede y se debe hacer más por lo que respecta a la pedofilia en Internet.
La semana pasada conocí la Unidad de Imágenes Ofensivas de la Policía del Gran Manchester, un equipo pequeño y comprometido dirigido por Terry Jones, líder del RU en materia de mecanismos para localizar y detener a los que abusan de los menores en la red. La unidad se creó en 1995, año en el que se incautó de 12 imágenes ofensivas. En 1999 se incautó de 41.000 imágenes y recientemente se detuvo a un hombre con cerca de 50.000 imágenes de abuso de menores. No se trata de pornografía infantil, sino de un desmesurado e indecente abuso sexual. He visto las imágenes. En cada una hay un niño real traumatizado por sus experiencias. Estos policías están haciendo un excelente trabajo y se valen de una nueva tecnología de software diseñada por una compañía local de mi distrito electoral, Surf Control. Con esta tecnología supervisan los canales de chat durante 16 horas. Atraparon a 48 delincuentes en la UE, delincuentes que ocupaban puestos de confianza (maestros y monitores de los scout, un padrastro en Alemania y un sargento del ejército sueco); bebés de tan sólo tres meses eran violados analmente.
Apenas se denuncia este abuso. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en la UE? Es necesario que hagamos más. Necesitamos líneas directas y dar prioridad a este asunto en la UE y en cada Estado Miembro. Esta semana hemos votado a favor de una red en la UE de centros de supervisión nacionales para luchar contra el vandalismo en el fútbol. Esta es una forma de abuso visible y violenta, pero podemos hacer más por los niños que sufren miedo y abuso violento en esas escenas. Sí, es necesaria la autorregulación y la cooperación, pero los proveedores de servicios en Internet deben dar prioridad a esta cuestión. AOL y NTL tienen excelente reputación, pero existen otros que no están haciendo nada. No están respondiendo a la demanda de la policía de localizar a los que abusan e incluso están empezando a pedir que se acuse a la policía por ello. Me gustaría que existiera una mayor cooperación entre la Europol y la aplicación de la ley en la UE. Me gustaría que se investigara más y se financiara más para diseñar un software localizador en Internet. Podemos hacer más si damos prioridad a este asunto y protegeremos así a nuestros hijos de esta violenta y atroz forma de abuso.

Hieronymi (PPE-DE). -
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar, quisiera dar las gracias de manera especial a nuestro colega, el Sr. Beazley, por este informe, pues soy de la opinión de que ha sintetizado de una manera especialmente constructiva las opiniones del Parlamento. Esto lo ven ustedes en el hecho de que hayamos aprobado por unanimidad este informe en la comisión y también en que hoy no haya aquí, en el Parlamento ninguna enmienda más a este informe, y esto en un tema que entraña, ciertamente, muchísimos problemas y cuestiones que aún están abiertas. Así, pues, muchas gracias. Ésta es una buena base para nuestros trabajos ulteriores.
Estos trabajos ulteriores son especialmente importantes porque gracias al crecimiento conjunto de los medios -televisión, computadoras, Internet- tenemos que buscar también en adelante nuevos caminos para garantizar también en el futuro de manera fáctica protección a la juventud y protección a la dignidad humana. Por esta razón son muy acertadas las propuestas que ha presentado la Comisión. Éstas necesitan urgentemente el apoyo de los Estados miembros. Quisiera mencionar una vez más los tres puntos que, a mi modo de ver, son más importantes.
En primer lugar: necesitamos modelos de autorregulación más desarrollados en los que puedan intervenir conjuntamente la industria y los gobiernos responsables. Para este fin se ha desarrollado el modelo de autorregulación corregulado. Lo tenemos que desarrollar más.
En segundo lugar: No necesitamos estándares armonizados a nivel europeo pero sí estándares mínimos de cobertura europea, en especial para videojuegos y para Internet, a fin de llevar a cabo realmente la protección de los jóvenes.
Y en tercer lugar: educación sobre los medios no sólo para los niños, sino también para los padres. Para todas estas tareas necesitamos al Consejo y quiero dirigirle un llamamiento para que intervenga aquí con nosotros.

Wyn (Verts/ALE).
Señor Presidente, a mí también me gustaría expresar mi agradecimiento al ponente por su trabajo en este importante informe. La explosión de tecnologías de difusión ha hecho que muchos padres pierdan el control sobre lo que ven sus hijos, y la expansión de la TV digital, por cable y satélite, así como la tecnología computacional doméstica, ha mermado la capacidad de los padres para supervisar los hábitos televisivos de sus hijos.
De acuerdo con algunos informes, los padres no tienen conocimiento de los mecanismos disponibles que existen, como el bloqueo en la TV de pago y los filtros de Internet, para controlar lo que ven sus hijos. Es necesario dar más información a los padres sobre cómo funcionan y hasta qué punto son fiables.
El bienestar de los niños es, en lo fundamental, la responsabilidad de sus tutores legales, pero esto no resta responsabilidad a los proveedores y distribuidores de contenidos audiovisuales. Ambos deben asumir plenamente su responsabilidad a este respecto.
El grado de autorregulación en la difusión difiere en cada Estado Miembro, pero todos estamos de acuerdo en que debemos trabajar en la dirección de metas comunes en esta materia y que la autorregulación debe reforzarse con una base legal.
Por último, la pornografía infantil en Internet es imperdonable, y existen numerosos sitios en la red con contenido ilegal fuera de la Unión Europea. Recomiendo a la Cámara el informe y doy las gracias de nuevo al ponente por su excelente iniciativa a este respecto.

Sichrovsky (NI).
Distinguido señor Presidente, también yo deseo felicitar al ponente por este informe. En vista del constante crecimiento de la oferta mediática es necesario, sin duda, proteger a nuestros niños y jóvenes de contenidos nocivos y de determinadas consecuencias mediante medidas de seguridad que sean equivalentes en todo el ámbito europeo. 
Sin duda, es preciso apoyar completamente y poner en práctica por igual en todos los Estados miembros la mencionada introducción de medios técnicos auxiliares, tales como sistemas de filtrado y señales acústicas de alarma, así como la intervención directa en las ofertas que hieran la dignidad de los jóvenes y constituyan un peligro para los mismos.
No obstante quisiera recordar, como lo hace también el informe, que muchas medidas de seguridad no están aquí para eximir de su responsabilidad a los educadores. Los educadores deben ser, en definitiva, la instancia de control última y más importante. De lo contrario, no podremos impedir que los jóvenes puedan comprar banderas con la cruz gamada en el mercadillo más cercano, aunque no las puedan comprar por Internet. Impedir esto es tarea de la educación, no de la censura.
Hermange (PPE-DE).
Señor Presidente, evidentemente, debemos dar las gracias al ponente y a la Comisión por este trabajo y este informe de evaluación. No repetiré lo que han dicho mis colegas, pero quisiera citarle, señora Comisaria, tres hechos concretos que me han sido comunicados esta semana.
Se trata, en primer lugar, de la madre de un adolescente minusválido que trabaja. Desde hace algún tiempo, todas las noches, debe salir en su busca, cuando se supone que debería regresar del trabajo hacia las 17.00 horas. Esto sucede en una gran ciudad de Francia, donde pueden consultarse libremente sitios pornográficos. Actualmente, ella no tiene ningún recurso ante la policía local para impedir que funcionen esos sitios.
En segundo lugar, esta semana me han enviado un correo en el que se indica un sitio financiado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de la Educación Nacional. En ese sitio se dice que el papel de los adultos es permitir a los jóvenes probarlo todo, tener todo tipo de experiencias. Y tienen ahí, les facilitaré en seguida los documentos, una serie de ejemplos muy concretos financiados con fondos públicos que dan testimonio de lo que nuestros hijos ven actualmente.
Tercer punto, asociaciones que luchan contra la pedofilia me hicieron llegar la semana pasada un CD-ROOM que recoge una serie de datos que circulan actualmente. Ese CD-ROOM fue remitido desde hace un año a autoridades como Europol y, a día de hoy, no se ha avanzado nada en este campo. Próximamente tendremos, señora Comisaria, una cumbre mundial de la infancia, el 8 de mayo. Esta tarde votaremos una resolución en la materia. Nos gustaría que, de aquí a dicha cumbre, pudiese reunir a todas las instancias competentes en torno a usted e indicarnos cuáles son las disposiciones concretas que piensa tomar para luchar contra este fenómeno.
Reding
. (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias en primer lugar al Parlamento y a su ponente, el Sr. Beazley, por haber conseguido la proeza de llegar a un acuerdo sobre todos los puntos en discusión. Debo decirles que la Comisión apoya al Parlamento del mismo modo que el Parlamento apoya a la Comisión.
Tenemos una visión común: proteger a nuestros hijos. Las vías para lograrlo difieren, como sus Señorías han destacado con acierto. Es necesario, pues, unir nuestras fuerzas para conseguirlo. He escuchado con gran interés los ejemplos concretos y chocantes expuestos por los diputados. Hay miles de ellos que nos reafirman en la idea de que nuestra acción no debe quedarse en las palabras, sino traducirse en los hechos, que no conseguiremos resolver los problemas únicamente a escala de las instancias europeas, sino que es necesaria una acción concertada por parte de todos los actores, incluidas las ONG que trabajan por la protección de los menores y de la dignidad humana, tanto a escala europea como nacional o regional.
Como se indica en el informe, se han realizado progresos en muy poco tiempo. En la mayoría de los Estados miembros se han creado asociaciones de proveedores de Internet, y los proveedores de servicios de Internet de la mayoría de Estados miembros están afiliados a la Federación europea EuroISPA, que ha favorecido la adopción de códigos deontológicos sobre la responsabilidad de los proveedores. En la gran mayoría de los Estados miembros se han establecido líneas directas para tramitar las reclamaciones sobre contenidos ilícitos o nocivos.
La Comisión Europea apoya la creación de esas líneas directas a través de su plan de acción para una utilización más segura de Internet. Según la información facilitada por los Estados miembros, parece que la mayoría de los sitios de Internet que hacen apología del extremismo político y la violencia sexual y muchos sitios pedófilos o pornográficos están instalados fuera de la Unión Europea, de ahí la importancia de una estrategia no sólo europea sino mundial en este ámbito.
Paralelamente, la industria trabaja también en el desarrollo de sistemas de clasificación y filtrado, y en la creación de espacios protegidos (walled gardens), portales cuyos explotadores garantizan la calidad de los sitios a que dan acceso. El plan de acción comunitario para una utilización más segura de Internet alienta también estas iniciativas. Ciertamente, hay experiencias muy positivas, pero también sitios que, por desgracia, son terribles y no se pueden cerrar de forma eficaz.
En cuanto a la aplicación de la recomendación por parte de las emisoras de radio y las televisiones, en todos los Estados miembros existen disposiciones que establecen la obligación de emitir una señal de advertencia acústica antes de emitir programas que contengan material nocivo para los menores o de mostrar un signo visual durante toda su duración. Sabemos demasiado bien que los horarios 'cerrados? a los niños no tienen sentido hoy, porque nuestros hijos saben grabar perfectamente los programas que se emiten mientras están tranquilamente dormidos. Además, los sistemas de filtrado sólo son aplicables a la televisión digital, de modo que será más fácil filtrar cuando esté implantada. Ahora bien, por el momento, la implantación de la televisión digital es muy progresiva.
La Comisión encargó en 1999 un estudio sobre el control parental de los programas de televisión en el que se preconiza dejar más espacio a la autorregulación, velando al mismo tiempo por poner a disposición de las familias dispositivos de filtrado a un precio asequible. Nos unimos en este punto a todos los diputados que aprueban la autorregulación, a condición de que ésta se base en la legislación. En este sentido deberemos trabajar en el futuro.
Permítame, señor Presidente, concluir respondiendo a algunas preguntas concretas formuladas por los diputados.
En primer lugar, me dirigiré al Sr. ponente: la presentación de un nuevo informe para finales de 200 sería prematura, pero en el marco del reexamen tendremos en cuenta todas las observaciones del Parlamento. Continuaremos nuestros trabajos pero el informe probablemente no estará listo a finales de 2002.
En segundo lugar, por lo que se refiere al sistema de clasificación: en enero, mis servicios lanzaron un nuevo estudio sobre la clasificación que debería estar terminado en el segundo semestre de 2002. Será transmitido al Parlamento, lo debatiremos y sacaremos conclusiones.
En tercer lugar, en lo que concierne a la formación en el uso de los medios de comunicación: se trata, como he indicado ya en muchas ocasiones, de una de mis prerrogativas, de uno de mis objetivos. En efecto, nuestros hijos aprenden a leer, a escribir y a calcular, más o menos bien, pero nunca aprenden a leer y controlar la sociedad de imágenes que les rodea. Por esta razón, hemos lanzado los primeros proyectos piloto para una formación en la imagen. Por esta razón también, los próximos Net-Days de noviembre de 2002, durante los cuales se conectan a la red cientos de miles de clases escolares de la mayoría de los Estados miembros y, fuera de ellos, de otras regiones del mundo, se dedicarán este año a la formación en la imagen y el análisis de las imágenes. Nuestra actuación es, pues, muy concreta.
Para concluir, debo llamar su atención sobre el hecho de que un comisario, el Parlamento o la Comisión no pueden ocuparse por sí solos de todas estas cuestiones. Así pues, las propuestas serán estudiadas en conexión con todos los comisarios responsables de los ámbitos que afectan a esta problemática, así como con instituciones distintas de la Comisión que tengan responsabilidades en este ámbito, como Europol, por ejemplo. Es necesaria una acción concertada. Vamos a seguir poniéndola en práctica.
El Presidente. -
Infinitas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía.
El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0035/2002) de la Sra. De Sarnez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior (COM(2001) 385 - C5-0538/2001 - 2001/2217(COS)).

De Sarnez (PPE-DE)
. (FR) Señor Presidente, antes de presentarle mi informe, quisiera dar las gracias a todos los diputados que, con sus enmiendas, han contribuido a mejorar este texto, así como al ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que ha redactado una muy buena opinión.
El informe que les presento tiene por objeto estudiar, tomando como base la comunicación de la Comisión, los medios que deben emplearse para mejorar la competitividad y el atractivo de los Estados miembros en el mercado internacional de la formación.
Como todos sabemos, la baza de la formación será capital en los próximos años. Estudiantes de todo el mundo buscan cada vez más, fuera de sus fronteras, la formación que les ofrezca las mejores posibilidades. Está naciendo así un auténtico mercado internacional de la formación. Ahora bien, la presencia de estudiantes de terceros países es menor en Europa que en los Estados Unidos, Australia o Canadá, por poner algunos ejemplos. Tenemos, pues, un retraso importante que colmar, y en mi informe se presentan una serie de propuestas a tal fin.
Primera propuesta: debemos contar con un análisis detallado de la situación de la movilidad internacional de los estudiantes; ahora bien, en la actualidad, no es así. Sería útil, por tanto, que la Comisión Europea, a través de Eurostat, trabajase en estrecha colaboración con la Unesco y la OCDE para darnos una visión clara y precisa de la situación de los estudiantes extranjeros en términos de movilidad y ya es hora, creo, de proponer una definición armonizada de la calidad de estudiante extranjero.
Segunda propuesta: debemos avanzar hacia la armonización de la calidad de la enseñanza superior y el reconocimiento de los títulos y de los estudios. La Unión Europea ha de ofrecer una formación de calidad, y ello cualquiera que sea la universidad o el país de acogida. Es esencial que los estudiantes tengan la posibilidad de comenzar un ciclo de estudios en un Estado miembro y terminarlo en otro con la garantía de que los conocimientos que han adquirido serán validados por un título reconocido en todos los Estados miembros. Propongo pues que la Comisión siga mejorando y promoviendo el sistema de validación de créditos universitarios conocido con el nombre de ECTS y que se inspire en él para desarrollar nuevos programas de movilidad. También hay que promover la creación de ciclos de estudios comunes entre las universidades de los Estados miembros que conduzcan, en la medida de lo posible, a la obtención de títulos comunes.
Tercer punto: propongo la creación de una marca universitaria europea que se concedería a módulos de formación impartidos por centros de enseñanza superior reconocidos por la calidad de la enseñanza y de la acogida reservada a los estudiantes de terceros países. Esta marca universitaria no se referiría tanto a la calidad de la universidad en tanto que institución, como a los módulos impartidos. Estoy segura de que ello contribuiría a la promoción de la enseñanza superior europea y transmitiría una señal clara a los estudiantes extranjeros.
Cuarto punto: debemos favorecer también el aprendizaje de las lenguas. El aprendizaje de las lenguas es un factor de movilidad indiscutible; en consecuencia, es deseable que los Estados miembros impartan sistemáticamente una enseñanza de las lenguas extranjeras, en forma de módulos, en todas las ramas de la enseñanza superior, pero también que pongan a disposición de los estudiantes extranjeros una enseñanza de la lengua del país de acogida.
Quinto punto: tenemos que ofrecer una acogida de calidad. Las universidades deben concentrar sus esfuerzos para ofrecer una acogida de calidad a los estudiantes extranjeros. Hay que facilitarles los trámites administrativos que deben realizar obligatoriamente. Hay que favorecer su acceso al alojamiento, así como la obtención de becas. Esta acogida de calidad será uno de los criterios para la concesión de la marca universitaria europea.
Sexto y último punto, debemos apoyarnos en programas de cooperación existentes que han demostrado su eficacia, como el programa ALPHA. Así, los próximos programas deberían tener en cuenta la elaboración de programas de estudios comunes y el establecimiento de sistemas de reconocimiento mutuo de cursos y títulos, así como favorecer la cooperación con empresas, corporaciones u organizaciones multilaterales.
Por tanto, el objetivo del informe que les presento es hacer un llamamiento a la Unión Europea y a los Estados miembros para que se movilicen a fin de dinamizar y hacer competitiva y atractiva la enseñanza superior europea. Por supuesto, esta competitividad, esta capacidad de atracción de nuestra enseñanza superior europea deberá empezar a tomar cuerpo primero en los Estados miembros. Los ministros de Educación de los Estados miembros son conscientes de ello y lo recuerdan en cada Consejo de Educación. Estoy segura de que la Comisión Europea, así como el Parlamento, están hoy dispuestos a hacer lo necesario para crear un espacio europeo del conocimiento, atractivo y competitivo, capaz de tener un peso en la competencia internacional.
Muscardini (UEN)
. (IT) Señor Presidente, que existe un mercado internacional de la formación es un hecho y que la Unión Europea participa en él de una manera limitada, que no se corresponde a sus tradiciones culturales, es una realidad de la que ella misma es consciente y de la que justamente la Comisión es intérprete. Considero excelente el trabajo de la ponente, Sra. Marielle De Sarnez, y positiva la contribución de la Comisión de Asuntos Exteriores. Más allá de los múltiples aspectos técnicos de la comunicación y de las numerosas consideraciones y propuestas que facilitamos a la Comisión para reforzar la cooperación en materia de enseñanza superior, existe un tema muy importante, es decir, la calidad de la formación.
La propuesta de resolución incluye más de diez apartados referentes a garantizar la calidad de la enseñanza superior pero, evidentemente, no puede ir más allá, dado el aspecto técnico de las sugerencias y de las propuestas. La cuestión de la calidad de la formación merece una profundización, puesto que se refiere a aspectos ligados al desarrollo humano de las jóvenes generaciones. El desarrollo cultural y profesional parte asimismo del desarrollo de la dimensión humana, del respeto de la vida de cada uno y de la de los demás. Cuando existen jóvenes que se matan por motivos aparentemente fútiles - como ocurre en Occidente - o que utilizan sus cuerpos como instrumento de muerte contra otras personas inermes - como ocurre en Oriente Próximo - debemos interrogarnos sobre las causas que han provocado este cambio de valores y sobre lo que podemos hacer en el ámbito de la formación, entendida también en el sentido de desarrollo humano y de toma de conciencia de la dignidad de la persona con el fin de evitar estos comportamientos aberrantes. El problema ya no es solo técnico, sino también filosófico y pedagógico. A este respecto, me pregunto si las competencias de la Unión no deberían ir más allá de los límites de la armonización de las normas y del perfeccionamiento de los instrumentos de cooperación.
Apoyamos firmemente la creación de centros de excelencia hacia una etiqueta universitaria europea, así como estamos a favor del papel de la Unión en el fomento de una enseñanza universitaria de calidad. Vale la pena tratar de poner en marcha todas las energías posibles al efecto de utilizar las inteligencias disponibles para mejorar la calidad de la formación con el fin de que la cultura y la enseñanza lleguen a ser un estímulo vital y acompañen al ser humano a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, calidad como inteligencia de vida: éste es el objetivo prioritario de la formación.

Pack (PPE-DE).
Señor Presidente, estimada señora Comisaria, en nombre de nuestro Grupo quisiera dar mis más cordiales gracias a nuestra colega, la Sra. De Sarnez, por haber redactado un excelente informe. Quisiera señalar que esta Europa del conocimiento que, entretanto, estamos utilizando también como una expresión común, debe presentarse de nuevo en el plano internacional. Éste es un reto importante, y las declaraciones de Lisboa, de Barcelona, o incluso lo que se aprobó en Bolonia o también en Praga son importantes, pero si sólo conducen a que, al final, todo se haga en torno al Parlamento en una denominada coordinación abierta, entonces no podremos dar nuestra conformidad. Estamos de acuerdo en el contenido, pero también quisiéramos intervenir.
Los desafíos son grandes. Como se ha dicho, hemos de estar presentes y creo también que nosotros, como ha dicho la Sra. De Sarnez, hemos de procurar con más empeño que nuestra educación se vuelva más competitiva, más atractiva. En la Unión Europea necesitamos algo así como una comunidad, una excelente sociedad del conocimiento, a la que, a la postre, nos podamos remitir realmente. Para esto necesitamos mayor movilidad. La Sra. De Sarnez lo ha dicho ya: la movilidad y la calidad de nuestra formación son lo más importante y para esto es preciso, naturalmente, hacer algunas cosas.
También hemos de procurar que en las universidades se enseñen y se aprendan más idiomas. Hemos de procurar que haya más títulos comunes. El ejemplo de una universidad franco-germana en Alemania en la que se pueden obtener títulos comunes podría servir de modelo para muchas otras universidades europeas. Deberíamos proponernos llevar esto adelante. Considero excelente el distintivo de la universidad que ha sido propuesto por la Sra. De Sarnez, y por esta razón debemos trabajar también para que se haga realidad.
También hemos de procurar, y por cierto, con más rapidez que hasta ahora, que los títulos y diplomas sean reconocidos, por fin. Estamos diciendo esto desde que tengo uso de razón y esto avanza realmente a paso de caracol. De esta suerte estamos perjudicando a nuestros jóvenes y considero que en este punto se trata de un reto para todos nosotros que deberíamos asumir.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con este informe - que agradezco a la Sra. De Sarnez - se presenta el momento propicio para una reflexión de la Unión Europea sobre el modo en que concibe el derecho a la educación - y más concretamente a la enseñanza superior - y cómo piensa ponerlo en práctica. En el siglo XX asistimos a la aceptación universal de los derechos humanos como principio rector de nuestra construcción. Nuestra responsabilidad debe ser verlos plenamente respetados y realizados en la práctica, ya que la educación no es sólo un derecho de la persona, sino también un medio esencial para promover la paz - una cuestión crucial hoy -, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en general.
Para que su contribución potencial a la construcción de un mundo de paz pueda materializarse, la educación debe generalizarse, ser accesible a todos en plena igualdad. La tarea es enorme: no olvidemos que todavía hoy nuestro planeta cuenta con más de 800 millones de adultos analfabetos y casi 100 millones de niños en edad de ser escolarizados en secundaria y que no tienen acceso a la escuela. Por otra parte, entre los que están escolarizados, hay millones que no pueden beneficiarse de una enseñanza de calidad que responda a sus necesidades educativas fundamentales. Ahora bien, cada vez es más urgente responder a estas necesidades en un mundo en el que los trastornos generados por la globalización, así como por la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación, marginan a poblaciones enteras, hundidas en la más extrema pobreza, que son presa fácil de extremismos de todo tipo.
Realizar el derecho a la enseñanza es menos una cuestión de acceso a la educación que de acceso a posibilidades de una formación adecuada para todos, que permita satisfacer necesidades fundamentales. Desde esta perspectiva, el derecho a la enseñanza superior - lo comprobamos - todavía no es una realidad, en especial para las mujeres. En la enseñanza superior, que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser de acceso abierto a todos en pie igualdad, en función de los méritos personales, el número de alumnos en África y Asia asciende a menos de uno de cada diez dentro de cada grupo de edad, y la brecha sigue abriéndose entre estas regiones y Europa, así como América del Norte. Si no hay duda alguna de que, en todos los lugares del mundo, la realización del derecho a la enseñanza superior ha progresado considerablemente desde hace medio siglo, no debe olvidarse que esta visión, recogida en el artículo 26, no sólo es cuantitativa sino también cualitativa, pues engloba los fines y objetivos de la educación, y por tanto sus contenidos.
En consecuencia, muy atenta contra la tarea que queda por realizar - y agradeciendo una vez más a la Sra. De Sarnez su informe -, creo que es fundamental que se sepa que, para las poblaciones que todavía están excluidas de cualquier formación, no es cuestión de elección, sino que muchas personas no saben siquiera que podrían tener elección. Si hablamos de dignidad, de reivindicaciones, de derechos iguales e inalienables, deseo de todo corazón que este informe permita al Parlamento Europeo seguir ocupando su lugar y no detenerse en el camino.

Sanders-ten Holte (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, desde hace tiempo existe en Europa el fenómeno de la movilidad de estudiantes y docentes en la enseñanza superior. Esto es una importante aportación para que haya mayor comprensión entre los pueblos de Europa. Constituye realmente la base para que esto se lleve a cabo. La Comisión hace ahora un llamamiento para ampliar e intensificar este proceso hacia terceros países y con mucha razón señala la Sra. De Sarnez en su excelente informe que se requiere para ello una enseñanza superior de alta calidad. Es obvio que para ello hay que mejorar y fomentar el sistema de convalidación de los créditos. Asimismo, habrá que desarrollar nuevos programas de cooperación en materia de enseñanza superior cuando haya una cooperación más estrecha con terceros países. La UE ya tiene programas de cooperación con los EEUU y Canadá, pero quisiera romper una lanza a favor de una mayor cooperación en materia de enseñanza superior con los países en vías de desarrollo.
Según la Comisión, uno de los objetivos de la cooperación con terceros países es la formación de personas altamente cualificadas. Esto es muy importante, sobre todo para los países en vías de desarrollo. La movilidad de las personas e ideas es muy estimulante para todas las instituciones que participan dentro y fuera de Europa. Además, la enseñanza en general es el mejor método para luchar contra la pobreza en el mundo y esto es más que cierto en relación con los países en vías de desarrollo. Por otra parte, para evitar una fuga de cerebros hace falta llegar a unos acuerdos de intercambio muy estrictos. Por este motivo, hago un llamamiento a la Comisión para que preste mayor atención a este punto en su política de fomentar la cooperación en materia de enseñanza superior.
Una segunda cuestión que me gustaría subrayar es la de la enseñanza por internet. Muchas universidades, sobre todo las de los países en vías de desarrollo, no pueden financiar amplios programas de intercambio. Justamente para ellas el uso del e-learning es sumamente importante, tanto para adquirir conocimientos como para difundirlos. Por lo tanto, la Comisión debería prestar mayor atención a esta cuestión en su política de ayuda al desarrollo.

Sichrovsky (NI).
Señor Presidente, quisiera felicitar también a la ponente por este interesante informe. Naturalmente, habría que mejorar en la EU la cooperación en el plano académico y cultural. Pero también es una parte de la identidad nacional de los países miembros que la educación en determinados ámbitos posea una tradición diferente y que conduzca a resultados diferentes. Sólo se produce peligro allí donde la educación está por debajo de un determinado nivel. Así en el pasado, lamentablemente, ha sucedido con frecuencia que, por ejemplo, titulados en Medicina de un país miembro no pudieran ejercer en otros países miembros a causa de su bajo nivel de formación. Tampoco será posible el cambio transfronterizo de unas universidades a otras, si no se garantiza el mismo nivel mínimo.
No obstante, hay que celebrar de manera especial la anunciada cooperación con futuros países candidatos a la adhesión en los niveles académico y cultural. Los que estamos junto a la frontera con la Europa oriental conocemos muy bien estos países. Algunos comprobarán con asombro que incluso podríamos aprender algunas cosas de los países de la Europa oriental, candidatos a la adhesión, en estos dos ámbitos, cultura y educación.

