Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006
El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
(A5-0023/2003) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a la estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS))
(A5-0423/2002) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre las repercusiones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores (COM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS))
(A5-0054/2003) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de la protección jurídica del consumidor a la luz del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea (COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS))

Whitehead (PSE)
Señor Presidente, me complace que esta mañana esta Asamblea pueda abstraerse de los lejanos tambores de guerra y centrarse en las necesidades del ciudadano como consumidor. Estas necesidades se abordan en el plan de acción sobre política de los consumidores 2002-2006 y en el Libro Verde sobre la protección de los consumidores y su seguimiento. Voy a presentar mi propio informe, así como el de nuestra distinguida colega, la Sra. Patrie, a quien le ha sido imposible asistir hoy.
Actualmente hay en curso un importante debate sobre la política de los consumidores. En la Convención se está ventilando con dudas, que comparto, sobre la aparente relegación de las prioridades del consumidor por un Consejo mixto, que también debe ocuparse de asuntos sociales, empleo y la salud. Está presente en las preocupaciones financieras que acucian el campo -la seguridad alimentaria- que nosotros habíamos pretendido que fuera independiente y dejara de formar parte de estas deliberaciones generales. Comparto las preocupaciones que se han manifestado sobre la financiación -de la que este Parlamento es en parte responsable - de la AESA, para exponerlas por fin de forma efectiva.
También se puede observar en nuestras propias diferencias en torno al tipo de directiva marco que mejor permite regular el tema de las relaciones con los consumidores y en torno al ámbito y al modo en que se pueden detectar prácticas desleales y reclamar daños y perjuicios. 
En cuanto a mi propio informe, estoy en deuda con la Comisión, con los ponentes alternativos de todos los partidos y con todas aquellas personas que han trabajado conmigo para elaborar un informe consensuado, en particular mi propia investigadora anterior, Michelle Smyth, cuyas aptitudes de intermediaria benefician ahora a nuestra Asociación Nacional de Consumidores.
Mi enfoque de las prioridades expuestas en el plan de acción siempre ha sido que sea sencillo y concreto. Me referiré a enmiendas que de alguna manera han desdibujado los temas, intentando abrir otros debates en lo que debería ser una clara fijación de prioridades. He puesto freno a enmiendas que introducían otras buenas causas en nuestro propio informe. De ahí que en mi respuesta de hoy no haya podido complacer, como tampoco pude hacerlo en comisión, a algunos de los que, ya sean de la izquierda o de la derecha, desean que éste también sea un debate sobre el etiquetado ecológico, las virtudes de los productos orgánicos o, desde otro plano, las virtudes y la desmostrabilidad de la tecnología de los OMG. Como bien sabe el Comisario, estas cuestiones se debatirán en otros lugares. De hecho, próximamente va a presentar propuestas sobre estas líneas y serán bien acogidas.
Sin embargo, puedo aceptar la otra nueva enmienda presentada por la Sra. Thyssen, cuyo informe también estamos debatiendo y que ha desempeñado un papel muy constructivo en estas deliberaciones. No puedo aceptar que nos apartemos más del ámbito que se estableció en las muy amplias deliberaciones habidas en comisión.
Algunas personas han cuestionado una o dos otras enmiendas, en particular el apartado original 15, enmienda propuesta a la comisión por la Sra. Thyssen. Algunas personas de su partido han preguntado por qué debería incluirse. Estoy seguro de que la Sra. Thyssen -si habla después- explicará sus ventajas para que su propio Grupo lo entienda.
Voy a pasar ahora a los principios generales del plan de acción que estamos discutiendo. Se expusieron a modo de propuesta triple. En primer lugar, un alto nivel de protección de los consumidores. Todos los informes que están sobre el tapete coinciden en esto y en la necesidad de reforzar la base jurídica en los Tratados para alcanzar este propósito. También coinciden en que debemos estudiar con sensatez, caso por caso, la importante cuestión de la armonización mínima o máxima. 
En segundo lugar, sobre el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de los consumidores, también estamos de acuerdo, aunque quizás partiendo de puntos de vista ligeramente diferentes. Sólo cinco de los 15 Estados han conseguido los objetivos de Barcelona para su aplicación. Debemos mostrar a los países candidatos a la adhesión que podemos mejorar y ayudarles a hacer lo mismo.
En tercer lugar, la participación de organizaciones de consumidores en las políticas de la UE es sumamente importante para la Comunidad ampliada. Necesitamos que el Comisario nos diga cómo va a asignarse la financiación este año, cuando los fondos existentes se hayan agotado para los países candidatos.
Por último, hemos añadido un nuevo principio: la integración de los aspectos relacionados con el bienestar del consumidor en los objetivos políticos de la UE. Ayer, este punto fue planteado enérgicamente por una delegación de la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, que se reunió con miembros de la Convención. Los tres próximos años determinarán si podremos satisfacer estas necesidades de los consumidores en una Europa ampliada. Precisaremos todo el esfuerzo de la Comisión y de los Estados miembros para conseguirlo. Actualmente, sólo alrededor de la mitad de nuestros ciudadanos conocen sus derechos como consumidores. Un consumidor informado es un consumidor emancipado. Es nuestro deber y nuestro privilegio contribuir a ello.
Paso ahora a hablar del informe de la Sra. Patrie. Hablo sobre la base de sus propias propuestas y comentarios. Acerca del Libro Verde sobre la protección de los consumidores, que se nos presentó por primera vez en octubre de 2001, hemos llegado finalmente a la etapa de un ambicioso debate sobre estas propuestas de un auténtico mercado interior para los consumidores. Mediante consultas amplias con los Estados miembros, organizaciones empresariales y de consumidores, la Comisión ha considerado cuáles son los instrumentos legales que pueden garantizar mejor un alto nivel de protección de los consumidores y al mismo tiempo suprimir barreras al desarrollo del comercio intracomunitario.
El Libro Verde plantea que la fragmentación de las normas ha impedido el buen funcionamiento del mercado interior. Todos estamos de acuerdo con ello. La experiencia nos demuestra que la desconfianza de los consumidores en los intercambios comerciales transfronterizos puede explicarse por las divergencias jurídicas y por el desconocimiento de los consumidores sobre las garantías legales que les amparan. Desde el punto de vista del consumidor, los obstáculos al desarrollo del comercio internacional radican principalmente en la falta de certidumbre en torno a las relaciones postcontractuales. Así pues, queremos proporcionar a los consumidores, una vez más, un marco jurídico normalizado y sencillo, que incluya un número limitado de normas fundamentales aplicables independientemente de la naturaleza de la transacción. El enfoque global de la Comisión merece, por tanto, ser bien acogido.
Este enfoque no debe comportar una reducción del nivel de protección de los consumidores alcanzado mediante acuerdos nacionales. En este sentido, no debería ser posible que la elección por la parte interesada de la ley aplicable permitiera despojar a los consumidores de la protección que les conceden las disposiciones de obligado cumplimiento de la legislación del país en que residen, siempre que sea éste el país en el que concertaron el contrato y donde esperan que se cumpla. Ni tampoco la adopción de normas generales debe descartar la posibilidad de fijar normas específicas. También será necesario conceder a los consumidores una protección especial en determinados sectores.
Teniendo esto presente, la Directiva marco debería establecer los principios generales que rigen la conducta de los operadores en todas las fases de sus tratos comerciales, de modo que se respeten realmente los derechos de los consumidores. Para ello quizá sea más adecuada una cláusula general basada en la exigencia de un comportamiento comercial leal que no la prohibición de prácticas fraudulentas o engañosas, siempre que se incluya una definición precisa y práctica.
En interés de la transparencia, el comerciante debería tener el deber de revelar al consumidor, de antemano, información sobre los aspectos de los bienes y servicios ofrecidos. También en este campo, la aplicación de criterios generales no deberá excluir disposiciones especiales sobre la información facilitada al consumidor.
El intento de la Comisión de definir un criterio que rija la conducta basada en «consumidores de inteligencia media», no es demasiado convincente. Se trata de una definición muy imprecisa y la idea de medir la inteligencia humana de este modo podría ser ofensiva. Sería preferible definir tipos de comportamiento que se consideren inaceptables y que constituyen prácticas desleales. A este efecto, la Comisión podría confeccionar una lista negra no exhaustiva de tipos de comportamiento considerados desleales.
Asimismo, debemos proteger a los consumidores que son particularmente vulnerables. Esto concierne a las personas que padecen una discapacidad física o de aprendizaje que hace que sean más vulnerables frente al comportamiento comercial agresivo y engañoso, y a los niños, adolescentes y las personas de edad avanzada. Se ha de poder penalizar a los comerciantes que violen su deber de lealtad, sobre todo por medio de mandamientos judiciales obtenidos por organizaciones de consumidores. También tiene que ser posible emprender acciones legales con carácter preventivo para poner fin a un comportamiento comercial desleal que, si se permite que continúe, puede ser lesivo para los intereses de los consumidores.
Finalmente, es aconsejable ofrecer a los consumidores individuales una vía de recurso, no sólo por incumplimientos flagrantes y graves de la normativa -como sugiere la Comisión-, sino también siempre que se demuestren daños directos y ciertos causados por un comportamiento comercial desleal. Cualesquiera que sean las ventajas de los métodos alternativos de solución de disputas, no se puede privar al consumidor de la posibilidad de una compensación.
La Comisión todavía no ha facilitado suficiente información para que sea útil comentarla sobre el contenido de los procedimientos de autorregulación y corregulación. En vistas de la diversidad de tradiciones nacionales y de las incertidumbres de la definición de los conceptos, es esencial que prosigan las consultas con los Estados miembros y, al mismo tiempo, se asegure el establecimiento de normas estrictas para los códigos de conducta dentro de las mismas normas comunitarias.
Urge establecer un marco organizativo para la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de consumo. Demasiado a menudo, operadores sin escrúpulos se ven tentados de aprovechar las carencias de la cooperación europea. Conviene establecer bases de datos que faciliten el intercambio de información y crear un sistema de alerta que permita a los Estados miembros emprender acciones concertadas en defensa de todos los consumidores cuando sea preciso. Recomiendo nuevamente estos informes a la Asamblea y les pido disculpas por la ausencia de la Sra. Patrie, quien no ha podido asistir debido a otros asuntos.

Thyssen (PPE-DE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. aunque no estamos tratando ninguna propuesta legislativa en esta ocasión, la importancia del debate no debe subestimarse.
El Libro Verde sobre la protección de los consumidores ?y voy a centrarme en él durante los primeros cinco minutos de mi intervención y abordar la pregunta del Sr. Whitehead en los dos minutos restantes? no sólo tiene una importancia jurídica y económica, sino también política. Nos puede ayudar a acabar con el mito de que el mercado interior es algo que sólo atañe a las empresas y que el consumidor no tiene nada que ganar con él. Una buena legislación en materia de consumo constituye una herramienta magnífica para acercar más la Unión Europea a sus ciudadanos, y nos incumbe a todos trabajar en esa dirección.
Otro malentendido que quisiera contribuir a eliminar es la supuesta oposición que se está creando entre hacer realidad el mercado interior y lograr un alto nivel de protección de los consumidores. Ambos son objetivos del Tratado y pueden respaldarse mutuamente. Es nuestro deber centrarnos en ello, pero lamentablemente debo decir que la división de responsabilidades entre las comisiones parlamentarias no siempre nos ayuda. Creo que es un asunto que deberíamos volver a examinar en la próxima legislatura.
En tercer lugar, existe una idea profundamente enraizada que desearía borrar, y es la convicción general de que la legislación en materia de consumo y la normativa sobre prácticas comerciales leales representan ámbitos completamente aislados uno del otro desde la perspectiva de la competencia. Pues bien, Señorías, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, creemos que, a menudo, se trata de dos caras de la misma moneda, y por ello, pedimos que se lleve a cabo una evaluación minuciosa del impacto de las relaciones entre empresas y de las relaciones entre empresas y consumidores. Esta evaluación nos aportará más justicia, sin duda por lo que respecta a las PYME, una mayor seguridad jurídica y más estabilidad en la legislación: todo aquello por lo que estamos luchando.
Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estamos de acuerdo con su análisis de la situación de la legislación en materia de consumo y creemos además que es el momento propicio para una evaluación y posiblemente para un nuevo enfoque. No obstante, no nos confiemos demasiado. Al fin y al cabo, no todo lo que el consumidor mantiene en su propio mercado nacional constituye una barrera para el mercado interior que deba eliminarse. Siguen existiendo límites naturales para la integración del mercado ?que se resumen en mi informe? y debemos aceptarlos. Todo es cuestión de identificar las auténticas barreras y de centrarnos en ellas, y de este modo, no fallaremos en nuestro objetivo.
El nuevo enfoque, si se produce, debe, en opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, estar encaminado a lograr un alto nivel de protección de los consumidores ?un objetivo del Tratado?, un suficiente grado de flexibilidad, sencillez y transparencia de la legislación, así como una normativa de gran calidad jurídica. Por este motivo, apoyo la sugerencia del Libro Verde de garantizar que se incluya un procedimiento eficaz y asequible de solución de litigios para los consumidores, porque es así como debe ser.
No rechazamos tampoco la idea de una directiva marco, señor Comisario, pero como legisladores responsables deseamos darnos la satisfacción, de antemano, de que esta directiva marco, con todo lo que implica, aporte realmente una mayor sencillez, una mayor seguridad jurídica y también una política más eficaz del consumidor. Por eso, le pedimos que nos describa, por anticipado, todo el conjunto, es decir, tanto la directiva marco como las propuestas de directiva que la acompañan.
En aras de la seguridad jurídica, preferiríamos una cláusula general basada en una prohibición de llevar a cabo prácticas comerciales desleales. Por supuesto, dicha prohibición debe estar bien definida. Reconocemos la utilidad del instrumento de armonización máxima, pero al igual que el Sr. Whitehead en su informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pedimos cautela y que se proceda caso por caso: de lo contrario, corremos el riesgo de extralimitarnos. En todo caso, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior también estamos convencidos de que la armonización máxima no es posible mientras no se alcance un alto nivel de protección de los consumidores, a menos que se oriente la armonización en ese sentido.
Un alto nivel de protección de los consumidores también constituye, desde nuestro punto de vista, una condición para la plena aplicación de los principios de reconocimiento mutuo y para la puesta en práctica del principio del país de origen.
Señor Comisario, estamos a favor de una base jurídica para un código de conducta europeo, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 17 de mi informe, pero dado que nadie tiene nada que ganar con una falsa impresión de seguridad jurídica, estamos en contra de cualquier tipo de mecanismo de aprobación burocrática que sólo pueda aportar una discutible presunción de legalidad. Para los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es lógico que se deba garantizar el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en códigos.
Señorías, podrán observar que el informe Patrie de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor difiere, en muchos de estos puntos, de lo que hemos dicho en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos de esta cuestión. Nuestras decisiones se han basado en razones meditadas de tipo jurídico. Por consiguiente, quisiera pedir a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a los demás diputados del Parlamento que vuelvan a examinarlo todo a fondo antes de tomar una decisión sobre su voto, y quisiera pedirles también que apoyen estos puntos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Por último, señor Presidente, sólo me queda darles las gracias a mis colegas por su cooperación constructiva, y me gustaría decirle al Sr. Whitehead que voy a responder su pregunta concreta en los dos minutos que me concederán en breve.

Byrne
Señor Presidente, permítame que comience agradeciendo y felicitando a los ponentes, el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen, por su dedicación a tan ardua tarea y la alta calidad alcanzada.
Ante todo quisiera decir unas pocas palabras sobre la nueva estrategia en materia de política de los consumidores, que ha sido aprobada por la Comisión el pasado mes de mayo y que tiene por objeto fijar un rumbo claro para la orientación política durante los próximos cinco años.
Tiene tres objetivos clave: El primero de ellos es lograr alcanzar un alto nivel común de protección de los consumidores. El segundo objetivo es asegurarse de que las normas de protección de los consumidores se cumplen efectivamente. El tercer objetivo es la participación de las organizaciones de consumidores en las políticas de la UE.
Quisiera hacer hincapié en que estos tres objetivos han sido concebidos teniendo presentes las siguientes tres ideas subyacentes a todos ellos: favorecer la integración de las preocupaciones de los consumidores en todas las políticas de la UE, como por ejemplo la política de competencia, el transporte y la justicia; potenciar las ventajas del mercado único para los consumidores, un resultado que debería beneficiar por igual a empresas y consumidores; y, por último, aunque no en importancia, preparar la ampliación. Los tres objetivos de la estrategia -un alto nivel común de protección de los consumidores, el cumplimiento efectivo de las normas de protección de los consumidores y la participación adecuada de las organizaciones de consumidores- se han concebido en gran medida con la perspectiva de que, en breve y en el futuro, se incorporen a la UE nuevos países.
Tanto el plan de acción como el Libro Verde sobre protección de los consumidores contienen una serie de opciones y plantean algunas cuestiones sobre el futuro de la política europea de protección de los consumidores. En particular, proponen la idea de una directiva marco sobre prácticas comerciales desleales.
La Comisión también propuso desarrollar un instrumento jurídico para la cooperación entre las autoridades responsables de hacer cumplir la ley.
La respuesta favorable a la consulta nos alentó a continuar trabajando sobre esta idea de una directiva marco. Sin embargo, había un sentimiento generalizado de que hay que informar más, clarificar y consultar sobre el contenido de tal directiva marco. La siguiente Comunicación, de junio de 2002, respondía a esta necesidad.
También reconocimos la necesidad de completar la relación de problemas y oportunidades existentes. Tanto el informe de la Sra. Patrie como el de la Sra. Thyssen reconocen esta necesidad. Por consiguiente, encargamos la elaboración de tres estudios principales. El primero, una encuesta entre 16.000 consumidores sobre su experiencia como consumidores y su actitud hacia la compra transfronteriza. El segundo, una encuesta paralela con preguntas similares a cerca de 3 000 empresas, en su mayoría PYME, que hacen publicidad y venden a consumidores. Esto nos da un sentido claro del impacto que va a tener una directiva marco en las pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, hemos encargado a un consultor independiente que lleve a cabo una evaluación de impacto de las opciones legislativas expuestas en el Libro Verde.
Las conclusiones de esta evaluación de impacto y de estas encuestas se pueden resumir de la manera siguiente. Ochenta millones de europeos comprarían más al otro lado de la frontera si se sintieran tan seguros como cuando compran en su país. El 46% de las empresas prevén que la proporción de sus ventas transfronterizas aumentará con la armonización. Sólo un 1% de las empresas prevén un descenso. El 68% de las empresas europeas manifestaron que la armonización en este campo es una forma eficaz de facilitar las ventas transfronterizas. La evaluación de impacto concluyó que una directiva marco basada en la plena armonización será la forma más eficaz de suprimir barreras al comercio minorista transfronterizo.
Asimismo, mis servicios han estado indagando en la naturaleza de las barreras legales a que se enfrentan las empresas y los consumidores. En primer lugar, hemos estado trabajando con un grupo de expertos gubernamentales nacionales para examinar y comparar las legislaciones nacionales en materia de prácticas comerciales desleales. En segundo lugar, hemos creado un equipo de expertos que están en estos momentos concluyendo un amplio estudio jurídico comparativo. Y en tercer lugar, hemos organizado una jornada de dos días sobre varias cuestiones clave con todas las partes interesadas .
Este proceso de consulta e investigación sumamente exhaustivo han permitido a la Comisión adquirir una comprensión general de los diferentes matices de las normativas nacionales en materia de prácticas comerciales desleales y las preocupaciones de todas las partes interesadas. Espero que también nos haya permitido crear un consenso amplio en torno a una directiva marco viable.
La opinión del Parlamento Europeo desempeña un papel muy importante en las deliberaciones de la Comisión. Por lo tanto, aprecio mucho los informes constructivos por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que confirman la perspectiva de un consenso creciente. Espero que el debate de hoy nos permita conciliar los puntos de divergencia que existen entre los dos informes. Estoy deseando escuchar sus puntos de vista en este debate.

Glase (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la comunicación de la Comisión y el informe del Sr. Whitehead sobre Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 son documentos de gran importancia. En los Estados miembros de la UE, los ciudadanos confían en que el Parlamento proteja, en todo momento, los derechos de los consumidores, algo que consideran muy importante ?de hecho, fundamental? para el mercado interior de la UE. En nuestros países, el nivel de protección de los consumidores es un criterio importante para medir la eficacia de nuestra labor.
Varias comisiones han expuesto sus opiniones. La Comisión de Presupuestos tenía la tarea de examinar y evaluar la ficha de financiación de esta Estrategia en materia de política de los consumidores. Aunque aprobó la comunicación de la Comisión, propuso a la comisión principal varios ajustes reguladores. La Comisión lamenta también que no se haya tratado todavía de evaluar o describir las consecuencias que tendrán en nuestras finanzas o en el Presupuesto las medidas sugeridas por la estrategia, tal y como ha sido presentada.
Además, la Comisión señala que, si las medidas previstas en la estrategia, al ser incorporadas en la propuesta de un nuevo marco jurídico, se prorrogan más allá de 2006, las finanzas tendrán que ratificarse, ya sea mediante un acuerdo sobre una nueva Perspectiva Financiera o mediante resoluciones presupuestarias anuales. Espero, por tanto, que todavía podamos encontrar tiempo para realizar los ajustes necesarios o para permitir que las enmiendas propuestas influyan en la aplicación práctica.

Radwan (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que estemos hoy celebrando un debate sobre esta importante cuestión, ya que está a punto de tener lugar la Cumbre de primavera, en la que, cada tres años, volvemos a estudiar cómo convertir a Europa en la región más competitiva e innovadora del mundo.
La importancia de la protección de los consumidores es algo que nadie discute. Lo que debemos hacer es abordar la manera de ponerla en práctica. Apelo al rigor de la Comisión al decir que, sin embargo, estoy firmemente convencido de que la protección de los consumidores no va en contra de estos criterios. Por un lado, por ejemplo, perseguimos el objetivo de reducir la burocracia en Europa. No obstante, tengo la impresión de que estamos produciendo cada vez más burocracia y que, por consiguiente, nos estamos alejando cada vez más de la meta de reducirla.
Quisiera también aprovechar la oportunidad que me brinda este debate de abordar la cuestión de la imagen que tenemos de los consumidores y los ciudadanos. Soy un gran partidario de la transparencia en el campo de la protección de los consumidores ?con ello me refiero a proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan? pero, a fin de cuentas, la política no debe, poco a poco, privar a los ciudadanos de sus derechos y responsabilidades. Con ello me refiero a un ejemplo muy concreto del ámbito del que me he ocupado, a saber, la Directiva sobre crédito al consumo, mediante la cual la Comisión está llevando a cabo un cambio que, en mi opinión, no es del todo justificable, al abandonar un nivel de armonización mínima y reconocimiento mutuo, en favor de la armonización máxima. Esto se logra, por ejemplo, adoptando una carga inversa de la prueba para las entidades bancarias, a las que ya no se les va a exigir que comprueben, con el máximo rigor posible, hasta qué punto el prestatario puede devolver el crédito.
Huelga decir que todo esto beneficia a las personas que conceden créditos o que venden productos a plazos pero, al fin y al cabo, existe una cosa que se llama la propia responsabilidad del individuo. A fin de cuentas, en lo que se refiere a nuestro interés por convertirnos en la región más competitiva del mundo, de lo que se trata también es de qué fuerzas desencadenamos en la economía y entre las pequeñas y medianas empresas.
Por eso, me alegra que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sea capaz de contribuir en este ámbito, en forma de opiniones que pueden ser algo divergentes, pero no por ello menos importantes, y también me alegra que la Comisión vaya a estar unida, en el futuro, en la línea que siga para lograr este objetivo.
Thyssen (PPE-DE)
Señor Presidente, voy a ser breve y darle las gracias al Sr. Whitehead. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos del documento estratégico sobre política de los consumidores y, naturalmente, el Sr. Whitehead y los demás miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor han respetado o agradecido esto, ya que observo que casi todas nuestras sugerencias han sido adoptadas en el informe del Sr. Whitehead. No puedo sino expresar mi agradecimiento por ello.
Así pues, sólo me queda responder al comentario o pregunta del Sr. Whitehead sobre el apartado 15 de su resolución, que se basa en un apartado original de mi informe. El apartado 15 trata sobre el Derecho privado internacional. En mi opinión, intenté decir que cuando se mencionan aspectos del Derecho privado internacional en la legislación en materia de consumo, deberíamos poder regularlos de conformidad con el artículo 95, artículo que se refiere al mercado interior. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor añadió el artículo 153, y por lo que a mí respecta, se puede quedar así. No creo que vaya a originar muchos problemas, señor Whitehead. Sospecho que se trata de un problema de traducción más que de algo que pueda suscitar muchas discusiones. Espero que esto aclare las cosas de alguna manera, y estoy ansioso por devolver al Presidente medio minuto para compensar el haber hablado durante tanto tiempo.

Oomen-Ruijten (PPE-DE)
Señor Presidente, voy a hablar durante dos minutos en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, y el tiempo restante voy a emplearlo en hablar del informe de la Sra. Patrie y el informe de la Sra. Thyssen. Señor Presidente, es un placer para mí empezar con la estrategia en materia de política de los consumidores y responder a lo que ha escrito el Sr. Whitehead.
Como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, agradezco al Sr. Whitehead el haber incluido muchas enmiendas nuestras en el ?como siempre, permíteme decirlo, Phillip? informe minucioso que has elaborado. Lo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades desea es que los grupos vulnerables participen de lleno en la política de los consumidores, y creo que esto se ha expresado muy bien. Se debe prestar especial atención a los consumidores y a las organizaciones de consumidores de los países candidatos, ya que opinamos que el mercado interior sólo puede funcionar perfectamente cuando las partes integrantes del mercado ocupan la misma posición. Esto quiere decir que tenemos que preparar al consumidor para que sea capaz de tomar decisiones meditadas.
Las organizaciones de consumidores de los países candidatos no están todavía ?si es que puedo expresarlo así? lo suficientemente preparadas como para desempeñar su papel como representantes de los consumidores. La necesidad de prestar una especial atención a esto se halla justificada y lo hemos pedido en repetidas ocasiones. Así pues, en los principales puntos de la estrategia 2002-2006 se puede encontrar: un alto nivel de protección de los consumidores, una aplicación efectiva de los reglamentos actuales y un papel para las organizaciones de consumidores. Ya he mencionado esto explícitamente.
Señor Presidente, paso a hablar, a continuación, sobre el Libro Verde. El objetivo del Libro Verde es que se elabore una directiva marco en materia de política de los consumidores. Si se cumplen una serie de condiciones, estoy a favor de esta directiva marco. La legislación actual está demasiado fragmentada, y una directiva marco puede contribuir a aportar claridad a la situación. Creo que es magnífico que se reúnan en la directiva marco el suministro de la información necesaria para hacer la elección antes de la venta de un servicio o de un producto, la venta en sí misma, la posventa, el servicio, las reclamaciones y el acceso a la legislación. Las prácticas comerciales desleales deben ser el punto de partida para ello, por lo que me siento muy cómoda con el informe de la Sra. Thyssen.
La legislación de esta directiva marco no debe ni puede añadirse a la maraña normativa existente. Esto haría que todo fuera mucho más confuso, no sólo para el consumidor, sino ciertamente también para el mundo empresarial. Por tanto, abogo fervientemente por que, cuando presentemos esta directiva marco, revoquemos también, al mismo tiempo, las diversas directivas verticales, de las que es un buen ejemplo la directiva marco sobre el agua. En ese sentido, creemos que la directiva marco resolvería algo. En nuestra opinión, es muy importante, con este tipo de marco horizontal, que se apliquen las mismas obligaciones en toda Europa, no sólo para las empresas sino también para los consumidores. De esta manera, las cosas quedarán claras y habrá más oportunidades, sobre todo para las pequeñas empresas, de sacar partido a todo lo que ofrece el mercado interior.
Señor Presidente, quisiera decir además que esta directiva marco debe asumir un alto grado de protección de los consumidores, pero que también debe basarse en el principio de armonización máxima, aunque vinculado a un elevado nivel de protección. Creo que esto es necesario, puesto que de no producirse continuará la confusión. Queremos que el mercado interior funcione bien, queremos obtener un buen servicio en toda Europa, queremos que se nos vendan buenos servicios y que todos sepamos exactamente en qué consisten. En ese sentido, podemos votar a favor de una directiva marco. Confiamos además en que se apoyen las enmiendas presentadas por nuestro Grupo al informe Patrie, que esperamos que hagan que este informe esté más en consonancia con el informe de la Sra. Thyssen. Creo que nos ayudaría a alcanzar una muy buena delimitación. Deseo mucha suerte a los servicios de la Comisión y les pido que nos dejen participar a nosotros, así como a los interesados, en la elaboración de la nueva legislación.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, estoy encantado de que esta mañana deliberemos sobre tres informes de peso acerca de la protección de los consumidores y que atañen a tantas comisiones diferentes. Esto es correcto y oportuno. Las cuestiones de política de los consumidores no deben ser la prerrogativa exclusiva de una determinada comisión, deben ser fundamentales en toda nuestra labor.
Los comentarios que voy a hacer se limitarán fundamentalmente al informe Whitehead, si bien también tendrán claramente implicaciones para algunos de los demás informes. Adam Smith declaró que la única finalidad y objeto de toda actividad económica es el consumo. El consumidor es el rey y nosotros en el Parlamento -y también, por supuesto, en la Comisión- haremos bien en recordarlo.
Tanto el informe de la Comisión «Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006», como, de hecho, el informe Whitehead, son pasos extremadamente positivos en esta dirección. No soy una de esas personas que felicitan automáticamente a todos los ponentes, en particular, lo admito, si proceden del grupo PSE, pero en esta ocasión estoy encantado de felicitar y apoyar incondicionalmente a este ponente por su excelente trabajo.
Con su modestia habitual, también ha dicho que las enmiendas de otros Grupos y colegas lo han perfeccionado todavía más y ha aceptado las enmiendas de un gran número de colegas de diferentes agrupaciones políticas y otras comisiones. Estoy realmente agradecido por su pronta aceptación de algunas de mis propias enmiendas, como por ejemplo, de que una línea clave de la política del consumidor debe ser la optimización de la elección del consumidor, de que la consecución del mercado único es, por consiguiente, una prioridad para los consumidores y no sólo un negocio, de que la Directiva sobre los viajes combinados debe ha de revisarse con prioridad, y que los países que incumplan la legislación sobre protección de los consumidores deberán ser sancionados más rápida y rigurosamente.
También quisiera llamar la atención sobre toda la serie de apartados, empezando por el apartado 5, que trata del Objetivo 1, un alto nivel de protección de los consumidores, en el cual destaca su preocupación por la propuesta de pasar de medidas de mínima armonización a medidas de plena armonización. Tanto la Sra. Thyssen como el Sr. Radwan ya han retomado este aspecto planteado por otras dos comisiones. Estoy plenamente de acuerdo con que se evalúe caso por caso, aspecto que amplía explícitamente en el apartado 13 sobre los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. Espero que la Comisión asuma estos puntos.
En particular, admiro la forma en que el informe no se limita a las buenas intenciones. Pide que se den pasos sensatos, prácticos y concretos para mejorar la protección de los consumidores en toda la Unión Europea. Espero que la Comisión me permita también llamar la atención sobre el apartado 44 acerca de los peligros de fumar pasivamente, si bien sería una sorpresa que este tema apareciera en este informe. Es un derecho fundamental de los consumidores que puedan respirar aire fresco. Espero que, junto con los Cuestores, hará personalmente cuanto esté en sus manos por asegurarse de que esto sea así.
Finalmente, espero que el informe Whitehead reciba el apoyo de la abrumadora mayoría en la votación de esta mañana. Será un resultado bien merecido. Asimismo, espero que será acogido con el mismo fervor tanto por parte de la Comisión como por parte del Consejo en pleno. El consumidor debe reinar en todas partes. ¡Larga vida al rey!

