

El Presidente
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre libertad, seguridad y justicia, así como sobre inmigración, cuestiones todas ellas de candente actualidad, sobre todo después de la repercusión que han tenido las reuniones celebradas en Tampere este fin de semana.
Se trata:
- de la pregunta oral al Consejo sobre los progresos realizados en el espacio de libertad, seguridad y justicia (artículos 2 y 39 del Tratado de la Unión Europea), presentada por Jean-Marie Cavada, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (O-0086/2006 - B6-0428/2006), y
- de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la política común de inmigración.
Jean-Marie Cavada (ALDE ),
   . – Señor Presidente, señor Rajamäki, señor Frattini, Señorías, antes de responder a la pregunta oral, permítanme que le dé las gracias públicamente, señor Rajamäki, por organizar la reunión ministerial de Tampere, que se ha desarrollado en unas condiciones realmente excelentes.
Como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tengo interés en manifestar el firme apoyo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Presidencia y de la Comisión de activar la cláusula pasarela prevista en el artículo 42 del Tratado. Esta cláusula pasarela, repito, se creó en el mismo momento en que se confió a la Unión Europea la misión de favorecer la cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad, es decir, cuando se elaboró el Tratado de Maastricht de 1992. No se fijó ningún plazo para la activación de dicha cláusula. En términos generales, basta con que se reúnan las condiciones políticas adecuadas y la confianza recíproca para que se tome esta decisión. 
Sorprendentemente, hasta ahora la cláusula pasarela nunca se ha activado, porque con el Tratado de Amsterdam se decidió trasladar directamente al procedimiento legislativo ordinario las políticas de asilo e inmigración y la cooperación judicial en asuntos civiles, y después, con el Tratado de Niza, se facilitó el traspaso al procedimiento de codecisión de las políticas que se habían comunitarizado. Pero la cooperación policial y judicial en materia penal quedó excluida del ámbito de esta comunitarización.
A partir de ahí se plantea la cuestión de saber si, catorce años después del Tratado de Maastricht, se reúnen por fin las condiciones políticas, en forma de confianza mutua, para que los Estados miembros acepten aplicar a este ámbito de cooperación tan sensible el procedimiento de toma de decisiones normal previsto desde Maastricht.
Para el Parlamento Europeo, la respuesta es claramente afirmativa, y ello por tres razones. La activación de la cláusula pasarela permitiría, en primer lugar, reducir el déficit democrático; en segundo lugar, reforzar el Estado de Derecho y, por último, mejorar la efectividad de la toma de decisiones. 
Examinemos rápidamente esos tres puntos. Por lo que respecta al déficit democrático, me parece indispensable reforzar el principio democrático según el cual todos los actos de la Unión, sobre todo los que afecten a los derechos y las libertades de las personas, deben adoptarse en asociación con los representantes de los ciudadanos. Existe un déficit grave cuando no es así.
A los partidarios del , que pretenden que este principio democrático no está ausente del tercer pilar, puesto que los Gobiernos actúan bajo el control de sus Parlamentos nacionales, quisiera responder claramente esto: ¿puede alguien sostener sinceramente que el control parlamentario nacional es suficiente para garantizar el equilibrio democrático cuando se adoptan decisiones, no a escala de una nación, sino de la Unión? Por otra parte, ¿qué pasa entonces con los casos en que no existe dicho control parlamentario, como va a suceder en particular con la renegociación los acuerdos con los Estados Unidos relativos, en particular, a los registros de nombres de pasajeros (PNR), una cuestión extremadamente seria que se decidirá al margen de cualquier control democrático?
Pasemos a la segunda razón, que reside en el principio del refuerzo del Estado de Derecho. Según este principio, todo acto legislativo debe poder someterse a un control de legalidad por parte de un juez. Lógicamente, para la legislación de la UE, dicho juez debería ser el del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. Pero el artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el artículo 35 del Tratado de la Unión Europea introducen tales limitaciones a la competencia de esta jurisdicción que los propios jueces han emitido dudas sobre el respeto del principio del Estado de Derecho para determinados actos legislativos del segundo y tercer pilar. Hay que resolver, pues, esta cuestión.
Veamos, por último, el tercer punto, que es la eficacia de la toma de decisiones. El mantenimiento de la unanimidad impide una toma de decisiones rápida y eficaz, como todos sabemos, y ello incluso cuando la gravedad que las amenazas que se ciernen sobre la UE desde los atentados del 11 de septiembre, los de Madrid y Londres reclaman mucha más rapidez y celeridad en el proceso de toma de decisiones.
Una vez constatados estos tres puntos débiles –difícilmente cuestionables de forma objetiva–, ¿cómo se puede seguir justificando el aplazamiento de una decisión que habría podido tomarse hace ya diez años? Algunos alegan, señor Presidente, que esta cuestión debería resolverse en el marco de la negociación de un nuevo Tratado Constitucional. Es una esperanza, pero ¿podemos permitirnos esperar el resultado de todo ese proceso, que va a durar por lo menos dos o tres años, cuando las amenazas para la seguridad y el control sobre las libertades son permanentes? Sin duda, la cláusula pasarela exigirá la ratificación de los Parlamentos nacionales y ello podría permitir a los más reticentes ganar algún tiempo. Pero esta dificultad puede superarse con un diálogo más profundo con los Parlamentos nacionales, a los que recibiremos, en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, los días 3 y 4 de octubre próximos, es decir, la semana que viene, en un gran encuentro interparlamentario en el que tenemos muchas esperanzas de convencerles.
Kari Rajamäki,
   . Señor Presidente, Señorías, antes de nada les traigo saludos de Tampere y de mi colega Leena Luhtanen. Quiero empezar dando las gracias al señor Cavada y al señor Gargani por su gran aportación en Tampere. En Tampere celebramos debates abiertos y concretos sobre el desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia. En Tampere hablamos también de ciclismo y el Comisario Frattini dijo que tenemos que seguir pedaleando para no caernos. Algo parecido le ocurre a la Unión Europea. Algunos de mis colegas más críticos dijeron que seguramente podríamos parar la bicicleta sin ningún riesgo, e incluso poner un pie en el suelo para apoyarnos. Finalmente tuve que decir que cuando se sale la cadena, resulta difícil seguir pedaleando. Quizá deberíamos adoptar la filosofía que el señor Cavada parecía abrazar en lo que fue una intervención excelente.
La cooperación dentro de la Unión Europea es importante para reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. En este sentido, es crucial la capacidad de la Unión Europea para funcionar, tomar decisiones rápidas y responder a los retos en su entorno operativo.
La línea política emprendida en el Consejo Europeo de Tampere en 1999 significa que tienen que seguir existiendo altos niveles de cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. La Presidencia finlandesa quiere promover el nuevo espíritu de Tampere.
La protección de los derechos fundamentales es una prioridad. Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y el trabajo del Consejo demuestra constantemente la importancia de garantizar el respeto de los principios que establece. Eso se aplica también, por supuesto, a cuestiones tan delicadas como la lucha contra el terrorismo. Quiero insistir en que estos valores son reconocidos en todos los ámbitos, tanto en la acción interna como en las relaciones con terceros países. La creación de Agencia Europea de Derechos Fundamentales está recibiendo una especial atención. Los debates en torno a un Reglamento del Consejo por el que se cree la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europa propuesta han comenzado y el trabajo ha alcanzado ya una fase importante. La Presidencia Finlandesa hará un esfuerzo decidido para que esa agencia se cree antes de principios del año que viene.
Una cuestión importante que se ha planteado es si la Agencia debe o no actuar en ámbitos actualmente acogidos al Título VI del Tratado de la Unión Europea. La Presidencia quiere prestar una especial atención al examen de las competencias de la Agencia en el marco del tercer pilar. A este respecto, esperamos que los Estados miembros se muestren flexibles y podamos encontrar una solución que satisfaga a todos.
El pasado otoño mantuvimos conversaciones muy constructivas en torno a la Directiva sobre la retención de datos, en lo que era una difícil situación, para examinar sus aspectos técnicos, jurídicos y financieros. En seguida nos encontramos en situación de poder responder a las principales cuestiones planteadas por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Creo que se trata de un espléndido ejemplo de cómo pueden tomarse decisiones por mayoría cualificada, teniendo al mismo tiempo como objetivo el consenso. Siguiendo ese ejemplo, queremos que se apruebe lo antes posible la Decisión marco sobre la protección de datos personales dentro del tercer pilar. Queremos concluir la primera lectura de la propuesta durante este mandato de seis meses. El Consejo está ahora considerando a fondo la opinión que el Parlamento Europeo tiene de esta propuesta.
La eliminación de controles en las fronteras interiores –es decir, la ampliación del espacio Schengen– es un objetivo político importante para la creación de un espacio de libertad en la Unión Europea. El proceso de evaluación de Schengen iniciado a principios de este año ha hecho ya posible realizar evaluaciones detalladas de la cooperación en materia policial y de visados en los nuevos Estados miembros, así como de la protección de datos en las fronteras terrestres y marítimas y en los aeropuertos.
Los nuevos Estados miembros tienen que cumplir todas las condiciones para aplicar el acervo de Schengen. Esto implica también la existencia de un Sistema de Información de Schengen viable.
Las inspecciones previstas para este año están ya en marcha. En diciembre evaluaremos sus resultados y decidiremos sobre la necesidad de adoptar medidas adicionales. Hace algún tiempo recibimos un informe de la Comisión sobre el retraso en el progreso técnico del sistema SIS II. A la vista de la última información disponible, debemos examinar con transparencia y honestidad las medidas y los calendarios relacionados con dicho sistema.
La política del Consejo Europeo significa que tenemos la obligación y el deseo de examinar lo que podríamos hacer para acelerar los preparativos de cara a eliminar los controles en las fronteras interiores. La Presidencia finlandesa ha insistido en que se prepare la legislación sobre SIS II conjuntamente con el Parlamento Europeo, y espero que lleguemos a un consenso sobre esto en octubre. Quiero dar las gracias al ponente del Parlamento Europeo, señor Coelho, por su manera estricta pero decidida de enfocar la búsqueda de una solución conjunta. 
En un grupo de trabajo de alto nivel en el Consejo, decidimos adoptar también una serie de medidas prácticas para tratar de mejorar la coordinación del proyecto SIS II y la cooperación entre los proyectos nacionales y los preparativos del sistema central, que es responsabilidad de la Comisión.
La Presidencia finlandesa del Consejo planteó esta controvertida cuestión ya en julio, debatiéndose también la semana pasada en Tampere. En la reunión del Consejo prevista para la semana que viene, debatiremos el nuevo calendario de preparativos técnicos para el proyecto SIS II y cualquier solución alternativa realista que podamos tener a nuestra disposición. Así realizaremos el trabajo preliminar para fijar una fecha de eliminación de los controles en las fronteras interiores en el Consejo de Diciembre y en el Consejo Europeo. En el Consejo de diciembre es posible que se examine también la situación general con respecto a las inspecciones Schengen. Haremos todo lo posible por ampliar el espacio Schengen lo antes posible, sin comprometer la seguridad.
El Tratado contiene ya disposiciones sobre procedimientos para ayudar a evaluar interpretaciones de casos acogidos al Título IV del Tratado o la legalidad o interpretación de actos aprobados por las instituciones comunitarias.
De conformidad con el artículo 67 del Tratado, el Consejo decidirá, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, la adaptación de las disposiciones relativas a las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este viernes, el grupo de trabajo del Tribunal de Justicia planteará la cuestión por primera vez y, dependiendo de las opiniones que allí expresen los Estados miembros, se decidirá si es necesario o no seguir debatiéndola más a fondo. La Presidencia considera que se trata de una cuestión importante.
Como sabemos, los ciudadanos de la UE esperan con razón que la Unión Europea sea capaz de establecer una cooperación más eficaz en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, tenemos que garantizar el respeto a los derechos y las libertades fundamentales.
En virtud del Tratado de la Unión Europea, el Consejo decidirá, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, la aplicación de la cláusula pasarela contemplada en el artículo 42 del TUE y la incorporación al ámbito comunitario, en su totalidad o en parte, de la cooperación policial y la cooperación en la lucha contra la delincuencia. La semana pasada en Tampere se celebró un importante debate sobre este tema entre representantes de los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo, y quiero llamar su atención en particular sobre la opinión firmemente expresada allí por el señor Cavada en el Consejo de Ministros, que coincide no solo mi propia opinión, sino también la del Parlamento Europeo. Fue una contribución muy importante a nuestro debate. Por otra parte, todo el mundo se manifestó allí a favor de una toma de decisiones más eficaz. Estamos decididos a seguir trabajando en este ámbito de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo. Quiero insistir en que este debate no va en contra del Tratado Constitucional: queremos insistir expresamente en la importancia del Tratado para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Para que el progreso en asuntos jurídicos y de interior sea visible también en lo que respecta a la seguridad pública, tenemos que asegurarnos de que esos actos se integren plenamente en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Durante nuestro mandato presidencial, trataremos de implantar sistemas para evaluar los asuntos jurídicos y de interior, sobre la base de la comunicación de la Comisión. Además, se han establecido una serie de métodos de evaluación mutua para asuntos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo.
No todos los Estados miembros han ratificado todavía los Protocolos del Convenio de Europol. El Consejo ha recordado periódicamente a los Estados miembros la importancia de este asunto. Finlandia confía en que el Protocolo entre en vigor a finales de este año.
La cooperación reforzada entre las autoridades policiales y aduaneras ha sido una forma de tratar de crear valor añadido en la seguridad interna en la Unión ampliada. La Presidencia puede anunciar que Finlandia aprobará en un futuro próximo acciones de ámbito nacional que la permitirán ratificar el Tratado de Prüm. Dentro de poco, al menos ocho Estados miembros habrán ratificado este Tratado. Con ello se cumple el requisito mínimo para iniciar una cooperación reforzada de conformidad con el artículo 43 del Tratado de la Unión Europea. Como país que ostenta la Presidencia, trabajaremos para conseguir que el Tratado de Prüm se incorpore al ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
El Consejo seguirá debatiendo la Decisión marco sobre los derechos procesales partiendo de la iniciativa de la Comisión. En junio, el Consejo decidió continuar con su trabajo tomando como base la propuesta de compromiso presentada por la Presidencia. Dicha propuesta imponía más restricciones sobre el número y el alcance de los derechos que la propuesta conjunta y se centraba más en los requisitos generales. Estamos tratando también de concluir en el actual mandato de seis meses la primera lectura de la propuesta en lo que respecta a su contenido principal.
En cuanto al racismo y la xenofobia, el Consejo ha sido informado de que los Estados miembros que habían expresado reservas generales respecto al proyecto de instrumento, ya no las tienen. Por tanto, se pueden volver a iniciar conversaciones lo antes posible.
La Unión Europea ha formulado una política conjunta sobre inmigración, control de fronteras y asilo basada en el Consejo Europeo de Tampere y el Programa de la Haya. Dicha política se basa en la solidaridad de los Estados miembros, la confianza mutua y la responsabilidad compartida. Tiene plenamente en cuenta los derechos humanos y fundamentales, entre ellos el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados y el derecho a solicitar asilo en la Unión Europea. Los Estados miembros y sus autoridades competentes son responsables de controlar las fronteras exteriores y la inmigración y de llevar a cabo los procedimientos de solicitud de asilo.
En lo que llevamos de Presidencia finlandesa, el Consejo ha tratado de debatir en profundidad cuestiones de inmigración. Así lo hizo tanto durante el Consejo de julio como en la reunión ministerial informal celebrada en Tampere la semana pasada. Los recientes acontecimientos ocurridos en las Islas Canarias y en el Mediterráneo ponen de manifiesto el destino que comparten los países de Europa y la necesidad de un compromiso por parte de todos los Estados miembros. Es fundamental que las instituciones de la Unión –el Parlamento Europeo, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex), la Comisión y otras autoridades competentes– actúen con un espíritu de cooperación y coordinación.
La Unión Europea tiene que intensificar sus esfuerzos para dar ayuda práctica a los Estados miembros que soportan la mayor carga en lo que respecta al número de inmigrantes ilegales que llegan a sus fronteras. En relación con esto, la Presidencia presentó en la reunión de Tampere su iniciativa para reforzar la solidaridad europea. En el marco de dicha iniciativa y a cambio de una contribución económica de la UE, se adoptarían procedimientos para garantizar que los Estados miembros respetasen una serie de normas establecidas conjuntamente y asumieran la responsabilidad de los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo que accedieran a su territorio. El debate sobre la iniciativa de la Presidencia debe continuar, teniendo en cuenta las constructivas conversaciones que hemos mantenido en Tampere.
La ayuda al desarrollo de la Unión Europea y de los Estados miembros es fundamental para eliminar las causas de la migración ilegal. La crisis en el Mediterráneo nos demuestra ahora por fin lo importantes que son las relaciones exteriores en la lucha contra la migración ilegal. El Enfoque Global de la Migración y las medidas principales centradas en África y la región mediterránea, aprobados por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre, proporcionan un marco común para la acción de la UE. De esta forma se reforzará la cooperación entre los Estados miembros y se aumentará el diálogo con los países de África y la cooperación en el conjunto de la región mediterránea. El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que le vuelva a informar sobre el progreso realizado a finales de este año.
El Enfoque Global ha dado lugar a una serie de importantes iniciativas. Entre ellas están la reunión ministerial celebrada en Rabat en julio, las iniciativas de Frontex para intensificar la vigilancia de las costas en el Mediterráneo, y operaciones especiales para ayudar a España y a Malta. La Presidencia está apoyando estas iniciativas, así como la importantísima propuesta de la Comisión relativa a un Reglamento para crear equipos de intervención rápida en las fronteras (el Reglamento «Rabit»).
Una de las grandes prioridades de la Presidencia finlandesa es crear un sistema para el control integrado de las fronteras exteriores y la aprobación de una estrategia al respecto. Además, la Comisión examinará a fondo y con coherencia las cuestiones pertinentes en la comunicación sobre inmigración ilegal presentada en julio.
Para cumplir los objetivos de la inmigración ilegal acordados en Tampere, se han aprobado ya una serie de disposiciones aplicables al estatuto de los residentes de larga duración en un país, el reagrupamiento familiar, la concesión de permisos de residencia a las víctimas del tráfico de seres humanos y la admisión para fines de estudio, formación profesional, voluntariado e investigación científica. El pasado mes de enero, la Comisión aprobó un plan político sobre inmigración legal de conformidad con el mandato contemplado en el Programa de la Haya. Dicho plan tiene también en cuenta el Programa de Lisboa aprobado en julio el año pasado.
Otro avance importante es el programa marco sobre solidaridad y control de los flujos de migración para el período 2007-2013 y los cuatro fondos que se crearán en el marco de dicho programa: el Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo para las Fronteras Exteriores, el Fondo Europeo de Repatriación y el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. El Consejo está trabajando para llegar a un acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo respecto a estos importantes instrumentos.
La Presidencia es consciente de que la propuesta de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establezcan normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para la repatriación de nacionales de terceros países que estén residiendo ilegalmente es muy importante para una política común de repatriación, pero somos también conscientes de los problemas que tienen que resolverse para llegar a un compromiso sobre las propuestas en un plazo de tiempo razonable. Con el apoyo del Parlamento Europeo y la Comisión, el Consejo ha decidido ya intensificar el debate para concluir las deliberaciones sobre la propuesta.
En cuanto al tema del asilo, está previsto que se inicie un debate sobre la posible manera de mejorar la normativa europea vigente en materia de asilo. La Comisión va a preparar un Libro Verde sobre el futuro del sistema común europeo de asilo. Esto se ha debatido también en Tampere. La Presidencia se ha marcado como objetivo asegurar que las normas mínimas actuales se transformen en unas verdaderas normas comunes sobre asilo y protección subsidiaria. Tiene que reforzarse la cooperación práctica entre los Estados miembros en cuestiones relacionadas con el asilo. El Consejo espera que la Comisión presente una propuesta sobre esta cuestión. El Consejo espera también que la Comisión presente una propuesta legislativa en un futuro próximo sobre la ampliación del estatuto de los residentes de larga duración a los refugiados y a los que obtengan la condición de protección subsidiaria.
El aumento de la transparencia en el trabajo de la Unión es un objetivo fundamental. En junio, el Consejo Europeo decidió la adopción de una serie de medidas para aumentar la transparencia. La Presidencia finlandesa insiste en la importancia fundamental de la transparencia, y propone activamente seguir adelante con el debate sobre la transparencia tomando como base el Libro Verde. La bandera de la transparencia ha ondeado también con fuerza en Tampere.
Por último, con respecto a los centros de detención secretos mencionados por el Presidente de los Estados Unidos de América en unas declaraciones hechas a principios de septiembre, quiero asegurar al Parlamento que el Consejo es consciente de las posibles implicaciones. En una sesión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrada en septiembre, los ministros expresaron su compromiso de combatir eficazmente el terrorismo con todos los medios y herramientas legales a su alcance. El terrorismo es simplemente una amenaza para un sistema de valores basado en el Estado de Derecho.
Los derechos humanos y las normas humanitarias tienen que ser respetados en la lucha contra el terrorismo. Como ya dije en una reunión celebrada en agosto en Londres, no podemos permitir ni una sola victoria al terrorismo y a sus esfuerzos por socavar nuestros derechos y valores fundamentales. En el Consejo de Justicia y Asuntos de interior celebrado en julio dije que me parecía fundamental que los Estados miembros insistieran también en la necesidad de elaborar un informe sobre los vuelos de la CIA que transportan presos, con el fin de fortalecer la base de una cooperación más confidencial y viable en materia de seguridad.
Señorías, lamento que mi intervención haya durado tanto, pero llevo 24 años dedicado al trabajo parlamentario. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar ante una audiencia tan agradable, puede pensar que ha hablado demasiado, pero solo quiero decir para terminar que nuestros ciudadanos esperan de la Unión Europea seguridad, más eficacia en la toma de decisiones y capacidad para responder rápidamente a los nuevos retos. Insistirán además en que debemos ser capaces de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo, y de controlar eficazmente los flujos de migración y nuestras fronteras externas comunes. Es responsabilidad nuestra y un reto para la competencia de los parlamentarios, tanto en el Parlamento Europeo como en los Parlamentos nacionales, responder conjuntamente a la demanda impuesta a Europa de convertirse en un espacio de justicia y seguridad para todos.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Rajamäki. El Consejo y la Comisión no tienen límite de tiempo. Por lo tanto, pueden aprovechar la oportunidad para extenderse todo lo que crean necesario y oportuno, pero el día sigue teniendo veinticuatro horas.
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi profunda satisfacción por la excelente cooperación con la Presidencia finlandesa, sobre todo con el señor Rajamäki y la señora Luhtanen, así como con el Parlamento Europeo, especialmente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y el señor Cavada.
Aplicar y seguir desarrollando el Programa de La Haya es un objetivo común. Ello requiere una toma de decisiones eficaz y prioridades políticas claras para marcar realmente la diferencia. El objetivo político estratégico sigue siendo encontrar el equilibrio adecuado entre la mejora de la seguridad de los ciudadanos y la defensa de los derechos individuales de las personas. Como bien saben, la semana pasada en Tampere discutimos los principales desafíos en materia de libertad, seguridad y justicia, y la mejor forma de abordarlos.
Está claro que la lucha contra el terrorismo y la gestión de los flujos migratorios son en la actualidad las principales prioridades de la Unión Europea. Como destaqué en Tampere, considero que nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo a escala europea deben concentrarse en ámbitos clave como la lucha contra la radicalización y el reclutamiento, el mal uso de Internet por parte de los terroristas, la prevención y la detección de la utilización ilegal de explosivos, la protección de infraestructuras fundamentales, la preparación biológica y la seguridad en el transporte.
También estoy convencido de que cualquier nueva medida de seguridad, en especial en relación con el transporte aéreo, no debería generar una reacción desproporcionada, puesto que, desde mi punto de vista, ello supondría una victoria para el terrorismo. La seguridad ocupa un lugar central en mi acción y evaluaremos cuidadosamente los efectos y la proporcionalidad de cada decisión tomada en este ámbito. La lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos individuales deben ir de la mano.
En lo que respecta a la inmigración, la Comisión ha decidido establecer un Grupo de Comisarios sobre Cuestiones de Migración. Tengo el privilegio de coordinar dicho grupo, que aúna todos los ámbitos políticos relevantes para la gestión de las migraciones: desde la justicia y los asuntos interiores hasta el desarrollo, el empleo, la educación y la formación, la política regional, los asuntos económicos, las relaciones exteriores y la política de vecindad europea. Un planteamiento tan amplio como este incluye la inmigración legal e ilegal, así como la integración. La solidaridad, en forma de apoyo financiero y el despliegue de expertos y equipamientos en nuestras fronteras compartidas, también es un elemento esencial de este planteamiento. Aunque el aspecto central es claramente la inmigración procedente de África, este planteamiento debe tomar en consideración los movimientos migratorios de otras regiones del mundo, en particular de nuestros vecinos orientales, algunos de los países donde se originan muchas clases de tráfico ilegal.
Como bien saben, en materia de inmigración ilegal hemos tomado recientemente muchas medidas prácticas, sobre todo en relación con los flujos migratorios que afectan a los Estados miembros del sur de la Unión Europea. En particular, Frontex ha demostrado ser muy activa en la coordinación de la asistencia a los Estados miembros en cuestión, por ejemplo en las Islas Canarias, y se están planeando operaciones adicionales a corto plazo en la zona mediterránea central.
Solidaridad significa prestar ayuda práctica a los Estados miembros bajo presión. Necesitamos fondos, equipamientos, barcos, helicópteros y aeroplanos. Por ejemplo, para el periodo 2007-2013, la Agencia Frontex contará con 272 millones de euros, una cifra que considero insuficiente para hacer frente al fenómeno creciente de la inmigración. El año que viene, el presupuesto de la agencia será de aproximadamente 21 millones de euros. Espero que el Parlamento esté de acuerdo en un incremento adicional de la dotación financiera.
A través del programa ARGO se ha proporcionado ayuda financiera adicional a los Estados miembros más afectados, en particular España, Malta e Italia. En este sentido, quisiera mencionar que la semana pasada la Comisión decidió financiar seis proyectos de emergencia en dichos países.
La Comisión también ha aprobado un paquete de medidas para ayudar a Mauritania en sus esfuerzos por contener el flujo de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias en virtud del Mecanismo de Reacción Rápida. Y haremos lo mismo respecto a otros socios importantes del África subsahariana, como Senegal.
Por lo que respecta a la gestión de la frontera marítima exterior en el sur, en el Consejo informal de Tampere presenté un conjunto de recomendaciones para la adopción inmediata de medidas operativas, es decir, antes del verano de 2007. Entre dichas recomendaciones destacan: en primer lugar, la creación de un centro de mando operativo en las regiones relevantes para coordinar una red de patrullas costeras en el Mediterráneo; en segundo lugar, el análisis del establecimiento de un sistema de vigilancia europeo con el fin de enlazar los sistemas de vigilancia nacionales vigentes; en tercer lugar, la creación de un fondo común de equipos mediante la puesta a disposición por parte de todos los Estados miembros de equipos que puedan facilitarse rápidamente al Estado miembro que solicite ayuda; en cuarto lugar, estudiar opciones para la creación de un equipo de expertos en solicitudes de asilo que actúe en estrecha colaboración con las organizaciones internacionales, sobre todo con las Naciones Unidas; en quinto lugar, aprovechar al máximo los instrumentos financieros actuales y futuros.
Las medidas anteriores tienen por objeto el refuerzo de la capacidad comunitaria de gestionar y prevenir el tipo de situaciones de las que hemos sido testigos este año, y deberían adoptarse paralelamente a la aplicación del planteamiento global sobre inmigración adoptado por el Consejo Europeo en diciembre pasado. Se trata de garantizar una respuesta política inmediata, basada en una solidaridad europea tangible, y subrayo la palabra , así como en un reparto de responsabilidades y cargas. Ello significa, como recientemente destacamos el Presidente Barroso y yo en Tampere, que es de suma importancia que todos los Estados miembros continúen trabajando juntos en un espíritu de solidaridad, sobre todo para ayudar a los Estados miembros meridionales más afectados en estos momentos por la inmigración ilegal procedente de África. Debe quedar absolutamente claro que es tarea de los Estados miembros proporcionar los equipos necesarios para que las operaciones conjuntas sean un éxito. Hemos dado el primer paso, pero solo el primero; la magnitud del problema es tal que todavía queda mucho por hacer.
En este sentido, también espero que la primavera próxima la Unión Europea pueda hacer uso de los equipos de intervención rápida fronteriza, que serán equipos de expertos nacionales que, coordinados por Frontex, prestarán asistencia técnica y operativa urgente a los Estados miembros que la necesiten.
Abordar la inmigración desde una perspectiva integral también implica desarrollar un planteamiento estructural y el refuerzo de la inclusión de la inmigración en las políticas exteriores europeas. Ello incluye examinar las causas profundas de la inmigración y las cuestiones de desarrollo.
La Comisión está realizando grandes esfuerzos por convertir la inmigración en una parte integral de su política de desarrollo y está colaborando en especial con países africanos en esta cuestión. Sobre todo debemos dar prioridad a la aplicación del plan de acción acordado en Rabat en julio pasado y a la preparación de una conferencia europeo-africana útil y efectiva sobre inmigración con la Unión Africana, que se espera celebrar en noviembre en Trípoli, Libia.
También debemos reforzar nuestra cooperación con los países del norte de África, en particular Argelia, Marruecos y Libia, sobre cuestiones migratorias, incluido el asunto de la protección internacional, que requiere una respuesta regional. En este sentido, tanto los Estados miembros de la UE como los países del norte de África deben asumir la responsabilidad de aquellos que necesiten protección internacional, incluidos los solicitantes de asilo.
La protección de los refugiados es otra parte importante de mi cartera, y me complace anunciarles que en las próximas semanas se dará inicio a dos programas regionales específicos. También debemos garantizar que los inmigrantes ilegales sean repatriados a sus países. En este sentido, la Comisión está dispuesta a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros desde el punto de vista político, diplomático y financiero, respetando a la vez plenamente la dignidad individual de las personas.
Tampoco debemos olvidar otro importante elemento de la lucha contra la inmigración ilegal: la necesidad de intensificar la lucha contra el trabajo ilegal, pues se trata de un factor clave del efecto llamada de la inmigración ilegal. Como se mencionó en la comunicación de la Comisión relativa a la inmigración ilegal del mes de julio, en la actualidad estamos planteándonos la posibilidad de elaborar un instrumento legislativo con miras a armonizar las sanciones contra las empresas que contraten a inmigrantes ilegales. Por supuesto, los Estados miembros deberían tomar medidas inmediatas en este sentido para hacer frente a la cuestión del trabajo ilegal.
En relación con la migración económica legal, debo hacer hincapié en que la aplicación del Plan de Política en Materia de Migración Legal es una prioridad para la Comisión y para mí personalmente. Mediante la eliminación del trabajo ilegal y la creación de procedimientos de admisión para los inmigrantes legales, Europa establecerá un círculo virtuoso o, por decirlo de otra forma, una estructura de incentivos positiva.
La Comisión está convencida de la necesidad de un planteamiento común para gestionar la migración económica como un medio adicional de alcanzar los objetivos de Lisboa y contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento demográfico, con el fin de fomentar la economía y la competitividad europeas. En particular, para contribuir al crecimiento económico, es fundamental que ante todo Europa se convierta en un polo de atracción real para inmigrantes altamente cualificados. La idea de proponer una directiva relativa a las condiciones de admisión a la Unión Europea para trabajadores altamente cualificados, incluida la posibilidad de una tarjeta verde europea, responde a esta necesidad económica.
Europa sigue recibiendo únicamente mano de obra poco cualificada o carente de cualificación alguna, mientras que los Estados Unidos, Canadá y Australia, por ejemplo, son capaces de atraer a inmigrantes con talento. No obstante, al mismo tiempo considero que es preciso tomar medidas apropiadas para evitar el riesgo creciente de una fuga de cerebros de los países más pobres. Una propuesta de directiva relativa a los derechos laborales de los inmigrantes legales constituye el otro pilar de la política de la Comisión en este ámbito para el año próximo. Ambas propuestas se presentarán en la segunda mitad de 2007 bajo la Presidencia portuguesa.
Por último, quisiera destacar otro elemento importante de la política de inmigración europea: la integración de los inmigrantes. Como se ha puesto de relieve en la Agenda Común para la Integración, que presenté en septiembre de 2005, es fundamental realizar un mayor esfuerzo de integración para que la política común europea de inmigración dé sus frutos. Espero firmemente que, una vez que el Consejo aprobó en Luxemburgo este planteamiento europeo global respecto a la inmigración, el mismo planteamiento común europeo sea aprobado también en el máximo nivel político por el Consejo Europeo en Lahti.
Permítanme que me refiera a la «cláusula pasarela». En Tampere, como acaban de decir el Ministro Rajamäki y el señor Cavada, también discutimos cómo mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia, sobre todo mediante la «cláusula pasarela». Como bien saben, la posición de la Comisión siempre ha sido muy cercana a la del Parlamento en esta cuestión, pues consideramos que la «cláusula pasarela» es un instrumento apropiado e importante para que la Unión y los Estados miembros garanticen una mayor eficacia, transparencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones, además de una mayor legitimidad democrática, dado el papel más importante del Parlamento.
El debate en Tampere ha sido muy abierto y constructivo. Todos los Estados miembros, incluso aquellos que todavía se muestran reacios, estuvieron de acuerdo en la necesidad de seguir adelante. Aunque algunos de ellos expresaron su temor por el hecho de que ahora una decisión sobre la «cláusula pasarela» adelantaría el debate sobre el relanzamiento del proceso constitucional, considero que este no es el caso.
Estaremos entre los primeros en acoger con satisfacción un resultado positivo del estudio que la Presidencia alemana pretende llevar a cabo en 2007 y le prestaremos nuestro pleno apoyo. No obstante, debemos prepararnos para una situación en la que posiblemente la «cláusula pasarela» sea la única forma de abordar la necesidad urgente que todos compartimos. Estoy de acuerdo en que necesitamos la Constitución, pero si esperamos es posible que nos encontremos paralizados. En cualquier caso, como bien saben, cuando la Constitución entre en vigor la «cláusula pasarela» se incorporará a ella de forma automática.
Estuve de acuerdo con el Ministro Rajamäki cuando en Tampere dijo que Europa es como un ciclista: o sigue pedaleando o se cae a suelo. Y es que mi compatriota Bettini ganó hace unos días el Campeonato Mundial de Ciclismo únicamente porque pedaleó más rápido que los demás.
En consecuencia, debemos continuar esta discusión política tan importante, a partir de la buena voluntad común mostrada por todos los Estados miembros en Tampere. En el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que tendrá lugar dentro de unos días en Luxemburgo, tendremos la oportunidad de decidir cómo hacer avanzar este importante expediente.
Finalmente, los ciudadanos sí quieren más Europa, pues entonces podría ser más eficaz en la toma de decisiones. Profesionales, jueces, abogados y autoridades policiales también quieren instrumentos más eficaces para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Hablando claro, no podemos permitir que la sociedad civil avance más rápido que nuestras estrategias y políticas. Si queremos ser creíbles, debemos responder ahora y no solamente después de sucesos trágicos, tal y como ha ocurrido en el pasado.
El Presidente.
   Agradecemos al Vicepresidente de la Comisión su explicación de lo sucedido en Tampere y la visión optimista de lo allí ocurrido que nos transmite. 
Vamos a conocer ahora las opiniones de los Grupos políticos. Recuerden que los diputados sí tienen limitado el uso del tiempo.
Eva Klamt,
   . Señor Presidente, Señorías, la gestión de los flujos migratorios y, por consiguiente, el control de la inmigración en la Unión Europea, se encuentra entre los problemas más acuciantes a que tenemos que enfrentarnos, y no hace falta decir que hacerlo implica mirar más allá de nuestros estrechos horizontes nacionales, pero que eso no significa que podamos limitarnos a un análisis europeo y a enfoques europeos. La cooperación con los países de tránsito y los países de origen y la ayuda que se les da son parte de la solución, pero lo que se necesita también es un enfoque integrado, porque hay que regular la inmigración y esto no puede ser un asunto solo de política interior; únicamente se podrán encontrar soluciones con los esfuerzos conjuntos en varios ámbitos políticos.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha reclamado durante mucho tiempo una política de inmigración que tenga en cuenta las necesidades y derechos de otros Estados miembros. Por ejemplo, no se puede llevar a cabo una legalización masiva sin informar o consultar a otros, para después buscar ayuda de la Unión Europea una vez que la acción comience a atraer emigrantes. Es fundamental que la política de inmigración nacional tenga en cuenta sus efectos en otros Estados miembros.
Hay que decir, sin embargo, que convertir un ámbito político –en este caso el de la inmigración– en parte de la política de la Comunidad, lo que implica someterla a codecisión, no es una panacea. Hay seguramente muchos problemas que nos afectan a todos, pero hay por lo menos otros tantos que son de carácter específicamente nacional, regional o incluso local. Para muchos, uno de los atractivos de una política comunitaria sobre emigración económica es que no solo extiende sus propios poderes, sino que también puede ayudar en la aplicación de una política de inmigración para la que no ha habido un apoyo mayoritario a escala nacional, pero esta motivación no tiene en cuenta el derecho de los Estados miembros a que se aporten soluciones adecuadas; ninguna política puede tener éxito a menos que los ciudadanos de nuestros Estados miembros puedan contribuir a elaborarla.
Martin Schulz,
   – Señor Presidente, Señorías, nosotros, en nuestro Grupo, hemos pasado mucho tiempo discutiendo cómo vamos a enfocar el debate de hoy. La última vez que tomé la palabra en esta Cámara para intervenir en un debate sobre política interior y de seguridad fue cuando hablé de la orden de detención europea y el plan de instauración de la figura del Fiscal europeo, después de lo cual tuve una enorme bronca con el Presidente en ejercicio del Consejo. No deseo repetir la experiencia hoy, pero tengo que decir al Presidente en ejercicio y al Comisario que tampoco voy a tener pelos en la lengua.
Mirando alrededor puedo ver al señor Kirkhope, al señor Pirker, a la señora Klamt, al señor Watson, a la señora Lambert y a la señora Roure; como yo, todos ellos se sentaban aquí hace seis años, cuando todos nosotros decíamos exactamente las mismas cosas. Por aquel entonces, el señor Watson era el presidente de la comisión parlamentaria y el Comisario era un tal señor Vitorino, quien, como continuación de Tampere, nos presentó lo que se llamaba un marcador, que incorporaba todas las medidas que usted, señor Presidente en ejercicio, y usted, señor Comisario, han descrito. El marcador debía su nombre al hecho de que especificaba explícitamente plazos de tiempo, con la medida A que los Estados miembros tenían que transponer en el periodo B, y el informe de la Comisión que debe llegar al Consejo en el periodo C, y así sucesivamente.
¿Por qué entonces, seis años después, estamos sentados nuevamente en esta Cámara discutiendo las mismas cuestiones, por ejemplo la cláusula pasarela? Hace seis años, estábamos llenos de optimismo cuando discutíamos las disposiciones del Tratado de Niza en el sentido de que, de 1999 en adelante, y entrando en vigor cinco años más tarde –es decir, en 2004–, previa votación unánime del Consejo, las áreas políticas que discutimos hoy deberían estar sujetas al procedimiento de codecisión, pero, dos años más tarde, todavía no ha pasado nada.
La señora Klamt ha abordado una cuestión importante al decir que no debemos, en lo que se refiere a la integración o a la tramitación de las peticiones de asilo, interferir con los poderes de las autoridades nacionales, locales y regionales, pero tampoco podemos tolerar una situación en la que las normas y reglamentos de la Comunidad sean indispensables pero no avancen. Los flujos de migrantes que llegan a las costas del sur de Europa, que discutimos hoy, no deben tratarse solo con medidas restrictivas; exigen un enfoque que combine medidas contra el crimen organizado, medidas que confieran a los inmigrantes un estatuto legal y una política de integración coordinada. Esto no es nuevo para ninguno de nosotros. ¿Por qué, entonces, se niegan los Estados miembros a aplicar las propuestas que el Comisario Frattini acaba de describir? Creo que sé la respuesta a esta pregunta. La razón por la que se niegan a hacerlo es que estos ámbitos políticos –la seguridad de las fronteras exteriores, el asilo, la legislación en materia de ciudadanía, la libertad de establecimiento y de circulación, la política en materia de policía y justicia– les dan la oportunidad de decir a sus ciudadanos: «Somos nosotros –y nadie más– los que mantenemos las riendas del poder en este Estado.» Durante quince años, los Estados han retrocedido desde la cesión de soberanía que suponía la transferencia de esos derechos a la Unión Europea, y puedo entender por qué lo hacen, ya que implica, en cierto modo, la entrega de poder nacional, pero esta entrega de un poco de poder debe contraponerse a la perspectiva de la migración, la trata de personas, la inmigración incontrolada y los problemas que acarrea el hecho de dejarlos prolongarse en el tiempo. Durante diez años, los Ministros de Interior de la Unión Europea no han hecho nada de esto, y hay que acabar con esta situación.
Por esta razón el enfoque al que se refiere nuestra pregunta, y las respuestas que nos han dado –especialmente por el Comisario Frattini– son correctos, pero es hora de ponernos manos a la obra.
Graham Watson,
   . – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Cavada por su pregunta oral, la oportunidad de celebrar este debate y el excelente trabajo que él y sus colegas realizan en su comisión.
Tuve el honor de presidir dicha comisión en la época de la reunión del Consejo de 1999 en Tampere. He observado el proceso de Tampere a Tampere, han sido siete años de vacas flacas. Algo similar a lo que dijo una vez un crítico sobre la obra de teatro de Samuel Beckett : «Es una obra en dos actos en la que no pasa nada dos veces».
Saludo los esfuerzos del Comisario Frattini y de la Presidencia finlandesa por seguir intentando convencer y engatusar a los Estados miembros. El señor Rajamäki ha hablado de inyectar nueva vida al espíritu de Tampere, cosa que es urgentemente necesaria. Pero el hecho es que el país que conozco mejor lo fastidió todo cuando insistió en disponer de tres pilares. Ahora otros países bloquean el proceso de reparación. A menos que seamos capaces de introducir la «cláusula pasarela», no contaremos nunca con una política creíble de justicia y asuntos de interior. Seguiremos teniendo una política que se asemeja a una bicicleta cuando lo que necesitamos es una Ducati.
Los Estados miembros están ahí sentados, en sus fortalezas medievales, con los puentes levadizos recogidos. En nombre de la soberanía nacional están reforzando la anarquía global. Nuestros ciudadanos exigen algo mejor.
En el primer periodo de construcción de la Unión Europea, los líderes políticos iban por delante de la opinión pública. Su idea de liderazgo consistía en dibujar la visión de la Europa que deseaban, dirigiendo a las personas hacia ella. Puede tratarse de una estrategia peligrosa, pero mucho menos peligrosa que, como ha destacado usted, señor Comisario, ir por detrás de la opinión pública. Nuestros ciudadanos se preguntan: ¿por qué no hay una política de inmigración para evitar la tragedia humana de la que somos testigos en nuestras costas meridionales? ¿Por qué no compartimos datos de nuestros servicios de inteligencia sobre actividades criminales en la lucha contra el terrorismo o las drogas? ¿Por qué no hay ningún acceso a la justicia para las víctimas de la delincuencia transfronteriza o las crisis conyugales transfronterizas? Cuando los Ministros se reúnen, como dijo una vez Abba Eban en un contexto diferente, nunca «pierden la oportunidad de perder una oportunidad».
Queremos que se preste mayor atención a los valores europeos. Puede que no tengamos Constitución, pero disponemos de la Carta de los Derechos Fundamentales. Señor Rajamäki, usted dijo que los derechos humanos son asuntos prioritarios del Consejo y que se tomarán plenamente en consideración. ¿Está usted seguro? ¿Qué sucede con la saga de las prisiones secretas de la CIA, una cuestión para la que esta Cámara iba a establecer una comisión sobre entregas extraordinarias para ver si es necesario aplicar el artículo 7? ¿Qué hay acerca de la cuestión del PNR (registro de nombres de los pasajeros), donde el acuerdo de 2007 para sustituir la solución parche que ha ideado usted este mes debe formar tándem con la decisión marco sobre la protección de los datos personales? ¿Y qué nos dice sobre las garantías mínimas de procedimiento para sospechosos en procedimientos penales? ¿Por qué está esa cuestión todavía en el fondo de la bandeja de asuntos pendientes?
Por supuesto que se han hecho algunos avances, pero con demasiada frecuencia la Unión se parece al mimo Marcel Marceau, quien da la impresión de estar escalando una pared pero que en realidad no se dirige a ninguna parte. Quiero que el señor Frattini y la Presidencia lleven al Consejo del 6 de octubre el mensaje de que Europa exige algo mejor.
Monica Frassoni,
   . – Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está a favor de que estos asuntos formen parte del procedimiento comunitario desde que el Tratado de Maastricht inventó el sistema de pilares, que en teoría solo pretendía ser temporal pero en realidad ha resultado ser totalmente definitivo.
Los procedimientos no lo son todo, sin embargo, y me pregunto qué política aplicarán ahora en estas cuestiones el Parlamento, el Consejo y la Comisión. La prioridad parece consistir en reducir, rechazar, constreñir y eliminar, y es curioso señalar que este debate comenzó con el Comisario hablando de terrorismo y manteniendo que la seguridad debe ser nuestra prioridad principal. Pienso que esto lo dice todo, entre otras cosas lo que muchos de nuestros líderes piensan que constituye una prioridad.
A pesar de las fronteras, los riesgos terribles y la siempre creciente tolerancia de violaciones del Derecho internacional, no lograremos parar la inmigración, y este debe ser un punto que todos tengamos suficientemente claro. Francamente, señor Comisario, no me gusta cuando abusa usted de la palabra «solidaridad», especialmente cuando quiere decir «ayudar a los Estados miembros a negar la entrada en las fronteras a las personas que llegan en un estado desesperado, sin derecho alguno».
Quisiera señalar también que, al adoptar este enfoque, hemos eliminado sin duda el riesgo de que, si negamos la entrada en las fronteras a las personas que llegan en barco, estemos violando seriamente el derecho de muchos de ellos a buscar asilo, en la medida en que se les mande directamente de vuelta al lugar del que proceden.
Las legalizaciones masivas, que condena no únicamente la señora Klamt, sino también el señor Frattini, son resultado directo de la política que dice «la inmigración cero es posible», pero que esconde una auténtica realidad, a saber, que necesitamos inmigrantes.
Señor Frattini, señor Rajamäki, no sé si es verdad que la mayoría de los inmigrantes ilegales que vienen a nuestros países no están cualificados. Conozco casos de profesores de historia y de electricistas: personas cualificadas que vienen aquí pero no pueden encontrar un empleo para trabajadores cualificados, porque llegan mezclados obviamente con personas que no tienen ningún tipo de cualificación; en mi opinión, decir que el problema es el de privar a los países en desarrollo de personas que pueden, en lugar de eso, ayudar a esos países a salir de su estado de subdesarrollo es el mensaje que no debe enviar la Unión Europea.
Finalmente, señor Rajamäki, señor Frattini, quisiera que nos comunicaran sus ideas sobre el asunto de los acuerdos con terceros países. Mi Grupo y yo estamos muy preocupados por este asunto; sabemos que algunos de los Estados miembros, como Francia, España e Italia, mantienen pactos entre las fuerzas de policía para negociar secretamente acuerdos con terceros países que no dan ninguna garantía con respecto a los derechos de las personas; sabemos muy bien que esos países violan muy a menudo deliberadamente los derechos no solo de sus propios ciudadanos, sino también de migrantes. Esto es en particular el caso de Libia, a la que el señor Frattini acaba de expresar su deseo de donar una gran suma de dinero. Personalmente, quisiera que dedicara un poco de tiempo a explicar qué tipo de democracia y publicidad se necesita para acuerdos como este.
Giusto Catania,
   . – Señor Presidente, Señorías, me parece que después del fracaso de la cumbre informal de Tampere de la pasada semana se ha tomado la decisión no solo de dejar de pedalear, sino quizás también de apoyar la bicicleta contra la pared. El debate de hoy comparte también esta característica: la lucha contra el terrorismo, los vuelos de la CIA, el PNR y la cooperación policial se mezclan con la inmigración.
Solamente cuando nos demos cuenta de que el asunto de la inmigración debe disociarse de las políticas represivas, de las medidas de criminalización de los migrantes y de los métodos usados para combatir el terrorismo y el crimen organizado, será posible mantener un debate serio sobre una política común de la Unión Europea en materia de inmigración.
También debemos desterrar de nuestro debate cualquier referencia a una invasión: el apelativo de «invasión» es falso e infundado; todos sabemos que solamente el 15 % de los inmigrantes ilegales vienen por mar desde África y que todos los demás vienen por tierra o por avión. Ese es también el caso en España e Italia, teniendo en cuanta incluso el número de emigrantes que llegan a las Islas Canarias o a Lampedusa.
Hemos de empezar a utilizar de nuevo canales legales. Como decía el Libro Verde de la Comisión: «Necesitamos 20 millones de trabajadores inmigrantes de aquí a 2030.» Así que hagamos lo necesario para dejar entrar a esas personas, en lugar de dejarles que se ahoguen en el mar. No entendemos qué hizo Frontex este verano para evitar que la gente muriera.
Europa no puede adquirir el renombre de devolver masivamente a inmigrantes ni podemos permitir que el Atlántico y el Mediterráneo se conviertan en cementerios al aire libre.
Tengo una propuesta que hacer al señor Frattini: construyamos un monumento en eterna memoria de los emigrantes ahogados en el mar. Dentro de pocos meses, será el décimo aniversario de la primera muerte reconocida de migrantes en el mar, cuando un barco que llevaba a casi 400 emigrantes se hundió cerca de Porto Palo, entre Malta y Sicilia. ¡Hagamos un gesto humanitario! Construyamos un monumento, una tumba colectiva simbólica para las mujeres y hombres desconocidos que murieron en el mar por buscar un futuro mejor.
Como pudiera haber dicho un gran poeta romano, «construyamos un monumento colectivo más duradero que el bronce». Cuando se trata de tener un debate serio sobre inmigración, este es probablemente el gesto más poderoso, más práctico que Europa puede hacer ahora. 
Romano Maria la Russa,
   . – Señor Presidente, Señorías, ya he tomado la palabra en muchas ocasiones en esta Cámara para subrayar la urgente necesidad de una política común de inmigración, y me complace tomar nota de las recientes iniciativas emprendidas a escala de la Comunidad y de la reciente liberación de fondos destinados a los países golpeados por la crisis.
El hecho de que los Estados miembros –que ahora se han cerciorado, aunque quizás con retraso, de las incontables muertes trágicas en el Mediterráneo– tomen conciencia gradualmente de que la emigración ya no afecta solo a los Estados fronterizos de la Unión Europea y que los objetivos generales del crecimiento económico solo pueden conseguirse dentro de un clima general de seguridad, no es en absoluto trivial. Esta comprensión puede persuadirles finalmente de que compartan en pie de igualdad la responsabilidad y las cargas financieras de la gestión de nuestras fronteras. Es un compromiso real y queda también demostrado por el aumento de recursos financieros que aportará la Unión Europea en el curso de los próximos siete años con el fin de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Otro aspecto positivo es la elaboración de un programa específico destinado a controlar los flujos migratorios con fondos destinados a repatriaciones, refugiados e integración. Igualmente importante es la creación de una agencia de gestión de fronteras, que por desgracia todavía no tiene suficiente personal, pero espero que vaya gozando gradualmente de mayor atención y financiación.
Espero que al dar este paso podamos crear normas mínimas comunes para combatir la inmigración ilegal y controlar la inmigración legal y que podamos formular una política creíble que respete los derechos de los individuos. Sin embargo, una política creíble solo puede ser rigurosa; no hay lugar para una política europea que promueva legalizaciones masivas y que reparta indiscriminadamente derechos de ciudadanía.
Es ampliamente conocido en estos tiempos no solo que las legalizaciones no permiten resolver los problemas si no se mejoran las circunstancias de los inmigrantes, sino que, por el contrario, casi siempre los exacerban, simplemente al fomentar la marginación y extender el crimen, que a menudo desemboca en terrorismo.
Finalmente, ser creíble significa reafirmar los ideales de solidaridad y salvaguardia de las libertades de la UE, asociando esto al respeto de la ley. La UE nunca se negará a ayudar a los necesitados y a los que quieran integrarse de verdad, pero en lo que se refiere a los que quieren exportar violencia, cultura, valores y religiones, debemos aplicar el principio de «tolerancia cero»; puede no gustarnos, pero a veces es cuestión de vida o muerte. 
Johannes Blokland,
   . – Señor Presidente, la cumbre informal de la pasada semana en Tampere dejó clara una cosa: los Estados miembros tienen discrepancias de fondo sobre el modo de abordar la inmigración ilegal. Todos ven que necesitamos una solución, pero las opiniones difieren en cómo proceder. Esta es la razón por la que los Estados miembros prefieren transferir la cuestión de la inmigración a las mesas de negociación europeas, y así es como se repite la historia.
A finales de la década de 1990, los Países Bajos y Alemania, que se enfrentaban a importantes problemas con la afluencia de solicitantes de asilo, insistían en la solidaridad y la distribución de la carga. Francia, España y Portugal, sin embargo, obstruían todas las soluciones a escala europea, mientras que los Estados miembros no respondían a las peticiones de ayuda. Sin embargo, la solución debe encontrarse en el nivel europeo. Un mercado común con un espacio compartido en el que los ciudadanos puedan circular libremente exige una seguridad coherente de sus fronteras exteriores y un acceso regulado a ese espacio.
Una política europea en materia de inmigración ilegal es necesaria, con tal de que los países dejen de actuar independientemente. Si las autoridades españolas pueden conceder a 700 000 inmigrantes ilegales una amnistía sin consultar a otros Estados miembros, entonces España no puede esperar ayuda de otros Estados miembros.
Finalmente, el Presidente Bush ha reconocido la existencia de prisiones secretas de la CIA. Hasta hoy, sin embargo, no está claro en qué países estaban situadas estas prisiones, y si alguna de ellas estaba en la Unión Europea. Quisiera oír del Consejo y de la Comisión qué pretenden hacer para despejar esta incertidumbre. 
Jean-Marie Le Pen (NI ).
   – Señor Presidente, al regularizar a un millón y medio de inmigrantes clandestinos en 2005, España e Italia provocaron una enorme afluencia de personas procedentes de África, el continente más cercano a Europa occidental y una especie de suburbio de París.
España, acusada con razón de irresponsabilidad por la regularización masiva de inmigrantes clandestinos, responde arguyendo que la mayoría de los africanos que llegan a Canarias –25 000 desde principios de año– son francófonos que aspiran a ir a otros países. En estas condiciones, se comprende que el desastroso Convenio de Schengen, aplicado desde 1985, deba ser derogado, pues permite a cualquier clandestino que llegue a España o Italia, o a otra parte, y sea regularizado, entrar en Francia y beneficiarse aquí de todas las ventajas sociales.
El señor Sarkozy, que ha faltado a ocho de los diez últimos Consejos de Ministros de Interior, no está en condiciones de criticar a España, en un tiempo en que Francia es favorable a la supresión de la unanimidad para la cooperación judicial y policial, es decir, al abandono de uno de sus poderes soberanos. Vigilar nuestras fronteras es una exigencia crucial en un momento en que la inmigración es un fenómeno mundial. No se puede confiar a otros la tarea de controlar miles de kilómetros de costa o de fronteras terrestres, que ya vemos hasta qué punto son permeables. Las insuficiencias de los Estados no podrá suplirlas Frontex, ese chisme europeo que se supone que vigila las fronteras de Europa.
Si no se trata el problema de la inmigración en la fuente y se define una gran política de desarrollo, seguiremos acogiendo a millones de inmigrantes, que poco a poco desestabilizarán la vieja Europa y acabarán por hundirla. Las instituciones europeas no hacen más que acentuar ese movimiento de decadencia al favorecer una política de inmigración que el señor Sarkozy denomina hipócritamente «inmigración selectiva». Que los pueblos europeos vuelvan a hacerse cargo de sus asuntos como acaba de hacer Suiza y se protejan de la invasión migratoria, que acaba de empezar.
Jaime Mayor Oreja (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al señor Frattini por ese acierto que ha tenido en volver a utilizar un término esencial en estos momentos en esta construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia: el término prioridades.
En ese sentido, quiero decir que falta un gran debate y un gran resultado, que son inaplazables hoy en la construcción de la Unión Europea, porque estamos hablando muchas veces de medidas concretas, pero falta definir lo más importante. En una década, ¿cuál va a ser el horizonte final en las competencias de la Unión Europea y los Estados miembros a la hora de abordar dos cuestiones, como ha dicho el señor Frattini: la inmigración y el terrorismo radical islamista?
Ese debate es inaplazable y hasta que no tenga lugar, hasta que no tenga un resultado no permitirá un avance correcto y adecuado en estas materias. Es un debate preconstitucional. Es sin duda lo que afecta más al miedo que hoy tienen los europeos frente a su futuro. Por eso es un debate preconstitucional y por eso, señor Frattini y miembros del Consejo, es un debate absolutamente inaplazable.
Es imposible una Unión Europea en una década sin que haya una política de inmigración. Es imposible pensar unos Estados Unidos de América que tuviesen tantas políticas de inmigración como Estados tienen. Es imposible pensar que en un fenómeno emergente como es el terrorismo islamista - que se ha atrevido a pasar de poner bombas en un autobús a poner bombas en un avión, de atacar las viñetas a atacar directamente al papa, es decir, un fenómeno emergente - nosotros no tengamos todavía, de cara a la Unión Europea y sus instituciones, un papel político que sea reconocible por los ciudadanos. 
Será poco, bastante o mucho, pero lo grave es que hoy los ciudadanos europeos no saben qué hace la Unión Europea, ni en materia de inmigración ni en materia de terrorismo. Por eso es un debate inaplazable. Ese es el debate preconstitucional pendiente y ese es el gran debate que tendremos los europeos en los próximos meses. 
Martine Roure (PSE ).
   – Señor Presidente, nuestro debate tiene lugar inmediatamente después de la Cumbre de Tampere II. En dicha Cumbre, los Estados miembros abordaron cuestiones fundamentales para continuar la creación de un verdadero espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Me alegra que el tema de la cláusula pasarela esté al fin sobre la mesa del Consejo. Estamos, por supuesto, a favor de la comunitarización de todo el tercer pilar, en especial por lo que se refiere a la inmigración legal, un proceso que contribuirá a poner fin al bloqueo de asuntos por parte de algunos Estados miembros. Pido por tanto al Consejo que prosiga sus debates, que, espero, permitirán activar finalmente la cláusula pasarela.
Deseo plantear asimismo la cuestión del acuerdo sobre la transferencia de los datos personales de los pasajeros aéreos, también llamado acuerdo sobre el registro de los nombres de los pasajeros (PNR). Las conversaciones con las autoridades estadounidenses están en curso, pero entiendo que estas autoridades quieren aún más. ¿Podría decirnos el Vicepresidente Frattini si esas negociaciones van a conducir a un acuerdo común antes de final de mes, que está próximo? Nos pusimos de acuerdo en un procedimiento en dos fases, que prevé que el contenido se vuelva a debatir en 2007. ¿Realmente procederán también los estadounidenses sobre esta base? Quisiera dirigirme a este respecto al Consejo: les recuerdo que el Parlamento Europeo espera hoy un compromiso firme del Consejo en relación con la decisión marco sobre la protección de datos.
En cuanto a la inmigración, en la Cumbre de Tampere el Consejo parece haber dado marcha atrás a los firmes compromisos contraídos por la Unión Europea hace siete años, en particular por lo que respecta al establecimiento de aquí a 2010 de una política común de inmigración y de un sistema común de asilo. También en este terreno se acerca la fecha límite. Mi Grupo desea resaltar que una mejor gestión de las fronteras exteriores solo puede ser un aspecto de nuestra política común de inmigración. Las dificultades y la urgencia humanitaria que se imponen en las fronteras, en especial en el sur de Europa, y la afluencia masiva de inmigrantes y solicitantes de asilo no pueden dejar a nadie indiferente.
Queremos, pues, que se intensifique la solidaridad europea. Pedimos que Europa comparta las cargas y responsabilidades de su política de inmigración. Deseamos asimismo que se entablen cooperaciones con los países de origen y de tránsito, basadas ante todo en el respeto tanto de los derechos fundamentales como del derecho de asilo.
Pero en ningún caso debemos permitir la externalización de nuestras fronteras. Queremos un enfoque global y transversal de los problemas de inmigración. La lucha contra la inmigración ilegal debe ir acompañada de propuestas concretas, ya sea a favor de la apertura de vías legales de inmigración o de un codesarrollo real y efectivo. Debemos luchar contra las causas profundas de las migraciones, que son la pobreza y los conflictos.
Debemos permitir el desarrollo de terceros países que tienen dificultades y ver también la migración como un factor positivo para el desarrollo, que debe contribuir a reducir la pobreza. Proponemos, entre otras cosas, la creación de una ayuda financiera para los inmigrantes en su país de origen. En conclusión, queremos garantizar un intercambio activo entre países del Norte y países del Sur y saber cómo se concretarán las propuestas avanzadas en Rabat en este terreno.
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE ).
   – Señor Presidente, puesto que el problema de la inmigración es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hasta ahora en 2006, se podría pensar que todos los Estados miembros habrían sido conscientes ya de la urgencia de este problema, pero nada parece más lejos de la realidad. Los informes sobre la reunión de la última semana en Tampere bastaron para hacer que uno se sienta violento. Se impuso la indecisión. Una auténtica tragedia humana se extiende a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión, debido en parte al fracaso de la política de los Estados miembros, y debo decirlo que me siento enormemente incómoda.
El Consejo tiene el objetivo principal –si se puede decir que exista algo como esto– de reforzar las fronteras exteriores. Frontex es la palabra clave, pero se basa en los recursos y el personal que aporten los Estados miembros, y esos recursos son todavía extremadamente limitados. Además, es una ilusión creer que los flujos de inmigrantes pueden controlarse solo mediante el refuerzo de las fronteras exteriores, ni tampoco que eso sea algo que queramos. Tenemos que examinar las razones por las que los inmigrantes deciden abandonar sus países en tropel. El vínculo entre inmigración y desarrollo es sumamente importante. Hacen falta inversiones estratégicas y a gran escala en los países de origen. Podemos hablar perfectamente de un moderno Plan Marshall.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, deberían seguir ustedes el ejemplo establecido por el Comisario Frattini, que les ha pedido en diversas ocasiones plantear un paquete completo de medidas, lo único que permitirá que la Unión consiga algo, así que les animo a que trasladen a los hechos sus ambiciones consagradas en el programa de Tampere y confirmadas en La Haya; se metan de lleno en esta relación tan importante entre inmigración y desarrollo; establezcan esos acuerdos de cooperación con los países de origen y tránsito; conciban con carácter de urgencia una política europea de devolución de acuerdo con la cual todo el mundo tiene derecho a ser tratado con respeto; lancen esas campañas de información; asegúrense de que esta carta verde europea se haga realidad y aborden sus mercados de trabajo clandestinos. Quisiera animar al Consejo, para usar su propia metáfora, a pedalear tan rápido como pueda. 

