Banco Europeo de Inversiones (2001)
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0364/2002) de la Sra. van den Burg, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe anual 2001 del Banco Europeo de Inversiones [2001/2256(INI)].
Antes de conceder el uso de la palabra a la ponente, deseo dar la bienvenida al Sr. Maystadt, Presidente del Banco Europeo de Inversiones, que intervendrá más tarde.

van den Burg (PSE)
Señora Presidenta, permítame que comience mi intervención con unas palabras de bienvenida, dirigidas igualmente al Sr. Maystadt. Asimismo quisiera agradecer al BEI la fructífera cooperación que hemos mantenido con ocasión del examen de sus informes anuales, siguiendo la tradición de los últimos tres años. Creo que el Parlamento puede estar satisfecho por la acogida que obtuvieron de usted las sugerencias realizadas en nuestros informes anteriores, y espero que así suceda también en el caso de mi informe.
En la introducción de su Informe anual 2001, describió al BEI como un banco público con una orientación política, que tiene como misión ayudar a alcanzar objetivos económicos, sociales y, en última instancia, políticos. Estoy totalmente de acuerdo. El BEI puede cumplir un importante papel macroeconómico y respaldar las políticas de la UE en ámbitos fundamentales. El BEI es un banco público, que debe responder de sus políticas ante los ciudadanos. He redactado mi informe y he señalado una serie de aspectos en este sentido teniendo en cuenta estas consideraciones. Hoy quisiera destacar cinco elementos de mi informe, que son los siguientes: la ampliación de capital, los fondos de pensiones, las políticas de empleo y de mercado de trabajo, la ampliación de la UE y la adecuada supervisión de las políticas del BEI.
Voy a empezar por la ampliación de capital. En su reunión anual del 4 de junio, el Consejo de Gobernadores decidió ampliar el capital en 50 000 millones de euros. El Parlamento acoge con satisfacción esta decisión y considera acertado que se haya decidido financiar esta ampliación de capital con fondos del propio Banco. No obstante, condenamos el hecho de que el Consejo se niegue a acordar una nueva ampliación durante los próximos cinco años. El Parlamento también aplaude la decisión de aumentar del 50% al 70% el presupuesto total la financiación de algunos proyectos en los sectores más afectados por la desaceleración económica. Quisiera destacar asimismo el mecanismo que ofreció el BEI con ocasión de las inundaciones de este otoño en Europa central y oriental, con objeto de elevar hasta un 100% el apoyo a los programas de emergencia. Creo que esto encaja bien con la imagen de un banco activo que respalda los objetivos de la UE. De esa manera, el BEI se hace notar también entre los ciudadanos.
Quisiera ahora pasar al asunto de los fondos de pensiones. En mi informe me extiendo sobre el papel del Banco como prestatario en los mercados de capitales. El BEI también cumple un papel de primer orden en este ámbito, sobre todo en los mercados relativamente nuevos, como los de algunos países candidatos. Con su calificación crediticia AAA y sus emisiones de bonos a largo plazo en diferentes monedas, el Banco es un protagonista destacado y una inversión muy segura para los fondos de pensiones, por ejemplo. El inconveniente es que los bonos del BEI no siempre son de libre acceso. A menudo se aplican restricciones gubernamentales justamente a las inversiones realizadas por fondos de pensiones y compañías de seguros. El BEI puede contribuir a romper el hielo, con el fin de fomentar las inversiones a largo plazo y, como resultado, ofrecer a los inversores mayores oportunidades de realizar inversiones más arriesgadas en sus nuevas economías. Por ejemplo, el BEI podría ser un socio interesante para los fondos de pensiones. Por este motivo, he presentado una enmienda adicional antes del debate de mi informe en el Pleno, y quisiera invitar al Banco a que desempeñe un papel activo. Asimismo me gustaría conocer la opinión del Sr. Maystadt sobre esta materia.
El tercer aspecto que deseo destacar se refiere a las políticas de mercado de trabajo. El programa de acción de Amsterdam ha conseguido suscitar un mayor interés por los proyectos en los ámbitos sociales. Desde hace mucho tiempo, la mayoría de las inversiones se concentran en las infraestructuras materiales. Sin embargo, es también importante invertir en infraestructura social. Yo aplicaría a la política del BEI el doble frente del objetivo de Lisboa, económico y social a la vez. Al igual que el año pasado, el Parlamento insta al BEI a que evalúe las repercusiones sobre el empleo de las actividades y los proyectos desarrollados y apoyados por el Banco, y a que mejore la capacidad técnica interna y externa en este campo en todas sus actividades y Direcciones. Me interesaría también conocer las intenciones del Sr. Maystadt en este ámbito.
Por lo que respecta a la ampliación, el martes debatimos en el Parlamento la primera ronda de la ampliación de la UE. El BEI también puede poner su granito de arena concediendo una alta prioridad a las actividades en los países candidatos y permitiendo que estos países participen plenamente. Tengo la impresión de que los nuevos Estados miembros aprovechan demasiado poco las oportunidades de inversión. Parece como si se estuvieran imponiendo restricciones a ellos mismos porque no desean endeudarse en exceso, una aspiración loable que puede aproximarles a la unión monetaria, pero que yo pondría en tela de juicio en este momento. En cualquier caso, el Parlamento ha recomendado al BEI que no pase por alto la dimensión social y que crea un programa especial para los países candidatos y otros países socios, que aborde los objetivos de la cohesión social. Quizás el Sr. Maystadt también pueda ofrecer más detalles al respecto en su respuesta.
Finalmente, el Parlamento insta a que se intensifique la cooperación entre el BEI y el BERD sobre la base de una división de tareas eficaz y bien estudiada. Este aspecto se examinará, de hecho, en un futuro próximo en nuestra comisión y en esta Asamblea en un informe separado del Sr. Markov.
El último aspecto que deseo destacar se refiere a la supervisión. El Parlamento siempre ha dedicado toda su atención a la importancia de la transparencia y de una supervisión adecuada del Grupo BEI. La necesidad de una supervisión adecuada, en su calidad de banco público de inversión, es evidente, pero todavía es posible introducir mejoras a este respecto. Esto se debe, en gran parte, a la posición dual del BEI que es, por un lado, una institución pública financiada originariamente con el dinero de los impuestos y, por otro, un banco normal cuyo FEI, que también forma parte del Grupo, es también un fondo de capital de riesgo. Al tratarse de instituciones financieras, no están sujetos a la supervisión prudencial normal que se aplica a las demás instituciones a escala nacional. Esta supervisión a escala europea ha sido objeto de un informe que apoyé ayer en esta Cámara. Creo que este aspecto también puede ser significativo en el caso del BEI.
Un último punto es el relativo a las recomendaciones presentadas por la Comisión de Control Presupuestario, y voy a dejar que sea el Sr. Sjöstedt quien se encargue de exponerlas. En mi informe las he contemplado ampliamente casi todas.

Monti
Señora Presidenta, señor Presidente Maystadt, Señorías, quisiera agradecer al Parlamento Europeo que, una vez más, haya tomado la iniciativa de organizar un debate sobre la labor del BEI. Deseo felicitar a la ponente, la Sra. van den Burg, por su extraordinariamente interesante y completo informe, que destaca el papel del BEI como la principal institución financiera a largo plazo de la Comunidad para algunos sectores clave de la Unión Europea, para los países candidatos y para otros países socios.
Quisiera considerar brevemente estos cuatro puntos: la colaboración entre el BEI y la Comisión, la labor del BEI en los países socios, la labor del BEI en los países candidatos y el Acuerdo tripartito entre el BEI, el Tribunal de Cuentas y la Comisión.
En cuanto al primer punto, el BEI es un banco público con una orientación política. Su tarea, como ha señalado el propio Presidente Maystadt, es contribuir a la consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea, en colaboración con la Comisión. A este respecto, la Comisión acoge con gran satisfacción la creciente cooperación con el Banco en varios sectores prioritarios, como el desarrollo regional y el medio ambiente, y también en los ámbitos que aborda la iniciativa Innovación 2000, como son la investigación y el desarrollo, el sector audiovisual y la tecnología de la información.
La Comisión apoya la consolidación de las actividades del Grupo BEI dirigidas a las PYME y suscribe la opinión del Parlamento Europeo de que el Banco debería adoptar la definición de PYME de la Comisión.
La Comisión reconoce el deseo del Parlamento de que se evalúen las repercusiones para las PYME del «Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2005)», llamado MAP. En este sentido, la Comisión se propone elaborar en 2003 un informe intermedio de progresos del MAP, que incluirá las repercusiones sobre las PYME, tal como establece la Decisión del Consejo relativa al Programa plurianual. Además, y de nuevo conforme establece la misma Decisión, la Comisión presentará al Consejo y al Parlamento un informe de evaluación externa a finales de diciembre de 2004.
Por lo que se refiere al segundo punto, el BEI ha ampliado sus actividades de financiación en los países socios, en estrecha colaboración con la Comisión. En este contexto, el mecanismo de inversión y asociación mediterráneo, que se puso en marcha en Barcelona el pasado octubre, constituirá una importante iniciativa para el fomento del desarrollo económico en los países fronterizos del sur. La Comisión ha brindado un considerable apoyo a esta iniciativa, para la que se ha comprometido a destinar 255 millones de euros del presupuesto comunitario durante los próximos cuatro años. Además, el BEI está preparando, en colaboración también con la Comisión, la puesta en práctica del nuevo fondo de inversiones para los países ACP previsto en el Acuerdo de Cotonú. Por lo que respecta a los Balcanes, la Comisión y el Banco están examinando en estos momentos la posibilidad de otorgar a éste último un mandato para actuar en Kosovo.
En cuanto al tercer punto, en lo que se refiere a la labor del BEI en los países candidatos, la Comisión suscribe la opinión del Parlamento Europeo de que se debe otorgar absoluta prioridad a las actividades del Banco en dichos países. Pensamos que las necesidades de financiación son considerables y que el BEI y el BERD deben trabajar en estrecha colaboración para contribuir al crecimiento de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.
Por lo que respecta a la integración de los países candidatos en la estructura del BEI, la Comisión constata con satisfacción que los Estados miembros han alcanzado, al fin, un acuerdo sobre las modificaciones del Tratado, en relación con la gobernanza del BEI, y sobre su capital suscrito tras la adhesión. Una vez que cuente con el beneplácito de los países candidatos, esto permitirá la integración de los nuevos Estados miembros en la estructura del BEI inmediatamente después de la adhesión.
Finalmente, como cuarto y último punto, realizaré un brevísimo comentario sobre el Acuerdo tripartito entre el BEI, el Tribunal de Cuentas y la Comisión. La Comisión considera que los principios básicos del Acuerdo tripartito reflejan un justo equilibrio entre los derechos del Tribunal de Cuentas y los del BEI, y que dichos principios no se deben alterar. En cuanto al presupuesto comunitario, de conformidad con el Acuerdo tripartito, el Tribunal tiene acceso a una amplia gama de información sobre las operaciones del Banco realizadas por mandato y tiene derecho a obtener información adicional siempre que lo desee. La Comisión acoge favorablemente la iniciativa del Parlamento de invitar a las partes interesadas a revisar el acuerdo, lo que sin duda ofrecerá una buena oportunidad de actualizar una serie de aspectos técnicos y administrativos a la luz de los cambios que tengan lugar.

Sjöstedt (GUE/NGL)
Señora Presidenta, quisiera decir unas breves palabras acerca de la opinión de la Comisión de Control Presupuestario sobre el informe. Mi comisión y yo personalmente agradecemos que la ponente y la comisión competente hayan decidido hacer suyas muchas de las opiniones que hemos presentado. Muchas gracias.
El Banco Europeo de Inversiones lleva siendo durante muchos años uno de los poderes más anónimos de la UE. Al mismo tiempo, el BEI ejerce una enorme influencia en virtud de los amplios préstamos concedidos, tanto a los Estados miembros como a los países candidatos. Sería razonable celebrar un debate político más exhaustivo sobre el enfoque del Banco y que las demás instituciones de la UE realizasen asimismo un examen más pormenorizado de sus actividades.
El motivo de que el Banco Europeo de Inversiones haya sido una instancia de poder bastante anónima dentro de la UE es, sin duda, su estatuto especial. Además, se trata de un banco que básicamente pertenece a los Estados miembros, pero que, a la vez, es parte de la Unión Europea. Nosotros sugerimos que se le someta a un examen más concienzudo, en parte mediante las propuestas que presento a continuación.
Deseamos ampliar el acceso del Tribunal de Cuentas a la información del Banco Europeo de Inversiones. A largo plazo, el acceso a esta información debe ser análogo al que existe con respecto a la información procedente del Banco Central Europeo. Esto se puede conseguir por medio del Acuerdo tripartito, que está sujeto a una futura revisión.
Desearíamos que hubiera una mayor cooperación entre nuestra comisión, la Comisión de Control Presupuestario, y el Banco Europeo de Inversiones. Por ejemplo, debería ser posible invitar al Presidente del Banco a nuestras reuniones. Asimismo desearíamos examinar más documentos relativos a la auditoría interna del Banco Europeo de Inversiones.
Nos gustaría que se consolidara la dimensión medioambiental mediante la incorporación del Convenio de Aarhus y de las obligaciones que implica a las políticas del BEI. En este contexto, nos preocupa el acceso público a la información medioambiental. Desearíamos disponer, dentro de un año aproximadamente, de un informe de los progresos realizados en la tarea que se asumió en Gotemburgo, en relación con las repercusiones sobre el cambio climático.
Finalmente, sólo deseo añadir que es necesario evaluar el sistema de préstamos globales, cuya definición es, en la actualidad, demasiado imprecisa. Es preciso realizar una evaluación meticulosa de la repercusión real de los préstamos.

Peijs (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Maystadt, es la tercera vez que el Parlamento tiene la oportunidad de emitir su opinión sobre el Informe anual del BEI. El informe de la Sra. van den Burg es equilibrado y coherente, y por este motivo la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios lo ha aprobado por unanimidad. Aun así, quisiera hacer algunas observaciones.
Para empezar, me gustaría comentar el papel del Banco. El BEI cumple un importante papel. El Banco es un inversor destacado en el mercado europeo y fuera de éste, con una influencia macroeconómica considerable. Esta influencia macroeconómica no exige que el BEI cuente con su propia política macroeconómica. Según el acuerdo, el Banco está al servicio de los objetivos de la UE. El BEI emplea sus fondos de inversión, con el fin de consolidar la política macroeconómica de la UE. En otras palabras: la misión del Banco no exige que éste adopte un papel proactivo. El BEI debe promover la cohesión económica y social dentro de la UE mediante el apoyo financiero a los objetivos previstos por la Unión Europea. En consecuencia, el BEI ejerce naturalmente una influencia macroeconómica ? de hecho, una gran influencia ?, pero ésta no constituye un objetivo en sí mismo.
A continuación, quisiera referirme al proyecto del Grupo del Partido Socialista Europeo de incluir en la estructura del BEI un órgano encargado de definir las posibilidades laborales y las repercusiones de los proyectos del BEI sobre el empleo. La creación de empleo no es una de las tareas propias del Banco, aunque a veces puede, naturalmente, contribuir a ello de manera indirecta. La tarea de modernización del Banco significa que esta repercusión puede ser también exactamente la opuesta y agudizar el eterno dilema entre el aumento de la productividad mediante buenas inversiones y el empleo. A la vista de este dilema, no tiene sentido crear un barómetro exhaustivo sobre el empleo. A mi parecer, el empleo no constituye un objetivo en sí mismo en lo que respecta al Banco. Con objeto de evitar costes administrativos innecesarios, hemos acordado un simple registro de los efectos sobre el empleo ? o una evaluación de las repercusiones sobre el empleo, por usar una expresión elegante ?, pero sin impedimentos. En otras palabras: la evaluación de las repercusiones sobre el empleo no debería adquirir las dimensiones de la sección medioambiental del Banco. Una política medioambiental sostenible es una de las tareas explícitas del Banco. Así, nos oponemos a que se compare el barómetro del empleo con la sección medioambiental. Vamos a intentar evitar, mediante una votación por partes, la comparación entre ambos que sugiere la palabra similar que figura en la enmienda. Consideramos que los fondos del BEI se deben destinar a las inversiones y no al propio sistema, siempre que sea posible evitarlo.
Por último, está el asunto de la supervisión. Actualmente, los Estados miembros y la UE cubren los desembolsos del Banco. Éste también genera su propio dinero mediante la emisión de bonos. A nuestro parecer, la venta de bonos a instituciones de previsión para la jubilación, como propone la ponente, es poco prudente de momento, dado que todavía no existe suficiente transparencia en el Banco.
Confiamos en que las enmiendas que hemos presentado eviten que en el informe final se establezca esta vinculación con las pensiones. Esperamos que, después de debatir durante tres años el asunto de la supervisión, la Comisión presente por fin propuestas sobre cómo se podría mejorar la supervisión y qué papel le correspondería cumplir exactamente al Tribunal de Cuentas. Yo creo en el proverbio holandés que dice «Vertrouwen is goed, maar controle is beter» (la confianza es buena, pero el control es mejor).

Santos (PSE).
Señora Presidenta, Señorías, el informe que ahora se debate, cuya calidad debo elogiar, pone claramente de relieve la importancia del Banco Europeo de Inversiones como un instrumento esencial para la financiación de proyectos en toda la Unión Europea. No obstante, también destaca el papel decisivo que desempeña este banco en las economías de los países candidatos, para los cuales se propone crear, de hecho, un programa especial de política social.
Por este motivo, el aumento del capital social decidido recientemente se puede considerar acorde y coherente con dichos objetivos estructurales, tan importantes para lograr una economía europea global próspera y plenamente sostenible. El Banco Europeo de Inversiones ya es responsable de más del 5% de todas las inversiones realizadas en la Unión, lo que ha permitido crear más de 400 000 puestos de trabajo, especialmente a través del apoyo que ofrece el Banco a las pequeñas y medianas empresas.
Conviene recordar que la Unión Europea ha asumido hace poco una mayor responsabilidad en relación con la financiación de capital de riesgo por medio del BEI, para las pequeñas y medianas empresas en particular. Por desgracia, como señala también la ponente, la labor del Banco Europeo de Inversiones se ve restringida a veces por las normas ortodoxas y rígidas de consolidación de las finanzas públicas que es preciso cumplir en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Debemos recordar que una gran parte de las atribuciones del BEI se orientan hacia inversiones de carácter estructural, como las infraestructuras o el capital de riesgo para las pequeñas y medianas empresas, y que el éxito de las inversiones a menudo depende de la posibilidad de movilización conjuntamente con el gasto público. El acuerdo que se acaba de alcanzar no es, por lo tanto, indiferente, en el marco de las actuales normas presupuestarias, a la flexibilidad necesaria para la correcta aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Actualmente está cada vez más claro que Europa tiene un objetivo, que también constituye una necesidad indiscutible: convertirse en una zona altamente competitiva y, por consiguiente, crear riqueza y armonizar su distribución. Este objetivo sólo se podrá alcanzar, no obstante, mediante el apoyo a las inversiones estructurales y, en consecuencia, sin restricciones que puedan poner en peligro estas inversiones. La calidad del gasto, público o privado, debe ser el marco orientador de la política de inversiones, y al Banco Europeo de Inversiones le corresponde un papel insustituible dentro de este marco. Felicito a la ponente por el contenido de su informe y por haber conseguido interpretar estas aspiraciones.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Maystadt, ante todo quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. van den Burg por el inestimable trabajo que ha realizado.
Creo que también existen motivos para felicitar al BEI y al Sr. Maystadt por la forma en que se ha desarrollado el diálogo entre el Parlamento Europeo y el BEI en los últimos años. El Banco, que era una institución bastante cerrada, como ha señalado el Sr. Sjöstedt, se ha abierto desde entonces al diálogo y al intercambio de opiniones. Mi primer contacto con el BEI, hace varios años, se debió a que algunas organizaciones independientes se quejaron de su falta de transparencia y de su incapacidad para apreciar la necesidad de contribuir significativamente a los esfuerzos de la UE para diseñar una política a favor de un medio ambiente sostenible. Se han logrado avances fundamentales en estos dos importantes ámbitos. No obstante, como todos sabemos, nada es nunca tan bueno, que no se pueda mejorar, y esto también es aplicable al acceso a la información en varias lenguas.
Señora Presidenta, la aspiración de la ponente ha sido dar aún más relieve al completo papel del BEI desde un punto de vista macroeconómico y financiero, y desde el punto de vista de la estrategia política. En principio, comparto este enfoque, pero también quisiera, al mismo tiempo, advertir contra la formulación por parte del Parlamento de demasiados deseos, legítimos en sí mismos, pero que nos conducen a desviar la atención de las tareas principales del BEI, concretamente, las de fomentar el desarrollo regional, apoyar la tecnología avanzada, tomar en consideración el medio ambiente y centrarse en los países candidatos y en los llamados países socios. Como han podido escuchar, el BEI ya tiene trabajo de sobra. Aun así, quisiera destacar que sus esfuerzos en los países balcánicos, que forman parte de su atribuciones, merecen una mayor atención. En lo que respecta a la supervisión del BEI, quisiéramos reiterar nuestra propuesta de que estas cuestiones se traten en la próxima conferencia intergubernamental.
Finalmente, quisiera preguntarle al Sr. Maystadt qué opina de nuestro deseo de que se cree un comité de expertos, semejante al que tiene el Banco Mundial. Sé que en el BEI existe un cierto escepticismo y se piensa que éste no se puede comparar con el Banco Mundial y que la UE ya cuenta, además, con la institución del Defensor del Pueblo. ¿Qué se propone hacer el BEI para difundir más la información sobre los préstamos globales, esto es, sobre los préstamos a las pequeñas empresas?

Seppänen (GUE/NGL).
Señora Presidenta, en mi calidad de ponente permanente de la Comisión de Presupuestos para los temas relativos a los préstamos y las garantías, en conjunto sólo tengo cosas positivas que decir sobre el BEI. Me he quedado asombrado, es cierto, por la cantidad de instancias burocráticas que existen entre el Banco, la Comisión y el Consejo, como puso de manifiesto la financiación de la inversión para la protección del medio ambiente en la cuenca báltica rusa. Lo ocurrido demostró que el Banco no es sólo una institución financiera, sino también un terreno de juego político. El medio ambiente se vio afectado como consecuencia de las maniobras políticas de los representantes de los Estados miembros.
La Unión Europea garantiza una gran parte de los fondos que presta el BEI y, en este sentido, sus préstamos no entrañan ningún riesgo. Una calificación crediticia AAA mantiene bajo el coste de los empréstitos en otras formas empleadas por el Banco para obtener fondos. Dado que su calificación crediticia es buena y su riesgo de insolvencia, bajo, el BEI debería aplicar unos criterios sociales y medioambientales rigurosos cuando concede un préstamo. Tenemos que promover unos objetivos que contribuyan al bien común. Con esta finalidad en mente, el Banco debe escuchar con mucha atención las opiniones totalmente justificadas de la ONG Bankwatch Network.
Nuestro Grupo apoya la propuesta de mejorar la supervisión del Banco.

Lucas (Verts/ALE).
Señora Presidenta, acojo favorablemente este informe. Mi grupo ha presentado un pequeño número de enmiendas que pretenden destacar la importancia de una mayor transparencia y compromiso medioambiental en la labor del Banco Europeo de Inversiones, y en especial asegurar también que el BEI aplique las normas éticas más estrictas en la financiación de proyectos, incluida su retirada de cualquier proyecto que no respete la legislación nacional o en el que se vean implicadas empresas corruptas.
En relación con este último punto, estoy segura de que el Sr. Maystadt está al corriente de los juicios que actualmente se están celebrando en Lesotho, en los que comparecen empresas europeas acusadas presuntamente de haber pagado sobornos para conseguir contratos en el proyecto hidráulico de Lesotho Highlands, financiado en parte por el BEI.
La corrupción en la adjudicación de los contratos para proyectos de desarrollo representa una amenaza para la gobernanza; por este motivo, tendrá que estar de acuerdo conmigo, señor Maystadt, en que es crucial que el BEI examine sus procedimientos de diligencia debida, no sólo con respecto al proyecto de Lesotho, sino también de cara a proyectos futuros; ¿podría además, informar al Parlamento acerca de las conclusiones?
Una breve pregunta a la Comisión: ¿cumplirá la Comisión el compromiso que adoptó hace algunos años, por el que brindaba al Gobierno de Lesotho el apoyo financiero necesario para permitirle proseguir con estos juicios hasta su conclusión y por lo tanto, garantizar la gobernanza?

Andria (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario Monti, señor Presidente Maystadt, permítanme que felicite a la ponente por la invitación que dirige al BEI para que alcance metas más altas en lo que respecta al apoyo brindado a las economías de los Estados miembros.
Este banco cumple una tarea especial: la distribución, no de todos los fondos, sino sólo de aquellos destinados a contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión. Esta tarea institucional ha ayudado a crear nueva riqueza y a apoyar iniciativas empresariales en las regiones más rezagadas de la Unión. Los esfuerzos del Banco en apoyo de determinados sectores, como el medioambiental, al que se han destinado 5 900 millones de euros a proyectos de protección del medio ambiente, son ciertamente loables.
El aspecto más importante para el desarrollo territorial sigue siendo el apoyo a las PYME. En este caso, los bancos asociados, que también distribuyen fondos, necesitan aportar información detallada sobre las inversiones. Por ello, se ha sugerido que se establezca, de manera anticipada, un techo crediticio para las PYME y que, al finalizar el año financiero, se presente un informe al Parlamento Europeo sobre la utilización real del tope preestablecido y sobre todas las razones o dificultades encontradas por las que no se haya utilizado o sólo se haya utilizado en parte.
El gran compromiso del BEI en los países candidatos merece ciertamente mi apoyo, pero no se debería olvidar a las regiones del objetivo 1: éstas deberían ser objeto de un seguimiento adecuado después incluso de haber dejado atrás este estatuto, y se les debería brindar un apoyo crediticio significativo, con objeto de que puedan concluir sus procesos de desarrollo ? que, desde luego, no han completado del todo ? para el año 2006.
Debemos prestar especial atención al estatuto del Banco, que sólo se puede modificar de conformidad con el procedimiento de modificación y revisión de los Tratados previsto en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. En particular, se debería enmendar el artículo 5, que contempla una aportación del 6% por parte de los Estados miembros signatarios. Un aumento de este porcentaje permitiría incrementar el montante de los préstamos y, por consiguiente, el apoyo a las zonas en cuestión, y mejoraría la rentabilidad para el Banco, o bien permitiría reducir los tipos de interés aplicables, con el mismo volumen de ingresos.

Blak (GUE/NGL).
Señora Presidenta, ante todo quisiera felicitar a la ponente, y también al Sr. Sjöstedt, por su opinión sobre el informe. He tenido la satisfacción de trabajar durante muchos años en asuntos relacionados con el BEI, y a menudo digo que es más difícil entrar en él que en Fort Knox. Hay que librar todavía una dura batalla para mejorar la transparencia y la supervisión del BEI. El Banco aún se muestra muy reacio a permitir que sus cuentas y proyectos sean sometidos a una supervisión externa. Al Tribunal de Cuentas le resulta casi imposible obtener acceso a los documentos. El Banco siempre apela al secreto bancario o al hecho de que el dinero no procede del presupuesto de la UE, sino de sus recursos propios.
En marzo de 1999, el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas firmaron un acuerdo para permitir que el Tribunal de Cuentas supervise al BEI, pero tengo el firme convencimiento de que dicho acuerdo se debe modificar para que otorgue al Tribunal de Cuentas el mismo de derecho de supervisión del BEI que tiene en el caso del BCE. Por lo demás, me alegra mucho que el Parlamento formule ahora esta petición. ¿Por qué ha de tener un estatuto especial el BEI? Esto es algo que no puedo aceptar de ningún modo. Yo compararía al BEI con el banco de los gnomos de los libros de Harry Potter: es decir, se trata de una institución totalmente hermética en la que nadie debe interferir.

Maystadt
Señora Presidenta, ante todo, permítame que le exprese mi agradecimiento por esta oportunidad de continuar el diálogo con el Parlamento Europeo, particularmente en un momento en que esta Asamblea se está abriendo a los diputados de los Estados que pronto se incorporarán a la Unión Europea.
Hace dos semanas, en Viena, en una intervención ante el Foro anual del Banco Europeo de Inversiones, el Presidente Cox recordó la importancia histórica de la ampliación y destacó, con especial elocuencia, que este paso es fundamental para continuar la labor a favor de la paz y la estabilidad iniciada por los fundadores de la integración europea. Por su parte, y con modestia, el Banco Europeo de Inversiones, creado por el Tratado de Roma con la finalidad de ofrecer apoyo financiero para los objetivos políticos de la Comunidad Europea, está tratando de contribuir a que la ampliación sea un éxito.
El Banco Europeo de Inversiones, que ya cuenta con una cartera de préstamos de alrededor de 18 000 millones de euros en esta región - lo cual lo convierte, con mucha diferencia, en el principal avalista - va a continuar apoyando, como es lógico, las inversiones necesarias en los futuros Estados miembros. La atención se dirige, en particular, a tres ámbitos: las infraestructuras, con especial atención a los transportes, a la energía y a las telecomunicaciones; el medio ambiente, debido a las enormes inversiones necesarias para que se puedan cumplir las normas comunitarias; y, por último, la inversión exterior directa, puesto que ésta constituye un potente instrumento para equiparar las condiciones de los países candidatos a las de los Estados miembros actuales. La preparación de los países candidatos para la adhesión es, por lo tanto, uno de los cinco ejes prioritarios acordados por el Consejo de Gobernadores del BEI el pasado junio, cuando aprobó aumentar en un 50% el capital del Banco.
Voy a citar brevemente los otros cuatro ejes prioritarios. En primer lugar está el desarrollo regional, con vistas a dedicar un 70% de nuestros préstamos directos y al menos un 50% de nuestros préstamos globales a proyectos con sede en regiones con derecho a recibir apoyo de los Fondos estructurales. A continuación se halla el denominado programa i2i (la iniciativa Innovación 2000), que se puso en marcha a raíz del Consejo Europeo de Lisboa y que tiene como objetivo fomentar las inversiones que contribuyan a transformar la economía europea en una economía basada en el conocimiento y la innovación. Ya se han aprobado préstamos por valor de más de 13 000 millones de euros en el marco de esta iniciativa. Otro eje prioritario es la protección y mejora del medio ambiente, con el objetivo de dedicar cada año entre una cuarta parte y un tercio de todos nuestros préstamos a proyectos medioambientales. El quinto y último eje prioritario es el apoyo a la política europea de ayuda al desarrollo, en particular con la puesta en marcha de dos nuevos mecanismos: el mecanismo euromediterráneo, que se creó en el Consejo Europeo de Barcelona, y el nuevo mecanismo de inversión creado en virtud del Acuerdo de Cotonú entre la Unión Europea y los países ACP.
Después de este breve resumen de los cinco ejes prioritarios para los próximos años, quisiera tratar de responder a los diferentes oradores. Confirmo que estaré a su disposición para ofrecer respuestas más completas y precisas en las reuniones de las comisiones. En primer lugar, me gustaría responder a la ponente, la Sra. van den Burg, que ha dedicado mucho esfuerzo a la elaboración de este excelente informe. Quisiera abordar brevemente un asunto que le es muy caro: el uso de los bonos del BEI por parte de los fondos de pensiones. En el Reino Unido, los fondos de pensiones ya han invertido en bonos a largo plazo del BEI. No hemos tenido el mismo éxito en la zona euro, pero estamos tratando de hallar fórmulas que puedan resultar más atractivas para los fondos de pensiones y para las compañías de seguros.
El empleo, en el que muchos de ustedes han continuado centrando la atención, constituye claramente un objetivo final. Sin embargo, creo que sería peligroso convertir el número de puestos de trabajo creados directamente por un proyecto en el factor determinante a la hora de decidir si se financia o no un proyecto. En este sentido, comparto algunas de las reservas que ha expresado la Sra. Peijs. Consideramos que nuestro proyecto debe tener una repercusión positiva sobre la economía, a través de la cadena innovación-productividad-crecimiento-empleo, pero pensamos que sería peligroso establecer una vinculación demasiado directa entre el número de puestos de trabajo creados y la elección de un proyecto determinado.
Por lo que respecta a la financiación de las PYME, quisiera recordarles que financiamos a las pequeñas y medianas empresas de dos maneras: por un lado, a través de los préstamos globales, puesto que la mitad de nuestros préstamos globales van a parar a las pequeñas empresas, y por otro lado, a través de la aportación de capital de riesgo procedente del Fondo Europeo de Inversiones. En respuesta al comentario del Comisario Monti, en el que se hacía eco de una de las recomendaciones del informe, quisiera decirle a la Comisión que, de hecho, nos proponemos adoptar su definición de pequeña y mediana empresa. No obstante, debemos resolver primero un problema: el de las medianas empresas. Éstas corren el riesgo de ser consideradas demasiado grandes para poder recibir préstamos globales, pero demasiado pequeñas para poder beneficiarse de los préstamos directos. Cuando hayamos encontrado el método adecuado para las medianas empresas, podremos adoptar realmente la definición de la Comisión.
Por lo que respecta al importante asunto de la supervisión del Banco Europeo de Inversiones, yo diría que naturalmente estamos abiertos por completo a una supervisión del Tribunal de Cuentas, dentro del ámbito de sus competencias. Señor Blak, puedo asegurarle que el Tribunal de Cuentas tiene acceso a todos los documentos que desee obtener en el marco del acuerdo tripartito suscrito entre la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones. Este acuerdo funciona de manera satisfactoria para las tres partes. Así me lo ha confirmado el Presidente del Tribunal de Cuentas, y ustedes acaban de oír manifestar al Comisario Monti que la Comisión también está satisfecha con el acuerdo, que se va a renegociar y a renovar. Por lo tanto, no existe ningún problema a este respecto. El Tribunal de Cuentas es competente para supervisar el uso de los fondos comunitarios y, en la medida en que el BEI utiliza fondos comunitarios, es evidente que el Tribunal de Cuentas debe poder ejercer plenamente sus competencias de control.
Sin embargo, hay asimismo una serie de actividades del BEI que no tienen ninguna relación con los fondos comunitarios y que se financian con las ganancias obtenidas en los mercados financieros del mundo entero. Estas actividades también requieren, evidentemente, una supervisión. Además, nos interesa ser objeto de una supervisión eficaz, y una comisión de verificación, así como auditores externos que informan directamente a los Gobernadores, ya se encargan de supervisarnos. Dicho esto, creo que sería deseable encontrar una forma de supervisión que sea adecuada para un banco. Ya lo he manifestado con anterioridad ante esta Asamblea y lo ratifico hoy. Estamos totalmente abiertos a la idea, e incluso deseamos estar sujetos a alguna forma de supervisión bancaria. Además, por eso estamos siguiendo con gran interés los debates que se están desarrollando sobre la posible creación de un supervisor bancario europeo.
La Sra. Lucas ha planteado algunas cuestiones interesantes, pero ya he rebasado mi tiempo de uso de la palabra. Podré darle más información en comisión, en particular en lo que respecta al proyecto de Lesotho al que ha hecho alusión. Simplemente puedo confirmar que, en cuanto tuvimos noticia de los indicios de un posible fraude, encargamos una auditoría detallada y comunicamos la información reunida por ésta tanto a la OLAF, el órgano de control que ustedes ya conocen, como a las instituciones judiciales de Lesotho. No descubrimos ningún fraude en relación con el uso de los fondos del BEI, pero la investigación que realizamos en ese momento nos permitió detectar otros factores que comunicamos a las autoridades competentes. Podré ofrecer más información al respecto en comisión.
Señora Presidenta, espero que mi respuesta haya resultado esclarecedora para la Asamblea y les haya permitido hacerse una idea de cómo concebimos, al igual que todo el personal del Banco, nuestras responsabilidades, que nos proponemos cumplir durante los próximos años, en estrecha colaboración con la Comisión y manteniendo el diálogo con el Parlamento.

La Presidenta.
- Muchas gracias, señor Presidente, por su presencia hoy aquí y por la información que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguiente informes:
el informe (A5-0352/2002) del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión: XXXI Informe sobre la política de la competencia 2001 [SEC(2002)0462 - C5-0282/2002 - 2002/2142(COS)];
y el informe (A5-0353/2002) del Sr. Herzog, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el marcador de ayudas estatales correspondiente a 2001 (Actualización primavera 2002) [2001/2196(INI)].

