Ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros y condicionalidad social (debate) 
Presidente
El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral a la Comisión sobre ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros y condicionalidad social, de Tatjana Ždanoka y Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, Alejandro Cercas, en nombre del Grupo S&D, Marian Harkin y Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo ALDE - B7-0215/2009).
Tatjana Ždanoka
autora. - Señor Presidente, mi país natal es Letonia, un país que está sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis financiera. Letonia corría el resto de caer en bancarrota sin la ayuda financiera proveniente del exterior. Tanto la UE como el FMI nos han brindado esa ayuda, pero uno de los prerrequisitos para recibirla era que el Gobierno letón redujera su gasto presupuestario. Y eso es precisamente lo que ha hecho. Ha reducido las pensiones en un 10 % y las pensiones por desempleo en un 70 %, lo cual ha tenido como consecuencia la reducción de las prestaciones familiares y de maternidad para los padres trabajadores en un 10 %, así como la reducción de los umbrales personales de exención fiscal
Como ve, se ha adoptado un enfoque igualitario. Se han reducido todas las pensiones en un 10 %, ya se tratara de una pensión de cien euros o de mil euros. La Comisión ha expresado su conformidad con estos recortes de escándalo y ha firmado un Memorándum de Acuerdo con Letonia. Estaba claro desde el principio que estos recortes, que no atienden a criterio alguno de selección, afectarían negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Es que la Comisión no sabe que estamos en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza?
Pero Letonia no es el único país de la Unión Europea que se encuentra en esta situación. Hungría y Rumanía también han recibido préstamos comunitarios. Puede que otros países también se vean obligados a solicitar dichos préstamos en un futuro. Por ello tenemos que impedir que éste constituya un precedente en cuanto a la aceptación de medidas antisociales.
Comisario, comprendo que podrá alegar que ustedes solo se encargan de distribuir el dinero y que los gobiernos de los Estados miembros son los responsables de la política social, pero los derechos sociales son jurídicamente vinculantes para las instituciones de la Unión Europea, lo cual implica que los derechos sociales siempre han de ser tenidos en cuenta en cada actuación de las instituciones. De no ser así, todo lo que se diga sobre la labor de la UE en cuanto a la garantía de la protección social no servirá sino para provocar una sonrisa irónica.
Elizabeth Lynne
autora. - Señor Presidente, en este caso no estamos hablando de si se debería decir a los Estados miembros exactamente en qué deberían gastar su dinero. Cada país tiene sus propias prioridades a la hora de superar sus dificultades financieras.
Pero cuando un Estado miembro recibe la ayuda de la Unión Europea bajo esta condición, habría que animarlo a que invirtiera ese dinero de manera que se respetaran los principios de Unión Europea, es decir, sin ignorar la necesidad de protección social y de inclusión social.
La crisis financiera ha afectado en gran medida a los ciudadanos de la Unión Europea. Por ese motivo este fondo es necesario. Millones de personas han perdido sus puestos de trabajo. Muchos de los ciudadanos de estos Estados miembros que han quedado en el paro forman parte de aquellas personas que resultan más vulnerables y que cuentan con menores posibilidades a la hora de encontrar un empleo rápidamente. Por eso resulta importante que se respeten las redes de seguridad social de esos Estados miembros.
En concreto, en nuestra pregunta oral hemos inquirido si los Estados miembros están obligados a incluir en los informes que remiten a la Comisión una evaluación del impacto social. Agradecería que nos aclarase si es así.
Debemos transmitir el mensaje adecuado a los Estados miembros que están recibiendo financiación comunitaria mediante la asistencia financiera a medio plazo. Personalmente, considero que debemos dejar claro que la Comisión podría tener en cuenta el modo en que se ha prestado asistencia a los más desfavorecidos antes de acceder a prestar más ayuda.
Sé que los Estados miembros están experimentando dificultades financieras. A veces no resulta tan fácil seguir cumpliendo con las obligaciones sociales. Por ello hemos planteado esta pregunta oral. Debemos recordar que la crisis financiera también tiene una faceta humana y que, a menudo, son precisamente aquellos que ya estaban marginados por la sociedad los que la encarnan.
