Decisión sobre la urgencia
El Presidente.
- Señorías, antes de debatir el informe del Sr. Manders, debemos votar la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia a la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de canje de notas entre la Comunidad Europea y la República de Croacia respecto al sistema de ecopuntos que ha de aplicarse al tráfico croata en tránsito por Austria.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo.

Caveri (ELDR).
Señor Presidente, antes que nada quisiera comentar brevemente, en cuanto a la observancia del Reglamento, la aplicación del artículo 112, y recordar al Parlamento que se trata de un procedimiento que debe aplicarse estrictamente en circunstancias excepcionales. Francamente, me sorprende que el Consejo invoque el artículo 112 a una cuestión de este tipo, que de todas formas habríamos podido tratar en pocas semanas sin incidir sobre esta medida que, como es sabido, está ya en vigor desde el 1 de enero.
A este respecto tengo que decir a la Asamblea que, independientemente de la posición que exprese, ayer por la tarde la comisión competente, reunida en sesión extraordinaria a petición del Consejo, no alcanzó el quórum necesario para la votación. Los coordinadores presentes manifestaron su perplejidad ante la aplicación del artículo 112, precisamente porque -como ya he dicho, señor Presidente- se trata, a mi entender, de un instrumento que debe utilizarse en circunstancias excepcionales. Por tanto, nos sorprende verdaderamente que se haya aplicado el procedimiento de urgencia a una medida que, repito, desde el punto de vista del contenido es de menor importancia.

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, el propio Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ya ha destacado que se trata, naturalmente, de un procedimiento poco habitual. Por otra parte, los plazos son muy cortos y en tales circunstancias se impone el recurso al procedimiento de urgencia. Por consiguiente, yo propongo que aceptemos la solicitud del procedimiento de urgencia.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0145/2003) del Sr. Manders, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales [COM(2002) 17 - C5-0088/2002 - 2002/0021(COD)].

Wallström
Señor Presidente, quisiera empezar dando la bienvenida a nuestros flamantes colegas de los nuevos Estados miembros. Es un verdadero placer tenerlos aquí el Parlamento Europeo y les doy la bienvenida a la familia de la UE.
En primer lugar, quisiera agradecer al ponente, el Sr. Manders, su informe relativo a la propuesta de la Comisión sobre responsabilidad medioambiental. La responsabilidad medioambiental es un tema importante que ha recibido la atención que se merece y ha sido objeto de intensos debates desde hace muchos años. La Comisión lleva mucho tiempo trabajando en esta cuestión, en estrecho contacto con todas las partes afectadas y la sociedad civil.
Este proceso ha vuelto a destacar la importancia estratégica de los principios subyacentes, poniendo también de manifiesto la existencia de una gran diversidad de opiniones en torno a los detalles de su aplicación. Casi podría decirse que existen tantas opiniones diferentes sobre las cuestiones principales como partes afectadas.
Soy, por tanto, muy consciente de lo compleja y delicada que es esta propuesta. Hay que tomar decisiones difíciles sobre muchos de sus aspectos y encontrar un equilibrio adecuado entre intereses contrapuestos. Creemos que la Comisión consiguió ese equilibrio con la propuesta adoptada en enero de 2002. Precisamente con la intención de mantener, cuando no mejorar, ese equilibrio, considerará las enmiendas adoptadas por el Parlamento.
Permítanme que les explique brevemente las características principales de la propuesta de la Comisión. La propuesta trata de establecer un marco comunitario para la prevención y reparación de daños medioambientales -que se definen en la propuesta como daños a la biodiversidad, daños de las aguas y daños del suelo- mediante un sistema de responsabilidad medioambiental. De acuerdo con el principio de «quien contamina paga», un operador que cause daños ambientales o que provoque una amenaza inminente de que ocurran tales daños, debe sufragar, en principio, el coste de las medidas necesarias de prevención o reparación. En algunos casos, como cuando no pueda hacerse responsable a ningún operador o el operador responsable sea insolvente, los Estados miembros tendrán que asumir la responsabilidad de encontrar una fuente alternativa para financiar las medidas en cuestión.
Algunas cuestiones básicas requieren una atención especial. Son cuestiones que tendrían que exponerse con más detalle, pero hoy seré lo más concisa posible. En primer lugar, el ámbito de aplicación de la propuesta en términos de actividades y biodiversidad: en opinión de la Comisión, debe aplicarse un sistema de responsabilidad estricta con respecto a las actividades mencionadas en el Anexo I de la propuesta, y también a otras actividades ocupacionales que no se mencionan en él, entendiéndose que este segundo nivel de responsabilidad se basa en los incumplimientos. La Comisión considera que la supresión de esta parte del sistema de responsabilidad es inaceptable, porque con ello se debilitaría la propuesta. Por el contrario, la Comisión no cree que sea justificable ni factible ampliar la responsabilidad estricta a todas las actividades ocupacionales en la UE.
Una vez comentado el ámbito de aplicación de la propuesta, permítanme que termine diciendo que el debate sobre las enmiendas será muy importante y estoy segura de que durante el mismo escucharemos algunos argumentos nuevos.
Manders (ELDR)
. (NL) Señor Presidente, también yo quiero dar la bienvenida a todos los nuevos colegas y espero que también se impliquen en este complejo informe. Quiero dar las gracias a todos los colegas que han estado implicados en este tema y que también lo estarán en el futuro. Concretamente todos los que han integrado el grupo de trabajo para alcanzar un compromiso. En particular, quiero dar las gracias al Sr. Papayannakis por su excelente cooperación. Asimismo quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por la abundante información que han facilitado y la notable colaboración que han prestado.
Señor Presidente, tanto en el ámbito jurídico como político, este es posiblemente el tema más complejo con un total -si incluyo todas las enmiendas de las comisiones- de casi 900 enmiendas que a continuación, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, se han reducido a unas 75 enmiendas. Hemos votado sobre ellas. Ahora, en la sesión plenaria tenemos de nuevo 108 enmiendas, con las necesarias votaciones por separado. Esto significará que esta tarde será larga y laboriosa, pero creo que merece la pena.
Quiero esbozar brevemente los antecedentes. Creo que este informe está lleno de prestigio. Primero tuvimos el Exxon Valdes y el Erika, y después el Prestige, pero el informe también está lleno de prestigio político, ya desde 1976. Si se quiere ir más rápido de lo que se puede, no se logrará nada. Esta es mi opinión. Por consiguiente, hay que intentar hacer reglas que sean viables y realistas. El conflicto de competencias entre la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior fue el punto de partida sobre todo del sentimiento político. Creo que si ni siquiera los regímenes de responsabilidad deben tratarse ya en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, bien podríamos disolverla y crear otra, la Comisión de «Todos los Asuntos». Podría estar compuesta por 626 diputados, o incluso 735 a partir del año que viene, y entonces estoy seguro de que nunca escaparemos de ella.
Debido al conflicto de competencias, este tema ha pasado a ser un tema controvertido y muy cargado, en el que cada cual quería colocar su propia reivindicación política con miras a perfilarse políticamente. Es una lástima, pues ha provocado que hasta el momento ha sido prácticamente imposible alcanzar compromisos y crear una mayor base de apoyo. Finalmente, he optado por un enfoque que se ha sopesado sobre la base de todas las enmiendas presentadas y que no favorece específicamente a la industria ni favorece específicamente al medio ambiente. He intentado encontrar un equilibrio que permita conseguir una legislación viable y realizable -pues al fin y al cabo de eso se trata-, que en última instancia pueda convertirse en un reglamento factible que conlleve un enfoque preventivo del medio ambiente y finalmente proteja el medio ambiente.
Asimismo creo que es importante crear unas condiciones equitativas para todos, pues creo que la legislación medioambiental es parte de nuestra economía. Mis primeras propuestas de compromiso se basaban en ello. Por ejemplo, propuse que la base jurídica fuera el artículo 175. Cada Estado miembro desarrolla su propia sistema y, al cabo de cinco años, la Comisión, basándose en los mejores ejemplos del mercado, presentará una propuesta de legislación armonizada para la protección del medio ambiente en toda Europa. De este modo conseguiremos unas condiciones equitativas para todos, evitaremos el dumping ambiental y evitaremos que finalmente surjan 25 sistemas jurídicos diferentes que sin duda no fomentarán el mercado interior ni protegerán el medio ambiente. Comprendo que hay algunos países, entre ellos el mío, los Países Bajos, que siempre quieren ir un poco más lejos. Esto está muy bien. Creo que hay que permitírselo. Por otro lado, pienso que es preferible conseguir que los países que no llegan tan lejos alcancen un nivel más alto, lo cual en última instancia favorecerá más al medio ambiente en términos absolutos. Por tanto, si aplicamos el artículo 95, a la Comisión Europea le resultará más fácil, como guardiana del Tratado, llevar al Tribunal de Justicia Europeo a las partes que no cumplan las reglas, asegurando de este modo que el medio ambiente salga realmente beneficiado con esta legislación.
En mis propuestas iniciales opté por los factores atenuantes en vez de exenciones, y creo que eso era correcto. Vinculé la responsabilidad por los riesgos con la defensa del estado de la técnica como factor atenuante; un atenuante del 100% significaría que el juez podría decidir no responsabilizar a alguien. Por desgracia, no hemos sido capaces de lograrlo.
El ámbito de aplicación: propuse zonas, hábitats y especies protegidas con arreglo a la legislación comunitaria, y zonas protegidas con arreglo a la legislación nacional. Propuse que esto fuera complementario a todos los convenios internacionales para asegurar que hubiera unas condiciones equitativas y un régimen de responsabilidad similar también en este terreno. Por desgracia no hemos sido capaces de lograrlo. Me encontré aislado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Nadie, ni de derechas ni de izquierdas, quiso apoyarme.
Para asegurar que pudiéramos tratar este asunto en la sesión plenaria de hoy, busqué y hallé apoyo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Esto implicaba que tenía que aguar un poco mis propuestas originales, pero a fin de cuentas estoy particularmente contento con lo que ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y lo apoyaré. Por tanto, también apoyo las enmiendas que se han presentado y que se basan en mis primeras enmiendas de transacción. Espero que tengamos un voto favorable y considero todo un reto poder seguir desempeñando un papel destacado en la segunda lectura en esta materia tan difícil.
Papayannakis (GUE/NGL)
. (EL) Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo un proyecto de Directiva que hemos venido esperando durante 20 años. La aplicación práctica del principio de «quien contamina paga» resulta más complicada de lo que imaginábamos, lo cual es razonable porque, por supuesto, necesitamos establecer tanto la responsabilidad de la reparación del daño medioambiental como encontrar la manera de que el contribuyente no cargue con la responsabilidad y el coste y de que la contaminación no solo se suprima, sino que también se prevenga. En consecuencia, estamos hablando de la responsabilidad objetiva de los contaminadores y de un conjunto de disposiciones que determinen el comportamiento de los operadores.
Este proyecto de Directiva me inspira sentimientos contradictorios: por una parte satisfacción, porque quizás allane el camino de la reforma, aunque solo se quede en eso y, por otra, reservas porque los pasos propuestos son tímidos, señora Comisaria. 
Por ejemplo, tal como se define en la propuesta, la biodiversidad queda limitada a los hábitats y a las especies contempladas en las Directivas de Hábitats y Aves; dicho de otro modo, solo un 13% del territorio de la UE.
En segundo lugar, la definición de daño medioambiental tiene que ampliarse e incluir la radiación, el daño a la calidad del aire y el daño a la biodiversidad causado por los organismos modificados genéticamente.
En tercer lugar, la contaminación provocada por el petróleo y el daño nuclear no están incluidos con el pretexto de que ya se contemplan en las convenciones internacionales. Sin embargo, estas suelen regular el daño tradicional, pero no el medioambiental. Además, varios Estados miembros de la Unión Europea no las han firmado. Por otra parte, contienen cláusulas que prohíben expresamente la introducción de disposiciones que regulen una responsabilidad medioambiental más amplia. Por lo tanto, la Directiva tiene que ser clara y afirmar expresamente cuál es el régimen de responsabilidad actual. Asimismo, tiene que haber una disposición que permita que estas convenciones internacionales se modifiquen y tenemos que esperar las propuestas relevantes de la Comisión.
Además, hay una disposición que exime de responsabilidad medioambiental a las emisiones o actividades para las que se ha extendido un permiso o que no se consideraban perjudiciales cuando se emitió dicho permiso. Son las llamadas «defensas del permiso y del estado de la técnica». Creo que estas excepciones socavan la fiabilidad de los objetivos de la Directiva, limitan el marco del régimen de responsabilidad y debilitan el principio de «quien contamina paga». Señora Comisaria, existe un estudio llevado a cabo por la propia Comisión que demuestra que 10 de los 15 Estados miembros de la Unión no tienen estipulado este tipo de excepción. Por lo tanto, ¿por qué la nueva Directiva debería alentar a numerosos Estados miembros a renunciar al rigor de su legislación medioambiental?
Además, la propuesta de Directiva establece un régimen legislativo público con la autoridad competente responsable de determinar y asegurar la prevención adecuada o las medidas correctivas. Sin embargo, se corre el riesgo de hacer recaer la carga en el contribuyente. Así, la responsabilidad inicial de las medidas preventivas y correctivas debería recaer en el operador. La autoridad pública competente tiene que ajustarse al procedimiento de determinación y reparación del daño.
Por otra parte, los ciudadanos solo tienen acceso indirecto a la justicia. La propuesta no prevé la posibilidad de que los ciudadanos recurran de forma directa a la justicia. Creo que esto viola la Convención de Aarhus. Asimismo, creo que el operador debe tener un sistema de seguro obligatorio con normas comunes para las garantías financieras. De este modo, no habrá distorsión de la competencia. De lo contrario, quizá se distorsione y, además, el sistema de prevención se debilitará y no se producirá el impacto beneficioso en la economía que todos esperamos.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la cual tengo el honor de ser ponente de opinión, ha aprobado una opinión conforme al espíritu de estos comentarios. Presentamos a la Cámara, junto con otros muchos diputados de numerosos Grupos políticos, una serie de propuestas que son menos ambiciosas, pero que representan un compromiso de diferentes puntos de vista. Intentamos conseguir un acercamiento a las posiciones del Consejo, de forma que la Presidencia griega pueda alcanzar un acuerdo político en el Consejo de Medio Ambiente del 13 de junio.
Señor Presidente, Señorías, el ecosistema y el flujo de materia y energía siguen un camino predecible y cuantificable al que la actividad humana tiene que adaptarse. No protegemos a la naturaleza poniendo simplemente una valla alrededor. Para poder proteger la viabilidad de Europa, necesitamos que la industria y la economía en su conjunto se vuelvan ecológicas. No podemos decir que no estamos ni con una ni con la otra.
Confío en que el resultado de nuestra votación transmita un mensaje político claro a toda Europa: estamos decididos a establecer una política sustancial que garantice una mejor protección medioambiental, de acuerdo con los objetivos económicos y sociales de la Unión. Nuestro voto no producirá un cambio inmediato. Señor Presidente, señorías, si votamos a favor de las enmiendas que tenemos el honor de presentarles, creo que podemos comenzar a allanar el camino para la introducción gradual de un modelo de sostenibilidad y responsabilidad en Europa y fuera de ella.

Niebler (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, mañana se someterá a votación en el Parlamento la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental y con ello pondremos punto final a un debate largo y muy controvertido, como ustedes saben. Permítanme que empiece por manifestar mi especial agradecimiento a nuestro ponente, Toine Manders, que ha trabajado infatigablemente durante muchos meses para sacar adelante su informe. Ha intentado verdaderamente tener en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas y siempre ha buscado el compromiso. Quiero agradecerle una vez más el diálogo constructivo que hemos mantenido.
Antes de continuar, permítanme manifestar con toda claridad, Señorías, que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya tanto esta Directiva como la propuesta de la Comisión. Queremos reglas más estrictas en materia de responsabilidad medioambiental. Quienes causen daños ambientales en el desempeño de su actividad profesional también deben responder de ellos. Asimismo deberá pagarse una compensación por los daños que afecten a la biodiversidad, o sea, por los llamados daños ecológicos. Dado que tales disposiciones todavía no existen en los Estados miembros, nos adentramos en terreno nuevo. No obstante, pienso que es bueno que nos adentremos en terreno nuevo y mi Grupo apoya la responsabilidad por daños ecológicos, aunque todos sabemos que, en última instancia, su evaluación concreta va a resultar difícil.
Yo comprendo que no siempre es posible alcanzar un consenso amplio en relación con el tema de la responsabilidad medioambiental. Pero justamente por esto quiero abogar con especial insistencia a favor de la aprobación del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que ha emitido una opinión clara, prudente y viable. El informe supone un gran paso hacia la mejora de la protección del medio ambiente y, por lo tanto, debería recibir un firme apoyo en la votación del Pleno de mañana.
Comienza, Señorías, con las numerosas definiciones previas y que determinan el campo de aplicación de la directiva, como por ejemplo la definición de la diversidad biológica. En este aspecto nos adentramos en un terreno nuevo, como acabo de señalar. A mi parecer, tiene sentido centrarse en los hábitats naturales y las especies ya protegidos por el Derecho europeo. Los Estados miembros deben ser libres de establecer, además, otras zonas adicionales de protección nacional, pero ir más allá de esto rebasaría los límites de la Directiva en todos los sentidos.
Otro ejemplo es el ámbito de aplicación de la Directiva. Creo que en la Comisión de Asuntos Jurídicos conseguimos alcanzar también en este aspecto un compromiso que remite al sistema de convenios internacionales y aclara la relación con los mismos. La idea es que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental no se aplicará en los ámbitos en los que ya existan de manera efectiva regímenes internacionales de responsabilidad. Creo que con ello se ha alcanzado un compromiso razonable.
Por último, mi Grupo también apoya decididamente las exenciones de responsabilidad incluidas en el proyecto de la Comisión. En este punto se plantean dos cuestiones: por un lado, la «defensa del permiso» y, por otro, la del «estado de la técnica». Por nuestra parte, nos parece acertado que la Directiva contemple estas atenuantes de la responsabilidad. También consideramos acertado que se contemple una exención de responsabilidad en el caso de los agricultores que gestionen sus tierras conforme a las buenas prácticas agrarias.
Para concluir, Señorías, quiero decirles que en la Comisión de Asuntos Jurídicos alcanzamos un buen compromiso y pedirles que mañana este compromiso obtenga también el apoyo mayoritario de esta Cámara.
Gebhardt (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, exigimos mucho de nuestro medio ambiente, a menudo demasiado. Ya es hora, por lo tanto, de que en la Unión Europea se establezcan unas normas rigurosas con vistas a la protección del medio ambiente, como por ejemplo unas disposiciones uniformes en materia de responsabilidad medioambiental, que hoy podemos debatir por fin en el Pleno tras largos forcejeos preliminares en las comisiones competentes.
La responsabilidad medioambiental no tiene que ver con sancionar a la viejecita que cuando saca de paseo a su perro no recoge las deposiciones de su animalito. Necesitamos normas en materia de responsabilidad que obliguen a todos los causantes de daños medioambientales, sin excepción. Quien tenga que acabar pagando de su bolsillo por los daños y su reparación pronto se pensará dos veces cómo trata el medio ambiente y tendrá más cuidado. Por esto, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos apoya una serie de enmiendas al texto de la Comisión. No existe absolutamente ninguna razón por la que el principio de «quien contamina paga» no deba aplicarse también a la contaminación causada por la industria del petróleo o la industria nuclear o a la liberación de organismos genéticamente modificados. ¿Acaso los nombres Erika o Prestige no simbolizan precisamente problemas medioambientales de magnitud inaudita que todavía no se han superado? ¿Es admisible que el Estado y, por consiguiente, el conjunto de los contribuyentes deban pagar por los errores de otros, solo porque los riesgos parecen difíciles de evaluar o de asegurar? ¿Vamos a fomentar actitudes poco respetuosas con el medio ambiente porque determinados contaminadores están fuera del alcance de la ley de daños medioambientales? ¡No, claro que no! Por consiguiente, nada más lógico que nuestra Asamblea procure que los gerentes de empresas que representen un riesgo para el medio ambiente deban suscribir un seguro o adoptar otras disposiciones financieras cautelares que les permitan pagar la reparación de los daños y la rehabilitación del medio ambiente.
Finalmente, quisiera referirme a un último aspecto que los socialdemócratas consideramos particularmente importante. La responsabilidad o la factura de la reparación de los daños y la rehabilitación del medio ambiente no debe hacerse recaer por la puerta de atrás en el Estado y, por ende, en los ciudadanos. ¡De ningún modo! El principio según el cual «quien contamina paga» debe aplicarse siempre y a todos y cada uno. Esta es la razón por la que hemos presentado una enmienda a los artículos 4 y 5 en forma de un apartado adicional aclaratorio. Esta enmienda tiene por objeto permitir a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias sin tener que emprender ninguna acción por su cuenta o incurrir en gastos por anticipado, que pueden ser considerables y difíciles de recuperar posteriormente. Si el Pleno aprueba las enmiendas del Grupo del Partidos de los Socialistas Europeos y otros, en lugar de las que propone la Comisión de Asuntos Jurídicos, tendremos una normativa en materia de responsabilidad medioambiental que imputará equitativamente los costes y a la vez tendrá un efecto preventivo. En estas enmiendas exigimos lo mínimo que los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan, con razón, de una reglamentación europea sobre la responsabilidad medioambiental. Es preciso alcanzar ese mínimo. Si el resultado de las votaciones separadas implica que no se alcance, entonces, con gran pesar por mi parte, nos veremos obligados a votar en contra de esta importante Directiva.
De Clercq (ELDR).
Señor Presidente, con esta propuesta de la Comisión Europea se intenta por primera vez adoptar un sistema integrado en la Unión Europea con miras a prevenir y reparar los daños medioambientales. Estoy seguro de que todo el mundo coincide en que este tipo de mecanismo es muy necesario.
Pero por mucho que coincidamos en torno al principio, tanto más dividido parece estar este Parlamento en cuanto al ámbito de aplicación. ¿Hasta dónde hemos de legar en la protección del medio ambiente y la obligación de reparar los daños? Hay numerosos puntos concretos controvertidos: la descripción exacta del daño medioambiental, la exclusión de determinados sectores industriales, el alcance del principio de «quien contamina paga», la determinación de las garantías financieras, la asegurabilidad de los riesgos y la fijación de importes máximos en materia de reparación de daños.
Nuestro ponente, Toine Manders, a quien felicito de todo corazón, ha intentado reconciliar puntos de vista a menudo muy dispares y el resultado es en mi opinión un informe bien equilibrado y un resultado bien equilibrado que tiene en cuenta los numerosos intereses y sectores económicos implicados en esta cuestión. Esto es en definitiva lo que todos deseamos: un marco europeo bueno, bien definido y uniforme que comporte un enfoque integral de los daños medioambientales, con normas europeas específicas y las mismas reglas para toda la Unión Europea; un marco en el que todo el mundo sepa exactamente a qué tiene que atenerse.
Estoy convencido de que muchos, entre otros nuestros fundamentalistas verdes, quieren ir mucho más lejos. Sin embargo, la cuestión no es si esto es necesario o útil, sino si es viable en estos momentos. A fin de cuentas, se plantea la pregunta de si los sectores económicos pueden pagarlo o asegurarlo, o bien si seguirá siendo incalculable para ellos. Los que ahora quieren ir más lejos, han de darse cuenta de que posiblemente aspiran a algo inalcanzable y que corren el riesgo de quedarse con las manos vacías en la votación final. No debemos permitir que esto suceda. Lo principal ahora es conseguir un buen mecanismo general para el futuro inmediato, en que podamos abordar las responsabilidades reales. No podemos seguir perdiendo el tiempo.

Lannoye (Verts/ALE).
Señor Presidente, con esta propuesta de Directiva, la Comisión culminó finalmente, en enero de 2002, un proceso que había durando diez años. En efecto, en 1993 ya había un Libro Verde sobre responsabilidad medioambiental. El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Medio Ambiente, urgió posteriormente en varias ocasiones a la Comisión a emprender la acción sin demora en esta cuestión. Por tanto, hemos esperado mucho tiempo el día en que se pusiera sobre la mesa una propuesta con pies y cabeza.
Así pues, ¿qué supone esta propuesta de la Comisión? A todas luces no está a la altura de sus ambiciones declaradas. Creo que las ambiciones iniciales de la Comisión apuntaban muy alto, pero que el producto final es decepcionante. También creo que debemos señalar los factores causantes de esta decepción.
El primero de estos factores es que la definición del medio ambiente es demasiado restrictiva. En el caso de la biodiversidad, por ejemplo, solo estaría protegida una parte equivalente, según los cálculos, al 20% de la biodiversidad, y la protección solo abarcaría el 13 % del territorio europeo.
El segundo factor es el ámbito de aplicación de las propuestas. En el anexo I se enumeran las diversas actividades económicas a las que se aplica el principio de responsabilidad sin falta. Esta lista de actividades es muy restrictiva. Concretamente, excluye todo lo relativo a la energía nuclear y al transporte de hidrocarburos, sin ninguna justificación real. Se hace referencia a convenios internacionales que, efectivamente, existen, pero que no contemplan la reparación de los daños medioambientales. Quiero recordar lo que dijo aquí ayer uno de nuestros diputados del PPE, el Sr. Bébéar, cuando intervino para quejarse, con razón, por el escaso importe de las indemnizaciones que el FIPOL piensa pagar a las víctimas del accidente del Prestige. Por tanto, hemos de ser coherentes y adoptar una enmienda muy firme que exija que en caso de accidentes de este tipo, lo que no estuviese contemplado en el convenio internacional quedara cubierto por nuestra Directiva. Sin embargo, la propuesta de Comisión no lo hace.
El tercer factor que debemos considerar son las exenciones previstas sobre la base de la existencia de un permiso de explotación o de la existencia de conocimientos científicos que, en el momento del accidente, no serían suficientemente relevantes para justificar la responsabilidad de la actividad económica en cuestión. Por ejemplo, en el caso de los OGM o de los plaguicidas que entre otras cosas son disruptores endocrinos, si seguimos ese principio prácticamente todas las actividades asociadas escaparán de la aplicación de la Directiva. Esto es inaceptable.
Concluiré, señor Presidente, señalando que nuestro Grupo apoya una serie de enmiendas que siguen la línea de las propuestas del Sr. Papayannakis a la Comisión de Medio Ambiente, y que han sido retomadas por la Sra. Gebhardt. Pienso que estos importantes cambios son indispensables para dar un contenido real a esta Directiva.
Blokland (EDD).
Señor Presidente, como sabemos, el medio ambiente no está de moda. Parece que hay dificultades para despertar simpatías por los puntos de vista medioambientales. También esta propuesta adolece de ello. Durante muchos años nos hemos ocupado de esto y siempre parece faltarnos el convencimiento para hacer realmente algo al respecto. También ahora impera de nuevo un gran desacuerdo sobre la manera en que debemos abordar la responsabilidad. La industria ha ejercido muchas presiones, con argumentos que, aun siendo comprensibles, creo que no podemos admitir. En particular se plantean aspectos relacionados con los seguros. Sin embargo, esto no me ha convencido para votar a favor de una suavización de la propuesta.
Al contrario. Creo que una legislación fuerte en materia de responsabilidad medioambiental tendrá un efecto preventivo con respecto a los daños causados al medio ambiente y fomentará la reparación de los mismos. «Quien contamina paga» ha de ser la moraleja lógica. En los Países Bajos existe desde hace tiempo una forma limitada de responsabilidad medioambiental, basada en este principio. Funciona bien y permite ahorrar dinero.
Creo que la propuesta de la Comisión ha cedido demasiado a las presiones de la industria. La Comisión de Asuntos Jurídicos la ha empeorado todavía un poco más. Espero que con la aprobación de las enmiendas presentadas por mí y por otras personas, podamos cambiar en sentido positivo el efecto de la Directiva. En los próximos años veremos en la práctica si esta Directiva es viable en la Unión Europea. No hace falta que desde el principio rebajemos todo al mínimo común denominador. Si no funciona, siempre estamos a tiempo de modificar la Directiva. Sería una demostración de coraje que como órgano legislativo asumiéramos este riesgo a fin de evitar los riesgos de daños medioambientales.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre responsabilidad medioambiental que se nos ha presentado hoy nos decepciona mucho. Estamos por supuesto a favor de una armonización europea en el campo de los daños medioambientales, que a menudo son transfronterizos, pero haría falta que la Directiva supusiera un progreso serio.
Pero contiene un gran número de omisiones, exenciones, exclusiones y limitaciones de la responsabilidad que convertirían la nueva normativa en una ilusión e incluso darían pie a la confusión y a un retroceso en la protección del público, a menos que apelemos al contribuyente para cubrir las deficiencias. Puedo citar dos ejemplos para ilustrar esta cuestión. El primer ejemplo es que en el artículo 3 descubrimos que la Directiva no se aplicaría al transporte por mar de sustancias peligrosas, a los daños causados por la contaminación por petróleo ni a los daños provocados por actividades nucleares. El motivo sería que ya existen convenios internacionales que regulan la responsabilidad civil en todos estos ámbitos. No obstante, estos convenios tienen un alcance limitado, no brindan un nivel de protección suficiente o son totalmente insuficientes, como podemos comprobar estos días con las indemnizaciones irrisorias propuestas por el FIPOL tras la catástrofe del Prestige. Pedimos por consiguiente que esta Directiva no rehúya el problema, sino que lo afronte y aporte una verdadera protección.
El segundo ejemplo es el de los OGM. La Comisión nos había prometido, al debatir la Directiva sobre la liberación intencional de OGM, que las cuestiones de responsabilidad y seguros se tratarían en la Directiva general sobre responsabilidad medioambiental, la que estamos discutiendo hoy aquí. Pero nos han engañado. Los OGM están sin duda contemplados en teoría en esta propuesta, pero en virtud del artículo 9, que declara exentas las actividades que gozan de autorización oficial, una categoría que incluye los OGM, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre liberación intencional.
Todo esto resulta intolerable, especialmente en un momento en que la Comisión pretende traspasar a los Estados miembros el problema de la coexistencia de cultivos OGM y tradicionales, que quiere autorizar. En estas condiciones, solicitamos al Consejo que no levante la moratoria hasta que las cuestiones de responsabilidad y seguros en el caso de los OGM se resuelvan claramente de modo que proporcione la máxima protección al público y al medio ambiente.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, antes de nada deseo expresar mi profundo agradecimiento -no rutinario- tanto al ponente, Sr. Manders, como a la Sra. Niebler, por el enorme trabajo que han realizado.
Seguidamente, quisiera hacer dos comentarios: uno de carácter concreto y otro de tipo general. El de carácter concreto es también una respuesta a algunas intervenciones anteriores a la mía. Me parece que el mundo agrícola ha acogido favorablemente la propuesta de Directiva sobre responsabilidad ambiental, en particular porque la Comisión ha optado por un enfoque horizontal. Durante los trabajos parlamentarios se manifestaron en la comisión otros puntos de vista, de modo que en este momento resulta muy difícil aceptar la idea de una responsabilidad de los agricultores por daños medioambientales cuyas causas están fuera de su control. A este respecto, cualquier ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva -la obligación de una garantía financiera, la inversión de la carga de la prueba y, sobre todo, la exclusión de algunos factores de exención- dificultaría enormemente a los agricultores la gestión de sus actividades. En la práctica, un agricultor podría verse obligado a pagar una compensación por un daño ambiental causado por una actividad para la cual cuente con un permiso y haya respetado todas las disposiciones legales aplicables. Estoy seguro de que los agricultores están dispuestos a asumir sus responsabilidades, pero no cuando no pueden controlar la causa del daño. Por esta razón y en este sentido hemos trabajado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, desarrollando una orientación que evita graves repercusiones sobre el mundo agrícola y el entorno rural en general. Espero que el ponente esté de acuerdo con esta posición y que el Parlamento Europeo la ratifique.
Por lo que respecta al comentario de tipo general, refleja también un temor. En mi opinión, la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva respecto de la propuesta inicial de la Comisión puede poner en entredicho la certeza jurídica del marco normativo propuesto y las garantías de seguro resultantes, dificultando de este modo la aplicación de un principio que es útil para la sociedad europea en general.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, la propuesta de directiva que nos llega desde la Comisión es una propuesta timorata. Timorata en un momento en el que se están produciendo continuamente daños ambientales -el ejemplo más reciente es el del "Prestige" que están provocando reacciones de indignación en todos nuestros pueblos, con manifestaciones masivas -por ejemplo, en mi país, donde se pide que nunca más se vuelva a producir este tipo de daños. Y frente a esa directiva timorata, el Grupo del Partido Popular Europeo, aprovechando su mayoría coyuntural en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ha establecido todavía más restricciones, evitando prácticamente que se puedan exigir responsabilidades ambientales a los causantes de daños. El principio de quien contamina paga quedaría totalmente perjudicado si se adoptaran las enmiendas aprobadas a propuesta del Partido Popular Europeo en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo presentó una serie de enmiendas destinadas a reforzar el contenido de esa directiva. Como he dicho anteriormente, esas enmiendas fueron rechazadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por esa mayoría mecánica de la derecha, pero, aprovechando que en el Pleno no existe tal mayoría, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo ha vuelto a introducir ese grupo de enmiendas -de la 98 hasta el final- que están dirigidas a restablecer el principio de quien contamina paga, establecer el principio general de responsabilidad y establecer la posibilidad de que cualquier persona perjudicada pueda exigir las indemnizaciones correspondientes.
Nosotros esperamos que, en el Pleno, esas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo y que van dirigidas, como he dicho anteriormente, a restablecer, por un lado, el conjunto de la directiva y, por otro lado, a reforzar el conjunto de la directiva para que los daños causados, por ejemplo, por el transporte de mercancías por vía marítima, por accidentes nucleares, por los daños causados por la emanación de organismos modificados genéticamente o incluso por biotecnología, puedan ser reparados de manera eficaz.
Espero que el Pleno del Parlamento Europeo apruebe ese conjunto de enmiendas y, de esta forma, se rectifique la forma unilateral y en favor de los causantes de los daños en que nos ha quedado el texto adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Creo que se trata de una pretensión justificada, que los ciudadanos de la Unión Europea esperan de nosotros, y espero, por tanto, que el texto modificado sea aceptado.
Y en concreto, imagino que la Comisión tendrá que precisar un poco más las declaraciones de la Comisaria Wallström, ya que nos gustaría saber con un poco más de precisión cuál es la actitud de la Comisión con respecto tanto a las enmiendas que han sido aprobadas en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior como a las enmiendas que nosotros esperamos que sean aprobadas una vez que el Pleno se pronuncie sobre el conjunto de enmiendas que hemos presentado en este momento.
Davies (ELDR).
Señor Presidente, como otros diputados presentes hoy aquí, he sido objeto de numerosas presiones con respecto a esta Directiva y estoy impresionado por el grado de apoyo -al menos apoyo inicial- que ha recibido. Los defensores del medio ambiente la consideran un santo grial, el medio para poner en práctica el principio de «quien contamina paga». Los representantes de la industria me han dicho que también están de acuerdo con el principio, y el sector de los seguros dice que puede hacerlo funcionar siempre que se introduzca gradualmente y dispongan de tiempo para costearlo debidamente.
¿Por qué, entonces, esta Cámara, y también mi propio Grupo, se encuentran tan divididos respecto a un tema en el que todo el mundo parece estar de acuerdo ? Da la impresión de que el principio es bueno siempre que nunca se ponga en práctica. En este caso, me considero un pragmático, quiero asegurarme de que la legislación funcione y no imponga cargas desmedidas a la industria ni a los productos agrícolas. Esa es una razón por la que me opongo a que se establezca una responsabilidad solidaria. Si existe una amenaza para el medio ambiente, alguien tiene que pagar, y en el caso de que se sepa claramente quiénes son los contaminantes, deben ser ellos los primeros en hacerlo.
Todas las organizaciones deben, por encima de todo, ser muy conscientes de la necesidad de adoptar medidas para prevenir los daños antes de causarlos. Creo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha hecho justicia a esta Cámara. Ha adoptado posiciones que no solo son minimalistas, sino de hecho retrógradas, y que debilitan las propuestas de la Comisión. Esta Cámara tiene que hacer cambios. No soy partidario de cambiar el fundamento jurídico. Debemos ampliar la definición de daños ambientales para proteger especies o hábitats específicos. Debemos aprovechar esta oportunidad para apremiar a los Estados miembros que no han ratificado todavía los convenios marinos internacionales. Debemos dar a los ciudadanos el derecho a acudir a los tribunales directamente para prevenir daños ambientales o para exigir su reparación.
Nada de eso es demasiado radical. Todos hemos manifestado preocupación por los daños que la actividad humana están causando en nuestro medio ambiente. Esta medida es una forma de empezar a hacer algo práctico para protegerlo y poner en práctica todas nuestras bellas palabras.
(Aplausos de la izquierda)
MacCormick (Verts/ALE).
 Señor Presidente, como todo mi Grupo, he acogido con satisfacción lo esencial de esta propuesta y la oportunidad de hablar en su defensa. Como ha señalado mi amigo, el Sr. Lannoye, esta propuesta, si no «sabe a poco y llega tarde», en todo caso «no sabe a mucho y llega más bien tarde». En cualquier caso, es un paso en la buena dirección y es muy importante para poner en práctica el principio de «quien contamina paga». Después de todo, la mayoría de las actividades humanas tienen algún impacto en el medio ambiente. La cuestión está en quién repara después los daños: ¿el causante o algún otro? Como muchos miembros de esta Cámara, he recibido la visita de importantes representaciones de las administraciones locales de mi propio distrito electoral en Escocia y me han dicho que si no se adopta esta Directiva, las administraciones locales y otros organismos públicos tendrán que seguir afrontando, con cargo a los ingresos fiscales generales, los problemas que otras personas tendrían que haber prevenido en un principio o afrontar en el presente.
Tenemos que recordar que el principio de «quien contamina paga» es solo la mitad de la historia. El meollo de la cuestión está en que los que contaminan realizan actividades económicas que producen bienes o servicios que otras personas quieren comprar, presumiblemente al precio al que se les ofrecen. Si el que contamina no paga, el problema es que ofrece precios demasiado bajos. Es como si los consumidores recibieran algo gratis que luego tendrían que pagar en su calidad de contribuyentes. Por consiguiente, tenemos que asegurarnos de implantar un sistema que esté realmente dirigido a los productores y a las actividades que pueden adoptar mayores precauciones y suscribir un seguro adecuado para cubrir sus obligaciones financieras, de manera que la presión de las obligaciones de las pólizas de seguros y el coste de dichas pólizas recompensen a los más respetuosos con el medio ambiente y presionen al alza los precios de los menos respetuosos, creando con ello un círculo virtuoso. 
Con respecto a esa cuestión, he tenido muchas dudas durante los debates respecto a lo que se conoce por defensas basadas en el estado de la técnica y en permisos, puesto que uno de los argumentos dice que las personas deben poder trabajar ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas, por ejemplo, en un permiso cuidadosamente redactado, protegiéndose así frente a cualquier responsabilidad.
Pero, en conjunto, he llegado a la conclusión expresada en la enmienda 104 de que estas cuestiones deben tratarse como objeto de litigio, no como objeto de exención, lo cual me parece un compromiso razonable, por lo que apoyamos plenamente la Directiva con la condición de que se aprueben las enmiendas relevantes.

Bernié (EDD).
Señor Presidente, legislar sobre la responsabilidad medioambiental es abrir la caja de Pandora, considerando lo mal definido que está el daño medioambiental en la Directiva y lo impreciso que es el ámbito de aplicación de la misma, especialmente en materia de biodiversidad, ya regulada por los convenios internacionales de Berna y Bonn.
El aspecto de la «reparación» se limitaría a las zonas Natura 2000 y excluiría las actividades no lucrativas, como el ocio, que la Directiva asimila a las actividades profesionales. La Directiva tampoco contempla el transporte de hidrocarburos ni los OGM. La reparación debe basarse en criterios objetivos y cuantificables, en la naturaleza del daño y su impacto, en el estado del medio ambiente cuando ocurre el daño y en las circunstancias locales.
Los conceptos de estado de la técnica y del permiso deben mantenerse para aplicar eficazmente el principio de «quien contamina paga» y no permitir su sustitución por el principio de que quien paga es el contribuyente. La responsabilidad debe incluir los OGM, sobre todo ahora que los Estados Unidos ejercen una presión constante para levantar la moratoria sobre las importaciones en el marco de las negociaciones de la OMC.
Más en general, ¿cuál es el interés de comunitarizar el régimen de responsabilidad, cuando la iniciativa danesa a favor de una decisión marco del Consejo para combatir el delito medioambiental grave se inscribe en el ámbito de la cooperación judicial, particularmente cuando podríamos utilizar otros instrumentos jurídicos, como el convenio de Lugano?

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, esperamos desde hace mucho un régimen de responsabilidad medioambiental, un régimen suficientemente restrictivo, pero al mismo tiempo objetivo y viable, para proteger el medio ambiente sin lesionar a la economía industrial o agrícola. Además es esencial que la aplicación de dicha responsabilidad no provoque ninguna distorsión de la competencia. No obstante, debo señalar que esta propuesta me parece decepcionante y bastante ineficaz, y no responde completamente a nuestras expectativas.
El principio de «quien contamina paga» es un principio fundamental, pero que debe acompañarse de garantías financieras. Esta propuesta no habla del transporte marítimo de hidrocarburos, y esto lo lamento. Cuando vemos el ejemplo del FIPOL, en el triste asunto del Prestige, cuando vemos el flujo incesante de incidentes de vertido de fuel en el mar, podemos pensar que todavía hay mucho que hacer para que ciertas ocupaciones sean conscientes de su responsabilidad. A este respecto, nuestro enojo es directamente proporcional a la amplitud de los daños causados a la biodiversidad. Las propuestas en este terreno son insuficientes y además me gustaría que la Sra. Comisaria nos diga qué piensa de la decisión del FIPOL.
Por último, esta responsabilidad debe ser proporcional a la falta reconocida. Hay que evitar toda responsabilidad solidaria, que descargaría parte de la responsabilidad en otras personas. El contribuyente no tiene por qué soportar financieramente los daños causados por otros.
En conclusión, quiero decir que la reparación no me parece la única solución. Tendría que haber más prevención. Celebro además los esfuerzos que pueden hacer en este sentido las empresas a través de los acuerdos voluntarios -de los que hablaremos próximamente-, pero insisto en que debe establecerse un sistema eficaz de garantía financiera.
Es cuanto tenía que decir. Estoy convencida, para concluir, que sin duda será necesario volver a tratar este régimen de responsabilidad medioambiental.

Sacconi (PSE).
- (IT) Señor Presidente, la Directiva que nos disponemos a votar puede y debe representar una inflexión claramente visible para todos los ciudadanos europeos. Desde Seveso, pasando por las catástrofes tristemente famosas del Parque Natural de Doñana y el hundimiento del petrolero Prestige, hasta la confirmación de los devastadores efectos para la salud causados por la degradación medioambiental de la planta química de Priolo, son todos casos que exigen la adopción de un régimen europeo de responsabilidad civil por daños medioambientales.
Es necesario que enviemos una señal política fuerte, que sirva también para bloquear algunas tendencias regresivas que se están manifestando aquí y allá. La Sra. Wallström, por ejemplo, sabe muy bien que el Gobierno italiano va a emprender una revisión del Código Penal que contempla, entre otras cosas, la despenalización de los delitos ambientales. Con mayor razón es necesario un régimen que aplique rigurosamente el principio de «quien contamina paga» y constituya así fuertes incentivos para prevenir y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. En efecto, la finalidad última es la prevención, no la compensación del daño.
En función de este objetivo, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hemos intentado que se supriman algunas peligrosas exenciones que proporcionan medios de protección amplios y genéricos y que, de hecho, convierten las autorizaciones ambientales en una especie de licencia para contaminar, con el grave riesgo de anular la eficacia del sistema normativo propuesto. Hemos tratado de asegurar que sea el operador responsable, y no el contribuyente, el que se haga cargo de los costes de reparación del daño medioambiental.
Además, es necesario que el régimen de responsabilidad incluya todas las actividades económicas de las que pueda derivarse un daño para el medio ambiente. Dicho régimen debería prever, como norma general, una responsabilidad objetiva por los daños ambientales, independientemente de que sean provocados por una actividad considerada peligrosa o no.
Esta Directiva tiene una importancia vital. Largamente esperada, será un elemento fundamental de la legislación medioambiental europea, siempre y cuando se aprueben los cambios sobre los que hemos estado trabajando con las 16 enmiendas transaccionales para reforzar el texto. Les encarezco que aprueben las enmiendas transaccionales, que recuperan en sustancia el texto que había adoptado la Comisión de Medio Ambiente y que posteriormente anularía la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior; si no se adoptan las enmiendas, como ya ha dicho la Sra. Gebhardt, y en particular las enmiendas 99, 103 y 107, nuestro Grupo no podrá votar a favor del informe Manders.

Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Davies ha hablado del Santo Grial del medio ambiente. He de decir que también yo me alegro de que ahora se creen unas condiciones equitativas para todos los causantes de daños medioambientales. Esto significa que la comunidad empresarial se ajustará más fácilmente a esta Directiva. Sin embargo, hay dos cuestiones sobre las que quisiera llamar la atención. Una es la cuestión de la energía nuclear y las actividades no reguladas. La otra cuestión es la del transporte marítimo.
Vivo cerca de dos centrales nucleares, concretamente la única central nuclear comercial de mi país y también la de Doel en Bélgica. ¿Cómo está regulada esta actividad en estos momentos? Los propietarios de las centrales nucleares tienen una responsabilidad limitada y el Estado se hace cargo. En Bélgica, por ejemplo, esto asciende a 300 millones de euros por central, y en mi país la cifra es de 2,26 millardos de euros. Parece mucho dinero, pero de hecho es muy poco si se tiene en cuenta que estas centrales se encuentran en una zona industrial. No me explico que se responsabilice al ciudadano y a las empresas y que al mismo tiempo se exonere a las empresas vinculadas al Estado de este tipo de responsabilidad. Considero que la enmienda que pide que se revise esta cuestión al cabo de 5 años es muy flexible, y pienso que la Comisión ha de aprobarla y que nosotros también tenemos que votar sobre ella.
Lo mismo cabe decir de la responsabilidad sobre el transporte marítimo. Hace dos meses pregunté sobre la responsabilidad en torno a la catástrofe del Tricolor y aún no he recibido ninguna respuesta. Pedimos que también esto se incluya en la Directiva y que se revisen los acuerdos internacionales y se cubran las lagunas.
Por último, quiero referirme de nuevo a la energía nuclear. La energía nuclear se considera siempre una fuente de energía barata, pero si se calcularan todos los costes, incluidos los costes que tienen que ver con los daños medioambientales, cabría preguntarse si la energía eólica y otras formas de energía ecológicas no serían igual de competitivas. Pido a la Sra. Comisaria que cree también para esta cuestión unas condiciones equitativas.

Breyer (Verts/ALE).
 Señor Presidente, Señorías , numerosos oradores han destacado la importancia de esta Directiva medioambiental. En realidad hubiésemos debido ser suficientemente ambiciosos como para convertirla en el elemento central de nuestra legislación en materia de medio ambiente. Tanto más lamentable es que la industria haya conseguido introducir una serie de excepciones en esta normativa. De hecho, los contaminadores deberían responder de los daños que hayan causado y también deberían estar obligados a adoptar medidas preventivas.
Dado que hay tantas exenciones y que esta Directiva solo contempla un número muy reducido de accidentes, me temo que no conseguiremos lo que nos propusimos al principio. Como ustedes saben, solo se contemplan los accidentes causados por negligencia o conducta dolosa, lo que significa que los daños causados a la biodiversidad debido al uso de semillas genéticamente modificadas que estén autorizadas no están incluidos en absoluto. Esto es muy lamentable. Además, el hecho de que la noción de responsabilidad estricta esté vinculada a la lista de actividades peligrosas, también quedan excluidos ámbitos enteros que suponen un riesgo potencial, como la minería y la perforación de sondeo de petróleo y gas, así como una gran parte de la producción de bienes de consumo.
Asimismo me parece un error que no exista la obligación de establecer un seguro general que cubra los daños ambientales, ya que hemos de asegurar que si se causan daños a los bienes y la salud, la responsabilidad no se limite tan solo a las zonas Natura 2000, sino que también se aplique más allá de estas. Sin embargo, siempre que la Comisión entre en razón, espero que lograremos hacer de esta Directiva de responsabilidad medioambiental el elemento central de nuestra legislación. Asimismo espero que no quede llena de agujeros como un queso suizo, lo que significaría que solamente se aplicaría en muy pocos casos, porque de ser esto así no lograríamos nuestros objetivos, a saber, incentivar a la industria para que adopte medidas preventivas y que el principio de «quien contamina paga» sea realmente el punto de mira de nuestra acción.
Andersen (EDD).
Señor Presidente, este fin de semana en Dinamarca ha salido a relucir que el glifosato ha penetrado en depósitos superiores de aguas subterráneas. Esto es muy significativo en un país como Dinamarca, donde bebemos el agua directamente del grifo. El producto con que se fumigan los cultivos se llama Roundup y lo fabrica Monsanto. Roundup está aprobado y se usa comúnmente en el resto de la UE.
No me sorprende que el veneno, cuando se difunde de forma sistemática, acabe en nuestras preciadas aguas subterráneas. Debería ser posible, en un caso como este, responsabilizar a Monsanto de lo ocurrido con las aguas subterráneas danesas. Monsanto también está detrás de la modificación genética de plantas a gran escala. Las plantas se modifican genéticamente para que se vuelvan resistentes, por ejemplo, al Roundup; de este modo, las malas hierbas pueden fumigarse de forma más intensa sin dañar los cultivos. Por lo tanto, también debería ser posible responsabilizar a Monsanto de la enfermedad y el daño permanente que causará el uso de cultivos genéticamente modificados.
En Dinamarca hemos prohibido muchos pesticidas que están presentes en el mercado en el resto de la UE. La UE intenta obligar a Dinamarca a levantar la prohibición sobre algunos de estos pesticidas. Ha obligado a Dinamarca a usar plantas modificadas genéticamente sin responsabilizar a nadie de la contaminación provocada en el campo. Es totalmente inaceptable.

Inglewood (PPE-DE).
 Señor Presidente, desde que existe el ser humano, siempre ha contaminado. Ahora bien, cuantos más habitantes seamos y más sofisticados nos volvamos, peor podrá hacerse esa contaminación.
Dada la naturaleza humana y el mundo decadente en que vivimos, es inevitable que se produzcan algunos daños. La prevención constituye evidentemente la máxima prioridad y, en cualquier caso, la contaminación debe reducirse al mínimo. Pero cuando ocurra esa contaminación, los responsables deben reparar los daños. No obstante, tenemos que reconocer que gran parte de las actividades que suponen una amenaza para nuestro medio ambiente pueden no solo estar ayudando a la humanidad de otras formas, sino de hecho ayudando al propio medio ambiente.
Esta legislación pertenece al ámbito del derecho civil, no del derecho penal. No se trata de castigar a los infractores, sino de exigirles responsabilidades por los daños medioambientales. Los castigos deben imponerse a través de sanciones penales, no por la vía de la responsabilidad civil. Algunos piensan que esto no es más que una escaramuza en la lucha maniquea que mantiene el sector público, que es el bueno, contra el sector privado, que es el malo. Este tipo de lucha de clases propia del siglo XX no tiene cabida en nuestros días. Los dos sectores se complementan. Son interdependientes y deben compartir y repartirse la responsabilidad por las consecuencias de la contaminación. El sector privado no puede ni debe ignorar las consecuencias de sus acciones. El sector público y, en definitiva, la sociedad y el público en general, no pueden lavarse las manos y privatizar las responsabilidades incurridas en la regulación del sector privado, cuando también disfrutan de los beneficios derivados de sus acciones.
Además, al ser la contaminación un problema práctico, las acciones correctoras también tienen que ser de carácter práctico. Las soluciones fantasiosas son nocivas para la propia contaminación.
Por todo ello, los Conservadores británicos apoyamos las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior a este proyecto de Directiva. No son perfectas y esperamos que se mejoren en la segunda lectura, cuando el Consejo desarrolle más el pensamiento europeo sobre este importante tema. Pero constituyen otro paso responsable en el camino que nos lleva a afrontar las consecuencias de la contaminación en Europa y en todo el mundo.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, los objetivos de la propuesta de Directiva son muy ambiciosos y han sido diseñados para minimizar el daño medioambiental con medios preventivos y medios para repartir el coste de la reparación del daño.
Las enmiendas que apoyamos representan un compromiso necesario, no solo para evitar que se posponga la adopción de la Directiva, sino también para asegurar que todo el sistema de protección sea viable y para prevenir distorsiones del mercado. Felicito a mis amigos, Sr. Manders y Sr. Papayannakis, por haber alcanzado los compromisos necesarios. La aplicación del principio de «quien contamina paga» es muy importante. Sin embargo, necesita conceptos nuevos e instituciones innovadoras muy difíciles de introducir de golpe, por mucho que las deseemos. Las garantías financieras obligatorias para la reparación del daño medioambiental son una condición imprescindible para la protección eficaz del medio ambiente. Sin duda, nuestro objetivo a largo plazo tiene que ser la introducción de un sistema de seguro obligatorio que sirva para desincentivar. Sin embargo, el seguro obligatorio tiene que introducirse de forma gradual en cooperación con los operadores implicados. Hay que tener en cuenta el hecho de que las compañías de seguros necesitan cierto tiempo para prepararse. Sin embargo, las fases para imponer un sistema de seguro obligatorio tienen que definirse desde ahora en el texto de la Directiva, junto al tipo de daño que cubrirá y las actividades a las que se referirá.
Respecto de la reparación del daño medioambiental, no podemos aceptar las amplias exenciones de la responsabilidad de los operadores. De lo contrario, la carga financiera final pasaría al contribuyente. El ejercicio de actividades para las que se ha concedido permiso y que no se consideran perjudiciales en el momento en que se llevan a cabo no excluye la responsabilidad del operador; sin embargo, el hecho de que exista un permiso o de que las consecuencias perjudiciales de la actividad no se reconocieran a tiempo, podría servir de circunstancia atenuante al atribuir el coste de la reparación del daño ecológico al operador, siempre y cuando este hubiera cumplido plenamente las disposiciones de la legislación vigente o las condiciones del permiso en el desempeño de su actividad. Llevamos razón al aceptar los criterios de diferenciación del informe en materia de compensación, mediante los que podemos ver de forma indirecta el tamaño de la empresa, asegurando así que no se ponga en peligro la viabilidad de las empresas pequeñas.
Lo anterior también demuestra que, si queremos que la protección medioambiental sea eficaz y se prevengan las catástrofes ecológicas, las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva tienen que revisarse de forma regular, junto con una evaluación de las últimas conclusiones científicas y de la experiencia adquirida mientras tanto.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Directiva sobre responsabilidad medioambiental era el eslabón que faltaba en una política medioambiental efectiva. Con una Directiva fuerte y valiente podríamos reducir la contaminación y los daños ambientales y hacer pagar a los que contaminan. ¿Estará la Directiva propuesta a la altura de este desafío?
Después de veinte años de gestación, la propuesta es decepcionante, pero las enmiendas de los Verdes y de la izquierda pueden mejorarla en gran medida. ¿Cómo es posible proteger el medio ambiente excluyendo la energía nuclear y los OGM? Querer proteger y restaurar la biodiversidad con una Directiva que solo establece responsabilidades con respecto a un 13 % del territorio es inaceptable. Lo peor, no obstante, es la hipocresía de ciertos Estados miembros sobre la cuestión de la responsabilidad medioambiental. Los conservacionistas franceses, que se declaran consternados por el importe de los pagos del FIPOL, harían bien en pedir al Sr. Chirac, que se enorgullece de su carta medioambiental, que cambie la postura de su Gobierno, que presiona a favor de las excepciones del permiso y en contra del seguro obligatorio. Esto es totalmente contradictorio con una verdadera política medioambiental, porque con permisos y sin seguro obligatorio podemos esperar docenas de catástrofes como la del Prestige y el Erika. Nos negamos a aceptarlo. Por tanto, pedimos a todos los diputados de esta Cámara que voten a favor de nuestras enmiendas.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, el refuerzo de la legislación en materia de responsabilidad medioambiental que debatimos hoy es una cuestión muy importante. Es necesaria si queremos que se reparen y aborden los daños medioambientales, pero también la necesitamos como acicate para evitar que se produzcan daños en el futuro.
El informe que tenemos ante nosotros me parece un compromiso muy aceptable que debería obtener la mayoría de los votos. El ponente -y le estoy agradecida por ello- ha tenido que retirar una o dos cosas, como su fondo para los árboles, y los ponentes alternativos, la Sra. Niebler y el Sr. Ferber, han colaborado con el ponente todo lo posible por alcanzar un compromiso viable.
Esto no significa que yo esté totalmente satisfecha con lo que tenemos ahora sobre el tapete. Sin embargo, he prometido a la Sra. Niebler que nuestro Grupo la apoyaría porque quiero conceder a la propuesta el beneficio de la duda. ¿Por qué no estoy satisfecha?
Me pregunto si la exclusión de determinados sectores, como la industria del petróleo o la industria nuclear, está suficientemente bien cubierta por los acuerdos internacionales vigentes. Tengo mis dudas al respecto.
El segundo punto es -y esto en realidad es contradictorio- que se crea una nueva vía para reintroducir en esta legislación los OGM que están autorizados. Tengo mis dudas al respecto. Luego está la definición de hábitat. ¿Cuánto costará evacuar a dos hámsters salvajes cuando se construya un polígono industrial? ¿Quién puede pagarlo? Sigo teniendo problemas con el modo en que se define el hábitat.
El tercer punto tiene que ver con la falta de compromiso en relación con el seguro. Yo habría preferido que hubiese un seguro obligatorio, porque ello sería importante sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Esto se revisará al cabo de cinco años. No sé si bastará para que funcione.

