Política de empleo en los Estados miembros
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A5-0187/2003) del Sr. Schmid en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la propuesta de Decisión del Consejo [COM(2003) 176 - C5-0180/2003 - 2003/0068(CNS)] relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, es para mí un placer participar en este debate en nombre de la Comisión y, sobre todo, en nombre de la Sra. Diamantopoulou, que lamenta no poder estar aquí hoy por tener que asistir a una reunión del Consejo de Asuntos Sociales en Luxemburgo.
Hemos llegado ya a la etapa final en nuestro esfuerzo conjunto por reformar la estrategia europea de empleo. Todas las instituciones han trabajado juntas para alcanzar un buen compromiso que ahora se ajusta plenamente las conclusiones del Consejo Europeo, incorpora la mayor parte de las opiniones del Parlamento Europeo y se acerca a la propuesta inicial de la Comisión, aunque con unos objetivos algo menos ambiciosos. 
Nuestras ambiciones deben reflejar la magnitud de los retos a que nos enfrentamos. En primer lugar, el pleno empleo : para conseguir el pleno empleo tenemos que crear 22 millones de puestos de trabajo si pretendemos que la Unión de 25 Estados miembros cumpla el objetivo de Lisboa para 2010.
En lo que respecta a la calidad y la productividad, eso significa asegurar no solo más, sino mejores puestos de trabajo. Tenemos que enfocar de manera positiva la reestructuración económica y conseguir invertir la desaceleración del crecimiento de la productividad.
En cuanto a la cohesión y la integración, tenemos que hacer frente a las crecientes desigualdades sociales y a las disparidades regionales que persisten. Evidentemente, esta ambición constituirá un reto todavía mayor en una Unión ampliada. Para afrontar estos retos, tenemos que asegurarnos de que todos los agentes relevantes participen de lleno en la estrategia de empleo y trabajen juntos.
¿Cuáles son los principales elementos de la reforma? En primer lugar, la estabilidad. Con esta reforma tenemos que responder a los retos a corto plazo de la desaceleración de nuestras economías, además de afrontar los retos a largo plazo de la reforma. Un conjunto más estable de directrices que abarcan hasta el año 2010 y la revisión intermedia prevista en 2006 deberían ayudarnos a responder a todos los retos a corto y largo plazo. En principio, estas directrices no se modificarán hasta dentro de tres años por lo menos.
Hemos conseguido también presentar unas directrices más enfocadas, sencillas y orientadas a los resultados, que se centran en un número limitado de prioridades importantes y que indican claramente los resultados perseguidos. La orientación a los resultados más que al proceso significa hacer más hincapié en la utilización de objetivos e indicadores para evaluar el progreso realizado.
En este aspecto, hemos recibido un importante apoyo del Parlamento. Aunque podríamos haber llegado más lejos, celebro que se haya mantenido un número razonable de objetivos bien enfocados. La orientación a los resultados exige también atribuir una mayor importancia a las recomendaciones dadas a los Estados miembros.
Al racionalizar las directrices de empleo y las orientaciones generales de política económica, es también importante recordar las ventajas de esta nueva racionalización de la coordinación de las políticas de empleo y las orientaciones generales de política económica. Tenemos que asegurarnos de que el calendario sincronizado para estos dos conjuntos de directrices facilite la complementariedad y suponga una coordinación de políticas más coherente a escala europea.
Paso ahora a las nuevas prioridades. No voy a referirme a todas las directrices específicas, pero me gustaría hablar de los tres retos principales que abordan.
En primer lugar, hay que fomentar la adaptabilidad de las personas y las empresas. La adaptación requiere un justo equilibrio entre flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo. Requiere también inversiones para promover la iniciativa empresarial y ayudar a los trabajadores y a las empresas a afrontar mejor los efectos de la reestructuración económica.
En segundo lugar, si queremos conseguir el pleno empleo, tenemos que pensar en la manera de crear más puestos de trabajo. Tenemos que aprovechar mejor el potencial de todos los segmentos de la población. Tenemos que aumentar la participación de las mujeres y los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo. Tenemos que integrar plenamente a los inmigrantes en el mercado de trabajo. Tenemos que transformar el trabajo no declarado en empleo regularizado. El apoyo del Parlamento es de extrema importancia para alcanzar un acuerdo en esta cuestión específica. Así enviaremos un mensaje claro de que no queremos solo más empleo, sino mejor empleo.
En tercer lugar, las inversiones en capital humano son cada vez más importantes para crear más y mejores puestos de trabajo. Son fundamentales para aumentar el empleo, la productividad y la integración. Por eso tenemos que redirigir los recursos hacia las inversiones en capital humano.
Permítanme ahora que me refiera a las opiniones de este Parlamento. Lamento las dificultades que ha tenido el Parlamento con el calendario. Entiendo sus problemas y sé que tanto el Consejo como la Comisión han hecho todo lo posible por tener en cuenta sus opiniones. A pesar de esas dificultades, las directrices revisadas que presento hoy reflejan fielmente las opiniones del Parlamento. De hecho, sus opiniones han realizado una valiosa contribución en algunas áreas importantes.
La primera de ellas es la referencia a la reducción del desempleo. El Parlamento se empeñó en incluir una referencia a la necesidad de reducir el desempleo. Estoy de acuerdo en que es crucial para demostrar a los ciudadanos europeos que estas reformas tratan de atajar directamente los problemas que más les preocupan. Tengo el placer de poder decirles que hemos incorporado esa referencia a los primeros párrafos de las directrices, aunque la petición del Parlamento iba más lejos y sugería añadir un nuevo objetivo relacionado con el pleno empleo.
La segunda área afectada es la de un cuarto objetivo general sobre la igualdad de oportunidades. Gracias a la opinión del Parlamento, tenemos ahora un conjunto de directrices más sólidas y que abordan mejor las cuestiones de género. El texto revisado no llega tan lejos como para incluir un cuarto objetivo general, pero las directrices se han reforzado en dos aspectos importantes: en primer lugar, el texto de la introducción deja claro que la igualdad de oportunidades y la igualdad de género son fundamentales para poder avanzar en el logro de los tres objetivos; en segundo lugar, ahora tenemos una directriz específica más completa que habla de la igualdad de género como tal.
En cuanto a resaltar más la prioridad de la iniciativa empresarial, la Comisión ha acogido con gran satisfacción los comentarios del Parlamento sobre la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de las directrices relativas a la iniciativa empresarial para incluir el apoyo a todas las PYME, y no solo a las empresas de nueva creación. Esta propuesta también se ha tenido en cuenta.
En lo que respecta a un papel más visible de los agentes locales y regionales, las nuevas propuestas reflejan mejor la importancia de conseguir una estrecha participación de los agentes locales y regionales en la estrategia de empleo.
En línea con la petición del Parlamento, tenemos ahora una directriz específica sobre las disparidades regionales que reconoce el papel fundamental que desempeñan los agentes locales y regionales a la hora de hacer frente a esas disparidades.
Las discusiones sobre la gobernanza han sido bastante difíciles. Es evidente que se trata de un asunto muy delicado para los Estados miembros. Pero es importante insistir en que el éxito de la nueva estrategia de empleo europea depende en última instancia de una mejor aplicación y una mejor gobernanza de la misma. Esto es todavía más esencial si tenemos en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros, que han reconocido abiertamente la gran importancia de la cuestión. Se trata de otra área en la que hemos recibido con mucha satisfacción el firme apoyo del Parlamento. Ahora, las directrices expresan claramente la importante contribución de los órganos parlamentarios para mejorar la gobernanza de la estrategia de empleo. Pese a que este objetivo no es tan ambicioso como su propuesta de que los parlamentos nacionales adopten planes de acción nacionales, supone un avance importante para asegurar una mejor estrategia de gobernanza.
Creo que al haber incorporado muchas de sus expectativas, estas nuevas directrices reflejan ahora unas opiniones compartidas por todos. Además, establecen objetivos, prioridades y metas concretos, y contribuyen a mejorar la aplicación y la gobernanza de la estrategia en su conjunto. Así pues, constituyen una base excelente para promover el empleo nacional y las políticas de mercado de trabajo en los próximos años.
El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario Vitorino.

Schmid, Herman (GUE/NGL)
Señor Presidente, ha sido gratificante escuchar al Comisario Vitorino. Nuestro trabajo puede tener resultados prácticos, lo cual es necesario. En la UE sufrimos el estancamiento económico y el aumento de los problemas en los mercados laborales. Los antagonismos resultantes relativos a la «política correcta» están aumentando, algo que también hemos observado en este Parlamento.
Mi gran ambición durante mi trabajo como ponente ha sido la de tratar de unir al Parlamento en una política común, pese a las dificultades. La base para esta política fue la estrategia de Lisboa, conforme a la cual el desarrollo económico y tecnológico debería combinarse con la concentración en el trabajo de buena calidad, la cooperación entre las partes, la producción y, especialmente, la solidaridad con los grupos débiles. Por ello, hemos planteado una serie de propuestas. Ahora paso a resumirlas muy brevemente, dado que el Comisario Vitorino ya ha comentado algunas de ellas.
En primer lugar, hemos propuesto una mayor atención al desempleo. Esto es importante, ya que no basta simplemente con aumentar los niveles de empleo, como se ha hecho en los períodos de prosperidad. Esto no es lo mismo que luchar contra el desempleo. No puede haber acceso al mercado laboral al mismo tiempo que los desempleados de larga duración permanecen desempleados a largo plazo. Por lo tanto existe la necesidad de prestar atención a esta área como importante medida de renovación.
En segundo lugar, hemos destacado considerablemente el hecho de que, en una situación económica como la actual, son necesarios trabajos nuevos y nuevas empresas, algo que también requiere iniciativas políticas. Ahora estamos presentando un programa para iniciativas emprendedoras y nuevos trabajos mucho más amplio que el incluido en las directrices de la Comisión. Al mismo tiempo, estamos manteniendo y poniendo énfasis en nuestra demanda de calidad, sostenibilidad y perspectiva de futuro.
En tercer lugar, nos centramos con más atención en la perspectiva de igualdad que la propuesta de la Comisión. Sobre todo, proponemos que la igualdad se convierta en un objetivo primordial junto a los tres objetivos propuestos por la Comisión. Es obvio que el Consejo no está dispuesto a adoptar esto todavía, pero no deberíamos dejar de seguir ejerciendo presión. No es la última ocasión en la que tendremos esta oportunidad.
En cuarto lugar, hemos presentado demandas claras de estrategias de empleo regionales y locales. Me complace que haya respuestas concisas a estas demandas, ya que estuvo bastante mal que este aspecto desapareciera durante un tiempo de lo que fue la última directriz. Ahora se ha vuelto a introducir, lo cual es importante, ya que existe la necesidad de poder movilizar a las personas y las empresas desde abajo si queremos poder crear los 22 millones de empleos de los que habló el Sr. Vitorino.
Por último, hemos acordado recomendar que los parlamentos de los Estados miembros adopten posiciones sobre los planes de acción nacionales. Entonces podrán estar más firmemente arraigados y combinados con las políticas de empleo nacionales. El problema ha sido que la política de empleo europea no ha estado asociada ni integrada a las políticas nacionales. Por lo tanto se ha producido una importante falta de eficiencia. Comprendo que el Consejo tampoco está preparado para esto. Quizás deberíamos actuar a través de los Estados miembros y pedir a algunos de ellos en algún momento que planteen esta cuestión en el Consejo. Entonces tendrán el apoyo del Parlamento.
También hemos estado de acuerdo sobre otros temas, un hecho del que considero que debemos sentirnos orgullosos. Formalizamos no menos de 16 compromisos en comisión y redujimos las más de 160 enmiendas a un número relativamente manejable. Por supuesto, me decepcionaría que, después de todos estos compromisos, resultase que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos no estuviesen totalmente satisfechos. Por lo tanto existe cierta falta de acuerdo, algo que me gustaría comentar brevemente.
En primer lugar, el Grupo PPE-DE desea reforzar los términos de la Comisión sobre la inmigración y la mano de obra inmigrante y no desea que este tema se trate en las directrices. Sí, se trata de un asunto candente en varios Estados miembros, pero no es posible evitarlo. Independientemente de si se encuentran en la frontera de la UE o en una posición especialmente expuesta, todos los países se enfrentan a una realidad global común debido a la cual cada vez es mayor la inmigración dentro de nuestras fronteras, algo que debemos tratar en un documento sobre la política de empleo. Por lo tanto, me opongo a la enmienda 62.
Otro punto de desacuerdo tiene que ver con la política tributaria. Existen bastantes enmiendas al respecto. Creo que los sistemas tributarios tienen un carácter muy nacional. Si vamos a expresar puntos de vista sobre este tema, debemos expresarnos en términos muy generales. Es imposible producir propuestas prácticas de política tributaria para 25 países. Por lo tanto, me opongo a la enmienda número 66 del Grupo PPE-DE que es muy radical y demanda una reducción general de los tributos tanto para los particulares como para las empresas en todos los Estados miembros pero no dice nada sobre cómo debe considerarse la posición financiera. En mi país, Suecia, la reducción de la carga tributaria no es lo único que debe hacerse, pero entiendo que la situación es diferente en Alemania y otros países.
En conclusión, simplemente me gustaría decir que las enmiendas de los Liberales sobre cuestiones tributarias tienen un carácter bastante distinto. Estas son interesantes pero demasiado drásticas. Se trata de una cuestión de cambiar la carga tributaria de la tributación personal a la tributación medioambiental y la tributación de los bienes de consumo. Esto es algo que considero interesante pero que posiblemente no podamos decidir en este tipo de documento.
Para terminar, me gustaría decir que en general hemos llegado a posiciones de acuerdo. Es muy importante para nosotros poder estar de acuerdo sobre un documento de forma que tengamos una respuesta para el Consejo, que está sentado esperando y que escuchará lo que tenemos que decir hoy.

Mann, Thomas (PPE-DE).
Señor Presidente, son demasiados los Estados miembros de la Unión Europea cuya economía está estancada, y en muchos ámbitos no se han llevado a cabo reformas. Otro reto más lo constituye la ampliación de 15 a previsiblemente 25 Estados miembros el año que viene. La Estrategia de Lisboa es ambiciosa y su aplicación debe tener en cuenta estas realidades. Por consiguiente, necesitamos fijar otras prioridades para las directrices de política europea de empleo. Se trata de incrementar el índice de empleo, como ya ha indicado el Comisario Vitorino. Se trata asimismo de incrementar la calidad de los productos y el nivel de productividad. Se trata de reformas en los diversos regímenes fiscales y de seguridad social -que de hecho, señor Schmid, son asuntos que incumben a los Estados miembros-, en las que debe mantenerse un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. Se trata de poner a trabajar a quienes están dispuestos y son capaces de trabajar, y de integrar mejor a los agentes locales y regionales, y se trata de luchar de forma mucho más decidida contra la economía sumergida.
El Sr. Schmid estuvo dispuesto a aceptar muchas de las enmiendas de mi Grupo. En mi calidad de ponente alternativo del Grupo Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos le agradezco su cooperación. Nuestras propuestas quedan reflejadas en lo que son ahora dieciséis compromisos aceptables, inclusive la creación de puestos de trabajo de calidad a base de educación y formación, el aumento del nivel de inversión en las empresas, estrategias de aprendizaje permanente de acuerdo con las necesidades y capacidades de los interesados, eliminación de subvenciones a los sectores que no tienen futuro, y la creación de puestos de trabajo en regiones con un alto nivel de desempleo.
Sin embargo, en los ámbitos de la creación de nuevas empresas, política monetaria y fiscalidad faltan algunos de nuestros planteamientos básicos. En primer lugar, un principio esencial de la Estrategia Europea de Empleo consiste en promocionar la creación de empresas, que va más allá de la simplificación de los procedimientos administrativos e implica la extensión de redes de información para los creadores de nuevas empresas. Para crear empresas y por tanto nuevos puestos de trabajo es necesario facilitar el acceso a créditos en condiciones favorables, necesitamos una financiación más segura del capital social, un aspecto en que la Unión Europea difiere notablemente de los Estados Unidos. Si hay liquidez suficiente, la competitividad está asegurada. 
En segundo lugar, no podemos aceptar la nueva tentativa de marginar el Pacto de Estabilidad, del que depende, en la zona del euro, la confianza de los responsables económicos y de los consumidores. Y tampoco debe ser relegado si algunos Ministros de los Estados miembros se atreven a negociar excepciones para sus carteras. La consecuencia lógica de este intento de socavar el Pacto de Estabilidad, que es tan importante, sería la pérdida de confianza del público y el debilitamiento del euro que, gracias a Dios, es una moneda fuerte.
En tercer lugar, es necesario hacer que el empleo resulte más atractivo para los trabajadores y las empresas mediante incentivos legales. Para ello, la carga fiscal sobre el trabajo debe reducirse hasta el punto de que a fin de cuentas crear nuevos puestos de trabajo resulte menos costoso. De este modo podrá combatirse con mucha mayor eficacia el sector en plena expansión de la economía sumergida. En general habrá que intentar reducir la carga fiscal en los Estados miembros -pues es competencia suya-, de forma que el público pueda volver a permitirse más cosas y que las empresas puedan finalmente volver a ser más emprendedoras. Espero que las enmiendas del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que discutimos una vez más ayer por la noche, sean aprobadas por el Pleno este mediodía. Sólo así, señor Schmid, podré recomendar a mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos que voten a favor de este informe, repito, únicamente en este caso.
Andersson (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, quiero empezar agradeciendo al Sr. Herman Schmid, la cooperación inusualmente constructiva que empleó en la preparación de esta propuesta, la cual considero importante. La política de empleo es importante en conjunto. Ahora contamos con un marco dentro del que trabajar, que se ocupa de una coordinación más estrecha con las directrices económicas, un pensamiento a más largo plazo y una mayor concentración en el resultado de aplicación en los Estados miembros. Estamos totalmente de acuerdo con esta estrategia. Me gustaría destacar la importancia de que la estrategia de empleo esté en la misma base que las directrices económicas, de forma que tengan el mismo peso en este proceso.
Permítanme añadir algo sobre los objetivos primordiales. Hemos abandonado la estructura de pilares. El hecho de que ahora tengamos el pleno empleo como un objetivo es especialmente importante. También es importante, como dice el Sr. Herman Schmid, complementar el objetivo de empleo con un objetivo relativo al desempleo. Pese a que estos dos aspectos por lo general van asociados, no lo hacen en un cien por cien. Puede darse el caso de que el empleo esté aumentando, pero que exista todavía un elevado nivel de desempleo.
Otro objetivo es el trabajo de buena calidad. En el futuro, Europa no competirá a través del trabajo barato, sino a través de la calidad de los productos y servicios que podemos producir. Por este motivo, necesitamos una mano de obra adecuadamente formada. La educación de los trabajadores para hacer que Europa sea competitiva está claramente asociada con la formación permanente.
Un tercer aspecto importante es la integración. No se trata solamente de una cuestión de integración entre regiones, que conduzca a un alto nivel de empleo -o al pleno empleo- en toda Europa, sino también de que existen grupos en la actualidad que están, en gran medida, fuera del mercado laboral, por ejemplo, personas con discapacidades y personas procedentes de otros países. Eso es importante.
Ya se ha hablado sobre los aspectos de igualdad y es importante que los destaquemos. Estos tuvieron su propio pilar en la estrategia anterior. También es importante que los parlamentos nacionales estén implicados y que sea posible complementar los objetivos comunes primordiales con objetivos nacionales. 
Permítanme añadir brevemente algo sobre el desacuerdo. Hay que resolver esto en la comisión. Tenemos puntos de vista ligeramente distintos sobre la flexibilidad y la seguridad, pero conseguiremos llegar a un acuerdo respecto a este punto y decir que necesitamos un equilibrio.
En lo que respecta a la cuestión tributaria, no comparto el punto de vista del Sr. Mann. Solo hay que mirar alrededor en la Unión Europea. Algunos de los países que tienen el menor desempleo y los mayores índices de personas ocupadas de hecho también tienen la mayor carga tributaria. Esto me sugiere que la cuestión tributaria es algo más complicada que lo que parece en la enmienda del Sr. Mann. El nivel de empleo se determina mediante un gran número de factores. Decir que, en términos generales, una reducción de los impuestos es también buena para el empleo es una simplificación excesiva. De hecho no es así.
Sin embargo, me gustaría decir que votaré de forma que conservemos la unidad en esta Asamblea. Lo peor sería que en el Parlamento no expresásemos nuestro punto de vista, ahora que tenemos oportunidad de hacerlo. Esta consideración me guiará a la hora de votar.

Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Schmid su excelente trabajo y la forma en que ha logrado fraguar compromisos entre todos los Grupos políticos. En términos generales apoyamos su informe.
Dicho esto, tenemos algunas reservas. En primer lugar, tenemos la impresión de que tanto el informe principal como algunas de las enmiendas presentadas contienen excesivos detalles. En segundo lugar, tenemos algunas dudas sobre las disposiciones relativas al cuidado de los hijos y la conciliación de la vida profesional y familiar. ¿Son plenamente compatibles con la buena salud de las finanzas públicas? Al centrarse específicamente en el sector público, ¿no están ignorando otros medios de alcanzar los mismos objetivos como, por ejemplo, a través de los interlocutores sociales?
Respecto a las enmiendas presentadas al pleno, creemos que las enmiendas 65 y 66 pueden enviar un mensaje equivocado al implicar una reducción de los salarios y sugerir que se aplica un mismo sistema para todo. Preferimos nuestra enmienda 58.
En el aspecto positivo, aplaudimos las referencias a las personas con discapacidades y esperamos que en breve se presente una propuesta de directiva horizontal. Apoyamos el objetivo de la igualdad de género y reconocemos, en particular, la necesidad de prestar un apoyo especial a las mujeres que desean reintegrarse en la vida laboral.
A esto quiero añadir mi preocupación personal por las diferencias de género que siguen existiendo en materia de retribución y pedir un esfuerzo concertado para poner fin a las mismas.
Por último, estamos plenamente de acuerdo con la necesidad de que participen todas las partes interesadas, incluidos los parlamentos en los Estados miembros. Algunos ya lo hacen, y celebramos la iniciativa de otros, como el Comité Europeo del Parlamento Escocés, en este sentido. Pero esto debería ser lo normal, ni más ni menos. Todos deberíamos implicarnos directamente en el empeño por conseguir más y mejores puestos de trabajo.
Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, las políticas sociales y de empleo sufren las consecuencias de las políticas económicas. De ahí que no tenga sentido un debate separado de las orientaciones económicas, como lamentablemente está sucediendo, a pesar de todos los intentos realizados por el ponente para que no fuese así.
Según las previsiones de primavera de la Comisión, el crecimiento del PIB en 2003 no superará el 1% en la zona euro, lo que tendrá consecuencias negativas para el empleo, que disminuirá un 0,1%, y provocará un aumento medio del desempleo del 8,8%. Esta situación nos debería servir de alerta para modificar las políticas comunitarias y monetaristas, en particular para revisar el Pacto de Estabilidad, a fin de dar la máxima prioridad posible a la inversión pública y otras medidas de promoción del empleo y de integración social. Pero, en vez de eso, se insiste en las mismas soluciones, lo que dificulta la aplicación de unas estrategias de empleo creíbles y de objetivos de integración social.
Así, a pesar de tener grandes dudas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas que se proponen en este informe, dadas las conocidas posiciones del Consejo, de la Comisión y de la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros sobre la posibilidad de modificar las orientaciones económicas y sobre cualquier revisión del Pacto de Estabilidad para dar prioridad al crecimiento del empleo de calidad y con derechos, y a la integración social, quiero destacar las propuestas positivas, aunque insuficientes, encaminadas a mejorar la estrategia de empleo.
Destacaré igualmente la insistencia, ante los Estados miembros, para que definan unas metas nacionales cuantificables que deberán incluir en el primer plan nacional de empleo que elaboren de conformidad con las nuevas orientaciones, la necesidad de un debate sobre las mismas en los parlamentos nacionales y la necesidad de contribuir a la realización de mejores resultados, no solo en cuanto a la creación de empleo, sino también en términos de disminución del desempleo, de igualdad de oportunidades y de integración social.
Sin embargo, la realidad actual exigía mucho más. Hay que frenar el crecimiento acelerado del desempleo a raíz de la liberalización y privatización de sectores públicos fundamentales, de la reestructuración y del traslado de multinacionales, de las crecientes dificultades de las microempresas y las PYME y de la falta de apoyo a las mismas, de la insistencia en el predominio de las políticas monetaristas y en las políticas restrictivas que reducen la inversión pública e impiden el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, y del aumento de la edad de jubilación, que penaliza a los trabajadores y no busca la creación de puestos de trabajo para los jóvenes. Pero ni la mayoría de este Parlamento ni el Consejo aceptan tales propuestas. ¡Al contrario! En general, insisten en políticas que agravan la situación actual, como se vio en la sesión anterior durante el debate de las orientaciones de política económica y se vuelve a ver ahora cuando se pretende ir un poco más allá, como intentó el ponente, Sr. Herman Schmid. Claro que es positivo defender la mejora de las condiciones de trabajo, pero sabe a poco proponer una reducción general del índice de siniestralidad laboral del 15% -del 25% en los sectores de alto riesgo- en todos los Estados miembros, de aquí a 2010, sobre todo para un país como Portugal, que tiene el mayor índice de siniestralidad laboral de la Unión Europea, con una media de un muerto por jornada de trabajo. Pero para alcanzar estos objetivos no solo es necesario un compromiso político, sino también modificaciones sustanciales de las políticas económicas y monetarias, que por el momento, lamentablemente, no hemos conseguido.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera sumar las felicitaciones de mi Grupo al ponente por lo mucho que ha trabajado en torno a este informe en un espacio de tiempo muy corto. No obstante, lamentamos la ausencia de una coordinación adecuada en este Parlamento con respecto a las orientaciones generales de política económica, y esperamos poder rectificar esto en el futuro.
Celebramos el impulso general del informe y las propuestas de la Comisión sobre la coordinación con otras estrategias de la Unión Europea, como por ejemplo la integración social. Pero también se sigue subestimando en gran medida la importancia de la estrategia de sostenibilidad en todo este paquete de medidas.
Con todo, celebramos el mayor hincapié que hace el informe en el papel de las mujeres y, cómo no, la respuesta de la Comisión, aunque lamentamos que haya dejado de ser uno de los objetivos generales. Celebramos también el mayor hincapié que hace en la conciliación de la vida profesional y familiar. Ahora bien, el hombre no podrá conseguir esa conciliación hasta que la mujer no reciba de verdad el mismo trato en el lugar de trabajo, y eso significa la misma retribución.
Compartimos en cierta medida algunos de los comentarios que se han hecho sobre el coste del empleo en términos de coste para las empresas. Pero el nivel salarial también es importante y somos muy conscientes de que en algunos Estados miembros y en algunos de los países candidatos incluso el salario mínimo nacional no es más que un salario de miseria. Las empresas han de tener en cuenta esta dimensión, y no solo los costes del empleo.
Volviendo al tema de la coordinación con otras políticas, habría que incluir también nuestras políticas comerciales. Estamos tratando de crear un sistema comercial que reduzca efectivamente los costes de producción y que anime a las empresas a reubicarse en la búsqueda de una ventaja competitiva. Por consiguiente, tenemos que examinar también los objetivos de nuestras políticas comerciales y la forma en que actúan conjuntamente con nuestra política de empleo, porque no estamos nada convencidos de que apunten en la misma dirección.
Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta relativa a las directrices para las políticas de empleo acerca de la cual la Comisión consulta al Parlamento es un texto plagado de piadosas generalidades: incrementar la tasa global de empleo, la tasa de empleo femenino y la tasa de empleo de las personas mayores, aumentar la calidad y la productividad del trabajo, así como reforzar la cohesión social y la inserción en el mercado laboral, todas ellas generalidades que ya hemos oído cientos de veces, que no nos dicen nada y que, indudablemente, tampoco van a decir nada a los Gobiernos de los Estados miembros. 
No obstante, la estrategia coordinada para el empleo podría haber resultado útil, pero habría sido necesario ser más minuciosos, hablar de problemas más concretos y efectuar una comparación entre países. Se debería haber recalcado, por ejemplo, que la tasa de desempleo de los países de la zona euro tiende al 9%, mientras que la de los países que no pertenecen a ella ronda el 5%. ¿De verdad que no hay ninguna conclusión que sacar de este hecho? En el interior de la zona euro, la brecha es considerable. Dejando a un lado a Luxemburgo, que es un caso excepcional, tenemos, en un extremo, a Austria, con un 4,2%, y a Irlanda, con un 4,5%, y en el otro extremo, a Francia, con un 9,3% , y a España, con un 11,9%. Ante tales diferencias, ¿podemos realmente elaborar directrices que se apliquen en todos los países sin caer en la abstracción o incluso en la artificialidad? Por lo que a mí respecta, preferiría que se respetara más el espíritu de coordinación abierta, -basada en la diversidad y en el intercambio de las mejores prácticas, y que se hablara específicamente de experimentos logrados que sería conveniente difundir.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
 Señor Presidente, quiero empezar mi intervención felicitando a la Comisión por su introducción, con la que estoy muy de acuerdo. Sus comentarios sobre un equilibrio más justo entre flexibilidad y seguridad y la importancia de la iniciativa empresarial son temas muy importantes en este debate y me referiré a ellos de nuevo al final de mi intervención.
Empezaré contándoles una historia muy corta sobre el Reino Unido, que viene a cuento esta mañana. En mi vida anterior, yo trabajaba en la industria y recuerdo perfectamente a un importante comerciante minorista que estaba perdiendo cuota de mercado, motivo por el cual había empezado a reñir con su agencia publicitaria. La agencia publicitaria le transmitió un mensaje muy sencillo : «No gasta usted suficiente dinero en publicidad»; el mensaje era claro, de manera que aumentó su presupuesto en publicidad. La empresa siguió perdiendo cuota de mercado y la agencia de publicidad volvió a decir: «Sigue sin gastar usted dinero suficiente». Finalmente, la empresa vio la luz y cambió de agencia publicitaria.
La moraleja de esta historia es que, a veces, cuando uno tiene un problema, no tiene que insistir una y otra vez en la misma solución, sino que tiene que probar soluciones muy diferentes. Ese es el problema que tenemos ahora en la UE y en el Parlamento. Tenemos suficientes directrices sobre empleo, el informe de la Comisión ha servido de cierta ayuda, pero los Estados miembros ya saben exactamente lo que tienen que hacer. Lo que les falta es la voluntad política de hacerlo. No creo que sirva de mucho que nos dediquemos a asegurar que esas directrices sean más detalladas y más prescriptivas. Estoy de acuerdo con algunos de los comentarios del ponente, y le felicito sinceramente por el gran trabajo que ha hecho, la reflexión que le ha dedicado y el corto espacio de tiempo en que lo ha hecho. Estoy especialmente de acuerdo con sus comentarios sobre la fiscalidad, que es una cuestión de ámbito nacional y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Ahora bien, algunas de las conclusiones más prescriptivas a las que llega y, desde luego, la idea de que, y cito textualmente, «se requiere una participación más activa de los interlocutores sociales, con la debida representación de empresas y de trabajadores », no me parecen medidas constructivas, sino más bien retrógradas.
Finalmente, con respecto a la cuestión de la flexibilidad, la seguridad y la iniciativa empresarial, observo que la Sra. Comisaria no está aquí hoy porque, con toda razón, ha tenido que asistir a otra reunión muy importante, el Consejo de Empleo. Espero que en esa reunión, en la que se va a hablar entre otras cosas de la Directiva relativa a los trabajadores atípicos, la Comisión aproveche la oportunidad para demostrar que quiere enviar un mensaje diferente a los que ha estado enviando hasta ahora, y que también ella cree en el espíritu empresarial y la flexibilidad y no quiere seguir mirando al pasado.
Hoy es un día muy importante, y ojalá esa reunión transcurra tal como yo espero. Siento decirle al ponente que, por mucho que comparta algunas de las ideas en las que se basa su informe, en conjunto no podemos apoyarle hoy.
Hughes (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero agradecer al ponente el inmenso trabajo que ha realizado en circunstancias muy difíciles para presentarnos su informe hoy aquí. Me gustaría también darle las gracias al señor Comisario por sus declaraciones y por el esfuerzo que ha hecho la Comisión para aceptar las enmiendas del Parlamento. Sé que el Consejo está haciendo lo mismo y que es partidario de esperar a que nosotros formulemos nuestra opinión hoy aquí antes de seguir adelante y adoptar el paquete de directrices de empleo.
Pero eso presupone que hoy aprobaremos este informe. En este sentido, me gustaría hacer un llamamiento al Grupo del PPE-DE, porque ese Grupo tiene a buscar la revancha por el rechazo del informe de Thomas Mann en la cumbre de primavera, hace dos meses. Dicho Grupo ha declarado que considera fundamentales algunas de las enmiendas y que si son rechazadas hoy por esta Cámara, votará en contra de todo el paquete de directrices de empleo. Ese sería un golpe tremendamente perjudicial. Ya hemos dislocado el procesos de coordinación racionalizado, que afectan a las directrices de empleo y las orientaciones de política económica. Espero que podamos volver al camino correcto y que ese Grupo rectifique a tiempo. 
Las enmiendas que sus miembros consideran fundamentales nos causan algunas dificultades. Por ejemplo, la enmienda 64 se refiere al pacto de estabilidad. Se está haciendo bastante hincapié en ese punto. Eso es extraño, porque ni siquiera el Sr. García-Margallo y Marfil, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, insiste tanto en este punto en su informe sobre las orientaciones generales de política económica.
Amendment No 66 calls for a reduction in the overall tax burden on individuals and companies. Algunas de sus Señorías han hecho ya referencia a esa enmienda.
Se trata de una cuestión ideológica fundamental que está planteando ciertas dificultades a algunos de los diputados de mi Grupo. La insistencia de los diputados del Grupo del PPE-DE en ello indica que están decididos a no buscar el consenso, sino a crear problemas para la adopción de este paquete. La enmienda sobre la reducción general de la carga fiscal es incompatible con la enmienda que han presentado sobre el pacto de estabilidad, y atañe además a un ámbito de responsabilidad que pertenece exclusivamente a los propios Estados miembros.
No puedo creer que si esta enmienda se rechaza, el Grupo del PPE-DE rechazará todo el paquete, pero el Sr. Mann me ha asegurado que así lo harán. Espero que el Grupo rectifique. De mala gana pido a los diputados de mi Grupo que se abstengan sobre la enmienda 66, con la esperanza de que sea aprobada, pese a que discrepo de ella. Si no lo consigo y esta enmienda se rechaza, volveré a apelar al Grupo del PPE-DE para que rectifique su postura y no rechace todo el paquete. Simplemente no lo merece.
Mi último comentario, que es muy importante, se refiere a la enmienda 23 sobre la economía social. El mes pasado dije en el debate sobre el Estatuto de la Sociedad Cooperativa que la economía social ha desaparecido del paquete de directrices de empleo. Espero que podamos volver a incorporarla gracias a esta enmienda.
Jensen (ELDR).
Señor Presidente, varios oradores han señalado hoy que, en muchos países, el desempleo ha empeorado y está aumentado. Esto es debido a la mala situación económica general, pero también al hecho de que no se están haciendo suficientes esfuerzos por promover la capacidad de adaptación en el mercado laboral. Por otra parte, las demandas de capacidad de adaptación no se reducirán durante los próximos años. La formación desempeña un papel importante en este proceso, y me gustaría hacer hoy un llamamiento para que la política de empleo también se contemple en el contexto de las iniciativas lanzadas conjuntamente por los Ministros de Educación de la UE con vistas a mejorar la calidad de los programas de formación a través de su coordinación abierta. Esto tendrá una gran importancia para nuestra competitividad a más largo plazo. Por supuesto, se elaborará un informe en el que se resuma la situación para el otoño y se debatirá en la Cumbre de Primavera de 2004.
Todos estamos de acuerdo en que el objetivo es el pleno empleo y este objetivo no puede alcanzarse sin una economía básicamente sólida, unas finanzas públicas saludables, un clima de inversión prometedor y una competitividad entusiasta, factores todos ellos clave cuando la idea es crear empleos. No existe nada contradictorio al respecto, como cierta parte de este Parlamento quizás parece creer.
Creo que el Consejo ha hecho un buen trabajo al simplificar las directrices de empleo. Existía la necesidad de hacerlo. Muchas directrices se redactaron sin pensar en qué era necesario que contuvieran, lo que simplemente significa que, en el caso de muchas directrices, el proceso ha pasado a ser menos global y más superficial. Por lo tanto me hubiera gustado ver que el Parlamento fuese más moderado con el fárrago de enmiendas, aunque nuestro ponente haya hecho grandes esfuerzos por reducir las cuestiones a algo comprensible. Cuantas más directrices se introduzcan en la política de empleo, mayor es el riesgo de que se consideren poco sustanciales. Necesitamos centrarnos en el objetivo: más empleo y más puestos de trabajo en Europa.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, en relación con lo que ya ha dicho la Sra. Lambert, quisiera hacer algunos breves comentarios. 
El hecho de que esté presente hoy el Sr. Vitorino en lugar de la Comisaria Diamantopoulou se debe a que ella ha tenido que asistir a una reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo. Esa es también una buena noticia, porque hoy tendremos que votar aquí y es bueno saber que las cosas que ya hemos decidido en comisión y que esperamos que sean aprobadas hoy por esta Cámara -aprovecho para respaldar el llamamiento del Sr. Hugues al Grupo de Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos-, se están debatiendo allí para que podamos tomar nuevas decisiones. Quisiera decir varias cosas. En primer lugar, creo que la integración general que pedimos es muy importante y que, en realidad, debería ampliarse aún más, pues creo que toda la cuestión de la igualdad, tal como se había formulado antes en la Estrategia Europea de Empleo, debería seguir formulándose como una especie de objetivo. 
Quisiera pedir también que se pongan en marcha dos programas de acción. El primero de ellos es un programa de acción contra el desempleo. Todo el mundo sabe cuál es el problema: el desempleo está aumentando, la recesión crece por momentos y las previsiones indican que durará mucho tiempo, de manera que tenemos que hacer algo al respecto. No existe equilibrio entre, por ejemplo, la estrategia a largo plazo de aumentar la participación en el empleo, y la estrategia a corto plazo en otros ámbitos. El segundo programa de acción es un programa para mejorar la calidad del empleo y aumentar la productividad. Sobre todo la modernización de la organización del empleo es sumamente necesaria. Por último, creo que es importante que empecemos a tomarnos muy en serio los enfoques locales y regionales y la implicación de los parlamentos nacionales.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, admito que tengo poca confianza en la utilidad de este tipo de documentos y creo que la situación que se está creando respecto de los objetivos de Lisboa debería hacernos reflexionar. Es fácil estar de acuerdo con la idea de reducir de forma significativa el desempleo de aquí a 2010: les reto a que encuentren un solo ciudadano europeo -de derechas, de izquierdas, de centro- que vote en contra de semejante idea; es fácil estar de acuerdo con la idea de que las políticas deben contribuir a reducir a la mitad -ya puestos, podíamos haber dicho también «eliminar»- la pobreza de aquí a 2010. Creo que es demasiado fácil encontrar un acuerdo sobre objetivos de este tipo. La dificultad surge -y es una dificultad que no se aborda- al definir las elecciones, al tomar decisiones o al pedir que se tomen decisiones concretas. Como ya se ha observado, el empleo aumenta -y lo demuestran una serie de recomendaciones que suscribo totalmente sobre la calidad del empleo, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el trabajo, etc.- si crece la economía. Para que el mercado de trabajo y las políticas en materia de mercado de trabajo puedan favorecer el crecimiento económico y del empleo en Europa, es necesario introducir flexibilidad y liberalización en el empleo y las agencias de empleo. 
En cuanto a la carga fiscal, hay que tomar en consideración las cargas contributivas para los sistemas de pensiones. Los trabajadores jóvenes -alemanes, italianos, en general europeos- pagan con el desempleo la financiación de pensiones demasiado generosas para trabajadores que se jubilan demasiado pronto.

Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las políticas de empleo de los Estados miembros deben centrarse en unas prioridades claras, teniendo en cuenta el contexto económico actual, las exigencias de una Unión Europea ampliada y una mejor aplicación de la estrategia de Lisboa. El aprendizaje permanente, el empleo de las personas mayores y la lucha contra el la economía sumergida son prioridades que hay que destacar, como bien señala el ponente. Sin embargo, en el informe, aunque se resalta la importancia de unas prioridades consensuadas, se abordan de un modo menos adecuado otros aspectos, en concreto:
Primero, el Pacto de Estabilidad: la aplicación de la estrategia de empleo corresponde a los Estados miembros, que deben destinar a ello recursos financieros adecuados sin poner en peligro de solidez de las finanzas públicas, de acuerdo con las orientaciones generales de las políticas económicas y con el Pacto de estabilidad. El Pacto de Estabilidad es un instrumento esencial para garantizar la buena gestión de las finanzas públicas de los Estados miembros y para asegurar el crecimiento sostenible y un buen funcionamiento de la Unión económica y monetaria. Así, es imprescindible la referencia al Pacto y a su cumplimiento en lo concerniente a la estrategia europea para el empleo.
Segundo, la inmigración, que, como respuesta a la estrategia global de creación de empleo, debe regularse estrictamente. La contratación de trabajadores inmigrantes ha de realizarse de forma selectiva. Hay que comprobar si se reúnen las condiciones prescritas por la reglamentación aplicable en materia de entrada, permanencia y empleo para evitar una inmigración desordenada. La inmigración clandestina a los Estados miembros es objeto de reglamentaciones nacionales extremadamente dispares y ha aumentado en los últimos años, reforzada por el tráfico de seres humanos y por la actividad de los pasadores. Hay que dejar que cada Estado miembro defina según su criterio el perfil de las cualificaciones y el número de trabajadores que desea contratar en función de las necesidades del mercado de trabajo, de la evolución demográfica y de su capacidad de integración. Por otra parte, hay que intensificar la lucha contra el trabajo no declarado, reduciendo los costes laborales y haciendo menos onerosa la creación de puestos de trabajo.
Tercero, la definición de metas, como por ejemplo la reducción del desempleo o la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, debe ser exigente pero realizable, y ha de tenerse en cuenta el distinto punto de partida de cada Estado miembro. Dichas metas deben enunciarse en términos de progresos por realizar y no de niveles por alcanzar. De otro modo, corremos el riesgo de que resulten inaceptables y no encuentren una buena aplicación en los planes nacionales de empleo.
Por último, me gustaría felicitar al Comisario Vitorino, que ha expresado muy bien la necesidad de equilibrio entre seguridad y flexibilidad como factores esenciales para la competitividad y la productividad en Europa.

Ghilardotti (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, también yo doy las gracias a la Comisión por sus propuestas de directrices y al Comisario por sus; doy las gracias asimismo al ponente porque creo que en poco tiempo ha intentado tener en cuenta los diferentes puntos de vista que hay en el Parlamento, sin comprometer los objetivos de calidad.
Quisiera centrarme en algunas consideraciones. Si se tiene en cuenta la situación económica y la experiencia adquirida en estos años en materia de Estrategia Europea de Empleo, me parece que la Comisión, ya en sus propuestas, ha intentado definir unos objetivos específicos, que considero especialmente significativos por ser coherentes con las recomendaciones formuladas por la propia Comisión sobre la base de la evaluación de los planes nacionales de empleo. Creo, por tanto, que esta estrategia se vuelve cada vez más específica. Ciertamente, para que las Instituciones comunitarias puedan favorecer esta especialización, sería necesaria una adhesión más decidida de muchos Estados miembros.
A este respecto, quisiera detenerme en algunas cuestiones. La Comisión, el ponente y la Comisión de Empleo han puntualizado algunos aspectos de la comunicación de la Comisión: por ejemplo, la necesidad de invertir en calidad y en servicios para hacer efectivamente posible el empleo femenino, que en todos los países y en especial en algunos de ellos es el punto débil, porque conjuga una baja tasa de actividad con una elevada tasa de desempleo. Ello es posible a través de la formación de las mujeres y creando los servicios necesarios para conseguir un entorno de mercado favorable al empleo femenino. Las enmiendas aprobadas en comisión apuntan en esta dirección. Es necesaria además una cooperación más eficaz en los Estados miembros en la que participen los Gobiernos, los parlamentos nacionales y las autoridades locales en sus respectivos papeles. Creo que estos son objetivos concretos. Esta es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, pero que es incompatible con una reducción generalizada de impuestos, porque la alternativa es esta: o recursos para la inversión o reducción de impuestos.

Grönfeldt Bergman (PPE-DE).
Señor Presidente, el Tratado indica que debe haber directrices relativas a la política de empleo de los Estados miembros. Aunque dudo bastante sobre el valor de las directrices de la UE, no tiene sentido discutir sus motivos ahora. Por lo tanto me concentraré en las directrices propuestas por la Comisión y, sobre todo, comentaré el informe del Sr. Herman Schmid, tal y como se encuentra tras la votación en la comisión.
Hay muchos aspectos buenos en la propuesta de la Comisión, aunque incluso eso es demasiado detallado. El debate en la comisión ha hecho que se añadiesen más medidas y requisitos detallados. Si las directrices van a tener algún valor, deben establecerse firmemente en el correspondiente Estado miembro. No tiene sentido citar, como sucede ahora en esta propuesta, una cantidad de medidas y objetivos detallados en continuo aumento. En la actualidad es una cuestión de 15 Estados miembros; mañana de 25. El ofrecer guarderías a al menos el 33% de los niños menores de tres años es, desde mi punto de vista, un asunto al que las directrices de la UE no deben afectar de modo alguno.
Además del defecto general de ser demasiado detallado, el informe que tenemos ante nosotros falla al incluir puntos que dudo bastante que puedan contribuir a la creación de empleo. El ponente afirma que la responsabilidad de poner en marcha una política de empleo exitosa reside en los Estados miembros. Esto es bastante cierto ya que, mientras los propios gobiernos de los Estados miembros no estén preparados para tomar las medidas necesarias para reformar el mercado laboral, el empleo no aumentará de forma significativa. Pienso principalmente en reformas con el objetivo de hacer más fácil contratar personal, pero también de reducir el número de trabajadores en plantilla. Desgraciadamente sucede que, para que una empresa pequeña se aventure a emplear una persona más, sus gestores deben saber que, si fuese necesario, podrían reducir el número de trabajadores. Alemania es un ejemplo de lo que sucede si no se reforma un mercado laboral rígido. El desempleo ha aumentado muy notablemente, en parte debido a la rigidez de la legislación laboral. El hecho consiste también en que cuanto mayor sea la demora de la reforma de los mercados laborales, más difícil será la situación.
Quizás sea extraño que, como moderada sueca en esta Cámara, vaya a referirme a algo dicho recientemente por el Ministro de Hacienda del Reino Unido, pero merece la pena mencionarlo. Este afirmó que si va a darse cierto ímpetu a la economía europea son necesarias las reformas estructurales, que hace falta una mayor liberalización del comercio y, sobre todo, una liberalización de los mercados laborales mediante menos normativas y niveles más saludables de protección laboral. En la actualidad hay 13 millones de personas en la UE que no tiene un trabajo al que acudir. El ministro Gordon Brown pensó que la flexibilidad no era una amenaza para el pleno empleo, sino el requisito previo para el aumento del empleo.
Por lo tanto las directrices deberían ser más amplias y concentrarse en medidas que, conjuntamente con las directrices de política económica, conduzcan genuinamente al crecimiento económico y a que se emplee a más personas, y por lo tanto al suministro de recursos para cosas como la educación y la asistencia sanitaria.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar al ponente por el inmenso trabajo que ha realizado en relación con este informe. Con el poco tiempo de que disponía, ha elaborado un informe muy razonable y basado en el consenso para obtener de este Parlamento una opinión que pueda presentarse en la reunión del Consejo. Por supuesto, tenemos derecho a ser consultados según establecen las obligaciones del Tratado y deberíamos aprovechar siempre esas oportunidades para proponer las ideas que, como representantes de los ciudadanos de la Unión Europea, queremos que se promuevan.
Tengo problemas con algunos aspectos del informe, en particular con la introducción de cuestiones relacionadas con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No creo que tengamos que ampliar más lo que la Comisión ya ha dicho sobre este tema. A fin de cuentas, nuestro papel y nuestra meta deberían orientarse a crear más y mejores puestos de trabajo para los ciudadanos y asegurar que las directrices formuladas estén mejor enfocadas, sean flexibles en el sentido de que sepan aprovechar las nuevas oportunidades que surjan, y se basen en la competitividad, de manera que las empresas se animen a contratar a más trabajadores en vez de trasladar su producción al extranjero o fuera de la Unión Europea.
Uno de los aspectos fundamentales de la creación de más puestos de trabajo, si tenemos en cuenta las evidencias empíricas, es la existencia de unas finanzas públicas saneadas y un régimen fiscal apropiado que permita a los ciudadanos recibir una mejor retribución por su trabajo y conservar una parte mayor de su dinero en el bolsillo, en lugar de ser penalizados por trabajar. Esto se aplica no solo a los trabajadores, sino también a las empresas que contratan a esos trabajadores. Tenemos que asegurarnos de que el modelo de colaboración social, que tanto ha contribuido a la armonía en las relaciones laborales, se mantenga y consolide. Este año, el Año Europeo de las Discapacidades, no debemos olvidar a las personas con discapacidades, el 70% de las cuales están desempleadas. Tenemos que promover medidas e investigaciones nuevas e innovadoras para integrar a las personas con discapacidades en el mercado de trabajo.
Ruego a la Cámara que vote a favor de este informe y le agradezco también que apoye mis enmiendas.
Weiler (PSE).
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias al ponente por sus propuestas, que nuestro Grupo también apoya. Consideramos que es necesario avanzar objetivos ambiciosos y medidas pragmáticas, nuevos principios innovadores, más iniciativas locales y regionales, y todo ello aparece en su informe. Hace mucho que decidimos y pedimos que los Parlamentos nacionales tuvieran una mayor participación, no solo los de Dinamarca y Escocia, sino los de toda la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que la política europea de empleo conceda un margen de maniobra a los objetivos y decisiones nacionales es una señal de lo inteligente que es. Me gustaría decir a la diputada de Suecia que el mercado de trabajo alemán necesita sin duda ser reformado, pero la supresión de la protección contra el despido no ha creado más puestos de trabajo en ningún Estado miembro de la Unión Europea. 
Sin embargo, también quiero decir que criticamos a los democristianos en dos aspectos. El primero ya se ha mencionado: la enmienda 62. La Comisión ha propuesto aprovechar la política en materia de inmigración para gestionar el potencial de mano de obra disponible gracias a la inmigración. Creo que sería necesario que los democristianos acepten esta realidad y no la reduzcan al absurdo, por decirlo así, mediante arreglos especiales bilaterales entre los Estados miembros, ante el silencio de los conservadores a la vista de esta práctica. No podemos apoyar una reducción general de los impuestos, y lamento que se haya concedido a esta enmienda una importancia clave. Las empresas europeas esperan otra cosa: esperan seguridad para poder planificar a largo plazo, trabajadores cualificados, infraestructuras óptimas, la promoción de la ciencia y la investigación, simplificación normativa e inversión. Estas medidas son necesarias y no pueden llevarse a cabo con reducciones generales de impuestos.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, la adopción de las directrices sobre el empleo es especialmente importante para el Parlamento, sobre todo hoy que la Comisión presenta una propuesta revisada con un número de objetivos limitado, que constituyen los pilares del modelo social europeo en la nueva economía. Dada esta situación, la adopción del informe del ponente por amplia mayoría en el pleno no es solo el único paso adelante, sino que es también una obligación hacia los ciudadanos europeos cuyos intereses representamos.
La iniciativa adoptada por la Comisión parece confirmar la prioridad de competencia de calidad, que está vinculada a la calidad del empleo y a la calidad de los servicios públicos. La política de promover no solo el empleo barato sino el empleo cada vez más barato, que plantean las enmiendas del PPE-DE, no tiene la más mínima posibilidad, ya que además de que provoca una reducción gradual del nivel de vida, también facilita la supervivencia de empresas con una baja productividad y escasa capacidad de crecimiento, como también señala acertadamente el ponente. Así que en lugar de insistir sobre el vínculo con el pacto de estabilidad, que restringe las iniciativas de intervenciones en el mercado laboral y medidas para modernizar los servicios públicos, sin los cuales se presentarían en bandeja al sector privado, deberíamos exigir coherentemente otras directrices. Por lo tanto, deberíamos exigir una coordinación máxima con la Carta Europea de las Pequeñas Empresas, que destaca la promoción de iniciativas basadas en el conocimiento y la innovación, e instar a un acercamiento entre la política industrial y las demandas del modelo social europeo. La política industrial hasta la fecha, en lugar de seguir esta dirección, margina los asuntos relacionados con el empleo.
Sería una lástima que el PPE-DE se mantuviese firme con respecto a sus elecciones iniciales que, en lugar de tener como consecuencia la explotación de la competitividad de la calidad, la ventaja de la economía europea, insistían en una explotación cada vez mayor del empleo barato.
Por último, me gustaría felicitar a la Comisión, que está prestando especial atención a una participación muy estrecha y más activa por parte de los parlamentos nacionales y a la movilización de las sociedades locales, con los correspondientes compromisos específicos de aumentar el empleo, una idea que también he apoyado en el pasado. De este modo no solo conseguiremos que se amplíen las responsabilidades sobre cuestiones de empleo, sino también el desarrollo de la competencia saludable entre las distintas regiones de un país.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar agradeciendo al Sr. Schmid su excelente trabajo y su esfuerzo para hallar puntos de encuentro, aunque no estemos de acuerdo en todos los ámbitos.
El Consejo Europeo de Lisboa fijó un objetivo estratégico para la Unión Europea: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mercado, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social. Estocolmo, en 2001 y Barcelona, en 2002, suponen la consolidación y el reforzamiento del compromiso de la Unión Europea con el empleo. Por eso, en un momento de estancamiento de la economía europea, unido al hecho de la ampliación, creo que es acertado confirmar la voluntad expresada en Lisboa y Barcelona, remodelándola y adaptándola a la situación económica que vivimos.
Por otra parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra, en su artículo 15, el derecho al trabajo de todo ciudadano de la Unión Europea. La actividad, el trabajo y las condiciones que lo propician, y en las que se desarrolla, no constituyen un compartimento estanco, cerrado. Por eso quiero insistir en algunas ideas que se aplicarían transversalmente; por supuesto, sin ánimo exhaustivo y con la limitación de tiempo y teniendo en cuenta que ya la colega Regina Bastos predicó la necesidad de la vigencia del Pacto de estabilidad, de la lucha contra la inmigración clandestina y, en su caso, la integración de los inmigrantes legales.
Me refería a ideas concretas, como el compromiso de más y mejores empleos, en los que la flexibilidad y la estabilidad no tienen por qué ser contrarios a los derechos de los trabajadores; la horizontalización de políticas sociales, tales como la cultura de la prevención, la lucha contra la siniestralidad laboral -en este informe ya aparecen compromisos concretos en cuanto a la reducción del número de accidentes-; a las políticas de igualdad, no solo desde la retribución y facilitación de acceso de la mujer al trabajo, sino también -y me parece importantísimo- desde la posibilitación de la conciliación de la vida familiar y laboral; también al papel de los Parlamentos nacionales y autonómicos y de las autoridades nacionales y locales, por el mejor conocimiento de las necesidades y por las posibilidades de explorar nuevos nichos de empleo, como decía el Comisario, Sr. Vitorino, con la presencia de todos los interlocutores.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, utilizaré también el tiempo de los diputados Sres. Andria y Mantovani, que me han pedido que exprese su pesar por haberse visto retenidos en Italia por culpa de huelgas y otras causas igual de serias. Resumiré brevemente sus puntos de vista en la medida de mis posibilidades. 
El compromiso de la clase dirigente europea, en particular del Parlamento Europeo, es revisar el modelo de la economía social de mercado, actualizarlo, repensarlo sin reducir el compromiso social. La seguridad del puesto de trabajo no debe buscarse ya sobre la base de derechos adquiridos, sino de acuerdo con el conocimiento, el compromiso, el aprendizaje permanente. La flexibilidad retributiva -siempre defendida, al menos en el plano teórico, pero a menudo incumplida en la práctica- debe convertirse en un objetivo real del Parlamento, que ha de mostrar con claridad y resolución el proceso que hay que seguir para alcanzarla. 
Este compromiso de reforma deberá contar ante todo con el apoyo de las partes activas, es decir, de todos los componentes sociales, que deberán suscribir compromisos serios a favor de la formación, de la innovación, de la flexibilidad, sin desmentirlos después a la hora de su aplicación. El diálogo sobre la estructura de negociación colectiva deberá reforzar el nivel empresarial, pero también la retribución flexible; cuando se refuerza el nivel empresarial aumenta la productividad y se valora la contribución individual. Parece evidente que, para alcanzar estos objetivos, hay que poner junto a la negociación a escala nacional una negociación a escala de empresa. Para garantizar el empleo de calidad, es preciso, ante todo, como ya se ha recordado, relanzar las inversiones, auténtica reserva, especialmente en las futuras iniciativas dirigidas hacia los países de Europa Central y Oriental. Las empresas mixtas son otro elemento más de relanzamiento de las PYME, que, no hay que olvidarlo, generan más del 90 por ciento de los puestos de trabajo en Europa.
Al aplicar la flexibilidad, es necesario velar por que esta no se convierta en un instrumento de conveniencia para algunas empresas, que recurran a esta solución para crear puestos de trabajo atípicos, como los contratos de colaboración coordinada y continuada, que sin embargo no ofrecen un futuro seguro, especialmente para los jóvenes. Si se abusa de este instrumento, se puede contribuir a crear futuras generaciones de trabajadores precarios e inseguros, pero también y sobre todo de candidatos a jubilados de renta baja, en otras palabras de futuros jubilados pobres. Debemos que evitar por tanto dar cancha al populismo en estas importantes reformas y tratar con firmeza de dar pasos decididos, prácticos y realizables.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, también quisiera darle las gracias al Sr. Herman Schmid, por su constructivo trabajo en este informe.
En beneficio del Comisario Vitorino, me gustaría mencionar varias enmiendas en cuya redacción hemos estado implicados los Demócrata-Cristianos, incluido yo mismo. Se trata de una cuestión del reto demográfico, identificado en Estocolmo en marzo de 2001 como uno de los problemas más importantes de la Unión para el futuro. Se calcula que para 2050, la Unión Europea tendrá 40 millones más de pensionistas que en la actualidad, y por tanto 40 millones menos de población activa. Esto se recoge en la enmienda 1, como una parte importante del informe del Sr. Herman Schmid. Me gustaría preguntar al Sr. Vitorino cómo considera la crisis del sistema de pensiones con relación al desarrollo económico y la supervivencia de distritos completos dentro de la Unión Europea dada la grave tendencia demográfica.
Es alentador que varias enmiendas, incluidas la 28 y la 38, relacionadas con la conciliación de la vida familiar y profesional, sean ahora parte de informe del Sr. Herman Schmid. Este es un aspecto particularmente importante, pero no es bueno que la enmienda 43 determine que la vida familiar y el trabajo se reconciliarán notablemente a través de compromisos para desarrollar servicios de guardería. Debería tratarse más de una cuestión de que los niños tengan derecho a pasar más tiempo con sus padres que de que necesariamente tengamos que desarrollar una forma de atención a la infancia que les dé menos tiempo a los niños para estar con sus padres.
La enmienda 9 también es importante. Trata de la necesidad de reforzar la ética del contribuyente, sobre la competencia entre empresas con condiciones iguales y sobre aumentar la lucha contra el trabajo no declarado.
Permítanme, para concluir, decir algo a favor de la enmienda 60, que destaca el valor de las familias, las empresas familiares y la transición de una generación a otra. Si vamos a hacer algo para crear trabajos a largo plazo, debe resolverse la cuestión de cómo se llevan a cabo estas transiciones.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0172/2003) del Sr. Hernández Mollar en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de resolución del Parlamento Europeo y del Consejo [2003/2003(INI)] relativa al Acuerdo UE/Estados Unidos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y extradición.

