Reanudación del período de sesiones
La Presidenta
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 5 de julio de 2001.
Espero que cada uno y cada una de ustedes haya pasado unas excelentes vacaciones y que estén en plena forma para abordar esta reanudación.

Elogio póstumo
La Presidenta
Queridos colegas, me enteré, con mucho dolor, del fallecimiento, el 28 de agosto pasado, de nuestro colega, Jacques Santkin. Como saben, nuestro colega ocupaba un escaño a nuestro lado en el seno del Grupo Socialista desde el mes de febrero de este año. Era miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y era también miembro de la Delegación para las relaciones con el Consejo Legislativo Palestino.
Quisiera invitarles a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro colega.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)

Declaración de la Presidenta
La Presidenta
 Queridos colegas, una vez más, me corresponde la triste responsabilidad de abrir nuestro Pleno con una nueva condena del terrorismo ciego y brutal que afectó a España este verano.
Con mucha emoción y tristeza, expreso a las familias de las víctimas, en nombre de todos nosotros, nuestra total solidaridad y nuestra profunda simpatía.
Hoy, el Parlamento Europeo rinde homenaje a Justo Oreja Pedraza, general del ejército español, Luis Ortíz de la Rosa, miembro de la policía nacional española, Mikel Uribe, miembro de la policía regional vasca, José Javier Múgica Astibia, consejero municipal de la Unión del Pueblo Navarro en Leiza, cuya familia está con nosotros en este momento, y quiero decir a su esposa, a sus hijos, a su cuñada, que admiramos el valor que demuestran frente a este drama que les arrebató a un ser querido.
José Javier Múgica Astibia fue siempre un defensor de la libertad y de la democracia que se negó a callar frente al terror. Desgraciadamente, pagó esa negativa con su vida. Y lo que pretende imponer el terrorismo colocando bombas en aeropuertos, vías férreas o en ciudades turísticas es invariablemente el terror.
También pensamos en María Eraunzetamurgil y su nieto, víctimas de un atentado odioso cuyo origen nadie conoce hasta hoy.
Nuestro Parlamento, más allá de las diferencias políticas que sus representantes expresan, condena decididamente esos actos de barbarie puesto que constituyen la negación misma de la democracia y de los valores fundamentales en que se basa la Unión.
Les invito a guardar un minuto de silencio.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)1

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria
La Presidenta
Mediante escrito de 20 de julio de 2001, he recibido de las autoridades gubernativas españolas, a través del representante permanente de ese Estado, un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los Sres. Silvio Berlusconi y Marcello Dell'utri, formulado por las autoridades judiciales españolas.
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento, esa solicitud se remite a la comisión competente, a saber la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Para todos los efectos, señalo que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Silvio Berlusconi carece de objeto dado que desde el 11 de junio de 2001 ya no es miembro de nuestro Parlamento.

Barón Crespo
Señora Presidenta, quisiera hacer una declaración, en nombre del Grupo socialista, sobre el anuncio que acaba de hacer. Tomamos nota de dicho anuncio, creemos que es un paso adelante, pero queremos expresar nuestra preocupación y nuestra crítica por la manera en que se ha tratado esta cuestión.
Usted y yo somos diputados, hemos compartido responsabilidades en el Parlamento y compartimos también una formación jurídica que nos hace recordar aquel aforismo que dice que "justicia aplazada es justicia negada". Usted misma acaba de manifestar cómo en este caso, seguramente, no se va a poder hacer justicia en relación con uno de los diputadosal Parlamento Europeo, aparte del hecho de que los suplicatorios para la suspensión de la inmunidad también tienen que dar posibilidad a los diputados al Parlamento Europeo de defenderse, cosa que no ha sido posible en este caso durante un año.
Quiero manifestar, en nombre de mi Grupo, que nosotros -independientemente de consideraciones de tipo electoral que se nos han atribuido- hemos considerado que este asunto es importante para el Parlamento Europeo, para nuestra dignidad, y creemos que ya es un paso el que la Comisión de Asuntos Jurídicos pueda conocerlo.
Pero, dado que la interpretación de la Presidencia choca frontalmente con el carácter integrador del Derecho comunitario, le pido, señora Presidenta, que después de que ha dado conocimiento de este caso podamos resolver en el Parlamento, de manera positiva y en el sentido integrador del Derecho Europeo, el tratamiento que debemos dar a las suspensiones de inmunidad. Por lo tanto, le ruego una vez más que se dirija a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que ésta pueda hacer una propuesta de reforma del Reglamento que establezca claramente cuál debe ser nuestra actuación, no sólo en casos como éste, sino en todos los casos de suspensión de la inmunidad.
(Aplausos del Grupo PSE)

La Presidenta
Señor Barón Crespo, usted sabe muy bien que se ha presentado un informe sobre esta cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales hace ya varios meses. En segundo lugar, me parece que el hecho de que la autoridad competente española, es decir, la autoridad gubernamental, me haya remitido ese informe es un paso muy alentador hacia una salida totalmente positiva a este asunto.

Poettering
Señora Presidenta, he pedido la palabra sólo porque nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, ha considerado acertado hacer uso de la palabra una vez más en este punto. He de decirle francamente lo siguiente: no considero necesario que se haya hablado aquí una vez más de este asunto. Pero, puesto que se ha hecho, quisiera hablar también de ello. Naturalmente, el procedimiento de suspensión de inmunidad es un procedimiento arduo y para ello necesitamos reglas comunes. Pero, señor Barón Crespo, ya se ha decidido que se ocupe de esto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Por esta razón, su comentario ha sido superfluo. Quisiera decir expresamente, señora Presidenta, que usted se ha conducido con toda corrección

La Presidenta
Gracias, señor Poettering1.
Respecto de la composición de las comisiones:

McMillan-Scott
Señora Presidenta, hemos cruzado correspondencia acerca de la participación del Sr. Titford como miembro de la Comisión de Pesca, que es una comisión importantísima para el Reino Unido. Hemos expresado la esperanza de que, puesto que nunca asiste a las reuniones de la Comisión, quizá pudiera ceder su puesto en ella.

Orden de los trabajos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día, establecido en la Conferencia de Presidentes de conformidad con el artículo 110 del Reglamento.
Semana del 3 al 6 de septiembre en Estrasburgo Lunes:
La Comisión de Asuntos Constitucionales me ha presentado dos solicitudes tendentes a incluir en el orden del día un informe del Sr. Carnero González, sobre la modificación del Reglamento en lo que se refiere a la constitución de las delegaciones interparlamentarias y de las comisiones parlamentarias mixtas, y un informe de Lord Inglewood sobre la decisión del Parlamento Europeo relativa a la modificación del Reglamento en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la justificación de las enmiendas.
Voy a dar en seguida la palabra al Sr. Corbett, que reemplaza al Sr. Napolitano, para que presente esa solicitud en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Corbett
Señora Presidenta, tomo la palabra en nombre del Sr. Napolitano que no puede asistir a esta reunión, en relación con los dos informes sobre modificaciones relativamente poco conflictivas de nuestro reglamento. Estos informes se aprobaron en la comisión parlamentaria correspondiente el otoño pasado y en nuestra comisión parlamentaria opinamos unánimemente que nueve meses constituyen un período de gestación suficientemente prolongado para cualquier informe.
Naturalmente, hemos preguntado por qué la Conferencia de Presidentes no ha incluido ya esos dos informes en el orden del día de las sesiones plenarias. Nos gustaría sobremanera saber rápidamente la razón porque necesitamos saber qué va a suceder con esos informes antes de que abordemos la revisión general del Reglamento, prevista para la segunda parte de este año. Por lo tanto, es una cuestión de urgencia. Se nos ha dicho que la Conferencia de Presidentes no ha tenido tiempo de examinar esta cuestión a fondo porque está todavía en examen en la reunión de secretarios generales de los Grupos políticos con el Secretario General adjunto del Parlamento Europeo.
Todos sabemos lo que es Coreper en el contexto del Consejo, pero quizá no todos sepamos que hay una especie de Coreper del Parlamento Europeo que filtra los informes antes de que lleguen a la Conferencia de Presidentes, antes de que lleguen a nuestras sesiones plenarias. Ésta es una forma de obrar peligrosísima y, después de haberles dado nueve meses para hacerse cargo de la cuestión, me parece que ha llegado el momento de incluir esos informes en el orden del día del Parlamento, si no hoy, más tarde dentro de esta semana. Estoy seguro de que el Comité está dispuesto a aceptar un compromiso en favor de estudiar la cuestión en el próximo período parcial de sesiones, pero tengo que plantear esta cuestión en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el apoyo unánime de todos los Grupos políticos representados en ella.

La Presidenta
Señor Corbett, no entiendo muy bien. Pensaba que la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitaba una inclusión en el presente período de sesiones. Creo que nuestros colegas tienen que saber claramente de qué estamos hablando. ¿Se mantiene la solicitud de inclusión en esta sesión? Hemos averiguado con los servicios competentes si esa inclusión era posible esta noche, con la condición de que la Asamblea esté de acuerdo, claro está, en cuyo caso, se haría esta noche. ¿Es ésta la cuestión que sometemos a debate y votación?

Corbett
Señora Presidenta, se trata de la propuesta presentada oficialmente por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Queremos cerciorarnos de que el Parlamento se ocupa debidamente de esta cuestión.

Beazley
Señora Presidenta, quisiera subrayar lo seriamente que mi Partido se ocupa de los asuntos de este Parlamento. Como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y tomando la palabra en nombre de Lord Inglewood, he de decir que nos parece que casi un año es un período de tiempo suficiente para que las instancias pertinentes hayan podido ocuparse de esta cuestión. Si no se incluye en el orden del día en esta semana es evidente que la Comisión de Asuntos Constitucionales va a tropezar con dificultades. Quisiera instar a todos los diputados del Parlamento, incluido mi colega el Sr. Provan, a que voten en favor de esta sugerencia.

Provan
Señora Presidenta, sin duda alguna se acordará usted de que tuve el honor de representar al Sr. Poettering en la Conferencia de Presidentes en la que se examinó esta cuestión. Se trataba de saber si teníamos tiempo para examinar toda una serie de informes, porque el orden del día del presente período parcial de sesiones es sumamente complicado y muy denso. Sugerí entonces que de esos dos informes, junto con un informe principal de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se ocupara el propio Sr. Corbett, y dije también que convendría que se agruparan de forma pertinente los cambios del Reglamento, porque seguramente necesitaremos determinados niveles de voto.
En aquel momento no disintió nadie acerca de la cuestión en la Conferencia de Presidentes y apenas fue objeto de intervenciones. Por lo tanto la recomendación de la Conferencia de Presidentes fue que los dos informes se examinaran juntos com un solo paquete una vez que el proprio informe del Sr. Corbett nos fuera presentado.

Voggenhuber
Señora Presidenta, sin que me refiera a la solicitud - yo estoy a favor - permítame solamente un breve comentario: estoy luchando un poco por el respeto de los Grupos grandes. La representación de un Presidente de Grupo compete al vicepresidente y no a un diputado de su Grupo. Yo rogaría al Sr. Corbett que en el futuro mostrase en la Comisión de Asuntos Constitucionales este mínimo respeto al cargo de vicepresidente.

(El Parlamento rechaza la solicitud)
La Presidenta. Los informes no están inscritos. Ni decir tiene, señor Corbett, que serán incluidos en uno de los próximos períodos de sesiones.
Martes:
Tengo que proporcionarles algunas informaciones. No se ha presentado ninguna solicitud de modificación, pero les señalo que, desgraciadamente, el Sr. Michel, Ministro de Asuntos Exteriores, que es también copresidente de la Conferencia sobre el racismo, aún se encuentra en Durban y no podrá participar en la próxima sesión de mañana, martes 4 de septiembre. Lo lamento tanto como ustedes. El Consejo estará representado en esa reunión por la Sra. Neyts-Uyttebroeck, Ministra adjunta al ministro de Asuntos Exteriores.
Una segunda información: la comunicación de la Comisión relativa al Libro Blanco sobre el buen gobierno europeo será seguida por un turno de palabra de los Grupos políticos, y queda entendido que el debate de fondo se llevará a cabo durante el siguiente período de sesiones o, a más tardar, durante el período de sesiones de octubre.
Miércoles:
Para el miércoles, tengo tres solicitudes de modificación. En primer lugar, el Grupo de los Socialistas Europeos quisiera organizar de otra manera el día, previsto de la siguiente manera: la declaración del Consejo y de la Comisión sobre las conclusiones de la reunión en Génova seguida del informe Watson. El Grupo Socialista propone que empecemos a las 9 horas con el informe del Sr. Gerhard Schmid sobre Echelon seguido del informe del Sr. Watson sobre la lucha contra el terrorismo. La declaración del Consejo y de la Comisión sobre las conclusiones de Génova sería aplazada hasta la tarde de las 15 horas a las 17 horas, manteniéndose sin cambios el resto del orden del día..
Cedo la palabra al Sr. Barón Crespo, para que apoye la solicitud de su Grupo.

Barón Crespo
Señora Presidenta, entiendo que esta modificación del orden del día da satisfacción a un tema que quedó un poco en tablas en la Conferencia de Presidentes.
No considero que existan divergencias excesivas entre los Grupos políticos, porque consideramos importantes los tres temas del orden del día y podríamos así tratar de una manera más equilibrada, por la mañana, dos temas muy importantes: el de las conclusiones de la Comisión temporal sobre "Echelon" y el del terrorismo.
Creo que con ello se podría solucionar una cuestión que no quedó, en nuestra opinión, suficientemente clara en la Conferencia de Presidentes.

Watson
), ponente - (EN) Señora Presidenta, tomo nota de la propuesta y si el informe sobre el terrorismo no queda desplazado por el estudio de la propuesta, no me opondré a que se desplace. El Sr. Schmid ha realizado un excelente trabajo con este informe suyo sobre Echelon y creo que es algo que todo el Parlamento tiene que someter a votación lo antes posible.
Ahora bien, me inclino a secundar lo que ha dicho el Sr. Vitorino, que todos hemos oído hablar de Dios y del Echelon pero que ninguno puede estar seguro de que existan. Opino también, y creo, señora Presidenta, que mi opinión queda corroborada por lo que ha dicho usted al principio de la sesión de hoy, que es importantísimo que sometamos a debate y votación la cuestión del terrorismo -que es una cuestión verdaderamente real- lo antes posible en esta semana. Si la propuesta del Sr. Barón Crespo no tiene como consecuencia el desplazamiento del informe sobre el terrorismo, entonces apoyaré la propuesta con sumo gusto.

Lannoye
Señora Presidenta, le he transmitido una solicitud que va en contra de la del Sr. Barón Crespo puesto que tiende a modificar el orden del día de otra manera.

La Presidenta
Esta solicitud llegó efectivamente después de la del Grupo Socialista. Por lo tanto la discutiremos inmediatamente después, si no ha sido aprobada la demanda del Grupo Socialista. Este es el orden correcto de las operaciones.
¿Alguien desea expresarse en contra de la solicitud del Grupo Socialista? Puesto que no es el caso, la someto a votación.
(El Parlamento da su conformidad)
En consecuencia el orden del día de mañana será modificado, y lamento decirle, señor Lannoye, que por lo tanto su solicitud queda sin efecto.
Siguiendo con el miércoles, el Grupo de los Socialistas Europeos, el Grupo de los Verdes y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea me han presentado una solicitud para cerrar el debate sobre las conclusiones de la reunión del G8 en Génova con la presentación de una propuesta de resolución.
Le doy la palabra al Sr. Barón Crespo.

Barón Crespo
Señora Presidenta, mi Grupo propuso en la Conferencia de Presidentes que celebráramos un debate sobre la Cumbre del G8 en Génova, fundamentalmente sobre su contenido. ¿Por qué? Porque en la Cumbre del G8 de Génova participó la Unión Europea -y me remito a los testimonios gráficos por si queda alguna duda.
En la foto de los líderes estaban el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, y el Presidente del Consejo, el Primer Ministro belga, Sr. Verhofstadt, y, por lo tanto, habiendo participado uno en representación de la Comisión y otro del Consejo Europeo en la Cumbre activamente, y habiéndose tratado en ella una serie de temas importantes para este Parlamento, para Europa y para el mundo, consideramos, también nosotros, que entra dentro de nuestros deberes el pronunciarnos sobre lo que fue el contenido de la Cumbre del G8.
Igualmente, quiero recordar aquí que mi Grupo propuso -y hay acuerdo sobre ello en la Comisión de Libertades Públicas- que, en relación con las posibles violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y la gestión del orden público durante la Cumbre, la Comisión de Libertades Públicas debería elaborar una recomendación con vistas, sobre todo, a aprender de los errores pasados, pensando en la Cumbre de Laeken.
Para concluir, señora Presidenta, me permitirá que me dirija a nuestros colegas, particularmente del Grupo Liberal, porque en esta ocasión se da la circunstancia de que el Sr. Verhofstadt es un Primer Ministro liberal de un gobierno de coalición y de que los amigos más recientes del Presidente Prodi, por lo menos los italianos, se sientan en el Grupo Liberal. Y me dirijo al Sr. Cox para que tenga la oportunidad de dirigir algunas "flores" a los representantes de su Grupo que se sentaron en el Consejo Europeo.

Wurtz
Señora Presidenta, mi Grupo apoya totalmente la idea de concluir nuestro debate sobre Génova con una resolución. Sin embargo, no propongo que se inicie ahora el debate sobre el contenido de dicha resolución. Les corresponderá a los diferentes Grupos hacerlo. Mi Grupo opina que es desde luego necesario que el Parlamento se exprese sobre los resultados - o la ausencia de resultados - del G8 pero también sobre los hechos gravísimos que han ocurrido al margen de la Cumbre, así como sobre el extraordinario éxito de las iniciativas del Foro Social de Génova, que nos interpela también en un momento en que hemos iniciado un gran debate sobre el porvenir de Europa.

Poettering
Señora Presidenta, estoy un tanto sorprendido, de que decidamos ahora acerca de si habrá o no una resolución. Nuestro Grupo ha dado su conformidad a la solicitud socialista de revisar un poco el orden del día. Aunque no hemos establecido ninguna conexión formal entre ambas cuestiones, no se ha hablado, en absoluto, de que ahora vaya a haber una resolución sobre Génova. Señor Wurtz, con su intervención acaba de poner de manifiesto que al final se acabará hablando de los asuntos que se quieren evitar aquí. En todo caso, no consideramos adecuado este momento para realizar en una rápida y breve resolución una manifestación acerca de los acontecimientos de violencia que tomamos tan en serio. Nuestro Grupo es de la opinión de que las cuestiones relativas a la violencia, a la amenaza y al riesgo derivados de la globalización deberían ser analizadas con gran cuidado por el Parlamento y no han de ser vertidas en resoluciones mediante decisiones rápidas o casuales. Puesto que vemos el peligro de que esto suceda, rechazamos totalmente cualquier resolución y apoyamos lo que la Conferencia de Presidentes aprobó la semana pasada - mi colega Provan, estuvo presente por mí en ella -, es decir, que celebremos un debate y hablemos también sobre todos los aspectos, pero que no nos manifestemos ahora en un movimiento rápido sobre los contenidos y sobre la violencia y que lo hagamos con sosiego y con todo cuidado. Por esta razón nos oponemos por razones muy meditadas a una resolución sobre Génova.

Cox
Señora Presidenta, no tenía la intención de tomar la palabra pero puesto que el Presidente del Grupo PSE parece lamentar que estoy haciendo demasiado poco para promover el liberalismo en Europa por no formular una resolución, no me queda más remedio que indicar a mi distinguido colega que en mi Grupo tenemos en cuenta los precedentes. No es la primera vez que un Presidente de la Comisión asiste a una reunión del G-8, o que un Primer Ministro y Presidente en ejercicio asiste a una reunión del G-8 o del G-7. Los precedentes demostrarán a mi distinguido colega, como me han demostrado a mí, que no tenemos la costumbre de promover la política de nuestros amigos mediante la presentación de resoluciones después de ese tipo de reuniones.

Lannoye
Quisiera, por mi parte, apoyar la propuesta de resolución. En efecto, creo que no existe ninguna justificación política para que, a raíz de un debate político en presencia del Consejo y de la Comisión, nuestros debates no se vean seguidos de una resolución. El contenido de la resolución será negociado entre los Grupos. Por lo tanto si algunos de ellos no quieren que se hable de la violencia que se produjo en Génova, están en su derecho, pero han de manifestar su oposición votando en contra de cualquier propuesta que vaya en ese sentido.

La Presidenta
Someto por lo tanto a votación esta propuesta relativa a la presentación de una resolución a raíz del debate sobre Génova.
(El Parlamento rechaza la solicitud)
Jueves: En lo que se refiere al jueves y a los problemas de actualidad, urgencia e importancia mayor, el Grupo de los Socialistas Europeos me ha presentado una solicitud de modificación tendente a sustituir el punto "Fiebre aftosa" por el subpunto "Refugiados afganos solicitando asilo en Australia" , que actualmente figura en el punto "Derechos humanos" . No sé quien tomará la palabra para presentar esa solicitud ¿ Sr. Barón Crespo?

Barón Crespo
Señora Presidenta, la razón de nuestra propuesta es muy simple: lo que está ocurriendo en este momento con los refugiados afganos y el tratamiento que están recibiendo por parte del Gobierno australiano -y digo bien el Gobierno australiano porque el Tribunal Supremo Federal de Australia le está corrigiendo la plana- es algo que no solamente se refiere a la violación de los derechos humanos; es una cuestión que supone una clarísima violación de los principios del Derecho marítimo y del Derecho humanitario suscritos por todos los países, incluido un aliado tan importante de Europa como es Australia. Y tenemos que pronunciarnos en ese sentido clarísimamente, condenando una actitud política que raya en la xenofobia.

Maes
Señora Presidenta, queda claro que la propuesta relativa a los refugiados afganos debe y puede tratarse. El orden del día también lo prevé. Considerando las nuevas medidas que se han dictado en el Reino Unido en relación con la proliferación actual de la fiebre aftosa, creemos que es necesario que tratemos esta cuestión. Teniendo en cuenta que una cosa no impide la otra, solicitamos al Parlamento que también trate estas cuestiones.

Van Velzen
Señora Presidenta, en realidad la Sra. Maes lo ha expuesto magníficamente. Lo importante es que podamos tratar expresamente la cuestión de los refugiados afganos en el capítulo de "Derechos Humanos" . Todos somos conscientes de las enormes dificultades por las que ha pasado Europa en relación con la fiebre aftosa. Por consiguiente, es muy importante que el Parlamento Europeo se manifieste también en este caso en torno a la fiebre aftosa. Deberíamos poder combinar ambas cuestiones: en el capítulo de "Derechos Humanos" se puede tratar el tema de los refugiados afganos como capítulo aparte dentro del debate de actualidad centrado en la fiebre aftosa. En este sentido, insto urgentemente a nuestros compañeros socialistas a que dejen el orden del día tal y como está.

Barón Crespo
Señora Presidenta, por lo que he oído ha habido dos intervenciones en contra, ninguna a favor.

La Presidenta
Digamos que la intervención de la Sra. Maes señalaba muy acertadamente que ambas cosas eran compatibles, cosa que yo misma aclaré. La situación de los refugiados afganos que solicitan asilo en Australia está ya incluida en el orden del día, en el punto "Derechos humanos" . Por lo tanto, está claro que se llevará a cabo un debate sobre esta cuestión.
Entonces, ¿de qué se trata ahora? Creo que hay que aclarar que se trata de retirar la fiebre aftosa del orden del día. Eso es. Someto a votación la solicitud de Grupo de los Socialistas Europeos.
(El Parlamento rechaza la solicitud)
Respecto de las sesiones del 19 y 20 de septiembre en Bruselas No hay modificaciones

 
Intervenciones con carácter de cuestión de orden
Maes
Señora Presidenta, en nombre de nuestro Grupo, quisiera plantearle personalmente una pregunta. El Parlamento macedonio debe celebrar urgentemente un debate en relación con la propuesta de paz para Macedonia. ¿Le importaría dirigirse al presidente de dicho parlamento? Todos esperamos que el parlamento respalde ampliamente las propuestas de paz, aunque esto no se logrará sin esfuerzo. El parlamento va a desempeñar un papel destacado. De ahí nuestra petición de que remita una carta o mensaje al presidente del parlamento solicitándole un debate urgente para tratar dicha propuesta de paz.

La Presidenta
Señora Maes, yo diría que la respuesta que le voy a dar va casi más allá de sus deseos. En efecto viajaré a Macedonia en los próximos días, a petición de todos los que están involucrados en ese asunto y quisieron que la Presidenta del Parlamento Europeo estuviese in situ porque se le tiene mucho aprecio a nuestro Parlamento, creo poder decirlo, y esto es verdaderamente una señal alentadora.
Por supuesto, voy a responder lo antes posible a esta invitación que se me acaba de hacer.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, el miércoles de la semana pasada un avión de la compañía Binter Mediterranean, que hace el trayecto Málaga-Melilla, sufrió un accidente en las proximidades del aeropuerto de Málaga con el resultado de cuatro muertos y diecisiete heridos. Es la segunda vez que, en el plazo de dos años, la ciudad de Melilla sufre una tragedia de estas características. En esta ocasión, gracias a la pericia y profesionalidad de los pilotos -uno de ellos fallecido-, se salvó casi la totalidad del pasaje.
Le ruego, señora Presidenta, que transmita a los familiares de las víctimas y a los heridos nuestro sentimiento y solidaridad, con el convencimiento de que la Comisión Europea y este Parlamento muestran su preocupación por la calidad y el mantenimiento de la seguridad del transporte aéreo, como se demostrará en el debate que precisamente este martes vamos a tener, con ocasión de los informes que la Comisión Europea presenta sobre este tema.

Dupuis
Señora Presidenta, ayer, en Vietnam, el Sr. Ho Tan Anh, monje budista, se inmoló con fuego. En julio pasado, nuestro Parlamento adoptó una resolución muy bien articulada, muy precisa, en la cual pide entre otras cosas al presidente de la Delegación para las relaciones con Asia Sudoriental, Sr. Nassauer, que organice lo antes posible una misión a Vietnam para reunirse con los líderes religiosos que hoy están encarcelados, con ellos en particular, y para evaluar la situación en lo que se refiere a la libertad de religión en Vietnam.
Por lo tanto, señora Presidenta, le pido su apoyo y el apoyo de todo nuestro Parlamento para que el Sr. Nassauer pueda, en los próximos días, organizar esa misión. La inmolación por fuego es, me parece, un acto muy grave; es un indicio muy claro del deterioro de la situación en Vietnam y estimo que nuestra delegación debería, como ya lo ha decidido nuestro Parlamento, acudir urgentemente a Vietnam.

La Presidenta
Señor Dupuis, transmitiré al Sr. Nassauer el deseo que usted acaba de expresar. No está presente en el hemiciclo en este momento, pero le daré fiel cuenta de sus palabras.

Napoletano
Señora Presidenta, estoy segura de que usted ya lo habrá hecho pero, dado que ésta es nuestra primera reunión después de las vacaciones de verano, quiero recordar a todos sus Señorías que algunos días después de nuestro último período parcial de sesiones en Estrasburgo se produjo una gravísima catástrofe: en las proximidades del Parlamento cayó un árbol enorme sobre un grupo de personas que asistían a un concierto y muchas murieron, entre ellas varios jóvenes. Pienso que es nuestro deber, puesto que nos reunimos tras las vacaciones de verano, renovar nuestro pésame y transmitirlo al alcalde de Estrasburgo, a los familiares de las víctimas y a todos los ciudadanos tanto porque Estrasburgo es la ciudad que nos acoge como porque la tragedia ocurrió a pocos metros de nuestro Parlamento.

La Presidenta
Por supuesto, señora Napoletano, como usted misma lo ha dicho, enseguida he expresado nuestra más sincera simpatía y nuestro pésame a las autoridades de Estrasburgo y a las familias de las víctimas. Es un drama absolutamente horrendo, y al dirigir ese pésame sabía que expresaba los sentimientos de nuestra Asamblea.

