Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 18 de septiembre de 1998.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes.
(El orden de los trabajos queda aprobado sin modificaciones)

El Presidente
Tiene la palabra la Sra. van Bladel para una cuestión de orden.

Van Bladel
Señor Presidente, artículo 42, apartado 5. El 3 de agosto presenté una pregunta escrita prioritaria a la Comisión sobre la inminente guerra en Angola. Para obtener una respuesta oficialmente se necesitan tres semanas. Ahora, setenta miembros de la oposición han visto suspendidos sus derechos y el pasado viernes, se perpetró un ataque armado contra el líder de la oposición, Chivu Kuvuku, al que ha sobrevivido, lo mismo que sucedió con el atentado de 1992. Ante la acción ofensiva sufrida por los parlamentarios de Luanda, el deber de este Parlamento es, creo yo, protestar. He leído en la prensa portuguesa que el alcalde de Lisboa ha puesto todo en marcha para proteger la vida del líder de la oposición.
Señor Presidente, le ruego que, en nombre nuestro, como parlamentarios, proteste ante el Gobierno y, sobre todo, pida a la Comisión que responda a mi pregunta. Gracias por la oportunidad que me ha dado.

El Presidente
Tomo nota de su pregunta prioritaria. Vamos a comprobarlo para contestarle a la mayor brevedad posible.

Suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0317/98) del Sr. Wibe, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen.
Me pide la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, le ruego que me disculpe, pero en el informe del Sr. Wibe no figura el resultado de la votación realizada en la Comisión de Reglamento. Ahora bien, creo que por unanimidad de los miembros de la comisión que se encontraban presentes se solicitó una votación nominal. Quería preguntarle por qué no se recoge en el informe. ¿Por qué dicha votación nominal, que por definición hace público el voto de cada uno, no figura en el informe del Sr. Wibe?

El Presidente
Daré inmediatamente la palabra al presidente de la comisión. Le recuerdo que en los casos de unanimidad, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades delibera a puerta cerrada, por lo que no puede hacerse publicidad hasta el momento en que se publica el informe.
Señor presidente de la Comisión de Reglamento tiene la palabra.

Fayot
Señor Presidente, efectivamente, en el transcurso de las deliberaciones sobre el informe del Sr. Wibe, se solicitó una votación nominal, que se realizó a puerta cerrada. Dicha solicitud fue respaldada por el número de diputados de la comisión en cuestión que prevé el Reglamento. Por lo que se procedió a la votación nominal, cuyo resultado figura en el informe, es decir, las cifras exactas de los colegas que votaron a favor, en contra o que se abstuvieron. Creo que no procede indicar los nombres de los colegas que participaron en dicha votación nominal. Lo que importa es la publicación del resultado y, por otra parte, no veo ninguna disposición del Reglamento que nos obligue a publicar en el informe los nombres de los colegas votantes. Así lo entiendo y creo que ahora podemos pasar al debate del informe del Sr. Wibe.

El Presidente
Efectivamente. Añado a la intención del Sr. Fabre-Aubrespy que el resultado de la votación nominal figura en el Acta de la reunión de la Comisión de Reglamento. Todos los miembros de la comisión, en cualquier caso, pueden consultar dicha Acta y conocer los resultados.

Wibe
Señor Presidente, el origen de este informe es una petición del fiscal general de Munich para suspender la inmunidad de Le Pen. La causa de esto son opiniones atribuidas a Le Pen, que se habrían vertido en una conferencia de prensa en diciembre de 1977.
Hay dos clases de reglas que el Parlamento tiene que seguir cuando conoce de suspensiones de inmunidad. La primera clase está en nuestro reglamento de trabajo y regulan el procedimiento en sí, es decir, cómo tenemos que proceder. El segundo grupo se encuentra en el protocolo de 1965 sobre inmunidad en las Comunidades Europeas y tratan del asunto de fondo, es decir, qué deberá comprender la inmunidad.
Respecto a la primera parte, el tratamiento formal, creo que puedo decir que la comisión ha desplegado un gran esfuerzo para conseguir que todo se haya hecho correctamente. Hemos controlado que la fiscalía sea la autoridad correcta y competente para hacer esta petición en Alemania. Hemos controlado que la solicitud haya pasado por el Ministerio de Justicia alemán. Además hemos escuchado a Le Pen, hemos discutido el asunto en la comisión y hemos votado. Creo que puedo asegurar a los Diputados al Parlamento que el tratamiento formal de este asunto ha sido absolutamente correcto.
En cuanto al fondo del asunto, lo más importante es, definitivamente, que no hemos decidido nada en cuanto a su culpabilidad. Es totalmente irrelevante para nuestra posición si Le Pen ha dicho esas cosas o si ha dicho otra versión. También es totalmente irrelevante si la ley alemana que aquí se invoca también existe en otros países, si esta ley es justa o si las sanciones son demasiado severas o demasiado suaves. Todas esas cosas son totalmente irrelevantes. Lo único que tiene importancia para nuestra decisión es saber si los cargos de que se le acusa están o no dentro del marco de lo que comprende nuestra inmunidad. Posiblemente existe, señor Presidente, un caso en el que se puede hacer excepción a este principio, si se trata de una persecución política evidente hacia alguno de nuestros parlamentarios. Si, por ejemplo en este caso, Le Pen hubiese probado que él no se encontraba en ese lugar en ese momento sino que estaba en Argentina, entonces habríamos podido decir que éste era un caso de persecución política, y entonces no deberíamos tratar el asunto. Pero está totalmente claro que en este caso hay una base razonable para sospechar que Le Pen ha formulado las declaraciones que se le atribuyen.
Una circunstancia especial en este caso la constituye el hecho de que la petición haya sido hecha por un país diferente del propio de Le Pen. Se ha hecho en Alemania, pero Le Pen es ciudadano francés. Podemos preguntarnos entonces si es aplicable el artículo 110 del protocolo que dice que durante las sesiones del Parlamento los diputados gozarán de inmunidad en los territorios de otros países miembros. No obstante, es evidente que este punto no puede otorgar una inmunidad de carácter general para todos nuestros diputados respecto de eventuales delitos cometidos en el territorio de otros Estados miembros. Pensemos en un caso extremo, por ejemplo, que uno de nuestros diputados fuese acusado de homicidio en otro Estado miembro. Entonces sería obvio que suspenderíamos la inmunidad.
La propia esencia, la absoluta esencia, de toda la legislación sobre inmunidad se encuentra en el artículo 9 del protocolo. Allí se dice lo siguiente: «Los miembros del Parlamento no pueden ser interrogados, detenidos o procesados por declaraciones o votos formulados» -y aquí viene lo que es básico- «en el ejercicio de sus funciones». Esto significa que la inmunidad no es un privilegio que se nos otorga a los Diputados al Parlamento Europeo sino una protección para que ejerzamos nuestras funciones. Esto significa que tenemos inmunidad para aquello que tenga relación directa o indirecta con nuestros cargos de Diputados al Parlamento Europeo.
La pregunta final, señor Presidente, es entonces: ¿pueden considerarse estas declaraciones formuladas en una conferencia de prensa como pertenecientes al ejercicio de las funciones de diputado? Toda la comisión y yo decimos, con toda claridad, que se trataba de la presentación comercial de un libro. Esto no tiene nada que ver con el cargo de Le Pen como diputado al Parlamento Europeo. Por esta sencilla razón nos corresponde resolver aquí que se suspenda la inmunidad.

Rothley
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide la aprobación del informe y la supresión de la inmunidad del Sr. Le Pen. Calificó a las cámaras de gas de detalle histórico, lo cual, según la legislación alemana, es punible. Si el Parlamento le priva de la inmunidad, Le Pen será acusado judicialmente. Será citado ante un tribunal y si no acude será arrestado si alguna vez pisa territorio de la República Federal de Alemania.
Según la legislación alemana, no sólo es punible el hecho de negar Ausschwitz, sino también quitarle importancia. El Derecho alemán quiere proteger la verdad, una verdad que se refiere a la época más horrible de nuestra historia. Debemos mirar al horror a los ojos. Sólo así no se repetirá. Por ello el Derecho penal alemán sanciona penalmente la mentira al respecto. Tan sólo la verdad nos hará libres. Cuando luchamos contra gente como Le Pen luchamos por ello, luchamos por nuestro propio futuro.
No es cierto que mediante esta legislación penal se coarte la libertad de expresión. La verdad histórica en este caso es un patrimonio legal que hay que proteger, y es una ley general. Tampoco es cierto que se coarte la libertad de investigación. En los últimos años tuvimos una larga disputa entre historiadores. No voy a entrar a comentarla. La libertad de investigación no fue, pues, coartada por la ley. Queremos sobre todo proteger a los jóvenes de los falsificadores de la historia y de los políticos embaucadores. Estoy muy satisfecho de que la extrema derecha se haya quedado fuera en las recientes elecciones parlamentarias de la República Federal Alemana.
Es un signo de la madurez de nuestra democracia que me hace estar orgulloso de mi país.
(Aplausos)
Donnelly, Brendan
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo hincapié en una distinción que ha hecho el Sr. Wibe, que es decisiva. Tenemos dos preguntas. La primera, ¿según la legislación alemana, es el Sr. Le Pen culpable del delito del que se le acusa? Y la segunda, ¿debe suspenderse su inmunidad para que pueda comparecer ante un tribunal alemán?
El Reglamento deja perfectamente claro que no corresponde a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades llegar a una conclusión respecto a la primera pregunta. Personalmente pienso que el Sr. Le Pen tiene una serie de argumentos objetivos y legales que sin duda deseará exponer ante el tribunal alemán. Por otro lado, no veo que exista aquí ningún fumus persecutionis . Estoy convencido de que a cualquier ciudadano alemán -del mismo modo que si fuera francés o venezolano-se le exigiría comparecer ante los tribunales alemanes al igual que al Sr. Le Pen.
La segunda pregunta, que es sobre la que debemos decidir aquí, es si debemos evitar que el Sr. Le Pen comparezca, o incluso que se vea obligado, en virtud de la legislación alemana, a testificar lo que dijo e hizo ante un tribunal alemán. Es importante tener presente el razonamiento que hay detrás de la existencia de la inmunidad. Estoy de acuerdo con el Sr. Wibe en que este caso entra en el ámbito en que el Parlamento Europeo tiene un margen de discreción.
No es obligatorio mantener la inmunidad del Sr. Le Pen. Debemos analizar los hechos y la situación que se nos plantea. Debemos tener presente como componente determinante de nuestro razonamiento, que una sociedad democrática ha decidido que exista una ley que condena la negación o el menosprecio público del holocausto. Es algo sobre lo que podemos discrepar en cuanto a su idoneidad.
Quisiera observar, de pasada, que no hay ningún país en el mundo en el que la libertad de expresión sea absoluta. Las cuestiones de confidencialidad, calumnia o difamación siempre son importantes. Pero, democráticamente, Alemania, aprendiendo de su historia, ha decidido que exista una ley sobre la negación del holocausto. Si dijéramos que el hecho de ser diputado al Parlamento Europeo exime a alguien de dicha ley alemana en particular, a la que todo el mundo está sujeto en Alemania, haríamos un flaco servicio al Parlamento Europeo.
Es por ello, y no porque sienta o deje de sentir simpatía por el Sr. Le Pen, por lo que el PPE aprueba el informe Wibe en su análisis técnico y jurídico y por lo que mañana votaremos a favor del mismo.

Nordmann
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, deseo apoyar el informe del Sr. Wibe por varias razones.
En primer lugar, ¿debe sorprendernos que Alemania Federal persiga lo que la justicia francesa ya ha condenado? No hagamos como si las palabras del Sr. Le Pen fueran algo nuevo. Existe en la invocación evocadora de la palabra «detalle», en esa insistencia en utilizar, al referirse al holocausto, una voluntad de provocación evidente, a pesar de estar rodeada de precauciones oratorias que, de boquilla, expresan pesar.
La segunda razón es que nos parece especialmente saludable que en Alemania exista esta legislación que prohíbe la negación y el hecho en sí de menospreciar el holocausto. Deseamos profundamente que la Justicia alemana se haga cargo de todas las manifestaciones del mismo tipo y, en particular, de las declaraciones escandalosas que recientemente ha hecho el médico superviviente de Auschwitz.
Por último, quisiera decir que nos ha emocionado especialmente ver cómo en la Comisión de Reglamento, el Sr. Le Pen era defendido por uno de sus allegados, que ha repetido e insistido en las insinuaciones revisionistas que son el centro del debate de hoy.
El debate, tal y como tuvo lugar en la Comisión de Reglamento, demuestra que no se trata de un accidente verbal, sino, por el contrario, de una ofensiva que viene librando desde hace ya muchos años para menospreciar, aunque sea ergotizando sobre los términos y las estadísticas, el que sigue siendo el crimen más espantoso del siglo XX.
Éste es el motivo por el que, más allá del impecable análisis jurídico que ha realizado el Sr. Wibe, los Liberales -y no somos los únicos- apoyamos la suspensión de la inmunidad, dando por descontado que dicha suspensión no implica una condena, sino permitir que se celebre el juicio, y ello en el lugar que le corresponde.

Ephremidis
Señor Presidente, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades ha decidido por amplia mayoría, como pienso que haremos nosotros también en esta Asamblea, suspender la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen. Ni lo ha juzgado ni lo ha condenado. Esa decisión ha sido tomada tras desarrollar un extenso debate que contó con la presencia del propio Sr. Le Pen y la de aquellos colegas que le han apoyado, cumpliendo escrupulosamente el proceso legal y respetando la norma que rige la inmunidad parlamentaria por la que los diputados pueden ejercer libremente sus deberes sin menoscabo de la institución parlamentaria. Se ha limitado simplemente a permitir que se abra un proceso judicial y se compruebe si ha cometido o no el delito del que ha sido acusado.
El hecho del que se le acusa se parece, de alguna manera, señor Presidente, al lavado de dinero sucio. Aquí lo que se trata de lavar son los crímenes de los nazis, los diversos holocaustos que causaron en Europa, como los de algunas regiones de mi país, y no sólo el holocausto judío. Tenemos que prestar mucha atención para neutralizar este intento de lavar dichos crímenes y que no vuelvan a repetirse aquellos horribles hechos como los ocurridos durante la ocupación nazi.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo siempre se ha inclinado por la actitud de adoptar la mayor reserva en casos de supresión de la inmunidad a diputados, y esto para proteger la libertad de expresión y la capacidad de control de este Parlamento. Cuando mañana vote a favor de la supresión de la inmunidad del diputado Le Pen no será porque sus afirmaciones no se hayan producido en el desempeño de su cargo. Lamento que la Comisión se haya refugiado en tales decisiones formales, que, por otra parte, parecen traídas por los pelos.
Si voto a favor de privarle de la inmunidad es porque me parecería insoportable y vergonzoso que este Parlamento protegiese a un diputado de una demanda judicial, un diputado que minimiza el holocausto, se mofa de los supervivientes y ofende a los muertos, y por que creo que este Parlamento no tiene ninguna justificación para permitir que los millones de víctimas de ese crimen total sean ridiculizados y ofendidos. Si la frase «Defiende los comienzos» no ha de quedar hueca de contenido, entonces no podemos seguir otorgando a un diputado tal la inmunidad parlamentaria.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero puntualizar que mañana la mayoría de mis colegas del Grupo de Coalición Radical Europea va a votar a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Jean-Marie Le Pen.
Personalmente, sin embargo, no estoy convencido de que ésta sea la mejor manera de combatir las tesis del Sr. Jean-Marie Le Pen y, por ello, expreso la opinión minoritaria de mi Grupo. No ha de extrañar que el líder de un partido basado en la intolerancia trate de enfrentarse en el terreno de la libertad de expresión que brindamos en nuestro sistema democrático. Él quiere la intolerancia y pretende que nosotros respondamos con la misma intolerancia, al objeto de presentarse ante el juez alemán y seguir dando quizás durante semanas o meses sus golpes mediáticos con esas declaraciones, esas palabras siniestras que no dejó de pronunciar una y otra vez a lo largo del año pasado. No obstante, éste es un terreno peligroso. Hace unos años la Comisión de Reglamento no se pronunció sobre otro caso similar de suspensión de la inmunidad precisamente porque estimó que este hecho no solo podía ser utilizado por el Sr. Le Pen, sino también porque podía ir en contra del principio de libertad de expresión que precisamente las tesis intolerantes de Le Pen intentan que neguemos para acabar en un enfrentamiento viril y quizás duro entre dos intolerancias encontradas. Por ello, Señorías, ¡cuidado con la votación de mañana! Ésta, repito, es la postura minoritaria de mi Grupo que, a pesar de todo, no he querido dejar de expresar.

El Presidente
Doy la palabra al Sr. Le Pen durante tres minutos.

Le Pen
Cinco minutos, señor Presidente.

El Presidente
No, señor Le Pen, tiene usted tres minutos.

Le Pen
Puede también fusilarme, sin dejarme hablar.

El Presidente
Se lo ruego, señor Le Pen.