Hernández Mollar (PPE-DE)
. (ES) Sr. Presidente, en el debate que mantuvimos en este Parlamento el 14 de mayo, dije lo positivo y lo negativo que, desde nuestro punto de vista tenía el Acuerdo que hoy debatimos.
Pues bien, la recomendación que hoy presento, en nombre de la Comisión que presido, recoge todo ello con meridiana claridad.
En primer lugar, es necesario que estos acuerdos sean los instrumentos para ampliar la protección de los derechos fundamentales según la noción que Europa ha desarrollado sobre la base de nuestras constituciones y la jurisprudencia de los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo. La Unión Europea no puede negociar a partir de normas que sean inferiores a las que ella misma debe respetar. Esto nos parece evidente y no podemos aceptar la extradición o la asistencia judicial penal cuando haya riesgo de pena de muerte o de un proceso no equitativo como sería el caso de los tribunales militares.
En segundo lugar, estos acuerdos pueden servir de laboratorio para mejorar los métodos e incluso las legislaciones de ambas partes. Este debería ser el caso, por ejemplo, en materia de protección de datos que habría que aplicar en ambas partes del Atlántico.
En tercer lugar, un acuerdo internacional no tiene sentido sin una condición de reciprocidad entre las dos partes. Por ello exigimos que, de una vez por todas, se acabe con la situación de los ciudadanos europeos detenidos en la base de Guantánamo. A pesar de que mi Grupo no desea condicionar la firma de los acuerdos a esta cuestión, sí desea pronunciarse con toda rotundidad a favor de que esta situación termine de inmediato. 
En cuarto lugar, estos acuerdos deben constituir también la ocasión para reforzar nuestra legislación interna, haciéndola más eficaz. Por esta razón, deben tener preferencia las normas que existen ya entre los Estados miembros, como es el caso de la orden de detención europea, y no deberían entrar en competición estos acuerdos con otros relevantes tratados, como es el del Tribunal Penal Internacional.
En quinto lugar, es necesario que acuerdos tan importantes como los firmados con los Estados Unidos sean objeto de un seguimiento tanto a nivel del Consejo como de la Comisión y a nivel parlamentario. Una comisión mixta de miembros del Congreso de los Estados Unidos y del Parlamento Europeo. En el interés de ambas partes, debe ser constituida, lo antes posible.
Por último, voy a invocar el punto más delicado, es decir, el procedimiento que nos ha sido anunciado por el Consejo a lo largo del último debate en el Pleno. No hemos encontrado una respuesta positiva a nuestra demanda de una consulta formal entre las decisiones de la firma y de ratificación de los acuerdos.
Se trata de los primeros acuerdos internacionales de la Unión Europea que se basan a la vez en el segundo y el tercer pilar, por lo que la consulta regular al Parlamento se impone, debido a numerosos argumentos.
De un lado, porque esta consulta debe ser la regla para la adopción de actos que pertenecen al tercer pilar, comprendiendo aquellos actos que tienen la naturaleza de acuerdos internacionales.
Por otro lado, porque el control parlamentario sobre este tipo de acuerdos es la regla en todos los Estados miembros y debe, por consecuencia, ser considerado un principio común en el que la Unión Europea debe inspirarse, conforme al artículo 6 del Tratado. 
Por todas estas razones, consideramos que la consulta al Parlamento es el único procedimiento que respetaría plenamente los principios de democracia y de Estado de Derecho invocados por el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
Sr. Presidente, ¿cómo explicar a los ciudadanos europeos en el momento en que estamos elaborando la nueva Constitución Europea que los acuerdos que afectan directamente a sus derechos fundamentales puedan entrar en vigor sin control del Parlamento Europeo?
Consideramos que una decisión del Consejo de consultar al Parlamento Europeo con motivo de la ratificación de los acuerdos basados en los artículos 24 a 38 sería perfectamente conforme al Tratado, así como una opción adecuada desde el punto de vista de la política institucional, como ya ha sugerido la Comisión. 
Señor Presidente, por todas estas razones, esperamos que el Consejo de Asuntos Generales cambie de actitud y, en su propio interés y en el de la Unión, evite la creación de un grave déficit democrático, modificando su postura actual.

Vitorino
Señor Presidente, quiero antes de nada agradecer al Parlamento y, en particular, al Sr. Hernández Mollar, presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, su informe sobre una cuestión tan importante y delicada. Celebro que se hayan desclasificado los proyectos de acuerdo y que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de examinarlos al mismo tiempo que los parlamentos nacionales de los Estados miembros.
Hay que recordar que esos acuerdos con arreglo a los artículos 24 y 38 son negociados por el Consejo. La Comisión no es quien negocia esos acuerdos en el exterior. Así pues, la Comisión participa en este debate porque interviene en el proceso de negociación, pero el Consejo de Ministros es el que tiene la última palabra.
Queremos reconocer los esfuerzos que han hecho las presidencias belga, española, danesa y ahora griega para lanzar estos acuerdos tras la decisión adoptada por el Consejo Europeo después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Sobre la base de esta autorización, y de las directrices de negociación adoptadas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión celebra que este procedimiento de consulta deba concluirse a tiempo para permitir la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América durante la cumbre que se celebrará a finales de este mes.
De conformidad con la autorización otorgada en abril del año pasado por el Consejo a la Presidencia para negociar los acuerdos con los Estados Unidos, la Comisión ayudó en las negociaciones desde el principio, por lo que está en perfectas condiciones para apreciar las dificultades reales experimentadas.
Entendimos que el papel de la Comisión era ayudar a alcanzar un resultado positivo. Al igual que el Parlamento, en su proyecto de recomendación, la Comisión opina que algunas de las cuestiones contempladas en estos acuerdos habrían precisado soluciones más radicales. Tuve la oportunidad de mantener un constructivo debate sobre algunas de las cuestiones planteadas por el Parlamento en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, junto con el Ministro de Justicia griego. El Ministro griego abordó también algunas de esas cuestiones en el debate celebrado en el pleno del mes pasado sobre los acuerdos UE-EE.UU.
Permítanme insistir en que la parte norteamericana no vio cumplidos sus deseos en una serie de cuestiones de gran importancia para ellos y a las que la Unión se opuso rotundamente, como la extradición de ciudadanos de la Unión Europea y las limitaciones de la excepción de delito político en la extradición.
Ahora tenemos que hacer una evaluación global del resultado de las negociaciones. Uno de los criterios utilizados para dicha evaluación es el valor añadido de un acuerdo de la Unión comparado con la situación actual basada en acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y los Estados Unidos de América. Esta evaluación ha de hacerse teniendo debidamente en cuenta el hecho de que, como ha dicho el Presidente, se trata del primer acuerdo de la Unión en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores, y sentará un precedente histórico.
Aparte de las indudables ventajas que se derivarán de los acuerdos de extradición y asistencia jurídica mutua con los Estados Unidos en términos de cooperación judicial concreta en materia penal y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, me centraré en las siguientes, en un intento de responder a algunas de las principales objeciones planteadas por este Parlamento.
En lo que se refiere a la protección contra la pena de muerte, el proyecto de acuerdo de extradición es similar a las cláusulas más enérgicas contra la pena de muerte que pueden encontrarse en los tratados bilaterales vigentes, ya sean acuerdos con un Estado miembro o con un país candidato. Eso significa que en lo que respecta a todos los demás acuerdos bilaterales, esta disposición contra la pena de muerte es más enérgica en el actual acuerdo de la Unión Europea que en la gran mayoría de los demás acuerdos. Además, permite invocar todos los motivos de denegación contemplados en el tratado bilateral de extradición entre un Estado miembro y los Estados Unidos, y ofrecerá la posibilidad de consulta en el caso de que una demanda de extradición tenga que ser rechazada en aplicación de principios constitucionales o sentencias judiciales en firme que sean vinculantes para el estado en cuestión. Esta disposición, combinada con referencias específicas en los considerandos a los derechos humanos, a un juicio justo y a un tribunal imparcial, ofrece garantías importantes.
Quisiera insistir en que los Estados miembros tienen que respetar en todo momento el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y sus protocolos. Nada de lo contenido en los proyectos de acuerdo debe interferir con el cumplimiento de esas obligaciones internacionales.
Asimismo, estoy plenamente convencido de que la Convención Europea optará por incluir la Carta de los Derechos Fundamentales en la futura constitución, dotándola así de un carácter legalmente vinculante y constitucional.
En lo que se refiere al artículo 10 del proyecto de acuerdo de extradición y, en particular, al caso de que una demanda de extradición esté en conflicto con una Orden de Detención Europea, el Estado miembro que reciba esa demanda conflictiva debe tener en cuenta una serie de criterios para tomar una decisión que, en términos generales, se corresponda con las listas de demandas competitivas ya contempladas en la decisión marco por la que se creó la Orden de Detención Europea. 
La designación de la autoridad competente se deja en manos del Estado miembro que reciba la demanda. Puede ser una autoridad judicial, salvo que el tratado bilateral vigente entre el Estado miembro en cuestión y los Estados Unidos prevea una autoridad ejecutiva.
Además, el texto final del acuerdo redactado muy recientemente en la última sesión de negociación ha mejorado en el sentido de que subraya mejor el hecho de que la decisión marco sobre la Orden de Detención Europea debe modificarse en el contexto global de una mayor integración de la Unión Europea. Esa modificación puede llevar, a su vez, a la adaptación del acuerdo con los Estados Unidos en línea con la evolución natural de la legislación sobre la Orden de Detención Europea.
Finalmente, en lo que se refiere a las disposiciones sobre la protección de datos, lo más importante es el proyecto de acuerdo sobre asistencia jurídica mutua con los Estados Unidos, inspirado en los dos textos europeos más recientes : el Convenio de la Unión Europea sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre los Estados miembros, de 2000, y el Convenio del Consejo de Europa sobre la delincuencia en el ciberespacio.
Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los acuerdos que hoy debatimos son importantes y positivos, como ya han señalado el Sr. Comisario y el Sr. Hernández Mollar, que ha realizado un excelente trabajo en la materia en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Como se ha resaltado, es la primera vez que se celebran acuerdos de extradición y de cooperación judicial entre la Unión Europea y un tercer país. Y es positivo que se estreche la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea para combatir más eficazmente la delincuencia transfronteriza y proteger de forma adecuada a nuestras sociedades democráticas, nuestros valores comunes y a nuestros ciudadanos.
Uno mi voz a quienes critican el secretismo que ha rodeado las negociaciones y al hecho de que el Consejo intentara clasificar de confidencial el texto de los acuerdos, excluyendo de este modo a este Parlamento. No se comprende esta actitud cuando se trata de algo que va a afectar directamente a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Felizmente, el Consejo ha dado marcha atrás en esa clasificación absurda e inaceptable.
Tenemos sobre la mesa dos acuerdos con los que estamos globalmente de acuerdo, pero hay aspectos que es esencial garantizar. En primer lugar, el trato que debe darse a los Estados Unidos, que nunca podrá ser idéntico al reservado a los Estados miembros de la Unión Europea en el marco de la orden de detención europea, dado que aquellos no están sujetos a las normas comunitarias, ni siquiera a la Convención de los Derechos Humanos o a las normas europeas sobre protección de datos; en segundo lugar, la primacía de una solicitud de orden de detención europea o de una solicitud de comparecencia ante el Tribunal Penal Internacional sobre cualquier solicitud de extradición de los Estados Unidos; en tercer lugar, la garantía de que no se procederá a la extradición a los Estados Unidos cuando exista la posibilidad de que se aplique la pena de muerte o cuando el juicio vaya a desarrollarse en tribunales de excepción o militares; en cuarto lugar, la inclusión de una referencia explícita al apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión, así como a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales; en quinto lugar, la exigencia de previsiones efectivas en materia de protección de datos, que sean proporcionales y eficaces y garanticen, como mínimo, una protección equivalente a la otorgada por el Convenio del Consejo de Europa.
Espero que estos aspectos queden debidamente salvaguardados en los acuerdos que se firmarán en la Cumbre Unión Europea - Estados Unidos de América del próximo 25 de junio.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, efectivamente éste es un Acuerdo importante. Es la primera vez que la Unión Europea negocia como tal un Acuerdo de estas características y ello supone un precedente; creo que eso da toda la relevancia posible a las reivindicaciones, a las que me sumo, que hace aquí el presidente de la Comisión de Libertades Públicas, el Sr. Hernández Mollar, en cuanto a cómo se va a desarrollar la negociación y la aprobación de este Acuerdo. Me parece que el presidente ha hecho un buen trabajo y también le felicito y me sumo en cuanto a la forma, a las cosas que él nos decía.
En cuanto al contenido, creo que es muy positivo que haya un acuerdo con los Estados Unidos, pero es imposible sustraerse a la existencia de diferencias en nuestros sistemas. Es imposible sustraerse, sobre todo, a la existencia de la pena de muerte, y la reserva, en este sentido, está clara por lo que respecta a la extradición, pero creo que no lo está tanto por lo que respecta a la asistencia judicial y, en ese sentido, el artículo 9 es insuficiente.
Tampoco parece razonable que, según el artículo 10, pueda no prevalecer una demanda de un país miembro ante la demanda de un tercer país, igualmente tengo dificultades en relación a la posición de los Estados Unidos sobre el Tribunal Penal Internacional, como la tienen los Estados europeos, y creo que en el articulado del Acuerdo debe quedar claro que una demanda del Tribunal Penal Internacional prevalece ante la demanda de un tercer país. Sería absurdo que no fuera así cuando la orden de busca y captura europea, prevalece incluso a la demanda de un Estado miembro.
Finalmente quiero reiterar aquí la cuestión de la oportunidad política de firmar el Acuerdo sin plantearnos la situación de Guantánamo. Yo creo que no podemos y, por lo tanto, voy a apoyar que su firma sea condicional a la resolución de un problema que afecta a muchos ciudadanos europeos, ni siquiera sabemos cuántos, y a otros del resto del mundo y que me parece absolutamente inaceptable.
Espero que los Estados miembros y las instituciones comunitarias hagan realmente lo que puedan. Creo que el habeas corpus es un derecho realmente elemental, incluido en todas las Convenciones, y que políticamente no podemos conceder un Acuerdo privilegiado a un tercer Estado que mantiene a personas en esta situación.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, nos parece totalmente lógico que se quiera resolver los problemas que plantea la articulación de dos sistemas judiciales para capturar a delincuentes y terroristas. En el ámbito de la labor policial y de los servicios de inteligencia, es frecuente que los diferentes organismos se muestren celosos de sus competencias y prerrogativas y se resistan a compartir información, porque la información es poder, razón por la cual los requisitos burocráticos tienen que examinarse con ojo crítico. Pero otra cosa muy diferente es justificar la anulación de las garantías jurídicas, los derechos de los acusados y la protección de la intimidad en aras de la guerra contra el terrorismo.
Nosotros tenemos algunas objeciones que hacer a esos acuerdos, tanto en su procedimiento como en su contenido. Como ya han dicho otros, el grado de secretismo injustificado impuesto por el Consejo ha sido sumamente escandaloso. Lamento comprobar que el Consejo no está presente hoy aquí. No se ha dado ninguna explicación satisfactoria. La única explicación posible es el deseo de no tener que rendir cuentas al Parlamento. El hecho de que el Parlamento Europeo no haya sido consultado antes es un escándalo, y la justificación de semejante déficit democrático -que los acuerdos pertenecen al ámbito de la política exterior y no al de la política de justicia- se cae por su propio peso. Espero de verdad que la nueva Constitución de la UE impida que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro, porque tendremos otros acuerdos del mismo tipo. Quisiera que la opinión pública europea entendiera -y algún día lo entenderá- que la verdadera amenaza para sus derechos no procede del Parlamento ni de la Comisión, las instituciones comunitarias, sino de los poderes ejecutivos ejercidos con arrogancia en cábala intergubernamental por el Consejo.
Solo espero que el Comisario Vitorino tenga razón cuando dice que el preámbulo y el texto garantizan que ningún ciudadano o residente europeo que sea extraditado tenga que enfrentarse a la pena de muerte, y que ningún europeo termine en la Bahía de Guantánamo sin haber sido acusado o sin haber sido juzgado, ni tenga que enfrentarse a un tribunal militar con poderes para imponerle la pena de muerte sin posibilidad de recurrir. Espero también que con el tiempo se demuestre que las obligaciones de los Estados miembros con la Corte Penal Internacional no se van a ver comprometidas, porque de lo contrario sería un verdadero ultraje para la opinión pública europea. Tenemos que resolver el escándalo de los europeos en la Bahía de Guantánamo antes de ratificar este acuerdo. El Consejo no me inspira la misma confianza que el Comisario Vitorino. Lamento que el Consejo no esté presente hoy aquí para escuchar nuestras objeciones.
Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, mi Grupo tiene graves reservas respecto al acuerdo que el Consejo quiere firmar con los Estados Unidos. Por razones políticas se encubren los problemas que plantea una mayor cooperación en el ámbito policial y judicial. Esa mayor cooperación permitirá, por supuesto, atrapar a más delincuentes y eso es bueno. Pero tiene que someterse a unas condiciones estrictas para garantizar los derechos de los acusados, pues de lo contrario se socavará la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Hemos de evitar que se abran cada vez más brechas en nuestro Estado de derecho simplemente para agradar al Salvaje Oeste.
Mis reservas respecto al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos van más allá de la pena de muerte o la Bahía de Guantánamo. Mis reservas llegan al núcleo del propio sistema estadounidense. Más del 92% de todas las condenas se basan en acuerdos judiciales. Esto implica que en más del 92% de los casos no se comprueban las pruebas, sino que se negocia la pena con los acusados coaccionados por temor a condenas absurdamente altas. No es un proceso justo y celebro que en la resolución se haga referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, porque dicho convenio prescribe un proceso justo. 
Otro aspecto positivo del informe del Sr. Hernández Mollar es que insiste en la existencia de otras soluciones aparte de la extradición de súbditos europeos a los Estados Unidos, sobre todo tratándose de delitos cometidos en territorio europeo. Propongo que los Estados Unidos entreguen las pruebas contra los acusados al Estado miembro de la UE competente. Así podremos juzgar a nuestros ciudadanos de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestras propias garantías y los ciudadanos podrán cumplir las penas cerca de sus hogares. Eso es lo que yo llamaría una muestra de cooperación constructiva entre socios en pie de igualdad.

Coûteaux (EDD).
Señor Presidente, el informe del Sr. Hernández Mollar está lleno de buenas intenciones e indudablemente vamos a votar a favor de él, pero también está imbuido de una ingenuidad muy curiosa.
¿Cómo podemos alcanzar acuerdos jurídicos -acaso no se reduce todo a hablar de Derecho- con un Estado, los Estados Unidos, que hace caso omiso y se burla del Derecho, del propio concepto de Derecho? ¿Cómo podemos contemplar la extradición de nuestros conciudadanos a un país, a un Estado, que no se rige -o lo hace cada vez menos- por las mismas normas jurídicas que las nuestras? Estos son los interrogantes que plantea este informe. En definitiva, estamos tratando con un Estado que aplica la pena de muerte y al que estamos considerando la posibilidad de extraditar a conciudadanos; un Estado que no respeta los derechos humanos fundamentales, en especial por lo que se refiere a las leyes antiterroristas; un Estado que somete cada vez más casos a sus tribunales militares, de modo que podríamos llegar a ver a nacionales de nuestros países juzgados por tribunales militares estadounidenses; un Estado cuya legislación relativa a la transmisión de datos personales viola flagrantemente nuestras leyes, hasta el punto de que cabe preguntarse por qué aprobamos leyes sobre esta materia, y sobre otras muchas cuestiones, si las remitimos a un Estado que las contraviene de forma deliberada.
En resumidas cuentas, se trata de un Estado que, por encima de todo, se comporta como una tribu de salvajes, raptando a ciudadanos de nuestros países, encarcelándolos sin ni siquiera tomarse la molestia de acusarles de un delito -me refiero evidentemente a Guantánamo, pero se podrían citar otros ejemplos- y entregándose incluso a prácticas de tortura lejos de la curiosidad de los periodistas. 
En efecto, estamos tratando con un Estado que no respeta el Derecho, y en mi opinión, no debemos llegar a ningún acuerdo jurídico, de carácter judicial y penal, con él. Sin embargo, dudo que la Unión Europea sea capaz de adoptar una actitud firme: ella misma ha caído en la trampa y mantiene, con respecto a los Estados Unidos, una pasividad que, antes o después, nos va a conducir a situaciones ruinosas. Permítanme añadir que ya se vislumbran algunos ejemplos de ello.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría felicitar a nuestro presidente Hernández Mollar por las acrobacias que ha conseguido hacer para traer a la Asamblea este texto. No ha sido fácil. Para comprender su importancia y entender el alcance del acuerdo no hay que olvidar el móvil de partida: no fue tanto la emoción inmediata de los días siguientes al 11 de septiembre como la urgencia, a raíz de aquellas dramáticas jornadas, de crear una red de control y de oposición a las organizaciones terroristas que actúan en el mundo. Como se lee en la Resolución votada en diciembre de 2001 por este Parlamento, «todo acuerdo internacional sobre cooperación policial y judicial celebrado por la UE y sus Estados miembros debe respetar plenamente la Convención Europea de los Derechos Humanos»,
La primera preocupación -como ya se ha dicho- es no permitir la extradición de presos a los que se pueda imponer en los Estados Unidos la pena de muerte. Ahora bien, sin perjuicio de este principio, no veo qué más preocupaciones podría haber. Pretender condicionar la aplicación de este acuerdo al compromiso de intervenir con respecto a la situación de Guantánamo, nos parece excesivo. Se pueden pedir a los Estados Unidos claridad y transparencia sobre todo lo que está sucediendo en dicha base, pero no hay que obstaculizar la trayectoria de un acuerdo que va mucho más allá, es decir, que va en el interés de la seguridad mundial y no solo norteamericana. Por este motivo, votamos en comisión en contra de la enmienda sobre Guantánamo, dejando a un lado este caso, para desarrollarlo, si procede, de forma autónoma. En cuanto a señalar a los Estados Unidos como un país en el que no se respetan los derechos humanos, no quiero hacer de abogado de oficio, pero recordemos que los Estados Unidos constituyen la primera democracia verdadera que se instituyó en el mundo y en la historia de la civilización. Me parece que algunos juicios deben valorarse como juicios totalmente parciales. 
Este acuerdo constituye un importante paso adelante en la lucha no solo contra el terrorismo sino también contra la delincuencia financiera, las multinacionales del tráfico de droga, el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia y la trata de seres humanos: estos problemas son aparentemente diversos, pero en realidad están unidos por la urgencia de actuar de forma resuelta, oportuna e incondicional.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, el Sr. Vitorino ha dicho al comienzo de este debate que se trata de una legislación muy importante y delicada. Nadie discute eso. Tampoco niega nadie que el clima actual exige una estrecha cooperación internacional, compartiendo ideas, pensamientos, datos e información. Pero espero que el Consejo considere el acta literal de este debate y no utilice esta propuesta de recomendación para hacer caso omiso de unos valores y unas prácticas aceptadas en la Unión Europea.
El Sr. Hernández Mollar, el ponente, ha dicho que no podemos aceptar unas normas menos estrictas que las que nos exigiríamos a nosotros mismos en la Unión Europea. El Sr. Coûteaux se ha hecho eco de esas ideas hace unos minutos. Creo que no estamos hablando solo de los europeos; también estamos considerando los derechos fundamentales de los ciudadanos en los Estados Unidos. Algunos diputados de esta Cámara tienen serias reservas al respecto, y por eso nos preocupan algunos de los elementos contenidos en esta disposición.
El Presidente Bush ha prometido que los Estados Unidos defenderán siempre con firmeza una justicia equitativa. Si eso es cierto, él y otros tienen que exigir que se ponga fin de inmediato a las ejecuciones en su país. En los últimos 25 años, más de 840 personas han sido ejecutadas a raíz de muchos de los asesinatos cometidos en los Estados Unidos. Los asesinatos son cometidos indistintamente por blancos y negros, pese a lo cual han sido ejecutados 15 veces más norteamericanos negros que blancos. Los acusados negros son juzgados a menudo por jurados compuestos en su totalidad por blancos, por lo que debería preocuparnos mucho el hecho de que puedan extraditarse europeos a los Estados Unidos, y tenemos que cuestionar más aún el sistema judicial norteamericano en su conjunto que permite algo así.
Mi segundo comentario se refiere a la Bahía de Guantánamo, Camp Delta, una especie de gulag dirigido por los Estados Unidos para presos extranjeros retenidos por tiempo indefinido sin acusación formal. El Sr. Santini dice que deberíamos dejar ese tema para otra ocasión. Señor Santini, su Grupo del PPE-DE votó en contra de esto en comisión, y usted representa al partido Demócrata-Cristiano. He estado reflexionando sobre toda la información que tenemos sobre la Bahía de Guantánamo y no puedo encontrar en ella nada que se ajuste a los principios cristianos o democráticos. Me sorprende que haya votado usted en contra en comisión. Espero que se lo piense dos veces cuando tenga que votar hoy.
Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, es preciso contestar a tres preguntas fundamentales. ¿Conseguirá este acuerdo una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia? ¿Reforzará el espacio judicial europeo? ¿Reforzará las garantías de los acusados?
A mi entender, estas preguntas aún no pueden contestarse afirmativamente, en parte por culpa del procedimiento seguido. El Comisario Vitorino ha dicho que este es el primer acuerdo de la Unión. Que es un hito. Y efectivamente lo es, pero los hitos exigen otro procedimiento. Los hitos no se hacen con debates a puerta cerrada, documentos confidenciales y menosprecio del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Toda la culpa es de Europa. El Consejo de Justicia y Asuntos Interiores se merece un suspenso. Es increíble que aquí en Europa tengamos que estar luchando por derechos democráticos fundamentales como el control parlamentario. 
Además, el contenido del acuerdo suscita muchas preguntas. Eso no tiene nada de particular pero, siendo así las cosas, tenemos que tener la posibilidad de debatirlas. Por ejemplo: ¿quién tomará la decisión de extraditar: los jueces o los Ministerios de Asuntos Exteriores? ¿Quién será extraditado? ¿Qué haremos con el sistema de acuerdos judiciales? La Sra. Buitenweg ya ha hablado en detalle de todo esto. Por ejemplo, falta un análisis en profundidad de la repercusión de la reciente Ley de seguridad del territorio nacional (Homeland Security Act) en los datos facilitados por la Unión o por sus organismos. Existe el riesgo de interferir en las competencias del Tribunal Penal Internacional. Sigue sin existir claridad sobre la asistencia jurídica y la utilización de datos para otros fines. 
Además está la cuestión de Guantánamo. Varios oradores y, en particular, el presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Hernández Mollar, han pronunciado sabias palabras sobre esta cuestión. Lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. 
En resumidas cuentas, señor Presidente, este acuerdo no puede aprobarse apresuradamente. El Consejo ha empezado con tiempo de sobra, pero ha dado la espalda de forma sistemática tanto a los parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo, a diferencia de los Estados Unidos, que por lo menos todavía consultan a su Congreso.
¿Es esto un hito, entonces? Todavía no.

Krarup (GUE/NGL).
Los acuerdos entre los Estados Unidos y la UE, por supuesto, tratan realmente sobre la integración del Derecho Penal y la normativa del procedimiento penal de los países de la UE y los Estados Unidos o, en cualquier proporción, sobre aspectos esenciales de estos. Los acuerdos deberían provocar las protestas de todo político serio especializado en derecho. Estos acuerdos representan en actual bajo nivel de desarrollo de la política legal de la UE. En los países nórdicos, especialistas en el campo consideraron que el bajo nivel se había alcanzado con las dos decisiones marco relativas a la orden de arresto europea y a las medidas para combatir el terrorismo, pero las cuestiones son ahora todavía peores. Obsérvese que la única investigación profesional llevada a cabo por las instituciones de la UE sobre estas cuestiones cruciales de política legal están abiertas a una seria crítica basada en cuestiones de principio, debido al hecho de que, en el contexto de los derechos que forman una parte crucial de nuestra base de valores democráticos, las leyes de la UE violan una serie de principios básicos en el campo del Derecho Penal y el proceso penal.
Tratamos aquí con lo que se denomina la red de expertos independientes en derechos básicos de la UE que, el 31 de marzo de este año, emitió un informe global sobre el equilibrio entre la libertad y la seguridad, tal y como ellos lo denominan. ¿Alguien del sistema de la UE ha hecho caso a la crítica realizada por el grupo de expertos relativa a que las leyes comprometen la seguridad jurídica? Definitivamente no.
Como digo, estos acuerdos empeoran todavía más las cosas. El sistema de la UE y los Estados miembros aceptará ahora, en primer lugar, la extradición de ciudadanos de los Estados miembros para enjuiciamiento penal y encarcelamiento en los Estados Unidos, una república bananera en términos de política legal. Varios oradores han hecho referencia al escándalo en la Bahía de Guantánamo, donde se retiene y maltrata a ciudadanos de la UE en circunstancias que violan contundentemente el Derecho internacional y los principios jurídicos básicos.
Es incomprensible que pueda celebrarse un acuerdo con una república bananera jurídico política. Además, se permitirá posteriormente a los servicios de investigación estadounidenses operar en los Estados miembros. Se realizaron negociaciones secretas de un año por anticipado y, como afirma el Consejo, proteger las negociaciones de este era un interés más importante que el escrutinio democrático. ¿Podemos caer más bajo? También hago referencia a la opinión minoritaria que consta en el informe del que he sido una parte emisora en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, lamento que el Consejo no esté presente, pues el Consejo es el que ha llevado las negociaciones y al menos debería escuchar lo que tiene que decir el Parlamento. Hay una razón clara para cooperar en la lucha contra el terrorismo internacional organizado y la delincuencia internacional. Pero la pregunta que se formula en estos momentos al Parlamento es: ¿se cumplen satisfactoriamente las condiciones en las que tiene que producirse esa cooperación? 
Creo que el Parlamento, por boca del Presidente de la comisión, el Sr. Hernández Mollar, y de muchos otros diputados, ha indicado cuáles son las condiciones mínimas que exige y que han de cumplirse realmente. Por ejemplo, tiene que excluirse cualquier forma de cooperación con tribunales de excepción y con tribunales militares, y denegar la extradición cuando el ciudadano extraditado pueda ser condenado a muerte. Los parlamentos han de ser consultados durante el procedimiento antes de la firma del acuerdo y con respecto a la vigilancia de su aplicación. 
Se han formulado varias preguntas y me sumo por completo a ellas. Por ejemplo, sobre el unilateralismo del que hacen gala los Estados Unidos en materia de política exterior y que podrían dar pie a extradiciones que presenten también un aspecto unilateral, o sobre lo poco que pueden esperar a cambio los países europeos con este acuerdo.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, el informe Hernández Mollar ofrece una excelente explicación del contenido de los acuerdos de extradición y readmisión entre los Estados Unidos y la UE. El informe apoya con razón ambos acuerdos, pero el tono de la resolución con respecto a los Estados Unidos es demasiado crítico. Es cierto que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la UE y de los EE.UU. no son iguales, pero también los EE.UU. son una nación democrática que garantiza el respeto de los derechos humanos. El sentimiento de superioridad moral que se respira en la resolución y también en este debate, por tanto, está fuera de lugar. 
Por último, quiero decir algo sobre el control democrático, otro punto criticado en la resolución. Todos los parlamentos nacionales han de aprobar los acuerdos para que se pueda proceder a su ratificación. Suponiendo que su contenido contravenga acuerdos bilaterales ya existentes entre los Estados miembros individuales y los EE.UU. o los convenios sobre los derechos humanos, confío en que los parlamentos nacionales puedan ejercer sus derechos democráticos. Por consiguiente, el control está garantizado.

Swiebel (PSE).
Señor Presidente, el texto de la presente resolución no deja nada que desear en cuanto a claridad. El mensaje del Parlamento Europeo es que los proyectos de acuerdo no han de firmarse hasta que el Consejo subsane algunas objeciones fundamentales del Parlamento. Sigo esperando que la Presidencia tenga debidamente en cuenta esas objeciones, como por cierto está obligada en virtud de la Convención Europea. 
Es la primera vez que la UE como tal quiere firmar un acuerdo con un tercer país en el ámbito de la cooperación judicial y penal, pero está dando un mal ejemplo. En el futuro, el Consejo debe implicar en una fase más temprana de las negociaciones a los parlamentos de los Estados miembros y al Parlamento Europeo. Los textos de los proyectos de acuerdo se han mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Eso es inadmisible, sobre todo porque los Estados Unidos violan los derechos elementales de los ciudadanos so pretexto de luchar contra la criminalidad. Constatar ese hecho no tiene nada que ver con un sentimiento de superioridad moral o de antiamericanismo. La administración de justicia en los Estados Unidos no ofrece garantías suficientes en relación con los derechos de los acusados. Los procedimientos negociados tan frecuentes en los procesos penales no descartan que los acusados sean condenados a pesar de ser inocentes o de no haber pruebas suficientes. Esta situación se ha agravado con las nuevas leyes y prácticas adoptadas por los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Si la Unión Europea quiere tomarse en serio su protección judicial, no podrá esos dos acuerdos con los Estados Unidos hasta que no se hayan incorporado a ellos las garantías que pide la gran mayoría de este Parlamento. 
El Consejo tiene que hacer de nuevo sus deberes y el hecho de que se haya tomado la libertad de ignorar hasta ahora las opiniones del Parlamento es un ejemplo de la debilidad del sistema democrático europeo, pero no somos estúpidos.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, la importancia de estos acuerdos para la cooperación judicial y policial no debe hacer olvidar el respeto hacia nuestros valores. Quisiera formular dos preguntas. La pena de muerte sigue vigente en los Estados Unidos y, aunque alcancemos un acuerdo que evite su ejecución, el problema no va a desaparecer: la pena de muerte está en contradicción con nuestros valores.
Con respecto a los actos delictivos, se establece una jerarquía entre los ciudadanos estadounidenses, que no pueden comparecer ante la Corte Penal Internacional, y los ciudadanos de la Unión, que pueden ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por las autoridades judiciales estadounidenses: esta discriminación también es contraria a nuestros principios. El caso de los presos de Guantánamo ilustra a la perfección el hecho de que los Estados Unidos no respetan los derechos fundamentales, ya que juzgan a estas personas en tribunales especiales y violan en todo momento sus derechos de defensa. Estos individuos sufren un trato inhumano, vejatorio y contrario al Derecho internacional y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así las cosas, ¿piensa usted sinceramente que es concebible que la Unión pueda aceptar la extradición a los Estados Unidos de una persona, cualquiera que sea su nacionalidad?
Para concluir, ¿qué garantías tenemos de que los Estados Unidos van a respetar un acuerdo suscrito con la Unión, dado que no respetan sus obligaciones internacionales, desprecian el Derecho internacional, se consideran por encima de la ley y se sienten autorizados a tomar todas sus decisiones de manera unilateral, como ha demostrado su ataque al Iraq?

Sandbæk (EDD).
Señor Presidente, los sucesos del 11 de septiembre fueron trágicos y profundamente imperdonables. Nadie desea ver que se repiten, pero sería casi tan trágico ver cómo se explotan con el fin de violar derechos humanos fundamentales y garantías de seguridad jurídica que normalmente protegen a los ciudadanos de la UE.
Tal y como acertadamente señala la opinión minoritaria, los acuerdos entre la UE y los Estados Unidos no contienen simplemente medidas dudosas para luchar contra el terrorismo; los acuerdos constituyen un terreno resbaladizo hacia la extradición y la cooperación legal sobre asuntos penales de forma general. Conforme a los acuerdos, los ciudadanos europeos que presuntamente hayan cometido un delito con una condena de al menos un año pueden ser extraditados a los Estados Unidos, un país que, como muchos han señalado, emplea la pena de muerte.
De ningún modo puedo apoyar el pensamiento subyacente a estos acuerdos internacionales y por lo tanto voto en contra del informe, pero me gustaría solicitar apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, me gustaría decir que es realmente irritante que el Consejo esté ausente en un debate como este, especialmente cuando el Parlamento Europeo ya había advertido por anticipado al Consejo durante el pleno anterior. Sería excelente que la Comisión y el Consejo prestasen atención cuando el Parlamento Europeo les advierte por anticipado, especialmente sobre cuestiones tan importantes como estas. Quizás la única justificación para que el Consejo no esté aquí sería que el Presidente en ejercicio estuviese encerrado en algún lugar leyendo el informe de Amnistía Internacional para 2003, que afirma que la gran amenaza para los derechos en la actualidad son las medidas adoptadas por los Estados Unidos a nivel global con el pretexto del 11 de septiembre con el propósito de socavar y retirar los derechos democráticos y otros derechos los ciudadanos.
El caso que examinamos ahora con relación a los acuerdos sobre cooperación judicial y extradición es una exportación desde los Estados Unidos de las restricciones sobre derechos, especialmente sobre la cuestión de la pena de muerte. Los Estados Unidos nos están exportando todo esto y nosotros, sin vergüenza alguna y, desgraciadamente, con una Presidencia Griega, las estamos importando conforme a estos acuerdos.
Me gustaría pedir al Comisario Vitorino que nos diese su opinión. Señor Comisario, mientras usted esté aquí y no sea Secretario General de la OTAN, ¿por qué, en su opinión, en el Artículo 13, que se refiere a la cuestión de una solicitud de extradición de una persona que podría enfrentarse a la pena de muerte, el acuerdo indica: «la solicitud de extradición puede ser denegada» por la Unión Europea a los Estados Unidos de América, en lugar de « será denegada»? ¿Por qué? Le ruego que nos lo explique en términos que podamos entender.

Vitorino
Señor Presidente, en este debate la Comisión ha actuado como un amicus curiae porque no fue quien negoció; tan solo secundó a las sucesivas Presidencias del Consejo en sus negociaciones. Por consiguiente, me limitaré a tratar de aclarar algunas de las cuestiones planteadas y a explicar la opinión de la Comisión al respecto.
Empezaré por el artículo 13. Trataré de ser muy claro. El acuerdo EE.UU.-UE es un acuerdo bilateral que regula la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. No regula la relación entre los Estados miembros de la Unión Europea, ni las obligaciones que estos hayan adquirido al amparo de otros instrumentos jurídicos internacionales. Todos los Estados miembros han suscrito el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el protocolo específico que prohíbe la pena de muerte. Esto significa que, actuando con arreglo a las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, los Estados miembros denegarán la extradición cuando esté implicada la pena de muerte.
Esto no emana de una obligación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Emana directamente de la obligación de los Estados miembros de respetar el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, con el protocolo y, según espero, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tendrá carácter constitucional y será legalmente vinculante cuando se incorpore al nuevo Tratado Constitucional.
En lo que respecta a la Corte Penal Internacional, quiero llamar su atención sobre el hecho de que el artículo 10 de este acuerdo no es aplicable a la Corte Penal Internacional, porque esa corte no es un Estado y el artículo 10 regula únicamente los criterios que deben aplicarse cuando existe, simultáneamente y en relación con un mismo ciudadano, una demanda conflictiva por parte de un país tercero -como los Estados Unidos de América- y de un Estado miembro de la Unión Europea. No se refiere a las demandas de la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, nada impide que los Estados miembros decidan lo que quieran hacer con una demanda de la Corte Penal Internacional, al margen de que exista un acuerdo bilateral con los Estados Unidos de América.
En lo que respecta a la orden de detención europea, puedo incluso estar de acuerdo con el Parlamento. Pero, lamentablemente, el Consejo no adoptó la propuesta de la Comisión sobre la primacía de la orden de detención europea. Ahí está el problema. No estamos hablando hoy de una primacía total de la orden de detención europea sobre cualquier otra demanda de extradición. No existe tal cosa. La decisión marco sobre la orden de detención europea ya reconoce que en el caso de que exista una demanda amparada en una orden de detención europea y una demanda simultánea de extradición de un tercer país, habrá que tener en cuenta una serie de criterios para decidir cuál de ellas prevalece. Así pues, no estamos cambiando el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La Comisión lamenta que esa primacía no haya sido reconocida en el pasado cuando el Consejo aprobó la orden de detención europea. Ahora bien, esa primacía no existe hoy por hoy, de manera que difícilmente puede verse afectada por un acuerdo bilateral con los Estados Unidos.
Lo que tuvimos cuidado en advertir es que la posibilidad de reconocer en el futuro la primacía de la orden de detención europea no podía verse debilitada ni limitada por este tipo de acuerdo bilateral. Existe una disposición específica sobre la revisión de este tipo de acuerdo bilateral con los Estados Unidos en el caso de que decidamos reconocer la primacía de la orden de detención europea en el futuro. Espero que así lo hagamos antes o después.
Finalmente, sobre los tribunales especiales. Tengo que decir que el aspecto fundamental para mí -y así se lo he hecho saber siempre al Parlamento- no es la naturaleza del tribunal, no es la cuestión de los tribunales especiales como tales, ya que hasta algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen tribunales especiales. Lo importante es que exista un juicio justo y las debidas garantías, de manera que la extradición se conceda solo cuando existan garantías de un juicio justo en el Estado miembro que solicita la extradición. Dos de los considerandos de los acuerdos abordan esta cuestión. El primero de ellos se refiere al debido respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho; el segundo, a las garantías y a los respectivos ordenamientos jurídicos que garantizan el derecho a un juicio justo para la persona extraditada.
Por encima de todo, está el apartado a) del artículo 16 sobre la no derogación, en cuyo primer apartado mantiene todos los motivos para rechazar la demanda de extradición cuando se trate de asuntos no regidos por este acuerdo existente en virtud de un tratado bilateral de extradición en vigor, y en cuyo segundo apartado insta a realizar una consulta cuando los principios constitucionales del Estado requerido puedan interponerse a su obligación de extradición. Tal como yo lo interpreto, todo lo que pueda considerarse una demanda de extradición a un tribunal que no ofrezca garantías de un juicio justo, puede dar lugar a la aplicación de este apartado a) del artículo 16 sobre la no derogación.
Por último, espero sinceramente que la futura Constitución contenga disposiciones específicas no solo sobre la consulta del Parlamento en relación con este tipo de acuerdos, que se harán más frecuentes en el futuro, sino también en relación con la competencia del Tribunal de Justicia Europeo para garantizar la plena conformidad de esos acuerdos con la futura Constitución de la Unión Europea.
El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0137/2003) de la Sra. Roure, en nombre de Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la adopción de una directiva del Consejo [COM(2002) 548 - C5-0502/2002 - 2002/0242(CNS)] relativa a los requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o voluntariado.
Antes de iniciar el debate, quisiera rogar a sus Señorías que respeten estrictamente los tiempos de intervención, pues de lo contrario tendremos problemas a la hora de la votación.

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Roure, por el trabajo realizado y agradecerle el excelente espíritu de colaboración demostrado durante la elaboración de este importante informe.
Con este texto, que completa las otras tres propuestas sobre la reagrupación familiar, la inmigración por razones de trabajo y el estatuto de los residentes de larga duración, la Comisión da por terminado su trabajo legislativo dirigido a sentar las bases para una política común de inmigración legal, una vez que decidimos no presentar una propuesta destinada a abarcar a todas las personas no cubiertas por las propuestas anteriores.
Celebro que el Parlamento haya respondido a la Comisión adoptando tan rápidamente este informe. La presente propuesta contempla la inmigración de ciudadanos de terceros países a efectos de formación. Se trata de un tipo especial de inmigración, puesto en que es temporal y limitada, en principio, a la duración de la formación, y se inscribe en un contexto de enriquecimiento recíproco, tanto de los países de origen como de los países de acogida, por no hablar naturalmente del propio inmigrante, que se beneficia de ella directamente.
Esta propuesta forma parte de la política de inmigración, pero también debe contemplarse en el contexto de la acción de la Comunidad en materia de educación. Nuestro objetivo consiste claramente en favorecer la migración a efectos de formación, en especial acogiendo al mayor número posible de estudiantes ciudadanos de terceros países en la enseñanza superior. La propuesta de Directiva se concibió con este espíritu. Las condiciones para la admisión se han hecho lo más objetivas posible, de forma que permitan una tramitación rápida y sencilla de las solicitudes, al mismo tiempo que se redactan de forma clara y rigurosa para que los Estados miembros puedan combatir todos los intentos de abuso. Se trata también, creo, de una propuesta innovadora, que se inscribe en el contexto de la internacionalización creciente de la enseñanza, en especial cuando reconoce el derecho a la movilidad de los estudiantes, que podrán desplazarse a otro Estado miembro para continuar sus estudios si han sido admitidos por un primer Estado miembro de la Unión Europea.
La propuesta abarca también el sector de la formación profesional, regulando las condiciones de acogida de los aprendices no remunerados, por ejemplo los que vienen a seguir una formación en una empresa. En este aspecto completa la propuesta de Directiva sobre la admisión de los trabajadores, que cubre a los aprendices remunerados. Como resultado de los contactos mantenidos con organizaciones no gubernamentales, se incluyeron en la propuesta disposiciones relativas a los alumnos de la enseñanza secundaria y a la llegada de voluntarios a la Comunidad Europea. El objetivo es facilitar los programas de intercambio de alumnos de enseñanza secundaria. Es del mayor interés para la Comunidad fomentar el descubrimiento de la cultura entre dichos alumnos, pues después se sentirán atraídos a volver como estudiantes de enseñanza superior. Se añadió también a la propuesta una disposición que regula la admisión de los voluntarios, protegiendo a estos individuos de un posible vacío legal. La Comisión no perdió de vista, como es evidente, las consideraciones de seguridad pública. La propuesta contiene una cláusula de orden y seguridad públicos que deja a los Estados miembros el margen de maniobra necesario para protegerse, en particular, de la amenaza terrorista.

Roure (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de presentar mi propuesta, quisiera dar las gracias de todo corazón a todos los ponentes alternativos de todos los Grupos. Gracias a la labor que hemos realizado conjuntamente, seremos capaces de enviar un mensaje claro en un ámbito tan complicado como este. Me gustaría dar las gracias también a la Comisión por la atención que nos ha prestado, que aprecio particularmente. 
Es fundamental que nuestros países acojan adecuadamente a los estudiantes extranjeros, de la misma manera que es primordial contar con una política común para esta acogida. De este modo, contribuiremos positivamente a la formación de los futuros altos cargos de terceros países y reforzaremos la cooperación con estos Estados en materia de educación para hacer frente al reto que supone la internacionalización de la enseñanza.
Esta propuesta de Directiva contiene ideas que todos podemos apoyar para llevar a cabo avances importantes. Vemos que, por fin, se otorga una base jurídica a los voluntarios. Igualmente vemos que con este instrumento quizás seremos capaces de compensar nuestro retraso con respecto a los Estados Unidos, donde se promueven y se facilitan las estancias en el marco de programas de estudios residenciales. Nos adentramos en una estrategia encaminada a reforzar la cooperación con terceros países en materia de enseñanza, tal y como se establece, por ejemplo, en el programa Erasmus World.
Las votaciones en comisión han permitido realizar algunas precisiones, y me gustaría señalar algunas de ellas. Pedimos que se contemple en la Directiva a los investigadores que ya no son estudiantes, pero que tampoco llevan a cabo un trabajo remunerado. Por otro lado, recalcamos nuestro deseo de reforzar la lucha contra la fuga de cerebros del Sur al Norte. Acoger a ciudadanos de terceros países con fines educativos no debe traducirse en un aumento de la fuga de cerebros de estos mismos países. 
Del mismo modo, deseamos una mejora de las garantías procesales y proponemos, por tanto, que se reduzca de 90 a 60 días el plazo para comunicar a los solicitantes las decisiones adoptadas sobre las peticiones de admisión o renovación. Proponemos además una mayor flexibilidad por lo que respecta a los permisos de residencia para estudiantes. En aquellos casos en los que la duración del programa de estudios sea inferior a un año pero alcance los nueve meses, como ocurre con muchos programas, sería una pena no otorgar un permiso de residencia de un año con objeto de dar a los estudiantes, durante las vacaciones anteriores o posteriores al programa de estudios, la posibilidad de trabajar para obtener una parte del dinero necesario para sufragar sus estancias, o de perfeccionar durante unas semanas sus conocimientos del país de acogida.
La propuesta de Directiva concede a los estudiantes e investigadores sin sueldo la posibilidad de trabajar durante un máximo de 10 a 20 horas a la semana. Este derecho es fundamental para que ciudadanos de terceros países puedan aumentar sus ingresos y vivir decentemente. Además, por lo que se refiere a los investigadores sin sueldo, me parece muy importante que se informe a los representantes sindicales de su situación particular para que puedan asegurarse de que se respetan las disposiciones de la Directiva. La prohibición de trabajar durante el primer año de estancia o la retirada del permiso de residencia en caso de que no se realicen progresos suficientes en los estudios no están justificadas y tienden a favorecer el empleo clandestino y la explotación de estos estudiantes. En caso de que el centro de enseñanza notifique unos progresos insuficientes en los estudios, el Estado miembro podría tener la facultad de reducir el número de horas de trabajo para que el estudiante pueda dedicar más tiempo a sus estudios. Por eso, la enmienda presentada a tales efectos me parece satisfactoria.
Hemos observado que algunos Estados miembros están preocupados por los cambios que podría traer consigo el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo otorgados a los estudiantes. Comprendo estas preocupaciones, pero las respuestas están en el propio texto de la propuesta de Directiva, en especial por lo que se refiere a la movilidad de los estudiantes, claramente definida, con condiciones precisas, en el artículo 7. De este modo, la Directiva propuesta no es aplicable en el caso de la movilidad de personas que deseen pasar de un estatuto de estudiante a un estatuto de trabajador inmigrante. Este estatuto, concedido por un permiso de residencia laboral, es el objeto del informe Terrón i Cusí que aprobamos en el Pleno el pasado mes de febrero. Pasar del estatuto de estudiante al de trabajador inmigrante es evidentemente posible, pero nos salimos del ámbito de la Directiva que estamos examinando. 
La Comisión está, al mismo tiempo, a favor de una política abierta a propósito de la admisión de estudiantes de terceros países, de acuerdo con la voluntad de los Estados miembros, y a favor de una política de firmeza por lo que respecta a las personas y las redes que abusan deliberadamente del sistema. Por tanto, Señorías, creo que podemos aprovechar la ocasión para enviar un mensaje claro al Consejo e instarle a quellegue en breve a un acuerdo sobre esta importante cuestión, con el fin de garantizar una acogida digna por parte de nuestros Estados.

Oreja Arburúa (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Roure, su enorme esfuerzo y, en particular, el que ha realizado con todos los grupos políticos, para llegar a un consenso.
Como ya se ha dicho, esta iniciativa de la Comisión viene a completar otras para la regulación de la inmigración por razones de trabajo -por cuenta ajena o propia- y la Directiva sobre la reagrupación familiar, contribuyendo, de esta forma, a la aproximación de las legislaciones nacionales en este campo, tal y como se reconoce en el Consejo Europeo de Tampere.
Gozamos de una movilidad de estudiantes cada vez mayor e incesante y el intercambio de estudiantes de terceros países contribuye a nuestro enriquecimiento cultural. Para ello deberíamos propiciar también, aunque no es el objeto de esta Directiva, el intercambio de estudiantes de la Unión Europea hacia terceros países. Sin duda es bueno para Europa que estudiantes de terceros países realicen aquí parte de sus estudios. Esto no solo nos enriquece, sino que debemos fomentar que se formen mejor y así contribuyan después al desarrollo de sus países de origen.
Siempre que hablamos de la inmigración de países en vías de desarrollo hablamos de la necesidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo como mejor fórmula de la lucha contra la inmigración ilegal. Por ello comparto con la ponente su preocupación y creo que desde la Unión Europea debemos permitir la entrada de inmigrantes por razones de estudios, pero también que estos mismos estudiantes, una vez formados, vuelvan a sus países de origen a aplicar lo aprendido y no contribuyamos a que los países en vía de desarrollo pierdan su capital humano más valioso.
En cuanto a las condiciones de entrada específicas para regular la inmigración por razones de estudios y voluntariado que nos ocupa, debemos respetar las circunstancias de cada Estado miembro, tal y como dice la propuesta del Comisión, así como establecer un control para la lucha contra las redes de tráfico ilegal y contra la explotación laboral. Por ello, considero positiva la propuesta de la Comisión a la hora de dejar un margen a los Estados miembros para ordenar la expulsión de un migrante por razones de orden público, o no permitir la renovación de un permiso de residencia. Debe regularse la inmigración por razones de estudio de forma que no afloren centros fantasmas que puedan crear redes ilegales de inmigrantes.
Hay que asegurarse de que los centros de enseñanza superior o profesional estén siempre legalmente reconocidos y, a su vez, que dichos centros demuestren que disponen de los medios suficientes para garantizar el buen aprendizaje del alumno. Y en el caso de los aprendices, igualmente, que pueden realizar sus prácticas en centros especializados o empresas, debemos evitar que los permisos de entrada de aprendices no remunerados se conviertan en una tapadera para el trabajo ilegal y, por tanto, que estos centros dispongan de todos los medios necesarios.
En cuanto al permiso de residencia, es, sin duda, positivo renovar el permiso para el intercambio de alumnos cuando cumplen con los requisitos establecidos, para que puedan llegar a realizar más de un curso en un mismo centro de enseñanza. Incluso la duración del tiempo de estancia podría ser superior a la duración de los estudios, pero, como ha dicho la ponente, Sra. Roure, marcando un límite. Mi Grupo ha presentado una enmienda que prevé que el tiempo de estancia pueda llegar a ser de un año si los estudios superiores son de nueve meses, lo que habitualmente se corresponde con un curso académico.
Asimismo, debería existir un cierto control o límite cuando el estudiante no progresa suficientemente en sus estudios. De lo contrario se abrirían las puertas a aquellos estudiantes cuyo único objetivo sea venir a trabajar y no se incentivaría correctamente su progreso en los estudios. Para ello, mi Grupo ha presentado también una enmienda que permite que los Estados miembros puedan reducir el tiempo de trabajo de los estudiantes, si estos no progresan suficientemente en los estudios.
La ponente ha incluido en su informe distintas enmiendas, con objeto de incluir en esta Directiva a los nacionales de terceros países considerados investigadores no remunerados. No estoy en contra de la idea, pero quizá sería adecuado que hubiera una iniciativa específica de la Comisión al respecto.
Por otro lado, la condición de investigador no remunerado puede, de alguna forma es cierto, asimilarse a la de formación profesional.
Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar por felicitar a la Sra. Roure por el trabajo realizado y resaltar lo que el Sr. Oreja Arburúa acaba de decir en el sentido de garantizar que los dispositivos que vamos a aprobar se destinen a sus objetivos reales y no sean explotados cínicamente.
Me gustaría recordar también la estrategia de Lisboa, aprobada por el Consejo Europeo de 24 de marzo de 2000, que formula los desafíos de la Unión en el ámbito de una nueva economía basada en el conocimiento. En ella se indican las necesidades emergentes en materia de enseñanza, de investigación y de formación, que no deben circunscribirse a las fronteras geográficas de la Unión; al mismo tiempo, es necesario garantizar que cualquiera de estos sectores ejerza en todo el mundo un atractivo a la altura del extraordinario legado cultural y científico de Europa. 
Corresponde así a la Unión Europea y a los Estados miembros aplicar políticas atractivas para los estudiantes procedentes de terceros países. Celebramos, por tanto, esta propuesta, que representa un paso más hacia la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de condiciones de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países, con el objetivo último de crear un marco jurídico completo que regule su admisión en función del objetivo de su estancia.
La internacionalización de la enseñanza y el aumento de la movilidad de los estudiantes converge con el objetivo de desarrollo de una enseñanza de calidad previsto en el artículo 149 del Tratado de la Comunidad y contribuye a la promoción del entendimiento intercultural, al dinamismo de los sistemas de formación en Europa y a la búsqueda de normas de alta calidad en la enseñanza. Por todas estas razones, considero que la propuesta de la Comisión es bastante positiva. Representa un paso adelante en el refuerzo de la cooperación con terceros países y en el desarrollo de la enseñanza de calidad. La admisión de ciudadanos de terceros países a efectos de estudios, de formación profesional o de voluntariado tiene como principal característica el hecho de que es temporal e independiente de la situación del mercado de trabajo en el Estado de acogida.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, hoy estamos todos de acuerdo en que pocos programas han hecho tanto, con tan poco dinero, para el futuro de Europa y para asegurar una determinada idea de Europa, como el programa Erasmus.
Extender la posibilidad de pasar una parte de su juventud en Europa a jóvenes de otros Estados debe ser un objetivo buscado por todos nosotros, porque todos seremos beneficiarios de ello. Ahora bien, creo que una parte importante del éxito de estos programas debe ser la existencia de normas claras, precisas y comunes que eviten a los estudiantes procesos difíciles que, además, pueden ser vividos como humillantes. La elección de un centro para estudiar, o para desarrollar un trabajo voluntario, debe hacerse en función de su idoneidad y de su excelencia y no de otros criterios, como la existencia de facilidades de entrada o de residencia.
Necesitamos, pues, normas claras y flexibilidad para permitir que un estudiante pueda ganar dinero razonablemente, en condiciones legales, para su estancia. Y todo esto debe realizarse sobre bases comunes, como la propuesta de la Comisión, que encuentro muy positiva. Debe haber -y lo admitimos- restricciones en el marco de lo razonable, sobre todo para que estos estudiantes vuelvan a su país y puedan invertir en sus lugares de origen sus conocimientos y, algo aún más importante, si cabe, desplegar las nuevas habilidades y visiones que una experiencia así puede generar en ellos. Esto no puede ni debe hacerse solo con normas rígidas.
Creo que esta propuesta debe insertarse -y me dirijo a la Comisión- en futuras acciones ambiciosas y generosas en relación con los países de origen de los estudiantes que incorporen, por ejemplo, ideas de movilidad para llevar al límite los beneficios que la acogida de estas personas puede traer a la Unión.
Espero que ningún problema ni motivo, como algún riesgo inminente para la seguridad europea, o de otro tipo, impida esta vez al Consejo adoptar esta propuesta con más celeridad de la habitual.
Pido que, por una vez y para que sirva de precedente, se apoye -con una amplia mayoría de esta Cámara- este informe tan positivo, por el que felicito a la ponente, la Sra. Martine Roure.

Stirbois (NI).
Señor Presidente, las propuestas que nos han presentado están destinadas a estimular aún más la entrada de inmigrantes en la Unión Europea. El documento más elocuente en este sentido ha sido el último informe consagrado al derecho a la reagrupación familiar, el informe Fourtou, en el que ni siquiera es posible reconocer el concepto de familia al quedar sumamente ampliado y desnaturalizado. 
En su frenesí por permitir la entrada a todos los extranjeros necesitados del mundo en una Europa que desea que sea respetuosa con los derechos humanos y tenga vocación humanista, por no decir humanitaria, la Comisión planea la muerte de las naciones mediante la inundación y la asfixia. 
No obstante, hay que señalar que este informe, pese a completar las medidas ya presentadas en materia de inmigración a efectos de empleo y reagrupación familiar, no adopta el mismo enfoque. En efecto, el informe se refiere a los estudiantes y alumnos que vienen a la Unión Europea a estudiar. Sin embargo, habría que determinar la duración de la estancia, métodos de seguimiento de sus estudios, así como procedimientos para la denegación de la renovación del permiso de residencia para estudiantes. 
Este intercambio y esta forma de cooperación entre Europa y terceros países es, por supuesto, una fuente de enriquecimiento intelectual entre estudiantes del país de origen y el país de acogida. No obstante, ¿no deberíamos dirigir más bien nuestros esfuerzos a la ayuda al desarrollo para los países menos favorecidos, con el fin de que estos países puedan formar a sus élites en casa y conservarlas, y evitar así lo que, desgraciadamente para ellos, sucede con demasiada frecuencia, la fuga de cerebros?
Evidentemente, esto supone una verdadera política de cooperación con los países desfavorecidos y un cambio total de la política de Bruselas en materia de inmigración. Por desgracia, estamos muy lejos de lograrlo.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, este es un informe muy oportuno. Conocemos la importancia que tiene la entrada de nacionales de terceros países para períodos temporales de estudio, lo que reporta enormes beneficios y ventajas a los países anfitriones y a los propios estudiantes.
El número de estudiantes que se benefician de esos intercambios internacionales es mayor que nunca y la demanda sigue creciendo. Este hecho debe ser celebrado por todos, aparte del orador que me ha precedido. De hecho, tenemos que adoptar medidas para asegurar que la Unión Europea siga siendo un centro de excelencia en este campo. Quisiera felicitar al ponente por su informe. Establece un marco general para animar a los nacionales de terceros países a disfrutar de las mejores instituciones académicas que existen en los Estados miembros sin prescripciones ni reglamentaciones excesivas. El establecimiento de unas medidas armonizadas para facilitar la movilidad de los nacionales de terceros países no puede ser más que beneficioso.
Ahora bien, me temo que algunos elementos de esta propuesta son problemáticos para mi país, el Reino Unido. Sus Señorías estarán al tanto de que el Reino Unido y la lengua inglesa tienen un atractivo magnético para un gran número de estudiantes procedentes no solo de los países de la Unión Europea, sino de todo el mundo. Aunque eso es satisfactorio y comprensible, plantea una serie de retos especiales, como las propuestas que estamos debatiendo hoy aquí y su repercusión en el salario mínimo interprofesional del Reino Unido. El salario mínimo interprofesional es uno de los grandes avances que se han producido en el Reino Unido desde 1997. Obliga a las empresas que contratan a nacionales de terceros países a pagarles por lo menos el salario mínimo por su trabajo. Lamentablemente, algunos aspectos de este informe, como los referidos a los voluntarios, debilitan esta garantía de un salario mínimo en el Reino Unido, cuya finalidad es proteger los derechos de los inmigrantes y los nacionales asegurando que los que trabajen como voluntarios, sin unas condiciones adecuadas de servicio, no sustituyan a un trabajador a jornada completa o parcial.
Estos problemas son específicos del Reino Unido. En general, el informe es razonable y sensato. Votaré a favor con la esperanza de que el Reino Unido lo ratifique más adelante, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, adoptaré un enfoque técnico, pero permítanme también algunos comentarios más generales. La Europa del mañana debe ser una tierra de intercambio, de encuentro y de mezcla. ¿Acaso hay algo más importante que conocer al vecino, su cultura y su lengua? En todo caso, eso es lo que nos decimos cada mañana. Llevamos cincuenta años construyendo una Europa multicultural y no una Europa de una sola cara. Impulsamos nuestra Europa, la Europa del crisol de culturas, de lenguas y de personas, mediante la libre circulación y los programas de estudios. Además, queremos construir una Europa del conocimiento y del aprendizaje permanente. Sin embargo, la Europa del conocimiento solo será posible por medio de intercambios, en especial con países terceros. En efecto, como acertadamente ha escrito el premio Nobel Octavio Paz: «Toda cultura nace del mestizaje, del encuentro, del choque con otras culturas. Y a la inversa, es el aislamiento lo que destruye las civilizaciones». 
Gracias al excelente informe de la Sra. Roure, tenemos el privilegio de permitir que jóvenes de todo el mundo vengan a nuestra vieja Europa para aprender una lengua, estudiar, perfeccionarse y compartir conocimientos. Como muy bien ha señalado la Sra. Roure, compartir los conocimientos constituye una fuente de enriquecimiento tanto para los inmigrantes como para los países de origen y de acogida. Posibilitando una acogida más sencilla y homogénea de los estudiantes, los investigadores y los voluntarios, lograremos también que Europa y nuestros conciudadanos se enriquezcan y confronten sus conocimientos y estudios. Por tanto, no podemos cerrar las puertas a todas estas personas que desean aprender, conocer y compartir sus conocimientos y experiencias. Debemos crear todas las condiciones favorables para permitir a los ciudadanos de terceros países venir a Europa para formarse o perfeccionarse, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, sé que vamos con retraso para las votaciones, por lo que seré muy breve: quiero agradecer a la Sra. Roure su excelente informe; expresar la idea de que la Comisión preferiría no incluir en esta Directiva normas sobre los investigadores, dado que, junto con mi colega Philippe Busquin, tenemos previsto presentar este otoño una propuesta global sobre los investigadores de terceros países en la Unión Europea; decir que la Comisión retomará las propuestas de la ponente sobre el problema de la fuga de cerebros, sobre la cláusula de stand still y sobre la disminución de 90 a 60 días del plazo de decisión; y, por último, alentar al Parlamento a que encuentre un amplio consenso que permita adoptar la enmienda 37 sobre las condiciones de acceso al trabajo.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.30 horas.
Hume (PSE).
Señor Presidente, con relación a la observancia del Reglamento, quiero decir que ayer, para venir a Estrasburgo, salí de casa a las 6 de la madrugada, volé a Dublín, volé a Londres, volé a París y volé a Estrasburgo, a donde llegué a las 6 de la tarde.
Lo que quiero decir es que Air France ha cancelado los vuelos directos de Gran Bretaña a Estrasburgo, lo que significa que ahora los diputados de Gran Bretaña o Irlanda tenemos enormes dificultades para llegar hasta aquí, salvo que nos dediquemos todo el día a viajar. ¡Podría ir y volver a América en ese mismo tiempo! Por eso mismo, ha llegado el momento de que este Parlamento considere si puede o no reestablecer el acceso directo a Estrasburgo. Si no puede hacerlo, tendrá que trasladarse a un lugar en el que sí pueda hacerlo y sea más eficiente.
El Presidente.
Señor Hume, personalmente aprecio mucho sus comentarios, porque yo tengo los mismos problemas. Para colmo, la policía me multó por exceso de velocidad esta semana viniendo aquí.