Miller (PSE).
Señor Presidente, como el resto de esta Cámara, he acogido con satisfacción esta Directiva. El principio de «quien contamina paga» existe ya desde hace mucho tiempo, pero ¿qué ha pagado el contaminador en el pasado? El que contamina ha pagado una pequeña multa que nunca es proporcional a los costes reales de la recuperación del lugar contaminado. Ya es hora de que sustituyamos el principio de «quien contamina paga» por el de «quien contamina restaura el lugar contaminado». Eso es lo que pretende la presente Directiva.
Ahora bien, la Directiva, modificada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es todavía una Directiva débil. Sigue siendo poco clara, sigue siendo vaga. Indicaré algunos aspectos que así lo demuestran. La definición de biodiversidad es una descripción muy débil y muy vaga. No tranquiliza ni a los operadores, ni a las organizaciones ecologistas ni al público en general. Por eso apoyo la enmienda de compromiso presentada por mi propio Grupo, el Grupo GUE/NGL y el Grupo Verts/ALE.
Otro punto que la Directiva, modificada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, no aborda debidamente es el del seguro financiero obligatorio. Tal como está formulada ahora, permitirá a los malos operadores seguir siendo malos operadores. Si incumplen la legislación, se declararán insolventes. ¿Quién sufragará entonces el coste de los daños causados? Será el público en general. Tendrá que pagar la factura para restaurar el lugar contaminado y el operador se saldrá de nuevo con la suya. No podemos permitir que eso suceda. Una vez más, les insto a que consideren el compromiso que proponen los tres Grupos que he mencionado antes.
En cuanto a las defensas basadas en permisos, este tipo de defensas podrían interpretarse como una licencia para contaminar. No podemos permitirlo. Tenemos que tratar de dotar a los Estados miembros y a los tribunales de poderes para intervenir si creen que alguien con una defensa basada en permisos ha contaminado. 
Mi Grupo, y el Partido Laborista del Parlamento Europeo, tiene ciertas dificultades con la cuestión de los organismos modificados genéticamente, no porque estemos en contra de los OGM, sino porque pensamos que esta legislación puede debilitar la legislación vigente en materia de OGM. Por eso solicitaremos una votación por partes de una de las enmiendas.
de Roo (Verts/ALE).
Señor Presidente, la responsabilidad medioambiental debería ser una de las joyas de la corona de la legislación medioambiental europea, pero hasta ahora ha sido una tragedia. La Comisión ha necesitado 20 años para traducir en legislación el principio de «quien contamina paga». Pero no es la industria la que habrá de pagar, sino los Gobiernos nacionales. El principio de «quien contamina paga» ha sido profanado por la Comisión. Por desgracia, el Sr. Manders no ha hecho más que empeorar las cosas y ha dejado en los huesos una propuesta que ya de por sí era enclenque. No es de extrañar que toda la industria arrope al Sr. Manders. Si la industria tiene un permiso medioambiental, nunca tendrá que responsabilizarse. Un automovilista necesita un permiso de conducir para poder circular, pero si provoca un accidente, es sin duda responsable. En este punto interviene el seguro obligatorio de automóviles.
Para la industria hemos de introducir exactamente las mismas responsabilidades. Este es el núcleo del principio de «quien contamina paga». Hemos de poder proceder contra los causantes de accidentes como el del Prestige, el Erika, y también accidentes nucleares y la contaminación causada por alimentos genéticamente modificados. Cabe esperar que los liberales de izquierdas, los socialistas, los verdes, los regionalistas, los comunistas y miembros de la derecha consigan mañana la mayoría.

Oreja Arburúa (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Manders, y también a la ponente alternativa de mi Grupo, la Sra. Niebler, por el esfuerzo que han realizado para poner en común el trabajo y hacer frente a las presiones de la industria y de las organizaciones gubernamentales.
Creo que, en estos momentos, en los que se han registrado numerosos desastres en Europa, entre ellos el del "Prestige", debemos insistir en el principio de «quien contamina paga». Me centraré en dos puntos concretos de esta importante Directiva.
Con respecto al artículo 9, que habla de las excepciones, creo que no cabe pensar que toda excepción o toda autorización da cabida a la contaminación. El establecimiento de excepciones, tales como actividades cubiertas por permisos, así como actividades cubiertas por el estado de la técnica, corresponden al principio de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, que vienen siendo amparados por numerosas sentencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asimismo, esta excepción exime exclusivamente de los daños causados por emisiones o actos que se atienen a los parámetros autorizados, y cabe recordar el principio de la Directiva IPPC de prevención y control integrado en la contaminación. Por lo tanto, creo que la enmienda 37 cubre perfectamente las actividades permitidas específica y explícitamente en las leyes.
En cuanto a la garantía financiera, creo que este es uno de los puntos claves de este informe y que debemos tratar de establecer algún sistema obligatorio de garantías financieras, por parte de los operadores, para cubrir así las responsabilidades derivadas de esta Directiva. Teniendo en cuenta el temor de algunos países a que las compañías aseguradoras no puedan asumir esta responsabilidad, el "step by step approach", el ir poco a poco, permitiría, sin duda, asegurar la garantía financiera y la posibilidad de asegurar los daños medioambientales. El miedo a que los pequeños empresarios pudieran verse perjudicados por esta medida quedaría solventado mediante el establecimiento de un umbral mínimo o un seguro mínimo. Este es un aspecto importante de esta Directiva y creo que lo recoge bien la enmienda 92, presentada por nuestro Grupo.
Lund (PSE).
Señor Presidente, creo que es muy importante que ahora contemos con una legislación común en materia de responsabilidad medioambiental. La hemos estado esperando durante muchos años. Creo que la propuesta de Directiva de la Comisión no es plenamente satisfactoria. Por otra parte, la adopción del informe del Sr. Manders sin enmiendas socavaría totalmente la protección medioambiental en la UE. Realmente debilitaría la propuesta de la Comisión.
Necesitamos cambios importantes. En primer lugar, el principio de «quien contamina paga» tiene que aplicarse sin excepción y, al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos, en la línea indicada por otras personas, que existan garantías financieras para que quien contamina pague realmente, bien mediante sistemas de seguro obligatorio o de alguna otra forma. Necesitamos una responsabilidad rigurosa y objetiva para las formas de destrucción medioambiental que se derivan de la actividad comercial.
Por lo que se refiere a la cuestión de la reducción de la biodiversidad, creo que es importante que dispongamos de una definición lo más amplia posible, de forma que abarque realmente todos los hábitats y especies protegidas por la legislación comunitaria y la correspondiente legislación nacional.
Finalmente, creo que la Directiva también debería contemplar la contaminación del campo por parte de los organismos modificados genéticamente. No entiendo por qué no se desea abordar dicha cuestión en esta Directiva.
En conclusión, un comentario respecto del acceso al procedimiento de reclamación. Creo que, también en este ámbito, tenemos que proporcionar una cobertura tan amplia como sea humanamente posible, de forma que los ciudadanos tengan de verdad la oportunidad de presentar reclamaciones en materia de contaminación medioambiental y, por supuesto, lo mismo debería ser aplicable a las ONG u organizaciones no gubernamentales.
Por último, un par de comentarios respecto del propio fundamento jurídico. Soy consciente de que, dentro de algunos años, a algunas personas les gustaría transferir el fundamento jurídico de las disposiciones en materia de protección medioambiental al mercado interior. En mi opinión, esto sería un craso error, y de hecho destruiría las normas que gobiernan la responsabilidad medioambiental ya establecidas en varios Estados miembros. Por lo tanto, me opongo a esto firmemente, y quisiera decir que solo podré votar a favor del informe del Sr. Manders si se modifica en relación con los puntos que acabo de mencionar.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, ahora tenemos la oportunidad de votar a favor de una propuesta que acabará con una situación en la que los que causan la contaminación pueden evadir su responsabilidad. Creo que tanto los políticos como los ciudadanos de a pie están realmente sorprendidos de que esta situación se haya prolongado durante tanto tiempo y exigen que ahora se le ponga fin. Al mismo tiempo, también tenemos que ser coherentes y no permitir excepciones importantes en relación, por ejemplo, con los organismos modificados genéticamente, la energía nuclear y el transporte marítimo. Si queremos ser coherentes, tenemos que votar a favor de la enmienda 93 y las enmiendas siguientes del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y de los progresistas de otros Grupos. 
Como otros muchos ya han señalado, la enmienda 107 es muy importante, porque si realmente queremos que el principio de «quien contamina paga» se aplique en la práctica, tiene que haber garantías financieras, incluso si una empresa se va a la quiebra. Por lo tanto, también necesitamos desarrollar un sistema de seguros.
Asimismo, es muy importante que el artículo 175 forme parte del fundamento jurídico, de forma que, como ha dicho el orador anterior, los sistemas vigentes no se vean perjudicados.

Zappalà (PPE-DE).
Señor Presidente, un marco legislativo sobre responsabilidad ambiental es necesario porque es justo que quien contamina tenga que pagar. Sin embargo, esa normativa ha de ser equilibrada para tener en cuenta también las necesidades expresadas por la industria europea.
La posición adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, resumida en el informe del Sr. Manders -a quien doy las gracias por este importante documento-, es un compromiso aceptable, aunque comporta algunos sacrificios. Algunas enmiendas que ahora se proponen son especialmente peligrosas, ya que impedirían la cuantificación de la cobertura de seguro por parte de los operadores. La definición de daño ambiental ocupa un lugar central en la estructura de la Directiva, así como la definición de biodiversidad y de daño a la biodiversidad.
Desde mi punto de vista, las enmiendas 23, 84 y 98 son inaceptables: si un accidente no tiene efectos dañinos, no se puede hablar de daño, sino de riesgo. Tampoco es aceptable la enmienda 95, por cuanto olvida el principio de «quien contamina paga». De hecho, el concepto de responsabilidad es independiente de la relación del derecho irrevocable a utilizar un lugar. La definición de contaminación del suelo por OGM es impropia, por cuanto forma parte de una definición general que no enumera todas las fuentes contaminantes. Tiene que haber una referencia a la responsabilidad proporcional, y no solidaria, que crearía un régimen basado en la desconfianza. La prevención debe seguir constituyendo el objetivo prioritario de las actividades que pueden afectar al medio ambiente.
Por último, las garantías financieras: para permitir que se consolide el mercado de seguros, hay que mantener la máxima flexibilidad incluso después del primer quinquenio de aplicación de la nueva normativa.
Para concluir, pido a sus Señorías que apoyen el compromiso de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que representa una señal clara y fuerte a favor de la protección del medio ambiente, pero no castiga a la industria europea.

De Rossa (PSE).
 Señor Presidente, es fundamental que se aplique con rigor el principio de «quien contamina paga». En todos los Estados miembros podemos encontrar ejemplos de industrias que contaminan una zona y luego se trasladan a otra o se liquidan. En el condado de Tipperary, en Irlanda, el campo lleva 20 años soportando el polvo tóxico arrastrado por el viento procedente de una mina a cielo abierto de 147 acres ya abandonada. No está bien que una empresa que hizo muchísimo dinero -en su mayor parte, libre de impuestos- desaparezca y obligue al contribuyente a sufragar el coste de la limpieza del lugar.
Estoy totalmente de acuerdo también con que se incluya la contaminación por radiación. Los ciudadanos irlandeses considerarán esta Directiva como una broma pesada si no se incluye la radiación, puesto que Sellafield es una de las amenazas más graves para el medio ambiente irlandés. Si la radiación no se contempla en la presente Directiva, esta no tendrá razón de ser para muchos ciudadanos irlandeses.
Moreira da Silva (PPE-DE).
 Señor Presidente, señora Comisaria, quisiera comenzar felicitando al ponente, el Sr. Manders, así como al Sr. Papayannakis, por su trabajo. La aprobación de una Directiva sobre responsabilidad medioambiental tiene un valor enorme: aporta credibilidad al legislador en materia de medio ambiente, aumenta la protección de los ciudadanos y envía un mensaje claro a los operadores económicos de que contaminar no compensa.
Así pues, acogí con una enorme esperanza la propuesta de Directiva, aunque considero que, a pesar de que representa un paso en la buena dirección, resulta insuficiente. Por otra parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, al intentar resolver toda ambigüedad jurídica, acabó debilitando aún más los objetivos medioambientales. Por lo tanto, en lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva, en primer lugar admito que es necesario aclarar la cuestión de los daños a la biodiversidad, aunque la solución no pasa, en mi opinión, por excluirlos de la Directiva. La pérdida de biodiversidad en la Unión Europea es una realidad y hemos de cumplir los compromisos contraídos en Johanesburgo y Gotemburgo.
En segundo lugar considero que, además de los daños al estado ecológico y químico del agua, la Directiva también debería abarcar la merma de su volumen, tal y como establece la Directiva marco sobre aguas.
En tercer lugar, considero inaceptable que la contaminación por petróleo en el transporte marítimo y la contaminación radioactiva causada por los reactores nucleares queden excluidas del ámbito de aplicación de la directiva. Estas actividades son de las más dañinas para el medio ambiente y los instrumentos internacionales no abordan debidamente la prevención y reparación de los daños provocados por estas actividades.
Por último, señor Presidente, opino que la Directiva debe incluir disposiciones más claras con respecto a la obligatoriedad de los seguros, principalmente para los operadores con actividades más peligrosas, a fin de evitar que, en caso de insolvencia de las empresas, no acabe siendo el contribuyente el que pague la reparación de los daños.

Thyssen (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Manders porque creo que ha cumplido admirablemente su tarea. No solo ha trabajado mucho y consultado ampliamente, sino que además ha conseguido que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior llegara a un compromiso equilibrado y ello a pesar de cientos de enmiendas y una gran controversia. Este debate deja claro que la controversia no se ha resuelto, ni mucho menos, pero lo que propone ahora el Sr. Manders es equilibrado, viable y equitativo, y prevé actualizaciones en los próximos 5 años.
Reparar la riqueza medioambiental es importante, más que importante, y prevenir los daños lo es todavía más. Ni que decir tiene que un estricto mecanismo de responsabilidad puede contribuir a ello en gran medida. Ahora bien, con este informe, aunque aún no se haya completado la legislación, damos un paso importante hacia una mejor protección, pues no hemos de olvidar que además de la obligación de reparar, introducimos también la responsabilidad objetiva. Responsabilidad objetiva quiere decir que ni la culpa ni la negligencia son relevantes. Por supuesto que estamos acostumbrados desde hace algún tiempo a esta forma de proceder en otros sectores, pero a pesar de ello es un principio trascendente. Creo que hemos de aceptar este trascendente mecanismo de responsabilidad, pero al mismo tiempo estoy convencida de que la regulación ha de ser jurídicamente segura, viable, eficaz y equitativa, y por ello apoyo el informe tal y como ha salido de la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.

Karas (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha elaborado, a mi parecer, una propuesta viable. Espero que el Consejo siga el ejemplo del Parlamento y adopte una decisión sin dar largas a la Directiva. El Parlamento Europeo debe aceptar esta propuesta como fundamento de una decisión y ampliar la Directiva a los daños medioambientales causados por actividades nucleares. La Directiva es importante, a mi entender, porque conferirá carácter europeo al principio de que «quien contamina paga» y hará que este sea aplicable en la práctica, y porque reforzará el modelo europeo de la economía de mercado medioambiental y social.
La Sra. Flemming y yo presentamos 35 enmiendas en nombre de los diputados austriacos. Once de ellas fueron aceptadas textualmente y siete quedaron incorporadas en las enmiendas de transacción. Por mi parte, creo que los cinco aspectos siguientes son particularmente positivos y merecen ser destacados. En primer lugar, la Directiva será aplicable a las actividades que figuran en el Anexo I y que ahora se describen con mayor claridad gracias a nuestra enmienda. En segundo lugar, se establece una exención de la responsabilidad en el caso de actividades normales aprobadas por las autoridades y de las emisiones y actividades que no se consideren perjudiciales a la luz de los conocimientos científicos actuales. Esto crea seguridad jurídica. En tercer lugar, se ha impuesto el principio de la responsabilidad compartida, en lugar de la responsabilidad solidaria, lo que significa que los costes se repartirán cuando haya varios contaminadores. En cuarto lugar, la Directiva pretende que se subsanen los daños ambientales y, por lo tanto, se han suprimido las disposiciones relativas a la compensación por pérdidas provisionales. En quinto lugar, la comisión se manifiesta a favor de la cobertura financiera voluntaria y en contra del seguro obligatorio. Esto supone también un equilibrio entre los distintos intereses.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, numerosas catástrofes medioambientales como la del petrolero Prestige, que naufragó frente a las costas españolas, han acelerado el progreso de la legislación en materia de responsabilidad medioambiental en la UE. Además, en mi propio país, Finlandia, los ciudadanos se preocupan cuando ven el lamentable estado en que se encuentran algunos petroleros que navegan ante nuestras costas. La salud de los ciudadanos está inseparablemente ligada al medio ambiente que les rodea. Por lo tanto, las cuestiones de responsabilidad medioambiental afectan mucho a los ciudadanos y también constituyen aspectos clave de nuestras políticas. Un tercio de las peticiones que llegaron al Parlamento Europeo el año pasado, cerca de 1 700, se referían a problemas relacionados con el medio ambiente.
La propuesta de Directiva de la Comisión intenta asegurar que quien contamina pague los costes derivados de un futuro daño medioambiental. Se tratará de un marco armonizado en toda la Unión Europea, que nos permitirá evitar una situación en la que una empresa opta por establecer su domicilio social allí donde se aplica la legislación más favorable. Con objeto de evitar la distorsión de la competencia en el mercado interior, es importante que la Directiva se aplique de la forma más uniforme posible en los Estados miembros de la UE. Asimismo, es importante mantener el fundamento jurídico relativo al mercado interior, es decir, el artículo 95, tras un período transitorio de cinco años.
Hemos discutido la propuesta de la Comisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y proponemos numerosas enmiendas necesarias. Nuestras enmiendas están encaminadas en general a aclarar la interpretación jurídica de la Directiva y a encontrar el equilibrio entre los intereses de la industria y los de los agentes medioambientales. Para evitar cualquier incertidumbre jurídica hemos propuesto que el ámbito de la seguridad nuclear, que ya está regulado en los acuerdos internacionales, se excluya de la Directiva. Actualmente se revisan las convenciones internacionales en materia de seguridad nuclear, y en ellas se incluirán disposiciones análogas en materia de responsabilidad medioambiental. En este momento, no sería sensato que la UE socavara la importancia de los acuerdos internacionales, puesto que se están revisando y se ampliarán a los nuevos Estados miembros.

Bartolozzi (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de Directiva sobre la responsabilidad medioambiental presenta un enfoque equilibrado que presionará a los operadores para que prevengan la contaminación y reparen los daños, al tiempo que propone un pequeño retoque normativo para conseguirlo. La introducción de cualquier cambio fundamental en esta propuesta de Directiva habría supuesto una solución inviable y poco práctica en una cuestión de por sí compleja, y considero que el trabajo desarrollado por el Sr. Manders y otros miembros de la comisión constituye la mayor convergencia posible habida cuenta de esta dificultad.
De hecho, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no ha modificado en esencia el planteamiento de la Comisión, pero ha aclarado algunos principios fundamentales. La Directiva no tiene efecto retroactivo. Las exenciones del permiso y del estado de la técnica deben mantenerse; la responsabilidad debe ser obligatoria, pero no así el seguro. El principio rector de la Directiva es que quien contamina debe pagar por el daño ambiental causado por su acción. La conciencia de las implicaciones financieras de este daño induce a realizar un mayor esfuerzo para evitar que se produzca. Por tanto, el principio de que «quien contamina paga» tiene por objeto abordar la reparación e incentivar la prevención. Un régimen obligatorio de seguridad financiera podría desestabilizar esta relación: los operadores sabrían que sus responsabilidades financieras estarían cubiertas por una póliza de seguro, un fondo o un impuesto, por lo que quedaría anulado el incentivo a prevenir el daño. Un sistema obligatorio de seguridad financiera equivale sin duda al principio de que «el asegurador paga», con el riesgo de que la responsabilidad del operador se traslade a quien aporta la seguridad financiera.
Todos nosotros debemos ser socialmente responsables de la protección del medio ambiente, porque, por su propia naturaleza, es un recurso limitado. Los operadores deben reconocer que sus actividades pueden tener repercusiones y que deberán reparar cualquier daño que causen de forma intencionada o por negligencia.
En estos términos, el principio de «quien contamina paga» es aceptable. Gracias al enfoque razonable adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior se habrá creado una Directiva que reflejará los intereses tanto de la industria como del medio ambiente.

Wallström
Señor Presidente, me gustaría agradecer a sus Señorías todas sus valiosas intervenciones y sus ideas constructivas sobre el modo de mejorar esta propuesta. 
Permítanme que empiece comentando dos cosas : el principio de «quien contamina paga» y su ámbito de aplicación. Algunos diputados se han referido a la larga historia de esta propuesta; en el debate han quedado reflejadas las diferentes opiniones y la necesidad de encontrar al final un enfoque equilibrado. Entiendo también que muchas de sus Señorías quieran ser más ambiciosas: que quieran sobrecargar esta propuesta con otras muchas cosas. Lo entiendo, pero es importante que nos planteemos el proceso paso a paso, porque así será más fácil desde el punto de vista práctico. No queremos sobrecargar la propuesta con aspectos que estamos negociando al mismo tiempo en foros internacionales. Estoy segura de que tendremos muchas menos posibilidades de sacar adelante la propuesta si la sobrecargamos con esos aspectos.
El principio de «quien contamina paga» es el principio rector en que se basa toda la propuesta, y por eso se cita en el primer artículo. La idea es exigir responsabilidades y, por esa vía, asegurar la prevención. La propuesta transmite muy claramente ese mensaje. Consideramos también el hecho de que, en muchos casos, no se puede identificar al contaminador, o no se consigue hacerle pague. En tales casos, hay que encontrar un remedio. Queremos que exista un sistema de seguros. Pero creemos que deben ser las fuerzas del mercado las que creen ese tipo de sistema. No queremos imponerlo hoy en una situación en la que no tenemos claro que conseguiremos el efecto deseado.
En respuesta al comentario de la Sra. Breyer: todos los accidentes están cubiertos. No conozco las presunciones de sus Señorías respecto a los objetivos de esta Directiva, pero las nuestras se basan mucho en el excesivo número de accidentes y casos de negligencia que se producen, y también en que detrás de la contaminación hay mucha codicia y cortedad de miras. Por eso hemos concebido la propuesta de esta manera. Así pues, todos los accidentes están cubiertos y también cubrimos los casos de negligencia; de esta forma se creará el principio de «quien contamina paga» y, al final, se allanará el camino para la prevención.
¿Qué podemos decir de su ámbito de aplicación ? Nosotros consideramos muy importante que exista claridad jurídica para introducir un nuevo sistema que abarque la biodiversidad, porque los daños tradicionales -daños económicos o personales- están ya debidamente contemplados en la legislación de todos los Estados miembros. No tenemos que trasladar esa cuestión al ámbito comunitario, pero sí queremos armonizar la legislación para que incluya los daños a la biodiversidad. Ese ha sido el punto de partida.
Si queremos hacerlo así y tener un sistema creíble, necesitamos claridad jurídica y un sistema manejable y aplicable. Una definición demasiado amplia -se propone que abarque, en algunos casos, toda la biosfera- sería inmanejable. Por ejemplo ¡tendríamos que cubrir los daños a las malas hierbas! ¿Estarían dispuestas las compañías de seguros a cubrir esos daños? ¿Sería un sistema manejable? La excavación de los cimientos de una casa ocasionaría daños a los gusanos. ¿Queremos que se cubran esos daños ? ¿Es eso razonable? Primero tenemos que tener claro cuál queremos que sea el ámbito de aplicación y elaborar una definición que proporcione claridad jurídica. Tenemos que ver esto como un proceso gradual. Estoy segura de que cuando apliquemos esta Directiva, habrá más claridad jurídica. Ahora bien, si somos demasiado ambiciosos desde el principio y pensamos que podemos abarcar toda la biosfera, no estaremos defendiendo bien los intereses medioambientales.
Respecto a los OGM, la contaminación nuclear y la contaminación marina : sabemos que son aspectos en que quisiéramos ser también más ambiciosos. Pero tenemos razones muy prácticas para no incluirlas en esta propuesta. Estamos negociando para mejorar la legislación en esas materias. Tenemos foros y convenios internacionales que abordan esas cuestiones. No queremos duplicar el trabajo: queremos ser prácticos. No queremos sobrecargar el sistema con esas cuestiones. Tenemos varios años por delante para incorporar esos aspectos. En cuanto a las actividades internacionales, deben existir normas internacionales. Como acabo de decir, los daños tradicionales están ya contemplados en la legislación de los Estados miembros.
Pero ¿que ocurre con la contaminación petrolera o marina? ¡El que contamina debe pagar! Esa es la única regla que cabe aplicar. Es un escándalo que hayamos dejado que las cosas llegaran tan lejos. Hemos sido testigos de un accidente tras otro. Pero, de nuevo, se trata de una actividad realmente internacional y tenemos que trabajar para adoptar una legislación internacional que aplique el principio de «quien contamina paga». Tengo entendido que el Director del FIPOL ha anunciado que las indemnizaciones reclamadas solamente se cubrirán hasta el 15% de ese importe. Eso es inaceptable. La Comisión es muy consciente de la situación y por eso hemos apoyado siempre las propuestas de aumentar los fondos disponibles a un millardo de euros. Tengo entendido que esta semana se celebra una conferencia diplomática en Londres para firmar un protocolo que aumentará la cuantía máxima de los fondos disponibles para indemnizaciones. Espero que esa conferencia sea todo un éxito; todos estamos decididos a trabajar sobre la contaminación marina y hacer todo lo que esté en nuestras manos.
Queremos evitar los pretextos y también la absurda situación que supone la falta de aplicación de la Directiva y de los convenios internacionales. Por eso la Comisión considera que la Directiva debe aplicarse en todos los casos cuando los convenciones internacionales relevantes no hayan entrado todavía en vigor. Por ese mismo motivo y cuando los convenios relevantes no hayan entrado todavía en vigor, la Comisión no es partidaria de esperar cinco años más para aplicar la Directiva.
Se ha sugerido también que después de un período de transición de cinco años, la Comisión presente propuestas para que la Directiva se aplique a título de complemento de los convenios internacionales cuando estos no regulen debidamente la responsabilidad o la indemnización. La Comisión no considera constructivo ni factible que la Directiva trate de llenar las posibles lagunas de los convenios vigentes. Los convenios contienen cláusulas de exclusividad vinculantes para los Estados que les impiden imponer otros instrumentos jurídicos complementarios, de manera que los Estados miembros tendrían que incumplir convenios ya ratificados para poder respetar la legislación comunitaria. Antes de dejar que las cosas lleguen a ese punto, sería preferible, desde luego, tratar de mejorar esos convenios renegociándolos en el marco internacional adecuado.
¿Qué podemos decir del cumplimiento de la legislación y de los riesgos del estado de la técnica y del desarrollo? Algunas de las enmiendas presentadas tratan de mantener las llamadas defensas basadas en permisos y las defensas basadas en el riesgo del estado de la técnica o el desarrollo como defensas apropiadas y, en lo que respecta a las primeras, con una definición que especifique mejor su ámbito de aplicación. Otras enmiendas tratan, por el contrario, de introducir el cumplimiento de la legislación y el estado de la técnica como factores atenuantes.
La Comisión cree que las defensas apropiadas, una vez mejorado el texto propuesto, constituyen la mejor solución en términos de asegurabilidad y certidumbre jurídica. Pero la Comisión considera conveniente especificar mejor el ámbito de aplicación de lo que se entiende por defensa basada en permisos y autorizaciones, para evitar cualquier posible interpretación como un cheque en blanco para contaminar, porque esa no es la idea.
La Comisión no considera apropiado que se exijan responsabilidades a las autoridades competentes cuando los daños hayan sido causados por una actividad permitida, como tampoco considera apropiado que exista un vínculo entre la defensa basada en el estado de la técnica y cualquier sistema de gestión y auditoría medioambiental. Estoy segura de que estas cuestiones volverán a plantearse cuando tengamos que tomar otras decisiones sobre el tema.
Se han presentado enmiendas para exigir una responsabilidad proporcional o bien una responsabilidad solidaria. La Comisión considera, no obstante, que los Estados miembros deben conservar el derecho a optar por la responsabilidad solidaria o por la responsabilidad proporcional, o por una combinación de ambas, según sus respectivas tradiciones jurídicas. Quiero recordarles, en este sentido, que la propuesta ofrece algunas garantías a los operadores, puesto que establece que los operadores que puedan demostrar el grado de contribución de sus actividades a los daños causados, tendrán que pagar solo los costes correspondientes a esa parte de los daños.
Se ha sugerido que la Comisión presente una propuesta que complemente el marco reglamentario referente a las responsabilidades por daños causados por los OGM. Aparte de que esta exigencia supondría una intromisión inaceptable en el derecho de iniciativa de la Comisión, la Comisión está considerando actualmente la cuestión de los daños económicos a agricultores tradicionales y orgánicos en el contexto del llamado debate de la coexistencia. No debe prejuzgarse aquí el resultado de ese debate. En ese debate es donde también se tratará la cuestión de los daños tradicionales.
Respecto a las garantías financieras: algunas de las enmiendas presentadas proponen que las garantías financieras sean obligatorias cuando la Directiva entre en vigor, mientras que otras se oponen a que dichas garantías sean obligatorias. Creo que podemos estar de acuerdo en que las garantías financieras se convertirán en un factor importante para la correcta aplicación de la Directiva. Los Estados miembros y los operadores del mercado, así como la Comisión, tendrán que desempeñar un papel importante para fomentar la creación, a su debido tiempo, de sistemas, productos y mercados de seguros financieros con ese fin.
Dicho esto, a mí me parece claro que los Estados miembros deben tener la posibilidad de crear al ritmo que ellos mismos decidan las soluciones para las garantías financieras; unas soluciones adaptadas a sus respectivas necesidades y condiciones institucionales. Además, los mercados financieros deben disponer de tiempo y margen para idear soluciones de mercado en respuesta a la demanda de seguros que muy probablemente aparecerá cuando se establezca el nuevo sistema de responsabilidades. A la vista de todo ello, parece prematuro imponer una garantía financiera de hecho y de derecho para todos los operadores que figuran en el Anexo I en los próximos años.
Dicho esto, sería desde luego conveniente replantearse la situación cuando la Comisión lleve a cabo su revisión general de la transposición de la Directiva.
Existe consenso general respecto a que el principio de «quien contamina paga» debe significar que los operadores responsables de la contaminación paguen todos los daños causados al medio ambiente. Además, existe una clara necesidad de consenso en la Comunidad respecto a que el contaminador debe pagar el coste de los daños causados al medio ambiente. Por otra parte, las disposiciones contenidas en la propuesta especifican todo tipo de medidas reparadoras que debe adoptar el operador responsable.
Algunas de las enmiendas presentadas tratan de delimitar el ámbito de las acciones reparadoras suprimiendo la reparación de las pérdidas provisionales, además de suprimir el concepto de un servicio de reparación natural. Si se eliminan algunos elementos de ese conjunto de acciones, el resultado inevitable sería que el contaminador no tendría que pagar todo el coste de los daños causados. 
Finalmente, en el difícil contexto en que está teniendo lugar este debate sobre responsabilidad medioambiental, la Comisión ha tratado de llegar a un equilibrio general que ya se basa en soluciones de compromiso. Llegados a este punto, la Comisión sigue opinando que la propuesta es justa y viable en muchos aspectos y que merece ser apoyada. Pero sé también que estamos todavía al comienzo del proceso legislativo y, por tanto, soy plenamente consciente de la necesidad de que todas las instituciones participen en el proceso si queremos alcanzar un consenso a su debido tiempo. Ahora bien, ese consenso exige necesariamente la voluntad de todas las partes de encontrar compromisos apropiados y satisfactorios. El debate ha puesto de manifiesto esta necesidad de tender puentes entre las diferentes opiniones y encontrar al final una solución factible.
Entregaré la posición de la Comisión sobre todas las enmiendas a los servicios del Parlamento para su publicación.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Ainardi (GUE/NGL)
. (FR) La propuesta de directiva sobre la responsabilidad medioambiental es muy importante para asegurar una mayor protección del medio ambiente y luchar contra todos los tipos de contaminación.
Ya se trate de AZF en 2002 en Toulouse o de los petroleros Erika y Prestige, estas catástrofes cuestan vidas humanas y son la causa primera de daños medioambientales graves y duraderos.
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior propone una postura más conciliadora con respecto a los intereses de las empresas, aguando la propuesta de Directiva inicial. Por el contrario, las disposiciones estipuladas deben reforzarse con medidas de protección, haciendo que quienes contaminen paguen por los daños causados al medio ambiente, facultando a las ONG y los ciudadanos para recurrir a la justicia e incluyendo en la Directiva los daños causados por los OGM.
Tras el reciente anuncio por parte del FIPOL de un porcentaje de indemnización ridículo del 15% por los daños causados por el Prestige, que ha generado estupefacción e indignación, con razón, entre los ciudadanos y las asociaciones, Europa tiene hoy la obligación de emitir una señal muy distinta. Debe emitir una señal clara de justicia y determinación.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0123/2003) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador».

Sacconi (PSE)
. (IT) Señor Presidente, la comunicación de la Comisión sobre los acuerdos medioambientales forma parte del proceso se simplificación y mejora del marco regulador que todos nosotros apoyamos. En efecto, la legislación comunitaria ha de adecuarse mejor a los problemas existentes, al desafío planteado por la ampliación, a las realidades locales y a la evolución constante de la tecnología. El fin último es mantener la certeza jurídica del derecho en el territorio de la Unión mediante una mayor participación y dinamismo de los operadores económicos y sociales.
En este contexto se encuadra el tema de los acuerdos medioambientales. Comparto el enfoque de la Comisión, que distingue entre dos tipos de acuerdos medioambientales, y habiendo propuesto una serie de enmiendas, reconozco plenamente la utilidad de estos instrumentos como complemento de las medidas de regulación, que deben aplicarse únicamente con miras a obtener mejoras en el terreno del medio ambiente con un alcance igual o superior a las obtenidas con los procedimientos legislativos tradicionales.
El Tratado CE no incluye ninguna disposición específica relativa a los acuerdos medioambientales. Por tanto, estos instrumentos deben utilizarse de conformidad con todas las disposiciones del Tratado y los compromisos internacionales de la Comunidad. La estructura básica de la política comunitaria en materia medioambiental es, y siempre ha sido, la disposición legislativa, que solo en algunos casos concretos puede combinarse con acuerdos voluntarios.
Al redactar la opinión sobre la que nos disponemos a votar, y habida cuenta del debate mantenido sobre el tema y de las posiciones del Parlamento, me pareció oportuno introducir algunas aclaraciones y garantías para que los instrumentos recogidos en la comunicación fueran aceptables y realmente viables. Se distinguen en particular cinco condiciones previas vinculantes, que voy a resumir brevemente: En primer lugar, he tratado dar un carácter más explícito al concepto de acuerdos voluntarios como instrumentos de integración de la legislación comunitaria. En segundo lugar, he pedido que se definan los sectores anteriores en la cadena de producción que pudieran ser objeto de acuerdos voluntarios, a través de instrumentos tanto de corregulación como de autorregulación. El recurso a dichos instrumentos debería realizarse conforme a un marco de referencia común que manifieste desde un primer momento la intención de recurrir a acuerdos voluntarios en un sector determinado. El propósito concreto de utilizar un acuerdo voluntario debería mencionarse en el programa de trabajo anual de la Comisión, o en documentos de mayor alcance, como Libros Blancos o Estrategias Temáticas. En tercer lugar, propuse analizar más a fondo los criterios de evaluación que se precisan para un uso correcto de los acuerdos medioambientales.
Considero que, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia de los instrumentos voluntarios, deberían fijarse las condiciones de aplicación y verificar sus modalidades de ejecución. Como he subrayado antes, los objetivos del acuerdo -definidos dentro de un marco legislativo de referencia o fijados en una recomendación de la Comisión- deben comportar en todo caso obligaciones para las partes afectadas. El incumplimiento o la inobservancia de los objetivos establecidos pondría en marcha mecanismos legislativos complementarios o la sustitución del acuerdo.
En resumidas cuentas, en este punto se aprecia la distinción entre corregulación y autorregulación: en el primer caso, los instrumentos deben insertarse en un marco jurídico vinculante en que el Consejo y el Parlamento estén facultados para intervenir y adoptar objetivos, que asegure el acceso y la participación del público y establezca mecanismos eficaces de seguimiento y penalización. En el segundo caso, el papel de la Comisión puede consistir en estimular o fomentar mediante una recomendación o en reconocer mediante un intercambio de cartas con los representantes de los sectores afectados. Independientemente del instrumento elegido, el Parlamento y el Consejo conservan el poder de controlar los resultados obtenidos y la posibilidad de recurrir en todo momento a instrumentos legislativos típicos.
Sobre estas bases, que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha mejorado y aprobado, damos luz verde a la Comisión para que en los sectores mencionados, y en primer lugar el del PVC, podamos empezar a probar esta mezcla de legislación y compromisos voluntarios. Hemos enriquecido y reordenado la caja de herramientas: pasemos ahora a utilizarlas plenamente.

Wallström
Señor Presidente, quisiera agradecer al Parlamento Europeo y, en particular, a su ponente, el Sr. Sacconi, el trabajo que ha realizado con este informe y la propuesta de resolución. 
Celebro el tono positivo general del informe y de la propuesta de resolución. El informe apoya plenamente el enfoque adoptado por la Comisión en su comunicación. Estoy particularmente satisfecha por el reconocimiento explícito que hace el Parlamento de los acuerdos medioambientales como un complemento útil de las medidas legislativas. Reitero el compromiso de la Comisión de hacer uso de acuerdos voluntarios en el ámbito comunitario únicamente en casos especiales, siempre que sean consecuentes con los criterios establecidos en la comunicación y respeten unos requisitos procedimentales que contemplen la debida participación del Parlamento Europeo.
Lo único que lamento es que las reservas legítimas del Parlamento para ejercer su control democrático hayan dado pie, en algunos puntos, a la propuesta de introducir unos requisitos de control que no se corresponden con la naturaleza voluntaria del instrumento. Es importante satisfacer la necesidad de transparencia y control por un lado sin desincentivar, por otro lado, la utilización por los operadores económicos del instrumento de los acuerdos medioambientales con la imposición de requisitos excesivos. La Comisión tendrá que decidir entre la autorregulación y la corregulación sobre la base de una evaluación ad hoc de cada acuerdo específico, el contexto legal y la cuestión política en juego. No tendría sentido establecer unos criterios generales abstractos a ese fin.
Como ya he dicho antes, la imposición de ambiciosos requisitos de control a acuerdos espontáneos que no son reconocidos formalmente por la Comisión, parece ser excesivamente oneroso y desincentivar a la industria en el desarrollo de esos acuerdos. La Comisión propuso unas reglas generales sobre la evaluación del impacto en su comunicación de 5 de junio de 2002. No tendría sentido ir más allá de los requisitos impuestos a los actos legislativos cuando se trata de acuerdos medioambientales.
Celebro que nuestra lista provisional de áreas políticas para la aplicación del instrumento haya merecido su aprobación. Aprecio también la sugerencia de que los acuerdos medioambientales podrían utilizarse en los sectores que figuran en el plan de acción adoptado en la cumbre mundial de Johanesburgo.
En conclusión, quisiera insistir en que la resolución del Parlamento me parece, en términos generales, una señal positiva que contribuirá a facilitar la aplicación de acuerdos medioambientales en condiciones transparentes y aceptables.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, me han complacido mucho los comentarios de la Comisaria Sra. Wallström. También estoy relativamente satisfecha con el informe del Sr. Sacconi. La única crítica que hago a su informe y a algunas enmiendas presentadas por el Sr. de Roo se refiere precisamente a los comentarios que también ha hecho la Sra. Wallström.
Permítanme decir lo siguiente: hay ahora un nuevo instrumento que incluye dos tipos de acuerdos voluntarios. Uno de ellos se basa en la legislación en forma de corregulación, pero permite seguir avanzando sobre esta base, las cosas pueden ir más rápido, no tenemos que prescribirlo todo de una vez. La segunda propuesta que aparece ahora en el nuevo documento es la autorregulación totalmente voluntaria, en la que los partícipes en el mercado acuerdan algo entre ellos que puede anticiparse a lo que algún día se acordará. La base es la voluntariedad.
Tengo la sensación -y esto acaba de expresarlo la Sra. Wallström- de que el miedo es a menudo el peor consejero en este Parlamento, que prescribimos tanto, que somos tan puntillosos que estamos a punto de tirar la fruta buena junto con la podrida, aunque deberíamos estar contentos con el gran número de acuerdos que hay.
Quizás pueda decir -no en vano la Democracia Cristiana es la defensora del medio campo en mi país- que muchas cosas no se habrían producido sin la voluntariedad. Tomemos por ejemplo el convenio regulador sobre el embalaje. Este convenio regulador, un acuerdo voluntario, va mucho más lejos que lo que querrían conseguir ahora a nivel europeo los más extremistas. Es un acuerdo voluntario. Dejen paso al voluntariado, diría yo. Dejen que si es preciso ocupe el lugar del instrumento. Esta es la razón, señor Sacconi, por la cual pido que se apruebe la enmienda que he presentado en nombre de mi Grupo.
Lo mismo puede decirse de la estrategia sobre el PVC. Podríamos haber logrado mucho más si el Parlamento, por cierto que con inclusión de los liberales, hubiese dicho a la sazón: vamos a pedir a la Comisión que, junto con la industria, desarrolle una nueva política para poder trabajar enérgicamente a fin de conseguir -y de hecho usted era el ponente, señor Sacconi- que se agote este PVC. Lo mismo puede decirse también de la seguridad de los peatones. Podríamos prevenir 2000 muertes al año si actuamos rápidamente. Quisiera pedir al otro Grupo que se diera más margen y fuera más confiado. Estoy a favor de una buena política medioambiental. Todos aquí lo estamos, así que aseguremos que sea buena.

Myller (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, apoyo plenamente las opiniones expresadas en este informe por el ponente, Sr. Sacconi, acerca de los acuerdos voluntarios, y en especial la noción de que el supuesto básico subyacente a dichos acuerdos voluntarios tiene que ser que sirvan de complemento de la legislación vigente. Parece que su papel es encontrar un camino hacia la mejora de la legislación. Quizás el análisis de los resultados de los acuerdos voluntarios induzca a establecer leyes nuevas que vayan más allá en materia de medio ambiente que lo que ocurre en la actualidad.
Los operadores que están dispuestos a participar en estos acuerdos voluntarios podrían considerarse una especie de pilotos. En el nivel de empresa esto también significará que cuando exista la voluntad de comenzar a buscar aplicaciones mejores, las empresas puedan aprovecharlo en sus propias estrategias de marketing. Esperamos que esto lleve a una situación en la que los consumidores también comiencen a exigir dichas aplicaciones en una escala más amplia.
Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que estos acuerdos voluntarios realmente produzcan resultados y no se queden tan solo en un deseo piadoso. Por esta razón, realmente tenemos que medir los resultados de forma precisa y asegurarnos de que existan ciertos plazos límite en cuyo transcurso tendrán que producirse resultados.
Hay muchos operadores en el ámbito regional y local, aparte de las empresas, que están interesados en concluir acuerdos voluntarios. En este sentido, si la parte signataria de un acuerdo actúa en el ámbito regional, el ámbito central también tiene que estar informado de lo que ocurre, con objeto de evitar el solapamiento y asegurarnos de que, en la medida de lo posible, se realicen los beneficios, así como responder a preguntas en materia de financiación.
En general, creo que estos acuerdos voluntarios proporcionan un valor añadido, pero con las condiciones que también están asociadas a la propuesta de la Comisión, es decir, tenemos que mejorar la legislación, no sustituirla.

Moreira da Silva (PPE-DE).
 Señor Presidente, señora Comisaria, antes de nada me gustaría felicitar al Sr. Sacconi por su excelente informe, con el que estoy totalmente de acuerdo. A pesar de que en el plano teórico los acuerdos ambientales voluntarios son bienvenidos, en la práctica se ha demostrado que muchos de esos acuerdos, precisamente por ser voluntarios, acaban por no cumplirse y, por otro lado, han servido a menudo de pretexto para que no entren en vigor iniciativas más ambiciosas legalmente vinculantes.
Todos nosotros recordamos lo que sucedió con la Directiva sobre el comercio de emisiones: muchos intentaron impedir su aprobación por el hecho de que existían acuerdos voluntarios con la industria en algunos Estados. Por lo tanto, me parece muy positivo que la Comisión haya tomado la iniciativa de definir reglas claras para el reconocimiento de los acuerdos voluntarios en el plano comunitario.
En mi opinión, existen algunas reglas que es necesario cumplir: en primer lugar, los acuerdos voluntarios son solo un complemento y no la base de la política ambiental; en segundo lugar, deben utilizarse únicamente cuando se haya comprobado que ofrecen ventajas con respecto a los instrumentos convencionales; en tercer lugar, deben ser promovidos únicamente en el caso de que pretendan superar lo previsto por la legislación convencional; en cuarto lugar, deben estar orientados a la investigación tecnológica y basados en criterios de evaluación comparativa: no tienen sentido los acuerdos voluntarios que no promueven las mejores tecnologías. Por último, tiene que haber plazos, calendarios, metas bien definidas y mecanismos de seguimiento de los resultados y para asegurar el cumplimiento.

Lund (PSE).
Señor Presidente, yo también tengo que dar las gracias al Sr. Sacconi por su excelente informe que, en mi opinión, expresa con precisión las condiciones previas y los requisitos que tienen que cumplirse si queremos que un acuerdo medioambiental se convierta en un instrumento jurídico útil. Quisiera decirle a la Sra. Oomen-Ruijten que creo que los acuerdos voluntarios son importantes, pero que también es importante ser claros respecto del cumplimiento de las condiciones necesarias para que los acuerdos sean provechosos, también en términos medioambientales. A este respecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. de Silva: los acuerdos medioambientales solo pueden ser complementarios en ámbitos en los que puedan utilizarse para llevar a cabo mejoras, o aportar valor añadido, en la esfera medioambiental, y no solo deben servir para evitar la reglamentación medioambiental en un ámbito particular.
Además, es importante que los objetivos y los plazos límite se especifiquen minuciosamente en relación con los acuerdos, y que abarquen una muestra representativa de las empresas y actividades productivas relevantes en el ámbito en cuestión, de forma que un grupo de empresas no tenga la oportunidad de obrar a su antojo.
Creo que también es importante que haya una total transparencia respecto de los ciudadanos, de este Parlamento, de las organizaciones medioambientales y de la sociedad civil. Tiene que haber transparencia en relación con los planes de suscripción de acuerdos medioambientales, pero también un margen considerable para oponerse al uso de los acuerdos medioambientales en un ámbito específico. 
Para concluir, en relación con los acuerdos, es importante que se establezca un sistema de seguimiento y sanciones, de modo que pueda controlarse si los acuerdos, y los objetivos establecidos en esos acuerdos, se cumplen dentro de los plazos estipulados. En mi país, Dinamarca, también hemos experimentado con acuerdos medioambientales en algunos ámbitos, por ejemplo en el del PVC, en el cual no teníamos suficientes disposiciones que regularan el seguimiento y las sanciones. Cuando finalizó el plazo se puso de manifiesto que no había ocurrido absolutamente nada desde el punto de vista de la mejora del uso de los materiales de PVC. Por lo tanto, es muy importante que estos asuntos se clarifiquen a la hora de suscribir los acuerdos medioambientales.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe que ahora tenemos ante nosotros contribuye de forma importante a la simplificación y mejora de la legislación medioambiental en la Comunidad. Por ello, quiero dar las gracias especialmente a mi colega, el Sr. Sacconi.
Hasta la fecha, los comentarios demuestran que los acuerdos medioambientales despiertan recelos entre un número significativo de agentes medioambientales y de la sociedad civil, incluso cuando el acto de llegar al acuerdo en sí mismo haya sido voluntario (si bien el acuerdo en sí mismo es vinculante). Por otra parte, la industria desea extender la práctica de llegar a acuerdos voluntarios con objeto de alcanzar resultados positivos desde el punto de vista de la flexibilidad y, por tanto, esperemos que también del medio ambiente. En mi opinión, ahora realmente se está salvando la distancia.
El informe presupone que los acuerdos voluntarios se aplicarán cuando el impacto pueda evaluarse usando un método integrado, y el valor añadido para la sociedad civil pueda medirse usando indicadores de desarrollo sostenible. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de definir nuestros objetivos y establecer plazos de tiempo claros para ellos. Además, tenemos que insistir en que el acuerdo sea representativo. En la práctica esto significa que los sectores mal organizados o aquellos que dan oportunidades a los operadores que «van por libre» no podrán formar parte de ningún acuerdo voluntario.
Los acuerdos voluntarios, al igual que las medidas legislativas, deben contemplar la participación pública y garantizar la transparencia de los acuerdos. Además, tenemos que asegurar la naturaleza vinculante de todo acuerdo, la evaluación de los resultados y las posibles sanciones.
Si se dan estas condiciones, el uso de los acuerdos voluntarios no presentará riesgos. Las condiciones mencionadas garantizarán que un acuerdo produzca un mejor resultado que los instrumentos legislativos, desde el punto de vista del medio ambiente y de la sociedad. Por lo tanto, también tengo que decir que debemos apoyar la enmienda propuesta por mi colega, la Sra. Oomen-Ruijten.
El trámite de formalización de un acuerdo suele infundir en la parte signataria de dicho acuerdo un sentimiento de compromiso genuino con el objetivo. A menudo es más profundo que el texto del acuerdo o la ley escrita. De este modo, los operadores no agotarán sus recursos buscando vacíos legales; en lugar de eso, buscarán maneras de conseguir el objetivo de forma eficaz.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0128/2003) del Sr. Corbett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de decisión del Consejo [COM(2002) 719 - C5-0002/2003 - 2002/0298(CNS)] por la que se modifica la Decisión 1999/468/CE por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

Wallström
Señor Presidente, antes de nada quisiera agradecer al ponente, el Sr. Corbett, el excelente trabajo que ha realizado en la preparación de este informe sobre la propuesta de la Comisión de modificar los procedimientos para ejercer las competencias ejecutivas. 
Me gustaría recordar brevemente los antecedentes y los fines de la reforma que estamos debatiendo hoy. Con esta propuesta, la Comisión respeta los compromisos que contrajo en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea y en su plan de acción sobre la mejora de la regulación, a saber, entre otros, dotar al Consejo y al Parlamento Europeo de los mismos derechos de control y supervisión del ejecutivo. Las dos ramas del poder legislativo tienen que situarse en pie de igualdad como supervisores del ejercicio de las competencias ejecutivas de la Comisión en asuntos sometidos a codecisión.
El Parlamento Europeo debe, como colegislador, tener derecho de objeción no solo en el ámbito de los poderes delegados a la Comisión en el procedimiento de codecisión -el derecho actual de escrutinio concedido en la Decisión 1999/468/CE del Consejo-, sino también en lo que se refiere a las medidas de ejecución de actos adoptados por codecisión.
La Comisión espera que esa reforma termine por allanar el camino a una revisión más general basada en modificaciones del Tratado. A este fin, la Comisión ha presentado propuestas concretas para modificar el artículo 202 del Tratado en el marco de la Convención Europea, en particular introduciendo el concepto de delegación de poderes legislativos en el Tratado.
Insisto en la necesidad de una reforma provisional del sistema, ya que la incertidumbre que rodea a la ratificación del nuevo tratado constitucional por parte de los 25 Estados miembros no es nimia. Por consiguiente, la Comisión celebra el apoyo que ha recibido la propuesta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y espera que la Cámara confirme esta posición favorable.