Hélène Flautre (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, hace exactamente un año morían en Ceuta y Melilla más de 11 y tal vez incluso 16 inmigrantes a causa de los disparos recibidos. ¿Balas españolas, balas marroquíes? No lo sabemos, no se llevó a cabo ninguna investigación. Todo lo que sabemos hoy es que uno de esos muertos era camerunés, los demás quedaron sin nombre ni rostro.
¿Hemos sacado las enseñanzas de este drama? En absoluto, puesto que en julio murieron otros tres migrantes –en Melilla, creo– y se siguen ejerciendo presiones sobre Marruecos para la firma de un acuerdo de readmisión, a pesar de que todos los días desde esa fecha tenemos la prueba de que se siguen produciendo en el país batidas y deportaciones al desierto, así como violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes, incluso de los que tienen papeles del ACNUR.
¿Qué enseñanzas hemos sacado de ese drama? Simplemente, la presión que seguimos ejerciendo sobre Marruecos ha desplazado las trayectorias de los migrantes al Sur, y ese desplazamiento de las trayectorias al Sur entraña recorridos cada vez más peligrosos. Hace algunos años, era absolutamente impensable alcanzar las Canarias con pequeñas embarcaciones de motor. Hoy es una realidad, y son muchos los que la viven. Sabemos cuántas de esas personas llegan a las islas Canarias. No sabemos cuántas partieron de África. ¿Miles, tal vez? ¿Quiénes son, cómo se llaman? ¿Cuántas personas han perecido en aguas territoriales mauritanas o senegalesas?
¿Qué es esta política, y qué le oigo decir en sus entrevistas, señor Frattini? Le oigo decir que quiere una armada europea, con patrullas, aviones, barcos y helicópteros militares; que quiere, en efecto, proteger nuestras fronteras. Esto es lo que leo y le oigo decir, señor Frattini.
Por qué este lenguaje belicoso? ¿Es que hemos declarado la guerra a los inmigrantes? La política de la Unión Europea ha caído en un círculo absolutamente vicioso. Compramos la colaboración de los terceros países para el control de sus propias fronteras, es decir, encerramos a los inmigrantes en sus países. 
Willy Meyer Pleite (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, señor Frattini, señor Rajamäki, las miles de personas que han muerto en el Atlántico y en el Mediterráneo han cometido una equivocación y es haber nacido personas. Si hubiesen nacido mercancías o moneda, a ser posible libra, dólar o euro, la reacción de la Unión Europea hubiese sido otra, muy hospitalaria. Pero, amigos, nacieron personas. Y han cometido el terrible delito de desplazarse de su país huyendo del hambre o de la guerra para intentar vivir en paz. Ese es el delito que han cometido. 
Yo les ruego, yo suplico a la Comisión y al Consejo, que no vuelvan a discutir en una misma agenda el terrorismo y la inmigración. Es una afrenta a la civilización. Les ruego y les suplico que no lo vuelvan a hacer. Porque, efectivamente, si lo hacen dan pie a intervenciones como la del señor Le Pen –fascistas, racistas, xenófobas– o a actuaciones como la de países que son europeos aunque no son miembros de la Unión, como Suiza, que son muy hospitalarios con los flujos financieros, con los flujos bancarios, amigo, pero con las personas hasta ponen en riesgo la petición de asilo. Ese no es el mensaje que tiene que dar la Unión Europea. Por lo tanto, creo que hace falta una rectificación fuerte, son personas y se les tiene que dar una respuesta civilizada.
Janusz Wojciechowski (UEN ).
   – Señor Presidente, quisiera plantear la cuestión de los denominados campamentos de trabajos forzados. Uno de esos campamentos salió a la luz pública hace unos meses. Se hallaba en el sur de Italia y lo dirigía una banda criminal internacional que obligaba a trabajar a jornaleros extranjeros, fundamentalmente polacos, llegando incluso a matar a algunos de los que intentaron escapar.
Quisiera también aprovechar esta oportunidad para decir unas pocas palabras de reconocimiento por las acciones de cierta señora italiana que ha decidido espontáneamente ocuparse de la tumba de un trabajador desconocido al que asesinaron allí. Es una señora mayor con pocos ingresos. Su gesto ha salido en la prensa italiana y polaca, y quisiera transmitirle mi mayor gratitud.
Esta realidad es un problema muy serio. Es muy probable que el campamento descubierto no sea el único de este tipo. En efecto, existen muchos indicios en la prensa de que en otros países existen probablemente campamentos similares. Nos corresponde por consiguiente abordar este asunto con carácter prioritario. 
Nigel Farage (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, la habilidad de controlar las fronteras propias y decidir quién tiene derecho a convertirse en ciudadano del país es una de las características básicas de un Estado nacional y, en este sentido, el Reino Unido tiene mucha suerte porque no formamos parte del continente europeo. Somos una isla, tenemos nuestras propias fronteras naturales y este es el motivo por el que yo y la gran mayoría de la población británica no deseamos que la inmigración se controle a escala europea, pues consideramos que es mucho mejor que la organicemos nosotros mismos. Sin embargo, mientras estoy aquí escuchando estos debates, me sorprende que hablemos tan a menudo sobre la inmigración de terceros países, de personas que entran en la Unión Europea procedentes del exterior, y no hablemos de lo que ocurre entre los Estados miembros.
Por ejemplo, ayer se anunció que dos países europeos muy pobres, Rumanía y Bulgaria, ingresarán en la UE. Bien, está perfectamente claro que si existe la libre circulación de los ciudadanos entre países con niveles de riqueza muy diferentes, ello provocará un gran flujo migratorio; esto me lleva a preguntar cómo el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, puede haber decidido que va a nombrar a un rumano nuevo Comisario de Inmigración.
Este debate afecta a lo que es la razón de ser de la UE, y está quedando perfectamente claro que ninguna nación puede controlar sus propias fronteras, decidir su propia política de inmigración y a la vez seguir siendo parte de la Unión Europea. Cuando este argumento se instaure entre la ciudadanía europea, se convertirá en una cuestión potencialmente explosiva, porque de nuevo la clase política de las instituciones de Bruselas y Estrasburgo se dirige en una dirección, mientras que la opinión pública exige que se dirija en la dirección completamente opuesta. Puede que se hayan salido con la suya en las políticas anteriores, pero ello no va a ser así en la cuestión de la inmigración. ¡Están advertidos! 
Mario Borghezio (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, la primera decisión adoptada por el nuevo Gobierno del señor Prodi en Italia ha sido legalizar la situación de 500 000 inmigrantes ilegales, y con las políticas de reunión familiar esta cifra alcanzará por lo menos un millón. El Gobierno Zapatero en España ha hecho lo mismo, legalizando a 700 000 inmigrantes ilegales. Los demás países de la Unión Europea tienen por consiguiente derecho a preguntarse cuál puede ser el objetivo de esas medidas, aparte de la demagogia política.
Tenemos que preguntarnos por qué las instituciones europeas nunca se atreven a insistir en que esos Gobiernos afronten sus responsabilidades. En Italia, sin embargo, el Gobierno Prodi ha ido más lejos, modificando incluso el Derecho comunitario al permitir reclamar el asilo político incluso en situaciones que no cumplen los criterios estrictos que aprobamos y que se exigen legalmente para la concesión del asilo político, un aspecto fundamental de las libertades asociadas con los derechos humanos. Los privilegios del asilo político se conceden incluso a inmigrantes que no vienen de países inseguros en los que no se respetan los derechos humanos, o de zonas de guerra. Basta con que hayan solicitado el asilo o, si se han denegado sus solicitudes, que esperen a que acabe el largo procedimiento de recurso.
Estas políticas son contrarias a la estricta política de inmigración que han bosquejado hoy las instituciones europeas, entre otras cosas porque hablamos de ser más estrictos con el principio de asilo. Cabría decir, sin embargo, que esas medidas podrían convertirse en un medio para sortear las reglas, que se han concebido precisamente para mantener el problema bajo control. De manera que digo: ¡gracias, Suiza! ¡Gracias, Christoph Blocker! ¡Viva Suiza! ¡Basta de demagogia en Europa con la inmigración! 
Carlos Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Frattini, Señorías, una vez más examinamos en esta Cámara el proceso de creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Debemos reconocer que aunque se ha hecho mucho, todavía queda mucho por hacer. Me refiero a los comentarios favorables realizados por el señor Rajamäki con respecto a la conclusión del expediente del Sistema de Información de Schengen (SIS). Espero que sea posible votar rápidamente a favor de un compromiso en primera lectura que nos proporcione los instrumentos legales que se necesitan para aplicar la segunda generación del SIS.
Quisiera felicitar también a la Presidencia finlandesa por incluir la cuestión de la inmigración entre las prioridades del próximo Consejo Europeo. Con un poco de suerte, el Consejo responderá favorablemente a nuestra solicitud de ampliar el proceso de codecisión para incluir la inmigración legal y la integración. Queremos que haya más legitimidad democrática y un enfoque común europeo de la migración que se base en los principios de cohesión y solidaridad y que abarque la integración de inmigrantes que viven legalmente en Europa.
Señor Rajamäki, me ha gustado oírle hablar de los recientes acontecimientos de las Islas Canarias y el Mediterráneo. Se necesitan medidas prácticas y urgentes en el área de la cooperación marítima operativa con vistas a desarrollar capacidades de vigilancia adecuadas en nuestras fronteras marítimas y establecer equipos de intervención rápida en las fronteras. Acojo con satisfacción especialmente las observaciones del señor Frattini sobre la necesidad de garantizar que a los instrumentos de la Comunidad estén dotados de los recursos necesarios. A Frontex, por ejemplo, no se le debe privar de los recursos financieros que necesita para llevar a cabo su trabajo.
Por último, la política de inmigración debe abarcar la incansable lucha contra la inmigración ilegal y contra la trata de seres humanos, la devolución de inmigrantes ilegales a sus países de origen, la apertura de canales para la inmigración legal y la cooperación y el apoyo al desarrollo de los países de origen. Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, debemos condenar la extraordinaria regularización masiva de inmigrantes, como la sucedida en España en mayo del año pasado. 
Enrique Barón Crespo (PSE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al presidente Cavada que haya planteado un debate sobre un tema absolutamente esencial, como es el espacio de libertad, seguridad y justicia. Permítame que me centre en el tema de la inmigración.
Señor Ministro, han pasado siete años desde Tampere. A mí me tocó estar en otra responsabilidad. Allí se inició el trabajo sobre la inmigración y sobre una política común de la misma, y, hoy, el Vicepresidente de la Comisión, señor Frattini, ha hecho una intervención llena de pasión y de datos, planteando esa política.
Creo que este año la Comisión ha empezado a reaccionar seriamente y que a ello ha contribuido la ayuda de una serie de países, sobre todo de los más afectados: los países del Sur.
Ha hecho muchas promesas de futuro. Pero me permitirá el Vicepresidente Frattini que, coincidiendo con él en la necesidad de una política común y de una unidad de mando y de coordinación que él ha asumido en la Comisión, le recuerde también que «obras son amores y no buenas razones».
En el presupuesto del año pasado, cuya liquidación se anuncia, se ha dejado de gastar el 80 % de la partida correspondiente a inmigración.
Recuerdo que, cuando pasó lo que pasó en Canarias, el portavoz del Comisario dijo que no había dinero. Llamo la atención sobre otro hecho y es que el dinero que hace falta no se puede sacar de la cooperación al desarrollo, porque supone «desnudar a un santo para vestir a otro». Creo que eso tiene también su importancia.
Nos ha prometido una política activa de inversiones; creo que, en relación con África, es el «efecto empuje» −que es el que verdaderamente tiene importancia, pues es bastante estúpido pensar que los africanos están leyendo todo el día el Diario Oficial de las Comunidades o los boletines oficiales de todos los países− lo que debe llevarnos a una política común, a unos criterios comunes de inmigración y a una política activa en relación con nuestras necesidades.
Con un criterio constructivo, señor Presidente, es esto lo que tenemos que hacer. Saludo el paso que se ha dado, pero espero que tenga consecuencias serias de cara al futuro.
Alexander Alvaro (ALDE ).
   – Señor Presidente, me cuesta decirlo, pero el señor Schulz tiene toda la razón en lo que ha dicho. No creo haber dicho esto en esta Cámara antes, y no me parece probable que lo haga de nuevo, pero ha expresado dónde reside el problema, a saber, en equilibrar la soberanía de los Estados miembros con la capacidad de actuar de la Unión. ¿Cuánto están dispuestos a conceder los Estados miembros, y cuánta capacidad para actuar quieren que tenga la Unión Europea?
Esto se refleja muy bien en el dicho de que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Quizás, en este caso, será la Presidencia alemana del Consejo la que envíe la señal que empuje adelante a la Unión Europea, pero tengo que decir que quisiera ver a Finlandia y a Portugal actuando de aceleradores de partículas, porque Alemania, aunque grande, es perezosa; en esto se parece a Francia: país con grandes tradiciones pero nada rápido. Como un buque petrolero, es lenta e inmanejable, y menos innovadora que países como Finlandia, a la que afectan estos asuntos, de manera que le pido que ayude a la Presidencia alemana del Consejo a sopesar dónde se encuentran las principales cuestiones fundamentales. Sobre la cuestión de la inmigración, Günther Beckstein, el Ministro del Interior de Baviera, cometió un error catastrófico cuando reclamó que no sería demasiado esperar que España acogiera 25 000 personas, porque lo que importa no es si es o no razonable esperar eso; la verdadera cuestión es que está en juego la suerte de la gente –gente desesperada– que espera en alta mar.
En lo que se refiere a la emigración en busca de trabajo, el Ministro del Interior federal de Alemania, Wolfgang Schäuble, dejó muy claro que la emigración legal no puede considerarse aisladamente del mercado de trabajo, así que sabemos que tampoco pasa nada en ese frente y, en cuanto a la Agencia de Derechos Humanos que es tan importante para usted, lo que la Canciller Federal alemana, Angela Merkel, tenía que decir sobre ella fue, en efecto, «bueno, sí, muy bien, si no nos queda más remedio al respecto, pero ¿para qué necesitamos una agencia que vigile nuestros derechos fundamentales?» Puede ver, entonces, dónde reside el problema, así que le pido que ponga en juego sus habilidades de acelerador de partículas; permita que Alemania haga un buen trabajo durante su Presidencia del Consejo. De momento, es una perspectiva que me llena de presentimientos. 
Raúl Romeva i Rueda (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, me complace mucho constatar que hay un alto grado de consenso en cuanto a la premisa de partida: que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno actual y creciente y que no va a parar a pesar de la voluntad de algunos de poner barreras o muros en el mar. 
A partir de aquí, de lo que se trata, como también se ha dicho, es de regular esos flujos migratorios, pero de regularlos a base de política y, más específicamente, de política europea. Porque seamos claros, la gente que viene a Canarias no viene a Canarias, pasa por Canarias, es una puerta de entrada a Europa; parece que algunos compañeros o compañeras de otros países todavía no lo han entendido. No van a Canarias de vacaciones, es una vía para entrar en la Unión Europea. Y aquí es donde tenemos que poner los medios. No podemos dejar únicamente en manos de las autoridades canarias o españolas la responsabilidad de afrontar esta cuestión.
Por ello no entiendo, y aun menos comparto, esas reticencias a utilizar el proceso de la pasarela, a comunitarizar esta cuestión desde un punto de vista de responsabilidad colectiva. No entiendo que haya tanto miedo y tanta reticencia a asumir una versión europea de una cuestión que no tiene otra lectura posible. 
Permítame también que añada otra preocupación, la de delegar, la de traspasar, utilizando la política del avestruz, la responsabilidad de gestionar estos flujos a países bien conocidos por su falta de respeto de los derechos humanos, como Marruecos o Libia, por ejemplo.
Ole Krarup (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, muchos de nosotros hemos estado luchando durante años por los principios básicos del Estado de Derecho. En particular hemos luchado por la seguridad jurídica, que por supuesto significa protección en relación con la policía y otras fuerzas del Estado, especialmente para los desfavorecidos de la sociedad. La lucha ha sido, en general, en vano. Nunca ha estado la seguridad jurídica expuesta a amenazas tan serias como lo está hoy. El «espacio de libertad, seguridad y justicia» del Tratado de la Unión Europea es en el mejor de los casos un mito o más bien, quizás, una obra de engaño jurídico-político, que oculta la destrucción sistemática del Estado de Derecho. Además, ninguna de las instituciones de la Unión Europea ha demostrado la capacidad de aplicar el cambio de rumbo que tanto necesitamos. Solo hay espacio para dos mensajes. El primero es que, sin haber cometido crímenes de la escala de los Estados Unidos –con Guantánamo y otros centros de tortura por todo el mundo–, la Unión Europea y los Estados miembros cometen atentados todos los días tanto contra los sospechosos de terrorismo como contra los refugiados que no tienen derechos. El Estado policial «Fortaleza Europa» está peligrosamente cerca. En segundo lugar, las instituciones de la Unión Europea no desean encontrar ninguna explicación a los dos problemas básicos que están en la raíz de los males. La causa más importante que afecta a las dos cuestiones es, pura y simplemente, la desigualdad económica y social en el mundo: la desigualdad que aumenta cada día como fruto directo de la política que aplica la Unión Europea a los países más pobres del mundo, a los que oprime. Esta es la raíz del mal. Solo si se reconoce esto tendrá algún sentido la necesaria política jurídica. 
Guntars Krasts, (UEN ).
   – Si siete años después de la adopción de un programa para fortalecer las fronteras exteriores de la Unión Europea a fin de controlar la inmigración clandestina la tarea todavía no está hecha, está claro que la política común de inmigración de la Unión Europea sigue siendo un asunto pendiente. Los argumentos que se esgrimen en defensa de la inmigración incontrolada no resisten las críticas. Los inmigrantes hacen poco por ayudar a estabilizar las tendencias demográficas adversas de Europa, ya que la proporción de parados entre los inmigrantes supera significativamente los niveles medios. El hecho de que los indicadores de desempleo mantengan también la misma tendencia entre los inmigrantes del segundo mundo demuestra que la tarea de integrar inmigrantes no forma parte de las políticas de inmigración de los Estados miembros. En realidad, el mercado de trabajo está a menudo cerrado a los inmigrantes, lo que lleva a los Estados miembros a abrir sus sistemas de seguridad social. A su vez, los inmigrantes de los países «donantes» lo perciben como una invitación.
Quisiera decir algo sobre la política común de inmigración de Europa. A corto plazo, junto con una mejora significativa de los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, es necesario llegar a un acuerdo sobre una política de inmigración global y estructurada. Esto debe basarse en una evaluación de los mercados de trabajo de los Estados miembros y en su potencial para integrar inmigrantes. A medio plazo, junto a una mejora significativa de la calidad de los programas de ayuda destinados a los países del mundo desarrollado, los Estados miembros deben ser capaces de ponerse de acuerdo en torno a una importante revisión de las actuales políticas de importación y exportación de la Unión Europea, particularmente en la esfera de los productos agrícolas. Gracias. 
Patrick Louis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, Señorías, hemos escuchado al señor Frattini quejarse de que no puede proteger las fronteras del sur de Europa, recordando con razón que un clandestino que consigue pasar a España o Italia se encuentra a un día de Lille o Hamburgo, y proponer, como el señor Sarkozy, la completa abolición del derecho de veto. Este es un ejemplo más de cómo se busca en la integración europea la solución a los problemas que plantea. ¿No han abierto la mayoría de los partidos aquí representados las válvulas de la inmigración incontrolada con los acuerdos de Schengen y el Tratado de Amsterdam, al privar a los Estados de sus competencias en la materia?
Hoy, la Comisión congela los acuerdos de readmisión entre Estados, se inmiscuye en las políticas de reagrupamiento familiar y quiere incluso que entren 25 millones de inmigrantes más para frenar el declive demográfico. No, Señorías, no se puede alternar en el poder durante 30 años y explicar en el momento de las elecciones que no se es responsable de la situación actual. Es más, se nos dice que deberíamos ir todavía más lejos en la huida adelante hacia el federalismo. Francamente, si quieren destruir la civilización europea, continúen por esa vía.
Jana Bobošíková (NI ).
   – Hablamos hoy de los avances en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, es prematuro hablar de avances cuando la Comisión no puede o no quiere cumplir sus compromisos para 2007 con respecto a la expansión del espacio de Schengen. Me parece inaceptable que ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros no puedan circular libremente a través de las fronteras interiores de la Unión Europea en el plazo prometido, a saber, octubre del año que viene. Es inexplicable, desde mi punto de vista, que tengan que someterse al control de la policía de fronteras durante dos o tres años más. La Comisión debería comportarse no como una pandilla de entrometidos, sino como un órgano elegido por este Parlamento y extraordinariamente bien pagado por el contribuyente. Si es incapaz de asegurar las condiciones necesarias para el espacio de Schengen, entonces es incompetente. Si simplemente se ampara en dificultades técnicas y quiere aplazar la libre circulación, entonces no merece nuestra confianza. El señor Barroso y sus Comisarios están entorpeciendo ahora la libre circulación de las personas, que es uno de los pilares de la Unión Europea. Deberían ser conscientes del grado de riesgo que corre la confianza de los ciudadanos en el proyecto Europa en su forma actual. 
Timothy Kirkhope (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, aquí estamos de nuevo. El señor Schulz está en lo cierto. He desempolvado mi discurso de 1999, el señor Schulz ha abandonado la Cámara después de su discurso, varias cosas más siguen exactamente igual que hace siete años. Las canas abundan en esta Cámara, y no me refiero a mí, claro está.
Es cierto que las cuestiones son las mismas, y yo mismo creo que la inactividad pragmática es algo de lo que no siempre deberíamos preocuparnos. En este ámbito en particular, en una época de grandes amenazas terroristas –y en 1999 también había amenazas terroristas– se está transmitiendo el mensaje erróneo de que la Presidencia, la Comisión y, lamentablemente, demasiados de los diputados a esta Cámara parecen pensar de vez en cuando que la necesidad más urgente es introducir la «cláusula pasarela» con arreglo al artículo 42.
Siempre he tenido mis reservas acerca de la imposición de un único modelo de justicia en países con sistemas jurídicos distintos que han evolucionado de formas distintas. En el caso del Reino Unido, nuestro sistema de derecho civil es el mayor legado del gran rey angevino Enrique II, desarrollado luego con gran éxito durante más de 800 años. Asimismo, no hemos conocido el Código napoleónico impuesto en gran parte de Europa hace 200 años. Aunque no podemos aplicar ese sistema, nunca hemos querido impedir a los demás que lo hicieran allí donde resultara oportuno.
Por definición, el paso a la armonización está viciado. La decisión en el caso Cassis de Dijon fue uno de los momentos clave en el desarrollo del mercado interior, otorgando preferencia al principio de reconocimiento mutuo por encima de la armonización global.
Está previsto que el Consejo presente su revisión intermedia del Programa de La Haya a finales de año. Como ha dicho Piet Hein Donner, el partero del programa, el primer principio es la aplicación del reconocimiento mutuo como fundamento de la cooperación judicial. El programa se basa en el supuesto de la cooperación. La cooperación debe determinar la dinámica y el desarrollo de la colaboración europea. Considero que se trata de un planteamiento práctico y prudente, que tiene visos de eficacia e insto a la Presidencia y a la Comisión a seguir en esta línea. 
Nicola Zingaretti (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en un asunto tan delicado tenemos que evitar realmente todo diálogo de sordos. En su lugar es una buena idea empezar fijando algunos puntos de referencia.
El primer punto de referencia es el tema de la inmigración, que es un reto para todos nosotros. Baste pensar en lo que ha pasado este verano: una vez más, decenas de miles de personas han desembarcado en Lampedusa y las Islas Canarias, o mejor dicho, que han arribado a Europa. España, Italia y a veces Chipre y Grecia han sido a menudo simplemente puertas de acceso a través de las cuales estas personas entraban a raudales, ya que no se quedaban junto a las puertas.
Como han señalado el Presidente Borrell Fontelles, el Comisario Frattini y ahora también el Presidente en ejercicio del Consejo, esta es la razón por la que no es solo un caso de emergencia humanitaria o un caso único; sobre todo es un problema estructural, que pone a prueba a toda la Unión Europea y su capacidad para aplicar por fin una política de inmigración europea. Esta política no es necesaria para hacer un favor a ningún Estado miembro particular, sino porque está implicada la Unión en su conjunto.
El segundo punto de referencia es que ni siquiera los que ocupamos puestos de responsabilidad podemos cometer el error de confundir la inmigración con el terrorismo, porque eso por encima de todo hace que los europeos sientan miedo e inseguridad. En vez de ello, deberíamos introducir quizás un paradigma diferente: el de la inmigración y la esclavitud, ya que muchos de esos inmigrantes empiezan a asociarse con eso en determinados Estados miembros.
El tercer punto de referencia es más positivo, sin embargo: tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un nuevo reto que tiene que afrontar nuestra civilización. Ese conocimiento está en el meollo del salto cultural y político que la Unión tiene que dar en el tema de la inmigración. No es una cuestión marginal que afecte solamente a unos pocos de nosotros, sino una nueva obligación que la Unión necesita adoptar como uno de los nuevos objetivos del Milenio, y ya hemos explicado claramente lo que esto significa.
Señor Frattini, señor Rajamäki, sabemos que todo esto se encontrará con la resistencia considerable de muchos Gobiernos, pero si este Parlamento tiene un papel que desempeñar, es el de presionar, comprometerse y mandar este mensaje: «Hagamos algo al respecto.» Debemos decir a los Gobiernos que tienen miedo que es también una manera de recuperar la confianza entre la Unión y sus ciudadanos, demostrando que la Unión existe y puede hacerse notar. 
Sarah Ludford (ALDE ).
   – Señor Presidente, es falso decir que la UE no puede intervenir de forma eficaz en asuntos como la delincuencia, el terrorismo y las libertades civiles sin una nueva Constitución. Señor Schulz, su demostración de indignación ha sido tan entretenida como siempre, pero es su Gobierno y el de la señora Klamt el que está usando ese pretexto desde Berlín. Nos llegan interminables discursos y conferencias afirmando que el terrorismo, el racismo y la inmigración son desafíos primordiales, que lo son, pero la Comisión todavía no puede decirnos si los Estados han aplicado la ley antiterrorista aprobada hace cinco años, de forma que los Estados simplemente están avanzando con una propuesta aprobada hace cuatro años para hacer frente a los delitos de racismo. No existe ninguna política común de la UE en materia de inmigración.
Hoy el Consejo nos dice que la salvaguardia de los derechos humanos es una prioridad para los Gobiernos de la UE. Si es así, ¿cómo es que los Ministros de Asuntos Exteriores fueron recientemente incapaces de dar una respuesta formal al reconocimiento del Presidente Bush de la existencia de las cárceles secretas de la CIA, de la misma forma que han sido incapaces de hacer nada respecto a Guantánamo durante cuatro años? Este sistema no funciona y no sirve para la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos humanos. Es una traición a las necesidades de seguridad en el siglo XXI de los que dentro de poco serán 500 millones de ciudadanos. 
Sepp Kusstatscher, (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la inmigración continúa, lo queramos o no; lo único que importa es cómo la manejamos. Europa necesita inmigrantes, y la idea de Europa como una fortaleza con la riqueza dentro y la pobreza fuera es insostenible.
Esta propuesta puede que sea bienintencionada, pero no es buena; es un compromiso entre partidos que carece de suficiente visión. La práctica actual de devolver a los extranjeros del sur de Europa y del norte de África es brutal, inhumana y éticamente indefendible; hemos olvidado cómo actuar de acuerdo con los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Nuestro enfoque de los derechos humanos es altamente hipócrita y hacemos caso omiso de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ).
   – Quisiera aprovechar esta intervención de dos minutos sobre la importante cuestión de la inmigración, que dada su naturaleza polifacética requiriría mucho más tiempo, para pedir lo siguiente:
- El fin de las medidas de seguridad represivas que criminalizan a los inmigrantes, que después de todo solo son hombres y mujeres que buscan trabajo y una vida decente;
- El cierre de los centros de detención de inmigrantes y el fin de la política inhumana de deportación;
- Que se intensifique la lucha contra los que tratan con seres humanos y sus cómplices;
- Que se intensifique la lucha contra la xenofobia y el racismo, y contra todas las políticas y puntos de vista distorsionados que alimentan estas actitudes;
- La regularización de trabajadores inmigrantes, garantizando sus derechos laborales y sociales, un requisito previo fundamental para acabar con el espantoso fenómeno de la explotación;
- Una política efectiva de inmigración que incluya específicamente la reunificación familiar;
- Una política que invierta la tendencia actual a concentrar la riqueza en manos de unos pocos a costa de la explotación y la pobreza de millones y millones de seres humanos. Quisiera citar también algunas estadísticas de las Naciones Unidas: Las 691 personas más ricas del mundo tienen una fortuna neta equivalente a 2 200 millones de dólares estadounidenses, que es igual a la riqueza conjunta de los 145 países más pobres. Es más, las 500 personas más ricas tienen en conjunto una renta mayor que la de los 416 millones más pobres. Los 8 millones de personas más ricas del mundo tienen una fortuna neta equivalente al 80 % del PIB de todos los países del mundo.
- En otras palabras, lo que hace falta es una política que utilice los amplios recursos de la humanidad, los medios y los avances de la ciencia y la tecnología para resolver efectivamente los problemas a que se enfrentan los pueblos del mundo. Esta política debe ser diametralmente opuesta a la del neoliberalismo, militarismo y ausencia de respeto por la soberanía de los pueblos y los países. 
Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, en el contexto de los problemas relacionados con el proceso de inmigración planteado en la pregunta de hoy, se ha hecho hincapié, entre otras cuestiones, en la falta de confianza mutua entre Estados miembros de la Unión Europea. Esta desconfianza y sospecha afecta casi automáticamente a las relaciones con terceros países, como los Estados Unidos, que es el aliado natural de Europa en la guerra contra el terrorismo. Esta actitud obstaculiza el establecimiento de disposiciones legales claras en estos ámbitos. Limita efectivamente o incluso impide una cooperación eficaz.
Es difícil estar de acuerdo con el punto de vista expresado hoy por el Comisario Frattini, a saber, que la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo deberían ir de la mano. Creo que en beneficio de la mayoría de ciudadanos europeos, habría que pensar seriamente en redefinir los derechos fundamentales con vistas a restringirlos. Eso nos permitiría hacer frente a las acciones terroristas de forma rápida y eficiente. Sin duda debemos movernos en esa dirección en interés de la seguridad. 

Jan Tadeusz Masiel (NI ).
   – Señor Presidente, el pasado domingo un pequeño país, Suiza, votó a favor de un tipo de política de inmigración más acorde con las necesidades del país en cuestión y de sus ciudadanos. Como ha señalado el Comisario Frattini, también podría merecer la pena emular las políticas de inmigración adoptadas por Australia y los Estados Unidos. La Unión Europea, sin embargo, ha estado siguiendo una política de inmigración demasiado ambiciosa durante años, en detrimento de los intereses de sus propios ciudadanos.
Nuestras políticas de seguridad, justicia e inmigración deberían fortalecer la ayuda al desarrollo de África. Deberían acabar con la afluencia de musulmanes y, si los factores demográficos o la situación del mercado laboral lo requieren, acoger a cristianos del Este de Europa como Belarús, Ucrania, Georgia, Armenia y Rusia, que no pondrían en peligro la identidad de nuestra civilización cristiana. 
Charlotte Cederschiöld (PPE-DE ).
   – A la larga no podremos funcionar sin una política común de inmigración y estrategias comunes. Los Estados miembros son los principales responsables de la integración. Hay que poner fin a la exclusión que tenemos ahora, junto con subsidios en vez de trabajo, y activar la política de integración. El trabajo debe ser la norma, y los subsidios la excepción. En Suecia, el nuevo Gobierno quiere facilitar la contratación de los parados para los empresarios. La política de integración debe combinarse también con medidas encaminadas a combatir la trata de personas y con el desarrollo conjunto de acuerdos con terceros países. Quiero elogiar al señor Frattini por sus esfuerzos en este sentido. Debemos unirnos también para defender los valores humanos en los que se basa la Unión Europea. Un espacio de libertad, justicia y seguridad exige un aumento de la seguridad jurídica y un fortalecimiento de los derechos fundamentales individuales que el Tribunal de Justicia Europeo puede y debe aplicar. Aunque no tenemos estas cosas en el tercer pilar, como tampoco tenemos la protección de datos, hemos visto que se han introducido medidas que interfieren ampliamente en la vida privada. ¿Durante cuánto tiempo cree el Consejo que podemos continuar sin derechos fundamentales y sin un tribunal a escala de la UE que sea competente para revisar los casos? Hay que centrarse ahora en la seguridad jurídica y en los derechos fundamentales. A largo plazo, esto debería ayudarnos a combatir el crimen más efectivamente. La seguridad jurídica y la lucha contra el crimen van de la mano. 
Louis Grech (PSE ).
   – Hace algunos meses, en este Parlamento, el Comisario Frattini dijo que no podía avanzar al ritmo que le gustaría. Entendemos y valoramos que haya problemas burocráticos, pero no pueden continuar usándose como excusas y permitir que una situación alarmante se convirtiera en explosiva e incontrolable. Es vergonzoso que la Unión se vuelva tan extremadamente pasiva cuando se encuentra con una situación que es tan delicada, humana y trágica para tantas personas y países, incluidos los Estados miembros. Malta, como Italia, España y otros países, se enfrenta a una carga que ningún país puede soportar por sí solo. Es una crisis que trasciende las fronteras y por consiguiente la solución debe ser europea, mediterránea y africana y, si es necesario, debe implicar también a las Naciones Unidas.
Durante mucho tiempo hemos estado oyendo palabras como movilización, solidaridad y ayuda financiera. Tomemos, por ejemplo, la promesa hecha a Malta de que durante el verano comenzarían las patrullas europeas en nuestras aguas. El verano ha llegado y se ha ido de la misma manera que han llegado los inmigrantes, pero las patrullas no se han dejado ver por ninguna parte. Hasta ahora el resultado ha sido siempre una política de parches que comprende medidas inconexas, y el anuncio esporádico de que hemos encontrado otro medio millón de euros que donar. Es una situación tan crítica que justifica la formulación de un plan de emergencia europeo, y en este contexto creo que el Parlamento Europeo debe tener más competencias y desempeñar un papel más destacado. Hay muchas iniciativas que pueden adoptarse, una de las cuales es el establecimiento de un observatorio basado en un país mediterráneo como Malta, de manera que pueda tener lugar el trabajo de coordinación sobre la inmigración ilegal en la región.
El Consejo y la Comisión tienen que mandar una señal clara y concreta de que consideran realmente este problema como una prioridad, y que están dispuestos a moverse y a actuar para aplicar una política global que aborde no solo las necesidades inmediatas de los Estados miembros afectados, sino también las de los inmigrantes. A menudo son víctimas de la represión política, del crimen organizado o de la pobreza económica. Este plan debe comprender a los países de los que salen estos inmigrantes, y debe abordar los problemas, especialmente los económicos, de los países de origen de los inmigrantes. Cuanto más se agrave la situación, tanto mayor será la pérdida de fe de los ciudadanos en las instituciones europeas. 
Sophia in 't Veld (ALDE ).
   – Señor Presidente, necesitamos urgentemente la «cláusula pasarela» para que la toma de decisiones sea más eficaz y democrática. La UE debe hablar con una sola voz y no permitir que los Estados Unidos fijen unilateralmente las características de nuestros esfuerzos conjuntos en la lucha contra el terrorismo. Esto se aplica, por ejemplo, a las negociaciones en torno al acuerdo sobre el registro del nombre de los pasajeros (PNR) para después de 2007, así como a las actividades de la CIA. La semana pasada, los Estados miembros expresaron una condena muy endeble sobre los campos de detención secretos de la CIA, pero me gustaría saber si los europeos van a continuar utilizando la información obtenida en estas cárceles secretas e ilegales.
Respecto de los derechos fundamentales, que de forma sospechosa brillan por su ausencia en este debate, la Comisión obtuvo en 2004 la aprobación del Parlamento Europeo con la condición de que la Comisión se convirtiera en el adalid de los derechos humanos, pero hasta ahora la Comisión se ha comportado con bastante timidez. Por ejemplo, usted condena la homofobia con palabras, pero ¿va a emprender alguna acción, Comisario Frattini, por ejemplo sobre la base del artículo 7, contra las iniciativas y declaraciones homófobas de Gobiernos y Ministros de la UE? ¿Va a poner fin de manera definitiva a la intolerable discriminación contra las parejas homosexuales casadas? Señor Comisario y señores del Consejo, ¿van a proceder con mano dura contra el terrorismo, pero también contra la intolerancia en Europa? 
Patrick Gaubert (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, más de 20 000 inmigrantes clandestinos han venido a encallar, poniendo en peligro sus vidas, en las playas de las Islas Canarias, Lampedusa y Malta desde principios de año. No sabemos cuántos otros han perecido ahogados. Y las palabras que he escuchado hace un momento de boca del señor Le Pen sobre esos hombres y mujeres son realmente repugnantes.
Nuestro único objetivo para con esos inmigrantes es poder cubrir las necesidades vitales de sus familias. Esos hombres, a menudo padres de familia, están dispuestos a todo para alimentar a sus hijos, y nada los parará. En vez de estigmatizarlos, hay que poner fin a esos dramas humanos. Por lo tanto, materialicemos estas palabras en acciones y establezcamos rápidamente una verdadera política de inmigración.
En las visitas que he efectuado con mis colegas a los centros de retención administrativa en las fronteras meridionales de Europa, dimos la señal de alarma. Este verano se envió una misión de la agencia Frontex para patrullar las costas españolas y africanas. Es un primer paso positivo. Por desgracia, la falta de medios sigue siendo flagrante.
He aquí algunos ejemplos que se recogen en la resolución de mi Grupo. En primer lugar, la mejora de la seguridad en las fronteras exteriores. Recordemos que, en el espacio Schengen, el reparto de responsabilidades y de la carga financiera es primordial. Reflexionemos pues sobre la creación eficaz de patrullas comunes para las fronteras marítimas, de una policía europea de fronteras o de una red de oficiales de enlace sobre la inmigración.
En segundo lugar, una represión más eficaz de los traficantes de seres humanos y el trabajo clandestino en todos los Estados miembros.
En tercer lugar, asociaciones reales y acuerdos de readmisión con los países de origen. Queremos, en primer lugar, que se adopte lo antes posible la directiva europea sobre el retorno.
Por lo que respecta al codesarrollo, establezcamos sistemas de vigilancia más eficaces. El dinero del codesarrollo debe llegar directamente al pueblo, sin que se desvíe. La ayuda al desarrollo debería ser proporcional a los esfuerzos realizados por los países de origen por impedir que su población emigre ilegalmente. Por último, ¿han controlado la inmigración clandestina los Estados que han efectuado regularizaciones masivas en los últimos años? La respuesta es, por desgracia, negativa. Las regularizaciones masivas no son, como algunos piensan, la solución correcta. 
Para terminar, quisiera preguntarle muy cándidamente cuánto tiempo, cuántas reuniones serán necesarias aún para que los 25...
Stavros Lambrinidis (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, no nos hacía falta una comisión de los servicios secretos de los Estados Unidos para saber que la guerra de Iraq aumentaría, en lugar de reducirlo, el riesgo de terrorismo en Europa y el resto del mundo. Tampoco debería nadie declararse sorprendido en el futuro si resulta que las prisiones secretas, las interpretaciones flexibles de la Convención de Ginebra, la intervención de miles de teléfonos, la desconfianza en cualquier viajero europeo y el trato dado a millones de inmigrantes que viven entre nosotros a base de medidas de represión y no de integración no solo dan argumentos para el reclutamiento de terroristas, sino que son también, fundamentalmente, medidas que socavan el sentido de la seguridad y la democracia en el mismo corazón de Europa.
El Parlamento Europeo no es ingenuo ni romántico en cuestiones de antiterrorismo. Ha solicitado repetidamente medidas severas para combatir todos estos asesinatos. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en la aplicación del Derecho europeo y en la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la posiciσn equilibrada y fuerte del Parlamento no parece preocupar a determinados Ministros en la Uniσn Europea. La semana pasada en Tampere, algunos Ministros de Justicia insistían en mantener al Parlamento en el papel de ventrílocuo de juguete en estas cuestiones. Por desgracia, entre ellos estaba el Ministro de Justicia griego, que debería tener más cuidado después de la revelación de ayer de que el Gobierno griego había acordado secretamente con los Estados Unidos en 2004 facilitar la transmisión de miles de datos –no sobre ciudadanos griegos, sino europeos– durante y después de los Juegos Olímpicos de Atenas.
En nuestros países, nadie entiende que los Parlamentos nacionales no tengan capacidad de decisión y control en asuntos de policía y justicia. En Europa, sin embargo, parece que algunas personas quieren trazar una línea y decir que la democracia aquí no cuenta. 
Lapo Pistelli (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, un minuto es muy poco tiempo, de manera que me limitaré a tocar una sola cuestión.
Hablamos de políticas en las que parece claro lo que Europa puede y debe hacer: necesita desarrollar un sistema común de asilo, normas comunes sobre inmigración legal y gestión común de nuestras fronteras exteriores.
Está claro que los esfuerzos nacionales ya no son suficientes, porque simplemente no funcionan. Está claro que la opinión pública apoyaría esta idea alternativa de soberanía europea efectiva, aunque admito que ha habido esta mañana demasiados discursos de miembros italianos o mediterráneos, como si la inmigración fuera puramente nuestro problema, es decir, un problema que afectara solo a los países mediterráneos.
Lo que no está claro, sin embargo, es el título del comunicado de prensa emitido al final de la Cumbre de Tampere: «Los Ministros piden mayor solidaridad y cooperación.» Lo siento, señor Rajamäki, pero ¿a quién si no a ellos mismos se les puede pedir esto? Puesto que todavía no tenemos una Constitución Europea –ya me gustaría tenerla– ¿tiene alguien en el Consejo otra idea diferente que la de aplicar rápidamente la cláusula pasarela? Además, ¿quién se beneficia de este estancamiento institucional? Hoy, por lo menos, creo que una gran mayoría del Parlamento ha dejado muy claro su punto de vista sobre esta cuestión. 
Jas Gawronski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, hay muchas nuevas amenazas para nuestra seguridad y libertad, y la inmigración incontrolada es sin duda una de ellas.
La mayor y más reciente amenaza, sin embargo, viene del terrorismo, como ha señalado antes el señor Frattini. Como coordinador de mi Grupo en la comisión temporal sobre la CIA, he abordado el problema con mis colegas y todos juntos hemos buscado soluciones. He llegado personalmente a la conclusión de que podemos hacer muy poco –y, por desgracia, hemos hecho muy poco– para descubrir algo nuevo sobre la situación, sobre sus causas y sobre a quién hay que echar la culpa. Ahora debemos concentrarnos en el futuro y en las vías y medios para evitar la repetición de situaciones de ilegalidad que siguen poniendo en peligro nuestra libertad y seguridad.
¿Qué podemos hacer? Podemos encontrar una idea en la pregunta al Consejo que ha originado el debate de esta mañana, en la que se mencionan iniciativas para remediar la falta de confianza entre Estados miembros. Este es un punto importante, verdaderamente crucial. Para combatir el terrorismo en la Unión necesitamos intercambiar más información, incluyendo a nuestros principales aliados y en particular a los Estados Unidos, con los que hemos tenido recientemente algunas dificultades. Debemos intercambiar información en pie de igualdad y sobre la base de la confianza mutua.
Se necesita también un mayor control de las actividades de los servicios secretos de un país cuando operan en el territorio de otro. Los servicios secretos tienen que seguir siendo secretos para operar efectivamente, pero siempre dentro de determinados límites. Nuestra comisión sobre la CIA no tiene poderes de investigación, así que tenemos que insistir en que los Parlamentos nacionales, que en muchos países tienen los poderes necesarios, investiguen cualquier infracción de los derechos humanos y cualquier amenaza a nuestra seguridad y libertad.
Nuestra tarea consistirá en coordinar la investigación para conseguir soluciones compatibles a escala europea. 
Hannes Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, aunque algunas personas decidan hacer caso omiso de este hecho, Europa es un continente que atrae inmigrantes. Muchos ciudadanos de este continente nuestro podrían aceptar este fenómeno tranquilamente si sintiera que esa inmigración está hasta cierto punto bajo control y se mantiene dentro de límites razonables. Lo que no pueden aceptar –y eso lo explota por supuesto la extrema derecha, en particular– es el sentimiento de que se enfrentan a una especie de ataque que son incapaces de controlar.
Es, entonces, absolutamente cierto que el Consejo y el Comisario Frattini en particular deberían reclamar abiertamente las acciones que haya que adoptar, para dar a los ciudadanos la sensación de que hay algo como una única política de emigración europea con algunas piedras angulares que garantizan que todo se mantenga bajo control. La solidaridad dentro de Europa forma parte de esto, por supuesto. Puede que algunos países –Alemania y Austria, por ejemplo– estén algo resentidos por los tiempos en que se hallaban en el extremo receptor de un gran número de inmigrantes, particularmente del sudeste de Europa, pero de muy poca solidaridad, aunque esa no es razón para denegar ahora la solidaridad a otros. Nada de eso; en lo que se refiere a este aspecto, tenemos que hacer causa común.
La política de inmigración, sin embargo, debe ir de la mano con una política de integración. Estoy encantado de que el Comisario Frattini haya abordado el tema de los trabajadores sin permiso, ya que a veces ocurre que esos políticos que se exaltan terriblemente con la inmigración toleran, al mismo tiempo, la presencia en Europa de grandes masas de trabajadores ilegales que constituyen una especie de reserva de mano de obra ilegal y que también presionan a la baja sobre los salarios. ¡Eso no puede ser! Es justo exigir que cada uno de los Gobiernos individuales adopten medidas enérgicas para abordar este problema.
Gérard Deprez (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, visité España a finales del mes de agosto y debo decir que me impresionaron profundamente las terribles imágenes que vi de esos pobres desgraciados que desembarcaban en las costas canarias.
Pero debo decir también que sentí vergüenza, no de lo que hacen los españoles –hacen todo lo que pueden–, sino vergüenza por la falta de solidaridad de los países europeos, que prometieron ayuda a España y no se la han dado. Y vergüenza –señor Comisario, espero que haya leído la prensa española– ante la escasez de medios de Frontex. Era demasiado poco y demasiado tarde.
Señor Rajamäki, es costumbre en los medios europeos deleitarse en las palabras para decir que construimos juntos un espacio común de libertad dentro de una frontera común. Pero, señor Presidente, recuerde a sus colegas que una frontera común se gestiona y se protege en común. Es un escándalo que algunos Estados miembros regateen su solidaridad. Es una vergüenza que un Estado miembro deba mendigar la ayuda de los demás para desempeñar una tarea que redunda en interés de todos.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la política equivocada del Gobierno de España está inundando la Unión de «sin papeles». España ya es país de destino y país de tránsito. Nunca más regularizaciones masivas. Tenemos que poder decir cuántos y quiénes pueden vivir con dignidad entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Hay soluciones nacionales y soluciones comunitarias.
En el ámbito comunitario, tenemos que avanzar hacia el objetivo de una política común de inmigración. En este sentido es crucial aprovechar las posibilidades contempladas en el Tratado CE y, concretamente, en el apartado 2 del artículo 67 y aplicar el procedimiento de codecisión a la inmigración legal.
Tendremos, señor Presidente, que poner en práctica políticas como las que siguen: mayor cooperación entre los Estados miembros, igualdad de derechos y obligaciones para todos los inmigrantes, políticas de asociación y de cooperación condicionadas, acuerdos bilaterales entre la Unión y los países de origen, incluyendo cláusulas de readmisión obligatorias. 
No, de nuevo no, a los procesos nacionales de regularización masiva, sí a la mejora constante de los medios y al refuerzo de las capacidades de FRONTEX, a la coordinación de los controles en las fronteras marítimas, a la creación de patrullas y equipos mixtos de control fronterizo, al aseguramiento de las fronteras exteriores de la Unión y a la acción exterior de la Unión. Solana y Ferrero a África y al Mediterráno.
Todo ello, además, con el tratamiento humanitario necesario que requiere la inmigración ilegal y que apoyamos sin reservas. Auxilio, atención humanitaria y devolución. Nadie debería permanecer en el territorio europeo al margen de la ley.
Señor Presidente, una protesta para no romper mi tradición. Este es un buen debate, pero es un para no profundizar en nada. Protesto por ello. Aquí se habla de inmigración, se habla de terrorismo, se habla de cláusula pasarela, se habla de delincuencia organizada. Señor Presidente, saquemos provecho de esta lección y hagamos debates monográficos.
El Presidente.
   Gracias, he tomado nota de sus comentarios. De todas formas, se trata de un debate sobre los avances realizados en el terreno de la libertad, la seguridad y la justicia. Es un debate anual, por lo que lógicamente tiene que ser más bien amplio. 
Marie-Line Reynaud (PSE ).
   – Señor Presidente, el Parlamento debe pronunciarse de aquí a finales de año sobre el programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios. Yo habría deseado que se asignaran más fondos para este instrumento capital, pero sufrimos las limitaciones de unas perspectivas financieras draconianas. En todo caso, espero que la Comisión no acepte un recorte con respecto a su última propuesta.
Nuestro objetivo debe ser garantizar que el reparto entre los cuatro fondos –refugiados, fronteras exteriores, integración y retorno– sea reflejo de un enfoque equilibrado del tema de la inmigración y no un enfoque esencialmente represivo. Por ello, debemos defender el fondo para la integración, ya que, si el Consejo afirma que la integración puede ser financiada por el Fondo Social Europeo (FSE), este fondo será el único instrumento que verdaderamente financie medidas destinadas a los recién llegados.
Por último, si tenemos un deber de solidaridad para con los Estados especialmente expuestos, tengamos presente que se trata de Fondos Estructurales, que no están concebidos para ser utilizados como fondos de emergencia, ya que las claves de reparto de cada fondo permiten tener en cuenta la diversidad de situaciones.
Ignasi Guardans Cambó (ALDE ). –
   Señor Presidente, la Unión Europea se está jugando su credibilidad ante millones de ciudadanos. Si la Unión Europea no sirve para proteger de forma común sus propias fronteras, ¿para qué sirve? Hay una única frontera exterior en Europa y es responsabilidad de todos. 
Los inmigrantes africanos no entran por el Polo Norte, señor Ministro, ni por las costas del mar Báltico, pero están entrando en Europa, que es la de todos. Solo que cada uno tiene la geografía que tiene, y que Dios le ha dado, que dirían algunos. 
No es caridad lo que están pidiendo aquí algunos Estados miembros, es coherencia con el proyecto europeo que tanto llena la boca a todos, que tan fácil es de predicar cuando se habla del mercado interior de servicios financieros o el mercado común de mercancías. En cambio, cuando se trata de fronteras, parece que cada Estado miembro tiene las suyas sin que tengan por eso que responsabilizarse los demás. No es caridad, es coherencia, es responsabilidad con el proyecto europeo, es jugar con la credibilidad de la Unión Europea.
Barbara Kudrycka (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el señor Rajamäki ha señalado que a finales de este año se dará a conocer un calendario revisado para el acceso de los nuevos Estados miembros al sistema SIS II. De esto se deduce que también se establecerá un calendario revisado para la eliminación de las fronteras interiores. No se sabe cuándo sucederá esto, pero el aplazamiento no se debe a retrasos por parte de los nuevos Estados miembros. Polonia estará preparada para empezar a aplicar el sistema SIS II en marzo de 2007. Lo mismo sucede con los demás Estados miembros nuevos.
Señor Comisario, señor Rajamäki, ¿qué efecto tiene esta situación en la credibilidad de la Comisión con respecto al disfrute por parte de los ciudadanos de un derecho tan fundamental como la plena libertad de circulación en el territorio de la Unión Europea? La Comisión no hace más que grabar lemas sobre la Europa de los ciudadanos y meternos la Europa de los resultados hasta en la sopa. ¿Cómo se atreve, por consiguiente, a paralizar por supuestas razones técnicas el proceso de la plena ampliación del espacio de Schengen y aplazarlo hasta después del año que viene, como ha acordado el Consejo Europeo? ¿Habría que preguntar quizás a expertos de los nuevos Estados miembros para garantizar que la unidad central esté lista a tiempo? Hay que contratar a los mejores programadores y personal de TI para garantizar que así se haga. De lo contrario, la Comisión y usted personalmente, señor Comisario, tendrán que rendir cuentas por esa falta de profesionalidad. No me refiero a las consecuencias financieras, técnicas, políticas y sociales de esta decisión. El Parlamento Europeo controla el progreso de la Comisión en este terreno, junto con cualquier coste producido por el retraso, y continuará haciéndolo así. Animo pues a todos los afectados a considerar los costes y beneficios implicados antes de adoptar la decisión final sobre este asunto.
Felicito al Consejo por cerrar un compromiso sobre el paquete legislativo SIS II. Sin embargo, necesitamos todavía que el Consejo demuestre un fuerte liderazgo y ponga de manifiesto lo que son realmente los denominados problemas técnicos, a saber, una cortina de humo ante la falta de voluntad política por parte de determinados Estados miembros. Después de todo, es el sistema SIS II el que crea algunas oportunidades técnicas y es así una de las condiciones que garantiza que la política común de inmigración pase a ser una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, no solo por los más afectados por la inmigración ilegal y el terrorismo. De lo contrario nunca seremos capaces de hacer frente efectivamente al terrorismo y la afluencia de emigrantes. 
Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE ).
   – Señor Presidente, la inmigración en Europa, ya sea por medios legales o ilegales, es una tarea comunitaria por excelencia En una época de fronteras abiertas, los problemas de la inmigración ya no pueden ser resueltos por los Estados nacionales por sí solos; hay una responsabilidad compartida de la que ningún Estado miembro –ni siquiera Alemania– puede escabullirse. Con vistas a la Presidencia alemana del Consejo, una cosa está clara: no podemos actuar como si la inmigración legal e ilegal estuvieran absolutamente desconectadas, porque se da el caso contrario; una condiciona a la otra. El hecho es que la migración es un fenómeno complejo y tan viejo como el mismo género humano; las deportaciones y los guardas fronterizos no servirán para abordarlo.
Esta es la razón por la que el Consejo de la Unión Europea debe afrontar resueltamente este problema, no solo en interés de Europa, sino también y sobre todo en interés de las personas desesperadas que van en busca de lo que se les dice que va a ser un futuro mejor para que en vez de ello a menudo pierdan sus vidas en el intento. Las cosas que dijo el señor Beckstein, de la CSU bávara, en Tampere son cuando menos vergonzosas, y revelan una vez más lo que este hombre y elementos importantes de su partido creen realmente. 
Marco Cappato (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, se ha progresado muy poco en el espacio de seguridad y libertad, y sin duda no lo suficiente para una cuestión tan decisiva.
Durante años, el Consejo ha decidido basar sus acciones en el ámbito de la libertad en el reconocimiento mutuo, como si los tribunales, la policía y los servicios secretos de los países individuales de Europa pudieran cooperar necesariamente sobre la base del reconocimiento mutuo. Los hechos han demostrado que solo con este principio no basta: también necesitamos valentía para armonizar determinadas políticas y convertirlas así en políticas europeas, particularmente en cuestiones de libertad.
Seguimos manteniéndonos firmes en algunos puntos: la directiva contra la discriminación, el observatorio sobre el racismo, el marco de decisión sobre derechos procesales y la defensa de la privacidad en la transferencia de datos de los pasajeros aéreos.
En la cuestión de la libertad carecemos de salvaguardias comunes a escala europea; en este terreno, la cooperación entre los Estados miembros no es suficiente. 
Hubert Pirker (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el problema de cómo enfrentarse a la inmigración ilegal es el mayor reto de los tiempos modernos, aunque tengo que dejar claro que el 99 % de los inmigrantes no son refugiados, sino más bien emigrantes económicos, y es finalmente la Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros los que deciden qué emigrantes, y cuántos de ellos, deben aceptarse; este es un asunto muy distinto del asilo, cuyas soluciones necesarias son solo posibles sobre una base comunitaria.
Me complace ver que después de muchos debates se ha allanado el camino para entrar realmente en acción en este frente, y el Comisario Frattini merece que se le elogie por Frontex y otras medidas, pero lo que deberíamos hacer es invertir más en prevención. Ya se han dado realmente los primeros pasos con este fin, pero propongo que pensemos en intensificar la ayuda al desarrollo, en fijar como objetivo y controlar la posibilidad de campañas de información en los medios de comunicación, que deberían suponer un esfuerzo de colaboración con los países de origen y en las que las se informara de los riesgos y consecuencias de la inmigración ilegal mostrando cómo son realmente las cosas para los que llegan en cayucos y pateras y los que emigran ilegalmente en busca de trabajo, y también habría que hablarles de la posibilidad de emigrar legalmente. Esto ayudaría verdaderamente a aliviar muchas necesidades y miserias.
En tercer lugar, tenemos que hacer más por abordar el problema de las personas que trabajan ilegalmente en la Unión Europea y actuar con firmeza. Espero que el Consejo garantice que no haya más legalizaciones masivas, lo que hace más que ninguna otra cosa por atraer más emigrantes a la Unión Europea.
Finalmente, quisiera pedir una vez más a los Estados miembros que abandonen para siempre sus animosidades nacionales en lo que se refiere al asilo, la emigración por motivos de trabajo y la seguridad interior o por lo menos las refrenen y avancen hacia soluciones basadas en la Comunidad, porque lo que piden los nuevos retos es nuevas respuestas europeas. 
Inger Segelström (PSE ).
   – Los ciudadanos de la Unión Europea dan una gran prioridad al debate que tenemos ahora. Como han dicho unos pocos oradores en esta Cámara, deberíamos haber resuelto estos fuertes problemas hace tiempo. Esto se aplica a los flujos migratorios que llegan a las Islas Canarias y Malta, la puesta al día de la información para todos los que esperan los permisos de permanencia en la Unión Europea y más apoyo a los que luchan por ser admitidos como nuevos ciudadanos de la UE. Deberíamos haber progresado más en orientar las actitudes de nuestras sociedades y combatir la segregación en la vida laboral, la vivienda y la educación.
En Suecia hemos tenido elecciones hace dos semanas, en las cuales un partido xenófobo ha conseguido escaños en uno de cada tres ayuntamientos. Me preocupa su mensaje de que se ha dejado entrar a demasiados inmigrantes. Hablan de eso, pero no de la responsabilidad que todos compartimos y de la solidaridad que debemos demostrar. La población de la UE envejece rápidamente y hará falta que seamos más. Debemos tener un debate fructífero sobre esto. En el Parlamento debemos obtener poderes más amplios, mayor responsabilidad y un acceso más rápido a la toma de decisiones. Tan solo a través de una política común de la Unión Europea en este terreno podemos conseguir resultados para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Stefano Zappalà (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, este verano hemos sido testigos una vez más de desembarcos y naufragios diarios que han supuesto cientos de muertos en aguas europeas.
El flujo continuo de barcos que tratan de alcanzar las costas de la Unión no da signos de amainar; en realidad, aumenta. La situación ha adquirido ahora claramente rasgos de auténtica emergencia, que hay que abordar seriamente. Todavía hoy, tres o cuatro Estados miembros piensan que tienen que abordar esos desembarcos por sí solos. Algo que hemos oído y dicho todos demasiadas veces en esta Cámara es que Malta, Italia y España están haciendo un esfuerzo en beneficio de toda la Unión, pero que se les deja sufrir solos.
La Unión Europea como tal, con sus 25 –y pronto 27– países miembros, debe abordar de una vez y por todas esta situación extremadamente seria de forma conjunta. Hay que abandonar el egoísmo nacional. Es hora de empezar a considerarse la emergencia de la inmigración como un problema que afecta a todos los 25 Estados miembros y no solo a aquellos cuya posición geográfica implica que tengan que recuperar cadáveres del mar todos los días.
A través de los buenos oficios del señor Frattini, que se merece todos nuestros aplausos –y no solo porque sea un amigo–, la Comisión prepara planes de acción específicos y trata de aplicar programas existentes. Es el Consejo, sin embargo, el que tiene que decidirse a abordar una situación que constituye una tragedia humana desde hace algún tiempo. En vez de eso, señor Ministro, el Consejo sigue tomando el pelo a Europa. El Consejo necesita asumir la responsabilidad de mandar una señal enérgica y efectiva para convertir esto en un asunto comunitario.
A este fin, señor Ministro, aprovecharé esta oportunidad para pedir de nuevo que se convoque un Consejo extraordinario de Asuntos Interiores, que deberá celebrarse en la Isla de Malta, pues es uno de los países más afectados y que afronta las mayores dificultades debido a su tamaño. Pediré también una vez más un debate sobre el acuerdo Dublín II.
¡No más palabras vacías, señor Ministro! ¡A través del Consejo, la Unión Europea necesita demostrar que existe realmente! 
Genowefa Grabowska (PSE ).
   – Señor Presidente, Lampedusa no es solo un problema italiano. La inmigración no es actualmente un problema tan grande en mi país, Polonia, como lo es en España, Italia, Malta, Grecia o Chipre, pero a cualquiera de nosotros le podría alcanzar una ola de inmigración ilegal. Así pues, la inmigración no es una cuestión local o regional. Afecta al conjunto de Europa y es preciso tratarla a ese nivel. Si la Unión tiene que desarrollar una política común y efectiva de inmigración, esta política debe basarse en las decisiones aprobadas por mayoría. Es hora de suprimir la unanimidad en el Consejo y hacer de la inmigración una política del primer pilar.
Paso ahora al asunto de Frontex. La agencia Frontex tiene su sede en mi país, en Varsovia. Polonia tiene la mayor frontera exterior de la Unión Europea y, sin embargo, por ironías de la historia sus ciudadanos no pueden circular libremente, en estos momentos, por el territorio de toda la Unión porque SIS II no está listo. Me pregunto, señor Comisario, si cuando vayamos a celebrar el 50º aniversario de la Unión en marzo de 2007 estará usted en condiciones de decir cuándo podrán los ciudadanos de los nuevos Estados miembros gozar de la libertad de circulación en todo el territorio de la Unión. 
Panayiotis Demetriou (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, permítame resaltar el tema de la cooperación policial y judicial y decir que resulta realmente vital ampliar y profundizar esta cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea. No podemos hablar de combatir eficazmente la delincuencia y el terrorismo a escala paneuropea con los niveles y mecanismos de colaboración actuales en el ámbito policial y judicial. Va siendo hora de que demostremos que nuestras declaraciones y garantías respecto de la mejora y el desarrollo de la cooperación no carecen de sentido.
Se trata del reto más grande a que se enfrenta el Consejo Europeo, que se va a reunir dentro de poco con el propósito de revisar el programa. Si el Consejo Europeo tiene la voluntad de subsanar la incompetencia en la toma de decisiones de Europa, a este respecto solo hay una decisión que adoptar: transferir estos asuntos del tercer pilar al primero. Tiene el poder legal para hacerlo, en virtud del artículo 42 del Tratado Europeo y la «cláusula pasarela». Utilicémosla de una vez.
La semana pasada, la Presidencia finlandesa admitió, entre otras cosas, que la experiencia práctica ha demostrado que los problemas con la actual toma de decisiones en la UE están provocando una disminución del número de iniciativas de cooperación policial. Ha sido efectivamente un reconocimiento bastante honesto. Sin embargo, la constante degradación de la cooperación policial se debe a la falta de decisiones marco europeas que desarrollen y establezcan tal cooperación.
Hay que subsanar esas deficiencias. La escasa credibilidad de la Unión Europea, por lo que concierne a la seguridad de sus ciudadanos, reduce su prestigio. Hemos esperado mucho tiempo a que se aprobara la decisión marco relativa a los derechos procesales mínimos en causas criminales y la revisión de la orden de detención europea. ¿Qué es lo que ha provocado tal retraso? ¿Por qué el Consejo está de brazos cruzados y es incapaz de tomar decisiones? Hemos de dejar de hablar y poner de una vez manos a la obra. 
Edith Mastenbroek (PSE ).
   – Señor Presidente, Europa es una bicicleta. Ni que decir tiene que esta cita deja la puerta abierta a todo tipo de comparaciones poco convincentes, porque con el sistema de información de Schengen, un instrumento que nos ayuda, entre otras cosas, a seguir la pista a inmigrantes ilegales, nos comprometemos en una especie de Tour de France político, que implica que todos pedaleemos como locos en la misma dirección. Mientras tanto, hay otros retos, como evitar la inmigración, y la solitaria figura del Comisario Frattini intenta avanzar usando un triciclo. La carta verde es una buena idea, pero por desgracia es un castillo en el aire tal como están las cosas. Quizás el Comisario Frattini nos dirá si el Consejo está dispuesto a dar a estos asuntos un «tratamiento de bicicleta de montaña».
Otra cosa que ha quedado flotando en el aire es la observación de la Presidencia de que la toma de decisiones por mayoría funciona. Lo hace, pero entonces no deja de sorprenderme que el Consejo quiera restringir los derechos de codecisión del Parlamento en lo que se refiere a los datos biométricos. ¿No damos vueltas en bicicleta con suficiente rapidez alrededor del sistema de información de Schengen? ¿Nos dará el Comisario Frattini su opinión al respecto? Espero que lo haga. 
Simon Busuttil (PPE-DE ).
   – Recientemente ha habido noticias contradictorias sobre el tipo de cooperación que mantenemos con Libia en materia de inmigración ilegal. Inicialmente, señor Comisario, usted dijo que Libia estaba interesada en participar en las patrullas mediterráneas; oímos después que Libia lo negaba. Más tarde, el «Corriere della Sera» anunció que Italia y Libia habían acordado realizar patrullas conjuntas. Posteriormente, esta noticia también fue desmentida. Después, señor Comisario, usted dijo que la Unión Europea estaba dispuesta a ayudar y prestar asistencia financiera a Libia para animarla a cooperar. ¿Pueden el Comisario y el Consejo aclarar en qué fase se hallan los contactos con Libia y cuál es la situación actual? Lo que es seguro es que en la lucha contra la inmigración ilegal, la cooperación con Libia es necesaria, de la misma manera que es importante que ayudemos a Libia a proteger sus fronteras en el sur del país. Después de todo, no podemos esperar que Libia nos ayude a proteger las fronteras mediterráneas si nosotros no ayudamos a Libia a proteger sus fronteras en el desierto. 
Javier Moreno Sánchez (PSE ). –
   Señor Presidente, resulta manifiesta la necesidad de un gran pacto entre europeos sobre inmigración. Este pacto entre europeos pasa por un pacto entre españoles. El Gobierno lo ha propuesto reiteradamente y el Partido Popular lo ha despreciado, prefiriendo ir tarde a Bruselas a proponer medidas que ya se están llevando a cabo en nuestro país con el apoyo de la Unión Europea.
Permítanme, Señorías, recordar telegráficamente los tres ejes de la política de inmigración del Gobierno español.
En primer lugar, ordenación y gestión eficaz de la inmigración legal ligada a la realidad del mercado laboral. Señorías, el «efecto llamada» lo provoca la economía sumergida; nosotros queremos trabajadores con derechos y obligaciones, no esclavos. La normalización extraordinaria ha sido una medida necesaria y puntual para poner orden al desastre migratorio que nos dejó el Gobierno de Aznar.
En segundo lugar, plena integración social de los inmigrantes legales en la sociedad española.
Por último, firmeza en la lucha contra la inmigración clandestina: todo inmigrante que entra ilegalmente en España es atendido dignamente, pero tiene que volver a su país. Este año, en España, 54 000 inmigrantes ilegales han sido repatriados.
Jacek Protasiewicz (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Rajamäki, desde la Cumbre de Tampere de 1999 está claro que la Unión necesita un enfoque común de los problemas de la migración, y en particular de la migración económica. A resultas del creciente flujo de inmigrantes y las imágenes alarmantes de las Islas Canarias, conocemos ahora más que nunca la necesidad de una política común europea de emigración para tratar efectivamente este problema.
La inmigración no debería, sin embargo, percibirse simplemente como una amenaza. Europa experimenta sin duda una crisis demográfica. Una inmigración bien gestionada podría ser la respuesta a las consecuencias negativas de un envejecimiento de la población. Quiero recordar a esta Cámara que con la actual tasa de inmigración se prevé que en 2010-2030 habrá en la Unión 20 millones de personas empleadas menos. Las regiones más avanzadas del mundo compiten desde hace mucho tiempo entre ellas para atraer inmigrantes debidamente cualificados, y la Unión no debe permanecer al margen.
La ausencia de una política común de emigración aumenta realmente la probabilidad de que los inmigrantes burlen las normas nacionales. Hemos visto cómo determinados países han respondido a esas prácticas emprendiendo medidas de legalización masiva del estatuto de los inmigrantes ilegales, como el Gobierno socialista decidió hacer recientemente en España. Actuaciones de este tipo no son la solución del problema. De hecho, lo agravan porque incentivan a los traficantes a introducir de contrabando más grupos de inmigrantes a Europa.
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi desacuerdo con lo que ha dicho el señor Rajamäki al comienzo de este debate con respecto al efecto positivo de la política de desarrollo para reducir la afluencia de inmigrantes, en particular los de África. No creo que sea útil seguir esa línea de pensamiento, señor Rajamäki. Acepto la necesidad de fortalecer la política de desarrollo, pero me inclino a apoyar el enfoque del Comisario Frattini, a saber, tratar con firmeza a los inmigrantes ilegales y dar prioridad a la gestión común de la emigración económica. Quisiera pedir también que se acelerara el trabajo sobre el proyecto de directiva sobre la admisión, conjuntamente con el trabajo sobre la directiva que regula los procedimientos para devolver inmigrantes a sus países de origen. 
Lilli Gruber (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, abrir las vías de entrada legal teniendo en cuenta las necesidades del mercado en los Estados miembros individuales es, junto con la reducción del trabajo ilegal, una de las prioridades para tratar pragmáticamente el complejo problema de la inmigración. Esto requiere un plan de acción común europeo, un compromiso común y un esfuerzo colectivo.
Para que esto no sea solo una retórica vacía, sin embargo, tenemos que abandonar la hipocresía de las grandiosas declaraciones de principio teóricas y dejar de aprovechar en las reuniones del Consejo la cuestión de la inmigración para fines políticos internos, práctica que es completamente inaceptable e irresponsable. Desde esta perspectiva, aplicar por fin la cláusula pasarela es absolutamente decisivo. Es la única manera de poder actuar efectivamente en un ámbito en que hemos sido negligentes demasiado tiempo.
Estoy de acuerdo con quienquiera que haya dicho que «tenemos que pedalear», pero añadiría que «de otro modo nos caemos». En este caso, sin embargo, nos caeremos todos juntos, al unísono. Por si todavía no nos hemos dado cuenta, estamos todos en la misma bicicleta. 
Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, todos hemos entendido que existe una necesidad urgente de que adoptemos un planteamiento común respecto del terrorismo, la delincuencia organizada y la inmigración ilegal. Por lo que respecta a la inmigración, es necesario coordinar las estructuras implicadas en la gestión de los flujos migratorios y simplificar los procedimientos de toma de decisiones utilizando la mayoría cualificada. Hay que hacer especial hincapié en la necesidad de respetar la solidaridad y la distribución equitativa de las cargas entre los Estados miembros, incluidos los que no se hallan sometidos a la presión de la inmigración.
Tenemos que subrayar también la necesidad de cooperar entre todos nosotros en lo referente al control eficaz de las fronteras exteriores. Hay que hacer especial hincapié en una mejor gestión de las fronteras marítimas en Europa mediante la creación de un servicio de guardacostas en el Mediterráneo con el fin de prevenir tragedias humanas y controlar los flujos migratorios.
Por último, es preciso comprender que la legalización masiva unilateral de inmigrantes ilegales no solo no constituye ninguna solución, sino que es causa de mayores presiones por parte de la inmigración y de acontecimientos imprevistos. Los actos unilaterales en el seno de una Comunidad de fronteras interiores abiertas –en la que la interdependencia y las interacciones son inevitables– constituyen un asunto que merece seria atención por nuestra parte.
Son algunas de las medidas sobre las que tenemos que decidir conjuntamente, y no basta con tomar decisiones, sino que hay que llevarlas a la práctica con fervor religioso. 
Adeline Hazan (PSE ).
   – Señor Presidente, creo que nos encontramos en un momento clave para el futuro de la política europea de inmigración, una hora de la verdad en la que cada uno y cada una de nosotros debemos percibir claramente lo que está en juego.
¿Qué respuesta concreta da Europa a estos desafíos? Actualmente, hay que decirlo, una mezcla de compasión y represión que no aporta ninguna solución real a la necesidad de protección que los motiva. Recordemos aquí los peligros de una inmigración de usar y tirar, que contemple al inmigrante solo desde un punto de vista utilitario. La hipocresía no ha dejado de reinar desde el primer Consejo Europeo de Tampere, que debía conducir a una comunitarización de las políticas de asilo e inmigración.
Asistimos hoy a una deslocalización de nuestras responsabilidades a nuestros vecinos de la orilla meridional del Mediterráneo, que tienen grandes dificultades para asumir tan pesada carga. Entonces, ¿cómo podemos creer que nos será posible frenar los flujos migratorios, cuando además ya se prevé la llegada futura de refugiados del cambio climático? 
Tenemos que abandonar por fin esta política miope y apoyar políticas que reclaman la adopción de medidas.
Christine de Veyrac (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, cada día comprobamos de nuevo que se ha hecho indispensable una política común europea de inmigración. A los que lo dudaban, las regularizaciones masivas de extranjeros sin papeles en algunos países europeos han demostrado que entrañan llegadas masivas de nuevos inmigrantes ilegales a nuestro continente. Esta situación tiene repercusiones en todos los países de la Unión Europea, pues, como todo el mundo sabe, el inmigrante regularizado puede circular libremente por gran parte del territorio de la Unión.
Con el ejemplo español hemos tenido la demostración de que, en el espacio sin fronteras en que vivimos, un Gobierno ya no puede decidir solo, sin concertación con sus socios, regularizar a todos los inmigrantes en situación irregular presentes en su territorio. Se ha hecho indispensable una política común y concertada, como por lo demás preveía el proyecto de Constitución Europea, que transfería lo esencial de esta materia a la mayoría cualificada.
Observo que a pesar de los esfuerzos de la Comisión, algunos Estados parecen dar marcha atrás, al rechazar hoy lo que habían aceptado ayer. Es lamentable. Mantener la unanimidad en este terreno es un factor de parálisis e ineficacia. La Cumbre informal de la Unión Europea del próximo 20 de octubre debe decidir medidas potentes y concretas para frenar la inmigración clandestina. No debe contentarse con las grandes declaraciones de buenas intenciones, como sucede con demasiada frecuencia.
Frenar la inmigración clandestina, sí, pero el problema debe abordarse en su raíz. Debemos estudiarlo en concertación con los países de África, en el marco de una verdadera estrategia de codesarrollo, a través de un verdadero intercambio de competencias entre países de inmigración y países de emigración. Pero, sobre todo, la Unión Europea debe ampliar y controlar mejor su política de ayuda al desarrollo, saber a dónde van los fondos, cómo se emplean.
Por último, no olvido el muy corto plazo y los problemas inmediatos, y me gustaría lamentar, como ha hecho el señor Deprez, el comportamiento de los Estados que no han cesado de hablar de ayuda mutua y solidaridad sin pasar jamás de la palabra a los hechos. Ante esta afluencia de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias, es nuestro deber ayudar a España y es tarea de los Estados miembros entrar en acción y mostrar solidaridad.
Kinga Gál (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, resulta de vital importancia que se apliquen los principios y valores básicos en los que se fundamenta la Unión Europea, en todas las circunstancias, incluso en el marco de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad. Si se cumplen nuestras aspiraciones en este sentido, nos acercará a salvaguardar la legitimidad democrática de la Unión y a conservar nuestra credibilidad.
Esto también significa que la protección y la promoción de los derechos fundamentales deben recibir el debido apoyo institucional. Esa es la razón por la que considero que es importante que ningún Estado miembro se oponga a la creación de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales con el fin de que opere de manera verdaderamente responsable, independiente y eficaz.
No se puede tolerar que un Estado miembro desprecie los valores y principios fundamentales de Europa. Y esto es especialmente cierto en el caso de los nuevos Estados miembros y los que van a acceder ahora a la Unión, en los que muchas veces el Estado de Derecho solo se pone a prueba una vez que se han convertido en miembros.
Por eso no se puede permitir que en Eslovaquia el Gobierno y los funcionarios ofrezcan apoyo oficial, manifiesto o encubierto, a la intolerancia y al extremismo, ni podemos tolerar su resultado inmediato: hacer la vista gorda ante los actos de violencia perpetrados contra las minorías y la población húngara. Es algo que no puede considerarse un asunto interno. Tiene un impacto directo sobre la libertad, la seguridad y la justicia dentro de la UE, lo cual lo convierte en una cuestión europea.
Análogamente, hemos presenciado cómo se ha hecho gala de falta de principios, se han proferido impudicias y mentiras, se ha faltado a los principios fundamentales de Europa y a la responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos, presentándolo, sin atisbo alguno de remordimiento, como un acto de valor y heroísmo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los sucesos que han rodeado al Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány. Esto socava igualmente los cimientos del Estado de Derecho y la credibilidad. Por eso compromete todo lo que construimos conjuntamente en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia.
La forma en que el Consejo y la Comisión abordan la ampliación del espacio de Schengen ha atentado contra la credibilidad de las instituciones de la Comunidad y la confianza de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros en la Unión, sobre todo cuando recientemente se ha anunciado que la ampliación de la zona quedaría pospuesta hasta la segunda mitad de 2008. Sencillamente no lo entendemos, y resulta inaceptable para los nuevos miembros que no puedan adherirse...
David Casa (PPE-DE ).
   – Señorías, quisiera comentar un problema al que se enfrenta toda Europa, en especial los países mediterráneos. Todo el mundo ha expresado su parecer; todo el mundo ha proclamado que hay que encontrar una solución. Señorías, la solución la tenemos justo delante de nosotros: debemos crear un mecanismo que garantice que las responsabilidades sean compartidas por todos. Las palabras huecas son inútiles; no sirve de nada afirmar que en esta Unión todos debemos ayudarnos entre nosotros, para luego no mover un dedo cuando llega el momento de la verdad. Carece de sentido pronunciar palabras altisonantes como «solidaridad» y luego no hacer nada. No dejemos que esta Unión, que se creó precisamente para permitir a todo el mundo disfrutar de idénticos derechos, quede reducida a una Europa de documentos, una Europa de resoluciones, una Europa de promesas o una Europa de ensueños. Sé que se están haciendo algunos esfuerzos, pero no son suficientes. Ha llegado el momento de la verdad, es el momento de poner en práctica lo que predicamos y afirmamos que creemos realmente. Estoy seguro de que, con un poco de buena voluntad por parte de todos, alcanzaremos un compromiso que conduzca a una solución duradera para este problema, es decir, la política europea común que tan imperiosamente necesitamos. 
Robert Atkins (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, lamento volver a plantear esto otra vez, pero parece ser que nadie en la Presidencia del Parlamento está escuchando. Se nos ha dicho que acudiéramos aquí para las votaciones a mediodía. Estas han quedado pospuestas primero a las 12.05 y luego a las 12.10 horas. Sé que usted es muy eficiente resolviendo asuntos en esta Cámara, pero le pido que informe a la Conferencia de Presidentes acerca del continuo descontento entre los diputados a esta Cámara por los cambios arbitrarios de la hora de la votación, lo que supone un quebranto considerable del funcionamiento de esta Cámara.
El Presidente.
   Hemos celebrado un debate exhaustivo, que ha consumido toda la mañana, sobre un único asunto. Han intervenido 63 oradores. No quiero ser descortés ni con el Consejo ni con la Comisión, pero el señor Ministro ha hablado durante 23 minutos y 49 segundos, y el señor Comisario durante 21 minutos y 19 segundos. Estoy obligado a concederles a ambos la palabra ahora. Espero que sean breves en sus comentarios. 
Kari Rajamäki,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias al Parlamento por este excelente debate. Lamento, sin embargo, que no dispongamos de suficiente tiempo. Por desgracia, no puedo resumir un discurso de cinco minutos en, digamos, dos minutos, aunque ello sería sin duda posible en el Parlamento finlandés.
La Presidencia es consciente de la naturaleza de la propuesta de Decisión marco sobre la protección de datos personales bajo el tercer pilar –me estoy refiriendo ahora a la propuesta de la señora Roure– y de su importancia para los ciudadanos de Europa, así como del hecho de que el Parlamento Europeo haya participado en las propuestas sobre la Decisión marco relativa a los sistemas de información VIS y SIS II. A este respecto y en nombre de la Presidencia, quiero agradecer al Parlamento Europeo la labor que ha realizado y proclamar que estamos haciendo cuanto podemos para llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Decisión marco a finales de nuestro mandato presidencial. En la medida de lo posible tendremos en cuenta la opinión y los criterios del Parlamento Europeo para la labor futura en el contexto de los actos del Tratado, de forma que podamos utilizar un instrumento legislativo adecuado para garantizar unos niveles elevados de protección de los datos personales, estableciendo unas normas comunes para la protección de los datos en los ámbitos propios del tercer pilar.
Los temas de la inmigración y la migración exigen un debate más concreto y espero que dispongamos de la oportunidad para volver sobre ellos de nuevo. La situación en el Mediterráneo ha sido un tema que yo planteé inmediatamente durante la primera reunión del Consejo de Ministros de Interior. Ha figurado en el orden del día y ha sido debatido en cada una de las reuniones y lo volverá a ser.
Es fundamental que podamos ejercer una mayor influencia sobre el desarrollo social y económico y sobre las condiciones generales en terceros países de donde proceden los inmigrantes. En general, nosotros, los Ministros de Interior, preferimos tratar sobre el impacto puramente humano y negativo; en otras palabras, nosotros ponemos la venda sobre la herida. En consecuencia, es muy importante contar con una mejor coordinación de las relaciones externas y los asuntos internos de la UE en colaboración con los terceros países y la Comisión. Esto es algo que también se ha subrayado continuamente en la labor del Consejo de Ministros.
Es igualmente importante que brindemos apoyo a los países que soportan una carga onerosa por culpa de la inmigración ilegal. La iniciativa referente a una mayor solidaridad, propuesta en Tampere, es notable. Puede ayudarnos a progresar, y no simplemente a base de poner dinero. Para contrarrestar esta carga, necesitamos una inversión financiera significativa. Además, precisamos garantías en cuanto a un procedimiento que asegure que los Estados miembros cumplan las normas aprobadas conjuntamente y asuman la responsabilidad por los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo que entran en su territorio; en otras palabras, que los registren y les concedan un permiso de residencia o que realicen los trámites para su repatriación. Va a ser de suma importancia que se creen sistemas de información a tal fin y que se desarrollen asimismo los sistemas existentes.
Conjuntamente con la Comisión, el Consejo apoya las formas existentes de asistencia, necesaria en la vigilancia costera en el Mediterráneo y otras zonas de cooperación, pero deseo señalar que en la Unión Europea, la responsabilidad en lo referente a las operaciones de ese tipo corresponde a los Estados miembros, que deben tener la debida competencia, capacidades de planificación y facultades de gestión para la operación continuada, así como para operaciones conjuntas. Los países en las fronteras exteriores de Schengen son igualmente responsables de evitar la inmigración ilegal en la zona de Schengen. Queremos apoyar ese planteamiento, así como la labor de la nueva Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex).
Es de vital importancia que, cuando subrayemos la importancia de garantizar la protección y la ejecución de la Convención de Ginebra, establezcamos una distinción entre inmigración legal e ilegal. A este respecto, es muy importante que se desarrolle una política de inmigración europea activa y se concrete su gestión cuantitativa y cualitativa, al tiempo que tengamos presente la cuestión de la estabilidad en nuestros mercados laborales. Sin embargo, una política de inmigración europea activa no es lo mismo que inmigración ilegal bajo el control de la delincuencia organizada. Tal como ha dicho el Comisario Frattini, también hemos de tomarnos en serio el hecho de que el mercado de trabajo ilegal y la economía sumergida son responsables del caos humano y económico. Los distintos Estados miembros de la Unión Europea deberían estar actualmente en condiciones de debatir este hecho con un planteamiento franco y abierto. Para que eso ocurra, las autoridades tienen que mostrarse más dispuestas a reconocer el fenómeno del contrabando y el tráfico de seres humanos y redoblar sus esfuerzos para proteger a las víctimas del tráfico humano. La modalidad más aborrecible de delincuencia organizada, el tráfico humano, es un fenómeno europeo, aunque apenas hablemos de ello. Finlandia desea revitalizar este debate, tanto dentro del país como en la Unión Europea.
Es muy importante controlar la forma en que la Unión Europea ampliada responde a las demandas de nuestros ciudadanos y lo que estos consideran aceptable, por una parte, y las exigencias en cuanto a seguridad interior, por otra. A este respecto, considero muy importante mejorar el proceso de toma de decisiones. Resulta de todo punto inaceptable que nos lleve más de un año pensar a quién nombrar como Director de Europol. Igualmente inaceptable resulta que, al tiempo que exigimos controles en las fronteras exteriores y una estrategia fronteriza, estemos dándole vueltas al asunto de qué ciudad debe ser la sede de la Agencia de seguridad de fronteras. Tenemos que ser capaces de implantar un sistema de toma de decisiones que procure una seguridad mejor y con mayor credibilidad.
Por lo que respecta a la bicicleta de montaña que ha sido citada en intervenciones anteriores, quiero decir que Finlandia, lo mismo que Alemania y las demás Presidencias, así como el Comisario Franco Frattini, querría cambiar en esta bicicleta a una marcha más larga y que nos proponemos utilizarla por el bien de la seguridad común y una Europa más segura.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Ministro. Creo que fue el Presidente Jackson de los Estados Unidos quien dijo: «me gusta el ruido de la democracia». Eso es lo que está usted escuchando. 
Franco Frattini,
   . – Señor Presidente, Señorías, soy consciente de que, en los escasos minutos de que dispongo, va a resultar enormemente difícil responder ni siquiera de forma abreviada a todas las propuestas y observaciones expresadas por quienes han hecho uso de la palabra en las, aproximadamente, dos horas y media de este notable debate.
Señor Rajamäki, usted ha mencionado antes que el debate de hoy se centraba en determinadas prioridades para la Unión Europea, una de las cuales es indudablemente la lucha contra el terrorismo. Hoy no hemos hablado demasiado de ese tema, pero todos ustedes son perfectamente conscientes de que este mismo verano, gracias a una minuciosa cooperación, las autoridades de seguridad en tres países europeos –el Reino Unido, Dinamarca y Alemania– han frustrado algunos ataques terroristas que podrían haber resultado devastadores. El terrorismo continúa siendo la principal amenaza contra nuestra democracia.
A mi juicio, no existe una vinculación entre terrorismo e inmigración, y comparto las opiniones de quienes así lo han manifestado. La inmigración constituye, sin lugar a dudas, una prioridad independiente: constituye un reto, no un peligro para la Unión Europea. Muchos de ustedes han mencionado las políticas de desarrollo conjunto, sobre todo con los países africanos. Puedo decirles que la Comisión, que siempre es bastante ambiciosa a la hora de plantear propuestas, ha sugerido asignar 17 000 millones de euros –una suma considerable– al nuevo fondo europeo para el desarrollo de países como los de África, y que las políticas de desarrollo conjunto que muchos han propugnado se verán beneficiadas en consonancia.
Habrá políticas de desarrollo destinadas a la estabilización institucional, la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza. Todas ellas son iniciativas de desarrollo conjunto enfocadas a mejorar su capacidad para prevenir los flujos de inmigrantes, tal como esperan muchos de ustedes.
El señor Barón Crespo ha mencionado el problema de la utilización de los fondos europeos disponibles. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Barón Crespo, y hago un llamamiento de nuevo a los Estados miembros para que elaboren proyectos: los fondos europeos solo podrán aprovecharse si los Estados miembros de la UE presentan proyectos. En los últimos años, por desgracia, varios fondos habilitados por la Comisión no han sido utilizados por falta de proyectos. Invito a todos los Estados miembros a que presenten un mayor número de proyectos, de manera que puedan financiarse nuevas iniciativas.
Se ha hablado mucho de la prevención, la protección y las fronteras marítimas, en alusión al Mediterráneo. Vamos a someter a la aprobación de los ministros en Luxemburgo un proyecto para la gestión integrada de la frontera mediterránea. Quiero decir algo a todos los que se han manifestado en términos muy duros, que no comparto, sobre una especie de «armada europea» para declarar la guerra a los inmigrantes. Me gustaría mencionar –y esto va dirigido en particular a la señora Flautre, por quien siento gran estima– que si no hubiera sido por las patrullas en el Mediterráneo y el Atlántico durante este verano, si no hubiera sido por los miles de guardacostas, policías y operativos de seguridad, muchos miles de inmigrantes habrían perecido en alta mar.
El objetivo primordial de los barcos patrulla consiste en salvar la vida de las personas en el mar, y no en emprender la guerra contra los inmigrantes. Así pues, se trata justamente de lo contrario de lo que se ha sugerido: en aras de la seguridad, nos proponemos plantear un sistema que todos los Gobiernos nos han solicitado sea creado.
El tema de los países en las fronteras meridionales del Mediterráneo ciertamente merece un debate a fondo. Con respecto a Libia, solo diré que dicho país ha accedido a entablar conversaciones con la Unión Europea, que iniciaremos concretamente sobre la base, por encima de todo, de una garantía de pleno cumplimiento de las normas sobre la dignidad de la persona y el respeto por el individuo. Se lo hemos exigido a Libia, lo mismo que se lo exigimos a todos los demás interlocutores nuestros de fuera de la UE. Libia ha solicitado ayuda para controlar su frontera meridional: sus 2 000 kilómetros de frontera en el desierto son prácticamente incontrolables, y una de las peticiones que hemos recibido es: «ayúdennos a controlar mejor esta frontera, y nosotros les ayudaremos a controlar a la gente antes de que inicien su desplazamiento y, sobre todo, a erradicar el tráfico de personas», que por desgracia a menudo tiene lugar a través del Mediterráneo.
Tenemos la obligación de iniciar conversaciones con Libia, y hemos de hacerlo sobre la base del respeto mutuo entre la Unión Europea y sus socios no europeos. La Conferencia Unión Africana-Unión Europea sobre inmigración que se va a celebrar en Trípoli constituirá un nuevo gesto para hacer comprender a Libia que no solo queremos que se implique de verdad ese país, sino todos los de África del Norte.
Quiero hacer una par de puntualizaciones finales. La primera se refiere a la solidaridad. Muchas personas han hecho mención de la solidaridad. Creo que hemos de adoptar un enfoque global respecto de la solidaridad, igual que hacemos con la inmigración, ya que hemos de mostrar solidaridad principalmente con las víctimas del tráfico de personas. Ese es el primer tipo de solidaridad que hemos de mostrar.
Luego está la solidaridad que hemos de manifestar hacia los países africanos de origen, así como los países de tránsito, ya que ellos también están expuestos a un flujo, a menudo incontrolado, de personas. Además está la solidaridad entre los Estados miembros dentro de la Unión Europea. No hemos de subestimar la importancia de la solidaridad mutua entre países en la Unión Europea, ya que es una de las modalidades que debe adoptar la palabra «solidaridad». ¿Cómo olvidar que países como Malta o las pequeñas islas de Canarias o Lampedusa no pueden hacer frente por sí solos al flujo incesante de inmigrantes ilegales? Eso también es solidaridad.
Está la solidaridad humana con la gente que llegan a nuestras costas; está asimismo la solidaridad que países muy distantes del Mediterráneo deben practicar con otros rodeados o limítrofes con dicho mar.
El segundo tema es el respeto por la ley. Señorías, no creo que pueda pedírsele a la Unión Europea que legalice algo ilegal, ya que siempre que se viola una ley, una infracción sigue siendo una infracción. Quienes trafican con seres humanos deben ser severamente castigados, sin indulgencia. Si la gente ofrece trabajo de forma ilegal y bajo cuerda y se aprovecha de los trabajadores inmigrantes ilegales, hay que imponer sanciones. Si la gente entra en la UE infringiendo todas las leyes y permanecen en ella de igual modo, la política europea tiene que respetar la dignidad del individuo, pero también tiene que resultar creíble y tiene que repatriar a sus países de origen a quienes hayan infringido la ley; de lo contrario, estaremos dando la impresión de que pueden contravenir la ley y de que no les va a pasar nada.
Por último, mi comentario final hace referencia a nuestra política institucional y constitucional. Hemos hablado mucho de ella: necesitamos visión, tal como han apuntado el señor Schulz y otros muchos oradores, para dirigir y activar los procesos políticos. No puedo imaginarnos yendo por detrás de la sociedad civil; no puedo imaginarnos, como instituciones, esperando a que la sociedad civil nos dé un empujón o incluso muestre su descontento con nuestra capacidad de liderazgo político.
Muchas personas han mencionado la necesidad de dejar de lado los egoísmos nacionales. Creo que se trata de un asunto esencial: si nosotros y los Gobiernos de los Estados miembros entendemos que ni siquiera les beneficia a ellos aferrarse a los egoísmos nacionales, entonces dichos Gobiernos comprenderán que el orgullo nacional, que muchos de nosotros juzgamos importante, no puede defenderse mejor que aunando nuestras políticas comunes.
Defender el orgullo nacional, sosteniendo que la inmigración o el terrorismo solamente pueden abordarse mediante políticas nacionales, no constituye un asunto de defensa del orgullo nacional o de los grandes principios tras la tradición de muchos países; equivale simplemente a no responder a lo que la gente está exigiendo. Es por eso que necesitamos una visión política con valor para avanzar en una dirección diferente. 
El Presidente.
   Quiero dar las gracias a los 63 oradores que han participado en el debate. Asimismo quiero dar las gracias al señor Ministro por su brevedad y al señor Comisario por su apasionamiento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.
John Attard-Montalto (PSE ).
   – «Más vale prevenir que curar», dice un refrán popular. Este asunto trata tanto de la prevención como de la cura.
No cabe ninguna duda de que la Unión Europea ha llegado finalmente a entender que los problemas sufridos por Malta y otros países mediterráneos, afectados por el fenómeno de la inmigración, acabarán convirtiéndose al final en un problema de toda Europa. Y esta es la Europa a la que Malta deseaba adherirse. No hay nada más noble que la solidaridad. Sin embargo, algunos critican a la Unión por aportar demasiado poco demasiado tarde. Tal vez tengan razón, pero más vale tarde que nunca. Desde luego, dos barcos para patrullar la extensión que hay entre Gibraltar y Alejandría son insuficientes, pero, por otro lado, la petición de ayuda de Libia para controlar sus 2 000 kilómetros de fronteras terrestres constituye una noticia magnífica, sobre todo para Malta. Eso forma parte de la política de prevención.
El proceso para resolver el fenómeno es mucho más complicado. Mientras no se aborden los endémicos problemas africanos de pobreza, guerras civiles, enfermedad, hambruna, paro, corrupción y deuda internacional, y se corrijan mediante un sistema de buen gobierno y justicia, el problema de la inmigración irregular continuará siendo irresoluble.
No puedo sino criticar a algunos países europeos por porfiar sobre la ayuda financiera a sus socios –Malta, Italia, España y Grecia–, que están haciendo cuanto pueden para aliviar la apremiante situación de los inmigrantes irregulares. 
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – Conseguir una política común europea en el ámbito de inmigración y asilo constituye, sin duda alguna, una prioridad, aunque los Estados miembros han mostrado por el momento diferentes grados de buena voluntad para abordar el problema.
No obstante, la necesidad de resolver el problema de la inmigración ilegal es, a mi juicio, aún más urgente. A pesar de los repetidos llamamientos de las instituciones en favor de la cooperación, la responsabilidad principal continúa recayendo sobre los Estados miembros ubicados en las fronteras naturales de la Unión Europea. Por tanto, es preciso encontrar urgentemente soluciones prácticas para contener y regular el problema. La coordinación de las fuerzas fronterizas de los distintos Estados miembros resulta útil, pero no es suficiente.
La idea de crear una fuerza de trabajo fronteriza conjunta constituye, desde luego, la solución más adecuada y agradezco a la Presidencia finlandesa que la haya mencionado. Cuando menos, el diálogo con y el apoyo a los países de donde proceden los inmigrantes y los que atraviesan en su camino hacia Europa, resulta absolutamente vital con vistas a cualquier solución eficaz duradera.
Espero que las Presidencias venideras, empezando por Alemania, que recibe un elevado porcentaje de los inmigrantes que se cuelan a través de las fronteras meridionales, aborden el asunto con firmeza y alcancen un consenso sobre el tema, que afecta de cerca a todos los europeos, así como al delicado equilibrio social de la Unión. 
El Presidente.
   Deseo aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida a la tribuna de visitantes ilustres a una delegación china encabezada por la Viceministra Qiu Yuanping.
La señora Qiu es Viceministra de la Oficina Central de Asuntos Exteriores de la República Popular China. La delegación se encuentra aquí para reunirse con una serie de Grupos políticos, así como con el presidente de la Comisión de Comercio Internacional y los presidentes de la Delegación para las Relaciones con la República Popular China y de la Delegación a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Les deseo una estancia instructiva en el Parlamento Europeo.
: ¡una cordial bienvenida a todos ustedes!
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, mucho me complace la visita del Primer Ministro del Líbano esta tarde, pero lamento profundamente que la sesión del Turno de preguntas al Consejo haya tenido que cancelarse para hacerle hueco, sin que la Conferencia de Presidentes haya realizado ningún intento de programarla para otra hora.
El Turno de preguntas es una de las importantes tradiciones democráticas de esta Cámara. Es la única ocasión que tenemos para interrogar al Consejo sobre temas de interés para nosotros y nuestros electores. Es vital para nuestra labor. Esta es la segunda vez este año que esta sesión ha sido cancelada de forma arbitraria. Me gustaría pedirle, por favor, que procure que no se repita por tercera vez. 
El Presidente.
   Tomamos nota de sus observaciones, señor Bushill-Matthews. 