Le Pen
Señoras y señores diputados, ante la petición de suspensión de mi inmunidad parlamentaria, iniciada por la Fiscalía de Múnich y cuya aprobación solicita por mayoría la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, ustedes deberían hacerse una única pregunta, y ello fuera de cualquier consideración partidaria: ¿tenía nuestro colega Le Pen derecho a expresar una opinión sobre las cámaras de gas, y no sobre el holocausto, como ustedes dicen?
Como ciudadano, esa libertad de opinión y de expresión le está garantizada, al igual que a los demás ciudadanos, por nuestras constituciones democráticas. Implica la negativa de imponer verdades dogmáticas, la negativa del pensamiento único y del pensamiento predefinido. Como diputado, ello es aún más cierto y es por lo que ustedes deberían rechazar masivamente la suspensión de la inmunidad, porque ésta no ha sido pensada para defender a la persona del diputado, sino la libertad, su libertad de pensar, su libertad de opinión. Los parlamentos no son legítimos a menos que sus miembros sean libres, y la libertad política es indivisible. No es mi inmunidad parlamentaria lo que estoy defendiendo, sino la de mi función, y también la de ustedes.
Si, a pesar de todo, ustedes quieren llegar al fondo y prejuzgar, deben hacerse una pregunta simple. ¿Cómo puede la afirmación: «Las cámaras de gas son un detalle de la historia de la II Guerra Mundial», pronunciada durante una rueda de prensa en respuesta a la pregunta de un periodista, ser constituyente de un delito de negación? La frase incriminada no implica ninguna negación. No he negado la existencia de las cámaras de gas, ni he menospreciado el tema. Por otra parte, la palabra «detalle» en sí, al menos en francés, no implica menosprecio. Un detalle puede ser anodino, pero puede también ser fundamental. Ahora bien, fue el fiscal de Múnich que, falsificando el texto, añadió la palabra «anodino» y la conjunción «no más que». ¡Ese fiscal ha mentido!
Nadie puede negar que el todo es una suma de detalles. Para aclarar la fórmula, dije: «En un libro de historia de mil páginas sobre la II Guerra Mundial, hay una media de dos páginas dedicadas a la deportación y unas líneas a las cámaras de gas». Eso es un detalle. No hay nada de menosprecio, ni de desprecio en semejantes palabras. Y añadí que si las interpretaciones dadas a estas declaraciones pudieron causar sufrimiento a personas sinceras, lo lamentaba, porque respeto a los muertos y los sufrimientos de los vivos.
Cabe observar que, incluso en las memorias de Churchill, De Gaulle y Eisenhower no se hace ninguna alusión. Las grandes batallas causaron millones de muertos. Los bombardeos aéreos de la población civil también. Estos acontecimientos constituyen los detalles de la II Guerra Mundial. Como tantos millones de europeos, soy una víctima de dicha guerra. Esa guerra arruinó a mi familia y a mi padre lo mató una mina alemana. La primera gran prueba que tuve que superar en mi vida fue, cuando a la edad de 14 años, tuve que acompañar a mi madre a identificar el cadáver de mi padre, arrojado en una playa, sin ojos, sin nariz, con la boca llena de arena y el cuerpo informe envuelto en una lona. Personalmente, encuentro chocante e hiriente ser citado, 55 años después de la guerra, a comparecer ante un tribunal alemán que ha falsificado la declaración para que entre en el ámbito de su incriminación. Este proceder mentiroso es una infamia.
Señor Presidente, le pido que presente la decisión ante el Tribunal de Derechos Humanos. Añadiré...

El Presidente
Señor Le Pen, le he dado tres minutos. Su intervención ha durado 4 minutos y 35 segundos.
(Protestas del Sr. Le Pen) El Grupo de No Inscritos podía concederle todo el tiempo que quisiera. Ha preferido dárselo al Sr. Gollnisch. Es su decisión. El Sr. Gollnisch tendrá tiempo...
(Interrupción del Sr. Le Pen: «Y la decisión del Tribunal de Derechos Humanos») No estamos tratando hoy de la decisión del Tribunal de Derechos Humanos. Usted ha podido expresarse libremente ante la comisión competente.
Le he dado tres minutos que no han sido...
(Protestas del Sr. Le Pen) Disculpe, sería tan amable de prestar atención a lo que le digo.
Me han solicitado un tiempo de intervención para usted, para que pudiera expresarse ante el Pleno. De acuerdo con el Grupo, le he concedido tres minutos. En otros casos semejantes, se ha dado el caso de que otros miembros han obtenido el tiempo de su Grupo. Los No Inscritos han preferido conceder ese tiempo, los seis minutos, al Sr. Gollnisch. Es su decisión. Yo le he concedido tres minutos: es el tiempo al que tiene derecho un diputado para expresarse por un asunto personal. Cuando llegue el turno del Sr. Gollnisch, le daré los seis minutos que su Grupo podría haberle concedido a usted antes y que ya no se los podrá conceder.

Duhamel
Señor Presidente, mis queridos colegas, para un demócrata resulta a priori desagradable pedir la suspensión de la inmunidad de un diputado, sobre todo cuando la petición viene motivada por palabras, por un discurso. Es desagradable, porque la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia, y su restricción, la excepción absoluta.
Asimismo, nuestro Parlamento ha mantenido en dos ocasiones la inmunidad del tal Le Pen, a pesar de la antipatía que aquí despierta entre todos los demócratas. Es desagradable, sobre todo, porque cuando nos acercamos al 60 aniversario del shoah , cabría esperar que ningún representante elegido cuestione la extremidad de la barbarie que se cometió entonces.
Pero el tal Le Pen no puede evitarlo. El antisemitismo es su pasión y la negación su delirio. En su contabilidad inhumana, la muerte de un niño judío, gaseado porque nació judío, tiene la misma naturaleza que la muerte de un soldado en combate. Ni siquiera alcanza a ver que su aritmética le aplasta. Nuestro Parlamento debió suprimir su inmunidad la primera vez, el 11 de diciembre de 1989, por su siniestro juego de palabras "Durafour crématoire» , y la segunda vez, el 12 de marzo de 1990, por sus ataques a la Internacional Judía.
Los tribunales franceses han condenado en numerosas ocasiones al tal Le Pen por sus palabras rencorosas y racistas. La libertad de expresión termina en el racismo. Es el motivo por el que para un demócrata socialista francés es reconfortante responder hoy a la petición de un juez alemán. La tesis del FN, según la cual Le Pen es víctima de una condena política, de una manipulación política de la Justicia francesa para alejarlo de las urnas, no se sostiene. Había algo de especialmente abyecto al repetir la palabra «detalle» en Múnich, en compañía del antiguo miembro de las SS. Tiene algo de especialmente regocijante recibir la petición de un juez alemán para poder procesarlo. Veo en ello una señal clara de la conciencia europea que nos nutre de esta democracia europea que estamos construyendo.
Para terminar, para los Socialistas europeos es un gran placer...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Gollnisch
Señor Presidente, el problema que hoy se plantea ante nuestro Parlamento sobrepasa ampliamente la causa, aunque importante, de Jean-Marie Le Pen.
Se trata, en efecto, de saber si uno de los miembros de nuestra Asamblea dispone, en materia intelectual, de la misma protección que la que hemos concedido a los miembros de los grupos mayoritarios de esta Asamblea, y a veces por delitos de Derecho común. Se trata de saber qué interpretación hace el Parlamento de la libertad de expresión. ¿Existe esa libertad para todos, incluidos los que expresan opiniones que no convienen al Parlamento? O existe solamente, como ha creído poder expresar un miembro de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, para los que, como decía él, expresan el consenso que hemos alcanzado, un consenso que desde entonces se convertiría en pensamiento dominante y cuya adhesión sería impuesta, para gran satisfacción del Sr. Duhamel, por la furia de los tribunales.
Las palabras que se le reprochan a Jean-Marie Le Pen no son ni escandalosas ni excesivas. Él no injuria a nadie. Aunque la palabra «detalle» pueda parecer dudosa a algunos de ustedes, dicha duda fue despejada por el propio Jean-Marie Le Pen, que declaró precisamente en siete ocasiones exactas que no pretendía darle ninguna acepción peyorativa ni de menosprecio. Las cosas habrían transcurrido de otro modo si la Comisión de Reglamento hubiera debido seguir aún la jurisprudencia del gran hombre honrado que fue su antiguo presidente, el Sr. Donnez.
Según dicha jurisprudencia, debe mantenerse la inmunidad cuando hay fumus persecutionis , olor a persecución. Ahora bien, es la séptima vez, en efecto, señor Duhamel, que se pide a este Parlamento la retirada de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen, el político europeo más atacado por los poderes establecidos, y siempre por delito de opinión. A estas alturas, no se trata de un olor, sino de una pestilencia de persecución.
En segundo lugar, debe retirarse la inmunidad en los casos de Derecho común, y mantenerse en beneficio de la expresión política del diputado. Ahora bien, ¿hay algo más político que una respuesta de Jean-Marie Le Pen, responsable político, durante una rueda de prensa política, en presencia de un político, antiguo diputado de nuestro Parlamento, a una pregunta política de un periodista político, pregunta relativa al alcance exacto de las palabras pronunciadas diez años antes, durante un programa radiofónico sobre política, al que fue invitado en calidad de candidato a las elecciones presidenciales francesas?
Ante dicha evidencia, algunos creen poder decir: nos basta con que las palabras del Sr. Le Pen sean punibles en virtud de la legislación alemana. Eso constituye la negación misma de la inmunidad parlamentaria e incluso la utilidad de la Comisión de Reglamento, cuyo informe está compuesto en un 90 % de las banalidades habituales. Esta lógica habría conducido a dicha comisión, hace cuatro siglos, a proponerles la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado Galileo Galilei, culpable de haber declarado que la tierra gira alrededor del sol. Nos basta con que sea punible en virtud de la legislación vaticana, habría declarado entonces la comisión. La comparación les parece exagerada. No lo es. Hace treinta años, por ejemplo, la Comisión de Reglamento, con los mismos argumentos de hecho y de derecho, se habría visto llevada a proponer al Parlamento la suspensión de la inmunidad parlamentaria del primero que hubiera atribuido a los soviéticos la responsabilidad del asesinato de 11.000 oficiales polacos encontrados en las fosas de Katyn, crimen erróneamente imputado a Alemania en el proceso de Nuremberg y reconocido tan sólo en fecha reciente por Rusia.
En resumen, si examinan atentamente la petición del fiscal alemán, encontrarán la ausencia de una formalidad sustancial, la transmisión por vía diplomática siempre exigida hasta ahora; un material falso, el añadido de la mano del fiscal de la partícula «nada más que» y del adjetivo «anodino» y, por último, una extrapolación intelectual: como evidencia, las palabras de Le Pen no contradicen la letra de la ley, al fiscal sólo le queda invocar una glosa particular, el comentario Schöncke-Schröder, que todos deberíamos haber leído para saber que es lo que está permitido o prohibido decir en Alemania.
Para concluir, permítanme una anécdota de la que puedo atestiguar su autenticidad. El pasado viernes en Bruselas respondí, sobre el tema que nos ocupa, a las preguntas de un periodista de la BBC. Inquisidor por naturaleza, exigía que me mostrara indignado por la palabra «detalle». "Ask Winston Churchill» , le respondí. «Pero si está muerto», replicó él. Ciertamente, pero sus memorias de 5.040 páginas sobre la II Guerra Mundial no incluyen ni una sola línea sobre el tema de las cámaras de gas. Tras un momento de profunda reflexión, mi interlocutor me declaró de manera perentoria, aunque inexacta: «No hay duda de que cuando Churchill lo escribió, no se conocían los detalles de la historia». Así, el mismo hombre, curtido en las técnicas de la comunicación, utilizaba con toda su buena fe la misma palabra que él había reprochado a Jean-Marie Le Pen unos minutos antes. Si el Parlamento protege la libertad de Le Pen, protegerá la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de los ciudadanos de a pie. Tengan ese valor, tengan esa honradez.
(Aplausos de los no inscritos)

Ford
Señor Presidente, el Sr. Gollnisch ha causado una auténtica impresión de indignación fingida al insinuar que, por así decirlo, este Parlamento se ha propuesto perseguir al Sr. Le Pen.
Quisiera repasar los hechos: la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen ha sido solicitada en cinco o seis ocasiones durante el actual período de sesiones del Parlamento, y en repetidas ocasiones, el Parlamento ha decidido que la causa no merecía la suspensión de su inmunidad. Si hubiéramos emprendido un programa de persecución del Sr. Le Pen, esto parece indicar que no lo estamos haciendo con demasiada eficacia.
La cuestión no es si el Sr. Le Pen es culpable o inocente; de lo que se trata realmente es de si existe una causa con fundamento por la que se procesaría a un diputado alemán. Ciertamente existen muchos indicios que apuntan a que el Sr. Le Pen mantiene una opinión muy próxima de la que se le acusa de repetir en Alemania. En Francia dijo en numerosas ocasiones que el holocausto es un detalle de la historia, como él mismo reconoce. Al menos en una ocasión dijo...
(Críticas ruidosas de los diputados franceses no inscritos: ¡Miente! ¡Eso no es cierto!) que los norteamericanos construyeron las cámaras de gas en el campo de concentración de Buchenwald después de la guerra. Su declaración apareció publicada en la revista Globe en Francia. Él no ha demandado a la revista, por lo que sólo cabe deducir que reconoce que la información es exacta.
Sobre esa base, es una causa con fundamento; es una causa por la que un alemán sería procesado. Por tanto, nos parece justo y adecuado permitir que el Sr. Le Pen se enfrente a las personas que hacen las acusaciones.
Como decía el Sr. Donnelly, el Sr. Le Pen sostuvo en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que el informe no se ajustaba a la verdad. Ésa no es una cuestión que deba juzgar el Parlamento ni la Comisión de Reglamento, corresponde juzgarla al Tribunal de Múnich. Espero con interés la celebración del proceso.
El Sr. Gollnisch habla de la masacre en el bosque de Katyn. Por lo que a mí me consta, la legislación alemana no tiene jurisdicción sobre esa zona concreta. Si así fuera, él tiene razón, sería una cuestión de la competencia de los tribunales alemanes y no de la nuestra.
Me complace que el Sr. Le Pen se muestre ahora partidario de la libertad de expresión. No cabe duda de que ha hecho progresos en estos últimos años. Cuando fui a Marsella con una comisión sobre el Racismo, para celebrar una rueda de prensa tuve que recurrir a la policía «antidisturbios» francesa, barricadas y gases lacrimógenos, porque el Frente Nacional decidió que no yo debía hablar con los medios de comunicación en Marsella. Por ello, acojo con satisfacción el cambio que se ha producido en el sentir del Sr. Le Pen. Espero poder acudir en el futuro a Marsella sin necesidad de tener que recurrir a la policía «antidisturbios» francesa y sin la presencia del Frente Nacional.
(Críticas ruidosas de los diputados franceses no inscritos: «¡Miente! ¡Eso no es cierto!») Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no está más extendida una legislación semejante en toda la Unión Europea? Espero que algunos de los Estados miembros reconozcan que podrían aplicar también una legislación que castigue la negación del holocausto.
Por último, acojo con satisfacción el hecho de que la extrema derecha haya solicitado una votación nominal. Ello obligará sin duda al Sr. Bruno Mégret a seguir las indicaciones de su Grupo y a apoyar a su líder, a diferencia de lo que suele hacer normalmente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Drogas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0211/98) de la Sra. d'Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la cooperación europea en el marco del periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre las drogas (UNGASS) [COM(97)0670 - C4-0113/98].

d'Ancona
Señor Presidente, el informe sobre la cooperación europea en la política en materia de drogas figuró hace ya algunos meses en el orden del día de este Pleno. Le rogamos entonces que se reenviara a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores porque, como ponente, esperaba que con la reapertura del debate pudiéramos conciliar ideas diferentes. Esto, señor Presidente, ha sucedido en gran parte. El informe se ha vuelto a redactar de tal forma que presenta un equilibrio entre los dos planteamientos existentes en los Estados miembros respecto a las drogas, a saber, el enfoque moralista-legalista y el llamado enfoque médico. El primero de ellos tiene como objetivo una sociedad sin drogas, y el segundo intenta, partiendo de que el consumo de drogas siempre ha existido, idear soluciones que minimicen los riesgos, tales como, por ejemplo, el suministro de metadona o el cambio de agujas para evitar el contagio del VIH.
El equilibrio, el balance entre estos dos puntos de vista implica ciertamente que la armonización no es posible, puesto que los Estados miembros solamente creen en su propia política, pero implica también que se pueden combinar los resultados positivos de ambos planteamientos. Por ello, solicito, como ponente, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que, entre otras cosas, el Observatorio de la Droga de Lisboa efectúe más y mejores investigaciones sobre los efectos de las distintas políticas en materia de drogas. Además, nos produce satisfacción que la experiencia de ese Observatorio aumente cada vez más y que la búsqueda de indicadores haya conducido a un resultado positivo.
Pero no sólo la búsqueda de resultados, también se recomienda en el informe el intercambio de experiencias prácticas entre aquéllos que trabajan con consumidores de droga problemáticos, y la colaboración, especialmente en las regiones transfronterizas. Tenemos en cuenta importantes iniciativas en el ámbito local y regional, ya que en ese ámbito a menudo se conoce mejor cómo hay que actuar ante problemas concretos. Por ello, el Parlamento y la Comisión también han organizado con éxito algunas conferencias sobre esta cuestión. Pido a la Sra. Comisaria que reflexione sobre cómo podemos continuar en esta línea, ya que realmente ha resultado útil.
Señor Presidente, naturalmente, como consecuencia de mi intento de buscar un equilibrio entre planteamientos diferentes, no he podido evitar que de nuevo se hayan presentado muchas enmiendas. La posición intermedia que intenta combinar los efectos positivos de los diversos tipos de política en materia de drogas, decepciona, por supuesto, a aquéllos que solamente creen en una vía. Si uno realmente tiene la idea de que «solamente sirve esta forma», entonces la posición intermedia resulta vacilante. De ahí que haya muchas enmiendas, por una parte, de aquéllos que defienden un planteamiento mucho más liberal y, por otra parte, de aquéllos que ven en cada consumidor de sustancias ilícitas un consumidor con problemas y, por tanto, consideran necesaria la adopción de medidas legales y de otro tipo.
Que yo rechace esas enmiendas, se debe, señor Presidente, a que alteran el laborioso equilibrio alcanzado en la resolución. Solamente algunas de ellas, dos de los socialistas y tres de los democristianos, no lo hacen y, por ello, les aconsejo les presten atención.
Señor Presidente, el informe quiere aclarar que debe ser posible superar las diferencias existentes para cooperar allí donde sea útil y necesario, ya que si queremos frenar la problemática de la droga y la criminalidad vinculada a ésta, debemos estar dispuestos a reconocer que nadie, ningún Estado miembro, está en posesión de la verdad absoluta en esta cuestión.