Martens (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. De Sarnez por su excelente informe. El informe resume muy bien y con mucha claridad la situación actual de la enseñanza superior, los programas existentes y las posibilidades actuales de cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior. Me parece que nos ha ofrecido un resumen extraordinario.
Señor Presidente, en el siglo XVII el 40 por ciento de los estudiantes de las universidades neerlandesas procedían del extranjero. Actualmente, con la fundación de los estados nacionales, la enseñanza se ha vuelto también cada vez más nacional. Ahora estamos viendo una evolución hacia la internacionalización y eso es muy necesario. Con la ampliación y el desarrollo de Europa necesitamos más gente con un corazón que lata por Europa, provista de conocimientos y sentimientos de otros países, idiomas y culturas. Pero el mundo no se reduce a Europa y el mundo se hace menos grande, por así decirlo, debido a la creciente movilidad y la progresiva internacionalización. Por algo el término de "global village" está en boca de todo el mundo. La sociedad de la información hace de nuestro mundo un conjunto. Y por ello no sólo hay más demanda para ciudadanos que tengan conocimientos técnicos y científicos, sino también para ciudadanos que se sientan ciudadanos del mundo. Por lo tanto, es importante que haya cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior.
Señorías, son los ciudadanos los que han de sostener la sociedad. En la Edad Antigua los griegos eran ya muy conscientes de la importancia de formar buenos ciudadanos. Tenían muy claro que la política, la enseñanza y la educación para formar una ciudadanía responsable formaban un conjunto. Además, la enseñanza desempeña un papel muy importante en la integración. Es evidente que contribuye a que haya mayor comprensión y, por ello, mejores relaciones. Me parece importante que la UE busque más cooperación y que quiera profundizarla. A pesar de que la enseñanza es competencia nacional, creo que puede y debe haber una mayor armonización.
Este informe trata de la cooperación con terceros países. Resulta que Europa, ya se ha dicho anteriormente, no es la primera opción de los estudiantes que quieren estudiar un año en el extranjero. Los EEUU aún resultan más atractivos. Por una parte, esto es debido al problema lingüístico, pero no sólo eso. La calidad del curriculum, la reputación de la institución y el reconocimiento de los títulos juegan un papel importante. Coincido totalmente con el informe en el sentido de que en Europa hemos de esforzarnos por ofrecer un nivel alto y constante de enseñanza, de la que forman parte intrínsecamente el conocimiento de idiomas, el reconocimiento internacional de títulos, un sistema , al menos a nivel europeo, de convalidación de créditos y una flexibilización de las posibilidades para que estudiantes de terceros países que estudian en un Estado miembro también puedan estudiar temporalmente en otro país de la UE.
Para terminar, Señor Presidente, quisiera señalar la importancia que tiene todo esto para la ayuda al desarrollo. Esto es crucial para el desarrollo de un país. Me parece una buena propuesta que se estudien los programas comunitarios con este criterio y que se investigue si hay más posibilidades.

Sbarbati (ELDR).
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión, a pesar de ser algo tardía, pretende afrontar y resolver el problema de la delicada relación entre la Unión Europea y el mercado internacional de la formación, cuyos principales protagonistas son, hoy por hoy, los Estados Unidos y algunos Estados europeos que, por otra parte, han entrado en liza.
La puesta en marcha de este debate y el excelente informe de la Sra. De Sarnez nos parecen muy importantes dentro de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de la enseñanza superior, puesto que ponen en evidencia lo muy escasa que es actualmente la participación de Europa. Una prueba de ello es el hecho de que sólo existen programas nacionales de intercambios bilaterales que han sido puestos a punto por los Estados miembros. Así y todo, me parecen muy convincentes los dos objetivos indicados para la cooperación entre la Unión Europea y los terceros países: primero, el desarrollo de los recursos humanos de alta calidad que sólo se puede conseguir a través de una formación o de una enseñanza de calidad; segundo, la promoción de un centro mundial de excelencia para el estudio, la formación y la investigación que esté ubicado en Europa. Asimismo hubiera visto con buenos ojos una referencia al CEDEFOP y a la Agencia de Turín que tanto hacen en este ámbito, en especial en lo que a la investigación se refiere.
Sin embargo, el problema no es solo la calidad de los cursos y de los programas, sino también el reconocimiento mutuo de los títulos de estudio, un ámbito en el que sufrimos un grave y culpable retraso. Por lo tanto, es necesario llegar a módulos transnacionales de formación cuya calidad se convalide y reconozca, fomentar los intercambios de estudiantes y el aprendizaje de idiomas, así como mejorar el sistema de becas de estudios previendo asimismo becas de regreso para los estudiantes de terceros países que ciertamente han de tener libertad de decidir dónde desean establecerse para ejercer su profesión, pero que quizás con una beca de regreso podrían volver a sus países de origen y contribuir a su desarrollo de manera más provechosa.
No cabe duda de que es un reto importante - el reto para la Europa de la cultura y de los valores - un reto que no podemos dejar de afrontar y vencer.

Zabell (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a nuestra compañera De Sarnez por el trabajo tan excelente que ha realizado sobre un tema tan importante para todos los europeos.
No descubro nada nuevo diciendo que la educación no es una competencia comunitaria; es más, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, de la que formo parte, cada vez que hablamos sobre temas de educación, un colega nuestro se dedica a contar cuántas veces aparece la palabra "subsidiariedad" en el debate. Sin embargo, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea es la libre circulación de personas, derecho que estamos denegando a los ciudadanos europeos en la medida en que no existe un reconocimiento de títulos para que puedan ir a trabajar a otro país de la Unión Europea.
Ahora mismo, los numerosos estudiantes acogidos al programa Erasmus que invierten un año de sus estudios en otro Estado miembro pierden dicho año en su país de origen, porque al volver no se les reconoce el año estudiado en el primer Estado. Esto me parece verdaderamente inaceptable, sobre todo porque, ante estas condiciones, muchos de los estudiantes, en vez de ir a otro país de la Unión Europea, prefieren ir a los Estados Unidos o al Canadá e invertir un año allá y aprender bien el idioma. Creo que tenemos que evitar esta situación mediante la mejora de las condiciones dentro de la Unión Europea.
Es muy importante que los estudiantes tengan la opción de invertir un año fuera de sus países, tanto por la convivencia y la formación que dicha experiencia les brinda como por la posibilidad que también les ofrece de aprender y perfeccionar otro idioma europeo, que es tan importante para nosotros como ciudadanos de la Unión.
Por todo esto, yo quisiera unirme a la ponente, la Sra. De Sarnez, en la defensa de la creación de la etiqueta universitaria europea, la mejora de la movilidad de los estudiantes, el fomento del aprendizaje de más idiomas y, sobre todo, en esa armonización de la enseñanza superior que, sin duda, va a tener que llevar al reconocimiento de títulos.

Reding
. (FR) En primer lugar, quisiera, y no es una frase carente de sentido, dar las gracias a los diputados y sus ponentes por su esmerado trabajo y su trabajo de solidaridad con las propuestas de la Comisión. Es muy importante que el Parlamento y la Comisión trabajen mano con mano. Como ya se ha resaltado, en ocasiones no es fácil, en los ámbitos que nos ocupan en materia de formación y dada la ausencia de legislación, entablar una colaboración directa con el Parlamento. Lo lamento y deseo que esto cambie. Ya he comunicado en varias oportunidades al Parlamento, con ocasión de mis pasos por la comisión parlamentaria competente, que le mantendría informado de cualquier novedad y he pedido a los diputados que tomen iniciativas para que la Comisión pueda tener en cuenta las propuestas del Parlamento, que son muy importantes en el ámbito que nos preocupa.
Señor Presidente, Señorías, la comunicación que el pasado mes de julio adoptó la Comisión tenía por objeto lanzar el debate sobre la cooperación con terceros países teniendo en cuenta asimismo las observaciones hechas por sus Señorías: globalización, creciente movilidad internacional, falta de competitividad de Europa en el mercado internacional de la educación, necesidad de estimular la comprensión cultural de nuestros jóvenes y los de terceros países.
La Comisión ha recordado que la cooperación con terceros países se fundamenta en el artículo 149 del Tratado. Añadiría también que, aparte del Tratado, esta cooperación es uno de los medios de que disponemos para favorecer el diálogo entre civilizaciones. Sobre esta base, la Comisión ha sacado dos conclusiones. En primer lugar, si construimos puentes entre universidades dentro de la Unión Europea, lo cual estamos haciendo, debemos construir también puentes entre las universidades europeas y las de otros continentes. Es precisamente el tema del informe que examinamos.
En segundo lugar, debemos hacer que nuestra actuación en este ámbito sea más visible, para promover Europa como centro de excelencia y atraer estudiantes en busca de una enseñanza internacional. Hemos identificado dos objetivos. Primeramente, formar recursos humanos de alta calidad en los países asociados y en la Comunidad a través del desarrollo recíproco de los recursos humanos. No queremos provocar una fuga de cerebros, sino que los estudiantes que han sido formados aquí - no en un solo país sino en varios, porque ahí reside la plusvalía europea que tenemos que ofrecer - regresen a su país y, en un contexto globalizado, sepan de qué se trata cuando, de adultos, tengan que tomar decisiones en el ámbito privado o en el público. Después, queremos promover, por supuesto, la Comunidad como centro mundial de excelencia para los estudios. Disponemos de centros de excelencia, existen, hay que conectarlos entre sí y hacerlos más competitivos, porque serán conocidos.
Progresamos, Señorías, a través de acciones concretas. La primera de esas acciones concretas es el programa Tempus, que se ha hecho extensivo a los socios MEDA. Esta iniciativa se inscribe, por supuesto, en el contexto del proceso de Barcelona, pero responde también a la idea de refuerzo de la cooperación en materia de enseñanza superior recogida en la comunicación.
El ponente ha citado el programa ALFA. Puedo decirle que estamos elaborando ALFA Plus para los países de América central y del Sur. ALFA Plus tiene previsto conceder, en el marco institucional de las relaciones entre universidades, más de tres mil becas de estudios a estudiantes de tercer ciclo, que serán acogidos en nuestras universidades. Como ven, de forma muy concreta, estamos elaborando acciones piloto en otros continentes. Por otra parte, pensamos seguir trabajando en esta dirección. Estamos totalmente de acuerdo con el análisis de base hecho por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. En este sentido, existe por una vez una bonita unanimidad sobre el tema que nos ocupa.
Por lo demás, la Comisión ha tomado buena nota de las peticiones relativas a la elaboración de una propuesta marco que responda a los análisis que se han hecho. Estamos trabajando en ello y quizás podría lanzar la propuesta este año ya. Como comprenderán, señora ponente, Señorías, no puedo entrar en detalles hoy, pero a buen seguro vamos a tener en cuenta muchas de las ideas contenidas en el informe de la Sra. de Sarnez. Por supuesto, mantendré informada a la comisión parlamentaria competente.
Señor Presidente, si me lo permite, quisiera responder ahora muy brevemente a algunas propuestas formuladas por la Sra. de Sarnez. Creo que he respondido ya en lo referente a las acciones piloto: ALFA, Tempus y otras.
La Sra. ponente pide que se proceda a un análisis de calidad en las universidades y que se construyan ciclos de estudio comunes con titulaciones comunes utilizando la validación ECTS. Pues bien, es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo proyectos piloto en los que tres o cuatro universidades de tres o cuatro países diferentes colaboran sobre la base de un currículo común que conduce a un master europeo. Está previsto que en 2003, en Berlín, los rectores de las universidades se reúnan en una gran conferencia durante la cual presentarán las acciones piloto que se hayan lanzado, algunas de ellas durante el año escolar en curso, pero la mayoría durante el año escolar 2002-2003. Por tanto, analizaremos los primeros resultados en Berlín, y confío firmemente en que la iniciativa cree un efecto bola de nieve y que, al ver que resulta muy positiva, muchas universidades se lancen a este nuevo sistema.
Con respecto al análisis detallado de la situación de la movilidad internacional, creo, señora de Sarnez, que debe ser realizado sobre todo por la OCDE y por la Unesco. Estamos en conversaciones con estas dos instituciones, que, para llevar a buen fin este análisis, tienen un problema de comparabilidad de las estadísticas y de que las estadísticas son demasiado antiguas y, por tanto, han sido superadas por los acontecimientos. Pero pensamos que son estas instituciones las que deben hacerlo. Vamos a colaborar estrechamente con ellas.
Por lo que se refiere a la calidad de la acogida, los trámites administrativos, el alojamiento y las becas, les recuerdo que, bajo la Presidencia francesa, se celebró un gran encuentro de los ministros de Educación en la Sorbona para hablar durante una jornada entera de los obstáculos a la movilidad. Todo ello se pasó a papel y fue firmado por nuestros Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Niza. La decisión política de alto nivel existe. El problema que tenemos es que las cosas no van lo bastante rápido sobre el terreno, porque son cuestiones que deben ser resueltas por los gobiernos nacionales. Y ni siquiera hablo de los ministros, porque, con frecuencia, son los ministros de la Seguridad Social, los ministros del Interior, los que deben ponerse manos a la obra. Tenemos que ejercer, pues, una presión amistosa sobre los gobiernos para que supriman los obstáculos a la movilidad, que a menudo no son elementos importantes. Pero registramos también progresos en este plano. Les pondré un ejemplo: en algunos países, las becas concedidas a los estudiantes no eran exportables, lo que frenaba seriamente su movilidad. Sin embargo, la mayoría de los ministros competentes tomaron medidas para que los estudiantes pudiesen seguir beneficiándose de una beca cuando prosiguiesen sus estudios en otro Estado.
Último punto: las lenguas. Como saben, el año 2001 fue el Año europeo de las lenguas. Ello contribuyó, en efecto, a que las cosas se movieran. Lo digo con gran admiración por la rápida reacción de muchos ministros de Educación, que emprendieron reformas escolares para que los niños pudiesen aprender desde la más tierna edad una o varias lenguas extranjeras. Puedo decirles que los Jefes de Estado y de Gobierno recogieron en la Cumbre de Barcelona nuestro lema: lengua materna más dos.
Así pues, las cosas marchan, avanzan, no lo bastante rápido, pero sí en la dirección acertada. Con la ayuda del Parlamento, estoy segura de que podremos conseguir una progresión más rápida hacia esa visión común que es la nuestra.
El Presidente. -
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de una Declaración de la Comisión sobre la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid, 8 a 12 de abril de 2002).

Reding
. (FR) Señor Presidente, el pasado 18 de marzo, la Comisión adoptó una comunicación como contribución a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas y acogida por el Gobierno español en Madrid los días 8 a 12 de abril de 2002. La comunicación de la Comisión se titula 'Respuestas de Europa al envejecimiento de la población mundial - Promover el progreso económico y social en un mundo que envejece?.
En esta comunicación se aborda el fenómeno del envejecimiento en Europa en el contexto de las tendencias al envejecimiento en el mundo. En primer lugar, Europa es una de las regiones del mundo en que la población tiene más edad, y los países europeos seguirán figurando en primera línea de las naciones que envejecen durante varios decenios aún.
Sin embargo, el envejecimiento no es ya un problema propio de los países desarrollados. Hoy se ha convertido también - y cada vez más - en una preocupación de los países en desarrollo. En muchos de estos países, el envejecimiento será mucho más rápido y se situará en un contexto de desarrollo de un nivel claramente más bajo que en la Europa occidental. Por ello, el envejecimiento será, en el siglo XXI, un problema que exigirá no ya una respuesta europea, sino una respuesta mundial.
El enfoque adoptado por la Comisión descansa en tres puntos.
En primer lugar, la población registra un rápido envejecimiento. La ampliación no cambiará nada la situación, como tampoco la inmigración, aunque puedan influir ligeramente en este proceso. Sin embargo, la demografía no es un destino. Las respuestas políticas al envejecimiento determinarán de qué modo influirá éste en las sociedades europeas.
En segundo lugar, el envejecimiento es resultado de una combinación de varios procesos sociales y debería considerarse una evolución que interactúa con otros fenómenos. Por ello, la respuesta debe formar parte integrante de una estrategia global integrada por políticas que se refuerzan mutuamente.
En tercer lugar, si las condiciones y las posibilidades ofrecidas a las personas de edad avanzada constituyen una preocupación importante en cualquier momento, la adaptación con éxito al envejecimiento es una cuestión que afecta a personas de todas las edades. Un enfoque basado en la vida entera puede facilitar, pues, la elaboración de medidas políticas adecuadas.
La parte principal de la comunicación se dedica a describir el modo en que debemos interactuar a escala europea. La Comisión ha definido el envejecimiento como uno de los seis desafíos comunes del desarrollo sostenible, y los Estados miembros han adoptado medidas decisivas para ahondar la cooperación sobre los problemas de envejecimiento. Los Estados miembros se han comprometido a coordinar sus trabajos y empezamos a observar una evolución similar en lo que se refiere a la asistencia sanitaria.
Los desafíos principales se han identificado en común, y son: anticipar un aumento de los gastos al mismo tiempo que se garantiza la viabilidad de los presupuestos públicos; adaptarse a una mano de obra que envejece y se hace menos abundante; garantizar unas pensiones adecuadas, fiables y adaptables; garantizar el acceso de los europeos que envejecen a una asistencia sanitaria de calidad durante largos períodos. Más allá de la experiencia que la Unión Europea ha adquirido en su respuesta al envejecimiento, la comunicación tiene en cuenta los problemas que se plantean a los países candidatos y a los países en desarrollo a escala mundial. Considerada en su conjunto, la comunicación representa una aportación de la Comisión al debate sobre el nuevo plan de acción internacional sobre el envejecimiento que debe adoptarse. Como tal, se dirige a apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para conseguir adoptar una posición uniforme de la Unión sobre este problema.
Mi colega, la Sra. Anna Diamantopoulou, expuso el lunes, en la Asamblea Mundial, en Madrid, la evolución reciente de la posición de la Unión Europea frente al problema del envejecimiento.

Podestà (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisaria, Sra. Reding, por haber venido hoy a exponernos las estrategias puestas a punto por la Comisión en lo que se refiere al tema del envejecimiento. Dicho tema, cuya inclusión solicité muy firmemente en el debate del día de hoy, nos debe hacer reflexionar a todos nosotros y en general a la Unión Europea que considero debe mostrar una mayor determinación y sensibilidad a la hora de abordarlo. En los próximos años nuestras Instituciones estarán llamadas a dar una respuesta puntual y eficaz a los nuevos retos que nos plantea el incremento de la esperanza media de vida, de modo que podamos garantizar a las personas mayores de todo el mundo una calidad de vida cada vez mejor.
En efecto, el fenómeno del envejecimiento de la sociedad afecta a todos los países tanto los más avanzados como los en vías de desarrollo, aunque con evidentes diferencias que, tenidas debidamente en cuenta, suponen enfoques e iniciativas diferentes. Por ello, considero que el Parlamento Europeo, una institución que representa a los ciudadanos de Europa, debe asumir una posición oficial con ocasión de la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas que mañana finalizará en Madrid, y esto se conseguirá gracias a la votación de hoy sobre el proyecto de resolución de compromiso.
En efecto, es necesario que se garanticen al máximo la protección y el respeto de la dignidad de esta parte de la población y que se abra un debate sobre el futuro de la tercera y de la cuarta edad. Ésta no es una diferenciación ligada a la edad biológica, sino más bien al estado de autosuficiencia de las personas mayores. En efecto, es preciso establecer una diferencia entre las personas mayores que pertenecen a la tercera edad, todavía plenamente activas y que tienen derecho a no ser excluidas de la vida social, cultural, política y económica, unos ciudadanos que representan un recurso para nuestra sociedad y no sólo un problema, y las que, al pertenecer a la cuarta edad y al no ser autosuficientes, tienen, en todo caso, derecho a vivir dignamente en el pleno respeto de su persona. Por esto, señor Presidente, espero que este Pleno apoye mayoritariamente la resolución que hoy vamos a votar.

Andersson (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por sus aportaciones. En realidad, éste quizás no sea el mejor momento para discutir este tema. Habría sido mejor aprobar una resolución antes de la realización de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, con el objeto de influir, o al menos poder hacerlo con posterioridad, cuando hubiésemos evaluado los logros de esta reunión. Sin embargo, es provechoso que en el Parlamento Europeo exista unidad de criterios sobre el envejecimiento.
Con demasiada frecuencia vemos el envejecimiento como un problema. No entiendo que sea un problema que la gente viva más largo tiempo y que seamos cada vez más sanos a edades avanzadas. Por el contrario, me parece algo muy positivo y un bien para nuestras sociedades. Con todo, los países miembros de la Unión somos muy malos para aprovechar el capital que representan los mayores, especialmente en el mundo laboral.
La edad formal de jubilación en la mayoría de los países miembros es de 65 años. En la realidad, la edad de jubilación es considerablemente más baja. La gente abandona el mundo laboral por distintas causas. Una de ellas es la discriminación de los mayores, algo que es real, que hay que combatir, y que lo hemos hecho en parte. También puede deberse al deficiente ambiente laboral, que desgasta prematuramente. Por último, también puede ser porque nuestra sociedad del conocimiento, en la que cada vez es más importante la formación continua y mantenerse al día, no ofrece a los mayores esta posibilidad. Si se les diese la oportunidad de hacerlo, aumentaría considerablemente la posibilidad de aprovechar sus experiencias y conocimientos.
Es importante mantener el modelo europeo, es decir, un sistema de seguridad social con servicios de salud adecuados y modernos. Es esencial, especialmente para los más ancianos, ya que éste grupo es el que más necesita cuidados y atención médica. En el futuro las necesidades aumentarán, ya que las mujeres, que en el pasado se hacían cargo de gran parte de los cuidados a los mayores, hoy se han incorporado al mercado laboral, y seguirán haciéndolo. Esto hace que la sociedad debe asumir mayor responsabilidad en la creación de nuevos recursos para que los mayores reciban atención digna cuando lleguen a edades avanzadas.
También debemos considerar la perspectiva global, tal como lo ha hecho la Comisión. Conviene que nos interesemos por lo que ocurre más allá de nuestras fronteras e intentemos diseñar una estrategia global para los mayores.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, como ya se ha dicho, una de las cuestiones clave del envejecimiento es afrontar la discriminación por la edad en sí, en particular en el mercado de trabajo, en la atención sanitaria, etc... En nuestra opinión, este asunto va a requerir algo más que códigos de conducta que, al parecer, no funcionan de forma particularmente rápida.
Como ya han mencionado otros, también es importante que reconozcamos la contribución de los mayores al mantenimiento de la sociedad y la economía, actuando como cuidadores gratuitos de sus nietos, por ejemplo, para que sus hijos puedan salir a trabajar, o actuando como voluntarios. En efecto, en varios países el sistema de gobierno local, por no mencionar el sistema parlamentario, se colapsarían sin su ayuda.
Ya se ha dicho que la clave es que actuemos para que no se perpetúe la imagen de los mayores, como muchos de nosotros en esta Cámara, como una carga para la sociedad y sus servicios, y empecemos a vernos más bien como un activo de la sociedad. En efecto, en el futuro tendremos que estar más implicados en nuestras sociedades.
Esperamos que nuestras sociedades y nuestros gobiernos actúen internacionalmente para crear un futuro sostenible con el fin de que podamos cambiar la situación de pobreza en la que muchas personas viven.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, en la estrategia de acción internacional de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas se propugna el compromiso de realizar una sociedad para todas las edades, dedicando para ello medios políticos y financieros. Ahora bien, es fundamental que la Unión Europea y sus Estados miembros contraigan ese compromiso, integrando las cuestiones del envejecimiento en las políticas comunitarias y mediante la inclusión de las personas de edad en los programas sociales, económicos y de desarrollo, prestando atención particular a las personas de edad en riesgo de aislamiento y aplicando el principio de envejecimiento activo, favorecido por las posibilidades de que las personas de edad participen en la vida económica, social y cultural. Y, como ya ha dicho nuestra colega Lambert, hay diversas formas.
Aunque la cuestión del envejecimiento vaya en general asociada a preocupaciones a largo plazo, constituye ya en este momento un gran problema para las sociedades y los gobiernos, dadas las profundas consecuencias que tiene para las políticas de seguridad social, educación, salud, inmigración y familia, por lo que resulta imperativo adoptar las medidas necesarias con vistas a velar por que las rentas y los recursos disponibles para las personas de edad y jubiladas se ajusten al nivel de vida medio de la sociedad.
No es aceptable que las preocupaciones por el gasto público y las presiones con vistas al cumplimiento del Pacto de Estabilidad tengan una repercusión negativa en las condiciones de vida de las personas de edad, como indican tanto una reciente decisión del Consejo Europeo de Barcelona, en el sentido de aumentar en cinco años la edad de jubilación de aquí a 2010, cosa que consideramos inaceptable, como las declaraciones del actual Presidente del Consejo, el Primer Ministro Aznar, en la inauguración de la segunda Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, cuando propugnó cambios en el sistema de pensiones, jornada laboral y edad de jubilación, que siguen la misma orientación.
Es fundamental que se avance con políticas sociales integradas, se fomente la solidaridad intergeneracional, se preste atención particular a las cuestiones de acceso de todos a la asistencia sanitaria y a la calidad de los servicios prestados y se conceda mayor importancia a la ocupación del tiempo libre de las personas de edad. Esperamos que la Comisión proponga un programa de acción concreto para las personas de edad teniendo en cuenta todos esos aspectos en una visión integrada y después de oír a las organizaciones de jubilados y personas de edad. Conviene también que la Unión Europea se comprometa más con la concesión de una ayuda internacional a los países en desarrollo para permitirles aplicar políticas en materia de envejecimiento, en particular a favor de las mujeres y de la lucha contra el sida.

Sartori (PPE-DE).
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias a la ponente y compartir su trabajo realizado en lo que se refiere a un tema de suma importancia como lo es el envejecimiento de la población en nuestros Estados, en nuestro continente. Creo que todos nosotros deberíamos considerar en serio a las personas mayores un patrimonio de la humanidad, puesto que, de hecho, su sabiduría, sus conocimientos, la historia de la que son intérpretes vivientes, no se valoran ni se aprovechan hasta el fondo. Para ser francos, a lo largo de estos años también en nuestros países, también en Europa, se ha hecho mucho para tratar de ofrecer sistemas de garantías y de dignificación a todas las personas mayores. Lo cierto es que en algunas zonas se ha hecho más que en otras, y por lo tanto, creo que Europa necesita desarrollar políticas que garanticen un nivel mínimo de garantías y de atención para con el mundo de las personas mayores, igual en todos los Estados de la Unión y que ha de proponerse como meta también para los países en trámites de adhesión.
No cabe duda de que el mundo europeo ha tomado conciencia de que tener dificultades económicas, ser pobres es siempre difícil, de que ser pobres y estar enfermos es difícil y complicado, y de que ser pobres, estar enfermos y ser mayores es terrible.
Por el contrario, creo que se ha hecho menos para tratar de ofrecer una posición, incluso política e institucional, para tratar de mantener durante el tiempo más largo posible a todas las personas mayores dentro del mundo activo y para garantizar una salida más gradual del mundo laboral. En definitiva, creo que el gran reto al que todos nosotros debemos enfrentarnos es éste y que se ha de estudiar precisamente desde un punto de vista más flexible del propio mundo del trabajo y empleando más inteligentemente la profesionalidad de las personas implicadas.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, tenemos que abordar la cuestión del envejecimiento de nuestra población desde el punto de vista de una sociedad para todas las edades, como indica nuestra propuesta. Hay riesgos reales en abordar este asunto exclusivamente desde el punto de vista económico, considerando y valorando a los ciudadanos sólo según la contribución que pueden hacer a la economía o a la fuerza de trabajo. La sociedad, como sabe esta Cámara, es un concepto mucho más amplio que la economía, y ese debe ser nuestro punto de partida.
La cuestión de la renta de los mayores depende del grado en que mantengamos el modelo social europeo de contribución de las personas que están trabajando para quienes, en diferentes fases de su vida, bien por enfermedad o por su avanzada edad, ya no pueden participar en la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es esencial asegurar un sistema tributario efectivo y eficiente y un sistema de seguros sociales efectivo. Sobre todo, es necesario que dispongamos de un fondo de reserva de pensiones de manera que haya solidaridad intergeneracional entre esta generación y no sólo la siguiente, sino también la que venga después. Es importante que todos los Estados Miembros consideren esta cuestión.
Me gustaría también que se considerara la para mí equivocada perspectiva de la Sra. Diamantopoulou, quien parece pensar que la solución del envejecimiento de nuestra población es que todos nosotros seamos más fértiles: que tengamos más hijos. Esto es eludir el meollo de la cuestión. Esto simplemente no va a ocurrir y, con toda seguridad, no en las zonas ricas de Europa. Por lo tanto, tenemos que abordar seriamente la cuestión de la inmigración. No basta hablar de la necesidad de asegurar suficientes recursos a los países en vías de desarrollo para que alimenten y mantengan a su gente. Por supuesto, eso es necesario, pero al margen de la frecuencia y la eficacia de cómo lo hacemos, la gente seguirá trasladándose a partes más ricas de Europa. Yo mantengo que debemos abandonar la idea de que podemos construir una Europa-fortaleza y dejar fuera a esos millones y millones de personas que desean venir. Quieren hacer una contribución a Europa, y esto nos beneficiará a todos, tanto económica como culturalmente.

