Relaciones UE/Cuba
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las preguntas orales (B5-0271/2003) al Consejo y (B5-0272/2003) a la Comisión, presentadas por el Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Política Exterior y de Seguridad Común, sobre las relaciones UE-Cuba.
Brok (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que estamos ante un debate importante y a la vez también delicado, ya que estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, de un país con una situación económica muy mala, y de cómo planear una estrategia encaminada a mejorarla.
Quiero manifestar claramente que lamento muchísimo que las autoridades cubanas no se hayan mostrado dispuestas a cooperar y que Osvaldo Payá Sardiñas, galardonado con el Premio Sajarov, no haya sido autorizado a salir de Cuba para participar en el presente debate. Quisiera aprovechar la ocasión para expresarle nuestra solidaridad, a él y a sus amigos, para que quede claro que brindamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a la oposición democrática en Cuba. Por esto desearía que el Consejo y la Comisión nos expusiesen qué camino se va a seguir en adelante para evitar las violaciones de los derechos humanos y cómo vamos a apoyar a los setenta defensores de los derechos humanos que permanecen encarcelados desde el 18 de marzo de 2003 y qué medios existen para sacar de la cárcel a los disidentes políticos en general. 
Cuba es uno de los últimos regímenes comunistas y tiene, además, un sistema económico inadecuado. La suma de ambos factores es la verdadera causa de la situación catastrófica que reina en este país. Podríamos discutir si un embargo, como el que practican los Estados Unidos contra Cuba, es el enfoque estratégico adecuado o no, pero este embargo no es el origen de los problemas. Creo que es preciso decirlo con toda claridad, pues cuando en Europa todavía había regímenes comunistas, las grandes ayudas, como por ejemplo los créditos millonarios concedidos a la RDA, que la convirtieron en un Estado miembro de hecho de la Unión Europea, tampoco contribuyeron a impulsar el desarrollo de un sistema democrático capaz de satisfacer al mismo tiempo, de manera razonable y civilizada, las necesidades económicas y sociales de la población. 
A mi parecer, hay que tener bien claro este contexto cuando se habla de Cuba y reflexionar, por consiguiente, si su adhesión al Acuerdo de Cotonú es, en realidad, el enfoque adecuado en estas circunstancias. Si ello se condicionara a una apertura de Cuba, a una mayor libertad para viajar, a la libertad de movimientos de las personas -incluida también la oposición- y a la libertad de opinión, se podría iniciar un proceso de transición razonable también en Cuba. Pero esto requiere algunos progresos en este ámbito. Por esto, me interesa mucho que tanto el Consejo como la Comisión nos indiquen cómo se puede poner en marcha una estrategia de transformación de ese tipo, que sirva de base para acabar con una de las últimas dictaduras comunistas, lo cual sería muy de celebrar en interés de las personas que son sus víctimas en este desdichado país. Por lo tanto, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero con gran interés lo que puedan decirnos sobre este tema.
Frattini
 Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Brok por su discurso.
La Presidencia del Consejo ha realizado declaraciones públicas en varias ocasiones durante los últimos meses y se ha dirigido al Gobierno cubano desde el deterioro -no podemos andarnos con rodeos al respecto- en marzo de 2003 de la situación ya precaria en el ejercicio de las libertades y derechos individuales en La Habana. Hace poco, el 21 de julio de 2003, el Consejo Europeo confirmó que los objetivos de la política de la Unión Europea con respecto a Cuba siguen siendo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de un proceso de transición hacia una democracia pluralista y la recuperación económica sostenible para mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. La Presidencia señala que, desde las últimas evaluaciones, el Gobierno cubano no solo no ha tomado ninguna medida positiva para satisfacer los objetivos de esta acción europea, sino que también la situación de los derechos humanos ha seguido deteriorándose.
La Unión Europea espera que las autoridades cubanas introduzcan de nuevo la moratoria de hecho para la pena de muerte; una vez más, hacemos un llamamiento a las autoridades cubanas para que liberen inmediatamente a todos los presos políticos y exigimos que, entre tanto, los presos no sean objeto de sufrimientos o tratos inhumanos.
En los últimos meses, los medios de comunicación -incluso los cubanos- han informado de que el acceso a Internet está siendo cada vez más limitado, y que han sido confiscadas estaciones de televisión por satélite y también periódicos extranjeros y equipos de radiodifusión. La libre circulación está sumamente restringida, tanto dentro del país como en el ámbito internacional.
La Presidencia lamenta la falta incluso de iniciativas para avanzar hacia la restauración de las libertades económicas y civiles. Sin duda, todo esto dificulta la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos. Una vez más, instamos urgentemente y animamos al Gobierno cubano a que dé señales de reapertura económica y de la existencia de un sector económico privado en Cuba.
A la vista de lo que acabo de decir, la Presidencia exige, una vez más, un cambio de actitud. La posición común que ya se ha expuesto en los últimos meses sigue en pie: debe haber un esfuerzo constructivo y continuo para sentar las bases de la política de la Unión con respecto a Cuba. A fin de promover una aplicación más efectiva de los objetivos de esta posición común europea, el Consejo opina que necesitamos proseguir con el diálogo político intenso, crítico, para contribuir de esta manera al logro de resultados tangibles, ante todo en el terreno político, y, por consiguiente, también en lo que concierne a las libertades políticas, la economía y los derechos civiles.
Por lo tanto, el Consejo estaría dispuesto -y utilizo el condicional- a apoyar un incremento de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea con respecto a Cuba, en los ámbitos que podrían favorecer la transición, el camino hacia la democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos, y en los ámbitos que podrían mejorar la calidad de vida del pueblo cubano y así contribuir al crecimiento económico sostenible.
En opinión de la Presidencia, estos fondos deberían concederse solo cuando haya garantías de un beneficio genuino e inmediato para el pueblo cubano o una contribución importante al proceso de apertura de Cuba a una serie de reformas económicas. Por lo tanto -y voy terminar respondiendo a algunas de las preguntas planteadas por el Sr. Brok-, las medidas adoptadas por Cuba, que Europa considera una violación de los derechos civiles y políticos fundamentales, han influido sin duda en las relaciones de la Unión con este país.
Como ya ha señalado la Comisión Europea, ha decidido posponer su evaluación, necesaria para cualquier análisis de la petición de Cuba de firmar el Acuerdo de Cotonú. Además, la retirada de la petición de Cuba por segunda vez el 17 de mayo de 2003 no fue ninguna sorpresa, aunque el Consejo no tiene que comentar esa decisión. Me limitaré a decir que no nos sorprendió.
Las medidas hechas públicas mediante la iniciativa del pasado 5 de junio y las conclusiones del Consejo de junio y julio de 2003 pretenden dejar patente el apoyo de la Unión Europea a la oposición cubana democrática y no violenta y mostrar a las autoridades cubanas que el comercio no puede seguir su curso habitual en ausencia de gestos tangibles por parte de su Gobierno. Nuestra preocupación tiene que ver con las libertades políticas, como ya he dicho, y también con la negativa -a pesar de ciertas aperturas limitadas y dudosas- a permitir una mayor iniciativa privada en el sector económico.
Los jefes de misión de la Unión seguirán haciendo un seguimiento de la situación de los presos políticos y las condiciones en las que están retenidos en La Habana. Sin duda, debería proseguir el diálogo político con Cuba, reanudado en 2001, pero con las condiciones y limitaciones que he señalado. Sin duda, el diálogo político también incluye la situación de los derechos humanos.
Lamentamos la negativa a participar en el diálogo político que han expresado las autoridades cubanas en declaraciones públicas realizadas recientemente y la decisión pública de rechazar los fondos de los países europeos y de la Comisión. En estos seis meses, la Presidencia consultará al Parlamento sus opiniones y se centrará en encontrar maneras de incrementar la efectividad tangible del diálogo político, garantizando que sea franco, constructivo y sin duda -cuando sea necesario- también crítico.
Nielson
. (EN) Señor Presidente, los acontecimientos en Cuba han tomado un rumbo muy negativo con la detención a gran escala de disidentes en marzo de 2003 y la ejecución de tres personas acusadas de secuestrar un trasbordador a principios de abril de 2003. 
Trataré de responder lo más directamente posible a las siete preguntas planteadas por el Sr. Brok.
La Comisión se mantiene informada del crecimiento de la oposición interna. En mi visita a la Habana en marzo de 2003, me reuní con un grupo de conocidos disidentes cubanos. La reciente decisión de la UE de invitar a disidentes a la celebración de las fiestas nacionales, como hizo la Comisión el 9 de mayo de 2003, es un reconocimiento del papel de la oposición interna. Tengo también que añadir que las reuniones periódicas con los grupos de la oposición en Cuba han tenido lugar por iniciativa de los Estados miembros en la Habana.
Los Estados miembros y la Comisión han creado un Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en la Habana que se ocupa de cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Cuba, como el problema de los presos políticos. La Comisión es informada periódicamente de las condiciones de los detenidos a través de ese grupo de trabajo y a través de contactos bilaterales con los familiares de los presos, así como con grupos locales de defensa de los derechos humanos. La Unión Europea ha pedido repetidamente la liberación inmediata de todos los presos políticos y ha instado a las autoridades cubanas a que, mientras tanto, los presos no sufran indebidamente ni sean objeto de un trato inhumano.
La represión en Cuba ha provocado una reacción rápida, firme y sostenida de la Unión. El pasado mes de julio volvió a evaluar la posición común frente a Cuba, seis meses antes de la fecha prevista y reafirmó que la intervención constructiva sigue siendo la base de la política de la UE frente a Cuba. La UE pretende mantener su diálogo con la Habana para promover reformas políticas, económicas y civiles y está dispuesta a ofrecer ayuda siempre que sea posible a través de organizaciones no gubernamentales para promover la democratización y mejorar el nivel de vida de los cubanos. Creo que la posición común es el mejor instrumento político que tenemos ahora para Cuba. Es un documento político coherente y, por tanto, debe mantenerse en su versión actual. Sobre esa base, tiene que intensificarse el diálogo político con el gobierno y la oposición, así como la promoción de los derechos humanos, el pluralismo democrático y un sistema económico abierto. 
La Comisión lamenta la decisión del Gobierno cubano de retirar su solicitud de adhesión al Acuerdo de Cotonou. Cuba es el único país caribeño, y prácticamente el único país en vías de desarrollo del mundo, con el que la Comisión no ha podido firmar un acuerdo de cooperación. Su adhesión al Acuerdo de Cotonú habría proporcionado el marco adecuado para mantener un diálogo estructurado con las autoridades cubanas y mejorar la ayuda que recibe ese país.
La Comisión es optimista respecto al funcionamiento de nuestra nueva delegación en la Habana. Nuestra presencia en Cuba es ahora más importante que nunca. Las principales tareas de la delegación no consisten sólo en ayudar a ejecutar los programas y proyectos de ayuda, sino también en promover un diálogo político con las autoridades cubanas y la sociedad civil, vigilar la situación de los derechos humanos y proteger los intereses de los Estados miembros en términos de comercio e inversiones.
A raíz de los sucesos que han tenido lugar recientemente, la Delegación de la Comisión en la Habana tendrá que centrar más su atención en la vigilancia de la situación de los derechos humanos en Cuba, en los intentos de promover un diálogo político y en la defensa de los intereses comerciales de los Estados miembros de la UE. Se trata de un programa de trabajo muy cargado y difícil, pero fundamental si queremos promover cambios políticos y económicos en Cuba.
En la última evaluación de la posición común se recomienda reforzar la cooperación al desarrollo de la UE con Cuba en ámbitos que fomenten la transición a una democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos, que mejoren el nivel de vida de la población cubana y que favorezcan un crecimiento económico sostenible. La posición común establece que la financiación debe canalizarse exclusivamente a través de instituciones gubernamentales siempre que beneficie directamente a la población o suponga una contribución interesante a la reforma económica y a una economía más abierta en Cuba. En ese contexto se han emprendido algunos proyectos de la Comisión.
Según una reciente declaración de la Habana, parece ser que, en el futuro, el Gobierno cubano aceptará únicamente ayuda de la Comisión y de los Estados miembros de la UE que se canalice a través de organismos de las Naciones Unidas, ONG, fundaciones, movimientos solidarios, regiones autónomas y administraciones locales. Además, el Gobierno cubano rechazará aparentemente la negociación directa con los Estados miembros y la Comisión sobre temas, programas y proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo y sólo consentirá en hablar de estas cuestiones con las ONG. Ahora bien, hasta ahora la Comisión ha trabajado principalmente con ONG y equipos independientes de asistencia técnica -y con buenos resultados-, razón por la cual no hay motivos para creer que las cosas vayan a cambiar en el futuro. Lo único que tenemos que asegurar es que se mantenga la visibilidad de las actividades de la Comunidad y que los organismos de la UE puedan seguir supervisando esas actividades.
Por último, he sido informado de que la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos no está financiando proyectos en Cuba actualmente.

Galeote Quecedo (PPE-DE).
Señor Presidente, coincido con el Comisario Nielson en que desde la represión que ha desencadenado el régimen cubano en el pasado mes de marzo, con la detención de periodistas independientes y activistas de derechos humanos, la situación de nuestras relaciones no ha hecho más que empeorar. Las condenas con que finalizaron unos procedimientos judiciales que no respetaron, señor Presidente, según todos los análisis, los requisitos mínimos de seguridad jurídica corroboran los más pesimistas presagios. Aún es más: las condiciones de encarcelamiento de esos condenados, según todas las noticias, señor Nielson, quebrantan claramente los derechos humanos.
Yo creo que, en estos momentos, lo esencial, lo prioritario debe ser desplegar todos los medios a nuestro alcance para amparar a los condenados y a sus familias. Yo le pediría al Comisario Nielson que nos precisara qué es lo que está haciendo al respecto la Delegación de la Comisión recientemente abierta en La Habana.
Las autoridades cubanas deben tener claro que la liberación es un requisito imprescindible si aspiran a emprender una vía de normalización de nuestras relaciones. Y, además, amparar explícitamente a otros disidentes no detenidos, como el actual Premio Sájarov, el Sr. Oswaldo Payá. La negación de las autoridades para que pudiera estar con nosotros en el día de hoy -como ha anunciado el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores- me parece un dato muy preocupante, y yo le pediría a la Presidencia del Parlamento Europeo que prestara amparo a la Comisión de Asuntos Exteriores acerca de su pretensión.
Ante esta situación -como ha dicho el ministro Frattini- es evidente que no es posible alterar la posición común fijada en 1996 y es preciso -y me dirijo directamente al Presidente en ejercicio del Consejo- evitar cualquier gesto que pudiera ser interpretado como discrepancia interna en la Unión Europea. Al contrario, hay que preservar la línea de homogeneidad que estamos manteniendo y celebro que la Presidencia italiana se esté esforzando en esta línea.
También hay que rechazar los intentos de las autoridades cubanas de dividirnos y, por lo tanto, medidas tales como la manifestación del 14 de junio o el cierre del Centro Cultural Español no constituyen agresiones contra un Estado miembro sino contra toda la Unión Europea. Señor Presidente, sólo nos debe animar el mejorar las condiciones de vida y los espacios de libertad de los ciudadanos cubanos.
Obiols i Germà (PSE).
Señor Presidente, debería quedar clara la posición de la Unión Europea ante la actual situación cubana sobre la base de considerar que el pueblo cubano está sometido hoy a un doble embargo: un embargo económico exterior que ha durado más de 40 años y que ha golpeado indiscriminadamente a todo el pueblo cubano, y un embargo político de un régimen sobre su pueblo, de un régimen que niega los derechos esenciales de expresión, de asociación y de lucha política, democrática y abierta.
La posición europea debería ser claramente la de un rechazo de este doble embargo, de estos dos embargos, que se alimentan recíprocamente, y que favorecen las posiciones más inmovilistas en relación con el futuro del pueblo cubano.
En esta situación de cerrazón total de posiciones, las incertidumbres se abren respecto a cuál va a ser la evolución política de Cuba. La única certeza que tenemos es que quien concentra prácticamente todo el poder de decisión tiene 77 años de edad y, por consiguiente, las cosas en este país van a cambiar. 
En los últimos años se ha producido una eclosión importante de demandas de cambio democrático dentro y fuera de Cuba y, en ente sentido, la ola represiva que se desencadenó hace unos meses, brutal y absolutamente condenable, tiene una lectura política: la de tratar, si no de romper, sí, como mínimo, de aplazar este proceso absolutamente ineluctable.
En este contexto, nosotros no debiéramos tener ilusiones respecto a las posibilidades de modificar decisiones políticas actuales sobre la base de elementos de presión. Si 40 años de embargo no han servido en esta dirección, me parece que debiéramos abandonar cualquier perspectiva táctica en este sentido. 
Nuestra posición debe ser cualitativamente otra: ante el horizonte de un cambio inevitable, ayudar al pueblo cubano, paliar sus carencias y sus sufrimientos y abordar una línea de diálogo constructivo que permita evitar que el cambio tenga un carácter de confrontación civil o de confrontación violenta y que asuma, en contraposición a esto, unas características de transición pacífica sobre la base del diálogo, del acuerdo y de la independencia nacional de Cuba.
Esta debe ser la línea canónica, a mi entender, de la posición europea, de la Unión, frente a la actual crisis de cambio en Cuba. Y, sobre esta base, la afirmación intransigente y enérgica de los derechos humanos del pueblo cubano y la exigencia de que esas decenas de hombres de la oposición, de intelectuales, de periodistas, que están en las cárceles, salgan, que se libere a todos los presos por motivos políticos o por motivos de opinión. Este debe ser el elemento indispensable para proseguir la política constructiva de diálogo, de solidaridad con el pueblo cubano, de la Unión Europea.
Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, desde la evaluación que hicimos en diciembre del año pasado, la situación en Cuba no ha hecho otra cosa que empeorar. Todas las propuestas de colaboración, de favorecer la apertura, la transición democrática, el apoyo económico, han chocado contra la pared de la intolerancia, del rechazo y, lo que es peor, de una respuesta que, como se ha comentado, afecta a decenas de miembros de la oposición cubana, de periodistas independientes y de activistas de los derechos humanos.
Esta situación exige una respuesta categórica y, como se ha pedido aquí, unánime y bien clara, por parte de las instituciones de la Unión Europea, para favorecer el proceso democrático y, fundamentalmente, para garantizar los derechos humanos -algunos tan elementales y tan importantes en una sociedad como el ejercicio de la libertad de expresión.
Creo que hay que hacer todos los esfuerzos y reiterarlos para, en primer lugar, mostrar la posición de las instituciones europeas -bien claramente se expresa así en esta Resolución común, que espero que hoy apruebe el Parlamento Europeo- y en segundo lugar, para mostrar nuestra colaboración y solidaridad con los miembros de la oposición que quieren una Cuba libre y democrática, con los activistas y los defensores de los derechos humanos a través de las respectivas organizaciones no gubernamentales, mostrando nuestra especial atención al dirigente al que concedimos el premio Sájarov, el Sr. Oswaldo Payá, y para contribuir a evitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que padece la población cubana, que es la principal víctima de la situación actual.

Marset Campos (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Nielson, nuestro Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica condena sin paliativos la pena de muerte, y así lo hizo en el caso de Cuba, como en el resto del mundo. Nuestro Grupo también critica la insuficiencia de libertades y derechos en Cuba -como lo hace en el resto del mundo-, pero yo quisiera recordar mi experiencia en un viaje que hice de Argentina a Colombia y a Cuba el pasado mes de diciembre. En Argentina vi niños pasando hambre en el hospital de Tucumán, en Colombia vi muertos -hay miles de muertos todos los años- a causa de los paramilitares y también de las FARC, con la complicidad de los paramilitares, de la justicia y de los militares, mientras que cuando llegué a Cuba me encontré con que los niños no pasaban hambre -al contrario, la mortalidad infantil es de las más bajas del mundo-, hay cultura, hay escolarización, no hay miles de muertos todos los años -como en Colombia- y por ello el contraste es evidente.
Yo pienso que la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel totalmente distinto en relación con Cuba, positivo, totalmente opuesto también al de los Estados Unidos. Precisamente, el componente más importante para comprender lo que pasa en Cuba procede de la conducta de los Estados Unidos: el bloqueo permanente de más de 40 años, las leyes Helms-Burton -condenadas por la ONU y denunciadas por la Unión Europea- son un grave atentado. Hay que recordar el asedio y las acciones contra Cuba -fomentadas también por los Estados Unidos- que han costado más de 3 500 víctimas cubanas e inmensas pérdidas económicas. Todo ello supone una presión e influencia grande de las mafias anticubanas que hay en Florida y que, por cierto -qué casualidad- han supuesto la victoria para Bush, en un caso, por un estrecho margen -también un poco dudoso-, así como también un impulso importante para el Sr. Aznar en España, tanto en 1996 como en 2000, como así lo reconoció una revista de Miami que decía que la victoria de Aznar era una victoria para la disidencia cubana.
Todo esto supone situar el contexto general como de asedio continuo por parte de los Estados Unidos. El propio Colin Powell reconoce que destina más de 22 millones de dólares para los disidentes, para fomentar disturbios, para poder propiciar incluso un asalto, como ha supuesto la actuación con el Irak.
Por ello creo que hay que reconocer que la posición común europea ha fracasado, ha sido una imposición de Aznar a la Unión Europea y que no va a ningún sitio, y por eso nuestra postura debería ser la de diálogo sin condiciones, la de favorecer acuerdos culturales y económicos con Cuba, porque precisamente ese es el mensaje que espera el resto de América Latina, el resto del mundo. Porque, como muy bien dijo Fidel Castro en enero de 1999 -cuando se puso en marcha el euro-, el euro suponía una esperanza enorme para el tercer mundo, para todos los países, para quitarse de encima el yugo del dólar. Yo creo que la Unión Europea debe desempeñar ese papel positivo y no el negativo de los Estados Unidos.
Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, los que amamos a Cuba, a su pueblo sincero y auténtico, asistimos con el corazón encogido a la violación persistente de los derechos humanos, y sobre todo, del derecho a la libertad de expresión por parte del régimen castrista. La Unión Europea, cuyos objetivos son la promoción de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales universales e inalienables, no puede por menos que condenar enérgicamente esta actitud autoritaria del régimen cubano hacia su pueblo, que legítimamente aspira a los valores fundamentales.
Sin embargo, la Unión Europea tampoco tiene las cosas claras. Las relaciones con Cuba pueden calificarse realmente de singulares. En efecto, Cuba es el único país de América Latina que no está vinculado a la Unión Europea por un acuerdo de cooperación bilateral, pese a que a través de algunos de sus Estados miembros, la Unión es la principal fuente de negocio e inversión de Cuba. Tras la caída del bloque soviético, la Unión se convirtió en el socio principal de la isla y a este respecto creemos que el importante papel de la Unión le ofrece posibilidades excepcionales de ejercer una influencia moral y política para que la democracia y el respeto de los derechos humanos progresen en Cuba.
La otra particularidad se centra en el estatuto de la isla en el seno de la asamblea paritaria UE-ACP. Cuba se ha admitida como miembro de la asamblea ACP, pero sigue siendo observadora en la comisión paritaria. Asimismo es el único país al que la Unión exige cumplir determinadas condiciones para que pueda suscribir el acuerdo de Cotonú. ¿No es responsabilidad nuestra, de la Unión, aplicar la igualdad de trato? Lo mismo para Cuba que para cualquier otro país.
En este sentido, la Unión tiene que desempeñar un papel clave respecto de Cuba. En el respeto de su soberanía, de su dignidad, puede trabajar por una transición democrática interior pacífica y desarrollar una política que pueda llevar a Cuba a adoptar medidas positivas, como la firma y la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos.
El pueblo cubano sufre, sufre por la política de enfrentamiento con los Estados Unidos tras 44 años de embargo y aplicación de la ley Helms-Burton. Sufre un régimen autoritario que preside una economía arruinada y deposita sus esperanzas en los valores de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión tiene que entenderlo y el régimen de Castro tiene que aceptarlo.
Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Comisario, Señorías, quiero felicitar al Parlamento por la iniciativa de la inscripción del debate para hoy, que es la ocasión, de hecho, para responder al constante empeoramiento de la situación humanitaria en Cuba, de la situación de los derechos humanos en Cuba.
Ya no son solo las detenciones arbitrarias que se produjeron hace unos meses ni las violentísimas penas. Constantemente el régimen de Fidel Castro ofrece respuestas negativas a la comunidad internacional y las persecuciones, desafortunadamente, continúan teniendo lugar en ese país, que muchos de nosotros amamos tanto. También quiero desmitificar las confusiones con la política norteamericana, que se invocan a veces. En ningún momento Europa, la Unión Europea, ni ningún Estado miembro, han tenido con respecto a Cuba una política que se pueda confundir con la de los Estados Unidos. Por ese motivo, nuestra decepción es mayor, nuestra indignación es mayor, porque el régimen cubano traicionó nuestra buena fe, ofendió a nuestra buena fe, ofendió a nuestra esperanza en la evolución positiva del régimen cubano traducida, especialmente, en el intento de apertura de una delegación a comienzos de este año y en la visita a Cuba del señor Comisario Poul Nielson, también a principios de año. 
Por ello nuestra respuesta tiene que ser imaginativa, sólida y precisa. Tengo, como bien saben mis colegas, una gran esperanza simbólica y política en aquello que llamé «Iniciativa Sakharov» y compruebo con satisfacción que, después del gran apoyo que recibió aquí en la Cámara, de la resolución de compromiso se deriva: que la Presidencia italiana, la Comisión y el Parlamento inviten a Oswaldo Paya a volver a Europa, a venir aquí a nuestro Pleno, a ser recibido en las capitales europeas al más alto nivel y a dar protagonismo y visibilidad a la lucha y al sufrimiento de los cubanos por los derechos humanos ; esa es la forma justa de avanzar y también de dar prestigio a un premio concedido por Europa, un premio concedido hace solo un año y por el cual tenemos que velar de una forma solidaria, empeñada y muy activa.
Coûteaux (EDD).
Señor Presidente, Señorías, acabamos de decir que actualmente Cuba es el único país de América Latina con el que la Comunidad no ha concluido un acuerdo de cooperación. Creo que es un error por tres razones.
En primer lugar, de manera general, tendríamos que dejar de elegir a los Estados con los que mantenemos relaciones de cooperación en función de criterios altamente subjetivos, vinculados a la apreciación política, humanitaria y, a menudo, muy a menudo, a los intereses y dictados de la política norteamericana. Tanto en Cuba como en cualquier otro país deberíamos basarnos en criterios objetivos, es decir, como formulaba muy sencillamente el General de Gaulle -y esto todavía inspira la política francesa-, reconocer Estados, Estados nacionales, y no gobiernos.
En segundo lugar, deberíamos tener en cuenta una realidad: Cuba es uno de los países de América Latina más cercanos a Europa. La Unión Europea es su primer socio comercial y su primer inversor; la cultura cubana, su literatura, su música se encuentran entre las más populares entre la juventud europea. Finalmente, el Presidente Castro continúa siendo, tras muchas vicisitudes de las que tenemos numerosos testimonios y a las que, ciertamente, no restamos importancia, la encarnación del rebelde del siglo XX, del defensor de la libertad de los pueblos, lo que le vale a la isla bastantes simpatías.
Finalmente, tendríamos que mostrarnos discretos en el terreno de los derechos humanos, ya que los Estados Unidos -país que el ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, durante una visita a Washington el pasado mes de julio describía como el primer aliado de cada uno de los Estados europeos, por otra parte sin mandato- utilizan un enclave de Cuba, Guantánamo, para violar, desde hace un año y medio, casi todos los principios del derecho internacional y para ajustar sus cuentas con métodos bárbaros, más propios de otras épocas. Por todas estas razones, creo que tendríamos que revisar nuestra actitud hacia Cuba y mostrarnos más solidarios con este país.
Bonino (NI).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el debate de hoy sobre la situación en Cuba nos dice una cosa muy simple: nos dice lo difícil que es promover y apoyar los derechos humanos y la democracia cuando nos enfrentamos a un régimen totalitario, y lo hemos intentado todo durante años: diálogo constructivo, cooperación económica, ayuda humanitaria. Lo hemos intentado todo y creo que la solución es simplemente adoptar un planteamiento más activo, tanto que un colega socialista se encontró en la necesidad de decir que «esperamos que Fidel Castro, que tiene 77 años, muera, para que...», porque, francamente, Fidel Castro es una espina que llevamos clavada desde hace bastante tiempo.
Quizás podríamos reflexionar sobre otro punto, sobre el hecho de que, cuando nuestras democracias se encuentren divididas en torno a un dictador, no iremos muy lejos. Puede que sea hora de hablar de la Organización Mundial de Democracias, señor Presidente, señor Comisario, en un intento de adoptar una actitud y un enfoque más coherentes. Considerémoslo, porque lo hemos intentado todo. ¿Qué sentido tiene, señor Comisario, Señorías, mantener abierta una delegación cuando estamos tratando con un funcionario que parece ser un rehén del régimen más que otra cosa, y sin duda no promueve ni defiende -o simplemente es un defensor simbólico, no un defensor genuino- los derechos civiles y humanos?
La frustración es real: el diálogo constructivo con un dictador está demostrando tener sus límites, y la pregunta que se plantea es qué hacer. Creo que la Organización Mundial de Democracias es uno de los instrumentos que deberíamos buscar con gran, con inmensa determinación.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, no es fácil, especialmente para un español, hacer una aproximación objetiva y desapasionada al problema cubano, porque todos los españoles llevamos a Cuba en nuestro corazón. Desgraciadamente, Cuba constituye una anomalía en los anales de las relaciones exteriores de la Unión Europea, como se ha recordado aquí. 
Ya en 1995 no fue posible cumplimentar el mandato que la Cumbre dio a la Comisión de presentar unas directivas con vistas a concluir un acuerdo bilateral en aquel momento. Y ahora, por segunda vez, se rechaza la incorporación de Cuba a la Convención de Cotonú, en un momento en el que la atención internacional, señor Presidente, estaba concentrada en la crisis del Iraq y al amparo de esa situación se produjo una ola de represión, sin precedentes en los últimos años, cuyo resultado han sido tres penas capitales y una oleada de detenciones que han afectado a periodistas independientes, a militantes de los derechos humanos y a pacíficos disidentes, muchos de ellos del Movimiento Cristiano para la Liberación.
Este Parlamento va a adoptar una Resolución muy dura, expresando su compromiso ineludible con la causa de los derechos humanos y con todos aquellos que en Cuba y fuera de ella luchan por su libertad y por su dignidad. Y yo me pregunto, señor Comisario, si en estas circunstancias, con un país que no quiere un vínculo con la Unión Europea -porque ha rechazado por segunda vez la incorporación a la Convención de Cotonú-; con un país en el que sus dirigentes rechazan la ayuda comunitaria; con un país en el que sus dirigentes insultan y descalifican a jefes de gobierno de la Unión Europea; con un país que pone trabas sin límites a la presentación de cartas credenciales por parte del representante diplomático de la Comisión, vale la pena o no , señor Comisario, mantener abierta la oficina en La Habana. 
El proyecto de Resolución de compromiso, que será votado mañana, contiene una condena del cierre del Centro cultural español en la Habana. Y ello no me extraña, señor Presidente, porque cultura es libertad y, por lo tanto, más libre el que más sabe.
Lo que no sé es si las autoridades cubanas saben que es mucho más difícil preservar y mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Quien lo tiene muy claro, señor Presidente, son personas ejemplares -como Oswaldo Payá, premio Sájarov de este Parlamento, candidato al premio de la Concordia Príncipe de Asturias y candidato al premio Nóbel de la paz- que valerosamente luchan por sus derechos como personas y como ciudadanos y, en definitiva por su libertad, porque saben perfectamente que al fin y a la postre, señor Presidente, la libertad -como dijo un compatriota mío hace ya algunos años- no hace a los hombres más felices, sino que los hace simplemente hombres.
Swoboda (PSE).
Señor Presidente, a mi parecer, ante la continuada, injusta y catastrófica política de sanciones de los norteamericanos, para la población de Cuba, en particular, sería importante una intensificación de las relaciones con la Unión Europea. En este contexto, también debo manifestar con claridad que -al contrario de lo que ha expresado el Sr. Brok- las sanciones de los norteamericanos fueron precisamente lo que empujó a Castro hacia el campo comunista. Castro no llevó a cabo su revolución por orden de Moscú, sino debido al descontento de la población cubana. La política de sanciones de los norteamericanos es, por consiguiente, muy perjudicial, desde un punto de vista político y también económico. 
Por esto ahora sería particularmente importante desarrollar buenas relaciones con la Unión Europea, pero lamentablemente Fidel Castro no ha sabido ver el signo de nuestra época y está destruyendo y pisoteando él mismo los objetivos y los éxitos de la revolución, que desde luego los ha habido. Lo lamento en especial porque el resultado será que Cuba caerá como un fruto maduro en manos de los norteamericanos y de las grandes empresas norteamericanas.
Los socialdemócratas hemos defendido la libertad en todas partes, también para Cuba. Los socialdemócratas nos oponemos a la pena de muerte, siempre y en todo lugar, también en Cuba. Los socialdemócratas -y espero que todos en esta Asamblea, como europeos- estamos en contra de la opresión, naturalmente también en Cuba. Pero nos interesa que se lleve a cabo una transición pacífica a la democracia y a un sistema económico elegido libremente, no impuesta ni por lo que podríamos llamar las relaciones internas del poder castrista, ni por las grandes empresas internacionales. Los cubanos tienen que poder elegir libremente a sus dirigentes, la democracia, a sus diputados y su sistema económico.
Castro ha provocado a la Unión Europea. Muchos lo han dicho y tienen toda la razón. Sin embargo, no comparto la opinión de que nuestra respuesta debe ser ahora una cierta ruptura o enfriamiento de nuestras relaciones. La Sra. Bonino no tiene razón: no se trata de mantener un diálogo con dictadores. El dictador Castro se alegraría si la Unión Europea tirara la toalla. Pero ¿se alegrarían los disidentes si dejaran de recibir apoyo, por ejemplo a través del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos al que se ha referido el Comisario Nielson? ¿Se alegraría la población cubana si la Unión Europea dejara de ocuparse de Cuba? Yo creo que ocurriría lo contrario y, por esto, apoyo total y absolutamente lo que ha manifestado el Comisario Nielson: necesitamos una delegación en Cuba.
Estoy de acuerdo con la Sra. Bonino: yo desearía una representación más importante que solo un representante de la Unión Europea. Es necesario que la Unión Europea también tenga visibilidad en Cuba. También esto es absolutamente acertado, a mi parecer. La presencia de la Unión Europea en Cuba es importante para ofrecerle la oportunidad de llevar a cabo una transición al sistema democrático. Lo que Cuba necesita es democracia y libertad.
Maaten (ELDR).
Señor Presidente, a finales de marzo más de 75 disidentes fueron arrestados en Cuba, para luego ser condenados, sin un proceso, a penas de 20 años y más. Entre ellos había algunos liberales a quienes conocí personalmente en Cuba, como Osvaldo Alfonso Valdés, el líder del partido Democrático Liberal de Cuba, y Adolfo Fernández Sainz, el secretario internacional del partido para la Solidaridad y la Democracia. Esto sucedió apenas un mes después de la apertura de la oficina de la Comisión Europea en Cuba. No solo es una violación de los derechos humanos, sino también una bofetada para la Unión Europea. Valoro las actividades que emprendió a continuación nuestra oficina en Cuba. Debemos lanzar una señal clara al régimen cubano de que ya no aceptamos la situación. Sin embargo, una limitación de las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel, que anunció el Consejo en su declaración del 5 de junio, es una medida insuficiente. Es preciso hablar claro y en lo que a mí concierne, el Consejo debería considerar la posibilidad de, a ejemplo de lo que hacemos en Zimbabwe, negar también a Fidel Castro el acceso a la Unión Europea, como por cierto ha hecho Grecia en el marco de los Juegos Olímpicos. Lo valoro mucho y me pregunto si el Consejo ha hablado al respecto y si el Consejo apoya la decisión del Gobierno griego.
Claeys, Philip (NI).
Señor Presidente, Cuba es una dictadura comunista, que evidencia todas las características de los regímenes totalitarios. La situación es desastrosa no solo en el ámbito de los derechos humanos, sino también de la economía. Todos tenemos nuestras dudas acerca de la política exterior de los Estados Unidos. Pero el embargo de los Estados Unidos se impuso después de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba y no al revés. Los Estados Unidos son para el régimen de Castro el chivo expiatorio, al que se culpa de todo lo que sale mal. Bastantes colegas en este Parlamento pecan de ingenuos con esta manera de pensar bastante fácil. Para algunos, una dictadura es al parecer defendible, siempre que se trate de una dictadura políticamente correcta. La Unión Europea ha de dar una respuesta enérgica a la actual situación. Esto significa que ha de actuar de una manera unánime. Castro ya no quiere el apoyo de la Unión Europea, solo el de ONG y organizaciones privadas. Ahora bien, en estos momentos, en los Países Bajos se reprocha a organizaciones como Novib, Oxfam e Hivos que apoyen a una de las últimas dictaduras comunistas del mundo, a través del apoyo a instituciones como el sindicato de agricultores Anap, la Casa de las Américas y el Centro Martin Luther King. Quien financia a estas organizaciones, financia a Castro, afirma Carlos Payá, portavoz del proyecto Faella y hermano de Osvaldo Payá. Dejemos de servir incondicionalmente a Castro, interrumpamos todo apoyo al régimen y si resulta que ONG europeas utilizan las subvenciones para apoyar al régimen cubano, también aquí habrá que cerrar el grifo.
Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, las relaciones entre la UE y Cuba, que habían mejorado poco a poco en los últimos años, han sufrido recientemente una crisis por las decisiones arbitrarias y provocadoras del Presidente Castro de encarcelar a 70 disidentes y activistas de los derechos humanos y ordenar algunas ejecuciones. 
El Gobierno cubano lleva mucho tiempo culpando al embargo americano de todos los problemas que tiene el país. Pero en cuanto se inician discusiones en serio para un posible relajamiento del embargo, las autoridades cubanas idean una provocación para acabar con ese tipo de iniciativas.
Los últimos acontecimientos parecen responder a esa misma tendencia, aunque dirigida esta vez a la opinión pública europea. Pero Cuba no puede salir impune, y es fundamental que enviemos una clara señal a las autoridades de que las violaciones de los derechos fundamentales, como la negativa a que los presos reciban atención médica, son intolerables. Tampoco se debe permitir que Cuba participe plenamente en las reuniones interparlamentarias entre representantes de la Unión Europea y de los países latinoamericanos, como la de Parlatino, como si fuera una democracia plenamente normalizada, cuando la sugerencia de Castro de que la ayuda humanitaria de la UE podrá ser distribuida sólo si no se revela su origen y a través de otros organismos es totalmente inaceptable.
La ayuda tiene que ser transparente. Los juegos del ratón y el gato tienen que dar paso a un diálogo más razonado para encontrar formas de abrir el país al cambio, sin renunciar por ello a algunos de los verdaderos logros de la revolución.
En general, no soy partidario de poner fin a las misiones de las delegaciones de la Comunidad Europea en el extranjero, por lo que considero útil una pequeña presencia en la Habana. Pero me parece extraño que tengamos una oficina allí y ninguna en nuestros vecinos europeos. No tenemos oficinas en Chisinau, Moldova ni Minsk en Belarús. Este último es otro país donde el contacto con los activistas de los derechos humanos es fundamental.
Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, medio año después de la operación llevada a cabo por el Gobierno de Castro contra la disidencia interna -la más importante desde el triunfo de la revolución castrista-, los más de 70 disidentes internos -entre los cuales, promotores del proyecto Varela, sindicalistas y periodistas independientes-, encarcelados por el único delito de disentir de la política oficial y manifestar libremente su opinión, siguen en la cárcel en unas condiciones que suponen, además, una clara vulneración de los más elementales principios del derecho humanitario y un auténtico atentado contra la vida de algunos de ellos. Pienso, en especial, en Oscar Espinosa Chepe, hoy hospitalizado en la sala de penados del Hospital militar Finlay, de La Habana, gravemente enfermo debido a una cirrosis hepática crónica -que ya padecía en el momento de ser detenido- y que se ha visto agravada por su debilidad y por las malas condiciones de detención e higiene a las que se le ha sometido.
Ante esta situación, ante estos hechos, es fundamental reiterar nuestra unánime condena al régimen castrista y exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos, como fundamental es hacer llegar nuestra solidaridad al pueblo cubano, que es quien más directamente sufre las consecuencias de la falta de libertades y demostrarle con hechos -no con palabras- que queremos ayudarles a adentrarse por el camino de la transición pacífica a la democracia que han emprendido.
Como decía el poeta uruguayo Eduardo Galeano, Cuba duele. Duele, en efecto, ver cómo se siguen conculcando las libertades políticas, económicas y sociales. Y porque nos duele, desde este Parlamento -que hoy acoge a los representantes de aquellos países que se habían visto privados de la libertad bajo el régimen totalitario soviético- queremos decirles que no pierdan la esperanza. Queremos decirles que el derecho a los derechos sobre las aspiraciones de libertad y democracia no hay dictador que pueda sofocarlo.
Nielson
. (EN) Señor Presidente, sólo quiero hacer unos comentarios muy breves. En primer lugar, quisiera decirle al Sr. Brok -que ha estado a punto de utilizar una retórica que sonaba como si fuera partidario de un cambio de régimen- que hoy en día tenemos que ser precavidos con las palabras exactas que elegimos cuando utilizamos ese tipo de lenguaje, sobre todo cuando discutimos la metodología de ese tipo de acciones.
Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de presionar para acelerar el proceso de democratización y la normalización de la vida política en Cuba. Eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer.
En segundo lugar, se ha hecho un comentario sobre la participación cubana en la Asamblea Parlamentaria Conjunta UE-ACP: mientras que Cuba no suscriba el Acuerdo de Cotonú, esa participación es la respuesta. Es una respuesta clara y nosotros no tenemos ningún problema técnico ni político al respecto.
En tercer lugar, se han manifestado dos opiniones diferentes sobre la delegación en la Habana. Está bastante claro que esta delegación no sólo es útil en una situación como la actual, sino también esencial para que la Comisión haga lo que el Parlamento espera y nos pide que hagamos. Tenemos que mantener nuestra presencia allí.
Por último, les pediría que no cometamos ninguna provocación con nuestra forma de actuar en Cuba. Me parece que existe mucha confusión detrás de los trágicos sucesos de este año. Es importante que no perdamos la perspectiva a largo plazo: habrá una Cuba después de Castro y las naciones son más importantes que los regímenes. Aunque nos sintamos frustrados por la situación actual, tenemos que darnos cuenta de que existen razones básicas de mucho peso y de largo alcance para seguir manteniendo una relación estrecha, cordial y armoniosa entre Europa y Cuba. Debemos tener eso en cuenta y adoptar una postura más racional y de más largo alcance. Eso es lo que haremos sobre la base de la posición común adoptada.

Pannella (NI).
Señor Presidente, solo quiero decir que espero que, después de este debate, el Presidente en ejercicio del Consejo y también nosotros tengamos la oportunidad de escuchar -como en el caso de la Comisión- una respuesta, un resumen del debate. Por consiguiente, quisiera preguntar -como sabe, no solo lo permite el Reglamento, sino que también existe un precedente- si es posible que el Presidente en ejercicio intervenga a modo de conclusión.

El Presidente.
 La posibilidad existe, señor Pannella, pero no es una obligación.
He recibido seis propuestas de resolución de acuerdo con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a mediodía.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la Convención Europea: presentación del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
Señorías, bienvenidos a este debate especial sobre la Convención Europea. Quiero dar la bienvenida al Presidente Giscard d´Estaing, al Presidente Romano Prodi, al Viceprimer Ministro Fini y al Ministro de Asuntos Exteriores Frattini, que participarán hoy en esta reflexión sobre el trabajo de la Convención. Es la primera oportunidad que tenemos en un pleno del Parlamento Europeo de escuchar directamente al Presidente de la Convención, que informará a esta Cámara sobre el resultado de la Convención y las perspectivas de su contenido en la Conferencia Intergubernamental.
Para empezar, quiero que conste en acta la profunda admiración y el respeto que esta Cámara siente por el trabajo de la Convención y por el liderazgo ejercido -especialmente, pero no en exclusiva- por su Presidente, el Sr. Valéry Giscard d´Estaing, que ha realizado una contribución indispensable al acertado y completo resultado del trabajo de la Convención Europea.

Giscard d'Estaing
Señor Presidente, señores y señoras diputados al Parlamento Europeo, verdaderamente es un momento de gran emoción para mí venir a presentarles la Constitución que la Convención ha elaborado para Europa, Convención que he tenido el excepcional honor de presidir.
Señor Presidente, como usted acaba de decir, la presentación de la Constitución se hace ahora porque es la primera sesión plenaria del Parlamento Europeo que sigue a la conclusión de nuestros trabajos. Ustedes me invitaron a venir a principios de julio, pero aún no había presentado el texto de nuestros trabajos a la Presidencia del Consejo. La Presidencia del Consejo fue quien encargó estos trabajos, por lo que teníamos que remitirle a ella el texto en primer lugar. Por esta razón, les voy a presentar el texto en este periodo parcial de sesiones. 
Esta presentación les corresponde de pleno derecho, porque el Parlamento Europeo es la institución que verdaderamente originó nuestra Convención y, por lo tanto, el proyecto de Constitución. Hace ya mucho tiempo, en 1984, impulsado de modo brillante por Altiero Spinelli, este Parlamento elaboró un primer proyecto de constitución para Europa, en un momento en que nadie se atrevía a hablar de ella, ni siquiera a soñar con ella. Ustedes tuvieron la audacia, la audacia reflexionada, de rebautizar su Comisión de Asuntos Institucionales con el nombre de «Comisión de Asuntos Constitucionales» desde el inicio de la legislatura, gracias a su presidente, el Sr. Napolitano. Aún no ha llegado, pero estoy seguro de que le veremos enseguida.
Poco después de los decepcionantes resultados del tratado de Niza en el plano institucional, ustedes reclamaron abiertamente la convocatoria de una Convención. En diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken, instigado por el Primer Ministro belga, apoyó su petición.
Cuando abordamos el fondo del asunto, sus trabajos preparatorios en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, precisamente bajo la presidencia del Sr. Napolitano, así como sus informes, que unas veces precedieron y otras acompañaron a nuestros debates, como el informe del Sr. Alain Lamassoure sobre la cuestión central de las competencias de la Unión Europea, facilitaron enormemente nuestra tarea. Quiero subrayar la participación destacada y voluntariosa de sus representantes, de todos sus representantes, en los trabajos de la Convención, así como el papel determinante desempeñado por los Sres. Klaus Hänsch e Iñigo Méndez de Vigo -creo que dieciocho meses de trabajo en común me autorizan a llamarles por su nombre de pila- en las deliberaciones del Presidum de la Convención.
Finalmente, señor Presidente, no me olvido de que ustedes han acogido a la Convención Europea en sus locales. Le visité en el mes de julio para agradecerle su generosa hospitalidad. Y por lo que respecta a los escaños de su hemiciclo, acabaron por no saber si debían considerarse miembros del Parlamento o de la Convención.
Por lo tanto, esta presentación es un momento emocionante, pero también realista, porque vengo a presentarles y a evaluar lo que hemos conseguido, así como a insistir en lo que queda por hacer para dotar efectivamente a Europa de una Constitución.
Cuando intentamos evaluar una situación, a menudo tenemos tendencia a olvidar el punto de partida. Hace dos años, la palabra Constitución aún era tabú, hasta el punto de que la declaración de Laeken solo aludía a ella de forma indirecta. En la actualidad, la idea de una Constitución para Europa ha calado hondo en la conciencia de los europeos: los ciudadanos europeos ya están preparados para la Constitución. Señor Presidente, según la última encuesta del Eurobarómetro, gestionado por la Comisión, realizada los pasados junio y julio en el conjunto de la Unión Europea, un 70% se pronuncia a favor de una Constitución y solo un 13% es contrario a esta idea. En Italia, país que ejerce la Presidencia del Consejo y que detenta por tanto una responsabilidad importante en el resultado de la Conferencia Intergubernamental -aprovecho la ocasión para saludar al vicepresidente del Consejo, miembro de la Convención, así como al ministro de Asuntos Exteriores-, un 82% aprueba la idea de una Constitución. Incluso en los países tradicionalmente más reservados predomina el acuerdo sobre el desacuerdo. Citaré, por ejemplo, el caso de Finlandia, cuyos representantes han sido muy activos en el seno de nuestra Convención: un 53% está a favor y un 37% en contra.
Nuestros esfuerzos colectivos por explicar el contenido de la Constitución nos han permitido avanzar para que los ciudadanos comprendan nuestro proyecto. Tenemos que reconocer que comenzamos desde bastante lejos, con poca notoriedad y poca comprensión, pero una encuesta realizada por la Comisión a finales de junio, es decir hace dos meses, indica que el 70% de los ciudadanos que tienen una opinión sobre nuestros trabajos los juzgan de manera positiva. Y a ustedes que les representan, señoras y señores diputados europeos, les hago una petición: nunca olviden a los ciudadanos. Escuchamos la opinión de mucha gente, de los dirigentes, de los responsables, de los gobiernos, pero nunca olviden a los ciudadanos: ¡trabajamos para ellos! Señor Presidente, durante las deliberaciones de la Convención, mientras me sentaba provisionalmente en su lugar, nunca dejé de pensar en el hombre de la calle europeo, e intentaba imaginar sus reacciones respecto de nuestras propuestas.
Así pues, ¿cuál es el resultado de nuestros trabajos? El proyecto de Constitución que les presento es el resultado de un trabajo intenso. Como saben, ha sido editado en todas las lenguas de la Unión, así como en la lengua de cada uno de los nuevos Estados miembros. Se ha hecho a tiempo para que todos los ciudadanos de la Unión pudieran tener el texto en sus manos desde que se presentó en el Consejo Europeo de Salónica.
Los miembros de la Convención han trabajado largo y tendido. Han participado en veintiséis sesiones plenarias, algunas de las cuales han durado dos días; han escuchado más de 1 800 intervenciones. Todas las propuestas, todas las enmiendas, todas las soluciones alternativas provenientes de los miembros de la Convención, de los Estados miembros, de la Comisión Europea, de la sociedad civil y, por supuesto, del Parlamento Europeo han sido cuidadosamente examinadas y cribadas de forma atenta y objetiva. Por esta razón, les digo con franqueza que no creo que en este momento existan soluciones que la Convención no conozca o no haya explorado.
Creo que nuestra propuesta va tan lejos como es posible habida cuenta del clima político, social y cultural de Europa en la actualidad. Lejos de ser el menor denominador común, como se temió en algún momento, representa la globalidad de lo que es posible realizar en Europa en 2003. Si hubiésemos intentado ir más lejos, como algunos quisieran, y quizás yo sea uno de ellos, nos hubiéramos arriesgado a dividir, debido al rechazo de unos o la desaprobación de otros, una Europa apenas recién reunificada. Es un riesgo inaceptable que nadie tiene derecho a asumir. Y ustedes mismos, diputados al Parlamento Europeo, nos alentaron a ir tan lejos como fuera posible, aunque trazando los límites de lo razonable y de lo aceptable.
Entonces, ¿cuáles son las propuestas básicas que plantea la Constitución? Ustedes las han ido conociendo a medida que se han ido desarrollando nuestros trabajos. Así pues, no es necesario que las describa en detalle, porque rebasaría el tiempo previsto para el debate. Sin embargo, quiero subrayar el hecho de que hace apenas dos años algunas de ellas aún parecían inaccesibles, inalcanzables. Hoy constituyen un conjunto sólido y coherente. Paso a recordarles estas propuestas.
En primer lugar, un punto central, alrededor del que se organiza todo el sistema: la afirmación de la naturaleza dual de la Unión Europea, unión de los pueblos y unión de los Estados de Europa.
En segundo lugar, el establecimiento de un texto único que sustituye a todos los tratados existentes, y que dota a la Unión Europea de personalidad jurídica. Cuando, en la primavera del año 2002, examiné la posibilidad de disponer de un texto único, estudié los trabajos anteriores, las investigaciones realizadas y descubrimos que los implicados habían chocado con obstáculos que parecían insalvables.
A continuación, la incorporación en la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales, que consagra los derechos de los ciudadanos. Quiero mencionar al Sr. Vitorino, que ha hecho una gran contribución a la discusión sobre este tema.
Otra propuesta es la definición clara, transparente y estable de las competencias de la Unión, tres aspectos sobre los que deseo insistir. Definición clara para que los ciudadanos puedan conocer estas competencias y definición transparente para que no se interpreten en el seno de instituciones que tienen una forma más opaca de hacer las cosas. Al mismo tiempo que define las competencias, la Constitución establece también que deben ejercerse mediante procedimientos simples; retomaré esta cuestión.
La última propuesta es la garantía política del principio de subsidiariedad, que implica a los parlamentos nacionales junto al Parlamento Europeo. El Sr. Méndez de Vigo, diputado al Parlamento Europeo aquí presente, ha desempeñado un papel importante como presidente del grupo de trabajo sobre este tema, que estaba paralizado desde 1990.
Por otra parte, la Unión contará con nuevos medios de actuación en tres ámbitos que los ciudadanos consideran prioritarios. En primer lugar, la justicia, porque en materia de justicia prevemos la instauración de un espacio de seguridad y justicia que permita una lucha más eficaz contra la gran criminalidad internacional y el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de sus derechos civiles.
En materia de política exterior de la Unión, se ha respondido a la segunda expectativa de los ciudadanos mediante el nombramiento de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que presidirá el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y tratará de asegurar el desarrollo de la tan necesaria política exterior común. En materia de defensa común se ha respondido a la demanda de los ciudadanos mediante el establecimiento, entre otras disposiciones, de una Agencia Europea de Armamento.
Finalmente, la gobernanza económica y social de la Unión mejorará, en particular pero no únicamente entre los países que han adoptado el euro para asegurar la estabilidad y el éxito de nuestra moneda común europea.
A raíz de estas disposiciones, desaparecerán del paisaje europeo los famosos tres pilares que desde los tratados de Maastricht y de Ámsterdam complicaban la gestión y la percepción de los actos de la Unión. La Constitución dota a Europa de un sistema institucional único, quiero decir de un único sistema institucional que sustituye al régimen de los tres pilares.
Las instituciones que propone la Constitución son estables, democráticas y eficaces. El Parlamento Europeo, primera institución de la Unión en la Constitución, se convierte en el principal legislador de la Unión y en supervisor de la política presupuestaria. El Consejo Europeo, que en lo sucesivo se distinguirá del Consejo de Ministros porque no tienen ni la misma composición ni las mismas competencias, da los impulsos necesarios al desarrollo de la Unión y fija sus prioridades políticas generales. Este Consejo tendrá un rostro con un Presidente elegido entre ellos, que organizará su trabajo y planificará el futuro. El Consejo de Ministros volverá a centrarse en las tareas del Consejo Legislativo y de Asuntos Generales y sus diversas formaciones se reagruparán.
La Comisión Europea, estructurada para confirmar su carácter colegiado y cuya composición está ajustada al número de funciones a ejercer, será el motor y el órgano ejecutivo principal de la Unión. Expresará y encarnará el bien común europeo. El presidente de la Comisión podrá nombrar comisarios sin derecho de voto para asegurar, si así lo desea, la información de todos los Estados miembros.
Al hablar ante ustedes, que tanto han trabajado en este tema, quiero insistir en un punto esencial: la legitimidad democrática del sistema que propone la Constitución. Ya no podremos hablar de déficit democrático, expresión que formaba parte del lenguaje corriente de los críticos de nuestro sistema político. En efecto, el Parlamento Europeo adquiere su posición central de legislador en el sistema europeo. Salvo algunas raras excepciones -y hemos intentado limitarlas tanto como ha sido políticamente posible-, ustedes tendrán que votar cualquier ley o ley marco europea. De lo contrario, será rechazada. Asimismo, se amplían los derechos del Parlamento en materia presupuestaria. Cuando la Constitución entre en vigor, ustedes elegirán al presidente de la Comisión.
Es cierto que ha habido un debate difícil -por desgracia no puedo entras en detalles- sobre la cuestión de la posible presentación de candidatos. Tras largas deliberaciones, en las que han participado al mismo tiempo los miembros de la Convención, por supuesto, y las formaciones políticas, hemos alcanzado una solución común. La presentación se hará sobre una propuesta del Consejo Europeo, pero con dos novedades: por una parte, se tendrá en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento y, por otra, se llevarán a cabo las consultas necesarias. Por lo tanto, se trata de una propuesta abierta. Y, sobre todo, ustedes dispondrán de un derecho de rechazo. Si no eligen por mayoría a la candidata o al candidato presentado por el Consejo Europeo, este presentará otro candidato en el plazo de un mes.
Gracias a la labor de Giuliano Amato, la Convención ha llevado a cabo con éxito la enorme tarea de simplificación y clasificación de las decisiones europeas. Recuerdo las discusiones que tuvo su Comisión de Asuntos Constituciones de la época y las propuestas del Sr. Jean-Louis Bourlanges.
Al distinguir en lo sucesivo los actos legislativos de los actos ejecutivos, nos acercamos a los sistemas clásicos en vigor en los Estados miembros, sistemas que son familiares y comprensibles por todos los ciudadanos. El sistema democrático imaginado por Montesquieu y por los pensadores de la Ilustración -como a muchos otros, me interesa el pensamiento de Montesquieu-, no puede, contrariamente a lo que se dice a veces, aplicarse tal cual, porque el sistema de Montesquieu estaba pensado para las necesidades de un Estado nacional y lo que él llama el «equilibrio de poderes» es un equilibrio que solo existe en el interior de este Estado nacional.
Sin embargo, de alguna manera lo hemos aplicado, para definir un nuevo equilibrio de poderes que tenga en cuenta la dualidad, que es y será sin duda un rasgo original de la Unión Europea: unión de pueblos y unión de Estados. Por lo tanto, hemos definido un modelo democrático a escala europea que a la vez tenga en cuenta el tamaño de la población -450 millones de habitantes-, la diversidad de los Estados miembros viejos y nuevos, así como la voluntad de unificación del continente europeo. En suma, si me permiten decirlo con respeto y prudencia, hemos creado una variante de Montesquieu en la Europa del siglo XXI.
(Risas y aplausos)
Antes de entrar en vigor, esta Constitución aún tiene que salvar dos grandes obstáculos: la aprobación por parte de los gobiernos y su ratificación mediante la expresión democrática de los pueblos, a través de los parlamentos o mediante referendos.
Permítanme decirles algunas palabras sobre el papel que ustedes tendrán que desempeñar en este proceso. Pero antes de hacerlo, quiero disipar cualquier ambigüedad sobre el papel futuro de la Convención.
La Convención ha cumplido su tarea. El 20 de junio de 2003 envié, en su nombre, a la Presidencia griega las dos primeras partes de la Constitución que la Convención había elaborado. Al ir a Roma el pasado 18 de julio a entregar a la Presidencia italiana el texto ya completo del proyecto de tratado constitucional, añadí -citaré el párrafo íntegramente, que es corto, para que conste en las actas de su Parlamento- que la Convención ha llevado a cabo el mandato conferido por el Consejo Europeo de Laeken. Al presentar el proyecto de Tratado por el que se establece la Constitución de Europa, el presidente de la Convención considera que ha cumplido su misión y por consiguiente su labor ha concluido. Esto significa que la Convención ya no desempeña papel alguno y que ya no puede intervenir en el proceso de la Conferencia Intergubernamental, porque no tiene ningún mandato para ello.
Sin embargo los miembros de la Convención, entre ellos el presidente de esta Asamblea, los vicepresidentes y yo mismo, estaremos a disposición de todas aquellas y aquellos que, incluidos los que se sientan en este hemiciclo, deseen consultarnos sobre los argumentos que nos han llevado a formular una u otra propuesta contenida en la Constitución. La Conferencia Intergubernamental comenzará dentro de un mes exactamente, bajo la Presidencia italiana, que quizá nos hablará de ella después. La mayoría de miembros de la Convención, antes de separarse, han formulado el deseo de que sea breve y pueda finalizar de aquí a finales de año.
El Consejo Europeo de Salónica ha decidido que la conferencia tome nuestro proyecto de Constitución como punto de partida. Así pues, existen tres soluciones. O la Conferencia Intergubernamental mejora el proyecto de Constitución: nos cuesta imaginar que pueda lograrlo,

... y no lo digo por vanidad colectiva de los autores de nuestro texto, sino porque esta Conferencia tropezará con dos obstáculos que la Convención no ha tenido que afrontar: la premura de tiempo y la norma de la unanimidad. En efecto, ¿cómo se puede mejorar en dos meses y medio un proyecto en el que hemos trabajado durante dieciséis meses seguidos? Además, ¿cómo se puede alcanzar la unanimidad en soluciones más avanzadas que aquellas en las que hemos tenido que hacer un esfuerzo para lograr un consenso? Pero seamos buenos deportistas. Si la Conferencia Intergubernamental logra mejorar la Constitución, los miembros de la Convención serán los primeros en aplaudir su éxito.
La segunda hipótesis es que la Conferencia Intergubernamental acabe por presentar propuestas de menor enjundia que las planteadas por la Convención.
Esto podría acarrear graves consecuencias. Las reservas o las críticas que escuchamos respecto de nuestras propuestas, sobre todo institucionales, suponen un gran riesgo. No podemos tocar una parte del edificio sin arriesgarnos a que el conjunto se desmorone. Quienes creen que pueden modificar notablemente nuestras propuestas institucionales están equivocados. Porque, sin duda al satisfacer a unos, corren el riesgo de disgustar y decepcionar a todos los demás.
Así pues, la tercera solución, que parece preferible, consiste en aprobar el proyecto de Constitución.
(Aplausos)
Si se aprueba el proyecto de Constitución presentado por la Convención, entonces también deberíamos aceptar, sin embargo, y ahora me dirijo a los representantes de la Presidencia, que se introduzcan algunos cambios necesarios unánimemente aceptados. Quiero pedirles, sin insistir mucho, que reflexionen sobre la gravedad de las consecuencias de un fracaso. Porque, debido a la estación, al lugar, al sol, al agrado que supone reunirme con ustedes, en este encuentro se respira cierto grado de optimismo. Sin embargo, les pido que reflexionen sobre las consecuencias y la gravedad de un fracaso, sobre la decepción y la frustración que causaría en toda la opinión europea.
Finalmente, no olvidemos que, tras la Conferencia Intergubernamental, vendrá la verdadera prueba de fuego: la de la ratificación en cada uno de los Estados miembros, en cada uno de los veinticinco Estados miembros. Esta ratificación no está ni muchos menos asegurada de antemano. Si sometemos a ratificación popular, en forma de referendo en unos casos, de aprobación parlamentaria en otros, el proyecto de Constitución tal y como ha sido elaborado por la Convención, mi convicción personal es que a costa de un esfuerzo intenso de explicación y de persuasión, este proyecto acabará por aprobarse en todas partes. Si, por el contrario, presentamos un proyecto de Constitución mutilado o truncado, me temo que sea rechazado en uno o varios Estados miembros. En efecto, su defensa y su apoyo estarían privados, en este caso, de dos argumentos decisivos: la coherencia y el equilibrio, que reúne el proyecto de Constitución. Entonces abriríamos una crisis que Europa no necesita en absoluto en las actuales circunstancias y de la que resultaría muy difícil salir.
Señor Presidente, en todo este proceso el Parlamento Europeo tiene un papel destacado que desempeñar y le pido que sean activos y vigilantes. En efecto, ustedes tienen que asegurar que la opinión pública esté informada. No se trata de una Conferencia Intergubernamental de tipo clásico, es decir, de tipo diplomático, en la que expertos o diplomáticos debaten entre ellos de las ventajas recíprocas que unos intentan obtener en detrimento de otros. Se tratará de una Conferencia Intergubernamental de tipo constitucional como nunca se ha celebrado, que tiene que crear una Constitución. Por lo tanto, tiene que estar sometida a normas particulares. Observadores de su Parlamento participarán en esta conferencia. ¡Que alerten a la opinión pública y exijan transparencia!
Durante la última sesión de la Convención, a la que ustedes asistieron, señor Presidente del Consejo y señores miembros de la Convención, sugerí a la Conferencia Intergubernamental que se inspirara en nuestro método de trabajo, que por otra parte nos ha venido impuesto, y se comprometiera a hacer pública, si es preciso a través de Internet, cualquier propuesta de modificación y cualquier enmienda a la Constitución.
(Aplausos)
Esto permitiría que la opinión y a la prensa se hicieran una idea precisa del contenido de los debates. Asimismo, me parece legítimo que se les informe en cada una de las sesiones plenarias del estado de los trabajos de la Conferencia, como yo he hecho ante el Consejo Europeo en nombre de la Convención.
Por lo tanto, ustedes emitirán una opinión sobre esta Conferencia Intergubernamental y lo harán antes de su apertura en Roma. Tienen la crucial responsabilidad de redactar y aprobar esta opinión, pero me parece que podría constituir un toque de atención. Si la Conferencia Intergubernamental cercena el alcance del tratado constitucional, que la Convención ha elaborado con absoluta transparencia y con su notable contribución, y el Parlamento Europeo lo rechaza, tendrá pocas posibilidades de que los Estados y los pueblos de Europa lo ratifiquen.
Si, por el contrario, los Gobiernos de la Unión aprueban en la Conferencia un tratado constitucional muy parecido al proyecto de la Convención -no esperamos que sea exactamente igual que el nuestro- y si el Parlamento Europeo da su aprobación, dicho tratado ocupará un lugar central en el gran debate político de las elecciones europeas de junio de 2004. Entonces habrá llegado el momento de hacer un llamamiento a las fuerzas vivas de nuestro continente, de movilizar el interés de la sociedad civil y de que los indecisos abran los ojos, porque ¿quiénes son esos indecisos? Son aquellos y aquellas que han perdido confianza en la capacidad de la Unión de unirse y renovarse.
Así, el debate principal de las elecciones europeas reflejará los trabajos más modestos de nuestra Convención, ayudando a los europeos a acercarse a la Unión, a comprenderla mejor para, finalmente, reconocerse en ella. Señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, al final de nuestros trabajos hemos añadido en la Constitución, a petición de sus representantes, cierto número de símbolos y, sobre todo, un lema para la Unión Europea, que está «unida en su diversidad». Les pido encarecidamente que ayuden a Europa a dotarse de una Constitución que le permita vivir libre, pacífica y feliz, unida en su diversidad.
(Aplausos)
El Presidente.
Señorías, su reacción lo dice todo.