Andersson
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por este informe. No es un secreto que la ponente y yo tenemos ideas muy diferentes sobre cómo enfrentar los problemas de las drogas. Sin embargo, si comparamos el informe de enero con el de hoy, tengo que reconocer que hay diferencias considerables y, en mi opinión, mejoramientos considerables.
Quiero nombrar dos de esos progresos. En primer lugar, que trataremos de cumplir con las convenciones internacionales que de hecho hemos firmado, esto es algo incuestionable que se ha consignado en el actual informe. En segundo lugar, que el objetivo de la política debe ser una sociedad libre de drogas, lo cual es obvio aunque difícil de alcanzar.
No obstante, aún hay algunos defectos. Permítanme destacar dos de ellos, respecto a los cuales he presentado enmiendas. En primer lugar, la recomendación 12 que trata de los intentos de disminución de daños. No tengo nada en contra de que esos intentos sean evaluados, por el contrario, opino que deben evaluarse. Sin embargo, creo además que la política que se ha aplicado en Suiza, por ejemplo, debe ser comparada con las de otros países en que se ha preferido otro tipo de políticas, entonces así podremos ver si los resultados son mejores o peores en distintos sitios.
En cuanto a la harm reduction , quiero decir que no estoy en contra de ella sino que quiero eliminarla de ciertos pasajes del informe. De lo que estoy en contra es de los objetivos superiores. ¡Nunca podrá haber objetivos superiores en la política de drogas! ¡El objetivo superior es conseguir que los jóvenes y la gente en general no empiecen jamás a usar drogas! Esto es lo más importante de la política de drogas.
La política de drogas tiene cuatro pilares: trabajo de prevención, política de control, cuidados y tratamientos y trabajo internacional. Todo esto constituye una unidad en la que lo más importante es la política de prevención.

Stewart-Clark, Sir Jack
Señor Presidente, el nuevo informe de la Sra. d'Ancona es un documento de compromiso, a pesar de lo cual presenta muchas sugerencias sensatas y pragmáticas, que la gran mayoría podrá apoyar, y recomiendo a la Comisión y al Consejo que les presten atención.
Nuestro principal objetivo debe ser impedir que el mayor número posible de jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. Eso exige una cooperación práctica y la capacidad de aprender unos de otros. Hemos hecho grandes progresos en muchos sentidos durante los últimos diez años. Hemos creado el Observatorio Europeo de la Droga de Lisboa y Europol, que desde esta semana es oficial y que ya está funcionando a pleno rendimiento, pero queda aún un largo camino por recorrer.
El Observatorio sólo podrá realizar una misión eficaz si las agencias encargadas de recoger y proporcionar información nacional obtienen una financiación adecuada y a condición de que las estadísticas se elaboren sobre una base común. Europol sólo podrá realizar debidamente su misión, si tiene capacidad de analizar, además de intercambiar, la información sobre el narcotráfico.
En ambos casos, el objetivo debe ser establecer qué métodos de lucha contra la droga están funcionando y cuáles no; qué fondos son utilizados correctamente y cuáles son dilapidados. Los neerlandeses y los suecos tienen políticas muy diferentes en materia de drogas, pero no cabe duda de que nadie discutiría que ambos estarían en una situación mucho más firme, si dispusieran de información objetiva que refleje qué aspectos de sus políticas tienen éxito y cuáles son susceptibles de mejoras.
Existen muchos interrogantes comunes: ¿qué sectores de la juventud corren mayores riesgos de caer en la droga? ¿Cuál es la mejor forma de llegar hasta ellos? ¿Cuál es el mejor medio de educarlos para que no consuman drogas o de rehabilitarlos si ya son drogodependientes? Hay que encontrar respuestas a estas preguntas.
Necesitamos asimismo nuevos planes imaginativos para que los jóvenes no se metan en líos y para ayudar a los toxicómanos a volver a llevar una vida normal. Todo ello exige, en muchos casos, un enfoque nacional y local. Mi buen amigo Hubert Pirker hablará sin duda sobre cómo mantener la droga alejada de los colegios. Creo que deberíamos iniciar una campaña de promoción concertada a través de la televisión que abarque a la totalidad de la Comunidad Europea. Necesitamos pensar en una red de clubes de jóvenes a nivel comunitario que ayude a la juventud a no meterse en líos y que llene el tiempo muerto que existe entre la salida del colegio y el regreso a casa de sus padres.
Debemos hacer mucho más en términos de rehabilitación terapéutica. Necesitamos la ayuda de las comunidades locales para trabajar juntos e impulsar lo que se viene haciendo al más alto nivel, y es el motivo por el que el presente informe pone tanto énfasis en la acción a nivel urbano y local.
Para terminar, el principal objetivo debe ser establecer una política antidroga equilibrada y objetiva, respaldada por una financiación suficiente que garantice su utilidad. Espero que la Comisaria esté de acuerdo con lo que digo y que pueda darnos una respuesta positiva.

Wiebenga
Señor Presidente, el informe de nuestra colega, la Sra. d'Ancona, llega a deshora, sin embargo, bienvenido sea. En principio, debía desempeñar un cometido en la Conferencia sobre la Droga de las Naciones Unidas celebrada en junio y, afortunadamente, eso no ha sucedido. Después de todo, se abogaba en principio, especialmente en el ámbito de las drogas, por que la incriminación no continuara siendo el centro de la cuestión. Se percibía en él una cierta legalización y también debía posibilitarse la prescripción médica de heroína. Este planteamiento era demasiado controvertido y habría sido contraproducente; el reenvío fue, por tanto, lo menos malo de lo que, aquí, en esta Asamblea, se hizo en el período de sesiones de enero.
La segunda versión de este informe, que está ahora ante nosotros, es más equilibrada. Tampoco hay ya mucho en contra. Sí es decepcionante que todavía, y la Sra. d'Ancona también lo acaba de decir, no haya llegado el momento de realizar una verdadera armonización de la política en materia de drogas en Europa. Porque hay mucho a favor. Mientras haya diferencias en el planteamiento, los países padecerán las desventajas de esta situación. Los Países Bajos soportan, con su excesivamente avanzada política permisiva, una gran presión del turismo de la droga, y otros países soportan una presión de la política neerlandesa. Cooperación, por tanto, debería ser la palabra clave.
¿Cómo? Tres aspectos. Los menciono brevemente: en el ámbito de la prevención, en el ámbito del tratamiento y en el terreno de la lucha.
Por último, también para los partidarios de la legalización de las drogas blandas, del cannabis, la cooperación europea es ineludible, puesto que la legalización significa apartarse de los tratados en vigor de la ONU y eso solamente puede hacerse en el contexto europeo. Eso es a largo plazo. A corto plazo, creo que debemos luchar por una sociedad con bajo nivel de embriaguez.

Andrews
Señor Presidente, el presente informe de mi buena amiga, la Sra. d'Ancona, tiene aspectos positivos y negativos. El positivo es la clara finalidad declarada en la Recomendación 11 de que el objetivo de la lucha contra la droga es una sociedad sin droga. Eso se ajusta plenamente al punto 12 de la declaración política adoptada por la Asamblea General de la ONU el pasado junio, que además hace un llamamiento a favor de la promoción activa de una sociedad sin toxicomanías. Cualquier alteración de este objetivo sería motivo suficiente para que votemos en contra del informe. En ninguna parte de la declaración política de la ONU se hace referencia a apoyar políticas encaminadas a la «reducción de los efectos nocivos». Dichas políticas no garantizan que los toxicómanos dejen de serlo. La reducción de los efectos nocivos puede ser el primer paso de un proceso que conduce a la legislación.
El informe de los Estados Unidos apunta a que una legislación semejante redundaría en un incremento de aproximadamente el 100 % del consumo de heroína y de un 50 % en el de cocaína.
El pasado junio, 150 países aprobaron la estrategia global de las Naciones Unidas encaminada a atajar el problema de la droga a nivel mundial. La declaración política que aprobaron exige a los gobiernos la aplicación de nuevas estrategias y de nuevos programas para reducir la demanda de drogas, y nuevas legislaciones para luchar contra el blanqueo de dinero antes del 2003. El informe encargado para al conferencia de junio alertaba acerca de que el sistema financiero internacional se ha convertido en el sueño de los que se dedican al blanqueo de dinero, que cada año procesan buena parte de los estimados 200.000 millones de dólares procedentes de la droga. Todos los medios posibles, incluida la confiscación de activos, algo que hemos introducido en Irlanda, debe formar parte integral de una estrategia acordada a nivel internacional. Respaldamos plenamente las inquietudes que recoge la declaración de las Naciones Unidas. Hacemos especial hincapié en la opinión de que las drogas destruyen las vidas y las comunidades.
Nuestro Grupo deberá tomar mañana una decisión sobre el presente informe, en función de las enmiendas que apruebe la Asamblea.

Pailler
Señor Presidente, la toxicomanía es actualmente un auténtico reto para la civilización. Es un problema que afecta cada vez en mayor medida a los jóvenes de edades cada vez más tempranas, y éstos se vuelven tanto más dependientes cuando viven en condiciones precarias. Por otra parte, la libre circulación de mercancías y de capitales es una auténtica ganga para los traficantes. Hay que constatar que hasta ahora, las grandes declaraciones de la Naciones Unidas o europeas sobre la guerra contra la droga, al igual que las políticas basadas en la represión han resultado ineficaces.
Ante un problema tan vasto y complejo, no podemos contentarnos con esgrimir consignas o recomendar vías intermedias. Por el contrario, no debemos dudar en iniciar reflexiones, experiencias y propuestas para despejar nuevas pistas, que sean eficaces.
El primer informe d'Ancona se inscribía en este planteamiento de apertura, pero resultaba excesivo para una parte de nuestra Asamblea, que prefería esconderse tras los muros de su certeza. El segundo refrito ha limado las asperezas y se ha contentado con adherirse a los convenios de los Estados Unidos. Se ha vuelto a imponer la norma del consenso, auténtica enfermedad senil de nuestra Asamblea, y hemos llegado a este noble objetivo: «El objetivo de la lucha contra la droga es una sociedad sin droga». ¡Menudo hallazgo!
Si ampliamos este teorema a todas las esferas de la sociedad, tendremos, por ejemplo que «el objetivo de la lucha contra la violencia es una sociedad sin violencia», o bien, «el objetivo de la lucha contra la necedad es una sociedad sin imbéciles». ¡Magnífico! Reconozcan conmigo que queda mucho camino por recorrer.
El informe reconoce, no obstante, la necesidad de realizar un estudio independiente, científico, objetivo y riguroso de los convenios de los Estados Unidos sobre la droga, con vistas a actualizarlos y completarlos. Dicho estudio debe basarse en las reflexiones y propuestas de las personas que trabajan sobre el terreno; debe llevarse a cabo sin tabúes y con un coraje político que se echa en falta con demasiada frecuencia.
En lo que a mí respecta, quisiera presentar tres propuestas concretas. En primer lugar hay que acabar con las leyes que reprimen por igual al consumidor y al traficante, y emprender decididamente la vía de la despenalización del consumo de drogas. Hay que dar prioridad a la prevención de riesgos, especialmente, reforzando las estructuras de escucha y las de atención, y sin olvidar las cuestiones sociales que están relacionadas.
Por último, hay que reforzar la lucha contra los grandes traficantes internacionales a través de una mayor cooperación entre los Estados y la erradicación de los paraísos fiscales, que sólo sirven para blanquear el dinero de la droga y de otros tráficos ilícitos o para que los especuladores no paguen impuestos.
Para terminar, si el objetivo es sinceramente luchar contra la droga, los presupuestos de la salud pública y de educación, en particular, deberían ser reforzados en consonancia con el reto.

Lagendijk
Señor Presidente, seré breve sobre las recomendaciones de la Sra. d'Ancona. En algunos puntos son muy buenas. Eso es especialmente cierto en lo que respecta a su amplia perspectiva y al hecho de que dedican espacio y atención a los experimentos locales y regionales. Sobre otras cuestiones, y desgraciadamente son bastantes, existe claramente -y la Sra. d'Ancona también lo ha señalado- un compromiso, especialmente en comparación con el proyecto de recomendación de 1996.
Espero que, tanto este debate como los debates futuros, sean decisivos a fin de que los partidarios y los detractores estén preparados para abandonar sus trincheras ideológicas porque, de lo contrario, este debate amenaza con repetirse una y otra vez en el Parlamento. Esto es especialmente importante, por lo que a nosotros se refiere, en el caso de los experimentos locales y regionales. Estoy convencido de que en todas las ciudades y pueblos, no sólo de los Países Bajos, sino de toda Europa, en los que hay personas que intentan encontrar soluciones muy equilibradas y controladas ante los problemas por todos admitidos, se encontrarán soluciones para la futura política en materia de drogas. Las soluciones vendrán de abajo y no del ámbito europeo ni del nacional, sino de los experimentos locales y regionales.

Dupuis
Señor Presidente, lo siento mucho por nuestra simpática ponente. Hay cosas interesantes en su informe, pero también hay cosas inaceptables. Está, como ha dicho la Sra. Pailler, «la sociedad sin drogas», algo absurdo; por otra parte, otras cosas interesantes abordan una faceta marginal del problema de la droga, pero no el fondo del problema, a saber, que este comercio gigantesco representa el 8 % del PIB mundial; está ese poder de las mafias internacionales que corrompen a nuestros policías, nuestros magistrados, nuestros periodistas, nuestras economías que invierten el dinero sucio en sectores económicos limpios. Está todo eso y, sobre eso, no hay nada.
Nuestro Parlamento no quiere ver las cosas como son. Hace ya treinta años que existen los convenios internacionales de las Naciones Unidas, hace ya treinta años que asistimos, año tras año, a un aumento del consumo; mi colega Andrews lo ha dicho: este mismo año se ha registrado un aumento del 50 % del consumo de heroína, y esto continúa. Nuestra Asamblea no quiere ver nada de eso. Nos escondemos detrás de algo absurdo.

Blokland
Señor Presidente, a buenas horas mangas verdes, el Sr. Wiebenga ya lo ha dicho, es la descripción exacta del proyecto de resolución del que ahora hablamos. La sesión extraordinaria de la UNGASS se celebró la primavera pasada y, ante esto, uno puede preguntarse a quién están realmente dirigidas ahora las recomendaciones de este informe.
Más importante todavía: ¿cuál es verdaderamente el contenido de la recomendación? Me parecen recomendaciones bastante neutrales. En mi opinión, es necesaria alguna modificación, tal como ha propuesto nuestra colega, la Sra. Lindholm, y el Grupo del PPE. Sin embargo, incluso entonces, me pregunto cuál es el sentido del informe. No se han introducido nuevos puntos de vista. Las recomendaciones, en el fondo, no tienen destinatario. Este descontento también se ha puesto claramente de manifiesto por el gran número de enmiendas presentadas.
En resumidas cuentas, de hecho, este informe no suscita más que irritación y, en lo que a mi respecta, no tiene sentido haberlo remitido de nuevo al Pleno.
Otro motivo de discordia es la parte B, la exposición de motivos, que contiene el informe d'Ancona. Ahora que las recomendaciones se han modificado drásticamente, la exposición de motivos no pega ni con cola. Me parece evidente la necesidad de adaptar esta exposición de motivos. La mayoría de este Parlamento parece no compartir la opinión política de la Sra. d'Ancona. Creo que puede extraer sus conclusiones de este hecho.
Lo que la Sra. d'Ancona acaba de señalar sobre planteamiento legalista-moralista frente a planteamiento médico me parece una contraposición impropia que dificulta el trabajo. Las experiencias de los delincuentes que, en lugar de cumplir su condena, son obligados a seguir una cura de desintoxicación, muestran otra cosa. Los toxicómanos con mucha adicción, que están más muertos que vivos, vuelven a la vida y ven nuevas posibilidades. No se puede y no se tiene que abandonar a estas personas. La Harm reduction no es, por tanto, ninguna solución, tampoco lo es la heroína gratis. Me remito al NRC del sábado pasado.
Estaba en contra de la inclusión de este informe en el orden del día. Haberlo incluido por carecer ahora de contenido, no fomenta la imagen de un Parlamento serio.