Blak
Señora Presidenta, me veo obligado a plantear un tema muy, muy deplorable. Este Parlamento ejerce terror psíquico y acosa a un pequeño país miembro, Dinamarca, y a los diputados daneses. Durante muchos años hemos tenido incluso que pagar para poder ver una emisora de televisión danesa. Ahora se han cortado las emisiones de ésta, tanto aquí como en Bruselas. Usted no puede hacer esto y me gustaría pedirle que hoy mismo se dirija a la única persona que puede resolver este problema, es decir, la resuelvelotodo, nuestra encantadora, maravillosa, magnífica y competente compañera, la Sra. Mary Banotti, y se encargue de que desde mañana por la mañana vuelva a haber televisión danesa y de que el Parlamento Europeo no moleste en el futuro a uno de los mejores países miembros ejerciendo esta forma de terror sobre sus diputados.

La Presidenta
Señor Blak, puesto que viajaré a Dinamarca dentro de algunos días, haré saber claramente que no se trata de una discriminación, créame. Pero estoy convencida de que la Sra. Banotti enseguida lo tranquilizará.

Banotti
Señora Presidenta, cuando me enteré de que el pobre Sr. Blak tenía de nuevo algún problema, sin dudarlo me precipite para ver qué es lo que se podía hacer. Al parecer Dinamarca está entrando en la edad digital de la televisión, y se ha producido un fallo técnico con la recepción de la televisión danesa aquí, cosa que, evidentemente, haré todo lo posible por rectificar inmediatamente.
Si mis colegas daneses desean recibir una emisora de radio o de televisión determinada, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo sobre la emisora o estación que desean recibir. Esto brinda a mis colegas daneses la posibilidad de reunirse en un espíritu de armonía y resolver exactamente qué es lo que desean, y, como es natural, procuraré conseguirlo lo antes posible.

Êorakas
Señora Presidenta, se revela ahora por qué las fuerzas de la OTAN en Kosovo no sólo no se esforzaron en la aplicación de la resolución núm. 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente por lo que se refiere al desarme de la UÇK, sino que lo promovieron a la condición de cuerpo de seguridad de Kosovo, toleraron, si es que no propiciaron, la modernización de su armamento, y sustancialmente, permitieron -si no impulsaron- la filtración de los criminales de la UÇK en la ARYM, donde se creó así la situación actual. Esta situación, señora Presidenta, ha constituido la coartada para la intervención de la OTAN, y para la aplicación del conocido y execrable acuerdo para el desarme voluntario de la UÇK, con el consiguiente dictado de cambios constitucionales. De este modo, con la palanca de la UÇK y el apoyo directo de los Estados Unidos, todo conduce una vez más a la desmembración y a la creación de un nuevo protectorado tipo Bosnia-Herzegovina. Son enormes, a nuestro parecer, las responsabilidades, no sólo de los Estados Unidos y la OTAN, sino también de la Unión Europea, que apoya la acción de la OTAN en la región.
Esta valoración, señora Presidenta, no es sólo nuestra, la comparten muchos medios de comunicación. Nos preguntamos cuál será el próximo paso. Sentimos especial inquietud nosotros los griegos, porque constatamos que el objetivo de las fuerzas que intervienen en los Balcanes ni es la paz, sino alimentar la hoguera de la tensión y los conflictos bélicos. Sentimos inquietud porque, al margen de cualquier otra consideración, vemos que el fuego se aproxima peligrosamente a nuestro país, y con la complicidad, además, del Gobierno griego. Exigimos, señora Presidenta, puesto que se desplazará usted allí, que traslade nuestro punto de vista favorable a poner fin a esta política y a que la OTAN abandone los Balcanes, de suerte que se restablezca la paz que reinaba en nuestra región antes de estas intervenciones.

Wynn
Señora Presidenta, después de los serios asuntos de que nos hemos estado ocupando quisiera tomar la palabra en tono más alegre y darles algunas buenas noticias acerca de la región que represento, que es el noroeste de Inglaterra. Los periódicos ingleses de ayer y de hoy parecen tratar únicamente de una cuestión, el partido memorable e histórico en el que Inglaterra ganó a Alemania por 5-1. El motivo de que eso sea una buena noticia para nosotros -y ruego a mis colegas alemanes que acepten mi más sentido pésame- es que los principales arquitectos de esta victoria provenían de los principales clubes del noroeste, aunque es verdad que teníamos un entrenador sueco. Espero que lo sucedido muestre a todo el mundo que la región noroccidental de Inglaterra es un centro de excelencia, no solamente para el fútbol sino también para otras muchas cosas, y les invito a todos a visitarnos cuando puedan.

Schulz
Señora Presidenta, le doy las gracias por proporcionarme la oportunidad de responder tan rápidamente a nuestro colega. Quisiera felicitarle expresamente por este gran éxito del equipo nacional inglés y, al mismo tiempo, quisiera decir a nuestro colega, el Sr. Ferber, - lamentablemente ausente - que la aplastante mayoría de los jugadores alemanes procede de Baviera.

Fatuzzo
Señora Presidenta, en primer lugar quiero desearles a todos buen trabajo para el período parcial de sesiones que estamos a punto de comenzar y en segundo lugar prometo hablar sólo cuando será indispensable. Empiezo diciendo que el pasado domingo 26 de agosto me encontraba en Génova, la ciudad en que nací. Quería bañarme - hacía mucho calor - en el agua, en el club "Italia" de Corso Italia, y estaba a punto de darme un chapuzón cuando me reconoció un viejo amigo de la infancia, un consejero del ayuntamiento que se llama Egidio Saccone, propietario de la playa, que me dijo: "Fatuzzo, tú que estás en el Parlamento Europeo, habla y trata de que los deportistas aficionados de todos los deportes - natación, boxeo, atletismo, fútbol, ciclismo, tenis, etcétera - gocen de una pensión. Seguramente te escucharán, lo dirán a todos los quince Estados y harán algo". Y... ahora me voy a dar un chapuzón.

Morgantini
"Cogidos de la mano por la paz": así se denominaba la manifestación convocada el 1 de septiembre por el ADEP en Ankara. En realidad, los manifestantes no pudieron ir cogidos de la mano porque la policía impidió cualquier manifestación: entró en la sede del ADEP que es un partido democrático y detuvo a varios cientos de personas encerrándolas en el estadio. A nosotros los estadios nos recuerdan cosas trágicas y terribles. Por lo tanto, pido a nuestra Presidenta que intervenga ante el Gobierno turco con el fin de que la libertad de circulación, expresión y manifestación pueda ser ejercitada por los kurdos y los turcos que pidieron única y exclusivamente manifestarse juntos por la paz, y para que sean liberadas de inmediato las personas detenidas en los estadios y en las cárceles turcas.

La Presidenta
Intervendré en ese sentido, señora Morgantini.

Uca
Señora Presidenta, quisiera completar solamente lo que acaba de afirmar la Sra. Morgantini. La prohibición de la manifestación por la paz del 1 de septiembre ha conducido a que perdiera la vida una persona que huyó de la policía. Hoy siguen encarceladas aún 500 personas. Le ruego a usted que se movilice para que las 500 personas que están aún en prisión sean puestas en libertad inmediatamente.

La Presidenta
Una vez más, de muy buena gana haré esa intervención.

Villiers
Señora Presidenta, le ruego que escriba a las autoridades acerca del lamentable incidente de Shelter Now. Estoy seguro de que los diputados de este Parlamento se han enterado de que algunos miembros del personal asistencial que prestaban servicio en el país han sido detenidos por las autoridades talibán, principalmente sobre la base de que se trata de una organización de base cristiana, lo que infringía las normas talibán de intolerancia religiosa.
Le exhorto a que escriba a las autoridades talibán y les exija que traten correctamente a los detenidos y que les pongan rápidamente en libertad. No han cometido delito alguno, aparte de esforzarse por ayudar a Afganistán y al pueblo afgano. Afganistán es una de las naciones más pobres y más necesitadas del mundo, y sentaría un precedente sumamente inquietante si se atacara al personal de asistencia a causa de su religión. Esto pondría en entredicho las operaciones de asistencia en todo el mundo y particularmente en Afganistán.
Quisiera señalar a la atención del Parlamento que ese personal de asistencia, tanto si es europeo como si es afgano, puede incurrir en la pena capital con arreglo a las leyes talibán. Insto a los diputados del Parlamento a que apoyen un llamamiento dirigido a las autoridades talibán para que pongan en libertad a los detenidos.

La Presidenta
Absolutamente, señora Villiers, todos nosotros conocemos muy bien los hechos que usted acaba de relatar; es una nueva prueba de lo que calificaría de locura destructora del régimen talibán.
Usted sabe que el Parlamento se ha expresado en varias oportunidades a ese respecto y actuaré muy gustosamente en ese sentido.

Duff
Señora Presidenta, antes de que acabara el último período parcial de sesiones anterior al verano, la Mesa del Parlamento decidió finalmente que iba a publicar los nombres de todos los asistentes de diputados que reciben los subsidios por servicios de secretaría previstos en el artículo 14, pero más tarde nos enteramos de que la Mesa y los Cuestores habían modificado su decisión y requerían el consentimiento individual de los diputados y de los asistentes antes de que los nombres figurasen en la lista.
No cabe duda de que esto constituye una burla a la transparencia y de que infringe el principio de que se publiquen los nombres de todos los que están remunerados con cargo a fondos públicos. ¿Puedo pedirle que solicite de la Mesa y de los Cuestores que reconsideren su decisión?

La Presidenta
Señor Duff, para dejarlo muy claro, no fue la Mesa la que modificó esa decisión. Fue la directiva sobre la protección de los datos personales que exigió que así fuese, y usted admitirá que es muy difícil que la Mesa o los cuestores hagan caso omiso de la necesaria protección de los datos personales que requiere el consentimiento de las personas interesadas.
Hemos estudiado esto muy de cerca, con todo el rigor necesario, y por supuesto las opiniones de nuestro servicio jurídico sobre este punto han sido absolutamente formales.

De Rossa
Señora Presidenta, varios oradores se han referido ya a cuestiones relacionadas con violaciones de los derechos humanos y yo también quisiera plantear un caso de grave violación de dichos derechos. Un derecho humano que todos los presentes apoyarán es el derecho de los niños pequeños a ir a la escuela sin que se les pongan impedimentos ni se les aterrorice. Mientras estamos hablando de esta cuestión en este Parlamento, niños de cuatro, cinco o seis años de edad de una zona poco extensa de Belfast, en Irlanda del Norte, están siendo aterrorizados por las denominadas protestas.
No les aburriré con argumentos en favor o en contra de ese tipo de protestas ni con los argumentos de uno u otro de los bandos, pero se trata de argumentos políticos entre adultos. Esos argumentos no pueden involucrar a niños pequeños que van a la escuela. Señora Presidenta, le insto a que haga un llamamiento por escrito a todos los partidos de Irlanda del Norte, y a los Gobiernos irlandés e inglés, exhortándoles a que se sirvan de todas las fuerzas y todos los medios de persuasión de que dispongan para poner término a ese tipo de protestas. Hay que conseguir que los niños pequeños puedan ir a la escuela sin ningún tipo de impedimento.
Hay muchos que creen que el terrorismo sólo se manifiesta a través del uso de bombas, armas y balas, pero agradeceré que me digan ustedes cómo van a recordar esos niños de cuatro años que van a la escuela por primera vez en su vida, ese primer día en que tuvieron que ir a la escuela rodeados de policías armados que necesitaban protegerles y que estaban procurando abrirles camino para que pudieran llegar sin peligro hasta su clase en su primer día de escuela. Es una situación lamentable y espero, señora Presidenta, que pueda escribir usted a todos los interesados.
Y ya que me he levantado, me gustaría subrayar también que se ha conseguido un progreso histórico en Irlanda del Norte. Como todos sabemos, no basta con acordar que hay que cambiar algo, lo primero que hay que hacer es cambiar de actitud. Se ha concertado un nuevo acuerdo en materia de servicios de vigilancia policial en Irlanda del Norte que reviste importancia fundamental para el acuerdo de paz. El SDLP - que es el partido que dirige John Hume, que forma parte de este Parlamento- ha dado su apoyo por vez primera en la historía de Irlanda del Norte al servicio de policía local, y merece que se le felicite por ello.

Gorostiaga Atxalandabaso
Señora Presidenta, el mes pasado en San Sebastián un juguete-trampa explosivo hirió gravemente a un niño de corta edad que se hallaba en los brazos de su abuela, la cual pereció en la explosión. Esa señora que ha mencionado usted era María Eraunzetamurgil, pero, como usted ha dicho, nadie sabe quién ha sido el autor del atentado. Seis personas han sucumbido ya como víctimas de esa guerra sucia y subterránea que se ha cobrado ya otras 66 víctimas desde 1977.
Esperamos que todos los autores de esos actos sean juzgados. El Sr. Barón Crespo ha dicho "justicia aplazada, justicia negada" . Me referiré a 1977: El Sr. Segundo Marey, que fue secuestrado por error al principio del período socialista de la guerra sucia, falleció también el mes pasado en Hendaía. Los que fueron condenados como autores del secuestro -oficiales superiores de la policía y el Gobierno español- quedaron en libertad después de haber pasado solamente unos cuantos días en la cárcel. Todas esas víctimas merecen también nuestra simpatía y nuestro respeto.

Alyssandrakis
Señora Presidenta, comparto plenamente los puntos de vista expresados por las colegas Morgantini y Uca sobre la situación en Turquía. Quiero añadir que han transcurrido diez meses desde el inicio de la huelga de hambre de los presos políticos en protesta por los planes del gobierno para aislarlos en celdas diminutas. El balance hasta hoy es trágico: treinta y dos personas jóvenes han perdido la vida a causa de la huelga de hambre, y otras treinta murieron durante la incursión de las autoridades turcas a las cárceles el pasado diciembre. La última víctima ha sido Hülya Simsek que falleció el 31 de agosto. Era el sexto familiar de los presos políticos fallecido a causa de la huelga de hambre.
En nombre del Partido Comunista de Grecia denuncio desde esta tribuna tanto la criminal indiferencia del régimen turco cuanto la hipocresía de quienes parecen desvivirse por los derechos humanos y no mueven un dedo para presionar al gobierno turco al objeto de que deponga su intolerante actitud hacia las justas reivindicaciones de los presos y de que en general respete los derechos humanos. Entre los hipócritas se encuentra la Unión Europea, que tiene una responsabilidad muy especial, puesto que Turquía es un país candidato a la adhesión. Señora Presidenta, señorías, indiferencia ante el crimen significa complicidad.

García-Margallo y Marfil
Señora Presidenta, no estoy absolutamente seguro de que lo mío sea una moción de orden, aunque sí una contestación a una intervención anterior.
Este Parlamento sabe que la Constitución española -probablemente por haber sido hecha después de una dictadura- es la más respetuosa de toda la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.
Este Parlamento sabe también que la persona que ha intervenido antes que yo forma parte del mismo porque ha podido participar en unas elecciones libres, en las que ha podido expresar sus opiniones. Este Parlamento sabe también que cuando ha habido violaciones del ordenamiento jurídico en la persecución del crimen, esas violaciones han sido juzgadas por tribunales ordinarios con todas las garantías procesales y hay en este momento personas que, perteneciendo a los aparatos del Estado, están en prisión por dichas violaciones.
No puedo decir lo mismo de muchos compañeros de mi partido, del Grupo socialista ni de otros partidos que, por disentir de las opiniones que han sido vertidas, han sido pura, lisa y llanamente asesinados. Y vamos ya por un millar.

sociedad europea
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
el informe (A5-0243/2001) del Sr. Hans-Peter Mayer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el proyecto de reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la sociedad europea (SE) (14886/2000 - C5-0092/2001 - 1989/0218(CNS)), y
el informe (A5-0231/2001) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el proyecto de directiva del Consejo por el que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (14732/2000 - C5-0093/2001 - 1989/0219(CNS)).

Mayer, Hans-Peter
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la idea de crear una forma europea de sociedad que siga en todos los Estados miembros las mismas normas supranacionales es casi tan antigua como la misma Unión Europea. La societas europaea - SE - desempeña a este respecto el papel de buque insignia del Derecho europeo de sociedades. Los cimientos científicos se pusieron a finales de los años 50. En 1970 la Comisión propuso un estatuto, en forma de reglamento, para una SE. Contenía un Derecho único que regulaba hasta las más mínimas facetas.
En 1989 la Comisión presentó una nueva propuesta de reglamento completamente nueva. Se exceptuaban el Derecho social y laboral, el Derecho fiscal y de la competencia, la protección jurídica industrial, la normativa de insolvencia y la normativa sobre régimen empresarial. Finalmente, en Niza se llegó a la unificación política, un reglamento del Consejo sobre el estatuto y una directiva que lo complementaba en lo que se refiere a la participación de los trabajadores.
Respecto del fundamento jurídico: la propuesta de 1989 se basaba en el actual artículo 95. Esto significaba la codecisión. Las propuestas de Niza se basaban en el artículo 308 de suerte que el Parlamento es consultado solamente. Para el reglamento se pueden utilizar correctamente como fundamento jurídico tanto el artículo 95 como el artículo 308. Desde el punto de vista de una legitimación democrática y con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia Europeo habría que escoger en semejante caso el fundamento jurídico que otorgue al Parlamento los mayores derechos de cogestión . En consecuencia, el Parlamento se reserva iniciar ante el Tribunal de Justicia Europeo un procedimiento para la comprobación del fundamento jurídico, tras la aceptación por parte del Consejo.
Acerca del reglamento: según los artículos 2 y 3 existen varias formas de constitución. El capital debe ascender al menos a 120.000 euros. Los sistemas legales de los Estados miembros en materia de sociedades conocen dos sistemas diferentes de administración de sociedades anónimas. El sistema monista, por ejemplo, en Gran Bretaña, prevé solamente un órgano de administración. El sistema dualista que se aplica, por ejemplo, en Alemania prevé un órgano de supervisión y un órgano de dirección. La unificación europea exige ahora que en cada país estén disponibles con carácter optativo ambos sistemas.
Hasta ahora los sistemas legales relativos a sociedades en los Estados miembros prevén que las sociedades nacionales sólo pueden trasladar su sede disolviéndose y constituyéndose de nuevo en otro Estado miembro. En el caso de la SE el traslado de sede no conduce a la disolución de la sociedad ni a la fundación de una nueva persona jurídica. El crecimiento conjunto de los mercados que antes estaban separados requiere que creemos, de una vez por todas, formas jurídicas de organización que respondan a la nueva situación en Europa. No obstante, la construcción de la SE presenta debilidades considerables. La SE va a configurarse de manera diferente en los diversos Estados miembros. No se va a tratar de una SE de estilo europeo, sino de una SE con características, por ejemplo, francesas, españolas o alemanas.
Y aún hay más. Incluso en el seno de un Estado miembro se constituirá un número de SE diferentes, desde la modalidad de sociedad hasta la de cogestión. Creo que es francamente imprescindible que simultáneamente a la entrada en vigor del reglamento se aprueben disposiciones fiscales de flanqueo.
La realidad de la SE va a resultar influida también, evidentemente, por la legislación fiscal. A este respecto hay que celebrar una serie de enmiendas presentadas por el Grupo ELDR. En suma, yo abogo por que la SE inicie su viaje inaugural. Luego se verá dónde necesita ser reparada aún para que un día se convierta en el esperado buque insignia.

Menrad
Señor Presidente, distinguidos colegas, nuestro colega, el Sr. Mayer ha mencionado que el proyecto de la sociedad anónima europea debería estar realizado ya desde hace más de 30 años. En la segunda mitad de los años noventa, nuestro colega en el Parlamento, Jacques Santer, entonces Presidente de la Comisión, sometió intensamente a debate esta forma de sociedad. Él mismo y muchos que lucharon a su lado aquí, en el Parlamento, la quisieron como una indumentaria para global players de Europa que se lanzan a la competencia en los mercados mundiales.
La sociedad anónima europea ha fracasado hasta ahora en el Consejo de Ministros, sobre todo, por sus concepciones acerca del lugar de los trabajadores. En 1970 un reglamento relativo a esta sociedad anónima europea contemplaba de manera unilateral el modelo de cogestión alemán solamente, aunque la cogestión no es, ciertamente, un articulo exportable.
Más tarde, a finales de los años ochenta, se presentaron al Parlamento dos documentos que fueron estrechamente engranados el uno con el otro - nuestro colega, el Sr. Mayer, lo ha explicado ya: un reglamento relativo a cuestiones de Derecho de sociedades, el estatuto - y la directiva que hace relación a lugar de los trabajadores en la sociedad anónima, en la SE. Se prescribieron así tres modelos de los cuales había que elegir uno. Tampoco aquí se produjo un acuerdo. Sólo en 1997 se divisó una solución. El Parlamento hizo una propuesta. Un grupo de altos expertos bajo la presidencia de Etienne Davignon lo fundamentó científicamente y los miembros de los sindicatos y de las asociaciones patronales suscribieron este Informe Davignon. Se le pueden dar a esto todas las vueltas que se quiera: el avance se produjo porque se echó mano de la receta exitosa de la directiva europea sobre comités de empresa sobre la que volveremos todavía en el próximo punto del orden del día.
También ahora se han propuesto como principios básicos de procedimiento para la constitución de una sociedad anónima europea los siguientes: flexibilidad, soluciones de negociación, estándares mínimos. De esta suerte se han combinado bien las tradiciones de cogestión existentes en la Unión Europea. Es decir, en algunos países existe cogestión por la vía jurídica, en otros a través de convenios colectivos. Ahora existe la combinación: en el caso de la sociedad anónima europea se está confeccionando un traje especial a medida en las negociaciones colectivas entre las mesas fundacionales y un grupo específico de negociación de los trabajadores, y en caso de fracaso rigen tras un periodo de medio año a un año los derechos mínimos legales de la participación de los trabajadores. El Informe Davignon los denomina regulaciones legales colectoras. En la directiva sobre el comité de empresa europeo se habla de disposiciones subsidiarias. Creo que ésta es la mejor expresión pues se alude aquí de manera ejemplar a la subsidiariedad. Esta concepción fue aprobada también en Niza. Nosotros damos nuestra respuesta afirmativa a las regulaciones de Niza relativas a la cogestión.
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales prevé frente al proyecto del Consejo dos importantes enmiendas. En primer lugar: queremos una definición del concepto de cogestión distinta de la del Consejo. El denominado órgano de representación de los trabajadores no es otra cosa sino un específico comité de empresa europeo para la sociedad anónima europea, por lo demás con una mejora de los derechos, de los que nos deberíamos acordar a la hora de completar la directiva sobre el comité de empresa europeo. Pero éstos son, y siguen siendo, los derechos de información y de consulta. La etiqueta "cogestión" estaría aquí fuera de lugar.
En segundo lugar: a tenor de la propuesta originaria de la Comisión se ha puesto de manifiesto que es preciso regular el procedimiento de elección de los trabajadores para el consejo de supervisión y para el consejo de administración con arreglo a las respectivas disposiciones en vigor en los Estados miembros. De esta suerte, en Alemania debería darse una elección directa o indirecta de los miembros de los trabajadores en correspondencia con la elección de los miembros del Consejo de supervisión que contempla la ley alemana sobre sociedades anónimas. Estoy convencido de que es necesario no hacer diferencias en la elección. Según la sociedad anónima alemana los miembros son elegidos, según la sociedad anónima europea los representantes de los trabajadores no lo son.
El presente reglamento y la presente directiva sacan la sociedad anónima europea del hielo de la legislación europea. No obstante, ambos instrumentos - en esto estoy de acuerdo con nuestro colega, el Sr. Mayer - muestran grandes deficiencias. Sin embargo, hemos de dar, de una vez por todas, el primer paso. Una vez transcurridos seis años ambos instrumentos jurídicos deberán ser analizados y, llegado el caso, deberán ser mejorados. El pié debe empujar la puerta y así el próximo golpe de viento abrirá la puerta. Creo que con este modelo europeo estamos en el camino correcto incluso en lo que atañe a la dimensión social del mercado interior. En efecto, el modelo europeo no es el de la economía de mercado pura y, por ende, tampoco el de la sociedad anónima pura, sino una sociedad anónima que implica también, precisamente, la participación de los trabajadores.

Manders
. (NL) Señor Presidente, señor comisario, todos nos congratulamos de las propuestas que tenemos ante nosotros. Los Sres. Mayer y Menrad ya han puesto de manifiesto que aún no se sienten del todo satisfechos al respecto. Sin embargo, creo que podemos sentirnos felices en relación con este tema tan importante. Antes eran sobre todo las multinacionales americanas las que consideraban la ausencia de una sociedad europea como una desventaja, debido a que deseaban operar en toda Europa y no en cada Estado miembro por separado. Por este motivo, el profesor Sanders introdujo el concepto de Societas Europea hace treinta años con motivo de un discurso inaugural en la Universidad Erasmo de Rótterdam.
Nos complace que la propuesta lleve encima de la mesa desde hace treinta años. Lamentamos que aún no se den las condiciones para que los sistemas fiscales europeos converjan algo más y se homologuen entre sí. Con esta afirmación no quiero decir que se deban armonizar los impuestos. Considero que la competencia fiscal - y el ancho de banda - debe mantenerse aunque opino que la sociedad europea necesita que los sistemas fiscales de los diferentes Estados miembros se encuentren adaptados entre sí. Aunque exista una sola empresa europea, en cada Estado miembro se deberá seguir trabajando con las legislaciones sociales y los sistemas fiscales correspondientes.
En última instancia, será el mercado el que fuerce la creación efectiva de una sociedad europea, algo que en la actualidad se ve dificultado por la actuación descoordinada de los diferentes Estados Miembros. Por ello, opinamos que su existencia es positiva. Esperamos que esta posibilidad se evalúe rápidamente y creemos que al cabo de unos años tras dicha evaluación, el mercado sea el que determine finalmente dicho estatuto europeo. Será algo positivo para Europa, con el euro y el mercado interior.

Miller
Señor Presidente, quisera felicitar al Sr. Menrad y al Sr. Mayer por sus informes. También quisiera secundar lo que ha dicho el Sr. Mayer acerca del fundamento jurídico. Tiene toda la razón. Ha habido personas que han tratado con rapidez pero sin cuidado de toda la cuestión del fundamento jurídico. Empezamos citando el artículo 95 como fundamento jurídico y luego hemos decidido que el fundamento jurídico era el artículo 308 porque así convenía a algunos. Eso no está bien, y el Parlamento tiene razón para decir que en algún momento tenemos que impugnar esa cuestión ante un tribunal.
En cuanto a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el informe del Sr. Menrad acerca de la información y consulta de los trabajadores, me permitiré citar los dos ejemplos de Corus y BMW Rover. Lo primero que supieron los trabajadores en relación con la situación en que se hallaban fue cuando iban a trabajar y lo oyeron por la radio del coche. En estos días, y en estos tiempos, eso es totalmente intolerable. Hay que informar a los trabajadores desde el principio acerca de la situación en que se hallan sus puestos de trabajo porque son parte y parcela de su empresa.
Digo lo que he dicho, pero yo debería saber cómo suceden esas cosas. Recuerdo que hace muchos años me presenté en mi lugar de trabajo y me encontré con que las puertas de la fábrica estaban cerradas con candado, y todos los trabajadores estaban fuera esperando. Alguien a quien habían envíado para decírnoslo nos comunicó que todos estábamos de sobra. Lo recuerdo con gran claridad porque los propietarios de la fábrica seguían viviendo en grandes casas, seguían conduciendo grandes coches, y seguían yendo de vacaciones. Yo era uno de los trabajadores de la fábrica y nueve meses después no había recibido todavía ninguna indemnización por el despido: lo único que recibí fue la paga que me debían.
Ése es el tipo de situación en la que los trabajadores no deberían volverse a encontrar nunca. Por eso felicito al Sr. Menrad por haber dado ese pequeño paso en dirección a la información y la consulta de los trabajadores, porque es un paso en la buena dirección. No es un informe perfecto: volveremos a ocuparnos de la cuestión y sabremos mejorarla. Sin embargo, es un paso en la buena dirección y tiene todo mi apoyo.