Mantovani (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, organizada por la Presidencia española y que se celebra veinte años después de la primera Conferencia sobre el tema, constituye una ocasión única no sólo para los países desarrollados, sino para toda la población mundial, para poder centrar la atención sobre el importantísimo y rabiosamente actual tema del envejecimiento de la población que deriva del nuevo contexto demográfico y del incremento de la esperanza media de vida, gracias también a los avances realizados por la medicina.
Al afrontar y profundizar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias del incremento de la esperanza media de vida y del envejecimiento de la población, espero que se ponga el acento no solo en el papel que hoy las personas mayores han de poder cumplir en la sociedad moderna, sino también en el derecho, por ejemplo, de cada persona mayor que pierde su autonomía de disfrutar continuadamente de una calidad de vida segura. Necesitamos una nueva y renovada sensibilidad de todos los Estados de la Unión Europea hacia la promoción de una activa participación de las personas mayores en la vida social y cultural. En realidad, este enfoque sería una meta valiosa para nuestra sociedad que debe considerar a la persona mayor no solo como un consumidor potencial de servicios, sino también como una persona todavía útil para toda la sociedad.
Acojo favorablemente, también porque hasta ahora la Comisión no ha hecho gran cosa en este tema, el nuevo programa comunitario que la Comisión Europea está a punto de lanzar en el segundo semestre de este año para tratar de remediar una situación que ella misma define preocupante en lo que se refiere al mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores.
En definitiva, hace falta una acción fuerte y coordinada a escala europea para poder hacer frente al envejecimiento que es un reto y al mismo tiempo una emergencia que afecta al futuro de todos los Estados europeos, en particular de Italia, mi país, donde la ciudad de Génova detenta el récord de la tasa más alta de vejez de toda la Unión

Martínez Martínez (PSE).
Señor Presidente, colegas, el sábado pasado intervine en Madrid en una de las numerosas mesas redondas organizadas dentro del foro de las ONG que ha acompañado a la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento.
Allí se expuso que el envejecimiento está afectando tanto al Norte como al Sur y ello pese a la creciente dualidad y desigualdad que se viene estableciendo entre las sociedades del mundo desarrollado y las de los países que luchan por superar el subdesarrollo. Lo más interesante sea quizá entender que, con independencia del lugar, se plantean tres necesidades específicas para las personas mayores.
La primera concierne a la atención sanitaria en edades en que la salud va requiriendo cuidados más y más costosos; la segunda es la garantía de una seguridad económica para que los mayores puedan seguir viviendo con independencia cuando, por razón de su edad, dejan de trabajar; y la tercera es la consideración social, el respeto y la valoración que de las personas mayores hace la sociedad, no sólo como reconocimiento por los servicios prestados -lo que también debe hacerse-, sino además por el papel y la función que estas personas mayores deberían encontrar y cumplir en nuestro entramado social.
La respuesta satisfactoria a estas tres necesidades es lo que permitirá que las personas mayores puedan, afortunadamente, vivir dignamente durante un número de años cada vez más largo. En términos generales, y en los países de la Unión Europea, se ha llegado a responder de forma básicamente aceptable a las dos primeras exigencias planteadas: la atención sanitaria y la seguridad económica, aunque las prestaciones sean aún francamente insuficientes, y por ello mejorables, y haya que estar alerta ante amenazas que puedan producirse sobre su permanencia. En cambio, poco o nada se ha avanzado en cuanto a la tercera necesidad, la de la consideración y responsabilidad de los mayores en nuestras sociedades.
El panorama en el mundo en desarrollo es todavía mucho peor. Allí ninguna de las tres demandas planteadas ha tenido una respuesta mínimamente satisfactoria y, si acaso, sería en el tercer terreno, en el del respeto y la corresponsabilidad para con los mayores, en el que algo positivo pudiera contabilizarse.
Dentro de las perspectivas demográficas que alteran diariamente los flujos de migraciones, éstos son otros de los retos a los que debemos enfrentarnos. Así lo ha hecho la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento en Madrid, que nos ha marcado una nueva estrategia que la Unión Europea debe apoyar de forma decidida, como lo hacemos en el Parlamento aprobando hoy el excelente proyecto presentado por el colega Podestà. Y debemos hacerlo por nuestro futuro y por el futuro de un mundo que debería ser cada vez más solidario y, por ello, más justo también con las personas mayores.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, la Asamblea sobre el Envejecimiento de la población reviste, sin duda, la mayor relevancia, puesto que se esperan de ella orientaciones generales de política que ofrezcan garantías sobre los derechos de las personas mayores, sobre su calidad de vida, y, sobre todo, en lo que respecta a la lucha contra las discriminaciones. Como dijo el lunes en Madrid la Comisaria Anna Diamantopoulou, el hecho de que los seres humanos vivan hoy más y gocen de mejor salud brinda la perspectiva de un nuevo modelo de vida, una nueva sociedad, en la que los avances de la ciencia y la tecnología se reflejen de manera positiva.
Esa no es, sin embargo, la realidad de hoy. Por el contrario, casandras de diverso pelaje auguran a diario terribles males: el planeta se hunde bajo el peso de 6.000 millones de personas, los recursos productivos se agotan, el medio ambiente es destruido irremisiblemente, los pueblos pobres recen y se multiplican mientras nosotros, los desarrollados, disminuimos y envejecemos, nuestros sistemas de seguridad social se desploman.
La solución que brindan los partidarios de la teoría malthusiana es que disminuyan los nacimientos en los países del tercer Mundo, pero que aumenten en los nuestros. Esta es la ética del mundo desarrollado. Mi opinión es que los desequilibrios en la distribución de la población y el problema demográfico están directamente relacionados con los desequilibrios en el desarrollo y en la distribución de los recursos del planeta; con cuestiones como justicia social, educación, igualdad entre sexos, derechos humanos, modelos de desarrollo. El futuro del planeta no está amenazado precisamente por los niños hambrientos del Tercer Mundo, ni por la población que envejece, sino por los modelos consumistas y el estilo de vida de la tercera parte desarrollada de la población de la Tierra. Ahí es donde se requiere nuestra intervención y la nueva política demográfica.
No obstante, mientras no contemos con esa política integral de desarrollo sostenible a la que se ha referido la Comisaria, podemos seguir los buenos consejos de quienes proponen que abandonemos la política migratoria restrictiva y concedamos plenos derechos sociales y políticos a los inmigrantes. La población y la fuerza de trabajo de Suecia y Alemania habrían menguado considerablemente si no se hubieran seguido políticas de integración de los inmigrantes y si no se hubieran reconocido plenamente los derechos laborales de las mujeres. Reforzar estas dos políticas puede provisionalmente ofrecer soluciones a corto plazo a los problemas. Las soluciones a largo plazo, sin embargo, exigen un sistema justo, un sistema diferente de desarrollo económico y social
El Presidente. -
Para cerrar este debate, he recibido cinco propuestas de resolución

El Presidente. -
A continuación procedemos a la votación.
Procedimiento simplificado: 
Propuesta en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, de reglamento del Consejo que imponga ciertas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas y entidades asociadas con Osama Bin Laden, la red de Al Qaeda y los talibán, y revoque el Reglamento del Consejo (CE) Nº 467/2001 que prohíbe la exportación de ciertos bienes y servicios a Afganistán, reforzando la prohibición de los vuelos y extendiendo la congelación de fondos y otros recursos financieros relacionados con los talibán de Afganistán (COM(2002) 117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS)) 
Antes de la votación:

Reding
. (EN) Señor Presidente, respecto a la primera petición de opinión del Consejo al Parlamento sobre la congelación de fondos del Consejo de Seguridad de las NU, quisiera informar al Parlamento que la Comisión dedicará toda su atención a las enmiendas propuestas por el Parlamento y promoverá su adopción por parte del Consejo siempre que lo permita el Tratado de la UE, la Carta de las NU y la urgencia de la cuestión.
En segundo lugar, la Comisión sigue también abierta a futuras discusiones con el Parlamento sobre la tensión que inevitablemente surgirá entre los continuados esfuerzos por erradicar la financiación del terrorismo y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos.

Ayuso González (PPE-DE)
. Señor Presidente, he pedido la palabra simplemente para pedir que se devuelva a la Comisión la propuesta legislativa tal y como se ha votado por unanimidad en la Comisión de Agricultura. No es porque no estemos de acuerdo con ella, sino porque no incluye el alcohol de síntesis y la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento no ha encontrado una base jurídica para poderla incluir. Por lo tanto, pido votar en contra de la propuesta legislativa, para que ésta se devuelva a la Comisión.

Reding
. (EN) Señor Presidente, la Comisión no puede estar de acuerdo en esta etapa con la posición del Parlamento de rechazo de la propuesta y su petición de retirarla. Si el Parlamento vota a favor de esta posición, algo que lamentaría la Comisión, mi colega, el Sr. Fischler, tendrá que reflexionar sobre la situación y consultar con sus colegas sobre la línea de acción a seguir. Sin embargo, en mi opinión, el Comisario Fischler va a discutir este problema con la comisión parlamentaria.
El Presidente. -
Gracias, Comisario. En ese caso la cuestión se remite de nuevo a la comisión.

Informe (A5-0087/2002) de Pere Esteve, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para que prepare la reunión de Ministros Extranjeros Euro-Mediterráneos, Valencia, 22-23 de abril de 2002 (SEC(2002) 159 - C5-0128/2002- 2002/2057(COS)) 
(El Parlamento adopta la resolución)
Informe (A5-0076/2002) de Vasco Graça Moura, en nombre de la Comisión de Asuntos Extranjeros, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión acerca de una estrategia de la UE hacia China: puesta en práctica de la Comunicación y Pasos Futuros para una Política de la UE más Efectiva de 1998. (COM(2001) 265 - C5-0098/2001 - 2001/2045(COS)) 
(El Parlamento adopta la resolución)
Informe (A5-0071/2002) de Carlo Fatuzzo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión de 'Apoyo a estrategias nacionales para conferir seguridad y sostenibilidad a las pensiones a través de un enfoque integrado? (COM(2001) 362 - C5-0012/2002 - 2002/2017(COS))

Fatuzzo (PPE-DE)
. (IT) Quisiera formular una enmienda oral a la enmienda 16, presentada por el Sr. Pronk y la Sra. Lulling, cuyo texto reza: "Considera que los Estados miembros deben asumir su responsabilidad para garantizar una pensión con la cual cualquier pensionista pueda llevar una vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural". Como enmienda oral añado, en este punto, los términos "con el apoyo de la Unión Europea en el respeto del principio de subsidiariedad".

Fatuzzo (PPE-DE)
En la última línea de la enmienda 12, presentada por los Sres. Pronk y Lulling, donde dice: "Insta en particular a los Estados miembros a que mantengan un sistema de pensiones que funcione correctamente"; con la enmienda oral añado el término "obligatorio" después de "sistema de pensiones". Las últimas dos líneas, por lo tanto, se leerán de la siguiente forma: "Insta en particular a los Estados miembros a que mantengan un sistema de pensiones obligatorio que funcione correctamente".
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE)
. (SV) La lucha contra el terrorismo, en todas sus formas, debe someterse a las normas del Estado de derecho. Respaldamos todas las iniciativas en este sentido. El derecho de los ciudadanos a ejercer acciones judiciales debe mejorar. Este derecho también debe extenderse a asuntos relacionados con los derechos humanos. Con esta votación expresamos nuestro anhelo de combatir el terrorismo, pero no de asegurar el imperio de la ley, que, a nuestro juicio, debería ser mayor, tanto en la perspectiva nacional como en el ámbito europeo.

Crowley (UEN)
. (EN) Estoy a favor de los procedimientos para permitir que la lista de sanciones establecidas por la Comisión de Sanciones de las NU se revise siempre que se haga de acuerdo con la Enm. nº 2. La lista es extensa y minuciosa y confiamos en ella.
Hubiera deseado haber estado más seguro del papel propuesto del Tribunal de Justicia teniendo en consideración el papel de los tribunales de los Estados Miembros.
No estoy seguro de las implicaciones de la Enm nº 9, que trata de las propuestas de la Comisión sobre la transmisión de la información recibida por la Comisión a las autoridades competentes de los Estados Miembros. La posterior transmisión de esa información al Parlamento y a su 'comisión competente? y 'de acuerdo con los procedimientos relevantes? es vaga.
Apoyo firmemente las enmiendas propuestas al texto de la Comisión sobre el respeto a los derechos humanos y a las necesidades humanitarias.
No he participado en la votación porque considero que se trata de una cuestión seria. Todo lo que se pueda hacer para luchar contra el terrorismo es importante. Bloquear la provisión de fondos a las organizaciones terroristas y sus socios es uno de los medios más importantes de los que disponemos para enfrentarnos a las redes de Al Qaeda. Me gustaría haber dispuesto de más tiempo para examinar este aspecto de la propuesta y, en caso necesario, haber tenido más tiempo para reforzar aún más esas medidas.
(Abreviado conforme al Artículo 137(1) del Reglamento)

Di Lello Finuoli (GUE/NGL)
. (IT) Al reafirmar nuestro compromiso contra todos los terrorismos, hemos votado a favor de las enmiendas que hemos presentado junto con los demás Grupos, puesto que permiten - a través de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - proteger judicialmente a los ciudadanos europeos. Algunos de estos ya se han incluido en la lista aneja al Reglamento, a pesar de que contra los mismos aún no se ha aportado ninguna prueba de su conexión a movimientos terroristas o de su implicación en actos terroristas.
Por el contrario, hemos expresado nuestro voto contrario al Reglamento tanto por el procedimiento - es la cuarta vez que se vota sobre el terrorismo aplicando el procedimiento de urgencia, sin debate y sin informe - como por el fondo, ya que se vota sobre una lista de nombres facilitada a la ONU por la CIA, sin ninguna prueba o posibilidad de acceder a posibles pruebas.
Los procedimientos de elaboración de la lista de personas, grupos y entidades que se señalan en el artículo 2 del Reglamento, violan de forma manifiesta las normas irrenunciables del derecho a la defensa de los ciudadanos de la Unión Europea - confirmadas asimismo en la reciente Carta de Derechos Fundamentales - con una restricción de las disponibilidades y actividades financieras de los mismos, adoptada sin ninguna posibilidad de control democrático y/o judicial de las pruebas en que se basa la resolución de inclusión en dicha lista.
En consecuencia, sería deseable que el Consejo, cuando menos, tomara en consideración las enmiendas votadas por el Parlamento y aportara las pertinentes modificaciones a la propuesta de reglamento.

Eriksson, Frahm, Schmid, Herman, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL)
. (EN) De nuevo se ha pedido al Parlamento Europeo que aplique el procedimiento de urgencia sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo internacional.
El procedimiento que sigue a la petición del Consejo es inaceptable, porque no se han resuelto las cuestiones cruciales implicadas en borrar y añadir nombres a la lista de personas y grupos sospechosos de ser terroristas, dejando a la comisión de sanciones de las NU que decidan el procedimiento.
Además, la regulación de la UE se refiere continuamente a la resolución que decidió la Comisión de Sanciones de las NU conforme al Consejo de Seguridad de las NU, sin especificar claramente el papel que representan los Estados Miembros de la UE y el Tribunal de Justicia de la UE.
Aunque acogemos con agrado las enmiendas presentadas por los Grupos políticos del PE que intentan ampliar el alcance y el contenido de la regulación, hemos votado en contra de la regulación en general debido al procedimiento que se ha elegido, la imposibilidad de cambiar el contenido o los procedimientos para componer la lista.
Figueiredo (GUE/NGL)
Una vez más -la cuarta-, la Comisión viene a pedir al Parlamento Europeo que se voten medidas restrictivas contra ciertas personas y entidades con vistas a la lucha contra el terrorismo internacional sin que previamente haya habido debate alguno al respecto, ya sea en el Pleno o en la comisión especializada correspondiente. Es un método que rechazamos y ésa es una razón para nuestro voto en contra.
Tras reafirmar nuestra condena frontal e inequívoca de los actos terroristas habidos en los EE.UU., así como la necesidad de dar una respuesta basada en la combinación de gestiones y cooperación internacionales, en el marco de las Naciones Unidas y con pleno respeto de su Carta, consideramos inaceptable que se someta a la aprobación del Parlamento Europeo una lista de organizaciones y personas sin que esté fundamentada ni se presente prueba alguna y ésa es una segunda razón para el voto en contra.
Por otro lado, consideramos que la necesaria lucha contra el terrorismo no puede servir de pretexto para atentar contra aspectos esenciales de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
. (SV) Nos hemos abstenido en la votación final de la propuesta de la Comisión sobre congelación de bienes de presuntos terroristas. En cambio, hemos dado nuestro respaldo a las enmiendas, que en su totalidad contribuyen a mejorar el reglamento.
La lucha contra el terrorismo es decisiva y cuenta con nuestro apoyo. La congelación de los bienes de los presuntos terroristas es un elemento importante de esta lucha mundial. Sin embargo, no es aceptable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Comité de Sanciones decidan aplicar castigos sin exhibir pruebas ni dar a los afectados la posibilidad de defenderse en un juicio. Este procedimiento quebranta el Estado de derecho.
Todas las personas incluidas en la lista de Naciones Unidas tienen derecho a conocer inmediatamente las pruebas en su contra y se les debe acusar formalmente. Debe haber un tribunal que resuelva. Deben existir criterios claros para incluir y borrar a las personas de esas listas. Los países de la Unión representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - el Reino Unido, Francia e Irlanda - tienen la responsabilidad de defender el Estado de derecho y de exigir que no se trasgredan los derechos humanos. La Presidencia española y los Estados miembros deben actuar enérgicamente en la ONU respecto a EE.UU. para que se respeten los derechos humanos.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
. (SV) En la votación de hoy hemos respaldado un nuevo reglamento del Consejo sobre terrorismo internacional, que incluye importantes enmiendas aprobadas por el Parlamento destinadas a fortalecer el imperio de la ley y a fomentar el respeto por los derechos humanos fundamentales.
Lamentamos profundamente la situación de indefensión en que se encuentran tres suecos incluidos en la lista de presuntos terroristas confeccionada por el Comité de Sanciones de la ONU. Es evidente que no existen pruebas fehacientes en su contra y que, en cambio, se trata de una "medida preventiva". Por eso, el proceso para apoyar a estos ciudadanos debe continuar. Aplaudimos la referencia que se hace en las enmiendas a que "(el Tribunal de las Comunidades Europeas) debe ser competente para conocer las acusaciones contra las personas incluidas en el Reglamento (de presuntos terroristas)". En la propuesta de reglamento se expresa también que "hay que establecer un procedimiento en el ámbito comunitario para modificar esas listas".
Nuestro país está obligado por el Derecho Internacional a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sirven de fundamento al reglamento del Consejo. Hay que respetar este principio aunque no estemos de acuerdo con esas resoluciones. El objetivo de esas resoluciones - combatir el terrorismo - es legítimo e importante, pero también lo es modificar su aplicación. El reglamento del Consejo es un paso en la dirección adecuada, pero el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos fundamentales exige que perseveremos en los intentos para modificar las actuales normas que rigen las sanciones.

Theorin (PSE)
. (SV) Los derechos y libertades fundamentales jamás pueden ser cuestionados. Esto es particularmente importante en la lucha contra el terrorismo. No se puede combatir al terrorismo con atropellos a la democracia y a los derechos humanos. Según la Carta de Naciones Unidas, todos los países miembros están obligados a cumplir las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad. Esas decisiones son obligatorias, pero jamás absolutas. Debe existir un espacio para maniobrar.
El procedimiento del Comité de Sanciones - hacer suyas sin reservas las listas de individuos y organizaciones presuntamente terroristas confeccionada por EE.UU. no es aceptable. El hecho de que las listas - que no se han publicado - hayan sido aprobadas por el Comité de Sanciones sin que nadie haya protestado en un plazo de 48 horas, abre las puertas para la adopción de decisiones sin fundamento. Una instancia no judicial suprime las libertades y derechos fundamentales cuando no notifica a los individuos de qué se los acusa y éstos no pueden apelar.
Las enmiendas del Parlamento son esenciales para garantizar a los ciudadanos de la UE el imperio de la ley. Por esa razón, sólo respaldaría el reglamento del Consejo en una versión modificada en este sentido.

Turco (NI)
. (IT) Los diputados radicales han votado en contra de este documento para expresar un voto contra el terrorismo, contra las políticas y los procedimientos de urgencia, en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, por la dignidad del Parlamento y de los diputados europeos.
Hemos votado en contra porque, por cuarta vez, el Parlamento Europeo está llamado a votar con carácter "extraordinario" un documento lleno de lagunas, dirigido a tomar medidas contra el terrorismo; y, por segunda vez, a votar sin debate y sin informe, la decisión de bloquear los bienes a personas y sociedades por actividades terroristas sin especificar.
Hemos votado en contra porque es un hecho que tras el 11 de septiembre se ha consolidado una práctica de emergencia en cuya virtud se utiliza de forma instrumental y sin motivos el procedimiento de urgencia.
Hemos votado en contra porque, como diputados, nos negamos a suplir la función y la responsabilidad de los órganos "naturalmente" responsables, como los jueces y la policía.
Hemos votado en contra porque estamos en contra de una propuesta propia de la policía judicial y que se podía debatir y votar aplicando el procedimiento ordinario.
Hemos votado en contra esperando que surja una iniciativa de todo el Parlamento contra los procedimientos y las políticas de emergencia, responsables de conculcar los principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho, objetivo proclamado de los terroristas.

Caudron (PSE)
. (FR) En primer lugar, tengo que felicitar a mi colega Elisa Damiao por el trabajo realizado sobre este asunto, que es de la mayor importancia.
Todo el mundo recuerda los largos debates que tuvieron lugar en la década de 1980, en los que nadie abandonaba sus posiciones: unos argumentando que las pruebas del carácter peligroso del amianto eran refutables y las personas expuestas deseando con razón que se aplicara lo que ahora se denomina el principio de cautela. Al final, hubo que tener en cuenta los estudios que demostraban que el amianto es un agente especialmente peligroso capaz de provocar graves enfermedades. Entre tanto, demasiadas personas corrieron riesgos, unos riesgos que se pagan a más o menos largo plazo. En efecto, algunas patologías presentan un largo período de incubación entre el momento en que la fibra se aloja en el cuerpo y su degeneración biológica.
En la actualidad, la mayoría de los Estados miembros han prohibido la comercialización y la utilización de productos que contienen amianto. Sin embargo, en algunos sectores el peligro perdura. Pienso en particular en los trabajos de retirada del amianto, en las actividades de mantenimiento de edificios que contienen amianto.
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Darras (PSE)
. (FR) Antes de nada, tengo que tengo que dar las gracias tanto a nuestra ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Sra. Elisa Maria Damiao, como a toda la comisión, por el trabajo que nos presentan.
Nadie ignora ya el considerable riesgo de enfermedades graves que corren las personas expuestas al amianto, durante su producción por supuesto, pero también durante las manipulaciones necesarias para su eliminación.
Por ello, era urgente reforzar la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. Con este espíritu, la Comisión de Empleo y Asuntos sociales trabajó sobre la propuesta de la Comisión. En el informe se pide la reducción de los límites de exposición al amianto para determinadas actividades, en particular de demolición, mantenimiento y reparación, así como para las actividades de especialistas en electricidad y fontanería.
Se destaca asimismo la necesidad de que los Estados miembros prevean sanciones disuasorias en caso de infracción de la legislación relativa a la retirada del amianto.
En el informe se prevé, por último, la formación de los trabajadores expuestos al amianto. Esta acción es esencial y constituye un pilar eficaz de la política de seguridad e higiene en el lugar de trabajo.
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento)
Figueiredo (GUE/NGL)
Con la propuesta de directiva ahora en debate, la Comisión pretende, aunque de forma mitigada, reorientar las medidas de protección para las personas que lleguen a estar más expuestas, revisar los niveles de exposición y reexaminar el método de evaluación del tenor en fibra de amianto en la atmósfera, insistir en medidas de prevención o reducción al mínimo de la exposición y reflejar en la evaluación de los riesgos resultantes de los trabajos respecto de los cuales la exposición al amianto es intrínseca o accesoria. Con la labor en la comisión parlamentaria especializada y en el Pleno contribuimos a mejorar el informe con propuestas que la ponente Elisa Damião y el Pleno aceptaron, en particular:
necesidad de prestar atención particular al cumplimiento de la legislación laboral, que en este sector reviste una importancia primordial, en particular la lucha contra la precarización del trabajo y el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo;
necesidad de que los Estados miembros presten atención particular a los derechos de los trabajadores, en particular a la salud, en las situaciones de cierre de minas o unidades de producción;
supresión de las excepciones, siempre que no esté probado que los casos mencionados no representen un riesgo para los trabajadores.
Esperamos ahora que la Comisión y el Consejo acepten las propuestas del Parlamento Europeo.

Titley (PSE)
. (EN) Apoyo firmemente los esfuerzos por aumentar la protección de los trabajadores frente a los riesgos que entraña su exposición al asbesto . Dado que se ha predicho que el número de personas afectadas por el asbesto va a aumentar considerablemente hacia el año 2020, se debe mejorar la legislación para reducir más los niveles aceptables de exposición. Para que la UE se muestre seria ante el incumplimiento de esta legislación, es vital el uso de sanciones contra los empleadores irresponsables. También me satisfacen los esfuerzos encaminados a proporcionar financiación de la UE para instruir e informar sobre los riesgos para la salud asociados al asbesto. En lo esencial, este informe debe conducir a un enfoque más razonable de tipo preventivo -antes que curativo- sobre el envenenamiento por asbesto y podría potencialmente reducir de forma considerable las cifras de trabajadores afectados.

Görlach (PSE)
He votado a favor del informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Regional y, en consecuencia, contra la actual propuesta de la Comisión, porque ésta va mucho más allá de los objetivos que el Consejo de Ministros de Agricultura dictó a la Comisión en julio de 2000.
En lugar de presentar una sencilla regulación marco para el control del mercado de alcohol en la UE, y de las corrientes comerciales, la auténtica propuesta de la Comisión prevé la creación de una nueva organización común de mercado. Ésta contiene, entre otras cosas, que después de su entrada en vigor las regulaciones nacionales eficaces que posean importantes objetivos en materia de política social y de política agrícola, tales como el cuidado del paisaje cultural y el mantenimiento de campos de frutos autóctonos, y que apoyen a pequeñas destilerías agrícolas, deberán quedar sin efecto a causa de su incompatibilidad con las normas relativas a la competencia del Tratado CE, aunque hasta ahora, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, son compatibles con el Tratado CE y con las normas en vigor del mercado interior.
Hay que rechazar la creación de una nueva OCM en una época en la que se discute sobre una reforma de la Política Agrícola Común abandonando las ordenaciones de mercado y buscando un planteamiento multifuncional para el futuro y en la que, además, está inmediatamente próxima una revisión de la Agenda 2000. Por consiguiente, pido que la Comisión retire su propuesta de creación de una OCM para el alcohol agrícola y presente una nueva propuesta que se ajuste rigurosamente al mandato del Consejo de julio de 2000.

Lulling (PPE-DE)
A veces la Comisión de la UE no debería ocuparnos realmente con propuestas superfluas, no deseadas y contraproducentes. La propuesta de un reglamento sobre una ordenación común de mercado del alcohol etílico de origen agrícola constituye una auténtica muestra de una desorbitada furia reguladora.
Por esta razón, nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha hecho por unanimidad lo único acertado, rechazando la propuesta e instando a la Comisión a que la retire. Ni siquiera llegaría yo tan lejos como para instar a la Comisión a que presentara una nueva propuesta pues en este sector no existe, en absoluto, ninguna necesidad de actuar, con excepción de que, merced a las grandes posibilidades de sustitución entre el alcohol de origen agrícola y el alcohol de síntesis habría que dictar normas comunes. Sin embargo, puesto que en una ordenación común de mercado para un producto de origen agrícola no puede incluirse un producto de síntesis, cosa que han confirmado nuestros inteligentes juristas, se desechó esta posibilidad, razonable en sí misma, que había previsto también nuestra ponente. Pero no tiene sentido regular solamente el mercado del alcohol de origen agrícola, pues la demanda total de alcohol en la Comunidad se cifra en el 50% de ambas modalidades.
Sin embargo, es preciso decir también que, entretanto, las fuerzas del mercado han logrado establecer un equilibrio de manera que no se entiende por qué hay que regular o hiperregular desde arriba lo que se ha regulado de manera óptima en el mercado.
(Breve declaración de voto con arreglo al artículo 137 apartado 1)

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
. (SV) No estamos de acuerdo con el informe Ayuso González sobre la organización común del mercado del alcohol etílico de origen agrícola. Pensamos que este informe representa una política agrícola anticuada, que no responde a las necesidades de la sociedad moderna y global. Por el contrario, la propuesta de la Comisión sobre organización de este mercado sin medidas intervencionistas sería un paso en la dirección adecuada. Por estas razones, y habida consideración de la próxima revisión de la política agrícola comunitaria, hemos optado por votar a favor de la propuesta de la Comisión.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin (PSE)
. (SV) Damos la bienvenida al proceso de Barcelona y, consiguientemente, al informe. Sin embargo, nos oponemos a la creación del Banco EURO-MED, ya que sólo significaría hacer dos veces los trabajos del Banco Europeo de Desarrollo y del Banco de Desarrollo Africano. Apoyamos, en cambio, la propuesta de creación de una ventana de préstamos en el BEI, que sería evaluada después del primer año de actividad.