El Presidente.
   Pasamos ahora al turno de votaciones.

Martine Roure (PSE ),
   . – Señorías, les pido que voten a favor de la resolución legislativa recogida en mi informe sobre la protección de los datos en el tercer pilar. En efecto, esta mañana el señor Rajamäki ha podido dar forma a los compromisos morales contraídos por las Presidencias anteriores. La Presidencia finlandesa ha hecho de la protección de los datos su prioridad y le doy las gracias por ello hoy. Aprovecho la oportunidad, por otra parte, para celebrar su presencia en esta Cámara. El Consejo debe presentarnos un texto a comienzos de 2007 y tendrá en cuenta nuestra opinión. Por ello, les pido que voten a favor de este informe.

Roberto Musacchio (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, lo lamento, señor Presidente, pero se me ha notificado un error en la traducción francesa de la enmienda 29: como autores del texto, nos gustaría que las palabras «» fueran sustituidas por «», en línea con el espíritu del texto en francés. Esa es la voluntad política de los ponentes. Lo consideramos un error de traducción. 

Gunnar Hökmark (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el apartado 29 contiene un error en la versión neerlandesa. No soy un experto en neerlandés, aunque prometo mejorar. Hasta donde yo sé, la expresión no es la traducción correcta de lo que está escrito en la versión inglesa, esto es, «iniciativas jurídicas adecuadas». Creo que mis amigos neerlandeses coincidirán conmigo y tal vez me den un 10 en neerlandés. Quiero subrayar que la versión inglesa es el texto auténtico en este caso. 

Alain Lipietz (Verts/ALE ).
   – Hay un error en nuestra enmienda. Se trata, por supuesto, de los servicios de interés económico general, puesto que la frase se refiere a su desregulación y no afecta a los demás servicios de interés general. Por consiguiente, se trata de los servicios de interés económico general y no de los servicios de interés general.

Alain Lipietz (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, pido lo mismo, que se sustituya servicios de interés general por servicios de interés económico general.


El Presidente.−
   El Grupo Verts/ALE propone intercambiar el orden de los apartados 28 y 29 y agruparlos en un solo apartado.
¿Alguien se opone?
El Grupo Verts/ALE también propone insertar el apartado 30 delante del apartado 22.
¿Alguien se opone?
Camiel Eurlings (PPE-DE ),
   . – No hay una gran diferencia, pero preferimos la secuencia original y por consiguiente nos oponemos a cambiar el apartado 30. 
El Presidente.−
   El Grupo Verts/ALE también propone insertar el apartado 33 delante del apartado 31 y agrupar ambos apartados en uno solo.
¿Alguien se opone?
Camiel Eurlings (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, no quiero retrasar más la votación, pero en este caso también preferimos la secuencia original porque creemos que es mejor. 

Jan Marinus Wiersma (PSE ).
   – Señor Presidente, tengo una sencilla enmienda oral que corrige el texto. Propone crear una comisión de expertos por parte del Gobierno turco para que analice el asunto del genocidio, «bajo los auspicios de las Naciones Unidas». Se trata de una idea nuestra, no suya, así que para clarificar que somos nosotros los que proponemos que esta comisión trabaje también bajo los auspicios de las Naciones Unidas, queremos mejorar el texto, sustituyendo «bajo los auspicios de las Naciones Unidas» por «que debería estar bajo los auspicios de las Naciones Unidas». Así pues, se trata de agregar las palabras «que debería estar». 

Camiel Eurlings (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, en nombre de los miembros de mi Delegación, he querido, en aras de la claridad, introducir un cambio a la lista de votación. En contra de la votación en las secciones sobre el texto original del apartado 72, se ha insertado por error un signo menos tanto en la primera como en la segunda parte. Debe sustituirse por un signo más en ambos casos, con el fin de dejar las cosas totalmente claras. Realizaremos una votación nominal para la primera y la segunda parte. 

Camiel Eurlings (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, veo que han sido distribuidas las enmiendas orales. Únicamente actualizan el texto de esta enmienda, por lo que no creo que tengamos que debatir largamente sobre las mismas. 