Lehne
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ya se ha dicho por qué la sociedad anónima europea tiene tanta importancia No quisiera añadir nada al respecto. Pero, por eso, hay que lamentar las circunstancias bajo las que aquella se ha dado y los problemas de los que hemos de ocuparnos aquí. Todos sabemos que la cumbre de Niza no ha sido un gran éxito y que ha mostrado más bien un resultado escaso en lo que respecta a las negociaciones del Tratado. Con esta sociedad anónima los Jefes de Estado y de Gobierno han creído poder ofrecernos algo que, al menos, como pequeño éxito de esta cumbre, por decirlo así, hace avanzar de nuevo un poco más a Europa. Básicamente, hay que celebrarlo. Sin embargo, hay que lamentar - hay que lamentarlo decididamente - que los Jefes de Estado y de Gobierno hayan hecho caso omiso del derecho, de la ley y del Tratado cambiando el fundamento jurídico bajo el lema de "nos hemos puesto de acuerdo ahora, el Parlamento no debe estorbar" . Han sustituido el artículo 95, que claramente era el fundamento jurídico de una parte del proyecto, por el artículo 308 e, igualmente, han sustituido el artículo 137, que a tenor del texto del Tratado habría sido, sin duda, el fundamento jurídico de la otra parte del proyecto, por el artículo 308.
El resultado es: ninguna codecisión. El resultado es: unanimidad en el Consejo y una decisión exclusiva del Gobierno. Personalmente, no creo que el Parlamento pueda aceptar esto. Por esta razón, en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos cambiado por gran mayoría el fundamento jurídico y hemos colocado de nuevo el fundamento jurídico correcto, es decir, el artículo 95 y también el 137. También es interesante que esto se argumentó así expresamente en los considerandos de la propuesta originaria y que los servicios jurídicos lo han defendido así. En las deliberaciones hemos procedido como en un procedimiento de codecisión. Quisiera prevenir al Consejo: si el Consejo modifica de nuevo en su segunda lectura el fundamento jurídico para este proyecto, entonces correrá el riesgo muy serio de que el Parlamento presente una demanda en este asunto. Creo que incluso ganaremos esta demanda ante el Tribunal de Justicia. De todas maneras, el valor práctico de este proyecto, según lo que sabemos, es más bien limitado. Les remito al escrito del Presidente del UNICE. En la comisión también nos hemos remitido a aquél. Hemos pedido las regulaciones fiscales en el marco de una revisión, y espero que esta revisión se produzca enseguida.

Rothley
Señor Presidente, respecto del reglamento mi Grupo y yo mismo, del cual fui ponente hace muchos años, decimos sí y amén, pero no porque estemos entusiasmados pues lo que aquí se nos presenta como sociedad anónima europea es algo inacabado. No habrá una sociedad anónima europea, sino 15 sociedades anónimas europeas. Un desbarajuste. No quisiera entrar en detalles. El Consejo ha confirmado lo que todos los gorriones pian en los tejados: él es el auténtico problema en la legislación europea. Él, el Consejo, y no la Comisión ni el Parlamento: el Consejo es el problema. Y aún quiere tomar decisiones por unanimidad y si para ello hay un fundamento jurídico - en este caso, el artículo 308 - tanto mejor. En tal caso no se necesita al Parlamento. No obstante, como ha afirmado nuestro colega, el Sr. Lehne, vamos a comprobar con todo cuidado si este fundamento jurídico es adecuado y, en caso necesario, lo pondremos en manos del Tribunal de Justicia Europeo. El Derecho comunitario se reduce en manos del Consejo a una nueva especie de Derecho internacional, con la diferencia y con la ventaja, de que no debe ser ratificado por el Parlamento Europeo ni por los parlamentos nacionales. Tal es la estrategia del Consejo.
¿Por qué debería ser, realmente, atractiva esta sociedad anónima europea? ¿Por qué debería aprobarse? ¿No es posible que a esta sociedad anónima europea le esté amenazando el mismo destino que a la patente comunitaria después del Convenio de Luxemburgo? En esta última el Consejo había logrado ponerse de acuerdo en un compromiso tras muchos años, y toda la industria, todos los participantes, no se interesaron por él. Posiblemente esto no va a ser de otra manera en esta modalidad de la sociedad anónima europea. ¿Dónde están, en efecto, las ventajas? ¿Por qué ha de constituir uno una sociedad anónima europea? ¿Dónde están, por ejemplo, las ventajas fiscales? No las veo.
Un comentario más: cabe que tras este fracaso se recurra de nuevo a la décima directiva sobre la fusión transfronteriza de sociedades anónimas, digamos que como complemento, pues nada se sostiene con esta sociedad anónima europea. Pero, cuidado, mis queridos amigos del Consejo y de la Comisión: entonces no se siguió nada de la décima directiva sobre la fusión transfronteriza de sociedades anónimas con la supresión de la cogestión y tampoco se seguirá nada esta vez.
Una vez que hemos solucionado, por decirlo así, la sociedad anónima europea, quisiera recordar que ahora nos aguardan otras modalidades de sociedad: la asociación europea, la sociedad mutualista europea y la sociedad cooperativa europea. Espero que próximamente la Comisión formule las propuestas correspondientes.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, me es grato intervenir en este debate para tratar de una propuesta clave para el proceso de la construcción europea.
La posibilidad de contar con una auténtica sociedad anónima europea está dentro de la lógica que nos ha conducido a un mercado interior europeo, a una unión monetaria y a la última fase de la plena utilización del euro, que ya estamos alcanzando.
Sin embargo, como ha recordado aquí uno de los ponentes, para llegar a esta lógica hemos tardado treinta años -poco más de treinta años- desde la primera propuesta, en el año 1970, hasta ahora.
Mi observación en nombre del Grupo Liberal tiene un doble aspecto: por una parte, apoyaremos, lógicamente, la propuesta; creemos que constituye un avance dentro de los logros del proceso de construcción europea. Pero también hemos de decir, por otra parte, que no nos satisface; que, como se recoge en las enmiendas propuestas a ambos informes, la estructura que se propone para crear una sociedad anónima europea resulta aún demasiado compleja.
Hay diversas opciones y las variedades de sociedad europea que pueden existir se pueden dar incluso dentro de un mismo Estado miembro. Se ha llegado a pensar que si se consideran las diversas formas y opciones y se hace un cálculo combinatorio, pueden resultar hasta doscientas figuras diferentes. Y esto -creemos- no es lo más oportuno para consolidar una sociedad europea que actúe de acuerdo con esta realidad que ya hemos conseguido gracias al mercado interior europeo y a la unión monetaria.
Por ello, nosotros hemos presentado también en nombre del Grupo Liberal una serie de enmiendas dirigidas a consolidar esta figura clave para la propia Unión Económica y Monetaria y desearíamos vivamente que el Consejo las asumiese.

Bouwman
Señor Presidente, señor comisario, unas palabras en nombre del Grupo Verde en torno a esta cuestión. Justo antes de las vacaciones pasamos por una situación dolorosa en relación con la directiva relativa a las absorciones, en concreto debido a que gran parte de este Parlamento no aceptaba el apartado social. En este sentido, podemos ser muy claros. En este caso, la directiva es clara, aunque me adhiero al señor Rothley y a los demás en la opinión de que aún resulta insuficiente. Sin embargo, esto se debe a otras muchas cuestiones.
Nos hubiera gustado que la directiva relativa a las fusiones y la directiva relativa a la sociedad europea constituyeran una especie de bloque en el que se regulasen adecuadamente y de forma simultánea cuestiones relacionadas con la participación de los trabajadores, la información y el asesoramiento. En este momento, nos encontramos ante la difícil situación de que los acontecimientos se suceden y que no somos capaces de evaluar su coherencia.
Obviamente, estamos a favor de que, el marco de lo que llamamos "un modelo social europeo" , se haga algo con las normas de información y consulta que se adjuntan a los informes de los señores Menrad y Mayer, y que, por otra parte, me parecen magníficos. No queremos que este proceso se lleve a cabo aplicando el método anglosajón, tal y como expresen en relación con la directiva sobre fusiones.
Si efectuamos en estos momentos una comparación entre el modelo de comité de empresa europeo actual y las normativas que estamos tratando en relación con la información y las consultas, el modelo actual resulta más ventajoso. Sin embargo, tal y como se desprenderá del expediente, la mejora del modelo de comité de empresa europeo aún esta pendiente. Se deben cambiar muchas cosas, por lo que no sé exactamente cuál será el resultado.
Por lo tanto, nos mostrados finalmente de acuerdo con este enfoque. En lo que respecta a la información y a las consultas, abogamos obviamente por lo que se conoce como las "Relaciones Laborales Renanas" . Aceptamos la presente propuesta como una directiva de mínimos, por expresarlo de algún modo.
La incorporación a las legislaciones nacionales resultará clave para una serie de países, y pienso en Austria, Alemania y en los Países Bajos, debido a que allí existen normativas mejores y la adaptación podría ser compleja.
Por último, quisiera señalar que apoyo la enmienda 7 del señor Menrad en lo que respecta a la definición de la participación. Constituye todo un reto para el comisario continuar en esta línea y sentar los fundamentos jurídicos de forma correcta.

Gallagher
Señor Presidente, después de 30 largos años de negociaciones, los Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales consiguieron llegar a un acuerdo el pasado mes de diciembre acerca del Estatuto de una sociedad anónima europea. Desde hace mucho tiempo se ha considerado que la creación de una sociedad anónima europea revestía importancia esencial para un amplio acervo de legislación europea sobre empresas que promueve el comercio. En un entorno comercial cada vez más mundializado, la creación de la sociedad europea es muy oportuna.
El capital se desplaza con facilidad a través de las fronteras a medida que las empresas multinacionales buscan los lugares más atractivos para instalar sus locales. La Unión puede ser muy útil para la creación de un mercado único de productos, servicios y capitales. Hace mucho tiempo que es necesario crear una sociedad europea que complemente esa situación.
Los diputados de este Parlamento provienen de 15 Estados soberanos diferentes y saben muy bien que el derecho de sociedades varía muchísimo de un Estado miembro a otro. Por eso me agrada mucho que este reglamento prevea cinco formas diferentes de establecer una sociedad anónima europea. El derecho de sociedades de los Estados miembros acepta dos sistemas diferentes de gestión de la sociedad. El reglamento propone que esos dos sistemas estén disponibles en cada país, o sea que las sociedades podrán elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades.
En vista de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos primero y consiguientemente de la economía mundial, es esencial que nosotros, en nuestro papel de legisladores, hagamos todo lo que podamos por facilitar la creación de empresas y de puestos de trabajo. La creación y gestión de las sociedades anónimas europeas tienen que llevarse a cabo con el menor número posible de impedimentos y de obstáculos burocráticos. Las sociedades tienen que poder contar con la flexibilidad que necesitan para conservar la agilidad de funcionamiento y para poder operar sin trabas en un entorno sumamente competitivo.
El ponente se refiere a la cuestión de la fiscalidad. Tiene que quedar bien sentado que la política fiscal es de la incumbencia de cada Estado miembro y de su Parlamento nacional. Toda propuesta de que las sociedades anónimas europeas abonen un impuesto sobre las sociedades y de que las cantidades recaudadas vayan a las arcas de la Unión Europea es totalmente inaceptable. El Gobierno irlandés tiene una política de baja imposición sobre las sociedades a fin de estimular las inversiones. Nuestra tasa del 12,5% ha demostrado su razón de ser porque en realidad ha incrementado los ingresos fiscales al mismo tiempo que promovía el desarrollo sostenido. Irlanda no puede aprobar ninguna sugerencia en favor de armonizar las tasas de los impuestos sobre las sociedades, especialmente en el presente período de desaceleración económica.
Quisiera felicitar al Sr. Menrad y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su labor en relación con los derechos de los empleados. En Europa hace tiempo que preconizamos que lo que mejor funciona es un método de asociación. Las sociedades cuentan con sus empleados. No cabe aceptar ninguna erosión de derechos laborales que se hayan adquirido con el tiempo. Una sociedad anónima europea sin ningún tipo de participación es algo impensable. Hay diversos modelos de implicación de los trabajadores. Conviene que el reglamento evite todo enfoque basado en que un sólo número de zapato vale para todos los pies. Para acabar diré que el grado de implicación de los empleados se decidirá en negociaciones libres entre las sociedades de que se trate y sus trabajadores.

Harbour
Señor Presidente, tomo la palabra esta tarde por mi colega Lord Inglewood, que ha estado ocupándose de esta cuestión en nombre del Grupo conservador británico y que desgraciadamente se ha visto retrasado debido a lo inadecuadas que son las comunicaciones por avión entre Bruselas y Estrasburgo. Lord Inglewood me ha pedido particularmente que le comunique lo que acabo de decir.
En términos generales, diré que me agrada esta propuesta por su pragmatismo. No me detendré a pensar en lo que hubiera podido ser. Voy a hacer unas cuantas observaciones al Comisario acerca de la aplicación de esta propuesta porque es un notable progreso que consigamos colocar algo en la plaza de mercado -que es como debemos considerar esta cuestión- pues las sociedades podrán optar por adoptar o no adoptar esta forma de estatuto de la sociedad. Es totalmente pragmático y práctico que contemos inicialmente con una propuesta que estará sometida a la decisión de los gobiernos de los 15 Estados miembros.
Quisiera indicar al Comisario que hay que prestar mucha atención para conseguir que las normas del estatuto de esta nueva sociedad se apliquen con coherencia en todos los Estados miembros. Actualmente aplicamos de manera inconsistente el derecho de sociedades de las regulaciones actuales de los Estados miembros a cuestiones tales como la publicación de información, la publicación periódica de las cuentas, y la presentación de cuentas; todos esos aspectos se están aplicando actualmente de formas diversas. Hay que aplicar este nuevo estatuto de la forma más uniforme posible y tenemos que cerciorarnos de que los tribunales de los Estados miembros que se ocupen de ello posean la capacitación y la formación necesarias para conseguirlo.
Me sumo asimismo a lo que han dicho mis colegas acerca de las cuestiones relacionadas con la fiscalidad y el derecho de sociedades. Al final de su excelente informe, el Sr. Mayer dice con mucha sensatez que es partidario de embarcar al estatuto de la sociedad anónima europea en una especie de viaje inaugural. Bueno, es verdad que eso nos indicará si hay que hacer alguna reparación, pero no hay que depositar excesivas expectativas en un viaje de ese tipo; por ejemplo, no hay que esperar que haya una alineación del derecho de sociedades, y aún menos una armonización fiscal. Me sumo a los colegas que han dicho que ese concepto puede ser muy peligroso. No hay que sobrecargar este estatuto con esperanzas que no está destinado a convertir en realidad, pues de lo contrario se irá a pique muy rápidamente.

Medina Ortega
Señor Presidente, en referencia a la última intervención del Sr. Harbour, he de decirle que no hay mucho peligro de que el barco se hunda, porque el barco va muy ligero. Yo no he visto un reglamento o una propuesta de reglamento tan ligera como ésta. Tan ligera que prácticamente no vamos a tener armonización social.
Como ha dicho el Sr. Rothley, lo que vamos a tener son quince leyes nacionales diferentes sobre la sociedad europea, quince sociedades europeas diferentes y, como dijo el Sr. Gasòliba i Böhm, vamos a tener doscientas y pico combinaciones posibles de diferentes tipos de sociedades. Realmente es el tipo de legislación más soft que he visto en mi vida.
En segundo lugar, el Consejo pretende quitarnos la facultad legislativa: el Sr. Gallagher hablaba de actuación como legisladores. Si seguimos la vía del Consejo, el Parlamento será privado de todo poder legislativo. Creo que el Parlamento, probablemente, seguirá la vía correcta si impugna esta decisión ante el Tribunal de Justicia, porque no se pueden modificar los tratados unilateralmente por parte de una de las instituciones comunitarias.
En tercer lugar, como ha señalado antes del Sr. Rothley, el tipo de sociedad europea que vamos a crear no va a proporcionar ninguna ventaja especial, sobre todo no va a proporcionar ninguna ventaja fiscal; si no nos movemos en el ámbito de la fiscalidad, va a ser muy difícil que se induzca a la creación de sociedades europeas y, por tanto, me parece muy importante, como han propuesto la mayor parte de los oradores que me han precedido, que se incida en el ámbito fiscal. El Sr. Harbour hablaba de la posibilidad de que el barco se hundiera. Yo diría que el peligro que tiene el barco más bien es que por falta de lastre dé la vuelta. El Sr. Harbour tiene probablemente alguna experiencia naval y sabe que, cuando un barco no lleva peso ninguno, lo más fácil es que el barco capote, que caiga de lado y se hunda por otras razones.
Por tanto, me parece que lo importante en este momento es: primero, insistir en las prerrogativas del Parlamento desde el punto de vista jurídico, y, en segundo lugar, insistir en que para que haya un Derecho de sociedades europeas conviene también incorporar los aspectos fiscales. Sin fiscalidad será muy difícil que desarrollemos un Derecho económico europeo, un Derecho social europeo y un Derecho mercantil europeo.

Flautre
Señor Presidente, la propuesta de directiva sobre la inclusión de los trabajadores en la sociedad europea nos ofrece, por primera vez, la oportunidad de fijar a escala europea una definición precisa de lo que se entiende por derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en todas las empresas. Subordina la inscripción en el régimen de comercio de una compañía que escogiera ese nuevo estatuto a la conclusión de un acuerdo negociado sobre la inclusión de los trabajadores.
En esas condiciones, el Grupo de los Verdes no anda con reparos, apoya el informe del Sr. Menrad, sus propuestas para una adopción rápida y una aplicación eficaz de esta directiva. Por supuesto, lo haremos convencidos de que esta condición necesaria dista mucho de ser suficiente para que se pueda considerar que la legislación europea responda verdaderamente a las necesidades que hoy existen. Una vez llevada a cabo la votación, habrá que continuar y volver a trabajar en el asunto.
En efecto, como saben, esta directiva sólo se aplicará en el futuro a los trabajadores de las empresas que elijan ese nuevo estatuto, o sea, una pequeña minoría. Por eso debemos evitar cualquier triunfalismo y anuncio efectista. No habremos progresado hasta que hayamos, , aprobado simultáneamente esta directiva, revisado la directiva de la que hablaremos a continuación sobre comités de empresa europeos y aprobado la directiva sobre la información y consulta a los trabajadores en condiciones que difieren un poco de la posición adoptada por el Consejo. Para que ese trabajo legislativo se realice en condiciones que garanticen un verdadero debate, social y ciudadano, hace falta recurrir al procedimiento de codecisión.
Quiero subrayar a este respecto que el Grupo de los Verdes rechaza la presión que lleva de hecho a limitar su derecho a legislar so pretexto de eficacia y de rapidez, tanto más cuanto que se trata de un expediente ya antiguo, como todos saben.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a los dos ponentes por el trabajo desarrollado que, si con toda seguridad, para los estudiosos, no alcanza el cenit ni el punto álgido que sería de esperar, sin embargo supone avances importantes en el desarrollo de lo que en el futuro será una auténtica sociedad anónima europea y, por lo tanto, llena del contenido que debe responder a este concepto.
Max Weber definía la empresa como la organización que, controlándolos, tiene por objeto la producción de bienes y servicios para un mercado. Obviamente, la titularidad de la empresa puede ostentarla tanto una persona física como una persona jurídica, y es práctica generalizada, también derivada de la voluntad del empresario individual de limitar su responsabilidad -sobre todo patrimonial- frente a terceros, que las empresas de alguna entidad económica adopten la forma de sociedad.
Por supuesto, la empresa significa pluralidad, organización de bienes, pero sobre todo de servicios.
Lógico es, por lo tanto -y me refiero fundamentalmente a los aspectos sociales-, que se estudie, analice y regule especialmente la implicación de los trabajadores en el estatuto de la sociedad anónima europea y que en un sistema dualista, con junta general y órgano de dirección o supervisión, o en un sistema monista, con órgano de administración simplemente, se tengan en cuenta, se escuchen y se reciban el sentir y el saber de los trabajadores a través de sus representantes, y que los trabajadores conozcan la marcha de la empresa, los riesgos, las vicisitudes o los objetivos que persigue.
No puedo, por razones de tiempo, y creo que tampoco es necesario, referirme a las formas y grados de participación, al órgano negociador ni al papel reservado a la sociedad anónima europea en la estructuración y vertebración de la vida social europea. Pero permítame referirme al papel de los representantes de los trabajadores en el momento del cierre de todos o parte de los establecimientos en una o varias naciones, las relaciones de personal, la creación de las sociedad filiales, en general, a todas las decisiones trascendentales para la vida ordinaria de la empresa. También son relevantes el período transitorio de tres años, un alto grado de uniformidad en las disposiciones de aplicación del Reglamento y la transposición de la directiva, que refrendarían la razón de ser, facilitarían la figura de la sociedad anónima europea y ayudarían a hacer más Europa, beneficiando a las empresas, al empleo y a los consumidores.

Weiler
Señor Presidente, es este tema es preciso remitirse también necesariamente a los acontecimientos ocurridos en Génova. La violación de los derechos humanos nos va a ocupar más tarde. Esta tarde quiero referirme a la protesta de decenas de miles de personas, jóvenes, sobre todo, contra la globalización y la dominación económica. Hemos de tomar más en serio que hasta ahora sus preocupaciones acerca de la creciente división del mundo en pobres y ricos y sobre la explotación de nuestros recursos naturales. Justamente porque muchos problemas no pueden ser solucionados en el plano nacional, la Unión Europea tiene la tarea específica de controlar las acciones económicas y financieras incontroladas.
Hasta ahora ha asumido esta función con mucha vacilación. Una de las numerosas posibilidades que tenemos es la consolidación legal de la participación de los trabajadores, de la información y de las consultas, antes de que se adopten las decisiones. Pero la sociedad anónima europea - en realidad una idea necesaria y también muy significativa en el mercado interior europea - nos resulta aceptable para los socialdemócratas europeos sólo a condición de que se incluya pertinentemente a las trabajadoras, a los trabajadores y a sus sindicatos.
Las decisiones de las empresas sólo estarán bien concebidas una vez que se hayan incluido los puntos de vista de los trabajadores. La gerencia sola no puede adoptar ninguna decisión compartible. Los numerosos fracasos de fusión y los incidentes en la Renault en Vilvoorde, en la Danone, en Marks & Spencer y en otras empresas en tiempos pasados son una buena prueba de ello.
Quisiera dar a posteriori mis más cordiales gracias al Gobierno francés porque ha encontrado un compromiso y, al final, ha convencido también a los españoles de que este proyecto legal debe ponerse en marcha. Quisiera criticar el procedimiento fijado por el Consejo. En este punto comparto la crítica de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero quisiera decir, Sr. Lehne, que no he encontrado demasiado concluyente su exposición de motivos pues el Consejo, ciertamente, ha debido contar con el apoyo del Parlamento. Hemos seguido también este procedimiento de manera continuada y constructiva en el trabajo en comisión. Por nuestra parte no habría fracasado. Por consiguiente, el cambio de fundamento jurídico no tenía, en absoluto, ningún motivo. Comparto la crítica y creo que el Consejo debería pensarse esto seriamente y también debería argumentarlo mejor. En efecto, hasta hoy no hemos escuchado las razones para el cambio del fundamento jurídico.
Quisiera dar las gracias al Sr. Menrad porque junto con nosotros ha conducido este informe de manera ininterrumpida y constructiva hasta su votación en la Comisión de Asuntos Sociales. Le doy las gracias también por haber aceptado algunas concreciones de mi Grupo. Sin embargo, creo, Sr. Menrad, que estamos de acuerdo en que nosotros no podemos aceptar la enmienda 12. En todo caso, lo he recomendado a mi Grupo.
Finalmente, quiero hacer un llamamiento a que mañana se vote por gran mayoría a favor de esto, a fin de que esta nave - como ha dicho un colega - sea puesta a navegar, a pesar de algunas reservas y también de algunas incoherencias, algo que también queremos decir. Sin embargo, creo que sería oportuno que justo antes de la entrada en circulación del euro se ponga en marcha también una ley que tenga en cuenta a los trabajadores, que incluya sus intereses. La revisión prevista no tiene por qué esperar seis años, la podemos hacer antes.

Fatuzzo
Señor Presidente, ¿es buena o mala la directiva sobre la Sociedad Anónima Europea? Al saber que tenía que intervenir, esta noche he soñado con ser su Señoría, el Sr. Fatuzzo. Sin embargo, era un diputado Fatuzzo con el pelo más blanco, más viejo y también era rico, muy rico, extraordinariamente rico, tan tico que me bañaba en oro, como el Tío Gilito. Y conmigo se bañaban en oro el ponente, y también usted, señor Presidente. Sí, soñé que los tres nos bañábamos en monedas de euros. ¿Por qué? Porque me había vuelto rico, puesto que, tras la aprobación de la Sociedad Anónima Europea, me había convertido en un industrial, había construido fábricas en toda Europa y había constituido la sociedad europea con sedes en todos los quince Estados de Europa. Esta directiva está tan bien hecha y abre un camino que llevará a mucha gente a enriquecerse que yo - que había sido el primero en crear una sociedad europea en todos los Estados - me había vuelto rico, mejor dicho, extraordinariamente rico.
Entonces, señor Presidente, para terminar mi intervención de apoyo a esta directiva, no puedo sino invitar al Sr. Menrad que desde hace tantos años lleva trabajando en la elaboración de su informe y de esta directiva, y también a usted, señor Presidente, a darse un chapuzón en mi piscina llena de euros, en el castillo de mi propiedad para pasar unas vacaciones conmigo. Naturalmente en sueños, señor Presidente.

Cercas
Señor Presidente, la doctrina jurídica y la política discuten mucho sobre el modelo social europeo y habría que decir que, al menos en lo que respecta a los derechos colectivos que regulan las relaciones industriales y las laborales, el Derecho social europeo, como vemos esta tarde, se encuentra en el trance de un parto muy dificultoso, después de un embarazo que ha durado treinta años.
Quisiera recordar también que al calor del Tratado de Maastricht y del Protocolo Social, desde el año 1974 solamente hay un instrumento legislativo aprobado a nivel de la Unión Europea. Por tanto, los que tenemos las antenas orientadas hacia lo que piensan millones y millones de trabajadores, hoy podemos estar satisfechos porque se produce esta segunda aproximación, luego veremos también la reforma del Estatuto. Pero, señor Presidente, como mínimo tenemos que decir que vamos excesivamente lentos y tan llenos de prevenciones y precauciones (por lo que respecta a algunos países representados en el Consejo, entre otros el mío) que, sinceramente, al final hemos asistido a un "parto de los montes". Aquí tenemos el nacimiento de un ratoncito. Pero yo lo voy a apoyar, como es lógico. Después de tanta sequía cae esta pequeña gota de agua fresca que, aunque sea todavía muy insuficiente, viene a eliminar esta tremenda angustia que tienen también nuestros ciudadanos.
Lo que ocurre en Europa -quiero recordárselo a los señores del Consejo- tal como ha dicho la Sra. Weiler, lo que ocurre en Europa y en todo el mundo es que la gente está angustiada viendo que los avances sociales que habían conseguido a nivel de cada país, el proceso de mundialización, el proceso de globalización, el proceso de construcción de la Unión Europea -mañana el de la ampliación de dicha Unión- no pueden ser ocasión, de ninguna de las maneras, para retroceder en los avances sociales. Y, sin embargo, vemos cómo muchos gobiernos, cómo una parte de la opinión política, y también una parte del empresariado, pretenden ahora eliminar buena parte de las conquistas que se habían hecho a nivel nacional.
Quiero felicitar al Sr. Menrad porque ha defendido, desde posiciones de la mejor historia de la democracia cristiana, junto con la historia nuestra -socialdemócrata-, conquistas sociales hechas en su país de origen y destinadas a toda Europa.
Esa debe ser nuestra perspectiva: avanzar y ponernos en la dirección de los países más avanzados, y no de los más retrasados; tomar los argumentos de los que están pensando en los ciudadanos, en los trabajadores, y no de los que están pensando en cómo eliminar conquistas históricas de esos ciudadanos y de esos trabajadores.
Por tanto, señor Presidente, a pesar de muchas dudas, de las dudas relativas al fundamento jurídico -creo que deberemos realizar un esfuerzo para defender los derechos del Parlamento- no debemos frenar ni un segundo más una legislación social que, junto con la directiva de información y consulta, debe avanzar rápidamente. Y ya habrá tiempo, con la experiencia, de mejorar las actuales insuficiencias.