Figueiredo (GUE/NGL)
Propugnamos la profundización de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países del Mediterráneo y consideramos que se deberá hacer a partir de la profundización de la cooperación y las relaciones económicas y culturales entre dichos países, con respeto de los intereses de todos y cada uno y en pro del desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de cada uno de los pueblos.
Por eso, criticamos las propuestas formuladas por la Comisión Europea y apoyadas por el Consejo con vistas a utilizar el "Proceso de Barcelona" para llevar a cabo -en el marco de este proceso de acuerdos de asociación con esos países y de la creación de una "zona de libre comercio" la liberalización de los servicios y la agricultura y, de modo general, las orientaciones neoliberales indicadas en la Conferencia de la OMC, de Doha.
Por otro lado, nos preocupa el objetivo de apuntar a la lucha contra el terrorismo como prioridad política fundamental, menospreciando la necesaria consideración de sus causas profundas (como, por ejemplo, la resolución del conflicto en el Oriente Medio o en el Sáhara Occidental, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas) o la respuesta a las más básicas necesidades y carencias que afectan a muchas poblaciones, velando por el desarrollo económico y la mejora de las condiciones sociales en los países del Mediterráneo.

Marques (PPE-DE)
La región del Mediterráneo, por su dimensión estratégica y principalmente en el marco de la ampliación al Este y del nuevo marco político internacional resultante del 11 de septiembre, justifica un fortalecimiento y profundización cada vez mayores de las relaciones euromediterráneas y, en consecuencia, del Proceso de Barcelona.
El Proceso de Barcelona tiene como principal objetivo el desarrollo de una zona euromediterránea de paz y prosperidad compartidas. Por eso, no cabe la menor duda sobre la importancia y la necesidad de la continuación, revitalización y profundización de los instrumentos de cooperación existentes.
Por eso, doy mi apoyo al Plan de Acción propuesto por la Comisión para la Conferencia Interministerial Euromediterránea que se celebrará en Valencia, pues me parece que refleja adecuadamente las preocupaciones y los imperativos que se plantean actualmente a la Asociación Euromediterránea. Ahora bien, quisiera, para terminar, subrayar los tres puntos del Plan de Acción que considero prioritarios: fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y asociación de los países mediterráneos mediante una reorganización de las estructuras de diálogo y los métodos de trabajo; apoyo al sector privado; fortalecimiento de las relaciones entre culturas y civilizaciones.

Mann, Thomas (PPE-DE)
por escrito. (DE) Acabo de votar a favor del Informe 'Estrategia de la UE para China?, de nuestro colega Graça Moura y he apoyado a este respecto varias enmiendas. Miles de monjas y de monjes siguen siendo perseguidos, encarcelados y maltratados. Se niega la independencia cultural religiosa del Tibet. Se está estableciendo sistemáticamente a chinos, de manera que los tibetanos se están volviendo minoría. 
El informe recoge acertadamente la reiterada exigencia del PE de nombrar un embajador especial de la UE para el Tíbet. También se hace memoria de la resolución de hace dos años en la que el PE instaba a los Estados miembros de la UE a reconocer en el plazo de tres años al gobierno tibetano en el exilio en caso de un estancamiento o de un agravamiento de la situación en el Tíbet. 
No existe ninguna alternativa a una solución pacífica: negociaciones entre el Gobierno chino y el Dalai Lama - sin condiciones previas. Como presidente del intergrupo sobre Tíbet considero como objetivo central la plena autonomía del Tíbet. Semejante solución bilateral debería redundar en beneficio de los chinos que se esfuerzan por su reputación internacional. A este respecto, el punto de partida deberá ser el plan de cinco puntos del Dalai Lama y el discurso que pronunció el 24.10.2001 ante nuestro Pleno.
Considero muy lamentable la posición de la UE. No llevó al orden del día en Ginebra las violaciones de los derechos humanos por parte de China y prefirió tratar este tema en el marco del diálogo UE-China y, en consecuencia, a puerta cerrada.
Meijer (GUE/NGL)
Como país más poblado del mundo, China es una superpotencia militar y económica. Por otra parte, el partido comunista gobernante ya no tiene que ver con aquellos movimientos revolucionarios de obreros y campesinos que luchaban en el pasado contra su explotación y falta de derechos. Más bien ocurre lo contrario. El partido comunista intenta con la ayuda del ejército, la policía, mediante el encarcelamiento de disidentes y la aplicación de la pena de muerte, salvaguardar el forzado crecimiento económico. El omnipotente estado lucha contra su pueblo y crea todas las condiciones necesarias para un nuevo grupo de empresarios que se están enriqueciendo rápidamente gracias a los bajos sueldos y las malas condiciones laborales de los trabajadores. No tienen derecho de huelga ni de manifestación, como tampoco hay libertad de asociación, libertad religiosa ni hay elecciones libres. Si China fuera un país pequeño, habría un amplio consenso para ejercer presiones. Como es grande e importante, se buscan a diestro y siniestro lazos de amistad y acuerdos comerciales. Por mi parte, rechazo totalmente este trato de favor a China, que lamentablemente también encuentra partidarios entre los colegas de mi Grupo Parlamentario. Mi colega Belder del EDD con mucho acierto ha manifestado anteriormente en este debate que el diálogo crítico tranquiliza la conciencia pero no es un instrumento eficaz si al mismo tiempo estamos pendientes de los propios intereses económicos. Con respecto a esto, me sumo completamente a su conclusión.

Titley (PSE)
. (EN) Apoyo firmemente esta resolución, porque demanda una mayor cooperación entre la UE y China. Creo que la UE tiene un importante papel que representar para ayudar a configurar la agenda económica, social y política de China. El acceso de China a la OMC debe acogerse con satisfacción, pero la UE no debe darse por satisfecha: los derechos humanos y las convenciones de la UE que China ha ratificado están aún lejos de ser totalmente respetadas. Creo que el informe muestra el equilibrio correcto entre el fomento de las reformas sociales y económicas de China, así como la denuncia de sus permanentes violaciones de los derechos humanos y del imperio de la ley. Las relaciones EU-China siguen obstaculizadas por cuestiones como la opresión de los miembros de Falun Gong y los monjes encarcelados en Tibet. Por lo tanto, es también importante que la UE se muestre firme ante estas cuestiones y dispuesta a comprometerse con China.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los diputados de todos los Grupos que han votado a favor o que, en todo caso, han participado en el debate sobre este informe dirigido a conseguir pensiones seguras para todos los ciudadanos de Europa. Lo cierto es que no podemos hacer milagros, pero la Unión Europea puede hacer algo - y yo digo mucho - para los ciudadanos que han trabajado toda la vida y tienen derecho a que se les reconozca la importancia de su trabajo en el momento en que, más mayores, necesitan que la sociedad les devuelva alguna cosa. Es justo que nuestro dinero se emplee bien y que ellos tengan una larga, larguísima vida como pensionistas.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, al final he votado a favor del informe del Sr. Fatuzzo a pesar del rechazo de una parte de las enmiendas que yo había presentado, junto con el Sr. Brok, en nombre de mi Grupo. Es una pena, porque aclaraban qué pertenece, en el ámbito de las pensiones, a los Estados miembros y cuál es la competencia - extremadamente reducida - de la Unión Europea.
La enmienda oral que el Sr. Fatuzzo presentó a nuestra enmienda 16 habla del apoyo de la Comisión para garantizar el derecho a una pensión. El término 'apoyo? puede prestarse a confusión. Debe quedar claro que no se puede pensar que la Comisión intervenga financieramente para realizar los objetivos previstos en ese apartado, objetivos con los cuales todos estamos de acuerdo. La Comisión no puede intervenir financieramente: sólo puede apoyar un proceso, como lo hace en el marco de la coordinación abierta. Por otra parte, en el mismo apartado, celebramos la iniciativa de la Comisión dirigida a garantizar unas pensiones seguras y viables. Ello habría bastado ampliamente.
No he entendido que nuestros colegas socialistas - que se muestran tan vigilantes cuando se trata de la seguridad social - hayan creído ver aquí una confusión entre las competencias comunitarias y el gran principio de la subsidiariedad. Ayer, toda la izquierda de nuestro Parlamento se reveló contra la propuesta de Barcelona según la cual sería interesante y necesario que muchas más personas mayores de 50 años trabajasen. En ese caso, estamos por la subsidiariedad, con más razón cuando se trata de la responsabilidad plena y no compartida de los Estados miembros con respecto a los tres pilares de nuestros regímenes de pensiones.

Berthu (NI)
. (FR) El informe Fatuzzo sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones en la Unión Europea muestra de forma fascinante cómo Bruselas llega a adueñarse de un asunto, dando por sentada su competencia, cuando ni una palabra del Tratado hace referencia a las pensiones, que desde el punto de vista jurídico son, es innegable, competencia exclusivamente nacional.
Todo empieza, como siempre, con comunicaciones prudentes de la Comisión, tendentes a demostrar que la viabilidad de las pensiones influye de cerca o de lejos en determinadas competencias europeas. Paralelamente, en las conclusiones de diversos Consejos Europeos (Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Laeken) se deslizan 'frasecitas? que legitiman el proceder de la Comisión. Después, un día, la idea se encuentra suficientemente aclimatada para que, ante la estupefacción general, el Consejo de Barcelona (marzo de 2002) haga un llamamiento para que se incremente en cinco años la edad media de partida a la jubilación. Nos acercamos a la ingerencia europea pura y simple, sin que se haya celebrado ningún debate democrático.
Sin embargo, en el fondo, las ideas expresadas van en la dirección acertada. Pero éste es un aspecto indispensable del método para ir arañando poco a poco: para que la transferencia de competencia sea invisible e indolora, es preciso que inicialmente la política expresada sea indiscutible.

Lang (NI)
. (FR) Los sistemas de pensiones de reparto están en peligro, por razones demográficas y económicas claramente identificadas. Todo el mundo lo sabe. En Francia, un libro blanco dio la alarma hace ya más de diez años. Pero después, no se hizo nada o casi nada, aparte de algunos informes aquí y allá cuyas conclusiones reflejaban esencialmente la tendencia ideológica de su comanditario. La única cosa que cambia verdaderamente es la inminencia de la catástrofe financiera anunciada.
Los candidatos a la presidencia de la República, Chirac y Jospin, no han hecho ninguna propuesta real para salvar nuestras pensiones, lo que les evitará sin duda traicionar sus promesas. Y renunciaron, en Barcelona, de forma bonitamente conjuntada y sin publicidad entre sus electores, al derecho a la jubilación a los 60 años para los franceses.
Lo que falta a este Gobierno, a quienes le precedieron y probablemente a quienes le seguirán es voluntad y coraje político. Pero la salvación no vendrá de Bruselas. No puede venir de la Unión Europea librecambista y ultraliberal, que sueña con hacer que las compañías de seguros privadas se beneficien de los miles de millones de euros de la protección social, pero no siempre ha sido capaz de resolver los problemas de derechos a pensión...
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Meijer (GUE/NGL)
A medida que la seguridad en las condiciones vitales, el nivel del bienestar y los servicios públicos son mejores y el medio ambiente más limpio, la expectativa de vida de la población va en aumento. Por lo tanto, el grupo de población que depende de una pensión crece. Mientras la pensión para los trabajadores mayores es imprescindible, hay gente joven que ni piensa en ella y gente acomodada que no le hace falta. Aquellos que piensan que la pensión no es importante, la consideran como un gasto que lleva a un aumento de impuestos y cuotas. Algunos políticos aprovechan hábilmente esta percepción defendiendo la libertad de elección, la comercialización y la disminuición del papel del estado. Los gobiernos están estudiando la posibilidad de reducir gastos o no han ahorrado lo suficiente para tener un sistema sostenible de pensiones. Por este motivo, se llegó en Barcelona a un acuerdo de elevar cinco años por término medio la edad con derecho a pensión a partir de 2010. Al mismo tiempo, los trabajadores luchan por bajar la edad con derecho a pensión de los 60 a 55 años. Lo presenciamos nosotros mismos en Estrasburgo, el pasado 7 de febrero, cuando se hizo una huelga en el transporte público. Mientras la presión laboral siga aumentando exigiendo de los trabajadores la máxima productividad, no nos debe sorprender que la gente quede agotada a edades cada vez más tempranas. Por consiguiente, yo particularmente elijo la opción de una pensión garantizada para todo el mundo, de modo que la gente pueda dejar de trabajar a una edad razonable sin que se les condene a vivir en la más absoluta pobreza.

Nobilia (UEN)
. (IT) Hay que reconocer a la Comisión el hecho de haber abordado en el momento oportuno un tema fundamental para la cohesión social en Europa con 15 y próximamente con 27 miembros. Asimismo hay que reconocer que lo ha hecho desde un punto de vista y con unos principios que, respetando el principio de subsidiariedad, permiten concebir y establecer orientaciones y objetivos comunes a través del método de coordinación abierta y de los planes de acción nacionales sobre pensiones. Sin embargo, creemos que el ya de por sí amplio escenario que la Comisión ha considerado en su comunicación no es del todo exhaustivo del alcance del problema, y por lo tanto, de su futura evaluación.
El Sr. Fatuzzo, cuyo trabajo compartimos, ha evidenciado muchos aspectos peculiares, empezando por la necesidad de codificar en los futuros indicadores la que es realmente la prestación de previsión social y la que es, por el contrario, la prestación de asistencia social, aunque grava, por una mera elección política, en el ahorro de previsión social, y por lo tanto, en las economías de las entidades aseguradoras.
Existen otros dos aspectos dignos de mención: el primero se refiere a la depuración del gasto consagrado a las pensiones de la imposición fiscal y el segundo se refiere fundamentalmente a la cohesión social dentro de cada uno de los Estados. En cuanto al primer aspecto, sería paradójico considerar, como ocurre en algunos Estados, el volumen bruto del gasto en pensiones, cuando es sabido que el mismo, más allá de los diferentes niveles impositivos, está sujeto a retención fiscal. El otro aspecto, es decir, el de la cohesión nos lleva a decir que no hay duda de que los territorios menos favorecidos de los Estados miembros pueden y deben beneficiarse de incentivos para el desarrollo de las economías locales, y por lo tanto, del empleo.
(Texto abreviado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Patakis (GUE/NGL)
. (EL) Las pensiones son tratadas no como un derecho y una necesidad de las capas populares, que han de ser satisfechos con responsabilidad del Estado, sino como un 'indicador?, una 'partida? contraria a los objetivos del Plan de Estabilidad y al aumento de los beneficios del gran capital.
Mediante 'la capacidad de los sistemas para cumplir sus objetivos sociales? y del mantenimiento de su sostenibilidad financiera se impulsa una política que echa por tierra los derechos sociales de los trabajadores, en la dirección de reducir el precio de la fuerza de trabajo.
La reforma de los sistemas de seguridad social en el marco de reestructuraciones capitalistas se propone la abolición de los derechos laborales, la extensión de las formas flexibles de empleo, la mercantilización de la salud y la previsión; y entre tanto las reservas de los fondos no dejarán de correr grave peligro en las bolsas.
Con la coartada de reducir los gastos públicos y abordar las consecuencias del problema demográfico, cuyos responsables son el sistema y las políticas antipopulares, se dinamitan derechos y conquistas fundamentales, se eleva la edad de jubilación, se amplía la vida laboral, que se convierte en trabajo perpetuo, las pensiones se convierten en ayudas asistenciales; y mientras, se agrava el problema del paro y se extiende el empleo a tiempo parcial.
El discurso sobre la dignidad y la vida independiente de las personas mayores, desde el momento en que el 70% de los pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza, no es más que hipocresía y demagogia; lo mismo cabe decir del discurso sobre la igualdad de los sexos, que abona el terreno al aumento de la edad de jubilación de las mujeres y a la abolición de derechos como la jubilación anticipada, la protección de la maternidad, etcétera.
Nosotros defendemos un sistema de seguridad social que satisfaga las necesidades populares, con seguridad social pública y sanidad pública y gratuita para todos, reducción de la edad de jubilación a los 60 para los hombres, a los 55 para las mujeres y a los 50-55 para los trabajos insalubres y peligrosos, reducción de los años de cotización y trabajo estable y a tiempo completo.

Sacrédeus (PPE-DE)
. (SV) He votado en contra del informe Fatuzzo sobre pensiones seguras y viables. Mi principal crítica es que en el informe se pretende cambiar el sistema abierto de coordinación por otro comunitario, en que participen todas las instituciones.
Opino que sería lamentable que se abandonase el sistema abierto de coordinación dando paso a un proceso que signifique la aplicación del sistema comunitario en materia de pensiones. El Tratado tampoco lo permite. Por las razones señaladas, he votado en contra de este informe.

Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Con el pretexto de querer 'garantizar unas pensiones seguras y viables?, el informe Fatuzzo se inscribe en la lógica liberal de los ataques contra las pensiones.
Con este informe, hemos gozado de todos los lugares comunes vigentes sobre el tema, el principal de los cuales es: el problema de las pensiones es ante todo una cuestión de demografía.
No pienso que exista un 'problema de las pensiones?, existe sobre todo un problema de desempleo que afecta a toda Europa. En una sociedad de pleno empleo no habría problemas de pensiones. Por ello, estoy a favor de una política de contrataciones masivas en los servicios públicos y de prohibición de los despidos colectivos en las empresas que tienen beneficios, y en contra de un descenso de las cargas patronales.
La defensa de las pensiones se inscribe en la defensa de los intereses del mundo laboral, y retrasar la edad de partida a la jubilación, como se preconizó en la reciente Cumbre de Barcelona, es inaceptable.
No se puede pensar en atacar el sistema de pensiones de reparto con los fondos de pensiones, como se propone.
Estamos a favor de un mismo período de cotización para los trabajadores de Europa y ningún jubilado debería tener una pensión inferior al SMIC, que por lo demás ha de elevarse,
(Explicación de voto acortada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Figueiredo (GUE/NGL)
Este informe se enmarca, de forma general, en el plan de acción de servicios financieros y la integración de los mercados de capitales, como se decidió en la Cumbre de Lisboa y se aceleró en Estocolmo, con el plazo de 2003 para la integración de los mercados de valores mobiliarios y de 2005 para la integración completa de los mercados financieros.
Partiendo de la mistificación que representa considerar el capital de riesgo una forma de resolución de las necesidades de financiación de las PYME y de su capital inicial, como si dicha integración fuera una solución para sus problemas, una vez más lo que pretende es avanzar hacia una más amplia financiación de la economía, mediante el mercado de capital de riesgo y la participación de las PYME en mercados volátiles, lo que tiene como principal núcleo de inversión los grandes fondos de pensiones. A eso se debe la petición que hace el ponente de liberalización de las inversiones de los fondos de pensiones en capital de riesgo, exención fiscal para las plusvalías inmobiliarias procedentes de las PYME, defensa de la patente comunitaria y beneficios fiscales para las inversiones de los fondos en régimen de capital de riesgo.
Por todo esto, votamos en contra.

Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Este informe tiene la función de aportar nuevas ventajas al capital, esforzándose por arroparlas con justificaciones modernas. Invoca así las supuestas dificultades de las nuevas empresas (las start-up) para obtener créditos y propone, de forma irresponsable, que se autorice a los fondos de pensiones lanzarse a operaciones más arriesgadas, cuando créditos considerables han sido engullidos por las quimeras de la 'nueva economía?. En el informe se pide la supresión de los obstáculos fiscales, reglamentarios y administrativos a las nuevas pequeñas empresas, que, de creerle, serían prácticamente por sí solas capaces de 'cerrar la brecha que separa a Europa de los Estados Unidos? en materia de conocimiento. La insistencia del informe en la interdependencia entre capital riesgo y Bolsa demuestra claramente de qué se trata: aligerar aún más el funcionamiento del capitalismo con el pretexto de la innovación, crear un estatuto privilegiado de pequeña empresa que permita a los grandes grupos externalizar aún más sus actividades, reducir sus impuestos y aflojar las pocas 'exigencias? que aún les impone el Código del Trabajo. Por estas razones, he votado en contra del informe.

Titley (PSE)
. (EN) Apoyo firmemente este informe que sugiere mejorar la legislación presente con el fin de proteger a los menores. Se reconoce que el bienestar de un niño es responsabilidad de sus tutores legales, pero los niños están expuestos a todos los tipos de influencias malévolas potenciales de los medios de comunicación, y especial de Internet. Aunque la UE ha actuado para proteger a los niños de las influencias perjudiciales de los medios, como el plan de acción y la recomendación del Consejo de 1999, ya va siendo hora de que se desarrolle un plan de acción más concreto que implique a las ONG, los grupos de consumidores y las asociaciones voluntarias. El control de los medios es una tarea gigantesca y es necesario que Europa utilice todos los conocimientos y mecanismos a su alcance para controlar una influencia crecientemente perjudicial en los niños. No debemos olvidar nunca que los llamados nuevos medios de comunicación, la Sociedad de la Información, es una espada de doble filo en la que están implicados los niños: es un valioso recurso de información y aprendizaje, pero también los puede exponer a información perjudicial.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, es un tanto triste que en el ámbito de la cultura y de la educación la Unión Europea no posea las competencias que desearíamos. Por esta razón, el informe de la Sra. De Sarnez constituye un comienzo sencillo, modesto, en la puesta en práctica de los pasos pertinentes en el mercado internacional de la educación. Espero que a esta iniciativa sucedan muchas otras más.
Uno de los puntos de la lista es el inventario de la movilidad de los estudiantes, y a este respecto, naturalmente, es irritante que hoy muchos estudiantes no realicen estudios en el extranjero porque después tienen enormes dificultades de reconocimiento. Esto afecta también a mi región que es una región bilingüe y que está emplazada tanto en el espacio lingüístico italiano como en el alemán, pero tiene dificultades precisamente por la ausencia de reconocimiento. Esperamos poder evitar en el futuro estas dificultades a nuestros jóvenes y a muchos otros jóvenes.
Alyssandrakis (GUE/NGL)
. (EL) bajo el epígrafe 'refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior? se oculta la incipiente operación de exportación del modelo educativo de la Unión Europea, dirigida a los países candidatos a la adhesión, a los otros países del continente europeo, y también a los países del Tercer Mundo. Es significativo la importancia que el informe que estamos examinando concede al desarrollo de 'sistemas de enseñanza superior competitivos a escala internacional?, algo que pone absolutamente de manifiesto que se enfrenta a la educación como a una mercancía sujeta a las leyes del mercado, a la liberalización y a la competencia. Más escalofriante resulta aún que el informe proponga el establecimiento de una etiqueta europea de calidad (!), como si la educación fuera un aparato eléctrico o un detergente en los estantes de los grandes almacenes. En este punto el informe de la comisión parlamentaria supera al texto correspondiente de la Comisión.
Más allá de esto, el informe repite las conocidas posiciones sobre movilidad de estudiantes y profesores, planes de estudios ?e incluso titulaciones? comunes, reconocimiento de créditos, cursos y títulos, en nombre de las cuales se impone la armonización de los estudios universitarios, igualando a todos en el nivel más bajo, y la degradación de la educación en su conjunto. No se abstiene, por supuesto, el informe de recordar las declaraciones de Bolonia y de Praga, que constituyen la punta de lanza de la intervención en los sistemas educativos de los países europeos, sean o no miembros de la Unión Europea.
El Partido Comunista de Grecia lucha por elevar la calidad de la enseñanza universitaria en su conjunto, por reforzar su carácter público y gratuito, en contra de la mercantilización y de la conversión en empresas de los establecimientos universitarios. Por estas razones los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra del informe.

Titley (PSE)
. (EN) Apoyo firmemente el borrador de resolución que propone mejorar la cooperación en materia de enseñanza superior con terceros países. La educación está cambiando rápidamente para ajustarse a las necesidades de la llamada sociedad del conocimiento y la nueva economía, y se reconoce generalmente que los EEUU tienen ventaja competitiva sobre la UE en este campo. La marcha de los estudiantes mejores y más brillantes al otro lado del Atlántico es un triste indicio de este hecho. Si nos centramos en asegurar el reconocimiento mutuo de títulos e invertimos en la enseñanza de idiomas a los estudiantes que potencialmente pueden estudiar en otro país europeo, estaremos en el buen camino para superar esta deficiencia. La educación debe considerarse un componente central de la estrategia de Lisboa y debemos dedicar a este asunto una atención minuciosa, continua y rigurosa para asegurar que nuestra educación esté abierta a todos y sea de la misma calidad que la del sistema estadounidense. En efecto, Europa debe capitalizar el hecho de que para las personas que desean aumentar su base de conocimientos y aprender lenguas, este es el destino ideal para hacerlo.
Sbarbati (ELDR).
Señor Presidente, por un contratiempo mi Grupo no pudo intervenir durante el debate, motivo por el cual me limito a la explicación de voto que formulo con mucho gusto, puesto que fui ponente sobre el tema de la vejez, hacia una sociedad para todas las edades.
Considero que el esfuerzo que hoy ha hecho el Parlamento Europeo presentando un informe, por otra parte, respaldado por todos, es extraordinariamente positivo, puesto que se da un vuelco a ese prejuicio frente a las personas mayores que las mira sólo en términos negativos considerándolas un peso, un lastre para la sociedad, y a las cuales no se dedica la atención que desearíamos. La persona mayor es, finalmente, un recurso, y por lo tanto, se concibe en términos positivos. Las políticas de la Unión Europea y a escala mundial deben dirigirse a la persona mayor considerando más atentamente la humanidad y la cultura de las que es portadora: una cultura de referencia muy importante para las jóvenes generaciones; una cultura que se puede manifestar en el terreno de la profesionalidad y de la actividad para las personas mayores todavía activas; una cultura que se expresa también en términos de concienciación y de conciencia de la historia, a la que la humanidad debe mirar con mayor atención para evitar esos errores garrafales que hoy se están haciendo sobre todo en el terreno de los equilibrios mundiales y de la paz.
Considero que en esta resolución hay aspectos muy positivos que se refieren a las políticas activas de la Unión Europea para las personas mayores y para el tiempo libre y las actividades y los derechos de ciudadanía, pero sobre todo para aquellas posibilidades de acción que las personas mayores tienen todavía y que pueden poner a disposición de toda la comunidad. Por lo tanto, al expresar nuestra satisfacción por esta resolución, estimo que podemos decir que hemos dado una contribución incluso a lo que ha tenido lugar en España, así como a la segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas.

Caudron (PSE)
. (FR) Aprovecho este debate y esta votación para reiterar mi profundo convencimiento con respecto a esta importante cuestión que es el envejecimiento en general, consecuencia positiva del alargamiento de la vida, y el envejecimiento de las sociedades desarrolladas, consecuencia más discutible del descenso de la natalidad: ¡el envejecimiento debe pasar de una visión de 'desventaja? a una visión de 'baza?... para nuestras sociedades!
Ciertamente, para ello es necesaria más acción social y solidaridad, ayudas adecuadas a todas las edades, y garantizar también los regímenes de pensiones; pero el lugar de las personas de edad avanzada en nuestras sociedades va mucho más allá.
Engloba la experiencia, el testimonio, el voluntariado y las relaciones entre generaciones, tan enriquecedoras para los más jóvenes.
¡Impone una 'mirada diferente? sobre el envejecimiento!
Es necesaria una auténtica 'revolución cultural? si se quiere que una sociedad que envejece no sea considerada una sociedad en regresión?
A este respecto, las llamadas sociedades modernas podrían inspirarse útilmente en la experiencia de las sociedades tradicionales.
El Presidente. -
Así concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 12,45 p.m., se reanuda a las 3 p.m.)