Monti
Señora Presidenta, intentaré, en el breve tiempo de que dispongo, al tratarse de dos informes, de considerar varias cuestiones diferentes.
En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los ponentes, los Sres. Herzog y Lipietz, por sus excelentes informes. Una vez más, ambos reflejan el apoyo general del Parlamento a la política europea sobre la competencia, un apoyo que es muy importante para la Comisión y sus departamentos.
Permítame que exponga las características principales de nuestra política sobre la competencia en el sector de las ayudas estatales. La Comisión ha proseguido sus esfuerzos en este sector, con el fin de simplificar, modernizar y aclarar las normas y prácticas. Se han elaborado nuevos reglamentos y directrices comunitarias. Por ejemplo, a principios de este año, se adoptaron nuevos reglamentos multisectoriales que establecen un conjunto de normas mucho más claras para la evaluación de las ayudas estatales regionales destinadas a grandes proyectos de inversión. Otro ejemplo importante es la aplicación de exenciones por categoría, que permiten que los Estados miembros concedan ayudas sin necesidad de una notificación previa. Se han adoptado exenciones por categoría para las pequeñas y medianas empresas y para la formación, así como, recientemente, también para las ayudas estatales al empleo.
En relación con la reducción y la adaptación de las ayudas estatales, los Estados miembros se comprometieron a reducir el nivel de las ayudas en las conclusiones de los Consejos Europeos de Estocolmo y Barcelona. Hemos asistido, en efecto, a una clara tendencia decreciente, pero es innegable que el efecto acumulativo de unas ayudas por un total de 82 000 millones de euros continúa distorsionando considerablemente la competencia en la Unión.
A continuación, si me lo permite, voy a responder a algunas de las cuestiones que se plantean en el informe del Sr. Herzog. Estoy plenamente convencido de que la mejor manera de fomentar la competitividad general de la industria comunitaria es justamente mantener una política firme con respecto a las ayudas estatales. Ésta se critica a veces porque se afirma que no concuerda con las medidas encaminadas a alcanzar determinados objetivos comunitarios. A mi parecer, esta discrepancia es más imaginaria que real, en la mayoría de los casos. La finalidad del control de las ayudas estatales es garantizar que los efectos positivos de una medida determinada no queden contrarrestados por la distorsión de la competencia generada por esa misma medida.
También yo suscribo la opinión, expuesta en el informe, de que tenemos que centrarnos más en la evaluación de la eficiencia y la eficacia de las ayudas. Los Estados miembros son los principales responsables de este aspecto de la política de ayudas. Éstos deben desarrollar procedimientos de evaluación de los proyectos de ayuda, mientras que la Comisión, por su parte, se propone contribuir a este proceso aportando un foro para el intercambio de experiencias.
Por lo que respecta a la legislación en materia de competencia, nuestras actividades han estado marcadas por el debate sobre la propuesta de la Comisión de actualizar sus normas de procedimiento. Ya están a punto de finalizar los trabajos del Consejo sobre la propuesta de la Comisión, que cuenta con el pleno apoyo del Parlamento, apoyo que quiero agradecer de nuevo. Se espera que el Consejo llegue a un acuerdo sobre el texto de un nuevo reglamento la semana próxima. Tengo la seguridad de que se producirán también importantes mejoras en nuestros procedimientos en relación con el aspecto que más destacó el Parlamento en su resolución, a saber, la necesidad de que las normas europeas sobre la competencia se apliquen en todos los casos en los que pueda verse afectado el comercio entre Estados miembros.
Señorías, la actualización del Reglamento 17 constituye un ejemplo de la cultura de reforma permanente que está intentando fomentar la Comisión dentro de la institución y que - como pronto veremos - también se aplica al caso de las fusiones de empresas. Además, quiero señalar que, en el caso de la actualización de las normas sobre la competencia, la iniciativa surgió, hace tres años, de la Comisión. Recordarán también que, al principio, no resultó nada sencillo convencer a los Estados miembros de que una mayor descentralización a este respecto redundaría en una mejor gobernanza europea.
En cuanto a las fusiones, ha aumentado rápidamente el número y la complejidad de los casos que llegan a la segunda fase de las investigaciones. En 2001, la Comisión adoptó cinco decisiones de prohibición. Aunque es el número más alto de decisiones de prohibición adoptado en un solo año, sigue representando sólo alrededor del 1,5% de todas las decisiones finales. En este contexto, probablemente no habrá escapado a su atención que el Tribunal de Primera Instancia anuló en octubre dos de estas decisiones de prohibición, en las causas Schneider/Legrand y Tetra Laval/Sidel, y también se dictó la sentencia sobre la causa Airtours/First Choice, que ya se cita en su informe.
Un debate exhaustivo sobre las consecuencias de estas sentencias para el trabajo de la Comisión requeriría más tiempo del que disponemos hoy. Aun así, quisiera hacer algunas observaciones.
Estamos examinando atentamente las sentencias para decidir si vamos a apelar ante el Tribunal de Justicia y también para adoptar las medidas adecuadas en el futuro. Sin embargo, no debemos permitir que estas causas individuales distorsionen nuestra percepción de la política comunitaria de control de las fusiones. Como ustedes saben, iniciamos una amplia reforma de los procedimientos de control de las fusiones mucho antes de estas sentencias recientes. En caso necesario, tal vez sea oportuno aprovechar las lecciones que hemos aprendido de estos fallos para llevar a cabo una reforma aún más radical que la prevista originariamente: esto es precisamente lo que me propongo hacer, como ya he señalado.
Independientemente de que apelemos o no ante el Tribunal de Justicia, la Comisión debe extraer todas las lecciones que pueda de determinadas valoraciones que se han hecho, y en consecuencia la reforma será aún más amplia y trascendental. No obstante, me interesa precisar, con toda claridad, que las mejoras que esperamos lograr en este instrumento no supondrán en modo alguno una política más condescendiente. Consideramos que la política de control de las fusiones - al igual que la política sobre la competencia, en general - debe ser justa, pero a la vez también estricta.
Tengo la intención de proponer al Colegio una reforma exhaustiva del sistema de control de las fusiones para finales de diciembre, y quisiera ahora destacar brevemente algunos aspectos de ésta. El primer punto se refiere a la duración de las investigaciones. Una ventaja importante, ampliamente reconocida, del sistema europeo es la brevedad de los plazos de investigación. Sin embargo, ésta también genera algunos inconvenientes que se traducen, por decirlo así, en una cierta tensión, a veces bastante intensa, en las negociaciones finales entre las partes y la Comisión. En consecuencia, sin renunciar a los beneficios de las investigaciones breves - que existen en Europa, pero no en los Estados Unidos - también vamos a proponer la introducción de un cierto grado de flexibilidad, mediante una serie de disposiciones destinadas a ampliar algunos plazos.
Las restantes mejoras del proceso de toma de decisiones que tengo previsto proponer son las siguientes: la formalización y extensión del sistema actual de controles cruzados en todos los casos que lleguen a la segunda fase de las investigaciones; una mayor transparencia, que permita el acceso al expediente y el diálogo entre visiones contrapuestas del mercado en una fase más temprana que en la actualidad; y un aumento de los recursos humanos de la Dirección General de Competencia, tanto para poder trabajar de manera más adecuada, conforme a los altos criterios de exigencia establecidos por el Tribunal, como para mejorar nuestra capacidad de análisis económico.
También quisiera comentar brevemente la cuestión del control judicial en los casos de fusiones de empresas, que sé que interesa mucho al Parlamento Europeo, en general, y a la Sra. Riis-Jørgensen, en particular.
Algunas sentencias recientes han demostrado que los tribunales europeos ejercen un control estricto y meticuloso sobre los análisis de la Comisión en los casos de fusiones. Sin embargo, el control judicial, que existe y es riguroso, debería ser eficaz no sólo desde el punto de vista de su meticulosidad, sino también de su rapidez. A este respecto, existe todavía bastante margen para la mejora, en lo que se refiere a la rapidez con que se dicta la sentencia. Ya se ha introducido un procedimiento acelerado, y esperamos sinceramente que el Tribunal de Primera Instancia consiga examinar con mayor rapidez los casos tramitados por el procedimiento acelerado y aumentar su número. La Comisión - como ya hemos declarado - está dispuesta a apoyar con rotundidad la asignación de los recursos adicionales que, sin duda, necesitará el Tribunal para llevar a cabo estas mejoras. Además, tal vez sea útil considerar si sería adecuado contar con comités judiciales de expertos, encargados de examinar en primera instancia determinadas categorías de casos, o con un departamento especializado en fusiones en el Tribunal de Primera Instancia.
Independientemente del tipo de reforma que se contemple para asegurar el éxito del sistema, en cualquier caso es importante no perder de vista los numerosos méritos de nuestro sistema administrativo. Debo decir que, tras la publicación del Libro Verde de la Comisión, muy pocas voces se han pronunciado a favor de desechar o de modificar radicalmente el sistema actual.
Muchos empresarios - entre ellos, varios estadounidenses - han indicado en las consultas su preferencia por el sistema de la Unión Europea, si estuviesen obligados a elegir entre el nuestro y el de los Estados Unidos. Además, como ustedes saben, los sistemas basados en decisiones administrativas en este ámbito no son, ciertamente, exclusivos de la Comisión. En efecto, éste es el modelo que se emplea a escala nacional en la mayoría de los Estados miembros, y refleja las tradiciones jurídicas europeas.
Mis propuestas mejorarán significativamente, por lo tanto, el sistema actual y, en algunos aspectos fundamentales, lo transformarán por completo. Mi ambición es que nuestra propuesta represente el sistema de control de las fusiones más moderno y eficaz, un sistema que mejorará el modelo europeo con la incorporación de algunos aspectos del modelo estadounidense.
Señora Presidenta, Señorías, puesto que me queda poco tiempo, no voy a extenderme en otros aspectos importantes que se tratan en los informes del Sr. Lipietz y del Sr. Herzog. En particular, no voy a poder considerar un punto que, sin embargo, sé que es de un gran interés para la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, a saber, el de la cooperación internacional, un ámbito en el que se han realizado considerables avances durante el último año.

Jonckheer (Verts/ALE)
Señora Presidenta, señor Comisario, les ruego que excusen la ausencia de mi colega, el Sr. Lipietz, que ha tenido que quedarse en París esta semana, debido a la grave enfermedad de un ser querido. Nuestra comisión, de hecho, no aprobó por unanimidad el informe que voy a presentarles en su nombre, en contraste con la unanimidad alcanzada con respecto al informe sobre el Banco Europeo de Inversiones. Esto explica que se hayan presentado unas 40 enmiendas para su debate en el Pleno, incluyendo además alrededor de una docena de mi propio Grupo.
A pesar de las diferencias de opinión, que son bastante habituales en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios cuando se trata de este tipo de informes, voy a destacar aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y señalar, en primer lugar, nuestro sincero apoyo al trabajo realizado por el Comisario Monti y su equipo. Todos los miembros de nuestra comisión están a favor de una política europea en materia de competencia bien organizada, y el informe de la Comisión relativo a 2001 constituye una prueba de los esfuerzos que usted y su equipo han realizado. Las acciones internacionales, que usted acaba de mencionar, ya no representan un problema. Nosotros estamos a favor de que se establezcan unas normas mundiales. El informe destaca, por tanto, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la competencia. La mayoría de nuestros colegas, por no decir todos, son contrarios a una renacionalización de la política sobre la competencia, y esto constituye un contundente mensaje político.
Usted acaba de referirse a las sentencias recientes del Tribunal de Justicia Europeo. Los apartados 4 y 5 de nuestro informe manifiestan claramente lo siguiente: «[?] el Parlamento Europeo no considera que la reciente sentencia del Tribunal [?] constituya una descalificación del trabajo de la Comisión». En lugar de ello, lo que deberíamos plantearnos es reorganizar el Tribunal de Justicia, para lo que usted ha mencionado varias alternativas. El informe describe la creación de una nueva instancia judicial. Desconozco cuál es su opinión sobre el problema de las ayudas estatales, que es el tema del informe del Sr. Herzog.
Si lo he entendido bien, el año próximo se presentará un informe único sobre la política de la competencia y sobre la política de ayudas estatales. Me congratulo de que así sea.
Otro punto de acuerdo de gran importancia política es el relativo al hecho de que las ayudas estatales deberían centrarse en los objetivos horizontales, tal como establece el Tratado. En comisión, los desacuerdos tendieron a estar relacionados con el modo de definir y aplicar los objetivos. Ya hemos debatido ampliamente esta cuestión con usted, y quedan pendientes aún muchos avances. Acabo de tener noticia de las conclusiones del Consejo de la Competencia al respecto. Debemos esforzarnos por lograr que las distintas acciones de la Comisión sean compatibles y coherentes con las políticas europeas. En este contexto, conviene reiterar la posibilidad de recurrir a las ayudas estatales para conseguir estos objetivos horizontales.
Existe un último punto de coincidencia entre los diputados: la necesidad de reforzar el papel legislativo del Parlamento Europeo en todos los aspectos de la política sobre la competencia. El informe pide de manera específica - esta labor es naturalmente responsabilidad de la Convención - que se reconozca al Parlamento el derecho de codecisión en los procedimientos legislativos en materia de competencia.
Dos aspectos han suscitado mucha polémica, y en torno a ellos se han presentado al Pleno varias enmiendas. El primero se refiere a nuestra postura con respecto a los países candidatos. En nuestra comisión existe un consenso acerca de que las normas sobre la competencia se deben considerar aplicables, sin discriminaciones, en todos los Estados miembros. La aplicación efectiva de la política sobre la competencia fue, sin embargo, objeto de debate. Aunque debemos ser firmes en la lucha contra la corrupción - y los informes de la Comisión destacan la gravedad que sigue revistiendo este problema en muchos de los países candidatos -, algunos de nosotros desearíamos que se aplicase una cierta flexibilidad en la evaluación de las ayudas estatales, en la línea de la actitud mantenida por la Unión Europea durante la reunificación alemana, cuando al parecer adoptamos una actitud particular con respecto a los nuevos estados federados reunificados.
El último punto de discrepancia entre los miembros de la comisión es su valoración de la liberalización de diversos sectores económicos. Algunos consideran que los procesos en curso son, en general, equilibrados y satisfactorios, mientras que otros piensan que dichos procesos de liberalización no se ajustan a la totalidad de los objetivos de la Unión Europea.
Señora Presidenta, a fin de evitar volver a intervenir, permítame que destaque muy brevemente, en nombre de mi Grupo, la importancia que otorgamos a varias de las enmiendas que hemos presentado, relativas a nuestra valoración del examen de las ayudas estatales en los países candidatos. Luego están nuestras enmiendas 19 y 22 sobre los servicios de interés general, tanto a escala internacional - negociaciones en el marco de la OMC - como nacional.
Finalmente, señor Comisario, desearía escuchar su opinión. Como usted sabe, la Convención ya ha recibido una serie de contribuciones sobre los servicios de interés general. Seguirán otras más, y creo que sería políticamente oportuno que la Comisión también presentase a la Convención una contribución sobre cómo concibe la relación entre la política sobre la competencia y los servicios de interés general.

Herzog (GUE/NGL)
Señor Presidente, permítame que exprese mi agradecimiento a todos los colegas que me han brindado su apoyo y, en particular, a los que comparten el punto de vista del informe, que considero equilibrado y atento a la realidad. He observado que las enmiendas presentadas por el Sr. Evans y la Sra. Riis-Jørgensen rompen ese equilibrio y condenan, de hecho, cualquier ayuda estatal en el contexto de las actividades de mercado. Por consiguiente, espero que no se acepten dichas enmiendas y que el equilibrio conseguido en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se mantenga en el Pleno. He colaborado con la Dirección General de Competencia, que se encarga con sumo cuidado de la política en materia de ayudas estatales, y estoy muy satisfecho con los avances logrados en el diálogo.
Al igual que todas las políticas sobre la competencia, la política relativa a las ayudas estatales se enfrenta con nuevos retos. Su objetivo primordial sigue siendo reducir todas las ayudas que distorsionen o puedan distorsionar la competencia, pero también se deberían tomar en consideración otros objetivos: la competencia y el crecimiento - los objetivos de Lisboa -, y la cohesión social, que implica el apoyo a las regiones en dificultades para que éstas se desarrollen y puedan alcanzar a las regiones más favorecidas. Por ello, los Consejos Europeos de Estocolmo y de Lisboa se comprometieron a no reducir todas las ayudas, sino sólo las que contempla el artículo 87, es decir, las ayudas que dan lugar a una competencia desleal. En particular, propugnan la reorientación de las ayudas hacia los objetivos horizontales. Todas estas decisiones del Consejo se deben aplicar con firmeza, pero también con discernimiento.
En mi informe subrayo que es preciso evaluar la eficacia de las ayudas horizontales. Por ejemplo, la legitimidad de las ayudas a la investigación, al medio ambiente, a la formación y al empleo es evidente, y a menudo se expresa el deseo de que éstas sean mayores. Sin embargo, no siempre son eficaces desde el punto de vista de los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo, y por lo tanto debemos avanzar en nuestras recomendaciones.
No obstante, sería arriesgado excluir cualquier posibilidad de ayudas sectoriales. Éstas podrían resultar fundamentales para determinados proyectos estratégicos en los que Europa lleva un cierto retraso y el mercado está de capa caída, pero también para hacer frente a la competencia desleal en el mercado mundial o para rescatar actividades de producción que se enfrentan a graves sobresaltos económicos. Sabemos que la propia Comisión también ha abierto un debate sobre la interacción entre la política sobre la competencia y la política industrial. La ampliación de la Unión a los países de Europa central y oriental plantea asimismo graves problemas que se deben abordar con equidad. Si el sector privado no está dispuesto a financiar la modernización de la industria siderúrgica en Polonia y la República Checa, en un contexto mundial de exceso de capacidad productiva, ¿debemos pedirles a dichos países que renuncien a desarrollar ese sector? Es esencial reconsiderar las ayudas siderúrgicas. Del mismo modo, si bien es legítimo proponerse eliminar las medidas fiscales específicas y transformarlas en ayudas regionales, no se debe olvidar que algunos países, como Irlanda, se han beneficiado mucho de ellas hasta hace poco y que, dado que el nivel económico de las regiones en cuestión de Europa oriental es particularmente bajo, no será posible la creación inmediata de empresas viables.
Por lo que respecta a los servicios de interés general, se comienzan a observar avances. El Consejo y la Comisión están reevaluando su interés para la Comunidad. El Tribunal de Justicia reconoce, conforme a los deseos del Parlamento, que las compensaciones financieras, como contrapartida a las obligaciones impuestas, no son ayudas. Por consiguiente, deseamos que la Comisión agilice sus reflexiones sobre esta base y proponga pronto nuevos instrumentos para garantizar la libertad de elección, los recursos para los servicios de interés general, así como la competencia, y también para proteger las actividades sin ánimo de lucro.
Finalmente, pedimos que se agilicen los trabajos para considerar los regímenes fiscales - que, según el grupo Primarolo, fomentan la competencia desleal - como ayudas estatales que se deberían eliminar.
Señorías, el marcador representa un paso adelante para lograr la transparencia y el debate público, y esto es muy de agradecer. Sin embargo, la Comisión es consciente de las limitaciones que hemos señalado. No está garantizada la comparabilidad de los datos entre los Estados miembros, no se ha evaluado la eficacia de las ayudas y todavía no se ha presentado una comparación entre la Unión y sus principales competidores a escala mundial. Se trata también de aspectos en los que habrá que trabajar en el futuro y con vistas a los cuales sería deseable aumentar la participación de la sociedad civil.
Permítanme que añada unas palabras sobre la política de la competencia en general. La competencia es fundamental para la viabilidad y la eficiencia del mercado interior. Sin embargo, la Unión Europea tiene que realizar aún muchos avances en lo que respecta al desarrollo industrial y tecnológico. No debemos retroceder en materia de política de competencia, pero hemos de poner al mismo nivel las políticas industriales y de la competencia en los Tratados y en la práctica; de lo contrario, la Unión quedará rezagada en lo que respecta a la innovación, a los efectos de escala, a las redes y a la creación de empresas. Los expertos consideran ya que su potencial de crecimiento en materia de producción y de productividad ha disminuido, mientras que nosotros queremos aumentarlo. El proceso de fusiones es sólo un aspecto del problema. Sabemos que la centralización general de las competencias en el seno de la DG plantea un problema, pero no quisiéramos pasar al otro extremo y optar por el modelo estadounidense. En la reforma que se está preparando, preferiríamos que se contemplara un procedimiento de instrucción más abierto y deliberativo, que permita unos plazos razonables, mientras que la decisión debería seguir siendo competencia de la Comisión.

Ettl (PSE)
Señor Presidente, agradezco al señor Comisario el informe sobre la competencia, pero también quiero felicitar a ambos ponentes por los análisis que nos han presentado sobre esta cuestión.
El informe sobre la competencia se basa exclusivamente en la obligación de rendir cuentas por parte de la Comisión. Esto significa que nuestros comentarios tienen el mismo peso ante la Comisión que las opiniones del Comité Económico y Social, y nada más: esto debe quedar claro. No obstante, esto no significa que la Comisión, que cuenta con numerosas atribuciones, esté dispuesta a ver restringidos sus derechos en el ámbito de la competencia.
Permítanme que exponga algunas observaciones críticas sobre el ulterior desarrollo de la política sobre la competencia en sí misma. La progresiva globalización, el hecho de que la economía europea se caracterice por las fusiones, así como una política sobre la competencia cada vez más dura tienen consecuencias sobre la situación sobre el terreno, dado que determinan cambios en el mercado laboral. Esto no significa que yo desee interrumpir este proceso; mi propósito es presentarles la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que piensa que las directrices para el empleo ya no bastan por sí solas para compensar los problemas del mercado laboral que genera la mayor presión competitiva combinada con el débil crecimiento actual.
Sé que no deberíamos ? y, de hecho, no debemos ? culpar en exceso a la política sobre la competencia de los problemas actuales: esto lo tengo claro. No obstante, quiero señalar que la posible aplicación de las normas sobre la competencia a los servicios de interés general me parecería problemática. No le corresponde a la Comisión definirlos por su cuenta: eso es tarea de los políticos en general.
La política sobre la competencia es, sin duda, valiosa de por sí, pero se debe conciliar con ámbitos socialmente relevantes de interés general, y esto es aún más importante en vísperas de la ampliación de la Unión Europea. Señor Comisario, espero que sepa comprenderlo.

Doorn (PPE-DE)
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, quisiera hacer algunas observaciones, que se refieren sobre todo a cuestiones de procedimiento. Acogemos con agrado la supresión de la obligación de notificar los acuerdos en materia de competencia. Me parece un cambio positivo que reducirá la carga administrativa para las empresas y las autoridades. No obstante, quisiéramos instar a la Comisión a que atienda el deseo justificado de las empresas de obtener una mayor seguridad jurídica, sobre todo cuando se trata de asuntos complejos. Pedimos a la Comisión que estudie si sería posible realizar, en casos excepcionales que impliquen grandes inversiones, una declaración de alcance general sobre la compatibilidad de los acuerdos con las normas europeas en materia de competencia, como es habitual en los Estados Unidos con la Business Review Letter.
La modernización de la política sobre la competencia sólo podrá tener éxito si las normas en materia de competencia se aplican de manera uniforme y sistemática por toda la UE. Necesitamos una opción de recurso europea contra las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales de la competencia. Quisiéramos pedirle a la Comisión que adopte las medidas necesarias en este sentido. Como ha dicho hace un momento la Sra. Peijs, la confianza es buena, pero en estos casos el control es mejor.
En tercer lugar, la red de autoridades nacionales encargadas de la competencia necesita un estatuto claro y transparente. Hasta el momento, sigue sin estar claro cómo se desarrolla la cooperación, y no existe ningún estatuto de verdad que la regule. Dicho estatuto debería establecer claramente qué tipo de relación deben mantener la Comisión y las autoridades nacionales de la competencia y cómo tiene lugar la cooperación mutua (en particular, por ejemplo, en lo que se refiere al intercambio de información confidencial). Creo que se requieren acuerdos muy sólidos y claros al respecto y considero que los países candidatos también deberían participar en ellos.
Finalmente, opinamos que la legitimidad democrática de la normativa económica en materia de competencia se vería beneficiada si se concediese también al Parlamento el derecho de codecisión en este ámbito.

Langen (PPE-DE)
Señor Presidente, el control de las ayudas estatales es uno de los tres pilares de la política sobre la competencia. Muchas de estas ayudas conciernen a la industria, al sector energético, al sector del transporte o a la agricultura, y por ello, la Comisión de Industria ha emitido una opinión sobre el Informe Herzog. En esta opinión, que fue aprobada por una amplia mayoría, en primer lugar acogemos con satisfacción el marcador de ayudas estatales, que contribuye a aumentar la transparencia y ofrece una visión general más clara de la situación. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, realizamos una serie de peticiones en la Comisión de Industria, que dirigimos a la Comisión.
En primer lugar, acogemos con satisfacción el objetivo de reducción continua de las ayudas estatales globales. En segundo lugar, manifestamos que los futuros marcadores deberían incluir las subvenciones concedidas en los países candidatos. Nuestra tercera petición - y ésta ya es antigua - es que se eleve el umbral de la «regla de minimis». Quisiéramos que las pequeñas ayudas estatales disfrutaran de exenciones en el futuro, con objeto de que los responsables, en el ámbito local, de tomar las decisiones dispongan de un mayor margen de maniobra. Además, también pedimos que se examinen más exhaustivamente las medidas fiscales específicas y que éstas se incluyan en este marcador. Finalmente, pedimos que la Comisión haga por fin sus deberes, tal como viene anunciando desde hace mucho tiempo, sobre todo en lo que respecta a los servicios de interés general, un asunto que ya han comentado otros oradores.
Sabemos que se está elaborando en la actualidad un Libro Verde sobre la prestación de servicios de interés general. Esperamos, señor Comisario, que este Libro Verde, que evidentemente se está redactando bajo la autoridad principal del Presidente de la Comisión, incluya todos los aspectos de los servicios de interés general. No creemos que estos servicios deban quedar al margen, por regla general, de las normas de la competencia, como se acaba de afirmar, pero pensamos que se podrían aclarar aquellos aspectos que ahora están algo confusos.
El último punto de la Comisión de Industria corresponde a una antigua petición del Parlamento. Se refiere a los reglamentos sobre los que usted acaba de informar, señor Comisario, y que actualizarán al Reglamento 17. Queremos que estos reglamentos - incluidas las próximas disposiciones sobre los servicios de interés general - se consideren parte de la legislación sobre el mercado interior y se sometan al procedimiento de codecisión. Sé que esto no le interesa, pero a nosotros sí. No obstante, confiamos en que sepa comprender, al menos, algunas de estas consideraciones.

Purvis (PPE-DE).
Señor Presidente, hablo en nombre del Sr. Evans, ponente alternativo del Grupo PPE-DE. El Sr. Evans siente mucho no poder estar hoy con nosotros. Hemos presentado una serie de enmiendas a estos informes con el objetivo general de fomentar el libre comercio.
En los últimos años, la Unión Europea ha insistido correctamente en la necesidad de una mayor competencia y capacidad de elección por parte del consumidor, y a menudo se ha servido de sus poderes para obtener efectos beneficiosos. El incremento del libre comercio y la reducción de las subvenciones no equitativas han sido algunos de los resultados más positivos. Este tipo de políticas aporta actualmente en toda la Unión Europea jugosas recompensas tanto a las empresas como a los consumidores, tal como ocurrió en mi país, cuando el Gobierno conservador redescubrió y fue pionero en este tipo de prácticas en la década de 1980.
El fomento de una mayor competencia es una tarea enorme. Durante las tres primeras décadas después de la II Guerra Mundial, las ayudas estatales y el proteccionismo eran opciones menos controvertidas. Todavía resulta difícil combatir estas ideas tradicionales e intereses creados, especialmente en una atmósfera en la que los opositores del libre comercio enarbolan con frecuencia eslóganes más atractivos.
Somos muy afortunados al contar con el Comisario Monti, una persona convencida de que la apertura de mercados y la liberación del comercio son opciones favorables a los intereses de todo el mundo. Le estamos muy agradecidos por su persistencia y su duro trabajo por combatir todo aquello, bien sean cárteles o subvenciones, que impida la operación del libre mercado.
El informe del Sr. Herzog trata sobre el nuevo cuadro de indicadores de ayudas estatales de reciente implantación. Se trata de una herramienta muy útil. Estamos completamente a favor de su introducción y esperamos con impaciencia que tenga una gran acogida. Es muy alentador percibir un declive de las ayudas estatales, aunque nos gustaría que disminuyeran todavía más. Las disparidades entre países demuestran que algunos Estados miembros aportan hasta tres veces más ayudas estatales que otros.
Esperamos que este cuadro de indicadores sirva para que los Estados miembros continúen y aceleren sus reformas y que también sirva para emprender reformas en los nuevos Estados miembros tras su adhesión en el año 2004.
El informe del Sr. Lipietz se centra en la política de competencia general y nos complace comprobar que refleja muchas de nuestras inquietudes. En particular, el informe destaca la ausencia de progreso en la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad y exige la apertura de los mercados europeos de energía, transporte y servicios postales. El informe felicita acertadamente al Comisario Monti y a su equipo por el enfoque adoptado. Desde este Parlamento, deberíamos pedirle que continúe por el camino que ha elegido.
Para concluir, me gustaría encomendar al Parlamento la continuidad de las políticas de la Unión Europea en estas áreas. Con la esperanza de que el Parlamento apoye nuestras enmiendas, espero con impaciencia que se produzca un progreso aún mayor en los próximos años.

Berenguer Fuster (PSE).
Señor Presidente, sin duda, el debate acerca del Informe anual sobre la política europea de la competencia debería constituir el debate más importante en esta materia del Parlamento con carácter anual. Pero no siempre es así. Y ello debido a que las características de este Parlamento - que al fin y al cabo es una Cámara política y no un foro académico o de expertos - y su propio Reglamento presentan dificultades para debatir cuestiones de largo alcance. Por ejemplo, a finales del año 2002 estamos debatiendo el contenido de un informe de la Comisión referido al año 2001. Desde entonces han pasado muchas cosas y muy importantes.
Con estas limitaciones es difícil que el informe que emita este Parlamento constituya un documento adecuado que refleje el estado actual del debate sobre la política europea de la competencia. No digo esto, por supuesto, en detrimento del informe del ponente, Sr. Lipietz, que ha realizado el trabajo de una forma muy adecuada, sino porque los juegos políticos de mayorías y minorías, propios de una Cámara de estas características, dan lugar a que, en una Resolución como la que hoy estamos debatiendo, se introduzcan muchos elementos que poco tienen que ver con el debate actual en materia de competencia.
Obviamente, no digo nada nuevo, y el propio Sr. Lipietz tendría que estar de acuerdo conmigo, ya que, en su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, expuso su disconformidad con muchos apartados que se habían introducido y por muchos otros extremos que se habían rechazado. He de mostrarme, por tanto, de acuerdo con el ponente y creo que, de aprobarse en los términos en los que hoy se contiene, este informe no constituirá un documento que aporte puntos de vista útiles o contribuciones significativas al debate actual en materia de competencia. Insisto en ello, a pesar de la tarea del ponente.
En virtud de la intervención de hoy del Comisario Sr. Monti, tendrían que estar de acuerdo con estas deficiencias. Según el Sr. Monti, los problemas actuales más importantes en materia de competencia son los relativos a la modernización, a la reforma -que esperamos que se lleve a cabo de forma inmediata- del Reglamento nº 17, de 1962, y también los importantes problemas originados por una jurisprudencia reiterada -tres sentencias- del Tribunal de Primera Instancia en materia de concentraciones.
Señorías, señor Comisario, la política europea de la competencia y la labor de la Comisión en ese campo han constituido uno de los instrumentos más importantes para la creación del mercado único. Con la implantación del euro, se ha hecho más patente que las diferencias de precios siguen existiendo entre los Estados miembros. ¿No deberíamos preguntarnos si la política de la competencia necesita refuerzos, institucionales o de otro tipo, para superar los últimos obstáculos para la realización de ese mercado único?
Ésos son algunos de los problemas que deberíamos plantearnos. Lamento que no haya sido así en el debate que estamos manteniendo.

Riis-Jørgensen (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Monti, en relación con el informe sobre el marcador, quiero manifestar, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que no estamos satisfechos con el resultado de la votación en comisión y, por consiguiente, hemos presentado varias enmiendas junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. Vamos a votar a favor del informe, con la condición de que se aprueben dichas enmiendas. Quisiera agradecer asimismo a la Comisión el trabajo realizado en relación con el marcador, que es un instrumento muy útil para alcanzar el objetivo de una reducción general de las ayudas estatales.
Acojo con satisfacción el XXXI Informe de la Comisión sobre la política de la competencia. Me complace especialmente el apoyo de la comisión a mi propuesta de que se considere la posibilidad de crear un tribunal de la competencia, ahora que el artículo 225 A del Tratado de Niza ha allanado el camino para ello. Un tribunal de la competencia mejoraría la protección jurídica de las empresas europeas. Éste tendría que actuar como contrapeso y supervisor de los expertos de la Comisión en materia de política sobre la competencia. Garantizaría que se dejase de considerar a la Comisión como un órgano que investiga a las empresas a la vez que las juzga. Mejoraría la transparencia de las empresas en cuestión. No deseo, de ningún modo, un debilitamiento general de la política sobre la competencia. Al contrario. Tampoco deseo que se debilite el papel de la Dirección General de Competencia en relación con dicha política. Quiero manifestar mi apoyo incondicional a la opinión del Comisario Monti y de todas las demás fuerzas de que, también en el futuro, la política sobre la competencia debe seguir siendo justamente eso, sin interferencias de políticas de otros ámbitos, como la política industrial. Me complace muchísimo que el Sr. Monti se muestre partidario de un tribunal europeo de la competencia.
Permítanme que me tome la libertad de dirigir también la mirada hacia el futuro y comentar la propuesta de resolución de la Comisión para reformar la legislación de la Unión en materia de competencia. El Grupo ELDR ha apoyado a la Comisión, a lo largo de todo el proceso de reforma, en su declaración de que la reforma es necesaria. Al mismo tiempo, hemos mantenido que ésta no debe conducir a una renacionalización de la política sobre la competencia. La Comisión nos ha asegurado que esto no va a ocurrir y se ha referido a la creación de una red formada por la Dirección General de Competencia y las autoridades nacionales encargadas de la competencia. Estoy segura de que esta red sería eficaz. No obstante, al mismo tiempo quisiera presentar una propuesta que espero que el señor Comisario considere. Ésta se refiere a la creación de un departamento o un grupo operativo especial dentro de la Dirección General de Competencia, que tenga como tarea garantizar y supervisar que las normas de competencia se apliquen de manera uniforme en todos los Estados miembros. Es una tarea importante y de gran envergadura, que será aún mayor tras la próxima ampliación. Lo expondré de manera más detallada en una carta dirigida al Comisario.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, ahora que se ha completado el mercado interior, nuestras regiones operan, como es natural, en un entorno más competitivo. Por eso, es necesario mejorar continuamente las normas europeas en este ámbito. Sin embargo, puesto que la Unión Europea no existe aislada del comercio mundial, también se requiere un sistema de competencia en el contexto de la OMC.
Si nos tomamos en serio la tarea que nos propusimos en la Cumbre de Gotemburgo, como continuación de la Cumbre de Lisboa, la política sobre la competencia no se debe limitar sólo a las condiciones económicas, sino que también debe tomar en consideración los factores sociales y medioambientales. Una economía no puede ser competitiva si no dispone de una mano de obra altamente cualificada, si los salarios son tan bajos, que la competencia no fomenta la demanda interior sino que la ahoga, y si no existe ninguna garantía de que los productos manufacturados no sean perjudiciales para la salud pública.
Por eso, necesitamos un cambio de planteamientos que transforme la batalla interna por las ventajas de localización subvencionadas en un debate sobre la manera de conseguir un modo de vida más sostenible para la población. La política sobre la competencia debe ser la abanderada del concepto de igualdad de oportunidades. Ésta no se podrá lograr, no obstante, si la armonización de las normas técnicas es insuficiente, si las políticas fiscales de los Estados miembros son tan dispares, que resulta imposible comparar los costes reales, y si las normas sociales de los Estados miembros divergen mucho.
No soy contrario a las ayudas estatales; las apoyo, con la condición de que tengan un fundamento jurídico vinculante e igual para todos y de que no contribuyan a perpetuar el uso de técnicas y tecnología antiguas y perjudiciales para el medio ambiente, sino que por el contrario fomenten la inversión con vistas al futuro.
En resumen ? y con esto vuelvo al punto de partida ?, la política sobre la competencia consiste en crear un triángulo equilátero formado por la política económica, la política social y el medio ambiente.