Bushill-Matthews
Señor Presidente, comenzaré por referirme brevemente a observaciones hechas desde el otro lado de la sala por el Sr. Medina Ortega, que se ha quejado de lo que no se menciona en este reglamento, en particular la armonización social y la armonización fiscal, omisiones que yo, personalmente, apruebo. Ahora bien, desde los diferentes lugares que ocupamos en esta sala, realmente no deberíamos quejarnos de lo que no se menciona en este reglamento. Deberíamos alegrarnos de lo que se menciona, que es la posibilidad de que, después de 30 largos años, pueda entrar en vigor el estatuto de una sociedad anónima europea.
Como ya se ha dicho, se trata de un reglamento facultativo. No sabemos en la actualidad a cuántas sociedades les interesará poner en marcha una sociedad de ese tipo, ni qué complicaciones pueden encontrar en la legislación si deciden hacerlo. Tampoco sabemos a cuántas sociedades podría interesar esta cuestión pero no se deciden a iniciar la creación de esas sociedades, debido también a las complicaciones que pueda presentarles la legislación. Es posible que sean necesarios otros cambios.
He discutido con uno de los ponentes, el Sr. Menrad, la idea de incluir en su informe una enmienda en el sentido de que este reglamento se examine de nuevo dentro de un plazo razonable de tiempo para ver qué mejoras puedan ser necesarias a la luz de la experiencia. Al Sr. Menrad le agradaría secundar la idea, pero muy sensatamente sugirió que una enmienda de ese tipo debería figurar en el cuerpo principal del informe sobre el estatuto, o sea en el informe de Hans-Peter Mayer. Sobre la base de esa sugerencia no he presentado aquí una enmienda pero pongo de relieve la enmienda 16 del informe Hans-Peter Mayer que abarca concretamente todas las cuestiones, incluidas, por lo tanto, las cuestiones referentes a consultas. Muy a menudo las normas legislativas de la Unión Europea parecen ser de piedra. Necesitamos ser mucho más ágiles, más ligeros de pies. Eso debería ser la regla y no la excepción.

Hermange
Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitar a nuestro ponente y agradecerle la tenacidad y la eficacia de las que dio prueba en este informe relativo a la participación de los trabajadores que durante muchos años fue un escollo en las negociaciones sobre el estatuto de la sociedad europea. Mientras que nuestra primera propuesta de reglamento remonta a 1970, tuvimos en efecto que esperar hasta el Consejo Europeo de Niza para que por fin se lograra un acuerdo sobre un proyecto de directiva relativa a la participación de los trabajadores por la que se completa el proyecto de reglamento sobre el Estatuto de la sociedad europea. En el Consejo del 20 de diciembre se logró, por consiguiente, un equilibrio frágil. Es importante velar por la preservación de ese equilibrio.
Por esta razón parece difícilmente aceptable la enmienda 4, que obliga a los Estados miembros a tomar las medidas adecuadas para prever negociaciones en caso de reestructuración. En efecto, equivale a poner en tela de juicio el acuerdo logrado a duras penas. Lo mismo ocurre con la enmienda 7 que tiende a suprimir la enumeración limitativa de los derechos del órgano que representa a los trabajadores en materia de participación, lo cual en la práctica lleva a establecer un sistema de participación que no toma en cuenta las particularidades nacionales y cuestiona el mecanismo de protección de los derechos de participación contemplados en el Anexo de la directiva.
Hace más de 30 años que los actores sociales y económicos esperan el Estatuto de la sociedad europea. Por lo tanto, queridos colegas, cuidemos de responder a la necesidad de sencillez y también de flexibilidad expresadas por las empresas y, por consiguiente, de no complicar este Estatuto añadiendo nuevas obligaciones que pudiesen llevar las empresas interesadas, y en particular las pequeñas y medianas empresas, a renunciar a la utilización de ese nueva herramienta a su servicio.

Karas
Señor Presidente, señoras y señores, ante todo, quisiera felicitar cordialmente a los dos ponentes, al Sr. Menrad y al Sr. Mayer, y también, de manera especial, a los Sres. Gasòliba, Rothley y Lehne, que han añadido aspectos específicos. Celebro que se discutan conjuntamente los informes Mayer y Menrad, pues ello manifiesta que nos hemos esforzado en vivir la economía social de mercado y no en enfrentar la política social a la política económica, y en sentar una señal de comunidad considerándolas factores mutuamente complementarios.
¿Sobre qué condiciones marco se basa esta sociedad anónima europea? La globalización nos hace patente la ausencia de fronteras. El mercado interior está, ojalá, a punto de su realización, la ampliación une al continente y la Unión Económica y Monetaria con el euro, como expresión visible de la Europa que crece conjuntamente, como señal de la creciente identidad europea, como señal de la voluntad de entrar de manera decidida y fuerte como Unión Europea en el mercado mundial, estrena billetes y monedas.
Estamos de acuerdo en los objetivos. Sin embargo, la puesta en práctica es a veces un tanto tibia. Ahí están términos tales como el fundamento jurídico, la ausencia de regulación fiscal europea, la necesidad de una discusión sobre la modernización de la normativa sobre las fusiones. Muchas tareas no son realizadas en los Estados miembros con el ritmo necesario ni con la decisión requerida. Las competencias - piénsese en la unanimidad - responden a realidades de política de poder, pero no a necesidades de la política europea.
En consecuencia, quiero instar al Consejo Ecofin a que se ocupe de la tributación fiscal comunitaria, de las necesarias regulaciones fiscales y que se ocupe menos de formular propuestas que conducen a socavar el pacto de estabilidad y a debilitar el euro.

Bolkestein
Señor Presidente, para empezar quisiera dar gracias a los ponentes y a los que han intevenido en el debate esta tarde para apoyar las propuestas de la Comisión acerca del Estatuto de la sociedad anónima europea.
Como todos sabemos, esta cuestión ha sido una de las más laboriosas y de más larga gestación de que nos hemos ocupado en la Unión Europea, y nos ha supuesto más de 30 años de debates complejos y minuciosos.
A lo largo de ese período, el Parlamento ha manifestado siempre que apoyaba claramente la idea de crear una forma jurídica de constitución de sociedad disponible para las empresas. Sin embargo el Parlamento en diferentes ocasiones, las más recientes en 1990, 1996 y 1998, ha expresado graves inquietudes acerca de algunos de los aspectos discutibles de los textos que se estaban examinando, particularmente por lo que se refería a la participación de los empleados, que sin duda alguna era la cuestión más compleja de todas las que había que tratar.
Los textos que finalmente recibieron la aceptación política del Consejo a raíz de la Cumbre de Niza reflejan la mayor parte de las preocupaciones del Parlamento, si no todas. Esos textos no son perfectos, pero traducen el amplio consenso que existe actualmente en el seno del Consejo de Ministros y del Parlamento sobre las normas que deberían regir este nuevo tipo de sociedad. Ese consenso, como es bien sabido, fue sumamente difícil de conseguir y hay que preservarlo si queremos que esos textos sean finalmente objeto de aprobación.
Dentro de cinco años volveremos a examinar el reglamento y la directiva después de un período inicial de experiencia por lo que se refiere a su aplicación. Esto será sin duda alguna una oportunidad de ocuparnos de sus posibles deficiencias y defectos, algunos de los cuales se han destacado ya esta tarde. Por esas razones, y teniendo en cuenta lo delicado que es el consenso establecido dentro del Consejo, la Comisión estima que la única opción realista en estos momentos consiste en conseguir que los textos aceptados en diciembre de 2000 sean adoptados por el Consejo lo antes posible sin ningún cambio. Sabemos muy bien cuáles son las reservas del Parlamento, según muchos oradores han indicado esta tarde, acerca del fundamnento jurídico elegida unánimemente por el Consejo. La Comisión ha apoyado siempre la conveniencia de que el Parlamento desempeñe el papel más firme que sea posible, y lamentamos que en esta cuestión se le haya desposeído de los poderes de codecisión, pero hemos de admitir que hay fuertes argumentos jurídicos en favor del fundamento jurídico adoptado por el Consejo. Aunque la Comisión haya considerado otras posibilidades en el pasado, reconocemos que el Tratado, según está redactado en la actualidad, dificulta la utilización de un fundamento jurídico de codecisión por mayoría cualificada en este contexto, especialmente por lo que se refiere a la directiva propuesta.
Como muchos oradores han expresado esta tarde sus dudas sobre la cuestión del fundamento jurídico, voy a hacer unas cuantas observaciones sobre esta importante cuestión.
La Comisión propuso para el reglamento y para la directiva dos fundamentos jurídicos que permitían la aprobación de acciones mediante votación por mayoría cualificada en el seno del Consejo. Ahora bien, al final del año pasado la Comisión se encontró con el hecho de que el Consejo había modificado unánimemente el fundamento jurídico propuesto para los dos textos por el artículo 308 del Tratado, que requiere la unanimidad. La Comisión sabe muy bien y lamenta sobremanera que este cambio haya desposeído al Parlamento de sus poderes de codecisión en una esfera por la que siempre ha manifestado un fuerte interés, pero la Comisión no puede ignorar el hecho de que los textos aceptados por el Consejo en diciembre de 2000 siguen muy de cerca las opiniones manifestadas por este Parlamento a lo largo de los años.
Además, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Comisión puede comprender las reservas expresadas por el Consejo acerca del artículo 95 como base política apropiada para el reglamento, ya que el reglamento no está destinado a armonizar los derechos de sociedades de los países. Las normas en cuestión tratan únicamente de la futura sociedad anónima europea y no afectan a ninguna otra disposición nacional aplicable a las sociedades limitadas de participación abierta. O sea que, aunque la Comisión lamenta que se haya cambiado el fundamento jurídico, la opinión del Consejo tiene su razón de ser y no se puede dejar de lado sin más.
Volviendo a la fiscalidad, que también han mencionado diversos oradores en este Parlamento, quizás sepan ustedes que la Comisión propuso inicialmente normas fiscales específicas para que se incluyeran en el Estatuto de la sociedad anónima europea, pero el Consejo insistió en suprimirlas. Tengo la firme convicción de que seguimos necesitando normas fiscales y me agrada que la Comisión y el Parlamento parezcan estar de acuerdo respecto de esta cuestión de importancia fundamental. La Comisión producirá probablemente su estudio analítico de la imposición de sociedades en el mercado interior y una política conexa de comunicación el mes que viene.
Entre otras cosas, esos documentos analizan los obstáculos fiscales para las actividades económicas transfronterizas de todas las sociedades en la Unión Europea y las diversas formas de abordarlos. Basta con que los diputados del Parlamento hablen con personal del sector comercial de diversos Estados miembros para percatarse de que esos obstáculos fiscales son absolutamente auténticos y muy serios.
Los documentos que acabo de mencionar se ocupan tambien de la situación concreta de las sociedades que se formen al amparo del Estatuto de la sociedad anónima europea y la Comisión estima que brindarán un marco excelente para determinar la mejor forma de seguir progresando. En particular, creo que debe considerarse seriamente la posibilidad de encontrar una solución amplia para los problemas del actual impuesto sobre las sociedades en el caso de las empresas que desarrollen sus actividades en más de un Estado miembro.
A raíz del estudio al que acabo de aludir, la Comisión tiene la intención de comenzar un amplio debate sobre el futuro de la imposición fiscal de sociedades en el mercado interior y la necesidad de llevar a cabo reformas fundamentales, y no solamente para conseguir los objetivos de la Unión Europea de convertirse en la economía más competitiva y más dinámica del mundo basada en el conocimiento, como se convino en el Consejo Europeo de Lisboa, en marzo de 1999. En ese contexto abordaremos las cuestiones fiscales relacionadas con el Estatuto de la sociedad anónima europea y las trataremos como cuestiones prioritarias.
Teniendo en cuenta las cuestiones concretas que se han planteado aquí y la intención que han expresado algunas sociedades de crear sociedades anónimas europeas, tengo la convicción de que el Parlamento apoyará la aprobación final por el Consejo sin más demora y doy gracias de antemano al Parlamento.

Información y consulta de los trabajadores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0282/2001) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión sobre el estado de aplicación de la directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (Directiva del Consejo 94/45/CE de 22 de septiembre de 1994) (COM(2000) 188 - C5-0437/2000 - 2000/2214(COS)).

Menrad
Señor Presidente, en septiembre de 1994 el Consejo aprobó la directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo. La aplicación de esta directiva constituye el objeto de un informe de la Comisión. Acerca de este informe se pronuncia el presente informe de la Comisión de Empleo. Aunque sea desde el mero punto de vista numérico, se puede hablar de una historia de éxitos de los comités de empresa europeos. Cuando la directiva fue aprobada por el Consejo y por el Parlamento en 1994 había aproximadamente una treintena de acuerdos voluntarios que regulaban la información y la consulta de los trabajadores en empresas grandes y en corporaciones que operaban en el plano europeo. Entretanto el número de aquellos ha ascendido a más de 650. El informe de la Comisión demuestra que la directiva sobre el comité de empresa europeo ha sido la fuerza impulsora central de este desarrollo.
A la hora de la constitución de comités de empresa europeos se da preeminencia a las soluciones casi cortadas a medida que se adoptan en el plano de la empresa entre la dirección y el órgano de negociación especifico de los trabajadores. También aquí, como en la sociedad anónima europea, tiene validez la fórmula flexibilidad, negociaciones y, en casos de fracaso de las negociaciones, estándares mínimos, que en la directiva sobre los comités de empresa europeos reciben el nombre de normas subsidiarias. El schock de Vilvoorde en la Renault de Bruselas mostró por vez primera que no en todos los casos se había alcanzado el objetivo de los comités de empresa europeos, es decir, el de deslocalizar las instalaciones no en forma de comandos de asalto, sino una vez realizadas a su debido tiempo la información y la consulta de los trabajadores implicados. Pero la cosa es así: donde hay luz también hay sombras. La directiva contiene puntos débiles y la Comisión de Asuntos Sociales está urgiendo una revisión. No hemos dicho que ésta tenga que hacerse ya en 1999 o en el 2000, la Comisión mencionó el año 2002 en la discusión de la agenda social.
Nuestra solicitud de resolución pretende servir de base de discusión con vistas a la reforma de la directiva sobre el comité de empresa europeo. En una serie de conversaciones, audiencias y simposios he oído la queja de que en algunos casos importantes, sobre todo en relación con la consulta de urgencia, no se han realizado a su debido tiempo la información y la audiencia. De esta suerte, las propuestas de mejora que han de posibilitar una mejor información y consulta a su debido tiempo, siguen siendo el propósito principal del informe, de manera que los consejos del comité de empresa europeo puedan ser escuchados, y también tenidos en cuenta, antes de la adopción de decisiones por parte de la dirección. El informe se pronuncia a favor de un procedimiento de consulta reforzado con el objetivo de lograr la conciliación. Yo añadiría hoy lo siguiente: el objetivo de la conciliación sobre el ulterior procedimiento. Yo no digo el deber de la conciliación, pero rechazo, igual que lo hice en las sesiones de la comisión, un derecho de veto del comité de empresa europeo en el sentido de la enmienda 5 que se ha presentado hoy. Mi informe contiene la solución más elegante, propuesta por la Sra. Ghilardotti, de celebrar, llegado el caso, una segunda ronda de reuniones, como prevé también la directiva sobre la sociedad anónima europea. Un derecho de información y de consulta más amplio del comité de empresa europeo no modifica una importante determinación de la directiva, que ha sido formulada en el considerando K del actual informe a petición del Sr. Bushill-Matthews. El derecho de la dirección de la empresa a iniciar un intercambio directo con los trabajadores queda tan intacto como su derecho a dirigir la empresa. El partenariado y la subsidiariedad deben determinar también tras la reforma el contenido de la directiva sobre el comité de empresa europeo. Son principios de la doctrina social cristiana que, ciertamente, cuenta con seguidores en diversos partidos. Por iniciativa del Parlamento Europeo el texto legal de 1994 prescribe un comité de empresa europeo que actúe dentro del espíritu de cooperación. El partenariado no es un soporífero, el partenariado quiere una representación de intereses clara, por otro lado la compensación de intereses en un dialogo común mediante la información y la consulta es también ventajosa desde el punto de vista económico. La ausencia de información tiene como consecuencia la inseguridad, la desconfianza y, al final, solamente el miedo que conduce al bloqueo. La información a su debido tiempo significa transparencia, la confianza genera...
(El Presidente retira la palabra al orador).

Titley
. (EN) Señor Presidente, estamos examinando el estado de aplicación de la directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo hasta 1996, es decir, hasta antes de que el Reino Unido y la República de Irlanda firmaran dicho acuerdo. La experiencia hasta ese momento fue positiva, y esta directiva ha aportado sin duda alguna claros beneficios. Ahora bien, los últimos acontecimientos han indicado algunas deficiencias de la directiva sobre comités de empresa, particularmente en relación con la reestructuración, pues hemos podido presenciar varios casos recientes de reestructuración fundamental de sociedades multinacionales en los que no se ha consultado a los trabajadores.
Debemos tener en cuenta que, antes incluso de que se aprobara esa directiva, el Tribunal de Justicia había preconizado en varios casos que los comités de empresa eran partes interesadas a los efectos de llevar a cabo un control de las fusiones. Esto presupone la obligación de informar y consultar por parte del empleador. Nos gustaría que se reforzasen las disposiciones de la directiva en relación con las consultas en caso de reestructuración.
La Comisión se refiere también en su informe a la imprecisión del requisito de que haya una reunión de información y consulta con los trabajadores lo antes posible en caso de que surjan circunstancias excepcionales que afecten a los empleados. Eso también requiere una formulación más precisa. El artículo 27 de la Carta de Derechos Fundamentales dice que a los trabajadores se les debe garantizar información y consulta "a tiempo" , lo que es una interpretación más estricta que "lo antes posible" . La Comisión de Asuntos Jurídicos desearía que se reforzase el texto en relación con ese asunto.
Además, estimamos que a los trabajadores a tiempo parcial se les trata de forma diferente en los diferentes Estados miembros. Nos gustaría que la Comisión investigase ese aspecto, así como la cuestión del tiempo libre para participar en las actividades de los comités de empresas, que también es diferente según los Estados miembros. Esto debería aplicarse también respecto de la cuestión de la formación en el trabajo, que también varía considerablemente. Nos gustaría que la Comisión presentara propuestas para conseguir que en los Estados miembros se armonizaran las cuestiones relativas a la formación, a fin de conseguir que los representantes de los trabajadores pudieran presentar su caso con la mayor efectividad posible.

Désir
Como ponente de opinión de la Comisión de Industria, quisiera en primer lugar dar las gracias al Sr. Menrad por haber tenido a bien tomar en cuenta lo esencial de las propuestas presentadas por nuestra comisión, y en particular - y no me extenderé sobre este punto- en lo que se refiere a la definición de la información, la consulta, el reforzamiento del procedimiento y del papel de los sindicatos, la reducción del valor umbral para la constitución de esos comités y la reducción de los plazos para la constitución de los comités de empresa europeos.
Permítanme sin embargo hace hincapié en tres puntos que me parecen importantes. El primero estaba mencionado en nuestro párrafo 12: se trata de la referencia a la directiva de 1998 sobre los despidos por razones económicas que prevé la posibilidad, para los representantes de los trabajadores, de recurrir a una autoridad competente basándose en la información transmitida por la dirección de la empresa, cuando estiman que no se han buscado soluciones alternativas para evitar despidos, cierres de establecimientos o que la legalidad del procedimiento es cuestionable.
Creo que, ya que hoy se trata de problemas que surgen en empresas de dimensión europea, incluso a veces en el caso de fusiones-adquisiciones autorizadas por la Comisión y su Dirección de Competencia, la cuestión que se plantea y que además fue abordada a raíz del asunto Marks & Spencer por la Sra. Diamantopoulo, su colega comisaría para Asuntos Sociales, es la posibilidad, para los trabajadores, sus representantes y los comités de empresa, de poder recurrir a la Comisión Europea valiéndose del hecho de que a veces no se hace caso del derecho social al tratarse de operaciones meramente financieras y bursátiles. Desde ese punto de vista, me adhiero a la enmienda 5 de la Sra. Ainardi y de la Sra. Figueiredo, a favor de la cual personalmente votaré. El segundo punto, que está relacionado con esta enmienda, es el de las sanciones.
Creo que debemos prever no solamente sanciones importantes y disuasivas sino decir - y esto está sobreentendido en uno de los párrafos del Sr. Menrad pero me hubiera gustado que fuese más preciso para que los trabajadores y los ciudadanos lo sepan, - que cuando hay incumplimiento de los procedimientos de información y consulta, las decisiones de supresión de empleos o de cierre de establecimientos pueden ser anuladas. Concluiré, al igual que el Sr. Menrad, pidiendo a la Comisión que entienda la urgencia de esta solicitud del Parlamento de no esperar hasta el año 2002 y de emitir una propuesta de acuerdo con la voluntad muy mayoritaria de nuestros Grupos de que sean reforzados los derechos de los trabajadores en las empresas de dimensión europea.

Bushill-Matthews
Señor Presidente, mi colega el Sr. Menrad ha consagrado mucha reflexión a su trabajo y plantea algunos asuntos interesantes en relación con los aspectos positivos y las deficiencias de la actual directiva. Sin embargo, cabe destacar que algunos países no pusieron en vigor la directiva hasta el año pasado y que por lo menos un país no ha aplicado todavía algunas de sus disposiciones.
Es evidente que las sociedades y sus empleados necesitan todavía algún tiempo para finalizar el proceso de aprendizaje involucrado en el establecimiento de comités de empresa en la Unión Europea. Un cambio prematuro de las normas no puede sino provocar confusión, aunque es de clara utilidad para la Comisión y el Consejo que tomen nota de los pareceres del Parlamento en este momento.
Como sabe el ponente, soy un adalid de la información y de la consulta. Apoyo el principio de los comités de empresa, y comparto su deseo de que este principio tenga éxito. Ahora bien, como también sabe el ponente, no estoy contento en absoluto con algunos elementos de su informe. Sigo pensando que va demasiado lejos por lo que se refiere a las sanciones por reducir los límites inferiores en términos de dimensiones de las sociedades y -francamente- en querer imponernos el programa de trabajo de los sindicatos como finalidad en sí mismo, en vez de como medida encaminada a promover los intereses de los empleados. Por esas razones he presentado cuatro enmiendas para las cuales he obtenido ya un determinado grado de apoyo entre los partidos, y propongo también que se vote en contra de los puntos 5 y 7, como sabe el ponente.
Habiendo dicho lo que antecede, doy gracias al ponente por haber acomodado algunas enmiendas en la comisión parlamentaria y confirmo que sigo siendo partidario de votar en favor de todo su informe, a pesar de las graves preocupaciones que suscita en mí, si el Grupo PPE-DE apoya dos de mis enmiendas, concretamente las enmiendas 1 y 3, como ya hemos discutido. De esta manera podríamos demostrar que nuestro propio comité de empresa mini­europea, formado por un ponente alemán, un coordinador neerlandés de grupo y un servidor, del Reino Unido, ha dado un buen ejemplo de consecución de un resultado positivo.

Ghilardotti
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. Menrad por el exhaustivo trabajo que ha realizado a la hora de elaborar este informe, también a través de las audiencias que ha organizado junto con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en orden a un examen exhaustivo de la transposición de esta directiva.
De este trabajo se deduce que, sin duda, la transposición en los ordenamientos nacionales es, en general, positiva y que en aproximadamente 2.000 empresas europeas ya se ha constituido un comité de empresa europeo. Gracias a la directiva, en muchas empresas ha sido posible conseguir resultados encaminados a eliminar los obstáculos a la información y a la consulta. Y no solo esto: la inmediata intervención de los comités de empresa en algunos procesos de toma de decisiones ha dado, sin ningún género de dudas, resultados positivos, ante todo para los trabajadores, en temas como la salud, la seguridad, la igualdad de oportunidades, pero también para las empresas en términos de reducción de los conflictos.
Dicho esto, el informe Menrad, que compartimos y respaldamos, pone de manifiesto también una serie de lagunas de la propia directiva, en las que considero absolutamente necesario que la Comisión pueda intervenir cuanto antes para modificarla.
Quisiera subrayar en particular tres elementos que, además de aquellos que algunos colegas ya han mencionado, se me antojan los puntos más delicados en los que es preciso intervenir de manera muy puntual.
Ante todo, los plazos de información: en la directiva no existe una indicación clara respecto a la inmediatez de la información y nosotros, en estos años - con frecuencia hemos hablado de ello en el Pleno - hemos aprobado resoluciones, pero, lamentablemente, hemos tenido muchos ejemplos negativos: trabajadores que se enteran por la prensa de su destino o que se encuentran con una decisión definitiva de las empresas. Podríamos mencionar al respecto casos como Ahlston, Adb, Marks & Spencer y muchos otros. Entonces, ante esta realidad, es absolutamente necesario que la directiva sea más precisa y que determine los plazos de información y consulta antes de que se adopte cualquier decisión, para convertir en operativa la posibilidad de la negociación, de lo contrario no sirve para nada.
Segundo elemento: creo que sus Señorías coincidirán conmigo en que en un ordenamiento no existen normas que, de no ser cumplidas, no surten efecto alguno. Es extraño que sólo en materia de empleo y de derechos sociales esto sea casi la regla. En estos años son consecuencia de ello muchos contenciosos y demandas ante los Tribunales de lo Social, precisamente porque el incumplimiento por parte de las empresas de las disposiciones de la directiva no prevé de forma absoluta ni mucho menos automáticamente que se ponga en tela de juicio la validez de las consecuencias de la decisión tomada.
En consecuencia, es necesario prever sanciones adecuadas y disuasorias, así como la suspensión para permitir que continúen las negociaciones en los casos de violación grave.

Jensen
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias al Sr. Menrad por su informe, aunque no esté de acuerdo con todas las propuestas en él contenidas. El informe de la Comisión sobre los comités de empresa europeos muestra cómo sigue quedando aún mucho camino por delante antes de que la ley sea puesta en práctica y todas las empresas afectadas hayan creado comités de empresa. ¿Es una respuesta acertada exigir la inclusión de un aún mayor número de empresas dentro de la directiva y exigir mayores sanciones contra las empresas que no cumplan la directiva? El Grupo Liberal no es partidario de bajar el tamaño de las empresas que quedarán incluidas dentro de la directiva hasta los quinientos empleados en un Estado miembro y cien empleados en más de un Estado miembro. También soy escéptico ante algunos de los deseos de sanciones que han sido propuestos en este Parlamento. Éstas pueden llegar a chocar con sistemas nacionales que de hecho funcionan bien y tampoco es justo que se sancione a algunas empresas de manera diferente por la misma falta, como sucederá si la falta de información y consulta conduce a la cancelación de subvenciones públicas o de pedidos públicos o si las actuaciones de la dirección son invalidadas.