Corbett (PSE)
. (EN) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la propuesta de la Comisión que, si se adopta y ajusta ligeramente, podría significar una mejora importante del sistema actual y, en definitiva, podría sentar las bases para resolver de una vez por todas este problema del llamado sistema de comitología, que lleva años planteando dificultades. 
Todos los sistemas, ya sean de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo, disponen de métodos para delegar poderes en el ejecutivo: competencias ejecutivas, legislación segundaria, llámenlos como quieran. No voy a exponer ningún argumento teológico sobre la definición de esas competencias. Pero es algo normal en la práctica. Lo que no es normal es la forma en que lo hacemos aquí en la Unión Europea cuando creamos, paralelamente a la Comisión, comités de funcionarios nacionales que, en algunos casos, tienen poderes para bloquear a la Comisión. De hecho, se han creado tantos comités que se inventó el nombre de comitología para referirse a un sistema que era muy difícil de desentrañar y de abordar.
El sistema mejoró mucho en 1999, cuando el Consejo adoptó el sistema revisado: mayor transparencia, una mayor garantía de acceso del Parlamento a todas las propuestas y a todos los documentos. Eso es estupendo, pero deja sin resolver dos problemas fundamentales. En primer lugar, las competencias de la Comisión son objeto de escrutinio no solo por los comités de funcionarios nacionales, que en sí mismos tienen capacidad para bloquear a la Comisión y revocar la decisión del poder legislativo. En segundo lugar, cuando se revoca una decisión, esta vuelve solo a una rama del poder legislativo, a saber, el Consejo, aunque se trate de legislación sometida a codecisión y adoptada en un principio por el Parlamento y el Consejo conjuntamente. Esto nos parece inaceptable.
Queremos los mismos derechos de revocación para el Parlamento y el Consejo: el Parlamento por mayoría absoluta, el Consejo por mayoría cualificada, como ocurre ahora cuando un asunto vuelve al Consejo. Debemos tener derecho a revocar una medida ejecutiva. Si se revoca, el Parlamento y el Consejo deben tener los mismos derechos de escrutinio.
La propuesta de la Comisión casi lo consigue. Ha estado muy cerca de lograrlo. La pega está en la palabra «posiblemente» que aparece en el texto de la Comisión. En otras palabras, la Comisión, si nos oponemos a un proyecto, posiblemente lo modificará para tener en cuenta nuestras objeciones o lo remitirá al procedimiento legislativo. En mi opinión y en la de la comisión parlamentaria, la palabra «posiblemente» debe suprimirse porque solo así habremos sentado las bases para la solución definitiva de este problema.
¿Por qué insiste la Comisión en mantener la palabra «posiblemente»? Dice que el fundamento jurídico actual de los Tratados no permite llegar más lejos. Tengo que discrepar. Si consideramos el hecho de que la legislación se adopta en cualquier caso y en un principio por el procedimiento de codecisión del Parlamento y el Consejo, a ambos les corresponde establecer los sistemas, controles y equilibrios que consideren oportunos. Si se alega que dichos controles y equilibrios tienen que cumplir el artículo 202, miremos lo que dice ese artículo. Dice lo siguiente: «El Consejo podrá someter el ejercicio de estas competencias a determinadas condiciones». En esa expresión, «determinadas condiciones», se basa todo el sistema de comitología. Si puede crearse un sistema tan complejo sobre la base de esa cláusula del Tratado, no hay absolutamente nada que impida al Consejo crear un sistema diferente, el sistema que nosotros proponemos, para dotar al Consejo y al Parlamento de los mismos derechos de revocación y escrutinio. En otras palabras, el artículo 202 es mucho más flexible de lo que parecen creer los servicios jurídicos de la Comisión.
Por lo tanto, insto a la Comisión a que acepte nuestra enmienda relativa a la palabra «posiblemente». Les comunico ahora que si la Comisión no acepta la enmienda, entonces, antes de la votación final, yo, en mi calidad de ponente, volveré a remitir esta cuestión a la comisión parlamentaria, donde trataremos de proseguir las negociaciones con la Comisión al respecto.
Hemos tratado también de modificar la propuesta de la Comisión para hacerla algo más flexible. Espero que la Comisión acoja eso con satisfacción. Simplemente proponemos dotar a la Comisión del derecho de retirar una medida de ejecución si el Parlamento se opone a ella o si el Consejo se opone a ella. Esto es de sentido común. Algunas medidas de ejecución son discrecionales, no obligatorias. Si pensamos que la Comisión no necesita adoptar todavía una medida de ejecución en el momento o del tipo que la Comisión plantea, y nos oponemos a ella, la Comisión debe poder retirarla. Esa posibilidad ya se contempla en nuestro Reglamento.
Tengo entendido que el PPE-DE se opone a esta enmienda. Estoy impaciente por escuchar sus argumentos al respecto, pero está en línea con lo que el Parlamento adoptó en el informe Bourlanges hace tan solo unos meses. Proponemos también dotar a la Comisión del derecho a mantener una medida de ejecución con carácter provisional, cuando el Parlamento se oponga a ella, pendiente de un procedimiento legislativo completo para revisar, modificar o rechazar la medida de ejecución, otro elemento de flexibilidad que espero sea bien acogido por la Comisión. 
Finalmente, proponemos mantener los procedimientos especiales que acordamos en el marco de los llamados procedimientos Lamfalussy. Deduzco que este tema no es objeto de controversia.
Celebro decir que otras comisiones, como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que tiene una gran experiencia en comitología, o la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que ha empezado a abordar los procedimientos Lamfalussy, apoyan plenamente el enfoque que ha adoptado la Comisión de Asuntos Constitucionales en esta ocasión. Si conseguimos encontrar una solución ahora, habremos eliminado un problema que ha complicado y bloqueado numerosos procedimientos legislativos, y habremos eliminado uno de los obstáculos para que el Parlamento esté dispuesto a delegar más competencias de ejecución en la Comisión de lo que lo está ahora con estos procedimientos. Si tenemos derecho de revocación como se contempla en la propuesta, podremos delegar mucho más que ahora, sabiendo con seguridad que podremos someter a escrutinio y revocación las decisiones, siempre que lo consideremos necesario. Eso es algo que todos deberíamos acoger con satisfacción.

Radwan (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, hoy intervengo en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para exponer mi opinión sobre la cuestión de la comitología. Con ello, como por supuesto se ha mencionado al final de la última intervención, me centro particularmente en el proceso Lamfalussy y en los procedimientos Lamfalussy para la legislación por la que se crea el mercado interior de servicios financieros.
En efecto, nuestro objetivo, al igual que el del Grupo Lamfalussy, es adoptar en este ámbito una normativa se ajuste al mercado y sea viable, estos es lo que todos nosotros deseamos y estamos intentando conseguir. No obstante, como es lógico, debemos examinar de cerca la forma que pueden adoptar los procedimientos en el futuro. Precisamente en el Parlamento debemos preguntarnos si los procedimientos futuros también cuentan con suficiente legitimidad democrática, dado que como es natural, cada vez tenemos más «normas blandas», o sea, normas legislativas de carácter internacional. Solo necesito mencionar el Convenio de Basilea II o las normas internacionales de contabilidad (International Accounting Standards), que pronto adquirirán carácter de ley en Europa, una vez la Comisión Europea haya aprobado las medidas necesarias y tras su adopción por el Consejo y el Parlamento. Si todo esto se desarrolla en el futuro a través de un procedimiento de comitología, en el que una directiva marco solo establezca las instrucciones generales, nos encontraremos ante un problema elemental de legitimación y el Parlamento habrá renunciado a la posibilidad de influir en el futuro en asuntos muy importantes. Por esta razón no puedo sino apoyar al ponente, el Sr. Corbett.
Es fundamental que en el Parlamento Europeo conservemos nuestra capacidad de influencia a escala europea. Esto no significa que queramos discutir también los detalles técnicos en el Pleno o en comisión. No es eso lo que buscamos. Pero cuando pensemos que una disposición no apunta en la buena dirección es fundamental que seamos capaces de decirlo, y para ello es esencial conseguir que la Constitución que elabora la Convención nos confiera el derecho de revocación, lo que significa que cuando no estemos satisfechos con algo, podamos revocarlo, cambiar su enfoque y corregirlo. Por esto, es fundamental que la Comisión y la Convención nos apoyen en este aspecto y que en adelante también podamos incorporar las disposiciones pertinentes.

Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Corbett tiene por objeto reforzar los poderes de control del Parlamento sobre los textos de aplicación de actos legislativos elaborados por la Comisión en el marco de lo que misteriosamente se denomina comitología.
El PPE aprueba las orientaciones del informe y sostiene en particular la idea de que en caso de desacuerdo entre el Parlamento y la Comisión sobre un proyecto de texto de aplicación, esta última no podría hacer caso omiso de esa oposición. Si la Comisión no está de acuerdo con el Parlamento en este punto, el PPE-DE apoyaría gustosamente que el ponente pudiera solicitar que el asunto se devuelva a la comisión.
Sin embargo, estamos en desacuerdo con dos puntos del informe del Sr. Corbett. En primer lugar, este prevé que en caso de que el Parlamento no respaldase el texto propuesto por la Comisión, esta podría sencillamente retirar su texto sin elaborar uno nuevo y sin tomar ninguna iniciativa legislativa. Este poder nos parece realmente excesivo. Equivale a la autorización de la huelga en la elaboración de textos de aplicación, y esto no podemos apoyarlo. Nuestra petición de voto por separado tiene por objeto rechazar esta posibilidad.
En segundo lugar, el informe del Sr. Corbett sugiere que en el caso de que la Comisión llegara a emprender una nueva iniciativa legislativa, porque considerara imposible superar su desacuerdo con el Parlamento mediante una simple modificación de su texto, el texto elaborado por la Comisión se aplicaría provisionalmente hasta la adopción de un nuevo texto legislativo.
No creemos que esta solución sea aceptable. En efecto, nos parece totalmente abusivo permitir a la Comisión hacer caso omiso, durante un período prolongado, de la oposición del Parlamento, en caso de que el desacuerdo entre las dos instituciones fuese tan grave y profundo que no pudiera superarse mediante una simple modificación del proyecto, sino que exigiese el recurso a un procedimiento legislativo.
Dar a la Comisión el poder de imponer, durante meses o incluso años, el texto objeto de desacuerdo, sería reconocer oficialmente que la Comisión está facultada para hacer caso omiso de la ley o violarla.
Estas son las dos reservas que tenemos. No hemos presentado enmiendas, sino una simple petición de voto por separado, cuya finalidad es corregir el informe en este aspecto. Por lo demás aprobamos el informe y felicitamos al ponente por su labor, cuya calidad es notable.

Martin, Hans-Peter (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Corbett. No se trata que digamos de una materia sencilla. Quizá la manera más sencilla de explicarla -puesto que a esta hora del día siempre hay algunos visitantes- es decir que hablamos sobre la construcción de un puente. El informe Corbett es un intento de construir un puente que nos saque de esta confusión europea de falta de competencias o misteriosas competencias de clan, que implica, como ha dicho el Sr. Radwan, que de pronto se adoptan en un nivel inferior normas que afectan directamente a las vidas de millones de personas, cuando esto carece totalmente de legitimidad democrática directa.
Esto se debe en gran medida a la historia de la Unión Europea y su incapacidad para dotarse de una clara separación de poderes. Este estado de cosas hace que muchas cuestiones entren en la penumbra y se deleguen. En algunos casos todavía hay leyes hechas por funcionarios; en ciertos ámbitos esta práctica incluso va en aumento.
Que el Parlamento Europeo se resista a ello constituye, a mi entender, un logro histórico y también una legitimación de su existencia. Pero ahora lo importante es sin duda que en la Convención, que en este momento acapara por supuesto gran parte de nuestra atención, se regule de manera mucho más clara e inequívoca qué competencias corresponden a cada cual, y esto también incluye, desde luego, como un aspecto absolutamente decisivo, la facultad del Parlamento Europeo -este órgano representativo del pueblo- de revocar los poderes de ejecución después de haber sido delegados. El éxito de este proyecto dependerá de esto, pero también de si logramos encontrar las palabras y expresiones -una vez el informe Corbett haya construido este puente- para explicarlo a los ciudadanos y al electorado de una forma que arroje claridad y transparencia en esta cuestión, de manera que nadie tenga ningún resquicio para hacer trampas. En este sentido, me mantengo firme en mi ceterum censeo: sin transparencia no puede haber democracia.

Titford (EDD).
 Señor Presidente, esta propuesta me incomoda mucho, pero no parece haber una respuesta fácil. Por una parte, el Sr. Corbett quiere situar al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo, sugiriendo que con ello mejoraría la responsabilidad del sistema y, por deducción, su legitimidad democrática. Por otra parte, el Consejo refleja la primacía de los Estados nacionales, al menos en teoría, y debe tener la última palabra a la hora de decidir si un instrumento legislativo debe tener o no fuerza legal.
Pero, por otra parte, el problema está en que el complejo y sigiloso sistema adoptado por el Consejo no facilita el control externo, negando con ello cualquier parecido con la responsabilidad y, por tanto, con la democracia. Por otra parte, el Parlamento, a pesar de sus pretensiones, carece del demos europeo y, por tanto, no puede alegar que sea una institución democrática. Partiendo de esta base, la situación actual no es satisfactoria, pero tampoco lo es lo que se propone.

Schleicher (PPE-DE).
 Señor Presidente, Señorías, las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión son un tema que suena muy inocuo y, sin embargo, entraña numerosos problemas que todos los comités que se ocupan de la legislación europea tienen que abordar y así vienen haciéndolo desde hace dos décadas. La Decisión del Consejo de 1999 redujo la confusión babélica de las más de veinte variantes de dichos comités de la Comisión a tres procedimientos, a saber, los de gestión, reglamentación y consulta. La Decisión estableció asimismo los criterios para la determinación del procedimiento de comité apropiado en cada caso. Hubo que adaptar toda la legislación europea pertinente: varios centenares de directivas y reglamentos. Esta tarea concluyó en marzo de 2003, o sea, hace pocas semanas, con el informe de la Sra. Frassoni.
Nuestro debate de hoy haría necesario volver a adaptar a los nuevos textos el conjunto de la legislación de la Unión Europea, o sea, nuevamente más de un centenar de actos jurídicos. Si la Convención -me refiero al artículo 202- propone soluciones alternativas a las que hoy estamos debatiendo, habría que repetir de nuevo dicho proceso de adaptación del conjunto de la legislación europea. Igual que ocurrió en el caso del procedimiento Lamfalussy, solo estamos debatiendo una solución transitoria. La enmienda 1 de la Comisión de Asuntos Constitucionales lo expresa muy claramente.
A mi entender, la propuesta de la Comisión no cumple los objetivos de transparencia y de un mejor control legislativo de la misma en el contexto de la aprobación de las disposiciones de aplicación. Al contrario, los cambios propuestos están encaminados a transformar el derecho de supervisión del que dispone hasta ahora el Parlamento en un mero procedimiento de consulta. La propuesta de la Comisión equivale de hecho a suprimir en la práctica el procedimiento de gestión, lo que también merma considerablemente los poderes de influencia y control del Consejo y de los Estados miembros. Esto podría no importarnos en el Parlamento Europeo si se reforzaran en la correspondiente medida nuestros propios poderes de influencia y supervisión. Esto es lo que se pretende conseguir con las enmiendas del Parlamento. No obstante, la Comisión se niega a suprimir -como ya ha señalado también el Sr. Corbett- una palabra fundamental, a saber, «posiblemente». Esto significa que en el futuro podrá tomar en consideración tan solo posiblemente las reclamaciones del Parlamento relativas al fondo de las disposiciones de aplicación. Este Parlamento no puede apoyarlo y en este aspecto coincidimos plenamente con el ponente.

Rack (PPE-DE).
 Señor Presidente, como se ha recordado ya varias veces hoy, en la Convención se está debatiendo intensamente sobre la supresión de la antigua comitología. Creo que, en efecto, el resultado final apuntará en esta dirección. ¿Por qué lo hacemos? También de esto ya se ha hablado. Lo hacemos porque la antigua comitología ha generado esencialmente una legislación encubierta, elaborada con métodos no democráticos y, sobre todo, faltos de transparencia. Nadie en el mundo exterior sabe qué se hace, cómo se hace ni por qué se hace. Sobre todo, nadie sabe públicamente quién ha defendido qué posiciones y por qué. Esto tiene que cambiar. Por esto, en la Convención vamos a suprimir la antigua comitología, pero ello solamente es posible -como también ya se ha dicho- si tenemos algo para sustituirla. Necesitamos delegar labores legislativas, pero con responsabilidades claras, con normas de delegación claras, con mandatos que se entiendan claramente y, sobre todo, con la posibilidad de revocación, concretamente con el mismo derecho de revocación para el Consejo y para el Parlamento.
Ya me he referido varias veces en este contexto a los debates que tenemos en la Convención. Lo que nos interesa es que los ciudadanos europeos tengan claro quién asume competencias legislativas, por qué y a santo de qué, y los resultados que se perfilan en esta cuestión se conocerán en breve a modo de propuesta constitucional. Pero esto no significa que el trabajo dedicado al informe Corbett haya sido superfluo, sino todo lo contrario. Hasta que este resultado se plasme en la Constitución y se aplique, va a ser necesario contar con los resultados del informe Corbett, que apuntan en gran medida en la misma dirección que lo hablado en la Convención. Desde esta perspectiva, no solo felicitamos al ponente, sino que también esperamos que las propuestas resultantes sean aceptadas con la mayor unanimidad posible y que durante los próximos años una reforma razonable del enfoque que se aplica para abordar este importante tema sustituya a la antigua comitología no democrática.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, permítame que responda a algunas de las cuestiones que se han planteado. En primer lugar, la cuestión de si se trata o no de una solución provisional. En mi opinión, la propuesta de la Comisión con nuestras enmiendas puede constituir la base de una solución del problema de la comitología que sea compatible tanto con el Tratado actual como con el que probablemente resulte de la Convención Europea.
Por supuesto, la Convención tiene que arrimar el hombro y eliminar las contradicciones evidentes entre los artículos 202 y 251 del Tratado, y quizá incorporar algunos de los principios que rigen la delegación de competencias ejecutivas en el Tratado y en la propia constitución, pero en mi opinión lo que estamos haciendo aquí podría ser totalmente convergente con la labor que está desarrollando la Convención. 
En segundo lugar, pese a la estupenda convergencia que hemos conseguido en general, quisiera mencionar la cuestión de los dos puntos sobre los que según el Sr. Bourlanges el Grupo del PPE-DE piensa votar en contra.
Tengo que decir que discrepo con el Grupo del PPE-DE en esto y quisiera señalar que la posición que defiendo se basa en lo que aprobó el Parlamento en el informe del propio Sr. Bourlanges. Así pues, soy coherente con la posición del Parlamento hasta la fecha y, en definitiva, con nuestro propio Reglamento, donde instamos al Presidente del Parlamento a pedir a la Comisión que retire o modifique una medida ejecutiva cuando el Parlamento se oponga a ella, o que presente una propuesta legislativa. De manera que piso el terreno firme de lo que el Parlamento ha defendido siempre en esta cuestión, y espero que el Grupo del PPE-DE reconsidere su postura antes de la votación que tendrá lugar dentro de media hora.
Asimismo, y con respecto a la cuestión de la adopción provisional de un texto pendiente del procedimiento legislativo, es importante en algunas circunstancias para evitar un vacío legal. La medida se aplica con carácter provisional mientras el Parlamento y el Consejo llevan a cabo un procedimiento legislativo para revisarla, modificarla o rechazarla, según lo que decidamos hacer. Pero en algunos casos puede que también sea importante adoptar una solución provisional, aunque no exista ningún vacío legal pendiente del procedimiento legislativo.
En otras palabras, lo que pido es que exista un menú de opciones. Si el Parlamento se opone a una medida de ejecución propuesta por la Comisión, la Comisión puede retirarla -creo que, en cualquier caso, ese derecho se contempla implícitamente en el Tratado, pero hagámoslo explícito-, puede modificarla de acuerdo con nuestras objeciones, o puede presentar una propuesta legislativa. En este último caso, puede aplicar la medida con carácter provisional cuando así sea necesario para evitar un vacío legal, o no aplicarla cuando sea innecesario. Creo que es bueno que existan esas diferentes posibilidades. Debemos mantener la lista completa y espero que el Grupo del PPE-DE reconsidere su posición y vote en consecuencia.

Wallström
Señor Presidente, antes de nada, permítame que insista en que las enmiendas propuestas y las intervenciones de sus Señorías demuestran cuánta reflexión y cuánto esfuerzo se han dedicado a esta propuesta, cuya finalidad es reforzar el papel del Parlamento Europeo en el triángulo institucional. 
En la medida de lo posible, la Comisión tendrá en cuenta las enmiendas detalladas propuestas por la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión puede aceptar, en su totalidad o en parte, las enmiendas 1, 2 (en parte), 4, 7, 8, 11 (en parte), 13, 14, 18 y 19. Ahora bien, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 10 y 11 (en parte), porque podrían complicar las negociaciones de la Comisión con el Consejo.
La propuesta de la Comisión pretende dotar al Parlamento Europeo y al Consejo de los mismos derechos, como colegisladores, de control de la Comisión; pero la propuesta no puede ir más allá del Tratado actual, que no contempla la delegación explícita de poder legislativo en la Comisión. La Comisión, como único poder ejecutivo, debe seguir siendo plenamente responsable de la adopción de instrumentos de ejecución. Esta responsabilidad política exige que la Comisión tenga libertad para tomar sus propias decisiones, considerando o no las objeciones expresadas por el legislador. La supresión de «posiblemente» ataría de manos a la Comisión y le impediría ejercer su responsabilidad como único poder ejecutivo.
La posibilidad de retirada, según se formula en las enmiendas 3, 10 y 11 al informe del Sr. Corbett, significaría en realidad sustituir la libertad de decisión de la Comisión por una retirada explícita o inacción por parte de la Comisión. Si las opiniones de la Comisión no coinciden con las del legislador, la Comisión se vería obligada a renunciar a la adopción de una medida de ejecución. La sustitución de la responsabilidad y la libertad de la Comisión para adoptar una medida de ejecución a través de la opción de la inacción, transmitiría también el mensaje político equivocado a todos los interesados.
La propuesta, por el contrario, se basa en el supuesto de que esa acción es necesaria y de que la Comisión será responsable de ella. Considerando el ámbito que permite el Tratado actual, la Comisión estima que esas enmiendas no son aceptables. La propuesta, de hecho, llega todo lo lejos que puede llegar para dotar al Parlamento Europeo de los derechos de control que, como colegislador, debe poseer.
La reforma, como acabo de mencionar, no puede llegar más lejos de lo que llega la reforma más meticulosa realizada en el proceso de revisión del Tratado. En el seno de la Convención Europea, la Comisión ha sugerido explícitamente que el Consejo y el Parlamento Europeo deben tener la posibilidad, con los poderes legislativos que ostentan, de oponerse a un texto propuesto por la Comisión. En un escenario así, la Comisión podría renunciar a su texto, modificarlo o presentar una propuesta legislativa.
Para terminar, puedo asegurarles que la Comisión tratará de impulsar esta cuestión en el Consejo. Me gustaría concluir diciendo que la Comisión necesita el apoyo del Parlamento para negociar mayores prerrogativas del Parlamento Europeo con el Consejo. Estoy segura de que la Comisión puede contar con el apoyo incondicional del Parlamento en el proceso de esclarecer las funciones y competencias del ejecutivo y del legislativo.

Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, sobre la base de las observaciones que acaba de hacer la Sra. Comisaria, me gustaría saber cuál es la posición del ponente, puesto que esto es bastante importante. Considero que la Sra. Comisaria no tiene razón. Cuando en este Parlamento objetamos, nuestras objeciones deben tenerse en cuenta. De lo contrario, que se nos deniegue el poder de objetar, lo que yo comprendería perfectamente. No obstante, la idea de que podamos objetar y que se puedan ignorar nuestras objeciones me parece grave. Quisiera saber cuál es la actitud del ponente, si piensa o no solicitar la devolución a la comisión.

El Presidente.
Señor Bourlanges, esto no guarda relación con la observancia del Reglamento.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, la Comisión se equivoca cuando insiste en mantener la palabra «posiblemente», sobre todo cuando le estamos ofreciendo varias alternativas posibles. Debería estar obligada a elegir entre una de esas posibilidades y, o bien modificar su propuesta para tener en cuenta nuestras objeciones, o bien retirarla -quiero insistir en que no le obligamos a retirar la propuesta; esa es solo una de las distintas posibilidades- o presentar una propuesta con arreglo al procedimiento legislativo. Puesto que la Comisión tiene esas tres posibilidades, pienso de verdad que debería suprimirse la palabra «posiblemente». De lo contrario, tendría derecho a optar por ninguna de esas posibilidades e ignorar por completo las objeciones del Parlamento, lo cual sería profundamente antidemocrático.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(La sesión, suspendida a las 11.51 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

Lulling (PPE-DE)
. (DE) (Aplausos) Señor Presidente, muchas gracias por su entusiasmo. También puedo anunciarles que el Consejo ha hecho suyas, en su posición común, gran parte de las sabias propuestas que formulamos en primera lectura. Como ustedes saben, el proyecto de reglamento tiene por objeto mejorar la calidad de las estadísticas. En primer lugar, mediante la reducción, de cuatro meses a setenta días, de los plazos de transmisión de los principales agregados de las cuentas nacionales; en segundo lugar, con la supresión de las derogaciones concedidas a los Estados miembros -otras, lamentablemente, aún se siguen manteniendo-, y, en tercer lugar, mediante la comunicación de los datos de empleo en una unidad común, concretamente en horas trabajadas.
Estos cambios son necesarios para poder disponer rápidamente de estadísticas del PIB lo más exactas posible. Los economistas bancarios ya vienen advirtiendo desde hace años que nuestras estadísticas económicas son insuficientes, que inducen a cometer errores en la política monetaria, de los que luego se resienten todos nuestros bolsillos. El Sr. Solans, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, incluso se pronunció hace un año, en un artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, a favor de ampliar las estadísticas relevantes para la zona euro. Estas redundarán en interés de todos, como ustedes saben. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en estos momentos la Comisión se ve obligada a elaborar las primeras estimaciones del producto interior bruto correspondientes a la zona euro sobre la base de datos incompletos, lo cual socava la fiabilidad de estos indicadores y puede afectar negativamente a los mercados financieros y, sobre todo, también a las medidas de los bancos centrales. Actualmente la Comisión presenta sus estimaciones del PIB de la zona euro a los setenta días de haber finalizado el periodo de referencia. Un retraso excesivo en comparación con lo que ocurre en los Estados Unidos, donde estos datos están disponibles al cabo de 45 días, y que dificulta el cumplimiento de las funciones orientadoras del Banco Central Europeo. Ustedes se lamentan a menudo de que las reacciones en materia de política monetaria de Duisenberg vayan a la zaga de Greenspan. Esto no ocurrirá tan a menudo si hoy aprueban la presente propuesta. Por lo tanto, confío en que votarán a favor de la posición común y les agradezco su interés entusiasta por el informe.
(Risas y aplausos)

El Presidente.
Esta ovación, señora Lulling, le demuestra hasta qué punto entendemos ahora mejor la transmisión de los principales agregados de las cuentas nacionales.

Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, nuestro Grupo ha presentado cuatro peticiones de voto por separado. Tres de ellas tienen el mismo objeto, puesto que se trata de suprimir en tres lugares diferentes la expresión «bien retirará su proyecto». Se trata de las peticiones de voto por separado a la enmienda 3, la 10 y de una segunda petición de voto por separado a la enmienda 11. Cualquiera que sea su decisión, Señorías, me parecerá lógico, pero no sé si el reglamento permite que una sola votación englobe a las otras dos, para garantizar así la coherencia del texto.

El Presidente.
Buenas noticias: lo que es lógico también es acorde con el Reglamento. Por tanto realizaremos una única votación. De este modo podremos estar seguros de que todo queda como es debido.

Corbett (PSE).
 Señor Presidente, el Sr. Bourlanges tiene toda la razón respecto al procedimiento: sería lógico hacer una única votación, en lugar de tres votaciones sobre esta cuestión. Sin embargo, quiero decir que si le seguimos en cuanto al fondo, el Parlamento estaría contradiciendo lo que votamos en relación con sus propios informes y en mi informe reciente sobre la revisión del Reglamento. Ruego a sus Señorías que no le sigan en cuanto al fondo, aunque tenga razón en cuanto al procedimiento.

El Presidente.
Creo que todo el mundo lo ha entendido bien. Haremos una sola votación, teniendo en cuenta las explicaciones de fondo que acaba de dar nuestro ponente.
Antes de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa
Corbett (PSE)
. (EN) Me gustaría que la Comisión nos dijera si puede o no aceptar las enmiendas propuestas por el Parlamento.

Wallström
Señor Presidente, la Comisión puede aceptar la enmienda 1 y en parte la enmienda 2, porque rechazamos las palabras «toda la información» ...
(Risas y aplausos)
... ¡No es tan malo como parece ! Las enmiendas 4, 7 y 8 pueden aceptarse, la enmienda 11 puede aceptarse en parte debido a la palabra «posiblemente», y las enmiendas 13, 14, 18 y 19 también pueden aceptarse. Pero no podemos aceptar las enmiendas 3, 10 y 11 (en parte).

El Presidente.
Sobre esta base, señor Corbett, ¿desea invocar el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento?

Corbett (PSE).
 Señor Presidente, quiero invitar al Parlamento a que haga uso del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento y remita el informe de nuevo a la comisión competente para continuar las negociaciones con la Comisión. Lo que la Comisión acaba de decir equivale a insistir en que se mantenga la palabra «posiblemente» en el texto. En otras palabras, la Comisión tendría «posiblemente» en cuenta las objeciones del Parlamento y la Comisión «posiblemente» modificaría su texto para tener en cuenta nuestras opiniones. Eso sería inaceptable para el Parlamento y por eso le pido que devuelva el informe a la comisión competente.
El Presidente.
De conformidad con el Reglamento, someto la propuesta del ponente de aplazar la votación final sobre el proyecto de resolución legislativa.
(El Parlamento decide aplazar la votación final)

Informe (A5-0123/2003) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de acción «Simplificar y mejorar el marco regulador» [COM(2002) 412 - C5-0622/2002 - 2002/2278(INI)] 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0124/2003) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2002 [2002/2018(INI)] 
(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Deseo felicitar al ponente por las positivas propuestas incluidas en su informe, que resultan sumamente oportunas, como ya quedó demostrado por el hecho de que la delegación del Parlamento Europeo las suscribiese en el proceso de conciliación. El mérito de la Directiva a que apuntan estas propuestas también resulta evidente. Esta Directiva tiene por objeto establecer y regular un sistema formal de comunicación de incidentes ocurridos en la aviación civil, para que todos los que intervienen en ellos puedan tener acceso y conocimiento de los mismos. Se pretende, en realidad, que todos los agentes implicados en esta actividad aprendan de los errores de cada uno de ellos, optimizando la vertiente educativa y positiva de las malas prácticas. De esta forma, se contribuye al establecimiento de un sistema más seguro para todos los usuarios.
Esta Directiva complementa la Directiva de 1994 que incluye un conjunto de medidas sobre las investigaciones de los accidentes ocurridos en la aviación civil, que seguramente no producirá muchos resultados por el número afortunadamente menor de accidentes que ocurren. Por su parte, el sistema de comunicación en que se basa esta nueva propuesta de Directiva tiene un mayor potencial con respecto al volumen de datos que puede facilitar.
También hay que aplaudir la propuesta de una disposición de la Directiva que obligue a los Estados miembros a poner en marcha un sistema de eliminación de los datos personales en caso de que decidan crear un sistema de comunicación no obligatoria de datos útiles para la seguridad aérea...
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Bastos (PPE-DE)
. (PT) En el ámbito de la consecución de los objetivos de la estrategia de Lisboa -que pretenden reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social en una economía basada en el conocimiento- y del método abierto de coordinación en el ámbito de la integración social, resulta imprescindible crear un marco común para la producción sistemática de estadísticas. El objetivo es permitir que se puedan comparar, rigurosa y oportunamente, las situaciones entre Estados miembros por lo que respecta a la distribución de la renta, el nivel de pobreza y la marginación social.
Se trata de un instrumento de máxima importancia, con el que todavía no contábamos. Por este motivo, he votado a favor de esta recomendación, que acepta la posición común adoptada por el Consejo con respecto a la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Este marco prevé la utilización de indicadores comunes, la flexibilidad con respecto a la fuente de datos, así como la integración de las nuevas fuentes en los sistemas estadísticos nacionales, lo que permitirá un seguimiento real de la situación y de la evolución en los Estados miembros.
A partir de 2003, los Estados miembros transmitirán anualmente los datos a Eurostat, que organizará estudios metodológicos para evaluar el impacto sobre la comparabilidad de las fuentes de datos nacionales e identificar las mejores prácticas a aplicar.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo con la decisión del ponente que, optando por no elaborar un informe para la segunda lectura, aceptó sin cambios la posición común del Consejo con respecto a las estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida en la Unión Europea. La unanimidad conseguida en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales viene a confirmar también la adecuación de la posición común del Consejo. En realidad, si se pretende realizar un informe de síntesis anual que incluya las estadísticas de la Unión, es indispensable que la compilación de los datos referentes a los Estados miembros utilice definiciones y métodos armonizados. De no ser así, se correría el riesgo de obtener un estudio que utiliza variables heterogéneas y diferentes en los distintos Estados miembros, dificultando por tanto las comparaciones. La contribución financiera que realizará la Unión a cada Estado miembro durante cuatro años, a fin de sufragar los costes derivados de los respectivos trabajos, garantiza la realización en 2007 de la primera edición de una iniciativa que llega con retraso, como pone de manifiesto el modo en que la Unión trata continuamente temas baladíes.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Apoyo el presente informe, que ha tenido en cuenta una propuesta de Reglamento que es parte integrante del «Plan de acción relativo a las necesidades estadísticas en la UEM». De hecho, en vista del avance que representan los objetivos de la estrategia europea del empleo, resulta determinante armonizar los datos de las cuentas nacionales sobre empleo, transmitiendo esos datos en horas trabajadas, con el fin de aclarar las relaciones laborales, conseguir que las medidas resulten consecuentes y que los objetivos sean viables. La iniciativa de la Comisión Europea: el futuro de la Estrategia Europea de Empleo «Una estrategia de pleno empleo y mejores puestos de trabajo para todos» (COM(2003) 6 final) estableció principalmente tres objetivos de gran alcance: pleno empleo, calidad y productividad en el trabajo y un mercado de trabajo integrador. Las metas de Lisboa y Estocolmo para la tasa de empleo global (una media del 67% en 2005 y del 70% en 2010 en la Unión Europea), para el empleo femenino (57% y 60%, respectivamente) y para el empleo de los trabajadores mayores (el 50% en 2010) solo pueden, por tanto, alcanzarse en la medida en que la naturaleza concreta de las relaciones laborales o los indicadores cuantitativos, concretamente del número de horas trabajadas, se determinen con metodologías uniformes.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Este informe se encuadra en el proceso de creación de un mercado interior de la energía de la Unión Europea, de conformidad con el llamamiento del Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, reafirmado en los Consejos de primavera de Barcelona y Bruselas, de una aceleración del proceso de liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, lo que implica una mayor desregulación del mercado y la intensificación del comercio transfronterizo entre los Estados miembros. Por otra parte, tiene por objeto acelerar la privatización de las empresas públicas, teniendo en cuenta su posición histórica dominante en este sector y la aceleración del proceso de concentración o fusiones, en el plano comunitario.
Siempre me he manifestado en contra de este proceso, no solo por cuestiones de tipo socioeconómico y por la calidad y garantía de la prestación del servicio público, sino también porque se trata de un sector estratégico para el desarrollo, que afecta a la independencia, soberanía y seguridad energéticas.
Así pues, la propuesta de la Comisión tiene la finalidad de adaptar las normas del IVA, en el ámbito del gas y la electricidad, a las necesidades de los mercados liberalizados. Las enmiendas propuestas van a hacer, en el fondo, que los impuestos cobrados reviertan a favor de los Estados miembros donde se efectúa el consumo final, facilitando el comercio transfronterizo de la energía. Por lo tanto, el objetivo final continúa siendo el de satisfacer las necesidades del mercado único europeo del sector de la energía.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE)
Los diputados moderados al Parlamento Europeo hemos votado en contra de este informe. Es lamentable que la industria naval de la República de Corea reciba una ayuda estatal significativa, pero esto no es motivo para financiar también la industria naval europea.
La UE debería denunciar con firmeza el asunto en el seno de la OMC. El establecimiento de un consorcio europeo que intente controlar e influir en la situación del mercado no solucionará los problemas de la industria naval europea, sino que podría exacerbar la situación a largo plazo.

Figueiredo (GUE/NGL)
La situación de la industria naval es cada vez más preocupante, debido a la importante disminución, durante el año 2002, de la demanda mundial en los astilleros. Los nuevos pedidos son un 60% inferiores a los efectuados en 2000, aunque para la Unión Europea esta disminución fue del 77%, a la que se une una bajada de precios.
La aplicación unilateral, por parte de la Unión Europea, de los principios establecidos en el Acuerdo de la OCDE de 1994, que tiene por objeto la prohibición de las ayudas concedidas a la industria de la construcción naval, fue una de las principales causas, siendo insuficiente el actual mecanismo defensivo temporal ante la competencia desleal de los astilleros de Corea del Sur, con márgenes negativos que oscilan entre el 20 y el 40%, respaldados por ayudas estatales. La participación de la Unión Europea en el mercado de la construcción naval bajó del 19% de 2000 al 10% del primer semestre de 2002, provocando el cierre de varios astilleros europeos, el desempleo y persistiendo las amenazas, como pude comprobar en mi visita a los astilleros navales de Viana do Castelo.
De ahí que resulte fundamental que la Unión Europea proponga nuevos mecanismos para preservar y desarrollar el sector estratégico de la construcción naval, a través de un verdadero programa comunitario que promueva la investigación y la formación profesional, y que tenga en cuenta las prioridades de modernización de las flotas comunitarias, la recuperación del sector naval, el transporte marítimo y la pesca.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries, Theorin (PSE)
Los socialdemócratas suecos no creemos que la Comunidad deba prolongar su ayuda a las constructoras navales o introducir nuevas formas de dicha ayuda, con objeto de proteger a la industria de construcción naval frente a la República de Corea.
La industria de construcción naval de la Unión Europea se encuentra en una situación grave, porque se ha asestado un duro golpe a la fabricación de ciertos buques debido a la competencia desleal de la República de Corea. Los astilleros de la República de Corea han practicado el dumping respecto de la fabricación de buques de transporte de gas, al haber ofertado precios diferentes en el mercado doméstico y para la exportación. Los precios en el mercado de exportación son del 25% al 30% más bajos. Por otra parte, la UE ha retirado la ayuda a su industria de construcción naval, lo que ha dado lugar a la limitación de la capacidad de producción y a problemas sociales.
Suecia abolió estas formas de ayuda hace algunos años. Por lo tanto, tenemos dudas respecto de su reintroducción. En general nos oponemos a este tipo de ayuda estatal, pero entendemos la preocupación causada por la competencia desleal por parte de la República de Corea. Creemos que las cuestiones de este tipo tienen que abordarse en el seno de la OMC, en el contexto de su procedimiento de resolución de disputas. La restauración o prolongación de la ayuda estatal de la UE a ciertos buques no ayudaría en nada. En cambio, podría distorsionar los mecanismos del mercado.
En vista de estas consideraciones, los socialdemócratas del Parlamento Europeo votamos en contra de cualquier forma de ayuda estatal a la industria de construcción naval. Creemos que no hay que promover dicha ayuda y, por lo tanto, votamos en contra de todo el informe.

Korakas (GUE/NGL)
. (EL) La política de reestructuración de la industria de construcción naval y los consiguientes recortes han provocado decenas de miles de parados. La UE ha perdido la mitad de su cuota en el mercado mundial en dos años debido a la postura adoptada por la UE y por los Estados miembros que, en lugar de apoyar y mejorar este sector estratégico, están apoyando y multiplicando los beneficios de los monopolios, principalmente en Alemania y Dinamarca.
Este sector, que en el pasado fue muy próspero, está seriamente afectado en Grecia, un país de larga tradición marítima y con una de las mayores flotas del mundo. Si se hubiera llevado a cabo otra política, la industria de reparación naval podría haberse convertido en un sector económico importante en lugar de desaparecer.
En la actualidad se persigue a las pequeñas empresas, mientras los grandes astilleros se venden al sector privado por un plato de lentejas y se recortan sus actividades. Miles de trabajadores del sector están literalmente muriéndose de hambre y hay zonas enteras condenadas al declive, con una tasa de desempleo de más del 80%. Otra empresa de construcción naval, Hippokambos, acaba de cerrar, poniendo en la calle a otros 300 trabajadores.
Los que trabajan en este sector están comenzando a darse cuenta de que no pueden esperar respuestas de la UE, de sus políticas y de los acuerdos imperialistas internacionales que se proponen, por lo que están uniendo sus fuerzas y luchando por una política diferente, antimonopolista y antiimperialista.

Bastos (PPE-DE)
. (PT) La estrategia europea de desarrollo sostenible adoptada en la Cumbre de Gotemburgo debe asociarse a la responsabilidad social de las empresas. Las empresas tienen obligaciones, además del objetivo legítimo de maximizar los beneficios. Actualmente, las PYME y las grandes multinacionales tienen que concienciarse de que el éxito pasa por un comportamiento responsable, tanto en el plano ambiental, como en el ámbito de los derechos fundamentales y de la promoción de la cohesión social.
Es un hecho sabido que la responsabilidad social y ambiental refuerza la competitividad. Así pues, la responsabilidad social de las empresas debe ser apoyada e incentivada, y es necesario divulgar las buenas prácticas, implicando a las empresas, los interlocutores sociales e instituciones de enseñanza y formación.
Destaco la importancia:
de incluir las cuestiones relativas al género en los principios de la responsabilidad social de las empresas, especialmente la promoción del empresariado femenino y la conciliación de la vida profesional y privada;
del papel del Foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social de las empresas, que permitirá escuchar a todos los interlocutores y ayudar a definir los límites y los desafíos a los que se enfrentan las empresas, así como compartir las buenas prácticas;
de la etiqueta ecológica europea como garantía de calidad para consumidores y empresas, dado que los consumidores valoran cada vez más la responsabilidad social de las empresas en sus decisiones de compra.
El Parlamento Europeo debe participar en este proceso, especialmente en la reunión final del Foro y en los intercambios de información entre las instituciones.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Este informe no es más que una enorme operación de maquillaje y marketing de los empresarios, a nivel europeo, fruto tanto de las intenciones deliberadas de todo el proceso como de las orientaciones económicas y sociales de la Unión, que pretenden promover la desregulación de la economía, especialmente en el mercado de trabajo, con la flexibilidad salarial y la inestabilidad del empleo.
A la luz del ejemplo portugués, podríamos hablar incluso de irresponsabilidad social de las empresas, con los cierres de las multinacionales, que se trasladan a países con salarios más bajos y las normas sociales y ambientales son más flexibles en lo que respecta al beneficio, condenado al paro a miles de trabajadores, comprometiendo el desarrollo de las regiones más desfavorecidas, incumpliendo contratos con las autoridades locales y los Estados que les concedieron importantes ayudas públicas y ventajas fiscales.
La realidad demuestra que en muchas de estas empresas que se quieren promocionar internacionalmente, no existe ninguna responsabilidad social. Lo que hacen es aprovechar la inestabilidad del empleo, contratos temporales, salarios atrasados y condiciones de trabajo precarias. Despiden a trabajadores de forma abusiva e ilegal, imponen por la fuerza horarios flexibles, fomentan el trabajo infantil y hacen gala de una falta de responsabilidad por lo que respecta a la contaminación. Hay un clima de impunidad e incumplimiento de la normativa legal vigente que es preciso superar urgentemente.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La resolución relativa al Programa «Energía inteligente para Europa» (2003-2006) merece, en términos generales, nuestro apoyo, puesto que:
pretende garantizar la continuidad de un programa en el ámbito de la energía que da continuidad al actual programa marco (1998-2002) en este ámbito, en el contexto del respeto del desarrollo sostenible, la garantía de aprovisionamiento energético, eficiencia energética, electricidad obtenida de fuentes de energía renovables, entre otros aspectos;
recomienda un aumento de las dotaciones presupuestarias que se aplicarán de conformidad con este programa, aunque todavía en un nivel claramente insuficiente (de 190 a 200 millones de euros), teniendo en cuenta la importancia estratégica de los ámbitos que abarca: eficiencia energética y utilización racional de la energía; energías nuevas y renovables; energía y transportes, y cooperación internacional, especialmente con los países en desarrollo;
propugna un equilibrio adecuado entre el control de la ejecución del programa y la necesidad y garantía de su plena utilización, proponiendo un acceso más fácil de los candidatos.
En lo que respecta a la creación de la Agencia Europea de Energía Inteligente, pensamos que es una cuestión fundamentalmente política y depende de la preocupación de si deberíamos contar con políticas efectivas de investigación y promoción de energías que comporten ventajas ambientales y económicas.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) En general, estoy de acuerdo con el informe, aunque considero que una de las soluciones apuntadas por la ponente para aumentar la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía renovables (la creación de una Agencia Europea de Energía Inteligente) está por demostrar. De hecho, la creación de otra instancia burocrática no garantiza por sí misma la optimización de los recursos, dado que, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, debería considerarse antes la posibilidad de potenciar el intercambio de informaciones entre Estados miembros y la adopción de buenas prácticas, sin modificar los ordenamientos jurídicos nacionales ni crear estructuras artificiales que se opongan a los mismos.
A pesar de esta divergencia con respecto al método, comparto las preocupaciones ambientales y de eficiencia que manifiesta la ponente, así como la convicción de que sin la participación de organizaciones locales y nacionales no se ejecutarán debidamente las medidas recomendadas.
Del mismo modo, considero muy acertado el interés y el especial cuidado mostrados por la ponente con respecto a los países de la ampliación y a las adaptaciones necesarias en el momento de su integración.

Adam (PSE)
 - (EN) En conjunto, las enmiendas adoptadas el 23 de abril por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no mejoran el texto de la Comisión y han dado lugar a una propuesta extremadamente complicada que podría ser más nociva aún que la propuesta original de la Comisión para las plantas CHP industriales, en su mayoría de gran tamaño, que constituyen el principal interés del Reino Unido.
Estas enmiendas, tomadas en conjunto, se basan en el supuesto de que «comparado con la producción no combinada de electricidad y calor, cualquier proceso de cogeneración con una eficiencia mínima del 80% entraña sustanciales ahorros energéticos y, por tanto, puede considerarse eficiente». No es cierto que una eficiencia del 80% vaya a entrañar sustanciales ahorros energéticos. Sistemas con la misma eficiencia global no ahorran necesariamente el máximo de combustible ni evitan la mayor parte de las emisiones de CO2. Es importante que valoremos más la eficiencia eléctrica que la eficiencia térmica y el informe que se nos ha presentado no lo hace así.
En conjunto, el enfoque adoptado es demasiado académico y tiene poco en cuenta las dificultades prácticas de su aplicación en las plantas industriales, que pueden entrañar una complejidad extrema. La adopción de la propuesta dañaría seriamente las perspectivas de cogeneración en el Reino Unido.
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo en gran medida con las preocupaciones del ponente con respecto a la necesidad de promover el uso racional de la energía y la preferencia estratégica por las formas de energía no contaminantes. En realidad, además de la reducción del volumen de emisiones de CO2 que propiciará, el carácter descentralizador de la cogeneración impide normalmente la creación de grandes unidades productoras de energía, reduciendo de este modo los efectos ambientales de sus infraestructuras, así como de sus líneas de transmisión.
Del debate sobre esta cuestión se desprende claramente que no se trata fundamentalmente de una cuestión política, sino más bien técnica. De ahí que en lugar de la esperada división entre derecha e izquierda, hemos podido ver los distintos enfoques con que el norte y el sur de Europa han de abordar el problema debido a las diferencias de sus climas. Habrá que tener en cuenta esas diferencias, al igual que habrá que tener en cuenta la viabilidad de la exigencia de que los Estados miembros presenten informes detallados acerca de sus potenciales nacionales.
A pesar de la percepción de que algunos procedimientos y definiciones técnicas relativas al uso de la cogeneración siguen siendo contradictorios, considero globalmente correctos los principios que presidieron la elaboración de este informe y estoy de acuerdo con el enfoque de compromiso que finalmente primó en el trabajo emprendido en la Comisión.
Por este motivo he votado a favor.

Foster (PPE-DE)
. (EN) Aunque no está demostrado que las compañías aéreas operan sin seguros suficientes, estamos de acuerdo en que la iniciativa de dar más transparencia a los requisitos es positiva. 
Ahora bien, nuestro futuro apoyo al proyecto de reglamento dependerá de que la Comisión afronte las importantes cuestiones a las que hizo referencia el ponente en su intervención de anoche. 
En particular, la Comisión tiene que explicar claramente cómo se aplicarán en la práctica las normas relativas a los sobrevuelos. Las respuestas que ha recibido la comisión parlamentaria sobre esta cuestión revelan que no ha sido objeto de la debida reflexión. No podemos apoyar un proyecto de reglamento imposible de ser aplicado de manera apropiada y sistemática y, salvo que la Comisión pueda dar respuestas satisfactorias sobre el modo en que se aplicará esta legislación a los aviones que penetren en el espacio aéreo europeo en circunstancias imprevistas o de que el sector se protegerá contra la guerra y el terrorismo, no podremos seguir apoyando las propuestas.
Finalmente, tenemos que insistir en que la Comisión realice una evaluación a fondo de las consecuencias económicas antes de remitir este informe para su segunda lectura. El Parlamento no puede legislar sin conocer el efecto que tendrán sus decisiones en las empresas europeas y en el frágil sector de aviación.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo con el ponente con respecto a la necesidad de aprobar un reglamento relativo a los requisitos de seguro para las líneas y operadores aéreos, proporcionando de este modo una mayor protección a los usuarios de este medio de transporte, así como su ampliación a todos los usuarios. También comparto la preocupación del ponente por lo que se refiere a la aplicación del principio de igualdad, acogiendo con gran satisfacción la solución que propone -que prevé un tratamiento diferenciado para pequeños y grandes operadores-, sin la cual, en la práctica, estas medidas podrían convertir este mercado concreto de modo subrepticio en un oligopolio, debido a la carga excesiva de los requisitos de cobertura del seguro.
A pesar de estar de acuerdo en principio, lo que me lleva a votar a favor de este informe, no puedo ocultar mis dudas en cuanto a la viabilidad de algunas de las medidas que se proponen, como el seguimiento de la validez de las licencias de explotación o certificados de operador aéreo, que obligan al control permanente del cumplimiento de los requisitos previstos.

Berthu (NI)
. (FR) La propuesta de decisión sobre las competencias de ejecución atribuidas por el Consejo a la Comisión -elaborada por la propia Comisión- está en consonancia con los deseos del Parlamento Europeo, que acaba de aprobarla con entusiasmo. En efecto, el Parlamento deseaba desde hacía bastante tiempo obtener, en igualdad de condiciones con el Consejo, el derecho a controlar las medidas de ejecución, al menos en lo tocante a los textos adoptados por la vía de la codecisión.
Esta ambición puede sorprender, puesto que en numerosas democracias parlamentarias, entre ellas Francia, la asamblea elegida no controla en detalle las medidas de ejecución de las leyes, reservándose únicamente, llegado el caso, el derecho de exigir responsabilidades al gobierno. No obstante, tal vez la actitud del Parlamento Europeo, determinada sobre todo por el deseo de competir con el Consejo, descubra, muy a su pesar, algo completamente distinto: que la Comisión no es un verdadero gobierno y que este no es un verdadero parlamento.
Hoy, tras algunos avances, particularmente en 1999, la Comisión quiere llevar el proceso a su conclusión natural y presionar al Consejo para que conceda al Parlamento plena capacidad de control en pie de igualdad. Tan solo olvida una cosa: esta igualdad no está prevista en el artículo 2002 del Tratado, que otorga el poder principalmente al Consejo. Por ello votado contra la propuesta.