Corbey (PSE).
Señor Comisario, Señorías, se acaba de decir que los consumidores constituyen uno de los motivos de la existencia de la Unión Europea. Conseguir productos mejores y más baratos, así como una mayor variedad de elección, es el motivo principal del mercado interior. Nunca antes se había reconocido plenamente a los consumidores por ello. Algunos derechos de los consumidores no traspasan las fronteras nacionales. Por ello, acojo también con especial agrado una iniciativa general y una directiva marco en materia de política de los consumidores. Apoyo además y felicito a los ponentes: el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen.
Hay cuatro puntos que me gustaría destacar: el primero se refiere a las prácticas comerciales leales, a una norma básica exigente que debe aplicarse en toda Europa, y al hacerlo, no se debe permitir que la legislación europea quite méritos a los logros nacionales. Es necesaria una información sobre derechos y códigos de conducta adicionales.
El segundo punto es el derecho a la información. Es fundamental la información sobre productos y métodos de producción. Naturalmente, no todos los consumidores van a visitar las instalaciones del fabricante para informarse acerca de los métodos de producción. Las investigaciones muestran que sólo un 10% de los consumidores están interesados, pero este 10% marca la pauta, sobre todo cuando está respaldado por fuertes organizaciones de consumidores. Este 10% ha garantizado, por ejemplo, que se preste más atención al bienestar de los animales en el sector agrícola y a las condiciones laborales del sector textil, y este 10% va a contribuir también a que la mundialización siga la senda correcta.
El tercer punto tiene que ver con dar voz a los consumidores, con apoyar a las organizaciones de consumidores, en especial en los países candidatos, y con buscar nuevas formas de lograr que los consumidores pierdan su anonimato. Se trata también de experimentar con foros públicos donde los consumidores puedan aportar ideas sobre el desarrollo de nuevas técnicas y métodos de producción.
Mi último punto se refiere a la responsabilidad política. Naturalmente, una política de los consumidores sólida debe contribuir a crear una situación en la que los consumidores sean la piedra angular de la política europea, desde los productos químicos hasta el comercio electrónico.
En Europa, se hace mucho en nombre del consumidor. Se supone que la liberalización de los servicios públicos ofrece a los consumidores servicios mejores y más baratos. Esto es maravilloso, claro, pero ¿qué es lo que ha logrado? En toda Europa, los pasajeros se quejan de la mala calidad del transporte público. Los precios en el mercado de la telefonía se han vuelto enrevesados y confusos y, al final, son pocos los consumidores que hacen cola para elegir entre los distintos proveedores de energía eléctrica. ¿Qué han aportado exactamente al consumidor diez años de mercado interior O tomemos el euro, por ejemplo. Se suponía que el euro iba a abaratarlo todo. Sin embargo, sabemos que el euro ha provocado un considerable aumento de los precios. Es evidente que las cosas pueden no salir como nosotros desearíamos. Todos los consumidores entienden esto. Pero si la liberalización, el euro y el mercado interior no tienen el efecto deseado, ¿a qué pueden recurrir los consumidores? ¿Acaso pueden los consumidores recurrir a los políticos europeos, a sus gobiernos nacionales, al comercio y a la industria? ¿O, de hecho, no tienen a qué recurrir?
Los consumidores han de tener derechos, pero también deben poder obtener una compensación política. En resumen, debemos dejar de hacer promesas vagas a los consumidores y también sobre ellos. Los objetivos para los consumidores deben ser claros y concretos y ha de quedar claro quién asume la responsabilidad política. Muchas gracias.

Maaten (ELDR).
Señor Presidente, es evidente que estamos abordando tres informes importantes. Es verdad que no se trata de legislación, pero espero con interés la legislación que seguirá a estos informes. Lo hago con mucha confianza, ya que también en este punto confiamos plenamente en este Comisario. Tengo curiosidad por saber si puede indicarnos cuánto tiempo tendremos que esperar para examinar las diversas propuestas para esta legislación.
Naturalmente, el reto radica en coordinar adecuadamente la política de los consumidores y la compleción del mercado interior. No se debe permitir que la política de los consumidores sea una excusa para crear barreras comerciales. Creo además que las cifras que el Comisario nos ha dado, hace un momento, sobre las ventajas que todos podemos obtener de la armonización dicen mucho al respecto.
Los consumidores se benefician del libre comercio, ya que pueden comprar productos mejores y más baratos, y naturalmente, debemos lograr un alto nivel de protección de los consumidores. La confianza es el motor del crecimiento económico. Los consumidores deben confiar en los productos o no los comprarán. La industria debe confiar en el mercado interior y los consumidores deben confiar en los proveedores. Podemos matar dos pájaros de un tiro. Debemos trabajar para lograr que a los consumidores les deje de importar si compran sus productos en los Países Bajos o en Grecia. Esto no es fácil.
A menudo, los consumidores no saben cuáles son sus derechos. Las organizaciones de consumidores pueden ayudarnos por lo que a esto se refiere. Las revistas de consumidores son muy leídas y contienen consejos útiles. La gente confía mucho en estas organizaciones. Así pues, creo ?y me alegra que el Comisario también esté trabajando en ello? que la Unión debe conseguir que estas organizaciones participen de lleno en los trabajos preliminares de una política futura.
Además, las prácticas comerciales desleales dañan la confianza en el mercado. Un vendedor de automóviles deshonesto puede echar a pique el mercado para sus competidores. Por tanto, hay que acabar con los comerciantes deshonestos, y por esta razón, es positivo que se haya optado por recurrir a un enfoque europeo para luchar contra las prácticas comerciales no deseables. Naturalmente, debemos ser claros acerca de qué constituye una práctica comercial no deseable. Para mí, no es sólo aprovecharse de la vulnerabilidad física o mental o ejercer presión física o moral, sino también la conducta obstruccionista; por ejemplo, dificultar a los consumidores el poder cambiar de proveedor de servicios. Sólo cuando se puede pasar con facilidad de un proveedor de servicios a otro, se consigue una competencia óptima que se traduce en unos precios más bajos y una mejor calidad. Piensen sólo en el hecho de cambiar de banco. Se lo ponen muy difícil. Uno no puede llevarse su número de cuenta, y creo que este tipo de cosas constituyen barreras artificiales.
Por último, señor Presidente, pienso que la Comisión debería hacer uso del artículo 153 del Tratado más a menudo como base jurídica para la protección de los consumidores. No creamos este artículo para nada, y beneficiaría tanto a los consumidores como al mercado interior.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al hablar esta mañana en nombre de mi Grupo, en el debate sobre los consumidores y la protección de los consumidores, yo, al igual que muchos de mis colegas, desearía decir una vez más que, si bien apoyamos los objetivos de la Comisión Europea en este ámbito ?un alto nivel de protección, una aplicación efectiva de las normas y una participación efectiva de las organizaciones de consumidores?, debemos señalar, de nuevo, que las propuestas que se han presentado siguen siendo demasiado imprecisas y no lo suficientemente concretas.
Por ello, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas efectuadas por el Sr. Whitehead y la Sra. Patrie, en particular en lo que se refiere a la seguridad, el transporte, los productos químicos, el comercio electrónico y el suministro de información previa, en todos los casos, para permitir que se activen, cuando sea necesario, unos mecanismos de defensa eficaces y de recurso adecuados. Además, me gustaría mencionar específicamente la legibilidad de la etiqueta ecológica y, en particular, la necesidad de disponer de información exhaustiva sobre los OMG que, como bien saben, constituyen un asunto polémico para nosotros. Por último, quisiera hacer hincapié en la necesidad de la Directiva sobre juguetes y en el control de la marca comunitaria.
Debido a que fui ponente sobre estas cuestiones hace unos años, sé que es necesario que se revise urgentemente la Directiva sobre juguetes y que, por culpa de unos controles insuficientes, en numerosas ocasiones la marca comunitaria pierde todo su sentido. Además, me he dirigido por escrito a la Comisión varias veces sobre este asunto, pero siento tener que decir que, hasta la fecha, no he recibido una respuesta satisfactoria. Por lo demás, a estas alturas del debate sobre la protección y la política de los consumidores, quisiera también expresar muy claramente dos preocupaciones en forma de críticas fundamentales. La primera de las cuestiones que me preocupan es que, independientemente de cuáles sean sus intereses, las políticas de protección de los consumidores están demasiado vinculadas al objetivo de la creación acelerada del mercado único, y por tanto, dependen demasiado de aquél. Estas políticas son raramente objetivos en sí mismos, pero casi siempre son el resultado de la libre competencia. La segunda cuestión que me preocupa es que estas políticas son, a menudo, si no siempre, un pretexto para eliminar, estrangular o incluso hacer desaparecer el concepto de servicio público, pese a que éste abarca mucho más que la protección de los consumidores, ya que se aplica a largo plazo e integra la solidaridad y la ordenación territorial, en particular a través de la fijación de los precios y las condiciones de acceso. En algunos países y grupos políticos, los mejores adalides de la protección de los consumidores son, con frecuencia, los mayores enemigos de los servicios públicos, actuando en nombre de la libre competencia y el dominio del sector privado.
Esta mañana, quisiera, por tanto, señalar estas diferencias fundamentales o incluso divergencias, al tiempo que expreso mi satisfacción por los esfuerzos realizados por la Comisión Europea y mi apoyo a las propuestas de nuestros ponentes.

Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, el Libro Verde presentado por la Comisión y los informes presentados esta mañana siguen la línea correcta. De hecho, deberíamos crear, sin demora, todos los elementos que garanticen a los consumidores un alto nivel de protección. Deben tener la certeza de que sus derechos se respetan plenamente, y de la misma manera, en todas partes. Por tanto, para conseguir un alto nivel de protección, es fundamental que las organizaciones de consumidores representativas participen en la elaboración tanto de la política comunitaria como de la internacional.
Dado que, en la actualidad, se están produciendo cambios importantes en el ámbito del comercio, es esencial que se consulte a los ciudadanos. Deben poder tomar parte en los debates e influir en las decisiones que fundamentalmente les afecten a ellos. Los consumidores han de desempeñar un papel activo a través del consumo, que debería dejar de ser inconsciente. En lugar de ello, los consumidores deberían meditar sus decisiones. Por tanto, se les debe proteger, pero también se les debe mantener informados. Para ello, deben poder acceder a toda la información que consideren fundamental y tener, por ejemplo, la posibilidad de informarse sobre los procesos de producción, incluyendo las condiciones laborales de los empleados. Los logotipos comunitarios relativos al comercio leal o a las empresas que respetan una carta social son, por lo tanto, herramientas valiosas y eficaces, como también lo son aquellos que representan la agricultura ecológica.
Si deseamos un comercio ético y justo, es necesario que reafirmemos nuestra preferencia por los productos de calidad que no pongan en tela de juicio la dignidad humana, en ámbitos tan diversos como el café o los juguetes para niños, y que observemos todos los criterios del principio de cautela. En este contexto, la trazabilidad de los OMG parece ser, una vez más, uno de los factores más fundamentales. Sobre todo, no debemos permitir, tal y como dejan entender algunas enmiendas, que aumente la confianza de los consumidores en los OMG. Por el contrario, es nuestro deber proteger a los consumidores y proporcionarles información precisa y exhaustiva que les permita tomar sus decisiones con total conocimiento de causa, en beneficio propio y de sus hijos. Debemos hacer también hincapié en la necesidad de que los ciudadanos participen en la creación de un modelo de sociedad sostenible. No debemos reducir a los ciudadanos a la mera condición de consumidores. Muy al contrario, los ciudadanos deben desempeñar un papel destacado en la identificación de sus necesidades, con el fin de que la propia sociedad elija qué camino seguir para responder a ellas.

Nobilia (UEN).
Señor Presidente, a pesar de sus diferencias, en los informes de la Sra. Patrie, de la Sra. Thysssen y del Sr. Whitehead se entrevé un pequeño sentimiento común de decepción que ?de existir realmente? compartimos, de la misma manera que estamos de acuerdo con el contenido de sus informes. De hecho, no se pueden discutir las afirmaciones de la Comisión acerca de que la fragmentación de las normas nacionales y europeas impide el buen funcionamiento del mercado interior, ni tampoco el hecho de que la falta de confianza de muchos consumidores, por ejemplo en los intercambios transfronterizos, se debe a la existencia de divergencias de tipo jurídico y, quizás en mayor medida, a una falta de conocimiento de la protección disponible. Por lo tanto, surge la necesidad igualmente incuestionable de un marco jurídico simple y homogéneo que contenga un número limitado de normas fundamentales que sean aplicables independientemente de la naturaleza de la transacción comercial y que proporcionen protección a lo largo de todo el proceso, incluyendo las relaciones postcontractuales y de posventa.
Por consiguiente, acogemos con agrado las declaraciones realizadas por la Comisión acerca de la necesidad de un enfoque global de la cuestión que, por un lado, defina obligaciones, empezando por una conducta comercial leal, y por otro lado, se base en criterios objetivos para evitar interpretaciones diferentes por parte de los Estados miembros. Sin embargo, aunque todo esto tiene sentido, es imposible no darse cuenta del comportamiento a veces incoherente de la Comisión, empezando por una aceleración excesiva del ritmo al que abordamos esta cuestión. Como bien sabemos, el Libro Verde sobre la protección de los consumidores de 2001, por ejemplo, dio inicio a un período de amplias consultas y a un valioso debate sobre el futuro de la legislación comunitaria en materia de consumo. No obstante, antes incluso de que se conozcan los resultados del proceso de consulta, la Comisión ha presentado una propuesta de reglamento sobre promoción de ventas en el mercado interior que, por un lado, presta muy poca atención a los puntos de vista del Parlamento Europeo sobre el enfoque global y, por otro lado, transmite la absurda impresión de que preferiríamos continuar con un enfoque sectorial.
De nuevo, no están a la altura del ideal los diferentes enfoques sobre cuestiones que, en definitiva, son similares, como ?a modo de otro ejemplo? el asunto del etiquetado, en el que la presencia de sustancias idénticas se está regulando de modo diferente, tan solo unos meses después. Creemos que no existen motivos para oponerse al uso en otros campos de preparados que tienen que ver con la salud humana. Un ejemplo reciente es el del detergente y los cosméticos.
Sin salirnos de este ámbito, creemos que los consumidores tienen que ser informados acerca de los productos que utilizan, pero también creemos que, para ello, necesitan tener acceso a información útil, a información que les permita poder tomar sus propias decisiones, también de naturaleza «política». Esto no quiere decir que no valoremos ?puesto que la apreciamos mucho? la gran labor llevada a cabo por las organizaciones de protección de los consumidores.
Sin embargo, si la idea es alcanzar un elevado nivel de protección, al tiempo que se busca lograr una armonización aceptable de las normas del mercado interior, dos parecen ser las líneas de actuación, una derivada de la otra. La primera es la que ha mencionado el Sr. Whitehead, cuando dice que un análisis caso por caso sería más adecuado para evaluar si, al modificar la legislación vigente o elaborar una nueva legislación, son más apropiadas unas disposiciones de armonización máxima o mínima. Una vez se haya determinado esto, la otra línea de actuación es la transposición correcta y la aplicación práctica del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros. En este ámbito, nuevamente, la Comisión desempeña un papel decisivo, aunque también es verdad que, desde una perspectiva general, sólo cinco Estados miembros han cumplido, hasta la fecha, los objetivos marcados en el Consejo Europeo de Barcelona sobre el ritmo de aplicación.

Bernié (EDD).
Señor Presidente, con la protección jurídica de los consumidores, abordamos un proyecto vasto y ambicioso que deberá desembocar en un elevado nivel de protección. Un nivel elevado no implica necesariamente una protección uniforme. Creemos que es fundamental respetar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad.
Personalmente, estoy a favor de una armonización mínima que no impida a cada Estado miembro elaborar la legislación que mejor se adapte a su manera de hacer las cosas. Apoyo también la idea de utilizar sistemáticamente el apartado 3 del artículo 151 del Tratado, que debería convertirse en la única base jurídica a la hora de legislar. Debemos dejar de recurrir sistemáticamente al artículo 95, que sólo se refiere al mercado interior. Una de nuestras principales reivindicaciones es garantizar a todos los ciudadanos un acceso universal y asequible a servicios de alta calidad. Debemos exigir que la OMC no desmantele nuestros servicios públicos. Del mismo modo, estoy de acuerdo con el etiquetado de la OMC como herramienta para proporcionar información sobre el origen y los métodos de producción. Por contra, tengo mis reservas acerca de la creación de un centro europeo de consumidores que sería superfluo ante la existencia de las organizaciones nacionales, que son eficaces y se beneficiarían del trabajo en red.
Me preocupa también el contenido del informe Thyssen: solicitar a la Comisión una evaluación de impacto sobre la posibilidad de una armonización máxima no parece realista. De la misma manera, debería establecerse un vínculo entre la protección de los consumidores y el reglamento sobre la promoción de ventas. En cuanto a la creación de códigos de conducta, la idea, en su estado actual, no me parece el camino a seguir. ¿De dónde se obtendrá la legitimidad para estos códigos de conducta? ¿Cómo vamos a garantizar su permanencia? Todas estas cuestiones indican que éste sería un modo de proceder equivocado.

Ilgenfritz (NI).
Señor Presidente, es lógico que nuestra función sea proteger a los consumidores de las prácticas comerciales desleales, porque así es como creamos un clima de confianza pero, al hacerlo, no debemos extralimitarnos protegiendo a los consumidores de ellos mismos y declarándolos incapacitados para encargarse de sus propios asuntos. La Directiva sobre crédito al consumo es un ejemplo de ello. Con esto en mente, deberíamos respaldar todas las medidas que promocionen las ventas y consoliden el mercado interior. Las empresas no deben verse, bajo ninguna circunstancia, atrapadas en más papeleo, puesto que son las pequeñas y medianas empresas las que salen más perjudicadas. Nuestro objetivo debe ser crear más confianza y, al mismo tiempo, evitar el aumento de la burocracia.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Ilgenfritz. Ha pedido la palabra sobre una cuestión de observancia del Reglamento un diputado que exhibe una pancarta delante de él, y al que la Mesa le ha pedido su retirada. Se trata de una cuestión de respeto hacia la Mesa y los demás diputados, y creo que debería tener prioridad sobre cualquier petición de palabra.
La Mesa ya ha solicitado a Su Señoría que retire la pancarta, y es costumbre en esta Asamblea que, cuando la Mesa pide a los diputados que retiren pancartas o letreros que han colocado, se retiren inmediatamente por respecto hacia la Mesa y la Asamblea. Si Su Señoría desea plantear una cuestión de observancia del Reglamento ?lo único que el Reglamento le permite hacer?, deberá mostrar respeto hacia la Mesa y la Asamblea y retirar la pancarta que tiene delante de usted.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, en estos momentos hay manifestaciones en todo el País Vasco -
(El Presidente interrumpe a la oradora)

El Presidente.
Señor Gorostiaga, se supone que las cuestiones de observancia del Reglamento se refieren al orden del día. La Mesa no permitirá que se hable de algo que no sea una cuestión de observancia.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que hoy podemos acoger con agrado este debate sobre el Libro Verde y la estrategia que nos ha propuesto la Comisión en materia de política de los consumidores. Lo acogemos con satisfacción puesto que, con la adhesión de nuevos miembros y, por consiguiente, la ampliación del mercado interior, es muy importante mejorar la armonización de la legislación comunitaria relativa a los consumidores. Somos conscientes también del papel que desempeña el consumo en la economía, y sólo Dios sabe cuánto lo necesitamos en este momento.
No obstante, los estudios han demostrado que, fuera de las zonas fronterizas, los consumidores europeos desconocen cómo aprovecharse de las ventajas proporcionadas por la Unión Europea. ¿Por qué? Sencillamente porque todavía muestran una falta de confianza, porque no siempre tienen acceso a información relevante sobre productos y servicios y porque no siempre disponen de los medios necesarios para conocer la calidad de los productos o las referencias de precios, y también porque, sobre todo en caso de litigio, no saben qué autoridad es competente. Todo esto significa, por lo tanto, que los consumidores no sacan provecho de las posibilidades que les ofrece Europa y necesitan conocimientos e información, si bien están perfectamente preparados para actuar con responsabilidad, respetando, por ejemplo, las etiquetas ecológicas.
Para remediar esto, es necesario, por tanto, armonizar la legislación y crear un auténtico Derecho europeo del consumidor, garantizando a la vez la flexibilidad necesaria para su aplicación en los Estados miembros. Por consiguiente, somos partidarios de que se informe mejor a los consumidores. Esta información debe ser clara y estar escrita en la lengua materna del consumidor, para que pueda tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Elaborar una estrategia marco para los consumidores implica también garantizar su protección jurídica, poner fin a los litigios relacionados con las prácticas desleales de las empresas, así como proteger a las empresas de sí mismas.
Por tanto, damos nuestro respaldo a una mejora de la protección de los consumidores y a la transparencia que se obtendrá a través de las asociaciones; tenemos puestas grandes esperanzas en la Comisión. Le garantizamos, señor Comisario, que vamos a estar muy atentos a lo que haga para asegurarnos de que esta política de los consumidores siga adelante.

McCarthy (PSE).
Señor Presidente, es evidente que en el mundo de hoy los consumidores están más informados y son más exigentes. Tienen mejores expectativas y no siempre buscan el precio más barato. Quieren calidad y servicio posventa y desean tener claro cuáles son sus derechos y las posibilidades de reclamación.
En un mundo ideal, las empresas responsables atenderían a las necesidades de los consumidores. Algunos dirán que la gran mayoría así lo hace, y si así fuera, no sería necesario legislar. Pero necesitamos proteger a los consumidores de las empresas sin escrúpulos, de aquellos que utilizan métodos deshonestos y de los estafadores. El dilema del legislador radica en elaborar una buena legislación efectiva que proteja al consumidor, al tiempo que deja que las empresas prosperen en un entorno dinámico y competitivo.
El debate actual sobre la responsabilidad social de las empresas ofrece a éstas la oportunidad de mejorar su protección de los consumidores como un buen modelo empresarial y punto de venta, para ayudarlas a obtener una ventaja competitiva y beneficios comerciales, al mismo tiempo que proporcionan valor añadido al consumidor.
Si queremos que funcione el mercado interior, necesitamos medidas que ayuden a fomentar la confianza del consumidor, en particular en las compras transfronterizas, y sabemos que en las compras electrónicas los consumidores todavía suelen comprar en su propio mercado nacional.
Al introducir una cláusula general sobre prácticas comerciales leales, el detalle de la Directiva será de vital importancia si debe funcionar en beneficio de los consumidores y para que las empresas no lo vean como más papeleo y burocracia. Necesitamos una legislación más sencilla y mejor enfocada que sea más fácil de aplicar. Como bien sabe, señor Comisario, el concepto de lealtad difiere entre los Estados miembros, según sus diferentes ordenamientos jurídicos. En los países donde rige una cláusula general, también sabemos que se aplican de modo diferente. Esto plantea el reto de encontrar un enfoque común. Sé que usted, como abogado cualificado, está decidido a proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas como a los consumidores. Necesitamos asegurar que el impacto de toda futura directiva favorezca y no fragmente el mercado interior cuando los Estados miembros interpretan, aplican o ejecutan esta Directiva para que se amolde a sus propios y diferentes enfoques nacionales. El consumidor ya se enfrenta a reglamentos fragmentados y a una aplicación fragmentada.
Esto implica que los consumidores necesitan conocer cuáles son los derechos de reclamación de que disponen si son víctimas de métodos deshonestos y de estafadores, mientras las empresas necesitan trabajar en un mundo competitivo. Las empresas deben ser claras sobre los principios y prácticas a los que deben aspirar para poder cumplir esta Directiva. Personalmente estoy a favor de tomar medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas y engañosas, en lugar de intentar establecer una definición común de la práctica comercial leal.
Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer códigos de conducta y la autorregulación, no como algo fácilmente manipulable o que sustituya a la legislación, sino como un medio de poder dar una respuesta rápida a los métodos deshonestos cuando ocurren rápidamente y la ley no puede mantener el ritmo. 
Tal como ha dicho el Comisario Prodi, todas las instituciones europeas necesitan redoblar su compromiso para simplificar los reglamentos y poder reducir el coste de las actividades comerciales en Europa y aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el informe Thyssen, el Parlamento ha dejado claro que desea ver un estudio de impacto ampliado en este campo.
Señor Comisario, ha mencionado usted tres estudios y ha sido muy claro sobre las ventajas de esta Directiva. Pero no ha sido tan claro en cuanto al coste potencial de esta Directiva para las empresas. Es importante explicar a las empresas cuáles son sus obligaciones y qué deben hacer para conseguir los objetivos que plantea usted en materia de protección de los consumidores.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, quisiera comentar mis observaciones sobre el informe de la Sra. Thyssen, el cual agradezco, y a quien felicito por un trabajo tan equilibrado. Conocemos bien el dilema de ocuparnos de un informe que debe combinar los intereses de las empresas y de los consumidores.
Tenemos ante nosotros muy buenas ideas innovadoras por parte de la Comisión -una política general, una Directiva marco-, cosa que necesitamos si realmente queremos que funcione el mercado interior y que la Europa electrónica sea un éxito. Sin embargo, para lograr todo esto debemos crear confianza entre nuestros consumidores. El ámbito que me concierne está contemplado en el apartado 17 del informe, que respaldo completamente. Se refiere a este vínculo entre códigos de conducta, seguridad jurídica y aplicación legal, y el modo en que hacemos que estos tres aspectos se coordinen realmente para proteger a los consumidores.
Este año voy a redactar un informe sobre la supervisión de la ley comunitaria y, por lo tanto, siento profundamente que al hablar de códigos de conducta debemos asegurarnos de que seguimos disponiendo de seguridad jurídica y fuerza ejecutiva o vamos a hacer añicos aquello que hemos conseguido en el mercado interior.
Voy a intentar ilustrar este aspecto con un ejemplo. Ayer recibí una carta de un elector que ha adquirido una propiedad en otro Estado miembro. Algo marchó mal en la operación de compra: se había deducido erróneamente dinero de la cantidad que había entregado. Reclamó al organismo profesional competente. Le escribió en su propio idioma, el inglés. En la respuesta que recibió, redactada en el otro idioma, se le comunicaba que no podían tratar su reclamación a menos que les escribiera en su idioma. Si queremos realmente llevar a cabo actividades comerciales juntos en toda Europa debemos ser leales y razonables unos con los otros. Deben hacerse cumplir adecuadamente los códigos de conducta.