Que yo sepa, las autoridades de Estrasburgo ya están examinando la cuestión. Espero que no tarden mucho en resolverla. Pero creo que cuanta más presión se ejerza, mejor será el resultado.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, respecto a la observancia del Reglamento y en relación con lo que se acaba de decir, me gustaría darle las gracias al Presidente Cox en nombre de mi Grupo. Tan pronto como se produjo esa suspensión, escribió en nombre del Parlamento después de recibir sendas declaraciones en relación con este tema de los dirigentes de los tres principales partidos del Reino Unido. El trabajo que han emprendido ahora las autoridades de Estrasburgo, y también las autoridades francesas, se debe a la rapidez con la que ha actuado el Presidente.
Pero lo que quería decir es que hoy nos estamos reuniendo en un día en el que se ha convocado una huelga nacional del transporte aéreo en Francia. Miro alrededor de la Cámara y veo que faltan muchos diputados. Nuestra legitimidad democrática, concretada en los votos que emitimos sobre cuestiones importantes, está condenada a mermar si los diputados se ven incapaces de participar en el proceso democrático a causa de ese tipo de acciones. Le pido, por tanto, que transmita al Presidente el ruego de la Cámara de que se analice la asistencia de diputados en los períodos parciales de sesiones cuando se convocan, con una frecuencia cada vez mayor, acciones sindicales que dificultan muchísimo nuestro trabajo como representantes de los ciudadanos europeos.
(Reacciones diversas)
El Presidente.
Señor Evans, tenga la seguridad de que su mensaje será transmitido al Presidente del Parlamento. Espero que podamos verlo en la Mesa.
Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, aunque me parece legítimo que el Sr. Hume plantee una cuestión práctica, la necesidad de mejorar las conexiones aéreas -y apoyo su petición-, considero escandaloso que un diputado ponga en tela de juicio el derecho a la huelga en los países de la Unión Europea.
Les recuerdo que Francia no constituye un caso aislado. El 13 de mayo, Austria vivió la primera huelga nacional en cincuenta años, y se convocó a propósito del mismo asunto: la defensa de las pensiones. Por tanto, si queremos acabar con la desconfianza que existe hoy en día entre las instituciones europeas y los ciudadanos, no debemos seguir el mal ejemplo del Sr. Evans. Más bien al contrario, hemos de mostrarnos solidarios con nuestros conciudadanos.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Informe (A5-0178/2003) de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Consejo con objeto de ampliar el período para la aplicación de medidas transitorias (COM(2003) 103 - C5-0068/2003 - 2003/0046(COD))
(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A5-0161/2003) del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República de Chile (COM(2003) 82 - C5-0067/2003 - 2003/0035(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0149/2003) del Sr. Schnellhardt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan determinadas directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 91/67/CEE (COM(2000) 438 - C5-0379/2000 - 2000/0182(COD))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0148/2003) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia e introducción de las modificaciones adoptadas por la Decisión 2002/653/CE del Consejo, de 12 de julio de 2002, con el fin de prever la participación de Estados terceros en el procedimiento prejudicial (6282/2003 - C5-0056/2003 - 2003/0804(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0166/2003) del Sr. Oreja Arburúa, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva del Consejo 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países (COM(2003) 49 - C5-0050/2003 - 2003/0019(CNS)) 
Antes de la votación sobre la propuesta de recomendación:

Oreja Arburúa (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la Cámara que haya rechazado esta propuesta de Directiva, lo que es consecuente con el rechazo de la propuesta de Directiva anterior que daba origen a la misma.

Schmid, Herman (GUE/NGL)
Señor Presidente, debo pedir que se realice una enmienda oral que se ha negociado y debatido con los grupos políticos. En lugar de que los objetivos cuantitativos aparezcan en dos de las cláusulas, es decir, en lugar de escribir 50%, etc., nos gustaría indicar simplemente «reducción importante». Esto se indica también en la lista de votaciones.

Schmid, Herman (GUE/NGL)
Señor Presidente, esto trata sobre el Pacto de Estabilidad. Ayer tuvimos un prolongado debate entre los grupos. El problema es que el Pacto de Estabilidad no es completamente vinculante para todos los Estados miembros. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es un documento con directrices para 25 Estados miembros. De estos 25, solamente doce forman parte del Pacto de Estabilidad. Por lo tanto acordamos hacer añadiduras a la redacción con el fin de hacerla más clara. Las palabras «dentro de los países de la zona euro» deberían seguir a «Pacto de Estabilidad».

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, esta mañana se ha criticado la manera en que las huelgas en Francia están paralizando la vida en este país. Aunque paralelamente a las críticas también ha habido manifestaciones de simpatía, no comprendo por qué las huelgas francesas son un motivo para que no funcione el aire acondicionado en esta Cámara. Durante toda la mañana ha sido casi totalmente imposible trabajar en los despachos del lado en que da el sol.

Por lo que respecta a la temperatura que reina en esta Cámara, probablemente los sindicatos no permitirían que se siguiera trabajando en estas condiciones. 
(Aplausos)

El Presidente.
Velaré por que el colegio de Cuestores sea informado de lo que usted ha dicho.

Roure (PSE)
Señor Presidente, solo una precisión sobre la lista de votación. Pido que votemos en contra de las enmiendas 21 a 26, de la comisión parlamentaria, para poder apoyar las enmiendas de transacción presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cistianos) y Demócratas Europeos.

Rothley (PSE)
. (DE) Señor Presidente, solo quiero aclarar una cosa en el texto alemán. No debe decir «traducido», sino «interpretado». El término correspondiente debe incluirse en todas las versiones del artículo 12 original.

El Presidente.
Los servicios están al tanto del problema. Se asegurarán de que se utilice la definición correcta. Se adecuarán todos los textos.
Antes de la votación de la enmienda 10:

Rothley (PSE)
. (DE) Señor Presidente, tras la adopción de la enmienda 6 es necesario proceder a una corrección técnica del apartado 1 del artículo 33 y del apartado 1 del artículo 34. Supongo que el Pleno está de acuerdo en que esta corrección técnica sea efectuada por la comisión competente.

El Presidente.
Los servicios lingüísticos y jurídicos comprobarán que así se haga.
Antes de la votación de la enmienda 23:

Miller (PSE).
Señor Presidente, mi nombre figura en la enmienda 23, cuando yo ni he firmado esa enmienda ni la apoyo. De hecho, votaré en contra.
Cox (ELDR).
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al ponente. Ahora tenemos mayoría. La Cámara ha estado dividida y los diferentes Grupos han tenido la oportunidad de proponer lo que para ellos es la solución óptima entre todas las posibilidades existentes.
Hoy he venido a votar con mis colegas del Grupo ELDR. Solo me he apartado una vez de esa lista: para mostrar mi apoyo a lo que había sobre la mesa. Mañana, cuando votemos a la vista de la opinión de la Comisión, haré el más firme llamamiento a sus Señorías para que alcancen el mayor consenso posible. Comprendo las profundas reservas que muchos tienen respecto al contenido del texto final del estatuto. No obstante, tanto el ponente como yo tendremos que acudir a otras instituciones, y tenemos que acudir respaldados por el apoyo de esta Cámara. Podemos ir con un «sí» o podemos ir con un «no», pero no puede haber debate si partimos de un «sí, pero...».
Les pido que lo consulten con la almohada y que cuando acudan mañana a votar tras conocer la opinión de la Comisión, le otorguen a los encargados de representar a esta Cámara el mandato más amplio y completo posible para que puedan decir: «Esto es lo que hay; esto es lo que proponemos; y esto exige el apoyo de una gran mayoría del Parlamento».
Este es mi ruego: que consulten con la almohada y que mañana apoyemos con todo nuestro peso colectivo lo que hay sobre la mesa, porque es con eso con lo que tendremos que trabajar.
Berthu (NI)
. (FR) El Parlamento Europeo acaba de rechazar la propuesta de Decisión del Consejo que tenía por objeto establecer modalidades prácticas para la aplicación de la Directiva relativa al reconocimiento mutuo, entre los países miembros, de las decisiones que cada uno de ellos puede verse obligado a tomar para expulsar a los nacionales de terceros países. Afortunadamente, la consulta a nuestra Cámara se limitó a un dictamen y, por tanto, este proyecto podrá proseguir finalmente su procedimiento de aprobación. En efecto, nos parece del todo justificado por lo que se refiere al contenido, y el Parlamento Europeo está tratando de desatar una pelea insensata. 
La mayoría de nuestra Asamblea se ha opuesto a que el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE pueda constituir un fundamento jurídico válido: este menciona la adopción de medidas comunes para la repatriación de residentes ilegales, pero esta disposición autorizaría medidas de fondo y no medidas de procedimiento. Se trata de una distinción engañosa que ni siquiera la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha podido hacer suya. 
En realidad, el Parlamento Europeo demuestra aquí su habitual inclinación a favor de la inmigración: lo que no le agrada de este proyecto es que pueda facilitar la repatriación de inmigrantes ilegales. Evidentemente, no lo hemos apoyado.

Coelho (PPE-DE)
. (PT) Por una cuestión de coherencia con la posición adoptada por el Pleno del Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2000, por la que se rechazó la iniciativa francesa de adoptar una directiva sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los ciudadanos de terceros países, por carecer de fundamento jurídico, creo que no puedo adoptar ninguna otra posición que no sea también de rechazo de esta iniciativa.
Como ya sucedía con dicha directiva, lo que está en duda no es la sustancia o el contenido político de la propuesta, que considero incluso bastante positivo, pues tiende a introducir criterios y modalidades prácticas capaces de compensar los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la citada directiva, es decir el Estado miembro que emite la decisión de expulsión debe compensar al Estado que la ejecuta con arreglo a los costes reales de la operación (hasta un límite máximo de los costes, que deberán ser razonables, comparables y equilibrados), que engloban los costes de transporte, administrativos e de alojamiento.
No obstante, dado que estamos ante una iniciativa relativa a la aplicación de la Directiva 2001/40/CE, que fue rechazada por carecer de fundamento jurídico, del mismo modo, no podemos adoptar otra posición que no sea también la de rechazo de esta iniciativa.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Me he sumado a la posición del ponente, que, a pesar de estar de acuerdo con el contenido sustancial de la propuesta, propone el rechazo de la misma sobre la base del fundamento jurídico. En efecto, el proyecto de directiva no contempla el establecimiento sustantivo de las condiciones de expulsión, sino que se refiere únicamente al reconocimiento mutuo de decisiones de expulsión ya adoptadas. En otras palabras, no abarca específicamente las decisiones de expulsión comunitarias basadas en una norma adoptada con arreglo al artículo 63 del Tratado CE, sino las decisiones de expulsión adoptadas en función del Derecho nacional. Se trata pues de una directiva que trata de la aplicabilidad de una decisión y no de una directiva que fija el derecho sustantivo de expulsión. Ahora bien, el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE solo admite lo último y no dice nada sobre el reconocimiento mutuo de decisiones adoptadas sobre la base del Derecho nacional.

Pasqua (UEN)
. (FR) En lo que respecta a los informes anuales, este documento no tiene básicamente más que un interés relativo. No obstante, nos brinda la oportunidad de hacer públicamente un elogio servil del federalismo jurídico, en el que el juez comunitario, puntilloso albacea del proyecto político de los Padres Fundadores, desempeña un papel clave. 
Omitiré las inevitables felicitaciones a la Comisión, las lamentaciones sobre las limitadas competencias del Tribunal de Justicia en materia de justicia y asuntos interiores, o la invocación a los grandes principios, auténticas Tablas de la Ley del pensamiento federalista, sobre los que se apoya el gobierno de los jueces a escala europea. 
Por otro lado, señalaré la necesidad de una mayo cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y entre sus diputados respectivos, para hacer constatar que el objetivo no es, por desgracia, favorecer una auténtica participación de los parlamentos en la elaboración del Derecho comunitario, sino simplemente reforzar el control de la aplicación de este Derecho. 
He aquí lo que está claro: para el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales no desempeñan más que una función de apoyo, a saber, organizar la vigilancia encubierta de sus propios Gobiernos. 
Los demócratas lo sabrán apreciar.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado en contra de este informe por considerar que no dice nada nuevo, porque solo sintetiza de forma manifiestamente tendenciosa una visión de lo que es el Derecho comunitario y enuncia deseos expansionistas que, aunque tampoco son nuevos, no dejan de sorprender por la claridad con que se confiesan. La ponente, en su razonamiento, olvida por completo el principio básico de intervención del Derecho comunitario (tanto hacia arriba como hacia abajo): el principio de subsidiariedad. Y, de este modo, brinda a los legisladores nacionales pruebas de su subordinación.
Más que federalista, la visión de la ponente es centralista. Relega las legislaciones y ordenamientos jurídicos nacionales a un punto de subordinación inaceptable, pensando que en la aplicación universal del Derecho comunitario reside la panacea que lo resolverá todo en el espacio europeo.
Hay que señalar también el papel de segundo orden que la ponente, lamentablemente, reserva a los Parlamentos nacionales.
Dudo sinceramente de la bondad y el interés de este tipo de lectura del Derecho comunitario, que realmente solo sirve para invertir la aplicación del principio de subsidiariedad.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, esta noche he soñado que los Ministros de Hacienda italiano, francés, alemán, portugués y otros me decían: «¿Ves, Fatuzzo? Este informe del Sr. Belder sobre la ayuda macrofinanciera establece que se den ayudas a aquellos Estados que necesiten dinero para sus presupuestos. Pero, entonces, ¿tener un déficit presupuestario puede ser positivo? ¿Por qué no hacemos lo mismo aquí en Europa: premiamos a quien tiene déficit y abrimos un procedimiento de infracción contra los Estados que cierren el balance sin pérdidas?» Planteo la pregunta al Parlamento.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He apoyado este informe, que revisa la lógica hasta ahora subyacente a la ayuda macrofinanciera de la Unión Europea (AMF) a terceros países, para proponer un enfoque de la misma más estructurado y, sobre todo, para garantizar su legitimidad democrática y un principio de responsabilidad fundamental. En efecto, muchas veces se desconoce de qué modo se tramita la AMF, una vez que entra directamente en el presupuesto del banco central del país beneficiario y, además, por el carácter excepcional de la misma, debería constituir una ayuda excepcional, de corta duración y no repetitiva, al contrario de lo que sucede en varios países beneficiarios. También creo que sería positivo, por ejemplo, hacer la AMF excepcional por definición y transformarla, mediante un dispositivo de vigilancia adecuado, en un sistema preventivo de crisis y, al igual que el ponente, al que felicito vivamente por su enfoque, creo que el proceso de decisión, el acompañamiento y la evaluación deben llevarse a cabo con la mayor transparencia.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Schimd sobre el empleo pero, en representación del Partido de los Jubilados y de todos los jubilados, quisiera destacar en esta Asamblea -tan atenta a las explicaciones de voto de todos los diputados indistintamente, pero en particular, como sabemos y como puede verse, a las mías- que también se pueden sanear los presupuestos de los Estados aumentando las pensiones, si conseguimos administrar mejor el dinero que los trabajadores y los ciudadanos entregan al Estado durante su vida laboral para recuperarlo después, cuando se hacen mayores. Hay demasiado despilfarro, demasiadas personas interesadas en recibir dinero y que no lo merecen; si ponemos en orden nuestras finanzas podremos tener menos impuestos, menos tasas, menos contribución y más pensiones.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson y Sandberg-Fries (EDD)
. (SV) Los socialdemócratas suecos apoyamos la propuesta para la estrategia de empleo. Es importante para el Parlamento Europeo prestar su apoyo a esta estrategia.
La propuesta contiene numerosos aspectos positivos. Por ejemplo, se destacan los aspectos relativos a la igualdad, se demandan mejoras para las personas discapacitadas en el mercado laboral y se declara que el pleno empleo es un objetivo primordial.
Una propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos se basa en el punto de vista de que una reducción general de los impuestos es beneficiosa para el empleo. No estamos de acuerdo con ello. Los hechos indican que no existe relación entre los niveles tributarios y el empleo.
Sin embargo, elegimos no votar en contra de esta propuesta, sino abstenernos. El motivo es que si el Grupo PPE-DE no consigue aprobar esta propuesta, este grupo votará en contra del informe completo. Si el informe completo se quedase por el camino, sería mucho más grave que si se aprueba esta propuesta individual.
Por este motivo nos abstenemos sobre este punto.

Moraes (PSE)
. (EN) He votado a favor de informe Schmid porque creo que apoya y contribuye al logro de los tres objetivos principales de la «Estrategia europea de empleo», a saber, el pleno empleo, el aumento de la productividad y la mayor integración social de los grupos marginados y desfavorecidos. 
Creo que la incorporación al informe de un cuarto objetivo, el fomento de la igualdad de género, es digna de elogio.
La aplicación de las directrices sobre el «método de coordinación abierta» es la forma correcta de proceder, puesto que contempla la plena participación de los parlamentos nacionales en los debates y la aprobación de planes de empleo nacionales. Eso hará que el informe tenga sentido para circunscripciones como la mía, donde el desempleo se concentra en pequeñas bolsas de pobreza alrededor de Londres pese a los bajos niveles de desempleo que existen a escala nacional en el Reino Unido.
Patakis (GUE/NGL)
La amplia flexibilidad y las formas atípicas de trabajo, con el fin de distribuir el desempleo, el espíritu empresarial, la extensión de la vida laboral con el pretexto del envejecimiento de la población, además de las pensiones sostenibles y el aprendizaje permanente son las directrices básicas de la Comisión sobre el empleo.
Al mismo tiempo, al hacer no solo recortes relativos sino también absolutos en los salarios y al asociarlos a la productividad, se están promoviendo los recortes en el estado de bienestar y la protección social, además de la no aplicación de lo que constituyen normativas de seguridad insuficientes en el lugar de trabajo.
El desempleo aumenta constantemente y supera el 10%, sin contar el desempleo oculto. Esta situación, especialmente el gran número de parados de larga duración y el desempleo entre los jóvenes y las mujeres, que no pueden acceder al mercado laboral, está dando lugar a agudas manifestaciones de pobreza y exclusión social.
El término política de empleo es totalmente engañoso. Las medidas propuestas son en esencia medidas para reforzar el ocultismo de las grandes empresas mediante la concesión de nuevos privilegios. Esta política representa una escalada del ataque a los derechos de los trabajadores, siendo el objetivo la mayor promoción de planes para una población activa barata, sin derechos sindicales, salariales, de empleo o seguro, y un aumento de los beneficios.
Los trabajadores no solo están rechazando estas medidas, sino que están reaccionando de forma activa y en masa en contra de las elecciones monopolísticas al incrementar su lucha.

Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
. (SV) Creemos en el principio de subsidiariedad, por el cual una decisión debe adoptarse teniendo en cuenta en lo posible a las personas a las que afecta. Por esta razón promovemos activamente la cuestión de una constitución para la Unión Europea en la que la distribución de responsabilidades quede clara para todos. Todos los ciudadanos han de tener claro que la Unión Europea solo debe abordar aquellas cuestiones sobre las que más sabe, es decir, cuestiones transfronterizas. Todas las demás cuestiones tendrían que tratarse en el ámbito local, regional o nacional.
La política social constituye un ejemplo de un área en la que la UE debería tener solamente competencia limitada, excepto en aquellos casos en que esté implicada la libertad de movimiento para las personas dentro de la UE. Cada Estado miembro debe tener la total responsabilidad de determinar sus propios sistemas de seguridad social, además del derecho de hacerlo. La atención sanitaria, el cuidado de los niños y el de los mayores son claros ejemplos de áreas que no son directamente transfronterizas. Lo mismo se aplica a la política del mercado laboral. Sin embargo, esto no impide que los Estados miembros cooperen e intercambien ideas en la esfera social.
Al mismo tiempo, deseamos destacar que compartimos totalmente el compromiso de nuestro colega diputado, el Sr. Schmid, con la cohesión social, la integración y, sobre todo, la igualdad.

Roure (PSE)
. (FR) El aprendizaje permanente, el trabajo y las personas mayores representan cuestiones muy importantes sobre las que hace hincapié este informe, y las estrategias para el empleo son fundamentales. Deseamos que el empleo crezca, pero también que se adapte más. La lucha contra la pobreza es primordial, y no podemos aceptar que, en la actualidad, haya familias que vivan por debajo del umbral de la pobreza. Es una cuestión de solidaridad. Los objetivos que fijamos deben ser alcanzables. 
Hemos de invertir en la calidad de los servicios, para que la mujer pueda compatibilizar su vida familiar con su vida profesional. Los Estados miembros deben aunar esfuerzos de una manera más eficaz. Para promover la participación de la mujer en la vida social y en el mercado laboral, es necesario definir una serie de medidas concretas, encaminadas a ofrecer servicios que respondan a las necesidades relativas al cuidado de los niños, pero que también permitan ayudar a las familias que tengan personas a su cargo.
Es importante crucial en los servicios públicos, con el fin de responder a las necesidades de las familias y de la sociedad en su conjunto, y resulta fundamental que todas las partes interesadas se unan para poner en práctica la estrategia para el empleo. Por otro lado, la existencia de servicios públicos eficaces requiere impuestos adecuados.

Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone que ratifiquemos el proyecto de Directiva del Consejo por el que se establece una política global en materia de empleo para la Unión Europea de aquí al año 2010. Esta política se inscribe en la Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo convertir la economía europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, lograr un crecimiento económico sostenible, crear más y mejores puestos de trabajo y alcanzar una mayor cohesión social. 
Las enmiendas presentadas mejoran, en algunos aspectos, el texto inicial, en particular por lo que se refiere a los objetivos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, a la cualificación y a la formación profesional. 
No obstante, estas enmiendas no cuestionan el planteamiento liberal de reducción de la fiscalidad para las empresas y de flexibilidad laboral. Más importante aún es que la Resolución mantiene el objetivo de retrasar cinco años, de aquí a 2010, la edad media de jubilación en la Unión Europea, a pesar de que millones de personas se manifiestan en Francia y otros países europeos en contra de este enfoque y a favor de la defensa de sus sistemas de pensiones. 
Por este motivo, no he votado a favor del informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Sin perjuicio de aspectos más polémicos, estoy de acuerdo con la visión de la Comisión, apoyada por la ponente, de que esta forma de inmigración constituye una fuente de enriquecimiento mutuo, tanto para los inmigrantes que se benefician de ella como para los Estados de origen y de acogida. Contribuye a fomentar el entendimiento intercultural, al dinamismo de los sistemas de formación en Europa y a la búsqueda de normas de alta calidad en la enseñanza. La puesta en común de información y «mejores prácticas» debe concretarse más allá del territorio de la Unión. La generalización del bienestar, de la información y de la calidad de vida por la que trabaja la Unión, en particular a través de varios acuerdos de asociación y de fondos para el desarrollo, encuentra en la formación de estudiantes e investigadores uno de los ámbitos de acción privilegiados. De hecho, por su especial contribución al enriquecimiento personal, que es deseable revierta a favor de los países de origen, esta propuesta deberá ser objeto de una atenta valoración por los Estados miembros en el marco de sus respectivas políticas de inmigración.
Es especialmente interesante el compromiso de la Unión con la inserción profesional de los ciudadanos en los países de origen y la regulación del régimen de voluntariado.
Por último, he votado a favor de este informe dada la adopción de las enmiendas 36 y 37, que hacen mucho más equilibrado el régimen previsto en el apartado 1 del artículo 11 y en el apartado 2 del artículo 18...
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Zimeray (PSE).
Señor Presidente, Señorías, quisiera recordar, en nombre de mis colegas de la delegación socialista francesa y en el mío propio, nuestra postura acerca del informe relativo al Estatuto de los diputados. La culminación inminente del proceso actual de ampliación convierte su aprobación en algo urgente. Estamos a favor de los principios en los que se apoya este planteamiento, aunque discrepamos con algunas disposiciones relativas a la cuantía y la fiscalidad de la remuneración de los diputados.
Era necesario mejorar la inteligibilidad del sistema de asignaciones económicas de los diputados, pero creemos que el texto propuesto no es plenamente satisfactorio en este sentido. Por este motivo, la delegación socialista francesa ha querido modificar el texto votando a favor de la enmienda 8 al artículo 7 del proyecto de Estatuto, una enmienda que había presentado conjuntamente con otros Grupos políticos. En nuestra opinión, una puesta en práctica inteligente de este principio implica que las asignaciones se adapten a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a sus niveles de vida, aunque deben corregirse algunas desigualdades. Lamentamos que no se haya aprobado esta enmienda.
En el presente contexto, aumentar las asignaciones de los diputados del Parlamento Europeo conllevaría el riesgo de una pésima acogida, en un momento en que se pone en tela de juicio la legitimidad de la brecha que separa los ingresos de la élite económica y política y el resto de la población.

Fatuzzo (PPE-DE).
 Al despertarme esta mañana, Señor Presidente, creía que era el Sr. Willi Rothley y que, al venir al Parlamento en el coche que tenemos a nuestra disposición, pensaba: «Quiero presentar una enmienda a mi informe» -hablaba como si fuera Willi Rothley- «que conceda a los diputados al Parlamento Europeo una asignación doble a la de los jueces». Pero al llegar al Parlamento, me miré al espejo y que vi que era Carlo Fatuzzo. No tenía esperanza de éxito; he tenido que aceptar votar a favor: mejor ser medio juez que nada.

Breyer (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar le ruego tome nota de la siguiente corrección. En realidad yo quería votar a favor de la enmienda 8 del artículo 16 y no en contra, porque, por supuesto, yo también estoy a favor de que el coste de la vida se pondere de forma diferenciada.
Y ahora, a la hora de explicar realmente cómo he votado, permítame decir que siempre he estado a favor de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, pero he votado en contra del informe Rothley por las siguientes razones: no puedo entender por qué no hemos logrado que los gastos de viaje reales sean transparentes y se tomen en cuenta. Hasta ahora el Estatuto siempre había sido la excusa para que no existiese tal norma. Y ahora queremos un Estatuto, pero nos pronunciamos contra la transparencia y contra la consideración de los gastos reales. Me parece poco honesto y no se lo podemos explicar al público, que lógicamente solo recibe el reembolso de los gastos reales de sus viajes de trabajo. Tampoco me parece correcto que no hayamos aumentado considerablemente la edad de jubilación. (Aplausos) En Alemania se acabamos de debatir sobre el aumento de la edad de jubilación para todo el mundo, y desde luego me parece que esto también debería aplicarse a nosotros. Aparte de ello, estoy a favor de que paguemos los mismos impuestos que nuestros electores, para que no demos la impresión de que establecemos derechos especiales para los diputados a este Parlamento. Por esa razón he tenido que ir en contra de mi voluntad inicial y votar en contra del Estatuto. Creo que el Parlamento...
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Raschhofer (NI).
Señor Presidente, Señorías, en el fondo no puedo sino mostrarme de acuerdo con lo expresado por la Sra. Breyer. Llevamos años luchando ya por encontrar una solución a la cuestión de los emolumentos de los diputados y podemos tener opiniones muy distintas al respecto, en particular sobre si al actual sistema nacional es preferible un sistema aplicable a lo largo y ancho de la UE. Sin embargo, si se adopta un nuevo Estatuto de ninguna manera deben crearse privilegios y nuevas disposiciones que no entiendan los ciudadanos. El hecho que se pretenda, como se prevé en el Estatuto y en una enmienda, que los parlamentarios se jubilen a los 60 ó 63 años, constituye una provocación en vista del debate sobre la mejor manera de asegurar los regímenes de pensiones europeos. 
No solo en mi país se dice ahora a los ciudadanos que deberán trabajar durante más tiempo, mientras que en el Parlamento Europeo, en cambio, se pretende a todas luces garantizar una jubilación anticipada a los políticos, que no es lo que demanda la política social. No puedo votar ni votaré a favor de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo en esta forma. 
Otro tanto puedo decir del régimen de gastos viáticos. En el futuro, el reembolso de cualquier gasto deberá corresponder exclusivamente a los gastos realmente incurridos, y en ningún caso deberán reclamarse gastos adicionales. Es indispensable un régimen transparente y comprensible para los gastos de viaje.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, quiero ofrecer una explicación de voto en nombre del Grupo ELDR relativa a nuestra votación final del informe del Sr. Rothley sobre el Estatuto de los diputados respecto al cual nos hemos abstenido. Sentimos el mayor respeto por el Presidente Cox, y este Grupo, bajo su liderazgo y posteriormente, ha luchado siempre por la reforma. Hemos podido alcanzar un compromiso en algunas cuestiones, pero existen otras de principio en las que no vamos a ceder.
Por eso nos hemos abstenido de votar en las siguientes cuestiones: queremos la reforma ya, no queremos aplazar la reforma hasta una fecha incierta; queremos igualdad para nuestros colegas de los países candidatos. Si queremos para nosotros igualdad de trato, ¿por qué vamos a hacerles una oferta peor? Somos partidarios de la opción del impuesto nacional para que recibamos el mismo trato que los ciudadanos a los que representamos; queremos enviar con claridad el mensaje de que los gastos deben ser transparentes. Esas cuestiones no han sido apoyadas por la mayoría de esta Cámara. Aunque el Parlamento ha adoptado su decisión, lamento como parlamentario tener que decir que espero que el Consejo haga un mejor trabajo del que hemos hecho nosotros.
Andersen, Bonde, Frahm, Krarup, Sandbæk, Schmid, Herman, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL)
. (EN) Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos como representantes de los Estados miembros y deben percibir un sueldo y pagar impuestos igual que los diputados de los parlamentos nacionales. 
Los intentos de diferenciar entre los parlamentarios europeos y los nacionales no contribuirán a estrechar los vínculos entre ellos y las grandes subidas de sueldo sumadas a la fiscalidad de la UE alejarán todavía más al electorado.
Apoyamos plenamente cualquier iniciativa que se tome para que el sistema de retribución y dietas sea más transparente y conforme con unas normas contables prudentes. Al mismo tiempo, nos parece hipócrita legislar sobre la gobernanza corporativa cuando no somos capaces de aplicar esas mismas reglas a una institución que se financia con dinero del contribuyente.
Hemos votado en contra del informe Rothley porque intenta transmitir la idea de que los diputados al Parlamento Europeo son simplemente «europeos» y están totalmente al margen de sus contextos nacionales, además de contemplar un importante aumento de sueldo, pero sin una «limpieza» a fondo del sistema de dietas, según establece el Artículo 27.
Andersson, Eriksson, Färm, Hedkvist-Petersen, Karlsson y Sandberg-Fries, (PSE)
. (SV) Los socialdemócratas suecos queremos expresar nuestros motivos para votar en contra del proyecto de decisión en el informe sobre el Estatuto de los diputados del Parlamento Europeo.
No podemos apoyar el proyecto de Estatuto, dado que nuestra enmienda 30 sobre la tributación nacional ha sido rechazada. Para nosotros como social-demócratas suecos, es extremadamente importante que podamos mantener la tributación nacional, ya que es el sistema al que nos adherimos y del que hacemos uso. La financiación conjunta a través del impuesto sobre la renta es necesaria para financiar nuestra política de bienestar común. Por lo tanto creemos que los diputados al Parlamento Europeo deberían pagar los impuestos nacionales en sus propios países. Los representantes políticos electos deberían seguir las mismas normas que el resto de las personas.
Otro aspecto clave ha sido el modo en que se rinden cuentas de las asignaciones para viajes. Hemos demandado que las nuevas normas se basen en cuentas abiertas fácilmente accesibles al escrutinio público. Por este motivo hemos trabajado por un sistema abierto y justo en el que se implican las concesiones. En la actualidad, los gastos de viaje y otros gastos se pagan conforme a una única tarifa. Nos gustaría que hubiese un sistema en que se produzcan devoluciones en función de los costes reales.
Creemos que los niveles salariales también son ofensivos, dado que los nuevos niveles son muy elevados.

Berthu (NI)
. (FR) Bajo los auspicios del nuevo apartado 5 del artículo 190 del Tratado CE, introducido por el Tratado de Niza, nuestra Asamblea acaba de elaborar un proyecto de Estatuto único de los diputados del Parlamento Europeo, que debería remitirse al Consejo para que tome una decisión por mayoría cualificada, y ya no por unanimidad. 
El texto aborda algunas cuestiones técnicas que, de todos modos, debían reglamentarse, en el marco de la autonomía reconocida al Parlamento Europeo, para organizar su buen funcionamiento interno. No obstante, va mucho más lejos al presentar un Estatuto que uniformiza, a escala europea, todos los aspectos relativos a la situación de los diputados y que corta los vínculos esenciales con sus países de origen, sobre todo por lo que se refiere a la remuneración. 
Lo hemos dicho cientos de veces: los eurodiputados deben ser remunerados -como sucede en la actualidad- por los ciudadanos de su país, que los han elegido y a los que se supone que representan. 
El planteamiento actual del Parlamento Europeo se corresponde implícitamente con la creación de un superestado en el que los diputados representarían a la Unión en su conjunto, y no al país que los ha elegido. Es un cambio fundamental, aunque subrepticio, del que nuestros electores, una vez más, no son conscientes. Por honestidad hacia ellos, hemos votado en contra de este proyecto.

Corbey (PSE)
. (NL) Señor Presidente, quisiera hacer un par de comentarios como explicación de mi voto con relación al Estatuto de los diputados.
En primer lugar, considero que nuestros sueldos han de equipararse a los sueldos de los diputados de los parlamentos nacionales. Yo me considero una política neerlandesa, y no una funcionaria europea. Por ello he votado a favor de la enmienda 8, así como de la enmienda 5.
En segundo lugar, no puedo aprobar un aumento neto de nuestro sueldo a 2 800 euros al mes como mínimo. Este importe puede aumentar aún más si se opta por imponer un impuesto europeo. Un aumento de esa magnitud es inaceptable, sobre todo porque estamos cansados de escuchar por todas partes lo necesaria que es la moderación salarial para mantener el empleo.

Figueiredo (GUE/NGL)
Aprovechando que la decisión en el Consejo sobre el «Estatuto de los Diputados al PE» ha pasado de la unanimidad a la mayoría cualificada como resultado del Tratado de Niza, el PE vuelve a insistir en una propuesta que contiene aspectos de los que discrepamos.
Entre otros, discrepamos de la creación de una asignación parlamentaria mensual igual para todos los diputados, independientemente del país al que representen. Los diputados al PE son elegidos en los medios nacionales. Están, y deben seguir estando, vinculados a esos medios. La creación de una asignación parlamentaria única obedece a una concepción federalista del mandato de diputado al PE, que tiende a transformar al actual diputado nacional en el PE en el futuro «diputado europeo», visión de la que discrepamos.
Por otro lado, como hemos venido señalando, las realidades sociales de los países de la UE están muy diferenciadas, lo que hace inevitable que, al aplicarse esta medida, se produzcan situaciones de profunda desigualdad y disparidad con respecto a la realidad salarial de los trabajadores y de los elegidos y titulares de cargos públicos en algunos países, como es el caso de Portugal, lo que sería totalmente incomprensible. El salario de un diputado al PE debe tener como referencia el salario de los diputados nacionales del país en el que fue elegido. De ahí nuestro voto en contra.

Lulling (PPE-DE)
. (DE) Uno de los puntos más controvertidos del Estatuto es la cuantía de la remuneración, y me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Desde hace décadas trabajo en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Nuestro credo siempre ha sido «a trabajo igual, salario igual». La discriminación por motivos de nacionalidad resulta tan inaceptable como la discriminación basada en el género. Asimismo, desde el punto de vista legal, el artículo 12 del Tratado CE prohíbe cualquier discriminación por motivos de nacionalidad. El Tribunal Europeo de Justicia ha sido coherente al adherirse a este principio en su jurisprudencia, si bien no pudo aplicarlo debido a que los diputados europeos son un caso especial.
Podemos debatir sobre la cuantía de la remuneración. Comparada con el sueldo actual de un diputado, el 50% del sueldo de un magistrado es mucho para un danés, mientras que otros se preguntarán por qué razón el trabajo de un diputado europeo solo vale la mitad del de un juez. Sea como fuere, no son los parlamentarios europeos los que determinan su sueldo, sino que es el Consejo de Ministros el que ha de aprobar esta propuesta. Además, este nuevo régimen no será aplicable hasta la siguiente legislatura, es decir, a nuestros sucesores.
En relación con la pensión, me sorprende que en el proyecto de informe se proponga que la pensión sea pagadera cuando un diputado cumpla los 60 años.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento).
Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Hace ya años que se celebran dos debates totalmente contradictorios sobre el Estatuto de los diputados europeos. Uno de ellos, en el que yo he participado, se centra en la manera de poner fin a los privilegios económicos que disfrutan los diputados al Parlamento Europeo y que son mal vistos por el electorado. El otro debate trata sobre la manera de hacer más atractivo el trabajo del diputado europeo con sueldos más altos, impuestos más bajos y el máximo grado de inmunidad legal. Yo siempre he sido partidario de un sueldo único para todos los diputados al Parlamento Europeo, a condición de que ese sueldo sea más bajo que en Francia, Inglaterra y, sobre todo, en Alemania e Italia. Ese sueldo único ha de estar sujeto a los impuestos nacionales, regionales y locales del Estado miembro de residencia, como ocurre con los sueldos equiparables que perciben los trabajadores de empresas internacionales en diferentes países. El hecho de garantizar unos ingresos netos iguales con unos impuestos europeos muy bajos es una manera totalmente inaceptable de privilegiar a los diputados al Parlamento Europeo. Además, la inmunidad debe proteger únicamente la libertad de expresión de los elegidos y no ha de conllevar la impunidad en otros ámbitos. La ampliación de la UE no tiene que afectar a la diversidad política. La adjudicación de cada vez menos escaños a cada Estado miembro excluye del Parlamento a las corrientes más pequeñas. A diferencia de otros neerlandeses, creo que un estatuto no es nunca un objetivo, sino solo un medio. Y puesto que el texto definitivo sirve intereses contrarios a los que yo defiendo, no puedo votar a su favor.

Miller (PSE)
. (EN) El EPLP está preocupado por algunos puntos de este informe en su redacción actual: 
Respecto al impuesto, nosotros creemos que los Estados miembros deben poder nivelar el impuesto a sus tipos impositivos nacionales.
En cuanto a los sueldos, el informe de los expertos contenía una fórmula que fue aceptada por la mayoría de los Estados miembros y los diputados al Parlamento Europeo, y nosotros no vemos razones para el cambio injustificado de un sueldo que equivale a la mitad del que percibe un juez del Tribunal Europeo.
Respecto a los gastos, creemos firmemente que el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de rectificar las anomalías que existen desde hace tanto tiempo, introduciendo un sistema de viajes al coste.
La posición del informe respecto a las inmunidades exigiría cambios en el Derecho primario y nosotros pensamos que este no es el informe apropiado para abordar esa cuestión.
Por último, respecto a la fecha de entrada en vigor, el EPLP no puede aceptar bajo ningún concepto que se posponga hasta después de 2004. El EPLP quiere acudir a la campaña electoral de 2004 con esta cuestión plenamente resuelta. Como el Parlamento Europeo acaba de votar una fecha posterior a ese período, no podemos apoyar la votación final sobre este informe.
Pasqua (UEN)
. (FR) En un momento en que los ciudadanos europeos deben hacer frente a numerosas dificultades (el paro, la quiebra social, la precariedad, etc.), no estoy seguro de que vayan a apreciar, en su justa medida, el empeño del Parlamento por aprobar el Estatuto único de los diputados europeos. 
En mi opinión, se trata de una cuestión totalmente secundaria que responde, a la vez, a razones materialistas e ideológicas. 
Por lo que se refiere al aspecto materialista -y no merece la pena que me extienda en este punto-, me parece indecente que se aproveche esta ocasión para conceder a los diputados europeos una serie de prebendas y privilegios desmesurados.
En cuanto al aspecto ideológico, aquí no se engaña a nadie: el objetivo primordial de este Estatuto es desvincular por completo al cargo electo de su Estado de origen. Aunque nosotros, representantes de nuestros respectivos pueblos, formamos legalmente parte de este Parlamento, nos gustaría vernos como los representantes de un mítico pueblo europeo, es decir, como desarraigados. Todo esto responde al mismo principio por el que el Parlamento ha votado a favor de un sistema electoral único, de circunscripciones electorales transnacionales o de partidos políticos europeos. 
Este informe demuestra, una vez más, que el eurofederalismo está divorciado de la realidad de los pueblos.

Raschhofer (NI)
Desde hace años se busca una solución para la cuestión de los sueldos de los diputados de la UE, una cuestión en la que puede haber distintas opiniones. Sin duda puede haberlas a la hora de decidir si el sistema nacional actual es preferible a un régimen aplicable a toda la UE.
Sin embargo, si se adopta un nuevo Estatuto de ninguna manera deben crearse privilegios y nuevas disposiciones que no entiendan los ciudadanos. 
El hecho que se pretenda, como se prevé en el Estatuto y en una enmienda, que los parlamentarios se jubilen a los 60 ó 63 años, constituye una provocación en vista del debate sobre la mejor manera de asegurar los regímenes de pensiones europeos. No solo en mi país se dice ahora a los ciudadanos que deberán trabajar durante más tiempo, mientras que en el Parlamento Europeo, en cambio, se pretende a todas luces garantizar una jubilación anticipada a los políticos, que no es lo que demanda la política social. No puedo votar ni votaré a favor de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo en esta forma. 
Otro tanto puedo decir del régimen de gastos viáticos. En el futuro, el reembolso de cualquier gasto deberá corresponder exclusivamente a los gastos realmente incurridos, y en ningún caso deberán reclamarse gastos adicionales. Es indispensable un régimen transparente y comprensible para los gastos de viaje.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) La consagración de un Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo surge, a primera vista, con justificaciones poco controvertidas: satisfacer una necesidad de igualdad entre los mismos y aumentar la transparencia ante la opinión pública. Según el ponente, estos propósitos se alcanzarían sometiendo a todos los diputados al mismo régimen jurídico y financiero, lo que se materializaría en la fijación de una remuneración única y en la aplicación de un impuesto comunitario.
Ahora bien, sucede que la adopción del Estatuto tiene consecuencias esenciales sobre la propia concepción del mandato parlamentario, en particular ante los ciudadanos del Estado miembro de elección, un aspecto que solo aparentemente escapó por entero a la comprensión del ponente. Un régimen europeo único supone: someterlos a un régimen fiscal diferente del aplicado a los ciudadanos que les dieron su voto, colocarlos en la condición de representantes de un hipotético «pueblo europeo», restarles su calidad de representantes de sus pueblos -verdaderos homólogos de los diputados al parlamento nacional- y desligarlos un poco más de los lazos nacionales y populares de pertenencia a un Estado miembro.
Por ello, sin perjuicio de varias votaciones favorables en este asunto, he votado en contra del texto final, para marcar de nuevo una posición de principio en un momento en que, por métodos autocráticos cuyo epicentro de encuentra en la Convención, parece que se quiere hacer evolucionar en un sentido muy negativo la reforma institucional y el equilibrio en el marco...
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
. (SV) Hoy hemos votado en contra del informe del Parlamento Europeo sobre un nuevo Estatuto de los diputados, que sin embargo se aprobó por 294 votos, con 171 en contra y 59 abstenciones.
Sin un sistema de asignaciones para viajes en el que se realicen devoluciones basadas en los costes reales en lugar del actual, basado en una única tarifa, el nuevo Estatuto no conducirá a una mayor apertura. Realmente, el 29 de mayo de 2003 se determinó que el Presidium del Parlamento investigue un nuevo sistema de asignaciones para viajes, pero éste todavía no resuelve los problemas. Debería entrar automáticamente en vigor una decisión de devolver los costes reales al mismo tiempo que se pone en marcha un nuevo Estatuto de los diputados.
En el futuro, lo ideal sería ver el salario de los diputados al PE equiparado con relación a los niveles salariales de los parlamentos nacionales.
Debido a que los diputados viven en sus Estados miembros y representan a los mismos, en el futuro, también deberían deducírseles los impuestos conforme a una base nacional, con el fin de contabilizar el coste de la vida y de los sistemas de seguridad social en distintos países.

Saint-Josse (EDD)
. (FR) Desde mi elección al Parlamento Europeo, he oído hablar con frecuencia del Estatuto de los diputados. Creo que el Sr. Rothley, así como la Comisión de Asuntos Jurídicos en su conjunto, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta cuestión, demasiado en mi opinión, ya que, al igual que en el caso del Estatuto de los partidos políticos europeos, tengo la impresión de que todo se reduce a dinero. No se trata de grandes avances democráticos que vayan a acercar la Unión Europea a sus ciudadanos.
¿Qué sentido tienen estas propuestas, que modifican un texto de rango jurídico superior y que por tanto son inaplicables?
¿Cuál es el objetivo de este intento uniformador que abre una brecha entre los diputados de los actuales quince Estados miembros, los nuevos y los viejos, y los de los diez Estados llamados a unirse a nosotros dentro de un año?
Muchos desean un Estatuto para mejorar una imagen ensuciada por los abusos de algunas personas. Por desgracia, no hay nada en este Estatuto que se pueda considerar una mejora real de la transparencia.
En cambio, ofreciendo a los representantes de los pueblos de los Estados miembros un sistema europeo que difiere del derecho nacional, la distancia que nos separa se agrandará en lugar de reducirse. 
Por este motivo, he votado en contra del proyecto de Estatuto.

Walter (PSE)
. (DE) Declaro haber votado a favor del informe Rothley sobre el Estatuto de los diputados porque considero fundamental que exista lo antes posible un Estatuto uniforme con las mismas condiciones para todos los diputados al Parlamento Europeo.
Esto significa también que no es aceptable que haya grandes diferencias en los emolumentos de los diputados de los distintos Estados miembros. En el Parlamento Europeo, como en otras partes, deberá aplicarse a medio plazo el principio de salario igual a trabajo igual.
Además, considero que urge que los emolumentos se hagan transparentes: es inadmisible que los diputados tengan que utilizar el reembolso de los gastos de viaje para mejorar sus ingresos.
Sin embargo, yo no haré uso de este sistema. Yo tomé posesión de mi escaño en las condiciones que han prevalecido hasta ahora y, en mi caso, seguiré sometiéndome a ellas.

Fatuzzo (PPE-DE).
Presidente, esta mañana, cuando venía al Parlamento, soñé que me encontraba con el Primer Ministro del Brasil, Inácio Lula, que me decía: «Fatuzzo, ¡pero qué maravilloso es el Parlamento Europeo, qué maravillosas esas zonas de libre cambio regionales sobre las cuales la Sra. Erika Mann ha presentado un proyecto, al que te pido des tu voto favorable! Es tan importante para nosotros y para todo el mundo que se extienda este procedimiento de libre cambio que habéis aplicado en un principio vosotros los europeos, que sueño con convertirme en el Prodi del MERCOSUR». Entonces, me vino el siguiente pensamiento espontáneo: «Pero Romano Prodi, Presidente de la Comisión, ¿es realmente Prodi o es Lula que pretende ser Prodi?» Pero, como usted sabe, señor Presidente, era solo un sueño.

Berthu (NI)
. (FR) Hemos votado en contra del informe Mann, ante todo porque aboga por la «comunitarización» completa de la política comercial de la Unión Europea, cosa que sería perjudicial, como ya dije en el debate de ayer. No obstante, también rechazamos este informe debido a la estrategia comercial que defiende, que a nuestro parecer es equivocada, al menos por dos motivos importantes. 
En primer lugar, expone con bastante claridad que el objetivo de la apertura al comercio internacional es lograr una integración mundial, incluida la «convergencia reglamentaria». Ahora bien, aunque sea posible adherirse a la idea de un aumento de los intercambios provechoso para todos, hay que señalar también ?cosa que no se dice en el informe? que cada país o región tiene el derecho de proteger su modelo de sociedad. 
En segundo lugar, es demasiado indulgente con la política comercial de la Unión Europea, y en particular, con su adopción a diestro y siniestro de zonas de libres comercio. Estas zonas son útiles si traducen el deseo de una apertura controlada, pero en realidad, por lo que se refiere a Europa, son tan numerosas y se solapan hasta tal punto que nadie conoce sus efectos reales y acaban siendo responsables, en parte, de la falta de control sobre nuestras relaciones comerciales.

Boudjenah (GUE/NGL)
. (FR) Una estrategia comercial refleja una concepción particular del mundo: ¿se trata de una liberalización pura y dura de los intercambios, que conduce al aumento de las desigualdades, o de una lucha por un desarrollo real? Ahora bien, como recalca el informe Mann, el principio que rige la creación de zonas de libre comercio (ZLC) regionales consiste en garantizar la estabilidad política y económica de la UE con respecto a los países implicados (los «intereses geopolíticos estratégicos»), para que nada entorpezca la sacrosanta libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Pero, ¿qué hay del acceso de los pueblos a los derechos fundamentales? ¿Qué hay de una evaluación de las consecuencias sociales, medioambientales, culturales y económicas de estas liberalizaciones? ¿Qué hay de una cooperación real en condiciones de igualdad y respetando las especificidades de cada socio? Las normas de la OMC no deben enturbiar las relaciones ?aún privilegiadas? que la UE mantiene con sus socios.
La UE no puede reducir su política hacia regiones y países enteros a la perspectiva de las ZLC, como sucede, por ejemplo, con demasiada frecuencia en el Mediterráneo, cuando lo que hace falta es entablar inmediatamente un verdadero diálogo político y llevar a cabo una cooperación económica y social libre de toda idea de dominación.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Este informe de la Comisión de Industria tiene como objetivo central utilizar las zonas de libre comercio (ZLC) y los acuerdos bilaterales como «caballo de Troya» para lograr la liberalización del comercio mundial bajo el dominio de la OMC y de la «Agenda de Doha», o incluso rebasar sus ambiciones con la inclusión de objetivos políticos.
En él se lee «...la limitación que supone la necesidad de alcanzar un consenso entre los miembros de la OMC hace que las negociaciones multilaterales sean más complejas y lentas. Al avanzar más rápidamente que el sistema de comercio mundial y compartir los objetivos de este, las zonas de libre comercio constituyen un catalizador para el cambio. Aunque las zonas de libre comercio socavan el principio no discriminatorio de multilateralismo, representan un incentivo y un modelo complementario a las nuevas iniciativas sobre comercio mundial, siempre y cuando cumplan con las normas de la OMC y vayan más allá de las mismas...», presentando a la UE como modelo a seguir. ¿Qué quieren decir estas palabras?
Defiende también que solo corresponde a las Instituciones de la UE la competencia exclusiva «en todos los ámbitos comerciales», así como la «aplicación de la votación por mayoría cualificada y de la codecisión a todos los aspectos comerciales», lo que obviamente dificulta la posibilidad de que Portugal proteja sus intereses nacionales.
De ahí mi voto en contra del informe.

Lucas (Verts/ALE)
. (EN) El tema de este informe es sumamente importante. Por eso, el Grupo de los Verdes/ALE fue uno de los instigadores de un informe de propia iniciativa de la Comisión ITRE en el tema de la integración regional, sobre todo con respecto a sus posibles efectos en el multilateralismo y en los esfuerzos por conseguir un desarrollo sostenible.
Sin embargo, el título final y el ámbito de aplicación de este informe son mucho menos precisos que lo que habíamos esperado, y sus conclusiones discrepan mucho de las nuestras.
Aunque se han adoptado una serie des enmiendas que reflejan algunas de nuestras preocupaciones, muchas otras se han rechazado, y gran parte del informe sigue prestando un apoyo muy poco crítico a una integración económica reforzada.
Una de nuestras enmiendas más importantes haría que la creación de las Zonas de Libre Comercio dependientes de una evaluación previa y en profundidad del impacto en la sostenibilidad, para asegurarse de que dichas zonas no agraven las desigualdades entre asociados y para establecer una normativa de obligado cumplimiento que promueva la justicia social y la sostenibilidad. Puesto que no se han adoptado ni estas ni otras enmiendas parecidas, nos vemos obligados a abstenernos en la votación de este informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Recordando lo que se puede denominar «la actualidad» de los acuerdos comerciales celebrados en los últimos años, la ponente resalta que están motivados también por el deseo de promover la estabilidad política, lo que los hace parte integrante de la política exterior de la Unión.
Aunque los beneficios de estas zonas de libre comercio son indiscutibles, considero que, mientras la OMC no aclare la situación, evolucionan en un marco de cierta indefinición jurídica, aparte de que siempre hay que tener presentes las potenciales consecuencias nefastas de una estrategia «armonizadora» en los países menos desarrollados, cuya capacidad para la plena participación en las negociaciones comerciales es muchas veces limitada y no puede sobrecargarse, si efectivamente deseamos unos resultados justos. Por ello, aun estando de acuerdo en general, creo que era importante definir una orientación más prudente y gradual, razón por la cual me inclinaba por la abstención en la votación final.
Sin embargo, el resultado obtenido en cuanto al apartado 21 de la propuesta me llevó a votar en contra. En este ámbito tan sensible era imperioso mantener el procedimiento de decisión consensualmente acordado en Niza, tal como se proponía en la enmienda 12. Ahora bien, la mayoría, al imponer de nuevo el texto original, lleva al Parlamento a insistir de nuevo en una línea que considero irrealista e inaceptable. Por eso voté finalmente en contra.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
. (EL) El informe sobre la cooperación euromediterránea disimula una vez más la arrogancia de la UE hacia los países del Mediterráneo.
La Europa «civilizada» está preparada para enseñar democracia y mercado libre a sus vecinos «incivilizados». Se está convirtiendo en el evaluador de todo, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, en un momento en que una enorme red de dictaduras, represión y estados policiales se están desplegando en la propia UE. Está diseminando su propia versión de terrorismo, está imponiendo cláusulas especiales a los acuerdos de asociación, mientras no tiene nada que decir sobre el terrorismo de Estado de Israel. Está aprovechando su supremacía económica no para prestar asistencia al desarrollo de los países del norte de África y de Oriente Medio, sino para imponer sus condiciones sobre el comercio y sobre sus asuntos internos. El informe llega tan lejos como para solicitar a los países asociados que apliquen políticas de convergencia con el euro, al tiempo que ejerce presión a favor del desarrollo del sector privado.
Pese a los pronunciamientos contrarios, las relaciones euromediterráneas estuvieron y siguen estando valoradas de forma desigual. Fueron y son un vehículo para la intervención en los asuntos internos de los países mediterráneos con el objetivo de prestar apoyo a los intereses económicos, militares y políticos de la UE. Esta política se aumentará dado que, tras la ampliación, la atención de la UE se volverá hacia el Mediterráneo.
Al votar en contra del informe, el Partido Comunista de Grecia expresa su apoyo a los pueblos y a su lucha, que es el único camino hacia el progreso.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE)
Los moderados suecos estamos a favor del informe sobre el informe anual sobre el programa MEDA 2000. Sin embargo, creemos que dados los importantes problemas que tiene para establecer un marco presupuestario fijo, la UE no puede asumir el aumento de costes implicados en esta actividad dado el clima económico actual.

Carlotti (PSE)
. (FR) Con el informe del Sr. Piétrasanta, el Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre el estado de las relaciones entre Europa y sus socios mediterráneos.
Este informe plantea las cuestiones de fondo que subyacen a la asociación y aporta respuestas pertinentes que suscribo, sobre todo la necesidad de hacer hincapié en la dimensión política de la asociación euromediterránea para favorecer la democratización y la paz, el apoyo a las sociedades civiles mediterráneas, la integración sistemática de la cuestión de los derechos humanos en el seguimiento, y la creación de una verdadera asamblea parlamentaria euromediterránea durante la próxima Conferencia Ministerial Euromed de Nápoles, en diciembre de 2003.
Voy a votar a favor de este informe para apoyar con fuerza la inclusión de estos objetivos en el programa MEDA. No obstante, este programa es, hoy por hoy, insuficiente para abarcar por sí solo las relaciones entre la UE y sus socios mediterráneos.
En efecto, a día de hoy no se contempla ningún recurso complementario (para 2003, el plan de financiación regional MEDA recibirá 32 millones de euros y «la facilidad euromediterránea de inversión y asociación», 25 millones), y la desproporción entre el esfuerzo financiero de Europa con respecto a los diez nuevos miembros y su compromiso con el Mediterráneo es espectacular, por no decir escandalosa: 185 euros de ayuda por habitante en el caso del Este, y medio euro por persona en el caso del Mediterráneo.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este excelente informe.
Como es sabido, el objetivo principal del programa MEDA, que en 1995 vino a simplificar y reunir una serie dispersa de instrumentos, es emprender la reforma de las estructuras socioeconómicas con el fin de atenuar determinados problemas sociales y medioambientales resultantes del desarrollo económico en la cuenca del Mediterráneo, con tres objetivos: 1. Reforzar la estabilidad política y la democracia; 2. Crear una zona de librecambio; 3. Trabajar en el terreno social y cultural.
El programa MEDA constituye, así, el principal elemento de cooperación financiera de la asociación euromediterránea (por ayudas a fondo perdido de la Comisión o por otros instrumentos articulados con el BEI). Ahora bien, los resultados obtenidos por el programa MEDA I y por MEDA II en los dos años que ya lleva indican claramente que este modelo de cooperación debe mantenerse e incluso reforzarse (como apunta el ponente), esencialmente por las mismas razones que condujeron en 2000 a prorrogar y relanzar por más de cinco años este programa de éxito, un medio excelente de alcanzar los objetivos de sucesivos Consejos Europeos de Lisboa (1992), Corfú (1994) y Essen (1994): reforzar la política mediterránea de la UE de forma que la cuenca mediterránea se pueda convertir en una zona de cooperación que garantice la paz, la seguridad, la...
(Explicación de voto abreviada con arreglo al apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Berthu (NI)
. (FR) Los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos en materia de cooperación judicial penal y de extradición son absolutamente necesarios, sobre todo para luchar contra el terrorismo. No obstante, plantean, por primera vez, la cuestión de la interpretación de los artículos 38 y 24 del Tratado de la Unión Europea, introducidos por el Tratado de Niza, relativos a la celebración de acuerdos internacionales por parte de la Unión Europea en los ámbitos del segundo y tercer pilar. 
Estos artículos se redactaron y se aprobaron con una negligencia culpable, a pesar de las advertencias que hice en mi contrainforme sobre el Tratado de Niza. Hoy vemos las consecuencias: mientras que antes los parlamentos nacionales tenían el derecho de ratificar este tipo de convenios internacionales, en la actualidad lo están perdiendo, sin que además el Parlamento Europeo obtenga a cambio ningún derecho equivalente. 
Es cierto que los Estados ponen ahora todo su empeño en recuperar una facultad de examen de carácter nacional, por medio de la «reserva constitucional», que pueda darles la oportunidad de volver a comparecer ante sus parlamentos nacionales, pero se trata de una solución muy imperfecta. 
Vemos aquí las consecuencias de los tratados mal negociados. La Convención sobre el futuro de Europa debería corregir esto y lograr que los parlamentos nacionales vuelvan a desempeñar un papel en este ámbito. Por desgracia, parece que desea seguir el camino contrario.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) Es este un asunto de la máxima importancia y que depende fundamentalmente de la competencia de cada país. Por ello mismo, no es aceptable que el Consejo desclasificara el texto de los dos proyectos de acuerdos con los Estados Unidos de América solo un mes antes de su firma, pues son además los primeros acuerdos entre la UE y un tercer Estado.
El significado político de estos acuerdos es tanto mayor cuanto que se firman en un momento en que se están aplicando medidas «de seguridad» que representan un peligro para la salvaguardia de los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos y cuando los Estados Unidos mantienen en prisión a cientos de personas en la base militar de Guantánamo, sin acusación ni proceso judicial, o cuando exigen a otros Estados que le otorguen total inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional.
La actual redacción de los Acuerdos plantea cuestiones esenciales, como la extradición a un país en el que se ejecuta la pena de muerte y existen normativas que, al amparo de la «lucha contra el terrorismo», violan derechos fundamentales, o como la protección de datos personales, el carácter retroactivo de su aplicación o la ausencia de control, en particular, de los denominados equipos conjuntos de investigación.
La recomendación del PE, si bien critica aspectos del contenido de los Acuerdos, apoya sus líneas centrales, por lo que votamos en contra.