Lindeperg
Señor Presidente, en primer lugar quisiera saludar el talante de concertación y de diálogo de la ponente. Ha sabido demostrarlo durante el lento proceso que nos ha conducido a la elaboración del informe que hoy debatimos, un auténtico espíritu de diálogo.
Conociendo su actitud personal, hay que valorar los esfuerzos que ha sabido realizar para presentarnos un texto que lima lo fundamental de los temas espinosos, tan numerosos y pasionales, cuando se trata de definir una política en materia de droga.
Sin olvidar las fuertes divergencias que nos separan, la ponente ha querido dar prioridad a la política de pequeños pasos y, a pesar de nuestras diferentes filosofías, apuesta por conseguir que nos pongamos de acuerdo sobre una serie de avances que permitan atenuar los estragos de algunas drogas: reducción de los riesgos y de la demanda, respaldo social, derecho a ayuda sanitaria y, sobre todo, apoyo a una serie de experiencias piloto.
A título personal, apruebo su planteamiento, a pesar de que, evidentemente, el resultado dista mucho de satisfacerme. Pero me parece lamentable que las concesiones vayan en una única dirección y que una serie de enmiendas presentadas y aprobadas en comisión hayan roto el equilibrio que buscaba Hedy d'Ancona. No me refiero a la multitud de enmiendas que se han presentado en el Pleno.
¿Cómo se presenta la situación realmente? Por un lado, los partidarios de la política restrictiva defienden el objetivo de una sociedad sin droga, pero no proponen ningún medio nuevo para lograrlo, sino seguir sin pestañear la actual política, a pesar de que todos constatan que no ha dado frutos. Y para impedir que nos desviemos de esta línea y para obstaculizar cualquier experimentación nueva, se sigue machacando sin cese en la adhesión a los convenios de las Naciones Unidas, tan inadaptados a la sociedad de hoy que son muy pocos los Estados que están en condiciones de aplicarlos. Eso crea un desfase realmente surrealista y nocivo entre las legislaciones de los Estados miembros y su aplicación.
¡Ah, el sueño utópico de una sociedad sin droga! Quería ironizar, pero la Sra. Pailler me ha quitado la palabra de la boca y lo ha hecho exactamente en los mismos términos que yo quería emplear. Me abstendré, por consiguiente, pero diré que si esta consigna fuera sólo poco realista y utópica, sería un mal menor; considero, no obstante, que es claramente peligrosa. Alimentar falsas esperanzas entre los ciudadanos, obligarles a aceptar falsos remedios, que no resolverán nada, equivale a fomentar el escepticismo con respecto a la impotencia del político y a las promesas no cumplidas.
Ante estos defensores de la legislación actual, tan seguros de ellos mismos, ¿qué pedimos? Que sea posible explorar otras vías que han dado resultados alentadores allí donde han podido ser experimentadas. Es necesario asimismo que los convenios de la ONU no actúen como un freno y una prohibición. La Sra. d'Ancona lo ha repetido, por el momento no es posible una armonización. No se trata, por tanto, de imponer a un Estado una serie de normas que no desee aplicar. Y si nuestros colegas suecos están contentos con su política, que sigan con ellas. Nadie tiene intención de impedírselo. Sólo queremos que reconozcan que se puede no ser de la misma opinión. Queremos que se pueda instaurar un debate sereno sobre unas bases imparciales, sin ucases, sin anatemas. ¿Es eso realmente pedir demasiado?

Cederschiöld
Señor Presidente, comparto la opinión de Blokland en cuanto al principio de que el reenvío a la comisión y el Parlamento es erróneo. Sin embargo, el homenaje anterior de Hedy d'Ancona a la legalización del cannabis y al mantenimiento de la heroína ha conducido ahora a una propuesta que no va en contra de los principios contenidos en la política de drogas del PPE. La actitud firme del PPE en esta materia ha contribuido a este cambio. El asunto que se trata ahora es el de saber qué queremos decir cuando hablamos de combatir las drogas.
Me preocupan las ideas de centralización respecto del tratamiento y rehabilitación de drogadictos. Los asuntos que se pueden tratar localmente no deben ser decididos en el ámbito supra estatal, debiendo reservarse éste para materias que solamente pueden resolverse de modo eficiente en el ámbito de la Unión, por ejemplo, colaboración de Europol y colaboración sobre normas comunes para los controles fronterizos. La colaboración europea es un instrumento extraordinario en la lucha contra la delincuencia relacionada con drogas. No obstante, dudo que sea igualmente extraordinario tratándose del trabajo diario en las calles, en los barrios de drogadictos y en los centros de rehabilitación.
Todos estamos en contra de los daños causados por las drogas. Queremos limitar el sufrimiento. Cómo vamos a hacerlo es algo que queda por definir en detalle. El concepto de limitación de daños ha sido manchado por programas fallidos que no sacan a los toxicómanos de su dependencia. Es por eso que el Grupo PPE y yo hemos presentado algunas propuestas de enmiendas encaminadas a mejorar el control en torno a la tarea de minimizar daños y a hacer las normas más severas. Para minimizar el sufrimiento se necesita tratamiento, educación, aportaciones sociales y aquello que dé al toxicómano otros valores en la vida que las drogas. La convención de Naciones Unidas sobre la infancia establece el derecho de los niños a una vida libre de drogas y la política contra las drogas de la ONU del mes de junio debe ser una guía para la UE.
Finalmente, quiero felicitar a d'Ancona, no por un informe que tal vez no es perfecto en todas sus partes, pero sí porque ahora ella tendrá tiempo y energía para otras cosas que la revisión del informe sobre política de drogas. Sólo nos queda que en el futuro nos intercambiemos nuestros modelos para aprovechar las mejores soluciones.

Brinkhorst
Señor Presidente, es inútil defender altos ideales morales a la hora de debatir sobre las drogas. La lacra de la droga tiene muchas facetas, pero sobre todo se trata de las vidas arruinadas y del sufrimiento humano. Hace falta algo más que una ideología encorsetada; hacen falta políticas que den resultados.
El informe d'Ancona ha sido redactado con ese espíritu. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que hagan posible que las autoridades a los diferentes niveles adopten un enfoque nuevo, innovador y orientado hacia los resultados. Apoyamos este mensaje, porque creemos que sencillamente no debe descartarse ninguna política. El problema de la droga exige pragmatismo y un talante abierto. Por ello, prefiero el enfoque de Sir Jack Stewart-Clark al del Sr. Blokland.
Está claro que en los nuevos Estados miembros, los enfoques ante la droga son diferentes. Esto crea problemas añadidos, como puede ser el turismo hacia paraísos de la droga. En un mundo ideal, tendríamos una armonización de las legislaciones. En este sentido, el informe d'Ancona es realista -basta con escuchar este debate. Reconoce que la armonización es prematura y aboga, en cambio, por una cooperación concreta y mayor entre las autoridades a nivel nacional, regional y urbano. Dicha cooperación es necesaria para solucionar disputas entre los Estados miembros como resultado de las diferentes políticas. Ayudará asimismo a promover un mejor entendimiento de qué políticas son eficaces y en qué condiciones. Este aspecto será sin duda una de las piedras angulares de una política europea eficaz en materia de drogas.
En la práctica, podríamos llegar a la conclusión de que nuestras experiencias relativas a las políticas que funcionan no son tan diferentes entre sí. Estuve en Suecia y no me pareció que, en la práctica, la policía de Suecia actuara de un modo muy diferente de como actúa en Holanda.
En este sentido, el informe d'Ancona toca otro aspecto espinoso: hace un llamamiento para que salve el vacío que existe entre la política que se predica y la que se aplica. Acabemos con la hipocresía entre la ley y la práctica. Los instrumentos legales de que disponemos deben ser adaptados a la nueva realidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la droga, celebrada en julio de 1998, podría haber sido una oportunidad para corregir las discrepancias más graves entre legislación y aplicación, así como para incorporar en el convenio la reciente evolución del panorama de la droga. Por todo ello prefiero el enfoque humano del informe de la Sra. d'Ancona, al enfoque ideológico que sigo escuchando demasiado en este Hemiciclo.

Crowley
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la Sra. d'Ancona por su intento de alcanzar el consenso en la Asamblea respecto a un tema muy difícil, sobre el que existen muchas opiniones y actitudes divergentes en este Parlamento.
No obstante, el Parlamento está actuando en cierta medida como un eunuco político, porque estamos hablando y haciendo recomendaciones sobre una sesión extraordinaria de la ONU sobre las drogas que ya ha tenido lugar. Teniendo en cuenta este aspecto, al igual que los comentarios que han hecho otros diputados, es importante establecer una serie de factores clave, para que la opinión pública entienda qué es lo que nos proponemos en este Parlamento.
En primer lugar, estamos a favor de proteger a la población de la Unión Europea. En segundo lugar, estamos a favor de ayudar a las personas de todo el mundo que dependen del cultivo de drogas, debido a la situación económica de sus respectivos países. En tercer lugar, estamos a favor de garantizar que proporcionaremos la mejor formación y las mejores herramientas de conocimiento a nuestros jóvenes, para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre sus propios estilos de vida. En cuarto lugar, estamos a favor de desechar ideologías inútiles y gastadas y, en particular, estamos aquí para adoptar una posición política y un enfoque visionario con respecto a determinar el mejor medio de ayudar a todo el mundo a vivir en una sociedad sin droga.
No es una solución perfecta y puede que no sea del todo viable. Pero si nos permitimos ser complacientes y afirmamos que estamos dispuestos a aceptar un determinado porcentaje de toxicomanías, habremos perdido la batalla de antemano. Debemos aspirar al mejor ideal utópico posible y trabajar para alcanzarlo.

Eriksson
Señor Presidente, la vez anterior que tratamos este informe quedé bastante impresionada por la situación en este Parlamento. En cualquier caso, quedó bastante claro que estábamos muy, muy lejos de cualquier afán de armonización. Creo que, después de las discusiones sobre nuestras prerrogativas, éste es el informe que más nos ha inquietado.
Se ha hablado mucho sobre el concepto sueco en esta materia. Quiero aprovechar la ocasión para comunicar el resultado de una investigación que se publicó la semana pasada. Se trataba de jóvenes al comienzo de la pubertad y el número de jóvenes que había probado drogas ha disminuido considerablemente. Esto no es consecuencia de una actitud moralizadora sino que esto se ha conseguido con muchos, muchos esfuerzos directos en el terreno, entre los jóvenes, en los barrios periféricos, especialmente en las grandes ciudades donde la marginación es mayor. Esto demuestra que es evidente que tenemos que ser pragmáticos, especialmente cuando se trata justamente de realizar esfuerzos humanos, en primer lugar, por nuestros jóvenes.
Por lo demás, estimo que debemos estudiar el contenido de una política restrictiva , lo que definitivamente no debe ser lo mismo que una política represiva .

Lindholm
Señor Presidente, la comunidad internacional ha expresado de forma clara y contundente sus criterios sobre política de drogas mediante tres convenciones sobre la materia y la postura política adoptada en la reunión celebrada en Nueva York, del 8 al 11 de junio de este año. La comunidad internacional también se ha comprometido, incluidos los Estados miembros de la UE, mediante la Convención sobre la Infancia de la ONU de 1989, artículo 33, a proteger a los niños del uso de sustancias narcóticas, drogas ilegales y de verse envueltos en la producción o distribución ilegal de ellas.
Hoy, cinco de octubre, es el Día Internacional de la Infancia. Todos tenemos una responsabilidad en el cumplimiento de las convenciones que han sido ratificadas por nuestros países miembros. Por eso insto al Parlamento a votar en contra de todas las enmiendas y recomendaciones que se opongan a la Convención sobre la Infancia y al establecimiento de una sociedad libre de drogas.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, el debate que nos ocupa desde hace meses, y, en la medida en que yo lo he podido seguir, también el debate de hoy, se caracterizan por una discusión no tanto acerca de cómo podemos proceder de la manera más eficiente posible en la prevención o en la ayuda asistencial sino, sobre todo, por una discusión acerca de si los distintos diputados consiguen reflejar que su opinión, o que la estrategia que se sigue en su país, es mejor que la que se sigue en otro.
¿Qué nos puede aportar este debate interminable? Primero, que no hay ningún camino privilegiado para luchar contra el problema de la droga. En todo caso no hay nadie en este Pleno o fuera de él que pueda afirmar: yo he encontrado el camino para resolver el problema preventiva y asistencialmente. No conozco a nadie.
Esto significa, en segundo lugar, que siempre que discutimos los diferentes planteamientos para luchar contra el problema de las drogas siempre se pone de manifiesto algo, a saber, nuestro desamparo y nuestro desconcierto por el hecho de que los numerosos y diversos intentos que se han efectuado no han logrado una cosa: combatir eficazmente el fenómeno de las drogas. Debemos recordarnos esto a nosotros mismos, y debemos, creo yo, llegar al resultado al que ha llegado la Sra. d'Ancona. Esto significa en lo esencial lo siguiente: teniendo en cuenta los presupuestos históricos que han caracterizado a cada sociedad en cada país, teniendo en cuenta las particularidades culturales y las distintas estructuras estatales - el sistema de salud pública varía de un país a otro - debemos llegar a llegar a resultados que sean - lo digo simplificadamente - específicos para cada país. No presupongo que los Países Bajos o Suecia actúen deshonestamente. Ambos países, por resaltar las posiciones más opuestas en este debate, tienen planteamientos distintos. Ambos tienen los mismos problemas.
Se debería respetar a los dos, porque tanto un país como el otro realizan el mismo esfuerzo. Sin embargo, deberíamos dejar de comportarnos como si pudiera se razonable un debate en el que un país intente convencer al otor de que sus propios planteamientos son mejores que los del otro. Por ello la Sra. d'Ancona ha intentado tras un largo debate llegar al compromiso siguiente: yo tengo mis propias posiciones -ella las ha expuesto mejor de lo que yo podría hacerlo-, pero en el marco de estas posiciones mías hay sitio para muchos planteamientos diferentes, a cada uno de los cuales -sin considerarlo inferior ni superior a los demás- se le debería considerar como equivalente. Considero que éste es un camino excelente para emprender el intento de, al menos, llegar a este consenso mínimo. Por ello felicito en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos a la Sra. d'Ancona por su informe, en el que se intenta, aunque sea sobre el mínimo común denominador, pero aún así, llegar a un consenso.

Pirker
Señor Presidente, estimados colegas, el consumo de drogas, no sólo en Europa sino en todas partes, está aumentando dramáticamente. Todos nosotros tenemos, creo, un objetivo común, proteger en lo posible de las drogas y del consumo de las mismas a la juventud y a toda la sociedad. También estamos de acuerdo en que la lucha sólo puede realizarse mediante un paquete de medidas y en que debe haber un balance entre la prevención, la represión, la cura y la reinserción. Si se deja a un lado este balance - y esto es lo que hizo Hedy d'Ancona en su primer informe cuando pidió la despenalización del consumo de drogas, la libre venta de productos del cannabis y de la heroína con receta médica - entonces se es penalizado. El informe fue rechazado con razón.
El informe actual sigue otra vía. Intenta tener en cuenta ese balance. Contiene mucho de lo que propuso nuestro experto en drogas Sir Jack Stewart-Clark, y ha situado decididamente el aspecto social en primer plano. Así puede aprobarse el informe.
Lo que encuentro dramático es que aquí, no obstante, se intente mediante propuestas de enmienda trastocar sensiblemente ese balance y engatusar a este Parlamento con la legalización de las drogas. ¡Esto no puede ser! Lo que necesitamos para el futuro es la visión de que la prevención servirá de protección. Quisiera solicitar aquí apoyo para la prevención: escuelas libres de drogas para los niños, para la sociedad, pero duras penas para los traficantes, y ayudas para que los jóvenes drogodependientes puedan abandonar la droga. En el balance de estas tres medidas se encuentra nuestra oportunidad de lograr una sociedad y una vida libres de drogas.

Thors
Señor Presidente, ha sido beneficioso para la reputación del Parlamento que hayamos devuelto el informe que ahora, en cambio, establece como objetivo una sociedad libre de drogas. Nuestro Grupo apoyó que se estudiase de nuevo. Que esto se haya hecho creo que es provechoso para la reputación del Parlamento. Personalmente no puedo dar mi apoyo a todas las recomendaciones, algunas de las cuales nombró Jan Andersson.
Hemos tenido un debate muy polarizado. Una persona que está a favor de una política que yo represento, estima que no puede defender la harm reduction . Opino que esto es erróneo, es una equivocación. Yo también quiero disminuir el sufrimiento, pero no puedo aceptar términos como «caballos de Troya».
Se sostiene que la situación existente en las cárceles se debe a la política de drogas. Sin embargo, yo afirmo que esa situación es ocasionada por una política penitenciaria equivocada. Finlandia es el país que tiene el menor número de cárceles pero una estricta política penitenciaria. Por tanto, esto se puede combinar. Es el Consejo de Europa el que tiene que hacer algo para mejorar la política penitenciaria y los errores allí existentes. A la gente se le debe dar, en cambio, mejor asistencia.