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, el informe de nuestro colega, el Sr. Herzog, es excelente, y las enmiendas presentadas por nuestro Grupo no hacen sino mejorarlo. En cambio, las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas en realidad lo destrozan, puesto que suprimen al menos una decena de artículos y apartados de éste. Por consiguiente, estoy sorprendido, pues con dichas enmiendas, en cierto modo, se borra de un plumazo toda la dimensión humana del informe. Como ustedes saben, el Tratado establece que la ayuda aportada por Alemania a las regiones de Alemania oriental es compatible con el mercado único. Nuestro colega afirma, con toda la razón, que esta ayuda se podría destinar a las regiones de los países candidatos. Sin embargo, sólo se suprime, se suprime y se suprime, y dado que el PPE-DE se declaró a favor de la economía social de mercado en Estoril, debo reconocer que no lo entiendo.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, en los deportes se necesita un contrincante para poder ganar. El fútbol es uno de esos deportes que sólo pueden existir merced a la presencia de un contrincante. En un partido limpio, el contrincante debe disponer de los mismos medios que la otra parte. A fin de cuentas, se trata de una lucha justa en la que se puede pelear por el primer puesto, pero también por el honor.
En el fútbol profesional hemos visto, en los Países Bajos por ejemplo, que una medida de la Comisión sobre las ayudas estatales puede suscitar reacciones. Por ejemplo, esta semana he leído en un diario neerlandés que nuestro colega socialista, el Sr. Max van den Berg, querría eximir a los clubes de fútbol profesional de las normas europeas sobre las ayudas estatales. No obstante, y a mi parecer, este planteamiento pasa por alto los objetivos comerciales de los clubes profesionales. Por tanto, a diferencia del Sr. van den Berg, quisiera manifestar mi apoyo a las medidas tomadas por la Comisión para dar marcha atrás, en lo posible, a las ayudas concedidas al fútbol profesional.
En mi opinión, la concesión de ayudas estatales es - y sigue siendo - una medida de carácter explícitamente temporal. Cuando la ayuda se concede durante un período más prolongado de tiempo, se distorsiona la competitividad. Una relación de dependencia entre la industria y el Gobierno, basada en las ayudas, constituye una interferencia en el funcionamiento del mercado. Al mismo tiempo, también quiero reconocer el efecto positivo de las ayudas estatales. A fin de cuentas, si gracias a una medida temporal se alcanzan unos objetivos socialmente útiles, la ayuda temporal está del todo justificada. Esto ofrece a las empresas un incentivo para alcanzar esos objetivos.
Quisiera destacar ahora la importancia de la concesión de ayudas con vistas a la aplicación de la legislación medioambiental. Es un hecho que la industria está sufriendo unos altos costes como resultado de una plétora de nuevas medidas. Si la competitividad de Europa se viese afectada, en comparación con países que no pertenecen a la UE, como resultado de las medidas medioambientales, creo que estaría justificado que la sociedad asumiese esos costes hasta cierto punto y bajo unas condiciones claras.
Por lo que se refiere a la adhesión de los países candidatos, se debería añadir un nuevo capítulo para la política sobre la competencia y la cuestión de las ayudas estatales. Varios países candidatos ofrecen unas condiciones fiscales favorables a los inversores extranjeros. Su objetivo es proteger el empleo local.
Los apartados 17 y 18 del informe del Sr. Herzog se refieren expresamente al asunto de las ayudas a la industria siderúrgica en diversos países candidatos. A este respecto, considero que la enmienda 16 propone un cambio que no deja lugar a dudas.
Yo pediría que se dispensara a los países candidatos un trato equitativo y libre de ambigüedades en lo que respecta a las ayudas estatales y la competencia. Por eso, apoyo las enmiendas 20 y 21 al Informe Lipietz, que establecen claramente que los países candidatos se enfrentan a problemas distintos a los que afectan a los actuales Estados miembros.
No obstante, por comprensibles que sean las ayudas estatales desde el punto de vista de los países candidatos, existe - y siempre existirá - una forma de ayuda estatal que no se ajusta a las normas sobre las ayudas estatales y la competencia. Una postura claramente definida con respecto a las exenciones ofrece a los nuevos Estados miembros un margen para consolidar unas relaciones económicas sanas.
Quisiera acabar mi intervención con una pregunta dirigida al Comisario Monti. Durante los dos últimos años ha quedado claro que los países candidatos tienen una estructura económica que difiere de la de los Estados miembros de la UE. Esta estructura y esta mentalidad no están cambiando tan rápidamente como nosotros desearíamos, y dichos países necesitan, por lo tanto, un enfoque adaptado a las necesidades particulares de cada uno. La plena aplicación de las normas es una medida que no hace en absoluto justicia al desarrollo de una economía social de mercado en los países candidatos. ¿Cómo se proponen alcanzar una solución justa para el problema de las ayudas estatales en dichos países?

de Gaulle (NI).
Señor Presidente, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea no prohíbe las posiciones dominantes, sino sólo el abuso de éstas. No establece un sistema de aprobación previa de las fusiones. Por lo tanto, la creación de una posición dominante, como resultado de una fusión, no se tiene que negociar previamente con la Comisión, y dicha posición no es de por sí contraria al Tratado. Una vez más, la Comisión se ha arrogado poderes que no posee, con objeto de mantener su importancia, inventando criterios totalmente arbitrarios o, peor aún, ridículos, para servir a sus fines. Un ejemplo de ello es cuando analiza las cuotas de mercado país por país y producto por producto, y se aprovecha de la frivolidad o incluso de la ausencia de las autoridades francesas cuando se trata de proteger los intereses industriales franceses.
Mientras tanto, aun cuando el Tratado constitutivo de la Comunidad europea no prohíbe, en modo alguno, promover empresas estatales, la Comisión de Bruselas acosa a las empresas públicas francesas como símbolos, intolerables a sus ojos, de triunfante intervencionismo estatal colbertiano. En este sentido, cualquier intento de obligar al Gobierno francés a privatizar las empresas del sector público provocará una enérgica respuesta de todos sus empleados o, ¿por qué no?, una huelga general en todos los sectores de la industria. No sólo los servicios de la Dirección General de Competencia necesitan una reforma, sino también el Comisario Monti, que no entiende nada de industria, que debe ser desautorizado y a quien la Comisión de Bruselas debería poner en su sitio.

Rapkay (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como pueden ver, tenemos sobre la mesa toda una serie de decisiones y asuntos de actualidad relacionados con la política sobre la competencia. Dado el poco tiempo del que dispongo, voy a tener que limitarme a la política de ayudas estatales y, por lo tanto, al informe del Sr. Herzog, que los socialdemócratas apoyamos plenamente.
Antes de comenzar, permítame un comentario, señor Comisario: no se sienta desconcertado por las palabras del orador que me ha precedido. Éstas no tienen nada que ver con la opinión de la inmensa mayoría de los diputados de esta Cámara, y creo que la votación de ambos informes también demostrará que no estamos de acuerdo con lo que se acaba de decir.
Como ya he señalado, apoyamos el informe del Sr. Herzog sobre las ayudas estatales, que respalda la estricta política de control de estas ayudas que está aplicando la Comisión sobre la base de los Tratados. Es un informe equilibrado, que señala que la política de ayudas estatales también debe cumplir otros objetivos de la UE, en particular los de competitividad, crecimiento y empleo, de conformidad con la estrategia de Lisboa. Por eso, me ha alegrado mucho, señor Comisario, que también haya citado explícitamente este principio en su comentario introductorio y le haya dado su apoyo.
Es positivo que se hayan reducido nuevamente las ayudas estatales. Esto es el resultado de la rigurosa política de control de las ayudas por parte de la Comisión. En efecto, dichas ayudas no sólo corren el riesgo de distorsionar el mercado, sino que, evidentemente, primero tienen que obtenerse, en cada caso, de algún sitio, y es posible que luego falten en otra parte.
Sin embargo, tampoco se pueden rechazar en bloque. Al contrario, se deben aplicar criterios cualitativos a la concesión de ayudas, para evaluar en cada caso si el objetivo que se persigue puede justificar alguna distorsión del mercado, posiblemente de duración limitada, o si dichas medidas podrían eliminar incluso, a medio plazo, distorsiones ya existentes. En este contexto, señor Comisario, quisiera recordar dos puntos sobre los que formulé algunas preguntas y realicé varias peticiones, en el transcurso de un debate sobre el mismo asunto, celebrado hace ya un año.
Es cierto que la región más competitiva, que es evidentemente lo que deseamos ser, debe caracterizarse por tener empresas competitivas. Esto significa que, en la medida de lo posible, las empresas deben salir adelante sin ayudas, y cualquier ayuda debe estar encaminada a mejorar la competitividad de dichas empresas. Sin embargo, en el proceso no sólo se debe evaluar a las distintas empresas, sino que es necesario tener en cuenta toda la cadena de producción de la que forma parte la compañía. Si se quieren aplicar criterios cualitativos no basta con centrarse exclusivamente en una sola empresa.
Mi segundo punto se refiere a una petición que desearía formular en el ámbito de la política regional. Hoy ya estamos debatiendo sobre cómo funcionará, en la práctica, la política regional después de 2006. Muchas cosas cambiarán para la actual Unión de los Quince, para los antiguos Estados miembros, y está bien que así sea. Sin embargo, en este contexto, tenemos que considerar seriamente cómo se van a redistribuir las ayudas regionales entre los Estados miembros. Tenemos que discutirlo y tenemos que hacerlo con tiempo. Tal vez lleguemos a la conclusión de que todo puede seguir igual, pero también es posible que concluyamos que se requiere algún nuevo mecanismo. No esperemos hasta el último momento: comencemos a debatirlo ya.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, considerada exclusivamente desde el punto de vista de la libre competencia y el libre mercado, cualquier ayuda, sea estatal, europea o local, distorsiona la competencia. Dicho sea de paso, opino y quiero manifestar que esta influencia sobre la competencia es positiva si permite el desarrollo de un territorio, la oferta de servicios públicos eficaces, una reducción de las desigualdades, una gestión social más adecuada, una consideración a largo plazo y un aumento de la investigación y el desarrollo.
Por consiguiente, con mi voto favorable al enfoque del Sr. Herzog, a quien quisiera felicitar y que cuenta con mi apoyo, confirmo que las ayudas estatales son necesarias y están justificadas, como él manifiesta, con dos condiciones, como mínimo: por un lado, que cumplan únicamente, y de manera clara, los objetivos fijados en cuanto a su montante y su duración, y por otro lado, que haya transparencia y que se supervisen y se evalúen sus resultados.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, estoy de acuerdo con lo que declaró el Sr. Monti en una reciente entrevista: que la brecha considerable entre las tasas de crecimiento y de empleo, que deja a Europa en una situación de desventaja en comparación con los Estados Unidos, es en gran parte consecuencia de las estructuras económicas de este continente, que continúan estando mucho menos abiertas a la competencia. A mi modo de ver, una economía competitiva abierta a la competencia reportaría ventajas sociales tangibles a los países europeos.
El Comisario concluía, por lo tanto, diciendo que necesitamos una política sobre la competencia todavía más enérgica que la de los Estados Unidos, y deberíamos reconocerle el mérito de haberla impulsado, aceptando incluso el riesgo de cometer errores o, en cualquier caso, emitiendo juicios distintos de los de los órganos judiciales a cuya decisión se ha apelado en algunos casos.
En los próximos años, con el clima económico negativo actual, Europa deberá hacer frente a un reto extraordinariamente importante, en lo que se refiere a las ayudas estatales, en particular. Se está intentando recuperar las ayudas estatales junto con el proteccionismo y el intervencionismo estatal en la economía: es una senda peligrosa. Los Tratados imponen sabiamente limitaciones estrictas a las ayudas estatales, y estos límites se deben mantener y ratificar, especialmente en los casos en que los gobiernos intenten utilizar indebidamente o distribuir generosamente las ayudas, como intentarán hacer cada vez más.
Quedan otros asuntos pendientes: los antiguos monopolios estatales - empezando por EDF, Enel, France Telecom y Deutsche Telekom -, las ayudas estatales a la radio y la televisión, las ayudas estatales en el caso de ajustes estructurales, así como también, en este contexto, las ayudas estatales encubiertas.
Señor Presidente, para acabar quiero manifestar que los diputados radicales italianos vamos a votar a favor de las enmiendas Riis-Jørgensen y Evans, que aportarán un mayor equilibrio al Informe Herzog.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, la política europea sobre la competencia es uno de los instrumentos políticos más significativos de la Unión Europea, y por eso, estaría muy agradecido si la Comisión se pusiese de parte del Parlamento e incluyese también este ámbito en el procedimiento de codecisión.
Me parece muy importante que democraticemos la política sobre la competencia y que la dotemos de una mayor legitimidad que la que ha tenido hasta ahora, puesto que las decisiones que toma la Unión Europea sobre el mercado interior, la economía de mercado y la competencia se justifican, en definitiva, porque la competencia tiene una función distributiva y, por consiguiente, contribuye, según se afirma, a una distribución equitativa de la renta, mejora el bienestar social y actúa como un mecanismo que garantiza una asignación eficaz de los factores de producción. Esto debería mejorar la oferta, en beneficio de los productores y de los consumidores, y también debería actuar, finalmente, como un incentivo a favor del progreso técnico y la maximización del producto nacional.
Evidentemente, todos consideramos perjudiciales el peso excesivo en el mercado y los procesos de concentración. Estas consideraciones también deberían desempeñar un papel en nuestro debate sobre una constitución, así como en la revisión de los Tratados, y espero sinceramente que sean también aún más visibles en la aplicación y la reforma de la legislación en materia de competencia. Finalmente, también es necesario adecuar esta política al proceso de Lisboa y sus objetivos.
Por eso, el informe anual representa ciertamente un éxito, y también es muy positivo que éste aborde, por primera vez, las cuestiones relativas a los servicios de interés general. A diferencia del Sr. Langen, espero que el Libro Verde no sólo aporte un análisis meticuloso de cómo se debe abordar la oferta de servicios públicos de interés general, sino también una decisión sobre el punto de partida para la futura normativa. En este contexto, acojo con satisfacción su deseo de situar la garantía de los servicios públicos en un plano de igualdad con el principio de la libre competencia.
Espero que la Comisión presente cuanto antes una propuesta de reglamento marco o de directiva marco y que tenga en cuenta las especificidades y las tradiciones nacionales, y en particular, que deje a los Estados miembros la definición de los servicios públicos.
Señor Comisario, tenía usted razón al destacar la importancia del control de los carteles y las fusiones. Por mi parte, quisiera recalcar, una vez más, que desde luego es necesario analizar con detalle los aspectos individuales de las últimas sentencias y extraer las conclusiones pertinentes de éstas. Sin embargo, estas sentencias no merman, en modo alguno, la confianza del Parlamento en la competencia de la Comisión, ampliamente demostrada a lo largo de los años. Señor Comisario, quisiera pedirle que preste más atención a los derechos de los trabajadores en su labor de control de las fusiones?
(El Presidente interrumpe al orador)
Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, amplios sectores de la industria europea han perdido puestos de trabajo y una cuota significativa del mercado mundial, como resultado de la política sobre la competencia; y lo que es más: han perdido a cientos de miles de trabajadores que han ido a engrosar las filas del paro. Esta política ha contribuido a la creación de enormes grupos monopolistas que han adquirido una posición dominante en el mercado fomentando las fusiones, las alianzas y las absorciones y una mayor elusión de responsabilidades a la hora de fijar los precios, con la consiguiente expulsión del mercado de sus competidores - sobre todo, las pequeñas y medianas empresas - y con el resultado de oleadas masivas de despidos, un aumento vertiginoso del desempleo y la pérdida de riqueza.
La idea de que la política sobre la competencia es una condición sine qua non para la creación de empleo ha resultado ser errónea, puesto que en la práctica está ocurriendo exactamente lo contrario. Lo que preocupa a la Unión Europea es el retraso en la finalización de la liberalización de los mercados del gas natural y la electricidad, de los mercados de la energía y de los servicios postales y de transportes, así como el retraso en la compleción de la plena liberalización de los mercados y las privatizaciones, que convertirán en norma la temporalidad y la precariedad en el empleo. Los diputados del Partido Comunista de Grecia apoyamos la resistencia y la oposición de los trabajadores a esta liberalización?
(El Presidente interrumpe al orador)

Bordes (GUE/NGL).
Nosotros vamos a votar en contra de los tres informes (el de la Sra. van den Burg, el del Sr. Lipietz y el del Sr. Herzog), que se complementan en el ámbito de la llamada política sobre la competencia. Su economía basada en los beneficios privados es totalmente incapaz de hacerse cargo del gasto a largo plazo en infraestructuras ni tampoco de todas las consecuencias sociales y humanas de una competencia que podría resultar funesta para la sociedad. Por eso, necesitamos, por una parte, un banco público europeo que financie proyectos de infraestructuras y, por otra, un cierto grado de intervencionismo estatal que se encargue de hacer lo que el capital privado desdeña y de curar algunas de las numerosas heridas abiertas por su sistema económico. Estamos a favor de la defensa de aquellos servicios públicos que sean útiles para la población. Estamos en contra de que se utilice al Estado como muleta para el capital privado. Nuestro voto global en contra de los tres informes expresa nuestra oposición al actual sistema económico, que sólo sirve para aportar el máximo de riqueza a una minoría privilegiada y no cubre, en absoluto, de manera adecuada, las necesidades de la mayoría de la población.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como último orador que interviene en este debate, quisiera recalcar, una vez más, que la política sobre la competencia se sitúa en el corazón mismo del mercado interior y, a mi parecer, constituye para la Unión Europea un instrumento político muy importante para consolidar la posición de Europa en el mundo e intentar alcanzar los objetivos de Lisboa. La finalidad de la política sobre la competencia es proteger a los consumidores europeos, determinar unos precios de mercado más justos, generar una mayor oferta y aumentar el dinamismo y la capacidad de innovación de todos los participantes en el mercado. La política sobre la competencia prohíbe los monopolios, tanto estatales como privados. Combate las medidas que distorsionan la competencia y es un requisito previo para que todas las empresas disfruten de igualdad de oportunidades en el mercado.
Vamos por buen camino, pero lamentablemente todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo. Vamos por buen camino porque el número de casos investigados se ha reducido y porque ha aumentado la cuantía de las multas impuestas. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo porque la competencia leal se topa con numerosos obstáculos y existen muchos organismos distintos con responsabilidades en este ámbito, lo que permite que se introduzcan subrepticiamente distorsiones en la competencia, y porque algunas directivas se ponen en práctica con demasiada lentitud.
Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo porque no hemos completado nuestra labor en interés del bienestar público y porque los servicios de interés general siguen sin contar con exenciones y normas claras, en el marco de la legislación en materia de competencia, que permitan un funcionamiento armónico de dichos servicios y de las normas de competencia. Acojo también con satisfacción la propuesta de la Comisión de aplicar las «reglas de minimis» a todos los acuerdos entre las PYME e insto a los países candidatos a que apliquen rápidamente las normas sobre la competencia, con objeto de que no se produzcan distorsiones en la competencia entre las diferentes localizaciones industriales.

Monti
Señor Presidente, muchas gracias por el gran apoyo generalizado manifestado por esta Cámara ante la posibilidad de establecer una política de competencia fuerte en Europa. Como el Sr. Purvis ha señalado, es una tarea enorme. También es muy importante destacar que, como ha indicado el Sr. Junker, existe un consenso fundamental en favor de una política de competencia fuerte que implique cooperación internacional, y en contra de la renacionalización de las políticas de competencia europea. También tomo nota de la voluntad de mantener la Comisión Europea como órgano de toma de decisiones, bajo el control jurisdiccional de los tribunales.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario. Somos nosotros quienes le agradecemos su esfuerzo en estas condiciones.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

El Presidente.
- Señorías, queridos colegas, tengo el gusto de informarles de que, en el marco de las relaciones interparlamentarias, la delegación del Parlamento sirio, encabezada por el Sr. Abdoul Kader KADDOURA, Presidente del Parlamento sirio, realiza su segunda visita al Parlamento Europeo.

Al dar la bienvenida al Sr. KADDOURA y a los miembros de su delegación, desearía resaltar la importancia que concedemos a su visita, la primera desde 1983 a los locales del Parlamento Europeo.
Siria es el último país de la cuenca mediterránea con el que no se ha celebrado aún un acuerdo de asociación. Las negociaciones entre la Comisión y Siria se prosiguen desde 1997 y, según mis informaciones, la última reunión se celebró la semana pasada en un clima muy positivo.
Asimismo, los contactos entre el Parlamento sirio y el Parlamento Europeo podrían iniciar el diálogo parlamentario en el seno del Foro Euromed. Esperamos, por lo tanto, que su visita contribuya a intensificar las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento sirio.
Señor Presidente KADDOURA, estoy convencido de que las entrevistas que usted y los miembros de su delegación han celebrado habrán sido fructuosas y marcarán una nueva etapa en la profundización de las relaciones entre el pueblo sirio y la Unión Europea.
(Aplausos)
Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, ayer celebramos un debate sobre el informe de la Sra. van den Burg en torno al trabajo temporal. El debate duró desde las 22.00 hasta las 23.30 horas, y en él intervinieron veintiocho oradores. Cuando esta mañana he preguntado si existía una grabación en vídeo de dicho debate, me han respondido que no, porque las sesiones se graban sólo hasta las 20.00 horas.
Señor Presidente, decimos que todos los debates deben tener la misma consideración, pero aquellos cuyos informes se debaten después de las 20.00 horas se encuentran siempre en situación de desventaja. La transparencia no está garantizada. Nosotros estamos presentes, los intérpretes están presentes: sólo el servicio audiovisual no puede estar presente porque se han reducido drásticamente sus recursos. Considero inaceptable esta situación.
(Grandes aplausos)
El Presidente.
Creo que sus comentarios, que a la vez constituyen una queja, merecen una atenta consideración. Espero que reciba una respuesta positiva.
Thors (ELDR).
Señor Presidente, los parlamentarios corren ahora mismo el riesgo de escaldarse, puesto que durante la última media hora en las duchas y lavabos sólo sale agua caliente. ¿Se ha declarado, tal vez, una nueva alarma sobre la propagación de nuevos gérmenes? Quisiera solicitar a los Cuestores que investiguen lo ocurrido.

El Presidente.
- Agradezco su comentario, señora Thors.

van den Burg (PSE)
Señor Presidente, proponemos reintroducir, de acuerdo con el texto original de la Comisión, las palabras «previa consulta de los interlocutores sociales» en la primera frase.

El Presidente.
- Señor Pronk, ¿desea formular alguna objeción?

Pronk (PPE-DE).
Señor Presidente, es posible, pero tenemos que decir «cuando se considere adecuado y previa consulta a los interlocutores sociales». Ya lo habíamos mencionado anteriormente, y además es más lógico, así que: «cuando se considere adecuado y previa consulta a los interlocutores sociales».

Purvis (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría pedir a quienes proponen las enmiendas 31 y 37 que aclaren si lo que se pretende con esto es que se prohíban las clonaciones terapéuticas de embriones humanos.

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, esta enmienda no tiene nada que ver con la investigación sobre células madre. Trata de forma exclusiva sobre la cuestión de la clonación humana. La formulación que he utilizado ha sido extraída de la resolución del Parlamento de septiembre de 2000 sobre clonación humana, ocasión en la que exigimos una prohibición universal.

El Presidente.
 El debate ya se ha celebrado. Creo que las intenciones quedan muy claras en el texto.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Lage (PSE).
Señor Presidente, Señorías, sólo una breve explicación: la señora Damião ha sufrido una dolencia bastante grave. Por eso no ha podido asistir a esta votación ni intervenir en la elaboración del informe. En nombre de la delegación socialista portuguesa, quiero agradecer a la Cámara, en especial a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el apoyo que le han prestado, que ha supuesto un poderoso estímulo intelectual para su recuperación.
van den Burg (PSE)
Señor Presidente, creí que el Sr. Herzog presentaría la enmienda oral en su texto. Dirá lo siguiente: ...«acoge con satisfacción el compromiso del banco de incrementar la transparencia y la eficiencia de sus préstamos globales y su respuesta a las cuestiones críticas relativas a estos instrumentos». Esta será la primera línea.
Se trata de los Verdes. Disculpen, lo he confundido con otro informe.

 Herzog (GUE/NGL).
Retiramos la primera parte de la enmienda, que eliminaba tres palabras, por lo que mantenemos los términos del informe «en la financiación de la economía».
Isler Béguin (Verts/ALE)
Si, tras las inundaciones que anegaron Europa Central este verano, los terremotos en Turquía, Grecia y recientemente Italia, aún quedaba por demostrar la necesidad de un fondo de ayuda para las víctimas de las catástrofes, las noticias del naufragio del Prestige debieran convencernos definitivamente.
Aunque este Fondo de Solidaridad sea una garantía necesaria, sin embargo no es suficiente. La prestación de ayuda a las víctimas de tales catástrofes no debiera soslayar el análisis profundo de sus causas, nuestros métodos de producción y nuestros planteamientos económicos. Al contrario, debe animarnos a poner totalmente en duda nuestras economías basadas en el beneficio. Estas economías producen pequeños beneficios para los armadores registrados en Panamá, que reclutan súbditos filipinos y enarbolan el pabellón de Gibraltar. Pero también originan tragedias personales y familiares, pérdidas incalculables para las comunidades europea e internacional provocadas por cada hundimiento de petrolero ilegal, destruyendo el tejido socioeconómico durante años y dañando los ecosistemas y la biodiversidad marina durante siglos. Más que un fondo de solidaridad, lo que estoy reclamando es la creación de un Banco europeo para la protección y restauración del medio ambiente, que sea permanente y vaya un paso por delante de las catástrofes medioambientales, de manera que la reciente catástrofe del Prestige sea el último aldabonazo de advertencia para estos ataques al medio ambiente.

Queiró (UEN)
. (PT) El objetivo de este informe era proponer un acuerdo interinstitucional sobre la financiación del Fondo de Solidaridad de la UE y las condiciones que regulan la utilización de este Fondo. El acuerdo interinstitucional en cuestión fue propuesto de manera conjunta por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, con la idea de plasmar las disposiciones técnicas que permitan recaudar los ingresos necesarios para dicho Fondo.
De acuerdo con los términos del acuerdo, se ha establecido un procedimiento acelerado que garantice la flexibilidad financiera necesaria y la rapidez de intervención del fondo, comenzando durante el ejercicio financiero 2002 y hasta el 2006, o sea, a lo largo del horizonte financiero actual.
La reciente catástrofe del petrolero Prestige, que ya ha afectado a las costas de Galicia y amenaza asimismo la costa septentrional de Portugal con el crudo que ha derramado, constituye un ejemplo típico de la utilización eficaz y rápida de este Fondo de Solidaridad, que me incita a votar sin reservas a favor de esta propuesta.

van Dam (EDD)
. (NL) En primera lectura finalizaba mi intervención con las palabras: «Cifro mis esperanzas en el buen juicio del Consejo». Compruebo que no me he visto totalmente defraudado al respecto. El Acuerdo interinstitucional que tenemos delante está sin duda mejor definido que el proyecto del Parlamento.
Voy a explicarlo sobre la base de tres reflexiones. La primera es el alcance del Acuerdo interinstitucional. En gran medida está circunscrito, y con razón, a las grandes catástrofes naturales. En el caso de catástrofes de otro tipo, los culpables tendrán que asumir su responsabilidad. La segunda hace referencia a los valores umbrales. El umbral elevado centra el mecanismo en las grandes catástrofes y amplía la posibilidad de que se pueda traducir en una ayuda notable para determinadas regiones. En tercer lugar, en cuanto a las opciones de exención, el límite del 7,5% asegura que el grueso del Fondo llega a su destino real.
La Comisión acaba de formular su primera propuesta de concesión de ayuda procedente de este Fondo. Espero que a medida que se vayan despachando estas solicitudes de ayuda, vaya quedando claro que el Fondo de Solidaridad funciona como un suplemento de las medidas nacionales, tanto en términos de prevención como de corrección. La situación actual mejorará entonces en todos los frentes, en relación con los estados afectados y la solidaridad mutua a largo plazo.
Por ello hemos apoyado el Acuerdo interinstitucional, aunque con ciertas reservas.

Vlasto (PPE-DE)
He votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE. Este voto constituye el refrendo de un trabajo legislativo rápido, que se ha realizado desde el momento en que la propuesta fue presentada por el Comisario Barnier el 18 de septiembre. Quisiera agradecerle asimismo el esfuerzo desplegado en este asunto.
Siempre que la voluntad política es lo suficientemente fuerte, Europa puede avanzar de manera rápida y eficaz. Lo único que lamento es que no alcanzáramos el mismo resultado a raíz de las terribles tormentas de 1999, que afectaron severamente a Francia.
Hoy no nos queda sino dar la bienvenida a la movilización de este nuevo instrumento de solidaridad europeo. Los 728 millones de euros vendrán a reconfortar adicionalmente a las familias que han sufrido las catástrofes naturales de este verano.
En mi región y en otros varios departamentos del sur de Francia, las tormentas violentas y las inundaciones torrenciales azotaron unos 400 municipios los días 8 y 9 de septiembre, provocando 24 muertos y causando destrozos considerables.
Hoy, mi pensamiento está con aquellas familias, con los representantes electos de dichos municipios y con todos aquellos, ya fuesen fuerzas de seguridad civil u organizaciones voluntarias, que prestaron ayuda y apoyo durante dicha situación de emergencia. Ellos conocen el precio de la solidaridad y valoran, así lo espero, el gesto realizado hoy por Europa.

Beysen (ELDR).
Señor Presidente, la propuesta de una recomendación del Consejo relativa a la prevención del tabaquismo sólo coincide en parte con mi punto de vista. En algunos ámbitos, la Comisión va demasiado lejos. Junto a la multitud de aspectos referentes a prevención y control, esta recomendación pretende además regular la publicidad del tabaco. ¿Por qué presenta la Comisión dos textos y ambos pretenden imponer restricciones a la publicidad? ¿Seguro que no es para intentar que cualquier publicidad distinta de la de promoción del tabaco caiga dentro del ámbito de aplicación de esta recomendación? Es una lástima que el Parlamento no contemple los negocios de diversificación de marcas. Se trata sobre todo de negocios muy especializados, y a menudo muy pequeños, que aprovechan una marca existente para comercializar nuevos productos. Sin embargo, me puedo contentar naturalmente con el hecho de que en última instancia se trata de un instrumento no vinculante, que ha de servir de acicate para los Estados miembros.

Wachtmeister (PPE-DE).
Señor Presidente, como persona totalmente nueva en el Parlamento, debo decir que asuntos como el informe del Sr. Maaten sobre la prevención del tabaquismo y sobre las iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco hacen difícil para el ciudadano de a pie comprender el buen trabajo que realizamos. Me complace dejar en manos de los padres de los jóvenes la decisión acerca de este tema. En este caso, lo peligroso es la forma, no el contenido. Creo que debería ser a la inversa.

Eriksson, Krarup, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL)
Hemos optado por abstenernos de adoptar una postura acerca de bastantes aspectos del informe. Algunas de las propuestas ni siquiera requieren una política común válida para toda la UE. La prohibición de las máquinas expendedoras de cigarrillos y las disposiciones reguladoras de regalos y del autoservicio en las tiendas parecen más apropiadas a nivel nacional. Consideramos que la prohibición de alimentos que se asemejen al tabaco constituye un caso de legislación superflua.
Por el contrario, la UE debería abolir inmediatamente las copiosas subvenciones que paga por el cultivo del tabaco.

Lulling (PPE-DE)
- (DE) Desde el punto de vista de la política sanitaria cabe saludar con satisfacción varias de las recomendaciones formuladas por la Comisión y por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento. Estoy pensando concretamente en campañas y programas de información para combatir la adicción al tabaco. La enmienda que pretende implantar medidas contra la inhalación involuntaria del humo de tabaco en lugares de trabajo cerrados, locales públicos y transporte público también refuerza esta recomendación. Saludo con especial beneplácito el llamamiento para promocionar alternativas económicamente viables para quienes cultivan tabaco y para la sustitución progresiva de las subvenciones al tabaco en rama por otras alternativas. Evidentemente no podemos retirarles el sustento diario a estos productores y a sus familias sin ofrecerles una alternativa aceptable.
Sin embargo, no me encuentro especialmente satisfecho con todas las recomendaciones de este informe. La recomendación a los Estados miembros para que eleven artificialmente el precio de los productos del tabaco mediante una mayor carga impositiva no resultará, en mi opinión, eficaz en la lucha contra el consumo de tabaco. En el Reino Unido, un paquete de cigarrillos cuesta de dos a tres veces lo que en Luxemburgo. Sin embargo, todavía estoy por escuchar que el consumo de tabaco en las Islas Británicas es, por este motivo, inferior que en otros Estados miembros, y mucho menos que el problema ha quedado resuelto. Los únicos que podrían alegrarse por esto serían nuestros Ministros de Hacienda, sobre todo aquellos que tengan que pelear con un notable déficit presupuestario y por tanto están amenazados de recibir una «carta azul» remitida por la Comisión por haber rebasado los criterios del Pacto de Estabilidad.
(Explicación del voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Meijer (GUE/NGL)
Desde el mismo instante en que esta propuesta entró a formar parte del orden del día, tenía garantizado el apoyo de la inmensa mayoría. Este respaldo es mucho más amplio que el que tuvieron otras propuestas anteriores relativas al tema del tabaco. Tal vez sea porque no admite objeción alguna en cuanto a los aspectos legales o económicos. No constituye un elemento legislativo, sino únicamente una iniciativa que proporciona un parecer por cuenta del Parlamento, una recomendación no vinculante para los Estados miembros, de la que pueden hacer libremente uso como lo consideren más oportuno. En muchos casos me gustaría que las decisiones del Parlamento tuvieran esta consideración, sobre todo las referentes a asuntos tales como la liberalización de la economía o la reducción del gasto público. Es diferente de los temas medioambientales transnacionales o de salud pública, en los que resulta provechoso aprender de los demás y poner en práctica las medidas de protección más rígidas en un esfuerzo común. Por desgracia, de acuerdo con el Tratado de las Naciones Unidas, la prevención y el control del tabaquismo no entran dentro de la jurisdicción del mercado sino de la salud pública, un ámbito en el que la Comisión apenas puede formular meras recomendaciones a los Estados miembros. Siempre he fracasado en este punto en ocasiones anteriores, cuando he formulado propuestas a favor de la protección contra el amianto. Esta vez, el Consejo ya nos ha hecho saber su falta de interés por la opinión del Parlamento. Apoyo las propuestas contra el contrabando, la publicidad en los cines y los cigarrillos de chocolate, pero no me hago excesivas ilusiones.

Patakis (GUE/NGL)
Somos contrarios a la publicidad directa o indirecta de los productos del tabaco y [apoyamos] las medidas para frenar la difusión y aumento de este hábito insalubre, especialmente entre la población joven.
Queremos recalcar de nuevo, sin embargo, que una campaña contra el tabaquismo no es lo mismo que una campaña contra el tabaco, y que la primera no debería adoptar la forma de una campaña contra el cultivo del tabaco en los Estados miembros de la UE, tal como sostiene la UE en la enmienda 17 del informe.
Decir que las plantaciones de tabaco son las culpables y que los productores de tabaco deberían ser castigados con la supresión de las subvenciones, es confundir deliberadamente la cuestión de la protección de la salud pública con el mantenimiento de las explotaciones de monocultivo tradicionales, de manera que puedan sobrevivir decenas de miles de agricultores en las regiones meridionales predominantemente pobres, a las que no se les ofrece ninguna alternativa concreta.
Estas propuestas son hipócritas y equívocas y van en contra de los intereses de los consumidores y de la salud pública, dado que el 70% del tabaco de la Unión Europea es de importación. Por consiguiente, la supresión de las ayudas a la producción de la Comunidad no reducirá el tabaquismo; simplemente nos convertirá en esclavos de las importaciones e inundará el mercado europeo de tabaco procedente de terceros países.