Fiebiger (GUE/NGL).
Señor Presidente, cualquier decisión que se tome con respecto a la protección de los consumidores debe prestar una especial atención a las expectativas y esperanzas, así como a los temores, de los 425 millones de consumidores de la Unión ampliada. En sus actos legislativos, el Parlamento tiene el deber de tener en cuenta las complejidades y las consecuencias futuras de la protección de los consumidores, junto con los riesgos relacionados con ella.
Los informes sobre el futuro de la política europea de protección de los consumidores cumplen este requisito, al tiempo que exigen también que se ponga fin a la falta de disciplina en las relaciones con los consumidores. Mucha gente observa que las disposiciones en los ámbitos de la seguridad alimentaria, los servicios, la salud y la seguridad han perdido ya su inocencia moral, ante las transformaciones del mercado.
Hay una gran necesidad de que se actúe, por ejemplo para poner fin a los abusos cometidos en el sector de las telecomunicaciones y para que se lleven a cabo reformas en el Derecho sobre la competencia y en el campo de los servicios financieros, con el fin de proteger a los consumidores. Para insuflar vida al derecho de iniciativa, en beneficio de los consumidores, es imprescindible hallar un lugar permanente para la protección de los consumidores en el sistema de asesoramiento y consulta público, además de ser fundamental la educación y una mayor información.
La protección de los consumidores debe abarcar el fraude, los riesgos para la salud y las pérdidas económicas. El principio de eficacia se aplica, en la misma medida, tanto a la protección de los consumidores como a cualquier otra cosa, pero no se debe obtener eficacia en detrimento o a costa de los consumidores. Por lo tanto, respaldo la petición de que la completa armonización de las disposiciones legales se limite a los casos realmente especiales, siempre y cuando, no obstante, no se haga un mal uso de este principio y se desregulen los niveles mínimos.

Breyer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que he echado a faltar en la intervención de esta mañana del Comisario es algo muy importante: la necesidad de que volvamos a establecer un claro orden de prioridades, en el que ocupen los primeros puestos la seguridad y la protección de los consumidores, pero también la transparencia. Creo que la cuestión de la transparencia ha desempeñado un papel demasiado pequeño en el debate de esta mañana en su conjunto. Señor Comisario, quisiera pedirle, en concreto, que se esfuerce todo lo posible por lograr la aprobación de una directiva sobre información al consumidor análoga a la directiva sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Si, por ejemplo, existen problemas, se debería revelar a todo el mundo qué empresas los están causando. Debemos utilizar esto también para introducir incentivos que hagan que los empresarios planifiquen realmente la seguridad.
Necesitamos todas estas cosas. La resolución del Parlamento Europeo contiene un gran número de planteamientos para la introducción de justamente esta directiva sobre información al consumidor. No basta sólo con exigir una mayor libertad de elección o más información: en esto estoy de acuerdo con todos aquellos que ya han criticado la idea. No se trata de organizar multitud de campañas en apoyo de la industria de la ingeniería genética: lo importante es que se elabore una directiva sobre información al consumidor que establezca claramente no sólo el derecho de los consumidores a la información, sino también el deber de las empresas de revelar incumplimientos cuando éstos se produzcan. Por lo tanto, quisiera pedirle, con toda urgencia, que se apruebe la Directiva sobre juguetes mucho antes de lo previsto.
No puedo evitar hacer un último comentario, en vista de la advertencia realizada por un caballero de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre las disposiciones relativas a la concesión de créditos. No hace falta decir que estoy a favor de la armonización mínima, y en un grado elevado, pero mientras haya escándalos como el de Alemania con el Banco Berliner, en el que, de manera indignante, miembros de la CDU aceptaron donaciones ilegales, habrá, en mi opinión, una verdadera necesidad de que exista una normativa que sea aplicable a las entidades de crédito. ¡Que nadie intente decirme que esto es evidente!

Blokland (EDD).
Señor presidente, mientras estudiaba los tres informes sobre protección de los consumidores, me preguntaba si el objetivo de todo esto no es acaso fomentar el consumismo. El mercado interior ya es de por sí un corolario del mandamiento «Consumirás». Naturalmente, ahora necesitamos añadir el mandamiento «Consumirás en toda Europa». Señor Presidente, entenderá que mi postura es bastante crítica. No podemos negar que la lengua, la distancia y las diferencias culturales constituyen las barreras más importantes para los consumidores. Esto no se tiene en cuenta, en absoluto, cuando buscamos la causa de la falta de conocimiento de la normativa de otros países de la UE. Y lo que es más: esto presupone que el consumidor está familiarizado con la normativa de su propio Estado miembro.
Si queremos invertir en la confianza de los consumidores, debemos, ante todo, invertir en la fiabilidad de los productos y servicios. En mi opinión, los consumidores bien informados pueden tomar sus propias decisiones. Es necesario que exista un equilibrio entre la protección de los consumidores y su propia responsabilidad. No creo que sea preciso un marco jurídico uniforme. Empecemos primero por unos niveles mínimos en los casos donde existan verdaderos problemas. Es artificial crear una legislación basada en el artículo 153, ya que éste sólo se ha aplicado como base jurídica en la práctica, en una ocasión. No tengo ningún afán por discriminar a artículos del Tratado, porque hacemos menos uso de ellos que de otros artículos del Tratado.

Borghezio (NI).
Señor Presidente, no me convencen completamente ciertos aspectos del informe Whitehead, porque no puedo aceptar algunas de las prioridades establecidas en defensa del consumidor, ya que, en mi opinión, no se hace suficiente hincapié en otras o incluso no figuran en este documento.
A este respecto, quisiera presentar algunas propuestas que me parecen urgentes y necesarias para una verdadera política de protección de los diferentes intereses de los consumidores: ante todo, la necesidad de crear un observatorio europeo para hacer un seguimiento de la evolución de los precios y los servicios públicos en los diferentes Estados miembros y para supervisar el valor y la modalidad de las subidas, especialmente a partir de la introducción del euro. Por lo que se refiere a la delicada cuestión de los servicios públicos y los servicios bancarios y de seguros, creo que es absolutamente necesario abrir los consejos de administración de las empresas públicas que gestionan estos servicios ?las agencias de crédito bancario, las compañías aseguradoras y las empresas de servicios públicos? para conseguir una representación adecuada de los distintos intereses de los usuarios. La Unión Europea debe adoptar las medidas necesarias para lograr la participación de los consumidores en la gestión de esta actividad, si desea alcanzar una auténtica democracia económica.
Asimismo, no me parecen adecuadas ni suficientes las propuestas para proteger a los ciudadanos, sobre todo a la gente joven, contra los graves peligros del tabaquismo. La propagación del hábito, especialmente entre la juventud, se refleja en las terribles cifras que indican el fuerte aumento de los casos de cáncer de pulmón, algo que exige un esfuerzo mucho mayor por parte de Europa para aplicar las medidas ya previstas. Ha llegado la hora de que Europa declare la guerra al peligroso hábito de fumar, por medio de campañas de concienciación más eficaces y de la armonización máxima de la legislación de los Estados miembros para prevenir los peligros del tabaquismo.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, un debate que analice tres informes a la vez sobre cuestiones relativas a los consumidores representa una rara y valiosa oportunidad, tras años en que ni el Parlamento ni la Comisión han mostrado demasiado interés por este ámbito. El primer informe trata, como hemos escuchado, del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea; el segundo, de la estrategia en materia de política de los consumidores para el período 2002-2006; y el tercero, un texto muy elocuente, de la protección jurídica de los consumidores. La estrategia propuesta por la Comisión fija estos tres objetivos a medio plazo, que deben cumplirse por medio de un programa de inmediata aplicación y que deben ser objeto de controles periódicos con documentos de la propia Comisión que certifiquen los avances realizados.
Lograr un nivel común de protección de los consumidores implica armonizar no sólo la seguridad de los bienes y servicios sino, ante todo, los diferentes procedimientos jurídicos a través de los cuales los consumidores ejercen su papel de garantes de las transacciones comerciales del mercado interior. La aplicación real de la política de los consumidores parte del presupuesto de que a todos se les conceda idéntica importancia, mediante una misma garantía que abarque todo el territorio de la Unión.
El programa también proporciona un plan de acciones prioritarias a través de las cuales los consumidores pueden acordar con los Estados miembros los procedimientos de control y, en caso necesario, de recurso, gracias a un sistema de auténtica cooperación administrativa. Los consumidores y sus diversas redes deben tener la capacidad y los recursos necesarios para promover sus acciones en un plano de igualdad de oportunidades y de plenas posibilidades de participación con respecto a las otras partes del mercado interior; y esto en todas las direcciones, por lo que se refiere a las empresas y a las distintas organizaciones de producción.
Además, el principio de armonización mínima de la política de protección de los consumidores está consagrado en el Tratado. Es importante ahora desarrollar una política más eficaz, global y completa que consiga que todos apoyen la armonización mínima. Para ello, hace falta una nueva normativa que cuente con un respaldo y que, por encima de todo, sustituya a la normativa anterior.

Myller (PSE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los tres ponentes. Se ha dicho en esta Cámara que no se trata de una cuestión de legislación, pero a mi modo de ver, estos asuntos deben abordarse justamente en esta fase, mientras debatimos con la Comisión qué es lo que esperamos de la futura legislación. Por este motivo, quisiera centrarme en los principios que creo que deben introducirse en la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores.
El principio más importante, que se ha planteado en esta Asamblea muy a menudo, es que los niveles de protección de los consumidores deben ser lo más elevados posible. De ello se deduce que, cuando la Comisión propone una legislación lo más armonizada posible en la UE, estoy de acuerdo con este punto de vista elemental sólo si implica que estos elevadísimos niveles de protección de los consumidores se apliquen a través de la armonización. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la armonización si implica que un Estado miembro, aunque se trate de uno sólo, tenga que renunciar a niveles más elevados de protección de los consumidores. Por este motivo, me satisface el punto de vista expresado por el Sr. Whitehead en su informe acerca de que cada acción debe examinarse individualmente.
Este mismo principio debe aplicarse también al reconocimiento mutuo. A este respecto, se debe tener en cuenta la idea de que ni un solo Estado miembro, ni actual ni futuro, debe reducir sus niveles de protección de los consumidores. La ventaja de la armonización mínima, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, al menos, es que, a escala nacional, se puede ir más lejos en la legislación si la Unión Europea no alcanza ese nivel. Es necesario, además, que la legislación vigente en materia de protección de los consumidores se aplique por completo, para que los consumidores tengan la plena confianza de que pueden llevar a cabo transacciones comerciales y realizarse como consumidores en todo el mercado interior.
La futura legislación debe ser también muy clara y tener en cuenta los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, creo que es importante que no aprobemos una legislación demasiado detallada y que, en lugar de ello, nos centremos en cumplir nuestro objetivo, que es alcanzar los niveles más elevados posibles de protección de los consumidores. Si disponemos de una legislación excesivamente detallada, aquellos que no deseen adoptar estos principios dedicarán todos sus esfuerzos a buscar lagunas jurídicas, lo que creará problemas para los tribunales.

Paulsen (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, se podría hablar largo y tendido sobre la futura política comunitaria de los consumidores, pero dado el poco tiempo de que dispongo, intentaré limitarme a un único punto referente al informe de la Sra. Patrie.
Todos estamos de acuerdo en que el requisito esencial para un mercado libre y justo es que los consumidores tengan acceso a información correcta y útil. Esto es relativamente fácil de proporcionar cuando se trata de las exigencias de los «viejos» consumidores en el terreno de la relación entre calidad y precio. Tampoco pasa nada cuando se trata de indicaciones de contenido, etiquetas de lavado, etc. El consumidor moderno es, sin embargo, un ciudadano de otro tipo. Naturalmente, esto es así también en el momento de efectuar la compra. Esto quiere decir que los consumidores de hoy en día exigen información muy variada. Al realizar sus compras, quieren respuestas a preguntas sobre cuestiones éticas, medioambientales y sociales. Además, actualmente hay una gran cantidad de indicaciones sanitarias de importancia diversa.
¿Cómo vamos a lograr garantizar una legislación que cumpla todos estos requisitos para etiquetas raras, requisitos que, no obstante, son objeto de debate y deben respetarse? No nos cabe duda de que tenemos que utilizar el principio conocido en la jerga jurídica sueca como principio de honradez, según el cual se permite a las personas hacer indicaciones sobre sus productos, siempre que puedan probar completamente todo lo que digan. Creo que es la única forma de hacer frente a este nuevo tipo de etiquetado. La norma general es la siguiente: haz lo que quieras, pero no mientas bajo ningún concepto.

Piétrasanta (Verts/ALE).
Señor Presidente, acojo con satisfacción la labor exhaustiva llevada a cabo por el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen, con respecto a las implicaciones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores. Estamos de acuerdo con la petición de establecer medidas legislativas más sencillas y mejor definidas para facilitar la ejecución del arsenal legislativo aplicable al mercado interior, que a nuestro modo de ver, carece de transparencia y está demasiado fragmentado para inspirar confianza a los consumidores. Nos agrada que haya surgido el concepto de consumidor-ciudadano, y quisiera señalar que sus derechos fundamentales son el derecho a la seguridad, el derecho a la información, el derecho a la libre elección, el derecho de representación, el derecho de recurso, el derecho a la satisfacción y el derecho de disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación.
El consumo del futuro debe tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible (el económico, el medioambiental y el social), si bien los dos últimos se descuidan con demasiada frecuencia. Propongo que reflexionemos sobre la viabilidad de una directiva general sobre la calidad medioambiental de los servicios y productos destinados a los consumidores, haciendo especial hincapié en la necesidad de una etiqueta europea y de un elevado grado de protección. Creemos que el consumidor-ciudadano debe desempeñar un papel fundamental, no sólo como cliente, sino también como persona que toma decisiones, como consumidor comprometido y preocupado por el nivel ético de los productos que consume. En este sentido, su presencia será fundamental en este cambio, que deseamos que sea duradero.

Hager (NI).
Señor Presidente, quisiera referirme al Libro Verde, en concreto al que trata de la protección de los consumidores. Sería posible extenderse ampliamente en esta cuestión o decir sólo unas palabras, y dado el tiempo disponible de uso de la palabra, voy a optar por la segunda alternativa. Creo que ya existen normas adecuadas sobre los aspectos fundamentales que contempla el Libro Verde. Por tanto, sólo tengo en mente las directivas sobre publicidad engañosa y comparativa o el hecho de que todos los Estados miembros tienen leyes sobre coacción y uso de la fuerza. Desde el punto de vista de la aplicación práctica, si se tiene en cuenta el alcance de las directivas modificadas sobre la venta a distancia y del reglamento propuesto sobre la promoción de ventas en el mercado interior, los únicos consumidores a los que esto sería aplicable en los intercambios comerciales transfronterizos serían los turistas. De nuevo, esto no es gran cosa.
Por consiguiente, no veo que haya ninguna necesidad de una directiva marco en este ámbito. Lo que sería más importante, para arrojar alguna luz en el asunto, en interés de la protección de los consumidores, sería aclarar cómo interactúan las directivas que son de aplicación en esta materia. A diferencia de algunas personas que han hablado antes que yo, no espero que esto se logre con una nueva directiva marco.

Schnellhardt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, nos hemos pasado más de veinticinco años trabajando en la protección de los consumidores europeos, y no transcurre ninguna sesión sin que se debatan cuestiones relativas a los consumidores. Sé que disiento de algunas personas que han intervenido hoy cuando digo que las normas que llevan años aplicándose han demostrado su valía y que sus efectos aún perduran, si bien han terminado como un paquete jurídico del que nadie puede obtener una perspectiva general, y sigue habiendo algunas lagunas. Por tanto, la Comisión hace bien, por medio de las propuestas sobre la protección de los consumidores, en buscar maneras de huir de la confusión y sugerir cuáles puede ser algunas de ellas.
Quisiera exponer mis razones a favor de una directiva marco que incluya una cláusula exhaustiva fundamentada en el principio de las buenas prácticas comerciales. Cada vez con mayor frecuencia, el mercado interior termina siendo perjudicado debido a la falta de normativa o al margen que las directivas dejan. En vista, sobre todo, de la ampliación, deben tomarse medidas para remediar esto lo antes posible, y existe una necesidad de luchar no sólo contra las prácticas comerciales desleales que afectan a los consumidores, sino también contra aquellas que emplean unos contra otros todos los que participan en el mercado interior.
Esta última categoría incluiría los intentos de algunos Estados miembros por utilizar la protección de los consumidores o su salud como escudo con el que proteger de la competencia a los mercados y las industrias nacionales. También están aquellos que se llaman a sí mismos defensores de los derechos de los consumidores y que se permiten comprometerse con esta causa y contribuir a eliminar a los competidores del mercado. Por eso, creo que es necesario hacer un mayor uso de la forma jurídica de los reglamentos para conseguir una mayor seguridad jurídica. Esto conducirá también a la armonización, algo que es necesario en el mercado interior. La Comisión ha elaborado una lista exhaustiva y la ha adjuntado como anexo. Todos los puntos que incluye son importantes, pero las nuevas prioridades del informe Whitehead introducen otros, de los que unos son más importantes, y otros menos. Lo que el Sr. Whitehead ha dicho hoy contradice este orden de prioridades.
Los consumidores pueden aprovecharse de sus derechos sólo cuando conocen cuáles son. La labor sobre la protección de los consumidores debería hacer de la política de información una prioridad. Las asociaciones de consumidores tienen un papel importante que desempeñar en este terreno, y los gobiernos las deben apoyar en esta tarea. Puesto que no lo hacen así, tenemos que crear centros de consumidores en nuestros Estados miembros, si es que deseamos avanzar en este ámbito.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, la nueva estrategia de la Comisión en materia de protección de los consumidores es una estrategia sumamente ambiciosa que simboliza la calidad de vida de los consumidores, protegiéndolos contra las prácticas desleales y reduciendo las diferencias de precios injustificadas entre países, así como dando confianza a los consumidores para que accedan a un mercado de 350 millones de personas y defendiendo la credibilidad de las organizaciones de consumidores.
La Comisión merece nuestra felicitación por la exhaustiva investigación que ha realizado, al igual que, por supuesto, nuestros ponentes, por las enmiendas que han propuesto. No obstante, el camino no está sembrado de rosas. Los obstáculos y las dificultades técnicas son múltiples. En primer lugar, tenemos que convencer al mundo empresarial y a algunos colegas de que un marco regulador no es incompatible con el espíritu competitivo y que es uno de los requisitos esenciales para una competencia sana.
En segundo lugar, todos deben comprender que el mero hecho de confeccionar un listado de relaciones entre empresas y consumidores o incluso de relaciones entre empresas no equivale a una protección integrada de los consumidores, en especial si nuestro objetivo común es lograr un mercado más eficaz y una mayor protección de los consumidores. Por ejemplo, las propuestas del Libro Verde también tienen que abordar el reglamento propuesto sobre la promoción de ventas.
En cuanto al enfoque, el optar como una cuestión de prioridad por una directiva marco coherente que incluya un determinado número de principios, como puede ser la prohibición de las prácticas inmorales, el principio de buena fe y el principio de prácticas comerciales leales, es el enfoque correcto. De hecho, este enfoque reduce la necesidad de un reglamento detallado y permite dar una rápida respuesta al número creciente de prácticas y estratagemas desleales. Hasta los legisladores de Europa central, que están muy acostumbrados a reglamentos detallados, confían cada vez más en cláusulas generales para adaptar la legislación a las circunstancias cambiantes. Este enfoque ha demostrado ser de gran valor y ha permitido que se ponga al día la legislación.
Al final, puede que seamos incapaces de evitar un reglamento específico, pero éste debería desempeñar un papel complementario. Además, la flexibilidad de enfoque de una directiva marco reside también en mantener la política de mayor autorregulación, a la que debe darse prioridad, pero con dos condiciones: en primer lugar, debe fijarse un plazo general dentro del cual las partes interesadas tengan que llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, debe existir un marco común para determinar quién es responsable de cumplir las obligaciones previstas en la autorregulación.
Otro problema que se plantea es elegir entre una armonización máxima o mínima. La elección es difícil porque, en primer lugar, no queremos que la armonización conduzca a un menor grado de protección y porque, en segundo lugar, normalmente las propuestas maximalistas obstaculizan los intentos de armonización. Creo que debemos emplear una armonización máxima y que sólo deberíamos recurrir selectivamente a la armonización mínima en casos concretos.
Quisiera terminar mi intervención con unas palabras sobre la necesidad de prestar una especial atención a las organizaciones de consumidores. Tenemos que asegurarnos de que sean representativas y transparentes ya que, en la actualidad, ellas mismas representan un problema para la protección de los consumidores.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, me alegra mucho haber logrado que algunas de mis enmiendas hayan sido aceptadas. Espero que el Comisario también esté satisfecho.
La enmienda al informe Patrie se refiere al hecho de tener en cuenta la protección de la competencia frente a las prácticas comerciales desleales, sin perjuicio de la protección de los consumidores, y en interés de un marco jurídico uniforme. Señor Comisario, creo que esto es de la mayor importancia, en especial para las pequeñas y medianas empresas.
Me alegra, sobre todo, haber podido incorporar dos enmiendas al informe Whitehead que me parecen fundamentales. Una tiene por objeto establecer unas disposiciones óptimas en materia de salud y seguridad en la actual evaluación de productos químicos, garantizando a la vez el mayor empleo posible de los procedimientos de ensayo in vitro. Se trata de un principio fundamental, pero su incorporación legislativa será un importante paso adelante.
En la segunda enmienda, le pedimos, señor Comisario, que fomente en la OMC el uso del etiquetado como instrumento que garantice que se informa a los consumidores del origen y el método de producción. Si me permiten un ejemplo sencillo, a los consumidores les importa si los huevos proceden de gallinas que han sido torturadas en jaulas colocadas en batería o de gallinas felices que han podido corretear en libertad, aunque tengan que pagar un poco más. Los huevos son mejores y saben mejor. Sabiendo que usted, señor Comisario, es un hombre de gran corazón, estoy seguro de que se sentirá muy satisfecho con estas enmiendas.

Scheele (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aunque estemos llegando al final del debate, no quisiera comenzar mi intervención sin antes dar las gracias al Sr. Whitehead en particular, sobre todo por el enfoque centrado al que se ha referido al principio, que nos ha permitido prescindir de un determinado número de cuestiones que, de otra manera, habrían constado, con seguridad, en el orden del día.
Hasta el momento, el debate ha demostrado nuestra unanimidad con respecto al objetivo de lograr un nivel elevado y uniforme de protección de los consumidores. Se está haciendo más difícil alcanzar la unanimidad cuando se trata de aclarar si este objetivo figura entre los demás objetivos políticos, y un diputado ha dicho que deberíamos apoyar todas las medidas tendentes a promocionar las ventas. Cuando lo que se está debatiendo es la estrategia en materia de política de los consumidores, creo que lo único que podemos decir es que nuestro estimado colega va mal encaminado, al menos por lo que se refiere a la política de los consumidores. Esta política consiste en informar a los consumidores, en darles libertad de elección y en protegerlos.
Ya se ha vuelto más difícil lograr la unanimidad con respecto a la cuestión de cómo debería ser el reglamento mínimo o máximo. En este asunto, respaldo por completo el enfoque de nuestro ponente, el Sr. Whitehead, y quisiera hacer hincapié también en que este examen de casos concretos debe conllevar, naturalmente, el comprobar si existen en los Estados miembros medidas de probada eficacia que la armonización suprimiría. De todos los informes y de todo lo que se ha dicho, se desprende, en mi opinión, que estamos muy lejos de nuestra meta de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores en la Comunidad, y esto hace que sea coherente y lógico averiguar si el principio del país de origen y el principio de reconocimiento mutuo deberían seguir aplicándose en el futuro. Quisiera concluir diciendo que me parece de suma importancia el apartado 18 del informe Whitehead, en el que se pide un acceso asequible a unos servicios de interés general de gran calidad.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, ante todo quisiera rendir homenaje a nuestros tres ponentes. El Parlamento es muy afortunado de tener diputados tan distinguidos que son expertos en su ámbito y ello se refleja en la calidad del trabajo que nos han presentado.
Quisiera hablar desde la perspectiva de la ponente sobre estrategia del mercado interior para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Me ha complacido mucho que haya colegas que hayan respaldado con tanta firmeza este informe en la última sesión plenaria. Todos compartimos el punto de vista de que consumidores seguros de sí mismos y bien informados, capacitados para elegir, son el fundamento de un mercado interior eficaz. Queremos que este poder de elección recompense a las empresas que ofrecen calidad, valor y una excelente prestación de servicios al cliente, y deseamos asegurarnos de que el marco legal no desalienta la innovación; en realidad, hay que fomentar a las empresas innovadoras.
También deseamos estimular a las empresas responsables y prósperas a que adopten la normativa para ayudarse a sí mismas, a que cumplan los códigos de conducta y expulsen a las empresas irresponsables. Este es el marco en el que todos debemos considerar sus propuestas. Espero que estarán de acuerdo conmigo que no sirve de nada a los consumidores que se penalice a las empresas rentables y responsables con costes burocráticos excesivos cuando los comerciantes estafadores sencillamente ignoran la legislación y quedan impunes. La aplicación de la normativa es algo que debe usted considerar.
Me complació que nos explicara la serie de estudios que ha encargado, incluida la evaluación de impacto. Quisiera que me asegurara hoy que la evaluación de impacto considera los costes impuestos a las empresas y asegure que los resultados son proporcionados y reflejan una ventaja real para el consumidor.
En resumen, quisiera decir en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que estamos muy interesados en la política de los consumidores. Quisiéramos verle participar más en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que algunas de las propuestas que nos ha remitido no aportan ventajas a los consumidores del modo que desearíamos.
Le pido amablemente que por favor salga más, venga y nos dedique más tiempo, y que juntos creemos un verdadero mercado interior dirigido al consumidor.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quisiera felicitar a los tres ponentes por su excelente labor y decir que se han realizado grandes avances en los últimos años, a escala europea, en el ámbito de la protección de los consumidores, y en particular, naturalmente, en la seguridad alimentaria. Es cierto que han tenido que ocurrir demasiados escándalos alimentarios para que esto suceda así, pero pese a ello, tenemos motivos para estar orgullosos del trabajo legislativo de la UE en este campo.
Ahora que estamos empezando a elaborar soluciones para resolver problemas relacionados con la protección de los consumidores, mucha gente ha manifestado sus dudas acerca de la necesidad de hallar soluciones comunes en la UE. Hay que recordar que el éxito de la política de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria, tanto en lo que se refiere a la protección del consumidor, como al equilibrio del mercado interior, no se ha logrado sólo con la implantación de normas más restrictivas para la alimentación humana y animal. Este éxito se debe también a la comunitarización de estas normas. En consecuencia, dada la enorme fragmentación e incluso incompatibilidad de las normas comerciales y de protección de los consumidores en los Estados miembros, que simplemente distorsionan la competencia, reducen los niveles de calidad y minan la confianza de los consumidores, estoy a favor de armonizar, tanto como sea posible, toda la legislación en materia de protección de los consumidores.
Con vistas a este esfuerzo de armonización, creo que la Unión Europea debe empezar definiendo una directiva marco en materia de prácticas comerciales que establezca claramente las responsabilidades de los operadores económicos con los consumidores. Creo, sin embargo, que existen otros ámbitos en los que la Unión Europea y la Comisión deben seguir trabajando, sobre todo en la legislación relativa a la protección de la salud humana contra los efectos de los campos electromagnéticos, en especial los creados por los teléfonos móviles. El hecho de que las mayores empresas de telefonía móvil sean europeas no debe impedir que así lo hagamos.