Fini
Señor Presidente, señores diputados al Parlamento Europeo, ante todo deseo felicitar calurosa y sinceramente -en nombre del Gobierno italiano, al que he tenido el privilegio de representar durante todos los trabajos de la Convención Europea- al Presidente Giscard d'Estaing por su labor y a la Convención por la acción que ha desarrollado. Podemos decir que al aplauso general de la Asamblea tras la presentación del informe del Presidente Giscard se suma simbólicamente el Gobierno italiano y la opinión pública de nuestro país, que es profundamente europeísta y que se identifica ampliamente con las palabras del Presidente y, de una manera más general, con el texto aprobado por la Convención.
Se ha tratado verdaderamente de un momento importante, de un momento que, sin retórica alguna, podemos definir como histórico. Ante todo quiero expresar mi enorme satisfacción por el hecho de que el Consejo de Salónica haya aceptado el proyecto de Constitución aprobado por la Convención, definiéndolo como paso histórico hacia la realización de los objetivos de la integración europea, y haya definido posteriormente el Tratado como "una buena base" para iniciar la Conferencia Intergubernamental que se llevará a cabo durante la Presidencia italiana.
En efecto, el cometido que se había asignado a la Convención excedía de la mera, aunque importante, tarea de modificación de los mecanismos y normas institucionales. El mandato de Laeken era bien explícito: reconsiderar toda la organización institucional europea en vísperas del gran momento histórico de la definitiva reunificación del Viejo Continente. Por primera vez en la historia de la construcción europea no se había encomendado esta tarea a funcionarios gubernamentales, por mucha autoridad que pudieran tener, sino a una asamblea auténticamente democrática y representativa: precisamente a una Convención, integrada por los representantes de los Parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo, de la Comisión, de los países miembros de la Europa de siempre y de los que están a punto de incorporarse de pleno derecho a nuestra gran familia.
Ahora bien, tras dieciséis meses de trabajo se ha alcanzado un resultado importante, inesperado en muchos aspectos y, a mi modo de ver, aún de mayor peso si se considera la innovación que supone el método de trabajo que ha sugerido el Praesidium a la Convención. Siempre hemos intentado recabar el máximo consenso posible, sin recurrir nunca al tradicional instrumento del voto. Ésta es la razón por la que la senda de la Conferencia Intergubernamental no ha estado exenta de dificultades, pero se ve ciertamente facilitada por el hecho de que la Conferencia no se encuentra ante un texto con varias opciones sino que, por el contrario, se trata de un único texto, ampliamente compartido por todos los componentes de la Convención y que cuenta con la aprobación del Consejo Europeo.
Por este motivo, la Presidencia italiana considera que no le falta razón al Presidente Giscard cuando afirma explícitamente que cuanto más se aleje la Conferencia Intergubernamental del acuerdo alcanzado por la Convención, tanto más difícil será encontrar un nuevo punto de equilibrio y, por este motivo, tanto mayor será el riesgo del fracaso, que sería verdaderamente clamoroso. No se trataría en este caso del fracaso de la Presidencia de turno ni del fracaso de la Convención; sería el fracaso de la esperanza que albergan los millones y millones de europeos que creen verdaderamente que ha llegado el momento de dotarse no sólo de reglas comunes, sino también de valores comunes y compartidos.
Por todo ello, estamos encantados con el resultado final. Así lo hemos manifestado abiertamente a nuestra opinión pública y al Parlamento nacional, pero también debemos subrayarlo ante este Parlamento. Es verdad que se ha tratado de un compromiso, pero es un compromiso elevado y noble entre órganos, sensibilidades e intereses diferentes; un compromiso que se basa en algunos puntos que consideramos fundamentales y que también yo quiero mencionar rápidamente: la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales al texto constitucional; la superación de la compleja y superada, en algunos aspectos, estructura de pilares de los Tratados en vigor; el reparto más claro de competencias entre la Unión y los Estados miembros en el pleno respeto de las identidades nacionales y de las organizaciones internas de los Estados, ese principio dual a que ha hecho referencia el Presidente Giscard; la introducción de mecanismos para el respeto efectivo del principio de subsidiariedad y para una implicación cada vez mayor de los Parlamentos nacionales en la vida de la Unión. La Convención ha establecido que las Instituciones son cuatro: Consejo, Parlamento Europeo, Comisión y, también, los Parlamentos nacionales, que representan la voluntad de nuestras opiniones públicas.
Otra innovación: la tipificación de los actos y de los instrumentos jurídicos y financieros mediante la introducción, por vez primera, de una jerarquía de las normas propiamente dicha; la creación del Ministro de Asuntos Exteriores Europeo -quizás la figura institucional más innovadora surgida de los trabajos de la Convención tras aunar las funciones ejercidas hasta ahora por el Alto Representante y por el Comisario encargado de Asuntos Exteriores- y, también importante, la posibilidad de fusionar en el futuro las figuras de Presidente del Consejo y de Presidente de la Comisión; por último, la ampliación ulterior del número de materias que se someterán a votación por mayoría cualificada.
Ha sido mucho lo que se ha hecho. Si alguien preguntara si podía haberse hecho más, yo le diría que sí, podía haberse hecho más y debía haberse hecho más, pero el compromiso alcanzado constituye, quizás, el único compromiso posible. Seguir manteniendo como premisa, en una Europa de 25 ó 27 países, la adopción de decisiones por unanimidad traería aparejado el final de una verdadera capacidad de gobierno de la Unión para los problemas complejos de la opinión pública.
Permítame, señor Presidente, dos palabras como conclusión sobre el equilibrio institucional que se ha alcanzado en la Convención: un equilibrio frágil, buscado desde el primer momento, porque todos los miembros de la Convención tenían bien claro que no podía reforzarse una Institución en detrimento de otra. Se trata de un equilibrio basado en un reparto de competencias entre el Consejo Europeo -que asume una función de institución política, con el cometido de definir orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión-, la Comisión -representativa de los Estados miembros y que mantiene su función central de guardiana de los Tratados y de garante del interés comunitario- y el Parlamento Europeo, que se convierte en colegislador de pleno derecho.
Quiero hacer hincapié, precisamente aquí, en que una de las innovaciones más importantes es la elección de la Comisión por parte del Parlamento Europeo, que ve así reforzadas sus competencias de codecisión legislativa y presupuestaria -desapareciendo la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios- y que adquiere el derecho de proponer, en caso necesario, una futura revisión de la Constitución recurriendo al método de la Convención.
Tanto ésta como las demás innovaciones se incluyen dentro de un paquete institucional que, como bien recordaba el Presidente Giscard, seguramente puede mejorarse. Sin embargo, el intento de modificarlo profundamente acarrearía serios peligros por el riesgo de que se viera alterado el equilibrio consistente en un sistema complejo basado en la doble legitimación de Estados nacionales y ciudadanos que constituye la Convención lograda. Por este motivo, el equilibrio alcanzado por la Convención, difícil pero de alto nivel, constituirá el punto de referencia de la Conferencia Intergubernamental. Para mantener este espíritu y garantizar continuidad y coherencia con la labor desarrollada por la Convención, he considerado y sigo considerando deseable que participen en la Conferencia los representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo, pero también el Presidente de la Convención y los Vicepresidentes Amato y Dehaene.
La función del Parlamento Europeo en esta fase del proyecto de reforma constitucional deberá seguir siendo una función fundamental. El Presidente del Gobierno Berlusconi pidió en el periodo parcial de sesiones de julio un amplio compromiso y yo quiero hacer nuevamente hincapié en esta necesidad.
Quiero añadir asimismo un deseo que, estoy seguro, se hará realidad: que el Parlamento Europeo ejerza sin rémora alguna su función de control, no sólo para que los trabajos de la Conferencia Intergubernamental sean abiertos y transparentes, como nos comprometemos a garantizar, sino sobretodo para que estos trabajos reflejen las expectativas de los ciudadanos y para que los Gobiernos no sucumban a la tentación de desbaratar el valioso trabajo realizado por la Convención. Si se desperdiciara esta gran oportunidad, se estaría enviando una señal negativa a todos los ciudadanos europeos e infligiríamos verdaderamente un daño irreparable al proyecto de construcción de Europa.
Señor Presidente y señores diputados, se ha recorrido un largo trecho en los más de 50 años desde el día que puede considerarse como el acta de nacimiento de la Unión Europea: la Declaración de Robert Schuman de 9 de mayo de 1950 que proponía gestionar en común unos pocos intereses -los relativos a la energía, a las materias primas y a la economía- para promover y ejercer los valores que constituyen la solidaridad y la paz.
El proyecto de construcción de la Europa unida vive hoy un momento crucial en su historia: por una parte, la reunificación con los países del Este, que vuelven a abrazar de pleno derecho los valores de libertad y de democracia; por otra, la transición de una dimensión económica a una dimensión política que sólo puede hacerse mediante la construcción de una identidad europea que permita a la Unión convertirse en un factor de estabilidad, prosperidad y paz en la escena internacional. Esta Europa, unida en la diversidad, y a la que se alude en el preámbulo de la Constitución, es la que debe responder a los retos de nuestra época: una Europa formada por Estados que, sin renunciar a su propia identidad, comparten soberanía y competencias.
La Presidencia italiana tiene intención de dirigir la próxima Conferencia Intergubernamental con ese espíritu de fidelidad con la propia tradición europeísta, patrimonio del pueblo italiano y de todas las fuerzas políticas de mi país. El primer Tratado de Roma preparó la unificación europea; el segundo, deberá ser -y será- la transición hacia la nueva Europa reunificada, una Unión más fuerte política y económicamente, destinada a convertirse en un factor de estabilidad y prosperidad en la escena mundial. Tenemos la seguridad de que el texto del Tratado de reforma, aprobado por la Convención, nos permite decir que este objetivo histórico está verdaderamente a un paso de su consecución.

Frattini
- (IT) Como han señalado el Presidente Giscard d'Estaing y el Presidente Fini, la Convención ha sido y ha construido verdaderamente un pilar en el proceso de la integración europea. La Presidencia italiana valora este resultado como un punto de referencia para los trabajos de la Conferencia Intergubernamental.
Son tres los principios en que tiene intención de inspirarse la Presidencia para dirigir los trabajos de la Conferencia cuya apertura, como bien saben, se llevará a cabo en Roma el 4 de octubre. En primer lugar, la Presidencia considera necesario respetar el calendario definido en el Consejo Europeo de Salónica: un calendario que exige buscar con determinación un resultado positivo con tiempo suficiente para las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para el próximo mes de junio. De este planteamiento se deriva un objetivo central de la Presidencia italiana: conducir la Conferencia a buen ritmo con la perspectiva de lograr en diciembre un acuerdo global y general sobre el texto constitucional. Así será posible proceder a la firma del futuro Tratado constitucional -una Constitución para Europa, como la ha definido el Presidente Giscard d'Estaing- en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2004, fecha del ingreso de los diez nuevos Estados miembros, y las elecciones para renovar nuestro Parlamento, previstas en junio. Prolongar la negociación constitucional fuera de estas fechas traería aparejados dos graves problemas de legitimidad y transparencia democrática: por una parte, se dispersaría de manera progresiva el patrimonio constituyente de la Convención; por otra, se pediría a los ciudadanos europeos que votaran en las elecciones al Parlamento Europeo sin conocer los elementos constitucionales esenciales de la futura Unión.
El segundo objetivo de la Presidencia es salvaguardar la estructura del texto elaborado por la Convención. Consideramos conveniente respetar, como ya he señalado, aquello que debemos denominar con claridad patrimonio constituyente, acumulado tras dieciséis meses de trabajo llevado a cabo por un órgano democrático en el que estaban representados Gobiernos, Parlamentos nacionales e Instituciones de la Unión Europea. Al mismo tiempo, somos de la opinión que no resulta conveniente reabrir debates que ya han tenido suficiente desarrollo. El valor político que ha adquirido el éxito conseguido no se dispersará ni se verá debilitado en los trabajos de la Conferencia: por el contrario, ésta deberá consagrarse a mejorar y completar aquellas partes del Tratado sobre las que todavía no se alcanza un pleno consenso, partes del Tratado -vuelvo a repetirlo para que quede bien claro- que no afecten a los pilares institucionales decididos por la Convención. Por lo tanto, la Presidencia italiana se opondrá a someter nuevamente a discusión el equilibrio global del proyecto y sus elementos fundamentales. En opinión de la Presidencia, los intereses de Europa y de los ciudadanos europeos deben prevalecer sobre la defensa de intereses particulares que tienden a introducir una u otra modificación fundamental del Tratado. Desde esta perspectiva, los dictámenes que presentarán el Parlamento y la Comisión serán un elemento que deberá tenerse plenamente en cuenta en el curso de la Conferencia.
Tercer y último punto que constituirá una línea de actuación durante los trabajos de la Conferencia: aplicando el principio de unanimidad que se ha exigido, la necesidad de encontrar soluciones consensuadas sobre algunos temas que siguen siendo controvertidos no presionará en modo alguna a la Presidencia para negociar un compromiso "a la baja" que suponga un retroceso con respecto a las propuestas de la Convención.

Nuestro objetivo es alcanzar un resultado de calidad que esté a la altura de las expectativas de la opinión pública europea y que sea capaz de garantizar un funcionamiento eficaz y democrático de la Unión con una amplia perspectiva temporal. No estamos elaborando una Constitución para Europa únicamente para unos pocos años: Para lograr este objetivo, contamos con el fundamental apoyo de este Parlamento Europeo.
Como bien saben Sus Señorías, la Presidencia ha iniciado los procedimientos para convocar la Conferencia el 4 de octubre en Roma. Consideramos que esta Conferencia debe conducirse a un alto nivel político, como ya lo definieron el Consejo Europeo, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores, pero en ella deben participar los representantes de todas las Instituciones europeas para que la CIG constituya verdaderamente la continuación ideal de los trabajos de la Convención. Por este motivo, formularé una propuesta que permita contar con la participación del Parlamento Europeo, a través de sus representantes, en los trabajos de la Conferencia, tanto cuando se reúna a nivel de Ministros de Exteriores como cuando lo haga a nivel de Jefes de Gobierno, contando asimismo con la presencia del Presidente del Parlamento Europeo. Cualquier solución diferente constituiría de hecho un paso atrás con respecto al método democrático de revisión de los Tratados inspirado en el principio -en el criterio- de la transparencia, del interés con respecto a los ciudadanos.
Como conclusión, tenemos la intención de recabar las posiciones y aportaciones de este Parlamento y de las demás Instituciones europeas, en el convencimiento de que, como ya ha señalado el Presidente Fini, el hecho de dar a la Unión Europea una Constitución representa un reto, no sólo para algunos países más que para otros ni mucho menos solamente para la Presidencia italiana, que tiene el inmenso honor de presidir el Consejo en esta fase. Se trata de un reto para todos. Debemos hacerlo por nuestros ciudadanos: si no sabemos afrontar este reto, salimos perdiendo todos, incluso los que -aunque espero que no haya ninguno- hayan intentado que prevalezca el interés particular sobre el interés general. Nos esforzaremos por que este intento no se vea coronado por el éxito.
(Aplausos)
Prodi
. (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Giscard d´Estaing, Señorías, quisiera empezar expresando mi agradecimiento más sincero a todos los miembros de la Convención y a usted, señor Giscard d´Estaing, en particular, por la dedicación e inteligencia mostrada en los largos meses de trabajo intenso que han distinguido esta fase del proceso de elaboración constitucional. El fructífero experimento de la Convención ha traído consigo un cambio duradero en el transcurso de la vida democrática de la Unión Europea. Un gran trabajo bien hecho y un resultado inesperado.
El proyecto elaborado por la Convención proporciona la base -yo diría que una base excelente- para redactar la versión final de la Constitución. Y esto es bueno porque, sobre todo, el texto tiene un gran valor simbólico: es la primera vez que se han debatido los cimientos de la Unión en un foro abierto, democrático y representativo de los pueblos y Estados de Europa.
En segundo lugar, el proyecto de Constitución aborda resueltamente las cuestiones del equilibrio institucional de poderes y la compleja naturaleza de la Unión. El debate ha sido intenso y exhaustivo, y ha permitido que todas las cuestiones fundamentales que se han planteado hayan sido abordadas con coherencia, a saber: encontrar un nuevo modo más efectivo de reconciliar las dos vías de la integración europea, la comunitaria y la intergubernamental; encontrar un equilibrio entre la representación política de los Estados y la de las personas, y las funciones resultantes del Consejo y del Parlamento; diseñar un modo de organizar la representación del interés general de la Unión y los intereses legítimos de los Estados miembros individuales. En tercer y último lugar, la Convención ha sentado las bases de la tarea esencial de actualizar las políticas de la Unión.
La Conferencia Intergubernamental que va a finalizar y formalizar el trabajo de la Convención ya está empezando. Distingo dos puntos de vista extremos y creo que necesitamos discutirlo abiertamente. Por una parte están los que creen que el proyecto de la Convención no debería alterarse porque representa el único compromiso posible. Y después están los que quieren volver a debatirlo todo porque la soberanía corresponde en última instancia a los Estados y la última palabra debería ser la suya.
Aunque estos puntos de vista puedan ser comprensibles, creo que los dos son criticables. Desde el principio -desde que la Comisión y el Parlamento abogaron por el enfoque de la Convención después de Niza-, los que formamos parte de la Comisión siempre hemos dicho que la Conferencia Intergubernamental debería ser una fase corta, centrada y concluyente. No obstante, esto no significa que debería ser una simple aprobación oficial, porque eso privaría a la Conferencia Intergubernamental de su responsabilidad política. Sin duda, esta Conferencia Intergubernamental no puede compararse con las celebradas anteriormente, porque trabajará sobre la base del excelente trabajo de la Convención. Sin embargo, todavía tiene su función primaria, que es permitir a los Jefes de Estado y al Gobierno ejercer su responsabilidad política y presentar el texto definitivo para su aprobación a las instituciones y, como ha dicho el Sr. Giscard d´Estaing, a los ciudadanos de sus Estados miembros.
Por consiguiente, incluye una nueva fase de propiedad política. Sin duda, eso no requiere una Conferencia Intergubernamental larga, pero exige un período de reflexión apropiado. De hecho, hay aspectos del proyecto de Constitución que demuestran claramente el hecho de que el compromiso alcanzado es incompleto y que el resultado logrado hasta la fecha no puede ser el final de la línea, como habíamos esperado inicialmente. Por lo tanto, es acertado que los Estados miembros, a los cuales corresponde en última instancia la soberanía, puedan profundizar en el debate con el fin de ver si existen ámbitos en los que se puede mejorar. Es deber y responsabilidad de la Comisión señalar estos ámbitos.
En su versión actual, el proyecto de Constitución todavía contempla la toma de decisiones unánime en más de 50 sectores, entre los que se encuentran algunos ámbitos clave del trabajo de la Unión. Además, todos están de acuerdo en que una de las deficiencias de la situación actual es la falta de un instrumento adecuado que coordine las políticas presupuestarias de los Estados miembros. No obstante, me pregunto cómo se piensa que se puede lograr dicha coordinación si se mantiene el actual derecho de veto, y lo mismo se aplica a la fiscalidad indirecta y de las empresas.

Después tenemos la cuestión clave del futuro equilibrio de poderes entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El proyecto de Constitución propone una Comisión establecida de manera que, en mi opinión y en la del Colegio de Comisarios, hará que la institución que representa el interés general de la Unión sea menos capaz de realizar su trabajo con efectividad y credibilidad. La solución propuesta crea una distinción entre Comisarios mediante la creación de una segunda categoría innecesariamente más baja. Ninguna persona de la Unión merece ser representada por un Comisario de segunda clase.
(Aplausos)
Significaría dividir al Colegio, cuando el lazo con los Estados miembros ha sido la fuerza impulsora de la Comisión durante los últimos 50 años. Por lo tanto, es preciso avanzar más -y esto no es del todo incompatible con la necesidad de que la Conferencia Intergubernamental sea breve y llegue a una conclusión rápida- para garantizar que cada país miembro tenga un Comisario de pleno derecho.
Al mismo tiempo, el texto actual del proyecto de Constitución deja opciones abiertas en algunos puntos clave, como el modo en que los Consejos van a trabajar y las responsabilidades en el ámbito de las relaciones exteriores. La tarea de la Conferencia Intergubernamental es hacer más transparente y más efectivo el trabajo de las instituciones e impedir la duplicación y las soluciones a medio camino que puedan ser caldo de cultivo de conflictos futuros. Esta es más una cuestión de facilitar que de innovar.
Por último, la Convención no ha tenido tiempo de actualizar el texto actual de las políticas comunitarias. En algunos casos, se remonta a la década de 1950 y ha sido parcial o totalmente sobreseído. Por supuesto que será difícil resolver todos los problemas pendientes, pero es nuestro deber distanciarnos un paso de las circunstancias políticas actuales y considerar cuidadosamente los puntos en los que todavía es posible realizar los cambios necesarios para capacitar todavía más a la estructura constitucional para hacer frente a los retos futuros. Sin duda, necesitamos ver si existe voluntad política. ¿Es que no existe esta voluntad o es el sentido del realismo el que nos está llevando a abstenernos de abordar estas cuestiones y dejar el texto como está? Si este es el caso, la Comisión está sin duda dispuesta a tomar nota de ello con calma y de modo realista, teniendo en cuenta el hecho de que, en cualquier caso, el progreso realizado ha sido muy significativo.
En esencia, este ha sido el caso cada vez que se han modificado los Tratados. Es cierto con respecto al Acta Única Europea y a los Tratados de Maastricht y Ámsterdam, y puede que en este caso también lo sea, pero debemos darnos cuenta de que, como ocurrió en esos casos, tendremos que estar preparados para hacer frente a más crisis, y, por tanto, a negociar más cambios y adaptaciones. Puede que esto siempre haya formado parte de la integración europea, una mezcla de visión y reacción a las crisis inducidas por el crecimiento. Es la historia que hemos vivido y la conocemos bien, aunque a veces necesitemos avanzar más rápido. Esta es, sin duda, una de estas veces.
En todo caso, si queremos sacar partido de nuestra experiencia y de verdad queremos redactar una Constitución que perdure, debemos incluir mecanismos que permitan que las decisiones se tomen mañana si no pueden tomarse hoy. Por lo tanto, necesitamos -y estoy llegando al final, pero también al punto clave final de mi breve discurso- buscar procedimientos más realistas para modificar la Constitución que nos permitan actuar con rapidez y efectividad cuando, bajo la presión de las crisis -que inevitablemente habrá- las medidas que establecemos hoy sean insuficientes. De hecho, el peor de los casos sería encontrarnos con disposiciones constitucionales inapropiadas que, en la práctica, simplemente no pueden modificarse por la necesidad de un acuerdo unánime de 25 o más Estados miembros.
Esto es verdad en la toma de decisiones unánime, que todavía se aplica en muchos sectores, y por tanto es todavía más verdad cuando se trata de actualizar políticas, un proceso que somos incapaces de abordar actualmente. Una Constitución grabada en piedra para siempre en la que no se pudiera confiar para dar una solución a las crisis futuras sería la negación de toda la historia de la integración europea. Y esto debemos evitarlo a toda costa si queremos realizar de manera responsable la tarea histórica que se nos ha encomendado.
Señor Presidente, Señorías, en nuestro trabajo necesitamos mantener una visión clara del camino que debe seguir la Unión: la paz, la libertad y la solidaridad deben seguir siendo nuestros objetivos en el trabajo cotidiano de las instituciones. Para ello, debemos dotar a la Unión de herramientas prácticas para alcanzar estos objetivos. La Unión debe hablar con una sola voz en el mundo, una voz fuerte, autorizada y pacífica. Interna y externamente, debe ser capaz de defender el imperio de la ley que impone deberes pero también protege al individuo, salvaguardando la libertad para actuar en una sociedad ordenada y creativa.
Por último, la Unión debe tener los medios para mostrar solidaridad. Esto supone el apoyo a los más vulnerables en una sociedad integradora. Se expresa mediante una acción conjunta para prestar ayuda ante catástrofes naturales. Se basa en el deber de defensa mutua, en la firme convicción de que la defensa de todos y cada uno de los Estados miembros es la mejor manera de demostrar que pertenecemos a una misma familia.
Señorías, ha comenzado una nueva fase: debemos rematar el excelente trabajo de la Convención de modo inteligente, resuelto y con coraje. Sin duda, necesita una conclusión rápida, pero, sobre todo, necesita una conclusión satisfactoria. La Comisión seguirá aportando su parte para ayudar a la consecución de ese objetivo.
(Aplausos)

Méndez de Vigo (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando pocas semanas antes de comenzar los trabajos de la Convención Klaus Hänsch y yo visitamos al señor Presidente de la Convención, en su casa de París, cuando salimos de aquella reunión anoté en mi diario "tendremos éxito si logramos crear el espíritu de la Convención".
¿Qué entendíamos por "el espíritu de la Convención"? Entendíamos conseguir que los convencionales fueran conscientes de la importancia histórica del momento, de la dificultad del reto y de la voluntad de repensar Europa pensando en qué es lo que era mejor para los ciudadanos en esa nueva Europa de la gran ampliación. 
Creo que en la creación de ese espíritu convencional, la clave de ese éxito, usted ha jugado, señor Presidente, un papel de primer orden. Creo que hoy, los aplausos que han seguido a su intervención muestran cómo este Parlamento ha apreciado su labor al frente de esta Convención.
¿Por qué en esa labor de repensar Europa era tan necesario hacer ese ejercicio de convencimiento respecto a la dificultad? Creo que lo que hemos llevado a cabo ha sido un ejercicio de hacer realidad aquellas divisas que este Parlamento Europeo tiene desde los años 90: más democracia, más eficacia y más transparencia.
Creo que esta Constitución es más democrática, más eficaz y más transparente. Hace una Europa también imbuida de esas ideas. ¿Por qué? Porque hemos modificado el sistema institucional. Es verdad que los hemos hecho, pero lo hemos hecho precisamente para dotar a la Unión Europea de mayor democracia. 
No hay más que ver y comparar el modelo del Tratado CECA; no hay más que ver qué era aquella Asamblea, aquel precedente de este Parlamento en el Tratado CECA. Hoy este Parlamento, con esta Constitución, es un Parlamento plenamente democrático y plenamente integrado en el proceso decisorio. Pero también hemos conseguido integrar a los parlamentos nacionales en ese procedimiento decisorio. Y también hemos conseguido que los ciudadanos puedan activar la iniciativa popular cuando la ley así lo establezca.
Esa idea de más democracia está reflejada en la Constitución. También la idea de más eficacia -por eso hemos modificado el sistema institucional-. Lo hemos modificado profundamente. Creo que hemos tenido siempre en nuestra mente la idea de salvaguardar el necesario equilibrio entre las instituciones, que esa ha sido una premisa fundamental de todo nuestro trabajo. La verdad es que solamente el tiempo dirá si lo hemos logrado o no. Pero, creo que, en las modificaciones que hemos introducido, la idea de preservar el equilibrio era absolutamente fundamental.
Nuestro trabajo terminó, ahora queda la Conferencia Intergubernamental. Creo que criticar la Constitución -decir, había que haberlo hecho de esta manera o de la otra-, es la labor de expertos y de profesores, pero creo que no es la labor del Parlamento Europeo. La labor del Parlamento Europeo es tomar una posición política respecto a la Constitución. Lo vamos a hacer en el informe del que son ponentes nuestros colegas Gil Robles y Tsatsos.
Creo, señor Presidente, que usted ha lanzado un reto hoy al Parlamento Europeo. Recuerdo que en los años 20 hubo un debate en Alemania sobre el guardián de la Constitución entre Carl Schmitt y Hans Kelsen: Der Hüter der Verfassung. Wer soll der Hüter der Verfassung sein? [El guardián de la Constitución. ¿Quién debería ser el guardián de la Constitución?].
Creo que la labor política de este Parlamento Europeo hoy, la señal política que tenemos que dar es de convertirnos en guardianes de esta Constitución. Esta Constitución es una Constitución que a juicio de este Parlamento es buena para Europa y para sus ciudadanos. Por tanto, creo que nuestra señal política será convertirnos en guardianes de esta Constitución.
Para eso, señor Presidente, tenemos que tener una parte activa en al Conferencia Intergubernamental. Y me alegro de que el Sr. Fini, que también está imbuido de ese convencional, haya dicho que la presencia del Parlamento Europeo será real. No queremos que sea protocolaria, no tenemos ganas de almorzar en Roma, aunque Roma sea una ciudad maravillosa, lo que queremos es seguir llevando nuestras ideas, nuestros impulsos a esa Conferencia Intergubernamental.
Señor Presidente, ha sido un honor presidir la delegación del Parlamento Europeo, ha sido seguramente una de las aventuras más maravillosas, sin duda la más maravillosa de mi vida política, pero sobre todo quiero decir hoy aquí en esta Cámara que creo que al final los grandes beneficiarios serán los ciudadanos de Europa.
Hänsch (PSE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, señor Presidente Giscard d'Estaing, nuestro trabajo en la Convención y, todo sea dicho, también en el Presidium, no ha estado exento de conflictos. Pero había unanimidad en cuanto al objetivo. Queríamos elaborar una propuesta única de texto para una constitución europea y lo hemos conseguido. Hemos seguido el sabio consejo de Jean Monnet, quien dijo que escribir lo que debería ser es fácil, pero lo importante es escribir lo que puede ser. Es exactamente lo que ha hecho la Convención. Lo que se presenta a los Gobiernos está bien meditado. Es equilibrado y, sobre todo, se puede conseguir, si se desea. Hasta ahora, las Conferencias Intergubernamentales y las cumbres europeas se habían erigido siempre en la vara de medir el éxito o el fracaso. Esto ha quedado relegado al pasado. El resultado de la Conferencia Intergubernamental de Roma se medirá en relación con el de la Convención. Este es nuestro éxito, Señorías.
No hemos conseguido todo lo que queríamos, y no todo lo conseguido es un éxito indiscutible. Habríamos deseado que en el futuro toda la legislación se aprobase por mayoría cualificada en el Consejo, también y especialmente en materia fiscal. Habríamos deseado que los Estados miembros también pudiesen decidir por mayoría cualificada en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. Sabemos cuán frágiles son algunas soluciones; por ejemplo, el compromiso sobre las dimensiones de la Comisión y el derecho de voto en la misma. Todo esto está en el límite del sentido común constitucional. Pero también sabemos que lo que allí se describe responde a un compromiso y a un compromiso que no está basado en el mínimo denominador común. El proyecto de constitución no se ha convertido en una mera colección de compromisos, sino que continúa siendo un instrumentos jurídico con coherencia interna. Por esto, debemos oponernos a todos los intentos de volver a desatar este paquete de compromisos.
Los Gobiernos han estado representados en la Convención. Sus representantes participaron en el compromiso final. Que algunos quieran desvincularse ahora de dicho compromiso, no solo me preocupa mucho, sino que también es peligroso. En efecto, Señorías, el resultado no será un proyecto mejor, sino una segunda edición del Tratado de Niza. Tenemos que evitar que esto suceda.

Constato con asombro y perplejidad que la Comisión quiera a todas luces participar en este juego.
(Aplausos)
Señor Presidente de la Comisión, ¿en verdad cree usted que lo que acaba de exponernos no se expuso y no se debatió también en la Convención? ¿Piensa usted, acaso, que los representantes de la Comisión, que también formaron parte del Presidium y participaron en la Convención, no expusieron también esas ideas? Sus deseos quizá respondan a aspiraciones acertadas, pero va a conseguir un mal resultado. La consecuencia de lo que acaba de exponer será justamente el retorno a la Conferencia Intergubernamental clásica, a los mismos regateos que se desarrollaban en el pasado en las Conferencias Intergubernamentales. Desde luego, ¡no crea que va a conseguir apoyo para ello, señor Presidente de la Comisión, así que déjese de jugar este juego. Está usted empujando a un lado lo que construyó la Convención.
(Aplausos)
Finalmente, Señorías, después de esta Conferencia Intergubernamental, que esperamos que sea un éxito -acojo con satisfacción sus palabras, señor Presidente Fini, y las del Sr. Frattini, y solo me queda rogarles e instarles a que se atengan a ellas: manténganse firmes en el propósito de que la Conferencia Intergubernamental transforme ese proyecto en la Constitución de Europa-, movilicemos a las poblaciones de nuestros Estados miembros. Y digámosles cuál es la aportación singular de la Convención: una Constitución para muchos Estados y pueblos que permanecieron separados durante medio siglo por la división de Europa y por la dictadura comunista y que en la Convención tuvieron por primera vez la oportunidad de participar, por intermedio de sus representantes, en la configuración del futuro de Europa. Quiero decirles a los colegas de esos países de Europa Central y Oriental que estuvieron por primera vez a nuestro lado que no solo siguieron los trabajos que se llevaron a cabo allí, sino que ustedes aportaron algo a la Convención!
(Aplausos)
Una Constitución para 25 o más Estados y pueblos que se han estado atacando durante siglos, a golpe de saqueos y asesinatos, guerras y devastación, y ahora quieren construir el futuro juntos, una Constitución para 25 o más pueblos, cada uno con su propia tradición, su lengua, su historia, que quieren conservar su identidad y, sin embargo, están uniendo sus destinos. Esta es la grandeza de este proyecto de Constitución. Esta es la grandeza de la unificación de Europa y debemos preservarla y continuar impulsándola. Es nuestra responsabilidad. Nos encontramos ante la misma situación que los padres y madres de la unificación europea en los años cincuenta. Ellos tuvieron el valor y la sabiduría de acabar con el enfrentamiento milenario entre Alemania y Francia en el seno de una Comunidad Europea e iniciar la unificación de Europa en la parte occidental. Los políticos de nuestra generación tenemos, por primera vez desde hace un milenio, la oportunidad de unir a todo el continente sobre la base de la libertad y de la paz. Tenemos que demostrar el mismo valor y la misma sabiduría que demostraron hace cincuenta años los padres fundadores de la unidad europea. Es nuestro destino, Señorías.
(Aplausos)
El Presidente.
Quiero informarles de la presencia en la tribuna oficial de una delegación parlamentaria de Ucrania, encabezada por el ex Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Tarasyuk. Les damos la bienvenida.
Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de nuestro compromiso europeo es conseguir una Unión Europea capaz de actuar, democrática y transparente, basada en valores, principios e ideas fundamentales. Con el proyecto de constitución europea nos aproximamos de manera decisiva a dicho objetivo. Y es una gran satisfacción poder dar hoy una cálida bienvenida aquí a un antiguo miembro de nuestro Grupo, Valéry Giscard d'Estaing, en su calidad de Presidente de la Convención. No voy a repetir ahora lo que los liberales tienen que decir sobre el tema. Señor Presidente Giscard, recuerdo perfectamente que en enero de 1992, cuando el presidente de nuestro Grupo, Egon Klepsch, fue elegido Presidente del Parlamento, tuve la ocasión de guardar turno detrás de usted, para emitir ambos -primero usted, seguido de un modesto servidor- nuestros votos a favor de la elección de Leo Tindemans como presidente del Grupo. Si entonces, en el año 1992, alguien me hubiese dicho que Valéry Giscard d'Estaing presentaría en 2003 un tratado constitucional, una constitución europea, al Parlamento Europeo, le habría respondido: ¡qué maravilla, eso es un sueño, una visión! Ese sueño se ha hecho realidad y queremos celebrarlo de todo corazón.
Señor Presidente Giscard, quiero dirigirle en particular unas sinceras palabras de agradecimiento y reconocimiento. Por otra parte, jamás dudé de que el resultado sería bueno, a fin de cuentas se reunían en la sala de nuestro Grupo, aunque reconozco gustosamente la misma sala había servido antaño para las reuniones de otro Grupo. Quiero manifestar asimismo mi sincero agradecimiento a nuestros representantes en el Presidium: Íñigo Méndez de Vigo y Klaus Hänsch, así como, en representación de todos los miembros de nuestro Grupo en la Convención, a nuestro presidente, Elmar Brok, y a nuestros colegas en la Convención. En el segundo período parcial de sesiones de septiembre, todos ellos tendrán, en efecto, la oportunidad de intervenir cuando se debatan los informes de los Sres. Gil-Robles y Tsatsos. El método de la convención ha demostrado ser el adecuado; en efecto, después de la Cumbre de Niza ya dijimos, en presencia del Presidente del Consejo Europeo, que necesitábamos otro método, y nuestro Grupo siempre se manifestó a favor de una convención. Y no es ningún secreto que en nuestro Grupo, que es amplio, la parte que corresponde al Partido Popular Europeo tiene prioridades distintas que la parte correspondiente a los Demócratas Europeos, o sea, nuestros amigos británicos. No obstante, puedo manifestar lo siguiente en nombre del conjunto del Grupo: es vital que haya una asignación de competencias en Europa. Nuestro objetivo es una Europa activa, no una Europa centralista. Europa tiene que poder actuar en aquellos ámbitos donde es necesario que los europeos actúen conjuntamente. No todo lo que reclama acción en Europa incumbe a Europa como tal, pero en aquellos ámbitos en que Europa debe actuar, es preciso que sea fuerte. Ahora vamos a definir los ámbitos en que debe actuar Europa. Los Estados nacionales van a tener que determinar ahora qué compete a los Estados nacionales, qué a las regiones y qué a los municipios. Es muy de agradecer que en el proyecto de constitución se consagren los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el derecho de recurso para todos los parlamentos nacionales, y que haya una sofisticada red de equilibrios que interconecta los diferentes niveles de la Unión Europea. Nos congratulamos en particular de que el autogobierno municipal también haya encontrado cabida en la constitución.
Desconozco la proporción exacta, pero el Parlamento Europeo tendrá poder de codecisión, en pie igualdad, en más de un 90% de los casos, y por fin se introduce la transparencia en el Consejo de Ministros, que deberá abrir sus puertas cuando actúe en calidad de órgano legislativo. La designación del Presidente de la Comisión deberá basarse en los resultados de las elecciones europeas. Insto ya desde ahora a los jefes de Estado y de Gobierno a que en el momento de proponer al Presidente de la Comisión, tengan en cuenta el resultado de las elecciones europeas de 2004 -no importa qué resultado, me refiero a una cuestión de principios-, aunque la constitución todavía no haya entrado en vigor cuando se celebren dichas elecciones.

Nuestro Grupo también considera muy importante que el Ministro de Asuntos Exteriores también esté sujeto a la ratificación del Parlamento Europeo. Evidentemente, no todos los deseos se han cumplido. Tampoco era posible. Por nuestra parte, habríamos deseado que el legado judeocristiano quedase recogido en la constitución. Habríamos deseado que la adopción de decisiones por mayoría se hubiese aplicado en adelante como principio básico en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, y también tenemos presentes las dificultades que ha planteado el cálculo de los votos en el Consejo. Solo puedo advertir encarecidamente contra el riesgo -y creo que en esto coincidimos ampliamente- de volver a abrir este depurado compromiso. Señor Vicepresidente Fini, señor Ministro de Asuntos Exteriores, deseamos contar con representantes -y evito expresamente el término observadores- del Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental, que puedan participar con todas las de la ley. Esta es nuestra petición. 
Para acabar, diré que el proyecto que tenemos sobre la mesa es magnífico. La Conferencia Intergubernamental tiene ahora una enorme responsabilidad. Se trata de una inmensa oportunidad, pero también de un enorme riesgo. Y, en bien de todos nosotros, les deseo que tengan mucho éxito, pues el objetivo es poder disponer en el siglo XXI de un fundamento jurídico que nos permita resolver de manera pacífica nuestras diferencias y nuestros conflictos de intereses en Europa, de manera que el Derecho asegure la paz y, por mi parte, les deseo mucho éxito en la Conferencia Intergubernamental.
(Aplausos)
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, señor Presidente Giscard d´Estaing, me dirijo a usted en su lengua porque, ante todo, quiero celebrar su coherencia y su lucha por Europa, que no datan de la época en que usted era diputado al Parlamento Europeo. Usted trabajó por la elección directa del Parlamento Europeo. Incluso le dio el nombre de «ecu» a la futura moneda europea. Es cierto que ha cambiado de nombre.
Hizo bien en elegir la tortuga, que expresa la perseverancia, como símbolo durante la Convención. He tenido la oportunidad de trabajar con usted como diputado al Parlamento Europeo, sobre todo con ocasión de la primera experiencia de apertura de los Gobiernos y del Consejo en el seno de la conferencia interinstitucional preparatoria, que creamos nosotros y que prefiguraba la Convención antes de que existiera este término. Nuestro Grupo piensa que usted hizo un buen trabajo como presidente de la Convención. Menos mal que eligió una tortuga de jade. Si hubiera sido de carne y hueso, habría lamentado su desaparición.
Hoy no analizaré el trabajo de la Convención, lo haremos durante el segundo período parcial de sesiones de septiembre, sobre la base del informe Tsatsos. Permítame una reflexión a partir de su cita de Montesquieu. En efecto, la gran originalidad histórica de nuestro trabajo es elaborar una constitución democrática que va más allá del Estado nacional en la era de la mundialización. Justamente Montesquieu fue un filósofo que habló de la democracia y del Estado nacional. Ahora bien, no olvidemos que Montesquieu hizo su carrera escribiendo sobre la grandeza y la decadencia de Roma, a la que volvemos ahora.
Asimismo, celebro el hecho de que usted haya comenzado el proyecto de Constitución con una cita de la oración fúnebre de Pericles. En efecto, todos los europeos y europeas se identifican con este discurso pronunciado hace 2 500 años. Ello demuestra que hemos contribuido a la Historia, en la línea trazada por Montesquieu. El Parlamento, en su calidad de poder legislativo, se ha llevado la mejor parte en esta Constitución, de acuerdo con su estatuto central.
Comparto las reservas expresadas sobre el hecho de que los aspectos esenciales siguen estando sometidos a la norma de la unanimidad. Respecto del ejecutivo, creo que es una buena idea haber dividido el Consejo en consejo legislativo y ejecutivo, pero las soluciones propuestas al final de la Convención no son tan satisfactorias. Comparto algunas de las críticas hechas por mi colega, Klaus Hänsch, respecto del presidente de la Comisión, y estoy igualmente a favor de soluciones más flexibles para revisar la Constitución, habida cuenta de la situación histórica que estamos viviendo.
Añadiré sobre todo que el espíritu de la Convención ya estaba presente al final de la Conferencia Intergubernamental. De lo contrario, no entendería por qué tantos ministros de Asuntos Exteriores han participado activamente en la Convención.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, señor Presidente de la Convención, yo también tengo el honor de felicitar a un predecesor por su impresionante trabajo, pero no puedo continuar en la vena de Charles Aznavour y decirle «You are for me, formidable».
Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, en el próxima periodo parcial de sesiones tendremos un debate profundo sobre la dimensión propiamente institucional del proyecto de Constitución. Mi Grupo subrayará lo que considera avances positivos, nuevas prerrogativas parlamentarias, una disposición para estimular la intervención ciudadana, ciertos elementos de transparencia. Asimismo, se expresará sobre otros aspectos institucionales mucho más controvertidos y explicará por qué defiende las ratificaciones mediante referendos. Sin embargo, hoy abordaré un problema más global y plantearé una especie de pregunta previa.
Una constitución es en principio una ley fundamental que determina la forma de gobierno de un país. Además, puede fijar cierto número de valores de referencia y de derechos fundamentales. En ningún caso puede reprimir durante treinta a cincuenta años la libertad de los pueblos de elegir de forma soberana su modelo de sociedad, pero esta es la longevidad que el Presidente Giscard d'Estaing ha prometido para este texto. La democracia es elegir; por lo tanto, tenemos ante nuestros ojos, además de una reforma del sistema institucional, la constitucionalización del modelo de la Europa liberal.
Así, desde el artículo 3, nos enteramos de que, y cito, «la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada». Además, se repite cuatro veces el leitmotiv liberal de la economía de mercado abierto en el que la competencia es libre. Pero un número creciente de nuestros ciudadanos se levanta y moviliza precisamente en contra de esta competencia desenfrenada, en contra de esta tendencia a querer convertir toda la vida social en mercancía. Circunstancia agravante para la Presidencia de la Convención: lo esencial de las disposiciones que erigen de este modo la Europa liberal en modelo intocable figura en la tercera parte del texto. Ahora bien, quién sabe fuera de este hemiciclo que los 340 artículos que componen esta parte, o dicho de otro modo, las tres cuartas partes de todo el proyecto de Constitución, no han sido objeto de debate en el seno de la Convención durante los dieciséis meses de trabajos cuyos resultados han sido presentados en el Consejo Europeo de Salónica. Hay que decirlo: fueron añadidos a escondidas, en pleno mes de julio, de forma que la mayoría de ediciones de la Constitución en circulación sencillamente los ignoran. De alguna manera es la cara escondida del proyecto de Constitución. Sin embargo, sobre todo en esta parte se definen la política económica y monetaria y los poderes desorbitados de un Banco Central Europeo obnubilado por la estabilidad de los precios y por la evolución de los costes salariales. Dicho de otro modo, usted ha retomado y perpetuado la esencia más controvertida del tratado de Maastricht.
Asimismo, en estos artículos se enumeran las restricciones drásticas de la política social y de la concepción de los servicios públicos, tolerados como simple, y cito, «reembolso en descargo de ciertas obligaciones» , como excepción a las normas de la competencia y las disposiciones que prohíben las ayudas estatales.
Estoy profundamente convencido de que hoy más que nunca necesitamos a Europa para transformar el mundo, y creo que sería muy lamentable empujar a numerosos antiliberales a convertirse en antieuropeos. Por esta razón, señor Presidente Giscard d'Estaing, le planteo la siguiente pregunta: ¿nada puede cambiar por tanto en las orientaciones de la Unión Europea en el futuro, sean cuales sean los cambios políticos en tal o cual país de Europa? ¿Es una pregunta legítima? Vale tanto para la dimensión económica y social de este proyecto como para su dimensión política, porque el artículo 40, por ejemplo, prevé que la política de seguridad y de defensa común será, y cito: «compatible con la política de seguridad y defensa establecida [en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte]». ¿La OTAN será una parte constitutiva de la identidad de Europa? En materia de ambiciones europeas, de rehabilitación de la política y de promoción de la responsabilidad ciudadana, desde luego podemos hacerlo mejor.
Como usted ha declarado justamente, no olvide nunca a los ciudadanos. Espero su respuesta.
Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, el texto aprobado por la Convención representa indiscutiblemente un paso adelante para la democracia europea. Se han cumplido muchas de nuestras peticiones: la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales y la mejora del proceso legislativo, además de la introducción del derecho de iniciativa legislativa de los ciudadanos; la inclusión de varios objetivos entre las metas de la Unión, y lucharemos y pediremos el apoyo de los ciudadanos para alcanzarlas; pleno empleo, comercio justo, pluralismo, protección de los derechos humanos, prevención de conflictos, desarrollo sostenible de la Tierra.
Gracias a resultados de este tipo podemos decir que este texto también es nuestro y comprometernos a defenderlo en los próximos meses. Sin embargo, está claro que este proceso constitucional europeo todavía no ha terminado para nosotros. No compartimos la opinión de los que piensan que esto era lo mejor que podía hacer la Convención. En concreto, no ha sabido alinear los instrumentos y las políticas con sus objetivos más innovadores, ha mantenido el requisito de unanimidad y ha incrementado todavía más la supremacía del Consejo en ámbitos clave de las competencias de la Unión.
Al mismo tiempo que reconocemos la gran calidad de su trabajo, pensamos que el modo en el que el Presidium y usted, usted mismo, señor Giscard d´Estaing, dirigió el trabajo de la Convención, las reglas elegidas para dirigir el proceso deben ser evaluadas y analizadas cuidadosamente, porque han tenido un efecto definido en la calidad del texto aprobado. Fue un grave error estratégico dejar que desde el principio la Convención se contaminara del método intergubernamental que estaba intentando abandonar. Claramente, esto cambió el enfoque del debate de lo que la Unión debería hacer y cómo debería hacerlo a quién gana y quién pierde según las nuevas reglas, que es típico de una Conferencia Intergubernamental y causa básica del lamentable fracaso de Niza.
Tenemos dos propuestas prácticas para el futuro: el Presidente de la Convención ha de ser elegido por la propia Convención, y su labor debe llevarse a cabo más explícitamente de acuerdo con el método parlamentario, que aunque se basa en la búsqueda del consenso, también se basa en la regla del voto mayoritario. Tenemos dos retos importantísimos por delante, el primero de los cuales es sin duda impedir que los resultados positivos logrados por la Convención sean anulados durante la Conferencia Intergubernamental por los esfuerzos de los mismos Gobiernos que se oponían a la Convención y ahora quieren poner en tela de juicio su trabajo. Eso sería inaceptable y me atrevo a decir que incluso ilegal. Además de las disposiciones de los Tratados, está claro que la innovación más importante de la Convención ha sido privar a los Gobiernos del monopolio sobre la reforma de la Unión. Es impensable que debamos retroceder en este logro, y no es aceptable que deban modificarse partes esenciales del texto sin el consentimiento explícito del Parlamento, como mínimo: esto es, sin duda, muy diferente de invitar a un par de observadores a las reuniones. En este sentido, parece ser especialmente importante que subrayemos la propuesta del Sr. Giscard d´Estaing de hacer totalmente transparentes y públicas las diferentes fases del trabajo de la Conferencia Intergubernamental.
Por último, señor Presidente, es absolutamente esencial eliminar el requisito de unanimidad para la revisión de la Constitución e introducir el poder de ratificación del Parlamento Europeo. Si esto no es posible, si se mantiene el mecanismo de seguridad de la unanimidad, no es difícil predecir lo que ocurrirá en el futuro: la Unión será incapaz de avanzar, incapaz de actuar, y a largo plazo se irá haciendo insignificante y se dividirá.
El verdadero significado histórico del trabajo de la Convención dependerá de la Presidencia italiana. Señor Fini, señor Frattini, deben defender el texto aprobado por la Convención de algunos de sus impetuosos colegas. Tienen que estar abiertos a mejoras y esforzarse por hacer un texto que pueda desarrollarse y cambiarse. En esto tendrán todo nuestro apoyo.
Pasqua (UEN).
Señor Presidente, no hay ninguna intención maliciosa en la brevedad de algunas de mis palabras, sino que es la consecuencia del poco tiempo de que dispongo para expresarme.
En primer lugar, quiero decir que la habilidad de un tocólogo no basta para borrar las malformaciones congénitas, tanto en obstetricia como en política. Sean cuales sean los méritos políticos de la Convención y de su Presidente, de nuestros destacados colegas que han participado en los trabajos, en los que destacan los vicepresidentes de mi Grupo, Sra. Muscardini y Sr. Queiró, es ciertamente ingenuo creer o hacer creer que una Constitución Europea permite transformar una estructura europea tecnocrática en una entidad política democrática.
Todos consideramos a la Unión Europea como una democracia. En consecuencia, si tiene que haber constitución, solo puede proceder del poder constituyente, es decir, del pueblo soberano, y solo puede ser ratificada por este mismo pueblo soberano. Ahora bien, ¿dónde está el poder constituyente? En esta Convención nadie ha recibido el más mínimo mandato popular para redactar una constitución, y me sorprende que los miembros de la Convención, incluso los más destacados, digan que no se podría aceptar ninguna modificación al texto elaborado, bien en la Conferencia Intergubernamental, bien en el ámbito del Consejo Europeo. Se trata de una pretensión desmesurada.
Dada la importancia de principio de un texto constitucional, añadiré que el referendo es el único medio capaz de legalizar este gran cambio institucional en la Unión. ¿Pero qué tipo de referendo? Necesariamente un referendo europeo, es decir, una consulta organizada el mismo día en cada Estado miembro. Sin embargo, aparte de que el procedimiento de referendo no está previsto en todos los Estados miembros, ¿cómo valoraríamos el resultado? ¿A escala europea? ¿A escala nacional? En ese caso, ¿qué pasaría si el «no» fuera mayoría en un solo Estado miembro? No se ha respondido de forma satisfactoria a ninguna de estas preguntas. En consecuencia, el hecho de que no se hayan planteado las dos preguntas de las que depende el éxito constituye un callejón sin salida político. ¿Cómo preservar el poder de los pueblos para aprobar o rechazar las etapas de esta construcción? Por otra parte, ¿los pueblos europeos quieren construir una Europa independiente capaz de ejercer su influencia en el equilibrio de poder en el mundo?
Esto es lo que quería decir en nombre de un Grupo unido en su diversidad. Dejémonos de excentricidades y retengamos los principios de una verdadera construcción europea: los pueblos y las naciones.
Abitbol (EDD).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente de la Convención, señor Presidente en ejercicio del Consejo, después de haberme sentido complacido por las excelentes palabras del Sr. Pasqua, quisiera recordarles que la historia nos enseña que es mejor hacer la constitución después de haber hecho la revolución, y no a la inversa. Por desgracia, no es el caso de la elaboración de esta pretendida constitución europea que, de momento, se resume en una amable partida de sillas musicales entre los viejos y los nuevos, los grandes y los pequeños en el seno de las instituciones y entre las propias instituciones europeas.
Sin embargo, señor Presidente, había numerosas revoluciones a nuestro alcance. Habríamos podido hacer una revolución económica y social, invirtiendo los dogmas estúpidos -cito al Presidente Prodi- que, establecidos en Maastricht y reforzados en Ámsterdam, condenan, asistimos a ello cada día, a Europa y en especial a la zona del euro a la deflación y al desempleo. Habríamos podido hacer una revolución política declarando nuestra independencia, afirmando nuestra visión de un mundo multilateral y defendiendo el papel central de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales. Incluso podríamos haber hecho una revolución cultural anteponiendo a la organización comercial del mundo el derecho de los pueblos a elegir libremente su modo de vida y sus propias lealtades. Sobre todo, podríamos haber hecho una revolución democrática que hiciera de Europa una prolongación de nuestras democracias nacionales, en lugar de organizar su decadencia, creando un espacio político propio de Europa, verdadero, a través del Congreso que usted había propuesto y recurriendo a un referendo.
Sin embargo, señor Presidente, para ello sin duda nos tendríamos que haber inspirado en Rousseau, en vez de Montesquieu. Señor Presidente, todos sabemos que usted había elegido como emblema una tortuga, símbolo de la puntillosidad y de la perseverancia, pero no realmente de la revolución. Es una pena.
Por esta razón, señor Presidente, dudo que los pueblos europeos y los ciudadanos europeos, que son más o menos lo mismo, se reconozcan en esta Constitución que se pretende imponerles. Veremos quién tiene la valentía de organizar un referendo. Quisiera añadir una pequeña posdata a la atención de la Conferencia Intergubernamental: «¡No abandonen a Estrasburgo!».
Berthu (NI).
Señor Presidente de la Convención, en cierta ocasión usted planteó a la Convención una pregunta a la vez pertinente e impertinente, a la que nunca se nos respondió. Con ocasión de la presentación del informe del grupo de trabajo sobre la personalidad jurídica, usted preguntó: «Pero ¿a qué exactamente daríamos la personalidad jurídica? ¿A un Estado o a una organización internacional?». Fue una excelente pregunta, pero molesta. La Convención nunca respondió, y prefirió continuar en la ambigüedad. Sin embargo, si al principio podíamos afirmar que la construcción europea poseía una naturaleza sui generis, que se trataba de un objeto jurídico no identificado, en la actualidad, al hilo de los tratados y sobre todo al término de la Convención, el objeto se puede identificar cada vez más. En resumen, toma la forma de un Estado, de un poder de decisión central y supranacional con su marco institucional único, su ley superior a las constituciones nacionales, su procedimiento de decisión de derecho común por mayoría y ahora incluso su constitución con su supertribunal constitucional. Quizás algunos de estos elementos, en ciertos aspectos, considerados aisladamente, pueden responder a una organización internacional. Pero reunidos todos juntos con esta fuerza, esta generalidad, esta intensidad, evidentemente dibujan la forma de un Estado europeo.
Asimismo, señor Presidente, quisiera plantearle una pregunta: ¿piensa usted que este superestado europeo responde verdaderamente a los deseos de nuestros pueblos? Acaba de citarnos las encuestas, por lo que debería saber que la respuesta es «no». Sin duda nuestros pueblos desean la cooperación europea, incluso que las políticas que tienen un impacto transfronterizo se traten en el ámbito europeo. Pero, al mismo tiempo, desean que su país conserve su libertad de decisión, la libertad de elección de su democracia nacional, hasta ahora la única democracia en el más amplio sentido del término.
Señor Presidente de la Convención, en estas condiciones ¿no piensa usted que el superestado europeo es una muy mala respuesta a una buena pregunta?
Duff (ELDR).
Señor Presidente, la mayoría de los que hemos formado parte de la Convención nos hemos asombrado de su gran éxito y, sin menoscabo de nuestras facultades críticas, señor Prodi, hemos conseguido un texto sofisticado y completo, que ahora tenemos que defender de los ataques de aquellos que no quieren una Unión Europea ampliada, entre ellos algunos británicos, lamentablemente. Especial riesgo corren la cláusula pasarela sobre la votación por mayoría cualificada y las disposiciones en materia de seguridad y defensa.
En la etapa actual de integración, la mejor solución posible era un único texto consensuado. Si no se respeta el compromiso, se obtendrá un resultado mucho peor. Niza II será mucho peor que la Constitución I. Si la CIG empieza por rechazar la propuesta de la Convención, debilitará también el propio concepto de la Convención, que supone un avance importante para el derecho constitucional y la democracia parlamentaria en Europa.
La CIG puede centrar su trabajo en las cuestiones que no consiguieron un consenso, especialmente las relativas a la Parte IV. Estoy de acuerdo con el Sr. Prodi en que es fundamental que tengamos procedimientos de revisión más flexibles en aquellos casos que no precisen una transferencia de competencias. Necesitamos también un plan adecuado para el caso de que las disposiciones sobre la entrada en vigor se vean frustradas sin querer o queriendo.
En la Parte III, algunas cuestiones políticas -en particular la política agrícola común- pueden y deben mejorarse y renovarse. Todo ello es posible si se aplica a la CIG el espíritu transparente y pluralista de la Convención. Sé que este Parlamento está dispuesto a asumir la tarea que le corresponde.
Por último, Sr. Giscard d'Estaing, le felicito por la excelente labor desarrollada en aras del futuro de Europa. Muchas gracias.
(Aplausos)

