2004, Año Europeo de la Educación a través del Deporte
El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Pack (A5-0419/2002), en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004 [9605/2/2002 - C5-0498/2002 - 2001/0244(COD)].

Pack (PPE-DE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en la escuela nos enseñaron: «Mens sana in corpore sano» - una mente sana en un cuerpo sano, y todos estamos de acuerdo, en teoría, con este sabio refrán de la antigua Roma. El deporte es la actividad de ocio más extendida, y lo practica, de una u otra forma, uno de cada tres europeos, en algunos casos hasta edades muy respetables.
El ejercicio físico es beneficioso para la salud, y la competencia deportiva estimula una serie de habilidades sociales, como la amistad, el espíritu de equipo, la solidaridad, el compromiso, la perseverancia y, por último, pero no por ello menos importante, el juego limpio. Como es sabido, a un buen deportista se le reconoce por su saber ganar, pero a uno excelente, por su saber perder.
Pese a la importancia social del deporte, Señorías, no existe una política comunitaria relativa a este ámbito. Por eso, llevamos ya varios años haciendo campaña en esta Cámara a favor de que su fundamento jurídico se consagre en los Tratados. Por consiguiente, acogemos con satisfacción, y sin reservas, la respuesta que, por fin, ha dado la señora Comisaria al deseo expresado en mi último informe sobre el deporte, que data ya de 1996, proclamando un año del deporte. Hay que reconocer que no se va a llamar el «Año del Deporte» sino, por muchas y buenas razones, el «Año de la Educación a través del Deporte 2004».
Se trata de recurrir a un buen número de proyectos para subrayar la importancia del deporte en el aprendizaje informal y su valor educativo, así como la estrecha relación entre el deporte escolar y los servicios que prestan muchos tipos de organizaciones deportivas existentes en Europa. Para ir al grano, el objetivo y la justificación del «Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004» no es demostrar lo que el ser humano es capaz de alcanzar en el terreno deportivo ? algo que podemos comprobar nosotros mismos para nuestro propio disfrute todos los días del año en docenas de canales de televisión ? sino hacer ver lo que el deporte es capaz de lograr con las personas.
Existe consenso en esta Cámara con respecto a los siete objetivos del Año. Se trata de promover la cooperación entre las organizaciones educativas y las organizaciones deportivas, el desarrollo de habilidades sociales a través del deporte, el voluntariado, la movilidad de los alumnos por medio de competiciones internacionales y el equilibrio entre la actividad mental y la física, así como de considerar la manera de satisfacer las necesidades educativas de los jóvenes deportistas.
Señorías, el Consejo ha aceptado los puntos básicos del informe aprobado por esta Cámara en su primera lectura. Lo importante es que ha confirmado el presupuesto de 11,5 millones de euros, que la Comisión considera suficiente para llevar a cabo durante este Año todas las cosas que tiene en mente realizar. Si todos colaboramos ahora ? y eso incluye a los medios de comunicación ? este Año será trascendental para el deporte. Espero de todo corazón que consigamos invertir la tendencia a una disminución de la importancia del deporte escolar. Por medio de este Año, pretendemos crear redes y dar impulso a la cooperación transfronteriza.
Lo que no queremos es invertir esta pequeña cantidad de dinero en proyectos de investigación interminables. Siempre hay investigaciones en curso, pero ésa no es la finalidad de este Año. Pienso que la única investigación que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, cuando todo haya concluido, «¿Qué se ha logrado con este Año?», pero aparte de esto, no debemos gastar dinero en ello. El Consejo comparte nuestra opinión al respecto. Asimismo ha aceptado mi idea de organizar una competición europea en el período previo a los Juegos Olímpicos, incorporándola no al Tratado, sino a un protocolo. Estoy muy satisfecha de ello, y tengo la firme esperanza de que la Comisión responda a nuestra preocupación anunciando una competición que culmine con la presencia de sus ganadores en el encendido de la llama olímpica en Olimpia en 2004. Esto constituiría un magnífico punto y final para el Año de la Educación a través del Deporte.
¿De qué va todo esto, Señorías? Nuestra intención es crear una plataforma de medidas educativas en el deporte, más allá de fronteras, instituciones de enseñanza pública y organizaciones. Queremos impulsar iniciativas y redes transfronterizas, y tenemos que promover el intercambio de ideas, permitiendo que a los proyectos y las iniciativas ejemplares ? es decir, las mejores prácticas ? les sucedan otros en el mayor número posible durante los preparativos en 2003 y el Año en 2004. La Comunidad ha previsto que este instrumento reciba un 80% de apoyo, y que las actividades que se realicen exclusivamente en el ámbito nacional reciban un 50% de cofinanciación. Esta decisión me parece muy acertada para que la dimensión europea de este Año pase a un primer plano.
Creo que lo voy a dejar aquí, pero me gustaría dar las gracias al Consejo y a la Comisión, así como expresar la esperanza de que podamos trasladar la idea de este Año de la Educación a través del Deporte a nuestras comunidades, y de que, por fin, la Convención sea lo suficientemente inteligente como para otorgar al deporte un fundamento jurídico.

El Presidente.
- Señorías, tengo que anunciarles algo relacionado con el trágico accidente del petrolero Prestige, que se hundió frente a las costas de Galicia, y las conclusiones finales que ha aprobado el Consejo en Copenhague. He recibido de la Comisión una propuesta de reglamento relacionada con estos hechos, relativa a la adopción de medidas específicas para compensar a los sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles afectados por los vertidos de fuel del Prestige. En vista de las circunstancias de extrema urgencia y de los graves daños sufridos, el Consejo hará todo lo que esté en su mano para garantizar que esta propuesta se apruebe sin demora y, a ser posible, durante la reunión del Consejo que está teniendo lugar en la actualidad. El Parlamento debería emitir la opinión que se le exige al respecto, lo antes posible. Esta propuesta ha sido acordada con la Comisión de Pesca, y propongo que modifiquemos el orden del día para que podamos someter a votación la propuesta hoy al mediodía. Puesto que no hay objeciones a esta propuesta, procederemos de este modo.

Reding
Señor Presidente, Señorías, he tenido a menudo el placer de hablar ante esta Cámara, pero debo reconocer que hoy es una ocasión especial, y comparto con ustedes la sensación de hallarme ante un momento de singular importancia. Iría aún más lejos y afirmaría que se trata de un momento casi histórico para los jóvenes de nuestros países. En efecto, ustedes están a punto de tomar la decisión de hacer de 2004 el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. Es la primera vez que se emprende una iniciativa comunitaria a una escala tan grande en el ámbito deportivo, sobre todo centrada en el valor educativo del deporte.
Es también la primera vez que hemos enviado un mensaje tan claro a nuestros ciudadanos con el fin de demostrarles que las instituciones comunitarias se van a preocupar en lo sucesivo del alcance social y educativo del deporte y de su papel fundamental en la educación informal. Era justo que el reconocimiento de estos valores se realizara en el Parlamento Europeo, porque es éste el que lleva años pidiendo que el deporte reciba una mayor atención.
En el marco del Año Europeo, se van a movilizar recursos, buenas intenciones e imaginación durante todo un año para promover una política, para promover una estrategia y para permitir la participación de la sociedad civil. Estoy convencida de que el Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede contribuir de manera decisiva a la promoción de los ideales que todos compartimos, a saber, el ideal del deporte como instrumento educativo y como medio de transmisión de valores.
Por tanto, la decisión que están a punto de tomar hoy mediante su voto es una buena noticia para el mundo de la educación y del deporte. Es también la concretización del inteligente trabajo realizado conjuntamente por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Gracias a nuestro espíritu de cooperación, a nuestra perfecta colaboración y a nuestro consenso con respecto al texto, si esto fuera una competición olímpica, hoy nos tendríamos que repartir entre todos la medalla de oro. Todo lo anterior hace también que hoy todo esté en orden, lo que nos permite avanzar y comenzar el trabajo en sí, ya que los debates se han desarrollado deprisa y bien. No ha sido necesario sacar tarjetas rojas, por utilizar una metáfora futbolística, lo que demuestra claramente que nuestro esfuerzo conjunto se ha realizado en un espíritu de sincera amistad. Además, el Parlamento Europeo ha desempeñado perfectamente su papel: se ha enmendado y modificado nuestro texto original, y el resultado ? no me avergüenza reconocerlo ? es mejor que el texto de la Comisión.
Señorías, han insistido ustedes en la necesidad de poner en práctica medidas concretas relacionadas con el deporte base. Han hecho hincapié en proyectos de campo más que en informes y estudios. Han recalcado la necesidad de que haya una colaboración más estrecha entre las organizaciones deportivas y las organizaciones educativas. Por último, han aclarado los objetivos de nuestro Año de la Educación a través del Deporte y han destacado la necesidad de respetar el principio de subsidiaridad y las respectivas competencias. Todas estas peticiones se han tenido en cuenta y se han incorporado a la decisión final. En sus últimas reuniones, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte estimó que la posición común del Consejo reflejaba debidamente las principales preocupaciones del Parlamento, y creo que así es.
En mis viajes por Europa y en las conversaciones y reuniones que he mantenido, he comprobado lo popular que es ya esta nueva iniciativa y lo elevadas que son las expectativas de nuestros ciudadanos, en nuestros centros escolares, en las organizaciones deportivas y en las administraciones públicas. Señorías, por todo ello estoy plenamente convencida de que este Año Europeo de la Educación a través del Deporte será un gran Año. Si consideramos el ejemplo del Año Europeo de las Lenguas y la forma en que se desarrolló por medio de las contribuciones de los ciudadanos, estoy segura de que si el Año Europeo del Deporte sigue este modelo, será un éxito todavía mayor y penetrará aún más profundamente en nuestras diversas sociedades.
Hace unos días, en Viena, en una conferencia que versaba sobre una ética para Europa, el Presidente Prodi dijo: «Europa [?] necesita ideas y un alma». Nuestro trabajo sobre la importancia social y educativa del deporte contribuirá a que se alcance este objetivo. Me complace poder afirmar que la educación y el deporte ocupan un lugar destacado en las preocupaciones cotidianas de todos los ciudadanos. Lo único que tenemos que hacer, y lo vamos a lograr, es señalar los aspectos positivos del deporte en contraste con las tendencias negativas.
Concretamente ahora puedo decirles que mi equipo ya ha estado trabajando en las convocatorias de propuestas que se deberían poner en marcha en los próximos meses. Ya estamos pensando en un calendario, en la organización de eventos y en la creación de un comité consultivo. Debo reconocer que, como pueden ver ustedes, esta votación no representa el pitido final con el que termina un partido de carácter político caracterizado por el juego limpio. Más bien se trata del pistoletazo de salida. Por supuesto, el Parlamento será informado periódicamente del seguimiento del Año Europeo. La Comisión tiene, evidentemente, la obligación formal de mantener informado al Parlamento, pero también me dará la oportunidad de escuchar sus reflexiones, que tan valiosas han sido a la hora de concebir este Año.
Señor Presidente, acabo de referirme a la histórica votación sobre la educación a través del deporte. El año 2004, como es bien sabido, será un año histórico en muchos otros aspectos también: primero la ampliación y luego la Convención, además de muchos otros asuntos importantes. En este sentido, quisiera pedirles que reflexionen sobre las siguientes cuestiones: en una Europa que desea estar cerca de los ciudadanos, ¿podemos seguir considerando al deporte sólo como una actividad comercial? ¿No deberíamos tener en cuenta el hecho de que el deporte ocupa un lugar de honor en las vidas cotidianas de nuestros ciudadanos? ¿No constituye el deporte una parte importante de cualquier política ciudadana?
Señor Presidente, sé que el Parlamento ha comenzado a debatir estas cuestiones y que son ya conscientes del papel que desempeña el deporte en la integración europea y en el despertar de un espíritu europeo en nuestros compatriotas. De manera similar, los valores deportivos que vamos a promover enérgicamente entre las generaciones más jóvenes, entre los ciudadanos europeos, van a sentar las bases para una ciudadanía activa que respete a los demás y respete el ideal europeo.
Zabell (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el trabajo tan duro que ha realizado y decir, una vez más, que el deporte ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para la educación. Tanto en casos normales como en casos de situaciones límite, de barrios marginados, de necesidad de integración, entre otros muchos. Asimismo, es una gran herramienta para educar en temas como el medio ambiente, la alimentación, la salud, el trabajo en equipo, etc. Esto tenemos que aprovecharlo al máximo.
Hemos de aprovechar que el año 2004 es el Año Europeo de la Educación a través del Deporte para demostrar a los europeos que en la Unión Europea nosotros también nos preocupamos del deporte y que nos importan mucho, por ejemplo, por no hacer una lista interminable, los beneficios que éste pueda aportar para su salud, para la integración de las personas en nuestra Europa y para la lucha contra la xenofobia.
También tenemos que aprovechar el eco que pueda tener el año 2004 para demostrar a los Estados miembros que es totalmente compatible trabajar por el deporte en los 15 Estados miembros - o 25, cuando se produzca la ampliación - y también a nivel comunitario, al mismo tiempo, y que ellos no deben temer que nosotros vayamos a asumir sus competencias. Lo que sí queremos es colmar el vacío que deja la subsidiariedad para que los europeos se puedan beneficiar de los numerosos aspectos positivos del deporte. Por ello, pido que todos hagamos un esfuerzo adicional para que se incluya, en la próxima revisión del Tratado de la Unión Europea, un artículo referido al deporte, de una vez y por todas, para que los europeos comprueben que aquí, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en todas las instituciones europeas, nos preocupamos del deporte como una herramienta vital para mejorar su calidad de vida.

Prets (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que el deporte se haya incluido en el orden del día de hoy sin tener que esperar, como ocurre con frecuencia, a la tarde. Creo que el hecho de que hoy podamos debatir esta cuestión por la mañana es un buen punto de partida.
Celebro que el año 2004 se vaya a dedicar plenamente al deporte. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y la Eurocopa de fútbol, por citar sólo algunos acontecimientos deportivos, atraerán la atención de millones de personas, llenando a muchas de ellas de entusiasmo, de decepción a otras, pero también animándoles a iniciar o a intensificar la práctica del deporte. El Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede aprovechar este interés público para hacer hincapié en el valor social del deporte. Existen ya pruebas, aportadas por numerosos estudios, del valor educativo del deporte, de su capacidad para prevenir problemas de salud y ayudar a la rehabilitación, de las habilidades sociales que desarrolla en la gente joven y la gente mayor, y de muchos otros aspectos que ya se han mencionado.
Por eso, celebro que en lugar de seguir haciendo más estudios, aprendamos nuevas cosas de la experiencia práctica de la ampliación de actividades del Año del Deporte, como el fomento de una colaboración más estrecha entre los centros escolares y las organizaciones deportivas. Es muy importante aumentar la colaboración entre estos dos tipos de organizaciones y potenciar al máximo las ventajas que ambos pueden obtener en términos de movilidad de alumnos, centros deportivos y funcionarios, así como apoyar al deporte para que pueda desempeñar sus funciones sociales y cumplir con sus obligaciones sociales.
En mi opinión, sin embargo, todo se sigue reduciendo a la importancia de preguntarnos qué entendemos por juego limpio, que es inseparable del deporte. Creo que el racismo, el dopaje y el tratamiento de los deportistas como mercancías han dejado profundas cicatrices en la imagen del juego limpio. Del mismo modo, deberíamos tratar a las mujeres deportistas con más respeto, y hacer algo también en lo que se refiere a su situación en este ámbito. Esto queda subrayado también en nuestro llamamiento a la participación de los centros deportivos en el Año de la Educación a través del Deporte, un llamamiento que no se incluía en las primeras propuestas. Hay unos 600 000 centros deportivos (con miles de funcionarios), y éstos realizan una contribución educativa fundamental de la que nunca podremos prescindir.
Señorías, 2003, el Año de las Personas con Discapacidad, está a punto de comenzar. Creo que también en este caso tenemos que aprovechar la ocasión para prepararnos anticipadamente para 2004, preguntándonos desde ya cuántas oportunidades de integración tienen los deportistas con discapacidades. ¿Qué actividades pueden ofrecer los centros deportivos - más de 600 000 - a estas personas? Ahí sí que existe la necesidad de concienciar a los ciudadanos y de obtener apoyo económico. Todo esto respalda nuestra petición de que este aspecto se incorpore al Tratado.

De Clercq (ELDR).
Me gustaría empezar felicitando a la ponente por este importante informe. El Parlamento nos ha estado presionando para proclamar un año europeo del deporte en resoluciones anteriores, la última de las cuales data de 1997. Hasta ahora, la Unión Europea ha prestado atención principalmente al deporte profesional y mucha menos al deporte recreativo y a sus valores culturales, educativos y sociales. Como muy bien se ha dicho, esto se debe probable y principalmente al hecho de que el Tratado sigue sin incluir ningún artículo que otorgue a la Unión Europea poderes explícitos en esta materia. No obstante, considerando que la tercera parte de los ciudadanos europeos practican activamente algún deporte y que existen más de 600 000 centros deportivos, es innegable que el deporte constituye un importante fenómeno social.
El deporte no es sólo importante en el plano social y cultural, sino también en el económico. Según las estimaciones, este sector representa en torno al 2% del producto interior bruto total de la Unión Europea. El deporte es muy importante como transmisor de valores positivos, tales como la fuerza de voluntad, el valor, la tolerancia, la lealtad y la amistad. Sin embargo, en vista de su enorme repercusión, el deporte con frecuencia se enfoca negativamente y surgen sentimientos como el chovinismo, el racismo o la violencia y, por desgracia, tiene también una imagen negativa a consecuencia de la violencia, la corrupción y el vandalismo. En este Año Europeo, la atención se va a centrar en la educación y la formación deportiva de los jóvenes, y eso es algo que tenemos que celebrar. Es cierto también que cada vez se dedica menos tiempo y atención a la educación deportiva en las escuelas, una tendencia que tiene que invertirse con urgencia. Ahí es donde los centros deportivos pueden apoyar y complementar a los centros educativos. Es, por tanto, fundamental que estrechemos los vínculos entre las organizaciones deportivas y los centros escolares. El deporte debe servir principalmente para conseguir un equilibro físico y mental, así como para lograr la integración social, y mientras nos aproximamos a la ampliación en 2004, esto adquiere una importancia mayor, sobre todo en un momento en el que la intolerancia está dejando ver cada vez más su feo rostro.

Wyn (Verts/ALE).
Señor Presidente, felicito al ponente y celebro esta excelente iniciativa. Aparte de ser un fenómeno social importante y una forma de mejorar la salud psicológica y física, el deporte es también un excelente instrumento de educación que ayuda a los jóvenes a adquirir importantes capacidades sociales. Por eso he acogido con gran satisfacción la celebración del Año Europeo de la Educación a través del Deporte en 2004.
Estoy deseando ver el efecto positivo que tendrá el deporte en las vidas de muchos jóvenes de comunidades desfavorecidas gracias a este programa. Presentará el deporte como una forma de mejorar la integración social de esos grupos y comunidades. No obstante, lamento que tanto el Consejo como la Comisión hayan rechazado las enmiendas del Parlamento que contemplaban la organización de certámenes escolares y que habrían permitido a los colegios ganadores acudir a los próximos Juegos Olímpicos en Grecia. Dicho esto, celebro que el Consejo haya reconocido la voluntad del Parlamento en este tema.

Titford (EDD).
Señor Presidente, desde hace tiempo se reconoce el valor del deporte como una herramienta para promover la identidad nacional y una mayor integración. Por algo tanto los gobiernos democráticos como totalitarios han utilizado el dinero del contribuyente para financiar actividades deportivas.
En lo que se refiere a la construcción de Europa, el papel del deporte fue reconocido formalmente por las Comunidades en el informe Adonino presentado al Consejo Europeo de Milán en junio de 1985. El deporte fue considerado ya entonces, y sin lugar a dudas, como un importante activo que permitiría a las Comunidades promover la participación activa de los ciudadanos europeos en la construcción de ese proyecto. Por lo tanto, con independencia de la brillante retórica que puede inundar esta Cámara, la verdadera finalidad de este Año Europeo en especial es promover una mayor integración europea. En otras palabras, se trata de mera propaganda. 
No es casualidad que la declaración del Año se ha hecho coincidir con los Juegos Olímpicos. Sus Señorías pueden pensar lo que quieran, pero este es un intento cínico de apropiarse de los Juegos para promover la agenda europea.
Por eso es vergonzoso que el dinero de los contribuyentes europeos se destine a este proyecto. La cantidad de 11,5 millones de euros puede parecer pequeña comparada con el presupuesto total, pero sigue siendo mucho dinero. No hay justificación alguna. No estamos aquí para financiar ese tipo de propaganda pura y cínica.

Mauro (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que la presencia en esta Cámara, entre sus distinguidas Señorías, de algunos amigos a los que recordamos por sus éxitos históricos como deportistas, aclara de inmediato el significado de lo que hemos querido transmitir al colaborar con la Sra. Pack en este informe. Nuestros queridos amigos, la Sra. Zabell, la Sra. Matikainen-Kallström y el Sr. Mennea, son en cierta manera, un ejemplo, una prueba del simple hecho de que la educación a través del deporte significa crear una generación conocedora del valor y el precio de las cosas. Precisamente porque conocen su valor, pueden hacer gala de una gran pasión por los valores sociales cuando alcanzan la madurez, exhibiendo una fortaleza y un compromiso que no se limitan a la búsqueda de resultados a toda costa, y por eso estos diputados tienen todo el derecho a sentarse en esta Cámara y son dignos representantes de la Unión Europea.
Nuestra intención es trasmitir este concepto y estos valores en un debate que abarque también los sistemas educativos. En este momento, si nuestro informe contiene alguna crítica severa, es la crítica a los sistemas educativos europeos, que asignan cada vez menos tiempo a la práctica del deporte en los centros escolares, de los cuales un número cada vez mayor cuenta con unas instalaciones deportivas muy deterioradas. Estos centros deben recibir apoyo y ayuda. Esto explica la preocupación de la ponente por darle un enfoque práctico a la cuestión, favoreciendo una reflexión concreta sobre el potencial educativo del deporte mediante la organización de competiciones. En otras palabras, creo que el Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede ser el estímulo adecuado para conseguir que los centros educativos hagan algo por la juventud europea del mañana y cambien el destino de una generación, de manera que, en el futuro, tengamos jóvenes que no lleguen a ser sólo campeones, sino, lo que es aún más importante, personas que vean en el deporte un camino hacia la verdad; es decir, personas que lleguen a ser campeones en humanidad, porque un campeón en humanidad puede ser también un campeón en el deporte.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, la principal acción que desarrolla el deporte en los practicantes es el fomento de la salud física y mental, así como la educación por la tolerancia, el respeto hacia unas reglas y la aceptación por todos de un resultado. Estas reglas son profundamente democráticas y fomentan el diálogo y el compañerismo.
En este mundo en el que los pensamientos únicos, verdaderos, absolutos y reduccionistas son dominantes, el fomento de los valores del deporte son la principal medicina contra la intolerancia y la xenofobia y a favor de la integración social. 
Educar a través del deporte es asegurar valores democráticos para las futuras generaciones y esto debe figurar en los Tratados.

Matikainen-Kallström (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera agradecerle a mi colega, la Sra. Doris Pack, el magnífico trabajo que ha realizado con este informe. Desde hace muchos años, realiza usted una labor realmente encomiable para promover el deporte y la educación física. Ha sido un verdadero placer para mí trabajar con usted.
Es una excelente noticia que la Comisión haya empezado a organizar un Año del Deporte.
El efecto positivo del ejercicio físico como base para el bienestar mental y físico comienza a ser reconocido ya en toda Europa. Dejando a un lado, por el momento, los beneficios de una práctica deportiva variada y periódica y de una actitud ante la vida acorde, incluso un poco de ejercicio ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, dolencias que afecten a órganos del aparato locomotor, enfermedades reumáticas y problemas de salud mental. El mismo hecho de que el ejercicio físico es capaz de prevenir problemas mentales suele recibir poca atención. El ejercicio físico puede ayudar a contener los principales problemas económicos de un país. El ejercicio físico puede evitar que se pierda una enorme cantidad de horas de trabajo.
Visto bajo este prisma, el presupuesto de 11,5 millones de euros concedido para el Año no es, al menos, exagerado. En muchos Estados miembros, los centros docentes organizan importantes actividades extraescolares una vez terminada la jornada escolar oficial. Los recursos que hacen posible estas actividades extraescolares deben aumentarse considerablemente, puesto que existe una gran demanda. Los centros deportivos que organizan actividades por la tarde, de manera voluntaria, suelen hacer un trabajo muy valioso. Los programas deportivos vespertinos ayudan a los niños a satisfacer su deseo natural y su necesidad de hacer ejercicio físico. Al mismo tiempo, hacen algo positivo y se previenen los problemas sociales y la marginación.
¿Por qué no podemos hablar del deporte como deporte? Es ridículo que los proyectos deportivos tengan que refugiarse, en lo que se refiere al fundamento jurídico, en otros artículos, al no existir ninguno expresamente dedicado al deporte. Es mejor llamar a las cosas por su nombre, ahora y en el futuro.

Reding
Señor Presidente, seré muy breve, porque sé que el tiempo vuela y que el orden del día está muy cargado.
Me gustaría sumarme en mis felicitaciones a todos los demás diputados que han destacado el excelente trabajo de la Sra. Pack y el esfuerzo que lleva años realizando y que, por fin, se ha visto coronado por el éxito. Hoy podríamos decir que se está llevando a su niño a la iglesia para que lo bauticen.
Me gustaría responder brevemente a una serie de preguntas concretas que se han formulado.
Aunque no se ha podido incluir en el texto la sugerencia del Parlamento de organizar competiciones escolares y de que los ganadores estén presentes en la ceremonia de encendido de la llama olímpica en Olimpia, les voy a revelar un secreto: mis colaboradores están ya trabajando con la Federación Internacional del Deporte Escolar para estudiar la manera de poder llevar a la práctica la petición del Parlamento.
Soy plenamente consciente, señor Presidente, de que el Parlamento no desea una avalancha de estudios sobre la cuestión. Eso está muy bien, siempre que luego la Cámara no nos venga diciendo que habría sido conveniente realizarlos. Aunque reconozco la necesidad del trabajo práctico, sigo pensando que es necesario llevar a cabo una evaluación posterior, igual que se hizo con el Año Europeo de las Lenguas, que fue un éxito tal, que yo creo que podemos tomarlo como modelo para saber lo que tenemos y no tenemos que hacer.
Les voy a revelar otro secreto: he recibido ya numerosos ofrecimientos de ayuda, de participación o de colaboración por parte de las principales federaciones deportivas europeas, que quieren comprometerse y poner su granito de arena en el proyecto. No nos quieren pedir dinero, porque tienen mucho más dinero que nosotros. El presupuesto de 11,5 millones de euros tiene como objetivo el fomento, la puesta en marcha de una fuerza motriz, porque el trabajo práctico lo tendrán que realizar la sociedad civil, los deportistas y los centros escolares.
Se han formulado algunas preguntas relacionadas con el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, en el que estamos trabajando de lleno. Las Olimpiadas Mundiales Especiales se celebrarán en el verano de 2003 en Dublín. En este contexto, vamos a financiar la contratación de voluntarios irlandeses para que esta gran fiesta del deporte para discapacitados pueda tener lugar. Se trata de un experimento que se repetirá durante todo el año 2003 y 2004: reunir a jóvenes voluntarios - 100, 200, 300 voluntarios - de todos los países de Europa para que trabajen juntos al servicio del deporte con motivo de grandes eventos de carácter emblemático. El primer experimento, en Dublín, congregará, por tanto, a 200 voluntarios de todos los rincones de Europa. Esto se repetirá en Atenas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y en todos los grandes eventos deportivos en los que las contribuciones de los voluntarios, la buena voluntad y el idealismo de nuestros jóvenes puedan tener cabida. En otras palabras: nuestros jóvenes ocuparán el centro del escenario.
Pueden ver, por tanto, que ya se están tomando medidas prácticas. Tal y como les prometí, les mantendremos informados de las novedades, y cuento también con su contribución, para que podamos hacer de este año, en sus regiones y países, el año de todos los ciudadanos, ya que ustedes, como representantes de los ciudadanos, tienen un papel muy importante que desempeñar en este sentido.
El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa.