Flautre
Señor Presidente, el interés de los asalariados y de los ciudadanos por la política social europea se ve afectado, un poco más cada día, por numerosos ejemplos de reestructuración y de despido. En este contexto, está claro que la revisión de la directiva sobre los comités de empresa ofrecería una posibilidad considerable de reconquistar esa credibilidad.
¿Qué nos dicen, en efecto, los asalariados víctimas de esas reestructuraciones de la posibilidad que se les brinda de recurrir a esa directiva? En algunos casos dicen que las empresas suelen mofarse de la legislación actual sobre el derecho a información y consulta, por falta de definición precisa; que no disponen de los medios de recursos administrativos y judiciales necesarios para comprobar el cumplimiento de esa directiva; que ella se aplica con demasiada "parsimonia" , o incluso de ninguna manera en muchas empresas transnacionales dados los valores umbral actuales; que es inimaginable que la concesión de autorizaciones de fusiones se rija solamente por criterios de respeto del derecho a la competencia y que no se tome en cuenta su impacto social, territorial o ambiental; que se hallan desprotegidos durante los períodos de fusión en tanto dejan de ser operativas las antiguas estructuras de concertación y aún no se han establecido las nuevas; y por último, que se sienten indignados al comprobar que los mismos grupos que realizan esas reestructuraciones salvajes han recibido a veces ayudas de los fondos estructurales.
El informe del Sr. Menrad, producto de un trabajo llevado a cabo en forma abierta, cooperativa, con los actores sociales involucrados y los miembros de la Comisión que han organizado una amplia audiencia pública al respecto, recomienda, perentoriamente a mi modo de ver, que se palien esas carencias mediante una definición precisa de la información y de la consulta, la reducción de los valores umbral que exigen la constitución de un comité de empresa, la petición de mantenimiento de lugares específicos de concertación durante los períodos de fusión, la solicitud de anulación de las decisiones tomadas sin respetar los procedimientos y de sanción, incluso financiera, para las empresas culpables, y, por último, la toma en cuenta de la opinión de los asalariados y la prueba de que los procedimientos establecidos por la directiva hayan sido respetados antes de que se apruebe la fusión.
En ese contexto, nuestro Grupo apoya esas propuestas. Aún queda obviamente por lograr une revisión efectiva y rápida de la directiva- lo cual exige un esfuerzo colectivo.

Ainardi
Señor Presidente, en un momento en que miles de trabajadores europeos se enfrentan a una ola de reestructuraciones, de despidos, de planes sociales, el informe Menrad sobre los comités de empresa europeos debe permitir, si no transformar la situación, por lo menos suministrar nuevos puntos de apoyo a los asalariados para hacer frente a situaciones muy difíciles e influir en las decisiones pendientes.
En un momento en que el crecimiento da señales preocupantes, habría de reflexionar sobre el contenido de ese crecimiento y la necesidad de su evolución, promoviendo la estabilidad y la calificación del empleo. Existe una necesidad urgente de verdadera consulta a los trabajadores, una necesidad urgente de acabar con una actitud que consiste en tratar a hombres y mujeres como mercancías que se han vuelto inútiles porque los accionistas consideran insuficiente la rentabilidad financiera, más allá de la verdadera situación económica.
El informe Menrad es producto de un trabajo muy importante de nuestro colega, que a mi vez quiero felicitar. Es también fruto de la voluntad de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de oír a los representantes de los trabajadores de los grandes grupos europeos. Sobre la base de esas consultas el informe Menrad describe con mucha seriedad el estado de la situación mostrando la necesidad de importantes modificaciones del contenido de la directiva. Me adhiero a varias de las propuestas hechas en ese informe. Quiero recordar algunas de ellas que, a mi parecer, constituyen avances importantes para los trabajadores.
Por ejemplo, la solicitud, formulada en el párrafo 2, de una información y consulta regulares que precedan la decisión de una empresa o de un grupo a fin de permitir que sus trabajadores influyan verdaderamente en el proceso de decisión de la dirección, y hasta la posibilidad, en casos particularmente graves, de dar a los representantes de los trabajadores un tiempo de negociación suficiente antes de la aplicación de la decisión, como lo señala el punto 14. Citaré también el punto 2, con la elaboración una cláusula según la cual las decisiones de la dirección sólo se considerarán legítimas si el proceso de información y consulta, tal como lo define la directiva, se ha desarrollado previamente en la forma debida, o el punto 13, que propone la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. Por último, existe también la solicitud de reembolso, por parte de las empresas, de las ayudas y de los fondos proporcionados y la exclusión de los mercados públicos de las que no respetarían la ley en ese ámbito.
Esas propuestas van en el sentido correcto, pero pienso que para que la acción a favor del empleo sea eficaz, para que mejore el rendimiento económico de Europa, se hubiera podido ir más lejos en materia de derecho de los trabajadores a participar en el futuro de las empresas. Éste es el sentido de la enmienda que mi Grupo ha presentado, en la cual se pide que los representantes de los trabajadores puedan tener derecho a veto suspensivo. Se trata de garantizar a los representantes de los trabajadores que sus alternativas serán por lo menos estudiadas y tomadas en cuenta. Se hubiera podido evitar muchas decisiones desastrosas para las empresas si los trabajadores hubiesen podido influir en ellas. Ese derecho, expresión de justicia social y de democracia dentro de la empresa, es también garante de la eficacia económica y social.
Una vez más, el informe Menrad constituye un avance importante. Por ello cuenta con el apoyo de mi Grupo.

Hermange
El balance de la aplicación de la directiva sobre la constitución de los comités de empresa europeos resultó muy positivo puesto que hoy en día existen unos 650 comités de ese tipo, en su gran mayoría creados sobre la base de acuerdos de anticipación, o sea, sobre una base voluntaria y negociada.
Sin embargo aún quedan 1200 empresas que no han constituido comités de empresa europeos.
Cuando las consecuencias de la mundialización requieren nuevas respuestas cuya piedra angular son la representación y la información transnacional, hace falta interrogarse sobre los factores que obstaculizan el desarrollo del diálogo social europeo en las empresas y el informe presentado por la Comisión, en el que se evalúan a la vez la transposición jurídica y la aplicación práctica de la directiva en los Estados miembros, nos ofrece hoy esta oportunidad. Los debates que se han llevado a cabo en la comisión han sido fructíferos y también quisiera felicitar al ponente por su espíritu de diálogo y su trabajo de conciliación. Sin embargo, el amplio consenso que existía en el seno de esa comisión sobre la necesidad de desarrollar la información y la consulta a escala tanto europea como nacional, no debe ocultar algunas diferencias de enfoque que han sido subrayadas por mi colega Bushill-Matthews.
En efecto, me parece importante recordar aquí que el verdadero diálogo social en la empresa necesita herramientas flexibles y evolutivas y no un marco normativo, apremiante y detallado, que algunos de nuestros colegas desearían reintroducir en el marco de la revisión de la directiva de 1994. Es la razón por la cual quisiera insistir en la importancia que concedemos al hecho de que la próxima reforma de esta directiva no reforme a fondo su espíritu y de que se mantenga la diferencia de finalidad entre la directiva misma, herramienta del diálogo social en la empresa, y su Anexo que sanciona el fracaso del diálogo social.
Además, la reducción de los umbrales para la aplicación de la directiva no debe constituir un objetivo en sí sino una simple posibilidad de extensión de ese mecanismo. Es la razón por la cual estoy de acuerdo con la enmienda 3 presentada por nuestro colega y la delegación francesa apoyará dicha enmienda aunque la enmienda 14 nos deje más perplejos.
Por último, quisiera dar una explicación sobre la mención introducida en el párrafo 2, i), a saber que la información y la consulta a los trabajadores deben, entre otras cosas, realizarse dentro del respeto de los principios de confidencialidad de la información. Esa muy importante disposición se refiere en particular a los casos en que la información y la consulta a los trabajadores a su debido tiempo, absolutamente normales, pudiesen entrar en contradicción con el derecho derivado de la legislación de los mercados de títulos-valores. Ella resulta por lo tanto fundamental para conciliar la competitividad de la empresa en la economía mundial y la preservación del modelo social europeo. Espero que la Comisión lo tenga en cuenta cuando elabore su propuesta de revisión de directiva.

Damião
Señor Presidente, también yo felicito al ponente por la calidad, la perseverancia, el sentido de responsabilidad y coordinación y la búsqueda del consenso, que permite presentar ahora un informe en el que se subraya la necesidad de que las dos partes de la industria puedan afrontar las fusiones, los traslados y las reestructuraciones de empresas como un parto sin dolor. Muchas veces esos fenómenos van acompañados de dolores injustificados y propician otros fenómenos igualmente nefastos que afectan a los trabajadores y los derechos de los que disfrutan en los Estados miembros, que resultan constantemente debilitados por esos traslados y movilidad de empresas.
Destaco la llamada de atención del ponente sobre el artículo 127 del Tratado, que determina normas claras y concomitantes entre la competencia y la legislación social, en particular sobre la información y la consulta. Es evidente que debemos consagrar el derecho de los trabajadores y los ciudadanos a elegir en libertad su destino y también dónde y cómo quieren trabajar. La verdad es que los ejemplos negativos de esa tan deseada movilidad de las empresas y de los empleadores chocan aún hoy a la opinión pública de mi país. Y aprovecho la oportunidad para denunciar aquí lo que representantes de una empresa -por casualidad esta vez inglesa, con sede en Londres, con delegaciones en la República de Irlanda y en Portugal- hacen con inmensos contingentes de trabajadores portugueses y polacos, a los que colocan (dada la situación de excepcionalidad de Irlanda del Norte) en situaciones de riesgo, sin contrato, sin protección, sin seguridad y muchas veces entregados a su triste destino. Parece un fado, pero, por lo visto, es precisamente el fado de los trabajadores portugueses en busca de mejores salarios y mejores condiciones laborales. Y, por tanto, se coloca a esos trabajadores en condiciones de no poder siquiera regresar a su tierra. Esa movilidad amenaza no sólo a quien por desventaja social se adhiera a ella, como los trabajadores organizados. Éstos acogen a los primeros y optan por ser solidarios y favorecen su integración. Y ellos, los representantes de los trabajadores y su solidaridad, así como la de los sindicatos, son el único recurso en esas circunstancias tan dramáticas.
Así, pues, deseo ampliar y hacer efectivo ese derecho, aún lejano, del objetivo social que la propia Comunidad y los Tratados establecen.

Lambert
Señor Presidente, también yo quisiera dar gracias al ponente por la labor que ha realizado en relación con este informe. Es importante tener en cuenta, en vista de lo que hemos oído ya esta tarde, que el Consejo de Lisboa no trataba de la competencia solamente, sino también de la cohesión social. De las sociedades se espera cada vez más que actúen de forma ética y socialmente responsable. Buenas prácticas de empleo y buenas relaciones de trabajo con los empleados son indicadores fundamentales de esa evaluación ética, y tenemos que enfocar las recomendaciones del informe desde ese punto de vista.
El informe destaca diversas formas con las cuales una directiva revisada podría dar mayor eficacia a los comités de empresa y evitar algunos de los problemas y fallos que se han mencionado: reuniones regulares, y no la reunión anual simbólica que por lo visto es todo lo que se pueden permitir el 85% de las sociedades; un incremento de la representación de la mujer, que es prácticamente invisible en muchos de esos órganos, como también lo es en un número demasiado elevado de reuniones de juntas; capacitación para mejorar la calidad de la representación y de la comunicación; y medios y salvaguardias para lograr que los miembros de los comités de empresa representen efectivamente a todos los sectores. También revisten importancia crítica las sanciones en caso de incumplimiento. O bien queremos que los asociados sociales sean responsables, o bien no lo queremos. Mi Grupo lo quiere, por eso acoge con satisfacción este informe y espera con interés que la Comisión formule propuestas basadas en su texto.

Figueiredo
Señor Presidente, Señorías, este informe es el resultado de un trabajo importante en la Comisión de Empleo que nuestro colega el Sr. Menrad ha coordinado y a quien felicito por la apertura que ha demostrado en el examen de las propuestas presentadas durante el debate, al incluir varias de nuestro Grupo, si bien creo que se puede avanzar un poco más.
Todos sabemos de las innumerables dificultades y los graves problemas de desempleo que han afrontado los trabajadores y sus comités de empresa, en particular multinacionales, en los procesos de reestructuración y traslado de empresas que se han intensificado en los últimos años sin que en la mayor parte de los casos se respetaran los derechos de los trabajadores, pues muchas veces han sido tratados como una simple mercancía. Así, pues, es necesario modificar profundamente la directiva actual, en particular en lo relativo a los procedimientos de información y consulta de los trabajadores y a la posibilidad de intervención de los comités de empresa europeos, en particular mediante sanciones suplementarias y un veto suspensivo en los casos en que en las reestructuraciones, fusiones, traslados y concentraciones de empresas no se tengan en cuenta los justos derechos de los trabajadores.
Es urgente que la Comisión presente propuestas de modificación de esta directiva, como ya hemos solicitado repetidas veces, y que incluya por lo menos las mejoras que figuran en el informe Menrad y que fueron aprobadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como la propuesta en que insiste nuestro Grupo. Es fundamental que haya un procedimiento de consulta reforzada y oportuna a todos los trabajadores y posibilidades de derecho de veto suspensivo de una decisión que entrañe consecuencias negativas para los trabajadores, a fin de permitir que prosigan las negociaciones y se eviten dichas consecuencias. Igualmente importante es, como se dice en el informe Menrad, que las empresas que no respeten los derechos de los trabajadores a la información y la consulta y todos los aspectos de la directiva, con las nuevas enmiendas que presentamos, no sólo no reciban ayuda financiera alguna con cargo a Fondos estructurales y sean obligadas a devolver cualquier apoyo comunitario o nacional que se les haya concedido, sino que, además, sean excluidas también de contratos y subvenciones públicos. Así, pues, espero que la Comisión acepte estas posiciones.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, hace unos momentos, al intervenir en el anterior punto del orden del día, recordaba la definición de lo que entendíamos por empresa y en ella destacaba que la empresa, como organización, supone una pluralidad y que la empresa de un solo miembro no sería jurídicamente una empresa. Y la pluralidad obliga a regular el papel de los trabajadores en el conjunto de la organización. Creo que a esta cuestión responde magníficamente el informe del Sr. Menrad, a quien debemos felicitar por la calidad de su trabajo.
El objetivo de la directiva es mejorar el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados por los grupos o las empresas multinacionales que operan en Europa. En estos momentos, se estima que más de 1 100 multinacionales, que emplean aproximadamente a 15 millones de trabajadores, se verían afectadas por esta directiva y por su modificación. Coincido con el ponente cuando pide y espera de la Comisión la modificación de la Directiva 94/45/CE, logrando que los derechos de información y consulta sean precisamente un cauce para hacer posible y facilitar el diálogo social como elemento vertebrador de las relaciones sociales y laborales en las empresas afectadas.
Coincido con él igualmente cuando pide que el papel de estos órganos de participación, información y consulta no sea relevante sólo en los momentos de transformación industrial o de crisis, sino con carácter permanente en una economía global en la que observamos síntomas y caracteres de mundialización, y que, además, se consagre el ejercicio de estos derechos en el momento procesal y procedimental oportuno.
Y todo ello de cara a que los trabajadores, no sólo en los momentos de reestructuración, sino siempre ante decisiones trascendentes para la permanencia y el futuro de la empresa y de sus centros de trabajo o delegaciones, tengan la garantía de que su voz va a ser escuchada.
Este es el contenido de las enmiendas que he presentado y que el ponente ha tenido la amabilidad de incorporar.
Cada día escuchamos noticias con trascendencia social, que frecuentemente nos dejan helados: se cierran todas las delegaciones de una empresa en uno o varios países; la empresa estudia la reducción masiva de empleos; se anuncia una fusión y los trabajadores se preguntan qué va a ocurrir, a cuántos van a despedir o a mandar para su casa, y frecuentemente se adoptan decisiones de este tipo más por razones de bolsa -para mejorar la cotización- que por razones de fondo.
De poco vale en estos casos la comunicación posterior a la decisión. La empresa es organización, es comunidad a veces, con intereses un tanto contrapuestos.
Quiero destacar que el contenido de estos derechos ha de referirse también a la formación, al aprendizaje permanente, a la salud y a la seguridad, a la igualdad de oportunidades, al medio ambiente, a la incorporación de los jóvenes al trabajo. Todo ello convertirá a la empresa en una comunidad bien avenida, mejor avenida, diría yo, con menor conflictividad. Ello repercutirá en la productividad, en el incremento de la productividad, en el empleo, en las condiciones de vida y, por lo tanto, en una Europa mejor.

Thorning-Schmidt
Señor Presidente, muchas personas están muy preocupadas por la globalización. Se unen en organizaciones y los más extremistas tiran piedras. De vez en cuando se culpa a la UE de agravar los aspectos negativos de la globalización. Creo que el debate que hoy celebramos aquí y el debate que mantuvimos sobre el informe Menrad en nuestra comisión muestran precisamente justo lo contrario. Éste muestra que la UE puede contribuir de un modo muy concreto a amortiguar los aspectos negativos de las fuerzas libres del mercado, en este caso las reestructuraciones. La UE no puede hacer que desaparezcan las reestructuraciones, y tampoco debemos, pues forman parte de una economía de mercado moderna y pueden tener efectos positivos. Sin embargo, podemos tratar de amortiguar los efectos negativos involucrando a los trabajadores en el proceso como es debido.
Lo que hoy hacemos y lo que es de esperar que tengamos que hacer en el futuro con una nueva directiva es hacer el mercado de un modo muy concreto un poco más democrático. La directiva ya ha tenido un efecto. Lo demuestra el informe de la Comisión. Se han creado comités de empresa como consecuencia de la directiva. No obstante, hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, como han dicho también otros oradores, y espero que la Comisión se deje inspirar por el informe del Parlamento hoy. Una parte de las mejoras deben producirse en forma de cambios culturales en las empresas. Las empresas deben comprender que la información y la consulta no son una obligación penosa y desagradable, sino que forman parte constructiva de una dirección empresarial moderna y que la cooperación crea trabajadores responsables. Al mismo tiempo espero que la Comisión desde ya mismo prosiga sus reflexiones sobre una nueva directiva y me gustaría que se ampliaran los temas sobre los que se consulte a los trabajadores.
Creo en suma que debemos observar cuál es la situación de los trabajadores. Debemos entender que son gente normal con condiciones normales quienes se reúnen en los comités de empresa. Deben estar libres del trabajo, necesitando facilidades de traducción, locales y formación para que puedan atender a su tarea como representantes de los trabajadores y creo asimismo que los trabajadores deben poder implicar en mayor medida a los expertos de los sindicatos. Debemos entender que sus condiciones deben ser mejoradas. Un futura directiva podría recoger adecuadamente las constructivas modificaciones que el Parlamento ha propuesto. No son modificaciones furiosas ni de gran alcance, son modificaciones muy constructivas y espero que la Comisión las incluya cuando presente una nueva directiva. Adecuadamente diseñada, ésta puede ser otro paso más hacia un modelo social europeo.

Evans, Jillian
Señor Presidente, apoyaré con placer este informe. He tomado la palabra varias veces en este Parlamento para referirme a la reciente pérdida de 3.000 puestos de trabajo en el País de Gales, cuando la compañía siderúrgica Corus anunció despidos masivos por exceso de personal. Cuando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales organizó una audiencia en abril de este año, el representante de los trabajadores del Comité de empresa de la sociedad europea Corus nos dijo que, desde muchos puntos de vista, era un comité de empresa modelo. Se reunía dos veces al año, facilitaba una formación profesional excelente, y permitía que asistieran expertos a sus reuniones. A pesar de ello no anunció a los trabajadores que se iban a suprimir unos 6.000 puestos de trabajo, cuando había ya extensos debates públicos acerca de la pérdida de esos puestos.
Este informe indica que el principal objetivo de la directiva es suprimir obstáculos a la información, consulta y comunicación con los trabajadores, para permitir que haya diálogo. Esto reviste una importancia vital. No basta con alabar la consulta de labios para fuera. Tiene que haber una definición de la consulta, para conseguir que sea positiva y amplia y que se lleve a cabo a su debido tiempo, como ya han dicho otros. Dicho con otras palabras, la consulta tiene que tener lugar antes de que se adopten las decisiones y no después, y tiene que haber sanciones contra los que no lo cumplan.
Estoy de acuerdo con el Sr. Menrad en que necesitamos una revisión de la directiva que evite que se repitan casos como el de Corus y para ocuparse de otras cuestiones que el ponente identifica, como por ejemplo la participación de la mujer. Espero que este debate ayude a conseguirlo.

Laguiller
Señor Presidente, no votaré en contra de ese informe por la única razón que algunos sindicatos deseen que sea aprobado, cualquiera que sea mi opinión acerca de su política. Pero no daré mi aprobación.
En efecto, a cambio de una ampliación limitada de las prerrogativas de los comités de empresa europeos, el informe pide que se aprueben los imperativos de la competencia así como la confidencialidad de la información. Subraya, por otra parte, que el papel que le corresponde a los comités consiste en reducir los riesgos de conflicto lo cual constituye, según él, un factor de éxito para las empresas, o sea de hecho para sus dueños.
Se ve claramente, en Francia, que cuando se trata de medidas fundamentales para la vida de los trabajadores, la decisión final incumbe a los empresarios. Los comités de empresa se ven reducidos a la impotencia, como se pudo comprobar cuando se produjeron los despidos inaceptables en Moulinex, Aventis, Danone y muchos otros, o se ven atrapados hasta tal punto que llegan a apoyar decisiones empresariales, o incluso a designar a las víctimas como en el caso de AOM-Air Liberté.
Entonces, el único derecho verdadero para los trabajadores, sería el derecho al empleo, es decir la prohibición de los despidos, por lo menos en las empresas beneficiarias.

Mann, Thomas
Señor Presidente, la Comisión tenía la tarea de analizar la eficacia del comité de empresa europeo. El comité de empresa europeo se ha hecho cada vez más eficaz: en 1994 había 40 y en el año 2001 son 650. En este sentido, el comité de empresa europeo ha fomentado de manera excelente una conciencia europea y al mismo tiempo ha fomentado también el interés de las trabajadoras y de los trabajadores por medidas transfronterizas, por una actitud de solidaridad. No obstante, existen problemas: lo hemos visto en nuestra audiencia de la Comisión de Empleo. Hay cosas que no están claras, en absoluto: ¿Qué es una información adecuada? ¿Cómo pueden desarrollar planes alternativos las trabajadoras y los trabajadores si se les informa demasiado tarde? Cuando se trata, por ejemplo, de reestructuraciones profundas de las empresas hay que acordar, ciertamente, un procedimiento de consulta reforzado.
Por otro lado, los comités de empresa europeos se reúnen, en la mayoría de los casos, una sola vez en el año. Debe haber, como mínimo, dos reuniones al año e incluso tres. Deben poder conocerse mejor. Deben conocer también la disparidad de mentalidades. Esto constituye el requisito para una acción solidaria y continuada, y sigue siendo insuficiente la presencia de las mujeres. Ni siquiera el 10 % de ellas está representado en los comités. En este punto es necesario realizar mucho trabajo de motivación en las empresas y éste debe manifestarse después de manera concreta en las elecciones.
He hablado con muchos comités de empresa, también en mi circunscripción electoral. Para ellos es especialmente importante que tengamos más posibilidades de formación para nivelar las deficiencias en el conocimiento de idiomas. Estoy expresamente de acuerdo con Winfried Menrad que se muestra partidario de los cursos de idiomas para los comités de empresa europeos. Hay que invertir también en el reciclaje de los trabajadores - pienso en la legislación contable, en la legislación laboral, en la legislación social - y hemos de trabajar en ello de tal manera que también podamos decir: ¿Qué es lo que hay que incluir en el orden del día? La protección de la salud, la necesidad de tratar la seguridad en el puesto de trabajo, o también la cuestión, que propugna constantemente Winfried, de la participación de los trabajadores en el capital. El ponente ha logrado incluir 75 enmiendas de la Comisión de Empleo y otras enmiendas de la Comisión de Industria y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. De hecho, ha sabido tender puentes entre nosotros en la comisión y 38 de los 38 han dado su voto afirmativo. Ojalá se logre lo mismo en la votación de mañana.

Bastos
Señor Presidente, Señorías, comienzo felicitando al ponente, el Sr. Menrad, por la oportunidad y el mérito de su informe. El diálogo social en el espacio de la Unión es un fenómeno indispensable de la propia construcción europea. A eso se debe la necesidad de revisar esta directiva relativa a los Comités de Empresa europeos en empresas de dimensión comunitaria. Desde 1994 se han creado 650 comités de empresa europeos, frente a los casi 40 antes existentes. No hay duda de que es un éxito.
Entretanto, ha habido enormes cambios en el mercado laboral europeo, que exigen nuevas respuestas con una definición rigurosa de los conceptos de información y consulta de los trabajadores en empresas de dimensión comunitaria para que éstas se produzcan en tiempo útil y pertinente con vistas a la adopción posterior de una decisión. Es necesario ampliar aún más el abanico de asuntos abordados durante el proceso de información y consulta y reforzarlo en materias particularmente delicadas para todos los trabajadores. La reunión periódica de ese órgano es también necesaria, pues en casi el 85% de los casos sólo se reúne una vez al año, lo que resulta manifiestamente insuficiente.
La dimensión que una empresa debe tener para quedar comprendida en el ámbito de aplicación de esta directiva debe merecer también nuestra atención y se debe indicar un umbral más razonable, cosa en la que estamos de acuerdo con el ponente Sr. Menrad. Se deben fortalecer las disposiciones relativas a la protección y a los derechos de los representantes de los trabajadores libremente elegidos por éstos, así como una representación equilibrada entre hombres y mujeres. Hoy el 90% de los miembros de los grupos especiales de negociación y de los comités de empresa europeos son hombres.
Una nota final para subrayar que el procedimiento de información y consulta puede propiciar una profundización de la relación entre empleadores y trabajadores en todos los Estados miembros, lo que contribuirá al desarrollo de un ideal de conciencia europea.