Korakas (GUE/NGL)
Incluso el debate de esta cuestión, tan solo unos días después de la invasión criminal del Irak por parte de los ejércitos británico y estadounidense, constituye una provocación.
Conforme a este acuerdo, la UE puede entregar a los ciudadanos de los Estados miembros y sus datos personales, sin condiciones, a la jurisdicción de los Estados Unidos, cuyas autoridades judiciales harán lo que les plazca, lejos de cualquier control democrático. Los equipos de investigación conjuntos UE/Estados Unidos operarán sin control en la UE, en violación de las constituciones nacionales y la legislación interior.
Este es un acuerdo a expensas de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE. Este no da lugar a diferenciación alguna en la ley nacional de los Estados Unidos, como puede ser el rechazo de la pena de muerte o de las disposiciones discriminatorias incluidas en la «ley patriota», que niega la ayuda legal a los ciudadanos no estadounidenses, ni a cambios en la legislación de aquellos estados estadounidenses cuya legislación es incompatible con la europea, ni tampoco lleva a poner fin a la detención inhumana de prisioneros de guerra en Guantánamo, incluidos ciudadanos de los Estados miembros de la UE.
Hacemos un llamamiento a nuestros pueblos para que organicen manifestaciones masivas en contra de un acuerdo peligroso que, con el pretexto de luchar contra el terrorismo, aumentará las persecuciones en contra del movimiento popular antiimperialista mediante la extradición a los Estados Unidos de los luchadores situados a la cabeza de este, además de cualquier persona en general que este país considere sospechosa; para impedir la legalización de actividades no controladas por parte de las autoridades judiciales estadounidenses en la UE e impedir que sus gobiernos ratifiquen cualquier acuerdo de este tipo.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) En el pasado no se extraditaba a los nacionales del propio país. En la actualidad, la UE funciona como un único Estado, con algunas garantías para evitar que los ciudadanos sean castigados por algo que está permitido en su país. Las extradiciones de la UE a otros países van más allá de eso y son sencillamente peligrosas. Sobre todo cuando se trata de países con un sistema penal diferente, como los Estados Unidos de América. Allí, los prisioneros de guerra son encarcelados y despojados de todos sus derechos en campos que quedan fuera del ámbito de aplicación de las leyes norteamericanas y que no reconocen a la Corte Penal Internacional. A nosotros, los europeos, nos parece importante que allí exista la pena de muerte y que los acusados inocentes tengan primero que declararse culpables para poder negociar una reducción de la pena. Tenemos que proteger a los ciudadanos europeos frente este sistema norteamericano. Quien no viaje ni se establezca voluntariamente y por iniciativa propia en ese país ha de tener garantías de que nadie le obligará a ir allí. Por ello rechazo el proyecto de acuerdo debatido el 8 de mayo en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en materia de extradición y cooperación judicial. Apoyo los intentos del ponente para, al menos, pronunciarse en contra de los tribunales militares, el procedimiento de Guantánamo y la discriminación de los ciudadanos europeos, y estoy totalmente de acuerdo con él en que cualquier posible modificación futura de este acuerdo no puede quedar al margen del procedimiento parlamentario normal.

Pasqua (UEN)
. (FR) Aunque este acuerdo podría haber constituido un gran avance en la lucha contra el crimen y el terrorismo internacional, esta Cámara piensa que su apoyo debe estar sujeto a condiciones extravagantes y consideraciones humillantes para los Estados Unidos. 
Las reservas relativas a la ausencia de control democrático o la exigencia de hacer una mención de la Carta de los Derechos Fundamentales parecen casi pintorescas frente a las graves acusaciones vertidas contra los Estados Unidos. 
¿Es una especie de chiste cuando el informe dice que el sistema judicial de algunos Estados de los Estados Unidos no ofrece el mismo nivel de garantías que el que aspiran a aportar a los Estados miembros de la Unión las medidas de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
¡Y qué decir de las observaciones sobre el carácter inoportuno de suscribir un acuerdo con los Estados Unidos en un momento en que numerosos ciudadanos de la Unión se hallan detenidos en la base militar de Guantánamo sin que se cumpla la legalidad y sin que tengan la menor garantía de que vayan a recibir un juicio justo! 
Cuando el angelismo alcanza tales proporciones y produce este tipo de absurdos -¿cómo se puede tratar de la misma manera a terroristas que a simples delincuentes comunes?-, raya en la estupidez.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado en contra de este informe por considerar que el ponente rebasó las competencias atribuidas al Parlamento Europeo por los Tratados al tratar de ampliar, mediante métodos hermenéuticos que no suscribo, el número y el volumen de materias sujetas a consulta.
En realidad, mi lectura del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea diverge de la que se hace en este informe, pues considero que donde se lee «...principales aspectos y... opciones fundamentales» de la política exterior y de seguridad común no debe entenderse «acuerdos prácticos» y «países específicos», por más amplios que sean los acuerdos o por más importante que parezca la parte contraria.
Presumir que del silencio de la norma emana una obligación concreta para el Consejo y que de esa supuesta obligación concreta se infiera una norma general de obligatoriedad de consulta al Parlamento, es una interpretación que desde luego no puedo seguir.
Considero que el intento de calcar el modelo estatal a escala comunitaria no corresponde al actual estado de la Unión. El intento de reconocer al Parlamento Europeo competencias similares a las de cualquier parlamento nacional carece de fundamento.
Lamento también, muy especialmente, que la propuesta de recomendación inicial haya sucumbido a iniciativas más agresivas que en nada favorecen la celebración de los Acuerdos UE-EE.UU., fundamento y causa de esta recomendación.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 13.30 horas, se reanuda a las 15 horas)
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0197/2003 del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y por el que se instauran regímenes de ayuda a los productores de determinados cultivos (COM(2003) 23 - C5-0040/2003 - 2003/0006(CNS));
A5-0182/2003 del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2826/2000 (COM(2003) 23 - C5-0041/2003 - 2003/0007(CNS));
A5-0174/2003 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (COM(2003) 23 - C5-0042/2003 - 2003/0008(CNS));
A5-0175/2003 del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la organización común de mercado de los forrajes desecados para las campañas de comercialización 2004/05 a 2007/08 (COM(2003) 23 - C5-0044/2003 - 2003/0010(CNS));
A5-0183/2003 del Sr. Ojeda, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la organización común del mercado del arroz (COM(2003) 23 - C5-0043/2003 - 2003/0009(CNS));
A5-0177/2003 de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM(2003) 23 - C5-0046/2003 - 2003/0012(CNS));
A5-0181/2003 de la Sra. Jeggle, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1255/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM(2003) 23 - C5-0045/2003 - 2003/0011(CNS));
A5-0189/2003 de la Sra. Rodríguez Ramos, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la multifuncionalidad agraria y la reforma de la PAC (2003/2048(INI)).

Cunha (PPE-DE)
. (PT) Señor Presidente, señor Comisario, mi voz no ayuda pero procuraré hablar con claridad. La Comisión presentó el pasado mes de enero sus propuestas legislativas para una nueva reforma de la PAC. Además de importantes ajustes en algunos sectores, las principales innovaciones se traducen en lo que se denomina desacoplamiento y modulación de las ayudas directas pagadas a los productores.
Con el desacoplamiento, se pretende transformar las ayudas actuales en un pago único por explotación, que pasaría a estar desvinculado de la producción y de los volúmenes producidos. De aquí en adelante, los agricultores recibirían siempre el importe fijado, independientemente de lo que cultivasen en el futuro; podrían incluso no cultivar nada siempre que mantuviesen la tierra en buenas condiciones agronómicas. Con la modulación, la Comisión pretende aplicar un porcentaje de reducción de las ayudas, que ascendería al 19% en 2012; cerca de dos terceras partes de las partidas así liberadas se destinarían a financiar futuras reformas y cerca de una tercera parte se reservaría para reforzar el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural. De esta reducción de ayudas solo quedarían exentos los agricultores que reciban menos de 5 000 euros al año.
La propuesta que ahora se presenta al Pleno fue aprobada por amplia mayoría en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la base de una propuesta de transacción presentada por el ponente y negociada con todos los grupos políticos. La esencia de ese acuerdo, que se pretende pase a ser la posición del Parlamento Europeo, es la siguiente:
En primer lugar, apoyar solo un desacoplamiento parcial y gradual de las ayudas directas, limitada al sector de los cultivos herbáceos y de los bovinos machos. En consecuencia, todas las demás primas se seguirían concediendo con arreglo al modelo actual; en segundo lugar, apoyar una modulación mucho más limitada, de solo el 6% en las regiones desfavorecidas y del 8% en las regiones no desfavorecidas, destinándose los ingresos así generados principalmente al refuerzo del segundo pilar. Los agricultores que reciben menos de 7 500 euros quedarían también exentos de la modulación.
Con esta posición, el Parlamento Europeo quiere transmitir algunos mensajes políticos. El primero es que apoya inequívocamente una reforma de la PAC que introduzca más racionalidad económica, que facilite su aplicación en una Unión Europea ampliada y que ayude a desbloquear las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio.
El segundo mensaje es que un cambio de este tipo debe realizarse con prudencia y realismo. En efecto, nuestra posición es que el desacoplamiento total de las ayudas, tal como propone la Comisión, si bien parece un modelo interesante desde el punto de vista teórico, presenta considerables riesgos en la práctica e ignora la realidad de la agricultura europea, la gran inestabilidad de los mercados, que siempre exigen instrumentos de gestión y de protección en la frontera, y la enorme heterogeneidad de la agricultura europea, que presenta enormes diferencias de rendimiento y de competitividad y, por consiguiente, impactos profundamente diferenciados en la aplicación de un sistema disociado de pagos.
El tercer mensaje político es que los riesgos de abandono de la producción como consecuencia de la introducción de un sistema disociado de ayudas son especialmente graves en las regiones desfavorecidas más periféricas, con menor productividad y, por tanto, menos competitivas. De ahí que el Parlamento proponga un porcentaje más bajo de modulación en esta regiones, que no se aplique ningún sistema disociado en las regiones ultraperiféricas y que se tenga en cuenta la situación especial de las regiones más débiles, a fin de seguir asegurando a sus agricultores alternativas de producción.
En cuarto lugar, el Parlamento quiere decir también que no está justificado, en estas fechas, decidir un porcentaje de reducción tan elevado de las ayudas para financiar futuras reformas de la PAC, porque no se conocen ni los costes ni el calendario de las mismas.
En quinto lugar, hay que destacar también el compromiso del Parlamento de apoyar el refuerzo del segundo pilar de la PAC, especialmente con la financiación de nuevas acciones en el ámbito de la calidad y la seguridad de los alimentos.
Por último, tampoco es inútil recordar que se propone que, a partir de 2007, el futuro régimen de ayudas disociadas deje de basarse en el criterio histórico y pase a basarse en dos grandes criterios: la superficie y el empleo de cada explotación. Para terminar, el Parlamento Europeo contribuye así a la adaptación de la PAC a las nuevas necesidades y realidades emergentes, pero lo hace de forma que se eviten o minimicen los riesgos de abandono de la producción, el aumento del desempleo y la generación de otros desequilibrios graves en algunos sistemas agrícolas, en particular en las regiones más desfavorecidas y periféricas. Se espera, pues, que el Consejo de Ministros de Agricultura, al que corresponde la decisión final, comparta estas preocupaciones del Parlamento y obligue a la Comisión a modificar su propuesta durante las negociaciones en curso.
Olsson (ELDR)
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, hay pocas cosas que serán tan importantes en el futuro como la agricultura sostenible y no contaminante. Desde el principio he apoyado las ideas con visión de futuro del Sr. Fishler sobre alcanzar propuestas relativas a cómo vamos a reformar la política agrícola europea. Desgraciadamente, estas ideas se han deteriorado y todavía siguen deteriorándose. Creo que existía un deterioro cuando el Presidente Chirac y el Canciller Schröder acordaron un techo que debió haberse aplicado, más bien, como un suelo para los costes de la política agrícola. Desgraciadamente, debo reconocer que, desde mi punto de vista, a lo que hemos llegado aquí en el Parlamento no mejora la propuesta, sino que la exacerba. Me preocupa que cuando los ministros se reúnan, también ellos la empeoren.
Ni siguiera los agricultores europeos parecen comprender qué conviene más a sus intereses. La oposición a la propuesta de la Comisión para la reforma agrícola entre los agricultores, entre nosotros mismos en el Parlamento Europeo y entre los ministros de Agricultura debe tener que ver con el hecho de que no desean ver el contexto más amplio. No pretendo hablar sobre los detalles ningún informe, pero pretendo concentrarme precisamente en las líneas más generales en mi discurso.
Debemos recordar que la mayoría de los alimentos del mundo se producen con costes que no se cubren con los actuales bajos precios del mercado mundial. La mayoría de los agricultores de países industrializados requieren por lo tanto ayuda si quieren poder producir alimentos, y debe pagársele más a los agricultores de los países en desarrollo. La ayuda a la producción agrícola en los países industrializados aumenta la producción y los excedentes se exportan con la ayuda de subsidios. Esto reduce los precios en el mercado mundial. Debemos cambiar los sistemas con el fin de crear un mercado mundial saludable. Debería ser posible que los precios del mercado mundial subiesen hasta un nivel que permita a la mayoría de los agricultores producir alimentos y es por lo tanto obvio que deben eliminarse todas las formas de ayuda que distorsionan el comercio. La UE no puede cambiar por sí sola esta situación, pero en conjunto con los Estados Unidos, seremos capaces de hacer muchas cosas en este ámbito. Las negociaciones dentro de la OMC y la propuesta de la Comisión para la reforma agrícola son pasos en la dirección correcta con relación a este tema.
Sin embargo, debemos recordar que el mundo no es tan simple como eso. Incluso con precios justos en el mercado mundial, grandes áreas de agricultura europea a pequeña escala no serían competitivas todavía. Contamos con requisitos duros en lo que respecta al medio ambiente y al bienestar de los animales. Insistimos en la seguridad y la calidad alimentarias. Demandamos protección para los trabajadores. Deseamos conservar los campos cultivados y los entornos naturales y culturales, y queremos mejorar las condiciones sociales en el campo. En teoría el mercado podría pagar para que se tengan en cuenta valores como el de la calidad. Nuestros requisitos podrían financiarse a través de ayuda directa de la sociedad y, más concretamente, de la UE cuando se trate, en concreto, de aspectos de beneficio colectivo. Sin embargo, la ruta desde las elevadas ayudas y los precios colapsados en el mercado mundial hacia el comercio y la determinación de precios saludables, debe conseguirse a través de un cambio en el modo en que se presta la ayuda en la actualidad, es decir, a través de un desacoplamiento de la ayuda desde la producción.
Aquí es donde entra mi informe sobre el desarrollo rural. Desgraciadamente, había muy poco dinero cuando la Comisión elaboró su propuesta. Gracias a los serviciales y bondadosos colegas diputados del Parlamento, he obtenido algún dinero del Sr. Cunha y determinada cifra de la Sra. Jeggle, y por lo tanto he podido añadir un poco más al desarrollo rural. Esto es debido a que el propuesto desacoplamiento pone en un mayor riesgo a las áreas menos favorecidas y debemos tratar estos riesgos con la mayor rapidez posible. Creo que el Parlamento ha dado con una mejora en aquellos casos en que este asunto está implicado.
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, si en la UE no modernizamos con suficiente antelación nuestro arsenal de ayuda a la agricultura ?es decir, desplazando la ayuda de la Caja Azul a la Verde, o como quiera expresarse? las negociaciones de la OMC, si van a conducir hacia algún resultado que sea alentador en una perspectiva global, podrían despojarnos por la fuerza de las armas que empleamos para proteger la agricultura europea y el modelo agrícola europeo. Entonces no habría nada a lo que podamos recurrir. Prevenir es mejor que curar. Esto es algo que los europeos también deberíamos apreciar. Cabe esperar que cuando los ministros de Agricultura se reúnan para negociar la próxima semana, se den cuenta de que una decisión pobre o la ausencia de una decisión podría en la práctica conducir al desastre para los granjeros, el campo y también para los consumidores que quieren ver buenos alimentos en Europa.

Souchet (NI)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente de dos informes, quisiera comenzar mi intervención, si les parece bien, presentando el informe, aprobado por una mayoría muy amplia en nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la reforma de la organización común de mercado en el sector de los cereales, y a continuación, pasaré a presentar mi segundo informe, aprobado también por una mayoría muy amplia, dedicado a la organización común de mercado de los forrajes desecados.
Comencemos, por tanto, por la organización común de mercado de los cereales. En su propuesta de reforma, la Comisión Europea, apartándose por completo del marco de la revisión intermedia de la Agenda 2000, preveía un auténtico desmantelamiento del conjunto de elementos constitutivos esenciales de la OCM. ¿Cuáles son, en efecto, las propuestas de la Comisión? En primer lugar, reducir -o seguir reduciendo, diría yo- el precio de intervención hasta que sea inferior al precio de coste, lo que constituye un enfoque antieconómico e insostenible; en segundo lugar, suprimir los incrementos mensuales; y en tercer lugar, suprimir la intervención para el centeno, suprimir el precio mínimo para la patata de fécula y suprimir las restituciones a la producción para el almidón. 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural estimó que ni era oportuno ni estaba justificado este desmantelamiento de la organización común de mercado más antigua y emblemática. Por lo que se refiere al precio de intervención, propuse, en mi calidad de ponente, que se tuviera en cuenta la inflación, que asciende al 25,5% desde la reforma de 1992 y que ha motivado una reducción efectiva del precio de intervención de los cereales, en términos reales, del 56%. Es preciso hacer hincapié en que el precio de intervención de los cereales constituye el índice de renta de cientos de miles de agricultores. 
Nuestra comisión rechazó una reducción suplementaria, que nada justifica, ni siquiera la evolución de los precios mundiales, que la propia Comisión estima al alza en los próximos años. La no reducción de precios que recomienda nuestra comisión no exige ninguna compensación económica y, por tanto, hace innecesaria la reducción progresiva. 
Por lo que se refiere a los incrementos mensuales, nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quiso recordar que corresponden a una carga económica y financiera real, la del almacenamiento, que incluye la modernización de los silos para adaptarse a la normativa, sobre todo en materia de seguridad, y que su supresión equivaldría a una reducción suplementaria, no compensada, del precio de intervención. Por consiguiente, la coherencia imponía dispensar el mismo trato a las dos propuestas de la Comisión acerca del precio de intervención y los incrementos mensuales. 
En cuanto al centeno, que padece un verdadero problema de excedentes, proponemos reducir las sumas destinadas a la intervención, para que, en el futuro, el cultivo de este cereal pueda concentrarse en las regiones donde constituya el último recurso para evitar que el terreno quede baldío o donde no exista ninguna solución alternativa rentable.
Por lo que respecta al almidón y la fécula de patata, nos cuesta entender, señor Comisario, el empeño que pone la Comisión Europea en que se supriman las disposiciones que permiten a la industria europea luchar, empleando las mismas armas, contra las importaciones. Se trata de un auténtico regalo para los productores de almidón de países terceros, y la Unión Europea no ha obtenido ninguna contrapartida. Las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no siguen la tónica de las medidas negativas puestas sobre la mesa por la Comisión, medidas que no nos parece que brinden perspectivas positivas de desarrollo para el sector de los cereales.
Pasemos, a continuación, si les parece bien, a la organización común de mercado de los forrajes desecados. Por mi parte, nunca hasta ahora había visto que una exposición de motivos de una propuesta de la Comisión se fundamente en una argumentación tan endeble. En efecto, apoyándose en una observación caduca de un informe del Tribunal de Cuentas, la Comisión pretendía suprimir, simple y llanamente, esta organización común de mercado a partir de la campaña 2008-2009, recurriendo como argumento a las palabras vertidas en dicho informe acerca de que esta producción se basa fundamentalmente en la utilización de combustibles fósiles para la deshidratación y, en algunos Estados miembros, en el uso del regadío. ¡Con qué ligereza y frivolidad, señor Comisario, se cuestiona el futuro de todo un sector a partir de un fundamento tan carente de peso! Y qué importa de qué sector se trata, un sector que proporciona el 15% de las proteínas forrajeras producidas en la Comunidad, un sector que aglutina a 150 000 productores y abarca 500 000 hectáreas, un sector que, en la vertiente de la deshidratación, está compuesto por 350 unidades de transformación y envasado de forrajes, en su mayoría propiedad de agricultores en régimen de cooperativa, que dan empleo a 15 000 trabajadores. ¿Ha calculado usted, señor Comisario, cuánto dinero con cargo a los presupuestos públicos de desarrollo rural sería necesario destinar para preservar, en las zonas rurales, la actividad y los puestos de trabajo que la muerte por eutanasia de este sector destruiría? 
Por tanto, a nuestra Comisión de Agricultura no le ha resultado difícil convencerse de que, dado el déficit de la Unión en proteínas forrajeras, sería sumamente irresponsable suprimir la ayuda a los forrajes desecados. En caso de que nuestra Cámara apruebe el informe propuesto por su Comisión de Agricultura, reafirmará claramente una postura que ya había adoptado en el marco del informe Stevenson, en el que se pedía a la Comisión que se encargara de hallar una solución y poner en práctica urgentemente las medidas necesarias para aliviar este grave problema, esta dependencia estratégica, este desorbitado déficit de proteínas vegetales que supone más del 75% de nuestras necesidades. En cuanto a los Estados Unidos, no han tenido ningún reparo y no han dudado en poner en marcha, tras los acuerdos de Blair House, un sistema de ayudas directas a la soja sin que la OMC se haya inmutado. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? 
Asimismo, nuestra Comisión de Agricultura consideró que el balance medioambiental del sector de los forrajes desecados no podía, en ningún caso, limitarse a vagas consideraciones estadísticas sobre el consumo de combustibles fósiles. Si se suprimieran todas las actividades económicas que consumen combustibles fósiles, usted habría venido de Bruselas a pie, señor Comisario. 
En cambio, la alfalfa, que constituye más del 80% de la producción de forraje desecado de la Unión, presenta cualidades excepcionales en dos ámbitos muy importantes: la renovación de los suelos y el ahorro de productos fitosanitarios. Además, no hay ninguna variedad modificada genéticamente de alfalfa en Europa. Esta producción, que garantiza una perfecta trazabilidad de los forrajes que proceden de ella, sustituye a importaciones que suscitan numerosas dudas por lo que se refiere a los OMG. 
En cuanto a la deshidratación, el uso de energía fósil ya se ha reducido significativamente en el transcurso de los últimos años. No obstante, es cierto que todavía queda un margen para progresar más. Por tanto, proponemos, con el beneplácito del sector, la firma de «contratos de progreso» mediante los que las unidades de deshidratación puedan comprometerse a mejorar sus resultados, su rendimiento y su balance energético. Nos parece más constructivo poner en marcha, en este sector, medidas sujetas a condiciones medioambientales que suprimir toda ayuda. 
En definitiva, nuestra comisión ha estimado que el sector es capaz de lograr nuevos avances agronómicos y medioambientales. Por este motivo, proponemos la creación de un fondo de investigación financiado a partir de un pequeño arbitrio sobre las ayudas otorgadas a este sector. Señor Presidente, señor Comisario, este es el camino que, a nuestro modo de ver, debe tomar la Comisión con el fin de ofrecer a este sector sumamente delicado y estratégico unas expectativas distintas a la destrucción, sin más, de una organización común de mercado que ha permitido preservar, hasta la fecha, uno de los pocos sectores de los que dispone la Unión en el ámbito de las proteínas vegetales.

Bautista Ojeda (Verts/ALE)
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el apoyo tan mayoritario que ha recibido mi informe sobre el arroz, así como las enmiendas que al mismo se han presentado y que han gozado de un gran consenso en el seno de nuestra comisión.
Señor Comisario, los mercados abiertos más desprotegidos también son más vulnerables. El cambio climático, las sequías prolongadas, las presiones importantes sobre los humedales, sobre esos espacios protegidos que ejercen el sector urbanístico o las propias administraciones, están poniendo en peligro estas zonas tradicionales de cultivo, reducto de biodiversidad.
Los mayores y más importantes hábitat de avifauna en Europa, están justamente en estas zonas tradicionales de cultivo de arroz y nuestra responsabilidad es preservarlos a toda costa.
En el marco de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común la Comisión ha propuesto la reforma de la OCM del arroz, teniendo en cuenta los desequilibrios provocados por el elevado aumento de las importaciones y de la producción interna que, unido a las restricciones en materia de restitución a la exportación, están generando importantes excedentes que tenderán a agravarse a partir de 2006 por la reducción progresiva de los aranceles que se derivará de la aplicación del Programa Everything but arms. 
La propia Comisión reconoce que es imposible estimar el impacto de esta iniciativa en toda su dimensión pero, a pesar de ello, asegura que las existencias en intervención serán insostenibles a causa de las exportaciones de terceros países.
Toda la filosofía de la reforma de la OCM propuesta por la Comisión se basa en hacer desaparecer la intervención sin tener en cuenta la especificidad de este tipo de cultivo en Europa, y que en un mundo globalizado, liberalizado, las pequeñas economías regionales ligadas a cultivos como el del arroz están más en peligro que nunca.
Es necesario reformar la OCM del arroz para adaptarla a las nuevas condiciones de competitividad de los mercados, pero asegurando una renta digna a los productores y de una forma compatible con un comercio justo en favor de los países menos desarrollados, preservando el cultivo con un importante papel de la Unión Europea en los ámbitos social, medioambiental y paisajístico. 
Todo esto ha sido obviado por la Comisión con su propuesta, tanto en lo que se refiere a la gestión del mercado, como en el pago específico del arroz y la ayuda desacoplada. Sin intervención, sin protección en las fronteras y sin la garantía de calidad y seguridad alimentaria que exigimos a nuestros productos, el sector desaparecerá.
Con su propuesta, la Comisión traslada a los agricultores toda la responsabilidad de encontrar soluciones al hambre en el tercer mundo, y esto no es justo. Un cultivo que exige unas condiciones agroclimáticas especiales, que hace que se concentre en determinadas áreas como monocultivo, que tiene por únicas alternativas la desecación, la salinización o el abandono.
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya, en su informe, la decisión de la Comisión de reducir el precio de intervención del arroz para equiparar el precio a los precios mundiales. Sin embargo, hemos rechazado la propuesta de crear un régimen de almacenamiento privado cada vez que el precio del arroz caiga por debajo del precio de apoyo efectivo.
Aparece, pues, un nuevo concepto: el precio de apoyo efectivo, que sirve para calcular los aranceles conforme al sistema de precios máximos y lo traslada al sistema de gestión del mercado. No es, pues, ningún tipo de apoyo para el productor, como ocurre con el precio de intervención, sino que es un sistema virtual que se usa para desencadenar otra medida imprecisa y no definida: el almacenamiento privado; una propuesta de almacenamiento privado que no funcionará, pues no lo ha hecho en otros sectores, y que agravará la situación financiera del agricultor, ya debilitada, pues tendrá que soportar a sus expensas un capital inmovilizado mayor y unos costes altos de mantenimiento y conservación del producto.
Por lo que se refiere a la medida especial de 120 euros, la malla de seguridad propuesta, dejar que los precios se estabilicen entorno a esos 120 euros, es dejar que los arroceros se arruinen. Así pues, debe mantenerse la intervención pública como mecanismo de regulación con un precio institucional que garantice la competitividad y el autoabastecimiento.
Por lo que se refiere a la protección en las fronteras, el régimen de intercambio se ajustó a los desafortunados Acuerdos de Marrakech en este sector, ya que se prevé un sistema de precios máximos de importación. De esta forma el precio de entrada del arroz cargo descascarillado no sería superior al 180 o 188%, según fuera índico o japónico, del precio de intervención.
Este sistema no tiene en cuenta los gastos de transformación de cáscara a cargo y además, provoca que en el mercado comunitario se importen con menor derecho arancelario los arroces de mejor calidad y mayor precio.
La Comisión ha pedido un mandato a los 15 para negociar, en la Organización Mundial del Comercio, la sustitución del actual sistema de derechos de importación variables, por derechos fijos, aunque parece que no hay acuerdo.
La Comisión de Agricultura ha estimado oportuno la derogación del sistema de precios máximos que ha conducido al sector a esta situación actual. En este contexto, numerosas enmiendas del informe hacen referencia a la necesidad de establecer mecanismos de control adecuado para evitar posibles irregularidades, y que se garantice el origen de los arroces importados, con el fin de evitar el dumping social y ambiental, así como los fenómenos sociales como el de la triangulación, y con una trazabilidad y etiquetado rigurosos que garanticen la seguridad alimentaria.
Por todo ello, la Comisión de Agricultura considera imperiosa la presentación de un informe de evaluación sobre las consecuencias de las reducciones arancelarias concedidas a la iniciativa Everything but arms que tenga en cuenta nuestras preocupaciones y la economía de los terceros países.
Señor Presidente, tengo mis reservas en cuanto a si el pago desacoplado propuesto por la Comisión conoce las especificidades medioambientales del cultivo y si un abandono del cultivo no aumentaría la vulnerabilidad ambiental de estas zonas. Necesitamos, además, un sistema de penalizaciones proporcional y no progresivo, ya que los arroceros están injustamente penalizados en comparación con otros agricultores, y que las superficies reconocidas sean las anteriores a la propuesta de la reforma. En este sentido apoyo la decisión del Sr. Cunha de apartar y sacar el arroz del desacoplamiento.

Jeggle (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando a principios de este año recibimos las propuestas legislativas de la Comisión sobre la evaluación a intermedia de la Agenda 2000 y el calendario correspondiente, el tiempo apremiaba bastante. Se suponía que el Parlamento Europeo debía presentar sus dictámenes a más tardar en esta semana. La tarea que se nos planteaba parecía superar nuestra capacidad. Muy pocos confiábamos en que lo lograríamos. En mi calidad de ponente del informe sobre las tasas en el sector de la leche y del informe sobre la organización común de mercado de la leche y los productos lácteos, puedo señalar con gran satisfacción que todos juntos lo hemos logrado.
La colaboración entre todos los Grupos políticos desde una fase temprana, como la que pudimos realizar particularmente en el sector de la leche, ha dado finalmente sus frutos. En mis proyectos de informe pude tener en cuenta, desde el principio, las preocupaciones de los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos y también de los demás Grupos. De este modo, el número de enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido asequible y el resultado que les presentamos ahora es coherente. Por último, el reducido número de enmiendas presentadas en el Pleno refleja el acuerdo general, que se expresó igualmente en el extraordinario resultado de la votación en la Comisión de Agricultura. Es esta una magnífica labor, por la que doy las gracias cordialmente a todos los diputados de esta Cámara que con buena voluntad, buen conocimiento de causa y disposición al compromiso han colaborado conmigo pensando en este objetivo. Asimismo deseo dar las gracias a la Secretaría de la comisión parlamentaria, que con su trabajo de coordinación entre bastidores ha sido para mí un apoyo valioso y fiable en mi trabajo.
La Comisión presentó un paquete legislativo para el sector de la leche que acogemos con gran satisfacción, puesto que incluye medidas como el mantenimiento de las cuotas lecheras hasta 2015. Pero para alcanzar su objetivo de adaptar el sector de la leche a las normas de la OMC, la Comisión propone, no obstante, instrumentos que en su conjunto resultan sumamente problemáticos: nuevas reducciones de precios, nuevos aumentos de las cuotas y desacoplamiento entre producción de leche y prima lechera. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta forma de proceder? Si se aplicara la fuerte reducción de precios junto con la ampliación de las cuotas, el sistema de cuotas lecheras quedaría de hecho anulado. En particular, las pequeñas y medianas explotaciones lecheras situadas en zonas desfavorecidas prácticamente no podrían hacer frente a la competencia, y en este punto la desacoplamiento del sector haría el resto, de modo que la producción de leche se trasladaría muy rápido de los pastizales y zonas desfavorecidas a las tierras más propicias. Entonces no se podrían ignorar las negativas consecuencias estructurales, sociales y ecológicas en las zonas afectadas. A fin de reforzar la competitividad y la eficiencia de las explotaciones lecheras de la UE, la Comisión echa abajo con sus propuestas su propia política estructural y la política de desarrollo rural. No tiene sentido destruir ahora explotaciones y puestos de trabajo, sobre todo en las regiones desfavorecidas y estructuralmente débiles, bien por obediencia anticipada a los dictados de la OMC, bien quizá por razones ideológicas. Pues mañana tendríamos que sustituir o volver a crear estos puestos de trabajo con mucho esfuerzo y fuerte gasto público a través de programas de desarrollo rural...
Por tanto, salta a la vista que es necesaria una transición gradual si queremos evitar objetivos tan conflictivos en este terreno. Junto con la Comisión de Agricultura y Desarrollo rural planteo, por lo tanto, un enfoque diferente. Nuestro objetivo es mantener una producción de leche sostenible y extensiva, en particular en las zonas de pastizales. Lo que está claro es que si la ganadería láctea desaparece de las regiones de pastizales y zonas desfavorecidas, será necesario un intenso esfuerzo público para mantener el paisaje en el estado que hoy conocemos y apreciamos como zona de descanso y vacaciones. Por ello, el mantenimiento del sistema de cuotas lecheras hasta 2015 es correcto y vital, y ya que deseamos hacer una política fiable, no adelantemos lo que decidió en la Agenda 2000.
Las reducciones de precios decididas en el marco de la Agenda 2000 y en parte ya aplicadas, nos han dado ya un amplio margen de maniobra en la OMC. Deberíamos aprovechar primero este margen de maniobra en las negociaciones. Si de las negociaciones resulta que es realmente necesario reducir todavía más los precios, en mis informes hay alguna indicación de la posible naturaleza de estas reducciones. 
Para mantener a la par, al menos hasta cierto punto, el sector de la leche y el sector de los cereales, pedimos una mayor compensación por las reducciones de precios. Los 50 céntimos propuestos resultan a todas luces insuficientes.
El argumento de la OMC no justifica la ampliación de las cuotas, a menos que el objetivo declarado de la Comisión sea ejercer una vez más presión sobre los precios a través de estas medidas. Sin embargo, ningún representante de la Comisión me lo ha planteado en estos términos, por lo que abogamos por que nos encontremos a los Estados miembros que piden más cuotas a mitad de camino mediante la introducción de un régimen flexible. Esto implica un «sí» al aumento de las cuotas, pero siempre en función de la situación del mercado.
En el caso del desacoplamiento, proponemos un enfoque gradual. En este momento no conviene. La Comisión de Agricultura propone que esto vuelva a examinarse en 2008, cuando se hayan reunido experiencias con el desacoplamiento, la revinculación o la simplificación en otros sectores. Entonces podremos estimar igualmente los efectos y consecuencias, y modificar este instrumento de acuerdo con ello.
En el caso de ambos informes sobre el sector de la leche es importante que en la votación en el Pleno se obtenga un resultado tan favorable como el obtenido en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Debemos enviar un mensaje claro al Consejo y a la Comisión. Un uso sostenible de la tierra puede ocupar el terreno de buena parte de la política medioambiental, social y regional. La Unión Europea defiende la agricultura extensiva y sostenible, y en muchas partes de Europa el sector de la leche está en el corazón de esa agricultura.
Rodríguez Ramos (PSE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, el pasado mes de junio usted nos presentó un documento de reforma de la PAC en el que establecía los objetivos que esta reforma debía perseguir: calidad y seguridad alimentaria, fortalecimiento del desarrollo rural y métodos de producción más extensivos y compatibles con el medio ambiente. Nadie podía estar en contra de estos objetivos, pero hoy tenemos que decirle que los instrumentos que quiere utilizar no solo son erróneos, porque no son válidos para conseguir los objetivos propuestos, sino que, es lo más grave, caminan en el sentido contrario.
Uno de los ejes de su reforma -el desacoplamiento de las ayudas- puede tener efectos perversos si no conseguimos modificarlo. El desacoplamiento total que nos propone para determinados sectores como instrumento capaz de diseñar un nuevo modelo de política agrícola es inservible si usted mantiene el criterio de las referencias históricas para fijar la ayuda desacoplada por explotación.
Las ayudas directas, tal y como se han ido configurando, responden a la lógica del mercado y están vinculadas directamente a las cantidades producidas y a los rendimientos asignados. Según los datos que usted mismo ha proporcionado, en el año 2001 el 5% de los agricultores europeos recibieron el 50% de las ayudas directas. No nos puede decir que demos por válido este gran desequilibrio en la distribución de las ayudas para sustentar ahí el desarrollo de una nueva PAC.
En el sector herbáceo, modelo en el que usted nos propone un desacoplamiento total, el 3% de las explotaciones agrarias reciben el 40% de los apoyos. Si partiéramos de ahí, si diéramos por buena esta foto fija, señor Comisario, estaríamos cambiando todo para que todo siguiera igual.
Permítame que le pida, una vez más, que cambie los criterios de asignación de la ayuda desacoplada; que utilice criterios multifuncionales para establecer una verdadera ayuda multifuncional por explotación; la multifuncionalidad agraria significa que la agricultura contribuye al mantenimiento de la población rural, creando empleos, a la preservación del medio ambiente, evitando la despoblación y la desertización de nuestro territorio. 
Por lo tanto, introduzca el criterio del territorio, el criterio de la superficie agrícola, el criterio del empleo generado y de los beneficios medioambientales que aporta la explotación agraria y estaremos en condiciones de hablar de una verdadera ayuda multifuncional. De un verdadero desacoplamiento de la ayuda a la producción, pero de una verdadera vinculación de la ayuda al productor y a su explotación.
Usted mismo reconoce que esta propuesta de desacoplamiento generará graves problemas en muchas pequeñas y medianas explotaciones, en zonas más desfavorecidas y menos productivas. Si es así, señor Comisario, cámbiela, porque de lo contrario echaremos fuera del sistema agrario a muchas explotaciones pequeñas y medianas de la Unión Europea.
Otro eje importante de su reforma es la modulación. En el mes de junio le aplaudí y le apoyé. Reforcemos el desarrollo rural a través de una modulación importante, trasvasando fondos del primer pilar al segundo pilar. Lo que hoy nos propone después del Consejo presupuestario de Bruselas de los días 24 y 25 de octubre pasado -donde se recorta el presupuesto comunitario- es que solo el 6% de la modulación vaya al desarrollo rural, dejando el resto para financiar reformas sectoriales en el primer pilar.
Es cierto que usted dice que esto es un acuerdo del Consejo y es verdad que ahí está la responsabilidad política, también la de aquellos -como mi Gobierno- que aplaudieron este acuerdo y mintieron a los agricultores diciendo que garantizaban la suficiencia presupuestaria hasta el año 2013. No es verdad, en el año 2008 habrá problemas, usted lo ha reconocido. Le pido un poco más de rebeldía, un poco más de empeño, si realmente cree que el desarrollo rural tiene que fortalecerse para elaborar una PAC más sostenible y más justa.
Le digo no a una modulación lineal, en la que hagamos recaer de forma igual en las espaldas de todos los agricultores el recorte de las ayudas directas para financiar los agujeros presupuestarios del acuerdo de Bruselas. Y le digo no a una modulación que sea igual, sin hacer diferencias entre zonas favorecidas o desfavorecidas y que no tenga en cuenta la renta de los agricultores. Que tratemos igual al que cobra 5 000 euros como al que cobra 50 000 o más. No es justo, señor Comisario.
Por todo ello, le pido, por favor, que haga un esfuerzo de flexibilidad, que no expulse del mercado a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, que garantizan la viabilidad de un entramado rural que ocupa más del 80% del territorio rural europeo. Esta reforma, fundamentalmente, no aporta cohesión, no da más justicia social a una política agrícola que está muy necesitada de ella. Le pido que reflexione y que modifique esta propuesta.
Drys
Señor Presidente, Señorías, cuando el Gobierno griego asumió la Presidencia del Consejo el 1 de enero de 2003, la reforma de la política agrícola común fue uno de los puntos en los que se concentró. Por lo tanto, las negociaciones para cerrar este expediente fueron uno de los objetivos principales de la Presidencia Griega, en cooperación, por supuesto, con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Nuestro Consejo debatió las propuestas de la Comisión en sus propuestas de febrero, marzo y abril conforme a la base de los cuestionarios de la Presidencia, que se centraron en aspectos de reforma de especial importancia. La Presidencia obtuvo conclusiones positivas de este procedimiento y decidió dar impulso a las negociaciones mediante la creación de un Grupo de Alto Nivel. El papel de este grupo era principalmente el de preparar la crucial cumbre de ministros del Consejo de junio.
El impulso hacia el alcance de un acuerdo se reforzó en el Consejo el 26 y el 27 de mayo, cuando el Comisario Fischler y yo nos reunimos con cada uno de los ministros con el fin de identificar problemas básicos y posibles soluciones, y llegar a un compromiso honesto. Tanto el Comisario como yo averiguamos, para nuestra satisfacción, que contamos con el apoyo a nuestro calendario por parte de la mayoría de los ministros. Esta mayoría está convencida de que, siempre y cuando alcancemos la combinación exacta en el contexto del expediente, podremos tomar decisiones antes de que concluya la Presidencia Griega, en otras palabras, en el Consejo de junio.
Me gustaría señalar al Parlamento que los ministros de Agricultura de los 10 nuevos estados participaron en las consultas tripartitas. El Parlamento Europeo es un factor especialmente importante en el proceso para formular la futura política agrícola común. Su resolución de noviembre de 2002 sobre la comunicación de la Comisión realizó importantes sugerencias a la Comisión para la orientación de sus propuestas legislativas.
La opinión del Parlamento Europeo sobre las propuestas legislativas de la Comisión para la reforma de la PAC es excepcionalmente importante y todos la esperamos con gran interés. En este momento me gustaría dar las gracias a todos los ponentes, al presidente de la Comisión de Agricultura y, por supuesto, a todos los miembros de esta, que se las arreglaron para completar sus esfuerzos y votar sobre los informes realmente interesantes relativos al paquete de propuestas de la Comisión en un período de tiempo tan corto.
Esta coherencia por parte del Parlamento Europeo, y especialmente de la comisión de Agricultura, permitirán a la Asamblea dar su opinión sobre las propuestas de la Comisión Europea a su debido tiempo, permitiendo así a nuestro Consejo perseguir un compromiso honesto y sincero. Este compromiso no ignorará el modelo agrícola europeo basado en las explotaciones familiares o la multifuncionalidad de la agricultura o, por supuesto, las necesidades de las zonas menos favorecidas, como confirmó el Consejo Europeo en Bruselas, en octubre de 2002.
Permítanme hacer referencia a las cuestiones más importantes de nuestra misión general. La primera es el desacoplamiento. Sin duda este es el centro de la reforma. Esto es lo que está ocasionando la mayor dificultad para encontrar una solución que sea comúnmente aceptada. Los planteamientos de esta cuestión varían entre los Estados miembros, con la consecuencia de que, hasta el momento, se han expresado importantes reservas sobre una serie de elementos individuales.
Una cuestión inicial es la entrada en vigor del sistema. El punto de vista expresado por determinados diputados de nuestro Consejo con el denominado desacoplamiento parcial también es especialmente importante. Aunque este tipo de planteamiento podría, en un principio, constituir un elemento de compromiso, debemos tener en cuenta que se dan varias interpretaciones de distinto contenido al término desacoplamiento parcial. También hay Estados miembros que se han manifestado a favor de la derogación del desacoplamiento para determinados productos, mientras que, por otra parte, otros Estados miembros han salido en defensa de la integración de más productos, con el fin de evitar fenómenos competitivos entre los sectores productivos. Espero que la opinión del Parlamento Europeo sobre esta cuestión esencial nos ayude a encontrar una solución satisfactoria.
Segunda cuestión: la modulación. La mayoría de los Estados miembros han expresado reservas respecto al nivel de franquicia de 5 000 euros para la derogación de la obligación de reducir gradualmente el apoyo, mientras que otros desean que se proporcione una escala intermedia, que permitirá la aplicación más progresiva de las reducciones graduales sobre las explotaciones mayores y más competitivas.
Otras cuestiones sobre las que divergen los puntos de vista de los Estados miembros son la necesidad de salvaguardar a los productores de pequeño y mediano alcance, la aplicación de principios de justicia social y el deseo de una administración más directa sobre las explotaciones agrícolas. No debemos olvidar que los acuerdos también tienen como objetivo el ahorro de recursos, que se emplearán para financiar futuras reformas de la organización común de mercados. En otras palabras, debido a que los recursos agrícolas son específicos, cualquier incremento en la franquicia o cualquier otro acuerdo similar no debe hacer peligrar ni la financiación de futuras reformas en los productos lácteos, el azúcar o los productos mediterráneos ni el techo financiero.
La tercera cuestión es la conformidad cruzada. Casi todos los Estados miembros adoptan una postura positiva sobre esta medida en un principio. El problema radica en el hecho de se considera que esta iniciativa implica un coste financiero y administrativo excesivo, que es desproporcionadamente elevado con relación al objetivo que se persigue. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben tender hacia encontrar modos que permitan que las demandas se limiten a lo absolutamente necesario, y a disponer de una mayor flexibilidad en los Estados Miembros, con la posible aplicación gradual del sistema propuesto.
Señorías, se han propuesto varias medidas en el marco de la política comunitaria sobre el desarrollo rural, con el objetivo de responder mejor a las preocupaciones de la sociedad en lo que respecta a la protección medioambiental, el cumplimiento de los estándares comunitarios en el sector agrícola, la mejora de las condiciones en las que se mantienen los animales y estándares de especificación alimentaria más altos. Estas ideas por parte de la Comisión han obtenido un gran apoyo.
Durante las diversas fases del debate de las nuevas medidas quedó claro que la reforma de la política agrícola común debería ser el punto de partida para simplificar la política comunitaria de desarrollo agrario. Al nivel sectorial, las propuestas de la Comisión Europea necesitan ser mejoradas, de forma que el Consejo pueda adoptarlas dentro del marco de un paquete general. Por último, la reforma de la política agrícola común debe incluir medidas específicas para los jóvenes agricultores, que representan el futuro de la agricultura europea, así como disposiciones específicas para las zonas desfavorecidas, aisladas y problemáticas de la Unión Europea, actualmente amenazadas de abandono.
Me gustaría hacer ahora referencia a los aspectos financieros de las propuestas para la reforma de la política agrícola común. Los debates en el Consejo se han centrado en el efecto financiero previsto de las medidas de mercado propuestas y los aspectos financieros de los elementos principales de las propuestas de reforma desde los pagos asociados, la reducción gradual y la modulación. Las previsiones de gasto de la Comisión muestran que la modulación y las medidas de reducción graduales son necesarias para salvaguardar el cumplimiento de los techos financieros establecidos por la cumbre de Bruselas de octubre de 2002. Como presidencia, debemos esforzarnos por garantizar que las soluciones adoptadas se encuentran dentro del marco de los marcos financieros decididos para el presupuesto de la Unión Europea.
Señorías, señor Presidente, nuestro Consejo ha aceptado que el clima económico actual es tal que necesitamos avanzar un paso más para ajustar la política agrícola común. Todos necesitamos reconocer que la política agrícola común nunca fue estática y que siempre ha respondido a las cambiantes circunstancias mediante el ajuste de los medios existentes y la creación de otros nuevos. Estas decisiones siempre se han basado en el método comunitario, que significa cooperación entre las instituciones y compromiso entre los Estados miembros dentro del marco del Consejo.
En la actualidad nos encontramos en una fase crucial del proceso general. Con el pragmatismo y la buena voluntad que siempre han demostrado las instituciones y los Estados miembros, soy optimista respecto a que podamos alcanzar un acuerdo político durante las próximas semanas. Me gustaría garantizarles, Señorías, que el Consejo, al igual que los ciudadanos de Europa, espera los puntos de vista del Parlamento Europeo con enorme interés.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en mi opinión los informes del Sr. Bautista Ojeda, del Sr. Cunha, de la Sra. Jeggle, del Sr. Olsson, de la Sra. Rodríguez Ramos y del Sr. Souchet, así como las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son un impresionante testimonio del compromiso con el que el Parlamento desea abordar los urgentes desafíos a que se enfrenta la agricultura europea y el futuro de la política agrícola común. Por ello quiero dar las gracias de todo corazón a todos ustedes.
Creo que existe un alto grado de unanimidad entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros por lo que se refiere al análisis de este problema y la definición de nuestros objetivos generales. El común denominador en que se basa este consenso es sin duda el modelo de una agricultura multifuncional y sostenible que todos deseamos conservar por encima de todo. Este modelo constituye nuestro programa. Para ser sostenible, la política agrícola común debe guiarse de modo coherente por objetivos económicos, sociales y medioambientales.
Si comparamos estos objetivos con la realidad, se pone de manifiesto lo que aún queda por hacer. La función social de la agricultura, es decir, el entorno económico general, la estabilidad de las relaciones comerciales internacionales, la conservación del medio ambiente, la preservación de las superficies de cultivo y sobre todo la producción de alimentos de alta calidad y seguros, todo ello forma parte de los retos que hay que superar en interés de los agricultores y de todos los demás ciudadanos europeos.
Este principio constituye igualmente la base de las propuestas de reforma presentadas por la Comisión y que hoy debatimos. Queremos adaptar los mecanismos de gestión del mercado a las condiciones futuras de la oferta y la demanda, a fin de detectar las crisis antes de que se desarrollen. Queremos realizar pagos directos que sean compatibles con el mercado y con nuestras obligaciones comerciales internacionales. Tenemos que ofrecer a los agricultores la legítima expectativa de unos pagos suficientes y fijar los importes pagados en casos particulares en función de los niveles históricos de las ayudas concedidas. No debemos ignorar las expectativas de la sociedad de nuestros días y debemos vincular los pagos directos a criterios que midan el grado de protección del medio ambiente y de los animales, de seguridad alimentaria y de seguridad laboral. Queremos facilitar una agricultura que produzca uniformemente y preservar las superficies de cultivo por medio de la actividad agrícola, más que mediante cualquier otra actividad. Queremos añadir a los instrumentos de la política de desarrollo rural elementos que garanticen la calidad y protección de los animales. Para asegurar la financiación de las nuevas reformas, nos vemos obligados a introducir una disminución progresiva, y la modulación puede ayudar a desarrollar la política de desarrollo rural. Y por último, queremos que la reforma también tome en consideración la cohesión.
Al enumerar estos elementos me muevo en un terreno que sustancialmente es común a todos nosotros. Sin embargo, no quiero ocultar que también existen diferencias, algunas importantes, por lo que se refiere a la evaluación de la situación y la elección de los instrumentos adecuados. Por supuesto, soy consciente de que habrá que recorrer un largo camino hasta llegar a un acuerdo. Pero como señalaba el Presidente del Consejo de Agricultura, este es para nosotros el camino que nos lleva adelante, tanto en el Parlamento como en el Consejo de Ministros de Agricultura.
Al contemplar los elementos concretos del informe Cunha, tengo que reconocer que contiene muchos puntos que merecen consideración, y agradezco igualmente al Sr. Cunha su clara afirmación de la necesidad de la reforma. A mí también me gusta la idea de dar un trato preferencial a las zonas desfavorecidas, pero no quisiera excluir ni suscribir la idea de que la aplicación de distintas tasas de modulación sería el instrumento idóneo para ello.
También hay argumentos razonables que cabe aducir a favor de no conceder pagos de renta agraria a algunos sectores de producción vulnerables, como las vacas nodrizas o la cría de ovino o caprino, sin hablar del mantenimiento de la producción agrícola en regiones problemáticas.
Pero también hemos de tomar en consideración las desventajas de estas medidas, que incluyen elementos como el efecto de distorsión del mercado de las ayudas vinculadas o que impiden a los agricultores hacer lo que económicamente es más sensato para sus explotaciones. Incluso la idea de excluir las frutas y hortalizas de las tierras con derecho a ayuda se apoya en razones de peso. Sin embargo, debemos estar seguros de no ir tan lejos que corramos el riesgo de perder las ventajas de las ayudas desvinculadas.
En el informe Olsson y en las enmiendas correspondientes presentadas por la Comisión de Agricultura, admiro las ambiciosas visiones que tienen los diputados del desarrollo ulterior de las zonas rurales. Concuerdo plenamente con el Sr. Olsson en que debemos hacer todo lo posible por no diluir estas propuestas. Por ello soy escéptico en lo referente al gran número de enmiendas presentadas y su alcance. En mi opinión, el paquete de programas basado en el Reglamento 1257 no debería desmantelarse en su totalidad a mitad del período de programación. Añadiré que el marco presupuestario vigente no permite modificaciones fundamentales con respecto a los importes y los porcentajes de ayuda. Y por último, la Comisión debe velar por la coherencia del paquete en su conjunto. Lo mismo cabe decir con respecto a las normas relativas a las ayudas públicas y a las disposiciones de los Fondos estructurales.
No debemos olvidar que el gran debate sobre la política estructural todavía está pendiente. A finales de este año, la Comisión presentará sus propuestas para una nueva política estructural a partir de 2006, junto con el Tercer Informe sobre la Cohesión.
Paso ahora a comentar los informes sobre las organizaciones comunes de mercado y, en primer lugar, me gustaría abordar el informe Souchet sobre cereales y fécula.
La experiencia de los últimos años muestra que en la Agenda 2000 no tomamos suficientemente en cuenta la evolución de los mercados. Nuestro análisis de las perspectivas a largo plazo señala con toda claridad que los productores de cereales de la UE no encontrarán una salida suficiente para sus productos sin una nueva modificación del apoyo al mercado. Y eso es lo que cuenta en última instancia. Este dilema se ve agravado por la evolución del tipo de cambio entre el euro y el dólar.
Por ello, tendríamos que reducir, lamentablemente, los precios de intervención un 5%, según lo previsto, y dejar de incrementarlos sobre una base mensual.
Aparte de ello, existen algunos problemas específicos, como por ejemplo el que plantea el centeno, cuyas existencias de intervención han aumentado hasta alcanzar 5,3 millones de toneladas, cantidad que supera la cosecha de un año normal. Esta situación insostenible podría agravarse con la ampliación prevista para 2004. Y el principal responsable de estos excedentes estructurales es el mecanismo de intervención. Por esa razón deberíamos suprimir de una vez por todas este problema y no, como propone la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pretender una solución a medias, introduciendo cantidades máximas nacionales indicativas. En mi opinión, no hay alternativa alguna a la supresión de la intervención en el sector del centeno.
En el sector de las féculas, el mantenimiento de las restituciones a la producción, desde el punto de vista del principio económico, ya no es necesario, ya que los precios de mercado corresponderán a los del mercado mundial. Incluso cabe cuestionar un precio mínimo para las patatas de fécula en vista de las medidas adoptadas en el sector competidor de los cereales. Gracias al mantenimiento del 50% de las primas vinculadas se ofrecerán suficientes estímulos económicos para la producción de patatas de fécula.
Por lo que respecta los piensos desecados me gustaría recodar una vez más, para que se comprenda mejor la posición de la Comisión, las severas críticas de que fue objeto este régimen debido a sus adversas consecuencias para el medio ambiente, reflejadas en estudios independientes, así como en el informe del Tribunal de Cuentas. Las enmiendas encaminadas a utilizar el régimen de ayudas para la promoción del progreso técnico, en particular con el fin de minimizar el consumo de energía, resultan interesantes, pero me pregunto si realmente tiene sentido hacer algo por el estilo en el contexto de las medidas de apoyo al mercado. ¿No serían los programas de desarrollo rural el marco más adecuado para este planteamiento?
En vista de la importancia social, económica y ecológica del sector del arroz, no deseo cuestionar la necesidad de una regulación del mercado del arroz, pero resulta inevitable una reforma radical, ya que de lo contrario deberíamos hacer frente a enormes existencias de intervención a las que no sería posible encontrarles salida, por no mencionar los costes derivados para el presupuesto comunitario. Me complace que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural comparta en principio este parecer y buena parte de las propuestas de solución de la Comisión. Algunas enmiendas, como por ejemplo el aumento de los volúmenes de importación y la restitución obligatoria de los precios, cuentan con mi pleno apoyo. En cuanto a sus demás propuestas, si bien estoy de acuerdo con la orientación general, no o estoy con la formulación elegida. No obstante, estoy convencido de que la orientación que me han señalado resultarán útiles en las negociaciones en el Consejo.
En relación con el régimen de importaciones, cualquier modificación de los derechos de aduana consolidados para el arroz deberá negociarse en el marco del artículo 28 del GATT. A tal fin, el Consejo debería conceder a la Comisión finalmente el mandato de negociación correspondiente. Además, en mi opinión habrá que examinar por separado los derechos de importación del arroz paddy. Si a pesar de ello se mantiene un mecanismo permanente de intervención para el arroz, incluso a un nivel de 150 euros por tonelada, dicha medida resultaría sumamente costosa. No obstante, estoy dispuesto a considerar un mecanismo uniforme en un nivel de precio que sea compatible con la situación prevista en el mercado y que impida un nuevo incremento de las existencias.
Y de este modo llegamos a los dos últimos informes sobre la regulación del mercado, los informes de la Sra. Jeggle. Tomo nota de que los miembros de la comisión parlamentaria se pronuncian a favor de prorrogar el régimen de cuotas lecheras hasta 2015. En cambio se crítica el adelanto de 2005 a 2004 de las reducciones de precios contempladas en la Agenda 2000, y las nuevas reducciones del precio de intervención y la limitación de las cantidades de intervención de la mantequilla. Estoy convencido, sin embargo, de que estas medias son necesarias para reforzar la competitividad del sector lácteo de la UE. Por ello, en nuestra condición de mayor exportador mundial de productos lácteos, deberíamos tener en cuenta en nuestras decisiones la evolución de los mercados mundiales y las deliberaciones en la OMC.
Otro sector que a todas luces levantar susceptibilidades es el incremento de las cuotas lecheras en un 1% en 2007 y 2008. Algunos estudios independientes muestran que los mercados están en condiciones de absorber cantidades adicionales en vista del aumento del consumo. Por esa razón estoy convencido que esta propuesta resulta oportuna. Sin embargo, si prefieren esperar la evolución real de dichos mercados, la Comisión no se negará a discutir sobre esta cuestión.
Soy escéptico, sin embargo, por lo que se refiere a las propuestas consistentes en conceder mayores compensaciones y en aumentarlas en las regiones desfavorecidas, en establecer una diferenciación en función del nivel de calidad o en fijar los precios según los costes de producción y mano de obra. No obstante, estoy dispuesto a debatir las enmiendas sobre la situación de los agricultores que comercializan directamente sus productos y sobre hasta qué punto los Estados miembros pueden asignar las cuotas transferidas a sus reservas nacionales.
En general estoy de acuerdo con la opinión de los miembros de la comisión parlamentaria en el sentido de que el sector lechero debe seguir siendo rentable y debe garantizarse la renta de los productores. Asimismo les prometo que examinaré minuciosamente todas sus propuestas.
Por último, abordaré el informe de propia iniciativa de la Sra. Rodríguez Ramos sobre la agricultura multifuncional y la reforma de la PAC. Señora Rodríguez Ramos, usted señala que no puede estar en contra de los objetivos de la reforma, y eso ya es algo. Todos nosotros queremos mejorar el entorno rural, sobre todo en las regiones desfavorecidas. Esto tiene que ver con los recursos presupuestarios disponibles, la orientación hacia el objetivo de la sostenibilidad y el pago a los agricultores por la prestación de servicios a la sociedad. No cabe duda de que debemos destinar fondos de la forma más eficaz, de la forma más idónea al objetivo que pretendemos, pero también debemos rendir cuentas al contribuyente al respecto. Nuestra noción del desarrollo rural y su refuerzo por medio de la modulación constituyen medidas concretas para alcanzar los objetivos mencionados por su Señoría. En todos los casos se remunera el carácter multifuncional de la agricultura. Lo que exige usted es una redistribución masiva de los fondos de ayuda. Yo no estoy convencido de que el sistema resulte automáticamente más justo con ello, aunque comprendo que debamos prestar especial atención a la cohesión: por esta razón hemos integrado un elemento de cohesión en la elección de la base de distribución de los recursos disponibles en el futuro para el desarrollo rural, que deberá mantenerse.
Con todo, me gustaría darles las gracias de todo corazón por todo lo que han hecho, y espero con gran interés sus intervenciones. Con mucho gusto responderé a sus preguntas al final del debate.
Herranz García (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, el Parlamento Europeo está debatiendo ahora lo que debería haber sido una simple revisión de la Política Agrícola Común, tal y como estaba previsto en la Agenda 2000, aprobada por los Quince en marzo de 1999. Sin embargo, el debate tiene un alcance mucho mayor debido a las aspiraciones de la Comisión Europea que ha pretendido imponer, sin tener en cuenta la voluntad de los Estados miembros y del propio Parlamento Europeo, una reforma en profundidad de la Política Agrícola Común, quizá la mayor en toda su historia. Además, se ha pretendido dar a sí misma prerrogativas que no le corresponden a nivel presupuestario. 
El Parlamento debería realizar esta semana, por una parte, un ejercicio de responsabilidad hacia los propios agricultores comunitarios cuyas inversiones necesitan un mínimo de estabilidad. Y por otra, también debería intentar preservar sus atribuciones.
He sido ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos sobre esta reforma, lo cual me ha permitido detectar algunas contradicciones contables en la propuesta de la Comisión Europea. La Comisión nos propuso, por ejemplo, una modificación de la organización común del mercado del sector lechero -que no es más que una reforma de la reforma ya adoptada en la Agenda 2000 para ese producto- y cuyo coste en el año 2013 se elevaría a 1 500 millones de euros, cifra que coincide en esa fecha con el déficit presupuestario que la Comisión estima en su ficha financiera. 
Afortunadamente, en los debates mantenidos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento se ha visto que la mayoría de los grupos políticos está en contra de dicha reforma, cuyo elevado coste no se justifica en ningún modo porque todavía no han entrado en vigor las disposiciones adoptadas en la Agenda 2000.
Por otra parte, quisiera destacar que la decisión que adoptemos hoy en torno a la reforma de la PAC tendrá repercusiones más allá de las actuales perspectivas financieras, por lo que es oportuno tomar las precauciones necesarias para evitar una merma de los poderes presupuestarios del Parlamento.
Toda decisión que modifique en profundidad la Política Agrícola Común a medio camino de la Agenda 2000, debería ser revisada en el marco de las próximas perspectivas financieras, con el objeto de impedir adoptar medidas a la ligera que nos comprometan más allá del año 2006.
A mi modo de ver, no tiene, por ejemplo, ningún sentido que hoy en día establezcamos de forma definitiva y con porcentajes cerrados los fondos que serán trasvasados a la categoría 1 B a partir del año 2006, cuando no hemos tomado una decisión sobre los gastos no obligatorios del presupuesto agrícola para la próxima programación financiera. No serviría para otra cosa más que para crear insatisfacciones hoy a los agricultores europeos, recortando sus ayudas y no diciéndoles en qué se utilizará ese dinero ni cómo se utilizará.
El texto ha sido mejorado en el debate parlamentario y así lo reconozco, pero no lo suficiente. Lo importante es que este texto no asegura el desarrollo equilibrado de la agricultura y la ganadería europea, como tampoco asegura el equilibrio territorial de las áreas rurales europeas. Y este Parlamento no debería transmitir mensajes desmotivadores e innecesarios a los agricultores europeos.