Alejandro Cercas
autor. - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, antes de hacer la pregunta leí atentamente los precedentes y cuáles habían sido las posiciones que el Parlamento había tomado sobre estas cuestiones. Y es un hecho, no una opinión, que el día 24 de abril de este año el Parlamento aprobó una Resolución legislativa con motivo de una reforma del Reglamento (CE) nº 332/2002 que, al hilo del artículo 100 del Tratado, regula estos instrumentos financieros.
En esa Resolución, señor Comisario, el Parlamento era favorable a estas ayudas, a abordar los problemas específicos que tienen en sus finanzas públicas los Estados más golpeados por la crisis financiera, expresaba rotundamente su solidaridad, sobre todo con los Estados que acaban de llegar más recientemente a la Unión, pero, al mismo tiempo, señor Comisario, el Parlamento decía claramente que esas ayudas debían estar condicionadas y señalaba cuatro criterios, que son los objetivos comunitarios.
Por una parte, que haya calidad en el gasto público, que no se tire el dinero; por otra, que se respeten los sistemas de seguridad social y el crecimiento sostenible; en tercer lugar, que no se abandone una política de pleno empleo de calidad; y, en cuarto lugar, que se luche contra el cambio climático. Lógicamente, si son buenos objetivos para nosotros, también deben ser respetados en estos países.
Han pasado pocos meses y hemos recibido bastantes informes de ONG, de sindicatos, de ciudadanos, sobre alguno de los cuatro países que en cantidades muy importantes -6 500, 3 100, 2 200, 5 000 millones de euros- han recibido ayudas para el apoyo de sus finanzas públicas. Y nos dan cifras como las que acaba de citar la compañera: recortes del 40 % en el sector de la educación; recortes del 10 % en el programa de pensiones; reducción a la mitad de las subvenciones de los enfermos...
Señor Comisario, ante esta realidad, el Parlamento quiere, al menos, que nuestro silencio no sea interpretado allí -como está siendo interpretado- como que imponemos estas medidas; al menos no deberíamos ser cómplices de esa interpretación de que es Europa quien agrede a esas capas de población más necesitadas. Y si es posible, señor Comisario, debemos evitar que el ajuste lo paguen los más débiles.
Joaquín Almunia
Señor Presidente, señores diputados y señoras diputadas, los problemas en Letonia o en Hungría o en Rumanía, que son los tres países de la Unión Europea que en este momento reciben préstamos a través de la facilidad de la balanza de pagos, son problemas que no ha creado ni este Parlamento, ni la Comisión Europea, ni la Unión Europea; son problemas que ha creado la crisis económica, pero que han agravado una mala gestión y una mala política por parte de los responsables políticos de esos países, porque hay países en la misma región de la Unión Europea que Letonia, o en la misma región de la Unión Europea que Hungría, o en la misma región de la Unión Europea que Rumanía, que no están teniendo los mismos problemas, que están pudiendo hacer frente a la crisis en mejores condiciones, con apoyo de los presupuestos europeos, a través de Fondos Estructurales y de Cohesión, con la protección que da ser miembro de la Unión Europea y tener una perspectiva de integrarse en el euro, pero sin necesidad de pedir ayuda a la facilidad de la balanza de pagos.
¿Por qué esos tres países han tenido que pedir ayuda? ¿Por qué les hemos tenido que prestar dinero? No por culpa ni de la Comisión ni del Parlamento, ni de la Unión Europea en general: por responsabilidad de mala gestión en esos países.
¿Cómo estamos ayudando a esos países? Prestándoles dinero; y nadie presta sin condiciones, y nosotros no tenemos autorización de este Parlamento ni del Consejo para prestar sin condiciones. Prestamos con condiciones, y les ponemos a esos países unas condiciones que son duras, porque su situación es extraordinariamente difícil, pero les decimos: "No rebajen dinero para poder cofinanciar los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión; no adopten medidas regresivas; no recorten dinero para perjudicar a los más débiles". A veces tenemos éxito y, a veces, desgraciadamente, no tenemos éxito, porque no depende de nosotros, sino de ellos.