Camiel Eurlings (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, la votación de este informe pone fin a algunos meses de procedimientos exhaustivos. Con la votación, tal como esta Cámara ha votado las enmiendas, el texto del informe se acerca mucho a la redacción original, que yo, como ponente, presenté a la Comisión de Asuntos Exteriores. El informe es duro, pero justo: justo porque nosotros, en la Cámara, hemos expresado nuestra seriedad y compromiso, pero justo también porque nosotros, por nuestra parte, exigimos de Turquía que muestre su compromiso, tanto en cuanto a la implantación del protocolo de Ankara antes de finales de este año, como a la ejecución de reformas políticas en el ámbito de la libertad de expresión de la opinión y la libertad religiosa para final de 2007.
El texto no admite ninguna duda respecto del genocidio armenio. Aunque, en sentido estricto, no constituye una condición formal, consideramos inevitable que, en su andadura hacia Europa, un país asuma su pasado. Por consiguiente, espero que Turquía interprete este apartado 50 como un incentivo adicional, junto con su vecina Armenia, para reconocer los hechos. 
Señor Presidente, llego a la conclusión de que el informe es justo, pero duro. Con este informe, el Parlamento Europeo está cumpliendo su responsabilidad de salvaguardar los valores europeos y los criterios de adhesión. Por consiguiente, solicito a todos los diputados que apoyen el informe tanto como les sea posible. Espero que Turquía lo entienda como un acicate para acelerar sus reformas.
El Presidente.
   Hemos concluido el turno de votaciones y pasamos a las explicaciones de voto.
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, he votado a favor del informe Roure porque la guerra contra el terrorismo constituye para los Estados Unidos un buen pretexto para obligar a otros a facilitar información personal. Las disposiciones europeas sobre protección de datos, no obstante, clasifican a los Estados Unidos como un tercer país con una precaria seguridad en cuanto a la protección de datos, algo incompatible con el acuerdo sobre datos de pasajeros, que de por sí es criticable. Da la impresión de que los bancos también están siendo objeto de chantaje para que revelen los movimientos de los fondos. Aun cuando a uno le gustaría pensar que todas estas cosas únicamente se hacen con fines loables, la UE debe dejar de legitimar el concepto de persona transparente y, por el contrario, debería volver a tomarse en serio la protección de los datos. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   .  El informe constituye claramente un nuevo paso hacia la armonización total de los sistemas de justicia penal de los Estados miembros. Como siempre, las propuestas de este tipo implican un compromiso amplio y muy complicado entre los países. La Lista de Junio es siempre una ferviente partidaria del derecho a la autodeterminación en cuestiones de Derecho Penal de los Estados miembros y nos preocupa enormemente la seguridad jurídica. Entre otras cosas, el informe permitiría en determinadas circunstancias a los agentes privados hacerse con datos personales muy confidenciales, algo que a juicio de la Lista de Junio no cabe considerar ofrezca suficiente seguridad jurídica. Es cierto que las enmiendas del Parlamento contienen ciertas garantías acerca de la seguridad jurídica para los individuos, pero la propuesta en conjunto supone un paso decisivo hacia el control supranacional de algo que se encuentra en el corazón del derecho a la autodeterminación de un Estado gobernado por el Estado de Derecho, a saber, la legislación penal. 
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   . – El Partido Comunista griego ha votado en contra del informe porque, a pesar de las mejoras puntuales que plantea de la propuesta de Directiva de la Comisión Europea, acepta básicamente toda su filosofía subyacente, que no es sino la facilidad ilimitada y, desde un punto de vista práctico, incontrolable, para las autoridades fiscales y los mecanismos de represión no solo de los Estados miembros de la UE, sino también de terceros países (también llamados los Estados Unidos de América) e incluso de particulares, para recopilar, procesar e intercambiar todos los datos personales de cada ciudadano de la UE, incluidos los relativos a sus actividades políticas y sindicales y sus creencias ideológicas, filosóficas y religiosas.
La mirada del gigantesco mecanismo de registro de datos alentado por la UE está puesta ahora en cada uno de los ciudadanos de la UE, por cuanto se pueden recoger y transmitir los datos de cada uno de los individuos, sin que recaiga sobre ellos sospecha alguna de delito, simple y llanamente por cuestiones de orden público y seguridad.
Fundamentalmente se está aboliendo el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales ya que, con la Directiva propuesta sobre la denominada protección de datos personales, las excepciones a dicha protección quedan consagradas como la norma, a través de una referencia simple e incontrolada a cuestiones de seguridad pública, mientras que la protección de los datos se convierte en la excepción que resulta casi imposible que nadie imponga. 
Jean-Pierre Audy (PPE-DE ),
   . – He votado a favor del informe del señor Díaz de Mera García Consuegra sobre la propuesta de Decisión del Consejo Europeo relativa al programa PERICLES para la protección del euro contra la falsificación de moneda. Es una cuestión esencial para el buen funcionamiento de la moneda única y me alegro de que la decisión se haga extensiva a los Estados miembros no participantes en la zona euro. Es interesante señalar que si el número de billetes de euro falsos parece estabilizarse en torno a 50 000 al mes, se está produciendo una preocupante proliferación de monedas falsas. Esta situación merece que nos preguntemos si no sería interesante estudiar la puesta en circulación de un billete de un euro, a semejanza del billete de un dólar en los Estados Unidos, para evitar la falsificación y responder al mismo tiempo a cierta utilidad práctica para el comercio y los ciudadanos.
Fernand le Rachinel (NI ),
   . – Desde la introducción del euro y la consiguiente retirada de las monedas nacionales de los países de la Unión, solo cabe destacar una cosa positiva: la reducción de la falsificación de moneda.
Así, en 2005 el número total de monedas de euro falsas que se retiraron de la circulación siguió siendo muy inferior al número global de monedas falsas de las antiguas divisas nacionales que se retiraban antes de la introducción del euro.
Esto lo debemos en especial a la buena colaboración entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Banco Central Europeo, Europol, Interpol y las autoridades nacionales competentes.
Pero además de la falsificación pura y simple, está también la reciente aparición de nuevas monedas que se parecen hasta el punto de confundirse con las monedas de dos euros. En efecto, desde el 1 de enero de 2005, Turquía tiene una nueva moneda, llamada la «nueva lira turca». Al mirar la nueva moneda de una lira, observamos que tiene exactamente la misma apariencia y dimensión que la de dos euros. ¿Coincidencia o hábil falsificación? Vayan a saber...
El problema es que esas monedas turcas circulan ya por Europa, lo que hace presagiar sin duda la entrada de Turquía en Europa anunciada por nuestros dirigentes y los eurócratas europeos, despreciando la voluntad de los pueblos.
Estemos atentos, Turquía está más cerca que nunca de nuestras puertas.
Carl Schlyter (Verts/ALE ),
   Me voy a abstener en la votación de este informe porque creo que la UE debería invertir igual cantidad de recursos en la protección de la corona sueca y otras monedas de la UE, que en la del euro. La lucha contra la falsificación es, desde luego, algo positivo en sí mismo, sobre todo cuando se basa en la cooperación y en las reuniones, y no en un mayor control policial. 
Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, no hemos votado a favor del informe del señor Demetriou a pesar de que mejora de forma bastante sustancial la propuesta de decisión marco del Consejo. ¿Por qué no hemos votado a favor? Porque, a pesar de todo, el conjunto de este dispositivo sigue siendo notablemente ambiguo. ¿Qué significa exactamente que se tendrán en cuenta las resoluciones penales tomadas en un Estado miembro? ¿Se tratará de tenerlas en cuenta para evitar la aplicación de la norma de la doble incriminación a fin de evitar dobles condenas injustas? Esto sería perfectamente natural.
Pero por otro lado, ¿se tratará, en cambio, de tenerlas en cuenta para considerar que alguien es culpable de hechos que no se consideren delitos en su país de origen? ¿Acaso, por ejemplo, el historiador David Irving, injustamente encarcelado hoy en Austria por un delito de opinión, será considerado, cuando regrese pronto a su país, como esperamos, un delincuente y un reincidente múltiple, cuando es sin duda el más grande historiador británico especializado en la Segunda Guerra Mundial?
Estas son algunas de las ambigüedades que presenta este texto y que justifican, a nuestro entender, nuestras reticencias, máxime cuando existe un convenio en la materia, el convenio de 1970. Como destaca con toda razón el informe, una decisión marco no puede modificar unilateralmente un convenio internacional. Por lo demás, se plantea el problema de los Estados que no son miembros de la Unión Europea y que, sin embargo, han ratificado el Convenio. Esta reserva, que tiene lugar por nuestra parte con posterioridad a su ratificación, plantea un problema nuevo de Derecho internacional, que preferiríamos resolver con arreglo a los convenios internacionales.
Jean-Pierre Audy (PPE-DE ),
   . – He votado a favor del excelente informe del señor Demetriou sobre la propuesta de decisión marco del Consejo Europeo relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal. El funcionamiento del mercado único y la movilidad de los europeos dentro de la Unión hacen indispensable definir en qué condiciones una condena dictada en un Estado miembro debe tenerse en cuenta en un nuevo proceso penal sobre hechos diferentes en otro Estado miembro. Es imperativo establecer el principio de reconocimiento mutuo de las condenas y la recopilación y el intercambio de información adecuada que sería su corolario natural. Es una condición, sin duda insuficiente, pero necesaria, para avanzar hacia un espacio judicial europeo, pues tenemos la convicción de que la democracia europea debe apoyarse, en particular, en el Derecho y, a la inversa, que el Derecho debe proceder de la democracia.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   .  La Lista de Junio considera que la seguridad jurídica para los individuos es un tema muy importante que no debería admitir acuerdos de compromiso. El Derecho Penal afecta al corazón de la soberanía y al derecho a la autodeterminación de un país. Resulta indudable que, en la actualidad, existen culturas jurídicas muy dispares dentro de la UE, lo mismo que existen actitudes muy diferentes respecto de la seguridad jurídica y la imparcialidad de los tribunales. La propuesta corre el peligro de socavar la Convención de La Haya que rige el ámbito internacional de los tribunales penales, firmada en 1972 y que ha venido funcionado satisfactoriamente desde entonces.
Bien es cierto que la Lista de Junio considera que la enmienda del Parlamento está mejor elaborada, pero también opina que la propuesta en su conjunto constituye un paso más hacia la unión supranacional. Por consiguiente, vamos a votar en contra de la propuesta por una cuestión de principios. 
Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL ),
   . Uno de los principios inamovibles en todos los códigos modernos de Derecho Penal es el de , en virtud del cual las penas solo pueden aplicarse a algo que sea punible como delito en el momento de la comisión del acto.
Lo que esto significa, en términos de esta Decisión marco, es que una sentencia dictada previamente en el Estado A no puede ser admitida a trámite en un nuevo juicio criminal en el Estado B, si el hecho en cuestión no constituía una trasgresión punible en B bajo las leyes propias de dicho Estado. Dado que eso, en última instancia, solo puede ser determinado, por ejemplo, por un juez en el Estado B mediante la repetición de todos los trámites del Estado A, completados con el conjunto de pruebas –lo cual implicaría acciones como volver a interrogar a los testigos, lo que no sería ni deseable ni factible–, debe bastar con que tenga motivos fundados de duda de que el acto era punible. Si un juez alberga tales dudas, no debería permitírsele admitir a trámite una sentencia condenatoria previa así.
Resulta lamentable que eso no se proclame de manera explícita en esta Decisión marco. Yo habría presentado una enmienda a ese respecto, si no hubiera sido por el hecho de que se agotó el tiempo disponible para debatir las enmiendas en la Comisión, ya que la fecha tope para presentarlas cayó durante el receso de verano y la votación se celebró inmediatamente después sin ulterior debate en la Comisión. Lo considero tremendamente lamentable, ya que un poco más de tiempo habría permitido evitar el problema que he descrito. 
Timothy Kirkhope (PPE-DE ),
   . Hemos de subrayar que es la cooperación, más que la armonización, la que debe sustentar cualquier medida en este ámbito. Este informe es sin duda muy útil, pero tenemos que reiterar con firmeza la importancia primordial del respeto de las distintas tradiciones jurídicas nacionales, más que seguir un camino demasiado rígido. Por consiguiente, mis colegas conservadores británicos y yo nos hemos abstenido en la votación sobre este informe. 
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   . – El informe apunta en dirección a la armonización de las leyes de procedimiento penal y la «comunitarización» de la ley penal a nivel de la UE, dentro del marco de la ejecución del Programa de La Haya sobre la creación de un espacio único de seguridad, libertad y justicia.
Propone la modificación, en un sentido aún más reaccionario, de la propuesta en favor de una Decisión de la Comisión, por cuanto proporciona la posibilidad de admitir a trámite en un Estado miembro sentencias dictadas en otro Estado miembro contra una persona, aun cuando el acto por el que fue condenada no constituya delito penal según las leyes del Estado en el que se acepta a trámite.
De esta forma, la legislación unificada a nivel europeo está añadiendo una herramienta más al intento por imponer a la legislación penal nacional las disposiciones supranacionales de la UE, que determinarán los actos que considera deben estar clasificados como criminales.
Constituye un paso más que tensa el dogal en torno a las libertades personales, apunta contra el movimiento de base y crea las condiciones previas para que las actividades de lucha de ese movimiento queden clasificadas como criminales.
El Partido Comunista griego ha votado en contra del informe y hace un llamamiento a los trabajadores para que intensifiquen su acción a través del movimiento obrero y de base para defender los derechos democráticos y las libertades de base. 
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he votado en contra del criterio de mi partido con respecto al informe Capoulas Santos sobre el acuerdo de pesca con Guinea-Bissau. En el curso de los últimos siete años ha crecido mi preocupación por la naturaleza de los distintos acuerdos de pesca que la Unión Europea ha firmado con muchos y muy diversos países. Esa preocupación ha quedado reflejada en el sentido de mi voto hasta este punto.
Hace algunos años leí el informe del Tribunal de Cuentas sobre algunos de estos acuerdos de pesca que planteaba interrogantes y dudas concretas de si reportaban algún beneficio a los países en cuestión. Desde luego es muy limitado el beneficio para las comunidades pesqueras locales, y nulo para la ecología de las pesquerías locales. Desapruebo especialmente el hecho de que la UE esté acaparando los derechos de pesca a precios bajos para que las flotas pesqueras ricas, en especial la española, se estén aprovechando de forma abusiva de ellos, y por tanto he votado en contra de este informe concreto. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   . La ampliación de este Acuerdo de Pesca va a permitir una mejor preparación cara al nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y Guinea-Bissau.
La principal dificultad con que se enfrenta la flota comunitaria estriba en la ausencia manifiesta de recursos para la inspección y el control de la zona económica exclusiva del país, es decir, más allá de la zona de las 12 millas. El resultado de la falta de recursos son las prácticas ilegales que están poniendo en peligro la sostenibilidad de las actividades pesqueras de la flota comunitaria.
Esta ampliación también va a mantener las oportunidades de pesca para la flota europea y va a permitir al Gobierno de Guinea-Bissau garantizar unas buenas prácticas de pesca para la UE sobre la base de la sostenibilidad de los recursos afectados.
Voy a votar a favor de este informe. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, se nos pide hoy aprobar un nuevo acuerdo de pesca que exporta nuestras políticas desastrosas a un país tercero. Estos acuerdos no contribuyen al desarrollo, la conservación o la credibilidad de la UE y yo voy a seguir votando en contra de ellos. 
Christopher Heaton-Harris (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, no he votado a favor del proyecto de presupuesto rectificativo nº 4, el informe Pittella. Ello no se debe a que no sienta respeto por el ponente; de hecho, el señor Pittella me merece un gran respeto y estoy convencido de que esta adaptación concreta en el presupuesto es acertada. Pero se me plantea un problema especial respecto al proceso: una votación por mayoría cualificada sin indicación de los votos, sin comprobación de los votos en la Cámara y carencia absoluta de escrutinio del proceso subyacente.
Quiero dejar constancia de muchas de las preocupaciones de mis electores en relación con el presupuesto europeo. Hace poco he asistido a reuniones en Daventry y en Brixworth, en mi región, en las que se ha expresado la preocupación por el hecho de que el presupuesto no se gaste o aplique debidamente. La transferencia de enormes cantidades de dinero de una línea presupuestaria a otra, que no refleja el enfoque político expresado por el Parlamento en el momento del proceso presupuestario, constituye una práctica preocupante que ocurre cada vez con mayor frecuencia. Por tanto, no he votado a favor del informe Pittella. 
Lena Ek, Cecilia Malmström y Anders Wijkman (PPE-DE ),
   Hoy hemos votado el presupuesto rectificativo que afecta al aspecto de los ingresos del presupuesto de la UE. El presupuesto rectificativo incluye, por ejemplo, el nuevo cálculo de las contribuciones necesarias para financiar el cheque británico. Consideramos injusto y obsoleto que un Estado miembro disfrute de esta posición ciertamente única y, a este respecto, deseamos subrayar la importancia de revisar el presupuesto de la UE planeado para 2008/2009. Resulta de vital importancia que esta revisión contemple tanto el cheque británico, como la Política Agrícola Común. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   .  Hemos votado en contra de este informe porque rechaza la propuesta del Consejo de Ministros sobre el presupuesto rectificativo nº 3. A diferencia de la mayoría en la Comisión de Presupuestos, nosotros creemos que el Consejo de Ministros tiene perfecto derecho a redistribuir el gasto entre las distintas instituciones de la UE durante el procedimiento presupuestario, si considera que es lo que procede hacer. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   .  Con la aprobación del programa PROGRESS han quedado recopiladas todas las acciones comunitarias que anteriormente estaban desperdigadas entre diferentes programas, por ejemplo, la lucha contra la discriminación, la estrategia comunitaria en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, los incentivos en el ámbito del empleo, las actividades referentes a las condiciones laborales y las acciones en la lucha contra la exclusión social.
Durante la etapa de debate y de negociación, hemos podido mejorar diversos aspectos de la propuesta original de la Comisión acerca de PROGRESS, que ahora incluye una serie de propuestas planteadas por nuestro Grupo, del que he sido ponente para opinión en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Pero por desgracia, el importante aspecto de la contribución a la cofinanciación no ha sido modificado. Representa un retroceso para las asociaciones que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, toda vez que la contribución ha disminuido del 90 % negociado en 2001, hasta la cifra actual del 80 %, una cantidad igual para todas las asociaciones. Puede haber excepciones, pero va a resultar muy difícil conseguir su aprobación.
Esta es la principal razón de nuestra abstención sobre este informe de aprobación del programa PROGRESS. 
Roger Helmer (NI ),
   . Como muchas de las cosas que analizamos en esta Cámara, los objetivos de este programa son bienintencionados.
Sin embargo, dudo de que consiga gran cosa en el terreno práctico. El presupuesto que se propone de 650 millones de euros es al mismo tiempo excesivo e insuficiente: excesivo porque dicha suma, utilizada de forma sensata, puede ser en principio de algún provecho; insuficiente porque, a razón de 1,50 euros por habitante de la UE, no podrá provocar los cambios a gran escala que se persiguen. La mayor parte del dinero irá a parar a la administración, asignación y evaluación, y muy poco a conseguir resultados.
¿Cuándo vamos a aprender de una vez? Una y otra vez nos enfrentamos a programas bienintencionados como este que no producen ningún resultado. Pero seguimos intentándolo. Se trata del triunfo de la esperanza sobre la experiencia.
Y henos aquí de nuevo en otro intento centralizado más de arreglar el mundo. Seamos sinceros. El efecto principal de esta medida consistirá en hacernos sentir aquí en esta Cámara como si hubiéramos «hecho algo». Nos conferirá un halo de afirmación personal. Pero pasará inadvertido para las personas a las que pretende ayudar.
Estamos tocando la lira mientras arde Roma. O tal vez deba decir tocando la lira mientras arde el Tratado de Roma. 
Carl Lang (NI ),
   . – Para el período 2007-2013, el programa Progress quiere absorber en un mismo texto los programas comunitarios en materia de protección social, condiciones de trabajo, etc. Este cajón de sastre es una enésima herramienta de inutilidad social, a imagen de la ineficaz «Estrategia de Lisboa» para el crecimiento económico europeo.
Este programa es también claramente ideológico. Si la igualdad entre hombres y mujeres y la consideración de los intereses de las personas con discapacidad son objetivos muy loables, la defensa de las personas que puedan ser víctimas de discriminación a escala comunitaria debido a la raza o al origen étnico, a la religión o a las convicciones religiosas puede ser un medio de reducir al silencio a los opositores a la actual política de inmigración de los Estados europeos, que, desde hace 30 años, pone en peligro nuestros sistemas de protección social.
Además de su coste, este proyecto refuerza los poderes de la burocracia eurobruselense, que tiene una grave responsabilidad en la ruina de varias de nuestras industrias, en la destrucción de nuestros campos y, por tanto, en la regresión social de que son víctimas los pueblos de Europa.
Solo una nueva Europa de las naciones, basada en la solidaridad nacional, permitirá un verdadero progreso social en nuestros países.
Sérgio Marques (PPE-DE ),
   . El objetivo global del programa comunitario para el empleo y la solidaridad social –PROGRESS– consiste en proporcionar apoyo financiero para la consecución de los objetivos de la UE en el ámbito del empleo y los asuntos sociales, así como en contribuir a alcanzar las metas de la agenda social en el contexto de la Estrategia de Lisboa.
El acuerdo político parcial sobre una posición común ya incorpora la mayoría de las enmiendas del Parlamento al texto de la propuesta. En términos generales, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han adoptado el mismo enfoque respecto de este programa.
Por tanto, brindo mi pleno respaldo al texto de la posición común, que crea las condiciones propicias para una rápida aprobación de la propuesta de Decisión que establece el programa. Este texto no altera la esencia de la propuesta original de la Comisión, pero aporta mayor claridad y transparencia a la ejecución del programa y, sobre todo, a las cuestiones presupuestarias. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   . A medida que Europa envejece y la economía se hace cada vez más globalizada, resulta más necesario conceder especial importancia a la política social, con vistas a fortalecer la cohesión regional y social en Europa.
El programa PROGRESS es algo más que un instrumento notable de política social. Constituye un indicador del hecho de que el Parlamento reconoce que la política estatal continúa desempeñando un papel central en la promoción del empleo, la protección social, la inclusión social, las condiciones laborales favorables, la lucha contra la discriminación, la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres.
Naturalmente, Europa tiene que examinar los indicadores de crecimiento económico que necesita para mejorar.
Pero para que eso ocurra, es necesario que los Estados miembros comprendan que hay que progresar en determinados aspectos clave, tales como avanzar más decididamente en la construcción del mercado interior.
El enfoque de que lo que se necesita es más Europa y menos egoísmo constituye un factor vital adicional para el éxito de la política de cohesión regional y social.
Aplaudo la simplificación que va a aportar PROGRESS, al continuar desarrollando actividades lanzadas por cuatro programas anteriores, en línea con el propósito de la Comisión de consolidar y racionalizar los instrumentos financieros de la UE. 
Bernadette Bourzai (PSE ),
   . – He votado a favor del dictamen conforme sobre las directrices estratégicas para la cohesión, pero quiero subrayar que la reforma de la política regional se ha efectuado en el difícil marco de la renovación de las perspectivas financieras, y también en el marco del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, que ha reorientado claramente sus objetivos.
Ahora bien, una reorientación exclusiva hacia la innovación, la economía basada en el conocimiento y la competitividad en los antiguos Estados miembros no basta para garantizar los objetivos de cohesión territorial y sostenibilidad que me parecen prioritarios.
Deploro, en especial, que la orientación de los créditos hacia los objetivos de Lisboa, así como la clasificación del gasto no se hayan sometido al acuerdo del Parlamento.
Lamento también que la dimensión territorial de la cohesión no se haya tenido explícitamente en cuenta como una directriz estratégica de pleno derecho. No obstante, para el desarrollo de las zonas rurales aisladas, no es suficiente. Me preocupa la suerte que les reserve la programación, puesto que todavía no tenemos una línea clara de demarcación entre la intervención del FEDER y la del FEADER, que está integrado en la PAC y cuyos importes son muy limitados.
Brigitte Douay (PSE ),
   . – El Parlamento Europeo ha aprobado por fin las directrices estratégicas comunitarias para 2007-2013. He votado a favor de las recomendaciones de la ponente, que aprueba dichas directrices.
No obstante, en el debate he llamado la atención de la Comisión sobre el reto de la cooperación transfronteriza, que debe permitirnos reducir las disparidades entre zonas fronterizas de la Unión, siempre que unas asignaciones dispares de Fondos Estructurales derivadas de la nomenclatura estadística no obstaculicen el objetivo de cohesión y no incrementen las desigualdades.
Es esencial garantizar unas condiciones de desarrollo económico, social y territorial equilibrado a un lado y otro de las fronteras y prestar una atención especial a los programas destinados a la cooperación transfronteriza.
Emanuel Jardim Fernandes (PSE ),
   . La rápida aprobación de las directrices estratégicas de la Comunidad sobre cohesión constituye un factor de vital importancia en el proceso en curso de programar la aplicación de los Fondos europeos en los Estados miembros en el campo de la reforma de la política de cohesión para 2007-2013, con vistas a que los nuevos programas financieros estén operativos a partir del 1 de enero de 2007.
El Parlamento tuvo ocasión de pronunciarse sobre las directrices en su sesión del 18 de mayo en una resolución que aprobó sobre la base del informe Krehl acerca de la preparación del procedimiento de dictamen conforme relativo a las directrices estratégicas comunitarias 2007-2013 (Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo), que yo respaldé y sobre el que voté en consonancia.
La recomendación sobre la propuesta de una Decisión del Consejo sobre directrices estratégicas comunitarias relativas a la cohesión por parte de la señora Krehl se basa en dicha resolución parlamentaria del 18 de mayo.
Por tanto, he vuelto a votar a favor. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   .  Ahora que la mayoría del Parlamento ha dado su aprobación a las directrices estratégicas de la Comunidad sobre cohesión para 2007-2013, los Estados miembros han de presentar sus marcos de referencia nacionales.
No aceptamos el cambio que implican estas directrices estratégicas, por cuanto relegan la cohesión a un segundo plano respecto de la competitividad; en otras palabras, el objetivo de la cohesión económica y social se convierte en secundario respecto de los objetivos de la Estrategia de Lisboa y su agenda neoliberal de liberalización de los mercados y los servicios públicos, de promoción de la desregulación y la reducción de la seguridad laboral, de privatización de la seguridad social y de vender la educación y la investigación al mejor postor.
Es una agenda, en otras palabras, que socava la cohesión económica y social y promueve las diferencias territoriales y las desigualdades sociales.
El establecimiento de una cuota mínima de fondos para estos fines –al menos el 60 % para las regiones de convergencia– resulta, por tanto, inaceptable ya que contrapone objetivos contradictorios, sobre todo en un contexto en el que la cantidad de fondos ha quedado recortada hasta el 0,37 % del PIB de la Comunidad, frente al 0,41 % en el marco anterior.
Además, nos oponemos –especialmente en este contexto– a ampliar el uso de asociaciones entre el sector público y el privado.
Por consiguiente, hemos votado en contra. 
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, felicito a nuestra ponente, la señora Krehl, por el equilibrado informe sobre este asunto crucial. En Escocia tenemos amplia experiencia en el uso efectivo y correcto de los Fondos Estructurales y resulta esencial que los mismos continúen evolucionando para responder a las necesidades de Europa. Este informe tiene debidamente en cuenta los acontecimientos y sugiere una serie de avances provechosos, por lo que lo acojo con sumo agrado. 
Gilles Savary (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera explicar por qué, tras los interesantes debates de ayer y las votaciones de hoy, he votado en contra del informe Rapkay: es muy sencillo, pues no puedo más que constatar que representa una clamorosa victoria para los liberales.
Hemos votado a favor de la desregulación de los servicios públicos, hemos votado en contra de una directiva marco, hemos votado en contra de la distinción entre los servicios de interés económico general y los servicios de interés general, hemos votado a favor de la aplicación de las normas de la competencia a todos los servicios de interés general y su definición precisa, hemos votado en contra de la definición de «autoproducción», en otras palabras, del control estatal, hemos votado en contra de los detalles de los criterios Altmark. Retrocedemos así de forma considerable con respecto a las resoluciones anteriores, la del señor Herzog y la del señor Langen en 2001, y la Comisión nos propone a cambio una nueva comunicación a finales de año.
Esto significa que en estos momentos dejamos sectores enteros del Derecho comunitario y de los servicios públicos locales expuestos a las incertidumbres del Tribunal. ¿Qué entendemos por administración directa? ¿Qué entendemos por estructura intermunicipal? ¿Qué entendemos por sociedad de economía mixta? ¿Qué concesiones hay que hacer al mercado y a las normas de competencia? Todavía no lo sabemos, y por esa razón seguiré batallando a favor de unos textos transversales que permitan garantizar la subsidiariedad. Creo, por desgracia, que estamos lejos de la cuenta y que, hoy, es una batalla perdida. Espero que no sea una derrota definitiva.
Jean-Louis Bourlanges (ALDE ).
   – Señor Presidente, no hemos votado a favor del informe Rapkay por una razón muy concreta: representa un retroceso totalmente injustificado con respecto al texto de la Constitución.
El texto del proyecto de Constitución preveía que una ley europea estableciese los principios y las condiciones para la prestación, la ejecución y la financiación de los servicios de interés económico general. Se trataba, pues, de lo que en la nomenclatura actual se denomina una directiva marco. El informe no solo se ha alejado de ello en el fondo, sino que, al rechazar la enmienda 10, rechaza formalmente el texto constitucional y señala públicamente su oposición al mismo.
Por consiguiente, me preocupa el cambio de trayectoria de este Parlamento, que pretende apoyar de forma masiva el texto constitucional y que, cuando se trata de algo importante e incluso capital para la opinión pública de cierto número de países, da marcha atrás sin ninguna justificación.
Jean-Pierre Audy (PPE-DE ),
   . – He votado a favor del informe del señor Rapkay sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre los servicios de interés general (SIG) porque es un informe equilibrado. En particular, tiene la valentía de indicar que es imposible definir los SIG de modo uniforme en un entorno económico y social tan heterogéneo como el de la Unión Europea y que, en esta materia, hay que reafirmar el principio de subsidiariedad, dejando a los Estados miembros la tarea de regular lo que pertenece o no al interés general y de asumir directamente las consecuencias de sus decisiones. Tras las dificultades vividas para alcanzar un compromiso político en primera lectura sobre la Directiva de servicios, el debate sobre los SIG dista mucho de haberse cerrado. En efecto, es urgente legislar a escala europea sobre sectores concretos, en particular los servicios sociales y sanitarios de interés general, a fin de conferirles seguridad jurídica. Por último, este tema será un elemento importante de la competitividad del espacio europeo, a la que debemos estar atentos.
Bernadette Bourzai (PSE ),
   . – He votado en contra del informe del señor Rapkay sobre el Libro Blanco sobre los servicios de interés general porque varias enmiendas en las que tenía un gran interés han sido rechazadas, en especial la que pedía una directiva marco sobre los servicios de interés general y las que pedían una aclaración de los criterios de distinción entre los servicios de interés general (SIG) y los servicios de interés económico general (SIEG), así como de los criterios de concesión de una compensación para las prestaciones de servicios públicos y de la autoproducción.
No hay que ceder en estos puntos primordiales para el futuro de los servicios públicos en nuestros territorios y dar marcha atrás con respecto a lo que votó el Parlamento en la resolución Herzog de 2004 y la resolución Langen de 2001, justo cuando el Grupo del PSE ha redactado una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general que todavía va más lejos.
Emanuel Jardim Fernandes (PSE ),
   .  Como ponente para opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general (SIG), he luchado a favor de lo siguiente:
- la exclusión total de los SIG –tanto de interés no económico (SINEG) como económico (SIEG)– del ámbito de la Directiva sobre los servicios en el mercado interior (la «Directiva de servicios»).
- la aprobación, como contrapartida, de una Directiva marco, una legislación marco o un marco jurídico general, como prefiera llamarse, para los SIG (incluidos los SIEG, aunque ello no impide que estos últimos estén sujetos a una reglamentación sectorial especifica); y
- la definición y descripción de los SIG, junto con una clarificación de la distinción entre SINEG y SIEG, a efectos de seguridad jurídica.
En términos generales, considero que estas ideas han quedado reflejadas en este informe. En consecuencia he apoyado y he votado a favor de este informe.
No obstante, lamento que el informe no haya incorporado otra de las ideas principales que presenté en la opinión de la que fui ponente, a saber, el reconocimiento, dentro del contexto de los SIG, de la situación particular de las regiones ultraperiféricas, teniendo en cuenta las dificultades concretas de naturaleza estructural y permanente con que se enfrentan. 
Anne Ferreira (PSE ),
   . – He votado en contra del informe del señor Rapkay por las siguientes razones. En primer lugar, no se pide a la Comisión que proponga una directiva marco sobre los servicios de interés general. A partir de ahora, se cierne una amenaza sobre las administraciones, las sociedades de economía mixta y las estructuras intermunicipales debido al riesgo de contenciosos en nombre del Derecho de competencia. El señor Barroso no se equivocó en el debate en el Pleno al constatar la ausencia de consenso sobre una propuesta de directiva marco.
Al negarse a definir los servicios de interés general y el Derecho específico que se les aplicaría, la Comisión deja que las reglas del mercado y, por tanto, el Derecho de la competencia se apliquen a los servicios públicos.
Ya no es hora de presentar una enésima comunicación, ni nuevas propuestas sectoriales. Esperamos que la Comisión respete las decisiones del Parlamento Europeo y proceda lo antes posible a una evaluación de las políticas de liberalización practicadas. Sabemos que los resultados están lejos de los objetivos anunciados.
Esta resolución no considera los servicios de interés general un pilar fundamental del modelo social europeo ni un medio de realizar los objetivos sociales, económicos, ecológicos y de cohesión territorial de la Unión.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   .  Hemos votado en contra de este informe porque su orientación general es la subordinación de los servicios públicos a la competencia y a un futuro mercado interior de servicios, a la luz del compromiso alcanzado por el Consejo acerca de la famosa Directiva Bolkestein.
Al mismo tiempo, encubre los efectos de las liberalizaciones sectoriales que ya se han producido en entornos como el trasporte, la energía y las comunicaciones. En contra de lo que se ha dicho, y tal como han demostrado muchos grupos de usuarios y organizaciones de protección de consumidores, la liberalización se ha traducido en una mayor dificultad de acceso a los servicios, una menor calidad de servicio, precios más altos y la pérdida de miles de puestos de trabajo, so pretexto de la reestructuración sectorial.
La idea de dividir los servicios de interés general en económicos y no económicos, desde un punto de vista mercantil, forma realmente parte de un intento de colocar la práctica totalidad de los servicios públicos a merced del mercado.
Nuestra posición consiste en defender la competencia exclusiva y la soberanía de los Estados miembros para definir cómo se han de financiar los servicios públicos y cómo se debe organizar dicha financiación. A la postre, la titularidad pública es un elemento fundamental para proteger los servicios públicos de alta calidad, a efectos de garantizar el acceso universal en todo el territorio de la UE, el abastecimiento a precios socialmente justos y la participación democrática de los usuarios finales en la definición, gestión y fijación de la calidad de estos servicios. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . – El informe del señor Rapkay sobre los servicios de interés general, ya sean económicos o no, nos augura un enésimo cajón de sastre legislativo a escala europea y nuevas intromisiones de la Comisión en los sistemas presupuestarios y fiscales de los Estados y sus entidades territoriales, todo ello violando por completo el principio de subsidiariedad, sin embargo abundantemente citado por el ponente.
Hay que recordar sin cesar a los ciudadanos europeos que la liberalización de los servicios públicos, con las consecuencias que conocemos, es la manera que tiene la Comisión de Bruselas de practicar el chantaje jurídico con los Tratados.
Ahora bien, el mercado, por sí solo, no puede garantizar ni la calidad, ni el desempeño de todas las misiones de estos servicios, ya sean sociales, de ordenación del territorio o de interés estratégico y nacional.
Los servicios públicos, sean rentables o no, deben ser competencia exclusiva de los Estados, tanto en lo que concierne a su definición como a su organización, a las modalidades de designación, el número y la naturaleza de las entidades a las que se confían, o incluso a su modo de financiación.
Jean Lambert (Verts/ALE ),
   . He votado en contra del informe Rapkay porque considero que la redacción final no presta apoyo suficiente a los servicios de interés general (servicios públicos). Las Directivas se base sectorial por sí solas se traducen exclusivamente en un recorte progresivo del interés público general y adecuar los sectores para el beneficio de las empresas. Hay ciertos aspectos de los servicios sociales que sustentan el sector educativo, formas de vivienda que están al servicio del interés público general, aun cuando no se ocupen expresamente de un sector social desvalido, etc. Un enfoque sectorial no basta. Como hemos hecho tantas veces en el terreno ambiental, primero necesitamos una Directiva marco global que ponga a salvo el interés general antes de embarcarnos en sectores específicos. Podemos encontrar un fundamento jurídico. No basta con decir a la gente que pertenece al ámbito de competencia de los Estados miembros, cuando los Gobiernos de los mismos están utilizando las reglas de mercado, la Directiva de servicios y otros medios para conseguir la liberalización por la puerta de atrás. Espero que quienes han apoyado la enmienda sobre liberalización, quienes han votado en contra de una Directiva horizontal y a favor del informe final sean capaces de explicar a sus colegas en la administración local y regional por qué no están defendiendo con mayor ahínco los servicios públicos que sus colegas han de prestar. 
Carl Lang (NI ),
   . – El informe del señor Rapkay sobre los servicios de interés general (SIG) es seductor a primera vista. En él se habla de una mayor protección de los servicios públicos, de una mejor defensa del principio de subsidiariedad, del respeto democrático de las tradiciones nacionales y de aclarar las definiciones relativas a los SIG mediante la introducción, en particular, del concepto de servicios de interés «no económico».
Esas buenas intenciones pueden ilusionar, sobre todo si el proyecto de directiva marco parece hoy abandonado. Sin embargo, muchas de las normas vinculantes van a competir con las prerrogativas de los Estados miembros, como el control de los medios de financiación. Así pues, se deja abierta la puerta a una futura deriva europeísta.
Por último, me resulta claramente imposible votar a favor de este texto porque hace referencia al Tratado Constitucional, una Constitución que, según el informe, daría mayores garantías a los SIG frente al batiborrillo legislativo europeo actual. Ahora bien, les recuerdo que la Constitución europea fue democráticamente rechazada por los pueblos neerlandés y francés.
Este texto, que al final no es ni A ni B, solo puede merecer un voto de abstención. 
Marie-Noëlle Lienemann (PSE ),
   . – He votado en contra del informe Rapkay porque no reconoce la necesidad de una directiva marco para los SIG y los SIEG, dejando la puerta abierta a que continúe la desregulación en curso, que pone en peligro nuestros servicios públicos, así como el acceso de todos y en todas partes a estos servicios esenciales.
Una directiva marco debería garantizar la estandarización entre los usuarios, la igualdad entre los ciudadanos y las regiones, la ordenación del territorio y la continuidad a largo plazo de los servicios prestados, así como un nivel de calidad normal.
Es urgente frenar esta liberalización generalizada, que no satisface ni a los asalariados de estas actividades ni a los ciudadanos.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   . – Los servicios de interés general, con la pertinente distinción entre su carácter económico y no económico, se hallan en el punto de mira de las grandes empresas, con vistas a comercializar la prestación de las necesidades básicas y aumentar sus beneficios.
La UE está intensificando la abolición de la ayuda estatal con la excusa de proteger la competencia y promover la plena liberalización y privatización de los servicios a fin de permitir la penetración de las grandes empresas. Dentro del contexto del mercado único y del Pacto de Estabilidad, los Estados miembros están liquidando la riqueza popular, fortaleciendo con ello la plutocracia. Según la UE, hay que vender los servicios rentables para el capital.
Los resultados de esta política van a ser especialmente dolorosos para los trabajadores: pérdida de miles de puestos de trabajo, peores relaciones industriales y una caída del nivel de vida. Las consecuencias, que ya hemos presenciado en servicios que han sido víctimas de las reestructuraciones capitalistas y la política de privatización, serán particularmente negativas para todos los usuarios de tales servicios, sobre todo las clases más bajas.
El Partido Comunista griego ha votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo que acepta la división de los servicios de interés general en servicios económicos y no económicos, y promueve la liquidación y comercialización de estos servicios. Apoya la lucha obrera a favor de unos servicios públicos mejores y más baratos en bien del nivel de vida de la gente y no de las ganancias de los monopolios. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  Con independencia del modelo de economía capitalista y de mercado que propugnamos, siempre existirá la necesidad de que los servicios públicos sean prestados por organismos públicos, ya sea de forma directa o indirecta. En consecuencia, y dado que este asunto aparece en varias medidas comunitarias –aunque solo sea para excluirlo de su ámbito de actuación– resulta comprensible que la Comisión presente su opinión sobre este tema.
Dicho esto, quiero expresar tres reservas, teniendo en cuenta futuros desarrollos. Primero, la UE no se encuentra en condiciones de prestar servicios de interés económico general, y eso es cada vez más cierto también para los servicios de interés general (cualquier excepción debería estar basada idealmente en la cooperación entre los Estados miembros); la legislación relativa a estos servicios debe hallarse cada vez más en el plano nacional, aunque también debe cumplir las reglas del mercado interior y los principios de libertad de establecimiento y de libertad de prestación de servicios.
Por último, lamento que la resolución sobre este tema pida a la Comisión que presente un análisis exhaustivo «de las incidencias de la liberalización hasta la fecha, en particular con respecto a la situación de los consumidores y de la población activa afectada». El término «afectada» introduce un sesgo ideológico en un contexto que debería ser imparcial. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   . El mercado interior de la UE ya ha demostrado su eficacia a la hora de liberalizar un gran número de sectores de servicios, que en última instancia ha beneficiado a los consumidores y a la población activa europea.
Sin embargo, con el fin de dotar a la economía europea de un nuevo ímpetu, la UE tiene que dar otro salto cualitativo para completar su mercado interior y obtener así el máximo beneficio de él.
Este salto hacia adelante podría conseguirse a través de iniciativas en el ámbito de los servicios de interés general (SIG), servicios públicos que no son de naturaleza mercantil y que están financiados en gran medida por fondos públicos.
Creo que la definición exacta, la formulación, la organización y la financiación de los SIG deberían corresponder exclusivamente a los Estados miembros, reflejando la realidad de estos y el respeto por la autonomía regional y local.
La prestación de los SIG a nivel local, regional y nacional ha estado en desacuerdo con la legislación comunitaria. Estos servicios se hallan en una nebulosa legal a nivel europeo, dado que no está claro qué reglas son aplicables a los SIG, en lo referente, por ejemplo, a la competencia, los concursos públicos y el mercado interior. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo apenas ha contribuido a disipar dicha nebulosa.
Apoyo el informe por cuanto promueve una diferenciación clara, por una parte, entre la ejecución del Derecho comunitario y, por otra, la persecución de los objetivos de interés público en la prestación de los SIG. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la delegación del Partido Popular austriaco ha votado «sí» a la primera parte del apartado 69, porque lo consideramos un proceso con un resultado abierto, mientras que hemos rechazado la segunda parte, porque se halla en contradicción con la primera. Sin embargo, en la votación final, a pesar del apoyo mayoritario a la segunda parte, hemos votado a favor, considerando que este informe no enjuicia el objetivo último, sino el progreso de las negociaciones hasta la fecha, y que constituye un debate crítico y objetivo de las leyes compartidas y las resoluciones de la Unión Europea, más que una votación y una declaración final. He querido hacer esta declaración para evitar cualquier incoherencia e interpretación errónea. 
Michl Ebner (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he votado, con toda intención y convicción, a favor de la primera parte del apartado 69 y contra la segunda, porque opino que el magnífico trabajo realizado por el señor Eurlings y otros muchos diputados constituye una enumeración de asuntos y situaciones que hablan en contra de la adhesión turca, y esa es una razón por la cual las negociaciones no deberían tener como objetivo final la adhesión.
Por ese motivo he votado en contra del informe en su conjunto. Deberíamos centrarnos en el apartado 71 e intentar encontrar una forma de vincular a Turquía a las estructuras europeas; lo mismo deberíamos hacer con otros países vecinos, a los que no se debería negar la perspectiva de convertirse en Estados miembros y a los que, en ningún caso, consideramos capaces de llegar a serlo. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, aunque no existe ninguna duda de que contiene una serie de aspectos válidos o interesantes –cuando menos la forma en que pone en claro que Turquía no está preparada para entrar en Europa y que, tal vez, nunca lo llegue a estar– he votado contra el informe Eurlings, y lo hecho porque el Gobierno turco no hace sino perder el tiempo en maquillajes, por cuanto ha accedido a algunas reformas, si bien no las ha ejecutado, por no mencionar el hecho de que no estamos aproximándonos a la resolución de determinados problemas con un considerable potencial nocivo, tal como el conflicto con Chipre, el problema kurdo o el reconocimiento del genocidio armenio. Todos estos asuntos deberían haber quedado resueltos mucho antes del comienzo de las negociaciones, tanto más en razón de los 1 300 millones de euros que se han concedido a los turcos a lo largo de los últimos años en concepto de ayuda previa a la adhesión. Creo que ya es hora de que hagamos lo que los ciudadanos de Europa llevan haciendo desde hace algún tiempo, profiriendo un sincero «no» a las negociaciones de adhesión. 
Jacques Toubon (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hemos sido muchos los que nos hemos abstenido sobre el informe Eurlings, y ello por las siguientes razones.
Habríamos votado a favor de este informe, ya que, como dije ayer, es el más crítico con el comportamiento de Turquía hacia la Unión Europea que nunca ha adoptado este Parlamento. Por desgracia, con su voto, el Parlamento ha rechazado el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para la adhesión y, por otra parte, ha adoptado, a pesar de nuestro voto y del de muchos de nuestros colegas, una disposición que prevé implícitamente la adhesión como único resultado de la negociación.
En estos dos puntos estamos en desacuerdo. No obstante, no hemos querido oponernos a los esfuerzos realizados por el señor Eurlings y la Comisión de Asuntos Exteriores, que han transmitido una señal muy fuerte en nombre de este Parlamento, y por eso nos hemos abstenido.
Koenraad Dillen (NI ). –
   Señor Presidente, en principio tenía la intención de votar hoy a favor del informe Eurlings aunque yo, decidido enemigo de la adhesión de Turquía, creo que este informe pasa por alto la esencia del asunto, pero una serie de enmiendas, en concreto las relativas a Armenia, me han empujado a cambiar de parecer durante el procedimiento de votación, por lo que he terminado por votar contra este informe.
Lo que sí ha conseguido el informe Eurlings, no obstante, ha sido poner de manifiesto que la mentalidad en este Parlamento y en Europa ha cambiado en la dirección acertada durante los dos últimos años, y que somos más conscientes de los numerosos aspectos en los que Ankara no está cumpliendo los criterios de adhesión de Copenhague. Por tanto, ha sido positivo que el ponente nos recordara el genocidio armenio, pero la votación de hoy deja en ridículo a los Liberales, los Verdes y los socialistas en este Parlamento. Están henchidos de derechos humanos y de grandes principios, pero a la hora de la verdad, cuando hay que enfrentarse a los hechos reales de la política, no están a la altura de las circunstancias. Resulta difícil imaginar una actitud más egoísta. Parece ser que no todos los genocidios son merecedores de nuestro recuerdo.
Lo mismo cabe decir del tema de Chipre, con respecto al cual muchos en esta Cámara parecen olvidar que la mitad septentrional de dicho país, con su régimen terrorista, se halla sometida desde hace treinta años al dominio de Turquía, un país que jamás podrá, y de hecho nunca debería, convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. 
Philip Claeys (NI ). –
   Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Eurlings, ya que continúa partiendo de la premisa de que la adhesión de Turquía sigue siendo deseable. Pero si analizáramos la impresionante nómina de problemas graves, opinaríamos lo contrario. Suprimir la cláusula clave sobre el genocidio armenio constituye una ignominia; el efecto real de ello es que nosotros, en esta Cámara, nos estamos distanciando de las dos resoluciones que hemos aprobado en el pasado sobre este asunto. Alienta igualmente al Gobierno turco a continuar practicando su política de negación patrocinada por el Estado.
A ese respecto, condeno igualmente la falta de entereza puesta de manifiesto por los Grupos de la izquierda. El valón, por ejemplo, ha retirado su apoyo al reconocimiento del genocidio armenio por miedo a perder votos entre el creciente electorado turco en Bruselas, donde se van a celebrar elecciones dentro de dos semanas. Ya está bien de la gente que pretende defender principios grandiosos. ¡Y luego hablan de hipocresía! 
Albert Deß (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo también deseo hacer una explicación del voto en relación con el informe Eurlings. Aunque el informe contiene muchas afirmaciones que puedo respaldar, finalmente he votado contra su aprobación porque soy básicamente contrario a la pertenencia de Turquía a la Unión Europea, mientras que el informe –si bien impone muchas condiciones– no excluye la condición plena de Estado miembro como objetivo. Otra razón por la que he mostrado mi rechazo es porque el informe no aboga por la suspensión, con carácter inmediato, de las negociaciones de adhesión con Turquía.
Resulta intolerable que continuemos negociando con un Gobierno turco, algunos de cuyos miembros recientemente han comparado al Papa Benedicto con Hitler y Mussolini. Han sido políticos de origen turco los que han vertido las declaraciones más odiosas en respuesta al discurso del Papa Benedicto en mi país de origen. Sin embargo, a este respecto seguiré confiando en el pueblo de Francia, pues parto de la base que la mayoría de ellos van a votar en contra de la adhesión turca, de manera que no resulte aprobada. 
Jean-Louis Bourlanges (ALDE ).
   – Señor Presidente, en la UDF apoyamos con firmeza el informe del señor Eurlings, pues contiene verdades muy importantes que hay que decir. A pesar de todo, nos hemos visto obligados a abstenernos. ¿Por qué? En primer lugar, precisamente porque el informe parece excluir la idea de una cooperación reforzada como alternativa a la adhesión pura y simple, que no es realista. Y, sobre todo, porque al rechazar el apartado sobre Armenia este Parlamento transmite una señal extraordinariamente negativa.
Les recuerdo que en 2004 votamos una resolución en la que pedíamos el reconocimiento del genocidio armenio; que en 2005 votamos una resolución en la que pedíamos que el reconocimiento de dicho genocidio fuera una condición previa para la adhesión.
Hoy, olvidamos todo eso. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de un Parlamento que cambia de opinión, que olvida sus resoluciones. El mensaje es simple, es decir a los turcos: no se apuren en evolucionar en este punto, pueden seguir haciendo de la mera evocación del genocidio un delito de opinión, que, al final, no se les pedirá el reconocimiento de dicho genocidio. Es un mensaje extremadamente negativo, extremadamente grave. Lamento que se haya lanzado y que, por otra parte, nos haya impedido votar a favor del excelente informe del señor Eurlings.
Mario Borghezio (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, durante el debate para evaluar el hipotético progreso de Turquía hacia la adhesión a la Unión Europea, y dado que hemos aprobado una importante resolución sobre el genocidio armenio, me he estado planteando qué otra cosa podemos exigir, finalmente, de Turquía sino un compromiso claro en este ámbito: en concreto, el compromiso a respetar los derechos humanos y a aceptar los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea.
Sin embargo, la votación de hoy ha vuelto a poner de manifiesto la hipocresía de la corrección política, por cuanto busca eludir la necesidad de una rotunda declaración de las demandas que Europa tiene la obligación de plantear a los dirigentes e instituciones turcas, la misma gente que ha acogido las palabras y la próxima visita del Papa con un lenguaje soez y violento y amenazas mafiosas.
Europa se limita a mirar, mientras sus libros de texto escolares siguen enseñando a los niños turcos que el genocidio armenio es una invención de la Historia. La gente tenía razón cuando nos aconsejó prestar mucha atención a las críticas vertidas contra quienes desean escribir de nuevo la Historia. ¡Qué vergüenza! Turquía continúa negándose a reconocer los derechos de los pueblos –no solo de los armenios, sino también de los kurdos– mientras Europa permanece sumida en un silencio hipócrita y vergonzoso. Ya no es la Europa de los derechos humanos, sino una Europa a la que no le pueden importar menos los derechos humanos. 
Renate Sommer (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, he votado a favor de la aprobación del informe Eurlings porque lo considero un informe bueno, crítico y el mejor en su género que se nos ha presentado hasta la fecha. He votado a favor aunque no estoy de acuerdo con todo. Por ejemplo, no me gusta la forma en que este informe plantea el asunto armenio. Imaginemos por un momento que el Holocausto que se produjo bajo el régimen de Hitler se citara siempre únicamente entre comillas o se describiera solo como el «presunto Holocausto»; ese es el tratamiento que recibe la cuestión armenia en Turquía. He votado a favor del informe Eurlings, aun cuando una mayoría haya respaldado la inclusión de una cláusula afirmando que el objetivo a perseguir debía ser la incorporación plena de Turquía a la Unión Europea, un objetivo con el que, por supuesto, no estoy a favor debido a que Turquía ni está preparada para la adhesión, ni dispuesta a cumplir nuestras exigencias, y porque sé –como lo sabe todo el mundo en esta Cámara– que la UE no puede permitirse tener a Turquía como Estado miembro. Me ha resultado fácil votar a favor de este informe, ya que las afirmaciones que no deseaba ver incorporadas, pero que no obstante lo han sido y que he enumerado, carecen tan manifiestamente de sentido que el informe, en su conjunto, representa un buen reflejo de la posición de esta Cámara. 
James Hugh Allister (NI ),
   . He votado en contra del informe Eurlings porque sigo siendo un decidido enemigo de que una Turquía no europea llegue a ser miembro de la UE. Quienes proclaman que el esfuerzo por convertirse en miembro va a inducir a Turquía a respetar plenamente la democracia y los derechos humanos se hallan en un lamentable error, aunque solo sea por la falta de progresos notables testimoniada por este informe. En lo referente a la reforma, los derechos humanos, la libertad religiosa, Chipre o Armenia no hemos conseguido nada, pero a cambio hemos despilfarrado, y continuaremos haciéndolo, millones de ayuda de preadhesión. No es la primera vez que dan gato por liebre a la UE.
El ansia de la UE por una ampliación infinita está impulsada por el deseo de alcanzar una posición mundial que refuerce su ego, que va parejo a la búsqueda de un superestado a través de la Constitución rechazada. La adhesión de Turquía, la creciente ampliación y la Constitución forman parte del mismo gran designio. 
Bernadette Bourzai (PSE ),
   . – El informe Eurlings hace balance, un año después de la apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía, de los avances y problemas encontrados.
Las enmiendas han permitido equilibrar este informe para tener en cuenta los esfuerzos realizados por Turquía, resaltando al mismo tiempo las cuestiones que siguen siendo problemáticas, como el hecho de que Turquía no haya firmado el Protocolo de Ankara y el trato dado a las minorías.
En cuanto al genocidio armenio, ha de ser necesariamente reconocido por Turquía. No obstante, dicho reconocimiento no puede presentarse como una condición previa para la adhesión si se tienen en cuenta los criterios de Copenhague.
En cuanto al apartado sobre una posible colaboración privilegiada entre la UE y Turquía en caso de fracaso de las negociaciones, no es oportuno por el momento. Nos encontramos en un proceso en marcha y no podemos considerar desde ahora la conclusión de las negociaciones de forma pesimista. 
Con este voto deseo mostrar los muchos progresos que Turquía debe realizar para adherirse a la Unión Europea, pero no quiero levantar nuevas barreras a su posible adhesión.
En mi opinión, la entrada de Turquía en la UE es tanto una oportunidad para Turquía como una oportunidad para Europa.
Marco Cappato (ALDE ),
   . – Señor Presidente, en nombre del Partido Radical Transnacional, he votado en contra del informe Eurlings sobre Turquía, ya que el Parlamento está autorizando, en virtud del mismo, a la Unión Europea a aislarse una vez más del Mediterráneo y del Oriente Próximo. En lugar de mostrar su voluntad para acelerar el proceso de integrar a Turquía en Europa, el Parlamento propone vías alternativas para acercar a Ankara a Bruselas, que nada tienen que ver con unas negociaciones de adhesión serias.
La Unión Europea no debe aislarse y centrarse exclusivamente en su Constitución, tal como el Presidente Barroso nos ha explicado hace algunos días. Tampoco debe depositar sus esperanzas en los buenos oficios del Papa para establecer un diálogo con el mundo islámico y el Oriente Próximo, tal como sugiere el informe Eurlings. Josef Ratzinger no es Javier Solana.
Por el contrario, partiendo del llamamiento del señor Pannella en favor de la paz en el Oriente Próximo, hemos de resucitar nuestras aspiraciones federalistas y democráticas, con el fin de crear una Europa capaz de dar cabida al mayor número posible de gente en un proyecto de libertad, reforma democrática y paz. 
Richard Corbett (PSE ),
   . He votado a favor de este informe y apoyo la idea de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, una vez concluidas las negociaciones de adhesión y con la condición de que Turquía cumpla los criterios necesarios en materia de derechos humanos, funcionamiento del sistema democrático, respeto de las minorías y la asunción de su pasado. 
Lena Ek, Cecilia Malmström y Anders Wijkman (PPE-DE ),
   Los sucesos en Turquía son muy preocupantes en diversos ámbitos. Se ha registrado una serie de casos, en los que se ha detenido a periodistas y escritores, acusándoseles de cometer delitos contra la «esencia turca». Aunque estos acontecimientos son naturalmente muy preocupantes, no deben olvidarse las fuerzas democráticas y las fuerzas favorables en Turquía a la reforma. Esa es ahora nuestra tarea como Unión Europea: continuar ayudando y apoyando a estas fuerzas para que vuelvan a conducir de nuevo a Turquía por la senda correcta.
El señor Eurlings incluye críticas justificadas a Turquía en su informe, pero otras censuras vertidas por él sugieren que se conceda un trato diferente a Turquía que a otros países candidatos. Eso resulta inaceptable. Es importante que Turquía reconozca su historia, incluida la referente a Armenia. Sin embargo, no debemos permitir que el asunto determine si deben continuar o no las negociaciones con Turquía.
Para la UE es importante hacer gala de sentido de la responsabilidad y no caer en hacerles el juego a los fundamentalistas y los reaccionarios. Por el contrario, tenemos que aprobar un informe equilibrado. En consecuencia, hemos optado por votar a favor del apartado 50 y de las enmiendas que abogan por un planteamiento constructivo respecto de Turquía. 
Glyn Ford (PSE ),
   . He votado en contra de la enmienda 51 de mi Grupo al apartado 50 del informe del señor Eurlings sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión. Lo he hecho con cierto pesar, pero la aprobación de la enmienda habría supuesto la eliminación de la referencia a la comunidad asiria, entre otras. Como persona que ha denunciado continuamente que en Iraq se hace caso omiso de la situación crítica e incluso de la existencia de la comunidad asiria, hubiera sido hipócrita por mi parte hacer precisamente eso en el caso de Turquía. He hecho lo mismo en el caso de las demás enmiendas a este apartado. 
Robert Goebbels (PSE ),
   . – He votado en contra del informe Eurlings porque refleja la hipocresía creciente de Europa con respecto a Turquía. En mi opinión, Turquía tiene vocación de ser miembro de la Unión Europea. Turquía siempre ha formado parte de la historia política, económica y cultural de Europa. Aunque es evidente que todavía tiene esfuerzos que realizar en muchos ámbitos, algunas fuerzas políticas del Consejo y el Parlamento multiplican las barreras que Turquía debe franquear. Por mi parte, quiero distanciarme de esas tácticas vergonzosas, ¡que a fin de cuentas solo pretenden preservar una «Europa cristiana»!
Bruno Gollnisch (NI ),
   . – Si no hubieran calificado erróneamente a Turquía de país europeo, que no lo es, no se verían hoy en la tesitura de tener que reconocer una serie de verdades.
Nos dicen hoy que las minorías religiosas, en particular cristianas, están oprimidas en Turquía. Que el respeto de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular, no está garantizado. Descubren que Turquía sigue negándose a reconocer a Chipre, que sin embargo es miembro de esta Unión en la que pretende entrar, y provoca frecuentes incidentes fronterizos con otro Estado miembro, Grecia. Declaran que Turquía viola uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, la libre circulación; podría citar muchas cosas más.
Y todo lo que concluyen es: «continuemos con las negociaciones, pero atención, al final, siempre podremos decir no». ¿Quién se cree esta fábula?
El 3 de diciembre de 2005 tenían ustedes el deber de escuchar a los ciudadanos europeos, mayoritariamente hostiles a la entrada de Turquía en Europa. Debían proponer a Turquía una cooperación privilegiada, respetuosa de nuestras diferencias, y no esta mascarada político-diplomática, humillante para cada una de las partes y especialmente para el pueblo turco.
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
   El informe constituye un estudio de los progresos realizados hasta la fecha por Turquía en cuanto a su futura adhesión a la Unión Europea. Únicamente se ha abierto y cerrado provisionalmente un capítulo, «Ciencia e Investigación». En consecuencia, todavía queda un largo camino por recorrer.
La Lista de Junio no considera la situación geográfica de Turquía o su religión como un obstáculo para su posible pertenencia a la Unión Europea. Creemos que se deberían plantear las mismas exigencias para la adhesión que se han planteado en el caso de anteriores ampliaciones, ni más ni menos. Turquía no cumple los criterios de Copenhague, así que no procede su pertenencia a la UE, tal como están las cosas.
Sin embargo, no es solo Turquía la que tiene que adaptarse. Es preciso reformar la política agrícola y los Fondos Estructurales de la UE. Un posible Tratado futuro es otro de los asuntos que hay que debatir antes de poder realizar nuevas ampliaciones de la UE, prestando especial atención a la potencia de voto de cada Estado miembro, con el fin de evitar situaciones en las que un reducido número de grandes Estados miembros pueda dominar a toda la UE.
Tanto Turquía como la UE tienen un largo camino por recorrer, en el aspecto político y económico, antes de que la entrada de Turquía se convierta en una posibilidad inminente. Para cuando llegue ese día, si alguna vez llega, la Lista de Junio dará la bienvenida a Turquía.
En consecuencia, hemos votado a favor de este informe. 
Françoise Grossetête (PPE-DE ),
   . – Me he abstenido de votar sobre este informe.
El informe presentado en el Pleno tiene el mérito de mirar al fin la realidad de cara. Durante mucho tiempo, el Parlamento ha hecho gala de un optimismo ingenuo con respecto a este tema. Este informe es más firme que los anteriores, pero lamento la falta de valentía del Parlamento en relación con el reconocimiento del genocidio armenio. Por ello he decidido abstenerme en la votación final.
Desde hace años me opongo a la entrada de Turquía en la Unión Europea, pero pido la creación de una asociación privilegiada con este país. Hoy son más los diputados europeos que se unen a esta posición, muy minoritaria hace algunos años.
Turquía no reconoce a uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la República de Chipre, y lo tiene ocupado desde hace 30 años. Turquía no reconoce el genocidio armenio. Turquía no aprueba la libertad de asociación y el 97 % de su territorio se encuentra fuera de Europa.
Europa tiene el deber de ayudar a este país en la vía de la democracia, pero por su geografía, su historia y su cultura, Turquía no puede decir que forma parte del proyecto político de la Unión Europea.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   .  Un año después del inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la UE, las autoridades turcas no han dado todavía ningún paso para el reconocimiento de Chipre, un Estado miembro de la UE. Turquía mantiene asimismo la ocupación militar del norte de esa isla mediterránea, incumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas que llevan vigentes decenas de años.
Al cabo de un año de negociaciones, han salido a la luz informes sobre la degradación de la situación económica del pueblo kurdo y sobre violaciones de los legítimos derechos políticos y culturales de los kurdos. Han llegado también informaciones sobre una mayor represión por parte de la policía y el ejército turco en la región.
Estos dos asuntos por sí solos constituyen un indicador de la multitud de interrogantes que plantean las negociaciones de adhesión de Turquía. Su adhesión está siendo apadrinada por las grandes potencias en la UE, ya que los grandes grupos económicos y financieros en dichos países desean poder explotar la economía y los recursos turcos, así como utilizar su situación geoestratégica para sus planes encaminados a ejercer su influencia y dominio en el Oriente Próximo, el Cáucaso y Asia Central. El proceso de entrada ha sacado también a la superficie contradicciones en la forma en que las grandes potencias comparten el control sobre el proceso de toma de decisiones en la UE, y ha servido para ahondar las divisiones entre las ambiciones de las grandes potencias europeas y los Estados Unidos, en términos de su subordinación al imperialismo norteamericano o a su participación en el mismo. 
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ),
   .  Desde los tiempos de la Edad Media, Turquía ha sido un gran país acosado por los problemas. Hoy día, el asunto más complejo en relación con Turquía es el de los criterios para cuantificar el progreso del país. Ha quedado cerrado un capítulo de las negociaciones de adhesión e indudablemente ha supuesto todo un éxito. Sin embargo, quedan abiertos otros 28 capítulos, sin mencionar los criterios de Copenhague.
Existen problemas en todos los ámbitos, incluida una ley electoral que pisotea las libertades de los ciudadanos, de las mujeres y de las minorías nacionales y religiosas; infraestructuras inadecuadas en la parte oriental del país; relaciones tensas con sus vecinos; la estructura de empleo; la forma en que la policía y el ejército investigan los actos delictivos; y la ocupación de parte de un Estado miembro de la UE. El proceso de llevar a la práctica las nuevas leyes será, sin lugar a dudas, largo y complicado. Por otra parte, conozco una serie de turcos con amplia formación y sé la forma tan entusiasta con que acogieron la apertura de las negociaciones con la UE.
Como consecuencia de la aprobación de una serie de enmiendas que suprimen los problemas más acuciantes del informe sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión, por desgracia no resulta aceptable para el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. Por tanto nos hemos visto obligados a votar en contra de la redacción aprobada. 
Carl Lang (NI ),
   . – El informe del señor Eurlings contenía pasajes excelentes, en especial los relativos al genocidio armenio –que las autoridades turcas se niegan a admitir–, el bloqueo económico impuesto a Armenia o la negativa a reconocer Chipre, Estado miembro de la Unión Europea.
Uno solo de estos elementos debería llevarnos a la conclusión de que hay que suspender las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. El ponente no solo no llega a esta conclusión, sino que no menciona lo que es evidente: que Turquía no es un país europeo. El 95 % de su territorio es asiático; su capital, Ankara, está en el centro de Asia Menor; dado que las comunidades cristianas fueron eliminadas durante el siglo XX, el 99 % de su población pertenece al mundo musulmán.
Por tanto, Turquía no tiene ninguna razón para adherirse a la Unión Europea. Esta evidencia, reconocida por los pueblos de Europa, en particular Francia y Austria, no lo es para quienes nos gobiernan. La votación de esta mañana ilustra esta fractura. No solo la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de la adhesión, sino que ha rechazado el apartado 49, que exigía el reconocimiento del genocidio armenio, sometiéndose así a la voluntad de Turquía.
Jean-Marie Le Pen (NI ),
   . – Aunque el informe Eurlings es crítico con respecto a la adhesión de Turquía a la Unión Europea, en particular al pedir el reconocimiento del genocidio armenio, no llega a poner en duda su adhesión.
Es cierto que la Comisión Europea, el señor Chirac y los británicos, principales defensores del régimen otomano, están ahí para evitar cualquier deriva o medida que pueda retrasar o impedir la adhesión.
Por nuestra parte, no hemos cambiado en función de las circunstancias, de las fluctuaciones del Gobierno turco, que juega con dos barajas con los negociadores de la Comisión Europea y los principales Estados miembros.
Estamos en contra de la adhesión de Turquía por una cuestión de principio. Turquía no es un país europeo y no cumple ninguno de los criterios de Copenhague, que se supone definen la adhesión de un país a la Unión Europea.
Las negociaciones deberían evolucionar hacia el estatuto de cooperación privilegiada, manteniendo la obligación de visado para los nacionales turcos, como sucede actualmente.
La adhesión de Turquía no se llevará a cabo en contra de los pueblos europeos. Como defensores del pueblo francés, sabremos proteger sus intereses, que pasan, entre otras cosas, por el rechazo de la adhesión de Turquía a Europa.
Marie-Noëlle Lienemann (PSE ),
   . – Siempre he considerado que la entrada de Turquía en la UE no podía plantearse en el contexto actual de la construcción europea.
Defiendo una Europa organizada en tres círculos. El primero, el núcleo federal, comprende los países que comparten objetivos sociales y ambientales ambiciosos y el deseo de una «Europa potente», protagonista en la escena mundial. El segundo círculo agrupa a los 27 países actuales de la UE. Habida cuenta de las dificultades y de su indispensable consolidación, hay que excluir cualquier nueva ampliación.
El tercero debe organizar una asociación estrecha y global con los países vecinos, los Balcanes, el Mediterráneo y otros. Insisto en la importancia de entablar asociaciones estrechas con el perímetro mediterráneo, que traten en pie de igualdad a Turquía y al Magreb, con los que Europa mantiene lazos antiguos e importantes.
Me he abstenido pues en todas las votaciones, excepto en la relativa al reconocimiento del genocidio armenio, que el Parlamento siempre ha defendido, y ello para que no se pueda pensar que tengo la más mínima prevención de principio contra Turquía. Se trata de otra visión de Europa. 
Patrick Louis y Philippe de Villiers (IND/DEM ),
   . – Hemos votado en contra de este texto, que reprocha a Turquía algo, a fin de cuentas, muy injusto: ser Turquía, es decir, no ser europea.
Para qué hostigar a este país con recomendaciones y exigencias: los pueblos de Europa no quieren la adhesión de Turquía, pues la evidencia se impone a sus ojos, Turquía, y no es injuriarla, no forma parte de la familia europea. Tiene su propia cultura, sus propios valores, su propia zona de influencia. Este es el sentido de la enmienda que presentamos en nombre del Grupo Independencia y Democracia. Ahora hay que parar el juego hipócrita y devastador de las negociaciones de adhesión, que solo podrán concluir con una gran crisis, puesto que no hay ninguna posibilidad de que los pueblos ratifiquen el posible tratado de adhesión. En especial en Francia, donde será obligatorio el referendo.
Tengamos hoy un pensamiento para nuestros colegas diputados franceses, víctimas de una esquizofrenia total. Mientras pretenden oponerse a la adhesión de Turquía, votan cada año, aquí y en el Parlamento francés, a favor de los créditos de preadhesión para Turquía, y han acogido en su partido europeo –el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos– a los observadores del AKP, el partido islamista dirigido por el señor Erdogan.
David Martin (PSE ),
   . Acojo con satisfacción este informe sobre la adhesión de Turquía. El informe recomienda la apertura de la fase activa de negociaciones y la conclusión del primer capítulo sobre ciencia y tecnología, así como la reanudación del cambio legislativo en Turquía mediante el noveno paquete de reforma legislativa. A pesar de aplaudir todos estos avances, lamento el hecho de que Turquía todavía no haya abordado plenamente el asunto de Chipre. Es necesario resolver definitivamente el asunto de Chipre antes de la adhesión turca; es esencial que Turquía reconozca a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Bairbre de Brún y Mary Lou McDonald (GUE/NGL ),
   . El Sinn Féin contempla con ilusión la adhesión de Turquía a la UE, si decide hacerlo, de acuerdo con las mismas premisas con que lo han hecho otros países, incluido el respeto de los derechos humanos, el gobierno civil, la aceptación de los derechos políticos del pueblo kurdo y el reconocimiento de la República de Chipre. Aplaudimos la decisión de hoy del Parlamento Europeo en el sentido de reconocer que la resolución del problema provocado por la ocupación por Turquía de parte de Chipre constituye un asunto importante, que es preciso resolver antes de que Turquía pueda adherirse a la UE. Si bien creemos que la posición del Parlamento dista mucho de lo que debería haber hecho respecto de la cuestión de los derechos de la población kurda en Turquía, nos alegra constatar que la situación crítica de dicha población en Turquía ha quedado planteada como un tema clave en las negociaciones de adhesión entre Turquía y la UE. 
Erik Meijer (GUE/NGL ),
   . Las negociaciones con Turquía benefician a los kurdos, los armenios, las minorías religiosas y los presos políticos. Son igualmente importantes para los millones de europeos de origen turco, que consecuentemente se verán refrendados como ciudadanos iguales de la UE. Espero que tales negociaciones conduzcan finalmente a una Turquía democrática, multiétnica y multirreligiosa, que viva en paz con todos sus vecinos. Es algo que parece improbable en un futuro próximo.
Es posible que las negociaciones encallen pronto como consecuencia del retraso en la federalización de Chipre y las tensiones continuadas entre Turquía y Chipre que se derivan de ello. Además, existen fuerzas activas dentro de Turquía que rehúsan de manera contumaz aceptar la igualdad de derechos para culturas u opiniones discrepantes, y que consideran cualquier arreglo con los kurdos y los armenios un ataque al honor de Turquía.
Para que Turquía llegue finalmente a la adhesión, serán necesarios probablemente treinta años de negociaciones, salpicados por multitud de interrupciones. Quien pretenda acelerar este proceso con el fin de dotar a Europa de un ejército más grande o de una mano de obra más barata, dejará en la estacada a las fuerzas democráticas de Turquía y a la gente menos favorecida. La aceptación de una Turquía sin cambios rebajará los estándares de democracia y de derechos humanos en Europa y convertirá a la UE, aún más, en una cuestión de confrontación pública 
Hartmut Nassauer (PPE-DE ),
   . He votado a favor del informe a pesar del respaldo, contenido en el mismo, a la condición plena de Estado miembro como objetivo último, y en una votación nominal, he expresado, junto con los demás diputados de CDU/CSU al Parlamento Europeo, nuestro rechazo a la idea de que Turquía se convierta en un Estado miembro de pleno derecho.
El enfoque realista y crítico adoptado por el informe en cuanto a la situación en Turquía aconseja su aprobación. Apunta que, desde el mismo inicio de las negociaciones para la adhesión, Turquía no ha cumplido, ni con mucho, los criterios de Copenhague en ámbitos tan esenciales como los derechos humanos y la libertad religiosa. Expone asimismo de forma rotunda la negativa a asumir lo ocurrido a los armenios en Turquía. Resulta inconcebible que Turquía llegue a convertirse en un Estado miembro de la UE sin aceptar la realidad de la historia. El informe aboga igualmente por la resolución completa del asunto de Chipre; si Turquía continúa negándose a reconocer a Chipre, la UE deberá suspender las conversaciones para la adhesión.
La entrada de Turquía supondría un exceso de tensión, y por tanto un debilitamiento, para la UE. La unificación europea ha constituido hasta ahora una historia coronada por el éxito, y solo podrá continuar siéndolo si la Unión Europea sigue siendo fuerte. Una Europa sin contornos políticos o geográficos es una Europa que la opinión pública rechaza. La ampliación no debe contemplarse como un proceso automático. Queremos que Turquía sea un socio importante de la UE y es por ese motivo que propugnamos una asociación privilegiada como alternativa a la plena integración. 
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ),
   – He votado a favor del informe Eurlings sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión con la Unión Europea porque estoy a favor de las perspectivas europeas de Turquía. No obstante, los dirigentes turcos deberían poner en práctica –y con prontitud– los compromisos que adquirió este país de acuerdo con los criterios de Copenhague.
El Parlamento Europeo insiste acertadamente en el cumplimiento real por parte de Turquía de las normas europeas y rechaza la presión proveniente del eje Washington/Londres en favor de concesiones a la carta, especialmente para Turquía.
Me complace especialmente que se hayan rechazado las enmiendas que pretendían restar importancia a la cuestión de Chipre y que se hayan aprobado las enmiendas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que subrayaban la necesidad de una política que resolviera la cuestión kurda.
Los dirigentes turcos tienen que poner en práctica los compromisos que han adquirido en virtud de una hoja de ruta concreta. Resulta absurdo que un país que desea adherirse a la Unión no respete, en la práctica, los principios europeos. 
Luís Queiró (PPE-DE ),
   .  El debate sobre la posible adhesión de Turquía a la UE debería celebrarse de manera transparente y clara y sin ningún tipo de chantaje contra ninguna de las partes. En consecuencia, hay que dejar muy claro que este tiene que ser un proceso abierto en el que no esté fijado de antemano el resultado final. Además, es necesario reconocer desde un principio que no solo se trata de que Turquía respete una serie de criterios sin los cuales resultaría imposible la entrada, sino de que la UE se encuentre en condiciones de recibir y acoger a Turquía.
Por otro lado, tal como señalé al comienzo de esta fase de negociación, considero que una negociación en la que una de las partes no reconoce a la otra en su totalidad, como es el caso de Turquía respecto de Chipre y, por extensión, de la Unión Europea, es una negociación que arranca con mal pie y que adolece de graves deficiencias.
Por último, este proceso posee un gran potencial en cuanto a promover la apertura económica, el desarrollo, la democracia y el respeto por los derechos humanos en Turquía, y eso es algo que no debería echarse en saco roto. El peor resultado de este proceso sería un distanciamiento entre Turquía y la Unión Europea. 
Frédérique Ries (ALDE ),
   . – Sí, al final he votado a favor de este informe sobre la adhesión de Turquía.
Lo he hecho a regañadientes, o algo parecido. Hemos confirmado la votación que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Exteriores en muchos puntos: lamentamos la desaceleración de las reformas y destacamos los persistentes incumplimientos en materia de libertad de expresión, libertad religiosa, derechos de las minorías, derechos de la mujer o incluso derechos culturales. Somos muy claros sobre la cuestión de Chipre. 
Afirmamos, sobre todo, que si la adhesión es el objetivo de las negociaciones, en ningún caso será automática. En este sentido, he votado a favor de las enmiendas al texto del ponente.
¿Por qué mis reticencias, entonces? Debido a la cuestión del genocidio armenio, con respecto al cual el Parlamento ha cambiado por completo de opinión en relación con sus votaciones anteriores. Al ceder a las presiones del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y otros, el Pleno acaba de dar marcha atrás: ya no exigimos a Turquía que reconozca el genocidio armenio como condición previa para la adhesión. Es un giro de 180 grados inaceptable, que transmite, a mi entender, una señal desastrosa a los negociadores: el Parlamento se come sus palabras, pierde la memoria, y lo que es más grave aún, incumple su deber de memoria.
Alyn Smith (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe realista, aun cuando pienso que podía haber sido más enérgico. En principio apoyo la adhesión final de Turquía, siempre que haya abordado la reforma con seriedad y asumido su pasado. No creo que lo haya hecho y nos corresponde a nosotros mantener la presión. En cuanto al reconocimiento del genocidio armenio y al trato reservado a los kurdos, en concreto, pienso que este informe podría haber sido menos acomodaticio, aunque en conjunto apoyo los resultados y felicito a nuestro ponente por su buen trabajo. 
Marc Tarabella (PSE ),
   – He decidido abstenerme en la votación final sobre el informe de propia iniciativa del señor Eurlings sobre los progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión.
El motivo es que no creo que este informe sea adecuado ni pertinente, dado que la Comisión Europea, que es responsable del seguimiento de los progresos realizados por Turquía hacia la adhesión, todavía no ha publicado su informe. Solo la Comisión Europea tiene competencia para juzgar los progresos realizados por Turquía.
Es más, el informe Eurlings me ha parecido desequilibrado. Los esfuerzos que este informe exige a Turquía en una serie de temas, entre ellos la libertad de expresión, los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres, son, por supuesto, esenciales. No obstante, el informe apenas reconoce los progresos realizados por Turquía en el ámbito del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Desde que presentó su solicitud, Turquía ha hecho notables esfuerzos por cumplir los criterios de adhesión; hay que reconocer que aún debe realizar muchos progresos, pero va por buen camino. 
Las enmiendas aprobadas en el Pleno, en particular las del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que eliminan el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para la adhesión, han corregido de alguna manera el desequilibrio del informe Eurlings. No obstante, esto no me ha satisfecho del todo.
Geoffrey van Orden (PPE-DE ),
   . A pesar de reconocer que las negociaciones de adhesión de Turquía van a durar muchos años y que es necesaria una reforma notable, hay multitud de elementos en el informe Eurlings que puedo respaldar. Sin embargo, el informe es excesivamente negativo y muy descompensado, sobre todo en lo referente al asunto chipriota, en el que no se menciona el apoyo turcochipriota al Plan Annan o la promesa incumplida de la UE de poner fin al aislamiento de la República Turca de Chipre del Norte. Tampoco existe ningún llamamiento a favor de un movimiento constructivo por parte de la República de Chipre, que será quien determine el ritmo de las negociaciones de adhesión de Turquía (de acuerdo con el considerando B) y cuyos intereses incluso tropiezan con la OTAN, acusándose a Turquía de plantear problemas (apartado 54). Además, la futura ampliación de la UE está vinculada explícitamente a la recuperación del proceso constitucional de la UE, al que me opongo rotundamente. Sobre estas premisas me he abstenido. 
Dominique Vlasto (PPE-DE ),
   . – He decidido abstenerme sobre el informe Eurlings, aunque es un informe duro. 
Admito que marca un hito en la toma de conciencia de la realidad de las relaciones entre la UE y Turquía, pero al implicar y confirmar, tras el rechazo de ciertas enmiendas, que la adhesión es un fin en sí mismo, sigue siendo demasiado unilateral. La innegable desaceleración de las reformas en Turquía, a pesar de la apertura por la Comisión de las negociaciones de adhesión, debería reforzar, por el contrario, la opción de una cooperación privilegiada. El hecho de que la apertura de las negociaciones no haya acelerado las reformas es preocupante, y nuestra respuesta debería traducir una exigencia de resultados, y no la idea de que la adhesión tendrá lugar pase lo que pase. 
Por esta razón, era necesario recordar que la normalización de las relaciones con Chipre debe ser una condición indispensable para una posible adhesión. Es inadmisible que Turquía no haya ratificado y aplicado aún el Protocolo de Ankara, que es una forma jurídica de reconocimiento mínimo y nada más que aceptable. Por último, he apoyado la enmienda sobre el reconocimiento del genocidio armenio como condición previa para una posible adhesión, pues no se trata de una cuestión simbólica, sino de un deber moral y una exigencia histórica que incumben a las autoridades turcas. 
Lars Wohlin (IND/DEM ),
   Turquía tiene un largo camino por delante antes de que la adhesión a la UE pueda ser una posibilidad inminente. Previamente he votado en contra de entablar negociaciones de adhesión con Turquía porque pasará mucho tiempo antes de que satisfaga los requisitos para la entrada a la UE. No se puede mantener un proceso de negociación durante un período de veinte años. Correríamos el riesgo de que la presión para relajar los requisitos para la adhesión llegara a ser irresistible. 
Es importante pedir a Turquía unos requisitos claros. Tiene que cumplir los criterios de Copenhague en materia de derechos humanos. Debe respetarse la soberanía de Chipre, y reconocer el genocidio de armenios y sirios/asirios ocurrido de 1915.
Antes de que la adhesión de Turquía a la UE pueda convertirse en una posibilidad inminente, hay que cambiar la fuerza del voto de cada Estado miembro para que un pequeño número de Estados miembros con una gran densidad de población no dominen la toma de decisiones de la UE.
Hay que investigar a fondo las consecuencias financieras de la posible adhesión de Turquía a la UE. La Política Agrícola Común y la política regional europeas deben reformarse antes de que Turquía pueda convertirse en miembro de la UE. El presupuesto de la UE debería limitarse a un uno por ciento de la RNB total de los Estados miembros, y la posible adhesión de Turquía no debería comportar que se excediera este tope.
Es importante tener en cuenta que el hecho de que se hayan iniciado las negociaciones con Turquía no significa automáticamente que Turquía llegue a convertirse en miembro de la UE. 
El Presidente.
   Con esto se cierra este punto.