Fiori (PPE-DE)
. (IT) Señor Presidente, los objetivos de la Comisión son loables, sin duda comprensibles en un contexto macroeconómico, pero difícilmente aceptables. La Comisión defiende la tesis de una mayor competitividad de precios, pero también del respeto de las exigencias de la sociedad, es decir, sostenibilidad y calidad. Cabe preguntarse cómo harán los agricultores europeos para satisfacer las demandas de la sociedad, que pide normas mucho sumamente rígidas en materia de métodos de producción, garantía, seguridad alimentaria, etc., en un momento en que se impone la necesidad de una reducción de precios y de contención de los costes para seguir siendo competitivos en los mercados mundiales.
La Comisión sostiene la tesis de la simplificación. A mi entender, las propuestas, una vez analizadas, demuestran que se trata de intervenciones complejas que incrementarán la burocracia, en vez de reducirla. Basta un solo elemento de la propuesta, el régimen de los derechos en el marco del desacoplamiento, para comprender el porcentaje de aumento de la burocracia en nuestras empresas. Vislumbro un escenario pesimista -sinceramente espero equivocarme- articulado en tres puntos muy sencillos: en primer lugar, la propuesta de reducción de los precios, junto con el desacoplamiento, conducirá a un fuerte abandono de la producción en muchas regiones y en muchos sectores, lo que dará lugar a una aceleración de los cambios estructurales y a un éxodo de las zonas rurales; aparte del impacto sobre las empresas, el desacoplamiento provocará la fragmentación de la cadena agroalimentaria con una amenaza para el empleo y una grave repercusión sobre las cooperativas agrícolas. En segundo lugar, el mercado europeo estará sujeto a una gran influencia de los principales exportadores mundiales, que, a nuestro entender, no serán seguro los países en desarrollo. En tercer lugar, las únicas medidas nuevas que se adoptarán para ayudar a los agricultores a aplicar normas más severas y garantizar la calidad deberán ser financiadas por los propios agricultores, a través de la disminución de la ayuda. Si el escenario es este, me pregunto cómo se puede apoyar la reforma.

Goepel (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las enmiendas sometidas a votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de este Parlamento, algo así como ochocientas, han puesto de manifiesto lo controvertidas que resultan las propuestas de la Comisión sobre el futuro de la política agrícola común. Las reacciones van desde el rechazo general a la aprobación moderada. Sin embargo, se ha logrado llegar a un compromiso que ha sido adoptado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, una proeza sin precedentes, aunque hay que admitir que se ha conseguido bajo una fuerte premura de tiempo. Este compromiso representa, como señalaba un semanario alemán, un hito respetable en el camino hacia una política agrícola de aquí a 2013. 
Las próximas negociaciones en la OMC, la inminente ampliación de la UE y el mandato de evaluación de la Agenda 2000 fueron en última instancia las presionas bajo las que se encontraba la Comisión cuando, por mandato del Consejo, presentó en enero de 2003 al Parlamento Europeo sus propuestas para su examen. El hecho de que ahora en los informes sometidos a votación en el Parlamento Europeo se hayan moderado muchas cosas, se hayan agregado muchas otras y se hayan rechazado algunas por no ser realizables en este momento, ello se debe en última instancia a la presión de quienes trabajan en la agricultura, a los que representamos. 
Muchos críticos consideraban que, de igual manera que en el Consejo había distintas opiniones sobre las propuestas, tampoco en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se encontraría una solución razonable en este momento. Posiblemente, incluso en el Consejo se esperaba sin decirlo que el Parlamento no adoptaría una decisión por motivos técnicos y sobre todo de tiempo, de forma que no fuese el Consejo, sino precisamente este Parlamento el que frenaría una reforma agraria tan necesaria. Pero los Ministros de Agricultura se han equivocado. Independientemente del resultado de la votación del jueves, este no será vinculante, pues el ámbito de la agricultura aún no está sometido al procedimiento de codecisión, algo que esperamos que cambie pronto. Sin embargo, el resultado de esta votación enviará un mensaje e impondrá al Consejo, que se supone adopta las decisiones finales, la obligación de llegar a un compromiso antes de que acabe esta Presidencia. Nosotros en el Parlamento hemos cumplido y solo puedo recomendar al Consejo, en nombre de mi Grupo, que actúe de acuerdo con las equilibradas propuestas de esta Cámara.
Garot (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hemos pasado de una revisión intermedia de la PAC de la Agenda 2000 a una reforma que será válida hasta 2013, es decir, durante un período de diez años. Por consiguiente, es importante que no nos equivoquemos en nuestras opciones básicas. Así las cosas, señor Comisario, usted ha propuesto dos objetivos primordiales, la multifuncionalidad y la competitividad de la agricultura, ambas a la luz del deseo de reforzar el margen de maniobra de la Unión Europea en las negociaciones de la OMC.
Quisiera, por tanto, en mi nombre mi Grupo, expresar mi apoyo a este impulso de una agricultura multifuncional que responde a las expectativas de nuestra sociedad, así como hacer hincapié en la adecuación de los medios, la condicionalidad de las ayudas y el fortalecimiento de las acciones en el marco del segundo pilar. No obstante, debo recalcar que el ponente, el Sr. Cunha, ha tenido la feliz idea de incrementar la modulación de las ayudas en vez de mantener su combinación de reducción progresiva y modulación, que complicada y es farragosa desde el punto de vista administrativo, y que dejaría pocos recursos disponibles para el pilar rural.
Por lo que se refiere al objetivo de la competitividad, que según usted implica bajadas de los precios de los cereales y la leche, quisiera recordar que la aplicación de la multifuncionalidad se va a traducir globalmente en un aumento de los costes de producción, mientras que, al mismo tiempo, las ayudas directas a las explotaciones se van a reducir en los quince Estados miembros. En este contexto, sería cuando menos imprudente seguir sus recomendaciones, toda vez que, en mi opinión, el concepto de vocación exportadora de la Europa agrícola debe revisarse para que tenga en cuenta al nuevo mercado de 450 millones de consumidores que vamos a constituir próximamente.
Por lo que se ve, señor Comisario, el desacoplamiento de la ayuda es para usted una solución milagrosa, pero es preferible llevarla a cabo de una manera parcial y progresiva, con el fin de colocar a la Unión en una mejor posición negociadora en la OMC, pero también para poder hacer el balance de una primera etapa antes de ir más lejos. Mi Grupo, el PSE, presenta una enmienda en este sentido para fijar un desacoplamiento del 50% con respecto a los cultivos herbáceos y los bovinos machos desde su primera puesta en práctica. Esta solución aúna audacia y prudencia, y por ello, solicito el respaldo de sus Señorías. 
En definitiva, y puesto que es justo llevar a cabo una mejor distribución entre los agricultores, las producciones y las regiones, de las ayudas destinadas a las explotaciones, mi Grupo brinda todo su apoyo a la enmienda 61 del informe Cunha. En efecto, esta enmienda aboga por una asignación de los créditos multifuncionales que siga los criterios de superficie y empleo a partir de 2007. 
En definitiva, creo que hemos aportado, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, dictámenes sensatos y juiciosos, dado que no hemos podido intervenir mediante el procedimiento de codecisión. Por tanto, y para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Cunha por su excelente informe, que sirve de base para el debate, así como a los demás ponentes, cuyos informes se basan coherentemente a aquel.

Olsson (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Presidente en ejercicio del Consejo, en esta ocasión voy a expresar una opinión en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. En mi discurso anterior, hablé principalmente en mi nombre como ponente. La diferencia es, de por sí, mínima. Estoy totalmente a favor de la descentralización y me gustaría ver que las cosas se hacen a pequeña escala, pero quisiera decirles a mis estimados colegas diputados que la globalización está también en marcha para la agricultura. No sirve de nada ocultar la cabeza, como un avestruz y decir que no hemos notado nada y que no queremos que nada cambie. Cuando escucho a mis colegas diputados me doy cuenta de que muchos de ellos actúan de hecho como el avestruz. Lo que es extraño es que, en esta Asamblea, la gente parece ser más conservadora cuanto más a la izquierda se sitúa.
Quisiera hacer un comentario sobre el punto de vista del Comisario con respecto a la multifuncionalidad y la sostenibilidad. Como hemos dicho los que formamos el Grupo ELDR, es importante y urgente que desregulemos a largo plazo la política agrícola, pero ahora es muy importante, a corto plazo, garantizar la ayuda a una forma de agricultura multifuncional y sostenible. En esto estamos de acuerdo. Estamos tratando de cambiar los sistemas de forma que tengamos algo a lo que recurrir, siendo el mundo como es.
Señor Presidente, por supuesto me gustaría dar las gracias a todos por el trabajo realizado. Es fantástico que hayamos hecho frente con éxito a todas estas enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Como representante de mi grupo, también me gustaría decir que apoyamos el compromiso del informe del Sr. Cunha. Lo apoyamos porque está a favor del principio del desacoplamiento. Esto es importante, e incluso si no avanzamos todo el recorrido, habremos hecho un pequeño avance.
Me gustaría decir al Presidente en ejercicio del Consejo que, si ahora hemos tomado una decisión, lamento que no tengamos también el derecho de codecisión. Sin embargo considero que el Consejo y el Presidente el ejercicio del Consejo deben hacer uso de la oportunidad que existe en la práctica, no formar filas por completo con el Parlamento, sino ir un paso más allá. Si ustedes hacen esto, en cualquier caso servirán incluso mejor a mis intereses y quizás también a los de la Comisión.

Jové Peres (GUE/NGL).
Señor Presidente, mi grupo político considera inaceptable la propuesta de la Comisión para la reforma intermedia de la Política Agrícola Común. Estamos ante una reforma de la PAC que, hasta el momento, carece de precedentes en su magnitud, y se trata más bien de una reforma radical que implica restricciones presupuestarias de cara a la ampliación, y cuya propuesta básicamente consiste en un desmantelamiento de la organización de los mercados. Coincide con una mayor liberalización de los intercambios, con un incremento de la competencia estadounidense, derivada del aumento del apoyo a través del Farm Bill y, en casos como el arroz, del incremento de las importaciones como consecuencia de la aplicación de la iniciativa "Todo menos las armas".
Las propuestas de la Comisión acerca de la reducción de ayudas y sobre las reformas de las organizaciones comunes de mercado exigirá incrementar la competitividad, pero esto solo se podrá traducir con producciones más intensivas que acentuarán los riesgos alimentarios y el impacto ambiental. Con su propuesta, la Comisión pretende mejorar la posición negociadora de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio, adelantándose a presuntas exigencias. Sin embargo, en una negociación, realizar concesiones previas se traduce, a veces, en dobles concesiones. El principal problema de la propuesta de la Comisión es el desacoplamiento. Si este se aplicara, la actividad agraria cesaría en las explotaciones y zonas menos productivas. Ante menores precios de mercado y unas ayudas desvinculadas de la producción, las explotaciones con menor margen bruto decidirían no hacer frente a los gastos de producción. En las zonas de menores rendimientos, junto con la actividad agraria, desaparecerían las actividades económicas ligadas a ella, y así se crearían problemas sin precedentes en el ámbito económico, social, ambiental y de ordenación del territorio. No se puede esperar que las ayudas al desarrollo rural, con todas sus limitaciones, puedan paliar estos defectos.
En mi opinión, el desacoplamiento es éticamente inadmisible. Consistiría en una mera remuneración de la propiedad de la tierra, por lo que, además de la reducción de la actividad agrícola, conduciría a un proceso especulativo en el mercado de la tierra. Además, la concesión de una ayuda basada en las ayudas medias percibidas en los tres últimos años, perpetuaría los desequilibrios existentes entre explotaciones, sectores y regiones.
Una PAC basada en el desacoplamiento sería contraria a la cohesión porque limitaría la percepción de las ayudas a la base histórica, fomentaría la inactividad en las zonas con dificultades naturales y la concentraría en las zonas con una agricultura más intensiva. En las zonas más desfavorecidas se crearían problemas de despoblación y de reducción de la actividad económica.
Además, el desacoplamiento encarecería la tierra y fomentaría la especulación, creando un mercado dual de parcelas con derecho a ayudas y parcelas sin derecho a ellas. Esto dificultaría la instalación de jóvenes agricultores, en una delicada situación de relevo generacional, incrementaría los costes y solo permitiría la supervivencia de las explotaciones de mayor dimensión. Sin embargo, sería bien recibido por las explotaciones cuyos titulares se acercan a la edad de jubilación, que verían la posibilidad de percibir ayudas reduciendo la actividad a un mínimo.
En resumen, todos los aspectos negativos de la propuesta de la Comisión se reducen a un problema financiero derivado de la intención de realizar una ampliación sin un presupuesto adicional. La propuesta de la Comisión beneficiaría a la industria alimentaria y a la distribución, que podrán incrementar sus márgenes comprando materias primas más baratas. Es muy improbable que los precios al consumo se reduzcan, los consumidores no se beneficiarán y las consecuencias serán absolutamente negativas para los agricultores y para el conjunto de la sociedad.
No se puede pretender desproteger a los agricultores desmantelando las fronteras, exigirles la producción de alimentos con un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria, cuidar del medio ambiente y mantener vivo el tejido rural, sin compensarlos adecuadamente por ello. Es necesaria una compensación adecuada que los estimule a seguir en este camino, no a abandonar su actividad.
Es necesario reequilibrar el apoyo a los distintos tipos de explotaciones, sectores y regiones. La sociedad necesita una agricultura viva, con un número adecuado de agricultores y explotaciones capaces de garantizar una gestión del territorio equilibrada, con una actividad económica variada y unos productos seguros para el consumidor.
Pero para nosotros, lamentablemente, las propuestas de la Comisión se encaminan en una dirección diametralmente opuesta.

Auroi (Verts/ALE).
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la revisión intermedia ha sido, a pesar de todo, una magnífica aventura, y me parece positivo que los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hayamos alcanzado un posible acuerdo que podría satisfacer, en mi opinión, a los agricultores.
Quisimos que las orientaciones políticas fueran claras para todos, y por eso antepusimos al informe Cunha una introducción clara. Para nosotros, los Verdes, el aspecto más positivo de este acuerdo es que potencia el desarrollo rural. Los importantes retoques propuestos hoy permiten a los agricultores europeos preservar los aspectos positivos de la multifuncionalidad reforzando el desarrollo rural, mientras que el sistema de modulación hace posible pasar del primer al segundo pilar. Me refiero, en particular, a la enmienda 12 al artículo 144.
Esta propuesta de modulación utiliza un criterio territorial para la aplicación de diferentes puntos porcentuales teniendo en cuenta las zonas desfavorecidas. En efecto, como señala el ponente en su justificación, el objetivo debe ser reforzar la estructura de las organizaciones de productores. Además, esta enmienda obliga a los Estados a comprometerse con el desarrollo rural, ya que solo podrán percibir el 100% de las cantidades de la Sección de Garantía del FEOGA en caso de adscribirse a una cofinanciación nacional obligatoria. Estamos seguros de que esto animará a los Estados a financiar correctamente todos los aspectos sociales, medioambientales y de calidad alimentaria del desarrollo rural. Desde este punto de vista, el modelo de contratos territoriales de explotación puesto en práctica por Francia constituía un excelente precursor.
Es preciso tener presente, ya que es fundamental para el futuro, que los Estados miembros pueden utilizar esta modulación para sufragar la contribución nacional al establecimiento tan necesario de jóvenes agricultores. Del mismo modo, los Estados pueden -en nuestra opinión, deben- optar por sufragar los pagos compensatorios otorgados a las zonas desfavorecidas y a las zonas con limitaciones medioambientales, así como las medidas agroambientales, todo ello sin menoscabo de la suma total asignada por cada Estado al segundo pilar. 
Por consiguiente, esta potenciación del desarrollo rural sigue la senda adecuada por dos razones: en primer lugar, porque refuerza las buenas prácticas agrícolas, unas prácticas más extensivas, que protegen la salud del consumidor, respetan el medio ambiente y la biodiversidad y producen una buena plusvalía social; en segundo lugar, porque protege al mundo rural de los riesgos del liberalismo comercial agresivo preconizado por la OMC. Así, las especificidades multifuncionales de la agricultura europea, o la valorización de productos determinados en tal o cual región, podrían seguir siendo remuneradas en el marco del segundo pilar, lo que implica una mayor protección para los productores de las zonas desfavorecidas. Hay que añadir a ello la diferencia de reducción progresiva de los pagos directos entre las zonas frágiles (6%) y las demás zonas (8%).
Para conservar todo su sentido, este refuerzo del segundo pilar debe preservar las cuotas lecheras que, han demostrado su eficacia a la hora de salvaguardar la ganadería de montaña. Es preciso proteger también y consolidar los pastos naturales, pero por encima de todo es necesario seguir apoyando los forrajes y, de una manera más general, las proteaginosas, que son fundamentales para garantizar una ganadería sana y de calidad -la alfalfa citada por el Sr. Souchet-, así como mantener los mecanismos necesarios. Además, las proteaginosas deberían poder cultivarse en todas las tierras retiradas de la producción, ya que Europa es deficitaria en este ámbito y el cultivo de proteínas vegetales es beneficioso tanto para la calidad del suelo como para el medio ambiente y la calidad de la alimentación animal.
En cuanto al delicado asunto del desacoplamiento, era preciso zanjar la disputa entre los partidarios de un desacoplamiento total y aquellos que no deseaban ninguno. A nuestro modo de ver, este compromiso de dar cada vez un paso abre una perspectiva que todos pueden aceptar.

Berlato (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta legislativa de la Comisión contiene elementos de reforma de la política agrícola común que consideramos más bien preocupantes. El desacoplamiento total propuesta por la Comisión favorecerá fenómenos de abandono de la producción, sobre todo en las zonas desfavorecidas o clasificadas de marginales, y en cualquier caso no podrá constituir la respuesta única y exhaustiva a la necesidad de una reforma sustancial de la PAC. En efecto, aun aceptando afrontar con mayores márgenes de maniobra las negociaciones en la OMC, el desacoplamiento total de las ayudas a la producción podría representar el desmantelamiento a plazo fijo de toda medida de gestión de los mercados.
Consideramos necesaria la maniobra de reforma, pero dentro del respeto de los objetivos fijados en los Tratados y de los valores de calidad, de protección del medio ambiente y, sobre todo, del empleo, previendo, para aumentar este último, la posibilidad concreta de que los Estados miembros vinculen al factor empleo una cuota de las ayudas directas concedidas en el ámbito del primer pilar. De todos modos, consideramos que la salvaguardia de nuestro sistema agrícola y el fomento de un futuro de certidumbre y dignidad para nuestros empresarios agrícolas deben seguir siendo los objetivos prioritarios, y es de desear que sean precisamente estos objetivos prioritarios los que influyan en posibles negociaciones en la OMC, y no al revés.
Por todas estas razones, consideramos posible un desacoplamiento progresiva y vertical de las ayudas, a fin de limitar la aplicación de esta medida gradualmente y solo a algunos sectores. La extensión del desacoplamiento al sector zootécnico, al arroz y al grano duro es absolutamente prematura, entre otras cosas por la naturaleza definitiva de esa medida. No podemos estar de acuerdo, tampoco, con la diversidad de ayudas propuestas y consideramos que los importes obtenidos de la modulación deben destinarse prioritariamente a garantizar medidas de desarrollo rural que comprendan el apoyo a la calidad, sin hacer diferencias entre zonas desfavorecidas o no.
Estos son los principales motivos que nos han impulsado a presentar algunas enmiendas en nombre de nuestro Grupo, enmiendas que espero sean acogidas favorablemente por la Asamblea. También presentamos, en nombre del Grupo UEN, algunas enmiendas tendentes a introducir un sistema más equilibrado para las ayudas a los frutos secos: un sistema que, teniendo en cuenta las distintas realidades productivas existentes en la Unión, establezca un reparto más equitativo de la ayuda entre los distintos Estados miembros y un aumento de la ayuda por hectárea respecto de lo propuesto por la Comisión.
Habríamos visto con simpatía la introducción de un sector diferenciado para la zootecnia que se fijase el objetivo de defender los métodos de cría tradicionales y su presencia en el territorio. Apoyaremos con convicción todas aquellas enmiendas realmente importantes que, como las presentadas por nuestro Grupo, tiendan a instaurar un régimen preferencial para los jóvenes agricultores, dirigido a facilitar el ingreso de las nuevas generaciones en las actividades productivas.
Por lo que respecta, finalmente, al sector de los lácteos, consideramos deseable la superación del régimen de cuotas, pues, pasados 20 años de la adopción del sistema provisional, ha llegado el momento de hacer una transición adecuada hacia dinámicas de mercado normales, mediante un recorrido seguro pero razonablemente limitado en el tiempo. Consideramos en cualquier caso que el acuerdo de principio alcanzado sobre los principios clave de la reforma puede constituir un buen punto de partida para el futuro acuerdo del Consejo.

Mathieu (EDD).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, solo dispongo de dos minutos de uso de la palabra, así que espero que comprendan que vaya al grano. Señor Fischler, dos minutos para decirle todo lo que pienso de su propuesta, que representa una reforma total de la PAC, es desde luego muy poco tiempo.
¿Qué se puede decir del desacoplamiento que usted nos impone? Hasta los Estados Unidos lo han abandonado. Podríamos reflexionar sobre ello. Ya sea total o parcial, fijo o degresivo, creará, en primer lugar, una división entre los agricultores y los ciudadanos; en segundo ligar, originará un enorme papeleo, por no hablar de las auditorías que ha añadido usted; y en tercer lugar, dará lugar a una especulación de tierras. Además, ¿qué pasa con la cesión de derechos? Es la tercera vez que le hago esta pregunta y todavía no me ha dado una respuesta. Quizás tenga más suerte hoy.
¿Qué se puede decir de la ausencia de perspectivas de futuro no solo para nuestros jóvenes, sino también para nuestros agricultores? ¿Qué se puede decir de su silencio sobre la preferencia comunitaria y la protección en las fronteras? ¿Qué se puede decir de la falta de información sobre la repercusión de sus propuestas? Los estudios, además, se han comenzado muy tarde. ¿Qué se puede decir de la dispersión de fondos consentida por usted con respecto a las zonas intermedias y las zonas desfavorecidas? ¿Qué se puede decir de la condicionalidad ecológica y de estas 38 directivas, algunas de las cuales atañen a la responsabilidad de los Estados? ¿Qué se puede decir de las 1 200 enmiendas que se han presentado? Su número demuestra que su propuesta no ha satisfecho a nadie, a pesar de la buena voluntad de los ponentes, a quienes felicito.
Señor Comisario, su propuesta desespera a los agricultores. Usted ha hecho oídos sordos a sus demandas. No necesitan un asistente social: se trata de hombres y mujeres que tan solo desean vivir decentemente de su trabajo y de su producción.
Martinez (NI).
Señor Comisario Fischler, usted tiene mucho talento, sobre todo porque ha sabido empaquetar perfectamente su reforma. Usted llama revisión intermedia a lo que es una liquidación intermedia, y la justifica por medio de tópicos populares, por no decir populistas: el bienestar de los animales, el desarrollo estrictamente sostenible, la calidad de los alimentos o la protección medioambiental. Ahora bien, en realidad, y por lo que se refiere al desarrollo rural, este no va a ser sostenible, ya que los jóvenes no van a tomar el relevo. En cuanto a la calidad, será la de la alimentación mundial, a cuyos precios vayamos a ajustarnos. 
No obstante, la estructura técnica de su PAC 2004 también demuestra una gran inteligencia. Usted la presenta como algo nuevo, merced al desacoplamiento, pero ya en 1992 se habían disociado las rentas agrarias de los precios agrícolas, y ahora se disocian las ayudas directas de la propia producción agrícola. De hecho, la reforma viene a consistir en que usted paga por la hoz e incluso por el mango. ¿Pero hasta cuándo vamos a abonar estas ayudas directas desacopladas, parcialmente desacopladas, moduladas, controladas, auditadas y «condicionadas ecológicamente»? Aquí es donde usted hace gala de un gran talento, de un talento supremo, maquiavélico. 
La PAC tiene, en la actualidad, 40 años. Su misión es hacer que dure otros 10 años, hasta 2013 ó 2014, y todas las curvas se detienen en 2013. La PAC solo cuenta con financiación hasta 2012. Las cuotas lecheras llegan hasta 2013-2014. En 2013, la mayoría de los agricultores que ahora tienen 50 años estarán jubilados. Mientras tanto, están tranquilos durante 10 años. Y si están tranquilos durante 10 años, se les pagará durante 10 años, dejando aparte a los jóvenes. Por tanto, no tienen ninguna razón para manifestarse. Y si no se manifiestan, no hay problemas en el campo. Si no hay problemas en el campo, los franceses, que son los que más se oponen a la reforma, no tienen ningún motivo para votar en contra de ella. Y los propios Estados Unidos, en Cancún, aceptarán su reforma, conjuntamente con los Quince, porque es un aplazamiento. Además se ha suprimido en la propia Constitución europea la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. En consecuencia, el Parlamento tendrá la última palabra sobre los gastos agrícolas, y aquí hay una mayoría ultraliberal. Esto significa que antes de 2013 una mayoría suprimirá las ayudas directas desacopladas, parcialmente desacopladas, moduladas o no moduladas. De este modo, los agricultores europeos se extinguirán porque tendrán que operar en un mercado en que los agricultores estadounidenses reciben fondos a raudales. 
No nos quedará, señor Comisario, más que una agricultura de opereta, de naturaleza estrictamente austriaca. Por eso, señor Comisario, usted es el hombre perfecto, usted es el hombre adecuado para este trabajo, usted es «Sissí agricultriz».

Drys
Señor Presidente, muchas gracias por comprender mi solicitud y gracias a todos los diputados al Parlamento Europeo. Como saben, los controladores aéreos se encuentran en huelga y el avión en el que debo volver a Atenas no podrá despegar hasta después de las 5.30. Trataré de decir varias cosas en respuesta a los comentarios muy exactos de todos los Miembros, ponentes y portavoces.
Puedo garantizarles que he tomado nota de sus propuestas con especial interés y las tendré en cuenta en la propuesta de compromiso que remitiremos al Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará el 11 y el 12 de junio en Luxemburgo.
He tomado nota con especial interés de sus propuestas exactas sobre las repercusiones del desacoplamiento total, especialmente sobre las explotaciones de pequeño y mediano tamaño, conjuntamente por supuesto con las repercusiones que puede tener el desacoplamiento total sobre las explotaciones de zonas remotas y desfavorecidas, que es por lo que creo que el Consejo mostrará especial interés por estas propuestas.
En lo que se refiere a la modulación, me gustaría asegurarles que estoy tomando seria cuenta del límite propuesto por el Sr. Cunha, que es ligeramente superior al propuesto por la Comisión, pero por supuesto este es un tema que también se debatirá en el Consejo de Ministros de Agricultura.
Me gustaría concluir con el tema de la conformidad cruzada. Creo que todos los ministros solicitan una mayor transparencia en el pago de ayudas. Solicitan que el dinero de los contribuyentes europeos se emplee adecuadamente, en lo que respecta al desarrollo de las explotaciones agrícolas, la producción de productos de calidad, productos saludables para los ciudadanos europeos y por supuesto para nuestros consumidores, y por este motivo queremos que los procedimientos de pago sean tan simples como sea posible.
Con estas palabras, Señor Presidente, de nuevo quiero darle las gracias por su trato tan cortés. Le aseguro que la Presidencia adoptará todas las medidas que estén en su mano de forma que se alcance un compromiso honesto y sincero sobre una nueva agricultura europea dinámica y efectiva en el Consejo de Ministros de Agricultura del 11 y 12 de junio.

El Presidente.
 Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. Estoy seguro de que sus colaboradores le harán llegar, aunque de forma resumida, las opiniones que se expresen durante el debate en su ausencia.

Schierhuber (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, puedo asegurar al Sr. Martínez que estoy muy orgulloso de la política agrícola austriaca y del rendimiento obtenido por la agricultura austriaca y los agricultores y otros habitantes de las zonas rurales.
En primer lugar me gustaría dar las más cordiales gracias a todos los ponentes por su labor. Y deseo igualmente expresar mi agradecimiento a todo el personal del Parlamento y también a la Comisión. Sin ellos no habría sido posible llegar en tan poco tiempo a estos compromisos, que han obtenido la aprobación por mayoría abrumadora de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Todos sabemos que la agricultura está estrechamente relacionada con el espacio rural y con las personas que viven y trabajan en él, y que las zonas rurales son un lugar de reposo para nuestra sociedad industrializada y contribuyen a la diversidad cultural y biológica. Por ello, el desarrollo rural debe ser más que asegurar la producción de alimentos, ya que el modelo europeo de política agrícola, que defiende una agricultura extensiva y multifuncional, nos plantea grandes exigencias. 
El primer pilar, que regula la organización de los mercados y ofrece estímulos a la producción, se encuentra estrechamente relacionado con el segundo pilar, que comprende la política en materia de estructuras agrícolas y desarrollo rural. Por esta razón es sumamente importante que estos dos instrumentos se mantengan siempre en equilibrio y armonía, y no se utilicen de forma contraproducente.
Los objetivos y medios para el espacio rural pueden elaborarse de forma centralizada, pero sus efectos deben producirse a escala regional. Los espacios rurales de Europa son muy diversos y presentan distintas características, ventajas y también problemas. Por ello, el programa de desarrollo rural debe ser en gran parte un instrumento que presente un marcado carácter regional. Además requiere una motivación fundamental y una participación de las regiones. 
Con la propuesta de la Comisión y el informe se dan dos importantes pasos en la dirección correcta. Sin embargo, en mi opinión sería recomendable un refuerzo aún mayor del segundo pilar, a fin de lograr un desarrollo sostenible del espacio rural. No considero necesaria la nueva definición de los criterios objetivos que se pide en el informe, pues creo que esta definición ya resulta suficiente. El desarrollo rural integrado no debe limitarse a las estructuras agrícolas, ya que una infraestructura que funcione es imprescindible para la conservación y el funcionamiento de las zonas rurales. Sin embargo, el reparto de los recursos debe realizarse con la mayor cautela, pues al prestar apoyo a las infraestructuras de otras actividades económicas nuevas es necesario tener en cuenta que los recursos del FEOGA están destinados en exclusiva a los agricultores. 
Permítanme concluir diciendo que la agricultura extensiva y sostenible es la garante de que la producción vaya a todas las regiones. Un agricultor austriaco garantiza, por ejemplo, tres puestos de trabajo tanto en los sectores anteriores como en los posteriores de la cadena de producción. Y también sabemos que la agricultura no agotará los fondos presupuestarios de la UE a medida que avance la ampliación, sino que se requieren muchos más recursos para la política regional.
(Aplausos moderados)
Kindermann (PSE)
. (DE) Señor Presidente, quiero hacer referencia primordialmente al informe del Sr. Cunha. En relación con los demás informes solo abordaré la cuestión de la intervención del centeno que, de acuerdo con las propuestas de la Comisión, deberá suprimirse sin suplirla. Por ello apoyo la propuesta relativa a la intervención en la forma en que la modificamos en el informe Souchet en la comisión parlamentaria. En el futuro deberán concederse compensaciones para aquellas zonas que, debido a sus características naturales, solo permiten alternativas de económicas limitadas.
Y paso ahora al informe Cunha, que cuenta con todo mi apoyo. Este informe recoge elementos esenciales que los socialdemócratas siempre hemos pedido, como la modulación obligatoria, la cross compliance (condicionalidad ecológica) obligatoria o los elementos en el ámbito de la protección de los animales. El preámbulo que precede al artículo 1 refleja los puntos prioritarios del Parlamento: garantizar la renta de los agricultores y fomentar al mismo tiempo la protección del medio ambiente y el empleo en las zonas rurales.
Para mí lo importante es que el Parlamento Europeo apoye claramente el desacoplamiento de las ayudas de la producción. En la versión aprobada en la comisión parlamentaria, sin embargo, esta declaración aparece de forma muy débil e imprecisa. Creo que en este aspecto debemos elegir una formulación que deje claras nuestras exigencias. Por esa razón, el Grupo del PSE ha presentado enmiendas que se basan en la introducción del desacoplamiento al 50% en 2005 y que prevé posteriormente, después de que la Comisión presente su informe en 2007, el incremento progresivo de este porcentaje y la ampliación del desacoplamiento a otros sectores. Esto es especialmente importante porque en el marco de las propuestas de transacción, nos hemos puesto de acuerdo sobre un desacoplamiento parcial en tan solo dos sectores. Aparte de la introducción del desacoplamiento, del que sin duda cabe felicitarse, no debemos perder la perspectiva a largo plazo. Por ello espero que las enmiendas 126 y 127 del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sean acogidas favorablemente, pues dichas enmiendas permitirán al Parlamento enviar un mensaje más rotundo al Consejo.
Por último, permítanme abordar otro punto importante: las materias primas renovables. En este sector existen posibilidades considerables que ofrecen a los agricultores de muchas regiones cultivos alternativos útiles y, al mismo tiempo, tienen efectos positivos sobre el medio ambiente. Acojo con sumo agrado la posibilidad de que, gracias a esta enmienda, en contra de la propuesta de la Comisión, se podrán seguir cultivando materias primas renovables en las superficies puestas en barbecho.
Pesälä (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, tenemos en nuestras manos un enorme programa de reforma, que ahora es inevitable. Nuestra comisión, con espíritu de cooperación positiva, ha redactado un gran número de enmiendas a la propuesta de la Comisión. Estas enmiendas servirán para poner a punto la reforma dando forma a una que sea positiva para el agricultor.
A medida que se aumente el límite inferior para la modulación a 7.500 euros y las zonas menos favorecidas sean tratadas con especial cuidado, la agricultura podrá continuar también en las regiones más pobres de la Unión: en el norte, en el sur y en las zonas de montaña. Deben tenerse en cuenta las condiciones desfavorables a la hora de distribuir los fondos destinados al desarrollo rural y por este motivo mi grupo ha presentado una enmienda proponiendo que el número de áreas menos favorecidas (LFA) se añada a los criterios de distribución. No deberíamos ir a la cabeza en el tema de la producción de leche si la situación del mercado no lo demanda. Debemos recordar que la producción de leche tiene especial importancia en las zonas menos favorecidas y en esas zonas los precios reducidos pueden ser una grave amenaza para la motivación con respecto a la producción.
Señor Comisario, en Finlandia el centeno es muy especial. El centeno de alta calidad de emplea en este país para la producción de alimentos funcionales. La Comisión también debería tener en cuenta circunstancias especiales como esta. Para nosotros el centeno no es simplemente un cultivo mediocre empleado como forraje, sino un apetecible alimento para el desayuno diario y un alimento básico en nuestra cultura alimentaria tradicional.

Fiebiger (GUE/NGL)
. (DE) Señor Presidente, los ponentes y diputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han tenido que trabajar mucho para corregir en sentido positivo las propuestas mal planteadas y poco razonables de la Comisión para reformar la política agrícola. Me refiero expresamente a los cereales complejos, los piensos desecados, la leche, y también a las reducciones en defensa de la disminución gradual y el pleno desacoplamiento de los pagos directos. El hecho de que la mayoría de la comisión parlamentaria haya aceptado mi propuesta de una intervención limitada en el tiempo para el centeno en aquellas regiones que carecen de alternativas a este cultivo, es positivo, sobre todo con miras a la ampliación.
Sin embargo, en general no estoy satisfecho, sobre todo en vista de que los plazos eran tan breves que las votaciones en cadena no permitieron obtener un resultado sin contradicciones. Por otra parte, en principio considero erróneo que la mayoría haya cerrado filas con la Comisión en la vía hacia el desacoplamiento y la plena liberalización. Diré con toda claridad que no defiendo una autarquía primitiva, sino una política agrícola en la que la orientación al mercado interno tenga prioridad y se abran mayores oportunidades a la regularización. Las exportaciones deberían limitarse a los productos agrícolas procesados y las importaciones deberían estar sometidas a una protección especial del exterior que no sea un obstáculo para los países en desarrollo, y que al mismo tiempo no impida el acceso al mercado de productos baratos procedentes de los grandes países exportadores de productos agrícolas, como los Estados Unidos y el Grupo Cairns, que no operan de forma multifuncional. Sin este requisito no será posible hacer realidad en la Unión Europea una agricultura extensiva y multifuncional. Y eso debe quedar claro.
Para terminar me gustaría mencionar dos razones importantes más de mi rechazo del informe Cunha: en primer lugar, estoy en contra de que los fondos destinados a la modulación sirvan como una especie de segundo Fondo de cohesión. Considero que estos recursos deberían más bien utilizarse en interés del desarrollo rural en cada uno de los Estados miembros. En segundo lugar, considero un error que se adelante la introducción del desacoplamiento. Es por tanto evidente que las primas regionales a las superficies cultivadas tienen un carácter mucho más progresivo. Considero que será casi imposible imponer la propuesta del Sr. Cunha.

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento ha demostrado que tiene la voluntad de asumir sus responsabilidades. Espero que ahora la Convención adopte ahora tanto la forma como el contenido de los que se ha decidido conjuntamente, y que no haya demasiadas excepciones sometidas al Consejo. Podría comprenderlo si todas las decisiones terminaran en la Comisión, pero el Parlamento debe participar en todas las decisiones. 
La labor que tenemos ante nosotros no siempre ha sido fácil. El análisis era bueno, se han abierto nuevas perspectivas, que recoge nuestro preámbulo, pero la aplicación ha sido algo más difícil.
Con respecto al proceso de auditoría, por ejemplo, exigimos que se introduzca la asesoría de las empresas; esto se ha interpretado como si pretendiéramos atar las manos a las empresas. Tomemos la protección externa cualificada, que debería garantizar la multifuncionalidad. La Comisión ha hecho muy poca publicidad al respecto. También se ha cometido un error crucial con respecto a la modulación diferenciada y la redesignación, en el sentido de que, en primer lugar, se mueve demasiado poco dinero y, en segundo lugar, queda claro que no se piensa desacoplar en el segundo pilar, que de ese modo servirá de mecanismo compensador para tipos de explotación que tienen dificultades o corren peligro. A este respecto deberían haberse hecho inmediatamente ofertas para el desacoplamiento, sobre el que regresaré más adelante. No se trata, por ejemplo, de conceder ayudas a todos los cultivos de centeno, sino a determinados tipos concretos de cultivo en regiones determinadas, y eso es precisamente lo que se puede hacer en el segundo pilar.
Además no se han presentado propuestas para abandonar la intervención y las subvenciones a la exportación. Mientras que en el caso de la leche usted ha emprendido el camino ya conocido, en el caso del centeno ha demostrado hasta qué punto la reforma puede ser brutal. Ambas medidas estaban mal planteadas y debería considerarse un abandono integrado a lo largo de un período determinado con limitaciones cuantitativas, pero sin nuevas reducciones de precios.
El desacoplamiento también es un ámbito complicado. Muchos no lo han comprendido; muchos lo han comprendido e instrumentalizado a su favor. Usted ha vuelto a socavar la posibilidad de una mayor libertad en la fijación de precios con respecto a las ayudas, cuando se retractó apenas oyó decir a la industria de la patata de fécula que, de ese modo, «no recibiremos más materia prima». Tendría que haber discutido más a fondo y de forma más agresiva las razones por las que no se dispondría de materia prima. ¿Por qué tiene miedo la industria lechera que con el desacoplamiento de la prima lechera se arruinen determinadas zonas? Si ahora todo el mundo dice que habría que garantizar la producción de leche en estas regiones desfavorecidas -¿y se ha garantizado?-, los fondos siguen siendo los mismos. Eso debería haberse difundido mejor, pues de ese modo las asociaciones que defienden los intereses de estas industrias habrían tenido menos posibilidades de agitación.
Y una última consideración: el segundo pilar debe ser el núcleo de la reforma agrícola. Y también en este aspecto la Comisión se ha mostrado muy reservada y cautelosa. Posiblemente quería decir que no dispone de recursos suficientes y que no se han consolidado los instrumentos, pero también eso es debido a una omisión por parte de la Comisión. Espero que este otoño tenga lugar un debate entre el Parlamento y la Comisión, en el cual demos realmente contenido al segundo pilar y dejemos claro que este puede y debe ser el núcleo del desacoplamiento.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión para una reforma intermedia de la Política Agrícola Común han provocado un debate muy difícil. La presentación de 1 200 enmiendas significa que existe una grave divergencia de opiniones dentro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. Los intentos de la Comisión de introducir una reforma prematura y, en el caso de la leche, innecesaria, han contribuido a crear inseguridad e inquietud entre los agricultores.
Nuestro objetivo inmediato debe ser recuperar la confianza del agricultor en el proceso político y salvaguardar la integridad de la Política Agrícola Común, sin la cual la agricultura de la UE no podrá sobrevivir. Con el tiempo de que disponemos no es posible evaluar las propuestas, aparte de decir que el status quo no es una opción; el resultado final debe ser un margen de beneficios sostenible para los agricultores, y necesitamos que se garantice que, sea cual sea el resultado, ellos quedarán plenamente protegidos en el contexto de las conversaciones en la OMC.
Aunque parece ser que empieza a emerger un cierto consenso respecto al desacoplamiento, tengo mis reservas en cuanto a sus implicaciones a largo plazo para una agricultura orientada al comercio en la UE. Planteo la cuestión, y no es la primera vez, de qué va a ocurrir después del desacoplamiento si no se materializa el aumento de precios previsto en el mercado.

Andersen (EDD).
Señor Presidente, la ayuda agrícola de la UE discrimina a los países en desarrollo, a los Estados miembros que van a ingresar a la UE y a los intereses medioambientales y ecológicos. Las grandes explotaciones de cultivo intensivo son las que reciben más ayudas, provocando el daño medioambiental y la reducción del bienestar de los animales. En la medida de «reservar», que promueve el cultivo del terreno marginal, los agricultores cobran por no hacer nada. El consumidor paga dos veces: paga la ayuda con sus impuestos, y después paga los precios artificialmente altos por los productos cotididanos. Por ello la reforma de la ayuda agrícola es más necesaria que nunca.
El Movimiento de Junio cree que el único camino adelante consiste en abolir la discriminación mediante la creación de condiciones iguales a través del recorte de la ayuda agrícola con vistas a retirarla por completo paulatinamente.
Los recortes deben organizarse de forma que creen condiciones igualitarias para las explotaciones convencionales y orgánicas. Esto puede conseguirse estipulando que no pueda destinarse más del 70% de la ayuda a la superficie real, un objetivo que puede conseguirse mediante la eliminación de la mayor ayuda destinada a los cultivos de proteínas y mediante la promoción de la extensificación, estableciendo un límite superior de 0,5 unidades de ganado por hectárea. Esto significa que de este modo también pueden eliminarse la ayuda destinada a la medida de reservar y las medidas adicionales. Los recortes deben limitar el desarrollo estructural artificial por el cual las grandes explotaciones intensivas reciben la mayor cantidad de ayudas. Esto puede hacerse relacionando la ayuda a límites superiores de 150 hectáreas y 75 unidades de ganado. Los recortes también deben crear mejores condiciones para el ganado. Esto puede hacerse mediante la eliminación paulatina de la ayuda para la leche desnatada en polvo de los terneros de factoría, así como mediante la eliminación de la ayuda a la terrible exportación de animales vivos a terceros países. Pueden crearse condiciones mejores para los países en desarrollo mediante la eliminación paulatina de la ayuda al azúcar y la ayuda directa a las exportaciones.
Por último, los países de la UE deben situarse sobre una base igualitaria. En lugar de aumentar la ayuda en un 100% para los nuevos países en 2013, los antiguos países deberían recibir un 25% menos de ayuda en ese año.
Della Vedova (NI).
Señor Comisario, creo que tiene razón cuando afirma que por fin se habla de la reforma de la PAC, pero su reforma no es la reforma que vale, máxime si, como parece querer el Parlamento, pedimos que se reduzca su impacto. Su reforma no afronta de raíz la cuestión de la PAC, que consiste en el hecho escandaloso de que la Unión Europea sigue congelando, y quiere seguir congelando, la mitad de su presupuesto en subvenciones y proteccionismo del mercado agrícola, para proteger un sector que representa el 2 por ciento del PIB de la Unión Europea. Se habla tanto de los objetivos de Lisboa, de hacer de aquí a 2010 de la economía de la Unión Europea la economía más competitiva del mundo basada en el conocimiento, ¿y pensamos que este objetivo puede alcanzarse de algún modo cuando la mitad de nuestro presupuesto se destina a proteger y subsidiar las producciones agrícolas?
La reforma de la PAC no puede realizarse teniendo en cuenta el interés de los agricultores; debe realizarse en interés de la Unión Europea, es decir, en interés de todos los ciudadanos y todos los consumidores, que pagan por la leche un 70% más de lo que pagarían sin subvenciones en un mercado abierto; pagan por la carne un 220% más de lo que pagarían, mientras nuestros primos argentinos mueren de hambre, o si no mueren padecen las punzadas de la recesión económica, porque les impedimos exportar su carne a Europa; pagan por el azúcar un 90% más, cuando en Mozambique no se consigue lanzar una recuperación económica a causa del proteccionismo europeo.
El ejemplo de Nueva Zelanda, si bien es un país pequeño, es significativo: tras la eliminación completa de los subsidios y del proteccionismo agrícola ha aumentado la importancia de la agricultura en el PIB; ha aumentado el empleo, en particular de los jóvenes empresarios; ha aumentado la calidad. Si queremos, podemos discutir también la protección del medio ambiente, de las zonas marginales y de montaña; pero si seguimos pidiendo que la mitad del presupuesto comunitario se destine a proteger y subvencionar la producción y la exportación de los productos agrícolas europeos, debatimos otra cosa. Negamos la posibilidad de llegar a un entendimiento sobre los grandes acuerdos comerciales de la OMC y, sobre todo, seguimos perjudicando a los ciudadanos, a los consumidores y a los contribuyentes europeos. Esta es la verdad, y una reforma dirigida a desmantelar la PAC debería incluirse en el orden del día lo antes posible.

Mayer, Xaver (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme antes que nada hacer una breve observación de carácter general. Desde aquí me gustaría dar las gracias a las señoras y señores de la Secretaría de la comisión parlamentaria, a nuestro personal y al de los Grupos parlamentarios. Todos ellos han trabajado con enorme premura. En particular tengo que dar las gracias al ponente sobre cereales y piensos, nuestro colega francés, el Sr. Dominique Souchet, por los dos informes bien fundados y equilibrados desde un punto de vista práctico y, sobre todo, por la colaboración realmente notable y abierta y la estrecha coordinación de todos los Grupos políticos que existió desde un principio. En nuestro Parlamento esto no siempre es así. En el Parlamento nos consideramos -y realmente deberíamos aceptarlo- representantes elegidos de la población y comprendemos la situación laboral individual de modo más preciso y también más claro que otros, incluso que la Comisión. 
Y ahora permítanme abordar muy brevemente el informe sobre los cereales del Sr. Souchet. Consideramos innecesaria la reducción propuesta de los precios de intervención. Tras continuas reducciones del precio de intervención en los últimos diez años, este se encuentra aproximadamente en el nivel del precio del mercado mundial. Incluso los complementos mensuales -señor Comisario, ya sé que dije «sí, pero»- contribuyen en última instancia a mejorar la distribución a lo largo del año.
Desde luego, aquí se han formulado muchas sugerencias -que agradecemos- sobre la situación propuesta en el sector del centeno. Pero también observamos una medida para limitar los excedentes en la enmienda 28, y menciono esta enmienda en particular. En ella se contemplan posibilidades para un mayor consumo a diversos niveles, por una parte, y la limitación del cultivo del centeno a explotaciones situadas en determinadas ubicaciones; como ya ha señalado la Sra. Fiebiger, en este punto es donde se sitúa desde luego el quid de la cuestión. 
En cuanto a la fécula de patata, que por supuesto está regulada por la organización común de mercado de los cereales, contemplamos el mantenimiento en lo fundamental de las restituciones a la producción. En el sector de los cereales habrá a pesar de ello un desacoplamiento total o un desacoplamiento parcial progresivo. 
En cuanto al informe sobre piensos desecados, señor Comisario, la supresión total del régimen para los piensos desecados me parece inconcebible. Para muchas de nuestras zonas de pastizales, las cooperativas de secado de piensos operadas por los agricultores constituyen una valiosa ayuda que supone una importante contribución al suministro de piensos ricos en minerales. 
El Sr. Goepel ya ha señalado que todos hemos visto el peligro de que esta reforma se debata demasiado cerca de las negociaciones de la OMC, pero también de las deliberaciones sobre la futura estructura de la UE ampliada. De hecho, este debate y su conclusión son sumamente importantes. Hemos demostrado haber cumplido con nuestras responsabilidades en materia de codecisión.
Lavarra (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo parto de la consideración de que no estaba previsto en absoluto llegar a la votación de la Asamblea. Estamos aquí por una elección responsable de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que ha dado muestras de gran empeño y se ha dotado de un método capaz de superar más de 1.000 enmiendas y de alcanzar un equilibrio razonable en el conjunto de sus propuestas. Precisamente por esta capacidad, que espero se confirme mañana con el voto de la Asamblea, estoy seguro de que el Comisario y el Consejo prestarán mayor atención al trabajo del Parlamento.
Considero suficiente el equilibrio de los informes, en especial el del Sr. Cunha. Hemos querido afirmar la necesidad de la reforma, y a quienes se oponen a ella con argumentos diversos habría que recordarles simplemente que bloquearla no defiende la PAC, sino que acaba por restarle su legitimidad social. Por ello, nos hemos esforzado por introducir correctivos útiles para evitar los riesgos de las ayudas disociadas, que podrían convertirse en medidas asistenciales o conducir al abandono de las producciones. El desacoplamiento parcial querida por nosotros va en esta dirección. 
Me permito, por último, llamar la atención de la Presidencia y del Comisario sobre nuestra elección de mantener sin cambios la ayuda al grano duro, y espero que se conceda especial atención a las OCM a plazo, aparte del paquete aceite, tabaco, frutas y hortalizas, y ello a fin de evitar que el ahorro que se va a obtener con las próximas elecciones se emplee de forma parcial, solo para la leche y el azúcar, y por tanto evitar que se acentúen los desequilibrios entre los países productores.

Mulder (ELDR).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes. En lo que respecta al desacoplamiento, quiero decir que, en grandes líneas, estoy de acuerdo con las propuestas de la Comisión, aunque siempre hay alguna excepción a la regla, y en este caso hay dos. 
Es absurdo que productos agrícolas como las verduras, las frutas, las flores, etc., que nunca han sido subvencionados, deban recibir ahora una forma indirecta de subvención. Creo que en este caso debe hacerse una excepción en el Reglamento. La segunda excepción debe aplicarse a la fécula de patata. Creo que el desacoplamiento del 50% que propone la Comisión no es suficiente y que debe ser del 75%, pues de lo contrario tendrá consecuencias sociales inaceptables. 
Asimismo, estoy a favor de vincular el pago de primas al cumplimiento de requisitos medioambientales, pero ¿qué requisitos? Los que hay son muy vagos. Si cada Estado miembro se atuviera a la Directiva sobre los nitratos, la política agraria sería muy sencilla, pero trece de los quince Estados miembros no cumplen los requisitos medioambientales. Por consiguiente, tenemos que fijar unos parámetros más claros. 
Mi tercer comentario tiene que ver con el presupuesto en general. No tengo ni idea de cuánto cuestan los informes que vamos a votar ahora, pero con las propuestas actuales el presupuesto queda ya sumamente ajustado. ¿Qué hará la Comisión cuando reciba propuestas de reforma para el azúcar, para las hortalizas y la fruta, para el aceite de oliva y el tabaco? ¿Podremos considerar entonces otros recortes, otras normas de reducción progresiva? Esta es la pregunta que quisiera formular a la Comisión.

Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, las recientes propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PAC no recomiendan simplemente una revisión correctiva a medio plazo, sino que dan un golpe de gracia a la agricultura de pequeño y mediano tamaño, reduciendo la calidad y la competitividad de los productos agrícolas y destruyendo el medio ambiente.
Con medidas duras y forzosas que no revocan ninguno de los informes sobre los que estamos debatiendo -más bien doran su lógica destructiva con enmiendas anodinas sobre cuestiones individuales- la agricultura comunitaria se está equiparando con las condiciones del denominado mercado globalizado y los agricultores están cambiado de productores a empresarios debido al «porque yo lo digo» del Sr. Fischler, expresión que suele emplear; en otras palabras, son presa de las leyes del mercado, los importadores y las multinacionales de la industria de la alimentación.
El desacoplamiento de las ayudas con respecto a la producción y el pago de apoyos directos, la modulación con la reducción gradual y la regresión del apoyo además de los 5 000 euros por explotación y que la ayuda esté condicionada al estricto cumplimiento de los estándares ambientales, la denominada conformidad cruzada, están convirtiendo la desastrosa PAC en un mecanismo para eliminar a los agricultores, con cambios radicales en el mapa productivo del campo.
Las propuestas analgésicas del Sr. Cunha, como, por ejemplo, el método de desacoplamiento parcial, en otras palabras, hacer que el desacoplamiento sea gradual en lugar de universal, con menos productos el primer año en lugar de todos los productos, no revoca ninguno de los elementos anteriormente mencionados y, a medio plazo, tendrán los mismos resultados catastróficos sobre la economía rural. El objetivo de la reforma de la PAC es ahorrar recursos de la agricultura para otras políticas -UME, PESC y otras- y orientar la agricultura al mercado en términos de competencia no adulterada, sin criterios sociales, de desarrollo ni medioambientales, como requieren los mecanismos de la OMS y la presión de los Estados Unidos.
La referencia a la protección ambiental, que se reitera de principio a fin, se emplea como un pretexto para reducir la producción agrícola. Un ejemplo típico de esta hipocresía es ceder a la presión de los Estados Unidos para la liberación y el uso de organismos modificados genéticamente, con repercusiones adversas imprevisibles sobre el medio ambiente y la salud pública. La famosa multifuncionalidad de la agricultura, con la reasignación de los recursos al segundo pilar para el supuesto desarrollo rural, no es más que un pretexto muy pobre para disimular el objetivo perseguido de marginar el mundo rural y cambiar su función social y medioambiental.
La puesta en práctica de estas propuestas no deja margen para desarrollar la economía rural, conduce al reajuste forzoso de las explotaciones, a la desaparición del cultivo a pequeña escala, y un aumento de los agricultores arrendatarios tanto en los nuevos Estados miembros como en los existentes aumenta los beneficios de las multinacionales, además de reforzar y consolidar el saqueo de los países en desarrollo y de sus pueblos.
No solo los informes del Parlamento fracasan en perfeccionar su legislación y alejarse de la desastrosa política de la Comisión; al contrario, echan más leña a su fuego. Dado que los agricultores no luchan para adornar las reformas antiagrícolas, sino para anularlas, votaremos en contra de estas propuestas. Nos alineamos con los agricultores y los apoyamos en su lucha proactiva, que constituye el único modo de garantizar su supervivencia y proteger la calidad de los productos, al consumidor y al medio ambiente.

Wyn, Eurig (Verts/ALE).
Señor Presidente, en este Parlamento hemos discutido sobre la PAC muy a menudo y en profundidad. Espero que esta vez lleguemos a algún resultado concluyente. Estoy seguro de que en este sentido hablo en nombre de toda la comunidad agraria.
Vengo de un país, Gales, donde la renta anual de algunos agricultores, especialmente en las áreas menos favorecidas, un 80% de nuestra nación, no llega a los 6.000 euros. Y esto en unos momentos en que los grandes supermercados que reciben sus productos están registrando más beneficios que nunca. Esta situación es totalmente insostenible.
El gran número de enmiendas a los informes resalta que existen puntos de vista contrapuestos sobre este tema tan delicado. Debemos evitar una situación en la que un pequeño número de Estados miembros grandes dicte la forma futura de la agricultura europea a expensas de una decisión más representativa y democrática. Las regiones y naciones más pequeñas de la Unión Europea, con problemas endémicos debidos al éxodo de jóvenes de las comunidades rurales, pequeñas explotaciones familiares y zonas menos favorecidas, también deberían poder participar en la toma de decisiones importantes.
El actual giro general hacia un desacoplamiento parcial debilita lo que podría haber sido un gran cambio por parte de la Comisión. Al menos podría haber proporcionado el mecanismo para que los Estados miembros, y lo que es más importante, sus naciones y regiones, pudieran centrarse en sus propias prioridades mediante soluciones nacionales. Con este fin, y como han mencionado otros diputados, la representación democrática de las regiones en el Consejo de Ministros es esencial, así como la codecisión para la Comisión de Agricultura.
El problema que yo veo en la combinación de los programas actuales de apoyo al ganado y el nuevo programa de desacoplamiento es que comportaría unas reglas de juego no equitativas para muchos sectores y comportaría más burocracia y más obstáculos para los productores que quisieran centrarse en el mercado. Si esto significa que la gente tiene que abandonar las pequeñas explotaciones familiares de las zonas menos productivas para encontrar trabajo, corremos el riesgo de deteriorar los propios cimientos en los que se basan estas comunidades rurales. Sé que es un escenario que el Comisario preferirá a evitar.
Una vez discutido a fondo este tema con los agricultores galeses, creo que, sin duda, lo que ellos quieren es una política más simple, más centrada en el mercado para ayudar a los agricultores a recuperar su rentabilidad.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, si un instrumento yerra en su objetivo, será preciso adaptarlo, pero el objetivo tiene que ser el correcto. El Comisario Fischler propone desvincular las ayudas de la producción. Da por perdida la batalla por el modelo agrícola europeo dentro de la OMC antes incluso de que se inicie. De este modo, está errando en su objetivo. El desacoplamiento total bien puede servir a los intereses de la liberalización del mercado, pero desde luego no sirve a los de la política agrícola europea. En otros continentes el desacoplamiento ha fracasado como instrumento. ¿Tenemos que repetir ese error? 
El Sr. Cunha tiene razón cuando llama nuestra atención sobre la gran diferencia que existe entre la teoría económica, que puede ser muy racional, y la aplicación práctica, que conlleva numerosos riesgos. Los agricultores europeos no pueden ser de nuevo víctimas de experimentos económicos ideados en las mesas de dibujo de Bruselas. El desacoplamiento no funciona cuando no hay mercados interiores estables. En los planes de la Comisión no hay medidas que fomenten esta estabilidad. Menciono por ejemplo la protección en las fronteras contra las grandes fluctuaciones del precio en el mercado mundial y la regulación de la producción en el mercado interior. 
Por supuesto yo también deseo que se ponga fin al sistema de intervención y a las subvenciones a la exportación, pero limitando la producción y no a través de un descenso estructural de los precios. La política agrícola recalca la multifuncionalidad de la agricultura en la Unión Europea. Por ello, una parte considerable de la modulación propuesta debe reforzar este segundo pilar. Como se desprende de mi enmienda, me parece justo que un Estado miembro que consiga un ahorro pueda destinar ese dinero al desarrollo rural dentro de sus fronteras.