Queiró (UEN)
. (PT) A pesar del hecho de que el Tribunal de Justicia europeo haya anulado la Directiva relativa a la publicidad y patrocinio de productos del tabaco de 14 de mayo de 2001, debido a que transgredía las competencias de la Comunidad, constatamos que este informe contiene una serie de recomendaciones no vinculantes, que hacen hincapié en reducir el consumo de tabaco a través de la sensibilización del consumidor. Además presenta una serie de propuestas encaminadas a disuadir el tabaquismo, concretamente entre los niños y adolescentes, que son merecedoras de nuestro apoyo.
Queremos que nuestra postura venga a refrendar que la preocupación mostrada por el Parlamento Europeo respecto de la salud pública no debe interferir con las competencias de los legisladores nacionales y, en particular, con las medidas protectoras y con la búsqueda de alternativas económicas, necesarias para todos aquellos que dependen desde el punto de vista económico de la producción de tabaco.

Ries (ELDR)
El tabaquismo mata, la letanía empieza a ser tediosa. Así que me voy a tomar la libertad de irritar a más de uno, repitiendo que el tabaquismo mata a uno de cada dos fumadores.
No cabe ninguna duda de que quienes no quieren escucharlo, están hartos de oírlo. Pero a todas luces eso no parece asustar a la gente. Las cifras son de lo más edificantes: en Europa, esta plaga se cobra cada año 500 000 víctimas.
En Bélgica, el 33% de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años son fumadores habituales y el 51% han fumado alguna vez. Mayor gravedad entraña el hecho de que una cuarta parte de los fumadores han probado el primer cigarrillo antes de los 15 años. En pocas palabras, la gente joven fuma cada vez más y en la actualidad no existe ninguna política contra el tabaquismo capaz de frenar esta tendencia infernal.
Por esta razón saludo con beneplácito la aprobación por el Pleno del informe del Sr. Maaten que, haciéndose eco de las principales medidas antitabaco propugnadas por la OMS, propone medidas al Consejo que permitirán la prevención del tabaquismo y evitarán que los adolescentes se vean condicionados por los fabricantes de cigarrillos.
Y esa es la razón por la que también me opongo categóricamente a la venta de cigarrillos de chocolate o barras de regaliz: imitar un gesto a la edad de 5 años comporta el riesgo de asimilarlo y de acostumbrarse a él. El riesgo queda arraigado, el símbolo es desastroso y todo por un mercado perfectamente irrisorio.

Mathieu (EDD)
La Comisión propone dar más coherencia a la normativa sobre los aditivos en la alimentación animal y nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento. Sin embargo, so pretexto de realizar lo que parece una modificación técnica de un Reglamento vigente, está aprovechando la oportunidad para introducir cambios sustanciales en el procedimiento de autorización.
En lo referente a la reglamentación sobre los aditivos, apoyamos las propuestas encaminadas a poner fin a la utilización de los antibióticos que todavía están autorizados para promover el crecimiento, habilitando un periodo de transición, y a simplificar el procedimiento de autorización para los aditivos que ya están autorizados para los alimentos humanos. Compartimos igualmente el principio de continuar considerando los coccidiostáticos y los histomonostáticos como aditivos hasta no encontrar otros métodos de proteger a los animales contra esas enfermedades. Sin embargo, esperamos de la Comisión propuestas que nos garanticen la aplicación de idénticas medidas a la carne importada.
En cuanto al procedimiento de autorización, no podemos apoyar la propuesta de la Comisión concediendo a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria responsabilidad exclusiva en la investigación de aplicaciones, que hasta ahora se hallaban encomendadas a los Estados miembros. Por esta razón no podemos votar a favor del informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) He decidido apoyar este informe sobre todo por las repercusiones importantes que la propuesta de la Comisión Europea tendrá sobre la calidad de los productos ofrecidos al consumidor final. De hecho, esta propuesta pretende regular los aditivos destinados a la nutrición animal, clarificando la normativa vigente en este ámbito y, por consiguiente, los procedimientos de autorización para su comercialización. Creo que es muy conveniente promover normas estrictas de calidad para los aditivos destinados a la nutrición de animales que a su vez son para consumo humano. Está es la vía para evitar la aparición futura de nuevos episodios como el brote de la enfermedad de las «vacas locas», para permitirnos detectar e identificar componentes potencialmente nocivos y eliminarlos de la cadena alimenticia y del mercado. Además, permitirá efectuar un control ascendente, obligando por un lado a las empresas a demostrar la eficacia del producto y la ausencia de riesgos para la salud humana, la salud animal y el medio ambiente y, por otro, fijando requisitos para la utilización y comercialización de los aditivos.

Korakas (GUE/NGL)
. (EL) En primer lugar, es bueno que existan controles y reglas para el mercado de los medicamentos a base de plantas, donde reina un caos total, dejando campo libre para que se lucren los curanderos a costa de la salud pública y de los consumidores.
Sin embargo, la cuestión que nos preocupa es cómo deben llegar los medicamentos a base de plantas hasta los pacientes y los consumidores. El informe expone que estos medicamentos estarán disponibles en el comercio, trasladando por tanto toda la responsabilidad de seleccionar el producto apropiado al paciente o consumidor, cuya única fuente de información será la publicidad del fabricante. Así pues, los consumidores se encontrarán fundamentalmente a merced de una información engañosa procedente del sector privado y de las grandes corporaciones industriales, que podrán aprovecharse a sus anchas.
La segunda cuestión que se plantea es la de si estos medicamentos deberán venderse a través de las farmacias y de manos de farmacéuticos cualificados o si estarán disponibles en los estantes de los supermercados. Parece ser que será esta última opción.
Creemos que una vez que estos preparados estén clasificados - y tienen que estar clasificados - como medicamentos, deberían prescribirse a través del conducto apropiado por un médico o farmacéutico y estar disponibles en la sanidad nacional.

Queiró (UEN)
. (PT) La utilización de hierbas medicinales data de tiempos inmemoriales. Al tiempo que se reconoce el papel predominante desempeñado por la farmacología moderna, debería admitirse que las hierbas medicinales siguen teniendo un sitio en la medicina y que sus posibilidades terapéuticas son susceptibles de aprovechamiento.
Por tanto, acogemos con agrado la propuesta de la Comisión para crear un Comité de Medicamentos a Base de Plantas, que sea autónomo y esté separado del Comité de Especialidades Farmacéuticas, y que sea responsable de la reglamentación y control de todos los aspectos de los medicamentos a base de hierbas.
Sin embargo, resulta esencial establecer la distinción entre un medicamento, incluso a base de hierbas, y los productos alimenticios y cosméticos, así como fijar unas fechas límite adecuadas para que la industria de los productos a base de hierbas se acoja al nuevo régimen legal. Contamos con que las autoridades nacionales presten este apoyo y, en la confianza de que lo hagan, hemos dado nuestro voto a favor del informe del Sr. Nisticò.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, anoche soñé con la Sra. van den Burg. No se me apareció a modo de chica joven, como cuando soñamos con la Virgen María: había estado tan absorto en el estudio de su documento durante tanto tiempo, que soñé que era una mujer anciana. Todo transcurría dentro de 40 años, por lo que ella andaba por los sesenta. Me dijo: «Me he inscrito en todas las agencias de trabajo temporal para encontrar un trabajo, pero cuando llegaba el momento de dármelo, todas me decían: ¡No nos ha gustado mucho su informe! Puede esperar. Así que no he encontrado trabajo en los últimos 40 años.» «¿Por qué no?», le pregunté. «Porque en mi informe, que se debatió hace 40 años en el Parlamento Europeo, no incluí suficientes garantías para las personas que se dan de alta en las agencias de trabajo temporal que les aseguraran una colocación facilitada por dichas agencias. Así que, en tu explicación del voto, recomienda encarecidamente a la Cámara y a la Sra. van den Burg que se preocupen también de esta parte del informe».

Darras (PSE)
En sintonía con el compromiso adquirido en Lisboa respecto de un futuro para Europa que implicara una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social, solamente apoyaré este informe en caso de que se apruebe la enmienda 42, que elimina la propuesta de la Comisión de fijar un plazo para asegurar la protección fundamental de los trabajadores temporales.
Considero esencial que el denominado principio de «no discriminación», que afirma que un trabajador temporal no debe recibir un trato menos favorable que otro fijo en una empresa que le haya contratado, por cuanto las condiciones laborales y de empleo deben aplicársele en su totalidad y sin ninguna «discriminación».
Resumiendo, este principio debe estar garantizado desde el primer día: no puede existir ninguna excepción ni renuncia, sobre todo porque esta forma atípica de trabajo, comparada con todas las demás formas atípicas, es la más expuesta a las transgresiones, a pesar de la legislación de la Comunidad al respecto, y a la explotación descarada, es decir, a una especie de «cosificación» del empleo.
De acuerdo con esta idea básica, votaré a favor de la enmienda que obliga a los Estados miembros a impedir la utilización de trabajadores temporales para contrarrestar un movimiento de huelga.

De Keyser (PSE)
Esta votación distorsiona totalmente el espíritu de la Directiva relativa al trabajo temporal. A trabajo igual, salario igual, sin duda, pero el aspecto clave es el punto de referencia. Para la Comisión, el punto de referencia estaba claro: la empresa que da empleo al trabajador. El salario del trabajador temporal habrá que determinarse ahora según la escala salarial en la agencia de empleo temporal. Ésta es una variación muy sutil pero decisiva, ya que por su propia naturaleza legitima un mercado laboral de dos niveles, o lo que es peor, la creación de redes reales de traficantes de esclavos arrasando los precios.
Quienes ven con buenos ojos esta votación son miopes, ya que el establecimiento de una barrera salarial entre los trabajadores temporales y los de la plantilla de las empresas que les dan empleo supone un golpe fatal a la cohesión social y ése es el talón de Aquiles del trabajo temporal. La integración no puede ser objeto de legislación. Los trabajadores temporales sufren más accidentes que los otros trabajadores y están sometidos a mayor acoso. Pagan un precio muy alto por su condición laboral. La realidad social es implacable. Si reciben un salario menor por el mismo trabajo en una empresa, no tendrán ninguna oportunidad de integrarse en ella. ¿Son los trabajadores temporales iguales a los demás trabajadores? No, no lo son. Y esta Directiva, que nace muerta, seguro que no les hará justicia.

Meijer (GUE/NGL)
Mi preocupación en el momento de votar consistía sobre todo en la protección de la legislación neerlandesa que data de 1999, que procura situar el trabajo temporal en un plano de mayor igualdad respecto del trabajo normal y protegerlo contra posibles abusos. Sin dicha legislación, los empresarios pueden aprovecharse de los trabajadores temporales y quitar a grupos enteros de empleados su seguridad básica, pagarles salarios más bajos, ofrecerles menos participación, obligarles a trabajar en condiciones peores, permitir despidos anticipados o reventar las huelgas de otros. Lo que se intenta es crear una dependencia, impidiendo que los individuos accedan a posiciones permanentes en las empresas que les contrataron en un principio. El trabajo temporal sólo resulta admisible si constituye una elección libre por parte de las personas implicadas, aunque sea al servicio de una agencia temporal, y si gozan de todos los derechos habituales de los empleados. Los dos principales Grupos parlamentarios han alcanzado un compromiso que impide el grado de protección más amplio propuesto por mi Grupo. A pesar de ello, los empresarios neerlandeses están intentando convencer a sus homólogos de otros Estados miembros y al ala derecha en este Parlamento de que rechacen incluso este mínimo nivel de protección y aseguren de que se rechace o suavice la reglamentación. Al hacerlo, esperan recortar costes y aumentar el trabajo temporal. Sólo puedo votar a favor en el caso de que fracasen en su intento.

Montfort (NI)
Con esta propuesta de Directiva, la Comisión busca regular las condiciones laborales de los trabajadores temporales en los Estados miembros. La elección de esta medida restrictiva va a obligar a promulgar una normativa en los Estados miembros que no se adaptarán necesariamente a sus características nacionales específicas y que, por tanto, podrían penalizar esta forma de trabajo, mientras que su finalidad era favorecerlo.
Aunque la única respuesta posible es la de que promocionar el trabajo temporal, que proporciona flexibilidad a las empresas e integración o reintegración en el mercado laboral de determinados tipos de trabajadores, resulta bastante loable, no cabe en absoluto hacerlo a cualquier precio. Parece que esta propuesta de Directiva no se asienta sobre una base suficientemente sólida.
Además, este ámbito es de la responsabilidad soberana de los Estados miembros, que se encuentran indudablemente en mejores condiciones para evaluar la situación de su mercado laboral.
Por eso no puedo votar a favor de un texto que, lejos de alcanzar sus objetivos, va en dirección contraria.

Moraes (PSE)
La delegación británica del Partido Laborista reconoce la gran preocupación del gobierno británico con respecto a esta Directiva. Es importante encontrar un equilibrio que permita proteger a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y a su vez, evitar las cargas que pudieran impedir que las empresas los contratasen, en especial, en las misiones de corta duración.
Las Empresas de Trabajo Temporal contribuyen de forma importante al mercado de trabajo en el Reino Unido y no deberían ser sancionadas. El aumento de las cargas administrativas puede generar un aumento de los costes, que podría transmitirse a las empresas usuarias o provocar el cierre de las empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
En virtud de lo expuesto, el Grupo parlamentario del Partido Laborista ha votado en contra de la enmienda 42, que exige la supresión de la derogación de seis semanas de la propuesta original de la Comisión. Este grupo cree que es importante mantener al menos una derogación de seis semanas en la propuesta.
El Grupo parlamentario del Partido Laborista ha votado a favor de la enmienda 73 para fomentar las evaluaciones de impacto más amplias y efectivas. Esto ayuda a las PYME.
Este mismo grupo ha presentado y apoyado la enmienda 71, que solicita un período de transición adicional para el Reino Unido. Se necesitará por tanto un período adicional de tres años, permitiendo un total de cinco años, para que esta Directiva se aplique en el Reino Unido e Irlanda.
El Grupo parlamentario referido ha apoyado este informe en primera lectura, pero con grandes reservas.

Queiró (UEN)
. (PT) Las principales razones para utilizar mano de obra temporal y agencias de empleo temporal tienen que ver con la necesidad de afrontar las variaciones temporales de la demanda. La información estadística revela, por eso, que las colocaciones en las compañías usuarias suelen ser extremadamente breves, entre uno y seis meses. En el caso concreto de Portugal, existe una legislación específica que respeta este tipo de empleo y que garantiza los derechos básicos de tales trabajadores, al tiempo que respeta las circunstancias particulares que determinan la utilización del trabajo temporal.
A pesar del parecer de la Comisión en cuanto a que su propuesta es bastante flexible, el hecho es que el intento de introducir en este informe la reglamentación de varias condiciones fundamentales del trabajo temporal cae, en mi opinión, fuera de las competencias de la Comunidad y carece de precedente en la legislación europea, violando así el principio de subsidiariedad.
Éstas son, en síntesis, las razones que justifican mi voto en contra de este informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) He votado en contra de este informe porque creo que, al presentar varias enmiendas al texto original de la Comisión, hemos acabado por crear un marco que resulta claramente contraproducente con los intereses que pretende salvaguardar. De hecho, y como reconoce la ponente, existen algunos aspectos sobre los que interlocutores sociales implicados todavía no han alcanzado un acuerdo. Además, equiparar los factores de la relación legal del trabajo temporal con el trabajo estable llevará en última instancia a que ésta pronto dejará de ser una posibilidad viable para las empresas y, en consecuencia, habrá un abanico de oportunidades menos para muchos trabajadores. Debemos resaltar que no podemos permitir y no permitiremos que no se apliquen a los trabajadores temporales las mismas disposiciones en materia de seguridad, salud y derechos sociales que a los demás trabajadores. Esta protección ya existe, efectivamente, a través de diferentes instrumentos reglamentarios. Hubiera sido más útil para nosotros haber dispuesto de un desglose estadístico de la utilización del trabajo temporal en Europa, que los sucesivos Consejos Europeos han considerado un instrumento más con que combatir el desempleo, y haber propuesto la imposición de límites a su utilización, combatiendo con ello no el trabajo temporal propiamente dicho, sino más bien los abusos intolerables de este tipo de trabajo.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Hemos votado en contra de esta proposición de resolución común ya que, por debajo de su rebuscada formulación y su autocomplacencia, lo que pretende sobre todo es descargar de toda responsabilidad a las autoridades rusas por la guerra sucia que está librando en Chechenia.
Si bien condenamos el terrorismo en cualquiera de sus formas, resulta chocante que la propuesta de resolución común sólo exprese su «condena firme» de los ataques terroristas en Moscú, y no del terrorismo de Estado practicado por el ejército ruso contra la población civil de Chechenia.
En cuanto al avance de la neutralización de los terroristas chechenos en Moscú, no sólo pone de relieve la ignominia del terrorismo, sino también el desprecio absoluto de las autoridades rusas por sus propios súbditos.
Estamos a favor de establecer los lazos más estrechos posibles entre los pueblos de la Unión Europea y Rusia, pero en contra de la complicidad entre sus dirigentes, algunos de los cuales se están preparando para la guerra contra Iraq mientras otros están en guerra contra los chechenos.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
¿Quién puede estar legítimamente satisfecho con los resultados de la Cumbre UE-Rusia? Los valedores del liberalismo que sólo ven a Rusia como una nueva zona de mercado, competencia y privatizaciones, sobre todo en los ámbitos de la energía, la investigación y el transporte, bien lo pueden estar. Igual que el Sr. Putin, que, legitimado por la actitud posterior al 11 de septiembre adoptada por los Estados Unidos, se está mofando de la libertad de expresión y aumentando la presión policial y militar sobre todos los pueblos de la Federación de Rusia, particularmente los chechenos.
No podemos aceptar estos resultados. Al contrario, estamos firmemente del lado de los pueblos que son víctimas de un capitalismo galopante y luchamos junto a ellos para preservar los servicios públicos y sociales y para defender el derecho al trabajo y a la jubilación. Respaldamos con mayor fuerza el derecho del pueblo checheno a la autodeterminación. Condenamos la agresión militar rusa y la actitud hipócrita de la UE y Dinamarca que, siguiendo órdenes rusas, han arrestado a Ahmed Zakaiev, el representante del presidente checheno, Aslam Masjádov. En síntesis, no podemos votar a favor de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo autorizando y legitimando las operaciones militares en Chechenia.

Queiró (UEN)
. (PT) Como todos los textos de compromiso, esta propuesta de resolución combina considerandos y conclusiones muy positivas, tales como las referencias al acuerdo sobre Kaliningrado, por ejemplo, con un discurso indeciso y poco firme rechazando los actos terroristas acaecidos recientemente en Rusia y, en concreto, el último ataque en el teatro de Moscú perpetrado por extremistas chechenos.
En cuanto a la lucha contra el terrorismo, consideramos que debe ser constante y sin desmayo, ya que lo que estamos presenciando son amenazas cobardes y anónimas a la vida y seguridad de ciudadanos indefensos, que no aceptarán ningún tipo de justificación o de apoyo menos firme por parte de las autoridades que combaten este fenómeno.
Ésta y solo ésta es la razón por la que he votado en contra de esta propuesta de resolución.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
Podríamos haber votado a favor de esta resolución común, ya que contiene una serie de consideraciones válidas relativas al régimen militar del General Musharraf en Pakistán. Sin embargo, la condena se queda corta.
El apartado 2 legitima el régimen emanado de las recientes elecciones de octubre 2002. Estas elecciones no han sido democráticas. Se han celebrado como una transacción comercial. Los ricos han podido comprar votos a los pobres sin que la comisión electoral pudiera impedírselo. Los militares de todas las graduaciones han presionado a las autoridades locales para ayudar a sus candidatos favoritos. En estas elecciones se trataba de incitar a los políticos a seguir las instrucciones y recomendaciones de los militares, los «nuevos» aliados del imperialismo en la región. Todas las decisiones adoptadas han venido dictadas sobre la base de consideraciones económicas: continuación de las privatizaciones, desregulaciones, anulación de convenios colectivos y paro masivo.
Según el Instituto de Planificación del Desarrollo Sostenible en Islamabad, 6,8 millones de pakistaníes cayeron por debajo de la línea de pobreza durante los últimos tres años del régimen de Musharraf. El FMI y el Banco Mundial son quienes realmente dan las órdenes en el régimen. No se hace ninguna mención al respecto en esta resolución y la condena del régimen de Musharraf no va suficientemente lejos. Por ello nos hemos abstenido.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, esta vez fue el Sr. Fatuzzo quien se me apareció en sueños y me dijo: «¿No crees que por fin ha llegado el momento de que proclames abiertamente, en un foro tan importante como el Parlamento Europeo, que es necesario que prosigamos con la investigación encaminada a prolongar la vida de los ciudadanos y con la investigación para erradicar el mayor número posible de enfermedades?» «Ya lo estamos haciendo», respondí. «No, estoy muy preocupado por la existencia de grupos de personas que, de una u otra forma, son enemigos de la curación de todas las enfermedades. Tal vez las compañías farmacéuticas o algunos hospitales. Se ha dicho que pensar lo peor de alguien constituye un pecado, pero por lo general das en el clavo. Quisiera insistir en que se haga todo lo posible, y sólo puede hacerlo la Unión Europea, para proseguir la investigación con vistas a prolongar nuestras vidas y asegurar que son sanas, saludables y libres de enfermedades».

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, he votado contra el informe de la Sra. Damião porque no se ha aprobado la enmienda 23. Estoy a favor de mantener la moratoria relativa a los alimentos modificados genéticamente, pero de ninguna forma me opongo a la investigación y la biotecnología en general.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
. (EL) Resulta evidente, sobre la base de los avances a lo largo de los últimos años, que la biotecnología nos puede ayudar enormemente a comprender cómo evoluciona la vida, a combatir las enfermedades y a desarrollar nuevas drogas. Simultáneamente comporta peligros, sobre todo cuando se trata de «jugar» con material genético, modificar códigos genéticos, clonar, preparar organismos modificados genéticamente (OMG), patentar organismos vivos y utilizar ADN para controlar a personas.
A la Comisión y al Parlamento Europeo no les preocupa el desarrollo de la biotecnología en beneficio de la sociedad; lo único que les preocupa es la forma en que los monopolios europeos pueden ponerse a la altura de los norteamericanos, pero eso naturalmente ya no nos sorprende. La batalla principal en esta guerra se está librando sobre la base de los alimentos modificados genéticamente y asistimos a una carrera con los norteamericanos. ¿A quién le importan los riesgos que conlleva experimentar con la vida y efectuar cambios artificiales? ¿A quién le importa que resulte imposible predecir el efecto que estos organismos puedan tener en el sensible ecosistema de nuestro planeta? La responsabilidad de la prevención ha quedado trasladada directamente sobre los consumidores (como los millones que mueren de hambre en África).
Ésta es la razón por la cual los diputados del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de este informe.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE)
Nosotros, diputados moderados suecos, aplaudimos la actitud positiva demostrada por el Parlamento Europeo y la Comisión respecto de las ciencias de la vida y la biotecnología en este informe. Sin embargo, querríamos señalar que la diversidad y la riqueza de ideas constituyen el mejor incentivo para una investigación fructífera. Este principio no debería perderse por culpa de la coordinación por parte de la UE.
La política de investigación en el seno de la UE debe fundamentarse en el principio de subsidiariedad. La cooperación investigadora entre los Estados miembros es algo positivo, pero la UE no debe encargarse de ella. Excepto en los casos de sus propios programas de investigación, la UE carece de competencias en el ámbito de la investigación y así deberá permanecer la situación. Por consiguiente, hemos votado en contra de la propuesta de una Dirección General con responsabilidad plena para coordinar la estrategia respecto de la biotecnología.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Estamos a favor del desarrollo de las ciencias de la vida, la biotecnología y, en sentido más amplio, de la ciencia en general. Y ello porque constituye la forma de proporcionar la base material para el progreso de la humanidad y el fundamento intelectual para su emancipación respecto de cualquier tipo de prejuicio, empezando por el oscurantismo utilizado por las religiones y diferentes ideologías reaccionarias, algunas de las cuales están muy de moda actualmente, y que periódicamente hacen resurgir el tipo de sociedad en que los hombres no controlan sus destinos, sino que se ven aplastados por una estructura social injusta, nociva y aberrante.
Rechazamos, no obstante, las numerosas licencias directas e indirectas contenidas en el informe respecto de las empresas privadas. Estas compañías no están para nada preocupadas con lo que pueda ser útil para la humanidad en términos del desarrollo de la ciencia, sino con lo que se puede vender a una clientela solvente y que reporta un beneficio.
Rechazamos igualmente los llamamientos a la financiación pública en favor del capital privado, aún cuando dichos intereses se hallen ocultos bajo las necesidades de la investigación.
Por consiguiente, nos hemos abstenido en la votación de este informe.

Doyle (PPE-DE)
. (EN) He votado en contra de las enmiendas 31 y 37 porque la formulación se podría interpretar también como una prohibición de la clonación terapéutica, que yo propugno en las debidas condiciones éticas. No apoyo la clonación de seres humanos.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el documento hace referencia al Informe anual 2001 del Banco Europeo de Inversiones. He votado a favor del informe porque la labor del banco es de enorme importancia, sobre todo - y quiero resaltar esto - a la hora de colaborar en la financiación de la infraestructura, especialmente en los países candidatos a la adhesión. Por esta razón deseo resaltar la importancia del corredor nº 5, que une la región meridional de Italia, la Puglia, con Tirana, Skopje, Sofía, Plovdiv y Burgas. Sobre todo, propongo que se incrementen los fondos del Banco Europeo de Inversiones para financiar la construcción del tramo de carretera y ferrocarril entre Skopje y Sofía, que falta completamente, algo que está impidiendo la realización rápida del corredor nº 5, tan importante para el trabajo en toda la región balcánica.

Ducarme (ELDR)
El Parlamento tiene razón al señalar el impacto del BEI sobre el crecimiento de las PYME y del empleo, sobre todo merced a las transacciones del capital riesgo. Este impacto debe quedar reforzado por las estructuras de ejecución para el acceso de las PYME.
Concretamente, la invitación formulada por el BEI a favor de adoptar y aplicar la definición de las PYME, planteada por la Comisión, resulta esencial para el acceso por parte de las PYME más pequeñas.
En este mismo contexto, el aumento de las inversiones en el ámbito de la vivienda vendrá a revalorizar el importante sector de la construcción.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe van den Burg sobre la supervisión prudencial en la Unión Europea es particularmente interesante para los ancianos y los pensionistas, que dan su dinero tanto al Estado, que gestiona sus pensiones en base a esquemas nacionales de seguros obligatorios, como a los fondos privados, mediante acciones, bonos e inversiones. Sin embargo, ninguno de los dos son totalmente estancos. Para evitar este problema, todo lo que podemos hacer, tal como he podido visualizar al cerrar los ojos, es ponernos a construir casas de ladrillos. En opinión mía y en la del Partido de los Pensionistas, es la mejor inversión que podemos realizar cara al futuro, con independencia del lugar del mundo en que la hagamos.

Ducarme (ELDR)
La puesta en práctica de las normas de supervisión prudencial en la Unión Europea vendrá a proteger los ahorros y a proporcionar confianza a la gente respecto de las inversiones en activos mobiliarios.
La globalización de los riesgos debería alentar además a las autoridades europeas a desarrollar normas de supervisión de alcance internacional. En este contexto, la invitación formulada por el Parlamento a la Comisión y a los Comités de Supervisión Europeos para organizar, conjuntamente con la Reserva Federal norteamericana y la Comisión de Seguridad e Intercambio, un foro financiero transatlántico, apunta en la dirección correcta. De todas formas, no deberían excluirse otras iniciativas de mayor envergadura.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Este informe se fundamenta en varios hechos y en un malentendido básico. Los hechos son los que constatamos en la comunicación social: el grado de inestabilidad preocupante y sin precedentes de los mercados financieros mundiales y sus repercusiones sobre la denominada «economía real», con la aparición de crisis financieras que se convierten en crisis económicas, a las que han contribuido no poco la integración gradual de sistemas de pensiones privados y el volumen creciente de fondos de pensiones.
El error consiste en creer que, mediante la integración de los mercados financieros de la UE y el establecimiento de normas de supervisión prudencial mínima, bajo los auspicios de nuevos organismos supranacionales, y mediante el incremento de los poderes de la Comisión, vamos a resolver el problema de la volatilidad de los mercados financieros cuando la cuestión central es la «libre» circulación internacional de capitales y su utilización con carácter especulativo y parásito, con ingentes volúmenes de dinero concentrados en fondos de pensiones y en fondos de inversión, que se sirven a menudo de la plataforma de los paraísos fiscales y de instrumentos que fomentan la especulación, tales como los derivados.
Por otro lado, la fragmentación de los mercados financieros podría constituir un factor positivo para evitar los riesgos de esta globalización financiera, manteniendo unos sistemas de supervisión más localizados y unos mercados más flexibles y adaptables a las características locales específicas.

Lulling (PPE-DE)
 - (DE) El llamamiento a las autoridades nacionales para que cooperen más estrechamente en la lucha contra los llamados delitos de guante blanco es algo que debemos acoger con satisfacción. Pero a la hora de proporcionar ejemplos de tales delitos de guante blanco, si se mencionan el blanqueo de dinero, los abusos de mercado y la financiación de grupos terroristas, deberíamos tener cuidado de no añadir la evasión de impuestos a la lista. Todos estamos de acuerdo que debería ponerse coto a la evasión de impuestos. Todo el mundo debería cumplir con la obligación de pagar impuestos. Pero ello no es razón para confundir la evasión de impuestos con el fraude fiscal. Existe una clara diferencia entre ambos. Por eso presenté una enmienda al respecto en la comisión, pero desgraciadamente no fue aprobada. La misma enmienda fue presentada en el Pleno por el Grupo PPE-DE.
Esta enmienda suprime además la referencia a la práctica de incluir a determinados países en listas negras en caso de que no cumplan todavía las diferentes normas internacionales en el ámbito de la lucha contra los delitos de guante blanco. El método de «señalar y avergonzar» parece a primera vista muy atractivo, siempre que el único objetivo consista en luchar contra esta forma de delito, pero en realidad viene a reforzar la ley del más fuerte en el ámbito de las relaciones internacionales. Todo el mundo se lo pensaría dos veces antes de incluir a los Estados Unidos en una lista como ésa.
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Meijer (GUE/NGL)
La política de la UE pretende dar mayor libertad de acción a las personas que dirigen las grandes multinacionales, que se perciben como magos con capacidad para garantizar la prosperidad y un rápido crecimiento económico. En épocas en que las cotizaciones de las acciones han subido vertiginosamente, a estos magos incluso se les ha permitido asociar generosamente sus bolsillos con esquemas de opciones. Es más, se les exhorta a hacerse cargo de importantes funciones públicas en los sectores de los servicios postales, el suministro energético y el transporte público. Mientras tanto, hemos podido contemplar en los Estados Unidos de lo que son capaces estos magos. En determinados casos, los éxitos que se les imputan y las opciones que se les abonan están basados en falsificaciones. Se están tomando medidas en los Estados Unidos para aumentar el control, no tanto para acotar la omnipotencia de las grandes compañías, como para restaurar la confianza de los inversores y los consumidores. Se propone ahora una iniciativa parecida para la UE. Mi apoyo a la misma se debe principalmente a la ausencia de algo mejor. Sin modificar la forma en que está organizada la economía, incluso la dotación de un gran número de inspectores sería incapaz de resolver los problemas. Estaríamos despilfarrando los fondos de la Comunidad en burocracia. La que parece positiva es la propuesta de crear una base de datos común para cotejar la información más importante relativa a los datos económicos de las instituciones financieras europeas y ponerla a disposición del público.

Patakis (GUE/NGL)
La crisis sin precedentes del sistema financiero es el resultado de la profunda crisis económica del sistema capitalista y el choque de intereses y la feroz competencia entre los monopolios.
La oleada de escándalos que ha azotado los grandes monopolios y los grupos de servicios financieros en los Estados Unidos y Europa ha agravado la falta de credibilidad en el sistema financiero al poner de manifiesto su ocultismo y sacar a la luz cómo se defrauda continuamente al mercado, a los pequeños inversores y ahorradores, a los fondos de pensiones y las compañías de seguros, descubriéndose nuevas formas de explotar y exprimir a las masas.
Y sin embargo, aún no se ha implantado ninguna norma de control eficaz, lo que tal vez demuestra que los responsables de los mecanismos de control han estado ocultando la información, más que controlándola, y han estado actuando fundamentalmente como consultores del engaño. La contabilidad «creativa», «constructiva», se ha incorporado sin ninguna reserva incluso en las contabilidades nacionales como una forma de engañar a los ciudadanos.
La única finalidad de los teóricos controles propuestos o aplicados hasta ahora ha consistido en aplacar cualquier reacción en los niveles básicos de la población; no se está haciendo nada para evitar o indemnizar a las víctimas de los inescrutables monopolios a medida que destruyen a los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, ya que eso pondría en peligro el propio sistema social y económico, tal como está asentado sobre el principio de la explotación.
Estamos aquí para resaltar las dimensiones políticas de la crisis económica al tiempo que luchamos junto a los trabajadores para derrocar este sistema corrupto.

Ducarme (ELDR)
Los efectos de los continuos anuncios respecto de la liberalización de los mercados del gas y la electricidad que no se ven secundados por resultados reales constituyen un freno considerable a la credibilidad europea entre los ciudadanos. Estas liberalizaciones deberían ponerse realmente en marcha para que resultaran perceptibles por los hogares.
Además, sobre la base de la ineficacia europea respecto de la República de Corea en cuanto a la competencia desleal en el mercado de la construcción naval, es preciso que pongamos urgentemente en marcha el procedimiento para dirimir las disputas de la OMC en el sector en cuestión, así como para abrir el camino para la emergencia de una política de competencia a nivel internacional.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Hemos votado en contra del informe por las siguientes razones:
insiste en el apoyo al rápido progreso hacia la liberalización de los mercados europeos de la energía, el transporte y los servicios postales y lamenta la ausencia de avances en la liberalización real del gas y la electricidad, que nosotros rechazamos;
rechazamos la postura del informe sobre la adquisición de empresas privadas en el sector de la electricidad por parte de compañías públicas en sectores que han sido o están a punto de quedar liberalizados, que intenta socavar;
discrepamos con su llamamiento a favor de reducir la ayuda estatal y su enfoque equívoco del financiamiento por parte del Estado de los proveedores privados de servicios de interés general;
el informe no tiene en cuenta las consecuencias sociales de las fusiones, especialmente sobre el empleo, o del abuso de posiciones dominantes, y menoscaba la importancia de los trabajadores en las decisiones sobre las fusiones;
discrepamos con el apoyo que el informe presta a la codecisión en política de competencia.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
Evidentemente no podemos suscribir el informe del Sr. Lipietz, que expresa su «honda desilusión por la falta de progreso en la liberalización efectiva de los mercados europeos del gas y de la electricidad». Por el contrario, hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que se manifiesten contra dicho plan. Como la mayoría de ellos, nosotros «apenas hemos tomado conciencia» de los beneficios de la política de competencia practicada a nivel de la UE, ya que se traduce en una reestructuración, redundancias y un método de bajo coste para satisfacer las necesidades sociales.
En lugar de esta política, que es tan estúpida como el Pacto de Estabilidad, estamos a favor de las políticas estructurales, planificadas a nivel europeo, por ejemplo en materia de transporte y de energía. De manera general, el planteamiento de la Comisión tiende a convertir en totalmente imposibles tales políticas, en concreto al reducir las ayudas estatales, que se presentan de manera sistemática como nefastas. A diferencia del ponente, no apoyamos «el compromiso continuo de la Comisión para seguir reduciendo las ayudas estatales». En consecuencia, votaremos en contra de su texto, que supone un hito en la carrera sin tapujos en pos de la ideología neoliberal.