Bernié (EDD)
. (FR) Hemos votado con ciertas reservas a favor del informe Sacconi sobre acuerdos medioambientales a escala comunitaria, que prevé un nuevo instrumento para simplificar y acelerar la labor legislativa en el plano europeo: los acuerdos voluntarios.
Estos acuerdos, inscritos en el marco del Sexto programa de acción comunitaria en favor del medio ambiente, podrán adoptar dos formas: la autorregulación y la corregulación. No nos parece oportuno favorecer la corregulación, como preconiza el ponente. No tiene más valor que la autorregulación. La Comisión no debe erigirse en juez y parte con respecto a las condiciones necesarias para la puesta en marcha de estos acuerdos.
Además, los acuerdos voluntarios no deben considerarse instrumentos complementarios del arsenal legislativo comunitario actual. Los acuerdos voluntarios son instrumentos flexibles que ocupan un lugar propio en el campo de los instrumentos legislativos. Nos complace que la iniciativa de la Comisión haya adoptado la forma de una comunicación no vinculante. Nos gustaría que la Comisión siguiera por esta vía.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor del presente informe que, en mi opinión, es equilibrado y promueve un mayor grado de protección para el medio ambiente. Acojo con especial satisfacción las preocupaciones manifestadas con respecto a la «aplicabilidad» de los mecanismos previstos. De hecho, en el Tratado de Maastricht la Unión adquirió el compromiso de integrar la protección del medio ambiente en todas sus políticas.
Para una verdadera protección ambiental y salvaguarda de la biodiversidad necesitamos la cooperación de los agentes económicos, ya que, como también se concluye en el informe, hoy en día «las fuentes de contaminación medioambiental ya no se concentran en instalaciones industriales, sino que se sitúan en una multitud de actividades económicas y comportamientos del consumidor», por lo que se impone un nuevo planteamiento, más creativo, para que se alcancen las metas tan ambiciosas como vitales de un alto grado de protección del medio ambiente. La Comisión Europea con su propuesta y el ponente con sus sugerencias han seguido este rumbo. Los mecanismos de autorregulación entre operadores y de corregulación, en una especie de concertación con las autoridades públicas, son naturalmente caminos que vale la pena explorar.
Por otro lado, determinar objetivos y metas concretas y probar un marco legislativo más simplificado y operativo, fácilmente comprensible para todos los agentes implicados, conducirá, sin duda, a una mayor concienciación y a una protección más eficaz del medio ambiente.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Este informe llega en un momento crucial -por no decir muy difícil- de la historia de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE: el resultado de la cancelación de la sesión prevista para noviembre de 2002 en Bruselas, motivada por las divergencias entre los diputados ACP y del Parlamento Europeo con respecto a qué hacer con los delegados enviados por el Gobierno de Zimbabwe, a pesar de que tenían prohibida la entrada en el país. El texto que finalmente se adoptó en comisión prefiere hacer hincapié en que una parte de esta crisis queda fuera de la competencia de la APP (se refiere concretamente a la coherencia y a la jerarquía de las decisiones tomadas por el Consejo y el Parlamento Europeo) y acoge con satisfacción la normalización de las relaciones entre ambas partes, ilustrada por la celebración en circunstancias favorables de la sesión de marzo en Brazzaville y por el resultado positivo que se logró. Estoy de acuerdo con esta interpretación y, por tanto, tenía la intención de votar a favor. Sin embargo, el hecho de que el Pleno haya rechazado las enmiendas propuestas por el grupo UEN -encaminadas a corregir una grave injusticia y discriminación en la composición y el funcionamiento de los órganos permanentes de la APP- me han llevado a abstenerme en la votación final.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 12.35, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Stefanis
Señor Presidente, Señorías, me complace estar aquí hoy con ustedes para presentarles los resultados del trabajo del Consejo hasta la fecha en relación con el síndrome respiratorio agudo severo.
Como saben, la Presidencia convocó un Consejo Extraordinario el 6 de mayo para examinar esta grave cuestión que, además de las repercusiones obvias e importantes en la salud pública y la economía, está causando una preocupación comprensible entre nuestros ciudadanos, que a veces se ve exacerbada por la manera en que los medios de comunicación la presentan.
Antes de hablarles de los resultados del Consejo, permítanme hacer un comentario preliminar. El síndrome respiratorio agudo severo demuestra una vez más que las enfermedades transmisibles, como otros muchos problemas que afectan al sector de la salud pública, son otro ejemplo de terrorismo biológico que traspasa el ámbito de los Estados miembros, y señalan la necesidad de cambios institucionales que harán de la protección de la salud una prioridad básica de la Europa unida. Esta posibilidad facilitará mucho más la coordinación de la prevención, el control y la intervención oportuna para abordar las enfermedades, tanto en la Comunidad como internacionalmente.
Permítanme recordarles que la salud aún no ocupa la posición que le corresponde en el ámbito comunitario. Estoy convencido de que Europa es la mejor manera de promover políticas ambiciosas en el sector de la sanidad en cada uno de nuestros países, en especial respecto de la prevención y el control de las enfermedades. En la Europa actual, en particular tras la ampliación, la salud tiene que adquirir un fundamento jurídico estable y fuerte que permita una intervención inmediata, coordinada, científica, fiable y eficaz.
Paso a comentar los resultados del trabajo del Consejo Extraordinario. Quisiera recordarles que al Consejo del 6 de mayo asistieron por primera vez los Ministros de Sanidad de los países candidatos y la Sra. Brundtland, Directora General de la OMS, quien nos puso al corriente de los recientes acontecimientos respecto de la neumonía atípica a escala mundial.
En cuanto al aspecto científico y epidemiológico del problema, según los expertos de las organizaciones internacionales sabemos, en pocas palabras, que el causante del síndrome es un coronavirus desconocido hasta su reciente aparición. La estructura molecular del virus se ha identificado en un breve espacio de tiempo, si lo comparamos con el tiempo que se tardó en identificar el virus VIH del sida. Si bien se ha identificado, aún desconocemos su historia natural exacta; tampoco disponemos todavía de una medicación antiviral para tratarlo y estamos muy lejos de encontrar una vacuna para prevenirlo.
En cuanto al modo de transmisión, existen indicios claros de que se transmite a través del contacto cercano, probablemente a través de pequeñas gotas. No se ha podido demostrar que las mercancías que llegan a la Unión Europea desde las zonas infectadas de SRAS supongan una amenaza para la salud pública.
Respecto de la epidemiología, el número de casos confirmados o presuntos en los Estados miembros de la Unión Europea sigue siendo limitado, y los pacientes han sido aislados y tratados de manera eficaz, evitando hasta la fecha una mayor propagación de la infección y, lo que es más importante, no se han producido casos mortales. El Consejo ha mantenido un cambio de impresiones exhaustivo y constructivo con la Sra. Brundtland y ha señalado que la Asamblea Mundial de la Salud, que se reunirá la semana próxima, constituirá una oportunidad excelente para revisar la situación mundial y evaluar los esfuerzos que se están realizando para abordar la enfermedad.
En cuanto a las medidas comunitarias para abordar el problema, quisiera comenzar recordando que la aplicación de las medidas de protección sanitaria es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros. En el ámbito comunitario ya está funcionando una red de vigilancia y control epidemiológico de las enfermedades transmisibles, responsable de la coordinación de las medidas. La red ha proporcionado una base muy eficaz para el intercambio de información, en el que los países candidatos han participado plenamente. El Consejo ha ratificado las directrices acordadas el 10 de abril de 2003 por la Comisión de la Red. El resumen es el siguiente:
detección rápida de todos los presuntos casos mediante una buena vigilancia.
protección de las personas en riesgo de infección mediante un aislamiento eficaz en los hospitales, con énfasis especial en las medidas de protección de los cuidadores,
atención particular a los viajes en avión, que aparecen como un factor importante en la propagación del SRAS, en particular mediante el examen de los pasajeros que abandonan las zonas afectadas, el asesoramiento a los pasajeros a bordo del avión y, finalmente, mediante información en los aeropuertos de entrada. Estas medidas tienen que aplicarse en todos los Estados miembros.
Respecto de la acción futura, el Consejo ha decidido que la acción comunitaria y los esfuerzos que se están haciendo a través de la red de vigilancia de las enfermedades transmisibles y el nuevo programa en el sector sanitario tienen que continuar. Asimismo, la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Organización Mundial de la Salud tiene que continuar para contener y, finalmente, detener la propagación de esta neumonía atípica.
El principal objetivo de esta cooperación es ayudar a las zonas afectadas y desarrollar diagnósticos para promover la investigación sobre las vacunas y su disponibilidad en cantidades suficientes.
Asimismo, el Consejo ha instado a los Estados miembros y a los países candidatos a aplicar todas las directrices de la red de vigilancia, con el fin de contribuir activamente al establecimiento de un grupo específico de expertos para el síndrome respiratorio agudo severo, y a informar en detalle a la Comisión antes del 15 de mayo sobre las medidas tomadas para abordar el SRAS. Para concluir, quisiera señalar que hemos alentado a la Comisión a que continúe coordinando la actuación de los Estados miembros y revise constantemente las orientaciones de la red de vigilancia.
El Consejo examinará la situación y las últimas novedades en su reunión del 2 de junio, en la que la Comisión presentará un informe sobre las medidas tomadas por los Estados miembros. Sobre la base de este informe, el Consejo tomará cualquier otra medida que considere necesaria. De igual modo, apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta inicial para la creación de un Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades.
Señor Presidente, Señorías, me he ceñido a esta breve presentación sobre el trabajo del Consejo y me pongo a su disposición para responder a sus preguntas.

Trakatellis (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que la segunda lectura de hoy sobre el síndrome respiratorio agudo severo llega de nuevo en el momento adecuado porque, como vemos, cada día se producen nuevos casos y muertes a causa del SRAS. Como ha dicho el Ministro, es importante que se tomen medidas inmediatas para proteger al público. Ha mencionado algunas de estas medidas inmediatas, pero el punto principal son los próximos pasos que se tomarán para hacer frente a estas enfermedades, que tienen importantes repercusiones sociales y económicas, porque debido a los niveles actuales de movilidad, con millones de personas viajando por todo el planeta, se ha dado un potencial tremendo a las enfermedades transmisibles. El SRAS es un típico ejemplo, con casos que ocurren desde China, donde se originó la enfermedad, hasta lugares muy alejados del origen.
El segundo punto importante es que están surgiendo epidemias repentinas de enfermedades nuevas. Durante los últimos veinte años han surgido treinta enfermedades nuevas, o variaciones de enfermedades viejas causadas por virus mutantes. Incluso están resurgiendo enfermedades viejas, como la tuberculosis. Asimismo, se habla de una pandemia inminente, un brote de gripe. Por lo tanto, necesitamos vigilancia constante y seguimiento, así como encontrar una respuesta coordinada a las amenazas para la salud.
El Ministro ha hecho hincapié muy acertadamente en que existe la red establecida según la Decisión 2119 en el año 1998 para la vigilancia de las enfermedades transmisibles, pero, por desgracia, señor Ministro, esta red resulta inadecuada para dar una respuesta organizada y coordinada a estas amenazas para la salud. Estoy de acuerdo en que necesitamos impulsar el establecimiento de un centro de seguimiento sobre la base de la propuesta de la Comisión, como el de los Estados Unidos. Necesitamos un centro de seguimiento a escala europea para coordinar los distintos centros nacionales, porque por supuesto es responsabilidad de los Estados miembros, pero también para coordinar los laboratorios de referencia, de forma que podamos ofrecer una respuesta rápida y coordinada a las enfermedades transmisibles e incluso al terrorismo biológico: esto es lo que son las amenazas con virus y esporas.
Asimismo, ha dicho muy acertadamente que la salud pública tiene que ocupar un lugar adecuado en los nuevos Tratados europeos. Lamento decir que, hasta la fecha, la Convención constitucional no nos ha transmitido este mensaje o esta posición. Como usted ha dicho acertadamente. Al igual que el medio ambiente, la salud pública tiene que ocupar un lugar destacado en los Tratados. Los servicios sanitarios son una cosa -tenemos la cuestión de la subsidiariedad- y la protección de la salud es otra, porque, como saben, los virus y las diversas enfermedades y el terrorismo biológico no conocen fronteras y pueden pasar de un país a otro, de un Estado miembro a otro y tenemos que ser capaces de responder de forma coordinada. Si queremos ser capaces de hacerlo, la salud pública tiene que ocupar un lugar destacado en el Tratado de la Unión Europea. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted y le pido que convenza a los demás Ministros para que acuerden el establecimiento de este centro de control y seguimiento de las enfermedades transmisibles en el ámbito europeo; nosotros convenceremos a la Convención constitucional y al Consejo para que otorguen un lugar destacado a la salud pública en la nueva Constitución europea.

Roth-Behrendt (PSE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, le doy las gracias por su informe del Consejo y sé muy bien que no debemos matar al mensajero o al portador de malas noticias, lo cual por consiguiente está muy lejos de ser mi intención. No obstante, también debo reconocer que el resultado de esta sesión extraordinaria del Consejo me ha parecido muy decepcionante, dado que con respecto al SRAS solo tenemos dudas. Se trata de un virus desconocido. En realidad, no sabemos cuáles son las vías de contagio. No conocemos ningún tratamiento posible y, de hecho, no sabemos nada acerca de su índice de mortalidad. Los interrogantes son tantos que el debate sobre la creación de un centro no hace más que distraer. Lo discutiré con mucho gusto dentro de medio año, pero ahora mismo es una orientación que eclipsa y encubre lo que de verdad hace falta.
Siento exactamente lo mismo cuando oigo decir que los Estados miembros han mantenido un intercambio constructivo de puntos de vista y son responsables de adoptar medidas preventivas. Esto tiene que cambiar. Es hora ya de que haya una competencia comunitaria en materia de política sanitaria, y quiero decir en el Tratado. Si no lo reconocemos ahora, no sé cuándo lo reconoceremos. Tendríamos que haberlo reconocerlo ya en tiempos de la EEB. Muchas de las cosas que he oído hoy y que ya oí en el pasado, me suenan familiares: en tiempos de la EEB también se habló de las repercusiones económicas. En las actas dice: no hablemos en voz alta de los riesgos de la EEB, quién sabe qué repercusiones económicas podría tener. ¿Qué consecuencias tuvo esto al final? Me habría gustado que el Consejo hubiese hecho algo práctico por una vez. Y también la Comisión, por cierto.
Siento tener que decírselo ahora a usted, señora Schreyer; ya sé que no es usted responsable de esto. Se lo repetiré al Sr. Byrne, igual que ya se lo dije en otra ocasión en esta Asamblea. No es de recibo que el Sr. Byrne diga que sí, que la financiación de la investigación es un asunto difícil, que los fondos están comprometidos por períodos muy largos. Tendría que haber acudido de inmediato a la Comisión y haberles dicho: Manos a la obra, rápido, hay que liberar fondos del programa marco de investigación, ¡y hay que hacerlo de inmediato! Necesitamos disponer inmediatamente de dinero para la investigación, para ponerlo todo en marcha, para movilizar a todos nuestros investigadores, para confirmar de qué tipo de virus se trata, si existe algún posible tratamiento y de qué vacunas se dispone. Los Estados miembros deberían haber hecho exactamente lo mismo. Esperaba que la semana pasada, al separarse después de la sesión extraordinaria del Consejo, hubiesen declarado: cada uno de nosotros se compromete a aportar de inmediato un x por ciento o tantos centenares de miles de euros para la investigación.
Y quiero hacer otro comentario impopular: ¿Por qué no se habla de restringir los viajes? Otros países lo están haciendo. Hay países que han puesto barreras a la entrada. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué pueden seguir recorriendo el mundo los aviones de mi compañía aérea alemana y de otras compañías? No sabemos nada sobre las vías de contagio. No tenemos ni idea de cuánto dura el período de incubación. ¿Está bien esto? ¿Por qué no hablamos sinceramente de las posibilidades de imponer una cuarentena? Esta sería una actitud responsable a mi entender, y lo que han hecho los Estados miembros me parece insuficiente y además irresponsable, igual que lo que ha hecho la Comisión. Yo lo censuro desde aquí y desearía que ustedes, es decir, los que deben responder por ello, lo justificasen ante la ciudadanía europea.
Maaten (ELDR).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Ministro por su explicación. La reunión del Consejo tuvo lugar, por supuesto, en un momento en que los rumores y las especulaciones acerca del SRAS adquirían enormes proporciones. El riesgo de confusión y malentendidos sobre esta enfermedad muy contagiosa aumenta asimismo de forma alarmante. Sin embargo, en estos momentos seguimos viendo que los diferentes Estados miembros de la Unión dan consejos contradictorios sobre los viajes a las supuestas zonas contaminadas. Una tarea de la Unión es precisamente evitar este tipo de confusión y malentendidos. Mi país, por ejemplo, solo desaconseja viajar a Pekín, Hong Kong y la provincia de Guangdong. Otros Estados miembros lo hacen con respecto a todas las zonas contaminadas. ¿Por qué no existe una línea europea clara en relación con esta cuestión? La Unión Europea, y no solo los Estados miembros, tendría que actuar al respecto. Pero esto no es suficiente. El SRAS es por excelencia un problema transfronterizo y nos indica que este tipo de problemas también pueden surgir con otras enfermedades contagiosas. Viendo la rapidez con la que se ha propagado el SRAS, quizás aún no en Europa, pero sí en otros lugares, deberíamos sacar algunas lecciones, y no solo ahora con respecto el SRAS.
El Consejo del 6 de mayo pidió a la Comisión que siguiera coordinando la actuación de la UE contra el SRAS y considerara la posibilidad de idear un plan relativo a un estado de alerta general en caso de enfermedades contagiosas y amenazas para la salud pública. Se ha vuelto a mencionar el Centro Europeo. Quizás en estos momentos baste con ello. Quizás el SRAS, en efecto, aún no se ha extendido demasiado como para exigir medidas más estrictas.
Pero ¿qué habríamos hecho si algo así se hubiese desbordado? Esto habría podido suceder. Esto podría haber sucedido ya. Baste con mirar la situación en Toronto, que no es un país tercermundista, sino una ciudad con servicios médicos de máxima calidad, que de repente se ha visto atrapada por el SRAS. Esto nos habría podido suceder a nosotros. ¿Qué habríamos hecho entonces? ¿Habríamos pedido a la Comisión Europea que realizara unas cuantas consultas y se encargara de la coordinación? ¿Nos habríamos reunido para ver qué podríamos hacer? No, lo que falta es que la Comisión Europea tenga, en un momento así, la posibilidad de tomar medidas de gestión de crisis. Creo que la Comisión Europea debería presentar un plan de emergencia para estos casos, un plan que nos permita reaccionar de forma concreta ante tales emergencias y tomar medidas como las que ya están tomando nuestros colegas estadounidenses y canadienses: poner en cuarentena a personas que sospechosas de estar infectadas, facilitar fondos adicionales para prevenir la propagación del virus y ayudar a las personas que están en cuarentena voluntaria o forzosa.
La problemática es más amplia. No se trata tan solo del SRAS. El 7 de abril, el Comisario Byrne informó ya al Parlamento de la posibilidad de que el virus del SRAS se haya transmitido de animales a personas. Recordemos la gripe de Hong Kong y la gripe española en el siglo pasado, los virus que mutan, la peste avícola ahora en los Países Bajos, sobre la cual la Organización Mundial de la Salud ha expresado ya su preocupación. ¿Qué hemos de hacer al respecto?
Precisamente en este tipo de situación es necesario que la Comisión Europea tome medidas concretas y rápidas de gestión de crisis. También aplaudo lo que ha dicho el Ministro al respecto. Ahora es realmente necesario consagrar y reforzar el papel de la salud pública en el Tratado.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, es imposible vacunar a las personas de antemano contra nuevas enfermedades. Tampoco es posible curarlas después con medicamentos. Solo existen tres posibilidades de limitar las consecuencias. La primera es limitar las posibilidades de contagio. La segunda es reforzar y agilizar la investigación científica para prevenir y combatir tales enfermedades. La tercera es ofrecer ayuda a los enfermos para aumentar sus probabilidades de supervivencia. En la lucha contra el avance del SRAS, solo se presta plena atención a esta tercera posibilidad. Se prepara a los hospitales para que dispongan de salas de cuarentena y equipos de respiración asistida. Está bien que ahora ya tengamos en cuenta la posibilidad de que esta enfermedad contagiosa asole Europa, pero parece que no vamos a ir más allá de esto.
En cambio, se aprovecha menos la segunda posibilidad. En los últimos años, en diferentes Estados miembros de la Unión Europea se han hecho recortes en la investigación científica sobre enfermedades nuevas. Los expertos de ahora son voluntarios interesados que se retiran de otras investigaciones médicas y biológicas. Esto ha de cambiar si queremos luchar y erradicar eficazmente enfermedades nuevas con rapidez.
Las principales deficiencias se encuentran en el ámbito de la primera posibilidad, limitar la propagación a escala mundial. Gracias al tráfico aéreo internacional, las personas procedentes del sudeste asiático pueden exportar rápidamente el SRAS a lugares muy lejanos. Los controles del tráfico de entrada en el aeropuerto neerlandés de Schiphol, el quinto aeropuerto de Europa por su tamaño, son mínimos. Los pasajeros procedentes del sudeste asiático pueden pasar como si nada. En realidad es un milagro que en Europa no haya más gente contagiada.
El 7 de abril, con motivo de una declaración de la Comisión Europea, pedí que se tomaran medidas contra los riesgos del tráfico aéreo de llegada, si fuera preciso con una obligación de cuarentena previamente anunciada para las personas de riesgo. Me asombra que el 6 de mayo, después de una consulta con la Organización Mundial de la Salud, en el Consejo se decidiera renunciar a esta posibilidad y en lugar de ello se confiara en los controles en el país de salida y en las declaraciones escritas de los interesados. Evitemos tener que constatar demasiado tarde que hemos fracasado gravemente a la hora de mantener alejada la enfermedad y alegrémonos de tener una prensa libre que, a diferencia de lo que pasa en China, nos ha informado oportunamente.

Mussa (UEN).
Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Comisarios, Señorías, el pasado 7 de abril abordábamos el problema de la crisis del SRAS para frenar el riesgo de difusión del virus, lo que preocupaba en mayor o menor medida a todos los Estados miembros y también a otros países.
Debo subrayar que las propuestas que en aquella ocasión presentó el Grupo UEN a la Comisión han sido adoptadas casi en su totalidad por algunos Estados miembros, entre ellos Italia. En la intervención citada advertía de que el virus podía transmitirse también a través de las mercancías y los animales procedentes de países infectados y que, por entonces, todavía no se sabía que llevaban la infección. Después de aquel difícil y controvertido período de acalorada discusión entre optimistas y pesimistas sobre la posibilidad y la necesidad de frenar la difusión del virus, la atención de los países europeos es hoy mayor, también se toman más medidas preventivas, pero ha llegado el momento de preocuparse de otro factor: el problema que poco a poco se está vislumbrando en muchos Estados miembros es el de la sanidad pública: ¿hay suficiente personal, medios e instalaciones disponibles para atender a pacientes afectados por el SRAS? Es hora de preguntarnos si cada Estado miembro dispone de recursos y centros adecuados para el tratamiento de enfermedades infecciosas virulentas como el SRAS; de no ser así, todas las medidas adoptadas para frenar su llegada a Europa serán vanas.
Hoy añadiría que las cuestiones que debemos afrontar con la máxima urgencia son los siguientes: la escasez, por no decir la ausencia total, de cámaras de aislamiento de presión negativa en los centros hospitalarios de los principales Estados de la Unión Europea, necesarias para evitar el contagio nosocomial; la imposibilidad de mantener en cuarentena a un paciente altamente sospechoso que rechace el aislamiento, dado que no existen leyes que impongan la hospitalización obligatoria salvo para las enfermedades mentales; sería conveniente empezar a pensar en la formación y en la creación de equipos sanitarios nacionales especializados en tratar enfermedades como el SRAS, que no pueden tratarse con terapias específicas, sino solo con tratamientos de apoyo y que requieren la intervención de muchos especialistas -neumólogos, virólogos, anestesistas, reanimadores, internistas, dietistas- y de personal de enfermería preparado para la gestión y la asistencia de pacientes afectados por el SRAS.
Les pido que consideren esta virosis un banco de pruebas para Europa ante la posibilidad de transmisión de enfermedades hoy desconocidas o que se consideran erradicadas, pero que la globalización podría traer de nuevo a Europa, como ya dije en mi intervención del día 14 de noviembre de 2001. El Parlamento Europeo y, en este caso concreto, la Comisión -a la cual me dirijo- deben extraer las enseñanzas de esta experiencia y reconocer la función crucial que desempeñan los servicios de sanidad pública.

Pannella (NI).
Señor Presidente, Señorías, el 7 de mayo, un Comisario que hoy no se encuentra en esta Asamblea -y lo siento porque por una vez habría felicitado a un Comisario- declaró que para prevenir las epidemias animales hemos desarrollado un sistema avanzado mediante la creación de un Comité de Expertos Veterinarios que establece las normas para cada uno de los Estados miembros, mientras que en materia de salud humana no tenemos voz. Repito, no tenemos voz en la materia. Por cierto que hasta la fecha la Comisión tampoco ha tenido voz en la materia en esta Cámara. 
Sin embargo, esta absurda situación refleja los tiempos que vivimos. Estoy de acuerdo con algunas de las observaciones hechas hace un momento por el Sr. Mussa; ahora bien, tengamos presente, Antonio, que usted propugna -como muchos de nosotros, por lo demás- reformas estructurales, reformas de las estructuras hospitalarias e incluso científicas. Las reformas estructurales han de adoptarse primero por medio de una votación, hay que desearlas y después aplicarlas; y después vienen los sobornos y todo lo demás. En cualquier caso, necesitamos directrices.
Hoy en día, sin embargo, hay un aspecto que en lo que concierne a nuestra zona, está relacionado con privilegios comerciales, que a veces desempeñan aquí el papel que desempeñan los intereses políticos y del sistema en los Estados totalitarios, llamémosles comunistas. (Hay algunas variantes menores de tipo fascista, nazi, pero la esencia es la misma.): En realidad nos encontramos en una situación de zoonosis rampante inminente: es decir, las enfermedades son transmisibles del animal al ser humano. La salud pública en Europa -aquí en nuestros propios países- corre gravísimos riesgos, que no dejan de aumentar, porque el mundo se globaliza cada vez más y hay cada vez más zonas densamente pobladas. Ahora bien -y cito- «desde hace muchos meses Europa se ve afectada por cepas de ortomixovirus, que causan -repito, causan hoy, es decir, que esto está ocurriendo en este mismo instante, señor Presidente en ejercicio del Consejo- gravísimos focos de gripe aviaria». Aquí, en Europa, hoy, hay una serie de gravísimos focos de gripe aviaria, cuya peligrosidad a menudo se minimiza. ¿Por qué? Para no bloquear los enormes flujos de exportaciones de alimentos. La vacunación, por supuesto, afectaría a la exportación de alimentos.. Se ha preferido, pues, aplicar el stamping out, con el sacrificio de rebaños enteros: ¡25 millones de cabezas destruidas solo en los Países Bajos y Bélgica! Es cierto que esas cabezas nos cuestan un dólar al día -dinero que no damos al mundo y ni siquiera a nuestros parados, en algunos casos-, pero también es cierto que los sacrificios están subvencionados.
Por tanto, estamos en una situación en que carecemos de conocimientos concretos, e incluso después de algunos, de muchos años, yo no sé con certeza qué diferencia hay entre el HIV y el sida. Todo lo que podemos decir es que los expertos en infecciones temen una explosión en otoño añadida a la habitual variación estacional. Recuerden que solo la gripe española provocó 600 000 muertes en Italia tantos como una gran guerra mundial. ¡Mucho cuidado! Esto no es Europa, sino la ausencia de Europa.

Podestà (PPE-DE).
 ( IT) Señor Presidente, Señorías, hace menos de dos meses que tenemos noticia de la difusión de esta enfermedad y se cuentan ya más de 7 000 casos declarados, más de 500 muertos y más de 20 personas infectadas en los Estados miembros de la Unión.
Señor Ministro, el Consejo extraordinario solicitado por el Ministro de Sanidad italiano, profesor Sirchia, ha dado unos resultados no mínimos, sino minimalistas e insatisfactorios. Lo que se ha conseguido es el propósito de instalar, en un plazo de dos meses, puestos médicos en los aeropuertos para controlar a los pasajeros que partan hacia esos países, es decir, los viajeros que vuelvan a China, Hong Kong y otras áreas donde existe una situación epidémica ya declarada. Además, el Consejo extraordinario ha decidido crear un centro de coordinación europeo para afrontar crisis sanitarias, centro que no entrará en funcionamiento hasta el año 2005.
Pues bien, considero que a pesar de las peticiones formuladas esencialmente por Italia y España, nos hemos plegado a una lógica de tipo meramente económico. Fue usted, señor Ministro, quien dijo que se habría creado un clima difícil para la economía y la sociedad. Nosotros pensamos que la salud de los ciudadanos va mucho más allá del valor puramente económico a corto plazo, que hay que tener presente, cierto, pero que no debe tener prioridad sobre la salud de los ciudadanos.
La Sra. Roth-Behrendt ha afirmado con razón: «No sabemos nada de esta enfermedad», y es la verdad, pero no hemos aplicado un filtro a escala europea que pueda ser verdaderamente uniforme y eficaz. Entonces el Sr. Pannella ha señalado lo absurdo que es el hecho de que nos hayamos dotado de un sistema avanzado de prevención de epidemias animales, pero no tengamos nada para los seres humanos. Todo sigue en manos de los Estados, que dan prioridad a las consideraciones económicas sobre el respeto de la salud de los ciudadanos.
Se ha dicho que la gripe española provocó cientos de miles de víctimas; esto no es cierto, Señorías, sino que causó más de 20 millones. Y, más recientemente, la gripe asiática, en 1957, segó un millón de vidas humanas, mientras que en 1968, la variedad «Hong Kong» ocasionó 700 000 muertos. Me pregunto qué estamos haciendo para vigilar el riesgo de una situación epidémica en países de África o en la India, cuyos sistemas sanitarios no están en absoluto en condiciones de controlarla mínimamente, si se tiene en cuenta que hasta en Toronto están en crisis.
Creo, por tanto, señor Ministro, que el Consejo y la Comisión deben cambiar de registro, decidir más rápidamente y modificar las políticas en materia de salud de los ciudadanos.

Malliori (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo de Sanidad, el síndrome respiratorio agudo severo nos vuelve a recordar la necesidad de una acción coordinada en el sector de la salud pública.
No podemos hablar de prevención, control e intervención oportuna con respecto a las enfermedades transmisibles u otras a menos que sentamos las bases necesarias para la cooperación comunitaria, especialmente hoy con la ampliación y con la facilidad para viajar rápidamente.
Estoy encantada de que todos los diputados que han hablado se hayan referido unánimemente a esta necesidad en sus discursos; esto nunca había ocurrido en el pasado. Al igual que los problemas medioambientales, las enfermedades transmisibles no conocen fronteras. Epidemias como esta neumonía atípica requieren transparencia e información directa, un sistema de seguimiento que funcione de modo eficaz y sistemas sanitarios que vayan más allá de los funcionamientos burocráticos deficientes y ofrezcan los mejores servicios posibles en interés del público.
El papel de la Organización Mundial de la Salud es fundamental, razón por la cual la cooperación entre la OMS, la Comisión Europea y los Estados miembros ha sido eficaz. Es importante subrayar que las medidas introducidas en el ámbito europeo han frenado la propagación de la enfermedad y, sobre todo, que aún no se han producido víctimas mortales en ningún Estado miembro.
Por lo que se refiere al Consejo extraordinario celebrado la semana pasada, creo que es importante que el Consejo impulse el establecimiento de un grupo especial de expertos en materia de SRAS para que elabore programas conjuntos y consejos sobre medidas higiénicas en toda Europa y proporcione información sobre las medidas tomadas hasta la fecha y sus resultados. Asimismo, es necesario prestar todo tipo de asistencia a las zonas afectadas. Los puntos de salida tienen que controlarse de la misma forma, e incluso más, que los puntos de entrada, usando todos los medios administrativos y científicos.
Permítanme expresar mi preocupación por la adecuada aplicación de las medidas que se han tomado hasta la fecha. Sería recomendable que la Comisión ejerciera toda su influencia en este sentido. Para concluir, quisiera felicitar a la Presidencia griega por la sensibilidad y disposición que ha mostrado al convocar el Consejo Extraordinario.

Liese (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el síndrome respiratorio agudo severo preocupa a la gente; como ya se ha dicho muchas veces, hay mucha incertidumbre, y esto, por supuesto, dificulta enormemente las cosas. Remitiéndome a la experiencia de mi entorno personal, puedo decirles que algunos miembros de mi familia están a punto de viajar a China por razones profesionales. Muchas familias de Europa se enfrentan a esta misma situación y, de hecho, no podemos recomendarles nada concluyente, pues es un tema muy difícil.
Hablando de China: tenemos que denunciar la absoluta inoperancia del Gobierno chino en este terreno. Primero restó importancia al asunto y lo ocultó, y luego tuvo -al menos en algunos casos- una reacción exagerada, hasta el extremo de adoptar medidas propias de un Estado policiaco. A mi parecer, esto demuestra una vez más que una dictadura no puede responder como es debido a los retos de la sociedad moderna. Este es uno más de los muchos motivos por los que debemos seguir presionando a favor de los derechos humanos y la democracia, incluso en China.
¿Qué hacemos ahora en Europa? Yo agradezco mucho al señor Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Stefanis, así como también a los profesores Sr. Sirchia y Sr. Mattei, que apoyaron activamente la iniciativa, que este asunto se incluyera en el orden del día del Consejo de Ministros. Los resultados no son, desde luego, los deseados, pero es importante empezar y tal vez tengamos más éxito en la próxima reunión del Consejo.
En Europa tenemos un mercado interior. Creo que ha llegado de nuevo el momento de recordar que solo es posible contar con un mercado interior y que sus ventajas solo se notan realmente si tenemos en cuenta también otros aspectos, aparte de la situación económica en sentido estricto. Hay muchos ejemplos, y la salud es uno de ellos. En mi país hay quienes dicen que Europa no debería tener competencias en materia de protección de la salud. No me cuento entre ellos. Por mi parte, pienso que la Unión Europea necesita disponer de competencias adicionales, al menos en relación con la protección frente a las enfermedades infecciosas y en el ámbito del bioterrorismo. Ya he comentado este problema con el Comisario Byrne y también con nuestros diputados que participan en la Convención. El Sr. Brok, presidente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos en la Convención, ha seguido de cerca este debate, por supuesto, y coincide conmigo en que necesitamos competencias adicionales en este ámbito.
Sin embargo, esto no será una panacea universal. No podemos desplazar la crisis actual a un debate en el marco de la Convención, sino que debemos considerar cuidadosamente qué medidas pertinentes podemos adoptar ya. En este sentido, es acertado, por ejemplo, movilizar rápidamente recursos para la investigación, como ha señalado la Sra. Roth-Behrendt. Es acertado, como ha señalado el Sr. Maaten, emitir recomendaciones comunes para los viajes con origen o destino en la UE. Creo que son cosas que deberíamos hacer con rapidez, pero sin dejar de emitir al mismo tiempo la señal adecuada en la Convención.

Stihler (PSE).
 Señor Presidente, el SRAS plantea un enorme reto a la UE y los países candidatos y, como bien dice el Ministro, no conocemos el origen del virus. Al mismo tiempo que aumentan las estadísticas de mortalidad global y se propaga la infección en China, han aparecido también algunos casos en la UE, aunque la enfermedad parece estar muy controlada aquí. Sin embargo, el 6% de las personas que contraen el SRAS mueren. Poniendo el ejemplo de un superviviente, el Dr. Henry Likyuen Chan cuenta sólo 34 años de edad, pero tenía fiebre alta, le atormentaba la tos y cuando se duchaba, se sentía como si estuviera corriendo una maratón. 
La idea de crear un centro de la UE para el control y la prevención de enfermedades siguiendo el modelo de los Estados Unidos en Atlanta, que no es una idea nueva y que se está promocionado a través del programa de salud pública, puede contribuir a mejorar la coordinación. Sin embargo, hasta 2005 no funcionará un centro así. ¿No es un poco tarde? Puede que sea la medida adecuada para el futuro, pero es muy importante que el Consejo esté dispuesto a destinar recursos adicionales a ese centro, para que se ocupe no solo del SRAS, sino también de los problemas que plantea la tuberculosis, la viruela y el bioterrorismo.
El valor añadido del trabajo conjunto constituye el fundamento de la UE en política de salud pública, pero todo tiene su coste y debemos ser muy abiertos al respecto. La Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Liese han hablado sobre el aspecto de la investigación y también tengo entendido que la DG de Investigación está destinando a ese fin los fondos necesarios. Es importante que se aclare esto, y quizá el Ministro pueda decirnos algo más al respecto. Como sabemos, y él mismo nos ha dicho, el origen de este terrible virus mutante sigue sin conocerse y tenemos que saber más sobre su causa.
Lamentablemente, el SRAS está aquí, y está aquí para quedarse. Podemos hacer todo lo posible por medio de investigaciones, sistemas de alerta rápida, centros de control de enfermedades, educación e información, pero esto debería servir de llamada de atención a todos los responsables de la salud pública. Tenemos que trabajar conjuntamente en toda la UE y en todo el planeta para proteger la salud pública en el futuro y tenemos que pensar seriamente en el modo de hacerlo.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, el SRAS quizás no sea un tema candente en la esfera política, pero sí lo es para nuestros ciudadanos. La manera en que el Consejo y la Comisión Europea han reaccionado durante la pasada semana ha sido, pienso, adecuada. Sin embargo, nosotros, los que sabemos lo que posiblemente tendría que haber sucedido, nos sentimos decepcionados, y con razón. Es cierto que en nuestro continente europeo aún no ha habido que lamentar muertes a causa del SRAS. Sin embargo, yo me uno a mis colegas, la Sra. Roth-Behrendt, el Sr. Maaten y el Sr. Liese, para señalar que esto no significa, aunque pudiera parecerlo, que por tanto de momento las cosas están en su sitio. En realidad sabemos demasiado poco sobre su origen y las vías de transmisión. No sabemos nada sobre posibles vacunas. Todo esto quedó pendiente de debatir en esa reunión del Consejo. Lo lamento.
La segunda cosa que lamento es que se haya acordado no tomar medidas adicionales para controlar a todas las personas que salen de un avión, pues ello sería una seguridad falsa. ¿Qué es lo que veo? Al día siguiente, el Gobierno italiano empieza a implantar estas mismas medidas. ¿Qué seguridad puedo ofrecer ahora a los ciudadanos? Creo que este es también el trasfondo de muchas de las críticas de mis colegas.
Un segundo elemento que quiero mencionar es el sexto programa de acción en materia de salud pública. Dicho programa se basa en dos cosas, a saber: alerta rápida y prevención. ¿Qué constato en realidad ahora? Que la Comisión nos dice por primera vez realmente que ha hecho algo en el ámbito de la salud, aunque no sea de su competencia. A este respecto señalo que en realidad la Comisión ya tenía esta competencia en virtud del citado sexto programa de acción.
Y ahora quiero referirme a las observaciones de mis colegas, el Sr. Maaten, la Sra. Roth-Behrendt y el Sr. Trakatellis, que preguntan: ¿por qué no se libera inmediatamente dinero adicional para atar cabos, para preparar vacunas, para hacer algo? Señor Presidente, esto significa que, en mi opinión, hemos fallado y que ahora hemos de intentar de inmediato abordar mejor los problemas y el desconocimiento, no solo en relación con el SRAS, sino también con todo lo que se nos cruce en el camino, y estar más alertas, tal como establecimos en el sexto programa de acción. Pero señor Presidente, pensemos también en las competencias en el ámbito de la salud pública. Son necesarias, ahora más que nunca.

Corbey (PSE).
Señor Presidente, señor Ministro Stefanis, dos trabajadores sanitarios neerlandeses que trabajaban en China se pusieron voluntariamente en cuarentena al volver a los Países Bajos. Su sentido de la responsabilidad debería ser un ejemplo para las autoridades, no solo las neerlandesas, sino también para sus homólogos europeos. Las medidas adoptadas contra el SRAS son insuficientes. Por desgracia, en estos momentos no es posible sacar otra conclusión. El SRAS es una enfermedad cuyos riesgos y peligros son aún en gran medida desconocidos. El índice de mortalidad se cifró en un principio en el 4%, pero ahora los cálculos ya llegan al 19%. En un principio se creyó que el contagio se producía exclusivamente a través del aire. Ahora resulta que el virus puede penetrar de otras maneras en el cuerpo humano. Hemos de tratar el SRAS con sumo cuidado.
En primer lugar, y esto ya se ha dicho anteriormente muchas veces, es necesaria una acción conjunta. La confianza en el Gobierno es importante. No puede ser que un país se empeñe en que no pasa nada, mientras que otro impone la cuarentena obligatoria, pues esto no genera confianza. Asimismo es necesario emitir consejos de viaje comunes, pues sin duda está pasando algo.
En segundo lugar, las medidas han de ser por supuesto convincentes. La enfermedad ha resultado ser más grave y contagiosa de lo que se pensaba. Es bueno que se rastree a las personas que pueden ser portadoras. Pero, por supuesto, nuestra primera tarea consiste en prevenir la infección dentro de la Unión Europea. Italia hace bien en mantener obligatoriamente en cuarentena a personas procedentes de zonas de riesgo. Por supuesto, también tienen razón quienes dicen que las medidas draconianas no suponen una protección definitiva, pero esto no implica que sea una seguridad falsa, como se ha sugerido. Estas medidas ayudan a reducir el número de portadores. El pánico se evita tomando medidas adecuadas y no haciendo como si no pasara nada.
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados miembros han de asumir su responsabilidad ahora. En Grecia y en Finlandia también se han detectado casos de SRAS. No podemos permitir que la cuarentena sea una decisión individual de personas responsables. Que el sentido de la responsabilidad de algunos trabajadores sanitarios sirva de ejemplo.
Por último, señor Stefanis, habrá percibido usted en este debate que hay un gran consenso a favor de un enfoque más estricto y más claro. ¿Qué piensa hacer usted a raíz de este debate?

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, todos los indicios indican que el SRAS va a permanecer entre nosotros. En los países occidentales desarrollados la situación está bajo control, pero para los países pobres y menos desarrollados puede convertirse en una nueva plaga de grandes proporciones, que tanto de forma directa como a través de su impacto económico, aumente la pobreza, la miseria y el índice de mortalidad. La epidemia está amenazando al ya de por sí escuálido crecimiento económico en los países asiáticos y, a través de una serie de acciones reflejas, a toda la economía mundial. Asimismo, tenemos que prepararnos para una enorme demanda de ayuda humanitaria.
La epidemia solo tiene ocho semanas de vida, pero una cosa es cierta: los que toman las decisiones tienen que desempeñar un papel principal. Tiene que existir una garantía de orden y estabilidad mundial, porque esto será crucial desde el punto de vista de los sistemas sanitarios y de la prevención.
En Finlandia solo se ha registrado un caso de SRAS: se trata de alguien que enfermó tras un viaje a Toronto. Sin embargo, un máximo responsable sanitario de Canadá se ha apresurado a negar la posibilidad de infección. Por ejemplo, en un artículo del Toronto Star se afirma que a menos que alguien haya conseguido colarse en un hospital para ver a un paciente afectado de SRAS en cuarentena, es totalmente absurdo declarar que haya podido contagiarse de una enfermedad infecciosa en Canadá. Estas opiniones recuerdan vivamente la actitud de los líderes de los antiguos países de la Europa oriental: nadie podía atrapar enfermedades infecciosas en sus países. Es increíble que las autoridades sanitarias canadienses se hayan prestado a una pelea infantil y autojustificativa en torno a la procedencia de la enfermedad.
Este tipo de actitud no ayuda a nadie. Si se dan casos de la enfermedad, el cometido de la autoridad sanitaria no es proteger la economía y el turismo de su país. A escala general, esto demuestra que las autoridades de los países occidentales no están mentalmente preparadas para afrontar la propagación de nuevas y peligrosas enfermedades infecciosas. Sin embargo, la reunión extraordinaria de los Ministros de Sanidad de los Estados miembros de la UE, con sus recomendaciones para la acción, constituye un paso importante, pero esperamos más. La UE necesita más poder en materia de enfermedades infecciosas.
Hay otro detalle respecto de la situación del SRAS que merece ser comentado. Italia estaba descontenta con la decisión del Consejo de Ministros relativa a la acción para prevenir el SRAS, y ha decidido descolgarse temporalmente del Acuerdo Schengen para poder realizar exámenes sobre el estado de salud de las personas que entran en el país. La decisión de Italia, ya sea necesaria o exagerada, demuestra lo flexibles que pueden ser los principales acuerdos de la UE en situaciones excepcionales cuando un Estado miembro es capaz de proponer su incumplimiento de forma justificada. A este respecto, la UE ha aprobado un examen práctico con buenas notas.

De Rossa (PSE).
 Señor Presidente, hay dos cosas que causan temor en este momento: la ausencia de una vacuna contra el virus detectado y el temor a que las autoridades nacionales y europeas no estén debidamente preparadas para hacer frente a un virus que no conoce fronteras. Ningún virus tiene capacidad para comprender las ideas de subsidiariedad, proporcionalidad y territorialidad. Simplemente se pasea por donde le da la gana. Por eso, los Estados miembros deben abandonar la idea de que están en cierta manera protegiendo a sus poblaciones cuando defienden el concepto de soberanía o, en definitiva, la idea de que están protegiendo sus economías cuando propugnan la subsidiariedad y la proporcionalidad.
Es importante que reconsideremos la propuesta de la Comisaria de crear un centro de enfermedades transmisibles, pero debemos insistir en que todos los Estados miembros contribuyan a financiar dicho centro. No tiene ningún sentido tratar de asegurar la creación de un centro que a la larga se ocupará de las enfermedades transmisibles, pero que no dispondrá de recursos para hacer su trabajo con eficacia.
Lo que no he escuchado hoy -es posible que me lo perdiera porque llegué algo tarde a la intervención del Presidente en ejercicio- es qué progresos se han hecho en relación con la búsqueda de una vacuna. Sé que se han hecho algunos progresos en la identificación del virus, pero ¿qué progresos se han hecho en la búsqueda de una vacuna que nos proteja?
Sé que hay inquietud en Grecia en relación con los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en 2004, y que se están manteniendo algunas conversaciones al respecto. En mi país, Irlanda, celebramos las Olimpiadas Especiales en junio de este año; cerca de 7.000 atletas viajarán desde 166 países de todo el mundo. Quinientos de esos 7 000 atletas procederán de zonas afectadas por el SRAS. En Irlanda estamos evidentemente preocupados, sobre todo en las ciudades que albergarán a esos atletas. De ningún modo estoy pidiendo que se cancelen las Olimpiadas Especiales. Quiero seguir adelante con esos Juegos, pero quiero también tranquilizar a los ciudadanos sabiendo que se están tomando medidas adecuadas a escala europea y nacional para evitar la propagación del virus del SRAS.

Stefanis
Señorías, gracias por sus interesantes preguntas, que voy a tratar de contestar. No puedo responder a todas en detalle, porque creo que el tiempo es limitado, pero haré lo que esté en mi mano.
En primer lugar, la situación general respecto de la neumonía atípica o SRAS. Como he dicho, sabemos por la Comisión y por la propia Sra. Brundtland, quien tiene una visión global del asunto, que si bien por una parte se ha identificado el virus -y esto es un hecho- en un tiempo récord comparado con lo que ocurrió en el pasado, y se ha identificado su estructura molecular, por otra no se ha hecho ningún progreso sustancial en el campo de su historia natural; dicho de otro modo, sobre la forma en que se transmite. En este momento, no hay progresos visibles respecto de una vacuna eficaz que prevenga la enfermedad o de una medicación antiviral que la trate. En consecuencia, el tratamiento es puramente paliativo y lo que realmente necesitamos, al menos para los pacientes, es que estén aislados de forma que el virus no se propague y provoque infecciones en el hospital, lo que significa que tenemos que recomendar que cualquier país que no disponga de cámaras de presión negativa las adquiera. Se trata de una medida muy básica con objeto de restringir la propagación del virus y prevenir las infecciones en los hospitales.
Quisiera clarificar los casos de los Países Bajos y Grecia. Ayer en Grecia se declaró un presunto caso -no confirmado-, que se está investigando. Pase lo que pase, el hecho es que también hay casos en Europa. Sin embargo, como hemos dicho, por suerte no se han producido víctimas mortales. Me complace especialmente que haya un amplio consenso respecto de la necesidad de dar la máxima prioridad a la sanidad en el Tratado de la EU y en todas las actividades de la UE en general. He escuchado el discurso del Sr. Panella sobre la paradoja, y en efecto se trata de una paradoja, porque disponemos de protección contra la zoonosis pero no disponemos de protección para la salud humana. Esto también tiene que abordarse en la Convención; pero quizá podrían llevarse a cabo acciones conjuntas en esta dirección incluso en estos momentos. Esta perspectiva es ahora una posibilidad y, en la Presidencia, estamos de acuerdo y apoyamos los esfuerzos de la Comisión por promover la creación de un centro de prevención y control de las enfermedades en general, no solo de las enfermedades transmisibles. Existen enfermedades igual de importantes y peligrosas que las enfermedades transmisibles. Sería algo parecido al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos.
Quisiera hacer un comentario respecto de lo que se podía haber esperado de este Consejo Extraordinario y del resultado final. Para comenzar, creo que la celebración de este Consejo ha sido muy positiva y que, a raíz del SRAS, la salud pública se ha convertido en el centro de atención no solo de los Ministros, sino también de la opinión pública europea.
En segundo lugar, puesto que había que redactar un texto con conclusiones aceptadas comúnmente, es lógico que este texto no contenga posiciones contradictorias. El texto en general es el resultado de un compromiso. Sin embargo, se han hecho recomendaciones sobre medidas importantes, como los viajes en avión. Se ha hecho hincapié, como lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud, en los controles de salida en los puntos de partida. Sin embargo, esto no significa que no tengan que hacerse controles. La Comisión y el Consejo han recomendado que haya al menos algún tipo de control administrativo -no de salud pública o médico-, como ha insistido el Ministro italiano, Sr. Sirchia.
Pero por muchos controles que hagamos en los puntos de entrada, cuando nos enfrentamos a un virus con un período de incubación de diez días, es lógico que solo obtengamos resultados limitados, porque los ciudadanos que entran en el país están sanos. Excepto en los países básicos, es decir, China, Hong Kong y Singapur, en casi todos los casos producidos en otros países ha habido personas que han entrado sanas y después han desarrollado la enfermedad. En consecuencia, cualquier control de entrada disminuirá de forma considerable el peligro de introducir el virus, pero no lo eliminará. Se han tratado un gran número de temas. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común sobre esta cuestión y sobre los asuntos de salud en general.
La presidencia cree que es posible, sobre la base de las condiciones especificas que prevalecen en cada país y la forma en que se perciben y evalúan los peligros que vienen del exterior, que cada Estado miembro tome las medidas correspondientes. Sin embargo, debería haber algunas medidas comunes para todos los Estados miembros de la Unión Europea y, en primer lugar, necesitamos coordinación, al menos en el ámbito de la información. Creo que un centro de información común y obligatorio, como es el caso de la red de registro obligatorio de todos los casos probables y posibles, es un paso importante porque nos mostrará el cuadro epidemiológico sobre cuya base podrán tomarse ciertas medidas para afrontar la situación.
Respecto de la investigación, la presidencia está de acuerdo en dar el máximo apoyo posible a las actividades de investigación a escala europea. Debería haber un fondo común especial para abordar este tipo de emergencias, además del fondo ya establecido en la Dirección XII. Sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de la investigación se lleva a cabo en las universidades y en las grandes empresas farmacéuticas internacionales. Por otra parte, no cabe duda de que también necesitamos investigación europea.
Asimismo, se plantea la cuestión del apoyo a las zonas afectadas por el virus, de forma que puedan tomar las medidas necesarias. Como ha dicho el Sr. Liese, no podemos pasar por alto el hecho de que, si los casos de China se hubieran denunciado rápidamente, probablemente no habríamos llegado a este punto. Esto nos tiene que servir de lección a partir de ahora: no hay fronteras y lo que ocurra en cualquier parte del mundo tiene que denunciarse; tiene que haber un centro de información para ello y esta es precisamente la función de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, necesitamos centros similares a escala regional, como la red de vigilancia de la Unión Europea, a la cual deberíamos informar.
Para concluir, quisiera decir que, en general, lo que ha ocurrido en el Consejo Extraordinario del 6 de mayo ha sido un excelente comienzo. El Consejo de Ministros ordinario se reunirá el 2 de junio; para entonces se habrá recabado más información, se tendrán en cuenta todas las observaciones por parte de los diputados del Parlamento Europeo y creo que los Estados miembros de la Unión Europea estarán en condiciones de coordinarse mejor y concretar más las medidas necesarias en el ámbito europeo.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0140/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo [2003/2016(BUD)] para el ejercicio 2004.