Souchet (NI).
Señor Presidente, al aceptar, incluso con algunas reservas, el apoyo a la línea de desacoplamiento propuesta por la Comisión Europea, el informe Cunha nos insta a dar un primer paso en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque el desacoplamiento, al introducir una ruptura radical entre la remuneración del agricultor y el acto de producción, transformaría las ayudas directas en rentas ligadas a la tierra, de importe fijo, que constituirían una especie de impuesto negativo difícilmente justificable a los ojos de los ciudadanos y los contribuyentes, y encarecería los precios del mercado de tierras agrícolas de una manera injustificada y contraria al buen juicio económico, haciendo más difícil el acceso a la profesión de agricultor y la incorporación de los jóvenes.
El desacoplamiento tendría, además, consecuencias negativas para la localización regional de los cultivos y favorecería por tanto la relocalización en vez de la ordenación territorial.
El desacoplamiento tiene el objetivo declarado mejorar nuestra posición negociadora en la OMC, pero me resulta difícil entender cómo el anuncio de una reforma antes de las negociaciones puede darnos más peso.
En definitiva, al suprimir todo vínculo entre la producción y la ayuda pública, se prohíbe cualquier medida de orientación y de control de los mercados, algo que es la base de todas nuestras OCM.
Por consiguiente, es preciso abandonar esta idea loca e inútil del desacoplamiento. El desacoplamiento total sería un error total, y el desacoplamiento parcial, un error parcial. El desacoplamiento parcial sería un compromiso incomprensible, un monstruo burocrático y un sistema insostenible. Haría aún más compleja una PAC que necesita urgentemente una simplificación. Crearía un nuevo indicador, la tasa de desacoplamiento, que muchos se aprestarían a desviar hacia el desacoplamiento total, en detrimento de nuestra agricultura, de nuestra independencia y de nuestra seguridad alimentaria.

Ayuso González (PPE-DE).
Señor Presidente, los principales ejes de esta reforma son el desacoplamiento de las ayudas y la modulación; ambas medidas de forma combinada, van a tener un impacto muy considerable en la evolución de las zonas desfavorecidas y eso nos preocupa. Según los estudios realizados, en mi país podrían ocasionar el abandono de un millón y medio de hectáreas de cereales, la mitad de las cuales pertenecen a mi región, Castilla-La Mancha, una de las zonas con rendimientos más bajos dentro de la Unión Europea.
El desacoplamiento total de las ayudas me parece una decisión precipitada, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de los Estados Unidos, que introdujo esta medida en 1996 y que le está costando miles de millones de dólares en ayudas de emergencia para paliar las pérdidas de los agricultores. 
Además, la Comisión Europea, no ha aclarado todavía a este Parlamento cuál será el funcionamiento del complicado sistema de derechos que ha ideado. Las negociaciones con la OMC son la excusa utilizada, pero un desacoplamiento parcial modesto sería suficiente para obtener margen de maniobra en estas negociaciones.
Estamos de acuerdo en reforzar el desarrollo rural, pero los agricultores europeos no entenderán nunca ningún recorte que no revierta en beneficio del mismo. En este sentido, debería eliminarse la reducción de las ayudas que propone la Comisión para hacer frente a otras necesidades financieras. Además, no tiene sentido adoptar hoy día decisiones basadas en cálculos y estimaciones que podrían variar en los próximos años.
En cuanto al sector del arroz hay que decir que es el principal perdedor de esta reforma. Una bajada del precio de intervención del 50%, como propone la Comisión, sin una compensación íntegra, sumada a las repercusiones del Acuerdo Todo menos armas, hará peligrar la producción comunitaria. Si bien hay que apoyar los compromisos adquiridos por la Unión Europea con estos países, también es necesario encontrar una solución para muchos países de Europa. 
La actual organización común del mercado del arroz contiene elementos perversos, especialmente el régimen de penalizaciones por sobrepasar las superficies máximas garantizadas. En el arroz las sanciones son exponenciales, lo que puede dar lugar a penalizaciones de hasta el 50%, tan solo por un rebasamiento del 8%, a diferencia del sector de los cereales, donde las penalizaciones son proporcionales al rebasamiento.
Solventar esto y establecer una ayuda que compense íntegramente la bajada del precio garantizado, creo que son dos de las demandas del sector arrocero para este Parlamento, la Comisión y el Consejo, y deben tenerlas en cuenta.
Quisiera reiterar mi pleno apoyo al informe del Sr. Bautista, que insta además, al Consejo de Ministros de la Unión Europea, a que adopte la propuesta presentada por la Comisión para negociar un arancel fijo en la Organización Mundial de Comercio. Y, por supuesto, quiero felicitar a todos los ponentes que han intervenido en esta serie de informes.

Kinnock (PSE).
Señor Presidente, para mí -que no formo parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural- resulta bastante extraordinario que en este debate apenas se haya prestado atención al efecto de estas propuestas en los productores y mercados de los países en desarrollo. Por lo tanto, mi contribución parecerá quizás un poco esotérica en el contexto de lo que he estado oyendo esta tarde.
¿Cómo es posible que este tema tan importante, que es un tema esencial para Cancún, y sus implicaciones para los países en desarrollo haya quedado tan al margen del debate? Como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, puedo confirmar, por supuesto, que las políticas agrícolas europeas actuales entran en contradicción directa con las políticas de desarrollo rural declaradas por la UE para los países en desarrollo. Por lo tanto, el debate debería y tiene que reflejar la necesidad de evaluar el impacto de estas reformas en los objetivos declarados de la UE para la erradicación de la pobreza y nuestros objetivos de desarrollo sostenible para los países más pobres del mundo. Los subsidios agrícolas cuestan a estos países pobres unos 50 millardos de dólares estadounidenses al año en exportaciones agrícolas frustradas.
Hoy nos ha llegado la muy blanda declaración de los G8 sobre comercio y reforma. Esperábamos al menos una moratoria sobre los subsidios de exportación y el punto final de aquellas ayudas nacionales que para mí y para muchas otras personas no son más que simples subsidios ocultos. No valoremos solo lo que se percibe como la mejor solución para los agricultores y productores europeos, actuemos por fin y por lo menos como si estuviéramos preparados para tener en cuenta en nuestras deliberaciones a los pueblos de continentes mucho más pobres que el nuestro. Insto a la Comisión de Agricultura y a quienes se preocupen de verdad por los ciudadanos y los agricultores europeos a asumir una visión mucho más amplia del contexto de la agricultura en el mundo.

Procacci (ELDR).
Señor Presidente, Comisario Fischler, señores representantes del Consejo, Señorías, ante todo permítanme dar las gracias a los ponentes por el excelente trabajo realizado. Me urge destacar que la estructura global de la reforma a medio plazo de la política agrícola común no puede sino compartirse, dadas las limitaciones financieras que nos hemos fijado hasta 2013 y considerando también los nuevos desafíos de la ampliación. No obstante, no faltan motivos de perplejidad: ante todo, porque no conocemos las propuestas relativas a todos los sectores y, por tanto, no disponemos de un marco global y, en segundo lugar, porque, una vez sancionado el principio del desacoplamiento, se da a la Comisión la posibilidad de aplicarlo como quiera. Por ello, debemos tratar ante todo de tranquilizar a nuestros agricultores. Pido, por tanto, que el Consejo regule lo más posible este mecanismo, protegiendo las distintas producciones y sobre todo la renta de los agricultores.
Otro elemento de la propuesta de la Comisión que me preocupa mucho es el incentivo al empleo. La propuesta de julio hacía referencia al criterio de las unidades de trabajo; este criterio desapareció después y nosotros tratamos de reintroducirlo con las enmiendas, porque lo consideramos necesario. El peligro de que el paso de las ayudas de la producción a la renta no incentive el trabajo de los campos puede conjurarse en parte con esta decisión. Así pues, nuestro compromiso debe ser máximo en estos aspectos, como también en materia de calidad, porque incentivar la calidad permitirá hacer de nuestra agricultura una agricultura capaz de competir en los mercados.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión no sirven a los intereses de la agricultura y pueden tener serias consecuencias para la agricultura familiar y los pequeños y medianos agricultores si no se revisan algunos de sus presupuestos esenciales. En efecto, en vez de corregir los desequilibrios existentes en la distribución de las ayudas entre países, producciones y productores y prestar especial atención al carácter específico de países como Portugal, se dirige fundamentalmente a garantizar la congelación del presupuesto comunitario en el marco del proceso de ampliación y dar un paso más hacia la liberalización del sector agrícola a escala mundial, a la vista de las próximas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio.
Uno de los principios básicos es determinar las ayudas sobre la base de referencias históricas de los últimos años y asumir su desacoplamiento de la producción lo que, desde luego, beneficia a los productores más grandes y a los países de agricultura más avanzada y condena a los más atrasados, a los pequeños productores y a la agricultura familiar a su actual situación. Así, además de acelerar el proceso de concentración de la producción y la tierra, hará permanentes las actuales desigualdades en la distribución de las ayudas, que resulta muy perjudicial para Portugal, fomentará el absentismo productivo y la especulación en el mercado de las tierras agrícolas, promoverá la competencia desleal entre producciones con y sin derecho a ayuda y creará nuevos condicionamientos a la entrada en el sector, en particular a los jóvenes agricultores.
No podemos aceptar que se pase de una política de apoyo a la producción a una política de «asistencialismo» social. Queremos otra reforma de la PAC y lamentamos que no se haya aprovechado esta revisión intermedia para hacerlo. Son positivas algunas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero la mayoría son negativas. Entre las más preocupantes se encuentra el informe del Sr. Arlindo Cunha, que se aproxima peligrosamente a la propuesta del Comisario Franz Fischler. De hecho, no solo no avanza una verdadera propuesta de modulación, sino que acepta el desacoplamiento de las ayudas de la producción para algunos pagos de los cultivos herbáceos y de los bovinos. Ahora bien, lo que importaba es que se defendiesen unos instrumentos de regulación del mercado que garantizasen el mantenimiento de un precio justo y remunerador de la producción agrícola, que se garantizase el principio de la preferencia comunitaria protegiendo el mercado interior, y que se promoviese la seguridad de los consumidores y la soberanía alimentaria teniendo en cuenta las condiciones y las características específicas portuguesas. Seguiremos luchando por esos objetivos.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, en mi intervención quiero defender una reforma de la PAC que no vuelva a olvidar las regiones de la Unión que disponen de unas condiciones climáticas y medioambientales y de unas tradiciones agrarias especialmente apropiadas para un desarrollo rural multifuncional, que tienen una agricultura de pequeñas y medianas explotaciones familiares basadas en la tierra y en los pastos, que tienen una gran capacidad para la producción de leche y que, por carecer de la cuota lechera necesaria desde su entrada en la Comunidad, han sufrido una modernización maltusiana, que ha llevado a la desaparición de decenas de miles de explotaciones. Estas regiones, ni siquiera reciben hoy prácticamente subvenciones a la producción, de modo que tampoco recibirían las ayudas disociadas.
Pertenecen a Estados en los que existe un gran déficit entre el consumo y la producción lechera. Hablo de Galicia, pero no me refiero solo a mi país, hablo de países que necesitan un incremento de su cuota lechera, que satisfarían su mercado interior sin poner en peligro los equilibrios europeos. Espero que no sean ignorados de nuevo en esta reforma de la PAC.

Daul (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy deben pronunciarse sobre los diferentes proyectos de informe relativos a la revisión intermedia de la política agrícola común. No voy a intervenir sobre el fondo, pero en mi calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, no puedo hacer caso omiso, en absoluto, de las observaciones, e incluso de las críticas, que algunas de Señorías tendrán la tentación de realizar a propósito del procedimiento elegido para la aprobación de estos informes.
Por desgracia, teníamos el tiempo contado, y yo soy el primero que lo lamenta. El objetivo de la Presidencia del Consejo era obtener el dictamen del Parlamento antes de finales de junio. Los plazos que nos concedieron eran cortos. Por tanto, optamos por satisfacer esta petición, para que no se pudiera decir que una consulta del Parlamento Europeo solo iba a servir para frenar los debates en curso. 
En efecto, cuando la reflexión sobre la evolución de las instituciones europeas giraba precisamente en torno a la competencia de nuestra Asamblea, cualquier retraso del procedimiento de consulta podría haberse interpretado como la imposibilidad por parte de los parlamentarios de coger los informes por los cuernos y pronunciarse dentro de los plazos marcados. 
Este es el motivo por el que aprobamos, en la Comisión de Agricultura, un procedimiento que permitía respetar, a la vez, el calendario fijado por la Presidencia del Consejo, que estaba preocupada por hacer avanzar esta cuestión, y el derecho de expresión y de enmienda de los miembros de dicha comisión. Lo logramos gracias al gran trabajo realizado por el personal de esta comisión, y también por los coordinadores. 
Me ha parecido necesario, señor Presidente, explicar las razones que nos llevaron a aprobar un método de trabajo en cuyo origen estuvo la urgencia de la situación y a agilizar los trabajos, respetando siempre el derecho de expresión de nuestros colegas. Por mi parte, considero que es el fruto de un acuerdo alcanzado gracias al deseo de los miembros de la Comisión de Agricultura de conservar las disposiciones esenciales en materia de gestión de mercados agrícolas previstas por la política agrícola común, permitiendo así evolucionar hacia una agricultura más preocupada por el interés general. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tome ahora las decisiones adecuadas para garantizar unas rentas decentes y un futuro para nuestras familias de agricultores.

Campos (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, empezaré por manifestarle mi profunda desilusión con esta reforma de la Política Agrícola Común. Quiero poner ante su conciencia, señor Comisario, las injusticias, las discriminaciones que hace la política con los agricultores, y también la protección de la desertización y la pérdida de credibilidad de la propia Unión que usted está consiguiendo.
Vamos con las injusticias: el Sr. Comisario es responsable de cerca de siete millones de agricultores en la Comunidad. Solo tres millones y medio tienen derecho a las ayudas directas -estamos hablando de tres millones y medio-; de esos tres millones y medio de agricultores, el 52% reciben solamente el 4,5% de las ayudas. ¿Es o no una profunda injusticia? En mi país, cien agricultores -los cien mayores- reciben más que el 60% de los agricultores de mi país. Pongo esta injusticia ante su conciencia.
Además, es discriminatoria, señor Comisario. Dos producciones, que representan el 21% de la producción de la Comunidad, cereales y bovinos, absorben el 60% de las ayudas, es decir el 21% de la producción absorbe el 60% de todas las ayudas. ¡Me parece, señor Comisario, que esto es una actitud discriminatoria! Y aún más porque son las dos producciones que más aumentan la desertización. El Comisario contribuye con esta política, al no oponerse a ella, a la evolución enorme del desempleo en la Unión, porque solo beneficia aquello que causa desempleo y no beneficia a las producciones que ayudan al empleo.
La tercera cuestión es la pérdida de credibilidad, porque las instituciones tienen la obligación de defender a los más débiles. ¡Oh, señor Comisario, me dedico a la política probablemente desde hace tantos años como usted! Pero la función fundamental de las instituciones es defender a los más débiles y usted se pone en la posición de defender solamente a los más fuertes. ¿Por qué desistió usted del límite máximo? Hasta los americanos, que tienen empresas doscientas veces mayores, tienen un límite máximo de 350 000 euros y usted, que inicialmente lo tenía, concluyó que era excesivo porque no debía rebasar los 100 000 euros, usted desiste. Usted y este Parlamento van a pasar a la historia por ser profundamente injustos y discriminatorios y por hacer que la política pierda credibilidad.
Böge (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el año pasado se trataba de mantener la confianza en la Agenda 2000. Hoy se trata de velar por el desarrollo de la política agrícola común para después de 2006, teniendo en cuenta el Derecho mercantil internacional y con una participación adecuada de los países candidatos. Insisto en que es correcto tomar en este momento una decisión seria y sostenible sobre el futuro de la política agrícola común. Pero, señor Comisario, el paralelismo entre las decisiones en materia agrícola, por una parte, y la continuación de las negociaciones comerciales a escala mundial, por otra, también influyen en esta cuestión. Ambas cosas solo pueden combinarse de un modo adecuado si la Comisión se atiene estrictamente al paquete entero de las negociaciones de la OMC y no permite que se diluya en este caso.
Teniendo en cuenta esto, insisto en que los comentarios de la Sra. Kinnock en relación con la evaluación de la política agrícola son una evaluación de la política agrícola que practicábamos hace veinte años. Si logramos alcanzar el equilibrio en la política de desarrollo y el compromiso de todos los países industrializados, no habrá motivo alguno para escondernos detrás de otros.
Señor Comisario, usted siempre ha dicho con razón que únicamente las explotaciones económicamente saneadas pueden sostenerse a la larga. No hace falta actualizar continuamente el concepto de sostenibilidad. Está suficientemente definido a escala internacional y consta en la Agenda 21. Por ello hoy se trata de reelaborar en cierto modo las propuestas de la Comisión de tal modo que resulten, en la medida de lo posible, más prácticas y manejables, y al mismo tiempo proceder a los ajustes necesarios sin que estos ajustes exijan demasiado a las explotaciones y las personas. Con respecto a la simplificación de la política agrícola, en relación con las 38 Directivas mencionadas y la posibilidad de que los Estados miembros las apliquen administrativamente, yo pediría que se haga algo más por evitar los casos extremos de manera que la simplificación de la política agrícola europea respete plenamente el principio fundamental de la no discriminación.

Fruteau (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿puede la Unión Europea hacer oídos sordos a las expectativas de la sociedad, profundamente marcada por las crisis alimentarias que hemos padecido estos últimos años? ¿Es normal que el 80% de las ayudas agrícolas se distribuyan tan solo entre un 20% de los agricultores? ¿Puede eludir Europa seriamente la necesidad de un análisis profundo de una política que representa prácticamente la mitad de su presupuesto, en un momento en que se dispone a acoger a diez nuevos países?
Tiene usted razón, señor Comisario, al preferir el movimiento al inmovilismo, la anticipación a la espera. Su reforma es valiente, al abogar por una ruptura con el sistema de incentivos a la producción, por medio del desacoplamiento. Es ambiciosa, al pretender reforzar el carácter multifuncional de la agricultura europea. Es pertinente por lo que se refiere a las futuras citas de la OMC y a la próxima ampliación de Europa. No obstante, nos tememos que sea también injusta, ya que su inspiración es exclusivamente continental y no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de situaciones regionales, sobre todo por lo que respecta a la producción en las regiones ultraperiféricas. Estas regiones no han cumplido todavía el objetivo inicial de la PAC, es decir, lograr una cierta autosuficiencia agrícola. Sus mercados se hallan lejos de estar saturados. Estas regiones necesitan incentivos para ayudar a desarrollar sus explotaciones.
Las medidas propuestas, si se aplicaran mecánicamente a las regiones ultraperiféricas, constituirían un freno incontestable al dinamismo que observamos estos últimos años. No se trata de encerrar a las regiones ultraperiféricas dentro de una burbuja: se trata simplemente de tener en cuenta sus características específicas. El apartado 2 del artículo 299 proporciona un fundamento jurídico, pero falta la voluntad política. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento cumplió con su obligación al aprobar, el 21 de mayo, una enmienda que propuse para que las regiones ultraperiféricas no se vieran sometidas a una aplicación sistemática y mecánica de la reforma. La Comisión y el Consejo deben ahora cumplir con la suya.
En efecto, debemos aprender las lecciones de la historia y adaptar nuestra política agrícola a los retos del siglo XXI, pero sería inadmisible que, en nombre de principios generales, esta reforma firmara la sentencia de muerte de las agriculturas más frágiles de la Unión.

Sturdy (PPE-DE).
Señor Presidente, estoy algo preocupado porque yo he estudiado un documento un poco distinto al del resto de este Parlamento. Estoy completamente de acuerdo con la opinión del Comisario sobre el desacoplamiento y le doy todo mi apoyo. Es importante que siga siendo simple, apartarse del desacoplamiento parcial y reducir el papeleo. Que el desacoplamiento sea total. Significará que de una vez por todas la financiación llegará al agricultor y este la recibirá. Y en parte quizás esto es lo que hay detrás de los principios del Comisario.
Uno de los problemas que siempre hemos tenido en la Política Agrícola Común es que la financiación se ha quedado en las multinacionales, como los supermercados, y no ha llegado a los agricultores. Debo confirmar lo que ha dicho la Sra. Kinnock sobre los pueblos más pobres que no reciben financiación. Una declaración realizada hace poco en el Reino Unido dejaba claro que los agricultores británicos estaban prácticamente en la parte más baja de la tabla de ingresos: eran los terceros empezando por el final. De modo que esperemos que la financiación llegue a algunas de estas personas que la necesitan.
Tengo una pregunta para el Consejo. ¿Quiere la reforma a causa de la ampliación o a causa de la OMC? No se acuesten con los Estados Unidos, porque sin duda el proyecto de ley de agricultura de los Estados Unidos va en contra de los principios que queremos en la Unión Europea. A los Estados Unidos no les interesa ni les preocupa la Unión Europea.
Tengo tres preguntas breves para el Comisario, que espero que pueda responder, si no hoy, quizá más adelante. Se refieren a los problemas que ocasiona tomar el año 2002 como período de referencia en el informe de la Comisión. Si las reservas nacionales para un pago único, es decir, para demandas adicionales, deben pasar del 1% al 3% de la asignación total, ¿de dónde sacaremos el dinero? Los problemas de las frutas y verduras son graves. ¿Dónde encontraremos financiación para sectores como de de las patatas para producir almidón? El Comisario ha mencionado este tema muy brevemente. Espero que pueda confirmar lo que ha dicho.
Finalmente, en relación con los biocombustibles en terrenos abandonados, sé que el Comisario ha cambiado de opinión al respecto. Espero que se atendrá a esto y que además reconsidere los biocombustibles en suelo abandonado.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente, las propuestas sobre desacoplamiento total y modulación que hace la Comisión resultan demoledoras para muchos sectores y territorios. Por ejemplo, en Andalucía y otras regiones de España ese desacoplamiento total puede resultar muy perjudicial. Y la degresividad supone una transferencia de fondos desde la agricultura mediterránea a la continental. En cuanto a la cohesión social podríamos ir de mal en peor.
La PAC, señor Comisario, ha venido produciendo rentas agrícolas escandalosas a unos pocos que a veces ni son agricultores. Estos efectos socialmente perniciosos deberían haber sido corregidos en esta reforma. Pero no, lejos de ello, estas propuestas pretenden consolidar históricamente estos desequilibrios sociales, y en cambio, señor Presidente, se olvidan de las agricultoras y las mujeres del campo, que tanto aportan a la agricultura europea.
En cuanto a las zonas desfavorecidas, señor Comisario, usted de palabra nos dice sí, sí, sí, pero después sus propuestas nos dicen no, no, no. Las zonas más desfavorecidas deben de ser atendidas singularmente ante el impacto que en ellas va a provocar el desacoplamiento total de las ayudas.
Y si esto no se hace con políticas activas de mercados y distribución de los productos agrícolas, entonces tendremos que correr con los gravísimos daños que acarrearán la pasividad y la desaparición de los cultivos.
En cuanto a la modulación, le sugiero, señor Comisario, que se contemple el que pueda ser competencia regional en aquellos Estados miembros donde la agricultura lo sea.
Por último, me referiré al cómo y el cuándo de la reforma. Respecto al cómo de las negociaciones, España corre el peligro de quedar aislada y de perder, a causa de las posiciones extremas de bloqueo de su Ministro de Agricultura, que debería corregir tan graves errores de negociación.
En cuanto al cuándo, hay una cierta precipitación y si seguimos con estas prisas, muy pronto vamos a tener que hacer la reforma de la reforma.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una propuesta de reforma, aunque esté articulada, no puede contentar ciertamente a los muchos sistemas de agricultura existentes en Europa. Es inevitable, pues, que el debate sea agitado y hasta cambie de tono en función de las distintas sensibilidades de los diputados. 
Para llegar rápido al centro de la cuestión que me interesa, precisaré que procedo de la montaña y que quiero traer a este debate la opinión de quienes viven y trabajan en ella. Bien, para nosotros es positivo el paso del mercado, por consiguiente de la producción, a la empresa, como también es positiva la propuesta de transferir al desarrollo rural los ahorros de la modulación. A pesar de las muchas vacilaciones hacia la montaña, a pesar de que la montaña no se nombra nunca en esta reforma, podemos decir que se vislumbra en el horizonte. Por fin y de forma bastante seria se habla, por primera vez, de multifuncionalidad, que es una exigencia irrenunciable para determinadas zonas periféricas desfavorecidas. La multifuncionalidad es una práctica vigente desde siempre en las zonas de montaña, en las que, junto a sus obligaciones primarias, se pide al agricultor que controle el desarrollo de los bosques, que regule los cursos de agua, que se preocupe de la vida de los animales y que mantenga en orden el medio ambiente en beneficio del agroturismo y del turismo.
Esto significa también poner el máximo cuidado en la calidad de los productos típicos y de los productos de nicho, que desde hace algún tiempo están teniendo un gran éxito y una cierta remuneración en el mercado. Es algo que puede ayudar a convencer a algunos jóvenes de que no abandonen la montaña. Pero no basta: la multifuncionalidad genera un valor añadido para la colectividad y, por tanto, es justo recompensarlo adecuadamente. No bastan ya las ridículas primas a la siega, es necesaria una renta complementaria fija y digna para quien trabaja en la montaña y lleva a cabo estos servicios en beneficio de todos. De otro modo, el éxodo, que ya está en curso, continuará y la despoblación de la montaña será inevitable.

Kreissl-Dörfler (PSE)
. (DE) Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, acojo con agrado las decisiones adoptadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, aunque no dudo de que en numerosos aspectos se quedan cortas. Habiendo tenido una experiencia similar con el informe sobre la fiebre aftosa, quiero felicitar también a los miembros por la inmensa labor que han llevado a cabo. Es un trabajo arduo, pero hay que llegar a un acuerdo. Pero buena parte de lo que se ha negociado aún no se ha aplicado. Además, muchas de las propuestas del Sr. Fischler, que en mi opinión apuntan en la dirección correcta y contienen muchas cosas que puedo apoyar, por desgracia todavía no se han aplicado plenamente en todos los ámbitos, cosa de la que él es consciente. Sin embargo, debemos de dejar de descomponer y desenmarañarlo todo de nuevo, pues a fin de cuentas solo podemos negociar el conjunto del paquete. Existe, por supuesto, la Organización Mundial del Comercio, que exige que observemos determinadas reglas. Repasemos qué Gobiernos participaron en 1986 y 1994 en las negociaciones de las Rondas de Marrakech y Uruguay, y cuáles firmaron a finales de 1993 y 1994 los acuerdos, y veremos que hubo abstenciones en muchos ámbitos.
Aunque provengo de la Alta Baviera, desde luego pienso que un aumento de la cuota lechera es un error. Es preciso reajustar asimismo muchas otras intervenciones de precios, como en el caso del centeno, pues no podemos hacerlo todo de golpe o de un día para otro. También quiero que quede claro que apoyo la cohesión dentro de la Unión Europea y la distribución de fondos a las regiones y países que tienen menos, para ayudarles a mejorar. Pero no entiendo por qué unos fondos que, por ejemplo, se recortan a muchas explotaciones que se hallan en una categoría superior, deben volver a la Comisión para ser redistribuidos en otros sectores. Gran parte de estos fondos deberían utilizarse dentro del segundo pilar, con arreglo al principio de subsidiariedad, en las regiones de donde proceden. De lo contrario, por decirlo sin rodeos, muchos pagarán dos veces.
Las reformas propuestas por el Sr. Fischler son necesarias y lo serían incluso sin la adhesión de los diez países candidatos y sin la Organización Mundial del Comercio, ya que en esta Cámara no hay nadie que afirme que el sistema, tal como se ha gestionado hasta ahora, es justo. No lo es. El desacoplamiento en los sectores más variados -que llegará un día, como ustedes y yo ya sabemos; no es más que una cuestión de tiempo- comportará una mayor equidad. Y de nada sirve que cada uno pretenda salvar a su región y diga que no hay que hacer nada aquí y que no hay que hacer nada allí. Esto no empieza a resolver los problemas.
Unas palabras sobre los países en desarrollo: estoy muy contento de que entretanto los hayamos descubierto. La iniciativa «todo menos armas» no matará a nadie ni costará nada. Ahora bien, hay que determinar qué países intentan vender algo de lo poco que producen porque necesitan otros bienes de vital importancia. Eso hay que verlo. Durante décadas, en la Unión Europea hemos rebajado nuestros excedentes al nivel del mercado mundial, los hemos impuesto a los países en desarrollo y hemos privado a muchos de sus agricultores de la base de subsistencia. También deberíamos pensar en ello.

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, en lo que a nosotros respecta, el Comisario Fischler pasará a la historia como el Comisario del desacoplamiento. Si hemos de elegir entre dos cosas para lograr un buen acuerdo con la OMC, creemos que ha de ser sobre la base del desacoplamiento y no sobre la base de la reducción de los precios. Si el Consejo y la Comisión han escuchado atentamente, esa es la dirección a la que ha apuntado el Parlamento. 
La delegación del CDA (Demócrata-Cristianos) en el Parlamento Europeo celebra haber ayudado a alcanzar un compromiso con respecto al informe Cunha, un informe que contenía algunos puntos importantes para nosotros y en los que hemos incidido por medio de enmiendas. Para empezar, la retirada de tierras de la producción. Consideramos que debe permitirse la rotación, que la decisión es del agricultor y que no tiene que imponerse un plazo de 10 años. En segundo lugar, las tierras desvinculadas en las que puedan cultivarse otros productos no podrán destinarse en ningún caso al cultivo de productos libres como hortalizas y patatas para consumo. Por ello, el CDA ha presentado una enmienda en este sentido que ha sido aprobada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Nuestro tercer punto es algo más controvertido. Celebramos el aumento de la franquicia por explotación agraria desacoplada de 5 000 a 7 500 euros, pero consideramos que aún no es suficiente. Los Demócrata-Cristianos europeos deben proteger las explotaciones familiares y, en lo que a nosotros respecta, ese límite debe aumentarse a 10 000 ó 15 000 euros. El CDA, junto con nuestros colegas británicos, ha presentado una enmienda para llegar a los 10 000 euros y hay una enmienda española que propone alcanzar los 15 000 euros. Apoyaremos ambas enmiendas. 
En relación con el sector lácteo y la reforma del mismo, estamos de acuerdo con el informe Jeggle y, en parte gracias a una enmienda del CDA, nos hemos decidido por un desacoplamiento menos radical y también por el cambio. En nuestra opinión, primero tendríamos que llegar al 5%, esperar a un acuerdo de la OMC y posiblemente aplicar el Acuerdo de Berlín en su totalidad. Y todo aquel que crea que el sector lácteo ha de reformarse aún más, y me dirijo sobre todo a la Sra. Kinnock, debe darse cuenta de que, desde 1983, la Unión Europea ha cedido el 5% del mercado mundial y que esa producción no ha beneficiado a los países en desarrollo, sino a otros países ricos. Decir que tenemos que desmantelar más aún la política láctea europea sin considerar los efectos es una muestra de socialismo de salón. Es una forma barata de socialismo de salón. Estoy a favor de cualquier debate en torno a la cooperación al desarrollo, pero ha de ser sobre la base de los acuerdos que ha firmado Europa con los 48 países más pobres y después de que hayamos examinado a fondo sus consecuencias para los ganaderos europeos y para los ganaderos de los países en vías de desarrollo. Si no lo hacemos, utilizaremos a los ganaderos europeos como cabeza de turco en todo este debate sobre la cooperación al desarrollo. Como diputado de este Parlamento, me niego a tomar parte en algo así.

Folias (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría poder decir también señor Ministro, Presidente en ejercicio del Consejo, pero desgraciadamente se encuentra ausente.
Me gustaría comenzar felicitando a todos los ponentes que han trabajado sobre el tema tan importante que estamos debatiendo hoy, pero principalmente me gustaría felicitar al Sr. Cunha por su magnum opus, por el cual no le envidio en absoluto. No me gustaría encontrarme en su lugar, pero lo felicito por lo que ha conseguido producir.
Permítanme transmitirles la incertidumbre y ansiedad de los agricultores griegos, debido a que los productos mediterráneos no están incluidos en la reforma de la PAC, así como su ansiedad por lo que pueda resultar de la segunda parte, la segunda ronda de negociaciones, cuando hablemos de los productos mediterráneos tras la ronda de Cancún de la Organización Mundial del Comercio. Estamos preocupados. Estamos muy preocupados y espero que finalmente resulte que no teníamos motivos para estarlo, pero hasta que no sea así, seguiremos preocupándonos.
Creemos que el límite de 5 000 euros es demasiado bajo. Debe aumentarse considerablemente si realmente queremos mejoras en la producción y el control de todas las condiciones previas que necesitamos para tener mejores perspectivas en el sector agrícola.
También me gustaría expresar la convicción de que las zonas insulares desfavorecidas, que en mi país concretamente están especialmente expuestas, así como las zonas de montaña de toda la Unión Europea, deberían recibir un trato especial. Debemos preocuparnos de mantener a estas personas en sus pueblos, en sus zonas agrícolas, en vez de convertirlas en gente de ciudad desempleada.
Celebro la posibilidad de convertir la producción agrícola en un negocio. Sin embargo, me gustaría ver cómo van a convertirse en empresarios los agricultores.
Por último, todos celebramos obviamente la ampliación de la Unión Europea con los 10 nuevos Estados miembros, pero me gustaría que no solo los agricultores de la Unión Europea pagasen el precio de la ampliación.

Doyle (PPE-DE).
Tenemos dos temas sobre la mesa en relación con la reforma a medio plazo. Uno es el detalle de lo que se propone, y otro es el calendario. El desacoplamiento es un tema importante y bastante revolucionario por sí mismo. Aunque existen riesgos y beneficios, creo firmemente que las propuestas de desacoplamiento parcial plantean un riesgo mucho mayor, sin perspectivas de reducir la reglamentación. ¡Cuidado con los diversos menús sobre el desacoplamiento! Incluso la propuesta de nuestro colega el Sr. Cunha para desacoplar las ayudas para los machos del ganado vacuno pero no las crías en mi país, Irlanda, debe venir con una advertencia sanitaria, porque va a colapsar el precio de los becerros y los animales destetados. ¡Cuidado con las propuestas de desacoplamiento parcial!
Debemos orientarnos más al mercado para simplificar la carga de reglamentación y beneficiarnos también de las conversaciones en la OMC. Sin embargo, no estoy convencido respecto al segundo punto, a pesar de las protestas del Comisario en las muchas ocasiones en que hemos jugado de forma inteligente nuestras cartas en la OMC. Vean lo que ocurrió en la última ronda del GATT: la UE negoció, con principios, nuestros derechos agrícolas a cambio de los de otras áreas no agrícolas. Dimos garantías de acceso al mercado, y las cumplimos en la UE, y a cambio no obtuvimos garantías de mercado. De hecho, los Estados Unidos han utilizado el 11 de septiembre para introducir el mayor aumento de las ayudas nacionales en décadas mientras que nosotros en la UE limitamos nuestra producción, y volvieron a las negociaciones de la OMC con un mensaje claro de más de lo mismo. ¡Comprador, cuidado! Nada de lo que han dicho ni las palabras procedentes de la boca de Harbinson me permiten confiar en que nos beneficiaremos de jugar con las cartas al descubierto. De hecho, el mensaje más claro es el contrario. ¿Qué probabilidades tenemos de que los aranceles de importación se mantengan en una reducción de aproximadamente un 36% y no más cerca del 60% propuesto? Las probabilidades son pocas. El jurado está descartado, y antes de Cancún nos estamos jugando la parte crítica de la política económica europea, la PAC.
El Comisario está viviendo muy peligrosamente y algunos dirían temerariamente al programar sus propuestas. La modulación de 5 000 euros es inaceptable, incluso con promesas de más inversión en desarrollo rural. Robar al pobre Pedro para pagar a Pablo es una política inversa a la de Robin Hood, y como mínimo es perversa. Introducir la degresividad para apoyar -al menos en el caso de Irlanda- una nueva OCM (organización común del mercado) de los productos lácteos, es decir, pagos acoplados para el sector lechero, es ilógico, dados los discursos sobre el desacoplamiento en que se basa la revisión intermedia.
Cada país tiene su propio menú de casos especiales, ya sean los agricultores jóvenes, los temas de salud, la jubilación anticipada de los agricultores, los derechos de sucesión y los de quienes han invertido fuertemente en los años de referencia. Hay que pensar en ellos. Tenemos la obligación de pensar en los agricultores del mundo en desarrollo, a quienes podemos ayudar, y lo haremos, en el contexto de unas reglas de juego mundiales más equitativas, pero, como legisladores europeos, nuestra principal obligación es pensar en nuestros propios agricultores y procurar un futuro sostenible para la agricultura de la UE, el principal productor agrícola y la mayor economía del mundo.

Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, esta tarde se han pronunciado numerosas intervenciones sobre la financiación de la política agrícola de la UE. En mi opinión, la situación en general en los últimos años ha sido mucho más favorable para los consumidores que para los agricultores. No me cansaré de decir que la parte de los gastos de los ciudadanos de la Unión Europea destinados a la alimentación se ha reducido constantemente en las últimas décadas. He aquí una cifra concreta: si hace diez años se gastaba un 40% de la renta en alimentos, actualmente hemos llegado aproximadamente al 14%. Así pues, los alimentos no son un desecho excedentario, y los agricultores producen y cuidan el campo con ayudas de la UE, posiblemente de forma mucho más económica que las explotaciones agrícolas municipales.
Mi idea del modelo agrícola europeo no ha cambiado desde hace años. Me gustaría que los agricultores de la Unión Europea pudieran seguir cumpliendo esta doble tarea, a saber, producir productos de alta calidad y cuidar y conservar los campos de cultivo. Por ello creo que en el debate sobre política agrícola deberíamos asegurar que esta tarea pueda llevarse a cabo a largo plazo en las zonas con dificultades, no solo de Alemania, sino de todas las regiones europeas.
Sus propuestas, señor Comisario, han sido objeto hoy de un amplio debate, pero si le he comprendido bien, ha dejado entrever en uno u otro punto cierta disposición al compromiso, y esto afecta al desacoplamiento. Los expertos agrícolas de mi Grupo piden una diferenciación clara entre cultivos herbáceos y producción animal. Por eso considero de una gran importancia el desarrollo coherente de la política agrícola y de la política lechera orientada por cuotas.
Señor Comisario, estoy convencido de que ahora deberíamos decidir, como usted siempre ha dicho. El Parlamento ya ha presentado sus informes y siento una gran curiosidad por ver lo que hace de ellos el Consejo. Deberíamos realmente aprovechar este capital de negociación. Por último, quisiera alentarle por tanto a que siga nuestras sugerencias. Si luchamos juntos, obtendremos los mejores resultados para la agricultura, y yo soy de aquellos que de veras quisiera defenderle, señor Comisario, fuera de esta Cámara.

No puedo imaginar qué interés podría tener usted en hacer algo inadecuado.
(Aplausos)
Parish (PPE-DE).
Señor Presidente, felicito a la Comisión por sus propuestas radicales de desacoplamiento. Me temo que las propuestas que el Parlamento está presentando son demasiado tímidas y creo que deberíamos recorrer la vía del desacoplamiento hasta el final. Si vamos a hacerlo parcialmente, por lo menos hagámoslo sector por sector, no mediante un desacoplamiento horizontal en todos los sectores. Señor Cunha, usted sabe que pienso que esta parte de la propuesta es de locos.
Los agricultores necesitan una indicación clara sobre adónde van. Necesitamos una decisión del Consejo de Ministros para que los agricultores puedan planificar el futuro. Lo que no queremos es toda una variedad de desacoplamientos. Si tenemos que pensar en las zonas menos favorecidas, hay formas de hacerlo. No tenemos que hacerlo mediante subsidios de producción. El sistema del desacoplamiento que usted ha presentado, Comisario, nos ayudará en la ronda de la OMC. También nos ayudará a hacer frente a la ampliación. Aceptémoslo, para muchos de los países candidatos sería muy difícil poner en práctica los subsidios basados en la producción que tenemos. ¿De qué sirve pedirles que pongan en práctica estos sistemas si, al cabo de un año o dos, volvemos a cambiar de nuevo todo el sistema?
Debemos hacer frente a la realidad de que tendremos una política agrícola distinta para los 25 Estados miembros de la que hemos tenido para los 15 actuales. Por esto tenemos que ir con cuidado con lo que hacemos.
También tenemos que estar seguros de que cuando Europa vaya a la ronda de la OMC podamos defender nuestro terreno y hacer frente no solo a los Estados Unidos, sino también a los países del Tercer Mundo. Debemos defender a nuestros agricultores, pero no a costa del comercio del Tercer Mundo. Las propuestas que usted presenta nos ayudarán a defender la agricultura europea, a los agricultores europeos y a ofrecer un buen valor a los contribuyentes europeos a quienes a veces olvidamos.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, antes que nada quiero agradecerles todas sus aportaciones que, aunque en parte muy críticas, han sido constructivas y siempre pertinentes. También quisiera asegurar a todos aquellos que han señalado lo importante que sería que el Parlamento Europeo tenga competencia de codecisión en el ámbito de la política agrícola, que cuentan para ello con el pleno apoyo de la Comisión y el mío personal.
Todos los que intervienen en la política europea saben que es necesario hacer compromisos en interés de la causa común, a fin de llegar a una decisión conjunta. Pero los compromisos deben juzgarse a la luz de criterios, y estos criterios son la sustancia de la reforma, que debemos conservar. La Comisión no puede ni quiere apartarse de este principio. 
En muchos temas tiene lugar desde hace algún tiempo un debate sobre la adaptación de las propuestas de la Comisión. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la concentración de los requisitos de condicionalidad ecológica en las principales disposiciones con objeto de mejorar la manejabilidad administrativa; un incremento moderado de la parte de los fondos destinados a la condicionalidad ecológica que permanecen en los Estados miembros; un período de preparación más prolongado para la instalación del sistema de asesoramiento de la gestión con una participación inicial voluntaria, que no será obligatoria sino más adelante; una mayor flexibilidad para los Estados miembros en lo referente al pago de anticipos sobre los pagos directos; un trato flexible de los casos difíciles y problemáticos en el cálculo y asignación de las primas únicas a las explotaciones, así como la opción de que los Estados miembros puedan excluir determinados cultivos de las superficies con derecho a prima; el mantenimiento de la rotación de las tierras en barbecho con la posibilidad de cultivar materias primas renovables en estas superficies: el retraso del desacoplamiento de las primas lecheras en aras de una simplificación administrativa o un porcentaje más flexible de cofinanciación para las medidas agroambientales, y un aumento ocasional de los fondos de promoción en zonas con limitaciones medioambientales específicas. Sin embargo, hay otros temas en los que serán necesarios grandes esfuerzos en el debate para obtener soluciones. La Presidencia emprenderá sin duda estos esfuerzos, junto con la Comisión, en particular la semana que viene en el Consejo. 
Estos temas abarcan, entre otros, los distintos aspectos del desacoplamiento de los pagos directos. También en este ámbito hay margen de maniobra, pero igualmente es importante alcanzar los objetivos fundamentales del desacoplamiento. Se trata de simplificar nuestra política de promoción, de evitar la concesión de estímulos absurdos a la producción, de reforzar una actividad empresarial orientada al mercado y, por último, de evitar las distorsiones comerciales. En particular, no debemos olvidar que el desacoplamiento permite que los agricultores conserven dos veces más dinero de la promoción concedida que con el régimen antiguo. Este extremo ha quedado demostrado recientemente una vez más por la OCDE.

Entre los temas importantes que todavía requieren un debate abierto se encuentra el trato que deben recibir las zonas ultraperiféricas y los territorios de ultramar. También en este terreno es crucial mantener los principios fundamentales. Esto incluye, por supuesto, la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades de estas regiones y los objetivos de los Reglamentos POSEI. Asimismo quiero mencionar el deseo manifestado por muchos de reforzar aún más el segundo pilar de la política agrícola común, Creo que no sorprenderé a sus Señorías si afirmo aquí que estoy dispuesto a considerar un refuerzo de estos dos pilares mayor que el previsto. 
Y volviendo brevemente una vez más al tema del desacoplamiento, pues muchos diputados han hablado de un desacoplamiento parcial, diré que considero problemática la idea de introducir el desacoplamiento de modo gradual a lo largo de un período prolongado o de desacoplar un determinado porcentaje de cada medida de apoyo individual. Estas combinaciones de un desacoplamiento parcial conducen en última instancia a unir las desventajas del sistema actual con la no obtención de las ventajas del nuevo sistema. Por ello hay que actuar con mucha, mucha cautela en este ámbito. Las desventajas del sistema vigente son, sobre todo, que los agricultores no pueden tomar libremente las decisiones que afectan a sus explotaciones. Otra desventaja es que los agricultores deben hacer frente a una burocracia más pesada y compleja, y sobre todo que se les niega la libertad empresarial.
Permítanme decir una última palabra sobre la cuestión de los precios de intervención, sobre los que algunas de sus Señorías se han mostrado muy críticas, preguntando que por qué queremos o necesitamos realmente una medida para garantizar el equilibrio del mercado durante los próximos años, diez años en total. El principal motivo es que, si se comparan las previsiones de mercado en las que se basa la Agenda 2000 con las previsiones que publican actualmente los mismos institutos, como por ejemplo Fabri, estos institutos han tenido que revisar a la baja drásticamente las perspectivas tan positivas que avanzaron en su momento. Por ejemplo, en el caso del trigo un 14%, en el de la cebada en 10%, en el del maíz un 16%, en el de la mantequilla un 37% y en el de la leche desnatada en polvo más del 30%. 
Sin embargo, ¿cómo podemos arreglárnoslas con una reducción de los precios de intervención de tan solo un 5%? Tan solo porque fuimos bastante más precavidos cuando nos sugirieron estas previsiones y por eso ahora podemos seguir un enfoque más moderado. Pero si no adoptamos medida alguna se produciría de nuevo un desequilibrio del mercado y esto no significa otra cosa que mayor presión a la baja sobre los precios. 
Por último abordaré la cuestión de los productos mediterráneos: quiero decirles con toda claridad que la semana que viene, cuando el Consejo deba pronunciarse, abogaremos por que el Consejo de Agricultura, junto con la Comisión, adopte una declaración en la que se garantice que los productos mediterráneos se evaluarán equitativamente y del mismo modo si se adoptan nuevas medidas.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0097/2003). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Lamento que este turno de preguntas, por su ubicación temporal, empiece siempre, o casi siempre, con retraso. Hoy comenzamos con 30 minutos de retraso, lo que nos obliga a darle la mayor agilidad posible. Cuento con la cooperación de todos los colegas.
Primera parte
El Presidente.
 Pregunta nº 22 formulada por Stavros Xarchakos, a quien sustituye el Sr. Folias (H-0317/03):

Asunto: Medidas contra el virus mortal del SARS
El virus mortal del SARS ha provocado una gran preocupación en todo el mundo. ¿Qué medidas de prevención contra este virus, aplicables de forma inmediata, ha propuesto la Comisión a los Estados miembros?

Byrne
La Comisión ha asumido un papel activo y pionero en respuesta al brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Tal como indicó el Consejo el pasado 6 de mayo de 2003 en relación con el SRAS, este papel se ha desempeñado a través de la red de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles en la Comunidad, en el marco de la Decisión nº 2119/1998/CE. Con ello se ha conseguido una base muy eficaz para el intercambio rápido de información en la UE y para una respuesta coordinada en la que los países candidatos y la AELC han participado plenamente en colaboración con la OMS.
En su reunión extraordinaria sobre el SRAS, el Consejo aceptó en general la orientación planteada por la Comisión con la ayuda del comité de la red. Aunque la aplicación de las medidas de protección sanitaria es competencia de las autoridades de los Estados miembros, la orientación para acciones inmediatas y futuras se centrará en los aspectos siguientes: detección rápida de todos los casos sospechosos de SRAS mediante una buena vigilancia; protección de las personas con riesgo de infección mediante el aislamiento eficaz de los pacientes con SRAS en los hospitales, inclusive medidas para proteger a los cuidadores; se prestará especial atención a los viajes aéreos, que han sido un factor importante en la diseminación del SRAS, principalmente con un control estandarizado de pasajeros que salgan de zonas afectadas; información a bordo para los pasajeros e información eficaz en los puertos de entrada de las zonas afectadas; una mayor concienciación entre los profesionales y la población, y una información exacta y puntual, además de compartir los datos con otros países, en particular con los países del EEE y la AELC, con los países de la adhesión y los candidatos, y con la OMS. También hay que desarrollar la cooperación con otros agentes, como las compañías aéreas, y las entidades organizadoras de actos masivos.
El Consejo también ha tomado nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta para crear un centro europeo de prevención y control de enfermedades.

Folias (PPE-DE).
En nombre del Sr. Xarchakos, que no puede estar presente por razones ajenas a su voluntad, quiero dar las gracias al Comisario.

El Presidente.
 Pregunta nº 23 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0314/03):

Asunto: Violación de los derechos humanos en Cuba
En marzo de este año fueron encarcelados 78 opositores en Cuba. Los juicios sumarios, sin posibilidad de una defensa justa y sin la presencia de personas independientes, se celebraron en abril, tras los cuales, se dictaron sentencias de entre 15 y 28 años. Los presos cumplen su condena en condiciones casi inhumanas, en celdas de aislamiento o junto con criminales peligrosos, con frecuencia, tan lejos de sus casas que resultan imposibles las visitas de los familiares. Estas condiciones suponen una clara violación de los derechos humanos.
Teniendo en cuenta que la Comisión ha abierto recientemente una oficina en La Habana y vistos los requisitos del Acuerdo Cotonú en materia de derechos humanos, ¿qué medidas tiene la Comisión intención de adoptar para lograr la liberación de los presos políticos en Cuba? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para que los presos cubanos reciban un trato mejor y sean trasladados a cárceles más cercanas a sus casas? ¿Qué medidas está previsto adoptar para ayudar a los presos y sus familiares? 
Segunda parte
Pregunta dirigida al Sr. Monti
Byrne
. (EN) La reciente detención masiva de disidentes, los juicios injustos y las sentencias arbitrarias y excesivas que se les han impuesto, así como la ejecución de tres ciudadanos cubanos acusados de secuestrar un transbordador cubano, han tenido una respuesta inmediata, firme y sostenida de la Unión Europea. La Comisión ha apoyado plena y activamente las acciones que se han llevado a cabo en este contexto.
La Comisión, junto con los Estados miembros, condenó firmemente estas detenciones en una declaración publicada el 26 de marzo de 2003, seguida de una gestión de la UE en La Habana para instar a las autoridades cubanas a permitir la liberación inmediata de los prisioneros.
El 18 de abril se realizó una segunda gestión en La Habana, después de la declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores publicada el 14 de abril. Recientemente se han acordado nuevas medidas, como las límitaciones de las visitas de alto nivel. El 30 de abril la Comisión decidió aplazar el examen de la solicitud cubana para la adhesión al Tratado de Cotonú, señalando que estos acontecimientos recientes no son buenos para la cooperación entre la Unión Europea y Cuba. El 16 de mayo las autoridades cubanas decidieron retirar la solicitud.
La Comisión está preocupada por el trato que reciben los prisioneros y cree que las autoridades cubanas deberían invitar a la Cruz Roja Internacional a visitarlos para comprobar que reciben un trato humano.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Byrne por su respuesta. Aproximadamente 60 de las 75 personas sentenciadas y encarceladas en Cuba tras los juicios sumarios han recibido condenas a prisión de más de 20 años. Estos sienten, simplemente, que sus vidas están amenazadas. Durante décadas no se habían producido condenas tan duras como estas en Cuba.
Mi pregunta al respecto al señor Comisario es ¿cómo debemos continuar con las protestas en términos de política práctica? ¿Podemos actuar en la comunidad mundial -en las Naciones Unidas- tratando de persuadir a la Cruz Roja para que tome medidas? ¿Podemos actuar a través de las iglesias o de algún otro modo? ¿Podemos presionar al régimen cubano mediante varios tipos de sanciones? En este caso tratamos con personas que han tenido que pagar un precio muy elevado por la democracia.

Byrne
Como he indicado antes, la opinión de la Comisión es que la Cruz Roja Internacional debería poder examinar la situación e informar sobre la misma. Además, se está preparando una nueva gestión de la UE para principios de junio, pero todavía no hay acuerdo sobre el texto. En resumen, la situación es que la Comisión no ha abandonado el tema y ejerce toda la presión de que es capaz para superar la situación.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Comisario, las personas a las que la Unión Europea denomina activistas de los derechos humanos no son más que agentes de los Estados Unidos de América, como se ha demostrado en los tribunales cubanos. Por otra parte, los propios estadounidenses han admitido que están ofreciéndoles varios cientos de millones de dólares para establecer la oposición interna en Cuba. De hecho, ¿qué país no se protegería de una conspiración externa?
En todo caso, me gustaría escuchar sus comentarios, señor Comisario, sobre la acción del Sr. Cason en Cuba y de su cometido. También me gustaría escuchar sus comentarios sobre el mensaje del 20 de mayo del Sr. Bush, en el que prometía la libertad para Cuba, además de sus comentarios sobre el hecho de que los Estados Unidos no hayan castigado a los secuestradores que obligaron a unos aviones a volar a Cuba.
Y, por último, ¿qué piensa usted de la detención por parte de los Estados Unidos de los cinco patriotas cubanos que apenas han visto el 80% del auto de procesamiento debido a que se supone que es confidencial?

Byrne
El tema que se plantea aquí esta noche es el de las violaciones -violaciones muy graves- de los derechos humanos en Cuba. Sean cuales sean los temas a que su Señoría se refiere, tanto si se pueden demostrar como si no, no justifican las violaciones de los derechos humanos que se han señalado y reconocido. Se trata de la ejecución de las tres personas en cuestión después de juicios muy breves en circunstancias que, en general, tanto la comunidad internacional como la Comisión en particular consideran altamente insatisfactorias.

El Presidente.
 Dado que su autor no está presente, la pregunta número 24 decae.

El Presidente.
 Pregunta nº 25 formulada por Ward Beysen (H-0315/03):

Asunto: Comercio paralelo
¿Es consciente la Comisión de las continuas amenazas a las que está sometido el comercio paralelo legal de medicamentos dentro de la UE, un proceso que ahorra anualmente millones de euros a los Gobiernos de los Estados miembros y a los pacientes europeos?
¿Ha considerado utilizar el artículo 82 como fundamento jurídico para asegurar que los fabricantes de productos farmacéuticos operen según las normas del mercado único?

Monti
. (IT) La pregunta del diputado no solo es de innegable interés, sino también de gran actualidad. La cuestión es interesante sin duda porque los obstáculos al comercio paralelo de los productos farmacéuticos son desde hace tiempo motivo de preocupación para la Comisión, que ya en el pasado instruyó numerosas diligencias en la materia y sigue haciéndolo. En particular, en el sector de la competencia se están examinando actualmente numerosos casos, a petición tanto de laboratorios farmacéuticos como de denunciantes. Además, la cuestión está, como he dicho, de candente actualidad.
Como es sabido, la Comisión dispone de dos instrumentos jurídicos para intervenir: los artículos 81 y 82. Por lo que se refiere al artículo 81, precisamente hace algunos días el abogado Tizzano, abogado general del Tribunal de Justicia, presentó sus conclusiones en el asunto Bayer, relativo al comercio paralelo de un producto de esta empresa. No quiero entrar en los detalles de este asunto ni de las conclusiones del abogado general, que tienen que ver con una cuestión de técnica jurídica muy precisa. Sin embargo, las conclusiones no son favorables a las tesis sostenidas por la Comisión en dicha causa. El Tribunal dictará sentencia dentro de algunos meses, sin comprometer, en cualquier caso, las demás decisiones de la Comisión relativas a problemas distintos de los abordados en el caso Bayer, como por ejemplo la decisión adoptada por la Comisión el 8 de mayo de 2001 con relación al sistema de precios dobles aplicado por la empresa Glaxo.
Por lo que respecta al artículo 82, es precisamente la dirección en la que está trabajando la Comisión actualmente. Ello plantea una serie de cuestiones nuevas, en particular por lo que respecta a la definición de los mercados o de las prácticas abusivas. Por lo demás, el pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia recibió una pregunta prejudicial de la Comisión helénica de la competencia, que es la autoridad griega responsable de la competencia, y que tiene por objeto establecer en qué medida la negativa, por parte de una empresa farmacéutica en posición dominante, de abastecer a un mayorista para interrumpir el comercio paralelo, puede constituir un abuso prohibido por el artículo 82 del Tratado CE. La Comisión deberá expresar, como siempre, su opinión al Tribunal en las próximas semanas. No obstante, no está previsto el fallo del Tribunal hasta dentro de muchos meses.

Beysen (NI).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su extensa respuesta en relación con un problema de tanta actualidad que, como ha recalcado con razón el señor Comisario, es motivo de gran preocupación.

Creo que el artículo 82 es, en efecto, el único fundamento jurídico que puede utilizarse y espero que en un futuro no muy lejano haya más claridad, porque las grandes fusiones dentro del sector de los medicamentos casi siempre tienen como consecuencia grandes reducciones de plantilla. Además, las prácticas actuales son muy perjudiciales para el consumidor. Así pues, espero recibir cuanto antes una respuesta a la pregunta formulada.

Monti
. (EN) Estoy de acuerdo con la importancia que otorga al tema, así como la urgencia del mismo. Le daré solo una breve indicación de adónde queremos llegar.
Como he dicho, de momento nuestra prioridad es llevar a término nuestra aportación al Tribunal de Justicia en la petición griega de resolución preliminar -esto debería ser a mediados de junio- en relación con el tratamiento de aproximadamente 30 casos pendientes ante la Comisión. Estoy seguro de que entenderá que no puedo precisar más datos. La evaluación conforme al artículo 82 está en curso. De una forma u otra pueden esperar que la Comisión adopte su posición -positiva o negativa- sobre los sistemas de cuota del suministro para finales de este año.

Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los últimos tiempos en el sector farmacéutico, Internet ha supuesto que recientemente estamos experimentando una evolución totalmente nueva, pues por este medio se comercializan productos medicinales en toda Europa. Sin embargo, todavía existen restricciones territoriales que se aplican a las farmacias. En su opinión, ¿cómo evolucionará este sector en el futuro?

Monti
. (EN) El conjunto del problema planteado por la mayor importancia del comercio por Internet abarca aspectos relacionados con el mercado interior y la competencia. Es un reto positivo que las autoridades deben asumir, dados los beneficios que los consumidores pueden obtener del aumento del uso de Internet, y también dada la continua necesidad de asegurar que, sea cual sea la tecnología utilizada para llevar a cabo las transacciones, no se infrinjan los principios esenciales en que se basa el orden jurídico de la Comunidad.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Monti por su cooperación con el Parlamento esta tarde. Pasamos a los 20 minutos de preguntas dirigidos a la Comisaria Sra. Reding
Preguntas dirigidas a la Sra. Reding
El Presidente.
Pregunta nº 26 formulada por Bernd Posselt (H-0301/03):

Asunto: Lenguas minoritarias
¿Podría indicar la Comisión de qué manera prepara la ampliación de la UE en materia de fomento y promoción de las lenguas minoritarias? ¿Podría precisar la Comisión qué papel juegan en las consideraciones las minorías lingüísticas cuyas lenguas son mayoritarias en otros Estados miembros de la UE?

Reding
En respuesta al Sr. Posselt, quisiera decir que la definición de lengua minoritaria o regional empleada por la Comisión Europea corresponde a la establecida por el Consejo de Europa en su Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Según dicha Carta, se entiende por lengua regional o minoritaria aquella lengua, diferente a la lengua oficial del Estado, que sea practicada tradicionalmente en un territorio de un Estado por nacionales de ese Estado que constituyan un grupo numéricamente inferior al resto de la población de ese Estado. Por tanto, esta definición engloba a las lenguas que son minoritarias en su país pero que son mayoritarias en otro. 
Por lo que se refiere a la promoción de las lenguas minoritarias o regionales en el seno de la Unión, la Comisión financia a la Oficina europea de lenguas minoritarias y a los centros de investigación de Mercator. En su programa de trabajo para el período 2003-2004, se contempla llevar a cabo, para los futuros miembros de la Unión, acciones informativas sobre la política europea en los ámbitos correspondientes. Se están organizando encuentros sobre esta cuestión, como la Conferencia de Bolzano de los días 26 y 27 de mayo sobre el tema «Buenas prácticas en la promoción de la diversidad lingüística en una Europa ampliada». 
Asimismo, la Oficina europea de lenguas minoritarias ha comenzado a preparar la Constitución, en relación con los nuevos Estados miembros y comisiones nacionales que representen a las minorías lingüísticas, a imagen y semejanza de las comisiones de este tipo que ya existen en los quince Estados miembros de la Unión. Hay que decir que los futuros Estados miembros disfrutan ya de las mismas ventajas que los Quince por lo que respecta a las lenguas minoritarias o regionales, es decir, que reciben financiación para iniciativas a través de los programas existentes. Además, algunos de estos programas, como Sócrates o Leonardo da Vinci, están abiertos a todos los países candidatos. En definitiva, el estudio Euromosaic sobre producción y reproducción de los grupos lingüísticos minoritarios en el seno de la Unión Europea se ampliará a los nuevos Estados miembros. 
Además, se ha invitado a los nuevos Estados a que participen en las consultas públicas que ha emprendido la Comisión en el marco de la elaboración del plan de acción sobre la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas, un plan que se presentará en el Consejo y en el Parlamento en julio, en el marco también del examen de la nueva generación de programas Leonardo, Sócrates y Juventud. Todas las minorías lingüísticas, incluidas aquellas cuya lengua es mayoritaria en otros Estados miembros de la Unión ampliada, han podido participar en estas consultas.