El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la situación en Darfur. 
Paula Lehtomäki,
   . Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea está preocupada por los recientes acontecimientos de Sudán, en especial el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en Darfur. La Presidencia, junto con el Alto Representante de la UE, Javier Solana, ha trabajado muy de cerca con los socios de la UE y la comunidad internacional para intentar establecer unos objetivos comunes y cooperar con el fin de construir una paz duradera en Darfur. Además, el señor Pekka Haavisto, que fue nombrado Representante Especial de la UE para Sudán en verano de 2005, sigue controlando la situación general del país y la coordinación de la acción europea, y participa en las conversaciones con Sudán en su calidad de representante de la UE.
El Acuerdo de Paz de Darfur, firmado en mayo por el Gobierno sudanés y las tropas rebeldes de Minni Minnawi, el Movimiento de Liberación de Sudán, se consideraba una oportunidad para la paz. Se esperaba que ese acuerdo de paz pusiera fin al largo conflicto de tres años, que se ha cobrado casi 300 000 vidas y ha provocado el exilio de más de dos millones de personas. Sin embargo, cuatro meses después, la seguridad y la situación humanitaria en la región se deterioran rápidamente. Los ataques violentos en pueblos y campos de refugiados, dentro y fuera del país, han aumentado, sobre todo en los últimos meses. El Gobierno sudanés ha reforzado su presencia militar en Darfur. Tanto las tropas del Gobierno sudanés como los rebeldes están incumpliendo los acuerdos de alto el fuego. Debido al deterioro de la seguridad, se han disparado las cifras de refugiados y personas que necesitan ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, cada vez es más difícil que la ayuda humanitaria llegue a su destino, y como mucho llega solo a un 50 % de quienes la necesitan.
Si se hubiera aplicado el Acuerdo de Paz de Darfur y prácticamente no se ha conseguido ningún progreso, habría tenido un impacto inmediato en la vida de unos seis millones de darfurianos. Permitiría que los refugiados volvieran a sus casas y a la vida normal. Permitiría que la agricultura avanzara, lo que ayudaría a asegurar un suministro de alimentos, y que se crearan escuelas y centros sanitarios, y ayudaría a garantizar las necesidades básicas de la vida, por mencionar solo algunas ventajas. Todo ello depende de que mejore la seguridad.
Para que el Acuerdo de Paz de Darfur sea viable y se pueda aplicar, debe incluirse en el proceso de paz a los grupos que no han firmado el pacto. Para mejorar la seguridad, es vital que las partes implicadas en el conflicto se comprometan a cumplir el alto el fuego y que exista un seguimiento de ese alto el fuego. La UE ha pedido reiteradamente a las partes implicadas en el conflicto que cumplan las obligaciones que les imponen el Acuerdo de Paz y el Acuerdo de Alto el Fuego Humanitario firmado en Yamena en 2004. La Unión Europea, y en concreto su representante especial, el señor Haavisto, también han trabajado para intentar implicar a quienes no forman parte del Acuerdo en el proceso de paz, y persuadirles de que firmen el Acuerdo de Paz de Darfur.
La Unión Europea está preocupada por los efectos del conflicto de Darfur en el proceso de paz de Sudán en general. El conflicto tendrá serias repercusiones en la estabilidad regional del África austral y la región del Cuerno de África, especialmente en Chad y la República Centroafricana.
Para apoyar el proceso de paz de Darfur, en 2004 se creó la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). La UE ha ayudado a la AMIS desde el inicio de su operación a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África. En conjunto, la ayuda financiera de la Unión para la operación AMIS ha sumado unos 242 millones de euros. Además, la Unión ha proporcionado material, ayuda logística y de planificación y apoyo, así como personal. Los Estados miembros también han ofrecido ayuda a la operación con importantes aportaciones bilaterales.
La AMIS, la primera operación para el mantenimiento de la paz de la historia de la Unión Africana, ha realizado un excelente trabajo en circunstancias extremadamente difíciles. No obstante, su capacidad y sus recursos son insuficientes para hacer frente a los enormes retos que presenta Darfur. A pesar de las inmensas sumas de dinero de la UE, la operación ha tenido también graves problemas financieros. Por eso, es evidente que la única solución posible y realista para mantener la paz en Darfur es una operación de las Naciones Unidas.
La UE apoya firmemente la Resolución 1706 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de agosto. Dicha resolución amplía el mandato de la operación de mantenimiento de la paz UNMIS en el sur de Sudán para que abarque Darfur, para continuar el trabajo empezado por la AMIS. La principal tarea de la operación de las Naciones Unidas sería apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de Darfur. La protección de la población civil y el seguimiento del alto el fuego serían elementos esenciales en el mandato de la operación. Como principal defensor de la AMIS, la Unión Europea está muy preocupada por el hecho de que el Gobierno sudanés no haya aceptado la operación de las Naciones Unidas en Darfur.
La operación de las Naciones Unidas es vital para mejorar la seguridad de Darfur y para poner en práctica el Acuerdo de Paz de forma que sea sostenible. Pero Darfur no se puede dejar en un «vacío de seguridad». Por ese motivo, la UE adopta un punto de vista positivo respecto a la decisión tomada por la Unión Africana en Nueva York el 20 de septiembre para que el mandato de la AMIS se amplíe hasta fin de año. La UE se ha comprometido a proporcionar ayuda a la AMIS también durante esa «fase de transición». La UE sigue insistiendo en que el Gobierno sudanés debería aceptar que la AMIS pasara a ser supervisada por las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 1706 de dicho organismo.
En más de una ocasión, la Unión ha expresado su preocupación sobre este tema y lo ha discutido con el Gobierno sudanés. La UE también ha instado a otros agentes internacionales a que tomen medidas para convencer al Gobierno sudanés de la utilidad y la necesidad de la operación de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Sudán en general. Con este objetivo en mente la Presidencia finlandesa, el Alto Representante de la UE, Javier Solana, el Alto Representante Especial de la UE, Pekka Haavisto, y los Estados miembros debatieron el tema con detenimiento cuando se reunieron durante la Semana Ministerial de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York.
A la UE le inquietan las violaciones de los derechos humanos que se perpetran en Darfur. En concreto, mujeres y niños han sido víctimas de violencia física, incluso violaciones. La Unión respalda el trabajo del Ponente Especial de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para mejorar la situación de los derechos humanos. La UE ha recordado varias veces al Gobierno sudanés que tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra todas las formas de violencia y garantizar el respeto por los derechos humanos.
La UE es uno de los principales proveedores de ayuda en el trabajo de reconstrucción posterior a la guerra civil del Sudán. En la Conferencia de Donantes de Oslo sobre Sudán celebrada en abril de 2005 la Comisión y los Estados miembros conjuntamente prometieron una ayuda considerable para cubrir las necesidades inmediatas y el inicio de la reconstrucción. Cuando el proceso de paz de Darfur empiece en serio, la UE estará dispuesta a ayudar también a la reconstrucción de Darfur. La Unión aportará además ayuda humanitaria considerable a Sudán y Darfur.
Es importante que la UE desempeñe un papel destacado y activo en Sudán y Darfur. La situación en Sudán y Darfur es uno de los problemas más cruciales en relación con África y la Política Exterior y de Seguridad Común, y ocupará los primeros puestos de la agenda durante la Presidencia finlandesa de la UE. El tema se planteará también en todas las principales conferencias y reuniones con terceros países, incluidas las reuniones de alto nivel.
Si no se toman medidas adecuadas, la región de Darfur corre el riesgo de verse atrapada en una nueva espiral de violencia. Y eso es algo que no podemos permitir. 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, señora Lehtomäki, todo el mundo es consciente de ello, nos encontramos en un momento crítico en Darfur.
La tragedia humanitaria continúa, e incluso se agrava, ocasionando más muerte y sufrimiento. Darfur puede recaer en cualquier momento en una guerra generalizada, con consecuencias imprevisibles e incalculables, tanto para la estabilidad del país como de toda la región. La paz en el sur de Sudán podría peligrar. Varios países vecinos, como Chad, la República Centroafricana, Uganda, incluso más allá, como Somalia y la República del Congo, podrían sufrir el efecto de rechazo. Aunque nos encontramos en el apogeo de esta crisis, todavía queda una oportunidad para evitar lo peor y recuperar la paz y la estabilidad.
La Comisión considera positiva la decisión tomada por la Unión Africana de ampliar su mandato hasta el 31 de diciembre. De este modo, se evitará un vacío de seguridad en Darfur en un momento en que la violencia se desencadena de nuevo y el proceso lanzado por los acuerdos de paz de Abuja está estancado.
No obstante, lamentamos que el Gobierno sudanés no haya aceptado todavía la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad, que define el marco para la eventual transferencia de responsabilidades militares de la Unión Africana a las Naciones Unidas. Dicha transferencia, hay que recordarlo, fue decidida por la propia Unión Africana el pasado mes de marzo y la Comisión la considera esencial para devolver la paz a Darfur. Es importante, pues, convencer a Jartum de que la acepte. No se logrará la paz en Darfur sin el acuerdo de Jartum, y menos aún en contra de Jartum. Jartum ha denunciado esta transferencia alegando la existencia de un complot occidental. En ocasiones ha hablado también de un complot sionista.
No tiene ningún fundamento. No hay un plan de la comunidad internacional para atentar contra la soberanía del régimen de Sudán ni mucho menos para derrocarlo. Esto demuestra la urgencia de reanudar pronto, por una y otra parte, un diálogo desapasionado sobre Darfur y la cuestión de la transferencia, a fin de resolver los malentendidos que todavía pueda haber al respecto. Este es el principal objetivo de la intensa actividad diplomática actual, en la que participa la Comisión.
Recordemos que el objetivo de la transferencia de responsabilidades de la Unión Africana a las Naciones Unidas es devolver la seguridad y la estabilidad a Darfur, así como proteger a los civiles y permitir a las organizaciones humanitarias llevar a cabo su trabajo. ¿Hay que recordar que en los últimos meses murieron asesinados 13 trabajadores humanitarios? La transferencia es esencial para recuperar el clima de confianza entre los protagonistas y permitir el relanzamiento serio del acuerdo de paz de Abuja, conseguir que firmen los no signatarios, apoyar la aplicación concreta del acuerdo y no poner en peligro la estructura resultante del acuerdo de paz norte-sur. Todos estos aspectos redundan también en el interés de Jartum.
Las actuales sobrepujas verbales, así como la intensificación de los combates, son un callejón sin salida. Los extremistas que piensan que pueden ganar apostando por la peor hipótesis y la radicalización se equivocan. Se equivocan gravemente. Ese enfoque solo puede volverse contra ellos. Las conclusiones del último Consejo de Asuntos Generales han transmitido un mensaje muy claro y firme, tanto a los rebeldes como a Jartum, sobre sus responsabilidades. 
La Comisión considera que todavía existe una posibilidad de frenar la escalada y un espacio para el retorno a un verdadero diálogo. Pero es importante actuar con celeridad, antes de que ese espacio se cierre. Con este ánimo y con voluntad de escucha, el Presidente Barroso de la Comisión Europea y el Comisario Michel, tienen intención de visitar próximamente Jartum para reunirse con el Presidente Bachir a fin de conseguir que avance el proceso de transición de la Unión Africana a las Naciones Unidas y relanzar el proceso de paz de Abuja.
Michael Gahler,
   . – Señor Presidente, las personas que han conseguido sobrevivir en Darfur se encuentran en una situación desesperada, dado que las milicias de Janjaweed siguen atacando y destruyendo pueblos, torturando, violando y obligando a alistarse a ellas diariamente. Las organizaciones de ayuda internacional ya no pueden llegar a algunas zonas de Darfur.
El Gobierno sudanés debería asumir la obligación de proteger a sus propios ciudadanos, pero sus intenciones son precisamente opuestas, y su última ofensiva militar constituye un incumplimiento del proceso de paz de Darfur. Quiero expresar mi temor de que lo que el Gobierno probablemente desea hacer es seguir con su estrategia de destrucción y expulsión hasta el final.
En esta situación, es absolutamente vital que la comunidad internacional ponga en práctica la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que abrió el camino para el despliegue de hasta 25 000 soldados de las Naciones Unidas. La Unión Africana, que ha hecho todo lo que ha podido, también está a favor de que intervengan las tropas de las Naciones Unidas pero, por supuesto, es importante que hasta que esto ocurra reciban todo el apoyo posible, como ha sido hasta la fecha. Debo decir que, en mi opinión, francamente, no es esa la mejor de las soluciones, porque las tropas de las Naciones Unidas deberían estar allí ahora mismo.
Y deben asumir una responsabilidad especial no solo los miembros del Consejo de Seguridad sino también, y sobre todo, aquellos poderes que pueden ejercer un veto, dado que su responsabilidad es para con el mundo en general, y no deben guiarse solo por sus propios intereses nacionales.
Con esto en mente quisiera realizar un llamamiento especial a China que, el 11 de septiembre, junto con la UE, confirmó que, y citaré en inglés: 
«Los líderes insistieron en que el traspaso de las operaciones de la UE a las Naciones Unidas favorecerá la consecución de la paz en Darfur.» 
 Por lo tanto, pedimos a China que utilice su influencia en Sudán para que se acepte sin demora el estacionamiento de tropas de las Naciones Unidas en Darfur. 
Glenys Kinnock,
   . – Señor Presidente, he de decir que en las declaraciones del Consejo y de la Comisión detecto un elemento bastante preocupante de complacencia. No se puede hablar de trabajar con el General Bashir y esperar a que en el futuro podamos convencerle. He venido siguiendo la situación en Sudán durante muchos años y puedo afirmar que eso no sería realista en este momento concreto.
El futuro de la población de Darfur pende ahora de un hilo, tanto como pendía antes del acuerdo sobre el mantenimiento de la fuerza pacificadora de la Unión Africana hasta el 30 de septiembre de 2006. El Gobierno de Jartum no rinde cuentas a nadie. Está impidiendo abiertamente el acceso humanitario a unos tres millones de personas en Darfur. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Usted no nos está diciendo qué va a hacer para exigirle cuentas al Gobierno de Jartum.
Dentro de tres meses, o incluso antes, la fuerza de las Naciones Unidas tiene que estar lista para su despliegue, ya que la UA comenzará a retirarse. La confusión sobre el futuro de la Unión Africana es muy grave: carece de financiación suficiente, esta sometida a una tensión excesiva y le resulta muy difícil operar. Hay que desplegar cuanto antes una fuerza de las Naciones Unidas, con un mandato más enérgico que el que tiene ahora, y ha de tener capacidad para proteger a la población vulnerable y traumatizada de Darfur, que actualmente se halla bajo esa terrible amenaza.
Los sudaneses no han cumplido ningún plazo. Su estrategia genocida sigue progresando. Ya no hay ningún alto el fuego que controlar. Carece de sentido hablar del acuerdo de paz: se ha acabado. En 1994 dijimos «nunca más» después de Ruanda, y a lo que nos enfrentamos ahora es el primer genocidio del siglo XXI, a menos que pongamos término a esta complacencia y hagamos algo.
Usted ha hablado de los actores centrales. Hay actores clave: China, Rusia y la Liga Árabe también son cómplices de esto.
Un último aspecto importante: usted no ha hablado de la necesidad de imponer una zona de exclusión aérea. Existen 13 resoluciones de las Naciones Unidas, cada una de las cuales exigía una zona de exclusión aérea. Ni por un momento ha llegado a implantarse . ¿Qué va a hacer el Consejo y qué va a hacer la Comisión para garantizar que esos aviones Antonov dejen de sobrevolar los poblados de Darfur, lanzando bombas sobre la población civil inocente? Les ruego que recapaciten seriamente acerca de la imposición de una zona de exclusión aérea. ¿No cabría contemplar la utilización de los aviones franceses que se hallan actualmente en el vecino Chad para controlar el espacio aéreo e impedir que los sudaneses aterroricen a la población de Darfur? 
Marielle de Sarnez,
   . – Señor Presidente, desde hace ahora tres años y ante la mirada de una comunidad internacional impotente, Darfur es víctima de una terrible tragedia.
Como usted ha dicho, el conflicto ha provocado la muerte de 300 000 civiles. Dos millones de personas se han desplazado en el interior de Darfur, lo que representa un tercio de la población; 200 000 han atravesado la frontera para huir a Chad. Tres millones de personas dependen exclusivamente de la ayuda internacional para su alimentación. Cada día, niños y familias sufren agresiones, traslados, asesinatos. La crisis humanitaria se agrava. En la mayor parte de Darfur, las organizaciones humanitarias tienen prohibido prestar ayuda a unas 350 000 personas que necesitan medicamentos y alimentos.
A causa de la malnutrición y la falta de agua, se multiplican en los campos las epidemias de cólera y de hepatitis E. También los miembros de las ONG son víctimas de este conflicto: doce de ellos han muerto asesinados en los dos últimos meses. 
El acuerdo de paz firmado en Abuja el pasado 5 de mayo no ha permitido, por ser insuficiente, el cese de la violencia; al contrario, ha provocado un recrudecimiento de los abusos. Los combates y las masacres de civiles se han reanudado. Desde el mes de mayo, 100 000 personas han tenido que huir de la violencia. Se han desplegado de nuevo en la región miles de soldados del ejército sudanés y se han reanudado los bombardeos aéreos. Durante ese tiempo, más de dos millones de personas intentan sobrevivir, acorraladas en campos, rodeadas por sus enemigos y regularmente atacadas. Cientos de mujeres son violadas cada mes tan pronto salen del campo y caminan algunos metros para buscar madera para calentarse o alimentarse.
El único trabajo que tenían esos millones de personas consistía en cultivar la tierra; hoy se encuentran privadas de ese derecho elemental y se ven reducidas a cultivar, cuando pueden, algunas decenas de metros cuadrados alrededor de los campos, corriendo el riesgo de ser atacadas por los mismos que han destruido sus aldeas.
Todos dependen al 100 % de una ayuda internacional que no es especialmente generosa. Algunos meses, las raciones alimenticias se reducen a la mitad porque han fallado las subvenciones, porque los donantes no han acudido a la cita. Esos campos, Señorías, son verdaderas cárceles a cielo abierto. No tenemos derecho a seguir indiferentes ante lo que pasa en Darfur. 
Europa tiene una obligación humanitaria, política y moral de imponer la paz en esta parte del mundo. No puede haber una solución militar a la crisis de Darfur. Urge reabrir un espacio de negociación y trabajar por un acuerdo político en el que participen plenamente todas las partes afectadas. Es una condición indispensable para que la población de Darfur apoye el proceso de paz. Dicho acuerdo deberá prever la representación de los habitantes de Darfur en los distintos niveles de gobierno, una garantía real de desarme de las Janjaweed y una garantía de retorno seguro a sus tierras para los dos millones de desplazados y los 200 000 refugiados.
Pedimos también que se garantice a los responsables humanitarios un acceso libre y protegido a todas las zonas de conflicto, y hacemos un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que la Unión Europea aumente de forma significativa su ayuda humanitaria.
Pedimos también que el Gobierno sudanés ponga fin a su ofensiva armada y acepte, desde ahora, la decisión del Consejo de Seguridad de desplegar una operación de mantenimiento de la paz de la ONU, a fin de poner fin a la violencia.
Ahora es cuando Darfur necesita a Europa. No tenemos derecho, aquí, en el Parlamento Europeo, a no dar la espalda a esta cuestión.
Marie-Hélène Aubert,
   . – Señor Presidente, por desgracia, en lo que respecta a Darfur, se suceden las resoluciones y las declaraciones desde hace ahora varios años, al con escaso o nulo resultado.
Como se ha recordado, los atropellos continúan, la violencia de duplica y las mujeres y los niños son las primeras víctimas de esos crímenes y atrocidades. Esta situación es absolutamente intolerable. Ante ella, parece crecer el sentimiento de impotencia o fatalidad, pero tenemos el deber de movilizarnos ahora para conseguir progresos reales sobre el terreno. De hecho, cuando más tiempo pasa, más se cree el Gobierno de Jartum en la impunidad y más se dice que, al final, manteniéndose en sus trece y ganando tiempo, conseguirá sus fines.
Si queremos actuar, parece que hay tres prioridades que cumplir. En primer lugar, lo más urgente es el acceso a los refugiados, pues en este preciso instante miles de personas sufren hambre y violencia y nadie tiene acceso a ellas: hay que desbloquear esta situación con urgencia.
La segunda prioridad es la lucha contra la impunidad. Es intolerable que a pesar de las declaraciones y el vago deseo de sanciones, al final no se haya hecho nada. Los criminales y los que se enriquecen considerablemente siguen actuando como si no pasara nada, y poco se ha hecho al respecto.
La tercera y última prioridad, por supuesto, es la intervención, lo antes posible, de una fuerza de las Naciones Unidas que pueda reforzar a la de la Unión Africana, que con todo desempeña un importante papel que hay que consolidar.
Admito que ahora nos vemos obligados a pedir a China y Rusia que desempeñen un papel positivo en este asunto, cuando todos sabemos que China y Rusia no son probablemente un ejemplo del ideal en materia de respeto de los derechos humanos o de las poblaciones afectadas por tales conflictos. Además, al mismo tiempo, hay que llamar al diálogo general, como ha recordado la oradora anterior.
Por último, tres palabras sobre el papel que desempeña el petróleo en este asunto. No escondamos la cara. Sabemos muy bien que el recurso petrolero aviva los conflictos, suscita la codicia, permite comprar armas y acarrea también el bloqueo, en particular de China –que tiene intereses muy importantes en la zona– y de todos aquellos, y las grandes potencias en particular, que buscan de forma cada vez más febril recursos petroleros a los que pueda acceder fácilmente.
Tendremos que integrar, pues, la problemática del acceso al recurso petrolero en un marco mucho más amplio, europeo e internacional.
Vittorio Agnoletto,
   . – Señor Presidente, Señorías, la situación política y humanitaria en Darfur empeora de un día para otro. Según Jan Egeland, coordinador de las Naciones Unidas para la ayuda de emergencia, la situación humanitaria se ha deteriorado desde 2004: regiones enteras de Darfur se han quedado sin personal humanitario porque el Gobierno de Jartum impide que los organismos internacionales accedan a ellas.
La persecución de la población civil por el grupo Janjaweed, una banda armada financiada y apoyada por el Gobierno central sudanés, tiene actualmente todo el cariz de un genocidio. La comunidad internacional no puede quedarse parada mirando, ahora que las fuerzas enviadas por la Organización para la Unidad de África para proteger a la población civil prácticamente han fracasado. Su falta de credibilidad política y militar está más allá de toda duda. Por ese motivo apoyamos la intervención de las Naciones Unidas según la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad, que el Gobierno sudanés desprecia tenazmente.
Las tropas de mantenimiento de la paz que propone la Resolución 1706 deben desplegarse ahora para proteger a cientos de miles de mujeres, hombres y niños que durante demasiado tiempo han sufrido los ataques de Janjaweed, aunque en las resoluciones anteriores de las Naciones Unidas se pedía, justamente, su disolución.
Por supuesto, sería aún mejor que el Gobierno sudanés aprobara el despliegue de las fuerzas de las Naciones Unidas; espero que lo haga y también creo que los países de la Liga Árabe deberían ejercer una presión más eficaz sobre Jartum para que acepte la resolución de las Naciones Unidas. Pero, a la vez, sería inaceptable cualquier tipo de veto sudanés contra las Naciones Unidas: hay cientos de miles de vidas inocentes en juego, y debemos hacer algo por ellos.
De lo contrario, se pondría en duda la credibilidad del conjunto de la comunidad internacional. Por lo tanto, es esencial que las Naciones Unidas puedan enviar su personal humanitario a toda la región de Darfur; si no, será imposible distribuir la ayuda humanitaria de forma adecuada.
Sudán debe darse cuenta de que tiene que cooperar con las Naciones Unidas para ser plenamente aceptado por la comunidad internacional. 
Eoin Ryan,
   . – Señor Presidente, sin duda esta tarde hay unanimidad en esta Cámara acerca de lo que hay que hacer con relación a Darfur.
Trescientas mil personas han sido asesinadas y dos millones y medio, expulsadas de sus hogares. Solo durante el último mes, 50 000 personas han sido expulsadas de sus casas. Realmente se trata de una catástrofe humana a escala gigantesca. La única solución consiste en crear una fuerza suficiente de las Naciones Unidas con un mandato muy nítido. La única forma que tenemos de conseguir eso es mediante una diplomacia activa. ¿Cómo es posible que se tarden 30 días, un espacio de tiempo tachado en esos momentos de excesivo, para reunir una fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano, y que en el caso de Darfur, sin embargo, estemos hablando de ello durante tres años? Eso se debe a que este problema no nos preocupa tanto como debiera.
Sí, la gente echa la culpa al Gobierno sudanés, y con razón. Sus delitos han sido descritos por otros oradores, así que no voy a volver sobre ellos. Se escuda, por razones comerciales, detrás de los Gobiernos de China, Rusia, la India y Malasia, que han manifestado que protegerían al Gobierno sudanés y que vetarían las sanciones contra ese país. Tenemos que presionar a estos Gobiernos para asegurar que no permitan que eso ocurra. Ellos y todos los demás tienen que participar en el intento de detener lo que está ocurriendo en Darfur. Se trata de una rotunda catástrofe.
Necesitamos una fuerza pacificadora de las Naciones Unidas de 20 000 soldados por lo menos sobre el terreno en Darfur si queremos pararla. La fuerza actual de 7 000 hombres de la Unión Africana está mal equipada y, teniendo en cuenta que la zona que están patrullando tiene la extensión de Francia, resulta casi imposible que la controlen. Se necesita una fuerza adecuada de las Naciones Unidas y además con carácter de urgencia y con un mandato apropiado.
Sudán precisa una solución política muy pronto. Las Naciones Unidas y la UE tienen que actuar. Hemos de detener el genocidio y hacer cuanto esté en nuestras manos para facilitar la paz en la región. Se ha tenido en el olvido durante demasiado tiempo, constituye una indignidad absoluta y no se puede permitir que el Gobierno de Jartum siga quedando impune. No puede escudarse detrás de otros países que afirman que vetarán cualquier acción que se adopte contra Sudán. Hemos de actuar para garantizar que se ponga coto a lo que está sucediendo. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente no hay dudas al respecto: la crisis de Darfur es el resultado de la política de arabización del Gobierno, así como de su voluntad de armar a las milicias que participan en la guerra civil del sur de Sudán.
Los resultados de esa política pueden verse, como ya se ha dicho en este debate, en las innumerables muertes y los millones de personas que han sido expulsadas de su casa, dejando franjas de terreno despobladas. A pesar de eso, el presidente Omar al Bachir denuncia que es una mentira que los árabes sudaneses estén atacando a los africanos negros sudaneses, y dice que las organizaciones de los derechos humanos que condenan el presente estado de las cosas lo hacen solo con la esperanza de atraer más donaciones.
Es evidente, pues, que Sudán preferiría que le dejaran solo con su guerra civil. Lo más que podemos esperar es que acepten la extensión del mandato de una misión de paz para la Unión Africana, aunque quienes la conocen por dentro dicen que no solo está mal equipada y poco motivada sino que está también, simple y llanamente, completamente desbordada.
Aunque el despliegue de los «cascos azules» de las Naciones Unidas promete un éxito mucho mayor, se rechaza por considerarlo una neocolonización. Quizás, pues, se podría poner fin a este genocidio si hubiera un acuerdo para enviar una fuerza de paz multinacional compuesta por africanos y musulmanes, en otras palabras, una intervención conjunta de las tropas de la Unión Africana y las Naciones Unidas. 
Simon Coveney (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Darfur sigue constituyendo una crisis humanitaria. Más de un cuarto de millón de personas inocentes han sido asesinadas desde 2003, y otros dos millones y medio han sido desplazadas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución 1706 el mes pasado, donde reclama el despliegue de más de 22 000 efectivos de pacificación en la región. Sin embargo, el Gobierno de Sudán sigue oponiéndose a dicha fuerza, acusando a las Naciones Unidas de una práctica neocolonial manipulada por Washington. Eso es absurdo y no pasa de ser un juego político del Gobierno sudanés con la vida de la gente.
El mandato de la misión de la Unión Africana en Sudán ha sido ampliado de forma que las Naciones Unidas disponen ahora de tres meses para alcanzar un acuerdo con el Gobierno sudanés acerca de la necesidad de una fuerza multilateral más eficaz para proteger a la población civil. No obstante, en el caso probable de que Sudán continúe resistiéndose a los esfuerzos de las Naciones Unidas, estas deberán adoptar una postura más firme. Las Naciones Unidas tendrán que estudiar, por ejemplo, la intervención militar acogiéndose al capítulo 7, dada su responsabilidad de proteger a la población civil cuando las autoridades nacionales se vean incapaces de proteger a su población del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes contra la humanidad.
El Gobierno sudanés no ha mostrado voluntad alguna para proteger a las personas desplazadas en el interior del país. De hecho, existen pruebas contundentes que indican que ha apoyado y patrocinado ataques contra campos de refugiados. De momento, resulta esencial prestar ayuda a los 7 000 soldados de la fuerza de la Unión Africana y las Naciones Unidas han accedido a prestar apoyo logístico y material. La Liga Árabe ha prometido finalmente cierto apoyo económico y los Estados miembros de la UE también tienen que ser generosos en este apartado.
La UE tiene la responsabilidad de hacer de Darfur una prioridad constante de las Naciones Unidas. Hay que ejercer mayor presión sobre China y Rusia, concretamente, para que desempeñen un papel más positivo en Sudán. En Darfur han muerto más civiles que en Iraq y Afganistán juntos. Todos tenemos las manos ensangrentadas por culpa de la lenta respuesta internacional a lo acontecido hasta la fecha. Esta es la resolución más dura que hemos conocido sobre Darfur, pero lo que hace falta es actuar. Espero que, dentro de un año, no estemos hablando de otros 100 000 muertos. 
Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE ). –
   Señor Presidente, en estos momentos en que aún queremos, aunque no sé si podemos, mantener nuestras esperanzas en el acuerdo de paz firmado el pasado mes de mayo, somos testigos del deterioro de la situación humanitaria en la región, que ya han descrito muchos de mis colegas.
El Parlamento Europeo se pronuncia una vez más sobre la situación en Darfur y, en mi caso, para unir mi voz a la de las víctimas: la población civil, las mujeres y los niños y las niñas de Darfur.
Desde que estalló el conflicto armado hace tres años, se vienen sucediendo los llamamientos cada vez más desesperados de las agencias humanitarias. Ha sido completamente en vano. Los más de 50 000 muertos, dos millones y medio de desplazados internos y 500 000 refugiados, cuentan mejor que nadie la tragedia de una región en conflicto.
Mi Grupo, en su resolución, introdujo nuestra grave preocupación por la violación de los derechos de los niños y de las niñas y por las violaciones generalizadas de las mujeres como arma de guerra. Lamentablemente esto no ha quedado recogido en la resolución de compromiso, como si no importara. 
Se cuentan con nombre y apellido los cientos de miles de niños muertos, desaparecidos, abusados sexualmente, secuestrados, desplazados, usados como soldados y luego abandonados, etc. y que, además, no tienen acceso a la ayuda humanitaria. 
Todos somos culpables, no solamente el Gobierno de Jartum y las facciones militares o guerrilleras. La impunidad es total a pesar de que Sudán había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo opcional sobre los niños en conflictos armados. 
Tenemos también datos concretos que indican que el pasado mes de agosto más de 200 mujeres fueron agredidas sexualmente en un solo campamento, de lo que nos venían avisando ya las organizaciones humanitarias. Estos datos siguen hablando de la espiral infernal en la que Darfur se está hundiendo y en la que, una vez más, el cuerpo de las mujeres y de las niñas es el campo de batalla elegido muchas veces por los soldados y los guerrilleros.
En otro campamento de desplazados, por hablar de cosas que están sucediendo hoy, las mujeres en lugar de ser protegidas han sido violadas y se les prohíbe llegar...
Fiona Hall (ALDE ).
   – Señor Presidente, la situación en Darfur es extremadamente grave. El Gobierno de Sudán está volcando sus tropas en la región y la ampliación por tres meses del mandato de la Unión Africana no supone sino un respiro.
La población de Darfur sigue bajo la amenaza de que la supuesta seguridad esté garantizada únicamente por el Gobierno sudanés, sin ninguna protección internacional. Los miembros al Parlamento que visitamos Darfur en 2004 pudimos ver con nuestros ojos casas arrasadas llenas de vainas de proyectil vacías. Eso era lo único que quedaba de un poblado bombardeado por el Gobierno sudanés en aras de la seguridad.
La semana pasada misma, un avión Antonov del Gobierno sudanés bombardeó pueblos en el norte de Darfur. Si no existe presencia internacional en Darfur se producirá una masacre total, a pesar de todas las lamentaciones y proclamas de «nunca más» después de Ruanda.
Esa es la razón por la que es tan crítica la presencia de la fuerza de las Naciones Unidas, autorizada por la resolución 1706. No existe ninguna tarea más urgente para la diplomacia internacional que trabajar con Rusia y China para aislar a Sudán e imponer la presencia de las Naciones Unidas en Darfur.
La declaración UE-China del 11 de septiembre fue alentadora, pero hay que desarrollarla. Quiero preguntar al Consejo qué pasos va a dar para conseguirlo. Por su parte, la Unión Africana ha afirmado que resulta absolutamente necesaria una fuerza de las Naciones Unidas con predominio africano.
Ante una situación humanitaria cada vez peor, cada vez más lugares han pasado a ser zonas vetadas a las ONG debido a los combates en curso. Al mismo tiempo, el número de personas que dependen de la ayuda humanitaria ha aumentado casi hasta los 3 millones. Este mes se han notificado más de 30 nuevos casos de cólera. Sin una paz verdadera, el esfuerzo humanitario sucumbirá y cientos de miles de personas que huyeron de sus casas para salvar la vida se verán de nuevo enfrentadas a la muerte. 
Angelika Beer (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, no es necesario que repita lo que ya se ha dicho sobre la situación en Darfur en toda su pavorosa crueldad.
Lo que sí quiero decir ahora es que no estoy muy convencida de lo que han dicho la Presidencia, la señora ministra o, incluso, el Comisario Frattini. Mientras los responsables de la Unión Europea, con lo que me refiero a ustedes, los que están en el Consejo y la Presidencia, no pueden ni siquiera darse cuenta de que lo que ocurre en estos momentos es un genocidio, y mientras solo hablan de cómo vamos a desempeñar nuestro papel en la reconstrucción una vez conseguida la paz, etcétera, etcétera, me pregunto por qué no lo llaman por su nombre, ya que lo más importante es poner fin a este genocidio, que es lo que está ocurriendo allí, y, una vez conseguido esto, podremos seguir con el trabajo de reconstrucción.
Hay que ser claros, al menos dentro de la Unión Europea; el dilema del Consejo de Seguridad es que China y Rusia están impidiendo que se haga algo. Es evidente, pues, que hay que abolir el derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Ningún país del mundo debe poder utilizar un veto para permitir que continúe el genocidio.
En segundo lugar, y eso es algo que los europeos podemos hacer, debemos explicar en detalle que, a la vista de tan trágicas circunstancias, la denominada soberanía del Estado sudanés indudablemente es negociable. Se trata de la seguridad humana, de la protección de la vida humana, que es el bien último, y no de la supuesta soberanía de un Estado no democrático, brutal y fallido.
Recordemos solamente los debates que celebramos sobre el envío de tropas al Congo y después al Líbano; ahora estamos hablando de unos 22 000 soldados. No podemos acoger con aplausos la noticia de que habrá una prórroga hasta diciembre, y esperar que para entonces hayamos encontrado 22 000 soldados para una fuerza de las Naciones Unidas; eso no funcionará. Significaría que, hasta diciembre, seguiríamos siendo espectadores pasivos de un genocidio y solo entonces empezaríamos a intervenir, sin haber hecho nada al respecto hasta el momento. ¡Europa no puede adoptar una política así! 
Tobias Pflüger (GUE/NGL )
   – Señor Presidente, la situación de la provincia sudanesa de Darfur es obviamente de lo más terrible. Las personas son sacadas de sus hogares, brutalmente, en lo que Jean Ziegler describía como una «tragedia espantosa», pero es muy fácil decir que hay que enviar tropas, como dice la resolución de las Naciones Unidas. Todos sabemos lo que dice esa Resolución de las Naciones Unidas; dice que el Gobierno sudanés, como es habitual, debe dar su consentimiento, y eso es precisamente lo que el Gobierno sudanés no va a hacer. Esto significa que lo que se necesita en estas circunstancias es una solución política en vez de la petición de tropas o de preparativos para su despliegue como oímos de la OTAN.
La participación de la Unión Europea en esto es realmente como el Consejo y la Comisión la han descrito. Es muy fácil decir que queremos tropas. El problema es que hay ciertas normas básicas que deben cumplirse, y, en efecto, dicen que el Gobierno en cuestión debe dar su consentimiento, y este no lo ha hecho. Quiero subrayar una vez más lo que ha dicho la diputada al Parlamento Europeo del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea; en concreto, en el sur de Sudán hay ciertos intereses económicos que desempeñan un papel esencial en este conflicto, ya se ha hecho referencia al petróleo, y esto implica no solo a China, sino también, sin duda alguna, a ciertos Estados europeos, como el país del que yo vengo, ya que también Alemania está muy implicada debido a los planes para construir allí una importante línea férrea. La petición de ayuda para las personas suena maravillosamente bien, y sin duda la apoyo, pero debería ser realista y comportar que se ofreciera más ayuda humanitaria de verdad. 
Jana Hybášková (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, preferiría no hablar en señal de protesta tanto por su ineptitud como por la nuestra. Sin embargo, China necesita minerales, petróleo, mercados, agua y tierra. Lo que estamos viendo es la colonización china de África. El Gobierno sudanés, socio o parte constitutiva de Al Qaeda, hogar de Osama durante mucho tiempo, aliado incondicional de Al Turabi, practica literalmente la limpieza étnica, violando y dejando embarazadas a decenas de miles de mujeres en la causa de la arabización y la pertenencia a la Liga de los Estados Árabes. Los rusos suministran las armas. La misión de la Unión Africana ha llegado al límite. Nuestra gloriosa intervención africana deja dos millones de personas en el exilio y medio millón de muertos.
Quisiera preguntar al Consejo y a la Comisión ¿qué hacen para ayudar a poner en marcha inmediatamente una misión de las Naciones Unidas aceptable de conformidad con el Capitulo VII? ¿Qué acciones están llevando a cabo para poner en práctica finalmente la zona de exclusión aérea que se pedía en 13 resoluciones completamente inútiles? ¿Qué están haciendo para poner fin a la impunidad de todos aquellos que violan y matan a ciudadanos completamente inocentes? Como miembro de la comisión de investigación del Parlamento, me avergüenzo de haber asumido más responsabilidad cuando visité Darfur y Abéché, y sin embargo hoy lo único que puedo hacer es cotorrear, con perdón de la expresión. Señor Comisario, imagínese mirando a los ojos a una joven que lleva a su hijo en brazos y preguntándole por el nombre del niño. Ella no puede responderle y solo le dice que no lo sabe, porque el niño nació de una violación. ¿Cómo cree que se sentiría? 
Ana Gomes (PSE ).
   – El Gobierno de al Bachir ha sido el principal perpetrador de la estrategia de genocidio contra los habitantes de Darfur. La UE no puede hacerse ilusiones sobre este tema. La Comisión, el Consejo y los miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben plantar cara urgentemente a Sudán enviando fuerzas de las Naciones Unidas a la región de Darfur con un mandato firme conforme al Capítulo VII de la Carta. No puede haber más excusas ni dilaciones. El Gobierno sudanés debe ser castigado si persiste en frustrar los esfuerzos de la comunidad internacional en Darfur. Con la mayor urgencia, deben congelarse las cuentas bancarias, y hay que impedir a los miembros del Gobierno sudanés y a otros, ya identificados por la Corte Penal Internacional como los cabecillas de las atrocidades, que viajen.
Si China y Rusia siguen dando largas al asunto en cuanto al embargo de Jartum, la UE debe aliarse con los Estados Unidos y declarar un embargo comercial, sobre todo de armas y petróleo, y congelar completamente las transacciones financieras con el Gobierno sudanés. También se requieren urgentemente medidas militares. Debería gestionarse desde la región más oriental de Chad una zona de exclusión aérea para bloquear al ejército del aire sudanés e impedir que ataque a la población de Darfur, como yo y otros miembros de esta Cámara pudimos comprobar cerca de Al Fashir en septiembre de 2004.
Hay que enviar inmediatamente una fuerza multinacional a la zona oriental de Chad para proteger a los refugiados, preparar a la fuerza de las Naciones Unidas en Darfur, controlar la frontera entre Chad y Sudán y recuperar una cierta estabilidad en la zona. La estabilidad también se ve amenazada por la escalada de las tensiones en Somalia debido a la intervención etíope instigada por el Gobierno Bush, que ha tenido unos resultados desastrosos y ha reforzado los Tribunales Islámicos de Mogadiscio.
Finalmente, la UE no debe permanecer callada respecto al papel de China, Rusia y la Liga Árabe en el apoyo de la estrategia de genocidio de Jartum. Tras la consagración del principio de la responsabilidad de proteger por parte de las Naciones Unidas, Moscú, Pekín y las capitales árabes se cubren de vergüenza al intentar ocultar las lecciones de Ruanda, Bosnia y el Congo bajo la alfombra cuando se trata de Darfur, donde una población musulmana está siendo masacrada por musulmanes. 
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, cuando en agosto el coordinador de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Jean Egeland, nos recordó que la situación de Darfur era la peor desde 2004, estaba recordándonos también, una vez más, que hace tiempo que ha llegado la hora de resolver esta situación.
La ONU insiste, es verdad, en que tiene que mandarse una misión de las Naciones Unidas al terreno, pero también es verdad, como se ha dicho, que la oposición del Gobierno sudanés lo hace más difícil. Sin embargo, tal y como el tantas veces recuerda, es nuestra obligación aplicar lo que se llama la responsabilidad de proteger. Tenemos la responsabilidad de proteger y no podemos inhibirnos de ella. 
Tres cosas muy concretas se pueden hacer respecto a Darfur: la primera, de una forma muy directa, aplicar sanciones dirigidas directamente a cualquier actor, incluido el Gobierno, que en estos momentos viole el alto el fuego o que ataque directamente operaciones humanitarias y, como también se ha dicho de una forma específica, y lo subrayo, a la población civil, particularmente a las mujeres.
En segundo lugar, la Unión Africana puede y debe emplearse aún más a fondo, para hacer que las diferentes partes acepten al menos parte del acuerdo de paz de Darfur, pero para ello es necesario también contar con el apoyo de los socios internacionales, entre ellos la Unión Europea.
Por último, y esto es lo más importante, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe acelerar el proceso de envío de fuerzas de las Naciones Unidas al terreno, bajo, precisamente, el estatuto o el mandato claro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo contrario, difícilmente pararemos esta masacre.
Filip Kaczmarek (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, Darfur es una catástrofe humanitaria. Esta trágica región está en una situación de crisis y debemos prestarle toda nuestra atención y tomar medidas rápidas, como dijo el señor Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, hace tan solo unos días. Sería difícil no estar de acuerdo con su opinión. Todo el mundo sabe que la región ha estado en guerra continua desde 2003. Como consecuencia, han muerto 300 000 personas y hay más de 2,5 millones de desplazados.
En las últimas semanas las organizaciones humanitarias que trabajan en Sudán han accionado la alarma. Tres millones de habitantes de Darfur dependen de la ayuda humanitaria internacional, incluyendo suministro de alimentos, ayuda médica y refugio. Está siendo casi imposible proporcionar esa ayuda debido a la escalada del conflicto en la zona. Tan solo desde principios de mayo en Darfur han muerto doce cooperantes internacionales, más que los que fueron asesinados en los dos últimos años.
Aunque la Unión Africana debe seguir en la zona hasta finales de año, es evidente que por sí sola no puede poner fin a la guerra. Deberíamos recordar que se trata de un fuerte contingente de 7 000 hombres mal equipados y mal financiados, que deben abarcar una superficie equivalente a la de Francia. Aunque recibiera el refuerzo de 4 000 soldados más, sería incapaz de ayudar a los millones de civiles que están siendo atacados en la región o garantizar la seguridad de las organizaciones internacionales y proteger a los refugiados.
En la actualidad se están considerando varias soluciones al problema. Desde el despliegue de fuerzas de las Naciones Unidas sobre el terreno, pasando por un apoyo considerable de las Naciones Unidas para la Unión Africana en términos de logística y equipo, hasta el compromiso de la OTAN de resolver el conflicto. En mi opinión, una cosa está clara. Los países africanos y sus dirigentes deberían implicarse mucho más en la búsqueda de una solución a este apremiante problema. Tienen experiencia, están familiarizados con la zona y han establecido allí firmes contactos. Por lo tanto, deberíamos animar a nuestros colegas africanos a que se comprometan con más ahínco en la búsqueda de una solución a este conflicto. 
Marie-Arlette Carlotti (PSE ).
   – Señor Presidente, todo el mundo dice que «Darfur está al borde del precipicio». Las partes involucradas en el conflicto siguen matando y violando. La población civil es su víctima cotidiana. Los trabajadores humanitarios abandonan la zona bajo la presión de los actos de intimidación e incluso de los asesinatos, pues han sido trece los muertos en las últimas semanas. El conflicto amenaza a toda la subregión, extendiéndose a Chad y a la República Centroafricana. Todo parece dispuesto hoy para el asalto final. Todo está listo para la masacre. El Gobierno juega al gato y al ratón con la comunidad internacional. Un juego muy cruel que se cobra cada día centenares de vidas humanas.
Desde 2004, la Unión no ha escatimado esfuerzos económicos y ese compromiso ha contribuido, sin duda, a impedir la carnicería. Pero hoy es indispensable un compromiso político más firme. La prioridad es el envío, lo antes posible, de una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas conforme a la Resolución 1706, con el mandato de recurrir a la fuerza si es necesario para proteger a los civiles.
Sin embargo, la única manera de proteger a la población consiste en actuar rápidamente, aquí y ahora: obligando a las autoridades sudanesas a interrumpir la ofensiva en curso y aplicar el acuerdo de paz a Darfur; reforzando el mandato de las fuerzas de la Unión Africana que están sobre el terreno, que efectivamente no representan un escudo suficientemente sólido para proteger a la población civil, y dotándolas de los medios materiales necesarios; instaurando sin demora, como han dicho mis colegas, la zona de exclusión aérea prevista en la Resolución 1591 de las Naciones Unidas. Y si los llamamientos a la razón no bastan, pues bien, pasemos a las sanciones: embargo petrolero, orden de detención internacional, sanciones individualizadas contra los responsables de atrocidades y, en particular, las 51 personas cuyo nombre figura en la lista remitida al Tribunal Penal Internacional. Señorías, este Parlamento no permitirá que se produzca, en silencio y casi ante sus ojos, el primer genocidio del siglo XXI.
Mario Mauro (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el objetivo de mi intervención es rasgar el último velo de hipocresía que envuelve la postura del Gobierno de Jartum.
En el año 2000, visité Sudán junto con los miembros de este Parlamento que también se sientan en la Asamblea ACP-UE. La señora Kinnock y yo pudimos hablar con Ibn al Turabi, que estaba en prisión; era un viejo compañero de armas de Omar al Bachir, una de las principales figuras del fundamentalismo islámico del país y uno de los hombres que habían organizado la hospitalidad de Osama bin Laden en Sudán.
Ya entonces, en el año 2000, nos describió en qué consistía la estrategia de «arabización» del Gobierno de Jartum. Era una estrategia para arabizar, y quiero decir justamente esto: no islamizar, sino arabizar, una zona habitada por quienes en muchos documentos oficiales del Gobierno sudanés eran denominados los «monos de Darfur», en otras palabras los habitantes de Darfur.
Bien, si Europa reconoce esto, significa una vez más que no debemos simplemente seguirle el juego al Gobierno de Jartum pidiendo que medie entre bandos hipotéticamente opuestos, porque no hay bandos opuestos. No hay guerra civil en Darfur: solamente asesinos y víctimas. Solo hay asesinos que actúan de acuerdo con los hombres que dan las órdenes en Jartum, que los utilizan para perseguir una ideología demente que ya no solo es probable que comporte un genocidio, sino que ratificará un genocidio que dura desde hace ya mucho tiempo.
Por lo tanto, es crucial que las instituciones de Europa adopten medidas de emergencia, como las que acaba de describir ahora mismo la señora Carlotti, para aceptar a bordo a toda persona que se preocupe por las vidas de una generación. 
Karin Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, el acuerdo de paz de Darfur se firmó en mayo de 2006, y desde entonces no se ha cumplido ni uno solo de los plazos que en él se establecen. No hay menos lucha ni menos violencia contra la población civil; sino al contrario, ambas han ido en aumento. Las violaciones, que se llevan a cabo sistemáticamente, se utilizan como arma de guerra, y en los últimos tres meses se ha registrado un fuerte aumento en la cifra de violaciones. El Gobierno sudanés sigue oponiéndose a la misión de las Naciones Unidas, que tendría bastantes más recursos, tropas y poder que la actual misión de paz de la Unión Africana, que en general es ineficaz. Por mucho que sea de agradecer la ampliación de la misión de paz africana a 11 000 soldados y agentes de policía en la zona occidental de Sudán, el apoyo continuo y colectivo por parte de la Unión Africana a las tropas de las Naciones Unidas demuestra que no se trata más que de una medida de transición.
Es evidente que el Gobierno sudanés ya está planeando enviar sus propias tropas para proteger la región. Amnistía Internacional advierte que «la perspectiva de verse pronto “protegidos” por los mismos soldados del Gobierno que les han expulsado de sus casas y les han maltratado está sembrando el pánico entre la población». Las organizaciones de ayuda que trabajan en la región temen que tendrían que cerrar por completo sus operaciones si las tropas del Gobierno se enfrentaran de nuevo a las bandas de rebeldes secesionistas que aún no han firmado el tratado de paz de Abuja.
Por lo tanto, pedimos al Gobierno sudanés que cumpla el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y acepte la presencia en Darfur de una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas del tipo que establece la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad.
Sudán está al borde de la catástrofe. Hay que hacer todo lo posible para impedir otro genocidio en el continente africano. 