Byrne
Señor Presidente, de entrada quiero expresar mi gran satisfacción con este debate tan constructivo y animado y lo mucho que me alegra que las opiniones de la Comisión se hayan visto apoyadas de modo general en esta Cámara. No soy el único que se siente satisfecho, sino también mi personal y mis colaboradores, que han trabajado con tanto empeño en esta propuesta.
Comenzaré refiriéndome a los puntos relativos a la Directiva marco y a continuación me referiré a algunos puntos del plan de acción.
Algunos diputados han mencionado la plena armonización. Como saben, la Comisión está decidida a completar el mercado interior, pero hacer que este mercado único funcione para las empresas y los productores es tan sólo una vertiente. Las normas del mercado interior deberían fomentar asimismo la confianza de los consumidores en la compra de bienes y servicios sin desanimarse por la existencia de fronteras nacionales que pueda haber entre compradores y vendedores.
Rechazo la idea de que una cosa es posible sin la otra. Las exigencias del Tratado en materia de protección de los consumidores y mercado interior son totalmente compatibles.
La historia de la protección de los consumidores de la UE es en gran medida una historia de armonización que deja a los Estados miembros la libertad de ir más allá del nivel básico de armonización si así lo desean. Esto ha llevado a la fragmentación jurídica. Y también ha obstaculizado el buen funcionamiento del mercado interior.
Algunos estudios recientes revelan que sólo el 13% de los consumidores de la UE han realizado una compra transfronteriza en los últimos 12 meses. Por otra parte, como he señalado anteriormente, para un 68% de las empresas la armonización de las normas de protección del consumidor es una de las opciones más eficaces para facilitar las ventas transfronterizas.
Así pues, debemos esforzarnos por lograr unas normas y unas prácticas más sencillas y comunes que promuevan la confianza en las transacciones transfronterizas. La ampliación de la UE viene a subrayar la importancia de ello. Si se deja de lado, la fragmentación de las normas de protección de los consumidores aumentaría significativamente.
Más concretamente, debemos superar las barreras reales que se derivan de las leyes nacionales y de la jurisprudencia nacional acerca de las prácticas comerciales injustas. Por ejemplo, tomemos al consumidor de referencia, aquel que nos sirve para valorar la publicidad engañosa. Este, según la jurisprudencia del TJCE -cito a título de ejemplo el asunto Clinique- es el consumidor medio, prudente y razonablemente bien informado.
Sin embargo, esta prueba no se aplica uniformemente en toda la UE. Por ejemplo, en el asunto Saint-Brice del año 2000, el Tribunal de Apelación (Cour de Cassation) belga declaró que el consumidor de referencia que serviría para evaluar la publicidad engañosa es el consumidor vulnerable. En el asunto de la publicidad de Scanner, el tribunal supremo alemán declaró que el consumidor de referencia es el observador casual en lugar del consumidor razonablemente prudente. Por lo tanto, nuestra intención es asegurar una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales y la codificación de la prueba del consumidor medio, eliminando así barreras significativas.
Unas palabras sobre el reconocimiento mutuo. La Directiva marco asegurará una armonización completa de las leyes sobre prácticas comerciales desleales. Esta convergencia, junto con un nivel efectivo de protección al consumidor, deberían crear las condiciones políticas necesarias para que los principios de reconocimiento mutuo y de país de origen sean aceptables.
El nivel general de protección se verá incrementado dentro de la UE por el hecho de que algunos Estados miembros no cuentan actualmente con una legislación completa sobre prácticas comerciales desleales.
Por supuesto, reconocemos que la Directiva marco debe asegurar un alto nivel de protección del consumidor. Esto no significa que debamos tomar el denominador común más bajo de los regímenes nacionales existentes. Ni tampoco implica que debamos hacer una recopilación de todas las disposiciones nacionales vigentes más estrictas. Sin embargo, debemos lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los consumidores en recibir protección frente a los operadores deshonestos al comprar en otro país y el interés de las empresas en reducir sus costes de comercialización y de cumplimiento de la normativa.
Algunos diputados han mencionado la cuestión de la simplificación. La Comisión tratará de incorporar en la medida de lo posible el acervo en la Directiva marco. Los elementos del acervo que estén incluidos en una directiva marco serían revocados. Por supuesto, esto no incluye las disposiciones legales en materia de contratos, que serán tratadas en el contexto del plan de acción recientemente adoptado por la Comisión. La Directiva marco simplificará el entorno reglamentario relativo a las prácticas comerciales desleales, revocando las disposiciones predominantes de empresa a consumidor en la Directiva sobre publicidad engañosa y revocando, por ejemplo, las disposiciones de suministro no solicitado de la Directiva sobre la venta a distancia. Estos temas, que hoy en día están sujetos a normas de armonización mínimas, se armonizarán plenamente en la Directiva marco. Además, la cláusula general de la Directiva sustituirá a las cláusulas generales divergentes en los Estados miembros y creará, por lo tanto, un entorno reglamentario más uniforme. Soy consciente de que los ciudadanos lo están pidiendo. Se trata de un aspecto importante de esta propuesta y en general la hará más aceptable tanto para las empresas como para los consumidores.
Sobre la cuestión de lo «leal y desleal», la Directiva marco girará en torno a una cláusula general que prohíba las prácticas comerciales desleales. La pregunta crucial es, por supuesto: ¿Qué es desleal? Esta fue una de las principales cuestiones que fueron objeto de consulta. Los resultados de la consulta, nuestro trabajo con expertos nacionales gubernamentales y el estudio jurídico que encargamos dejan claro que sería más fácil definir lo que es desleal, en lugar de lo que es leal.
La definición de lo que constituye una práctica comercial desleal debería llevarnos a una mayor seguridad jurídica. Las empresas que operan lealmente no tendrán que modificar sus prácticas comerciales. Para ayudar a conseguir esta seguridad jurídica, contaremos con una lista no exhaustiva de categorías de prácticas desleales y con una lista de prácticas comerciales prohibidas que complementarán la cláusula general.
Algunos diputados han mencionado los códigos de conducta. Se han manifestado diferentes posturas en la consulta de la UE acerca de la idea de la adhesión a códigos de la UE. Algunos se han declarado a favor, otros en contra. Los informes de la Sra. Patrie y de la Sra. Thyssen reflejan esas posturas divergentes. Quisiera animar a las empresas responsables a que traten a sus clientes de forma leal y que reconozca que los códigos de conducta voluntarios pueden desempeñar un papel importante en la consecución de este objetivo en sus respectivos sectores. Cualquier proceso de adhesión debería ser voluntario. El titular de un código decidiría si solicitar la adhesión, y una empresa decidiría, por tanto, si adherirse a este código o no.
En cuanto a la cuestión de los consumidores vulnerables, se trata de un asunto de cierta complejidad. Estamos estudiando el tema. Hay varios aspectos distintos. Decidiremos antes de redactar la legislación, que espero se presentará en un futuro muy próximo.
Paso ahora a la pregunta del Sr. Whitehead sobre la financiación. Quiero resaltar que tan importante es mejorar la calidad del gasto como su cantidad. Es un punto que también estamos teniendo en cuenta.
Por último, doy las gracias de nuevo a Sus Señorías por sus constructivos comentarios y a los ponentes por sus informes. No les quepa duda de que tendré en cuenta las opiniones expresadas aquí esta mañana en el proyecto legislativo definitivo, que espero presentar al Parlamento en un futuro muy próximo.

El Presidente.
Muchas gracias, Comisario Byrne.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Knolle (PPE-DE).
Señor Presidente, hay algo que me gustaría haber hecho en esta Cámara. Hoy me he dado cuenta de que hay pancartas colgadas en el patio del Parlamento. No quiero entrar en el contenido de estas pancartas, pero desde luego esta Cámara no es su sitio. Si esto se convierte en precedente, el Parlamento pronto acabará pareciendo una valla o un poste publicitario llenos de carteles, para menoscabo de la honorabilidad de esta Cámara. Por lo tanto, pido que se retiren esas pancartas.
El Presidente.
Tomo nota de ello e informaré a los servicios competentes.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, me complace mucho que el Comisario Byrne esté con nosotros esta mañana, ya que en mi calidad de Presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los Animales, me causó una gran decepción recibir una carta del Comisario Byrne en la que decía que no podría acudir a las reuniones del intergrupo en los próximos tres, cuatro, cinco o seis meses para debatir cuestiones relativas al bienestar de los animales, en especial el transporte de los animales vivos. Espero que el Comisario reconsidere esta decisión y encuentre algún hueco en su a todas luces muy apretada agenda.

El Presidente.
Señor Evans, creo que tendrá dificultades para citar la regla que le permite plantear una cuestión de observancia del Reglamento como esta. No obstante, espero que esto haya permitido a los demás diputados regresar a sus asientos, ya que tengo una declaración que hacer.

El Presidente.
Voy a leerles un mensaje del Sr. Cox, Presidente del Parlamento Europeo, a raíz del asesinato del Sr. Zoran Dzindzic.
«Estoy conmocionado ante la noticia del asesinato del Primer Ministro serbio, el Sr. Zoran Dzindzic, y condeno enérgicamente este acto. Espero que sus autores sean llevados en breve ante la justicia.
En muchos aspectos, Zoran Dzindzic simbolizaba el nuevo Estado democrático en el que se ha convertido Serbia. Recordaremos en particular su compromiso personal con las reformas democráticas en Serbia y el papel que desempeñó en el arresto y traslado de Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal de La Haya.
En nombre del Parlamento Europeo, envío mis más sinceras condolencias a la familia y los amigos del Sr. Zoran Dzindzic, así como al pueblo serbio».
Señorías, propongo que guardemos un minuto de silencio.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)

Von Wogau (PPE-DE).
Señor Presidente, deseo resaltar una característica notable de la votación que está teniendo lugar en este momento. Con efecto a partir del 1 de abril, la Unión Europea sustituirá a la OTAN en la responsabilidad de mantener la paz en Macedonia. Esta es la primera operación militar que se llevará a cabo bajo el liderazgo de la Unión Europea. Quisiera señalar que la cuestión del control democrático es incluso más importante en este caso que en otros; que se requiere el mandato de un parlamento -concretamente de este Parlamento Europeo-, y que este principio, según el cual, toda operación similar debe someterse al control democrático, ha de quedar recogido en la futura Constitución Europea.

El Presidente.
Señor von Wogau, esa no era una cuestión de observancia del Reglamento.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Propuesta de resolución (B5-0187/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos.

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, esta mañana, los servicios jurídicos del Parlamento nos han comunicado que si mantenemos la frase «incluidas las disposiciones del derecho internacional privado» en el apartado 15 no podríamos mencionar los dos artículos del Tratado que constituyen el objeto de esta enmienda. Por lo tanto, propongo la eliminación de estas palabras, con el apoyo de la Sra. Thyssen y del Sr. Bushill-Matthews, quienes propusieron enmiendas conjuntas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

El Presidente.
¿Se opone algún diputado a la admisión de esta enmienda oral presentada por nuestro ponente?
(El Parlamento da su consentimiento a la admisión de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0423/2002) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión: «Implicaciones del Libro verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores» [COM(2001) 531 - C5-0295/2002 - 2002/2151(COS)] 
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0054/2003) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de la protección jurídica de los consumidores a la luz del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea [COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS)] 
(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO
Lulling (PPE-DE)
- (FR) No he votado a favor del informe Avilés Perea presentado en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, pero no porque no esté de acuerdo con las líneas generales de este informe. Estoy de acuerdo, incluso estoy segura de ello, por ejemplo, en que es esencial que los actuales y futuros Estados miembros aprovechen al máximo las oportunidades de programación existentes en relación con las distintas formas de intervención de los Fondos Estructurales para promover un enfoque integrado de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y apoyar acciones concretas en favor de la igualdad. Asimismo considero que los Fondos Estructurales deberían desempeñar un importante papel en el apoyo a la reestructuración de los países candidatos, con especial atención a los efectos de esta reestructuración en la situación del empleo de las mujeres, la prestación de servicios de guardería y de atención a otras personas dependientes.
He votado en contra de este informe porque no estoy de acuerdo con la redacción que implica que la reestructuración económica, es decir, el paso de un sistema comunista a una economía de mercado, solo tiene efectos negativos. Esta es una glorificación póstuma de la ideología comunista que no me agrada. He intentado introducir una enmienda en el texto con una redacción más sutil. No lo he conseguido en comisión y las enmiendas han sido rechazadas en el pleno. Lamento este hecho, y quería aclarar aquí mi postura a este respecto.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Marques (PPE-DE)
. (PT) Deseo dar la enhorabuena a la Sra. Avilés Perea por su excelente informe sobre «los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la utilización de los Fondos Estructurales», que cuenta con mi apoyo sin reservas, especialmente en cuanto a la necesidad de consolidar el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en operaciones cofinanciadas por los Fondos (tal y como estipula el Reglamento General de los Fondos Estructurales y se aplica a los programas de las iniciativas de los tres Fondos y cuatro iniciativas comunitarias).
También quisiera señalar la necesidad de llevar a cabo acciones al amparo del Fondo Social Europeo no solo para mejorar la participación de las mujeres en la educación, la formación profesional y el mercado laboral, sino también para reducir las diferencias de salario, promover el papel de las mujeres en los campos de la tecnología de la información y la comunicación, la iniciativa empresarial y los procesos de toma de decisiones. Las acciones del Fondo Social Europeo y del resto de iniciativas y fondos comunitarios deben elaborarse de tal forma que cubran adecuadamente los niveles regional y local dentro de la estructura estatal, y no únicamente a nivel nacional.

Meijer (GUE/NGL)
- (NL) La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades estuvo acertada al considerar también las oportunidades y obligaciones que se pueden obtener de los Fondos Estructurales de la UE en favor de la promoción de la igualdad de oportunidades. El Tratado de Ámsterdam y la normativa relacionada con los Fondos Estructurales también hacen referencia a ello. En la práctica, se ha conseguido poco en materia de infraestructuras, transporte, medio ambiente, desarrollo urbano y rural, pesca, política empresarial, la sociedad de la información, la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y las instrucción en el puesto de trabajo. La ponente pide apoyo para mejorar las prestaciones para el cuidado de los hijos, de los ancianos, una mejor organización de la jornada laboral y una división diferente de las tareas en el seno de las familias. También pide una participación equilibrada de las mujeres en los órganos que seleccionan y toman decisiones sobre proyectos a escala local, regional y nacional, así como sanciones en contra de proyectos que no cumplan estos criterios. Apoyo esta propuesta porque todo su contenido es justo y bien intencionado. Sin embargo, no creo que consiga avanzar mucho en la solución de los problemas actuales. El papel de los Fondos Estructurales va a disminuir en los actuales Estados miembros de la UE o incluso desaparecerá completamente, a favor de proyectos para los nuevos países. Sería positivo que los criterios feministas se tomaran en cuenta seriamente desde el comienzo para estos nuevos proyectos.

Patakis (GUE/NGL)
En lo que respecta a la UE, el desempleo y la pobreza entre las mujeres no están motivados por la explotación capitalista, sino porque las mujeres están menos cualificadas y tienen mayores responsabilidades familiares, aunque también por la existencia de percepciones reaccionarias que favorecen la discriminación por razones de sexo. En lugar de proporcionar un empleo a jornada completa y estable, propone extender el empleo de media jornada, así como programas antieducativos, de especialización rápida, que convierten a las mujeres en mano de obra barata y flexible.
El tercer MCA (Marco Comunitario de Ayuda) no solo no promociona a las mujeres, sino que además subvenciona a las empresas para que puedan socavar los derechos de empleo; el grueso de la financiación va a parar a obras de infraestructura que favorecen a las grandes empresas.
La integración de la dimensión de género en varias políticas en nombre de la igualdad ha acabado con algunos acuerdos positivos en favor de la mujer como parte de la severa política económica contraria a las bases, y el resultado ha sido una deterioro de la situación de las mujeres. Las propuestas incluyen nuevos recortes del sistema de prestaciones familiares del Estado y la utilización de programas y estructuras del sector privado para cubrir servicios sociales como la sanidad, la educación y el bienestar social.
Nosotros estamos a favor de medidas positivas para las mujeres trabajadoras, siempre y cuando sean gratuitas. No estamos a favor de promover jornadas laborales flexibles so pretexto de conciliar la vida laboral y familiar. Estamos a favor de un empleo estable a jornada completa, y de extender y reforzar los derechos laborales y sociales.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Estoy de acuerdo con el contenido de este informe porque, desde mi punto de vista, la igualdad entre hombres y mujeres requiere la igualdad de acceso a los beneficios de los Fondos Estructurales. En términos prácticos, y en lo que se refiere a la perspectiva de género, el Parlamento Europeo, incluso cuando no legisla, específicamente en su calidad de foro privilegiado y como órgano que representa a la ciudadanía, emite directrices tanto para los ciudadanos en general como para los Estados miembros, que son los destinatarios de algunas medidas propuestas por el informe. El Parlamento debe ser capaz, por lo tanto, de traducir y representar varios puntos de vista.
Este informe constituye una gran oportunidad para avanzar más decididamente hacia una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, no lo olvidemos, una mayor igualdad dentro del propio mundo de los hombres y del de las mujeres. En efecto, no podemos pasar por alto la libertad de elección de los individuos y es importante corregir las desigualdades que pueden afectar a estas diferentes opciones personales y garantizar que se respeten esas opciones.
Lo que resulta particularmente interesante es la propuesta del informe de promover la reorganización de la jornada laboral para hombres y mujeres y la necesidad de promover la toma de conciencia sobre la distribución igualitaria de las tareas del hogar entre los miembros de la familia. En este contexto, sin embargo, creo que es apropiado y crucial proteger y tratar adecuadamente el alto valor de las tareas domésticas y intrafamiliares. De lo contrario, prolongaremos y haremos más profunda la desigualdad.

Vairinhos (PSE)
. (PT) Los Fondos Estructurales deben contribuir, también en los países de la Unión Europea, a combatir las desigualdades de género en la política de desarrollo.
Los efectos negativos de la reestructuración económica y social deben tener en cuenta las características especiales del doble papel de las mujeres. Tanto los Estados miembros como aquellos que se preparan para la ampliación deben plantearse políticas que apoyen el cuidado de los hijos y los mayores.

Berthu (NI)
- (FR) El informe Friedrich es correcto en dos aspectos: en primer lugar, porque afirma que el actual sistema de voto en el Consejo de Gobierno del BCE («un miembro, un voto») será imposible de mantener tras la ampliación de la zona euro; y en segundo lugar, porque añade que la reforma propuesta hoy por el propio BCE (división de países en grupos, con rotaciones diferenciadas) es poco clara, compleja y también extremadamente difícil de manejar.
Sin embargo, este informe olvida dos puntos importantes: El primero, el sistema de «un miembro, un voto» fue introducido deliberadamente en el Tratado de Maastricht para presentar el modelo, supuestamente atractivo para el electorado, de una unión monetaria que funcionaba de forma igualitaria; el segundo punto es que este modelo ya no está funcionando demasiado bien, incluso antes de la ampliación, y esta es la principal causa de la inercia del BCE ante los problemas de la mayor economía de la zona, Alemania.
La reforma propuesta por el BCE, bajo su apariencia técnica, está muy lejos de ser inofensiva. La alternativa propuesta por el Sr. Friedrich (que introduce la ponderación según la población) cuestiona por su parte un principio fundamental de igualdad adoptado de forma solemne por la ciudadanía. Por ello solicitamos algo más que un debate apresurado.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fris (PSE)
. (SV) Hemos decidido votar en contra del informe sobre la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. También hemos votado en contra de la propuesta del BCE.
Creemos que no habría que apresurarse a la hora de presentar una propuesta sobre la reforma del funcionamiento del BCE. Hasta el año 2007, como muy pronto, no se ampliará la UEM en más de 15 miembros. Por lo tanto, no tenemos por qué precipitarnos y presentar una propuesta en esta fase tan temprana. Pensamos que es mejor analizar esta cuestión con mayor profundidad y dar a los Estados miembros más oportunidades de expresar su opinión sobre el tema. En cualquier propuesta futura, es importante que se haga hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia en el seno del BCE. La transparencia es un aspecto que, desgraciadamente, brilla por su ausencia en las propuestas presentadas.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La ampliación y la necesidad de tomar decisiones eficaces han sido utilizadas para justificar la extensión del voto por mayoría cualificada, como sucedió en Niza, así como la consolidación del enfoque federal y el control de la toma de decisiones por parte de las grandes potencias europeas.
El BCE, la institución comunitaria que ha violado el principio de que todos los Estados miembros deben estar representados en su Comité Ejecutivo, y quizás también la menos democrática y transparente de todas las instituciones, ha hecho una recomendación al Consejo de que «preserve su capacidad de tomar decisiones de forma eficaz». Propone que «el número de gobernadores con derecho a voto debería ser menor que el número total de gobernadores con escaño en el Consejo de Gobierno del BCE» y desea introducir un sistema de rotación para determinar quién vota y cuándo, lo cual significaría que los gobernadores de los bancos centrales perderían su derecho permanente de voto, se introducirían criterios de representatividad basados en el tamaño del sector financiero del país y el volumen del PIB, y un sistema que siempre garantizaría la presencia de las grandes potencias en detrimento de los países más pequeños. Esto es completamente inaceptable. De ahí nuestro llamamiento al Gobierno portugués para que no acepte esta postura y tenga en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo que rechaza la recomendación del BCE.

Flesch (ELDR)
. (FR) En nuestra opinión, ni la propuesta del Banco Central Europeo de reformar los métodos de votación dentro del Consejo de Gobierno ni el modelo propuesto por el informe Friedrich son satisfactorios.
La propuesta del BCE permitiría, de hecho, que los Estados miembros más grandes dictaran la política monetaria. El modelo propuesto por el informe Friedrich permite un voto por miembro dentro del Consejo de Gobierno, con lo que da la impresión de que respeta la igualdad entre los Estados miembros.
De hecho, esto es no es así, ya que será el Comité Ejecutivo de nueve miembros quien tomará la mayoría de las decisiones. Las enmiendas 3 y 4, presentadas por el Sr. Huhne, suponen sin duda una mejora significativa.
No obstante, personalmente considero que la CIG debería acordar una propuesta que refleje un mejor equilibrio entre lo eficaz y lo justo.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Estoy de acuerdo con la mayoría que rechaza la propuesta, pero mis críticas van incluso más allá de las expuestas por la mayoría. Cada banco central toma importantes decisiones sobre los tipos de interés y los tipos de cambio, lo que tiene consecuencias importantes para las rentas, el empleo, las inversiones y el nivel de servicios públicos. Precisamente debido a la importancia de estas decisiones, se decidió en el pasado que los bancos que emitían billetes bancarios debían estar sometidos al control del Estado. Esto supuso que se sustrajeran importantes cuestiones de la competencia de los bancos y se sometieran a la responsabilidad de los gobiernos y los parlamentos. El Banco Central Europeo se encuentra en peligro de ser cada vez más independiente de los Estados miembros. Existe un serio peligro de que al final el banco central emisor comience a funcionar como una institución separada de la sociedad y ajena a cualquier forma de control. La propuesta de contar con un sistema de rotación en el Consejo de Gobierno significa que los representantes de los Estados miembros apartados de este órgano ya no participan en la toma de decisiones, mientras que sus países tienen que sufrir las consecuencias negativas de esas decisiones. La ampliación del número de miembros de la UE y de la UEM no debe conducir a una situación en la que cada Estado miembro individual no pueda participar de ningún modo en esta institución, que es tan importante para los habitantes de todos los países en cuestión. En lugar de reducir, es preciso aumentar el control público sobre el BCE.

Moreira da Silva (PPE-DE)
. (PT) La ampliación de la UE complicará más la toma de decisiones en el BCE, no solo porque habrá más miembros con derecho a voto en el Consejo de Gobierno, sino porque habrá menos homogeneidad de puntos de vista. Por lo tanto, es comprensible que el BCE haya propuesto una modificación de sus Estatutos que racionalice su proceso de toma de decisiones. Sin embargo, creo que la solución a la que se ha llegado -la rotación del derecho de voto en función del PIB de cada Estado- no es aceptable. En primer lugar, porque elimina el principio en vigor actualmente, que es el de «un Estado, un voto». En segundo lugar, porque hace que los ciudadanos tengan mayores dificultades para entender cómo se define la política monetaria de la UE. Así pues, considero que en el contexto de una reforma necesaria del sistema de toma de decisiones del BCE, se debe crear un sistema de mayoría doble, en el cual:
1. Cada miembro del Consejo de Gobierno siempre tenga derecho a voto.
2. Se adopten aquellas propuestas que obtengan una mayoría simple de los votos de los gobernadores nacionales, siempre y cuando esta mayoría represente al menos a un 62% de la población. Sin embargo, la reforma del sistema de votación del BCE no debe establecerse hasta la próxima Conferencia Intergubernamental, programada para el año 2004.

Piscarreta (PPE-DE)
. (PT) Aprovechando la reciente entrada en vigor del Tratado de Niza, el Banco Central Europeo ya ha hecho uso de sus nuevos poderes proponiendo una modificación de los métodos de funcionamiento de su Consejo de Gobierno. Aunque no existen dudas en cuanto a la necesidad del BCE de adaptar su funcionamiento a la próxima ampliación de la UE, aún sigue habiendo algunas cuestiones pendientes sobre el nuevo modelo que ha presentado. Como las Naciones Unidas, el BCE contaría ahora con un nuevo Comité Ejecutivo compuesto de cinco Estados miembros con derecho de voto permanente. El resto de Estados miembros de la eurozona, incluida Portugal, se integrarían en uno o dos grupos con un sistema de voto rotatorio, en el que los votos se ponderarían de acuerdo con el tamaño del PIB.
En la práctica, esta reforma corre el riesgo de marginar a los Estados miembros más pequeños, ya que se violaría el principio de «un país, un voto» y el funcionamiento del BCE sería complejo y opaco. El BCE sería un órgano fuerte, con mayor autonomía con respecto a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE. No se trata de la cantidad de poder que perderá Portugal, sino de una cuestión fundamental que no es otra que la del tipo de construcción europea que deseamos lograr.

Sacrédeus (PPE-DE)
He votado en contra del informe porque no apoyo la propuesta contenida en el punto 3, según la cual el Consejo de Gobierno del BCE debería actuar de acuerdo con una mayoría doble al tomar decisiones, y que éstas deberían «basarse en la población de los Estados miembros, el tamaño total de la economía y el tamaño relativo dentro de ella del sector de los servicios financieros».
Tampoco puedo recomendar la propuesta del Consejo de que la eurozona se divida en tres grupos con un sistema de rotación.
En ambos casos se abandonaría el principio de «un miembro, un voto». Esta es una propuesta que no puedo apoyar bajo ningún concepto. En lugar de eso, tenemos todas las razones para defender este principio, que se basa en la igualdad entre los Estados miembros y en la responsabilidad conjunta de todos.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) So pretexto de combatir el terrorismo, se está desarrollando y estableciendo un complejo y vastos mecanismo para limitar las libertades. La falta de respeto de las garantías fundamentales de derechos y libertades se refleja en las iniciativas promovidas a escala de la UE y en los procedimientos escandalosamente superficiales que se han utilizado al adoptar medidas para combatir el terrorismo, incluyendo el Acuerdo Marco sobre la orden de detención europea y otras medidas antiterroristas. 
Aunque lamento que se hayan rechazado varias propuestas de enmienda presentadas por mi Grupo, las cuales pretendían garantizar el respeto de los principios básicos de la ley -por ejemplo, la enmienda en la que se establecía que una persona acusada de un delito debe considerarse inocente a los ojos de la ley hasta que se demuestre su culpabilidad; el derecho a un juicio justo, el derecho a la protección y el derecho a no ser condenado o castigado por los tribunales dos veces por el mismo delito-, esta propuesta de reglamento ha incorporado enmiendas que nos permiten garantizar la supervivencia de personas cuyos nombres figuran en listas de terroristas o de personas conectadas con terroristas sin que se haya celebrado juicio alguno.
Por lo tanto, hemos votado a favor del informe.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Desde la catástrofe de Nueva York del 11 septiembre de 2001, se han venido realizando grandes esfuerzos por impedir la financiación de actividades terroristas. Ciudadanos y organizaciones han sido incluidos en listas y de repente se les ha prohibido viajar. También resulta imposible para estas personas y organizaciones recibir o gastar dinero mediante pagos bancarios. Ello ha supuesto incluso que estos ciudadanos han perdido todos sus ingresos, con los que se mantenían ellos y sus familias, sin haber sido detenidos por delitos de los que puedan defenderse legalmente. Una vez que figuran en una lista, no importa si por error o no, es extremadamente difícil que los borren de nuevo. Por lo general, no son los verdaderos terroristas los que se ven afectados por estas medidas, ya que han desarrollado rutas ilegales a las que no afectan estas medidas. Se trata de refugiados y de oposiciones democráticas en el exilio, y además son odiados por el régimen en el poder de su país de origen. Anteriormente he solicitado que se preste atención a este problema en preguntas por escrito, en concreto sobre organizaciones de personas del antiguo Estado de Somalia y sobre la expulsión de la oposición izquierdista de Filipinas. Lo que se propone ahora supone un avance en la buena dirección. Las personas afectadas pueden pagar ahora su alimentación, alojamiento, cuidados médicos, su representación jurídica, y ya no resulta imposible eliminar sus nombres de las listas.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) La «sustitución» de las fuerzas de la OTAN por fuerzas militares al amparo de la Política Europea de Seguridad y Defensa se presenta como la primera operación militar que se ha programado en el marco de esta política de la UE, una política a la que nosotros nos oponemos. Se trata de una operación militar que ha sido ejecutada tras la declaración de la UE/OTAN sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa del 16 de diciembre de 2002, que acoge favorablemente «la cooperación estratégica creada entre la Unión Europea y la OTAN en la gestión de crisis, fundada en nuestros valores comunes, la indivisibilidad de nuestra seguridad y nuestra determinación de afrontar los retos del nuevo siglo».
Se trata de una fuerza militar, aunque de tipo «simbólico», que puede recabar medios y capacidades a la OTAN, y liderada por el Vicecomandante Supremo de esta organización en Europa; de una operación militar amparada en la Política Europea de Seguridad y Defensa como pilar europeo de la OTAN.
Es un intento de llevar a cabo una operación ilegal e ilegítima de la OTAN, coherente con la interferencia y la agresión imperialista desatada sobre los Balcanes. Se trata, pues, de una operación militar inicial que abrirá las puertas a otras en el futuro, como la de fuerzas de «sustitución» de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, operación que se baraja como la siguiente de este tipo.
De ahí nuestro voto contra el informe.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Las intervenciones miliares exteriores son por regla general negativas, ya que conllevan que una gran potencia intenta imponer su voluntad sobre las partes beligerantes desde el exterior, sin el consentimiento de estas partes. O bien suponen tomar partido y apoyar a una de las partes, en función de los intereses o ideologías propias de esa gran potencia. Esto es lo que se suele llamar «peace-enforcing», o imposición de la paz. Una paz que no se vea apoyada por las partes implicadas conducirá a la reanudación del conflicto tras la retirada de los nuevos ocupantes. Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, repudia las guerras como las acontecidas en Kosovo, el Afganistán y el Iraq, y tampoco apoyamos la construcción de un ejército integrado de la UE. Apoyamos, sin embargo, el «mantenimiento de la paz», ayudando a mantener la paz a petición de ambas partes del conflicto. Se trata de una acción orientada a mantener separadas a las partes beligerantes y a evitar nuevos desastres. Por ello apoyamos este tipo de presencia militar en Chipre, Kosovo y Macedonia. Si la ONU no asume la responsabilidad directa en esta operación, la más indicada para ello sería la UE, en lugar de la OTAN, por su inclinación a favor de una política belicista norteamericana. Por ello voto en contra de la mayoría del Grupo GUE/NGL y a favor de que la UE asuma la responsabilidad del mantenimiento de la paz en el noroeste de la República de Macedonia.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) A veces tengo la sensación de que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos.
La preocupación que ha suscitado este asunto está justificada. Es acertado que se hayan mejorado los procedimientos seguidos, a raíz de su armonización con los requisitos legales generales para la protección de datos. Sin embargo, tras el equilibrio conseguido en el texto adoptado en la comisión experta -de la que procede la propuesta básica-, es absolutamente deplorable que diferentes enmiendas hayan erosionado este equilibrio razonable y hayan decidido emplear un lenguaje que solo puede calificarse de fanático, cayendo de lleno en la demagogia.
Esta «furia» completamente fuera de lugar solo puede explicarse por el conflicto de planes políticos y por el deseo inconsciente de separarse de los norteamericanos o de todo aquello que huela a Estados Unidos o que suene a norteamericano. De hecho, este lenguaje histérico es por sí solo bastante incomprensible, a la luz de las explicaciones dadas por la Comisión ayer durante el debate en el pleno.
Consecuentemente, dado que estas enmiendas han sido aprobadas, me he visto obligado a votar en contra del informe final.
Lamento el hecho de que la mayoría haya deseado presentar a los ciudadanos este triste cuadro y demostrar que su seguridad estaría mejor preservada si dependiera del Parlamento Europeo. Obviando el hecho de que todo esto comenzó con los terribles ataques terroristas perpetrados mediante la utilización civil de la aviación civil, el lenguaje abusivo que se ha empleado arremete contra la policía en lugar de los terroristas -y de los riesgos reales existentes-, enviando la deplorable señal de que no hemos entendido la cruda realidad y...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Lulling (PPE-DE)
En mayo de 2002, la Mesa autorizó a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a elaborar un informe de iniciativa propia sobre un enfoque integrado de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo.
He de decir que la elección de este tema por parte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades no era una de mis prioridades, dado que hay muchos otros problemas que merecen ser tratados en un informe de iniciativa propia, problemas que afectan a millones de mujeres en la Unión Europea, como por ejemplo la cuestión de la seguridad social independiente para las esposas que ayudan en pequeñas y medianas empresas y en la agricultura, donde estas trabajadoras no remuneradas e invisibles se ven discriminadas, sobre todo en caso de divorcio.
Las mujeres que tienen la suerte de trabajar en el Parlamento Europeo y las que han conseguido ser diputadas a esta Cámara no son sin duda las más discriminadas o las que más merecen la compasión de las mujeres de la Unión Europea, es decir, de la mayoría de las ciudadanas. Ahora, sin embargo, se nos presenta este informe que sigue los pasos de muchos otros, a los que de hecho hace alusión, insistiendo en repetir de nuevo lo que ya se promulgó hace años y se encuentra recogido en directivas y en el estatuto con respecto a los empleados. ¿Realmente necesitamos un informe de iniciativa propia para decir que el Parlamento está de acuerdo con las disposiciones del artículo 13 del Tratado por el que se prohíbe toda forma de discriminación?
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Raschhofer (NI)
. (DE) Actualmente, nuestra sociedad no puede prescindir de medidas destinadas a promover una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres. En este punto las instituciones europeas, y en particular el Parlamento Europeo, pueden ser pioneras en el mundo laboral en su conjunto.
El trato igualitario de hombres y mujeres se incorpora al Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Así, la integración de la perspectiva de género es la estrategia apropiada a largo plazo para incorporar las cuestiones de género en los procesos de toma de decisiones políticas y administrativas y para garantizar un trato igualitario en todos los ámbitos de la política y en todos los niveles.
Como mujer, sin embargo, deseo que se me juzgue por mis logros más que por mi género. El concepto de «discriminación positiva» es una contradicción en sí mismo, ya que la discriminación no puede ser positiva. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado de no actuar con exceso de celo.