Por lo tanto, yo comparto sus preocupaciones, y no sólo las comparto, sino que, en nombre de todos ustedes, se las transmito a esos gobiernos, a la vez que, en nombre de la Unión Europea, les doy dinero: 3 100 millones de euros de préstamo a Letonia y cantidades muy importantes también a Rumanía y a Hungría.
Pero atención: nadie presta sin condiciones, y yo no estoy autorizado a hacerlo en nombre de ustedes, en nombre de los Estados miembros, y no podemos, para bien o para mal, tomar decisiones que son responsabilidad de los gobiernos y de los parlamentos de esos países.
Lo que sí hacemos es recordarles a los gobiernos y a los parlamentos de esos países: uno, la responsabilidad por llevar a sus países a una crisis que otros países no están sufriendo con tanta gravedad; y dos, les recordamos que hay medidas que no se pueden tomar, y no estamos dispuestos a prestar dinero para que se adopten medidas que vayan más allá de lo estrictamente necesario para ajustar unas finanzas públicas y poner a esos países en condiciones de afrontar su futuro sin necesidad de pedir prestado a la Unión Europea.
Jean-Paul Gauzès
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que los comentarios del Comisario han respondido claramente a la pregunta que se había planteado.
La Unión Europea no concede préstamos sin condiciones. Dichas condiciones acaban de ser mencionadas: calidad en el gasto público, objetivos de crecimiento sostenible, política de pleno empleo, lucha contra el cambio climático y, evidentemente, el requisito de compensar el déficit de la administración pasada en cuanto sea posible para que los países que están recibiendo esta ayuda puedan alcanzar el nivel necesario.
No obstante, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis que estamos experimentando, considero que no deberíamos exagerar con las condiciones. Tenemos que confiar en los gobiernos de los Estados miembros que reciben ayuda comunitaria para adoptar las medidas necesarias y evitar aquellas condiciones que pudieran resultar retrógradas o reaccionarias.
El gasto social es importante, naturalmente, y debe ser protegido. Pero también debemos confiar en que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para restablecer la situación y dejarnos de controles puntillosos que, de cualquier forma, resultarían ineficaces.
Habrá que evaluar el modo en que los Estados miembros han invertido las ayudas comunitarias cuando se les conceda otra ayuda. Entonces podremos sacar nuestras propias conclusiones sobre qué medidas han resultado inapropiadas, en especial, teniendo en cuenta la situación social actual.
Pervenche Berès
Señor Presidente, Comisario, como recordará y como bien ha apuntado mi colega el señor Cercas, el 24 de abril aprobamos, validamos y ratificamos el incremento del mecanismo de la balanza de pagos atendiendo a dos condiciones: en primer lugar que esta ayuda estuviera ligada a una serie de condiciones, especialmente en el caso de ayudas de índole social, y, en segundo lugar, que existiera una transparencia que permitiera a este Parlamento dejar claro en qué condiciones se han concluido los acuerdos con los Estados miembros en cuestión. Por este motivo considero que el debate que estamos manteniendo esta tarde es un debate justo, útil y democrático que debe probar su efectividad.
La situación en la Unión Europea es dramática. No cabe duda de que esta crisis está afectando a los cimientos de la solidaridad entre los Estados miembros y, en concreto, a la solidaridad con determinados Estados miembros. Las noticias que nos llegan de Rumanía no han hecho más que empeorar la situación. En este caso nos encontramos en una posición muy compleja debido a la incertidumbre política fruto de las consecuencias de esta crisis.