Patrick Gaubert (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, como me han dicho dos supervivientes sudaneses, hay que romper el silencio que sufren las víctimas del genocidio.
Hoy, en nombre de esas víctimas mudas del genocidio en curso en Darfur, vengo a lanzarles una súplica, un grito de angustia. Me dirijo a ustedes como diputado, pero también como presidente de una ONG internacional muy implicada en Darfur.
Pertenezco a una generación que se había jurado, después del Holocausto, que nunca más sucedería algo así. Nos repetimos «nunca más» y una vez más hay que hablar de ello. ¿Vamos a esperar a que todas las poblaciones hayan sido exterminadas para llorarlas? ¿A partir de cuántos muertos vamos a intervenir? ¿Hay un umbral mínimo de personas deportadas para intervenir? De hecho, creo que hay víctimas que jamás gozarán de la menor consideración. Darfur forma parte de ellas. Kofi Annan ha declarado que Darfur era el infierno. Pero es un infierno hasta un punto inimaginable para poblaciones torturadas por las milicias genocidas a sueldo de un Gobierno ilegítimo.
¿Vamos a añadir a lo que es un crimen en sí mismo el crimen de la indiferencia? ¡No! Los verdugos deben saber que no les dejaremos ir, porque no podemos decir que no sabíamos. Sabemos, pero no actuamos. Europa tiene un importante papel que desempeñar. Europa debe influir con todo su peso, mostrarse más ofensiva y exigir el cese de los atropellos y las masacres, exigir el despliegue de los cascos azules para proteger a la población civil en Darfur. Esto solo se puede conseguir con un trabajo diplomático y una movilización internacional muy fuertes. Por una vez, el ejército puede intervenir de un modo positivo a fin de interponerse entre los asesinos y los asesinados. Debemos exigir una solución para las milicias, debemos reclamar la entrega de la ayuda humanitaria.
Démonos prisa, como han dicho algunos de mis colegas antes que yo, porque asistimos realmente al primer genocidio del siglo XXI.
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, por desgracia la guerra del Líbano y el conflicto de Oriente Próximo han acaparado el interés internacional y las noticias a expensas de los trágicos acontecimientos de Darfur, donde se está viviendo una crisis humanitaria, genocidio, limpieza étnica y guerra criminal.
Tenemos la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pedimos que se aplique. Con la Resolución 1701 en el Líbano hubo una acción internacional a favor de que se aplicara en su totalidad. Cinco resoluciones después, sin embargo, en la Resolución 1706, por desgracia, en relación con su aplicación no encontramos más que indiferencia internacional e hipocresía internacional. Unas normas distintas para esta importante crisis humanitaria que, en definitiva, también deteriora nuestros principios y valores comunes europeos.
Creo, señor Comisario, que la Unión Europa tiene básicamente una responsabilidad moral, y no solo una responsabilidad estratégica y política, de tomar iniciativas. Las resoluciones burocráticas del Consejo de Ministros por sí solas no bastan. El 20 de octubre tenemos la cumbre. Lo que hace falta también por parte de ustedes es que la Unión Europea tome una iniciativa en el Consejo de Seguridad, que exista una postura común de todos los miembros del Consejo de Seguridad sobre la resolución del problema, la aplicación, por fin, de la Resolución 1706, y, dado que debemos hablar con honestidad, existe la obligación de tomar iniciativas respecto a China. China es uno de los países responsables de la prolongación de este impasse, de esta crisis. La Liga Árabe tiene la misma responsabilidad. Por eso hay que tomar iniciativas contra la Liga Árabe, la conferencia islámica, China, Rusia e incluso los Estados Unidos. Las insulsas declaraciones del señor Bush y el Congreso estadounidense no bastan y, finalmente, señor Comisario, debe aplicarse el acervo del Derecho internacional en relación con el derecho a una intervención internacional cuando se pisoteen los derechos humanos. 
Józef Pinior (PSE ). –
   Señor Presidente, todos hemos sido testigos de los crímenes contra la humanidad cometidos en suelo sudanés durante los últimos tres años. Incluyen genocidio, crímenes de guerra y limpieza étnica. Mientras nosotros observamos inútilmente desde nuestras torres de marfil, el Estado sudanés se niega a cumplir la obligación básica que debe asumir cualquier Estado, es decir garantizar la seguridad de la población de un territorio determinado. Desde Bruselas y Estrasburgo contemplamos los acontecimientos que ocurren en Sudán, a pesar de que la Unión Europea expresó una protesta política y moral contra los crímenes de esta naturaleza. Cada una de las sucesivas ampliaciones fue anunciada con el mismo toque de rebato: ¡nunca más, nunca más permitiremos esos crímenes contra la humanidad, nunca más permitiremos una limpieza étnica, nunca más toleraremos el genocidio!
En las declaraciones efectuadas hoy por los representantes de la Unión Europea, no he detectado un compromiso de este tipo para garantizar que la Unión Europea haga realmente todo lo que está en sus manos para detener esa matanza generalizada en Sudán. ¿Qué medidas deberían tomarse? En las próximas semanas, la Unión debería centrarse en ejercer una presión efectiva sobre el Gobierno de Jartum, para asegurar que acepte el despliegue de las tropas de paz de las Naciones Unidas en territorio sudanés. Si ese esfuerzo no tiene éxito, y si el Gobierno de Jartum sigue negándose a tolerar la presencia de las tropas de paz de las Naciones Unidas en su territorio, quizás deberíamos aumentar el apoyo logístico y material proporcionado a la misión de la Unión Africana en Sudán. Si todo eso no tiene ningún impacto en lo que está ocurriendo en Sudán, deberíamos considerar la idea de pedir a las fuerzas de la OTAN que garanticen que la misión militar de la Unión Africana se encuentre en situación de garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio de Sudán. 
Paula Lehtomäki,
   . Señor Presidente, Señorías, ese debate ha sido excelente, fuerte. Puedo asegurarles que el Consejo no contempla la situación de Sudán y Darfur con apatía. Todos estamos de acuerdo en que los acontecimientos ocurridos son muy preocupantes, y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos ahora y en el futuro para mejorar la seguridad y la situación humanitaria en Darfur. Constantemente hacemos todo lo que está en nuestro poder, o al menos una buena parte. Estamos manteniendo un contacto diplomático activo con las diversas partes y los terceros países con el fin de conseguir la máxima ayuda posible para que se cumpla la Resolución de las Naciones Unidas, y para poder ejercer más presión sobre el Gobierno sudanés. El Representante Especial Pekka Haavisto tiene un papel importante que desempeñar en Sudán, asegurar que todas las partes se comprometan en este proceso de paz, ya que de lo contrario no habrá paz duradera.
Es muy importante y un signo positivo que la Unión Africana, a través de su operación AMIS, se haya comprometido firmemente en la resolución de esa crisis. Esa dedicación ha recibido el apoyo de la Unión Europea, y así sigue siendo, ya que la UE presta apoyo a la operación AMIS en forma de logística, ayuda material, asistencia en planificación y otras medidas similares. La Unión Africana ha decidido aumentar sus fuerzas de paz, es decir, su operación AMIS, con unos 4 000 soldados adicionales, lo que significa que habrá un total de 11 000 soldados estacionados en la región.
Cuando la operación de las Naciones Unidas esté finalmente en marcha en la zona, la forma más fácil de promover su aceptación por parte del Gobierno sudanés podría ser que estuviera formada por soldados africanos y asiáticos. También debemos recordar que los demás países vecinos de la región tienen reservado un papel importante cuando se trata de cuestiones fronterizas y problemas de refugiados.
La situación de los derechos humanos en la zona es muy preocupante, como se ha dicho en este debate. La Unión Europea ha destacado esas cuestiones relacionadas con los derechos humanos incluyéndolas en el orden del día del Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ahora en curso. En relación con el tema del genocidio, y el uso de este término en concreto, deberíamos recordar que la Corte Penal Internacional lo está investigando en la actualidad, y que la Unión Europea apoya el trabajo que hace.
No hay una sola llave para la solución de Darfur y Sudán. Es muy importante que avancemos por todas las vías que se abren ante nosotros de forma eficaz, coordinada y con gran alcance, con espíritu de cooperación. 
Franco Frattini,
   . – Señor Presidente, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones expresadas por la Ministra, que representa a la Presidencia.
No creo que nadie en esta Cámara tenga ninguna duda respecto al alcance catastrófico de la tragedia de Darfur, de la misma forma que no se puede dudar de que se trata de un genocidio. Pero el debate de hoy aborda un problema político mucho más general que es de extrema importancia para este Parlamento y para las instituciones de la Unión Europea en general: el papel de la Unión como promotor y defensor de los derechos fundamentales fuera de sus fronteras.
A menudo nos preguntamos si la Unión Europea puede y debe (yo personalmente creo que puede y debe) ser un abanderado mundial de los derechos fundamentales, principalmente del respeto por la dignidad humana, una dignidad humana que se ha destruido de raíz en la tragedia de Darfur. Pero para que pueda desempeñar ese papel, el gran debate político que debemos abordar es cómo puede Europa llevar esos valores más allá de sus fronteras, y defenderlos cuando hay otras partes, como el Gobierno sudanés, que toleran y fomentan el fundamentalismo y los excesos más violentos y horribles cometidos por la milicia. Bien, muchos de ustedes han dicho en términos muy claros: «Vayamos con las tropas y las armas a ejecutar el Artículo 7; enviemos un ejército militar que pueda usar la fuerza para poner fin a esa situación catastrófica».
Soy muy consciente de que esa es una de las opciones que ofrecen los tratados internacionales, pero después recuerdo que, cuando defendemos los derechos humanos en el mundo, nosotros los europeos hemos hablado muchas veces de garantizar el denominado principio de propiedad: en otras palabras, no podemos decidir aquí en Estrasburgo o Bruselas sobre la vía correcta que debe seguir otro país o continente, y simplemente imponerla. Debemos trabajar con las instituciones locales y, desde mi punto de vista, la primera parte de la solución será trabajar con la Unión Africana, consolidando su papel y asegurando que obtenga la ayuda práctica que necesita. No queremos que Europa guarde las distancias en un momento dado y de repente, al instante siguiente, despliegue tropas y armas, y desempeñe un papel que, en cualquier caso, correspondería a la Unión Africana consolidar y reforzar.
Como acaba de indicar la Presidencia, ese es el primer paso. El segundo paso de esta vía será proporcionar ayuda logística sobre el terreno. Es un trabajo que nosotros, la Unión Europea y sus instituciones, podemos hacer, y la Comisión también puede proporcionar ayuda económica. ¿Cómo podemos garantizar que la ayuda humanitaria llegue realmente a su destino: la población que sufre y los trabajadores de las ONG sobre el terreno que están arriesgando su vida? La asistencia logística sobre el terreno es, pues, otra área en la que nosotros, la Unión Europea, podemos marcar la diferencia.
El tercer paso, que realmente no ha recibido el respaldo suficiente de algunas personas, es cómo trabajar con la Liga Árabe. Señorías, entramos nos enfrentamos a las susceptibilidades de los países islámicos o árabes en muchas partes del mundo. En algunos casos, son nuestros aliados incondicionales, como en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo. En otros casos, se muestran tan extremadamente susceptibles, que es aconsejable que lleguemos a acuerdos antes de intervenir.
¿Cuál es la diferencia entre Darfur y el Líbano? La diferencia es que en el caso del Líbano había un acuerdo, y las tropas acudieron como tropas de paz porque tanto el Gobierno libanés como el Gobierno israelí así lo aceptaron. El Gobierno sudanés, en cambio, sigue rechazando la idea. ¿Creen que sería posible intervenir de forma unilateral sin otorgar un papel fuerte a la Liga Árabe? ¿No creen que, sin un papel fuerte para la Liga Árabe, una acción de este tipo enviaría una señal extremadamente negativa a esa inmensa población, que por desgracia tiene las ideas más fundamentalistas del mundo? ¿No provocaría eso un refuerzo de los extremistas y fundamentalistas, que entonces tendrían más argumentos en su arsenal de propaganda?
Así pues, la tercera parte de la solución es la Liga Árabe. Trabajamos para animar a la Liga Árabe a distanciarse del Gobierno de Sudán y retirarle su consentimiento y apoyo; como saben, esto ocurre hasta cierto punto, pero debemos avanzar más en esa línea.
Y existe también otro punto que alguien ha mencionado: ¿qué ocurrirá si el Gobierno de Jartum no escucha a la comunidad internacional? Siempre he opinado que la acción militar solo debe usarse como último recurso, aunque la intervención humanitaria esté justificada en virtud del Artículo 7 del Tratado.
Hay otras vías intermedias. En este contexto, he oído que alguien hablaba de una zona de exclusión aérea; es una medida que se podría explorar, adoptar y proponer. ¿Se dan cuenta de que, si proponemos pasar a la acción según el Artículo 7 del Consejo de Seguridad, China, nos guste o no, utilizará probablemente su veto y no ocurrirá nada? Me pregunto, pues, si no sería mejor trabajar en una iniciativa –que quizás no resolvería el problema pero ayudaría– como la de impedir que los aviones sobrevuelen la zona y maten a las personas con bombas y ataques aéreos. Es otra posibilidad concreta.
Terminaré mi intervención con dos observaciones. En primer lugar, el presidente Barroso y mi colega Louis Michel irán a Jartum. Enviarán a las esferas más altas del Gobierno sudanés un mensaje firme en el que se explique que la Unión Europea tiene intención de tomar firmes medidas diplomáticas, además de actuar sobre el terreno para ayudar a las personas que sufren. El mensaje se referirá al aislamiento a que se consignaría Sudán si siguiera negándose a escuchar a la comunidad internacional. El aislamiento de Sudán sería particularmente devastador para el propio Sudán: quedar aislado del resto de la comunidad internacional no sería bueno para los intereses de Jartum; así, pues, Señorías, quedaría eliminada la excusa del Presidente al Bachir para mantener una actitud tan negativa.
Otro punto muy importante que abordará la actuación de la Comisión es el papel de mujeres y niños. Aquí en Europa hablamos siempre de este tema: nos preocupamos por las víctimas del tráfico humano y la prostitución forzada, y hemos elaborado incluso una hoja de ruta europea para los derechos de los niños. Por supuesto, no podemos cerrar los ojos a los derechos de las mujeres y los niños de fuera de Europa en un caso tan trágico como el de Darfur.
Personalmente, pues, espero que este Parlamento se mantenga firme en sus medidas sobre Darfur precisamente en lo que se refiere a la protección especial para mujeres y niños, que, como siempre, son las víctimas que más riesgo corren. 
El Presidente.
   – He recibido 6 propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento(1).
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 12.00 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del señor Karim, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre las relaciones económicas y comerciales de la UE con la India [2006/2034(INI)], (A6-0256/2006). 
Sajjad Karim (ALDE ),
   . – Señor Presidente, puesto que el centro de gravedad geopolítico se va a desplazar hacia Asia durante el siglo XXI, si miramos a la India veremos el futuro. Dado su tamaño y su complejidad, la sociedad estable y vibrante de la India continúa siendo un logro monumental. Su compromiso con la democracia, el pluralismo y el Estado de Derecho garantiza la coherencia en sus relaciones comerciales. Pero tratándose de un país que representa casi un quinto de la población mundial, India representa menos de una quincuagésima parte del comercio mundial.
La Unión Europea, el socio comercial más grande de la India y principal fuente de inversión extranjera, está dispuesta a ayudar a la India a cosechar los beneficios de la liberalización. Merced a nuestra historia compartida y nuestro compromiso a favor de un Gobierno laico y del pluralismo religioso, la UE y la India son socios naturales. Nos convertimos en socios estratégicos en junio de 2004, pero hubo de transcurrir todavía un año antes de acordar un plan de acción conjunto. Incluso hoy, el Comisario carece de autorización para transformar la labor de los grupos comerciales de alto nivel en un acuerdo concreto. Mientras tanto, el Presidente Bush ha logrado tramitar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y la India francamente preocupante.
El señor Comisario proclama a la India como su destino preferido –me estoy refiriendo aquí, por supuesto, al Comisario Mandelson–, pero sin embargo ha alimentado la obsesión de la UE por China. La India plantea otros tantos retos, aunque diferentes, a la UE, y la Comisión debe reflejar eso en su nueva estrategia, colaborando con las partes interesadas para imitar su consulta con China.
La Ronda de Doha continúa siendo el mecanismo principal para configurar una globalización equitativa. El sistema comercial plurilateral constituye una forma sumamente justa y eficaz de expandir y gestionar el comercio y protege a los pobres contra el uso y abuso en la lucha unilateral por el dominio comercial. No obstante, un acuerdo de Doha no excluye acuerdos bilaterales OMC-plus. Únicamente a través de una mayor apertura respecto de las asociaciones, que vayan más allá de lo que puede ofrecer ahora un acuerdo OMC a nivel de mínimo común denominador, podrá la UE comenzar a plantearse la agenda global de competitividad del futuro.
Un acuerdo de libre comercio con la India debería ocupar un lugar central en la nueva estrategia global europea de la Comisión. Esta Cámara tiene que respaldar plenamente al Comisario en su planteamiento ante el Consejo de un mandato de negociación para alcanzar ALC bilaterales, abrir mercados y garantizar unas condiciones comerciales más justas en nuevas zonas de crecimiento en Asia.
La India tiene que estar a la altura de nuestra determinación y reforzar sus compromisos en Helsinki. La India ha demostrado su afición a hacer malabarismos ante los actores globales para elevar la competitividad. Ha llegado el momento de llegar a un acuerdo con su socio más inmediato. Hay que fijar unas fechas límite, de manera que podamos lograr objetivos comunes en los ámbitos que dictarán las condiciones del siglo XXI: protección de los derechos de propiedad intelectual, mercados abiertos para los servicios e inversiones, así como instrumentos eficaces de defensa del comercio.
Ninguna estrategia sobre comercio económico estaría completa sin abordar la creciente crisis del cambio climático. El impacto del crecimiento en Asia sobre el suministro energético es extraordinario. El crecimiento futuro de la India depende en su capacidad para cubrir las crecientes necesidades de energía. La grave escasez y la dependencia excesiva respecto del petróleo y el carbón están disparando los costes y la contaminación. El intento de desarrollar la energía nuclear es sintomático de dicha crisis. Sin embargo, por mucho que la India desarrolle la energía nuclear, solo podrá satisfacer el 2 % de las necesidades totales de energía. Además supondría una abdicación de las promesas de Gleneagles de detener el cambio climático y fomentar la conservación de la energía.
Tanto la India como la UE poseen una prolongada tradición en la promoción de energía renovable. La India ha construido la cuarta industria de energía eólica más grande del mundo, ha desarrollado digestores de biogás y células solares y ha fomentado el desarrollo de la energía renovable en Asia. Hemos de trabajar juntos para definir la estructura energética global a través de un desarrollo energético innovador y sostenible, respetando los criterios comparativos de referencia relativos al cambio climático.
El crecimiento económico de la India es del 8 % y está previsto que se duplique dentro de una década. Los benefactores «puntocom» figuran en la lista de los más ricos en la India, haciendo caja al tiempo que la India se convierte en el centro global de desarrollo de las TIC. Pero la economía de la India sigue estando plagada de paradojas. La desigual distribución de los beneficios de la globalización ha dejado a casi cuatro millones de personas subsistiendo con menos de un dólar al día.
La UE tiene que garantizar que los beneficios de nuestra relación comercial sean compartidos con los indios, con todos ellos. El comercio internacional puede ser un motor potente de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, pero no es una bala de plata. Para seguir rescatando a la gente de las bolsas de pobreza, las reformas comerciales de la India tienen que ser un complemento de las políticas de desarrollo.
Las infraestructuras de la India no contribuyen a vincular las políticas externas e internas, al exhibir las características de una nación en desarrollo, mientras los edificios sociales de las empresas dominan el perfil de Mumbai y Bangalore. La inversión ha de concentrarse en las zonas rurales, habilitando mejores suministros de agua e instalaciones sanitarias, mejorando los enlaces de transporte y la calidad de la red de energía.
La India está comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su plan quinquenal supera las expectativas de las Naciones Unidas, pero existe una duda creciente acerca de que la India cumpla cuatro de los ocho objetivos planeados. Existe una grave preocupación acerca del trabajo infantil y la propagación del sida/VIH puede llegar a quebrar el progreso de la India.
Las relaciones comerciales no pueden separarse de los asuntos de los derechos humanos y del desarrollo. Tenemos la obligación frente a la India de invertir esas tendencias. La ayuda de la UE debe estar dirigida a las regiones atrasadas y a los grupos sociales con insuficiente representación. Los esfuerzos para el desarrollo de aptitudes tienen que centrarse en los Estados más pobres, para permitirles utilizar fondos de manera eficaz. La inversión extranjera tiene que proporcionar subvenciones para la educación y la sanidad rural.
A medida que la India pasa de ser un país en desarrollo a un país desarrollado, ha de asumir la responsabilidad regional y soportar el crecimiento sostenido. Tiene que arrastrar a sus vecinos en esta evolución. El Acuerdo de Libre Comercio del Sudeste Asiático va a suponer una expansión variada de la región. Es cierto que no ha sido una empresa sencilla y que las luchas indo-paquistaníes han frenado el progreso, pero un liderazgo fuerte en la región ha conseguido que el comercio se utilice ahora como una medida de consolidación de la confianza, sobre todo en Cachemira.
Europa tiene que dirigir su mirada hacia Asia y entender su asombroso crecimiento como una oportunidad, más que como una amenaza. La UE necesita tener mayor confianza en su capacidad para gestionar el cambio y seguir siendo competitiva. Eso va a exigir, inevitablemente, una cierta reestructuración y un cambio de mentalidad. 
Joe Borg,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor Karim, y a la Comisión de Comercio Internacional, por la excelente labor que han realizado.
El informe es exhaustivo, pues aborda casi todos los aspectos de las relaciones económicas y comerciales entre la UE y la India. Asimismo es oportuno, ya que se presenta justo antes de la próxima Cumbre UE-India, que tendrá lugar en Helsinki el 13 de octubre de 2006, y tendremos en cuenta sus recomendaciones. Nuestra cooperación con la India es muy variada y resulta difícil abordarla en todas sus facetas en esta intervención. Por lo tanto, señalaré algunos de los aspectos que responden a las preocupaciones de esta Cámara y les informaré con más detalle sobre cuestiones relacionadas con el comercio y las inversiones.
En términos generales, nuestra cooperación es buena y avanza. En materia de medio ambiente, por ejemplo, la India organizó el año pasado el primer Foro UE-India sobre gestión de residuos, que fue seguido por varias visitas y reuniones del grupo de trabajo correspondiente. La celebración de un segundo foro ambiental está en discusión.
En cuanto al empleo y los asuntos sociales, la Comisión y el Ministro de Trabajo de la India adoptaron en una reunión bilateral un programa de trabajo para 2006 y 2007 que se basa en el Plan de acción conjunto. En la próxima Cumbre de Helsinki se firmará o rubricará un proyecto de memorando de acuerdo. En un plano más general diré que tras la reunión bilateral entre el Comisario Almunia y el Ministro de Hacienda indio se ha propuesto poner en marcha un diálogo macroeconómico periódico.
Las empresas no han sido olvidadas y gracias al Comisario Mandelson, que impulsó la idea junto con su homólogo indio, el Ministro de Comercio Nath, la Mesa Redonda de Directores Generales de Empresas UE-India, que permitirá el diálogo interempresarial, se pondrá en marcha en la Cumbre de la Empresa que se celebrará el 12 de octubre de 2006.
Nuestra cooperación al desarrollo se centra en el apoyo a la educación elemental, la salud y el bienestar familiar. La reducción de la pobreza ha sido un objetivo destacado en todos los proyectos. El Documento de Estrategia Nacional (DEN) correspondiente al período 2007-2013 reitera ese compromiso al asignar entre el 65 % y el 70 % de los recursos al sector sanitario y educativo. Es alentador que se hayan firmado y ahora ya se apliquen nuestros Programas de asociación con los Estados de Rajastán y Chattisgarh, que representan una contribución total de 160 millones de euros en concepto de ayudas a la gestión del agua, la educación y la sanidad.
Volviendo a las relaciones comerciales y de inversión con la India, me complace que las conclusiones del informe que ha aprobado la Comisión de Comercio Internacional apoyen plenamente el planteamiento de la Comisión. Más concretamente, esta Comisión ha pedido a la Unión Europea que concluya un acuerdo de libre comercio (ALC) con la India. La India está dispuesta a celebrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en cuanto sea posible. Esta es la posición de este país desde hace mucho tiempo y que ha sido impulsada por el propio Primer Ministro, el señor Singh.
Me felicito del primer comentario de la comisión parlamentaria en el sentido de que las negociaciones sobre la Agenda de Desarrollo de Doha (ADD) no son incompatibles con las negociaciones OMC-plus. La Comisión Europea desea partir de su compromiso con el sistema de comercio de la OMC y complementarlo mediante una nueva generación de ALC bilaterales, sobre todo con los importantes mercados en crecimiento de Asia. La Unión Europea sigue considerando que la OMC es la plataforma fundamental en la que debe basarse la liberalización a escala mundial.
No renunciaremos al multilateralismo. Un ALC entre la UE y la India podría basarse en la liberalización multilateral propugnada en la OMC al abordar sectores, como el comercio y los servicios, los mercados de contratación pública, la política de competencia y la armonización de la normativa, que están directamente relacionados con los lados fuertes comerciales de la UE que no están plenamente contemplados en las normas de la OMC.
Nos hemos asegurado de que los argumentos económicos a favor de un ALC entre la UE y la India no presenten lagunas, objetivo que persigue igualmente la parte india, ya que es necesario para el buen desarrollo de cualquier negociación. A este fin acojo con agrado el apoyo que presta la comisión parlamentaria a la labor que realiza el Grupo de Alto Nivel sobre Comercio. Este Grupo ultimó el 19 de septiembre de 2006 su informe a la Cumbre UE-India del 13 de octubre de 2006, en que recomienda ampliar la asociación comercial mediante la negociación de un acuerdo sobre comercio e inversión de amplia base.
La Cumbre recomendará que UE y la India se preparen para las negociaciones de dicho acuerdo. Aunque no pondremos en marcha las negociaciones de un ALC en la cumbre, sí que indicaremos claramente que avanzamos en esa dirección. No solo queremos poner en marcha estas negociaciones, sino preparar el terreno para el éxito de las mismas. Esto puede requerir el examen de algunas cuestiones más delicadas tras la cumbre, a fin de que ambos comprendamos mejor las expectativas y posibilidades de avanzar de la otra parte. Por consiguiente, coincido con la comisión parlamentaria en que es necesario profundizar el debate acerca de las negociaciones sobre servicios, derechos de propiedad intelectual y contratación pública.
Por último, también comparto la inquietud de la comisión parlamentaria por el bajo nivel del comercio intrarregional de la Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional y las recomendaciones que hace a esta organización para que estudie las oportunidades de incrementar el comercio y las inversiones en esa región. Seguimos con gran atención el problema del incumplimiento por parte de Pakistán del calendario previsto en el Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional y hemos abordado este tema de modo informal con este país. 
Filip Kaczmarek (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente al señor Karim por su excelente informe sobre la India. Es un informe complejo, como era de esperar, porque presentar una visión general de la cooperación económica y comercial entre la Unión Europea y la India, subrayando además las dificultades con que se enfrenta esta última, es una tarea compleja. Creo que el ponente la ha planteado muy bien.
Aprecio la importancia de las cuestiones económicas y comerciales que se abordan en el informe, pero en concreto quiero dar las gracias al ponente por apoyar la opinión de la Comisión de Desarrollo, y ver la India no solo como un país con un desarrollo económico dinámico, un país con un gran potencial y un importante socio comercial y económico para Europa, sino también como un país con una estructura social especialmente compleja, y un país con grandes desigualdades en términos de nivel de desarrollo y en la distribución de las riquezas obtenidas.
A la vez, la India es un país que se enfrenta a graves problemas típicos de los países en desarrollo, como la pobreza o el analfabetismo. Como he resaltado en mi informe para la Comisión de Desarrollo, la tendencia principal de la asociación estratégica entre la Unión Europea y la India debe seguir siendo trabajar para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y plantar cara a la pobreza.
Quiero llamar su atención sobre dos importantes cuestiones relacionadas con la política de desarrollo que afectan a la cooperación entre la Unión Europea y la India. El crecimiento económico de la India ha alcanzado una media del 6 % en los últimos diez años. Sin embargo, casi un 30 % de la población de la India, unos 400 millones de personas, siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza, y subsisten con menos de un dólar al día. El nivel de analfabetismo llega casi al 40 %. Es vital que la cooperación económica y comercial entre la Unión Europea y la India ayude a reparar ese desafortunado desequilibrio. Debemos dirigir nuestros esfuerzos a mejorar la suerte de los grupos más pobres de la sociedad y promover las mejores prácticas en las regiones con mayor crecimiento económico. También debería mejorar la cooperación en el ámbito de la salud y la educación. 
Zbigniew Zaleski,
   . – Señor Presidente, este documento es básicamente de naturaleza económica, pero contiene un mensaje mucho más general para ambas partes. El mensaje se refiere a cuestiones políticas, sociales, educativas, científicas y de desarrollo.
Tuvimos que superar diferencias menores entre Grupos políticos para llegar a posiciones comunes que a menudo fueron resultado de un compromiso. La India puede deducir de esa resolución que toda Europa está unida en su deseo de cooperar con un país con un patrimonio histórico y un potencial económico tan amplio. Por supuesto, por nuestra parte, destacaremos las dificultades que afectan a los habitantes de la India. Pero, siguiendo la norma europea, esas dificultades deberían debatirse abiertamente y resolverse de forma gradual. Para conseguir una cooperación satisfactoria que implique a empresarios y ciudadanos, hay que establecer unos objetivos y valores comunes. Si no es así, lo único que conseguiremos serán declaraciones firmadas por Gobiernos y políticos, y ya hemos visto una gran cantidad de documentos inútiles de este tipo preparados por esta Cámara.
Esperamos una cooperación auténtica que se base en la experiencia de relaciones pasadas, especialmente entre el Reino Unido y la India. Pero confiamos en que sabremos desarrollar una relación de cooperación , libre de las cadenas del pasado, y esto puede interpretarse como una referencia al colonialismo.
Este documento servirá de base y trampolín para un intercambio saludable que sea beneficioso para ambas partes. Como ponente alternativo, propongo que se adopte en su versión actual. 
Erika Mann,
   . – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Comisario y también al ponente por su excelente informe, que trata todas las cuestiones que son de importancia cuando se habla de la India.
El Comisario ha mencionado un punto concreto que creo que deberíamos considerar detenidamente, a saber, que la India podría convertirse en un centro geopolítico en el siglo XXI. Creo que tiene razón cuando dice que la Unión Europea y la Comisión deben tomar una decisión al respecto. No podemos decir «la India o China», pues ese no es el planteamiento correcto. Pero no cabe duda de que tenemos que centrarnos, pues negociar acuerdos bilaterales con estos dos países y con muchos otros más en el futuro podría resultar imposible para la Comisión, que ya se ocupa del buen funcionamiento de la ronda multilateral. Así pues, me gustaría señalar al ponente y a esta Cámara que mi Grupo se mostrará algo más cauteloso por lo que se refiere a un acuerdo de libre comercio.
No estamos en contra de dicho acuerdo de libre comercio, al contrario. En 2002, cuando presenté mi informe a esta Cámara, ya nos pronunciamos a favor de un acuerdo de libre comercio y un acuerdo regional, pero creo que primero deberíamos tener un debate exhaustivo sobre esta cuestión. La Comisión presentará su nuevo informe político el 4 de octubre, dentro de pocas semanas. Por ello no apoyaremos un acuerdo de libre comercio en estos momentos, porque queremos celebrar primero un debate dentro de nuestro Grupo y deseamos dejar claro que el Parlamento participará plenamente en el debate y el proceso de consulta.
Es de suma importancia comprender que el paso de los acuerdos multilaterales a los acuerdos bilaterales representa un cambio y que exista cierta coherencia en este aspecto por lo que toca a la política comercial. Esa es una de las razones por las que mañana no daremos nuestro apoyo a la idea de un acuerdo de libre comercio en estos momentos. Me alegra igualmente que el señor Karim haya abordado algunos temas relacionados con la alta tecnología. Me parece absolutamente necesario concentrarnos más en la India y cooperar más estrechamente con ese país.
Ahora bien, Glyn Ford, que es el ponente alternativo, no ha dicho su última palabra. Y pide disculpas al señor Karim por su ausencia. Ha tenido que regresar a Inglaterra, pero sin duda seguirá estos temas y los estudiará detenidamente. 
Margarita Starkevičiūtė,
   . Quiero dar las gracias al ponente por resaltar claramente la importancia del sector financiero en el desarrollo de la economía india. Es un factor vital para la cooperación económica entre la India y la Unión Europea. El volumen de inversión depende en gran medida de la confianza de los inversores en los países de destino y de los criterios que se apliquen para la regulación de los mercados financieros y la contabilidad. Por eso, sería una buena idea invitar a la comunidad de negocios india a seguir el ejemplo de la experiencia acumulada por la Unión Europea para asegurar una protección adecuada del inversor. Quiero pedir a la Comisión que promueva más la experiencia que hemos adquirido y el modelo de regulación financiera de la Unión Europea que hemos desarrollado y aplicado, para que la comunidad de negocios india pueda sacar provecho de nuestra experiencia en este ámbito. A este fin, el trabajo de la Comisión debe estar mejor coordinado de modo que los Comisarios que trabajan en los diferentes ámbitos puedan comunicarse mejor y para que la cooperación con terceros países no sea solo una tarea de quienes trabajan directamente sobre el terreno sino también de todos los demás Comisarios.
Una de las principales dificultades es que el sector financiero indio no está suficientemente liberalizado. Requiere grandes inversiones, sobre todo para extender las actividades de negocios a las zonas rurales. Sin el desarrollo de las zonas rurales, el progreso indio será simplemente inviable. Pero el desarrollo del sector financiero indio no será posible sin la aportación de los principales bancos mundiales y europeos. Por lo tanto, debemos promover la cooperación e invitar a los reguladores indios a participar en los grupos de expertos mixtos de la Unión Europea y terceros países para redactar una legislación adecuada que garantice en las primeras fases las condiciones apropiadas para un trabajo común.
También quiero defender el diálogo bilateral, una cooperación económica con todas las de la ley entre la Unión Europea y la India, y la firma de acuerdos comunes, sobre todo dado que las negociaciones multilaterales no siempre tienen en cuenta de forma adecuada los requisitos específicos de la relación. 
Margrete Auken,
   . Señor Presidente, durante el último período parcial de sesiones vimos un informe sobre el comercio de la UE con China en el que éramos muy críticos respecto a las violaciones de los derechos humanos en China. Hoy, el tema es el comercio con la India. El informe es excelente. He podido estar de acuerdo con la mayor parte de lo que dice, y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, por supuesto, votará a favor del mismo. Pero quiero centrarme ahora en un tema esencial: por qué en el informe no se da importancia a los problemas de los derechos humanos. Se habla de ellos, pero en términos muy generales. Además, apenas se menciona el peor problema, y seguramente uno de los problemas de derechos humanos más graves del mundo. Me refiero, evidentemente, a los dalits, que no tienen casta. Se mencionan, pero conjuntamente con los adivasis, como si se tratara de un simple problema general de unas minorías. Los dalits son una subclase despreciada en varios países, pero sobre todo son un problema de la India. No solamente son pobres y están marginados socialmente. La situación es mucho peor. Son tratados como si no fueran seres humanos en absoluto. Son intocables, detestados por los demás grupos de población y, socialmente, están por debajo del montón. Tienen derechos, pero solo sobre el papel. En la práctica no tienen ningún derecho, y hacen los trabajos más sucios y peligrosos. Y además, por supuesto, ese es el punto interesante del caso. En la industria y la agricultura, ellos son los que realizan el trabajo con productos químicos tan peligrosos que están prohibidos en casi todo el mundo. Sin instrucciones ni protección, fumigan los campos con neurotoxinas mortales. En las fábricas trabajan descalzos en baños de ácido y tiñen nuestras prendas textiles. Nadie más toleraría eso, pero se obliga a los dalits a hacerlo. Y lo que es más, la UE realiza transacciones con productos indios sin preguntar abiertamente cómo se han fabricado. Es un tema desagradable para la India, pero es casi aún más incómodo para Europa, que es muy consciente de lo que ocurre. En muchos casos, nosotros mismos les hemos vendido los productos peligrosos. Miles de personas sufren daños y muchas mueren, y son dalits. Los dalits no tienen voz ni sindicatos. Nosotros estamos obligados a ser su voz si queremos poner fin a esas atrocidades. Este problema debe incluirse en la agenda de la UE y es vergonzoso que no se hable de ello claramente en este informe. 
Cristiana Muscardini,
   – Señor Presidente, Señorías, quiero dar al señor Karim y a toda la Comisión de Comercio Internacional mis más sinceras gracias por el excelente trabajo que han realizado en este informe.
La India es la democracia más poblada del mundo y, con un índice de crecimiento del 9 % tan solo en 2005, su rápido desarrollo económico así como sus características geopolíticas representan una nueva dificultad para la Unión Europea en los mercados mundiales. En muchos aspectos, es un reto fascinante y puede aportar grandes beneficios para Europa, pero también comporta posibles riesgos.
En la India, 400 millones de personas viven con menos de un dólar al día. Un sesenta y cinco por ciento de la población trabaja en el sector agrícola, con estructuras y métodos anticuados. La energía nuclear se utiliza solo como elemento de disuasión en la larga guerra con su vecino, Pakistán, pero se utiliza poco para promover un desarrollo ecológicamente sólido, y eso hace que el país dependa de energía procedente del extranjero y esté obligado a mirar a su alrededor en busca de las fuentes de energía que necesita para su desarrollo.
La India es un país con una gran riqueza y una gran pobreza, e incluso hoy es difícil que las mujeres encuentren trabajo, si no es en las tareas menos importantes, y mucho menos un trabajo cualificado, lo que significa que es muy difícil que se acepte a una mujer como empresaria.
No se trata simplemente de hablar de la India por sus enormes dimensiones y todas las variables que eso implica, sino que la India representa también una gran esperanza para mejorar la distribución del comercio internacional. La India es también un gran país con un PNB de crecimiento extremadamente rápido y un tipo de personas muy competentes que pueden estar a la altura de los nuevos retos internacionales en el campo de la tecnología avanzada. La economía avanza en muchas regiones, y se han abierto las puertas para la inversión extranjera, aunque parece que hasta el momento Europa ha quedado excluida. La India representa solo un 1 % del comercio total de Europa.
Por ello, vemos la necesidad de crear una colaboración estratégica entre esos dos grandes bloques, para conseguir un clima de cooperación más fértil, con un mayor entendimiento mutuo que permita derribar las barreras que se interponen entre nosotros siguiendo unas normas establecidas de mutuo acuerdo.
Los recientes desacuerdos en la Ronda de Doha celebrada en Ginebra comportaron algunas dificultades, pero la India y la Unión Europea deberían aceptar la responsabilidad de revitalizar un marco multilateral. Como país en fase avanzada de desarrollo pero con unos profundos desequilibrios sociales, este gigante asiático necesita una presencia europea más fuerte que pueda ayudar a conseguir un crecimiento más equilibrado.
Por parte europea, tiene que haber un enfoque justo, abierto, dirigido a reforzar la presencia de Europa en la India y que respalde debidamente nuestras iniciativas en esa parte del mundo. Lo que ocurre, como debería ocurrir también en relación con la creciente expansión económica de China, es que Europa busca una estrategia para sí misma en relación con el resto del mundo.
Pero no deberíamos ignorar la plaga del trabajo infantil, que en muchos casos implica a niños muy pequeños. Esa situación es muy común en la economía india, que carece de unos estándares mínimos de protección social para los grupos más débiles de la sociedad; el sistema de castas también pone las cosas difíciles a una parte de la población.
Por lo tanto, aunque sentimos el máximo respeto por las tradiciones de ese gran país, debemos pedir a las clases políticas y económicas de la India y a las empresas que trabajan en el país que adopten una postura altamente responsable y utilicen todos los medios a su alcance para resolver el problema de los niños que trabajan en vez de estudiar, para promover la alfabetización, que es la verdadera esperanza de sus habitantes en el futuro. 
Bogusław Rogalski,
   Señor Presidente, los analistas económicos opinan que, para 2015, la India, que se considera un «tigre asiático», será la cuarta economía más poderosa del mundo. Por lo tanto, la India se convertirá en un contrapeso de China desde el punto de vista comercial. En el primer trimestre de este año, el índice de crecimiento de la economía india aumentó a más del 9 %. A medida que deja de ser un país en desarrollo y pasa a ser reconocido como país desarrollado, la India aspira a situarse a la altura de China y asumir el liderato en Asia. Por lo tanto, deberíamos dar especial importancia a las relaciones comerciales con la India. La Unión Europea ya es un socio comercial importante de la India. El comercio con los Estados miembros de la Unión Europea representa más de un 22 % de las exportaciones de la India.
La industria de la India ha hecho frente a los desafíos globales y acepta un desarrollo basado en la ciencia como estrategia de negocio. El gran número de jóvenes indios con buena formación que son baratos de contratar y hablan inglés correctamente constituye un gran activo para su país. Deberían ser una ventaja para nuestras relaciones bilaterales. Pero hay otros factores sobre los que la Unión debería llamar la atención de la India. Más de 390 millones de ciudadanos indios viven con menos de un dólar al día y las estadísticas del trabajo infantil en la India están entre las más altas del mundo. Eso debe cambiar.
La guerra contra la pobreza debe ser una de las características de la asociación estratégica entre la Unión Europea y la India. También deberíamos esforzarnos por asegurar que la India esté mejor representada en el FMI. Además, sería bueno lanzar una iniciativa encaminada a establecer un acuerdo de libre comercio con la India. Así se reforzaría nuestra asociación comercial estratégica durante muchos años. El señor Karim ha redactado un buen informe que merece nuestro apoyo. 
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano y quiero felicitar al señor Karim por el enfoque que ha dado a su informe, que acogemos con satisfacción. Como representante del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Desarrollo, no puede más que complacerme que la India haya aceptado los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que, a través de sus acciones, el Gobierno indio haya demostrado durante algún tiempo que puede ser un socio fiable para una posible futura interacción y colaboración, al menos en el ámbito comercial.
Sin embargo, considero que los esfuerzos realizados hasta la fecha en la lucha contra el trabajo infantil, el dúmping –sobre todo en el sector textil y del calzado– y la piratería, y para dirigir el desarrollo hacia una línea ecológicamente sostenible, han sido flojos e insuficientes.
La Unión tiene la obligación de ayudar y animar a la India para que pueda resolver esos problemas fundamentales mediante las tan esperadas reformas estructurales de largo alcance. La mayor democracia de Asia tiene la responsabilidad de implementar unas reformas sociales bien definidas con el fin de superar esa sociedad que actualmente se basa en las castas, y que tiene unos efectos adversos considerables tanto en el acceso a la educación y a los servicios como en la condición más general de la vida de las mujeres. La justicia y la igualdad de oportunidades deberían ser, pues, los objetivos a conseguir a medio plazo mediante un compromiso serio y un esfuerzo tangible, mientras que en el ámbito económico se requieren unas reformas financieras adecuadas para abolir los obstáculos no arancelarios y los derechos de importación, y abrir el mercado.
Una mejora del sistema podría y debería comportar el desarrollo a largo plazo de unas relaciones pacíficas con sus países vecinos, sobre todo aumentando el comercio con Pakistán. También debería fomentar el comercio en el mercado interior así como las sinergias entre las diversas regiones, que hoy se caracterizan por una gran disparidad socioeconómica.
Basándonos en todo eso y con ese enfoque, debemos prometer nuestro apoyo completo e incondicional a este país. Después de haber estado postrado durante tanto tiempo, ahora está preparado para levantarse y desempeñar su papel en el escenario mundial. 
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, sus dimensiones y su ritmo dinámico de crecimiento hacen de la India un importante socio comercial y económico para la Unión.
Como todos sabemos, la India es la única gran economía con un desarrollo dinámico de Asia en la que la Unión Europea tiene una posición dominante en términos de comercio exterior e inversiones extranjeras salientes. Sin embargo, el comercio bilateral no es uniforme, porque la India es tan solo el décimo socio comercial de la Unión.
Al mismo tiempo, sin embargo, hay que resaltar que la India es el principal beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas, con un acceso preferencial al mercado de la Unión.
A pesar del aumento espectacular de la cooperación bilateral, el volumen de comercio e inversiones está por debajo de su potencial actual. En mi opinión, los resultados de los contratos preliminares para un comercio bilateral y un acuerdo de inversiones son un desarrollo positivo. Sin embargo, el acuerdo actual dependerá de si existe una fuerte voluntad política por ambas partes. Pero bajo ningún concepto un acuerdo bilateral de este tipo debería interpretarse como una negación de nuestro compromiso con el multilateralismo. En este contexto, hay que prestar atención, entre otras cosas, a los elevados aranceles y las enormes barreras técnicas que la India mantiene.
Revisten especial importancia las cuestiones de interés común, como una protección más eficaz de la propiedad intelectual y las indicaciones geográficas.
Finalmente, un parámetro importante de la asociación estratégica más amplia es un mayor apoyo de las sinergias en el sector de la ciencia y la tecnología. Además, como ha mencionado el señor Comisario, es preciso investigar y ampliar las perspectivas de consolidación de las relaciones intrarregionales entre la Unión y la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional.
Para terminar, quiero felicitar al señor Karim por su creativa aportación al trabajo de la Comisión de Comercio Internacional y al Parlamento Europeo en general. 
David Martin (PSE ).
   – Señor Presidente, permítame sumarme a las felicitaciones que ha recibido el señor Karim por su excelente informe.
Como demuestra su informe con toda claridad, cuando hablamos de la India lo primero que tenemos que saber es de qué India estamos hablando. ¿De la India que tiene casi cuatro millones de hogares con ingresos superiores a 150 000 euros anuales y con más graduados que ningún otro país? ¿O de la India que tiene 390 millones de personas que viven con menos de un dólar al día, en la que un 40 % de la población es analfabeta y en la que la denominada revolución informática solo llega a uno de cada cincuenta habitantes? Espero que este Parlamento se interese por ambas.
Si la India supera sus problemas de infraestructuras, sobre todo sus constantes cortes de suministro eléctrico y sus deficientes redes de transporte, creo que dentro de una generación tendrá el potencial para ser el mayor socio comercial de Europa, más importante incluso que China o los Estados Unidos. Por ello me complace lo que acaba de decir el Comisario Borg sobre las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Comercio. Creo que deberíamos intensificar nuestras relaciones comerciales y de inversión con la India. Sin embargo, en estos momentos estoy de acuerdo con la señora Mann y el señor Papastamkos en que no debemos apostar todo a una zona de libre comercio, porque no queremos que la India sirva de ejemplo para echar por tierra las posibilidades de llegar a un resultado positivo en la ADD. Primero debemos poner nuestras esperanzas en la ADD, y todo lo demás debe considerarse una disgresión.
El señor Papastamkos señala con toda razón que un 77 % de los productos de la India entran en la UE sin pagar derechos gracias al SPG. El SPG impone a la India la obligación de mejorar sus normas laborales básicas. La India debe hacer un mayor esfuerzo por combatir el trabajo infantil y al trabajo de servidumbre, y debe firmar el Convenio nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. India es signataria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la UE, en el marco de nuestra cooperación, debería ayudar facilitando la educación universal, programas de salud y políticas destinadas a que los jóvenes de las zonas desfavorecidas encuentren trabajo.
Considero que el comercio y el desarrollo van juntos, pero únicamente si trabajamos para que sea así. No será algo automático. Debemos tener la voluntad política para alcanzar ambos. Me complace que el informe insista en estos dos aspectos de nuestras relaciones con la India. 
Bastiaan Belder (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y la India son de vital importancia para ambas partes, y es por este motivo que tanto la UE como la India deben hacer todo lo posible para eliminar los obstáculos innecesarios, al menos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La India debe hacer todo lo que pueda en el G-20 para restaurar la Agenda para el Desarrollo de Doha. El hecho es que el sistema comercial multilateral ofrece a un país como la India un potencial enorme. Por ese motivo el país deberá presentar una oferta razonable en forma de reducción de sus aranceles.
Además, el tema de los aranceles debe plantearse también a escala bilateral. Una y otra vez, la Comisión ha subrayado la importancia de unos acuerdos bilaterales sólidos, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Los obstáculos, tanto arancelarios como no arancelarios, constituyen una considerable barrera para las empresas europeas. Yo pediría a las autoridades indias que pongan fin a esa política proteccionista. 
Eija-Riitta Korhola (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la UE es el socio comercial más importante de la India, y como tal tiene un interés natural en el desarrollo económico del país. Últimamente, las noticias han sido buenas. El crecimiento económico de la India ha sido rápido, ha habido un compromiso para reducir el trabajo infantil, y la India es uno de los países más activos en lo que se refiere a su acción para combatir el dúmping. La India también está intentando reformar su situación financiera, y tiene previsto eliminar las restricciones sobre la rupia. Además, el diálogo actual sobre los derechos humanos entre la UE y la India ha tenido un inicio alentador. La Comisión Nacional para los Derechos Humanos de la India ha trabajado con meticulosidad.
Al mismo tiempo, ha habido también acontecimientos preocupantes. Las diferencias de nivel de vida de las zonas urbanas y las zonas rurales van a más, y la carga medioambiental aumenta. Casi 400 millones de indios, aproximadamente una tercera parte de la población del país, viven con una renta de menos de un dólar al día. El crecimiento masivo de la economía se reparte de manera muy desigual: un 40 % de la población es analfabeta. La discriminación permanente basada en el sistema de castas del país contribuye a una distribución desigual de la riqueza, y hace que las oportunidades de crecimiento económico sean cada vez más limitadas. Quienes sufren la peor situación son los dalits, sin casta, y las autoridades no controlan suficientemente de cerca sus derechos.
Aprecio el hecho de que la mayor democracia del mundo intente corregir de forma activa a través de la legislación las carencias que se pueden ver en su sociedad. La discriminación positiva es un ejemplo de ello. Pero con la legislación no basta: también hay que hacer un esfuerzo para ponerla en práctica. Las autoridades locales deben poner en práctica, de forma sistemática, las buenas decisiones políticas. Si la situación sigue así, una gran parte del potencial de los habitantes de la India y muchas de sus aptitudes quedarán sin explotar.
Al mismo tiempo, quisiera realizar una petición seria al Consejo para que incluya los siguientes temas en el orden del día de la Cumbre UE-India que se celebrará en Helsinki: la situación de las personas más marginadas de la India, sus problemas medioambientales y si está preparada para hacer frente a las catástrofes naturales. Además, el diálogo sobre la energía que empezó en la primavera pasada debería continuar, porque el principal factor determinante del crecimiento económico de la India en el futuro será su capacidad de satisfacer la demanda de energía, que crece a un ritmo asombroso. 
Kader Arif (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, a pocas semanas de la próxima cumbre entre la Unión Europea y la India, hemos de aplaudir el compromiso de Europa de poner más empeño en su cooperación con la India. Esta gran democracia es uno de nuestros socios privilegiados de Asia, pero sobre todo un agente con responsabilidades regionales, incluso mundiales, que no cesan de aumentar. Por ello, doy las gracias a mi colega diputado, el señor Karim, por recordar que nuestras relaciones con la India no se limitan al ámbito comercial, sino que se enriquecen con una profunda cooperación en multitud de ámbitos.
La India ha emprendido reformas importantes para promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aun cuando a veces puedan parecer insuficientes. Se ha comprometido a impulsar la protección del medio ambiente, la aplicación de las normas internacionales en materia de Derecho laboral, la lucha contra la pobreza y la lucha contra el sida. Hay que alentar y apoyar este tipo de iniciativas con una voluntad política fuerte y medios financieros que estén a la altura de las necesidades de este subcontinente.
La cooperación universitaria reforzada entre la India y la Unión Europea es sin duda crucial, pero debemos velar absolutamente por impedir una posible fuga de cerebros, que privaría a este país de su mayor riqueza. No olvidemos que nuestras relaciones deben estar guiadas por la idea de cooperación e intercambio mutuo. Por tanto, no podemos considerar la India solo como una vasta reserva de mano de obra barata.
Nuestra visión optimista de nuestra futura cooperación con la India no debe ocultar una realidad todavía difícil. Como se destaca en el informe, algunos sectores de la economía india son muy frágiles. Pienso en particular en la agricultura, que sufre los contragolpes de una liberalización comercial no controlada. Por ello me extraña –y me sumo aquí a lo que han manifestado distintos colegas– que se proponga la celebración de un acuerdo de libre comercio. Esa decisión no solo sería prematura, sino que debo recordar que la Unión Europea se comprometió a actuar prioritariamente en el marco de la Ronda de Doha. Hablar ahora de apoyar unas negociaciones bilaterales iría en contra de los principios que afirmamos desde hace meses y sería una señal muy mala para la estructura multilateral que deseamos sinceramente.
Termino. Si nuestro objetivo es el de un comercio al servicio del desarrollo, entonces nuestras relaciones comerciales deberán concebirse de manera concertada y gradual en un marco racional y firme con nuestro socio.
Charles Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la asociación estratégica de la UE con la India democrática reviste una importancia crucial tanto para la UE como para la India. Me complacen el refuerzo del diálogo político y económico, el compromiso y las conversaciones sobre derechos humanos que se celebrarán en la Cumbre UE-India del 13 de octubre. Sin embargo, en vista del sorprendente crecimiento de la economía india en los últimos años y su transformación en una gran potencia mundial, debemos profundizar nuestra asociación. Por ello estoy firmemente a favor de un acuerdo bilateral de libre comercio entre la India y la UE. Dicho acuerdo tendría efectos benéficos para ambas partes, ya que nuestras economías son complementarias, pues la India necesita productos acabados de alta tecnología, y nosotros necesitamos sus servicios y maquinaria básica. Ya somos el mayor socio comercial de la India, por importe de unos 40 000 millones de euros anuales, y actualmente colaboramos en algunos proyectos de alta tecnología como Galileo y el ITER, lo que demuestra el grado de sofisticación de la economía india y su tasa de crecimiento del 8%.
También pido una mayor cooperación regional e integración económica de la India y Pakistán con la SAARC y la SAFTA, que venga a reforzar las medidas encaminadas a incrementar la confianza entre estos dos países que, hasta hace poco, se encontraban al borde de la guerra. La línea de control entre las regiones divididas de Jammu y Cachemira podría simplemente ser una línea en el mapa, si las personas, las mercancías y los servicios circulan libremente por ella.
Pakistán debe abandonar las limitaciones de su lista positiva de mercancías de libre comercio y adoptar una lista negativa más liberal, como lo prevén los principios de país más favorecido y las normas de la SAFTA. La India se está convirtiendo rápidamente en el principal actor geopolítico de Asia Meridional y ya es hora de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas admita en su seno a la mayor democracia del mundo en calidad de miembro permanente. China es nuestro segundo socio comercial, pero la UE no comparte con ella los mismos valores fundamentales que comparte con la India. Ese hecho debe ser muy tenido en cuenta por esta Cámara.
En mi calidad de ciudadano británico, país que mantiene lazos tradicionales con la India, estoy muy satisfecho con el informe Karim y pido a la Comisión que desarrolle una relación política y económica mucho más profunda entre la India y la UE, que culmine en un acuerdo bilateral de libre comercio. 
Panagiotis Beglitis (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero aprovechar mi intervención para felicitar al señor Karim por el informe realmente importante que nos ha presentado.
Pero quisiera hablar de otro tema. Evidentemente, todos apoyamos el desarrollo de una asociación estratégica con la India. La India es una economía emergente sólida, un nuevo polo geoestratégico en el conjunto de Asia. Sin embargo, si queremos que esta relación beneficie también a la Unión Europea, no es suficiente que nos sintamos complacidos con la ventaja estadística que la Unión Europea tiene sobre la India desde el punto de vista de la de balanza comercial, de la inversión extranjera directa y de la transferencia de tecnología. También necesitamos una estrategia común para la Unión Europea, que irá más allá de los intereses individuales nacionales de los Estados miembros. El reciente caso Mittal-Arcelor ha demostrado que a escala europea no debemos seguir con esta división entre los intereses individuales y los de la Unión Europea.
La India, como hemos dicho, es un factor muy importante. Pero también debemos ver la otra cara. La India ha firmado un acuerdo de energía nuclear con los Estados Unidos, lo que establece un nuevo marco y una nueva correlación de fuerzas en Asia. Debemos pedir a la India que firme el Tratado de No Proliferación. Es vital para nuestras relaciones futuras con ese país.
Por otro lado, debemos comprender que la India tiene una gran parte de responsabilidad en el fracaso de la Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Es la India quien está abusando de las normas antidúmping; es la India quien utiliza el dúmping social y medioambiental. Debemos plantear esas cuestiones a la India si realmente queremos un sistema comercial operativo, eficaz multilateral y democrático. 
Geoffrey van Orden (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi felicitación al señor Karim por su excelente y amplio informe sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE y la India. Descuidamos la relación con la India, con sus oportunidades tanto para la India como para Europa, en detrimento de ambas partes.
Si en el futuro la UE se concentra más en la política económica y no en otras distracciones, creo que existe la posibilidad de una gran alianza de libre comercio. El Reino Unido desempeñará un papel clave en este aspecto gracias a sus lazos históricos. Por ello me alegro sobremanera de que el líder de los conservadores británicos, David Cameron, dedique especial atención a las relaciones con la India. Aprovechó la oportunidad que le brindó una reciente reunión con círculos empresariales de Mumbai para exponer sus opiniones sobre la globalización. Asimismo abordó el problema del terrorismo.
El terrorismo es la maldición de nuestra época. Muchos países europeos se ven afectados por él. Se ha convertido en un hecho trágico igualmente en la India, no solo en Cachemira, sino también en Mumbai, donde 200 personas fueran asesinadas en el mes de julio, y en Malegaon, ciudad en la que murieron unas 40 personas el 8 de septiembre de 2006. Aún desconocemos quién fue responsable de estos atentados, pero existen firmes sospechas de una participación extranjera.
Desde el 11 de septiembre, Pakistán ha ayudado a las democracias a luchar contra el terrorismo a lo largo de su frontera occidental con Afganistán, pero ha hecho muy poco por desmantelar las infraestructuras terroristas que existen en su frontera oriental con la India o para controlar las madrasas extremistas que sirven de caldo de cultivo de terroristas.
A fin de continuar con el proceso de paz en curso entre la India y Pakistán, este último debe hacer efectivas las garantías solemnes que dio de poner fin al terrorismo transfronterizo y cumplir las promesas que el Presidente Musharraf pronunció ante el Parlamento de su país el 12 de septiembre de 2006.
La India, al ser una gran democracia, atrae la furia de los extremistas. Esta amenaza solo podrá ser vencida mediante la concertación de los esfuerzos de nuestros países y organismos en estrecha colaboración.
Me felicito de las oportunidades que se nos presentas para profundizar nuestras relaciones con la India y de la extensión de su papel en la región. 
Bogdan Golik (PSE ). –
   Señor Presidente, me gustaría empezar dando las gracias sinceramente al ponente por este informe. Hace dos años, el Parlamento y la Comisión iniciaron un nuevo capítulo en las relaciones entre la Unión y la India, y lo denominaron asociación estratégica. Por aquel entonces, yo representaba al Parlamento Europeo en una misión en la India para preparar la cumbre, confiando en que ese país se convertiría en un socio estratégico para nosotros.
Parecía una opción evidente. Las dos democracias más grandes del mundo suman en total más de 1.500 millones de personas, y están en condiciones de crear un nuevo orden económico mundial. Al mismo tiempo, nos prometimos mutuamente un crecimiento de las inversiones recíprocas, intercambios comerciales, intercambios de jóvenes y cooperación entre empresas e instituciones universitarias. Todo parecía de lo más sensato. ¿Estamos trabajando para lograrlo? La Unión Europea quiere conservar su lugar a la cabeza del pelotón mundial, aunque en la actualidad se está quedando algo rezagada. ¿Así pues, su socio y su mercado más importante debería ser un país con una población de mil millones, un crecimiento económico sostenido por encima del 7 % y donde un 50 % de la población tuviera menos de 20 años?
¿Se ha convertido todo eso en realidad? Por desgracia, no. ¿Qué ha sido de nuestra estrategia para el intercambio de jóvenes e inversión? Nunca llegó, porque un par de países se empeñaron en que nuestro socio estratégico fuera Rusia. Rusia es un país con una población de más de 150 millones de habitantes, donde la media de edad es de casi 50 años; un país dispuesto a chantajear a Europa con la amenaza de cortar el suministro de gas y energía. Pido al Parlamento y a la Comisión que revisen su política y sean fieles a los acuerdos firmados en el marco de una asociación estratégica entre la Unión y la India. 
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, a pesar de registrar un crecimiento económico de entre un 5 % y un 7 % anual, la India sigue siendo un país de grandes contrastes. Un 65 % de la población vive de la agricultura y casi un 70 % vive en zonas rurales. A pesar de que la India es uno de los países que tiene un mayor número de ingenieros, informáticos y científicos, aproximadamente un tercio de su población son analfabetos y gran parte de ellos viven en la pobreza.
Desde la perspectiva de la cooperación, estos contrastes representan una combinación única de ventajas para la India, pues cuenta con una mano de obra barata, tanto si es poco cualificada como altamente especializada. La India tiene más de mil millones de habitantes y es la cuarta economía mundial en tamaño. Por consiguiente, debe ser un socio atractivo para el comercio y las inversiones de la Unión. Las empresas de la Unión Europea no aprovechan plenamente estas posibilidades y parecen mostrar una marcada preferencia por China. El comercio de la Unión con la India representa menos del 20 % de sus intercambios comerciales con China. Estas cifras indican que existe un gran potencial que no está siendo aprovechado, pero es indispensable reducir los elevados impuestos que pagan las importaciones indias hacia la Unión Europea y rebajar los obstáculos no arancelarios.
La Unión ya ha declarado que está dispuesta a hacer concesiones significativas en el marco de las negociaciones de la OMC. Las autoridades indias deberían limitar los trámites administrativos pues obstaculizan las inversiones. La falta de inversión en el sector del transporte y de la energía, en particular, entorpece el desarrollo, a pesar de que son áreas que resultan atractivas para la inversión extranjera. La Unión puede hacer uso de experiencias anteriores para contribuir a resolver los problemas que plantea el gran desequilibrio del desarrollo regional en la India, donde el oeste y el sur del país presentan marcadas diferencias respecto del este y el norte.
A medida que desarrollemos las relaciones comerciales debemos promover igualmente el respeto de los derechos humanos en la India. Este es un tema importante que debería plantearse en la próxima Cumbre que se celebrará en octubre. 
Libor Rouček (PSE ).
   – Señorías, la inversión extranjera directa es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. Yo provengo de uno de los nuevos Estados miembros y puedo confirmar sin duda alguna que la inversión extranjera directa ha desempeñado un papel importante en el dinámico crecimiento económico que observamos actualmente en Europa central y oriental. Otro tanto cabe decir de la India, país que ocupa el tercer lugar en el mundo por lo que se refiere a inversiones extranjeras, siendo Europa uno de los mayores inversores, pues sus inversiones superaron los 1 000 millones de euros en 2004. A pesar de esta tendencia favorable y de muchas otras mejoras, los inversores extranjeros siguen encontrando problemas considerables en la India. Deben luchar con la burocracia municipal, regional y nacional, con normativas oblicuas y cambiantes, hasta el punto de que no pueden invertir en numerosos sectores, como por ejemplo, la agricultura. Quiero pedir a las autoridades indias que pongan remedio a esta situación y faciliten la entrada de los inversores extranjeros en el mercado indio. Como queda de manifiesto en el ejemplo de Europa central y oriental, estas medidas serían beneficiosas no solo para los inversores, sino también para los países hacia los que fluyen las inversiones, que en este caso es la India. 
Joe Borg,
   . Señor Presidente, gracias por sus comentarios que ponen de manifiesto que todos concedemos una gran importancia a las relaciones entre la Unión y la India.
La semana pasada, el 19 de septiembre de 2006, el Grupo de Alto Nivel UE-India sobre Comercio ultimó su informe para la Cumbre UE-India del 13 de octubre de 2006, en el que recomienda ampliar la asociación comercial mediante la negociación de un acuerdo sobre comercio e inversión de amplia base. Dicho acuerdo constituye la base de la recomendación del Grupo de Alto Nivel sobre comercio para la Cumbre UE-India. Los sólidos argumentos para poner en marcha las negociaciones sobre un ALC y el hecho de que las partes estén dispuestas a tomar las medidas necesarias para el inicio de las negociaciones representan un buen augurio para llegar a un acuerdo en la cumbre.
Los ámbitos que forman el fundamento de las relaciones bilaterales entre la UE y la India, abordados en las reuniones de los tres subcomités UE-India, comprenden la política, el diálogo y la cooperación en materia económica, incluyendo la política industrial, la ciencia y tecnología, los asuntos financieros y monetarios, el medio ambiente, el desarrollo limpio y el cambio climático, la cooperación en el sector de la energía las tecnologías de la información y la comunicación, la aviación civil, el transporte marítimo, la tecnología espacial, la agricultura y la política marina, las aduanas, la política social y de empleo, la cooperación entre empresas y la cooperación al desarrollo, el comercio y la inversión, y el acercamiento entre los pueblos y las culturas. Sin duda, muchos de esos ámbitos serán objeto de las deliberaciones de la Cumbre de la Empresa UE-India que tendrá lugar el 12 de octubre de 2006 y de la Cumbre Política del 13 de octubre de 2006 a fin de avanzar en todas las facetas de las relaciones entre la UE y la India.
En nuestro interés mutuo debemos basarnos en un nuestra amplia historia de experiencias y cooperación con la India. La cuestión del acuerdo de libre comercio con la India nos ofrece una serie de posibilidades. Un acuerdo con la India presentaría diversas ventajas, como la consolidación de la posición privilegiada de la Unión Europea en un mercado importante y en pleno crecimiento. La India es la única economía emergente de envergadura que tiene en la Unión Europea su mayor socio comercial y su principal inversor. Y si bien se han realizado reformas considerables, el acceso al mercado indio se encuentra aún muy restringido, aplicándose aranceles de más del 30 % en algunos sectores y numerosas limitaciones de las inversiones extranjeras directas (IED) en el sector de los servicios. La reducción de los aranceles para las empresas de la UE y la liberalización del comercio en los servicios permitiría acceder a un mercado en rápido crecimiento y, por ende, contribuiría a la competitividad.
Otra ventaja sería afianzar las reformas económicas de la India en beneficio de su crecimiento económico a largo plazo y el de la región. La visibilidad y las ventajas económicas de un ALC con la Unión Europea darían apoyo al programa de reformas de la India y generarían un clima más estable para la inversión.
La Agenda de Desarrollo de Doha no descarta los acuerdos bilaterales de libre comercio, y la celebración de dichos acuerdos no prejuzga la conclusión de esta agenda. La Unión Europea y la India mantienen su compromiso con un sistema comercial multilateral basado en normas. El éxito de las negociaciones comerciales multilaterales de la ADD sigue siendo la principal prioridad de su política comercial. India y la Unión seguirán colaborando estrechamente en su mutuo interés y desempeñando un papel destacado en el marco de la ADD.
En el discurso que el Comisario Mandelson pronunció en Berlín el 18 de septiembre de 2006 indicó que el aspecto principal de la revisión de la política comercial prevista para octubre será que la UE intentará basarse en el sistema comercial multilateral y complementar su compromiso a través de una nueva generación de acuerdos bilaterales de libre comercio con los principales mercados en crecimiento.
Si bien Europa sigue gozando de una elevada competitividad en los mercados mundiales de exportación, las empresas europeas están perdiendo terreno en los productos de más alta tecnología y en los mercados de mayor crecimiento. En las regiones de rápido crecimiento, como Asia, la Unión Europea no obtiene los resultados que cabría esperar. Ahora lo que necesitamos son nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio destinados a una mayor liberalización de los mercados. Los ALC pueden basarse en la liberalización multilateral de la OMC al abarcar sectores, como el comercio y los servicios, la contratación pública y la política de competencia, que no están plenamente contemplados en las normas de la OMC. En este contexto, la profundización de las relaciones comerciales bilaterales entre la UE y la India es favorable para el régimen comercial multilateral.
Por último, como muchas de sus Señorías han dicho durante el debate, el fortalecimiento de las relaciones entre la India y la UE representa una gran esperanza, a saber, la de reducir las diferencias de riqueza que existen en ese país, la de mejorar las condiciones de los trabajadores y de conseguir mayores niveles de protección para todos ellos, en particular para las mujeres y los niños, y la de mejorar la calidad de vida de la población india en general en la cual, como se ha señalado en esta Cámara, 190 millones de personas viven con menos de un dólar al día. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.
Se suspende la sesión. Sus Señorías pueden asistir a la Conferencia de Presidentes que comenzará a las 17.30 horas para escuchar un intercambio de puntos de vista con el Primer Ministro de Líbano, señor Siniora, sobre la situación en Oriente Próximo.
Glyn Ford (PSE ).
   – En primer lugar, permítanme felicitar al señor Karim por su informe sobre las relaciones comerciales entre la UE y la India. A diferencia del debate celebrado el mes pasado sobre las relaciones entre la UE y China, su labor y su trabajo han sido un modelo de cooperación y consenso, por lo que mi Grupo y yo votaremos a favor de su informe. Tan solo quiero disculparme por no poder asistir a la votación de mañana, ya que asistiré al Congreso del Partido Laborista en Manchester.
Tengo un comentario general y dos concretos en relación con el informe. En primer lugar, el Grupo del PSE no desea que se insinúe en absoluto que un ALC bilateral puede ser un sucedáneo del éxito en la Ronda de Desarrollo de Doha. Sabemos que la India está dispuesta a ello, pero no todos los miembros del Parlamento comparten esa disposición.
En segundo lugar, si bien me ofrecí a respaldar con reservas la liberalización, comparto algunas de las inquietudes expresadas por el señor Markov por las consecuencias sociales que supondría poner fin a los créditos preferenciales para los pequeños agricultores y empresas. Si la enmienda del señor Markov estuviera formulada de manera más sensata habría recibido mi apoyo.
En tercer lugar, no estoy a favor de la participación de la India en el ITER. Creo que todo el programa ITER es un error y me habría encantado que se hubiese elegido a Japón para su construcción, de modo que se hubiera gastado más dinero japonés y menos dinero nuestro. No me queda sino compadecer a la población de la India. 
James Nicholson (PPE-DE ).
   – Habida cuenta de los sólidos lazos que existen entre mi país y la India, lógicamente tengo un gran interés en que la UE haga todo lo posible por ayudar a que la India desarrolle su enorme potencial de desarrollo económico. Como he tenido el privilegio de visitar la India en varias ocasiones, he quedado profundamente impresionado por el ritmo de su desarrollo económico en los últimos años y sobre todo en las industrias clave del siglo XXI, como las tecnologías de la información.
Me siento satisfecho con los avances logrados en la Sexta Cumbre UE-India del año pasado para entablar un diálogo. La mejora de las relaciones económicas y comerciales resultará beneficiosa tanto para la UE como para la India, pero es indispensable que la erradicación de la pobreza sea un objetivo fundamental de nuestra contribución a su desarrollo económico. Esta debe seguir siendo una prioridad absoluta de nuestra asociación estratégica. Felicito al ponente por su informe. 