Reding
Señor Presidente, la cuestión de los servicios públicos es objeto de un gran debate en Europa y en todo el mundo, y la tendencia general observada en los últimos 20 años ha sido una evolución del papel de la administración pública, que ha dejado de prestar directamente estos servicios y ahora se limita a regularlos y a establecer las reglas del juego. Así ha sucedido en Europa, en particular, donde el objetivo - que también era una necesidad - de crear un mercado único ha facilitado, sin lugar a dudas, esta evolución.
La experiencia ha demostrado que la creación de un mercado único basado en el sistema de la competencia sana es totalmente compatible con las preocupaciones de índole socioeconómica, de las cuales los servicios de interés general constituyen uno de los aspectos más concretos. Además, el aumento de la competencia en el conjunto de la economía ha llevado a un incremento de la eficacia de los servicios de interés general.
La historia de la Comunidad ha sido siempre coherente. En cada nueva etapa de la integración europea se ha avanzado en pos de una circulación más libre de mercancías, personas, servicios y capitales, así como en pos de una mayor solidaridad y cohesión. Cada paso que se ha dado hacia delante en el mercado interior ha venido acompañado de medidas para garantizar que a las regiones y a los ciudadanos más débiles no se les deje atrás. Así sucedió con el Acta Única, y también con Maastricht y Amsterdam. Un ejemplo de ello es la incorporación al Tratado de las políticas de cohesión económica y social, de protección del consumidor y de medio ambiente, todas las cuales tienen como finalidad complementar y equilibrar las estrategias de apertura de los mercados y de liberalización.
El artículo 16 del Tratado, introducido en Amsterdam, reconoce explícitamente el papel de los servicios de interés económico general. Confirma la necesidad de encontrar mejores formas de reconciliar con armonía y coherencia los principios relacionados con los servicios de interés general y los demás objetivos del Tratado, especialmente el mercado interior y la libre competencia.
La Comisión ha reconocido siempre el papel primordial de los servicios de interés general. En su comunicación de 1996 sobre los servicios de interés general en Europa, propuso incluir una referencia a la promoción de estos servicios. La legislación sectorial adoptada en el ámbito comunitario relativa a las grandes industrias de redes, en particular la energética, establece unos objetivos muy ambiciosos en lo que se refiere a los servicios públicos y la calidad.
Además, la Comisión ha aplicado siempre las reglas de mercado y de la competencia de forma que no se obstaculice la prestación y el desarrollo de unos servicios de interés general de alta calidad. Podría mencionar, por ejemplo, la comunicación sobre la radiodifusión pública, elaborada por el Sr. Monti y yo mismo, que estableció normas relativas a las ayudas estatales y que constituye un ejemplo de cómo podemos aplicar las reglas de la competencia de manera inteligente, a la vez que dejamos a los Gobiernos todo el campo libre que necesitan para hacer funcionar los servicios públicos.
Los servicios de interés general son, por tanto, un componente esencial del modelo europeo de sociedad. Contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos y son un requisito fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente muchos de sus derechos.
En su informe para el Consejo de Laeken, la Comisión declaró su intención de, y cito textualmente: «examinar la propuesta de consolidar y precisar en una directiva marco los principios relativos a los servicios de interés general subyacentes al artículo 16 del Tratado».
La Comisión ha decidido llevar a cabo este examen en el marco de un Libro Verde. Existen dos razones principales por las que ha adoptado este enfoque. En primer lugar, las cuestiones planteadas son muy amplias y no pueden tratarse en un debate que se limite a la propuesta de una directiva marco. En segundo lugar, teniendo en cuenta las expectativas y la existencia de posturas muy diferentes con respecto a la viabilidad de una directiva marco y al valor añadido que representaría, nos ha parecido fundamental que primero se cree un marco de referencia. No debemos subestimar tampoco los problemas técnicos y conceptuales que seguramente plantearía la creación de una directiva marco.
El Libro Verde permitirá a la Comisión, en primer lugar, examinar la conveniencia de una directiva marco y, en segundo lugar, iniciar un gran debate sobre la cuestión en su conjunto. Por consiguiente, la finalidad de este Libro Verde no es retrasar el estudio de viabilidad de una directiva marco, sino todo lo contrario: considerando la diversidad de tradiciones, estructuras y posturas existentes en los Estados miembros, sólo un debate general de ámbito europeo nos permitirá alcanzar un consenso suficiente como para poder establecer un marco comunitario global. Paralelamente a la preparación del Libro Verde, estamos trabajando en otros documentos, en particular relativos a la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales y a la evaluación de los servicios. Además, este trabajo podría ser de ayuda para el Libro Verde. En lo que se refiere al calendario, el Libro Verde debería aprobarse en marzo de 2003, y las conclusiones, presentarse antes de fin de año.
Ésta es, señor Presidente, la declaración de la Comisión sobre esta cuestión.
Langen (PPE-DE).
Señor Presidente, la tarea que tiene hoy ante sí la Comisaria Reding es difícil: hacer una declaración en nombre de la Comisión sobre las medidas que la Comisión lleva un año aplazando. Recordemos que, hace trece meses, el Parlamento ya hizo saber su opinión sobre los servicios de interés general en una votación que contó con un amplio respaldo, emitiéndose 435 votos en la votación final. Desde entonces, la Comisión ha hecho poco. Ha presentado cuatro documentos. Los dos últimos, presentados antes de la Cumbre de Copenhague, de la misma manera que la presentación de los demás, hace seis meses, precedió a la de Sevilla, lo único que dicen es que se está a la espera de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. No entiendo en absoluto, señora Comisaria, por qué la Comisión no ha debatido sus propuestas aquí en el Parlamento, abiertamente y sin trabas. Si, como en este caso, ustedes se limitan a mirar fijamente al Tribunal de Justicia Europeo del mismo modo que un conejo mira fijamente a una serpiente, no actúan como si todas las alternativas estuvieran a su disposición.
Si bien es cierto, señora Comisaria, que a usted sólo le afecta esto indirectamente, ya que esta cuestión recae principalmente en el Comisario de la Competencia, es precisamente por eso por lo que quiero insistir con fuerza en que la Comisión no debe limitarse a distribuir documentos oficiosos que envía a los Gobiernos - el último, el 12 de noviembre de este año - sino hacer que el Parlamento participe en el debate. No estamos dispuestos a cargar con la culpa de las decisiones de la Comisión si el Parlamento no puede participar debidamente en el proceso legislativo.
Permítame decirle pues sin rodeos que, tal y como acaba usted de mencionar, nosotros pedimos una directiva marco. Pedimos una directiva marco basándonos en el artículo 95, que trata del mercado interior. Eso significa que este debate público basado en el artículo 95 conduce a una decisión del Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento de codecisión. Lo que hemos recibido hasta ahora dice sólo que se estaba siguiendo el procedimiento anterior en la política sobre la competencia; en otras palabras, que bastaría con una decisión del Consejo, que se informaría al Parlamento y que luego se vería lo que sucede a continuación. Esto es exactamente lo que usted ha dicho: el tema dará lugar a un gran debate sobre política social y económica. Lejos de ser algo que la Comisión pueda resolver con el Consejo a puerta cerrada, tiene que solucionarse a la vista de los ciudadanos, aquí, en el Parlamento elegido directamente por ellos.
La razón de que haga comentarios un tanto mordaces es que estas cuestiones no se han tratado en ninguno de los documentos presentados, que son numerosos y de distinta calidad, siendo con diferencia el mejor de todos ellos el documento oficioso. La metodología de evaluación que se dio a conocer durante el verano se preparó con tan poco interés y era tan mala, que no puede servir como base para crear una concienciación adecuada.
Apelo a la Comisión para que deje de perder el tiempo y se ponga por fin a trabajar de verdad. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Ferring puede servir como base para evaluar las ayudas estatales y los servicios públicos. Les pido que presenten, sin más demora, decisiones basadas en esta sentencia.

Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría naturalmente agradecerle a la señora Comisaria su declaración y la perspectiva de poder contar con un Libro Verde. Sin embargo, no es habitual que esté totalmente de acuerdo con las palabras del Sr. Langen. Mi Grupo está especialmente decepcionado por la reticencia de la Comisión a presentar al Parlamento Europeo una directiva marco. Como usted misma ha afirmado, los servicios de interés general constituyen el pilar de nuestro modelo social europeo. Me refiero a los derechos sociales de los ciudadanos, a servicios básicos como el agua, la energía, el transporte público, las comunicaciones y la asistencia sanitaria, que son además fundamentales para la cohesión social y para el buen funcionamiento de nuestras economías. Mi Grupo, y en realidad todo el Parlamento, lleva años haciendo presión para que se apruebe esta directiva marco. Hasta el propio Consejo va por delante de la Comisión, puesto que ya hizo presión a favor de esta directiva marco en Niza y de una manera mucho más explícita en Barcelona. Pese a ello, la Comisión insiste en realizar primero una amplia consulta a través de un Libro Verde en la primavera de 2003.
Comprendo que los problemas relacionados con los servicios de interés general son complejos. Comprendo que existen diferentes enfoques entre los Estados miembros. Sé que están implicados el sector público y el privado y que, por tanto, es cierto que existen diferencias dependiendo del sector. No obstante, entretanto recibimos constantemente opiniones partidarias de liberalizar distintos sectores de la economía sin tener una directiva marco que establezca los principios generales. Que no haya malentendidos: mi Grupo está a favor del mercado interior, siempre que se realicen una serie de ajustes sociales y ecológicos. Ahora bien, el mercado es un instrumento que tiene sus limitaciones, y cuando se trata de los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos, no deben ser las reglas del mercado y la competencia las que establezcan las reglas del juego.
Además, el Libro Verde va a llegar demasiado tarde como para contribuir al debate en el seno de la Convención sobre el papel de los servicios de interés general. Ya estamos celebrando dicho debate en este momento. Lo vamos a concluir en febrero, y la Comisión no presentará su Libro Verde hasta marzo. Creo que la Comisión no llegará a tiempo.
Finalmente, existe una última razón, un hecho que me produce una gran preocupación y que tiene que ver con los comentarios del Sr. Langen. Hasta ahora, la Comisión ha supuesto siempre que los Estados miembros podían financiar sus servicios de interés general debido a su cometido social, sin que ello se considerara un apoyo estatal ilícito, y en mi opinión están en lo cierto. Sin embargo, no puede negarse que el Tratado es poco claro. Las recientes conclusiones de dos abogados generales del Tribunal de Justicia Europeo han demostrado que este principio ya no está libre de toda sospecha. La Comisión concluirá ahora, obviamente, que no puede dar garantías jurídicas a los Estados miembros en materia de financiación de los servicios de interés general. ¿Qué ha pasado entonces con esa autonomía, de la que se hacía tanto alarde, para organizar sus respectivos servicios públicos? Señorías, la conclusión nos parece clara.
En primer lugar, le vamos a pedir inmediatamente a la Comisión que apruebe una directiva marco, como ya hemos hecho en repetidas ocasiones.
En segundo lugar, la Convención debe ofrecer la oportunidad de establecer los principios básicos de los servicios públicos con total respeto por la autoridad de los Estados miembros.
En tercer lugar, nuestra Constitución debe especificar claramente que los servicios de interés general son derechos sociales de nuestros ciudadanos y que no pueden dejarse a merced de las reglas del mercado y la competencia. Espero que la Comisión pueda apoyarnos en nuestras ambiciones.
Wallis (ELDR).
Señor Presidente, quiero decir en nombre de mi grupo que celebramos la inminente publicación de un Libro Verde, pero posiblemente no represente a la mayoría cuando digo que celebro dicha publicación como señal de que por fin se está haciendo algo. La promesa de una consulta futura y estudios de viabilidad merece una buena acogida, pero no debe servir de excusa para no hacer nada. En ese sentido, estoy de acuerdo con mis colegas en que tiene que hacerse algo, y mejor antes que después. El proceso puede ser importante, y tenemos que hacerlo bien.
Quiero hacer dos comentarios en nombre de mi Grupo, el primero de ellos relacionado con la competencia. La competencia es excelente - estamos de acuerdo con el mercado interior - porque es una forma de mejorar la calidad en general y porque puede ser también una forma de mejorar la calidad de los servicios en cuestión, pero no sólo en su propio bien. Quizás sería interesante fijarse en un país no perteneciente a la UE - Suiza - en términos de política energética. Hace poco los suizos celebraron un referéndum para decidir si liberalizaban o no el suministro energético, actualmente en manos de sus cantones locales. Los ciudadanos suizos votaron en contra de esa liberalización porque no estaban convencidos de que una decisión así mejorara la calidad, en lugar de generar simplemente más confusión. La decisión se dejó en manos de los ciudadanos suizos. Nosotros, por nuestra parte, estamos esperando un marco para decidir cómo debemos tomar esas decisiones en toda Europa.
La segunda cuestión que mi Grupo considera especialmente importante es la prestación de servicios universales. Eso garantiza la cohesión social en toda Europa. Considerando mi propia circunscripción, por ejemplo, y el problema actual de la banda ancha, mi despacho se está viendo inundado de cartas de residentes en zonas rurales quejándose de que la banda ancha está sólo disponible en algunas ciudades, pero no para ellos.
Este tipo de cuestiones tienen que resolverse de manera que podamos prestar el mismo nivel de servicio a todos nuestros ciudadanos y garantizar así la cohesión social que tan importante es para Europa. Es ridículo que la Convención y sus grupos de trabajo estén todavía discutiendo estas cosas. Este tipo de cuestiones exigen coordinación a medida que avanzamos en la construcción de Europa.
Así pues, es bueno que se esté haciendo algo por fin, es bueno que se haya hecho una declaración, pero tenemos que seguir avanzando.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, celebro que estemos debatiendo sobre los servicios de interés general una vez más, con motivo de la declaración de la Comisión. Creo que los servicios de interés general ocupan un lugar primordial en la integración europea, o más bien así debería ser.
Aunque, en principio, el artículo 16 del Tratado reconoce su importancia y su papel en la Unión, siguen estando sometidos a las reglas de la competencia, con todo lo que eso implica. Existen presiones cada vez mayores para acelerar la liberalización de muchos sectores. Además, la Cumbre europea de Bruselas del pasado mes de marzo fue un momento decisivo en este sentido. La energía, el transporte, una nueva era para el sector de los servicios postales: el argumento repetido una y otra vez es que la liberalización solucionaría la necesidad de modernizar estos servicios. Esto no es cierto, como nos demuestran multitud de ejemplos. Pienso que una de las funciones de los servicios de interés general es garantizar la cohesión social y territorial. Deben garantizar el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios de calidad, en todo el territorio y al mismo precio. Sin embargo, las reglas de la rentabilidad y el principio de la competencia se oponen a estos objetivos y a estas funciones.
En numerosos países de la Unión, los ciudadanos expresan hoy la exigencia de contar con unos servicios públicos europeos de calidad. La elaboración de una normativa europea común que permita una armonización desde arriba hasta abajo es ya una necesidad, sobre todo de cara a la ampliación. La modernización de los servicios de interés general debe formar parte de un enfoque que no trate de abrir el mercado a la competencia, sino de responder a las necesidades expresadas. Para ello se precisa una verdadera democratización y una verdadera participación de los trabajadores y usuarios en la marcha de estos servicios. En este sentido, la Unión Europea tiene una responsabilidad especial. En primer lugar, debe permitir que se realice una evaluación adecuada de los diferentes procesos de liberalización, país por país. Pese a los repetidos llamamientos del Parlamento Europeo, esta evaluación de las consecuencias de la liberalización en términos de seguridad, medio ambiente, calidad y aspectos sociales nunca se ha llevado a cabo. ¿Por qué?
Soy también de la opinión de que no podemos esperar a que se elabore un Libro Verde dentro de unos meses para abordar esta cuestión, por muy útil que pueda ser un Libro Verde. Aunque el Libro Verde pueda servir para algo, creo que los servicios de interés general no deberían seguir considerándose como una excepción a la competencia, como así ha sido hasta la fecha, sino más bien al contrario, como una de las responsabilidades prioritarias de la Unión Europea. Por consiguiente, estos servicios no deben seguir sujetos a la competencia. Se está trabajando en un nuevo Tratado dentro del marco de la labor realizada por la Convención, con la mirada puesta en la Conferencia Intergubernamental de 2004. Debemos abordar esta cuestión en el debate sobre el Tratado. Es hora de escuchar las exigencias de los ciudadanos y de los sindicatos, que se manifiestan por todas partes pidiendo unos servicios de calidad. Estas exigencias van de la mano de la necesidad de construir una Europa de progreso social, una Europa más democrática. Por eso, no podemos contentarnos con una definición mínima de un servicio universal europeo. Debemos ser ambiciosos en lo que se refiere a la Europa social. Hemos de lograr que los servicios de interés general ocupen un lugar primordial en la integración y la ciudadanía europeas.

Flautre (Verts/ALE).
Señora Comisaria, me ha sorprendido bastante oírle decir que desde hace 20 años se viene demostrando que el mercado interior regido por las leyes de la competencia es perfectamente - ha afirmado usted - compatible con los objetivos sociales. He escuchado antes palabras más sensatas de la Comisión, como cuando empezó a expresar ciertas dudas precisamente acerca de si las leyes de la competencia pueden hacer que se cumplan todos los objetivos sociales y medioambientales. Creo que, en realidad, a nosotros, y a la Comisión en particular, nos resultaría mucho más fácil felicitarnos a nosotros mismos si dispusiéramos de una evaluación, como han afirmado mis colegas. Creo que no tenemos absolutamente nada que ganar subestimando las enormes expectativas de los ciudadanos europeos, que están exigiendo más servicios, una mayor calidad y un mayor nivel de seguridad. Pienso que, si hiciéramos oídos sordos a las dudas expresadas hoy sobre la continuidad y la sostenibilidad de estos servicios, sobre todo desde que se han cuestionado como resultado de algunas catástrofes y, en especial, desde que ese deterioro se ha hecho evidente en algunos servicios públicos, estaríamos poniendo seriamente en peligro el futuro de Europa y el resultado de la decisión que los ciudadanos europeos tendrán que tomar sobre la futura Constitución.
Ustedes han decidido iniciar un amplio proceso de consulta a propósito del Libro Verde. Es cierto que esta iniciativa ha sido toda una sorpresa, dada su relación con los debates - extremadamente problemáticos - que queremos celebrar en el seno de la Convención para que el derecho a los servicios públicos quede plenamente reflejado en la futura Constitución europea. Me gustaría, por tanto, que nos hablara acerca de cómo se van a organizar las agendas, porque sería poco creíble iniciar un debate sobre la viabilidad o la utilidad de una directiva marco dentro de los Tratados actuales, aunque el objetivo del debate sea lograr el reconocimiento y poner las bases de una concepción europea de los servicios públicos en el futuro Tratado.
Además, con respecto al procedimiento de consulta, ya nos han traumatizado suficientemente varias propuestas que iban en contra de un conjunto de intereses diferentes en el seno de la sociedad europea. Quisiera que la Comisión explicara claramente qué método público se va a emplear para que las diferentes partes interesadas - usuarios, sindicatos, ONG, administraciones locales y regionales, etc. puedan expresar su opinión con motivo de esta consulta sobre el Libro Verde.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señora Comisaria, en lo que se refiere a los servicios de interés general, la Comisión está tratando de conciliar dos requisitos que, en muchos aspectos, se contraponen: la necesidad de garantizar la prestación de una serie de servicios que el mercado no se considera capaz de prestar eficazmente y a unos precios razonables, y la necesidad de evitar que algunos servicios se conviertan en una causa de distorsión del mercado o de la competencia. Creo que la atención de la Comisión sigue excesivamente centrada en lo primero y muy poco centrada en lo segundo, la distorsión de la competencia. Esto no nos sorprende, puesto que los Gobiernos y, por tanto, el Consejo, están presionando en esta dirección como consecuencia de la existencia de un claro conflicto de intereses. Hay algunos sectores clave, como las telecomunicaciones, la energía, el agua, el transporte, la televisión y los medios de comunicación, en los que los Gobiernos son, a la vez, árbitros y jugadores, tienen que sortear graves conflictos de intereses, no regulan ni legislan y ellos mismos son empresarios con grandes multinacionales que, a veces, se utilizan para fines políticos y de otra índole. Hoy en día, este conflicto de intereses sigue sin resolverse en muchos países europeos. En efecto, en estos sectores se está creando una tierra de nadie donde, en lugar de llevarse a cabo una defensa del consumidor europeo y del interés general, se protegen los intereses específicos de las empresas y de los poderes económicos y políticos asociados a ellas.
Existen innumerables casos en Europa en los que estas empresas adquieren una presencia desproporcionada en el mercado. Un ejemplo es Deutsche Post, que emplea su ventaja monopolística en el sector de los servicios postales para vencer a la competencia por medio también de absorciones, como sucedió en el caso de DHL International, adquirida por Deutsche Post, que aprovechó su ventaja monopolística para eliminar a un competidor. Por no mencionar a EDF: Francia aceptó trabajar en pos de la liberalización del sector energético en el país, segura de que EDF, una empresa 100% estatal que no cotizaba en Bolsa y que podía conceder créditos avalados por el Estado, adquiriría empresas en el extranjero, en Italia y en otros países, y de que, en resumidas cuentas, a través de adquisiciones consolidaría su posición dominante en el mercado europeo. En Italia tenemos el caso de una importante cadena de televisión, como la RAI, financiada con grandes sumas de dinero procedentes del bolsillo de los contribuyentes, que compite de todas las maneras posibles con otras cadenas de televisión como un canal comercial.
Ésta es la situación: existen servicios públicos que terminan creando empresas estatales que distorsionan la competencia. Cuando los Estados se hayan desprendido de todas sus empresas, puede que nos resulte más fácil imaginar un Estado regulador, un Estado que contrate o saque a concurso los servicios que considere que el mercado, por sí solo, no puede prestar de forma adecuada.
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría hacer un último comentario. Hay un servicio, el servicio de telefonía móvil, que la Comisión no considera un servicio de interés general. Creo que eso es un grave error y que, actualmente, el servicio de telefonía móvil es, a efectos prácticos, un servicio de interés general. En efecto, se trata de uno de los servicios que mejor se prestan en toda Europa, caracterizado por su eficacia y sus excelentes precios, y es un servicio de interés general que el mercado presta a través de un sistema de competencia.

Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, y nuestra antigua colega, creo que cualquier directiva marco o Libro Verde deben tener en cuenta la experiencia que ya tenemos con los servicios de interés general.
Partiendo de esa base, quiero poner un ejemplo de cómo, desde esta Cámara, podemos ejercer cierta influencia. Si realmente lográsemos, por fin, algún avance con respecto a la legislación sobre el transporte público local, eso implicaría haber realizado una parte sustancial del trabajo del Parlamento y el Consejo. Por una vez, me gustaría reconocer a la Comisión el mérito de haber presentado, ya en el año 2000, una propuesta de reglamento muy concreta sobre el transporte público local. En esta Cámara expresamos una opinión inequívoca al respecto en 2001. ¿Y qué ha hecho el Consejo? Ha archivado la carpeta en un cajón, no ha hecho nada con ella y sigue sin querer hacer nada con ella. Pienso que tenemos que advertir con claridad al Consejo que no toleraremos más atrasos en cuestiones tan importantes como el conjunto de servicios a los que tienen derecho los ciudadanos en sus ciudades y regiones, y que estamos dispuestos a considerar emprender acciones contra el Consejo por su negativa a actuar.
¿Por qué, Señorías, es tan importante esta cuestión de la legislación sobre el transporte público local? La ley es poco clara con respecto a la situación en la que nos encontramos. Tenemos la opción de aguardar las sentencias del TJE, pero queremos que se tomen decisiones políticas sobre cómo deben ser los sistemas de transporte público, y así, nosotros, las ciudades, las comunidades y la empresa privada, necesitamos seguridad jurídica sobre cómo organizar el transporte público local.
La segunda cuestión que quiero plantear es la siguiente. Creo que hemos tenido un lapsus aquí. Los servicios de interés general y la competencia no son mutuamente excluyentes, sino, en mi opinión, mutuamente complementarios, y eso se puede ver con especial claridad en el transporte público local. Si, como responsables de los servicios públicos, las ciudades o las regiones toman la decisión correcta y definen los requisitos del transporte público local (accesibilidad para las personas discapacitadas, horarios, frecuencia del servicio y tarifas - pueden añadirse todos los factores sociales que se quiera -) entonces, señor Presidente, tendrán que sacarlo a concurso y aceptar la mejor oferta que reciban, ya sea del sector público o del privado. La competencia es la que decide, y los ciudadanos son los que se benefician.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, estoy profundamente decepcionado por la declaración de la Comisión en el día de hoy. Hemos hablado de boquilla sobre el principio de los servicios de interés general. Nos habían dicho que la Comisión iba a crear un marco para los servicios de interés general antes de que concluyera este año, y ahora nos prometen un Libro Verde.
Necesitamos urgentemente la directiva marco, no un Libro Verde. Necesitamos urgentemente un cambio de la legislación sobre la competencia que permita a los servicios públicos de interés general sobrevivir y prosperar, y necesitamos una cláusula en nuestra nueva constitución que garantice los servicios públicos en toda Europa.
La solidaridad y la ciudadanía constituyen el núcleo del concepto mismo de la Unión Europea. Mi opinión es que, habiendo dado un paso importante esta semana hacia la unidad política y geográfica de Europa, si queremos crear ciudadanos europeos, tenemos que garantizar unos servicios de interés general disponibles, accesibles, asequibles y de alta calidad para todo el mundo.
Bien entendidos, los servicios de interés general son para todos los ciudadanos, no sólo para los marginados, los pobres o los desfavorecidos; aunque, evidentemente, tienen una importancia crucial para las personas que se encuentran en esa situación. Los servicios de interés general apoyan y sostienen el crecimiento. Contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. Constituyen un componente básico de cualquier estrategia territorial seria que nos permita tener comunidades rurales sostenibles y ciudades realmente habitables. Con ellos podremos tener ciudadanos sanos que no teman a la enfermedad. Con ellos los ciudadanos podrán desplazarse entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo y comunicarse. Con ellos los ciudadanos podrán mantenerse debidamente informados y recibir una buena educación, no sólo en términos de enseñanza tecnológica, sino también de cultura política. Todas estas cosas son necesarias si queremos crear una Europa de la que podamos estar orgullosos y que los ciudadanos sientan suya.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque sea tarde, celebro evidentemente la declaración de la Comisión relativa a su intención de presentar un Libro Verde sobre servicios de interés general en el primer trimestre de 2003.
Ahora bien, me parece incomprensible que las conclusiones finales y las iniciativas concretas relacionadas con él no se presenten hasta seis meses después. Los análisis y las consiguientes peticiones de medidas deben hacerse al mismo tiempo. Tras un llamamiento en ese sentido por parte del Consejo de Barcelona en marzo de 2002, la Comisión, en junio de ese año, aprobó una nueva metodología para evaluar la calidad de los servicios públicos. Todos ustedes saben perfectamente que existe una profunda división de opiniones sobre esta cuestión, y me atrevo a decirles que, en términos de calidad, la nueva metodología de evaluación es un completo desastre.
Ante la invariable tendencia del debate sobre los servicios públicos a las repeticiones de rigor sobre la liberalización y la privatización, sería cuando menos apropiado realizar, paralelamente al Libro Verde, un análisis científico y serio de la situación de los mercados que ya se han liberalizado y de las empresas que ya se han privatizado. Existen marcadas distinciones que pueden establecerse entre los éxitos y los fracasos en los distintos sectores implicados.
Las preguntas que exigen una respuesta son, en primer lugar, si se garantizan los mismos derechos de acceso a todos los ciudadanos de la Unión Europea, con independencia de su lugar de residencia o de la cuantía de sus ingresos; en segundo lugar, si ha aumentado o disminuido el coste de ese servicio; en tercer lugar, si ha mejorado o empeorado la calidad; y en cuarto lugar, si han experimentado los trabajadores de esos servicios una mejora o un deterioro de sus condiciones sociales.
Esto significa también situar a los proveedores de los servicios en igualdad de condiciones, con independencia de su estructura de la propiedad. La competencia no tiene nada de justa si la legislación relativa a las ayudas pone en situación de desventaja a empresas cuya participación pública excede el 25% con respecto a empresas del sector privado. Por tanto, hay que dar la bienvenida a la competencia basada en los mejores servicios y rechazar la competencia basada en la propiedad.