Gill (PSE)
 Señor Presidente, quisiera empezar aprovechando esta oportunidad para dar la bienvenida a los observadores. Me complace tenerles aquí en Estrasburgo. Hemos dedicado muchas reuniones a debatir la llegada de observadores en la Comisión de Presupuestos. Es estupendo tenerlos hoy aquí para que puedan escuchar este importante debate. Esta es una de las primeras cuestiones en términos presupuestarios que les afectan directamente. Me gustaría también dar las gracias a todos mis colegas y a la secretaría de presupuestos por su trabajo y su colaboración en la elaboración de estas previsiones.
En el año 2004 se realizará la ampliación, se celebrarán elecciones y, si cambian los resultados electorales de 1999, terminarán su mandato más del 56% de los diputados. Todos estos factores tendrán importantes consecuencias políticas, estructurales y presupuestarias. Por lo tanto, las previsiones para 2004 conllevan algunos cambios profundos que harán algo más compleja la planificación presupuestaria. 
Además de los retos que plantean la ampliación y las elecciones, el Parlamento se enfrentará también a cambios importantes en 2004, como la posible adopción del Estatuto de los Diputados, el aumento del número total de diputados, la revisión de los estatutos del personal y una reforma de su estructura administrativa para mejorar el servicio a los diputados. Todavía no se han determinado las consecuencias presupuestarias exactas de algunos de esos cambios, razón por la cual no se han incorporado de lleno a estas previsiones, pero habrá que tenerlas en cuenta durante la primera lectura del presupuesto de 2004 en otoño.
Sin embargo, me gustaría ampliar algunas de las cuestiones que acabo de mencionar. En primer lugar, el Estatuto de los Diputados: Espero de verdad que el Estatuto de los Diputados entre en vigor el año que viene. La falta de transparencia de la dotación para viajes y la dotación para dietas generales merma la credibilidad de esta Cámara más que ninguna otra cosa. Por consiguiente, ruego a este Parlamento que haga todo lo posible por asegurar que los créditos consignados se utilicen realmente para ese fin.
Hablando de gratificaciones y privilegios, quisiera hacer referencia a la enmienda presentada por el Grupo del PPE-DE sobre la extensión del régimen de seguro de enfermedad a los antiguos diputados. Me sorprende que los Conservadores británicos del ala derecha hayan presentado esta enmienda. Ellos siempre dicen que encabezan la lucha contra los privilegios injustificados, pero en este caso se contradicen del todo al pedir que se amplíe el sistema, una medida absolutamente injustificada que solo beneficiará a unos pocos diputados, pero que tendrá un coste enorme para el contribuyente y será extremadamente difícil de administrar. Pero lo más decepcionante es que los Cuestores hayan enviado un correo electrónico a todos los diputados instándoles a votar a favor de esta enmienda. Eso es muy lamentable. No sé cómo el Sr. Balfe y otros pueden justificar este gasto en particular ante su electorado. La Mesa expresó serias reservas al respecto, no ha destinado ningún fondo para este fin y, por razones jurídicas, ha devuelto el expediente.
Existen también importantes consideraciones presupuestarias. No podemos limitarnos a considerar las consecuencias inmediatas de una medida así, sino también su coste a largo plazo. Podría ser muy costosa. No se trata solo de si es conveniente o no aceptar que los diputados salientes de este Parlamento reciban un trato especial, lo cual podría dar pie a todo tipo de problemas legales con los otros ex diputados. Tampoco sería moralmente correcto de nuestra parte. Por todo ello, recomiendo a esta Cámara que vote en contra del apartado 3 de mi informe, o que apoye la enmienda presentada por el Grupo Verts/ALE. No nos engañemos. Estas dos cuestiones no son solo asuntos técnicos internos; aparecerán una y otra vez en la prensa de muchos países de aquí a las elecciones del próximo año, y durante muchos años más.
Las elecciones del año que viene -aparte de la gran rotación de diputados que tendrá lugar en esta Cámara y el aumento de su número en una quinta parte- constituirán una de las mayores transiciones en la historia de este Parlamento. Aunque hemos hecho preparativos en nuestro medio físico y en nuestro sistema lingüístico, en los hemiciclos, etc., no hemos abordado debidamente otras muchas cuestiones de gran importancia que afectan a la información, la comunicación y las estrategias de TI. Tenemos que asegurarnos de rebatir el argumento de déficit democrático con el peso de nuestra voz en la legislación. Por eso, la participación electoral tiene para nosotros suma importancia.
Tenemos que esforzarnos más para que los ciudadanos conozcan la labor del Parlamento, para aumentar su interés por nuestro trabajo y para conseguir una mayor participación. En mi opinión, la política de información tiene una importancia crucial. Sé que la Mesa ha adoptado ahora un informe de actividades de cara a las elecciones europeas. Pero esta iniciativa es poco ambiciosa e innovadora. Si queremos que tengan algún efecto, tenemos que adoptar ahora unas estrategias y unos planes claros. Esa es precisamente la función del Parlamento.
Para ser sincera, tengo que decirle a la Comisión que me han decepcionado los escasos progresos del Grupo de Trabajo Interinstitucional. No ha conseguido trasladar nuestras prioridades y mensajes básicos a los ciudadanos. La Comisión y los Estados miembros nos han dejado solos. Les insto a que actúen conjuntamente y que hagan más progresos en este terreno.
Aunque uno de nuestros objetivos principales en los últimos años ha sido acercarnos al ciudadano, nuestra tecnología se ha quedado en el siglo XX. Da la impresión de que nuestra política de información y comunicación avanza muy despacio, a paso de tortuga, pese a la escalada de los costes. Considerando que el gasto en TI del Parlamento es uno de los más altos en comparación con otras instituciones, me gustaría que alguien me explicara por qué el sitio Europarl no es de lo más avanzado ni fácil de utilizar, y por qué tenemos acceso limitado a la tecnología y a los servicios de videocomposición. ¿En qué se ha empleado ese dinero?
Dicho eso, me complace observar que por fin estamos haciendo progresos en las retransmisiones por Internet. Creo que nuestras intervenciones de hoy en esta Cámara se están retransmitiendo en directo. Tenemos paneles provisionales con información multilingüe en todo el edificio del Parlamento. Este ha sido un paso importante con vistas a la inminente ampliación que tendrá lugar el próximo mes de mayo. Pero con respecto a otras cuestiones, como los comedores, el medio ambiente en Bruselas, el acceso a los edificios y el servicio de vehículos oficiales, tenemos que ser mucho más ambiciosos.
En el contexto de todo esto, celebro los esfuerzos hechos por la administración y la Mesa para modernizar no solo la política de personal del Parlamento, sino también la manera de tratar los asuntos relacionados con el personal. Tenemos que pasar de un enfoque puramente administrativo a una gestión más moderna, estratégica y progresista de los asuntos relacionados con el personal, reconociendo también que la tecnología de la información ha cambiado nuestra manera de trabajar y de mirar a nuestra administración.
Aunque esto no afectará demasiado al presupuesto de 2004, me gustaría invitar al Secretario General a que siga esforzándose en este terreno. Sé que hay que tomar algunas decisiones muy difíciles que afectarán a nuestros planes de dotación de personal, pero es importante que sigamos evolucionando y buscando la mejor forma de utilizar nuestros recursos humanos.
Esto me lleva a hablar del rigor presupuestario. Si queremos que todo lo anterior tenga verdadero sentido, tenemos que conseguir una mayor racionalización y unas estructuras de gestión más sencillas, además de controlar el sistema multilingüe para mejorar la eficiencia en una serie de aspectos. El Parlamento tiene que seguir aplicando su política y haciendo el mejor uso posible del dinero del contribuyente europeo y de los recursos disponibles en el presupuesto actual. Sólo podremos convencer a los ciudadanos de que estamos actuando con rigor presupuestario si podemos demostrar dicho rigor internamente. Para ello tenemos que mejorar la presentación y la transparencia del presupuesto. Ahora bien, no parece que algunas de nuestras peticiones se estén tomando en serio. Nos encontramos ante la clásica situación en que las ideas no se ponen en práctica, más por ignorancia que por rechazo.
Hay dos aspectos principales que quiero mencionar brevemente: tenemos que mejorar la presentación y la transparencia del presupuesto en todos los terrenos, y eso se aplica igualmente a los grupos políticos.
Finalmente, antes de empezar la votación, anunciaré un ajuste técnico: hemos llegado a un acuerdo con el Consejo sobre el ajuste de las perspectivas financieras. Ya no hace falta que aparezca esta frase en el texto.

Dover (PPE-DE).
 Señor Presidente, comparto la opinión de que este presupuesto para el Parlamento y las otras instituciones es una cuestión muy importante. Con la ampliación tenemos que asegurarnos al máximo de que se hará el mejor uso de los fondos disponibles en todos los terrenos. Voy a hablar con detalle de uno o dos asuntos antes de abordar el tema del seguro de enfermedad.
El servicio de vehículos oficiales es objeto de frecuentes abusos y tenemos que asegurarnos de que se someta a un riguroso control. Con respecto a los idiomas, la tecnología e Internet, tenemos que ampliar los servicios para llegar a ser más eficientes que nunca y hacer el mejor uso de nuestro dinero en todo momento. Con respecto al personal, el grupo PPE-DE ha contribuido ya a rebajar algunas de las expectativas. Podemos poner como ejemplo los asistentes de los vicepresidentes, que iban a suponer un coste adicional considerable de varios cientos de miles de euros. Aunque siga habiendo ascensos en línea con los aspectos promocionales de los compromisos del servicio, nos aseguraremos de no permitir la vía rápida, que estaba abocada a causar un enorme coste adicional en los próximos uno o dos años.
Nos aseguraremos también de que no haya asistentes que ayuden a los presidentes de las comisiones. No lo consideramos necesario. Asimismo, vigilaremos muy de cerca el número de asistentes que ayudan a los Cuestores.
Me gustaría asegurar que se adopte la enmienda 7. Esa enmienda repara algunos de los daños cometidos en las versiones anteriores del informe de Neena Gill. Hace referencia a la Asociación de ex diputados. Han preparado todos los informes necesarios, pero tienen todavía que reunirse en junio, lo cual no encaja con nuestro calendario presupuestario. No nos corresponde a nosotros criticarles y, por tanto, espero que podamos aprobar la enmienda 7, que celebra la decisión de la Mesa relativa a los costes de las reuniones de esta asociación. Está haciendo un trabajo excelente para mantener informados a los antiguos diputados.
Pasaré ahora a la controvertida cuestión planteada y a la referencia a la enmienda de los Verdes sobre el seguro de enfermedad. Si nosotros, como parlamentarios, no protegemos contra las enfermedades a nuestros diputados, pienso que no estaremos cumpliendo con nuestra obligación. Tenemos que asegurarnos de que las pesadas cargas que nos imponen tantos viajes, tan largos debates y discusiones y tan intensos programas de actividades en nuestras regiones y nuestros países por toda la Unión Europea, se reflejen en un seguro de enfermedad adecuado que funcione bien y que sea eficiente. Me gustaría leer entera la cláusula 3, para demostrar que no se trata de una decisión definitiva, sino simplemente de un primer paso para seguir considerando esta cuestión. 
Y cito: «...está dispuesto a considerar la posibilidad de consignar créditos para la ampliación del actual régimen de seguridad social para los antiguos diputados y espera que en su momento se presenten propuestas detalladas.»
Insistiré también en que, si se adopta el Estatuto de los Diputados, como se ha dicho antes, probablemente tenga que incorporar esto. La decisión última corresponde a la Mesa de este Parlamento. Todo lo que digo es que nosotros, como Comisión de Presupuestos, debemos tomar las medidas necesarias para asegurarnos de disponer de algunas reservas y que consideraremos las cifras en los próximos meses.
Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente a la Sra. Gill su excelente estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el año 2004.
Es difícil hacer previsiones, porque las elecciones parlamentarias se celebrarán durante el año y la UE se ampliará. En general, la mitad de los diputados cambian con las elecciones parlamentarias, y la próxima vez quizá cambien más, pues los Estados miembros antiguos tendrán 56 escaños menos. Al mismo tiempo tendremos 162 nuevos diputados de los nuevos Estados miembros. Ambos factores aumentarán el gasto del Parlamento y, al mismo tiempo, causarán incertidumbre respecto de las previsiones.
El objetivo es mantener el porcentaje del gasto administrativo del Parlamento por debajo del 20%. Es un objetivo ambicioso, porque se va a presupuestar una cantidad adicional de 46 millones de euros para el Estatuto de los diputados. Se trata de un gasto nuevo. Por esta razón, puede estar justificado rebasar el limite máximo, ya que, en realidad, no alteraría la manera antigua de repartir de los costes entre la UE y los Estados miembros, porque los Estados miembros han sido hasta la fecha los responsables de los salarios.
La ponente está intentando mejorar los servicios a los diputados en las actividades comunes, es decir, en aquellas obligaciones referentes a la legislación y al presupuesto. Es el enfoque correcto. Asimismo, la ponente insta a mejorar la planificación de las reuniones para evitar interferencias. Esto reduciría los costes, por ejemplo, mediante una reducción simultánea del número de intérpretes necesarios, lo que facilitaría los mecanismos de interpretación para los nuevos Estados miembros en particular. Al mismo tiempo, los Estados miembros podrían participar más activamente en el trabajo de todas sus comisiones. Por esta razón, la conveniencia de las semanas de circunscripción tiene que evaluarse de forma más precisa en el futuro.
Sin embargo, en este sentido, tenemos algunas reservas respecto de las nuevas ventajas para los diputados. Por ejemplo, no habrá posibilidad de ampliar los servicios de transporte, al menos no antes de que dispongamos de alguna experiencia definitiva en las otras esferas nuevas del gasto.
La ampliación del plan de seguro de enfermedad a los ex diputados no está justificada y mi Grupo está en contra. Cada Estado miembro ha sido responsable de los asuntos de seguridad social de sus diputados anteriores cuando se han pagado los salarios. Es razonable que el Parlamento aplique el plan de seguro de enfermedad a los actuales diputados, porque trabajan fuera de sus propios países y se trata de sanidad laboral. Sin embargo, este argumento no es aplicable a los ex diputados, y solo se trataría de otro privilegio encubierto.
El plurilingüismo aumentará en el Parlamento, puesto que el número de lenguas oficiales pasará de 11 a 20. Esto significa que también aumentará la práctica de usar dos intérpretes separados para traducir lo que dice un orador. Deberíamos estudiar la posibilidad de imponer obligaciones especiales de traducir muchas lenguas directamente a los idiomas «grandes», como inglés, francés y alemán, en cuyo caso la mayoría de los diputados podrían escuchar un discurso traducido por un solo intérprete.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, ya también quiero dar las gracias a la Sra. Gill por todo el esfuerzo que ha dedicado a este informe. En su trabajo se ha concentrado en dar garantías al contribuyente de que su dinero se utiliza con provecho, y quiero apoyarla en este sentido.
Uno de los puntos más controvertidos, como se desprende de este debate, son los gastos de sanidad. Espero realmente que consigamos convencer al Sr. Dover de que no amplíe el seguro de enfermedad a los ex diputados. ¿Por qué eso estaría tan mal? Pues porque los costes, como ya ha detallado la Sra. Gill, puede que ahora sean limitados, pero con los años aumentarán desde luego enormemente. Pero este es el aspecto financiero del asunto.
También hay que considerar una cuestión de principio, a la que ya se ha referido el Sr. Virrankoski. Mientras no tengamos un estatuto del diputado, los diputados al Parlamento Europeo percibirán el mismo salario que los diputados de su país de origen. El Tribunal de Justicia ha decidido que los seguros de pensiones y de enfermedad han de imputarse al epígrafe de los salarios. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que los actuales diputados gocen de ese seguro de enfermedad, pues creo que es un plus añadido al salario. Pero ampliar ahora este plus es realmente inaceptable, es hurgar en la caja de caudales europea, y esto no hemos de hacerlo. En cuanto tengamos un estatuto europeo, la cosa cambiará y podremos volver a hablar del asunto. Hasta entonces simplemente no podemos aprobarlo.
Señor Presidente, ahora que hablamos de despilfarro, me viene de repente a la memoria la ciudad de Estrasburgo. Eso me recuerda que la vez anterior, durante la votación sobre el calendario de sesiones, decidimos democráticamente en este lugar que el año que viene solo habría 10 sesiones en Estrasburgo. Ya sé que se volverá a recurrir a todo tipo de trucos para conseguir que sean de nuevo 11 ó 12 sesiones, pero hasta entonces sigue vigente esa decisión democrática por la que se han previsto tan solo 10 sesiones. Propongo que mañana el Presidente o la ponente corrijan el considerando G. En el considerando G ha de constar que el año que viene no se han programado 11, sino 10 sesiones aquí en Estrasburgo, como decidió este pleno.

Turchi (UEN).
Señor Presidente, Señorías, antes que nada quisiera saludar a los colegas diputados de los Estados que ya no son candidatos pero todavía no son miembros de pleno derecho. Estamos encantados con que estén aquí para culminar lo que ha sido un proceso largo, a veces difícil, pero a cuyo término, me complace decirlo, se ha alcanzado plenamente el resultado deseado.
El anteproyecto de presupuesto que presenta hoy la Comisión es por la fuerza de las circunstancias un proyecto atípico, en el sentido de que ha de considerarse en dos partes separadas. La primera parte entrará en vigor para los 15 Estados miembros actuales el 1 de enero de 2004. La segunda parte, no obstante, se aplicará a la Unión de 25 y entrará en vigor el 1 de mayo de 2004. Por tanto, su evaluación no es tarea fácil, y hay algunos aspectos políticos que en mi opinión no deben subestimarse. Ante todo, la eterna cuestión de los compromisos de pago. Con 100,6 millardos de euros, el volumen del gasto aumenta apenas un 3,3% con respecto a la cifra de 2003; hay que tener en cuenta además que el presupuesto de 2003 se refería únicamente a la Europa de los 15. Este aumento tan sumamente parco se explica por una reducción de cerca del 2% del volumen del gasto establecida por la Unión Europea de los 15.
Todo esto es absurdo. En efecto, no solo la Comisión no pretende concentrarse de una vez por todas en resolver el problema de los RAL, que han constituido una de las prioridades del Parlamento durante años, sino que encima presenta un proyecto que hará que se repita exactamente la misma situación con respecto a los países que entrarán en la Unión en 2004.
Además está la cuestión del capítulo 3. El aumento del tope que ha conseguido el Parlamento es un resultado significativo, que nos permitirá financiar algunas políticas particularmente sensibles con la conciencia tranquila, pero sigo pensando que no es suficiente. Si queremos de veras una Unión política, una orientación para todos los Grupos políticos presentes en la Cámara que todos podamos recomendar, tenemos que proporcionarles también las herramientas de trabajo que necesitan, los instrumentos necesarios para alcanzar nuestros objetivos.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, podemos apoyar el informe de la Sra. Gill en sus grandes líneas. Nos sumamos de buen grado a la defensa de una estricta disciplina presupuestaria por parte del Parlamento Europeo.
Teniendo en cuenta la próxima ampliación, el Parlamento Europeo habrá de centrarse más que nunca en sus actividades fundamentales. Es preciso dar prioridad a la tarea principal de esta Cámara, el control de la Comisión Europea, junto a la responsabilidad sobre la legislación en que el Parlamento tiene poder de codecisión. Los informes y las resoluciones que se salen de este marco han de ocupar menos tiempo en el orden del día y reclamar menos esfuerzo del personal.
Un tema importante en este informe es el multilingüismo del Parlamento Europeo. La diversidad como característica esencial de las culturas europeas encuentra su expresión en la existencia de muchas lenguas. La accesibilidad y la comprensión del debate político europeo por parte de los ciudadanos de todos los Estados miembros es decisiva para la calidad de la democracia. Por supuesto, ello no quita que examinemos con espíritu crítico los gastos del multilingüismo. La Mesa de este Parlamento debería comprobar si la envergadura del servicio de traducción e interpretación para cada lengua se ajusta a las necesidades reales. La carga de trabajo para cada lengua debe dividirse proporcionalmente. Tengo la impresión de que varía un poco de una lengua a otra y sin duda no es proporcional al número de diputados que hablan un idioma. Así, por ejemplo, tengo entendido que en esta Cámara el grado de utilización del neerlandés y del italiano son del mismo orden. Es preciso eliminar o redistribuir cualquier posible excedente de capacidad 
Otro punto, señor Presidente, tiene que ver con el alto nivel del salario medio de los funcionarios que trabajan en el Parlamento. El sistema de pago oculta elementos que en su mayor parte datan de los primeros tiempos y que actualmente ya no son válidos. Los salarios de los funcionarios han de guardar una relación razonable con las retribuciones que perciben los diputados al Parlamento, y a este respecto he de señalar que el estatuto de los diputados sigue sin dar señales de vida; es una vergüenza, tanto para el Consejo como para el Parlamento.
Los gastos de viaje están estrechamente relacionados con esta cuestión, un tema que interesa bastante a los votantes. La importancia de unos criterios más estrictos y tan objetivos como sea posible para las remuneraciones salta a la vista. En vista de las experiencias del actual periodo parcial de sesiones, esta Cámara debería revisar críticamente las semanas de sesiones en Estrasburgo teniendo en cuenta, entre otras cosas, los gastos adicionales que conllevan sin obtener a cambio resultados adicionales.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la Sra. Gill por su excelente informe. Estoy plenamente de acuerdo con la mayoría de sus puntos de vista y propuestas con respecto a la etapa intermedia del presupuesto parlamentario. La felicito en particular por haber querido subrayar muy firmemente su voluntad de que se intensifique el uso de nuevas tecnologías en nuestra institución, así como en las instituciones en general, particularmente ante la perspectiva de la ampliación.
A este respecto, Señorías, señora Gill, estimados amigos aquí presentes, les recomiendo encarecidamente que mañana adoptemos la enmienda relativa precisamente a las nuevas tecnologías, que hemos presentado nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, junto con la Sra. Buitenweg y que ha sido aprobada por escaso margen en la comisión.
¿De qué se trata? Nuestra institución respeta el principio del debate público. Además, hoy la Cámara está medio llena. Esto nos complace, pues nos sentimos menos solos, pero hay aquí 150 personas, quizá 200, mientras que la Europa ampliada contará con 300 a 350 millones de habitantes. Internet es una magnífica herramienta que tenemos a nuestra disposición. No es una herramienta de información en sentido estricto, ni de publicidad, sino un instrumento de trabajo para quienes están interesados.
Hoy mismo -no lo sabíamos, señora Gill- el Parlamento transmite por Internet nuestra sesión plenaria. ¿Qué pedimos? Pedimos, como ya ha hecho usted, que se fomente el uso de las nuevas tecnologías, y por tanto de Internet, para que cada ciudadano pueda seguir, desde su casa, nuestra sesión plenaria, si así lo desea.
¿Y por qué no también nuestras comisiones parlamentarias? Algunas personas están interesadas en nuestros debates sobre el medio ambiente. De este modo podrían seguirlos. Esto no cuesta mucho dinero. Usted ya ha manifestado su deseo de establecer una cantidad fija para el presupuesto de 2004. Con esta enmienda proponemos que a partir de este año el Parlamento pueda realizar pruebas para determinar el coste -que pensamos que será muy bajo, y otros parlamentos ya lo hacen- de la transmisión de las reuniones de comisiones, e insisto que no sobre temas de gran importancia, sino sobre nuestra labor cotidiana. En las universidades y en otros medios siempre hay gente interesada por nuestros debates, sea cual sea el tema. De ahí la recomendación que les hago para mañana; felicito una vez más a la Sra. Gill por su informe.

Stenmarck (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar permítame dar las gracias a la Sra. Gill por su trabajo en relación con el presupuesto de 2004. Ha sido un trabajo importante que ha requerido mucho tiempo, porque de hecho nos enfrentamos a tareas exigentes e importantes. El año pasado fui ponente para el presupuesto, y observé que en la practica teníamos tres prioridades. La primera eran los preparativos para la ampliación, que entonces era algo más incierta. La segunda eran las reformas institucionales necesarias. Estas reformas son tan importantes ahora como antes. La tercera prioridad era abordar estos asuntos en el seno del marco presupuestario.
Hace un año, dimos al Parlamento y a las demás instituciones la oportunidad de colaborar en la gestión financiera a largo plazo de estos asuntos, en especial mediante la distribución anticipada de gastos que se llevó a cabo durante el otoño del año pasado. Las prioridades se convirtieron en cifras y los cálculos en euros y en céntimos. Un año más tarde, la situación es exactamente la misma.
Cuando, el pasado mes de diciembre el Consejo Europeo de Copenhague decidió aprobar un enfoque «big bang», sin duda muchos creímos que se trataba de uno de los mejores momentos de toda la historia de la UE, con diez países esperando convertirse en nuevos miembros a tiempo para las próximas elecciones al Parlamento Europeo de 2004. A continuación, se tomaron decisiones aquí en el Parlamento el 9 de abril, se firmaron los tratados de adhesión una semana después en Atenas y se celebraron con éxito una serie de referendos, el último en Lituania, lo que supone tener que responder a enormes exigencias, en especial por parte de los parlamentos europeos elegidos. Este es nuestro mayor reto. Acabamos de recibir con gran satisfacción a 162 observadores de todos los países candidatos que han llevado a cabo sus negociaciones con éxito. Todo se está realizando dentro del calendario que discutimos hace un año.
Es evidente que la UE y el Parlamento Europeo tienen que poner todo esto en práctica, porque la reunificación de Europa es la tarea más importante. Por supuesto, esto se aplica en particular a la generación actual de políticos. Por lo tanto, no ha habido grandes dificultades a la hora de apoyar la mayoría de las propuestas presentadas por la Sra. Gill. Sólo quiero hacer una advertencia: tenemos que preocuparnos de nuestras prioridades. A veces los ponentes y otros diputados tienden a entrometerse en otros aspectos. Esto podría dificultar la gestión del presupuesto dentro del marco establecido. En esta situación, ambas autoridades presupuestarias tienen que ser firmes y tajantes. Yo al menos espero que el Parlamento y el Consejo alcancen pronto un acuerdo común este año, al igual que lo alcanzamos el año pasado.

Titford (EDD).
Señor Presidente, como se observa correctamente en este informe, el año que viene es año de elecciones y de nuevo pediremos a nuestros electores que elijan a sus diputados al Parlamento Europeo. Sin duda, quienes desean la reelección intentarán justificarse basándose en sus antecedentes, y, por supuesto, los nuevos argumentarán que son una alternativa mejor. Al leer este informe, la frase que más resalta es «conseguir la mayor rentabilidad para el dinero». ¿Cuántos posibles futuros eurodiputados se apuntarán a este programa? A ojo de buen cubero, calculamos que cada eurodiputado británico cuesta a los contribuyentes del Reino Unido cerca de 1,2 millones de libras cada año -por supuesto, hablo de libras esterlinas- o, resumiendo, entre todos cuestan unos 100 millones de libras al año.
Sin embargo, si consideramos la rentabilidad del dinero, hay que considerarla no solo en términos relativos, es decir, si este o aquel eurodiputado es más rentable que el otro, sino en términos comparativos, mirando qué otras cosas se podrían comprar. Dada la gran preocupación en el Reino Unido por los servicios sanitarios, una comparación podría establecerse con el coste de la prestación sanitaria. Por el precio de nuestra representación nacional podríamos permitirnos construir, equipar y mantener un gran hospital universitario, y aún nos devolverían cambio. Otra comparación interesante es que el dinero que los contribuyentes británicos invierten en sus eurodiputados bastaría para cubrir los costes operativos de la fuerza policial de un condado británico de dimensiones medias. O bien podríamos mantener operativos diez batallones de infantería completos. Me pregunto cuál de estas opciones proporcionaría más influencia al Reino Unidos en el mundo. Incluso podríamos pagar tres Eurofighters cada año, si es que alguna vez llegan al servicio de escuadra.
Por otro lado, si esta Cámara evitara realmente que algunos de los reglamentos más insensatos ideados por la Comisión llegaran a los códigos de leyes, reduciendo así las crecientes cargas que pesan sobre las empresas, quizás habría algún argumento económico a favor de los eurodiputados. Por lo que puedo ver, esta Cámara sirve principalmente de sello de goma, pero puedo conseguir un sello de goma en una papelería por unas 3 libras o 5 euros, lo cual resultaría un poco más barato.
Por lo tanto, me cuesta muchísimo defender que esta Cámara o su representación británica consigan la mayor rentabilidad. Este es el mensaje que quiero transmitir a mis electores.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 2004.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, ponentes, observadores de los países candidatos, es una enorme satisfacción para mí poder presentar hoy el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2004 en este nuevo contexto. El presupuesto de 2004 es realmente histórico. Por primera vez abarca 25 Estados miembros. Los nuevos Estados miembros van a participar a partir del 1 de mayo de 2004 en todos los programas de apoyo financiados con cargo al presupuesto europeo. También será la primera vez que una ampliación no se inicia el 1 de enero de un año, sino ya bien entrado el mismo. Esto supone un reto particular en relación con el presupuesto. Desde el 1 de enero hasta finales de abril seguiremos teniendo un presupuesto para la Unión de los 15, y luego este se ampliará a la Unión de los 25. Los planes presupuestarios incluyen, por lo tanto, los datos para la Unión de los 15 y también para la Unión ampliada, pero todas las deliberaciones se van a desarrollar desde el principio contemplando la Unión Europea de 25 Estados miembros.
La tercera peculiaridad de este presupuesto es que la reforma presupuestaria de la Unión Europea ya está en vigor y el presupuesto oficial se va a desglosar por primera vez por ámbitos políticos, o sea, según el principio del llamado sistema de presupuestación por actividades. No obstante, la autoridad presupuestaria seguirá disponiendo también del presupuesto en su forma tradicional para su información. Asimismo disponen ustedes de un nuevo documento de trabajo, en el que se exponen los objetivos que deberán cumplirse el año que viene en cada ámbito político. El procedimiento presupuestario de 2004 va ser, por lo tanto, verdaderamente innovador.
El anteproyecto de presupuesto de la Comisión se ha sometido al nuevo marco adoptado para las perspectivas financieras con vistas a la ampliación, tal como fue adoptado por el Parlamento Europeo el 9 de abril, y que por supuesto incorpora los resultados de Copenhague, o sea, los resultados de las negociaciones entre el Consejo y los países candidatos, así como los resultados de las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo.
En este punto quiero volver a expresar mi agradecimiento a todos cuantos han participado en las negociaciones. Ha estado muy bien que casi todas las cuestiones relacionadas con el marco financiero en el contexto de la ampliación se resolviesen antes de la firma de los Tratados de adhesión y antes de iniciar ahora el procedimiento presupuestario de 2004, de manera que todas las decisiones relativas a dicho marco financiero ya han sido adoptadas.
¿Cuáles son entonces las cifras clave del anteproyecto de presupuesto para 2004? El importe de los créditos de compromiso aumentará a 112 millardos de euros en 2004, de los cuales 11,8 millardos corresponden a compromisos en los nuevos Estados miembros. Conforme a nuestra propuesta, la Unión de los 15 solo obtendrá un incremento del 0,7%, para lo cual se han tenido en cuenta muy especialmente las prioridades políticas de estabilidad y crecimiento sostenible.
El volumen de gastos, es decir, el montante de los créditos de pago, ascendería, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, a 100,6 millardos de euros en 2004. Esto supone un incremento moderado del 3,3% con respecto al presupuesto de 2003. Este incremento relativamente moderado ha sido posible porque el presupuesto de gastos de la Unión de los 15 se reduce un 2%. El motivo es que el año que viene se requerirán menos créditos de pago en el marco de los Fondos estructurales que en este ejercicio, puesto que los pagos finales de los antiguos programas figuran en el presupuesto de este año.
Del volumen presupuestario total de 100 millardos de euros que proponemos se han previsto pagos de 5 millardos de euros para los nuevos Estados miembros. Además, los países candidatos todavía recibirán el año que viene pagos correspondientes a los programas de preadhesión, de manera que en conjunto queda garantizado que todos los nuevos Estados miembros serán perceptores netos, conforme estaba previsto, por supuesto, al inicio de las negociaciones.
Para los gastos agrícolas -y paso a referirme a las distintas categorías- se han presupuestado 48 millardos de euros. Por otra parte, en 2004, la reforma de la política agrícola solo se verá reflejada en unos pocos aspectos específicos, como por ejemplo en el sector lechero, y todas las demás repercusiones solo serán perceptibles más adelante. Del montante total de 48 millardos de euros, 6,5 millardos se destinan al fomento del desarrollo rural; de estos, 1,7 millardos están previstos para los nuevos Estados miembros. En general, en el caso de los nuevos Estados miembros, el presupuesto agrícola del año próximo presenta dos particularidades inusuales: en primer lugar, el hecho de que las ayudas directas a los agricultores de los nuevos Estados miembros solo tendrá efecto en el presupuesto de 2005, dado que en este ámbito tenemos por supuesto un desfase de tiempo en las normas. La segunda particularidad inusual es que las ayudas para el desarrollo rural en los nuevos Estados miembros son sustancialmente más elevadas, desproporcionadamente elevadas podríamos decir, que en la Unión de los 15. Otra particularidad es que los programas de ayuda al desarrollo rural en los nuevos Estados miembros constituyen lo que se denomina un gasto diferenciado.
Esta decisión tiene en cuenta que primero habrá que desarrollar la capacidad administrativa necesaria para gestionar los programas. En relación con el presupuesto agrícola, diré que, como cada año, la Comisión también presentará en octubre una nota rectificativa del Presupuesto de 2004, que tendrá en cuenta las estimaciones más recientes sobre la evolución de los mercados y, por supuesto, también el hecho de que actualmente el tipo de cambio entre el euro y el dólar está oscilando mucho, lo cual también repercute, en efecto, en el conjunto del gasto agrícola.
Los Fondos estructurales en su conjunto desempeñarán en general un papel muy significativo en la Unión ampliada. En efecto, son los principales instrumentos por medio de los cuales ofrecemos ayuda financiera para acelerar y apoyar el proceso de convergencia económica. Por esto hemos previsto un incremento global del 20,8% de los créditos de compromiso correspondientes a los Fondos estructurales. Gran parte del mismo corresponde a los Fondos de Cohesión, que por supuesto incluyen fondos destinados específicamente a la cofinanciación de infraestructuras de transporte y protección del medio ambiente.
El mayor incremento se ha previsto en el ámbito de las políticas internas, o sea, en la llamada categoría 3. En este caso, se prevé un incremento global del 27% de los créditos de compromiso. Esto se explica, entre otras cosas, por el hecho de que el Parlamento solicitó un margen de maniobra adicional en este aspecto particular. La categoría 3 del presupuesto vienen marcada, claro está, por todas nuestras prioridades políticas: ampliación, estabilidad y crecimiento sostenible.
Se han puesto a disposición de los nuevos Estados miembros, por un lado, los fondos que les permitirán participar en los programas comunitarios existentes, tal como ya están haciendo en algunos casos. Conforme a las decisiones de Copenhague, también se pondrán a disposición fondos para programas completamente nuevos en los países de la ampliación: 317 millones de euros para la implementación del Acuerdo de Schengen, es decir, para la creación de la infraestructura necesaria para asegurar la frontera exterior; 221 millones de euros para el incremento de la capacidad administrativa en los países de la adhesión; y 138 millones de euros para el cierre de centrales nucleares.
En conjunto, el anteproyecto de presupuesto prevé incrementos muy importantes para el desarrollo de un espacio de seguridad, libertad y justicia. También los gastos en investigación podrán aumentar hasta 4,8 millardos de euros el año que viene. Esto indica que, en la Unión ampliada, el apoyo a los objetivos de Lisboa, esto es, al desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, sigue teniendo una prioridad muy alta en del presupuesto europeo.
Muchos programas de ayuda, por ejemplo en investigación, protección del medio ambiente e intercambios juveniles, por citar solo unos cuantos, son programas plurianuales, aprobados por el procedimiento de decisión. Por esto habrá que reservar nuevas partidas en los próximos años, es decir, para el periodo que queda de aplicación de estos programas, a fin de tener en cuenta la ampliación. La Comisión ha presentado propuestas para colmar estos programas, y deberíamos decidir lo antes posible sobre su adaptación a la ampliación, de manera que podamos planificar esta cuestión. Esto es, por supuesto, particularmente importante para los países de la adhesión.
La Comisión ha tenido en cuenta en este contexto las prioridades del Parlamento Europeo, tal como se expusieron en las opiniones de las distintas comisiones y que refleja el informe del Sr. Colom i Naval y del Sr. Böge.
En lo que respecta a las medidas de política exterior, la Comisión propone adquirir compromisos por importe de casi 5 millardos de euros, que concuerda con los niveles de 2003. Para los Balcanes, por mencionar tan solo algunos extremos, el nivel de ayuda debería estabilizarse una vez transcurridos los años de reconstrucción. Los fondos correspondientes están disponibles. Esto será también una prueba cabal de los compromisos de la Unión Europea en esta región. En interés de la intensificación de la política de vecindad, la Comisión propone, además, un incremento de los fondos del programa MEDA, concretamente del 14%, y los fondos para Afganistán deberán ajustarse de acuerdo con los compromisos adquiridos en el plano internacional. Dos países, Bulgaria y Rumania, se mantienen en la categoría de preadhesión del grupo de países con los que todavía no han concluido las negociaciones. Todas las instituciones se han comprometido a otorgar una ayuda adicional a estos países, de modo que pueden conseguir su objetivo de adherirse a la Unión en 2007. Para el año próximo se prevé un incremento del 20% de la ayuda a Bulgaria y Rumania. También se incrementan sustancialmente los fondos destinados a Turquía en el marco de la estrategia de preadhesión, y yo espero fervientemente que se puedan utilizar los fondos de apoyo a las reformas. Por último, diré que el año que viene se destinarán a los nuevos Estados miembros los llamados pagos únicos de libre disposición, o cash facilities, por importe de 1,4 millardos de euros.
Los gastos administrativos tendrán que adecuarse a las nuevas exigencias. Las propuestas de la Comisión incluyen 780 nuevas plazas para la Comisión, conforme al plan que les presentamos el año pasado y que pretende garantizar, en primer lugar, que podamos gestionar el gasto relacionado con la ampliación; en segundo lugar, que puedan incorporarse gradualmente colegas de los nuevos Estados miembros a la administración, y, en tercer lugar, que podamos atender a las lenguas adicionales.
Aunque en conjunto el anteproyecto de presupuesto contiene algunos programas de gasto muy ambiciosos, también es preciso respetar el principio de disciplina presupuestaria, como hace la propuesta de la Comisión. El anteproyecto de presupuesto que propone la Comisión queda globalmente 3,4 millardos de euros por debajo del tope fijado para los créditos de compromiso y claramente por debajo del tope fijado para los créditos de pago. Además, deja márgenes de maniobra en todos los ámbitos, excepto en el caso de los Fondos estructurales. El porcentaje del presupuesto con al producto económico de la Unión, o sea, la parte del gasto público en el PIB europeo, incluso se reducirá -concretamente, a menos de un 1%- en comparación con el año pasado. Esto indica que es posible aunar ambas cosas: unos programas de gasto ambiciosos y la ampliación, por un lado, y la disciplina presupuestaria, por otro.
Señorías, habrá muchos aspectos nuevos en el procedimiento presupuestario que vamos a iniciar. Esto exigirá un gran esfuerzo por parte de todos, pero con las decisiones ya adoptadas en el pasado tenemos una buena base para trabajar y creo que el mero hecho de que se trata del primer presupuesto de la Unión ampliada nos dará fuerzas a todos nosotros, de modo que podamos lograr un buen resultado en diciembre. Muchísimas gracias.

Mulder (ELDR)
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la señora Comisaria por su explicación y también quiero decir que me complace mucho que podamos celebrar este primer debate sobre el presupuesto que afecta a los nuevos países en presencia de observadores de estos nuevos países.
El procedimiento presupuestario, como ya ha dicho la Sra. Comisaria, se aplicará a 25 países. El objetivo del Parlamento -como hemos expuesto en las directrices- es poder votar en diciembre sobre un presupuesto para 25 países, en el bien entendido de que el presupuesto para los diez nuevos países no entrará en vigor hasta el 1 de mayo del año que viene. En el transcurso del año tendremos que averiguar cómo se llevará a cabo esto desde el punto de vista jurídico.
El presupuesto basado en actividades, descrito por la Comisaria, tiene muchas ventajas. Las comisiones podrán ver qué líneas presupuestarias les atañen individualmente y cómo pueden modificarlas. Creo que para el Parlamento también es importante saber, y también me referiré a esto, qué relación guarda este nuevo sistema con las perspectivas, pues siempre tendremos que atenernos al máximo posible a lo que se acordó en todas las categorías en Copenhague.
Otra cuestión general: este Parlamento considera que es importante que las competencias presupuestarias, el procedimiento presupuestario, mantenga el paso con el procedimiento legislativo desarrollado por la Comisión en el curso del año.
Si examino las directrices aprobadas en marzo por este Parlamento durante la votación sobre la posición del Parlamento, creo que, a primera vista, la Comisión ha actuado maravillosamente bien de acuerdo con estas directrices. El Parlamento había pedido un presupuesto austero. La Sra. Comisaria ya lo ha señalado: los créditos de pago constituyen en estos momentos el 0,99% del PNB de 25 países; el año anterior también representaban el 0,99%, pero de 15 Estados miembros. Por consiguiente, en este sentido se han mantenido igual. En el transcurso el año podremos ver qué pasa con esto.
El Parlamento tiene la misma prioridad que la Comisión: hacer que la ampliación sea un éxito. El Parlamento menciona en este sentido diversos puntos, entre los cuales se encuentra sobre todo el aumento de la capacidad administrativa de los Estados miembros. Estos han de poder hacer planes para recibir el dinero, han de poder ejecutarlos y el control financiero ha de ser eficaz. Sin duda alguna comprobarán si los 221 millones que la Comisión ha reservado para tal fin son suficientes.
La Sra. Comisaria ya ha dicho que muchos componentes de la categoría III habrán de determinarse por el procedimiento de codecisión. Tendremos que ver si los 2,5 millardos que ha propuesto la Comisión son suficientes.
Una tercera cuestión, también planteada por el Parlamento, es la elaboración de la estrategia de Lisboa. La Comisión dedica toda una página a todo lo que puede hacer. Lo examinaremos punto por punto.
Ahora quiero referirme a los distintos capítulos de las perspectivas financieras.
Agricultura: en estos momentos, en las propuestas de la Comisión encontramos pocos de los elementos que había propuesto el Parlamento en las directrices. Puede que se añada más tarde. No se dice nada del desarrollo de vacunas marcadoras, sistemas de seguros, todos este tipo de cosas. Hemos tomado nota de que hay un margen de 1,4 millardos en el presupuesto. Esperamos que sea suficiente, incluso si el euro se revaloriza frente al dólar.
Política estructural: el lema es que hemos de hacer lo que hemos prometido. La cuestión es si ello es posible con el actual nivel de créditos de pago. Estos no aumentan mucho. Aún hay un enorme importe pendiente de pago. ¿Qué proporción guarda? Esta también es una cuestión que atañe al Parlamento.
La mayor subida, como ya ha indicado la Sra. Comisaria, se encuentra en el capítulo III: la política interior. El refuerzo de los controles fronterizos, la condición de Kaliningrado, la atención prestada a la seguridad nuclear y así sucesivamente. Hay una cosa que todavía no hemos mencionado desde las directrices del Parlamento y desde que se ha impreso el presupuesto, a saber, el preocupante desarrollo del SRAS en todo el mundo. Quizás Europa tenga que hacer algo al respecto.
La Sra. Comisaria ya ha entrado en detalles con respecto al capítulo IV, la política exterior. En lo que respecta a Afganistán, seguramente tendremos que acatar los acuerdos internacionales. Aún no se ha mencionado la palabra Iraq. ¿Qué espera la Sra. Comisaria o qué esperamos nosotros que suceda en este terreno? Es una cuestión que también tendremos que debatir.
Un último punto, señor Presidente: los gastos administrativos. Una subida muy fuerte de la dotación de personal, con 780 plazas nuevas, y también un aumento sustancial de los costes de los edificios. En todas las categorías, en todos los ámbitos políticos vemos una fuerte subida para los edificios. Esto no puede deberse solamente a Berlaymont. En el transcurso de los años habrá que ver a qué se debe.
Por último, la categoría 7, cuyo título ha cambiado. No sabemos exactamente qué implicará, qué clase de novedades todavía están al caer. No sé si el año que viene ya se dará el caso, pero podría ser. Hemos tomado nota del aumento para Turquía, Rumania y Bulgaria, que son países bastante diferentes. También lo examinaremos críticamente. Señor Presidente, solo me queda expresar la esperanza, como ha hecho la Sra. Comisaria, de que hasta diciembre haya una buena colaboración entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento para conseguir un buen presupuesto para 25 países.

Wynn (PSE)
Señor Presidente, solo quiero aclarar dos puntos: uno se refiere al dinero adicional de la categoría 3 que negociamos con el Consejo durante la última reunión del Comité de Conciliación en relación con el pacto de Copenhague, que se refiere especialmente a los procedimientos de codecisión. Quisiera recordar a las demás comisiones que lo que estamos intentando, o al menos lo que nosotros y la Comisión estamos intentando, es asegurar que se presente al Parlamento y al Consejo una propuesta legislativa este año, si es posible entre julio y septiembre, para que podamos incorporar a la legislación los importes que se necesitan de aquí a finales de 2006. Por supuesto, esto significa que las comisiones implicadas en la codecisión deben reaccionar con bastante celeridad para garantizar que dispongamos de dicha información para completar el presupuesto. Y es así porque lo que queremos hacer es celebrar un dialogo tripartito y una reunión de conciliación con el Consejo en julio para formalizar todo esto, no solo para el presupuesto de 2004, sino también para los otros dos presupuestos.
El otro punto que quiero aclarar se refiere al formato en que se presenta ahora el presupuesto. Es el nuevo formato ABB que el Parlamento pedía con insistencia y que ahora ha presentado la Comisión. El problema es que no sabemos cómo utilizarlo. El año pasado tuvimos una presentación para informar a todo el mundo, que oportunamente todos olvidamos, y este año hemos tenido otra presentación, pero ahora nos encontramos con la realidad de los hechos. Hemos visto ya los documentos en su verdadero formato real, lo que significa que no sabemos cómo modificarlos. El hecho de que trabajemos con perspectivas financieras dentro de distintas rúbricas o con distintas rúbricas significa que si utilizamos el sistema ABB no sabremos cuáles son las celdas de cada rúbrica. De modo que en los próximos 20 minutos, cuando nos reunamos en la Comisión de Presupuestos, los diputados -dado que después de todo no somos más que simples criaturas- tendremos el nuevo presupuesto presentado en dos formatos: uno en el ABB en el que hemos insistido, y otro en el formato antiguo que todos entendemos. Lo que debemos decidir, cuando llegue la hora de votar más adelante este año, es cómo vamos a votar. Es un tema importante y quiero dar las gracias a la Comisión por presentar el presupuesto en el nuevo formato, aunque ello nos cause problemas. Estoy seguro de que aportará mucha más transparencia y a largo plazo nos facilitará la comprensión. Cuando tengamos una nueva perspectiva financiera -quién sabe- es posible que incluso se adapte al nuevo formato presupuestario ABB. ¡¿Quién sabe?!

El Presidente.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la cooperación Euromed en el ámbito de la energía.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, hoy el Colegio de Comisarios ha adoptado una iniciativa que corresponde a un triple desafío relacionado con la energía, que supone, ni más ni menos, el establecer unas redes transeuromediterráneas de energía.
El triple desafío se refiere, en primer lugar, a la utilización de la energía como un vector de estabilidad, de importancia estratégica en nuestras relaciones con los países vecinos, con nuestros socios -hablamos del círculo de amigos, the ring of friends, al que se refiere el Presidente Prodi- incluidos los países de la cuenca sur del Mediterráneo.
En segundo lugar, queremos proyectar nuestro acervo y los principios que rigen nuestro mercado interior como un modelo que podrían seguir nuestros vecinos regionales, partiendo de la base de que nuestro acervo y nuestro sistema de funcionamiento están demostrando ser un impulso al desarrollo económico, al crecimiento y al bienestar de las poblaciones.
En tercer lugar, tenemos que determinar un abanico de proyectos de redes energéticas comunes que nos permitan delimitar concretamente nuestras prioridades y facilitar de esta forma la inversión, tanto pública como -sobre todo- privada, en el sector de la energía de cara al futuro y por parte de los distintos actores de la Unión Europea y de los distintos Gobiernos de la Unión Europea.
Esta Comunicación representa el primer paso concreto que tomamos desde la positiva acogida de nuestra comunicación, inspirada por el Presidente, sobre la política de vecindad del círculo de países amigos. No hay que olvidar las conclusiones del Libro Verde de la energía, que demuestran claramente que Europa depende de sus vecinos para garantizar su abastecimiento energético.
A través de esta Comunicación la Comisión pretende responder a esos tres desafíos y se plantea cuatro objetivos concretos: en primer lugar, reforzar la seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, pero también de nuestros vecinos; en segundo lugar, proyectar los beneficios del mercado interior de la energía de la Unión ampliada a una Europa más allá de nuestras fronteras; en tercer lugar, apoyar la modernización de los sistemas energéticos en los países que nos rodean; y, por último, facilitar la realización de proyectos de infraestructuras energéticas que responden a los intereses estratégicos de la Unión.
Quiero hacer un breve repaso a una serie de cuestiones importantes de esta Comunicación que seguramente ocuparán el debate público que vendrá más adelante, sobre todo cuando el Parlamento se pronuncie al respecto.
En primer lugar, el ámbito geográfico es un ámbito que supone que no nos limitemos a nuestros vecinos más cercanos -el Mediterráneo en el sur, Rusia, Ucrania, o cualquier otro país del círculo de amigos-, sino que también, en algunos casos, nos ocupemos de socios que quedan algo más lejanos, aunque con una continuidad territorial a través de nuestros países amigos. Estoy hablando de Irán o la zona del Caspio, que tienen indudablemente una importancia estratégica, desde el punto de vista energético, para el abastecimiento de la Unión Europea.
En segundo lugar, el capítulo dedicado a nuestras relaciones con Rusia es completo y no se limita a aspectos relacionados con el diálogo en curso. En este contexto, deseo recordarles la importancia de nuestras propuestas que en torno a Euratom se están desarrollando y que deben llevar a que el Consejo conceda un mandato a la Comisión que nos permita negociar todos los aspectos de los intercambios energéticos en un plano de reciprocidad y de equilibrio global, algo absolutamente clave cuando nos encontramos ante la ampliación respecto a diez países, de los cuales siete tienen instalaciones nucleares y prácticamente la totalidad -salvo una excepción o dos- de tecnología rusa -soviética en su día- y, por lo tanto, con suministro de combustible de origen ruso.
Por último, en lo que se refiere a los proyectos de infraestructuras y redes energéticas determinados conjuntamente con estos países -quiero insistir sobre este punto-, quiero subrayar que su importancia sigue siendo crucial, ya que permite trabajar con objetivos claros que hemos decidido conjuntamente con los países en cuestión. Nuestra cooperación debe evitar una especie de lista de peticiones -lo que entendemos por shopping list en inglés-, donde no haya prioridades financieras o de planificación.
No obstante, todos estos proyectos tienen un carácter indicativo, no comprometen a la Comisión en esta fase y su madurez se determinará mediante estudios y por el interés del sector privado y, por lo tanto, por la viabilidad económica de los propios proyectos.
La Comunicación que les presento hoy será presentada oficialmente la semana próxima durante la reunión de los Ministros de Energía, Euromed-Energía, que se celebrará en Atenas.
Tengo la intención de aprovechar esta importante iniciativa para apoyar la Comunicación cuyo contenido he explicado brevemente y que espero que sus Señoría puedan analizar y estudiar próximamente con todo detenimiento, dada la importancia que tiene para la seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, pero también para apoyar e impulsar en nuestro entorno un plan de estabilidad y una mayor colaboración. Y, a través de esa mayor colaboración, el desarrollo económico y los conceptos y los modelos que nosotros mantenemos, en los que la eficiencia energética, el respeto medioambiental y otros aspectos de estas características resultan claves.

Linkohr (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, me parece una idea sumamente inteligente. Aun así, primero tendremos que leer su documento y comprobar los detalles de la propuesta. Me parece concebible que podamos establecer acuerdos con los Estados que rodean a la Unión Europea y que todos los aspectos técnicos incluidos en nuestro Tratado de la Unión o en nuestra futura Constitución sean aplicables también a dichos Estados, de manera que en el ámbito de la energía, por ejemplo, estos puedan participar en la liberalización del mercado energético, en los proyectos de las redes europeas, etc. Si se trata de esto, me parece una excelente idea.
Sin embargo, se me plantean algunos interrogantes, que usted misma ya ha esbozado en parte. En primer lugar, si ha de haber cooperación con el área mediterránea -puesto que el tema se titula Euromed-, ¿por qué no con Rusia y con otros Estados? ¿Por qué se plantea, de hecho, tan solo la cooperación en el ámbito de la energía? ¿No existen acaso otras partes integrantes de nuestro Tratado que podrían utilizarse exactamente del mismo modo? Es lamentable que entonces, de conformidad con nuestro Tratado Euratom, siempre tengamos que dividir nuestras actividades en nucleares y no nucleares, de modo que al parecer necesitamos dos tratados distintos. Otra cuestión, ni de lejos la menos importante, es si esta clase de cooperación en un marco competitivo -y de competencia es de lo que se trata- no tendría que respaldarse mediante empresas conjuntas en el ámbito de la investigación, y también si habrá apoyo financiero para un proyecto u otro. Estoy deseoso de conocer, por lo tanto, sus propuestas al respecto, y quizá podría responder ahora mismo a alguna de estas preguntas. Como ya he dicho, me parece una idea excelente, que se deberá completar en algunos aspectos de detalle. Tengo la certeza de que también tendremos debates sobre el tema en el Parlamento.

El Presidente.
Señor Linkohr, aunque no era una pregunta, su declaración ha sido muy útil.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, quiero señalar que, detrás de todos estos elementos, existe una estrategia: extender la actuación a un mercado más amplio que el meramente europeo, en el terreno de la energía, ámbito en el que creemos que podemos avanzar, sobre todo cuando tenemos acuerdos de asociación con gran parte de estos países, como, por ejemplo, con los doce de la cuenca mediterránea y, por supuesto, garantizando los equilibrios y las reglas del juego de la competencia leal entre todos.
No es solo energía, este es el primer paso. El segundo paso es que les presentaré, antes del otoño -muy posiblemente antes del verano-: unas redes transeuromediterráneas de transportes, que comprendan las autopistas del mar, que se relacionen con el ámbito mediterráneo, y también con los países limítrofes de una Unión ampliada.
En algunos casos, se trata de facilitar las cofinanciaciones de algunos programas que existen y, en otros casos, sencillamente de impulsar, a través de la cofinanciación, los estudios sobre los proyectos que se realizarán si se consigue garantizar que tienen una viabilidad económica.
Linkohr (PSE)
. (DE) Sin ánimo de hacerme pesado, pero ya que ha dicho que no he formulado ninguna pregunta, permítame preguntar qué respuesta hemos recibido de estos países. ¿Están interesados en una solución de ese tipo? Sin duda ha mantenido usted conversaciones con algunos de ellos. Tal vez podría usted añadir algo al respecto.