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0210/2002) de los diputados Malmström y Thors, en nombre del Grupo ELDR sobre Moldavia/Moldova;
(B5-0212/2002) de los diputados Sacrédeus, Suominen y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la desaparición de un diputado del Parlamento moldavo;
(B5-0219/2002) de los diputados Elisabyh Schroedter, Staes, McCormick y Bouwman, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación política en Moldavia/Moldova y la desaparición de Vlad Cubreacov;
(B5-0232/2002) del Sr. Wiersma, en nombre del Grupo PSE sobre la situación política en Moldavia/Moldova y la desaparición de Vlad Cubreacov;

Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, la situación política de Moldova ha empeorado rápidamente desde la visita de la Delegación parlamentaria a Moldova en el otoño pasado. En aquel momento, parecía que el proceso de reformas sociales y económicas estaba avanzando, a pesar de las grandes dificultades y escollos en que se debatía. Las noticias de Moldova nos cuentan ahora que se han violado los derechos humanos y los principios del Estado de derecho, así como el derecho democrático de los ciudadanos a manifestarse, y que se ha limitado también la actividad de los medios de comunicación.
Los diputados al Parlamento sienten una especial preocupación por las inquietantes desapariciones de dirigentes de la oposición en Moldova. Tenemos razones para sospechar que estas desapariciones están relacionadas con los problemas políticos del país. Naturalmente, nosotros deseamos que se haga todo lo posible para localizar sanos y salvos a los desaparecidos y que se lleve a cabo una investigación minuciosa para esclarecer estos sucesos.
En la propuesta de resolución se exige acertadamente que el Gobierno de Moldova debe acatar las normas y procedimientos democráticos y garantizar el respeto a los derechos humanos y a los principios del Estado de derecho. El Parlamento moldavo también deberá revisar la suspensión de la inmunidad parlamentaria a los representantes de la oposición y renunciar a las nuevas limitaciones de dicha inmunidad. También hay dejarle claro al partido que ostenta el poder que no puede abusar de ese poder para disolver a la oposición.
A la hora de examinar los problemas de Moldova, hay que recordar que la economía del país se derrumbó tras la disolución de la Unión Soviética. La pobreza y el lento avance de las reformas sociales alientan el auge de la delincuencia y de la economía sumergida. La situación de la política interior se ve empeorada aún más por el problema de la región de Transdniéster. El restablecimiento de la estabilidad política y social, así como el respeto de los derechos humanos y de los principios del Estado de derecho, son condiciones indispensables para solucionar también los problemas económicos del país.
En mi opinión, es importante que el Parlamento Europeo exprese claramente su postura tanto al Gobierno y al Parlamento de Moldova, como al partido que está en el poder, de acuerdo con lo establecido en esta propuesta de resolución.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, hace algo más de un año visitó Vlad Cubreacov mi despacho del Parlamento Europeo en Bruselas. Hablamos de las condiciones políticas para actuar en Moldavia, el país más pobre de Europa. Vlad Cubreacov me contó que había sido objeto de un atentado. Como sueco y como diputado al Parlamento Europeo en Estrasburgo y en Bruselas, pensé que éste es un hombre valiente. Está dispuesto a luchar por valores como la libertad, el Estado de derecho, el pluralismo político y la democracia, que cuestan tan poco en nuestros países, pero que son tan difíciles para él.
Hace aproximadamente tres semanas me llamaron por teléfono de Bruselas para comunicarme que Vlad Cubreacov había desaparecido. La persona que había estado en mi despacho y que amigablemente había conversado conmigo sobre temas políticos, había desaparecido. En el Parlamento Europeo estamos muy preocupados por su suerte. Esto no nos afecta sólo a los cristianodemócratas. Moldavia necesita un nuevo futuro. Por eso resulta muy inquietante que uno de los principales representantes de la oposición en el parlamento haya desaparecido. También nos preocupa profundamente que el régimen comunista moldavo haya suspendido la inmunidad política de numerosos miembros del Partido Cristianodemócrata y que los trabajos políticos futuros de este partido puedan verse gravemente entorpecidos.
Moldavia es un país que busca su identidad política y cultural. Las actividades políticas - en ese país hay una lucha entre la orientación occidental y la rusa - jamás deben implicar amenazas para la vida o la salud de las personas, ni desapariciones con signo político. En el Parlamento Europeo luchamos por una Moldavia libre y democrática.

Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, estimados colegas, les doy la razón: en Moldavia se está fraguando una seria crisis política. A este respecto no comparto la opinión de la ponente del Consejo de Europa, según la cual para esta crisis política existen aún posibilidades de una solución que puede ser encontrada por el propio gobierno.
Abrigo la sospecha de que los partidos en el gobierno, tras la votación sobre el levantamiento, a mi juicio ilegal, de la inmunidad de dos políticos de la oposición, se sienten vencedores y no entienden que tres meses de manifestaciones de masas significan que se les ha retirado la confianza y que ellos mismos no están ya en situación de sacar de la crisis al país en el momento actual.
Temo que esta crisis se agudice en breve en este país empobrecido y que se vuelva ingobernable. Por esta razón, considero necesario que el Consejo y la Comisión actúen ahora y no esperen hasta que el niño se haya caído de nuevo al pozo. A mi juicio debe hacerse lo siguiente: debe constituirse una troika entre la UE, la OSCE y el Consejo de Europa que viaje en breve a este país con una misión. Esta misión debe acordar con el Gobierno qué pasos han de darse para que se ponga fin a la crisis. Es preciso que se hable también de medidas de sanción para que el Gobierno no realice tibiamente estos pasos. 
Estos pasos necesarios comprenden, en mi opinión, la impunidad de las pasadas y futuras manifestaciones pacíficas de protesta, retirada de todas las medidas equivalentes a una censura de prensa y el aseguramiento de las condiciones marco para un desarrollo político y económico.
Swoboda (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, estimados, y más bien escasos, colegas, Moldavia es un país con el que la Unión Europea tiene relaciones privilegiadas. También es un país receptor de TACIS y es un país que, aunque oscila, piensa siempre en intensificar las relaciones con la Unión Europea y quizá en convertirse también un día en miembro de esta Unión.
Sin embargo, los acontecimientos en este país son extraordinariamente tristes y nos causan preocupación, pero no sólo a nosotros sino también a una buena parte de la población. No en vano el 31 de marzo se manifestaron 80.000 personas en las calles, lo cual demuestra que no son pocos los que a pesar de las presiones y dificultades siguen saliendo a la calle y se manifiestan.
Nos causa preocupación la relación del Gobierno con la oposición, que no es sana, no es democrática, ni nos parece aceptable. Nos causa preocupación, sobre todo, la desaparición de algunos políticos de la oposición y, también, de algunas personas prominentes de los partidos de la oposición y de parlamentarios. Parte de ellos fueron amenazados o golpeados antes de desaparecer por completo. Como ya se ha dicho, esto es absolutamente incompatible con la democracia.
También nos causa preocupación el hecho de que el levantamiento de la inmunidad amenace a otros diputados de la oposición. Ciertamente, éste es un procedimiento que puede darse siempre en la vida normal pero, tal como están las cosas en Moldavia, este levantamiento de la inmunidad no se corresponde con los usos democráticos. En este sentido -no quiero repetir lo que nuestra colega, la Sra. Schröder, ha dicho también- no podemos quedarnos mirando por más tiempo. Debemos actuar conjuntamente. No puede ser que en el centro de Europa - y Moldavia es una parte integrante de esta Europa y también debe ser una parte integrante de Europa, buena y respetada por nosotros - se proceda como en los peores tiempos de la dictadura. Esto no nos parece aceptable.
Lamy
. (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte su preocupación por la situación actual de Moldavia, como tuvo ocasión de comprobar en el último debate de urgencia celebrado sobre esta cuestión, aquí mismo, hace un mes, debate en el que participó Franz Fischler en nombre de la Comisión.
Lo que nos preocupa especialmente hoy, como por lo demás a usted, es la desaparición del Sr. Cubreacov, uno de los jefes de la oposición, precisamente el que le visitó, señor Sacrédeus. Este incidente, que se ha producido en un momento en que se acentúa indiscutiblemente la presión ejercida sobre los organizadores del movimiento de protesta y sus participantes, es tanto más preocupante cuanto que el Parlamento moldavo acaba de votar la suspensión de la inmunidad de varios miembros de la oposición, como ha indicado el Sr. Swoboda.
¿Qué hacemos con ocasión de una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores moldavo como la del pasado mes de febrero? Mi colega Chris Patten se expresó sobre la situación política en Moldavia, y en particular sobre la cuestión pendiente de la región secesionista de Transnitria. La Comisión comunicará a sus homólogos moldavos su preocupación por el deterioro del clima político en Chisinau siempre que tenga oportunidad, siendo la próxima el Consejo de cooperación que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo.
El hecho de que un político, jefe de un movimiento de oposición, desaparezca sin dejar rastro es efectivamente alarmante. Nos sumamos al llamamiento urgente lanzado en su proyecto de resolución, en la que se pide una investigación completa y profunda por parte de las autoridades. Llamamos a ello a todos los actores políticos de Moldavia, para que den muestras de moderación y no exploten el deterioro de la situación política, ya un tanto tensa.
Recordaremos al Gobierno de Moldavia que es capital no exacerbar las sensibilidades lingüísticas y étnicas y respetar los principios del Consejo de Europa y de la OSCE, que la Sra. Schroeder ha citado. El hecho de que el Gobierno moldavo haya propuesto al Consejo de Europa que envíe un observador de misión a Chisinau es uno de los pocos signos alentadores, y esperamos que esta medida contribuya a calmar la situación en el plano político.
Dicho esto, somos de la opinión de que la extrema pobreza del país no facilita la búsqueda de un equilibrio o de un compromiso político. Seguimos convencidos de que la causa principal de esa pobreza y ese malestar es de orden político y se deriva, en particular, de la incapacidad para resolver el conflicto de Transnitria, como destacó Fischler ante ustedes el mes pasado.

El Presidente. -
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0209/2002) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR sobre la situación en Birmania/Myanmar;
(B5-0213/2002) de los diputados Maij-Weggen, Van Orden y Tannock, en nombre del Grupo PPE-DE sobre Birmania/Myanmar;
(B5-0221/2002) de los diputados McKenna y Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Birmania/Myanmar;
(B5-0234/2002) del Sr. Kinnock, en nombre del Grupo PSE sobre Birmania/Myanmar;

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, de nuevo se nos recuerda la profunda tragedia que sigue afligiendo al pueblo de Birmania. Se ha dedicado mucha atención al hecho de que se han mantenido conversaciones entre el régimen militar y Aung San Suu Kyi desde octubre de 2000. Sin embargo, en realidad, se han hecho pocos progresos políticos sustantivos. El régimen militar sigue privando a la Liga Nacional para la Democracia de su victoria electoral de 1990 y mantiene bajo arresto a su líder y a 20 de sus diputados. Además, sigue violando de una manera estrepitosa los derechos humanos básicos de sus ciudadanos.
Aunque quizás es injusto centrarse en un solo individuo, porque hay muchos que sufren, quiero resaltar hoy ante ustedes el caso particular del Dr. Salai Tun Than, de 74 años de edad, rector jubilado de la Universidad de Yezin en la Alta Birmania, quien actualmente está encarcelado en la infame prisión de Insein. El Dr. Than, que no está directamente afiliado a ningún movimiento político, ha realizado una larga y distinguida carrera en el servicio público, fundando la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Mayanmar entre otros muchos logros. En cualquier país civilizado se le hubiera reconocido como un pilar de la comunidad. En cambio, el 29 de noviembre del año pasado fue arrestado por entregar una petición a favor del retorno del gobierno civil. En febrero de este año se le condenó a siete años de prisión. El Dr. Than no ha podido ver a sus visitantes desde que le arrestaron, excepto a la Cruz Roja, que le ha proporcionado medicinas para una enfermedad ocular crónica. Él es simplemente uno de los más de 1300 prisioneros políticos que se consumen en las cárceles de Birmania, la mayoría de los cuales son sólo culpables de tener el coraje de defender sus legítimas libertades políticas.
Ruego a las autoridades birmanas que liberen al Dr. Salai Tu Than de inmediato. Es el momento de que enviemos un claro mensaje al régimen militar de Birmania con toda urgencia: debe escuchar las demandas de regreso de la democracia y la libertad política. Sólo así puede esperar ser digno de la muy necesaria ayuda internacional que hará que este desesperado país detenga su ruinoso declive económico.
McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, mayo será el duodécimo aniversario de las elecciones que dieron a Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia el 82% de los escaños parlamentarios. Aún se encuentra bajo arresto domiciliario en Birmania. Hay cerca de 1000 prisioneros políticos en varias cárceles de Birmania. Son sometidos diariamente a maltratos y torturas y se les niega la comida y la atención sanitaria necesarias.
En noviembre de 2001 la Asamblea General de las NU expresó su preocupación por el lentísimo progreso de las conversaciones entre el Consejo Estatal para la Paz y Desarrollo y la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi.
En Febrero se negó a una misión de la OIT acceder a Aung San Suu Kyi, y el Enviado Especial de las NU criticó duramente el lento progreso del diálogo. El ejército birmano aún sigue perpetrando grandes violaciones de los derechos humanos contra grupos civiles étnicos, entre ellas, palizas, violación sexual, trabajos forzados, ejecuciones sumarias extrajudiciales y desapariciones. Merece la pena señalar que la inversión europea en Birmania es importante, particularmente en las industrias petrolífera y de gas. Debemos recordar que todas las inversiones extrajeras se realizan a través de compañías respaldadas por militares.
La Federación Internacional de Productos Químicos, de Energía, de Minas y los Sindicatos Generales de los Trabajadores pidieron a las empresas petrolíferas y de gas que dejaran de invertir en Birmania mientras continuaran los trabajos forzados. La Confederación Internacional de Sindicatos Libres pidió que se impusieran sanciones contra Birmania.
Este Parlamento debe volver a solicitar la liberación de Aung San Suu Kyi y de todos los que están encarcelados sin razón. La Comisión Europea debe asegurarse de que la ayuda humanitaria llega a las zonas más necesitadas sin interferencias políticas y de que se impliquen las ONG internacionales.

Junker (PSE).
Señor Presidente, señoras y señores, hace aproximadamente una docena de años la Liga Nacional para la Democracia logró un éxito electoral aplastante en Birmania. Pero desde entonces la voluntad del pueblo -y, en concreto, la de todas las etnias, esto hay que destacarlo - se ve pisoteada. Desde hace una docena de años una presidenta elegida se encuentra en arresto, se arroja a las prisiones a ciudadanos y ciudadanas no deseados, se abusa de trabajadores y trabajadoras forzosos, se maltrata a mujeres y se inflige vejaciones a las minorías étnicas. El tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y el tráfico de armas ligeras se encuentran a la orden del día. Desde hace una docena de años la comunidad internacional de los pueblos viene urgiendo, lamentablemente sin éxito hasta ahora, la vuelta a la democracia.
No obstante, es acertado y digno de celebrarse que la Troika de la UE muestre señales de disposición al diálogo, sin vincular esto a aprobación alguna. Hay que apoyar de manera especial los esfuerzos del enviado especial de la ONU por impulsar las conversaciones con la presidenta elegida y con el SPDC y encontrar un punto de apoyo para las transformaciones democráticas.
No obstante, el aplazamiento de la visita de Razali Ismail, que estaba prevista para marzo, no da motivos de optimismo. Los que sufren las consecuencias son las personas de este país amargamente pobre, a las cuales les va cada vez peor y cuyo destino no debe perderse de vista desde la parte democrática del mundo. Esto lo garantiza también la Oficina Euro-birmana, sufragada con recursos de la Unión Europea, que está gestionada en cooperación con la Fundación Friedrich-Ebert que posee gran experiencia en política de desarrollo y en política democrática. En este punto esperamos nuevos impulsos mediante los cuales podamos avanzar un trecho, si seguimos manteniendo prolongadamente el aliento.
Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, desde los años sesenta Birmania se ha aislado del mundo en general con un elevado coste para su pueblo. Birmania es pobre, subdesarrollada y su población está cada vez más alejada del gobierno militar socialista, que se negó en 1990 a aceptar el resultado de las últimas elecciones libres celebradas en ese país y puso bajo arresto domiciliario a la ganadora Aung San Suu Kyi.
De acuerdo con los datos del Banco de Asia para el Desarrollo, citados por el propio ponente de las NU en su informe, el país gastó sólo el 0,17 por ciento de su PIB en atención sanitaria y una cantidad similar en educación. Birmania es actualmente el mayor productor de heroína del mundo y grandes partes del país están controladas por los señores de la droga, y me preocupa que Chian está facilitando ese proceso. Hay aproximadamente 1000 prisioneros políticos en el país, entre ellos 15 diputados electos y un profesor de 74 años de edad mencionado por mi colega el Sr. Van Orden, el Dr. Salai Tun Than, cuyo único delito fue pedir elecciones multipartidistas: un hombre que no siente odio por sus carceleros, pero que simboliza patéticamente la triste situación de su propio país.
Los dirigentes de Birmania han conducido a su pueblo y a sí mismos a un callejón sin salida.
Apoyo el principio de sanciones directas, entre ellas prohibiciones de viajar a los líderes militares, pero soy escéptico respecto a las consecuencias de su aplicación indiscriminada, porque esto podría perjudicar al pueblo más que a los líderes militares, aunque tiene sentido hacer nuevas inversiones dependiendo de si mejoran los derechos humanos sobre la base de un examen caso a caso. Ciertamente, reconocemos que algunos prisioneros políticos han sido recientemente liberados y que a 25 oficinas de la Liga Nacional para la Democracia en Rangoon se les ha permitido reabrir sus puertas. Esto supone un gran progreso y debemos impulsar este tipo de acciones.
Dicho esto, es necesario que nos aseguremos de que la ayuda se canaliza a través de organizaciones fiables y que ofrezcamos a los líderes un plan detallado para las reformas que han de acometer.
Por último, he comunicado a los líderes militares que el hecho de encarcelar a un hombre de 74 años de edad demuestra más su debilidad que su fuerza. Un país que tolera la libertad de expresión es un país más fuerte y con mayores esperanzas para el futuro. Les urjo a que liberen inmediatamente al Dr. Than, a Aung San Suu Kyi, a los demás prisioneros políticos y les insto a que den a su pueblo esperanza para el futuro.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, en las conclusiones de su reunión de octubre de 2001, el Consejo de 'Asuntos Generales? pidió la liberación de todos los presos políticos que siguen detenidos en Birmania (Myanmar), incluido Aung San Suu Kyi, y la Comisión apoyó esta petición y sigue haciéndolo. Estamos convencidos de que una solución duradera debe descansar en un acuerdo entre el Consejo Nacional para la Paz y el Desarrollo, por un lado, y, por otro, la oposición democráticamente elegida y los representantes de las minorías étnicas. No buscamos, como Unión, imponer un acuerdo, sino respaldar la solución que se acuerde entre las partes. Aunque durante el pasado año se observaron en este país algunos desarrollos algo menos desalentadores que en el pasado, a nuestro entender estamos muy lejos aún de un compromiso claro del Consejo Nacional para la Paz y el Desarrollo en favor del restablecimiento de la democracia y el respeto de las normas internacionales en materia de derechos humanos.
La reciente misión de la troika de la Unión en Birmania (Myanmar) - que se desarrolló los días 13 a 15 de marzo - alentó la continuación de las negociaciones en curso entre la Liga Nacional para la Democracia y el CNPD y, una vez más, expresó nuestra esperanza de que este proceso conduzca al fin a resultados concretos. En la misma ocasión, la troika reafirmó el apoyo de la Unión a la misión del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Razali Ismail. Las conclusiones de la misión de la troika y la renovación de la posición común de la Unión van a ser examinadas conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros en las próximas semanas. En efecto, nuestra posición común - la de la Unión - debe renovarse antes del 29 de abril.
De un modo general - y para responder a las preocupaciones expresadas por los autores de la resolución - sólo unos signos claros y concretos de evolución podrían llevarnos a modificar nuestra posición común. Estamos dispuestos - y lo repito ante ustedes - a revisar dicha posición en un sentido o en otro si así lo justifican nuevos desarrollos positivos o negativos en el país.
Para responder a la cuestión planteada hace un momento por la Sra. McKenna sobre la ayuda humanitaria, ésta continúa suministrándose a través de las ONG y las organizaciones internacionales por importes del orden de 5 millones de euros al año. Por otra parte, estamos preparando un programa específico sobre el sida, que, de ser adoptado, será gestionado por los mismos canales y tendrá un orden de magnitud anual similar al volumen de la ayuda humanitaria que distribuimos por el momento.

El Presidente. -
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Minorías indígenas en Vietnam y cierre de los campos de refugiados en Camboya
(B5-0201/2002) del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD sobre la situación de los derechos humanos en Camboya/ Vietnam;
(B5-0208/2002) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo EDD sobre la situación de los derechos humanos en Camboya/ Vietnam;
(B5-0214/2002) de los diputados Nassauer y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE sobre Minorías indígenas en Vietnam y cierre de los campos de refugiados en Camboya;
(B5-0222/2002) del Sr. McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la crisis de los refugiados en Vietnam y en Camboya;
(B5-0235/2002) de los diputados Corbett y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE sobre el problema de los refugiados vietnamitas en Camboya;
Violación de los derechos humanos en Nigeria
(B5-0207/2002) de los diputados Dybkjær y Malmström, en nombre del Grupo ELDR sobre la violación de los derechos humanos en Nigeria;
(B5-0211/2002) del Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria;
(B5-0215/2002) de los diputados Corrie y Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria;
(B5-0225/2002) de los diputados Maes, Lucas, McKenna y Rod, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria;
(B5-0227/2002) de los diputados González Álvarez y Fraisse, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre las violaciones de los derechos humanos en Nigeria;
(B5-0236/2002) de los diputados Karamanou, Gröner, Valenciano Martínez-Orozco, Ghilardotti, Van den Berg, en nombre del Grupo PSE sobre la violación de los derechos humanos de las mujeres en Nigeria;
Situación de los derechos humanos en Guatemala
(B5-0202/2002) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE sobre Guatemala;
(B5-0206/2002) de los diputados Malmström, Sanders-ten Holte, Sánchez García y Gasòliba i Böhm, en nombre del Grupo ELDR sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala;
(B5-0224/2002) de los diputados Mayol i Raynal, Lipietz, Nogueira Román y Frassoni en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala;
(B5-0228/2002) de los diputados González Álvarez, Manisco, Vinci, Sjöstedt, Ilka Schröder, Miranda y Boudjenah en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala;
Túnel de La Mancha
(B5-0200/2002) de los diputados Van Orden, Foster, Bradbourn, Harbour y Kirkhope, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la obstrucción del transporte de mercancías por ferrocarril a través del túnel del canal de La Mancha;
(B5-0203/2002) del Sr. Marchiani, en nombre del Grupo UEN sobre el túnel de La Mancha;
(B5-0205/2002) de los diputados Ludford y Sterckx, en nombre del Grupo ELDR sobre la obstrucción del transporte de mercancías por ferrocarril en el túnel del canal de La Mancha;
(B5-0223/2002) de los diputados Lambert, Boumediene-Thiery, Jonckheer, Rühle y Sörensen, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la situación de los refugiados que intentan atravesar el Canal de La Mancha y la situación de los que llegan a las costas mediterráneas de la Unión;
(B5-0229/2002) de los diputados Boudjenah y Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre el túnel de La Mancha y el drama de los refugiados de Sangatte;
(B5-0233/2002) de los diputados Berès, Hazan, Roure y Caudron, en nombre del Grupo PSE sobre las dificultades a la entrada del túnel de La Mancha;
Posición de la Unión Europea en la próxima sesión especial de las Naciones Unidas en favor de la infancia
(B5-0216/2002) de los diputados Banotti y Maij-Weggen, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la posición de la Unión Europea en la próxima sesión especial de las Naciones Unidas en favor de la infancia;
(B5-0238/2002) del Sr. Kinnock, en nombre del Grupo PSE sobre la posición de la Unión Europea en la próxima sesión especial de las Naciones Unidas en favor de la infancia;
Minorías indígenas en Vietnam y cierre de los campos de refugiados en Camboya
Belder (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me parece que la pregunta que hay que hacerse es por qué los ciudadanos de las tierras altas centrales de Vietnam huyen al país vecino de Camboya. Esta pregunta sigue siendo actual a pesar de que los EEUU han ofrecido acoger a los refugiados como salida de la crisis. Esto es sólo una especie de lucha contra los síntomas pero el mal sigue sin solucionarse.
Este mal es simple y llanamente la supresión de los derechos de las minorías étnicas, los denominados montagnards de la presente resolución, e incluso su persecución por parte del gobierno vietnamita. Esta supresión de sus derechos es de carácter social, religioso y económico.
Los "Kinh", los denominados auténticos vietnamitas, se creen superiores a las minorías indígenas de las tierras altas centrales. Estos, con la ayuda de los gobernantes comunistas, han ido robando como colonos en los últimos 15 años la tierra de los pueblos indígenas de esta zona. Así podríamos resumir la falta de derechos sociales y económicos de los montagnards.
Por otra parte, entre los montagnards se encuentran relativamente muchos cristianos, sobre todo protestantes. Sus congregaciones se han negado a formar parte de la iglesia protestante única, controlada por el gobierno, y por lo tanto han sido declaradas ilegales. Por este motivo, las autoridades que ya de por si son antirreligiosas, recelan aún más de los montagnards protestantes.
Además, el afán de los montagnards de mantener relaciones religiosas con otras comunidades extranjeras y su reivindicación de autodeterminación son dos cuestiones por las que el gobierno vietnamita considera y trata las tierras altas centrales como zona de riesgo. A fin de cuentas, este gobierno comunista tiene pánico a que se formen grupos u opiniones fuera de su control.
Señorías, ¿entonces no hay esperanza para estos montagnards? Saben perfectamente que los servicios de inteligencia no les quitan la vista. Así por ejemplo, los representantes de los donantes extranjeros y ONG vietnamitas no pueden viajar libremente por sus tierras. Por esta razón, resulta sumamente difícil iniciar cualquier proyecto de desarrollo local. No se permite que los representantes de los pueblos indígenas convoquen reuniones o si lo hacen, las fuerzas de seguridad ejercen un control férreo sobre ellas.
Sin embargo, los expertos, los cooperantes occidentales en las tierras altas centrales, están divisando un rayo de esperanza. Últimamente hay ciertos indicios de que dentro de la administración vietnamita surgen opiniones que demuestran cierta comprensión hacia las legítimas reivindicaciones religiosas, políticas y sociales de los montagnards.
Por mi parte, deseo al Consejo y a la Comisión mucha sabiduría y paciencia para encontrar, en los contactos con las autoridades vietnamitas, una salida a esta situación inaceptable de vulneración de los derechos de los indígenas de las tierras altas centrales. Señor Presidente, me parece que la resolución presentada constituye un apoyo para ellos para avanzar en esa dirección.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, lamentablemente, existe también en Europa una larga historia de opresión de minorías étnicas y de grupos étnicos, de expulsión y persecución de comunidades religiosas y de credo, pero esta Unión Europea se entiende a sí misma como una superación de todo esto, como un faro de los derechos humanos, y por esta razón tenemos también, naturalmente, la misión de velar a nivel mundial en calidad de socio, no de tutor, por que la validez universal de los derechos humanos se haga realidad. Precisamente porque Asia sudoriental es para nosotros un importante y apreciado socio desde el punto de vista económico y estratégico, tenemos también el derecho y el deber de propugnar que los principios universales sean respetados allí. 
Actualmente vemos que existe un círculo vicioso. Minorías indígenas, los diversos pueblos de las tierras altas de Viet-Nam están siendo oprimidos, en parte huyen hacia Camboya y son recogidos allí en campos de refugiados. Damos las gracias por esto a los camboyanos, los cuales tuvieron un gran problema de desplazados y de refugiados y siendo pobres practican aquí la solidaridad. También hay que reconocer esto. Pero, naturalmente, los camboyanos, por diversas razones, devuelven luego a las personas a Viet-Nam y éstas vuelven a ser perseguidas y oprimidas allí, y se produce un nuevo movimiento de huida hacia Camboya. Un auténtico círculo vicioso. 
Si queremos romper este círculo vicioso que amenaza la estabilidad de toda la región debemos urgir que, en primer lugar, Camboya siga cumpliendo, y quizá más que hasta ahora, sus compromisos internacionales. Pero, en segundo lugar, y éste es el auténtico asunto, debemos exigir que Viet-Nam respete y proteja, de una vez por todas, sus minorías indígenas y sus grupos étnicos, como es debido, que no lleve a cabo programas de colonización en detrimento de las minorías y que las comunidades religiosas gocen de la correspondiente protección. Defendemos los derechos de todas las comunidades religiosas, sin distinción alguna. Pero, así como los musulmanes defienden - y reconozco esto como algo positivo - los derechos de los musulmanes en todo el mundo, de la misma manera deberíamos defender con más denuedo las minorías cristianas en todo el mundo, y por eso, no dejamos de tener, en definitiva, un gran deber.
McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, se debe deplorar la persecución continua de las minorías indígenas en las Tierras Altas de Vietnam Central. Hay un serio problema con las autoridades de Camboya, que se muestran reacias a concederles asilo político. Desean cerrar los campos de refugiados y obligar a sus ocupantes a buscar asilo en terceros países, en particular en Estados Unidos. La decisión de los gobiernos vietnamita y camboyano de intentar llevar a cabo bilateralmente el acuerdo de repatriación es muy preocupante, y lo es también la negativa del gobierno vietnamita a permitir a los equipos de observadores del ACNUR que visiten los pueblos de los retornados potenciales. La retirada del ACNUR del acuerdo tripartito significa que los buscadores de asilo están expuestos al riesgo aún mayor de ser influidos, intimidados y obligados a regresar a Vietnam.
El gobierno camboyano debe cumplir sus obligaciones como signatario de la Convención de Ginebra de 1951, en particular asegurándose de que toda repatriación se realiza sobre una base voluntaria y garantizando que a los buscadores de asilo que llegan a Camboya no se les niegue su derecho al asilo. Debemos detener la persecución vietnamita de personas que al parecer han sido obligadas a volver en contra de su voluntad.
Dupuis (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, agradezco al presidente Nassauer, de la Delegación para las relaciones con los países miembros de la ASEAN, y a los diputados Posselt, van den Berg, Maaten, McKenna y Corbett que hayan tomado esta iniciativa. Les estoy aún más agradecido cuanto que la situación un tanto de 'apestados? de los no inscritos hace que nos sea prácticamente imposible presentar resoluciones, de modo que encontramos especialmente afortunadas iniciativas como ésta.
El próximo lunes, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, hará uso de la palabra por vez primera el líder de la Fondation des Montagnards, Sr. Kok Ksor, para defender los derechos de su pueblo. Pienso que la situación es extremadamente grave, no sólo para los Montagnards sino para toda la población vietnamita.
Tengo algunas reservas respecto de los puntos 4 y 5 de la resolución, porque creo que lo que debe cuestionarse es todo el enfoque de la cooperación del Sr. Poul Nielson. Ayudar a las autoridades vietnamitas a luchar contra la pobreza no da ningún resultado, sobre todo en términos de democratización del Vietnam: está el problema de los Montagnards, extremadamente grave, pero está también el de la libertad religiosa para las minorías cristianas y, sobre todo, para la mayoría budista. El patriarca de la Iglesia budista unificada, Sr. Thich Huyen Quang, sigue encarcelado después de 20 años, al igual que el número dos, Sr. Thich Quang Do, encerrado también él en su pagoda desde hace muchos años.
Esta es la situación en Vietnam. El Parlamento la ha destacado en muchas ocasiones y la política del Sr. Poul Nielson no ha conducido a ninguna mejora en el país, a pesar de las considerables inversiones financieras de la Comisión. Creo que a nadie extraña la ineficacia de la política del Sr. Poul Nielson, pero debemos recordarlo en toda ocasión.
Hay también antiguas complicidades con la Internacional comunista en la región. El Sr. Hun Sen, cuyo pasado entre los Jemeres Rojos se oculta a menudo, ha mantenido obviamente buenos aliados en Hanoi y ello explica esta complicidad en el asunto de los Montagnards. Creo que debemos denunciarla.