Jonckheer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, pienso que la mañana podría haber sido más agradable para usted. Además, usted tiene la misión de representar a la Comisión y a sus colegas directamente responsables del asunto, y que han delegado esta tarea en usted. Pero esto forma parte del trabajo.
No voy a hablar sobre el contenido, porque sus Señorías han expresado ya ampliamente lo que también son mis opiniones. He trabado conocimiento del documento más reciente de la Comisión, un texto conciso que se presentó hace unos días. Señala, en particular, que el primer documento general sobre el tema presentado por la Comisión se remonta a 1996.
Seis años después, la Comisión ha anunciado un Libro Verde. No creo que ésta sea una manera responsable de actuar. Ustedes tienen problemas de calendario en los que ya han hecho hincapié muchas personas: problemas de calendario con respecto a la Convención, problemas de calendario con respecto a la aplicación de directivas sectoriales y, desde luego, problemas de calendario - como ha mencionado la Sra. Ainardi - con respecto a la ampliación. En cualquier caso, creo que no tiene ningún sentido, Señorías, seguir pidiendo a la Comisión que presente documentos. Les voy a decir algo que les puede parecer un poco provocativo: la Comisión está dividida. Es evidente que no hay liderazgo político, lo cual es preocupante si consideramos que la Comisión tiene la exclusividad de la iniciativa.
Creo que nosotros, como diputados, debemos asumir nuestras responsabilidades en el seno de la Convención. Ya se han presentado algunas contribuciones relativas a los servicios de interés general y su articulación con las leyes de la competencia. En su primera contribución a la Convención, en mayo, la propia Comisión señaló la importancia de disponer de un fundamento jurídico para los servicios de interés general. La página 6 del documento dice incluso que, sin éste, cualquier cambio irá en detrimento del modelo europeo de sociedad y de los valores reconocidos por las democracias europeas. La Comisión es, por tanto, consciente del problema, pero incapaz de tomar decisiones políticas.
Nosotros, como miembros de la Convención o diputados del Parlamento Europeo, debemos dirigirnos a nuestros Gobiernos nacionales y, en el seno de la Convención, luchar para garantizar que la futura Constitución europea contenga verdaderamente disposiciones legales que proporcionen un marco para las leyes de la competencia.

Berthu (NI).
Señor Presidente, en diciembre de 2000 el Consejo de Niza hizo un llamamiento a la Comisión para que considerara, y cito textualmente: «en estrecha cooperación con los Estados miembros, los medios de conseguir una mayor previsibilidad y una seguridad jurídica acrecentada en la aplicación del derecho de competencia relativo a los servicios de interés general».
Dicho de manera más sencilla, eso significaba que tenía que ponerse fin a las incoherencias resultantes de una jurisprudencia poco clara y a los continuos intentos de la Comisión de utilizar su autoridad en materia de competencia para inmiscuirse en la definición y el funcionamiento de los servicios de interés general.
Dos años más tarde, tras un informe del Consejo de Laeken y un llamamiento realizado en el Consejo de Barcelona para empezar a trabajar en una directiva marco, seguimos estando más o menos en el mismo punto, y la única propuesta de la Comisión es aplazar la resolución de esta cuestión una vez más y elaborar un Libro Verde que conducirá a un amplio proceso de consulta. Esto es muy decepcionante.
Aunque la solución es sencilla, está claro que hará falta que los Estados miembros la impongan. El Tratado debe establecer claramente que, en primer lugar, la Unión reconoce la libre administración de los Estados y sus unidades territoriales, lo que incluye el derecho a definir y organizar sus servicios públicos y, en segundo lugar, que los fondos destinados a compensar los costes adicionales del cumplimiento de la prestación de los servicios de interés general no se consideran ayudas estatales.
De la misma manera, ha de ponerse fin a la arbitrariedad de la Comisión en el plano internacional. Las negociaciones que están teniendo lugar en el seno de la OMC relativas a un futuro Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - AGCS - corren actualmente el grave peligro de desviarse de su curso, alejarse de la liberalización de los servicios privados y convertirse en un debate indirecto sobre las deficiencias de los servicios públicos. Estas conversaciones las está llevando la Comisión con una total falta de transparencia y sin un claro mandato democrático acordado por los partidos después de un amplio debate público. Además, esta situación hace recordar extrañamente lo que está sucediendo en el campo de la agricultura con la aplicación de las llamadas decisiones de Doha, que no han sido ratificadas democráticamente por nadie.
Todas estas cuestiones, señor Presidente, deben ser tratadas, sin más demora, en la reunión de los Estados miembros en el Consejo.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la comunicación de la Comisión contiene las palabras «situación del trabajo relativo al examen de una propuesta de directiva marco sobre los servicios de interés general», una frase que a mí me parece una provocación. No necesitamos que se estudie la necesidad de una directiva marco; más bien, lo que necesitamos es que la Comisión presente una directiva marco de conformidad con la petición realizada hace ya tiempo por el Parlamento en ese sentido. Si lo que desean es examinar la propuesta, deberían leerse el informe Langen, en cuyas treinta y cinco páginas encontrarán una explicación detallada de por qué necesitamos una directiva marco de este tipo. Por consiguiente, pedimos que se agilice el proceso y que se pongan en práctica las resoluciones del Parlamento.
Señora Comisaria, existe una cosa que se llama el proceso de Lisboa y que dice claramente que la cohesión social es el objetivo de la Unión Europea. En mi opinión, los servicios de interés general contribuyen a esta cohesión social. Una gran parte de los servicios de interés general se presta voluntariamente y no corresponde a una actividad profesional principal. Contribuyen a elevar el grado de humanitarismo y, en general, se encuentran a mitad de camino entre el sector público y el privado. El apoyo que reciben del Estado no se considera una ayuda estatal, y son privados, aunque no estén totalmente sujetos a las leyes de la competencia. Precisamente por esta razón necesitamos un marco jurídico que proporcione seguridad jurídica.
A tan solo unos días de la Navidad, me gustaría manifestar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que trabajan, ya sea profesional o voluntariamente, en aras del bien común. Sin ellos, nuestra sociedad sería un lugar más inhóspito y el modelo social europeo no sería factible.

Désir (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, es cierto que en Barcelona se habló de una directiva marco, pero en Sevilla ya no se incluyó en la agenda. Ahora se habla de un Libro Verde, pese a que ha habido ya - en el año 2000 - una comunicación de la Comisión sobre servicios de interés general, un informe de la Comisión para el Consejo de Laeken y, de hecho, numerosos documentos y posiciones adoptadas por las instituciones, en particular el Parlamento Europeo.
Si seguimos a este ritmo, para cuando se apruebe la directiva marco, se habrán aprobado ya todas las directivas sectoriales sobre energía, servicios postales y transporte, se habrán establecido todos los calendarios de liberalizaciones y no quedará ya mucho que necesite un marco. Es cierto que la Comisión se ha quedado muy rezagada, y no podemos evitar preguntarnos lo que eso significa. En lo que se refiere a la liberalización, legislamos y fijamos fechas sin siquiera programar unas revisiones intermedias adecuadas. Cuando se trata de los servicios públicos, organizamos debates sobre documentos de debate.
Como muchas de sus Señorías, yo, por mi parte, creo que es necesario que se establezca un marco jurídico preciso para proteger y facilitar la prestación de los servicios públicos en Europa como un elemento fundamental de la ciudadanía. Ahora bien, los servicios públicos no pueden estar sujetos principalmente a las reglas del mercado interior, porque sus objetivos son objetivos a largo plazo, no de rentabilidad inmediata, ya busquen la cohesión social y territorial, un trato igualitario o, como ocurre a veces, incluso la igualdad de precios. Por tanto, no son objetivos que permitan una recuperación inmediata de las inversiones y, por consiguiente, no pueden regirse por criterios puramente comerciales, incluyendo desde el punto de vista de la contabilidad y la financiación.
Creo que, en el ámbito de los servicios públicos, debemos seguir financiando lo que no es rentable con lo que sí lo es, y por ello es necesario equilibrar los precios. Puesto que va a haber un Libro Verde, sería positivo que, con la participación de los interlocutores sociales, los usuarios y los representantes de las administraciones locales, se evaluaran las repercusiones a largo plazo de la liberalización de algunos sectores en lo que se refiere a la calidad y la seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector ferroviario británico, el empleo y la cohesión territorial. Estoy pensando en los servicios postales y en el riesgo de que se formen oligopolios, y otro ejemplo son las telecomunicaciones.
Para concluir, creo que tenemos que dar a los Estados miembros la posibilidad de poseer derechos exclusivos de explotación en algunas áreas geográficas y de tener sectores reservados que no estén sujetos a la competencia, porque las expectativas de los ciudadanos de la Unión son muy elevadas cuando se trata de servicios públicos.

Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, los representantes de Lutte ouvrière se oponen al término servicio de interés general utilizado en lugar de servicio público, porque eso significa abandonar los servicios públicos y dejar servicios que son útiles para los ciudadanos a merced de las fuerzas del mercado.
Ustedes mismos se ven, en ocasiones, obligados a conceder fondos de compensación, también conocidos como ayudas estatales, porque saben que las fuerzas del mercado son estúpidas y poco igualitarias y que sólo responden ante el dinero. Saben perfectamente que la búsqueda de beneficios en el transporte público tiene consecuencias catastróficas.
Cuando los servicios públicos se dejan en manos de los intereses privados, se impide o se restringe el acceso de los grupos más desfavorecidos a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios postales y a un transporte adecuado.
Por eso, nos oponemos a la comunicación tanto en su forma como en su contenido, y pedimos que los servicios públicos sean protegidos y, en su caso, restablecidos en todos los sectores donde son útiles para la mayoría de los ciudadanos. Rechazamos la privatización de los servicios públicos y la implantación del concepto de beneficio o rentabilidad.

Radwan (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, todos nosotros - o la gran mayoría de los que formamos esta Cámara - vemos bajo un prisma muy favorable el mercado único interior y la competencia. No obstante, son muchas las personas que se ven afectadas por esta cuestión de interés general, y tenemos que reconocer que se está produciendo una creciente comercialización de lo que se entiende por servicios de interés general. En muchos casos, esta comercialización está justificada, pero tenemos que reflexionar también sobre la conveniencia de seguir o no por este camino.
Se ha hablado ya mucho sobre el Libro Verde y la Convención, y también sobre la cuestión de si hemos tardado demasiado en actuar. Hay una cosa que podemos decir con seguridad, y es que el Parlamento cree que hay que poner punto y final al diálogo entre la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo. Al Parlamento se le está ignorando hasta unos límites que, en este ámbito en particular, difícilmente pueden sobrepasarse; de ahí el llamamiento urgente a la Comisión para que realice algún avance en lo que se refiere a establecer criterios específicos al respecto.
Hay dos cuestiones que para mí tienen una gran importancia, y que me gustaría que se resolvieran, de una vez por todas. Una característica del debate sobre los servicios de interés general es que la Comisión está dispuesta a participar sólo cuando se hable de actividad económica. Estoy seguro de que eso es perfectamente comprensible en principio, pero siempre se termina debatiendo sobre cuestiones de detalle. ¿Es un servicio de ambulancias una actividad económica? ¿Sí o no? No necesitamos decisiones para casos concretos, pero sí necesitamos que la Comisión establezca, de una vez por todas, los criterios que aplicará cuando tome decisiones en el futuro. Es inadmisible que anuncie sus decisiones - como las relativas a las cajas de ahorro - con tan poca antelación y que siempre remita los textos justo antes, sólo para fines informativos.
Mi segundo comentario se refiere a la subsidiaridad, que en efecto ocupa un lugar privilegiado en las deliberaciones de la Convención. Aquí es donde ha sido crucial el retraso de la Comisión en llevar a cabo la presentación ante la Convención, pero las regiones y los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de decidir por sí mismos sobre estas cuestiones en el ámbito local. Lo que no puede permitirse es que la Comisión imponga sus criterios de manera encubierta.
La subsidiaridad consiste en la posibilidad de tomar decisiones propias en el ámbito local; así, quizás las cosas son distintas en Baviera, de donde yo soy, en, supongamos, Luxemburgo, de donde es la Sra. Comisaria, y en España, Portugal, Grecia y, quizás en el futuro, Lituania. Por eso, no pueden imponerse definiciones de manera encubierta. No obstante, al fin y al cabo, tengo que decir que lo que nosotros y los ciudadanos necesitamos es seguridad jurídica, y que ésta no se fomenta con las declaraciones que a veces realiza uno de sus colegas Comisarios, que ha llegado incluso a proponer la desregulación del agua. Por el momento, esto no está en la agenda, y tendrá que abordarse sector por sector; por esta razón, la Comisión tiene que empezar a actuar en este ámbito.

Rapkay (PSE).
Señor Presidente, espero que la Sra. Comisaria no se tome a mal lo que le voy a decir - no es nada personal - pero su declaración de hoy en nombre de la Comisión ha sido vacua, tan vacua toda ella como los documentos que nos ha remitido - y recalco el nos, porque me refiero al Parlamento - en las últimas semanas. En breve comentaré la existencia de otros documentos sobre los que merece la pena hablar y debatir, pero primero me voy a referir a los documentos y a la declaración con que nos ha obsequiado.
Usted ha empezado diciendo en su introducción que estamos celebrando un debate muy abierto. Al menos, así me llegó una vez traducido al alemán. ¿Qué entiende usted por «abierto»? ¿Abierto en cuanto al posible resultado o abierto en la manera de conducirse el debate? Ambas interpretaciones me intranquilizan. ¿Un resultado abierto? Hemos ido ya demasiado lejos para eso. Ahora usted presenta un Libro Verde, que a mí no me parece más que una forma de crear una cortina de humo, cuando hay otras decisiones que necesitan tomarse urgentemente. Ésta es, no obstante, otra forma de evitar tomar medidas mientras, al mismo tiempo, siguen adelante los preparativos prácticos en otros ámbitos. El debate tampoco se está desarrollando de manera abierta, puesto que, como le he dicho hace un momento, nos acaban de entregar su declaración en nombre de la Comisión, junto con varios documentos de cuatro o cinco páginas cada uno, y no es que el número de páginas tenga mucha importancia. Pero mientras a nosotros nos entregan estos documentos, otros reciben lo que se conoce como documentos oficiosos, documentos importantes que realmente merece la pena debatir y en los que podríamos descubrir que existe seguridad jurídica en aspectos concretos. Tomemos el llamado documento oficioso del 12 de noviembre, con sus números en los márgenes: los 102 en total. Ustedes debaten estas cosas con los demás, pero no con nosotros. Quiero tan solo mencionar una cuestión y saber lo que la Comisión piensa realmente de ella. El punto 100 dice lo siguiente: «Una misma empresa puede prestar más de un servicio al público, obteniendo beneficios con algunos de ellos y registrando pérdidas con otros. Aunque la empresa no preste servicios públicos, se permite la subvención cruzada entre sus servicios». Eso significa que, si obtuviéramos una respuesta, resolveríamos una importante cuestión financiera que ayudaría a lograr la seguridad jurídica. Lo que necesitamos ahora es una respuesta y no este o aquel Libro Verde, que sólo sirven para retrasar el proceso de debate por los siglos de los siglos.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque se ha reconocido la importancia de los servicios de interés general, el hecho de obligarles a cumplir las reglas de la competencia devalúa su función social como servicios públicos de vital importancia para el conjunto de la población. Éste es el principal problema al que nos enfrentamos hoy, causado por las sucesivas decisiones de la Comisión y el Consejo, sobre todo las de las Cumbres de Lisboa y Barcelona, que han acelerado la liberalización y la desregulación de algunos sectores, como los de las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y el transporte, por citar sólo algunos de ellos.
Estamos empezando ya a ver las consecuencias de tales decisiones, no sólo en los despidos y en la mayor precariedad del empleo en algunos de estos sectores, sino también, en algunos casos, en el hecho de que las tarifas y los precios de los servicios han subido, a la vez que ha disminuido la calidad. Estos cambios se han encontrado con la firme oposición de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, como ha demostrado recientemente la huelga general convocada en Portugal.
Debemos, por tanto, reconocer la importancia de contar con unos servicios públicos de calidad para garantizar el derecho de acceso de todos los ciudadanos a éstos, lo cual exige también que adoptemos una postura firme en las negociaciones con la OMC en contra de la liberalización de los servicios públicos.
Así pues, señora Comisaria, ¿qué compromisos pueden asumir ustedes con respecto a la OMC?

Poignant (PSE).
Al ser el último orador, señora Comisaria, puedo repetir las palabras de las personas que ya han intervenido o bien mostrar mi discrepancia. Voy a tratar de hacer uno o dos comentarios más. En mi opinión, si la Constitución europea no incluye un capítulo o un buen artículo sobre los servicios públicos, sus redactores correrán el riesgo de hacerle el juego a aquellos que la quieren rechazar. Que tengan cuidado, porque la ratificación se llevará a cabo por medio de un referéndum. Mi segundo comentario es el siguiente: si el concepto de servicio público no está presente, nuestros ciudadanos dejarán de creer en un modelo social europeo y lo verán carente de sentido. Por eso, tiene que incorporarse este concepto.
Por último, señora Comisaria, desconfíe de las ideologías. Sólo porque el sistema comunista del intervencionismo estatal no funcionara en el siglo XX, eso no significa que el sistema capitalista tenga que ser necesariamente bueno. No caigamos en la trampa de saltar de la ideología del Estado intervencionista a la ideología de la ley de mercado. El dios de la competencia no necesita un monumento.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Informe (A5-0445/2002) del Sr. Joan Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del instrumento de flexibilidad, de conformidad con el punto 24 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999(COM(2002) 399 - C5-0599/2002 - 2002/0157(ACI))
(El Parlamento aprueba el texto)

Proyectos de enmienda al proyecto de presupuesto general 2003, modificado por el Consejo 
Antes de la votación:

Färm (PSE)
Seño Presidente, quisiera anunciar algunos cambios técnicos antes de la votación. A principios de esta semana les di las muy merecidas gracias a la Comisión y a la Sra. Schreyer, a mi colega ponente; a mis colegas de la Comisión de Presupuestos y a nuestro querido Presidente, el Sr. Wynn, entre otros. Sin embargo, al no haber estado presente el Ministro de Economía danés en esa ocasión, permítanme que reitere mi más sincero agradecimiento por lo constructiva y eficiente que ha sido la Presidencia danesa y, en particular, por la labor del Ministro de Economía, el Sr. Pedersen. Ha conseguido unir a todos los Estados miembros y encontrar con nosotros soluciones a problemas muy difíciles. Ha allanado el camino para las soluciones ampliamente consensuadas que constituyen la base de la votación de hoy, que esperamos que transcurra con rapidez y sin complicaciones. Se lo agradezco mucho a la Presidencia danesa.

Quiero también agradecer la labor sumamente eficiente y competente de la secretaría de la Comisión de Presupuestos, que ha llevado a cabo una intensa labor bajo una enorme presión, sin abandonar por ello su ambiente agradable y cordial. Finalmente, quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a los servicios que organizan las sesiones, que han abordado asuntos complicados sobre listas de votación, etc., siempre de una manera muy correcta y eficiente.
(Aplausos)
Paso ahora a las formalidades. Antes de iniciar la votación sobre las enmiendas al presupuesto, tengo que hacer una aclaración sobre ciertos ajustes técnicos, algunos de los cuales tienen que someterse a votación.
En primer lugar, un ajuste puramente técnico: La enmienda 1 a las partidas presupuestarias B1-406 y B1-4081 - Mejora del procesamiento y la comercialización de los productos agrícolas, se ha retirado, porque está contenida en las notas rectificativas nº 3/2003 al proyecto de presupuesto, que ya hemos votado.
Se necesita una votación para confirmar las anteriores correcciones. En primer lugar, en la enmienda 25 a la partida presupuestaria B2-5120 - Red de datos sobre contabilidad agraria (FADN) - las cifras deben modificarse del modo siguiente: adición de 1 391 000 euros en compromisos y de 1 383 000 euros en pagos, obteniéndose unas cifras definitivas de 11 337 000 euros en compromisos y 11 329 000 euros en pagos.
En segundo lugar, la enmienda 238 a la partida presupuestaria B2-517 sobre recursos fitogenéticos y zoogenéticos. Esta enmienda debe retirarse porque también está contenida en las notas rectificativas nº 3/2003.
En tercer lugar, la enmienda 246 a la partida presupuestaria B3-3062 para el programa Prince. Las siguientes cinco palabras deben suprimirse del comentario: '... «... de los sectores públicos nacionales».
Por último, en la enmienda 168 de la partida presupuestaria A-200 - Renta y renta por derecho de superficie, las cifras deben modificarse del modo siguiente: se añaden 3 409 073 euros, obteniendo un cifra final de 132 590 904 euros.
Propongo que votemos estas correcciones en bloque antes de iniciar la votación sobre las enmiendas.

Howitt (PSE).
Señor Presidente, todos los diputados de esta Cámara tienen derecho a plantear cuestiones relacionadas con la observancia del Reglamento, no sólo algunos de ellos. Si va usted a rechazar una comprobación electrónica de la tercera parte de la enmienda 139, que fue debidamente solicitada inmediatamente después de anunciar la votación, le agradecería que nos explicara a la Cámara el motivo que le lleva a rechazar esa comprobación. A menos que esta Cámara acepte su explicación, que yo no acepto, le pido que efectúe esa comprobación.

El Presidente.
Desde mi sitio saltaba a la vista que había la misma mayoría. En segundo lugar, ya se ha anunciado el resultado. Una vez que se anuncia un resultado, no volvemos sobre él.

Wynn (PSE).
Señor Presidente, el Sr. Färm, el ponente, ha dicho lo mismo que iba a decir yo. Simplemente quiero agradecer a la Presidencia, pero también a los servicios que organizan las sesiones, todo el trabajo que realizan para conseguir que este proceso funcione correctamente.
El Presidente.
Voy a interrumpir brevemente la votación para invitar al presidente de la comisión, a los ponentes, al Consejo y a la Comisión a que se unan a mí para la firma del presupuesto. Hemos votado un presupuesto con unos compromisos de casi 100 000 millones de euros. Y lo hemos hecho en un tiempo récord. Quiero expresar también mi agradecimiento a todos los que han participado - colegas políticos y la administración - por la extraordinaria labor, la eficiencia y la rapidez con la que se ha aprobado el presupuesto.

Wynn (PSE).
Señor Presidente, todavía tiene que preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si el Consejo aprueba este presupuesto.

El Presidente.
Sigo con mucho gusto su consejo.

Pedersen
Señor Presidente, el Parlamento ha emprendido ahora la segunda lectura del presupuesto para 2003, y observo que el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en la reunión de asesores del 25 de noviembre de este año se ha ratificado en el presupuesto para 2003.
No obstante, existen todavía algunas diferencias de opinión relativas a la clasificación del gasto en el presupuesto, con respecto a la cual el Consejo se reserva sus derechos. El Consejo puede, aun así, aceptar el presupuesto tal y como salga de la segunda lectura del Parlamento.
Ahora que ha concluido la Presidencia danesa, me gustaría decir que siempre he sentido un gran respeto por el Parlamento Europeo, y puedo asegurarles que ese respeto no ha disminuido como resultado de la positiva colaboración que he tenido la fortuna de mantener con él durante los últimos seis meses.
Me gustaría también expresar mi especial agradecimiento al presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wynn, y a los ponentes para el presupuesto, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck. Desde nuestro primer contacto como parte de este procedimiento presupuestario, que tuvo lugar en una reunión celebrada en Copenhague, me he encontrado con personas muy competentes y deseosas de aceptar sus respectivas responsabilidades y encontrar entre todos soluciones que yo creo que justifican mis felicitaciones al Parlamento por el presupuesto que se acaba de aprobar.
Me gustaría agradecerles su constructiva colaboración y su atención.
Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, ante la trágica naturaleza de la catástrofe ocurrida frente a las costas de Galicia y de otros Estados miembros que también se han visto afectados por el vertido de petróleo, esta Cámara quiere expresar su más sincera solidaridad y apoyo a nuestros colegas en Galicia. Por consiguiente, insto a la Cámara a que apruebe la transferencia de 30 millones de euros. Esos fondos se habrían destinado, si no, a indemnizar a los que perdieron su medio de vida cuando no conseguimos renegociar el Acuerdo con Marruecos. Puesto que esos fondos ya no son necesarios para indemnizaciones, se destinarán a ayudar a las víctimas de la catástrofe del Prestige. Insto a la Cámara a que apoye esta medida y demuestre su solidaridad con los pescadores y las familias de Galicia que están atravesando unos momentos tan difíciles.
Wynn (PSE).
- (EN) Señor Presidente, en circunstancias normales, este procedimiento, tal como lo propone la Comisión, sería totalmente inaceptable. El accidente del Prestige ocurrió el 19 de noviembre. Seis días después, la delegación del Parlamento acudió a una reunión de conciliación en la que acordamos la movilización del instrumento de flexibilidad para los restantes 27 millones de euros destinados a la reestructuración de las flotas española y portuguesa. Todo esto podría haberse hecho de una manera diferente y en un marco temporal distinto.
La propuesta, tal como se plantea, viola una serie de principios. En primer lugar, viola un procedimiento que es transparente. En segundo lugar, viola los principios de la especificidad del presupuesto establecidos por el reglamento financiero. Viola la decisión tomada el año pasado de movilizar el instrumento de flexibilidad para la reestructuración de las flotas española y portuguesa, y viola también el principio de una buena administración al no dejar margen alguno en el título 2, lo que implica la necesidad de abandonar y restablecer compromisos para disponer de los fondos necesarios.
Una vez dejado claro todo eso, consideremos el enfoque político y pragmático. Nosotros, en la Comisión de Presupuestos, somos gente política y pragmática, ¡no pensamos sólo en los presupuestos como la gente cree que hacemos!
(Reacciones diversas)
Como me dijo el Sr. Gerhard Schmid hace un rato, no todo el mundo cree en Dios, ¡pero todos creen en la Comisión de Presupuestos!

La propuesta de la Comisión nos da, cuanto menos, la oportunidad de utilizar el presupuesto de este año - el presupuesto de 2002 - lo que sería una solución mejor para el contribuyente, para asegurarnos de que se utilizan fondos de este año, en lugar de utilizar recursos propios suplementarios del año que viene. Aunque condenamos el procedimiento y hemos dejado muy claro que este calendario de la Comisión no debe, bajo ningún concepto, sentar precedentes, recomiendo, en nombre del coordinador de la Comisión de Presupuestos que se apruebe la urgencia.
(Aplausos)

El Presidente.
Señor Wynn, creo que los aplausos indican que la Cámara aprecia profundamente su extraordinario arrebato de pragmatismo en esta ocasión. 

(El Parlamento aprueba la propuesta de reglamento)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0419/2002), de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004 (9605/2/2002 - C5-0498/2002 - 2001/0244(COD)) (Ponente: Doris Pack)
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Informe (A5-0381/2002) de Graham R. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre la readmisión de residentes ilegales (SEC(2002) 412 - C5-0263/2002 - 2002/0092(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Propuesta de resolución común

Schnellhardt (PPE-DE).
Señor Presidente, mis botones de voto no funcionan bien. Quería votar en contra.

El Presidente.
Tomamos nota de su intención, pero el resultado se mantiene.
(El Parlamento aprueba la resolución común)

El Presidente. Con esto concluye la votación.
Me gustaría hacer un comentario sobre la observancia del Reglamento antes de que se vayan Sus Señorías. Señor Howitt, espero que no piense que le he tratado con dureza en esta época de buena voluntad. 
Les deseo a todos unas Navidades muy felices. Espero que puedan disfrutar del esparcimiento y el descanso que todos nos merecemos. Espero que reanudemos con empuje y energía el Nuevo Año.
¡Feliz Navidad!
EXPLICACIONES DE VOTO
Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Hemos votado a favor de este informe, ya que garantizará la concesión de 27 millones de euros para la reconversión de las flotas pesqueras española y portuguesa que faenaban en aguas marroquíes. Nos gustaría subrayar también que la propuesta que lleva mi nombre, como ponente para el presupuesto de 2003 en la Comisión de Pesca, ha sido aprobada, al menos en parte. Dicha propuesta tiene como objetivo garantizar el uso del instrumento de flexibilidad. Debemos asegurarnos de que se cumpla el compromiso contraído el año pasado por las autoridades presupuestarias de incluir 27 millones de euros en el presupuesto de 2003.
No obstante, no puedo dejar de lamentar el grave precedente que se ha creado con la transferencia anticipada de fondos estructurales que no se han utilizado en 2002 - casi 15 millones de euros en total - lo que afecta a su futura reprogramación y redistribución, puesto que sabemos que se trata de un ámbito muy delicado para todos los Estados miembros.