Berthu (NI)
Nosotros hemos votado por el informe Bösch sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades porque es un informe serio y sólido que enumera asombrosos problemas y casos de fraude en el seno de la Comisión, confirmando así lo que llevamos diciendo desde hace tiempo.
Durante esta sesión se ha revelado que los documentos fueron ocultados al Parlamento en el caso Andreasen (despido impugnado de una directora de contabilidad de la Comisión, que denunció prácticas irregulares en relación con procedimientos contables normales). Queremos protestar por esta ocultación. Así pues, es posible que este escándalo se agrave y venga a sumarse a las acusaciones del informe Bösch.
Sin embargo, tenemos nuestras reservas en cuanto a la repetición de esta vieja petición -que de hecho aparece discretamente en el informe Bösch- de creación del cargo de Fiscal europeo. Sin entrar ahora en el debate, simplemente señalaré que el grupo de trabajo correspondiente de la Convención, a pesar de su buena voluntad federalista, también ha considerado que esta propuesta es discutible. Podemos conseguir la misma eficacia utilizando otros medios, como Eurojust, que tendría el mérito de no crear una cadena de problemas institucionales.

Raschhofer (NI)
. (DE) La disminución de la incidencia de presuntos fraudes e irregularidades en 2001, del 37% con respecto al año anterior, eclipsa el verdadero mensaje del informe, que es muy contundente. La realidad es que, en comparación con años anteriores, este es el segundo nivel más alto alcanzado por las cifras de presunto fraude. Estos resultados, que se desprenden del informe, constituyen un motivo de preocupación. Aunque ha mejorado la lucha contra el fraude, parece totalmente imposible lograr el control de los abusos o de la utilización irregular de fondos de la UE.
Repito mi antigua crítica de que las estructuras implican que los abusos son inherentes al sistema. Insto a los Estados miembros a que realicen mayores esfuerzos en este terreno para poner fin a estos abusos. La cooperación con otros Estados miembros, así como un mayor control en cada país, son absolutamente vitales, y no únicamente en vista de la ampliación inminente.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) La protección de los derechos de los consumidores, como la protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo, no deben detenerse en cada frontera nacional. Incluso si no existiera la UE, tendrían que firmarse acuerdos entre diferentes países para apoyar conjuntamente estos derechos. Como siempre, al final se trata, sin embargo, del contenido de los acuerdos, y no del hecho de que todo esté sujeto a la misma reglamentación. Siempre se puede dejar que se deteriore una situación regulando lo menos posible, recortando las normativas nacionales y dejando todo lo que sea posible en manos de la cooperación voluntaria de las empresas afectadas. Esto puede encajar bien en la ideología neoliberal imperante, pero entonces la protección no llega muy lejos y nadie impide a los que incumplen las normas que continúen con sus malas prácticas. En la toma de decisiones sobre estrategia y el Libro Verde sobre la política europea de los consumidores existe una gran tentación de hacer un mal uso de la protección del consumidor como palanca para dar mayor uniformidad a los reglamentos a nivel de la UE, sin resolver los verdaderos problemas. Personalmente, apoyo la advertencia formulada por la Asociación de Consumidores de los Países Bajos al respecto. El objetivo debe ser combatir las prácticas comerciales desleales. Los códigos de conducta no pueden sustituir a la legislación, sino que no son más que suplementos detallados. Tiene que ser posible hacer cumplir los suplementos a todas las partes implicadas. Afortunadamente, las propuestas formuladas por los ponentes, la Sra. Thyssen, la Sra. Patrie y el Sr. Whitehead, apuntan más o menos en este sentido. He votado equivocadamente sobre la conclusión del capítulo 23.

Piscarreta (PPE-DE)
. (PT) El informe Whitehead constituye una iniciativa crucial en la estrategia europea para la política de protección del consumidor. Es significativo que este informe se centre en el sector del turismo, tan importante para la supervivencia de la región del Algarve, a la cual represento en esta Cámara, un sector en el que la protección del consumidor es sinónimo de calidad. En este contexto de promoción del turismo de alta calidad, el informe hace un llamamiento sobre todo a lograr un alto nivel de protección del consumidor y un cumplimiento más efectivo de las normas existentes. Aunque se trata de prioridades importantes, tomadas de una en una son relativamente poco ambiciosas.
Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con el énfasis que ha puesto el ponente en la necesidad de que la UE adopte iniciativas legislativas que son cruciales para la protección de la vida humana, concretamente en el campo del turismo. En particular, adoptar rápidamente una Directiva sobre seguridad contra incendios en los hoteles, revisar el régimen vigente de multipropiedad e incluso extender la protección del consumidor en el sector del transporte aéreo.
También acojo con satisfacción las iniciativas de informar de sus derechos a los consumidores. Actualmente, únicamente un escaso 52% de los consumidores consideran que están bien informados. Con este fin, apoyo una mayor participación de las organizaciones de consumidores en el desarrollo de campañas de concienciación y de información.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe y, en particular, acojo con satisfacción el hecho de que se haya logrado un amplio consenso sobre esta cuestión en la comisión competente. De hecho, la estrategia de la política de los consumidores para el periodo 2002-2006 conducirá a unas propuestas legislativas que yo, al igual que el ponente, espero que respeten los importantes criterios establecidos en el paquete de la Comisión Europea sobre una mejor regulación, en particular: los principios de subsidiariedad, de necesidad y de proporcionalidad; la presentación de pruebas sólidas de la necesidad de emprender acciones por parte de la Comunidad; la identificación de las barreras existentes al desarrollo del mercado interior; facilitar información apropiada sobre el impacto del actual acervo comunitario y sobre las principales partes interesadas, que son las empresas y los consumidores; y, por último, la presentación de pruebas y garantías adecuadas sobre la viabilidad y eficacia de las medidas destinadas a realizar los objetivos que se hayan establecido.
Además de la alusión a la importancia de escuchar a las asociaciones de consumidores (incluidas las de los países candidatos) y del hecho de que sea muy necesaria su participación en la preparación de la futura legislación, personalmente opino que, en esta fase, es muy oportuno que, aparte de iniciar el debate estimulado por la Libro Verde sobre la protección del consumidor, la Comisión esté iniciando campañas de concienciación destinadas directamente a los consumidores. Como muy acertadamente afirma el ponente: «un consumidor informado en un consumidor poderoso».

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Como declaré en mi explicación de voto sobre el informe de la Sra. Thyssen, está claro que las normas de protección del consumidor de la Comunidad no han conseguido adaptarse a un mercado que cambia a gran velocidad. Así pues, es sumamente importante contemplar, en esencia, que los consumidores cuentan con un marco sencillo, coherente, fiable y eficaz que pueda aplicarse con independencia de la naturaleza de las prácticas comerciales en cuestión. 
También estoy de acuerdo con la idea de que la Comisión considere seriamente la creación de bases de datos que hagan posible el intercambio de información y la creación de un sistema de alerta temprana, de forma que los Estados miembros puedan emprender acciones coordinadas al enfrentarse a un incumplimiento flagrante de los derechos de los consumidores. La existencia de un mercado interior y, dentro de este, de varias empresas transnacionales, requiere la creación de mecanismos apropiados de protección y transparencia.
Por último, y continuando con la participación de las asociaciones de consumidores, creo que debería adoptarse un código de conducta, redactar una lista de prácticas injustas y, a su debido tiempo, un marco legislativo que corresponda al resultado final del debate (entre los modelos propuestos están la «armonización máxima», la «armonización mínima», o el modelo basado en el «enfoque casuístico»). Sin embargo, hay que resaltar que este modelo tendría que tener debidamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Queiró (UEN)
. (PT) El informe Thyssen pide, de forma acertada, que se adopten medidas legislativas mejores y más sencillas para facilitar la aplicación de las estrategias legislativas propuestas en el Libro Verde sobre la protección legal de los consumidores, ya que, a pesar del progreso que se ha realizado, el arsenal legislativo aplicable al mercado interior carece de transparencia y está demasiado fragmentado para inspirar la confianza del consumidor.
Como todo el mundo sabe, este Libro Verde de la Comisión sobre prácticas comerciales justas pretende estimular el debate sobre las posibilidades de mejorar el funcionamiento del mercado interior en el campo del comercio electrónico entre las empresas y los consumidores.
Tenemos la obligación real de apoyar este debate y promulgar legislación cuya aplicación sea sencilla y eficaz y que ofrezca una verdadera protección a los consumidores en un mercado interior en continuo y rápido cambio. De ahí mi voto a favor de este informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Comparto la idea de que las normas de protección del consumidor no han logrado adaptarse a un mercado que cambia rápidamente. Por ello, al estimular el debate sobre las posibilidades de mejorar el funcionamiento del mercado interior, el Libro Verde es extremadamente oportuno.
También estoy de acuerdo con la atención que presta el Libro Verde a las nuevas relaciones entre empresas y consumidores, en particular en el contexto del comercio electrónico. De hecho, el nacimiento de esta nueva situación comercial como resultado de la explosión del comercio electrónico, exige que se adopten medidas realistas, en concreto, medidas acordes con los principios de mayor seguridad en el comercio legal, la seguridad de las transacciones comerciales, la protección de los consumidores y prácticas comerciales leales entre competidores. Con el fin lograr estos objetivos, estoy de acuerdo con la opinión expuesta por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de que la legislación comunitaria que se derive de este Libro Verde sea clara, sencilla, coherente y de gran calidad legislativa. Asimismo, soy de la opinión de que tiene una importancia capital promover, como se ha sugerido, una evaluación de impacto y estudios preparatorios (upstream), así como estudios sobre los efectos (downstream), que permitan la creación y el desarrollo gradual de un sistema accesible, eficaz y disponible a bajo coste para la protección de los consumidores y la solución de conflictos.

Uca (GUE/NGL).
Señor Presidente, hoy, el Tribunal Constitucional turco ha declarado ilegal a HADEP, el Partido de la Democracia del Pueblo pro-kurdo y, entre otras cosas, ha prohibido a cuarenta y seis de sus miembros que participen en cualquier tipo de actividad política en los próximos cinco años. Turquía es un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y no es aceptable que, a estas alturas, prohíba partidos políticos.
Señor Presidente, le pido que intervenga en esta cuestión.

El Presidente.
En efecto comparto sus críticas, y es algo que yo tampoco comprendo. Se anotará en el Acta. Gracias a Dios, hoy no tenemos que debatir la adhesión de Turquía.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera formular la siguiente pregunta a la Mesa: en la resolución sobre la cuestión que votaremos dentro de poco, en relación con las deslocalizaciones de empresas, la versión portuguesa del punto 8 es diferente a las demás versiones en otros idiomas. Creo que el punto 8 de la versión en portugués está equivocado y el punto 8 de las versiones en francés, castellano, inglés, etc. es correcto. Por ello quisiera pedir a la Mesa que se asegure que este punto sea corregido e informe al pleno de que se ha hecho antes de que tenga lugar la votación.

El Presidente.
Gracias por señalarlo. Pediremos a nuestro servicio de idiomas que se ocupe de esta cuestión,

El Presidente.
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre el cierre de empresas tras la concesión de una ayuda financiera de la UE.
Tiene la palabra el Comisario Fischler.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, los titulares de los periódicos mencionan -con creciente frecuencia- el cierre de empresas a las que la Unión Europea había concedido ayuda financiera. Si bien no se trata de un problema nuevo, es cierto que los ejemplos de cierres, a menudo seguidos por deslocalizaciones, han aumentado en los últimos tiempos. Por ello la Comisión comprende muy bien por qué el Parlamento concede tanta importancia a este problema y se interesa tanto por él, y por qué nuestros conciudadanos tienen razón al inquietarse.
Mis colegas Comisarios, la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Barnier, me han pedido que les explique la posición de la Comisión sobre este complejo problema. Evidentemente, esta tendrá que tratar varios aspectos diferentes, en primer lugar la política de cohesión económica y social por medio de la cofinanciación a partir de los Fondos Estructurales; en segundo lugar, la política social europea; pero también, en tercer lugar, las reglas del mercado interior europeo, que deberían permitir a nuestras empresas establecerse en un clima de competencia leal.
En mi declaración quisiera centrarme en las cuestiones que acabo de mencionar, pero antes de hacerlo, hay otros dos puntos que desearía tratar. El primero es que el problema del cierre de empresas -incluso si la ayuda financiera concedida implica que la Comunidad está directamente afectada- no es un fenómeno exclusivamente europeo, sino uno que ha de considerarse en su contexto internacional.
Es lamentable que nuestras empresas caigan a menudo en la tentación de trasladar sus operaciones a países donde los sueldos son bajos, a veces descuidando todos los requisitos de la integración social y ambiental. Esta dimensión internacional del problema exige que seamos coherentes a la hora de encontrar soluciones internacionales o globales para esta cuestión, que impliquen, sobre todo, una cooperación activa con los países más pobres y la creación de un sistema legislativo internacional que sea más riguroso y que se aplique mejor.
En segundo lugar, la Comisión presta una atención especial a este problema en el contexto de la ampliación. Mi colega, el Comisario Verheugen, recalcó recientemente que la próxima ampliación brindará a Europa grandes oportunidades, a pesar de las dificultades necesariamente implicadas a corto plazo para integrar a estos países, que, por término medio tienen un producto nacional bruto per cápita inferior.
En un mercado interior como el nuestro, la decisión de dónde establecer las operaciones de una empresa recae únicamente en la dirección de la empresa en cuestión. Como sabemos, los inversores basan sus decisiones en las ventajas de un lugar en comparación con otro, y estas incluyen el coste de la mano de obra, las condiciones sociales, la calidad de la infraestructura, el marco jurídico aplicable, aunque a menudo se consideren también la ayuda pública y un tratamiento fiscal favorable. Las subvenciones concedidas a los inversores se negocian libremente con las autoridades públicas, dentro de los límites de la legislación comunitaria y nacional sobre ayuda estatal.
Permítanme ahora que pase al tema del «cierre de empresas y ayuda comunitaria» y que les recuerde que la política regional de la Unión Europea tiene por objeto promover la cohesión económica y social fomentando el desarrollo de las regiones más pobres. Por ello, la ayuda regional para la inversión productiva se concede principalmente para compensar las desventajas de las regiones apoyadas de este modo, permitiéndoles mantenerse mejor en competencia con regiones más favorecidas. Se trata de un ámbito en que la Comisión tan solo puede garantizar la aplicación de las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales establecidas por el Consejo con el acuerdo del Parlamento. Quisiera añadir que esto corresponde a la práctica dentro de los Estados miembros, en que cada región se esfuerza por atraer nuevas empresas e inversión directa.
Sin embargo, la Comisión también tiene la tarea de evitar la competencia desleal entre Estados, empresarios y agentes sociales, para lo cual, en el periodo de programación 2000-2006, los Fondos Estructurales ofrecen una serie de medidas preventivas, que quisiera enumerar brevemente. Las directrices sobre ayuda regional nacional exigen que los beneficiarios de esta ayuda mantengan sus inversiones durante un periodo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la inversión inicial en la empresa en cuestión.
El Reglamento general de 1999 sobre los Fondos Estructurales adopta el mismo enfoque, y dice que los fondos continuarán su contribución a las actividades productivas solo si no hay cambios en el lugar en el que se realizan estas actividades durante los cinco años siguientes a la decisión de contribuir con Fondos Estructurales.
Por último, el nuevo reglamento sobre ayuda Estatal para el empleo promulgado en 2002 es más flexible, pues exige que los puestos de trabajo creados se mantengan por un periodo de tres años en el caso de las empresas grandes y por un periodo de dos años en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Todas estas disposiciones tendrán que aplicarse en los futuros Estados miembros a partir del momento de su adhesión. Para dar una imagen completa, me gustaría observar que la regla de los cinco años que acabo de mencionar se aplica únicamente al periodo de programación 2000-2006. Es posible reducir o cancelar la ayuda comunitaria con respecto al periodo comprendido entre 1994 y 1999 si ya no existen las condiciones para la ejecución de la medida. En todos estos casos, ni la Comisión ni los Estados miembros pueden negarse a conceder una subvención si se cumplen las condiciones necesarias, pero, si se evidencia que una empresa ha recibido apoyo sin cumplir las disposiciones comunitarias en relación con la ayuda estatal, deberá reembolsar la ayuda a la cual no tiene derecho.
La Comisión está preparada entonces a cumplir sus responsabilidades cuando una empresa, bajo un sistema de ayuda cofinanciado por un programa comunitario, ha recibido subvenciones sin tener derecho a ello. Sin embargo, esto implica que las autoridades del país del que ha migrado la empresa hayan establecido, en primer lugar, que se han violado los puntos descritos antes de las disposiciones.
Permítanme referirme brevemente a la dimensión social del problema del cierre de empresas. Aunque no cabe duda de que el cierre de una fábrica es un asunto de la dirección de la empresa en cuestión, no podemos olvidar el hecho de que las numerosas reestructuraciones que actualmente tienen lugar en Europa no siempre son comparables entre sí. Algunas son el resultado de decisiones económicas claras y se han discutido con los trabajadores y sus representantes, mientras que otras, por desgracia, se llevan a cabo sin considerar la legislación laboral, y envían de repente a los trabajadores al desempleo.
La posición de la Comisión es clara: las empresas pueden ser libres de tomar sus propias decisiones económicas, pero también han de ser conscientes de la dimensión social. Si resulta inevitable perder puestos de trabajo, hay que hacer lo posible para aumentar la empleabilidad de los trabajadores afectados. Para ello, las empresas han de tener una política previsora y han de demostrar una responsabilidad social.
Nada -y quiero recalcar este punto- realmente nada, puede justificar que no se informe y consulte a los representantes de los trabajadores en el caso de una reestructuración. Varias directivas comunitarias establecen el marco dentro del cual ha de mantenerse tal diálogo. La Directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo, en particular, impone a grupos de empresas multinacionales con bases en Europa unas obligaciones precisas en relación con la información y consulta a los representantes de los trabajadores.
A fin de cuentas, las medidas sociales que acompañan a una reestructuración son también una cuestión importante para los interlocutores sociales y para el nuevo Observatorio Europeo del Cambio Industrial. También en este ámbito, la Comisión depende de los Estados miembros, que son responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral comunitaria. Sin embargo, la Comisión ejercerá una amplia función de control, con el objetivo primario de garantizar que se transpongan adecuadamente las directivas sobre información y consulta a los trabajadores.
Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría poder felicitar al Comisario Fischler por la comunicación que acaba de ofrecer a este parlamento, pero no puedo. No puedo hacerlo debido a la sesgada mentalidad que ha llevado al enfoque atrasado de un problema que existe desde hace bastante tiempo, como de hecho acaba de decir el Comisario, y también debido al decepcionante contenido de esta comunicación de la Comisión.
Hoy, como mucho, intentaremos limitar los daños causados por el abuso de la ayuda comunitaria concedida a empresas multinacionales. Quizás, si la Comisión hubiese sido más previsora y más vigilante, no se habrían producido las situaciones de cierre y reestructuración de empresas que han motivado esta comunicación de la Comisión En mi nombre y en el del PPE-DE, quiero expresar mi total solidaridad con todos los trabajadores, especialmente los trabajadores portugueses, afectados por las decisiones de cerrar de empresas extranjeras.
Las pérdidas de empleos suponen un golpe devastador parar los trabajadores afectados y sus familias. Destacaré dos casos con los que estoy muy familiarizada: los de la fábrica de calzado Clark y la fábrica de confecciones Bawo. El pasado mes de enero, la dirección de la empresa Clark decidió, inesperadamente y sin consultar a nadie, cerrar su fábrica en Castelo de Paiva en Portugal, dejando sin empleo a 588 trabajadores. Dos años antes, actuando de una forma similar, habían cerrado su fábrica en Arouca en la misma región, dejando sin empleo a casi 500 personas. Clark se había beneficiado de enormes sumas de ayuda comunitaria, nacional y local. A pesar de ello, la empresa invocó como justificación de estos despidos masivos una importación de palas de zapatos procedentes de la India y Rumania con el objetivo de mantener una estructura de precios competitiva. Acabo de citar el comunicado de prensa emitido por Clark el 10 de enero.
El otro caso es el siguiente. El pasado mes de febrero, la dirección de la empresa Bawo procedió a retirar la maquinaria de su fábrica de Estarreja al amparo de la noche y sin el conocimiento de sus trabajadoras. Por pura casualidad, una de ellas se dio cuenta de lo que estaba pasando y alertó a sus colegas. Todas las trabajadoras mantuvieron vigiladas las puertas de la fábrica, de día y de noche, bajo la lluvia y el frío, hasta que los tribunales ordenaron la incautación del equipo.
Ambas empresas pretenden trasladarse a países de la ampliación y a terceros países. Estos casos son el paradigma de un mal ejemplo y suscitan las siguientes preguntas: ¿dónde está el equilibrio entre intereses económicos de las empresas y los derechos de los trabajadores y de la sociedad? Si esta situación continúa, ¿qué pasará con el modelo social europeo?
Señor Presidente, señor Comisario, somos partidarios de la competitividad, no somos enemigos de la mundialización, comprendemos el carácter competitivo del mercado mundial, pero no podemos aceptar que la economía se considere un fin en sí mismo más que algo que está al servicio de la humanidad. No podemos tolerar que el dinero de todos los contribuyentes europeos se utilice para recompensar a empresas que saltan de un país a otro en búsqueda de unos mayores beneficios y una mano de obra más barata. Además, las empresas actúan de este modo sin sentir ninguna preocupación social, ni con sus trabajadores ni con sus familias, y menos aún con los efectos económicos en las regiones afectadas. Las subvenciones que se conceden han de servir para crear empleo y no para financiar deslocalizaciones. No pretendemos impedir que las empresas cierren o deslocalicen sus fábricas, pero podemos exigir que las empresas que se benefician de la ayuda financiera asuman compromisos y ofrezcan garantías de empleo a largo plazo.
La prioridad de la Unión Europea es el empleo. La estrategia de Lisboa estableció el objetivo de alcanzar el pleno empleo en esta década. Este Parlamento es cada vez más aprensivo acerca de los progresos que se han logrado en la Unión Europea con respecto a la ambición de Lisboa. Este fenómeno de deslocalización de fábricas se está extendiendo en varios Estados miembros, provocando desempleo y poniendo en peligro el desarrollo económico y social de las regiones. Como consecuencia habrá una mayor presión en los sistemas de seguridad social, que tendrán que soportar los costes de la asistencia social para estos ciudadanos desempleados y, por supuesto, nos alejamos más del sueño de Lisboa.
Es preciso hacer algo con urgencia. Por ello pedimos a la Comisión que elabore un marco legislativo que vincule un componente moral a la concesión de fondos comunitarios a las empresas. Es preciso establecer unas reglas más claras que impidan y castiguen los abusos por parte de las empresas que reciben subvenciones de la Unión Europea. La Comisión ha de negar ayuda a las empresas que no respeten los compromisos asumidos con los Estados miembros y debe obligarlas a devolver la ayuda concedida. Como medida inmediata, exigimos a la Comisión que controle los actuales procesos de cierre y elabore una lista de empresas incumplidoras. Quiero aprovechar mis últimas palabras para aplaudir el apoyo de los demás grupos políticos de este Parlamento, en concreto el de nuestros colegas socialistas, que han comprendido el alcance de las graves consecuencias de estas deslocalizaciones de empresas en el espacio comunitario.