Novelli
Señor Presidente, queridos colegas, la Comisión Europea presentó en abril de 2000 un informe relativo a la situación de la aplicación de la directiva de 1994 sobre la constitución de un comité de empresa europeo para las empresas de dimensión comunitaria. Ese informe presenta un balance relativamente positivo puesto que hoy más de la tercera parte de las empresas en cuestión han creado esos comités de empresa, pero es preciso decir que la actualidad reciente en lo que se refiere a algunos planes sociales hace que esa información y esa eventual consulta resulten más necesarias que nunca.
De esta manera se han añadido nuevos proyectos de directiva al texto de 1994. Me parece que es preciso proseguir tres acciones con relación a esos proyectos.
En primer lugar, prever disposiciones para que, dentro de un plazo razonable, la mayoría de las empresas interesadas se doten de un comité de empresa europeo. Desde este punto de vista, la idea de reducir los umbrales más allá de los cuales las empresas están involucradas me parece poco razonable. Logremos primero que se respete la directiva de 1994. El segundo eje debería consistir en proponer un texto global, una síntesis de los diferentes textos, en vez de seguir amontonando directivas. La tercera acción debería ser velar para que se preserven la autonomía y la libertad de gestión de las empresas cuando éstas cumplen debidamente con su deber de información y consulta.
El informe del Sr. Menrad, cuyo trabajo valoro, no supo sin embargo evitar algunos escollos. Por ejemplo la cogestión, modo de gestión que prevalece en Alemania, pero sólo en Alemania, lo llevó a acceder a las enmiendas socialistas de nuestro colega Harlem Désir, unas enmiendas que mi Grupo había rechazado, por iniciativa mía, en la Comisión de Industria. Pienso en particular en los umbrales más allá de los cuales las empresas están implicadas y al establecimiento de cuasi-vetos por medio de sanciones en algunos casos, y lo lamento muchísimo.
Respecto de nuestros colegas socialistas, es verdaderamente impudente que rechacen las propuestas de la Comisión en lo que se refiere al correo o a la energía, alegando que antes hay que aplicar lo que ya existe y, por el contrario, se apoyen, como en este caso, en las supuestas demoras para avivar el fuego cuando les conviene.
A mi modo de ver, la competencia, la apertura de mercados y la creación de un mercado interior van a la par de la información y de la consulta a los trabajadores. Es la razón por la cual me abstendré, con tristeza pero con certeza, si los párrafos 4 y 14 en particular fuesen aprobados tal como están.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, diré para empezar que la Comisión acoge con satisfacción este informe sobre la aplicación de la directiva de la Unión Europea sobre el funcionamiento de los comités de empresa. No cabe duda de que constituirá una importante aportación a nuestro estudio de la directiva. En particular quisiera dar gracias al ponente, Sr. Menrad, por los esfuerzos que ha consagrado a su informe durante tanto tiempo. El informe refleja claramente lo profundos que son sus conocimientos acerca del tema. No me olvido tampoco del tiempo que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha dedicado a este asunto y en particular la audiencia pública sumamente útil que organizó en la primera parte del año en curso, en la que dio a todos los interesados principales la oportunidad de manifestar su opinión.
El informe reconoce el éxito en general de la aplicación de la directiva, al mismo tiempo que identifica una serie de puntos débiles. La directiva era el primer documento de la legislación comunitaria que preveía un aspecto concretamente transnacional de las relaciones entre empleadores y empleados y que, por ello, se adentraba en terreno completamente inexplorado. Ése fue el principio: ahora nos hallamos en una situación en la que hay acuerdos sobre comités de empresa en la Unión Europea en 650 empresas o grupos de Europa, que abarcan aproximadamente el 60% de los empleados amparados por esos acuerdos. En cada una de esas empresas hay reuniones entre la administración y los empleados de varios Estados miembros, cosa que hubiera sido prácticamente impensable hace algunos años y que representa un logro considerable. Debido a la inherente flexibilidad de la directiva, ese logro se ha conseguido a pesar de las amplias variaciones en materia de participación de los empleados y de sistemas de relaciones industriales que hay en los Estados miembros. Como reconoce el informe, la directiva ha contribuido sin duda alguna al desarrollo de una conciencia europea entre los representantes de los empleados.
Al reconocer el éxito de la directiva, quisiera reconocer también, como se hace en el informe, el papel desempeñado por los sindicatos, en particular los sindicatos que operan en el plano de la Unión Europea. Su aportación a numerosas negociaciones, y su coordinación, han supuesto una contribución de importancia crítica para el éxito de la directiva.
Reconocer el éxito en general de la directiva no quiere decir, naturalmente, que su aplicación no haya planteado problemas. El informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo en abril de 2000 ponía de relieve una serie de problemas jurídicos y prácticos relacionados con la aplicación de la directiva. El informe del Parlamento, preparado en respuesta al informe de la Comisión, se basaba en ese análisis, determinaba una serie de puntos débiles en el funcionamiento de la directiva y proponía una serie de modificaciones para abordar esos puntos débiles. El Parlamento puede estar seguro de que examinaremos todas sus propuestas con gran cuidado.
Una cuestión fundamental que se pone de relieve en el informe, una cuestión que, como indica el informe, ha suscitado gran interés público últimamente, es la aclaración de lo que entendemos por información y consulta. Tenemos que velar por que los empleados sean informados y consultados en el momento oportuno, cuando todavía pueden influir en las decisiones. El informe subraya alguno de los casos en los que, lamentablemente, los empleados no han sido informados debidamente o consultados acerca de decisiones de gran importancia que influían en sus medios de vida.
Como yo comparto las preocupaciones del Parlamento sobre el particular, y como estoy resuelto a hacer todo lo que esté en mi poder para disiparlas, permítanme que les diga que me estimuló muchísimo la decisión del Consejo de Ministros de Empleo y Política Social del 11 de junio, que adoptó unánimemente un acuerdo político sobre una posición común acerca del proyecto de directiva que establecía un marco común para informar y consultar a los empleados. La posición común fue aprobada oficialmente por el Consejo el 23 de julio. Como seguramente sabe el Parlamento, la propuesta de la Comisión que se formula en la directiva contiene amplias disposiciones en materia de información y consulta tanto por lo que se refiere al contenido como por lo que se refiere a la cronología. Me agrada comprobar que el informe del Parlamento se refiere a la propuesta de la Comisión como punto de referencia sobre el particular.
Sé que el Parlamento está trabajando muy activamente en la segunda lectura del proyecto de directiva a fin de posibilitar su aprobación sin demora. Hay cuestiones que habrá que resolver entre el Parlamento y el Consejo, muy particularmente la cuestión de las sanciones, tema que han suscitado diversos oradores esta tarde. Ésta es una cuestión respecto de la cual la posición común del Consejo se halla en el punto más lejano del deseo que comparte la Comisión y el Parlamento de que haya sanciones eficaces: sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de informar y de consultar. Ahora bien, a pesar de ello, estimo que ahora existe en todas las instituciones la voluntad política de llegar rápidamente a un acuerdo final acerca de este texto, estableciendo así un marco amplio para las actividades de información y consulta en toda la Comunidad.
Así como algunas de las cuestiones planteadas en los informes del Parlamento se refieren al proyecto de directiva sobre información y consulta, otras -como por ejemplo el papel de los sindicatos, la cuestión de la capacitación de los representantes de los empleados y el tiempo consagrado a la negociación de acuerdos- se mencionan en el contexto del proyecto de directiva que suplementa el Estatuto de una sociedad europea por lo que se refiere a la participación de los empleados. Me alegra que el Parlamento haya expresado tan rápidamente su opinión acerca del texto, preparando así el camino para su aprobación final, espero, en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social de octubre.
El informe del Parlamento reconoce -y así se ve claramente por lo que acabo de decir- que la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre comités de empresa está estrechamente vinculada con los dos textos legislativos que estamos examinando, o sea, en primer lugar el que trata de la información y consulta, y en segundo lugar, el que trata de la participación de los empleados en la sociedad europea. Siempre he pensado que, debido a ese vínculo, deberíamos concentrarnos en la finalización de esos dos textos antes de ocuparnos de la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre los comités de empresa. Ésta sigue siendo la firme opinión de la Comisión, pero ahora, afortunadamente, tenemos a nuestro alcance la aprobación final de esos textos y, por lo tanto, tengo la intención de estar preparado, tan pronto como se finalice la directiva sobre información y consulta, a abordar la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre los comités de empresa. Como se indica en el informe, la primera fase de ese proceso será una consulta oficial de los interlocutores sociales.
Antes de acabar mi intervención quisiera dar breve respuesta a dos preguntas concretas. En primer lugar, una pregunta del Sr. Désir y de la Sra. Flautre sobre lo que está haciendo la Comisión para ocuparse de los aspectos sociales del control de fusiones. Diré en pocas palabras que la Comisión ha indicado su intención de examinar la interacción entre la legislación comunitaria de competencia en materia de fusiones y las consecuencias sociales de dichas fusiones. La segunda pregunta me la hizo el Sr. Désir. El Sr. Désir preguntó cuáles eran los planes de la Comisión por lo que se refiere a la cronología de la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre comités de empresa. Mi respuesta es que la Comisión proyecta ocuparse de la revisión de la directiva europea sobre comités de empresa tan pronto como se apruebe la directiva sobre información y consulta. El primer paso será la consulta de los interlocutores sociales que, si el procedimiento de conciliación sobre el texto relativo a la información y a la consulta queda finalizado para cuando acabe el año en curso, podría comenzar a principios del año próximo. La Comisión ha opinado en diversas ocasiones que la cronología de cualquier revisión de la directiva europea sobre comités de empresa está vinculada inextricablemente a la aprobación de la directiva sobre información y consulta y a la aprobación final de la propuesta sobre el estatuto de la sociedad europea.
Para acabar, quisiera una vez más dar gracias al Parlamento muy sinceramente por sus informes muy completos y muy fundamentados que proporcionarán una aportación capital no solamente para la doctrina de la Comisión, sino también para la doctrina de los demás agentes que participan en esta importante cuestión.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Frederik Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas.

Control de la aplicación del Derecho comunitario (1999)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0250/2001) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el decimoséptimo informe anual de la Comisión (COM(2000) 92 - C5-0381/2000-2000/2197(COS) sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario.

Êoukiadis
. (EL) Señor Presidente, el informe sobre la aplicación del Derecho comunitario debe ser considerado por todos nosotros como uno de los informes más importantes, porque es el informe que refleja la verdadera situación de la Unión Europea, su verdadero pulso, su vinculación a la vida cotidiana del ciudadano. Este informe es el primero que se redacta referido a la nueva década, la década con la que da comienzo el nuevo siglo, y creo que podría brindar la oportunidad para un tratamiento de conjunto de los problemas relacionados con el funcionamiento en la práctica del mercado único, con el funcionamiento en su conjunto de la Unión Europea y con el horizonte de la construcción europea.
Tres nuevos datos, como la próxima ampliación -una ampliación sin precedentes-, la causa de la profundización y de la unión política de la Unión Europea, y la inevitable multiplicación de la intervención legislativa, imponen una revisión radical del asunto del control del cumplimiento del derecho comunitario. La cuestión en su conjunto no puede dejar de vincularse a la revisión de los Tratados y debe incluirse entre las prioridades de la próxima Conferencia Intergubernamental. El libro blanco señala el problema y resta ahora ver cómo lo abordará.
Sin una mayor prontitud en la transposición de las directivas y sin la configuración de una concepción común sobre el derecho comunitario no puede haber ni espacio económico único ni progreso alguno en la concepción de una ciudadanía europea. El ciudadano de un país que va a trabajar a otro país y encuentra obstáculos para el reconocimiento de su cualificación profesional se siente extranjero y no europeo. Normas de competencia que se aplican selectivamente en diversos países adulteran la competencia europea, y así sucesivamente. Todo esto pone de relieve que la cuestión de la aplicación del derecho comunitario ha de ser un problema de todos y debe constituir una de nuestras prioridades. Es inútil dedicar tantas horas a debatir si debe aceptarse tal o cual enmienda y desentendernos de la actividad de seguimiento de la aplicación de una directiva. De manera que deberemos conceder a este el informe toda su importancia, ya que verdaderamente refleja la realidad viva de la Unión Europea.
Un segundo eje al que se recurrió para la redacción del informe fue seguir el rastro de la suerte corrida por las propuestas del Parlamento Europeo en informes anteriores. He leído bastantes informes anteriores con propuestas interesantes. He constatado con sorpresa que la mayoría no tuvieron continuidad alguna. Lo más importante, sin embargo, no esto, sino el hecho de que el informe de la Comisión no ofrezca ninguna explicación al respecto. Habrá, pues, que encontrar la forma de que las propuestas del Parlamento tengan continuidad.
Tercera observación fundamental es que, a pesar de las mejoras constatables sobre la base de los datos relativos a la aplicación del derecho comunitario, las mejoras no son irreversibles y monodireccionales, sino que se observan también retrocesos y, en cualquier caso, no se observan avances espectaculares que nos permitan despreocuparnos. La patológica imagen general no ha cambiado. Deberá pues preocuparnos seriamente este fenómeno y atender separadamente a cada una de las múltiples causas y razones que lo reproducen.
A continuación, en el tiempo de que dispongo, intentaré formular ciertas conclusiones generales. El mejor porcentaje de transposición lo posee Dinamarca con una media del 98%. Por lo que respecta al proceso de control de infracciones, recordemos que todo el sistema de control se sostiene en cuatro fases. El número de cartas de apercibimiento -primera fase- es significativo. En el caso de los tres países con mayor número -Francia, Italia, Gracia- es de 236, 160, 154, respectivamente, y en el de los tres con menor número -Dinamarca, Finlandia, Suecia- es de 40, 43 y 46, respectivamente. El número de dictámenes motivados, que constituyen la segunda fase, es bastante menor y muestra que este procedimiento resulta eficaz en ciertos países, e incluso muy eficaz en algunos. En cualquier caso, la relativa reducción del tiempo de envío de cartas de apercibimiento y de dictámenes motivados constituye un aspecto positivo en el intento de aceleración del proceso de control. En cuanto a los recursos al Tribunal, queda constancia de una nueva importante reducción de los casos de incumplimiento.
A modo de conclusiones generales, deberemos decir lo siguiente: primero, constatamos una reducción progresiva de fase a fase de un porcentaje de 35%-40%; segundo, mantenimiento en todas las fases del orden de los países en la escala de infracciones; tercero, en la tercera fase, en el caso de determinados países, el número de incumplimientos es mínimo, mientras que, por el contrario, se constata la perseverancia de otros países en el incumplimiento; cuarto, la eficacia del proceso de control no debe ocultar el hecho de que estos procedimientos son utilizados por los estados miembros como medio para retrasar el plazo de transposición, de suerte que se crea de facto un nuevo período transitorio.
El hecho de que determinados países con diferentes sistemas obtengan permanentemente los peores resultados, y de que otros países obtengan los mejores, significa que en el fondo las infracciones están vinculadas a una determinada voluntad política. De suerte que la aplicación y el cumplimiento del derecho comunitario constituye un problema político, y no un problema jurídico o tecnocrático, como muchos creen. Encubre un conflicto entre la soberanía nacional y el poder europeo, y pone de manifiesto el grado de madurez de la conciencia europea. Por último, no consta que la Comisión disponga de análisis de las condiciones y de las razones por las que se configuran los datos estadístico mencionados. No quisiera abusar de su tiempo, pero querría decir algo sobre las enmiendas. De las tres enmiendas presentadas, acepto dos. La enmienda de la Sra. Thors no la entiendo bien y rogaría que se hicieran algunas aclaraciones para poder aceptarla.

Pérez Álvarez
. Señor Presidente, no debe sorprender a nadie, sobre todo si se tiene alguna formación jurídica, que el control de la aplicación del Derecho comunitario recaiga en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es evidente.
Yo quiero comenzar felicitando al Sr. Koukiadis por la amabilidad, -me atrevo a decir incluso por el acierto- de haber incluido las conclusiones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en su informe.
He tomado la palabra como ponente de opinión en la Comisión de Empleo, y esto viene a cuento porque a mí me gustaría preguntarme en voz alta ante todos ustedes qué tipo de Europa queremos construir.
En 1996 en Turín, el Presidente francés, Sr. Chirac, dijo que si Europa sólo avanzase por la vía económica, por la vía del comercio, sería un fracaso. Él decía que había que preocuparse por la situación de los europeos, que había que recuperar al europeo y ello auguraría el camino del éxito.
Ahora que en España, mi país, se comienza a preparar la Presidencia, cada día las autoridades competentes, el Presidente, Sr. Aznar, o los ministros hablan de hacer más Europa. ¿Qué representa más Europa? Probablemente hacer realidad los contenidos que se resumen en nuestra Carta de Derechos Fundamentales, es decir, una Europa preocupada por los europeos.
De ahí la importancia y la trascendencia que ha de darse a este informe, del que me gustaría destacar algunos puntos.
En primer lugar, lo que debe ser una preocupación de todos nosotros -de la Comisión y del Consejo- con respecto a la transposición de las directivas, porque justamente en el ámbito social hay un porcentaje muy inferior de transposición de directivas frente a otros ámbitos o frente a la transposición con carácter general.
En segundo lugar, hay algunas materias de especial sensibilidad; a uno le acompaña su profesión y como inspector de trabajo que soy, me preocupa enormemente que en materia de seguridad, de salud laboral, no haya una mayor prontitud en la transposición de las directivas.
En tercer lugar, la igualdad. Creo que debemos recabar de la Comisión una mayor fuerza coactiva para imponer multas con efecto coercitivo suficiente, una mayor tendencia a coordinar los distintos Gobiernos de los distintos Estados miembros, para lograr esa mayor coordinación y, en resumen, una mayor intensidad en su actividad, para que los principios que consagra la Carta de los Derechos Fundamentales sean una realidad.

Thors
Señor Presidente, este debate me parece un tanto absurdo. Una vez terminado el informe, nos han llegado dos importantes documentos de la Comisión. Me refiero al Libro Blanco sobre reformas de la gobernanza europea y la comunicación sobre política de información y comunicación. Después de leer esos documentos no me queda claro cómo piensa ayudarnos la Comisión a controlar la aplicación del Derecho Comunitario ni cómo piensa dar prioridad a los asuntos que nos ocupan.
En primer lugar, en cuanto a la política de información y comunicación, se dice en la comunicación que se está estudiando la futura forma del denominado sistema Eurojust. Contrariamente a lo que se dice en la comunicación, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior creíamos que la Comisión consideraba que esta red de juristas especializados, que pueden aconsejar a los ciudadanos y que actúa en las delegaciones de la Comisión en los países miembros, era valiosa. En la comunicación de junio vemos que la Comisión está discutiendo la forma futura de este sistema y que quizá se traspasen las tareas de esos juristas a las administraciones nacionales.
Estimada Comisión, ¿quién cree que una administración nacional ayudará a un ciudadano a hacer valer sus derechos en contra de esa misma administración?
En segundo lugar, me confunde que en el Libro Blanco que he mencionado se diga que se necesitan "redes de órganos similares, actualmente existentes en los Estados miembros, que puedan encargarse de las contiendas entre los ciudadanos y la UE" al mismo tiempo que se pretende que los ciudadanos conozcan mejor los derechos que les corresponden de acuerdo al Derecho Comunitario.
¿Cómo piensa la Comisión que hay que controlar la aplicación del Derecho Comunitario? Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre este asunto y que, en esta materia, la Comisión debió haber sido más precisa en su Libro Blanco.

González Álvarez
Señor Presidente, tenía interés en intervenir en este debate sobre el cumplimiento del Derecho comunitario porque, como titular de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Peticiones, estoy al corriente del incumplimiento de ese Derecho comunitario, sobre todo, como han dicho los anteriores ponentes, en los ámbitos social y medioambiental.
Es cierto, como ha dicho mi colega español, que hay una mala transposición en el ámbito social de sólo el 71% de las directivas, pero es más cierto aún que en la Comisión, en los temas medioambientales, no sólo hay una mala transposición, sino un incumplimiento flagrante, que es lo peor: la falta de aplicación.
Es algo que registramos cada día en la Comisión de Peticiones, porque se trata del primero de los incumplimientos: un 40% de los incumplimientos que denuncian los ciudadanos a la Comisión de Peticiones tiene que ver con el medio ambiente.
Como dice muy bien el Sr. Koukiadis en su informe, el derecho de petición constituye el principio por excelencia del reconocimiento de la ciudadanía europea y, por eso, debe preocuparnos ese reiterado incumplimiento en los ámbitos social y medioambiental, que tanto tienen que ver con los derechos de esa ciudadanía europea. Si examinamos cada una de las peticiones que llegan a la Comisión de Peticiones -yo conozco mejor, naturalmente, las peticiones que provienen de mi país- veremos el enorme interés de los ciudadanos europeos por recopilar información y conocer perfectamente el Derecho comunitario para poder denunciar los incumplimientos con enorme rigor.
Por eso creemos que, en el informe anual, debe dedicarse una sección a las peticiones, como muy bien recoge el ponente, porque es en esa comisión donde realmente se contribuye al cumplimiento del Derecho comunitario.

Bernié
Señor Presidente, 1075 requerimientos, 470 dictámenes motivados, 178 recursos al Tribunal de Justicia, o sea dos veces más que en 1998. Este balance de la aplicación del Derecho comunitario en 1999 refleja un profundo malestar.
Hace falta admitir las cosas como son, Europa legisla demasiado y mal. Incluso llega a legislar en ámbitos que no son de su competencia. Lo hizo en 1979 con la directiva "Aves" y más recientemente, sin ningún fundamento jurídico, en lo que se refiere al estatuto y a la financiación de los partidos políticos europeos.
Si los Estados miembros tardan en transponer el Derecho comunitario a Derecho nacional, si los asuntos contenciosos se multiplican, es porque la reglamentación europea es a menudo apremiante, puntillosa, inadaptada a las realidades locales y alejada de las preocupaciones de nuestros conciudadanos, cuando no se opone directamente a su voluntad y al principio republicano. Así, el año pasado, el gobierno francés proclamaba su desacuerdo con la directiva "Genoma" . La Sra. Guigou, ministra de Justicia, estimaba que dicha directiva era, cito, "incompatible con las leyes bioéticas francesas, con el código de propiedad industrial y con el código civil que prohíben la comercialización del cuerpo humano".
¿Se puede, en nombre de Europa y de su mayoría cualificada, imponer una legislación a un pueblo que la rechaza? Es un problema de fondo. ¿Es necesario uniformizar y sacrificar nuestras diferencias, verdadera riqueza europea? No nos parece. Además, en una democracia, no le corresponde al Tribunal de Justicia, sino a los elegidos, dictar la ley a través de la jurisprudencia. Ahora bien, los diputados europeos, los únicos elegidos por sufragio universal, no disponen de un verdadero derecho de iniciativa legislativa, monopolio celosamente acaparado por la Comisión.
Europa no solucionará sus problemas aplicando textos malos a base de multas y de sanciones, como lo pretende el artículo 15. La obstinación tiene sus límites y cuando un texto es malo, hace falta tener la lucidez y el valor suficientes para modificarlo, como lo proponemos en al artículo 12.
Por lo tanto es conveniente legislar menos para legislar mejor y respetar las voluntades nacionales y la democracia aplicando lo más posible el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, urge una reglamentación sobre los transportes de hidrocarburos, pero una vez más ha sido dejada para el día del juicio final por razones mercantiles
A diferencia del considerando M, no pensamos que la estricta aplicación del Derecho Comunitario contribuya a la emergencia de una nacionalidad europea con la cual no estamos de acuerdo. Estamos en efecto demasiado preocupados por el respeto de las identidades, de la democracia y del derecho a la diferencia.

Berthu
Señor Presidente, el Derecho comunitario engendra dificultades de interpretación cada vez más numerosas, puesto que según el mismo informe de la Comisión, ésta abrió 2270 expedientes a ese título en 1999, contra solamente 124 en 1978. Ese aumento resulta, por una parte, de la proliferación constante del Derecho comunitario, y por la otra, de la creciente severidad de la Comisión que, desde Maastrich, dispone de instrumentos represivos eficaces, en particular con los artículos 226 y 228 del TCE. El informe que hoy debate el Parlamento Europeo va más allá en el sentido de la represión, ya que invita a la Comisión a utilizar más esos artículos, a esgrimir más frecuentemente la amenaza de multas o de sanciones para los Estados miembros, e incluso a proponer un nuevo sistema de sanciones automáticas aplicables a los que no transponen suficientemente bien o rápidamente las directivas comunitarias.
¿Pero por qué unos Estados miembros, que supuestamente han aceptado directivas en el Consejo, tardan luego en aplicarlas? Es la pregunta fundamental que todo el mundo esquiva. Por mi parte daré tres respuestas adicionales. En primer lugar, es un efecto perverso de la extensión del voto por mayoría cualificada que mantiene a las instituciones en lo que yo llamaría una especie de ilusión normativa. Existe la convicción de que todo está arreglado cuando se ha votado por mayoría en la mesa del Consejo. Pero en realidad, si la minoría tenía motivos válidos y si luego la aplicación no se concreta en el terreno, nada está arreglado. Y para enderezar el timón, Europa se lanza entonces en la espiral de la represión que se hubiera podido evitar con un mayor consenso inicial.
La segunda causa de no-aplicación es la inadaptación de algunas partes del Derecho Comunitario, como la directiva de 1979 sobre la caza de aves silvestres, que luego el Tribunal de Justicia endureció a espaldas del Consejo. En un caso con éste, de una directiva que, hace falta notarlo, fue adoptada por unanimidad, lo que nos falta es una posibilidad de revisión automática después de diez años, a petición de un solo Estado miembro.
Por último, la tercera causa de no-aplicación: algunas directivas no se transponen o están mal transpuestas porque algunos representantes gubernamentales que ocupan un puesto en el Consejo quisieron demostrar ser buenos europeos cerrando los ojos sobre las futuras dificultades aún sabiendo que eran inevitables. Fue por ejemplo lo que se produjo en Francia con la directiva 98/44 sobre la patentabilidad de la materia viva, que ahora resulta imposible de transponer puesto que va en contra de varias partes fundamentales de nuestro Derecho. Es desgraciadamente un comportamiento que los dirigentes franceses suelen adoptar, incluso al más alto nivel del Estado. Uno acepta hoy firmar tal o tal texto europeo por no atreverse a presentar objeciones, y mañana se las arreglará para aplicarlo. Es lo que acaban de hacer una vez más con el Tratado de Niza, y Francia lo va a pagar caro.

Wallis
Señor Presidente, deberíamos felicitar al ponente por su informe importante y de amplio ámbito en el que determina acertadamente los problemas de transposición y aplicación de la legislación comunitaria, principalmente por lo que se refiere a las directivas. Pero quizá no hayamos visto todavía nada pues estamos entrando en una era de nueva legislación: la era de la corregulación. ¿Formará la corregulación parte de la futura legislación comunitaria, por cuya aplicación y uniformidad deberíamos velar?
En su Libro Blanco sobre la gestión de los asuntos públicos, la Comisión declara que la corregulación no es apropiada en los casos en que las normas deben aplicarse de forma uniforme. Tampoco será apropiada en los casos en que se evocan derechos fundamentales u opciones políticas. Y sin embargo este año hemos tenido que producir por propia iniciativa del Parlamento el informe sobre la Red europea extrajudicial, que es una red alternativa europea sobre solución de controversias establecida por la Comisión sobre la base de un enfoque corregulatorio. Ahora bien, ¿qué puede ser más fundamental que el acceso de nuestros ciudadanos a la justicia o la forma en que se dicta y se aplica ese legislación? ¿Vamos a estar vigilando a cada árbitro y a cada regulador para cerciorarnos de que la legislación comunitaria se aplica debidamente? Ya tenemos bastantes problemas actualmente con los asuntos judiciales vulgares y corrientes.
Tenemos que estar al corriente de esas cuestiones. Son fundamentales para nuestros ciudadanos y también para los derechos de este Parlamento en su calidad de colegislador, sin hablar de los posibles efectos de fragmentación que tendría para los logros del mercado interior si este Parlamento no las vigila muy cuidadosamente.

Krarup
Señor Presidente, la aplicación del Derecho comunitario constituye precisamente, tal como se ha dicho, nada menos que el punto de apoyo fundamental de la Unión Europea. La Unión está teniendo problemas con la implantación de un sistema judicial comunitario eficaz. El Derecho comunitario, el " acervo comunitario" , la unidad europea están basados en un derecho europeo. Sin embargo, el problema, como queda ilustrado muy claramente en el informe anual de la Comisión así como en los anteriores informes anuales y en este informe, radica en que no existe ningún derecho europeo al igual que tampoco existe un pueblo europeo. Existen profundas diferencias entre los diversos sistemas judiciales. El common law de inspiración romana y las tradiciones judiciales escandinavas son sumamente diferentes en una serie de puntos fundamentales. No se pueden transplantar los sistemas judiciales como las flores a un tiesto. Existen diferencias estructurales, diferencias culturales podría decirse, y así se deja entrever también en este informe.
Encontramos un comentario digno de señalar en el punto D. El Parlamento Europeo piensa que uno de los motivos por las que la aplicación del Derecho comunitario es deficiente estriba en la imposibilidad de " comprender el Derecho comunitario derivado" . Creía que se trataba de un fallo de traducción, aunque siempre se deba pensar bien de los servicios de traducción, sin embargo, encontramos la misma expresión en otros idiomas: "l'impossibilité d'une compréhension correcte", "inability correctly to understand" etc. Resulta imposible entonces lograr una correcta aplicación del Derecho comunitario derivado. Es un reconocimiento interesante. No obstante, cabría pensar que la consecuencia podría ser, tal como han manifestado anteriores oradores, que la integración y la regulación supranacional han llegado demasiado lejos, pero ésta no es la conclusión. La conclusión es, como vemos recogida en la página 11 del informe con términos casi militares, que debemos establecer un sistema que" neutralice las resistencias nacionales" . En caso de discrepancia entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional saldrá perdiendo el respeto hacia las tradiciones judiciales nacionales y esto quizá explique la existencia de una creciente oposición a este sistema no sólo en Dinamarca sino también en Irlanda y en otros muchos lugares.