No obstante, espero que no volvamos a caer en los errores del pasado, especialmente en aquellos que hemos conseguido atribuir al FMI por aplicar, hace aproximadamente diez años, una serie de fórmulas que a la larga solamente servían para empeorar la situación. Además, estoy totalmente en desacuerdo con mi colega, el señor Gauzès, por su recomendación de no aplicar controles puntillosos y, por el contrario, esperar a que se evalúe la calidad de cómo se han invertido dichas ayudas en la próxima solicitud. ¡No! Solamente podremos determinar las condiciones en el momento en que se concede la ayuda. Creo que Europa ya ha pagado bastante por no evaluar las condiciones de las ayudas que se han atribuido a muchos ámbitos y que no puede hacer oídos sordos a este problema.
Hoy por hoy no podemos consentir en la Unión Europea que los más débiles sean precisamente quienes tengan que pagar por las políticas de ajuste. No creo que en este caso se pueda echar la culpa a la Comisión de no haber gestionado debidamente la actuación política de Letonia. Comisario, nadie en este Parlamento ha dicho que ese sea el camino que queremos seguir.
Pero no podemos permitir que los más débiles tengan que pagar por el compromiso presupuestario de la Unión Europea y por nuestra solidaridad con Letonia. Creemos que éste no es el mejor modo de restaurar la solidaridad y el equilibrio de la economía letona.
Marian Harkin
Señor Presidente, la protección social de la UE y el proceso de inclusión social es clave a la hora de garantizar la consecución del contenido estratégico que se refiere al crecimiento económico sostenible, más puestos de trabajo y de mejor calidad y una mayor cohesión social.
Los ciudadanos corren más riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social durante una crisis económica, especialmente si se trata de ciudadanos que han quedado apartados de la sociedad, que han perdido sus puestos de trabajo o que dependen de las redes de seguridad social que operan en los diferentes Estados miembros.
Esta pregunta le pide a la Comisión que explique si tiene la intención de dirigir el proceso de la UE sobre protección e inclusión sociales de acuerdo con el Reglamento (CE) n 332/2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos.
Siempre me he mostrado susceptible a la imposición de excesivas condiciones y al papeleo desmedido que recae sobre los destinatarios de las ayudas, pues considero que repercuten de manera directa en las pyme y los ciudadanos. Pero creo que se trata de una imposición importante siempre y cuando contribuya a la consecución de la inclusión social, uno de principios fundamentales de la UE. No podemos aspirar al proceso de inclusión social y generar una infinidad de documentos que detallen el modo en que ha de conseguirse sin garantizar que este proceso es consecuente con nuestras iniciativas.
El Comisario ha dicho que hemos impuesto una serie de duras condiciones a estos préstamos, pero no me ha quedado claro cuáles son estas condiciones ni si realmente tienen en cuenta el cumplimiento de las obligaciones en materia social.
Da igual en qué circunstancias se hayan concedido los préstamos de la UE. No podemos lavarnos las manos y esperar que todo salga bien. Se nos ha pedido que confiemos en los Estados miembros. Confiar en los Estados miembros está muy bien, pero la confianza hay que ganársela, al igual que hay que atender a las inquietudes que surjan.
Patrick Le Hyaric
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la mayoría de los economistas indican que la crisis se debe en gran medida a la transferencia de riqueza que se ha generado con el trabajo en el capital, en los beneficios. Además, también se está bastante de acuerdo en que son precisamente los ciudadanos de los países que han mantenido sus sistemas de seguridad social y sus servicios públicos quienes han sufrido relativamente menos como resultado de la crisis.
Pero el problema al que nos enfrentamos hoy tiene que ver con la índole de las condiciones que se imponen a la concesión de ayuda comunitaria o proveniente del Fondo Monetario Internacional a la población. Esta ayuda no puede seguir dependiendo de la aplicación de planes de ajuste estructural a costa de la reducción del gasto social, el gasto en formación y la privatización de los sectores públicos, entre los que se encuentran los servicios sociales de interés general. Precisamente este enfoque ha resultado ineficaz. Tenemos que reconocerlo. Estas medidas no hacen más que empeorar la crisis, el paro y la pobreza.