Lamy
. (FR) La Comisión comparte plenamente la preocupación de los parlamentarios que se han referido a la situación de los habitantes de las montañas vietnamitas.
Siempre hemos reconocido la complejidad de los acontecimientos que dieron origen a la inestabilidad reinante desde principios de 2001 en las montañas centrales de Vietnam. Al igual que ustedes, hemos seguido con preocupación el éxodo de las poblaciones de las montañas en la región, y hemos respaldado los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en colaboración con los gobiernos de Vietnam y de Camboya, para garantizar un retorno en condiciones adecuadas para las personas que volvían al país de forma voluntaria.
Por ello, lamentamos que se haya roto el acuerdo tripartito, y, dadas las circunstancias, hemos acogido favorablemente la acertada decisión del gobierno de Camboya de permitir que los habitantes de las montañas que viven actualmente en los campos de Camboya se reinstalen en los Estados Unidos con la coordinación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, consideramos que esta medida no supone una solución definitiva a los problemas que han provocado este éxodo.
Por lo tanto, seguiremos trabajando para animar a Camboya a que asuma su responsabilidad internacional. Este país está condicionado por el Convenio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, y debe seguir proporcionando ayuda, asilo y protección temporal a los demandantes de asilo. Al mismo tiempo, compartimos la opinión de los parlamentarios que han intervenido en esta resolución, y, al igual que ellos, pensamos que Vietnam debe seguir esforzándose en materia de protección de los derechos civiles, políticos y religiosos. En particular, en cuanto a la situación de los habitantes de las montañas, es evidente que los problemas en cuestión no pueden ser tratados por el gobierno vietnamita a escala local. Deben ser tratados a ese nivel.
De forma más general, estas cuestiones están vinculadas a la necesidad de continuar activamente con las reformas en este país, de manera que la administración vietnamita se acostumbre, a todos los niveles, a la libre expresión de la pluralidad de opiniones y a apreciar las virtudes de un régimen político que permita la expresión de puntos de vista distintos, lo cual no es todavía necesariamente el caso. Vietnam debe igualmente profundizar sus reformas jurídicas y velar por que los derechos constitucionales de los ciudadanos en su conjunto se apliquen plena y equitativamente.
Esta es la postura de la Comisión. En conclusión, el Sr. Dupuis me permitirá recordarle que la política que seguimos en Vietnam no es la de Poul Nielson, sino la de la Comisión, la del Consejo de Ministros, la del Parlamento Europeo, en una palabra: la de la Unión Europea.

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, en los últimos años algunos países del mundo así como zonas de Nigeria han reestablecido la ley de la sharia en sus territorios. En Sudán esta ley se ha utilizado contra los cristianos, lo que va en contra de las enseñanzas islámicas.
Aquí no estamos hablando de la pena de muerte en sí, que sigue siendo legal en la ley internacional y aún se practica en algunas democracias, no sólo en los Estados Unidos, sino también en Rusia, India, las islas caribeñas, Japón y Singapur, por nombrar sólo unos pocas. De hecho, para mi propio partido, en el RU, la pena de muerte sigue siendo una cuestión de conciencia individual, y muchos de sus afiliados, entre ellos yo mismo, estamos a favor de su aplicación restringida en los casos de los crímenes más atroces, como el asesinato de niños y el asesinato en serie.
Decenas de millones de ciudadanos europeos también comparten esta opinión. Sin embargo, podemos ver en Nigeria el terrible espectáculo de mujeres ejecutadas por cometer simple adulterio mediante un método salvaje, lento y doloroso. Siempre es complicado interferir en las costumbres de otros, pero es importante que, como parlamento que somos, transmitamos sin demora al gobierno de Nigeria nuestro rechazo más absoluto de esta práctica. Además, he oído recientemente que Afganistán no tiene intención de derogar el código penal de la sharia, que incluye apedrear a las mujeres hasta la muerte por adulterio. Soy de la opinión de que, como la UE es el mayor donante para la reconstrucción de este país, con la cantidad de cerca de 1 billón de euros, debemos condicionar la ayuda a que cesen estas prácticas inaceptables.
Tanto Nigeria como Afganistán son miembros de la comunidad internacional y signatarios de varias convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos. Yo creo, como otros muchos Diputados de esta Cámara, que las penas de la sharia son del todo inaceptables en los albores del siglo XXI.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, si la voz de estas dos mujeres, Safiya Hussaini y Hafsatu Abubakar, ha conseguido llegar hoy desde su lejana provincia nigeriana de Sokoto y de Katsina hasta nuestro hemiciclo de Estrasburgo, es que la situación de estas dos mujeres había alcanzado el paroxismo de lo inaceptable. Culpables de haber engendrado una vida después de haberse divorciado, condenadas por ello a la más horrible de las muertes, a la lapidación, las Sras. Hussaini y Abubakar son culpables de ser mujeres en una región que la aplicación integrista de la ley coránica, la sharia, ha relegado a una situación que está por debajo del umbral de la humanidad. Los ciudadanos de ciertas regiones de Nigeria, maniatados y amordazados por costumbres oscurantistas, son víctimas de una regresión moral, incluso de un retroceso de la civilización.
Ya hemos oído el testimonio de estas víctimas. Gracias a nosotros, gracias al sobrecogimiento y a la movilización de toda la Comunidad Internacional, las autoridades y los jueces nacionales de Nigeria han indultado a estas dos mártires del integrismo religioso. Pero es impensable suponer que estos esfuerzos han sido suficientes, cuando siguen aplicándose estos arcaicos preceptos que, desde la cuna, convierten en víctimas y condenan a estos millones de ciudadanos.
A través de su constitución y de sus compromisos internacionales, el Estado Federal de Nigeria condena este tipo de prácticas y de jurisdicciones paralelas. Debe demostrarlo también en la práctica. Al dejar patente esta voluntad, Nigeria podrá asumir el papel y el modelo de referencia que su envergadura democrática y su transición democrática le han asignado en el seno de la Comunidad Africana e Internacional. Si restablece de forma efectiva el Estado de derecho y se muestra intransigente con la intolerancia étnica, sexista o religiosa, Nigeria debería poder seguir disfrutando de las ayudas comunitarias. En respuesta al reconocimiento, por parte de todos los nigerianos, de la primacía de los derechos humanos, y, por supuesto, de los derechos de la mujer, sobre cualquier precepto o principio religioso, la Unión Europea prestará su apoyo solidario y sin fisuras a las transiciones democráticas y económicas que se están produciendo en Nigeria.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, gracias a la movilización internacional y a las anteriores resoluciones adoptadas por nuestra Asamblea sobre los derechos humanos en Nigeria, la causa de la Sra. Safiya Husaini, sobre la que pesaba una sentencia de muerte por lapidación, ha sido sobreseída.
Aunque nos alegremos de ello, no deja de ser cierto que debemos seguir ojo avizor. Hay más mujeres sobre las que pesa la misma pena de muerte por lapidación, como por ejemplo la Sra. Lawal en el Estado de Katsina. La aplicación de la charia afecta sobre todo a las mujeres, y en particular a las humildes.
Tanto los procedimientos judiciales arbitrarios como las penas que se le aplican a estas mujeres son contrarios a los derechos fundamentales reconocidos por los convenios internacionales ratificados por Nigeria.
Debemos denunciar esta justicia selectiva, que considera el adulterio como un crimen, lo cual permite eximir a los hombres y condenar a las mujeres, incluso a las que son víctimas de una violación. Nuestro Parlamento debe exigirle al gobierno de Nigeria que prohiba cualquier ejecución de una pena capital, y que someta ante el Tribunal Constitucional la aplicación de la charia. El gobierno de Nigeria tiene que respetar los convenios internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito, materializando así el proceso de democratización que pretende llevar a cabo con un Estado de derecho, con la voluntad de garantizar una justicia económica y social, y de favorecer el diálogo entre las distintas comunidades.
Pedimos que el Consejo, la Comisión, y los Co-Presidentes de los ACP recurran a todos los medios políticos y comerciales a su alcance para que los convenios y la Carta Africana de los Derechos Humanos sean aplicados y respetados por el gobierno de Nigeria.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, cuando en 1999 los procesos democráticos volvieron a Nigeria y se votó la Constitución del país, no podíamos imaginar que ocurriría lo que ha ocurrido en los dos o tres años posteriores. Me refiero a los violentos enfrentamientos étnicos, religiosos y políticos que han costado la vida a miles de personas, así como al retorno de la ley musulmana, la Sharia, a doce estados del país, los estados con mayoría musulmana.
La opinión pública internacional quedó sobrecogida recientemente a causa de las condenas a muerte por lapidación de mujeres acusadas de adulterio, mientras que, naturalmente, y de acuerdo con esta justísima ley, los hombres quedan libres de toda culpa. Puede que el clamor internacional, así como la movilización del Parlamento Europeo, de la sociedad civil y de los medios de comunicación, les haya salvado la vida en el último momento, pero la cuestión de las violaciones de los derechos de las mujeres y la escandalosa discriminación en razón del sexo siguen pendientes. Sigue abierto, además, el caso de Amina Lawal, que ha sido condenada por el tribunal islámico de Bakori.
Más allá, en todo caso, de los tribunales islámicos y de la interpretación de la Sharia, hay otras cuestiones pendientes relacionadas con el trato discriminatorio, injusto e inhumano recibido por las mujeres, como son las mutilaciones sexuales ?se calcula que aproximadamente el 60% de las mujeres de Nigeria ha sido objeto de esta horrible práctica?, como es el reconocimiento a los hombres del derecho a maltratar a las mujeres sin hacerse acreedores a castigo alguno, como es, finalmente, el tráfico organizado de mujeres y la explotación sexual de las mujeres.
Por todo ello, debemos hoy dirigir, desde esta sala, un mensaje contundente al gobierno federal de Nigeria, y emplazarle a que los tribunales del país funcionen de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, por otra parte, está incluida en la propia Constitución de Nigeria. Deberá, sobre todo, quedarle claro al gobierno nigeriano, y en cualquier otro lugar donde esté en vigor la Sharia, que la mejor defensa contra la intolerancia es la consolidación del carácter laico del Estado y del orden democrático constitucional. Debemos, igualmente, lanzar el mensaje de que ninguna tradición o costumbre religiosa, o de cualquier otra naturaleza, puede situarse por encima del respeto a los derechos humanos fundamentales y de las leyes del Estado de derecho.
Al mismo tiempo, llamamos a la Comisión Europea, con vistas a las elecciones de 2003 en Nigeria, a brindar, si la precisan, ayuda técnica para la consolidación de las estructuras legales y democráticas, así como para la formación de abogados, jueces y policías en el marco del acuerdo de Cotonú, así como de las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países ACE.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, Nigeria ha ratificado varias convenciones internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención sobre los derechos civiles y políticos, sobre la abolición de cualquier forma de discriminación de las mujeres, así como la Carta Africana sobre los derechos humanos de los pueblos. A pesar de esto, estamos una vez más aquí para hablar de la violación de los derechos de las mujeres, para recordar que en Nigeria sigue existiendo la pena de muerte y para recordar que las prácticas actuales y los numerosos reglamentos que figuran en los nuevos códigos de procedimiento penal de la Sharia continúan perpetrando una grave violación de los derechos humanos, hasta la condena a la pena capital.
Nosotros, junto con muchas mujeres y muchos hombres de los países democráticos, nos hemos movido, nos hemos movilizado y esto ha permitido salvar la vida a Safiya y a Hafsatu pero, a pesar de esta victoria, el Tribunal Islámico de Bakori ha condenado a muerte por lapidación a otra mujer, Amina Lawal. Ahora, no creo que podamos continuar, aunque debemos hacerlo, recordando estas matanzas. Debemos pretender que Nigeria, que está a punto de celebrar elecciones democráticas y que por esto debe ser respaldada por la Unión Europea, no solo - como se ha recordado en el ámbito del Acuerdo de Cotonú - consolide la democracia pluralista, la justicia social y económica, sino que también ponga fin a estas violaciones. Estimo que ya no nos podremos permitir recordar las continuas violaciones y esperar que pase algo. Debemos actuar con mayor determinación y con todos los medios de que disponemos.
Lamy
. (FR) Señor Presidente, como todos sabemos, la Unión Europea es total y permanentemente contraria a la pena de muerte y, en los países en los que todavía existe, pedimos que la aplicación de esta pena se elimine progresivamente, e insistimos en que se lleve a la práctica en el menor número de casos posible. Todos tenemos ya la costumbre común de presionar a favor de la adopción de moratorias.
Como Unión y como Comisión, estamos especialmente preocupados por la crueldad de los castigos y de las ejecuciones que se derivan de la aplicación de la charia en un cierto número de países. En Nigeria, el ahorcamiento de una persona, realizado en enero de este año, puso fin a una moratoria de hecho de la pena de muerte. Nosotros nos sumamos a las gestiones que, sobre este tema, hizo la Unión ante las autoridades nigerianas el pasado mes de febrero. También hemos intervenido en varios frentes en el caso de Safiya Husaini, y en particular cuando el Presidente Prodi lanzó un llamamiento directo al Presidente Obasanyo.
Actualmente, seguimos de cerca el caso de Amina Lawal, que ha sido citado por las Sras. Ainardi, Karamanou y Gihlardotti, para el que se encuentra abierto un procedimiento de apelación. Ahora, ¿cuál es el impacto de todo esto en las relaciones entre la Unión y Nigeria, que se enmarcan dentro del Acuerdo de Cotonú? Uno de los elementos esenciales de este acuerdo es el respeto a los derechos humanos, y, en este contexto, la igualdad entre el hombre y la mujer forma parte de ese respeto. Nos alegramos de que el Ministro de Justicia de Nigeria haya declarado oficialmente que los Estados Federados deben modificar su legislación penal para suprimir los castigos que atentan contra los derechos de los ciudadanos que están garantizados por la constitución nigeriana. Parece también que el gobierno federal está preocupado por la incompatibilidad entre la aplicación penal de la charia, por un lado, y los convenios internacionales firmados por Nigeria, por otro.
Hemos financiado la realización de un estudio sobre la charia en Nigeria, que dice que las leyes de la charia se han redactado de forma incorrecta, y que efectivamente contradicen a otras leyes federales. Además, se aplican de un modo bastante incoherente, debido a la falta de formación de los jueces. Por el momento, creemos que la solución sigue estando en el diálogo y sobre todo en el respeto a las obligaciones que este país ha contraído en el marco del Acuerdo de Cotonú.
Ustedes, como nosotros, saben que este acuerdo contempla procedimientos que pueden ser aplicados en caso de que no se respeten los derechos humanos. Este es el punto que debemos analizar conjuntamente, para presionar cuanto sea necesario, pero evitando sancionar indiscriminadamente al conjunto de los Estados Federados de Nigeria, y evitando comprometer la creación de un entorno propicio al cambio, porque este cambio debe ser precisamente el fruto de nuestra presión y de nuestro esfuerzo colectivo.

Pomés Ruiz (PPE-DE).
Señor Presidente, este Parlamento Europeo tiene un innegable papel protagonista en el proceso de paz que han vivido los países hermanos de América Central.
Ahora nos toca hablar de la situación por la que está pasando últimamente Guatemala, 6 años después de que se cerraran los acuerdos de paz, en 1996. Y ha llegado el momento de que el Parlamento una su voz a la de otros defensores de los derechos humanos, sindicalistas y religiosos que trabajan con las propias comunidades indígenas para que estos planes de paz progresen y no se atasquen. Es imprescindible que el Gobierno guatemalteco finalice las reformas legislativas que se derivan de los acuerdos de paz, que la autoridad judicial consolide su independencia y su capacidad para perseguir y enjuiciar a los culpables de las guerras y de los atentados contra los derechos humanos previos y posteriores a los acuerdos de paz.
Por eso, esta es una llamada de solidaridad del Parlamento Europeo que transmitimos al pueblo guatemalteco, a su Gobierno, para animarle a que siga luchando, para que garantice la prevalencia los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial. Es necesario que estos acuerdos de tanto éxito que no sólo se han logrado en Guatemala sino también en otros países de Centroamérica tengan un final feliz. Y eso implica que los Gobiernos deben apostar por seguir trabajando para que se persigan y se castiguen los delitos, lo que sólo se puede hacer respetando y potenciando la independencia del poder judicial. Este es el sentido del mensaje que, desde aquí, queremos mandar en apoyo al pueblo guatemalteco, a los que luchan por su libertad y a sus autoridades políticas.

Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, estamos viendo que los derechos humanos son siempre un tema de actualidad; hoy nos toca hablar también de su situación en un país hermano y entrañable de Centroamérica, precisamente además en un día en que se hace realidad una Corte Penal Internacional.
Hace unos días leí un artículo que creo que es vigente en el día de hoy, escrito por un liberal centroamericano, en el que se decía que Centroamérica es una zona de catástrofes naturales, a la que recorre una falla sísmica, que cada cierto tiempo derriba ciudades y sepulta poblaciones enteras. Pero parece ser que también la región se ve amenazada por otro tipo de falla, de orden moral, y que, al parecer, la impunidad protege a ciertos desalmados.
En un informe del año 2001 una ONG alemana, Transparencia Internacional, que controla y denuncia la corrupción gubernamental en el mundo, sitúa a Guatemala en unos niveles que desacreditan el sistema democrático hasta poner en peligro las instituciones.
Hoy condenamos, desde esta Cámara, la violación de los derechos humanos en Guatemala, que sufre una escalada ascendente que, como bien acaba de señalar el colega Pomés, afecta a trabajadores, periodistas, políticos, etc. Lamentamos los abusos cometidos por determinados agentes económicos que no dudan en utilizar el tráfico de armas, las drogas, el blanqueo de capitales e incluso los secuestros para enriquecerse.
Desde esta Cámara pedimos al Gobierno de Guatemala que controle y sancione a los grupos clandestinos, que garantice la seguridad de los ciudadanos y que abra la puerta a la justicia, investigando los crímenes que se han venido cometiendo desde hace cierto tiempo. Sólo será posible acabar con la impunidad desde la independencia y la libertad del poder judicial, el aumento de la presión internacional y la globalización de los castigos para que los delitos no queden impunes; así también se fortalece la democracia.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre de mi Grupo, el Grupo Verdes/Alianza Libre Europea, me sumo a todos los colegas que hablaron anteriormente en la denuncia de la violación de los derechos humanos en Guatemala; en la petición de que se respeten los acuerdos de paz y reconciliación; en que se juzguen los delitos y atrocidades cometidos en la dictadura; en la denuncia contra todas las atrocidades que se siguen cometiendo, muy especialmente por los grupos que se llaman "clandestinos", que asesinan, torturan y violan los derechos humanos.
Pero yo quería hacer una denuncia muy particular, Señorías, sobre una cuestión que me parece que es muy específica de muchos países de Latinoamérica: Guatemala, el Perú, Bolivia, el Ecuador y otros países aún viven en un régimen colonial. Hay una minoría criolla -blanca- que sigue sometiendo y manteniendo en la marginación a millones y millones de indígenas que, a pesar de ser la mayoría, no son tenidos en cuenta en absoluto por el Estado. Estos Estados no pueden ser democráticos y, para mantener los privilegios tradicionales de la propiedad, someten y marginan a las minorías indígenas y, en caso de que éstas se rebelen, llegan a generar regímenes dictatoriales que torturan y asesinan.
Así, esta minoría detenta el poder judicial, la propiedad, la policía y manda en el ejército, y creo que, en estos países de Latinoamérica, mientras no haya una auténtica democracia -como pasó en Sudáfrica-, mientras el poder no pase a las mayorías indígenas y aprendan realmente ellas mismas a construir su propio Estado, no tendrá solución el problema de la violación de los derechos humanos en los mismos.
Muchas veces comparo a países tan próximos a nosotros -concretamente a los españoles- con los países africanos: éstos se encuentran muchas veces en la miseria y tienen regímenes dictatoriales, pero un día serán regímenes democráticos gobernados por la mayoría antes marginada. En Latinoamérica el problema es mucho más grave y tenemos que ser conscientes de ello para, desde Europa, ayudar a construir regímenes auténticamente democráticos, gobernados por la mayoría.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Comisario, permítame expresar una cierta fatiga por esta semana, por todas las tardes en las que hablamos de la falta de respeto a los derechos humanos. Y no me refiero a la fatiga por tener que tratar este asunto, sino por la falta de resultado, a pesar de la presión constante de este Parlamento.
Se abrieron muchas expectativas con la firma de los acuerdos de Guatemala, en 1996, y El Salvador. Se habla ahora de la necesidad de un diálogo en Colombia. El problema es que los acuerdos no se cumplen, y eso es lo que hay que tratar hoy aquí, y que ello frustra las esperanzas de la mayoría de la población, en este caso de Guatemala, de la que -como muy bien decía Camilo Nogueira- una parte importante está compuesta por indígenas.
Creo que la mejor manera de recordar a Monseñor Gerardi, que fue responsable y redactor de ese documento extraordinario de clarificación histórica que hoy debiera ser la guía para la mayoría de los jueces en Guatemala que están hablando de los delitos cometidos durante la guerra civil, es exigir que se cumplan los acuerdos, que haya realmente una reforma agraria que no ha habido, que haya un respeto por las grandes mayorías del pueblo de Guatemala -respeto que no hay, porque siguen en la más absoluta pobreza-, que haya un freno a la violencia que aumenta contra la población y contra sus representantes, defensores de derechos humanos, representantes de los campesinos, sindicalistas, religiosos, personas que están cercanas a los derechos de la mayoría de la población. Desgraciadamente, hasta hoy no se respeta la mayoría de los derechos humanos en Guatemala. Por eso, creo que lo que debemos pedir aquí es que la Unión Europea, con los medios que tenga a su alcance, influya para que esos acuerdos a los que tanto contribuyó se respeten.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, compartimos la preocupación de los autores de la resolución sobre el sensible deterioro de la situación de aspectos fundamentales como la protección de los derechos humanos, la administración de la justicia, y la correcta gestión de los asuntos públicos en Guatemala. Por otra parte, al igual que ustedes, estamos profundamente preocupados por la proliferación de los actos de intimidación que se cometen en ese país, no solamente contra los defensores de los derechos humanos, sino también contra representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales o del clero.
En consecuencia, las principales prioridades de la Comisión en sus relaciones con Guatemala son las siguientes: de entrada, apoyar la aplicación de los Acuerdos de Paz de 1996, y en segundo lugar, fomentar la modernización del Estado y consolidar una gestión más eficaz de los asuntos públicos. Estas prioridades están dentro de un marco general, que es el de la aplicación integral de las recomendaciones incluidas en el Informe de la Comisión sobre la clarificación histórica, que ha sido mencionado por la Sra. González Álvarez, y cuya importancia es capital. A este respecto - y, por lo demás, de acuerdo con la resolución sobre los derechos humanos en Guatemala que adoptaron ustedes el pasado mes de junio -, la Comisión ha decidido adoptar medidas complementarias.
De entrada, en el marco de un diálogo político, la Comisión y los Estados miembros de la Unión recuerdan con regularidad y sin desmayo a las autoridades guatemaltecas y a las instituciones públicas locales la enorme importancia de disuadir cualquier forma de violencia, y de examinar sistemáticamente cualquier obstáculo al respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
Por otra parte, en una declaración común publicada tras la reunión de un grupo consultivo para Guatemala - que se celebró en Washington el pasado mes de febrero -, la Comisión y los Estados miembros insistieron en la necesidad de que los progresos en materia del proceso de paz sean mucho más consistentes que los que hemos podido verificar recientemente. Exhortamos - y vamos a seguir exhortando - al gobierno guatemalteco a tomar medidas con regularidad y de forma constante para llevar a la práctica las conclusiones y compromisos que han sido asumidos en el marco de este grupo consultivo.
La segunda iniciativa consiste en presionar al gobierno guatemalteco en el marco de nuestra cooperación, para que respete los Acuerdos de Paz de 1996, y, como usted sabe, apoyamos financieramente iniciativas específicas en este campo, y en concreto las medidas destinadas a reforzar y a modernizar la policía nacional civil. Este programa pretende animar a las autoridades guatemaltecas a que tomen las medidas necesarias para impedir cualquier menoscabo del Estado de derecho, y a que intensifiquen sus esfuerzos para que el país sea efectivamente más democrático y más justo. Esta iniciativa será remplazada en los próximos meses por un nuevo programa de cooperación en favor del sistema judicial guatemalteco.
A lo largo del periodo 2002-2006, que es el horizonte de la estrategia de cooperación de la Unión con Guatemala, vamos a reforzar nuestra actividad en el ámbito de los derechos humanos, de la lucha contra la intimidación y contra la impunidad. No es casual que Guatemala sea uno de los principales beneficiarios de la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos durante el periodo 2002-2004, en el que nos preocupamos principalmente de la correcta gestión de los asuntos públicos, de los derechos de las poblaciones indígenas, de la pena de muerte y de la lucha contra la impunidad, que son los puntos que los propios parlamentarios han identificado hace ya algún tiempo.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, la situación en la entrada al Túnel de La Mancha ha sido caótica durante meses. Desde el pasado noviembre, los servicios de transporte ferroviario de mercancías en Fréthun, cerca de Calais, se han visto seriamente perturbados por las actividades ilegales de los inmigrantes. Ya he planteado a esta Cámara este problema en dos ocasiones, el 4 de febrero y el 11 de marzo, y nuestra resolución de urgencia refleja la enorme gravedad de la crisis.
El 19 de marzo el gobierno francés respondió a las preguntas iniciales de la Comisión Europea declarando que debían tomarse medidas inmediatas para realizar obras de seguridad en Fréthum y para proporcionar una cobertura policial de 24 horas. Sin embargo, el 27 de marzo, junto a cerca de 150 parlamentarios, operadores del transporte ferroviario de mercancías, funcionarios, policías, periodistas y otros, y con la notable ausencia de algún ministro del gobierno francés o británico, visité la terminal del transporte ferroviario de mercancías de Fréthun. Nos sorprendió ver ante nuestros ojos y a plena luz del día inmigrantes ilegales alojados por todo el tren. La situación está claramente fuera de control y no ha mejorado, a pesar de las promesas de la SNCF para lograr que se normalice el servicio desde el 2 de abril.
Sólo el pasado jueves cerca de 100 inmigrantes salieron huyendo de un tren de mercancías en Dollands Moor, Folkestone. Al parecer, este tren había estado parado en Calais virtualmente sin vigilancia durante 24 horas. Esta situación es inaceptable. Aparte de la tragedia humana que esto supone, me preocupa el riesgo que corren las empresas británicas y cerca de 8.000 puestos de trabajo ante este estado de cosas, incluso en mi zona en el Este de Inglaterra. Esto tiene también muy graves consecuencias medioambientales y de otro tipo. Es una burla a la idea del libre movimiento de mercancías por la Unión Europea.
Dada la falta de acción por parte del gobierno francés y británico el jueves formé una delegación para reunirme con la Comisión Europea: Lord Berkeley, Presidente del Grupo de Transporte Ferroviario de Mercancías y el Sr. Alan Roberts, uno de mis electores de Hertfordshire -cuya familia, empresaria organizadora de transporte ferroviario de mercancías, ha padecido enormemente la crisis de Fréthun- vinieron conmigo a ver al Comisario Bolkestein. Se mostró solidario y expresó su frustración por la falta de acción gubernamental. Imploro ahora a la Comisión que tome las medidas necesarias, incluida la acción legal contra el gobierno francés, como un problema urgente.
Estas empresas necesitan ayuda financiera urgente para poder seguir comerciando y como compensación por el largo plazo de pérdidas que han soportado debido a la falta de acción efectiva por parte del gobierno francés y de las autoridades británicas.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, la desesperada situación en Fréthun, que yo también he presenciado, requiere una respuesta en dos frentes. Los operadores del trasporte ferroviario de mercancías y las actividades empresariales dependientes desean una respuesta que se centre en la antigua y urgente necesidad de seguridad suficiente para mantener el movimiento de mercancías. Están plenamente justificados. Las empresas no deben ser el chivo expiatorio del fracaso del gobierno para resolver el problema de los buscadores de asilo. Las empresas necesitan vallas en Fréthun, pero también son cruciales para que dejen de morir inmigrantes. Es responsabilidad de la SNCF y del gobierno francés. Me sorprende enormemente que el Grupo Socialista se haya negado a especificarlo en la propuesta. Les ruego, especialmente a los Diputados del Partido Laborista Británico, que respalden la enmienda nº 2 sobre esta cuestión.
La enmienda nº 6 del Grupo Socialista es desesperantemente débil, porque deja a los gobiernos fuera del problema. Las empresas negativamente afectadas también necesitan financiación y apoyo inmediato y compensación por parte de los dos gobiernos. Me extrañaría también que los Diputados laboristas votaran en contra de ella.
La enmienda nº 1 es una enmienda del Grupo ELDR, que solicita el refuerzo de la insuficiente intervención de los poderes actuales de la Comisión para eliminar los obstáculos al libre movimiento de mercancías. Me han dicho que los Conservadores son reacios a apoyarla, pero espero que no sea verdad.
La segunda respuesta que requiere la zona de Calais es abordar el problema del asilo de una manera humana y práctica. Mi Grupo no puede apoyar la enmienda nº 5 presentada por el Grupo Socialista porque atribuye la situación en Fréthun simplemente a la presión que la gente siente para emigrar de sus países natales. Obviamente ese es el contexto general, por lo que en un párrafo de la resolución que he preparado se dice que la solución a largo plazo debe buscarse en una política europea de asilo concertada. También se acentúa la necesidad de un enfoque humanitario sensible.
Los gobiernos francés y británico deben llegar sin demora al acuerdo práctico de tramitar las demandas de asilo allí mismo, en el mismo centro de Sangatte, no en las proximidades, lo que sería contraproducente. Pero quizás deliberadamente, la enmienda del Grupo Socialista ignora la responsabilidad de la SNCF y del gobierno para afrontar las presiones de demanda de asilo. Esto es inaceptable.
Los operadores del transporte ferroviario de mercancías están al borde del colapso. Ocho mil trabajadores pueden quedarse sin trabajo. Les pido que apoyen la propuesta y las enmiendas nº 1 a nº 4.
Flautre (Verts/ALE).
Señor Presidente, no intervengo en calidad de autor, ya que el Grupo de Los Verdes no apoya esta propuesta transaccional. ¿De qué estamos hablando verdaderamente aquí? ¿Estamos hablando de los beneficios que deja de obtener el Eurotúnel, de las disfunciones del tráfico bajo La Mancha, o bien de lo que normalmente sería el objeto del debate de esta tarde: de los derechos humanos, y, en este caso, del derecho de los refugiados que están en Sangatte, y de la tragedia humana que eso supone? Los refugiados de Sangatte no son ilegales. Están en un centro abierto por el Estado francés, gestionado por la Cruz Roja, que recibe para su funcionamiento una subvención pública del Estado francés. Estos refugiados son kosovares, kurdos, hoy mayoritariamente afganos. A Sangatte llegan por oleadas todos los pueblos que ocupan hoy la portada de la actualidad en el mundo. Si queremos hablar de derechos humanos, hagámoslo, pero no hablemos de cuestiones financieras ni de la seguridad del tráfico bajo La Mancha. En esta confusión, hay algo absolutamente indecente. Este centro se abrió gracias a una movilización muy importante de las asociaciones, que querían dar respuesta a un problema urgente: cerrarlo supondría una catástrofe humanitaria. Ya sabemos cómo eran Calais y Sangatte antes de tener un centro. Ya hemos visto vagabundear por las calles de Calais con niños, bajo la lluvia, a esos refugiados que, arriesgando sus vidas, intentaban pasar a Gran Bretaña. Había asociaciones que intentaban a duras penas darles de comer todos los días. ¿Queremos, en un debate sobre los derechos humanos, volver a esta situación? Francamente, este debate ha empezado muy mal. Por eso Los Verdes no apoyan esta resolución, e invitan a los colegas a hacer lo propio, porque respaldarla sería algo absolutamente inadmisible. Además, el Grupo de Los Verdes, que considera que el Estado francés demuestra tener una relativa mala fe en cuanto a la capacidad de estas personas de solicitar asilo en Francia, ha respaldado la edición, en colaboración con las asociaciones, de un documento que los refugiados de Sangatte se quitan de las manos. ¿Qué dice este documento? Explica de forma simple a los refugiados cómo solicitar asilo en Francia y cuáles son los derechos que les corresponden a los peticionarios de asilo en Francia. Para responder a esta situación, esta es la vía que debemos seguir, evidentemente a largo plazo, con la perspectiva de un estatuto europeo de los refugiados.