Lage (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si me permiten, quiero hacer una imprecación, y también expresar una exigencia y una lamentación. Empezaré por la imprecación: cierres de empresas, reestructuraciones brutales e inhumanas, despidos masivos, deslocalizaciones repentinas; es un aspecto inesperado y, espero, también marginal de un capitalismo europeo algo salvaje. Esto es lo que sucede, señor Presidente, Señorías, mientras se escriben libros y se leen proclamaciones sobre una nueva cultura empresarial, mientras hay tanto debate acerca de la ética de empresa y la ética del empresario. La gente habla incluso de ética social de las empresas, de ética ecológica e incluso he leído, Dios nos libre, de una ética kantiana del empresario, cuando de hecho muchos de ellos parecen estar más dispuestos a condenar las ideas del pensador decimonónico, Karl Marx. Algunos empresarios se comportan como verdaderos depredadores, indiferentes a las crisis sociales que provocan, a las tragedias que crean para los individuos y sus familias y a las crisis que producen en las economías locales. Incluso hay una nueva especialidad empresarial que consiste en obtener el mayor número de subvenciones de fondos europeos para luego, a las primeras de cambio, dejar las empresas que han sido subvencionadas con fondos europeos al borde de la quiebra o incluso en la quiebra. Hemos de reaccionar contra este ignominioso panorama, que no se compagina con un mercado empresarial moderno y con el tipo de economía social y próspera como la que tenemos en Europa.
Mi exigencia es la siguiente: dado que se trata de un fenómeno europeo y, por consiguiente, ha de combatirse a escala europea, hemos de recalcar la dimensión especial que ha adoptado el fenómeno de la deslocalización y el cierre de empresas en los últimos meses en Portugal, donde diversas empresas, en su mayoría multinacionales, han anunciado su intención de interrumpir sus operaciones y transferir su actividad a otros sitios. Algunas de ellas recibieron importantes ayudas financieras para establecerse en regiones como Aveiro, Coimbra y Leiria, y para ello firmaron contratos con las autoridades locales en los que se comprometían a mantener la actividad durante un determinado número de años. Todo esto supone un enorme desastre para estas ciudades, villas y regiones portuguesas, que sintieron esperanza cuando se realizaron las inversiones iniciales y que ahora sienten una dolorosa frustración.
Mi lamentación se hace eco de las palabras de la Sra. Bastos sobre el retraso de la respuesta de la Comisión a este fenómeno, que se anunció hace mucho tiempo en diversos países europeos. También estoy de acuerdo en que la Comisión debería haber actuado más deprisa, no solo garantizando que se aplicara su maquinaria legislativa y las diversas directivas en vigor, sino también elaborando un programa de acción para una situación de crisis como esta.
No obstante, para finalizar, también quiero felicitar al Comisario por haber definido una doctrina y una estrategia que, en principio, merece ser apoyada, para responder a situaciones de esta índole, a nivel legislativo, financiero y social. Asimismo quiero felicitar a este Parlamento y a todos los grupos políticos que se han mantenido unidos sobre esta grave situación, demostrando así que el Parlamento Europeo no da la espalda a los problemas de los ciudadanos y que puede poner esta comunicación en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos europeos. Tal acción ennoblece y dignifica al Parlamento Europeo. Por ello espero, señor Comisario, que sigamos siendo capaces de dar aliento a los trabajadores que hoy no tienen esperanzas y que podamos ofrecer una respuesta práctica y una alternativa a estas situaciones. Y sobre este punto, señor Presidente, obedeceré a su martillo.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, dos comentarios iniciales: el primero es que el Comisario Fischler no me ha decepcionado porque ya no me hago ilusiones acerca de sus acciones. El segundo tiene que ver con mi colega, Regina Bastos, cuyas palabras contradicen lo que está haciendo el Gobierno portugués, presidido por el líder de su partido, el PSD. Sin embargo, quiero felicitarla aunque me veo obligada a señalar esta contradicción.
Señorías, señor Comisario, el incremento de deslocalizaciones de multinacionales que implican el cierre parcial o total de sus fábricas en los países de la UE en los que tienen base, especialmente Portugal, está contribuyendo a agravar el desempleo, a estrangular el desarrollo de regiones que carecen de formas de empleo alternativas y a aumentar la pobreza y la exclusión social.
En la mayoría de los casos, estas empresas se deslocalizan con el único objetivo de maximizar sus beneficios, dado que su productividad, eficiencia o viabilidad económica no están en juego. Además, algunas veces emprenden tal acción después de haber recibido una substanciosa ayuda comunitaria, nacional y local, incumpliendo incluso los compromisos que habían asumido e ignorando los graves daños sociales y económicos que provocan, que es lo que ha sucedido en el caso de C & J Clark en Arouca y Castelo de Paiva y en otros muchos casos en Portugal.
Se trata de una situación inaceptable que se basa en la existencia de una forma errante de inversión para la cual no existe la ética ni la responsabilidad social, y cuyo único objetivo es obtener el máximo beneficio, siempre en busca de más incentivos y más ayuda financiera y fiscal y de una mano de obra barata con pocos derechos, dispuesta a trasladarse a otro lugar en cuanto surjan posibilidades de mayores beneficios o una mayor ayuda comunitaria.
Esta situación es especialmente grave en países que son débiles desde el punto de vista económico y social. El caso de Portugal no puede compararse con el de otros países, aunque todo este problema merece la atención en toda la Unión Europea. En Portugal hemos visto diversos ejemplos de este fenómeno, de los cuales sólo trataré unos cuantos, que tienen que ver con el cierre de empresas y departamentos de empresas, nuevas amenazas y la reducción de puestos de trabajos en empresas multinacionales. Me gustaría destacar varios ejemplos: Eres, Bawo, Schuh-Union, Scottwool, Rhode, Ecco'let, Yasaki Saltano, Philips, Alcoa, Dhelphy, Alcatel. En resumidas cuentas, es una lista muy larga que ha de examinarse de cerca. Hay varios miles de trabajadores que están amenazados, principalmente mujeres -y vale la pena señalarlo- en el sector textil, de la confección, el calzado y del material eléctrico y electrónico. Por lo tanto, es preciso adoptar medidas para regular este tipo de inversión y para proteger el empleo y el desarrollo local y regional.
De ahí que propongamos la creación urgente de un marco jurídico regulador -que no ha de limitarse a lo que ha dicho hace unos momentos el Comisario Fischler- que condicione la ayuda comunitaria a la inversión al cumplimiento por parte de las empresas de unas obligaciones contractuales que garanticen la protección de los intereses de las comunidades y regiones afectadas y de este modo el respeto de un desarrollo económico y social sostenido acompañado por la plena garantía de información e intervención de las organizaciones de trabajadores durante todo el proceso, incluido el derecho de veto.
Es especialmente importante que toda la ayuda se condicione a acuerdos a largo plazo en materia de empleo y desarrollo local, que no se conceda ninguna ayuda a través de programas comunitarios a empresas que no respeten estos compromisos o que hagan un mal uso de la ayuda. Tampoco debe concederse ayuda a las empresas que, habiendo recibido ayuda en un Estado miembro, transfieran sus operaciones a otro Estado sin haber cumplido plenamente sus compromisos. Al contrario, deberán reembolsar la ayuda que hayan recibido en el primer país.
Por consiguiente, la Comisión ha de realizar un examen riguroso de todos los casos recientes y actuales. Asimismo habrá que fiscalizar a las empresas que hayan recibido ayuda financiera comunitaria, y estas acciones habrán de ir acompañadas de un estudio exhaustivo del cierre de las empresas que han recibido ayuda financiera comunitaria y de las deslocalizaciones en curso, en un momento, como este, en que está cerca la ampliación y en que la situación es cada vez más preocupante.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, espero que el Sr. Fischler no esté aquí porque estamos hablando de la desertización industrial. No estoy de acuerdo con su análisis, porque considero que la Unión dispone de fuertes palancas para influir en las empresas subvencionadas por Europa que ahora se deslocalizan por todos lados. También creo que no podemos poner constantemente la mundialización por la línea de banda porque, al fin y al cabo, este debate tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de la Comunidad en su conjunto. Plantea la cuestión de la política europea, el marco jurídico en respuesta al mar de fondo de la mundialización y de un liberalismo sin fronteras y sin principios.
La Unión sigue siendo el principal interlocutor y agente de que disponemos para responder a estos fenómenos globales. Es necesario decirlo y no hemos de ponerlo en duda. Lo que usted propone no será suficiente. Sigue siendo preciso establecer muchos marcos legislativos a fin de ofrecer a los inversores en Europa unas garantías mínimas, y ofrecer así a millones de nuestros conciudadanos garantías de un empleo seguro y duradero.
En vista de los recientes terremotos industriales que han asolado muchas regiones de nuestros Estados miembros, desde Portugal hasta mi propia región de Lorena, y que ahora afectan a los propios países candidatos, hemos de eliminar esta situación de no-derecho económico y establecer un nuevo orden entre las instituciones comunitarias y los inversores privados. Al haber sido elegidos por estas regiones específicas, ya no podemos tolerar que la Unión Europea siga siendo una especie de lejano oeste para cazadores de primas comunitarias que reciben fondos públicos para incrementar la inversión en las cuencas de empleo y que ahora destruyen nuestro tejido industrial con su deslocalización.
La siderurgia y el textil no son los únicos sectores afectados por la desertización industrial. También hay que añadir el sector terciario, las empresas con el elevado valor añadido como Daewoo y Philips. ¿Qué quedará en el futuro si la Unión Europea no consigue hacer frente a este flujo de inversión, si se muestra incapaz de aplicar un código de derechos y deberes cada vez que se negocian subvenciones?. Una vez que hayan pasado estas crisis industriales, tendremos que aprender de ellas para establecer unas claras obligaciones de empleo en materia de calidad, cantidad y durabilidad en proporción con cada subvención comunitaria.
Cabría recordar, por ejemplo, que, entre 1988 y 1995, la cuenca de empleo de Longwy en Lorena, tan dañada por la fuerte crisis industrial, no exigió ninguna garantía para acoger a Daewoo, a pesar de que la empresa contaba con el fuerte respaldo de la ayuda comunitaria. Y ahora Daewoo abandona su mano de obra descaradamente y sin ningún tipo de restricción. Si bien desde entonces se ha reforzado el marco para tales ayudas, es evidente que sigue sin ser suficiente, así como tampoco lo son sus propuestas, señor Comisario, para restaurar la confianza de nuestros conciudadanos en la política social de la Unión Europea e incrementar el control de la legislación comunitaria, a fin de garantizar unas condiciones sociales y laborales en el espacio que estamos creando.
La Unión Europea no ha quedar reducida una fuente de dinero al contado, sino que ahora ha de insistir, como hicieron otros en su momento, «I want my money back» («quiero que me devuelvan mi dinero»), ante los filibusteros de las finanzas comunitarias. El desarrollo sostenible de nuestro continente, que es su única perspectiva a largo plazo, ha de lograrse a través de la triple política social de progreso, respeto del medio ambiente y una política económica solidaria y regulada. Hemos de poner fin a las malas prácticas del pasado, y usted no lo consigue, señor Comisario. Obliguemos a las empresas que han incumplido sus compromisos a reembolsar las subvenciones recibidas. Esté será el precio pagado por Europa, pero si Europa quiere tener futuro, será a ese precio.
Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por desgracia he de empezar con una nota de divergencia entre colegas porque lamento que la Sra. Figueiredo no haya podido resistir la tentación de dar prioridad a cuestiones secundarias en lugar de a la principal. La cuestión secundaria en este caso son los tiquismiquis de la oposición nacional. Encima, lo que está diciendo la Sra. Figueiredo no es cierto, porque el Primer Ministro, el Gobierno y las autoridades locales han sido persistentes e incansables en este asunto. De hecho, sus acciones corresponden a la actuación convergente de los diputados portugueses en esta Asamblea, y ello explica en gran medida la dirección que ha tomado este debate y gran parte del éxito alcanzado en lo que respecta a la resolución de compromiso, sobre la cual votaremos en breve.
Esperemos que, sobre todo en lo que respecta a este caso portugués, el de C & J Clark, que ha conmovido a todos en Portugal, la Comisión saque finalmente las conclusiones necesarias para poner fin a un problema que es tan antiguo: el problema de la caza de subvenciones comunitarias. Sigo recordando un ejemplo que hace diez años era famoso en Portugal: el del señor Thierry Rousell, que exploró con éxito -o eso decía- en la región de Brejão, sembró esperanza y luego robó muchos millones de escudos. Aún hoy sigue sin haberse sacado a la luz todo este asunto y aún no se ha hecho justicia. Se trata de problemas duraderos para los que algún día habrá que encontrar soluciones.
La deslocalización y reestructuración industrial, y el cierre de empresas una vez que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea no son fenómenos nuevos, pero su escala y su contexto ha cambiado considerablemente. Sabemos que las empresas tienen muchos y variados motivos para cerrar y luego trasladarse. Sin embargo, también somos conscientes de los efectos perjudiciales de las deslocalizaciones, sobre todo cuando quitan puestos de trabajo a regiones que no tienen alternativas. El reciente caso de C & J Clark en Castelo de Paiva habla por sí solo.
Estas decisiones han provocado diversos despidos, miles de puestos de trabajo están amenazados por la perspectiva nada lejana de despidos masivos de trabajadores -los que sobrevivieron a anteriores rondas de despidos-, con unas repercusiones extremadamente graves para la economía regional. A estas consecuencias podemos añadir todos los efectos indirectos de la caída de empleos y pedidos para empresas subcontratantes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas frágiles creadas a partir del proyecto principal y dependientes de él. Por consiguiente no podemos permanecer indiferentes. No podemos ignorar o fingir que no sabemos que en la mayoría de los casos, estas empresas, sobre todo en regiones del Objetivo I, se benefician de ayuda financiera comunitaria y de ayuda financiera directa o indirecta de los Estados miembros. Tampoco podemos ignorar o fingir que no sabemos que la mayoría de las empresas que cierran, que se deslocalizan o que intentan deslocalizarse no tienen problemas, sino que tienen éxito, con elevadas tasas de productividad y una reconocida calidad de productos. La decisión de cerrar es, por consiguiente, una decisión cruel desde el punto de vista social y viene dictada únicamente por razones económicas externas.
Hemos de asumir plenamente nuestras responsabilidades, recordando que la Unión Europea es el agente más significativo en el mundo en este ámbito y que ha de garantizar que haya una disciplina interna en las deslocalizaciones de empresas dentro del propio mercado interior. Por ello queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores directa o indirectamente afectados. Creemos que es inaceptable que una empresa multinacional que se ha beneficiado de ayuda financiera comunitaria en el Estado miembro en el que ha decidido establecerse pueda violar las obligaciones inherentes a esta ayuda. Apelamos a la Comisión y a los Estados miembros para que exijan a las empresas de dimensiones comunitarias que eviten tomar decisiones que perjudiquen el empleo salvo que se hayan considerado debidamente todas las posibles soluciones alternativas. Pedimos a la Comisión que averigüe de qué mecanismos de apoyo, tanto a escala nacional como comunitaria, se han beneficiado las empresas en cuestión y que lo divulgue. Es necesario que todos sepamos lo que está sucediendo en este ámbito y que la opinión pública también pueda ejercer control e imponer sus propias sanciones.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, Gislaved, Bengtsfors y Skövde se encuentran entre las localidades suecas en las que muchas personas han visto sus vidas destrozadas cuando un gran número de empleos se han transferido a otros países de la UE. A través de una dudosa y, en algunos casos, ilegal ayuda estatal, los ingresos fiscales se han utilizado para mover los puestos de trabajo dentro de la Unión Europea.
Una manera de defender unas reglas justas sería que la Comisión -y por consiguiente me estoy dirigiendo, en concreto, al Comisario Fischler aquí presente- castigara más duramente a los Estados miembros que violen el Artículo 87(1) del Tratado CE. En la actualidad, las opciones para imponer sanciones en virtud de este artículo se limitan a la posibilidad de que las industrias y los Estados miembros sean responsables de devolver la ayuda ilegal. Sin embargo, no tienen que pagar más que el importe de la ayuda más intereses. Por consiguiente, el castigo es leve en comparación que lo que ha sucedido. Estas consecuencias limitadas, junto con el hecho de que se descubren pocas violaciones del Artículo 87(1) del Tratado CE, tienen un efecto negativo en el mercado común europeo. La idea de un mercado interior se ve mermada por la distorsión de la competencia que se produce cuando se apoya a determinadas empresas y determinadas formas de producción sin exigir garantías.
Las pequeñas localidades en Suecia han sido hasta ahora los perdedores en el deshonesto tráfico de puestos de trabajo llevado a cabo en Europa. Para Bengtsfors y la provincia de Dalsland en la parte occidental de Suecia, por ejemplo, los efectos han sido desastrosos. Los Estados miembros han de acatar no sólo la letra del Tratado CE, sino también su espíritu. Por supuesto, casos como el de Bengtsfors socavan la confianza de la población en el mercado interior de la UE.
Ahora quiero formular expresamente dos preguntas al Comisario Fischler. La primera es si considera que las sanciones actuales son adecuadas y suficientemente severas en casos en que se otorga ayuda estatal a empresas con el resultado de que se transfieren puestos de trabajo de un país de la Unión Europea a otro. En tales casos, no se crean nuevos puestos de trabajo. En lugar de ello, se elimina un mecanismo social para ofrecer seguridad.
Mi segunda pregunta al Comisario Fischler tiene que ver con la respuesta dada anteriormente por la Comisión a una pregunta relacionada con la transferencia de puestos de trabajo en Bengtsfors en Dalsland a Portugal. ¿Cree el Comisario que en el futuro la ayuda estructural habrá de modificarse de forma que se dé prioridad a nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo en lugar de transferir puestos de trabajo de un lugar a otro?

Santos (PSE).
(sin micrófono) ... a causa de la afirmación de mi cultura y mi idioma, por desgracia representa en este momento la observación de que los principales problemas sociales causados por el fenómeno de la deslocalización se están viendo en Portugal. Se están viendo en Portugal sin que la Comisión haya tomado las debidas precauciones a tiempo -coincido con las colegas que ya lo han dicho antes- pero sobre todo, como resultado de que en Portugal las reglas están subordinadas a una forma totalmente excesiva de fundamentalismo financiero, que no tiene en cuenta la economía real ni a las personas.
Señor Presidente, señor Comisario, el refuerzo de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, especialmente en el contexto de los despidos colectivos, las transferencias de empresas y las insolvencias como resultado del cambio industrial, se enmarca en directivas que los Estados miembros han de respetar, transponiéndolos rápida y eficazmente a la legislación nacional, algo que no siempre sucede y que debe ser objeto de una acción especial por parte de la Comisión. Toda esta disciplina y armonización legislativa se vuelve más necesaria ahora que -afortunadamente- asistimos a un fenómeno de integración de las economías europeas que ha dado lugar a un elevado grado de inversión extranjera en producción. Es indiscutible que el saldo para el desarrollo de las diversas regiones europeas es altamente positivo, pues se conocen muchos casos de éxito de un tipo u otro que han contribuido al desarrollo económico y social de regiones que, sin esta inversión, podrían estar condenadas al estancamiento y al retroceso.
Por desgracia, también vemos con frecuencia situaciones de aprovechamiento indebido de las ventajas materiales obtenidas sin ninguna preocupación por contribuir a reforzar la cadena de valor producida en la región y, en concreto, sin ninguna preocupación social. Gran parte de la responsabilidad es de los propios Estados miembros, que facilitan la puesta en marcha y el funcionamiento de algunas unidades de producción a niveles inimaginables, otorgando prioridad a los intereses inmediatos.
El aumento en la deslocalización industrial que vemos en algunos países europeos y, si podemos generalizar, sobre todo, en las economías menos desarrolladas como la de Portugal, es totalmente inaceptable. Nada, ni siquiera el actual clima de estancamiento económico en Europa, justifica la conducta ilegal e inmoral en Portugal de algunas empresas respaldadas por capital extranjero. Han hecho sus inversiones libremente, las empresas han sido acogidas de buena fe y con grandes expectativas, y la ayuda concedida es normalmente generosa y se financia parcialmente de las arcas públicas. El constante menosprecio de los intereses de las comunidades regionales, de los individuos y de la propia Unión es por lo tanto completamente inaceptable.
Esta ayuda ha de estar condicionada a acuerdos a largo plazo en materia de empleo y desarrollo local, lo cual significa que no ha de concederse ayuda a empresas que no respeten estos compromisos. Asimismo empieza a ser necesario, como hemos manifestado en la propuesta de resolución, elaborar un código de conducta que regule las condiciones para deslocalizar puestos de trabajo y que también nos permita controlar las prácticas virtuales de empresas incumplidoras. Por ello es preciso otorgar un papel especial al Observatorio Europeo del Cambio Industrial, que puede ayudar a definir unas políticas alternativas para casos de deslocalización. Asimismo empieza a ser necesario incrementar y mejorar el uso del Fondo Social Europeo, concentrándolo en particular en la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores implicados.
Por último, es preciso promover y desarrollar programas eficaces que se concentren en la investigación y el desarrollo que hagan buen uso de los recursos humanos y mejoren las condiciones de acogida para las economías receptoras, sobre todo por parte de las autoridades nacionales de los países amenazados. Señor Comisario, quisiera aprovechar la oportunidad para transmitir nuestra preocupación por el deterioro de la actual situación social que están provocando en Portugal algunas empresas subvencionadas por la Comisión. A pesar de todo, estoy plenamente convencido de que la Comisión es sensible a la situación y que encontrará las medidas adecuadas para remediar la situación, teniendo en cuenta las leyes y los intereses de la Unión.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, esta resolución da por sentado que las instituciones europeas conceden ayuda pública a empresas privadas, aunque deseen tener cierto control del uso de esta ayuda. Personalmente estoy en contra del uso de fondos públicos para incrementar los beneficios privados. El dinero público, tanto si pertenece a los Estados miembros como a las instituciones europeas, debería reservarse para los servicios públicos. Por supuesto, por lo menos, deberíamos exigir que las empresas que no cumplen sus obligaciones y en particular las que aplican despidos después de recibir dinero público, reembolsen las subvenciones que han recibido. Del mismo modo en que, por lo menos, deberíamos denegar la concesión de subvenciones a empresas que, habiendo recibido ayuda en un Estado miembro, transfieren la producción a otro Estado.
Sin embargo, el problema real ni siquiera es éste. El problema está en el actual incremento exponencial en los despidos masivos. Es inaceptable que un patrono o un consejo de administración pueda decidir despedir a trabajadores simplemente para incrementar los beneficios de la empresa. Es inaceptable que se destruyan vidas y se arruinen regiones para pagar unos mayores dividendos a los accionistas.
Señor Fischler, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿de qué sirven las instituciones europeas si son impotentes frente a este problema fundamental? ¿Qué poder tienen si no pueden o no quieren obligar al menos a las grandes empresas que consiguen beneficios a mantener a sus empleados, prohibiéndoles poner en práctica los despidos masivos?

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, es muy interesante que nuestros colegas portugueses hayan llamado nuestra atención sobre este tema y hay que decir que hemos tenido numerosas contribuciones suyas. Quiero enfocar esta cuestión desde una perspectiva muy diferente.
Debo subrayar que no puedo defender a empresarios que se comportan de manera irresponsable o que toman ayudas estatales y luego no realizan el trabajo correspondiente. Si estudiamos las condiciones de las ayudas estatales -y les aseguro que he visto algunas de las solicitudes para mi propia región-, existen bastantes procedimientos para recuperarlas. Las autoridades portuguesas disponen de muchas maneras. Digo a casi todos mis colegas que han hablado en este debate que se están alejando del problema. Por esto quiero intervenir.
Podría informar a esta Cámara todos los meses sobre casos que suponen más pérdidas de puestos de trabajo de las que estamos hablando ahora: las empresas que necesitan reestructurarse, empresas que operan en el mercado mundial. No hemos oído pronunciar a nadie la palabra «mercado». Les recuerdo que trabajamos en un mercado. Las empresas deben producir bienes que los clientes puedan permitirse pagar, obteniendo unos beneficios, si no no podrían seguir dando trabajo a otras personas. Ahora vivimos en un mercado mundial en el que las empresas han de ser competitivas. Es completamente erróneo argumentar -como han hecho algunos colegas de la izquierda de esta Cámara- que cada cierre se debe a que una empresa «quiere aumentar su resultado neto». Los cierres que he visto se han debido a que la empresa quiere mantenerse a flote en el negocio, para seguir dando empleos de alta calidad.
He estado en empresas donde me han dicho: «Este es el componente que estamos fabricando ahora y este es el que podemos encontrar ahora en China o Indonesia. Son de la misma calidad, pero puedo comprar este producto completamente acabado al precio que he pagado la materia prima en el Reino Unido.» Esta es la realidad. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
Las empresas que se enfrentan a este tipo de competencia deben averiguar las formas en que pueden reestructurarse, invertir, cambiar el proceso, introducir investigación y desarrollo. El Sr. Santos ha sido el primero que ha mencionado este aspecto. Disponemos de fondos del sexto programa marco. Disponemos de fondos de investigación que proporcionar a las empresas para el completo rediseño y reconfiguración de los procesos. Las industrias y los sectores vulnerables deben colaborar mucho mejor.
Quisiera que transmitieran el mensaje al Comisario Monti -quien creo que debería estar aquí- de que debemos animar a las industrias a que trabajen conjuntamente en la reconfiguración de sus procesos para fabricar productos de mejor calidad de forma más competitiva y a un precio mejor. Me ha sorprendido ver que se había quitado la referencia en mi resolución a la producción a un coste más bajo. Producir bienes a un coste más bajo es crucial.
Procedo de una región en la que existe una industria tradicional, la cerámica, y que se enfrenta a este tipo de presión. Esta industria está empezando a reconfigurarse y a colaborar con el apoyo del Gobierno británico, utilizando fondos europeos, para resolver los problemas.
El otro día fui a visitar una empresa que hace productos de cerámica en competencia con productores portugueses que tienen menores costes. Esa empresa ha invertido 55 millones de euros para reconfigurar su proceso. Ha perdido empleos a raíz de ello, pero ha colaborado con un sindicato a tal fin. Este es el tipo de cambio fundamental que queremos. Esto es lo que la Comisión debe alentar. No queremos más debates tediosos en esta Cámara sobre la intervención estatal, o sobre críticas a las direcciones de las empresas. Si nos apartamos del tema y no conseguimos que la industria europea sea competitiva, seguiremos teniendo este tipo de problemas.

De Keyser (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, durante el último periodo parcial de sesiones, los trabajadores de la siderurgia vinieron a manifestar su angustia por la reestructuración de Arcelor. Salieron del Parlamento estupefactos, asqueados por no haber sido oídos, y algunos anunciaron que volverían, pero sólo para causar daños. Los estibadores estuvieron aquí esta semana, y casi lo destrozan todo.
Si Europa sigue ignorando el impacto social de las políticas de liberalización que está aplicando, habrá más explosiones. Por supuesto, Europa no es responsable de estas reestructuraciones incontroladas, pero, al menos, deberíamos intentar regularlas. Sin embargo, por ahora hay una total negativa a hacerlo. La Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, la Sra. Diamantopoulou, ya ha anunciado que no habrá directiva al respecto. Tampoco se elaborará un código europeo de buena conducta para las empresas. Nada. Pero cuando no hay nada y no hay salida política para la desesperación, la violencia se convierte en el último recurso. Hoy, aunque no le guste al Sr. Harbour, la reestructuración de grandes empresas se ha vuelto activa, es decir, lejos de satisfacer la necesidad de adaptarse a las fluctuaciones del mercado, responde únicamente a cálculos financieros. Estos cálculos se basan en las cotizaciones y anticipan los beneficios que pueden obtenerse a muy corto plazo con un recorte masivo de los costes de personal. Por último, incluso en el caso de planes sociales caros, los cálculos son rentables y se obtiene una rentabilidad en una media de dos años. Sin embargo, esta operación bursátil olvida por completo a los hombres y mujeres cuyas vidas están destruyendo y el aumento del estrés y de la carga de trabajo que generan para los que describen como supervivientes. Asimismo ignoran los costes externalizados como la ayuda pública y el subsidio de desempleo.
Cabría preguntarse cuál es el papel de Europa en estas intrigas internas de los Estados miembros. Quizás ninguno, salvo que el vasto mercado y las reglas de libre competencia que apoya crean espacios donde, aparentemente, todo está permitido. El ejemplo portugués de empresas que se deslocalizan es tan sólo una gota en el océano, pero es representativo. Europa ha de dar respuestas genuinas a esta tendencia, que no es un accidente económico, sino el resultado de planes de acción financieros, que sólo pueden conducir a la violencia.
Fischler
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero hacer la observación fundamental de que también la Comisión aplaude y apoya su iniciativa de abordar esta cuestión sumamente difícil. También podemos aceptar la mayoría de los puntos y apoyar los que se incluyen en la propuesta de resolución.
Sin embargo, quisiera responder en tres apartados independientes a las preguntas que han formulado diversos oradores, preguntas que agradezco mucho, pues han conducido a un debate muy equilibrado. En primer lugar, creo que a pesar de nuestras políticas estructurales y de apoyo, no podemos ignorar el hecho de que nos encontramos en un sistema de economía de mercado y que la principal tarea ha de ser garantizar que este sistema de economía de mercado funcione. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo de Manchester, sino más bien con la adherencia a, por ejemplo, nuestras reglas de competencia europeas, pues si no se pudiese garantizar que la competencia funciona, se contradiría toda nuestra política de apoyo y toda la política estructural y de cohesión. Creo que es algo que no podemos permitir. La consecuencia es que las pruebas que indican la importancia de que tengamos una economía de mercado que funciona son muy importantes y no podemos permitir que se pasen por alto.
En segundo lugar, cabe preguntarse qué podemos hacer para garantizar que no se utilice mal la ayuda, sino que se aplique para la finalidad para la que fue concedida.
En relación con este punto, durante mi primera intervención he descrito los elementos de las reglas actuales, y ni que decir tiene que, en este ámbito, la Comisión ha de garantizar que si no se cumple una u otra regla -por ejemplo, cuando una empresa, en contra de lo establecido en su acuerdo con el Estado miembro en cuestión, se traslada a otro lugar antes de la fecha permitida- entonces, se tendrá que reembolsar la ayuda.
A la afirmación hecha por algunos de ustedes de que sobre todo se necesitan sanciones, solo puedo decir que, actualmente, la devolución es la sanción. En estos momentos no existen sanciones adicionales. Se trata de una cuestión que quizás debería debatirse en la Convención, pues si se buscaran sanciones adicionales, por ejemplo de índole financiera, sería preciso estipularlas en el Tratado. Tal posibilidad no existe en la actualidad en el Tratado.
La tercera cuestión que quisiera abordar es la de si se da un trato preferencial a empresas nuevas. Para empezar, no tiene mucho sentido en este contexto insistir en que una empresa se haya establecido recientemente. Mucho más interesante es centrarse en la consideración de cuántos nuevos puestos de trabajo generará el apoyo a un proyecto. Este es el factor decisivo. De lo que se trata es de incrementar el nivel de empleo en estas regiones.
Han hecho ustedes diversas sugerencias pensando en el futuro, y quiero decir algo al respecto. Uno de los puntos de su propuesta de resolución es la exigencia de que la Comisión elabore una lista de empresas que han sido declaradas culpables por un tribunal de justicia. Podemos ver dificultades en lo que respecta a la protección de datos. Es un hecho, y hemos de aceptarlo.
Aparte de ello, este debate llega en el momento oportuno, pues hoy tendremos ocasión de debatir la política estructural en el contexto del nuevo informe de cohesión. Por ello es apropiado que se hagan propuestas sobre cómo mejorar las reglas de concesión de financiación estructural.

El Presidente.
Gracias, Comisario Fischler.
He recibido cinco propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las seis siguientes propuestas de resolución sobre Camboya:
B5-0170/2003 del Sr. Corbett y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los preparativos para las elecciones en Camboya;
B5-0174/2003 de la Sra. McKenna y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003;
B5-0176/2003 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003;
B5-0177/2003 del Sr. Vatanen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales del 27 de julio de 2003;
B5-0180/2003 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Camboya;
B5-0186/2003 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Camboya antes de las elecciones generales.