Por esta razón, desde nuestro punto de vista, tenemos que cambiar los criterios de estas condiciones y decidir la adjudicación de los fondos públicos comunitarios o los del FMI teniendo en cuenta unas condiciones que puedan combinarse con un nuevo sistema de asignaciones y que atiendan a una serie de nuevos criterios que tengan por objeto fomentar una nueva forma de distribución de la riqueza que permita mantener un alto grado de protección social, garantizar el pleno empleo y aumentar los salarios, las pensiones y los mínimos sociales. Al fin y al cabo, este proceso va de la mano de la eficiencia económica y no en su contra.
Arturs Krišjānis Kariņš
(LV) Señor Presidente, Comisario, la Comisión Europea ha mostrado claramente su comprensión y su espíritu colaborador con los Estados miembros que experimentan problemas presupuestarios como consecuencia de la crisis. Los Estados miembros no pueden mantener unos sistemas de seguridad social sólidos sin una economía sólida. Mis colegas parlamentarios proponen restringir las condiciones que determinan la concesión de ayuda financiera, pero yo creo que en principio sería desaconsejable. Por el contrario creo que deberíamos tener muy en cuenta la posibilidad de ampliar las condiciones según las cuales se confiere dicha ayuda financiera para que no solo pudieran invertirse en el refuerzo de los presupuestos y sistemas financieros nacionales, sino también en el desarrollo de la economía.
La inversión en la economía es crucial a la hora de garantizar un sistema de seguridad social estable a largo plazo. Si se destinasen las ayudas financieras a este propósito podríamos asistir a los Estados miembros que experimentasen dificultades económicas más rápidamente. La recuperación de estos Estados después de la crisis y su futura estabilización está ligada a la política de la Unión Europea respecto a esos Estados. Solamente una actuación armónica y eficaz dará resultado a nivel comunitario. La ayuda financiera ni es ni puede ser el único modo en que los Estados miembros se presten apoyo. Debemos encontrar soluciones más complejas que promuevan el desarrollo económico de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Kinga Göncz
(HU) En este caso estamos hablando de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea que, debido al cambio de régimen, han tenido que cuidar de los que han salido perjudicados por el cambio de régimen, volverse más competitivos en el mercado abierto tras la reestructuración económica y generar y constituir economías fundamentadas en estructuras equilibradas. Como consecuencia, los ciudadanos de estos países cuentan con menores recursos. Es decir, están teniendo problemas para pagar sus hipotecas como consecuencia del alto ratio de deuda monetaria. El desempleo aumenta debido a los problemas económicos que se desarrollan de manera unilateral al igual que está descendiendo el gasto social.
Como consecuencia de las tensiones sociales, reina la inestabilidad, en especial la inestabilidad política. Está aumentando el número de países donde el extremismo gana adeptos. El populismo también está ganando terreno. Creo que debemos tener todos estos factores en cuenta a la hora de evaluar la situación y cuáles son las medidas relativas a la solidaridad europea y basadas en ella que se han de emprender.
Jürgen Klute
(DE) Señor Presidente, el tema que estamos debatiendo esta tarde ya se ha tratado en el Parlamento Europeo en multitud de ocasiones. Como es sabido, la Comisión se guía por los criterios del Fondo Monetario Internacional a la hora de conceder este tipo de ayudas, como se ha mencionado anteriormente.
En este contexto, el Parlamento Europeo ha planteado una serie de preguntas a la Comisión. En noviembre de 2008 el Parlamento solicitó que la Comisión presentara un análisis de los efectos del comportamiento de los bancos que retiraron sus activos de los Estados miembros de más reciente adhesión a la Unión Europea. El 24 de abril de este año, el Parlamento Europeo volvió a presentar esta solicitud. También solicitó que se informase sobre las declaraciones de intenciones entre la Comisión y los Estados miembros que reciben ayuda presupuestaria y que se detallase en qué condiciones se ha prestado dicha ayuda. Por lo que sabemos, aún no se ha contestado a las peticiones.