Roure (PSE).
Señor Presidente, actualmente nos enfrentamos a verdaderos problemas generados por la llegada masiva de refugiados. Hoy en día, entre otras cosas, vemos cómo familias con niños pequeños, con bebés, llegan y piden asilo.
Esta situación se deriva del desamparo de miles de refugiados y de personas desplazadas que, a menudo en contra de su voluntad y pagándolo a veces con su vida, han tenido que abandonar países en los que están oprimidos política, económica y socialmente, y en los que la guerra y los conflictos causan estragos.
Acoger a los refugiados en unas condiciones dignas debe ser necesariamente posible, porque si no se le llama la atención a las colectividades locales, a pesar de que ellas ya no pueden seguir asumiendo esta función. No tienen medios ni humanos, ni estructurales, ni financieros para paliar esta situación de necesidad.
Por tanto, ante estas dificultades, somos nosotros los que tenemos que dar una respuesta satisfactoria a largo plazo, y hay que adoptar un enfoque humano en materia de política de asilo y de inmigración. No podemos seguir negándonos a la evidencia. No podemos seguir escondiendo la cabeza como una avestruz. Así, vamos directos al desastre.
Si persisten las grandes dificultades a la entrada del túnel bajo La Mancha, a pesar de los esfuerzos conjuntos de los gobiernos francés y británico para abortar los intentos de cruzarlo ilegalmente, es sin duda porque carecemos de una política común de asilo a escala europea.
Esto afecta a todos los países de la Unión Europea, porque los problemas que hemos de resolver se derivan de la falta de armonización de los procedimientos de asilo en Europa. En consecuencia, debemos adoptar rápidamente un paquete de medidas que materialicen una política europea de asilo. Tenemos que abordar por fin todos juntos los problemas a los que nos enfrentamos. Así pues, la Unión Europea tiene que actuar con determinación y tomar lo antes posible una decisión sobre los distintos instrumentos, sobre las normas mínimas de acogida y sobre el procedimiento de concesión y de retirada del estatuto de refugiado, y les recuerdo que todo ello debe hacerse dentro del espíritu del Consejo Europeo de Tampere.

Hannan (PPE-DE).
Señor Presidente, a mis electores del sudeste de Inglaterra les satisfará plenamente que esta Cámara haya encontrado tiempo para tratar el asunto de los constantes cierres del Túnel de La Mancha. Muy pocas personas de fuera de mi región aprecian la gravedad de la situación. La interrupción regular del transporte de mercancías está alcanzando proporciones de crisis. Las empresas no pueden embarcar sus productos, las infraestructuras de transporte en los condados del sur de Inglaterra están bloqueadas, se viola el mercado único porque la circulación de bienes se encuentra con obstáculos, las fuerzas policiales de Kent y Sussex ya no dan más de sí y el flujo ilegal de inmigrantes supone una pesada carga para las autoridades locales y sus contribuyentes.
Es muy conveniente demandar más seguridad en la terminal de carga de Calais-Fréthun, pero así se abordan los síntomas del problema, no la causa. Si de verdad queremos poner la situación bajo control, debemos retroceder y hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que empuja a decenas de miles de personas a salir desesperadamente de Francia? Después de todo, Francia no es un país que persigue a sus ciudadanos. Al contrario, es uno de las democracias más antiguas y libres del mundo. En suma, es un país del que difícilmente cabría esperar que salieran personas pidiendo asilo político y, sin embargo, noche tras noche, cientos de personas arriesgan su vida para entrar en Gran Bretaña a través del Túnel de La Mancha.
El gobierno británico debe asumir toda la responsabilidad ante este estado de cosas. La principal diferencia entre Gran Bretaña y Francia a este respecto es que cuando el RU niega una demanda de asilo, este país nunca procede a la deportación. Por consiguiente, y bastante comprensiblemente, los inmigrantes ilegales se deciden por marcharse a un Estado de la UE del que saben casi con toda seguridad que no serán repatriados. Si este estado de cosas no cambia habrá una cantidad ilimitada de jóvenes en el campo de Sangatte intentando cruzar sea como sea el Canal.
Se trata de un problema internacional, pero tiene una solución esencialmente nacional. El gobierno británico debe enmendar su enfoque sobre el asilo. Debe dejar de atender las demandas de asilo cuando el último punto de embarque ha sido un Estado claramente seguro como Francia. De este modo reducirá la presión no sólo sobre el Túnel de La Mancha, sino también por extensión sobre las fronteras del este de Francia, porque hará disminuir el número de inmigrantes que quieren hacer el viaje. Si el gobierno británico no actúa urgentemente aumentará aún más la tensión en el sudeste.
Evans, Robert (PSE).
Señor Presidente, estoy participando en un debate sobre los derechos humanos, aunque le resulte difícil creerlo tras escuchar detenidamente las apasionadas palabras del Sr. Hannan. Lo que aquí debatimos es un asunto concerniente a los derechos humanos. No es un asunto fácil y nadie sugiere que lo sea. No ha pasado a ser urgente debido a sus consecuencias económicas en las empresas o en la industria del transporte de mercancías, con las que me solidarizo enormemente. Se trata de una situación muy grave y desagradable que no mejora la reputación de nadie. Como otros han dicho, preocupa a una elevada cantidad de personas y a los gobiernos -tanto de Francia, como en el RU y en otros países- y las autoridades locales. Es un asunto que mi comisión parlamentaria ha analizado en más de una ocasión. La gente puede retroceder y buscar diferentes razones que expliquen por qué hay tanta gente allí. Rechazo las propuestas harto simplistas e inhumanas del Sr. Hannan. Es una situación que ha empeorado en los últimos años y considero que el problema es mucho más complicado de lo que él supone.
Pero del mismo modo que el Parlamento debe proteger las actividades empresariales y la industria del transporte de mercancías, Europa -no exclusivamente el Reino Unido o Francia- tiene el deber de asistir y proteger a los que buscan refugio. Son gente desesperada. Algunos han huido temiendo por su vida, y debemos poder ofrecerles asilo y darles todas las oportunidades para que lo soliciten.
De esto trata la Convención de Dublín que pretendimos revisar a principios de esta semana en el informe Marinho. Necesitamos una Convención de Dublín que proporcione seguridad a los buscadores de asilo y les dé la oportunidad de solicitarlo en el primer país de la UE al que llegan. A principios de esta semana el otro lado de la Cámara presentó enmiendas sugiriendo que se les debía informar de sus derechos en cualquier lengua, no necesariamente en una lengua que ellos entendieran. Esto no es adecuado y explica por qué en algunas ocasiones las personas se trasladan a otro país.
No se trata de quién apoya qué enmienda y quién no lo hace. Personalmente no tengo problemas con la enmienda nº 2, por la que he sido cuestionado antes. Tenemos que hacer que funcione el sistema por el bien de todas las personas que se mueven por Europa. Tenemos que hacer que sea seguro y operativo para las industrias. Es necesario trabajar para lograr un sistema de asilo común Europeo. Sin él, Europa no funcionará y volveremos una y otra vez a debatir estos problemas. Necesitamos un sistema de asilo común europeo en todos los Estados Miembros que se entienda y funcione. Mis colegas y yo en este lado de la Cámara y otros más trabajaremos duramente en este asunto en los próximos meses.

Berthu (NI).
Señor Presidente, hace dos meses, ya se celebró en este hemiciclo un debate sobre la cuestión de los obstáculos a la circulación en el túnel bajo La Mancha derivados de la presencia de numerosos refugiados en el lado francés que intentan pasar a Gran Bretaña, al parecer para pedir asilo en ese país.
Pero, como este primer debate fue paupérrimo, y hay que reconocerlo, nuestra Conferencia de Presidentes ha decidido sabiamente convocar hoy un segundo debate sobre este mismo asunto. Desgraciadamente, a tenor del proyecto de resolución que se va a someter a votación, parece que va a ser tan insatisfactorio como el anterior.
Así, sin retomar todo lo que dije sobre este tema hace dos meses, y en concreto sobre lo pretencioso de una política de asilo armonizada que supuestamente resolvería todos los problemas, me limitaré a subrayar que en ningún sitio se menciona la verdad pura y dura. Actualmente, la vida de la población francesa de esta región está enrarecida, las actividades económicas se han visto perturbadas, a costa de nuestros vecinos británicos, las empresas ferroviarias se hunden por el peso de los gastos adicionales de seguridad, y todo ello por un simple motivo: la absoluta desidia del gobierno francés, que permite que se acumulen inmigrantes ilegales, a pesar de ser una situación de dominio público, cuando el 90 % de esas personas no tiene ningún derecho a quedarse y debería ser expulsado y devuelto a su lugar de origen.
Si no reaccionamos ante esta nueva forma de inmigración, la situación degenerará rápidamente y será incontrolable. El colmo es que nuestra Asamblea aprobó el martes pasado, hace tres días, un texto que contribuye significativamente a solucionar el problema. Se trata del Reglamento del Consejo que establece los criterios para determinar qué Estados miembros son responsables de una solicitud de asilo, que ha sido objeto del informe Marinho. El Estado responsable es, evidentemente, el Estado de la primera entrada. Pero, además, el artículo 12 que hemos adoptado precisa, y cito, que 'el Estado miembro que ha tolerado conscientemente la presencia irregular de una persona originaria de un país tercero en su territorio durante un periodo superior a dos meses, es responsable del examen de la solicitud de asilo?. Por tanto, en el caso que nos ocupa, no es Gran Bretaña, sino Francia la que es plenamente responsable. Lo mínimo sería que nuestra resolución lo dejara bien claro.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, es evidente que la Comisión está al tanto de todas las dificultades que para la seguridad, para el correcto funcionamiento de la red de transporte ferroviario y para la circulación de mercancías plantean las repetidas intrusiones de inmigrantes ilegales en las infraestructuras de transporte que facilitan el paso desde Calais, en Francia, hasta el Reino Unido. Este fenómeno es fruto de una combinación de factores bastante complejos, cosa que, en mi opinión, ha quedado clara en sus distintas intervenciones, y, al menos desde mi punto de vista, muestra una vez más que la Unión, ahora más que nunca, necesita políticas comunes de inmigración y de asilo. En este punto, me identifico con las palabras de la Sra. Ludford y de la Sra. Roure sobre el tema.
En este contexto, la Comisión ha adoptado ya todas las iniciativas pertinentes en lo que le concierne, presentando ante el Consejo y ante su Parlamento el conjunto de propuestas que son necesarias para garantizar una cierta igualdad de trato entre los Estados miembros, en cuestiones que son evidentemente complejas.
En materia de política de asilo, las propuestas de la Comisión pretenden crear un sistema de asilo europeo equitativo, eficaz y rápido. Propusimos una directiva del Consejo sobre los procedimientos de asilo en septiembre de 2000. Es sabido que numerosos Estados se oponen a la fijación de plazos imperativos en la aplicación de los procedimientos. Por tanto, en las próximas semanas, presentaremos una propuesta revisada, tal y como nos lo ha pedido el Consejo Europeo de Laeken.
En los próximos quince días, su Parlamento debería pronunciarse sobre la propuesta de directiva que la Comisión presentó hace un año para armonizar las condiciones de acogida de los demandantes de asilo. Esta prioridad de la Presidencia española podría ser objeto de un acuerdo político en el Consejo a lo largo de las próximas semanas. Está claro que la tarea será más sencilla si el propio Parlamento se define. Otra propuesta de directiva que se adoptó el pasado mes de septiembre intenta armonizar los conceptos de 'refugiado? y de 'persona que necesita protección internacional?. Debería ser negociada de aquí a 2003. El principal objetivo de todas estas propuestas es reducir lo que podríamos llamar diferencias de presión entre Estados miembros, diferencias que provocan lo que burocráticamente se denomina 'movimientos secundarios debidos a las diferencias en los marcos prácticos y jurídicos en materia de derecho de asilo?. Todas estas iniciativas pretenden también garantizar el acceso a la protección para aquellos que la necesitan, lo cual, de hecho, es particularmente evidente si se respeta a pies juntillas el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados de 1951.
Finalmente, la Comisión ha propuesto también un reglamento sobre la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo que incluye, como el Sr. Berthu ha recordado acertadamente, una cláusula según la cual el Estado miembro que ha tolerado con pleno conocimiento de causa la estancia ilegal de personas de países terceros en su territorio durante más de dos meses, es responsable de analizar la solicitud de asilo de estas personas. Las negociaciones sobre este asunto aún no se han dado por concluidas, aunque el propio Parlamento haya intentado culminarlas, y deberían finalizar a lo largo de la Presidencia danesa. Por tanto, Señor Berthu, en este punto estamos todavía en fase de elaboración del texto.
La Comisión suscribe plenamente el objetivo de desarrollar una aproximación global de la gestión de los fenómenos migratorios, incluida su dimensión externa. Forma parte de los objetivos de la política común de asilo y de inmigración que se establecieron en el Consejo Europeo de Tampere. Además, el próximo lunes retomaremos este tema en Luxemburgo, más concretamente todo lo relativo a la lucha contra la inmigración ilegal. Habrá que sentar las bases de una reflexión profunda sobre la relación entre desarrollo y emigración.
En cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal, el Consejo adoptó un plan de actuación el pasado 28 de febrero, que se basa en gran medida en nuestra propuesta, y que insiste en la importancia de la cooperación con los países de origen y de tránsito. La lucha contra el tráfico de seres humanos y contra las redes de inmigración ilegal es evidentemente prioritaria, y debe ir acompañada de una ayuda para las víctimas que quieran colaborar en las actuaciones penales que se lleven a cabo contra los traficantes. Y, a partir de un Libro Verde sobre la política de expulsión de los residentes ilegales que la Comisión adoptó ayer, vamos a lanzar dentro de muy poco una amplísima consulta sobre este aspecto de la política global de emigración.
Finalmente, y esto da fe de la complejidad del asunto, estamos preparando una comunicación sobre las orientaciones en materia de gestión integrada de las fronteras exteriores.
Más concretamente, centrándonos en la responsabilidad de los transportistas, ésta se encuentra regulada por el Convenio de Schengen, y ha sido perfilada con la adopción de una directiva que pretende armonizar las sanciones aplicables en la materia. No obstante, somos conscientes de que el problema es más amplio, y hemos adoptado varias iniciativas para sentar en la misma mesa a los profesionales, a las administraciones públicas y a las organizaciones humanitarias.
Para concluir, en lo tocante a la situación específica de la terminal de SCNF de Fréthun, en aplicación de la normativa comunitaria, nos hemos dirigido a las autoridades francesas con el fin de pedirles que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías por ferrocarril. Las autoridades francesas nos han comunicado que las obras para incrementar la seguridad de Fréthun ya están prácticamente finalizadas, y que la extensión del muro de protección, la instalación de cámaras de vídeo y de otros equipos están casi terminadas. Se han comprometido a que las obras anunciadas estén concluidas en tiempo útil para que en el mes de junio de 2002, el tráfico pueda recobrar el ritmo normal de antes de octubre de 2001. Por otra parte, hemos comprobado que el número de empleados destinados a la vigilancia del recinto de SNCF se ha reforzado.
El pasado 26 de marzo, en el Consejo 'Transporte?, la Comisión incluyó este punto en el orden del día del Consejo, sobre todo a consecuencia de un cierto número de intervenciones parlamentarias, y con el fin de permitir que los dos ministros más afectados intervinieran, y esto es un eufemismo que utilizo con cierta precaución. En esta ocasión, las dos delegaciones, francesa y británica, afirmaron que se habían puesto de acuerdo sobre las medidas a adoptar para garantizar el retorno a un tráfico normal, con unas condiciones de seguridad normales. Ya que hoy ha cumplido con su deber de vigilancia, la propia Comisión considera, basándose en este acuerdo, que ahora les corresponde a ellos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías. Habrán notado ustedes que he abordado este aspecto de la cuestión - ciertamente importante - sólo después de haber tratado los temas de política de asilo y de inmigración, que evidentemente son los elementos principales de este asunto.

Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, una sociedad que se llama a sí misma civilizada, una sociedad como la europea, que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera, no puede permanecer impasible ante la situación de tantos millones de niños en el mundo privados de los derechos que decimos defender; niños condenados a morir a causa del sida, o por desnutrición, o por falta de asistencia médica, o abocados a vivir en unas condiciones de vida totalmente indignas.
Es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño y el Plan de Acción aprobado en la Cumbre mundial de 1990 intentan garantizar al niño el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero, desgraciadamente, la situación no ha mejorado en absoluto y los niños siguen siendo las principales víctimas de la pobreza y el subdesarrollo, entre otros. Las estadísticas hablan por sí solas y no olvidemos que detrás de cada cifra se esconde el rostro de un niño, unos ojos que nos piden ayuda.
Por ello, de la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas en favor de la infancia que va a celebrarse debe salir, por descontado, el firme compromiso de traducir en hechos las obligaciones que derivan de la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo mecanismos de control para supervisar el grado de cumplimiento de las mismas, en especial en lo que se refiere a la lucha contra los abusos, la explotación y la violencia de que son objeto y para garantizarles el derecho a la educación.
Pero también, y sobre todo, de la Asamblea debe salir el compromiso de adoptar políticas de cooperación al desarrollo y lucha contra la pobreza más coherentes y más generosas, para asegurar a todos los niños el derecho fundamental a unas condiciones de vida dignas. Y, en la medida en que la familia es la principal unidad de la sociedad y a ella corresponde la responsabilidad primordial de proteger y criar a los niños y velar por su desarrollo, es indispensable impulsar también políticas de ayuda a la familia que contribuyan a crear el entorno humano indispensable para que el niño pueda desarrollarse y pueda, el día de mañana, inserirse útilmente en la comunidad de la que forma parte.
Este Parlamento debe dar un mandato claro a la Unión Europea en esta dirección. De ahí que, en nombre del Grupo del PPE-DE, pida a la Cámara que apoye la resolución conjunta que estamos debatiendo y las enmiendas que hemos presentado y que formaban ya parte del texto que este Parlamento aprobó el pasado mes de julio para esta misma sesión de las Naciones Unidas, que debía haberse celebrado en el mes de septiembre; porque, con este voto, haremos de la causa de los niños nuestra causa, la causa del Parlamento Europeo y la causa de la Unión.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera hacer hincapié en la importancia del entorno familiar para los niños. La familia es esencial para dar un hogar y permitir el crecimiento natural de los menores. Por eso quiero subrayar la importancia de que se apruebe la enmienda del Grupo EPP-ED. Valiéndonos de una resolución del 5 de julio de 2001, sostenemos que los niños son las primeras víctimas de las rupturas familiares. Nos referimos también a un borrador de UNICEF en el que se hace hincapié en que "la familia es la unidad social fundamental, siendo su principal responsabilidad la protección, educación y desarrollo de los menores". Queremos subrayar lo que dijimos en el Parlamento Europeo el año pasado, esto es, que el mundo que conviene a los niños debe ser también el mundo que conviene a la familia.
La ruptura de la familia y de la vida familiar es una de las mayores y más graves amenazas y retos en Europa.
En mi país, Suecia, la presidenta del tercer partido mayoritario dijo ante la opinión pública: "Muerte a la familia". El Parlamento Europeo, en cambio, tiene una opinión diferente y hace hincapié en que la familia es la unidad esencial para dar protección y amor a las generaciones futuras. Tal como lo hicimos en 2001, queremos destacar estos valores. Queremos decir al mundo que la denominada Europa moderna aún piensa que la familia es una institución fundamental para dar amor a las nuevas generaciones. Hoy, más que nunca, es necesario entender el significado de la familia.

Beysen (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, hay una frase hecha que dice que los niños valen su peso en oro. Es la típica frase que pronuncian los padres y los abuelos pero a partir de ahora sería bueno que se utilizara hablando de política. La interacción que existe entre padres e hijos en ambos sentidos, esa interacción la deberíamos realizar entre los niños y la política en todos los ámbitos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños han cambiado mucho últimamente porque la convivencia en familia y el reparto de tareas han sufrido muchos cambios. La familia tradicional ya no es la habitual. Los niños reclaman sus derechos y la edad no constituye el factor determinante. Me parece que estas señales de la sociedad las deberían asumir los políticos. Los niños han de ser tratados como interlocutores adultos en la toma de decisiones. Creo que es un deber político que se creen los procedimientos y órganos de consulta adecuados para ello. Sería sumamente importante que se tomara la iniciativa desde el Parlamento Europeo de organizar un foro dentro de los edificios de nuestro Parlamento para los niños de los Estados miembros y para los niños de terceros países.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la infancia será efectivamente un buen momento para hacer balance de los progresos realizados desde 1989, fecha de la declaración del Convenio de los Derechos del Niño. Debe conseguir que los Estados asuman su responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los derechos adquiridos. En este sentido, me alegro de que la resolución proponga la creación de mecanismos destinados a controlar que, en el futuro, los gobiernos respeten estos compromisos.
Me gustaría que esta sesión no fuera una reunión más. Diariamente, los derechos de los niños son mancillados en todos los rincones del planeta: imposibilidad de acceder a la sanidad y a la educación, niños soldados, explotación sexual, pedofilia, tráfico de menores, trabajo infantil, malnutrición. A esta lista, que no es exhaustiva, viene a sumarse la particular discriminación que sufren las niñas en numerosos países: hace un rato, mi colega mencionaba las mutilaciones sexuales de los órganos genitales. Finalmente, los niños son los primeros que sufren en las situaciones de guerra, pero también en las de pobreza y en las de marginación social. Incluso en nuestros propios países, dentro de la Unión, cuántos niños no disfrutan de la atención que les corresponde, ni del entorno que favorece su pleno desarrollo, simplemente porque sus padres son pobres, están socialmente marginados, o son inmigrantes ilegales.
Ya es hora de que hoy reafirmemos el compromiso de la Comunidad Internacional de considerar prioritario el bienestar de la infancia en el mundo entero. La materialización de este compromiso exige recursos financieros. Exige también, en mi opinión, fomentar los derechos de la mujer, condición ineludible para avanzar en la protección de los derechos de la infancia. Europa tiene que jugar aquí un papel muy importante. Tiene que desarrollar la colaboración de las instituciones europeas con las asociaciones y las ONG, con los gobiernos y con las asociaciones de los países candidatos a la ampliación de la Unión. Hay que implicar también a los niños en la adopción de un cierto número de decisiones, en todas las fases del proceso que se consideren adecuadas.
Finalmente, añadiré que necesitamos más coherencia en nuestras pretensiones. Exigirle a los países candidatos, en los que la situación de la infancia es ya de por sí muy difícil, que reduzcan el gasto público, por tanto el gasto en salud y en educación, me parece incompatible con la mejora de los derechos del niño.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, también la Comisión espera con impaciencia la adopción de una Agenda internacional específica para la próxima década, orientada a la infancia y basada en medidas concretas que los dirigentes se comprometerán a respetar en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas del mes que viene.
El plan de actuación contempla cuatro puntos de vital importancia: la salud, la educación, la protección de la infancia y el SIDA - VIH, que ocupan un lugar privilegiado en nuestra cooperación al desarrollo.
La Comisión considera que la asistencia a la infancia más desfavorecida y su protección deben evaluarse dentro del contexto más amplio de la lucha contra la pobreza, y por tanto en el marco de la cooperación al desarrollo que lleva a cabo la Comunidad. Desde esta perspectiva, la infancia supone un objetivo importante para la ayuda exterior, sobre todo en las políticas sectoriales, como la educación o la salud.
En cuanto a la educación, hemos adoptado recientemente una comunicación sobre la educación y la formación en el marco de la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo. Este texto propugna un refuerzo cualitativo y cuantitativo de la ayuda que le concedemos a estos países en materia educativa. Como algunos de ustedes acaban de recordar, nosotros precisamos con este motivo la importancia de un enfoque que le dé prioridad a los derechos.
En lo relativo a los niños implicados en conflictos armados, la ayuda se canaliza también a través de un cierto número de programas que gestiona la Comisión, y en especial por medio de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Además, en 2001, la defensa de los derechos de la infancia era una de las prioridades para la asignación de recursos, y ha sido respetada en las financiaciones previstas para el periodo 2002/2004.
Finalmente, consideramos también que la infancia es una prioridad tangencial en términos de actuaciones derivadas de la ayuda humanitaria. Esto se traduce en proyectos concretos, en actividades de defensa de la infancia desarrolladas dentro de la Unión, y en los esfuerzos realizados para mejorar la respuesta humanitaria de la Comunidad Internacional. Nuestras actividades están en sintonía con los deseos que acaban de ser mencionados, y esto afecta a distintas dimensiones de la actuación exterior e interior de la Unión.