Marques (PPE-DE)
Felicito al Sr. Lipietz por el excelente informe que ha elaborado sobre el XXXI Informe sobre la política de competencia 2001, que apoyo plenamente, sobre todo en lo relativo a asegurar un control constante y riguroso para evitar graves distorsiones de la competencia y a la necesidad de crear un órgano especializado, a nivel judicial, en el ámbito de la competencia y las ayudas estatales, de forma que se puedan abordar con prontitud los procesos relativos a estas materias.
Sin embargo, quisiera resaltar que, aun cuando coincido ampliamente con la defensa por parte del ponente del compromiso de la Comisión para reducir las ayudas estatales en la Comunidad, sigue habiendo regiones europeas, concretamente las regiones ultraperiféricas, en las que las ayudas del estado constituyen una medida vital para soportar su desarrollo económico y social. Así quedó expresamente reconocido en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam. En estos casos específicos, hemos de continuar previendo una cierta flexibilidad en la admisión y autorización de las ayudas que contribuyan de manera justificada y eficaz al desarrollo de estos territorios y economías singulares.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) He respaldado este informe, que se refiere a la valoración por parte de la Comisión de la política de competencia en 2001, porque creo que lo hace de manera ponderada y con crítica constructiva. Tal como afirma el ponente, hemos de reconocer el hecho de que la Comisión persigue sus objetivos con éxito aplicando de plano los instrumentos a su disposición, con lo que protege eficazmente a los consumidores y su mejor interés. Una contribución objetiva a esta conclusión la constituye la reducción constatada del número de casos examinados y, al mismo tiempo, el notable incremento de las multas impuestas. A la vista, efectivamente, del ritmo acelerado del desarrollo tecnológico, de la creciente globalización, así como de la economía europea caracterizada por las fusiones frecuentes, resulta vital el rigor de la política de competencia y su control escrupuloso por parte de la Comisión. Esta política es esencial a la hora de favorecer un clima de confianza y de proporcionar la protección adecuada a los agentes económicos, evitando las prácticas concertadas, el abuso de posiciones dominantes y otras distorsiones de la competencia. Saludo con especial agrado la propuesta del ponente a favor de asignar prioridad absoluta a las políticas que implican ayudas horizontales para ayudar a la industria en el cumplimiento de los compromisos de Kioto. Ése es el camino de futuro de una economía europea que aspira a ser cada vez «más dinámica y competitiva», pero también ecológicamente equilibrada.

Berthu (NI)
En los últimos años, la Comisión ha cumplido su misión de rebajar las ayudas estatales con un afán más bien ciego, juzgando las ayudas criticables prácticamente en todas partes.
Por primera vez, el Consejo ha intentado recientemente moderar a la Comisión haciendo uso del apartado 3 del artículo 88, que lo permite, disponiendo unánimemente en circunstancias excepcionales la exención de todo procedimiento para determinadas ayudas. Lamentamos que no haya tenido ese valor antes, por ejemplo, cuando la Comisión censuró la ayuda pública para el empleo en el sector textil francés.
El Tribunal de Justicia también puso otro freno con la sentencia Ferring de 22 de noviembre de 2001, que exonera las ayudas públicas únicamente si compensa el coste excesivo de una obligación de servicio público. Esperamos que esta sentencia quede ratificada.
Nos parece que ahora debiera actualizarse la parte correspondiente del Tratado (artículos 87 a 89) a fin de definir mejor las ayudas públicas aceptables, por ejemplo, las destinadas al empleo, el medio ambiente o para compensar por las restricciones de servicios públicos. Es más, la Comisión no debería tener poderes exclusivos y discrecionales: las democracias nacionales también deberían poder decir algo al respecto.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
El informe del Sr. Herzog propone algunos ajustes menores al marcador de la ayuda estatal y formula algunos deseos piadosos. Deploramos, como él, la congelación de la ayuda a Investigación y Desarrollo y, como él, estamos a favor de tomar en consideración casos excepcionales. Sin embargo, el informe merece una crítica severa en cuanto a su contenido. Trata el tema de la ausencia de todo procedimiento de evaluación como un aspecto entre otros muchos. Sin embargo, es el tema clave: en vez de estar llamado a votar sobre un cuadro de cifras, la democracia dicta que el Parlamento Europeo debería disponer de la oportunidad de pronunciarse sobre la base de verdaderas evaluaciones. La razón por la que este aspecto sólo se menciona de pasada es que el ponente la despojó de toda importancia de antemano al jurar fidelidad al dogma neoliberal. El informe pone fin a la discusión antes de plantearla al afirmar que apoya «los objetivos de reducción de las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, cualquiera que sea la forma, que falsee o amenacen falsear la competencia». El tema dominante de este informe lo constituyen las disposiciones minuciosas con una lógica de competencia pura, y por eso hemos votado en contra.

Marques (PPE-DE)
- (PT) Quiero felicitar al Sr. Herzog por el excelente informe que ha confeccionado sobre el marcador de ayudas estatales correspondiente a 2001(actualización primavera 2002), presentado por la Comisión, que apoyo totalmente.
En el contexto de la política de competencia, la publicación semestral del marcador de ayudas estatales desde 2001 constituye una importante herramienta al servicio de la transparencia y el debate.
Sin embargo, comparto la opinión de que los datos incluidos en este marcador todavía no son suficientes ni adecuados como para permitir realizar una comparación entre el comportamiento de los diferentes Estados miembros y los beneficios reales que se desprenden de las ayudas estatales.
Nos gustaría que dicha comparación se realizara a corto plazo, ya que representa la única forma en que se puede abordar un estudio global documentado, de manera que se puedan tomar decisiones sobre la base de las ayudas concedidas o su posible reorientación a objetivos horizontales de interés común, tal como la investigación y desarrollo, el medio ambiente, las PYME, la formación y el empleo.

Meijer (GUE/NGL)
Dentro de la UE, las ayudas estatales se han convertido estos días en una expresión malsonante. No hay sitio para ellas en la carrera por la competencia internacional ilimitada y la reducción de impuestos. Sin embargo, gran parte de las ayudas estatales se canalizan a las empresas de forma encubierta. En algunos casos, existe un exceso de capacidad de oferta para el transporte de mercancías, a medida que se construyen nuevas autopistas, buenos ferrocarriles y canales. En consecuencia, las empresas son libres de elegir la parte de infraestructura que pueden utilizar al tiempo que mantienen los costes de transporte reducidos al mínimo. Muchas empresas han conseguido arrancar o sobrevivir sólo gracias a las ayudas estatales, y esta situación no parece que vaya a cambiar mucho en el futuro. Todo ello resulta aún más válido si se consideran los servicios de interés general, o sea los servicios públicos, como parte integrante de la economía. Aunque dichos servicios resulten vitales para el bienestar de las personas y la conservación de nuestro medio ambiente, en muchos casos operan con pérdidas constantes. Sólo debería prevenirse el nepotismo, la concesión de ayudas estatales a conexiones empresariales. Mi colega el Sr. Herzog, en calidad de ponente, ha expuesto todo esto de una manera algo menos insistente, pero ha presentado propuestas sensatas a fin de cuadrar las cifras un poco mejor, de aumentar el tope de las cantidades sujetas a declaración hasta los 200.000 euros, de adoptar una política regional activa en zonas de la República Checa y Polonia con una sólida industria siderúrgica, de eliminar la inspección de ayudas a los servicios de interés general y de otorgar al Parlamento mayor control sobre la política. Los diputados del ala derecha de esta Cámara harán todo lo que esté a su alcance para obstaculizar este proceso.

Ribeiro e Castro (UEN)
El Consejo Europeo estableció en Estocolmo, en junio de 2001, el objetivo de reducir antes de 2003 el peso global de las ayudas estatales, sobre todo las ayudas ad hoc y sectoriales, en proporción al PIB. El Consejo de Barcelona de marzo 2002 vino a confirmar esta orientación, invitando a los Estados miembros a reorientar dicha ayuda a objetivos horizontales de interés común, incluida la cohesión económica y social, y enfocarla a segmentos de mercado reconocidos como deficitarios. Considero las ayudas estatales un instrumento de flexibilidad que resulta esencial para corregir disparidades y para abordar problemas específicos dentro de las reglas de competencia europeas, lo que significa que no debería cuestionarse nunca la legitimidad de su aplicación, aunque deba producirse en términos moderados y justificables. En el contexto específico que llevó a la redacción de este informe, acojo con agrado la notable reducción de las ayudas estatales concedidas y su reorientación hacia objetivos horizontales, tales como las PYME, el entorno, el I+D, el empleo y la formación, que rebasan el ámbito estricto de la eficacia económica, pero promueven una mejor preparación de los agentes económicos y los Estados miembros para el mercado interior. Finalmente, discrepo con el llamamiento del ponente a favor de ampliar el procedimiento de codecisión a este ámbito. Saludo con beneplácito las enmiendas que han sido aprobadas en varias votaciones individuales que, aunque no le agrade al ponente, han mejorado notablemente la redacción final de la resolución. 
El Presidente.
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, suspendida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15 horas)

Berthu (NI).
Señor Presidente, acabo de ver el acta literal del debate extraordinario del martes por la mañana en la página web Europarl, y he observado que las declaraciones escritas que algunos diputados, incluido yo mismo, aunque no he sido el único, habíamos realizado de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento, simplemente han sido borradas. Se me ha informado de que en este debate extraordinario no tiene aplicación el artículo 120 y que el Reglamento del Parlamento Europeo tampoco resulta aplicable. Creo que se trata de un razonamiento muy dudoso sobre el que podríamos discutir largamente y, en todo caso, en equidad, considero que se trató de un debate suficientemente importante como para que se aceptaran las declaraciones escritas de los Diputados que no pudieron hacer uso de la palabra. Estoy hablando por tanto en nombre propio, pero también en el de otros diputados, y quisiera, señor Presidente, que nuestras declaraciones escritas, formuladas dentro del plazo establecido, quedaran incorporadas al debate.

El Presidente.
- Señor Berthu, aunque su observación no es sobre el Acta de la sesión de ayer, tomamos muy buena nota de ella y le haremos en su momento el comentario preciso.

Oreja Arburúa (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con una intervención del Sr. Gorostiaga, el lunes pasado, en la que hizo referencia a un informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas - posteriormente ha enviado un e-mail a todos los miembros de la Cámara -, quiero insistir en ese punto.
Trasladaré el informe completo del citado Comité a los miembros de la Cámara para que vean que ese informe habla positivamente de las actuaciones de España en los últimos años, incorporando en su legislación muchos puntos en la lucha contra la tortura.
También quiero resaltar que me parece curioso que sea precisamente el Sr. Gorostiaga quien condene la tortura y no sea capaz de condenar el verdadero atentado contra los derechos humanos que sufrimos en el País Vasco, sobre todo aquellos que somos cargos electos. En efecto, la tortura más flagrante es la que realiza la banda terrorista ETA con sus asesinatos, sus extorsiones y sus secuestros.
El Presidente.
- Sr. Oreja, usted sabe que la Cámara suele responder de forma contundente, aunque con sosiego, a muchas afirmaciones del Sr. Gorostiaga, que no resisten la comprobación con la realidad. Yo, precisamente, desde mi condición de diputado elegido en España estoy bien informado, pero no debo entrar en este asunto. Tomamos, sin embargo, nota de sus palabras.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0369/2002) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas (COM(2002) 59 - C5-0084/2002 - 2002/0039(CNS)).

Oomen-Ruijten (PPE-DE)
Señor Presidente, me encuentro aquí con sentimientos contrapuestos, no porque este debate no pudiera concluir antes del almuerzo y yo tenga el compromiso de pronunciar un discurso esta tarde en mi país de origen, sino porque, de una parte, estoy satisfecha y encantada de que hayamos conseguido cerrar hoy un tema que será llevado a buen puerto en el Consejo de Ministros, y por otra me hubiese agradado mucho defender algo a lo que nos consideramos legitimados como Parlamento - y en defensa de lo cual me hubiera sentido feliz de ir al Tribunal de Justicia -, a saber, la base legal que sustenta el Reglamento 1408, que implica la codecisión. No lo he hecho y estoy agradecida a mis compañeros diputados que fueron disuadidos de pelear esta batalla.
¿Por qué no estamos librando la batalla? Por la enorme importancia de ampliar el reglamento para incluir a los nacionales de terceros países y debido al hecho de que, por fin, se está haciendo algo acerca de la condición legal de quienes residen legalmente en un Estado miembro europeo pero después, cuando se van a vivir o a trabajar a otro lugar, carecen de todo derecho. El Tribunal de Justicia Europeo ha afirmado en repetidas ocasiones que el Reglamento de coordinación debería ser aplicable igualmente a tales ciudadanos con residencia legal. La Comisión ha presentado una Directiva, una enmienda a un Reglamento, sobre este tema. Ha optado por utilizar una base legal diferente, pero no consiguió su ratificación por el Consejo. Me encuentro en deuda con la Comisión, así como, según ya he proclamado, con mis compañeros diputados, por haber decidido volver la espalda a la envidia y a las disputas políticas y por optar, con buen criterio, por acoger a estos ciudadanos bajo la jurisdicción del Reglamento 1408. Creo que una batalla institucional acerca de cuál hubiera sido la base legal correcta podría haber durado años y, con toda seguridad, no habría beneficiado a estos individuos.
Nosotros, como Parlamento, hemos aprovechado la primera oportunidad - y creo que el Consejo de Ministros adoptará una decisión el próximo 3 de diciembre - para plasmar los derechos de estos ciudadanos; sus obligaciones ya han quedado fijadas. El hecho de que los daneses e incluso los británicos considerasen que debían implicarse en este Reglamento me ha llenado de especial alegría. En cualquier caso servirá para aportar la claridad que se precisa tan desesperadamente.
En el momento en que se aprueben en breve las enmiendas, diremos al Consejo que en el caso de que se introduzcan enmiendas a nuestro dictamen o de que se modifique la situación legal de las personas implicadas, nos reservamos el derecho de sumarnos a esta batalla legal contra el Consejo acerca de estos temas. Lo que hemos incluido justo merece el calificativo de aceptable, pero en cualquier caso, encierra la advertencia seria de que si las cosas no evolucionan en la forma prevista y acordada, mantendremos expedito el camino al Tribunal de Luxemburgo.
Quisiera volver a dar las gracias a todos los compañeros diputados que han trabajado en este sistema con gran dedicación y enorme dinamismo y que, junto conmigo, han estado dispuestos a apoyar a la Comisión en esta propuesta. Además, quisiera formular una observación que concierne a uno de nuestros funcionarios, el Sr. Verschueren, que en este momento se encuentra indispuesto en su domicilio, pero que, en mi opinión, es el mejor portavoz por cuenta de la Comisión en esta materia. Quiero hacerle llegar, a través de usted, mis deseos más fervientes para una pronta recuperación. Estoy convencida de que también lo hago en nombre de los colegas diputados que están trabajando en este proyecto.

Monti
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, y a los diputados por el excelente informe y por su apoyo a la propuesta de la Comisión. Se trata de una propuesta sumamente importante y su aprobación constituiría una señal política significativa de la Unión respecto de la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea, ya que les ofrece, en términos de seguridad social, idéntica protección que la que poseen los ciudadanos comunitarios que se mueven dentro de la Unión Europea. Por tanto, constituye una notable contribución a una política comunitaria de inmigración equilibrada y coherente.
El 27 de octubre de 1999, esta Cámara reclamó una acción rápida en pro del tratamiento equitativo de los nacionales de terceros países que residieran legalmente en los Estados miembros, a fin de que se les concedieran derechos similares a los de los ciudadanos de la Unión. La propuesta en cuestión es una respuesta a este llamamiento e incluso va más lejos, concediendo a los nacionales de terceros países derechos que son idénticos, no simplemente similares, a los que poseen los ciudadanos de la Comunidad que se desplazan dentro de la Unión Europea.
La propuesta alienta además la movilidad de los trabajadores, cuya importancia ha quedado evidenciada por el plan de acción de la Comisión presentado a principios de año. La propuesta vendrá por tanto a simplificar las leyes, reduciendo el número de instrumentos nacionales e internacionales que rigen la coordinación de los sistemas de seguridad social para esta clase de personas.
Como bien ha expuesto la ponente en su declaración, esta propuesta de Reglamento, basada en el apartado 4 del artículo 63 del Tratado, pretende tender un puente. Simplemente amplía el alcance de las leyes de la Comunidad en materia de seguridad social a nacionales de terceros países, leyes que están y continuarán estando basadas en el artículo 42 del Tratado. Esto significa que, para cualquier enmienda futura al Reglamento 1408/71, el Parlamento seguirá siendo un órgano codecisor.
Como es sabido, la propuesta de la Comisión ya contiene un considerando que hace referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales, pero estoy de acuerdo en la necesidad de incluir una referencia específica al apartado 2 del artículo 34 de la Carta. La Comisión puede por tanto apoyar la enmienda 1.
Coincido plenamente con la afirmación de que la coordinación de la seguridad social para nacionales de terceros países entraña gran importancia, pero es tan evidente que - lo mismo que un considerando a este respecto - resulta superflua. La importancia de coordinar los sistemas de seguridad social para nacionales de terceros países ya está ampliamente recogida en los nueve primeros considerandos propuestos por la Comisión. Aun coincidiendo con el concepto fundamental, la Comisión no puede aceptar la enmienda 2.
Entiendo la oportunidad de hacer referencia a la próxima e inminente ampliación de la Unión Europea en los considerandos: la Comisión puede aceptar en consecuencia la enmienda 3. Sin embargo, no puede apoyar las enmiendas 4 y 5. Respecto de la enmienda 4, hemos de decir que resulta poco apropiada para referirse dentro de un Reglamento a una propuesta a favor de un instrumento de la Comunidad, cuyo resultado todavía es desconocido. La Comisión no puede aceptar la enmienda 5 por varias razones. Ante todo, la finalidad de la propuesta es conceder a los nacionales de terceros países legalmente residentes en un Estado miembro los mismos derechos que a los ciudadanos comunitarios que se desplazan por el interior de la Unión. La enmienda 5 pretende conceder a los nacionales de terceros países derechos diferentes de los otorgados a los ciudadanos comunitarios. No veo por qué un trabajador afgano o indio, en los Países Bajos o en Finlandia, por ejemplo, tiene que afrontar una problemática muy distinta - por desconocimiento del idioma o de los trámites administrativos en el país de acogida - que un compañero griego o portugués.
La Comisión lanzará asimismo una contundente campaña de información y, una vez aprobada la resolución, se pondrá en conocimiento de todos los afectados, de manera que puedan reivindicar sus derechos llegado el momento. Es más, ya existe un alto grado de interés por esta propuesta por parte de los medios de comunicación.
Finalmente, señor Presidente, estoy enormemente agradecido a esta Cámara por haber incluido la propuesta en el orden del día de hoy, permitiendo con ello que el Consejo la apruebe en la reunión del 3 de diciembre. Ustedes comprenderán que la Comisión no tiene tiempo suficiente para presentar una propuesta modificada al Consejo, pero mi colega la Comisaria Sra. Diamantopoulou tiene la intención de proponer que el Consejo adopte la propuesta junto con las enmiendas del Parlamento que acabamos de aceptar.

Gillig (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, Señorías, quisiera en principio adherirme a la ponente a la hora de saludar con beneplácito la perspectiva de poner en marcha tal disposición legislativa, es decir, una postura sobre la sustancia del texto de la propuesta.
Ya era hora, en efecto, y la Comisión europea ha venido teniendo una responsabilidad política respecto de las personas afectadas por esta propuesta de Reglamento, concretamente desde el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999, que había establecido en sus conclusiones la necesidad de adoptar medidas rápidas para garantizar que los nacionales de terceros países que vivieran legalmente en la Unión Europea recibieran un trato de igualdad.
Lo que agradecemos es el respeto del trato equitativo para los residentes de terceros países en relación con el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y la igualdad social que se deriva de él, que, como ya se ha dicho, proporciona una ayuda notable en el sentido de su integración, al tiempo que fomenta la movilidad. Sabemos que esta movilidad, de la que tanto hablamos, resulta mucho más difícil de llevar a la práctica que la libre circulación de bienes y mercancías.
Quiero resaltar, porque es de justicia hacerlo, la importante contribución que los residentes de terceros países hacen a la Unión Europea, tanto en términos de fortalecimiento de la economía como en los de la rica diversidad cultural, y cuando hablamos de ellos estamos hablando potencialmente de unos 13 millones de personas en la Unión. No es una cifra nada insignificante.
Sin embargo, al igual que la ponente, yo quisiera llamar su atención sobre el tema de la base legal elegida por la Comisión Europea debido a las presiones del Consejo. Al Parlamento Europeo se le ha impuesto el procedimiento de consulta, mientras que la primera propuesta de 1997 se basaba en el artículo 51, ahora el artículo 42, que contempla la codecisión. Esa decisión, cuya motivación parece ser más que cuestionable, tal como ha señalado la ponente, y por consiguiente discutible, aboca al Parlamento Europeo a un dilema que sólo puede resolver claudicando, porque es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Y desgraciadamente no es la primera vez que se intenta lo que cabría describir como un auténtico desmantelamiento de las prerrogativas de nuestra institución, lo que podría considerarse un precedente peligroso. Temo que exista una tendencia soterrada y pienso que nuestra institución debe permanecer alerta.
La Comisión, obedeciendo las recomendaciones del Consejo, sabe perfectamente que el Parlamento va a optar por el camino del pragmatismo y que preferirá abandonar lo que usted, señora, ha calificado de prácticas legales quisquillosas, a fin de evitar poner en peligro la urgente legislación comunitaria. No quisiéramos asumir la responsabilidad por el fracaso de algo que deseamos.
No queremos batirnos en duelo, pero la cuestión está sobre el tapete: en el futuro, ¿deberíamos penalizar a los ciudadanos que se hallan a la espera de decisiones de esta Cámara simplemente para garantizar que se respete la postura del Parlamento? Pienso que esta decisión, la postura perfectamente razonable del Parlamento Europeo, debería servir para apoyar los debates que puedan plantearse en el futuro o que sabemos ya están siendo estudiadas por el Consejo.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo y en nombre del Sr. Jean Lambert, quiero felicitar cordialmente a la ponente por su informe. Apoyamos totalmente el planteamiento de la Sra. Oomen-Ruijten, incluida la forma en que ha manejado la base legal. Creo que es importante que los acuerdos alcanzados mediante la coordinación europea también resulten aplicables a nacionales de terceros países. Hablando francamente, es un escándalo que no se haya hecho antes, a la vista de la realidad de que estas personas efectivamente pagan impuestos y cotizan a la seguridad social, pero luego se encuentran entre dos aguas cuando trabajan en diferentes países.
El Parlamento ya ha expresado su deseo de que las conclusiones de Tampere se lleven a la realidad de forma análoga en lo relativo a los derechos de los nacionales de terceros países. El Reglamento que estamos debatiendo ahora se refiere a los trabajos en distintos países, pero los demás, una categoría por naturaleza mucho más numerosa, también tienen que tener sus derechos sociales garantizados de la misma forma que los de los trabajadores oriundos de la Unión Europea. Mi Grupo espera que la batalla que aún hemos de librar desembocará en la consecución del consenso necesario en esta Cámara.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede a declaración de la Comisión sobre los cambios climáticos.

Monti
Señor Presidente, gracias por invitar a la Comisión a informar a esta Cámara acerca de la Conferencia de Nueva Delhi sobre el Cambio Climático, celebrada en octubre de 2002. Comenzaré diciendo que la Unión Europea ha adoptado una postura firme y unánime en estas conversaciones y nos gustaría dar las gracias a la Presidencia danesa por su excelente trabajo. La Comisión agradece igualmente el firme apoyo político recibido por parte de las ONG presentes en la reunión. Sin embargo, la Comisión y mi colega, la Sra. Wallström, en particular, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Parlamento Europeo por el continuo apoyo a la postura de la UE en las negociaciones climáticas internacionales y por su constante interés por esta cuestión. Este interés se ha visto reflejado en la dedicada labor de la delegación parlamentaria encabezada por la Sra. García-Orcoyen Tormo en Nueva Delhi. Esperamos que en el futuro prosiga esta cooperación tan efectiva.
Cerca de 170 países, que representan a más de las tres cuartas partes de la población mundial, se dieron cita en Nueva Delhi para celebrar el octavo encuentro regular de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La reunión ha hecho grandes progresos en una serie de aspectos técnicos, como los procedimientos de revisión y notificación, y preparó el terreno para la utilización del mecanismo del desarrollo limpio. Este mecanismo es un importante instrumento que permite alcanzar los objetivos establecidos con respecto a las emisiones de gases en los países desarrollados y, al mismo tiempo, reducir las emisiones en los países en desarrollo y contribuir a su crecimiento sostenible.
Durante la parte ministerial final de la reunión, los Ministros y altos funcionarios discutieron las acciones llevadas a cabo hasta el momento para luchar contra el cambio climático, los vínculos entre cambio climático y desarrollo sostenible y las perturbadoras conclusiones del Tercer Informe de Evaluación elaborado por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que demuestra que gran parte de la aceleración del calentamiento global se debe a la actividad humana. También se habló de la necesidad de desarrollar más acciones para continuar la lucha contra el cambio climático. La reunión terminó con la adopción de la Declaración de Delhi.
Permítanme destacar brevemente la evaluación política de la Comisión acerca de la Conferencia de Nueva Delhi. La Declaración ministerial de Delhi representa el resultado político de la conferencia. Si bien es cierto que dicha declaración incluye un llamamiento a todos los países para que ratifiquen el Protocolo de Kioto y destaca la necesidad de realizar más esfuerzos para combatir el cambio climático en las próximas décadas, nos habría gustado que hubiera sido más firme en otras áreas.
Plantearé escuetamente algunos puntos débiles. En primer lugar, la Declaración de Delhi no consigue hacer hincapié en la necesidad de estrechar lazos entre el ámbito científico y la acción política. Las conclusiones del Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático confirman la necesidad de aplicar más reducciones a las emisiones si se pretende alcanzar el objetivo final establecido por la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La Declaración debe utilizarse como una aportación importante para avanzar en el trabajo de la Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Un enfoque más científico nos permitirá tener más confianza en nuestras previsiones políticas para progresar por la vía correcta en el futuro.
En segundo lugar, nuestras competencias, tal como se acordó en el Consejo el 17 de octubre, permitieron desarrollar una discusión sobre la posibilidad de llevar a cabo una cooperación global más integradora y a más largo plazo, basada en una acción más amplia y equilibrada y en una participación acorde con el objetivo final de la Convención.
Tales discusiones deberían haber empezado con la primera sesión de la Conferencia de las Partes, tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. Por desgracia, la UE no logró persuadir a otras partes para que reconocieran la necesidad de dar comienzo a este proceso. No obstante, por medio de una serie de contactos bilaterales con otras partes y grupos, la UE aprovechó cada oportunidad para explicar nuestro modo de pensar. La cuestión está ahora sobre el tapete y estas conversaciones han establecido una sólida base de partida.
En un tercer punto, más general, el debate de Delhi se centró más en el desarrollo sostenible que en el cambio climático. Mientras que en la UE se entiende perfectamente que el cambio climático está fuertemente unido al desarrollo sostenible, la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático trata justamente ese vínculo. Se trata del marco sobre cambio climático, que está bien definido y establecido. No deberíamos permitir que la discusión sobre desarrollo sostenible alejara nuestra atención del proceso de cambio climático.
Según esta conferencia, ¿qué perspectivas tenemos en cuanto a la entrada en vigor del Protocolo de Kioto? Evidentemente es una cuestión esencial. Como todos saben, requiere la ratificación de 55 partes que representen al menos un 55% de las emisiones de dióxido de carbono de los países industrializados en 1990. El primer umbral se ha cumplido ampliamente (97 países hasta el 13 de noviembre), y el número de ratificaciones aumenta a ritmo constante. En este contexto, acogemos favorablemente la confirmación de la próxima ratificación por parte de Canadá. Sin embargo, sólo hemos alcanzado la cifra de un 37,4% en el segundo umbral. Puesto que la UE, Japón y la mayoría de los países candidatos ya lo han ratificado, ahora sólo falta la ratificación de Rusia para conseguir que el Protocolo tenga efecto. Parece que Rusia sigue inclinada a ratificarlo, sobre todo tras los resultados publicados recientemente en un estudio sobre los efectos del cambio climático en este país. Sin embargo, aún queda tomar la decisión final y todavía no se ha fijado ningún calendario para ello. La intención de la Comisión consiste en alentar a Rusia a asumir su responsabilidad como pieza clave en la cuestión del cambio climático y ratificar el Protocolo de Kioto lo antes posible.
En el ámbito interno, la Comisión actuará en el marco del Programa Europeo sobre el Cambio Climático para lograr que la Unión Europea alcance los objetivos acordados de reducción de las emisiones. En el ámbito internacional, la Comisión continuará invirtiendo esfuerzos, animando a nuestros socios a ratificar el Protocolo, de modo que éste pueda entrar en vigor. Al mismo tiempo, continuaremos contribuyendo a las buenas relaciones bilaterales que hemos entablado con algunos países en desarrollo y con la mayoría de los países desarrollados para obtener un mejor entendimiento de lo que se necesita hacer de cara al futuro.
Todos sabemos que el Protocolo de Kioto no es más que el primer paso en la lucha contra el cambio climático y debemos comenzar a plantear el modo de proceder para dar el segundo paso.
Me gustaría concluir volviendo a hacer hincapié en lo profundamente agradecida que está la Comisión al Parlamento por el apoyo brindado y por su activa presencia en Delhi.

García-Orcoyen Tormo (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero expresar, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en la COP8, nuestro agradecimiento a la Comisaria Wallström -que hoy no está presente- por su colaboración con las delegaciones de este Parlamento en las sucesivas conferencias a las que ha asistido. En este sentido, tengo que decir que la echamos de menos en Nueva Delhi.
Los puntos que deseo subrayar respecto a esta conferencia son los siguientes: la Unión Europea debe mantener su liderazgo en la lucha internacional contra el cambio climático y, en consecuencia, impulsar lo antes posible el debate político entre todas las partes sobre los objetivos para después de 2012.
La COP8 se planteaba como una buena oportunidad para consolidar las decisiones ya tomadas en Bonn y en Marrakech sobre la implementación del Protocolo de Kyoto, pero, sinceramente, falló en ello y no consiguió establecer un amplio debate sobre las cuestiones principales para el segundo período.
La COP8 sí hizo progresos significativos en el terreno técnico, especialmente respecto a los mecanismos del desarrollo limpio, reporting y procedimientos de revisión, pero los avances a nivel político fueros decepcionantes. Prevalecieron los intentos de diluir los aspectos concretos del Protocolo de Kyoto en el concepto mucho más amplio de desarrollo sostenible - como ya ha señalado el Comisario - y, en este sentido, hay que decir que la delegación de los Estados Unidos tuvo una actitud poco constructiva, evitando en todo momento hablar del cumplimiento de calendarios y objetivos concretos.
Todos los miembros de la delegación estuvimos de acuerdo en que se debe acelerar la ratificación del Protocolo por parte de los Estados que aún no lo han hecho, especialmente de Rusia - cuya ratificación supondría la entrada en vigor del mismo - que durante la Conferencia mantuvo una actitud de inquietante ambigüedad.
En cuanto a la posición de los países en vías de desarrollo, se observó una preocupación por la insuficiente cooperación de los países desarrollados en términos de ayuda financiera y transferencia de tecnología para adoptar medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático. Asimismo, creemos que se debería estudiar la posibilidad de crear una comisión interparlamentaria específica para la India, un país de mil millones de habitantes con una economía emergente en constante crecimiento y con una voluntad política clara de cooperación por parte de su Parlamento con el Parlamento Europeo.
Por último, deseo subrayar que la cooperación con el Consejo y la Comisión fue muy constructiva. Ambos reconocieron el papel fundamental que las delegaciones del Parlamento desempeñan en este tipo de conferencias. Precisamente por ello, consideramos inaceptable que nuestras delegaciones no estén autorizadas a participar en las reuniones de coordinación y solicitamos que en futuras ocasiones el Parlamento Europeo tenga acceso a estas reuniones, al menos en calidad de observadores.

Hulthén (PSE).
Señor Presidente, voy a intentar el truco de representar hoy aquí a dos personas: yo misma y la Sra. Corbey, que ha estado presente en la Conferencia de Nueva Delhi. Eso no significa que vaya a transmitir dos mensajes diferentes. Por el contrario, voy a tratar de que el mensaje sea lo más convincente posible.
Una vez leído el informe de la Comisión y del Parlamento relativo a la Conferencia de Nueva Delhi, hay un interrogante que no hace más que darme vueltas en la cabeza. ¿Qué es lo que nos hace fallar a nosotros, o a la UE, a la hora de transmitir nuestro mensaje y nuestro deseo de cambio sobre todo a los países en vías de desarrollo? ¿Por qué tienen más éxito los Estados Unidos? El mensaje de los Estados Unidos es, al menos a nuestro parecer, peor con respecto a la lucha contra el cambio climático en curso.
Resulta esencial para la UE comenzar ahora a reflexionar conjuntamente sobre cómo intentar reducir la falta de credibilidad que existe realmente entre nosotros y aquellos que queremos que se pongan de nuestra parte. Esto mismo resulta aplicable a la posibilidad de ratificar el Protocolo de Kioto. Todos estos constituyen sin duda alguna los aspectos más importantes de nuestra estrategia continua para intentar seguir progresando. Sobre todo, es una cuestión de seguir progresando en la importante tarea que arrancará una vez haya quedado cerrada esta parte del Protocolo de Kioto.
La señora Corbey, que asistió a la Conferencia de Nueva Delhi, ha redactado algunas notas que considero merecen la pena comunicar a la Cámara. Hacen referencia, más que nada, al hecho constatable de que el proceso de Kioto constituye un peligro político, ya que se está esfumando el apoyo político a la totalidad del proceso. Hay dos aspectos esenciales a la hora de intentar restaurar de nuevo el apoyo político y de someter el tema a debate en un plano más sutil y serio. Un factor, por ejemplo, es el que acabo de apuntar, a saber, la situación en los países en vías de desarrollo y nuestras relaciones con dichos países. En la Conferencia de Nueva Delhi, bastantes de ellos describieron unas condiciones climáticas extremas. No se trataba de un solo país, sino de varios de ellos, y formularon opiniones acerca de los costes que acarrearía tal situación.
Aun cuando en la UE no podamos asumir ninguna responsabilidad por estas formas de cambios climáticos, hemos de considerarnos una de las partes que, junto con el resto del mundo industrializado, ha contribuido en mayor medida a originar el cambio climático que está teniendo lugar. Hemos de adoptar un papel más definido a la hora de ayudar a los países en vías de desarrollo a protegerse contra los cambios climáticos. Desde luego, hemos de ayudarles a encontrar vías de progreso en términos de desarrollo, que no consistan simplemente en seguir una senda que nosotros mismos ni siquiera consideramos haya sido especialmente satisfactoria.
Lo más importante quizá sea que, a pesar de todo, la UE debería continuar trabajando para que suceda algo después del año 2012 y que no deberíamos tirar la toalla, aunque el mundo a nuestro alrededor realmente pretenda algo distinto. Quizá sea éste el mensaje más trascendente emanado de la Conferencia de Nueva Delhi.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, quiero comenzar por felicitar a la delegación del Parlamento Europeo en la Conferencia de Nueva Delhi y desearía significar a la Sra. García-Orcoyen Tormo, que encabezó la Delegación. Lamento que, una vez más, la Comisión y el Consejo no autorizaran a la Delegación del Parlamento a participar en las reuniones de coordinación de la UE.
Sabíamos, incluso antes de iniciarse la Conferencia, que el resultado sería muy difícil de alcanzar: esta Conferencia estaba concebida como preparación para la segunda fase del Protocolo de Kioto, cuando la prioridad política sigue siendo, por desgracia, la de asegurar que el Protocolo de Kioto entre en vigor para que se puede iniciar la primera fase.
Aunque sea lamentable que no se haya alcanzado ningún resultado, es justo reseñar que hemos conseguido mejorar la definición del Mecanismo de Desarrollo Limpio, así como los procedimientos de control de emisiones. Lo que me parece más grave no es tanto la falta de resultados como la tentativa política de diluir el Protocolo de Kioto. Ha habido un intento claro por parte de algunas delegaciones, especialmente la que representó a los Estados Unidos, de retrotraer el debate sobre los cambios climáticos al año 1997, cuando no existían ni objetivos ni protocolos para pasar a la acción.
Es una pena que los países en vías de desarrollo hayan caído en esta trampa. Precisamente en los países en vías de desarrollo es donde las consecuencias de los cambios climáticos están teniendo efectos más devastadores. Para nosotros la opción está clara: en primer lugar, el Protocolo de Kioto constituye el único instrumento capaz de mitigar los cambios climáticos. En segundo lugar, la segunda fase del Protocolo tiene que plantearse metas más ambiciosas que la primera, que representa sólo un pequeño paso adelante. En tercer lugar, la acción debe emprenderse primero en los países industrializados y sólo después en los países en vías de desarrollo.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, es la primera vez que participo en este tipo de delegaciones. Creo que es fascinante, pero también frustrante.
Tal como se ha dicho con anterioridad, la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático de Nueva Delhi iba a ser de transición: se trataba más bien de mantener el empuje del debate sobre el cambio climático que de tomar grandes decisiones políticas.
Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas y también manifiesto mi frustración por la exclusión que sufrió la delegación parlamentaria de las reuniones diarias de coordinación. Como prueba de ello, la Comisión intentó echarnos de la rueda de prensa el último día, si bien es cierto que lo hizo de manera muy educada y diplomática. Cuando aquella mañana los diputados fuimos informados, pusimos de manifiesto nuestra frustración por la debilidad del proyecto de declaración. La Comisión no quiso que expresáramos este punto de vista en una rueda de prensa cuando adoptó una postura que consideraba más diplomática. No habrían surgido estas diferencias si hubiéramos participado en la reunión de coordinación desde el interior. La Comisión ha sido muy eficiente informándonos fuera del circuito, pero necesitamos estar en el meollo si queremos vernos implicados y ser considerados «miembros participantes de la delegación de la Unión Europea». El Consejo y la Comisión fueron por su lado y el Parlamento, por otro.
El proyecto de declaración fue bastante flojo y decepcionante. El título «Declaración sobre el Cambio Climático» se cambió por el de «Declaración sobre Cambio Climático y Sostenibilidad». Es un precedente con el que hay que tener cuidado. Claro, es muy difícil hablar de estas cuestiones, ser objetivo y mantener el enfoque sobre el cambio climático si se sugiere que no está incluido el desarrollo sostenible. Es un argumento torticero decir que cómo se puede justificar lo que se dice si no se incluye el desarrollo sostenible. Los estadounidenses, entre otros, se sirvieron de la importante cuestión del desarrollo sostenible para desviar la atención del cambio climático y de las exigencias del Protocolo de Kioto en general.
Ha sido un ejercicio fascinante. Me gustaría agradecer a la dirigente de nuestra delegación, la Sra. García-Orcoyen Tormo y a todos mis colegas por haberlo conseguido.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, lo que ha dicho la Sra. Doyle es motivo de honda preocupación, tanto en términos del procedimiento como del asunto en sí mismo, y es este último aspecto el que quisiera someter a consideración por un momento. Nos encontramos en una situación en la que jamás se respetan los acuerdos relativos al medio ambiente: el ejemplo más sorprendente lo constituye el Acuerdo de Kioto. Espero que la Comisión reflexione acerca de su enfoque futuro respecto de la cooperación con los diputados del Parlamento - incluso con los de fuera de la Unión Europea -, pero sobre todo, con respecto al tema en cuestión. Espero que se esfuerce mucho más por preservar las condiciones necesarias para la supervivencia, no sólo de la Unión Europea y de sus casi 400 millones de habitantes - que pronto superarán los 400 millones -, sino de todo el planeta.
Aunque soy cualquier cosa menos antinorteamericano, creo que hay que presionar fuertemente a la Administración del Presidente Bush para que preste más atención a temas como el clima, los cambios climáticos y el medio ambiente y que no lo enfoque sólo desde un punto de vista financiero y con una visión monetaria restrictiva más que a largo plazo.
Debemos trabajar mucho más en esta dirección y confío en que la Comisión lo haga.