Schulz
Señor Presidente, pido que se me disculpe. No quisiera detener el funcionamiento, pero tanto el Sr. Pirker como la Sra. Thors han hecho una afirmación objetivamente falsa. El informe no fue rechazado por el Pleno, sino que yo pedí en nombre del Grupo Socialista que se devolviese el informe desde el Pleno a la Comisión. Es una diferencia esencial. Aquí se está actuando todo el tiempo como si el Pleno hubiese dicho que no quiere la patata caliente. La Sra. d'Ancona me ha pedido que retire el informe para tener la oportunidad de negociar un compromiso. Esta es una diferencia objetiva esencial.

Thors
Señor Presidente, no hace falta hilar tan fino, como suele decirse.
No conviene discutir así. He empleado una palabra que abarca ambas situaciones a las que usted se ha referido. Återremiss en sueco se utiliza para casos en los que se pide que se retire algo y que luego es devuelto al organismo encargado de su preparación.

Kerr
Señor Presidente, lo cierto es que el informe fue devuelto a comisión, porque el Grupo Laborista británico -el sector más numeroso del Grupo de los Socialistas- se disponía a votar en contra. Se siguieron instrucciones del Ministro de Interior británico, cuyo hijo acababa de ser detenido por tráfico de drogas, por lo que resultaba embarazoso apoyar el informe. El informe original de la Sra. d'Ancona era excelente. Éste, lamentablemente, no es tan bueno, aunque contiene cosas buenas.
En esta Asamblea reina esta noche un olor dulzón a hipocresía, que se confunde con el olor de una droga que hay fuera -una droga llamada tabaco, que mata a medio millón de europeos al año. Este Parlamento ni siquiera consigue impedir que se fume en zonas en las que no se debería fumar, como a las puertas de este Hemiciclo. En cambio, intenta suavizar la política sensata en materia de drogas que presenta la Sra. d'Ancona. Sé que muchos diputados laboristas británicos han fumado marihuana en el pasado y algunos continúan fumando. Pero todos votarán en contra del informe, debido a la hipocresía que prevalece en esta Asamblea.
Necesitamos una política sensata sobre la despenalización del consumo de cannabis, como existe en Holanda, en Australia y en muchas partes del mundo. Entonces podremos ocuparnos con mucha más eficacia del auténtico problema de las drogas duras, y puede que los jóvenes nos tomen en serio.

Oostlander
Señor Presidente, creo que el hecho de que tengamos delante el informe de la Sra. d'Ancona, en su forma actual, constituye un paso importante. En cualquier caso, en mi país llamará la atención que se establezcan algunos principio claros. El principio de una sociedad sin drogas, por ejemplo, de «vivir sin drogas» se incluye en el informe; el de la limitación de la demanda; el de hacer un mayor hincapié en el cumplimiento de la ley y de los acuerdos internacionales. Por tanto, eso significa: fuera la política permisiva. Esto sí es una declaración. Tengo la impresión de que principios tales como el de «sociedad permisiva», que de vez en cuando he leído en el programa del Partido Liberal, supone una muerte silenciosa en lo que respecta a la política en materia drogas. Así mismo, creo que esto es muy importante, puesto que el perjuicio que causan las drogas al consumidor y a las personas de su entorno es grande, especialmente, esto lo sabe todo el mundo, en el nivel socioeconómico más bajo de esta sociedad. Creo que ni decir tiene que los socialdemócratas y los democristianos deben ponerse de acuerdo en algún momento sobre semejante cuestión, ya que luchar contra el dolor, especialmente en el caso de las personas que son más vulnerables, debe ser el primer principio que sigamos.
Creo que es acertado presentar como ideal una sociedad sin drogas. Me sorprende mucho que semejante ideal sea rechazado por algunos, como si el esfuerzo por el pleno empleo, el esfuerzo por erradicar la pobreza, el esfuerzo por una sociedad en la que reine el derecho y el esfuerzo por desterrar a los imbéciles del Parlamento no fueran también ideales a los que debemos aspirar con fuerza. Por ello, considero acertada la elaboración de este informe. Es un compromiso, pero afortunadamente también contiene una política y ésa es una cuestión importante.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, la Sra. D'Ancona ha llevado a cabo una concienzuda labor en la redacción del presente informe. Este segundo informe es claramente más racional, más moderado y, ante todo, más constructivo que su predecesor. Creo que el largo y acalorado examen de los informes D'Ancona ha reforzado la impresión generalizada de que no es posible vencer la batalla contra la droga mediante una armonización de las legislaciones nacionales sometida únicamente a las condiciones de la política liberal en esta materia. Cada cual a su manera, todos somos víctimas del consumo de estupefacientes.
La cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la droga ha de ser activa, no reactiva. La solución adecuada no estriba en concentrar esfuerzos para combatir el daño que ocasiona el uso de sustancias estupefacientes. El debate sobre las drogas sintéticas ha dejado de manifiesto que la Unión Europea debería centrarse más específicamente en las tareas de información orientadas a la infancia y a la juventud. La única manera de dificultar la iniciación al uso de los estupefacientes es luchando contra las distintas drogas de moda entre los jóvenes, como los productos sintéticos de tipo «éxtasis». Se debería disponer de financiación comunitaria para fomentar y lograr un mayor intercambio de información entre las autoridades, así como para crear bases de datos comunes con el fin de registrar la composición de las nuevas sustancias estupefacientes.
Para finalizar, señor Presidente, me gustaría señalar que, si no me equivoco, está prohibido expresar opiniones en las tribunas de este Parlamento.

Burtone
Señor Presidente, Señorías, considero importante que también esta tarde hayamos vuelto a abordar el tema de la toxicomanía y, sobre todo, que se hayan tenido en cuenta las dificultades objetivas que entraña, ya que la toxicomanía no se puede vencer con una varita mágica. Es imposible encontrar una solución que nos lleve rápida e inmediatamente a una sociedad sin droga. Nos enfrentamos a un trabajo difícil que deberán considerar no sólo el Parlamento Europeo, sino todos los Estados comprometidos en el frente de una estrategia global que ha vuelto a reiterarse en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, una estrategia que nos invita a tomar ante todo el camino de la prevención y a tratar de reducir la demanda de drogas en nuestra Comunidad a través de la formación y la información, sin ignorar que existe el gran riesgo de las drogas sintéticas.
La prevención no es suficiente, hay que curar a los jóvenes que atraviesan el túnel de la muerte, el túnel de la droga, no sólo prestando atención a la estrategia de la reducción de los daños, sino sabiendo que existen importantes experiencias llevadas adelante por el voluntariado a través de la cultura de la solidaridad. Los centros de desintoxicación han devuelto a la vida a muchos jóvenes; la prevención y el tratamiento van unidos a la rehabilitación, a la reinserción y, finalmente, a las políticas de represión no solo del comercio a pequeña escala, sino sobre todo del narcotráfico. Es fundamental tratar de eliminar esta plaga abordando antes que nada la cuestión del secreto bancario, habida cuenta de que por la economía legal pasan enormes flujos de dinero que provocan la muerte. Es aquí donde Parlamento Europeo tiene que intervenir con carácter prioritario.

Gradin
Señor Presidente, con interés he leído el informe revisado de d'Ancona y he seguido el muy intenso debate de hoy. Desde hace muchos años el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión han tenido una colaboración estrecha y fructífera justamente en materia de drogas. Hemos organizado importantes conferencias juntos y el intercambio de información ha funcionado bien. Representantes del Parlamento Europeo participaron también en la delegación de la Comisión a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas el verano pasado. Igual que d'Ancona, espero que continúe esta colaboración.
Lo he dicho muchas veces antes, pero merece ser repetido: esta colaboración garantiza un diálogo constructivo y centrado en los temas esenciales de la política de drogas. Una prueba es que juntos nos ayudamos a poner las drogas químicas efectivamente en la agenda política de la UE. Opino que esto refuerza la imagen de una Europa unida en la lucha contra la expansión de las drogas. También ha contribuido a adecuar la agenda política de la UE de manera que refleje mejor las inquietudes y preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.
Mediante la colaboración hemos demostrado también que las normas y leyes en esta materia son hoy bastante parecidas dentro de la UE. Esto se debe en gran parte a que las convenciones de la ONU constituyen una base común para todos. Evidentemente que las normas de la UE en cuanto a lavado de dinero y precursores químicos, por ejemplo, también han tenido un papel importante. Al mismo tiempo, no podemos negar que todavía quedan muchas diferencias importantes. Las penas por tenencia, comercio y contrabando varían, también la actitud frente a la tenencia para el propio consumo y la consideración de algunas drogas como menos peligrosas que otras. También hay que ser consciente de que existen importantes diferencias en la forma cómo se aplican las normas y leyes existentes. Las diferencias no carecen de relevancia. Ellas reflejan contradicciones básicas acerca de cómo deben diseñarse las estrategias en el sector de las drogas en el futuro. Por tanto, queda mucho trabajo para llegar a una política europea común en materia de drogas. Sin embargo, las diferencias no deben exagerarse. Existe el riesgo de que dediquemos demasiado tiempo y energía a problemas relativamente pequeños. Esto impide un diálogo constructivo en torno a los grandes problemas comunes que tenemos que resolver de mutuo acuerdo y con recursos comunes.
En el informe de d'Ancona se establece también de forma clara y contundente que nuestro objetivo común dentro de la UE es y seguirá siendo una sociedad libre de drogas. Esto es valioso, no deben existir ambigüedades en este punto.
Señor Presidente, la combinación de medidas preventivas y restrictivas que caracterizan a la actual política en materia de drogas en Europa es el resultado de treinta años de esfuerzos. En muchos Estados miembros se han probado diferentes modelos en distintos períodos. Todos han llegado a la conclusión de que el trabajo preventivo y las medidas sociales son tan importantes como las prohibiciones y restricciones.
En la práctica, la política de drogas comprende tres componentes básicos distintos. El primero consta de medidas para disminuir la demanda, el segundo de medidas para disminuir la oferta y el tercero es la cooperación internacional. Esos tres componentes esenciales formaron la base del plan quinquenal de acción contra las drogas de la Unión, aprobado en 1994, y que ahora se va a poner al día. Continuidad y perseverancia son conceptos clave en este contexto. En el documento final aprobado por Naciones Unidas en su sesión especial del verano pasado también se hace hincapié en esto. Por eso me alegra especialmente que las recomendaciones del informe de d'Ancona expresen tan claramente su apoyo a las convenciones de la ONU. Ellas establecen una saludable claridad sacerca de los marcos de las futuras orientaciones de la lucha contra las drogas. Ahora se trata de ajustar y calibrar la colaboración para adecuarla mejor a las nuevas tendencias y preferencias. Por el contrario, no hay lugar para grandes reformas o experimentos peligrosos.
Señor Presidente, parece que hoy la mayoría está de acuerdo en que hay que poner el acento en las medidas preventivas. La sola exigencia de más policías y empleados de aduanas, de penas más severas o de la destrucción implacable de las plantaciones de narcóticos en países en desarrollo, no es un camino apropiado. Por el contrario, se trata tanto de establecer marcos estables como de asumir una amplia responsabilidad social. Por este motivo, aprecio que la ponente asigne en su informe un lugar al programa económico de medidas comunitarias para la prevención de la drogodependencia. La Unión ha invertido 27 millones de ecus en un período de cinco años para respaldar el trabajo de prevención en los Estados miembros. El programa abre oportunidades únicas para la colaboración entre órganos regionales y organizaciones de voluntariado. También crea condiciones para un desarrollo metodológico, por ejemplo, en relación con la evaluación del trabajo preventivo en los Estados miembros. La idea es que sea posible identificar las estrategias que fomenten un mejor intercambio de información y experiencias. Por el contrario, hay que decir, de forma clara y precisa, que el programa comunitario no puede usarse para apoyar actividades experimentales en el campo de las drogas. Desgraciadamente, a veces se producen algunas equivocaciones en este punto.
Finalmente quiero decir que recientemente ha comenzado el trabajo de puesta al día del plan quinquenal de acción contra las drogas de la Unión. Yo tengo la responsabilidad de la coordinación del trabajo de la Comisión para la presentación de su contribución al nuevo plan. Cuento con que vamos a tener listo un primer borrador a principios del próximo año. De momento, pediré a los colegas pertinentes que evalúen todos los esfuerzos que se han hecho en este campo dentro de la Unión en los últimos años. Doy por hecho que en mi papel de Comisaria coordinadora voy a tener muchas oportunidades de discutir estas materias con el Parlamento, tanto en la comisión como en el Pleno.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Anticorrupción
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0285/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(97)0192 - C4-0273/97) sobre una política de la Unión Europea en materia de lucha contra la corrupción.

Bontempi
Señor Presidente, el informe que hoy sometemos a debate y a votación versa ante todo sobre la Comunicación de la Comisión del año 1997 relativa a sus propuestas de directrices. Además, habida cuenta de los muchos e interesantes progresos que se han registrado a escala internacional en la definición de una estrategia en materia de lucha contra la corrupción, el mismo da cuenta y versa sobre las prioridades no sin dejar de determinar las iniciativas urgentes que es preciso emprender y llevar a cabo. En realidad, sobre la mesa de los distintos foros internacionales hay muchas propuestas, muchas ideas: lo que ahora hace falta es concretar y emprender acciones efectivas.
Por lo que respecta al informe de la Comisión, quiero expresar un breve juicio global reservándome volver después sobre algunos aspectos concretos del mismo. Se trata de un buen informe que, sin embargo, adolece de dos lagunas bastante evidentes: la primera es la escasa operatividad incluso en los ámbitos en que, de hecho, la iniciativa le corresponde a la Comisión y no se reclama a otras instituciones; la segunda -políticamente aún más relevante- reside en el hecho de que no se hace mención alguna de los problemas, de los riesgos y de las posibles medidas para luchar contra la corrupción en el ámbito de las propias Instituciones europeas. Recientemente, hemos descubierto casos escandalosos -en última instancia el caso ECHO- que demuestran que para ser creíbles a la hora de indicar caminos a los demás, es necesario disponer de un marco normativo y de prioridades muy concreto. En este sentido, el informe formula una serie de propuestas y considero que la Comisión me va a prestar cierto apoyo a la hora de reforzar esta parte. El problema, por otra parte, será objeto del informe Bösch, que se debatirá mañana y que se refiere precisamente a estos aspectos.
En cuanto al contexto general, quiero recordar que en los últimos tres o cuatro años ha cundido la alarma. Esto se ha constatado a raíz de los escándalos producidos en varias partes del mundo -Kenia, Japón, México, Corea del Sur, República de Boemia, Italia, España, Francia- donde líderes o grupos dirigentes se han visto envueltos en escándalos de corrupción. Según las últimas estimaciones, el 5 % de todas las inversiones extranjeras directas en el ámbito de la importación de los países más afectados se va en corrupción, sin contar la corrupción interna. De hecho, nos hemos dado cuenta de que había cundido la alarma porque, incluso los organismos que hasta hace poco no se atrevían a pronunciar la palabra corrupción, hoy la colocan en el lugar principal de sus agendas. Me refiero, de forma no polémica sino subrayando esta circunstancia, al Instituto Monetario, al Banco Mundial, a la OCDE, en definitiva, a todos aquellos organismos que antes, repito, aunque tenían constancia de muchos casos de corrupción, algunos de ellos generalizados, por ejemplo, en el ámbito del comercio internacional, nunca se habían pronunciado al respecto. En este momento, estoy muy satisfecho de que, a la vista de los últimos y peligrosos avances, precisamente el mundo de los negocios y estas instituciones se hayan percatado de la situación. En este sentido, diré que los días 14 y 15 de abril se celebró un interesante seminario conjunto -Consejo, Comisión y Parlamento- sobre la corrupción del mundo de los negocios y en esa ocasión algunos representantes del mismo asumieron compromisos, algunos de ellos importantes. Ahora estamos a la espera de confirmaciones y pruebas.
Un nuevo hecho que quiero mencionar por ser muy significativo es la existencia de una organización no gubernamental denominada «Transparency International» que desde 1993 opera en Berlín para luchar contra la corrupción desde el punto de vista del mundo de los negocios. Esto ha determinado nuevos hechos que sólo me limito a mencionar: un convenio de la Unión Europea, recientemente aprobado por el Consejo junto con el Protocolo para la protección de los intereses financieros y, sobre todo, en diciembre, un convenio OCDE de gran envergadura que es el primer acto colectivo, realizado en un foro tan importante, en pos de una lucha explícita y concreta contra la corrupción. Quiero, sin embargo, recordar el Tratado de Amsterdam, cuyo nuevo fundamento jurídico permite emplearse a fondo en la lucha contra la corrupción gracias a los instrumentos de cooperación reforzada. Todo esto sirve para decir que los instrumentos existen y el final del informe, del que intentaré abordar rápidamente algunos puntos, se propone indicar los principales caminos y prioridades para realizar este trabajo en el supuesto de una lucha de gran alcance. Me refiero a la ratificación de los convenios, recuerdo ante todo la necesidad de adoptar -los Estados miembros y la Comisión- medidas contra la posibilidad de deducir los gastos por corrupción -escándalo que sigue produciéndose en nuestros Estados- y, por último, recuerdo todas las muy importantes medidas de prevención como la transparencia, la desburocratización que pueden contribuir a que también el mundo político se comprometa a luchar contra la corrupción. La independencia de la judicatura es fundamental, pero la condición sine qua non para vencer la batalla es el compromiso moral de los ciudadanos y, permítanme decirlo, el compromiso moral de las Instituciones y de la política.
Yo creo que muchos en este Pleno quieren hacer política siendo estimados y no tolerados, y la prueba de la corrupción es una prueba decisiva.