Por tanto, quisiera preguntar en primer lugar si les parece correcto que aún no se haya dado respuesta a dichas peticiones. Si la respuesta es afirmativa, quisiera plantear en segundo lugar por qué no se han contestado y, como última pregunta, cuándo creen que se contestará a dichas peticiones.
Theodor Dumitru Stolojan
(RO) Como representante de Rumanía, país que ha recibido ayuda financiera a su balanza de pagos procedente de la Comisión Europea, quisiera agradecer la pronta acción de la Comisión en la concesión de ayuda financiera a la balanza de pagos sin la cual los problemas sociales y económicos de Rumanía no habrían hecho sino empeorar.
En verdad los países que han recibido ayuda financiera están experimentando muchos problemas sociales. Podemos debatir qué tipo de condiciones sociales deberían incluirse en estos acuerdos de ayuda financiera. Si nos planteamos el problema desde este punto de vista debemos tener en cuenta que los sistemas de pensiones y de seguridad social de esos países han contribuido a los desequilibrios que han motivado la ayuda financiera a la balanza de pagos. Por este motivo, al debatir sobre las condiciones sociales, debemos debatir también qué reformas han de emprenderse en estos sectores sociales, en especial en el sistema de pensiones, para conseguir una sostenibilidad financiera a medio y largo plazo determinante a la hora de resolver los problemas de esos países.
Proinsias De Rossa
Señor Presidente, la OIT dijo hace poco, en junio tras su lanzamiento del pacto por el empleo, que el mundo sería muy distinto después de la crisis.
Me temo que esto no es lo que va a ocurrir. Después de la crisis deberíamos tener una economía más sostenible en la que hubiera empleos decentes, calidad de los servicios públicos y una globalización justa que nos acercara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero no lo estamos consiguiendo. Por el contrario, estamos consiguiendo que los bancos y los financieros de Europa y el resto del mundo recorten los gastos con el único objetivo de conservar sus privilegios.
Además, la Comisión sanciona la inyección de millones de euros en las arcas de los bancos irlandeses. Ahora mismo el Gobierno irlandés pretende acabar con el desarrollo local, con los programas de desarrollo comunitario que apoya la Unión Europea. Están a punto de acabar con nuestro sistema educativo.
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo ha publicado hoy el informe Restructuring in the Recession (Reestructuración en la recesión). Quisiera leerles un par de líneas: "Lo ideal sería que se garantizase que las medidas que tienen por objeto solucionar los problemas inmediatos que ha generado la recesión sean consecuentes con los objetivos a largo plazo". Seguro que la Comisión está insistiendo en que todos los Estados miembros al menos lo intenten.
Czesław Adam Siekierski
(PL) Muchos países, en estos momentos de crisis económica y mientras aún sentimos sus devastadoras consecuencias, han decidido solicitar ayuda financiera a una serie de instituciones financieras. Sin embargo, creo que merece la pena preguntarse qué porcentaje de ese dinero ha llegado a las personas perjudicadas por la crisis y a los más necesitados.
Cada día miles de ciudadanos europeos pierden sus puestos de trabajo, su sustento y el de sus familias. ¿Creen que los gobiernos de los Estados miembros tienen en cuenta el factor social a la hora de solicitar ayuda financiera? Permítanme dudarlo teniendo en cuenta el aumento del paro en muchos de los Estados miembros. Por ello, quisiera hacer un llamamiento. No podemos quedarnos impasibles ante las necesidades de los ciudadanos de a pie pues, como suele ocurrir, son quienes sufren en mayor medida las consecuencias de los errores de sus gobernantes.
Ilda Figueiredo
(PT) La aplicación del principio de cohesión social y económica cobra un mayor sentido durante las crisis. No solamente requiere el aumento significativo del presupuesto comunitario, sino también un reparto de riesgos justo y medidas en las que la protección y la inclusión social, la creación de empleo, la igual de derechos, el acceso a servicios públicos de calidad y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos constituyan una prioridad.