De Palacio
. (ES) Efectivamente, sí, tienen un gran interés. El miércoles de la semana que viene -como he dicho- presentaré esta comunicación a todos los países de la cuenca mediterránea.
Con Rusia, como es sabido, tenemos un diálogo estructurado sobre el ámbito de la energía. Con otros países, como Noruega, también. En el caso de los Balcanes, está planteada toda la cuestión del mercado eléctrico; precisamente en relación con el mercado balcánico de la electricidad esperamos poder conseguir que se vea continuado con una integración semejante, a través del gas. Se pueden citar, además, las actividades de diálogo que mantenemos con todos los otros países, precisamente interesados en todo este planteamiento global, que da una imagen de cuál es el objetivo y que facilitará la racionalización de inversiones de cara al futuro.
Efectivamente, hay un interés claro, no solo por parte de los países mediterráneos -insisto-, sino también por parte de todos los demás países, incluso aquellos con los que funciona ya un diálogo estructurado.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
(La sesión, suspendida a las 17.22, se reanuda a las 17.30 horas.)
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0089/2003). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
La Comisión propone que la pregunta 25 del Sr. Collins se examine después de las preguntas 26 y 27. Supongo que no hay ningún problema. Así facilitaremos un orden más lógico.
Primera parte
El Presidente.
Pregunta nº 26 formulada por Paulo Casaca (H-0254/03):

Asunto: Temporal de los días 11 y 12 de abril en las Azores
La Región Autónoma de Azores se vio asolada los pasados días 11 y 12 de abril por un violentísimo temporal que ocasionó numerosos daños en viviendas e infraestructuras públicas en todas las islas del archipiélago, pero que resultó especialmente grave para el sector agrícola.
Como he tenido oportunidad de comprobar personalmente, se han producido daños importantes y generalizados en todas las producciones de invernadero, con especial incidencia en los invernaderos de piña en la isla de San Miguel. La producción hortofrutícola -especialmente el plátano, la naranja y la fruta de la pasión- también ha sufrido importantes daños, aunque ha sido en el sector vitivinícola donde se ha producido una devastación casi total.
Habida cuenta de la frecuencia con que ha sufrido la Región Autónoma de Azores este tipo de fenómenos, el programa regional por el que se aplican los Fondos estructurales (PRODESA - Programa Operativo para el Desarrollo Económico y Social de Azores) contempla medidas específicas en caso de catástrofe. No obstante, sigue habiendo dos cuestiones pendientes sobre las que me gustaría recabar la información de la Comisión.
La primera es saber si la Comisión, en el contexto de las decisiones que deben adoptarse sobre la asignación regional de las reservas de programación y de eficacia existentes en el Marco Comunitario de Apoyo, va a tener debidamente en cuenta los efectos de este temporal.
La segunda es saber si, a semejanza de lo que se hizo con los agricultores de la Europa Central afectados por las inundaciones del pasado verano, la Comisión está pensando en conceder a los agricultores de Azores ayudas específicas para minimizar el impacto negativo que experimentarán en sus ingresos.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, diré que lamento el temporal que ha habido en las Azores. Desgraciadamente, se han registrado en los últimos tiempos distintas desgracias climatológicas en distintos puntos de la Unión Europea, pero quiero señalar que el programa operativo regional de Fondos Estructurales contempla, en alguna de sus medidas, ayudas que pueden subsanar los daños provocados por las inclemencias climáticas a las que alude su Señoría.
Quiero señalar que los problemas sufridos los días 11 y 12 de abril en las Azores -mencionados por su Señoría-, en principio, no dan lugar a la atribución de importes suplementarios de la reserva eficaz. Esta constituye un instrumento -como sabe su Señoría- destinado a estimular la eficacia de los programas operativos. Su asignación se basa en indicadores definidos por el Estado miembro, en concertación con la Comisión, que reflejan la eficacia, la gestión y la ejecución financiera de los programas y permiten medir los resultados, en relación con los objetivos definidos por el programa. Es decir, que están pensados para estimular a las distintas regiones europeas, de los distintos países de la Unión Europea, a gestionar con calidad, y de una manera lo más eficaz posible, los Fondos Estructurales de los que disponen.
En cambio, al asignarse la reserva de programación propuesta por el Estado miembro en el momento de la programación del marco comunitario de apoyo, pueden tenerse en cuenta las necesidades extraordinarias del sector agrario de las Azores. Habría ahí un margen de reasignación de fondos. Portugal, por lo tanto, puede proponer que se tomen en consideración las inclemencias climáticas a las que alude su Señoría, pero, insisto, mediante la reserva de programación.
Por lo que respecta a las posibilidades de ayuda a los agricultores, pueden adoptarse, a petición del Estado miembro interesado, ciertas medidas, en el marco de la Política Agrícola Común, aunque, como sabe su Señoría, la Comisión no ha recibido, hasta la fecha, ninguna comunicación ni solicitud de intervención procedente del Estado miembro o de las autoridades regionales, en relación con lo acontecido en las Azores.
Si la Comisión es consultada al respecto, por supuesto que estudiará, en el contexto de la legislación vigente, las medidas que se puedan adoptar para hacer frente a las consecuencias de estas inclemencias climáticas.
Casaca (PSE).
Señor Presidente, me gustaría en primer lugar agradecer las palabras de la Sra. Comisaria, que expresan naturalmente la posición de la Comisión con respecto al efecto catastrófico de las tempestades que vivimos en las Azores los días 11 y 12 de abril.
Quiero decir, en primer lugar, que es muy difícil expresar con palabras lo que pude presenciar en esos pocos días, porque se trató de una tempestad de vientos ciclónicos fortísimos, que causaron enormes estragos tanto en edificios como en frutales y en los bosques en general, y sobre todo porque esa tempestad provocó una invasión de sal que cubrió la parte más baja de todas las Islas Azores. Esa sal cubrió completamente, por ejemplo, la Isla Graciosa, quemando prácticamente todo lo que encontró a su paso.
Las pérdidas para toda la agricultura son enormes, la destrucción de las viñas es total, así como la destrucción de todas las plantas hortícolas. Sé, como dice la señora Comisaria, que las autoridades regionales aún no han hecho llegar a la Comisión el informe de esta catástrofe, pero también sé que ese informe va a llegar muy pronto a la Comisión. Sin embargo, quería dejar constancia ya de lo que se ha dicho con respecto a la reserva de programación y también de la buena voluntad manifestada por la Comisión para adoptar medidas en el sector agrícola.

De Palacio
. (ES) Sólo quiero decir que esperamos esa información y que, por supuesto, le prestaremos la máxima atención.
Yo, por razones de trayectoria profesional, sé muy bien lo que puede suceder con las catástrofes en el sector agrario y cómo existe una fragilidad especial en ese sector. En ese sentido -como decía antes-, manifiesto mi solidaridad y estoy segura que desde la Comisión, en su momento, se harán todos los esfuerzos posibles que permite la legislación al respecto.
El Presidente.
Les recuerdo a los estimados colegas que este turno de preguntas concretas en el tiempo de un minuto no es un turno de declaraciones ni de debates, aunque comprendo que este grave temporal merecía una explicación adicional.
El Presidente.
Pregunta nº 27 formulada por Cristina Gutiérrez-Cortines (H-0289/03):

Asunto: Vertidos de hidrocarburos en Gibraltar
Desde hace años tienen lugar cerca de Gibraltar constantes descargas al mar de hidrocarburos provenientes de buques, durante las operaciones de repostaje, carga y descarga. Los impactos medioambiental y económico son enormes en el territorio español cercano, ya que la actividad económica está basada fundamentalmente en los sectores pesquero y turístico.
Este es sólo un ejemplo de vertido de sustancias altamente contaminantes, pero hay muchos otros. Se trata de vertidos de gran impacto visual para el ciudadano, grandes consecuencias económicas e incalculables daños para el medio ambiente, ya que imposibilitan todo tipo de actividad normal en la zona contaminada durante largos períodos de tiempo. Ante este tipo de desastres, vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 'el refuerzo de la seguridad marítima tras el naufragio del petrolero Prestige" (COM/2002/0681 final):
¿Cuándo va a presentar la Comisión la evaluación sobre la conveniencia de modificar la legislación vigente y los instrumentos actualmente disponibles para la protección del medio ambiente, con el fin de minimizar la posibilidad de accidentes y daños derivados?
Segunda parte
De Palacio
. (ES) Como saben sus Señorías -y su Señoría, la Sra. Gutiérrez-Cortines-, la Comisión adoptó, el 13 de diciembre pasado, una Comunicación sobre el refuerzo de la seguridad marítima, tras el naufragio del petrolero "Prestige", texto que recuerda a los Estados de la Unión la necesidad de aplicar por adelantado y de acelerar la aplicación de los paquetes legislativos Erika I y Erika II, además de proponer nuevas medidas.
Estas nuevas medidas alcanzaron un impulso en el último Consejo de Ministros del mes de marzo porque, sin esperar más, la Comisión ha aplicado algunas disposiciones propuestas en su Comunicación. De manera que ya se han adoptado todas las medidas necesarias para la constitución de la Agencia Europea de Seguridad Marítima: el 29 de enero pasado se nombró a su director ejecutivo y sus actividades están ya empezando a iniciarse en el ámbito de Bruselas, con una sede provisional, mientras se decide su sede definitiva.
La Comisión ha empezado también a establecer el sistema comunitario de seguimiento del tráfico de los buques, el SafeSeaNet, además de pedir a los Estados miembros que definan anticipadamente los planes nacionales de acogida de los buques en dificultades, en puertos o zonas de refugio. Los distintos países de la Unión han de designar esas áreas de refugio, antes de este verano.
Se han organizado ya dos reuniones de coordinación a este respecto y quiero recordar que también la Comisión, aparte de dirigirse a todos los países vecinos de la cuenca mediterránea, pero también Rusia y Noruega, ha mantenido ya conversaciones (no solo se ha dirigido por carta a todos estos países) para resaltar la importancia de la seguridad marítima y del control de los petroleros por parte de las autoridades portuarias, sino que, además, concretamente con Rusia, Noruega, Argelia y Marruecos, hemos tratado estos asuntos en reuniones bilaterales con los ministros correspondientes y, en el caso concreto de Rusia y de Noruega, estamos viendo la posibilidad de establecer un sistema de control del tráfico marítimo, en la zona del Báltico y del Mar del Norte, que permita aumentar la seguridad y evitar cualquier tipo de problemas.
Hay que añadir que, el pasado 20 de diciembre, el Colegio de Comisarios adoptó un Reglamento por el que se prohíbe el transporte de combustible pesado por petroleros de casco único, desde o hacia puertos de la Unión Europea, y, según el cual, se acelera la sustitución de los buques de casco único por otros de doble casco, propuesta que además ha sido consensuada en el Consejo y examinada, en primera lectura, por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo del Parlamento Europeo y que, por lo tanto, debería entrar en vigor a partir del mes de junio que viene, si se mantienen los acuerdos del Consejo.
Por último, quiero señalar que la Comisión remitió al Parlamento Europeo y al Consejo, el 5 de marzo pasado, una propuesta de Directiva sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación. Esta propuesta se refiere a los vertidos ilegales, accidentales o voluntarios -porque los hay también voluntarios: la limpieza de fondos y de sentinas, a las que hace referencia su Señoría-, estableciendo responsabilidades en toda la cadena que existe desde los armadores, fletadores, sociedades de clasificación, etc., que permitirá paliar las lagunas del Derecho comunitario, sobre contaminaciones deliberadas o accidentales por buques y que obligará a los Estados de la Unión a adoptar la legislación correspondiente.
Por último, el Fondo FIPOL, que hemos visto en el caso del "Erika", pero también en el caso del "Prestige", es a todas luces insuficiente en su cuantía actual, debe ser aumentado hasta mil millones de euros de techo máximo de responsabilidad, conforme a las propuestas de la Comisión, según un acuerdo del Consejo de Ministros, que ha acordado que, si en el ámbito de la Organización Marítima Internacional no se incrementa ese fondo, al menos en la región europea, se adoptará una Decisión, en el ámbito de la Unión Europea, para establecer un fondo suplementario que permita alcanzar esos niveles de indemnización. El día 16 de este mes se va a celebrar precisamente una conferencia diplomática, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, y yo espero que se acepte ese planteamiento nuestro, a saber, sencillamente, que la Unión Europea se protege a unos niveles equivalentes a lo que hace un país como, por ejemplo, los Estados Unidos.
Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señora Comisaria, yo más bien le puedo mostrar mi satisfacción por todas estas medidas complementarias, porque realmente la conservación del medio ambiente y el evitar los riesgos en el ámbito del comercio de hidrocarburos es un proceso de muchas medidas complementarias que se van tomando. Sin embargo, mis preguntas serían: ¿hasta qué punto están definidas las responsabilidades en Gibraltar?, y también, ¿hasta qué punto la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión -que no sé si podrá contestarme en este momento- se suma a esta serie de medidas para que realmente sea una operación transversal de garantías, donde esté incluida la responsabilidad medioambiental de estos problemas?

De Palacio
. (ES) Coincido con su Señoría en que esto es un proceso. Si, por ejemplo, hablamos de la limpieza de sentinas, podemos exigir que no haya vertidos en el mar porque hemos aprobado -este Parlamento nos apoyó en esa propuesta- una Directiva que supone la obligación para todos los Estados de la Unión de establecer, en todos los puertos de un cierto nivel de la Unión, las instalaciones necesarias para poder limpiar los fondos y sentinas en los puertos, sin tener que recurrir a su limpieza en alta mar, que es lo que ha venido siendo práctica habitual a lo largo de todos estos años y que es la causa de más del 90% de la contaminación por hidrocarburos que se produce año tras año. La contaminación del fondo no se produce por las grandes catástrofes, tipo Erika, Prestige, Amoko Cádiz o Mar Egeo. Esas tienen una incidencia local brutal, como hemos visto, pero además, año tras año, se vierten en alta mar, de manera intencionada, toneladas y toneladas que suponen nueve o diez veces más que lo que suponen las grandes catástrofes.
En cuanto a Gibraltar, quiero decirle, Señoría, que en la Directiva y Reglamento adoptados, en cuanto a la exigencia respecto a los barcos de doble casco, al transporte de petróleo pesado, al rejuvenecimiento de la flota y demás, se dice muy claro: es de aplicación en todos los puertos, pantalanes o zonas de fondeo de la Unión Europea. Gibraltar está en la Unión Europea y también Gibraltar, como cualquier otro sitio -como puede ser Algeciras -por mencionar el puerto de enfrente-, se ve afectado.
Por supuesto, la Comisaria de Medio Ambiente comparte plenamente las medidas que hemos propuesto, aunque estamos estableciendo un tipo específico para el sector del petróleo y de la contaminación por hidrocarburos. Un tipo específico que tiene que ver con el hecho de que el Fondo FIPOL da una cobertura y un aseguramiento específico y diferenciado para la contaminación por hidrocarburos -del cual carecen otros tipos de posibles contaminantes potenciales- y además, en el terreno de las sanciones penales, también entendemos que la contaminación por hidrocarburos y por limpieza de sentinas tiene un componente que reclama un tipo específico de sanciones o que, por lo menos, puede exigir que a lo mejor otro tipo de delitos ecológicos no se planteen como tal delito, con sanción penal en algunos países. Pero en este caso, en el que hay claramente una voluntariedad e incidencias gravísimas en las poblaciones circundantes y en el medio ambiente marino, es lógico que se exija esa tipificación en el ámbito penal de este tipo de actuaciones que son absolutamente inadmisibles.
Lage (PSE).
Señor Presidente, he pedido la palabra, por un lado, para felicitar a la Sra. Comisaria por este conjunto amplio e inteligente de medidas que se van a tomar con respecto al vertido de hidrocarburos y, al mismo tiempo, para hacer una pregunta complementaria sobre la limpieza de los navíos, que se está convirtiendo en un verdadero castigo para la costa portuguesa.
Todos los países que cuentan con muchos kilómetros de costa, como es, afortunadamente, el caso de Portugal, sufren, en ocasiones, vertidos que llegan a las playas desde no se sabe dónde y sin saber tampoco quiénes son los responsables. Sé que las medidas que se están preparando y que se van a aplicar abordan este problema. Sin embargo, hay una cuestión fundamental que es la vigilancia y el seguimiento. La dificultad radica en identificar a los responsables del vertido de esas sustancias.
Quiero preguntar a la Sra. Comisaria si también se van a tomar medidas en el ámbito de la vigilancia y el seguimiento.

De Palacio
. (ES) Estamos hablando, efectivamente, de plantear que los Estados de la Unión, y eso es lo que he puesto a debate del Consejo y del Parlamento, tipifiquen, incluso penalmente, con penas de privación de libertad, la contaminación marina por vertidos, entre otros, por limpieza de fondos, cuando se produce -como dice su Señoría-, de manera deliberada, en alta mar.
Estamos hablando de que esto sea delito en el ámbito de las 200 millas, de la zona económica exclusiva. Esto se complementa, como he dicho antes, con un incremento del control del tráfico marítimo. Creo que -y vamos a lanzar unos estudios en este sentido- estamos en este momento llevando a cabo un control del tráfico marítimo de cierto tipo de barcos, concretamente los petroleros, y, además, en ciertas zonas.
De lo que se trata, en mi opinión, es de ir un paso más allá, de controlar todos los tipos de barcos que circulan, salvo el tráfico de bajura -como lo llamamos en español-, es decir, próximo a la costa, a tres, cuatro o cinco millas; de que, a partir de una cierta distancia de la costa, todo el tráfico debe ser controlado. Esto significará una mayor seguridad en un mar que está cada día más frecuentado por el transporte marítimo y por actividades de recreo, pero, además, en un mar que está cada día más contaminado y que hay que proteger de manera más consecuente.
Lo que se hace en el cielo con los aviones, claramente se podría desarrollar también, con las diferencias y modificaciones oportunas, en el ámbito de la mar y en eso es en lo que estamos trabajando, empezando -insisto- por el control del tráfico de todos los petroleros que entran en aguas de la Unión Europea y de todo el tráfico en ciertas zonas de la Unión Europea.
El Presidente.
Pregunta nº 28 formulada por Carlos Lage (H-0222/03):

Asunto: Nombramiento de un funcionario portugués para el cargo de Director General de Información y Comunicación
El Primer Ministro portugués, durante un debate parlamentario celebrado el 26 de marzo de 2003, relacionado con una moción de censura, interpretó el nombramiento de un portugués para un puesto de Director General en la Comisión Europea como una victoria diplomática de su gobierno, criticando al mismo tiempo la presunta incapacidad del gobierno socialista anterior en este mismo terreno.
Posteriormente, la Oficina de Representación en Portugal de la Comisión Europea vino a aclarar públicamente que los nombramientos para cargos directivos en la Comisión Europea se rigen por criterios de mérito y competencia, por el principio de igualdad de oportunidades y por el de equilibrio geográfico.
Es cierto que la elección de un portugués para este cargo se debió a una apreciación positiva de sus méritos. Sin embargo, pueden surgir dudas a consecuencia de las declaraciones del señor Primer Ministro. En estas circunstancias, ¿puede decir la Comisión Europea si el nombramiento de un portugués para el cargo de Director General de Información y Comunicación se debió únicamente de la apreciación del valor del designado con los criterios citados o a la presión diplomática del gobierno portugués?

Kinnock
La Comisión puede confirmar que el nombramiento de un funcionario portugués como Director General de Información y Comunicación se basó firmemente en los principios que estableció la Comisión Prodi cuando entramos en funciones en 1999, y específicamente en aquellos principios que exigen que el mérito sea el criterio principal al tomar decisiones sobre nombramientos y que todos los esfuerzos deben ser coherentes con lo que dispone la normativa relativa al personal, para respetar la necesidad de un equilibrio de nacionalidades en los cargos directivos. 
Después de la transferencia de un funcionario A1 del cargo de Director General al cargo de Jefe de Gabinete en septiembre de 1999, Portugal tenía dos funcionarios A1 en la Comisión, y ninguno de los dos tenía el rango de Director General. Desde entonces, los sucesivos Gobiernos portugueses han tenido la sensación de que existía un desequilibrio geográfico que había que corregir, y las autoridades portuguesas nos plantearon el tema en diversas ocasiones. La Cámara sabe muy bien que no es inusual ni irregular que los Estados miembros planteen este tipo de cuestiones de vez en cuando. La Comisión escucha sus opiniones y les presta la debida atención. Sin embargo, la Comisión decide sobre los nombramientos de forma independiente y teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de la institución. Que nadie piense que la manifestación de opiniones presiona a la Comisión. La Comisión puede confirmar que la nominación y el nombramiento del nuevo Director General de Información y Comunicación cumplen todos los requisitos de la normativa relativa al personal y los procedimientos internos de la Comisión para la selección y el nombramiento de altos cargos siguiendo criterios de méritos.

Lage (PSE).
Señor Presidente, agradezco al Comisario Kinnock su respuesta. Ha sido clara, precisa y rigurosa, y yo ya pensé que la designación de este alto cargo obedecía exclusivamente a criterios de mérito y de equilibrio geográfico. Es evidente que mi pregunta no estaba destinada a cuestionar ese nombramiento, que me satisface enormemente, por tratarse de un ciudadano portugués de gran talento que ocupará un puesto clave en la estructura de la Comisión. Sin embargo, las palabras que acaba de decir el Sr. Comisario también dejan claro que ningún Gobierno, ningún Primer Ministro, puede reclamar ningún mérito por este nombramiento ni puede hacerlo objeto de autocongratulación nacional, como si se tratase de un acto heroico.
Sé perfectamente que a los Gobiernos y Primeros Ministros, que a veces se dejan llevar por las alas de la retórica, les gusta colgarse medallas europeas. Esto no hace daño a nadie y considero que la respuesta del Sr. Comisario ha sido altamente esclarecedora, tanto por la forma como por el fondo y por las sutilezas que contiene.

El Presidente.
Pregunta nº 29 formulada por Christopher Heaton-Harris (H-0267/03):

Asunto: Procedimiento disciplinario de la Comisión
¿Puede decir la Comisión cuándo fue Marta Andreasen suspendida de sus funciones en la Comisión? ¿Cuándo se inició el procedimiento disciplinario? ¿En qué fase se encuentra dicho procedimiento? ¿Cuántos funcionarios de la Comisión han estado suspendidos de empleo durante más de seis meses, conservando su remuneración, en el curso de los últimos cuatro años? 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson
Kinnock
El 2 de julio de 2002 se inició un procedimiento disciplinario relacionado con la Sra. Marta Andreasen. La Sra. Andreasen fue suspendida de sus funciones por una decisión de la Comisión de 28 de agosto de 2002. Hace poco la Comisión ha recibido un informe del auditor que se nombró, mediante los procedimientos adecuados, para examinar toda la información relacionada con el caso de la Sra. Andreasen. Ahora que ha recibido el informe, la Comisión, como autoridad nominadora, reflexionará sobre las medidas adecuadas que conviene tomar en este procedimiento. En concreto, la autoridad nominadora tendrá que decidir si hay que remitir el caso a un consejo disciplinario. Durante los últimos cuatro años solo ha habido otro caso de un funcionario suspendido de sus funciones conservando su remuneración íntegra durante más de seis meses.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Si repasamos los acontecimientos del año pasado ¿reconoce ahora el Sr. Comisario que la Comisión tiene mucho que aprender en cuanto a la gestión de conflictos internos entre los altos cargos de su personal?
Una vez aceptada la necesidad urgente de reformar el sistema contable de la Comisión siguiendo la línea sugerida por su anterior Jefe Contable, Marta Andreasen -que ocupó su cargo durante solo cuatro meses trabajando en lo que presuntamente era un entorno hostil- y dando por supuesto que usted, como Comisario para la Reforma, entiende que a menudo las reformas requieren más tiempo del previsto para concebirse, planificarse y ponerse en práctica, seguramente podrá aceptar que ya es hora de dejar de acosar a Marta Andreasen y abandonar este ridículo procedimiento disciplinario contra ella. Quizás entonces en la Comisión Europea volverá a prevalecer el sentido común.

Kinnock
Doy las gracias a Su Señoría. En primer lugar, aunque la Comisión ejerce la modestia natural de una autoridad responsable, no puedo aceptar que su Señoría diga que tenemos mucho que aprender en materia de conflictos internos. Él conoce los antecedentes de este caso, y ha sido suficientemente honesto como para aceptar la exactitud de la descripción que se le ha proporcionado en esta Cámara. Lo que ocurrió durante las últimas semanas de mayo del año pasado fue una interrupción muy manifiesta y grave de las relaciones laborales, lo que nos obligó a tomar medidas con rapidez, simplemente porque el retraso habría prolongado la dificultad sin aportar ninguna perspectiva de reconciliación. En estas circunstancias, lamentándolo, pero asumiendo su responsabilidad, la Comisión -y yo mismo en su nombre, ya que tengo la responsabilidad sobre el personal- tuvo que actuar.
Y en el curso de estos acontecimientos, la señora Andreasen no ha sido victimizada en absoluto. Como prueba de ello, propongo un elemento: es la forma en que yo insistí -y mis colegas de la Comisión lo aceptaron enseguida- en el hecho de que cuando la Sra. Andreasen fuera suspendida, debía ser suspendida también su remuneración, en parte para que quedara absolutamente claro que la Comisión no estaba prejuzgando su caso, un caso que todavía estamos estudiando debido a las pruebas prima facie de que ella puede haber cometido infracciones graves de la normativa laboral. El procedimiento disciplinario se ha llevado a cabo observando escrupulosamente las normas y con una escrupulosa defensa de los derechos de justicia natural de la Sra. Andreasen.Por lo tanto, es lamentable, sin duda -como lo son todos los procedimientos disciplinarios-, pero no es en absoluto ridículo.

El Presidente.
Dado que su autor no está presente, la pregunta 30 decae.
El Presidente.
Si el Comisario me lo permite, vamos a estar un poco más de veinte minutos para aprovechar el tiempo que hemos ahorrado con otros Comisarios, si usted está de acuerdo. Poco más de veinte minutos. Pregunta nº 31 formulada por Michl Ebner (H-0219/03):

Asunto: Agua potable en los países en desarrollo y en los países industrializados
En muchos países, en especial en países en desarrollo, no está garantizado el abastecimiento de agua potable. Esta situación es muy frecuentemente la causa de distintas enfermedades así como del elevado índice de mortalidad infantil en los países del Tercer Mundo.
¿Qué hace la Comisión en el ámbito de la ayuda al desarrollo para posibilitar y facilitar a las personas de los países del Tercer Mundo el acceso a un agua potable limpia?
Por otra parte, el problema del agua potable afecta entretanto también a los países industrializados. En ellos, es necesario educar a los ciudadanos para que utilicen con moderación los valiosos recursos de agua potable. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión en este ámbito? ¿Qué medidas ha adoptado ya?

Nielson
En primer lugar, con respecto al agua potable en los países en desarrollo, la Comisión proponía en su comunicación sobre la gestión del agua en los países en desarrollo que la prioridad debería ser que se garantice a todos los seres humanos -en especial los más pobres- el suministro de suficiente agua potable de buena calidad y los medios adecuados para la eliminación de residuos, con el objetivo general de reducir la pobreza y mejorar la salud de las personas y su calidad de vida. Este objetivo del acceso al agua segura y al saneamiento se vio reforzado en el contexto de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible con el lanzamiento de la Iniciativa sobre el Agua de la UE y la firma de la alianza estratégica UE-África sobre cuestiones del agua y el saneamiento.
Después de Johanesburgo empezamos a concentrarnos en un esfuerzo a largo plazo para traducir estos compromisos políticos en acciones sobre el terreno y, para las aguas residuales, en acciones bajo el terreno. Estamos comprometidos en un diálogo para afianzar el proceso a nivel de cada país. El núcleo de la acción es catalizar y apoyar el compromiso de todas las partes interesadas en el ámbito local, nacional y regional, desde los gobiernos centrales y locales hasta los usuarios de la sociedad civil y los profesionales privados, lo que refleja el planteamiento de cooperación con los diversos sectores en el marco de la Iniciativa del Agua. Una meta clave es centrarse en los objetivos de desarrollo del milenio y en los objetivos para el acceso de los pobres al agua y al saneamiento. Negociamos todo esto en Johanesburgo y ahora estamos intentando resolver el problema.
La Comisión está estudiando también la posibilidad de aumentar el apoyo financiero para estos objetivos, incluida la posible creación de un fondo específico para el agua, utilizando la ayuda al desarrollo como catalizador para atraer otros recursos financieros en respuesta a la prioridad que los países otorgan al agua en sus estrategias de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. Esta propuesta de la Comisión se presenta en la reciente comunicación sobre el establecimiento de un fondo europeo del agua.
En segundo lugar, en relación con el agua potable en los países industrializados, la Unión Europea empezó hace más de 20 años a tomar medidas para garantizar la calidad del agua potable. La Directiva comunitaria sobre el Agua Potable de 1980 establecía unas normas de calidad para el agua potable, así como unas obligaciones de seguimiento regular, para asegurar un elevado nivel de protección en toda la Unión. En 1998 la Directiva sobre el Agua Potable se modificó para comprobar los parámetros y valores asociados, y, cuando fuera necesario, consolidarlos y asegurar una mayor transparencia y más información a los ciudadanos.
Con el fin de proteger ampliamente los recursos hídricos, hace poco la Unión Europea ha reestructurado a fondo su política de protección del agua adoptando la Directiva Marco del Agua: protección de todas las aguas, ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras, estableciendo una obligación vinculante de alcanzar o mantener la buena calidad de todas estas aguas antes de 2015 como máximo; asegurar una amplia participación de los ciudadanos, partes interesadas y ONG en el desarrollo de las medidas de protección necesarias; y reforzar el objetivo medioambiental mediante instrumentos económicos como el análisis económico y el precio del agua, reflejando la recuperación del coste y promoviendo así el uso racional del agua y la protección de nuestros recursos hídricos
La política medioambiental en el ámbito del agua es complicada y requiere esfuerzos específicos en política de investigación, donde el Sexto Programa Marco está dedicando un esfuerzo y un presupuesto considerables al tema de los recursos hídricos y su protección, y en la política regional tanto para los Estados miembros existentes mediante instrumentos como los fondos estructurales y de cohesión, como para los países candidatos mediante instrumentos como ISPA y Phare.

Ebner (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, le agradezco sinceramente al Sr. Comisario Nielson su declaración, que ha sido tanto esclarecedora como detallada. Me parece muy positiva la idea de crear un fondo para el agua y creo que sería una vía que permitiría ayudar de manera muy especial a los países en desarrollo, puesto que se trata de una ayuda directa sobre el terreno para proyectos concretos, que en parte ofrecen perspectivas de futuro a territorios muy extensos.
Por lo que respecta a la situación en los países industrializados de la Unión Europea, me parece absolutamente necesario que, además de la nueva Directiva marco relativa a la protección del agua, sobre todo se establezcan más controles, de manera que la vinculación de todos los responsables de tomar decisiones y la coordinación -tal como usted ha manifestado- de la política medioambiental, la política de investigación y la política regional no se limiten a reunir a todos los interesados, sino que también se comprueben debidamente las ventajas.

Nielson
Muy brevemente, el fondo no significará que vayamos a pedir más dinero, dinero adicional, a los Estados miembros. Más que nada es un método con el que esperamos acelerar el uso actual de los fondos que ya están asignados al 9º Fondo Europeo de Desarrollo. Pero estoy de acuerdo y me siento satisfecho con el apoyo que ha recibido esta idea.
En cuanto al seguimiento, creo que es bastante claro que en el marco de la Unión Europea en realidad son los Estados miembros los que, en relación con el importante tema del seguimiento, deben expresar lo que se ha decidido con detenimiento y con una gran profesionalidad.

Posselt (PPE-DE).
Señor Comisario, quiero formular una pregunta complementaria a la del Sr. Ebner, que se refiere a la ayuda al desarrollo, que es su principal responsabilidad. ¿Hasta qué punto la política del agua, relativa no solo al agua potable, sino también al agua para la agricultura, desempeña un papel central en dos zonas de guerra especialmente importantes que nos ocupan en la actualidad, a saber, la zona que rodea al Éufrates y al Trigris -que también implica a Turquía- y el conjunto del problema Palestino? Quería preguntarle si mantiene usted negociaciones separadas en estas zonas, donde el agua desempeña una función importante con respecto al mantenimiento de la paz y al mismo tiempo podría desencadenar conflictos armados.

Nielson
El Sr. Posselt tiene toda la razón, En relación con África, estamos iniciando la realización de análisis muy amplios en diez cuencas fluviales, precisamente de cara a una actividad preventiva, incluso relacionada con la paz.
En cuanto a Palestina, durante generaciones toda la región ha intentado abordar este problema. Es cierto que es parte tanto del problema como de la solución. Una buena porción del dividendo de la paz entre Israel y sus vecinos estará relacionada con un uso mejor y más racional del agua. En cuanto a los iraquíes, no es un tema tan acuciante en la lista de los problemas con que se enfrentan, pero un mejor uso del agua y su potencial agrícola son asuntos que no hay que olvidar. El petróleo no es el único recurso de este país.

El Presidente.
Pregunta nº 32 formulada por Bernd Posselt (H-0224/03):

Asunto: Salud reproductiva
¿Qué hace la Comisión, en el ámbito de los programas internacionales en materia de población y salud y de las medidas con ellos relacionadas que abarcan la llamada salud reproductiva, para impedir activamente que con semejantes fondos se financien también abortos? ¿Puede excluir esto último con garantías?

Nielson
La política de la Comisión en relación con el aborto es clara. Nos adherimos al Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994. El punto 25 del capítulo 8 del Programa de Acción establece que «en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia.»
En enero de este año escribí al Parlamento Europeo en respuesta a una carta remitida por 47 diputados sobre el tema del aborto. En dicha carta, que se puede consultar en mi página web, resaltaba que intentamos evitar la necesidad de abortar con nuestro apoyo a los programas de salud reproductiva. Sin embargo, reconocemos que el aborto realizado en condiciones de riesgo es una realidad que cada año causa la muerte innecesaria de muchas mujeres. La Comisión considera que la legislación nacional es de extrema importancia cuando se trata de la cuestión de incluir el aborto en la sanidad oficial. Además, en los países donde el aborto es legal para determinadas indicaciones, debería ser seguro.
Los programas y las acciones de la Comunidad en el ámbito de la salud reproductiva y sexual y los derechos en los países en desarrollo pretenden reducir la mortalidad maternal y contribuir a la consecución del correspondiente Objetivo de Desarrollo del Milenio. Hay mucho en juego, los índices de mortalidad maternal no han cambiado e incluso van en aumento en países como Malawi y Afganistán. Preferiría que la ayuda de la Comunidad en el ámbito de la salud reproductiva y sexual se juzgara según el criterio de si consigue reducir muertes innecesarias de mujeres en los países en desarrollo. Esto es lo que considero más importante.

Posselt (PPE-DE).
Tan solo dos breves preguntas complementarias: En primer lugar, ¿comprueba la Comisión que todas las organizaciones que se promocionan o reciben ayuda de hecho no financian abortos? En segundo lugar, ¿se ajusta la ayuda al desarrollo en todas las circunstancias a las leyes de los países en desarrollo con respecto al aborto, o bien se intenta influir en este sentido en la legislación de estos países?

Nielson
Señor Presidente, sí realizamos un seguimiento de estas organizaciones y considerando el tipo de debate global que está teniendo lugar sobre este tema, es bastante claro que organizaciones como el FNUAP o el IPPF, que reciben tantas críticas, deben ser muy precavidos en su trabajo. En nuestra opinión están a la altura de sus responsabilidades.
En relación con su segunda pregunta, no estamos influyendo en la legislación de ningún país. No es asunto nuestro.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Me complace mucho oír las palabras del Comisario cuando dice que la Comisión está haciendo todo lo posible para reducir el número de abortos realizados en condiciones de riesgo en el mundo, y de hecho reducir la necesidad de abortar permitiendo y fomentando el acceso a la planificación familiar y a la salud reproductiva. Estoy de acuerdo con él en que hay muchas ONG que están realizando una labor excelente. ¿Estará él de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen derecho a elegir cómo quieren organizar sus vidas? Por supuesto, el aborto debería ser el último recurso, pero yo creo que en algunas ocasiones las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica y el hecho de que se niegue a apoyar la planificación familiar han provocado daños indecibles en la vida de millones de mujeres en algunos de los países más pobres del mundo. Espero que en este tema y en los asuntos relacionados podamos avanzar gracias a la respuesta de la Comisión, y ayudar a reducir el número de abortos, ofreciendo a las mujeres acceso a los servicios que quieran, si quieren.

Nielson
No creo que sea necesario que ni la Comisión, ni yo mismo, en este tema, señalemos ninguna otra base política que no sea el Plan de Acción de El Cairo. Es lo que sostenemos, es lo que estamos defendiendo, es lo que estamos poniendo en práctica y, de hecho, deja en manos de la legislación de cada país establecer lo que es legal y lo que no es legal. La discusión debe desarrollarse en el ámbito nacional y en el interior de cada individuo, especialmente de cada mujer.
Tenemos el contorno global de la estructura de este debate. No veo ninguna necesidad de especificar qué papel debe tener este o aquel agente, sino que veo un exceso de fanatismo emergente al que creo que deberíamos prestar la debida consideración.

El Presidente.
Dado que su autor no está presente, la pregunta 33 decae.
El Presidente.
Pregunta nº 34 formulada por José Ribeiro e Castro (H-0244/03):

Asunto: Situación actual y perspectivas democráticas en Angola
Ante la nueva situación de Angola y habida cuenta de la importancia estratégica de este país en el contexto regional e internacional, el desarrollo de políticas diversificadas que contribuyan a la consolidación de la paz, al desarrollo de la democracia y a la reconstrucción del país reviste un carácter prioritario.
¿Cómo ve y evalúa la Comisión la situación actual en Angola y su futuro próximo? ¿Qué atención está dedicando a los problemas humanitarios más graves y a la reintegración de los excombatientes desmovilizados? ¿Ha perseguido y profundizado la Comisión el diálogo abierto con todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, así como con las Iglesias y la sociedad civil? ¿Cuál es la situación de la Conferencia de Donantes? ¿Qué progresos se alcanzan en el ámbito de la transparencia de la contabilidad pública y en cuanto a los ingresos procedentes de la explotación de los recursos naturales del país? ¿Ha llevado a cabo la Comisión el seguimiento del caso específico de Cabinda? ¿Qué perspectivas existen en su opinión sobre la posibilidad de llegar a un diálogo democrático? ¿De qué informaciones concretas dispone en cuanto al proceso de preparación y convocatoria de elecciones democráticas, libres y justas? ¿Qué acciones de carácter importante está desarrollando o preparando la Comisión en lo relativo a la cooperación con Angola en los siguientes ámbitos: ayuda humanitaria, desarrollo social, reconstrucción y formación para la democracia? ¿Cómo afronta la futura evolución de estos programas?

Nielson
La Comisión considera que Angola ha realizado un avance sustancial hacia la consolidación del proceso de paz desde la firma del acuerdo de paz en abril de 2002, y que llegados a este punto parece poco probable un retorno a la guerra.
Sin embargo, persisten algunas dificultades que pueden amenazar la estabilidad del país. Me refiero a la crítica situación humanitaria, a la reintegración de ex combatientes, a la reubicación de las personas desplazadas internamente y a los refugiados que vuelven, a la democratización y la reconstrucción del país: las carreteras en especial han sido un problema muy grave.
Además, la presencia de minas terrestres sigue siendo una importante amenaza. De hecho, cuando las personas empezaron a circular una vez firmado el acuerdo de paz, vimos un lamentable aumento del número de accidentes debidos a las minas terrestres, lo que es una secuela terrible. La Comisión sigue ayudando al Gobierno y a la sociedad en general a superar estas dificultades.
En relación con la situación de Cabinda, permítanme que me remita a la respuesta a la pregunta de Su Señoría, la pregunta escrita E-640/03 sobre este tema. La Comisión sigue muy de cerca la evolución de los acontecimientos en esta provincia, y recientemente ha habido indicios de un cierto progreso positivo en el conflicto.
La situación humanitaria en general, aunque es grave, sigue estabilizándose. Existen zonas y bolsas de emergencia en el interior del país, especialmente en aquellas partes donde las minas y el deterioro de las infraestructuras siguen limitando el acceso.
La Comisión considera que la desmovilización y reintegración satisfactoria de los ex soldados de Unita es esencial para la reconciliación nacional. Ha habido problemas, pero dadas las circunstancias, el proceso de desmovilización puede calificarse de satisfactorio, aunque la reintegración no es todavía completa. En marzo de este año visité Angola y también uno de los principales campos de ex combatientes de Unita, y mantuve un profundo intercambio de opiniones con ellos en relación con sus perspectivas en esta situación. Todo parecía relativamente bien organizado.
La Comisión está en contacto con los partidos políticos, aunque en realidad todavía no existe un diálogo regular. Se pretende intensificar el esfuerzo para crear este diálogo. En relación con las iglesias y la sociedad civil, existe un diálogo continuado y cooperación en una serie de proyectos específicos.
En cuanto a la conferencia de donantes, que se celebrará en Bruselas, todavía no hay fecha de confirmación, ni modalidades ni orden del día. El éxito de la conferencia depende en gran medida de la creación de un plan de gobierno creíble para la rehabilitación y reconstrucción del país, que incluya una estrategia de mitigación de la pobreza, así como una mejora de la relación entre el Gobierno de Angola y el FMI. La Comisión se ha ofrecido varias veces a ayudar en la preparación y la organización de la conferencia.
La transparencia de las finanzas públicas y los ingresos procedentes de recursos nacionales, petróleo y diamantes, podría mejorar definitivamente con el nuevo equipo económico que funciona desde el relanzamiento del gabinete en diciembre, aunque todavía no se observan resultados concretos. El diagnóstico del sector petrolero, que el Gobierno está llevando a cabo actualmente con KPMG, debería ser un elemento importante, y la Comisión espera su publicación con gran interés. He tratado estos temas de forma muy directa con el Gobierno durante la visita que acabo de mencionar. La Comisión y otros donantes están trabajando juntos para alentar al Gobierno a aumentar la transparencia.
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas constituirán una prueba de fuego crucial del compromiso del Gobierno para con las prácticas democráticas. La Comisión seguirá la evolución muy de cerca, y se ha ofrecido para ayudar a crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas.
Las prioridades de la cooperación de la Comunidad Europea con Angola se describen en el Documento de Estrategia firmado hace poco. A corto y medio plazo, la prioridad es financiar las medidas necesarias para apoyar el proceso de paz y la reconciliación nacional, incluida la creación de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. A medio y largo plazo, la Comisión delimitará poco a poco el destino de su ayuda, concentrándola en la salud, la educación y la seguridad alimenticia como las tres áreas principales.
Angola también ha sido incluida entre los países objetivo en la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Comisario, agradezco su amplia respuesta a mi pregunta. Me gustaría animar a la Comisión a que busque un diálogo más amplio y más abierto con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento angoleño y también con todas las fuerzas de la sociedad civil y las iglesias.
Ese diálogo abierto es la nuestra mejor oportunidad de ayudar a la consolidación del pluralismo en Angola y esa es, a largo plazo, nuestra mejor oportunidad de consolidar la democracia y la libertad en ese país. Esto se ha demostrado recientemente en un proyecto con el COIEPA y yo animaría a que se desarrollen otros proyectos financiados por la Comisión.
Por otra parte, la situación de los ex combatientes de UNITA es muy preocupante. Formé parte de una delegación del Parlamento que visitó uno de los campos y la sensación que tuvimos es que cuando los campos funcionan, las cosas van más o menos bien. Con muchas dificultades, pero bien. La preocupación viene cuando los campos cierran, toda vez que existe una gran fragilidad, y las medidas de reintegración llevan mucho tiempo. Mi pregunta es si la Comisión estaría dispuesta a dedicar específicamente algunos recursos a programas de formación profesional y de reintegración social de los ex combatientes de UNITA y a que esos programas sean supervisados por las dos partes. Esa podría ser una forma de ejecutar de forma concreta el acuerdo de abril del pasado año y de consolidar la confianza y la estabilidad en Angola.

Nielson
En primer lugar, estoy de acuerdo con la opinión expresada en el sentido de que este diálogo amplio y abierto, que puede consolidar el pluralismo, es importante en esta fase.
Afortunadamente, debido a la estructura del acuerdo de paz y a la forma en que los dos movimientos opositores pueden, en general, hablar y actuar, nos encontramos en un punto en el que la paz es irreversible.
Pero no debemos dormirnos en los laureles. La desmovilización y la reintegración de los ex combatientes es un problema grave. Las ofertas que nosotros, y otros, podemos hacer deben adaptarse a las personas, y no es cosa fácil. Muchos de ellos deberían volver a sus actividades agrícolas y esta es la clave para hacer lo que haya que hacer en relación con la mayoría de estas personas. Considero que el hecho de que nuestro programa en Angola se centre en la educación sanitaria y la seguridad alimentaria es útil para conseguir precisamente este objetivo.

Lage (PSE).
Señor Comisario, no le sorprenda que yo también le felicite por la respuesta que nos ha dado. Los diputados portugueses siguen de cerca todo lo que ocurre en Angola y la Unión Europea ha de prestar especial atención a Angola, dado que otros países, como los Estados Unidos, están sumamente interesados en las riquezas de Angola. Asimismo sería una muestra de negligencia por parte de la Unión Europea no contemplar este país con ánimo de solidaridad, cosa que es crucial, aunque teniendo en cuenta también los intereses de la propia UE.
Estoy seguro, señor Comisario, de que la prueba de fuego de la situación de Angola van a ser las elecciones presidenciales y legislativas. Esas elecciones reflejarán una una imagen fiel de la situación democrática y civil en Angola, y serán decisivas. Por ello debemos prestarles la máxima atención.
Por último, señor Comisario, me gustaría hacer una pregunta con respecto a la intervención de Angola en los países vecinos, ya que, de hecho, el Gobierno de Angola y sus fuerzas armadas han intervenido en diversos conflictos de los países vecinos: en ese ámbito, ¿ha habido alguna novedad? ¿Se ha replegado Angola a sus fronteras y ha dejado de intervenir activamente en los asuntos de los países vecinos?

Nielson
Es cierto que el aumento de las reservas conocidas de petróleo en Angola apunta hacia un futuro muy interesante para los próximos años, y la cuestión de la concesión de licencias y de quién gana qué en el gran potencial de producción de petróleo de Angola debe seguirse con mucho cuidado. La Comisión apoya la iniciativa del Reino Unido. También otros están implicados en ello, pero el Reino Unido ha desempeñado en este terreno el papel principal al declarar lo que se paga y crear más transparencia en relación con los ingresos en industrias como la del petróleo. Es absolutamente necesario discutir esto con Angola. Yo mismo he planteado este tema en términos muy claros.
Estoy de acuerdo en que las elecciones son la prueba de fuego. Este es el punto en que también tenemos que invertir en términos de creación de capacidad y refuerzo del sistema.

El Presidente.
Pregunta nº 35 formulada por Glenys Kinnock (H-0250/03):

Asunto: Convención sobre el futuro de Europa
¿Podría indicar la Comisión si considera que la Convención sobre el futuro de Europa está dando suficiente énfasis a las Prioridades de Cooperación y Desarrollo de la UE?

Nielson
La Comisión cree que el proyecto presentado el 23 de abril contiene muchos elementos valiosos. En un esfuerzo por reestructurar, simplificar y racionalizar los textos, se han conseguido algunas mejoras importantes. En cuanto a las prioridades de cooperación al desarrollo, el proyecto de artículo 1 proporciona una buena base, pero a la vez simpatizamos con las enmiendas presentadas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, principalmente cuando sugiere introducir referencias a la gobernanza, a los aspectos medioambientales y a la prevención del sida/VIH.
La Comisión cree que es necesario introducir otras mejoras en el texto. El 5 de mayo la Comisión presentó a la Convención sus sugerencias al respecto, incluyendo los siguientes puntos importantes:
En primer lugar, coherencia política (apartado 3 del artículo 1), donde queremos que el texto diga que la UE respetará -esta es la palabra- los principios y objetivos del artículo 1 en el desarrollo y la puesta en práctica de los aspectos exteriores de otras políticas de la Unión.
En segundo lugar, el tema de la pobreza (artículo 25), en que la Comisión ha propuesto introducir una referencia explícita al objetivo principal de erradicar la pobreza en las políticas de la UE en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
En tercer lugar, los presupuestos del FED (apartado 4 del artículo 26), en que la Comisión quiere acabar con la posición excepcional de los países ACP eliminando este apartado y, en consecuencia, incorporando el FED al presupuesto de la Unión.
También hemos tomado nota de la idea de crear un cuerpo europeo voluntario de ayuda humanitaria . Todavía no está claro cómo funcionaría. No debemos olvidar que la prestación de ayuda humanitaria por parte de la UE es un asunto serio, que exige competencia técnica, experiencia y un alto grado de profesionalidad. Trabajamos en puntos peligrosos del mundo, donde incluso los profesionales con la mejor formación están expuestos a riesgos. Por lo tanto, no será fácil crear este tipo de cuerpo de paz. Estamos decididos a prestar una ayuda eficaz a las personas que a menudo se encuentran en situaciones desesperadas, y trabajamos a través de las organizaciones que financiamos. Somos capaces de hacer esto mejor que la mayoría de los demás donantes. Queda mucho por hacer para que esta idea del cuerpo europeo voluntario de ayuda humanitaria entre en el ámbito de lo que yo recomendaría. De momento, sigo siendo escéptico respecto a la idea.

Kinnock (PSE).
Ciertamente me complace lo que ha dicho sobre el artículo 35. Yo también he presentado una enmienda expresando mi gran preocupación respecto a esta idea de voluntarios europeos sin experiencia que acudirían a lo que a menudo son situaciones humanitarias muy complejas, donde se requiere, como usted ha sugerido, un cierto grado de sensibilidad; un cierto grado de sensibilidad que no tendrían, lo que sería peligroso tanto para ellos como para las demás personas implicadas en estas lides.
También el tema de la presupuestación es algo con lo que la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, como usted sabe, está a favor, y ya desde hace algún tiempo. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que, para proteger el Fondo Europeo de Desarrollo, deberíamos bloquear el dinero del FED cuando se presupueste en la forma que hemos sugerido, para garantizar que quede protegido para los países ACP y no vaya a parar a otras partes del mundo?

Nielson
La observación de la Sra. Kinnock es importante. Es uno de los diversos elementos de esta discusión que debemos asumir directamente. No es una simple cuestión en la que todo es correcto si lo presupuestamos. La exacta previsibilidad del sistema y su estabilidad son en parte el motivo por el que se ha vuelto demasiado rígido. Debemos sopesar con mucho cuidado los pros y los contras al decidir cómo actuaremos en este tema. Podemos impulsar la presupuestación -al menos por motivos de influencia parlamentaria, y es una cuestión de democratización, de cómo funcionamos-, pero debemos conservar en la agenda aquellos otros aspectos de la realidad como el tema de la propiedad en el sur.

Moraes (PSE).
Podría suscribir los comentarios de la Sra. Kinnock y en concreto apoyar lo que ha dicho sobre la gobernanza en los países en desarrollo.
Quisiera preguntar sobre otra prioridad dentro de la Convención en relación con el desarrollo, a saber, las causas de la emigración de los países en desarrollo, y que sigamos haciendo hincapié en la actividad de la Comisión en este ámbito, que entendamos las causas, pobreza extrema e inestabilidad de la emigración de los países en desarrollo, e incorporemos esto continuamente en el debate sobre las causas de la inmigración en la Unión Europea, incluidas las peticiones de asilo. Nos damos cuenta de que existen unos criterios de desarrollo reales que hay que tener en cuenta y la necesidad de seguir haciendo hincapié en ello.

Nielson
Mi primera reacción es advertir contra la mención de la inmigración en general, y después entrar en el aspecto de las peticiones de asilo. Es muy importante que mantengamos la máxima claridad lingüística.
Lo mejor que hemos hecho en varios años para abordar las causas de la inmigración ha sido la decisión y el anuncio de Monterey, el año pasado, respecto al incremento de la ayuda oficial al desarrollo procedente de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta es la realidad.
El punto sobre la gobernanza y la democracia también es cierto. Las personas no quieren salir solo de aquellos países que son pobres, también quieren marcharse, aunque sea como solicitantes de asilo, para llegar a algún otro sitio, fuera de países que no ofrecen gobernanza. Este es otro aspecto sobre el que tenemos que trabajar. Se trata de dinero, pero también de decencia y seguridad.

El Presidente.
La pregunta nº 36 formulada por Mihail Papayannakis (H-0253/03) no se responderá por haberse incluido en el orden del día del presente período parcial de sesiones - en el debate sobre el Iraq que celebramos esta semana.
El Presidente.
Pregunta nº 37 formulada por Margrietus J. van den Berg (H-0260/03):

Asunto: Reasignación de créditos y apoyo a la "iniciativa acelerada" (FTI)
¿Qué progresos ha realizado la Comisión hasta la fecha en sus esfuerzos para identificar y reasignar recursos no utilizados del FED destinados a países ACP en el marco de la "iniciativa acelerada" ("Fast Track Initiative")?
¿Ha dado prioridad la Comisión a aquellos países cuyos planes de "iniciativa acelerada" han sido ya aprobados?
¿Tiene previsto la Comisión llevar a cabo esta reasignación de créditos para todos los países ACP ahora que todos los países forman parte del sistema de análisis de la iniciativa acelerada ("Analytical Fast Track")?
¿Cuál es el calendario para llevar a cabo la reasignación de créditos? Una vez identificados todos los créditos no utilizados, ¿cuál es el proceso para volverlos a comprometer con arreglo a la "iniciativa acelerada"? ¿Cuánto tiempo cree la Comisión que durará este proceso?
Preguntas dirigidas a la Sra. Schreyer
Nielson
En el mundo actual no podemos iniciar nada sin crear un nuevo acrónimo. Ahora tenemos la FTI -que, por cierto, también es apoyada por las IFI-, pero yo pertenezco a Acrónimos Anónimos al igual que muchas otras personas. Creo que hablaré de la «educación para todos» y de la «iniciativa acelerada».
Los objetivos establecidos en Dakar y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en este ámbito de la educación son la base de nuestra política en los países en desarrollo. En general, la Comunidad ha asignado unos 1,3 millardos de euros a la educación en los países en desarrollo para los próximos 5 años. Esta es la cifra global. También proporciona una financiación considerable a los países ACP de conformidad con el 9º Fondo Europeo de Desarrollo, en forma de apoyo al presupuesto general -1,66 millardos de euros-, una parte de los cuales beneficiará al sector de la educación. Es difícil decir exactamente cuánto, y cuál será su destino directo, pero una parte es claramente relevante.
En este contexto dedicaremos la máxima atención a la iniciativa acelerada a fin de acelerar el progreso hacia una educación para todos. Hasta el momento solo 10 países han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, entre ellos 7 países ACP. Lamentablemente, estos 7 países ACP no han elegido la educación como sector prioritario en su cooperación con la Comunidad. Por lo tanto, la Comisión está estudiando la posibilidad de utilizar antiguos fondos inactivos para apoyar la iniciativa acelerada en estos 7 países. La iniciativa se ha considerado prioritaria como uno de varios posibles mecanismos denominados de «desembolso rápido» para el uso de cantidades no utilizadas de dinero del antiguo Fondo Europeo de Desarrollo. Este proceso se está discutiendo ahora con los países ACP.
Además de los 10 países que han aprobado la propuesta de la iniciativa acelerada, todos los demás países en desarrollo que cumplan los criterios para ello, como un documento de estrategia para la erradicación total de la pobreza y un plan sectorial creíble, pueden esperar más apoyo para poner en práctica sus planes. Siempre que sea posible, la Comisión participará, bien a través de mecanismos existentes, bien mediante la reasignación de fondos no utilizados. Es un esfuerzo que ya está en marcha.
En lo que se refiere a la iniciativa acelerada, todavía está por definir su función exacta. Se ha creado un grupo de trabajo específico para desarrollar este concepto.
El calendario también forma parte de la cuestión. Reconocemos que se requieren nuevos esfuerzos este año y el año que viene para asegurar que la aplicación de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo se gestionen de la forma más eficiente posible. Con este fin, en febrero y marzo de 2003 se organizaron unos seminarios donde se reunieron los diversos agentes en el ciclo de gestión del proyecto dentro del proceso. Delegaciones, la Dirección General de Desarrollo y AIDCO. Para liberar recursos inútiles, durante los seminarios se dedicó un esfuerzo considerable a identificar asignaciones no aplicadas de los antiguos FED. Se acordaron unos objetivos con todas las delegaciones para conseguir las desasignaciones antes de que termine este año.
Las desasignaciones conllevan un procedimiento administrativo que implica también a la oficina central. Lo mismo ocurre para reasignar el dinero, lo que tendrá lugar en las revisiones anuales. Por supuesto, los países socios tienen la última palabra en la decisión sobre el uso de estos fondos no utilizados para la iniciativa acelerada. No se trata solo de utilizar el dinero que intentamos liberar y de acelerar su uso, sino que la iniciativa acelerada se identifica también como una de las prioridades.