Giscard d'Estaing
Señor Presidente, mi respuesta será breve, porque creo que hay otras cuestiones en el orden del día. Por lo tanto, no me reproche que no desarrolle los temas suficientemente. Considere, por el contrario, que se trata de un gesto de cortesía en vista de los trabajos de su Asamblea.
Señor Fini, quisiera agradecerle dos cosas. En primer lugar, su contribución a los trabajos de la Convención, porque ha estado muy presente. Usted es vicepresidente de su Gobierno, ha venido a todas las sesiones, ha permanecido en su sitio, ha escuchado, ha tomado la palabra cuando era su turno, ha sido -por supuesto, junto a otros- un participante ejemplar en la Convención. Asimismo, le agradezco que haya dado su aprobación, naturalmente en nombre de la Presidencia italiana, al conjunto del proyecto y que haya subrayado que, en efecto, era un proyecto coherente. Se trataba de un punto clave.
De hecho, acabamos de escuchar -volveré sobre ello- propuestas de modificaciones parciales. Pero el inconveniente de estas modificaciones parciales es que rompen un equilibrio que hemos construido juntos, meticulosamente, para asegurar la cohesión del proyecto -por retomar su expresión- que no hay que alterar. El equilibrio tiene que seguir siendo el punto de referencia.
Usted ha aprobado la idea de una labor abierta y transparente, retomada por una serie de miembros de la Convención, sobre todo por su compatriota. Espero que efectivamente, respecto de la prensa y de la opinión pública -respondo al Sr. Pasqua- este debate constitucional sea un debate abierto. Le pido que no se desanime, que no se conforme con una actitud negativa, porque esto, naturalmente, no es suficiente, hay que avanzar.
Los grandes momentos de emoción política son los momentos en los que avanzamos, no los momentos en los que nos desanimamos. Por otra parte, durante nuestra última sesión de la Convención -curiosamente, porque no nos esperábamos una explosión de emoción política- los allí presentes, de orígenes políticos diversos, volvimos a coincidir, porque sentíamos que quizá la nueva Europa reunificada tenía una oportunidad de avanzar.
Señor Frattini, usted tendrá que desempeñar un trabajo técnico importante en esta Conferencia Intergubernamental. Creo que sus tres principios son justos. Por lo tanto, aténgase a sus tres principios: respecto del calendario, respecto de lo que usted ha llamado muy justamente el patrimonio acumulado por la Convención, que ha sido un patrimonio importante, nuestros 1 800 discursos. Hay que utilizarlos y por lo tanto, la tarea consiste en mejorar y completar. Mejorar, sí, completar, sí, poner en tela de juicio, decididamente no.
Señor Presidente de la Comisión, hemos mantenido debates. Vine a Bruselas a visitarle por iniciativa propia hacia el final de nuestros trabajos, para tomar nota de sus reacciones personales al contenido de nuestro texto. Usted ha declarado que este compromiso era incompleto. Veremos lo que se añade, porque si se amputa este compromiso será aún más incompleto. Ustedes mismos son parlamentarios de todos los Estados miembros, viejos y nuevos. Hay que destacar que llegar a un compromiso en la Convención, con nada más que seis personas en desacuerdo, significaba que este compromiso estaba casi completo.
Usted ha recordado el problema del voto por mayoría cualificada. En primer lugar, durante todos los trabajos de la Convención, mientras se reclamaba el voto por mayoría cualificada, yo preguntaba a qué mayoría cualificada nos referíamos. Este punto no se trató. En efecto, hay dos esquemas de mayoría cualificada. Tenemos el esquema de Niza, basado en una escala, y el esquema de la Constitución, que es la doble mayoría: mayoría de los Estados miembros y mayoría de la población representada, que hemos fijado en el 60%. Por lo tanto, hay que precisar de qué mayoría cualificada se está hablando.
Se nos dice que había que ir más lejos en el difícil debate sobre el número de cuestiones que son objeto de una votación por mayoría cualificada. De hecho hemos doblado el número y, en efecto, no hemos podido aprobar la norma universal en razón de obstáculos insalvables para unos y para otros.
Mencionaré el caso de la fiscalidad. Seis Estados presentes en la Convención hicieron de la fiscalidad un obstáculo insalvable. Debatimos con ellos. Fui a Londres dos veces a ver al Primer Ministro británico. Hablamos de ello con nuestros colegas, porque otros Estados miembros, como saben, tenían grandes reservas sobre la cuestión fiscal. Esperé hasta el final para introducir, en la votación por mayoría cualificada, la fiscalidad del mercado, porque está muy vinculada al funcionamiento del mercado único. Finalmente, hemos podido avanzar un poco, porque hemos previsto la votación por mayoría cualificada para la cooperación administrativa, para la lucha contra el fraude fiscal y para la evasión fiscal. No hemos podido ir más lejos en el marco del consenso.
Señor Presidente de la Comisión, veremos si vamos más lejos en el marco de la unanimidad. Quisiera recordarle una innovación central de la que se ha hablado poco. Se trata del contenido de nuestro artículo sobre la transición de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada. Este punto es muy importante, porque hemos puesto en marcha un dispositivo que, con el tiempo, permitirá pasar a la mayoría cualificada. Me remito al apartado 3 del artículo 24, que nos permite hacer en el futuro -lo digo igualmente por el Sr. Barón Crespo- lo que hemos intentado hacer en la medida de lo posible en la Constitución: el Consejo Europeo podrá decidir por unanimidad, como en el marco del tratado, transferir algunas leyes-marco o leyes europeas al ámbito de la mayoría cualificada.
Dicho de otro modo, lo que ustedes intentan obtener mediante la negociación, el Consejo Europeo podrá realizarlo mediante el ejercicio de sus competencias en aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 24. No me refiero al problema de la composición de la Comisión. Señor Prodi, simplemente le diré que dispongo de las enmiendas presentadas. La Convención conoce las propuestas que usted acaba de hacer. Han sido objeto de debates en el seno de la Convención. Además, los nuevos Estados miembros, que, al principio, estaban lógicamente muy ansiosos de que hubiera tantos comisarios como Estados miembros -lo que conduce a cifras desproporcionadas con respecto al número de responsabilidades que deberá ejercer la Comisión-, han aceptado, como proponíamos, que la reforma sólo se aplique a partir de 2009.
Es decir, todos los países nuevos tendrán un comisario durante el periodo 2005-2009. Se situarán en la misma línea de salida porque se tratará de constituir un verdadero colegio europeo, cuya composición reflejará el número de funciones que la Comisión tiene que ejercer y el número que le permita conservar su carácter colegiado, tal y como había dicho el presidente Jacques Delors.
Finalmente, se ha hablado de las catástrofes naturales. Por iniciativa de un grupo de trabajo presidido por el comisario Barnier, el artículo 42 introduce en la Constitución la posibilidad de ejercer la solidaridad europea en relación con las catástrofes naturales.
Me referiré brevemente al problema del procedimiento de revisión, que han retomado otros oradores. Algunos miembros de la Convención, incluso diría que un gran número de ellos, habrían deseado que hubiésemos podido hablar de este tema, porque el procedimiento de revisión será el que contemplan los tratados. Es evidente que, en el marco de una Constitución, hay de algún modo un procedimiento de revisión interno que no pasa por el circuito general de los tratados y de las veinticinco o veintisiete ratificaciones.
No teníamos poder para tratar este tema, pero el problema continúa abierto y tengo la impresión de que en los próximos años, quizá no en los próximos 30 años, pero sí en los próximos años, habrá que interrogarse sobre lo que podría ser un procedimiento de revisión constitucional. En el actual estado político de Europa, creo que sería poco realista imaginarse que podemos ignorar el punto de vista de los Estados miembros, pero llegará un momento en que, de la misma manera que hemos pasado de la unanimidad a la mayoría cualificada, será necesario un nuevo procedimiento a este respecto.
Paso a referirme a las intervenciones de los diputados al Parlamento Europeo. Agradezco al Sr. Méndez de Vigo su trabajo en el seno de la Convención y el papel que desea que desempeñe el Parlamento Europeo, un papel en efecto que la Convención no podrá ejercer, pero que el Parlamento está en condiciones de asumir.
Al final me dirigiré a usted, Sr. Hänsch. Le diré al Sr. Poettering que proviene de un país que ha aportado mucho a la música. Cuando se celebra un concierto -en Bruselas he tenido ocasión, durante la Convención, de escuchar a la Orquesta Filarmónica de Berlín-, el director pide un aplauso para los músicos. Pide a los músicos que se levanten para que el público les aplauda. Por esta razón, le agradezco los cumplidos que usted me ha dirigido, pero quiero compartirlos con los miembros de la Convención. El documento que les presento hoy es un trabajo colectivo, no individual, es el fruto de un trabajo en común.
Señor Poettering, hemos tratado con delicadeza la cuestión de las competencias, de la estabilidad de las competencias y del control de la subsidiariedad. La petición de tratar esta cuestión era particularmente importante para los países de la Unión con una estructura federal. Por eso los miembros de la Convención alemanes destacaron especialmente esta cuestión, al igual que nuestros homólogos españoles.
El Sr. Barón Crespo, que habla todas las lenguas de la Unión -lo cual simplifica los debates-, tiene razón al afirmar que nuestra tentativa es una primera tentativa de construcción democrática que va más allá del Estado nacional. Por lo tanto, se trata de una estructura original y se equivocan los que afirman que bastaría con copiar las instituciones del Estado nacional, porque el modelo del Estado nacional no nos permitiría tratar el problema de la doble legitimidad de los Estados y de los pueblos.
Ustedes desean una CIG, una Conferencia Intergubernamental abierta. Creo que todos estamos de acuerdo, en particular los representantes de la Presidencia, en querer responder de forma favorable a su deseo.
El destino ha querido que el Sr. Watson esté sentado al lado del Sr. Poettering. Mi experiencia me permite compartir ambas culturas y agradezco al Sr. Watson la contribución de su Grupo, que contaba con varios miembros influyentes en el seno de la Convención, entre los cuales se encuentra el Sr. Duff, que ha sido uno de los más activos en la ejecución de nuestros trabajos.
Señor Wurtz, usted ha elegido citas de nuestro texto para demostrar que se trata de un texto que, como usted ha dicho, constitucionaliza de alguna manera el sistema liberal en Europa. Si toma el artículo 3 sobre los objetivos de la Unión, sobre los que hemos debatido largamente, ¿qué leemos? En primer lugar, leemos que la Unión es un espacio libre para las personas, un espacio libre en el sentido económico del término, con, en efecto, las cuatro libertades previstas en los tratados fundamentales. Pero nosotros añadimos a los objetivos de la Unión una economía social de mercado, altamente competitiva, cuyo objetivo es el pleno empleo y el progreso social. Prevemos que la Unión luche contra la marginación, contra las discriminaciones, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres -que es el punto clave en nuestros textos- y la protección de los derechos de los niños. Por lo tanto, junto a la libertad económica, que es una libertad espacial, la Constitución describe por tanto con esmero objetivos sociales. 
Usted habla de los artículos sobre la política de la Unión y dice que algunos son secretos. No son secretos, sino que hay que traducirlos. A finales de mes presentaremos el conjunto de nuestros documentos traducidos a las 22 lenguas futuras de la Unión. Esto es lo que explica que no hayamos podido presentarlos muy rápidamente. En cualquier caso, los artículos en cuestión no han sido modificados. Son los artículos de los tratados, porque no teníamos poder para modificarlos, excepto para tener en cuenta los cambios: nuevo sistema institucional, cambios de nombre, leyes europeas, leyes-marco, procedimientos de voto, fundamento jurídico de las políticas. Pero la descripción misma de las políticas no ha cambiado salvo cuatro de ellas: la política relativa a la gobernanza económica y social, que registra progresos importantes incluso si hubiéramos podido desear ir más allá, la política exterior común, la política de seguridad y la de justicia.
La señora Frassoni, con quien me encontré en nuestros debates en la Convención, habla de métodos intergubernamentales. Hemos hecho desaparecer este término; se trata de un término que se remonta al inicio de la Convención. Por el contrario, hemos querido reanimar el triángulo institucional. No existe ningún elemento intergubernamental, existen tres instituciones que trabajan: el Parlamento que expresa su opinión, la Comisión que propone y que gestiona y el Consejo de Ministros que toma las decisiones que le confía la Constitución. No es un procedimiento intergubernamental, es la toma de decisiones comunitarias por una de las instancias de la Unión. Usted propone que el Parlamento Europeo elija al presidente de la Comisión. Verá como la próxima vez las cosas ocurrirán conforme al tratado de Niza, es decir, que ustedes aprobarán y nada más: su único poder consistirá en aprobar. Con la Constitución, ustedes podrán votar para elegir y podrán rechazar la opción que se les propone.
El Sr. Pasqua se ha preguntado sobre el avance de una estructura tecnocrática a un órgano político. Hemos intentado avanzar por esta vía tan lejos como hemos podido. Se ha preguntado sobre nuestro poder constituyente. ¿Dónde, sin embargo, están los constituyentes? Señor Pasqua, ¿cómo se compuso la comisión comité constitucional que redactó, durante el verano de 1958, la Constitución de la Quinta República? Estaba compuesta de personas nombradas. En el procedimiento constituyente la ratificación es lo importante. El constituyente es aquel que ratifica. Por lo tanto, en este caso serán sucesivamente el Parlamento Europeo, el referendo en todos los países que puedan recurrir a este procedimiento -como espero que haga Francia- y el parlamento nacional allí donde el procedimiento constitucional lo exija.
Concluiré con el Sr. Abitbol. El Sr. Abitbol se ha expresado ampliamente en el seno de la Convención. Por lo tanto, ha podido constatar que se trataba de un lugar de libre expresión. Era favorable al congreso, y yo también, así que hemos fracasado los dos. Creo que la cuestión se volverá a plantear. La ausencia de una «European political constituency» es un error. Es necesario que haya un recinto en el que los responsables políticos europeos, tanto del ámbito europeo como nacional, puedan reunirse sobre una base organizada. Seguramente el presidente Barón Crespo se acuerda de la conferencia que organizó en Roma y que resultó muy fructífera, porque estaba basada en este modelo.
El Sr. Abitbol es un revolucionario del tipo que resulta necesario en todas las asambleas. Nos reprocha haber hecho la Constitución antes que la revolución. Es cierto, existen ambos métodos, pero nosotros preferimos hacer una revolución al amparo del derecho. Espero que muchos de ustedes ocupen un escaño en el próximo Parlamento Europeo. Si todo se desarrolla como esperamos, debatirán con un presidente del Consejo Europeo estable, que les informará de la actividad de la Unión tras cada Consejo Europeo. Tendrán un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión al que preguntarán, y cuando se presenten situaciones como las que ya han vivido, habrá un interlocutor al que formular sus preguntas: ¿por qué defender tal tesis y no tal otra, por qué participar en tal acción y no en tal otra? Por lo tanto, será una revolución amparada en el derecho y, para utilizar la analogía del Sr. Barón Crespo, será una revolución al estilo de Montesquieu, pero a escala continental.
Mi última respuesta es para el Sr. Hänsch. He apreciado mucho sus intervenciones durante la Convención, porque usted no defiende ni intereses particulares ni grupos de presión. Usted se inspiraba en el bien común europeo, pero a pesar de ello en algunos puntos no siempre hemos seguido sus propuestas, porque buscábamos soluciones de equilibrio y de compromiso, sin embargo usted ha inspirado muchos de nuestros avances, sobre todo en el ámbito de la gobernanza social. Ha recordado que si volvemos a abrir los mismos debates, nunca alcanzaremos un compromiso equilibrado. ¿Qué sentido tendría reabrir el debate con respecto a cada enmienda presentada, debatida y aprobada de una forma u otra, o rechazada por la Convención?
Usted lo ha dicho con valor y yo deseo que se le escuche, porque, y concluyo, señor Presidente, en la situación en la que nos hallamos, es decir, la de saber si dentro de algunos meses Europa tendrá o no una Constitución, existen dos enfoques. O bien Europa no se dota de una constitución y continúa para siempre reabriendo los mismos debates, o bien se dota de una Constitución siendo consciente de que tendrá que vivir con ella. Por esta razón, no pido que de su Asamblea brote un impulso revolucionario, sino que brote un impulso que exprese la fuerte voluntad, la gran aspiración de los pueblos de Europa de avanzar en el camino de la Unión.
(Grandes aplausos)
El Presidente.
Seguiremos reflexionando sobre esta cuestión dentro de dos semanas, cuando debatamos en profundidad el informe del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado y el Sr. Tsatsos en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Gracias a todos los que han participado en el debate. En particular, quiero dar las gracias al Presidente Giscard d´Estaing por haber dirigido y resumido el debate de esta mañana. 
El debate queda cerrado.
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, la propuesta de «Tratado Constitucional» ha sido elaborada por los círculos más reaccionarios del sistema capitalista. La jactancia del Sr. Giscard d´Estaing y los que están detrás de él y el regocijo de la entonces Presidencia griega y la actual Presidencia italiana no bastan para refutar la realidad expresada anteriormente.
Los que promueven la política contraria a los intereses del pueblo tienen el valor de llamar «constitución» a un texto que no solo no cristaliza los logros democráticos del pueblo, sino que también los reduce a un texto que constitucionaliza el capitalismo, que redistribuye el poder favoreciendo a los fuertes, que otorga más soberanía nacional al centro eurounificador imperialista y que extiende peligrosamente la militarización de la Unión Europea.
El resultado no nos sorprende. No podía ser de otra manera, porque no podía dejar de reflejar la naturaleza de la UE y su situación política actual. Esta es la razón por la que el Partido Comunista de Grecia se opone a la introducción de una constitución europea que refuerza el imperialismo de la UE a expensas de los pueblos y en beneficio de los explotadores.
Tampoco nos sorprende la falta de información sustancial sobre el contenido de la «constitución». A pesar de la campaña de propaganda, no se debe engañar al pueblo. Este debe reforzar su lucha para defender y extender sus logros, demoler la estructura que están construyendo los explotadores y cambiar finalmente la sociedad.

Martinez (NI)
- (FR) Con el derecho de abandono de la Unión, reconocido al final de su primera parte, y con la necesidad de que las enmiendas «constitucionales» sean ratificadas por unanimidad, prevista al final de su cuarta parte, la «Constitución Europea» ha puesto dos señales razonables en un texto que, al comienzo, secuestró insensatamente la ley robando la denominación de «constitución» para tapar su naturaleza intergubernamental.
Con más de 400 artículos, se progresa en los ámbitos siguientes: una clasificación de los actos jurídicos en leyes europeas, leyes marco o leyes «delegadas»; un ministro de Asuntos Exteriores, tres presidentes -del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros, de la Comisión- y toda una orquesta de instrumentos institucionales en la que, si bien no llegamos a identificar al director, sí localizamos fácilmente el bombo del Parlamento Europeo, que ganará en volumen pero no en credibilidad política.
Sin embargo, a pesar de hacer mucho ruido con su chatarra institucional, la Constitución europea sigue callando sobre dos asuntos de gran importancia: por una parte, la necesaria protección de las democracias aplastadas por el poder mediático, desde el imperio de Murdoch hasta el de Berlusconi, y, por otra parte, la protección de los contribuyentes frente a lo querán impuestos cada vez más punitivos.
Souchet (NI)
- (FR) El Sr. Giscard d'Estaing ha subrayado que el punto central del proyecto de Constitución elaborado por la Convención es el reconocimiento de la «naturaleza dual» de la Unión Europea, que proviene a la vez de los ciudadanos y de los Estados. Esta distinción aparente implica que los Estados serían entidades separadas de la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, en realidad prepara el cuestionamiento de la legitimidad democrática de los Estados y cambia la naturaleza de la Unión, hasta el momento unión de los Estados que representan a sus pueblos. De este modo se ha introducido un germen extremadamente perverso en el nuevo «tratado constitucional». Este se apoya en una entidad mítica, el ciudadano europeo, que recuerda al antiguo proletariado, al que se pueden atribuir las intenciones que se quieran. El Sr. Giscard d´Estaing lo ha hecho, declarando que los ciudadanos europeos esperaban con gran impaciencia una constitución europea, una política exterior europea, un ministro de Asuntos Exteriores europeo, etc. Sobre esta base, todos los patinazos son posibles, sobre todo cuando la barbarie amnésica caracteriza a este hombre nuevo que es el ciudadano europeo, como lo demuestra la negativa de los miembros de la Convención a mencionar en su texto el papel histórico desempeñado por el cristianismo en la verdadera constitución de Europa.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Informe (A5-0261/2003) del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2003 de la Unión Europea para el ejercicio 2003, Sección III - Comisión (SEC(2003) 0552 - C5-0289/2003 - 2003/2103(BUD))
(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A5-0264/2003) del Sr. Ojeda Sanz, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la prórroga del Protocolo 2000-2001 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Popular Revolucionaria de Guinea relativo a la pesca de altura frente a la costa guineana para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 (COM(2003) 107 - C5-0128/2003 - 2003/0049(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0228/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la revisión intermedia del cuarto protocolo de pesca entre la UE y Groenlandia (COM(2002) 697 -2003/2035(INI))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0152/2003) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (COM(2003) 1 - C5-0006/2003 - 2003/0001(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0226/2003) de la Sra. Lambert, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(1998) 779 - C4-0137/1999 - 1998/0360(COD)) 
Antes de la votación:

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Quiero pedirle que haga una modificación en la lista de votación. Quisiera que la enmienda 42 se votara después de la enmienda 55. No parece lógico, pero lo es. La enmienda 55 sustituye bajo otro artículo lo que se dice en la enmienda 42. El ponente está de acuerdo.

Koukiadis (PSE)
Señor Presidente, en los apartados 9, 10 y 11 dice que el Parlamento hace un llamamiento a «... la Convención y la CIG...». Puesto que el trabajo de la Convención ha concluido, creo que deberíamos borrar la palabra «Convención» y dejar únicamente la palabra «CIG».

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, el apartado 4 de la versión española de la propuesta de resolución del Sr. Koukiadis dice lo contrario de lo que debe decir, porque dice que "... un instrumento basado en el Título VI del TUE sólo puede adoptarse cuando el TCE ofrezca la posibilidad de alcanzar el mismo objetivo". Es lo contrario de lo que dice en el texto original el ponente. Pido que se cambie la traducción española.
El Presidente.
 Nos aseguraremos de que se correspondan las versiones en todos los idiomas.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0247/2003) de la Sra. Figueiredo, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social (COM(2003) 57 - 2003/2097(INI)) 
Antes de la votación:

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Señor Presidente, vivimos un momento particularmente preocupante en el plano económico y social y, a pesar de todas las declaraciones sobre la prioridad que se debe dar a la política social, la realidad demuestra que existe un empeoramiento del desempleo y de las condiciones de vida de una parte importante de la población, ahora agravada en algunos países por la sequía y la catástrofe de los incendios, particularmente en Portugal.
Hay tener en cuenta que, para que se alcancen las metas de empleo a las que se comprometió el Consejo en 2000, tendrán que crearse más de 15 millones de nuevos empleos de calidad y con derechos antes de 2010. Sin embargo, lo que está aumentando es el desempleo. Del mismo modo, la pobreza se mantiene en niveles escandalosos: más del 15% de la población, es decir cerca de 56 millones de personas, se encuentra al borde de la pobreza.
Esta situación debería suponer una alerta sonora para modificar las políticas comunitarias y monetarias, para dar total prioridad a la inversión pública y a otras medidas de promoción del empleo y de inclusión social. Por ese motivo, en nuestras propuestas insistimos en la necesidad de revisar el Pacto de Estabilidad; y espero que como mínimo se contabilicen en el déficit presupuestario las inversiones y los gastos que se tienen que realizar debido a la catástrofe de los incendios y de las sequías.
Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, para el siguiente apartado hay una enmienda 15 del Grupo del PPE, pero creo que se ha colado un pequeño error de redacción. Esta enmienda dice: pide «la definición de un fundamento jurídico adecuado para el desarrollo del diálogo social» y luego prosigue. Ahora bien, para el diálogo social ya tenemos un fundamento jurídico adecuado. Creo que se trata de un pequeño error de redacción y que en realidad lo que se quería era la definición de un fundamento jurídico para el desarrollo de un diálogo civil. Si este es el caso, mi Grupo retirará la petición de una votación dividida.
El Presidente.
 ¿Retira su solicitud de votación por separado?

Van Lancker (PSE).
Señor Presidente, mi pregunta era si en efecto se trataba de un error de redacción y si se podía sustituir la palabra «social» por «civil». En caso afirmativo, retiraremos la solicitud para una votación dividida.
El Presidente.
 Votaremos sobre la enmienda 15 sustituyendo la palabra «social» por «de la sociedad».
(El Parlamento aprueba la resolución)

Informe (A5-0270/2003) de la Sra. Lynne, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad» (COM(2003) 16 -2003/2100(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)
El Presidente. El turno de votaciones queda cerrado.
EXPLANATIONS OF VOTE

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Este proyecto de presupuesto rectificativo tiene por fin incluir en el presupuesto de 2003 el excedente del ejercicio 2002. En este sentido, estoy de acuerdo con el ponente al lamentar el hecho de que el excedente de 2002 ascienda a 7,4 millones de euros, a pesar de reconocer que esta suma es inferior a los excedentes de 2001 y 2002 (cerca de 12.000 millones y 15.000 millones de euros, respectivamente), lo que se debe a la pobre aplicación presupuestaria, particularmente de los Fondos Estructurales.
Lamento que estas partidas no sean redistribuidas en el plano del presupuesto comunitario y regresen a las arcas de los Estados miembros. Lo cierto es que no se puede concluir que el insuficiente presupuesto comunitario -para 2004 puede que represente menos del 1% del PNB comunitario- finalmente sea más que suficiente, cuando las necesidades de cohesión económica y social aumentan con la ampliación. 
La Comisaria Schreyer aprovechó para afirmar que era una «buena noticia» para los Ministros de Finanzas, teniendo en cuenta las dificultades encontradas para cumplir el Pacto de Estabilidad, particularmente por Alemania y Francia. 
Sin embargo, esa pobre aplicación se debe a las restricciones del propio Pacto de Estabilidad. Pero al ser exagerada y asociada a los instrumentos creados -particularmente a la regla n+2- se convierte en arma arrojadiza de los principales contribuyentes líquidos para la reducción (y progresiva renacionalización de los costes) de la política estructural.
Fatuzzo (PPE-DE).
Algunos dicen que hablo mucho en esta Cámara en las explicaciones de voto, pero como sabe, señor Presidente, represento el Partido de Pensionistas italianos, y los pensionistas hacen de todo, incluso comer pescado rebozado. Ellos me dijeron: «Nos encanta comer pescado de Guinea, que es lo que se está debatiendo, pero nos gustaría que lo cogieran pescadores de Guinea, no pescadores europeos que pagan por entrar en aguas de Guinea y para que se les permita capturar peces que hablan 'guineano? y sacan beneficio de ellos, haciendo todavía más pobres y más míseros a los pescadores de Guinea.»
Por tanto, aunque he votado a favor de la propuesta, quiero subrayar que me opongo a acuerdos pesqueros de este tipo.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Examinamos la evaluación de la revisión provisional del Cuarto Protocolo de Pesca entre la Unión Europea y Groenlandia, que entró en vigor en enero de 2001. Este Protocolo prevé una compensación superior a los derechos de pesca atribuidos, es decir cerca de 43 y 28 millones de euros respectivamente. Plantea también una propuesta de asociación sostenible, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector pesquero.
Sin embargo, la cuestión relevante para Portugal continúa siendo la pérdida de los derechos históricos de pesca en estas aguas tras su adhesión a la Unión Europea y la existencia de las llamadas «cuotas de papel», que fueron atribuidas de acuerdo con el principio de la estabilidad relativa, pero que no son utilizadas por las flotas de los Estados miembros adheridos al Protocolo. En 2000 sólo se utilizó un 54% de las posibilidades, a pesar del esfuerzo financiero del Protocolo. Así pues, sin cuestionar el principio de la estabilidad relativa, es importante garantizar que estas cuotas no utilizadas puedan ser aprovechadas por el resto de la flota. En cualquier caso, se debe prestar especial atención a la flota portuguesa.
Es correcto afirmar que la ayuda financiera que se va a prestar a Groenlandia por la crisis que atraviesa no puede ser incluida en la compensación financiera asociada al acuerdo pesquero, porque de este modo se sobrecargaría la línea presupuestaria correspondiente, que ya registra graves insuficiencias. Por eso, se deben mantener al margen de este acuerdo los elementos ajenos a la pesca.
Hudghton (Verts/ALE)
. (EN) Los representantes del Partido Nacional Escocés en este Parlamento han votado hoy en contra del informe Miguélez Ramos sobre el protocolo de pesca de Groenlandia. Eso no significa que subestimemos la importancia de los acuerdos de pesca con los países vecinos de la Unión Europea. Por el contrario, lo que rechazamos es el derecho de la Unión Europea a saquear recursos pesqueros externos por capricho de unas flotas que pescarían en cualquier lugar, y que pescarán hasta que no quede ya nada que pescar.
El informe de la Sra. Miguélez Ramos propone la redistribución de las cuotas no utilizadas entre los Estados miembros. Su demanda forma parte de un esfuerzo concertado para romper el vínculo entre los recursos pesqueros y las flotas que tradicionalmente los han explotado. Esa demanda es inaceptable, y el Parlamento debe condenar la conducta de unas flotas que no conocen fronteras ni aceptan límites.
La gestión que la Unión hace de sus propios recursos pesqueros ha sido un fracaso sin paliativos. Tenemos que aprender de ese fracaso. Los países que mejor han gestionado sus recursos son los que han respetado los derechos históricos del pasado y han dado a sus pescadores esperanza en el futuro. No podemos trasladar nuestros problemas a aguas fuera de la Unión Europa, y tenemos que poner freno a las ambiciones de unas flotas destructivas.

Fatuzzo (PPE-DE).
Esta mañana, antes de venir al Parlamento Europeo, me he encontrado con el Sr. Fatuzzo cuando tenía 18 años de edad, que hace muchos años trabajó de marinero en barcos de crucero que navegaban entre Nueva York y las Bahamas. A fin de obtener la licencia para trabajar como marino tuve que hacer exámenes profesionales, como todos los marinos a los que se refiere este documento. Los exámenes incluían una prueba de natación y otra de remo, aunque me temo que era costumbre darle propina al hombre que llevaba los remos para que remara en lugar del aspirante a marino.
Mi pregunta es la siguiente: ¿nos permite este documento hacer un seguimiento de la concesión de cualificaciones de navegación por parte de terceros Estados que solicitan firmar tales acuerdos con Europa? Espero que sí, ya que he votado a favor del texto.

Alavanos (GUE/NGL)
. (EL) Es importante establecer criterios, condiciones y límites en cuanto al tema del empleo de marinos de terceros países en barcos comunitarios. Estos nos recuerdan a menudo torres de Babel porque llevan a la anarquía y producen accidentes. Los recientes naufragios del Prestige y del Tricolore demuestran la importancia de la seguridad en el mar.
El informe Poignant sobre la propuesta de Directiva sobre el nivel mínimo de formación de los marinos es un paso adelante en la dirección correcta, porque plantea la cuestión del reconocimiento de marinos de terceros países. Esto impone una evaluación del sistema de formación de cada país, para que puedan emitirse certificados de competencia -y no simplemente un enfoque individualizado- que tendrán una validez de cinco años.
No obstante, una deficiencia de las medidas que se están tomando es la ausencia de una disposición que aborde los problemas del desempleo y la competencia, cada vez más deteriorada, entre los marinos comunitarios.

Darras (PSE)
El naufragio del Tricolor y del Prestige nos han recordado cruelmente la necesidad urgente de dar prioridad a la seguridad marítima, y la importancia de asegurar un alto nivel de formación del personal marítimo en los buques europeos, incluidos los procedentes de países terceros.
Esta posibilidad de que haya profesionales de países terceros que vengan a la Unión representa un interés real para la flota europea. Así, de los aproximadamente 140 000 marinos que sirven en los barcos de un Estado miembro de la Unión Europea, alrededor de un tercio (es decir, 47 000) provienen de un país tercero. Además, en numerosos Estados miembros los armadores difícilmente encuentran personal nacional formado.
Esta propuesta, que pretende sustituir -con la ayuda de la Agencia Europea de Seguridad Marítima- el procedimiento actual de reconocimiento de los certificados de aptitud por parte del Estado miembro por un procedimiento de reconocimiento en el seno de la Comisión, es un avance consecuente para garantizar el más alto nivel de seguridad posible. Durante la votación, prestaré particular atención a las enmiendas que insisten en las aptitudes de los profesionales marítimos, el acceso a la formación, el informe de evaluación y la lucha contra las prácticas fraudulentas.
Grossetête (PPE-DE)
. (FR) He votado a favor de esta Directiva y acojo con satisfacción esta propuesta.
En la actualidad, por desgracia tenemos que hacer frente a la falta de personal en el seno de la Unión Europea, y sobre todo en Francia, para todos los oficios marítimos. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer un llamamiento a nacionales de países terceros. Tenemos que asegurarnos de que estas personas hayan recibido una formación de calidad. Este nivel de formación tiene en efecto un impacto muy importante en la seguridad marítima. El deterioro de los barcos no es el único responsable de las catástrofes a las que hemos asistido. El error humano, la falta de experiencia, la ausencia de comunicación entre miembros del personal aumentan los riesgos en el mar. Frente a estas realidades, es necesario armonizar las normas de reconocimiento de las formaciones y establecer el uso de una lengua única a bordo de los barcos.
Asimismo, tenemos que pensar en el futuro. En un momento en que la economía europea está estancada, en que el desempleo ya no disminuye, conviene valorizar las diferentes profesiones de este sector, sobre todo ante los jóvenes europeos, para crear vocaciones. Así nuestras empresas europeas podrán contratar nacionales de la Unión para ejercer estas profesiones marítimas.
Korakas (GUE/NGL)
. (EL) La propuesta de la Comisión promueve la legalización del deterioro inaceptable y peligroso de la formación marítima, ajustándose a la decisión de las grandes compañías marítimas de incrementar sus beneficios a expensas de la seguridad de las propias vidas de los marinos, de la navegación y del medio ambiente.
Este deterioro también ha sido revelado por los expertos de organizaciones internacionales, que consideran causa básica los acuerdos redactados según las instrucciones de los armadores, que forman la base de la Directiva propuesta.
Separar títulos de permisos de trabajo en una apuesta por explotar mano de obra barata y básicamente carente de cualificación es solo uno de los elementos típicos de la relegación deliberada de la educación marítima a simple formación.
Consideramos que la formación de marinos necesita mejorar para que sus conocimientos reflejen las necesidades actuales. Sin embargo, esto requiere una ruptura total con las grandes compañías marítimas, una ruptura que la UE no puede ni quiere realizar.
Los propios marinos y otros trabajadores necesitan luchar por un cambio radical de política, no solo respecto al sistema y a la garantía de la educación estatal libre, sino también respecto a los acuerdos y convenciones internacionales, para que establezcan unos niveles mínimos de educación, introduzcan disposiciones estrictas para la selección de la tripulación de los barcos y garanticen totalmente el empleo y el seguro de los marinos. Así, a la vez que tendremos barcos renovados, tendremos también una navegación segura.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Es una apreciación generalizada que Europa carece de los marinos nacionales cualificados suficientes para el volumen de transporte marítimo existente. De ahí la necesidad de reclutar marinos de terceros países en la Unión Europea. La presente propuesta pretende crear un marco de exigencias, en el plano de la formación, para el ejercicio de la actividad por parte de marinos de terceros países, supervisado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Así pues, esta iniciativa refuerza la noción de la importancia de la seguridad marítima que el reciente naufragio del Prestige vino a poner de manifiesto, una vez más, de forma dramática.
En este sentido, toda propuesta que pretenda garantizar un nivel de cualificación lo más elevado posible de los marinos debe ser acogida con satisfacción, así como la simplificación del procedimiento de reconocimiento, excesivamente complicado según los profesionales del sector, y la introducción de una lengua de trabajo uniforme.
Por último, subrayo la advertencia del ponente que recuerda a la Comisión y al Consejo que el Parlamento ya exigió en repetidas ocasiones la presentación de un programa de acción para los fines de la promoción de las profesiones marítimas. Si, como se ha defendido en diversas ocasiones, es importante promover y mejorar el transporte marítimo, sustituyendo, particularmente, el transporte por carretera pesado y de larga distancia, es indispensable que se concrete un programa de acción para la promoción de las profesiones marítimas.
Vairinhos (PSE)
. (PT) La formación mínima de los trabajadores del mar debería, en mi opinión, ser responsabilidad exclusiva de los Sindicatos de los Pescadores, definidos los respectivos reglamentos.
La actividad pesquera tiene una enorme importancia para las poblaciones costeras, ya sea en el ámbito del empleo o de la economía familiar, por lo que la obligatoriedad de formación no debe ser un obstáculo para el acceso al mar y a los ríos, pero sí una necesidad para el proceso de desarrollo local sostenido, así como para su participación en un proceso de recuperación de la fauna y la flora marinas.
Fatuzzo (PPE-DE).
Apoyo todos los artículos de esta reglamentación y he votado a favor de la moción, pero debo expresar mi gran desilusión como representante de los pensionistas de Europa por el hecho de que, con la enmienda 50, que aprobamos, estamos manteniendo la absoluta prohibición de personas con discapacidades de Europa que viaja por Europa, fuera de las fronteras de su propio país, y establece su residencia en otro Estado europeo porque, al hacerlo, pierde una gran parte de las ayudas de las que depende para vivir.
Se ha hecho algún progreso, algunas de las pensiones que no eran transferibles entre países han sido eliminadas, pero la mayoría todavía existe, y como resultado, cuando la gente con discapacidades viaja por Europa, tiene que dejarle la pensión al Gobierno, que sin duda no la necesita.

Crowley (UEN)
. (EN) He votado a favor del informe de la Sra. Lambert sobre la seguridad social para manifestar mi apoyo a la racionalización, la simplificación y el deseo de hacer más accesibles los textos actuales del Reglamento (CE) nº 1408/71 a los ciudadanos europeos y a los que tienen que utilizarlos en su trabajo cotidiano. Sin disposiciones comunitarias sobre seguridad social, millones de ciudadanos europeos carecerían de protección suficiente. Tenemos que garantizar que los ciudadanos de la UE que trabajen, residan o permanezcan en otro Estado miembro reciban la protección adecuada.
La coordinación de los sistemas de seguridad social a escala europea sigue siendo el camino adecuado. No tratamos ni debemos tratar de armonizar los sistemas de seguridad social. Las propuestas de incluir algunas cuestiones fiscales quedan fuera del ámbito del presente Reglamento, razón por la cual he votado hoy en su contra.
La definición de la familia en el informe Lambert es inaceptable y por eso he solicitado la votación por separado de esa enmienda. Este tipo de cuestiones queda también fuera del ámbito del presente Reglamento. La definición de la «familia» es un asunto que compete a la legislación nacional de los Estados miembros.
Todos estamos de acuerdo en la conveniencia de alcanzar un acuerdo final sobre el Reglamento. Espero que eso se consiga en la segunda lectura.
Manders (ELDR)
. (NL) El presente informe es una mejora de las situaciones existentes en relación con los diferentes regímenes de seguridad social, concretamente para las zonas fronterizas con mucho trabajo transfronterizo, y el ponente ha realizado un buen trabajo. 
En lo que respecta a la enmienda 20 sobre la definición de familia/hogar. El Grupo del ELDR ha votado por mayoría a favor de esta enmienda y a pesar de ello ha renunciado a pedir una votación individual, porque consideramos poco deseable correr el riesgo de que se vote en contra de todo el informe. Esta sería la razón para el ponente de aceptar que se rechace la enmienda 20.
Señor Presidente, no puedo por menos que decir que este Parlamento dedica cada mes horas de reunión a los derechos humanos fundamentales en los países fuera de Europa, nos preocupamos de prácticamente cualquier suceso que no cumpla las medidas europeas. Sin embargo, cuando se trata de los derechos humanos dentro de Europa, por ejemplo las inclinaciones sexuales, no nos atrevemos a tomar partido abiertamente. Me parece un escándalo que el Parlamento Europeo quiera mantener la posibilidad de dejar fuera de la ley a los ciudadanos debido a sus inclinaciones sexuales. Por supuesto pueden utilizarse diversos argumentos para sustentar este punto de vista, por supuesto podemos decir que tiene que ver con la subsidiariedad, o que la adopción del informe es más importante que una elección de principios en la enmienda 20. Sin embargo con ello se viola otro derecho, en concreto el derecho de todo europeo a poder trabajar dentro de la Unión. Al rechazar la enmienda 20 se limita en gran medida la movilidad laboral de diversos ciudadanos, señor Presidente, y eso en una Europa progresista.
Afortunadamente, este mismo Parlamento, quizás sin saberlo, ha aceptado recientemente una enmienda parecida en el informe Santini. Como liberal espero que esta aprobación ofrezca suficiente seguridad a todos los ciudadanos europeos.
Moraes (PSE)
. (EN) El EPLP votará a favor del informe Lambert sobre la seguridad social porque trata de coordinar los sistemas de seguridad social en beneficio de los ciudadanos europeos que quieran trabajar en otros países de la UE. 
Este informe coordina, pero no trata de armonizar, los sistemas de seguridad social o fiscales, cuya responsabilidad compete a los Estados miembros.
El EPLP no ha votado a favor de la enmienda 48 porque queda fuera del ámbito del artículo 42, que trata sobre los sistemas de seguridad social, e introduce el concepto de doble fiscalidad. Igualmente, las enmiendas 1, 2, 43 y 45 tratan de ir más allá de la coordinación de los sistemas de seguridad social, razón por la cual el EPLP no ha podido votar a favor.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Lamento que algunos diputados continúen demostrando que no se resisten a la tentación de aprovechar los documentos del Parlamento para, mediante una flagrante violación de las competencias de la Unión Europea y una ofensa para el principio de la subsidiariedad, invadir el dominio reservado de los Estados miembros, actuando a tuertas y a derechas, a propósito e inintencionadamente, al servicio de puros sectarismos ideológicos, incluso en los ámbitos de mayor sensibilidad política y social. Fue el caso sobre todo de la lamentable propuesta de enmienda 20, por la que, equivocadamente, se intentaba consagrar una redefinición del concepto de «familia». Afortunadamente prevaleció el sentido común y el Pleno rechazó por mayoría aplastante esta enmienda, totalmente inoportuna y abusiva.
Sin embargo, el informe contenía también otros ejemplos, aunque más moderados, de procurar utilizar e instrumentalizar una materia de tanta importancia e interés para todos los ciudadanos ?los sistemas de seguridad social? para imponer perspectivas que no son consensuadas y que se oponen a la repartición de poderes y competencias en el marco de la Unión Europea.
Por eso, aunque sin votar en contra -gracias al rechazo de la enmienda 20? no pude ir más allá de la abstención en la votación final.
Fatuzzo (PPE-DE).
He votado a favor del informe Gröner, cuya loable intención es combatir la violencia contra las mujeres y niños. Sin embargo, debo confesar que, en el aeropuerto de Roma, cuando viajaba a Estrasburgo, un pensionista de Roma se me acercó y dijo: «Es acertado que en Europa se preocupen de combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres, pero me gustaría que usted, Sr. Fatuzzo, señalara que en algunas instituciones en las que los ancianos y la gente que no puede valerse por sí misma son admitidos, me temo que, dado que no hay ningún tipo de control por parte del Gobierno, esta gente anciana e inválida también es a menudo objeto de violencia y opresión. Debería haber una decisión y fondos del Parlamento Europeo para esta causa, para que estos tipos de violencia también puedan combatirse.»

Caudron (GUE/NGL)
. (FR) La actualidad reciente nos ha recordado la importancia de esta cuestión y la frecuencia y gravedad de la violencia, oculta o no, que sufren los niños y las mujeres en todos los medios sociales. La causa radica en la violencia machista de los hombres respecto de las mujeres, y en el estallido inconsciente, incluso enfermizo, de los padres que tratan con violencia a sus hijos.
Por esta razón es necesario un programa financiado y acompañado de un refuerzo de la legislación preventivas y punitiva en la materia.
Darras (PSE)
. (FR) Dado que el programa Daphne pretende asegurar la continuidad del programa actual para combatir la violencia contra los niños, los adolescentes y las mujeres, que vence a finales de 2003, esta segunda fase tiene que ponerse en marcha de inmediato.
Sin embargo, la dotación financiera prevista por la Comisión no permite que este programa se ponga en marcha de la manera más eficaz posible. El importe asignado, 40 millones de euros, me parece muy insuficiente si verdaderamente queremos permitir que un mayor número de organizaciones no gubernamentales se beneficien del programa y si deseamos responder a las necesidades de los nuevos Estados miembros. Para dar continuidad al programa y ampliarlo a los nuevos países miembros, es imprescindible disponer de medios que estén a la altura de la apuesta.
Asimismo, me parece que sería deseable tratar la violencia como una violación de derechos humanos si el programa tuviera un fundamento jurídico más apropiado que el artículo 152 del tratado CE.
Färm y Hedkvist Petersen (PSE)
La justificación de la enmienda 1 del informe menciona el concepto de «prostitución forzosa». Nos oponemos al uso de este término porque creemos que la prostitución nunca es la elección libre de la persona, sino que siempre tiene que ver con la coacción y la dependencia.

Goodwill (PPE-DE)
. (EN) Los conservadores británicos deploran todo tipo de violencia y celebran las medidas que se adopten para combatirla, como algunas de las iniciativas del Programa Daphne. La violencia, especialmente contra las mujeres y los niños, está totalmente injustificada y no puede tolerarse. Pero algunas de las medidas propuestas en este informe invaden áreas que corresponden más bien a los Estados miembros. No existen evidencias de que el dinero de los contribuyentes se emplee mejor cuando se destina a proyectos de ámbito comunitario que cuando se destina a programas nacionales, aunque sí se sabe que el intercambio de experiencias y buenas prácticas puede contribuir positivamente a combatir este tipo de violencia. 
Reconocemos el buen trabajo realizado por el Programa Daphne, pero los conservadores británicos, por las razones expuestas antes, hemos votado en contra de aumentar los créditos presupuestarios y nos hemos abstenido en la votación final.

Klaß (PPE-DE)
. (DE) Hoy me he pronunciado claramente a favor de la prórroga, de 2003 a 2008, del Programa de acción comunitaria para prevenir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres (DAPHNE II). Ahora el objetivo principal es facilitar puntualmente los recursos financieros necesarios para el 1 de enero de 2004 y evitar un prolongado procedimiento de conciliación. 
Es necesario ampliar el marco financiero a 50 millones de euros. Es lo que pide el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, con objeto de que se pueda responder debidamente a las solicitudes y necesidades de los países en vías de adhesión. Espero que la aprobación sea rápida, de manera que podamos evitar retrasos a causa del procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo, y se pueda disponer de una perspectiva financiera realista.
La propuesta prevé, asimismo, la creación de filtros que impidan la difusión de materiales pedófilos, así como una mejora de la situación de los niños de la calle, especialmente en las grandes ciudades. Con ello, DAPHNE II avanza en conjunto en la dirección adecuada. Sin embargo, lo decisivo es poder concentrar los recursos disponibles de la manera más razonable y eficaz posible, a fin de que los fondos y medidas aplicados lleguen directamente a los afectados y no acaben agotándose en varios canales.

Marques (PPE-DE)
. (PT) Felicito a mi colega Lissy Gröner por el excelente informe elaborado sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece la segunda fase de un programa de acción comunitario de prevención de la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres, y de protección a las víctimas y los grupos de riesgo (Programa Daphne II -2004-2008), y ofrezco mi apoyo, especialmente por lo que respecta a la necesidad de conceder al programa una dotación financiera superior.
También me gustaría subrayar que la ejecución del programa deberá permitir la multiplicación de sus efectos, asociando a los países adherentes y candidatos a la Unión o que mantengan relaciones privilegiadas con ella de cualquier otro modo.
Muscardini (UEN)
. (IT) Es deber moral de todos los ciudadanos de todas las sociedades combatir el abuso de los niños y la pornografía infantil.
Acojo con placer y satisfacción el programa comunitario Daphne II sobre la prevención de la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, apoyado por la delegación que encabezo y por todo el Grupo UEN. De hecho, el informe Gröner ha incorporado dos propuestas adoptadas unánimemente hoy por esta Cámara en Estrasburgo, que abogan por dos medidas más que el programa comunitario tendrá que desarrollar: promover campañas de concienciación que condenen la violencia y facilitar la provisión de ayuda psicológica, moral y práctica para las víctimas, y sobre todo explorar la posibilidad de crear filtros que prohíban la diseminación de pornografía infantil en Internet.
Este extraordinario medio de comunicación y suministro de información, Internet, puede ser una fuente inagotable y desregulada de mensajes de violencia y brutalidad destinados a menores y de la cual los menores son a menudo los instigadores. Por lo tanto, parece necesario, en nombre de la libertad de la que la sociedad presume y que no es libertad verdadera si no la respetamos todos y si no se utiliza para proteger a todos, regular el tipo de información disponible en Internet y permitir a las familias, a los adultos y a los menores que reconozcan la naturaleza de las páginas a las que acceden.
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Voto a favor del presente informe. Comparto la preocupación de la ponente relativa a la necesidad de hacer frente a las diversas formas de violencia ejercidas contra los más débiles de la sociedad, considerando totalmente deseable y justificado el mantenimiento y la ampliación del programa Daphne II. 
Suscribo y apoyo totalmente la institución de un Año Europeo contra la Violencia, reafirmando su oportunidad y necesidad.
Sin desconocer ni descuidar la evidencia de quiénes son los más vulnerables a las diversas formas de violencia, lamento que la ponente siguiese una retórica feminista, un poco desviada. Lamento la demagogia fácil de este sexismo absurdo, reductor y demonizante de la masculinidad, sin haberse resistido a defender incluso una «reeducación», que si no ofensivo, resulta sin duda ridículo.
Para terminar, acojo con satisfacción la aprobación de las enmiendas que suscribí, con mis colegas Cristiana Muscardini y Roberta Angelilli, con el fin de incentivar la adopción de filtros y técnicas de registro y seguimiento que impidan la difusión de material pedófilo en Internet.
Fatuzzo (PPE-DE).
Como a mucha gente, señor Presidente, me encanta el campo. Estoy encantado de que la agricultura vaya a recibir tantos fondos y ayudas de la Comunidad Europea y de que haya una preocupación por garantizar noticias precisas, estadísticas precisas y procedimientos uniformes para presentar el gasto agrícola comunitario en los 15 países. ¡Ojalá los Gobiernos europeos fueran así de diligentes y ojalá la Unión Europea tuviera la misma voluntad de tomarse el mismo interés y asegurar la misma precisión en las estadísticas relacionadas con nosotros, pobres mortales! Como sabe, señor Presidente, el déficit de las pensiones en Europa -eso dicen los Jefes de Gobierno- se debe a que la esperanza media de vida de hombres y mujeres ha aumentado inesperadamente en 10 años como mínimo. ¿No podían haberlo previsto?

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) La presente propuesta de Reglamento viene a consolidar una práctica establecida hace mucho tiempo que, según la opinión de los especialistas, funciona muy bien. De hecho, las cuentas económicas de la agricultura (CEA) son un instrumento esencial para el acompañamiento y la evaluación de la PAC. Como se sabe, tradicionalmente han sido elaboradas por los Estados miembros de acuerdo con una metodología común y presentadas a la Comisión (Eurostat) al abrigo de un acuerdo de caballeros. Así pues, estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión, en el sentido de mantener y mejorar la calidad de los datos y de establecer un marco para la transmisión, que propicie una mayor transparencia y mejor acceso a la información por parte de los agentes económicos. 
Entiendo que en este ámbito, como en algunos otros de la acción comunitaria, el cómputo coordinado de datos y su distribución, así como la comparación y el intercambio de experiencias, constituyen una enorme ventaja para la eficacia y el ahorro de acción, ya sea de la Unión Europea o de los Estados miembros.
Fatuzzo (PPE-DE).
He votado a favor del informe del Sr. Koukiadis, señor Presidente, porque lo que pide es uno de mis sueños de hace tiempo, cuando puedo soñar -que no ocurre muy a menudo hoy en día, dada la cercanía del 13 de junio-, porque duermo bien. ¿Por qué? Porque me gustaría mucho que el Derecho europeo fuera realmente una fuente primaria del derecho.
Por ejemplo, parece que el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam se está violando en Italia. Existe discriminación en contra de los ancianos y la gente con discapacidades, a quienes se presta -o no- ayuda financiera simplemente porque tienen más o menos de 65 años. Por lo tanto, acojo con satisfacción este informe y espero el momento en el que el Derecho europeo se convierta en fuente primaria del derecho.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
Tras el título ostensiblemente neutral «sobre los fundamentos jurídicos y el respeto del Derecho comunitario», el informe de propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos esconde la absoluta subordinación del derecho nacional al Derecho comunitario.
Totalmente en línea con la filosofía de la UE, el informe mantiene que la Comunidad debería tener la facilidad de obligar a los Estados miembros a imponer sanciones penales específicas en caso de infracciones del Derecho comunitario. El término «sanciones penales» conlleva un gran peso, que lo distingue de las sanciones administrativas o financieras que los dirigentes de la UE ya imponen. El informe también propone que la Comisión debería poder comparecer ante los tribunales penales nacionales con el fin de incoar acciones civiles e incluso obligar a los Estados miembros a imponer sentencias de prisión decididas por la Comunidad. ¡Lo único que necesitamos ahora son prisiones comunitarias para cumplir las sentencias comunitarias!
Esto es otra infracción de la soberanía nacional y del llamado «Estado de derecho» de la burguesía, porque se está instruyendo a un organismo supranacional a que ejercite la jurisdicción penal y que decida el tipo y el nivel de las sanciones. Sin duda, la búsqueda ansiosa de fundamentos jurídicos esconde la ambición de servir los intereses de los monopolios unificadores en todos los sectores y la eliminación de los logros democráticos.

Butel y Saint-Josse (EDD)
. (FR) El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior parte del principio de que estas propuestas no tratan de «fijar directamente las normas penales o de conseguir una armonización penal». Este punto de partida nos parece bueno y es fruto de un trabajo preparatorio y de reflexión serio llevado a cabo por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esta se ha apoyado sobre todo en una audiencia con especialistas de derecho penal que han confirmado los trastornos y las grandes dificultades que suscitaría dicha armonización.
Por desgracia, el resto del informe nos lleva precisamente por el camino contrario, apoyándose en las interpretaciones extensivas del Tribunal de Justicia, apelando a la Comisión a presentar denuncias en su calidad de guardiana de los tratados y pidiendo a la Conferencia Intergubernamental que defina una competencia penal comunitaria.
Por esta razón, los diputados que pertenecen a la agrupación «Caza, pesca, naturaleza y tradiciones» del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias han votado en contra de este informe que, según una técnica utilizada a menudo en este recinto, nos impone en definitiva que hagamos lo que decimos que no queremos hacer.
Inglewood (PPE-DE)
Como se explica en el informe, hay pocos casos en que se imponen sanciones penales a través del Derecho comunitario. Son más la excepción que la norma, y lo más importante es que, al responder al apartado 10 del informe, la Comunidad no adquiere ninguna competencia general en asuntos penales, que deberían dejarse en manos de los Estados miembros.

Bastos (PPE-DE)
. (PT) El cuadro de evaluación de la agenda de política social debe ser un instrumento útil y estar al servicio de la política social, dando informaciones concretas sobre los progresos obtenidos y soluciones para los problemas. Vivimos un período de desaceleración económica que podría agravar aún más los niveles de desempleo, de pobreza y de exclusión social. Las debilidades sociales persistentes, tales como el abandono escolar, la falta de estructuras de acogimiento para niños y el analfabetismo, deben recibir una especial atención. Por otro lado, se debe invertir en la educación, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, en la promoción de la conciliación de la vida familiar y profesional, así como favorecer el envejecimiento activo y la mejora de la seguridad e higiene en el trabajo.
Desde el punto de vista de la ampliación, los esfuerzos para la cohesión económica y social deberán ser reforzados, teniendo en cuenta la situación social de los diez nuevos Estados miembros. Los Estados miembros, los interlocutores sociales y otros implicados deben hacer hincapié en la aplicación de las iniciativas políticas anunciadas en la agenda social y de las directrices sobre el empleo. La Comisión, por su parte, debe crear medidas que respondan a las peticiones del Parlamento Europeo.
Por tratarse de un informe de gran importancia para la aplicación de la política social en la Unión, he votado a favor.
Crowley (UEN)
. (EN) A pesar de ciertas reservas respecto a algunas de las propuestas del informe de la Sra. Figueiredo sobre la agenda de política social, he votado a favor en la votación final porque en la agenda social hay muchos temas que con razón deben ponerse de manifiesto. El informe se ha modificado previamente en comisión y se han superado varias dificultades que surgieron en esa fase del procedimiento.
Temas como los continuos niveles altos de desempleo en algunos Estados miembros, la lucha contra la pobreza y contra la discriminación por motivos de discapacidad, la promoción de un envejecimiento activo y las prestaciones para favorecer el cuidado de los niños, son aspectos muy importantes que deben tratarse con prioridad.
He votado contra las modificaciones que piden aún más directivas y propuestas que impedirían el avance de la industria. La creación de una Europa social requiere la creación de un consenso entre los agentes sociales, no la creación de nuevos obstáculos.
También agradezco el enfoque en nombre de los países candidatos. Estos tendrán mucho que ofrecer al desarrollo de nuestra agenda de política social.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Lamento que se hayan rechazado propuestas que presentamos destinadas a aclarar aspectos del informe que, tras las enmiendas introducidas por el PPE en la Comisión de Empleo, resultaban más vagas, particularmente las que preveían:
registrar las consecuencias negativas de la aplicación del Pacto de Estabilidad para el empleo y los gastos sociales que justifican su revisión, teniendo en cuenta al mismo tiempo la evolución de la coyuntura económica y los criterios de empleo y de formación;
requerir una reorientación de las políticas económicas y sociales basada en la satisfacción de las necesidades sociales y no en los beneficios de las empresas;
considerar que el desarrollo económico, la inversión pública y los servicios públicos de calidad, particularmente en el ámbito de la educación y de la formación profesional, promoviendo la creación de empleo de calidad con derechos, así como la reducción del horario laboral, son medios eficaces para combatir el desempleo y la exclusión social, y para garantizar el bienestar para todos.
Moraes (PSE)
. (EN) El EPLP votará a favor del informe Figueiredo, que intenta avanzar en el cuadro de indicadores anual sobre la puesta en práctica de la Agenda de Política Social mediante un seguimiento de los logros y advirtiendo sobre los retrasos. El informe pone de manifiesto por ejemplo los altos niveles de desempleo y de pobreza en algunos Estados miembros y, como es debido, pide soluciones para que estos problemas se resuelvan con prioridad en las políticas comunitarias, especialmente en la próxima revisión intermedia de la PAC, los Fondos Estructurales y el Pacto de Estabilidad.
El EPLP se abstendrá en la votación de las enmiendas 2, 6 y 17, porque son poco claras respecto al derecho paneuropeo a la acción colectiva, incluido el derecho de huelga. El EPLP está a favor de las soluciones a largo plazo respecto a la gestión de acciones colectivas en el ámbito de la UE, lo que constituirá una solución justa tanto para los consumidores como para los trabajadores de la UE.

Patakis (GUE/NGL)
En una UE creada por exigencia de las grandes multinacionales y que sirve a sus intereses, las clases trabajadoras no pueden prosperar socialmente y no puede haber garantías de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, los discapacitados o los ancianos. La prueba es que aproximadamente un cuarto de la población en la UE vive por debajo de la línea de pobreza.
El interés por suprimir la pobreza es hipócrita. El objetivo es ocultar las barbaridades de la explotación capitalista tras programas «caritativos» y evitar explosiones sociales agudas. La llamada agenda social se aplica mediante la extensión de la flexibilidad y el trabajo temporal, la prolongación de la vida laboral activa, con el aprendizaje de por vida, la reducción de los salarios y la vinculación de estos a la productividad y el recorte del Estado de bienestar y la protección social y el gasto público en salud y educación.
El capitalismo necesita hordas de desempleados, razón por la cual el objetivo del pleno empleo en realidad no es tal, sobre todo hoy, en condiciones de competencia descontrolada y reestructuraciones y deslocalizaciones que llevan a pérdidas de trabajo en masa. Se está intentando desatar este nudo gordiano con empleo parcial y temporal y compartiendo trabajos entre varios trabajadores.
Por tanto, instamos a los trabajadores, a las clases trabajadoras y a las fuerzas radicales progresistas de los países de la UE a que luchen contra las opciones que están ofreciendo los monopolios y que reclamen una política diferente, a favor de los intereses de las personas corrientes.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, en cuanto al informe de la Sra. Lynne, la Unión Europea puede ser un buen modelo para el resto del mundo, sobre todo en relación con la mejor forma de tratar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Se calcula que en la actualidad hay en todo el mundo unos 600 millones de personas con discapacidades. Muchas de estas personas proceden de entornos degradados y muchas de ellas residen en países en desarrollo donde no disponen de muchos de los servicios que aquí damos por sentados. Por lo tanto, es esencial que existan normas y reglamentos internacionales en relación con el trato, el respeto y la promoción de las personas con discapacidad.
Uno de los elementos más importantes de la labor que desempeñamos hoy aquí, y el voto a favor del informe Lynne, es que envía un mensaje claro, no solo de los 15 países de la Unión Europea, sino también de los 10 países en vías de adhesión, sobre nuestro deseo de establecer unas normas y unos reglamentos comunes. 
Y termino con una breve cita de George Bernard Shaw, el escritor irlandés, que utilicé el primer día que me dirigí a esta Cámara: «El peor pecado que podemos cometer contra nuestro prójimo no es el odio, sino la indiferencia: esta es la esencia de la inhumanidad». En el mundo actual somos demasiado indiferentes ante la lucha de quienes más necesitan nuestro apoyo -no nuestra simpatía, ni nuestra caridad, ni nuestro paternalismo- para que puedan llevar una vida plena e independiente y ser tratados como iguales en el siglo XXI.

Fatuzzo (PPE-DE).
Siento tener la última palabra en este documento, que ha sido abordado tan admirablemente por parte del Sr. Crowley en su explicación de voto, pero tengo que decir, señor Presidente, que me entristece profundamente -a pesar de que he votado a favor del documento- el hecho de que en Italia, mi bello país que tiene un sol tan bonito, hoy todavía exista, lamentablemente, una ley según la cual los que quedan discapacitados e incapaces para trabajar, a pesar de haber trabajado y pagado cotizaciones a la seguridad social, vayan a recibir una ayuda de no más de 40 ó 50 EUR al mes para vivir entre la edad de, digamos, 30 y la edad de 65 o quizás 70. 
¿Podría leer el Gobierno, que ejerce actualmente la Presidencia del Consejo, lo que estoy diciendo y poner remedio a la situación?