Por ello, se deben evaluar tanto la financiación comunitaria como todas las medidas económicas y financieras que se propongan teniendo en cuenta su impacto social para evitar que sigan creciendo las desigualdades y el índice de pobreza.
Seán Kelly
Señor Presidente, éste es un debate interesante y al mismo tiempo deprimente, en especial si se tiene en cuenta que la Unión Europea está actuando de buena fe a la hora de prestar asistencia a los países que experimentan dificultades.
Irlanda, mi país, se ha beneficiado de dicha ayuda en determinada medida. Sirva de ejemplo el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Pero si ese dinero se ha concedido a los Estados miembros bajo una serie de condiciones supuestamente estrictas, cabría preguntarse cómo es posible que no se estén gestionando adecuadamente. Lo normal sería que parte de esas condiciones tan estrictas tuvieran por objeto garantizar una buena gestión de los fondos y que se tomaran las medidas correctivas adecuadas en caso contrario.
¿Podría garantizar la Comisión la retirada de la ayuda financiera, su recorte, o la imposición de sanciones? Lo que no podemos consentir es que, como bien ha dicho mi colega la señora Harkin, demos algo con confianza y resulte que finalmente se traicione esta misma confianza.
En segundo lugar, y para concluir, creo que nunca llegaremos a la situación que ha descrito el señor De Rossa al hablar de una mejora de la sociedad después de la depresión respecto a la que tenemos ahora.
Joaquín Almunia
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que comparto totalmente las condiciones que aprobó el Parlamento Europeo; es lo que la Comisión hace: cuando presta dinero a esos tres Estados miembros utilizando la facilidad de la balanza de pagos, lo que hace la Comisión es tomar dinero prestado de los mercados, prestárselo exactamente en las mismas condiciones -que son unas condiciones mucho más favorables para esos países de las que ellos podrían conseguir yendo directamente al mercado a endeudarse- y poner unas condiciones para que nos devuelvan el dinero, pero tenemos en cuenta las cuatro condiciones que han citado ustedes y que aprobó este Parlamento. Coincidimos plenamente con ellas.
Pero cuando se utiliza este recurso -la facilidad de la balanza de pagos- no se puede asimilar -y me parece, por lo que he deducido, que en alguna de las intervenciones ustedes trataban de hacerlo- lo que es una utilización de recursos del presupuesto (Fondos Estructurales, Fondos de Cohesión, otro tipo de programas, de ayudas) con lo que es un préstamo para solucionar un problema financiero en un país.
El problema de Letonia, como era el problema de Hungría o el problema de Rumanía, es que tienen que acudir a esa facilidad de balanza de pagos porque no pueden acudir a los mercados a endeudarse para financiar sus necesidades financieras. Ese es el problema. No estamos hablando de un programa para una actividad concreta o para unos programas concretos, estamos hablando de unos países que tienen una dificultad financiera derivada, en parte, de la crisis, sin duda, pero que es mucho mayor que en otros países en condiciones objetivamente similares a consecuencia de una mala gestión anterior.
Y, por favor, no responsabilicen ni a la Comisión ni al Parlamento Europeo ni al Consejo de Ministros por la mala gestión de algunos gobiernos en algunos Estados miembros. No es nuestra responsabilidad; nuestra responsabilidad es tratar de ayudar a solucionar un problema financiero. En parte, ese problema financiero es un problema de balanza de pagos que tiene que ver con el endeudamiento del sector privado, que tiene que reponer unas cantidades o devolver unas deudas y no tiene capacidad de financiarse para hacer esas operaciones, y, en parte, a veces, es una necesidad del sector público.
En el caso de necesidad del sector público, para financiar su endeudamiento público, hay más capacidad para poner unas condiciones concretas, y son las que ponemos, créanme. Yo, antes de ayer, aquí en Bruselas, todavía estaba tratando de convencer a un representante del Gobierno de Letonia para que las medidas que van a incluir en el presupuesto del año 2010 sean más progresivas. Pero no pidan a la Comisión que obligue a un país a aprobar una reforma tributaria que ese país no quiere aprobar; para bien o para mal -ustedes lo saben igual que yo-, no tenemos esa capacidad.