McIntosh
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha destacado cinco medidas, que o bien ya existen o deben ser introducidas, para atajar y erradicar la corrupción. La Comisión de Asuntos Jurídicos desearía, en particular, que la Comisión presente una legislación para ampliar el alcance de la actual directiva sobre el blanqueo de dinero que incluya actividades delictivas como la corrupción.
Deseamos que la Comisión diga explícitamente qué Estados miembros permiten deducir de impuestos los sobornos pagados a funcionarios extranjeros, con el fin de poder erradicar la desgravación de los sobornos pagados a dichos funcionarios.
También deseamos que la Comisión presente una legislación que esclarezca las condiciones de admisión a los procedimientos para obtener contratos públicos, al objeto de impedir que todas las personas que hayan sido declaradas culpables de corrupción vuelvan a participar en dichos procedimientos.
Asimismo deseamos que la Comisión estudie los criterios que permitan adoptar las medidas necesarias para establecer un sistema integral que consista en incluir en una lista negra a las empresas que practican la corrupción e impedirles competir o que les sean concedidos futuros contratos y subvenciones, y alertar a terceros sobre los posibles riesgos de realizar negocios con dichas empresas. La Comisión debe establecer unos criterios claros para la inclusión en dicha lista negra y sobre los procedimientos de apelación.
Por último, la Comisión de Asuntos Jurídicos cree que todos los competidores que aspiran a proyectos específicos deben comprometerse por escrito de que no recurrirán al soborno para obtener un contrato público. Creemos que esta medida merece ser estudiada detenidamente. A pesar de que comprendemos que en materia penal son los Estados miembros los que tienen competencia, deseamos que la Comisión introduzca estas cinco medidas a nivel de la Unión Europea.

Bösch
Señor Presidente, quisiera felicitar antes de nada a nuestro colega Bontempi por su excelente informe y por el hecho de que ha incorporado en su informe una gran parte de nuestras preocupaciones. La Comisión haría bien quizás respecto del tema de la corrupción en mirarse primero a sí misma antes de dar lecciones a los demás. Esta fue nuestra idea central cuando la Comisión de Control Presupuestario hizo pública el 21 de octubre de 1997, es decir, hace ahora un año, su postura sobre el informe del Sr. Bontempi.
Nosotros constatamos en su momento que la comunicación de la Comisión sobre una política de la UE dirigida a la lucha contra la corrupción contiene, ciertamente, muchas cosas correctas y dignas de consideración, pero el tema de la corrupción dentro de la Comisión y en las otras instituciones de la UE no aparece reflejado. Este aspecto de la cuestión -dicho claramente- fue sencillamente reprimido.
Pero desde hace algunas semanas y algunos días, es objeto de una intensa discusión. Esto confirma hasta qué punto fue acertado que a principios de año el Parlamento aplazase la aprobación de la gestión de la Comisión. En su momento formulamos dos peticiones centrales: primero, que se mantenga regularmente informado al Parlamento de todas las investigaciones internas en curso sobre casos en los que empleados de la UE se pudiesen estar envueltos en estafas y corrupción, y, en segundo lugar, que se le proporcione una rápida y completa información sobre las autoridades judiciales competentes en cada caso.
Desgraciadamente hay que constatar que, hasta hoy, no se han cumplido estas condiciones. Los ánimos se inflaman ahora por este o aquel asunto, pero lo que es verdaderamente grave es que no tengamos ninguna panorámica fiable sobre la extensión, el carácter y los resultados de los casos internos investigados por la Comisión. Lo que conocemos es tan sólo una cifra: 27 casos están siendo investigados actualmente, entre los cuales hay alguna probabilidad de que están envueltos funcionarios de la Comisión. El acceso a los informes correspondientes, sin embargo, es obstaculizado casi sistemáticamente por la Comisión. Ni siquiera tenemos una lista de los casos.
Si esto no cambia pronto y radicalmente, la Comisión no sólo se jugará su propio futuro, sino que producirá graves daños a la dignidad de toda la Unión Europea. Y en este caso no tiene absolutamente ningún derecho de dar lecciones a otros sobre el modo correcto de combatir la corrupción.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, el Sr. Bösch ha tomado lógicamente hoy postura respecto del debate de mañana. Por su compromiso personal no quiero hacer más comentarios sobre lo que Herbert Bösch ha dicho. Ello nos ocupará intensamente mañana.
Sin embargo, hay algo indiscutible: la corrupción es un fenómeno que supone un gran peligro para el orden estatal. Debemos tener bien presente que la desestabilización del Estado de Derecho siempre pasa por el hecho de que sus representantes son propensos a la corrupción. Sean diputados libremente elegidos o sean funcionarios, quienquiera que ostente la responsabilidad estatal, quienquiera que en la economía libre asuma la responsabilidad estatal de facto y sea propenso o esté dispuesto a la corrupción, contribuye a que se destruya el elemento fundamental de la democracia, a saber, la transparencia, la posibilidad de conocer la acción estatal. De la mano de esto va la destrucción de la confianza en la democracia, y en el momento en que la población no tiene confianza en la democracia, ésta llega a su final, esto es, la lucha contra la corrupción no es sólo lucha contra el delito, sino también lucha por la estabilización de las instituciones democráticas. Esto hay que tenerlo bien presente cuando se discuta el informe del Sr. Bontempi.
Por ello debemos tener claro - y vuelvo otra vez al Sr. Bösch y sus contestaciones a la demanda - que con la Unión Europea, tal y como hoy está construida, hemos creado una organización que acumula un gran poder económico, que crea poderosas posibilidades financieras, pero en un entramado que se está volviendo cada vez más opaco. Esto no es culpa siquiera de los que aquí actúan, y quisiera decir esto claramente. Quisiera proponer al Sr. Bösch que tenga en cuenta que la Comisión fue a menudo la que nos apoyó a nosotros, como Parlamento, en la exigencia de más transparencia. Más bien son los gobiernos de los Estados miembros, el Consejo de la Unión, el que se ocupa de que lo que acabo de describir, es decir, de que haya un mayor poder económico, un mayor poder financiero, pero al mismo tiempo se ocupa también de que no se desarrolle paralelamente la capacidad de control, especialmente la capacidad de control parlamentario.
Por tanto digo: si una institución tan importante como la Unión Europea en la forma en que existe actualmente otorga la posibilidad de acción política y financiera a un poder ejecutivo que no es controlable de manera suficiente, entonces está abriendo las puertas a la corrupción. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. Estamos frente a una internacionalización del poder económico en Europa mientras la lucha contra la mala utilización de ese poder económico se queda en el ámbito de las estructuras nacionales, y esto es exactamente lo que ha planteado Rinaldo Bontempi. Necesitamos una armonización internacional de los sistemas de lucha con el objetivo -aquí estamos de acuerdo, creo, con la Sra. Comisaria- de hacerlos converger a largo plazo en estructuras legales comunitarias, es decir, en un espacio de competencias y de poder discrecional propio de la UE en la lucha contra la corrupción, y con ello volvemos de nuevo en el informe Bösch al que mañana toca el turno.

Chanterie
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, el Sr. Bontempi, por su informe que el PPE respaldará completamente. Creo que puedo ratificar plenamente, señor Presidente, lo dicho por el Sr. Schulz, quien ha señalado que muchas formas de corrupción, que en los últimos diez años han aumentado en diferentes Estados miembros de la Unión, han causado gran alarma en la opinión pública y en la población en general. Sin exagerar, puede hablarse, por tanto, de una crisis de los valores que consideramos más importantes cuando hablamos de democracia en Europa. Escándalos sucesivos han hecho dudar seriamente de la integridad de los altos responsables de las empresas, de las administraciones públicas y de la política. Quisiera señalar, además del ejemplo puesto por el Sr. Bösch y el Sr. Schulz sobre el fraude por valor de 700.000 ecus destinados a ayuda humanitaria para la antigua Yugoslavia, el sensacional proceso, que se encuentra en Bélgica ante el Tribunal de Casación, relativo a los cientos de millones que a través de Agusta y Dassault fueron empleados en la compra de helicópteros y aviones para el ejército belga. Debe elaborarse, por tanto, una definición completa que diferencie la corrupción activa y pasiva de otro tipo de comercio legal o ilegal. Esta definición debe valer para todos los Estados miembros de la Unión y para los Estados miembros aisladamente. Creo que con esta útil definición todavía no tenemos suficiente. Naturalmente éste es un requisito necesario, pero debe haber más. Deben existir también medidas preventivas y represivas. La prevención puede hacerse a través de licitaciones públicas, pedidos públicos, acuerdos comerciales y otras medidas políticas tan transparentes como sea posible. Ésta es la cuestión central, la transparencia, la posibilidad de que pueda existir un control, la posibilidad de que se puedan cotejar las normas, los criterios y de que estos controles formen un elemento esencial de la democracia. Debemos extraer una lección de la experiencia de la Europol y de la UCLAF, señora Comisaria. Tenemos, por tanto, necesidad de un marco comunitario, además de todos los convenios y acuerdos internacionales y códigos de conducta de la OCDE y tantas otras cosas, y contamos con que la Comisión Europea adoptará también la iniciativa respecto de ese marco comunitario.
Señor Presidente, la corrupción mina el Estado de derecho y la corrupción ataca a nuestra democracia. En esto estoy completamente de acuerdo con el Sr. Schulz.

Caccavale
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar al ponente, Sr. Bontempi, por el excelente trabajo realizado. Un punto con el que, en mi opinión, debemos estar todos de acuerdo es que el problema de la corrupción es un fuerte factor de desestabilización no sólo de nuestras estructuras democráticas, sino yo diría, de forma más evidente, del libre mercado, de la libre competencia. Es un hecho que perturba enormemente la libre competencia, en que no gana el mejor y el que ofrece el servicio más eficaz, sino el más listo y el más deshonesto en el fenómeno de la corrupción. Por consiguiente, me parece que esto merece una reflexión.
Sin embargo, el aspecto sobre el cual todos nosotros debemos reflexionar es si, ante este incremento del fenómeno de la corrupción -ha de quedar claro que la corrupción existe desde cuando existen las estructuras públicas, las estructuras del Estado, por tanto, desde cuando el mundo es mundo- la respuesta correcta es un mayor empleo de la sanción penal, una mayor sanción represiva. Yo considero, por el contrario, como se ha dicho en las últimas intervenciones, que las causas de la corrupción son intrínsecas. Tenemos que empezar a cuestionarnos si son los propios mecanismos los que, con frecuencia, generan las actividades delictivas, los que generan la corrupción; si son las barreras, los mecanismos de intermediación que se interponen entre los operadores comerciales y económicos y el desarrollo de determinadas actividades los que de hecho facilitan la corrupción.
Por tanto, considero importante que el señor ponente haya apuntado -y que la Comisión de Libertades Públicas haya aceptado-el principio según el cual para luchar contra la corrupción hay que desburocratizar y convertir en más fáciles los procedimientos y en más transparentes los mecanismos de licitación.

Blak
Señor Presidente, apoyo una lucha muy firme y efectiva contra la corrupción y contra el fraude. Debemos redoblar nuestros esfuerzos comunes para hacer que la UCLAF y Europol funcionen de modo óptimo, debemos exigir que la Comisión elabore una estrategia común de lucha anticorrupción y debemos procurar que esta estrategia común se traduzca en iniciativas concretas. Sin embargo, no debemos tener un Ministerio Fiscal o un Derecho Penal comunes. Debemos, por el contrario, actuar de manera común y coordinada fortaleciendo la cooperación práctica. Además, no debemos hacer ninguna concesión cuando la cuestión sea la corrupción dentro de las instituciones comunitarias. Desgraciadamente, es un tema demasiado actual el que aquí tratamos. La Comisión es en la actualidad responsable de algunos casos muy enojosos y esto no es algo que mejore la imagen ya algo turbia que la Comisión tiene entre los ciudadanos comunitarios - una imagen que la presenta como una institución elitista y cerrada que defiende a los suyos.
En este sentido, también me gustaría pedirle a la Comisión una explicación sobre un asunto muy escandaloso. Me refiero a la suspensión de la prueba de selección de la Comisión. Una cosa es el desorden general reinante durante las pruebas en lo que se refiere a la falta de vigilancia sobre las visitas al baño y el uso de teléfonos móviles. Sin embargo, sí podemos llamarlo corrupción cuando empleados de la Comisión proporcionan las respuestas a personas concretas que participan en la prueba. Me parece una indecencia y pienso que tenemos un problema a la hora de explicarles a los ciudadanos europeos que esta prueba de selección ha sido planificada durante tres años y que su celebración ha costado 1, 2 millones de ecus.

Mendes Bota
Señor Presidente, salí de Portugal este fin de semana con un gran escándalo provocado por la denuncia pública hecha por el ex presidente de un organismo del Estado, con gran influencia en las obras públicas, en el que ha reinado (según afirmaciones del personaje) la más impune de las corrupciones en relación con la financiación de partidos políticos. Paso por Bélgica y el escándalo de corrupción del caso «Augusta», en el que están implicados antiguos gobernantes y partidos políticos, domina hace unas semanas los noticiarios del Reino. Subimos más arriba, al descansillo de la Unión Europea, y nos enteramos de que un concurso en el que participaban millares de candidatos a «eurócratas» fue anulado por graves irregularidades o sabemos de situaciones complicadas en el nivel de la propia ayuda humanitaria.
Entre otros condimentos, hay dos que parecen comunes por doquier en el limbo de la corrupción: la burocracia y la falta de transparencia de las decisiones. Concordamos con la generalidad del diagnóstico y de las propuestas del ponente. Pero, en el planteamiento de la contribución de los partidos políticos a la lucha contra la corrupción, falta el valor para poner de verdad el dedo en la llaga, es decir, el reconocimiento de que la lucha democrática por el poder personificada en los partidos y en los políticos, rendida como está al diktat del marketing , la publicidad y la manipulación de los electores mediante la información, consume fortunas colosales cuya financiación procede, en su mayor parte, de donativos generosos de poderosos intereses económicos que, evidentemente, no abren los cordones de la bolsa tan sólo por la cara bonita de este o aquel político, sino porque esperan contrapartidas ventajosas. En mi país se acostumbra a decir «dar una salchicha a cambio de un cerdo gordo».
Por desgracia, estamos en una ola de tonalidad roja y verde, en la que los sondeos de la opinión pública han substituido las convicciones de quien tiene el deber de gobernar o presentar opciones de poder substitutivas, la llamada tercera vía del socialismo democrático abrazado al gran capital que barre el mundo occidental, a quien, evidentemente, no interesa el acto de valor que sería, por ejemplo, la prohibición de la financiación privada de los partidos políticos. Tout court .