Alavanos (GUE/NGL)
. (EL) La resolución 56/168 de las Naciones Unidas establece la igualdad de oportunidades a fin de proporcionar un marco vinculante para la protección y dignidad de los inválidos. Y es importante por las siguientes razones:
para que exista un mecanismo de seguimiento efectivo, como con las otras seis convenciones sobre derechos humanos en los EE.UU.
para que la convención se base en la promoción de los distintos derechos de los inválidos, como se afirma en el informe Lynne.
para que se prevea la participación de los propios inválidos y de las organizaciones que los representan en el establecimiento de organismos nacionales e internacionales, teniendo siempre en cuenta, por supuesto, que hay que abordar las distorsiones burocráticas.
para la supresión de la discriminación.
para que haya un calendario urgente para una Directiva comunitaria.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) ¿Quién puede votar en contra de un texto lleno de declaraciones de buenas intenciones? 
¡Sí, evidentemente hay que considerar a las personas con discapacidad «en función de los derechos humanos, y no de la caridad»! ¡Sí, hay que «facilitar la realización de las aspiraciones de las personas con discapacidad»!
Pero el simple hecho de que sea necesario reafirmar verdades tan elementales como esta, que consiste en afirmar que las personas con discapacidad son seres humanos, demuestra que no es el caso en esta sociedad inhumana.
Y, a pesar del título «Hacia un instrumento jurídico vinculante (?) proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad», justamente no hay nada vinculante en este texto. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo asegurar, por ejemplo, el «acceso al empleo» de las personas con discapacidad mientras se rechaza este acceso a 30 millones de personas, minusválidas o no, en la Unión Europea? ¿Cómo asegurar «el derecho a vivir de forma autónoma y digna en el seno de la sociedad» o incluso «el derecho a una vivienda accesible»?
¿Cómo asegurar esto, si los Gobiernos ahorran en prestaciones sociales y los subsidios mínimos que se otorgan a las personas con discapacidad solo les permiten alimentarse a duras penas?
Caudron (GUE/NGL)
. (FR) Siempre he dicho que la perfecta integración de la persona con discapacidad en nuestra sociedad es más que un imperativo de justicia y solidaridad, es una fuente de riqueza humana fantástica para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros.
Es tan evidente que no deberíamos necesitar legislar. Sin embargo, la experiencia demuestra que necesitamos legislación y que esta debe ser vinculante. Por lo tanto, nuestro Parlamento ha propuesto determinadas categorías de derechos que deben figurar en la futura Convención, cuando finalmente vea la luz.
Las apruebo y me asocio a la exigencia de que la Comisión elabore un calendario preciso y riguroso para ello.
Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) A pesar de que estamos en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, son escasos los progresos efectivos de la promoción y protección de las personas con discapacidad. Resulta especialmente lamentable que la Unión Europea todavía no tenga una directiva específicamente relacionada con el problema de la discapacidad, basada en el Artículo 13 del Tratado, y que la Comisión no presente una propuesta con ese objetivo durante este año, a pesar de la insistencia del Parlamento, lo que no deja de ser curioso, sobre todo si tenemos en cuenta que la Comisión defiende la elaboración de una Convención en el marco de la ONU. Ahora bien, dado que una iniciativa no excluye la otra, apoyamos el informe del PE en su defensa de los dos instrumentos legislativos.
Sin embargo, insistimos en que es necesario garantizar a las personas con discapacidad una plena protección en materia de derechos humanos, eliminando las barreras que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos, facilitando el cumplimiento de sus aspiraciones y el desarrollo de sus potenciales, concediendo a las personas con discapacidad un tratamiento prioritario en las agendas políticas de los diversos Estados miembros.
Aunque la decisión de elaborar una Convención es positiva, es necesario garantizar que sea una plusvalía efectiva para el respeto real de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Hume (PSE)
El «Año Europeo de las Personas con Discapacidad» aumenta nuestra conciencia de los problemas de los 40 millones de ciudadanos de la UE con discapacidad. Aunque no debemos mostrarnos complacientes, hemos creado una cierta protección para los ciudadanos de la UE.
También es importante que la UE sea pionera en la creación de los derechos fundamentales de los cerca de 660 millones de personas de todo el mundo con alguna forma de discapacidad, casi un 10% de la población del planeta. Muchas personas con discapacidad sufren discriminación, malos tratos y marginación institucional.
Europa debería enviar un mensaje más allá de sus fronteras para expresar que el trato inhumano o degradante de las personas con discapacidad es absolutamente inaceptable.
Hace 10 años las Naciones Unidas adoptaron las Normas Generales para las personas con discapacidad. No es un documento jurídicamente vinculante. Ahora está claro que los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional deben ser protegidos por un Convenio de las Naciones Unidas que sea vinculante jurídicamente. Debe abarcar el derecho a la calidad de vida, al acceso al empleo, a la educación y la formación, el derecho a la integración, los derechos civiles y políticos, la ayuda económica, la atención sanitaria, la cultura y el ocio, y el derecho a recibir un trato igual ante la ley. La UE debe tomar la iniciativa en las Naciones Unidas y debe promover estos objetivos mediante la cooperación para el desarrollo de la UE.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Hemos votado sin dudar a favor de este texto porque, en Europa y en el mundo, es evidentemente urgente desarrollar una política antidiscriminatoria para las personas con discapacidad, una política voluntarista que reafirme sus derechos al empleo, la escuela y todo lo que constituye la vida social, incluida la sexualidad.
Sin embargo, hay que señalar que tal preocupación es muy contradictoria con las orientaciones actuales de la Unión Europea y de las principales organizaciones económicas internacionales. Estas orientaciones conducen concretamente al desmantelamiento de los servicios públicos, a su privatización y a las reducciones de la protección social y de los presupuestos sociales. La integración social de las personas con discapacidad, incluida la profesional, se inscribe en una lógica de solidaridad difícilmente compatible con la de la rentabilidad.
El compromiso de dejar atrás las estructuras separadas, que preparan muy mal para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad, a fin de permitir su plena participación en la sociedad y luchar contra los prejuicios, tiene un precio. Se trata de una lucha que se opone fatalmente a la voracidad de los intereses privados, escondida tras la competitividad alta, principio y fin del pensamiento dominante.
Marques (PPE-DE)
. (PT) Felicito a mi colega Elizabeth Lynne por el informe que nos presenta, que trata un tema que considero de extrema importancia, como es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No puedo dejar de manifestar mi total apoyo a la aprobación de una convención jurídicamente vinculante, que proteja los derechos de las personas con discapacidad y garantice su seguridad a nivel mundial. La adopción de una convención con estas características constituirá una contribución más a la batalla contra la exclusión y discriminación de las personas con discapacidad, por lo que considero que hemos de mostrarnos solidarios y apoyar el informe.
Moraes (PSE)
. (EN) Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, he votado a favor del informe Lynne porque creo que es importante que el Parlamento Europeo apoye la iniciativa de las Naciones Unidas y exprese la opinión de que la Comisión debería elaborar una directiva general de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad. También habría que conseguir un progreso real en la racionalización de los derechos de las personas con discapacidad dentro de nuestra política de cooperación para el desarrollo.
Los miembros de la comisión han remarcado que el resultado del proceso de las Naciones Unidas debe ser una convención jurídicamente vinculante con un mecanismo de seguimiento eficaz.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Voto a favor del presente informe consciente de que, en este Año Europeo de las Personas con Discapacidad, queda mucho por hacer para eliminar las barreras físicas, técnicas y sociales a las que tienen que hacer frente las personas con discapacidad en su vida. 
Subrayo la oportunidad de la iniciativa de Brian Crowley, compartiendo su visión de que se deberá conceder a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan la facultad de participar en las negociaciones de estas materias, así como a sus familias y tutores.
A pesar de que en principio estoy de acuerdo con la perspectiva del informe, no puedo dejar de lamentar que la ponente, al mismo tiempo que desarrolló con mucho acierto la calidad de vida como el derecho primordial inherente a las personas con discapacidad, devaluase implícitamente el que es sin duda el primero de los derechos: el derecho a la propia vida.
Del mismo modo, acojo con desagrado la utilización abusiva de la palabra «caridad», anatematizada y fuera de contexto, descuidándose sus significados reales teológico y semántico en beneficio demagógico de una expresión banal incorrecta e infructífera.
El Presidente.
 Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 13.20, se reanuda a las 15.05 horas.)
El Presidente.
 - De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en el Iraq.
Frattini
Señor Presidente, Señorías, la falta de seguridad y los graves ataques que manchan de sangre el Iraq son causa de gran preocupación. Lamento decir que restan atención no solo al trabajo de reconstrucción que está en marcha y a las medidas necesarias para una rápida vuelta a la normalidad, sino también a las muchas muestras de una renovación genuina: intercambios de opiniones, libertad de práctica religiosa, instituciones que representan una incipiente aunque dudosa etapa de democracia y el intento de restablecer la igualdad de oportunidades y derechos.
Los trágicos sucesos que han tenido lugar recientemente confirman que la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos por establecer la seguridad y la estabilidad en el Iraq deben seguir siendo una prioridad para todos los países y para la comunidad internacional. Nuestros enemigos son los que eligen como blanco a los defensores de la moderación y la decisión de aceptar un reto nuevo y difícil; los que eligieron como blanco a Sérgio Vieira de Mello porque lo estaba haciendo bien, porque estaba esforzándose al máximo por que el país volviera a la normalidad: los que lo eligieron como blanco son enemigos de todos nosotros, los enemigos del proyecto de construcción de un Iraq democrático. La tarea de reconstruir el Iraq y devolverlo a la normalidad es, por tanto, asunto de la comunidad internacional; la Unión Europea no puede ni debe rehuir sus responsabilidades. Tiene que haber cada vez más apoyo a este objetivo. El restablecimiento de la ley y el orden está ejerciendo gran presión sobre las fuerzas de coalición, pero es ahora cuando es necesario actuar con solidaridad para que cada vez más países puedan trabajar juntos para restablecer la seguridad.
Tras el cobarde ataque terrorista sobre las Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto, que se llevó a víctimas inocentes entre los que servían a la causa de la paz, incluyendo a Sérgio Vieira de Mello, al que acabo de mencionar, y tras el ataque sangriento en Nayaf el 29 de agosto, es nuestro deber redoblar nuestros esfuerzos para conseguir la reconstrucción política, civil, social y económica del Iraq. En concreto, creemos que las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel cada vez más central y consolidar más su mandato en esta difícil fase de posguerra.
Por lo tanto, la Presidencia espera que, en las próximas semanas, se forme en el Consejo de Seguridad una amplia mayoría a favor de un mayor compromiso de las Naciones Unidas en el Iraq y se realicen todos los esfuerzos -yo, personalmente, estoy esforzándome al máximo- y se trabaje estrechamente con los principales interlocutores de la comunidad internacional para alcanzar este objetivo tan importante. Los intentos de dividir a la comunidad internacional o de destruir su cohesión están abocados al fracaso porque redunda en interés de todos que la reconstrucción del Iraq tenga éxito. Debemos promover el desarrollo del multilateralismo, de un enfoque multilateral de la resolución de la crisis que sea efectivo, capaz de generar soluciones. La Presidencia está esforzándose al máximo a este efecto.
Acogimos con satisfacción la adopción por parte del Consejo de Seguridad de la Resolución 1500 y consideramos que es un paso adelante especialmente importante porque reconoce el papel clave del Consejo de Gobierno iraquí en la formación de nuevas instituciones en el Iraq. La Resolución otorga a las Naciones Unidas un mandato específico, confiándoles la tarea de ayudar a la reconstrucción. Tenemos -y yo personalmente- gran fe en el papel de las Naciones Unidas, y esto se confirma por la experiencia demostrada en las últimas semanas por parte del personal de las Naciones Unidas, que ha actuado con la máxima profesionalidad y aptitud, y esa aptitud puede desplegarse cada vez más para gestionar la reconstrucción del Iraq.
Por tanto, la Presidencia está convencida de que, para alcanzar el objetivo de establecer un Iraq libre, democrático, es necesario que toda la comunidad internacional aúna sus esfuerzos para dar al pueblo iraquí un futuro de paz y esperanza. La Conferencia de Donantes, prevista para el 24 de octubre en Madrid, será una buena oportunidad para consolidar esta cohesión internacional, siempre que -y hago un llamamiento urgente a los países que van a tomar parte- el mayor número posible de países sean generosos y quieran ayudar. Que el cielo asista al Iraq si la Conferencia de Donantes resulta ser un fracaso.
Es importante que a los organismos internacionales se les asegure un papel claro en la reconstrucción económica y social del Iraq. La reconstrucción debería realizarse dentro de un marco claro que establezca las formas de participación por parte de los países y las organizaciones internacionales, pero también es deseable que, dejando pendiente la emergencia de las condiciones de este marco compartido, no deban faltar las contribuciones de un gran número de países que quieren tomar parte en la reconstrucción del Iraq.
Señor Presidente, Señorías, por tanto, debemos esforzarnos por garantizar que la Conferencia de Donantes nos permita establecer un marco general para llevar a cabo lo que sea necesario para contribuir a la reconstrucción del país; la Presidencia considera que esta es una valiosa oportunidad para que Europa, que ya ha indicado claramente su deseo de tomar parte en la reconstrucción del Iraq, haga uso de sus recursos y su experiencia. De hecho, nuestro compromiso para con la reconstrucción del Iraq no debería limitarse a la seguridad, sino que debería ampliarse a la ayuda humanitaria, los servicios sociales, todas las necesidades del pueblo iraquí y por último, pero no por ello menos importante, la cultura.
Por tanto, necesitamos reconstruir la infraestructura del país y la red de transportes, proporcionando toda la ayuda necesaria pero también -o mejor, en primer lugar y sobre todo- establecer el marco institucional del futuro Iraq democrático, reconstruyendo los sistemas educativos y el mundo académico. La reconstrucción no puede y no debe incluir simplemente el ámbito de la ingeniería técnica o el orden social: la reconstrucción debe ser la fuerza motriz de la coexistencia pacífica, y por lo tanto debemos promover, junto con la restauración del orden, el despliegue de una cultura liberal. Una vez que las condiciones de seguridad total se hayan restablecido, será posible empezar a poner los cimientos de una sociedad civil basada en la libertad y en la tolerancia mutua, con la que Europa podrá establecer relaciones de cooperación y solidaridad.
Estas son las cuestiones más importantes que quedan sin resolver y en las que Europa debe mostrar su capacidad para contribuir políticamente y para dar pasos prácticos como una entidad única, capaz de asumir directamente la responsabilidad de alcanzar la seguridad, capaz de poner el acento en una cultura de democracia cada vez más extendida y de centrarse en su relación con las cuestiones de seguridad. Una cultura de democracia capaz de dialogar con los mundos y tradiciones de los distintos grupos étnicos y religiosos. La reconstrucción del Iraq puede y debe lograrse. Es una obligación que no debemos dejar de cumplir, no solo en nombre de la gran tradición europea de compromisos en el ámbito de la paz, la solidaridad y la ayuda a las gentes necesitadas, sino también -y no menos importante, añadiría- porque Europa puede y debe realizar su parte, solicitando que se otorgue un mandato sustancial a las Naciones Unidas y esforzándose al máximo para ello, con el fin de devolver la estabilidad al Iraq y la esperanza al pueblo iraquí.
Patten
. (EN) Señor Presidente, quiero empezar sumándome a las elocuentes observaciones del Sr. Frattini al rendir homenaje a la valentía y dedicación de Sérgio Vieira de Mello y su personal. Estoy seguro de que todo el Parlamento comparte estos sentimientos.
Da la casualidad de que conocí bien a Sérgio, primero cuando trabajé con él durante cinco años cuando estaba en el ACNUR, ayudando a abordar el problema de los inmigrantes ilegales vietnamitas en Hong Kong. Después, cuando fue representante especial en Kosovo, y más recientemente durante su fructífera permanencia como representante de las Naciones Unidas en Timor Oriental. Era un funcionario internacional sobresaliente, un hombre íntegro, dedicado y sabio, y era un ejemplo galante y maravilloso del hecho de que los burócratas internacionales no tienen por qué ser aburridos. Tenía un entusiasmo maravilloso que lo hacía un interlocutor o compañero extremadamente atractivo. Por lo cual le rendimos el homenaje más cálido.
Como ha dicho el Sr. Frattini, el ataque con bomba del 19 de agosto de 2003 fue, por una parte, un ataque espantoso a todos los que consideramos la cooperación internacional apoyada por la autoridad de las Naciones Unidas la mejor manera de resolver el más intratable de los problemas del mundo. Al igual que el Ministro, me agrada que el Consejo de Seguridad haya decidido que los ataques a las Naciones Unidas y a organizaciones humanitarias se traten como crímenes de guerra. Lo ocurrido en el Iraq no hace sino apoyar los poderosos argumentos en favor de un Tribunal Penal Internacional.
Tenía ganas de trabajar con Sérgio y su equipo en el Iraq. Es justo decir que en tan solo dos meses su impacto en el proceso de transición se hizo visible. Se le han rendido varios homenajes. El homenaje que le rindió Richard Holbrooke, el antiguo Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas -y en concreto el recordatorio del Embajador Holbrooke de lo valioso que fue el trabajo del Sr. Vieira de Mello para todos los países del mundo, incluida la única superpotencia del mundo- fue más que merecido.
Es precisamente la importancia vital del trabajo de las Naciones Unidas lo que explica el propósito de los responsables del espantoso ataque a su cuartel general en Bagdad. Los asesinos quieren que esta transición y la construcción de la democracia del Iraq fracase mediante una estrategia de creación del caos. El horrible atentado con bomba del pasado viernes en la mezquita de Nayaf, utilizando el mismo tipo de explosivos y con los mismos resultados trágicos, es otra prueba de los objetivos y métodos de los hombres de la violencia.
Así que espero que nuestro debate les envíe un mensaje claro hoy. Cualesquiera que fueran nuestros desacuerdos pasados -aunque fueran importantes, no tiene mucho sentido abundar hoy en ellos-, todos tenemos que participar en el surgimiento de un Iraq próspero, estable y democrático. Todos deberíamos comprometernos a hacerlo realidad.
Hoy no tengo intención de volver a los viejos caminos trillados y los viejos argumentos, aunque comprendo que algunos de los que plantearon dudas y críticas en este Parlamento y en las instituciones políticas del país no pensarán -por decirlo suavemente- que los hechos han demostrado que no tenían razón. La cuestión que tenemos ante nosotros no es si deberíamos tomar parte en la reconstrucción del Iraq, sino cómo deberíamos tomar parte y qué se necesita para que sea un éxito.
Requiere seguridad, como ya sabemos por ejemplos anteriores de construcción de naciones. Añadiría de pasada que no nos hemos puesto a abordar el problema de Afganistán, otro país en el que el cambio de régimen ha demostrado ser más sencillo que la construcción de una nación pluralista.
El éxito también necesita el reconocimiento de que los compromisos no militares con la seguridad y la construcción de naciones deben ser tanto o igual de grandes, a largo plazo, que los militares. Rellenar el hueco entre la retórica y la realidad requiere un compromiso político y financiero sostenido. No se puede construir una sociedad moderna y democrática en plan cicatero.
Requiere compromisos internacionales a través de las Naciones Unidas y sus organismos asociados. Si queremos una implicación internacional máxima, hemos de tener en cuenta el modo en que la mayoría de países creen que la implicación puede legitimarse de modo más efectivo para que funcione. Y requiere -tal y como el International Crisis Group señaló recientemente en un análisis atento y bien informado- una implicación temprana y sustancial por parte de los propios iraquíes.
¿Y qué ha hecho la Comisión para ayudar a este proceso? Nuestra primera prioridad era proporcionar ayuda humanitaria. A este respecto, quiero rendir homenaje al trabajo de la ECHO, que ha mantenido sus actividades en el Iraq antes y durante toda la crisis, impertérrita ante el conflicto militar y los recientes ataques contra el personal humanitario. Este Parlamento debería estar orgulloso del trabajo que realiza ECHO, profesional y valientemente.
Junto con esta importante contribución, la Comisión ha estado preparando sus propuestas para un enfoque europeo de la reconstrucción del Iraq, como solicitó el Consejo Europeo en Salónica. Estamos dispuestos a ayudar, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, siempre que nuestra contribución se englobe multilateralmente y de forma adecuada y se separe del trabajo de la Autoridad Provisional de la Coalición, aunque se coordine con ella. Este es un mensaje que personalmente he dejado claro en reuniones este verano con el Secretario de Estado de los Estados Unidos Colin Powell y el Vicesecretario Alan Larson.
He sido totalmente coherente en este punto, y no creo que serlo haya sido inapropiadamente controvertido o poco razonable. Permítanme ofrecerles un ejemplo de realidad política. No creo que este Parlamento apoyara otro tipo de enfoque. A lo mejor me equivoco. A lo mejor mi juicio político está equivocado. Pero no lo creo.
(Exclamación del Sr. Cohn-Bendit)
¡Agradezco el apoyo de mi colega!
Durante el verano, funcionarios de la Comisión han estado participando en las misiones de evaluación de necesidades internacionales desde los equipos del Banco Mundial y las Naciones Unidos y quiero agradecerles públicamente aquí su voluntad en unas condiciones de seguridad difíciles. Dos miembros de nuestro personal se salvaron de ser víctimas del ataque del 19 de agosto por minutos.
Junto con este trabajo tan importante de evaluación de necesidades, la Comisión y la Presidencia han estado participando en teleconferencias semanales de un grupo central junto con los Estados Unidos, Japón, los Emiratos Árabes Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD. Este grupo central se va a reunir hoy cara a cara en Bruselas para preparar una Conferencia de Donantes antes de 2004. Tendrá lugar en Madrid los días 23 y 24 de octubre de 2003, y España se ha unido al grupo como anfitrión. Acojo esto con mucha satisfacción, y le he asegurado al Gobierno español que la Comisión hará todo lo posible para que la conferencia sea un éxito.
Todos los miembros del grupo central están de acuerdo en que no debemos dejar que la violencia sobre el terreno retrase nuestro calendario, pero no puedo evitar que ataques del tipo de los que estamos viendo no tengan algún efecto en los esfuerzos de reconstrucción internacionales. En Madrid nos enfrentaremos a debates sobre las contribuciones específicas que nosotros y otros van a hacer a la reconstrucción del Iraq en un momento en el que no se sabe con seguridad lo que puede mejorarse sobre el terreno.
Ante esta perspectiva, he entablado contactos iniciales con las Presidencias de las distintas comisiones para considerar las implicaciones presupuestarias para 2003-2004, y ayer tuve una fructífera reunión con los ponentes presupuestarios de las comisiones competentes. Estoy seguro de que la Cámara reconocerá que en estas circunstancias tan difíciles, no hemos empezado a discutir cifras concretas, pero cualquiera que sea la conclusión final de las estimaciones, sabemos que existen grandes necesidades.
Como siempre, tenemos que trabajar dentro del marco financiero existente. Esa es la regla de oro que he tenido que aprender, al margen de mis reservas políticas ocasionales. Y también tenemos que estar en condiciones de poder responder a las esperanzas y necesidades de otras partes del mundo, como por ejemplo Afganistán y Palestina, donde las necesidades no son mucho menores. Cuando presentemos nuestra propuesta, ustedes, como autoridad presupuestaria, tendrán que decidir si el equilibrio que tenemos es justo.
Sinceramente espero que todos hayamos aprendido la lección -si bien una lección cara y bastante dolorosa- respecto al Iraq. En cuanto a Europa, espero que ahora todos podamos reconocer que la Unión Europea es, sin parangón, más efectiva cuando trabajamos juntos, especialmente respecto a las cuestiones de más envergadura en la política contemporánea. Si podemos hacerlo ahora, en Bagdad y Basora y más allá, entonces quizás ayudemos a asegurar que la eliminación -y aquí todos estamos de acuerdo en que al menos este es un resultado benigno- de un dictador malvado lleva a una mejor vida para el pueblo del Iraq.
Brok (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quiero expresar mi acuerdo con las declaraciones realizadas por el Comisario Patten y el Presidente en ejercicio del Consejo, al efecto de que ahora necesitamos realizar un esfuerzo conjunto para llevar la paz al Iraq y estabilizar así la región en su conjunto. No solo muchos Gobiernos europeos, sino también diputados de esta Asamblea, han tenido opiniones diferentes sobre la guerra en el Iraq. Teniendo en cuenta la situación actual, estas deberían dejarse a un lado; no vamos a progresar buscando culpables, y nuestra preocupación debería ser más bien el desarrollo de una estrategia común que nos ayude a resolver el problema de hoy de manera adecuada.
También debemos considerar que lo que demuestra el número cada vez mayor de atentados terroristas en el Iraq es que el fin de la guerra no ha proporcionado una paz real al Iraq, y que el establecimiento de un Gobierno legítimo y aceptable está todavía muy lejos. Por distintas razones -que se debaten en todas partes- los Estados Unidos no pueden alcanzar este objetivo con los medios que han empleado hasta ahora. Creo que el Presidente Bush hace bien en solicitar una resolución de las Naciones Unidas respecto al tema.
Ahora quiero introducir una cifra en las actas. Los Estados Unidos estiman que sus compromisos mensuales en el Iraq ascienden a cuatro millardos de dólares, lo que supone casi cincuenta mil millones de dólares al año, una suma fantástica cuando se compara con su déficit presupuestario, que es enorme en cualquier caso. Solo eso no puede sino evidenciar la necesidad de cooperación en esta zona. Si ahora los europeos pueden hablar con una sola voz, entonces también es hora de que nos sentemos juntos e intentemos establecer un nuevo objetivo político. Esto hará posible aclarar el camino a seguir, decidir quién hace qué en las esferas civiles, militares y humanitarias, dividiendo así las tareas de modo apropiado. Si Europa y los norteamericanos pueden hacer esto juntos en pie de igualdad y trabajando junto con las Naciones Unidas, entonces estoy seguro de que el Parlamento estaría dispuesto a aceptar las propuestas presupuestarias de la Comisión y presentarlas, junto con su mandato, a la Conferencia de Donantes.
También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al personal de ECHO en el Iraq el buen trabajo que ha llevado a cabo, que, en mi opinión, nos brinda una verdadera oportunidad para contribuir a la paz en la región. No hay duda de que esto redunda en nuestro propio interés, porque también habrá consecuencias desastrosas para nosotros, a medio y largo plazo, si se demuestra la imposibilidad de pacificar la región en su conjunto.
Sin embargo, las consideraciones de este tipo también deberían aplicarse a Afganistán, y creo que deberíamos intentar, con una nueva conferencia de Petersberg, establecer un equilibrio de poderes justo y una distribución equitativa de la ayuda, incluyendo los pathanos, con el fin de establecer también allí la paz. Me da la impresión de que esta estrategia no se ha puesto en marcha ni en el Iraq ni en Afganistán hasta ahora. Así que ahora es cuando nos toca respirar hondo y empezar de nuevo juntos, haciéndolo lo mejor posible en interés de la región y en el nuestro propio.
(Aplausos prolongados)
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo Socialista extiendo también nuestras más sentidas y sinceras condolencias por la muerte del enviado especial de las Naciones Unidas, Sérgio Vieira de Mello, así como por la muerte de, como ayer dijo el Presidente, colaboradores de este Parlamento y de familiares de funcionarios nuestros, y, también a las familias de todos aquellos que han perdido su vida.
Estamos ante una realidad en la que el fuego devastador, que destruyó la sede de la ONU en Bagdad y después, también, asesinó con coches bomba al líder religioso chií, Mohamed Baqer al Hakim, forma parte de una lucha terrorista, pero también de algo que se puede asimilar a una resistencia y, en un momento de reconsideración de todo lo que ha ocurrido antes de la guerra, tenemos que ser conscientes de que lo que se necesita en el Iraq no es enviar más tropas que se encuentren asediadas, sino buscar un calendario en el que la lógica de la reconstrucción del país se imponga y se imponga, además, contando con los iraquíes.
Es cierto que no tenemos que volver al pasado, pero sí hay algunos principios que nosotros creemos que siguen teniendo validez, y el primero es la defensa del multilateralismo por encima de todo en el mundo actual y, también, nuestro compromiso. En ese sentido, lo que está cada vez más claro es que la doctrina del ataque preventivo es una doctrina que contestábamos y que ha resultado absolutamente inútil a la hora de resolver los problemas de la tiranía de Sadam Husein.
Es sorprendente la falta de preparación de la administración Bush para dar salida a esta posguerra. ¿Dónde está la estrategia de salida del Secretario de Estado, Sr. Powell? Lo que tenemos que pensar en la Unión Europea, y lo digo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en vísperas de la reunión informal que mantendrán el próximo fin de semana, es cómo somos capaces de actuar conjuntamente como Unión Europea, no a través de apelaciones genéricas, sino de compromisos.
Hay un primer punto, que desde el principio está claro y que todavía no se ha cumplido, y es que los cuatro Estados europeos que están en el Consejo de Seguridad deben actuar conjuntamente, y eso tienen que conseguirlo. Mientras no lo consigamos estaremos en una situación de división y es importante que demos ese paso porque, además de nuestros compromisos internacionales, nos jugamos mucho en la resolución de esta crisis.
Saludo, como han hecho el Comisario Sr. Patten y el Presidente en ejercicio del Consejo, el esfuerzo humanitario que está realizando ECHO. Es muy importante para los iraquíes y también para demostrar nuestro compromiso, pero, en cualquier caso, lo que está planteado -y tenemos que resolver los europeos- es cuál es la lógica de futuro. Ese problema de la llamada cadena de mando, sobre todo en una situación en la que la Oficina del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos dice que no podrán llegar en la presencia de tropas más allá de marzo de 2004, y en un momento en el que, también, la Administración estadounidense presenta una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad.
La cuestión es muy clara: no se puede pedir un esfuerzo suplementario manteniendo la actual situación de fuerzas de ocupación con una cadena de mando dirigida fundamentalmente por un país. Si creemos en el multilateralismo, si creemos en un compromiso serio de la Unión Europea con la ONU y con la comunidad internacional, tenemos que plantear el compartir responsabilidades, el reemplazar la lógica de ocupación por la de devolver a los iraquíes su soberanía. Y eso implica un calendario muy claro y muy preciso e implica, también, un esfuerzo conjunto en el que nos incorporemos los europeos y, también de una manera muy directa, los países árabes, para poder conseguir algo que borre la imagen de un neocolonialismo inaceptable.
Por eso, señor Presidente, creo que es positivo que vayamos a la Conferencia de donantes -hay que cambiar la lógica actual de que se está repartiendo el botín entre los amigos de los que han ocupado- y tenemos que ser capaces, como Unión Europea, de dar una respuesta. Espero que la Comisión de Asuntos Exteriores prepare una recomendación que podamos votar unánimemente, o por lo menos mayoritariamente, en la segunda sesión del mes de septiembre.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, los Demócratas Liberales de esta Cámara se unen a los homenajes que se han rendido a Sérgio Vieira de Mello y a las demás víctimas de los despiadados ataques contra las Naciones Unidas en Bagdad.
La situación violenta e inestable en el Iraq demuestra que aunque una coalición de voluntades pueda ganar un conflicto militar, ganar la paz sin la legitimidad de las Naciones Unidas es un asunto mucho más difícil.
Por lo tanto, mi Grupo acoge con satisfacción los intentos de aprobar una resolución de las Naciones Unidas que situaría a las fuerzas de coalición en el Iraq dentro de un marco multilateral. Los Liberales siempre han estado a favor de una resolución multilateral de los problemas planteados por el Iraq, y si la coalición asume a última hora esta postura, pues más vale tarde que nunca.
La llamada «coalición de los voluntarios» era un concepto de poder desfasado del siglo XIX, que siempre llevó consigo el peligro de dejar al menos una nación sintiéndose agraviada. Lo que buscamos es un marco multilateral para la gestión de la crisis basado en reglas, dentro del cual haya espacio para que sanen las heridas de las naciones. No hay razón por la cual los Estados Unidos no deban retener el mando de una fuerza multinacional de las Naciones Unidas en el Iraq, pero debe basarse en una resolución de las Naciones Unidas y conceder a las Naciones Unidas y a las naciones participantes el papel central en la toma de decisiones.
El fracaso en el descubrimiento hasta ahora de armas de destrucción masiva está llevando a preguntas perspicaces en las audiencias de Londres, Washington y Canberra y planteamiento de dudas sobre la legitimidad de la empresa. La manera de otorgar a la presencia internacional en el Iraq un sentido de legitimidad y volver a ganar la confianza del pueblo iraquí es subirse a un vehículo apoyado por las Naciones Unidas para restaurar la seguridad, mejorar las vidas de los iraquíes normales y avanzar hacia el gobierno por mandato popular.
La toma de juramento del primer gabinete del Iraq posterior a Sadam es un paso adelante enorme a ese respecto. Esperamos que pueda mantenerse el calendario de elecciones para finales del año que viene.
Mi Grupo acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión en acordar una reunión preparatoria hoy en Bruselas para la importante conferencia de donantes internacionales que se celebrará el mes que viene en Madrid.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, me doy cuenta de que hay mucha gente que no desea mirar atrás. Ni yo, en cierto modo, creo que sea muy divertido mirar atrás. Tenemos ante nosotros una de estas situaciones en las que hay que decir que, a medida que pasa el tiempo, se hace cada vez menos agradable haber tenido razón. Cuando representantes de mi grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos y el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias visitaron Bagdad en febrero de este año, hablamos con los inspectores de armas, y tuvimos la clara impresión de que la inspección estaba funcionando y de que si no se habían encontrado armas de destrucción masiva era primero y principalmente porque probablemente no existían. Seis meses después, también puede verse que esta opinión era probablemente cierta y que la inspección de armas estaba, por tanto, funcionando adecuadamente, con las Naciones Unidas en la línea correcta en este asunto.
El segundo punto que discutimos en ese momento era cómo se tomaría un ataque así en el Iraq. ¿Se vería como liberación o como ocupación? Nuestro mensaje era: probablemente ambas cosas. Naturalmente existe un deseo de liberarse de un déspota y un dictador como Sadam Husein. Sin embargo ¿existe el deseo de ver el propio país ocupado por tropas extranjeras en el proceso? Creo que ahora puede afirmarse que nuestros temores en ese momento estaban justificados y que los ataques que se están realizando ahora, por ejemplo, contra blancos civiles, el edificio de las Naciones Unidas y la policía iraquí, son signos de que el pueblo iraquí siente la situación actual como una ocupación.
Otra cuestión que queríamos que se considerara antes de realizar un ataque era las tensiones internas que causaría en el Iraq. Hace poco fuimos testigos del asesinato del líder musulmán chií, Mohamed Baquer Hakim. No es que yo piense que era un héroe. Ni mucho menos. No obstante, este es un ejemplo de lo fuertes que son las tensiones entre los grupos de población del Iraq, y muestra la grandeza de la tarea que supone el lanzamiento precipitado de un ataque contra el Iraq. Las manifestaciones que tuvieron lugar en su funeral eran una mezcla de protestas en contra de Sadam Husein y George Bush, lo cual significa que, incluso entre gente que se debe haber sentido liberada de un dictador, se dieron reacciones muy fuertes en contra de la ocupación norteamericana.
Otro temor que teníamos era que, con este ataque, las Naciones Unidas se verían muy debilitadas. Y lamentablemente hay que decir que eso ha ocurrido. Con unas Naciones Unidas debilitadas, puede observarse cuánto necesitamos a las Naciones Unidas en realidad. Los Estados Unidos deben reconocer que ni siquiera 180 000 soldados son suficientes para restaurar la paz y el orden en el Iraq. Hace falta más. Las Naciones Unidas han de implicarse. Ahora consideramos que es una tarea muy importante reconstruir y reforzar las Naciones Unidas. Esta es una de las razones por las que mi Grupo propone que demos el Premio Sajarov de este año a Hans Blix, al doctor El Baradei y el Sr. de Mello. La idea es que el Parlamento envíe una señal de que lo que queremos reforzar es el Derecho internacional. Queremos reforzar el sistema de las Naciones Unidas y creemos que este es un requisito imprescindible para el éxito de la reconstrucción del Iraq que todos queremos ver.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, antes de hablar del tema del Iraq quiero honrar la memoria no solo del Sr. Vieira de Mello, sino también la de uno de sus colegas, el Sr. Jean-Sélim Kanaan. El Sr. Kanaan había trabajado para el Parlamento Europeo como ayudante de Pierre Pradier y para la Comisión, especialmente en Burundi.
Permítanme ahora volver al tema del Iraq, donde creo que hay grandes peligros. Están los que dicen que los Estados Unidos deberían admitir sus errores. ¿Adónde nos va a llevar esto? Personalmente, no quiero tener razón y decirle a los norteamericanos que no la tenían, porque en ese momento había una pregunta para la que no teníamos respuesta, y era esta: «¿Cómo nos libramos de Sadam Husein?» Puede que tuviéramos razón al oponernos a la guerra, pero no sugerimos ninguna manera alternativa de deshacernos de Sadam Husein. Entonces, a este respecto el Comisario Patten tiene razón: el pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz sin Sadam Husein.
Hoy Sadam Husein ya no está en el poder, pero el pueblo iraquí todavía no vive en paz. En una situación así, lo que importa no es si estamos satisfechos o no con lo que los norteamericanos están haciendo, sino que ayudemos a ellos y a los británicos a salir de su aislamiento. Al margen de que tuviéramos o no razón de antemano, ahora tenemos que adoptar el enfoque más inteligente. Pero lamentablemente eso es muy caro, razón por la cual Gran Bretaña está revisando actualmente su postura. Este es el demonio de un negocio, pensar más en el dinero que en los principios, pero así es la vida.
Incluso si las Naciones Unidas adoptaran una resolución mañana, y los Estados Unidos entregaran el mando operativo, pacificar Iraq no sería tarea fácil. Las Naciones Unidas no son Dios, ni tampoco lo es Europa. ¿Qué se hace en una situación como esa, cuando una sociedad que una vez fue tan poderosa ahora se ha roto en pedazos? Están los que dicen que no tenemos derecho a ocupar un país. A ellos les respondería que los aliados tuvieron derecho a ocupar Alemania. Si las Naciones Unidas hubieran decidido que el Iraq tenía que ser ocupada, eso habría sido legítimo. El problema es que las Naciones Unidas no han llegado a esa decisión. Lamentablemente, hay veces en las que se tiene que ocupar un país si se quiere derrocar una dictadura.
Lo acogería con satisfacción si hoy la Unión Europea presentara propuestas, por ejemplo, organizando una conferencia sobre estabilidad y paz en la región, con la participación de Irán y otros países cercanos. Esto permitiría a los Estados Unidos y a Gran Bretaña encontrar lentamente el camino de vuelta a las Naciones Unidas. Al concentrar el debate sobre los puntos positivos y negativos de una resolución de las Naciones Unidas, estamos en un punto muerto, ya que ninguna parte es capaz actualmente de superar las divisiones de ayer. Esto significa que tenemos que trabajar hacia una solución tomando un camino diferente, el de una conferencia sobre estabilidad y paz en la región, y después entregar el testigo a las Naciones Unidas, que se encargarán de reconstruir la democracia en el Iraq. Lamentablemente, no pienso que las elecciones del año que viene nos vayan a acercar más a la solución del problema de cómo estabilizar este país.

Collins (UEN).
Señor Presidente, es motivo de gran preocupación que la situación de la seguridad en el Iraq se haya deteriorado tanto en las últimas semanas. Sencillamente, las fuerzas estadounidenses en el Iraq no son capaces de garantizar la seguridad ni de los iraquíes ni de los ciudadanos extranjeros. Por desgracia, no es la primera vez en la historia que se gana una guerra pero se pierde la paz. Tristemente, las fuerzas enviadas al Iraq se enfrentan cada día a actos de sabotaje y pérdida de vidas. El bandidaje es moneda corriente en Bagdad y en todas las principales rutas de transporte que llegan a la capital. No parece que el Consejo de Gobierno tenga el apoyo de los ciudadanos iraquíes. La mayoría de los iraquíes no consideran que el Consejo sea responsable de la administración del país, y siguen culpando a la coalición de las muchas penurias que sufren. Creo firmemente que hay que pedir a las Naciones Unidas que asuman un papel central en la transición política, económica y militar del Iraq. Entre todos debemos recuperar el Iraq para la comunidad internacional mediante un gobierno autóctono y representativo. Pero el fondo de la cuestión es que las fuerzas estadounidenses y británicas no pueden hacer frente a una situación que se está deteriorando a marchas forzadas.
Estoy convencido de que los difíciles problemas políticos del Iraq solo pueden resolverse con eficacia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y esta postura recibe cada vez más apoyo político.
Los problemas de seguridad siempre se resuelven mejor de forma colectiva. Las Naciones Unidas son un organismo que gestiona el apoyo y la voluntad de gran parte de la comunidad internacional. No creo que las tropas enviadas al Iraq puedan supervisar los esfuerzos de mantenimiento de la paz en este país. Dichas fuerzas no pueden administrar de forma responsable las actividades cotidianas del país.
No deberíamos intentar reanudar el debate sobre lo bueno y lo malo de lo que ha ocurrido en el Iraq este año. No creo que con ello alcanzáramos ningún objetivo constructivo. Debemos avanzar juntos para asegurar la protección de los ciudadanos del Iraq. La única forma de conseguirlo es que las Naciones Unidas se impliquen en ello con una papel central.
La situación en el Iraq es desalentadora, por decirlo de forma suave. Pero no podremos salir de este callejón sin salida a menos que las Naciones Unidas tomen la iniciativa en toda una serie de actividades políticas.

Belder (EDD).
Señor Presidente, ¿qué pueden significar las instituciones europeas para el maltratado pueblo iraquí? El Consejo puede aumentar considerablemente la legitimidad interna y externa del gobierno de transición iraquí que acaba de formarse reconociendo esta política y apoyándola dentro de lo posible. 
La Comisión puede, en diálogo con el Consejo y el Parlamento, ofrecer una ayuda económica y humanitaria generosa a Mesopotamia. Esta Asamblea puede invitar al recién nombrado ministro iraquí de Asuntos Exteriores Hushyar Zibari a Bruselas o a Estrasburgo para recibir información de primera mano sobre la situación en su país. Tales iniciativas a escala europea darían fe de nuestro compromiso con un futuro político mejor para los pueblos del Iraq. Fomentarían la estabilización de una región agitada. Contribuirían a resolver el desacuerdo transatlántico sobre el Iraq. Con todo, señor Presidente, es mucho. Al mismo tiempo, esta sería la respuesta europea a las fuerzas criminales del antiguo régimen de Sadam y de los llamados yihadistas. No pueden prolongar el sufrimiento del pueblo iraquí.
Bonino (NI).
Señor Presidente, Señorías, me complace decir que el Sr. Cohn-Bendit ha realizado varias declaraciones válidas, y una de las cuales es -al margen de si la política de los Estados Unidos es acertada o no, y nuestros amigos de los Estados Unidos a menudo cometen graves errores- que la cuestión es que los europeos no tenemos política alguna. Me temo que esta es básicamente la situación que, al margen de la Convención que todos han aplaudido esta mañana, no va a cambiar en los próximos años: los europeos no hemos establecido una política, ni en el pasado ni, lamento decirlo, ahora.
Creo que el esfuerzo de reconstrucción y nuestra generosidad financiera son más que apreciables, pero eso no basta para constituir una política. No veo las propuestas que tenemos, aparte de recurrir a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas no son más grandes que los Estados miembros que las componen. De momento, los países árabes -muchos de los cuales se beneficiarán si la situación se deteriora, porque, de hecho, significaría la vuelta a casa para muchos de ellos si el Iraq empezara a funcionar apropiadamente - están siguiendo de cerca los acontecimientos y muchos países europeos también están a la espera, quizás esperando que los norteamericanos fracasen.
Me molesta cuando oigo que los atentados terroristas se califican de resistencia legítima. Me preocupan estas ambigüedades que, francamente, me asombran, por no decir algo peor, incluso solo con oír los términos utilizados. Díganle a los iraquíes que han muerto que esto es resistencia legítima. Puede que también nosotros sigamos indecisos, incluso en un momento en el que el éxito en el Iraq está en interés de todos, y más en interés del pueblo iraquí, que ha sufrido 20 años de martirio a manos de Sadam Husein. Como todos nosotros, ellos tienen derecho a un modo de vida diferente y a un modo de desarrollo diferente. Nuestras acciones cobardes no los van a ayudar; nuestras acciones cobardes ni siquiera nos van a hacer avanzar medio paso en el camino hacia la democracia.
Le deseo suerte, señor Comisario. La reconstrucción es necesaria, pero Europa todavía necesita concebir una política para la región.

Morillon (PPE-DE).
Señor Presidente, parece que los profetas de la desgracia, de los cuales yo formaba parte junto con usted, señora Frahm, y muchos otros, de momento y por desgracia tuvieron razón en el debate sobre una eventual intervención. Tras el atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad y el de los lugares santos chiítas de Nayaf, desaparecen las pocas esperanzas de una tregua que permita la legitimación progresiva de las autoridades establecidas por la coalición y, con ellas, la perspectiva de una transferencia a más o menos corto plazo de las responsabilidades que hoy recaen en esta coalición.
No creo que sea suficiente con hacer prisionero a Sadam Husein, lo que tiene que acabar ocurriendo, para poner fin al caos que el dictador tiene interés en mantener, pero que muchos otros con él y, llegado el caso, después de él están decididos a seguir extendiendo. Por supuesto, me refiero a los locos dispuestos a morir por combatir a los Estados Unidos bajo la bandera de Al Qaeda o de cualquier otra organización fundamentalista. También me refiero al gran vecino iraní, al que la situación en el Iraq no puede dejar indiferente. Sobre todo, me refiero al propio pueblo iraquí que, con razón o sin ella -muchos lo han dicho aquí- considera la ocupación de su país algo inaceptable, sean cuales sean las razones invocadas.
En este último punto, esencialmente psicológico, creo que la comunidad internacional, que, con mucha razón, desea poner fin lo más rápidamente posible al caos, no tiene más remedio que legitimar su actuación mediante la votación de una nueva resolución del Consejo de Seguridad, que confíe a las Naciones Unidas la misión de volver a poner orden en el país y prepare las transiciones necesarias hacia un gobierno iraquí legítimo. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que este era su objetivo, y me complace que las últimas propuestas norteamericanas vayan en esta dirección.
Sakellariou (PSE).
Señor Presidente, señor Frattini, señor Comisario Patten, también yo me cuento entre los que advertimos, como Philippe Morillon, de lo que podía ocurrir tras una guerra como esa. Ojalá me hubiese equivocado en mis predicciones, y desde luego no me alegra haber tenido razón. Por otra parte, ahora no se trata de comprobar quién tuvo la razón ni quién tuvo la culpa ni nada por el estilo, sino de encontrar la manera de resolver la situación. Creo que la mayoría opinamos que la única salida sigue siendo una solución internacional, pero esta requiere legitimidad internacional, y primero hay que establecer esta última. Debido a la falta de tal legitimidad es preciso que las Naciones Unidas definan y delimiten exactamente con las potencias ocupantes quién se va a responsabilizar de qué.
Coincido plenamente con usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en que los propios iraquíes deben implicarse lo antes posible si, en lugar de centrarnos en la seguridad y esperar a que se establezca, consideramos en cambio el conjunto de las medidas necesarias para la reconstrucción -me refiero al proceso de democratización, la reinstauración del gobierno administración, el establecimiento del orden y, evidentemente, la seguridad de todos los habitantes del Iraq, junto con la reconstrucción de infraestructuras, como el suministro eléctrico y de agua y las carreteras, pero también de los hospitales y escuelas. 
Cuanto más pronto asuman los propios ciudadanos de Iraq la responsabilidad sobre la reconstrucción de su país -del sistema político y la democracia, sin olvidar, por supuesto, la dimensión técnica, social y cultural-, más pronto cabrá esperar que se normalice la situación. Pienso que los iraquíes tienen que disponer de una perspectiva de futuro concreta al respecto y deberían tomar muy pronto en sus manos las riendas de su destino; esto exige que fijemos unos plazos muy ajustados y contemos con que hacia finales de año se elija una asamblea constituyente en el Iraq, de manera que los iraquíes se inclinen a colaborar con nosotros en estos aspectos. 
Creo que una vez que se haya establecido la legitimidad internacional y los iraquíes participen y asuman sus responsabilidades, la Unión Europea también podrá realizar una importante aportación efectiva a través de una acción común. El debate de hoy ha puesto de manifiesto que las grandes diferencias políticas y nacionales del pasado han desaparecido y que todos tenemos en principio el mismo objetivo, que es la reconstrucción de este país.
Nicholson of Winterbourne (ELDR).
Señor Presidente, hoy el Iraq pertenece a los ciudadanos iraquíes. Han conseguido escapar del yugo de una terrible tiranía. Han pasado a la historia treinta años de opresión depravada, marcados solo por unos cuantos hitos sangrientos de invasiones fallidas al extranjero y ataques genocidas en casa. Y, sin embargo, los culpables siguen en libertad. Los juicios son esenciales, pero los jueces iraquíes no pueden asumir solos esta carga. Son demasiado vulnerables para poder actuar sin el apoyo de un marco judicial internacional y un Iraq más libre es más vulnerable a las bandas de criminales organizados así como a las incursiones terroristas. En estos momentos es imperativo asegurar sus fronteras y proporcionar una mayor protección a los ciudadanos iraquíes.
Con toda seguridad ha llegado el momento de que la OTAN se una a las fuerzas de la coalición. Ya son muchas las naciones que las forman, pero les falta la larga experiencia de la OTAN y su estrecha coordinación. El paraguas de la OTAN podría proteger de forma adecuada la labor de guía esencial de las Naciones Unidas en su papel asesor, humanitario y de desarrollo. Sin esta protección, los organismos de las Naciones Unidas no pueden funcionar.
Las ideas básicas del fallecido y tan llorado ayatolá Mohamed Baquir al Hakim incluían la petición del pleno establecimiento del Estado de derecho y la inclusión de los derechos humanos en una constitución federal. La inversión exterior en el país, el desarrollo de la sociedad civil, los derechos y las libertades de las pequeñas empresas y de los ciudadanos, también forman parte del proceso democrático que está empezando a emerger.
Aquí en la Unión Europea tenemos décadas de confianza y experiencia en estos terrenos. Debemos aceptar el reto y cooperar, en todas las formas que podamos, en la restauración de la rica cultura y diversidad humana del Iraq, y su restitución a la familia de naciones, mediante la creación de un estado libre y democrático.

Messner (Verts/ALE)
Señor Presidente, ya es demasiado tarde para discutir sobre la necesidad y la razón de la guerra del Iraq. En todo caso, es responsabilidad de los Estados Unidos reflexionar sobre los errores cometidos en este contexto. Lamentablemente, ha ocurrido lo que era de temer. En efecto, se ha neutralizado al dictador Sadam Husein, pero la paz no ha vuelto al país, la situación es caótica, las agresiones sobre el terreno van en aumento y no solo en el Iraq. Por esto, es preciso colaborar para hacer llegar la paz, el orden y la esperanza a la población del Iraq, junto con los Estados Unidos. También los europeos, con nuestra experiencia, con nuestra cultura de paz y con nuestras posibilidades económicas, estamos obligados a poner algo de nuestra parte para contribuir a un futuro mejor en el Iraq. Cualquier revanchismo y cualquier empecinamiento son contraproducentes en este momento. Lo digo desde la posición de quien estuvo en el Iraq poco antes de la guerra y advirtió exactamente de las consecuencias con que ahora nos encontramos.
Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad incluyen ahora la reconstrucción y a los europeos se nos juzgará, sin duda, por nuestra capacidad de encontrar una respuesta a los problemas del Iraq, o sea, una política. Solo si encontramos una respuesta volveremos a ganar credibilidad en este contexto.
Coûteaux (EDD).
Señor Presidente, Señorías, a menudo la historia necesita tiempo para juzgar la pertinencia y la eficacia de una decisión política. En este caso especial, casi no tiene tiempo de juzgar la decisión tomada por el presidente Bush y su acólito, el Primer Ministro británico de destruir el Iraq, porque este era el objetivo. En realidad, la historia recordará que este triste asunto está basado en una doble mentira. No me extenderé sobre la primera mentira, porque se ha señalado a menudo; es el famoso pretexto de que hay que destruir un país para eliminar las armas de destrucción masiva. No las había, lo decíamos nosotros, lo decían los inspectores, y así se ha confirmado.
Sin embargo, tenemos que examinar de cerca la segunda mentira, que es igual de grave o incluso más. ¿Deseaban verdaderamente el presidente Bush y Tony Blair erradicar el islamismo o, por el contrario, deseaban favorecerlo e instalarlo en el Iraq? Como ya he dicho a esta tribuna, hace un año el Iraq era el único país árabe totalmente exento de cualquier rastro de integrismo islámico. En la actualidad, está instalado allí, juega como un niño en un patio de recreo.
¿Continuará jugando el imperio con el integrismo islámico durante mucho tiempo y continuará recibiendo el respaldo de aquellos que le apoyan de forma incondicional?
Es una situación muy triste. Hay numerosos diputados que apoyaron esta política en esta Cámara. Lo lamento en nombre de Europa, porque en el fondo todos ellos han favorecido una triste política miope.
Souchet (NI).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, seguramente han notado que en los últimos días las autoridades francesas siempre tienen en la boca las palabras soberanía e independencia, pero que los militantes federalistas se tranquilicen, no es a propósito de Francia, sino del Iraq.
Un Iraq en el que el error estratégico inicial cometido produce mecánicamente sus efectos. La prolongación del régimen de ocupación militar transforma este país en un teatro de operaciones privilegiado para los terroristas, llegando incluso a suscitar otra coalición, improbable, que reúne a islamistas exiliados, yihadistas de toda calaña y supervivientes del aparato del Baas. No es necesario ser un genio de la geopolítica para comprender que mientras haya ocupación militar extranjera, habrá inseguridad.
La solución no consiste en ampliar la coalición o buscar el apoyo de las Naciones Unidas a la coalición. Sabemos lo que provoca. Si queremos detener el terrorismo en el Iraq, el único camino es restituir a los iraquíes su soberanía. Señor Presidente, urge establecer un calendario para una transición política dirigida por los propios iraquíes con la ayuda de toda la comunidad internacional.
Nassauer (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, en este momento estamos asistiendo a una evolución de los acontecimientos en el Iraq que recuerda en cierto modo a la que se dio en la antigua Yugoslavia. Tras la desaparición de un régimen totalitario que oprimía a todas las fuerzas, estas fuerzas se desataron, en parte también con violencia. Algo parecido está ocurriendo en el Iraq. Por esto la situación no requiere ni justifica en absoluto que ahora caigamos en una actitud de «ya os lo dije» o de regocijo ante el mal ajeno, sino que debe ser motivo de preocupación. 
Se ha suprimido el régimen criminal y esto es bueno, y era necesario, pero no se ha entrado de ningún modo en un camino expedito hacia la paz, la estabilidad y el Estado de derecho. Por esto se pide la aportación de los europeos. Creo que no basta con señalar a los norteamericanos que es evidente que no pueden restablecer la paz por medios exclusivamente militares. 
Ha llegado, por consiguiente, la hora de los europeos. Tenemos que prestar ayuda. Así lo exige nuestra responsabilidad y también nuestro interés. Por esto quiero decir al Comisario Patten que puede contar con el apoyo del Grupo de la CDU/CSU en esta Cámara, tanto en lo que respecta a su compromiso como cuando llegue el momento de aportar dinero, porque seguro que va a costar dinero. Tenemos que justificar ese gasto. Por lo tanto, repito: nos interesa hacer una aportación efectiva junto con los Estados Unidos y naturalmente nos interesa poner manos a la obra para apoyar, con los Estados Unidos y Gran Bretaña, un camino hacia la paz, la estabilidad y el Estado de derecho en el Iraq.
Hume (PSE).
Señor Presidente, cuando hablamos de la guerra del Iraq, deberíamos darnos cuenta inmediatamente de que nunca en la historia del mundo ha habido una guerra en la que la mayoría de las víctimas no hayan sido civiles inocentes. Por este motivo, ahora, que empezamos un nuevo siglo y un nuevo milenio, nuestro principal objetivo debería ser hacer todo lo posible para asegurar que la del Iraq sea la última guerra de la historia del mundo.
Y para la Unión Europea la forma de conseguirlo es la siguiente: en vez de enviar ejércitos a las zonas de conflicto, deberíamos enviar la filosofía y los principios de la paz, y un gran equipo de funcionarios que promuevan el diálogo. Sé de lo que estoy hablando. La Unión Europea tiene mucho poder para hacerlo. Examinemos el siglo que acabamos de abandonar. La primera mitad fue la peor de la historia del mundo: dos guerras mundiales y 50 millones de seres humanos masacrados. ¿Quién podría haber previsto que en la segunda mitad del siglo todos aquellos países se habrían unido o que estaríamos todos juntos tal como estamos hoy? Por lo tanto, deberíamos estudiar cómo se consiguió y cómo se pudo enviar la filosofía que ello entraña a todas las zonas en conflicto.
El principio número uno de la Unión Europea es el respeto de la diferencia. ¿Cuál es la causa de todo conflicto? Diferencias de religión, nacionalidad y raza. La respuesta a la diferencia es respetarla. El principio número dos es tener instituciones para hacerlo. El principio número tres es crear unas circunstancias en las que todos puedan trabajar juntos por los intereses comunes y desmantelar las barreras del pasado. Estos son los tres principios que seguimos en nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte.
La Unión Europea y los principales países del mundo deberían unirse para crear este tipo de mundo y tomar las medidas necesarias para evitar la guerra. La propia Unión Europea, como he dicho antes -dado que es el mejor ejemplo de la historia del mundo en cuanto a resolución de conflictos- podría empezar creando un Comisario para la paz y la reconciliación, con el apoyo de un departamento de paz y reconciliación, que acudiría a las zonas en conflicto con los principios de resolución de conflictos en que se basa la Unión Europea. Así, podremos construir un mundo para el nuevo siglo y el nuevo milenio en el que ya no habrá guerra ni conflictos, sino un pleno respeto por la diversidad. Porque en la humanidad no hay dos seres humanos iguales. La diferencia es la esencia de la humanidad y, por lo tanto, debe merecer todo el respeto y no debe combatirse.
Sandbæk (EDD).
Señor Presidente, me complace que la Sra. Frahm y el Sr. Messner hayan llamado la atención sobre los avisos dados por aquellos de nosotros que estaban en el Iraq en febrero. Me alegra que lo hayan hecho porque deben formar parte de nuestras reflexiones acerca de la perspectiva de futuro. Ahora que los Estados Unidos se han dado cuenta de que necesitan mucho más dinero y fuerzas para mantener la ocupación del Iraq del que la voluntad popular y política van a aportar, surge la posibilidad de una fuerza multinacional que los Estados Unidos desean dirigir. Sin duda, eso es total y absolutamente inaceptable, como lo es que la coalición continúe con un mayor número de países que le ayuden. No, la tarea en cuestión deben continuarla las Naciones Unidas. Debe llevarse a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, al igual que las Naciones Unidas deben entrar ahora y apoyar la celebración de elecciones democráticas en el Iraq para que el Iraq pueda, cuando sea humanamente posible, asumir responsabilidades sobre su propio futuro.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, el Comisario Patten ha tenido palabras de elogio para el Sr. Sergio Vieira de Mello y los integrantes del equipo de las Naciones Unidas que murieron en aquel espantoso atentado con bomba. Hoy quiero rendir homenaje a uno de mis conciudadanos, el Sr. Dewi Pritchard, de Bridgend, en el sur de Gales, de 35 años de edad, padre de dos hijos, uno de seis años y otro de 12 meses. Fue asesinado hace tan solo una semana, el primer reservista británico muerto en este conflicto.
Su papel, como policía militar, era participar en la formación de los 35.000 oficiales de policía iraquíes que formaban parte de los 65.000 previstos. Había trabajado durante nueve años para la empresa alemana Bosch en el sur de Gales y cuando en junio le llamaron para participar en la reconstrucción después del conflicto, fue al Iraq de buena gana y pagó por ello con su vida. Deberíamos guardar su recuerdo como un tesoro.
Nadie que haya presenciado la muerte de tropas de la coalición, el atentado con bomba contra las oficinas centrales de las Naciones Unidas en Bagdad y el ataque de la semana pasada en la mezquita de Nayaf puede negar que la seguridad y la estabilidad son ahora lo más importante en el Iraq. Las fuerzas de la coalición y el Consejo de Gobierno iraquí deben recibir todo nuestro apoyo para la reconstrucción del Iraq y el proceso de transición a la democracia.
Es evidente que las Naciones Unidas tienen un papel muy importante en este proceso y están trabajando en ello. Sin embargo, los llamamientos a que las Naciones Unidas tomen inmediatamente el control de la situación, o incluso la sugerencia del Sr. Souchet de retirarnos y dejarlo todo en manos de los iraquíes, juegan a favor de los que quedan del antiguo régimen y algunas otras fuerzas foráneas que están llevando a cabo una campaña de desestabilización. La responsabilidad de Europa y de las Naciones Unidas es ofrecer pleno apoyo al proceso de reconstrucción que están llevando a cabo en la actualidad en el Iraq las fuerzas de la coalición y los valientes hombres y mujeres que lo están sacando adelante en nuestro nombre.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, en mi opinión, el Comisario, Sr. Patten, ha centrado perfectamente el debate. O nos embarcamos en una polémica estéril, imputándonos responsabilidades los unos a los otros -lo que me recuerda la vieja polémica medieval de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler- o la comunidad internacional, en general, y la Unión Europea, en particular, movilizan lo mejor de sus esfuerzos para restaurar la seguridad, la estabilidad y la democracia del Iraq. Y no nos engañemos, la democratización del Iraq no es una responsabilidad que competa en exclusiva a los Estados Unidos: es una responsabilidad que compete a la comunidad internacional y, por lo tanto, una necesidad mundial.
Creo -como la Sra. Bonino- que es muy importante que seamos muy cuidadosos con lo que decimos. El cobarde atentado terrorista en el que perdieron la vida el Representante de las Naciones Unidas, Sr. Vieira de Mello, el capitán de navío español, Sr. Martín Oar, y otras personas no se asemeja para nada a un acto de resistencia. Es un acto de terrorismo puro y duro. Desde cuándo, señor Presidente, el terrorismo islámico radical ha necesitado pretextos para cometer sus atroces atentados.
Creo que el Sr. Patten ha hecho una declaración cargada de pragmatismo y de buen sentido y yo, si tuviese que considerar como urgencia algún aspecto -aparte de la seguridad-, pondría el acento en las infraestructuras, porque, al ser un sistema inerte, hace irrecuperables los retrasos acumulados. Los servicios de agua, de electricidad, las telecomunicaciones, los repuestos suponen un reto de gran envergadura para la comunidad internacional y estoy seguro de que lo que tiene que hacer la Unión Europea es manifestar en la reunión de Madrid un compromiso financiero que esté a la altura, señor Presidente, de las ambiciones que, como líder mundial, nos ha expuesto esta mañana en este hemiciclo el Sr. Giscard d'Estaing cuando nos ha presentado el proyecto de Constitución europea.
Frattini
Señor Presidente, quiero agradecer a todas sus Señorías que han intervenido y, en especial, al Comisario Patten y a muchos de los ponentes por su compromiso de favorecer el éxito de la Conferencia de Donantes que se va a celebrar en Madrid, y también quiero agradecer a la Cámara los muchos comentarios realizados, que no voy a repetir.
No obstante, quiero decir que la inestabilidad y los ataques a las fuerzas de los Estados Unidos y del Reino Unido representan un problema para todos -han tenido razón desde el principio, desde el primer ataque- y no solo para las fuerzas de la coalición. Tiene que quedar claro -no creo que nadie tenga dudas al respecto- que el terrorismo nunca está justificado, que las represalias que usan bombas o terroristas suicidas nunca son legítimas: este es uno de nuestros principios fundamentales. Sin embargo, además de los tanques y las armas, ahora tenemos que llevar al Iraq una hoja de ruta hacia la democracia, una hoja de ruta para la reconstrucción política e institucional y para un nuevo Gobierno iraquí. Esa es la razón por la que la Presidencia ha dicho y sigue diciendo que necesitamos un mandato de las Naciones Unidas; esa es la razón, porque Europa siente actualmente la necesidad de reavivar la acción de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo quiere que las Naciones Unidas sean más eficientes, más capaces de tomar decisiones y de asumir responsabilidades de lo que fueron en las agitadas semanas que precedieron a la acción militar.
Creo que tenemos que mirar al futuro, al momento en el que Europa sea capaz, por ejemplo -como alguien ha dicho- de expresar en el Consejo de Seguridad opiniones que han sido discutidas de antemano y acordadas por los 25 países europeos. Creo que este es un experimento necesario. Debemos esforzarnos al máximo para conseguir este fin, para que podamos acercarnos más a la consecución del sueño -porque eso es lo que es- de tener un escaño europeo en las Naciones Unidas. Por esta razón la Presidencia informará el próximo viernes en el Consejo de Asuntos Generales sobre las posturas -que espero que converjan y coincidan- de las Naciones Unidas, Rusia y los Estados Unidos sobre una nueva resolución que otorgue a las Naciones Unidas un papel principal, y después intente establecer, junto con estas evaluaciones y opiniones, la posición unificada de Europa.
En mi opinión, sería una manera ejemplar y excelente de potenciar la cohesión euroatlántica, con la que la Presidencia está comprometida, haciéndolo precisamente en el asunto del Iraq, una cuestión que ha dañado la relación entre los europeos y nuestros amigos de los Estados Unidos en los últimos meses. Por ello, la Presidencia confirma que hará todo lo posible a este respecto.