El Presidente. -
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 5.30.

El Presidente. -
El siguiente punto es el debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0204/2002) de Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR sobre la situación en Angola;
(B5-0217/2002) de Cunha y otros, en nombre del Grupo PPE-DE sobre la situación en Angola;
(B5-0220/2002) de Isler Béguin y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre Angola;
(B5-0226/2002) de Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN sobre Angola;
(B5-0230/2002) de Miranda, Ainardi, Vinci y Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre la situación en Angola.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más Angola vuelve a merecer la atención del Parlamento Europeo: hoy, por mejores razones que las que obligaron a hablar sobre Angola en este hemiciclo la última vez. Toda la comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, debe decir con claridad que esperamos de todas las partes que hagan todo lo posible para que este proceso de paz sea definitivo e irreversible. Estuvo bien el Gobierno de Angola cuando mandó interrumpir todas las medidas militares ofensivas y estuvieron bien los dirigentes políticos y las jefaturas militares de UNITA. Todos revelaron capacidad de diálogo que conviene subrayar y aplaudir.
Ahora urge crear los fundamentos de una vida democrática en común. Hay que desmilitarizar fuerzas y ampliar la Administración del Estado a todo el territorio. Hay que integrar a UNITA en la vida democrática. Hay que establecer las condiciones para que el Estado de derecho democrático cree sus raíces, respetando los derechos de oposición, la libertad de prensa, fortaleciendo la transparencia de los poderes públicos, luchando contra la corrupción y la arbitrariedad y luchando contra la pobreza y la exclusión social y fomentando el desarrollo del país en un ambiente de paz.
Es urgente reintegrar a la normalidad de la vida civil a quienes antes se dedicaban a la guerra y realojar a todos los que fueron desplazados de sus tierras por la violencia de la guerra civil. Después de crear las condiciones necesarias, se deben organizar elecciones. Quiero hacer también un llamamiento a todas las partes para que se comprometan con vistas al rápido esclarecimiento de la situación de los niños portugueses desaparecidos desde hace meses. Nuestras palabras son, por tanto, de estímulo a la buena fe de todas las partes y de apuesta por la capacidad y la determinación de los angolanos. ¡Que incluso, a estos millares de kilómetros de distancia, en Luanda, se oiga nuestra voz! ¡Buena suerte, Angola!

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, hacía ya demasiado tiempo que la vida en Angola parecía una caricatura, una caricatura de un país que una brutal descolonización había abandonado a su suerte, de un país africano gangrenado por un conflicto civil interminable entre facciones fratricidas, y de una población civil minada por la miseria y por las desgracias, sobreviviendo en una tierra que, a pesar de todo, rebosa petróleo, y caminando con sus pies descalzos sobre minas de diamantes.
Angola había quedado reducida a una lamentable caricatura, y su población estaba viviendo un infierno. Sin embargo, tras el asesinato a balazos del cabecilla de la Unita, Jonas Savimbi, renació la esperanza en esta tierra mártir. El nuevo diálogo que se entabló inmediatamente entre el gobierno y los representantes de la Unita, fruto de un deseo común de pacificación, recibe el apoyo de toda la Comunidad Internacional. Este momento crucial va a hacer historia para los angoleños. Angola podrá convertirse en un modelo de reconciliación nacional, de normalización y de retorno al Estado de derecho. En una palabra: este país podría devolverle la vida a su pueblo.
Angola se ha dotado de los medios y está haciendo los esfuerzos necesarios para cohesionar de nuevo a su población y para sentar una vez más las bases de su sociedad. La naturaleza ha dotado a este país de recursos y de riquezas capaces de librarle de la necesidad y de garantizarle las mejores condiciones de vida en la tierra. Contando con nosotros, con la movilización de toda la Comunidad Internacional, y sobre todo con el apoyo plural de la Unión, Angola podrá reconciliarse con su futuro.
La Unión ya no tiene la excusa del peligro de la lucha armada y, de ahora en adelante, puede aportar su ayuda alimentaria a la población hambrienta. No hay discípulo más necesitado ni más deseoso de seguir las reglas democráticas y de acatar el respeto a los derechos humanos propuestos por la Unión Europea. No hay mejor ejemplo que el de nuestra historia europea para evitarle a Angola las ansias del neocolonialismo, y para guiarla, con total transparencia e independencia, por la senda de un desarrollo sostenible de su economía y de la emancipación de su pueblo.

Miranda (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, hay motivos suficientes para afrontar nuestro debate de hoy sobre la situación en Angola con un grado de optimismo y esperanza mucho mayor que en anteriores debates. La rápida evolución y las perspectivas positivas que se le brindan actualmente al país y al pueblo angolano permiten, en efecto, un planteamiento diferente de la situación del país, ahora fundamentalmente orientada a la adopción de medidas que permitan la consolidación de la paz y la reconstrucción, el desarrollo y el progreso de un país y de un pueblo martirizado por decenios de guerra.
Y, en esta ocasión, convendría subrayar y aplaudir los enormes pasos dados ya en este corto período de tiempo, desde la muerte de Jonas Savimbi. Acogemos con particular beneplácito el significado y el alcance del memorando de entendimiento, firmado el 30 de marzo en el marco y como complemento del Protocolo de Lusaka, además de la amnistía propuesta por el Gobierno y aprobada el 3 de abril por la Asamblea Nacional, como también la firma oficial de alto el fuego, el 4 de abril, por las fuerzas armadas angolanas y la UNITA, medidas que, junto con el programa de emergencia presentado por el Gobierno y orientado al regreso de cuatro millones de desplazados a sus regiones de origen, a la reintegración de los 150.000 desmovilizados y ex combatientes y a la integración de 100.000 mutilados y 50.000 niños huérfanos de guerra, constituyen el marco fundamental para el lanzamiento del país a una nueva era.
Pero, para que esa nueva era sea una realidad sin retorno, ahora, más que nunca, es necesario el concurso y el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales angolanas a fin de garantizar la movilización de recursos y voluntades capaces e indispensables para el nuevo país que parece querer renacer. Y, en ese marco y simultáneamente con el indispensable y definitivo cese de la actividad militar de la UNITA y con su total desmilitarización, conviene garantizar e incentivar también su completa integración en la normal vida política angolana como partido político no armado.
Y resulta decisiva también la contribución activa y positiva de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, con vistas, desde luego, a la urgente ayuda humanitaria a la población angolana y, de forma general, a la reconstrucción del país. Por lo que se refiere a la Unión Europea, y teniendo en cuenta el estado de debilidad y destrucción de aquel país y el enorme esfuerzo de reconstrucción y rehabilitación que es imperioso desarrollar y también la importancia que dicho país adquiere en el marco regional, están perfectamente justificados un apoyo y una atención especiales y tal vez incluso la adopción de un programa específico de ayuda para la consolidación de la paz y la reconstrucción de Angola.
La evolución de la situación es alentadora. Las medidas y los instrumentos ya adoptados se presentan como orientados en una buena dirección. La propia perspectiva de celebración de elecciones, ya antes anunciada, indica la voluntad de seguir el camino de la normalización política, aunque no esté exento de dificultades y escollos. Es un momento de optimismo y toda nuestra acción debe ir determinada por el apoyo sin límites a la materialización de la esperanza que los angolanos abriguen en el día de hoy.

Lage (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento Europeo, al conceder no hace mucho el Premio Sajarov al arzobispo angolano Zacarias Camuenho, quiso apoyar la lucha de todos los que en Angola trabajaban por la paz y contra la lógica implacable de la violencia y la guerra. Mal podíamos entonces imaginar que los acontecimientos se precipitarían de tal modo, que hoy surgieran grandes esperanzas de paz y reconciliación en aquel martirizado país. La concesión de dicho premio contribuyó sin duda a fortalecer el espíritu y las exigencias de paz que impuso a todos después de la desaparición del jefe de la UNITA.
Angola está ahora saliendo de esa trágica categoría de países a los que se ha dado en llamar "de guerra sin fin" y entrar en un período de construcción de una paz duradera. Con eso toda la Humanidad se debe congratular, en particular todos cuantos aman a Angola y sienten una infinita piedad por los inenarrables sufrimientos de su pueblo, víctima durante decenios de un combate encarnizado entre las dos facciones en lucha por el poder. En Angola sólo hay héroes y mártires entre su pueblo anónimo, ¡nada más! Este pueblo extraordinario tiene ahora derecho a la paz, a la libertad, a la democracia y al progreso. Tiene derecho al pan y la libertad. Tiene derecho al futuro. Sólo así podrían materializarse por fin las enormes esperanzas suscitadas por la descolonización y la independencia. Ahora más que nunca, la comunidad internacional debe solidaridad moral y material al pueblo angolano. Hay millares y millares de niños abandonados o desaparecidos. Y a ese respecto tampoco podemos dejar de reclamar la verdad sobre las jóvenes vidas de dos portugueses desaparecidos recientemente en una brutal emboscada y sobre los cuales reina un gran misterio. Hay en Angola millares y millares de mutilados y millones de desplazados. Todos esperan una solución para sus dramas. La paz recuperada y la reconstrucción de Angola habrá de dar respuesta a esta situación de verdadera catástrofe humana. Las condiciones de paz y democracia sólo se conseguirán de verdad en Angola cuando acabe el monopolio del poder y la diversidad de las corrientes políticas pueda expresarse sin vacilaciones ni temores, cuando se democratice de verdad el poder y cuando haya una distribución de los recursos justa y equitativa. Debemos ser optimistas y prudentes a un tiempo. Optimistas porque Angola está ahora en el buen camino, prudentes y vigilantes para que no haya tergiversaciones y retrocesos. Nos extraña, en particular, que voces de figuras prestigiadas entre intelectuales, religiosos y políticos independientes se hayan vuelto demasiado discretas. De hecho, sin el pleno surgimiento de la sociedad civil en Angola, todo puede ser más frágil, limitado e incierto. En todo caso, es hora de decir: ¡viva Angola!

Lamy
. (FR) Señor Presidente, como todos los diputados que acaban de intervenir, la Comisión piensa que la firma de un alto el fuego por parte de las fuerzas armadas angoleñas y de la Unita es por fin una buena noticia. Consideramos adecuada la declaración del gobierno angoleño que autoriza a la Unita a convertirse en un interlocutor viable, con un espacio propio en la escena política, y que le concede el tiempo necesario para reorganizarse. Animamos a las dos partes a adoptar todas las medidas necesarias para integrar en los debates a todos los estamentos de la sociedad civil angoleña, incluidos los representantes religiosos, que han desempeñado un papel activo en este proceso - tal y como lo acaba de subrayar el Sr. Lage -, con el fin de alcanzar una reconciliación nacional y de instaurar de una vez por todas una paz duradera.
En cuanto a la ayuda humanitaria - mencionada por el Sr. Miranda -, brindamos una importante ayuda humanitaria a la población desplazada en el interior de Angola, y le rogamos encarecidamente al gobierno que tome medidas adicionales para facilitar la llegada de la ayuda de emergencia a zonas que, hasta la fecha, son inaccesibles. Animamos igualmente al gobierno a que considere prioritarias sus negociaciones con la Unita, por encima de la extensión de esta ayuda humanitaria a todo el territorio nacional.
Somos plenamente conscientes de que la presencia de minas terrestres y anti-personas representa un obstáculo considerable para el envío de la ayuda humanitaria, para la reubicación de la población desplazada y para las distintas operaciones de reconstrucción. Desde este punto de vista, el refuerzo de la seguridad 'in situ? es lo que nos permitirá realizar, a través de organizaciones especializadas, todas las operaciones inherentes a la limpieza de minas, a las que ya se han destinado importantes recursos financieros.
En el plano de los derechos políticos, le pedimos al gobierno angoleño que consolide la democracia, mejorando la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Esta es una condición previa indispensable para la consecución de una paz duradera. Los grandes grupos de derechos políticos, así como la libre circulación de personas, la reforma del derecho constitucional, la reforma de la legislación electoral, y el censo de la población, elementos todos ellos basados en el alto el fuego, serán determinantes para la futura celebración de elecciones libres dentro de la legalidad. Estamos dispuestos a apoyar la celebración de elecciones en cuanto las condiciones del país lo permitan.
En cuanto a la estrategia de los próximos años, está siendo actualmente debatida, tanto con el gobierno y la sociedad civil como en el seno de la Comisión y de la Unión. Intentamos hacer lo posible por garantizar, a través de esta estrategia, un vínculo muy estrecho, muy permanente y muy coherente entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, que son los tres problemas a los que nos enfrentamos. Habrá que destinar importantes recursos financieros al reasentamiento de las personas desplazadas, incluso bajo la modalidad de micro-proyectos, así como a la recuperación de los medios de producción agrícola y de las estructuras ganaderas, con el fin de garantizar la paulatina recuperación socioeconómica de las zonas que se han visto afectadas por el conflicto. Por experiencia, todos sabemos que estas zonas son material altamente sensible para la cirugía del desarrollo, cuando han sido víctimas de conflictos, y cuando están tan minadas como en este caso.
Por descontado, vamos a seguir proporcionando ayuda para la sanidad, la educación y el refuerzo de las capacidades de las administraciones provinciales que, en definitiva, serán las encargadas de crear y de preservar las estructuras, los sistemas y los entramados sociales y locales.
Finalmente, también hemos considerado una buena noticia la intención que ha manifestado el gobierno angoleño de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país. Estamos convencidos de que hay que tener en cuenta a todos los grupos sociales en el proyecto de reconstrucción que se elabore, proyecto que estamos dispuestos a seguir apoyando, siempre que, por supuesto, podamos valorarlo positivamente.

El Presidente. -
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 5.30 p.m.

El Presidente. -
El siguiente punto es el debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0218/2002) de Fernández Martín y otros, en nombre del Grupo PPE-DE sobre las inundaciones en Santa Cruz de Tenerife;
(B5-0231/2002) de Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL sobre las lluvias torrenciales en Tenerife y el cambio climático;
(B5-0237/2002) de Medina Ortega y otros, en nombre del Grupo PSE sobre las lluvias torrenciales en Tenerife y el Levante español y el cambio climático.

Pomés Ruiz (PPE-DE).
Señor Presidente, el pasado 31 de marzo, en cuestión de dos horas cayeron sobre Santa Cruz de Tenerife, en la Islas Canarias (España), 224 litros/m2, una gran tromba de agua que ha producido innumerables pérdidas.
Estos cambios climáticos también se hicieron notar en la Comunidad Valenciana, donde comarcas como la Marina y la Safor también sufrieron gravísimas pérdidas. La población local y vecinos europeos prestaron su solidaridad, así como los cuerpos de bomberos y sanitarios, la policía, el Gobierno regional y el Gobierno de España.
Creo que este Parlamento tiene que ser sensible con la pérdida de vidas humanas, la pérdida de más de 400 viviendas y pedir a la Comisión que ayude también económicamente, que aporte la solidaridad europea con las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, que han sufrido unas devastadoras consecuencias del cambio climático que últimamente tanto está afectando al Mediterráneo y, en este caso, también a las Islas Canarias.
Por lo tanto, pedimos la solidaridad de la Comisión y preguntaremos al Comisario qué se puede hacer. Por ejemplo, grandes infraestructuras que se estaban desarrollando en Santa Cruz de Tenerife, fruto del programa Urban, han sido destruidas, hay que recomenzarlas. Obviamente habrá que revisar los presupuestos porque lo que estaba hecho -en este caso con cargo a dotaciones comunitarias- se ha perdido.
Desgraciadamente, debemos transmitir nuestra condolencia a los familiares de las víctimas mortales y de todos los heridos que ha causado esta riada pero, a continuación, a Dios rogando y con el mazo dando, tendremos que aportar también presupuestariamente las medidas oportunas que puedan mostrar con cifras la solidaridad de todos los europeos por los daños a familias, a bienes y a infraestructuras en estas dos regiones de España.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, creo que el Sr. Pomés ha expuesto la situación: unas lluvias torrenciales en Canarias y en el Sudeste de España, que han producido daños importantes, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con 8 muertos y 400 viviendas, muchos automóviles y propiedades particulares destruidos.
Desde el punto de vista comunitario, lo que más resalta -desde luego- es el elemento del cambio climático, que incluimos en nuestra propuesta de resolución común, y la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo de Kioto, al objeto de conseguir que este cambio climático deje de producir los daños que produce en la actualidad, que todavía pueden hacerse mayores.
Debemos tener en cuenta que en materia de edificación y de construcción local la competencia es nacional, regional y local. La incidencia, desde el punto de vista comunitario, se encuentra en que, precisamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la Unión Europea ha tenido la generosidad de hacer una importante contribución económica para el plan Urban. En este momento, la cuestión que se plantea es que, sin poner en duda la utilización adecuada de esos fondos y su ajuste a las consideraciones ambientales, está claro que se nos está escapando el hecho de que el desarrollo urbanístico en zonas insulares como ésta de Canarias y en otras regiones ultraperiféricas lleva a lo que podríamos llamar una utilización abusiva del suelo, sin tener en cuenta otro tipo de consideraciones.
Quizás la lección que podamos sacar de este tipo de acontecimientos es que en este momento la Unión Europea dispone ya de un importante caudal de conocimientos sobre la edificación en zonas expuestas a inundaciones de carácter catastrófico, no sólo en España, sino en Francia, Inglaterra, Alemania, prácticamente en toda la Comunidad. Sin olvidar que el tema es fundamentalmente de competencia nacional, éste es un campo en el que la Unión Europea podría contribuir al bienestar del conjunto de sus ciudadanos utilizando estas experiencias y viendo en qué medida sus ayudas a proyectos como los proyectos Urban pueden ser utilizadas de una manera más eficaz.
Para ello, al abordar por ejemplo el plan Urban sobre una población determinada, no debemos limitarnos a lo que podríamos llamar los caracteres puramente ornamentales exteriores, sino ver qué incidencia tiene ese tipo de planes sobre el conjunto de la situación. Concretamente, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad edificada sobre barrancos, que han sido cegados, se ha ido construyendo como consecuencia de la presión demográfica y de la necesidad de utilizar el territorio. Probablemente habría sido útil que en los estudios previos a la realización del plan Urban se hubieran tenido en cuenta ese otro tipo de consecuencias.
Siempre, desde luego, es mucho más fácil dar lecciones desde la experiencia y lo que no podemos hacer es rehacer el pasado, pero teniendo en cuenta que todavía el plan Urban está en marcha y que la Unión Europea puede haber sacado experiencias de esta situación, yo pediría a los servicios de la Comisión que aprovecharan la ocasión para ver en qué medida las ayudas comunitarias pudieron haber evitado este tipo de catástrofes y éstas podrían servir como ejemplo para otro tipo de proyectos en el futuro.

Nicholson (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría expresar mi solidaridad con los afectados. Cualquiera que haya visto los efectos de las inundaciones, como hemos visto en muchas regiones de la Unión Europea, sabe lo devastadoras que pueden ser, no sólo con la infraestructura, sino con la vida y, de hecho, con las carreteras y los edificios, como acaba de mencionar el orador anterior.
Pero también debemos analizar los efectos de mayor alcance. La gente dice que las inundaciones son catástrofes que escapan al control humano. Quiero ir más allá y abordar la situación del cambio climático, que no se puede ignorar ni a corto ni a largo plazo. Debemos aumentar nuestros esfuerzos no sólo para llegar a un acuerdo, sino para animar a los que no cooperan y no están dispuestos a cooperar con la Unión Europea. Hemos visto las consecuencias de Kyoto, donde ciertas grandes naciones decidieron no apoyar la posición que adoptó la Unión Europea.
Urjo a muchas de estas grandes naciones a apoyar lo que la Unión Europea está intentando lograr respecto al cambio climático para mejorar la situación. Debemos también aclarar que estamos dispuestos a condenar a esas grandes naciones que creen que pueden hacer lo que quieran sin pensar en los efectos sobre las demás. No sólo hablamos de los Estados Unidos -que es el que mueve primero en esta cuestión- sino también de otros países como Australia y países del Este de Europa donde este problema requiere ser abordado.
Su posición es deplorable. Debemos preguntarnos cuánto tiempo más vamos a seguir permitiendo a la gente que perturbe las selvas tropicales y destruya el equilibrio que ha existido durante tanto tiempo.
Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera, en primer lugar, recordar que las regiones ultraperiféricas están situadas en zonas donde los ciudadanos conviven con ciclones caribeños y con borrascas oceánicas, por eso no deben extrañarnos algunas catástrofes naturales en dichas regiones, como la ocurrida precisamente en Tenerife, una isla del archipiélago Canario, donde afortunadamente vivimos algunos diputados de esta Cámara, que se vio afectada por unas graves lluvias torrenciales.
Desgraciadamente, el 31 de marzo pasado, Santa Cruz de Tenerife, una de las capitales de las Islas Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, Objetivo 1 y que tiene obras incluidas en la Iniciativa Urban -como acaba de señalarse- sufrió una catástrofe natural de dimensiones brutales. En sólo dos horas, una precipitación puntual de más de 200 litros/m2 inundó la capital. Miles de ciudadanos, cientos de viviendas y locales comerciales, miles de vehículos y una gran parte de la infraestructura pública se vieron afectadas por las devastadoras consecuencias del temporal. Pero el hecho más triste fue el fallecimiento de ocho personas. A estas desgracias personales se unieron pérdidas materiales cuantiosas, que han sido valoradas en más de 100 millones de euros. Por ello, se ha iniciado una campaña social para reparar los daños producidos y para que Santa Cruz de Tenerife siga siendo una ciudad habitable. Afortunadamente, la ciudad se está recuperando gracias a la solidaridad y al esfuerzo colectivos y confía en el apoyo oficial de las administraciones públicas canarias.
No obstante, entendemos que también la Comisión debe adoptar una serie de medidas en coordinación con las citadas autoridades para contribuir, con carácter excepcional, a paliar dichos daños y para que, de esta manera, la ciudadanía canaria pueda sentir que las instituciones europeas están próximas en momentos difíciles. Esto se aplica también al caso de la Comunidad Valenciana.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, al igual que a usted, a la Comisión le han sorprendido las consecuencias de las lluvias torrenciales que el pasado 31 de marzo castigaron a las Islas Canarias y a Alicante. Compartimos la consternación de las familias que han sufrido pérdidas humanas por culpa de esta catástrofe, y lamentamos profundamente los daños ocasionados.
En nombre de la Comisión, puedo confirmarle nuestra intención de recurrir a todas las medidas disponibles en el ámbito de la política regional, de la Política Agraria Común y de la política de desarrollo rural para facilitar la reconstrucción de las zonas devastadas y la recuperación de las actividades productivas.
En cuanto a la política regional, durante el periodo 2000-2006, las zonas afectadas, tanto en Canarias como en la región de Alicante, son catalogables en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales. Además, en el marco de los comités de seguimiento de los programas operativos del FEDER, la Comisión va a estudiar junto con las autoridades españolas, como usted ha dicho, la posibilidad de reorientar eventualmente recursos disponibles de estos programas a la reconstrucción de las infraestructuras que han sido dañadas por estas lluvias torrenciales.
Pasando a la política de desarrollo rural, que está co-financiada a título del FEOGA-Orientación en las regiones de Objetivo 1, la medida del Programa Operativo Integrado para las Islas Canarias relativa a la conservación de los paisajes y de la economía agrícola contempla, entre otras cosas, actuaciones preventivas y correctoras de los procesos de erosión del suelo, actuaciones de defensa y de prevención de los eventuales daños, así como labores de reconstitución y de regeneración de los ecosistemas. Para este dispositivo en su conjunto, existe un presupuesto comunitario de más de 20 millones de euros, y dentro de la política de desarrollo rural, la Comunidad Valenciana disfruta, gracias al Programa Operativo Integrado, de una medida destinada a la silvicultura; esta medida prevé concretamente la reconstitución del potencial forestal tras las catástrofes naturales, así como instrumentos de prevención. A este respecto, hay una dotación comunitaria de más de 13 millones de euros y, al igual que en el FEDER, llegado el caso, le corresponde a las autoridades españolas reorientar sus prioridades dentro de la partida prevista por el programa para paliar las consecuencias de esta catástrofe.
En lo relativo a la intervención del Sr. Medina Ortega, por desgracia estas inundaciones súbitas que se han producido son un fenómeno bastante frecuente en las regiones mediterráneas o en las zonas costeras, y por ello hemos desarrollado junto con los Estados miembros varios proyectos concretos sobre esta cuestión, cuyos resultados nos permitirán determinar si es conveniente adoptar orientaciones sobre la atenuación de estas inundaciones súbitas en el marco de programas de actuación comunitarios.
En general, y con los datos científicos de que disponemos actualmente, es imposible establecer una relación directa entre estas perturbaciones meteorológicas y el cambio climático. Sin embargo, creemos que este cambio climático es la amenaza ecológica más importante de todas las que debemos afrontar, y, a este respecto, los acuerdos alcanzados en Bonn y en Marrakech son un paso adelante para la adopción de un enfoque multilateral en la lucha contra el cambio climático. Como acaban de recordarnos, este avance le ha permitido a la Unión y a los países terceros obtener elementos técnicos que les permiten ratificar el Protocolo de Kyoto. Como ustedes saben, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó a principios del pasado mes de marzo la decisión de ratificar este Protocolo de Kyoto, y todos juntos vamos a intentar presentar los instrumentos de ratificación de este Protocolo antes del 1 de junio, es decir, antes de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Este será el símbolo del liderazgo que la Unión se ha reservado en este tema, y también de cara a la Cumbre de Johannesburgo.

El Presidente. -
El debate conjunto queda cerrado.
(Se suspende la sesión hasta las 5.30 p.m., queda pendiente la votación)

MacCormick (Verts/ALE)
. (EN) Ya he manifestado a esta Cámara la vital importancia del Túnel de La Mancha para la industria de Escocia y para la viabilidad del Eurocentral en Motherwell, en el extremo geográfico más septentrional de una red transeuropea. Debemos lograr que el túnel vuelva a plantearse como una cuestión urgente. Esta resolución podría ser incluso más dura, pero aún así le doy mi más sincero apoyo.
Posselt (PPE-DE). -
No quisiera manifestarme sobre este punto, sino sobre el Reglamento y dirigir una llamada a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes respecto de la economía de la sesión. Señor Presidente, el martes, por estar tan lleno el orden del día, se suprimió, en realidad en contra de los acuerdos y del Reglamento, el turno de preguntas. El miércoles, ayer, el turno de preguntas al Consejo sufrió un recorte de 35 minutos porque el orden del día estaba muy lleno. Hoy hemos tenido un orden del día más desahogado y ya hemos terminado a las 17.36 horas. Quisiera pedir una mejor economía de la sesión. Hoy no somos menos numerosos que en las últimas sesiones, cuando la sesión del jueves que se extendía hasta las 18.30 horas. No somos menos numerosos que cuando estábamos aquí el viernes, o quizá sí, y no somos menos numerosos que los que mañana, viernes, estemos aún aquí. Por consiguiente, pido que en el futuro se aproveche la tarde del jueves de manera más intensiva que ahora y que se proceda con arreglo al principio siguiente: los que se marchen, que carguen con las consecuencias.
El Presidente. -
La Conferencia de Presidentes ha dejado a mi discreción la organización de la agenda del Martes a la luz de la disponibilidad del Sr. Solana antes de que marche a Madrid. A pesar de las consecuencias que usted describe, la Cámara entiende que esta es la mejor opción política de momento.

El Presidente. -
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo.