El Presidente.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la aplicación del "Paquete Erika" relativo a la seguridad marítima y las acciones que han de emprenderse con el fin de poner remedio a los desastres socioeconómicos y ecológicos.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, éste es un debate que no tenía que haberse celebrado. Es un día triste en el que, lamentablemente, los hechos han dado la razón a la Comisión que, en su momento, hizo una propuesta para suprimir de una manera acelerada los tanques petroleros que no tuvieran doble casco y que no fueran los más modernos. Porque, Señorías, si el Consejo hubiera seguido las propuestas de la Comisión, si el Consejo, en su discusión con el Parlamento, hubiera adoptado con suficiente rapidez, con la urgencia que reclamaban los intereses en juego, las propuestas de la Comisión, el buque Prestige tendría que estar prohibido desde el 1 de septiembre de este año 2002. Por lo tanto, el Prestige nunca hubiera podido partirse ni hundirse frente a las costas europeas.
De todo ello, hay que sacar conclusiones. Lo mismo que dije cuando se hundió el Erika frente a las costas de Bretaña. Hoy que estamos hablando del Prestige, hundido ante las costas españolas de Galicia, lo que digo es que hay que sacar conclusiones y actuar. Y la primera lección es muy clara: urgencia, rotundidad, decisión. De una vez por todas, enfrentarse a estas situaciones y hacer imposible que vuelva a repetirse otra tragedia como la que estamos viviendo en este momento.
Lo inmediato es evidente: que las autoridades indemnicen a los afectados, que se lleven a cabo las tareas de limpieza para recuperar una zona que -les recuerdo a sus Señorías- es especialmente rica, tanto desde el punto de vista de la producción piscícola, de producciones marisqueras, como también desde el punto de vista medioambiental y que, en su práctica totalidad, forma parte de la red Natura 2000. Limpiar y recuperar todas esas zonas. También, urgentemente, averiguar toda la cadena que ha permitido que al final sucediera lo que ha sucedido. Porque hay que señalar que algunas compañías petroleras, ya en el año 1997, habían rechazado este barco, por considerarlo peligroso y poco seguro. Porque hay que decir que la última vez que este barco se sometió a una inspección en el ámbito de la Unión Europea, conforme al memorándum de París, fue en el año 1999. Porque hay que decir que antes de este verano tocó dos puertos europeos y, lamentablemente, no se le efectuaron las correspondientes inspecciones.
Por lo tanto, hemos de estudiar todos los eslabones de la cadena y ver dónde están las responsabilidades y cómo se han producido. Y, de ahí, habremos de sacar las lecciones que nos permitan superar y evitar situaciones como la actual, en que nos encontramos enfrentados a un barco con un armador griego que tiene pabellón de las Bahamas, controlado por una sociedad de clasificación norteamericana, gestionado por una compañía suiza, aunque con vinculaciones en otra serie de países, y todos ellos con beneficios fiscales clarísimos.
Y lo inmediato es hacer también todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a producirse otra tragedia como ésta. Eso significa poner inmediatamente en práctica y en aplicación los acuerdos y las directivas adoptados por los ministros de la Unión Europea. No debemos esperar al mes de junio del año que viene para aplicar el paquete Erika I; no debemos esperar a febrero del 2004 para el paquete Erika II. Hemos de ponerlos en práctica ya. Y ponerlos en práctica con efectividad, es decir, cumplir los objetivos de un 25% de control por parte de las autoridades portuarias en cuanto al número de barcos llegados, un 25% de aquellos que tienen más riesgo, que son más peligrosos y, por lo tanto, hacer una aplicación de la baremación que contienen las normativas actuales. Es urgente la sustitución de los petroleros de casco simple por los de doble casco. Ha de ponerse en marcha, cuanto antes, el sistema comunitario de seguimiento de información sobre tráfico marítimo en todos los ámbitos y han de facilitarse las intervenciones de emergencia, mediante la designación de zonas de protección, zonas de amarre, refugios en caso de emergencias. Y, también, ha de ponerse en marcha la Agencia de Seguridad Marítima Europea, que debe garantizar que en todos los puertos de la Unión se hagan las cosas de una manera adecuada, así como una cooperación técnica para los países y para la Comisión.
Por último, deberemos seguir adelante con las discusiones sobre el Fondo COPE dedicado y destinado a cubrir todas las indemnizaciones y todos los costes de recuperación y de limpieza medioambiental, además de las indemnizaciones, que es complementario del Fondo FIPOL.
Pero también figura entre los objetivos inmediatos -y lo propondré en la próxima reunión del Consejo de Ministros el próximo día 6 de diciembre- una adopción de una decisión administrativa, por parte de los Estados de la Unión, que haga que, mientras se termina con todos los petroleros de casco simple en ese calendario ya adoptado, se exija que, para transportar el fuel pesado - que es el más contaminante de los productos - haya que utilizar sistemáticamente petroleros de doble casco. Porque los buques implicados en los tres últimos accidentes - el Erika, el Baltic y el Prestig e- eran petroleros de casco simple, antiguos y con fuel pesado. El fuel pesado es el producto más peligroso. Por lo tanto, hacen falta las mayores exigencias de seguridad - y para eso basta con una decisión administrativa de los Gobiernos de la Unión Europea.
Y hay que ir más allá. Más allá quiere decir trabajar en aumentar el Fondo FIPOL y el Fondo COPE. Más allá quiere decir seguir trabajando en el ámbito de la Comisión para proponer sanciones penales en el ámbito europeo; más allá quiere decir mejorar la Directiva de control por parte de las autoridades de los puertos - porque hemos detectado que, en este momento, hay algunos puertos donde prácticamente no hay control, es decir, puertos que casi se podrían llamar puertos de conveniencia. Y eso es una utilización fraudulenta de la situación actual y hay que acabar con esa posibilidad. Más allá quiere decir reconsiderar globalmente las bases del Derecho marítimo internacional en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, un derecho que está basado en principios del siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI, cuando nuestros mares los surcan cientos de miles de barcos todos los días con cargamentos, en su volumen y en su calidad, enormemente peligrosos, cosa que no sucedía hace 150 años. Más allá quiere decir, también, reforzar los derechos de los Estados ribereños en el ámbito de las 200 millas, pero también en el ámbito de los estrechos, y sobre todo reforzarlos para que se puedan defender frente a los riesgos de aquellos cargamentos especialmente peligrosos.
Más allá significa, Señorías, hablar con nuestros vecinos, que comparten con nosotros algunos mares enormemente frágiles, como pueden ser el Báltico con Rusia, el Mediterráneo, el Mar Negro, tanto con Rusia como con otra serie de países bien de Europa, bien de Oriente Próximo o del Norte de África.
Señorías, termino. No tenía que haberse producido el desastre del Prestige. Lo podíamos haber evitado. Desde la Comisión hicimos todo lo posible por evitarlo. No ha sido así, pero tenemos que evitar que haya otro Erika u otro Prestige en nuestras costas y, además, hemos de trabajar para que tampoco se produzca en las costas de otros mares, de otros continentes, porque, al final, los mares son de todos y la preocupación nos debe llevar hasta los puntos más remotos.
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, como gallego estoy hoy desolado, estoy abatido ante el panorama que tenemos delante de nosotros. Como político siento la enorme responsabilidad que tenemos hoy los diputados europeos de acertar en la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos a quienes aquí representamos. No valen ya ambigüedades ni medias tintas. Tiene que ser, como ha dicho la Comisaria, la última tragedia en la mar.
Quiero empezar, precisamente, reconociendo la labor de la Comisaria de Palacio. Antes de su llegada a la Comisión no existía, prácticamente, una política europea de seguridad marítima y hoy hay un importante paquete de medidas, que están sobre la mesa: Erika I y Erika II.
Pero aquí se ha señalado: ¿son suficientes?, ¿se aplican suficientemente? Pues no. Y el Parlamento Europeo, con su peso político y sin fisuras, tiene que dar hoy una señal política de apoyo claro a la Comisión Europea, para que los dos aliados podamos acelerar la práctica de estas medidas que tienen que ponerse en vigor.
Se ha referido la Comisaria al doble casco, que es obligatorio en los Estados Unidos, con el cual, posiblemente, este accidente no habría ocurrido. Se ha referido a las inspecciones en los puertos comunitarios (empezaremos por nuestra propia casa), en todos los puertos europeos y mundiales. Pero ya sean colonias, paraísos fiscales o puertos de conveniencia, como aquí se ha dicho, hay que controlarlos todos. La Agencia de Seguridad Marítima tiene que empezar a funcionar cuanto antes.
Yo, como gallego, no puedo en este contexto olvidarme del triste récord que nosotros tenemos en nuestras tierras: en los últimos treinta años se han producido ocho accidentes de estas características, seis en los últimos veinte años. El Finisterre atlántico lo llamamos nosotros la Costa de la Muerte. Y la Agencia Europea debe estar situada en un lugar afectado y sensibilizado por estos accidente marítimos. ¿Alguien puede ofrecer más que nosotros? Quizás Galicia pudiera verse compensada. Yo sé que no es competencia del Parlamento ni de la Comisión, pero no puedo evitar decir aquí en voz alta lo que pienso.
En cualquier caso, pedimos en la resolución la creación de estas zonas sensibles marítimo-pesqueras. Galicia, sin duda alguna, es una de estas zonas por la riqueza marisquera y pesquera que aquí se ha señalado, por su diversidad, por su ecosistema marino. Queremos alejar los corredores de la muerte, que ahora existen, e impedir que nuestro mar sea una cloaca y que los buques sean buques basura. La mar es la vida de Galicia, la base de su economía y, si me apuran, de su propia cultura. Y hoy, queridos colegas, está envenenada.
Estas medidas tenemos que empezar a aplicarlas mañana mismo con todo rigor y exigirle a los Estados que lo hagan. Y creo, señor Presidente - y lo digo aquí con la petición de solidaridad que nosotros hemos concedido en otras ocasiones a otros Estados miembros -, que este es el momento en el que la solidaridad europea debe ser efectiva. Por eso, señalamos también que todas las ayudas que nos puedan venir a Galicia son bienvenidas y, entre ellas, me gustaría señalar la del Fondo de Solidaridad. He estado estudiando su artículo 2 y creo que, en este caso, es perfectamente aplicable, si se tienen en cuenta, además, los informes que hemos aprobado en este Parlamento. También hay que tener en cuenta que Galicia es una región objetivo nº 1, cuyos recursos pesqueros y marisqueros representan más del 10% de su producto interior bruto. Por lo tanto, ante esta amenaza de colapso total -y no sabemos por cuánto tiempo-, se da una condición necesaria para que este Fondo de Solidaridad Europeo pueda actuar con nosotros.
Quiero simplemente concluir diciéndole a la Comisaria que cuente con el Grupo del Partido Popular Europeo y creo que con todo este Parlamento para apoyarla en su lucha, para que todos podamos decir que mañana mismo vamos a poner manos a la obra, que nunca más tengamos que lamentar estos accidentes y, en definitiva, quisiera darles a todos ustedes, señoras y señores diputados, las gracias por el apoyo que sé que nos van a prestar.
Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, yo querría, en primer lugar, agradecer a la Comisaria su presencia hoy en el Parlamento, prueba del enorme interés que yo sé que ella presta a este asunto que a todos nos preocupa tanto.
La marea negra provocada por el Prestige, con el doble de volumen de crudo en sus tanques del que llevaba el Erika, es ya un desastre económico, social y medioambiental para Europa, para mi región; es un problema europeo de primera magnitud cuyas consecuencias van a durar años.
El tramo de costa afectado supera ya los 300 km. y se han detectado otras tres grandes manchas que el fuerte viento del suroeste acerca a la costa. Las pérdidas son enormes para el marisqueo, la pesca de bajura, la acuicultura, el turismo y para la propia imagen de Galicia.
Galicia, que por desgracia se ha convertido en un centro de referencia para las mareas negras, continúa desprotegida, pese a que el 70% del tráfico de crudo en Europa pasa frente a sus costas. Después de cinco mareas negras, parece como si no se hubiese extraído ninguna lección efectiva. En estos momentos - y hay que decirlo así - la falta de medios técnicos obstaculiza el ansia de colaboración ciudadana.
Resulta reveladora la imagen de cientos de marineros cosiendo una gigantesca red, de cuatro kilómetros, como medio artesanal para frenar la marea negra y la de las gentes en las playas armadas de un cubo y una pala. Ciudadanos del siglo XXI enfrentándose a una catástrofe del siglo XIX con medios propios de la prehistoria. La información también ha fallado, porque la opinión pública española tiene la impresión de que ha prevalecido el intento de ocultar la gravedad de la catástrofe, de que trascendiese a la opinión pública la mínima cantidad posible de información, lo que contrasta con la grave preocupación expresada por gobiernos europeos.
La Comisaria dice -y tiene razón- que, si se aplicasen las normas europeas, la catástrofe podría haberse evitado. Dice, asimismo, que el paquete Erika entrará en vigor en 2003, pero que, sin embargo, y a pesar de la insistencia del Parlamento en sentido contrario, los buques sin tanques de lastre protectores van a poder faenar hasta el 2012, y hasta el 2026 podrán hacerlo los que tengan esa protección, y los petroleros de menor tamaño estarán eximidos de la obligación de doble casco, y todos estarán navegando. Por eso recibo con esperanza y con alegría la rápida reacción de la Comisaria y pido yo misma a los Estados miembros en el Consejo que acepten, con la máxima urgencia, sus propuestas.
Pero hay que seguir haciendo más. Por ejemplo, obligar a los petroleros que transportan mercancías peligrosas a navegar por una zona más alejada del corredor marítimo y alejar el corredor de Finisterre de la costa. Es verdad que en esta materia resulta imperioso legislar a nivel mundial, pero nosotros, en la Unión Europea, tenemos que seguir avanzando.
Los socialistas reclamamos una política de transportes y de desarrollo sostenible fundada en el principio de seguridad máxima y de prevención, que refuerce la cooperación comunitaria, los medios de inspección y las normas en materia de seguridad.
Y, una vez más, pedimos que se destinen fondos comunitarios a esta catástrofe, pero, para que la ayuda comunitaria mantenga la credibilidad -Galicia acaba de verse afectada por la falta de un acuerdo comunitario con Marruecos-, es necesario que los intereses de los perjudicados ocupen el primer lugar, y el Fondo de Solidaridad europeo para catástrofes, recién creado, nos parece el más indicado por su flexibilidad, inmediatez y por su carácter comunitario.

Sterckx (ELDR).
Señor Presidente, Comisaria, usted acaba de afirmar hace un momento que los mares son de todos, pero me gustaría que sólo los utilizaran quienes los respetan. Ese no ha sido evidentemente el caso. Tengo que decir que estoy conmocionado y quisiera pedir a mis colegas diputados de aquella región que hagan extensiva la simpatía de nuestro Grupo a todas las personas afectadas. Como legislador estoy furioso, pero también un poco abatido porque ésta es la segunda vez que hemos de afrontar el mismo problema en menos de tres años. No disponemos, ni de lejos, de todos los detalles, pero sí de algunos. La cuestión que planteo es si el paquete Erika es suficiente. El paquete Erika es evidentemente valioso y debería entrar en vigor lo antes posible, pero ¿es suficiente?
Tengo una pregunta relativa a los puertos de refugio. He mencionado los puertos de refugio y los puntos de atraque seguros en uno de mis informes anteriores. No creo que esta legislación sea totalmente incontrovertible. Me gustaría saber, una vez que tengamos todos los datos, lo que podemos hacer para mejorar la situación, de manera que un buque en peligro no sea rechazado, lo que supongo vino a agravar la situación, sino que pueda atracar en algún lugar a fin de reducir la catástrofe al mínimo.
Otra razón por la que debemos mejorar la situación es para poder hablar de compensación - algo que ni se podía mencionar en mi informe - para un puerto que sufra desperfectos en tal caso. No existe ninguna previsión al respecto. Deberíamos hacerla. De hecho, ahora se están dando tan sólo los primeros pasos.
En segundo lugar, como bien ha dicho la señora Comisaria, somos muy débiles a escala internacional. ¿No sería posible al fin, tanto en el seno de la OMI, como en caso necesario por nuestro propio bien, establecer una lista negra de los Estados que permiten el abuso de su pabellón y, de esa forma, aumentan el poder del Estado del puerto? ¿No deberíamos reconsiderar las rutas y utilizar nuestra influencia para fortalecer el papel de la OMI en este proceso? Constituye también una tarea para el Consejo; no podemos hacerla nosotros solos. Necesitamos perfeccionar nuestras leyes. Cabe aplicarlo a la Comisión, el Parlamento Europeo, a todos los Grupos - la política partidaria no debería intervenir en esto - pero también, y ante todo, al Consejo y los Estados miembros. Sin embargo, en primer lugar y ante todo, debemos ayudar a las personas afectadas y aliviar su dolor en aquella región. Creo que constituye una obligación de la Unión Europea.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, mi lengua materna es muy rica en refranes y dichos populares. Uno de esos dichos, que mi madre y mis abuelas utilizaban cuando ocurría algún accidente casero irreversible, era "a qué llorar sobre la leche derramada".
Viene este dicho al caso porque, una vez más, hoy lamentamos lo que hubiéramos debido evitar con medidas más estrictas de control y con el avance de la fecha de desaparición de los barcos de un sólo casco - y que conste que esto lo escribí, señora Comisaria, antes de escucharla a usted, y por lo tanto estoy de acuerdo con lo que usted dijo al principio -. Hay que exigir el cumplimiento de las leyes que aprobamos, pero también revisar aquellas que no sean suficientemente rigurosas.
El naufragio del Prestige castiga de nuevo a una zona que ha sufrido en los últimos años tres graves accidentes de estas características: en 1976, el Urquiola, el Mar Egeo en 1992 y el Prestige este año. Todavía no he ido a Galicia -voy a ir mañana-, pero sé que hay que hablar con los pescadores y con los mariscadores para saber perfectamente hasta dónde llega la tragedia a la que se enfrentan y la necesidad de ayuda que tienen, ayuda con cuya concesión está plenamente de acuerdo nuestro Grupo. Pero tenemos que evitar que vuelva a ocurrir algo así, porque, además de la catástrofe social y económica que supone, es una catástrofe ecológica que afecta a zonas de la red Natura 2000, a la biodiversidad y a la riqueza de una región como Galicia.
Señora Comisaria, a la hora de votar en este Parlamento hay que recordar la catástrofe, porque vamos a discutir en los próximos meses una directiva muy importante, que tiene que ver con la responsabilidad por daños medioambientales, y vamos a recordar todos aquí qué es lo que vamos a votar. Porque hay veces que se necesitan medidas más estrictas y hay muchas resistencias - por parte de los lobbies presentes en este mismo Parlamento - a votar esas medidas más estrictas, más serias y más rigurosas.
Voy a utilizar los segundos que me quedan, señor Presidente, para - en nombre de mi compañera Ilda Figueiredo, que se ha tenido que ir - decir que también ella manifiesta su solidaridad con los afectados por la marea negra, exige medidas de control más rigurosas para evitar que vuelva a ocurrir, considera importante que se establezca una lista de zonas marítimas sensibles y que deben ser objeto de una protección especial en Galicia, Bretaña, y ella recuerda que también en Portugal - que está cerca de la zona -, e insiste en la aplicación de los paquetes Erika I y II, adelantando sus fechas de aplicación, solicita medidas eficaces contra los pabellones de conveniencia y la movilización del Fondo de Solidaridad para la reparación de los daños medioambientales e indemnizaciones a las personas afectadas.
Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, la poetisa nacional de Galicia, Rosalía de Castro, que siempre se sintió hondamente solidaria con el destino del pueblo gallego, acuñó la expresión de «sombra negra» para designar la sensación de angustia que le embargaba. Hoy, Galicia y toda Europa padecen la «sombra negra» causada por la irresponsabilidad política y los intereses despreciables de las mafias que controlan el tráfico marítimo y los pabellones de conveniencia.
La catástrofe del Prestige es ya la cuarta acaecida frente a las costas de Galicia en los últimos años. Los nombres de Urquiola, Mar Egeo y Casón forman parte, junto con el de Prestige, de nuestra conciencia y nuestra desgracia colectiva. En la Costa de la Muerte y en las Rías Baixas y las Rías Altas, estas desgracias se recuerdan con mayor realismo. Por eso, en estas situaciones de emergencia, los hombres y mujeres de Galicia nos preguntamos: ¿de qué nos sirve el Estado español, la Autoridad cuya principal tarea y responsabilidad en este momento histórico consiste en proteger a nuestro pueblo, nuestra naturaleza, la maravillosa naturaleza gallega, y nuestra economía, la persistente y sufrida economía gallega? ¿De qué nos sirve el Presidente del Gobierno, que no ha estado presente en Galicia en un momento trágico, mientras los habitantes de la Costa de la Muerte y de las Rías sufrían la agresión del Prestige, y que, para escarnio universal, se encontraba en Praga con la OTAN, asistiendo a cenas y aplaudiendo obsequiosamente al Presidente Bush y sus ataques unilaterales y preventivos?
Como gallego y como defensor de la integración europea, me pregunto qué han hecho de notorio las autoridades gallegas y de la UE en esta trágica situación. Fue precisamente en este Parlamento donde las posiciones reaccionarias de los diputados contribuyeron - y en este contexto debo dar la razón a la Comisaria - a modificar la legislación recogida en el paquete Erika, que hubiera evitado que este maldito buque hubiera seguido navegando por nuestros mares.
No nos hagamos ilusiones: esta catástrofe tiene consecuencias idénticas a las de cualquier catástrofe nacional, pero realmente es un desastre político y sabemos quiénes son los partidos culpables. Señor Presidente, la sede de la Agencia Europea de Seguridad Marítima todavía no se ha decidido, contraviniendo la legislación del paquete Erika. Una vez más, los gobiernos de los Estados miembros no han estado a la altura de las circunstancias. Después de lo ocurrido en Galicia, ¿puede quedar alguna duda de que la Agencia deba tener su sede en una región donde se produce la mayor concentración de tráfico intercontinental y donde existe el mayor riesgo de accidentes?
Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el Prestige ha sido una catástrofe anunciada y eso es lo que convierte el asunto en especialmente intolerable, al tiempo que nos coloca en una posición más difícil para responder a las preocupaciones, el miedo y la desesperación de los pueblos de Galicia y del Miño en la región septentrional de Portugal. Ha sido una catástrofe que cabía esperar porque sabemos lo enormemente vulnerable que son nuestras costas, sobre todo en Bretaña, Galicia y mares de Portugal, tanto en el Portugal continental como en las aguas de rodean Madeira y las Islas Azores, todas ellas rutas y encrucijadas marítimas pobladas. Estaba además condenada a ocurrir por las condiciones horrorosas en que aún viajan muchos buques, transportando mercancías peligrosas y altamente contaminantes, mientras que nosotros nos mostramos dubitativos y lentos a escala europea y mundial acerca de la adopción de medidas rigurosas y obligatorias en cuanto a la prevención y orientación, de apresamiento y desguace. La catástrofe estaba llamada a ocurrir, por último, porque estaba claro que el Prestige se iba a partir y hundir, dejando en el aire interrogantes acerca de si las medidas adoptadas en el momento en que se declaró la emergencia hace una semana y después fueron correctas y apropiadas.
Ahora tenemos una bomba de relojería en el fondo del mar; nadie sabe exactamente lo que va a pasar con ella, al tiempo que los efectos ecológicos, sociales y económicos del petróleo derramado ya están siendo terribles en cientos de kilómetros de costa, y la amenaza que se cierne sobre la costa, los estuarios fluviales y el futuro inmediato de cientos de miles de personas que se han visto afectadas directa e indirectamente, ya sean nuestros hermanos gallegos, ya sean las del norte de Portugal, que están rezando para que remita el peligro, es enorme.
Tenemos que dar tres tipos de respuestas: para el presente, para el futuro y para el pasado. Hemos de responder al presente en cuatro planos: tenemos que movilizar todos los medios disponibles para controlar y reducir al mínimo los efectos contaminantes, investigar con rigor los riesgos que se derivan del banco hundido con 60 000 toneladas de petróleo en sus tanques y mantenerlos bajo control estricto, debemos hacer pagar a los responsables, socorrer a la población atemorizada y atribulada proporcionándole cuanta ayuda necesite y colaborando en la recuperación de la economía local.
A continuación hemos de responder cara al futuro: tenemos que poner en marcha la Agencia Europea de Seguridad Marítima - a mi personalmente me gustaría que estuviera radicada en Portugal - y aumentar los recursos para la inspección de puertos y costas. Sobre todo, debemos respaldar la postura de la Comisaria Sra. de Palacio. Señora Comisaria, no lo dude: siga adelante. El Parlamento y el Consejo deben mostrarse a la altura de lo que estas comunidades reclaman.
Por último, hemos de responder al pasado: la prevención de catástrofes futuras y la limitación más eficaz de los daños causados exigen la verificación y clarificación objetiva y rigurosa de todas las circunstancias y reacciones ante tales catástrofes, lo que nos permitirá efectuar una evaluación técnica de si las reacciones fueron correctas o erróneas. Hemos de asegurarnos de que, a la vista de una emergencia similar en el futuro, todas las autoridades competentes sabrán dar con prontitud y coraje las respuestas que resulten más eficaces para anticiparse de verdad a los daños y riesgos medioambientales y, en consecuencia, sean las más aptas para limitarlos y controlarlos.

Varaut (NI).
Señor Presidente, ya se ha dijo todo aquí, durante los meses posteriores al hundimiento del Erika, acerca de los buques basura, la insuficiencia de los controles y la complacencia de los Estados de matriculación. Votamos dos paquetes de medidas. Muchas de ellas son buenas. Sin embargo, nada ha cambiado, y mientras el Parlamento discute, todos los días parten buques por la ruta del Ouessant, dispuestos a derramar su petróleo en las costas de la Vendée o de Galicia si da la casualidad que les coge una tormenta.
Como abogado, antes de entrar a formar parte del Parlamento, he dedicado cientos de horas a las víctimas del Erika, a los profesionales y a los grupos locales. Mañana, ¿tendré que volver y decirles: «estamos conmocionados, muy conmocionados, pero no podremos hacer nada antes de tres años debido a la codecision»? Señora Comisaria, usted ha dicho hace un momento: «Lo quiero hic et nunc», pero el sistema responde: «non possumus».
Así, mientras los norteamericanos se protegían en el plazo de pocos meses con medidas inmediatas, nosotros necesitamos años para adoptar medidas con efecto retardado, cuyo alcance será en última instancia insuficiente. Insuficiente por dos razones. En primer lugar, porque los Tratados no permiten a los países amenazados, como Francia o España o Portugal, protegerse unilateral y rápidamente cuando las circunstancias lo exigen, y además porque estos países han de rendirse ante otros países para los que la seguridad marítima no constituye ninguna prioridad. Además, porque no habremos conseguido nada hasta haber obligado a las compañías petrolíferas a asumir la plena responsabilidad por el transporte de sus mercancías, de forma que la seguridad quede garantizada por los empresas ricas, conocidas y con su reputación en juego, y no por los armadores carentes de identidad o nacionalidad.

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, lo que ha ocurrido frente a las costas de Galicia ha sido realmente dramático y debemos manifestar nuestro apoyo a las gentes y a nuestros queridos amigos de dicha región; a mi me resulta dramático por partida doble ya que, por mera coincidencia, ha ocurrido en el país de la Comisaria responsable de Transporte quien, como todos sabemos, ha realizado un esfuerzo ímprobo por mejorar la seguridad marítima.
Sea como fuere, creo que nos corresponde a todos nosotros investigar lo antes posible lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y, por supuesto, no resulta sencillo extraer ninguna conclusión cuando se tiene un buque navegando con pabellón de Bahamas, un país que, si me permiten recordárselo, no se halla en la lista negra, ni siquiera está en la lista gris del denominado memorándum de París (MOU), un buque operado por una compañía liberiana, propiedad de un griego y controlado por una sociedad de clasificación norteamericana, de hecho una de las mejores sociedades de clasificación en el mundo, un buque fabricado en China, que procede de Letonia y Rusia, que fue equipado en Gibraltar, etc. Así que tenemos que averiguar quién de todos ellos era o no era culpable y debemos ser, obligatoriamente, sensatos y persistentes. Pienso que al final llegaremos al fondo de la cuestión y la Comisión Europea nos será de gran ayuda.
¿Qué tenemos que hacer a continuación? Evidentemente necesitamos un paquete de medidas. Durante los últimos días, he estado hablando con varios diputados que están a favor del doble casco. Otros propugnan las inspecciones portuarias, otros hablan de la responsabilidad de las sociedades de clasificación y los pabellones de conveniencia, otros apuntan a la falta de puertos de refugio. Creo que, quienes tenemos que tratar diariamente con estos temas, sabemos que no existe la panacea universal. No existe ninguna panacea, Señorías, necesitamos un paquete de medidas, necesitamos seguir peleando en todos estos frentes de inmediato.
Si queremos hacer algo al respecto, pienso que primero tiene la Comisión Europea que ser estricta aplicando la legislación comunitaria que ya está en vigor. Los países que no cumplan la legislación comunitaria deberán comparecer ante el Tribunal de Justicia y pienso que la señora de Palacio se encargará de ello. En segundo lugar, tenemos que darnos prisa en la aplicación de los paquetes Erika I y Erika II. Hemos aprobado 5 Directivas de forma casi unánime aquí en el Parlamento, Señorías, y evidentemente necesitan ser puestas en práctica, junto con una Directiva anterior sobre el vertido de basura en el mar que - teóricamente - está siendo aplicada. Lo único que queda por ver es si se está aplicando realmente.
Necesitamos avanzar con la otra propuesta de la Comisión Europea relativa al Fondo de Solidaridad Europeo. Permítanme recordarles que el Parlamento Europeo ha aprobado dichas propuestas de la Comisión Europea y que la propuesta se ha quedado atascada en el Consejo. Así que tendremos que presionar al Consejo.
Estoy totalmente de acuerdo con la prohibición de transportar fuel pesado en petroleros de casco simple. Les recuerdo que, como ponente, he propuesto personalmente tal medida a la hora de debatir la retirada de los buques de casco simple. Desgraciadamente, figura en las actas del Parlamento Europeo pero no fue aprobado porque surgieron algunos sabelotodos de la izquierda, la derecha y el centro argumentando que la propuesta no era factible. Creí que era factible entonces y creo que es factible hoy y que debería avanzar por este camino, señora Comisaria.
Lo que ha dicho el Sr. Sterckx acerca de las regiones sensibles desde el punto de vista medioambiental también es correcto. Es preciso que marquemos pasillos para los petroleros, a fin de garantizar que dichas zonas no resultan contaminadas.
Y lo que es más importante en este momento, la Unión Europea tiene que demostrar su solidaridad con el pueblo gallego. Es preciso ayudar a esta gente. Disponemos de los Fondos estructurales, disponemos del Fondo de Solidaridad y tenemos que hacer lo máximo posible para ayudar a Galicia a volver a la normalidad a la mayor brevedad.
Piecyk (PSE).
Señor Presidente, la catástrofe del petrolero Prestige es una tragedia terrible. Tenemos que mostrar nuestra solidaridad y esta - como nuestros colegas portugueses y españoles deben saber - tiene que ser tangible y no abstracta. Por eso la región y sus gentes necesitan la ayuda de Europa urgentemente. No creo que nadie se atreva a ponerlo en duda.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que este tipo de desastre se puede producir en cualquier momento, señora Comisaria, ya que durante años siempre se ha repetido la misma historia. La combinación de un viejo petrolero, sólo apto para chatarra, y un pabellón de conveniencia - en esta ocasión, de las Bahamas - suele ser la causa. Los pabellones de conveniencia son sinónimos de mala calidad, de un buque malo, de mala tecnología y una mala tripulación. Por lo general, la historia termina con una falta de asunción de responsabilidad organizada, de manera que ya nadie sabe de quién es la culpa realmente.
Esa, señora Comisaria, es la justificación del apartado 3 de nuestra resolución. Tan pronto como esté disponible toda la información, esperamos recibir un informe de usted describiendo quién ha sido el responsable de esta catástrofe, cuándo, cómo y por qué. Creo que también debemos dedicar algunas palabras a las autoridades españolas en relación con este tema.
Me han sorprendido algunas declaraciones efectuadas por algunos Ministros de Transporte en los últimos días y las exigencias que están formulando. Estos Ministros de Transporte aparentemente han olvidado que, por ejemplo, el Reglamento sobre indemnizaciones en caso de responsabilidades por contaminación por petróleo, aprobado por la Comisión y el Parlamento, lleva encima de la mesa del Consejo desde hace más de un año, sin que se haya hecho nada al respecto. Señora Comisaria, tiene todo el apoyo del Parlamento para ponerles una bomba a estos caballeros en el Consejo con el fin de que dispongamos pronto de una normativa. Siempre que se trate de incidentes de este tipo, hemos de pedir responsabilidades a las compañías petrolíferas, los armadores, las compañías de fletes y las sociedades de clasificación.
El sistema de pabellones de conveniencia no puede continuar en su forma actual, señora Comisaria. Le ruego considere elaborar una propuesta al respecto. Necesitamos el transporte marítimo europeo; necesitamos buenos buques europeos con buenas tripulaciones europeas. Los pabellones de conveniencia constituyen una lacra en el sistema. Contribuya a erradicarlos mediante una buena propuesta de la Comisión. El Parlamento lo tramitará con urgencia.
Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, como ciudadano de la UE me siento profundamente afectado por el hecho de que existiera la posibilidad de que se produjera esta catástrofe. Se trata de un nuevo desastre, aunque después del último afirmáramos que era demasiado tarde para cerrar la puerta del establo una vez se había escapado el caballo. La puerta del establo evidentemente no había quedado cerrada. Los hechos no habían quedado suficientemente esclarecidos, algo de lo que tienen la culpa los políticos.
Estoy de acuerdo con la Sra. de Palacio cuando afirma que el Consejo ha fallado a la hora de asumir su responsabilidad. Ha ocasionado un perjuicio a la gente que vive en la costa española, un perjuicio a la industria pesquera, un perjuicio al medio ambiente y, sobre todo, un perjuicio al transporte marítimo, un tema al que queremos dedicar tanta atención. Resulta especialmente desafortunado que necesitemos un nuevo desastre para incluir este tema en el orden del día. Creo asimismo que debemos aprobar esta resolución y que todos debemos asegurarnos que queda aceptada en todo el estamento político para evitar otra repetición.
Al fin y al cabo, a los ciudadanos no les preocupa qué organismo político es responsable del tema. Bastante tienen con recoger los restos, así que necesitan ayuda. Pienso que es nuestra obligación conjunta vigilar este tema muy de cerca, así como controlar la puesta en práctica de la solución del problema con que nos enfrentamos.
Constato que ya están trabajando las primeras dragas remolcadas. Sin embargo, según las predicciones meteorológicas los vientos van a aumentar esta noche y, entonces, mañana estaremos de nuevo en la casilla de salida. En resumen, espero que, dado el petróleo tan pesado, se pueda garantizar el bombeo del fuel desde el propio buque petrolero.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, hablo en nombre del Sr. Dhaenen, mi colega flamenco del Grupo de los Verdes, que es miembro de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo. En primer lugar, deseo dejar constancia de mi solidaridad y de la de mi Grupo con la gente de Galicia.
Es una tragedia social para quienes viven junto al mar y del turismo. La auténtica magnitud de esta catástrofe económica y ecológica empieza a vislumbrarse cada vez con mayor claridad. Ante nuestros ojos se está desplegando un verdadero desastre. La verde costa de Galicia comienza a teñirse de negro. La indignación aumenta con cada hora que pasa. Todo el mundo se pregunta cómo ha podido ocurrir después de todos los desastres anteriores. El desastre del Erika aún está fresco en nuestras memorias y el naufragio del Amoco Cádiz en 1978 despertó la conciencia medioambiental en mucha gente de mi generación. Cada vez que se produce un desastre, nos enfrentamos a las nefastas consecuencias de la negligencia.
Es una desgracia que la Agencia Europea de Seguridad Marítima no inicie su andadura hasta el año que viene. Es una desgracia que el control por parte de las autoridades portuarias sea insuficiente y, en muchos casos, se realice de manera más que cuestionable. Es una desgracia que las ruinas de casco simple sigan surcando los océanos y su curso les lleve cerca de regiones vulnerables. Hay algo esencialmente erróneo en nuestro sector del transporte. Me gustaría citar al Sr. Rijnigerd, antiguo director de la empresa de rescate Smit, con sede en Rotterdam, que afirmaba que «intentar transportar un cargamento de petróleo de la forma más barata posible desde Letonia hasta Gibraltar en un petrolero anticuado y mal conservado son ganas de buscarse problemas».
Así pues, hay manzanas podridas que es necesario eliminar. Son tiburones que se cuelan a través de las redes. Sin embargo, hemos de admitir que la red que se supone debería atraparlos todavía está por tender. Como miembros del Grupo de los Verdes, estamos a favor de más transporte por mar, pero esas autopistas marítimas no deberían estar accesibles para los vaqueros y los criminales medioambientales. Nos gustaría argumentar a favor de menos transporte, menor utilización de combustibles fósiles y mayor implicación por parte de una Unión Europea ecológica más amplia y más madura.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, quiero comenzar por solidarizarme, naturalmente, con las comunidades que han resultado afectadas. En estas ocasiones es necesario concentrarse en lo que es más urgente: la necesidad de movilizar los recursos técnicos y financieros a fin de minimizar los daños medioambientales, de regenerar los ecosistemas y de apoyar las actividades económicas afectadas por este accidente.
Sin embargo, existe un debate que, aun cuando no sea tan urgente, tiene una enorme importancia: el de la responsabilidad. En este asunto se ha de aplicar la regla de «quien contamina, paga», investigando, juzgando y castigando a los responsables. Sin embargo, hemos de ir más allá de simplemente encontrar a alguien a quien echar la culpa. Hemos de delimitar la responsabilidad, en primer lugar de quienes deberían haber efectuado la inspección y no lo hicieron, y de quienes realizaron la inspección y no actuaron en consecuencia. En segundo lugar, tenemos que determinar la responsabilidad de quienes gestionaron la crisis, en particular, hemos de poner en claro por qué la UE en su conjunto no se vio implicada en la gestión del riesgo desde un principio, a sabiendas de que las consecuencias del accidente fácilmente traspasarían las fronteras de un país y afectarían a todo el patrimonio natural de Europa.
En cuanto al futuro, espero que los Estados miembros presten oídos al llamamiento bien formulado y el liderazgo de la Comisaria de Palacio, con vistas a la aplicación inmediata de los paquetes Erika I y Erika II, y que apoyen la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