¿Cuál es nuestra alternativa, pues, como representantes de los ciudadanos europeos? ¿Dejar que ese país caiga en un problema de insolvencia? ¿Que no haga frente a sus compromisos con el exterior, sean de endeudamiento público o privado? ¿Que esos problemas financieros obliguen a ese país a efectuar una devaluación de su tipo de cambio del 25 o del 30 %, que empobrecería inmediatamente a las familias, a las empresas y al sector público endeudado en moneda extranjera? Estoy seguro de que ustedes no quieren eso, y yo tampoco. Esas son las condiciones en las que nos estamos moviendo.
Yo comparto todos sus análisis: los que ha expuesto el señor De Rossa, los que ha expuesto el señor Cercas, la señora Berès, todos ustedes; claro que los comparto. Pero la realidad de un país como Letonia o de un país como Rumanía, en este momento, es más compleja que eso. Por favor, pónganse en el lugar de quien tiene que actuar en nombre de todos ustedes para prestar o no prestar a un país que no puede endeudarse en los mercados como lo pueden hacer la mayoría de los Estados miembros o como lo pueden hacer los países más industrializados. Esa es la situación. Y eso es lo que estamos tratando de resolver cumpliendo las cuatro condiciones que ustedes han puesto y que yo comparto.
Presidente
Se cierra el debate.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
José Manuel Fernandes  
La crisis financiera mundial ha provocado un profundo efecto global en la circulación de los ciudadanos de todo el mundo. En este contexto, se precisa una mayor integración política y social y una Europa más fuerte y solidaria. La Unión Europea debe garantizar la protección de los derechos fundamentales en su propio territorio. De lo contrario, estará hablando de una política que no pone en práctica. Por eso defiendo un nuevo concepto de solidaridad en la Unión Europea que pueda garantizar un mínimo de derechos sociales para todos los ciudadanos europeos. Habría que garantizar en todo el territorio comunitario valores mínimos en materias como la sanidad, la educación, las pensiones y los subsidios. Personalmente creo que estos requisitos son imprescindibles para fomentar la homogeneidad de las condiciones laborales que regularía la circulación de las empresas y la mano de obra. Por otro lado, ha quedado claro que las ayudas financieras de la UE no pueden depender de una serie de políticas que son de exclusiva competencia de los Estados miembros, pero tampoco pueden depender esas mismas políticas de las condiciones impuestas. No obstante, esto no implica que no sea necesaria la mejora de la coordinación política y social, sino todo lo contrario. Esta integración es imprescindible.
Silvia-Adriana Ţicău  
Debido a la crisis financiera, algunos Estados miembros han tenido que recurrir a la ayuda de la UE (Reglamento (CE) n° 332/2002(1) de 18 de febrero de 2002) e internacional (Fondo Monetario Internacional). El objeto de estas ayudas es garantizar que se reúnan las condiciones necesarias para una protección e inclusión social efectiva y la instauración de un ambiente que propicie el desarrollo económico y la creación de empleo. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2008 y mayo de 2009 el índice de desempleo llegó al 8,9 % y el número de parados subió de 5,4 millones a 21,5 millones en la Europa de Los Veintisiete. La principal preocupación de los europeos es la pérdida de empleo. La obligación de la Unión Europea y de sus Estados miembros es el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y la creación de empleo. Para ello ha de invertirse de manera eficiente en materia de agricultura, educación, transporte e infraestructura energética. Cada vez que un ciudadano europeo pierde su puesto de trabajo disminuyen los ingresos de una familia europea y, por extensión, su calidad de vida. La creación de un puesto de trabajo implica la existencia de una familia que puede llevar una vida digna y beneficiarse de una educación de calidad para las futuras generaciones. El baremo para medir el éxito del modelo europeo debe ser la calidad de vida de los quinientos millones de ciudadanos europeos.