Montfort (NI)
El proyecto de presupuesto para 2003 es un buen proyecto. Por primera vez, el Parlamento Europeo está logrando realizar un trabajo verdaderamente riguroso, que tiene en cuenta la situación económica y las limitaciones de los Estados miembros, y está llevando las finanzas europeas con una austeridad que es digna de alabar.
Sin embargo, el presupuesto contiene una serie de medidas con las que discrepamos, y la más inadmisible de todas ellas es la ayuda para la reproducción, destinada a personas y centros de salud, para la que se propone un incremento del 200%, aumento que fue rechazado por el Consejo.
De hecho, si ponemos esta partida presupuestaria al lado de los objetivos del informe Sandbaek, que aquélla financia, observamos que no existe ninguna garantía de que la práctica y el fomento del aborto queden excluidos de esta financiación. El Parlamento no permite estas prácticas, y recordó «solemnemente», al someter a votación el informe sobre ciencias de la vida y biotecnología, «el respeto debido a la vida y a la dignidad de todo ser humano, sea cual fuere su estado de desarrollo y de salud».
Ante esta duda, y en ausencia de aclaraciones por parte del Comisario Nielson, no podemos votar a favor de esta partida presupuestaria.

Meijer (GUE/NGL)
El procedimiento presupuestario de la UE se está convirtiendo en un ritual que se repite todos los años. El Parlamento quiere gastar más dinero del que propone la Comisión Europea, pero el Consejo protege los bolsillos de los Estados miembros abogando por un menor gasto. El resultado es una disparidad cada vez mayor entre el tope de gasto acordado en 1998 y el gasto real. Como representante del Partido Socialista en los Países Bajos, me enfrento a dos elecciones cada vez. Mi partido defiende que se aumente o se incremente el gasto gubernamental dirigido a mejorar los servicios públicos, a proteger el medio ambiente y a demostrar más solidaridad con los pueblos de las regiones más pobres del mundo. Ni qué decir tiene que para ello se necesita una presión fiscal mayor que la que desean los políticos neoliberales que nos gobiernan. Estos impuestos deben proceder de las personas que tengan rentas más elevadas y de las empresas. Ahora bien, aceptar un mayor gasto y más impuestos no significa que queramos gastar mucho más dinero en una UE innecesariamente centralizada. Nosotros pensamos que una parte del gasto de la UE es un despilfarro que sólo sirve para sostener la burocracia y la megalomanía. Hasta los fondos estructurales y la política agrícola común, que podrían beneficiar a las regiones más pobres y a los pequeños agricultores, se destinan en ocasiones a fines equivocados. Los únicos puntos en los que puedo apoyar el aumento de presupuesto propuesto por el Grupo GUE/NGL son los relacionados con los fondos sociales, el fondo de paz para Irlanda del Norte y los fondos de cohesión.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Apoyamos la idea de proclamar en 2004 el Año Europeo de la Educación a través del Deporte, porque corresponde a una necesidad de valorar los aspectos más positivos del deporte en la sociedad y especialmente su contribución al proceso educativo. Recordamos que una contribución que debe incluirse es la Eurocopa de 2004, que se celebrará en Portugal.
Debe existir un vínculo más estrecho entre los sistemas educativos y los deportivos; en otras palabras, entre los centros escolares y deportivos, las asociaciones, las organizaciones y también las administraciones locales. Ésta es la mejor forma de promover entre las bases el componente organizativo del deporte para todos, lo que también exige más comunicación y transparencia para explicar las medidas y preparar los proyectos que recibirán financiación.
No obstante, los créditos que se han destinado a este fin son limitados y no se corresponden con las necesidades expresadas, y eso es algo que lamentamos. Vamos a votar a favor del informe porque también esperamos que este aspecto reciba mayor consideración en el futuro.

Marques (PPE-DE)
- (PT) Quisiera felicitar a la Sra. Pack por su excelente informe, que apoyo plenamente. Mediante la aprobación de la posición común del Consejo, trata de cerrar una cuestión que yo creo que tiene una gran importancia: la proclamación en 2004 del Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
Todos reconocen que el deporte es un gran fenómeno social en Europa y que constituye una herramienta educativa fundamental. Al igual que la ponente, creo que hay que hacer hincapié en la importancia del efecto que pueden tener los ideales olímpicos en la educación. El deporte contribuye, en particular, a mejorar las habilidades sociales de los jóvenes, como el espíritu de equipo, la solidaridad y el juego limpio.
Por tanto, aplaudo la decisión de celebrar el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004, que hará una contribución positiva para invertir lo que hasta la fecha era una práctica habitual, es decir, una acción comunitaria en el ámbito deportivo restringida a programas piloto y medidas preparatorias.
Estoy de acuerdo también con la ponente en la necesidad de adoptar la posición común del Consejo en su versión actual, puesto que incorpora la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo.

Queiró (UEN)
- (PT) La Comisión ha propuesto proclamar en 2004 «el Año Europeo de la Educación a través del Deporte». Debe recordarse que ese mismo año se celebrará la Eurocopa de fútbol en Portugal y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Atenas.
El enfoque de la Sra. Pack, al igual que el de la Comisión, tiene como objetivo permitir un mejor aprovechamiento de los valores educativos del deporte para mejorar los programas escolares y, sobre todo, la educación paralela, por medio de una mayor colaboración entre los organismos educativos y deportivos.
Desde el punto de vista de los objetivos, desde el punto de vista de las actividades descritas que contribuirán a cumplir estos objetivos y desde el punto de vista del presupuesto que se ha propuesto, que debe centrarse en apoyar iniciativas prácticas que estrechen los lazos entre el deporte y la educación, esta iniciativa merece todo nuestro apoyo, razón por la cual hemos votado a favor de ella.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He apoyado este informe y estoy plenamente de acuerdo con la recomendación realizada por la Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte de modificar la propuesta de la Comisión para, en primer lugar, eliminar las partidas presupuestarias para encuestas y estudios y, en segundo lugar, añadir esta suma de dinero - que en total ronda los 420 000 euros - a los recursos disponibles para las medidas locales, nacionales y transnacionales y para las iniciativas de los organismos deportivos y educativos cuya tarea consista en divulgar información sobre este Año. Como saben todos ustedes, siempre he apoyado estas iniciativas desde que 2004 fue designado «Año Europeo de la Educación a través del Deporte», y así lo dejé claro en los primeros debates que, sobre la cuestión, se celebraron en esta Cámara. Quiero reiterar que se trata de un importante impulso orientado a una mejor utilización de los valores educativos del deporte para mejorar los programas escolares y, sobre todo, la educación paralela, por medio de una mayor colaboración entre los organismos educativos y deportivos. Además, creo que, en este contexto, vale la pena hacer hincapié en los vínculos existentes entre el deporte y la educación y aumentar así la notoriedad del «Año Europeo de la Educación a través del Deporte», celebrando y financiando, por ejemplo, competiciones de atletismo a nivel escolar en todos los países participantes. El deporte escolar debe ser, en efecto, una prioridad de la política deportiva, pero al mismo tiempo, ha de ocupar un lugar de privilegio en los centros escolares y en la política educativa.

Berthu (NI)
- (FR) He votado en contra del informe Watson, que ratifica el acuerdo firmado entre la Comunidad Europea y Hong Kong sobre la readmisión de residentes ilegales, porque viene acompañado de una disposición paralela muy peligrosa: la exención del requisito de visado para los ciudadanos de Hong Kong.
La Comisión ha tratado de darme explicaciones durante el debate, pero no son convincentes.
En primer lugar, afirma que las dos decisiones no están relacionadas entre sí porque no son concomitantes. Es cierto que les separa un año, pero en términos de razonamiento, existe una estrecha relación entre ambas. Además, se presentan como tales al inicio de la exposición de motivos del acuerdo.
En segundo lugar, declara que el número de inmigrantes ilegales procedentes de Hong Kong es muy pequeño. Aunque eso fuera cierto (y yo creo que no lo es), esta decisión de eximir a los ciudadanos de Hong Kong seguiría siendo irresponsable, dada la situación particular de Hong Kong, que en la actualidad es una Región Administrativa Especial de China.
Para colmo, hemos sabido que se dio la aprobación final a principios de diciembre en una reunión del Consejo de Agricultura.
Ahí es adonde nos encaminamos si seguimos cediendo nuestras competencias nacionales de negociación y ratificación en favor de un sistema que está muy alejado de los ciudadanos y sobre el que no tenemos ningún control.

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
Este acuerdo llega después de otros acuerdos igual de escandalosos que ha firmado la Comunidad Europea con varios países pobres de todo el mundo y que siguen la línea de las políticas represivas adoptadas por los Gobiernos y las administraciones de la Unión Europea en contra de aquellos que tratan de escapar de la pobreza y la opresión con la esperanza de encontrar aquí un trabajo y un futuro.
Lo único que pueden esperar ellos de este acuerdo es que los interroguen, los encarcelen y finalmente los expulsen. Ése será el destino, al menos, de los que no hayan perecido en sus esfuerzos por superar los nuevos obstáculos que interponen en su camino nuestros dirigentes, que desearían convertir a Europa en una fortaleza rodeada de una alambrada de espino.
Este acuerdo, que es particularmente duro con los pobres, a los que considera indeseables, pero que reduce las formalidades exigidas a los empresarios, revela el verdadero rostro - por si hacía falta - que se esconde tras la máscara hipócrita de los discursos oficiales sobre derechos humanos, que esta Unión Europea pretende defender en Hong Kong y en otros lugares.

Meijer (GUE/NGL)
Puesto que Hong Kong fue, en su día, arrebatado a China y posteriormente arrendado, China tenía derecho a su devolución. No obstante, esto está causando problemas a muchas de las personas que ahora residen allí. Disfrutan de un nivel de vida más alto que sus vecinos e imponen mayores demandas a su Gobierno. Quieren hacer una contribución crítica a la política gubernamental, cuando en el fondo, han pasado simplemente de un poder colonial a otro. La idea de «un país, dos sistemas» puede garantizar la presencia del capitalismo, pero no garantiza la instauración y el desarrollo de la democracia. Cabe esperar, por tanto, que muchos ciudadanos se sientan inseguros y quieran abandonar Hong Kong. Posiblemente deseen trasladarse a Europa, a los Estados Unidos o a Japón, donde tendrán más posibilidades de encontrar el tipo de sociedad a la que están acostumbrados. Por otra parte, el Gobierno chino quiere que Hong Kong se parezca más al resto del país. Puede que se le permita convertirse en un lujoso escaparate, pero no se autorizarán los movimientos que están prohibidos en China ni las elecciones democráticas normales mediante las cuales un partido de la oposición pueda hacerse con el poder. Por eso, dudo que un acuerdo sobre la readmisión de refugiados pueda servir realmente para algo. La intención de que este acuerdo se convierta en un modelo para otros Estados donde personas críticas se sienten inseguras es todavía más controvertida. Por eso, voy a votar en contra del informe.

Oostlander (PPE-DE).
Al haberse rechazado la enmienda sobre la asociación especial con Turquía, no tengo ahora que explicarla pormenorizadamente. Para algunos miembros de mi Grupo, éste ha sido un paso pragmático; para otros, ha significado un paso más hacia la adhesión de Turquía, algo con respecto a lo que seguimos siendo bastante pesimistas. Pero como el texto ha sido rechazado, no tiene sentido seguir hablando del asunto.

Dehousse (PSE).
Señor Presidente, al igual que otros diputados, me he abstenido por varias razones. En primer lugar, por los motivos que ha explicado el Sr. Goebbels en varias ocasiones, relativos a la insuficiencia de los fondos asignados a la ampliación de la Unión. Y en segundo lugar, porque seguimos convencidos de que una niebla muy densa continúa cubriendo los márgenes presupuestarios de una Unión ampliada y observamos que esa misma niebla se está ahora extendiendo sobre el calendario de operaciones jurídicas, que es crucial para llevar a buen puerto la ampliación. Por último, quisiera pedirle, señor Presidente, especialmente cuando participe en las cumbres, que se esfuerce por defender las prerrogativas de nuestro Parlamento y las peticiones que hacemos.

Berthu (NI)
- (FR) Hemos votado en contra de la resolución sobre las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague porque aprovecha el hecho de que la mayor parte de los diputados aprueba claramente la entrada en la Unión de diez países candidatos del Este para colar algunos apartados en los que también se aprueba el proceso de adhesión de Turquía.
Estos apartados aplauden, en particular, el hecho de que se haya duplicado la ayuda económica a ese país, en el marco de una estrategia por la cual, en las conclusiones de Copenhague, ya no se habla de «preadhesión» sino de «adhesión». En realidad, el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea no puede aplicarse en este caso, ya que contempla el procedimiento de adhesión para Estados «europeos». No dice nada sobre otros países. Habría sido necesario iniciar primero una reflexión conjunta sobre los fines y los límites de la Unión Europea, que podría haber tenido lugar en el seno de la Convención.
Por último, la resolución celebra el «acuerdo global alcanzado con la OTAN», pero omite que la Unión Europea se ha comprometido también a incluir a Turquía en la política europea de seguridad y defensa lo antes posible.

Bordes y Cauquil (GUE/NGL)
- (FR) Ustedes se congratulan por las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague y, en particular, por el ingreso de diez nuevos miembros en la Unión Europea. Nosotros no.
Nosotros estamos a favor de la ampliación de la UE, pero mucho más allá de los diez países que acaban ustedes de aceptar. Ahora bien, la ampliación, tal y como la están acometiendo, no hace más que consolidar la hegemonía de los grandes capitales de Europa Occidental, en detrimento de los países más pobres y menos desarrollados. Ratifica y hasta prescribe ataques contra las clases trabajadoras de estos países, con el cierre de empresas, el aumento del desempleo y la eliminación de muchas pequeñas explotaciones agrarias de carácter familiar, convirtiendo así a los trabajadores rurales en buscadores de empleo.
Además, los habitantes de los nuevos países miembros se consideran ciudadanos de segunda clase que, durante un largo período de transición, no tendrán los mismos derechos que los demás miembros, en particular el derecho a residir y trabajar donde ellos deseen.
Hemos votado, por tanto, en contra de su autocomplacencia.

Ducarme (ELDR)
Considerado desde una perspectiva histórica, el éxito de la ampliación afecta al mismo corazón de la Unión Europea. Se trata de compartir un mismo conjunto de valores en el ámbito de la democracia liberal, el respeto a los derechos humanos, la protección social de los más débiles, la protección de las minorías, la economía de mercado y la coexistencia pacífica al amparo del Estado de Derecho. La ampliación nos está permitiendo reavivar la identidad geográfica, política y cultural de Europa.
La perspectiva de una Unión de 25 es ya una realidad. Esta ampliación, a una escala jamás vista, responde a la obligación histórica de reunificar nuestro continente. Nos obliga también a reconsiderar a fondo el proyecto europeo y el funcionamiento de una Europa ampliada.
Representa también una oportunidad. La ampliación de la Unión a más de 100 millones de nuevos ciudadanos, desde esta primera etapa formalizada en Copenhague, promoverá los intercambios y la actividad económica e infundirá nueva vida al desarrollo y a la integración de la economía europea en su conjunto. La adhesión de los nuevos Estados miembros aumentará el poder y la influencia de la Unión en la escena internacional.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Las conclusiones de la Cumbre de Copenhague demuestran que el Consejo Europeo ha optado por aplazar la resolución de problemas graves y, en su lugar, ha dado un paso radical hacia delante con la decisión de incorporar a la Unión a más de diez países, discriminando así no sólo a estos países, sino también a los Estados miembros actuales con las economías más débiles y los mayores problemas sociales, como Portugal. Ha discriminado también a Chipre, creando nuevas dudas sobre lo que terminará sucediendo allí.
No obstante, la referencia que se hace en las conclusiones de la Cumbre a la situación específica de la agricultura portuguesa es tan vaga, que no supone ningún tipo de garantía. Si no se tienen debidamente en cuenta los intereses de Portugal en las negociaciones todavía pendientes, después incluso de la decisión política sobre la adhesión, las consecuencias podrían ser muy negativas. Es inadmisible que no se considere una revisión profunda de la PAC y de las perspectivas financieras en la propuesta de resolución común, por ejemplo, que nosotros hemos rechazado. Existe un riesgo real de que se acentúen las desigualdades y las diferencias, alejándose con ello, cada vez más, el objetivo de la cohesión económica y social.
Rechazamos también el apoyo a unos vínculos más estrechos entre la UE y la OTAN, como parte del acuerdo global que se ha alcanzado.

Goebbels (PSE)
. (FR) Aunque me complace la unificación política de Europa decidida en principio en Copenhague, lamento el hecho de que se vaya a acometer con unos recursos financieros tan limitados. El Consejo Europeo ni siquiera ha agotado la dotación presupuestaria fijada en Berlín para el período 2003-2006. En aquel momento, se suponía que iba a financiar la adhesión de seis nuevos Estados. Con menos dinero, nos tenemos que encargar ahora de diez nuevos miembros. De los menos de 41 000 millones de euros previstos para tres años, casi 14 000 millones proceden, en realidad, de las contribuciones de los propios nuevos Estados, lo que reduce el esfuerzo «solidario» de los 15 a unos 27 000 millones de euros en tres años; eso significa una transferencia anual a los países candidatos inferior al 0,1% del PIB actual de la Comunidad. Ésta es una cantidad vergonzosamente pequeña, dados los problemas estructurales que padecen casi todos estos países. Durante los cinco años que duró el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos transfirieron a Europa el 1% de su PIB de entonces. La RFA lleva más de diez años transfiriendo entre el tres y el cuatro por ciento de su PIB a los nuevos Länder, lo que supone una suma total cercana a los 75 000 millones de euros al año.
Puesto que un crédito de compromiso no es igual que un pago, es de temer que algunos de los fondos asignados no lleguen a los países a los que se destinan. Como acaba de señalar el Tribunal de Cuentas, de los 520 millones de euros destinados en 2001 al programa Sapard, sólo un millón ha llegado realmente a los países candidatos.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Korakas (GUE/NGL)
 La decisión de la Cumbre de Copenhague de ampliar la UE constituye un evidente acto de expansionismo imperialista. Las v?ctimas de esta ampliaci?n, que acrecentar? las filas de los explotados, ser?n los trabajadores y los peque?os y medianos agricultores de la UE ampliada, especialmente los que residen en los nuevos Estados miembros, que se van a incorporar a la Uni?n en unas condiciones todav?a peores.
El principal propósito que se persigue con la transferencia de estos irrisorios recursos es consolidar el poder del capital y echar abajo los avances sociales que quedan de la era socialista.
El hecho de que estén prohibidos los partidos comunistas, la defensa de las ideas comunistas y el uso de símbolos comunistas, y de que estén encarcelados destacados miembros de los partidos comunistas y veteranos de los movimientos antifascistas en países que supuestamente cumplen los criterios democráticos está en consonancia con la sensibilidad pseudodemocrática de los dirigentes de la UE.
La imposición a la fuerza del plan Annan en Chipre - que básicamente aboga por la partición - es también inadmisible y pone fin a las resoluciones de las Naciones Unidas y a toda esperanza de hallar una solución justa y viable.
La cumbre no sólo ha ignorado provocativamente el problema de la guerra contra Iraq, y después contra otros países, sino que ha impulsado la militarización de la UE y ha dado su bendición a la nueva OTAN «antiterrorista». Se ha tomado una decisión final sobre las operaciones del ejército europeo en la Ex República Yugoslava de Macedonia, y se han previsto operaciones similares en Bosnia y Herzegovina.

MacCormick (Verts/ALE)
. (EN) La resolución de hoy sobre la Cumbre de Copenhague felicita al Gobierno de Dinamarca por su excelente labor en la Presidencia del Consejo, y por permitirnos celebrar hoy la mayor ampliación en la historia de la Unión. Con esta ampliación se incorporan diez nuevos Estados, la mayoría de ellos relativamente pequeños, seis de los cuales han proclamado recientemente su independencia por vía democrática.
Nosotros, en Escocia, escuchamos a menudo que, por ser un país pequeño, no tendríamos mucho peso en Europa si también nosotros lográramos la independencia en Europa al segregarnos democráticamente de un Estado mayor. Por otra parte, durante las actuales negociaciones pesqueras se nos ha advertido que no esperemos mucho, puesto que el Reino Unido carece de aliados sólidos en Europa.
Hay cinco millones de daneses y cinco millones de escoceses. Celebro el gran logro de una de las pequeñas naciones más antiguas de Europa. Espero que llegue el día en que mi propia nación, también antigua, pueda hacer lo mismo.
La idea de que los pequeños Estados no cuentan para nada mientras que los grandes se reparten el pastel ha quedado en evidencia por lo absurda que es. 
Mi voto ha estado motivado por estas ideas, así como por la gran satisfacción de ver cómo hemos conseguido sin percances esta Unión ampliada.

Meijer (GUE/NGL)
Da la impresión de que, para algunos Estados miembros, la ampliación de la UE se reduce a la oportunidad de comprar un mercado lo más grande posible para sus empresas nacionales al precio más bajo posible. El resultado será la redistribución de las contribuciones a los fondos estructurales que ya se han establecido entre un número de Estados miembros mayor del previsto inicialmente para 2006. Habrá muchos menos fondos disponibles para los agricultores de los nuevos Estados miembros que para los de los actuales. Las cosas podrían haber ido peor, pero gracias al compromiso propuesto por Dinamarca y a la tenacidad de Polonia, la Cumbre de Copenhague va a contribuir, de alguna manera, a tender un puente entre los ricos y los pobres. En particular, los esfuerzos calculados de los Países Bajos han fracasado. Eso probablemente no va a evitar que Europa Central siga siendo el pariente pobre de Occidente durante mucho tiempo. Si la mayoría de los ciudadanos votan a favor del ingreso en la UE (esperemos que libremente y no como resultado del bombardeo de propaganda), la ampliación tendrá lugar en 2004 y posiblemente incluirá a la mitad de la isla de Chipre. La UE debe asegurarse de no verse implicada en una guerra por esta isla ni sucumbir a la presión de permitir el rápido ingreso de Turquía sin que ésta haya tomado antes medidas para garantizar el respeto por la democracia y los derechos humanos.

Queiró (UEN)
- (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre el Consejo Europeo de Copenhague, pese a discrepar con algunos de sus apartados, porque el paso histórico en pos de la ampliación que se ha dado en el Consejo Europeo representa un firme compromiso con la paz, la democracia y el desarrollo de las naciones europeas, así como un homenaje plenamente justificado a los esfuerzos realizados por los países candidatos para cumplir los criterios políticos y económicos de Copenhague y aplicar el acervo comunitario.
No obstante, entre los aspectos con los que discrepo, debo mencionar mi descontento con la segunda parte del apartado 5 de la propuesta, que insiste en la necesidad de reformar la política agrícola común antes de 2006, sobre la base de las propuestas de la Comisión.
En efecto, esta propuesta es contraria a la decisión adoptada por los quince Estados miembros de no modificar la PAC hasta después de 2006 y demuestra su aprobación apriorística de decisiones fundamentales que todavía no se han sometido al necesario debate parlamentario.
Con respecto a Portugal, en particular, el debate tendrá que tener en cuenta, desde luego, las características específicas de la agricultura portuguesa, así como las rentas anormalmente bajas de los agricultores portugueses como consecuencia de nuestra adhesión a la Comunidad Europea en 1986, cuando los demás Estados miembros llevaban beneficiándose de ella desde 1962.

Sacrédeus (PPE-DE)
. (SV) He votado a favor de la resolución.
Nosotros, los demócrata-cristianos suecos, celebramos sinceramente el hecho de que la división de Europa vaya a quedar relegada a los libros de historia. Se ha puesto definitivamente fin a la Segunda Guerra Mundial. La UE ha dejado de ser sólo un vehículo de cooperación en Europa Occidental y está a punto de convertirse en una organización paneuropea.
No obstante, la UE se vería seriamente amenazada como proyecto de paz si, en el futuro, el Consejo diera a Turquía una fecha para iniciar las negociaciones de adhesión, mientras ese país mantiene su ocupación militar, iniciada en 1974, del 37% del territorio de la República de Chipre, es decir, de un futuro Estado miembro. Por ello, considero muy lamentable que la enmienda 13, que llama la atención sobre este hecho, no se haya aprobado.
La enmienda 10, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, daba pie para reconsiderar la estrategia de ayudas a Turquía, sobre la base de una asociación especial. Ha sido una pena que esta alternativa y complemento para los deseos de adhesión de Turquía se haya rechazado por 201 votos a favor, 238 votos en contra y 16 abstenciones.

Souchet (NI)
- (FR) La Cumbre de Copenhague pasará a la historia como la cumbre de la incoherencia. Cuando apenas se han puesto las bases de la reunificación de Europa, ha iniciado un proceso que cambiaría completamente su naturaleza, al ampliar, de manera injustificada, sus fronteras para incluir a un país asiático.
Haciendo caso omiso de la evidencia geográfica e histórica, Copenhague no sólo no ha rectificado el paso en falso dado en Helsinki, sino que ha agravado todavía más el error cometido en 1999 y ha puesto en marcha un mecanismo que terminará haciendo de Ankara el poder hegemónico de la Unión Europea.
En lugar de ofrecer a Turquía el papel que le corresponde en el marco de una estrecha asociación euromediterránea que respete las características específicas de cada país (es decir, adaptada a las realidades geopolíticas), el Consejo Europeo ha optado por la postura de no hacer distinciones entre países, sazonada con un cierto talante anticristiano.
Al día siguiente de la Cumbre de Copenhague, uno de los principales periódicos de París decía en sus titulares: «Bush abre la puerta de Europa a Turquía». El Consejo Europeo ha cedido, en efecto, a las presiones de los Estados Unidos, y la carta conjunta de la OTAN y la UE, hecha pública después de la cumbre, así lo atestigua. En ella se sugiere que Turquía debería, en lo sucesivo, participar de lleno en la política de seguridad exterior y de defensa de la Unión. Copenhague, por tanto, ha introducido todos los elementos necesarios para lograr que la Europa europea no llegue a ser una realidad.

Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Las conclusiones de la Cumbre de Copenhague nos han dejado a todos un sabor amargo. La Europa que están construyendo nuestros Jefes de Estado fluctúa entre la impotencia y el desdén. Primero impotencia, cuando vemos que la Unión Europea es incapaz de lograr una paz justa y duradera en Oriente Medio o siquiera de exigir la retirada de las tropas rusas de Chechenia o de las tropas francesas de Côte d'Ivoire. Impotencia también porque la UE se ha visto incapaz de evitar el previsible hundimiento del petrolero Prestige, que tenía 25 años de antigüedad y que navegaba bajo bandera de conveniencia frente a las costas de Galicia.
Observamos luego desdén cuando los eurócratas europeos se reúnen en la Convención para tomar decisiones que afectan a 450 millones de ciudadanos sobre textos constitucionales básicos sin que esos ciudadanos participen ni sean consultados. Se ha mostrado desdén por los diez nuevos países que tendrán que soportar más oleadas de liberalizaciones y privatizaciones. Desdén por los ciudadanos turcos que, según Giscard d'Estaing, no comparten los «valores cristianos de la civilización europea». Los discursos grandilocuentes de nuestros dirigentes sobre el carácter histórico de esta cumbre no han acallado a miles de personas que han llevado a las calles de Copenhague los valores de otra Europa, los valores de democracia, paz y justicia social. Con ellos, aquí y allí, he rechazado las conclusiones de esta cumbre.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, realmente quería hablar sobre el presupuesto en el sentido de que la reprogramación de fondos para atender a las necesidades del accidente del Prestige contaron con mi apoyo y agradezco, incluso, si se me permite, la unanimidad conseguida en este Parlamento. 
Debo recordar que el camino de la reprogramación no es el adecuado, y que el Consejo aún no ha aprobado el Fondo de compensación de los paquetes Erika, aún no lo ha aprobado el Consejo de ministros, el Consejo Europeo, y hay, realmente, una división entre las instituciones europeas que está perjudicando el combate contra el tráfico marítimo internacional de mercancías peligrosas en nuestras aguas.
Debo recordar también que el Consejo Europeo ha dado para el Prestige únicamente 5 millones de euros, una cantidad que yo ayer califiqué como miserable y así debe ser dicho, teniendo en cuenta que los Estados Unidos han aplicado una legislación específica en la All Pollutions Act y están reclamando y lo van a conseguir, 4 000 millones de euros a Exxon Mobil por el accidente del Exxon Valdés. 
Creo que estas cosas hay que recordarlas para que la Unión Europea, efectivamente, sea una unión política y solidaria, sobre todo ante un accidente como el ocurrido en Galicia, que es realmente un problema europeo. Lo sufre Galicia porque por allí pasa la mayor parte del tráfico, pero es auténticamente un problema europeo.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Es muy de agradecer que, una vez más, en una cuestión que puede abordarse mejor a nivel comunitario, haya podido elaborarse un compromiso que expresa el consenso general de todos los grupos políticos. Estoy totalmente de acuerdo con este texto base, del que fuimos los principales defensores y que se basa en el valioso contenido de los debates celebrados en el Pleno, hoy y el 21 de noviembre, y de la resolución previa sobre esta materia. Quiero reiterar nuestros dos enfoques principales: es importante que la Comisión y el Consejo extraigan las consecuencias inmediatas de esta catástrofe y adopten nuevas y rigurosas medidas de cara al futuro, anticipando la plena aplicación de otras medidas ya tomadas y un examen en profundidad de todo el marco jurídico y técnico. No obstante, la Comisión debe también acometer y presentarnos un estudio detallado y riguroso de toda la crisis del Prestige, incluida la manera en que se ha hecho frente a ella. Todos saldremos ganando si aprendemos, punto por punto, esta terrible lección.
Es por eso que esta lección debe ser técnicamente rigurosa, científicamente precisa y políticamente objetiva y desapasionada. El hecho de mezclar nimiedades partidistas de carácter nacional con esta evaluación tan importante, como ha tratado de hacer el ala izquierda de esta Cámara, destruyendo el consenso espontáneo del 21 de noviembre y tratando de confundir al Parlamento Europeo por una rencilla política en el Parlamento español, sólo puede dañar la seriedad y la objetividad del debate - por parte de todos, debo insistir - y, en consecuencia, poner en peligro, una vez más, nuestro futuro en común al pasar por alto lo principal: nuestras costas, las poblaciones ribereñas, el mayor interés de los ciudadanos europeos, así como una mayor capacidad para prevenir y actuar correctamente en el futuro. Aquí lo importante es el mar: no el Sr. Aznar.

Souchet (NI)
- (FR) El presidente de la asociación francesa de armadores ha declarado que el 20% de la flota mundial no debería tener autorización para navegar por su deficiente mantenimiento y por la ausencia de inspecciones. Sin embargo, estos basureros flotantes son tratados con una permisibilidad censurable por parte de algunas empresas fletadoras y algunos Estados de abanderamiento, sobre todo Turquía, que encabeza la lista negra.
Ayer me referí a la necesidad de establecer claramente la responsabilidad de los fletadores, para instarles a que sean más rigurosos.
No obstante, las mareas negras también demuestran que los Estados de abanderamiento descuidan por completo su papel soberano, al no asegurarse de que sus embarcaciones respetan el derecho marítimo.
Por este motivo, los Estados afectados por mareas negras deberían exigir sistemáticamente responsabilidades internacionales al Estado de abanderamiento implicado ante el Tribunal Internacional de Derecho Marítimo. España, por tanto, debería hoy - y Francia mañana, probablemente - llevar a las Bahamas ante el Tribunal de Hamburgo.
Demostrar la culpabilidad del fletador y determinar la responsabilidad del Estado de abanderamiento son probablemente las dos mejores formas de proteger el medio ambiente marino. Los Estados más afectados deberían defender estas vías de actuación y seguirlas conjuntamente.

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, he votado, por supuesto, a favor de esta resolución, pero no puedo mostrarme de acuerdo con la forma en que usted ha tratado al Sr. Schnellhardt cuando le informó de que su máquina no funcionaba. Habría votado en contra de la resolución y la mayoría se logro sólo por un voto: 223 contra 224. Si la máquina del Sr. Schnellhardt hubiera funcionado - y él le dijo que no funcionaba - la enmienda se habría rechazado. Creo que debería tener en cuenta el hecho de que una máquina no funcione, especialmente cuando el diputado le informa de antemano. En efecto, es muy importante para nosotros cuando se adopta o se rechaza una enmienda por sólo un voto de diferencia. Creo que estoy en mi derecho, señor Presidente, de decirle que no estoy de acuerdo con la manera en que ha llevado usted este asunto.

El Presidente.
Señora Lulling, como diputada que es desde hace mucho tiempo - incluso desde hace más tiempo que yo mismo - sabe perfectamente que lo que acaba de decir no tiene ningún precedente en esta Cámara. Está usted interpretando el Reglamento de una manera completamente errónea. El Reglamento dice claramente: cuando se celebra una votación nominal y se anuncia el resultado, éste se mantiene. Esa ha sido la práctica constante de todos mis predecesores y la que se ajusta al Reglamento.
Lamento que, en ocasiones y debido a problemas técnicos, los votos de los diputados no queden correctamente registrados. Sin embargo, he seguido al pie de la letra un precedente sobre el que yo no tengo ninguna facultad discrecional. En ese sentido, aunque mis colegas lamenten que su voto no haya quedado registrado, es un hecho y una costumbre de esta Cámara que sólo los votos registrados y debidamente anunciados determinen el resultado. Cerrada ya la votación, ¡c'est la vie, Madame!

Lulling (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, si el Reglamento dice eso, es absurdo y debe cambiarse.

El Presidente.
Señora Lulling, entonces lo dejo en sus manos. Le deseo que pase unas felices Navidades mientras redacta el nuevo Reglamento.
Le deseo también unas felices Navidades al Sr. Fatuzzo, que hoy no ha hablado en nombre de los pensionistas, pero estoy seguro de que le gustaría hacerme constar que si hubiera subido al estrado, así lo habría hecho.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, éste es mi regalo habitual de Navidad a la Presidencia, a los funcionarios que ayudan a la Presidencia, a los intérpretes y a todos los que trabajan en esta Cámara y dedican tanto tiempo a lo largo del año a escuchar las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo. Se ha convertido ya en una costumbre que, en Navidad, el Sr. Fatuzzo se abstenga de dar explicaciones de voto durante la última votación del año, precisamente como regalo de Navidad para todos ustedes.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 12,30 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0403/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el informe de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea. Sexto informe anual (COM(2002) 258 - C5-0336/2002 - 2002/2180(COS)).

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE)
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi enorme satisfacción al contemplar a la nueva generación de Europa asistiendo, desde la tribuna de invitados, a este debate, que afecta plenamente a su futuro.
Nadie se sorprenderá si afirmo que este informe de la Comisión Europea nos ha proporcionado una nueva oportunidad de confirmar que la situación de la igualdad de oportunidades resulta totalmente inadmisible. No obstante, y por desgracia, el informe de la Comisión Europea es también poco satisfactorio. Sigue siendo un informe anual descriptivo. Claro que el informe de 2001 contiene más datos y cifras que los informes anteriores, pero continúa siendo el resultado de un ejercicio rutinario. No consigue identificar, de manera precisa, ni dónde hemos fallado en lo que se refiere a la consecución de nuestros objetivos o compromisos, ni las dificultades reales a la hora de aplicar nuestras políticas en el ámbito europeo o nacional. Aunque hace referencia a futuros cambios, no llega a fijar compromisos o plazos específicos.
Centrándonos ahora en temas concretos, la Comisión Europea está encontrando serias dificultades para aplicar la igualdad de oportunidades y no está haciéndolo de manera adecuada. Algunas Direcciones Generales no están asumiendo compromisos en este ámbito. Al mismo tiempo, las medidas tomadas para animar a un mayor número de mujeres a presentarse o a participar en todo tipo de candidaturas han fracasado. Nuestra propuesta de resolución solicita a la Comisión Europea que examine nuevas vías de difundir información y de simplificar los trámites burocráticos y de otra índole que permitan a las mujeres y a las organizaciones de mujeres conocer los programas europeos y participar en ellos. Lo mismo se puede decir de los Estados miembros, que están encontrando dificultades para comprender la igualdad entre hombres y mujeres, así como para ponerla en práctica. En aquellos lugares en los que no existen mecanismos centrales o regionales de apoyo político, no se están aplicando los programas de igualdad de oportunidades. Los Estados miembros no contemplan, por lo general, objetivos cuantitativos en sus programas, no evalúan las repercusiones de la igualdad de oportunidades en su política económica y carecen de estadísticas o indicadores desglosados por género, tanto a efectos de programación como de evaluación de las políticas nacionales. Por eso, resultaría muy útil, con vistas a aumentar la concienciación sobre la situación y a plantear políticas futuras, que la Comisión Europea elaborase un estudio serio con indicadores y datos comparativos acerca de la situación en cada Estado miembro, especialmente en lo referente a la aplicación de la legislación comunitaria, para que podamos cotejar problemas y logros e intercambiar las mejores prácticas.
Durante el próximo año, 2003, las instituciones europeas y los Estados miembros tendrán que actuar de manera valiente y decidida. En el transcurso de la revisión intermedia de los Fondos estructurales, que como es sabido se producirá en 2003, los Estados miembros tendrán que decidir dónde se puede promocionar la igualdad de oportunidades, a fin de evitar la desviación hacia otros objetivos de las partidas presupuestarias destinadas a medidas para beneficiar a las mujeres. Nos estaremos preparando para las primeras elecciones europeas que incluyen a los países candidatos en 2003, y para las elecciones generales de varios Estados miembros. Las recomendaciones del Consejo relativas a la igualdad de participación de hombres y mujeres no han producido los resultados esperados. El Consejo tampoco dispone de una agencia competente que ayude a mejorar la coordinación de cuestiones relacionadas con la igualdad. En cuanto a la Comisión Europea, esperamos con impaciencia que presente, lo antes posible, una propuesta de directiva acerca de la igualdad entre hombres y mujeres basada en el artículo 13, para que podamos desarrollar el programa sobre igualdad de oportunidades acordado en Beijing y alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en todo el entramado de la vida económica y pública. Todo esto, podrán decir ustedes, ya se ha dicho antes en multitud de ocasiones, y tienen toda la razón.
Muchas personas han comentado, dentro y fuera del Parlamento, que nosotras las mujeres y algunos de los hombres que trabajan en estos asuntos nos estamos volviendo pesados y reiterativos. Tenemos que preguntarnos por qué hacen tales comentarios. ¿Por qué no afecta esta problemática a nuestra sociedad, o al menos no con el mismo grado de importancia que nosotros le conferimos, en lo que respecta al factor humano y económico? ¿Por qué no se están aplicando, de forma inmediata y adecuada, nuestras políticas y principios? Pienso que, ahora más que nunca, necesitamos plantear un diálogo amplio e innovador con la sociedad y con los responsables de aplicar las políticas europeas.
Lo que pedimos a la Comisión Europea, señora Comisaria, son ideas válidas y formas eficaces de aplicarlas. En aquellos casos en los que la Comisión Europea no pueda obligar a los Estados miembros, debería alentarles a comprender que la igualdad trae consigo beneficios, y no pérdidas o dificultades. Hagámosles comprender la importancia que entraña el fomento de la igualdad para lograr los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea, y me refiero tanto a los objetivos de Lisboa, que se han visto dificultados por la ampliación, como al objetivo de defender los derechos humanos en todo el mundo y contribuir a los avances económicos y sociales de la humanidad, especialmente por estos lares, es decir, en los Balcanes y el Mediterráneo.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar felicitando a los miembros de la comisión y, en particular, a la ponente, por el trabajo tan minucioso y valioso que han llevado a término, y agradecerles sus excelentes sugerencias y sus comentarios críticos.
Se han analizado ideas muy progresistas e inspiradoras, que alientan a la Comisión a proseguir sus esfuerzos en pos de este objetivo. Cada año constatamos lo eficaz, eficiente e innovadora que resulta nuestra doble estrategia, que implica, por una parte, incorporar en todos los ámbitos de actividad de la Comisión la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas y, por otra, la puesta en marcha de acciones positivas para las mujeres. Como ya hicimos en el último informe anual, en el informe de 2001 nos hemos preocupado por recoger sus comentarios y sus propuestas. Sus propuestas, sus sugerencias y sus preocupaciones también serán tenidas en cuenta, obviamente, a la hora de preparar y elaborar el informe de 2002, labor que ya ha comenzado.
Llegado este momento, quisiera extenderme sobre un punto en particular: la evaluación. Estoy ya en condiciones de informarles de que, en 2003, la evaluación se realizará con ayuda de dos métodos que, aunque distintos, resultan complementarios. Al igual que todos los años, se establecerá lo que denominamos un gender scoreboard (marcador de género), al tiempo que se prevé realizar una segunda evaluación por cuenta de expertos externos. Estas labores están relacionadas tanto con el análisis de la estrategia marco 2001-2005 como con el plan financiero. Está previsto que aparezca un informe provisional sobre estas actividades hacia finales de 2003.
En lo que respecta a la legislación, vamos a apoyar la revisión de la directiva sobre igualdad de trato para mujeres y hombres, programada para 2003, elaborando un informe que evalúe la puesta en práctica de medidas adoptadas a escala nacional. Es justamente lo que usted ha destacado hace un momento, y haremos que sea una preocupación común efectuar una evaluación en este ámbito. La finalidad de la revisión de las directivas sobre igualdad de trato es simplificarlas, ayudar a hacerlas más coherentes y adaptarlas al acervo comunitario.
Otra razón por la que el año que viene será de gran importancia es que nos centraremos en la forma de equilibrar la participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones. A este respecto, también, nos estamos esforzando por conseguir resultados tangibles en todos los ámbitos, para que las mujeres estén mejor representadas en todos los sectores, incluyendo en los interlocutores sociales. Su informe será una ayuda muy valiosa para lograr este fin.
En 2004, nos vamos a centrar en el objetivo fundamental de combatir las ideas estereotipadas y negativas acerca de la mujer. Los tópicos misóginos, que constituyen un serio obstáculo para lograr la igualdad de trato para ambos géneros, pueden y deben ser combatidos. Se va a tratar de una acción amplia, orientada a todos los sectores, con el propósito de vaciar de contenido formas obsoletas de pensamiento y, a medio plazo, ¿quién sabe?, quizás incluso de erradicarlas totalmente. En cualquier caso, los tópicos misóginos deberían pasar pronto a ser reliquias ridículas de tiempos pretéritos.
El Parlamento ha insistido en que se haga el mejor uso posible de los fondos destinados a este fin. En este contexto, permítanme recordarles la evaluación que han de efectuar expertos externos y, además, llamar su atención sobre la aprobación inminente de una comunicación de la Comisión acerca de la inclusión de la cuestión de la igualdad de géneros en los Fondos Estructurales. Esta comunicación va a constituir un instrumento valioso de cara a la evaluación intermedia del programa.
Aunque los países candidatos han realizado un esfuerzo notable por asimilar el acervo comunitario sobre la igualdad de trato, queda mucho camino por recorrer, así que la Comisión seguirá prestando la máxima atención a este asunto. El éxito de la política europea de ampliación depende de la correcta aplicación de la legislación común. A este respecto, la función del programa de acción, al que se han adherido este año ocho países candidatos, es la de dar un buen impulso.
Quisiera concluir volviendo al tema de la violencia contra la mujer, en relación a lo que la Comisión acoge con agrado la resolución marco del Consejo del 19 de julio de 2002 sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Esta resolución es de gran importancia por las conclusiones que se extraen en el plano criminal, en lo referente a la trata de seres humanos. La Comisión va a vigilar de cerca la forma en que esta resolución se traduce a leyes en los distintos países, y va a trabajar en estrecha colaboración con la comisión para realizar también un seguimiento de ello.

Avilés Perea (PPE-DE).
Señora Comisaria, tenemos aquí el informe anual del año 2001 sobre los avances o dificultades observados en la consecución de la igualdad de oportunidades. Se analizan las medidas políticas que se han puesto en práctica pero no se valoran sus consecuencias.
El objetivo de la estrategia marco es garantizar que todas la políticas de la Comisión tengan en cuenta las cuestiones de género y analicen las repercusiones de sus actividades en los hombres y las mujeres.
De nuevo tenemos que insistir en la necesidad de crear más y mejores puestos de trabajo de aquí al año 2010, de acuerdo con los objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa. Es preciso insistir en la necesidad de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado.
Debemos exigir, una vez más, que se elaboren indicadores sobre las estructuras de asistencia para niños y personas dependientes y sobre las ayudas familiares, así como sobre las diferencias de salario entre hombres y mujeres.
El Consejo Europeo de Barcelona pidió a los Estados miembros que eliminaran los obstáculos que impiden a las mujeres incorporarse plenamente al mercado de trabajo, en particular mediante la creación de guarderías.
El respeto y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres forman parte del acervo comunitario y son, por tanto, una condición indispensable para los nuevos países de la Unión Europea. Es cierto que la Comisión ha hecho esfuerzos para promover la igualdad entre hombres y mujeres, pero hasta el momento han resultado insuficientes.
En lo que se refiere a los programas financiados con Fondos estructurales, se ha comprobado que no se cumple el objetivo de la igualdad, incluido en el Reglamento referido a ellos. Incluso cuando algunos programas lo presentan entre sus objetivos, no se analizan los resultados y sabemos que no se cumple realmente este objetivo de la igualdad.
Es significativa la ausencia de mujeres con una representación equilibrada en los órganos de toma de decisiones, en particular los interlocutores sociales y otros organismos. Deben realizarse esfuerzos complementarios para que la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea una realidad. Es un motivo de satisfacción que se haya incluido este tema como prioritario para el año 2003 y esperamos que tenga resultados positivos.
Es muy importante que la Comisión haya incluido en las relaciones exteriores la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres, que debe estar presente en todos los acuerdos con terceros países.

Gröner (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hoy tenemos aquí una representación casi equilibrada de diputados en este debate acerca de los derechos de la mujer. En nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, quisiera dar las gracias a la Comisión y a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por sus informes.
La Comisión ha logrado, con notable éxito, dar indicaciones claras para proseguir la defensa de la igualdad de oportunidades, mediante una estrategia marco relativa a la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, así al quinto programa de acción para la igualdad entre hombres y mujeres. En otros ámbitos, el avance está siendo más rápido. El año pasado aprobamos la directiva sobre la igualdad de trato en el empleo. Esto constituye todo un hito, y esperamos con ilusión el primer informe de evaluación.
En otros ámbitos, las cosas van un poco más despacio. Sin embargo, ya hay algunas indicaciones claras sobre los Fondos estructurales y la lucha contra la violencia. Quisiera señalar que en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ya hemos propuesto en varias ocasiones lo que se ha acordado aquí esta mañana: convertir el 2004 en el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. Esta Cámara y yo misma llevamos años solicitando un año europeo de acción contra la violencia. Espero que se retome esta iniciativa.
Estamos muy impacientes por ver la propuesta de directiva, amparada en el artículo 13, para prohibir la discriminación. Existe también un cierto retraso al respecto. Es necesario trabajar en ella con ahínco. Tenemos que mantener además la voluntad política para hacer avances en la participación de la mujer en todos los aspectos de la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista jurídico como en la práctica. Las conclusiones de la Convención a este respecto han sido muy decepcionantes, por lo que es necesario que actuemos ahora.
Queda asimismo mucho por hacer en el Parlamento Europeo, y mis críticas van dirigidas consecuentemente también a esta Cámara. No nos andemos con rodeos: el Parlamento va por detrás de la Comisión a la hora de aplicar internamente la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas. Tenemos que hacer avances tanto en lo que se refiere a la toma de decisiones políticas como en lo concerniente a la administración. La participación equilibrada de mujeres y hombres sólo se puede alcanzar si existe una auténtica voluntad política, y además exige un enfoque descendente. Esperamos particularmente que den ejemplo las presidencias de los grupos políticos, la Presidencia del Parlamento y las presidencias de las comisiones.
En la actualidad, estamos trabajando en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en una iniciativa para lograr en el Parlamento Europeo la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, una especie de programa de salud sobre la igualdad de género, si quieren. Estará terminado a tiempo para el Día Internacional de la Mujer de 2003. Creo que podemos dar ejemplo aquí y dejar claro que el Parlamento Europeo ? incluso cuando está a punto de producirse la ampliación ? se toma muy en serio la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Especialmente cuando se acercan las elecciones, no basta con que los partidos incluyan la igualdad de oportunidades en sus programas electorales; tenemos que asegurarnos luego de que se lleve a la práctica. Esperamos que aquí en el Parlamento Europeo, donde el 30% de los diputados son mujeres, lo que significa que nuestra situación es mejor que la media, la cosa sea aún mejor después de las elecciones, para que nos acerquemos bastante al objetivo de la igualdad de representación de hombres y mujeres en esta Cámara.
Hay multitud de aspectos en ambos informes que serían susceptibles de comentario. Creo que, en última instancia, el factor decisivo será la voluntad política que se ha de demostrar si se desea mejorar realmente la situación de la mujer.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, ninguna persona sensata se atrevería a negar la igualdad entre mujeres y hombres, entre los seres humanos, dicho de otra manera.
Estos días, en mi tierra, en Galicia, se pone bien claro de manifiesto esta igualdad, en la solidaridad y también en el dolor. Ayer las televisiones nos transmitían la imagen humana y desgarradora de los minutos de silencio solidario de condena y rechazo del último atentado terrorista por parte de quienes, mujeres y hombres, se esforzaban en la recuperación del medio ambiente de Galicia, del medio ambiente marítimo, y en la lucha contra las consecuencias del Prestige.
También ayer, los medios se hacían eco de cifras relativas a la violencia doméstica ejercida sobre las mujeres por sus maridos, novios o excompañeros. Algún medio destacaba, además, que la gran mayoría de las víctimas no reconocía su situación. Esto me parece, precisamente, la primera gravísima agresión a la igualdad de género. Es reconfortante, por otra parte, que el resultado de la encuesta muestre una mejora de la situación respecto al sondeo de 1999, pero es preocupante que esta situación exista 15 años después de que un texto constitucional proclame en un hermoso artículo 14 que todos los españoles, en este caso, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, sexo, etc.
Nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, en su artículo 20, proclama que todas las personas - no dice expresamente mujeres y hombres, no es necesario - son iguales ante la ley. Y el artículo 21 dice que se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, etc. 
El pasado martes, el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobaba que todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno tengan un informe que analice su impacto en la igualdad de género. Pienso que del excelente informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, por el punto de equilibrio que ha sabido poner en un tema en que es muy fácil caer en la demagogia o quedarse cortos, deben extraerse conclusiones prácticas, descender de la teoría a la realidad e insistir en la tarea de la igualdad desde la horizontalización de las políticas de promoción de la igualdad, para que los principios se conviertan en realidad y la realidad sea reflejo de los principios que una gran mayoría profesamos y que queremos ver vivos y plasmados en la Europa que estamos construyendo.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera comenzar mi intervención felicitando efusivamente a mi distinguida amiga, la Sra. Kratsa, por su magnífico informe, que verdaderamente nos da una perspectiva general de los logros pasados y los cambios futuros.
Definitivamente se ha logrado avanzar en la igualdad de género, aunque se den dos pasos hacia delante y uno hacia atrás. El hecho de que algunos compañeros hayan tomado la palabra y hayan apoyado con entusiasmo la igualdad de género demuestra que también se han realizado avances en el seno del Parlamento Europeo. Sin embargo, he de expresar mi enorme preocupación, como ha hecho anteriormente la Sra. Gröner, por el hecho de que la Convención, que está debatiendo y planificando el futuro de Europa, sin presencia femenina, considera que cualquier debate serio acerca de consagrar la igualdad de género en el nuevo Tratado y, lo que es más importante, llevarla a la práctica carece de sentido. Por desgracia, incluso en ámbitos donde existe legislación comunitaria, a menudo nos topamos con infracciones y violaciones, como en el caso de la legislación sobre igualdad de retribución diaria por una jornada igual de trabajo. Es una realidad que la resistencia, con actitudes y estructuras emanadas de este antiguo patriarcado, a menudo resulta ser más fuerte que la voluntad política o incluso que la legislación.
Observamos también que está sufriendo un grave retraso la nueva directiva antidiscriminación basada en el artículo 13, que llevamos esperando ya algún tiempo, señora Comisaria. Estamos muy preocupados por el hecho de que la Comisión Europea continúe posponiendo una decisión. ¿Cuál es el motivo de este retraso? ¿Nos lo puede decir la Comisión? ¿Por qué tarda tanto en llegar esta decisión?
Otro asunto es la lucha contra las distintas formas de violencia contra la mujer. Sabemos que han surgido, de la noche a la mañana, varias formas de violencia dentro de la Unión Europea. Sabemos que miles de mujeres se encuentran literalmente a merced de los tratantes de esclavos. Sé, señora Comisaria, que ha mencionado las decisiones tomadas por la Comisión para combatir la trata de seres humanos, pero no estamos ni mucho menos convencidos de que estas decisiones y las directrices que han presentado se vayan a plasmar, de forma inmediata, en leyes dentro de los Estados miembros, y sabemos que, sin cooperación judicial ni policial, es decir, sin una colaboración paneuropea, es imposible acabar con estas bandas.
Por último, estoy encantada, señora Comisaria, de que haya concedido prioridad, dentro del programa de 2003, a romper las barreras. Se trata de una prioridad que vale realmente la pena, ya que prevemos que habrá un equilibrio entre hombres y mujeres en el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones de 2004.

Klaß (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, existe un total de nueve directivas sobre la igualdad de trato, pero no se ha adoptado ninguna medida para mejorar su puesta de práctica. Por eso, necesitamos datos y estadísticas que faciliten las evaluaciones comparativas con las que poder identificar soluciones. No basta con una simple declaración de que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. El tema prioritario de la Comisión para 2001 fue el de la igualdad de retribución. Sin embargo, el informe nos recuerda, una vez más, que la retribución de la mujer por un trabajo igual o equivalente sigue siendo, por término medio, sólo el 76% de la del hombre. El Informe conjunto sobre el empleo 2001 afirma que los Estados miembros han adoptado escasas medidas para reducir esta diferencia de retribución, y la Comisión necesita desempeñar al respecto un papel activo, sobre todo a la vista de la ampliación. La comisión está trabajando de manera activa en los temas prioritarios para 2002 y 2003: la reconciliación de la vida laboral y familiar y la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones. Habrá que adaptar mejor las disposiciones actualmente en vigor a los requisitos actuales. El hecho de que las mujeres, lo mismo que los hombres, se decanten por la vida familiar y por tener hijos no debería impedirles que formaran parte del mundo laboral. Las mujeres tienen que participar en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. La única forma de realizar avances creíbles con una política para ambos sexos es mediante la cooperación mutua sustentada en la igualdad de oportunidades.
Señora Comisaria, existen algunos proyectos positivos llevados a cabo por organizaciones de mujeres, pero éstas necesitan más información acerca de cómo acceder al sistema de la Comisión de financiación y ayudas. El objetivo debería ser garantizar que puedan participar en los programas pertinentes el mayor número posible de personas. Al fin y al cabo, todos los años se habilitan fondos para financiar proyectos relacionados con la mujer, por ejemplo dentro de los Fondos estructurales y, concretamente, en el programa de acción 2000-2006. Sin embargo, los procedimientos tienen que ser racionalizados y simplificados, ya que son demasiado complejos, tanto a escala comunitaria como nacional. Quisiera terminar expresando mi más sincero agradecimiento a la Sra. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou por su ponderado informe. Por desgracia, el tiempo tan limitado de que disponemos se traduce en que sólo puedo abordar un reducido número de temas.