Savary (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar y con la sinceridad que todo el mundo reconocerá en un francés procedente de la región atlántica, quiero expresar mi solidaridad y compasión a todas las personas y profesionales en Galicia y Portugal que se han visto afectados por este nuevo desastre.
Creo que la situación en que nos encontramos es extremadamente peligrosa, ya que la opinión pública tiene motivos sobrados, en la medida en que tales desastres continúan ocurriendo, para sorprenderse, dudar, impacientarse e incluso soliviantarse contra la impotencia de las autoridades públicas. Sin embargo, Comisaria, tiene usted razón al afirmar que la Unión Europea ha hecho mucho, que ha cumplido con su obligación en un tiempo realmente notable en lo que a legislación se refiere.
¿Dónde está entonces el problema? Creo que lo ha formulado el Sr. Varaut. El problema estriba en que nos movemos en un ámbito en el que existe cierta urgencia, en el que la función de las autoridades públicas para garantizar la seguridad es algo muy anhelado por la población y en el que, en realidad, la soberanía compartida crea problemas notorios. En fechas recientes, mi gobierno se ha mostrado indignado por no haberse puesto todavía en práctica ninguna medida; Francia aún va retrasada en cuanto a las inspecciones por las autoridades portuarias.
Pienso que sólo podremos superar esta situación si un día, lo más pronto posible, conseguimos crear un ámbito europeo independiente de seguridad marítima, con legislación independiente, que utilice Reglamentos en vez de Directivas - ya que las Directivas prácticamente todavía no se han transpuesto en ningún Estado miembro - con controles y sanciones independientes.
Creo que esa debería ser nuestra ambición, o fracasaremos y condenaremos a nuestra gente al triste espectáculo de un partido de tenis de mesa entre la Comisión y la Unión Europea, por un lado, y los Estados miembros por otro, en el que cada uno tratará de derrotar al otro en unas circunstancias dramáticas que la población no entiende.
Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, de "prestigio" nada de nada, todo lo contrario. Lo sucedido en las costas gallegas con este singular petrolero, procedente de un paraíso fiscal, con bandera de conveniencia y además, en competencia desleal y comercializando petróleo de manera bastante extraña, no puede ni debe volver a repetirse en ninguno de los mares del planeta. Está claro que cada vez hemos de ser más exigentes con la seguridad en el transporte, sobre todo en el de mercancías peligrosas y en el mar.
En nuestro caso debemos adoptar las medidas pertinentes para que no vuelvan a repetirse catástrofes como la sucedida con esta bestia negra, cuyo significativo impacto ecológico debe obligarnos a reflexionar a los miembros de esta Cámara.
Uno se pregunta ¿cuántos petroleros más tenemos que aguantar? ¿Se han dado cuenta de los impactos negativos que este desastre ecológico ha ocasionado en la pesca, en la naturaleza, en el turismo, en la sociedad de esta Galicia Finisterre? ¿Hasta cuándo? De nosotros depende, pero hay que acelerar y revisar las medidas que se adoptaron para el caso Erika - como bien acaba de señalar la señora Comisaria -.
Por último, expreso nuevamente nuestra solidaridad con los gallegos y espero que la Unión Europea la demuestre con sus acciones.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, los sentimientos que albergamos a la vista de esta tragedia son sentimientos de cólera. Cólera por sus trágicas consecuencias y cólera también porque estamos hartos de las acusaciones contra Europa. Si hubiéramos hecho caso a la Comisión, si hubiéramos hecho caso al Parlamento Europeo, no estaríamos en esta situación. Ya está bien de que se nos acuse sin razón alguna, ya que disponemos de una legislación adecuada y no hay ninguna necesidad de crear más legislación. Es necesario aplicar la legislación y ahí radica el problema. Tras el hundimiento del Erika, Francia, que entonces ocupaba la presidencia de la Unión Europea, y el gobierno socialista de aquella época hicieron de la seguridad marítima una prioridad absoluta. Si la situación no fuera tan trágica, hasta podríamos reírnos de ella.
Ustedes conocen el resultado. Francia fue criticada por la Comisión Europea por no respetar la Directiva sobre inspecciones por las autoridades portuarias. ¡Basta ya! Ya hemos tenido suficientes fracasos de los Estados miembros y del Consejo. De hecho, el Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, acaba de solicitar que la seguridad marítima tenga prioridad en el orden del día de la próxima reunión del Consejo Europeo. Espero que ningún Estado miembro costero deje de responder a dicho llamamiento.
Disponemos de la legislación, que es suficiente gracias al paquete Erika II. Es necesario aplicarla. Necesitamos aumentar los controles, asegurar la integridad de quienes realizan dichos controles y definir qué puertos deben poder acoger buques en situación de peligro. Tenemos que expresar asimismo nuestra plena solidaridad con las gentes de Galicia, que van a sufrir terriblemente en cuanto a la pesca y el turismo. Dicho esto, la catástrofe medioambiental es aún peor, ya que no puede repararse simplemente mediante subvenciones. La Bretaña está sufriendo, y continuará sufriendo durante mucho tiempo, a cuenta de su biodiversidad y del equilibrio ecológico, que resultan esenciales para mantener los recursos pesqueros y preservar las especies. ¿Para qué sirven «Natura 2000» y nuestras Directivas de protección si no hacemos nada en pro de la seguridad marítima?
Hoy, el Consejo es responsable de haber bloqueado la legislación que hemos aprobado. Hoy, son las gentes de los Estados costeros, ciudadanos europeos, quienes le están pidiendo, señora Comisaria, que sea intransigente.
Miller (PSE).
Señor Presidente, sin duda alguna, estamos ante una catástrofe global que afecta a las costas europeas y Europa debe facilitar todos los recursos para combatirla. Estoy consternado por la información de que la Comisaria sugiere que Gibraltar es hasta cierto punto responsable por no haber inspeccionado el barco.
Quiero puntualizar a la Comisaria que el Prestige sólo ha recalado en Gibraltar una vez en los últimos cinco años y en aquella ocasión ni siquiera entró a puerto porque repostó en el exterior. Durante este período ha atracado en otros puertos, incluidos los puertos de Algeciras, Dunkerque, Cork, Rotterdam y Kalamata. Hay un dicho en Glasgow que viene a cuento: si vives en un invernadero no te acuestes con tu jardinero.
Tras el hundimiento del Braer frente a las costas de Escocia en 1992, el Sr. Neil Kinnock impulsó una ley sobre buques de doble casco. Como muy acertadamente ha indicado la Comisaria, la propuesta fue aplazada por el Consejo hasta el año 2015. Sin embargo, ahora necesitamos una nueva legislación para dejar bien atado cualquier cabo suelto.

García-Orcoyen Tormo (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, el desastre del Prestige pone una vez más de manifiesto la insuficiencia de las actuaciones comunitarias para acabar con las estrategias de determinados armadores y propietarios de carga de petróleo para burlar la normativa sobre seguridad en el transporte marítimo.
A pesar de que la historia se repite, sigue siendo complicado establecer datos sobre el origen y el destino de la carga, así como las características exactas de la misma. Continúan operando buques viejos, que utilizan banderas de conveniencia de países menos exigentes en materia de seguridad, con una tripulación en la mayoría de los casos que no responde a la profesionalidad y conocimientos necesarios para este tipo de transporte.
Es evidente que un problema que se repite con esta frecuencia y que acarrea tan graves consecuencias para la economía de una región y para sus ecosistemas marinos y costeros debe ser abordado con todo rigor y rapidez mediante medidas conjuntas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
No deben hacerse esperar medidas como la ampliación de los corredores marítimos, de manera que los barcos que transportan materias peligrosas se alejen de la costa, sobre todo cuanto navegan por zonas de alta sensibilidad ecológica como es el caso de las costas gallegas.
Debemos también plantear, con carácter de urgencia, el adelanto de los plazos de obligatoriedad del doble casco así como la intensificación y mayor calidad de las inspecciones. Ya lo ha manifestado con toda claridad la Comisaria Loyola de Palacio. Es también necesaria la entrada en vigor, en el plazo más breve posible, de toda la normativa comunitaria: los paquetes Erika I y Erika II. Pero, sobre todo, es imprescindible la aplicación estricta de las normas existentes. 
No debemos tampoco dejar de tener presente el rostro humano de este desastre y la importancia de que las ayudas lleguen a sus destinos lo antes posible. Ayer estuve en Galicia, donde la desolación de los pescadores es realmente impactante. Estas gentes merecen que, a través de este debate y de las medidas de urgencia que del mismo se deriven, la Unión Europea contribuya decisivamente a devolverles la confianza en el futuro.

Lage (PSE).
Señor Presidente, Señorías, los incomparables parajes naturales de las costas de Galicia y el estuario del Miño, así como las comunidades que viven en el litoral, se hallan de nuevo amenazadas, esta vez por este increíble naufragio, que es un verdadero muestrario de todo lo que no debiera seguir ocurriendo en nuestros mares. ¿Cuántas catástrofes más son necesarias para que se adopten medidas eficaces? Hay una enorme indignación, pero esta indignación debe ir acompañada de medidas de emergencia; no podemos esperar simplemente a que se cumplan los plazos dilatados de los paquetes Erika I y Erika II. No basta con expresar solidaridad moral y demostrar simpatía; tenemos que actuar tan rápido como sea posible y, como he dicho, adoptar medidas de emergencia. Debe practicarse ahora una solidaridad eficaz, sobre todo con las comunidades del norte de Portugal, que serán las primeras en padecer las consecuencias de este accidente, de este tipo de naufragio que no debe producirse nunca más en nuestras costas; si no adoptamos tales medidas, los propios individuos manifestarán su escepticismo acerca de Europa y los gobiernos europeos.
Ojeda Sanz (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero, antes de empezar, decir que hablo en nombre de mi compañero, el Sr. Pérez Álvarez, gallego, que ha marchado urgentemente a su tierra.
Y quiero decir que compartimos plenamente las palabras de la Comisaria y apoyamos esas medidas que marcan una línea clara de actuación. También compartimos su deseo de agilidad en la aplicación de las mismas. Esto es lo necesario, y lo que sobra es la demagogia política que se ha desprendido de algunas de las intervenciones que hemos oído aquí.
Quizá ésta sea la reflexión del paisano gallego, que ve oscuro su futuro y el de su familia después de la que ya se ha calificado como la mayor catástrofe ecológica, económica y social de la historia de Galicia. Comprendemos que el pueblo gallego esté hoy triste y que esté irritado, y esa tristeza y ese enfado tienen rostros conocidos y carnet de identidad: todos y cada uno de los damnificados y directamente afectados por la marea negra, provocada por el desastre del petrolero, y todos y cada uno de los gallegos que, en Galicia y en el mundo, aman su tierra y todos aquellos que con ellos nos sentimos solidarios.
En el otro lado están los responsables, el rostro de los cuales se pierde o se oscurece a través de abanderamientos de conveniencia y de tramas jurídicamente urdidas a ese efecto, y al objeto de burlar fraudulentamente las normas del mercado interior, sin preocuparles el posible daño ecológico - ahora real - y el perjuicio social y económico, y - sin ánimo de ser alarmista - el que pudiera seguir produciéndose también, por el efecto dominó, para las comarcas costeras. Creo que lo dicho es suficiente y tenemos que mirar hacia adelante, aprendiendo del pasado inmediato.
El Gobierno gallego ha declarado que no va a poner límites a las ayudas a los damnificados. El Gobierno español y la Comisión Europea anuncian medidas. Pero situaciones como ésta ni pueden ni tienen que volver a producirse, y hay que reparar y evitar los efectos que puedan extenderse todavía a nuevas zonas de Galicia o de Portugal, porque el riesgo continúa estando ahí.
Todos agradeceremos las medidas que se tomen, especialmente los que viven, trabajan y sufren a lo largo de nuestras costas.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, comenzaré expresando mi solidaridad política más honda con nuestros vecinos y amigos en Galicia, por el sufrimiento que esta tragedia les ha causado ahora y les causará en el futuro.
La Unión Europea y sus Estados miembros no deben por tanto escatimar ningún esfuerzo a la hora de ayudar a minimizar la dimensión de los efectos del desastre y compensar a las principales víctimas en todo lo posible por los daños causados. Debemos aprovechar la oportunidad de la catástrofe del petrolero Prestige para hacer algunas puntualizaciones. La primera es que el accidente debe someterse a una investigación rigurosa, no sólo en cuanto a las normas de seguridad de la UE relativas a este tipo de transporte, sino también sobre la razón del rumbo seguido por el buque, que tras haberse alejado hacia el oeste, de repente puso proa hacia el sur y se hundió a sólo treinta millas de aguas portuguesas. Mi segunda observación se refiere a que debemos ser conscientes de que esta catástrofe también podría afectar seriamente a la costa norte de Portugal, bien ahora o más adelante, y la Unión Europea debe prever asimismo ayudas para Portugal a fin de mejorar sus recursos destinados a movilización, control y prevención. El sector pesquero, de hecho, ya ha comenzado a verse afectado. Por último, a pesar de ser evidente que los efectos de la tragedia se dejarán sentir en muchos sectores de la economía, no existe ninguna duda de que el sector más afectado es el de la pesca y la acuicultura.
Por tanto, considero crucial que, en el marco de la ayuda que se va a movilizar, se piense en la necesidad de una plan de emergencia específico para dichos sectores. No creo que los 117,7 millones de euros que el Comisario Fischler ha anunciado para España y los 15 millones de euros para Portugal vayan a resolver los problemas, no sólo por el monto total, que es limitado, sino porque, en lo que concierne a Portugal, debe quedar abierta la posibilidad de que esta cantidad se vea incrementada en el caso de que la situación en sus costas empeore.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la compensación por la suspensión prolongada de la actividad de la pesca no será suficiente. Lo que se precisa, tal vez, sea reflexionar sobre otro tipo de medida más básicas para proporcionar un empleo alternativo para estos pescadores, por ejemplo, pescar en otras aguas a medio plazo.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, el naufragio del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia es una gran desgracia, que no debería haber vuelto a producirse jamás en la Unión después del accidente del Erika. Los Estados miembros se han comprometido con la práctica por la cual los puertos de carga están obligados a inspeccionar las condiciones del buque y, en caso necesario, impedir que el barco parta sin que se hayan efectuado las reparaciones, siempre que se considere que el riesgo es demasiado elevado.
Desgraciadamente, está práctica todavía no está en vigor en los países candidatos a la adhesión, y el barco había cargado en un puerto del mar Báltico. El riesgo es especialmente notorio en el Báltico, donde existe un enorme tráfico regular y la mercancía consignada a menudo está formada por materiales y sustancias que la ecología del Báltico simplemente no sería capaz de resistir si sufriera una agresión por ellas.
Como persona que vive en la costa báltica, deseo expresar mi profundo pesar a los residentes de Galicia y a todos aquellos cuya existencia se halla actualmente en grave peligro.
Evidentemente, imputar a los puertos la responsabilidad sobre las condiciones de los buques a cargar no es suficiente. Los propietarios de la mercancía también deben ser considerados responsables, ya que también están interesados en garantizar que sus mercancías consignadas quedan organizadas de forma responsable y segura. En segundo lugar, las prácticas de las compañías de seguros y las condiciones que ofrecen tendrán que ser modificados en caso necesario por medio de la normativa comunitaria, de forma que la opción más barata para un armador no sea la de hundir su barco cuando éste se halle en peligro. Las leyes aseguradoras deben fundamentarse en el concepto de que el rescate del barco debe ser posible y la opción más barata para el tenedor de la póliza.
Hemos de adoptar estas prácticas rápidamente y sin hacer ninguna excepción. Resulta lamentable que los legisladores sólo sienten cabeza y se muestren firmes después de haberse producido un accidente. Pero, una vez se haya borrado el accidente de la memoria de la gente, ya no se adopta ninguna medida sensata o urgente para evitar accidentes futuros. Por el contrario, todo el mundo comienza frenéticamente a velar por sus intereses y comienza la lucha por prolongar los periodos de transición, ya que la gente quiere esquivar las reglamentaciones con la esperanza de salir bien librado. Necesitamos un paquete Prestige como extensión del paquete Erika, que la Comisión debiera comenzar a elaborar de inmediato con la idea de terminarlo rápidamente.

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero contestar al Sr. Miller, porque me parece que la información de que dispone es errónea.
Tengo aquí a su disposición, suministrado por la autoridad marítima de las Bahamas, exactamente los movimientos del barco Prestige en los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
En el año 1999, toca el puerto de Rotterdam y es, por última vez, cuando se le hace una inspección a fondo conforme al memorándum de París en un puerto europeo, hasta que vuelve, antes del verano, a tocar el puerto de Kalamata, en Grecia, puerto y autoridades a quienes me he dirigido para preguntar cómo estuvo el barco Prestige en Grecia y no fue objeto de una inspección conforme al memorándum de París. Luego toca el puerto de Gibraltar y también en este caso me he dirigido a las autoridades británicas para preguntarles por qué no llevaron a cabo el control.
Es verdad, Señorías, que no les he preguntado sólo por el Prestige. He preguntado a las autoridades griegas y a las autoridades británicas por la aplicación de la legislación actual, de la Directiva que exige control por parte de las autoridades portuarias, según los compromisos que se corresponden prácticamente con el memorándum de París. He preguntado por los controles y la aplicación en estos puertos - en Kalamata y en Gibraltar - de la Directiva actualmente en vigor.
Tengo que decirle, Señoría, que tengo datos. Le puedo decir que en Gibraltar, en el año 1999, se han controlado cinco barcos. En el año 2000, seis. En el año 2001, dos. En el año 2002, doce. Esos son los datos.
Por eso digo que hay que revisar la legislación para garantizar que esos controles por parte de las autoridades portuarias se producen en todos los puertos de la Unión Europea. Porque los controles de las autoridades portuarias suponen un efecto de disuasión, un efecto de alejamiento de esos barcos "subestándar", que tiene que producirse en todos los puertos. Porque si dejamos agujeros en nuestra red, en nuestro sistema, automáticamente se nos debilita todo el conjunto. Eso es lo que estoy planteando. No es que vaya contra tal o cual puerto. En este caso han salido estos dos: Kalamata y Gibraltar. Y he pedido la información.
Pero el problema no es sólo tal o cual puerto. El problema es, Señorías, que ha habido un desastre ecológico, una catástrofe que teníamos que haber evitado, que debiéramos haber evitado si hubieran entrado en vigor las propuestas de la Comisión. Y quiero que los agradecimientos y los reconocimientos que se han hecho se hagan extensivos a todos los miembros de la Dirección General de Transportes que trabajaron -decimos en español, perdón por la expresión- como "mulas", es decir, extraordinariamente, sin contar horas, para, cuando se produjo el desastre Erika, en tres meses escasos, presentar todo un paquete coherente y global a este Parlamento y al Consejo de Ministros para que no se volvieran a producir estos problemas. Eso es de lo que estoy hablando.
Y estoy hablando, Señorías, de que han transcurrido sólo 23 meses. Y precisamente porque han transcurrido sólo 23 meses y porque faltó ambición - lo sabemos todos -, se ha vuelto a repetir el desastre. ¿Cuántos más? Pues eso es lo que yo digo. ¿No podría ocurrir que, en este tiempo que falta hasta el mes de junio del 2003 o hasta el mes de febrero del 2004, se produjera un desastre en el Báltico, en el Mediterráneo, en Atlántico o en cualquier costa de la Unión Europea, porque no se han puesto en marcha las medidas que ya se han aprobado?
Señorías, lo que hay que exigir - y eso es lo que he hecho con una carta que he enviado a los ministros - es que se apliquen ya. Lo que ocurre es que los Gobiernos son una "banda de incoherentes". Los Jefes de Estado y de Gobierno dijeron en Niza que había que adelantar la puesta en marcha de estas medidas y luego no las aplican...

A algunos de ellos les he abierto un procedimiento de infracción por falta de aplicación, no ya de las nuevas normas, sino de las actualmente en vigor, que son mucho más laxas y mucho más fáciles de cumplir.
Nuestra propuesta suponía que los petroleros de casco simple, de la categoría 1, es decir, los más grandes, tuvieran una vida máxima de 23 años. Porque hay claramente un problema de estructuras asociado al cansancio de los metales debido a los golpes de mar, que se produce a partir de los veintitantos años. Y precisamente y lo que lamento es que no se aceptara aquella propuesta nuestra y que se subiera de 23 a 27 años. Y ahí es donde surgen los problemas actuales.
Señorías, las ayudas. En eso estamos trabajando. Habrá las ayudas que pongan las autoridades españolas. Lo que hay claramente son los fondos FIPOL. Y señalo que hay un experto de la Dirección General de Transportes, en España, colaborando con las autoridades españolas, como en su día colaboró con las autoridades francesas, para facilitar el pago de todas estas ayudas y la reclamación de todas estas indemnizaciones para los distintos afectados.
Estamos viendo también las cuestiones relacionadas con la cuestión de la pesca para ver qué posibilidades de apoyo pueden existir en cuanto a los fondos IFOP. Estamos examinando - pero creo que no será posible, lo digo muy claramente - la posibilidad de aplicación del Fondo de Solidaridad. Los umbrales de entrada del Fondo de Solidaridad son tan altos que yo espero que no lleguemos con los daños a esas cifras, porque entonces sí que sería una tragedia brutal. Estaríamos hablando de por encima de los 3 000 millones de euros, Señorías. Esperemos que no lleguemos ahí.
Por lo tanto, estamos examinando también los apoyos que se pueden aportar si es que, a pesar de todo, no se llega a esos 3 000 millones de euros pero afecta de una manera decisiva al ámbito regional de Galicia, razón y situación en la cual también se podría poner en marcha un apoyo a través de este Fondo de Solidaridad.
Espero que Portugal se pueda librar, en este caso, de la tragedia. Espero que los vientos permitan que la marea negra no toque esas costas. Me gustaría que tampoco tocaran más las costas españolas, pero esperemos que, al menos, las portuguesas queden limpias. En cualquier caso, si también se vieran afectadas las costas portuguesas, los fondos también estarían a disposición, en la misma forma y manera, que se pongan a disposición de las autoridades españolas y de los afectados españoles.
Señorías, hay que poner ya en práctica lo adoptado. Hay toda una serie de medidas que forman un conjunto global, coherente, con una Agencia de Seguridad Marítima garante, junto con la Comisión, de la aplicación adecuada de las normas. Agencia de Seguridad Marítima que, mientras deciden o no deciden dónde es su sede, vamos a constituir, con sede provisional, en Bruselas. Lo siento mucho, yo lo que no voy a esperar es a que se pongan o no se pongan de acuerdo. Se constituye espero que antes de fin de año. 
Segunda cuestión. Dentro de los aspectos que corresponden a los países - reforzamiento del control portuario, reforzamiento de la exigencia de las sociedades de clasificación-, vamos a hacer, por supuesto, toda una investigación de qué es lo que ha pasado - como he dicho antes-, de toda la cadena, y presentaré aquí el resultado de nuestras investigaciones: toda la cadena de sucesos que nos llevan al resultado final, también en lo que respecta a las sociedades de clasificación. Asimismo la reclamación que haremos a los Estado de la Unión de que designen puertos, zonas de refugio, para hacer frente a situaciones como la del Erika en su día, que también fue uno de los elementos de polémica, o la cuestión del Prestige en este caso.
Severidad en la aplicación. En la aplicación y en la exigencia del cumplimiento de las normas. Hablamos de ir más allá. Lo he dicho muy claro: Organización Marítima Internacional, corredores para productos peligrosos, distancias de resguardo, especial control en los pasos y estrechos, mayores capacidades para los Estados costeros. Todo eso dentro del ámbito de la Organización Marítima Internacional, dotando al Derecho marítimo de una auténtica adaptación a las exigencias y a las nuevas circunstancias del siglo XXI. Mientras tanto, también, Señorías, hay que ahondar en la cuestión de la responsabilidad, hay que volver a poner sobre la mesa del Consejo de Ministros los Fondos COPE, complementarios al Fondo FIPOL; hay que volver a poner sobre la mesa del Consejo de Ministros la cuestión de la responsabilidad penal y hay que exigir a los ministros que, en todos los Estados miembros - y eso creo que con una norma administrativa es posible en todos ellos -, se exija el doble casco para transportar los productos más peligrosos y más contaminantes, como es el petróleo pesado.
El Sr. Savary hablaba de un espacio de seguridad marítima europea autónomo. La verdad es que esta es una cuestión que, desde luego, se podría incluso plantear al hilo de las discusiones en el ámbito de la Convención y de la próxima Conferencia Intergubernamental. Se pueden imaginar que no seré yo quien no coincida con estos planteamientos. 
Para terminar, quiero decir a la Sra. Grossetête que, efectivamente, lo único que tengo, con todo lo que está sucediendo durante todos estos días, es una profunda cólera, una profunda rabia sabiendo que podíamos haberlo evitado y no lo hicimos.
(Aplausos)
El Presidente.
- Señora Comisaria, la Sra. Miguélez Ramos desea formularle una pregunta suplementaria.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, sólo quiero formular una pregunta muy breve a la Sra. Comisaria.
Primero, quiero agradecerle, como gallega, la expresión de su solidaridad en la intervención que ha tenido aquí y quisiera pedirle que presente, si es posible, a la Comisión de Transportes un informe sobre la aplicación de las ayudas - en este caso, evidentemente - que acaba de mencionar y, en concreto, me gustaría saber, por lo que se refiere al FIPOL, si nos podría presentar un informe acerca de los plazos en los que este fondo de seguros paga las ayudas a los afectados.

de Palacio
. (ES) Señor Presidente, intervengo muy brevemente para decirle a su Señoría que sabe que tengo una especial sensibilidad hacia Galicia y que para mí esta tragedia supone nombres y apellidos, caras y paisajes concretos, por lo que, indudablemente, se siente todavía más.
Esto no quiere decir que cuando se produjo el accidente del Erika - y era en las costas francesas - actuara de forma diferente. Estuve en Bretaña y mañana voy a estar en Galicia.
De todas formas, para mí será una satisfacción poder presentar todos los datos sobre la cuestión del fondo FIPOL, sobre los análisis que hagamos en cuanto al Fondo de Solidaridad, en su posible aplicación o no, sobre todos los elementos, e incluso pediré información a mi colega Fischler sobre las partes pesqueras, aunque supongo que él dará unas explicaciones completas en el ámbito de la Comisión de Pesca.
El Presidente.
- Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho (artículo 50 del Reglamento).

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes seis propuestas de resolución sobre la situación en el Sudán:
B5-0593/2002 del Sr. van den Bos y la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán;
B5-0594/2002 del Sr. Sjöstedt y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Sudán;
B5-0601/2002 de la Sra. Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en el Sudán;
B5-0604/2002 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en el Sudán;
B5-0605/2002 de la Sra. Carlotti y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre los derechos humanos en el Sudán;
B5-0610/2002 de la Sra. Schörling y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el Sudán.

Van den Bos (ELDR).
Señor Presidente, este debate ha producido un resultado positivo incluso antes de haberse iniciado. La invitación a la Asamblea ACP/UE ha sido retirada mientras tanto. La aprobación de la propuesta del Sudán por parte de los Estados ACP resulta contraproducente para la cooperación inspirada en Cotonú.
¿Realmente creían dichos Estados que se podía celebrar una Asamblea en un país donde se siguen produciendo violaciones constantes y a gran escala de los derechos humanos? ¿En un país donde las mujeres y los niños son secuestrados y sometidos a esclavitud? ¿En un país donde los pueblos del sur se han visto hostigados por bombardeos durante innumerables años y donde las compañías petroleras occidentales sólo han procurado el interés de sus accionistas, al tiempo que mantenían los ojos cerrados ante las víctimas de tal matanza?
Afortunadamente, parece que ahora existe una tregua, pero ¿cuánto tiempo durará? La colaboración con la Unión Europea sólo podrá existir cuando reine una paz duradera y cuando el gobierno restaure todas las libertades y ponga fin a todas las abominables injusticias. Sólo entonces se obtendrán resultados duraderos de debates como el de hoy.

Schwaiger (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Comisario, en el debate sobre asuntos de actualidad y urgencia de esta tarde también debemos prestar atención a la guerra en el Sudán, uno de los países de mayor extensión y población de África. Desde hace 19 años está siendo devastado por la guerra civil. Más de dos millones de personas han perdido la vida por culpa de esta guerra. Ha ocasionado enorme sufrimiento a los pueblos del sur del Sudán, que luchan por su independencia cultural, política y económica.
En la mayor parte del Sudán que se halla bajo control gubernamental no existe libertad de pensamiento, ni posibilidad de asociación pacífica. Los derechos humanos siguen tratándose con desprecio. Las fuerzas gubernamentales someten a bombardeos extensivos a las regiones del sur, provocando multitud de muertos civiles. Más de 200 sentencias de muerte han sido dictadas por tribunales de emergencia inconstitucionales en el Estado de Darfur. Los descubrimientos de petróleo en el Sudán todavía no han conseguido forzar un retorno a la paz. Más bien al contrario, sirven para reponer las arcas de guerra del Gobierno de Jartún.
Hay un rayo de esperanza: las conversaciones de paz en Machakos (Kenia), que han desembocado en un acuerdo de cese de hostilidades. Todavía está en fase de propuesta, pero aún no ha entrado en vigor. Primero hay que asegurar el acceso no obstaculizado de la ayuda humanitaria para toda la población hambrienta en el sur del Sudán.
Ello ha de conducir asimismo a un cese permanente de las hostilidades por ambas partes, respetado por todo el mundo. Mientras la situación siga siendo crítica y el proceso de paz no haya avanzado lo suficiente, no hay ninguna posibilidad de celebrar la 6ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en el Sudán durante la primavera de 2003. En cualquier caso, nosotros no vamos a ir allí mientras persista la situación actual. Sin embargo, esperamos poder hacerlo más adelante.
Quiero resaltar que el embajador del Sudán aquí está haciendo todo lo posible a través de los conductos diplomáticos para agilizar el retorno a la paz. Por tanto, hacemos un llamamiento a todos los países africanos para que organicen la próxima Asamblea ACP-UE en un país diferente, más pacífico de África. Mauritania, que está dispuesta a asumir esta tarea, debe ser animada expresamente para que lo haga.
Belder (EDD).
Señor Presidente, el estado de emergencia en el Sudán es muy crítico. Basta con reparar en el título del informe reciente del International Crisis Group, «El hambre terminal como arma de guerra en el Sudán». Efectivamente, la hambruna y la muerte por inanición a escala gigantesca están siendo utilizadas como armas de guerra en el Sudán.
Sin embargo, tal como describe el informe, no tenemos ni idea de la gravedad de la emergencia, debido a la lejanía de las regiones en las que prosigue la guerra en toda su intensidad y en las que se están empleando dichas armas. Mientras tanto, los bandos en conflicto parecen haber llegado a un acuerdo para hacer extensivo el memorándum de entendimiento sobre ayuda humanitaria y el cese de las hostilidades hasta el 31 de marzo.
A pesar de este valeroso avance, la decisión indica que aún no se ha alcanzado la declaración de paz final. Las manzanas de la discordia fundamentales, tales como la distribución equitativa del poder y de los ingresos procedentes de los pozos petrolíferos, aún están por dirimir de una manera que resulte aceptable para ambos bandos. Ahora que sólo queda por reanudar las negociaciones en enero, la presión internacional sobre las partes contendientes a fin de que lleguen a un acuerdo definitivo de paz no puede disminuir y, desde luego, no lo puede hacer ahora que parece hallarse a la vista una solución para un conflicto que ya dura más de 19 años. Se estima que ya han perdido la vida unos dos millones de personas. El doble se han quedado sin vivienda y se han perpetrado innumerables atrocidades. En concreto, la población cristiana del sur ha padecido enormemente la violencia practicada por los musulmanes del norte.
Quiero hacer, por consiguiente, un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que actúen con enorme cautela durante la misión de la troika de la UE a Sudán, prevista para el 9 y 10 de diciembre. Sólo cuando se haya firmado un acuerdo amplio de paz podrán normalizarse las relaciones entre la UE y el Sudán.
Por último, quiero solicitar al Consejo, a la Comisión y también a los Estados miembros, a ser posible en colaboración con el Gobierno sudanés, que investiguen concienzudamente los rumores de un potencial resurgimiento del centro financiero de Al Qaeda. Aunque ya está todo dicho, no debemos olvidar que Sudán acogió a Osama Bin Laden desde 1991 hasta 1996, y por tanto sería de gran utilidad saber si sigue habiendo actividad en ese centro.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, hemos de tener presente que la situación en Sudán varía enormemente en función de la región. En el norte nos enfrentamos a un régimen problemático, que sin embargo está haciendo gala de tendencias claramente reformistas, que cuenta con el apoyo de Egipto. En el sur tenemos una guerra civil brutal y sangrienta, que sería demasiado simplista definir únicamente como un conflicto entre islam y cristianismo. Además hay conflictos entre los propios musulmanes y entre tribus cristianas, aunque el conflicto principal se da realmente entre cristianos y musulmanes.
Todo ello viene a ilustrar que realmente no se trata de una guerra entre religiones, sino de una serie de conflictos tribales, de conflictos étnicos, y que los bandos interesados, incluidos los propios de la industria petrolífera - hay que decirlo de una vez por todas - se dedican a avivar sistemáticamente el fuego de estos conflictos. Ésa es la razón por la que me alegro mucho de que la propuesta aborde este tema de manera tan directa: el papel conflictivo de determinados partidos que poseen intereses en los recursos naturales - ya lo hemos presenciado también en el Cáucaso y en el Congo - y que se están aprovechando de los conflictos étnicos para incrementar brutalmente sus propios beneficios. Por eso no sólo estamos, como europeos, obligados particularmente a influir sobre la población de Sudán, a trabajar con ellos en pro de una solución pacífica y a ejercer presión sobre todos las partes en conflicto, sino que tenemos la obligación de mantener conversaciones serias con nuestras compañías petrolíferas europeas que operan en aquella zona y dejarles claro la magnitud de su responsabilidad frente a esta importante región desde el punto de vista estratégico y frente a los individuos que viven allí.
Della Vedova (NI).
Señor Presidente, Señor Comisario, es cierto que la guerra en el Sudán es fruto de ciertos intereses y de tensiones étnicas, pero a mi entender debería subrayarse la naturaleza religiosa del conflicto actual. No podemos aceptar la aplicación de la ley islámica en las instituciones, motivo por el cual debemos intensificar la presión sobre el gobierno sudanés para que la anule, ni podemos aceptar las graves violaciones de los derechos fundamentales de los no musulmanes, las conversiones obligatorias, los matrimonios a la fuerza ni la esclavitud.
No podemos respaldar una solución política que supusiera dar un salto atrás en el pasado y aplicar el principio: «cuius regio, eius religio». El camino a elegir debe ser el de apoyar la causa de las fuerzas en el sur y en el norte que abogan por un Estado laico e instituciones democráticas. La solución no puede y no debe ser la de dividir el mundo en función del credo religioso.