La Presidenta.
   El siguiente punto del orden del día es el informe (A6-0254/2006) de la señora Breyer, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre las perspectivas de las mujeres en el comercio internacional (2006/2009(INI)). 
Anna Záborská (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, me permito plantear una cuestión de observancia del Reglamento al comienzo del debate sobre el informe de la señora Breyer. Mi observación se refiere a la traducción a las distintas lenguas oficiales de la Unión Europea de la propuesta de resolución sobre las mujeres en el comercio internacional. En efecto, he trabajado con las versiones eslovaca, inglesa, alemana y francesa y algunos apartados están traducidos de un modo totalmente diferente. Me gustaría que el servicio de sesión pudiese comprobar efectivamente la calidad de las traducciones.
La Presidenta.
   Muchas gracias, se trata de un comentario muy importante. Nuestros servicios comprobarán que todo esté en orden. 
Hiltrud Breyer (Verts/ALE ),
   . – Señora Presidenta, no puedo sino apoyar este cuestión sobre la observancia del Reglamento, ya que existen diferencias considerables entre una versión y otra.
Señor Comisario, Señorías, aunque me habría gustado que el Comisario encargado de la política comercial estuviera presente en este debate, ya que el tema de este le compete en gran parte, espero que esta no sea la última vez que se debata esta cuestión en esta Cámara.
La globalización y la liberalización del comercio mundial no son neutrales en cuestión de género, y por ello me complace poder presentar este informe de propia iniciativa sobre «las perspectivas de las mujeres en el comercio internacional» en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
La relación entre género y comercio es un tema nuevo, no solo para las mujeres, sino también para los Gobiernos y los responsables de la política comercial, y también para los miembros de esta Cámara, por lo que ha llegado el momento de abordarlo y de debatir la influencia que tiene el comercio mundial sobre la política de igualdad de oportunidades y viceversa. En el informe, sus Señorías encontrarán muchas propuestas de orden práctico para acabar con la ceguera del comercio internacional en materia de género, y me gustaría hacer hincapié en que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género lo adoptó por unanimidad. En él se destaca que el objetivo de la política europea de igualdad y las metas del comercio, la política de desarrollo y los programas de ayuda deben ser coherentes si deseamos promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Un 70 % de los pobres del mundo son mujeres; su sexo implica que no tienen las mismas oportunidades de adquirir bienes o tierras o recibir una educación y que sufren muy diversos tipos de discriminaciones en el mercado de trabajo, y la liberalización del mercado y la ampliación de las relaciones comerciales a escala internacional que no tienen en cuenta suficientemente la discriminación de las mujeres no pueden sino empeorar su situación. La globalización ha supuesto, para las mujeres con un buen nivel educativo, nuevas oportunidades profesionales, pero la liberalización del mercado ha empeorado aún más las condiciones de vida de las mujeres más pobres. Los microcréditos y la ayuda al desarrollo no serán más que una gota en el océano si no comenzamos a introducir cambios fundamentales en estas estructuras económicas mundiales. En el marco de la política comercial, la UE representa los intereses de los Estados miembros en muchos niveles y negocia acuerdos, por ejemplo, en el marco de las negociaciones dentro de la OMC. Aunque en el pasado ha jalonado el camino hacia la igualdad de oportunidades en Europa, existe un enorme abismo cuando se trata de aplicar este principio a la política comercial a escala mundial.
La Comisión de Derechos de la Mujer no está dispuesta a seguir tolerando este silencio. Como primer paso exigimos la integración de las cuestiones de género en la política comercial internacional mediante mecanismos explícitos de seguimiento y evaluación, pudiendo estos últimos llevar a cabo una clasificación de los Estados miembros en función de la promoción que llevan a cabo de la igualdad de género en el mercado laboral.
Para que el objetivo de la igualdad no quede despojado de sentido debería crearse un departamento de igualdad de género y comercio dentro de la Comisión, una de cuyas funciones sería la presentación de datos estadísticos desglosados por géneros. Pedimos a la Comisión que presente un informe anual sobre los avances logrados en materia de igualdad en el comercio internacional y que cree un fondo para ayudar a las mujeres a acceder a créditos y a la educación. Los políticos sin dinero no son más que poetas, y como una política comercial responsable solo puede llevarse a cabo mediante flujos transparentes de recursos, pedimos la introducción de un presupuesto para asuntos de género, es decir, una política presupuestaria que se tome en serio la justicia entre los géneros, cosa que consideramos indispensable en todos los niveles de la política comercial. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género tiene la intención de organizar una audiencia sobre este tema la semana que viene.
La intención es que la UE se convierta en un modelo de igualdad en la política comercial internacional, como ya lo ha hecho para la igualdad de oportunidades para las mujeres en Europa, y que la Comisión desempeñe un papel activo en la lucha contra la discriminación contra la mujer, lo que implicaría velar por que las empresas europeas que tienen centros de producción fuera de la Unión y las que se beneficien de los programas de acceso al mercado de la UE no intervengan en la inhumana explotación de las mujeres. Asimismo es de suma importancia que la UE realice un análisis de la posición de la mujer antes de celebrar acuerdos comerciales. La UE no debe promover a empresas que empleen mujeres y violen flagrantemente sus derechos.
Sabemos que las organizaciones, empresas y estructuras del comercio internacional están dominadas por hombres. Si queremos que las mujeres se sitúen en pie de igualdad con los hombres en lo referente al acceso al poder y a puestos de responsabilidad, sigue siendo indispensable introducir cuotas, cuotas eficaces que representen algo más que simples palabras y que sirvan para establecer la paridad entre los géneros en las relaciones comerciales internacionales, y por ello me satisface que la Comisión de los Derechos de la Mujer haya asumido una iniciativa puesta en marcha en Noruega, país en el que, a partir de 2006, el 40 % de los votos en los Consejos de Administración de las empresas cotizadas en bolsa deben corresponder a mujeres.
Si esta Cámara adopta la resolución sobre la mujer en el comercio internacional será un gran triunfo y un paso importante hacia la justicia de género. Tendremos que presionar a la Comisión para que haga lo que le pide el Parlamento. Quiero dar las gracias a todas sus Señorías por su positiva actitud con el informe, por su apoyo y sus sugerencias, y espero que podamos lograr un resultado satisfactorio en la votación de mañana. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, el Comisario Mandelson lamenta no haber podido asistir a este debate tan importante, pues ha tenido que viajar a los Estados Unidos para asistir a un foro multilateral.
La Comisión Europea acoge favorablemente el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Para la Unión Europea, la finalidad de la gobernanza mundial es permitir un desarrollo que sea sostenible desde una perspectiva social, económica y ambiental. Por ello deseamos promover políticas que ofrezcan respuestas sostenibles a las cuestiones de género, ya sean políticas nacionales respaldadas en algunos casos por la ayuda internacional, políticas comunes como las que constituyen las bases de la Unión Europea o compromisos internacionales.
La liberalización del comercio ha brindado nuevas oportunidades a muchas mujeres en los países en desarrollo al ofrecerles nuevos empleos y, en muchos casos, al reducir las diferencias de género en materia de salarios, lo que ha dado una mayor fuerza y mejorado la posición de la mujer en la sociedad. Sin embargo, los rápidos cambios que experimentan las economías nacionales a raíz de la globalización plantean igualmente a los responsables políticos el reto de aumentar al máximo las ventajas y oportunidades de la globalización y de reducir al mínimo sus costes a corto plazo en determinados sectores.
La Comisión Europea considera que para un crecimiento sostenible de la productividad y para promover la producción eficiente de productos y servicios de alta calidad que generen valor añadido neto se requiere transparencia en las condiciones sociales. Las políticas que atenúan los efectos negativos de una economía en pleno cambio sobre determinados grupos de personas o regiones, buenos servicios sociales a los que todos puedan acceder, diálogo social, el respeto de los derechos sociales fundamentales, como las normas laborales básicas, normas mínimas en materia de condiciones de trabajo y para garantizar la participación de los trabajadores en la gestión de los cambios, todo ello desempeña un papel crucial en el desarrollo.
La Comisión Europea promueve los derechos laborales fundamentales en su política comercial. La OIT incluye entre las normas laborales fundamentales su Convenio nº 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo equivalente y su Convenio Nº 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En el marco de la OMC se incluyó una referencia a las normas básicas del trabajo en la Declaración de la primera Conferencia Ministerial de esta organización (celebrada en Singapur en 1996). Desgraciadamente, los Miembros de la OMC no acordaron incluir esta cuestión en la Agenda de Desarrollo de Doha. Sin embargo, la Comisión ha asumido el compromiso de integrar el comercio y el desarrollo social, las normas laborales fundamentales y el compromiso de llevar a cabo un diálogo significativo entre la OMC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto en la Revisión de la Política Comercial de la UE, como en la revisión de la política comercial de otros países.
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL) elabora informes sobre las normas fundamentales del trabajo antes de cada revisión de la política comercial en el marco de este proceso. Asimismo, la Comisión apoya firmemente la concesión a la OIT de la condición de observador en la OMC. La Comisión Europea persigue igualmente objetivos en materia de desarrollo social en los acuerdos regionales, interregionales y bilaterales. En todos los acuerdos que ha celebrado recientemente reconoce y promueve los derechos sociales como parte del objetivo universal de un trabajo digno para todos.
Por ejemplo, la Comisión dialoga y colabora con países como Chile y Sudáfrica, y en un plano birregional con los países ACP, el Consejo de Cooperación del Golfo, Mercosur y otras regiones. La Comisión Europea sigue considerando que las cuestiones sociales no deben utilizarse con fines proteccionistas, y rechaza cualquier planteamiento basado en sanciones unilaterales. El objetivo consiste en seguir avanzando en el ámbito social con el fin de obtener beneficios para todos.
La CE concede desde 1998, además de las preferencias comerciales contempladas en el Sistema de Preferencias Generalizadas, incentivos especiales a aquellos países en vías de desarrollo que respetan los derechos laborales fundamentales definidos por la OIT y cumplen las normas internacionales reconocidas en materia de gestión forestal. Actualmente, 180 países en vías de desarrollo y territorios dependientes se benefician del SPG. En el marco del nuevo SPG que el Consejo adoptó el 27 de junio, una nueva iniciativa para el desarrollo sostenible ofrece preferencias arancelarias adicionales a los países signatarios de las principales convenciones internacionales de Naciones Unidas y la OIT sobre derechos humanos y laborales, incluyendo los relativos a la igualdad de género, y las aplican correctamente. En total, 15 países han ratificado las convenciones fundamentales y se benefician del nuevo SPG.
En el marco de la Dirección General de Relaciones Exteriores funciona un centro de ayuda para cuestiones de género. Los servicios de este centro de ayuda forman parte de una labor más amplia de creación de capacidad y difusión de conocimientos para promover la igualdad de género y aplicar plenamente la estrategia de integración de estas cuestiones en las políticas generales. Asimismo se ha publicado un juego de instrumentos para prestar asistencia práctica al personal de la Comisión sobre el modo de integrar dichas cuestiones de género.
La CE desarrolla igualmente una estrecha relación con la Organización Internacional del Trabajo sobre cuestiones relacionadas con el comercio con el fin de promover las normas laborales fundamentales a través de la evaluación, la creación de capacidad y su aplicación en los países en vías de desarrollo. La Comisión ha financiado en el período 2005-2006 un proyecto piloto de la OIT destinado a desarrollar indicadores de trabajo digno en los países en vías de desarrollo para examinar la relación entre el trabajo digno y la liberalización del comercio. Se han emprendido estudios concretos en Filipinas y Uganda. Entre los datos recopilados se encuentran estadísticas desglosadas en materia de empleo, salarios y horario de trabajo correspondientes a mujeres y hombres. Estos datos ofrecen una panorámica más diferenciada del trabajo digno que los datos previamente disponibles. La Comisión estudiará la posibilidad de utilizar estos indicadores en sus futuros programas de ayuda a los países en desarrollo para ayudarles a gestionar la adaptación social a la globalización, y presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo.
Asimismo, la Comisión Europea examinará la posibilidad de utilizar estos indicadores en el marco de las evaluaciones de impacto en la sostenibilidad del comercio. 
Anna Záborská,
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, doy las gracias a nuestra colega, la señora Breyer, por su propuesta de resolución, que fue aprobada por unanimidad en nuestra comisión.
La globalización y la liberalización de la economía no solo hacen gente afortunada. Por eso pregunto por el lugar que ocupan de los más débiles en la sociedad y por los medios disponibles para promover una economía solidaria. Los responsables políticos y económicos deben ser creativos en sus esfuerzos por garantizar la plena realización de los hombres y las mujeres y promover el bien público común sin ingerencias gubernamentales excesivas, que perjudicarían a las economías nacionales.
En los apartados 15 y 26 se menciona la clasificación de los Estados miembros. Esto es provocador. Sin embargo, figura desde 1951 en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo firmados por los Estados miembros de la Unión Europea. En los apartados relativos a las relaciones con terceros países se destaca que las mujeres, como agentes económicas, deben ser reconocidas en todas sus actividades de desarrollo personal, familiar y educativo y en todas sus funciones sociales. El reconocimiento del trabajo no remunerado e informal de las mujeres merece mayor atención en las políticas europeas.
Esta resolución nos recuerda también que debemos evitar a toda costa cualquier forma de neocolonialismo occidental, y respetar las culturas de nuestros socios económicos, promoviendo al mismo tiempo la abolición de toda forma de discriminación entre hombres y mujeres. Por esta razón, aliento a mi Grupo a que apoye esta resolución, esperando que, pronto, las declaraciones políticas sobre la igualdad entre hombres y mujeres se reflejen al fin en la vida económica.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
   . – Señora Presidenta, debido a los papeles y obligaciones que se asignan tradicionalmente a la mujer y al hombre en algunas sociedades, las mujeres siguen sin poder acceder a la educación y a una buena atención sanitaria. Asimismo se les niegan los medios para mejorar su situación financiera. Las estadísticas confirman estos hechos, pues un 70 % de los seres humanos que viven en la pobreza son mujeres, lo que es un porcentaje muy elevado. A pesar de estas cifras, muchas personas no se dan cuenta de que la desigualdad entre los sexos tiene repercusiones claramente negativas para el desarrollo a largo plazo. Esto se debe a que la desigualdad entre los sexos implica que las mujeres no tengan el mismo acceso a los medios de producción del mercado, y que no formen parte del proceso decisorio en materia social y política. Esta situación tiene consecuencias negativas para el desarrollo a largo plazo.
El comercio internacional puede contribuir a aprovechar el potencial económico de toda la sociedad mediante la participación de las mujeres en el ámbito económico, social y político. A este respecto, la cohesión entre los objetivos de la política europea de igualdad de género y las metas de las políticas de comercio y desarrollo reviste especial importancia. Es indispensable velar porque las mujeres desempeñen su legítimo papel en la economía si deseamos reforzar la posición de la mujer y dejar atrás la discriminación estructural. Para ello, la Comisión Europea no solo debería incluir la igualdad de género en las estrategias de comercio internacional, sino también introducir sistemas transparentes para su seguimiento y control. Mediante el buen ejemplo, que espero se convierta en la norma con el tiempo, la Unión Europea puede demostrar a los terceros países que las mujeres no deben ser tratadas como ciudadanos de segunda clase y deben tener la oportunidad de gozar de pleno acceso al mercado, al crédito y a los bienes de capital.
Además, es importante que las instituciones, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, incluyan la igualdad de género y los aspectos de esta en los objetivos definidos en el marco de todos los programas comunitarios de financiación. Los Estados miembros deben hacer un esfuerzo para adoptar medidas políticas nacionales que fomenten la igualdad de género y aumenten el empleo entre las mujeres.
La decisión del Gobierno noruego de adoptar una ley que exige una representación femenina del 40 % en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en bolsa constituye un ejemplo espléndido que deben emular los Estados miembros. Asimismo, esta cuestión debería regularse a nivel comunitario. Las mujeres deben tener el mismo derecho a participar en la vida económica, sobre todo en las economías más pobres. Entre las medidas que podrían contribuir a ello se encuentran el acceso universal a los denominados «microcréditos», que ayudaría a luchar contra la pobreza entre las mujeres, a promover la autosuficiencia y a elevar su condición social.
Como conclusión, me gustaría recalcar la importancia de que las mujeres cuenten con una representación apropiada en los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales. De este modo, las cuestiones y problemas de género que afectan primordialmente a las mujeres se tomarían en consideración en el marco de las negociaciones comerciales a nivel mundial.
Asimismo quiero felicitar sinceramente a la señora Breyer por este documento tan bien elaborado. 
Maria Carlshamre,
   – Señora Presidenta, una de las verdades fundamentales de nuestra sociedad es la desigualdad de género. Esta estructura de poder entre los géneros está presente en todos los aspectos de nuestra sociedad y obstaculiza el crecimiento y todo tipo de sostenibilidad.
Casi tres cuartas partes de las personas que viven en la pobreza en el mundo son mujeres, de modo que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es tan solo una cuestión de derechos humanos o una especie de lujo. Cuando todos los demás problemas están resueltos, es crucial para nuestro futuro común.
Este informe de mi colega, la señora Breyer, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades es un punto de partida muy positivo para la urgente labor que tenemos ante nosotros en el ámbito de las relaciones comerciales en el mundo. Como se señala en el informe, las mujeres suelen tener más problemas para acceder a la educación, la propiedad, el crédito, otros recursos y factores productivos, así como a los órganos de decisión política, y estas desigualdades limitan la capacidad de las mujeres para aprovechar las ventajas que brinda la liberalización del comercio. Por ejemplo, a un gran número de mujeres en todo el mundo se les niega la oportunidad de mejorar su situación económica y social y, al mismo tiempo, muchas de ellas tienen la responsabilidad adicional de cuidar a sus hijos y su hogar.
La mayoría de los agricultores del mundo son mujeres. Un cambio estructural de la Política Agrícola Común de la UE sería un refuerzo importante para estas mujeres del tercer mundo. Sin embargo, la desigualdad de género no existe únicamente en los países pobres, pues la representación femenina en la política y las empresas también es muy baja en los Estados miembros de la Unión.
A fin de elevar el debate sobre las cuotas a un nuevo nivel tenemos que considerar la posibilidad de que este instrumento pueda emplearse de forma variada y eficaz. En mi opinión, las cuotas únicamente deberían utilizarse cuando se hayan probado todos los demás medios sin éxito.
Al igual que la ponente, acojo con agrado la decisión del Gobierno noruego de imponer por ley una cuota del 40 % para la representación femenina en los consejos de sociedades anónimas. Pero, sobre todo, este informe aborda una serie de cuestiones relacionadas con la desigualdad sistemática y totalmente injusta entre los géneros que afectan a las relaciones comerciales internacionales. Presenta una serie de propuestas muy precisas, que en mi opinión podrían marcar una diferencia en un mundo tan caracterizado por las palabras y las promesas incumplidas. Recomiendo su atenta lectura en la Comisión y el Consejo.
Por último, permítanme tan solo añadir: 
Eva-Britt Svensson,
   Quisiera dar sinceramente las gracias a la señora Breyer por su excelente informe y por haber planteado la gran importancia que reviste el comercio y la forma en que los acuerdos de la OMC y el AGCS, así como las decisiones del FMI, afectan la vida de las personas y su capacidad de sustento. De la misma manera que estos acuerdos resultan a menudo ventajosos para los países industrializados y perjudiciales para los países en vías de desarrollo, los acuerdos comerciales sitúan a las mujeres y a los hombres en desventaja y en ventaja, respectivamente, de distintos modos. Por tradición, el comercio mundial es un ámbito masculino. El Consejo del FMI está formado exclusivamente por hombres, y un 91,7 % del Consejo del Banco Mundial es masculino. El comercio y el género están relacionados de muchas maneras que debemos estudiar para comprender la forma en que las personas de distintos países, géneros y clases sociales se ven afectadas por los acuerdos comerciales. El género es importante porque las relaciones de género influyen sobre la distribución de los recursos, del trabajo, de la renta y del poder, y sobre el acceso a ellos. El género influye en nuestro comportamiento como agentes económicos. Los hombres y las mujeres reaccionan de forma diferente a los cambios económicos. Las entidades financieras no solo están dominadas por hombres, sino lo que es más importante, perpetúan y mantienen las estructuras de género en la economía. El trabajo de los hombres y el de las mujeres se valora de modo diferente. El trabajo de las mujeres en el ámbito reproductivo no se remunera y se ha hecho invisible. Estos factores implican que hombres y mujeres se ven afectados de manera distinta, y por ello es de suma importancia llevar a cabo un análisis de género para poder diseñar una política comercial que fomente la igualdad y rompa con las estructuras patriarcales. El papel de la mujer en la economía debe poderse ver. Las negociaciones sobre la política comercial deben tomar en cuenta en la práctica todos los convenios, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Urszula Krupa,
   . – Señora Presidenta, al igual que otros documentos de la Unión Europea, el informe sobre las perspectivas de la mujer en el comercio internacional confirma que la liberalización, la globalización y el libre mercado son un paraíso al que solo pueden entrar las personas muy ricas, bien educadas y poderosas totalmente despojadas de escrúpulos. Esto es lo que expone una de las conclusiones del informe, que señala que únicamente las mujeres con altas cualificaciones se benefician de la liberalización del comercio y que el resto de la población masculina y femenina, que generalmente no es acomodada, suele ser explotada y víctima de la propaganda. Este hecho resulta aún más alarmante porque tiene lugar tras la fachada de ideales elevados, como los derechos humanos, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades para todos, la igualdad de trato en el trabajo y muchas otras consignas populares que, en su conjunto, se hallan a miles de años luz de la realidad. 
Irena Belohorská (NI ). –
   Actualmente, el comercio mundial influye en la condición social de la mujer de la misma manera que lo hace en todos los que participan en alguna forma de actividad económica. La liberalización del comercio ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las ventajas que la liberalización y la globalización han traído para las mujeres se encuentran, en particular, nuevos puestos de trabajo, a menudo bien remunerados.
Las mujeres que trabajan generalmente se hacen más independientes y tienen más confianza en sí mismas, su condición social mejora y conocen mejor sus derechos. Sin embargo, su remuneración es en la mayoría de los casos entre un 20 % y un 50 % más baja que la de los hombres por el mismo trabajo.
En la mayoría de los casos, la liberalización del comercio solo beneficia a las grandes empresas. Debido a que las empresarias generalmente gestionan pequeñas y medianas empresas, solo se benefician de la apertura de mercados hasta cierto punto.
¿Qué ha hecho la Organización Mundial del Comercio para hacer avanzar la política de igualdad entre los géneros e integrarla en el programa de la OMC? La respuesta es: muy poco. Según la OMC, el comercio es un ámbito neutral, pues supone que la liberalización del comercio y del mercado es neutral en materia de género, lo que significa que la política de igualdad entre los géneros no se aplica directamente en dicho ámbito. En este contexto creo que la OMC debería prestar más atención a la igualdad de género en el futuro.
Resulta interesante observar que casi todos los Estados miembros de la OMC han firmado la Plataforma de acción de Pekín. Sin embargo, su aplicación es algo más que una formalidad. Es necesario tener en cuenta la contribución que hacen las mujeres al comercio internacional. Las mujeres en general y las mujeres bien educadas y multilingües, en particular, cuentan con excelentes capacidades de comunicación y negociación, y cuando ocupan puestos de dirección emplean métodos distintos a los de sus homólogos masculinos.
A pesar de que la participación de las mujeres en el comercio privado es destacada, es necesario aumentar el número de mujeres que trabajan en las organizaciones internacionales, como la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones que se ocupan del comercio y la actividad económica. De este modo, las mujeres no solo formarán parte del proceso de producción, sino también del proceso decisorio, y no tan solo a niveles inferiores, sino también en puestos ejecutivos y de dirección. 
Edite Estrela (PSE )
   – Señora Presidenta, señor Comisario, cada día miles de personas, sobre todo mujeres y niños, mueren por culpa de la pobreza. Las cifras son alarmantes: 2 500 millones de personas viven con menos de dos dólares al día y, como he dicho, la mayoría son mujeres.
La pobreza está en la raíz del tráfico de mujeres y niños, de la esclavitud sexual y de la violencia de género. Provoca el abandono escolar, el trabajo infantil, el aumento del número de niños que corren peligro, la inmigración ilegal, el fundamentalismo y el terrorismo.
Sin independencia económica no existe libertad ni igualdad. Las mujeres y, en particular, las jóvenes son reclutadas fácilmente por las bandas criminales internacionales que les prometen trabajos bien pagados en países prósperos, tan solo para sumirlas en la prostitución forzosa. Por lo general, las mujeres no se benefician con la globalización, que suele favorecer a los trabajadores bien cualificados. Más bien suelen sufrir las consecuencias negativas de la liberalización del comercio.
Este es un informe sumamente oportuno, por el cual felicito a la señora Breyer. Recoge propuestas importantes, entre las cuales deseo destacar el uso de los microcréditos para reducir la pobreza. Los instrumentos de microfinanciación han demostrado su eficacia en la lucha contra la pobreza, y son las mujeres las que más y mejor se han beneficiado de ellos, logrando mejorar la situación económica de sus familias. Las mujeres desempleadas y las de renta baja –es decir, las mujeres sin acceso a las entidades financieras habituales, como es el caso de la mayoría de las mujeres en los países en vías de desarrollo– han sido las más beneficiadas.
Algunos estudios han puesto de manifiesto que las mujeres pueden participar en las decisiones económicas. Otros estudios muestran que las empresas que cuentan con mujeres en sus órganos de administración han obtenido mejores resultados. Sigamos, así pues, el ejemplo de Noruega que algunos han mencionado. 
Helmuth Markov (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, hace no mucho tiempo, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presentó una serie de muy buenas enmiendas a un informe sobre el comercio y la pobreza presentado en una comparecencia en esta Cámara, todas las cuales se adoptaron. Es teniendo esto en mente como deseo dar las gracias a la señora Breyer por este informe de iniciativa propia, que constituye la respuesta lógica a la imperativa necesidad de abordar una vez más el papel que desempeñan las mujeres en el comercio.
Nada se hará para resolver el problema de la desigualdad de trato de las mujeres mientras no se proceda a redefinir radicalmente las políticas económicas y comerciales. ¿Nos acordamos de los acuerdos comerciales? Tuvimos el informe Agnoletto, que señalaba que en todos los tratados internacionales deberían incluirse cláusulas sobre derechos humanos. Puesto que existen derechos humanos individuales y sociales, está justificado –por lo menos– que todos los acuerdos comerciales incluyan cláusulas sobre los derechos sociales de los seres humanos, a saber, el derecho a la educación, el derecho a la formación profesional y el derecho a la atención sanitaria gratuita.
Si deseamos –como afirmamos– estos derechos, no podemos aplicar una Directiva europea sobre servicios que los convierte en mercancías de mercado que, por ende, dependen de la capacidad de pago de cada persona. Es obvio que este será el planteamiento que se adoptará en el AGCS, de forma que se negará a las mujeres de determinados países las oportunidades que actualmente tienen, ya que esos países no tendrán los recursos financieros.
En cuanto al tema de las cuotas, estas siempre han servido de apoyo, pero también podemos tender puentes. Lo digo por experiencia propia como miembro del partido de izquierdas PDS de la República Federal de Alemania, que aplica una cuota del 50 % a todos sus parlamentarios, y esta medida debería introducirse en todos los ámbitos, ya que de ser así nosotros y nuestra sociedad habríamos logrado un importante avance. 
Teresa Riera Madurell (PSE ). –
   Señora Presidenta, el papel y las perspectivas de las mujeres en el ámbito del comercio internacional es algo que no ha sido todavía suficientemente analizado ni impulsado por los Gobiernos ni por los responsables de la política comercial. 
Poco se sabe del impacto del comercio sobre las mujeres y se desconoce también el efecto sobre el comercio de las desigualdades de género. Son pocos los ejemplos que se conocen de políticas concretas en el sector para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Este desconocimiento se debe a la falta de suficientes datos diferenciados por género en las estadísticas sobre el comercio y también a la falta de una perspectiva de género en los análisis y en los modelos económicos. 
Desde el ámbito del comercio se debe y se puede contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, aplaudimos, por ejemplo, la decisión del Gobierno noruego de imponer por ley una cuota de participación femenina de un 40 % en las juntas directivas de las sociedades anónimas. También en mi país, España, se está tramitando una ley, llamada ley de igualdad, que incluye la obligatoriedad de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, entendiendo por presencia equilibrada el que las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 %.
Por ello, aplaudimos la enmienda de la señora Breyer que insta a la Comisión a que elabore también una propuesta legislativa en este sentido. Aprovecho, señora Breyer, para darle mi más sincera enhorabuena por su trabajo.
Katalin Lévai (PSE ).
   – Señora Presidenta, a pesar de que a menudo hablamos de la igualdad de género, apenas se presta atención al papel de la mujer en el comercio internacional y por ello deseo felicitar a la ponente por plantear este tema tan importante y tan poco debatido.
A menudo, el proceso de la globalización tiene un efecto negativo sobre las mujeres, como ya se ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Las mujeres no tienen el mismo acceso a la educación y al empleo, ni participan como es debido en el comercio. Se les excluye a menudo de los procesos decisorios y de los servicios. Como bien sabemos, únicamente las mujeres con una elevada educación se benefician de la liberalización del comercio, y es frecuente que las mujeres sufran en todo el mundo los efectos secundarios de la globalización y la liberalización. Por es motivo estamos de acuerdo en que la igualdad de trato debe hacerse realidad y que para alcanzarla es necesario un seguimiento transparente de las políticas de empleo, así como la recopilación de datos desglosados por género.
El comercio es uno de los seis ámbitos prioritarios de la política de desarrollo. La igualdad de género es clave para el desarrollo en general. La estrategia de integración de las cuestiones de género es un proceso progresivo a largo plazo basado en la integración de las cuestiones de género en ámbitos tanto políticos como prácticos. Para que el desarrollo sea eficaz, es necesario integrar de forma sistemática el análisis de género en el diseño, aplicación y evaluación de todas las estrategias de desarrollo. Para que el desarrollo sea eficaz es necesario plantear actividades concretas que presten la debida atención a las cuestiones de género en todos los instrumentos financieros comunitarios, que deberían asumir una responsabilidad cada vez mayor respecto de estas importantes cuestiones.
Una mayor representación femenina y una mayor participación en la vida económica y política hacen una importante contribución a la reducción de la pobreza y al desarrollo, y brinda más esperanzas en un futuro mejor a la próxima generación. 
Marianne Mikko (PSE ). –
   Señorías, la liberalización económica ha facilitado el rápido crecimiento de Estonia. La liberalización es actualmente el motor de las economías de Europa y del mundo, pero este éxito tiene su precio, a saber, una mayor presión emocional y económica sobre las familias, la inseguridad en las relaciones laborales y la estratificación social. La globalización afecta más a las mujeres que a los hombres, como ya se ha dicho aquí.
Las mujeres cargan con una parte desproporcionada del trabajo no remunerado. Sin embargo, su papel en la toma de decisiones políticas y económicas es muy reducido, lo cual no se justifica. Este debate, que hasta ahora ha tenido lugar sobre todo en el plano de las emociones y creencias, requiere más hechos reales. La recopilación de una clasificación científica de la igualdad de género en el mercado laboral sería una medida eficaz para reducir las desigualdades, pero tenemos que descubrir los hechos por nosotros mismos.
Desde hace algún tiempo he pedido a la sociedad estonia que se fije el objetivo de una participación femenina del 40 % en los consejos de las empresas. Lo que es posible en Noruega podría hacerse realidad en todo el mundo. El informe adopta la misma posición. El mensaje de Europa debe ser sencillo y unánime: la desigualdad entre los géneros pertenece al pasado. Ese es sin duda el mensaje del informe, que es un excelente documento de partida. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero dar las gracias a sus Señorías por sus comentarios sobre este ámbito tan importante que afecta a numerosas e importantes facetas del comercio y otras cuestiones.
Me gustaría referirme a algunos de los comentarios expresados durante el debate de esta noche. Por lo que se refiere a las empresas europeas que se benefician de los programas de acceso a los mercados de la UE, dentro del marco de la política de cooperación de la UE que no debería contribuir a la explotación de las trabajadoras, tengo que destacar que los acuerdos de cooperación celebrados recientemente contemplan la obligación de cumplir los principales convenios de la OIT sobre normas laborales fundamentales. La UE ha incluido las obligaciones derivadas de las normas laborales fundamentales de la OIT en todos los acuerdos comerciales bilaterales que ha suscrito recientemente, así como en el SPG y el SPG-plus, que conceden preferencias comerciales a los países en desarrollo que ratifiquen los convenios de la OIT.
En relación con las consecuencias de la liberalización del comercio, me gustaría subrayar que esta ha brindado nuevas oportunidades a muchas mujeres en los países en desarrollo al ofrecerles nuevos empleos y, en muchos casos, al reducir las diferencias de género en materia de salarios, lo que ha dado una mayor fuerza y mejorado la posición de la mujer en la sociedad. Los hechos muestran que más de un millón de mujeres de la India han mejorado su posición social gracias a la apertura comercial. La mayoría de ellas son de origen humilde.
Permítanme abordar ahora la inclusión de la igualdad de género en las políticas comerciales internacionales. La Unión Europea siempre ha apoyado firmemente las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y, de forma más general, la integración del trabajo digno y los asuntos sociales en las actividades de inversión de la OCDE. Seguimos siendo favorables a que se conceda a la OIT la condición de observadora en la OMC, si bien reconocemos que otros miembros de resisten a ello.
En cuanto a las evaluaciones de impacto, el aspecto del género se ha incluido en las evaluaciones de impacto de la sostenibilidad del comercio realizadas recientemente. A medida que mejore la calidad de la información en este terreno, se reforzarán las EIS comerciales en el futuro y sin duda se avanzará en este aspecto. Por ello la Comisión estudiará la posibilidad de establecer indicadores de trabajo digno que incluyan información sobre el trabajo de mujeres y hombres.
La Comisión responderá por escrito acerca de la posibilidad de incluir las cuestiones de género en el presupuesto como herramienta ordinaria de la política presupuestaria. Respecto a la cuestión general de la inclusión de las cuestiones de género en el presupuesto, se trata de un tema que abarca muchas áreas operativas distintas. Sin embargo, quedamos a la espera de que el Parlamento Europeo nos informe de los avances logrados en esta cuestión y seguiremos con gran interés los trabajos de la comisión parlamentaria.
Por lo que se refiere a la cuota del 40 % de mujeres en los consejos de administración de las sociedades anónimas, como la existente en Noruega, tengo que señalar que esta materia corresponde en primer lugar a cada uno de los Estados miembros.
Por último, en relación con la formación de una ventanilla formal de comercio y género dentro de la DG de Comercio, debo destacar una vez más que la DG de Relaciones Exteriores se ocupa, dentro de la Comisión, del seguimiento de los derechos humanos en terceros países. La DG de Comercio mantiene contactos regulares con Relaciones Exteriores en relación con los aspectos relacionados con los derechos humanos en los acuerdos comerciales, como el SPG, y mantiene contactos con la Organización Internacional del Trabajo y la DG de Empleo sobre los derechos laborales relacionados con los acuerdos comerciales. De hecho, la UE retiró a Myanmar de la lista de países beneficiarios del SPG por sus graves y sistemáticas violaciones de los derechos laborales fundamentales de la OIT, demostrando así el buen funcionamiento del sistema vigente. 
La Presidenta.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0266/2006) del señor Guerreiro, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la mejora de la situación económica del sector pesquero (2006/2110(INI)). 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   . – Señora Presidenta, antes que nada me gustaría dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Pesca que hicieron posible este informe sobre la mejora de la situación económica en el sector de la pesca. El informe se aprobó por unanimidad. También quiero dar las gracias a las organizaciones de este sector, que gracias a su defensa incondicional de la pesca y de los trabajadores del sector han hecho que el informe recoja una serie de propuestas que, en nuestra opinión, abordan la grave crisis social y económica a la que se enfrenta este sector.
Esperamos que el Parlamento apruebe este resultado en la votación de mañana. Hace unos cuantos días, en una reunión con la delegación de la Comisión de Pesca en el Algarve, los representantes del sector presentaron una descripción de la situación que puede resumirse del siguiente modo: el sector pesquero se enfrenta a una grave crisis económica y social que se ha venido degradando con los años. Esta difícil situación se ha visto agravada por el aumento de los costes de producción, en particular el coste de los carburantes, junto con el estancamiento de los precios de primera venta de producto desembarcado, todo lo cual amenaza la viabilidad de muchas empresas y ha tenido efectos muy graves para las tripulaciones, cuyos sueldos dependen de los ingresos generados por las capturas y, en gran parte, del coste del carburante.
La Política Pesquera Común no ha cumplido sus metas al promover el desguace periódico de un importante número de buques, lo que ha hecho que miles de pescadores abandonen un sector que reviste importancia estratégica para algunos Estados miembros. Lo que se necesita es invertir la Política Pesquera Común llevada a cabo hasta ahora, de modo que reconozca las características particulares del sector pesquero de cada país y el derecho a pescar de forma sostenible, permitiendo la recuperación de las poblaciones de peces. La política debe fijarse como objetivos la alimentación de las personas, el pleno empleo, la mejora de las condiciones sociales de los trabajos y garantizar la sostenibilidad de las empresas.
Este sector avanzará si se adoptan medidas de orden práctico: medidas de emergencia para hacer frente a las pronunciadas subidas del precio del carburante, como la creación de un fondo de garantía, ayudas temporales directas para compensar el coste del gasóleo y la gasolina, y un incremento de las ayudas concedidas en virtud de la norma .
Asimismo deben adoptarse medidas para garantizar la renta de quienes trabajan en el sector, por ejemplo, mediante la fijación de precios de primera venta, lo que implica una revisión de las normas vigentes en la organización común del mercado de productos pesqueros. Deben realizarse estudios para identificar medidas destinadas a aumentar el valor del pescado con el fin de canalizar el valor añadido al sector transformador sin penalizar a los consumidores. La modernización y renovación de las flotas pesqueras nacionales debe recibir apoyo, lo que implicaría poner fin definitivamente a la política de desguace indiscriminado de buques pesqueros. Se necesita igualmente un programa de ayudas selectivas para la pesca costera tradicional a pequeña escala. Estas fueron las medidas que propuso el sector en su reunión con el Parlamento.
Aunque la Comisión señala que la situación de este sector es grave, ha propuesto medidas que no la resuelven. Los problemas a los que se enfrenta actualmente el sector pesquero se deben principalmente a la estructura de costes, ya que estos son altos en relación con los ingresos obtenidos. Estos costes se han agravado súbitamente con la pronunciada subida del coste del carburante, razón por la cual la propuesta de reducir el esfuerzo pesquero y adaptar –es decir, reducir– la flota no resolverán este problema. Lo que se necesita es mejorar la situación económica del sector, lo que significa en primer lugar resolver el problema que provocan el descenso de los ingresos y el aumento de los costes de explotación del sector.
De forma similar y en vista de que las sucesivas limitaciones de la pesca han venido a agravar la situación económica del sector, si bien no son el único factor, resulta difícil comprender por qué se considera o incluso se acepta que estas constituyen medidas para mejorar la situación económica del sector. Como el propio sector ha recalcado, las situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias, lo que implica agotar todas las posibilidades y estirar los límites financieros del presupuesto comunitario de este año, sobre todo porque lo que está en juego es una política común de la Comunidad, la Política Pesquera Común, que para ser coherente debe se responsable de la financiación de sus propios costes en el marco del Fondo Europeo de la Pesca.
Terminaré diciendo una vez más que el sector de la pesca tiene potencial y futuro, y no debe ser abandonado a favor de la acuicultura. Las nuevas prioridades exigen más y nuevos recursos. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente, el señor Guerreiro, por su informe y a la Comisión de Pesca por haber planteado este importante tema con un informe de iniciativa propia. Contribuye de forma significativa al debate sobre la situación económica del sector pesquero de la Unión Europea.
También me complace que la Conferencia de los Presidentes de Comisión haya expresado su agradecimiento por la Comunicación de la Comisión sobre las dificultades económicas del sector. La Conferencia de Presidentes de Comisión ha acogido con satisfacción las posiciones expresadas por la Comisión en su Comunicación, en la que prevé una serie de medidas para ayudar al sector a corto plazo en el contexto actual de la legislación comunitaria sobre ayudas estatales; en particular, nuestra voluntad de examinar los planes nacionales de ayuda a la recuperación y la reestructuración presentados por los Estados miembros en los dos años siguientes a la publicación de la Comunicación. Por eso también mencionaré algunas de las recomendaciones de la Conferencia de los Presidentes de Comisión, que convergen en gran medida con las del informe que estamos debatiendo.
Compartimos las mismas preocupaciones y objetivos con respecto al sector pesquero. Estamos de acuerdo con muchas de las propuestas y evaluaciones incluidas en su informe, aunque tenemos diferentes puntos de vista y perspectivas sobre algunas otras, por ejemplo el apoyo que hay que dar al sector a corto plazo.
Permítanme decir que discrepo de la afirmación de que la Comisión parece estar aprovechándose de la actual crisis económica para reducir el tamaño de la flota pesquera. No nos estamos aprovechando de nada, simplemente llamamos a las cosas por su nombre y hacemos hincapié en la situación en que se encuentra la pesca comunitaria a causa de muchos años de sobrepesca. También me parece injusta la sugerencia de que hemos hecho muy poco y demasiado tarde.
El desequilibrio entre la capacidad de la flota y los recursos disponibles y el aumento del precio del petróleo son causas objetivas de las dificultades actuales a las que se enfrenta el sector pesquero. La Comisión ha hecho todo lo posible por ayudar al sector, teniendo en cuenta los parámetros de la legislación comunitaria y la necesidad de garantizar que la ayuda contribuya a la sostenibilidad pesquera.
La legislación comunitaria no contempla reducciones obligatorias de la capacidad. En efecto, nuestro reto ha sido equilibrar la necesidad de ayudar a los segmentos más afectados por los elevados precios del petróleo y la de abordar los problemas estructurales a largo plazo. Por eso hemos intentado diseñar instrumentos para rescatar y reestructurar las empresas pesqueras en dificultades, ayudarlas a adaptarse y a que sean rentables en el contexto de los elevados precios del petróleo.
No sirve de nada ayudar a las empresas pesqueras en dificultades si ellas no quieren o no pueden llevar a cabo la reestructuración necesaria para volver a ser rentables. Por eso hemos excluido de los planes de rescate cualquier forma de ayuda a la explotación, ya que aparte de actuar en contra de la legislación comunitaria, solo prolongarán el problema y no lo resolverán.
Los Estados miembros pueden tomar medidas a corto plazo si están dispuestos a apoyar la reestructuración financiera y física de las empresas pesqueras en dificultades, en el marco de los planes nacionales de recuperación y reestructuración. El objetivo es permitir que las empresas pesqueras en dificultades obtengan préstamos financieros y ayudarles a sobrevivir, tal como pide tanto su informe como el de la Conferencia de los Presidentes de Comisión sobre el programa de trabajo de la Comisión. 
La Comunidad apoya firmemente estos planes de recuperación y reestructuración, pues los fondos comunitarios estarán disponibles sobre todo a través del Fondo Europeo de Pesca, para cofinanciar la reestructuración de las empresas pesqueras y aliviar sus consecuencias sociales. En efecto, el Fondo Europeo de Pesca puede prestar un apoyo socioeconómico, tal como pide su informe. El nuevo FEP también fijará condiciones más ventajosas para el desguace de los barcos, que era una preocupación expresada tanto en su informe como en el de la Conferencia de los Presidentes de Comisión.
Además del apoyo del FEP, nos hemos esforzado por establecer nuevas normas para la ayuda en colaboración con los demás servicios de la Comisión, a fin de facilitar a los Estados miembros la gestión de los pequeños programas de ayuda estatal. Eso apunta en el mismo sentido que su petición, que también fue formulada por la Conferencia de los Presidentes de Comisión. Entenderán que su propuesta multiplica por diez el umbral anterior, que se estableció hace menos de dos años. 
También hemos tomado nota de la petición de un trato específico para la flota de larga distancia, expresada tanto en su informe como en el de la Conferencia de los Presidentes de Comisión. Estamos dispuestos a examinar si puede justificarse un registro especial para ese segmento de la flota, y en qué condiciones.
Más allá del rescate y la reestructuración de las empresas pesqueras en dificultades, tenemos que crear un entorno a largo plazo que permita su éxito sostenible. Por eso la Comunicación hace hincapié en algunos ámbitos políticos que quiero desarrollar en los próximos años para crear ese entorno más favorable. No voy a repetirlos, pero quiero mencionar algunos en los que estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo sobre la necesidad de implicar más a los pescadores en la gestión de la pesca. Es crucial para el éxito de la Política Pesquera Común reformada y estoy decidido a avanzar en esa dirección. También se prestará la debida atención a la financiación de los consejos consultivos regionales.
En línea con sus recomendaciones, hemos tomado serias medidas para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el plano internacional. Estamos actualizando nuestro plan de acción 2002 y estudiando un nuevo instrumento legislativo. Esa cuestión tiene alta prioridad en nuestro programa de trabajo. Compartimos la opinión de que la pesca costera a pequeña escala tiene especificidades que merecen ser tenidas en cuenta. Lo hemos hecho ampliamente, tanto en los programas de recuperación y reestructuración como en el FEP. Hemos lanzado un estudio para evaluar de forma objetiva si podemos hacer más. También estamos de acuerdo con ustedes en que hay que prestar particular atención a la comercialización, con vistas a aumentar el valor añadido de los productos pesqueros para los pescadores.
Como también ha mencionado la Conferencia de los Presidentes de Comisión, el Séptimo Programa Marco debe impulsar asimismo la investigación para hacer frente a algunos de los retos más importantes del sector.
En conclusión, quiero volver a darles las gracias por sus contribuciones y su interés. Demuestran que todos nos esforzamos por garantizar un futuro sostenible y saludable para el sector pesquero. Espero con interés un fructífero debate con ustedes. 
Zdzisław Kazimierz Chmielewski,
   – Señora Presidenta, nuestro ponente se ha impuesto una tarea muy difícil. Los esfuerzos por regular la situación de determinados grupos profesionales plantean la tentación de destacar la sensibilidad social, la que a menudo se convierte en hipersensibilidad cuando se acumulan las necesidades políticas a corto plazo.
Nuestro ponente forma parte de la izquierda del hemiciclo y ha elegido su propia «tercera vía» al considerar que la situación económica del sector pesquera constituye un problema extraordinario que requiere que la Comisión adopte medidas extraordinarias. Lo esencial de la posición del señor Guerreiro queda ilustrado en enmiendas como la enmienda 23, que describe el impacto social de las soluciones económicas. En estas enmiendas, se insta a la Comisión a la creación de nuevos instrumentos para adoptar programas económicos que garanticen el crecimiento de la financiación en particular.
Las enmiendas relativas a la política marítima a largo plazo reflejan opiniones más moderadas, como las enmiendas 3 y 5. No restan importancia a la necesidad de mantener un entre una renta sostenible y la tributación de la pesca, y una ayuda social de forma y niveles concretos. Este principio debe aplicarse no solo a las actividades a largo plazo que permitan un desarrollo sostenible de la pesca, sino también a las actuaciones a corto plazo, como la sustitución de motores y aparejos de pesca.
El informe del señor Guerreiro es importante para la política pesquera comunitaria y fue objeto de un minucioso examen en la Comisión de Pesca. Su versión final representa el resultado de negociaciones multilaterales y de un decidido esfuerzo para llegar a una versión que satisficiese a los miembros de esta Cámara. Por ello recibió el apoyo unánime de la comisión parlamentaria.
El Parlamento Europeo debería votar a favor de este documento con la convicción de que el proceso de regulación de la pesca europea debe abarcar dos cuestiones fundamentales para la pesca europea, a saber: una estrategia económica de amplia base y cuestiones cotidianas que estén más cerca de los intereses de los miembros de este sector. 
Paulo Casaca,
   – Señora Presidenta, señor Comisario, el sector pesquero utiliza una gran cantidad de energía y, por lo tanto, se ha visto especialmente afectado por el aumento de los precios de los carburantes, problema que ha venido a agravar su ya precaria situación económica. Los problemas a que se enfrenta este sector requieren soluciones encaminadas a mejorar la situación y no a agravarla. Me refiero a las respuestas, como los reglamentos de carácter general, que no pueden ser objeto del debido seguimiento o que no están bien adaptados a las condiciones concretas del sector al que regulan. Lo que se necesita más bien son reglamentos que tengan en cuenta las situaciones particulares en toda su complejidad.
Generalmente se considera que la mejor manera de avanzar consiste en reducir el esfuerzo de pesca, utilizando métodos más selectivos e introduciendo una discriminación positiva a favor de la pesca local a pequeña escala, que es la mejor forma de mantener el pescado fresco. Sin embargo, en el caso que nos ocupa es posible que estos objetivos generales deban alcanzarse por medio de un aumento de la capacidad de los motores y el tamaño de los buques, que permitan una mayor comodidad y seguridad en el trabajo, así como mediante inversiones de diversificación hacia actividades como el turismo.
Un tejido legislativo excesivamente detallado y centralizado, alejado de su aplicación práctica y de sus efectos reales sobre las situaciones que pretende regular, provocará una proliferación de capturas ilegales, no notificadas y no reguladas tanto dentro como fuera de la zona comunitaria. A su vez, esto ampliará la distancia entre el mundo imaginario de la legislación y el mundo real del mercado pesquero europeo.
La Política Pesquera Común debe ser objeto de una completa descentralización, y los pescadores, sus órganos de representación y las comunidades pesqueras a nivel local deben estar una mucho más implicados en esta política y en la mejora de la gestión de la pesca. Según el manual de conservación de la calidad del pescado de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el principio clave de una política pesquera sostenible es evitar la tragedia de la propiedad común; en otras palabras, si algo no tiene un propietario conocido, ya se trate de un búfalo o un pez, todo el mundo se apresurará a explotarlo y finalmente lo destruirá.
Por consiguiente, la única forma de mejorar la situación económica de modo sostenible es ampliando la responsabilidad a los pescadores y haciéndoles participar directamente. 
Arūnas Degutis,
   Estoy de acuerdo con la idea del ponente en de que para mejorar las condiciones económicas del sector pesquero necesitamos presentar propuestas para alcanzar los objetivos, tanto en un futuro inmediato como en el seguimiento de las medidas destinadas a poner en marcha cambios importantes a medio y largo plazo. Puesto que este sector es especialmente sensible a los cambios en las condiciones naturales, debemos desarrollar un sistema de compensación por las pérdidas incurridas por factores que escapan a nuestro control. Es necesario desarrollar un sistema de seguro público a nivel nacional y comunitario que ayude al sector pesquero a sobrevivir a las crisis naturales. En otros sectores ya se han adoptado medidas similares.
Quisiera decir que apoyo plenamente las medidas a corto plazo que propone el ponente. En cuanto a las medidas a largo plazo es de suma importancia llevar a cabo inversiones suficientes en el marco del programa de investigación de la pesca, sobre todo con miras a incrementar la eficiencia energética. El Fondo Europeo de la Pesca debe seguir ayudando a adaptar y modernizar la flota europea. A este respecto me gustaría destacar la necesidad de considerar detenidamente las propuestas que figuran en las anteriores resoluciones del Parlamento Europeo. 
Ian Hudghton,
   – Señora Presidenta, en los últimos años las comunidades escocesas que dependen de la pesca han sufrido un fuerte retroceso de su bienestar económico debido a decisiones políticas tomadas en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) con la cooperación activa con los Gobiernos de Escocia y del Reino Unido.
Un gran número de barcos han sido desguazados y los demás están obligados a permanecer amarrados durante la mitad de cada mes; además de todo eso, los precios del petróleo han aumentado notablemente. El impacto en las comunidades pesqueras, en las familias que dependen de las actividades de captura y transformación, ha sido muy grave y desesperante.
Por desgracia, las comunidades costeras escocesas siguen sufriendo mientras su propio Gobierno se niega repetidamente a hacer uso de las oportunidades disponibles para facilitarles ayuda financiera.
Nuestro ponente opina que una mayor descentralización de la PPC supondría una mejora, y estoy de acuerdo en que sería un paso en la dirección correcta. No obstante, en última instancia, lamento decir que la PPC está destinada al fracaso; y que la abolición de la PPC, junto con un cambio de Gobierno en Escocia, es la única esperanza para el futuro a largo plazo de las comunidades pesqueras escocesas. 
Jacky Henin,
   . – Señora Presidenta, permítame felicitar a mi colega, el señor Guerreiro, por su informe, que es notable y muy completo. 
Seamos claros. La pesca en general, y la pesca artesanal en particular, se hallan en peligro de muerte en Europa. Si no se hace nada, dentro de 15 años no habrá más pescadores artesanales en el territorio de la Unión. Cuando no queden más pescadores artesanales, desaparecerá también toda la actividad turística y económica de las subastas y de los abastecimientos especializados. Sin la presencia de quienes son ante todo unos enamorados del mar, lo más probable es que las aguas territoriales de los Estados miembros se abandonen a los atropellos de los granujas del mar, que no se encomiendan ni a Dios ni al hombre.
¿Cómo se puede no entender el deseo de algunos de que desaparezca la pesca cuando sabemos que la desaparición de determinados puertos de pesca podría abrir perspectivas de desarrollo de la marina de recreo que no dejarían indiferentes a intereses económicos y financieros especialmente influyentes?
Para respaldar mis palabras y probar que el objetivo es sin duda hundir la pesca, les invito a que se remitan a la decisión escandalosa y criminal que ha adoptado la Comisión, que con el pretexto de la distorsión de la competencia y en un momento en que el precio del gasoil no ha dejado de subir, ha puesto fin, en Francia, al fondo de prevención de los riesgos de la pesca, colocando en una situación muy difícil a todo el sector. Este fondo de prevención de los riesgos de la pesca habría debido ampliarse a toda la Unión, como preconiza el informe, y no quedar prohibido por la Comisión.
Me parece igualmente necesario exigir a las centrales de compra de las grandes superficies unos precios que tengan en cuenta los costes reales soportados por los pescadores artesanales.
En conclusión, me parece importante, para invertir la tendencia y salvar la pesca europea, que aprobemos este informe y, sobre todo, que la Comisión ponga en práctica muy pronto las propuestas que contiene. 
Kathy Sinnott,
   . – Señora Presidenta, acojo con satisfacción la propuesta de resolución, que subraya el efecto negativo de los altos precios del petróleo en la industria pesquera, provocando la pérdida de puestos de trabajo y graves problemas para las comunidades pesqueras. Estoy de acuerdo con la propuesta de crear un fondo de garantía que asegure la estabilidad de los precios del petróleo en igualdad de condiciones para la Comunidad.
Estoy de acuerdo en que el documento de la Comisión de la pasada primavera es insuficiente, en particular en relación con la ayuda a corto plazo. El hecho de que la financiación temporal forme parte de un paquete de recuperación y reestructuración reduce drásticamente su utilidad como medida de apoyo; y el hecho de que el umbral de la ayuda solo haya aumentado a 30 000 euros en 3 años también es muy restrictivo e injusto en relación con otros sectores.
El sector pesquero está en crisis y el documento de la Comisión no ha ayudado. Queda por ver si sus medidas a medio y largo plazo mejorarán las cosas. Apoyo las recomendaciones de que una revisión de la organización común de los mercados ayudaría a que los pescadores y sus organizaciones se implicasen más en la comercialización y producción del pescado. También estoy de acuerdo en que las importaciones de pescado de fuera de la UE deberían estar sujetas a las mismas condiciones y que, al menos, deberían ser legales. Estoy de acuerdo en que la financiación del FEP es insuficiente. Supondrá un problema para la reestructuración de las flotas pesqueras al aplicar los programas de desmantelamiento. 
James Hugh Allister (NI ).
   – Señora Presidenta, comparto la decepción expresada en este informe por la respuesta insuficiente de la Comisión a la crisis del sector pesquero, pero reconozco que no me sorprende. Me temo que para la Comisión las presiones socioeconómicas son fenómenos que hay que explotar en lugar de mitigar, porque en el fondo desea, en aplicación de la Política Pesquera Común, reducir drásticamente el esfuerzo pesquero. Señor Comisario, puede negarlo, pero ¿no es cierto que las presiones socioeconómicas le ayudan a alcanzar ese objetivo?
No podemos negar la profundidad de la crisis: en diez años, el empleo ha disminuido un 35 %, los precios han disminuido al igual que las capturas, dependemos de la importación en un 40 % y se ha producido un aumento de los precios del petróleo del 100 % en los últimos dos años. De todo eso no cabe ninguna duda, pero sí dudamos de la valía de la respuesta de Comisión. Para muchas regiones, en particular para el Reino Unido, dicha respuesta será probablemente más teórica que real a causa de la resistencia de los Gobiernos nacionales a la cofinanciación o a cualquier forma de ayuda estatal.
Señor Comisario, llegamos a una cuestión que me gustaría que usted abordara: un fallo evidente de la Política Pesquera Común. ¿Cómo puede dar fruto una Política Pesquera Común si algunos Gobiernos hacen uso de las opciones y otros no? Sí, todos compartimos los inconvenientes de las normas de obligado cumplimiento de la PPC, las cuotas y las restricciones, pero no todos compartimos las ventajas de la ayuda permitida. El resultado es una política pesquera dispar, no común; y hasta que la Comisión y esta Cámara no encuentren una manera de abordar ese asunto, incluso sus modestas propuestas acentuarán las diferencias entre los favorecidos y los desfavorecidos de la Política Pesquera Común. 
Carmen Fraga Estévez (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, muchas gracias al señor Comisario por su comparecencia. Quisiera empezar felicitando, como todos mis colegas, al ponente por este oportuno informe, ya que no se puede negar, como se ha dicho, la grave situación económica que atraviesa el sector pesquero, agravada principalmente en estos dos últimos años, como se ha dicho también, por los precios que están alcanzando los carburantes.
Pero, justo cuando hay que afrontar esta situación, es de lamentar la falta de compromiso y apoyo de la Comunicación de la Comisión, que solo aporta medidas que, en todo caso, únicamente supondrían una solución a largo plazo y, aun así, mediante las soluciones más dolorosas de afrontar por el sector, como es la reestructuración de la flota.
No obstante, ante esta situación, son también necesarias soluciones a corto plazo y de ellas la Comisión se desentiende por completo. No solo las ayudas de minimis anunciadas resultan ridículas comparadas con las ofrecidas a otros sectores productivos, sino que la Comisión sigue incumpliendo su promesa de publicar el reglamento que las autoriza y que llevamos esperando ya más de dos años. Algo que no se entiende cuando, además, este tipo de ayudas son exclusivamente nacionales y, por tanto, no ocasionan ninguna carga suplementaria al presupuesto de la Unión.
Como ha dicho el señor Guerreiro, nosotros acabamos de venir de una visita al Algarve, unos meses antes hemos estado en Grecia y todos conocemos la situación de la pesca en nuestros propios países y, por eso, creo que este documento es el mínimo respaldo que los responsables políticos debemos al sector pesquero en el momento actual. Por tanto, me uno a la aprobación del mismo mañana en el Pleno.
Stavros Arnaoutakis (PSE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero felicitar al ponente por la excepcional labor que ha realizado en su informe.
Como saben sus Señorías, el sector pesquero hace una importante contribución a la prosperidad y al tejido económico y social de las zonas costeras e insulares, así como al mantenimiento de su cohesión. Asimismo contribuye al suministro de productos pesqueros de un alto valor orgánico, al empleo de un gran número de trabajadores en sectores conexos y al mantenimiento de las tradiciones culturales locales.
Me parece una buena idea crear un programa comunitario de ayuda a la pesca costera a pequeña escala que utiliza métodos tradicionales, en particular en mi país, Grecia, en el que es la fuente fundamental de ingresos de miles de familias en zonas insulares y alejadas. La Comunidad debe igualmente conceder ayudas directas por el aumento en el coste de los carburantes.
Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que el etiquetado biológico podría promover considerablemente la diferenciación entre productos y ofrecer un importante incentivo para una pesca sostenible. 
Vincenzo Aita (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, Señorías, los aspectos que figuran en el informe del señor Guerreiro tienen el mérito de dar una respuesta positiva a las demandas que los operadores pesqueros han formulado en los últimos años, y por lo tanto deberían integrarse claramente en la decisión de la Comisión.
El informe defiende firmemente los niveles de empleo en este sector, que comprende 90 000 buques y da empleo a 190 000 trabajadores en Europa. Las anteriores Directivas en materia de pesca han dado lugar a grandes pérdidas de puestos de trabajo, lo que ha tenido por consecuencia que Europa importe actualmente un 40 % de sus necesidades. En los últimos diez años se ha perdido un 35 % de los puestos de trabajo y un 20 % de los buques en un sector que se concentra sobre todo en regiones con una economía débil y especialmente frágil.
Uno de los aspectos más importantes del informe que me gustaría destacar es que pide a la Comisión que garantice y apoye el funcionamiento y la adopción de medidas para poner remedio a la gran inestabilidad de los precios de los carburantes, tanto mediante la creación de un fondo de garantía para el sector con participación comunitaria, como por medio de la aplicación del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca con el fin de reducir al mínimo los costes de explotación.
El periodo de las ayudas de rescate debe extenderse a 12 meses, y el límite debe pasar de 30 000 a 100 000 euros. El Fondo Europeo de la Pesca debe seguir concediendo ayudas para la renovación y modernización de la flota, en particular para permitir la sustitución de motores, a fin de garantizar la seguridad de las tripulaciones y la protección del medio ambiente. Tampoco se debe olvidar el papel que debe desarrollar la investigación en este ámbito. Deben realizarse y desarrollarse investigaciones para aumentar la eficiencia energética, reducir costes y garantizar la protección de las poblaciones de peces y los sistemas de pesca.
Si tenemos estos aspectos en cuenta, podremos ayudar a aquellas partes de las regiones más débiles del sistema económico europeo que tienen estrechos lazos con la pesca a proteger sus puestos de trabajo y a seguir suministrando productos a los consumidores europeos.
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, felicito al ponente por su informe.
El sector de la pesca se encuentra en mal estado y se reduce de forma constante. Se calcula que en los últimos diez años el número de pescadores se ha reducido entre un 4 % y un 5 % anual, que el número de buques ha descendido un 20 % y que las cantidades desembarcadas han disminuido un 28 %; lo único que ha aumentado es el coste de la pesca. Por ejemplo, el coste de los carburantes ha aumentado un 100 %, mientras que los ingresos de los pescadores han bajado un 25 % desde 2004.
Es necesario adoptar medidas de apoyo. Me complace que la Comisión haya sido la primera en observar que es necesario adoptar medidas de apoyo. Lo que no me complace tanto es que las medidas previstas sean insuficientes. Tenemos que aprovechar todas las posibilidades a nuestro alcance para conceder ayudas procedentes del presupuesto comunitario durante el resto del ejercicio 2006. Necesitamos exenciones fiscales, ya que de lo contrario las empresas pesqueras no podrán competir con las empresas de terceros países, ya que sus costes de explotación triplican los de estas últimas. Necesitamos incrementar las compensaciones y aumentar el periodo de ayuda a 12 meses. Tenemos que adoptar medidas –como todos reconocemos– para proteger los mares, pero también necesitamos ayudar a los pescadores comunitarios que, en última instancia, son los únicos que pescan con arreglo a normas para la protección medioambiental.
A largo plazo deben concederse ayudas para sustituir los motores sin reducir su potencia. El mar oculta muchos peligros. No queremos que nuestros pescadores se ahoguen y por ello deben contar con nuevos motores que garanticen su protección.
Es necesario apoyar la pesca costera debido a su importante función social. Necesitamos adoptar medidas para luchar contra la contaminación de los mares y para luchar contra la pesca ilegal, a fin de proteger las poblaciones de peces.
Por último, es necesario salvar el sector pesquero porque los pescadores son una parte importante de la tradición, civilización y cultura europeas. Además, permítanme recordarles, suministran alimentos sanos a los consumidores. 
Rosa Miguélez Ramos (PSE ). –
   Señora Presidenta, la valoración que hacemos de esta Comunicación de la Comisión es, en líneas generales, positiva, ya que consideramos que responde a las demandas del sector, en el sentido de buscar soluciones que permitan la rentabilidad y la sostenibilidad del sector pesquero y que le aseguren un futuro viable. Asimismo, saludamos el trabajo ímprobo realizado por el ponente, señor Guerreiro. 
También le decimos a la Comisión que consideramos necesario profundizar y ampliar alguna de las medidas contenidas en dicha Comunicación, por ejemplo, las relativas a la mejora de la comercialización o las relativas a la investigación para el desarrollo de un uso energético más eficiente. También echamos de menos más ambición a la hora de promover acciones innovadoras que permitan a los pescadores tener una mayor presencia en la cadena comercial y obtener una mejora de sus condiciones de vida y de trabajo y también de su nivel de formación. Me parece bien, en este sentido, la propuesta de la Comisión de realizar una revisión de la actual OCM. Mejorar la comercialización del pescado y de los productos de la pesca permitiría, señor Comisario, incrementar su valor añadido.
Duarte Freitas (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, acojo con agrado la Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la situación económica del sector pesquero, que indica en sí misma que algo hay que hacer para ayudar a este sector, haciendo especial énfasis en las zonas más débiles de la Política Pesquera Común (PPC).
La finalidad de la PPC es garantizar y mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y social de las comunidades pesqueras y la gestión sostenible de los recursos pesqueros. Cabe señalar, en relación con los dos aspectos de esta política común, que los pescadores y sus comunidades a menudo se encuentran en una situación que es tan o más vulnerable que la situación en que se encuentran muchas de las especies amenazadas. No propongo que echemos por la borda la sostenibilidad de los recursos a favor de la viabilidad económica de este sector, porque así provocaríamos el colapso de la sostenibilidad ambiental y del futuro de los pescadores.
La Comunicación de la Comisión presenta un diagnóstico, pero no ofrece las soluciones que necesita el sector y que se mencionan en buena parte en el informe del señor Guerreiro, a quien felicito aprovechando esta ocasión. Las consecuencias del equilibrio entre estos dos aspectos de la PPC es que tenemos que invertir en la promoción de métodos más selectivos, en la pesca a pequeña escala, en la acuicultura, en la investigación científica y en ayudas socioeconómicas. Estas ayudas deben compensar la pérdida permanente de ingresos que deriva de la desaparición de puestos de trabajo, así como la reducción de ingresos resultante de los planes de recuperación y los cambios de largo alcance en la rentabilidad provocados por circunstancias externas. Esto es precisamente lo que sucede actualmente con los problemas que provoca la subida de los precios de los carburantes. La Comisión debe hacer más en este ámbito. De forma similar, los Estados miembros deben aprovechar mejor las oportunidades que tienen a su alcance. Es necesario reflexionar sobre el proceso para la fijación de los precios del pescado. Resulta inadmisible que los pescadores tan solo reciban lo que se establece, cuando el precio al consumo en ocasiones duplica el precio de primera venta del producto desembarcado.
Además es necesario reflexionar sobre las ayudas a las organizaciones de productores, si bien dentro del marco legislativo vigente, con el fin de garantizar una mayor equidad y de proteger a quienes mantienen el sector. 
Luis Manuel Capoulas Santos (PSE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, todos estamos de acuerdo en la importancia económica y social que tiene el sector de la pesca en la UE y en el diagnóstico de la Comisión en el sentido de que su situación es crítica. De modo similar, nadie pone en duda la sensibilidad del señor Borg ante este problema o su deseo de reducir al mínimo las consecuencias dentro de los límites de los recursos actualmente disponibles. Sin embargo, las respuestas que avanza la Comisión se quedan cortas ante las necesidades y el sector las considera decepcionantes. En particular en el caso de la costa pesquera a pequeña escala, que es la parte del sector más vulnerable desde un punto de vista social. Si había alguna duda, esta se habrá disipado completamente tras las misiones que ha llevado a cabo la Comisión de Pesca en Grecia, Italia, Francia y, en los últimos días, Portugal.
La Comunicación de la Comisión y el informe que tenemos ante nosotros –y aprovecho la oportunidad para felicitar al ponente– nos advierten con toda razón de una situación insostenible que no debemos permitir que continúe. La política común no puede imponer restricciones a escala comunitaria y a continuación dejar que los Estados miembros seleccionen los problemas que desean resolver en función de los recursos disponibles.
La Comunidad debe responder expeditivamente al problema del precio de los carburantes, que han mencionado varios oradores antes de mí, del estancamiento de los precios de pescado y de la renovación de la flota sin incrementar su capacidad. Por ello espero que el Parlamento apruebe el informe y que la Comisión se encargue de ponerlo en práctica. 
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, la pesca es una parte importante de la economía de la Unión y, sin embargo, se encuentra en crisis desde hace muchos años. Existe un desequilibrio entre el exceso de capturas y los recursos disponibles. La mayor explotación de los caladeros ha contribuido al problema del exceso de pesca, que actualmente es un fenómeno común que tiene lugar en la mayoría de las aguas. El aumento del precio de los carburantes conlleva un aumento de los costes de explotación. Debemos recordar que muchas regiones económicamente débiles dependen del sector de la pesca. Por una parte tenemos a los ecologistas y las opiniones que expresan numerosos científicos acerca de la desastrosa situación en que se encuentran los recursos de nuestros mares y océanos, y por la otra tenemos que pensar en la pesca, los pescadores y sus familias. Tenemos que encontrar el justo medio para no tener que dejar de tenerlo todo y tener que elegir.
Se requieren medidas tanto a corto como a largo plazo para superar las dificultades que sufre este sector. Entre estas medidas se encuentran las cuotas de pesca, limitaciones en el tiempo de pesca, una amplia gama de subsidios y otras formas de asistencia. Por lo tanto habrá que concebir cambios y ajustes difíciles. La intervención de la Unión Europea es necesaria para recorrer el largo y sinuoso camino que conduce al desarrollo sostenible. Los científicos, los funcionarios públicos y los pescadores deben unirse para superar las dificultades existentes en este sector. Fue inoportuno que el Consejo Europeo del mes de diciembre redujera los recursos para el Fondo Europeo de pesca de 4 900 millones de euros a 3 800 millones de euros para el período 2007-2013. El sector pesquero de la Unión realmente necesita estos recursos financieros.
Debemos considerar la pesca como la versión marítima de la agricultura. No solo suministra a los consumidores alimentos sanos y representa una fuente de ingresos para las personas que viven en las costas, sino que también forma parte de una rica cultura y del patrimonio. Al igual que la agricultura, la pesca depende de la naturaleza. Por ello es preciso comprender el carácter específico de la pesca y considerar el ecosistema en su totalidad. Solo entonces seremos capaces de sacar al sector pesquero de este estado de crisis. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero comenzar dando las gracias a los diputados por los diferentes puntos que han planteado. Intentaré responder a algunos de ellos.
En primer lugar, respecto de la necesidad de un fondo de garantía, el problema básico es que puede equivaler a una ayuda a la explotación, que no está permitida conforme a las normas de competencia. Estamos examinando esta cuestión y acogemos cualquier propuesta de los Estados miembros sobre la forma de usar esos fondos de conformidad con las normas de competencia. La Comisión puede aprobar dichos planes a escala nacional si garantizan la devolución de toda la ayuda pública en condiciones comerciales.
Respecto de la ayuda a largo plazo para facilitar la adaptación del sector a los altos precios del petróleo, la Comisión considera prioritaria la investigación y el desarrollo de técnicas de pesca que ahorren el máximo combustible posible y sean respetuosas con el medio ambiente. El Séptimo Programa Marco de investigación aporta importantes fondos en apoyo a esta labor. La energía renovable, y en particular los biocarburantes, representa una de esas medidas.
La investigación sobre el diseño de artes de pesca nuevas y más selectivas que permitan ahorrar el máximo combustible posible puede financiarse al amparo del programa marco, pudiéndose financiar también la adquisición inicial de tales equipos con cargo al Fondo Europeo de Pesca.
El FEP, que fue aprobado el pasado mes de junio, contempla renovaciones de maquinaria y, a ese respecto, los barcos pequeños reciben un trato más favorable. De hecho, respecto de la pesca costera a pequeña escala, hemos tenido en cuenta sus especificidades en el plan de recuperación y reestructuración y en el FEP. Un ejemplo es la renovación y adquisición de nuevas máquinas o la renovación de las mismas. Estamos estudiando qué mas se puede hacer para ayudar a la pesca costera de pequeña escala.
Respecto del comentario del señor Allister y otros de que la Comisión se está aprovechando del aumento de los precios del petróleo para reducir la flota, permítame repetir los hechos tal como los conozco. Ha habido muchos años de sobrepesca y ello ha provocado una disminución de las capturas. Eso significa que hoy existe una capacidad excedentaria: tenemos barcos con una capacidad que supera de lejos lo que se puede pescar de modo sostenible. Esos son los hechos. La gran mayoría de poblaciones de peces se pescan de forma totalmente insostenible.
Reconocerlo nos ayudará a encontrar soluciones en beneficio de los futuros pescadores. Si seguimos escondiendo la cabeza baja el ala, solo prolongaremos la agonía antes de que la pesca muera a causa de la sobrepesca.
Estamos de acuerdo en que hay que prestar particular atención a la comercialización con vistas a aumentar el valor añadido de los productos pesqueros para los pescadores. Estamos estudiando el tema y la renovación de la organización común del mercado debería responder a la preocupación del sector en ese terreno, en particular ayudando al sector a mejorar los precios de la primera venta. 
El umbral de 30 000 propuesto por la Comisión constituye un compromiso equilibrado y razonable. La Comisión ha propuesto aumentar el umbral anterior de 3 000 a 30 000. La revisión de dicho umbral se ha llevado a cabo en vista de las características específicas de las empresas pesqueras, independientemente de las dificultades actuales del sector.
Se ha comentado que la Comisión propone muy poco y lo hace muy tarde. Reconozco que la Comunicación se publicó más tarde de lo previsto, pero hay que reconocer la complejidad de la situación a la que nos enfrentamos y las limitaciones de la legislación comunitaria, en particular respecto de las normas de competencia. Por eso era importante describir minuciosamente las normas y condiciones necesarias para diseñar los planes de recuperación y reestructuración.
Muchas empresas pesqueras se beneficiarán de las medidas propuestas si los Estados miembros afrontan el reto y preparan el marco necesario con rapidez. Dichas medidas son sustanciales: reestructuración financiera, renovación de las máquinas y las artes de pesca y ayuda al cese temporal. De conformidad con las directrices, la ayuda estatal para la recuperación y la reestructuración de las PYME en el sector pesquero puede abarcar hasta el 75 % del coste total de un plan de recuperación y reestructuración.
Propongo que trabajemos juntos y hagamos todo lo posible por aprovechar al máximo esas posibilidades. 
La Presidenta.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Iles Braghetto (PPE-DE ).
   – Todos somos conscientes de la difícil situación por la que atraviesa el sector pesquero debido al agotamiento, en ocasiones grave, de las poblaciones de peces, los recortes impuestos a las actividades pesqueras y el aumento del coste de algunos factores de producción.
Este sector desempeña un papel importante en el desarrollo de nuestra economía, en la gestión sostenible de los recursos marinos y en la consecución del pleno empleo en las comunidades costeras. A fin de apoyar y promover este sector es indispensable, en nuestra opinión, invertir en la modernización de la flota, en la formación de los trabajadores pesqueros y en la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. No podemos llevar a cabo una reestructuración del sector sin tener en cuenta los daños que podría sufrir el pleno empleo, ya que las medidas que propone la Comisión son razonables, pero insuficientes. En resumen, apoyo plenamente las propuestas concretas y pormenorizadas de este informe. 
Hélène Goudin (IND/DEM ). –
   El informe del señor Guerreiro sobre la mejora de la situación económica del sector pesquero me causa una profunda preocupación. La manera en que la flota pesquera comunitaria realiza sus actividades hará que el mar quede totalmente desprovisto de pescado, y todo ello para proteger a un sector que no es competitivo a escala internacional.
Permítanme que les dé un ejemplo. A principios de septiembre, la Comisión presentó una propuesta sobre la pesca en el mar Báltico. El CIEM, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, reiteró su exigencia de que se impusiese una prohibición total de la pesca de bacalao en el Báltico oriental, pero la Comisión considera que basta con reducirla en un 15 %. Esto pone claramente de manifiesto que la UE no da prioridad al medio ambiente, sino que busca lo mejor para su sector pesquero. Sin embargo, esta última observación requiere una clarificación, ya que el sector pesquero desaparecerá cuando se agoten los peces en el mar.
Al deliberar sobre la política pesquera de la UE es necesaria una visión global de lo que es justo. El ponente señala expresamente que la flota pesquera de la UE está obligada a competir con las flotas de terceros países. Estas últimas tienen costes mucho más bajos y, por consiguiente, sus productos son más baratos. Mediante la introducción de exenciones fiscales, que es algo que no compete a la Comunidad, el señor Guerreiro pretende distorsionar el mercado internacional y privar de este modo a gente pobre de su único medio de subsistencia. Resulta aterrador y, al mismo tiempo, sumamente trágico. Sin embargo, la UE muestra su verdadera cara en este caso, a saber, la de una economía poco competitiva que está dispuesta a todo con tal de proteger su producción, excluyendo al mismo tiempo a los pobres del mundo. 
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0265/2006) del señor Maat, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un plan de gestión para las pesquerías que explotan las poblaciones de solla y lenguado del mar del Norte (COM(2005)0714 – C6-0034/2006 – 2006/0002(CNS)). 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero comenzar dando las gracias al señor Maat y a la Comisión de Pesca por la elaboración de este informe relativo a la propuesta de la Comisión de un plan de gestión a largo plazo para las pesquerías que explotan las poblaciones de solla y lenguado. 
Es un tema importante. Desde que la Comisión debatió por primera vez en 2004 la gestión a largo plazo de esas pesquerías, su situación ha empeorado de forma significativa. En particular, las poblaciones de solla están disminuyendo con rapidez debido a la escasez de peces jóvenes. Los altos precios del petróleo y la disminución de las capturas se han combinado para crear una situación muy difícil en este sector, y eso concuerda con lo que he dicho antes.
La propuesta de la Comisión está encaminada a invertir esa tendencia, ya que conducirá a una pesca más eficaz y ventajosa, y estoy ansioso por ver que se apruebe para que la pesca pueda empezar a recuperarse y a mejorar.
Por tanto, les doy las gracias por este informe y paso a hablar de las enmiendas concretas que proponen. Puedo apoyar las enmiendas 2, 3, 4, 5, 18 y 21. Sin embargo, quiero señalar que la Comisión ya ha comenzado un debate, tal como pedía la enmienda 4, con los consejos consultivos regionales sobre la aplicación del rendimiento máximo sostenible y también ha organizado la evaluación de impacto prevista en la enmienda 5. El texto final debería reflejar el hecho de que ya se han tomado esas medidas que pedía el Parlamento.
Acepto en principio que haya una estrategia en dos fases en los planes a largo plazo, y que cuando las poblaciones se encuentren fuera de los límites biológicos seguros se apliquen medidas diferentes de las que se aplican cuando las poblaciones se encuentran dentro de esos límites. Por tanto, acepto los principios de las enmiendas 1, 7, 9 y 10. Pero es importante mejorar el estado de las poblaciones y las finanzas del sector. Se necesitarán más consultas con el sector y los Estados miembros implicados para ajustar los detalles, así como un examen detenido de los resultados del análisis del impacto.
Apoyo plenamente las disposiciones encaminadas a revisar los objetivos a largo plazo aproximadamente cada cinco años, para tener en cuenta los cambios en el medio ambiente y los ecosistemas. Pero no estoy en condiciones de aceptar las enmiendas del Parlamento encaminadas a estabilizar el sector fijando TAC estables por periodos de tres años. La estabilidad del sector puede mejorar limitando los cambios de los TAC entre un año y otro. El Consejo Consultivo del Mar del Norte ha revisado su opinión sobre este asunto y en su último informe ya no aconseja esa medida. Por tanto, no puedo aceptar la enmienda 8, el segundo apartado de la enmienda 9 ni las enmiendas 10, 11 y 24.
Respecto de la enmienda 12, acepto la ampliación del ámbito de aplicación para incluir una definición más amplia del esfuerzo pesquero para la solla y el lenguado, aunque será necesaria una formulación jurídica más precisa. No obstante, tampoco puedo apoyar una propuesta de que los límites del esfuerzo se adapten solo a períodos de tres años.
Respecto de la enmienda 13, un texto legislativo relativo a un plan a largo plazo tiene que definir con claridad la forma en que se ajustarán los esfuerzos para alcanzar los objetivos del plan. El texto del Parlamento no parece suficientemente claro desde un punto de vista jurídico y técnico. El informe de las comisiones científicas indica que se están capturando y descartando grandes cantidades de bacalao.
Puesto que la pesca de solla y lenguado aumenta la mortalidad del bacalao, es necesario seguir revisando dicha mortalidad y ajustar los esfuerzos relevantes si fuera necesario. No estoy en condiciones de aceptar la enmienda 14 porque crearía una situación no equitativa en comparación con otros sectores pesqueros que también tienen un efecto en el bacalao y que están sujetos a medidas de recuperación del mismo. 
La enmienda 15 pide un cambio del margen de tolerancia del 8 % al 10 %. Sin embargo, el Consejo aprobó el 8 % como valor común con otros planes a largo plazo tras un largo debate. Creo que debemos conservar esa cifra para la solla y el lenguado, así como para los demás planes a largo plazo.
La aplicación práctica de las enmiendas 16 y 17 exigiría a los inspectores de pesca distinguir entre la solla y el lenguado capturado en el Mar del Norte y el capturado en otras zonas, una tarea que no parece posible.
Puedo aceptar el principio y las intenciones subyacentes a las enmiendas 6, 19, 22 y 23, pero creo que deberían aplicarse de forma diferente. La Comisión está preparando una evaluación de las medidas técnicas y la regulación de las artes de pesca debe revisarse lo antes posible en ese contexto.
Si la solla o el lenguado entran en situaciones de muy alto riesgo biológico, el Consejo tendrá que ser más cauteloso al fijar las posibilidades de pesca. Eso es coherente con los principios rectores de la Política Pesquera Común y protegerá a las poblaciones más vulnerables. Por eso no puedo aceptar la enmienda 20.
En conclusión, doy las gracias al Parlamento por su examen meticuloso de este documento. Estoy convencido de que abordar las cuestiones que acabo de mencionar mejorará la calidad y eficacia del Reglamento que finalmente se acuerde para alcanzar el objetivo de mejorar la rentabilidad de la pesca y la situación de las poblaciones de solla y lenguado, así como reducir el descarte. 
Albert Jan Maat (PPE-DE ),
   . Señora Presidenta, estoy en deuda con el Comisario por haber iniciado este debate con un gesto conciliador, pues observo que se ha aproximado a las posiciones del Parlamento en una serie de cuestiones. Si bien comparto su preocupación por la evolución de las poblaciones de lenguado y solla en el mar del Norte, cada vez queda más claro que dicha situación no se debe al esfuerzo pesquero, sino que puede atribuirse a cambios climáticos que no siempre pueden explicarse plenamente. No obstante, quiero dejar absolutamente claro que comparto su inquietud a este respecto. Me satisface, sin embargo, que se aproxime a las posiciones del Parlamento en varios ámbitos.
Una de las críticas más importantes que formulé al método de trabajo de la Comisión fue que la propuesta fue presentada antes de que el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte emitiese su recomendación. Me parece que esa no es la forma de hacer las cosas. Considero que es indispensable, si deseamos mantener una base de apoyo a la pesca, que acordemos a estos Consejos Consultivos Regionales un lugar por propio derecho en el debate y que les permitamos presentar una contribución antes de este. Lo digo enfáticamente porque en dichos Consejos Consultivos Regionales no solo participan las organizaciones pesqueras, sino también el Fondo Mundial para la Naturaleza y otras organizaciones dedicadas a la protección de la naturaleza. Eso es precisamente lo que infunde estabilidad y ofrece una base de apoyo para las políticas en una región determinada.
En relación con la aplicación de los objetivos en materia de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), me alegro de que la Comisión acabe de publicar la comunicación sobre este tema que aún faltaba para el plan de gestión de la solla y el lenguado, aunque, de hecho, ya había presentado los objetivos en esta materia. Mis críticas se refieren sobre todo a que esto fue lo que sucedió en el caso de la solla y el lenguado, pero no en varios otros planes de gestión, por ejemplo, el destinado al Golfo de Vizcaya.
También me parece que lo correcto sería que en esta Cámara celebráramos un debate fundamental sobre la aplicación de los objetivos en materia de RMS antes de la adopción de los mismos para una determinada especie. Me complace que la Comisión haya dado algunos pasos en la buena dirección, pero serán necesarias nuevas consultas en algunos otros ámbitos. Espero igualmente que el Consejo se acerque aún un poco más a las posiciones del Parlamento a fin de que logremos al final un planteamiento equilibrado.
El Comisario ha señalado que la introducción de cuotas trienales representa un problema para él, porque dichas cuotas no permiten ajustes . Lo pongo en duda, porque es posible que los caladeros de solla y lenguado sean los caladeros mejor controlados de Europa, y también por la forma en que las organizaciones pesqueras los utilizan. Me gustaría poner de relieve, entre otras cosas, las organizaciones de productores de una serie de puertos que colaboran estrechamente y en los que existe una excelente colaboración entre los Estados miembros, las autoridades, las inspecciones y las propias organizaciones pesqueras. De hecho, al final resultará atractivo, incluso para la Comisión Europea, adoptar totales admisibles de captura (TAC) trienales con el tiempo.
Quizá prejuzgue el debate sobre la comunicación relativa a los objetivos de la Comisión en materia de RMS, pero lo cierto es que considero indispensable que los Consejos Consultivos Regionales asuman un papel dominante en el proceso decisorio a nivel europeo, que comparezcan cada vez que la Comisión presente una propuesta y que su opinión se tome en consideración en el debate sobre las propuestas.
Después de todo, cada vez habrá más debates a nivel europeo, incluso en el sector pesquero, en los que al parecer un gran número de Estados miembros carecen de interés. De hecho, los Estados miembros ya no son seis o quince, sino 25. ¿Y cuál sería la contribución del Ministro de Pesca de Hungría a un debate, digamos, sobre las gambas en el mar del Norte o del Ministro de Pesca neerlandés acerca de los caladeros situados alrededor de Chipre?
Desde luego existen líneas políticas generales, pero a fin de mantener una base de apoyo para la pesca es necesario que se conceda a estos Consejos Regionales Consultivos una función importante en el futuro, incluso en lo referente a la aplicación de los planes. Por ello, este aspecto recibe tanta atención en mi informe. Pues puede ofrecer una base de apoyo para las decisiones de la política pesquera.
Sin embargo, aún más importante resulta lo siguiente. A menudo estamos en aprietos con las recomendaciones científicas para la introducción de cuotas y, más tarde –reconozcámoslo– vemos que el Consejo realiza sus deliberaciones en secreto. Es por ello por lo que las recomendaciones científicas siempre son conservadoras a fin de tener en cuenta los resultados del Consejo. Debemos poner fin a esta práctica. Debemos velar porque el sector y las instituciones científicas colaboren con mucha más rapidez y desde una fase mucho más temprana a fin de ponderar los planes de forma eficaz.
Una vez más me gustaría expresar mi agradecimiento al Comisario por las concesiones que ha hecho en varios temas. La posición del Parlamento se manifestará en la votación de mañana. Estoy firmemente convencido de que el Comisario trasladará la contribución del Parlamento al centro de los debates del Consejo. 
Neil Parish,
   . –Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Maat por su informe. Creo que cuando examinamos el tema de la pesca, en especial la captura de solla y lenguado –y básicamente se trata de una pesca mixta, porque se capturan otras especies, incluido el bacalao–, tenemos que ser mucho más radicales. El Comisario lo sabe muy bien y ya hemos hablado con él de la cuestión de los descartes en varias ocasiones. Descarguemos todo el pescado que se captura en lugar de tener tantas cuotas, pues el resultado es que se descarta mucho pescado sano. De todos los problemas con la Política Pesquera Común, el descarte de pescado sano es algo que la opinión pública europea considera particularmente ridículo.
También creo que debemos asegurarnos de que se devuelvan las competencias al Consejo Consultivo del Mar del Norte y que la Comisión lo tenga en cuenta. El señor Maat ha dicho que no sirve de nada que la Comisión haga una propuesta antes de tomar nota de lo que diga el Consejo Consultivo del Mar del Norte. Los ciudadanos tienen la impresión de que la Comisión no escucha. También creo que con el viejo problema de las poblaciones en general siempre hay un conflicto entre el dictamen científico y lo que opinan los pescadores. No siempre resulta fácil llegar a una conclusión.
Mi observación final –y subrayo la necesidad de ser más radical– es que el camino a seguir pasa por estudiar las cuotas totales de pescado capturado y ver si podemos cambiarlas por días de mar y esfuerzo pesquero, de forma que podamos descargar todo el pescado capturado. 
Marianne Mikko,
   Señorías, antes que nada permítanme dar las gracias al ponente por el importante trabajo que ha realizado. En mi país, Estonia, la pesca es algo más que un sector económico o un medio de ganarse la vida. La pesca es parte integrante de nuestra cultura. No podía ser de otro modo en un país rodeado de agua por tres de sus costados. Conozco familias que han trabajado en la pesca durante muchas generaciones. Para ellas, la pesca no es un negocio, sino una forma de vida.
La pesca industrial ha puesto la vida de los pescadores costeros al borde del desastre. Según la Fundación Mundial para la Vida Silvestre, la platija y la solla, de las que se hablado aquí hoy, se encuentran entre las especies de peces más amenazadas. La mitad de las platijas capturadas mediante arrastreros de varas no tienen el tamaño reglamentario y deben devolverse al mar. La mayoría de estos peces muere. Tanto desperdicio resulta incomprensible para loas pescadores cuyas familias han trabajado en el sector durante generaciones. Es obvio que es necesario poner fin lo antes posible a los métodos de pesca de despilfarro. Espero que la Comisión Europea pueda llevar a cabo estudios al respecto lo antes posible y presente propuestas para reemplazar rápidamente los métodos de pesca actuales con métodos sostenibles. Soy consciente de que el carácter de la pesca no permite respuestas tan rápidas como las que se pueden adoptar, por ejemplo, en la gestión de tecnologías de la información.
Estoy de acuerdo con la recomendación de establecer cuotas de pesca trienales en lugar de anuales que figura en el informe. De este modo se garantizará la continuidad en los caladeros. Una estrecha cooperación con las organizaciones que conocen bien las condiciones locales será muy importante para garantizar la continuidad y la sostenibilidad. Entre dichas organizaciones, el ponente destaca el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte. Las tentativas de recuperar las poblaciones de peces en el mar Báltico, que dan sustento a los pescadores de cinco Estados miembros, tendría mucho más éxito si contaran con el apoyo de la cooperación regional.
Por lo que respecta al mar Báltico, me gustaría hacer hincapié en esta ocasión que la región del mar Báltico merece una partida por separado en el presupuesto de la Unión Europea, como sucede desde hace mucho tiempo con la región mediterránea. 
Chris Davies,
   . – Señora Presidenta, en vista del estado de nuestros mares, la máxima prioridad del Comisario tiene que ser salvar los peces. Cuando se sobrepasan los límites biológicos seguros, todos esperamos que se tomen medidas, y apoyo las que se están tomando. También apoyo el intento de avanzar hacia una política del máximo rendimiento sostenible. No creo que nadie se oponga a eso. Es lo lógico.
La dificultad reside en cómo apartarnos del actual desastre y avanzar hacia la perfección futura sin perturbar las vidas y el empleo de los pescadores hasta un extremo imposible. Esa es la duda que tengo respecto de esta política. El objetivo del Consejo Consultivo Regional es integrar a los pescadores en el proceso. Así que cuando parece que se ignoran sus consejos, quizá no sean tan buenos consejos. O tal vez sea culpa de la Comisión por no comunicar el mensaje. Tenemos la oportunidad de una mayor prosperidad a largo plazo. Todos sabemos que hay que incluir a los pescadores en el proceso.
Estoy de acuerdo con el Comisario cuando dice que debemos optar por cuotas de un año. El peligro es que si establecemos una cuota en el nivel incorrecto, dentro de tres años quizá no queden peces en el mar. 
Carl Schlyter,
   . Consideramos que la solla y el lenguado son peces de muy alta calidad que se comen con gran placer, pero las generaciones futuras no experimentarán ese placer si no asumimos ahora nuestras responsabilidades. Creo que el informe del señor Maat es sensato en su mayor parte, pero yo criticaría precisamente los mismos aspectos que el Comisario. La enmienda 8 relativa a la introducción de cuotas trienales tendría precisamente las consecuencias que señaló el señor Davies. No podrían adaptarse a tiempo, por lo que no serían adecuadas. Lo mismo puede decirse en el caso del bacalao. Existe una relación en este caso, lo que significa que la enmienda 14 tampoco puede aprobarse. Si se limita el número de días en el mar por la razón indicada, esta restricción tendrá que aplicarse igualmente a estos buques, ya que no puede haber excepciones en este aspecto. En relación con la enmienda 15, que propone un margen de tolerancia del 10 % en lugar del 8 %, me gustaría señalar que con la informática moderna no habría complicaciones para tener un margen del 8 %. Podríamos calcular el 8 % en lugar del 10 %. Una mayor flexibilidad iría en detrimento de las poblaciones. Lo mismo ocurre con la enmienda 20. Conceder más flexibilidad a los Estados miembros para determinar cuándo deben tomar medidas no funcionaría. Lo que harán las tentativas para obtener una mayor flexibilidad es reducir esta, ya que al agotarse las poblaciones de peces no quedará flexibilidad alguna. Entonces ya no habrá cuotas de pesca, ni días en el mar y sí un desempleo del 100 % entre los pescadores profesionales. Y me imagino que nadie quiere eso. 
Derek Roland Clark,
   . – Señora Presidenta, durante siglos los pescadores británicos han estado cuidando sus caladeros, las aguas hasta 200 millas de la costa. Crearon un sector sostenible con esfuerzo, no por casualidad. Después llegó la adhesión a la CE y todo aquello cambió.
El fracaso de la PPC, con sus planes burocráticos, sus ridículas cuotas y sus descartes obligados, ha reducido las poblaciones al nivel más bajo hasta la fecha, ha cerrado puertos pesqueros y ha reducido la flota pesquera de Gran Bretaña a una cuarta parte de su tamaño. Muchas especies se encuentran en peligro, hoy son la solla y el lenguado, mañana será otra cosa. Y pensar que la PPC ni siquiera estaba incluida en el Tratado de Roma: ¡se inventó de la noche a la mañana para que Edward Heath pudiera dar algo a cambio del derecho a firmar!
Ahora, en respuesta a la desesperada escasez de pescado en el Mar del Norte, lo único que escuchamos es que hay pocos peces para demasiados barcos. La mayoría son barcos procedentes de España, cuya flota es tan grande como la del resto de la UE junta. ¡No me extraña que los noruegos hayan dicho que no! Lo vieron venir, y como el sector pesquero es un fuerte estímulo para su economía, tenían razón. Las poblaciones noruegas están perfectamente. ¿Puede la PPC aprender alguna lección?
Este informe no conseguirá nada. Aunque el plan de gestión reconoce al Consejo Consultivo del Mar del Norte, hace caso omiso de sus hallazgos. Es incoherente al distanciarse de decisiones similares en zonas como el Golfo de Vizcaya, y está basado en el rendimiento máximo sostenible incluso antes de que se defina.
El título del informe es adecuado, porque «explotación» es exactamente lo que ha sucedido con la antes abundante pesca en el Mar del Norte. Díganme: ¿quién se beneficia de la destrucción de las aguas más ricas de Europa Occidental? 
Jim Higgins (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, quiero comenzar felicitando al ponente por enfrentarse a la Comisión y llamarle la atención sobre sus flagrantes omisiones y descuidos.
Por una parte tenemos el memorando explicativo de la Comisión, que reconoce abiertamente que el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte es un importante foro de consulta en relación con el plan de gestión para la preservación y regeneración de las poblaciones de solla y lenguado en el Mar del Norte. Por otra parte, en su documento la Comisión no hace más referencia a la opinión del Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte.
Me gustaría que el Comisario me dijera quién es o era el responsable de la elaboración del plan de gestión de la Comisión. ¿Cómo puede la Comisión justificar la omisión del organismo o agencia que reconoce abiertamente como autoridad en materia de pesca en el Mar del Norte y después hacer caso omiso del CCR del Marte del Norte? Como ya se ha afirmado en repetidas ocasiones, foros como el CCR del Mar del Norte se establecieron para debatir y usar la experiencia y opinión de las personas sobre el terreno, las que conocen el sector, y para contrarrestar la percepción de que Bruselas o Estrasburgo hacen políticas que a menudo se conciben como una imposición. ¿Nos sorprende que los ciudadanos den la espalda a Bruselas o Estrasburgo?
El CCR del Mar del Norte sirve de puente entre los intereses pesqueros, biológicos y ambientales, para que se acuerden maneras de conservar las poblaciones de solla y lenguado. Si se aprueban las propuestas, en un plazo de tres a cinco años las poblaciones de solla se incrementarán hasta rebasar el nivel cautelar.
Debo decir que el ponente tiene otras reservas respecto del enfoque de la Comisión, y estoy de acuerdo con él, pero el tiempo de que dispongo no me permite explicarlas, excepto para hacer una breve mención sobre el máximo rendimiento sostenible (MRS). La propuesta de la Comisión de lanzar un debate sobre el MRS antes del acuerdo del Consejo y el Parlamento está fuera de lugar. Es sencillamente inaceptable, señor Comisario. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero dar las gracias a los diputados y diputadas por sus intervenciones.
Permítanme comenzar intentando aclarar las cosas respecto del Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte. Desde junio de 2004, la Comisión ha venido celebrando una serie de reuniones consultivas e intercambios de puntos de vista. No creo que ninguna otra cuestión pesquera haya sido objeto de tanto diálogo con los consejos consultivos regionales. Después de que el CCR del Mar del Norte decidiera reservarse su posición hasta que la Comisión hiciera una propuesta concreta respecto de los objetivos de gestión a largo plazo y los puntos de referencia, la Comisión afirmó que presentaría una propuesta e incluso informó al CCR de su contenido técnico en una reunión celebrada en noviembre de 2005. Desde entonces ha habido un debate sobre la base de la propuesta de la Comisión. Me complace que el CCR del Mar del Norte haya reconocido que muchos elementos de la propuesta de la Comisión son valiosos y adecuados.
Respecto del rendimiento máximo sostenible, hace algunos años se incluyeron una serie de poblaciones en los planes de gestión a largo plazo que incluían objetivos de baja mortalidad pesquera como la caballa, el arenque y, más recientemente, el eglefino. Dichos planes han demostrado ser valiosos y útiles para las industrias implicadas. Creo que podemos obtener ventajas similares en el sector del pescado plano. También debemos celebrar debates sobre el rendimiento máximo sostenible, pero se trata de un asunto mucho más amplio. La preocupación inmediata que la pesca de platija esté dotada de una base económica sólida.
Respecto de la observación sobre los TAC de tres años, quiero volver a subrayar que un TAC de tres años no ayudará a recuperar la población, sencillamente porque no podemos hacer los ajustes necesarios a tiempo. ¿Cómo podemos hacer ajustes a mitad de carrera si hay una razón urgente para reducir los TAC? El CCR del Mar del Norte ha revisado su posición y ya no aconseja dicha medida. Acepto el argumento de que un TAC de tres años dará más seguridad a los pescadores, pero no que un TAC de tres años significará una mayor sostenibilidad.
Respecto de los descartes, estamos activamente estudiando lo que se puede hacer para resolver ese problema. Es una de las máximas prioridades para el resto de mi mandato. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Davies en que los pescadores tienen que integrarse en el proceso. Estamos haciendo todo lo posible por reunirnos y consultar con todos los representantes de la industria pesquera. 
La Presidenta.
   Con esta intervención queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La Presidenta.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0263/2006) de la señora Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n°1185/2003 del Consejo sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques (2006/2054(INI)). 
Rosa Miguélez Ramos (PSE ),
   . – Señora Presidenta, fuera de mi tiempo de uso de la palabra –puesto que no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando, ya que se trataría más bien de una cuestión de orden– quisiera hacerle un ruego a la Presidencia de este Parlamento derivado de un incidente que me acaba de ocurrir.
Hace escasamente un cuarto de hora salí un momento del Hemiciclo al pasillo de aquí atrás y me encontraba tranquilamente observando las aguas del canal, cuando me vi literalmente arrollada por una comitiva que –luego me enteré– rodeaba al Presidente del Líbano. Hasta aquí nada que no hayamos visto infinidad de veces en esta Casa. Lo que me chocó, Presidente Borrell, fue la actitud de las dos personas, con identificación del Parlamento, que abrían la comitiva. 
Primero me hicieron gestos. Luego me dieron voces: «Mettez-vous sur le côté!», me dijeron y no sé si lo sabe, pero el «côté» aquí atrás está formado de unas planchas con agujeros por los cuales los tacones femeninos se cuelan, con lo cual es muy fácil caerse. Yo intentaba evitar irme «sur le côté». Les indiqué –tengo que decirlo así– que era miembro del Parlamento, pero puedo asegurarle que no sirvió de mucho. Prácticamente me arrollaron hasta situarme donde querían: «Sur le côté immédiatement!». 
Señor Presidente, tratándose de personal de la Casa, del horario inclemente de estas sesiones de noche, le rogaría a usted, si es posible, que encontrásemos otros métodos para tratar a los diputados o, a lo mejor, otros caminos para hacer salir a los visitantes.
Dicho esto, señor Presidente, paso al expediente que nos ocupa. Por lo tanto, paso a los peces pertenecientes al taxón de los que son en general muy vulnerables a la explotación, debido a las características de su ciclo vital. 
La práctica denominada , entendida como el corte de las aletas y el desperdicio del cuerpo, está prohibida a los buques comunitarios, tanto en las aguas marítimas sometidas a soberanía de los Estados miembros, como en las aguas internacionales y de terceros países. No obstante, y dado que estas especies forman parte de capturas accesorias, la Unión Europea aprobó el 26 de junio de 2003 un Reglamento sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones.
El Reglamento permite la manipulación de los tiburones en el barco, separando aletas y cuerpos, si con ello se utilizan de manera más eficaz todas las partes, almacenando a bordo las aletas y el resto del animal por separado. Para controlar que no se incurra en la práctica del la cantidad de aletas debe corresponder con la de cuerpos y para ello se establece una ratio o proporción con respecto al peso vivo total, ratio que se estableció en 2003 en el 5 % de aletas respecto del peso vivo. Este 5 % se decidió basándose en la legislación estadounidense diseñada para una realidad diferente y para especies de tiburones costeros y presentaciones distintas. 
Los informes científicos de ICES y la CICAA avalan que dicha ratio no es aplicable a las especies pelágicas que captura la flota comunitaria, cuya fisonomía implica tamaños de aletas muy superiores a las de los tiburones costeros.
Quiero indicar que ese actual 5 % de la regulación en vigor y el 6,5 % que propongo para una sola especie –en este caso la tintorera– están en línea con los últimos informes científicos. En cualquier caso –y lo señalo al Comisario– el principal objetivo de la legislación comunitaria debe ser el refuerzo de la prohibición de la práctica del pero —le indico también—, para que una norma sea eficaz y aceptada por todas las partes, tiene que reflejar las especificidades de las flotas, la morfología de las diferentes especies y unos métodos de cálculo que incluyan la técnica de corte y los métodos de presentación utilizados.
Además, señor Comisario, esta es una pesquería muy determinada y muy identificable y, por lo tanto, el reconocimiento de estas cuestiones permitiría evitar situaciones de infracción a la flota palangrera de la Unión Europea, que se ve en este momento obligada a deshacerse de una parte de las aletas para poder cumplir la norma, ya que más del 80 % de las capturas corresponden a la especie que ya he mencionado o tintorera, cuya ratio es, como hemos dicho, del 6, 5 %.
Le digo a la Comisión que no utilizar factores de conversión realistas supone un riesgo para la propia Unión Europea, porque genera errores en las estimaciones de capturas, estimaciones que se obtienen de forma indirecta a partir del mercado internacional de aletas en países asiáticos, donde figuran como de procedencia europea. Al mismo tiempo — se lo digo también al Comisario—, la actualización de este porcentaje a la vista, vuelvo a repetir, de los datos y de los informes científicos, permitiría a la Comunidad liderar, en lo inmediato, la revisión que, siguiendo la recomendación de su propio Comité Científico, se va a producir en el seno de la CICAA y que probablemente será seguida por otras ORP.
Insisto en que el aumento solicitado no supone, de ninguna manera, un incremento en la captura de tiburones ni un relajamiento de las medidas destinadas a prevenir la práctica del «».