Valenciano Martínez-Orozco (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por su trabajo, a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento por el excelente trabajo que viene desarrollando y a la Comisión Europea, en lo relativo a la política de igualdad de oportunidades.
Es muy importante que nos tomemos en serio la igualdad. No sólo con declaraciones, sino también con intenciones, con políticas y con acciones. Para ello, necesitamos tomar el pulso a la política de igualdad, medirla y evaluarla. Por eso reclamamos objetivos cuantitativos en las políticas de empleo, de acceso de las mujeres a la información, a la formación y a la política.
Entre todas y todos hemos de hacer posible que tanto los Gobiernos de los actuales países de la Unión como los Gobiernos de los países candidatos se tomen en serio la igualdad, que transpongan las directivas en su momento y que no incumplan la legislación comunitaria. Se abre una nueva etapa en la que deberemos estar muy vigilantes.
La igualdad - muchas de las que estamos aquí lo sabemos - se conquista todos los días y cada paso que no se da hacia adelante es, en realidad, un retroceso. Hay muchas mujeres mirando hacia las instituciones europeas. Muchas de ellas viven muy lejos de nuestra próspera Europa. Para ellas, los avances que aquí podamos producir son absolutamente fundamentales. Es posible que para muchas de ellas la única esperanza sea que, desde las instituciones europeas, nos tomemos en serio la igualdad, tanto la de las mujeres que están dentro como la de todas aquellas que, estando fuera, tienen muchas menos posibilidades de desarrollar sus expectativas de vida.
Decimos a menudo que no hay discriminación peor que aquella que nace del hecho fortuito de ser mujer. Una no elige cuando nace ser mujer. Lo es y, a partir de ese momento, sobre ella caen un montón de trabas que no existirían si hubiera nacido varón. Por eso, teniendo en cuenta que las mujeres de la Unión Europea somos la mitad de la ciudadanía de la Unión, es fundamental atender a sus necesidades y a sus expectativas, porque son las necesidades y las expectativas de la mayoría de la ciudadanía europea. También son las expectativas, los derechos y la defensa de la igualdad de la mayoría de las mujeres del mundo.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento viene trabajando de forma muy intensa en torno a todas estas cuestiones. Desde esa misma comisión hemos conseguido - yo creo - avances importantes, pero no suficientes. Estamos muy pendientes del trabajo que realiza también la Comisión Europea y este informe creo que refleja perfectamente tanto lo que nosotras hemos evaluado como todo lo que nosotras solicitamos para el futuro más inmediato.
Creo que esa excelente colaboración de nuestra comisión ha dado frutos. Ahora que ha llegado el momento de hacer la evaluación del trabajo del año, todas podemos felicitarnos.

Schreyer
. (DE) Señor Presidente, varios diputados han preguntado cuándo va a presentar la Comisión una propuesta de directiva sobre discriminación por motivos de género basada en el artículo 13. La Comisión va a presentar una propuesta a principios del año que viene.

El Presidente.
- Muchas gracias, señora Comisaria, por esta aclaración.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.
DECLARACIONES POR ESCRITO (ART. 120)

Fraisse (GUE/NGL)
El informe de la Sra. Kratsa-Tsagarapoulou expone claramente los puntos conflictivos: la persistente diferencia de retribución y el aumento desmedido de la trata de seres humanos y de la prostitución. Aplaudo el dinamismo de nuestra ponente, pero quisiera hacer dos observaciones.
En primer lugar, hemos de recordar la escala de pobreza entre las mujeres. La mayoría de los 60 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en la UE son mujeres.
En segundo lugar, debemos permanecer atentos al deseo de Europa de proteger la igualdad de sexos.
En efecto, el primer borrador preliminar de tratado constitucional presentado por la Convención en octubre de 2002 me causa cierta inquietud. La ausencia de toda referencia a la igualdad entre hombres y mujeres en Europa resulta destacable: no aparece ni como valor ni como objetivo, a pesar de su inclusión en los Tratados.
El programa de trabajo de la Convención, que está consagrado ahora a las cuestiones sociales, permitirá subsanar este olvido. No podemos concebir que fracase.

Zrihen (PSE)
La igualdad de oportunidades, recogida en el artículo 23 de la Carta, constituye un derecho y un valor fundamental muy preciado para nosotros. Desde 1975, fecha de la primera directiva sobre igualdad de retribución y trato, se ha hecho ciertamente algún avance, pero queda mucho aún por recorrer.
Las estadísticas desglosadas por género y la dimensión de género incorporada a todas nuestras políticas constituyen requisitos previos fundamentales. Medidas prácticas para garantizar que los padres, tanto los hombres como las mujeres, puedan beneficiarse de servicios como las guarderías, por ejemplo, que les permiten hacer compatible la vida familiar con la laboral, representarían un importante paso hacia adelante.
Nuestras acciones deben concienciar aún más a los ciudadanos a favor de los cambios de mentalidad, de manera que finalmente un número mayor de mujeres acceda a puestos de responsabilidad y a carreras, en teoría, típicamente «masculinas». Ello requiere también realizar un esfuerzo común con los interlocutores sociales para garantizar que este principio fundamental se aplique en todas las empresas y en todas las negociaciones colectivas.
La igualdad de retribución es sólo una cuestión dentro de la igualdad entre hombres y mujeres; no nos olvidemos de la violencia doméstica, de la explotación sexual, etc. Europa tiene la obligación de dar ejemplo. Agradezco a la Sra. Kratsa que se haya ceñido a este planteamiento.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre el desarrollo sostenible de las regiones montañosas.

Schreyer
. (DE) Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo tiene razón al interesarse por las regiones montañosas. Como saben, la Comisión también está prestando mucha atención a estas cuestiones, como lo demuestra la conferencia organizada en octubre por iniciativa de mis colegas, el Sr. Michel Barnier y el Sr. Franz Fischler, en torno al tema de «política comunitaria y las montañas». Mis colegas, la Sra. Wallström y el Sr. Barnier - el segundo de los cuales se halla en Bruselas asistiendo a una reunión del Praesidium de la Convención - me han pedido que les ponga al día acerca del trabajo que se está llevando a cabo y de algunos aspectos todavía pendientes en lo que se refiere a la labor de la Comisión en torno a las regiones montañosas de la Unión Europea.
El Tratado de la CE no hace referencia al concepto de regiones montañosas como tal. El artículo 158, que proporciona la base jurídica, afirma en relación con la política de cohesión económica y social, que la Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. Se podría argumentar que la inclusión específica del concepto de regiones montañosas en el Tratado reflejaría mejor las preocupaciones de los implicados. Por ejemplo, el 95% de las regiones montañosas entran dentro del Objetivo 1 y del Objetivo 2 de la política estructural europea. Los pagos compensatorios a las regiones menos favorecidas efectuados dentro del contexto de la política agrícola común también benefician a las regiones montañosas en multitud de casos.
La Comisión ha encargado un estudio para poder evaluar más eficazmente los puntos fuertes y débiles de las regiones montañosas. Este estudio persigue tres objetivos: definir las regiones montañosas de la UE ampliada, crear una base de datos de estas regiones y efectuar un análisis objetivo de la situación en las regiones montañosas y de las políticas comunitarias y nacionales existentes, así como de evaluar tales políticas.
En consonancia con el primero de estos objetivos, se desea establecer una definición de regiones montañosas para los 27 actuales Estados miembros o países candidatos comprendidos en el estudio. Esta definición se está elaborando sobre la base de criterios topográficos y, en determinados casos, también se contemplan criterios climáticos. A principios de diciembre de 2002, el responsable del estudio ha presentado a la Comisión 16 posibles definiciones, que en la actualidad se están examinando con detenimiento. A finales de diciembre se tomará una decisión con respecto a la definición que se va a emplear.
Sobre la base de este proceso de definición de las regiones se puede iniciar ahora la recogida de datos estadísticos. Esperamos que el proceso de recogida y análisis de datos y la presentación del informe final queden completados para septiembre de 2003.
En lo referente a que la política regional y la política agrícola común tengan en cuenta a las regiones montañosas en el futuro, ya he explicado que la política regional y la política de desarrollo agrícola y rural son, en efecto, dos políticas que contemplan directamente las regiones montañosas. En el caso de la política regional, se hace a través de los programas regionales para las zonas del objetivo 1 y el objetivo 2, así como mediante la iniciativa comunitaria denominada Interreg, en particular a través del programa para la región alpina. Dentro de la PAC, las regiones montañosas cuentan con un gran apoyo por parte de los pagos compensatorios a las regiones menos favorecidas.
En la actualidad, se está sometiendo a consideración el futuro de estas políticas. Las propuestas de la Comisión sobre el futuro de la política regional deben presentarse a finales de 2003 como parte del Tercer informe sobre la cohesión. Por tanto, sería prematuro prescribir, en esta fase tan temprana, la consideración que se debe dar a las regiones montañosas en el próximo período de planificación 2007-2013 para política regional.
Bajo la actual revisión intermedia de la política agrícola común, la propuesta de la Comisión hace especial hincapié en el fortalecimiento de las medidas agroambientales, que a menudo benefician a las regiones montañosas.
En lo relativo a las medidas a favor de las regiones montañosas, dentro del contexto de otras políticas comunitarias, me gustaría decir algo más acerca de la política sobre la competencia y de los servicios de interés general. Como saben, la política de la UE sobre concesión de ayudas estatales está basada en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado, que estipula que las ayudas otorgadas por los Estados son esencialmente incompatibles con el mercado común. Sin embargo, este artículo también especifica algunos casos en los que puede estar autorizada la concesión de ayudas estatales. Dichas excepciones incluyen la ayuda de carácter regional o, para ser más precisos, las ayudas «destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo»; dicho en otras palabras, en regiones cuyo PNB per cápita sea inferior al 75% de la media comunitaria. Algunas otras áreas pueden tener cabida dentro de esta excepción.
Además, la Comisión concede gran importancia a los servicios de interés general, como queda demostrado en su comunicación de enero de 2001. Sin embargo, como saben, el mantenimiento y el desarrollo de los servicios de interés general es materia exclusiva de los diferentes Estados miembros. La Comisión no puede sino brindar su apoyo moral en este ámbito. En su comunicación, la Comisión afirma que el objetivo de los servicios de interés general es garantizar la prestación básica universal, es decir, el acceso a los servicios esenciales, incluidos los de regiones remotas o inaccesibles. Además, el nuevo artículo 16 de este Tratado reconoce específicamente la importante función desempeñada por los servicios de interés económico general en el fomento de la cohesión económica, social y territorial. La importancia de estas disposiciones fue resaltada también por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000.
El último punto que quisiera mencionar es el Convenio de los Alpes. Aunque este Convenio sólo afecta de manera directa a cuatro Estados miembros, la Comisión participó en la puesta en marcha de esta iniciativa. Hasta el verano de 2002 no hubo un número suficiente de signatarios del Convenio que ratificara los diferentes protocolos para que, de este modo, pudiera ponerse en práctica. Por su parte, la Comisión está estudiando las diversas opciones de que dispone relativas a una participación más activa en el contexto del Convenio. La Comisión ya ha presentado al Consejo su propuesta para ratificar el protocolo de transporte. Sin embargo, he de notificar que esta propuesta, por ahora, no ha avanzado demasiado en el seno del Consejo. Además, es necesario dejar bien claro que estos protocolos también tienen que contar con el apoyo de los Estados miembros en el Consejo, ya que éste es responsable de firmarlos y ratificarlos en nombre de la Comunidad. Como saben, algunos de los Estados participantes en el Convenio de los Alpes aún no han ratificado los protocolos. Sin embargo, esperamos que las cosas avancen de manera positiva durante los próximos meses, dejando constancia de los esfuerzos realizados por algunos Estados miembros a final del verano para insuflar nueva vida al Convenio de los Alpes.
Señor Presidente, Señorías, la Comisión va a seguir prestando mucha atención a cuestiones relacionadas con las regiones montañosas. Los trabajos actuales y los planeados, concretamente el estudio de la Dirección General de Política Regional, los resultados de la revisión intermedia de los programas existentes y las conclusiones del Tercer informe sobre la cohesión económica y social nos van a describir, con mayor exactitud, la situación y las distintas opciones para tomar nuevas medidas.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por su declaración, que hace pensar que las regiones montañosas van a dejar, tal vez, de sufrir el total abandono por parte de la política europea. Por desgracia, hasta ahora las regiones montañosas casi nunca han sido una cuestión sobre la que hayamos realizado observaciones o recomendaciones. Y sin embargo, estas regiones merecen una atención especial. Las zonas montañosas ofrecen una enorme variedad de riquezas. Por lo general, son zonas excepcionales, que por tanto deben ser tratadas de forma muy específica, dentro del contexto de una política global de desarrollo sostenible de las montañas. Son zonas complejas por su geografía y su clima. Son zonas en las que la agricultura desempeña un papel fundamental, pero no sólo la agricultura tradicional; ha de ser una agricultura extensiva que se preocupe por preservar las especies animales y vegetales y el abundante suministro de agua y por proteger los bosques y los hábitats naturales, como los define la Unión Europea.
Pero este tipo de agricultura no puede existir sin personas; de ahí la necesidad de preservar estas zonas montañosas de la desertización y de hacer todo lo posible por mantener allí la presencia humana. Por consiguiente, debemos reforzar y actualizar las disposiciones para favorecer a los agricultores jóvenes. La Comisión ha puesto en marcha una serie de programas con los que estamos bastante familiarizados: Leader e Interreg, entre otros, como usted ha mencionado, señora Comisaria. Estas ayudas tal vez necesiten ser simplificadas, precisamente porque estas zonas poseen características particulares, a fin de hacerlas más flexibles para garantizar que se adapten mejor al terreno y que tengan en cuenta las características específicas de la región, la protección necesaria del medio ambiente y la existencia de numerosos métodos específicos para gestionar estas zonas, tales como el pastoralismo, por ejemplo.
Lo mismo resulta válido para el turismo. Hemos de fomentar el turismo sostenible, promocionando la riqueza natural de estas zonas, pero negándonos a permitir que las montañas se conviertan en parques de ocio revestidos de cemento, lo que, por desgracia, ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los Alpes, entre otros lugares. Para lograr esto, debemos alentar la iniciativa privada, debemos ayudar a las PYME locales, que a menudo padecen aislamiento y problemas de comunicación, y debemos mantener los servicios.
Señora Comisaria, me ha encantado escuchar lo que ha dicho al respecto, sobre todo su recordatorio acerca de la importancia de disponer de servicios en todas partes, incluidas las zonas más alejadas. Por consiguiente, hemos de dar prioridad a los proyectos estructurales encaminados a promover modalidades de transporte que respeten el medio ambiente y, probablemente, a otorgar un mayor protagonismo al ferrocarril. En las regiones montañosas todo esto resulta, lógicamente, más difícil, pero en los Alpes atesoramos un conocimiento de primera mano acerca de estos problemas. Debemos dar también prioridad a las energías renovables, como el agua y la madera, y reforzar la investigación sobre la prevención de riesgos tanto naturales como materiales.
No obstante, usted también ha señalado la necesidad de definir las regiones montañosas y de no olvidar la media montaña, ya que ésta desempeña un papel fundamental intermedio entre las montañas y las llanuras. Al hablar de montañas, debemos tener presente además que no sólo están los Alpes; existen también otros macizos viejos, que poseen características específicas propias y que deben tenerse en cuenta.
En conclusión, el desarrollo sostenible de las regiones montañosas sólo podrá alcanzarse si participan plenamente todas las partes implicadas.

Guy-Quint (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, me produce una gran satisfacción tomar la palabra después de la Sra. Grossetête, ya que todos los diputados que representan a las regiones montañosas se enfrentan a los mismos problemas y comparten los mismos análisis sobre sus respectivas zonas. Le agradezco sinceramente sus palabras, señora Schreyer, que demuestran hasta qué punto se interesa actualmente la Comisión por los problemas que acechan a las regiones montañosas; somos muy conscientes de ellos. Quisiera decirle también que nos proponemos en firme trabajar conjuntamente para garantizar que nuestras regiones, que padecen dificultades perfectamente definidas, puedan ser protegidas de manera eficaz. Por tanto, me voy a centrar en algunos puntos que vienen a complementar lo que ya se ha dicho.
Si queremos que nuestras regiones gocen de un desarrollo económico que aúne el cuidado del paisaje, la preservación de una agricultura característica de una región montañosa y el desarrollo del turismo, la Comisión debería, tal vez, prestar mayor atención a dos o tres consideraciones que son absolutamente vitales.
Me gustaría recordar que la política sobre la competencia, tal y como está legislada y regulada por la Unión Europea, no está en condiciones de responder a las necesidades de estas regiones, que no disponen de tantas oportunidades como las demás.
Considero indispensable que la legislación comunitaria sobre la competencia se adapte para que tenga en cuenta las características específicas de nuestras regiones, a fin de reducir estas desventajas económicas y estructurales. Debemos asimismo ofrecer ayuda económica y financiera, así como concesiones fiscales de carácter estructural y sostenible. Tales medidas resultan esenciales si se desea combatir la desertización y el envejecimiento de estas regiones, ya que, de momento, esta evolución parece inexorable.
Quiero volver a subrayar la importancia de la política medioambiental de la UE. Tal vez se trata de un asunto tabú, pero espero que cada vez que se trabaje en este campo, se tenga en cuenta la aplicabilidad de estas disposiciones, concebidas para un medio urbano, un medio de llanuras que no padece los mismos problemas. Con mucha frecuencia, cuando se obliga a las regiones con desventajas geográficas a aplicar este planteamiento normativo, éstas se encuentran totalmente desamparadas. Me atrevería incluso a decir que pasan auténticas penurias.
Por tanto, esperamos con ansia que juntos, provistos de un enfoque coherente, seamos capaces de realizar avances, ya que la ampliación va a otorgar a las regiones montañosas un papel muy importante. Además, dentro de su labor, el Convenio debe abordar nuestros problemas de manera muy concreta. Esto concierne a la coherencia y la cohesión territoriales de la Unión Europea.

Caveri (ELDR).
Señor Presidente, quisiera decir, en primer lugar, que nos encontramos al final del Año Internacional de las Montañas, organizado por las Naciones Unidas. Creo que es muy positivo que el Parlamento pueda debatir el papel de Europa al respecto, sobre todo al final del Año de las Montañas.
Me gustaría también aplaudir, junto con la señora Comisaria, aquí presente, y los comisarios ausentes, el hecho de que estamos asistiendo a un cambio de perspectiva. A lo largo de los años, mis colegas aquí presentes y yo hemos criticado la falta de interés de la Unión por los problemas de las regiones montañosas. Usted ha mostrado hoy una actitud diferente, algo ya palpable en la reunión de octubre organizada a instancias de la Comisión en torno al tema de «Las políticas comunitarias y la montaña», que incluía, entre otras, una intervención del Presidente Prodi.
Me ha gustado su intervención, señora Comisaria, porque ha logrado resumir las diferentes cuestiones. Quisiera retomar brevemente algunos temas.
En primer lugar, como ha dicho la Sra. Guy-Quint al final de su intervención, existe el grave problema de incorporar la cuestión de las regiones montañosas a los tratados, lo que es absolutamente indispensable. Considero que deberíamos tener presente el importante papel del Convenio a este respecto. Además tenemos que aprovechar las dos presidencias del Consejo: la Presidencia griega y la Presidencia italiana, dos países a los que evidentemente atañen los problemas de las regiones montañosas. La incorporación de esta cuestión a los tratados proporcionará una base jurídica fundamental para lograr tener una directiva relativa a las regiones montañosas, en la que obviamente habrá que dejar resuelta la cuestión de la competencia. Considero, por tanto, que debemos avanzar en este asunto.
Dicho lo anterior, deberíamos analizar las perspectivas de la política regional para el período 2007-2013. ¿Por qué no contemplar un Fondo Estructural específico para las regiones montañosas? O, mejor aún, para zonas en desventaja por razones geográficas o naturales. No voy a añadir nada en relación con la agricultura. La agricultura sigue siendo vital para salvaguardar las regiones montañosas. Lo mismo podría decirse del turismo, algo sobre lo que la Sra. Grossetête ha hablado en profundidad.
Quisiera añadir unas palabras acerca del Convenio de los Alpes. Por desgracia, no creo que la Comisión haya seguido suficientemente la labor de este Convenio. A este respecto, necesitamos promover el protocolo de transporte, a fin de lograr una base jurídica para adoptar medidas específicas encaminadas a regular el tránsito de camiones por regiones montañosas. Evidentemente tenemos que estudiar con mayor detenimiento el tema de la financiación de los principales enlaces ferroviarios, como Turín-Lyon, los Pirineos o el paso del Brennero, ya que, en mi opinión, constituyen una de las claves para el desarrollo sostenible de las regiones montañosas.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, éste es el Año Internacional de las Montañas, y celebro que la Sra. Frassoni, nuestra copresidenta, haya podido incluirlo en el orden del día, puesto que se trata de una cuestión de vital importancia. Las montañas son regiones que contienen algunos de los pocos santuarios de vida salvaje que quedan en Europa. Necesitan que se les reconozca una condición especial como regiones sensibles. El Tratado contiene una cláusula sobre las regiones ultraperiféricas que recomienda flexibilidad en la adopción de políticas comunitarias para atender necesidades especiales. Eso es lo que debería estar haciendo la Comisión. Debería declarar las montañas regiones sensibles y, seguidamente, adoptar la legislación pertinente.
Es decepcionante que la Comisión no haya tenido iniciativas este año con relación con las montañas; ni siquiera una comunicación o un Libro Blanco. Habrían recibido muy buena acogida. La Comisión, aunque insiste en el Convenio Internacional para la Protección de los Alpes, declara que los protocolos han sido ratificados, cuando nadie ha ratificado el protocolo sobre transporte. Es fundamental, con relación a la amenaza que suponen las autovías y las redes transeuropeas para las regiones montañosas, que esos protocolos sean debidamente implantados, no sólo con relación a las regiones alpinas, sino también en otras regiones, como los Pirineos, que están en peligro. Necesitamos también convenios para proteger esas regiones.
En lo que se refiere a las prioridades, existe un conflicto entre las redes transeuropeas y lo que necesitan y preocupa a los ciudadanos. Está claro que las personas que se han opuesto a las redes transeuropeas han expresado inquietudes reales y verdaderas. Sus inquietudes han sido ignoradas y se ha dado prioridad a las redes transeuropeas. Eso representa un conflicto.
Por último, no puedo entender por qué el Comisario no está presionando a los Estados miembros para conseguir que cumplan con Natura 2000 en las regiones alpinas ni por qué carecemos de listas oficiales de sitios de interés comunitario. Eso es lamentable. Insto al Comisario a que presione a los Estados miembros.

Mathieu (EDD).
Señor Presidente, las regiones montañosas reivindican su condición de espacios de vida económica, social y cultural, pero buscan reconocimiento. En primer lugar, desean que se reconozcan sus desventajas. Las regiones sólo se pueden clasificar como montañosas en función de su altitud. Debería tenerse en cuenta también la dificultad de acceso, la dureza del clima y el declive.
Las regiones montañosas también quieren que se reconozca la calidad de sus productos. Tienen fama por su alto nivel de calidad, pero eso sólo se puede valorar si los consumidores son capaces de identificar sus productos. A tal fin, se están dando algunos pasos, y deberíamos apoyarlos.
A la hora de promocionar la economía de montaña, hay que tener en cuenta el hecho de que se desarrolla en un entorno frágil, que hay que preservar y también realzar. Por tanto, resulta difícil encontrar el equilibrio, que ha de estar sustentado por una legislación coherente, algo que, ahora mismo, no existe. Estoy pensando concretamente en la legislación relativa a la normalización de la cría de animales y de las cabañas de los pastores, que resulta difícil de llevar a la práctica en algunas cadenas montañosas.
Los programas de conservación, como Life o Natura 2000, por ejemplo, también tienen consecuencias negativas para la actividad económica. Las regiones montañosas sólo permanecerán abiertas si se hace todo lo posible para ofrecer a quienes han optado por vivir allí expectativas de futuro, en particular a la gente joven.
Por consiguiente, necesitamos políticas eficaces para las regiones montañosas que estén adaptadas a cada cadena montañosa y que se basen en una gestión diseñada conjuntamente por los representantes electos, los servicios públicos y los profesionales. Estas políticas deben favorecer la compensación del coste excesivo de la producción, la apertura de las regiones, la diversificación de las actividades, el mantenimiento de los servicios públicos, el desarrollo de formación especializada y el acceso a las nuevas tecnologías.
La agricultura, el pastoralismo y la silvicultura desempeñan un papel vital en las regiones montañosas. No sólo generan productos de calidad, sino que constituyen el único medio de cuidar esos lugares y de asegurar su seguridad.
En algunas cadenas montañosas, sin embargo, el pastoralismo corre serio peligro debido a la reintroducción de especies depredadoras, así como a la deficiente gestión de sus habitantes.
Paisajes distintos, productos de calidad, pulmones verdes, especies raras: las regiones montañosas son y deben seguir siendo diversas. No deberíamos convertirlas ni en santuarios ni en desiertos.