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por el gran esfuerzo de poner los fondos no utilizados a disposición de la iniciativa. Creo que la iniciativa acelerada, incluso en su forma técnica, en su forma institucional, en la cooperación con el Banco Mundial y diversos países de Europa y el papel que puede desempeñar Europa en ella como coordinador o impulsor, puede ser excepcionalmente eficaz. Quizás el Comisario pudiera decir algo más, sin referirse específicamente a cada uno de esos países, sobre el papel que plantea para la Unión Europea. Comprendo que también dice que estamos dispuestos a desempeñar un papel coordinador para poder aportar un valor añadido a las relaciones, por ejemplo, con los países ACP. También tengo curiosidad por ese papel de valor añadido, es decir, no solo en términos financieros, sino también en términos de liderazgo político y apoyo institucional.

Nielson
Yo diría que el apoyo presupuestario que la Comisión y el Parlamento discutieron con todo detalle hace un par de años es una herramienta extremadamente importante cuando un país socio ha conseguido un nivel de calidad razonable en su política sectorial de educación. Tenemos una base que es suficientemente buena para inyectar dinero mediante el apoyo presupuestario en relación con el trabajo más detallado efectuado por los Estados miembros u otros donantes que trabajan muy directamente a nivel técnico en dicho país. En este tema del dinero, estamos haciendo cosas importantes.
Además, al haber organizado esta iniciativa de forma tan amplia y enérgica, estamos inspirando -por no decir impulsando- a los países africanos y otros a elevar un poco más la educación en la escala de prioridades. Nuestra iniciativa del agua ha tenido el mismo efecto, y ofrecemos una asistencia real a aquellos Gobiernos que hacen frente a este problema.
Es bastante útil pero, repito, exactamente lo que esta iniciativa también puede acelerar es una coordinación satisfactoria y un planteamiento de los problemas a través de programas sectoriales.

El Presidente.
Señor Nielson, le felicito y le agradezco su colaboración porque ha estado no solo veinte minutos, sino cuarenta y ocho minutos contestando a los señores diputados. Muchas gracias.
El Presidente.
De conformidad con el Reglamento, las preguntas 38 y 39 se contestarán por escrito.
El Presidente.
Pregunta nº 40 formulada por Dana Rosemary Scallon (H-0286/03):

Asunto: Reglamento de la UE sobre derechos y salud en los ámbitos reproductivo y sexual en los países en desarrollo
¿Podría la Comisión aclarar la posición que adopta en su propuesta sobre derechos y salud en los ámbitos reproductivo y sexual en los países en desarrollo, en la que se aumenta la dotación de la línea presupuestaria B7-6312, pasándose de 55,8 a 73,98 millones de euros, según afirma el Consejo de Ministros? ¿Es correcta esta decisión? ¿Cómo va a financiarse dicho aumento habida cuenta de la opinión de la Comisión de Presupuestos y de que ya se ha comprometido el presupuesto general de la UE para 2003?
En la reciente decisión de la Comisión sobre su Estrategia Política Anual (COM/2003/0083 final) se afirma que el marco financiero adoptado por el Parlamento Europeo para ese reglamento puede integrarse en la rúbrica 4 de las perspectivas financieras y, en particular, en la mayor dotación prevista para la política de desarrollo en la presupuestación por actividades. Además se señala que la Comisión puede, por consiguiente, aceptar la posición del Parlamento en primera lectura en su totalidad. A la vista de lo anterior, ¿es legítimo aprobar la financiación procedente de una línea presupuestaria del próximo año antes de haberse completado el procedimiento normal del Parlamento Europeo?

Schreyer
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión para crear un fundamento jurídico en materia de salud reproductiva y sexual y derechos asociados en los países en desarrollo se presentó a la autoridad legislativa -en este caso, el Consejo y el Parlamento en el marco del procedimiento de codecisión- el 7 de marzo de 2002. El marco financiero para el período total de ejecución del programa viene lo fija la autoridad legislativa de conformidad con el punto 33 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999. El importe citado por el Sr. Scallon corresponde a la dotación presupuestaria para el período cuatrienal de 2003 a 2006. El presupuesto que propuso el Parlamento era superior a la cuantía propuesta originariamente por la Comisión.
En consecuencia, se pidió a la Comisión que comprobara si dicho importe superior se podría financiar en el marco de la programación revisada de la rúbrica 4 del presupuesto sin superar el tope máximo fijado para la misma en las perspectivas financieras. La Comisión pudo dar garantías vinculantes a la autoridad presupuestaria de que dicha financiación estaba definitivamente disponible conforme a las prioridades políticas para el gasto futuro, tal como se redefinieron en una resolución de 5 de marzo de 2003 en el curso de la planificación estratégica anual.

Scallon (PPE-DE).
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta. Quisiera hacer referencia especial al pueblo de Irlanda. Si recordamos que la financiación de cualquier tipo de aborto es inconstitucional e ilegal en Irlanda y que en este programa de ayuda al desarrollo se incluye el denominado aborto seguro, y si recordamos también que Irlanda tiene el nivel más bajo de mortalidad maternal del mundo -dos de cada 100 000 nacimientos-, ¿qué responde la Comisión a la mayoría de ciudadanos irlandeses que se sienten profundamente preocupados por este uso inconstitucional del dinero de los contribuyentes irlandeses?

Schreyer
Señor Presidente, señor Scallon, todos los fondos del presupuesto europeo se gastan de conformidad con los fundamentos del Tratado. En este caso se trata de un programa de protección de la salud, tanto reproductiva como sexual, y creo que mi colega, el Comisario Poul Nielson, anticipándose a ulteriores intervenciones de usted, también ha declarado por escrito en sus cartas que los correspondientes programas europeos están en consonancia con la programación internacional general en este ámbito.

El Presidente.
Muchas gracias, señora Comisaria.
Hemos agotado el turno de preguntas dirigido a la Sra. Schreyer. Agradecemos su intervención.
De acuerdo con el Reglamento y con los usos y costumbres inveterados de esta casa, las demás preguntas se contestarán por escrito.
De todas formas, tiene la palabra el Sr. Alavanos.
Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, se trata de preguntas orales. Aún disponemos de 10 minutos. La primera pregunta es la mía. No son preguntas de segunda categoría, ni existe tal práctica. Normalmente se nos agota el tiempo y, en este sentido, quisiera formular mi pregunta, escuchar la respuesta de la Comisión y proceder a la pregunta complementaria a la que tengo derecho conforme al Reglamento.

El Presidente.
Pues mire, le voy a dar una explicación: yo creo que les he dicho "de acuerdo con el Reglamento y con la costumbre", porque nunca jamás en este Parlamento se ha contestado ninguna pregunta de la tercera parte. Lo que ocurre es que hoy la Sra. Comisaria solamente tenía una pregunta que contestar. Yo creo que la Comisión no está en disposición de hacerse cargo de esa pregunta como tal. Si la Comisión está en disposición, yo inmediatamente le doy la palabra a la Sra. Schreyer, porque vamos a sentar un precedente.
Señora Schreyer, ¿traen ustedes desde la Comisión la respuesta a la pregunta hecha por el Sr. Alavanos, la pregunta 41, que es una pregunta muy interesante, que trata del apoyo a la industria turística a través del presupuesto?
Ya digo que es la primera vez que se plantea este problema en todos estos años.
Schreyer
Señor Presidente, no estaba previsto incluirla en del turno de preguntas, así que por supuesto contestaremos por escrito.

El Presidente.
Le voy a dar la palabra de nuevo al Sr. Alavanos para que pueda expresar su opinión y a todos los que han presentado una cuestión de orden.
Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, no insistiré, a pesar de que creo que la inclusión de esta parte del turno de preguntas es una cuestión de principio, si hay tiempo para ello. No insistiré porque sé que usted siempre es flexible en asuntos relativos a las preguntas y a los diputados al Parlamento. Sin embargo, quisiera plantear una pregunta: el título de la pregunta menciona un asunto relativo al presupuesto. ¿Por qué se incluyó en la tercera parte, y no con las preguntas a la Comisaria Schreyer? Sin embargo, como digo, no deseo insistir.

El Presidente.
Usted, que es un diputado antiguo y experto en esta casa -creo que incluso más antiguo que yo, que ya es decir-, sabrá que no somos los presidentes de turno los que ponemos nombre a las preguntas, sino que vienen ya con su nombre, vienen bautizadas las preguntas, y por eso solamente puedo tomar nota del tema y explicarles que siempre nos falta tiempo, pero hoy nos han sobrado cinco minutos, y tampoco conviene hacer, a mi juicio -que me van ustedes a perdonar, que les hable como un colega más-, tampoco conviene a partir de una experiencia solo de cinco minutos tratar todos los debates. Pero yo tomo muy buena nota de lo que ha pasado hoy y siente precedente para que haya solución otras veces.
Van a tener la palabra tres diputados. Primero, el Sr. Rübig. Por el orden en que me han pedido la palabra.

Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, quiero hacer una pregunta. Puesto que en los turnos de preguntas se presentan varias preguntas, ¿qué procedimiento se sigue para determinar el orden en que se presentan de las preguntas? Me interesaría saberlo.

El Presidente.
Si la propia Comisión ordena la contestación de las preguntas, designa a los Comisarios que vienen a contestar específicamente durante su turno, como usted ve. Están designados tres Comisarios en turnos de veinte minutos, y primero la Comisión ha clasificado unas cuestiones que se consideran de urgencia y que también son contestadas en nombre de la Comisión por los Comisarios presentes. Es así como se ordena. De todas formas, le podemos mandar por escrito una explicación para su mayor información.
Tiene la palabra la Sra. Ahern.
Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, apoyo al Sr. Alavanos en lo que dice. Si no va a permitirle tomar la palabra, yo quisiera plantear una pregunta complementaria a la Comisaria Schreyer sobre la pregunta de la Sra. Scallon. O sea que si no concede la palabra al Sr. Alavanos, yo quisiera hacer una pregunta complementaria a la Sra. Comisaria.

El Presidente.
Perdón. Señora Ahern, la pregunta de la Sra. Scallon ha terminado hace varios minutos. Usted estaba en su perfecto derecho de hacer una pregunta complementaria. Ahora bien, si usted quiere hacerle una pregunta complementaria a la Sra. Schreyer y ella le quiere contestar, yo desde luego no tengo ningún problema.
¿Señora Schreyer?
Señora Ahern, haga usted su pregunta.
Ahern (Verts/ALE).
Me gustaría referirme a la pregunta referente al «mal uso del presupuesto para financiar el aborto». En realidad se trata de una pregunta engañosa, porque los fondos van a parar a la reserva y se utilizan para temas como el VIH. Se han mencionado los índices de aborto en Irlanda. ¡Todo el mundo sabe que si alguien quiere abortar en Irlanda, se va a Londres! Es una expresión completamente deshonesta de la realidad.
Solo quiero dejar claro a la Sra. Schreyer que, en lo que a mí se refriere, si el dinero va a parar a la reserva, es perfectamente razonable que se financien con él cosas como el VIH y el sida en los países en desarrollo, especialmente en África. Entiendo que así fue como se utilizó el dinero en realidad. ¿Podría confirmarlo la Sra. Schreyer?

Schreyer
Señora Ahern, esta línea presupuestaria ya fue objeto de un profundo debate cuando se discutieron las resoluciones sobre el Presupuesto de 2003. Ocurre que este programa está ahora en manos de la autoridad legislativa, que los debates continúan y creo que existe un consenso general en el sentido de que la Unión Europea debe continuar prestando apoyo en el sector sanitario. En efecto, esta es una de las razones por las que, entre otras cosas, hemos previsto en el presupuesto europeo unos importes sustanciales para el Fondo Mundial de la Salud, y el programa de que hablamos supone una contribución importante con vistas a sentar la atención sanitaria en el mundo en desarrollo sobre bases más firmes.

Ferrer (PPE-DE).
Yo no le voy a preguntar nada a la Sra. Comisaria. Era una cuestión de orden interno. Me parece muy bien la decisión que ha tomado, Presidente, pero lo que entonces no entiendo es por qué, después de las preguntas establecidas para cada uno de los Comisarios, se pone un capítulo que dice "Otras preguntas". Se lo pregunto porque, en fin, si uno ya sabe que esas preguntas nunca van a ser contestadas, yo nunca habría estado el rato que he estado aquí; habría estado en mi despacho trabajando. Por lo tanto, creo que deberíamos organizar mejor nuestros trabajos y, o no se pone la sección "Otras preguntas", o, si se pone, hay que prevenir a la Comisión para que esté dispuesta a contestarlas en caso de haber tiempo.
El Presidente.
Señora Ferrer, voy a darle una explicación que, en este caso, sí puedo darle. La Comisión está perfectamente informada, porque ha recibido las preguntas y las ha ordenado. Lo que pasa es que nunca jamás en este Parlamento las preguntas que no son personales y que no están previstas se han llegado a contestar. ¿Por qué vienen reflejadas en el documento? Para que puedan ser contestadas por escrito. Para eso vienen. Y hoy es la primera vez que ocurre esto, y tomamos muy buena nota.
Si yo le hubiera dado la palabra al Comisario, Sr. Nielson, cinco minutos más o seis -cosa que he previsto o, por lo menos, he imaginado-, hubiéramos agotado el tiempo, pero el Sr. Comisario, en vez de veinte minutos, ha hablado cuarenta y ocho, y entonces le hemos dado permiso para que se pudiera ausentar, porque ha hablado veintiocho minutos más y habría sido un abuso.
En la pregunta que se ha hecho a la Sra. Schreyer, nadie ha hecho preguntas complementarias, y por eso han sobrado cinco minutos. Luego, una señora diputada que no había hecho ninguna pregunta complementaria, cuando ha terminado el debate, ha dicho "pues entonces hago ahora la pregunta complementaria", usted lo ha visto igual que yo.
Yo creo que le he dado una explicación, en lo que de mí depende, total, pero estoy de acuerdo con usted en que debe haber una previsión de esa parte de las preguntas que van a ser contestadas por escrito. Y los demás diputados como usted, deben saber que no está previsto contestar oralmente esas preguntas.
De conformidad con el Reglamento, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 41 a 74 se contestarán por escrito.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el registro en los locales de la sede principal de la Asociación turca de los derechos humanos en Ankara.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, quiero hacer una declaración en nombre de la Comisión. La Comisión está muy preocupada por el reciente registro de los locales de la Asociación de los derechos humanos en Ankara por parte de las autoridades, en el que se confiscaron documentos y otros materiales. La persecución de este tipo de asociaciones resulta difícil de entender en una época en que, como ha ocurrido recientemente, se han llevado a cabo reformas políticas y se han ampliado los derechos fundamentales a la libertad de expresión y la libertad de asociación. La Comisión ha mencionado casos similares en sus informes periódicos y opina que estos incidentes son contrarios a los objetivos de los actuales esfuerzos de reforma. Esto demuestra una vez más cuán grande es la brecha que media entre las reformas políticas, por un lado, y la actitud del Ejecutivo y de las autoridades judiciales a la hora de aplicarlas, por otro.
En relación con ello quisiera destacar que la transposición de estas reformas va a ser un factor determinante para la evaluación del grado de cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Así lo plantearé al Ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdullah Gül, en las conversaciones que voy a mantener con él el jueves en Bruselas. Según la información de que dispongo, el Ministro de Justicia turco ha lamentado entre tanto públicamente la actuación de las autoridades turcas en los locales de la Asociación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, ha reconocido la gran importancia que tiene la plena aplicación de las reformas políticas. Asimismo dejó claro que no se tolerará que semejantes incidentes se repitan en el futuro.
Quiero recordar expresamente que la Comisión apoya activamente a la Asociación turca de los derechos humanos. Entre 1992 y 1999 puso a su disposición un total de 309 000 euros. Se han previsto nuevos fondos en el marco de las medidas de apoyo al cumplimiento de los criterios políticos. La Comisión presentó hace poco, el 25 de marzo, una comunicación revisada sobre la mejora de la estrategia de preadhesión de Turquía.
Solo me queda volver a insistir en que la plena aplicación sin cortapisas de todas las reformas legales en la práctica cotidiana en Turquía tiene importancia crucial. A fin de cuentas, esta será la vara de medir la aptitud de Turquía para la adhesión. Las organizaciones de derechos humanos deben poder trabajar sin trabas y su actividad continuará contando con el apoyo de la Comisión en el futuro. Muchas gracias.

Zacharakis (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, de nuevo se insta al Parlamento Europeo a que se dirija al país más problemático con el que la Unión Europea tiene, sin duda, algún tipo de relación especial que, en el caso de Turquía, se refiere a su calificación como país candidato. Esta vez se trata, incluso para criterios turcos, de un caso sin precedentes de desconsideración flagrante hacia los principios básicos del Estado de Derecho y del intergubernamentalismo democrático y, lo que es peor, bajo supervisión de un alto funcionario judicial quien, con ostentación, ha confirmado una práctica turca frecuente en cuyo marco Turquía ha infringido de forma sistemática y descarada incluso las obligaciones más fundamentales, que debería haber contraído para justificar y apoyar su solicitud de adhesión a la Unión Europea.
El registro de los locales de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía en Ankara por parte de una brigada antiterrorista suma una nueva mancha negra a la larga y triste lista de represión de los derechos humanos y las libertades políticas, religiosas y de las minorías en Turquía, y contradice, sin ningún tipo de excusa, las promesas extravagantes dadas por los sucesivos Gobiernos turcos de que están tomando y aplicando las medidas institucionales necesarias para cumplir los criterios de Copenhague.
Muchos se han apresurado a ensalzar estas declaraciones con un optimismo superfluo y, como es natural, ahora se dan cuenta con igual decepción de que, al tratar al sistema turco con comprensión y tolerancia, han conseguido precisamente el efecto opuesto y, básicamente, han alentado y apoyado a todos aquellos que se oponen a situar a Turquía en línea con los valores morales reconocidos del orden jurídico interno y la conducta internacional.
Por esta razón, la Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo, en calidad de órgano representativo electo, tiene que condenar con rigor y sin reservas este intolerable incidente y la posición general turca en el ámbito de los derechos humanos y del Derecho internacional, y dejar perfectamente claro al Gobierno turco que la aceptación de Turquía en el seno de la familia europea está fuera de lugar en estas circunstancias, como subraya acertadamente el excepcional informe del Sr. Oostlander.

Ceyhun (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo debo dejar muy claro, en nombre de mi Grupo, que esta acción nos parece inaceptable, y evidentemente protestamos en primer lugar contra el hecho de que los agentes de policía y un fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara pudieran llevar a cabo una acción de ese tipo. Damos por descontado que el Gobierno turco va a actuar de modo ejemplar en un caso como este y aclarará lo ocurrido. Está bien que tratemos este tema aquí esta noche, pero creo que no deberíamos cometer el error de actuar tal como esperan que lo hagamos los halcones de Turquía.
En realidad, en estos momentos lo que ocurre en Turquía es que los detractores de la UE en el aparato del Estado, que por desgracia conservan todavía mucho poder, temen que si Turquía ingresa algún día en la Unión Europea, ya no podrán seguir actuando como habían podido hacerlo siempre hasta ahora. Son estas fuerzas del aparato de Estado turco las que están interesadas, como es natural, en aprovechar cualquier oportunidad y cometer todas las provocaciones posibles. El día en cuestión, el 6 de mayo, estaba prevista, en efecto, una reunión de organizaciones no gubernamentales con el Ministro de Asuntos Exteriores turco y el Ministro responsable de los derechos humanos. Esa misma tarde se llevó a cabo el registro. Esto demuestra que dichas fuerzas, que en realidad utilizan todos los medios de que disponen para alterar el clima en Turquía, escogieron deliberadamente ese día para montar una operación, que para nosotros es inadmisible, que ha creado una situación que nos lleva a ahora a celebrar este debate, en el que Turquía volverá a ser objeto de muchos comentarios negativos, con lo cual en última instancia haremos un favor a quienes no desean una democracia europea en Turquía. 
Tenemos que tomar nota del hecho de que Turquía cuenta en este momento con un Gobierno que quiere llevar a cabo las reformas necesarias y se esfuerza en este sentido; este Gobierno respondió al registro declarando que haría todo lo posible para resolver este asunto. Por esta razón quiero rogar a mis colegas de esta Asamblea que ayuden y apoyen a quienes en verdad defienden la democracia y los derechos humanos en Turquía y que actúen con mucha prudencia ante estas provocaciones y no se dejen provocar y utilizar por el bando equivocado.

Jensen (ELDR).
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, yo también quisiera expresar nuestra gran decepción y desaprobación por el registro hecho en la oficina de derechos humanos. Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Ceyhun en que tenemos que ser prudentes en nuestra interpretación de los hechos.
Como ha mencionado el Sr. Comisario, de hecho estamos asistiendo a un deseo expreso de reforma en Turquía y a un deseo de cumplir los criterios políticos, tal como se requiere si el país desea iniciar negociaciones de cara a su entrada en la UE. Esto pudimos comprobarlo el pasado agosto con las enmiendas a la Constitución, cuando se abolió la pena de muerte en tiempos de paz y se establecieron una serie de libertades. Además, hay otras reformas en curso. Yo mismo participé en el simposio de la Asamblea Nacional turca a finales de abril, cuando se discutieron los cambios necesarios para que el sistema jurídico turco cumpliera los criterios políticos. Asistí a un debate objetivo y abierto en el que, por ejemplo, los expertos jurídicos y los representantes del poder judicial presentaron descripciones claras e incisivas de las reformas que garantizarían la independencia de los tribunales y la observancia de los derechos humanos fundamentales. Si la Asamblea Nacional sigue el buen consejo y aprueba reformas que garanticen la independencia de un sistema jurídico coherente con los derechos humanos, Turquía habrá dado otro paso en el camino hacia la negociación para la entrada en la UE, y la población turca tendrá garantizados los derechos fundamentales y democráticos que realmente desea.
El hecho es que, por supuesto, la reforma de la legislación no es suficiente si en la práctica no hay cambios. Como ha subrayado el Sr. Comisario, estaríamos como al principio, y creo que es importante que hagamos hincapié en ello. Por lo tanto, es muy triste que continuemos recibiendo informes de torturas en las prisiones turcas y otras violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de la libertad de expresión. Por desgracia, los acontecimientos del 6 de mayo demuestran que en la sociedad turca aún hay fuerzas que, o bien no entienden la necesidad de un cambio, o no los aprueban y actúan sobre esta base. Esto es intolerable.
Turquía es un país muy complejo con muchas culturas diferentes. Asimismo, es un país muy dinámico con grandes recursos y mucho talento, por lo que la cooperación entre la UE y Turquía beneficia a ambas partes. Sin embargo, la adhesión a la UE exige la observancia de unos principios específicos. A menudo los políticos turcos afirman que las exigencias de adhesión a la UE son más estrictas para Turquía que para otros países. No es este el caso. Los diez países que se adherirán en mayo de 2004 han tenido que aplicar reformas difíciles que a menudo no han disfrutado del apoyo popular y que también han tenido oposición interna. La democracia es un proceso para todos los países, y necesitamos estar atentos a las violaciones de los derechos humanos y a cualquier desequilibrio entre instituciones.

Uca (GUE/NGL)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de nuevo se han vuelto a pisotear los derechos humanos en Turquía. Los locales de la IHD en Ankara fueron registrados por las autoridades en presencia de un representante de la Fiscalía General del Estado turco y se confiscó todo lo que había en ellos. De nuevo, la afectada fue la mayor organización de defensa de los derechos humanos de Turquía y el terrorismo sirvió nuevamente de pretexto.
Y yo les pregunto: ¿Durante cuánto tiempo han se seguir las cosas así? ¿Este es el proceso de reforma turco? ¿Es posible seguir creyendo seriamente que a Turquía le preocupa cumplir los criterios de Copenhague? El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica protesta firmemente contra la actuación de las autoridades turcas. El reciente registro de la IHD solo es el último paso, por el momento, dentro de una serie de actos hostiles contra esta organización de defensa de los derechos humanos.
Recordemos que más de diez miembros de la IHD han sido asesinados desde 1991 y que su presidente, Akin Birdal, fue abatido a tiros en su oficina en mayo de 1998. No se le permitió presentarse como candidato en las últimas elecciones parlamentarias, al igual que a otros representantes del HADEP. Solo en los dos últimos años se han incoado más de cuatrocientos procedimientos judiciales contra la IHD, según los datos de Amnistía Internacional. A ello se suman los incontables procedimientos contra miembros individuales de la Asociación. La abogada Eren Keskin, vicepresidenta de la IHD, fue inhabilitada hace poco para el ejercicio de su profesión durante un año. La acusación es siempre la misma, «propaganda separatista». Señorías, ¿es esta la nueva manera de tratar los derechos humanos en Turquía?
Todos seguimos con mucha simpatía el inicio del proceso de reforma en Turquía. Las esperanzas depositadas en una nueva política por parte del gobierno turco eran grandes, tanto en la Unión Europea como entre la población de Turquía, pero hasta ahora dichas esperanzas han sido vanas. Turquía debe modificar su política en aspectos decisivos y no solo en las formulaciones verbales, sino también en la práctica. Solo entonces tendrá una perspectiva realista de adhesión a la UE..
Los últimos meses han demostrado que no escasean los problemas. Cabe citar, por un lado, la prohibición del HADEP, una nueva prohibición de un partido que lucha sobre todo por los intereses de las minorías en Turquía. Turquía continúa apostando por la prohibición de los partidos para acallar las voces de las personas que mantienen una posición crítica con respecto a la política del gobierno. Mientras tanto, una amenaza de prohibición pende también sobre la DEHAP, la alianza de partidos en la que se presentó el HADEP a las últimas elecciones parlamentarias. Yo les pregunto: ¿es esto democracia y libertad de expresión?
Luego tenemos el procedimiento judicial contra Leyla Zana, ex diputada al parlamento turco, cuyo partido, el DEP, también ha sido prohibido. Es de agradecer que por fin se haya iniciado una nueva vista oral, pero, ¿en qué consiste? Hasta ahora parece una reedición del proceso de 1994, que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos calificó de injusto. Es cierto que ya no intervienen jueces militares, pero en la sala del juicio hay una presencia militar masiva. Al cabo de dos días de vista sigue sin vislumbrarse su liberación. Recordemos que el delito de Leyla Zana, que le valió una condena de más de quince años de prisión, fue pronunciar una frase en su lengua materna kurda en el Parlamento turco.
A ello se suma la arbitrariedad continuada de las autoridades contra los kurdos, que incluso después de los cambios legales formales, siguen estando lejos de gozar de igualdad de derechos. Las vejaciones y las acusaciones generales de separatismo siguen siendo moneda corriente. El uso de la lengua kurda también continúa estando sujeto a notables restricciones. Tampoco en otros aspectos se observa ningún indicio de que Turquía esté realizando esfuerzos por iniciar un auténtico proceso de democratización y buscar soluciones para los numerosos problemas con la participación de todos los elementos de la sociedad turca.
Cabe citar asimismo la situación en las comisarías de policía y en las cárceles. Las personas detenidas en Turquía todavía deben contar con que con mucha probabilidad sufrirán malos tratos, sobre todo si pertenecen a una minoría. A menudo no se les conceden, o solo con limitaciones, derechos básicos como el de mantener contacto con sus familiares y abogados. El ejemplo más destacado es el de Abdullah Öcalan, que no ha mantenido prácticamente ningún contacto con el mundo exterior desde hace meses. La lista es interminable. En este punto debemos recordar el caso de Chipre.
Por todas estas razones es preciso constatar que a Turquía le sigue quedando lamentablemente un largo camino por recorrer para unirse a Europa. Partir de la base de que Turquía puede abrigar la esperanza de iniciar negociaciones con la Unión Europea con vistas a la adhesión sin modificar de manera fundamental su política, es una ilusión. Turquía solo tendrá posibilidades de aspirar a la adhesión cuando haya demostrado que se toma en serio los criterios de Copenhague. Está en manos de Turquía demostrar, a través de su política, la importancia que en verdad concede a la adhesión a la Unión Europea.

Lagendijk (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, sobre el registro de los locales de la asociación de derechos humanos, IHD, puedo ser breve. También mi Grupo lo condena firmemente, porque es totalmente contrario a las reformas encaminadas a acercar más a Turquía a la UE. Pero lo que más me interesa es el trasfondo sobre el cual tuvo lugar este registro. El Sr. Ceyhun ya ha hablado sobre esta cuestión y suscribo lo que ha dicho. Estoy convencido de que en estos momentos se está librando una batalla, no solo en público, sino también, y sobre todo, entre bastidores, entre, por un lado, los reformistas, el nuevo Gobierno, el nuevo Parlamento, muchas organizaciones de derechos humanos y otros reformistas, y por otro los conservadores que siguen estando fuertemente representados en el ejército, en la burocracia y también en el poder judicial.
Señorías, no es ninguna casualidad que precisamente el día en que esta asociación de derechos humanos fue invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para hablar sobre la nueva estrategia de Turquía con miras a la adhesión, los conservadores reaccionaran registrando la sede de esta asociación. Tampoco es casualidad que ello sucediera a través de los tribunales de seguridad del Estado, que son un baluarte del conservadurismo en el sistema jurídico turco. En lo que a mí respecta, esta es también una razón para llamar de nuevo al Gobierno turco a que se apresure a suprimir estos tribunales de seguridad del Estado, como se había anunciado, pues, nuevamente, esa es la fuente de muchas desgracias. Si hay una lucha entre los conservadores por un lado y los reformistas por otro, estoy convencido de que es tarea del Parlamento apoyar a los reformistas. Rechazo por tanto el análisis de los asuntos turcos que hacen en esta Cámara algunos de los diputados, que dicen que esto nunca fue nada, que no es nada y que jamás será algo.
Esta no es la situación. Veamos por ejemplo las reacciones del Sr. Gül, Ministro de Asuntos Exteriores, y del Sr. Cicek, Ministro de Justicia. Están avergonzados por lo ocurrido en este registro y se han anunciado nuevas medidas para impedir que esto vuelva a suceder en el futuro. El papel de nuestro Parlamento es ejercer la crítica cuando las cosas van mal en Turquía, y esto es lo que hacemos esta noche, es lo que haremos en el informe Oostlander, pero también es tarea del Parlamento apoyar a los reformistas y apoyar las reformas para que este tipo de actos sea cosa del pasado.

Balfe (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega el Sr. Oostlander por haberme permitido avanzar en la lista de oradores para que pudiera volver con mi grupo de visitantes.
Este debate, en el que existe un elevado nivel de consenso, no se refiere a si Turquía se adhiere a la UE, sino a qué tipo de país es Turquía. En el asalto que fue autorizado por el cuerpo de seguridad del Estado, en palabras de la Asociación de Derechos Humanos, y cito, «nos quitaron nuestros blocs de notas privados, todas las notas, todos nuestros ordenadores, los archivos, todos los informes, leyeron todos los mensajes de fax y de correo electrónico enviados a las oficinas y algunos fueron destruidos».
Y no solo esto no es bueno para Turquía, sino que también es muy desestabilizador que un agente del Estado, es decir, el cuerpo de seguridad, actúe de tal forma contra los intereses de Turquía. El mensaje que envía al exterior es que está tratando de subvertir la propia democracia que el Gobierno turco está intentando construir.
¿No resulta irónico que inmediatamente después del registro los funcionarios fueran a reunirse con el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Derechos Humanos? Nuestra misión como Parlamento es expresar nuestra postura con firmeza al lado de aquellas personas turcas que están promoviendo la democracia, dejando claro que apoyamos a aquellos agentes del Estado que dicen que esta no es forma de actuar, y que apoyamos a personas como Abdullah Gul, que se mostró profundamente disgustado por esta actividad.
El problema es que en un Estado democrático moderno, el cuerpo de seguridad del Estado y el ejército tienen que estar subordinados al poder civil; esta es la definición de un Estado democrático moderno. Hay muchas personas en Turquía que propugnan estos objetivos y creo que al aprobar esta resolución el Parlamento puede ayudar a dichas personas.
No decimos sí o no a Turquía en la UE; estamos diciendo que queremos apoyar al pueblo de Turquía para hacer de su país un lugar decente, que les permita sentirse a todos orgullosos de vivir en él.
Boudjenah (GUE/NGL).
Señor Presidente, con ocasión de la revisión de su proceso, conseguida gracias a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Leila Zana, galardonada con el premio Sajarov, acaba de instar a la Unión Europea a fomentar las reformas iniciando inmediatamente las negociaciones de adhesión con Turquía. Afirma que esta medida aceleraría el proceso de democratización de Turquía.
En efecto, ¿cuándo optarán finalmente los poderes turcos por esta vía, en lugar de seguir hostigando a los militantes demócratas, como sucedió con las incautaciones arbitrarias en los locales de la Asociación turca de los derechos humanos, que ya sufre frecuentes amenazas y es objeto de intimidación?
La reciente ilegalización, el pasado mes de marzo, del partido ADEP también es inaceptable, puesto que este partido rechaza claramente todo vínculo con la lucha armada. El Tribunal Constitucional de Ankara aumenta así la ya dilatada lista de sanciones contra quienes reivindican el reconocimiento de los derechos de la población kurda. Los poderes turcos se aferran a un modo de pensar que no solo perjudica a las víctimas directas de la opresión, sino también a toda la sociedad turca y a la imagen del país en el exterior. Hace casi exactamente un año, el 10 de mayo de 2002, la delegación ad hoc de nuestro Parlamento había estimado que la ilegalización del ADEP supondría un fuerte retroceso para la democracia turca. Es lo que tristemente sucede ahora.
¿Qué conclusiones se pueden extraer?
No se trata de caer en la trampa de los conservadores y de otros extremistas europeos, que excluyen de entrada al pueblo turco del club cristiano que sería la Unión Europea. Estigmatizar y aislar a esta nación cerrándole las puertas de la Unión sería criminal. Por esta razón quiero reiterar mi pleno apoyo a las actividades de quienes se manifiestan en Turquía a favor de los derechos humanos, a veces con riesgo para su propia vida. Las fuerzas democráticas deben saber que estamos de su lado para que el día en que será posible vivir y expresarse libremente en Turquía llegue lo antes posible.
El Consejo y la Comisión deben por tanto emplearse mucho más a fondo para garantizar que el Gobierno turco respete de los criterios de Copenhague, es decir, promueva los derechos humanos y el Estado de Derecho. Este compromiso debería manifestarse mediante un apoyo financiero proporcionado a las actividades de las asociaciones que trabajan por la democracia.
Por último, tras la reapertura del proceso de Leila Zana y tres de sus colegas hace unos días, quiero expresar mi esperanza de que el Parlamento Europeo pueda entregarle su premio lo antes posible en este hemiciclo.

Wyn (Verts/ALE).
Señor Presidente, no es la primera vez que este Parlamento discute temas relacionados con la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno de Turquía. Si no demostramos que defendemos las cartas y los tratados que nosotros mismos hemos concebido, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la legislación sobre derechos humanos, corremos el riesgo de convertirnos en el hazmerreír de la comunidad internacional.
Yo personalmente tuve la ocasión en el pasado de condenar al Gobierno turco por el encarcelamiento sin juicio de muchos individuos de la comunidad kurda, de la misma forma que he condenado la sentencia de 14 años de cárcel impuesta a Leyla Zana y tres de sus colegas. Todos defendían los derechos de los kurdos, y en 1995 Leyla Zana ganó el Premio Sajarov de este nuestro Parlamento Europeo. Por resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de aquí en Estrasburgo, un tribunal creado por la propia comunidad internacional, se ordenó un nuevo juicio a Leyla Zana, porque se consideró que el primer juicio de Leyla Zana y sus compañeros no había sido justo.
Una vez más tenemos que denunciar en este Parlamento una nueva infracción de las normas sobre derechos humanos debido al registro de los locales de la sede principal de la Asociación turca de derechos humanos en Ankara. La Asociación turca de derechos humanos desempeña una labor reconocida internacionalmente en el ámbito de los derechos humanos en Turquía y proporciona a los miembros de este Parlamento datos de un valor incalculable sobre las atrocidades perpetradas contra los derechos humanos. Por lo tanto, consideramos que es una violación de la defensa de los derechos humanos impedir de esta forma la promoción de los mismos. No es de extrañar, pues, que algunos de nosotros nos preguntemos una vez más si realmente debemos apoyar la petición de Turquía para adherirse a la Unión Europea.
Por cierto, la Asociación de derechos humanos ha descubierto que tan solo en el primer trimestre de este año en Turquía fueron detenidas, maltratadas y torturadas 183 personas. Una Presidencia de la Unión que se enorgullece de defender los derechos humanos de las minorías y los oprimidos en todo el mundo no puede apoyar ni permitir que continúen estas violaciones.

Oostlander (PPE-DE).
Señor Presidente, el sistema judicial turco se basa en la idea de que el orden y la seguridad colectiva prevalecen sobre los derechos humanos individuales. Conozco muy bien los puntos de vista del fiscal de Ankara. De su boca he oído este tipo de planteamientos; no es de extrañar por tanto que en un sistema de este tipo, el registro de la oficina de derechos humanos en Ankara sea considerado normal por sus ejecutores. Así es como se vive la vida en este país. El Ministro de Justicia ha lamentado el registro, cosa que está muy bien, pero el problema es si este Ministro tiene realmente poder sobre el fiscal para que este último no pueda hacer lo que le venga en gana.
¿Acaso no se trata de nuevo del llamado deep state, el Estado profundo, con sus generales y pachás, que retumba por encima de todo, como por ejemplo en los intentos del presidente Erdogan para encontrar una solución con respecto a Chipre, prohibiendo de nuevo el HADEP y reteniendo a la Sra. Zana, que como premio Sajarov tiene para nosotros un valor simbólico muy especial? Este comportamiento es un desafío directo a las normas y valores de la Unión Europea.
Los puntos de vista del «Estado profundo» sobre una buena administración se apartan demasiado de los de la Unión Europea. En cualquier embajada de los Estados miembros se pueden encontrar ejemplos sucesivos de ello. El Sr. Ceyhun dice ahora que son los enemigos de la Unión Europea en Turquía quienes están a favor de estas acciones perjudiciales. No creo que en Turquía haya personas, y menos aún entre los pachás y los generales, que no quieran pertenecer a la Unión Europea. Esto se debe a que esta pertenencia comporta un estatus y todo tipo de ventajas. Sí quieren, pero quieren que Turquía participe en la Unión Europea de acuerdo con sus propias condiciones. Hemos de impedirlo cueste lo que cueste, y hemos de dejar claro a toda la ciudadanía y toda la gente de buena voluntad en Turquía que no estamos dispuestos a aceptarlo.
Creo también que hemos de decir claramente al público turco cuál es nuestra postura, que la adhesión conlleva unas condiciones y que cada vez que se perpetre una nueva violación diremos que no lo aceptamos, para que el «Estado profundo» sepa que en la Unión Europea no hay ningún futuro para su manera de pensar y de actuar. Espero que el Comisario Verheugen pueda dejarlo claro en Turquía, si es preciso tomando medidas en relación con el apoyo a organizaciones de derechos humanos en este país.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, el registro de las oficinas de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía no es el primer registro que sufre esta organización, que ha desempeñado y desempeña un papel primordial en la lucha contra la represión de los ciudadanos de Turquía, los turcos, los kurdos y las minorías nacionales. En el pasado se han producido registros repetidos y más salvajes. Basta recordar la incursión armada contra el anterior presidente de la Asociación, Akin Birdal, a quien dispararon repetidamente. El entonces Ministro de Justicia también condenó aquel ataque y, sin embargo, al final encarcelaron a la víctima durante varios años. ¡Para que comprendamos lo que significan las condenas de los Ministros en activo!
Por lo tanto, este ataque es particularmente significativo, porque se ha llevado a cabo en un momento en que el nuevo Gobierno de Turquía está intentando que no caiga la máscara democrática que el Sr. Erdogan y sus cohortes llevaban antes y después de las elecciones. En lo que respecta a nosotros, no cabe duda de que el Gobierno de islamistas, en virtud de su base ideológica, no ha estado ni está en condiciones de llevar a Turquía hacia la democracia. Tenía que ser elegido, si tenemos en cuenta el ansia y la lucha del pueblo turco, pero no ha cambiado su orientación política e ideológica en ninguna circunstancia. Sin duda, la razón básica de este ataque es la lucha intrépida y heroica de la Asociación de Derechos Humanos en Turquía y los derechos del pueblo kurdo. Ni los militares, que siempre dirigen la vida política de Turquía, ni el partido islamista suscitan simpatía por esta indecencia. El ataque se llevó a cabo sobre la base de los artículos 169 y 312 del Código Penal y la ley antiterrorista, respectivamente, que penalizan cualquier apoyo a la huelga de hambre de los prisioneros políticos y su lucha contra las celdas blancas como un acto terrorista. La prohibición del partido comunista turco y del partido HADEP se decidió de la misma manera.
Expresamos nuestra solidaridad fraternal con el pueblo turco y les apoyamos en su lucha por la democracia y la paz, como hemos expresado recientemente durante el ataque contra el Iraq.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Korakas.
Quiero informarles de que he recibido seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0146/2003, de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (9923/2002 - C5-0485/2002 - 1991/0388(COD));
A5-0127/2003, del Sr. De Rossa, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Nueva consulta) (9924/2002 - C5-0494/2002 - 1991/0389(CNS).

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero agradecer, en nombre de la Comisión, el excelente trabajo realizado por los dos ponentes de las comisiones competentes, tanto en relación con el reglamento relativo a la Sociedad Cooperativa Europea, como en lo que se refiere a la directiva, vinculada al anterior, sobre la participación de los trabajadores.
En la Unión Europea hay al menos 130 000 cooperativas con 2,3 millones de empleados y bastante más de ochenta millones de socios. El reglamento brindará a dichas cooperativas un instrumento para realizar operaciones transfronterizas en el mercado interior, similar al que ya se adoptó para las sociedades anónimas mediante el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.
Las federaciones de cooperativas europeas venían reclamando desde hace ya muchos años un estatuto de estas características y están de acuerdo con el texto del reglamento que ahora tiene ustedes sobre el tapete. El estatuto también permitirá crear asociaciones transfronterizas basadas en estructuras cooperativas. Dichas empresas podrán desarrollar de este modo actividades comunes, mejorar su competitividad y diversificar sus mercados. El Parlamento se manifestó a favor del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en su primera lectura, el 20 de enero de 1993. Numerosas mejoras introducidas en el texto de la propuesta modificada posteriormente por la Comisión tienen su origen en esa primera posición del Parlamento. Este último se manifestó a favor de la propuesta modificada el 2 de diciembre de 1993 y reiteró su aprobación el 27 de octubre de 1999.
Aunque el reglamento no es perfecto, refleja un amplio consenso en cuanto a las normas que deberían aplicarse a estas empresas cooperativas de nuevo tipo. Obtuvo la aprobación unánime de todos los Estados miembros en el Consejo, lo que supone un progreso considerable dadas las diferencias entre las normativas aplicables a las empresas cooperativas en cada país. Desde el principio, el objetivo de la Comisión era crear un instrumento flexible y moderno, por una parte, pero que por otra parte también tuviera en cuenta las características específicas de las cooperativas y los principios subyacentes. Nos complace que el reglamento mantenga este equilibrio en su forma actual.
El artículo 79 ofrece la posibilidad de enmendar las posibles deficiencias del reglamento sobre la base de las experiencias acumuladas durante sus cinco primeros años de aplicación. La Comisión observará, por lo tanto, la aplicación del Estatuto con vistas a una revisión del Reglamento. Los diputados al Parlamento consideran, comprensiblemente, muy preocupante la decisión, adoptada unilateralmente y por unanimidad en el Consejo, por la que se modifica el fundamento jurídico del Reglamento, con lo cual se priva al Parlamento de su derecho de codecisión. La Comisión adoptó como fundamento jurídico para su propuesta el artículo 95, dado que su objetivo es la realización del mercado interior. Seguimos pensando que el artículo 95 constituye el fundamento adecuado.
Las enmiendas que se han vuelto a presentar se refieren casi exclusivamente a la protección de los intereses de los trabajadores. La Comisión considera que la Directiva debe proteger plenamente estos derechos, y que la misma deberá cumplirse cuando se establezca una Sociedad Cooperativa Europea. El lugar adecuado para esta normativa es la Directiva y, por consiguiente, no podemos apoyar las enmiendas propuestas.
Paso a referirme ahora a la Directiva sobre la participación de los trabajadores, que completa el reglamento y representa un texto legislativo muy completo, destinado a garantizar de manera adecuada los derechos de información, consulta y cogestión de los trabajadores. El texto se basa en lo esencial en la Directiva correspondiente sobre la Sociedad Anónima Europea, que se adoptó hace un año y medio, y la Comisión considera que merece su apoyo. El Parlamento desea introducir ahora algunas enmiendas importantes, muchas de las cuales representan sin duda una mejora. Tras un detenido examen de todas las enmiendas propuestas por el Parlamento, la Comisión está dispuesta a hacer suyas la mitad de ellas en su totalidad o en parte y a apoyarlas en el Consejo. Podemos aceptar en su totalidad las enmiendas 5, 9, 10, 11, 12, 19 y 22.
La Comisión también está de acuerdo con algunas otras enmiendas, cuyo redactado requerirá no obstante alguna pequeña modificación con objeto de tener en cuenta las preocupaciones de determinados Estados miembros. Se trata de las enmiendas 4, 14, 17, 20 y 21.
Al margen del debate sobre el fundamento jurídico, creemos que el Consejo también está abierto a aceptar la mayor parte de dichas enmiendas. Por consiguiente esperamos que el Consejo pueda aprobar en junio tanto el Reglamento como la Directiva, de manera que habrá un marco legal que favorezca a las Sociedades Cooperativas Europeas que deseen extender sus actividades más allá de las fronteras, al mismo tiempo que se garantizará una protección adecuada de los intereses de sus trabajadores.

Gebhardt (PSE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, les doy las gracias. Tenemos en efecto ante nosotros un informe muy importante, un texto legislativo muy importante para las numerosísimas personas que en la Unión Europea se han unido en empresas comunes a fin de aunar fuerzas y llevar estas fuerzas de modo más eficaz al mercado. Es evidente que en una Unión Europea en que se trabaja cada vez más a escala transfronteriza, es muy necesario y digno de apoyo que dicha cooperación se extienda también por encima de las fronteras.
El Parlamento Europeo ya adoptó una primera resolución sobre las Sociedades Cooperativas Europeas el 13 de abril de 1983. Esto indica cuánta importancia ha dado siempre el Parlamento Europeo a la legislación en este terreno. La Comisión Europea también se hizo eco de esta aspiración y, como acaba de recordar la Comisaria Schreyer, al cabo de un tiempo pudimos disponer, en efecto, de una normativa incipiente.
Es muy de lamentar que el Consejo -después de que el Parlamento Europeo emitiera en 1993 su posición al respecto, una posición muy buena- se haya tomado nada menos que once años para adoptar una decisión al respecto, aduciendo motivos ulteriores, en parte bastante ajenos al asunto, para cruzarse de brazos en este terreno. El caso es que esto nos parece inaceptable, como piensan también y sobre todo las personas interesadas.
En este contexto también debo añadir que no puedo elogiar de ningún modo la actuación del Consejo al modificar sin más el fundamento jurídico, sin considerar ni siquiera necesario explicar al Parlamento los motivos de este cambio, ni tampoco las consideraciones en las que realmente se basa. Al menos, en la documentación que se nos ha remitido oficialmente no figura nada al respecto. Creo que la colaboración entre el Parlamento y el Consejo no se puede desarrollar de este modo.
Lo cierto es que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior examinó, naturalmente, con especial atención el fundamento jurídico, ya que lo que está en juego es una cuestión de peso, a saber, los derechos del Parlamento, y sería un parlamento muy extraño si se limitara a decir «sí» y aceptara renunciar a su derecho de codecisión por el hecho de que una decisión unánime del Consejo debe ser respetada. Ningún parlamento, ni siquiera este, se puede permitir algo así, de modo que la comisión reafirmó, por una mayoría clara y nada ambigua, que el artículo 95 era la base jurídica correcta. Existen argumentos muy claros a favor de esto, como acaba de confirmar de nuevo la Comisaria Schreyer, y no se pueden desechar sencillamente de un plumazo.
El Reglamento propuesto crea una estructura jurídica comunitaria paralela a las formas nacionales de asociación existentes. El artículo 8 de la propuesta deja claro que el Reglamento no determinará dicha estructura por sí solo, sino únicamente en combinación con los estatutos de la sociedad cooperativa de que se trate y con el Derecho de sociedades del Estado miembro donde tenga su domicilio la sociedad cooperativa europea en cuestión.
Se trata por tanto de una armonización y no de la imposición de un modelo europeo sobre los quince modelos nacionales de sociedades, o sea de una aproximación de las legislaciones y, por lo tanto, de una reducción de las trabas legales al funcionamiento del mercado interior. Así debe ser, y como tal tiene que respetarse.
En este contexto, permítanme que añada una observación personal, dado que en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tengo que recomendar, naturalmente, a la Asamblea que en la votación de mañana rechace todas las enmiendas salvo la primera, puesto que en todos los casos se trata de enmiendas que fueron rechazadas en comisión y ahora se vuelven a presentar. Así son las cosas y la ponente debe expresar, evidentemente, la opinión de su comisión. La Lo que quiero decir en mi propio nombre es que confío en que no me tomen a mal que vote, junto con mi Grupo, a favor de dichas enmiendas, ya que estas refuerzan los derechos de los trabajadores. El caso es que, como socialdemócrata que soy, este refuerzo de estos derechos es una obligación que no admite excepciones y, por lo tanto, es evidente que voy a votar a favor aunque en el momento de la votación, mañana, se diga que recomiendo el voto en contra. Le ruego, señor Presidente, que me permita volver a recordarlo mañana antes de la votación.

De Rossa (PSE)
 - (EN) Señor Presidente, sus Señorías sabrán seguramente que el debate de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, al igual que el de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ha estado dominado por nuestra preocupación sobre la base jurídica utilizada, que dispone solo la consulta con el Parlamento. Como todo el mundo en este Parlamento, comparto estas preocupaciones. Pero también creo que tenemos la responsabilidad de intentar mejorar el proyecto de directiva que se nos ha presentado, una opinión compartida unánimemente por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Lo que tenemos ante nosotros es una propuesta del Consejo y de la Comisión referente a los trabajadores y a los representantes en los consejos de una sociedad cooperativa europea, y es un desarrollo que esperábamos. El sector cooperativo ha esperado esta legislación durante 30 años, dada la naturaleza extremadamente diversa de este sector. Obviamente, ha sido difícil alcanzar una posición común. Aún así, 30 años es mucho tiempo para los cerca de ocho millones de personas que trabajan en la economía social de los Estados miembros. Sé que muchos de ellos están contentos de que acabemos nuestro trabajo aquí mañana y permitamos que el Consejo tome pronto una decisión.
La economía social es un sector importante en términos de empleo en la Unión y en términos de producto interior bruto. Las cooperativas son una parte importante de esta economía social. Se calcula que solo las cooperativas de consumo y producción tienen más de 78 millones de socios en la Unión. Al facilitar al fin la formación de cooperativas europeas y garantizar la implicación de trabajadores en el consejo en estas nuevas empresas enviaremos una señal positiva al movimiento cooperativista. Esto tendrá, espero, un impacto particular en las nuevas cooperativas de los países candidatos a la adhesión y servirá también para reforzar el modelo social europeo en toda la Unión ampliada.
En la comisión se han adoptado enmiendas importantes en relación con la igualdad de género en la selección de los representantes de los trabajadores, los derechos de los sindicatos y la responsabilidad social de la empresa, y me complace saber que existen indicios de que tanto la Comisión como el Consejo se mostrarán favorables a la mayoría de las mismas. Lamentamos que la Comisión no pueda favorecer las enmiendas al reglamento que propone mi Grupo. Pero en cuanto al nivel de acuerdo que hemos conseguido en relación con la Directiva, quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión, al personal de la Comisión de Empleo y al personal de mi propio grupo por su ayuda. Sin la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Empleo, no podríamos haber llegado a la decisión unánime en que se basan las enmiendas que presentaremos al Consejo.
Esperamos poder colaborar estrechamente con quienes están implicados en el sector de la economía social en toda la Unión y desarrollar aún más esta economía social. Todavía faltan algunos instrumentos legislativos para completar la cobertura que se necesita en este terreno, y quiero instar a la Comisión y al Consejo a que no se retrasen más en acordar lo que es necesario.
También quisiera sugerir que deberían considerar el uso de la disposición del Tratado de Niza, que permite que las decisiones de esta índole se tomen por mayoría cualificada y no necesariamente por unanimidad. De esta forma conseguiríamos la codecisión con este Parlamento en toda nueva legislación que se planteara al respecto.

Sacrédeus (PPE-DE)
Señor Presidente, mi mujer y yo hemos tenido el privilegio de tener a nuestros tres hijos en una cooperativa para padres en mi pueblo natal, Dalarna. Es posible que una cooperativa de padres no sirva de modelo para una Sociedad Cooperativa Europea, pero hemos tenido muy buena experiencia con el trabajo cooperativo. El Reglamento para un Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea y la Directiva en sobre la participación de los trabajadores son inseparables. El Estatuto se refiere a la forma en que funcionarán en la práctica los mecanismos que garantizan el derecho de codecisión de los trabajadores en las Sociedades Cooperativas Europeas. En la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, hemos optado por aprobar tres prioridades políticas. En primer lugar, el Parlamento Europeo tiene que exigir una base jurídica que le garantice el derecho de codecisión. En segundo lugar, antes de registrar o reestructurar una Sociedad Cooperativa Europea, durante el procedimiento tienen que respetarse plenamente las disposiciones actuales referentes al derecho de información y consulta. En tercer lugar, los derechos que tenían los trabajadores han de garantizarse antes de la creación de la Sociedad Cooperativa Europea.
El Parlamento ha advertido al Consejo de que no tolerará una repetición de la posición del Consejo sobre el Estatuto Europeo de la Empresa. El Consejo ha ignorado dicha advertencia en este caso. Con objeto de defender el papel del Parlamento en este proceso legislativo, y en referencia al servicio jurídico del Parlamento, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos hecho hincapié en que el artículo 95 del Tratado es el fundamento jurídico correcto. Se trata de alcanzar una aproximación entre la legislación de los Estados miembros, no de transferir el derecho de decisión de la legislación nacional a la UE.