El Presidente.
   Muchas gracias, señora Miguélez. Tomo buena nota de su queja. Lo pondré en conocimiento del jefe del servicio de seguridad del Parlamento a los efectos oportunos.
Joe Borg,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Miguélez Ramos y a la Comisión de Pesca por la opinión sobre el informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques. Me complace que la ponente elogie la claridad y precisión del informe de la Comisión y que comparta la opinión de que este Reglamento está consiguiendo su objetivo. Les aseguro que la Comisión va a supervisar su aplicación para garantizar que se aplique de forma adecuada, incluidas las obligaciones de los Estados miembros respecto del control y la información.
La Comisión también seguirá promoviendo la prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones en foros internacionales. Además, seguirá esforzándose por que se aprueben medidas basadas en información científica y otras consideraciones en el seno de las Organizaciones Regionales de Pesca.
También quiero recordar que la prohibición de las prácticas de cercenamiento de las aletas de los tiburones no es la única manera de garantizar una pesca sostenible de esas especies. Necesitamos un conjunto más amplio de medidas de gestión. Ya hemos tomado algunas medidas a ese respecto. Me refiero, en particular, a los esfuerzos por mejorar el conocimiento científico y la recopilación de datos, al establecimiento de límites de captura o del esfuerzo pesquero para algunas especies, incluidas las de altura, a la prohibición de las redes de enmalle que capturan algunos tiburones pelágicos grandes y al control y limitación de la capacidad pesquera.
Tal como señala con razón la propuesta de resolución del Parlamento, la Comisión ha identificado numerosas medidas para detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y más adelante, incluidos planes comunitarios para los tiburones y las aves marinas. 
Mi departamento está estudiando la petición de que se presente un plan de acción comunitario para mediados de 2007. Aunque es demasiado pronto para tener una visión clara del programa de trabajo detallado para 2007, está claro que un plan de acción formal, completo y detallado exige una evaluación exhaustiva de la situación y de las medidas posibles, junto con una consulta temprana con todas las partes interesadas, lo cual lleva tiempo y recursos. El calendario propuesto parece demasiado ambicioso, y si el plazo de tiempo para la preparación y la consulta es demasiado corto podría resultar contraproducente. Prefiero ser menos prescriptivo en relación con los plazos. No obstante, puedo asegurarles que mi departamento se compromete a completar el plan de acción lo antes posible.
Volviendo a las preocupaciones centrales del informe, he tomado buena nota de las peticiones hechas a la Comisión para que presente enmiendas al Reglamento sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques, en especial con vistas a revisar la proporción del 5% del peso de las aletas con respecto al peso corporal sobre la base de un enfoque específico de cada especie, y para que revise las posibilidades de desembarcar aletas y carcasas por separado, así como volver a informar sobre la aplicación de este Reglamento en un plazo de dos años. 
Cuando el Consejo decidió este Reglamento, no creyó oportuno aprobar un enfoque para determinadas especies respecto del porcentaje aletas/peso vivo. Creo que las razones mencionadas en el debate de entonces aún son válidas. Una única proporción del 5 % entre el peso en vivo de la aleta y del cuerpo, aplicable a todas las capturas de tiburones de un buque, constituye un método realista, factible, controlable, sencillo y proporcionado de impedir la proliferación de las prácticas de cercenamiento de las aletas de los tiburones. El informe de la Comisión también lo confirma.
Por tanto, creo que en este momento no hay que proponer enmiendas al Reglamento. En primer lugar, porque se aprobó recientemente y está funcionando bien en general. En segundo lugar, porque la Comisión cree que resultaría difícil comenzar a revisar el porcentaje aletas/peso vivo o introducir un enfoque para determinadas especies sin nuevas medidas que garanticen una pesca sostenible del tiburón.
El ejercicio mucho más amplio de preparar un plan de acción comunitario para los tiburones incluirá necesariamente una reevaluación del progreso de este Reglamento y la posible necesidad de revisarlo, en especial sobre la base de los informes anuales nacionales, que están disponibles para todos los interesados. En ese momento podremos volver a examinar la situación del porcentaje aletas/peso vivo y hacer las recomendaciones oportunas.
La plena implicación del Parlamento en una propuesta para un plan de acción también le dará la oportunidad de mantenerse informado y desempeñar un papel importante en la evolución de las cuestiones de cercenamiento de las aletas de los tiburones. La Comisión seguirá controlando la situación. Pueden estar seguros de que siempre estoy dispuesto a actuar y presentar todas las pruebas si nos llega información nueva que indique un cambio significativo de la situación. Estoy comprometido con los avances en el ámbito de la conservación del tiburón y otros aspectos de la biodiversidad marina, y les informaré a su debido tiempo de los progresos realizados.
Duarte Freitas,
   – Señor Presidente, señor Comisario, señorías, quiero expresar mi agradecimiento a la señora Miguélez Ramos. En primer lugar hay que dejar claro y destacar que la práctica del cercenamiento de aletas de tiburón se encuentra regulada en la UE desde 2003, lo que significa que los tiburones no pueden ser capturados únicamente para aprovechar sus aletas.
En otras palabras, este tipo de pesca se concentra en una especie, como cualquier otra, lo que implica que la sostenibilidad resulta tan importante para esta especie como para cualquier otra. Entre los objetivos del informe no está estimular un mayor número de capturas, sino que entra en el ámbito de las cuotas o tal vez de los planes de recuperación basados en los informes científicos habituales.
Lo que debatimos aquí es que la comunicación de la Comisión reconoce el efecto que ha tenido el Reglamento de 2003 y su cumplimiento. Un aspecto más polémico de este debate, no obstante, es el porcentaje que representan las aletas dentro del peso total del tiburón. Sin embargo, según los informes de la CICAA, el uso total de las aletas por parte de la flota comunitaria difiere, por ejemplo, del uso parcial que hace la flota estadounidense. Por ello tenemos que examinar la posibilidad de cambiar este porcentaje, sobre la base de estos informes, que proponen un aumento del 5 % al 6,5 %. Este es el quid de la cuestión.
Ignorar esta cuestión equivaldría a confundir el uso total del pescado con la conservación de un recurso pesquero. No cabe duda de que debemos conservar el recurso, pero debemos hacerlo por otros medios. El meollo de este debate es que para colmar todas las lagunas debemos asegurarnos de que los porcentajes reflejen la realidad y los informes científicos. El compromiso al que han llegado los tres principales Grupos políticos implica que el Parlamento considera que esta es la forma de proceder, de acuerdo con los estudios realizados hasta ahora por los organismos reconocidos a los que pertenece la UE, y de conformidad con la legislación, contribuyendo así a una pesca realmente sostenible y regulada. 
Catherine Stihler,
   . – Señor Presidente, me complace que el Gobierno británico haya sido uno de los máximos defensores del Reglamento del Consejo (CE) nº 1185/2003 relativo a la despreciable práctica del cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques. El Reglamento está concebido para impedir el cercenamiento de las aletas de los tiburones en una operación en que se descartan las carcasas de los tiburones después de haberles quitado las aletas. Podríamos denominarlo «cortar y tirar». Sin las aletas, los tiburones mueren ahogados.
La práctica del cercenamiento de las aletas de los tiburones pone en peligro la supervivencia de varias especies de tiburones. Investigadores estadounidenses que han consultado los registros de las subastas de pescado de Hong Kong calculan que el comercio de aletas de tiburón mata entre 26 y 73 millones de tiburones al año. En ese contexto, estoy horrorizada y decepcionada ante el hecho de que el informe amenace con un aumento del cercenamiento de las aletas de los tiburones.
El considerando 5 pide un aumento del 5 % al 6,5 % del porcentaje aletas/peso vivo, en particular para las tintoreras. El considerando 3 implica incorrectamente que el CIEM y la CICAA apoyan un aumento del porcentaje aletas/peso vivo para la tintorera. En 2005 se envió un documento al CIEM, pero este no lo ha estudiado ni ha emitido su opinión. Lo mismo cabe decir de la CICAA, cuyos científicos han revisado los porcentajes aletas/carcasa pero no han recomendado un aumento del porcentaje.
La enmienda 1 es la primera en la lista de votación, y les recomiendo que la apoyen. Me temo que el Parlamento Europeo no apoye ninguna de esas enmiendas, lo cual supone un retroceso, así que pido a los colegas diputados que digan no al «cortar y tirar». 
Chris Davies,
   . – Señor Presidente, podemos debatir si el porcentaje del 5 % de equivalencia entre el peso de las aletas y el peso del cuerpo es adecuado o si es necesario un porcentaje superior. No me cabe duda de que sería un error aumentar dicha proporción, pero está claro que los sectores pesqueros de España y Portugal argumentarían lo contrario. Espero que el Parlamento pueda apoyar mi propuesta de que se lleve a cabo un estudio basado en datos científicos, antes de tomar decisión alguna. Espero que lo haga, no solo porque significa un término medio entre ambas posiciones, sino porque es la vía de progreso más apropiada.
En lo que a mí respecta, pienso que el propio Reglamento relativo al cercenamiento de las aletas de los tiburones siempre ha sido demasiado endeble. Establecimos en su momento un reglamento muy poco sólido. Su ejecución es, como mínimo, problemática y varía, como ocurre en otros muchos aspectos de la política pesquera, de un Estado miembro a otro. Sin duda debe ser revisado periódicamente. La idea de que solo se revise una vez, como se pretendió en un principio, no tiene ningún sentido. Espero que el Comisario apoye la idea de llevar a cabo revisiones de forma regular, de la misma forma que yo apoyo su propuesta de que las cuotas pesqueras se establezcan por largos períodos de tiempo.
Lo que está verdaderamente en juego aquí es mucho más importante. Nos enfrentamos a la posibilidad de que se extingan muchas especies de tiburones, esas criaturas de respiración lenta que llevan en este planeta muchos más milenios que nuestra especie. Nos arriesgamos a que este Reglamento nos lleve a una situación límite. 
Estamos matando demasiados tiburones. Debemos poner fin a esta situación. Es preciso que la Comisión presente un plan de acción para la conservación del tiburón. El Comisario nos ha explicado por qué tomará tiempo hacerlo, pero creo recordar que hace unos tres años otros diputados al Parlamento y yo ya pedimos lo mismo. Espero que el Comisario pueda terminar este debate informándonos exactamente sobre la labor que se ha realizado durante estos tres años para preparar la publicación del plan de acción para la conservación del tiburón. Mi impresión es que no se ha hecho absolutamente nada. Espero que el Comisario pueda corregir esta impresión. 
David Hammerstein Mintz,
   . – Señor Presidente, espero que la Comisión mantenga su posición de firmeza ante los intentos de reducir las exigencias para el corte de las aletas de los tiburones. Con esta propuesta, los tiburones pueden estar todavía más amenazados de lo que lo están ya.
Según los estudios científicos, no está nada claro en qué medida debería aumentarse el ratio; hay incluso un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que limita el ratio a un 2 %. Hay que buscar toda la información científica, porque, con esta enmienda, se pretende cambiar la norma, para que se pueda aumentar el porcentaje del peso de las aletas con respecto a los cuerpos de los tiburones y, así, se arrojarían cada vez más capturas al mar.
Los tiburones están siendo aniquilados en los océanos, para satisfacer el capricho asiático de cocinar sopa con sus aletas, y eso no está bien. Es difícil vigilar lo que ocurre en alta mar y existen suficientes evidencias de que muchos Estados miembros no están controlando el cumplimiento de la legislación comunitaria.
Estrechar todavía más el cerco sobre un animal, del que dos tercios de sus especies en Europa están ya en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no es una buena idea.
Struan Stevenson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el Reino Unido, Alemania y Bélgica se emplearon a fondo para imponer una prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones en 2003. Recibieron un amplio apoyo del Consejo. España y Portugal parecen ser ahora los únicos Estados miembros que insisten en que se apruebe una enmienda al Reglamento relativa a la proporción del 5 % entre el peso de las aletas y el peso del tiburón capturado vivo. Alegan para ello que la normativa vigente no es realista, en particular en lo que respecta a la tintorera, que es el principal objetivo de su sector pesquero y abunda, según dicen, en aguas de la UE. Pienso que el hecho de que exista un importante mercado internacional de aletas de tiburón, que se destinan principalmente, como se nos acaba de decir, al mercado asiático de la sopa de aletas de tiburón, unido al relativamente escaso valor de la carne de tiburón, han impulsado a España y Portugal a apoyar esta enmienda drástica.
En realidad, la proporción del 5 % entre las aletas y el peso vivo que prevé la legislación europea es el más bajo del mundo, como nos ha dicho el señor Davies. La propuesta contenida en este informe de un porcentaje del 6,5 % implicaría la matanza de un mayor número de tiburones. Transmitiría a la comunidad internacional mensajes equivocados. Cuanto más alto sea el porcentaje, más probable es que se reanude la práctica ilegal del cercenamiento y conservación de las aletas. Esa es la razón por la que he presentado una enmienda que propone una cifra del 2 % del peso vivo. Esto garantizaría la máxima protección de los tiburones en aguas comunitarias y sería acorde con las normas internacionales. 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos ha confirmado que la tintorera es una especie amenazada que entrará en su lista roja de las especies vulnerables cuando esta se actualice dentro de unos meses. En estas circunstancias, sería una locura permitir que sean masacrados más tiburones de esa especie. De hecho, deberíamos tratar de imponer un sistema estricto de TAC y cuotas para la tintorera, de forma que esta especie goce de una protección adicional. 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, deseo en primer lugar dar las gracias a la señora Miguélez Ramos por la labor que ha realizado elaborando este informe de propia iniciativa. El informe correspondiente de la Comisión reitera de forma clara que el cercenamiento de aletas de tiburones con el subsiguiente descarte del resto del tiburón está prohibido en la Comunidad Europea y concluye que no es preciso modificar la proporción entre aletas de tiburón y el peso corporal de los animales. La ponente no está de acuerdo con esa cifra y opina que el porcentaje debe pasar del 5 % previsto al 6,5 %. Esta es la principal discrepancia con el texto de la Comisión y con algunos de nosotros.
La señora Miguélez Ramos argumenta que existen pruebas científicas a favor de su propuesta del 6,5 %; permítanme no obstante, y con todo mi respeto, observar que otras pruebas científicas aportadas por fuentes igualmente fiables apoyan la tesis de que el 5 % es de hecho una cifra más que apropiada. Esos datos científicos incluso muestran que un incremento del porcentaje reforzará la práctica que pretendemos frenar. En mi opinión, esta práctica y la incapacidad de aplicar la legislación comunitaria pertinente, pondrán en peligro, con precisión matemática y en un futuro no tan lejano, la existencia de algunas especies de tiburón. A este respecto, me permito señalarles que un aumento de un 1,5 % puede parecer ínfimo a primera vista, pero en realidad no lo es. De hecho representa un aumento del 30 %. En otras palabras, un 30 % de las capturas de tiburón podrían utilizarse para cercenar y conservar solamente las aletas.
Por mucho que queramos contribuir a que nuestros pescadores aumenten sus beneficios, nos preocupa en primer lugar la extinción de una especie de tiburón y es nuestro deber evitarla. En consecuencia, insto a sus Señorías a que apoyen la enmienda presentada por el señor Davies en nombre del Grupo ALDE con vistas a mantener el porcentaje del 5 %, tal como propuso la Comisión y ha afirmado aquí el Comisario en su discurso de esta noche. 
Carmen Fraga Estévez (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, me sorprenden las declaraciones del Comisario Borg cuando dice que una legislación que sea reciente no se puede modificar. Creo que las legislaciones, si no están bien, hay que actualizarlas. 
Eso es exactamente lo que dice el informe Informe 2005 de la CICAA respecto de los ratios del tiburón. Según dicho informe, el ratio aplicado a la tintorera o está equivocado. Más aún: los científicos de la CICAA abogan por que se corrija. Y esto por dos razones: la primera es que los datos de desembarcos a partir de un coeficiente equivocado pueden engañarles en sus estimaciones; y, la segunda, que el desfase en el ratio impide las labores de control de la flota, ya que, al ser una norma de imposible cumplimiento, el control no tiene sentido.
Esto, señor Comisario, se demuestra en el informe que usted ha enviado a este Parlamento.
Señor Comisario, señor Presidente, quiero pedirles que, de una vez por todas, actualicemos y regularicemos las legislaciones, porque, de lo contrario, se crea una grave desconfianza en el sector al tener normas que, como digo, son de imposible cumplimiento.
También me gustaría que alguna de las personas que han hablado aquí alegando que hay informes científicos, me citara al menos uno, avalado por la comunidad científica internacional, que contradiga lo que ha dicho la CICAA en la última reunión plenaria de la Organización Regional de Pesca que regula, justamente, todas estas especies.
Pido que actuemos con racionalidad, que hagamos bien las cosas, que se revisen los coeficientes y que se elijan aquellos que puedan ser cumplidos por la flota. Porque le diré, además, que el problema de la sobrepesca no se soluciona con los ratios. En todo caso, se solucionaría con cuotas para los tiburones.
Neil Parish (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción la declaración del Comisario al inicio del debate de que desea mantener, como mínimo y por el momento, la proporción del 5 % entre el peso de las aletas y el peso corporal. Estoy de acuerdo con el señor Stevenson en que debemos incluso reducir esa relación al 2 % en lugar de mantenerla en un 5 %, y hemos presentado una enmienda con ese propósito. Llevarla al 6,5 % solo fomentaría una mayor captura de tiburones y de cercenamiento de las aletas en los buques. Cada año se capturan más de 70 millones de tiburones y es preciso que reduzcamos esa cifra. Aumentar la proporción al 6,5 % sería una locura.
En Europa queremos una política pesquera sostenible. También queremos altos niveles de bienestar. Si aumentamos el porcentaje de aletas de tiburón que se permite desembarcar, aumentamos también la posibilidad de que se incremente la captura de tiburones y el cercenamiento de sus aletas. Hemos de dar ejemplo ante todo el mundo. En la mayor parte del mundo, el porcentaje de aletas que se permite desembarcar es inferior. Insto por tanto al Comisario a que dé un paso más y reduzca el porcentaje de aletas que se permite desembarcar.
Por mucho que resulten más valiosas las aletas de tiburón que el resto del cuerpo, es absolutamente cierto que se debería desembarcar y utilizar todo el cuerpo. Es una locura seguir con estas prácticas cuando casi el 50 % de las 130 especies de tiburón están ahora en peligro de extinción. Debemos actuar. 
Joe Borg,
   . Señora Presidenta, quiero dar las gracias a sus Señorías por sus aportaciones. El único problema sustancial que se ha planteado es toda la cuestión relativa al 5 % en lugar del 6,5 %. A ese respecto, debo decir que la relación entre el peso de la aleta y el peso total varía considerablemente de una especie de tiburón a otra. Ya disponíamos de datos científicos cuando se aprobó el Reglamento, en particular sobre la tintorera. Sin embargo, el Consejo no consideró que fuera apropiado partir de un enfoque que tuviera en cuenta las diferentes especies y el porcentaje que establece el Reglamento, del 5 % de equivalencia entre el peso de las aletas y el peso total como máximo, no pretendía en absoluto basarse únicamente en consideraciones científicas. 
La proporción del 5 % entre el peso de las aletas y el peso corporal representa la única restricción impuesta actualmente a la captura de algunas especies de tiburón, en particular la tintorera. Esta cifra no debe revisarse, al menos mientras no se establezcan otras medidas de gestión para reducir su tasa de mortalidad en el proceso de pesca. No tengo inconveniente en que se lleven a cabo más investigaciones, pero se ha de hacer antes de proponer enmiendas. Tampoco tengo inconveniente en que se realicen revisiones periódicas. He aludido a la posibilidad de elaborar un plan de acción comunitario relativo al tiburón; tendremos tiempo entonces para discutir este asunto y otros relacionados con la conservación de los tiburones.
En lo que se refiere a la observación del señor Davies sobre el plan de acción, la UE aún no ha formalizado ninguno con respecto a los tiburones. No obstante, muchas de las medidas que constituirían dicho plan ya forman parte de la legislación comunitaria o de otras iniciativas en el marco de la Política Pesquera Común. La UE ha tomado numerosas medidas de conservación de los tiburones, como por ejemplo la mejora de la recogida de datos sobre las especies de grandes tiburones pelágicos; la limitación de las capturas de algunas especies de tiburones, rayas del Mar del Norte y tiburones de aguas profundas del Noreste Atlántico; la prohibición de la pesca de arrastre en las regiones litorales del Mediterráneo; la prohibición del uso de redes de deriva que pueden capturar grandes tiburones pelágicos; la prohibición del cercenamiento y conservación de las aletas de tiburón y la fijación de condiciones específicas para su autorización –que es lo que estamos discutiendo hoy–, y el control y limitación de la capacidad de pesca.
Es importante señalar que muchas de estas medidas se aplican a buques comunitarios, independientemente de si operan o no en aguas comunitarias. Hay que fomentar medidas de este tipo en el contexto internacional, en particular en otras organizaciones de gestión de pesquerías, donde apoyamos medidas que garanticen una gestión adecuada de la pesca de altura. 
Los departamentos de la Comisión están reflexionando sobre la conveniencia de desarrollar un plan de acción oficial en un futuro muy próximo, y yo me inclino a favor del mismo. No obstante, considerando la envergadura de la labor que ha de realizarse, como la necesaria recogida de información así como la reflexión, consulta y evaluación de posibles medidas, no sería realista establecer la fecha final de elaboración de un plan general de acción de la Comisión relativo a los tiburones dentro del plazo indicado en la enmienda 8. 
El Presidente.
   Muchas gracias, queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las doce.
El Presidente.
   El siguiente punto es el informe de Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (COM(2005)0671 - C6-0033/2006 - 2005/0279(CNS)) (A6-0253/2006).
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad, a pesar de la hora tardía, de comentar nuestras propuestas sobre nuevas disposiciones relativas a la importación de productos ecológicos. Y gracias, señor Graefe zu Baringdorf, por su excelente informe.
Estamos hablando de un sector muy importante, con más de 150 000 explotaciones repartidas en 4,4 millones de hectáreas, un volumen de negocio estimado de 11 000 millones de euros en 2002 y una clara tendencia a crecer. Teniendo en cuenta la gran variedad de productos en el mercado y el número de productos transformados que contienen uno o más ingredientes importados, es evidente que las importaciones son vitales para el desarrollo del sector de la producción agrícola ecológica en la Unión Europea.
Debemos garantizar que los consumidores tengan la seguridad de que los productos que compran por ser ecológicos lo sean realmente, tanto si son importados como si son producidos dentro de la Unión Europea, y de que no haya competencia desleal para los productores ecológicos europeos. Debemos establecer asimismo mecanismos firmes para nuestros socios comerciales de manera que la producción ecológica pueda seguir aumentando.
Desde 1992, los productos importados han entrado en la Unión Europea, bien procedentes de terceros países que ofrecen garantías oficiales equivalentes y reconocidas por la Comunidad Europea –son ahora siete los países incluidos en la lista y otros tantos que han solicitado su inclusión–, o bien mediante autorizaciones de los Estados miembros para la entrada de partidas concretas. Este último sistema va en contra de las normas comunes que expiran a finales de 2006. Con esta propuesta, queremos subsanar el vacío existente entre esa fecha y el 1 de enero de 2009, día de la entrada en vigor de la propuesta que hemos presentado y que contiene exactamente las mismas disposiciones sobre importaciones que tenemos hoy sobre la mesa. No existe diferencia alguna entre lo que proponemos ahora y lo que se incluirá en la propuesta general cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2009. Proponemos mantener la lista de terceros países en su modalidad actual, pero sustituir las autorizaciones del Estado miembro por un régimen comunitario permanente. Por último, nuestra propuesta proporciona acceso directo a los productos que cumplan todas las condiciones establecidas, con el fin de respetar nuestros compromisos comerciales internacionales.
He tomado nota de que el informe pide garantías adicionales para esta última posibilidad de acceso directo. No pienso que nuestras posiciones sobre esta cuestión difieran mucho. Queremos exigir el máximo de garantías posibles a los operadores de terceros países que deseen ir en esta dirección, sin dar lugar no obstante a objeciones por parte de la OMC.
Por tanto, puedo aceptar parcialmente las enmiendas 1 y 2. Estoy de acuerdo en principio con el contenido de las demás enmiendas, pero preferiría que esta propuesta fuera lo más concisa posible y que estableciera todas las disposiciones importantes necesarias, pero sin ir más allá de eso. En mi opinión, las futuras normas de aplicación deberán encargarse de los detalles.
También he notado con agrado la firme voluntad de apoyar el desarrollo de organismos locales de control en terceros países. Es un elemento que apoyo, pero que no forma parte de este Reglamento.
El Presidente.
   Señora Comisaria, le pido comprensión. Lo siento mucho, pero tenemos que ajustarnos a un tiempo que ya está fuera de todo límite.
El ponente tiene cinco minutos. Le voy a pedir que utilice solo cuatro.
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE ),
   – Señor Presidente, puesto que todavía estamos aquí a esta hora –usted tiene que estarlo, nosotros también y la Comisión está presente– no deberíamos pasar un cuarto de hora en discusiones. Realmente no importa si es medianoche o quince minutos más tarde; y yo tengo la intención de utilizar la totalidad de mis cinco minutos.
Nosotros, señor Comisario, coincidimos en gran parte por lo que respecta a la valoración de la situación; el mercado de productos biológicos registra una gran expansión y se está transformando de un mercado en el que los productores anteriormente comercializaban directamente sus productos, de comercios especializados en estos productos y de alimentos saludables, en un mercado de cadenas comerciales que ahora desean aprovechar y explotar la expansión del mercado de los productos biológicos. Si entran en el sector exigirán un descuento del 10 % o 20 %, lo que representa una cantidad muy considerable que los productores europeos no pueden permitirse.
Su actitud hacia la reglamentación vigente no es coherente. En un momento señala que desea modificar lo establecido para las transacciones con terceros países, lo que equivale a su revisión. Usted quiere un reglamento totalmente nuevo para regular lo que ya regula este, y eso es lo que nos parece discutible, ya que la manera en que aborda la mayor parte –casi cada tercer artículo– de la propuesta de reglamento equivale a decir que los detalles se resolverán mediante el procedimiento de comitología, es decir, a través de las disposiciones de ejecución. Eso nos parece demasiado impreciso. Lo que le pidió esta Cámara fue que hiciera mejoras; y es por ese motivo por lo que hemos presentado únicamente un documento de trabajo y no un informe. 
Por lo que respecta a las importaciones –es decir, a las relaciones con terceros países– consideramos que es necesario que los productos se obtengan en las cantidades que necesitan las cadenas; el problema reside en que la producción de estos países no se ajusta a las normas comunitarias, por lo que es urgente hacer más estrictas las normas aplicables en este ámbito. Apoyamos ese aspecto, si bien tenemos dudas, por lo que se refiere al reglamento de base, de que se muestre demasiado acomodaticio a las exigencias que hacen las cadenas, a las que ya no les interesa el nombre de los productores ni los nombres de las asociaciones tradicionales de agricultura biológica, sino que quieren que la gente compre alimentos anónimos que puedan comercializar con su propio nombre. Existen tendencias divergencias en este aspecto; podemos abrigar recelos en algunas ocasiones, pero en esta estamos a su lado, pues queremos que las normas comunitarias se mantengan en los países que no forman parte de la UE.
Aunque se ha hecho referencia a los terceros países notificados, un 70 % de las importaciones todavía nos llegan por medio de lo que se denomina licencias de importación, lo que implica el examen no del proceso de producción, sino tan solo de los documentos de acompañamiento que certifican que algo es «biológico». Todos sabemos que el papel lo aguanta todo, por lo que tenemos que procurar que las normas de la Unión Europea se apliquen en estos países. 
Según usted, hemos ido demasiado lejos en nuestras enmiendas, pero no es así, señor Comisario, lo cierto es que estamos de acuerdo con usted. Lo que queremos es una mayor precisión en ciertos ámbitos, y nos gustaría que el Parlamento Europeo interviniera en este proceso de notificación de la misma manera que participarán los Estados miembros; nos gustaría que este extremo quedara documentado en un informe de la Comisión en el que se detalle los avances logrados en materia de recopilación de datos y los avances de las notificaciones. También nos gustaría que se creara una base de datos con los datos sobre terceros países así recopilados a fin de poder hacer un seguimiento de los riesgos mediante inspecciones –las cuales tendrán que ser selectivas en vista de que sabemos con quién tratamos– cuyo objeto sería impedir que se cometan irregularidades.
Nos gustaría que este informe tome en consideración las críticas que hemos formulado, y esperamos que no oculte a esta Cámara los datos que ha reunido. No queremos que se repita lo que sucedió con el estudio sobre el acceso cualificado al mercado, donde todo lo que quedó fue el acceso al mercado y la cualificación se perdió en algún lugar del camino. 
Todo lo que buscamos por el momento –puesto que usted ha mencionado a la OMC– es un ejemplo de lo que nos llevará a considerar que también el comercio es «cualificado».
Albert Jan Maat,
   Señora Presidenta, me gustaría unirme a las protestas del ponente. Esta noche se ha retirado la palabra a una Comisaria que siempre está presente y asiste regularmente a las reuniones de la comisión parlamentaria después de tan solo cinco minutos. Tuvimos que esperar a su colega, el señor Frattini, durante 15 minutos en la votación de esta tarde, y a este se le concedió un tiempo de intervención de 15 minutos. Esta Comisaria siempre está presente, independientemente del turno que se le asigne. El hecho de que celebremos debates sobre política agrícola a las once y media de la noche no tiene nada que ver con su agenda, sino con la nuestra.
Me uno a esta protesta y notificaré mañana este incidente al presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ahora pasaré al tema que nos ocupa, pero primero me gustaría condenar firmemente que se haya retirado la palabra a la Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, quien no solicitó este turno, pero que no obstante se encuentra aquí y participa seriamente en este debate. No fue ella la que eligió la hora de su presencia, sino la Mesa.
La Comisaria expresó que comprende los deseos del Parlamento. El fondo del tema que debatimos hoy es que los productos importados deben cumplir los requisitos impuestos a la producción en la Unión Europea. Es indispensable y el informe lo señala claramente. Mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, está satisfecho con el resultado logrado en la Comisión de Agricultura y las deliberaciones realizadas en esa comisión se reflejan en las enmiendas.
Me gustaría añadir una observación de carácter político. Será necesario que en los futuros acuerdos comerciales mundiales los productos importados cumplan los mismos requisitos que los productos europeos. No solo a la agricultura biológica, sino a todos los productos agrícolas. Espero que esta Cámara brinde suficiente apoyo a la Comisaria de Agricultura en este tema, y le demos nuestro apoyo en el debate con el Comisario Mandelson dentro de la Comisión. Quiero dar las gracias al ponente por su informe, y recomendaré a mi Grupo que vote a favor del informe en su versión modificada en la Comisión de Agricultura. 
El Presidente.
   Muchas gracias. Ruego a todos los colegas que entiendan que los intérpretes acaban su horario de trabajo a las doce. Podemos aguantar unos cuantos minutos más, pero no muchos más. No quiero correr el riesgo de que mañana no tengamos interpretación y ustedes tampoco deberían correr este riesgo, de manera que les ruego simplemente que se atengan al tiempo que tienen asignado.
El señor Graefe zu Baringdorf ha dicho que iba a hablar los cinco minutos que tenía asignados y lo ha hecho. Ha hablado exactamente los cinco minutos que tenía asignados. Por tanto no tiene usted ninguna razón para protestar.
María Isabel Salinas García,
   . – Señor Presidente, me atendré al tiempo asignado.
La Comisión presentó a finales de 2005 dos propuestas legislativas: una propuesta de Reglamento sobre la producción ecológica, que sustituirá al actual a partir de 2009, y la propuesta que estamos debatiendo ahora sobre el régimen de importación.
Respecto a las importaciones, el perfeccionamiento del sistema comunitario era deseable y urgente, sobre todo para simplificar de forma definitiva el sistema de autorización de importaciones provenientes de terceros países en los que no hay o no había una equivalencia general en lo ecológico y para facilitar el acceso al mercado de productos ecológicos, que, hoy por hoy, cuentan con una débil estructura administrativa.
Mi Grupo considera que la modificación propuesta tiene esos loables objetivos. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que no se puede ni debe llevar a cabo reduciendo las garantías al consumidor −como muy bien ha dicho la propia Comisaria− sobre el producto ecológico que se importa o generando competencia desleal para el operador europeo. Creo que estos son los dos riesgos que podemos correr.
Se hacen muy necesarios unos procedimientos de inspección que tengan en cuenta estos riesgos y que se basen en normas claras, y por ello es tan necesario regular a escala europea el reconocimiento y la acreditación de los organismos certificadores. En este sentido, quisiera felicitar al ponente por el trabajo y la labor que se ha realizado en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Pero dicho esto y, brevemente, no quisiera dejar de recordar que estamos hablando solo de una parte de la regulación sobre los productos ecológicos. El informe sobre el reglamento está paralizado porque, entre otras cosas, la ponente alega que no ha recibido de la Comisión Europea la totalidad de la documentación.
Aprovecho esta ocasión para instar a la Comisión a que haga todo lo que esté en su mano para poner fin a esta situación y permitir que el informe siga su curso, que supere el trámite parlamentario y que podamos establecer una normativa clara, sencilla y eficaz para este mercado, que evite la incertidumbre en la que ahora mismo se encuentran los productores ecológicos.
Marios Matsakis,
   . – Señor Presidente, deseo sinceramente felicitar al ponente por su excelente informe sobre la propuesta de la Comisión por la que se modifica el actual Reglamento sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
Todos sabemos que existe en todo el mundo una creciente demanda de productos ecológicos y los Estados miembros de la UE no son una excepción. Por ello, la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países puede ser una actividad muy lucrativa y, lamentablemente, las normas actuales relativas a dicha importación no son suficientes para garantizar la necesaria calidad del producto. Por consiguiente, acogemos con gran satisfacción esta propuesta tan esperada de la Comisión. Por otra parte, reconocemos que la propuesta tiene puntos débiles y lagunas que el ponente ha detectado e intenta corregir mediante algunas enmiendas que nos parecen todas justas y lógicas. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha complementado su esfuerzo presentando a su vez una serie de útiles enmiendas. 
No tenemos ninguna objeción de peso contra esas enmiendas, pero queremos llamar su atención sobre el hecho de que el principal problema al que nos enfrentamos a la hora de garantizar la estricta observancia del Reglamento que está a punto de convertirse en normativa comunitaria es el de su ejecución. Ese es en realidad el punto débil: combinar las muchas disposiciones comunitarias con una aplicación efectiva. Y tememos que, a pesar de las indudables mejoras que aporten las numerosas enmiendas, esta normativa pierda su eficacia cuando llegue el momento de su aplicación concreta y correcta.
Espero que con el tiempo los hechos me desmientan y felicito de nuevo al ponente por su buen trabajo. 
Andrzej Tomasz Zapałowski,
   . – Señor Presidente, el debate de hoy sobre el proyecto de Directiva relativa al etiquetado de los productos agrícolas biológicos concuerda con la tendencia mundial de aumento de la demanda de alimentos sanos. Actualmente nos enfrentamos a un excedente de producción de alimentos en los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo observamos un crecimiento considerable del número de enfermedades causadas por el consumo de alimentos saturados con sustancias químicas. Por ello los consumidores prefieren comprar alimentos que son más caros, pero más seguros. No es posible producir dichos alimentos en muchos países, debido al deficiente estado de importantes superficies de tierra. Tampoco es posible producir estos alimentos en grandes explotaciones. Esta situación brinda oportunidades a los países cuyo suelo se encuentra relativamente intacto y cuentan con explotaciones de pequeño o medio tamaño. También representa una oportunidad para resolver, al menos en parte, el problema del desempleo en las zonas rurales.
Por supuesto, también nos preocupa la introducción de alimentos poco saludables a la Unión Europea. El engaño es algo muy común en el comercio internacional. Pronto podríamos vernos inundados de alimentos pretendidamente sanos procedentes de China, por ejemplo. La aparición en el mercado europeo de alimentos teóricamente saludables producidos a partir de plantas modificadas genéticamente plantea otro riesgo. A fin de enfrentarnos a estas dos cuestiones tenemos que adoptar disposiciones que prohíban directamente la importación de productos biológicos procedentes de fuera de la Unión, a menos que exista completa certeza acerca de las normas de calidad con las que son producidos. 
Agnes Schierhuber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, incluso en su ausencia me gustaría dar las gracias al ponente por su informe que es realmente muy bueno.
Para muchos agricultores, la agricultura biológica representa un modo alternativo de producción. La aparición de la ingeniería genética está provocando un constante aumento de la demanda de productos biológicos procedentes de explotaciones supervisadas y certificadas. Los alimentos biológicos representan un 5 % del volumen total de negocio del comercio minorista de alimentos, y los consumidores optan por los productos biológicos no solo porque tienen mejor sabor, sino también por un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y los animales, y para hacer una contribución concreta a mantener un campo intacto y diverso.
Si la estrategia se basa en la cantidad, países como Austria –que es mi país de origen– nunca podrán competir con los grandes países agrícolas; por ello debemos concentrarnos en productos de calidad –de la más alta calidad posible– procedentes de un entorno de alta calidad.
Una gran parte de la agricultura austriaca es biológica, pues las explotaciones biológicas representan un 11,2 % del total de explotaciones, y estamos muy orgullosos de ello. El volumen total de negocios de los alimentos biológicos en Austria se eleva a unos 450 millones de euros anuales. La confianza en los productos biológicos solo podrá mantenerse si se realizan inspecciones estrictas en todos los ámbitos, en otras palabras en todos los productos, ya sean originarios de la UE o de otros países. Solo así los consumidores estarán dispuestos a pagar el incremento de precios que se pide por estos productos. 
Kathy Sinnott (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, en Irlanda, en mi circunscripción, la producción de alimentos ecológicos está adquiriendo una importancia cada vez mayor. A lo largo de los años, los agricultores irlandeses se han enorgullecido de producir de forma natural alimentos de gran calidad. Para muchos de ellos, convertirse a la agricultura ecológica ha sido un paso lógico.
He presentado varias enmiendas. Una de ellas trata de restringir la indicación de semilla ecológica a las semillas que contengan menos de un 0,1 % de contaminación por OGM, añadiendo así una garantía más al reglamento original que solo especifica que la planta madre, y no la semilla, debe haberse producido ecológicamente.
La enmienda al artículo 16 refuerza la definición de los productos de la agricultura ecológica. La propuesta de la Comisión permite una serie de excepciones a las condiciones de la producción ecológica, como es el caso del establecimiento de explotaciones ecológicas o la solución de los problemas de gestión del ganado. Esto llevaría a que productos que no son ecológicos ni están libres de OGM puedan encontrarse en el mercado con la etiqueta de producto ecológico. Debemos modificar ese artículo para controlar los abusos, permitiendo excepciones únicamente en condiciones concretas e inusuales, como por ejemplo un brote de gripe aviar. 
Si queremos pedir a los consumidores que opten por productos ecológicos, tenemos que garantizar que esos productos sean realmente ecológicos. 
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero felicitar al ponente. Hoy en día pagamos un precio muy alto por tener una dieta compuesta en gran medida de productos poco saludables, muchos de ellos contaminados con diversos productos agroquímicos. Hemos de adoptar la dieta mediterránea, utilizando productos que no contengan muchas grasas ni pesticidas. Los productos ecológicos empiezan a garantizar una mejor dieta, y es por ello que han aumentado en los últimos años, lo cual está muy bien.
La Unión Europea, en un intento por proteger a los consumidores, ha establecido unas reglas de producción adecuadas y unos controles estrictos y, en mi opinión, es lo correcto. Sin embargo, me pregunto si los productos ecológicos importados de terceros países se producen de acuerdo con las normas que se aplican en la Unión Europea. Los certificados que acompañan a los productos ecológicos procedentes de terceros países han de remitir cada vez a los envíos específicos. Las empresas en terceros países que producen productos ecológicos para la exportación a la Unión Europea deben ser inspeccionadas una vez al año. La Unión Europea quiere productos ecológicos, pero para proteger al consumidor y garantizar la competencia justa con nuestros agricultores son necesarios todos estos controles, porque de lo contrario no obtendremos resultados. No haremos más que ayudar a las cadenas de supermercados a enriquecerse a costa de la salud del consumidor y a costa de los agricultores europeos. 
Neil Parish (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Graefe zu Baringdorf por su excelente informe y a la Comisaria por estar aquí a una hora tan tardía. Quisiera pedirle, señor Presidente, que conceda a la Comisaria tiempo suficiente para que pueda concluir correctamente el debate. Ya que ha tenido la bondad de venir a esta hora, debemos terminar nuestro debate como es debido.
En lo que respecta a la agricultura ecológica y a los productos ecológicos, quiero subrayar que la gente compra cada vez más productos ecológicos, lo que es de agradecer. No obstante, es natural que esperen de esos productos que sean ecológicos y no que se hayan utilizado fertilizantes u otros productos químicos para su producción. Uno de los problemas que plantea la alimentación ecológica es lo difícil que resulta comprobar su modo de producción. Es muy importante, por tanto, controlar la producción en los países cuyos productos ecológicos importamos. Uno de los problemas que preveo en materia de producción ecológica, y no solo en Europa, sino también fuera de ella, es que cualquier día de estos veremos en un documental de televisión todo el proceso de producción de principio a fin y descubriremos que esos productos no son tan ecológicos como pensábamos. Esto haría que la gente se apartara de todo el proceso. En consecuencia, es importante que los consumidores que compran un producto importado de un país tercero lo hagan con la absoluta seguridad de que cumple las condiciones estrictas establecidas para la producción ecológica. 
Por ello, el informe y la labor de la Comisión son muy importantes, no solo para la importación de alimentos ecológicos sino también a la hora de garantizar idénticas condiciones en toda Europa, en términos de definición de los productos ecológicos. De esa forma, los consumidores podrán comprarlos confiados y la comunidad agrícola podrá producirlos con la misma confianza.
Quisiera dar de nuevo las gracias a la Comisaria y dejarle unos segundos para concluir. 
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE ). –
   Quiero plantear cinco cuestiones en relación con la agricultura ecológica. La primera cuestión es el etiquetado de productos ecológicos, que implica el uso de un logotipo comunitario para estos productos o un logotipo nacional o regional, junto con información sobre el lugar de origen y datos similares.
La segunda cuestión tiene que ver con las condiciones de producción de los productos ecológicos, las normas aplicadas y los controles realizados. Es esencial disponer de una lista de sustancias cuyo uso está permitido en la agricultura ecológica, como sustancias fitosanitarias, fertilizantes, sustancias utilizadas para mejorar la calidad de la tierra, potenciadores y sustancias utilizadas en el procesamiento. La producción de alimentos ecológicos tiene lugar en un entorno seguro y limpio que está libre de antibióticos, hormonas del crecimiento y organismos modificados genéticamente. El sistema de control de la certificación debería ser obligatorio y estar sujeto a un continuo seguimiento.
En tercer lugar está la cuestión del valor de los alimentos ecológicos y su promoción. Es preciso concienciar a los consumidores sobre las ventajas de los productos ecológicos para incrementar la demanda. Son necesarias mejores medidas de marketing y de sensibilización a fin incrementar el consumo de productos ecológicos.
En cuarto lugar, la agricultura ecológica satisface las necesidades y las expectativas de los consumidores en relación con la calidad de los alimentos. La agricultura ecológica ofrece una oportunidad a los agricultores para aumentar sus ingresos. Asimismo es una oportunidad para reforzar el desarrollo regional y local, sobre todo en las zonas menos desarrolladas.
Por último, el apoyo a la agricultura ecológica por medio de subsidios para la agricultura ecológica y el apoyo a la creación de un sistema de distribución y promoción adecuadas. Este es el eslabón más frágil en la relación entre productores y consumidores. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria y al ponente por su informe. El señor Parish ha señalado que los consumidores tienen mucha fe en la palabra «ecológico» y en la producción ecológica, y debemos garantizar que los que quieran comprar productos ecológicos obtengan realmente lo que consideran un producto muy puro. Pero la verdad –y doy las gracias a la Autoridad Irlandesa de Seguridad Alimentaria por esta información, aunque pienso que todos en esta Cámara probablemente la conocemos– es que no existe ninguna prueba científica reconocida por la que se pueda diferenciar un producto ecológico de otro producto de cultivo convencional. Esto significa que debemos establecer controles y balances en el sistema partiendo de la misma semilla. Es posible que todo esté claro en el papel, pero lo que puede fallar es la aplicación.
Los consumidores pagan precios más altos para los productos ecológicos. En el mercado irlandés, menos del 1 % de los alimentos son de producción ecológica. Importamos el 70 % de nuestra demanda de productos ecológicos de más de 70 países, de nuevo según datos de la Autoridad Irlandesa de Seguridad Alimentaria. Debo decir que no me había imaginado que algunos de estos países pertenecieran a la «liga ecológica», pero están en la lista y por ello debemos asegurar a los consumidores irlandeses y europeos que los productos ecológicos importados de esos países cumplen las mismas normas de producción ecológica que los productos procedentes de la Unión Europea. 
Las instrucciones en papel están muy bien y la UE es muy buena en eso. Mi preocupación principal radica en quién controlará a los organismos de control y quién revisará a los auditores. Esto es algo que me preocupa en todos los ámbitos de nuestra legislación y quizás sea algo que la Comisaria pueda tomar en consideración durante el poco tiempo de que dispone. Sí, el sector ecológico está creciendo. Es un sector pequeño, pero comparto la preocupación del señor Parish de que cualquier fisura en la confianza del consumidor daría al trasto con él. Destruiría el mercado para los productores y arruinará la confianza del consumidor, algo que debemos intentar evitar. Me temo que algunos de los productos ecológicos que se importan en la UE son cualquier cosa menos ecológicos. 
Mariann Fischer Boel,
   . Señor Presidente, quiero agradecer a los diputados sus intervenciones, si bien algunas observaciones parecen referirse al reglamento general sobre los productos ecológicos. Espero que la próxima vez que se debata este asunto tengamos más tiempo para que pueda entrar más en los detalles.
En lo que concierne a la enmienda 13, no se puede elaborar ningún informe significativo mientras no haya estado funcionando un tiempo la primera lista de organismos de control y en todo caso no antes de la entrada en vigor del Reglamento en su totalidad el 1 de enero de 2009.
La idea de formar certificadores locales es buena y tendremos que encontrar la forma de planificar dicha formación. El apoyo a la formación y la ayuda técnica están previstas asimismo en el reglamento oficial sobre el control alimentario.
La idea planteada por el ponente de establecer una base de datos parece difícil de poner en práctica, aunque estoy dispuesta a examinarla de cerca.
La obligación a la que se refiere el apartado 4 de que los organismos de control estén homologados en el contexto de la lista de terceros países no se puede aplicar, dada la supervisión gubernamental en estos casos. En cuanto a los organismos de control descritos en el apartado 5, estoy de acuerdo en principio en que se pida una homologación oficial, pero también se debe aceptar como alternativa en este caso una supervisión gubernamental adecuada. También debemos mostrarnos flexibles con los organismos locales de países en desarrollo o en una fase temprana de desarrollo, de los que no siempre se puede conseguir una homologación internacional.
Estoy de acuerdo con la idea de supervisar los organismos de control y de hecho pienso que resulta crucial y primordial hacerlo. Pero preferiríamos que este tema de la supervisión se redactara de forma más general. Se podrán establecer disposiciones más detalladas en las normas de ejecución; como ya he mencionado en mi introducción, prefiero una propuesta concisa y sencilla.
Por último, las enmiendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 y 16 son aceptables en parte o aceptables en principio. Las demás enmiendas no pueden aceptarse.
Gracias por el debate. Pienso que vamos en la misma dirección, si bien quizás no en la letra, pero sí en el espíritu. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señora Comisaria. Le ruego me disculpe. Comprenda las limitaciones del tiempo. A pesar del esfuerzo de todos hemos acabado casi un cuarto de hora más tarde de lo previsto. Quiero agradecer a los intérpretes la comprensión que han tenido para permitirnos acabar el debate con todas las limitaciones que lamento haber tenido que imponerles.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las doce. 