Posselt (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero darle las gracias por su respuesta tan exhaustiva, positiva y concreta y formularle otra pregunta que no sé si estará en condiciones de contestar inmediatamente o bien por escrito, después de este turno de preguntas.
Los Estados miembros conceden ayudas a minorías que viven en los países candidatos. De este modo, Alemania ayuda, por ejemplo, a la minoría alemana de Polonia y a la minoría alemana de la República Checa con el consentimiento de estos Estados. Ahora, en esos países corre el rumor de que al menos una parte de esas ayudas concedidas por otro Estado miembro serían ilegales después de la adhesión a la Unión Europea. No logro entenderlo y por ello quería preguntar concretamente, ya que esta cuestión ha despertado grandes temores. Así pues, ¿es posible que las ayudas concedidas por otro Estado miembro para la promoción de las lenguas minoritarias sean ilegales en la UE?

Reding
. (DE) Señor Presidente, puedo tranquilizar al Sr. Posselt a este respecto, pues la Unión no intervendrá en proyectos que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, son competencia de los Estados miembros. No puedo explicarme por tanto de dónde proviene este debate, ya que si un Estado miembro quiere ayudar de alguna forma a otro Estado miembro o a un país tercero y desea llevar a cabo proyectos culturales en dicho Estado miembro, esto es cosa del Estado miembro, y la Unión no tiene que interferir. Al contrario, me complace que los Estados miembros realicen numerosos proyectos culturales en sus países vecinos.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Me ha interesado muchísimo la respuesta de la Sra. Comisaria y su definición de las lenguas, que es bien conocida en esta Cámara. Estoy completamente de acuerdo con la noción de ofrecer asistencia financiera a las lenguas minoritarias y menos habladas, y al igual que muchos de mis colegas, estoy familiarizado con los programas educativos y la labor de la Mesa. Como la Sra. Comisaria sabe, el respeto por la lengua de otros, el respeto por dicha persona y su cultura y sus costumbres, ayuda a la integración de dichas comunidades.
En este sentido, ¿puedo pedir a la Sra. Comisaria que al menos considere, quizás mediante un estudio o una investigación, el hecho de apoyar la reformulación de la definición e incluir otras lenguas, quizás de origen no europeo pero que todavía hablan y comprenden muchas personas, lenguas que aparecen en muchos Estados miembros: urdu, hindi, bengalí y tamil para nombrar unas pocas?
Me doy cuenta de que es una sugerencia significativa, pero me temo que si ni siquiera la consideramos, estaremos enviando un mensaje muy divisorio a las comunidades de muchas minorías étnicas en un momento clave para la integración. En realidad les estaremos diciendo que unas lenguas que hablan unos pocos centenares de personas en algunos casos, y yo estoy de acuerdo en apoyar a estas lenguas, son más importantes para la UE que otras habladas por cientos de miles de personas. Me pregunto si la Sra. Comisaria estaría dispuesta a considerar esto.

Reding
. (EN) En respuesta a su Señoría, toda la acción de la Comunidad en relación con las lenguas es incluyente, no excluyente. No hemos definido claramente qué lenguas incluiremos, porque en el programa de acción que voy a presentar en julio de este año quisiéramos resaltar todas las lenguas habladas en la Unión Europea ampliada. Veremos si es posible incluir las lenguas de inmigración como las que ha mencionado, señor Evans. En cualquier caso, no están excluidas en ninguno de nuestros textos.

Ebner (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, creo que el tema del aprendizaje de lenguas aparte de las lenguas oficiales, es decir, de las lenguas regionales, de las lenguas minoritarias y el tema sacado ahora a colación de los idiomas de los inmigrantes, deberían tratarse por separado, es decir, las lenguas oficiales así como las lenguas regionales y minoritarias, por un lado, y las lenguas de los inmigrantes, por otro.
Por ello pido a la Sra. Comisaria que nos dé su opinión sobre esto y también en lo referente al Plan elaborado en relación con el Año Europeo de las Lenguas y en el que figura una definición muy clara. En mi opinión, en vista de la limitación de fondos disponibles, debería procederse a fijar prioridades, pues la Sra. Comisaria necesita muchos más recursos para esta actividad de los que dispone.

Reding
. (DE) Señor Presidente, su Señoría tiene razón, por supuesto, nunca tendremos dinero suficiente para hacerlo todo. Sin embargo, en el Año Europeo de las Lenguas no solo han participado las lenguas oficiales, sino que también hemos permitido que, si así lo deseaban las asociaciones o los ciudadanos, se concedieran fondos para las lenguas que se hablan realmente en el territorio. Debemos vigilar con mucha atención lo que sucede en nuestras escuelas y en la sociedad en general. En nuestras escuelas es inevitable la lengua materna sea la oficial, la primera lengua. Siempre he exigido que intentemos enseñar dos lenguas extranjeras aparte de la lengua básica, y los Jefes de Estado y de Gobierno así lo han aceptado. Eso es una cosa. Otra es el respeto del multiculturalismo, de la variedad cultural dentro de nuestra sociedad, y creo que en algunas regiones las lenguas que hablan los inmigrantes forman parte igualmente de este entorno cultural. Así pues, al analizar y estudiar científicamente la variedad lingüística es necesario tener en cuenta esta realidad. Para mí la prioridad sigue siendo apoyar las lenguas tradicionales y fomentar el multilingüismo en nuestras escuelas.

El Presidente.
 Pregunta nº 27 formulada por Joan Vallvé (H-0306/03):

Asunto: Violencia en los estadios de fútbol
Vistas la Decisión del Consejo de 25 de abril de 2002 relativa a la seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional (2002/348/JAI

Reding
En respuesta a la pregunta del Sr. Vallvé, la Comisión señala que no emite opiniones sobre cuestiones que están fuera de sus competencias.
Ahora bien, la Unión Europea, en la actualidad, no tiene -todavía no, debo precisar, ya que la Convención está trabajando en ello- competencias directas en materia de organización de encuentros deportivos.
A este respecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha manifestado en numerosas ocasiones que las entidades deportivas disfrutan de una gran autonomía a la hora de organizar sus competiciones.
Como ha indicado el Sr. Vallvé en su pregunta, la postura oficial de la Unión Europea acerca de la seguridad durante los partidos de fútbol tiene una dimensión internacional y está expresada en la Decisión del Consejo del 25 de abril de 2002. En este documento no se hace ninguna referencia al tema planteado en la pregunta.

Vallvé (ELDR).
Señor Presidente, le doy las gracias a la Sra. Comisaria por su respuesta y su análisis del futuro del deporte en la Unión Europea. Como usted sabe, la Unión comprende Estados nacionales, pero también Estados plurinacionales. 
En algunos de estos últimos Estados, varias naciones pueden contar con equipos nacionales, como por ejemplo Escocia o Gales. En cambio, no sucede lo mismo en el caso de Cataluña. Nos gustaría que, en el futuro, nuestras selecciones nacionales pudieran participar en competiciones oficiales. 
Por eso, le damos las gracias por su respuesta, señora Comisaria: creemos que, el día de mañana, la Unión, en su preocupación por reconocer las identidades culturales que existen en toda Europa, deberá permitir a estar culturas expresarse por medio del deporte.

Reding
Señor Presidente, el Sr. Vallvé conoce bien mi amor por la diversidad cultural de la Unión y por esta gran riqueza que nos proporciona a todos los europeos esta diversidad. Cataluña, claro está, con su lengua, con su historia, con su gran cultura, participa de esta tradición de diversidad cultural.
Por lo que respecta al deporte, por desgracia no puedo decir más de lo que acabo de decir, porque las entidades deportivas tienen autonomía -reconocida por la Unión, por medio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- a la hora de regular las cuestiones a las que se ha referido el Sr. Vallvé.

Moraes (PSE).
Aunque yo no tengo a un fotógrafo presente como el Sr. Vallvé, quiero plantear un grave problema sobre la violencia en los partidos de fútbol. ¿Podría la Sra. Comisaria indicarme cuál es la última posición sobre la cuestión de la violencia racista organizada en los partidos de fútbol?
Mi país, Inglaterra, jugará muy pronto un partido de fútbol contra un país candidato y corre el riesgo de ser expulsado de la competición en cuestión debido al racismo de sus seguidores. Aunque sé que este tema es competencia de la UEFA y no un tema de la Comisión, quisiera preguntar por el aumento de la violencia racista en los partidos de fútbol nacionales y regionales, el hecho de que sea organizada -a menudo por la extrema derecha pero no siempre- y si la Comisión emitirá al menos una declaración sobre este aumento porque, como ha dicho el ponente anterior, el deporte es una expresión de la cultura y una forma de vida en los países de la Unión Europea. En concreto, estoy preocupado por esta expresión de los países candidatos donde el racismo en los partidos de fútbol irá en aumento.

Reding
. (EN) Su Señoría tiene razón. Resulta sorprendente ver cómo algo que debería ser una expresión de alegría se distorsiona hasta convertirse en una expresión de rechazo hacia otros seres humanos. Por este motivo, con la ayuda del Parlamento Europeo, la Comisión ha decidido que el año 2004 sea el Año Europeo de la Educación a través del Deporte.
Nos gustaría discutir este fenómeno en las escuelas, los clubes y la sociedad en general, y hablar sobre los verdaderos valores del deporte, el juego limpio, el reconocimiento del contrario, sobre deportistas que alargan la mano y no aprietan los puños.
Me gustaría que todos los europeos -incluidos los diputados al Parlamento Europeo- se comprometieran durante este año a transmitir este mensaje a los jóvenes de sus Estados miembros y de la Europa ampliada.

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, le doy las gracias a la Señora Comisaria por su respuesta al Sr. Vallvé. Asimismo, quisiera sumarme a su petición sobre las selecciones nacionales, aunque he entendido su mensaje, señora Comisaria.
En torno a la diversidad cultural, esta Cámara ha elaborado numerosas resoluciones. Hay una que me parece especialmente importante: la de 1989, que reconocía a la lengua catalana un papel en cierto modo especial entre las lenguas minoritarias, y en la que se pedía a la Comisión que publicara algunos textos fundamentales en nuestra lengua, el catalán.
Mi predecesor en este cargo, el Sr. Gorka Knörr, en la actualidad vicepresidente del Parlamento Vasco -y al que sustituyo por este motivo-, planteó la cuestión del idioma vasco. ¿Por qué el catalán goza de un estatuto menor de lengua reconocida y el vascuence no? 
Así pues, en un momento en que las autoridades españolas han cerrado el único periódico escrito en euskera, Egunkaria, quisiera preguntarle el porqué de esta diferencia de estatuto entre el vascuence y el catalán.

El Presidente.
 Señora Comisaria, esta pregunta no es complementaria de la violencia en los estadios de fútbol; no tiene nada que ver.

El Presidente.
 Pregunta nº 28 formulada por Theresa Zabell (H-0328/03):

Asunto: El artículo sobre el deporte en el futuro Tratado
¿Me puede informar la Comisión Europea sobre los pasos seguidos por la Comisión Europea para conseguir la inclusión de un artículo referido al deporte en el próximo Tratado de la UE?
Las noticias que aparecen sobre la lucha contra el dopaje en el deporte son cada vez más preocupantes y el deportista esta cada vez más desamparado. ¿Me podría informar la Comisión Europea sobre el nuevo código mundial y también sobre su opinión respecto a este código?

Reding
A veces, también hay buenas noticias en política, y creo que esta es una buena noticia, al menos desde la óptica de la labor desarrollada en la Convención. En efecto, la Comisión está abordando, en la actualidad, la inclusión de una competencia comunitaria en materia de deportes en su proyecto de tratado constitucional. Y tras la propuesta del Presidium de la Convención de introducir tales competencias dentro de los ámbitos de las acciones de apoyo, la Comisión, a través de sus representantes, los Sres. Barnier y Vitorino, tomó la iniciativa y remitió a la Convención un proyecto de artículo, a cuya redacción contribuimos en gran medida mis colaboradores y yo. 
El proyecto de tratado constitucional, en su forma actual, retoma en sus principios el proyecto de la Comisión e incluye competencias en materia de deporte en el capítulo V de la parte III, un ámbito en el que la Unión puede decidir llevar a cabo una acción de coordinación, de complemento o de apoyo: la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte. El deporte, por tanto, se ha añadido. En este artículo, los apartados 1 y 2 se dedican específicamente al deporte, y esta propuesta me satisface por completo, ya que, por medio de este artículo, la Unión lleva a cabo medidas de promoción del deporte en su función social y educativa, sin armonizar las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. Por tanto, este nuevo artículo, si finalmente se introduce en el tratado definitivo, proporcionaría la respuesta a las preguntas anteriores.
La segunda parte de la pregunta se refiere al nuevo código mundial antidopaje. Como usted sabe, la Comisión acoge con satisfacción cualquier esfuerzo realizado en la lucha contra el dopaje. No obstante, no existe una solución única o milagrosa que pueda resolver este problema. El código mundial antidopaje podrá contribuir a combatir esta lacra, pero solo si se añaden otras medidas.
Este código es un instrumento preventivo que se centra en el deporte de alto nivel. No obstante, hay que comprender que la lucha contra el dopaje debería extenderse también al sector aficionado y centrar su atención en la prevención, la educación y la investigación. La Comisión desea recalcar que, aunque las cuestiones contempladas por el código no entran dentro de sus competencias directas, sigue atentamente el curso de los acontecimientos y continuará haciéndolo de una manera rigurosa. 
Los Estados miembros apoyan el código, y la Comisión, que no tiene una postura oficial al tratarse de una cuestión intergubernamental, redobla sus esfuerzos en los ámbitos de la educación, la prevención y la legislación en materia de alimentos deportivos. Por tanto, es una complementariedad que hemos establecido: ayudamos a los Estados miembros a ponerse de acuerdo. Además, antes de la gran reunión de Copenhague sobre el dopaje, se ha celebrado en Bruselas una reunión de los Ministros de deporte organizada por la Comisión para que Europa pueda hablar con una sola voz. No obstante, en todas estas cuestiones no es la Comisión la que habla, sino los Ministros.

Zabell (PPE-DE).
Gracias, Sra. Comisaria, por su contestación. Quiero felicitarle por el trabajo bien hecho, porque creo que introducir el deporte en el futuro Tratado de la Unión Europea es muy importante. Parecía bastante difícil, pero todo indica que se va a conseguir.
Me tranquiliza la información que me facilita, porque yo había visto algunas propuestas de organizaciones deportivas internacionales que, verdaderamente no me tranquilizaban mucho de cara a la inclusión del deporte en el futuro Tratado, entre otras cosas porque, al ser bastante difíciles, corríamos el riesgo de no conseguir nada al final.
En cuanto a la lucha contra el dopaje, tengo la sensación de que, desde que se ha creado la Agencia Mundial contra el dopaje, el tema está casi más descontrolado de lo que estaba antes y quisiera que la Sra. Comisaria me diera su opinión sobre este tema y sobre si ella considera que sería necesario volver a tomar un poco las riendas de la lucha contra el dopaje a nivel europeo y, a ser posible, a nivel mundial.

Reding
Su Señoría se alegra, al igual que yo, del buen juicio demostrado por los miembros de la Convención, que verdaderamente han incorporado el deporte en el proyecto de tratado teniendo en cuenta lo que la Unión y el Parlamento llevan años diciendo sobre esta cuestión. Desde hace mucho tiempo hablamos del aspecto social y del aspecto educativo del deporte. Pues bien, son estos aspectos los que se han contemplado en el proyecto de tratado y no, afortunadamente, las exigencias desmesuradas de algunos organismos deportivos. Por tanto, la sensatez de los miembros de la Convención ha prevalecido sobre las reivindicaciones de algunas entidades deportivas.
Quisiera dar las gracias aquí a todos los deportistas y a todas las entidades deportivas, incluido el Presidente del Comité Olímpico Internacional, que nos han prestado su ayuda todos estos años para lograr la inclusión de este artículo en el tratado. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros de la Convención, a los diputados y a todos los políticos de ámbito nacional que han obrado en este sentido.
En cuando a la Agencia Mundial Antidopaje, plantea algunos pequeños problemas, debido entre otras cosas a que no se apoya en el Derecho internacional y a que, por tanto, tampoco lo hacen sus propuestas. La Agencia es un organismo privado, lo que no facilita las cosas.
Por lo que se refiere a los controles, ignoro si ahora tienen lugar en menor número que antes. Por todas partes oigo que abundan en demasía, que todo el mundo hace controles a diestro y siniestro y que sería más conveniente agruparlos y actuar con lógica y de conformidad con las legislaciones nacionales. 

Entretanto, habrá que solucionar numerosos problemas. Un código de la Agencia Mundial Antidopaje no es suficiente. Es necesario un cambio o una adaptación de las legislaciones nacionales. Imaginemos que un organismo deportivo condena a un deportista a dos años de suspensión, que dicho deportista acude a un tribunal de justicia nacional y que la legislación de ese Estado no sigue los mismos parámetros que la Agencia Mundial Antidopaje: el deportista sería absuelto y nosotros estaríamos sumidos en un gran caos y una mayor incertidumbre que antes.
En definitiva, creo que debemos buscar un equilibrio, reformar las legislaciones nacionales sobre dopaje y lograr que la Unión se comprometa a poner en marcha una acción complementaria en materia de educación y prevención.

Ebner (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, me complace oír que la Sra. Comisaria está tomando cartas en el asunto y la felicito por ello. Sobre el tema del dopaje me gustaría formular una pregunta muy concreta: cuando aparecen casos de dopaje siempre se dice que los deportistas no conocían el contenido de las sustancias. Una medida relativamente sencilla -aunque sus efectos no serían absolutamente seguros- sería identificar las sustancias dopantes en su etiqueta, por ejemplo, mediante un punto rojo o una línea roja en el envase, a fin de llamar la atención específicamente sobre el contenido y los riesgos asociados al dopaje. ¿Podría la Sra. Comisaria tomar medidas en este sentido?

Reding
. (DE) Señor Presidente. el Sr. Ebner tiene razón. Nosotros tenemos competencias en materia de etiquetado de medicamentos. Ya he expuesto a mi colega el Comisario Sr. Byrne la forma en que podemos etiquetar los medicamentos para evitar que estas sustancias entren en el cuerpo de forma casual, aunque todos sabemos que cosas como estas no suceden totalmente de forma tan casual. Sin embargo, también sabemos que no solo los medicamentos causan problemas, sino también los aditivos de los alimentos, de forma que el problema es relativamente complejo. No obstante, si queremos introducir un control del dopaje en Europa, debemos contar con una lista exhaustiva de medicamentos y aditivos, y difundirla entre los y las deportistas, en colaboración con los clubes deportivos. Por ello considero que es muy importante informar tanto a los médicos deportivos como a los atletas en activo.
Asimismo quiero señalar que este problema no afecta tan solo a los atletas profesionales. Por ejemplo, hemos realizado un estudio sobre gimnasios que pone de manifiesto que incluso los jóvenes, en su mayoría hombres entre 15 y 17 años de edad, toman sustancias prohibidas, porque lo han visto en atletas mayores y porque estas sustancias están a la venta en algunos de estos centros. Así pues, nos enfrentamos sin duda a una cuestión de salud pública y, en este sentido, creo que es precisa una mayor acción política que la que hemos visto hasta ahora.

Flemming (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, acabo de enterarme de que Francia ha prohibido el rugby. Personalmente me parece bien. Pero he aquí mi pregunta: ¿Considera usted que el boxeo es un deporte que realmente deberíamos fomentar, y cree usted que el boxeo promueve en particular la moral y los valores éticos de la juventud?

Reding
. (DE) Señor Presidente, por supuesto yo tengo mis deportes favoritos y tengo que decirle con toda claridad que el boxeo no es uno ellos. No sabía que Francia hubiese prohibido el rugby. Primero tendría que comprobarlo y ver por qué se ha hecho y cuáles son las ideas en que se basa esta prohibición. Por lo demás -y este es el mensaje que debería emitirse durante el Año Europeo de la Educación a través del Deporte-, creo que el deporte es hermoso, que el deporte acerca a las personas, tanto a los individuos como a las naciones, y debe buscar soluciones a los problemas sociales y no representar un problema social.

El Presidente.
 Muchas gracias, señora Comisaria, por su cooperación.
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou
El Presidente.
 Pregunta nº 29 formulada por Alexandros Alavanos (H-0293/03):

Asunto: Aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo por parte de Grecia
El Decreto Presidencial 81/2003 incorpora a la legislación griega la Directiva 1999/70/CE

Diamantopoulou
Señor Presidente, Grecia ha transpuesto en efecto la directiva y recientemente ha notificado a la Comisión sobre la legislación de aplicación. La Comisión se encuentra actualmente en el proceso de evaluar la transposición y tomará una decisión tras un detenido examen del expediente. Sin embargo, queda muy claro que, conforme a la cláusula 5 de la directiva, los Estados miembros deben establecer un marco para impedir que se produzcan abusos como consecuencia del uso sucesivo de los contratos de duración determinada.
La directiva proporciona a los Estados miembros varias opciones en lo que respecta a la aplicación de esta cláusula. Estos deben introducir al menos una de las siguientes medidas: motivos objetivos que justifiquen la renovación de los contratos de duración determinada, duración máxima total de los contratos y número de renovaciones. Una primera lectura del decreto presidencial indica que el artículo 5 dispone lo anterior y que estipula expresamente que se permite la renovación de los contratos de duración determinada si está justificada por un motivo objetivo, además se proporcionan ejemplos de motivos objetivos. Por supuesto, los propios Estados miembros determinan qué se entiende por «motivos objetivos». Sin embargo, las medidas introducidas deben ser adecuadas para impedir que se produzcan abusos. Por ejemplo, el argumento de que el trabajo en el sector público propiamente dicho es un motivo objetivo para una sucesión ilimitada de contratos de duración determinada es inaceptable. Debe haber motivos objetivos basados en la naturaleza del objeto.
La Comisión, como he dicho, pretende que se elabore una evaluación de la transposición de la legislación de aplicación y proceder para tomar cualquier posterior medida que sea necesaria.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, agradezco la respuesta de la Comisaria y entiendo su postura, dado que también es griega.
Como ella ha entendido, la cuestión no tiene que ver con los motivos objetivos y los criterios de aplicación, sino con el alcance. He tomado nota de lo que ha dicho sobre el sector público, pero me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿cuándo cree la Comisión que habrá concluido su evaluación del alcance de la directiva y de lo que yo considero las exenciones inaceptables que se están haciendo en el sector público y en determinadas industrias?
En Grecia existe un caos legal. Ya hemos tenido juicios de los tribunales de primera instancia de Patras y Larissa, así como del Tribunal de Apelación de Creta, que aplican la directiva pero no aplican el decreto presidencial. Me gustaría preguntar a la Comisaria si podría calcular cuándo conoceremos esta opinión de la Comisión.

Diamantopoulou
Lo que estamos intentando es presentarla lo más rápido posible. Todo lo que puedo decirle es que la recibimos hace aproximadamente 10 días. Existen procedimientos legales, pero también procedimientos del comité interno. Creo que podremos presentar nuestra evaluación antes del verano.

El Presidente.
 Pregunta nº 30 formulada por Paul Rübig (H-0302/03):

Asunto: Tarjeta europea para las personas de más de 60 años
Los mayores de 60 años de hoy en día son activos, dinámicos y les gusta viajar, no sólo dentro de las fronteras de su respectivo Estado, sino por toda Europa. Por tanto, sería pertinente y oportuno introducir una tarjeta europea para las personas de más de 60. Con una tarjeta de este tipo podrían visitarse, entre otros, instalaciones públicas, museos, actos conmemorativos, etc. en toda Europa, mediante una tarifa reducida, lo cual, no sólo apoyaría y favorecería la movilidad, sino que al mismo tiempo contribuiría también a la aceptación de la Unión Europea. Por consiguiente, una unificación en esta materia favorecería también el contacto y la comunicación entre los diferentes Estados miembros.
¿Ve la Comisión alguna posibilidad o la necesidad de introducir dicha tarjeta europea para las personas de más de 60 años?

Diamantopoulou
Señor Presidente, hace años, en 1989, la Comisión hizo una recomendación que dirigió a los Estados miembros sobre la introducción de la tarjeta para ciudadanos europeos mayores de 60 años. La recomendación de la Comisión en aquel momento tenía que ver con la posibilidad de que los ciudadanos mayores accediesen a todos los recursos suministrados por decisión de los Estados miembros a sus propios mayores, desde museos y actividades culturales hasta transporte gratuito subvencionado.
Por supuesto, los obstáculos técnicos que encontró la introducción de esta cartera demostraron ser bastante importantes. Hasta la fecha se han realizado tres estudios de costes y beneficios, los cuales describen los sistemas que hay y las limitaciones a las que están sujetos, además de los obstáculos que existen en numerosos Estados miembros. El informe final del último estudio se remitió a un grupo de contacto de representantes de los Estados miembros encargados de políticas para ciudadanos mayores y al grupo de asociación de organizaciones de ciudadanos mayores.
Ningún Estado miembro ni ninguna organización de ciudadanos mayores paneuropea de este grupo, al que se remitió el estudio final, apoyaron la idea de la tarjeta ni de las propuestas incluidas en el informe. Por lo tanto, la Comisión no considera que sea posible la introducción de una tarjeta para ciudadanos mayores en la Unión Europea.

Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, señora Flemming, Señorías, el carné de la tercera edad debería ser también un símbolo del enorme poder adquisitivo de que gozan las personas mayores en Europa. Todos estamos informados sobre las huelgas en curso contra la reforma de las pensiones. Creo que en esta materia también se podría aplicar el modelo de mejores prácticas. Debemos mostrar qué clase de reformas de mejores prácticas son las que han logrado el objetivo de forma más eficaz. Por ello me gustaría preguntarle por las ideas de la Comisión sobre la manera de promover en el futuro el poder de consumo de los pensionistas a través de las mejores prácticas y las referencias comparativas.

Diamantopoulou
Señor Presidente, en este preciso momento no es fácil dar una respuesta a la pregunta de si existen políticas globales para reforzar la intervención del poder adquisitivo de los ciudadanos mayores. Son consumidores. Sabemos que una parte muy importante de la población europea está formada por pensionistas y pensionistas acomodados. Esta gente realmente tiene movilidad a nivel europeo y participa en el consumo, pero la pregunta era muy específica y tenía que ver con la necesidad de una tarjeta. Es una buena idea. Estoy de acuerdo con usted en que este tipo de tarjeta facilitaría la movilidad de los pensionistas todavía más, pero los que aplicarán una idea y los que disfrutarán sus ventajas también deben adoptarla. En este momento, observamos que no existe inclinación alguna ni por parte de los Estados miembros ni por parte de las organizaciones de ciudadanos mayores. Obviamente, si se produjese cualquier movimiento, también nosotros actuaríamos en consecuencia, pero no creo que la Comisión tenga posibilidades de actuar por el momento.

Flemming (PPE-DE)
. (DE) Señora Comisaria, la vejez es el futuro de Europa y también -se lo deseo a todos los presentes- su propio futuro. Yo ya lo he logrado, pues tengo setenta años. Y estoy muy orgullosa de que la Unión Europea, en el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, tenga la única constitución del mundo que prohíbe la discriminación por motivos de edad. Sin embargo, el proyecto de la Convención ya no contempla dicha prohibición. Mi pregunta es: ¿ve usted alguna posibilidad de influir, incluso en esta fase, a fin de que esta prohibición de discriminación, única en su género, que existe actualmente en Europa figure igualmente en la nueva Constitución?

Diamantopoulou
Tanto el texto presentado en este preciso momento a la Convención como la Carta de los derechos fundamentales, mantienen intacta la redacción relativa a la cuestión de la discriminación basada en la edad. Es exactamente la misma redacción que teníamos en el artículo 13. No ha cambiado. Se trata de un elemento de la Carta de los derechos fundamentales y hace referencia a la edad, la raza, la religión y el sexo. No ha habido cambios en los sectores a los que hace referencia el área de discriminación.

El Presidente.
 Pregunta nº 31 formulada por Michl Ebner (H-0304/03):

Asunto: Desempleo juvenil
El desempleo juvenil es una realidad a la que debe prestarse la debida atención, lo que ya se hace, de hecho, en la Unión Europea, pero que adquirirá aun mayor importancia en virtud de la adhesión de 10 nuevos Estados en el marco de la ampliación hacia el Este. En el futuro, los Estados miembros de la UE deberán asumir el flujo de jóvenes en busca de empleo procedentes de los nuevos Estados miembros, lo que conllevará un incremento de sus correspondientes tasas de desempleo.
¿Esta preparada la UE para hacer frente a esa futura afluencia de mano de obra? ¿Se han elaborado ya proyectos concretos al respecto? ¿Qué tipo de ayuda ofrece la Comisión Europea y qué objetivos se ha cifrado?

Diamantopoulou
La Comisión Europea ha analizado por supuesto las previsiones y los problemas específicos relativos al desempleo de los jóvenes en la Europa ampliada.
El primer aspecto tiene que ver con el temor a las olas de inmigrantes. Por lo general son los trabajadores más jóvenes los que se desplazan. Estudios que hemos realizado indican que la movilidad desde los 10 futuros Estados miembros hacia la actual Unión Europea de los 15 será relativamente limitada. Se calcula que habrá un estallido durante los primeros años, que alcanzará las 250.000 personas al año, la mitad de las cuales serán mano de obra, pero que esta movilidad de trabajadores comenzará a reducirse hacia finales de la década a menos de 100.000 personas.
Por supuesto, estos estudios tienen un número importante de previsiones. Sin embargo, son bastante convincentes si se considera que han tenido en cuenta todas las condiciones predominantes en cada uno de los Estados miembros.
De igual modo, experiencias de ampliación anteriores realizadas en Europa y estudios sobre el fenómeno de la inmigración sugieren que los jóvenes trabajadores emigrantes de los nuevos Estados miembros tenderán a emigrar hacia las zonas más ricas de sus propios países, hacia grandes ciudades en las que las tasas de desempleo son relativamente más bajas y existen perspectivas relativamente buenas de encontrar trabajo. La gente joven de estos países suele optar en primer lugar por sus propias ciudades y sus propias regiones que están mejor desarrolladas, en lugar de elegir desplazarse a otro país. Esto respecto al estudio del fenómeno del flujo de la inmigración.
El segundo punto tiene que ver con los acuerdos transitorios decididos a nivel europeo para la libre circulación de trabajadores. Como saben, existe un acuerdo sobre la libre circulación de trabajadores durante los dos primeros años. Tras la adhesión, cada Estado miembro puede decidir respecto a la libre circulación, pero también puede posponerla cinco años. Es la norma de 5 + 2.
El tercer punto tiene que ver con la estrategia sobre el empleo, la aplicación de políticas en las que la Unión Europea tiene un valor añadido. En este caso debemos decir que ha habido una cooperación durante tres años entre la Comisión Europea y cada uno de los países candidatos a la incorporación, en los que en esencia estamos tratando de prestar apoyo a la creación de planes de acción individualizados para luchar contra el desempleo. Se están haciendo importantes esfuerzos para incluir la reducción de la tasa de abandono de la escuela, que es un grave problema en muchos de estos países, así como para prepararlos de tal forma que, con la nueva generación de Fondos estructurales, exista una inversión óptima en recursos humanos.
Por lo tanto, repito que mi respuesta incluye tres categorías básicas de problemas. El flujo de la inmigración y el estudio del fenómeno con posibles previsiones. El segundo es el marco institucional tal y como está configurado a nivel europeo, y el tercero es la aplicación de políticas sobre el empleo.

Ebner (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría que profundizara un poco más en la última parte de sus exposiciones informativas y, para ser precisos, en lo referente a la utilización de los Fondos estructurales en el ámbito de la enseñanza. Usted ha abordado en concreto el tema del abandono escolar. Creo que sería muy importante que la Unión Europea prestara una atención muy especial a la educación y la formación, para que los jóvenes de los países candidatos tengan una oportunidad de encontrar una oferta de trabajo adecuada en sus propios países. En términos psicológicos y de la actitud básica de estos países sería igualmente importante que la juventud vea que tiene una oportunidad en Europa y que Europa les garantiza esa oportunidad. Por ese motivo le pregunto si es posible, desde el punto de vista de la financiación, lanzar medidas especiales a través de los Fondos estructurales.

Diamantopoulou
Señor Ebner, en esta fase, se está celebrando una primera ronda de debates para la próxima generación de Fondos estructurales. El debate también trata sobre hacia qué áreas debe dirigirse la financiación de los recursos europeos y sobre las prioridades de los sectores que deben financiarse. Existe un amplio acuerdo respecto a que debe darse una alta prioridad a los recursos humanos. Sin una importante inversión en recursos humanos, habrá problemas para la solicitud de fondos, incluso para los proyectos y para el apoyo empresarial. Por lo tanto, el debate se está orientando en gran medida hacia el hecho de que los países candidatos, como ya están haciendo, tendrán que preparar las estructuras con las que podrán financiar la estrategia de empleo, las infraestructuras de sus sistemas educativos y las reformas necesarias, todo ello muy importante para su desarrollo. No creo que, con el acuerdo existente en la actualidad, se salvaguarden recursos para los nuevos países.

Bushill-Matthews (PPE-DE).
Como la Sra. Comisaria sabe, hoy me ha hecho un hombre muy feliz, pero ¡seguramente también ha hecho felices a muchas otras personas! Me refiero al trabajo de hoy en el Consejo de Luxemburgo y a la Directiva sobre Trabajadores Atípicos, que no se ha aprobado. Es un tema verdaderamente importante en relación con las oportunidades de empleo para los jóvenes. Muchas personas jóvenes y estudiantes jóvenes dependen del trabajo temporal para trabajar entre períodos lectivos y, por lo tanto, estarán tan contentos como yo por la falta de progreso de hoy.
Mi pregunta a la Sra. Comisaria es si realmente considerará -y solo le pido que lo considere, no que se comprometa- decir un adiós definitivo, en vez de un «hasta la vista», a esta directiva. Si así fuera, no solo me haría aun más feliz a mí, sino también a muchas personas jóvenes.

Diamantopoulou
. (EN) Sr. Bushill-Matthews, aceptaría usted el título de «provocador encantador»?

Es cierto que hoy no hemos tenido gran éxito. Pero como sabe su Señoría, la directiva sobre trabajadores de empresas de trabajo temporal es un tema muy difícil y complicado. El concepto central de esta directiva es crear un equilibrio entre flexibilidad y seguridad.
No estoy en absoluto dispuesta a decir «adiós». Como he dicho en mi conferencia de prensa de hoy, es un «hasta la vista», no un «adiós». Por lo tanto, puede usted estar seguro de que habrá una nueva fase de negociaciones en torno a esta directiva.

Lage (PSE).
Señor Presidente, permítame que entre en este interesantísimo debate y manifieste que estoy de acuerdo con las respuestas dadas por la Comisaria. Sin embargo, creo que el problema del desempleo de los jóvenes en Europa es casi un problema artificial dado que, si somos capaces de intensificar el crecimiento económico de Europa, crearemos empleo y necesitaremos muchos jóvenes; por eso, los jóvenes de los países que ahora se adhieren y que vengan a competir en el mercado de trabajo de los Quince actuales, son un bien y no un problema. Podrá existir, sí, un problema en los países de donde proceden. En una palabra: el crecimiento económico desempeña un papel decisivo en la capacidad para absorber a los jóvenes, y ese crecimiento y desarrollo económicos deben ser una preocupación para todos. Los jóvenes inmigrantes son siempre un bien. El Sr. Bushill-Matthews sabe bien hasta qué punto fue decisiva la contribución de los jóvenes portugueses y de los inmigrantes portugueses a la gran prosperidad que en este momento vive su país, Luxemburgo.

Diamantopoulou
Estoy totalmente de acuerdo con usted, solamente necesito darle unas cuantas cifras. Para conseguir el objetivo del pleno empleo en 2010, necesitamos crear 22 millones de empleos para los nuevos 25 países, de forma que consigamos un desempleo en toda Europa del 3,5% - 4%. ¿Es esto posible? Como bien ha dicho, siempre que se alcancen las tasas de crecimiento y se apliquen las reformas acordadas, disponemos de estadísticas del pasado que indican que creamos 5 millones de empleos en los 15 países en tan solo un período de cuatro años. Por lo tanto, una combinación de crecimiento y reforma puede realmente tener el resultado deseado.
Mi segundo comentario trata sobre que obviamente el problema se encuentra en los países de los que provienen los inmigrantes. Tenemos el fenómeno de la fuga de cerebros. El hecho de que estos países están perdiendo recursos humanos en su edad más dinámica, a las personas más inteligentes, más enérgicas, y es muy importante que estos países mantengan sus recursos humanos. Por ello nuestro planteamiento, especialmente con los Fondos estructurales, es invertir en recursos humanos, sobre todo en estas edades.

El Presidente.
 Pregunta nº 32 formulada por Roy Perry (H-0316/03):

Asunto: Aplicación incorrecta de la Directiva relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el caso de los profesores universitarios británicos no titulares
Mediante una carta a la Comisión, el Reino Unido ha indicado su exclusión del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 77/187/CEE

Diamantopoulou
. (EN) Puedo asegurarle que la Comisión es plenamente consciente de la importancia y la gravedad de los temas que hay en juego en relación con la queja referente a la presunta mala aplicación de la Directiva 77/187/CEE después de la transferencia de centros de educación continua en Inglaterra y Gales al sector privado en la década de los noventa.
En realidad, esto ha comportado una continua correspondencia con los servicios de la Comisión desde 1996. Su Señoría sabe probablemente que el análisis jurídico de la Comisión difiere del de los demandantes. Según nuestra información, ahora el Reino Unido ha transpuesto correctamente la Directiva 77/187/CEE a la legislación nacional. En consecuencia, los conflictos referentes a la aplicación incorrecta son, en principio, competencia de los tribunales nacionales. Por lo tanto, los servicios de la Comisión han señalado en varias ocasiones en el transcurso de los años que los tribunales nacionales constituyen el marco jurídico adecuado para tratar los temas que plantea el caso en cuestión.
Debemos recordar al respecto que los demandantes ya han acudido a los tribunales nacionales, pero sin éxito.
En lo que se refiere a la naturaleza legalmente vinculante de los convenios colectivos en el Reino Unido, quisiera indicar que también es una cuestión de interpretación del derecho inglés que a menudo exige una apreciación de los hechos. La Directiva, y en concreto el apartado 2 del artículo 3, no obliga a un Estado miembro a cambiar la naturaleza jurídica de los convenios colectivos. Además, aunque, en general, los convenios colectivos no son legalmente vinculantes en el Reino Unido, nada impide que sean legalmente vinculantes si se incorporan a un contrato laboral, de tal manera que pasen a formar parte de las cláusulas contractuales.
Tanto si este es el caso como si no, a menudo se trata de un tema complejo que exige una apreciación de los hechos. Contrariamente a la conclusión a la que llegó el Tribunal de Apelación para el Empleo en el caso de los demandantes, recientemente se ha dictado una sentencia relacionada con un convenio colectivo vinculante de este tipo aplicable en el Servicio Nacional de la Salud. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo reconocía explícitamente que es competencia de los tribunales nacionales determinar, cuando sea necesario, si los beneficios resultantes de un convenio colectivo vinculan la transferencia y por lo tanto al transferido de conformidad con el punto 2 del artículo 3.
Por lo tanto, un convenio colectivo no aplicable antes de la transferencia seguirá siendo no aplicable después de la transferencia.

Perry (PPE-DE).
Le agradezco que haya permitido que se trate esta cuestión. Escucho con interés lo que la Sra. Comisaria tiene que decir, pero ella sabe muy bien que no es una respuesta cómoda para muchos profesores universitarios del Reino Unido que pensaban que se les garantizarían los derechos que tenían en su empleo anterior. Pensaron que con la Directiva sobre derechos adquiridos tenían alguna esperanza de protección de sus derechos. El resultado ha sido que aquellos que optaron por utilizar estos derechos han visto cómo su remuneración se ha congelado durante diez años, diez años de congelación de toda oportunidad de promoción profesional, y de anulación de sus derechos de jubilación.
¿Dirá la Sra. Comisaria esta tarde si cree que tienen razón al decir que la Directiva sobre derechos adquiridos -que ellos pensaban que les protegería- ha sido un instrumento totalmente inútil de la legislación europea?

Diamantopoulou
. (EN) Como usted muy bien sabe, se trata de dos temas distintos: en primer lugar, la transposición de la Directiva y cómo evaluamos esta transposición y, en segundo lugar, la aplicación. Con los años se han escrito miles de páginas de correspondencia sobre este tema. En lo que se refiere a la transposición, en la actualidad existe una decisión legal según la cual esta transposición es aceptable, y no existe ningún problema con el Gobierno del Reino Unido.
En cuanto al segundo problema, la aplicación, es competencia de los tribunales nacionales decidir si se aplica correctamente o no, y existe una decisión de los tribunales nacionales, de modo que la Comisión no puede ir más allá.

Howitt (PSE).
Agradezco lo que dice la Sra. Comisaria sobre el cumplimiento por parte del Gobierno británico. Yo mismo he trabajado en casos similares, sobre todo en relación con la exclusión de la protección de los derechos de pensión según la Directiva sobre derechos adquiridos, como en el caso de una empresa de Boreham Wood, en mi distrito electoral. Me pregunto si la Sra. Comisaria, mirando hacia delante, podría aprender algunas lecciones del caso planteado por mi colega y yo en términos de futuras revisiones de la Directiva, aunque según las normas actuales no parezca posible entablar nuevas acciones.

Diamantopoulou
. (EN) No, no hay nada en curso en relación con posibles modificaciones de esta Directiva.

El Presidente.
 Muchas gracias, señora Diamantopoulou.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 33 a 55 se contestarán por escrito.

Bouteflika
Señor Presidente, Señorías, si me lo permiten, quisiera comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento al Presidente, el Sr. Pat Cox, por su amable invitación, por el magnífico trato que nos ha dispensado tanto a mí como a mi delegación y por las palabras que ha tenido la amabilidad de pronunciar con respecto a mi persona y al pueblo argelino, y que reflejan los fuertes vínculos que unen a mi país con los pueblos europeos.
Señor Presidente, Señorías, me dirijo a ustedes en un momento en que el pueblo argelino todavía está tratando de borrar las secuelas del devastador seísmo que ha sumido al país en el luto, de curar las heridas afligidas por la catástrofe, de reconstruir sobre las ruinas y devolver la vida a las ciudades y los pueblos destruidos. Me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por las muestras de solidaridad y de condolencia que hemos recibido del Parlamento Europeo, así como por la ayuda de todo tipo que han enviado de inmediato a la zona afectada por la catástrofe.
Este gesto espontáneo de solidaridad ha supuesto un gran consuelo para el pueblo argelino, y quisiera, en su nombre, en el nombre de las familias afectadas, manifestar de nuevo nuestra gratitud para con todos aquellos que han estado a nuestro lado durante esta dura prueba.
Señor Presidente, el 22 de abril de 2002, en Valencia, España, Argelia y la Unión Europea sellaron, mediante la firma solemne de su acuerdo de asociación, una relación nueva y duradera para un futuro de solidaridad y cooperación.
Este acuerdo representa un anclaje económico genuino que une a Argelia con la Comunidad Europea, y da fe de nuestra constante preocupación, que nuestros socios europeos también sienten, por basar nuestras relaciones en los valores fundamentales del respeto mutuo, de la prosperidad compartida y de la amistad.
El compromiso mutuo que hemos adquirido en esta ocasión abre grandes perspectivas para profundizar en el diálogo político entre Argelia y la Unión Europea y para establecer una asociación global que deseamos que esté a la altura de nuestras expectativas. 
¿No fue premonitorio que Francia firmara el Tratado de Roma cuando aún ejercía una soberanía plena y total sobre una Argelia que se hallaba en el tercer año de su guerra de liberación nacional y que, a pesar de ello, estaba dividida en tres departamentos franceses? ¿Hubo entonces algún país signatario del Tratado de Roma que tuviera el buen gusto y la presencia de ánimo de mostrar sus reservas en favor de nuestro país ocupado y en lucha por su liberación nacional? 
Este compromiso está en consonancia con la actitud permanente de mi país a favor de una cooperación privilegiada con Europa, como lo demuestra la apuesta de Argelia, que se remonta a principios de los años 70, por convertir a Europa en su gran mercado energético. Para lograr este objetivo, Argelia se comprometió muy pronto, mediante la construcción de gasoductos a través de Italia y España, en esta vía de cooperación a largo plazo con Europa, por medio de la cual demostró su confianza en la construcción europea y en las perspectivas futuras de cooperación con el continente europeo. 
Mi país siempre ha dado una gran importancia al impulso del diálogo político y de la cooperación económica, por lo que no puedo sino alegrarme de que la firma de nuestro acuerdo de asociación vaya a reforzar esta convicción.
Con la Unión Europea hemos mantenido tradicionalmente una concertación política regular, un diálogo fluido y constructivo, caracterizado por el intercambio de numerosas delegaciones de partidos políticos y de diputados al Parlamento, que contribuyen a crear un clima de comprensión en nuestras relaciones, por medio del deseo mutuo de conocernos mejor para poder lograr una mejor cooperación.
Señor Presidente, en este período agitado de las relaciones internacionales, la región euromediterránea se enfrenta a grandes desafíos de distinta naturaleza que amenazan con agravar la inestabilidad y la fractura existente entre ambas orillas del Mediterráneo. La ribera sur del Mediterráneo es el punto débil de Europa, señaló en una ocasión un destacado dirigente del siglo XX. Justamente para hacer frente a esta situación y prevenirnos contra estos peligros, pusimos en marcha juntos, hace ya siete años, el proceso pionero de Barcelona, al que debían adherirse todos los países que rodean el Mediterráneo.
Un proceso de este tipo constituye para Argelia un marco de referencia estratégico, además de un foro ineludible de diálogo político y de cooperación, pero también un instrumento adecuado para promover la estabilidad y la seguridad en toda la cuenca mediterránea. Por sus objetivos y las medidas que contempla, ha hecho abrigar grandes esperanzas a los pueblos de la orilla sur del Mediterráneo.
Estas esperanzas adquieren, en la actualidad, una significación aún más importante en un momento en que la ampliación de la Unión Europea hacia el este de Europa amenaza con desviar, del sur al este, las preocupaciones de los países europeos, desplazando así el foco de interés del proceso de Barcelona.
Por lo que a mí se refiere, estoy convencido de que la ampliación de Europa debería representar una valiosa fuente de inspiración política para elaborar conceptos audaces de cooperación entre Europa y los países del sur del Mediterráneo y apaciguar los temores legítimos que suscita el peligro de «distanciamiento» entre Europa y sus vecinos del sur. Todo es una cuestión de equilibrio, y estoy seguro de que la Unión Europea sabrá conciliar todas estas exigencias que, no debemos olvidarlo, condicionan igualmente la estabilidad y la seguridad de Europa.
¿No es cierto que, en dos ocasiones, mi país se vio involucrado, muy a su pesar, en una guerra mundial que tenía a Europa como escenario principal y que, desde Sedan, Argelia participó en todas las guerras en las que tomó parte Francia? El proyecto euromediterráneo en el que nos hemos embarcado sin reticencias implica, por parte de todos, un compromiso total a la hora de concretar los objetivos fijados en la Declaración de Barcelona. En este contexto, nuestro enfoque debe tener en cuenta los intereses de todos los socios y dar respuesta a nuestras numerosas preocupaciones. Debe ser, por tanto, global, equilibrado y multidimensional.
Señor Presidente, la entrada en escena del nuevo contexto de la mundialización nos hizo albergar la esperanza de que el crecimiento y el desarrollo seguirían el mismo ritmo. Los países del sur aceptaron realizar numerosos sacrificios, a menudo a su pesar, para sumarse a esta evolución de la economía mundial y adaptarse a este nuevo orden, que implica ajustes dolorosos y graves consecuencias sociales.
Hay que reconocer, hoy día, que las perspectivas anunciadas solo han beneficiado a los países ricos. La fractura entre los países pobres y los países ricos es cada vez mayor. Origina, en la actualidad, miseria, violencia e intolerancia, además de otras lacras sociales como el éxodo rural y la emigración.
En el marco de la puesta en marcha de la zona euromediterránea de libre comercio, nos hemos visto obligados a llevar a cabo, dentro de unos plazos relativamente cortos, profundos cambios en nuestro sistema económico y social. Esto representa un enorme desafío e implica grandes alteraciones de nuestras estructuras sociales y económicas.
Estas transformaciones económicas solo serán posibles si el Acuerdo de Asociación dota a la economía argelina, que lleva ya una década sufriendo reformas, de los medios necesarios para lograr su introducción progresiva y armoniosa en la economía mundial, así como de un valor añadido que le confiera credibilidad, sobre todo en términos de crecimiento de la inversión europea.
A pesar de las dificultades que acabo de mencionar, Argelia ha puesto en marcha un ambicioso programa de reactivación económica que cuenta con un presupuesto de 7 millardos de dólares para un período de cuatro años.
Este esfuerzo apenas es suficiente dada la importancia de las reformas que se deben acometer. En la fase actual, la aportación de la Unión Europea resulta más que necesaria, especialmente por medio de un compromiso de inversión sostenida.
Por desgracia, las medidas económicas complementarias concedidas a la asociación euromediterránea en el contexto del programa MEDA no están, ni mucho menos, a la altura de las ambiciones expresadas. Muestra de ello son las partidas presupuestarias otorgadas a Argelia en el marco de la primera y, sobre todo, de la segunda fase del programa bilateral MEDA.
Señor Presidente, estos últimos doce años han sido una pesadilla para el pueblo argelino que, además de sufrir la violencia de un terrorismo especialmente cruel, ha tenido que hacer frente a catástrofes naturales, a sequía de varios años de duración, a inundaciones y a varios terremotos, el último de los cuales acaba de sacudir la región de Argel. Si bien la solidaridad internacional se ha manifestado espontánea y generosamente con ocasión de las dos últimas catástrofes naturales, el pueblo argelino se ha sentido, en cambio, abandonado a su suerte cada vez que sufría la brutalidad, la destrucción y la aniquilación a manos de un terrorismo que, para colmo de crueldad, decía actuar por motivos religiosos. El mundo desarrollado ha tardado mucho en comprender la amenaza que representa este fenómeno, que usurpa una respetabilidad ideológica e invoca la democracia ante la opinión pública con el fin de legitimar la destrucción de la sociedad argelina.
Estas organizaciones terroristas encontraron incluso refugio y libertad de movimientos en algunas capitales europeas, donde las masacres cometidas en Argelia seguían suscitando dudas que demostraban una ignorancia total acerca de la situación dentro del país y de la amenaza que suponía para el resto del mundo. Solo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la percepción del mundo cambió y el terrorismo pasó a considerarse una lacra internacional contra la que se debía emprender una lucha sin piedad a escala mundial. Creo poder decir que, al mismo tiempo, se ha comprendido mejor la situación en Argelia y se han valorado, en su justa medida, los sacrificios padecidos por el pueblo argelino. 
El terrorismo amenaza los propios cimientos de la sociedad civilizada. Es necesario acabar cuanto antes, y de una manera definitiva, con esta cultura nihilista del terror. No obstante, es aún más urgente luchar a brazo partido no solo contra sus manifestaciones, sino sobre todo contra sus causas, sus raíces y todo aquello que alimenta este azote. Nuestra sociedad será incapaz de edificar nada sólido ni duradero si no se marca este objetivo prioritario. Ahora bien, la miseria engendra violencia, y si no declaran la guerra a la pobreza, esta se la declarará a ustedes. Y en ese caso, jamás viviremos felices en un mundo pacífico y seguro.
Tras doce años de lucha, la seguridad en nuestro país ha mejorado notablemente, pero los actos aislados de violencia que tienen lugar esporádicamente siguen haciendo necesarias las medidas de vigilancia y de protección. La política de concordia civil y de reconciliación nacional que he aplicado desde el comienzo de mi mandato ha contribuido, en gran medida, a aplacar las tensiones sociales y reducir la violencia terrorista a sus niveles más bajos. El terrorismo, en la actualidad, ya no entorpece la reanudación de la actividad ni el crecimiento económico, ni representa un obstáculo para la inversión nacional o extranjera.
Del mismo modo, la vida política ha vuelto a la normalidad, y el año pasado vivió momentos destacados gracias a la celebración de las elecciones legislativas y las municipales -caracterizadas ambas por una transparencia absoluta- y a la modificación constitucional que permitió otorgar al tamazight el estatuto de lengua nacional. Nuestro deseo de implantar un Estado de Derecho que respete las reglas de la democracia, así como el pluralismo político, ha recibido un nuevo impulso con estos avances democráticos.
El Gobierno argelino está convencido de que profundizar en el proceso democrático y acelerar las reformas económicas y sociales permitirán que emerja y se refuerce una sociedad civil capaz de contribuir al desarrollo de una sociedad argelina en la que se respeten los derechos y los deberes de cada ciudadano. En este contexto, el enfoque general de los poderes públicos tiende a favorecer sistemáticamente el diálogo y la concertación, y a convertirlos en un instrumento de regulación política y social, pero también en un importante elemento de promoción del necesario consenso político y social.
En este enfoque basado en el diálogo, los problemas económicos y sociales, así como las numerosas reivindicaciones de carácter social que traen consigo, adquieren una gran importancia debido a las enormes exigencias que pesan sobre una economía nacional en proceso de transformación y abierta plenamente a la economía de mercado. No es, en absoluto, fácil pasar de una economía dirigida a una economía liberal, ni tampoco es fácil pasar del dirigismo político a la apertura democrática. Además, tanto la economía de mercado como la democracia tienen que ver con una cultura que no se puede imponer.
En otro plano, la consolidación del Estado de Derecho pasa igualmente por reformar la educación, las estructuras del Estado y la justicia. En este contexto, la revisión del Código penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal, en la que Argelia está poniendo todo su empeño, tiene como objetivo aumentar las garantías con respecto a la independencia de la justicia y a la libertad de prensa, cuestiones que nos preocupan sumamente, así como reforzar la ética y la deontología en las profesiones relacionadas con estos ámbitos.
En nuestro país, la presencia excesiva del Estado constituye una aberración. Pero el debilitamiento del Estado, en cambio, conduce a la catástrofe y la anarquía. La cuestión de los derechos humanos es una de nuestras principales preocupaciones, y resulta fundamental de cara a la consolidación de un Estado de Derecho. Somos conscientes de nuestras deficiencias en este ámbito, pero todos sabemos que el respeto de los derechos humanos en toda sociedad exige un largo aprendizaje que desemboca en una auténtica cultura de los derechos humanos. A ello dedicamos nuestro esfuerzo con seriedad y con perseverancia. La creación de la Comisión nacional consultiva de promoción y protección de los derechos humanos responde a esta gran preocupación y demuestra nuestra voluntad de avanzar en este terreno.
El Acuerdo de Asociación que nos une ahora a la Comunidad Europea nos va a permitir multiplicar los contactos y los intercambios comerciales con los países europeos, y estoy convencido de que afianzará nuestra democracia y nos permitirá abrirnos más a la cultura de los derechos humanos.
Señor Presidente, Señorías, ¿es el lugar y el momento adecuados? Estoy dispuesto a creer que sí, y lo digo de buena fe. Es, por tanto, con gran dolor que evoco, de nuevo, la memoria de las víctimas de la tragedia que ha asolado a nuestro país, y sus familias pueden estar seguras de que todo el pueblo argelino les acompaña en el sentimiento. La comunidad internacional también ha presentado sus condolencias.
Inmediatamente después del terrible terremoto que sacudió a varias regiones del país, pedí a las autoridades argelinas que movilizaran en el acto todos los medios civiles y militares necesarios para hacer frente a esta catástrofe nacional.
Al día siguiente, el Consejo de Ministros tomó las decisiones de urgencia que estimó oportunas, y que el Gobierno puso en práctica de inmediato. Así, el ejército nacional popular, el cuerpo de seguridad, protección civil, el cuerpo médico y paramédico, Sonelgaz, la compañía argelina del agua y los demás grandes servicios públicos movilizaron, con un gran sentido del deber, todos los medios humanos y materiales de que disponían y aunaron sus fuerzas para poner remedio a la crisis y a la situación trágica a la que, de pronto, se enfrentaba el país.
Me gustaría expresar aquí mi agradecimiento por el formidable arranque de solidaridad que se manifestó espontáneamente a lo largo de todo el país, por parte de todos los ciudadanos, y sobre todo, de los jóvenes, que quisieron brindar a sus hermanos en apuros el apoyo de toda la nación.
Asimismo, deseo hacer hincapié en la amplitud de la solidaridad internacional, que refleja la estima de que disfruta Argelia actualmente en el extranjero, así como el respeto que se tiene por el pueblo argelino. Todos los países, grandes y pequeños, ricos y menos ricos -a los que expreso mi gratitud-, además de llamar por teléfono y enviar mensajes de condolencia, me comunicaron su disponibilidad para aportar toda la ayuda material que precisara nuestro país y manifestaron su solidaridad cálida y fraternal por medio de gestos concretos que la población argelina nunca va a olvidar.
Quisiera, a este respecto, rendir un homenaje a todos los equipos de rescate especializados de los países hermanos, de los países amigos, que conjuntamente con el ejército nacional popular, protección civil y los equipos médicos argelinos, han realizado un trabajo admirable, un trabajo sobresaliente, y que nos han proporcionado una ayuda que apreciamos mucho en estos momentos tan difíciles. Esta extraordinaria cadena de solidaridad nacional e internacional ha contado con la cobertura profesional de la mayoría de los medios de comunicación, que se han encargado de prestar, en este caso, un verdadero servicio público y que han puesto todos sus medios de difusión al servicio de las familias de las víctimas.
En estas graves circunstancias, debo recalcar que el Estado ha cumplido con su deber, que el Gobierno ha asumido sus responsabilidades, que las instituciones y los servicios públicos han desempeñado su papel y que los miembros civiles y militares del Estado, de las agrupaciones locales y de las empresas públicas han llevado a cabo su misión. Por mi parte, tengo la intención de velar personalmente por el buen desarrollo de las operaciones de asistencia a las víctimas y por la puesta en práctica de las medidas de todo tipo tomadas en este ámbito, así como de asegurarme de que todas las instituciones del país permanezcan movilizadas para este fin.
En definitiva, quisiera dirigirme a las poblaciones dañadas, que han hecho frente a esta dura prueba con una valentía y una dignidad ejemplares, y decirles, desde esta tribuna, con ustedes por testigos, que nos vamos a encargar de la reconstrucción de las zonas afectadas por el seísmo. El pueblo argelino ha demostrado, una vez más, que la solidaridad no era una palabra vacía para él y que hallará en sí mismo la fuerza y la capacidad para superar esta dura prueba.