Kinnock
. (EN) El informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario que el Parlamento tiene hoy ante sí es el décimoséptimo preparado en respuesta a lo que inicialmente pedía este Parlamento en una resolución de 1983. Como el Parlamento sabe, esos informes brindan un archivo anual de la labor de la Comisión en el desempeño de una de las partes más importantes de su labor de guardiana de los Tratados, mediante la adopción de medidas contra las infracciones cometidas respecto del artículo 226 del Tratado. Evidentemente es muy normal que el Parlamento estudie minuciosamente esas actividades. A la Comisión le agrada sobremanera que el Parlamento haya acogido calurosamente este último informe, y queda también agradecida al Sr. Koukiadis y a sus colegas por su labor.
Todos los años, cada uno de los dos informes periódicos sobre presuntas infracciones que se preparan antes de que se inicien las causas por infracción y cada uno de los dos informes sobre infracciones probadas que se preparan después de haber notificado al Estado miembro de que se trate, abarcan unos 2.000 casos investigados por la Comisión. El grueso de esos casos son casos individuales de aplicación errónea del Derecho comunitario por las autoridades de Estados miembros. Es evidente que sólo se puede hacer frente a un número tan grande de casos si se cuenta con un procedimiento que combine las ventajas del examen individual de los casos, un tratamiento rápido de la causa y el cumplimiento del principio de la responsabilidad colectiva que aplica la Comisión. El desarrollo e instalación de un sistema informatizado eficaz también es esencial para llevar a cabo esa labor. Por esa razón se ha establecido una sola base de datos de gestión que abarca todos los archivos de infracciones establecidos por la Comisión y que posee datos sobre la transposición de directivas en los Estados miembros.
Una ventaja de este sistema es que permite que la Comisión actúe sistemáticamente contra Estados miembros que no han adoptado medidas de ámbito nacional para aplicar las directivas, antes de que finalice el plazo tolerado para la transposición. Como el Parlamento sabe sin duda alguna, no se trata de una obsesión de uniformidad engendrada por algún motivo burocrático, sino de algo que es esencial para los intereses de la equidad en toda la Unión.
El desarrollo de un sistema informatizado eficaz posibilitará también informar más detalladamente al público acerca de las medidas adoptadas por la Comisión para controlar la aplicación del Derecho comunitario en todos los casos en que se haya adoptado una decisión en favor de pronunciar una opinión razonada o de remitir un caso al tribunal. La Comisión está continuando su política consistente en publicar inmediatamente comunicados de prensa, que es lo que empezamos a hacer en 1998, y además, desde enero de este año, las decisiones que tratan de una infracción, o de una opinión razonada, o de remitir el caso a un tribunal o de dar por terminado un caso, se han publicado también en el servidor europeo de las Comunidades Europeas tan pronto como la decisión ha sido adoptada por la Comisión.
La presión horizontal ejercida por esta mayor transparencia de las decisiones que se refieren a infracciones cometidas por Estados miembros puede ayudar también a promover una conformidad más rápida de los Estados miembros, pues todos se enterarán inmediatamente de las decisiones adoptadas en contra de cada uno. Puede considerarse también que una mayor transparencia es una garantía de tratamiento equitativo de las demandas.
El Parlamento sabe sin duda alguna que debido a que la Comisión posee una posición privilegiada que le permite incoar causas por infracción, en el Parlamento recae una capacidad sin igual de salvaguardar los intereses de los demandantes. Las garantías que ofrece la Comisión se han ido estableciendo con el tiempo y ahora consisten en procedimientos procesales que aseguran la inscripción de la demanda, una rigurosa confidencialidad e información para los demandantes, que pueden dar a conocer sus opiniones antes de que se adopte la decisión de cerrar el caso. Nos esforzamos por conseguir la máxima firmeza y la máxima seriedad en esos procedimientos de importancia vital.
En su respuesta al Defensor del Pueblo sobre las críticas formuladas acerca de la gestión del caso de infracción relativo a la concesión del contrato para la construcción del metro de Salónica, la Comisión se ha comprometido a consolidar las normas administrativas relativas a los demandantes para facilitar la concertación de contratos entre los demandantes y los departamentos de la Comisión. Se informará al Parlamento acerca de los resultado de esta consolidación tan pronto como quede finalizada.
El informe adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior -que es la base de la propuesta de resolución que el Parlamento tiene hoy ante sí- contiene varias conclusiones y recomendaciones. En aras de la brevedad y con la venia del Parlamento me referiré únicamente a las principales.
Para empezar diré que la Comisión no está de acuerdo con las conclusiones del informe de que el creciente volumen de infracciones de que tienen que ocuparse departamentos de la Comisión, en particular sobre la base de demandas, refleja un deterioro en la aplicación del Derecho comunitario.
Las principales razones de lo que acabo de decir son las siguientes. En primer lugar, el volumen global de demandas y de casos tramitados es estable. Incluso ha descendido ligeramente a 2.000 el número de demandantes inscritos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las sucesivas ampliaciones de la Comunidad y la expansión del Derecho comunitario, particularmente en relación con los poderes más amplios de que dispone la Comunidad y con la creciente mentalización de los sectores públicos y comerciales respecto del Derecho comunitario. Todos estos son factores que influyen en el número de infracciones tramitadas por la Comisión y, sobre esa base, el aumento del número absoluto de casos tramitados constituye una evolución positiva y no algo que pueda provocar inquietudes. Como el Sr. Koukiadis dice en su informe, es importante que se haga todo lo posible para determinar las causas profundas de las infracciones y que se encuentre la manera de reducir su número, sin basarse exclusivamente en el procedimiento corriente que se sigue en caso de infracción.
Por lo que se refiere a la interpretación de las estadísticas que brinda el informe anual, el margen de interpretación de las cifras sigue siendo restringido debido a las numerosas causas de las infracciones, a la gran dependencia de la Comisión respecto de las demandas y a la dimensión política de la labor originada por el hecho de que el procedimiento queda a la discreción de la Comisión. La Comisión está en condiciones de determinar un orden de prioridad para los procedimientos vinculándolos, primeramente, al daño percibido a los ordenamientos jurídicos comunitarios, en segundo lugar al daño percibido en cuanto al interés protegido por la disposición que ha sido objeto de la infracción, en tercer lugar al carácter reiterativo de algunas infracciones que son objeto de demandas individuales o colectivas, y en cuarto lugar al daño causado a los intereses financieros de la Comunidad. Además, un suceso cotidiano registrado en cualquier esfera determinada del Derecho comunitario puede provocar también un incremento de las demandas presentadas a la Comisión y ser causa de que la Comisión intensifique sus medidas de respuesta a fin de atender las necesidades de su programa político. Las diversas fases que llevaron a la finalización del mercado único son un buen ejemplo de lo que acabo de decir. El creciente reconocimiento de la posibilidad de infringir el derecho medioambiental es otro ejemplo. Todos esos extremos se disponen en términos clarísimos en el Libro Blanco que, como algunos diputados nos han recordado, se va a examinar mañana en este Parlamento. Hay que tener presente que los tribunales nacionales son los primeros guardianes del orden jurídico comunitario y que, por lo tanto, la Comisión se ocupa de una proporción relativamente pequeña de las infracciones del Derecho comunitario.
Hay que reconocer también que, como gran parte de ese Derecho está constituido por directivas que han de transponerse a los regímenes jurídicos nacionales de los Estados miembros, una vez efectuada la transposición el instrumento de que se trate pertenece al derecho del país y toda infracción de que sea objeto tiene que tramitarse en los tribunales nacionales. Sé que el Parlamento está al corriente de la situación, pero la menciono a fin de que conste en acta con la esperanza de que quizá pase a la comprensión de la prensa de los Estados miembros y con el tiempo quizá también al público, al que los periódicos persuaden cada día de que en la Unión Europea está desarrollándose un gran proceso de centralización cuando, en realidad, lo que está ocurriendo es lo contrario.
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior menciona la necesidad de acortar el tiempo que lleva la tramitación de demandas. Es evidente que simpatizamos con ese objetivo y en consecuencia nos estamos poniendo en contacto con los Estados miembros pertinentes para ver si conseguimos un cumplimiento más rápido del Derecho comunitario y para ver si reducimos los plazos de tramitación de los propios Estados miembros, particularmente mediante una mayor utilización del sistema informático. Como ya he dicho, para que haya una mayor transparencia la Comisión publica actualmente sus decisiones en favor de enviar cartas de notificación oficial, de publicar opiniones razonadas, de remitir casos al Tribunal y de cerrar o retirar un caso inmediatamente en cuanto se haya adoptado una decisión.
Quisiera recalcar también que, concretamente en respuesta a las preocupaciones del Parlamento, el 18º Informe Anual correspondiente al año 2000 contendrá una sección específica sobre la tramitación de excepciones a la armonización de que disfrutan los Estados miembros en virtud del artículo 95 del Tratado.
La Comisión toma nota también de la preocupación del Parlamento acerca de la necesidad de mejorar la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales responsables de la aplicación de legislación secundaria. Como saben ustedes, hay contactos regulares en los departamentos de la Comisión acerca de problemas concretos relativos a la aplicación del Derecho comunitario mediante reuniones temáticas y las denominadas misiones relativas a directivas. Sin embargo, la Comisión está buscando también la forma de mejorar el procedimiento para la notificación de medidas de aplicación nacional como ampliación del programa IDA para el intercambio de datos entre administraciones. Esa labor incluye la constitución de redes comunitarias y de bases de datos jurídicos nacionales que abarquen las directivas y las medidas de aplicación nacionales, y dará también al público un acceso más fácil a la legislación comunitaria y le ayudará mediante la capacitación de juristas en Derecho comunitario. La red proporcionará también acceso directo a los informes sobre la aplicación doméstica del Derecho comunitario, producidos por autoridades nacionales determinadas.
En conclusión, las actividades de la Comisión en relación con el control de la aplicación del Derecho comunitario son de importancia capital para cumplir su misión esencial, que es preservar el orden jurídico comunitario de forma equitativa, firme, coherente, y con la comprensión pública. El activo interés de este Parlamento por esas actividades es sumamente valioso y le quedamos muy agradecidos por su continuo apoyo y su comprensión .

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Neil Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas.

Reforma de la Comisión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0330/2001) de los Sres. Harbour y Guy-Quint, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma de la Comisión.

Harbour
Señor Presidente, en nombre de todos mis colegas quisiera decir lo mucho que apreciamos la presencia del Sr. Kinnock entre nosotros para tratar de las reformas. Quisiera decirle que si ha llevado mucho tiempo conseguir que este asunto figure en el orden del día, el retraso no se ha debido a falta de esfuerzos por nuestra parte. Ha sido muy decepcionante que en nuestras gestiones con la Mesa no hayamos conseguido destacar la importancia de este debate, pero lo afrontaremos esta noche con seriedad y, de todos modos, es un placer tenerle a usted entre nosotros.
Es evidente que las reformas -y ya sé que usted podrá decirnos muchas más cosas a ese respecto dentro de unos momentos- han llegado a una fase crítica. Sabemos que han estado ustedes sosteniendo extensas consultas. En cierto modo eso nos plantea un dilema en el Parlamento. Por el apoyo que recibió mi informe el año pasado habrá comprobado usted que los colegas sienten un interés muy profundo y muy intenso por todas las reformas y que a ese respecto hemos apoyado fírmemente a la Comisión. En realidad, sabíamos muy bien que había que aplicar esas reformas lo más rápidamente posible para que el personal no se desilusionara y para que pudiera ver que le esperan cambios y nuevos métodos de trabajo. Hemos formulado algunas sugerencias que se reflejan en el debate de esta noche.
No queremos distorsionar ese proceso. Por otra parte, cuando ustedes nos envían elementos relativos al Estatuto del Personal, como legisladores que somos necesitamos cerciorarnos de que esos cambios de las normas van a repercutir en favor de una buena administración y no en contra de ella. Han expuesto ustedes de forma persuasiva, como dice nuestro informe, que en muchos casos el actual Estatuto del Personal es deficiente a ese respecto.
La cuestión que hemos planteado esta noche se refiere a lo que consideramos -y espero que compartan ustedes nuestra opinión- que es el verdadero corazón de las reformas que están ultimando ustedes. El éxito consistiría en que en esta organización se ascendiera por méritos, que todos los miembros del personal de la Comisión supieran que se habían fijado objetivos claros, supieran cuáles eran esos objetivos, y supieran que si alcanzan o rebasan esos objetivos su actuación se reconocería sin ambajes. El personal debe saber que trabaja en una organización en la cual las evaluaciones de su actuación no son ejercicios burocráticos que se llevan a cabo cada dos años y que a continuación se archivan en un fichero y ya nadie se vuelve a ocupar de ellas, que el proceso de evaluación forma parte de la calidad global de la gestión y de los procesos que se llevan a cabo en el seno de la Comisión, que dicho proceso da a todos los miembros del personal el sentimiento de que forma parte de su desarrollo personal. Les está fijando objetivos, está identificando la necesidad de capacitación para su carrera, para su ascenso y para determinar lo que necesitan saber y hacer para contribuir a su propio desarrollo y al desarrollo de la organización en general.
La cuestión de la evaluación está muy estrechamente relacionada con un aspecto de las reformas que sabemos suscitan en el Parlamento intensos debates en estos momentos. Espero que no les importe que mencione ahora esta cuestión, aunque no forma parte de los asuntos que estamos examinando. Se trata de la cuestión de la estructura de la carrera y de las propuestas del Parlamento en favor de instituir una estructura linear de la carrera. Es evidente que la cuestión de la evaluación y la cuestión de la estructura de la carrera están inexplicablemente vinculadas. Lo que yo propugno -y así se expresa en mi informe y ha obtenido el apoyo de algunos colegas- es que si el sistema de evaluaciones y desarrollo funciona debidamente no habrá obstáculos para conseguir que haya una estructura de carrera linear, y en el fondo eso es la finalidad principal de lo que el Parlamento está intentando hacer. No debería haber motivo alguno para erigir barreras artificiales al progreso del personal de una organización. Si es necesario contar con determinadas cualificaciones o determinada capacitación para pasar al próximo puesto de trabajo, el proceso de desarrollo lo determinará. Y un sistema de evaluaciones eficaz y adecuadamente concebido, respecto del cual les hemos formulado una serie de preguntas en el informe que hemos presentado, está vinculado también muy estrechamente con ese concepto y, en realidad, constituye también la verdadera base de una estructura de carrera linear.
Mi colega, la Sra. Guy-Quint, va a tratar de todas las detalladas cuestiones presupuestarias con sus profundos conocimientos en la materia, pero quisiera mencionar brevemente dos elementos finales de nuestras preguntas, para encuadrarlas en su debido contexto. El primer elemento es un elemento respecto del cual ya nos hemos referido concretamente a ustedes como aspecto de una organización pública moderna: una política de "tirar de la manta" para revelar algo que no parezca legal, y la expresión inglesa ( "whistle-blowing" ) está cobrando cada vez mayor aceptación como forma excelente de describir una política en la que los funcionarios creen y esperan que si encuentran algo delictivo pueden informar de ello sin miedo de recriminación o de que su carrera se vea perjudicada. El segundo elemento está vinculado a un debate que vamos a sostener esta semana sobre el código de conducta administrativa: ¿qué es lo que piensan ustedes de ello como parte integrante de las reformas generales?
Para acabar diré que esperamos con sumo interés las respuestas que nos dé la Comisión esta tarde y también su confirmación tranquilizadora de que las reformas se están llevando a cabo según deseaban. Esperamos que la Comisión pueda determinar también la manera en que podría obtener más apoyo de este Parlamento en lo que, para nosotros, es un hecho de importancia absolutamente capital para el futuro de la Comisión e incluso para el futuro de la propia Europa.

Guy-Quint
Señor Presidente, señor Comisario, señoras, señores, queridos colegas, a raíz de lo que acaba de decir el Sr. Malcolm Harbour, voy a abordar muy rápidamente los problemas técnicos que se refieren a la Comisión técnica. Quisiera sin embargo decirle, señor Comisario, que me alegro de los avances logrados en el ámbito de la concertación desde nuestro último encuentro en el Pleno.
En efecto, opinaba, al igual que varios parlamentarios, que era de lamentar que la Comisión presente propuestas e informaciones sin consultar realmente a las otras instituciones, a las organizaciones sindicales y a los comités de personal de dichas instituciones. Ahora bien, desde el mes de febrero, todo esto se ha convertido en una ilusión puesto que muchas de las instituciones que ustedes están consultando ahora se han mostrado atentas a ese procedimiento y lo han tomado en cuenta, afortunadamente. Sé que pueden ustedes comprobar que se está logrando un amplio consenso sobre numerosas propuestas.
A ese respecto, me tomaré la libertad de expresar algo que difiere mucho de lo que dijo mi colega Harbour. Resulta que a nuestro parecer, quedan dos puntos delicados en esas negociaciones. Son precisamente la estructura de las carreras, o sea la linealidad, o en otras palabras el statu quo, y también el sistema de jubilación. Si interpreté bien lo que leí recientemente, resulta que ustedes están buscando una solución de compromiso entre esos dos sistemas de carreras. Espero por mi parte que sus negociaciones permitan llegar a una propuesta realista y moderna. Les recuerdo también que en lo que se refiere a las jubilaciones, aunque muy a menudo se considera que el porvenir está en el sistema de jubilación basado en la capitalización, muchos de nosotros, sindicalistas, empleados y otros, pensamos que se puede conservar, o en cualquier caso combinar, el sistema actual de distribución.
Pero vuelvo ahora a las preocupaciones presupuestarias relacionadas a la reforma. En primer lugar, y por precaución, quiero recordarles que la implantación de un sistema de jubilación anticipada recibió el apoyo del Parlamento sólo con la condición expresa de la neutralidad presupuestaria, cualquiera que fuese su lugar de implantación. En lo que se refiere al conjunto de la reforma, esperamos por lo tanto, y lo antes posible, un documento completo que haga el balance de la situación presupuestaria de las negociaciones en curso. Es por consiguiente indispensable que la Comisión de Presupuestos conozca mejor sus previsiones en el día de hoy en cuanto al coste global de la reforma. En efecto, en marzo se hablaba de 500 millones de euros. Hoy, se cifra a 600 millones de euros. Además, las sucesivas medidas propuestas y las solicitudes de otras instituciones han gravado considerablemente la masa necesaria para equilibrar la categoría 5, lo cual nos preocupa.
Otro elemento de incertidumbre que hace que la decisión presupuestaria 2002 sea compleja, es la ausencia de respuesta del Consejo a la nota rectificativa nº 1 de 2001 sobre la implementación de las jubilaciones anticipadas. Si el Consejo mantiene su propuesta de aumentar la edad de la jubilación anticipada, tenemos una pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias sobre vuestro proyecto y además, piensan que sería oportuno continuarlo en esas condiciones? Hoy no tenemos ningún documento que le permita al Parlamento medir las consecuencias de esas posiciones.
Por mucho que deseemos la reforma, no podemos sin embargo decidir a ciegas sobre alternativas que tienen implicaciones técnicas, humanas y financieras de esa importancia. Decidir así equivaldría para nosotros a firmar un cheque en blanco a la Comisión, lo que no acostumbramos hacer. Hoy, sólo observamos que el anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión sobrepasa en 5 millones los límites máximos de la categoría 5 y que el Consejo propone ahora un proyecto de presupuesto que, por cierto, respeta los límites máximos, con un margen de 58 millones, pero que por ello mismo, no se ajustaría a todas las políticas de las diferentes instituciones.
La solución: ¿debe la rubrica 5 soportar por sí sola los dos mayores proyectos, o sea la ampliación y el coste de la reforma? ¿Habría entonces que seguir solamente con los esfuerzos enfocados a la reforma o también a la ampliación? Pero en cualquier caso, necesitamos una respuesta. ¿No sería posible extender la reforma por un mayor período de tiempo? En vísperas de la votación sobre el proyecto de presupuesto, estamos conscientes de que muchas de las piezas del rompecabezas dependen de las respuestas que ustedes den, pero es fundamental que nos aclaren para que podamos escoger.

Kinnock
. (EN) Señor Presidente, quedo muy agradecido al Sr. Harbour y a la Sra. Guy-Quint por haber formulado esta amplia cuestión que me permite informar a fondo al Parlamento acerca de los progresos conseguidos respecto de diversos aspectos de la estrategia de reformas de la Comisión. Estoy seguro de que el Parlamento comprenderá que si respondo detalladamente a cada una de las partes de esta pregunta oral, no quedará tiempo esta tarde para el debate. Por eso he preparado un informe completo de situación sobre todas las acciones individuales en materia de reforma que sus Señorías recibirán hoy por escrito. Quizá alguno de ustedes han recibido ya ese informe completo y por lo tanto me concentraré ahora en los hechos recientes más sobresalientes de los elementos de política en materia de recursos humanos de nuestra estrategia de reformas, y me referiré también, como ha pedido la Sra. Guy-Quint, a las cuestiones presupuestarias en particular.
Diré en primer lugar, sin complacencia de ningún tipo, que en los cinco meses transcurridos desde que la Comisión adoptó el documento consultivo detallado sobre la reforma y la modernización de la política en materia de recursos humanos, el progreso ha sido sostenido y satisfactorio. El grupo conjunto de alto nivel presidido por el antiguo Secretario General del Consejo, Sr. Niels Ertsbøl, fue de particular utilidad y facilitó un proceso de consulta con representantes del personal muy constructivo y muy productivo. La Comisión ha transmitido ya su caluroso agradecimiento al Sr. Ertsbøl.
En las consultas y negociaciones sobre las complejas cuestiones de la política de personal, es natural que se hayan producido algunos retrasos. Me alegra mucho poder decir que, sin embargo, no han sido de naturaleza o dimensiones que puedan haber causado ningún trastorno al calendario de las reformas. Como ya puse de relieve ante el Parlamento, y el Sr. Harbour ha puesto también de relieve, repetidamente y en mi opinión acertadamente, la Comisión se percata de que es necesario mantener el deseo de cambio, no solamente en interés de la institución sino también en interés de nuestro personal y del público a quién servimos. Estamos convencidos de que podemos mantener el ritmo necesario al mismo tiempo que conseguimos la comprensión y el apoyo requeridos para introducir eficazmente los cambios esenciales.
En este contexto, la Comisión adoptó el 18 de julio un documento sobre nuevas orientaciones para la reforma de la política en materia de personal. Eso se comunicó al Parlamento pero como el Parlamento acabó su actividad anterior al verano aproximadamente cuando estábamos produciendo dicho documento, no hubo oportunidad de presentárselo oficialmente al Parlamento en aquella ocasión. El documento incluye un calendario para la finalización de las actuales negociaciones. Para el final del presente año la Comisión estará en condiciones de adoptar decisiones finalizadas sobre todas las cuestiones que no requieren cambios del Estatuto del Personal, así como de presentar una propuesta oficial de texto revisado del Estatuto del Personal al Comité interinstitucional del Estatuto del Personal. Confiamos en que las intensas consultas sostenidas con los Secretarios Generales y Presidentes de este Parlamento y de otras instituciones faciliten el apoyo que es esencial para llevar a cabo los cambios que sean necesarios, y recuerdo al Parlamento que este Parlamento y el Consejo Europeo dieron específicamente a la Comisión Prodi un claro mandato de reforma.
La Comisión aprecia las buenas intenciones de los diputados que en su referencia a esta pregunta oral han hablado de la aplicación de la nueva política de desarrollo de la carrera, antes de llegar a un acuerdo oficial. Ahora bien, hemos de indicar al Parlamento que esos esfuerzos no dejarán de suscitar demandas oficiales y procedimientos judiciales y que, por tanto, serán causa de retrasos y engendrarán malas voluntades superfluas. Por eso seguiremos observando minuciosamente el acuerdo de conciliación a que llegamos con representantes del personal en marzo. Sea como fuere, como el calendario del mes de julio indica, las deliberaciones con representantes del personal de la Comisión concluirán en breve y muchos cambios fundamentales de política de personal que no exigen modificación alguna del Estatuto del Personal serán decididos entonces por la Comisión y puestos en vigor inmediatamente.
Me place comunicarles que el objetivo básico de nuestras propuestas de febrero, que el Sr. Harbour nos ha recordado también, que es vincular directamente el progreso en la carrera con el mérito reconocido, ha sido aceptado en las negociaciones desarrolladas hasta ahora. Las modificaciones de detalle hechas como resultado de las negociaciones y consultas se han traducido, y me agrada decirlo, en mejoras de la propuesta. Los detalles referentes a esas cuestiones y a las preguntas del Sr. Harbour acerca de la determinación de puntos de referencia, evaluación, gestión y pensiones figuran en el informe de situación que envío hoy al Parlamento para su distribución. A fin de ganar tiempo me ocuparé, pues, de la parte final de la pregunta hecha por el Sr. Harbour y por la Sra. Guy-Quint acerca de las cuestiones presupuestarias.
En primer lugar tomo nota de la referencia a 600 millones de euros como "reforma en materia de costo" , que se hace en la pregunta, y tengo que decir que el Parlamento corre el peligro de inducirse accidentalmente a error. Es esencial subrayar con la máxima firmeza que hay que hacer una clara distinción entre el costo de la petición cuidadosamente estudiada por la Comisión de 717 nuevos puestos, con inclusión de 118 puestos en Delegaciones, que se presentó el pasado mes de septiembre en la carta modificativa, y los gastos generales requeridos para la reforma, que son muy inferiores. Los nuevos puestos que necesita la Comisión para poder desempeñar sus obligaciones normativas y operacionales hasta el año 2006, puntualizados detalladamente en la carta modificativa y documentos conexos, costarán aproximadamente 542 millones de euros. Los gastos brutos de la reforma de política en materia de personal hasta el año 2006 serán de unos 111,9 millones de euros. La mayor parte de los gastos en concepto de recursos humanos adicionales, por lo tanto, no tienen ninguna consecuencia apreciable para el trazado y aplicación de la estrategia de reformas. He de subrayar que ni la petición de puestos para la Comisión, ni ninguna de las propuestas de reforma de la Comisión, repercutirán en los límites fijados en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras de 1999, y que la Comisión cumplirá su compromiso de no rebasar los límites que indicamos voluntariamente el año pasado a este Parlamento y al Consejo.
Ahora bien, como ha mencionado la Sra. Guy-Quint, el Parlamento debe tener en cuenta el hecho -como lo demuestra un cuadro que distribuyo también hoy- de que propuestas recientes formuladas por instituciones distintas de la Comisión tendrían como resultado un importante incremento de las tasas previstas de aumento de los gastos de personal y de administración en virtud de la rúbrica 5. Las instituciones que actualmente prevén un aumento de los gastos de la rúbrica 5 superior al promedio querrán, sin duda alguna, prestar más atención a este asunto. Es concebible que una parte de las estimaciones que están efectuando estén relacionadas con los costos previstos asociados con la ampliación. Ésta es una cuestión de interés que requiere la atención de todos nosotros. Ahora bien, el hecho es que, tal y como las cosas están en el momento actual, el peligro de dañar a la rúbrica 5 de la perspectiva financiera se debe entera, sola y completamente a las ambiciones de instituciones distintas de la Comisión y no tiene absolutamente nada que ver con las propuestas modestas y temporales que hemos formulado en favor de inversiones adicionales relacionadas con la reforma, que es una misión fundamental de la Comisión Prodi que se nos confirió por mayoría abrumadora de este Parlamento y decisión unánime del Consejo Europeo.
Aunque las deliberaciones con representantes del personal no han finalizado todavía, la Comisión desea poner de relieve que un examen de todas las cifras pertinentes indicará -y las cifras correspondientes se hallan en los documentos que he distribuído hoy y en el documento adoptado por la Comisión el 18 de julio- que el incremento en gastos anuales con arreglo a la rúbrica 5 y debido a la reforma propuesta por la Comisión será modesto y temporal. Las cifras publicadas en julio en el documento sobre nuevas orientaciones indican el máximo incremento anual imputable a la reforma -si todas las instituciones adoptan las medidas- que sería de 34,3 millones de euros más en 2005 que en 2001. A continuación, después de 2005 el costo disminuirá y permitirá hacer economías a título permanente de 23,5 millones de euros en comparacón con el año 2001.
Tomando en cuenta todos esos factores y como respuesta concreta a la pregunta que el Parlamento tiene ante sí, la Comisión estima que nuestra estrategia de reforma no requiere que pidamos que se revise el límite de la rúbrica 5 y, en consecuencia, no lo pediremos. De todo lo antedicho se sigue evidentemente que no consideramos que sea conveniente ni necesario establecer lo que sería una falsa distinción entre aspectos urgentes y aspectos menos urgentes de la reforma.
En cuanto a la cuestión de desarrollar las actividades de reforma durante un período más prolongado, recordaré sencillamente al Parlamento que en primer lugar una parte importante del Parlamento es partidaria -acertadamente, en mi opinión- de que se mantenga el impulso en favor del cambio, para bien de nuestro personal y también para bien de las instituciones. En segundo lugar, el mandato explícito de la Comisión Prodi -y de ninguna otra comisión- era iniciar las reformas durante su quinquenio. No hay duda de que tenemos la intención de hacerlo. A un costo de 111 millones de euros para cuatro años, con inversiones cuyo resultado sería verdaderas economías en los costos, como hemos demostrado, ninguna de las inversiones para la reforma es onerosa. Todas las inversiones para la reforma son esenciales. No se trata de que procuremos obtener o aceptar un cheque en blanco: todos los argumentos que hemos expuesto, todas las cifras que hemos mostrado, todas las propuestas que hemos presentado se han calculado cuidadosamente. No contamos con que nadie acepte nada en concepto de crédito o por mera confianza.
Es evidente que las negociaciones sobre la modernización del sistema de carrera han desembocado en un consenso acerca de los objetivos de cambio de sistema y también acerca de las condiciones para la reforma del sistema. Sin embargo, esas negociaciones no han conseguido todavía llegar a un acuerdo sobre los medios prácticos detallados de la aplicación del tipo de reforma que es necesaria para producir una estructura de carrera moderna y más continua, pero las perspectivas de llegar a dicho acuerdo están muy cercanas, cosa que me alegra poder decir.
En las últimas semanas de agosto, la labor prosiguió a fin de producir opciones y modelos recientes y detallados que serán objeto de deliberaciones reanudadas con representantes del personal y con otras instituciones este mes. Hay motivos para prever que para el final del mes de octubre la Comisión estará en condiciones de echar un último vistazo a toda la cuestión de las reformas normativas de los recursos humanos, con inclusión de una estructura de carrera que sea más linear y que redunde en beneficio de los mejores intereses profesionales de la administración pública permanente e independiente de la Unión Europea. Para que esas propuestas se traduzcan en realidad será esencial contar con la comprensión y el apoyo del Parlamento, como asamblea democrática y como institución empleadora. Considero con optimismo que se obtendrá ese apoyo y esa comprensión.
Como nos ha recordado el Sr. Harbour, el pasado mes de noviembre una gran mayoría de este Parlamento apoyó su informe, que favorecía explícitamente el principio de efectuar cambios importantes -no de conservar el statu quo o algo por el estilo- a fin de establecer un sistema de carrera más linear para la administración pública de la Unión Europea, por todas las razones que tuvo la amabilidad de exponer de nuevo esta noche.
Espero que el Parlamento y la administración que se ocupa del Parlamento mantengan esa actitud positiva. Una actitud negativa frustraría la voluntad de este Parlamento que por considerable mayoría se expresó ya en septiembre de 1999, en noviembre de 2000 y en varias otras ocasiones. La razón de ello es que la voluntad de este Parlamento se vería frustrada por una actitud negativa si dicha actitud impidiera o evitara que la Comisión efectuara cambios que son esenciales para la reforma de modernización que han pedido explícitamente el Consejo, el Parlamento y el pueblo de Europa.
Confío en que la actitud constructiva y cooperadora que tan repetidamente ha expresado este Parlamento respecto de la reforma siga siendo firme y coherente.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, debo hablar de temas de control, como seguro que lo hará la Sra. Morgan, a quien le doy la bienvenida y la enhorabuena por su recién estrenada maternidad.
Hay, señor Kinnock, una frase española que dice que "el infierno está empedrado de buenas intenciones". Usted tiene un dificilísimo cometido y me da la impresión de que, para pasar de las intenciones a los hechos, usted tiene que pegar un golpe encima de la mesa y asumir riesgos, como nos prometió el Presidente Prodi cuando asumió el quinquenio de su mandato.
Hay cuestiones de control presupuestario sobre las que espero mayor concreción en su respuesta escrita.
Recuerdo que, hace un año, usted nos hablaba de que esperaban a ochenta funcionarios para el servicio central de auditoría para que comenzaran a trabajar a pleno rendimiento en abril para hacer una evaluación del sistema de gestión y control. No sabemos si esto está ya en marcha. No sabemos si el visado previo centralizado está ya en marcha en la medida en que ya se haya obtenido un alto nivel de experiencia en los órganos ordenadores. No sabemos si funcionan los controles previos específicos, sobre la base de análisis de riesgos o por deseo de los ordenadores.
Tenemos grandes dudas, señor Kinnock, sobre el futuro del Reglamento financiero que hay que elaborar urgentemente. No será su exclusiva responsabilidad, pero tenemos una gran nebulosa al respecto. Estamos preocupados. Usted va a hacer una reedición. ¿Cuándo va a venir esa reedición? ¿Qué pasa con la Convención sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad? ¿Qué pasa con el helpdesk, con el despacho de apoyo que iba usted a instalar para que las medidas del Libro Blanco pudieran estar asesoradas por parte de los funcionarios? Un larguísimo etcétera.
Nos da la impresión de que la tarea es ingente, que hay un calendario que desarrollar. Sabe usted que cuenta con nuestro apoyo. Queremos que usted asuma riesgos. Le apoyaremos si se equivoca, como apoyamos al Sr. Prodi cuando nos lo dijo, pero necesitamos, tal vez, que alguien dé un puñetazo encima de la mesa y que los plazos se cumplan y que las promesas se conviertan en realidades, señor Kinnock.