Ford (PSE).
Señor Presidente, puede que no me parezca al Sr. Schulz, pero lo voy a sustituir. El Grupo socialista está muy preocupado por la interminable guerra civil que ha causado ya cerca de dos millones de víctimas a lo largo de los últimos 19 años. Por supuesto, acogemos favorablemente el acuerdo de paz firmado el pasado 15 de octubre entre el gobierno de Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA). Vigilaremos muy de cerca si el Gobierno cumple o no la promesa de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho y si se producen avances hacia una democratización que desemboque en el establecimiento de un ejecutivo y un legislativo elegidos democráticamente.
Hemos pedido a la Comisión que elabore un informe sobre la posible participación de empresas petrolíferas europeas en los abusos cometidos contra las comunidades locales de las zonas productoras de crudo. No apoyaremos bajo ningún concepto la idea de celebrar la Asamblea Parlamentaria ACP-UE en Sudán el año que viene. Puede que sea posible en un futuro, pero tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Sudán. Necesitamos un diálogo entre Sudán y la Unión Europea, pero antes de reanudar las relaciones con toda normalidad, nos gustaría ver progresos en cuestiones como el fin del terrorismo y del apoyo a grupos terroristas, la tolerancia religiosa, los derechos humanos y, por supuesto, el fin de la guerra civil.

Monti
Señor Presidente, la búsqueda de una solución pacífica y el respeto de los derechos humanos y las leyes humanitarias constituyen el núcleo de las relaciones entre la Comisión y el Sudán. El conflicto actual y las continuas violaciones de los derechos humanos constituyen el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico del país, como bien han señalado otros oradores. La Comisión cree firmemente que el respeto por los derechos humanos permitirá restaurar la paz en el Sudán.
De conformidad con las conclusiones adoptadas por el Consejo en junio de 2002, la Unión pretende avanzar paso a paso. Mientras no se alcance un acuerdo de paz, la Unión mantendrá el diálogo político sobre la base de los compromisos adquiridos por el Gobierno sudanés para 2002 en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, con especial énfasis en la consecución de un acuerdo de paz.
Una vez alcanzado tal acuerdo, la Unión comenzará a normalizar sus relaciones con el Sudán, dentro del marco del Acuerdo de Cotonú, basándolas en el respeto por los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. Simultáneamente, promoverá el proceso de pacificación y la resolución de los conflictos. Prevemos suscribir un documento de estrategia nacional y un programa indicativo nacional tras la conclusión del acuerdo de paz o cuando la Comisión lo considere políticamente apropiado, previa consulta de los Estados miembros.
Quiero añadir, en relación con los puntos concretos planteados, que la Comisión va a participar en la visita de la troika de la Unión Europea al Sudán, prevista para diciembre, durante la que se procederá a evaluar el diálogo político UE/Sudán a lo largo de 2002. Sin embargo, deseo resaltar que la puesta en práctica de las medidas descritas en el documento de estrategia nacional está supeditada al avance del diálogo político.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes cinco propuestas de resolución:
B5-0591/2002 del Sr. Johan Van Hecke y el Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la tortura y los crímenes cometidos por los militares y sobre la situación de los derechos humanos en Bangladesh;
B5-0596/2002 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Bangladesh;
B5-0602/2002 del Sr. Thomas Mann y la Sra. Martens, en nombre del grupo PPE-DE, sobre los derechos humanos en Bangladesh;
B5-0606/2002 de la Sra. Carrilho y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Bangladesh;
B5-0606/2002 de la Sra. Carrilho y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Bangladesh;

van den Bos (ELDR).
Los actos de violencia han afligido a Bangladesh desde la misma fundación del país. Desde un principio, el sistema político se ha visto socavado por los asesinatos, la venganza y la rivalidad entre las familias más importantes. La espiral de venganza ininterrumpida jamás ha cesado Más bien al contrario, la situación ha ido de mal en peor, sobre todo debido a la proliferación alarmante de grupos islámicos radicales. El planteamiento del Gobierno, por desgracia, no está encaminado a reducir la tensión y resolver los problemas. Se encarcela a los diputados del Parlamento. Se producen arrestos indiscriminados a gran escala y los ciudadanos son torturados e incluso asesinados en las cárceles.
La Unión Europea tiene que implicarse activamente en esa situación en virtud del acuerdo de cooperación que tenemos con aquel país. La cooperación no se puede mantener incondicionalmente cuando se están violando los derechos humanos a escala gigantesca. Tenemos que insistir en la creación de una comisión nacional de derechos humanos para realizar inspecciones independientes y debe ponerse fin a la inmunidad ante el castigo. La policía y el ejército deben prevenir e incluso combatir la violencia, en lugar de instigarla. Resulta crítico para alcanzar una solución restaurar una base mínima de confianza entre el Gobierno y la oposición.
El futuro no debe ser para siempre rehén del pasado. El desarrollo de este país empobrecido no engendrará nada bueno si se continúa sin poner coto a los actos de violencia.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, en las últimas semanas la escalada de violencia en Bangladesh ha alcanzado cotas insospechadas. Sólo en octubre se desplegaron unos 40 000 soldados en el marco de la «Operación Corazón Limpio» so pretexto de combatir los crecientes niveles de criminalidad y la posesión privada de armas. Varios miles de personas quedaron arrestadas.
Sabemos por fuentes fiables e independientes que la operación militar, ordenada por el Gobierno islámico de Bangladesh, iba dirigida en primera instancia contra los críticos del régimen. Entre las personas arrestadas se encuentran miembros de la oposición del Parlamento de Bangladesh, entre ellos el antiguo ministro Chowdhury. También fueron arrestados dirigentes de las impopulares ONG. Las unidades militares les deportaron sin orden judicial alguna. La mayoría de los sospechosos son hindúes o simpatizantes suyos. Sin embargo, esta minoría ha convivido pacíficamente durante décadas con la mayoría musulmana.
La creciente islamización radical de la sociedad y sus dirigentes políticos hace cada vez más difícil la vida cotidiana. Los arrestados quedan aislados del mundo exterior. Muchos sufren torturas. Cientos de heridos precisaron asistencia hospitalaria. Sólo durante el último mes se produjeron 25 muertes. La declaración del ejército de que todos ellos murieron de ataques al corazón resulta cínica. Esta actitud supone un desprecio a la humanidad y constituye una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La postura del Grupo PPE-DE es clara: exigimos al Gobierno de Bangladesh que retorne al Estado de Derecho, al pluralismo y a la democracia parlamentaria. Los miembros del Parlamento encarcelados y los demás detenidos inocentes tienen que ser liberados. Coincido con el Sr. van den Bos: es necesario crear un organismo independiente para investigar los arrestos, los malos tratos y los asesinatos. Sólo entonces podrá Bangladesh recuperar la necesaria estabilidad interna.
La Unión Europea también tiene que efectuar su contribución, señor Comisario Monti. Nuestra propuesta cuenta con el apoyo de los diferentes partidos para solicitar a la Comisión que envíe observadores a Bangladesh, y debería hacerlo antes de que se produzca una mayor discriminación y persecución.
El acuerdo entre la Unión Europea y Bangladesh se sustenta sobre el respeto coherente a los derechos humanos y sobre los principios democráticos. Si se siguen transgrediendo en la misma medida, tendremos que ejercer presiones políticas y eso significa la suspensión de nuestro Acuerdo de Cooperación. Este tipo de aviso importante resulta fácilmente comprensible en toda Asia, así como en otros países. Nosotros en la delegación de la ASACR podemos proporcionar múltiples ejemplos que lo confirman.
Por tanto, esperamos que los responsables en Bangladesh muestren cordura, tanto más por las severas presiones que se les puede aplicar en el seno de la ASACR. Sólo entonces serán tomados en serio a nivel internacional nuestros respetables interlocutores en Bangladesh.
Ford (PSE).
Señor Presidente, el 17 de octubre de este año, 40 000 miembros de las fuerzas armadas lanzaron la Operación Corazón Limpio en Bangladesh. La operación se desarrolló en forma de redadas y registros puerta por puerta, con los que se pretendía capturar a los votantes de la Liga Awami, a los empleados del partido, a la comunidad hindú y a los miembros de los partidos políticos de la oposición. La operación terminó con miles de detenidos a los que mantuvieron incomunicados. En total han muerto 25 personas presuntamente torturadas durante el arresto. Con toda franqueza, la excusa de que las muertes fueron causadas por ataques al corazón es increíble.
Exigimos al gobierno de Bangladesh una investigación independiente para localizar a los responsables, liberar a los parlamentarios y a los líderes políticos de la oposición y establecer un comité nacional de derechos humanos. Nos gustaría pedir a la Comisión que actuase como enlace con el gobierno de Bangladesh en el marco del acuerdo de cooperación, con objeto de garantizar el fin de las violaciones y la protección de los derechos humanos, y que exija que el Parlamento Europeo sea informado debidamente.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, Comisario, los diputados radicales italianos apoyamos plenamente la resolución presentada. Durante una reunión con la ex Primera Ministra de Bangladesh, la Sra. Sheikh Hasina, a la que asistimos yo y una serie de colegas diputados hace algunos días en Bruselas, se nos informó de la situación de continuas violaciones, represiones y del uso impropio del ejército - de facto- para reprimir los derechos civiles, por no mencionar los derechos políticos, de miles de ciudadanos de este país. La Comisión debe actuar para exigir la retirada del ejército, que está siendo utilizado sin una base legal adecuada como instrumento policiaco y de represión política.
En el pasado mes de enero, durante la respuesta a una pregunta parlamentaria, el Comisario Patten afirmó que la situación en Bangladesh estaba mejorando y que la Comisión iba a empezar a controlarla. Todas las noticias, directas e indirectas, que llegan del país muestran que, de hecho, la situación ha sufrido un giro peligroso y preocupante, motivo por el cual reclamamos la intervención de la Comisión.
Monti
Señor Presidente, mientras que la violencia y la confrontación originadas por causas políticas, así como la ley y el orden reinantes han sido una de las mayores preocupaciones de la población de Bangladesh desde hace años, la Unión Europea, y la comunidad internacional de donantes en general, son totalmente conscientes de que la ley y el orden han empeorado en este último año.
La UE ha manifestado su inquietud ante el deterioro de la ley y el orden y ante el incremento de la violencia ejercida contra las minorías en su discurso sobre «Los derechos humanos en el mundo», pronunciado en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La Unión Europea está muy preocupada por la situación general de los derechos humanos y los continuos informes de torturas y muertes bajo arresto policial a raíz de la Operación Corazón Limpio, que pretendía poner fin al deterioro de la ley y el orden en Bangladesh, y a la que ya se han referido varios diputados hace unos minutos.
Estamos muy preocupados por la posible subjetividad en la aplicación de esta operación y por los retrasos que se puedan producir al aplicarla o por la ausencia de reformas tales como la separación entre el poder judicial y ejecutivo, el defensor del pueblo y la creación de un comité independiente de derechos humanos. En consecuencia, la UE acoge con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo sobre la Operación Corazón Limpio y la situación general de los derechos humanos en Bangladesh.
Sin embargo, existen un par de puntos en la resolución que creemos que ya no reflejan la situación actual o no están respaldados por pruebas fundadas. Si comparamos la situación de violencia motivada por causas políticas que se ha ejercido sobre la comunidad hindú antes y después de las elecciones nacionales, comprobaremos que las denuncias de violencia e intimidación de las minorías ha disminuido considerablemente. Deberíamos enviar un claro mensaje exigiendo al gobierno garantías de que los derechos y la seguridad de todas las comunidades minoritarias están siendo respetados totalmente.
En lo que respecta a la Operación Corazón Limpio, hay que destacar que las comunidades de donantes, así como la sociedad civil, han manifestado a menudo su preocupación por el deterioro de la legislación y el orden durante este primer año de mandato del Gobierno. El Gobierno ha lanzado la operación en respuesta a esta presión y a la falta de nuevas leyes y de refuerzo de las ya existentes para resolver la situación.
A la vez que reconocemos la necesidad de mejorar la ley y el orden - estamos dispuestos a apoyar al Gobierno de Bangladesh en su intento de restaurar la ley y el orden -, creemos verdaderamente que hay que actuar en el marco del Estado de derecho, respetando totalmente los derechos humanos. No se debe admitir excepción alguna de estos principios bajo ninguna circunstancia. Esta es la razón por la que la Comisión Europea, por medio de su delegación en Dhaka, continuará vigilando de cerca la situación y el desarrollo político.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes cinco propuestas de resolución:
B5-0592/2002 del Sr. van den Bos y la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre Irán;
B5-0595/2002 de la Sra. Boudjenah y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el caso de Hachem Aghajari en Irán;
B5-0603/2002 del Sr. Gahler y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el caso de Hachem Aghajari en Irán;
B5-0607/2002 de la Sra. Izquierdo Rojo y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la sentencia de muerte contra Hachem Aghajari en Irán;
B5-0608/2002 de la Sra. Boumediene-Thiery y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Irán.

Van den Bos (ELDR).
Señor Presidente, aunque el doctor Hachem Aghajari no sufra la pena de muerte, Irán no por eso dejará de estar condenada a vivir bajo la dominación de sus dirigentes religiosos ultraconservadores. El éxito de las manifestaciones estudiantiles no puede ocultar el hecho de que la situación de los derechos humanos no sólo no ha mejorado, sino que realmente se ha deteriorado.
La lapidación de mujeres, los ahorcamientos públicos, la tortura y demás prácticas bárbaras demuestran que Irán todavía no cumple los más elementales requisitos de civilización. Resulta por tanto sorprendente que la Unión Europea no haya presentado una resolución relativa a la situación en Irán en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchos Estados miembros dicen tener depositadas muchas esperanzas en el diálogo sobre derechos humanos pero, en realidad, lo que tienen son grandes esperanzas puestas en los intereses de sus lucrativos negocios.
La Unión Europea no se debe dejar embaucar. El día antes de que la delegación europea de negociadores llegara a Teherán fueron ahorcadas en público cinco personas. El diálogo no debe ser razón para dejar de incluir la situación de los derechos humanos en Irán en el orden del día de los foros internacionales. Por ese motivo deberá la Unión Europea presentar en primavera una resolución a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Naturalmente resulta muy importante no dejar aislado a Irán. Hay que establecer contactos, aunque es necesario hacer buen uso de ellos, y se debe prestar el máximo apoyo posible a los reformistas.
No basta con una cláusula de diálogo político en un acuerdo futuro. A juicio de mi Grupo, no se puede firmar ningún acuerdo de cooperación mientras se produzca un abuso masivo y sistemático de los derechos humanos. La ayuda a las organizaciones terroristas constituye otro obstáculo a dicha cooperación. La situación en el país se hace más explosiva cada día, por lo que va siendo hora de que se hagan auténticas reformas en Irán. Sólo se podrán entablar negociaciones constructivas con Irán cuando se permita que prevalezca la verdad y la soberanía suprema radique en el pueblo.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, fue el 23 de octubre, no hace ni un mes, cuando sometimos a debate, en este Parlamento, la situación de los derechos humanos. Todos condenamos las sentencias de muerte y las lapidaciones y el trato general que el despótico régimen iraní dispensa a sus ciudadanos. En ese momento también lamentamos - por lo menos mi Grupo lo hizo - que el Consejo hubiera decidido no presentar una propuesta sobre los derechos humanos en Irán durante la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora, tan sólo unos días más tarde, alguien ha sido sentenciado a muerte cuando lo único que ha hecho ha sido instar a la población a recapacitar, a no dejar que nadie decida por ella y a no seguir a ojos cerrados el dogmatismo religioso.
En esta situación, la Unión Europea continúa negociando un acuerdo de colaboración que implica cooperación económica. En mi opinión, una de las declaraciones de la propuesta no es suficiente. Evidentemente es válido en caso de que los futuros acuerdos de colaboración contengan una cláusula sobre derechos humanos. Pero creo que sería mejor - y lo digo en nombre de mi Grupo - que no haya ningún tipo de acuerdo de cooperación y no se llegue a firmar mientras no se respeten los derechos humanos. Es una situación esquizofrénica. Disponemos de muy pocas opciones a la hora de ejercer realmente presión. No deberíamos renunciar a la posibilidad de presionar económicamente a Irán.
Por supuesto es positivo que los estudiantes se echen a la calle. Por supuesto es positivo que el Presidente Jatami afirme que esta sentencia resulta inaceptable. Por supuesto es positivo que el presidente del Parlamento iraní se pronuncie en esa misma línea. Pero eso no está ni mucho menos cerca de transformar la sociedad iraní. Tampoco es ninguna casualidad a mi juicio que los dirigentes religiosos de Irán y el Gobierno iraní estén intentando deshacerse de la oposición legítima en el país presentándola como una serie de organizaciones terroristas e incluyéndolas en la correspondiente lista para poder eliminar la oposición de una vez por todas. Creo también que tenemos allí una gran responsabilidad. Tenemos que estar más atentos a quién queda incluido en esas listas y por qué motivos. Debemos preguntar más; la Unión Europea no debería quedarse siempre al margen como un ayudante subordinado de carcelero.
Por eso estamos exhortando a la Comisión a que deje bien claro durante las próximas negociaciones que no habrá ninguna cooperación con Irán, ni económica ni de cualquier otro tipo, mientras subsista este sistema inhumano, tan despectivo con los derechos humanos como lo es en la actualidad.

Gahler (PPE-DE).
Señor Presidente, el caso del doctor Aghajari ha suscitado, con razón, enorme interés y preocupación en Irán y en el extranjero. Comparto la opinión del presidente, el presidente del Parlamento iraní, Mehdi Karubi, que ha calificado la sentencia de muerte como una vergüenza para el sistema judicial del país. Sin embargo, no estoy del todo convencido de que el dirigente religioso del país, el ayatolá Jamenei, haya ordenado con pleno convencimiento a las autoridades judiciales revisar la sentencia. El comportamiento hasta ahora de Jamenei más bien induce a pensar que está intentando ganar tiempo. Las manifestaciones estudiantiles deberían remitir paulatinamente, lo mismo que el interés de la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, en las manifestaciones ha quedado claro que a los participantes no sólo les preocupa el caso del doctor Aghajari, sino que lo que piden es más democracia en general. En realidad, este juicio, como muchos otros, no tiene una motivación religiosa, sino política. Lo conocemos de la historia europea, cuando aún no existía la separación entre Estado e Iglesia. Los gobernantes de entonces también utilizaron el cristianismo, hasta extremos irreconocibles, como instrumento para la consecución de sus propias pretensiones de poder.
La sociedad iraní, no obstante, va un paso por delante de la justicia y el clero conservadores. Resulta evidente, entre otras cosas, de las propuestas últimas de reforma aprobadas por el Parlamento iraní, que pretende restringir el poder absoluto del Consejo de los Guardianes. Yo pido al Consejo y a la Comisión que restablezcan el diálogo sobre los derechos humanos en todos sus contactos con Irán y que tengan bien claro, que sin el Parlamento Europeo, no habrá acuerdo de colaboración e intercambio.
La oposición en el Parlamento iraní, tanto dentro del país como en el exterior, se muestra muy esperanzada en que los intereses económicos no constituyan la única razón para mantener contactos con este país. Espero poder expresar estas opiniones y esta posición fundamental cuando recibamos a los diputados del Parlamento iraní con ocasión de su visita a esta Cámara. Por nuestra parte, siempre quedará claro que estamos a favor de más democracia y no de parte de quienes desean dar marcha atrás en el tiempo unos cuantos siglos.

Ford (PSE).
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el Sr. Markov. Irán es una sociedad compleja. Existen pruebas que demuestran algunos progresos hacia una sociedad islámica acorde con el mundo moderno. El Presidente Jatamí y sus aliados reformistas son todo un símbolo de dicha modernización. Sin embargo, el presidente Jatamí sufre los constantes ataques de las facciones más fundamentalistas de la sociedad iraní. Esta es la razón por la que la UE está actualmente comprometida en la negociación de un acuerdo de comercio y cooperación con Irán. Esto no se pone en duda, pero debe quedar claro ante las autoridades iraníes que al mismo tiempo esperamos y exigimos un acuerdo sobre derechos humanos.
La sentencia de muerte que pesa sobre el Dr. Hashem Aghajari por apostasía sobre la base de alguna oscura disputa teológica es incomprensible para Occidente. Acogemos favorablemente la intervención del presidente Jatamí, la acción de protesta de profesores y estudiantes y el llamamiento a la calma emitido por el propio Dr. Aghajari. Acogemos también la amenaza de dimisión del Presidente Jatamí, del gabinete y de decenas de parlamentarios si el Consejo de Guardianes veta la legislación propuesta para limitar el poder absoluto del que dispone en la actualidad.
Sin embargo, tenemos que dejar claro al Gobierno de Irán que seguiremos muy de cerca el resultado de este proceso y de casos similares, de cara a futuras relaciones con este país.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, esta resolución hace referencia a tres puntos. En primer lugar, trata de un hombre condenado a muerte, a quien debemos salvar. En segundo lugar, se ocupa de un tal doctor Aghajari que, en opinión de muchos musulmanes notables, defiende el auténtico islamismo, esa gran religión universal, frente a los abusos políticos de las fuerzas extremistas que ocupan el poder en Irán. Y en tercero, trata del destino del propio Irán, ya que estamos asistiendo en esta país a una lucha por el poder entre los reformistas, de un lado, que desean una apertura gradual de este régimen, como el Presidente Jatami y el anteriormente citado Presidente del Parlamento iraní, y unos personajes lúgubres, por otro, cuya comparación con la Edad Media - que quede bien claro - constituye un insulto al medievo. Son fuerzas identificadas, lamentablemente, con una forma moderna y totalitaria de extremismo, que abusan de la gran religión mundial del islam para sus propios fines opresivos y criminales.
Permítanme decir en este contexto unas palabras finales al Sr. Markov. Señor Markov, yo critiqué la debilidad de Occidente y la represión practicada por un régimen en el pasado, cuando aún gobernaba el SED en Berlín Oriental, y he de decir que usted mismo habría calificado las palabras que acaba de proferir como una vuelta a la guerra fría. Ya entonces pensaba que los demócratas debían mostrarse intransigentes con las fuerzas totalitarias. Eso era válido entonces, es válido hoy y seguirá siendo válido en el futuro.
(Aplausos prolongados)

Monti
Señor Presidente, estamos hondamente preocupados por la nueva serie de arrestos y condenas a los que se han visto sometidos destacados reformistas y quienes ejercen su derecho fundamental a la libertad de expresión en Irán.
Tras su discurso en junio pasado sobre la reforma religiosa, pronunciado en el Irán occidental, el profesor universitario Hachem Aghajari fue arrestado y este mes ha sido condenado a 74 latigazos, seguidos de ocho años de encarcelamiento y de la pena capital. El profesor Aghajari, que perdió la pierna derecha durante la guerra entre Irán e Iraq, precisa atención médica. Se esperaba que apelase a una instancia superior, pero el profesor Aghajari tuvo el valor de desafiar el sistema legal rehusando presentar dicha apelación. Durante varios días, Teherán ha sido escenario de protestas estudiantiles airadas y, me alegra decirlo, el Presidente Jatami ha anunciado que no respalda la sentencia, que el Jefe Supremo Jamenei ha ordenado revisar el 17 de noviembre.
En el pasado hemos exhortado repetidamente a Irán para que aplicara la pena capital únicamente a aquellos individuos que hubieran cometido los crímenes más graves, respetando los compromisos asumidos en el marco del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
En sus conclusiones del 21 de octubre, el Consejo ha acordado iniciar el diálogo con Irán sobre los derechos humanos, confirmando así su preocupación por este tema, incluidas las transgresiones de los derechos civiles y políticos y, en especial, de la libertad de expresión. El Consejo también ha recordado su tradicional y firme oposición a la pena de muerte.
El 18 y 19 de noviembre, el Presidente Prodi y el Comisario Patten se reunieron en Bruselas con el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Sr. Kharrazi, que ha insistido en participar en un futuro diálogo entre la Unión Europea e Irán acerca de los derechos humanos, y ha cuestionado, junto con otras figuras iraníes preeminentes, la condena injustificada del profesor Aghajari.
El diálogo sobre los derechos humanos constituye, efectivamente un foro apropiado para el examen de los distintos casos. La Comisión seguirá los acontecimientos con la máxima atención y mantendrá contactos con el Parlamento y los Estados miembros.
Quiero añadir que la Comisión considera que el inicio de las conversaciones, que también incluirán un diálogo político, favorece los intereses tanto de Irán como de la Unión Europea - véanse las conclusiones del 17 de junio de 2002 - y, además, el Acuerdo de Intercambio y Cooperación contendrá una cláusula relativa a los derechos humanos. Por otra parte, el proceso de negociación nos permitirá ejercer cierta presión al tiempo que apoyamos al Presidente Jatami y a los reformistas.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar inmediatamente después de este debate.

El Presidente.
A continuación se procede a la votación.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, como moción de orden le pido que me dé la palabra antes de votar las dos enmiendas, porque querría hacer una enmienda oral a cada una de ellas.
También hago una moción de orden, antes de poder pasar a la votación, que va a ser conjunta sobre todo el texto, porque hay algunas correcciones lingüísticas de las que me gustaría informar a los servicios, porque hemos trabajado con bastante velocidad y se han deslizado algunas incorrecciones que mencionaré a continuación, señor Presidente.
Los negociadores acordamos que, mediante enmiendas orales o correcciones, podíamos hacer adaptar el texto si las circunstancias habían cambiado. En el considerando A se habla de "las últimas horas", y ha pasado ya mucho desde que se ha producido la ruptura del casco; debe decir en "los últimos días"; porque ya han pasado no horas, sino días.
En el considerando B, en donde se habla de petróleo debe decir "fuel", porque hemos acordado que siempre se ponga fuel.
En el considerando F aparece el texto - estoy hablando de la versión española - "especialmente a las aves" y habíamos acordado que la palabra "especialmente" no figurara. Por lo tanto, pido que se suprima la palabra "especialmente".
En el considerando G se dice en la versión española "artesanos del mar como los ostricultores y criadores de mariscos". Pido que la versión española se corrija diciendo "trabajadores del mar como los mejilloneros, ostricultores y demás mariscadores".
En el punto 3, la versión lingüística italiana no es acorde con el resto de las versiones; es la única en la que se han incluido, en la línea 7, siete palabras que deben ser suprimidas porque no aparecen en ninguna de las demás versiones.
Y, por último, en el punto 11 se dice "zonas marítimas y/o pesqueras" y, en español, debería decir "zonas marítimo-pesqueras".
Esto es todo, señor Presidente.

El Presidente.
- Señor Varela, procuraré que las versiones en todos los idiomas sean comparadas entre sí.
(El Presidente constata que no hay objeciones a la presentación de la enmienda oral)
Antes de la votación de la enmienda 1:

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, le había pedido la palabra para una enmienda oral en esta enmienda número 1.
Estamos de acuerdo con la enmienda número 1 del Grupo UEN, pero pediría, si lo acepta la Cámara, que se añadieran las palabras ... "Resolución del Parlamento Europeo sobre la catástrofe del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia" me parece que sería más preciso y figura así en el acta del orden del día de nuestra sesión. Añadir el texto "frente a las costas de Galicia".

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero hacer una enmienda oral, porque la enmienda del Grupo UEN incluye a Portugal, y nosotros no estamos en contra de que así sea, pero no figuran España ni Francia, sino Galicia y Bretaña, y nos parece - y así lo hemos hablado con nuestros colegas portugueses - que debería decir: "Galicia, Bretaña y el norte de Portugal".

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero hacer algo que no he hecho nunca, a saber, felicitar a la Conferencia de Presidentes ante el Pleno y darle las gracias por haber incluido tal cantidad de debates interesantes en el orden del día de esta tarde. ¡Que sirva de ejemplo para futuras sesiones plenarias!

El Presidente.
- Las felicitaciones siempre son bien recibidas.

Balfe (PPE-DE).
Señor Presidente, ¿llegó a tomar alguna decisión la Conferencia de Presidentes sobre la exclusión de los dos diplomáticos de Zimbabwe que están en nuestra lista prohibida? Creo que la Conferencia de Presidentes iba a decidir si les estaba permitido permanecer en el edificio o no. Me gustaría saber cuál ha sido su decisión.

El Presidente.
Señor Balfe, a ninguno de los diplomáticos se le va a permitir la entrada en la Cámara.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, al igual que muchos diputados, he votado a favor de la ampliación del Reglamento 1408 porque es de justicia que todos los ciudadanos de la Unión Europea, que durante su vida laboral hayan trabajado en varios Estados de la Unión, reciban una pensión, una buena pensión. Aprovecho la ocasión para añadir que el Reglamento 1408 sería todavía mejor si permitiera a los trabajadores transferir sus contribuciones, abonadas en cada Estado en el que hayan trabajado, al Estado del que les gustaría percibir su pensión. Ya está contemplado en muchos acuerdos bilaterales; se podría implantar también en la Unión Europea, de manera que a medida que transcurran los años, se pueda disfrutar de una pensión cada vez mejor, más apropiada, más cuantiosa y más importante.

Berthu (NI)
El naufragio del «Prestige» no ha sido un accidente. Ha sido la consecuencia lógica de un sistema de decisión mixta, nacional y europeo, que paraliza a los Estados miembros sin llegar a imponer las medidas radicales que serían necesarias. Deja así vía libre a ciertas mafias del transporte marítimo que operan en un territorio sin ley? Y a lo mejor todo está montado para eso.
Algunos colegas piensan que tenemos que salir de esta nefasta situación imponiendo una autoridad europea central y supranacional. Esta solución puede parecer atractiva, pero existe el riesgo de que se halle demasiado distanciada de la gente, que esté mal controlada en su vertiente democrática y que, por tanto, sea permeable a las presiones de intereses financieros.
Además, no hay razón para juntar a los Estados miembros europeos que se ven afectados por el problema y a otros, que no lo están. Eso sólo retrasaría las decisiones.
Sin descartar de antemano las Directivas europeas, es necesario completarlas restableciendo el derecho de los Estados miembros a protegerse a sí mismos. Tenemos que admitir que los Estados miembros amenazados puedan adoptar medidas conjuntamente, al margen de los procedimientos de la Comunidad. Y en el fondo, necesitamos expulsar de nuestras aguas todos aquellos buques cuyo responsable no esté claramente identificado, no esté localizable, no sea solvente o no esté completamente asegurado.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
Una vez más vamos a condenar el naufragio de un buque basura de 26 años de edad, que fue inspeccionado por última vez en 1999, que pertenecía a una compañía liberiana, que enarbolaba un pabellón de las Bahamas, que era operado por un armador griego, que estaba fletado por una filial suiza (Crown) de un conglomerado ruso (Alfa Group) que había obtenido la clasificación de la oficina norteamericana de navegación?
Estamos hartos de la falta de transparencia, de la impunidad y la complacencia en el transporte marítimo, que representa un peligro para los marineros, el medio ambiente y las poblaciones ribereñas. Estamos hartos de la impotencia de la Unión Europea, que, cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, es capaz de elaborar en unas pocas semanas una legislación antiterrorista que es todo un ataque a la libertad, pero que es incapaz de aplicar las resoluciones contenidas en los paquetes Erika I y Erika II. Necesitamos urgentemente una ley marítima internacional que pueda acabar con la complacencia, que sea capaz de imponer a los armadores, a los fletadores y a las compañías petroleras la lógica de la seguridad y de las normas sociales elevadas para los asalariados del transporte marítimo. En resumen, necesitamos recursos humanos (inspectores, controladores, guardacostas), materiales y financieros para aplicar la ley. Sin estas medidas mínimas, el Parlamento continuará adoptando resoluciones inútiles cada vez que se produzca un vertido de fuel.

Ribeiro e Castro (UEN)
 - (PT) Además de lo que he dicho en el debate esta tarde, quiero reafirmar mi apoyo total a las posiciones expresadas por la Sra. Comisaria de Palacio, tanto en lo que se refiere a adelantar, con carácter inmediato, la entrada en vigor de los paquetes Erika, como a la necesidad de reforzar, ampliar y endurecer todos los aspectos de sus contenidos. Para quien tuviera dudas o remordimientos de conciencia acerca de las medidas propuestas y debatidas para los paquetes Erika I o Erika II, la catástrofe del Prestige ha venido a darle la respuesta. Además debemos concentrar nuestras energías inmediatas en el control y la reducción al mínimo de los efectos de la contaminación, así como a socorrer a las comunidades atemorizadas y atribuladas que han resultado afectadas. Por último, quiero subrayar la necesidad de una investigación comunitaria rigurosa de todo el suceso, de manera que podamos estar seguros de que todo el mundo implicado actuó como debía, y para garantizar que disponemos de la mejor capacidad de respuesta técnica y política en el caso de posibles incidentes futuros.

El Presidente.
- Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 17.55 horas)

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, es una moción de orden sobre las actas.
Estoy recibiendo las actas con mayor retraso que en otras ocasiones, y hoy no he recibido la del miércoles. Sin embargo, sí he recibido la del martes y, en ésta, no figuro en la lista de asistencia. Querría que se corrigiera porque sí estuve.