Ebner (PPE-DE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, las regiones montañosas representan el 30% de la superficie de la Comunidad de los Quince, y el 10% de la población vive en regiones montañosas. Hasta ahora, la Unión Europea ha considerado su política para las regiones montañosas como parte de la política agrícola. Creo que esta cuestión exige ser considerada en su conjunto y no sector por sector. Las regiones montañosas representan más del 50% de la superficie total de Estados miembros como Austria, Italia, España o Grecia. Por esta razón, resulta absolutamente primordial, además de definir qué es una región montañosa, estudiar la repercusión sobre diversos aspectos de la vida, así como considerar a las regiones montañosas espacios en los que viven personas, y no sólo ámbitos empresariales de sectores concretos de la economía.
Me alegra que la señora Comisaria haya podido informarnos de que se ha llegado a una solución positiva para el problema de elaborar una definición. Creo que, en el informe final que se presentará en septiembre de 2003, esto nos proporcionará una base sobre la que trabajar.
Las apreciaciones de que, tal vez, sea demasiado pronto para concretar algo acerca de las cuestiones financieras pueden ser reflejo de un grado inevitable de cautela, pero ciertamente no resultan demasiado satisfactorias, señora Comisaria. Yo soy de una región montañosa que se encuentra en una situación relativamente buena gracias a su autonomía. Hemos sufrido un cierto grado de emigración, aunque en los últimos años sólo en un porcentaje bajo. Sin embargo, las regiones montañosas de Piamonte, Lombardía o Véneto, por ejemplo, han quedado totalmente despobladas y, al final, se han convertido en el vergel de zonas acomodadas de las grandes ciudades, y estoy seguro de que existen multitud de ejemplos similares en otros Estados miembros de la UE. Si se tienen en cuenta, queda patente lo absolutamente imprescindible que es proporcionar a quienes han permanecido allí alguna indicación positiva de que se están produciendo cambios y de que no tendrán que esperar otra década. Una posible medida sería introducir modificaciones a corto plazo en la política sobre la competencia. Clasificar a las regiones montañosas como zonas delicadas en los tratados supondría una buena señal a tal efecto.
En mi opinión, tanto el Parlamento como la Comisión han dado a la política sobre las regiones montañosas un trato más bien indigno. Hasta ahora sólo se han celebrado tres debates en esta Cámara sobre este asunto, algo que lamento, aunque la Comisión ha clausurado el Año Internacional de las Montañas organizando la conferencia que usted ha mencionado, en un intento por formarse una idea de la situación e invitar o escuchar a todos cuantos han participado en dicho Año. Esta conferencia se celebró en Bruselas en el mes de octubre, gracias a los esfuerzos de los Comisarios Fischler y Barnier. Sin embargo, sería muy positivo que convenciera a la Comisión de que tenga en cuenta el informe sobre esta cuestión aprobado por el Parlamento Europeo el 9 de septiembre del año pasado y de que actúe en consecuencia.
Para concluir, permítanme referirme brevemente al Convenio de los Alpes. La Comisión no ha hecho prácticamente nada en este ámbito. El panorama que usted ha descrito no es del todo exacto. No es que los países signatarios del Convenio de los Alpes no hayan hecho sus deberes, sino más bien, que la Comisión, que sólo ha firmado tres protocolos, ha dejado incluso de asistir a las reuniones por motivos económicos. Creo que se impone tomar medidas urgentes al respecto.
Santini (PPE-DE).
Señora Presidenta, nuestros corazones se ensanchan al hablar hoy de las montañas, aunque como siempre, los escaños de la Cámara están bastante vacíos. El mismo hecho de que se celebre este debate constituye todo un logro, y yo diría que este año, en honor del Año Internacional de las Montañas, el Parlamento Europeo también se ha esforzado por hacer su contribución. La Comisión y yo recordamos aquel seminario memorable del 17 al 18 de octubre; debatimos este asunto en el contexto de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común y la Agenda 2000, y lo estamos debatiendo de nuevo hoy. Es una lástima que, como siempre, esto sea una conversación íntima entre unos cuantos amigos, pero ése ha sido siempre el sino de las montañas en la historia de la Comunidad.
Señora Presidenta, si usted investigara un poco en Internet y rastreara en nuestras bases de datos en busca de la palabra montaña, encontraría tres referencias a resoluciones pasadas. La primera fue presentada por un tal Sr. Colleselli en 1983, la segunda, por mí en 1998 y la tercera, en 2001 por el Sr. Ebner, que acaba de intervenir. Si añade estos nombres a los pocos diputados presentes hoy en esta Cámara, obtendrá la gente de la montaña, los patriotas de la montaña, si se me permite la expresión. Sin embargo, las montañas cubren, como es sabido, el 30% del territorio de la Comunidad. En países como el mío, Italia, y también en Grecia, Portugal y España, más del 50% del territorio se define como montañoso. Entonces, ¿por qué se ha prestado tan poca atención a la montaña a lo largo de la historia? Porque las regiones montañosas tienen pocos habitantes. Entre el 5 y el 7% de los ciudadanos europeos vive en regiones montañosas, por término medio. Son pocos habitantes; por consiguiente, no llegan a formar un grupo de presión fuerte ni por número ni por riqueza. Es una pena, porque éste bien pudiera ser un momento histórico para la montaña, en lo que se refiere a su futuro y a sus perspectivas. Ante todo, su diversidad debe dejar de ser un inconveniente, como ha ocurrido hasta ahora, y convertirse en un valor añadido, a fin de que se comience a explotar el verdadero potencial que encierran. Europa no es una región deprimida: es un sistema económico y social complejo y completo. Yo diría que, paradójicamente, Europa no precisa tanto de ayuda económica como de credibilidad y de legislación específica que le permita poner en marcha sus iniciativas de cara al futuro. Ésa es la razón, señora Presidenta, de que si usted busca una directiva en la base de datos, verá que la directiva más reciente data de 1975. Han transcurrido veintisiete años, casi treinta: en todo este tiempo, la montaña ha cambiado de manera radical, pero nosotros seguimos trabajando con una directiva muy desfasada.
Entonces, ¿qué podemos proponer? Algunos diputados han realizado ya propuestas, y a mí también me gustaría plantear ciertas reivindicaciones. Hemos de aferrarnos a las propuestas del artículo 158, que la señora Comisaria ha mencionado hace un momento. Este artículo apela a la Unión Europea para que reduzca y evite el desarrollo desigual de las regiones europeas. El mismo artículo reconoce, a continuación, el carácter específico de las islas de la Comunidad. No exigimos un nuevo artículo o un fundamento jurídico diferente: pedimos que, al menos, se reconozca la especificidad de la montaña, igual que se reconoce la especificidad de las islas. Salta a la vista que la montaña es diferente al resto del territorio: es distinta desde el punto de vista medioambiental y biológico, y en cuanto a la flora y la fauna y las condiciones sociales.
A este respecto, quisiera mencionar una sugerencia realizada por el Sr. Mantovani - que no ha podido estar presente por razones de horarios de vuelo - que lamenta el hecho de que, además de los problemas medioambientales y económicos, la vida es dura en las regiones montañosas en lo que se refiere también a la asistencia sanitaria. Cuando se cierra un hospital en una región montañosa, se origina un grave problema. Cuando, en particular, el entramado sanitario resulta insuficiente, surgen serias dificultades. Por este motivo, la montaña precisa de medidas globales y generales. Basta con ayudarla. No está pidiendo que la socorramos: simplemente solicita un poco de atención y, como acabo de decir, que se reconozca su carácter específico.

Posselt (PPE-DE).
Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este debate tan interesante sobre las regiones montañosas para felicitar al Sr. Ebner y al Sr. Radwan por la forma tan impresionante y amena en que nos han ilustrado acerca de las regiones montañosas esta semana organizando aquí esta estupenda exposición y celebración. Ha sido todo un éxito, y desearía darles las gracias por habernos presentado, de una manera tan magnífica, estas maravillosas regiones de Tirol del Sur y de Alta Baviera.

La Presidenta.
Permítame añadir que las regiones montañosas suecas también han sido presentadas en el Parlamento recientemente.
El debate queda cerrado.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento).

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes siete propuestas de resolución sobre Hong Kong:
B5-0643/2002 del Sr. Andreasen, la Sra. Plooij-van Gorsel, el Sr. Van den Bos y el Sr. Watson, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Hong Kong,
B5-0645/2002 del Sr. Sjöstedt, la Sra. Eriksson, la Sra. Frahm y el Sr. Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la Constitución de Hong Kong,
B5-0649/2002 del Sr. Gahrton y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong,
B5-0650/2002 del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong,
B5-0653/2002 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong,
B5-0655/2002 del Sr. Cushnahan, el Sr. Posselt y el Sr. Sacrédeus, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong,
B5-0657/2002 de la Sra. Muscardini, el Sr. Ribeiro e Castro y el Sr. Queiró, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong.

Malmström (ELDR).
Señora Presidenta, señora Comisaria, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está enormemente preocupado por el cambio previsto del artículo 23 de la Constitución de Hong Kong. Periodistas, políticos, diferentes grupos religiosos, representantes de organizaciones de derechos humanos y organizaciones como Falun Gong muestran, en conversaciones, una gran inquietud ante esta modificación programada. La fortaleza de Hong Kong reside en su éxito a la hora de preservar el principio de un país, dos sistemas. Yo, al igual que muchas otras personas, nos tememos que este cambio vendrá a socavar gravemente tal principio, algo que, por supuesto, sería del todo inadmisible.
El hecho de que China esté haciendo presiones para que se produzca esta modificación no es nada tranquilizador. Sabemos que China presiona, a menudo, a Hong Kong para que adopte legislación ya existente en China. Me temo que la forma en que se está interpretando el artículo 23 puede conducir a la desaparición de libertades fundamentales como la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de asociación. Si un grupo como Falun Gong, que está prohibido en China, también se prohibiera en Hong Kong, esto constituiría una grave ofensa contra el principio de un país, dos sistemas.
No estoy preocupada sólo yo: la multitudinaria manifestación del fin de semana, en la que miles de ciudadanos de Hong Kong protestaron contra el cambio, demuestra que las autoridades de Hong Kong no han logrado apaciguar a sus propios conciudadanos y, por consiguiente, tampoco nos tranquilizan a nosotros. Si se trata solamente de un cambio técnico, tal y como sostiene Hong Kong, es necesario aclarar por completo este punto. Me temo que esto no es así. Espero que la Comisión analice este asunto con sumo detenimiento. Deseo hacer además un llamamiento a las autoridades de Hong Kong para que amplíen el plazo de examen y se mantengan muy alerta en lo que se refiere a estos cambios.

Maes (Verts/ALE).
Confiamos en que Hong Kong no adopte el sistema chino de leyes generales que permiten la persecución completamente arbitraria de los adversarios políticos. Al igual que la Sra. Malmström, tememos especialmente por la suerte de los partidarios de Falun Gong, cuya protesta pacífica no justifica ningún tipo de persecución. Hong Kong debe tener la posibilidad de permanecer como está, a la espera de que China recorra también el camino hacia la democracia y los derechos humanos. Únicamente bajo esta premisa podemos mantener el diálogo y la cooperación. Cuando visité China junto con otros diputados de nuestro Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pude constatar hasta qué punto el modelo económico de Hong Kong servía de ejemplo para las grandes ciudades de la China continental. Sin embargo, el concepto de «un país, dos sistemas» sigue vigente en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. En este sentido, Hong Kong continúa siendo, hasta la fecha, un fenómeno único dentro del ámbito de influencia chino.
Muchas personas en China nos dijeron que, en el futuro, eran de esperar cambios en favor de una mayor democratización y del respeto de los derechos humanos. Por consiguiente, contemplamos con la mayor de las preocupaciones la creación de la ley para combatir las actividades subversivas en Hong Kong. Nos tememos que se hará a costa de la libertad de expresión, de la aplicación objetiva de la justicia, de la libertad religiosa y artística, de la libertad científica, etc. Eso es justo lo contrario de lo que siempre hemos anhelado: que se permita el alumbramiento de un gran espacio de democracia y derechos humanos.

Gebhardt (PSE)
. (DE) Señora Presidenta, la decisión del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de publicar un documento de consulta con sus propuestas a favor de una ley antisubversión, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Fundamental, ha provocado una gran indignación y preocupación no sólo en el propio Hong Kong, sino también aquí, en el Parlamento Europeo.
Hemos escuchado perfectamente lo que nos han contado no sólo personas religiosas, sino también personas del ámbito económico, periódicos y periodistas de Hong Kong, y nos vemos obligados a tomarnos muy en serio estos temores. Existe miedo a que se silencie a la oposición, a que se pongan trabas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, al derecho de publicación y al derecho de asociación, y que deje de estar garantizado el derecho y la libertad de fundar sindicatos. Se trata de temores fundados, y debemos tomarlos en serio, puesto que estamos hablando de derechos civiles que consideramos valores fundamentales, y nos proponemos asimismo defender estos valores fundamentales en China.
Por eso, estamos haciendo un llamamiento a la República Popular China para que respete la autonomía de Hong Kong en el contexto de la política de «un país, dos sistemas» ya mencionada por las anteriores oradoras. Se ha de respetar esa política. Hago un llamamiento a China para que la respete y garantice que Hong Kong pueda ejercer sus propios derechos y no se vea sometido a ninguna presión para limitar los derechos y libertades existentes.

Belder (EDD).
Señora Presidenta, un país, dos sistemas. Suena casi demasiado bien como para que sea cierto en el caso de Hong Kong. El artículo 23 de la Ley Fundamental, no obstante, es en potencia una bomba de relojería en tales circunstancias. Este artículo solicita la elaboración de leyes contra toda una serie de delitos graves contra el Gobierno de la República Popular China. Las autoridades de Hong Kong se han embarcado en la aplicación de este artículo tan polémico, en un momento de lo más inoportuno y mediante un procedimiento que carece de transparencia. Por eso, los ciudadanos de Hong Kong se echaron a la calle de forma masiva a principios de esta semana. ¿Le está dando Hong Kong realmente algún motivo a Beijing para temer algún tipo de traición, secesión, disturbios, actividades subversivas, sustracción de secretos de Estado o actividades o conexiones políticas internacionales peligrosas? No. Sin embargo, las autoridades chinas insisten en la aplicación del artículo 23. Ojo: se trata de un artículo al que se le dio su forma actual después del baño de sangre de la Plaza de Tienanmen, en Beijing. El artículo 23 refleja, por tanto, la panaroia comunista china, tanto pasada como presente. Lo mismo cabe decir de los temores de los ciudadanos de Hong Kong, entonces y ahora. Mientras Hong Kong atraviesa un período económico difícil, Beijing no hace sino agravar la situación con su perjudicial incertidumbre política. Incluso el sector empresarial de Hong Kong está reaccionando de manera negativa, y eso lo dice todo. Refleja la amplia insatisfacción entre la población, causada por un inconexo proceso de consulta acerca de la aplicación jurídica del artículo 23. Falta la publicación de los proyectos de ley exactos. El Consejo y la Comisión deben apelar, por tanto, rápidamente a las instancias pertinentes de Hong Kong y Beijing, ya que la Unión Europea se toma muy en serio la cuestión de la preservación del principio de «un país, dos sistemas» para Hong Kong.

Cushnahan (PPE-DE).
Señora Presidenta, desde julio de 1997 el Parlamento Europeo ha sido un defensor acérrimo de la autonomía de Hong Kong de acuerdo con la política de «un país, dos sistemas». En pos de esa política, hemos trabajado constructivamente con la administración de Hong Kong, una labor que se refleja en la presencia de la anterior Secretaria Jefe Anson Chan y su sucesor, Donald Tsang, en las reuniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Por consiguiente, debemos seguir vigilando los acontecimientos que puedan, de un modo u otro, socavar la autonomía de Hong Kong y coartar las libertades fundamentales. La promulgación de legislación según el artículo 23 ha generado inquietud. 
Aunque celebro las garantías personales dadas por el Primer Secretario Donald Tsang en el sentido de que no permitirá que se vean amenazadas las libertades que disfrutan los ciudadanos de Hong Kong, sus intenciones deben quedar reflejadas en la legislación propuesta. El fin de semana pasado, una gran manifestación en Hong Kong demostró que el miedo a que las leyes promulgadas según el artículo 23 puedan socavar los derechos humanos y la libertad civil y religiosa que disfrutan sus ciudadanos, están justificados. Comparto esa inquietud e insto al Gobierno de la RAE de Hong Kong a que se haga eco de ella en las propuestas definitivas que presenten. En particular, las nuevas leyes no pueden violar las disposiciones del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como tampoco pueden en modo alguno socavar la independencia de los tribunales de Hong Kong ni su derecho a ejercer el poder de jurisdicción final. Muchas personas se acuerdan todavía de la reinterpretación de la Ley Básica que hizo el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional en el asunto del derecho de residencia. Eso no tiene que repetirse con relación a los problemas que plantea el artículo 23.
Quiero pedir a las autoridades de Hong Kong que tengan en cuenta este debate, que tengan en cuenta esta resolución y, especialmente, nuestra petición de que presenten un proyecto de ley para someterlo a consulta.

Balfe (PPE-DE).
Señora Presidenta, empezaré manifestando mi interés como copresidente del Grupo de Amigos de Hong Kong, junto con mi buen amigo y colega el Sr. De Clercq, del Grupo ELDR.
El primer punto que quisiera tratar - al que también ha aludido mi amigo y colega, el Sr. Cushnahan - es que la constitución de Hong Kong no permite que se apruebe ninguna ley que viole las normas internacionales de derechos humanos. Mi segundo comentario es que todos los países necesitan legislación en materia de seguridad. Quisiera argumentar que lo que se propone es más suave que la reciente Ley de Seguridad Interior de Estados Unidos, sin que ésta haya suscitado grandes protestas por parte de esta Cámara.
Hemos pedido a las autoridades de Hong Kong que garanticen que la propuesta relativa al artículo 23 no se utilice para silenciar a la oposición. Les pondré un par de ejemplos. Hace unos días, el 27 de noviembre, el Sr. Antony Leung, Secretario de Finanzas, acudió al Parlamento Europeo. En las actas de la reunión a la que asistió puede leerse: «Dio garantías personales del compromiso del gobierno para mantener el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos y las libertades contemplados en la Ley Básica y arraigados en el sistema judicial de Hong Kong.» Eso ocurrió en presencia de nuestros diputados muy recientemente. Hace unos días, el 10 de diciembre, el antiguo Secretario de Finanzas y actual Primer Secretario, Donald Tsand, dijo en un discurso pronunciado en Hong Kong: «El libre flujo de información, la libertad de decir y hacer lo que queramos, constituye el verdadero entramado de la sociedad de Hong Kong.»
Les informo que existe preocupación. Espero también que tengamos unas disposiciones claras y detalladas y me gustaría que tuviéramos un proyecto de ley para debatir. Pero tratemos primero de conseguir una buena legislación y no caigamos víctimas de los que quieren lanzar indirectamente una campaña contra la RPC.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señora Presidenta, el Gobierno de Hong Kong presentó en septiembre una propuesta de ley que pone en peligro la libertad de expresión, de prensa y de credo en la región. Esta ley, conocida como el artículo 23, pretende proteger a Hong Kong contra las amenazas internacionales e internas, pero al mismo tiempo supone equiparar la legislación de Hong Kong con la de China. De esta forma, las organizaciones y los movimientos prohibidos en la China comunista también quedarán prohibidos en Hong Kong. Al igual que las iglesias cristianas no autorizadas por el Gobierno chino, el movimiento Falun Gong tendría el mismo carácter ilegal en Hong Kong que ha tenido en China desde 1999.
La ley aumentaría el poder de las autoridades para controlar y, consecuentemente, censurar todo lo que saliera impreso en los periódicos, así como en otros medios de comunicación y formas de publicación. Todo material que se juzgara pernicioso para la Región y para China en su conjunto quedaría, por tanto, censurado y su posesión constituiría un delito punible. La votación está prevista que se celebre en Hong Kong el día de Nochebuena. Ojalá podamos celebrar en estas Navidades la retirada del artículo 23.
Schreyer
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión ha seguido muy de cerca el debate público en torno a la propuesta aprobada por el Gobierno Regional de Hong Kong de aplicar el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong. La Comisión es consciente de la enorme importancia y la gran trascendencia política de esta iniciativa, especialmente en lo que concierne al desarrollo de Hong Kong y China en su conjunto. Dado que esta propuesta del Gobierno Regional ha sido formulada en términos muy generales, no va a ser posible juzgar correctamente este proyecto de ley hasta que no se presente ante el Consejo Legislativo de Hong Kong. Eso ocurrirá probablemente en febrero de 2003.
El planteamiento de la Comisión se basa en la hipótesis de que ahora tendrá lugar un amplio proceso de consulta y de que éste se hará extensivo a las disposiciones legislativas detalladas, tan pronto como sean presentadas ante el Consejo Legislativo. La Comisión considera que es muy importante que, a la hora de elaborar las futuras disposiciones legislativas, se tomen totalmente en consideración las opiniones expresadas por los distintos grupos durante el proceso de consulta. Además, las disposiciones legislativas propuestas y su aplicación no deberían socavar la preservación de un sistema constitucional ni el respeto por los derechos humanos y las libertades básicas en Hong Kong, de conformidad con el principio de «un país, dos sistemas». Por último, según la Ley Fundamental de Hong Kong, la legislación propuesta debe ser compatible con los acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales.
La Unión Europea está siguiendo muy de cerca cualquier novedad en la zona a través de sus embajadores. Sobre la base de sus recomendaciones, se propone hacer llegar una declaración a las instancias más altas posibles del Gobierno Regional de Hong Kong, a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso, antes del final del proceso de consulta, el 24 de diciembre; esta declaración hará hincapié en el compromiso de la Unión Europea con los principios que acabo de mencionar.
La Presidenta.
Muchas gracias, Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes cuatro resoluciones sobre la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón:
B5-0644/2002 de la Sra. Morgantini, la Sra. Boudjenah, el Sr. Herman Schmid, el Sr. Seppänen, el Sr. Cossuta y el Sr. Miranda da Silva, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón,
B5-0647/2002 del Sr. Lagendijk, la Sra. Boumediene-Thiery, el Sr. Dhaene, el Sr. Gahrton y la Sra. Isler-Béguin, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón,
B5-0652/2002 del Sr. Trentin y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sobre la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón,
B5-0654/2002 del Sr. Perry y el Sr. Morillon, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón.
Morgantini (GUE/NGL).
Señora Presidenta, la destrucción de su patrimonio cultural representa para los palestinos una herida abierta que sangra de forma continua. Entre 1948 y 1952, el Gobierno israelí destruyó 420 aldeas palestinas, según documentos de historiadores israelíes. Algunos de los distritos árabes de Jaffa quedaron destruidos. En 1967, tras la ocupación de Jerusalén oriental, el barrio marroquí de la Ciudad Antigua fue demolido, con el fin de hacer sitio para una gran plaza frente al Muro de las Lamentaciones. A lo largo de todos estos años de ocupación militar, jamás se ha concedido permiso alguno para restaurar los cascos históricos de las diferentes ciudades.
Tras el Acuerdo de Oslo y la creación de la Autoridad Palestina, se comenzó a restaurar, con gran entusiasmo, las Ciudades Antiguas de Nablús, Belén y Hebrón. En los últimos dos años, debido a la nueva ocupación de los territorios autónomos, los tanques y las bombas israelíes han vuelto a causar una enorme devastación. Sesenta y seis palacios construidos entre los siglos XIII y XVIII han quedado destruidos, incluyendo los caravanserai, los baños turcos y las viejas fábricas de jabón. Hoy le toca el turno al casco antiguo de Hebrón, en el que las casas se hallan al lado de la Tumba de los Patriarcas: casas mamelucas y otomanas y de la época del Mandato británico. Sin embargo, se trata de algo más que de preservar edificios antiguos: los centros históricos están habitados por mujeres, hombres y niños que, como los de los campos de refugiados de Jenin y Rafah, carecen de techo. Además, su número ha superado los 15 000 en los dos últimos años.
La justificación oficial facilitada por las autoridades israelíes en el decreto militar que ordena la demolición de las casas en Hebrón alega motivos de seguridad y de índole militar. Nada más lejos de la realidad. Ariel Sharon ha dicho claramente que es necesario conectar el asentamiento de Quiriat Arba con la Tumba de los Patriarcas. Se trata de una anexión de territorio, ya que los asentamientos de Quiriat Arba son ilegales. Es cierto que la decisión de destruir el casco antiguo ? motivo de nuestra resolución de hoy ? fue tomada a raíz de que el ataque de un grupo palestino causara la muerte de nueve personas, de soldados del ejército y de guardias armados de los asentamientos. Es cierto que, en algunos casos, las casas destruidas en Cisjordania pertenecen a familias en las que un hijo, un hermano o un primo han tomado la decisión trágica y terrible de inmolarse y causar la muerte de ciudadanos israelíes, pero en los últimos dos años han sido destruidas más de 2 000 casas. Esto no da a los israelíes carta blanca para violar las leyes internacionales y la Convención de Ginebra, que prohíbe expresamente las represalias colectivas, la destrucción de propiedades y el asesinato de civiles. Más de 2 000 casas han sido demolidas en los últimos dos años y más de 20 000 personas han resultado heridas. Me entristece que también se hayan producido muchas bajas israelíes: más de 600 ya. Israel es un país invasor que está violando las obligaciones recogidas en la Cuarta Convención de Ginebra de sacar a su gente de los territorios ocupados - actualmente hay más de 400 000 colonos - y debería garantizar el bienestar y cubrir las necesidades del pueblo palestino, mientras el 72% de la población palestina carece de empleo y se halla confinado en las aldeas.
La primera ilegalidad es la ocupación militar de Cisjordania y de la Franja de Gaza, que lleva produciéndose desde 1967. No se puede seguir permitiendo a Israel que continúe violando todas las leyes internacionales y provocando dolor y sufrimiento, no sólo a los palestinos, sino también a su propia gente. Debemos enviar a los palestinos algún gesto que les permita confiar en que se hará justicia y que pueda impedir el crecimiento del fundamentalismo. Debemos enviar una señal al Gobierno israelí para que sepa que no puede actuar continuamente fuera de la ley, poniendo como pretexto la amenaza del antisemitismo y del terrorismo. Nuestra única preocupación es que no se utilice un doble rasero: los derechos humanos y el derecho a la vida son iguales para todas las personas.
La resolución de hoy pone un límite: hay que poner fin a la demolición. Hemos de ponernos del lado de aquellos israelíes que, junto con los palestinos, se han pronunciado en contra de la destrucción de casas en Hebrón y van a protagonizar una manifestación en esta ciudad, ya que el patrimonio cultural de Hebrón y Palestina forma parte del patrimonio cultural de la Humanidad y debe preservarse, no destruirse.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señorías, Oriente Próximo posee un patrimonio único, rico en símbolos y en historia. Pero ese patrimonio, que durante demasiado tiempo ha venido padeciendo el conflicto colonial que asola a Palestina, se encuentra en peligro de desaparición. Muchos centros históricos milenarios han quedado devastados, destruidos por las fuerzas de ocupación israelíes. En Hebrón, el ejército se apresta a derruir cerca de un centenar de casas que lindan con la Ruta de las Plegarias. Es un auténtico pasillo, jalonado por torretas de vigilancia y sólo accesible para los colonos, que se va a acondicionar para unir el asentamiento con la Tumba de los Patriarcas, símbolo de las tres religiones, del que Israel pretende apropiarse.
Hebrón constituye un ejemplo flagrante de apartheid. La ciudad está dividida en dos por una larga carretera que sólo utilizan los israelíes, y algunas calles están totalmente vetadas para los palestinos. Es todo un símbolo de una situación a la deriva que sólo puede conducir a una escalada de violencia. Durante el conflicto, el patrimonio palestino se ha convertido en un importante asunto político. Los cimientos de los lugares culturales están cediendo ante los ataques de los tanques y los helicópteros israelíes, que además están bombardeando edificios públicos y profesionales, escuelas, viviendas y campos de refugiados, causando miles de víctimas entre la población civil. ¿No es eso auténtico terrorismo, terrorismo militar, terrorismo de Estado? Israel está demostrando a las claras que la identidad palestina no tiene cabida en sus planes de ampliación de los asentamientos. Este planteamiento de erradicar la historia y la memoria del pueblo palestino es una consecuencia de la búsqueda de legitimidad por parte del Estado de Israel.
Quisiera resaltar el valor de las misiones civiles e internacionales que, careciendo de todo poder de intervención, pero con el derecho a informar y observar, están desempeñando un papel moderador y protector. A través de su actuación sobre el terreno, están poniendo en práctica una diplomacia ciudadana allí donde nuestra diplomacia internacional es incapaz de intervenir. Debemos condenar urgentemente estos auténticos crímenes contra el patrimonio cultural común de la humanidad, exigir que se respeten las Convenciones de La Haya y de Ginebra sobre protección de bienes y personas, así como solicitar a la Comisión que interceda ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que envíe fuerzas de intervención, a fin de proteger al pueblo palestino, su patrimonio cultural e histórico y su entorno.
Recordemos que una paz justa y duradera para estos dos pueblos sólo puede estar fundamentada en el respeto por el derecho internacional, en la retirada de los asentamientos y de las fuerzas de ocupación y en la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967.

Souladakis (PSE).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, dentro de unos días será Navidad, y nuestra resolución pide que se permita a los feligreses visitar la Basílica de la Natividad en esas fechas tan señaladas. Las cosas han llegado a una situación crítica, todo como resultado de la indiferencia, la negligencia o el fanatismo. Varios períodos parciales de sesiones atrás aprobábamos resoluciones para proteger las infraestructuras en Palestina, ya que eran obras construidas con dinero de la Unión Europea. Ahora nos vemos aprobando resoluciones para proteger el patrimonio cultural, ya que en ningún lugar del globo pertenece el patrimonio cultural a los Sharon o Arafat de este mundo: pertenece a la historia y a los ciudadanos.
A tal efecto, tenemos que darnos cuenta ahora de que una resolución apenas puede lograr resultados. Hace unos días, la Unión Europea demostró en Copenhague que es capaz de actuar con decisión y de intervenir llegado el caso. Así las cosas, carece de sentido permanecer al margen y contemplar las maquinaciones que están teniendo lugar en Oriente Próximo, las confrontaciones, la destrucción y la pérdida de vidas humanas en ambos bandos. Es preciso que apliquemos una política diferente, una firmeza distinta, a fin de resolver esta crisis sin fin y sin salida. Las políticas de asentamientos, las políticas terroristas - y no es que el terrorismo pueda calificarse de política - no ofrecen ninguna perspectiva ni ningún marco de solución de ningún tipo.
Señorías, cuando hace algunos meses o más bien un par de años, contemplábamos en nuestros televisores la destrucción de las estatuas de Buda a manos de los talibanes, gritamos: ¿quiénes se creen que son para destruir la historia de la humanidad? Hoy está ocurriendo algo idéntico, a la vuelta de la esquina, y nos quedamos mirando. No es nuestro cometido quedarnos mirando, en tales circunstancias. Ni tampoco quejarnos. Nuestra obligación es intervenir. Pongamos fin a los asentamientos. No conducen a nada. Pongamos fin a la destrucción. Tampoco conducen a nada. Y pongamos fin a las acciones terroristas. Tampoco conducen a nada. Es necesario que nos ciñamos a la política consensuada hace años por Arafat y el Primer Ministro Rabin, que Dios tenga en su seno. Ahí está el camino hacia delante; ahí se halla la solución. Ninguna otra política tiene sentido.
Dicho lo cual, una Unión Europea de veinticinco que desee desempeñar un papel político e intervenir en los asuntos internacionales necesita rectificar su táctica con respecto a este asunto. No es conveniente ser espectador. Hay que llevar la voz cantante, y ahora la Unión Europea tiene la oportunidad de desempeñar el papel que debería haber desempeñado desde hace años.
Gracias por su atención y feliz Navidad.