Miller
Señor Presidente, cuando iniciamos este ejercicio todos sabíamos que la reforma de la Comisión no iba a ser cosa fácil, no iba a ser cosa sencilla y no iba a ser rápida, porque desde hace 40 años tenemos puntos de vista muy polarizados y para conseguir cambiar las cosas tendríamos que superar algunos problemas. A pesar de todos los obstáculos, he de decir, después de haber escuchado al Comisario, que podemos felicitarle por los progresos que ha hecho hasta ahora y que podemos felicitar también al sindicato del personal por haberse sentado a la mesa de negociación y por haber conseguido progresos en algunas esferas de la reforma. Es importante que esta cuestión esté ante nosotros porque quisiera mencionar un par de asuntos que algunos de mis colegas han planteado.
El Sr. Harbour -acertadamente- ha planteado la cuestión de la cronología. La cronología es importante porque, si fijamos una cronología inadecuada, repercutirá en la moral del personal y una vez que la moral del personal empieza a decaer la situación repercute en el mejoramiento de la carrera, en los ascensos, etc., y una vez que todas esas cuestiones se plantean, las cosas se empantanan. Todas esas cuestiones están íntimamente relacionadas.
Me alegra que el Sr. Harbour haya mencionado la cuestión de la estructura de carrera linear porque es una cuestión de mucha importancia, una cuestión con la que tenemos que enfrentarnos, como el Comisario sabe bien. Añadiré que coincido en que lo de "tirar de la manta" ha pasado ahora al dominio público. Sin embargo, la versión inglesa de "tirar de la manta" , que es "whistle-blowing" , tiene una acepción diferente en la parte occidental de Escocia: hace pensar en "flautas" , y es una acepción que no acaba de encajar en la parte del mundo de que provengo.
Estoy ligeramente en desacuerdo con mi colega la Sra. Guy-Quint. En cuanto a la cuestión de las consultas, diré que se nos ha consultado en todos los casos. Mi colega insistió una vez más en que el período de la reforma sea más prolongado, pero ya hemos dicho que si lo prolongamos más y más acabará por repercutir en la moral del personal y eso acaba por influir en su actuación. Tenemos que conseguir que ese plazo sea lo más corto posible.
En cuanto a la cuestión íntegra de la jubilación, diré que yo fui la persona encargada de conducir el paquete de medidas relativas a la jubilación a través del Parlamento y no cabe duda de que es un paquete excelente. Quisiera que me ofrecieran a mí lo mismo. Permítame el Comisario que le diga lo siguiente: hemos oído hablar con mucha claridad acerca de la rotura de los límites de la rúbrica 5. Nos percatamos de que no se trata de una cuestión que sea de la incumbencia de la Comisión y quizá haya llegado la hora de que alguien de nosotros se fije en lo que sucede en las demás instituciones y se entere de la opinión que tienen acerca de esta cuestión.
Para acabar diré que hemos conseguido progresos importantes. Es indispensable que se nos mantenga informados de los progresos conseguidos. Me alegra lo que ha dicho el Comisario porque solamente de esa manera y controlando lo que está sucediendo podremos conseguir algo. Si se presentan obstáculos, entonces podremos empezar por abordarlos aquí y también en las demás instituciones.

Jensen
Señor Presidente, el Grupo Liberal quiere también manifestar nuestro firme respaldo a las iniciativas que usted, señor Kinnock, ha puesto en marcha en el ámbito de personal. No es una tarea fácil ésta que lleva usted entre manos, de ahí la importancia de que el Parlamento le dé su pleno respaldo. Un rasgo general de nuestra sociedad en estos años es vernos obligados a plantear nuevas formas de organizar el trabajo en las empresas con el fin de garantizar la competitividad y explotar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la administración pública para dar a los electores el mejor uso posible a sus impuestos. Y precisamente los electores tienen muchas dificultades a la hora de entender por qué mantenemos en las instituciones comunitarias una política de personal tan rígida y anticuada, en la que la promoción tiene lugar en base a criterios muy formales antes que en base al trabajo. La gente no entiende que los trabajadores comunitarios no deban cumplir los requisitos que en materia de innovación, flexibilidad y adaptación están vigentes en el resto de la sociedad.
A este respecto me gustaría respaldar en nombre del Grupo Liberal la iniciativa de la Comisión sobre la estructura profesional lineal, que ha sido mencionada en varias ocasiones a lo largo de esta tarde y en la cual la promoción tiene lugar según capacidades y trabajo. También me gustaría lamentar el hecho de que la señora Presidenta del Parlamento en una carta dirigida al señor Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, se mostrara de hecho contraria a las propias posiciones del Parlamento en este punto, tal como quedaron reflejadas en el informe Harbour. Espero que esto no haya causado excesivas complicaciones a la Comisión en las negociaciones. Es de vital importancia que las reformas de la Comisión incluyan una política de personal que recompense el compromiso, la diligencia y la capacidad de adaptación, y así vamos a apoyarlo. En vista de lo cual esperaré a la iniciativa de compromiso de la Comisión sobre la estructura profesional y a propósito, quiero hacer un comentario sobre la puntualización del señor Comisario sobre qué crea los problemas en la categoría 5. Creo que esta puntualización fue muy acertada.

Dell'Alba
Señor Presidente, hasta ahora no he recibido ningún informe, ni en italiano ni en inglés. Es posible que estén esperándome en mi oficina, pero si he entendido bien al Sr. Kinnock, en su opinión la única forma de respetar los límites de la Perspectiva Financiera consiste en abolir el uso de los otros diez idiomas y conservar únicamente el idioma inglés. Mi problema no es el inglés como idioma: mi problema estriba en que no quiero hablar únicamente en inglés con un Director General de la Comisión cuya lengua materna sea el inglés, por ejemplo, y no quiero que ninguna cultura determinada posea una influencia excesiva.
Señor Vicepresidente, hace dos años, en septiembre de 1999, el Parlamento otorgó a la Comisión Prodi/Kinnock un mandato muy preciso: la reforma. Señor Presidente, han transcurrido dos años y por lo que yo sé la única reforma que usted ha aplicado ha sido la de quitar la medalla de oro a los funcionarios tras veinte años de servicio, lo cual, honestamente, me parece poco. En Italia durante veinte años existió el Ministerio de la Reforma de la Función Pública; luego suprimieron la palabra "reforma" porque era bastante ridículo que se reformara durante veinte años y se ha convertido en Ministerio de la Función Pública sin más. Me parece que esta reforma - no es casualidad que el Sr. Pomés Ruiz haya hablado del Reglamento financiero - es, por así decirlo, una quimera: hace dos años que se habla de ella, pero se me antoja que todas las propuestas están planteando dificultades y toda una serie de problemas. Por lo tanto, me pregunto cuándo acabará la reforma, cuándo acabará este descontento. Pienso que usted no ignora el hecho de que los funcionarios europeos no están muy satisfechos de la manera en que están yendo las cosas. No quiero defenderles como corporación, sin embargo, diré que se trata de un fenómeno grave porque esta Comisión tenía como tarea relanzar la función pública europea. Por el contrario, me parece que esta reforma en lugar de relanzarla la está echando a perder.

Marinho
Señor Presidente, todos sabemos lo difícil que resulta reformar una administración: se trata, en el fondo, de substituir el equilibrio basado en la inercia y la rutina de los años y los usos por otro, virtualmente excelente en principio, pero desconocido y siempre experimental en su materialización. Se trata, naturalmente, de un imperativo resuelto y lo acogemos con beneplácito. Por eso apoyamos, en principio -sin cheque en blanco- la iniciativa de la reforma de la Comisión. Pero resulta oportuno recordar que esta reforma no es una reforma simplemente administrativa, sino también una reforma de sentido político, en la que, además de los equilibrios tradicionales, es necesario preservar el tradicional equilibrio institucional europeo, en la que se plantea una cuestión de poder que no se puede zanjar como si se tratara de una reforma neutra.
¿Qué es lo que nos preocupa, esencialmente? Desde luego, la cuestión de si nos encaminamos hacia un fortalecimiento de la independencia y la autonomía de la función pública europea (es lo que puedo aconsejar a quien debe decidir) o si la discrecionalidad en la progresión de la carrera privatiza la relación jerárquica y convierte a un funcionario europeo en algo muy parecido a un funcionario de una multinacional. Además, ¿en qué bases objetivas se asientan las competencias en materia de promociones? ¿Cómo impedir que el mérito se diluya en la dádiva, en la obediencia a las jefaturas y se cree una estructura de los altos funcionarios en la que unos sean rápidamente promovibles y otros sólo lentamente? ¿Y cómo impedir que esa polaridad tenga como contornos consideraciones de tipo nacional, de defensa del interés nacional, por oposición a la esencia funcional de la Comisión, a quien corresponde la defensa de los intereses europeos? Ésos son los riesgos políticos de esta reforma, nuestros temores, nuestros recelos. Le corresponde a usted, señor Comisario Kinnock, y a su probidad y honradez intelectual demostrar que esos riesgos, esos recelos, esos temores no tienen razón de ser. Pero la carga de la prueba compete a la Comisión y muy en particular al Comisario Kinnock.

Kinnock
. (EN) Señor Presidente, me hago cargo de que he abusado antes de la paciencia del Parlamento en mis esfuerzos por procurar responder de forma completa. Procuraré ahora ser lo más breve posible en mi respuesta a los excelentes argumentos que han expuesto los oradores en el curso de este debate.
Si procuro limitarme a los puntos más sobresalientes y no dar más que respuestas brevísimas quizá ayude en cierto modo al Parlamento, especialmente teniendo en cuenta que en el correo de hoy y probablemente ya en sus oficinas, hay una respuesta muy amplia y detallada a cada uno de los aspectos de la pregunta oral hecha por el Sr. Harbour y la Sra. Guy-Quint, así como un cuadro completísimo de 23 páginas en inglés que reseña cada una de las 98 acciones de reforma propuestas y que da cuenta con detalle del estado de cada una de ellas en este momento, tanto si las propuestas han quedado finalizadas y aplicadas, lo que es el caso de algunas, o si son actualmente objeto de consultas o si han sido presentadas a este Parlamento, o al Consejo, o a uno y otro, para lograr la enmienda legislativa necesaria para ponerlas en vigor. Todos los diputados, con inclusión del Sr. Pomés Ruiz y del Sr. Dell' Alba y otros que han hecho preguntas de ese tipo, podrán, remitiéndose sencillamente al cuadro, obtener la información más actual de que pueda disponer alguien en la Unión Europea, incluida la propia Comisión.
En respuesta a las preguntas del Sr. Harbour acerca de "tirar de la manta" y acerca del código de buena conducta administrativa, es evidente que necesitamos cambios del Estatuto del Personal para conseguir los progresos necesarios respecto de la legislación vigente en cuanto a la obligación de denunciar cualquier aspecto sospechoso que pueda repercutir en el bienestar financiero de las Comunidades Europeas. La propuesta se ha formulado con todo detalle. Estamos procurando ahora obtener la cooperación del Consejo y del Parlamento en el curso del examen de la modernización del Estatuto del Personal el año próximo. Espero con optimismo que obtengamos esa cooperación. Su resultado será que la administración pública de la Unión Europea dispondrá de disposiciones mejores y más seguras para proteger los intereses del personal y de las instituciones y el público europeo, que cualquier administración pública de cualquier país de la Unión Europea. Por lo que se refiere al código de conducta administrativa, los principios de ese código están ya estipulados en el Estatuto del Personal. En la práctica cotidiana, como hemos puesto en vigor el código, la respuesta a la pregunta oral de hoy acerca de si el código de conducta administrativa está ya incorporado en la práctica a los textos que rigen las actividades de la Comisión, la respuesta, repito, es afirmativa.
En cuanto a la cuestión de la estructura de la carrera, se diría que hay quien ha hecho suyas opiniones mal informadas o ha recibido opiniones que inducen en error. Aseguro al Parlamento que la intención que rige la reforma en general, y más concretamente la intención que tienen las propuestas que hemos formulado en relación con la estructura de carrera, no consiste en tratar de emular algunas de las características de las sociedades multinacionales del sector privado. Consiste en establecer, evaluar, reconocer los méritos y brindar recompensa para el desarrollo de la carrera según los óptimos principios de responsabilidad, eficiencia, independencia, y servicios civiles profesionales en el plano de la Unión Europea. Ni más, ni menos. Si alguien está procurando dar la impresión de que estamos tratando de enfrentar a unos funcionarios con otros, de destruir la contribución de lealtad aportada por los funcionarios año tras año, de formular las propuestas que hemos formulado con miras a pasar por alto las cualidades individuales de la persona, se equivoca, y se equivoca tristemente.
Estoy dispuesto a proporcionar el máximo de detalles para asegurar que no queremos repetir las falsas interpretaciones que han sido causa de diversas comunicaciones que han manifestado un desconocimiento completo de la comprensión de la finalidad y los detalles de lo que se ha propuesto hasta ahora. Mucho me agrada poder decir que en la Comisión los sindicatos, o una mayoría de los sindicatos que representan al personal de la Comisión, han analizado estas cuestiones de la forma más minuciosa posible y han conseguido desarrollar actitudes e ideas que pueden entrañar importantes mejoras de las propuestas y opciones que se presentaron inicialmente.
Sobre la base de esa negociación y ese diálogo constructivos, que han tenido lugar durante los cinco últimos meses, estamos presentando ahora opciones actualizadas y reconsideradas que espero poder recomendar no solamente al personal de la Comisión sino también al de las demás instituciones. No hay nada que temer y me parece que el personal, las instituciones y el interés público en general no pueden sino salir ganando con la modernización de la estructura de carrera de las instituciones de la Unión Europea respecto de la estructura que habían heredado y que ahora tiene más de 40 años. Todo lo demás ha cambiado en la Unión Europea y ya es hora de que la estructura de carrera y el reconocimiento de las obligaciones y las capacidades sigan también la pauta de esos cambios.
Quisiera decir al Sr. Pomés Ruiz que las respuestas a las cuestiones que ha planteado, por ejemplo acerca de auditoría, se pueden encontrar en diversos documentos que hemos transmitido al Parlamento. Ahora bien, como referencia rápida y sencilla, me permito señalar a su atención el grupo de cuadros que tendrá en su oficina hoy o a más tardar mañana -tengo la impresión de que ya están en su oficina- que le darán detalles completos y actuales sobre cada uno de los aspectos de la reforma en materia de establecimiento, desarrollo y funcionamiento, por ejemplo, del servicio de auditoría interna.
El Sr. Miller ha hablado de cronología. Ésta es una cuestión apropiada. Queremos mantener el impulso adquirido, pero no tenemos la intención de que la Comisión, su personal, el Parlamento, el Consejo o cualquier otra entidad actúen de forma precipitada. Lo importante es reconocer que en la gestión de los cambios considerabilísimos que afectan a nuestras instituciones y a los que trabajan para ellas, no beneficiará a nadie el aplazar, eludir o prolongar innecesariamente las deliberaciones. Consigamos que esas deliberaciones sean detalladas y que las negociaciones se lleven a cabo con franqueza y buen fundamento. Ahora bien, cuando la perspectiva de un cambio se cierne sobre la gente, puede ser desestabilizadora, desmoralizadora y contraria a la motivación, cosa que no beneficia a nadie. Por eso es por lo que no queremos precipitarnos. Esos cambios se están examinando adecuada y democráticamente en un proceso de consulta y negociación. Hemos respetado todas las obligaciones que existían a ese respecto, y seguiremos haciéndolo.
Por lo que se refiere al paquete de medidas sobre jubilación anticipada que ha mencionado el Sr. Miller, el paquete que tenemos en la actualidad ha mantenido su carácter atractivo para el personal y su neutralidad en materia de costos. Hemos cumplido nuestras promesas. Lo que necesitamos ahora es que el Consejo obre rápida y efectivamente, porque la eficiencia mejorada, la neutralidad en materia de costos y los beneficios para la actividad de la Unión Europea que pueden derivarse de la propuesta presentada por la Comisión el año pasado podrían quedar reducidos acusadamente o incluso perdidos por completo si algún miembro del Consejo busca evasivas. Eso no redundaría en beneficio de nadie. Me sumo a lo que ha dicho la Sra. Jensen: lo que estamos proponiendo es que se vincule el esfuerzo a una evaluación positiva y a una recompensa.
Creo que ya he tratado de la cuestión planteada por el Sr. Marinho acerca de la naturaleza de lo que estamos procurando hacer, cosa que está en consonancia con los principios de la administración pública, pero ahora ha llegado el momento de referirme a la cuestión planteada por el Sr. Dell' Alba acerca del idioma. El Sr. Dell' Alba es un diputado de este Parlamento por el que siento gran respeto a pesar de nuestra discrepancia política. Lo que ha dicho acerca de la hegemonía del idioma es un argumento chabacano que, lamentablemente, disminuye el respeto que le tengo, y lo que dice no tiene absolutamente ninguna base en nada de lo que mis colegas de la Comisión o yo mismo hayamos podido hacer o decir. Quizá quería gastarnos una broma, pero me parece que en la Unión Europea del año 2001 no debemos bromear con ese tipo de cosas.
Se nos ha dicho que en los dos años que llevamos trabajando en calidad de Comisión la única reforma que hemos hecho es suprimir la medalla que se concedía por 20 años de servicio. Ahora bien, cuando analizo lo que hemos hecho durante esos dos años veo que hemos cumplido las promesas de establecer, por vez primera, un servicio de auditoría central independiente, con una dirección y un personal profesionales, un servicio financiero central, capacidades de auditoría en cada Dirección General, un comité de actividades de auditoría que puede sostener la comparación con cualquier mecanismo comparable del sector privado o del sector público de cualquier país de la Unión Europea. Hemos redactado un nuevo reglamento financiero que llegó a su debido tiempo a este Parlamento y al Consejo y cuya promulgación estamos esperando. Hemos desarrollado un sistema estratégico de planificación y programación. Con la utilización de servicios de gestión y presupuestación orientados a las actividades desarrolladas, ese sistema se puede poner en práctica en la Comisión Europea a su debido tiempo, siempre que obtengamos de otras fuentes el apoyo necesario. Cumpliendo las promesas que hicimos el 1 de marzo de 2000, hemos podido llevar a cabo a su debido tiempo el conjunto más complejo y extenso de propuestas de reforma en materia de conducta y gestión del personal en la Comisión Europea y en la administración pública europea, que se puede comparar a la labor que en las administraciones de Estados miembros ha llevado de cinco a diez años.
Es una afrenta para las personas que trabajan en la Comisión y para la enorme voluntad de que han dado pruebas, trabajando 75 horas semanales o más, un mes sí y otro también, sugerir que esta Comisión no ha hecho nada en dos años. No toleraré ese tipo de ataque contra los funcionarios de la Comisión y la forma en que han demostrado su dedicación al interés público en el cumplimiento del mandato que dio a la Comisión este Parlamento electo.
No hemos acabado las reformas. Pasará algún tiempo antes de que hayamos podido poner en práctica aunque no sea más que los mecanismos de reforma, para no mencionar los cambios de actitud, de convenciones, de conducta y de la dominada "cultura" que resultarán de la reforma. Hay un grupo de personas que realmente merecen que se reconozca su actuación: los funcionarios de la administración de la Unión Europea, tanto los que han contribuido a trazar y desarrollar el programa de reforma como los que, en momentos de confusión, han dado prueba de paciencia, comprensión y dedicación en el análisis de las ideas, el examen de las propuestas formuladas, sugiriendo mejoras y mostrando una buena voluntad que demuestra un elevado nivel de dedicación profesional a la causa de Europa.
Continuaremos nuestra labor siguiendo esa pauta, esperando poder contar con la cooperación y el apoyo constructivo de los diputados de este Parlamento y de los miembros del Consejo, y si al final no conseguimos efectuar todos los cambios necesarios en el tiempo disponible, una cosa que quiero lograr es que todos los ciudadanos contribuyentes y todos los electores de la Unión Europea puedan comprender que si no se han podido conseguir los objetivos y cumplir los plazos no es en modo alguno por culpa de la Comisión Europea o de las personas que trabajan para ella. La culpa de no haberse podido cumplir el mandato se debe a otras causas, causas que quizá radiquen en las instituciones que nos dieron el mandato en septiembre de 1999. Preferiría poder demostrar a los pueblos de los Estados miembros que el Parlamento, el Consejo y la Comisión han escuchado y han atendido las demandas de cambio y modernización y han colaborado para introducir los cambios necesarios para conseguir que los ciudadanos de Europa tengan la administración de alta calidad, eficiente, transparente y profesional que merecen.
La Comisión y su personal se han comprometido a conseguirlo. Espero que este Parlamento siga demostrando la misma voluntad.

Dell'Alba
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones personales, sólo respecto a la cuestión lingüística, ya que lo demás es una argumentación política. He leído La Stampa del 15 de agosto y he leído que Védrine y Fischer se habían lamentado. Yo quería hacer un eufemismo y, como el Comisario ha puesto de manifiesto, es difícil hacerlo en otra lengua que no sea la de cada uno. No me ha salido, pido perdón, evidentemente se trataba de una broma, como ha dicho el Comisario. Obviamente, respecto al resto se trata de otra valoración y respeto lo que ha dicho el Comisario. Mi observación se refería únicamente a la primera parte.

El Presidente
Muchas gracias, señor Dell'Alba.
El debate queda cerrado.
(Se suspende la sesión a las 21.52 horas)