Patten
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir, en presencia del Comisario actualmente responsable de la ayuda humanitaria, y también en presencia del Comisario que era responsable de la ayuda humanitaria antes que él, que me complace en gran manera que en este debate se haya expresado tanto apoyo a la labor de ECHO en el Iraq durante los últimos meses, e incluso en los últimos años.
Hemos escuchado varios discursos muy buenos y pertinentes. Hemos escuchado con interés la aportación del Sr. Hume, cuyo historial personal en el ámbito de la prevención de conflictos es muy elocuente. Con toda la razón ha indicado que en la guerra moderna la mayor parte de las víctimas son civiles.
Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que ha dicho sobre la prevención de conflictos, pero no coincido con él en un punto. Si queremos que impere la ley a escala internacional, de vez en cuando debemos aceptar que se requiere el uso de la fuerza para que sea efectiva y se aplique.
Estoy seguro de que toda la Cámara ha tomado nota del homenaje que mi amigo el Sr. Evans ha rendido a su paisano, y todos conocemos la inmensa, importante y difícil labor llevada a cabo, en el marco de la construcción nacional, por quienes intentan crear una autoridad judicial y una autoridad política donde antes solo había caos. Crear una policía iraquí va a requerir una gran dosis de profesionalidad y de valentía como la que demostró el conciudadano de su Señoría. Como él, quiero dar el pésame a su familia y a sus amigos.
Estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho en este debate. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Cohn-Bendit sobre la dimensión regional de los problemas de Oriente Próximo, Oriente Medio y Asia Central. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Collins sobre la importancia del papel de las Naciones Unidas. Es un punto subrayado en el informe del Grupo de Crisis Internacional que he mencionado antes. Sólo lamento que estos dos diputados no estén con nosotros para oír los brillantes elogios que les dedico.
También estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Sakellariou sobre la máxima implicación posible de los ciudadanos del Iraq en la configuración de su propio destino.
Debemos aceptar que un sistema democrático consecuente no puede dejarse caer sobre un país desde el aire. La democracia debe construirse de abajo arriba. Hay que construir la democracia a través de elecciones locales y regionales, elecciones municipales, elecciones para los organismos profesionales, elecciones en los sindicatos, elecciones en todas las organizaciones funcionales. De esta forma, en su debido momento podremos incorporar el pluralismo en el Iraq, y espero que también en otros países de la zona.
Por supuesto, la Sra. Bonino tiene toda la razón: sabe cómo decir de vez en cuando que decididamente el emperador está desnudo. Tiene razón al decir que necesitamos un marco político para lo que hacemos. No bastará con firmar algunos cheques.
Quisiera decir algo más sobre la conferencia de Madrid. Queremos dejar claro lo que necesitamos conseguir en Madrid. No creo que el contenido de la caja de recaudación sea el tema principal. Los temas principales son: necesitamos disponer de una valoración adecuada de lo que va a necesitar el Iraq durante los próximos 14 ó 15 meses. Debemos saber exactamente lo que se va a necesitar. En segundo lugar, debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las circunstancias que nos permitirán contribuir mejor y con más eficacia a la satisfacción de estas necesidades.
Y hay tres cosas que quiero mencionar de nuevo. La primera es que para la comunidad internacional es imperativo disponer de un paraguas multilateral para nuestras contribuciones. Es imperativo disponer de un fondo fiduciario internacional que opere con transparencia y sea independiente del Fondo de Desarrollo Iraquí y la Coalición, aunque deba coordinarse con sus actividades. Repito que a menos que podamos ofrecer estas garantías a la autoridad presupuestaria, será muy difícil persuadir a las personas de que hagan los cambios presupuestarios necesarios para conseguir un nivel razonable de generosidad dentro de los límites establecidos en la perspectiva financiera.
En segundo lugar, necesitamos una seguridad razonable en el Iraq. No es una afirmación muy difícil de entender. Es imposible desarrollar una sociedad si siguen cayendo bombas. Es muy difícil reconstruir y construir democracia y pluralismo si hay violencia e inestabilidad. Debemos asegurarnos de que mejora la situación de la seguridad. No debemos tener miedo a firmar compromisos, pero debemos reconocer que el progreso en la reconstrucción será inversamente proporcional a la inestabilidad.
En tercer lugar, cuanto antes podamos transferir la autoridad real a los miembros iraquíes del Gobierno para que ellos mismos puedan gestionar sus asuntos, mejor. Espero que todo esto se convierta en realidad después del nombramiento del gabinete iraquí el otro día: no son cargos lo único que necesitan, sino también una burocracia que puedan gestionar, unas políticas que puedan desarrollar y unos servicios que puedan prestar.
Estamos al inicio de un largo camino. Será un camino difícil, pero cuanto antes empecemos, mejor para todos.
El Presidente.
 La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa tiene previsto elaborar una resolución que se votará en el segundo periodo parcial se sesiones de septiembre.
El debate queda cerrado.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, la situación actual en el Iraq y todo lo que la ha precedido durante los últimos 12 años no es solo el resultado de la política de dominación de los Estados Unidos de América y de sus aliados más cercanos. Buena parte de la responsabilidad y de la complicidad también recae sobre la Unión Europea que, a pesar de que muchos de sus miembros se han manifestado sobre el respeto del Derecho internacional, ha legalizado los crímenes mencionados anteriormente y continúa, como se ha demostrado hoy, legalizando la ocupación bárbara del Iraq, esperando conseguir una parte del botín.
Para los diputados a este Parlamento del Partido Comunista de Grecia, esta situación inaceptable es contraria a los sentimientos de nuestros pueblos, como se ha expresado -incluso en Unión Europea- en las masivas manifestaciones pasadas y presentes. Solo cambiará con la retirada inmediata de los ejércitos ocupantes, para que el pueblo iraquí pueda tener su destino en sus propias manos, y con el pago por parte de los invasores de la compensación necesaria para reconstruir el Iraq. Esta debería haber sido la posición de la Unión Europea si hubiera querido respetar el Derecho internacional en lugar de ayudar a vulnerarlo. Todo lo demás es un «pretexto para la maldad».
Cualquier intento de seguir utilizando a las Naciones Unidas para sacar a los Estados Unidos del apuro y de continuar la ocupación está abocado al fracaso. Es cierto que la resistencia del pueblo iraquí contra los conquistadores, bajo cualquier disfraz, seguirá con una creciente solidaridad internacional.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe anual (A5-0274/2003) del Sr. Van den Bos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo en 2002 y la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos (2002/2011(INI)).

van den Bos (ELDR)
Tratándose de los derechos humanos en el mundo, la Unión Europea debería desempeñar un papel protagonista. A fin de cuentas somos una comunidad de valores y una gran potencia económica, pero por desgracia no hacemos lo suficiente. A la Unión Europea no le faltan buenas intenciones e intenciones políticas. Sin embargo, existe un enorme abismo entre las palabras y los hechos. Esta crítica va dirigida sobre todo a los Estados miembros y tiene que ver con la incoherencia y la falta de dinamismo. El Consejo reconoce las deficiencias y ha prometido expresamente mejoras. Sin embargo, hasta ahora con pocos resultados visibles. El diálogo político con países terceros sigue realizándose sin compromisos. Mientras demos prioridad a los intereses económicos o estratégicos por encima de los derechos humanos, podemos seguir dialogando eternamente, pero por supuesto no cambiarán muchas cosas. Es preciso desarrollar objetivos concretos y responsabilizar a los gobiernos implicados. No solo las sanciones, sino precisamente los impulsos constructivos pueden contribuir al progreso. ¿Qué posibilidades de mejoras en los diálogos ven el Consejo y la Comisión? El Consejo tiene la obligación de consultar al Parlamento y de tener en cuenta sus puntos de vista en el ámbito de la política exterior. Por desgracia, en la práctica apenas lo hace. Por supuesto, esto es inaceptable para nuestro Parlamento. El papel de la Unión Europea en el mundo interesa a los ciudadanos europeos y por tanto también a sus representantes. El éxito o el fracaso fuera de la Unión Europea tiene consecuencias para muchos sectores dentro de ella. Según mi investigación, el año pasado, el Consejo solo debatió una vez, una sola vez, una resolución sobre derechos humanos de nuestro Parlamento. Ninguna de todas nuestras preguntas escritas fue contestada a tiempo. Aplaudo que, este año, el Consejo esté presente en este debate, representado por el Sr. Antonioni. Que sea el inicio de una nueva relación constructiva e intensa. Pido a la Comisión una programación a largo plazo, una evaluación de efectos sistemática de los proyectos, la finalización de las reformas internas y una intensificación de la formación del personal. Asimismo quiero de la Comisión una financiación equilibrada de la lucha contra la tortura y de la rehabilitación. Por nuestra parte, como Parlamento somos muy activos a la hora de condenar las numerosas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, pero no prestamos suficiente atención al seguimiento que se les da. Hemos de organizar nuestro trabajo de forma que sigamos las situaciones de derechos humanos sobre las cuales hemos debatido. Si es preciso, advirtiendo de nuevo. Mi informe pide además una atención especial para la libertad de religión y conciencia, y el abuso político de las religiones. En todo el mundo se sigue reprimiendo a las religiones. La mitad de la población mundial vive en países donde se limita la libertad de religión. Además, es especialmente preocupante que los derechos humanos se violen a escala masiva en nombre de la religión. Casi la mitad de los conflictos violentos en el periodo investigado tiene un carácter religioso. En las últimas décadas, las religiones se viven con mayor intensidad, pero por desgracia no solo de forma pacífica. El radicalismo aumenta en todas las grandes religiones del mundo. Las razones se deben sobre todo a la mundialización. La revolución de los contactos mundiales no implica directamente una mayor comprensión y respecto entre las comunidades religiosas. Al contrario, las personas se sienten amenazadas por lo que consideran un ataque contra sus normas y valores. El radicalismo también es la consecuencia de la insatisfacción entre los jóvenes. Los líderes irresponsables explotan estos sentimientos de inquietud, utilizando a veces grandes importes de dinero y redes terroristas. Los choques entre religiones, y dentro de religiones, constituyen una grave amenaza para los derechos humanos y la paz mundial. Además existe el riesgo de que las confrontaciones religiosas fuera de Europa se reflejen en nuestras sociedades multirreligiosas. Dada la gravedad de la amenaza, es sumamente importante que la Unión Europea analice el problema y diseñe una estrategia. El Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha dado ya un impulso para ello. ¿Qué opinan la Comisión y el Consejo? ¿Qué piensan de las recomendaciones concretas que he hecho en mi informe? 
Por último, señor Presidente, dos temas que me interesan mucho. 
El condenable sistema de castas. En todo el mundo, más de 260 millones de personas son a diario víctimas de discriminación, violencia y explotación solo debido a su origen. La Unión Europea debería convertir en su política el esforzarse para eliminar estas prácticas inmorales. 
Los niños. En todo el mundo se explota, abandona o se expone a la violencia a los niños. En estos momentos, más de 300 000 jóvenes toman parte en conflictos armados. Cada tres segundos muere un niño por desnutrición. En una política de desarrollo adulta de la UE, el niño ha de ocupar un lugar central.
Por último, señor Presidente, la Unión Europea, como comunidad de valores y como potencia económica, no puede ser modesta cuando se trata de los derechos humanos. Europa ha de atreverse a arriesgar el pellejo, las víctimas lo esperan con ansiedad. 
Antonione
. (IT) Señor Presidente, Señorías, agradezco esta gran oportunidad para dirigirme a ustedes como Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, y me complace especialmente hacerlo en el contexto de un debate sobre derechos humanos.
Antes de proceder, debo ofrecer mis condolencias y las condolencias de la Presidencia italiana por la muerte de Sérgio Vieira de Mello, quien, en su capacidad de Alto Comisario de las Naciones Unidas, se había establecido como valiente campeón de la promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.
La protección y promoción de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de la política exterior de la Unión Europea y es un punto de referencia constante para sus actividades en el escenario mundial. La Unión se adhiere al principio fundamental de la naturaleza universal de los derechos humanos, que no puede cuestionar o distorsionar ninguna influencia cultural. Los derechos humanos son uno de los factores clave al enfrentarse a los importantes retos de nuestro tiempo: no necesito mencionar la estrecha conexión entre paz, seguridad y estabilidad, por una parte, y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de derecho, por otra.
De la misma manera, hay una estrecha relación entre la lucha contra la pobreza extrema y el subdesarrollo y las medidas que llevan a garantizar los derechos humanos fundamentales, empezando por el derecho de todo ser humano a la vida, la integridad y la dignidad. En este contexto, creemos que es de una importancia clave durante este período de seis meses situar el diálogo norte-sur en una base más constructiva, porque se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses, especialmente con respecto al tema de los derechos humanos, que debe seguir siendo parte esencial del diálogo.
El programa de derechos humanos de la Presidencia italiana se ha hecho público, así que no necesito ilustrarlo a fondo. Me limitaré a mencionar algunos puntos clave. Incluyen la integración de los derechos humanos en la proyección externa de la Unión más amplia posible y la puesta en marcha de medidas concentradas a nivel mundial para promover una moratoria y la eliminación de la pena de muerte. También incluyen una serie de iniciativas políticas constructivas para eliminar el uso de la tortura y promover un acuerdo sobre los derechos humanos de las personas con discapacidades.
El diálogo estructurado con Irán y China necesita potenciarse especialmente, y ha de lanzarse un debate exhaustivo sobre el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Después, la Presidencia italiana concede gran importancia al trágico fenómeno de los niños soldados. Por último, mencionaría las iniciativas que la Unión va a tomar en la tercera comisión de la Asamblea General y la presentación del informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos, al igual que la reunión anual con organizaciones no gubernamentales, que queremos hacer más constructiva este año.
Ahora quisiera felicitar al Sr. Van den Bos por redactar el informe anual del Parlamento Europeo, que está lleno de ideas, análisis, propuestas y recomendaciones. Es un documento que garantiza un análisis extremadamente exhaustivo que, sin duda, es imposible alcanzar en esta sesión. Sin embargo, será analizado mediante una cuidadosa evaluación por parte de los demás elementos y organismos de la Unión Europea.
Por tanto, en esta ocasión solo voy a centrarme, si me permiten, en algunas de las ideas del informe que a mi parecer merecen especial atención. Voy a empezar con un punto general que aparece en el informe con el cual, personalmente, estoy de acuerdo: a pesar de los prodigiosos esfuerzos de la Unión y de otros países, la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en el mundo está, todavía en la actualidad, marcada por graves abusos y violaciones. Las causas de esto pueden encontrarse en una serie de factores. El informe se centra en algunos de ellos, como la predominancia de los intereses políticos y económicos por encima de los derechos humanos y la necesidad de alcanzar posiciones de consenso en los foros internacionales en detrimento de las posiciones de principio.
De hecho, si ahora estamos convencidos de que la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales se halla en el corazón de la democracia y la coexistencia civilizada, no podemos, al mismo tiempo, dejar de opinar que la búsqueda de objetivos económicos y políticos legítimos exige la consolidación de las instituciones democráticas y de los principios de libertad y justicia. Sabemos bien que las dictaduras, que se basan en el terror y la violencia, rechazan el ideal democrático, negando los derechos fundamentales y las libertades, abusando de su poder con respecto a otras personas y, en última instancia, demostrando ser unos socios en los que no se puede confiar.
¿Qué estrategia debería perseguir la Unión Europea con relación a estos regímenes? El informe afirma: «Los ... diálogos políticos que la UE entabla con terceros países no han dado hasta el momento demasiados resultados.» Por tanto, ¿deberíamos considerarlos un instrumento que no es efectivo, admitir que la política de diálogo de los derechos humanos con terceros países en muchas ocasiones no ha conseguido resultados apreciables y abandonarlos?
Señorías, el informe del Sr. Van den Bos contiene las respuestas a esta pregunta, y yo las apoyo. Tenemos el deber de condenar públicamente las prácticas inaceptables perpetradas por ciertos regímenes, porque, de esta manera, los perpetradores se sitúan en una posición en la que están obligados a justificarse a sí mismos como mínimo, para enfrentarse al juicio de la comunidad internacional. Con respecto al enfoque del diálogo estructurado de los derechos humanos con terceros países, el camino propuesto en el informe es precisamente el que el Consejo tenía intención de tomar con respecto a este instrumento. En mi opinión, este no es un diálogo permisivo que suponga una alternativa a formas de condena política, sino que incluye totalmente a la sociedad civil, incluidas las ONG y figuras del mundo académico activas en el terreno de los derechos humanos, y está basado en la búsqueda de objetivos precisos cuya aplicación se vigila cuidadosa y regularmente.
También apoyo el punto contenido en el informe sobre la necesidad de que el diálogo político y la condena vayan de la mano con los programas activos y las medidas en el terreno del combate contra la pobreza, el apoyo a la creación de instituciones y la educación. El seguimiento, las resoluciones, el diálogo, las cláusulas de derechos humanos y los programas de ayuda técnica y cooperación sobre el terreno son todos instrumentos para alcanzar un único objetivo, la defensa incesante de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el mundo. El diálogo sobre derechos humanos que la Unión ha puesto en marcha con China e Irán no significa que no pueda condenar violaciones y abusos mediante resoluciones ad hoc, cuando lo considere necesario, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni tampoco significa que no pueda proporcionarles ayuda técnica en el campo establecido para consolidar el respeto de los derechos humanos.
Lo mismo se aplica a parte del informe que mitiga la severa crítica al Consejo por no condenar públicamente a los regímenes responsables de los repetidos y graves abusos de los derechos humanos en su trabajo. No es mi intención rechazar estas críticas de plano, pero no obstante pienso que hace falta una aclaración. Es, sin duda, algo restrictivo evaluar la actividad de la Unión sobre la base del número de resoluciones por país que presenta a la Comisión de Derechos Humanos o a la Asamblea General, incluso sobre la base de las resoluciones que alcanzan un consenso suficiente. En cualquier caso, el papel desempeñado por la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos dentro de foros internacionales está plenamente reconocido. De hecho, tal y como ya se ha señalado, la actividad de la Unión en este ámbito abarca una amplia selección de diferentes iniciativas, desde las medidas contenidas en el informe de los jefes de misión hasta las declaraciones públicas. Esta actividad europea se centra en un gran número de países.
Hay otro aspecto en el que quiero abundar y que se trata con cierta profundidad en el informe: el diálogo intercultural y entre creencias. El informe subraya específicamente la naturaleza clave de esta cuestión para un marco más amplio de protección de los derechos humanos. Represento a un país que, debido a su situación geográfica, a su cultura y sus tradiciones, siempre ha sido especialmente sensible a esta cuestión, y que ahora ha adquirido una influencia y una importancia nunca conocidas en el pasado. Lo que una vez pudo haberse considerado una oportunidad para ser aprovechada se ha convertido ahora en algo absolutamente vital. Me temo que la explotación política de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la oposición ideológica a los mismos son un hecho, por mucho que las condenemos.
La atmósfera de antagonismo que marca cada vez más el diálogo en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también se aborda en profundidad en el informe, es una cuestión sobre la que la Presidencia griega ya ha lanzado un debate, que tenemos la intención de perseguir y desarrollar. En general, la acción de la Unión y los países occidentales en el ámbito de los derechos humanos parece percibirse claramente por parte de la comunidad internacional, especialmente el hemisferio sur, como un intento manipulador de perseguir los abusos de poder político y cultural. El mismo principio de universalidad de los derechos humanos y la convicción de que no pueden ser restringidos o limitados por ningún grupo social, económico o cultural, está en tela de juicio. El fundamentalismo, cualquiera que sea su origen o naturaleza, es, en parte, resultado de la incapacidad de comunicar, de buscar valores comunes basados en el respeto mutuo y la tolerancia.
A este respecto, no creo que sea suficiente que la Unión se limite a rechazar firmemente las acusaciones de utilizar un doble rasero que a menudo está ajustado a ella. Más bien, tiene que haber un debate sobre estas cuestiones al que pueda contribuir el Parlamento Europeo. A este efecto, les informo de que, por iniciativa de Italia, se va a celebrar una convención sobre la universalidad de los derechos humanos y el diálogo intercultural en marzo de 2004 en Milán.
Al redactar las directrices de nuestro mandato de seis meses en el ámbito de los derechos humanos, uno de los puntos esenciales que consideramos necesario subrayar, como he dicho antes, es la integración de este aspecto en las demás políticas. Nuestro objetivo ha de ser integrar, armoniosa y coherentemente, la cuestión del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las políticas de la Unión con terceros países. Por ello, me complace especialmente observar que este concepto se expresa clara y enérgicamente por parte del Parlamento en el informe.
A este efecto, apoyo enteramente la idea de que la cláusula de derechos humanos contenida en los acuerdos de asociación y cooperación debería aplicarse indefectiblemente cuando surjan las condiciones para su aplicación. También creo que una relación de cooperación con un país a todos los niveles -político, económico, científico y cultural- debe, necesariamente, incluir un diálogo abierto y constructivo sobre los asuntos de protección de los derechos fundamentales y las libertades. El informe contiene propuestas interesantes y prácticas sobre las que ya he pedido que se realicen estudios y análisis técnicos.
Además, quiero decir que puede haber modos diferentes de alcanzar las mismas metas. La experiencia nos ha enseñado que establecer comisiones o grupos de trabajo puede ser a menudo la solución inmediata más obvia, pero a veces resulta no ser la manera más efectiva de proceder en la práctica.
Otro tema del informe digno de mención es la transparencia. Es acertado rendir homenaje a la Presidencia danesa por promover la práctica de la consulta regular e indefectible con la sociedad civil, que sin duda ha contribuido a aumentar el perfil del trabajo de la Unión Europea. Esta práctica la acogió la Presidencia griega y seguirá siendo un punto de referencia firme para la Presidencia italiana en su trabajo. En última instancia, creo que representa el reconocimiento apropiado del papel esencial que han desempeñado en este ámbito las ONG, que son y seguirán siendo los socios consultivos privilegiados y necesarios de la Unión Europea.
Por último, quiero centrarme en la crítica que aparece en el documento, relativa a las relaciones institucionales entre el Consejo y el Parlamento en el ámbito de los derechos humanos. Analizaremos con más detenimiento la opinión expresada por el ponente al efecto de que ha de haber una mejora de las relaciones entre el Consejo y el Parlamento, y aquí comprometo a la Presidencia italiana a seguir con el trabajo comenzado por la Presidencia griega en este ámbito. La invitación extendida por la Presidencia griega al ponente para que participe en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos es representativa del enfoque destinado a implicar al Parlamento Europeo de forma más estrecha en el trabajo del Consejo.
La Presidencia italiana está totalmente a favor de esto, y les confirmo que tenemos la intención de continuar el camino ya marcado, buscando soluciones adecuadas a los problemas y deficiencias señaladas en el informe. En este sentido, espero poder informar a la Cámara al final del semestre sobre las medidas tomadas por el Consejo en el ámbito de los derechos humanos. Los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión reconocen ahora la necesidad imperativa de garantizar el papel del Parlamento Europeo como fuerza motriz en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y fomentar formas más estrechas de cooperación. Por tanto, habrá un debate apropiado sobre las propuestas constructivas planteadas por el ponente.
Me complace terminar observando -y este es el punto de mayor significado político- que el Consejo y el Parlamento están de acuerdo en torno a la importancia y la naturaleza central del tema de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la política y las relaciones exteriores de la Unión. Es un hecho importante que refleja nuestro enfoque variable de estas cuestiones, que ya no están confinadas a las declaraciones de principio morales sino que cada vez van a influir más en las decisiones políticas con respecto a terceros países. La afirmación de que la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales están basadas en el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales no es retórica vacía, sino que refleja la realidad de que los derechos humanos van a influir cada vez más en las decisiones de los Gobiernos en el ámbito de la política exterior y las estrategias de las organizaciones internacionales a todos los niveles.
Nielson
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Van den Bos por su excelente informe. El compromiso del Parlamento Europeo en los temas relacionados con los derechos humanos sirve de estímulo esencial para la política de la UE, y esta última publicación nos da mucho que pensar. Como siempre, la Comisión responderá por escrito a todas las recomendaciones que se le formulan en este informe.
En primer lugar, algunas observaciones sobre los temas principales del informe: libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Hemos intentado trabajar sobre estos temas de diversas formas. En primer lugar, a través de los foros internacionales. Con el apoyo de la UE, Irlanda presentó la resolución sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia Religiosa en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los Estados a garantizar la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia, a facilitar el culto y combatir la intolerancia. La declaración de la UE sobre los derechos humanos en el mundo, en la última reunión de la Comisión de Derechos Humanos, subrayaba los problemas relacionados con la libertad religiosa o la libertad de expresión en 12 países, entre ellos China y el Irán.
En segundo lugar, un diálogo profundo con terceros países. Los diálogos sobre los derechos humanos constituyen una oportunidad especialmente valiosa para tratar el tema. Al evaluar el diálogo con el Irán, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 18 de marzo de 2003 hizo hincapié en su preocupación por la discriminación contra las minorías religiosas -especialmente los bahais- y la necesidad de avanzar más en relación con la libertad de opinión y de expresión. El castigo corporal y la horrible condena a la lapidación, pronunciada en nombre de la sharia, también han sido objeto de profundos debates con los representantes del gobierno iraní y con el poder judicial y religioso de este país. Hasta el momento, la UE ha observado con satisfacción que la moratoria de facto de la lapidación sigue siendo una realidad. Espero que se conseguirán nuevos resultados con nuestros socios iraníes. La libertad de expresión será el tema principal de debate en la próxima mesa redonda del diálogo sobre derechos humanos de los días 15 y 16 de septiembre de 2003.
En tercer lugar, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos ofrece un apoyo concreto a los proyectos en este sentido. Ha apoyado campañas para promover la libertad de expresión -por ejemplo, un proyecto continuado en los países de la ASEAN- y la libertad de expresión se ha considerado también una prioridad en los 11 países en los que se ha centrado esta Iniciativa Europea en 2002 y 2003. La Comisión también está realizando esfuerzos considerables para establecer una base sólida para un diálogo intercultural eficaz, especialmente en el Mediterráneo -la nueva política de vecindad- con el informe inminente del Grupo consultivo de alto nivel y la propuesta de una Fundación Euromediterránea.
Tomo nota de la referencia que hace el ponente al Acuerdo de Cotonú. Es una referencia buena y pertinente. El Acuerdo de Cotonú demuestra que se puede negociar un sistema global con 77 países, pero también pone de manifiesto que existen algunos obstáculos y problemas reales que hay que resolver. Sin embargo, el sistema es interesante. Estoy de acuerdo con el Sr. Van den Bos.
Volviendo a la cláusula sobre derechos humanos, me complace que el informe del Parlamento ponga de manifiesto el potencial de esta cláusula para inducir un cambio positivo en la situación de los derechos humanos en terceros países. Este es precisamente el objetivo de las últimas innovaciones. El mes de mayo pasado se inició el primer grupo de trabajo dedicado a la gobernanza y a los derechos humanos en el contexto del Acuerdo de Cooperación con Bangladesh, en cuya reunión inaugural se trataron una amplia variedad de temas entre los cuales se encontraban la pena de muerte y el sistema judicial. La comunicación de la Comisión sobre el impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los Derechos Humanos y la democratización en colaboración con los socios mediterráneos ofrece un potencial de iniciativas similares en el marco de los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, con una gama de iniciativas -como la inclusión sistemática de los derechos humanos y la democracia en las reuniones de los Consejos de Asociación y los Planes de Acción Nacionales sobre derechos humanos- pensadas para realizar cambios basados en dicha cláusula.
Volviendo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cláusula sobre derechos humanos no solo constituye un compromiso para con los derechos humanos en un contexto nacional, sino que también insta a la UE y a terceros países a promover y proteger los derechos humanos en la arena internacional. Y esto me lleva a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe del Sr. Van den Bos reconoce el alto grado de coherencia entre las prioridades identificadas por el Parlamento Europeo para la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos y las acciones llevadas a cabo por la UE. Resulta alentador, porque la voz de la UE se ve muy potenciada cuando sus instituciones hablan con una sola voz. Sin embargo, comparto la preocupación que se articula en el informe sobre la dirección que va a tomar la Comisión de Derechos Humanos y la necesidad de hacer todo lo posible para asegurar que trate con eficacia las violaciones de los derechos humanos.
El trabajo de la UE no se ha valorado: solo 47 Estados han emitido una invitación firme a los procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos; 28 de ellos son Estados miembros de la UE, países en vías de adhesión o países candidatos. Además, 80 Estados no han ratificado ninguno de los 6 principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
La UE ha empezado bien en su esfuerzo por mejorar el impacto de sus acciones en la Comisión de Derechos Humanos; por ejemplo, en la sesión de este año se concluyó antes el proyecto de iniciativas de la UE que permitirán un mayor alcance para presionar con eficacia a terceros países. La financiación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos también ha desempeñado su parte, con proyectos recientes para fomentar el trabajo de los organismos del tratado de los derechos humanos y el de los diversos ponentes de las Naciones Unidas. Estos esfuerzos continuarán a sabiendas de que solo si ponemos todos los recursos a disposición de la UE -políticos, diplomáticos y financieros- podremos realizar los cambios necesarios.
Finalmente, quisiera hacer dos observaciones. La primera se refiere a la situación de los niños en los conflictos, un tema que ya se ha comentado. Estamos intentando hacer todo lo posible por cambiar la situación, pero es muy difícil en el norte de Uganda entrar en contacto con el Ejército de la Resistencia del Señor. Es casi imposible hacer algo significativo sobre el terreno, porque no existe ninguna sociedad alrededor del conflicto para basar en ella la acción. Allí no queda nada más que el conflicto. Sin embargo, en los casos posconflicto -por ejemplo, Sierra Leone- hemos tenido bastante éxito en la resocialización de los niños y otros trabajos relacionados.
El otro punto que quería comentar se refiere a la tortura. Podemos apoyar los centros de rehabilitación. También es un instrumento que hace que la población siga siendo consciente del problema de la tortura. La documentación que proviene de estos centros es el elemento más necesario en nuestro intento de resolver el problema a que nos enfrentamos y negociar con los terribles regímenes que torturan. De modo que se trata de algo más que el objetivo principal de ayudar a las víctimas de la tortura. Establecer los hechos, que es el resultado secundario de estas actividades en los centros de rehabilitación, también es un instrumento poderoso que nos complace financiar, y seguiremos siendo donantes activos en este ámbito, lo que en definitiva refuerza la lucha a la que tenemos que otorgar gran prioridad.
Muchas gracias de nuevo por este informe tan completo. Haremos todo lo posible para responder de forma muy directa.

Gahler (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, agradezco el excelente informe del Sr. Van den Bos y su disposición a cooperar con los demás Grupos políticos. El grado de acuerdo alcanzado en la Asamblea también demuestra que todas las familias políticas continúan considerando que la defensa de los derechos humanos en el mundo es un elemento clave para llegar a la democracia, al progreso económico y social y a la convivencia pacífica entre los pueblos. Hago extensivo mi agradecimiento a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con las que siempre hemos mantenido una buena cooperación.
El tema central del informe de este año, la libertad de pensamiento, de conciencia y religiosa, constituye en opinión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos una buena medida del grado de democracia y de la situación de los derechos humanos en cada país y en cada sociedad. Esto incluye la libertad de practicar la religión propia, al igual que la obligación de cada religión de tolerar la convivencia con otras. La libertad de cambiar de religión o de confesión debe incluir también la libertad de no profesar ninguna fe. El pensamiento y la acción democráticos deberían impedir asimismo que en la práctica solo se considere ciudadanos de pleno derecho a quienes profesen una religión o una confesión determinadas.
Tampoco sé de ninguna religión mundial que sea básicamente intolerante u hostil hacia otras religiones o incluso hacia sus propios creyentes. Por lo tanto, la crítica contra la intolerancia religiosa no se puede dirigir contra ninguna religión en su conjunto, sino contra quienes, la mayoría de las veces movidos por el afán de mantenerse en el poder o de hacerse con él, practican o interpretan su religión de un modo verdaderamente inhumano. Debemos exigir incansablemente al Consejo y a la Comisión que también hagan suya esta crítica a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
¿Cree acaso el Consejo que se refuerza la estabilidad en el mundo confinar el tema de los derechos humanos a las las cláusulas tan bien expresadas sobre los derechos humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer valer dichas cláusulas, por ejemplo las del Acuerdo de Cotonú? ¿Qué ventajas creen obtener los distintos Gobiernos cuando retrasan o socavan las sanciones, contra Zimbabwe, por ejemplo? ¿Creen que hacemos un servicio a la población de China o a nuestras relaciones con dicho país cuando acotamos el tema de los derechos humanos en el marco de un diálogo a puerta cerrada sobre el Estado de derecho? Este enfoque da carta blanca a todos los que visitan este país, sean políticos o empresarios, para apuntar a este escenario y autoabsolverse de toda responsabilidad sobre los derechos humanos. Al fin y al cabo, plantear el tema podría perturbar el clima idóneo para los negocios. Algo parecido puede decirse de las relaciones con Rusia y otros países importantes.
Sin embargo, todos sabemos que los Estados que no respetan los derechos humanos en el interior son estructuralmente débiles y que, por el contrario, el respeto de los derechos humanos tiene efectos estabilizadores internos y externos. La presión de la Unión Europea a favor del respeto de los derechos humanos resulta a la larga un método más adecuado para conseguir la estabilidad interna y externa que una política -que yo tacharía de defensa ciega del status quo- que da prioridad a la estabilidad superficial a corto plazo y solo se decide a cambiar de actitud cuando los conflictos externos estallan efectivamente. Esta Cámara va a seguir reclamando declaraciones sobre temas incómodos, continuará insistiendo en que se cumpla el contenido de nuestras resoluciones, pues estamos convencidos de que las palabras deben coincidir con los hechos en el ámbito de los derechos humanos y que sin una política de derechos humanos activa con respecto a los Estados en cuestión no es posible reducir el potencial conflictivo en el mundo.
Cashman (PSE).
Señor Presidente, felicito al Sr. Van den Bos por su informe, pero quiero afirmar categóricamente que, además de la libertad de religión, debemos comprometernos también con la libertad de conciencia y la libertad, como ha dicho el Sr. Gahler, de no profesar ninguna religión. Debemos recordar que a lo largo de los siglos y, de hecho, incluso ahora, se han cometido muchas atrocidades en nombre de la religión.
El fundamentalismo y la intolerancia son amenazas crecientes. Por este motivo el papel de los defensores de los derechos humanos en el mundo es vital. Debemos hacer todo lo que podamos para protegerlos, a ellos y a los trabajadores de la ayuda humanitaria, en todo el mundo. Por este motivo debemos recordar el atroz ataque a la misión de las Naciones Unidas en Bagdad, expresar nuestras más profundas condolencias a las familias de quienes han sido asesinados y heridos, y mencionar la triste, trágica y poco oportuna muerte del Sr. Sergio Vieira de Mello, gran defensor de los derechos humanos.
Debemos defender la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. ¿Y qué pasa con nuestras relaciones con terceros países? Debemos decir sí al diálogo, pero después del diálogo debe seguir la acción. Tenemos cada vez más sentencias de muerte en países con los que mantenemos estrechas relaciones. Por este motivo necesitamos acabar con la pena de muerte. Con nuestros acuerdos de asociación -pienso en Egipto e Israel-, si no hacemos nada, estamos tolerando la violación de los derechos humanos. ¿Para qué sirven nuestros acuerdos, en concreto las cláusulas sobre derechos humanos, si no los aplicamos? En Egipto se descubre a los homosexuales en Internet y se les encarcela solo por el hecho de ser homosexuales: es espantoso.
Debemos defender la libertad de prensa, los derechos y libertades de los niños, los derechos y libertades de los homosexuales, de las minorías, los derechos de las mujeres, las minorías étnicas, los derechos de los refugiados, y, sí, aunque no quede muy bien, de quienes piden asilo.
Permítanme que haga especial referencia a Aung San Suu Kyi, que ahora está en huelga de hambre en Birmania. Debemos hacer todo lo que podamos para liberar a esta valiente y honorable mujer. Debemos respetar también los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas en nuestro informe por primera vez.
Y terminaré diciendo que el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben hablar con una sola voz. Nuestro mensaje es claro: estos son nuestros valores. Si los apoyan, colaboraremos con ustedes. Si no, proseguiremos con esta agenda hasta que los derechos humanos se respeten total y definitivamente.

Van Hecke (ELDR).
Felicito al Sr. Van den Bos por su informe muy equilibrado, que conecta con los informes de derechos humanos de años anteriores y que enfoca de una forma muy matizada temas tan delicados como la libertad de religión. Me adhiero plenamente a su alegato a favor de una mayor consistencia y coherencia en la política de derechos humanos. Al fin y al cabo, la Unión Europea corre el riesgo de perder credibilidad si no consigue hablar con una sola voz, también cuando se trata de países estratégica o económicamente importantes, como China o Rusia. Con razón, el Sr. Van den Bos se queja de la fuerte politización del principal foro para los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. He podido participar en dos ocasiones en esta Comisión de la ONU y no pude evitar la impresión de que los gobiernos se confabulaban sistemáticamente para exculparse mutuamente. El lema parecía ser: si no acusamos a otros, no correremos el riesgo de ser condenados. Durante las últimas sesiones en Ginebra se ha visto nuevamente que son los zorros los que han de vigilar los huevos. Es muy sospechoso que países como Siria, Sudán, Zimbabwe y Cuba tengan un papel protagonista en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que la Unión Europea, el principal patrocinador, apenas tenga impacto. Me complace que el ponente haya aceptado mis enmiendas sobre esta cuestión. Por un lado es preciso fijar condiciones a la participación en la Comisión de la ONU, como la firma, la ratificación y el cumplimiento de los convenios en materia de derechos humanos y la admisión de informadores especiales de la ONU sobre derechos humanos. Por otro lado, ha de revisarse la toma de decisiones y la regla de unanimidad debe sustituirse por una regla de una mayoría de las dos terceras partes. Si no se cumplen estas condiciones, la Unión Europea tendrá que considerar seriamente la posibilidad de retirarse del círculo de los derechos humanos. De lo contrario correrá el riesgo de legitimar las violaciones de los derechos humanos en lugar de condenarlas, y esa no puede ser nunca la intención.
Caudron (GUE/NGL).
Señorías, cuando estudiamos con esmero una resolución sobre los derechos humanos que comporta no menos de 56 considerandos y 197 apartados, tras haber examinado 284 enmiendas en comisión, tenemos impresiones múltiples y contrastadas. Citaré algunas: ¿un informe tiene sentido, es útil, los puntos mencionados están bien jerarquizados, siempre se comprueban, qué papel desempeñas sus principales errores, las elecciones de agencias de prensa y los medios de comunicación? Sin olvidar las preferencias políticas. 
¿Qué podemos responder los que afirman que la ideología subyacente es la de los países ricos y poderosos, que juzgan a los otros en función de sus intereses y de sus criterios, y no aplican el mismo rigor en casa?
La actitud de los Estados Unidos nos proporciona en este ámbito una imagen más que caricaturesca: tratamiento de sus prisioneros, rechazo de la CPI, guerra preventiva, pena de muerte, etc. La lista no es restrictiva y cualquiera podría alargarla.
Así, en lo que respecta a la utilidad y la validez global, corresponde a cada uno elegir. Personalmente, a pesar de mis numerosas dudas, creo que dicho informe es útil y felicito al Sr. Van den Bos.
A continuación tenemos que entrar en detalles para medir y juzgar las lagunas y los excesos que figuran sin razón en el informe y los que, también sin razón, no figuran en él. Junto con mi colega, la Sra. Pernille Frahm, hemos presentado 9 enmiendas en comisión, de las cuales 7 han sido votadas y, entre las 27 enmiendas presentadas en el pleno, 8 han sido presentadas por diputados de mi Grupo. Ello demuestra nuestro interés y, por tanto, nuestra impresión de que este informe es útil.
Finalmente, constatamos que nadie, y digo bien nadie, entre nosotros estará de acuerdo con todo lo que se ha votado. Personalmente, podría enumerar todos los puntos que me molestan, aquellos con los que no estoy de acuerdo.
A pesar de ello, sin negar lo negativo, predomina lo positivo y estoy dispuesto a votar a favor de este informe, si algunos votos no lo desnaturalizan. En efecto, aún me preocupa el deseo de algunos de sustituir la libertad religiosa por la libertad de conciencia y tengo otros temores respecto de ciertos vínculos políticos. Otros colegas harán elecciones diferentes, incluso en mi grupo, pero esto es democrático. Queda lo importante -y lo digo con fuerza-, que es la necesidad de defender enérgicamente los derechos humanos, todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, en todo el mundo. Sí, insisto, en todos los países, ¡sin excepción!
Wuori (Verts/ALE).
Señor Presidente, aunque estoy de acuerdo con los que felicitan al Sr. Van den Bos por elaborar un informe excelente, y especialmente con lo que ha dicho en su discurso de apertura, diría que naturalmente existen diferencias de enfoque entre nosotros. Por nuestra parte, nosotros todavía queremos que el acento recaiga en los derechos de los presos políticos y el derecho a un medio ambiente sano.
La tortura, junto con la pena de muerte, es una violación del más fundamental de los derechos humanos. En un mundo que está luchando contra el terrorismo, nos ha alarmado ver cómo la prohibición incondicional de la tortura se convierte en una cuestión relativa y cómo se suaviza. No basta con invertir en prevención y especialmente en la ratificación más amplia posible del Protocolo Opcional para la Convención contra la Tortura. También tenemos que apoyar realmente la rehabilitación de las víctimas. Ahora vamos a conseguir una promesa a ese respecto, pero también requerirá recursos adicionales. Sin embargo, debemos invertir en esto, y eso significa que deben tomarse las decisiones presupuestarias adecuadas.
Cuando se considera el papel de la Unión Europea en el informe y las partes que tratan de hasta qué punto está dispuesta a emprender la labor sobre los derechos humanos, aparece una sensación de déjà vu. Esto no es porque el ponente haya fracasado en algún aspecto, sino porque, año tras año, hemos subrayado necesidades de cambio muy similares. En un mundo en que las opiniones sobre la seguridad basada en las armas y la cooperación están en conflicto unas con otras y en el que la situación relativa a los derechos humanos universales y la soberanía de los Estados es tensa -esta es una cuestión del destino de las Naciones Unidas-, la Unión Europea tiene una oportunidad para situar los derechos humanos en un lugar central en su política exterior. Los cambios institucionales no bastan a este respecto, aunque tengamos nuestro propio Ministerio de Exteriores y se reorganicen las comisiones parlamentarias. Solo puede funcionar si realmente queremos invertir en una labor coherente e implicarnos con la máxima franqueza.

Oostlander (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar de todo corazón al ponente por su excelente trabajo, que además es muy interesante desde el punto de vista de los principios y en la práctica. Intenta levantar los esfuerzos del Parlamento Europeo por encima del nivel de los buenos testimonios. A fin de cuentas, si nos manifestamos, tendremos también que ocuparnos del seguimiento. Con demasiada frecuencia olvidamos nuestras propias críticas y nos faltan posibilidades para averiguar qué ha sucedido con nuestras denuncias. Ahora finalmente hemos de ocuparnos del seguimiento. Aunque comprendo muy bien las objeciones que haya a veces en sentido práctico, como ya ha señalado el Comisario. Esto es válido sin duda para el apoyo que hay que dar a los galardonados con el Premio Sajarov, en muchos casos son los héroes de las libertades civiles. Precisamente esta semana se ha expresado de nuevo, con razón y en el momento adecuado, el apoyo a Aun San Suu Kyi y por ello es extraño observar que dedicamos tan poca atención a la Sra. Leyla Zana. ¿Acaso no conviene políticamente? Si esta fuera la razón, hemos de aplicarnos a nosotros mismos la misma crítica que ha expresado el ponente a la Comisión y al Consejo. Defender los derechos humanos no es sencillo. Defender a las personas con las que se está de acuerdo, es sencillo. Solo cuando hay que defender los derechos de las personas con las que no se está de acuerdo, solo entonces se puede hablar de una acción a favor de los derechos humanos. Lo mismo puede decirse de la libertad de conciencia. Para mi asombro, algunos de mis colegas lo llevan mejor que la libertad de religión. A decir verdad, me parece ligeramente sospechoso. Sin embargo, pido que se preste atención a mi enmienda sobre la libertad de conciencia, que por supuesto he presentado inmediatamente. Pues también sobre esta cuestión pueden mencionarse muchas cosas buenas. En la enmienda se enumera un amplio abanico de objeciones de conciencia, con los que uno puede estar o no de acuerdo. Por supuesto, esto último no es en absoluto interesante cuando se trata del respeto por la conciencia. Espero recibir un amplio apoyo de este Parlamento. A mi entender, el ponente ha tratado de forma excelente el tema de la libertad de religión en sus artículos. Por ello es más lamentable aún que la vulgar predisposición de la prensa implique a menudo que solo un 1% del texto que trata de la violencia en la religión reciba tanta atención. Espero que el ponente no lo escuche demasiado y siga incansable el camino emprendido en su informe. 
Fava (PSE).
Señor Presidente, Señorías, al igual que el Sr. Caudron y todos los presentes, yo también me pregunto lo que podemos hacer para evitar que el informe sobre derechos humanos se convierta en un ritual año tras año. Creo que hay algo que podemos hacer, y es presionar con nuestro seguimiento práctico y nuestra condena de los abusos de los derechos humanos, aplicar las resoluciones aprobadas en esta Cámara sin confinar nuestros deberes a las declaraciones de principio que escribimos en nuestras tarjetas para proporcionar -como el señor Comisario también ha dicho- fondos y recursos prácticos, al igual que formación y apoyo, a aquellos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, empezando por las Naciones Unidas, y, por último, apoyar a los periodistas -muchos periodistas murieron el año pasado, señor Comisario-, de los que pienso que son una fuente importante de testimonios y verificaciones, entre otros para el Parlamento.
Respecto al informe del Sr. Van den Bos, parece claro que hay que evitar que la religión se convierta en un factor de división de nuevo en el tercer milenio, como lo ha sido durante mucho tiempo. Tenemos que evitar que nuevas formas de intolerancia y discriminación se desarrollen en el nombre de Dios, y menos en algunos países bastante civilizados, en algunas democracias occidentales bastante civilizadas: un mundo dividido y atravesado por nuevas cruzadas sería un mundo enfermo terminal, y debemos evitarlo.
Hoy, señor Presidente, creo que la batalla por los derechos humanos ya no puede considerarse una batalla de principios, que ya no puede ganarse engañando o tomando atajos. Por lo tanto, instamos al Consejo a que se esfuerce al máximo por garantizar que la cláusula de derechos humanos -esto ya lo hemos oído en el discurso del Consejo- no se vea simplemente como un apéndice sin importancia, sino que represente un firme ideal de civilización jurídica y democrática que el Parlamento asegurará que nunca se menoscabe.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían ser las dos fuerzas principales en la lucha por los derechos humanos en el ámbito internacional. Y solo podremos conseguirlo si coincidimos en nuestra evaluación de lo que constituye el pleno respeto de los derechos humanos, y si merecemos credibilidad gracias a la coherencia entre lo que hacemos en casa y decimos fuera. Hay una barrera de incomprensión mutua entre la UE y los Estados Unidos. Nosotros pensamos: «¿cómo pueden los estadounidenses seguir ejecutando gente, seguir boicoteando la Corte Penal Internacional y seguir negando un juicio justo a los detenidos en la bahía de Guantánamo?»
Hay unos 18 ciudadanos y residentes de la UE encarcelados en Camp Delta. Y entre ellos se encuentra un vecino de mi circunscripción londinense, Feroz Abbassi. La UE debe ejercer una presión conjunta sobre los Estados Unidos para asegurar que se celebren juicios civiles con las garantías normales. La guerra contra el terror no debe convertirse en un ataque a las libertades civiles. Si permitimos la vigilancia injustificada, la detención y la discriminación de las minorías, sobre todo los musulmanes, debilitaremos nuestra credibilidad moral y fomentaremos más terrorismo.
El mejor lema es «practica lo que predicas». Juntos, la UE y los Estados Unidos forman un equipo formidable. Divididos, debilitamos nuestra fuerza en pro de los derechos humanos.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, cuando la Unión Europea habla de derechos humanos, la gente tiene toda la razón en preocuparse. Los recuerdos de las invasiones criminales de Yugoslavia, Afganistán y el Iraq todavía están frescos. Sin duda, el problema es que los pueblos que sufren la «benevolencia» de la Unión Europea y de sus amigos imperialistas insisten en resistirse a sus liberadores. Lo mismo puede decirse de la gente de Cuba, que no está convencida de las ventajas del mercado libre.
La Unión Europea, que se ha autonombrado defensora mundial de los derechos humanos, los utiliza selectivamente como palanca para ejercer presión con el fin de imponer su política. Tiene el punto de mira puesto en regiones y Estados que revisten una importancia geoestratégica y económica y Estados como Cuba, Vietnam, China, Belarús, etc. con sistemas políticos y sociales inconvenientes. Incluso la libertad religiosa se está utilizando con este propósito, mientras la resolución Turco llega a proponer una ley «extraterritorial» con penas y sanciones de acuerdo con la norma de los Estados Unidos.
Por otra parte, la Unión Europea y el informe hacen la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos de América, con la legislación antiterrorista que permite detenciones secretas y tribunales de guerra especiales. Hacen lo mismo con Israel, Turquía y los países candidatos que juzgan y prohíben los partidos comunistas.
Señorías, existe una necesidad urgente de que la gente ponga fin a esta hipocresía.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, deseo sinceramente agradecer al Sr. Van den Bos su trabajo dedicado y con visión de futuro sobre los derechos humanos en el mundo. En especial quiero subrayar cuestiones que rodean la defensa de la libertad religiosa, para la cual el Sr. Van den Bos ha proporcionado una base sólida en este documento y que yo mismo he podido implicarme en un refuerzo mayor.
El Parlamento Europeo llama la atención sobre las prohibiciones de actividades misioneras y amenazas de castigo en casos en los que la gente cambia de fe. Nosotros censuraríamos actos de violencia basados en una mala interpretación de la religión o la fe. El Parlamento Europeo señalaría la vulnerabilidad experimentada por miembros de minorías religiosas en el mundo. Una importante observación del documento es que el ateísmo extremista puede minar la capacidad de las personas para convivir en paz. También advertimos en contra de la intolerancia basada en el ateísmo.
Se afirma que los derechos de las mujeres y las niñas están amenazados por el matrimonio infantil. También señalamos el importante papel de los medios de comunicación al extender el conocimiento de las religiones y las culturas. Un principio importante subrayado en el informe del Sr. Van den Bos es el derecho a cambiar o a renunciar a la fe y buscar la casa espiritual de uno mismo en libertad y sin encontrarse con legislación opresiva o que da lugar a amenazas o castigo para los que cambian su fe y su religión.
Queremos eliminar las prohibiciones y las amenazas en relación con las conversiones de una religión a otra. Queremos oponernos a los castigos y otras prácticas en nombre de la religión que violan las libertades y derechos humanos.
Finalmente, este importante documento contiene el rechazo legítimo de la elección de Libia para ejercer la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También se dirigen críticas a Cuba, donde 78 activistas de derechos humanos han sido encarcelados por su trabajo sobre las libertades y derechos humanos.

De Keyser (PSE).
Señor Presidente, el excelente informe del Sr. Van den Bos me ha desconcertado en dos puntos. El primero es el acento casi excesivo que pone en el fenómeno religioso. El segundo está implícito en el informe, es decir, que la tolerancia de la pluralidad de creencias garantiza la libertad de conciencia.
No discutiré el primer punto, es una opción política del ponente y ya la ha explicado. Pero respecto del segundo, es decir, la pluralidad de creencias como apoyo a los derechos humanos en una sociedad, soy infinitamente más escéptica. En primer lugar, porque esta concepción relega a los ateos y a los agnósticos a la categoría de infieles, una especie de estado por defecto. Pero también, más profundamente, porque estoy convencida de que la laicidad estructural de un Estado o de una federación de Estados es la única capaz de garantizar la libertad de conciencia de cada uno. Esta laicidad estructural sitúa las creencias allí donde son esenciales, es decir, en la esfera privada. Que en privado seamos ateos, católicos, judíos, musulmanes o adeptos a cualquier secta pacífica importa poco. A propósito de las sectas, recuerdo las palabras de Anna Morelli, historiadora belga de las religiones: una secta es una religión que no ha recibido el apoyo de un poder político. Pero en la esfera pública, y especialmente en el ámbito político, hay que proscribir cualquier interferencia religiosa, y denunciar cualquier influencia oculta. Son las únicas garantías verdaderas de la libertad de conciencia de los ciudadanos, de su libertad a secas. El informe Van den Bos habría sido aún más contundente si sus conclusiones hubieran llegado tan lejos.
Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, quiero, en el poco tiempo de que dispongo, plantear una cuestión al Ministro Antonione y al Comisario Nielson, que tiene que ver con el apartado 135, que subraya el papel central de la educación para el entendimiento mutuo y demás.
Estamos a principios del curso académico; en la parte ocupada de Chipre, solo había una escuela, en Rizokarpaso, a la que se le permitió funcionar. Hoy, las autoridades ocupantes del Sr. Denktash no permiten a la escuela secundaria funcionar y hace dos o tres días expulsaron a los maestros de primaria.
Esta es una cuestión urgente. El año académico está comenzando, puede que los niños se queden sin escuela y las familias probablemente se irán a la parte de la República de Chipre en la que se permite funcionar a todas las escuelas. Por esta razón quisiera obtener una respuesta del Sr. Nelson y del Sr. Antonione respecto a la acción que van a emprender a fin de plantear esta cuestión a las autoridades ocupantes.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, es preciso felicitar al Sr. Van den Bos por su trabajo, pero el problema en un informe tan amplio como este es que al final incluye los caballos de batalla de todo el mundo y los mensajes esenciales pueden quedar desdibujados.
Ya se ha convertido en un tópico decir que los derechos humanos son indivisibles. Pero yo no estoy convencido de que los derechos humanos de los terroristas asesinos de masas o de quienes les ayudan y les protegen de alguna forma merezcan la misma consideración que los de los ciudadanos decentes que cumplen la ley. Se nos recuerda que en la lucha contra el terrorismo nuestras democracias deben tener cuidado de no violar las libertades civiles y los derechos humanos. Por supuesto, así debe ser, pero, de la misma forma, no debemos permitir que los derechos humanos se conviertan en una arma del arsenal terrorista. Son los terroristas y sus defensores los principales violadores de los derechos humanos de nuestros ciudadanos.
Para nosotros es muy fácil echarnos las manos a la cabeza ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en todo el mundo. En mi opinión, la Unión Europea debería centrarse con más precisión en algunos objetivos factibles respecto a los que se encuentra en situación favorable. Debería concentrar la acción en unos pocos ámbitos donde tenga la posibilidad de conseguir resultados y después actuar de forma coherente y con determinación.
Estoy pensando en Birmania -sobre la que hablaré mañana- y en Zimbabwe, donde millones de personas sufren bajo la tiranía de Mugabe, una situación vergonzosamente tolerada y favorecida por los líderes de algunos países africanos de la región. Demasiadas veces el Consejo ha ignorado las resoluciones de este Parlamento. Algunos países han intentado explotar la situación en beneficio propio. Pero en vez de ello debería existir un planteamiento coherente, basado en una estrategia clara para sacar la bota de Mugabe del cuello de sus ciudadanos. Esto es posible.
Los gobiernos corruptos y brutales de Estados fracasados suelen ser la principal fuente de violaciones de los derechos humanos de millones de las personas más desfavorecidas del mundo. Como conservadores británicos, insistimos en que, a cambio de mejorar la ayuda al desarrollo, los países beneficiarios deberían cumplir su parte del trato, principalmente la gobernanza, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Quizás entonces podríamos avanzar un poco.

Howitt (PSE).
Señor Presidente, si los derechos humanos constituyen el núcleo de los valores europeos, la presentación de este informe anual sobre los derechos humanos constituye una de las fechas más señaladas del año de este Parlamento Europeo. Felicito al Sr. Van den Bos por su trabajo, en el que ha tenido que enfrentarse a un gran número de prioridades y exigencias.
Sigue siendo un problema del Parlamento decidir si conviene especificar los países individualmente en este informe. ¿Por qué, por ejemplo, se critica la libertad de religión en Laos, Vietnam y Pakistán, pero no en Turkmenistán o Arabia Saudí?
La resolución identifica algunos cambios estructurales en el ámbito de la UE que realmente podrían mejorar el respeto de los derechos humanos, como una mejor aplicación de la cláusula sobre derechos humanos entre la UE y terceros países, la participación del Parlamento Europeo en el debate del programa operativo sobre derechos humanos, y el establecimiento de criterios de referencia que permitan la acción de la UE sin llegar a los dos instrumentos a menudo contundentes como son la política de sanciones o la suspensión de la ayuda. Espero que la Comisión lo estudie con detenimiento.
Finalmente, de la misma forma que el Parlamento ha votado hoy a favor de una Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad, es correcto que la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad esté representada en esta resolución general. No se trata solo de derechos económicos y sociales, sino de personas de todo el mundo que han perdido la vida o que están sometidas a abusos solo porque sufren una discapacidad. Por ejemplo, se dan abusos en instituciones residenciales donde las personas se ven privadas de la dignidad humana básica, como el uso de camas con rejas en instituciones psiquiátricas de países que el año que viene se convertirán en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. En este y en todos los aspectos identificados en este informe, los derechos humanos son indivisibles en Europa y en todo el mundo.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, este informe quiere hacernos creer que la Unión Europea está llamada a desempeñar un papel principal en materia de derechos humanos a escala mundial.
Es un hecho que en los países ricos de Europa Occidental y en los Estados Unidos los derechos y las libertades personales están un poco más protegidos que en la mayoría pobre del planeta, a condición de no mirar muy de cerca. A condición de cerrar los ojos a la caza de inmigrantes, los llamados «sin papeles», los vuelos chárter de expulsión, las leyes contra los pobres, de olvidar que a muchos se les niega el derecho a una vivienda digna. A condición de ignorar que, en un país como Francia, la libertad de expresión se detiene a las puertas de las fábricas, porque la difusión de una octavilla política en el interior puede ser motivo de despido. A condición de ignorar que, en algunos países de la Unión se niegan los derechos básicos a las mujeres, como la elección de tener o no un niño. A condición de considerar normal que el derecho al trabajo, a un salario digno no esté reconocido como un derecho fundamental y se aplique. Mientras que los derechos humanos mutilados solo están asegurados en los países ricos porque les son negados a los pobres del planeta, son precisamente los países ricos, tan orgullosos de los derechos humanos en sus países, quienes mantienen en los países pobres numerosos regímenes repugnantes, basados en la opresión y, sobre todo, en una miseria sin límites.
Sartori (PPE-DE).
Señor Presidente, a pesar de estar satisfecho con el informe, mi Grupo también cree que debe utilizar el tiempo del que dispone para subrayar que es esencial que el Parlamento Europeo siga haciendo uso de todos los recursos de los que dispone más resueltamente para asegurar que se otorga una mayor preeminencia a la cuestión de los derechos humanos en nuestra toma de decisiones y que las políticas que seguimos son más efectivas. Creo que, por lo que respecta a los derechos humanos en general en el mundo -y destacaría en esta amplia categoría los derechos de los niños y de las mujeres- todavía hay potencial aprovechable en las decisiones que tomamos sobre las políticas de ayuda, entre otras cosas respecto a los países en desarrollo, un potencial que debemos explotar con mayor determinación y resolución para promover la necesidad de respetar los derechos humanos. En mi opinión, aquí también existe un problema de información, y estoy de acuerdo con la afirmación que aparece en el informe relativa a la necesidad de que el Parlamento en general y las comisiones que gestionan las decisiones relativas a las políticas de estos países, en particular, tengan un acceso mayor, más rápido y seguro a la información diaria de última hora sobre lo que está ocurriendo en esos países.
Para concluir, yo también quiero mencionar la pena de muerte, que es una preocupación recurrente para todos y sobre la cual todos debemos seguir desarrollando una política.

Antonione
. (IT) Señor Presidente, quisiera, muy brevemente, responder al Sr. Alavanos, que ha planteado una cuestión de la que el Consejo no tiene conocimiento. Puedo asegurarle que investigaremos el asunto dentro de los límites de poder que tiene el Consejo. Responderé al Sr. Alavanos por escrito, si es necesario.

Nielson
. (EN) Solo necesito hacer una observación general para terminar. He sentido una gran frustración ante muchas de las intervenciones que reflejan la falta de decisiones claras con efecto vinculante y la falta de instrumentos eficaces para hacer cumplir el respeto de los derechos humanos en el mundo.
Algunas incluso han transmitido una sensación de extraterritorialidad que se acerca al lenguaje unilateralista. Debemos tener cuidado y permanecer fieles a otros valores que también son importantes para nuestra autoestima y nuestro proyecto. Debemos seguir siendo multilateralistas. Y cuando hablamos de estos temas tan difíciles, no hay atajos posibles.
Cuando los pobres del Tercer Mundo no miran a los europeos -y aunque no comprendan las cifras, esto ilustra la imagen que tienen de nosotros-, ven que en Europa cada vaca recibe una subvención de dos euros diarios. Allí, 1.200 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día. Más de la mitad de la población mundial percibe menos de dos dólares al día.
No quiero apartarme del tema central del debate, pero cuando hablamos de percepciones y de cómo este mundo se ve a sí mismo, debemos tener esto en cuenta. Todo el mundo habla de la sociedad internacional, pero no existe. Estamos intentando crear una. Y aquí es donde tenemos una buena razón para ser europeos en estos momentos. Debemos introducir esto en los temas que discutimos aquí.

El Presidente.
- Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
DECLARACIONES POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Boudjenah (GUE/NGL)
 El informe denuncia, con razón, la situación de los derechos humanos en numerosos países. Sin embargo, es deplorable que los países del Magreb, al igual que Israel, estén curiosamente ausentes de este informe. Sin embargo, el año 2002 marcó un cambio represivo preocupante en estos países, en particular respecto de la libertad de expresión: detenciones y persecuciones judiciales de los responsables del movimiento ciudadano de la Kabilia en Argelia y, en la actualidad, atentados a la libertad de prensa; encarcelamiento de un periodista de Internet en Túnez; censura y persecución del periodista Ali Lmrabet en Marruecos e incluso atentados perpetrados en el Sahara occidental por parte del poder marroquí. En Cisjordania, la edificación del muro de la vergüenza comporta múltiples atentados al derecho de circulación, al derecho a la tierra para la población palestina; es un peligro para los derechos humanos y para la paz.
Finalmente, en numerosos países la pretendida lucha contra el terrorismo es un pretexto para las medidas de seguridad y represivas. Hay que defenderse de ellas. Más allá, nos corresponde a nosotros rechazar que el cuestionamiento del Derecho internacional, peligrosamente trivializado por el poder norteamericano, nos lleve a un mundo en que los intereses económicos y políticos primarían para siempre sobre los derechos de los individuos y de los pueblos.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0281/2003) del Sr. Sylla, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2002) [2002/2013(INI)].
Sylla (GUE/NGL)
. (FR) Señor Presidente, en primer lugar es un honor para mí presentarles el informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales. Se trata de una síntesis de los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Esta síntesis está reconocida y figura en la parte II del texto del proyecto de Constitución elaborado por la Convención. Creo que, en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones europeas pueden controlar, cada una según su ámbito de competencia respectivo, que los Estados miembros respeten de forma rigurosa los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Formulo el deseo de que después de esta votación el carácter jurídicamente vinculante de la Carta, una vez que esta se haya aplicado, permita que los ciudadanos europeos puedan acudir directa e individualmente al Tribunal de Justicia y de la UE. Digo esto porque, por mi parte, me he empeñado en involucrar a los ciudadanos en la elaboración de esta Carta. Así, en la primera audiencia he reunido a dos escuelas, una alemana y otra francesa, que siguen los trabajos desde hace ahora seis meses. También me he empeñado en reunir al conjunto de las grandes organizaciones no gubernamentales -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos- así como a representantes de los parlamentos nacionales, incluidos los países candidatos. De este modo, creo que he podido reunir muchas más informaciones y comprobarlas con ocasión de mis propias visitas.
El exceso de información, lejos de ser una desventaja, puede resultar enriquecedor. En este sentido, me he empeñado en que este informe destaque elementos sólidos. En primer lugar, se trataba para mí de reflexionar sobre una de las mayores fracturas que quizá hayamos conocido en el continente europeo desde la caída del muro de Berlín, es decir, las consecuencias del 11 de septiembre, tanto en los países de la Unión como fuera de ellos. Asimismo, he tenido ocasión de efectuar un viaje de estudio de tres semanas a los Estados Unidos. Al atravesar este país, he podido comprobar que las consecuencias del 11 de septiembre aún son numerosas. La gente tiene miedo y, sobre todo, todo el mundo reconoce que se produce una ola de fobia al Islam sin precedentes: reconocerlo les honra. Iglesias, jueces, ciudadanos, ONG han protegido a los musulmanes. Creo que, desde este punto de vista, esto también nos tiene que servir de lección.
¿Por qué nos tiene que servir de lección? Porque, en mi opinión, demasiado a menudo olvidamos el objetivo principal de los terroristas: desestabilizar el Estado de derecho. Cada vez que hacemos algo que no ayuda a reforzar el Estado de derecho, de alguna manera contribuimos al objetivo de los terroristas, que es precisamente desestabilizar el Estado de derecho.
Además, es importante recordar, en el marco de la defensa de este primer derecho fundamental que es el derecho a la vida, que figura en el primer capítulo de la Carta de los Derechos Fundamentales, la necesidad de seguir todos unidos en la lucha contra el terrorismo. Esto es lo mínimo que podemos hacer, ya que los terroristas golpean de forma ciega. Mientras trabajaba en este informe recordé una anécdota. En 1994 tuve el honor de ser recibido por Nelson Mandela, que estaba a punto de tomar el poder en Sudáfrica. En ese mismo momento apareció un informe que clasificaba a la ANC como una organización terrorista. También hay que recordarlo: ¿la ocupación alemana no consideraba terroristas a los resistentes? La ONU ha enumerado más de 142 definiciones de terrorismo. De alguna manera, nos entran ganas de decir: a cada uno su adversario.
Señor Presidente, creo que en la actualidad el terrorismo es una verdadera fuente de conflictos desde todos los puntos de vista y puede conducir a las sociedades a la precaución, a encerrarse en si mismas. Por lo tanto, tenemos que velar, en este contexto, por encontrar soluciones lo más rápidamente posible. Me refiero sobre todo a la inquietud que suscita el hecho de que se mantenga en el yo llamaría estricto secreto a ciudadanos, nacionales europeos, en Cuba porque se sospecha que han cometido actos terroristas. En consecuencia, luchar contra el terrorismo es también contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.
La segunda cosa que me ha preocupado es la situación en las cárceles. Creo que es particularmente chocante, en este inicio de milenio, ver lo que ocurre en las prisiones de la Unión Europea, donde la situación está lejos de ser satisfactoria. Existe una superpoblación carcelaria casi generalizada. Solo en Francia hay 60 000 presos para 50 000 plazas.
Otra preocupación: las amenazas que pesan sobre la libertad de expresión. Me refiero sobre todo a los megagrupos económicos y al caso de Italia. Finalmente, la igualdad. Desde este punto de vista, es urgente que más partidos políticos europeos firmen la Carta de los Partidos Políticos europeos de 1998 para una sociedad no racista.
Además, la transposición por parte de los Estados miembros de las Directivas aprobadas por el Consejo en materia de lucha contra las discriminaciones de todo tipo en el puesto de trabajo es a menudo incompleta, incluso inexistente. Otros temas, como la solidaridad, los derechos cívicos y sociales, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en el puesto de trabajo, me parece que inciden en la cuestión de la ciudadanía europea y la justicia. Aún queda demasiado por hacer. No he querido señalar a ningún país en particular. Simplemente he querido que pongamos en común lo mejor de cada uno de nuestros países.
Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, antes de nada me gustaría expresar mi satisfacción por la oportunidad de este debate y felicitar a la Comisión de Libertades Públicas y al ponente, el señor diputado Sylla, por el informe que hoy debatimos y que constituyó una prueba de la continuidad de los esfuerzos empleados por el Parlamento en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Este informe tiene una particularidad especial: es el primer informe del Parlamento elaborado basándose en el informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión y en los Estados miembros, redactado por la red de expertos independientes creada por la Comisión a petición expresa de este Parlamento Europeo. El informe de la red explica los puntos de vista de expertos independientes, y no los puntos de vista de la Comisión, y presenta la situación concreta de la protección de los derechos fundamentales teniendo en cuenta la evolución de las legislaciones nacionales y de las propias prácticas nacionales, así como la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y de Estrasburgo. Así pues, acojo con satisfacción el hecho de que el informe de la red sea útil para vuestros trabajos. Soy consciente de que indudablemente se puede mejorar en el futuro para que sea más operativo, tal y como se propone en el punto 4 del informe del Sr. Sylla.
De conformidad con las recomendaciones que previsiblemente votará este Parlamento, la Comisión ya estableció contactos con el coordinador de la red de expertos, con el fin de adaptar el trabajo de la red a las preocupaciones y prioridades expresadas por el Parlamento. Puedo afirmar ya que, en el futuro, los informes nacionales preparados por cada perito de la red estarán a disposición de los diputados y que los contactos entre la red y el futuro ponente del Parlamento sobre los derechos fundamentales se intensificarán. Del mismo modo, la Comisión celebrará ya en octubre una reunión con los representantes de las organizaciones no gubernamentales para garantizar que las informaciones a presentar para el informe sean lo más completas y fiables posible.
Es evidente que nos encontramos en un momento muy importante para la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Por un lado, porque la Unión va a sumarse al conjunto de la familia europea y, por otro lado, porque la Unión establece sus reglas constitucionales en el transcurso del trabajo de la Convención sobre el Futuro de Europa y en el marco de la futura Conferencia Intergubernamental, y también desarrolla un espacio de libertad, de seguridad y de justicia que debe contribuir a la definición de su verdadera identidad como una unión política, que respeta los valores fundamentales del Estado de derecho democrático.
Con respecto a los casos presentados por el informe del Sr. Sylla y a algunos de los problemas en el ámbito de los derechos fundamentales en la Unión Europea, me gustaría informar a esta Cámara de que la Comisión ya adoptó, o está en vías de adoptar, medidas para encontrar soluciones relativas a varias de las materias. Por lo que respecta a la compensación de las víctimas del terrorismo, la Comisión presentó en octubre de 2002 una propuesta de directiva sobre la indemnización de las víctimas del crimen en general, que abarca específicamente el caso de las víctimas del terrorismo.
Con respecto a la libertad de circulación y de residencia, que es un punto fundamental del proyecto europeo, la Comisión adoptó el 15 de abril de este año una propuesta modificada de directiva sobre la profundización de la libertad de circulación y, en este momento, estamos trabajando en estrecha colaboración con la Presidencia italiana para alcanzar una posición común del Consejo y del Parlamento que permita aquí una segunda lectura rápida, de forma que este proceso legislativo haya concluido antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004.
Del mismo modo, la Comisión sigue atentamente la situación de la minoría Roma en el contexto de la ampliación, tanto desde el punto de vista de los criterios políticos de adhesión a la Unión Europea, como desde el punto de vista de las financiaciones a través del programa PHARE. Por otro lado, tenemos la intención de lanzar un estudio para evaluar cómo pueden desarrollarse de forma coherente y eficaz los programas de la Comisión.
Con relación a las estrategias preventivas relativas a las consecuencias de los despidos coyunturales, la Unión desarrolló una política global para hacer frente a la reestructuración de las empresas. De este modo, antes de cada reestructuración, las asociaciones de trabajadores deben ser informadas y consultadas para evitar o atenuar su impacto social.
La cuestión de la conciliación de la vida familiar y de la vida profesional forma parte integral de los objetivos de la estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entre los hombres y las mujeres para el período de 2001-2005. Por otro lado, con respecto al proyecto de propuesta de decisión marco sobre las garantías procesales concedidas a los sospechosos y acusados en los procesos penales de la Unión Europea, que surge en el transcurso del Libro Verde que la Comisión publicó el 19 de febrero, en estos momentos se está redactando esta propuesta y el texto estará disponible a finales de noviembre, una vez aprobado por la Comisión.
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea va a tener una Constitución. En esa Constitución, de acuerdo con las conclusiones de la Convención sobre el Futuro de Europa, ocupará un lugar fundamental la Carta de los Derechos Fundamentales adoptada por la Convención anterior y que fue aprobada políticamente por las tres instituciones del Consejo Europeo de Niza. Esto significa que un ordenamiento de naturaleza constitucional se basará en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Sin embargo, para que la Carta pueda tener el máximo efecto posible, la Comisión no ignora la importancia de la aplicación del Artículo 7 del Tratado de Niza. En ese sentido, me gustaría confirmar que, durante el presente mes de septiembre, la Comisión aprobará y enviará al Parlamento y al Consejo una comunicación sobre las condiciones de aplicación del Artículo 7 del Tratado de Niza, en materia de protección de los derechos fundamentales.
Así pues, quiero terminar diciendo que con este debate y con estas iniciativas, la Comisión, al igual que el Parlamento, contribuye de forma decisiva a una profunda transformación del contexto jurídico y político de la Unión, y uno de los componentes de esa transformación son los derechos fundamentales, que no sólo hay que respetar, sino que también es necesario garantizar su desarrollo integral. De este modo, podremos construir una verdadera política de los derechos fundamentales en la Unión, aplicarla en nuestro propio seno y dar así ejemplo al mundo entero.
Wyn, Eurig (Verts/ALE)
. (EN) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Sylla por su amplio informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2002. La longitud del informe pone de manifiesto que la Unión Europea, que predica constantemente a favor de los derechos fundamentales en el resto del mundo, todavía incumple esos mismos derechos en el interior de sus fronteras.
Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte sobre este informe, me complace que en el apartado 38 por fin se mencione explícitamente y se ponga en la picota a Italia por la concentración de medios de comunicación y la influencia que ejerce sobre ellos su Primer Ministro, sin que se adopte por ello ninguna medida para evitar el conflicto de intereses.
Y digo que me complace porque lamentablemente la mayoría de los miembros de la Comisión de Cultura votaron en contra de citar a Italia como mal ejemplo por la concentración de medios de comunicación, que plantea una amenaza muy grave para la democracia en todo el mundo.
Todos sabemos que los conglomerados de medios de comunicación controlan una parte importante de los medios nacionales en varios países europeos. Bertelsmann y Kirch en Alemania, el imperio de Rupert Murdoch en el Reino Unido y Vivendi en Francia. Pero la combinación de influencia mediática y poder político de Berlusconi es única en Europa. Un informe reciente sobre los conflictos de intereses en los medios de comunicación en Italia realizado por la ONG Periodistas Sin Fronteras cita a Freimut Duve, representante de la OSCE para la libertad de prensa, quien ha condenado reiteradamente la concentración de tantos medios de comunicación italianos en manos del Primer Ministro. La OSCE dice que es un reto para la arquitectura constitucional de Europa y además un mal ejemplo para las nuevas democracias en transición.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también sostiene que el posible conflicto de intereses entre el cargo político del Sr. Berlusconi y sus intereses económicos y mediáticos privados es una amenaza para el pluralismo de los medios de comunicación.
Podría alargarme más, pero estoy seguro de que todos comprenden los problemas que la concentración de medios en Italia plantea para la democracia y la libertad de información. De modo que espero, sinceramente, que todos estén de acuerdo en que el caso de Italia debía incluirse en este informe.