Gradin
Señor Presidente, he leído con gran interés el informe del Sr. Bontempi sobre corrupción. Nos ofrece una visión general muy útil de las distintas iniciativas en este ámbito. Como ustedes saben, la Unión se ha mostrado cada vez más activa en la lucha contra la corrupción durante estos últimos años. En 1996, se amplió el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad con el primer protocolo. Dicho protocolo condena el soborno realizado por o a un funcionario nacional o comunitario que afecte al presupuesto de la UE. Un segundo protocolo aprobado en 1997 condena el blanqueo de los ingresos procedentes de la corrupción. Ese mismo año, el Consejo aprobó también el convenio que condena la corrupción que afecta a las obligaciones oficiales de los funcionarios nacionales o comunitarios. Lamentablemente, ninguno de los instrumentos que acabo de mencionar ha sido ratificado aún por ningún gobierno nacional.
Esto transmite un mensaje conflictivo. Todos coincidimos en la necesidad de luchar contra la corrupción, pero cuando se trata de que los parlamentos nacionales aprueben legislación de la Unión, el proceso se estanca.
La comunicación de la Comisión del pasado año sobre la lucha contra la corrupción abarca muchos ámbitos: desgravación fiscal, contratos públicos, transacciones financieras, listas negras de operadores dudosos, recursos civiles y la lucha contra la corrupción en la ayuda al desarrollo y en la estrategia de preparación para la adhesión.
Repasaré brevemente los avances realizados. El Convenio de la OCDE suscrito en diciembre de 1997 condena el soborno de funcionarios oficiales en el contexto de las transacciones comerciales internacionales. El convenio entrará en vigor probablemente en 1999. La mayoría de los Estados miembros ya han modificado sus leyes o se han comprometido a hacerlo. Los Estados miembros, evidentemente, deberán modificar sus leyes fiscales para garantizar que estas comisiones no desgraven. Ya se ha enviado un cuestionario a los Estados miembros. La Comisión y el Consejo analizarán los avances en noviembre.
Para darles un ejemplo, no basta con rechazar la desgravación únicamente en los casos de condena por soborno a un funcionario extranjero. En la ley fiscal debe estar perfectamente claro que sólo los gastos legítimos podrán compensar el beneficio imponible. Por ello, es posible que haga falta legislación de la UE, como sugiere el Sr. Bontempi.
En lo que respecta a los contratos públicos, todo el mundo sabe que la transparencia en el mercado actúa como un potente freno de la corrupción. La Comisión ha impulsado una mayor transparencia en lo relativo a los precios y las condiciones de licitación. También hemos abogado por la inclusión de medidas específicas anticorrupción en los procedimientos de licitación. Mañana, el Comité Consultivo de Contratos Públicos discutirá sobre cómo los Estados miembros pueden excluir a empresas o personas que estén siendo investigadas por estar relacionadas con el crimen organizado. La Comisión está proponiendo asimismo a los Estados miembros que cooperen en estos aspectos.
El vademécum sobre la gestión de créditos entrará en vigor el 1 de enero de 1999. El vademécum prevé unas normas mínimas para la concesión y supervisión de determinadas subvenciones. El objetivo es garantizar mayor transparencia, publicidad y eficacia en los procedimientos.
En mayo, la Comisión lanzó una discusión sobre la reforma de la auditoría de cuentas exigida por la ley. Mejores auditorías deben convertirse en un factor disuasivo contra el fraude y la corrupción. Un nuevo comité sobre auditoría revisará el enfoque de los auditores ante el fraude. Los riesgos de fraude deberán ser comunicados por los auditores y los consejos de administración de las empresas.
La Comisión ha analizado asimismo el riesgo entre profesionales. Algunas profesiones como las de contables, notarios, abogados y auditores pueden ser vulnerables a la corrupción y a la influencia del crimen organizado. La Comisión está recogiendo actualmente información de sus representantes para formarse una imagen completa del riesgo existente y para proseguir la reflexión sobre la necesidad y la viabilidad del establecimiento a nivel de la Unión de unos requisitos éticos básicos.
En lo que respecta al blanqueo de dinero, el Sr. Monti se propone presentar, a comienzos de 1999, un directiva más estricta que abarque varias profesiones más allá del sector financiero. El Sr. Bontempi considera la lucha contra la corrupción en las instituciones comunitarias como un asunto importante. La Comisión y yo misma compartimos su interés y, como saben, el Consejo ha pedido a todas las instituciones que colaboren con la UCLAF en sus investigaciones internas. Volveremos sobre este aspecto mañana, en el contexto del informe del Sr. Bösch.
No obstante, la Comisión ya ha emprendido acciones en el aspecto preventivo. El acertado y eficaz programa de gestión para el año 2000 está encaminado a agilizar la administración, simplificar los procedimientos, mejorar la transparencia y reducir el papeleo en toda nuestra administración. Mi colega, Sr. Liikanen, está adoptando actualmente una serie de medidas complementarias para asegurarse de que se llevan a cabo debidamente todas las decisiones y todos los principios de gestión.
El servicio de lucha antifraude de la Comisión, la UCLAF, también está trabajando. Sus esfuerzos comienzan a dar frutos. Recientemente he fortalecido su independencia y su organización, y se ha creado una célula dedicada a la anticorrupción y una unidad jurídica. El pasado año se creó un sistema de alerta rápida. Este sistema identifica a los beneficiarios dudosos de fondos comunitarios que podrían estar implicados en casos de corrupción. La Comisión está estudiando actualmente la posibilidad de introducir dichos sistemas de listas negras o grises en todos los ámbitos de la política de la UE en los que se utilicen fondos comunitarios.
En lo que respecta a los países candidatos, la lucha contra la corrupción es una prioridad en la estrategia de preadhesión. Las asociaciones de cara a la adhesión explican los programas y su financiación. Todos ellos necesitan avanzar en materia de anticorrupción. La Comisión está desarrollando actualmente dos nuevas medidas de anticorrupción. Dentro del programa horizontal de justicia y asuntos de interior, los diez países candidatos participarán en un proyecto común de dos años con el Consejo de Europa, Octopus 2, dotado de 1, 5 millones de ecus, contra la corrupción y el crimen organizado. El proyecto se centrará en la mejora de los medios de investigación, la cooperación entre las agencias, la protección de los objetivos vulnerables y la penalización de la corrupción. Asimismo, se ha lanzado un nuevo servicio denominado servicio «pre-ins» o de alcance, dotado de 100 millones de ecus para 1998/1999, para ayudar a Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Entre los tres ámbitos prioritarios figura la lucha contra la corrupción. Evidentemente, todos los países candidatos deben mejorar sus marcas en materia de corrupción para poder equipararse a los primeros criterios de Copenhague. La lucha contra la corrupción es también una de las prioridades de la agenda para la ayuda al desarrollo. Ya constituye un principio fundamental para la buena administración.
En lo que respecta a los Estados ACP, la comunicación sobre la democratización, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena administración destaca el concepto de buena administración que debe seguirse. Propone un plan de acción encaminado a la protección de los intereses financieros de la Unión. Sugiere asimismo que se utilice en otros ámbitos de la ayuda exterior y la cooperación.
Respecto a todos estos puntos, estoy dispuesta a informar regularmente al Parlamento sobre los avances que se vayan realizando, como ha solicitado el ponente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Pesca: régimen de control
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0331/98) del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(98)0303 - C4-0357/98-98/0170(CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común.

Teverson
Señor Presidente, siempre resulta muy emocionante intervenir ante una Asamblea tan concurrida, especialmente a estas horas de la noche. Felicito a los colegas que han acudido para un asunto que reviste gran importancia.
Deseo que la Sra. Comisaria sepa que el control y la vigilancia de la política pesquera común ha sido objeto de una gran unanimidad, que supera prácticamente cualquier otro asunto que haya sido planteado a la comisión. Es un aspecto que nos interesa sobremanera, como puso de manifiesto el excelente informe del Sr. Provan, que debatimos en el anterior período parcial de sesiones.
En nuestra calidad de legisladores dedicados al sector de la pesca, al igual que los propios pescadores, tenemos muy claro que ésta es una política común. Y cuando decimos política común, esperamos que se apliquen las mismas normas en todos los mares comunitarios, que el cumplimiento sea el mismo en dichos mares y que se impongan sanciones por igual a los infractores de toda la Unión Europea. Eso sería una política común justa y aceptable.
No obstante, resulta igual de evidente que no es ésa la situación en el momento actual. Por tanto, como comisión, acogemos con gran satisfacción las propuestas de la Comisión de endurecer el control y la vigilancia de esta política en particular. Una vez manifestada nuestra satisfacción por el informe, quisiera decir que seguimos encontrando ámbitos en los que existen deficiencias y ámbitos que aún necesitan ser reforzados. Son ámbitos que el Consejo de Ministros fortalecerá cuando tome sus decisiones este mismo mes.
¿De qué ámbitos se trata? En primer lugar, está el tema de los inspectores comunitarios. Somos perfectamente conscientes de que últimamente han dedicado gran parte de su tiempo a la flota atunera, a la NAFO y a muchos otros ámbitos de la participación comunitaria en el sector pesquero. Pero su misión más importante es garantizar que la política pesquera común funciona debidamente. Evidentemente ése no es el caso. Por ello decimos a la Comisión que no sólo le pedimos que aplique sus propias propuestas encaminadas a apoyar a dichos inspectores comunitarios, sino también que éstos sumen sus fuerzas a las de los inspectores nacionales. No deben ser meros observadores, sino que deben poder tomar iniciativas para que todos los pescadores de la UE tengan la certeza de que las normas se aplican a todos por igual.
El informe dice asimismo que para hacer cumplir la política pesquera deben reforzarse los controles desde el desembarque y lo que sucede a continuación en la cadena de distribución. Es ahí donde hay que presionar para garantizar que dichas normas funcionan y se cumplen. En el presente informe decimos que debe existir responsabilidad legal -y no sólo trámites, como dice la propuesta de la Comisión- que descienda por la cadena de distribución, para que las personas que, a sabiendas, venden o transportan pescado ilegal -bien porque sea de talla inferior a la establecida o porque se haya rebasado la cuota- asuman también responsabilidad legal. En ese momento comenzará el auténtico reforzamiento de esta política.
¿Qué más necesitamos? Necesitamos mejor información. Cuando mejore la cooperación entre los Estados miembros, deberemos disponer de un buen intercambio de información, al objeto de que las jurisdicciones nacionales puedan encargarse fácilmente de los procesamientos a raíz de la información proporcionada por los Estados miembros. Esta medida ampliará e incrementará los poderes que solicita la Comisión.
La Sra. Fraga ha presentado la idea de que debemos asegurarnos de que terceros países que negocian con productos pesqueros en aguas comunitarias y que desembarcan en aguas de la Comunidad sean tratados del mismo modo que nuestras flotas. Es una cuestión de justicia y equidad.
Se nos presenta aquí una gran oportunidad. Sé que la Comisión está claramente a favor de reforzar el control y la vigilancia. Tenemos un informe anual que debe comparar a todos por igual y garantizar que podemos evaluar lo que está sucediendo. Respaldamos plenamente a la Comisión y le pedimos que refuerce las propuestas a través de las enmiendas y se asegure de que el Consejo de Ministros, que se reunirá este mismo mes, aprueba un reglamento con la suficiente solidez para garantizar la equidad, al objeto de que todos puedan confiar por fin en esta política común.

Baldarelli
Señor Presidente, señora Comisaria, el aumento de la capacidad de pesca en zonas de alta mar ha sido muy significativo en estos últimos tiempos. Las tendencias al consumo de pescado congelado han influido en esto y seguramente no hemos sido capaces de suplirlo con el correspondiente aumento de la acuicultura, a pesar de que la acuicultura responde de manera adecuada a cierto crecimiento en el mercado. Hay una demanda muy fuerte de pescado. Las propuestas que se formulan en el Reglamento 28/47/93 de simplificar los procedimientos, de pasar de forma más puntual los controles, antes y después del desembarque, y de emplear la electrónica suponen, sin duda, un esfuerzo importante. Lo apoyamos y estamos asimismo convencidos de que la propuesta presentada por la Comisión de Pesca es positiva de cara a la responsabilidad de los países al implicar a los inspectores.
Sin embargo, el primer problema que se nos plantea queda fuera de nuestro alcance y no es otro que el de los convenios internacionales y de la manera en que realmente conseguimos que se practique una pesca responsable. En lo que se refiere a los convenios internacionales, nos preocupa que el acuerdo en cuya virtud nos comprometimos directamente como comisión, como Unión Europea y que afecta sobre todo a las especies de alta mar, haya sido ratificado tan sólo por 18 países. Éste es un aspecto que pone de manifiesto una gran debilidad política, ya que nosotros hemos hecho todo lo posible, sin embargo, muchos países rechazan este tipo de acuerdo. Estamos asimismo convencidos de que la propuesta del WWF de un protocolo de pesca responsable es cuando menos una solución, a pesar que dicho protocolo no es aceptado por todos los países; el Código de conducta de la FAO que se considera una solución verdaderamente substancial, afecta a las capacidades excedentarias, pero a largo plazo las capacidades excedentarias se convierten en un problema muy serio para los armadores. En suma, hace falta un marco de referencia internacional en que realmente nos sea posible llevar a cabo correctamente nuestro trabajo tratando de desarrollar nuestra acción política a nivel internacional. El tema, sin embargo, debe abordarse más allá del aspecto del esfuerzo de pesca, también por lo que se refiere a las llamadas relaciones externas a la actividad de pesca. Estoy de acuerdo, por tanto, con la necesidad de incentivar todas las actividades que respeten plenamente la Directiva 96/61 y la Directiva 91/676 - relativa ésta a los nitratos y aquella a la prevención y a la lucha integrada contra la contaminación- puesto que los nitratos y la prevención y la lucha integrada contra la contaminación son dos aspectos que influyen directamente en los problemas del equilibrio medioambiental; es indudable, sin embargo, que hay que fomentar una fuerte acción innovadora de investigación en favor de artes distintas y, por consiguiente, también con vistas a cierta selectividad. En este sentido, son muy importantes los controles por satélite que preconizamos, sin embargo, también es importante la búsqueda de la selectividad.
En cierto sentido, en el POP se han indicado objetivos importantes, no obstante, hace falta que los Estados miembros respeten estos objetivos y que, al mismo tiempo, avance la investigación; por ejemplo, la investigación sobre las redes y las pruebas con piezas de redes, mallas cuadradas y otras artes selectivas que han logrado importantes resultados, del mismo modo que los han logrado las artes técnicas en el ámbito de los crustáceos y moluscos, artes que se han ensayado en el Canal de la Mancha. En definitiva, vemos una política de pesca que se está perfilando en muchos aspectos y en la que el control es un elemento esencial. Esta propuesta de reglamento es una solución positiva, sin embargo, todo ello debe hacerse responsabilizando a los pescadores que son los principales interesados en una política de pesca compatible con los equilibrios medioambientales.

Provan
Señor Presidente, creo que la Comisaria reconoce el hecho, y en las propuestas de la Comisión queda perfectamente claro, que además de un reglamento común, necesitamos un control común, y eso significa en última instancia, sanciones comunes. Robin Teverson y yo hemos trabajado muy estrechamente en este asunto durante los pasados meses. Es significativo que el Parlamento esté debatiendo sobre las medidas de control durante dos meses seguidos, lo cual demuestra la importancia que la Comisión de Pesca y el Parlamento atribuyen a este asunto.
El mes pasado, el informe fue aprobado por unanimidad. También trataba de un tema muy importante. El presente informe da consistencia a lo que debatimos el mes pasado.
Cuando elaboramos normativas, es importante que garanticemos que se aplican debidamente. El reglamento debe cumplirlo no sólo el sector pesquero, como dice Robin Teverson en su informe, sino toda la cadena de distribución: pasando por la industria de transformación hasta el punto final de venta.
Algunos de nosotros quedamos muy impresionados cuando visitamos Noruega hace un par de años y vimos su sistema de reglamentación: simple, exento de burocracia y respaldado por los pescadores. Es a lo que debemos aspirar en la Unión Europea. No queremos una burocracia excesiva.
Debo decir que el presente informe contiene algunas enmiendas, apoyadas por el Grupo de los Verdes, que probablemente no apoyaremos en el Grupo del PPE cuando mañana sean sometidas a votación. Eso no quiere decir que estemos en contra del control, lo que ocurre es que estamos en contra de una capa adicional de burocracia. Preferiríamos que los mecanismos de control funcionaran desde la base hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo. Necesitamos el apoyo de los pescadores, debemos garantizar que los programas funcionan debidamente, y eso supone un control local con la participación de los pescadores, en vez de una burocracia demasiado pesada.

Gallagher
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Teverson por la presentación de un excelente informe, que acojo con satisfacción. Es un informe completo y minucioso que contiene muchas propuestas innovadoras y también enmiendas.
Estoy de acuerdo con que se dé prioridad a un mayor control y vigilancia de los buques contra los que las organizaciones pesqueras regionales o internacionales hayan adoptado medidas de algún tipo. De este modo se ejercerá presión, en particular, sobre aquellos que impunemente incumplen el reglamento de manera reiterativa.
Se impone desde hace mucho tiempo la normalización de la potencia motora y del tonelaje en la Comunidad. Existen aún demasiadas deficiencias. Para que el régimen de control sea plenamente eficaz, el esfuerzo de vigilancia debe ser mensurable, comparable y transparente entre la Comisión y los Estados miembros, y entre los Estados miembros entre sí. Hace falta una armonización y ésta debe llegar cuanto antes.
También estoy de acuerdo con que deben adoptarse procedimientos que garanticen la imposición de sanciones similares por infracciones comparables en toda la Comunidad. Es fundamental garantizar la exacta verificación y el registro de los transbordos y desembarques.
A pesar de lo loable que son todas estas propuestas de la Unión Europea, no servirán de nada, a menos que haya suficientes inspectores nacionales en tierra. Los pescadores irlandeses y del Reino Unido afirman que son los sectores de la flota más controlados de la Unión, y que la necesidad de la presencia de inspectores en tierra es aplicable a todos nosotros. No obstante, cuando contemplamos las travesuras relativas al traspaso de las licencias de pesca y vemos la hostilidad de los pescadores y otras empresas que desafían a los reporteros de televisión, no debe sorprendernos que los pescadores irlandeses y británicos tengan serias dudas.