Mayer, Hans-Peter (PPE-DE)
 - (DE) Señor Presidente, puesto que solamente dispongo de dos minutos, permítame que agrupe lo que tengo que decir sobre el Reglamento y sobre la Directiva, ya que en lo esencial he de decir las mismas cosas sobre ambos.
Lo que ocurrió en el caso de la Sociedad Anónima Europea ha ocurrido exactamente de la misma manera con la Sociedad Cooperativa Europea; el Consejo de Ministros nos ha arrebatado de un manotazo el poder de codecisión. Esto no debemos tolerarlo. Apenas cabe duda de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es partidaria mayoritariamente de recurrir esta vez al Tribunal de Justicia contra la elección del fundamento jurídico. Inicialmente había llegado al acuerdo con la Sra. Gebhardt de que la Comisión de Asuntos Jurídicos se limitaría a presentar enmiendas relativas al fundamento jurídico.
Entre tanto se han presentado y se van a someter a votación una serie de enmiendas, tanto al Reglamento como a la Directiva. Según he entendido, la Comisión pretende apoyar las enmiendas a la Directiva, mientras que rechaza las referentes al Reglamento. Yo soy del mismo parecer. Sin embargo, el tema del fundamento jurídico también es muy importante con vistas al futuro, pues no cabe descartar que el Consejo de Ministros vuelva a errar el camino en otros ámbitos del Derecho de sociedades; hay otros tipos de sociedades pendientes de ser tratados. En lo que se refiere al Reglamento, estamos de acuerdo con la Comisión en que el artículo 95 constituye el fundamento jurídico adecuado. Ya lo hemos oído varias veces, pero ahora quisiera examinar con mayor detalle la Directiva relativa a la participación de los trabajadores. La letra e) del apartado 1 del artículo 137 es la norma sobre la jurisdicción relativa a la información y consulta a los trabajadores y prevé el procedimiento del artículo 251, o sea, el procedimiento de codecisión, sin excepción. La letra f) del mismo artículo es la norma sobre la jurisdicción relativa a la participación de los trabajadores; requiere la unanimidad en el Consejo y únicamente implica la consulta del Parlamento. Sin embargo, en este caso el Consejo puede decidir por unanimidad aplicar el procedimiento de codecisión. Esta Directiva trata ambos objetivos, la codecisión y la consulta, en pie de igualdad. En mi opinión, en esta situación como esta, donde coexisten dos fundamentos jurídicos equivalentes, la posibilidad de elección se reduce a una obligación, y esto limita la discrecionalidad del Consejo. De lo contrario, la exigencia de unanimidad en el Consejo en relación con un fundamento jurídico excluiría el procedimiento de codecisión que establece el otro fundamento jurídico equivalente. Este cercenamiento de los derechos del Parlamento Europeo en su calidad de legislador democráticamente legitimado es inaceptable.
Un recurso no hará peligrar la Sociedad Cooperativa Europea. En primer lugar, la entrada en vigor del Reglamento sobre la Sociedad Cooperativa está vinculada a la expiración del plazo de transposición de la directiva. Este periodo debería ser, de hecho, suficiente para aportar una sentencia aclaratoria del Tribunal de Justicia Europeo. En segundo lugar, se puede pedir al Tribunal de Justicia que resuelva que el Reglamento y la Directiva sigan vigentes. Lo que se cuestiona es, por lo tanto, de modo bastante deliberado, la elección del fundamento jurídico, pero no el contenido del Reglamento o de la Directiva.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Gebhardt y al Sr. De Rossa sus esfuerzos en relación con estos dos informes y el concienzudo trabajo que han realizado. En el Pleno, los que pertenecemos al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos hemos presentado una serie de enmiendas al Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea. Creemos que, en la medida de lo posible, el procedimiento de desarrollo de una Sociedad Cooperativa Europea tiene que caracterizarse por el control y la transparencia. Las disposiciones actuales relativas al derecho de información y consulta de los trabajadores tienen que cumplirse totalmente. Una serie de enmiendas implican garantías de que, desde el comienzo, se tengan en cuenta las consecuencias para el empleo derivadas de la creación de una Sociedad Cooperativa Europea. Los representantes de los trabajadores deben tener tiempo para dar su opinión antes de que se tomen las decisiones.
Dado que la propuesta de reglamento se refiere a las diferentes fases del ciclo vital de una Sociedad Cooperativa Europea, como su establecimiento, el traslado de la sede y la liquidación, se necesitan una serie de enmiendas si queremos aplicar estos principios a las diferentes situaciones descritas en la propuesta de reglamento. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de cuya opinión soy ponente, también cree que el establecimiento de una Sociedad Cooperativa Europea no puede conducir a la pérdida de los derechos que tenían los trabajadores antes de su establecimiento.
Respecto del informe del Sr. De Rossa, permítanme decir de forma muy concreta que es muy importante hacer hincapié, en relación con el establecimiento de una Sociedad Cooperativa Europea y en casos de cambios estructurales amplios, que exista el derecho de entablar negociaciones respecto de la participación de los trabajadores. Todas las contribuciones tienen que constituir un proceso continuo. Nuestro informe insta a la eliminación de la cláusula general según la cual los Estados miembros pueden estar exentos de las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores cuando se establezca una Sociedad Cooperativa Europea como resultado de una fusión entre dos cooperativas. Asimismo, quisiera subrayar que los representantes de los trabajadores en los órganos de gestión y supervisión deben elegirse o designarse conforme a la legislación nacional.

Hugues (PSE).
Señor Presidente, vamos a tener que esperar y ver qué hace el Consejo con los puntos que estamos planteando esta noche en relación con la base jurídica. Espero que la Comisión piense de nuevo en la posibilidad de aceptar las enmiendas 14, 15, 17 y 19 sobre el estatuto, referentes a la inclusión de la consideración de los efectos en el empleo en el caso de fusión, transferencia o conversión de una SCE, porque creo que es totalmente justificable.
Mientras, quisiera aprovechar la oportunidad de ir más allá de los argumentos sobre la base institucional y jurídica y estudiar las implicaciones que estas propuestas podrían tener en el desarrollo de la economía social en la Unión Europea, que está intentando abordar toda una gama de cambios profundos. La mundialización de los mercados y el descenso de la competitividad de los sectores tradicionales exigen la diversificación de las actividades económicas y la exploración de nuevos medios para crear oportunidades de empleo. El progreso tecnológico exige una mano de obra flexible, muy cualificada, que a su vez espera una situación laboral más participativa. El aumento de los índices de participación de la mujer y el envejecimiento de la población, con unas expectativas de vida más larga, aumentan la demanda de servicios domésticos y de asistencia social. Estas necesidades sociales en aumento y más diversificadas, agravadas por las restricciones presupuestarias, han obligado a las autoridades públicas a descentralizar la prestación de servicios o reducir la gama o el nivel de los servicios que prestan.
La economía social puede contribuir a la superación de estas dificultades y el aprovechamiento de las oportunidades que presentan estos y otros procesos de cambio, y en cierta medida pueden ayudar a crear un nuevo modelo de sociedad y una economía basada en la solidaridad, la inclusión y la participación por una parte, y la innovación y el conocimiento por otra.
Y puedo hablar de estas cosas con certeza porque he estado revisando la evaluación de la tercera iniciativa sectorial que tuvo lugar de 1997 a 1998, gracias a la iniciativa presupuestaria de la Sra. Ghilardotti, que está presente aquí esta noche. En esta evaluación resaltaba el hecho de que el desarrollo de la economía social para satisfacer las necesidades pendientes podía crear hasta 120 000 puestos de trabajo en el Reino Unido, 380 000 en Alemania y 100 000 en Francia.
Pero quizás una estadística derivada de la evaluación ilustrará mejor el potencial de la futura creación de puestos de trabajo en relación con los servicios a la comunidad: la diferencia entre los índices de empleo en Estados Unidos y la UE es mayor en los servicios municipales, que incluyen servicios sociales, ocio, educación, atención sanitaria y social. Igualar los índices equivaldría a 7 millones de puestos de trabajo más. La promoción del tercer sistema contribuiría a una mayor demanda y una mayor oferta de estos servicios y, además, ayudaría a eliminar la diferencia de puestos de trabajo principalmente en aquellos grupos sociales donde es mayor.
En mi región de Inglaterra tenemos un sector cooperativo muy arraigado. Se dedica a la venta al por menor, la fabricación, los servicios, la agricultura, el sector doméstico, la banca y una amplia gama de otros sectores. El sector de mi propia región genera 13 000 puestos de trabajo en el nordeste de Inglaterra. Sé que muchas personas de allí agradecerán estos nuevos instrumentos que constituyen un gran impulso para el empleo y la economía social mediante desarrollos transnacionales. Esto sería especialmente útil en el contexto de la ampliación.
También creo que la Comisión debería realmente estudiar la evaluación de esta iniciativa del sector terciario. En su momento fue de gran ayuda, y se habló mucho de integrar los resultados en los programas del FSE, el FEDER y otros programas relevantes. Pero cuatro años y medio después me sentí profundamente decepcionado al ver que la modesta referencia a la economía social en el pilar empresarial de las viejas orientaciones sobre el empleo había desaparecido por completo bajo la expresión 'fomentar la empresa y promover la creación de puestos de trabajo? en las nuevas directrices, racionalizadas, sobre el empleo. En este caso, lo nuevo y racionalizado no significa que hayamos mejorado, y esto debería rectificarse urgentemente.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, hace doce años que la Comisión presentó esta propuesta referente al Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea y, exactamente como ha dicho el Sr. De Rossa, esta discusión se ha prolongado durante más de treinta años. El Parlamento Europeo abordó esta cuestión en primera lectura en 1993. Por aquel entonces yo no era diputado al Parlamento Europeo, pero trabajaba como asesor de empresas pequeñas y de sociedades cooperativas. Mis colegas de entonces y yo no pensábamos que se fuera a tardar tanto tiempo en llegar al fondo de la cuestión respecto del Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea.
De hecho, este retraso ha acabado con muchas buenas propuestas e ideas para la cooperación respecto de la economía social europea. Las cooperativas son una forma de empresa que merecen pleno apoyo, en especial en los ámbitos políticos, porque representan a la democracia participativa en acción. Ya no podemos esperar más para tener este estatuto. Por lo tanto, en nombre de mi Grupo, quisiera instar al Parlamento Europeo y a mis colegas diputados a que eviten más retrasos y no discrepen con el Consejo respecto del fundamento jurídico y de nuestro derecho de codecisión, aunque yo en principio estoy de acuerdo con las razones presentadas respecto del fundamento jurídico. La razón es que temo que una disputa jurídica no beneficie a las empresas cooperativas y a la economía social. Hay muchas tareas para la economía social en la nueva Europa, razón por la que necesitamos este Estatuto. No permitan que se quede aislado en principios y disputas referentes al fundamento jurídico.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, yo también, como mis colegas, quiero dar las gracias a los ponentes por su trabajo en lo que es un tema muy difícil. Es un homenaje a su aptitud e iniciativa que haya habido un apoyo tan abrumador a las posiciones que han adoptado. Sin embargo, igual que la Sra. Schörling, espero que no entremos en una lucha que nos retrasaría aún más sobre la cuestión de la base jurídica. Como ha indicado correctamente el Sr. De Rossa, 30 años son demasiados años de espera para una propuesta legislativa. Aunque tenemos que defender nuestros intereses o argumentos ante las demás instituciones, también debemos tener presente la idea más amplia de asegurar que podamos ofrecer una legislación que facilite y permita fomentar nuevas oportunidades en la economía social. Por este motivo quiero dar todo el apoyo posible a los ponentes y a los informes que han presentado, e incluso a algunas de las enmiendas que se han presentado y que, igual que la Sra. Gebhardt, creo que mejorarán el texto y no lo perjudicarán.
También espero que la Comisión deduzca del debate de esta noche que, como Parlamento, no queremos que nadie nos pase por encima. Entre nosotros disponemos de suficiente capacidad de innovación, ingenio y compromiso como para presentar nuevas iniciativas positivas que aseguren que todos los ciudadanos de Europa puedan beneficiarse de lo que estamos intentando crear hoy aquí.
El último tema que quiero abordar es que nuestros servicios jurídicos han redactado una opinión para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en relación con la posibilidad de utilizar el artículo 95. Sin embargo, esta opinión no es tan irrefutable o tan estricta como nos gustaría pensar. De hecho, si utilizamos la analogía de lo que ocurrió con el Estatuto de la Sociedad Europea, la base jurídica es distinta a pesar de que existen similitudes entre las dos propuestas presentadas.
Es de vital importancia que apoyemos la opinión del Sr. De Rossa en relación con una mayor consulta y participación de los empleados en relación con las fusiones y las ampliaciones.

Pronk (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace mucho estar aquí esta noche. Yo era diputado de este Parlamento en 1993. He de decir que entonces teníamos la impresión de que la cosa iba para largo. A la sazón, las propuestas no avanzaban iban tan rápidamente como ahora. Quizás no imaginábamos que duraría tanto como es el caso ahora, pero sí que ha durado mucho. En realidad este debería ser motivo de gran alegría. Todo el mundo ha dicho lo importantes que son las cooperativas en los diferentes países europeos y por supuesto es bueno que podamos crear un Estatuto europeo para ellas. Siempre lo hemos apoyado. También quiero dar las gracias a ambos ponentes por sus esfuerzos.
Por supuesto, el conjunto no está exento de problemas. Esto es innegable. Debido a las dificultades con las Sociedades Anónimas europeas, seguimos con viejas frustraciones, y estas tendrán que superarse algún día. El problema es que el Consejo nunca aprende. Si el Consejo aprendiera, este sería por supuesto un debate fácil. En el caso de las Sociedades Anónimas europeas le dimos el beneficio de la duda, y ¿qué hace el Consejo? ¡A la primera oportunidad vuelve a abusar de su posición!
Señor Presidente, por supuesto que hay muchas personas que quieren ceder, que dicen que es una cuestión importante. Estoy de acuerdo, pero también pienso que no hemos de dejarnos guiar por la historia de Jacob, del Antiguo Testamento, que vendió el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Estoy de acuerdo con el Sr. Mayer, que dice que hemos de mantenernos firmes. Me sorprende enormemente que los Verdes nos pidan de repente que no nos atengamos a nuestros principios. Reprocho a los Verdes que en realidad se atienen demasiado a sus principios, pero estoy contento de que esta vez el Grupo del PPE-DE se atenga mucho más a sus principios que los Verdes.
Creo que es posible y en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos hecho lo indecible por no reducirlo a un debate de principios. Existe la posibilidad de que se decida por cuestión de principios, pero las enmiendas que hemos presentado significan que quizá esto no sea necesario. El Consejo puede sencillamente adoptar nuestras enmiendas. Lamento que la Comisión haya rechazado de hecho todas las enmiendas al Reglamento, y no me parece que hayan sido sensatos al hacerlo. Creo que en un futuro tendrán que retomar el asunto, pero la oportunidad la tiene ahora el Consejo. Me parece muy bien. Quien provoca el drama, que saque después las castañas del fuego. Esta es la oportunidad que les damos, señor Presidente. Creo que finalmente podría llegarse a una solución si el Consejo fuera sensato, pero personalmente me niego a sumarme a quienes están dispuestos a ceder una y otra vez. La próxima vez tendremos que librar la misma batalla, pues por desgracia el Consejo nunca aprende. La Comisión aprende con dificultad. El Consejo no aprende nunca. Este Parlamento aprende, pero no siempre

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, más de 10 años después del intento de la Comisión de crear un marco legislativo adecuado que regule el asunto del Estatuto de una Sociedad Cooperativa Europea, el Consejo está mostrando la voluntad política de progresar y zanjar el asunto.
Sin embargo, incluso si ahora parece haber interpretado correctamente la correspondiente propuesta de reglamento de la Comisión, el fundamento jurídico que ha elegido está creando problemas tremendos. En esencia, como han dicho otros diputados, está socavando el papel del Parlamento Europeo al optar por el artículo 308, el procedimiento de simple consulta. Ha seguido la misma táctica que usó durante la adopción del Reglamento y la Directiva correspondientes sobre la Sociedad Anónima Europea.
Los argumentos expuestos por la Comisión de Asuntos Jurídicos a favor del artículo 95 son correctos, pero también lo es examinar la forma que van a tomar en el futuro las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta táctica de opiniones disonantes no puede continuar y la pregunta que se plantea es: ¿por qué el Consejo teme al Parlamento Europeo? Sin embargo, no es correcto que el debate se retrase en este momento, o que se posponga la creación de la sociedad cooperativa.
Por lo tanto, tenemos que usar cualquier medio para fomentar la aprobación del Reglamento y de la Directiva sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, teniendo en cuenta el hecho de que la Sociedad Cooperativa Europea constituirá el complemento necesario de la Sociedad Anónima Europea. Con su aprobación, ayudaremos a desarrollar actividades cooperativas transfronterizas en el sector del trabajo social, lo que, según la estrategia general de empleo en Europa, constituirá una importante fuente de empleo. Las organizaciones cooperativas adquirirán un instrumento jurídico fuerte que facilitará la fundación y el funcionamiento de sociedades cooperativas en el ámbito transfronterizo.
Al igual que con la Sociedad Anónima Europea, si queremos ser coherentes, hay que salvaguardar el plazo correspondiente para los trabajadores, así como sus derechos, y hay que fomentar la construcción de una norma social europea, incluso más aún que en el caso de la Sociedad Anónima Europea. Desde este punto de vista, quisiera felicitar a los dos ponentes del Grupo Socialista que han acordado proceder conjuntamente y aprobar una estrategia común.
Para ser preciso, la Directiva ha de tener en cuenta tres puntos planteados en el informe del Sr. De Rossa. En primer lugar, el derecho a las negociaciones sobre la participación de los trabajadores no puede limitarse al período en que se está creando una SCE. Este derecho tiene que salvaguardarse durante otras fases cruciales en el funcionamiento de la empresa, como las fusiones, las transferencias, etc. Por la misma razón, los términos del procedimiento de participación del trabajador no pueden ser un derecho aislado; tienen que redefinirse si se producen cambios estructurales sustanciales en la Sociedad Cooperativa Europea con nuevas negociaciones. Asimismo, se propone acertadamente, al elegir a los representantes de los trabajadores para los órganos de supervisión o administrativos, que se de prioridad a la legislación nacional, como en el caso de la Sociedad Anónima Europea.
En conclusión: no basta con que cada vez hagamos referencia a nuestra fe en el modelo social europeo. Tenemos que examinarnos cada día y demostrar que creemos en él.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también agradezco que por fin estos expedientes se muevan, así como el trabajo de los ponentes implicados, y de todas aquellas personas que han trabajado arduamente para presentar sus opiniones. Como otros, lamento la base jurídica elegida. Los argumentos no convencen en absoluto, si es que hasta ahora hemos oído alguno en realidad.
Una de las pocas cosas que podemos decir sobre lo que tenemos delante es que al final hemos conseguido algún tipo de paridad con el estatuto de las sociedades. Esta paridad de condiciones en una economía moderna es sumamente importante en unos momentos en que muchas personas buscan valor añadido. No veo que debamos defender o permitir que se dé prioridad a una forma concreta de organización empresarial si, en este caso, ponemos trabas a otra forma distinta de organización.
Es importante salvaguardar las cooperativas y su paridad de condiciones, especialmente cuando se observa un aumento de la competencia y la amenaza de la mundialización, cuando existe una amenaza considerable de deterioro de su carácter distintivo y su forma de operar.
Hemos escuchado que se trata de un sector importante, sobre todo en términos de oportunidades de empleo como tan hábilmente ha subrayado el Sr. Hughes. También es una cuestión de democracia y participación y de que uno sienta que controla tanto su puesto de trabajo como la empresa con la que está tratando.
Las cooperativas son especialmente importantes cuando estamos hablando tanto -o de hecho hoy tan poco- de la responsabilidad social de las empresas, cuando estamos viendo a empresas que tienen mucho que enseñar, a grandes corporaciones que ya operan más allá de las fronteras, en términos de responsabilidad respecto al personal.
Apoyo muchas de las enmiendas presentadas sobre la implicación de los trabajadores y para que tengan más salvaguardas en este sentido, en términos de responsabilidad hacia los clientes, hacia la sociedad en general y, de hecho, para muchas de ellas también, la inversión que realizan en finanzas éticas, que, repito, tienen mucho que enseñar a las grandes compañías.

Gillig (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Gebhardt, señor De Rossa, hoy este debate sobre la Sociedad Cooperativa Europea se centra un tanto en el fundamento jurídico elegido para reintroducir este informe. El fundamento jurídico ha sido puesto en tela de juicio a lo largo de toda la labor de las comisiones parlamentarias porque se deriva principalmente de la enmienda 1, que se propuso específicamente para el texto del Reglamento. 
Esta situación hace, una vez más, que los diputados se hallen ante una elección imposible: reconocer los derechos de esta Asamblea en materia de codecisión o adoptar un Estatuto que el sector de la economía social espera desde hace 30 años. Negándole al Parlamento Europeo la codecisión en la materia, se prorroga el molesto precedente de la sociedad anónima y esta situación podría repetirse cuando abordemos el estatuto de las mutuas o de las asociaciones europeas. ¿Seguirá ninguneando el Consejo durante mucho tiempo la posición de este Parlamento?
Respecto a este primer punto, mis colegas han desarrollado ampliamente los motivos para cuestionar el fundamento jurídico y han avanzado argumentos de peso. No obstante, al mismo tiempo y a pesar de todo, igual de importante es que llevemos a buen puerto un texto sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa. A pesar de que el proyecto que se nos ha presentado suponga un paso atrás en algunos aspectos en relación con el texto de 1993, y aunque no haya tenido lugar un verdadero debate sobre el fondo, no estoy segura de que haga falta correr el riesgo de retrasar la puesta en práctica de un proyecto que ya ha experimentado bastantes altibajos. Hay muchos argumentos a favor de adoptar este texto sin dilación. Recordaré algunos pocos. El proyecto cuenta con el apoyo de los representantes del sector cooperativo en su conjunto, como ya hemos oído. El número de cooperativas afectadas en Europa es cualquier cosa menos desdeñable. De 200 000 empresas -señora Comisaria, mis cifras son un poco más elevadas que las suyas- del sector cooperativo europeo, con más de 3 millones de empleados, entre el 10 y el 12% operan más allá del área local y sus actividades abarcan todos los sectores de la vida económica. Estas cooperativas deben poder extender sus actividades al nivel europeo y hacerlo en un marco jurídico seguro, que garantice su especificidad, tanto en lo relativo a la preeminencia de la persona y el objeto social sobre el capital como en lo tocante a la participación en el interés general y la cohesión social.
Por último -y creo que este punto es importante- conviene permitir que un sector económico construido sobre bases jurídicas originales, que haya hecho sus pruebas en materia de desarrollo local, pueda desarrollarse, particularmente en los países que viven ahora una transición económica en ocasiones dolorosa a la economía de mercado. Este el caso de los futuros miembros de nuestra Unión. El reconocimiento de la pluralidad de formas de las sociedades y de la economía social constituyen una de las respuestas a la mundialización liberal contestada hoy en día y un componente del modelo social europeo que queremos defender. Creo, señora Comisaria, que compartimos esta preocupación.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar felicitando a los ponentes de este informe. Sin entrar en la cuestión del fundamento jurídico, quiero agradecer, además, su buena voluntad para solucionar los problemas por encima de las disquisiciones jurídicas y, por supuesto, uno espera del Consejo igual buena voluntad.
Es cierto que el Parlamento Europeo ha tratado en diversas resoluciones el tema que hoy nos ocupa, la Sociedad Cooperativa. Algunas de estas resoluciones son muy significativas. Así, en 1987, la contribución de las cooperativas en el desarrollo regional; en 1989, el papel de la mujer en las cooperativas e iniciativas locales de creación de empleo; o en 1994, el papel de las cooperativas en el crecimiento del empleo femenino. Si confrontásemos estas resoluciones enunciadas con el compromiso contraído en la Cumbre de Lisboa en 2000, y ratificado en Barcelona en 2002, pudiera pensarse que están coincidiendo sustancialmente los contenidos, políticas de igualdad, creación de empleo, etc. De hecho, salvo la satisfacción de algunas necesidades en el ámbito estrictamente local por empresas de contenido claramente local, todo tipo de empresas y empresas de todo tipo pueden llevar a cabo la organización y el desarrollo de sus actividades a escala comunitaria. 
El propio fenómeno europeo, con la dimensión que supone la ampliación, determina y define nuevos ordenamientos territoriales, de hecho o de derecho, que exigen un marco jurídico aplicable uniforme; y la falta de esa uniformidad puede dificultar o entorpecer tanto el agrupamiento que impone la competitividad como las exigencias de funcionamiento y la subsistencia.
En este marco, no podemos olvidar que las cooperativas son agrupaciones de personas o de entidades jurídicas en las que la primacía de la persona, la dimensión personal, tiene que estar siempre -y de hecho está- muy presente. Recordemos -aquí ya se ha insistido en ello- que, a través de las fórmulas de una cooperativa, se han logrado mantener puestos de trabajo, con la participación de los trabajadores, quienes han desempeñado un papel muy importante, y de este papel quiero destacar, en primer lugar, el derecho y la oportunidad de la participación de los representantes de los trabajadores tanto en el momento de la constitución de la Sociedad Cooperativa Europea como a lo largo de la vida de la misma, y principalmente en sus momentos clave, como los relativos a la fusión y a las transformaciones.
En segundo lugar, hay que destacar la necesidad de la pervivencia del concepto y de la práctica de la participación de los representantes de los trabajadores, con las peculiaridades que representa la existencia y la convivencia del órgano competente de la Sociedad Cooperativa y el órgano de representación de los trabajadores.
También creo necesario insistir en la necesidad y la oportunidad de que políticas horizontales, con las que está particularmente comprometido el Parlamento -igualdad de géneros, salud laboral, no discriminación, etc.-, sean fuertemente impulsadas a través de la Sociedad Cooperativa.
Y, por último, debemos tener en cuenta que para el cumplimiento de su tarea, que tiene una carga de derecho y otra de obligación y un contenido único, función o servicio público, los representantes de los trabajadores han de gozar de la misma protección de la que gozan los representantes de los trabajadores en el ámbito nacional.
Ghilardotti (PSE).
Sr. Presidente, muchos diputados han hablado ya de la negativa del Consejo a aprovechar la oportunidad de respetar y reconocer las prerrogativas del Parlamento Europeo establecidas en el Tratado y de proponer un fundamento jurídico que contemple la codecisión del Parlamento con respecto al Reglamento sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.
Es importante recordar que ya en 1991 el Consejo optó por este fundamento jurídico con respecto a las tres propuestas de Reglamento que presentó a la sazón sobre una Sociedad Cooperativa Europea, una Asociación Europea y una Sociedad Mutua Europea, respectivamente, sí como con respecto a la propuesta original de Sociedad Europea.
La actitud del Consejo es tanto más incomprensible a la luz de sus actitudes previas, de modo que espero que reconsidere su postura después del voto de mañana en esta Cámara.
En este contexto -como ya ha explicado la ponente-, la propuesta de Reglamento sobre el Estatuto de una Sociedad Cooperativa tiene por objeto la armonización, la aproximación de las leyes de los Estados miembros, es decir, la eliminación de todas las barreras que obstaculizan el funcionamiento del mercado interior. No regula cuestiones como la fiscalidad o la competencia -aunque estas son importantes y tendrán que abordarse en el futuro- o asuntos de derechos de autor o suspensión de pagos, sino únicamente la estructura de las sociedades, remitiéndose sistemáticamente a la legislación nacional del país en que la sociedad cooperativa tiene su sede social.
Dicho esto, no podemos sino estar de acuerdo en que es importante y urgente encontrar una solución para la creación de la sociedad cooperativa, dado que el trabajo en torno a este proyecto ha estado paralizado durante décadas y que hasta diciembre de 2000 el Consejo no llegó finalmente a un acuerdo político sobre el fondo, sobre el contenido del Reglamento y de la Directiva sobre la participación de los trabajadores , que está vinculada a la creación de la Sociedad Cooperativa Europea.
A lo largo de estos años, o más bien décadas, el mundo de las cooperativas se ha expandido mucho en Europa, ha adquirido peso económico y ha demostrado que realmente desempeña un papel social clave, particularmente con respecto al empleo. En varias ocasiones durante estos años, el Parlamento Europeo se ha manifestado, a través de varios informes, sobre la importancia del sector terciario para la economía, sobre el papel esencial que desempeña en la defensa de la sociedad, sobre su probada capacidad, puesta de manifiesto en numerosos estudios, para crear puestos de trabajo, incluso puestos de trabajo de alta calidad. El Sr. Hughes ha mencionado una iniciativa acertada del Parlamento Europeo que reveló el celo y la competencia del sector terciario y del sector cooperativo a la hora de responder a los desafíos del empleo y la cohesión social.
Con las enmiendas propuestas, que espero se aprueben mañana y sean tenidas en cuenta por la Comisión y el Consejo, el Parlamento Europeo refuerza la propuesta, introduce en el Reglamento los cambios necesarios para armonizar el estatuto y las disposiciones de la Directiva sobre la participación de los trabajadores. Se consagran los derechos de información y consulta, para asegurar que sean plenamente respetados en la fase prelegislativa y siempre que se introduzcan cambios estructurales o modificaciones.
Para terminar, señor Presidente, yo también felicito a los dos ponentes, ya que han trabajado juntos y han desarrollado estos dos importantes informes codo a codo.
Howitt (PSE).
Señor Presidente, permítame que empiece felicitando a nuestro colega el Sr. De Rossa por su trabajo en este informe y agradeciendo tanto la Directiva como el estatuto paralelo para las cooperativas.
Quisiera dejar a un lado el debate que estamos celebrando sobre la base jurídica y hablar de un tema tan importante como es el tema de la participación de los trabajadores, que esta noche en el Parlamento Europeo debería ocupar un lugar preeminente. Quiero apoyar al ponente y las enmiendas que ha presentado, en concreto respecto a las cooperativas que están implicadas en fusiones y en relación con el equilibrio de género. En lo que a mí respecta, por mi trabajo sobre la responsabilidad social corporativa en este Parlamento -el lunes que viene daré también una conferencia en París ante la organización que abarca a las cooperativas de toda Europa-, realmente creo que es cierto decir que las cooperativas están abriendo camino en términos de práctica empresarial socialmente responsable, y merecen reconocimiento por ello.
Este debate gira en torno al apoyo a los trabajadores que se agrupan para poseer y trabajar juntos en su empresa para un buen fin. Este principio cooperativo se remonta nada menos que a la labor de Robert Owen en mi propio Estado miembro, y esto es algo que celebramos en este debate. También se refiere al negocio próspero, que es el núcleo y el motor de la economía. Un informe reciente elaborado por la Fundación del Trabajo y por el Birkberck College del Reino Unido demostraba gráficamente cómo la implicación de los trabajadores va unida al éxito de la empresa: ambos van de la mano. Y esto es así en mi propia circunscripción del este de Inglaterra, donde no hablamos solo de una parte muy significativa de la economía en que intervienen las cooperativas, sino que hablamos también de una fuente de empleo socialmente útil. Por ejemplo, existe una cooperativa líder que ofrece asistencia en zonas rurales al este de Inglaterra de modo que las personas ancianas y discapacitadas pueden obtener unos servicios que de otra forma se les negarían, y esto crea a la vez puestos de trabajo. Podemos encontrar otro ejemplo en Harlow, Essex -en mi circunscripción-, donde tenemos cinco cooperativas de crédito independientes, cooperativas que prestan dinero y financian créditos que de otra forma no estarían disponibles para personas con ingresos bajos y escasa solvencia. Tienen más de 1 000 socios en una ciudad de tan solo 76 000 habitantes. Esto ofrece además un empleo extremadamente valioso.
Los principios en que se basa esta Directiva son claros. Va a otorgar a las cooperativas una seguridad jurídica y una imagen positiva a escala europea, cosa que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Es totalmente voluntario, nadie está obligado a adherirse a ello, nadie les ha impuesto una normativa europea. Es una definición, que inevitablemente crea un compromiso, de lo que tiene que ser la empresa cooperativa, algo con lo que está de acuerdo el propio movimiento cooperativista de toda Europa.
Finalmente, esta noche hemos vivido una larga epopeya sobre el estatuto de la sociedad europea: celebramos el paso que nos lleva al final de la larga epopeya sobre las cooperativas. Pero quiero decir al Comisario y a todas las personas de esta Cámara: pasemos ahora al estatuto de las asociaciones, para que las organizaciones no gubernamentales y voluntarias puedan gozar también de un estatuto legal. Todo este paquete ha tardado demasiado tiempo.Esta noche hemos dado un paso importante, pero debemos trabajar para conseguir dar el próximo.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0119/2003) del Sr. Callanan, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/25/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo PE - CONS [3615/2003 - C5-0109/2003 - 2000/0262(COD)].

Callanan (PPE-DE)
Señor Presidente, doy las gracias a la Comisión, a todos los diputados y a los grupos del sector y de los usuarios que se han interesado por este tema y que me han enviado muchas aportaciones sobre sus problemas, sugerencias sobre cómo se podrían resolver y las dificultades que planteaba la propuesta original.
Si la Comisión es honesta, reconocerá que la propuesta original que presentó a esta Cámara planteaba muchos problemas, especialmente en relación con el elemento retrospectivo de las propuestas. Vengo de un país donde en general se considera que la ley retrospectiva es una mala ley, que los ciudadanos siempre deben tener la certeza de saber bajo qué leyes y reglamentos cumplen con sus deberes. Hacer algo retrospectivo y aplicarlo a lo que ha ocurrido en el pasado es malo. Afortunadamente, hemos conseguido ponernos de acuerdo para eliminar prácticamente todos los elementos retrospectivos de esta legislación. El proceso de revisión ha sido útil para muchos.
Hemos mejorado las propuestas de comitología, hemos mejorado las propuestas relacionadas con las embarcaciones construidas para uso propio. Hemos incorporado propuestas del grupo Verts/ALE sobre aceites biodegradables y hemos complacido a los grupos de usuarios y a las industrias presentando el margen de tolerancia al ruido de 3 dB. El resultado ha sido satisfactorio para casi todas las partes. Estos últimos días he recibido mensajes de correo electrónico de grupos de usuarios diciendo que se sienten relativamente satisfechos, y también de la industria diciendo que se siente relativamente satisfecha. Teniendo en cuenta que la Comisión se siente relativamente satisfecha, se trata de un resultado realmente increíble.
En el marco de la legislación, se ha pedido a la Comisión que presente nuevos informes. Quisiera advertir a la Comisión sobre el peligro de un exceso de reglamentación en este sector. En un principio las propuestas se presentaron para reducir las emisiones procedentes de las embarcaciones de recreo. Las embarcaciones de recreo en la Unión Europea suponen un 0,5% del total de emisiones. Con esta propuesta asistiríamos a una importante reducción de esta fracción de emisiones. Espero que la Comisión tendrá en cuenta que, si intenta regular todavía más este sector, tropezará con la ley de rendimientos decrecientes. Sería muy difícil justificar el elevado coste y los inconvenientes que implicaría para los usuarios producir unas mejoras ínfimas aún menores en la protección medioambiental.
En cuanto a las pruebas de conformidad de embarcaciones usadas, también se ha pedido a la Comisión que presente propuestas. Teniendo en cuenta que muchos Estados miembros -y estoy pensando ahora especialmente en Finlandia- tienen miles de pequeños barcos en lagos muy remotos e inaccesibles, espero que, cuando y en el caso de que presente propuestas para un sistema de pruebas de conformidad de las embarcaciones usadas, la Comisión tenga en cuenta la dificultad de aplicarlas en muchos Estados miembros. Espero que también tenga en cuenta que las mejoras de la protección medioambiental que desea conseguir serán ínfimas y quizás no justifiquen el alto coste y los inconvenientes que implicarán para los afectados.
Después de estos pocos comentarios, relativamente negativos, permítanme que dé las gracias a la Comisión por su ayuda en la presentación de estas propuestas. Doy las gracias a los diputados -ninguno de los cuales se ha presentado- por sus aportaciones. Hemos llegado a un resultado satisfactorio para todas las partes afectadas. Pido a la Cámara que apruebe la propuesta.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, señor Callanan, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento a la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación y sobre todo a usted, señor Callanan, por el excelente trabajo realizado, que ha permitido elaborar rápidamente el texto de compromiso que hoy debatimos. La propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa a las embarcaciones de recreo está destinada a integrar las cuestiones medioambientales en una Directiva sobre el mercado interior, de modo que es un buen ejemplo de las sinergias que exige el desarrollo sostenible entre la política medioambiental y la política industrial. El compromiso alcanzado entre los representantes de esta Asamblea y el Consejo en el marco de las conversaciones a tres bandas constituye un equilibrio entre estos dos pilares del desarrollo sostenible.
La Comisión confía en que este expediente llegue a buen puerto, esto es, que el texto que le acompaña sea adoptado por esta Asamblea y por el Consejo. Este es el último paso del procedimiento, que permitirá disponer de una normativa comunitaria largo tiempo esperada sobre la limitación de las emisiones de las embarcaciones de recreo, y agradezco a la Asamblea y, muy especialmente, una vez más al ponente su contribución a que este objetivo se llegue a conseguir.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, Sra. Comisaria, quisiera dar las gracias al ponente por su constructivo trabajo y, al igual que el ponente, lamento que mantengamos el debate a esta hora, pero creo que nuestro amor compartido por los barcos, la navegación y la construcción naval nos trae aquí esta noche. Existe un dicho: Navigare necesse est, vivere non est necesse. De cualquier modo, estamos debatiendo una de las cosas más importantes en la vida.
Al mismo tiempo, el asunto es muy importante, por ejemplo, para las regiones que represento, en las que la construcción de barcos es una industria importante. He estado siguiendo la génesis de esta Directiva desde que Alemania y Suecia propusieron que introdujéramos normas uniformes. Hoy, el acuerdo en torno a esta Directiva ha detenido la fragmentación del mercado europeo. De la misma manera, me alegra que por fin nos hayamos puesto de acuerdo entre nosotros respecto de las normas similares en relación con los lagos y los mares. Creo que el ponente ha desempeñado un papel muy importante con relación a esto. En su discurso de hoy, también ha demostrado que está familiarizado con lo que se aplica en diferentes partes de Europa. Le agradezco que haya mencionado a mi país.
Hemos llegado a una propuesta racional, importante en términos medioambientales. La Directiva también implica la introducción de algo esencial: la reglamentación del ruido de las motos acuáticas. Las nuevas motos acuáticas que se lancen al mercado a partir del 1 de enero de 2005 tendrán que cumplir la Directiva. Cuando, antes del finales de 2006, la Comisión revise esta Directiva, es importante que el asunto del ruido de las motos acuáticas sea examinado en detalle, porque en la actualidad las motos acuáticas constituyen la mayor perturbación desde el punto de vista del ruido en muchas zonas del vulnerable archipiélago escandinavo.
Asimismo, estoy encantado con que haya sido posible llegar a un acuerdo para revisar las diferentes categorías de embarcación. No pueden imaginarse la ansiedad que se ha sentido en Finlandia respecto de lo que ocurriría en relación con los llamados barcos Savolax. Existía preocupación de que infringieran la Directiva, un asunto del que es muy consciente el Comisario finlandés. Sin embargo, parece que también se ha tratado este asunto. Espero que se pueda adoptar un nuevo enfoque cuando se revise la Directiva, porque se trata de un reglamento muy detallado que quizá debería tomar otro rumbo en el futuro.
Finalmente, estoy de acuerdo con el ponente en que es una buena solución no exigir a la Comisión que adopte la prueba de conformidad en uso. Existen alternativas, incluidos los sistemas voluntarios, para conseguir exactamente lo que queremos, y a un coste más razonable. En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas quiero recomendar que, por aclamación, aprobemos el informe de la delegación de conciliación.

Piscarreta (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en Portugal, y más concretamente en la región del Algarve, a la que aquí represento, las embarcaciones de recreo y las motos acuáticas son una realidad diaria y muy extendida, dada la abundancia de zonas de baño y su actividad turística.
Con el fin de actualizar la Directiva 94/25/CE, de 16 de junio de 1994, la Comisión Europea decidió analizar la evolución tecnológica de los motores y las más recientes exigencias en materia de protección ambiental.
Acogemos con agrado la iniciativa original de la Comisión Europea para que las embarcaciones resulten más compatibles con las normas ambientales vigentes, especialmente las que se refieren a:
las emisiones de escape y partículas que degradan la calidad de las aguas en las zonas de baño;
así como el ruido de los motores, que perjudica tanto al medio ambiente como al bienestar de las poblaciones y de los veraneantes.
Por este motivo, he seguido con especial atención los trabajos que dieron lugar al informe que tenemos ante nosotros. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro colega, el Sr. Callanan, por la calidad de su informe, sobre el que ya tuve oportunidad de manifestar mi opinión durante la segunda lectura del Parlamento Europeo, en septiembre de 2002.
Acojo con satisfacción los resultados finales del proceso de conciliación, en el que el Parlamento Europeo supo imponer sus opiniones, así como la aplicación de la tolerancia con respecto a la emisión sonora fijada en 3 decibelios para todo tipo de motores.
Sin embargo, quiero señalar que defiendo la existencia de un régimen de excepciones para los barcos destinados a la competición y al transporte de pasajeros con fines comerciales, elementos importantes para el desarrollo del turismo, principal actividad de mi región.
Con respecto a la competición, solo mencionaré, a modo de ejemplo, la celebración anual en el Algarve de una de las pruebas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Motonáutica, que atrae a esta región a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, las embarcaciones de recreo han experimentado una evolución muy importante. Inicialmente estaban propulsadas por motores de dos tiempos que contaminaban seriamente el medio ambiente y también generaban mucho ruido. En las embarcaciones modernas se observa que la labor de investigación y desarrollo ya ha dado muchos frutos en este ámbito, y su desarrollo puede continuar. Pienso que hemos alcanzado una solución conjunta que también constituye un estímulo para que se siga desarrollando esta tecnología y quiero agradecerle sinceramente al Sr. Callanan que hiciese suya la iniciativa. A fin de cuentas, nuestro objetivo es garantizar la movilidad futura, no solo para la actividad profesional, donde evidentemente es muy a menudo una necesidad vital, sino también en el ámbito del deporte, en el cual creo que últimamente se han conseguido algunas cosas. En última instancia, se trata de minimizar los gases de escape y los ruidos, acomodando debidamente en cada caso estos esfuerzos al medio correspondiente. Por esto, considero que en este caso hemos alcanzado una solución con la que todos nos podemos dar por satisfechos. Quiero expresar una vez más mi sincero agradecimiento y mi esperanza de que esto nos permita conseguir un resultado favorable también en el Parlamento.

El Presidente.
Gracias, señor Rübig. 
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
El Presidente.
De acuerdo con el orden del día, se procede a la pregunta oral (O-0027/2003 - B5-0091/2003) a la Comisión, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el turismo.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, el conflicto militar en el Iraq ha afectado mucho al sector de los viajes y el turismo. El síndrome respiratorio agudo severo ha venido a añadir nuevas incertidumbres. No obstante, no hay que sobrestimar los efectos negativos sobre el turismo en general. Podemos confiar con razón en que el turismo se recuperará en la mayor parte de los destinos turísticos europeos. El turismo es una de las ramas industriales de mayor envergadura de la Unión Europea, con una contribución directa al producto interior bruto y al empleo de alrededor del 5% y una contribución indirecta de casi un 12%.
En su comunicación «Un marco de cooperación para el futuro del turismo europeo», de 13 de noviembre de 2001, la Comisión propuso un marco de acción y diversas medidas para reactivar el sector turístico europeo, un sector en que apoya una estrecha cooperación entre todas las partes interesadas del sector público y privado. El programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2003 prevé una nueva comunicación sobre la ulterior transposición de algunas partes de la comunicación de 2001, especialmente en relación con el tema de la sostenibilidad del turismo europeo. Se tratará de una iniciativa concreta con vistas a una acción coordinada de todas las partes interesadas encaminada a reactivar el sector turístico europeo. Si los Estados miembros y el sector turístico están de acuerdo con que la Comisión emprenda la iniciativa de una nueva acción coordinada con el fin de contribuir a la recuperación del turismo europeo de las notables circunstancias negativas, la Comisión estaría dispuesta a desarrollarla en el marco de las competencias comunitarias definidas en el Tratado.
La mención de las competencias comunitarias me lleva a referirme a la Convención, que en gran medida trabaja con vistas a la continuidad legal. En el actual Tratado de las Comunidades Europeas, el turismo se menciona en la letra u) del apartado 1 del artículo 3. En lo que respecta a la referencia al turismo como responsabilidad complementaria en la futura Constitución, tenemos que esperar y ver qué propuestas avanzará el Presidium al respecto y cómo responde la Convención.
En su programa legislativo para 2003, la Comisión enumera más de 40 propuestas legislativas de las que cabe esperar que tengan repercusiones en el sector turístico, 24 de ellas de manera más o menos clara. Estas incluyen tanto propuestas que responden a las prioridades políticas para 2003, como otras propuestas legislativas que seguramente se presentarán en el curso de este año. Estas abarcan diversos ámbitos políticos, sobre todo el del transporte -con un 40% de todas las propuestas y la mitad de las más importantes-, seguido de los temas relacionados con la fiscalidad, con cinco propuestas. Esperamos que dichas iniciativas de la Comisión puedan contar con el apoyo de esta Asamblea.

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, no cabe duda de que, en especial recientemente, el turismo en Europa atraviesa una grave crisis, en parte debido a la crisis iraquí. Creo que habría que actuar para abordar este problema en el ámbito europeo. Esperamos más pasos en esta dirección, pero, por supuesto, el problema básico es la falta de fundamento jurídico en el Tratado. Y en ello centraré mi intervención. Sé que, de vez en cuando, el Comisario, Sr. Liikanen, hace lo que puede y lo que se le permite sobre la base del marco legislativo actual; sin embargo, hay iniciativas que afectan al sector turístico y que no se ajustan a un único enfoque y, al mismo tiempo, existe el extraño fenómeno de que si bien disponemos de una política para la industria, no disponemos de una política para la parte más importante de la industria o, en todo caso, una parte que cada vez es más importante: el turismo.
Creo que también es extraño que haya políticas sobre varios asuntos, como la pesca, y con razón, mientras que el sector turístico, que da trabajo a un gran número de trabajadores y cuyo número aumenta año tras año, permanece en el olvido. Señora Comisaria, nadie en este Parlamento está hablando de sustituir el papel de los Estados miembros. Más bien al contrario. Estamos hablando de valor añadido en el ámbito de Bruselas. Estamos hablando de actuación coordinada, de imitar lo que está ocurriendo en otros sectores, como en el ejemplo que he mencionado.
La Convención constitucional constituye una oportunidad importante que no debe desperdiciarse. Su respuesta, la respuesta de la Comisión, no la suya personal, porque sé que usted no es responsable del asunto, usted solo representa a la Comisión aquí, no satisface al Parlamento. Si observa las posiciones que el Parlamento toma de vez en cuando, su respuesta es bastante neutra. Uno espera un compromiso más fuerte por parte de la Comisión para la Convención. Hay miembros de la Convención que están abordando la cuestión. Nuestro amigo, el Sr. Lamassoure, ha presentado una enmienda para que el turismo se convierta en una responsabilidad adicional de la Unión Europea, y estamos esperando los pasos sustanciales y un compromiso fuerte en esta cuestión particular por parte de la Comisión Europea, porque la Convención no puede y no debe quedarse inexplotada. Es una oportunidad de comenzar de nuevo en el ámbito del turismo a escala europea.

Torres Marques (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace aproximadamente un año el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el futuro del turismo en Europa, de la que yo fui ponente en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Dicha resolución propone expresamente que el turismo tiene que tener un sólido fundamento jurídico en la futura Constitución europea para que la Comisión pueda responder efectivamente a los diversos problemas que puedan surgir.
Siendo uno de los sectores de actividad más importantes de Europa, que es el principal destino turístico del mundo, y siendo uno de los sectores con más futuro para la creación de empleo y la generación de riqueza, cuesta comprender la falta de reconocimiento político y de medios de intervención que se observa en los Tratados vigentes.
Frente a una industria manufacturera con una tendencia cada vez mayor a trasladarse fuera de Europa, el turismo surge como una actividad de múltiples servicios que no puede trasladarse, intensiva en mano de obra, con la que Europa cuenta actualmente y con la que podrá seguir contando en el futuro. Sin embargo, ¿deberá esta actividad, por definición transfronteriza, quedar fuera de la capacidad de intervención de las instituciones europeas? ¿Podrá Europa renunciar a intervenir en uno de los sectores más prometedores para su desarrollo futuro? ¿Podrá la Unión Europea permanecer inerme para hacer frente y responder a las necesidades de las industrias vinculadas a esta actividad, por la inexistencia de un fundamento jurídico que le permita intervenir eficazmente? Esta es la situación a la que nos enfrentamos en este momento.
En efecto, en el texto de la nueva Constitución presentada por el Presidium no se hace referencia ni una sola vez al turismo. Ni siquiera se propone que se mantenga lo que se había conseguido en los Tratados vigentes, que ya se considera insuficiente. En el Parlamento Europeo mantenemos nuestra postura de que el turismo se mencione expresamente como un sector de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, mediante una referencia específica en la primera parte de la Constitución y en la parte relativa a las políticas de la futura Constitución europea. Y preguntamos: ¿qué está haciendo la Comisión para conseguirlo? Pregunto, así pues, a la Comisión, ¿cuáles son sus propuestas para reforzar el fundamento jurídico del turismo en la futura Constitución europea?

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, me complace como miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, poder hablar nuevamente del turismo. Veo tres puntos de interés concretos.
En primer lugar el impacto ambiental. Muchos diputados de esta Cámara provienen de regiones donde el turismo es un importante sector económico y tiene un gran impacto en las personas y el medio ambiente. Quisiera por tanto preguntar a la Comisión cómo piensa controlar este impacto del turismo en las personas y en el medio ambiente. ¿Qué hace la Comisión para la sostenibilidad del turismo en el marco de la Agenda 21? También pienso en la importancia del artículo 6 del Tratado, que obliga a la Comisión a integrar la protección del medio ambiente en sus políticas, es decir, también en el sector turístico, con miras a fomentar el desarrollo sostenible.
Un segundo aspecto es el vínculo con la política regional. Sin duda existe un vínculo con el desarrollo regional y el turismo. Pero no podemos permitir que se destruyan nuestras bazas, a saber, la naturaleza y el patrimonio cultural. En este ámbito es preciso resaltar mucho más los fondos estructurales.
El tercer vínculo es la política de transportes. Por supuesto hay un enorme incremento del transporte de personas. No solo ha aumentado el tráfico aéreo, sino también el tráfico por carretera. En mi opinión, en este punto es preciso optar por un enfoque específico a favor de un transporte ecológico y seguro. El hecho de que desaparezcan los trenes nocturnos internacionales demuestra que no estamos haciendo lo correcto en este ámbito. Tampoco existe ninguna normativa europea que permita llevar bicicletas en el tren. Espero que la Comisión esté dispuesta a invertir en buenas prácticas, creación de redes y ampliación de conocimientos en torno a la problemática de la movilidad y el turismo.

Jarzembowski (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, lo que voy a decir no va personalmente contra usted, pero dado que representa a la Comisión, espero que transmita a su colega, el Comisario Liikanen, lo que estamos debatiendo. Su respuesta me ha parecido un poco aplacadora.
Creo que a raíz de la guerra del Iraq y de la aparición del síndrome respiratorio agudo severo en Asia, sobre el turismo intraeuropeo y hacia Europa atraviesa, como decimos en nuestra costa alemana, un fuerte temporal, como ocurre también con el turismo hacia otros países no europeos. En el transporte aéreo, las cifras de pasajeros disminuyen, un 10% en los vuelos con destino a Oriente Próximo y hasta más de un 25% en los vuelos con destino a Asia. Las compañías aéreas y las empresas turísticas están haciendo todo lo posible para intentar controlar la situación, pero necesitan el apoyo de los Estados miembros y de la UE. Lamentablemente, hasta el momento no existen indicios de cómo se proponen desarrollar la Unión Europea y los Estados miembros una estrategia común encaminada a mitigar y superar la crisis.
Este es el motivo de mi primera pregunta a la Comisión: ¿Estaría dispuesta la Comisión a crear un grupo de trabajo ad hoc de alto nivel con la participación del sector turístico a fin de elaborar una estrategia, en particular con miras a aliviar los costes del sector turístico y estimular el turismo internacional? En segundo lugar, señora Comisaria, a mi parecer, independientemente de la crisis actual, la Comisión debería examinar a fondo la situación del turismo y estudiar sobre todo la situación en los Estados miembros en lo que respecta a la competitividad. En efecto, no puede ser que, en un mercado interior europeo, en los Estados miembros se apliquen tipos del IVA distintos a las actividades turísticas. Esto falsea la competencia entre ellos.
Como seguramente ya sabe -usted misma lo ha destacado-, el sector turístico merece que le dediquemos una atención especial justamente porque está en manos de pequeñas y medianas empresas, que crean puestos de trabajo y oportunidades de formación en amplias zonas de la Unión Europea.
Finalmente, quisiera repetir lo que ya han dicho todos los oradores que me han precedido: necesitamos seguridad y claridad jurídicas para las acciones a favor del turismo y, por consiguiente, este debe figurar en la Constitución como una tarea independiente y con una competencia clara. Reconozco que también nosotros tenemos dificultades con nuestros representantes en la Convención, señora Comisaria. Pero la Comisión tiene también dos representantes y, por lo tanto, yo le pregunto: ¿Han presentado los dos representantes de la Comisión en la Convención una petición clara de que en la nueva Constitución se incluya el turismo como una tarea con competencias propias?

El Presidente.
Gracias, señor Jarzembowski.
Parece que la Sra. Schreyer desea responder, así que le doy la palabra.

Schreyer
Señor Presidente, puesto que se han formulado preguntas tan concretas, permítame que aproveche la oportunidad para responder a la intervención del Sr. Dhaene. Yo había expuesto que la Comisión va a presentar una comunicación sobre la sostenibilidad del turismo este año. En cuanto al tema de la Convención, en este momento solo puedo decirle que la Comisión también desea preservar la situación actual, pero naturalmente debo reconocer que tiene usted razón: nosotros tenemos dos representantes en la Convención, frente a los 16 que tiene el Parlamento Europeo. Por consiguiente, estoy segura de que se pueden hacer cosas.

El Presidente.
Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
(Se levanta la sesión a las 23.06 horas)