Karamanou (PSE)
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el Sr. Sylla, que ha concluido un trabajo muy difícil.
Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, quiero expresar nuestra profunda satisfacción por los comentarios y recomendaciones que aparecen en el informe sobre la garantía y la aplicación de la democracia y la igualdad en la vida cotidiana y en la práctica, en el sentido de una participación equilibrada de los sexos en las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos de las mujeres.
No es posible, señor Comisario, que las mujeres sean tratadas como seres humanos y ciudadanas con derechos restringidos en la Europa del siglo XXI. Es inaceptable que todavía existan sectores profesionales y ámbitos de la Unión Europea en los que la legislación comunitaria, las reglas democráticas y las libertades fundamentales solo se apliquen a los hombres.
Mi comisión ha condenado repetidamente la discriminación basada en el sexo y la discriminación basada en la orientación sexual o el origen nacional o social. En otras palabras, condenamos las diferentes varas de medir que derivan principalmente de las tradiciones culturales y los estereotipos sociales y que hoy se refieren a períodos oscuros y tristes de la historia de la humanidad.
Exigimos insistente y constantemente lo que es evidente: que los derechos humanos y las libertades fundamentales se apliquen por igual a los hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Solo entonces podremos hablar de la universalidad de los derechos humanos y de la integración en las demás políticas.
También quiero aprovechar la oportunidad de la votación de hoy sobre el informe relativo al programa DAPHNE para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, señor Comisario, para solicitar una vez más a la Comisión Europea y a los Estados miembros que el combate contra la violencia que sufren las mujeres, que es la peor forma de violar los derechos de las mujeres, ocupe uno de los primeros lugares de su agenda política. No creo que ninguna política deba tener más peso que la protección de los derechos humanos.

Cornillet (PPE-DE).
Señor Presidente, más allá de los elogios al trabajo del Sr. Sylla, quiero hacer dos observaciones relativas al método que creo que hay que emplear en este informe.
En primer lugar, quiero recordar que es el tercer informe tras una reforma extremadamente importante, deseada por nuestro Parlamento, que consiste de hecho en leer la situación de los derechos fundamentales en la Unión a la luz de la Carta, lo que implica ciertas obligaciones. Nos hemos dotado de medios -una red de expertos que presenta un informe, normalmente un grupo de trabajo colectivo-, pero la palabra clave es toda la Carta y nada más que la Carta. Naturalmente esto obliga al ponente y a todos los que desean que este informe se apruebe a cuidar de que no sirva de pretexto al activismo político, que no sirva para anteponer opiniones personales, o que no sea un precursor de la acción de grupos de presión que no tienen nada que ver. ¡Sólo la Carta, pero toda la Carta! Creo que es un principio que hay que reafirmar.
Mi segunda observación se refiere a los países. Este informe consta de dos partes, de acuerdo con el reglamento de la UE. En realidad el informe forma un todo y, por lo tanto, la resolución solo debería contener la esencia del informe y poner de relieve solo lo que el Parlamento desea que la opinión pública recuerde. Ello evitaría reflejos nacionalistas por parte de cierto número de nuestros colegas que no soportan que se cite a su país. Creo que, también desde este punto de vista, nos interesa conservar en la resolución solo los puntos importantes, que de hecho se refieren a la razón por la que el Parlamento ha optado por hacer este informe. Ha optado por hacerlo en calidad de guardián de las libertades públicas y para poder responder a la pregunta: ¿se ha respetado o no la Carta de los Derechos Fundamentales tal y como está escrita, y no tal y como querríamos que estuviese escrita, en el transcurso del año considerado en el territorio de la Unión? Este es el objeto del informe. Es muy importante que no olvidemos estas cuestiones de método si queremos que este informe se apruebe con la más amplia base política posible.

Swiebel (PSE).
Señor Presidente, esta es la cuarta vez en esta legislatura que se celebra un debate en el pleno sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea. Por tanto va siendo hora de que nos preguntemos qué ha cambiado entretanto. En primer lugar la cuestión de los hechos. Los temas principales son y seguirán siendo el mal comportamiento de los funcionarios públicos como los funcionarios de policía, la situación en las prisiones, el tráfico de personas, las formas de desigualdad en el trato y de discriminación, el racismo y la xenofobia. El que es cínico, dice «nada nuevo bajo el sol». Sin embargo, además está también la amenaza de los derechos de los ciudadanos a causa de una reacción exagerada ante el terrorismo, y este es un problema nuevo. Nos preocupa la colaboración en el ámbito penal con los Estados Unidos y del intercambio de datos personales. Con todo, creo que, en los últimos años, la problemática de los derechos humanos dentro de la Unión Europea ha adquirido unos contornos más nítidos, a pesar de los esfuerzos de muchos por realizar mejoras en ámbitos parciales. En lo que respecta a la recogida y el análisis de datos, puedo ser más positiva. En primer lugar, nuestro trabajo se ha sistematizado y objetivado, debido a que hemos tomado como punto de partida la Carta de los Derechos Fundamentales. Asimismo nuestro trabajo se ha profesionalizado, gracias a que ahora podemos recurrir a la red de expertos bajo la dirección del profesor De Schutter. Ambas mejoras se deben claramente a las iniciativas de este Parlamento y por ello hemos de considerarnos satisfechos. En lo que concierne a la respuesta política, no soy tan optimista. El Parlamento Europeo se ve atrapado muchas veces, también esta vez, por un temor injustificado en cuanto se habla de críticas y rapto, también este año. Sin embargo, es preciso señalar claramente los abusos en los Estados miembros. ¿Por qué, si no, tenemos un informe como este? A fin de cuentas, la intención no es esconder los abusos constatados en una exposición de motivos cuando se trata de violaciones de los derechos humanos, en países terceros. El excelente informe del Sr. Van den Bos, que se ha tratado antes, lo testifica. Considero que hemos de seguir este enfoque cuando se trata de violaciones de los derechos humanos en la Unión Europea. Por ello, mi Grupo apoyará plenamente el informe del Sr. Sylla. 
En lo que respecta a la posición de la Comisión Europea, he de decir que valoro mucho los esfuerzos, sobre todo del Comisario Vitorino. Ha hablado tan rápidamente de sus esfuerzos que incluso resultaba difícil comprenderlo todo. Sin embargo, hay un pequeño problema. La red es una institución muy buena, pero ¿acaso la Comisión no se estará escondiendo demasiado detrás de la red y no se recalca insuficientemente lo que se dice en los manuales: el papel de la Comisión Europea como guardiana de los Tratados? ¿Dónde está la propia Comisión Europea, cuándo demostrará el valor político para plantear los problemas de los derechos humanos en la Unión Europea? Tengo mucha curiosidad por la comunicación que ha anunciado el Comisario sobre la elaboración del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. 
En lo que respecta al Consejo, señor Presidente, quizás pueda decir, si me lo permite, que esos asientos vacíos son un escándalo. Los señores de la Presidencia estaban presentes cuando debatíamos el anterior punto. ¿He de deducir que la Presidencia considera que solo merecen un trato serio los derechos humanos fuera de la Unión Europea? Me niego a creerlo. ¿Quizás pueda usted preguntarles en nuestro nombre por qué estaban ausentes?
Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al ponente y diciendo que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya el informe. Aunque puede que tengamos opiniones distintas sobre ciertos aspectos del mismo, podemos afirmar que este estudio es útil y significativo.
No obstante, me habría gustado ver ejemplos más prácticos. Señor Cornillet, me pregunto para qué sirve este informe si no señalamos a una serie de países. Si la Unión Europea quiere ser un ejemplo para el mundo, no podemos ponernos una máscara y no arreglar nuestra propia casa. ¿Qué credibilidad tendríamos entonces en el mundo que nos rodea? La pregunta para la Comisión y el Consejo es, sin duda: ¿qué medidas prácticas están utilizando para abordar los problemas?
Quiero comentar tres ámbitos. El primero es la política de asilo de la Unión Europea y los Estados miembros, que merece ser criticada. Existe una ansiedad política por la cual todos los países parecen sentirse capaces de comprometerse con los principios jurídicos fundamentales. Naturalmente, debemos poner fin al contrabando humano e impedir que se utilice mal el sistema de asilo, pero no podemos devolver a los refugiados para que los torturen o los maltraten. Tenemos que conceder a todos los niños que llegan a la Unión Europea la oportunidad de tener una vida digna. Existen muchas deficiencias en este ámbito, incluyendo mi propio país.
El segundo ámbito son las condiciones de las prisiones. Tenemos prisiones saturadas, violencia extensiva y problemas en aumento que incluyen la rehabilitación de ex prisioneros en la sociedad. Europa ha de tener cárceles adecuadas para seres humanos.
El tercer ámbito se refiere a una cuestión delicada pero importante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma claramente y sin ambigüedades que «se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo». Estoy de acuerdo con el Sr. Eurig Wyn en este asunto y me pregunto si es quizás una ironía del destino que sea la Presidencia italiana la que tenga que conseguir un acuerdo entre los Estados miembros en torno a una constitución que Italia, con el monopolio de medios de comunicación de su Primer Ministro, viola claramente y sin ambigüedades. No podemos tolerar esta situación. En conclusión, quiero preguntarle, señor Comisario, lo que está haciendo con respecto a este tema sensible. La situación de los medios de comunicación italianos es responsabilidad de toda Europa, incluido usted, señor Vitorino.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señor Presidente, acojo favorablemente este informe, que es un instrumento instructivo por varias razones: excelente compilación de la legislación vigente, buen seguimiento de la evolución de la legislación y sobre todo de los efectos del 11 de septiembre, y prueba clara de que la percepción del peligro ha modificado los términos del equilibrio entre libertad y seguridad, de que la multiplicación de las leyes de excepción ha limitado sustancialmente y ridiculizado nuestros derechos fundamentales.
Con la adopción de disposiciones europeas como las decisiones marco sobre el terrorismo y la orden de detención europea, o como la congelación de los bienes de ciertas entidades o individuos considerados terroristas, la Unión Europea reafirma la multiplicación de las legislaciones antiterroristas y represivas aprobadas por los Estados miembros. Sin embargo, si el imperativo de lucha contra el terrorismo no puede ser una excusa para el establecimiento de legislaciones discriminatorias y arbitrarias, la ausencia de una definición clara y precisa del terrorismo en la legislación europea permite la penalización implícita de movimientos sociales vinculados a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. La simple sospecha puede implicar la detención.
Poblaciones enteras ya vulnerables lo son aún más desde el 11 de septiembre: los nacionales de países terceros, los solicitantes de asilo, los romaníes, los musulmanes. Al ignorar los derechos fundamentales y las libertades públicas, a menudo se trata a estas poblaciones como una amenaza o un peligro para la seguridad del Estado, y el 11 de septiembre es un buen pretexto para ello. Permite eludir las cuestiones reales a las que la sociedad tiene que enfrentarse: integración, xenofobia, política de inmigración y de asilo. La lucha contra el terrorismo sirve hoy de pretexto para la lucha contra la inmigración, calificada de ilegal.
Los acuerdos de asociación con Argelia, por ejemplo, son una bella muestra de esta amalgama entre terrorismo e inmigración. Lo mismo ocurre con los acuerdos de readmisión para los «sin papeles» devueltos a países terceros. La lista de violaciones cometidas en el seno de la Unión Europea por parte de los Estados y las instituciones es larga: xenofobia, doble pena, detención arbitraria, discriminación en la contratación, en la vivienda y delitos basados en la identidad.
Pero los derechos humanos no tienen fronteras, así que seamos francos, comencemos por barrer delante de nuestra puerta. Dejemos de hacer de los derechos humanos una moneda de cambio con países terceros; el objetivo de la Unión Europea es promover la paz, los valores de libertad, justicia y solidaridad, así como el bienestar de estos pueblos. Dotémonos de los medios para hacer respetar los derechos humanos en el seno de la Unión Europea para todos los residentes, sea cual sea su nacionalidad.
Queiró (UEN).
Señor Presidente, Señorías, en su exposición de motivos y también en la intervención que hizo en este Pleno, el ponente nos comunicó que no era su intención redactar un informe que presentase un marco exhaustivo de las violaciones de los derechos fundamentales en el conjunto de los países de la Unión Europea. No obstante, lo cierto es que el presente informe, en la mayoría de sus largos 150 artículos, cede a esa tentación, desviándose de sus propósitos y límites anunciados, y transformándose incluso en ciertos casos en un juicio político sobre los Estados miembros. Por otra parte, el Parlamento Europeo no dispone de competencia para tanto, como sabemos, con excepción de aquellas situaciones graves y precisas que pueden desencadenar los efectos sancionadores del Artículo 7 del Tratado de la Unión. Pero, ¿será este el caso de alguno de los Estados miembros? Creo que no.
Espero que no se concluya de mis palabras una menor preocupación o atención con respecto a la defensa de los derechos fundamentales o a la lucha contra las diversas formas de discriminación. No olvidemos que en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, las políticas de asilo y emigración, la cooperación policial y judicial, las condiciones de detención y tantas otras, estamos hablando de materias de una enorme sensibilidad política. A la generosidad de las políticas que tradicionalmente definen los regímenes democráticos se oponen actualmente sofisticadas formas de criminalidad y terrorismo internacionales y sólo con un gran sentido de la responsabilidad y del equilibrio será posible responder cabalmente a las necesidades que la compleja situación actual exige a todos.
Señor Presidente, procedo de una vieja nación que se enorgullece de haber sido la primera en abolir en Europa la pena de muerte y una de las primeras en abolir la esclavitud y la cadena perpetua. Por eso mismo, me resulta difícil aceptar críticas en temas relacionados con supuestos comportamientos racistas o de discriminación sexual que, como mínimo, demuestran un desconocimiento de los hechos. Por otro lado, debo informar de que los poderes públicos portugueses no cejan en su empeño de modernizar y humanizar su sistema de prisiones sin la ilusión, como está claro, de poder hacer de inmediato todo lo que no se ha hecho hasta ahora. De este modo, respondo a la principal observación del informe sobre Portugal, con la certeza de que documentos posteriores ya reflejarán, y con esto termino, la corrección de la presente situación y la mejoría en el futuro, ya sea desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos o de las condiciones de vida, de trabajo y también de seguridad de los propios reclusos.
Blokland (EDD).
Señor Presidente, uno de los problemas de este tipo de informes es que se da una explicación políticamente deformada de los derechos fundamentales. A continuación, esta explicación se impone como norma absoluta. También en este informe hay muchos puntos dolorosos. Así, en el apartado 33 se pide a los Estados miembros que fomenten el principio de neutralidad, lo cual no excluye la enseñanza de la historia de las religiones. De hecho aquí se dice que las lecciones de religión quedan excluidas. Esto sería totalmente contrario a los derechos establecidos en la Constitución neerlandesa. En los Países Bajos existe la posibilidad de elegir una enseñanza especial, un derecho que muchos utilizan, incluidos los cristianos, las personas con ideologías no religiosas y ahora también los musulmanes. Es de locos que se incluya una afirmación tan poco meditada, tan mal formulada en un informe del PE. ¿Qué es en realidad el principio de neutralidad? La política, y por consiguiente la administración pública, no es nunca neutral. Así lo demuestra nuevamente el procedimiento anual en torno a este informe.
Borghezio (NI).
Señor Presidente, Señorías, en nuestra opinión sería un error seguir el enfoque restrictivo de considerar el tema de la protección de los derechos humanos en términos de los derechos individuales, considerándolos la única cuestión significativa para cualquier persona y dejando de lado los derechos de los pueblos, sus tradiciones y su identidad cultural. Esto puede llevar a meteduras de pata y a tomar el camino equivocado, como por ejemplo cuando, examinando el problema del crimen extendido entre los inmigrantes de terceros países, el informe afirma que sin duda esto se debe a las deficientes políticas de integración al mismo tiempo que deja a un lado los derechos de las comunidades al recibir este tipo de inmigración desregulada que sufre los daños y los efectos dañinos, entre otras cosas en términos de su cultura de lo que es, en algunos casos, una invasión genuina y un abuso de los derechos de las personas del país receptor.
Por lo tanto, somos extremadamente críticos con un informe que también busca introducir la eutanasia por la puerta trasera.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Sylla, esta Cámara le dio el claro mandato de examinar si los derechos fundamentales estaban siendo respetados en los Estados miembros de la Unión Europea y en qué medida. Lo que usted ha producido es, lamentablemente, una lista de deseos ideológicos, una lista de la compra de ideologías de izquierdas. Digo «lamentablemente» porque ha sido un informe importante y sustancial.
Podemos debatir las cuestiones que plantea en el mismo, y podemos estar a favor o en contra, pero la cuestión es que no corresponden a un informe sobre derechos fundamentales y el respeto de estos derechos en la Unión Europea. Por esa razón, y como cuestión de principios, nosotros, miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristianos) y Demócratas Europeos, vamos a votar en contra de este informe. Sin embargo, usted también critica a una serie de Estados miembros, y por lo general lo hace injustamente. Simplemente no se ha informado adecuadamente sobre la situación real, o critica porque las reglas que aplican no se corresponden con sus prejuicios ideológicos. Rechazamos la crítica -y eso incluye su crítica a Austria- porque es bastante injustificada, y por las mismas razones también rechazamos su informe.
En tercer lugar, rechazo el informe en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo porque no apoyamos sus principales demandas. Estas van desde la ampliación del derecho de asilo hasta el acceso a la educación y a la sanidad para los inmigrantes ilegales, la regularización del estatuto de los inmigrantes ilegales y el reconocimiento de la igualdad de todas las asociaciones de la Unión Europea; rechazamos todas estas demandas inequívocamente. Por último, rechazamos el informe en su conjunto por su petición de que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar niños. Puede pensar lo que quiera de esas parejas: yo las tolero, pero en interés de los niños, debemos asegurarnos de que esta petición nunca se ponga en práctica.
El Grupo del Partido Popular Europeo rechaza resueltamente su informe por todas las razones que he expuesto y va a votar en contra del mismo.
Hazan (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero subrayar la importancia de este informe y, contrariamente a algunos diputados que acaban de hablar, quiero decir que es muy valiente señalar a los países que incumplen los derechos humanos fundamentales. Por desgracia, hay que reconocer que en el informe del Sr. Sylla abundan estos ejemplos, y los parlamentarios europeos no podemos contentarnos con denunciar las violaciones de los derechos fundamentales en países terceros sin señalar las que se cometen en nuestros propios países. Nos jugamos nuestro honor.
Además, las conclusiones de este informe revisten una importancia capital en lo que respecta a otros desafíos a que nos enfrentamos. Así, la crisis actual y los numerosos despidos económicos que engendra nos imponen la máxima vigilancia respecto de los derechos sociales. A este respecto, por desgracia nos enfrentamos al desmantelamiento de una cadena de montaje en Francia, más precisamente en la región de Somme. Los hechos recientes, sobre todo en Francia, pero también en otros países europeos, nos muestran asimismo que a menudo se viola la libertad de prensa, como ha ocurrido durante la canícula del verano.
En un registro totalmente distinto, quiero reafirmar lo que otros ya han dicho antes: que si la lucha contra el terrorismo es legítima, no puede efectuarse a costa de los derechos fundamentales.
En conclusión, señor Presidente, puesto que el informe anual relativo a los derechos fundamentales en la Unión Europea es el cuarto de este tipo, planteo la misma pregunta que mi colega, la Sra. Swiebel: ¿cuál es la situación de estos derechos, y qué cambios ha comportado el informe?
Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, en el Estado español, los derechos fundamentales están en entredicho por las muertes, extorsiones, amenazas y violencia terroristas. Frente a ello la respuesta de un Estado de Derecho no debe ser la ley del talión -ojo por ojo y diente por diente-, sino la aplicación de la ley democrática y el escrupuloso respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos, incluidos los violentos.
Sin embargo, la actuación del Gobierno español no respeta los derechos de los presos y sus familias al alejarlos de sus domicilios y al no permitir que puedan cursar estudios en sus idiomas maternos, imposibilitando así su matriculación en los centros universitarios de su comunidad. Todo ello va en contra del objetivo constitucional de rehabilitación y de reinserción social de los presos para conseguir una sociedad más justa y más civilizada.
Igualmente, es inadmisible, en un Estado que se dice de Derecho, que el Gobierno haya ordenado el cierre de dos medios de comunicación y, por añadidura, con carácter preventivo y sin mediar sentencia judicial por delito alguno. Ello es más grave aún si uno de esos diarios - Egunkaria - es el único medio escrito en una lengua nacional minoritaria -el euskera- que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE obliga a respetar y prohíbe discriminar.
Dillen (NI).
Señor Presidente, Señorías, aquí no se menta la soga en casa del ahorcado. Este Parlamento queda en total ridículo al confiar este informe a un comunista. Es una ofensa para todas las víctimas de la criminal ideología comunista. Tampoco se pide a la Sra. Claude que escriba un informe sobre depravación moral. Tampoco se pide a Bernard Cantat que escriba un informe sobre la violencia contra las mujeres. Se ha elegido al Sr. Sylla en una lista comunista. Él es el último en poder hablarnos de nuestros derechos fundamentales. Esto ha quedado claramente de manifiesto esta mañana en esta sala de reuniones. Me refiero a la vergonzosa afirmación de algunos de sus compañeros de grupo esta mañana durante el debate sobre Cuba. Fue como una bofetada para los muchos desgraciados que permanecen en las cárceles cubanas. ¡Señor Sylla, vaya a La Habana a predicar sobre derechos fundamentales, no lo haga aquí en Europa, ni aquí en Estrasburgo! Señorías, cuando oigo al ponente abogar por la libertad de expresión, me pregunto si no estaremos en el mundo de Orwell. A fin de cuentas fue su propio partido el que en Francia tomó la iniciativa para limitar la libertad de expresión a través de leyes totalitarias como la ley Gayssot. Fue el partido de este ponente el que en Vitry-sur-Seine hizo derribar una casa de emigrantes, así que nada de bromas. ¡Los comunistas son los últimos en poder leernos la cartilla sobre cómo ha de ser una Europa basada en los principios de un Estado de derecho! 
(Aplausos de la derecha)
El Presidente.
 El señor ponente ha sido aludido. Yo le concedo 30 segundos para que haga la reflexión que quiera.
Ya sabe que aquí hay libertad de expresión incluso para decir posibles torpezas.
Sylla (GUE/NGL)
. (FR) Señor Presidente, simplemente quiero decir que podemos celebrar un debate sin estigmatizar a las personas, sin insultarlas y humillarlas. Creo que lo mínimo que podemos pedir es tolerancia y, si no hay tolerancia, por lo menos debería haber respeto. Pero es demasiado pedir a la persona afectada. Por lo tanto, no le devolveré los insultos, creo que no es digna de ocupar un escaño en esta Cámara.
Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, los ciudadanos vascos deberían tomar nota de que al Sr. Ortuondo le interesan más los presos de ETA que las víctimas del terrorismo.
Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos ante un nuevo informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea que, debido a la metodología que se utiliza para su elaboración -cada año un grupo político diferente- hace imposible que el resultado final pueda tener el consenso -por otra parte, necesario- de todos los grupos de esta Cámara. Esta sería mi primera observación crítica de cara a futuros informes.
El Sr. Sylla -que tiene mi respeto y mi agradecimiento personal- ha hecho notables esfuerzos en que la política antiterrorista de la Unión Europea quede bien reflejada y respaldada por este Parlamento. Pero quiero destacar expresamente -y en ello sí difiero de su exposición de motivos- que no son sino las víctimas del terrorismo las que sufren verdaderamente torturas y todo tipo de vejaciones, y no los terroristas de ETA, que utilizan las estrategia de la denuncia de torturas para intentar debilitar el Estado de Derecho. Es por ello que en el apartado 12 solicitamos un instrumento europeo de indemnización de las víctimas que, esperemos, se vea materializado en los presupuestos del 2004.
No obstante, hay otras cuestiones que impiden hacer una valoración completamente positiva del mismo. Entre ellas está su propuesta sobre la eutanasia activa, que choca frontalmente con una Decisión del Consejo de Europa de 26 de marzo de 2002, o el capítulo referente a la inmigración y al asilo, que confunde la inmigración por razones económicas con los solicitantes de asilo -cuestión ésta ya superada por la propia Comisión y también en el seno de nuestro debate parlamentario-, o la solicitud de equiparación al matrimonio de las uniones entre homosexuales e incluso propone que se les permita la adopción de niños, algo que va más allá de la no discriminación lógica de toda persona por su orientación sexual. Otro tanto se puede decir de la propuesta de participación en las elecciones municipales e incluso europeas de los nacionales de terceros países residentes, con más de tres años de estancia en territorio europeo, lo que supone desvincular la ciudadanía europea de la nacionalidad y, por lo tanto, dejarla vacía de contenido.
Considero también un grave error la muy negativa referencia que se hace a la cooperación con los Estados Unidos en un tema que, en primer lugar, no corresponde al año que abarca el informe, como es la transmisión de datos de los pasajeros a las autoridades estadounidenses y que, en estos momentos, está en fase de negociación y con un debate abierto en este Parlamento.
Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, tengo que rechazar categóricamente las palabras que me ha dirigido el Sr. Hernández Mollar. Yo le podría contestar en el mismo tono. No lo voy a hacer. Creo que en mi exposición lo primero que he dicho es que en el Estado español están secuestrados los derechos fundamentales por la actuación de los violentos. Jamás yo pondré por delante los derechos de los violentos con respecto a los derechos de los demás. Pero, si de verdad queremos solucionar el conflicto político que viven los vascos, hay que empezar por respetar todos los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin excepción.
Sousa Pinto (PSE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Sylla ofrece una excelente oportunidad para recordar que las poblaciones de inmigrantes residentes en la Unión Europea están particularmente expuestas y son las principales víctimas de la violación de los derechos fundamentales. 
Las medidas destinadas a crear una política comunitaria verdadera y coherente relativa a la inmigración ilegal sufren, para su adopción, retrasos incompatibles con la urgencia y la gravedad de los problemas a los que se enfrentan estas personas. Por otro lado, las medidas destinadas a garantizar la seguridad o a controlar la inmigración ilegal, medidas normalmente de carácter represivo, han resultado capaces de generar un consenso entre los gobiernos más fácilmente que las medidas positivas o de carácter integrador. Se mencionan los progresos efectuados en 2002 con la adopción de varios instrumentos que constituyen los primeros pasos para un política común de asilo e inmigración. Destacan la directiva sobre las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo, la directiva sobre el estatuto del refugiado, el reglamento de Dublín II y la directiva sobre acogida familiar.
Sin embargo, estos instrumentos no son suficientes para resolver la situación de fragilidad jurídica y social en la que se encuentran muchos miles de inmigrantes que se establecieron en nuestros países y cuya situación es extremadamente precaria y expuesta a todo tipo de abusos. Un instrumento fundamental todavía carece de la aprobación final del Consejo: el Estatuto Europeo de los Residentes de Larga Duración aplicable a los inmigrantes que residen desde hace más de cinco años en el territorio de un Estado miembro y que ofrecerá a los interesados el derecho a una serie de prestaciones en las mismas condiciones que a los nacionales.
Señor Presidente, la superación de estas etapas es decisiva para una elevación real del nivel de protección de los derechos fundamentales en el espacio de la Unión.
Pannella (NI).
Señor Presidente, Señorías, algunos estamos sumamente preocupados: «Nuestros niños, nuestros niños, nuestros niños?». Nuestro ponente advierte que el 87% de los casos de abusos infantiles ocurren en la familia, según cifras que nunca se han discutido; otro 4% ocurre en seminarios. Quizás deberíamos darles a los homosexuales una oportunidad, podría ser mejor para los niños. Un discurso conmovedor el del Sr. Borghezio: los derechos de los pueblos deben prevalecer sobre los derechos de los individuos. Ya esté hablando de nuestro Benito Mussolini, de Sadam Husein o de cualquiera de los otros, los derechos de los pueblos siempre han prevalecido sobre los derechos de los individuos. Los derechos de los pueblos, de hecho de los pueblos luchando unos con otros.
Nuestro Presidente ha declarado inadmisible una enmienda que solicite la libertad de acceso a documentos. Si estas son el tipo de cosas que estamos haciendo, entonces ¡viva el Comisario Vitorino! ¡Viva este escrutinio democrático que hemos alcanzado por primera vez en 2003! ¡Viva el ponente! Vamos a votar con satisfacción a favor del informe.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más tenemos ante nosotros un informe que se ha convertido en un acto rutinario. Por ello, deberíamos estar aquí todos sentados y calmados, pero como pueden ver, se trata de un informe que todavía suscita un encendido debate después de cuatro años. Además, estamos debatiendo principios que distinguen una sociedad civilizada de una comunidad tribal, y a este respecto, la Carta de los Derechos Fundamentales debería ser la referencia más apropiada, más equitativa y más fiable cuando se habla de principios y valores.
Apoyo las amplias opiniones contenidas en el informe: no al terrorismo, protección de los prisioneros, combate del tráfico de seres humanos, protección de la información y de la privacidad, provisión de información precisa, inmigración, asilo y muchas otras cuestiones como, de nuevo, el combate de todas las formas de discriminación.
Es una pena que todas estas cuestiones, estos principios estén en peligro, adulteradas por opiniones políticas e ideológicas invasoras cuando garantizan un mayor respeto. Por ejemplo, consideremos la salvaguarda de las raíces cristianas y la unidad familiar tradicional, un hombre y una mujer unidos por el objetivo común de la procreación. Una vez más, estamos intentando imponer a 15 Estados miembros un modelo que solo aceptan tres países en Europa, y lo hacemos, Señorías, mediante una fuerza que, aunque es puramente verbal, es, no obstante, violencia.
También es lamentable el sector de la información, donde una grave cuestión como esta ha sido deshonrada por propaganda política como la contribución del ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte -a quien no nombraré por no darle el derecho a responder-, que ha deshonrado una cuestión muy grave por el tono y el contenido de un vulgar folleto de propaganda de partido, comportamiento que, además, se condena por sí solo. Me complace decir, Señorías, que esto es solo una opinión, o un conjunto de opiniones sin efecto jurídico.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe, que permite que cada año se examine la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, es un excelente aguijón para los que quieren olvidar la universalidad de los derechos fundamentales. La píldora es a veces amarga, pero muy saludable.
Quiero señalar en particular el refuerzo de la ciudadanía europea, que pasa incontestablemente por el derecho de voto en las elecciones locales y europeas. En varios Estados miembros se niega este derecho a los residentes legales, argumentando que son no nacionales o extraeuropeos.
En el momento en que elaboramos un modelo constitucional que prohíbe la exclusión y la discriminación en la Europa ampliada, es necesario que esta situación se detenga so pena de ver cómo el proyecto europeo y los valores que defendemos pierden toda credibilidad. Los plazos son cortos, pero la Asamblea tendrá que responder a este gran desafío en los próximos meses.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, un enfoque práctico de este informe pone de manifiesto de inmediato su virtud principal: que las instituciones europeas no podrán seguir ignorando la penosa situación de la protección de los derechos humanos en la vida cotidiana de los Estados miembros. Como dice el ponente, en el futuro este informe anual será valorado e incluso temido.
Aunque comparto plenamente la opinión del Sr. Sylla, debo confesar que soy un poco reacio a aceptar un informe sujeto a la presión de las normas actuales de corrección política, que silencia consideraciones más importantes como las evidentes violaciones de los derechos humanos y las libertades políticas en algunos Estados miembros, entre ellos el Reino de España.
Comisario Vitorino, en el apartado 22 del informe se pide claramente, como asunto urgente, que se tomen medidas a favor de los presos que sufren enfermedades graves. Bautista Barandalla, un preso navarro, sufre una enfermedad incurable. Su caso es objeto de la pregunta escrita que presenté a la Comisión el pasado mes de marzo.
Invito a todos a leer la respuesta que el Comisario Vitorino redactó el 11 de junio de 2003. Yo de usted me sentiría muy avergonzado, señor Vitorino.

Sylla (GUE/NGL)
. (FR) Señor Presidente, quiero aclarar un punto: es cierto que asumo la responsabilidad sobre este informe, pero quiero precisar que ha sido aprobado en comisión por 24 votos a favor y 17 en contra. Además, ha sido objeto de una serie de enmiendas, que he vuelto a discutir esta mañana con el presidente de mi comisión. En consecuencia, no se me puede atribuir la paternidad del conjunto de propuestas y enmiendas Creo que hay que ser prudente. Hay debates en curso y algunos puntos no se han resuelto.
Esto no significa que no reflexione sobre la cuestión. Me parece que es extremadamente chocante reducir el papel de ponente a un deber de responsabilidad. Simplemente he querido hacer hincapié en los puntos que me parecen importantes, es decir, las consecuencias del atentado del 11 de septiembre de 2001, las prisiones y las discriminaciones. A continuación se han hecho diversas propuestas de las que yo no soy autor. Respecto de la adopción de niños por parejas homosexuales, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente la cuestión no se ha resuelto.
El Presidente.
 Muchas gracias señor ponente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.
DECLARACION POR ESCRITO (ART 120)

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0273/2003).
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo, representado por el Sr. Antonione. Ya ve el Sr. Antonione el enorme retraso con el que comenzamos, que viene de atrás, naturalmente. Lo hemos heredado de anteriores debates.
Le pido que esté con nosotros más allá de las 19.00 horas, de forma prudente, y, de acuerdo con las recomendaciones del Reglamento también les digo que parece prudente limitar a una sola las preguntas complementarias para que pueda tratarse el mayor número posible de preguntas. Es la recomendación que les hago y espero su cooperación total.
El Presidente.
 Pregunta nº 1 formulada por Camilo Nogueira Román, a quien sustituye el Sr. Ortuondo Larrea (H-0433/03): 

Asunto: Muertes trágicas de inmigrantes, ahogados en las costas atlánticas y mediterráneas del sur de la Unión
En los últimos días han perecido ahogados, en esta ocasión frente a las costas sicilianas, 70 inmigrantes africanos. Es una nueva repetición de los trágicos hechos que se registran sistemáticamente frente a las costas atlánticas y mediterráneas del sur de la Unión, especialmente en Canarias y Andalucía, y que sacuden la conciencia de los europeos. En los últimos años ya han muerto millares de inmigrantes, muchos de ellos mujeres embarazadas o niños. ¿Qué medidas políticas, no limitadas a la mera represión, piensa adoptar la Unión para evitar estas desgracias?

Antonione
. (IT) Me temo que debo empezar, señor Presidente, diciendo que tengo que tomar un avión, así que no puedo concederle lo que me pide. Sin embargo, todas las preguntas recibirán una respuesta por escrito para que podamos cumplir con nuestra obligación.
Con respecto a la Pregunta nº H-0433/03, el Consejo condena los trágicos incidentes mencionados por su Señoría. La estrategia de inmigración que sigue la Unión no solo tiene la intención de redactar y aplicar medidas para combatir la inmigración ilegal y prevenir y controlar este fenómeno sino también de reforzar las relaciones con los terceros países de origen y tránsito de inmigrantes. Por ello, debemos recordar que las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla del 21 y 22 de junio de 2002 señalaron que es crucial para la Unión Europea y sus Estados miembros que los flujos migratorios se gestionen de acuerdo con la ley, en cooperación con los países de origen y de tránsito de dichos flujos. Asimismo señalaban que combatir la inmigración ilegal requiere un esfuerzo mayor por parte de la Unión Europea, con el uso de todos los instrumentos adecuados en el contexto de las relaciones exteriores de la Unión Europea. A este efecto, afirmaban que el enfoque integrado, exhaustivo y equilibrado para atajar las causas de la inmigración ilegal debía seguir siendo el objetivo constante a largo plazo de la Unión Europea. También señalaban que la cooperación económica más estrecha, la expansión del comercio, la ayuda para el desarrollo y la prevención de conflictos son medios de promover la prosperidad económica en los países implicados y así reducir las causas de fondo de los flujos migratorios.
De conformidad con el Consejo Europeo de Sevilla, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 reafirmaron que el diálogo y las acciones de la Unión Europea con respecto a terceros países en el ámbito de la migración debería formar parte de un enfoque totalmente integrado, exhaustivo y equilibrado. También debería mencionarse que, en diciembre de 2003 la Comisión presentó una comunicación titulada «Integración de las cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con Países Terceros», que subrayaba especialmente la relación entre migración y desarrollo. Esta relación y sinergia han sido, además, reconocidas y subrayadas por el Consejo en las conclusiones relativas a la comunicación aprobadas el 19 de abril de 2003, en la que el Consejo afirma específicamente que una política de desarrollo efectiva y coherente es parte esencial de una política migratoria efectiva, y reconoce que, si se gestiona adecuadamente, la migración puede ser un factor positivo de crecimiento y desarrollo para la Unión Europea y los países en cuestión, mientras la inmigración ilegal tiene un efecto dañino tanto en los individuos en cuestión como en los países de origen, tránsito y destino. Por tanto, el Consejo observa que, a fin de establecer una política migratoria efectiva, tenemos que desarrollar una sociedad genuina con los terceros países para producir una gestión común más efectiva de los flujos migratorios.
Además, debo mencionar el documento de trabajo de la Comisión de julio de 2003 sobre una cooperación más estrecha con países de origen con el fin de gestionar los flujos migratorios. Este documento, cuya intención es aplicar las conclusiones adoptadas por el Consejo el 19 de noviembre de 2003, examina el estado de la cooperación con una serie de terceros países y propone una cooperación mejorada y más estrecha. La aplicación de las conclusiones de los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica sobre la base, en especial, de las directrices que surgieron de las comunicaciones de la Comisión es el tema de un análisis en profundidad realizado por los órganos del Consejo.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero agradecer la respuesta que me ha dado el Presidente en ejercicio del Consejo, pero tengo que recordarle cómo, precisamente hoy, en la prensa española aparece la noticia de que la Cruz Roja, que está atendiendo a los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas, concretamente a Tarifa, ayer mismo tuvo que pedir prendas de vestir a los ciudadanos andaluces, a los vecinos, para podérselas facilitar a los inmigrantes que estaban allí, que habían llegado a las costas y que se encontraban en condiciones humanamente deplorables. 
En este sentido, lo que le quiero preguntar es ¿considera usted que, independientemente de todas esas cuestiones aprobadas en los Consejos europeos, no hay que tomar medidas humanitarias adecuadas para la realidad de cada día que llega a nuestras costas, y a otros sitios que no son costeros, donde hay inmigrantes en malas condiciones a los que debe prestarse la debida atención humanitaria?
Antonione
. (IT) Esta es una cuestión que, sin duda, consideraremos; además, ya ha sido debatida en una serie de Consejos Europeos, que le concedieron la debida importancia. Nos comprometemos a volver sobre esta cuestión para explorarla más a fondo y ver cómo podemos responder de modo más completo.

El Presidente.
 Pregunta nº 2 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0439/03):

Asunto: Proyecto Ulises
¿Puede el Consejo informar sobre los resultados del proyecto Ulises para el control de la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico?

Antonione
. (IT) Como he señalado en mi respuesta a la Pregunta nº H-0086/03 planteada por su Señoría, se presentó un informe final sobre la aplicación de programas, centros ad hoc, proyectos piloto y operaciones conjuntas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 5 y 6 de junio de 2003 con el fin de que se enviara al Consejo Europeo de Salónica. El Consejo Europeo ha tomado nota de los resultados de las distintas operaciones descritas en el informe.
Por lo que respecta al proyecto Ulises, el Consejo fue informado de que iba a ser aplicado en dos fases: la primera fase, en el Mediterráneo, tuvo lugar entre el 25 de enero y febrero de este año, y la segunda, que iba a aplicarse a principios de abril, también este año, se suspendió temporalmente por la guerra del Iraq. La segunda fase se aplicó finalmente entre el 27 de mayo y el 2 de junio de este año y consistió en la supervisión y seguimiento de las aguas territoriales de las costas de las Islas Canarias en el océano Atlántico.
Varios Estados miembros tomaron parte en ambas fases de la operación. Italia, Francia, Reino Unido, Portugal y España desempeñaron un papel activo en la primera fase del proyecto, mientras Grecia, Noruega, Países Bajos, Alemania y Polonia participaron como observadores, junto con Europol. En la segunda fase hubo una participación activa de Reino Unido, Francia y España. El valor añadido del proyecto Ulises radica en el hecho de que se combinaron y desplegaron conjuntamente distintos recursos humanos y equipos en una serie de tareas prácticas, y en el hecho de que hubo un intercambio de información utilizando tecnologías avanzadas.
Se informó de que, en total, 454 inmigrantes ilegales fueron capturados y 15 nadadores interceptados gracias a los esfuerzos coordinados de la fuerzas de tierra, mar y aire.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por la información detallada que me ha dado sobre el resultado del proyecto Ulises. Quizás un aspecto que no ha resaltado es que, como consecuencia de la división en dos fases, mientras se reforzaba la primera fase en el Mediterráneo occidental aumentaba la inmigración en el Atlántico, y cuando se hizo la segunda fase en el Atlántico aumentó la inmigración en el Mediterráneo.
Esta pregunta la hago en relación con un proyecto nuevo que, al parecer, se va a poner en marcha muy pronto -el Neptuno-, que actuaría en el Mediterráneo central. ¿No cree la Presidencia en ejercicio del Consejo que convendría coordinar las actuaciones para que la presión en un lado no fuerce el que la inmigración se desplace a otras zonas de entrada, al menos por vía marítima?
Antonione
. (IT) Es una muy buena observación. La coordinación es absolutamente esencial para obtener mejores resultados, y por lo tanto podemos apoyar su recomendación.

Posselt (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que el problema no puede resolverse únicamente mediante la Operación Ulises, por lo que mi pregunta en relación con la inmigración ilegal es la siguiente: ¿qué ha pasado con las propuestas para introducir un cuerpo de guardia de fronteras europeo o una policía de fronteras europea?

Antonione
. (IT) Este es un tema que ya ha sido debatido. Sin duda, existía una postura general a este respecto, que era la de abogar por la creación de una fuerza de policía europea para lograr un mejor control. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre el asunto, pero estoy seguro de que el Consejo volverá sobre ello. Cuando lo haga, podremos concretar más en cuanto a las decisiones que pretende adoptar.

El Presidente.
 Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0449/03):

Asunto: Actitud de la Presidencia italiana de la UE ante los inmigrantes clandestinos
Según noticias publicadas en la prensa (Financial Times del 25.6.2003), Umberto Bossi, presidente de la Liga Norte y miembro de la coalición gubernamental italiana, pidió que la Marina de guerra dispare a los barcos que trasladan inmigrantes clandestinos a Italia, barcos que con mucha frecuencia transportan una multitud de niños y mujeres. ¿Coincide esta postura del Sr. Umberto Bossi con la posición de la Presidencia italiana? En caso negativo, ¿cómo ha condenado dicha postura?

Antonione
. (IT) No corresponde al Consejo comentar declaraciones como las que menciona su Señoría en la pregunta. No obstante, señalaría que, como afirma en su programa, la Presidencia italiana se esforzará por promover la gestión conjunta de flujos migratorios que mantenga un equilibrio adecuado entre la política de integración de extranjeros que residen legalmente en la Unión Europea -entre otras cosas promoviendo el diálogo social, cultural y religioso- y combatiendo resueltamente la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Esta medida es parte del esfuerzo por crear un sistema de asilo e inmigración europeo conjunto, de acuerdo con las medidas adoptadas en los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica.

Alavanos (GUE/NGL).
Gracias, señor Ministro. Aunque esperaba algún tipo de desmentido, en otras palabras que tal declaración no la hizo el Gobierno italiano, quiero creer que su postura es la expresada por el Ministro y no la expresada en el artículo del Financial Times.

El Presidente.
 Pregunta nº 4 formulada por Malcolm Harbour (H-0435/03):

Asunto: La competitividad en la Unión Europea
Las conclusiones del Consejo Europeo del 21 de marzo de 2003 señalaban que "en el marco del proceso de adopción de decisiones del Consejo, deberá consultarse efectivamente al Consejo de Competitividad para las propuestas que puedan tener importantes repercusiones en la competitividad". ¿Respecto a cuántas propuestas ha sido consultado el Consejo de Competitividad y qué medidas se han tomado como resultado de ellas? Recordando de nuevo las citadas conclusiones, ¿qué medidas concretas ha tomado el Consejo para asegurarse de que el Consejo de Competitividad pueda "asumir activamente su función horizontal de mejorar la competitividad y el crecimiento en el marco de una estrategia integrada de competitividad que desarrolle la Comisión"? ¿Cómo van las formaciones del Consejo a "evaluar el impacto de su ámbito de tareas" en lo que se refiere a la competitividad ?

Antonione
. (IT) Como muy sabe su Señoría, la formación del Consejo de Competitividad se estableció después del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 sobre una serie de medidas, con el fin de mejorar la forma en que funciona el Consejo en la preparación de la ampliación.
Con la decisión de combinar las tres formaciones anteriores del Consejo -Mercado Interior, Industria e Investigación- en una única formación del Consejo responsable de las cuestiones relacionadas con la competitividad de las empresas europeas, tanto cuestiones horizontales como medidas políticas individuales con vistas a introducir nuevos instrumentos legales, se ha dado un gran paso hacia una estructura más efectiva del Consejo para los sectores afectados.
Como ha señalado su Señoría, en la reunión de Bruselas de marzo de 2003 el Consejo Europeo subrayó el papel de la formación del Consejo de Competitividad, afirmando que efectivamente debería ser consultado dentro en los procesos de toma de decisiones sobre las propuestas que probablemente tengan efectos sustanciales sobre la competitividad, junto con la responsabilidad de todas las formaciones del Consejo de evaluar el impacto de su ámbito de trabajo.
Los temarios de las sesiones de esta formación del Consejo celebradas hasta la fecha y los resultados de dichas sesiones reflejan de forma adecuada los objetivos establecidos por el Consejo Europeo y el deseo de las Presidencias de crear las mejores condiciones posibles para conseguirlos.
Durante las anteriores Presidencias danesa y griega, el trabajo del Consejo de Competitividad se organizó de tal forma que se permitiera la mayor integración posible de los tres sectores principales dentro de su ámbito y lograr una mayor eficacia a la hora de abordar las cuestiones relacionadas. Se ha creado un grupo de funcionarios de alto nivel del Consejo, denominado «Grupo de Competitividad y Crecimiento», con el fin de garantizar una coordinación adecuada. Sin duda, la Presidencia italiana tiene la intención de seguir desarrollando y mejorando la labor de la formación de este Consejo sobre la base de la experiencia adquirida hasta hoy. La Presidencia italiana pretende hacer un seguimiento del debate constructivo y fructífero mantenido de manera informal a nivel ministerial en Roma los días 11 y 12 de julio de 2003 con las medidas adecuadas, a fin de sentar las bases de una estrategia integrada de competitividad, estrategia que habrá de ser debatida y adoptada en una de las sesiones de noviembre del Consejo.
Como se ha señalado, se han tomado una serie de iniciativas y se han dado algunos pasos prácticos para garantizar que el Consejo pueda desempeñar su papel concreto de forma paralela y en estrecha coordinación con el trabajo realizado en las demás formaciones del Consejo, aunque todavía es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, no cabe duda de que el Parlamento Europeo ha de cumplir un papel fundamental en este sentido y que la Presidencia italiana espera fervientemente que exista un diálogo constante con el Parlamento sobre la mejor manera de aplicar el programa conjunto de competitividad, sobre la base de las propuestas anunciadas por la Comisión en el marco de la estrategia integrada.

Harbour (PPE-DE).
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, pero estoy un poco decepcionado porque no ha podido facilitar más detalles concretos del número de propuestas sobre las que les han consultado. La competitividad, o mejor dicho, la pérdida de competitividad de la Unión Europea, es el principal desafío al que nos enfrentamos. Su informe denota más bien complacencia. ¿Podría asegurarnos, en primer lugar, que el Consejo de Competitividad desempeña un papel activo en el estudio de las propuestas de la Comisión que socavan fundamentalmente la competitividad de Europa, especialmente en el campo de la política de productos químicos, por ejemplo? ¿Y podría asegurarnos que piden responsabilidades a la Comisión por presentar propuestas que no se han sometido a la evaluación de impacto que la Comisión ha pedido que se lleve a cabo para asegurar que se tiene en cuenta como es debido la carga sobre los negocios y la competitividad?
Este Parlamento espera que el Consejo se tome en serio el tema de la competitividad. Su respuesta no me ha infundido mucha confianza en que este tema reciba la prioridad que esperamos.

Antonione
. (IT) Puedo confirmar que esa es, de hecho, una de nuestras prioridades. Mi respuesta no pretendía ser evasiva. La falta de detalle en la información que he aportado se debía precisamente a que no hemos tenido aún suficiente tiempo para evaluar la capacidad del Consejo de Competitividad para proporcionar toda la información que ha solicitado su Señoría. Sin embargo, le puedo asegurar, señor Harbour, que prestaremos una atención especial al tema de la competitividad, que consideramos de importancia estratégica para el desarrollo de la Unión Europea.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la competitividad está relacionada por supuesto también con el empleo. Lo que me interesa, por lo tanto, es saber hasta qué punto el Consejo trata cuestiones de fiscalidad. Todos sabemos que los impuestos tienen efectos muy sustanciales sobre el desarrollo económico nacional. ¿Hay alguna oportunidad de que, mediante la utilización de referencias comparativas y mejores prácticas, averigüemos cómo puede influir la fiscalidad en la competitividad, no solo en Europa, sino en el plano internacional?

Antonione
. (IT) También en este caso me gustaría confirmar la prioridad que otorga la Presidencia italiana a la competitividad, y asegurarles que el próximo Consejo Europeo examinará esta cuestión en profundidad, incluidos los aspectos que según ha subrayado su Señoría son vitales si pretendemos lograr una mejora general de la competitividad dentro de la Unión Europea. Por esta razón, también habrá un debate en profundidad sobre fiscalidad y empleo.

El Presidente.
 Pregunta nº 5 formulada por Piia-Noora Kauppi (H-0437/03):

Asunto: Continuación de la iniciativa de votación en red (eVote), que representa la democracia interactiva electrónica, durante la Presidencia italiana
Durante la Presidencia griega, el Gobierno de ese país ha promovido con notable éxito la democracia interactiva electrónica a través de la iniciativa "eVote". Gracias a esta iniciativa de voto en Internet, 170 000 ciudadanos han expresado sus opiniones sobre el modo que en la Unión Europea debería evolucionar. Un aspecto sumamente positivo de esta iniciativa lo constituye el hecho de que la Presidencia griega tenga en cuenta en su trabajo diario las informaciones de los ciudadanos, cuyas opiniones y propuestas se integran directa e inmediatamente en las reuniones, negociaciones y decisiones a nivel de la UE. 
Sería una lástima que la iniciativa e-Vote no continuase, de un modo u otro, durante la Presidencia italiana.
¿Puede indicar el Consejo si Italia va a continuar con la iniciativa? Durante su Presidencia, ¿va a adoptar el Gobierno italiano otros programas o medidas para fomentar la aplicación de nuevas tecnologías con el fin de aumentar, en particular, la participación política de los ciudadanos? ¿De qué modo va a garantizar por su parte el Gobierno italiano que los ciudadanos de la UE sientan que la Unión funciona teniendo en cuenta su voluntad y que se ocupa de cuestiones que, desde el punto de vista del ciudadano europeo normal, son importantes?

Antonione
. (IT) La Presidencia reconoce la importancia del diálogo con nuestros ciudadanos sobre la integración europea. Esto fue particularmente importante durante la Presidencia griega, dado que, entre otras cosas, ese periodo marcó la fase final del trabajo de la Convención, culminado con la presentación del borrador del Tratado Constitucional de la UE en el Consejo Europeo de Salónica.
La iniciativa del voto electrónico de la Presidencia griega, así como otros instrumentos creados por las instituciones de la UE, como el sitio web Futurum y el sitio web de la Convención, han contribuido eficazmente a garantizar que se oiga la opinión de nuestros ciudadanos sobre el futuro de Europa.
En su reunión de Salónica de junio de 2003, el Consejo Europeo pidió a la Presidencia italiana que iniciara el procedimiento establecido en el artículo 48 del Tratado para poder convocar la Conferencia Intergubernamental en octubre de 2003 y aprobar el Tratado Constitucional. Durante la Conferencia Intergubernamental, la Presidencia se ocupará de mantener informada a la opinión pública sobre los avances del proceso. La página web de la Presidencia italiana será uno de los instrumentos utilizados para divulgar la información sobre la CIG y los demás trabajos realizados durante estos seis meses.
En consecuencia, quiero recalcar que la Presidencia italiana otorga una gran importancia a la participación de los jóvenes en la integración europea. En cuanto a la implementación del Libro Blanco de la Comisión titulado «Un nuevo impulso para la juventud europea», destinado al seguimiento de la resolución del Consejo sobre el marco de cooperación europea en el terreno de la juventud, la Presidencia pretende apoyar el proceso de sensibilización para aumentar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en los ámbitos que les afectan. También se propone que se elaboren estrategias apropiadas teniendo en cuenta estas consideraciones, después de analizar los resultados de la consulta sobre la participación de los jóvenes y sobre la información que se les proporciona en la Unión Europea.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero darle las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. Estoy muy contenta de que la iniciativa del voto electrónico continúe de una u otra forma durante la Presidencia italiana. Una parte de esta iniciativa fue que las opiniones de los ciudadanos expresadas a través de Internet fueran directamente visibles en las reuniones de las cumbres. Hoy, en este Parlamento, mi colega Jo Leinen ha planteado una iniciativa como esta, en la que la Conferencia Intergubernamental también se llevará a cabo con transparencia, y el público podrá enviar mensajes a nuestros representantes reunidos en ella. Por ejemplo, algunas sesiones de la CIG podrían celebrarse a pierta abierta a través de Internet y los ciudadanos podrían opinar sobre cuestiones mientras nuestros Jefes de Estado estén presentes allí. ¿Qué piensan de esta idea? ¿Sería posible? ¿Está dispuesto a darle curso?

Antonione
. (IT) Considero que es una propuesta interesante que merece reflexión y un estudio en profundidad. Como han afirmado hoy el Sr. Fini y el Sr. Frattini, existe por nuestra parte un enorme compromiso con la transparencia para maximizar la participación en el importante proceso de crear una nueva Constitución para la Unión Europea, no solo de los diputados a esta Cámara y todas las instituciones, sino también de los ciudadanos europeos. Así pues, su comentario ciertamente será tenido en cuenta, señora Kauppi. Le aseguro que estudiaremos cómo puede adoptarse esta propuesta.

El Presidente.
 Pregunta nº 6 formulada por Mihail Papayannakis (H-0443/03):

Asunto: Prisioneros en el Iraq
En un comunicado reciente, Amnistía Internacional expresa su profunda inquietud por las condiciones de retención de cientos de prisioneros iraquíes (en la cárcel de Abu Ghraib y en espacios del aeropuerto de Bagdad especialmente acondicionados) detenidos por las fuerzas de ocupación en Iraq. En concreto, las denuncias de dicha organización humanitaria hacen referencia a la falta de asistencia jurídica a los detenidos, a la imposibilidad de comunicarse con sus familias y a la insuficiente disponibilidad de agua potable e instalaciones sanitarias. De acuerdo con Amnistía Internacional, existen además sospechas fundadas de que un gran número de prisioneros ha sufrido trato duro, inhumano o humillante tras su detención y durante su arresto. 
¿Cuáles son, en opinión de Consejo, el régimen legal y las responsabilidades de las fuerzas de ocupación del Iraq y de que forma pueden garantizarse los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas ocupadas del país?

Antonione
. (IT) El Consejo, que nunca hace declaraciones sobre historias publicadas en la prensa, no ha recibido ninguna información oficial sobre los sucesos a los que se refiere su Señoría en su pregunta.
En particular, el Consejo no ha discutido la situación de los prisioneros en el Iraq, aunque el tema de los derechos humanos en el Iraq sigue causando gran preocupación. El Consejo está siguiendo de cerca todos los aspectos de la situación, incluidos, por supuesto, los derechos humanos. Las autoridades responsables y las obligaciones específicas derivadas del Derecho internacional aplicable de los Estados Unidos y el Reino Unido como potencias ocupantes son el tema del que trata la resolución 1483(2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución también pide a todas las partes implicadas que cumplan todas sus obligaciones de acuerdo con el Derecho internacional, en particular las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Reglamentos de La Haya de 1907.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, como puede ver, la pregunta formulada por mi honorable amigo, el Sr. Papayannakis, comienza con una nota de prensa de Amnistía Internacional. Existe un problema jurídico con los destinatarios, pero también hay otro problema con sus derechos fundamentales, con la imposibilidad de comunicarse con su familia, con el agua potable, los saneamientos, etc.
Una de las fuerzas de ocupación, el Reino Unido, es un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Estaría dispuesto el Consejo a plantear las preguntas del Sr. Papayannakis al Gobierno del Reino Unido para que pueda dar una respuesta? Creo que toda Europa se expone a la crítica a raíz de esta situación.

Antonione
. (IT) Me gustaría comprobar la exactitud de los comentarios que acaba de realizar, ya que, como acabo de decir, no hemos recibido de hecho ninguna información ni comunicación oficial sobre este asunto. Por lo tanto, comprobaremos la información para establecer exactamente cuál es la situación y procederemos sobre esa base.

El Presidente.
 Pregunta nº 7 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0446/03):

Asunto: Diálogo Euromediterráneo y estatus de las mujeres
Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica (19 y 20 de junio 2003) afirman en el apartado 66, titulado "Relaciones con el Mundo Árabe", que la UE va a reforzar la colaboración con mundo árabe fomentando un diálogo político más estrecho, el pluralismo y las reformas democráticas; en el apartado 68, a su vez, se concluye que "se espera que la sociedad civil de los países de la región, incluidas las mujeres, desempeñen un importante papel en el fomento de los valores democráticos, la conciencia social, la educación y el desarrollo".
No obstante, el estatuto personal que continúan teniendo las mujeres en algunos países del Mediterráneo Oriental y Sur supone una auténtica violación de los derechos humanos. Modernizar estas sociedades exige incluir a las mujeres en los procesos de democratización. Los dirigentes de Estados que pretenden modernizar únicamente las cuestiones económicas y tecnológicas, manteniendo intactos los ejes de sociedades obsoletas y patriarcales, fracasan. Las mujeres son, hoy en día, las mayores portadoras de modernidad; cuando la mujer se moderniza, se moderniza el conjunto de la sociedad. En este sentido, ¿ cómo va a concretar la Presidencia italiana su acción en favor de la promoción de las mujeres en el área mediterránea?