Morillon (PPE-DE).
Señora Presidenta, con infinita prudencia vuelvo a tomar la palabra en relación con la dolorosa cuestión de Oriente Próximo. Puede parecer irrisorio o incluso penoso, a primera vista, que el Parlamento presente una resolución más sobre este tema, ahora para proteger unas piedras, por muy preñadas que estén de historia, mientras se siguen sacrificando vidas humanas en la espiral infernal de violencia y miedo, sangre y venganza que se ha desatado en esta tierra, que tan querida nos resulta a muchos de nosotros.
Aunque el Grupo del PPE-DE está, a pesar de todo, participando en este debate de hoy, lo hace consciente y convencido de que la acción anunciada por las autoridades israelíes para preservar el acceso al asentamiento de Quiriat Arba sólo puede traer consecuencias desastrosas para la evolución de este interminable conflicto, sin que pueda aportar garantías legítimas para la seguridad de los habitantes de la colonia. Mi experiencia de los anteriores conflictos en los que he estado implicado, tanto en Argelia, hace ya casi cincuenta años, como más recientemente, en los Balcanes, me ha enseñado que ningún muro es infranqueable, por muy rodeado que esté de minas y por muy sofisticados que sean los métodos con los que se protege. Sin embargo, al igual que nuestro compañero, el Sr. Souladakis, aún más recientemente, no he olvidado la reacción horrorizada de la opinión pública mundial a raíz de la destrucción de los Budas de Bamyan, que desencadenó la condena unánime contra el régimen talibán.
Por esta razón, sin pretender ser juez, y mucho menos fiscal, de una situación en la que la Unión Europea, como bien ha dicho el Sr. Souladakis, todavía no ha encontrado su papel, sólo nos queda llamar la atención de las autoridades israelíes acerca de las consecuencias trascendentales de cualquier decisión que desemboque en la destrucción, aunque sea parcial, de la Ciudad Antigua de Hebrón.

Cauquil (GUE/NGL).
Señora Presidenta, la destrucción del patrimonio cultural en Hebrón es todo un símbolo. El poder de opresión que emana de ella no sólo está destruyendo casas y piedras: está destruyendo a personas, acabando con su existencia. Las está matando. El Estado de Israel está oprimiendo al pueblo palestino, con la complicidad explícita o hipócrita de todas las grandes potencias.
¿Por qué habrían de preocupar al poder de la extrema derecha en Israel las amonestaciones amistosas que las grandes potencias le dirigen, de vez en cuando, siempre que el ejército israelí traspasa ciertos límites? El Sr. Sharon sabe que lo que está haciendo en Israel es simplemente un calco de lo que los dirigentes estadounidenses han hecho en el Afganistán y se están preparando para hacer en el Iraq. ¿Por qué habrían de importarle al Sr. Sharon las protestas hueras de países que pretenden distanciarse ligeramente de sus políticas, como Francia, cuando ese mismo país se encuentra inmerso en el proceso de emprender igualmente una guerra sucia?
El ejército francés no va a proteger a la población de las matanzas étnicas o xenófobas: va a proteger a la pandilla en el poder que las está llevando a cabo. No cabe duda de que los rebeldes no son mejores, pero no le corresponde al ejército francés actuar de árbitro o de agente de policía. Al proteger al Gobierno en el poder, está protegiendo, sobre todo, a las empresas francesas que tienen importantes intereses allí.
Sí: el ejército israelí debería retirarse de Palestina y el ejército francés debería abandonar Côte d'Ivoire y África.

Sandbæk (EDD).
Señora Presidenta, desgraciadamente no es ésta la primera vez que Israel ha arrasado monumentos religiosos y culturales y ha contravenido la Carta de Venecia y todas las convenciones de la UNESCO y del ICOMOS, sin que el mundo proteste por ello. Esta vez, las protestas mundiales deberían ser tan clamorosas como lo fueron a raíz de la vandálica destrucción de las estatuas de Buda en Afganistán. Lo que nos preocupa es un patrimonio insustituible de edificios de valor religioso y cultural que van del período mameluco, en el siglo XV, al período otomano, en el XIX: son tesoros culturales que no sólo pertenecen a los palestinos, sino al mundo entero. La destrucción de estos tesoros culturales nada tiene que ver con la seguridad y la defensa propia. Se trata de simple venganza, y venganza que hará aumentar la espiral de violencia en la que, lejos de la mirada pública, los soldados y los colonos israelíes asesinan a civiles palestinos con tanques y rifles, mientras los jóvenes palestinos se inmolan a la vista de todos los medios de comunicación. Más de trescientas viviendas están amenazadas con la destrucción. La ciudad histórica de Hebrón, con su singular arquitectura y su importancia religiosa, nunca volverá a ser la misma. Es una auténtica vergüenza, y la UE debe apelar a la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad de detener esta destrucción.

Schreyer
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión está muy preocupada por los planes de destrucción de las viviendas familiares palestinas de la Antigua Ciudad de Hebrón. No es sólo que estos edificios tengan importancia cultural e histórica, sino que la actuación prevista vendrá a agravar el sufrimiento de la población civil palestina inocente.
La Unión Europea ha condenado el ataque perpetrado por militantes palestinos el 15 de noviembre en el que fueron asesinados 12 soldados israelíes. La Comisión no alcanza, sin embargo, a comprender cómo las medidas proyectadas servirían para aumentar la seguridad en Hebrón; si acaso, estas medidas vendrán a crispar la situación, que ya es enormemente tensa. La Comisión considera que la destrucción de los lugares históricos palestinos es una violación del Protocolo de Hebrón suscrito por Israel y la Autoridad Nacional Palestina en 1997. Este protocolo obliga a ambas partes a preservar y proteger el carácter histórico de la ciudad, para que ningún elemento de su patrimonio sufra daños o alteraciones.
La Comisión desea, asimismo, llamar la atención del Parlamento acerca de las recientes conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Copenhague, en las que el Consejo expresó su alarma por la ampliación de los asentamientos y los trabajos de construcción asociados. Efectuó un llamamiento a Israel, con carácter de urgencia, para que diera marcha atrás a su política de asentamientos, frenara la construcción de asentamientos y detuviera la anexión de cualquier otro territorio.

La Presidenta.
Muchas gracias, Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes seis propuestas de resolución sobre el Tíbet:
B5-0642/2002 del Sr. Andreasen, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el Tíbet,
B5-0646/2002 del Sr. Sjöstedt, la Sra. Eriksson, la Sra. Frahm y el Sr. Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet,
B5-0648/2002 del Sr. Messner, el Sr. Gahrton, la Sra. Maes y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet,
B5-0651/2002 del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sobre la situación de los derechos humanos de los tibetanos en la provincia de Sichuan,
B5-0656/2002 del Sr. Mann y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet,
B5-0658/2002 de la Sra. Angelilli, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet.

Malmström (ELDR).
Señora Presidenta, señora Comisaria, el asunto del Tíbet lo hemos debatido multitud de veces en esta Cámara. Seguramente ésta tampoco será la última. En el Parlamento Europeo, existe un sentimiento generalizado de solidaridad con el pueblo tibetano. El pueblo tibetano lleva años sometido a un trato terrible por parte de Beijing, y esto continúa siendo así. Sin embargo, tal vez se esté haciendo una luz diminuta al final del túnel, dado que se ha entablado un cauto diálogo entre Beijing y los representantes del Dalai Lama. El hecho de que dos personas como Ngawang Sangdrol y Jigme Sangpo - dos conocidos presos de conciencia que han sido objeto de atención por parte de esta Cámara en varias ocasiones - hayan sido ahora liberadas de su prolongado cautiverio también resulta muy positivo. Sin embargo, hay muchos más presos.
No creo que este hecho indique un cambio sustancial de política por parte de China. Ojalá me equivoque, pero no creo que sea el caso. De cualquier modo, representa un paso hacia adelante. Resulta, por tanto, aún más preocupante que los dos monjes budistas tibetanos, Tenzin Delek y Lobsang Dhondup, hayan sido ahora condenados a muerte. Se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ahora se les tilda de terroristas. No se les ha sometido, ni mucho menos, a un juicio justo, no se ha presentado ninguna prueba, se les ha mantenido totalmente aislados durante ocho meses, y ahora van a ser ejecutados. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas exige un juicio justo, de conformidad con el Estado de Derecho, y un trato acorde a las convenciones internacionales. Como siempre, condenamos la pena de muerte allá donde se aplique. La contribución de China a la lucha internacional contra el terrorismo parece haber quedado restringida, desgraciadamente, por parte de Beijing a tildar de terroristas a los disidentes de la oposición y a diferentes minorías, obteniendo así una excusa para oprimirlos. Ésta no es la forma en que se debería proceder. La lucha contra el terrorismo debe ir siempre de la mano del Estado de Derecho. Seguiremos peleando en favor de los derechos en el Tíbet y continuaremos condenando cualquier violación de los derechos humanos en China, y esperamos que la Comisión refuerce el diálogo sobre derechos humanos con China.

Maes (Verts/ALE).
El Tíbet es una región que cuenta con su propia cultura, su propia religión y sus propias tradiciones políticas. También es una supuesta región autónoma de China, por mucho que no se entienda esta autonomía en la práctica. Al fin y al cabo, cualquier intento por lograr una autonomía real es considerado un delito, que da lugar a un proceso judicial, y el concepto de delito político resulta desconocido en China. Los adversarios políticos reciben, simple y llanamente, el mismo trato que los delincuentes comunes. La lucha contra el terrorismo viene a proporcionar una excusa más para tal práctica.
Las penas de muerte contra Tenzin Delek, un influyente lama budista, y su ayudante, Lobsang Dhondup, dictadas el 3 de diciembre, ponen tristemente de manifiesto que esto es así. Consideramos que las acusaciones no están probadas, pero el hecho de que se haya mantenido a estas dos personas en reclusión aislada y que hayan sido finalmente condenadas a muerte, al cabo de meses de encarcelamiento y tras un simulacro de juicio, nos aturde. No debe permitirse que se ejecuten estas penas de muerte: hay que revisar los veredictos por medio de un juicio justo. Se ha de reanudar el diálogo entre China y los representantes del Dalai Lama, que inspira tanta confianza en este hemisferio, pero nos hemos de cuidar de ser ingenuos en nuestras relaciones con este enorme país. Prestan mucha atención a lo que pensamos de ellos, pero no hemos de dejarnos cegar por tácticas disuasorias. Debemos ver lo que está ocurriendo en realidad y provocar un cambio judicialmente y en la práctica.

Gebhardt (PSE)
. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, como miembro de la delegación para las relaciones con la República Popular China, he tenido ocasión recientemente de mantener muchas conversaciones fascinantes con mis interlocutores chinos. Llegué a tener la impresión de que efectivamente se iba a producir una auténtica apertura, un diálogo genuino sobre los derechos humanos. Por eso, aplaudí también la puesta en libertad de Ngawang Sangdrol y de Jigme Sangpo. La interpretamos como una señal de que se estaban respetando los compromisos y de que se estaba haciendo honor a las promesas.
Nos satisfizo enormemente el hecho de que Li Peng cumpliera, al final, su promesa de entablar contacto con el Dalai Lama y de que llegaran realmente a celebrarse las conversaciones iniciales con los representantes del Dalai Lama. Los consideramos dos gestos muy positivos.
Así que ahora nos sentimos aún más consternados por el hecho de que hayan arrestado simultáneamente a dos individuos, Tenzin Delek y Lobsang Dhondup - un lama y uno de sus seguidores - y los hayan mantenido aislados durante seis u ocho meses, aunque hasta el momento no haya podido demostrarse irrefutablemente que cometieran de verdad el delito del que se les acusa. Esto resulta totalmente contrario al comportamiento constitucional que esperamos y exigimos naturalmente de los ciudadanos o de un gobierno.
Comprendemos perfectamente que la lucha contra el terrorismo es importante, pero siempre que sea combatir el auténtico terrorismo, no a los disidentes. La lucha contra el terrorismo tiene obligatoriamente que respetar los criterios constitucionales, pues de lo contrario, no puede justificarse.
Sólo espero que esto haya sido un borrón que quede subsanado rápidamente por el Gobierno chino, y que estos dos individuos sean puestos en libertad o, cuando menos, sometidos a un proceso justo. Asimismo espero que China garantice que la puerta hacia los derechos humanos, que se ha abierto un poco, no se vuelva a cerrar de golpe, sino que se abra más para que también prevalezca en China un auténtico comportamiento constitucional.
Mann, Thomas (PPE-DE).
Señora Presidenta, el arranque fue efectivamente prometedor. Una delegación oficial del Dalai Lama visitó, en septiembre, a los dirigentes chinos. En octubre, fue puesta en libertad la monja Ngawang Sangdrol, tras décadas de encarcelamiento, como consecuencia de multitudinarias protestas internacionales, incluidas las del propio Parlamento Europeo. Un número considerable de diputados de esta Cámara la habían propuesto en repetidas ocasiones para el Premio Sajarov.
¿Fueron estos gestos por parte de los chinos únicamente una maniobra política durante la fase previa a la visita de su Presidente a los Estados Unidos? ¿Se volverá a agotar el camino hacia el diálogo constructivo, tras la conferencia del Partido Comunista y los profundos cambios de rostros que ha provocado? ¿Están ganando la batalla los partidarios de aplicar mano dura?
Últimamente nos han llegado noticias bastante alarmantes. A principios de diciembre, tal y como han relatado otros diputados, dos ciudadanos tibetanos han sido condenados a muerte por el Tribunal Popular de Kardze, tras un juicio tan apresurado, que no queda más remedio que poner en duda su legalidad. Han sido acusados de tenencia ilícita de armas, de separatismo y de participar en un ataque con explosivos ocurrido en Chengdu en el mes de abril.
Uno de los implicados es el tibetano Tulku Tenzin Delek, sobre el que pende una pena de muerte con un aplazamiento de dos años. Ha estado dedicado durante décadas a preservar la cultura, la lengua y la religión tibetanas. Ha fundado nuevos conventos y ha promovido el bienestar social de la población. Su compañero Lobsang Dhondup también se enfrenta a la pena de muerte, sin aplazamiento.
Resulta obvio que ninguno de los dos acusados recibió un juicio justo. Se han transgredido las normas internacionales. Por ejemplo, Tenzin Delek estuvo ocho meses en reclusión aislada sin contacto alguno con sus familiares o sus abogados, lo que constituye una flagrante violación de las normas mínimas de las Naciones Unidas relativas al trato de los prisioneros. Las autoridades reclamaban el pago de una fianza equivalente a 120 000 euros antes de iniciar el juicio propiamente dicho. Sus discípulos fueron arrestados cuando intentaron reunir el dinero.
Esto constituye una violación evidente de los derechos humanos internacionales. Es fundamental que las autoridades chinas respeten la legalidad. Por muy necesaria que sea la lucha contra el terrorismo, y por mucho que todos nosotros la apoyemos, no se puede librar al margen del respeto por la ley y los derechos humanos. Resulta, a todas luces, inaceptable para la lucha pacífica en defensa de la práctica de la religión y la cultura tibetanas que sea calificada de acto terrorista.
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, solicito a la Comisión que haga referencia inmediatamente a estos juicios injustos dentro del diálogo sobre derechos humanos con los chinos. Tenemos que evitar la ejecución de sentencias ilegales, y la concesión de ayudas económicas debe supeditarse a las mejoras en el ámbito de los derechos humanos.
Señorías, les pido que movilicen, sin dilación, a las embajadas de los Estados miembros en Beijing, a fin de que estos acusados puedan recibir un juicio justo. El primer paso ha de consistir en suspender las sentencias de muerte.
Por último, como presidente del Intergrupo Parlamentario del Tíbet, desearía expresar mi confianza en que la razón prevalecerá en China y en que nuestra campaña mundial en favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho tendrá éxito.
Posselt (PPE-DE).
Señora Presidenta, como ya han dicho otros, estas sentencias de muerte no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esto viene a demostrar también la responsabilidad que asumimos al librar esta guerra. Los Estados Unidos también han de afrontar esa responsabilidad en el marco de las instituciones internacionales, las Naciones Unidas y la jurisdicción internacional.
Si únicamente se combate el terrorismo - y ése es un peligro que desgraciadamente también existe en Washington - sobre la base estricta de una coalición de las grandes potencias, existe el riesgo de que dichas potencias hagan un uso indebido de la guerra contra el terror en beneficio propio: Moscú la utilizará contra los chechenos y Beijing la usará contra el Tíbet. Tenemos que ser plenamente conscientes de que la modalidad de represión practicada en el Tíbet o en Chechenia no constituye una forma de combatir el terrorismo: simplemente lo engendrará.
Antes hemos hablado de las regiones montañosas. Hace algunas décadas todavía se producían ataques con bombas aquí en la Comunidad, en Tirol del Sur, que ahora es una región pacífica y modélica de Europa, de la que podemos sentirnos orgullosos. Había incluso movimientos extremistas en nuestras democracias europeas. Todo ello suena bastante improbable hoy día, ya que al conceder autonomía hemos logrado que nadie emprenda acciones separatistas o terroristas. Ahora nos sentimos más cómodos en una comunidad de europeos mayor y nos consideramos el núcleo de Europa.
Mi mensaje a los chinos, por tanto, es el siguiente: «Denles autonomía a los tibetanos, denles democracia y denles derechos humanos». Ésa es la forma de combatir el terrorismo y el separatismo. Es un planteamiento satisfactorio que no provocará terrorismo, sino que realmente traerá la paz y garantizará que prevalezca la paz en la región montañosa más importante e históricamente más preciada del mundo, una paz que puede servir de modelo al mundo entero.
La propuesta de resolución que tenemos delante contiene muchos aspectos valiosos, pero la formulación es más bien desacertada, y me estoy refiriendo a la expresión «la minoría tibetana en China». Desde luego, en comparación con la enorme población de China, todos somos minorías. Sin embargo, aquí estamos hablando del gran pueblo tibetano, con su ancestral cultura mundial, que constituye un valioso patrimonio para la humanidad. Hacemos un llamamiento a los chinos para que respeten a este pueblo y a su cultura como socios en igualdad de derechos, igual que nosotros tratamos a los tibetanos y a los chinos como iguales.
Dupuis (NI).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el Sr. Posselt tiene toda la razón: se trata de la mayoría tibetana en el interior del Tíbet. Y, señora Maes, el problema planteado hoy por estas dos penas de muerte pone de manifiesto la transformación de las fronteras efectuada por los chinos. El Tíbet de la región autónoma supone un tercio del Tíbet. Luego está también la provincia de Sichuan, un gran porcentaje de la cual forma parte del Tíbet histórico.
Quienes me han precedido en el uso de la palabra ya lo han debatido. Hace tres meses se produjo un atisbo de esperanza para algunos por el retorno de Kelsang Gyaltsen y Lodi Gyari, los enviados del Dalai Lama que fueron en visita oficial a Beijing por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, se ha producido un ligero cambio en la República Popular China. Hu Jintao se ha convertido en nuevo Presidente, en Secretario General del Partido comunista chino. El resultado del presunto diálogo iniciado son estas dos sentencias de muerte: las de Tenzin Delek y Lobsang Dhondup.
Evidentemente, señora Gebhardt, podría haber mejores pruebas de este diálogo. Dicho lo cual, creo que, ante todo, debemos preguntarnos, como diputados del Parlamento Europeo y como europeos, cómo prestar apoyo al pueblo tibetano. Pienso que tenemos que plantearnos seriamente la cuestión. Existe un riesgo de exotismo, como existe el riesgo de que la lucha pacífica de nuestros amigos tibetanos no sea capaz de alcanzar el objetivo de liberar el Tíbet. Constituye un objetivo para los tibetanos, pero también para todos los hombres y mujeres libres del mundo.
Hace ahora casi tres años, en junio de 2000, el Parlamento aprobó una resolución para invitar a los Gobiernos de los Estados miembros a que reconocieran el Gobierno en el exilio del Tíbet, el Gobierno del Dalai Lama. Creo que es la forma de respaldar verdaderamente a nuestros amigos tibetanos y de mostrar a nuestros amigos chinos que el Estado de Derecho se sustenta sobre unos fundamentos sólidos de diálogo y no sobre un remedo de diálogo, sobre las migajas de diálogo que lanzan a los tibetanos y a nosotros, los europeos, para hacernos creer, como han venido haciendo durante 40 años, que desean el diálogo al tiempo que, una y otra vez, rechazan el auténtico diálogo y cualquier solución política.
El Presidente del Parlamento tibetano en el exilio, el profesor Samdhong Rinpoche, ha pedido comedimiento hasta junio. Yo me voy a contener hasta junio, pero pienso que, a partir de entonces, deberíamos reconsiderar todo nuestro planteamiento para apoyar la batalla para liberar al Tíbet.

Schreyer
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción la iniciativa de presentar una resolución sobre los derechos humanos en el Tíbet. Estamos seriamente preocupados por las penas de muerte dictadas contra Lobsang Dhondup y Tenzin Delek el 2 de diciembre. Ustedes recordarán que el nombre del Sr. Delek se hallaba en la lista de casos individuales que entregamos a las autoridades chinas en el contexto del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China. La Comisión, además, está consternada porque estas sentencias de muerte son las primeras en muchos años que se dictan contra ciudadanos tibetanos por presuntos delitos políticos.
La Comisión desea aprovechar esta oportunidad para informar al Parlamento de que la troika de la UE planteó este asunto, a través de conductos diplomáticos, a las autoridades chinas el 13 de diciembre, a nivel de embajada. La UE ha solicitado información acerca de los dos casos y, más en concreto, acerca de las pruebas que se han presentado, y ha pedido que se vuelvan a abrir los procesos de acuerdo con las normas internacionales de procesos justos. Además, la troika reiteró que la UE rechaza, con carácter general, la pena de muerte y su aplicación en China, haciendo alusión a la campaña en marcha en favor de «acciones drásticas». Gracias a esta rápida intervención por parte de la Unión Europea y a la presión ejercida por los Estados Unidos y Australia, las ejecuciones no se han llevado a cabo de momento y los dos acusados han recurrido las sentencias. Las ejecuciones no se pueden realizar hasta que la Corte Popular no haya vuelto a estudiar el caso. Aunque creemos que se ha logrado alejar de momento el peligro inminente de ejecución, la Comisión continuará siguiendo el caso con mucho detenimiento, sobre todo en lo referente a la presentación de pruebas concluyentes y a las garantías de un proceso justo.
La Unión Europea sigue presionando a China para que garantice la identidad cultural, lingüística y religiosa del pueblo tibetano. Ha pedido repetidamente el inicio del diálogo directo entre Beijing y el Dalai Lama, ya que probablemente sea la única forma de plantear una solución pacífica y duradera a la cuestión tibetana.
En este contexto, la Comisión se siente animada por las noticias positivas facilitadas por los dos emisarios del Dalai Lama, que han visitado China en septiembre de 2002. Esperamos que éste sea el primer paso hacia la formalización de un diálogo más regular entre Beijing y el Dalai Lama. La Comisión se propone seguir adoptando este tipo de medidas de cooperación en el Tíbet sólo cuando beneficien directamente al pueblo tibetano.
La Presidenta.
Muchas gracias, Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar inmediatamente después del debate.

La Presidenta.
A continuación, se procederá a efectuar la votación.
Antes de la votación sobre el Tíbet:

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señora Presidenta, sugerimos cambiar el título, debido al derrotero por el que ha discurrido el debate. Estoy convencido de que muchos oradores estarán a favor de esta propuesta, que consiste en cambiar el título para que pase a ser «Situation des droits de l'homme des Tibétains» o «Situación de los derechos humanos de los tibetanos».

Posselt (PPE-DE).
Señora Presidenta, simplemente quiero decir que, en aras de la coherencia, debería utilizarse la misma fórmula en el apartado 7. Por tanto, solicito que se utilice a lo largo y ancho de la resolución, en el título y en el apartado 7.

Dupuis (NI).
Señora Presidenta, considero que hemos omitido reseñar en el apartado 8 que la resolución sea enviada al Dalai Lama y al Gobierno tibetano en el exilio, como habitualmente se hace con nuestras resoluciones.

La Presidenta.
Es una buena observación. Nos ocuparemos de que así se haga.
(La Presidenta constata que nadie se opone a las enmiendas orales propuestas, por lo que son aceptadas).1

Maes (Verts/ALE).
Señora Presidenta, me pregunto si acaba de celebrar una votación nominal. Se había perdido mi cartulina de votación, por lo que he votado tarde. ¿Sería tan amable de anotar que he votado a favor?

La Presidenta.
Hemos tomado nota de la incidencia.
La votación ha concluido.
EXPLICACIONES DE VOTO
sobre el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0403/2002)

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE)
La delegación del Partido Moderado Sueco en el Parlamento Europeo ha votado en contra del informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades en la Unión Europea, 2001.
Creemos que la igualdad emana del mismo valor de todas las personas y del derecho de cada individuo al respeto hacia su persona y sus opciones, en lo referente a la vida personal, familiar y profesional. Es de justicia que nadie sufra discriminación por razones de género o de cualquier otra índole. Hay que combatir toda modalidad de opresión, discriminación o encasillamiento, y es necesario fomentar las oportunidades para que todo el mundo pueda elegir libremente.
Por consiguiente, no consideramos que la propuesta contenida en el informe apunte hacia el camino correcto a seguir. Estamos en contra de aquellas secciones del informe que recomiendan la adopción de cuotas y lo que denomina discriminación positiva. No incumbe a los políticos determinar la forma en que los empresarios del sector privado toman sus decisiones de contratación a la luz de estas consideraciones. La redistribución matemática no implica justicia y no conduce a la auténtica igualdad.
No obstante, los procedimientos de selección para la elección y admisión a la educación superior deberían garantizar en lo posible la neutralidad en lo que se refiere al género. Más aún, consideramos que la labor continuada en favor de la igualdad debería centrarse, en primer lugar, en la modificación de las actitudes a largo plazo, y queremos resaltar la importancia de las escuelas a la hora de cambiar las actitudes en esta dirección.
Creemos que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debería encargarse de estos temas, que están siendo tratados ahora en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.
Cauquil (GUE/NGL)
. (FR) Un informe más sobre «Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea», al que seguirán tan escasas actuaciones como a los anteriores.
Hemos votado, lógicamente, a favor por lo que representa, si bien somos conscientes de que no vendrá a cambiar en realidad absolutamente nada. Podríamos engañarnos a nosotros mismos diciendo que los retrasos son consecuencia de la torpeza natural de la sociedad y que, a fuerza de repetir estos principios, el Parlamento Europeo al menos irá por delante de la sociedad. Pero ni siquiera eso es cierto.
Por poner sólo un ejemplo, en varios países que ya forman parte de la Unión Europea o se encuentran en fase de adhesión, el aborto está prácticamente prohibido y, en cualquier caso, altamente limitado.
Las instituciones europeas podrían adoptar firmes medidas políticas, convirtiendo los derechos de la mujer en una de las condiciones para acceder a la categoría de miembro de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea, que bien que tiene poder para eliminar barreras cuando se trata de movimientos de mercancías y capitales, no es capaz de hacerlo a la hora de proteger el derecho fundamental de la mujer a disponer de su propio cuerpo.

Posselt (PPE-DE).
Señora Presidenta, dado que nuestro presidente ya nos ha deseado una feliz Navidad hoy al mediodía, lo que tal vez explique por qué muchos diputados han partido por descuido precipitadamente, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestarle mi gratitud, en calidad de presidenta durante la tarde del jueves, por su excelente dirección de la sesión, y expresarle mi enhorabuena. Le deseamos, así como por supuesto a todos los diputados que han permanecido con nosotros hasta esta tarde, muy felices Navidades.

La Presidenta.
Quiero darles las gracias a todos ustedes y desearles una Navidad y un Año Nuevo realmente felices.

La Presidenta.
Declaro interrumpido el período de sesiones del parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 17.25 horas).