Gill (PSE).
Señor Presidente, acojo favorablemente esta resolución, que destaca el declive de la situación política en Camboya. La situación debe cambiar antes de que el país celebre sus elecciones generales en el mes de julio.
Aunque nosotros como demócratas acogemos con satisfacción estas elecciones, no tendrán sentido si los activistas políticos continúan siendo intimidados y acosados. Los informes que afirman que el proceso de registro de los votantes es injusto y antidemocrático son causa de grave preocupación, y deben dar pie a acciones efectivas.
En nuestra resolución urgimos a las autoridades camboyanas a que aseguren unas elecciones libres y justas, así como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad religiosa, entre otras. En realidad, sin embargo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para presionar a las autoridades a fin de que hagan estos cambios. La Unión Europea debe colaborar con la ONU y otras organizaciones internacionales sobre el terreno para seguir los acontecimientos e intentar encontrar soluciones antes de que el país pierda toda esperanza de celebrar elecciones libres y democráticas.
Actualmente, la libertad de expresión está siendo pisoteada por las autoridades camboyanas. El estallido de violencia que tuvo lugar en Phnom Penh es una reacción a los comentarios de una actriz tailandesa de que Angkor Wat debería ser devuelto a Tailandia. Esto debe ser condenado. Hasta ahora, la solución de las autoridades a la violencia en Phnom Penh ha sido arrestar a los periodistas que publicaron la noticia y cerrar las fronteras con sus vecinos tailandeses. Es más, la única emisora de radio independiente de Camboya fue clausurada, acusada de incitar a los disturbios. El Gobierno camboyano reaccionó a este sentimiento antitailandés entre su población expulsando a cientos de tailandeses del país. Estos abusos de la libertad y estas claras muestras de xenofobia deben cesar inmediatamente.
Así pues, aplaudo esta resolución y hago un llamamiento a la Unión Europea en su conjunto para que mantenga su vigilancia de la situación en Camboya, y hacer todo lo que podamos para garantizar unas elecciones democráticas este verano.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, lamentamos que, en el momento de esta nueva resolución sobre un país del Sudeste asiático, una vez más nuestro Parlamento tenga que condenar unos déficits graves y crecientes en materia de respeto de la democracia y los derechos humanos.
Camboya, a pesar de las prometedoras perspectivas que podrían haberse previsto en otro tiempo, está quedando peligrosamente sometida bajo la influencia de una junta autoritaria, similar a la de sus países vecinos, Lao y Myanmar. Mientras la democracia apacigua las guerras, la yuxtaposición de regímenes despóticos supone aquí una peligrosa amenaza para toda esta subregión asiática. ¿Cómo si no podemos interpretar la crisis que se ha abierto entre Camboya y Tailandia, que ha provocado el saqueo de la embajada de Tailandia y de posesiones tailandesas en Camboya y el cierre de las fronteras terrestres entre ambos países? Este conflicto fronterizo refleja lo que sucede a diario en la sociedad camboyana, que es un mosaico de etnias y de diversidad cultural y religiosa, que se ha visto dura y deliberadamente debilitado por el líder golpista Hun Sen. La violencia de Estado y todo tipo de persecuciones han desembocado recientemente en el asesinato en la calle del Sr. Om Radsady, asesor presidencial de la Asamblea Nacional.
Europa ha de usar los numerosos canales disponibles, a fin de estabilizar este país, y también toda la región, sobre todo en tiempos de elecciones. No olvidemos que Camboya es el principal beneficiario de ayuda de esta región.

Belder (EDD).
Tanto la situación en Camboya como la situación con respecto a sus relaciones con sus vecinos exigen hoy nuestra atención. Las continuas tensiones con Tailandia y una atmósfera de intimidación política caracterizan el período previo a las elecciones generales del 27 de julio. Por ello, la presente propuesta de resolución es oportuna.
La situación religiosa en Camboya también causa preocupación, lo cual es curioso, pues hasta ahora el país se distinguía para bien de sus vecinos Lao y Viet Nam en lo que se refiere a la libertad religiosa. Aun así, las iglesias cristianas están preocupadas, dado que aumentan los conflictos entre budistas y cristianos. Nuevas directrices del Ministerio de Asuntos Religiosos también amenazan con reducir mucho la libertad de que gozan los cristianos para practicar su religión en público, ofrecer enseñanza cristiana o construir nuevas iglesias. La resolución pide con razón al Gobierno camboyano que retire estas directrices. Sinceramente espero que el Consejo y la Comisión apoyen activamente este llamamiento.
La resolución contiene otro llamamiento a las autoridades camboyanas que también cuenta con mi pleno respaldo. Han de tomar todas las medidas necesarias para frenar el maltrato a los niños. Por desgracia, el tráfico de mujeres y niños es, en cualquier caso, un creciente problema en Camboya. Personas con acceso a información confidencial recalcan que el Gobierno nacional podría hacer más al respecto. Los Estados Unidos comparten esta opinión. Su embajador ha hecho muy recientemente la siguiente advertencia al Gobierno camboyano: recibirán menos ayuda si no consiguen resolver el problema. Especialmente en estos tiempos de distanciamiento transatlántico, Bruselas ha de constituir un frente unido con Washington a propósito de esta cuestión.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, esta Asamblea ha prestado mucha atención a Camboya desde los días de Pol Pot, el comunista de la Edad de Piedra con un doctorado en filosofía por la Sorbona. Desde entonces, hemos hecho campaña a favor de la libertad de los camboyanos, incluso después de que el Jemer Rojo fuera sustituido por la ocupación vietnamita, e incluso cuando la situación parecía tan desesperada como en la lucha contra el régimen impuesto por el Jemer Rojo, seguimos apoyando los derechos humanos de los camboyanos.
Lo hicimos en estrecha colaboración con Son San, un veterano de la democracia camboyana, que ha visitado con frecuencia esta Asamblea. Lo que más preocupa es que el actual deterioro de la situación vino precedido de signos de esperanza en forma de las elecciones locales del pasado año, que ofrecieron una base firme, por lo menos en los términos más generales, para el inicio de la democracia, que sólo puede establecerse desde el suelo hacia arriba, es decir, desde las comunidades locales, en muchas de las cuales ?afortunadamente? está realmente creciendo.
Lo que empeora aún más la cuestión es que la represión desde el centro hacia fuera, es decir, por parte del Gobierno, está aumentando en estos momentos. Esto está relacionado con el temor del régimen por los movimientos democráticos y la oposición; tiene que ver con la inestabilidad resultante de la cuestión no resuelta de la sucesión al trono, y con muchos conflictos étnicos y religiosos, sobre los cuales he de decir, en respuesta al Sr. Belder, que estos conflictos no se producen únicamente entre cristianos y budistas, sino que creyentes, tanto budistas como cristianos, son perseguidos, y hemos de defenderlos a ambos.
Por esta razón, quiero dejar claro que, aunque nuestro acuerdo de cooperación con Camboya fue un paso adelante, fue también una garantía de nuestra confianza, y tal garantía sólo está justificada si se prosigue sin interferencias con los cambios iniciados por las Naciones Unidas, con el Estado de Derecho y con el inicio de la democracia. Sin embargo, si las elecciones del 27 de julio se aprovechan para lograr que los líderes de la oposición teman por sus vidas, y para intimidar a grupos religiosos y minorías étnicas, se tratará de un cambio lamentable que presagia una reacción temible y algo que no podemos aceptar.
Así pues, estamos a favor de apoyar a la incipiente democracia y de cooperar con ella, pero también hemos de dejar claro a nuestros socios camboyanos que, si ponen en peligro su democracia, también estarán poniendo en peligro la cooperación con la Unión Europea.
Maaten (ELDR).
Señor Presidente, estoy encantado con los avances realizados en materia de cooperación económica con Camboya y otros países asiáticos, y estoy también a favor del apoyo financiero que concede la Unión Europea a Camboya, pero con una reserva, y enseguida me referiré a ella. Quisiera recordarle que de todos los países a los que la Unión Europea concede apoyo financiero, Camboya es el que más apoyo recibe por habitante.
Sin embargo, estoy muy preocupado por la situación de los derechos humanos en Camboya. Todos sabemos que prácticas como la tortura de presos, la implicación del ejército y de la policía en el tráfico de mujeres y niños, y la detención durante un tiempo excesivo antes del juicio son moneda de uso corriente. Me refiero, en concreto, a las recientes noticias acerca del asesinato de Om Radsady, el expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento camboyano, de las amenazas contra la princesa Vacheahra, actual presidenta de esta Comisión, y de la continua violación de los derechos de los partidos de la oposición, especialmente del partido de Sam Rainsy, al que se acusa de ser el responsable del ataque contra la embajada tailandesa en Phnom Penh.
Señor Presidente, a la luz de estos sucesos, exijo que no se permita que la ayuda de la Unión Europea a Camboya sea incondicional y que nuestros representantes en Phnom Penh ejerzan una presión expresa sobre el Gobierno camboyano para que se esfuerce al máximo por mejorar la situación de los derechos humanos en su país. Con vistas a las próximas elecciones, la Unión Europea ha de exigir también que se garanticen unas elecciones libres, justas y democráticas, así como la seguridad de los líderes de la oposición: de lo contrario, la Unión Europea debe revocar, de inmediato, su acuerdo de cooperación con Camboya. Sería una total falta de credibilidad que la Unión Europea, que siempre ha defendido la mejora de los derechos humanos y ha fomentado la democracia en otras partes del mundo, concediera tales ayudas financieras a un país que no puede garantizar ninguna de estas cosas.

Dupuis (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría empezar dando las gracias a la Comisión. Creo que si hemos evitado lo peor en las últimas semanas ha sido gracias a la actuación de la Comisión y, en concreto, del Comisario Patten. Hace dos semanas, viajé a Phnom Penh. Allí, recibí un rapapolvo de los embajadores de la Unión y del representante de la Comisión, que encontraron exagerada la preocupación que expresé, junto con el Sr. Maaten, entre otros, cuando el Sr. Sam Rainsy se vio obligado a refugiarse en el consulado estadounidense. Unos días después, la hermana del rey Norodom Sihanuk recibió graves amenazas del Primer Ministro y, dos días más tarde, el Sr. Om Radsady, con quien me había reunido en compañía del príncipe Ranariddh, fue asesinado.
Creo ?o, al menos, así lo espero? que estos sucesos hicieron reflexionar posteriormente a los representantes de la UE en Phnom Penh. Es extraño que, aquí en Bruselas o Estrasburgo, tengamos una percepción más exacta de los problemas y peligros que ponen en peligro al proceso democrático que las personas que viven en Phnom Penh. Creo que también deberíamos plantearnos todos los proyectos de cooperación que gestionamos, así como la suma de dinero que representan. Creo que esto influye en el tipo de relaciones que pueden tener los representantes de nuestros países o de nuestros órganos en Camboya, con la multiplicación de cócteles y de reuniones con importantes autoridades locales.
La situación sigue siendo sumamente preocupante. Creo que nuestra resolución es una buena resolución, y me gustaría dar las gracias a los autores. Considero que la amenaza de anulación del acuerdo de cooperación, porque de esto es de lo que estamos hablando precisamente, es muy importante. Es una señal que puede ser oída por las autoridades de Phnom Penh para alentarlas a seguir con el proceso democrático hasta julio. Sin embargo, no creo que sea suficiente, y con respecto a la misión de observación electoral, creo que el balón está actualmente en el campo de nuestro Parlamento. La Comisión ha hecho propuestas para nombrar al jefe de esta misión de observación electoral. No creo que el Parlamento deba perder ni un solo día para responder a la invitación de la Comisión y nombrar al responsable de la misión de observación cuanto antes, para que pueda ir inmediatamente a Camboya, realizar viajes frecuentes a este país y controlar todo el proceso desde ahora hasta julio. Esta persona no ha de ser un mero testigo del recuento de votos durante las elecciones.
Ahora se está jugando la partida más crucial sobre el acceso a los medios de comunicación, controlados en un 95% por las autoridades de Phnom Penh. Por ello, esta misión electoral tendrá que forcejear con las autoridades camboyanas. Hago un llamamiento a las personalidades competentes del Parlamento para que garanticen que se nombre a una persona fuerte y la envíen cuanto antes a Phnom Penh.
Fischler
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está totalmente de acuerdo con el Parlamento, en el sentido de que las recientes muertes violentas de muchos políticos camboyanos, a las que se han referido varios diputados, son motivo de gran preocupación. La Comisión espera que el clima político no se deteriore más, en un momento en que se están haciendo preparativos para las próximas elecciones legislativas en Camboya.
La Comisión expresa también la esperanza de que la investigación iniciada por el Gobierno Real sobre el trasfondo de los disturbios del 29 de enero de este año ayude a estabilizar más el país. Les aseguro que la Comisión, en estrecha consulta con los Estados miembros de la UE, está siguiendo el curso de los acontecimientos en Camboya con suma atención. Además, la Comisión está preocupada por la situación de los medios de comunicación en Camboya. Es cierto que se permite la libre expresión de la opinión en la prensa, pero los medios de comunicación públicos siguen estando bajo control gubernamental en un inmenso grado.
Esto ya lo señaló la comisión de la UE enviada para observar las elecciones locales del año pasado, y también la Comisión, en sus representaciones ante las autoridades camboyanas. Una misión preparatoria, dirigida por la Comisión y compuesta por expertos en elecciones y representantes de los Estados miembros, permaneció en Camboya del 24 de enero al 4 de febrero. Sobre la base de la información que trajeron, se tomará una decisión sobre si vamos a apoyar o no el proceso electoral (y cómo hacerlo), y ante todo, sobre si tiene sentido, o si es aconsejable o viable, enviar una misión europea para observar las elecciones del 27 de julio.
Todas las personas con las que hemos mantenido un diálogo en Camboya se han declarado a favor de que la UE se vea implicada en el proceso electoral y han expresado la opinión de que la misión de los observadores durante las elecciones locales del año pasado había contribuido mucho a fomentar un clima de confianza y de transparencia durante el proceso electoral. El resultado de la misión preparatoria, que llamó la atención tanto sobre aspectos positivos como dudosos de los preparativos de las elecciones, hizo que los Estados miembros de la UE apoyaran la recomendación de la Comisión de enviar una misión para observar la próximas elecciones. La Comisión señala con satisfacción que el Parlamento ha apoyado esta decisión.
Paso, a continuación, al problema de los impedimentos civiles impuestos a las asociaciones cristianas. Un decreto del 14 de enero para la prevención de conflictos entre agrupaciones religiosas ha autorizado, y cito: «todas las actividades relacionadas con la propaganda y el proselitismo religioso, incluida la difusión de folletos informativos, sólo dentro de las instituciones religiosas».
Sin embargo, es posible obtener permiso del Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos para realizar tales actividades en público. Estas disposiciones no sólo se aplican a los cristianos, sino también a todos los grupos religiosos, y se introdujeron para reducir el riesgo de conflictos y enfrentamientos motivados por la religión. En ausencia de un análisis jurídico profundo, parece que este decreto, al igual que otras medidas promulgadas hasta la fecha por el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, no constituye necesariamente una violación de la Declaración de los Derechos Humanos o de la Constitución camboyana.

El Presidente.
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las cinco propuestas de resolución:
(B5-0171/2003) de la Sra. Kinnock, el Sr. Veltroni y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre Myanmar;
(B5-0173/2003) de la Sra. McKenna y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Myanmar;
(B5-0178/2003) de la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Van Orden, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la renovación y el fortalecimiento de la Posición común de la UE sobre Myanmar;
(B5-0181/2003) de la Sra. Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la renovación de la Posición común de la UE sobre Myanmar;
(B5-0185/2003) de la Sra. Malmström, el Sr. Maaten y el Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la renovación y el fortalecimiento de la posición común de la UE sobre Myanmar.

Napoletano (PSE).
Señor Presidente, con esta resolución conjunta, el Parlamento hace unas peticiones muy claras al Consejo y a la Comisión en torno a las competencias respectivas, entre otras cosas, porque se ha acordado unánimemente que en Myanmar hay una situación de total violación de los derechos humanos, políticos y sociales.
Se constata que el régimen militar sigue impidiendo cualquier actividad democrática del Parlamento elegido en 1990 y la Comisión parlamentaria que lo representa, creada en 1998. Se constata que, aunque ya no está bajo arresto domiciliario, Aung San Suu Kyi está siendo sometida a presiones, amenazas e intimidaciones. Se constata que el recurso sistemático a la tortura, a las ejecuciones extrajudiciales y a la mano de obra forzada está extendido en Myanmar.
Por consiguiente, las peticiones son bastante claras y directas: hacemos un llamamiento a la Comisión para que exponga el problema del trabajo forzado en Myanmar ante la Organización Mundial del Comercio, recordando que, en la Declaración de Singapur, la OMC dijo que la OIT era competente para tratar cuestiones de respeto de la legislación laboral. Asimismo, hacemos un llamamiento al Consejo para que no muestre signos de apertura hacia el régimen de Yangon, refuerce la Posición común y ejerza la máxima presión sobre el país, incluida la presión sobre las inversiones extranjeras.
Éste es el llamamiento muy claro que hace el Parlamento. Esperamos una respuesta de la Comisión. Es una pena que no podamos tener una respuesta del Consejo, pero la petición está incluida en la resolución.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, dada la situación en Myanmar, como nos la ha descrito la Sra. Napoletano, pueden ustedes imaginarse qué expectativas y esperanzas suscitará en la sociedad civil del país esta firme resolución sobre Myanmar, donde no se respeta el Estado de Derecho; y qué temores provocará en la junta militar que actualmente está en el poder, si esta resolución determina la política de la UE con respecto a Myanmar.
Hasta ahora, las medidas tomadas por la Unión Europea para mejorar las condiciones de vida en Myanmar, para intentar aliviar la situación de sus millones de habitantes, se han limitado a declaraciones de principios y a declaraciones políticas que nunca se han visto acompañadas de hechos. Ahora está involucrada la responsabilidad política y moral de la UE. Quizás debería estar involucrada hasta el punto de llevar a cabo acciones judiciales. ¿Acaso las grandes inversiones realizadas por los Estados miembros, independientemente de cualquier evolución del régimen militar, no representan una colaboración de facto en el mantenimiento de la junta en el poder? ¿Acaso las empresas europeas no explotan cínicamente la mano de obra de este Estado-prisión, que se ha convertido en un gigantesco campo de trabajos forzados, en el que no se aplica el concepto de ciudadanía?
Este país está, sin duda, alejado del continente europeo y de la legislación europea. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes del carácter totalitario del régimen, y de que las propuestas de resolución proceden de todos lados, bajo el sol de Myanmar perdura la situación actual, a saber: la ausencia de un Estado de Derecho. Hemos de activar la palanca económica e industrial de la Unión Europea para prohibir cualquier inversión por parte de los Estados miembros en regímenes no democráticos. Hemos de garantizar que la política industrial de los Estados miembros sea moral. Hemos también de utilizar la fuerza de la acción diplomática y la política comunitaria en toda esta región asiática, que ha compartido historia con algunos Estados miembros, y para cuyo desarrollo siguen siendo importante las relaciones con Europa.
Debemos considerar a los criminales que están en el poder en Myanmar en el contexto actual, en el contexto de la Corte Penal Internacional que ahora funciona de manera permanente para entablar acciones judiciales contra todos los individuos acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se han acabado los tiempos de las declaraciones de principios. La Unión Europea debe más que esto a la ganadora del premio Sajarov y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, a los 1 200 presos políticos, y a través de ellos, a los millones de ciudadanos de Myanmar. La presente resolución es muy firme y muy completa. Cada apartado debería servir de marco para una verdadera política comunitaria sobre la junta militar, y por consiguiente, a favor de la sociedad civil.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, a menudo se nos presenta un dilema cuando tratamos con regímenes perversos y repugnantes. Algunos harán un llamamiento al diálogo, querrán exponer sus preocupaciones e instar al régimen a que cambie sus formas. Otros, los realistas, queremos acciones más duras y optamos por el aislamiento del régimen y por las sanciones. Cada situación es distinta y requiere medidas diferentes.
Se puede decir con cierta seguridad que los tiranos rara vez atienden a razones y responden únicamente cuando ven seriamente amenazados sus intereses vitales, a menudo personales. La Unión Europea y la comunidad internacional más amplia pueden ser órganos poderosos cuando actúan unidos, con coherencia y decisión. Cuando están divididos o profieren amenazas vacías, enviando mensajes diferentes a través de otros canales, entonces los tiranos no ven ninguna necesidad de responder. Esto lo estamos presenciando en Irak. Está claro que Saddam piensa, aunque se equivoca, que se le va a permitir salirse con la suya. En ocasiones se toman medidas duras, pero apenas hay resolución a la hora de aplicarlas, o bien hay esfuerzos deliberados por socavarlas. Este sería el caso de Zimbabwe, donde el propio destinatario de las sanciones de la UE ha obtenido una exención específica para viajar por todo lo alto a una capital europea.
Ahora de nuevo volvemos a Myanmar, otro régimen abominable, que constituye otro caso en el que los esfuerzos de la Unión Europea y de la comunidad internacional para contribuir al cambio han dado pocos resultados tangibles. Llevamos muchos años haciendo esto. El Parlamento viene adoptando resoluciones y el Consejo posiciones comunes desde 1996. ¿Qué podemos mostrar después de todo? ¿Dónde está la aplicación y la resolución para obtener algunos resultados reales? Las actuales sanciones contra el régimen de Myanmar expirarán el 29 de abril. El Consejo debe renovar las sanciones, pero debería endurecerlas, introducir nuevas medidas, como la prohibición de las inversiones, eliminar las exenciones a la prohibición de viajar y extenderlas para incluir a todos los miembros de la junta militar. Las sanciones deben reforzarse seriamente. Además, insto a la Comisión y al Consejo a que evalúen por qué las acciones emprendidas hasta la fecha han sido ineficaces y hagan recomendaciones para poner remedio a la situación.

Morgantini (GUE/NGL).
Señor Presidente, la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen militar de Myanmar se prolonga desde hace demasiados años ?el Parlamento debería involucrarse, pero parece como si no existiera?, aunque sin duda se han producido mejoras en los ámbitos de la vida política y social, y se han realizado avances en la esfera de las libertades individuales, sobre todo con la puesta en libertad de una mujer admirable que dirige la resistencia democrática y no violenta con determinación y dignidad: Aung San Suu Kyi. Sin embargo, aún no es libre y no puede moverse con libertad.
No obstante, en realidad Myanmar sigue sufriendo la represión contra las minorías étnicas, las violaciones y la violencia contra las mujeres. La eliminación de los disidentes políticos y las ejecuciones sumarias no se han detenido. La tortura, la detención y la mano de obra forzada son algo habitual. A pesar de los desmentidos del Gobierno, creo que se sigue obligando a niños a unirse al ejército y también, lamento decirlo, a las fuerzas militares rebeldes.
Hay miles de personas que sufren y sobre las cuales no sabemos nada por los medios de comunicación, al contrario, me alegra decirlo, que en el caso de los 13 años de arresto domiciliario impuestos a la premio Nobel de la Paz. Consideremos, por ejemplo, el trágico sistema de los niños-soldado. «Es una buena idea reclutar a niños porque hacen el mismo trabajo que los adultos, pero al ejército enemigo le cuesta más verlos», tuvo el valor de decir un funcionario.
El trabajo forzado sigue siendo algo habitual: estudios recientes de Amnistía Internacional han demostrado que cerca del 90% de la población del estado de Shan está sometida a trabajos forzados. Estas personas no tienen opción: o el trabajo forzado o la cárcel. Su trabajo, por el que no son remunerados, consiste en construir infraestructura militar, carreteras, edificios y campos militares, e incluso en realizar tareas militares. Trabajan sin descanso de la mañana a la noche, sin alimentos salvo una pequeña cantidad de arroz tostado.
A pesar del hecho de que el Código Penal de Myanmar ha prohibido el trabajo forzado, la situación no ha cambiado. No ha cambiado, a pesar de la presencia de la Organización Internacional del Trabajo. Incluso los recientes esfuerzos del Gobierno tailandés se han visto frustrados por la categórica oposición de las autoridades de Myanmar, que se han negado a conceder permisos a miembros de la oposición política para abandonar el país, a fin de debatir los problemas económicos. Lo peor de todo es el continuo abuso de poder por parte del ejército, los servicios de inteligencia militar, la policía y otros cuerpos de seguridad.
Creo de verdad, como ya han dicho otros diputados, que la Unión Europea debe seguir usando su influencia, con el fin de hacer presión para que se reanuden cuanto antes las negociaciones entre las agrupaciones democráticas, las minorías étnicas y el Estado, y de presionar a las autoridades, continuando con la actual política comercial con respecto a Birmania, y, a ser posible, tomando medidas aún más firmes para frenar, en concreto, el trabajo forzado. Ha de procurar también...
(El Presidente interrumpe a la oradora.)
Van den Bos (ELDR).
Los generales de Myanmar siguen declarando la guerra a su población. No les importa nada el resto del mundo. El régimen militar sigue batiendo todos los récords en lo que respecta a violación de derechos humanos, presos políticos, trabajo forzado, niños-soldado, censura de medios de comunicación, violación de las libertades religiosas y violencia contra las minorías. Todo lo que no debería suceder sucede en Birmania. A la hora de fijar una nueva posición común, la Unión Europea ha de hablar con claridad. Ya va siendo hora de que los generales pongan en libertad sin condiciones a los 1 200 presos políticos que mantienen encarcelados en terribles circunstancias y a los que someten a torturas. El Consejo y la Comisión deben analizar muy detenidamente la violación sistemática de las mujeres y la esclavitud sexual, y han de abogar por una investigación internacional al respecto. La OIT ha de tener acceso a todas las zonas donde existen trabajos forzados. La Comisión Europea ha de denunciar estos abusos ante la OMC. La Unión Europea también ha de exigir que el régimen ponga fin a la impunidad que se aplica a todos aquellos que son culpables de tortura, trabajos forzados, deportaciones o ejecuciones ilegales.
Por último, señor Presidente, es de suma importancia que los refugiados de Myanmar en Bangladesh no sean repatriados a la fuerza. Aunque puede ser cierto que se ha concedido un poco más de libertad de movimientos a la NLD de Aung San Suu Kyi, esto parece más bien una fachada que un cambio significativo en la política. La Unión Europea ha de reforzar las sanciones contra Myanmar. Es preciso introducir la prohibición de inversiones extranjeras. Hay que denunciar a las empresas europeas que tienen sangre de ciudadanos de Myanmar en sus manos para servir a sus accionistas. Por desgracia, sigue habiendo Estados miembros que valoran más sus intereses comerciales que una política de derechos humanos coherente. El pueblo de Myanmar sólo tendrá una oportunidad de derrocar a los generales si cuentan con un amplio apoyo internacional.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, los grupos de trabajo competentes del Consejo están elaborando, en la actualidad, una nueva Posición común de la Unión Europea sobre Myanmar, dado que la existente vencerá el 29 de abril.
Como saben Sus Señorías, la Posición común se ha reforzado en diversas ocasiones desde 1996. Al hacerlo, la Comisión y los Estados miembros han intentado elaborar sanciones con un objetivo preciso: que afecten a las personas a las que queremos castigar y eviten efectos negativos en ciudadanos inocentes de dicho país. Asimismo, se ha estipulado que, también en el futuro, el Consejo responderá adecuadamente a los cambios tanto favorables como adversos en Myanmar.
Creo que el Parlamento comprenderá por qué la Comisión no puede anticiparse a los resultados de los actuales debates, pero puedo asegurarles que, cuando se amplíe la Posición común, se reexaminará el conjunto de líneas de actuación de que disponemos.
En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la Comisión y los Estados miembros comunitarios ya han reafirmado, en diversas ocasiones, su disposición a proporcionar ayuda humanitaria a los sectores más necesitados de la población birmana.
Me gustaría confirmar, por lo que se refiere a los trabajos forzados, que la Comisión apoya incondicionalmente tanto la resolución más reciente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, como la postura de la OIT en defensa de unas normas de trabajo internacionales. Su declaración expresa sobre la situación en Myanmar conllevó la aprobación por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de una resolución sobre Myanmar que ahora se está aplicando.
Volviendo a la propuesta de que el problema de los trabajos forzados sea considerado por la OMC, la Comisión la examinará más detenidamente, teniendo en cuenta, como cuestión prioritaria, los próximos debates de la OIT, a finales de mes, y la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebrará en junio. La Comisión no tiene reservas acerca de favorecer una cooperación más estrecha entre la OMC y la OIT, y aplaude la cooperación informal que ya tiene lugar en cierta medida. La Comisión también es partidaria de una investigación internacional independiente sobre las acusaciones lanzadas contra las fuerzas armadas, concretamente las referentes a la violencia sexual y otras violaciones de los derechos de la población civil.