Antonione
. (IT) La Declaración de Barcelona de noviembre de 1995 reconocía el papel vital de las mujeres en el desarrollo y la necesidad de que participen activamente en la vida social y económica, así como en la creación de empleo.
De forma similar, el Reglamento MEDA II se refería a la necesidad de reconocer y reforzar el papel económico y social de las mujeres y la importancia de la educación y de la creación de empleo para las mujeres. Un rasgo innovador del Proceso de Barcelona es el aspecto de la cooperación regional, con programas regionales abiertos a todo el mundo. La promoción de oportunidades para las mujeres en este contexto fue subrayada por la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas en noviembre de 2001, y también por las reuniones ministeriales de Valencia y Creta, que tuvieron lugar en abril de 2002 y mayo de 2003, respectivamente. Dichas reuniones acogieron con satisfacción los esfuerzos realizados en el contexto euromediterráneo para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto ha llevado a la creación de un programa regional Euromed sobre el papel de las mujeres en la vida económica, programado para el año 2004, con un presupuesto de 5 millones de euros, y cuyo fin es promover las oportunidades de las mujeres mediante la capacitación y la provisión de información.
El programa pretende que se creen planes de acción a nivel nacional, centrados en el acceso y la participación de las mujeres en el mercado laboral, en el apoyo a las reformas legislativas y a la creación de políticas que impulsen una formación activa y el desarrollo activo del mercado laboral. También fomenta la promoción de las mujeres en el mundo empresarial mediante la creación de redes para mujeres activas en las profesiones liberales y en las empresas, y facilitando el acceso de las mujeres a los instrumentos financieros. Durante la Presidencia italiana veremos la consolidación del proceso de definición de los sectores de cooperación prioritarios en los que se piensa intervenir y, durante la segunda mitad del 2003, la Oficina de Cooperación de la Comisión EuropeAid publicará una convocatoria de propuestas para este programa específico.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, realmente no ha sido usted muy explícito, porque sólo me dice que en el segundo semestre de 2003 se van a presentar propuestas, pero sin concretármelas. De todas formas, le agradezco mucho su contestación y, quisiera saber si usted no considera conveniente que, progresivamente, se vayan incluyendo los temas de la mujer en el diálogo político.
Antonione
. (IT) Sin duda, este es un tema de gran importancia y somos conscientes de la necesidad de avanzar en esta dirección. También cabe hacer mayor hicapié en las cuestiones relacionadas con las mujeres en el diálogo político, y dicho énfasis está justificado. Por lo tanto, señora Izquierdo Rojo, le aseguro que tendremos muy en cuenta sus comentarios y nos comprometeremos a intentar conseguir los mejores resultados posibles.

El Presidente.
 Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nº 8 a 32 se contestarán por escrito

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de siguientes informes, elaborados en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación:
A5-0273/2003 del Sr. Paul A.A.J.G. Lannoye, sobre la Comunicación de la Comisión sobre política de gestión del agua en los países en desarrollo y prioridades de la cooperación de la Unión Europea al desarrollo [COM(2002) 132 - C5-0335/2002- 2002/2179(COS)];
y
A5-0277/2003 de la Sra. Luisa Morgantini, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Comercio y Desarrollo - Cómo ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio" [COM(2002) 513 - 2002/2282(INI)].
Lannoye (Verts/ALE)
. (FR) Señor Presidente, vamos a examinar la posición aprobada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que se someterá a votación del pleno mañana a mediodía, sobre la comunicación de la Comisión sobre la política de gestión del agua en los países en desarrollo y las prioridades de la cooperación al desarrollo de la UE, así como la propuesta de creación de un Fondo Europeo para el Agua. En la práctica estamos examinando dos propuestas relacionadas.
En primer lugar, quiero recordar la situación que vive una gran mayoría de seres humanos en el planeta respecto del acceso al agua. 1 700 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Tres millardos no tienen acceso al saneamiento. Cada día, 30 000 personas mueren de una enfermedad asociada a la ausencia de agua potable o de saneamientos. El agua es un recurso natural imprescindible para la vida, la salud, la alimentación y el bienestar. El Comité de las Naciones Unidas para los derechos económicos, sociales y culturales ha incluido el acceso al agua entre los derechos fundamentales del ser humano. Los 145 países que han ratificado el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales tienen la obligación de garantizar el acceso al agua a las poblaciones de manera equitativa y sin discriminación. El problema que se plantea de modo cada vez más agudo es el siguiente: ¿qué política de cooperación es necesario llevar a cabo para ayudar a los países a responder al gran desafío de permitir que todos dispongan de agua potable?
Ya en 1991, al final del decenio mundial del agua y del saneamiento, se proclamó un compromiso internacional encaminado a proporcionar agua potable sana a todos para el año 2000. Dos años después de este plazo, en Johanesburgo en 2002, fue necesario constatar que este compromiso estaba lejos de cumplirse, a pesar de los esfuerzos realizados sobre todo por el Banco Mundial. Incluso podemos decir que, en cierta medida, la situación ha empeorado. En Johanesburgo se fijó un nuevo objetivo, que puede calificarse de objetivo a la baja: reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas privadas de agua potable y de saneamientos. La Unión Europea quiere participar activamente en la realización de este objetivo y la Comisión define sus prioridades en la comunicación que se nos ha presentado.
La Comisión de Desarrollo, en el proyecto de resolución que mañana a mediodía se someterá a votación, propone aprobar las siguientes prioridades, sabiendo que es poco creíble continuar en el camino trazado en 1993 por el Banco Mundial en su informe sobre la gestión del agua. En efecto, la privatización de los servicios de agua, sobre la base del principio de la recuperación plena de los costes, a menudo se ha traducido en un aumento de las tarifas que impide a las poblaciones más desfavorecidas de los países más pobres tener acceso al agua. La solución encontrada no resuelve el problema en absoluto, sino que, en cierta medida, lo agrava. En consecuencia, pensamos que es esencial considerar la distribución del agua como un servicio público. La asociación entre el ámbito público y el privado puede ser un medio, entre otros, de mejorar el acceso al agua, pero no es la panacea.
Además, estimamos que hay que aprobar la fijación de una tarifa que permita que todos tengamos acceso al agua para cubrir las necesidades esenciales y que garantice una utilización eficiente del agua responsabilizando a los consumidores. 
Por lo que respecta a la gestión, es deber de los países implicados adoptar una política que claramente asocie las poblaciones a la gestión.
En la medida en que la Comisión de Desarrollo estima que deben movilizarse medios financieros importantes para realizar las inversiones necesarias en los países implicados, acoge favorablemente la creación de un Fondo Europeo para el Agua. Sin embargo, estima que este fondo debe tener el objetivo principal de apoyar la política del agua de los países beneficiarios, que debe fundamentarse en una gestión democrática y en una distribución equitativa. En consecuencia, proponemos que la gestión del fondo esté fundamentada en una asociación ACP-Unión Europea. Además, la Comisión de Desarrollo estima que el éxito del fondo depende de la participación de los beneficiarios, que deben estar asociados al proceso de concepción, puesta en marcha, seguimiento y evaluación, así como a la gestión y al control del fondo, como ya he dicho.
Asimismo, consideramos que hay que inventar nuevos instrumentos financieros que apelen a la solidaridad internacional y, a este respecto, la primera cosa que viene a la mente es evidentemente la petición de condonación de la deuda de los países ACP. Los importes obtenidos permitirían que estos países financiaran las infraestructuras de base, de aprovisionamiento y saneamiento del agua.
Además, desearíamos que la Comisión estudiara -digo bien «estudiara», no se trata de hacer una propuesta propiamente dicha- la posibilidad de introducir un impuesto sobre las botellas de agua mineral en los países europeos y en los países ACP implicados, un impuesto muy pequeño, del orden de medio céntimo de euro, que permitiese aportar una contribución económica importante al Fondo.
Finalmente, deseo comunicar a los diferentes Grupos políticos mi postura respecto de las enmiendas presentadas. La enmienda 1, presentada por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, completa perfectamente las propuestas existentes, incluso si el informe ha sido aprobado en comisión por unanimidad. En lo que respecta a la enmienda 2, que se refiere al considerando L, desearía que el Grupo socialista suprimiera ciertos términos que debilitan el texto. Asimismo, la enmienda 11 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos me parece totalmente aceptable. Yo mismo he introducido, en nombre del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea la enmienda 5 que, en vísperas de la cumbre de Cancún me parece muy importante: en la línea de lo que acabo de decir, mi Grupo invita a la Comisión a retirar la demanda, introducida en el marco del acuerdo AGCS, de liberalización de los servicios de distribución y saneamiento del agua. En nuestra opinión esta demanda es contraria al objetivo fundamental que consiste en permitir el acceso de todos al agua en los países pobres. Si se aprueba, esta enmienda reforzaría el mensaje político del Parlamento Europeo. Por lo tanto, les ruego encarecidamente que la apoyen.
Morgantini (GUE/NGL)
. (IT) Señor Presidente, Señorías, espero que mi informe refleje el equilibrio entre los diferentes puntos de vista expresados en esta Cámara, aunque el punto fundamental es, por supuesto, el hecho de que el comercio no es la solución para el desarrollo. También quisiera dar las gracias a todos, tanto a los diputados como al personal de la Secretaría, ya que ha habido numerosas enmiendas y hemos logrado alcanzar una postura común en la comisión.
Nos encontramos en vísperas de la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que tendrá lugar en Cancún. En 1999, durante los preparativos de Seattle, el Comisario Lamy, que llevará las negociaciones en nombre de los 15 países de la UE en Cancún, recibió un mandato concreto. Sin embargo, las cuestiones objeto de negociación eran diferentes. Creo que la OMC tiene actualmente una enorme influencia y que ha asumido un papel demasiado importante, tanto que casi parece haberse convertido en las nuevas Naciones Unidas. De hecho, esta es solo una de las razones. Creo que sería deseable un nuevo mandato, teniendo presentes los objetivos y los compromisos adquiridos por la Unión Europea en diferentes foros internacionales.
Además, la Ronda de Doha, que dio en llamarse ronda de desarrollo, no ha tenido continuidad; de hecho, no se ha demostrado que la relación de proporcionalidad entre liberalización y desarrollo sea la correcta. De hecho, es todo lo contrario: la liberalización indiscriminada y la desregulación en los países en desarrollo han demostrado ser en la práctica extremadamente dañinas para los objetivos de desarrollo. Incluso en los casos en que la liberalización ha propiciado un aumento del PIB, la distribución de la riqueza dentro de los países afectados a menudo se ha deteriorado.
Por esta razón, el informe pide una integración regional entre los países en desarrollo, y un modelo de apertura simétrica del mercado, para que los países en desarrollo puedan desmantelar sus fronteras al comercio, incluidas las barreras no arancelarias, dando a los países del hemisferio sur el tiempo que necesiten para aumentar su producción, hacerla más competitiva y expandir sus mercados. También creo que es importante recordar, entre otras cosas, cuánto nos hemos beneficiado históricamente los países del norte gracias al proteccionismo, hasta que alcanzamos nuestro actual nivel de desarrollo.
Sin embargo, de vez en cuando nos sorprendemos de que la Comisión insista, por ejemplo, y a pesar de la resolución adoptada por esta Cámara el 3 de julio de 2003, en iniciar negociaciones sobre las cuestiones de Singapur. No tengo tiempo para referirme a todas esas cuestiones, pero entre ellas se incluye la contratación pública. No creo que sea apropiado iniciar negociaciones sobre estos temas. Las razones están relacionadas, por una parte, con las competencias y el poder de la OMC y, por otra, con el problema que ya he mencionado, a saber: la escasa capacidad de negociación de los países en desarrollo. De hecho, esos mismos países resaltan en sus informes que no se encuentran en condiciones de apoyar más negociaciones.
Creo, de hecho, que es fundamental tratar otras cuestiones y dotar de verdadera sustancia a la cláusula de trato diferencial, mediante la aplicación de un sistema mundial de precios garantizados para apoyar a los productores de productos como el café o el algodón. Los temas que deben abordarse en términos de desarrollo son la consecución y la promoción del comercio justo -ámbito en el que, de hecho, ya actúa de pionera la sociedad civil-, así como proporcionar ayuda a esos países, de forma que puedan diversificar su producción sin crear enclaves en los sectores de exportación, promoviendo la integración de esos sectores en el resto de la economía.
Soy de la opinión de que los objetivos del desarrollo deberían estar relacionados, por encima de todo, con el bienestar de la población. Así pues, considero que la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC, según la cual el acuerdo podría y debería interpretarse de manera que se mantenga el derecho de los Estados miembros a proteger la salud pública, debería aplicarse sin demora y sin tener que acudir a acuerdos que estipulen procedimientos tan restrictivos y burocráticos que resulten inviables. Este aspecto fue tratado exhaustivamente en el informe del Sr. Lannoye, y en mi propio informe, por ejemplo, yo también he subrayado que es importante que los bienes esenciales como el agua no se dejen únicamente a merced de las fuerzas del mercado y que la Unión Europea debería seguir una política de financiación pública no solo para la distribución del agua, sino para lograr una democratización de la gestión del agua en lo relativo a la gestión de manantiales, ríos y cuencas de ríos.
Cualquier debate sobre desarrollo debe incluir el tema de la deuda, que de hecho no estaba contemplado en el documento de la Comisión, aunque admito que no era estrictamente pertinente. Los países altamente endeudados tienen obligaciones de pago de la deuda que pueden absorber hasta una cuarta parte del valor de las exportaciones. Creo que la UE debería comprometerse a cancelar la deuda de los países en desarrollo, y proporcionar al mismo tiempo mecanismos para controlar cómo se invierten los capitales resultantes de la cancelación de la deuda, para garantizar así que los beneficios lleguen realmente a la mayoría de la población.
Otra cuestión es la promulgación de un código de conducta que incluya cláusulas éticas, sociales y medioambientales destinadas a las empresas europeas que realicen inversiones directas. Con respecto a las negociaciones que tendrán lugar en Cancún, es necesario señalar que necesitamos un sistema democrático y transparente dentro de la OMC y una suficiente capacidad de negociación para todos los países, que en la actualidad no existe. Por lo tanto, estos aspectos son prácticamente indispensables si queremos establecer unas condiciones equiparables.
Creo que tenemos un largo camino que recorrer. Debemos actuar para corregir las enormes disparidades existentes, lo cual significa que no necesitamos un comercio sin restricciones, sino más bien un comercio destinado a cubrir las necesidades sociales y económicas de todos los pueblos de la Tierra.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, no puedo menos que decir que uno de los problemas de este mundo es que nos queda demasiado poca selva. Sobre el tema del agua, en la actualidad se está celebrando en La Habana la Conferencia de las Partes de la Convención para Combatir la Desertización, y la Comisión está representada en ella. El gran problema es que el desierto se está extendiendo y las selvas tropicales se encuentran en mal estado, amenazadas por la avaricia y la delincuencia. Estamos intentando hacer algo para impedirlo. Y ello influye en el balance del agua. Se influye directamente en la gestión de las cuencas, los micro y los macroclimas están cambiando, y todo ello está relacionado con el primero de los dos informes que estamos debatiendo esta noche. Quizás dentro de unos años hablar de la ley de la selva será más una referencia a un paraíso perdido, porque la selva es un símbolo de naturaleza virgen. Pero estoy seguro de que no es esto lo que la Sra. Morgantini quería discutir.
Me encuentro ahora con el problema de tener que hablar de dos temas distintos a la vez. Empezaré con la propuesta de resolución de la Sra. Morgantini.
Pide a la Comisión que reduzca su presión sobre los países en desarrollo para que liberalicen y desregulen de forma indiscriminada sus mercados. No existe tal presión. La Comisión colabora con los países en desarrollo para ayudarles a poner en marcha un marco regulador seguro para la prestación de servicios básicos. Quiero llamar la atención del Parlamento, y especialmente de los miembros de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación relativa a la reforma de las empresas públicas que hemos elaborado en la Comisión. Esto también guarda mucha relación con el informe del Sr. Lannoye.
Emitimos esta comunicación para tener un terreno más firme bajo los pies en nuestra batalla contra el Banco Mundial y el FMI, entre otros, en relación con la privatización. Si hablamos del agua y de la condicionalidad de privatizar la gestión de los recursos hídricos, mi reacción es que, para un país como Burkina Faso, la responsabilidad nacional del Gobierno para gestionar el agua con prudencia y en beneficio de sus ciudadanos es una prioridad nacional tan importante -o más- como el escudo antibalístico para el Gobierno de Washington, Este es el planteamiento. Esta Comisión solo ha podido asegurar que Burkina Faso no se viera obligada a privatizar su empresa nacional de suministro de agua como condición para el proyecto de la gran presa de Ziga que proporcionará agua a la capital. Un proyecto en el que el Banco Mundial es uno de los muchos grandes donantes y socios, y en el que inicialmente esta era una condición que el Banco imponía, se ha llevado a cabo sin que se haya mantenido dicha condición, o sin que el Banco haya insistido en ella, porque otros -por ejemplo, la Comisión- respaldaron al Gobierno de Burkina Faso para oponerse a esta condición.
En esta comunicación verán un planteamiento mucho más matizado de todo este tema. Sin embargo, cuando escucho a la Sra. Morgantini argumentar que, en lo que se refiere al agua, deberíamos apartarnos de la línea de pensamiento comercial, le digo ¡sí y no! ¿Qué significa el término «comercial»? Es evidente que una filosofía privada, comercial, a corto plazo, y dirigida a la obtención del beneficio máximo va en detrimento de una buena gestión del agua en los países en desarrollo. Pero si por «comercial» se refiere a que los extremos deben encontrarse, es decir, que tiene que haber una sostenibilidad económica, entonces no existe forma alguna de escapar de este compromiso. Y por este motivo las cosas son extremadamente difíciles.
Kinshasa tiene en estos momentos más de siete millones de habitantes, de los cuales no muchos más de un millón tienen acceso al alcantarillado o a un tratamiento seguro de las aguas residuales. Por lo tanto, la mayor parte de la población, no solo de los enormes barrios bajos de las repletas megaciudades del sur, sino también de la clase media emergente, no dispone de un sistema de alcantarillado ni siquiera similar al normal. Tienen agua corriente y la pagan por litros, pero es casi imposible organizar la siguiente fase del ciclo desde el punto de vista económico. Es demasiado a largo plazo y demasiado caro. La realidad no es que algunas compañías de suministro de agua del norte se hayan propuesto obtener beneficios rápidos en el sur. No hay beneficios rápidos. Por lo tanto, la imagen de discordia de la pasada ronda del debate internacional sobre el agua, sobre todo entre las ONG de Europa, ha sido errónea -es fácil advertir contra el riesgo de posibles beneficios indebidos en una actividad más financiada por donantes en el sector del agua-, pero el problema real no es este. El problema real es atraer una financiación a largo plazo, humilde y práctica para las inversiones necesarias. Y no sabemos cómo conseguirla. Es un problema muy similar al del sector de la sanidad.
El gasto anual del sector de la sanidad pública por habitante en África subsahariana oscila entre uno y seis dólares estadounidenses. No se llega muy lejos con este dinero. Es exactamente la misma proporción que vemos en el agua y el saneamiento. En cierto modo es más fácil hacer lo que hay que hacer en los pueblos rurales. Allí sabemos lo que hay que hacer. No es tan difícil y nuestra tecnología es bastante arrolladora. Con pozos profundos o tuberías de transporte, nuestra capacidad como donantes es fantástica. Sin embargo, veo un grave problema en las ciudades de provincias y en las grandes megaciudades del sur. Allí es donde cunde el cólera y otros problemas derivados de la falta de alcantarillado. Para decidir cómo organizar la situación se necesita mucho más que la movilización reiterada de imágenes bien establecidas de discordia entre dinero público o privado.
También es demasiado fácil tomar un atajo y cancelar todas las deudas de estos países. Por favor, seamos realistas. Estamos haciendo todo lo que podemos en este frente. Solo una verdadera suma de dinero real procedente del bolsillo de los contribuyentes del norte servirá para algo. Esa es la verdadera batalla. Hemos ganado algunas rondas de esta batalla sobre la aportación europea en la Conferencia de Monterrey. Y de allí esperamos más dinero para el agua y la canalización. Por este motivo instamos a los Estados miembros a aceptar nuestra propuesta de acelerar la inversión y crear una línea de crédito para el agua que asegure que el dinero, que todavía depende del 9º FED -el millardo de euros que depende del rendimiento-, pueda ser aceptado y movilizado para acelerar nuestra acción en el tema del agua.
En cuanto al comercio, debemos ser optimistas y constructivos y mantener a Europa en la línea de la constructividad progresiva desde la reunión de la OMC en Cancún y la ronda para el desarrollo de Doha. Todavía me siento algo optimista. Tiene que salir bien.
En el informe de la Sra. Morgantini tendría que haber una referencia más destacada al trabajo que tenemos sobre la mesa y al reto y el potencial de que nuestros socios -especialmente nuestros socios ACP- hagan todo lo que es inmediatamente posible para abrir más mercados regionales entre ellos. ¿Quién invertirá en una fábrica de pintura o jabón en Uganda si estos productos no se pueden exportar a los países vecinos? Hemos intentado averiguar qué ocurrió con las mosquiteras. ¿Por qué no se fabricaban mosquiteras en África? La respuesta es que, como había aranceles del 17%, se importaban de Hong Kong. Este juego se llama liberalización regional y esto es lo que teníamos sobre la mesa en las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica. El Parlamento debería echarnos una mano o más en esto. Estamos en el camino seguro. Ocurra lo que ocurra en la OMC, la ruta de Cotonú está allí y sería muy beneficioso para nuestros socios de la ACP que se comprometieran firmemente a seguirla.
He mezclado los temas. Con mucho gusto escucharé las próximas intervenciones y, como siempre, seguiré dialogando con este Parlamento.

Knolle (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, acabamos de experimentar el verano más caluroso y seco que se recuerda y hemos constatado por nosotros mismos cuán importante es el agua, tanto para las personas como para la naturaleza. Los europeos, mimados en este sentido, estamos desesperados por que la lluvia llene nuestros ríos y pantanos. Los expertos han calculado que al menos serán necesarios 14 días de lluvia para restablecer el nivel normal de nuestros ríos y pantanos. Afortunadamente, todavía tenemos agua limpia cuando abrimos los grifos. Evidentemente, el abastecimiento de agua en la UE es seguro y, lo que es más, se encuentra al alcance del bolsillo de todos.
Después de este caluroso verano, los europeos hemos entendido un poco lo que significa que nos digan que tres mil millones de personas en todo el mundo -es decir, más de un tercio de la población mundial- no tienen acceso a agua limpia y potable o a servicios de salubridad. Hay que reconocer que en la Declaración del Milenio de la ONU, 189 gobiernos se comprometieron a reducir a la mitad esa cifra para el año 2015, pero en la actualidad no hay expectativas de que se logre jamás tan ambicioso objetivo. Desde 1990, la extracción de agua se ha multiplicado por diez en todo el mundo. El mayor consumidor de agua es la agricultura, seguido de la industria, y solo después del uso doméstico. Los Estados Unidos utilizan la mayor parte del agua, con un consumo de 296 litros por persona al día. Los hogares alemanes y de muchos otros países europeos, por otra parte, utilizan tan solo la mitad de esa cantidad.
En Oriente Próximo y en cierta medida en Asia, pero también en algunas partes de México y África, amplios sectores de la población tienen menos de 2,5 litros de agua por persona al día para cubrir sus necesidades, y muchas personas en las regiones donde escasea el agua tienen incluso menos que eso. Casi el 40% de la población mundial vive en zonas de captación de ríos que se extienden a lo largo de más de dos países. Los países que se encuentran en la zona alta de los ríos a menudo explotan sus ventajas naturales más que los países de la zona baja. Hoy en día, todavía existen guerras a causa del petróleo; en un futuro no muy lejano, también podrían producirse guerras a causa del agua.
La situación en Oriente Próximo es explosiva. Israel, Jordania y los palestinos tienen dificultades para compartir el río Jordán. Turquía, Siria y el Iraq, bañadas por los ríos Tigris y Éufrates, están intentando controlar el agua de esos dos ríos. Los conflictos a causa del agua dulce parecen inevitables, por lo que la UNESCO ha proclamado el año 2003 Año Internacional del Agua Dulce. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son conscientes de la escasez de recursos hídricos y sus problemas asociados, que incluyen principalmente un sistema justo de gestión del agua. Esta es la razón por la que el importante tema de la gestión justa del agua fue incluida en el orden del día. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos está trabajando para garantizar que la gestión del agua no sea exclusivamente un monopolio, ya sea del Estado o de las grandes compañías que operan en todo el mundo. Una combinación saludable de participación pública y privada debería garantizar que las poblaciones de las regiones del mundo con problemas de agua reciban un abastecimiento de agua dulce a precios asequibles. No debemos llegar al punto de que si uno es rico, tiene acceso al agua, y si no se es, no dispone de agua dulce.
Para promover esta combinación de sectores público y privado en el abastecimiento del agua, presentamos varias enmiendas al informe anual sobre la comunicación de la Comisión acerca de la gestión del agua en los países en desarrollo, y desde aquí pido a los diputados a esta Cámara que las apoyen.
Por último, quisiera dar las gracias a mis colegas, el Sr. Corrie y el Sr. Wijkman, por su excelente cooperación, y expresar asimismo mi gratitud a nuestros ayudantes y personal.

Scheele (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al ponente por su excelente informe, algunas partes del cual ya han quedado finalizadas por no haberse presentado ninguna enmienda. Aunque el debate de hoy haya sido bastante discreto, también ha sido objeto de discusiones muy intensas entre los diputados a esta Cámara en días recientes y, de hecho, en semanas recientes, y no solo en las salas de reuniones.
Es evidente, después de todo, que la comunicación de la Comisión sobre la gestión del agua en los países en desarrollo siempre suscitará debates acalorados e intensos. El orador anterior ha hablado con gran profundidad sobre el delicado tema del agua, cuestión de gran importancia en todas las partes del mundo. La Conferencia Ministerial de la OMC, que comenzará en cuestión de días en Cancún, naturalmente hace que este sea un debate incluso de mayor actualidad. Algunos temas clave en este contexto son, por ejemplo, las exigencias de la Comisión con respecto a la liberalización de los servicios públicos -lo que incluye, por supuesto, la gestión del agua- y la situación relativa a la libertad de los países en desarrollo de decidir por sí mismos en el futuro cómo llevarán a cabo la provisión de estos servicios públicos.
Cuando hablamos de la gestión del agua en los países en desarrollo, me parece evidente que la Comisión, así como la Unión Europea, deberían promover una gestión sostenible. Una de las razones por las que creo que el informe del Sr. Lannoye es excelente es que se centra muy directamente -y también de forma muy crítica- en los problemas y obstáculos que debe afrontar la gestión sostenible del agua. Se menciona la agricultura intensiva, predominantemente impulsada por la exportación, los programas de ajustes estructurales que en el pasado se han impuesto a algunos países, en los cuales se han debilitado los servicios públicos, y menciona el establecimiento de prioridades erróneas en la financiación de proyectos. Creo que esta es una muy buena señal que enviar y, por otra parte, hay también enfoques muy positivos en las políticas actuales de la Comisión cuyo objetivo es evitar estos obstáculos inesperados en el futuro.
Como ponente alternativa de mi Grupo, estoy bastante descontenta de que no hayamos logrado ponernos de acuerdo en torno a la enmienda 5, que adopta una línea muy crítica con respecto a las exigencias del AGCS, que naturalmente se están aplicando, y las peticiones de liberalización de la Comisión. Sin embargo, permítanme asegurar directamente al ponente que estoy trabajando arduamente para garantizar que todos mis colegas -o todos los que puedan- lo apoyen en su reivindicación.
El ponente ha mencionado que propone una ligera alteración de una de las enmiendas propuestas por el Sr. Van den Berg. Yo le pediría al Sr. Van den Berg que nos comentara él mismo esta cuestión. Yo no puedo hacerlo en este momento. Quisiera concluir mi intervención dando las gracias al ponente una vez más por un trabajo bien hecho.

Sanders-ten Holte (ELDR).
Señor Comisario, señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Morgantini y al Sr. Lannoye por sus interesantes informes, pero tengo bastante observaciones que hacer. En algunos casos quisiera incluso poner otros acentos. Por ejemplo, los Liberales consideran que el comercio justo es una de las mejores maneras de combatir la pobreza. Por supuesto, esto no significa que debamos imponer nuestro dictado a los países en vías de desarrollo. Los foros de la OMC brindan la ocasión para lograr, en una consulta conjunta, unos acuerdos justos para todas las partes. Esperamos que en Cancún se creen mejores condiciones para el comercio mundial. 
Lo que pueden ofrecer los países desarrollados son conocimientos. Las empresas internacionales tienen muchos conocimientos técnicos, que pueden transmitir a sus socios en los países en vías de desarrollo. Como ya ha recalcado mi Grupo a través de una enmienda, la aportación de estos conocimientos provoca un aumento de la actividad económica, que fomenta una fuerte diversificación de productos. 
Es por lo tanto bueno que muchas empresas se esfuercen por mejorar las estructuras de enseñanza y sanidad para la población local. Es justo. Para ellos es importante tener una población activa sana y capacitada, pero también hay que estimularlo. Quiero romper lanzas por una mayor implicación de las empresas en la cooperación al desarrollo. Ello tendrá que realizarse de acuerdo con los criterios normales: los salarios han de ser buenos y se ha de prohibir el trabajo infantil. 
Asimismo creo que no se presta suficiente atención a las posibilidades comerciales en el ámbito regional. Allí también hay algunos escollos. La gestión hídrica es en este sentido un ejemplo perfecto. En todo el mundo hay cerca de 260 estanques que son compartidos por varios países. En los últimos 50 años, se han declarado cerca de 1.800 conflictos, armados o no, a este respecto. Ello podría haberse evitado a través de una consulta mutua y de unos buenos acuerdos. El acceso al agua potable y unos buenos servicios sanitarios son un derecho fundamental de la población. Esto habla por sí solo.
Mi Grupo aboga por una buena cooperación entre las administraciones locales y nacionales y el sector privado, y en este sentido, la Unión Europea ha de tomar la iniciativa y desempeñar un papel estimulante. Mi Grupo tiene una objeción contra el dedo acusador con el cual el ponente acusa al Banco Mundial y al FMI. Subrayamos que ha de ofrecerse apoyo a los países en desarrollo de acuerdo con las necesidades del país en cuestión. Para ello hemos presentado enmiendas. Los Liberales consideran que ha de aplicarse la condición para la asociación, también para el fondo para el agua propuesto por el Sr. Prodi. Nosotros consideramos sumamente importante la participación de los implicados. En relación con el fondo para el agua, al que me he referido antes, quiero recalcar que se ha perdido una oportunidad al no implicar la PE en esta propuesta. Y exigimos estar plenamente implicados en su ejecución. A fin de cuentas, esta es la mejor garantía de una legitimidad democrática.
Modrow (GUE/NGL).
Señor Presidente, en todos los documentos clave de la UE, la lucha contra la pobreza aparece como el primer objetivo de la política de desarrollo. No cabe duda de que la UE gasta sumas sustanciales de dinero en ayudas al desarrollo y hace todos los esfuerzos que puede para firmar una serie de acuerdos de asociación y de cooperación en las disferentes regiones del mundo, en beneficio de ambas partes. Lo que tampoco se puede dudar es que a pesar de estos esfuerzos, la pobreza en el mundo ha aumentado, especialmente en la última década, y no parece que se vaya a producir ningún cambio en esta tendencia. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta el hecho de que esta pobreza creciente es una de las fuentes del terrorismo.
El Parlamento tiene ante sí una serie de informes sobre un número de aspectos extremadamente importantes para la política de desarrollo. Lo que estamos tratando es nada más y nada menos que la utilización de unos recursos mundiales cada vez más escasos. Hoy en día, todavía se libran guerras por el petróleo, como en el caso del Golfo, pero ya están surgiendo conflictos violentos a causa del agua. Los Estados Unidos y otras potencias industriales declaran que esas zonas del mundo en desarrollo en las que existe petróleo, gas y otros recursos de gran importancia estratégica, son parte de su esfera de influencia, lo que aparentemente les da el derecho a iniciar una guerra. Sin embargo, es principalmente en los países en desarrollo donde el agua constituye un problema, ya sea porque los recursos son insuficientes o porque se les niega el acceso al agua.
Todavía hay tiempo para impedir la catástrofe con una estrategia cuidadosa y un gasto más selectivo. El informe del Sr. Lannoye identifica posibles enfoques constructivos que merecen mayor atención.
La situación en el campo de la salud no es menos precaria. Ya, en algunos países de la UE, parece que el lema es que si eres pobre, mueres antes, ya que las reformas en este sector tienen por objeto establecer un sistema dual, pero la situación en los países en desarrollo es mucho más aguda. Millones de personas mueren cada año en África a causa de enfermedades que pueden tratarse con medicamentos que llevan años existiendo en los países industrializados. El compromiso de la OMC, recientemente negociado, sobre la importación de medicamentos genéricos más baratos llega demasiado tarde, en primer lugar y, en segundo lugar, está tan limitado por formalismos que tiene pocas probabilidades de éxito. El informe de la Sra. Morgantini señala los problemas relativos a este aspecto del comercio en particular.
La ponente y, de hecho, la totalidad de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, están intentando aportar su experiencia y autoridad para combatir la pobreza creciente con todas sus manifestaciones e implicaciones. Espero lo mismo e incluso más del Consejo y de la Comisión.
El siglo XXI no ha hecho más que comenzar, pero los signos anuncian tormentas en lugar de una convivencia pacífica basada en la solidaridad. La política de desarrollo debe ser redefinida con mayor profundidad y alcance. También es necesario un nuevo enfoque si la humanidad quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir sobre la faz de la Tierra.

Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, acabamos de asistir a la presentación de dos excelentes informes del Sr. Lannoye y la Sra. Morgantini, que apoyamos plenamente. Por otra parte, tenemos la suerte de aprobarlos antes de la apertura de la conferencia ministerial de la OMC en Cancún, y espero que el Comisario Lamy, que se pondrá manos a la obra la semana que viene, tendrá la amabilidad de inspirarse en ellos en el marco de su mandato de negociación, en particular en lo que respecta a la cuestión vital de la no privatización del agua. Mi amigo el Sr. Lannoye no se enfadará conmigo si hago más hincapié en el informe de la Sra. Morgantini.
La Comisión desea ayudar a los países en desarrollo a sacar provecho del comercio. Pero ¿las normas de la OMC lo permiten? Dudo, en vista de las diferencias que enfrentan, en este momento preciso, a los países en desarrollo y los países occidentales sobre las cuestiones de Singapur, por ejemplo, que la Unión Europea sea la más adecuada para apoyar la posición de los países del Sur, porque ella misma tiene que defender sus propios intereses. La agricultura y la pesca son ejemplos elocuentes.
Ayudar a los países en desarrollo a sacar provecho del comercio significa, en primer lugar, cambiar las normas comerciales para hacerlas más favorables a los países en desarrollo. Los países del Sur, alentados y después confinados en su papel de exportadores de materias primas de escaso valor añadido, sufren de lleno la caída de los precios de los productos de base y el difícil acceso a los mercados de los países del Norte. Respecto de la OMC, no sirve para regular los mercados, sino para liberalizar los intercambios. Así, actualmente han desaparecido las organizaciones comunes de mercado del café y del algodón y los sistemas de estabilización de los precios de las materias primas. 
Además, ¿ayudar a los países es realmente ayudar a la población? ¿Los beneficios hipotéticos del comercio llegan verdaderamente hasta los más pobres o se quedan bloqueados en la cumbre de los Estados? Actualmente, la promoción del comercio justo es la única estrategia viable a largo plazo. Por una parte, hay que pagar a los productores del Sur un precio justo por sus productos de base; por otra, urge abrir nuestros mercados a las importaciones de los países en desarrollo y abandonar las subvenciones de nuestros agricultores. A este respecto, la conferencia de Cancún podría ser portadora de esperanzas. Espero que no se les decepcione.
Mediante la transformación y diversificación de sus productos, los países en desarrollo podrán realmente ganar en autonomía y desempeñar un papel importante en el comercio mundial. Los esfuerzos de la Comisión tienen que encaminarse hacia este objetivo, y los trabajos de la conferencia de Cancún tienen que llevar a esta cuestión. Ayudar a los países en desarrollo a desarrollar su comercio significa, en primer lugar, ayudar a las poblaciones de estos países a que intenten vivir mejor. ¿El comercio puede ser una manera de vivir mejor? Sin duda, pero ciertamente no es la única.
Hyland (UEN).
Señor Presidente, nadie puede poner en duda la necesidad de crear un sistema de comercio mundial justo, pero no deberíamos engañarnos a nosotros mismos pensando que un comercio totalmente liberalizado comportará justicia por sí mismo.
En términos de política agrícola, por ejemplo, abolir todo el apoyo y la protección del mercado acabaría con unos dos tercios de los agricultores de la UE. Y esto no interesa a nadie ni en las zonas rurales ni en las urbanas. Se supone que la actual ronda para el desarrollo de la OMC prestará especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y a su deseo de integrarse mejor en el sistema de comercio mundial. Es un planteamiento positivo y, en mi opinión, debería recibir todo nuestro apoyo.
Un sesenta por ciento de la población mundial vive en zonas rurales y una gran mayoría en países en desarrollo. Vale la pena observar, a la vez, que el comercio de productos agrícolas representó menos del 6% del comercio mundial total en el año 2000. El crecimiento económico, en sus fases iniciales, depende más de los mercados internos de los países en desarrollo que del acceso a otros mercados.
La experiencia de la liberalización del mercado agrícola en México debería servir de advertencia contra la promoción de mercados totalmente abiertos como solución de las necesidades de los países en desarrollo. Dos décadas de una política de este tipo en la Zona de Libre Mercado de América del Norte han comportado un aumento de la pobreza rural, la malnutrición y la emigración. También ha provocado mayores cargas de trabajo en la agricultura, especialmente para las mujeres, y un aumento de los precios para el consumidor.
El aumento de los beneficios y del control del mercado por parte de las multinacionales ha ido en detrimento de las pequeñas explotaciones familiares. Si a ello añadimos la pérdida de ingresos nacionales y los daños al medio ambiente y a la biodiversidad, veremos que la experiencia de México de intentar desarrollar su sector agrícola mediante la liberalización del mercado ha tenido unas consecuencias devastadoras.
En lo que se refiere a crear un sistema de comercio justo, la UE ha realizado una importante aportación con su iniciativa «todo menos armas». Nos hemos comprometido a eliminar los derechos de aduana que se aplicaban a las exportaciones de los 48 países más pobres del mundo. Sinceramente espero que la Comisión instará a otros países ricos a seguir esta iniciativa.

Belder (EDD).
Señor Presidente, en su informe, la Sra. Morgantini plantea las cuestiones oportunas. En primer lugar quiero hablar de los medicamentos para la crisis sanitaria en los países en desarrollo, como el sida y la malaria. Los países que no tienen una industria farmacéutica propia dependen de la importación de medicamentos baratos. El acuerdo del pasado fin de semana se ha calificado de insostenible debido al complicado procedimiento de importación. La Unión Europea deberá seguir esforzándose en Cancún para conseguir este procedimiento sea más sencillo. Este tendrá que ocuparse de que en la práctica los países no sigan dependiendo de medicamentos baratos.
En segundo lugar es necesario conseguir que el comercio sea más justo en general. No apoyando financieramente al comercio justo, sino creando reglas justas. Es decir, normas tanto para las circunstancias laborales, como para el bienestar de los animales y el medio ambiente. En el documento de la Comisión, las circunstancias laborales, entre ellas el trabajo infantil, merecen una elaboración más concreta. Estas normas tendrán que conducir a un comercio justo, si queremos ayudar a los países en vías de desarrollo a producir y comerciar de acuerdo con nuestras normas. Concretamente para la importación en el mercado europeo habrán de manejarse unas normas más comparables para evitar una diferencia injusta en las condiciones de competencia. Además, esto estimula a otros países a aumentar la calidad de sus productos y sus métodos de producción, pues el proteccionismo no es el objetivo de la fijación de normas, como temen muchos países en vías de desarrollo. 
Por último, los bajos precios de las materias primas y de los productos agrícolas constituyen un obstáculo para el desarrollo en muchos países. El exceso de capacidad provoca en diversos sectores unas dificultades extremas, por ejemplo en el sector del café. La ponente afirma con razón que Europa ha de esforzarse por conseguir que estos productos tengan precios más elevados. La limitación de la producción es en este sentido un instrumento útil y así ha de reconocerlo Europa en Cancún, pues el libre comercio no es la solución de estos problemas. Tanto el documento de la Comisión como el informe lo reconocen y por tanto merecen nuestro pleno apoyo.
Deva (PPE-DE).
Señor Presidente, esta noche soy consciente de que en Cancún el Comisario y los demás tendrán que luchar para proteger a gente muy pobre.
Señor Presidente, me gustaría que contara hasta diez. Cuando termine de contar, 80 personas habrán muerto de hambre en el mundo. Cada segundo, ocho personas mueren por malnutrición. ¿Qué pueden hacer estas personas para que todos nosotros nos sintamos mejor? La única cosa que saben que pueden hacer es cultivar más alimentos. Pero la única cosa que les impedimos hacer es cultivar más alimentos que puedan exportar a nuestros países.
Para proteger a nuestras propias vacas, a nuestros agricultores y a nuestra industria, cada día damos a las vacas más dinero que el que tienen 600 millones de personas para vivir. Cada día damos dos dólares a cada vaca. Las personas más pobres del mundo tienen que vivir con un dólar.
En Cancún podemos cambiar las cosas. Cuando llegué a este Parlamento procedente de la Cámara de los Comunes británica, vine con grandes expectativas. Vine con la idea de que la Unión Europea creía en lo que decía. Vine con la idea de que la Ronda de Doha era una ronda para el desarrollo. Vine con la idea de que el Comisario que se sienta aquí tendría la valentía de salir a luchar, que el Sr. Lamy, que había presentado la campaña «todo menos armas», saldría a luchar. Bien, pues quiero verles luchar. Porque si no luchan, ¿qué sentido tienen sus vidas? ¿Qué sentido tienen nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene todo esto cuando sabemos que ahora, por primera vez en nuestra historia, podemos establecer un vínculo directo entre la pobreza y la propagación del terrorismo?
Debemos comprender este vínculo y debemos empezar a hacer algo al respecto. Vengo de un entorno muy privilegiado en Sri Lanka, y conozco a personas de entornos muy privilegiados de todo el mundo. Debemos comprender este vínculo y tener la osadía y el valor de luchar para que las personas -que pueden hacer cosas como cultivar y comercializar sus alimentos y crear agricultura rural en los países en desarrollo- puedan exportar lo que producen. Debemos dejar de proteger a nuestras vacas y a nuestros agricultores de Europa de forma tan ineficaz, y dejar de destruir nuestra propia base de clientes. Si no lo conseguimos, vamos a pagar una factura muy cara.

Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, este debate sobre el informe de la Sra. Morgantini se refiere al vínculo que necesitamos crear entre liberalización, crecimiento económico y pobreza. Se refiere a si el comercio y el desarrollo van en la misma dirección. A menudo no existen conclusiones inequívocas sobre si este es el caso o no.
Sin embargo, yo diría, y estoy segura de que muchos oradores que han participado en el debate también, que la liberalización del comercio no es una panacea para generar el tipo de crecimiento autosostenible y reducción de la pobreza que queremos ver como resultado de nuestras política -estamos hablando de coherencia- y mucho menos nuestro objetivo de promover el desarrollo humano.
Si los países en desarrollo deben beneficiarse del comercio, lo primero que tiene que ocurrir, como queda muy claro en el informe, es que los productores de los países en desarrollo puedan obtener un precio justo por la exportación de sus productos, y que estos precios reflejen el valor de sus exportaciones.
Desde la década de los años setenta las condiciones de deterioro del mercado han costado muy caras a los países en desarrollo. Muchos países ACP han perdido más de siete veces la cantidad que reciben en concepto de ayuda al desarrollo. Para ellos, como sabe el Comisario, el principal problema es la falta de exportaciones a precios competitivos. Pero en los casos en que existe capacidad de exportación, en países como Sudáfrica, Mauricio, Ghana, Botswana y algunos países del Caribe, sí que se observa un aumento de las exportaciones.
Pero también ellos insisten -y no es solo el caso de Cancún, del que hablarán muchas personas, sino también de las negociaciones de la EPA- en que el libre acceso a los mercados de la UE no es aliciente suficiente para aumentar las exportaciones. Son conscientes, como nosotros, de la importancia de resolver las limitaciones de la oferta, la necesidad de realizar ajustes y la necesidad de hacerse cargo de los costes asociados para los países en desarrollo.
Debemos comprender -y quiero hacer hincapié en ello- que las limitaciones de la capacidad son una parte esencial de cómo nos ocupamos de la aptitud de los países en desarrollo para resolver los problemas de mercado a que se enfrentan en estos momentos, en las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales. Tienen que vérselas con muchas negociaciones. De nuevo, el Comisario Nielson lo sabe, igual que yo, en lo que se refiere a los países ACP.
En todas estas negociaciones existe un desequilibrio sustancial y evidente entre las partes que negocian en términos de dimensiones económicas, de poder político y de la propia capacidad para tratar el tema. Lo comprobé en las negociaciones de Sudáfrica.
Las subvenciones agrícolas tienen un gran efecto devastador en los productores y los mercados de los países en desarrollo. Espero que en Cancún, aunque el Comisario Lamy niegue que éste sea un tema central, nos daremos cuenta de que para los países en desarrollo sí lo es.
Estamos muy lejos de conseguir los objetivos de desarrollo del milenio. Dos años después de la declaración de la ronda para el desarrollo de Doha, la semana que viene en Cancún tendremos la oportunidad de hacer que la globalización funcione para muchos y no para unos pocos. Estoy segura de que estará de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que no podemos permitirnos un fracaso.

De Clercq (ELDR).
Señor Presidente, ya va siendo hora de aunar fuerzas y ayudar a los países en desarrollo a conseguir una mayor prosperidad. El mejor medio para lograrlo es un libre comercio generalizado, que ofrezca las mejores garantías para un crecimiento económico sostenible en todas las partes del mundo. La liberalización del comercio es en efecto la clave para el desarrollo, pero es preciso hacer una matización importante.
Abogo por un mercado libre, no por un mercado libre incontenible e ilimitado. Además, el mercado libre en sí ya no existe. Hoy se habla de un mercado social corregido con mayor atención por las normas sociales, el entorno vital, la protección del consumidor, el respecto por los derechos intelectuales, y así sucesivamente. 
Se ha de tener en cuenta estas condiciones esenciales a la hora de implicar a países menos desarrollados en el sistema comercial mundial. En la próxima ronda de la OMC, Europa, sobre todo, ha de considerar a los países en desarrollo como socios y no como rivales. 
No comparto la opinión de la ponente Morgantini, cuando dice que no hay pruebas de que la liberalización fomente un crecimiento de la prosperidad. La mundialización ofrece ventajas a todos los países que entran en la economía mundial. Países comparables que han seguido una estrategia comercial distinta evidencian diferencias notables en el ámbito de los ingresos por persona. Me refiero por ejemplo a Corea del Sur en comparación con Corea del Norte, a Alemania Oriental frente a Alemania Occidental antes de la reunificación. Me refiero a los tigres asiáticos frente a los países del Sureste asiático. Y lo que es aún más flagrante, hace unos 20 años, China y África tenían el mismo grado de desarrollo. Desde que China eligió de forma decidida ir por la senda de la economía abierta y se unió al sistema comercial mundial, los resultados han sido espectaculares. Hoy en día, los chinos ganan por término medio tres veces más que los africanos. La diferencia es enorme, no sólo en cuanto a nivel de ingresos, sino también a nivel de conocimientos. 
Es muy posible que a través de la mundialización, los ricos se hayan vuelto más ricos, pero es claramente incorrecto decir que los pobres se han vuelto más pobres. Las cifras de las Naciones Unidas lo demuestran. La participación de la población mundial que vive en la pobreza extrema ha bajado en 10 años del 29 al 23%. A finales de la década de los años noventa, 826 millones de personas sufrían desnutrición, o bien 40 millones menos que a principios de la década, a pesar de la explosión demográfica. La mortalidad infantil ha disminuido en todo el mundo del 64 por 1.000 en la década de los ochenta, al 56 por 1.000 en la década de los noventa. Cerca del 80% de las personas que viven en los países en desarrollo tiene acceso a buenas reservas de agua y al analfabetismo se ha reducido hasta el 20%. Por supuesto, no es perfecto, pero va en buena dirección. Por tanto queda mucho trabajo por hacer, pero hay esperanzas. Una mundialización correcta es la manera ...
(El presidente interrumpe al orador)
Bordes (GUE/NGL).
Señor Presidente, nos asociamos a los elementos de denuncia del sistema que contiene el informe, y por esta razón votaremos a favor, a pesar de la impotencia que expresa.
¿Qué tipo de sociedad es esta, en la que casi un tercio de la humanidad ni siquiera tiene acceso a un bien básico como el agua potable? Millones de personas en los países pobres mueren cada año, si no de sed, sí al menos de múltiples enfermedades propagadas por el agua contaminada. ¿Abastecer de agua potable a todos los habitantes del planeta plantea problemas técnicos insalvables? No. Todos sabemos que sólo se trata de una cuestión de dinero. Asimismo, sabemos que la sociedad del siglo XXI ha acumulado suficientes medios materiales y financieros para poder asegurar esto. Pero el agua y su distribución se han convertido en una fuente colosal de beneficios para los conglomerados multinacionales. Estos conglomerados -Vivendi, la antigua Société Générale des Eaux, Suez, Bouygues- tienen las manos libres para aumentar los precios del agua mientras que las instituciones internacionales votan resoluciones y les preparan el terreno destrozando sistemáticamente los servicios públicos del agua en los países pobres.
Su beneficio es dinero sucio, manchado de la sangre de millones de personas muertas de disentería, cólera, tifus, paludismo o esquistosomiasis. En diez años, el número de seres humanos privados de agua potable ha pasado de 1 200 millones a 1 700 millones. Es un crimen contra la humanidad, que hunde a una parte de la humanidad en la barbarie.
Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, la siguiente ronda de negociaciones sobre el Comercio Mundial empezará en México la semana que viene. He sido designado negociador en nombre del Parlamento Europeo en esta ronda. Sin duda espero que los países que participen en las negociaciones -incluida la Unión Europea y los Estados Unidos de América- lleguen a un acuerdo sobre un tema muy delicado. Hay en el mundo 42 millones de personas que tienen el virus del sida -muchas de ellas residentes en África- y, sin embargo, existe una tecnología y un tratamiento para combatir enfermedades como el sida. Si se puede dar a los países en desarrollo el derecho a distribuir estas medicinas tan necesitadas entre sus propios ciudadanos según sus propias normas reguladoras, los costes de estas medicinas se reducirán considerablemente. Ahora existe cada vez más voluntad política para introducir cambios en el sistema internacional de derechos de propiedad intelectual, a fin de que se puedan suministrar los fármacos contra el sida a aquellos países que no tienen dinero para pagarlos.
Todos sabemos cuáles son nuestras responsabilidades cuando se trata de combatir el sida y debemos actuar en consecuencia. Un resultado positivo de estas negociaciones significaría salvar la vida de millones de personas de todo el mundo. Esta ronda de conversaciones sobre comercio debe ser de verdad una ronda para el desarrollo. Salvar la vida de las personas debe primar siempre sobre toda doctrina relativa a los derechos de propiedad intelectual.

Andersen (EDD).
Señor Presidente, el informe del Sr. Lannoye contiene críticas muy precisas e incisivas sobre los efectos negativos de la privatización de los servicios de abastecimiento de agua. Quiero aprovechar esta oportunidad para apoyar las críticas del Sr. Lannoye con más argumentos, ya que uno de los efectos de la privatización es que debilita la protección de los preciados recursos hídricos. En Dinamarca, el abastecimiento de agua se basa en un principio de solidaridad en cuanto a precios y acceso a los recursos. En Dinamarca, la provisión de los servicios hídricos está descentralizada, es principalmente pública y, en menor medida, privada, pero siempre está controlada por un sistema de usuario/propietario. Este es un factor muy importante para garantizar la protección continua de los recursos hídricos. La dimensión pública de los servicios de abastecimiento de agua en Dinamarca es muy activa a la hora de exigir el grado de protección más alto posible y que se ponga fin a las posibles fuentes de contaminación. La dimensión privada está, sin embargo, muy satisfecha con los requisitos tan difusos que la UE plantea ahora y eso significa un debilitamiento de los valores límite de los pesticidas en nuestra agua potable.
La experiencia en Gran Bretaña y en otros lugares también demuestra que, cuando el abastecimiento del agua se convierte en un producto y se privatiza, deja de existir toda protección de los recursos. En el momento en el que la UE negociaba en relación con la Directiva sobre Agua Potable, los proveedores privados del sector del agua en Londres presionaron en el mismo sentido que la industria química europea, simplemente con el fin de que les permitiéramos la presencia de grandes cantidades de pesticidas en el agua potable. Era más fácil ganar dinero de ese modo.
Tal y como yo veo este asunto, la única forma posible de proteger los recursos es no utilizar pesticidas. Por lo tanto, estoy muy satisfecho de que, en su conclusión, el informe del Sr. Lannoye establezca como prioridad la necesidad de introducir métodos de producción, tanto en el norte como en el sur, que promuevan una agricultura respetuosa con el medio ambiente, basada en gran medida en los recursos locales, las tecnologías verdes y las cooperativas regionales. Estoy encantado de votar en favor del informe del Sr. Lannoye.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, en los diez últimos años ha habido varias conferencias internacionales sobre el tema del acceso al agua limpia y potable. Sabemos que en muchas zonas se ha fracasado, especialmente en el compromiso de garantizar que todo el mundo tuviera acceso al agua limpia en el año 2000. En lugar de lograrse ese objetivo, en 10 años el número de personas que sufrían de escasez de agua limpia se ha visto incrementado en 500 millones, y el número actual se sitúa en unos 1 700 millones. Uno de cada cuatro habitantes de la Tierra bebe agua sucia.
La situación obliga a los responsables políticos a analizar seriamente si las medidas tomadas han sido correctas. El acceso universal, igualitario y no discriminatorio al agua limpia es uno de los derechos humanos básicos. La escasez de agua es una causa evidente de la espiral de pobreza. La experiencia nos muestra que es imposible dejar el problema de la escasez del agua en manos del mercado para que éste lo resuelva. Es muy poco probable que la mano invisible del mercado dé un vaso de agua a alguien que se encuentre sediento. También tenemos que reconocer el hecho de que la privatización supone normalmente unos precios más elevados del agua y de los servicios de depuración, lo que naturalmente causa problemas graves a las personas más pobres.
Ya que se ha establecido el acceso al agua como un derecho básico, esto debería influir en la forma de pensar con respecto al mismo. Los recursos hídricos no deberían considerarse propiedad privada de un solo país, sino un recurso mundial compartido. Sin embargo, es necesario decir que si se trata el agua como un producto libre que debe ser compartido, esto merma la posibilidad de organizar un abastecimiento de agua altamente funcional. Por esta razón, es necesario contar con las prácticas flexibles que proponen las enmiendas con el fin de combinar los sectores público y privado, siempre y cuando el derecho de las personas al agua se considere un aspecto básico del que no se puede prescindir.
El informe del Sr. Lannoye subraya inteligentemente la conexión existente entre el acceso al agua, la depuración y la higiene. Cerca de 6 000 personas, principalmente niños, mueren cada día a causa de enfermedades infecciosas, cuyo origen se encuentra en la falta de higiene. Sería un error fundamental considerar el agua, el saneamiento y la higiene como temas separados. Ahora, más que cualquier otra cosa, deberíamos aumentar los recursos nacionales e internacionales que puedan utilizarse para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento en los barrios bajos y en los poblados de chabolas, así como en las zonas rurales. tiene una importancia clave vincular el saneamiento con el abastecimiento de agua, que no tendrá éxito si no se aporta una inversión sustanciosa adicional por parte de los responsables del abastecimiento de agua. Además, nosotros debemos crear para los hogares una tecnología orientada a las personas, como una posible solución a los problemas del agua y de su depuración.
Quiero expresar mi apoyo a la enmienda 19, que solicita la aplicación de una solución de compromiso entre deuda y agua, de manera que las deudas puedan ser anuladas y el dinero sea utilizado para financiar infraestructuras básicas de depuración de agua.

Désir (PSE).
Señor Presidente, por lo que respecta al informe Lannoye relativo al agua, insistiré en dos puntos. En la medida en que estaremos en Cancún la semana que viene para asistir a la conferencia de la OMC, recordaré en primer lugar la relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
Creo que la Unión Europea debería clarificar su actitud. Si consideramos -y es más bien el punto de vista que usted ha defendido, señor Comisario- que el agua es un bien público, entonces tenemos que procurar que las autoridades públicas de cada país tengan el control de la distribución del agua. Evidentemente, se puede recurrir a asociaciones medio públicas y medio privadas para la financiación. Pero usted mismo ha citado la comparación, bastante atrevida, hay que decirlo, con lo que es vital para otros países: por ejemplo, la defensa antimisiles para los Estados Unidos. Nadie puede imaginarse proponiendo a los Estados Unidos que pongan su defensa antimisiles bajo la autoridad del órgano de arbitraje de la OMC con normas tales como el trato nacional, la norma de la nación más favorecida, la obligación de adjudicar un contrato a una empresa de cualquier otro país de la OMC si responde a una licitación pública en este ámbito vital.
En el ámbito del agua, si seguimos su comparación, es necesario que Burkina Fasso, por ejemplo, que los países en vías de desarrollo puedan, incluso si tienen que recurrir a inversores, a multinacionales, conservar verdaderamente el control de las condiciones en las que tales inversores van a intervenir. En consecuencia, creo que en el marco del AGCS -y espero que el Comisario a cargo del desarrollo presione en estas discusiones, y que estas no sólo sean competencia de la política comercial- no podemos hacer presión sobre estos países para obligarles a liberalizar los servicios públicos, en particular en lo que respecta al agua, a cambio de que nosotros les demos en el marco del acceso a los mercados, como el de la agricultura, por ejemplo.
Respecto de la financiación, es cierto que es necesario un fondo europeo, pero me suscribo a las observaciones del Sr. Lannoye. Al igual que para los Fondos Estructurales europeos, sabemos que no basta con hacer un mercado para crear una comunidad. A veces hay que apoyar la recuperación de los retrasos de desarrollo, lo que hace imprescindibles las financiaciones públicas. Se impone un fondo europeo. Incluso sería necesario un fondo mundial para el agua, así como un fondo ONUSIDA a escala mundial para tratar a las personas enfermas de sida. Para ello, no bastan las financiaciones privadas, y no podremos contentarnos con hacer ingeniería. Esto también implicará aumentar la financiación pública.
Por lo que respecta al informe de la Sra. Morgantini sobre el vínculo entre comercio y desarrollo, diré que si todo el mundo afirma que el comercio puede contribuir al desarrollo, sin embargo no basta con abrir fronteras, como han sugerido algunos oradores, sobre todo el Sr. De Clercq, para que automáticamente tengamos la llave del desarrollo. La diversificación de la economía es imprescindible. Deberíamos inspirarnos en lo que hemos hecho nosotros mismos. Durante cierto tiempo, con pragmatismo, de manera progresiva y con ayudas sectoriales, tenemos que aceptar que los países del Sur pueden proteger su propia economía. El objetivo de la integración regional consiste, en principio, en alentarlos a crear mercados suficientemente vastos. Pero no debemos adoptar un enfoque sistemático, dogmático, general, de liberalización, porque se agravaría el deterioro de la relación de intercambio, como ha recordado la Sra. Kinnock. Es cierto, estos países exportarán en mayores cantidades, y el Sr. Deva tiene razón, el acceso de sus productos agrícolas al mercado de la Unión Europea tiene que reforzarse y tenemos que reducir nuestras subvenciones con objeto de limitar los efectos de la distorsión. Pero siempre exportarán productos que tendrán cada vez menor valor en el mercado mundial. Estos países tienen que poder exportar productos diversificados, más sofisticados, industrializados. En consecuencia, tendríamos que revisar la política comercial referida a los países en desarrollo, dando prioridad a las visiones y a los objetivos de la política de desarrollo, así como a los del Comisario encargado del desarrollo.
Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión por la rápida respuesta a los retos abiertos en Johannesburgo sobre el tema del agua y la carencia del agua, y también al Sr. Lannoye, a quien me dirijo ahora.
Sin embargo, me parece que el informe que ha emitido la Comisión sobre el agua se queda corto y elude, quizá, algunos de los temas estructurales y problemas básicos de concepto más importantes que vamos a tener y que tenemos respecto al agua.
En primer lugar, entiendo que el debate va mucho más allá de la privatización o la liberalización. Europa está acostumbrada a ofrecer soluciones generales, a dar directivas a todo el que pertenece a la Unión Europea. Y yo creo que hay que tener claro que el desarrollo sostenible es un traje a medida, que los problemas no son los mismos en un lugar que en otro y, por tanto, tenemos que proclamar desde el inicio políticas flexibles y abiertas que permitan mil soluciones distintas, cientos y miles de pequeños proyectos, adecuados al sitio y al lugar. Y tenemos que introducir esta filosofía en los criterios de inversión, en los criterios de ayuda, entre otras cosas porque sin el esfuerzo local y esa adaptación de los programas al proyecto local no llegaremos a nada. Por tanto, proclamo ese concepto de flexibilidad, adaptabilidad y muchos proyectos pequeños al margen de que haya grandes problemas.
Sin embargo, hablando del concepto marco, sí hay otro tema al que quiero referirme. Si el agua es un bien universal, necesario e imprescindible como el aire o la tierra, también es limitado y, atención, Señorías, es un bien transportable, contrariamente a la tierra. En consecuencia, requiere una protección y una regulación no sólo de los Estados, sino también internacional. 
Es un bien que debe compartirse. Y del mismo modo que los grandes ríos los comparten y disfrutan gentes de distinta lengua, religión o nacionalidad, es un bien transfronterizo y, por tanto, requiere acuerdos y convenciones internacionales en aras de la justicia y la sostenibilidad. 
Como bien universal, Europa debe proponer un acuerdo internacional, un módulo de convención que permita ordenar los ríos en razón de las cuencas, tal y como dice la Directiva del agua, evitando la servidumbre de intervenciones de un país que, como en el caso del Tigris y el Éufrates, deje en precarias condiciones a otras naciones.
Europa debe tomar decisiones, también, y hablar sobre el hecho de que el agua, al ser un bien universal, no puede pertenecer sólo a los que habitan en las cabeceras de las cuencas de los ríos o a los pueblos que desean apropiarse de ellos a lo largo de su curso; es preciso discutir la posibilidad de hacer trasvases sin prejuicios, para solucionar problemas de desertificación o estrés hídrico; para solucionar el problema de desarrollo de los pueblos situados en las desembocaduras de los ríos o a lo largo de su curso.
Creo que hay temas jurídicos de gran envergadura que Europa debería promover y también introducir el concepto de flexibilidad, sostenibilidad y traje a medida.
Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, sin duda también usted la ha visto, la vaca de Oxfam, que estos días se cobija en nuestro Parlamento. Para nosotros los europeos, esta vaca es por supuesto un símbolo de prosperidad. Pero seamos realistas, para las personas en los países en desarrollo esta vaca equivale a un comercio mundial injusto.
Por algo Oxfam realiza una campaña que lleva por el título «Make trade fair, stop the dumping» No me cansaré de repetirlo, y el ejemplo ha sido utilizado también por el Sr. Deva, el importe que recibe cada día esta vaca europea en subvenciones, es para una quinta parte de los habitantes más pobres del mundo más de que tienen ellos para sobrevivir cada día. En realidad, lo que queremos los socialdemócratas la semana que viene en Cancún, durante las negociaciones de la OMC, es acercarnos más a un comercio mundial justo. 
El informe sobre ayuda y comercio de la Sra. Morgantini llega en un momento oportuno. Elige claramente el lado de los países en desarrollo. La ponente recalca de forma explícita que hace dos años se llegó a unos acuerdos claros en Doha, pero que el seguimiento y el cumplimiento van mal. Sobre todo los países ricos del Norte -podemos mirar en especial a los Estados Unidos- han incumplido dichos acuerdos. En junio logramos, por los pelos, también Europa como parte contratante, un acuerdo sobre la reforma de la agricultura europea. Este fin de semana, después de la fuerte oposición de los Estados Unidos, pudimos finalmente firmar un acuerdo, un enorme avance sobre medicamentos más baratos. Lo logramos en el último momento, pero fue un avance enorme.
Aparte de la agricultura y los medicamentos, que fueron el núcleo de las negociaciones de Doha, en Cancún también se tratará el comercio en los servicios. El Sr. Lannoye se refiere en su informe a uno de estos servicios, en concreto del suministro de agua. Su tesis es que el agua es un bien público. Yo diría que sobre todo la producción de agua es algo que mi Grupo apoya. La producción de agua ha de permanecer en manos de la administración pública, pero, en muchos países en desarrollo, para la distribución del agua se necesita capital privado. El Comisario ya lo ha expuesto. Esto no significa que ello no deba suceder bajo control del Estado que es responsable del acceso y de la fijación de precios. Pero 1.700 millones de personas no tienen acceso a agua potable limpia y hay incluso 3 millardos de personas que no tienen acceso a servicios sanitarios. Ello hace necesaria una buena política en este sentido. Los socialdemócratas son partidarios de que los servicios públicos permanezcan en manos del Estado, una responsabilidad pública del control estatal. Pero ello no quiere decir que las empresas privadas no puedan desempeñar un papel importante en partes de la distribución del agua. Allí está el núcleo del debate, y en este sentido estamos de acuerdo con lo que han dicho los Comisarios. En mi Grupo, como ya ha señalado mi colega, hay disparidad de opiniones. 
Un segundo expediente que merece una atención especial a la luz del comercio y del desarrollo, y que a menudo se pasa por alto en el debate sobre la agricultura, es el algodón. Cuatro países del África Occidental han hecho un llamamiento a la OMC en el que piden que se reconozca la importancia estratégica del algodón para el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria en el África Central y Occidental. Diez millones de personas dependen directamente de la producción y de la exportación del algodón. Su desarrollo se ve dificultado por los obstáculos comerciales en el sector del algodón, que mantienen artificialmente bajos los precios. Nuestro alegato, es que en Doha hagamos negocios sobre este tipo de productos, como el azúcar y el algodón. Estamos convencidos de que la Comisión puede hacer negocios en esta dirección. Entonces tendremos comercio justo. Más comercio significa también más éxito para los países pobres.
Khanbhai (PPE-DE).
Señor Presidente, llame a la puerta de cualquier cabaña de cualquier país pobre y pregunte a la familia que vive allí qué es lo que más necesita. Sólo recibirá una respuesta: agua. No democracia. Ni derechos humanos. Ni medicinas. Nada más que agua.
Si la Unión Europea ha asignado un millardo de euros a ayudas relacionadas con el agua -y creo que el Comisario Nielson tiene mucho que ver con esta decisión-, debo felicitar a la UE y al Comisario. ¡Buen trabajo! Esto es lo que la gente necesita. Pero por desgracia no basta. Debemos hacer más y pido al Comisario que por favor se asegure de que este Parlamento pueda participar en la elaboración de la política de ayudas sobre el agua de modo que no se pierda en las nubes, como el FED. El Parlamento debe participar.
Quiero que esto ocurra. Espero que nos lo pueda asegurar porque no quiero que mi colega convenza al Grupo del PPE-DE de que vote mañana contra el informe Lannoye. Entiendo lo que está usted haciendo y tengo confianza en ello.
Muy rápidamente, quiero decir algo más sobre el comercio. Los países pobres deben procesar sus productos, no limitarse a exportar la materia prima de modo que el valor añadido no lo reciban ellos. Esta es la clave del comercio. Sé que el Comisario Nielson lo entiende y sé que está trabajando para conseguirlo. Espero que hará más.