Novo
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en esta propuesta hay un intento de mejorar el sistema de control de la pesca con la intención de que se vuelva más responsable y preservadora de recursos. Ejemplo de ello son las enmiendas destinadas a evaluar y comparar de forma fiable la potencia y el arqueo de los buques, a uniformizar las infracciones o los procesos de inspección. Sólo, que también resulta patente que el aumento de las obligaciones y procedimientos no va acompañado de un aumento de medios, que no pueden seguir siendo imputables, de forma casi exclusiva y en relación con un asunto relativo a una política común, a las disponibilidades de los Estados miembros.
Asimismo resulta evidente que el control a que estarán sujetos buques comunitarios y de terceros países puede seguir sin ser idéntico: más exigente para aquéllos, mucho menos para los de terceros países. El equilibrio podría incluso no llegar a darse en las propias aguas y en los propios puertos comunitarios, pero lo cierto es que en otros sitios podría ser claramente distinto. La ausencia de medios y la falta de equidad entre buques de procedencia diferente podría infundir desconfianza y originar una aplicación del reglamento menos eficaz y transparente de lo que sería deseable y posible.
Quisiera aprovechar la presencia de la Comisaria Gradin para solicitarle que divulgue su posición y la de la Comisión en relación con las enmiendas constantes del informe Teverson.

Tamino
Señor Presidente, me parece que todos los oradores que me han precedido están de acuerdo en la necesidad de mejorar a través de este Reglamento la situación de los controles y del seguimiento de la política común de pesca y, por ende, la situación de la pesca. Desde este punto de vista, por tanto, también en nombre del Grupo de los Verdes, quiero reiterar que estamos de acuerdo con el espíritu con que la Comisión ha presentado esta modificación de reglamento y apoyamos la propuesta con las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. En particular, consideramos que han de acogerse las enmiendas en su conjunto incluyendo, obviamente, las enmiendas -y me dirijo al Sr. Provan- presentadas por nuestro Grupo que consideramos extremadamente importantes y que están encaminadas a mejorar los controles y el seguimiento. En particular, en lo que se refiere a la enmienda 8, es cierto que la misma se refiere a un convenio que, hoy por hoy, han suscrito 18 países únicamente, sin embargo, es oportuno que la Comunidad anticipe ya este tipo de opciones que, al final, deberán convertirse en una argumento común en todas las partes del mundo.

Ewing
Señor Presidente, mi interés en la pesca se remonta más atrás en el tiempo que en el caso de ningún otro diputado a este Parlamento; a 1975.
Recuerdo cuando aún no teníamos ninguna política pesquera común. Cuando se implantó, todos pensamos que, en cualquier puerto, en cualquier parte de nuestra asociación, antes de que ésta se llamara Unión Europea, habría inspectores que tendrían los mismos poderes que los inspectores nacionales. Finalmente , en el informe del Sr. Teverson, conseguimos esa propuesta que estaba prevista desde que se dio la señal de salida, a saber, que los inspectores tendrán derecho a realizar inspecciones, sin previo aviso, de buques, enclaves, documentos y de todos los aspectos. Por este motivo, acojo con auténtica satisfacción este informe de la Comisión y del Sr. Teverson.
Necesitamos un régimen que sea justo a los ojos de todos. Me gustó que en la exposición de motivos se hable de confianza. Los pescadores siempre son suspicaces, y la confianza es importante. A menos que el régimen parezca justo a los ojos de todos, nunca confiarán en él y éste nunca funcionará realmente.
El Reino Unido es acusado de muchas irregularidades y de no apoyar la suspensión de empleo y muchas otras cosas, pero España también las comete. Desde hace muchos años, algunos inspectores de pesca de España viven en Madrid. En televisión hemos podido ver que en los supermercados españoles se vende pescado de talla inferior a la establecida. Para hacer justicia a España, Gran Bretaña no hace nada por impedirlo; deja que la situación continúe.
Finalmente tenemos una propuesta para intentar ser imparcial en materia de sanciones y de inspección. La acojo con auténtica satisfacción, así como los controles posteriores al desembarque y los impedimentos para el transbordo.
Existe la propuesta de aunar la pesca y la agricultura. Todos los interesados del sector de la pesca se oponen a esta medida y los presidentes de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural están en contra. Hemos tardado diez años en tener una política común. ¡Cómo puede alguien sugerir que los agricultores son las personas más indicadas para decidir acerca de esta industria fundamental!

Souchet
Tras haber deliberado durante el anterior período parcial de sesiones acerca de la mejora de la aplicación de la política pesquera común y haber destacado, al aprobar el informe Provan, el lugar fundamental que debe ocupar el control, hoy debatimos la modificación del reglamento relativo al régimen de control.
Tras haber sido enmendado en la Comisión de Pesca, el informe de nuestro colega Teverson ya presenta disposiciones contradictorias. Contradicciones entre la enmienda 1, presentada por la Comisión de Pesca, y las enmiendas 8, 9 y 10, aprobadas en comisión con el respaldo del ponente. La enmienda 1 precisa que para que un régimen de control sea totalmente eficaz, es necesario que puedan medirse y compararse los esfuerzos de los controles. Ahora bien, las enmiendas 8, 9 y 10 crean la obligación de que los pescadores consignen en su cuaderno diario de pesca las especies y las cantidades de pescado descartadas, planteamiento que no sólo constituye una obligación complementaria, sino que además es perfectamente inoperante.
¿Cómo verificar la exactitud de dicho cuaderno diario de pesca? Es sencillamente imposible. se aprobara esta medida, correríamos el riesgo de que los pescadores condenen todo el proceso de control. Querer implantar medidas ilusorias, imposibles de verificar y sancionadoras sólo puede restar credibilidad al régimen de control. Por este motivo, nuestro Grupo se opondrá a la aprobación de dichas enmiendas.
Es cierto que el problema de los descartes es real y todos somos conscientes de ello, ya que la Comisión de Pesca se dispone elaborar un informe por propia iniciativa sobre este tema, que deberá ser presentado próximamente a nuestra Asamblea. Hay que encontrar otros medios realmente eficaces para limitar los descartes, a los que se atribuye la disminución de varios recursos pesqueros y que nos privan de una valiosa fuente de proteínas.
Desearía en cambio aportar nuestro total apoyo a las propuestas del ponente relativas a la armonización de las sanciones. Los pescadores no son en absoluto hostiles a los controles, al contrario, a condición de que tengan la seguridad de que dichos controles son equitativos. Equitativos entre los Estados miembros y equitativos con respecto a países terceros. Un buen control debe, además, ser simple, aplicable, poco oneroso y disuasivo para los posibles defraudadores.
De este modo, sin recargar la burocracia comunitaria, pero favoreciendo los intercambios de inspectores nacionales, reforzando los controles respecto a los terceros países y velando por conseguir la adhesión de los profesionales del ramo, debería ser posible, señor Presidente, mejorar considerablemente el proceso de control.

Langenhagen
Señor Presidente, señora Comisaria, esta nueva propuesta de normativa es la puesta en práctica concreta de la comunicación de la Comisión Europea, que se discutió precisamente aquí en el Pleno en Septiembre y que modifica el régimen de control de la política de pesca comunitaria. Muchos de los puntos débiles de la actual política de control de pesca han de ser subsanados definitivamente. Entre otros, estos son la simplificación del cuaderno diario de pesca, donde se anotan las capturas de peces, el fortalecimiento de los controles tras el almacenamiento, el registro de los productos de la pesca desde su captura hasta el último eslabón de la comercialización, el acceso por parte de la Comisión a los bancos de datos de los Estados miembros, una mayor incorporación de la supervisión de los barcos de pesca que navegan con bandera de terceros países y pescan en nuestras aguas comunitarias, así como la posibilidad de controles sorpresa en los Estados miembros por parte de controladores comunitarios.
Esto es todo un paquete de medidas que desde el Parlamento Europeo una y otra vez hemos demandado. Estas medidas deber ser, pues, llevadas a la práctica. Por ello hemos recibido con aprobación la presente propuesta de normativa procedente de la Comisión, aunque, según creo, sigue quedando aún por resolver toda una serie de problemas. Tales problemas están realcionados, sobre todo, con un catálogo armonizado de sanciones para toda la Comunidad. Una y otra vez, las infracciones contra el reglamento de control son sancionadas de manera distinta - demasiado distinta - en los distintos Estados. El problema de la medición de la potencia de los motores tampoco ha sido regulado definitivamente.
Por tanto, la presente propuesta no será la modificación definitiva de la normativa original, especialmente porque no incorpora propuestas importantes como una mayor implicación de los pescadores mismos en la política de control, lo cual, sin embargo, resulta de suyo evidente. Con todo, hemos dado un importante paso hacia adelante. Por ello pido la aprobación de la propuesta y felicito al ponente por el informe tan importante y constructivo realizado.

Fraga Estévez
Señor Presidente, agradezco al Sr. Teverson el esfuerzo que ha hecho en su informe por identificar de nuevo los principales puntos débiles de la política de control comunitaria y, en especial, la falta de armonización de las normativas en materia de infracciones, inspecciones y sanciones en los distintos Estados miembros.
En efecto, mal puede actuarse contra las flotas que incumplen las normas si cada Estado miembro sigue aplicando distinto rasero para infracciones semejantes y si, además, los datos que se envían a la Comisión son tan heterogéneos que resulta inútil cualquier intento de análisis.
Si bien es verdad que el control es competencia nacional, nosotros creemos que la Comisión puede hacer mucho más para forzar a los Estados miembros a armonizar sus legislaciones. Aun así, es cierto que el sector comunitario está sometido -al menos sobre el papel- a una normativa mucho más estricta que la de los terceros países. Por eso, aplaudimos la introducción de un nuevo título en el reglamento de control sobre la actividad de estos buques, pero echamos de menos ciertas medidas contundentes para los buques con banderas de conveniencia, cuya actividad se está convirtiendo en un problema cada vez más serio. Estos buques no respetan ninguna normativa -ni de conservación, ni de seguridad, ni de carácter laboral-, lo que les permite seguir pescando en cualquier circunstancia y abaratar costes hasta el punto de amenazar con arruinar a muchas empresas respetuosas con las normas internacionales.
Por eso, solicitamos que la Comisión adopte de modo inmediato las medidas de control emanadas de las organizaciones regionales e internacionales de pesca y que, en el marco de la normativa que se aplicará a los buques de terceros países, las inspecciones y controles sobre buques contra los que dichas organizaciones hayan establecido algún procedimiento de infracción tengan carácter prioritario en los puertos comunitarios.
Y dado que la Sra. Ewing ha aludido a mi país, tengo que decir, señora Ewing, que usted lleva mucho tiempo alejada de los asuntos pesqueros y simplemente la invito a que estudie ahora cuántos son los inspectores que tienen incluso las distintas comunidades autónomas de mi país.

Bonino
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento y al ponente por este informe que puede ser muy útil a la Comisión, sobre todo en su debate con el Consejo, previsto para finales de este mes.
Deseo decir tres cosas para celebrar un debate franco con todos ustedes. Cuando existe una política común, reconozco abiertamente -lo veo todos los días- la importancia de considerar de manera equitativa los otros aspectos, es decir, los controles y las sanciones. Me complace que este Parlamento se vuelva cada vez más federalista -a pesar de que, en la actualidad, el término tiene una pésima connotación. Además, agradezco a la Sra. Ewing que al menos haya tenido en cuenta el esfuerzo que hemos realizado para mejorar el sistema de control, pero lo que ocurre es que varias competencias dependen de los Estados miembros.
Segundo elemento, señor Teverson, aun reforzando los controles, no es posible dotar al sector de la pesca de un carácter específico. Incluso en la agricultura, la Política Agrícola Común tiene inspectores y sanciones que están lejos de estar armonizados, y los inspectores, puesto que también son de mi competencia, están realmente lejos de tener todos los poderes que usted preconiza, a pesar de que quizá sería justo que los tuvieran. Sencillamente, no hemos llegado aún hasta ahí.
Personalmente, ni siquiera estoy segura de que consigamos del Consejo la posibilidad de que los inspectores realicen inspecciones sin previo aviso, a pesar de que es algo en lo que tenemos mucho empeño, no para sustituir a los inspectores, sino sencillamente para disponer de una herramienta más. De todos modos, el Parlamento va más lejos que la propuesta de la Comisión. Le doy las gracias por ello, a pesar de que no puedo aceptar todas las enmiendas, por cuestiones de índole jurídica.
Sobre el fondo, en lo esencial, ninguna diferencia nos separa, pero -puesto que ustedes me han pedido que sea específica- la Comisión piensa que las enmiendas 1, 5, 7, 10 y 12, con las que estamos de acuerdo en la esencia, ya están contempladas en el plan de acción. Señora Fraga Estévez, yo podría quizás hacer mucho más, y la Comisión intenta hacer todo lo que puede, incluso reflexionar sobre un plan de acción de control, que es un elemento unilateral. En todo caso, me congratulo del apoyo del Parlamento, pero les declaro que sus consejos y sus gobiernos no tienen exactamente esta opinión. Como siempre, cada ministro piensa que él es perfecto en su Estado miembro y que los malos son los otros.
Quiero señalarles, puesto que ustedes han visto el último informe de control, que la Comisión estima que el control es mediocre en toda Europa, e incluso en los países terceros. A propósito de los países terceros, les recuerdo que las normas internacionales son muy claras, es decir, que el Estado costero es responsable en sus aguas y que el Estado del pabellón es responsable de los buques. No es posible cambiar completamente hoy las normas internacionales del Derecho marítimo. Éste es el motivo por el que la Comisión debe rechazar algunas enmiendas, y no porque no reconozca el problema, sino sencillamente porque en el estado actual de evolución del Derecho internacional, aún no hemos llegado a ese punto. Ello no impide, por otra parte, que podamos ir avanzando mucho más en el marco de las conferencias regionales. Comunico a este Parlamento que quizá algún día debamos hacer cuentas para saber lo que nos cuestan los controles. Quizá descubramos que si seguimos por este camino, el pescado que comemos alcanza precios desorbitados. Por ello nos esforzamos en hacer uso de las nuevas tecnologías. Intentamos que sean los propios pescadores los que se ocupen cada vez más de este dossier, aunque sin abrumarles inútilmente. Por ejemplo, las enmiendas sobre el cuaderno diario de pesca, los 50 kilos de los descartes, son francamente inaceptables. Eso es difícil de verificar. Corremos el riesgo de establecer unas normas que luego son incontrolables, puesto que se trata de descartes.
Pero comparto el interés del Parlamento de que vayamos avanzando hacia una sanciones más o menos homogéneas, algo que no sucede en todos los sectores de política común. Existe algo sobre lo que nos disponemos a especular: sin perjuicio de alcanzar algo más de armonización, introduzcamos al menos una mayor transparencia. Que todo el sector sepa cuáles son las sanciones en los diferentes Estados miembros para que los interesados comiencen a comparar. Algo que aún está lejos de la realidad.
En lo que respecta al acceso a los ficheros, estoy de acuerdo, sólo que debemos encontrar una formulación. El derecho de acceso a todos los ficheros no es jurídicamente posible, porque hay una cierta confidencialidad que hay que respetar respecto a los retos comerciales. Ello no impide que podamos avanzar bastante en el tema del acceso, aunque sea necesario preservar el derecho de confidencialidad cuando se trata de información comercial.
En lo que respecta a la investigación, señor Baldarelli, el problema es una vez más que la investigación es competencia de los Estados miembros. Nosotros realizamos estudios piloto, que, por otra parte, constituyen un capítulo importante de nuestro presupuesto para la pesca. Intentamos cada vez más impulsar a los Estados miembros a realizar la investigación y, en este sentido, debo decir que, salvo algunos casos muy concretos, en general, no hay interés. Nuestros esfuerzos son considerables para unos resultados muy escasos.
Espero, por consiguiente, que comprendan que no podemos aceptar las enmiendas relativas a las sanciones o a los poderes de los inspectores. Tampoco podemos aceptar las enmiendas que ya recogen el artículo 26 y el plan de acción. Compartimos el principio, pero no creemos que sea conveniente incluirlos en otros instrumentos reglamentarios.
En lo que respecta, señor Teverson, a la responsabilidad individual, y éste será mi último punto, habida cuenta de que se ha optado por el control de la cadena, la responsabilidad legal se deriva, en nuestra opinión, de los artículos 9 y 28, según prevé el reglamento, en el sentido de que una vez que se tienen los documentos, cualquier infracción implica que la persona es legalmente responsable. Ésa es la interpretación de nuestro servicio jurídico.
Para terminar, señoras y señores, espero su informe de propia iniciativa sobre el control. Pero quisiera asegurarles que es uno de los capítulos de la pesca al que dedicamos más atención. Utilizamos todos los instrumentos a nuestro alcance, incluso los códigos de conducta. Sé perfectamente que no son perfectos, pero hay que pasar por ahí, cuando no hay reglamentos a los que recurrir. Les reitero mi agradecimiento por su apoyo, y espero tener éxito a finales de mes en el Consejo, algo que no podemos, ni mucho menos, dar por descontado.

Provan
Señor Presidente, no deseo infringir el Reglamento de la Asamblea ni abusar del tiempo de los intérpretes, pero la Comisaria ha hecho una observación importante, cuando dijo que pensaba que el Parlamento se está volviendo muy federalista.
Quiero decir a la Comisaria que probablemente todo el mundo coincide en que la Comisión de Pesca de este Parlamento tiene gran interés en que alcancemos una mayor regionalización de la gestión de la política pesquera común y de las zonas económicas. Es una observación importante. La Comisaria debería reconocer que ése es el trasfondo del informe.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