El Presidente.
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes seis propuestas de resolución:
B5-0172/2003 de la Sra. Karamanou, la Sra. Gröner, la Sra. Ghilardotti, la Sra. Prets, el Sr. Veltroni y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre el caso de Amina Lawal, condenada a muerte por lapidación, en Nigeria, por adulterio;
B5-0175/2003 de la Sra. Maes, el Sr. Rod y la Sra. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria y, en concreto, el caso de Amina Lawal;
B5-0179/2003 del Sr. McCartin, el Sr. Posselt, el Sr. Sacrédeus y la Sra. Scallon, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el caso de la nigeriana Amina Lawal, sentenciada a muerte por lapidación en Nigeria;
B5-0182/2003 de la Sra. Ainardi, la Sra. Eriksson, la Sra. Morgantini, la Sra. Fraisse, la Sra. Uca y la Sra. Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Nigeria: el caso de Amina Lawal;
B5-0183/2003 del Sr. Collins y la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el caso de la Sra. Amina Lawal en Nigeria;
B5-0184/2003 de la Sra. Sanders-ten Holte y el Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Nigeria y, en concreto, el caso de Amina Lawal.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, la cuestión de las mujeres sentenciadas a muerte por lapidación en Nigeria, que ha indignado a la opinión pública del mundo entero, se debatió aquí en el Parlamento el pasado mes de septiembre. Y sin embargo, señor Comisario, clamábamos en el desierto.
Amina Lawal, la pobre mujer que cometió el terrible delito de creer que tenía el derecho de autodeterminación sobre su propio cuerpo, ha de comparecer ante el Tribunal de Apelación Sharia el 25 de marzo. Según la ley islámica, es culpable de traición. ¿Cómo puede suceder esto en el siglo XXI y ser ignorado por las potencias del planeta? Qué lástima que el Comisario no esté escuchando. ¿Cómo, señor Comisario, pueden violarse de semejante manera, infringirse de este modo, las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres, y dejarse que sean las organizaciones de mujeres, la opinión pública y los medios de comunicación los que ejerzan presión? ¿Qué han hecho los dirigentes políticos de la Unión Europea? ¿Qué han hecho la Comisión y el Consejo? ¿Qué sanciones hemos impuesto a Nigeria, un país con el que tenemos vínculos económicos y comerciales? ¿De qué sirven las disposiciones del Acuerdo de Cotonú sobre el respeto por los derechos humanos de las mujeres, señor Comisario, si no hay sanciones? Por último, ¿qué tiene Nigeria: un régimen laico y democrático o una teocracia? ¿Tiene el país un Gobierno o es regido por los mullahs?

El Presidente.
Señora Karamanou, no sé si el Comisario Fischler también entiende el griego. Lo pregunto porque veo que no lleva puestos los auriculares.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, casi he acabado mi intervención; el Comisario no ha escuchado ni una palabra de lo que he dicho y, por ello, no podrá contestar a las preguntas que le he formulado. Mi intervención tenía la forma de una serie de preguntas para los dirigentes europeos, que no han hecho absolutamente nada para detener los crímenes que se comenten contra las mujeres en Nigeria. Nigeria es signataria del Acuerdo de Cotonú, que contiene disposiciones acerca del respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y no obstante, en lo que respecta a la Comisión, es como aquello de: «ojos que no ven, corazón que no siente». Los dirigentes políticos no han hecho nada y toda la cuestión se ha dejado en manos de las organizaciones de mujeres y de los medios de comunicación, es decir: la presión de la opinión pública mundial. Esta presión es muy fuerte y produce resultados pero, en última instancia, los líderes políticos europeos también han de hacer algo e insistir en que el Gobierno nigeriano haga lo debido para proteger los derechos de las mujeres en Nigeria.
Y también quiero decirle lo siguiente, señor Comisario: a fin de cuentas, ¿qué es Nigeria? ¿Un régimen democrático, un régimen laico o una teocracia? Porque el 25 de marzo, el caso de Amnina Lawal se examinará ante el Tribunal de Apelación Sharia. Estamos sumamente preocupados. No tenemos ni idea de lo que sucede en Nigeria. Hace tres años, celebrábamos la vuelta de la democracia en Nigeria y la existencia de un Gobierno elegido democráticamente. Y sin embargo, este Gobierno es totalmente incapaz de imponer la constitución y las leyes en el país Los mullahs gobiernan el país y están sentenciando a mujeres a morir lapidadas porque, según afirman, mantuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Queremos que la Comisión y el Consejo intervengan de una vez. Los dirigentes han de adoptar una postura en contra de estas cuestiones. Esto es lo que le pedimos, señor Comisario.
El Presidente.
Señora Karamanou, le he dado mucho tiempo, en primer lugar porque me pareció descortés por parte del Comisario no escucharle mientras le formulaba preguntas ?es cierto que el Comisario tiene preparado de antemano un texto escrito, pero siempre es cortés escuchar? y, en segundo lugar, porque tenía la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, comprenderán ustedes que ésta es una cuestión que nos atañe en gran medida, y yo también suscribo, no sólo la indignación de la Sra. Karamanou por los colloques singuliers organizados en su banco y de los cuales usted, como Comisario, no siempre es responsable, sino también el contenido. Gracias a la campaña internacional pudimos ayudar a Safiya Husseini a escapar de la lapidación a la que se le había condenado, a pesar de que había sido violada. Sin embargo, se salvó por razones de procedimiento y esto significa que el peligro no ha desaparecido para Amina Lawal, a quien se concedió una apelación el 19 de agosto y cuya sentencia se confirmará probablemente el 25 de marzo. Así pues, le queda poco tiempo, señor Comisario.
Fue condenada en Katsina, una de las doce regiones septentrionales donde, en los últimos 3 años, ha entrado en vigor la ley sharia. La pena de muerte, la mutilación de las mujeres y la flagelación, así como la discriminación que acompaña a todo eso, han pasado a ser algo habitual. Esto convierte, de inmediato, en letra muerta la Constitución de Nigeria, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los demás tratados que ha ratificado Nigeria.
Dentro de unas semanas, se celebrarán elecciones presidenciales en Nigeria. Los disturbios asociados con la introducción de la sharia ya han causado varios miles de víctimas. Recientemente, 220 personas murieron en disturbios en torno a un concurso de belleza. La atmósfera la definen la crisis económica, el desempleo, la falta de seguridad y una extendida corrupción. Por desgracia, existe un enorme peligro de guerra civil en este vasto y densamente poblado país africano. Y aquí estamos sometiendo a votación a otra resolución. Señor Comisario, hicimos esto el 15 de febrero de 2001, el 15 de noviembre de 2001, el 11 de abril de 2002 y en septiembre de 2002, y los países ACP, el 21 de marzo de 2001, y ahora vamos a someter a votación a otra resolución pero, al igual que la Sra. Karamanou, le pido que tome cartas en el asunto, no sólo para salvar la vida de esta pobre mujer, sino también para salvar a este país africano densamente poblado de conflictos sangrientos que podrían provocar miles de víctimas.
McCartin(PPE-DE).
Señora Presidenta, el año pasado tuve la ocasión de leer algo sobre este caso e hice lo único que podía hacer en aquel momento: lo planteé en mi Grupo. Tuvimos un debate dentro del Grupo y con otros Grupos de este Parlamento y aprobamos una propuesta de resolución sobre la difícil situación de Amina Lawal. La propuesta señala de forma clara lo que creemos que debe hacer el Gobierno de Nigeria, de acuerdo con sus obligaciones internacionales y las exigencias de su propia constitución federal. Debe utilizar su poder legítimo para proteger a Amina Lawal y otras mujeres nigerianas que se hallan en situaciones similares frente al tratamiento cruel, degradante e inhumano de la sharia.
Reconocemos la soberanía del pueblo nigeriano y de su Gobierno federal, y además somos cada vez más conscientes de que existe una comunidad mundial y de que cada ciudadano de dicha comunidad debe contar con nuestra solidaridad y respeto. Recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín, un líder africano lamentaba el hecho de que la Unión Europea se volviera al Este como un hombre que mira a una nueva chica guapa que acababa de aparecer, olvidándose de África y dejándola de lado.
Cuando hayamos completado el proceso de ampliación tendremos más poder económico y político. Podemos volver entonces a fijar nuestra atención en África y, a la vez que reconocemos la soberanía de las naciones africanas, debemos decir que nuestra ayuda al desarrollo estará sujeta a algunas condiciones. Debemos recordar este caso y otros similares, así como la delicada situación de todas las mujeres bajo la sharia en el continente africano.
No estamos intentando imponer nuestra voluntad a un Estado soberano, pero les diremos que hay un precio que pagar. África necesita nuestra ayuda y se la prestaremos generosamente, pero África debe corresponder tratando a sus ciudadanos humanamente.

Morgantini (GUE/NGL).
Señor Presidente, hay demasiadas resoluciones que nunca se han puesto en práctica, y a veces también nosotros, como diputados del Parlamento, somos culpables de pensar que hemos resuelto un problema sólo porque hemos elaborado una resolución. Sin embargo, yo soy mujer, y entre mis modelos se encuentran mujeres que, porque tuvieron el valor de hablar francamente o el deseo de reír o amar, fueron salvajemente torturadas y quemadas vivas en nombre de Dios por la crueldad de cristianos piadosos y religiosos.
No obstante, las prácticas religiosas, las culturas y las tradiciones pueden cambiarse. Procedo de un país donde el crimen de honor seguía existiendo incluso después de la guerra, un país que no reconoció la violación como un crimen contra el individuo hasta la década de los setenta, cuando el movimiento feminista estaba en su apogeo. Hoy en día, las mujeres seguimos siendo víctimas de discriminación en Europa y se mercadea con nuestra sexualidad, pero hemos ganado nuestro derecho a existir. Sin embargo, el sufrimiento y la injusticia padecidos por mujeres y pueblos de todo el mundo parecen azotar nuestros cuerpos y desgarrar nuestras almas como nunca. Una vez más, en nombre de un Dios que se presenta como todopoderoso y misericordioso, religiones, tradiciones y culturas mutilan cuerpos, matan por medio de la lapidación, imponen matrimonios acordados y mutilan los cuerpos de niñas inocentes con la infibulación.
Hemos de evitar el asesinato de Amina Lawal, una mujer que se atrevió a amar y ha sido condenada a ser lapidada hasta morir por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Hemos de impedir que la religión, cuando abusa de los derechos humanos, tanto si la víctima es hombre como mujer, se utilice como una ley, aunque sea una ley secundaria a las leyes del Estado. La República Federal de Nigeria ha ratificado los convenios internacionales sobre derechos humanos. Estos convenios tienen un significado más que teórico: han de respetarse y aplicarse en la práctica.
Nigeria ha aprobado incluso una Constitución que garantiza el derecho a la libertad sin torturas ni castigos. En diversas ocasiones, el Presidente Obasanjo ha declarado que se opone a que la pena de muerte se aplique sobre la base de la sharia, pero no puede mantener siempre esta doble moral. Es cierto que las cuestiones son complejas, pero ahora está en juego la vida de muchos hombres y mujeres: hoy es la vida de Amina Lawal, pero ayer era la de Safiya Husseini. Ahora bien, ¿cuántos otros hombres y mujeres están encarcelados o han sido condenados y colgados?
La Unión Europea ?y nosotros, personalmente? hemos de asumir un compromiso total no sólo para evitar la muerte de Amina Lawal, sino para garantizar que los acuerdos internacionales se ratifiquen verdaderamente. Por ello, hemos de obligar al Gobierno nigeriano a actuar de acuerdo con su compromiso y ofrecer toda la ayuda posible, impedir la muerte de Amina y garantizar que no vuelva a pronunciarse nunca una sentencia parecida.
Creo, de verdad, que es muy importante que no haya una doble moral. Hemos de partir de nuestro principio básico, del hecho de que es fundamental que también nosotros, aquí, respetemos los derechos humanos ?pienso en los inmigrantes y en muchos otros?, y por lo tanto, hemos de hacer todo lo posible por garantizar que no muera más gente.

Maaten (ELDR).
Señor Presidente, en septiembre del año pasado, el Parlamento aprobó una resolución en la que se condenaba la sentencia de muerte dictada contra la Sra. Amina Lawal. Desde entonces, ha habido una fuerte presión internacional de todos lados para ayudar a la Sra. Lawal, y con razón. Por supuesto, su caso es excepcionalmente terrible: una madre que se enfrenta a la pena de muerte.
El caso Lawal se ha visto como un caso que puede sentar un precedente tanto dentro como fuera de Nigeria. Nigeria es un país aconfesional, y así debería seguir siendo. Llevar a cabo esta sentencia de muerte sería una señal de que se aplican diferentes leyes a los musulmanes de Nigeria que a los cristianos, y eso no puede permitirse. Hay que impedir también que se crea la impresión de que la violación de los derechos humanos y la pena de muerte son aceptables. El Gobierno nigeriano ha de garantizar que cumplirá sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En menos de dos semanas, se celebrará la audiencia sobre la apelación de la Sra. Lawal contra su inhumano castigo. Esperemos que gane la apelación, pero de lo contrario, me gustaría recordarle al Presidente Olusegun Obasanjo sus propias palabras. En enero de este año, durante los disturbios en torno al concurso de Miss Mundo, dijo, y cito textualmente: «Nadie será lapidado en mi país».
Mi llamamiento al Presidente es sencillo: mantenga su palabra. El Gobierno nigeriano tiene suficientes medios para evitar que este caso acabe en tragedia. Esperamos ver cómo actuará el Gobierno nigeriano después de la apelación del 25 de marzo. En el Parlamento consideramos los derechos humanos como una de las piedras angulares de las buenas relaciones entre la Unión Europea y los demás países. Expreso mi esperanza de que el caso Lawal no ensombrezca las relaciones entre la Unión y Nigeria.
Por último, señor Presidente, el Presidente Obasanjo tuvo palabras de agradecimiento cuando recibió el Premio Libertad de la Internacional Liberal hace unos años, antes de convertirse en presidente de ese país. Que ahora obre en consecuencia.

Tannock (PPE-DE).
Señora Presidenta, Amina Lawal, una mujer nigeriana analfabeta de 31 años de edad, se está preparando para morir por haber cometido un delito de adulterio. Ella declara que fue violada por un amigo y que por ello tuvo una hija. La sentencia de muerte por lapidación, que tiene lugar enterrándola viva hasta el cuello e invitando a los presentes a apedrearla, fue aplazada hasta después del nacimiento de su hija. Algunos lugareños afirman que algunos miembros del tribunal local de la sharia que juzgaron a Amina han mantenido relaciones adúlteras que en ocasiones han dado lugar al nacimiento de niños.
La sharia ha sido introducida recientemente en algunas zonas de Nigeria en el marco del proceso de islamización. Grupos cristianos han criticado al Gobierno nigeriano por no haber declarado que esos castigos son contrarios a la constitución federal, aunque el Presidente Obasanjo ha afirmado que llorará si se ejecuta esta sentencia. Esta ha sido retrasada hasta el año 2004 para que pueda amamantar a su hija.
En mi opinión, es incuestionable que Nigeria violará una serie de obligaciones recogidas en tratados internacionales, entre los que se incluye la Convención contra la tortura y el Pacto de derechos civiles y políticos, de las Naciones Unidad, tratados de los que Nigeria es signataria. Incluso en Irán no se ha producido ninguna lapidación en casi dos años, y el juez decano de este país ha declarado recientemente que dicho castigo es ilegal. 
En este caso no se trata sólo de la pena muerte en sí misma, que sigue siendo legal en el derecho internacional para los crímenes más graves. Se trata de un castigo desproporcionado y gratuito contra una joven madre. Tampoco es una cuestión feminista. Nigeria debe entender que su relación con el mundo civilizado no seguirá siendo la misma si se ejecuta esta sentencia y personalmente abogaré por la expulsión de este país de la Commonwealth y por un programa inmediato de sanciones selectivas y prohibiciones de viajes a los líderes nigerianos.
También haré un llamamiento a la Presidencia griega del Consejo para que convoque al embajador nigeriano y le transmita la opinión firme de esta Cámara en contra de tan injusto castigo.
Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señora Presidenta, el caso de las lapidaciones en los Estados del norte de Nigeria, basadas en la aplicación de la sharia por tribunales penales musulmanes, es una flagrante violación de los derechos humanos que tenemos que denunciar con toda nuestra energía, como muy bien ha hecho en la tarde de hoy la Sra. Karamanou, en nombre de nuestro Parlamento Europeo.
En primer lugar, porque no podemos aceptar la pena de muerte; en segundo lugar, porque la aplicación de la sharia afecta a mujeres indefensas, acusadas de hechos como el adulterio, que no pueden ser considerados delitos; y, en tercer lugar, porque, además, en el caso de Amina Lawal, ésta no ha disfrutado de las mínimas garantías procesales durante el juicio.
El caso de Amina Lawal es dramático y urgente porque, tras varios aplazamientos, la sentencia es inminente: el 25 de marzo. Pero no es el único caso, Sarimu Mohamed, Safiya Hussaini, Bariya Ibrahima y Adama Yunusa también han sido condenadas a penas de prisión después de una serie de campañas internacionales para evitar estas lapidaciones. En ninguno de estos casos, ha habido sanciones para los hombres implicados en el adulterio.
La vulnerabilidad de las mujeres bajo la ley penal islámica, las torturas y el trato degradante al que son sometidas constituyen una violación inaceptable de los derechos humanos y que debería tener consecuencias en las relaciones de la Unión Europea con Nigeria y con cualquier otro país que aplique la sharia.
Nigeria es uno de los países con mayor analfabetismo del mundo. Las mutilaciones son rituales, hay millones de desplazados por motivos religiosos y se aplica la ley islámica en ciertos Estados, en clara discriminación de una parte de la población y sin ninguna reacción por parte del Gobierno central.
La Unión Europea, en aplicación de los Tratados que establecen claramente cuáles son los principios que rigen sus relaciones con terceros Estados, y, a pesar del petróleo nigeriano, debe ejercer toda su capacidad diplomática para impedir la aplicación de la pena de muerte a Amina Lawal y condenar con todas las consecuencias la eventual lapidación.
Más de un millón y medio de personas han protestado ante las autoridades nigerianas y, gracias a esta acción popular, se han impedido otras lapidaciones, pero de lo que se trata en este momento es de salvar a Amina Lawal y para ello hay que abolir y, en su caso, perseguir la sharia.

Sandbæk (EDD).
Señora Presidenta, es preciso detener ahora la lapidación de mujeres. Es indignante que sigan existiendo lugares en el mundo donde la lapidación de mujeres es una forma legal y aceptada de pena de muerte. El caso de Amina Lawal vuelve a hacer necesario tomar todas las medidas posibles para recalcar el rechazo de la UE ante semejantes métodos salvajes e inhumanos. Nigeria no es el único país del mundo donde tienen lugar este tipo de crueldades. Por supuesto, la lapidación ha de prohibirse en todos los países del mundo, pero el terrible caso de Amina Lawal constituye una buena oportunidad de hacer constar nuestro firme rechazo a la lapidación de mujeres. En Nigeria, es preciso poner fin a la diferencia entre la legislación aplicable a escala nacional y a escala regional. Es desconcertante que no existan garantías de que Amina Lawal comparezca ante un tribunal nacional, a pesar de que la Constitución nigeriana garantiza su vida y su dignidad. Es importante que nosotros, aquí en el Parlamento Europeo, aprovechemos la oportunidad que tenemos de expresar nuestro rechazo y sigamos ejerciendo presión en la sociedad nigeriana, pues no se trata simplemente de una discriminación totalmente inaceptable entre hombres y mujeres provocada por la ley sharia en diversos países: es una cuestión de humanidad y decencia. Sigue siendo necesaria una larga y dura batalla para garantizar que los derechos humanos sean aceptados y respetados en todos los países del mundo.

Scallon (PPE-DE).
Señora Presidenta, acojo con satisfacción esta resolución común en favor de Amina Lawal Kurami. This is the second time we will adopt a resolution on behalf of Amina Lawal. No me cabe la menor duda de que la primera, en septiembre de 2002, contribuyó en gran medida a la petición internacional de clemencia que ha ayudado a garantizar su seguridad hasta la fecha. En aquel momento se me pidió que lanzara una petición en su favor. Me gustaría dar las gracias a los miles de personas que han respondido, tanto en el año 2002 como en la reciente petición de las últimas semanas. También quiero dar las gracias a la oficina europea que se ocupa de los derechos humanos en Nigeria.
Ser condenada a muerte por lapidación por haber tenido un hijo fuera del matrimonio constituye una vulneración de los derechos humanos acordados internacionalmente. Me doy cuenta de que esta ejecución no se produce por deseo del Gobierno nigeriano. Doy las gracias en particular al embajador nigeriano en Irlanda, Su Excelencia el señor Elias Nathan, quien públicamente ha pedido clemencia para esta madre.
Queremos hacer un llamamiento al Tribunal Superior de la Sharia de Katsina para que respete y mantenga los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que Nigeria ha firmado y que garantice el rechazo de cualquier ley sharia que vulnere estos derechos. La legislación regional debe estar en consonancia con las leyes internacionales vigentes en el territorio nacional de Nigeria. Soy consciente de que la señora Lawal no ha sido retenida o detenida desde la pronunciación de su sentencia en marzo de 2002. Y estoy agradecida por ello. Pero es fácil imaginar el trauma que ha sufrido teniendo una sentencia de muerte sobre su cabeza durante el último año. Ciertamente se ha sentido enferma y ha acudido a diferentes hospitales para recibir tratamiento durante este periodo tan difícil.
Pese a que Amina Lawal tendría derecho a recurrir su veredicto ante un tribunal no religioso, lo cierto es que ya ha sufrido bastante. Solicito clemencia para ella y la garantía de que no será ejecutada bajo ninguna circunstancia. Asimismo, debemos recordar que no es la única mujer que se encuentra en esta situación.
Cuando se me pidió que iniciara una petición a favor de Safiya Husseini por un delito similar, me informaron de que al menos cuatro mujeres estaban esperando la misma sentencia (Amina Lawal era una de ellas) y de que algunos chicos de 12 a 16 años de edad estaban esperando la amputación de sus manos por robo. Aunque respetemos la soberanía nacional, estoy segura de que existe una solución mejor para Nigeria y su pueblo. Solicitamos una respuesta inmediata y duradera a nuestra resolución parlamentaria.

Gillig (PSE).
Señora Presidenta, una vez más el Parlamento se ha visto impulsado a condenar y tiene la obligación de condenar la intolerable situación de una mujer llamada Amina Lawal, que ha sido condenada a muerte por lapidación en Nigeria, por haber ejercido su libertad.
Qué puedo decir, qué puedo añadir a todo lo que acaban de manifestar mis colegas, excepto reiterar mi condena por esta situación intolerable para una mujer que justifica que siga siendo necesaria la lucha que se libra en los días internacionales de la mujer. Esta situación intolerable nos obliga a reafirmar nuestra radical oposición a la pena de muerte y nos obliga a recordar que un tribunal de justicia, ya sea en Nigeria o en cualquier otro Estado del mundo, no puede basarse en principios religiosos y negar todos los principios relacionados con el respeto absoluto de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana. Esto, por desgracia, nos envía de nuevo al oscurantismo de la Edad Media que también vivieron nuestros países. Hemos de condenar, una y otra vez, esta situación intolerable para una mujer, y confirmar nuestra adhesión al principio de laicidad como principio de organización mayor en unos Estados modernos y democráticos.
Señora Presidenta, señor Comisario, el Gobierno nigeriano debería declarar que la aplicación de la ley sharia por un tribunal de justicia regional es contraria a la Constitución de su país. En este sentido, le recordamos, en concreto, que el respeto de los derechos humanos constituye un elemento fundamental de los acuerdos firmados con terceros países. Al margen de la situación de Amina Lawal en Nigeria, todos aquellos hombres y mujeres en el mundo a quienes se niegan sus derechos fundamentales esperan que la Unión Europea traduzca en actuación las resoluciones que aprueba, sesión tras sesión, en esta Asamblea. Asimismo, estoy plenamente de acuerdo con las preguntas formuladas por la Sra. Karamanou. Además de aprobar resoluciones, señor Comisario ?aunque esto también va dirigido a los representantes del Consejo?, ¿qué estamos haciendo realmente?

Sacrédeus (PPE-DE).
Señora Presidenta, estamos preocupados por salvarle la vida a una persona inocente y por un juicio completamente injusto. Sin embargo, lo importante es también ?y me dirijo al Comisario Fischler? abordar la ley sharia y la islamización de partes de África Central donde este caso es uno de entre muchos y donde podemos esperar que incidentes de este tipo se repitan una y otra vez. Hay que cuestionar clara, firme, paciente y constantemente si la ley sharia es, de verdad, compatible con los derechos humanos y el Convenio de la ONU sobre Derechos Humanos.
Somos un grupo de diputados que ha escrito a las embajadas de Nigeria en la Unión Europea y en el resto del mundo y les ha pedido que se ocupen de este caso. Hemos de hacer todo lo posible para influir en el Tribunal Supremo de Nigeria. Como dice la resolución, debemos también abordar la cuestión de que todos los nigerianos puedan gozar de los mismos derechos y de la misma protección en virtud de la Constitución, al margen de si son musulmanes, cristianos, miembros de otra religión o de ninguna. Asimismo, debemos poder cuestionar si es razonable que la ley sharia esté tan reñida con el ordenamiento internacional y la dignidad humana. Hemos de hacer todo lo posible por formular la siguiente pregunta: ¿dónde, entre los musulmanes creyentes, están las voces en África y Europa que dicen que esta situación es incompatible con lo que ha de ser el núcleo de toda fe religiosa, concretamente el amor y la tolerancia?

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión comparte, por supuesto, las preocupaciones del Parlamento acerca del tipo de castigos infligidos en el norte de Nigeria, en virtud de la ley sharia. En toda una serie de casos, entre ellos el de Amina Lawal, la Comisión ha elevado protestas formarles ante el Gobierno nigeriano, y nuestro Presidente Prodi se ha dirigido directamente el Presidente Obasanjo, quien también ha expresado su oposición a estos castigos y ha señalado que todo demandante tiene derecho a llevar su caso al Tribunal Supremo.
La Comisión también aplaude la declaración hecha el año pasado por el Ministro nigeriano de Justicia acerca de que no era justo discriminar a los musulmanes imponiéndoles sentencias diferentes por el mismo delito. Como ya han mencionado varios miembros de esta Asamblea, la apelación de Amina Lawal se examinará el 25 de marzo. Se ha permitido que Amina Lawal tenga un abogado, y también se le dará la oportunidad de llevar su apelación a un tribunal aún más alto si es preciso.
A través de nuestra delegación en Abuja, estamos siguiendo muy de cerca los avances realizados en este caso, pero evitamos hacer referencias directas a casos que aún están sub judice y preferimos ejercer presión en el Gobierno federal para, por lo menos, abolir la pena de muerte para todos los delitos. 
La ley sharia es una cuestión compleja y delicada en Nigeria. La postura también es muy problemática en cuanto al Derecho constitucional, porque la ley sharia del estado contraviene tanto la Constitución como las obligaciones internacionales asumidas por el Gobierno federal de Nigeria.
Desde un punto de vista social, Nigeria está dividida entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur, y las elecciones que han de celebrarse el año que viene significan que la cuestión está muy cargada políticamente y es muy delicada.
Un estudio financiado por la Comisión ha llegado a la conclusión de que la aplicación de la sharia en el Derecho penal se vuelve más problemática debido a que el Derecho penal está mal elaborado y es aplicado sin coherencia por jueces poco preparados.
La UE ha elaborado una posición común sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Nigeria, ha redactado protestas formales de la Troica sobre la pena de muerte y ha hecho una declaración oficial ante la Comisión de Derechos Humanos.
Se está prestando toda la atención posible al respeto por parte de Nigeria de los principios del Acuerdo de Cotonú. La Comisión también se ha implicado inmediatamente y, el año pasado, firmó con Nigeria un Documento de Estrategia Nacional y un programa de cooperación, entre cuyos ámbitos clave se encuentran los derechos humanos y la buena gobernanza, y en los cuales se estipula también el apoyo a la sociedad civil.
Además, Nigeria es uno de los países de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, y dentro de poco se aprobarán una serie de proyectos en apoyo de la reforma gubernamental y judicial. De este modo, esperamos poder ejercer una influencia positiva en el modo en que el Gobierno federal nigeriano y los estados federales de Nigeria comprenden y ponen en práctica los derechos humanos fundamentales, y gracias a esta influencia se espera que las cosas cambien para mejor.
El Presidente.
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en breve.

Santos (PSE).
Señora Presidenta, quiero informarle, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, de que voy a presentar una enmienda oral que implicaría que el nombre EFTEC se añadiera a los apartados 9 y 16. Se trata del nombre de la empresa sueca que está experimentando problemas similares a los de las empresas a las que hace referencia la propuesta de resolución conjunta.

El Presidente.
¿Hay alguna objeción a la presentación de esta enmienda oral?
(El Parlamento da su consentimiento a la admisión de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución común)
EXPLICACIONES DE VOTO
Resolución sobre el cierre de empresas (B5-0160/2003)

Stenmarck (PPE-DE)
La delegación de los moderados ha votado hoy a favor de la resolución sobre el cierre de empresas tras la concesión de ayudas financieras de la UE.
Los moderados consideramos gratificante que, con esta resolución, el Parlamento Europeo preste atención a las consecuencias perjudiciales que, a menudo, aparecen en relación con los Fondos Estructurales de la UE. Creemos que los Fondos Estructurales provocan un tiovivo de subvenciones grande y difícil de manejar, cuando se utiliza para ayudar a empresas, hace que el desempleo se transfiera entre los Estados miembros de la UE y causa una distorsión de la competencia para las empresas.
En lugar de ello, lo que hace falta como base para crear más puestos de trabajo es la liberalización, impuestos más bajos y menos barreras al comercio. Si la Unión Europea quiere tener la oportunidad de alcanzar el objetivo de Lisboa, habrá que interrumpir cuanto antes las actividades de ayuda de los Fondos Estructurales.
Knolle (PPE-DE).
Señora Presidenta, esta mañana pedí que se retiraran los carteles que cuelgan de las ventanas de los despachos de algunos diputados porque dañan la dignidad del Parlamento. Ahora, justo antes de la votación, sigue habiendo muchos carteles en las paredes. Si permitimos esto, se pondrá de moda esta práctica y el Parlamento acabará pareciéndose a un tablón de anuncios o a una valla publicitaria cubierta de carteles. Esto no redunda en interés de esta Asamblea. Pido que se tomen medidas con el máximo rigor.

El Presidente.
Señor Knolle, nos pondremos en contacto con los departamentos competentes para asegurarnos de que se han aplicado las instrucciones.

El Presidente.
Éste era el último punto del orden del día.
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 22.29 horas)