Nielson
. (EN) La intervención del Sr. Khanbhai coincide con las observaciones de la Sra. Sanders-ten Holte en cuanto al deseo del Parlamento de verse implicado en todo lo relacionado con la Iniciativa sobre el Agua y el Fondo del Agua. Esto no es difícil de entender. El dinero de que estamos hablando forma parte del FED. Estamos trabajando para establecer el presupuesto para el FED. La Comisión y el Parlamento están de acuerdo en ello, también por razones de principio.
Queremos un crédito o un fondo especial para tener un instrumento más flexible, más capacidad para trabajar sobre el terreno. No hay motivo para la preocupación que el Sr. Lannoye expresa en el informe en cuanto a la gestión del 0,3% del fondo. No es un intento de crear una solución. Es más parecido a un crédito. Pero no importa si utilizamos la palabra «fondo». La idea principal es poder acelerar las acciones en la medida de lo necesario y que sea un catalizador de las diversas asociaciones que se pueden crear y promover. No estamos hablando de un método convencional para financiar proyectos, sino de algo que podría acelerar las cosas.
Esperamos que este debate y el apoyo que ha recibido del Parlamento permita que los Estados miembros acepten lo que hemos propuesto. Para ser claros, se trata de eliminar el riesgo de perder un millardo de los 13,5 millardos de euros reservados en el 9º Fondo Europeo para el Desarrollo que debe evaluarse el próximo año. Hace unos años, según el acuerdo de Cotonú y el 9º FED, este dinero quedó pendiente del rendimiento durante la primera parte del período. Es una decisión totalmente política. Por este motivo se nos ocurrió la idea de reservar este dinero para la Iniciativa del Agua, para asegurarnos de que todos estaremos de acuerdo en este expediente de gran prioridad y reservar el dinero para ello a fin de liberar este millardo de euros del debate general. Esto es lo que estamos intentando hacer. Espero que el apoyo del Parlamento en este sentido fomentará el entusiasmo entre los Estados miembros.
En relación con el aspecto comercial del debate, estoy de acuerdo con el Sr. Belder en que la situación del café es muy difícil. Resulta irónico que hayamos instado a los países en desarrollo a diversificarse y hayamos dicho que el café era un buen cultivo para la venta directa. El resultado es que ahora, Vietnam y muchos otros países en desarrollo se dedican con bastante éxito a la producción de café, y en consecuencia están invadiendo el mercado y deteriorándolo hasta el punto de que se nos plantea una crisis muy difícil de resolver. No existe ninguna solución sencilla a este problema. La realidad del mercado está aquí.

El Presidente.
 El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0217/2003) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la salud y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo [COM(2002) 129 - C5-0334/2002 - 2002/2178(COS)].
Bowis (PPE-DE)
. (EN) Señor Presidente, hoy la mirada del mundo está puesta principalmente en el comercio mundial. Sin embargo, para la mayoría esto se halla muy lejos de sus vidas rotas, infectadas y discapacitadas porque solo se puede comerciar si se puede plantar, cultivar, vender y distribuir. Estas tareas son esenciales para el bienestar económico y para el crecimiento económico de un país. Hay tareas que quedan fuera del alcance de uno si está físicamente o mentalmente enfermo o discapacitado. Si están fuera de nuestro alcance, nos encontramos en una espiral que nos llevará a la pobreza y, muy a menudo, a la muerte. Salud y riqueza, enfermedad y pobreza van inextricablemente ligadas. La pobreza comporta enfermedad y la enfermedad comporta pobreza para las naciones, las familias y las personas. Sin salud no se puede crear riqueza y sin riqueza no se puede prevenir ni curar la enfermedad.
Nosotros, los países de la Unión Europea, hemos aceptado el reto de ayudar a los países menos desarrollados a superar la pobreza y a convertirse en socios nuestros en el desarrollo y el comercio mundial. Hemos reconocido el vínculo fundamental que existe entre la buena salud y la reducción de la pobreza y ahora debemos mejorar esta prioridad en nuestras políticas de desarrollo.
La Comisión nos ha enviado una buena comunicación, que agradezco. Se centra en tres obstáculos principales, la tuberculosis, el sida y la malaria, y en mi informe no hay nada que contradiga este enfoque. De hecho, yo pido más y mejor inversión en estas áreas.
Sin embargo, existen otros grandes retos en cuanto a la salud que también debemos resolver. Permítanme que empiece por el punto final de nuestro informe. A nosotros, el mundo desarrollado, nos faltan médicos. Cada año intentamos solucionar nuestra escasez nacional contratando a 63.000 médicos de países en desarrollo. A cambio, enviamos solo 1.300. Es inaceptable.
Permítanme pues, que vuelva a hacer hincapié en la necesidad de cambiar los recursos para la salud básica, si queremos que nuestra retórica se traduzca en una acción eficaz. Solo un 3,4% de nuestros presupuestos actuales para el desarrollo se destinan a la salud. Es sencillamente insuficiente. Solo 9 de los primeros 61 documentos de estrategia nacional tenían la salud como área principal para la cooperación. No se obtendrán resultados de esta forma.
Necesitamos recursos, pero deben dirigirse al punto adecuado. Los fármacos, por ejemplo, se desperdician si no van acompañados de un almacenamiento, una distribución, un control y una educación del paciente adecuados. Nigeria es un ejemplo donde se ha podido mejorar espectacularmente en las enfermedades infantiles mortales una vez el programa ha desarrollado una estrategia casa por casa y ha cambiado la percepción de la población respecto a la inmunización.
Y también tenemos otras enfermedades y trastornos aparte de las tres prioridades de la tuberculosis, el sida y la malaria. Antes de 2020, el 80% de la incidencia de enfermedades será debida a enfermedades no contagiosas: cardiovasculares, cáncer, respiratorias, diabetes, depresión, epilepsia, etc.
En el último debate hemos oído hablar del agua. Aparte de la malaria, las enfermedades derivadas del agua que debilitan y destruyen son el tifus, la disentería, la hepatitis, el tracoma, la fluorosis y la encefalitis japonesa. Y 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua limpia, y 2.400 millones de personas no disponen de alcantarillado higiénico. Pero el coste no debe ser prohibitivo, y en nuestro informe aparecen ejemplos de intervenciones de bajo coste y cambios en la práctica local que pueden llegar a ser muy útiles.
Agradezco a mis colegas de todos los Grupos de esta Cámara que han sugerido adiciones o enmiendas -la mayoría de las cuales ya las hemos incorporado en la comisión- y algunas que he aceptado y he suscrito en esta sesión plenaria. También quiero dar las gracias a los gobiernos, científicos, médicos y ONG -especialmente de los propios países en desarrollo- por sus aportaciones. Ellos han confirmado muchas de las propuestas que he redactado y han sugerido nuevas áreas que debo explorar, como las vacunas, la salud de las madres, los combustibles de biomasa y los cuidados paliativos. Espero que el Parlamento apoyará nuestro informe y que el Consejo y la Comisión lo considerarán útil y alentador. Ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho con nuestros esfuerzos hasta la fecha para combatir la pobreza y promover la salud. Todos nos encontramos en fase de evolución y nuestro compromiso debe ser que nuestra política avance con rapidez. Conseguir un progreso real y duradero nos beneficiará a todos.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Bowis por su buen trabajo. Aunque trabajamos para la salud directamente en muchos países, la Comisión invierte cada vez más en estrategias presupuestarias de apoyo que garanticen los vínculos con unos resultados que mejoren la salud.
En este contexto, es esencial el seguimiento mediante aportaciones clave e indicadores de resultados, y es un ámbito de trabajo de gran prioridad. Y esto se relaciona con un largo debate con el Parlamento y la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre los porcentajes asignados a diversos sectores.
La Comisión está dando prioridad al apoyo a unos resultados de mejora de la salud y la educación. Para reflejarlo, no basta con calcular simplemente los fondos para la salud y la educación donde aparecen como sectores centrales. Hay que tener en cuenta todo el apoyo relacionado con los sectores sociales, como la inversión en agua y alcantarillado, y el apoyo presupuestario vinculado a una mejora de los resultados de salud y educación. Todo ello nos lleva a algo que significa más de un 40% de la programación del 9º FED.
Es un tema de credibilidad del vínculo existente entre el apoyo presupuestario y los resultados en estos sectores, pero es la mejor forma que tenemos de hacerlo. Confiamos en otros donantes o gobiernos socios para hacer una mayor parte del trabajo importante. Estamos proporcionando mucho dinero, pero también tiene que ver con la complementariedad, la coordinación de los donantes y la propiedad.
No es que lamente en absoluto estos porcentajes, y nunca me cansaré de discutir como lo hago aquí cada vez que, como esta noche, oigo cifras -que creo que son erróneas- referentes a lo que hacemos en estos sectores. La aportación Interreg a través del apoyo presupuestario es real y tiene la ventaja de que también nos permite financiar los continuos costes recurrentes, y recibir apoyo para los mismos.
No es de gran utilidad construir centros de formación para enfermeras si no se puede financiar la enseñanza en ellos. Esta es una de las ventajas del apoyo presupuestario. No se trata de una excusa, en absoluto, sino de una explicación real, pura y dura.
Los retos específicos en relación con el sida/VIH, la malaria y la tuberculosis han sido significativos, y han comportado nuestra aportación al fondo mundial. Nuestros compromisos a nivel de país significan que ahora sabemos mejor lo que podemos hacer que hace unos años.
Los intentos de resolver el problema del sida/VIH son más difíciles porque implica enfrentarnos con la batalla ideológica de la salud reproductora y los derechos sexuales. No quiero iniciar un debate esta noche sobre estos temas, pero es un problema añadido a todos los demás problemas existentes.
En cuanto a la financiación, me complace que sea posible conseguir que los Estados Unidos acepten lo que todo el mundo aceptó en diciembre del año pasado en la OMC sobre los ADPIC y el uso de medicinas genéricas. Lo que quiero dejar claro aquí es que es muy agradable ver que nuestra decisión del año pasado de desbloquear el suministro de medicamentos para estas enfermedades se hace realidad e influye en lo que se acordó en la OMC el fin de semana pasado. Si hubiéramos seguido vinculando el suministro a los productores europeos, el acuerdo de la OMC para que los países del Tercer Mundo puedan comprar medicinas genéricas no habría tenido mucha importancia real. De modo que es la combinación de este trato en la OMC y nuestra desvinculación del suministro lo que dinamiza el proceso.
No quiero prolongar más este debate. Terminaré repitiendo mi agradecimiento por la aportación del Sr. Bowis.

Valenciano Martínez-Orozco (PSE)
. (ES) Señor Presidente, las personas con menos recursos son las que gozan de peor salud. Enfermedad y pobreza son dos caras de una misma moneda y por eso cualquier estrategia de lucha contra la pobreza ha de tener en cuenta esta interrelación. La falta de salud reduce drásticamente las posibilidades de desarrollo de los pueblos y grupos que la padecen. En los países en desarrollo mueren cada día 28 000 niños menores de cinco años de enfermedades evitables con los medicamentos que actualmente existen. Sólo las enfermedades diarreicas matan a más de un millón y medio de niños y niñas al año y una de cada trece mujeres africanas puede morir durante el embarazo y el parto, abandonando, además, el cuidado del resto de su prole, que aumenta inmediatamente su riesgo de muerte.
El sida, además de estar matando a más de dos millones de personas en África, está mermando las posibilidades de desarrollo de su sociedad haciendo desaparecer a miles de jóvenes activos y de madres que, a su vez, abandonan a sus huérfanos.
Las mujeres son las más pobres y las más enfermas en los países en desarrollo. Están, además, mucho más expuestas a los riesgos de la enfermedad, siempre vinculada a la pobreza, precisamente por su función reproductiva. Por ello hemos querido destacar la importancia de la información, pero también del acceso a los servicios de salud reproductiva, que ayudarían a evitar la extensión del sida, las enfermedades derivadas de los embarazos continuados, los partos y los abortos clandestinos.
Incorporar la perspectiva de las mujeres en la lucha contra la pobreza y la enfermedad es clave para las sociedades más desfavorecidas porque ellas son las encargadas del cuidado de los niños y niñas y porque son un motor imprescindible para el bienestar de los individuos, las familias, los colectivos locales y las naciones.
Creemos que, gracias a este informe, cuyo ponente -el Sr. Bowis- ha sido tan favorable a la incorporación de la perspectiva de género en el mismo, se mejora la Comunicación de la Comisión y tal vez la posición que, débil todavía, ocupan las mujeres en la política de desarrollo de la Unión Europea que, creo, debe seguir esforzándose por cumplir sus compromisos.
Zimmerling (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Sr. Bowis por su excelente informe. Esta Cámara acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión y pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan a conseguir el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que no tienen acceso sostenible al agua potable, especialmente teniendo en cuenta que cerca de tres millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua.
Si consideramos los ambiciosos objetivos de la Comisión, estos merecen el apoyo total e inequívoco del Parlamento. La Unión Europea se ha comprometido a alcanzar un objetivo de ayuda al desarrollo del 0,39% de su PIB en promedio de todos los Estados miembros para el año 2006. En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Monterrey, en marzo de 2002, se acordó que cada uno de los Estados miembros de la UE aumentaría la proporción del PIB dedicado al desarrollo al menos hasta un 0,33% para el año 2006. Sin embargo, si tomamos como ejemplo a la República Federal de Alemania, veremos que, por desgracia, es un objetivo que probablemente seguirá siendo una utopía. Alemania rechazó con firmeza cualquier aumento del gasto, incluso el más mínimo, argumentando que era incompatible con la disciplina presupuestaria. Esto muestra, en última instancia, que el fracaso de la política económica del Gobierno Federal es la causa de la insuficiente ayuda al desarrollo.
Ayer vi que el Ministro alemán de Desarrollo afirmaba en su página web que el 0,27% del PIB se destina en la actualidad a ayudas al desarrollo. Esto debe parecerles una simple burla a las personas afectadas, que siguieron la evolución de los acontecimientos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague hace bastante tiempo, en el año 1995, y creyeron la promesa de que se dedicaría un 0,7% del PIB a las ayudas oficiales al desarrollo. La única conclusión a la que podemos llegar es que hoy no es un día de suerte para aquellos que creen en las promesas realizadas en este tema. Es un signo de quiebra política -de hecho, es el juramento de un deudor político- que al mismo tiempo el gasto real se redujera más de 500 millones entre 1990 y 2001. Sin embargo, vivimos en una era en la que Volkswagen, por ejemplo, tiene que nombrar a tres aprendices en cada puesto de formación para los países en desarrollo porque dos de cada tres mueren durante el periodo de formación, ya sea de sida o por enfermedades relacionadas con el agua.
El Secretario General de la ONU, el Sr. Kofi Annan, dijo en Monterrey, y cito con su permiso, señor Presidente: «Si los países industrializados no duplican la ayuda al desarrollo, las fuerzas de la envidia, la desesperación y el terror seguirán creciendo». Permítanme añadir lo siguiente: esas fuerzas afectarán a Europa también. Y esto debe evitarse a toda costa.

Junker (PSE).
- (DE) Señor Presidente, Señorías, el ponente ha presentado un informe muy completo que demuestra, de forma admirable y polifacética, que no puede existir desarrollo sostenible en ausencia de una buena salud. Por lo tanto, la reducción de la pobreza tiene que vincularse urgentemente a medidas que combatan las enfermedades y además se necesitan enormes esfuerzos para crear un sistema sanitario eficaz en los países en desarrollo. En este contexto, debemos centrarnos en primer lugar y sobre todo en los grupos de población más vulnerables, como los niños, ya que, como han mencionado otros oradores, cientos de miles mueren cada año por enfermedades diarreicas. Mueren de enfermedades infecciosas porque se les niegan las vacunas que podrían salvarlos, y caen víctimas de la malaria -cientos de miles de niños cada año- porque su sistema inmunitario no es suficientemente fuerte como para sobrevivir a la enfermedad.
Estos ejemplos muestran que los problemas de salud en los países en desarrollo, especialmente entre la población infantil, no siempre surgen a raíz de enfermedades peligrosas para la vida humana. A menudo caen víctimas de enfermedades que pueden curarse o evitarse si se dispone de los medicamentos o las vacunas adecuados. También las mujeres se encuentran especialmente en peligro. Dar a luz a tantos niños en intervalos cortos de tiempo destroza la salud reproductiva de las mujeres, causándoles anemias graves y aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. La mala alimentación o la malnutrición debilita la salud de amplios sectores de la población -ya que el hambre no solo es hambre-, y mina las fuerzas necesarias para llevar una buena vida.
Muy acertadamente se ha dicho, y lo repito de nuevo, que el desarrollo sostenible se encuentra amenazado. Es cierto que necesitamos una estrategia global. No se trata en primer lugar de una cuestión de atención médica. La situación en la que hoy nos encontramos -y aquí es donde entra en juego la campaña contra la tuberculosis, la malaria y el sida- es que estamos tratando con enfermedades -el sida, en particular- que no son curables pero tienen tratamiento, y por lo tanto, se puede dar a los enfermos la oportunidad de vivir más tiempo. Sin embargo, el hecho de que no exista cura para dicha enfermedad significa que también tenemos que tratar el tema de la prevención. Se trata de un campo extremadamente importante, y debe ser incluido en un sistema sanitario global.
Estoy convencida de que hay muchas formas de generar más apoyo para estas campañas, haciendo hincapié por ejemplo en el serio impacto económico que soportan los países en los que una gran parte de la población se ve afectada por estas enfermedades. Según las estadísticas de que dispongo, en Burkina Faso, la producción agrícola ha disminuido un 16% porque la población está enferma o ya ha muerto de sida y, por lo tanto, ya no puede trabajar en la agricultura.
En Swazilandia, la asistencia escolar femenina ha descendido un 36% porque estas niñas tienen que cuidar de sus padres enfermos de sida. En última instancia, sólo les quedarán sus abuelos. Esto significa que se producirá un gravísimo daño económico en esos países si no existe un sistema sanitario eficaz que pueda contribuir a restablecer la salud pública y elevarla al nivel necesario.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la descripción del círculo vicioso, infernal y mortal, que anula en los países en desarrollo cualquier derecho real a la sanidad para la mayoría de sus poblaciones, lo cual agrava aún más su subdesarrollo, es la base de la comunicación de la Comisión y del informe del Sr. Bowis, como lo fue de mi informe sobre la financiación de las pruebas clínicas para luchar contra el sida, el paludismo y la tuberculosis, aprobado hace algunos meses.
Por lo tanto, doy mi apoyo sin reservas al ponente, sus propuestas y las de la Comisión de Desarrollo y de Cooperación. Hay que aumentar las contribuciones financieras previstas, en particular en el ámbito del agua. La falta de agua potable -lo han dicho varios diputados- provoca cada año tres millones de víctimas mortales en el mundo. Se necesitan grandes campañas de vacunación. La prevención sanitaria tiene que reforzarse. Los medicamentos tienen que ser accesibles y la asistencia debe adaptarse a los países en desarrollo, sin olvidar los cuidados paliativos, la distribución de analgésicos y la lucha contra el tráfico de medicamentos falsificados.
En marzo de 2003, al amparo del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, convencí al Parlamento Europeo de que aprobase, en virtud del artículo 169, un programa de investigación de 600 millones de euros contra el sida, el paludismo y la tuberculosis, que supuso también una contribución concreta al logro de los mismos objetivos.
Aprovecho la ocasión que tengo esta noche para informar a sus Señorías de la puesta en marcha de este programa tras su aprobación definitiva el 16 de junio. El comisario Busquin acaba de regresar de África, donde ha podido comprobar concretamente el interés de los investigadores de estos países tras la puesta en marcha de las estructuras de gestión adecuadas. Podemos medir los progresos ya alcanzados desde hace varios años, muy a menudo bajo el impulso de nuestro Parlamento, en estrecha asociación con la Comisión Europea. Asimismo, podemos medir el carácter dramático de la situación en los países subdesarrollados y, por lo tanto, el camino que queda por recorrer, así como los enormes esfuerzos que tenemos que hacer en términos de imaginación, asociación y presupuesto.
Para concluir, reitero mi apoyo a las propuestas de la Comisión de Desarrollo, mi apoyo total a nuestro ponente, mi compromiso personal en estos ámbitos, así como el de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, e invito a la Comisión, y sobre todo al Consejo, a impulsar el compromiso europeo si queremos evitar que la situación, lejos de mejorar, se deteriore en el futuro en los países en desarrollo.
Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, hasta el momento hemos hecho hincapié en la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo. En numerosas ocasiones hemos pedido que se extienda el campo de acción a otras enfermedades explícitamente asociadas a la pobreza, sobre todo a las deficientes condiciones higiénicas y medioambientales. Por lo tanto, acojo con satisfacción el informe de John Bowis, que aborda la sanidad en su dimensión más amplia y tiene en cuenta las incidencias de las políticas alimentaria, medioambiental y educativa sobre la sanidad.
La prevención de enfermedades pasa por la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones del Sur, es decir, por una estrategia de desarrollo coherente e integrada. La prevención es una estrategia inevitable, pero a largo plazo. A más corto plazo, es necesario asegurar el acceso de los enfermos al tratamiento sanitario y a los medicamentos. Pero estos tienen que estar disponibles. Es cierto que en la mayoría de países del Sur los sistemas sanitarios son débiles, pero la privatización del sector no resolverá nada. Únicamente los servicios públicos pueden asegurar la gratuidad y la universalidad de la sanidad. A este respecto, la sanidad tiene que permanecer fuera de la AGCS, y me complace que este informe recuerde este principio básico.
Por supuesto, apoyo la enmienda que pide la aplicación de las disposiciones de la declaración de Doha sobre los medicamentos, en especial porque se supone que el acuerdo que el Consejo ADPIC acaba de alcanzar permite su entrada en vigor. Si nos congratulamos de esta entrada en vigor, también tenemos que reconocer que la complejidad de este acuerdo nos lleva a plantearnos su aplicabilidad. Así, los países sin capacidad de producción están sometidos a un doble sistema de permisos obligatorios y de obligaciones que a menudo pueden ser costosas. Si la sanidad es realmente una prioridad de la política de desarrollo de la Unión Europea, los Estados miembros tienen que comprometerse a otorgar los permisos obligatorios a los países en desarrollo para que protejan su sanidad pública.
Para que esta comunicación no sea papel mojado, nosotros, parlamentarios, tenemos que ejercer juntos una presión permanente.
Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Bowis, por su trabajo. Ha tenido en cuenta todos los aspectos de la salud humana de forma imparcial.
Es oportuno que hablemos de la situación de la sanidad en los países en desarrollo y del acceso al agua limpia en la misma sesión. No se puede soñar con una buena salud si se niega a la población su derecho fundamental de acceso al agua limpia. Esta, junto con un saneamiento que funcione y una buena higiene, constituyen los cimientos sobre los que se basa la atención sanitaria. Cada año mueren tres millones de personas a causa de enfermedades infecciosas que se transmiten a través del agua contaminada.
Tanto la salud como la reducción de la pobreza son temas en los que ya se ha dicho todo. No existe, pues, falta de información por nuestra parte. Por lo tanto, no pretendo airear más cifras ni estadísticas trágicas ante el Parlamento. Prefiero contarles brevemente por qué hace algún tiempo decidí presentarme al Parlamento Europeo. Cuando me pidieron que me presentara, tuve serias dudas sobre las razones, en las que no voy a entrar ahora. Sin embargo, mientras pensaba en la decisión que debería tomar me encontraba de viaje por El Salvador y México. Trabajaba para una organización de cooperación al desarrollo que examinaba el rastro dejado por el huracán que había asolado la zona en otoño de 1998 y me estaba familiarizando con la situación de los enfermos de sida y las condiciones de vida en los barrios más pobres. Conocí a la madre de unos niños pequeños infectados por el VIH a través de su compañero y ahora el virus también había sido detectado en su nuevo bebé. Me encontré con muchos más ejemplos de tristes destinos humanos: gente pequeña aplastada por enormes problemas. Entonces empecé a pensar: ¿y si los políticos con poder de decisión sobre los asuntos de estas personas y sobre su destino nunca los han visto en carne y hueso? Más aún, ¿y si no entienden los temas sobre los que están tomando decisiones? ¿Y si ni siquiera ven a las personas a través de las estadísticas? Después de todo, son personas, no zombis. Tienen un umbral de dolor.
Tomé la decisión de entrar en política por el bien de esas personas. En muchas ocasiones me pregunto a mí misma si mis esfuerzos serán visibles en alguna parte o lo suficientemente visibles, y no consigo darme respuesta. Creo que si todos los esfuerzos no dan pie a ninguna decisión práctica, o la realización de un gesto para que mejoren las cosas, o el hambre de justicia, que tiene resultados concretos, no tengo derecho a llamarme a mí misma política.

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, en 2001 este Parlamento pidió a la Comisión Europea que en su política de desarrollo diera prioridad a la enseñanza básica y a la atención sanitaria básica. Entretanto, el 35% del presupuesto para el desarrollo se destina a gastos sociales, entre ellos la enseñanza y la sanidad. 
Una de las mayores amenazas para África es la epidemia de sida. Junto con la tuberculosis y la malaria, es una enfermedad a la que la política de la Comisión ha de prestar mayor atención. En las presentes comunicaciones, esta atención se recalca claramente en el programa de acción. Estas tres enfermedades ocupan un lugar central. Los argumentos para el enfoque de estas tres enfermedades siguen siendo válidos e incluso son más claros que antes en lo que respecta al sida. 
Sin embargo, la opinión pública aún no se ha movilizado del todo en lo que respecta a la conciencia de la crisis mundial que forman estas tres enfermedades. Sigue existiendo una urgente necesidad de una acción colectiva a gran escala. 
Con razón, el Sr. Bowis indica en su informe que, además de estas tres enfermedades, también es preciso dedicar atención al enfoque de otras enfermedades relacionadas con la pobreza. La tripanosomiasis africana, más conocida con el nombre de «enfermedad del sueño», es un buen ejemplo de ello. Esta enfermedad infecciosa tiene dos fases. En la primera fase se produce fiebre y debilitación. En esta fase, la enfermedad resulta difícil de diagnosticar, pero su tratamiento es relativamente fácil. Si esta enfermedad no se trata, el parásito pasará de la sangre al cerebro. Puede tardar semanas o incluso años antes de que la enfermedad pase de la fase 1 a la 2. En la fase 2 se producen ataques y convulsiones. La enfermedad del sueño es más fácil de reconocer en la segunda fase, pero el tratamiento es mucho más difícil. Si no se trata esta enfermedad, el paciente cae en coma y muere inevitablemente. En los países en vías de desarrollo suele faltar este tratamiento. Demasiadas personas mueren innecesariamente, porque no se establece un diagnóstico a tiempo y los medicamentos no están disponibles o son demasiado caros. El acuerdo sobre medicinas baratas para el sida, que se firmó el sábado en el marco de las negociaciones de la OMC, supone un gran paso adelante en la lucha contra esta enfermedad relacionada con la pobreza. 
Fue una decisión crucial dar prioridad a una atención sanitaria básica por encima del reglamento en el ámbito de la propiedad intelectual. El fracaso habría echado por tierra la afirmación de la OMC de que iniciaría una ronda de negociaciones, en las que se abordarían las injusticias en el sistema comercial mundial. Ahora los miembros de la OMC tienen la obligación de encargarse de que estos acuerdos funcionen en la práctica. Al igual que ha hecho ya Canadá, los países europeos han de prometer que los productores de medicamentos genéricos del país en cuestión reciban licencias para la exportación a los países en desarrollo. 
Además, en las negociaciones de la OMC es importante que en el comercio de servicios, el AGCS, se garanticen los derechos de todos los miembros de la OMC para regular los servicios públicos y que no se obligue a los países en desarrollo a dejar el control estatal de sus servicios básicos, como la sanidad, al mercado. Quiero recalcar que, en este sentido, me siento apoyado por la posición de la Comisión y del Comisario Lamy. Aquí no tenemos un punto de vista diferente. 
Señor Presidente, si se pregunta a un transeúnte cualquiera en Estrasburgo qué tal la salud, siempre lo considerará como lo principal. Me gustaría que, luego, cuando vayamos a Sudáfrica, un transeúnte cualquiera que encontremos pueda decir lo mismo, y que en esta aldea mundial, podamos vivir con seguridad en la misma calle.
El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0249/2003) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la participación de los actores no estatales en la política comunitaria de desarrollo [COM(2002) 598 - 2002/2283(INI)].
Howitt (PSE)
. (EN) Señor Presidente, los agentes no estatales, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas, los sindicatos y la sociedad civil tienen un papel muy importante en los programas de la Unión Europea para el desarrollo. Para nosotros son esenciales por cuatro motivos. Primero, una buena práctica de desarrollo significa que la ayuda es satisfactoria cuando los propios beneficiarios participan en los programas que prestan dicha ayuda: ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas.
Segundo, los agentes no estatales ofrecen pluralismo, puntos de vista alternativos y experiencias alternativas a las de los gobiernos, opiniones que son representativas de las comunidades de base de personas marginadas, que a su vez son representativas de los más necesitados.
Tercero, una sociedad civil fuerte forma parte de una democracia sana, porque controla de cerca a los gobiernos y promueve principios de anticorrupción y gobernanza. Democracia y desarrollo van de la mano.
Cuarto, desde una perspectiva europea, los mejores agentes independientes -organizaciones no gubernamentales de renombre como Oxfam o Save the Children Fund del Reino Unido, Médecins Sans Frontiéres de Francia, etc.,- han ayudado a prestar un apoyo público a la noción global de desarrollo, y ofrecen una base para asegurar la provisión más rápida, directa y eficiente de ayuda que, en sí misma, implica este apoyo público.
Sin embargo, como establece la resolución propuesta, esta relación no siempre es cómoda. Por ejemplo, ni siquiera las organizaciones no gubernamentales son inmunes a la crítica. He apoyado al Comisario Nielson cuando criticaba, con razón, la gestión y la eficacia del antiguo comité de enlace de las ONG para el desarrollo de la UE en Bruselas. Es cierto que los agentes no estatales pueden sufrir los mismos problemas de mala gobernanza por los que a veces criticamos a los gobiernos de los países en desarrollo. Pero la comunicación de la Comisión y la convicción de este Parlamento se basan en el principio de que podemos hacerlo mejor.
Agradezco la cooperación activa de los servicios del Comisario, pero los resultados de mi cuestionario -donde se refleja que la consulta a agentes no estatales tuvo lugar en solo la mitad de los 63 países beneficiarios y que los totales por zona registran solamente un 2 ó 3% de la financiación total proporcionada que va a parar a agentes no estatales- suponen un reto para el futuro. Es un reto que podemos y debemos superar en la próxima revisión intermedia.
Agradezco que la Comisión apoye mi propuesta en la resolución para que un miembro del personal de cada delegación en los países en desarrollo sea responsable de la consulta a los agentes no estatales y de su participación. Hemos tomado estas medidas en relación con la gestión financiera y es correcto que otorguemos la misma importancia a la calidad y a la cantidad de la ayuda. Espero que esta noche el Comisario no apoye solo el principio de la formación en este sentido, sino que se comprometa también a empezar a ponerlo en práctica. En la resolución propongo que este proceso se apoye con la creación de comités formados por todas las partes interesadas de cada país o región, una propuesta que no pretende incrementar la burocracia, sino asegurar un medio sistemático de participación de los agentes no estatales.
Sé que el Comisario conserva un sano escepticismo respecto a mi interés por los contingentes presupuestarios, pero el 15% identificado en sus propias orientaciones de programación debería constituir una línea de referencia firme en el presupuesto para la participación de agentes no estatales: un 85% para la gobernanza no parece un importe demasiado bajo. Aplaudo el hecho de que el Comisario haya invitado ahora a los diputados al Parlamento Europeo, yo incluido, a participar en la reforma de la línea presupuestaria específica para la cofinanciación de las ONG. Avanzo la propuesta de que la delegación debería gestionar sus propios fondos de creación de capacidad a pequeña escala, un modelo que es eficaz en algunas intervenciones de Estados miembros, como las del Reino Unido.
En resumen, acepto que la implicación del agente no estatal no es solamente -ni principalmente- un tema de financiación. Hace ya cinco años que la Comisión creó un pequeño grupo de trabajo informal bajo la dirección del entonces director general de la DG de Desarrollo para recomendar una nueva relación con las organizaciones no gubernamentales. En parte, la evolución de estas discusiones ha dado pie al programa de reforma del Comisario Kinnock y en el Libro Blanco sobre Gobernanza del Sr. Prodi. Ahora incluye la propuesta de la Convención Europea para crear una base jurídica sobre el diálogo civil. En concreto, sobre el desarrollo ha incluido la participación contractual legalmente vinculante establecida en el Acuerdo de Cotonú, un principio que creemos que debería ampliarse a la relación de la UE con todas las regiones de los países en desarrollo del mundo.
Sin embargo, es hora de pasar de la discusión sobre las ONG, la sociedad civil y los agentes no estatales a la puesta en práctica de un cambio y una mejora reales. La comunicación del Comisario Nielson nos ofrece la oportunidad de hacer precisamente esto. Debemos hacerlo y lo haremos.

Nielson
. (EN) Hay muchos aspectos distintos en el debate sobre el papel de los agentes no estatales. Uno de ellos es que deliberadamente exageramos las expectativas, sobre todo en los países ACP después del Acuerdo de Cotonú, con un avance interesante al darles un papel en el debate sobre las estrategias nacionales y también empezando una nueva actividad destinada a financiar a los diferentes agentes no estatales en estos países más directamente. Pero estas actividades de las ONG y demás en nuestros países socios no son algo que gestionemos u organicemos nosotros. Depende de la situación política, el nivel de democratización, el carácter de la sociedad. En algunos países estas cosas son muy nuevas. Por este motivo la información sobre el éxito de esta inclusión se ha distorsionado en cierta medida. Estamos luchando por ello, pero no puedo aceptar que la Comisión pueda o deba ser responsable del éxito con que se pueda llevar a cabo en otro país. No es nuestro país. Nuestros poderes tienen un límite.
Soy bastante optimista. Hemos comparado nuestros intentos con otros en cierto modo similares para ampliar la participación en los debates del proceso de elaboración del documento de estrategia de reducción de la pobreza, gestionado por el Banco Mundial junto con los propios países en la mayoría de los casos. Si lo comparamos con la implicación de la sociedad civil, hemos tenido mucho más éxito.
Esto no debería considerarse un concurso de belleza de la sociedad civil entre la Comisión y el Banco Mundial. Es mucho más interesante que ambos insten a los países socios a hacer lo mismo. Los países socios podrían ver entonces que los diversos socios en la labor de desarrollo quieren realmente que la sociedad civil de estos países se implique más.
Las relaciones de la sociedad civil con las ONG en el contexto europeo son una historia algo distinta. El Sr. Howitt señala en la exposición de motivos algo con lo que no estoy de acuerdo. Sencillamente no es cierto. Dice que las propias organizaciones se quejan de que las consultas que se les hacen son totalmente ad hoc y que se puede acusar a la Comisión de consultar solo cuando quiere legitimizar su propia perspectiva. He comprobado si la nueva organización central de las ONG para el desarrollo está de acuerdo con esta descripción de la relación. Y no lo está. De modo que lo que el Sr. Howitt ha presentado aquí no es lo que he escuchado de las propias ONG. Por supuesto, tanto las ONG como el Sr. Howitt pueden equivocarse. Yo no digo que una de las dos partes deba tener razón.
En mi opinión, nos encontramos en una fase constructiva del debate. Y prefiero hacer hincapié en un intercambio de sustancia más bien que en la formalización de las cosas entre nosotros. Esto queda claro. El núcleo duro de la cooperación -la relación de trabajo administrativo y la financiación- es mejor de lo que ha sido en muchos años. Y se puede mantener así. Lo más interesante en términos de financiación es que el presupuesto de las ONG de 200 millones de euros anuales es solo una pequeña parte de la actividad total que estamos financiando a través de las ONG. El importe total anual que se va a través de las ONG es de casi 1,5 millardos de euros: ayuda alimenticia, seguridad alimentaria, parte de la ayuda humanitaria para las ONG, y un gran volumen del trabajo de implementación de proyectos donde utilizamos a diversas ONG sobre el terreno. Deberíamos prestar más atención a este tema. El presupuesto de 200 millones de euros está tan solicitado que nos encontramos en una situación imposible si todo el debate se centra en esto, sobre todo de cara a los diez nuevos Estados miembros que se unirán a la UE. Deberíamos ocuparnos de ofrecer buenas oportunidades a las ONG de estos países para que puedan pasar a la acción. El presupuesto de 200 millones de euros para las ONG debería verse como una posibilidad de asegurar que la sociedad civil de los nuevos Estados miembros no quede marginada a causa de la competencia por este proyecto específico.
Me gustaría continuar el debate, no solo con el Parlamento y el Sr. Howitt, sino también con la comunidad de ONG.

Khanbhai (PPE-DE).
Señor Presidente, se ha reconocido el papel de los agentes no estatales en la ayuda al desarrollo y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comisario Nielson. Si observamos a las Naciones Unidas, tienen 72.000 ONG registradas que reciben 7 millardos de euros cada año. Es cierto que las ONG han sabido organizarse. Saben lo que quieren, dónde acudir y conseguir fondos.
Por otra parte, las empresas privadas -que también son agentes no estatales- no tienen la misma categoría, privilegio o financiación. Estoy muy a favor de inclinar la balanza a favor de las corporaciones privadas establecidas con una buena experiencia en el desarrollo y en los países en desarrollo, para que también ellas reciban una ayuda que sería muy bien utilizada.
También existen otras dos categorías que la UE no ha tenido nunca en cuenta. Sé que están un poco desfasadas y quizás el Parlamento ya lo ha debatido. Una de ellas es la de los clubes de servicios, como el Rotary Club, que realiza un trabajo fantástico a un coste muy bajo. Otro es el de los misioneros, especialmente en África. Un uso muy selectivo de las misiones en los países en desarrollo puede aportar beneficios considerables a los más pobres de dichos países a cambio de muy poco dinero. Tengo experiencia personal tanto con los Rotary Clubs como con los misioneros que trabajan en África oriental por muy poco dinero. Ofrecen una ayuda considerable a las comunidades locales.
Pero hoy voy a centrarme en la responsabilidad. Se sabe que un gran porcentaje del dinero que reciben los agentes no estatales, sobre todo las ONG, se invierte en administración, con salarios altos, billetes de primera clase y facturas de hoteles caros. Se celebran muchos seminarios que, en estos momentos, con la tecnología de la información, son totalmente innecesarios. Se supone que Transparency International controla el papel de dichos organismos, pero no ha hecho el trabajo que se supone que debía hacer.
Explico todo esto para que el Parlamento y el Comisario Nielson lo tengan presente porque ya se ha hablado mucho de ello y se seguirá hablando. Pero quiero subrayar algo y espero que el Comisario Nielson tomará nota de ello. Cuando la UE da una ayuda a un país pobre, por favor informemos a la población de lo que estamos haciendo: cuánto dinero damos para cada sector y qué actores o agentes o partes interesadas recibirán el dinero. Porque los pobres serán los mejores vigilantes, los mejores inspectores, los mejores informadores para nuestras delegaciones de la UE si saben que el dinero de la UE no se utiliza correctamente. Si se ha dado dinero al Gobierno a través de los presupuestos y no se gasta de forma adecuada, la gente lo sabrá y lo dirá. Si se da dinero a las ONG y no se utiliza, la gente lo sabrá. Pero si no saben qué ha dado la UE, y a qué sectores lo ha dado, no habrá inspección, no habrá vigilancia y no habrá información.
Y una última cosa. Hay señales de fatiga en el terreno de la ayuda, y es importante que lo que dé la UE, que es muy generosa, se gaste bien. Le deseo al Comisario Nielson mucha suerte en lo que está haciendo. Tiene todo mi apoyo.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, en el Grupo Socialista hemos recibido con verdadera satisfacción la iniciativa de la Comisión de concretar y fortalecer el papel de los actores no estatales, tanto europeos como de los países receptores, en la política comunitaria de desarrollo.
Quiero felicitar al Sr. Howitt, porque su informe obtuvo la aprobación unánime de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Además, él hizo un trabajo importante con un cuestionario para saber en qué situación se encontraba la participación de las ONG.
Es un hecho que las ONG han influido de manera definitiva en la configuración actual de una sociedad internacional más abierta y en la democratización de un sistema de relaciones internacionales que hasta hace muy poco estaba restringido a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales.
Desde nuestra perspectiva, la participación activa de las ONG en la ejecución de la política de desarrollo comunitaria constituye el principal valor añadido de la cooperación europea, pues le confiere una eficacia que no tienen las políticas de desarrollo, que se llevan a cabo únicamente desde la esfera intergubernamental.
Sin embargo, esta constatación no es de ida y vuelta, aunque no hay duda de la necesidad de que los procesos de desarrollo sean participativos para que sean eficaces y sostenibles. Sólo en una minoría de casos las organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles de los países que reciben ayudas participan en el diseño y ejecución de las acciones de desarrollo de las que son beneficiarias. Tal como señala el informe Howitt, pediremos cuentas a la Comisión sobre la participación de los actores no estatales en la elaboración de documentos de estrategia por región y país. 
Hay que señalar que los programas y proyectos así diseñados se financian principalmente con el FED, al que, desgraciadamente, no tienen acceso directo los actores no estatales. La otra vía de financiación, la línea de cooperación descentralizada B7-6002, cuenta con unos fondos muy escasos -el 3% de la cantidad facilitada a las ONG-. 
La articulación de la sociedad civil, tanto empresas, como ONG, organizaciones locales, etc., es fundamental en los procesos de desarrollo y en las relaciones de cooperación. Confiamos, por ello, en que la Comisión -a pesar de que ha manifestado alguna reticencia con el informe- concrete cuanto antes nuestros requerimientos en este sentido y responda al compromiso adquirido con la comunidad internacional a través de la declaración del milenio -a cuyo efecto la Organización de Naciones Unidas adoptó una agenda de acción que englobaba a 1300 organizaciones no gubernamentales- de crear un mecanismo de consulta permanente con los actores no estatales y mejorar el diálogo abierto e integrativo, lo que llama el ponente, Sr. Howitt, desarrollo participativo. Es precisa una consulta permanente con los actores no estatales para luchar contra la pobreza extrema en el mundo.
Rod (Verts/ALE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Howitt abre vías interesantes. La participación de los ciudadanos en la cooperación con los países en vías de desarrollo está en el centro de nuestras preocupaciones. Esta comunicación tiene que ser el fundamento de una verdadera colaboración con los actores no estatales.
¿Pero quiénes son los actores no estatales? ¿Quiénes son estos socios privilegiados? ¿Son socios impuestos? Pensamos que la participación tiene que hacer intervenir a una pluralidad de actores, sobre todo los socios del Sur, e impedir la marginación de los países más pobres. Sería necesario establecer un verdadero mecanismo que permitiera optimizar la representación de los participantes. Esta comunicación no puede ser el medio para que la Comisión y los Gobiernos de los países en desarrollo legitimen su acción instrumentalizando a actores no estatales.
Las poblaciones del Sur tienen que designar democráticamente a sus representantes y organizarse colectivamente en forma de asociaciones, sindicatos o comunidades locales. Este es el proceso que tenemos que apoyar, aportando la ayuda estructural necesaria para garantizar a los actores no estatales la independencia imprescindible para el diálogo y la participación de todas las capas de la población. Nuestras empresas europeas tienen la responsabilidad de no impedir, sino por el contrario, de favorecer la organización sindical y asociativa de los trabajadores y de las poblaciones locales. El reconocimiento de la sociedad civil sólo es efectivo en el texto del acuerdo de Cotonú. Aún tiene que salir del texto y ponerse en práctica.
En el momento de la revisión del reglamento ALA, es esencial incluir esta dimensión en nuestra cooperación con los países de América Latina y Asia, lo que también permitiría conceder fondos a los actores no estatales de estos países. La implicación de los actores no estatales en la estrategia de desarrollo de su Gobierno es primordial para garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la democracia, que fundamentan las misiones de la Unión Europea en el mundo.
En consecuencia, acogemos favorablemente este informe del Sr. Howitt. Es una vía importante que se abre y que no podemos dejar de explorar.
Zimmerling (PPE-DE).
Señor Presidente, aunque acogemos con satisfacción la comunicación de la Comisión, lamento que no refleje adecuadamente el principio fundamental -declarado en Cotonú- de participación de los agentes no estatales. El apoyo de la Comisión a los agentes no estatales debe estar garantizado, sobre todo en países en los que no se recibe un apoyo de este tipo por parte de las agencias gubernamentales. Al hacer esto, los proyectos de los agentes no estatales que ya cuentan con un registro de seguimiento positivo deberían, por el bien de su continuidad, seguir siendo gestionados por dichos agentes, para descartar así cualquier riesgo de que la financiación de la UE se encauce hacia las estructuras gubernamentales.
En la UE durante mucho tiempo ha sido indiscutible que la sociedad civil constituye un pilar importante de su desarrollo social. Un ejemplo reciente de ello lo encontramos en las contribuciones realizadas por la sociedad civil durante las negociaciones de la Convención Europea acerca de una constitución para la UE. Sin embargo, la cada vez más sólida sociedad civil en los Estados ACP no tuvo la oportunidad de participar en las negociaciones del actual Acuerdo de Cotonú. Desde mi punto de vista, ahí la Comisión perdió una buena oportunidad.
La Ministra alemana de Desarrollo accedió a celebrar una conferencia de prensa conjunta con una serie de ONG en su momento, pero no dio apoyo suficiente a la participación directa de la sociedad civil en las negociaciones. Por supuesto, sigue habiendo algunos países en desarrollo que utilizan los fondos de ayudas de una forma bastante arbitraria. Esa es la otra cara de que los países en desarrollo tengan una responsabilidad cada vez mayor a la hora de formular una política de desarrollo, que es lo que estamos intentando conseguir desde aquí. No obstante, es indudable que se puede restaurar parte del equilibrio si existe una sociedad civil fuerte en los países en cuestión.
No es sorprendente que la mayoría de los gobiernos de los Estados ACP rechacen tales exigencias. Para muchos de estos países, los agentes no estatales siguen siendo sinónimo de oposición. Por lo tanto, es incluso más importante que la Comisión dé por fin este paso en la dirección adecuada.

Gahler (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dando la enhorabuena al Sr. Howitt por un informe a favor del cual ha votado el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos casi sin reservas, y con cuyas líneas principales nosotros estamos de acuerdo en principio. Esta tarde, quiero centrarme en un grupo de agentes no estatales a los que el informe no reconoce de forma explícita. El informe se refiere principalmente a dos categorías de agentes no estatales: por una parte, los sindicatos y, por otra, los agentes del sector privado. Sin embargo, omite toda referencia a un grupo de agentes no estatales que también cumple el criterio de «organización no gubernamental», y me refiero a las fundaciones políticas independientes. Tratándose de organizaciones sin ánimo de lucro, no pueden incluirse en la categoría de agentes no estatales empresariales o de la industria. Son autónomas, aunque sus programas políticos se basan en los movimientos políticos. En todo caso, sin embargo, se trata de organizaciones no gubernamentales. Reciben financiación desde dentro de Europa. Su gestión y financiación están sujetas a los más rigurosos controles financieros y a auditorías de rendimiento. Se encuentran establecidas en la mayoría de los Estados miembros y en un total de más de 80 países en todo el mundo, y se les reconoce como socios locales.
Y lo que es más importante aún, las fundaciones cubren una amplia variedad de campos, como la mitigación de la pobreza, la buena administración, la democracia pluralista, los derechos humanos, la promoción de las PYME, las empresas «verdes», las estructuras del Estado de Derecho, el control de las fuerzas de seguridad, la atención sanitaria, la educación y la formación en los países en desarrollo, etc. Desarrollan sinergias y trabajan con muchos socios, especialmente ONG. Hasta ahora, estas fundaciones se han apoyado en fuentes de financiación nacionales. Sin embargo, acaban de definirse varias funciones a nivel europeo para las cuales estas fundaciones llevan décadas cualificándose en todo el mundo. Por lo tanto, son socios naturales de la UE en el desempeño de esas tareas.
Si la Fundación Konrad Adenauer o la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, no hubieran estado presentes en un país como Zimbabwe en los últimos años, muchas ONG y la sociedad civil se habrían encontrado sin socios importantes que apoyaran su compromiso con los derechos humanos, la democracia o la gobernanza. Por esta razón, las fundaciones políticas independientes también merecen una consideración especial en el debate actual y, sobre todo, en futuros debates.

Howitt (PSE)
. (EN) Señor Presidente, quisiera responder a la declaración del Sr. Nielson cuando decía que en mi exposición de motivos se daba información falsa sobre lo que habían dicho las ONG de desarrollo en relación con sus propios mecanismos de consulta. No considero al Sr. Nielson una persona muy susceptible, pero pienso que esta declaración no le hace justicia. Es posible que el Sr. Howitt esté equivocado, al igual que pueden estarlo las ONG, pero ¿no puede estarlo también la Comisión?
Por cierto, se me ha comentado que las ONG se implican muy poco en la elaboración y presentación del orden del día de las reuniones bianuales de la Comisión con las ONG de desarrollo que tienen su sede en Bruselas. Las ONG que he consultado son de notoriedad pública. De hecho, he elaborado un anexo para mi informe donde se relacionan y lo he pasado a los servicios del Comisario. Quizás, en vez de rechazar las críticas, el Comisario debería reflexionar sobre las razones de que -suponiendo que sea cierto- las ONG le dicen a él algo distinto de lo que dicen a este Parlamento. Con toda seguridad la gobernanza es difícil para todos nosotros.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, me he tomado la molestia de discutir esto con Concord. Tenemos un debate continuo sobre la preparación de nuestras reuniones regulares con las ONG de desarrollo. Funciona bien y tiene lugar con regularidad. Ambas partes del debate realizan sus aportaciones, y no viene todo dictado por una parte. Si son lo suficientemente adultas como para discutir y criticar algo con lo que no se sienten cómodas, deberían hacerlo directamente. En cualquier caso, si me dicen a mí una cosa y otra al Sr. Howitt, significa que hay un problema, y no necesariamente mío o del Sr. Howitt. Necesitamos y tenemos derecho a esperar claridad al hablar de cosas como estas. No quiero trabajar en algo que no sea limpio y transparente. Tenemos derecho a esperar algo más que esto.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0209/2003) del Sr. Martínez Martínez, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el Informe anual 2001 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior [COM(2002) 490 - C5-0607/2002 - 2002/2246(INI)].
Martínez Martínez (PSE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, colegas, amigas y amigos en general, es este un informe que se debía haber tratado en el último período parcial de sesiones del Parlamento -antes del verano- al estar lista su tramitación, que se había producido, para el fondo, en nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación y, para opinión, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Por cierto, nuestras propuestas iniciales se enriquecieron notablemente con las que nos sugirieron las colegas ponentes Ursula Stenzel y Regina Bastos, respectivamente, siendo el texto de la resolución final aprobado por unanimidad, como espero que sucederá en la votación de mañana.
Nuestro informe es la valoración de un documento elaborado por la Comisión en el que se analiza la política de desarrollo de la Unión Europea y la ejecución de la ayuda exterior en el año 2001. Hay que decir, de entrada, que se trata de un compendio muy útil de datos y comentarios que no están disponibles de ninguna otra forma para la consulta fácil. El documento expone de manera razonablemente clara cómo la Comisión gastó los fondos de que disponía en 2001, tanto en el ámbito de la cooperación para el desarrollo como en lo que respecta a la ayuda humanitaria. Esta rendición de cuentas es particularmente relevante, sobre todo si se tiene en consideración el hecho de que la Unión Europea es el principal donante de recursos en uno y otro terreno.
En nuestro informe se hacen, sin embargo, numerosas matizaciones críticas, todas ellas con el mejor espíritu y aspirando a que en ejercicios ulteriores se vayan subsanando carencias e insuficiencias que han sido detectadas. Todo ello, además, teniendo presente que el año 2001 fue todavía un momento de transición durante el que se acabaron de definir los rasgos de lo que debía ser la política europea en los campos que aquí nos interesan y los mejores mecanismos para realizar dicha política. 
Acaso, lo más positivo, en la visión del Parlamento, sea comprobar que el informe de la Comisión refleja, sin lugar a dudas, como objetivos de su política los mismos que nuestra Cámara había recomendado reiteradamente: la realización de los objetivos del desarrollo del milenio, con especial énfasis en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, queda menos claro el comprobar en qué medida nuestras actuaciones -significativas, objetivamente- van contribuyendo a que nos acerquemos a dicho objetivos. Es más, lo que se pone de manifiesto es que la complicación de los procedimientos -a menudo excesivamente burocráticos- lleva a que, en determinadas regiones y en el año sometido a examen, la Comisión no fuera capaz de gastar una parte muy considerable de los recursos que tenía a su disposición.
Otra cuestión que queda en el aire es la persecución de la mayor eficacia de nuestra acción mediante la selección de los interlocutores más idóneos con los que dicha acción se lleva a la práctica. La participación de organizaciones no gubernamentales de nuestros países es determinante, a menudo, en el buen resultado de nuestras intervenciones. En otros casos aparece como muy importante la colaboración que somos capaces de prestar a las Naciones Unidas y a sus agencias especializadas en las cuestiones de desarrollo y de la acción humanitaria.
Más en entredicho queda la labor que puedan llevar directamente a cabo las delegaciones de la Comisión en los países beneficiarios de nuestra ayuda, sin duda por la limitación escandalosa que sufren dichas delegaciones en cuanto a personal se refiere.
Una de las críticas que más se escuchó en nuestros debates es la que toca al hecho de que en el informe evaluado se haga una cierta amalgama entre lo que es genuina ayuda al desarrollo y humanitaria y lo que fue en 2001 la ayuda a países candidatos, preparándolos para la ampliación, e incluso la acción en la región de los Balcanes, que abarcó una parte considerable de los presupuestos disponibles.
En las conclusiones de nuestra resolución hay un par de ellas que me gustaría destacar: la primera es la reivindicación del Parlamento -repetida una vez más- de que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) pase a formar parte de los presupuestos ordinarios de la Unión Europea de manera que se gane en transparencia y en su control parlamentario; la segunda es, en realidad, una felicitación a la Comisión -y más específicamente a los responsables de nuestra acción, tanto en la cooperación para el desarrollo como en la ayuda humanitaria.
Creemos sinceramente que, más allá de las críticas apuntadas, hay un progreso notable en lo que se hace en estos ámbitos pero, sobre todo, vemos que hay auténtica preocupación por rendir cuentas, exponer problemas y buscar la participación de muchos -también del Parlamento, desde luego- para lograr que las cosas se hagan cada día mejor. De ahí que una de las recomendaciones que más enfatizamos en nuestra resolución sea que el informe 2001 de la Comisión -con la atractiva presentación en que ha sido editado- sea divulgado ampliamente dentro de los países beneficiarios de nuestras políticas solidarias y también en nuestros propios Estados, llegando a las administraciones -también a las administraciones locales, a menudo muy interesadas en las políticas de cooperación y ayuda humanitaria- y, en particular, a las ONG, que son socios indispensables y espléndidos en esta labor de la Unión Europea.
Gracias, señor Presidente, y gracias también a los y las colegas que me arroparon en la realización de este informe. Gracias, asimismo, a los responsables de la Comisión, que mostraron una gran disponibilidad para ayudarnos, aclarando cuestiones y contestando preguntas. Gracias, en fin, a los funcionarios de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo y a los de mi Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, que me prestaron una colaboración generosa y sumamente eficaz en toda la tramitación de nuestro informe.
Nielson
. (EN) Señor Presidente, a pesar de las mejoras citadas, el informe de 2001 todavía no es, en absoluto, un informe perfecto. Vamos aprendiendo año tras año. Partimos de unos antecedentes muy difíciles.
He dicho ya varias veces -y algunos han pensado que era un chiste malo- que el principal motivo por el que no informamos bien al público sobre lo que hacemos en materia de cooperación para el desarrollo es que no sabemos lo que estamos haciendo. Lo cierto es que, estadísticamente hablando, vamos muy atrasados en la elaboración de informes y en el conjunto de la mecánica del sistema. No teníamos un informe anual que reflejara una imagen completa de lo que la Comisión realiza en este terreno. Hace unos años esto era un gran problema. De modo que era muy importante empezar.
Me complace comunicarle que el informe del 2002 va a publicarse en fecha breve. De hecho, hoy se ha enviado al Parlamento y al Consejo. Aunque el trabajo preliminar empezó a finales del año pasado, tiene en cuenta muchas de las recomendaciones efectuadas por su ponente, como un mayor análisis de la eficacia del seguimiento de la ayuda en Monterrey y Johanesburgo, más información estadística que permita una comparación entre zonas, y un resumen general. De modo que, como verán en el nuevo informe, realmente estamos intentando mejorarlo.
Quiero remarcar que la producción de este tipo de informe es un proceso complejo. En primer lugar, se dirige a públicos muy variados. Por una parte, es una importante herramienta de gestión para nuestras propias instituciones. Por otra parte, es un instrumento de información para el público. Con este doble objetivo, existen demandas contrapuestas. Debemos cumplir nuestras obligaciones respecto a varios reglamentos, resoluciones, etc., que hacen referencia a los informes. Por este motivo hemos tenido que incluir muchos detalles. Al mismo tiempo, debe ser fácil de leer, sin demasiados tecnicismos.
Pero en resumidas cuentas nos sentimos satisfechos de haberlo hecho, aunque todavía no estamos del todo satisfechos con la calidad del mismo. La gran ayuda que recibimos del Parlamento y la información procedente del excelente informe del Sr. Martínez Martínez es, desde nuestro punto de vista, una forma de seguir mejorando.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas)

Andersen, Bonde y Sandbæk (EDD)
El informe insta a la Comisión a que no pierda tiempo renegociando el acuerdo pesquero entre Groenlandia y la UE. Esto significa que la UE obtendría una mayor influencia sobre la economía de Groenlandia. 
El informe propone que se revise el acuerdo inmediatamente y que los elementos del acuerdo que no estén directamente relacionados con la pesca, es decir, el dinero suplementario recibido por Groenlandia, se transfieran a otro mecanismo, a saber, el Fondo Estructural. 
El Movimiento de Junio no puede votar a favor del informe, porque pondría una gran parte de la toma de decisiones sobre el desarrollo de Groenlandia en manos de los fondos de desarrollo de la UE, un proceso que el Movimiento de Junio no puede apoyar.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Los Estados miembros maltratan el derecho de la Unión Europea, cuando existe, en lugar de respetarlo. Es lo que reconoce este informe, a la vez que se pregunta inocentemente qué fundamentos jurídicos permitirían que su cumplimiento fuera obligatorio. Los miembros de esta Unión de Estados, obligados a asociarse, pero que compiten unos con otros para defender a su burguesía nacional, solo aplican el derecho comunitario en la medida en que conviene a sus grandes grupos industriales y financieros.
El ponente cita la acción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a favor del derecho comunitario. Pero este Tribunal no puede impedir que la única ley que prevalezca en esta sociedad competitiva sea la ley de la jungla. Así pues, a lo sumo conseguirá que las potencias europeas más pequeñas respeten algunas normas, pero se doblegará ante las menos pequeñas, como ha hecho siempre.
Hermange (PPE-DE).
En primer lugar, quiero señalar la importancia y la necesidad de elaborar regularmente un informe de este tipo con objeto de mejorar la situación de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Sigue siendo imprescindible desarrollar estrategias destinadas a promover la igualdad de acceso a todos los derechos fundamentales, como la educación, la sanidad, la cultura, así como a un empleo fijo y a la vivienda.
Europa no es únicamente una realidad geográfica e histórica de fronteras en movimiento. Ante todo, es una comunidad de seres humanos cimentada en una comunidad de valores y labrada en el transcurso del tiempo por una historia política, económica y espiritual.
Creo que este informe no refleja ni defiende ciertos valores de nuestra civilización europea. Me parece que la imposición de una concepción moral particular al conjunto de la Unión Europea es contraria al principio de respeto de la diversidad, inscrito en el corazón mismo de la construcción europea, así como en la Carta de Derechos Fundamentales. Las culturas locales y las diversas formas de vida no pueden desestabilizarse.
Las historias y sensibilidades de cada uno de nuestros países, que se han construido al hilo de experiencias variadas e innumerables, son evidentemente muy diferentes. Tenemos que respetarlas, porque nuestras especificidades culturales y religiosas nos enriquecen.
(Declaración escrita acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento)