Señor Presidente, Señorías, enfrente de Europa, el continente africano se halla a la búsqueda de una vía para abandonar su estado de subdesarrollo y, a imagen del continente europeo, trata de unirse para poder coordinar mejor sus esfuerzos y lograr una mejor explotación de sus recursos. Esta ambiciosa empresa pretende apoyarse en un importante programa económico que se conoce actualmente con el nombre de NEPAD y que los dirigentes africanos volvieron a presentar ante los jefes de Estado del G8 en su reunión de Evian. Menciono esta cuestión porque conozco el interés de los europeos por todo lo que concierne a África, así como las simpatías que siempre despiertan entre ellos los esfuerzos de África por participar en el desarrollo mundial. 
Por lo que se refiere al desarrollo, al que se ha denominado «el nuevo nombre de la paz», hace mucho tiempo que en África prevalece el peso inhibidor de egoísmos persistentes por encima de los impulsos generosos de una concepción dinámica de la interdependencia entre las naciones. 
Las llamadas «décadas perdidas» para los países en vías de desarrollo han venido seguidas de más de lo mismo, y los espectros de la pobreza, del hambre y de las pandemias han reaparecido continuamente en África. 
Los países africanos han aprendido mucho de sus fracasos y de sus errores, de sus opciones económicas y sociales y de la puesta en marcha de programas de ajuste estructural especialmente restrictivos. Por tanto, al final de un camino plagado de enseñanzas, ha surgido una apuesta a favor de una integración africana real, concebida como una empresa a largo plazo, compleja y multidimensional, y apoyada por el resto del mundo. Esta apuesta es posible porque África ha cambiado valientemente su mentalidad por completo para garantizar un futuro de democracia, paz y prosperidad. La decisión de la Cumbre de Argel de la Organización para la Unidad Africana de establecer una doctrina africana de descalificación y rechazo de los cambios anticonstitucionales de los regímenes políticos ha constituido una decisión histórica que marca una etapa importante en la evolución de África. En este mismo espíritu, la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (que se conoce actualmente con el nombre de NEPAD) define nuevos métodos de trabajo basados en un esfuerzo específicamente africano imbuido de responsabilidad y de solidaridad, como por ejemplo la revisión por homólogos, que es un sistema por el que cada Jefe de Estado africano somete voluntariamente su actuación interna a la apreciación serena y rigurosa de sus homólogos. La arquitectura institucional de la Unión Africana incluye, por su parte, disposiciones para que la naturaleza y el funcionamiento democrático de los poderes públicos nacionales sean protegidos contra ataques y perversiones, de manera que la acción africana conjunta se lleve a cabo conforme a normas que nadie pueda contravenir.
En este contexto, es sumamente importante que se aproveche la mundialización para lograr el desarrollo de los países del Sur, por medio del fomento de formas innovadoras de asociación susceptibles de poner en marcha una dinámica de crecimiento y desarrollo sostenibles. Desde este punto de vista, la mundialización, que se expresa por medio de una notable contracción del espacio y el tiempo, debe poder humanizarse, debe poder democratizarse. Porque, al no haber favorecido una participación justa de todos los actores en los grandes movimientos de la historia contemporánea, la mundialización conlleva intrínsecamente el riesgo de dar vía libre a fuerzas violentas y hostiles a la cohesión de las sociedades nacionales y de la sociedad internacional.
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que llevaron el horror a su paroxismo, demuestran cuán cierta es la afirmación de que, en el mundo actual y venidero, no puede haber un santuario de seguridad y prosperidad en medio de la vulnerabilidad, de la confusión y de la miseria.
Cuando el debate internacional oculta preocupaciones legítimas para consagrar los hechos consumados, cuando la lógica de las relaciones de fuerza prevalece sobre la comprensión mutua y cuando la voz de la razón es acallada o ignorada en la escena internacional, los extremistas encuentran un caldo de cultivo inagotable en las injusticias, las decepciones y las frustraciones que los pueblos padecen día tras día.
Fundamentalmente la respuesta al fenómeno de la violencia reside en una regulación adecuada de las relaciones internacionales y en la promoción de los derechos humanos, indivisibles y universales, a escala mundial. Una labor de este tipo implica que la comunidad internacional abandone sus prácticas de antaño y se abra a nuevos horizontes en la búsqueda de un destino cualitativamente mejor para el género humano. Una labor de este tipo implica, asimismo, que África reciba su parte equitativa de beneficios derivados del crecimiento de la economía mundial y se convierta en un centro de atracción de capitales y de tecnología, de los que cruelmente carece, con el fin de asumir su gran responsabilidad para con su propio desarrollo y de contribuir a los grandes equilibrios de la comunidad internacional en cierne.
En interés de todos y en el mío propio, queremos creer que la reunión de Evian ha amplificado este mensaje y que el G8 ha reafirmado su fe en la recuperación de África y ha reiterado su propósito de brindarle todo su apoyo.
Argelia es uno de los países africanos que fundaron la NEPAD, y su actuación en la arena política africana refleja su importante papel a la hora de hacerse cargo de los problemas que planean sobre nuestro continente y resolverlos.
Una nueva dinámica se esboza en África, tanto si tiene que ver con resolver conflictos, analizar los procesos democráticos, mejorar la gobernanza, reforzar las capacidades institucionales o asumir de buen grado la responsabilidad sobre la dimensión humana del desarrollo.
A escala más reducida, trabajamos con nuestros otros socios de África del Norte para dar forma a la Unión del Magreb Árabe, que Argelia preside en la actualidad. Yo personalmente tengo fe en el futuro de la UMA. Me parecen fundamentales para su refundación unas bases sólidas, y espero que pronto se pueda celebrar una cumbre que permita reactivar la cooperación subregional. Argelia sigue comprometida con este objetivo, que no puede ser hipotecado por la resolución de la cuestión del Sahara Occidental, que definitivamente depende de la aplicación de la legalidad internacionalidad y de la puesta en marcha del plan de las Naciones Unidas, que sigue contando con todo nuestro apoyo. En este asunto, el papel de las Naciones Unidas sigue siendo básico, al igual que la celebración de un referéndum de autodeterminación absolutamente esencial.
Los recientes hechos acaecidos en la delicada y sacudida región de Oriente Próximo suscitan un gran interés por nuestra parte debido a la grave amenaza que representan para la estabilidad y la seguridad en la región y para la paz en el mundo.
Privado de sus derechos más elementales, el pueblo palestino sigue sufriendo el tormento de una ocupación brutal que ya ha durado demasiado tiempo, y pagando un oneroso tributo a la intransigencia de Israel y a su obstinación, que le hace oponerse por sistema a toda iniciativa de paz, la última de las cuales, la «hoja de ruta», ha merecido por su parte no menos de catorce reservas, que destrozan su esencia, muy modesta, por lo demás.
Ya es hora de que la comunidad internacional, y en particular el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tome las riendas y haga justicia a las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino de contar, de una vez por todas, con un Estado independiente? (Aplausos) ? en el marco del respeto de los derechos de todos los pueblos de la región a vivir en paz y seguridad. Esperamos que la intransigencia inaceptable y las reiteradas exigencias de Israel no hagan fracasar esta última tentativa de solución que representa la «hoja de ruta» del Cuarteto, a pesar de su escasa ambición.
Asimismo, es hora de que los territorios sirios y libaneses bajo ocupación israelí sean evacuados y devueltos a sus legítimos dueños.
La situación en el Iraq es también una fuente de gran preocupación en el mundo árabe. Argelia, por lo que se refiere a esta cuestión, ha abogado siempre por el respeto escrupuloso del Derecho y de la legalidad internacional. En la actualidad, considera que para lograr la estabilización política del Iraq, el país debe recuperar su soberanía ? (Aplausos) ? y la comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas, ha de participar activamente en todo el proceso de restauración política y de reconstrucción del Iraq.
(Aplausos)
Señor Presidente, Señorías, he tratado de describirles la situación interna en Argelia y les he comentado algunas cuestiones, tanto interiores como internacionales, que nos preocupan. Me he propuesto que se conozca mejor la realidad argelina, que, por lo demás, los diputados europeos pueden apreciar por sí mismos viniendo a nuestro país, donde serán siempre bienvenidos, donde estaremos encantados de recibirles y donde nos agradará mucho escuchar sus observaciones y, sobre todo, sus consejos. Estos contactos, que, más allá de nuestra amistad ya existente, se basan en la confianza mutua, son más necesarios ahora que nunca, aunque estamos unidos por un Acuerdo de Asociación que refuerza nuestra solidaridad.
Señor Presidente, Señorías, permítanme, una vez más, agradecerles el trato que nos han dispensado, tanto a mí como a mi delegación, así como la atención que han prestado a mis propuestas.
Desde esta tribuna, quisiera decir, con su permiso, que mi país también está hecho para cosechar éxitos rotundos o aprender de sus infortunios. Un día no muy lejano, reverdecerán, en un arranque nacional y de reconciliación de los argelinos con ellos mismos, las praderas de la esperanza, y los vergeles volverán a estar cubiertos de flores. Los vientos de la adversidad y de la discordia nacional serán vencidos ineluctablemente gracias a Dios y a la tenacidad del pueblo argelino, templado en el sufrimiento como el acero. Y en un mundo cada vez más interdependiente y solidario, gracias a la ayuda y el consuelo de la comunidad internacional.
(Grandes aplausos)

El Presidente.
Señor Presidente, le doy las gracias por su visita oficial al Parlamento Europeo, una visita que, como ya he señalado antes, no tiene precedentes y es por tanto una primicia. Le doy las gracias por su apasionante discurso, que hemos escuchado con gran interés y que nos ha causado una viva impresión.
Señorías, la sesión solemne queda cerrada.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0154/2003) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente [15546/1/2002 - C5-0081/2003 - 2002/0046(COD)] [Ponente: Sr. Sjöstedt].

Sjöstedt (GUE/NGL)
. (SV) Gracias, señor Presidente. Cuando el Protocolo de Cartagena se negoció con éxito en 2000, constituyó un importante éxito para la Unión Europea. También fue un éxito para todos aquellos de nosotros que queremos que se realice un comercio libre en el contexto de la preocupación por el medio ambiente y el respeto por los consumidores. El protocolo aclara las condiciones para el comercio global en relación con los productos modificados genéticamente. Hasta la fecha, 49 países han ratificado el protocolo. Solamente es necesario que un solo país ratifique el protocolo para que este entre en vigor.
El proyecto de ley que vamos a debatir ahora establece las normas de la UE para la exportación de organismos modificados genéticamente. Para la adopción de estas normas, la Unión Europea cumple los requisitos establecidos en el Protocolo de Cartagena. Estas nuevas normas llegan exactamente en el momento oportuno y quizás también sirvan como modelo e inspiración para los Estados que se encuentran en este momento trabajando en sus normativas. En comparación con la propuesta presentada por la Comisión, las normas que adoptaremos mañana son un poco más estrictas y claras. Están más en línea con lo establecido en el protocolo y, en ciertas áreas, van todavía más lejos.
En el Parlamento, nos hemos centrado en hacer más estricta la propuesta en determinadas áreas fundamentales. Nos hemos asegurado de que las normas y las definiciones no serán menos precisas que lo establecido por el protocolo y que la aprobación expresa por parte del país de importación se requerirá siempre antes de que se produzca la exportación. La propuesta de ley deja esto ahora perfectamente claro, explicando que la ausencia de respuesta por parte del país de importación no se considerará en ningún caso un «consentimiento silencioso». La legislación del país de importación debe respetarse siempre. La propuesta deja claro que no debemos exportar nada desde la UE que no esté permitido dentro de esta y que debe haber una gran transparencia, dando al público información sobre la realización de la exportación. La propuesta deja asimismo claro que las responsabilidades deben distribuirse manifiestamente de forma que sea el exportador real el que notifique la exportación.
En general, el texto que vamos a adoptar significa que el Parlamento Europeo ha obtenido una audiencia de aproximadamente el 80% de lo que queríamos aprobar en primera lectura. También hemos debatido esta propuesta con el Consejo de Ministros. El COREPER ya ha aprobado el texto que vamos a aprobar mañana. De este modo, podemos evitar la conciliación y la legislación estará lista cuando el protocolo entre en vigor de forma global. Esto ha sido posible gracias a un importante consenso entre el Consejo de Ministros y el Parlamento. También ha habido una clara buena voluntad hacia el compromiso y un deseo compartido de trabajar con rapidez por parte de los grupos políticos. Ha sido así tras una cooperación constructiva con los ponentes alternativos, a los que me gustaría dar las gracias. Además hemos tenido una estrecha colaboración en primer lugar con la Presidencia danesa y posteriormente con la griega. Estas también se merecen mi agradecimiento y lo mismo se aplica a las personas con responsabilidad en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión, que han sido de gran ayuda.
Mediante la adopción de estas normas, demostramos que las consideraciones medioambientales y el respeto por la legislación de los países en desarrollo son conceptos claves para la visión de la UE del comercio mundial de productos modificados genéticamente. Existe la necesidad de hacer esto en el momento en que los Estados Unidos están presionando para que se resuelvan cuestiones de este tipo dentro de la Organización Mundial del Comercio. Hace poco hemos visto ejemplos de cómo este país ha introducido alimentos modificados genéticamente en países que no permiten este tipo de alimentos en su propia legislación nacional. Esto muestra muy claramente la importancia que tiene que la UE adopte inmediatamente normas que indiquen un enfoque más responsable, creíble y a largo plazo para estas complejas y controvertidas cuestiones.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias al ponente, el Sr. Sjöstedt, en sueco, por su excelente trabajo sobre una cuestión tan compleja como esta. Se trata de un asunto de gran importancia no solo para nosotros los europeos, sino también para el resto del mundo, especialmente para los países en desarrollo.

Wallström
. (EN) Señor Presidente, la propuesta que hoy tenemos sobre la mesa está vinculada a una reciente ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad por parte de la Comunidad Europea. Como ya hemos oído, la finalidad global de este acuerdo de las Naciones Unidas es establecer unas normas comunes a seguir en los movimientos transfronterizos de los OMG para proteger la biodiversidad y la salud humana a escala mundial.
La Unión Europea tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que significa transponer a nuestra propia legislación las disposiciones del Protocolo sobre Bioseguridad. Este es el objetivo de la propuesta que hoy estamos debatiendo.
La Comisión ya ha expresado sus reservas respecto a algunos puntos políticos de este procedimiento, especialmente dado que la posición común acordada en primera lectura va mucho más allá de las disposiciones del Protocolo sobre Bioseguridad en bastantes aspectos. A pesar de sus reservas, la Comisión quiere cooperar tomando como base el paquete de enmiendas transaccionales que tenemos hoy encima de la mesa, para aumentar las oportunidades de llegar a un acuerdo en segunda lectura. Por lo tanto, en un espíritu de compromiso, la Comisión no se opondrá al paquete. Sin embargo, la Comisión sigue pensando que quizás habría sido mejor acercarse más a las disposiciones del protocolo para no imponer una carga excesiva a los exportadores de la Comunidad.
De todos modos, la Comisión considera que es importante progresar rápidamente para que la legislación de aplicación se adopte antes de que entre en vigor el protocolo. Esto será pronto, como ha dicho el Sr. Sjöstedt, dado que ya lo han ratificado 49 países y se requieren 50 instrumentos de ratificación para que entre en vigor.
Quisiera remarcar que la Unión Europea ha sido un agente clave en estas negociaciones internacionales desde el principio. Lo recuerdo muy bien porque fue mi primer trabajo como Comisaria. Debemos enviar un claro mensaje de que intentamos cumplir nuestros compromisos y estar en condiciones de cumplir en su totalidad el protocolo tan pronto como entre en vigor, lo que ahora debería ser cuestión de meses.
La Comisión está en condiciones de apoyar el paquete de enmiendas presentado para la aprobación del Parlamento en el marco de un compromiso. El paquete consiste en las enmiendas 19-26. Permítanme que comente brevemente algunas de dichas enmiendas del paquete para ilustrar la posición de la Comisión.
La enmienda 19 reconoce la necesidad de respetar la pertenencia o no pertenencia de los importes que se pueden regular en el marco de seguridad, coherente con el protocolo. Esto está en línea con la postura adoptada en varias ocasiones por la Comisión en los foros internacionales, que es la de respetar el derecho de los países a una libre opción informada en relación con los OMG. De modo que la Comisión puede aceptar la enmienda 19.
Puede aceptar las enmiendas 24-26 sobre la mejora del acceso público a la información en relación con los movimientos transfronterizos de los OMG, que está en línea con el marco general de acceso público a la información medioambiental y con la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional de OMG en el medio ambiente.
Las enmiendas 21 y 22 imponen la obligación de esperar una autorización previa por escrito antes de proceder a exportar OMG. La Comisión cree que esto va más allá del Protocolo sobre Bioseguridad y es también la única enmienda del paquete sobre la que la Comisión ha mostrado serias reservas. Sin embargo, como parte de un compromiso global, la Comisión puede aceptar ambas enmiendas.
Y para terminar, quisiera decir que el Parlamento ha trabajado de forma rápida y transparente en estrecha colaboración con la Comisión y el Consejo. Una vez más, pues, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Sjöstedt, por sus esfuerzos.

Sommer (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar yo también quiero dar las gracias encarecidamente a nuestro ponente, el Sr. Sjöstedt, por su positiva y correcta colaboración. Asimismo deseo agradecer a la Comisión, a la Presidencia danesa y, por supuesto, sobre todo a la actual Presidencia griega, que han mostrado una gran dedicación para llegar a un compromiso entre Parlamento y Consejo.
Todos queremos evitar un procedimiento de conciliación sobre este informe, pues se trata a fin de cuentas de la transposición del Protocolo de Cartagena sobre la seguridad biológica y la protección la biodiversidad, que tanta importancia tiene para todos nosotros. De hecho, la UE desempeñó un papel clave en las negociaciones en torno al Protocolo de Cartagena. Por ello resulta todavía más importante su rápida transposición al Derecho comunitario, como clara señal política de nuestro compromiso sostenido.
La principal prioridad del proyecto presentado es encontrar una solución, hasta ahora ausente, a la cuestión de las exportaciones de OMG vivos de la UE a terceros países. Y en este aspecto lo principal es su practicabilidad. Debemos elaborar una legislación realista que sea aplicable en la práctica. Por ello me alegro de que el Consejo no haya incorporado en este Reglamento una serie de enmiendas presentadas en primera lectura, como la inclusión de los materiales auxiliares. Estas enmiendas tenían por objeto intervenir en el procedimiento legislativo en curso a través del presente informe sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena. Y por «procedimiento legislativo en curso» me refiero al relativo a los alimentos y piensos genéticamente modificados y a su identificación y trazabilidad. Hace precisamente dos semanas debatimos y votamos sobre este tema en segunda lectura en la comisión parlamentaria. Y el resultado fue muy ajustado, lo que significa que las opiniones al respecto están muy alejadas, y está por ver cómo votará definitivamente el pleno en el mes de julio. Así pues, sería un craso error tratar de anticipar el resultado.
Igualmente hace poco se votó en primera lectura sobre la propuesta de Directiva sobre responsabilidad medioambiental. Y aún no está a la vista una decisión definitiva sobre este tema. Por ello había que rechazar categóricamente que el presente informe sobre el transporte transfronterizo se pronunciara sobre la cuestión de la responsabilidad en relación con la trazabilidad de los OMG y materiales auxiliares. Estas cuestiones no tienen nada que ver con la transposición del Protocolo de Cartagena en el Derecho comunitario. Sin embargo, las correspondientes enmiendas en primera lectura tampoco han logrado pasar en esta segunda lectura.
Me complace que el Consejo haya decidido aceptar en principio mis enmiendas sobre las excepciones al régimen de notificación e información para los OMG en tránsito y en sistemas confinados. Realmente necesitamos estas excepciones en este ámbito, a fin de no obstaculizar la investigación. Asimismo, el Consejo ha dejado claro que el procedimiento denominado «acuerdo avanzado informado» (AIA) que se contempla en el Protocolo de Cartagena, solo debe aplicarse al primer transporte. A la inversa, esto comporta una excepción al procedimiento de información para las exportaciones de OMG hacia un país tercero si dicho país ya ha autorizado la importación del mismo OMG de otro país. Estas disposiciones de excepción resultan necesarias, ya que el procedimiento AIA, como el procedimiento de información en este caso, no garantiza una mayor seguridad y obstruiría innecesariamente todo transporte transfronterizo.
Considero que este informe, con todos los compromisos que hemos elaborado, es bueno y viable, y pediría a sus Señoría que votaran a favor de todas las enmiendas de transacción. De esta manera avanzaremos en el buen camino y evitaremos un prolongado procedimiento de conciliación.

Lund (PSE).
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias al Sr. Sjöstedt por su excelente trabajo en la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en Europa. El Sr. Sjöstedt ha mostrado una considerable transparencia y un gran deseo de conseguir resultados, pero también creo que la Comisión y el Consejo -durante las Presidencias danesa y griega- han hecho contribuciones muy positivas, de forma que ahora podamos evitar un prolongado debate en el Comité de Conciliación.
En la actualidad estamos obteniendo un elevado nivel de protección con relación a las normas de exportación de OMG desde la UE. Creo que los países en desarrollo, en concreto, están bien protegidos. Estos se encuentran en posición de poder ejercer una elección auténtica con relación a la importación de productos OMG, pese a que por supuesto se piensa que estarán expuestos a un marketing bastante agresivo desde ciertos sectores de la industria.
La gran mayoría de las enmiendas del Parlamento han sido aceptadas y esto significa que podemos hacer que el Protocolo de Cartagena entre en vigor sin que su redacción se vea debilitada por motivos políticos, sino al contrario, con una redacción más estricta en ciertos aspectos. Esto significa, por ejemplo -aspecto que considero más importante- que no puede haber exportaciones de OMG sin el expreso consentimiento del país de importación. No basta con que no haya reacción alguna, lo cual no puede interpretarse como un consentimiento tácito. Es también necesario el consentimiento expreso, algo que considero ha sido bastante decisivo en estas negociaciones.
En mi opinión, el resultado hace una importante contribución al complejo general de leyes que pronto tendremos sobre el tema de los OMG y que están diseñadas para proteger nuestra salud pero, sobre todo, para proteger la biodiversidad, aunque la capacidad de manipular genéticamente los productos de la naturaleza haya abierto el camino para hacerlo. Sin embargo, esta es una contribución constructiva para la situación general.

Evans, Jillian (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo en este tema, que nos ha permitido llegar a un acuerdo en esta segunda lectura. En unos momentos en que los OMG son objeto de intenso debate, no solo en Europa, sino también en todo el mundo, es esencial que nos pongamos de acuerdo al menos en algunos aspectos del reglamento.
Entre los puntos más importantes de este informe figura el requisito de una autorización expresa previa por escrito del país importador antes de que pueda tener lugar un movimiento de OMG, la obligación de que la Comisión ponga a disposición del público las notificaciones disponibles y el requisito de que los Estados miembros impidan el movimiento transfronterizo accidental de OMG; este último punto aborda el principal debate del momento, la coexistencia.
Estamos hablando de poner en práctica el Protocolo de Cartagena, que abarca la exportación de OMG a países de fuera de la UE. El protocolo, como otros han dicho, entrará en vigor cuando sea ratificado por 50 países. Me ha complacido oír a la Sra. Comisaria que ya lo han ratificado 49 países, más la Comunidad Europea. Dado que ocho Estados miembros han estado esperando la adopción de este reglamento, un voto positivo mañana nos llevará casi directamente a la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena. Esto tendrá un impacto significativo, especialmente en los países más pobres, permitiéndoles la opción de aceptar o no los OMG, la misma opción que queremos para los ciudadanos de todas partes, incluidas las personas obligadas a depender de la ayuda.

Flemming (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, me alegro mucho de que se haya podido alcanzar una posición común entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Habría sido muy triste no haber podido llegar a un consenso en un tema tan importante.
Como ha dicho el Sr. Lund, el Consejo acordó inicialmente por unanimidad que los exportadores deben contar con la autorización del país importador, antes de proceder al transporte transfronterizo. Sin embargo, a fin de hacer concesiones a la Comisión, el Consejo y el Parlamento votaron a favor de la exigencia de que esta autorización solo debería emitirse por escrito antes de la primera exportación de OMG.
Igualmente fue posible llegar a un consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en lo referente a los documentos de notificación del exportador. El exportador debe conservar los documentos de notificación y el acuse de recibo de la autoridad competente del país importador durante un período mínimo de cinco años. Además está obligado a remitir estos documentos a la autoridad del Estado miembro desde el que se exporta el OMG y a la Comisión. A continuación, la Comisión hace públicos estos documentos de conformidad con las disposiciones comunitarias en materia de acceso a la información medioambiental. 
Este nuevo consenso entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión dará al público, creo, la posibilidad de informarse en todo momento sobre todo lo que ocurre. Asimismo estoy convencida de la eficacia de estas disposiciones. Y espero ardientemente que este nuevo Reglamento comunitario permita superar gran parte de la desconfianza de la población hacia los OMG.

Bowe (PSE).
Señor Presidente, como todo el mundo, acojo con agrado este informe. No deberíamos subestimar la importancia del paso adelante que daremos mañana cuando lo votemos en el Parlamento. De este modo, todos los países de la UE cumplirán el Protocolo de Cartagena y podrán dar un paso adelante y ratificarlo. Las ratificaciones harán que el protocolo entre en vigor. Habrá nuevos países del mundo que acudirán rápidamente a ratificarlo, para asegurar su presencia el próximo mes de abril en la primera conferencia de las partes que hará realidad el Protocolo de Cartagena como sistema de comercio internacional.
Y esto me satisface. Es un excelente paso adelante. Demuestra que podemos introducir la nueva tecnología de la modificación genética. Podemos controlarla, utilizarla, colocar los productos en el mercado y ofrecer opciones a los ciudadanos de cualquier parte del mundo, ya sean ricos o pobres.
Me satisface este informe porque nos mostrará el camino para seguir adelante. Falta solo una última pieza en el rompecabezas de la legislación en la UE, necesaria para poner en práctica el control adecuado y el uso de los OMG, que es la trazabilidad en la legislación sobre el etiquetado que esperamos plantear al Parlamento el mes que viene.
Es un paso adelante pragmático y sensato. Es una forma de utilizar estas nuevas tecnologías y ponerlas en práctica en beneficio de todos. Espero que podremos aprender de lo que hagamos mañana cuando el mes que viene discutamos sobre la legislación ulterior.

Breyer (Verts/ALE)
. (DE) Señor Presidente, también yo quiero rendir un caluroso homenaje al ponente. Este Reglamento es un gran éxito, pues significa que los otros ocho Estados miembros que todavía no han ratificado el Protocolo, ahora podrán comenzar a hacerlo. De este modo, el Protocolo entrará en vigor muy pronto, y comenzará una nueva época en el Derecho internacional sobre el medio ambiente, una época del Derecho internacional sobre ingeniería genética. 
El Protocolo sobre bioseguridad es el primer tratado internacional que regula la ingeniería genética de forma explícita y exclusiva. Cabe esperar que así se acallará a aquellas voces que siguen negando la diferencia entre los organismos modificados genéticamente y los cultivados de forma convencional. 
El Parlamento ha mejorado en numerosos puntos el Reglamento presentado, muchos de ellos con la colaboración ejemplar del Consejo. Este Reglamento va mucho más allá en algunos puntos importantes de lo que exige el propio Protocolo de bioseguridad. Por ello, el hecho de que todos los Grupos apoyen el compromiso alcanzado resulta alentador e infunde esperanzas sobre la aplicación de futuros convenios en materia de medio ambiente.
Scheele (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me hallo ante la difícil tarea, si no imposible, de encontrar algo nuevo que decir. Todo está ya dicho, pero no todos han dicho lo que tenían que decir. Así pues, al final no haré una excepción y agradezco cordialmente al ponente su excelente trabajo y franca cooperación. También me gustaría añadir mis felicitaciones por el contenido de estos trabajos e igualmente por el evidente tacto en las negociaciones, que nos permitió llegar a un compromiso entre los Grupos políticos y entre las instituciones europeas. Creo que todo ello es absolutamente crucial.
Hoy ya se ha dicho y repetido con mucha frecuencia que todos deseamos desde luego que el Protocolo de Cartagena entre en vigor lo antes posible. Desde aquí me gustaría no dejar pasar la oportunidad para lamentar profundamente que el mayor exportador de organismos modificados genéticamente, a saber, los Estados Unidos, vuelva a quedarse fuera de una cuestión tan esencial que debe regularse a nivel multilateral y mundial. Nos encontramos ante el importante reto político de convencer a nuestros homólogos de los Estados Unidos de la necesidad de esta normativa.
También la Posición Común es un gran éxito. En sustancia, el Consejo ha endosado casi el 70% del contenido de la posición adoptada por el Parlamento en primera lectura. Tomo nota con satisfacción, sobre todo en mi condición de ponente para los alimentos y piensos genéticamente modificados, de que en este tema parece existir una cierta tradición que consiste en que el Consejo sigue en gran medida la posición del Parlamento. Espero que la votación de mañana se convierta en un paso importante hacia la ratificación del Protocolo de Cartagena.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0151/2003) del Sr. De Roo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo [COM(2002) 595 - C5-0558/2002 - 2002/0259(COD)].

Wallström
. (EN) En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. de Roo, por su informe sobre la propuesta de la Comisión en materia de contenido de azufre de los combustibles para uso marino. Sé que no empezó su trabajo como ponente hasta el mes de marzo pasado, de modo que quiero elogiar su eficiencia y además instar al Consejo a que siga su ejemplo.
El objetivo de la propuesta de la Comisión es reducir las emisiones de dióxido de azufre y partículas de los barcos. Estas emisiones están directamente relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles para uso marino, que en la actualidad es del 2,7% en promedio, o de 27 000 partes por millón (ppm), frente al combustible para carretera, que tiene un nuevo límite de contenido de azufre de 10 ppm. Por lo tanto, proponemos dos nuevos límites del contenido de azufre de los combustibles para uso marino: un límite del 1,5% para todos los barcos en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, que es la zona de control de emisiones de azufre acordada internacionalmente; el mismo límite del 1,5% para los barcos de pasajeros que entren o salgan de los puertos de cualquier punto de la Unión Europea; y un límite del 0,2% para los barcos amarrados en los puertos de la UE.
Con estos límites se conseguirá una reducción significativa de las emisiones, con lo que se pretende reducir la acidificación del norte de Europa y mejorar la calidad del aire en los puertos y las zonas costeras. Los beneficios para la salud humana incluyen un ahorro de 2 000 años-vida gracias a la mejor calidad del aire.
La propuesta es rentable, y los beneficios compensan los costes en una proporción mayor de 2 a 1. También es práctica y aplicable, pensada para que los barcos obtengan combustible reglamentario y lo utilicen con seguridad, y permitir un control eficaz del cumplimiento en los puertos. Y lo que es muy importante, considerando que el sector naviero es un sector mundial, el principal elemento de la propuesta se adapta a las normas acordadas internacionalmente en el Anexo VI de la Convención sobre la Contaminación del Aire de la Organización Marítima Internacional, es decir, MARPOL.
Al elaborar esta propuesta, la Comisión ha colaborado estrechamente con el sector y las ONG interesadas para asegurar que el resultado fuera ambicioso desde el punto de vista del medio ambiente y viable en el aspecto político y práctico. Tendremos en cuenta las enmiendas del Parlamento sin perder de vista este mismo objetivo.

De Roo (Verts/ALE)
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar dando las gracias a los ponentes alternativos, el Sr. Goodwill de los Demócrata-Cristianos, el Sr. Langen de los Socialistas y la Sra. Thors de los Liberales. La colaboración ha sido buena. 
El tema del azufre en el combustible de los buques de navegación marítima puede sonar técnico y aburrido, pero es muy importante tanto para la acidificación como para la salud humana. En el año 2010, la cantidad de azufre procedente de los buques será casi la misma que de todas las demás fuentes terrestres juntas. Ello se debe a que ya hemos hecho grandes avances en tierra, en las grandes chimeneas de las fábricas y las centrales eléctricas, y también en los automóviles. En un par de años alcanzaremos las 10 ppm. Pero para los buques de navegación marítima se alcanzan las 27 000 ppm, es decir, casi 3 000 veces más que en los automóviles.
La acidificación sigue siendo un gran problema. Por ejemplo, en mi país, los Países Bajos, tan solo el 10% del medio ambiente está protegido contra la acidificación. El 90% no lo está. Los brezales se están convirtiendo en praderas y los ecosistemas sensibles siguen corriendo el riesgo de desaparecer. Por ello me complace en extremo que con todos los grupos políticos hayamos llegado a un acuerdo que va mucho más lejos de lo que propone la Comisión Europea. Nosotros sugerimos introducir un límite del 0,5% en dos etapas. Solo así abordaremos de verdad el problema de la acidificación. 
La otra razón por la que queremos ir tan lejos es la salud pública. Los buques de navegación marítima emiten partículas negras cancerígenas que el viento arrastra a 50, 100 e incluso cientos de kilómetros. La Comisión Europea ha pasado por alto este aspecto. Por ello consideramos insuficiente la propuesta de establecer un límite del 1,5%. Quisiera pedirle a la Comisaria Wallström que estudie a fondo esta cuestión y que acepte la propuesta del Parlamento Europeo. De esa forma solucionaremos de una vez por todas el problema de los buques de navegación marítima y no dejaremos el trabajo a medio hacer.
¿Cómo llegaremos a ese límite del 0,5%? Es un objetivo realmente ambicioso. Las refinerías de petróleo pueden conseguir una reducción del contenido de azufre del 3 al 1,5% sin necesidad de demasiados gastos extremos. Pero ir más lejos y reducirlo hasta el 0,5%, aunque es técnicamente posible, costará sin duda tres veces más y los propietarios de los buques serán los que tendrán que soportar esos gastos adicionales. La Comisaria ya lo ha dicho: la industria naviera es un negocio muy competitivo. Por ello es bueno que una empresa como P&O haya equipado ya uno de sus grandes transbordadores con una instalación de depuración de los gases de escape. Y solo le ha costado 1,5 millones de euros, una ganga. Gracias a ello, se elimina el 95% del azufre y el 80% de las partículas cancerígenas, y además las emisiones de NOx se reducen entre un 10 y un 20%. Este aparato se llama ecosilenciador, porque además reduce considerablemente el ruido.
Creo que esta técnica de depuración funciona bien. Ya en 1988 existía en Noruega un buque con una instalación de este tipo, la única en su especie. Pero en las enmiendas del Parlamento hemos establecido que primero tiene que realizarse una prueba para comprobar que el sistema funciona realmente bien. Solo cuando se haya realizado con éxito esa prueba, daremos el pistoletazo de salida, también a un sistema de gestión de emisiones para que las empresas puedan equipar gradualmente sus buques con el nuevo sistema y no tengan que hacerlo todo de una vez. Los costes serían mucho más elevados si tuvieran que hacerlo de golpe, o si todos tuvieran que cumplir el límite del 0,5% en el fuelóleo de uso marítimo. Este sistema de comercio de emisiones es mucho más barato. En resumidas cuentas, la ecología y la economía van de la mano. Por ello, señora Wallström, le pido que vuelva a estudiarlo y acepte la propuesta del Parlamento de reducir el límite al 0,5%.
Hay una última razón por la que es importante hacer algo con respecto a esas partículas. Muchos científicos expertos en clima dicen que estas partículas tienen también un efecto negativo en el clima. Los buques marítimos, en su conjunto, son responsables del 20% de estas partículas. También hay que sopesar este aspecto. Esta es una tercera razón para ir más allá del 1,5% y aspirar al 0,5%.

Lange (PSE)
- (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, en la Comisión de Industria deliberamos sobre todo acerca de las posibilidades técnicas existentes para reducir el contenido de azufre en los carburantes para el transporte marítimo. Partimos de los efectos que dicha reducción tiene en realidad. Y podemos verlo de forma sumamente práctica. Si nos trasladamos a cualquier puerto de la Unión Europea -por ejemplo, el puerto de Hamburgo- y nos sentamos en el muelle, por una parte tenemos autobuses que cumplen la norma Euro-4 y que actualmente casi no emiten partículas, y por otra, una embarcación, quizá un barco de servicio, en la que a simple vista se observa la emisión de partículas. Desde luego, algo no funciona desde el punto de vista técnico. Por ello es necesario hacer algo más en el sector marítimo. En Hamburgo, por ejemplo, un 80% de las emisiones de SO2 y aproximadamente un 20% de las partículas proceden del sector marítimo, y debemos tener en cuenta que, por supuesto, existen muchos menos buques que turismos y camiones en circulación. 
Si consideramos que los buques se renuevan con relativa lentitud y los motores son bienes de larga duración, con ayuda de las tecnologías de reducción de los gases de escape de los motores de gasóleo se puede lograr relativamente poco a corto plazo. Por ese motivo nos concentramos de hecho en las tecnologías de reducción del contenido de azufre de los carburantes marítimos. Dicha reducción tiene un efecto inmediato, y el Sr. de Roo ya ha mencionado las cifras: actualmente los carburantes marítimos contienen un 2,7% de azufre y los carburantes de los vehículos terrestres tienen un 0,0001%. Así pues, existe sin duda un gran potencial de mejora en este terreno. 
Debemos ponernos de acuerdo sobre la magnitud de la reducción necesaria. El objetivo es alcanzar un contenido de azufre del 0,5%, a fin de lograr en última instancia una reducción efectiva de las emisiones de SO2 y partículas. 
Hemos debatido durante mucho tiempo sobre la manera de alcanzar este objetivo de forma razonable y finalmente adoptamos este modelo de dos fases que ofrece perspectivas de desarrollo en este sector. Asimismo me gustaría pedirle, señora Comisaria, que acepte este modelo de dos fases, a fin de llegar finalmente al 0,5%. Como usted puede ver, la gran mayoría de esta Cámara apoya dicho modelo. 
Por supuesto, sería aún mejor si en este aspecto procediésemos en el marco de una concertación internacional, pues como es lógico los buques no cargan carburante únicamente en la Unión Europea. Pero el propio Convenio Marpol es -como usted ya sabe, señora Comisaria- un buque muy pesado, que apenas tiene margen de maniobra. Creo -como han puesto de manifiesto las negociaciones sobre los otros temas relacionados con el medio ambiente y la seguridad- que si la Unión Europea hace de fuerza motriz, incluso el Convenio Marpol empezará a moverse. Así pues, si damos este paso hacia el 0,5%, en mi opinión tendremos mayores probabilidades de acordar este porcentaje a escala internacional.
Para nosotros no se trata únicamente de decidir sobre una determinada tecnología. Si es posible reducir las emisiones de SO2 y de partículas de una manera distinta que la reducción del contenido de azufre, sin duda lo aplaudiremos. El objetivo es reducir las emisiones. No es cosa nuestra decidir cómo. Por ello también estoy a favor de que se estudien otras tecnologías y, si dichos estudios dan el resultado deseado, de aplicarlas también. Por ello aquí hemos abierto también la puerta a las tecnologías alternativas. 
Por supuesto, la cuestión de los costes desempeñó un importante papel en la Comisión de Industria, pues el carburante de bajo contenido de azufre es más caro. Sin embargo, el carburante bajo en azufre prolonga los intervalos de mantenimiento de los motores de los buques -como demuestran las experiencias realizadas en el Mar Báltico- y su eficiencia es mayor, de forma que el funcionamiento con carburante bajo en azufre conlleva en última instancia una ventaja en materia de costes y compensa la diferencia de precios. Por ello creo que, en interés de la ecología, pero también de la economía, dirigirse a la meta del 0,5% constituye un paso en la dirección correcta y les pido que lo demos juntos.

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, como ya ha dicho el Sr. Lange, hemos progresado muchísimo en la reducción de emisiones de los vehículos de carretera utilizando una tecnología mejor, con catalizadores y motores de combustión limpia y un combustible mejor, el gasóleo de diez partes por millón que dicta Euro 4.
Al mismo tiempo, tenemos el problema de lo que debemos hacer con el residuo de las refinerías de petróleo, porqué estamos eliminando el azufre del combustible que utilizan los vehículos de carretera, un combustible que contiene 26 000 partes por millón de azufre. Así que, por supuesto, lo exportamos al tercer mundo. El petrolero Prestige transportaba combustible pesado de alto contenido de azufre de Estonia a Singapur, pero gran parte del resto se utiliza en la navegación, dejando en el mar la contaminación que prevenimos en tierra.
De conformidad con el Anexo VI de MARPOL, tenemos un acuerdo internacional para reducir el contenido de azufre en zonas marítimas sensibles al 1,5% en el Canal, el Mar del Norte y el Báltico. Incluso este pequeño paso adelante costará un millardo de euros al año, un coste que en definitiva deberán soportar los consumidores que compren los productos suministrados por vía marítima.
La parte fácil es conseguir esto, utilizando crudo o mezclas de bajo contenido de azufre. La segunda fase, según propone el Sr. de Roo, será más cara y hay que calcular detenidamente los costes antes de avanzar. Por supuesto, existe otro planteamiento, y es no solo controlar el combustible, como en los coches, sino utilizar tecnologías de reducción, las denominadas «depuradoras de agua de mar», y me complace que el compromiso prevea la realización de pruebas con esta nueva tecnología.
Mientras hablamos, dos transbordadores pertenecientes a P&O que operan en la ruta Dover/Calais, una conexión importante entre la vieja y la nueva Europa, están experimentando importantes adaptaciones en Alemania. En uno de ellos, el Pride of Kent, se está instalando el convertidor Eco-Silencer, y en su barco hermano, el Pride of Canterbury, no se está instalando, pero ha sido adaptado para que se pueda instalar más adelante. Confío en que estas pruebas demostrarán que los beneficios de utilizar esta tecnología van más allá de la Directiva en términos de conseguir una reducción del 95% de las emisiones de dióxido de azufre, en comparación con la reducción del 40% que podemos conseguir con el uso de combustible. Es una gran mejora que va más allá del Anexo VI de MARPOL, con el beneficio adicional que reducirá las partículas en un 80% y permitirá una reducción considerable de la contaminación por óxido de nitrógeno.
Hay que abordar la preocupación medioambiental que expresaba la Sra. Thors, en especial los efectos de dejar este ácido sulfúrico diluido en el mar en determinadas zonas portuarias y también cómo almacenar los lodos de una forma sensata desde el punto de vista del medio ambiente.
Quisiera dar las gracias al Sr. de Roo y, por supuesto, a la Sra. Hautala, que empezó este informe, y a los demás ponentes por la forma constructiva en que han conseguido negociar un acuerdo en el Parlamento.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, no suelo dar las gracias a mis colegas ponentes, pero en esta ocasión quiero agradecer al Sr. De Roo, además de a todos mis colegas, su constructiva cooperación. Hemos trabajado abierta y constructivamente.
He procedido basándome en que en la práctica queremos mejorar la situación medioambiental de los Estados costeros. Cuando hoy tratemos la propuesta de la Comisión y el Anexo VI de la Convención MARPOL, veremos que, conforme a la información que he recibido, pronto entrará en vigor, ya que el 47,57% del tonelaje mundial se ha afiliado a ella. Sin embargo, debo decir lo vergonzoso que es que un gran número de países de la UE, incluido el que mejor conozco, no la hayan ratificado. Sin embargo, creo que el ejemplo de la MARPOL muestra que quizás la propuesta de la Comisión no fuese tan ambiciosa como nos hubiese gustado y que debemos seguir haciendo progresos.
Cuando nos reunamos para tomar una medida dentro de la esfera marítima, como el Sr. Lange ha dicho, ahora podemos conseguir mucho en el ámbito internacional. Juntos, los países de la UE y los países candidatos a la adhesión tenemos una flota tan grande que con frecuencia aplicamos nuestras normas en la OMI. Por lo tanto también veo la directiva y las mejoras que estamos realizando en vista de esto. Así es como debemos trabajar juntos.
Hemos hablado mucho sobre los nuevos métodos de reducción, un área sobre la que según el Sr. Goodwill yo había estado muy ansioso. En realidad, quiero que la Comisión observe honesta y ampliamente los posteriores efectos medioambientales. Puede que sea que los métodos son mejores para un área del medio ambiente pero peores para otra. Necesitamos sistemas de seguimiento de amplia base en distintos ecosistemas para distintos tipos de agua. Deben considerarse los efectos generales.
Por último, me gustaría decir que nuestro grupo solicitará un voto independiente sobre las Enmiendas 20 y 21 con el fin de aclarar cualquier aspecto que pueda ser poco claro. Nuestro grupo también votará en contra de ellas por que no consideramos que sea posible aplicarlas.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, empezaré por felicitar al Sr. Alexander de Roo por su excelente informe y por su capacidad de acuerdo con los ponentes alternativos. Diré que, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, es esencial apostar por el transporte marítimo. Pero esta apuesta por el transporte marítimo para resolver el problema del cambio climático no puede hacerse a costa de la acidificación provocada por las emisiones de dióxido de azufre. Me parece inaceptable, por tanto, que los esfuerzos realizados en tierra para reducir las emisiones de dióxido de azufre no hayan tenido continuidad en el mar; por ello, aplaudo la excelente iniciativa de la Comisión, aunque me parece que debe ser más ambiciosa.
En primer lugar, con unos límites máximos de contenido de azufre más bajos, por lo que apoyo plenamente el contenido del 0,5%; en segundo lugar, ampliando las zonas, con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de azufre en otras zonas además de las previstas en el Convenio MARPOL, y para ello es esencial que la Comisión defienda en el Convenio MARPOL la ampliación de la reducción de las emisiones al Mediterráneo, al noroeste atlántico y al Mar Negro; y, en tercer lugar, me parece importante que lo que estamos haciendo en el ámbito del cambio climático para reducir los costes económicos del cumplimiento del Protocolo de Kioto también pueda aplicarse al problema de la acidificación. Si vamos a reducir en 1.300 millones de euros el coste del cumplimiento del Protocolo de Kioto en Europa, debería aplicarse un régimen idéntico de comercio de las emisiones de dióxido de azufre para conseguir disminuir el coste de realización de estos objetivos.

Wallström
. (EN) Señor Presidente, la Comisión ha estudiado con detenimiento las enmiendas presentadas. Podemos aceptar unas tres cuartas partes de las mismas, ya sea en su totalidad, en parte o en principio. La mayoría ofrecen aclaraciones útiles y mejoran la calidad de la propuesta, como han expresado ya esta noche los oradores.
Aquellas enmiendas que no podemos aceptar o que aceptamos solo en parte se refieren principalmente a tres temas.
La primera cuestión, y la de mayor envergadura, es la propuesta de que los límites más estrictos para el azufre del combustible marino se extiendan a una zona más amplia. El informe propone un planteamiento gradual, empezando con el 1,5% establecido en la propuesta de la Comisión, con un límite más estricto del 0,5% en una segunda fase. Las fases posteriores también amplían la zona en la que los barcos tienen que cumplir estos límites en todas las zonas económicas exclusivas y las aguas territoriales de toda la Unión Europea.
La enmienda 20 está en contradicción con esto y va todavía más lejos, proponiendo que el límite de contenido de azufre del 0,2% para los barcos atracados se amplíe a la zona de 12 millas marinas que constituyen las aguas territoriales de todos los Estados miembros de la UE.
Creemos que estos límites nuevos y de mayor alcance es prematura. No dudo de que puede haber beneficios medioambientales. No se han cuantificado; ni tampoco los costes, que podrían ser significativos. Contrariamente lo que es norma en economía, cuanto más combustible bajo en azufre se necesita, más caro resulta. Y es así porque, para aumentar su capacidad, las refinerías tienen que invertir más y más en la tecnología necesaria para reducir el azufre.
Las nuevas fases que se proponen también van más allá de la zona de control de emisiones de azufre del 1,5% en el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, pero queda en manos de los Estados miembros proponer la designación de nuevas zonas de control de emisión de azufre a la Organización Marítima Internacional y negociar unos límites más estrictos para estas zonas.
El sector naviero es un sector mundial. Dado que existe este mecanismo de política internacional, creemos que debería utilizarse como primer recurso. Sin embargo, si se considera necesario establecer límites más estrictos y no se puede llegar a una solución internacional, la cláusula de revisión de la propuesta ofrece a la Comisión el derecho a tomar medidas en el ámbito de la UE en una fecha posterior.
El segundo tema se refiere a la compensación o el comercio de emisiones. El concepto de comercio de emisiones para los contaminantes ambientales convencionales no está aún bien desarrollado en el ámbito de la UE, ni siquiera para las fuentes de emisión estacionarias basadas en tierra. Para las fuentes de emisiones móviles en el mar, los barcos, también creemos que la idea es algo prematura.
El Anexo VI de MARPOL no permite este comercio. Otro tema que nos preocupa es que las emisiones de contaminantes ambientales de los barcos tienen efectos regionales o locales que los mecanismos de comercio no podrían abordar de forma suficientemente sensata.
Es bastante difícil saber cómo y quién debería administrar y hacer cumplir un mecanismo. Dicho esto, nos planteamos activamente el comercio de emisiones y otros instrumentos económicos como posibles complementos del reglamento en el futuro.
Por este motivo, podemos aceptar la enmienda 44 en principio, lo que requiere que la Comisión considere toda una gama de instrumentos económicos e informe al respecto al Parlamento y al Consejo.
El último tema se refiere a las exigencias a la Comisión. Las enmiendas 32 y 44 proponen adelantar la fecha del informe que la Comisión debía presentar en 2010 sobre la aplicación de esta Directiva. También exigen que la Comisión presente nuevas propuestas, con un informe, para revisar los límites de azufre del combustible o introducir instrumentos económicos. La Comisión cree que sería demasiado pronto informar sobre la puesta en práctica de la Directiva en 2007 ó 2008, dado que algunos de los límites de azufre propuestos no entrarán en vigor hasta 2008.
También creemos que es prematuro prescribir el contenido del informe y exigir que vaya acompañado de propuestas legislativas. Aunque podemos aceptar las enmiendas 30 y 34 en principio, creemos que también prescriben demasiado las actividades de la Comisión. Ya saben cómo nos afectan estas cosas. En cada caso propondríamos un texto alternativo.
Finalmente, unas pocas palabras sobre las posibilidades que ofrece la depuración de los gases de escape. Los límites más estrictos de azufre en el combustible que se proponen en el informe de hoy están relacionados con el posible uso de la tecnología de limpieza de gases de escape o depuración, como medio alternativo de cumplimiento. MARPOL lo consiente y, a condición de que no se emitan vertidos peligrosos en aguas cerradas, la propuesta de la Comisión ya incluye una cláusula de revisión para permitir la depuración de gases en el futuro. Parece que esta tecnología ofrece beneficios potenciales, ya que reduce las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas. También puede costar menos que cambiar los combustibles para los barcos que viajan a menudo en aguas de la Unión. Por otro lado, es muy importante demostrar que la tecnología no tiene ningún impacto adverso en el entorno marino, de modo que no vaya a ser que sustituyamos un problema ambiental por otro, como su Señoría también ha indicado.
A condición de que las pruebas en el mar sean satisfactorias, creemos que la depuración de gases puede considerarse una alternativa a los combustibles de bajo contenido de azufre y no solo para el límite del 0'5% propuesto para la segunda fase. De modo que acogemos con agrado las propuestas del Parlamento de un nuevo texto sobre la depuración de gases.
Quisiera presentar una lista por escrito en que se resume la postura de la Comisión sobre todas las enmiendas presentadas

El Presidente.
 Gracias, señora Wallström.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes presentados en nombre de la Comisión de Pesca:
(A5-0168/2003) del Sr. Hudghton, sobre la propuesta de reglamento del Consejo para la conservación de los recursos pesqueros mediante técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos [COM(2002) 672 - C5-0026/2003 - 2002/0275(CNS)];
(A5-0165/2003) del Sr. Stevenson, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 [COM(2002) 739 - C5-0030/2003 - 2002/0295(CNS)];
(A5-0162/2003) del Sr. Fava, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el «Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la industria pesquera de la Unión Europea» [COM(2002) 600 - C5-0073/2003 - 2003/2039(INI)].
Hudghton (Verts/ALE)
Cuando el representante de la Comisión presentó este informe por primera vez a la Comisión de Pesca, declaró que el tema era tan técnico (e incluso rutinario) que quizás lo encontraríamos aburrido. No estoy de acuerdo.
Concebir y poner en práctica medidas técnicas destinadas a la protección y conservación de los peces jóvenes es esencial a largo plazo para el sector pesquero y para conseguir la sostenibilidad de las pesquerías.
Si las medidas técnicas no son satisfactorias, o se aplican de forma desigual entre las naciones pesqueras o según los tipos de pesca en una zona determinada, no se va a cumplir el objetivo final.
El calendario de esta propuesta particular, tras la estela del Consejo de Pesca de diciembre y sus decisiones sobre la reforma de la PCP y las medidas provisionales para la recuperación del bacalao, nos ofrece una oportunidad para que la Comisión y el Consejo recuperen una cierta credibilidad que en estos momentos no tienen, sobre todo en las naciones pesqueras del norte, como Escocia e Irlanda.
Las enmiendas aprobadas en comisión -y que espero que sean apoyadas por la totalidad de la Cámara mañana- incluyen dos que simplemente corrigen unas referencias inexactas en el texto de la Comisión.
Entre las demás, la enmienda 2 pretende asegurar que el Consejo pueda participar en la elaboración de unas normas detalladas en relación con las condiciones en las que se efectuarán las combinaciones de tamaños de redes. Es un tema que, como el Comisario sabrá, ha causado una dificultad considerable en el reglamento actual. Es poco probable que la nueva redacción unilateral de unas normas tan importantes por parte de la Comisión ayude a recuperar la fe en el proceso.
La enmienda 4 aborda otra anomalía en mi opinión inaceptable, a saber, la disposición que permitiría a aquellos pescadores que utilizan las mallas más pequeñas de la industria pesquera del sonso, por ejemplo, conserven los peces que no lleguen a las dimensiones mínimas. El argumento de que es en cierto modo aceptable llevar a tierra peces demasiado pequeños, siempre que no se vendan para el consumo humano, es totalmente imposible de justificar para quienes trabajan en el sector del pescado blanco, que utilizan mallas más grandes, y sufren recortes draconianos en su cuota y en los días de salida al mar.
Mi Grupo ha vuelto a presentar algunas enmiendas que se habían desechado en la comisión. Les pido su apoyo para que mañana sean incluidas. La propuesta de creación de los consejos consultivos regionales, que se aprobó, aunque en una forma algo suavizada, en el marco de la reforma de la PCP, constituye un foro ideal en el que se podrán implicar a las partes interesadas y aprovechar los conocimientos disponibles. A menos que se encargue a los consejos consultivos regionales una tarea significativa, muy pronto se considerarán simples tertulias sin importancia.
Igualmente, si las medidas técnicas deben ser apoyadas y puestas en práctica por los pescadores, es esencial que acepten que las medidas en cuestión son apropiadas para la labor. Me parece que esta propuesta constituye una oportunidad ideal para conseguir estos dos valiosas objetivos: la implicación significativa de los expertos a través de los consejos consultivos regionales y, por lo tanto, más posibilidades de que las medidas técnicas sean efectivas y apropiadas para cada zona de pesca particular.
Otras enmiendas abordan la cuestión de la capacidad de los Estados miembros para tomar medidas en relación con sus propias flotas, que sobrepasa el mínimo requerido por la normativa de la UE.
La versión actual de las medidas técnicas permite esta disposición. En mi opinión, es un misterio que esta disposición prácticamente haya desaparecido sin una explicación adecuada de la nueva propuesta. Sin duda, si el objetivo es la conservación y se utilizan medidas técnicas, debería permitirse que cada uno de los Estados miembros consiguiera ventajas adicionales si lo considera necesario. Los Estados miembros también deberían poder aplicar esta disposición a sus propias flotas en aguas extracomunitarias.
El reto a que actualmente se enfrenta la gestión de la pesca de la UE es en cierto modo recuperarse de una gran crisis de confianza. Puedo asegurarles que en Escocia hay tal crisis, que ha obligado a mi propio partido político, el SNP -un partido proeuropeo- a comprometerse a luchar para que se descarte la PCP tal como está redactada en la actualidad.
Esta semana, en el Parlamento de Westminster se presentará un proyecto de ley en el que se pide que el Reino Unido se retire de la PCP.
A menos que se vislumbre un cambio radical de actitud, se seguirán expresando demostraciones de disgusto con el proceso. Espero que la Comisión pueda aceptar que es necesario hacer todo lo posible para cambiar esta actitud de «nosotros sabemos más» que se percibe y que ha provocado este resentimiento.
La propuesta actual es inaceptable, sin mencionar siquiera los consejos consultivos regionales. Espero que se corrija esta omisión. Espero que el Parlamento muestre mañana su apoyo a todas las enmiendas. Espero que la Comisión acepte también que existe una necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas, y que sea para mejor.

Stevenson (PPE-DE)
Señor Presidente, en esta Cámara somos muy conscientes de que miles de pescadores, procesadores y trabajadores auxiliares han sufrido graves dificultades a causa de las propuestas de recuperación del bacalao acordadas por el Consejo el mes de diciembre pasado. Las flotas de pescado blanco de Irlanda y del Reino Unido en particular han recibido la peor parte, y se han visto obligadas a amarrar sus barcos cada medio mes y ver cómo sus cuotas se recortaban a menos del 50% en los días en que podían pescar. Estas medidas provisionales se aplican desde el 1 de febrero de este año y todavía no se ha pagado ni un solo céntimo de compensación a quienes se han visto afectados por los recortes.
Ha sido bueno comprobar que el propio Comisario Fischler ha visto la necesidad de pedir a los Estados miembros que cumplan con sus responsabilidades y soliciten la ayuda del presupuesto de pesca. Ha dicho que de los 3,7 millardos de euros del presupuesto para 2006, solo un 3% se ha asignado a ayuda socieconómica, a pesar de las evidentes dificultades que sufren muchos pescadores. De hecho, en el Reino Unido la cifra es del 0%, lo que resulta una conducta vergonzosa por parte del Gobierno del Reino Unido. El hecho de no haber solicitado esta ayuda o, en efecto, de no haber presentado las propuestas de ayuda de emergencia procedente de los 150 millones de euros votados por inmensa mayoría en esta Cámara en marzo, constituye una clara traición a nuestro sector pesquero en tiempos de necesidad.
No es de extrañar que más de 230 pescadores del Reino Unido hayan pedido que se desguacen sus barcos. Pero el desmantelamiento a esta escala, superior al 20% que desguazaron sus barcos el año pasado, podría hacer perder a la flota de pescado blanco del Reino Unido la masa crítica necesaria para mantener a los trabajadores del puerto, al personal auxiliar y a los procesadores, de quienes dependen los demás pescadores. Si se van, desaparecerá todo el sector.
Sobre el telón de fondo de estos hechos debo expresar mi sorpresa por la postura de la Comisión respecto al box irlandés. A mí me parece una paradoja absurda que la Comisión pueda, por una parte, apoyar este régimen draconiano para recuperar las reservas de bacalao y otros pescados blancos mientras, por otra parte, está pidiendo el desmantelamiento efectivo del box irlandés.
El box irlandés es una de las más importantes zonas de reproducción de juveniles y de desove de las aguas europeas. Es de vital importancia como recurso de conservación, como han demostrado muchos estudios científicos, y, sin embargo, la Comisión parece dispuesta a aceptar el argumento de que el acceso restringido a esta zona se puede calificar casi de discriminación. Vamos a dejar claro este tema. Claro que se restringe el acceso al box irlandés. Precisamente porque es una zona de conservación. Pero las flotas irlandesa, británica, francesa y española han pescado en el box irlandés durante años.
Ahora bien, sé muy bien que nuestros amigos españoles no se sienten satisfechos con las disposiciones actuales que restringen el acceso a solo 40 de sus traineras. Sin embargo, vale la pena observar que las 40 traineras españolas que pescan en esta zona en un momento determinado son todos barcos enormes de más de 25 metros, a menudo el doble de las dimensiones de los barcos irlandeses locales. El problema es que existen 120 enormes traineras españolas más esperando al sur del box irlandés, ansiosas por conseguir el acceso, ¡pero no veo centenares de traineras griegas o italianas que pidan el acceso al box irlandés!
También vale la pena observar que la misma propuesta de reglamento del Consejo en las aguas occidentales abriría de golpe la zona económica de exclusión de 200 millas alrededor de las Azores. Repito, es una zona muy delicada que ha soportado generaciones de pescadores portugueses locales, que a menudo han tenido que luchar contra los fuertes vendavales del Atlántico con diminutos barcos abiertos de madera. Sencillamente, abrir estas aguas a las gigantescas traineras españolas o de cualquier otra parte sería catastrófico tanto para la conservación de las reservas pesqueras como para la preservación de los puestos de trabajo de la frágil flota de las Azores. No podemos permitir que esto ocurra.
Apoyo a mis colegas españoles en muchos aspectos. He trabajado arduamente para encontrar una compensación de los daños ocasionados por el petrolero Prestige. He apoyado los acuerdos internacionales con terceros países que tantas ventajas han aportado y tan importantes son para las flotas andaluza y gallega. Pero no puedo permanecer de brazos cruzados y observar la destrucción de zonas esenciales para la conservación alrededor de las Azores y en el box irlandés, solo porque nuestros amigos españoles, y solamente nuestros amigos españoles, desean pescar más en estas aguas.
Aceptar este argumento sería burlarse de la política de conservación. Nuestro trabajo como parlamentarios, y mi trabajo como presidente de la Comisión de Pesca, es asegurar que se puedan recuperar las reservas de peces. Por lo tanto, insto a esta Cámara a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo UEN y otras al informe Stevenson, y en concreto a apoyar la enmienda 20 que pide que se conserve el box irlandés por un período de 10 años, con una revisión por parte del ICES y del STECF al final de dicho período, para decidir si la política de acceso restringido ha ayudado a cumplir los objetivos del plan de recuperación del bacalao en la reconstrucción de unas reservas de pescado blanco muy deterioradas.

Fava (PSE)
. (IT) Señor Comisario, como otros muchos diputados, creo en un papel social, cultural, y no solo económico de la pesca, especialmente de la pesca artesanal, por la función que puede desempeñar en los procesos de cohesión económica y social, sobre todo en las regiones más aisladas y periféricas. Hemos acogido, pues, con satisfacción el Plan de actuación de la Comisión para contrarrestar las consecuencias sociales de la reforma de la pesca, y compartimos la idea de que dichas consecuencias se deberían afrontar con un plan de indemnizaciones.
Dicho esto, no pocos elementos de esta propuesta de la Comisión suscitan perplejidad, por ejemplo el hecho de que los datos de referencia empleados no estén actualizados y se refieran al año 2000. Desde entonces, han pasado tres años y la propia Comisión reconoce que la valoración es más bien teórica. No se ha mantenido aún un debate serio y en profundidad sobre el modelo que debe elegirse: pesca industrial, que requiere una flota integrada por un pequeño número de grandes embarcaciones modernas y económicas, o pesca artesanal, con muchas embarcaciones pequeñas y medianas, que, si bien es la solución menos rentable, aporta ciertamente más puestos de trabajo. Por último, falta una versión actualizada del Plan de actuación de la Comisión, que en algunos puntos habría sido útil a la luz de las conclusiones del Consejo de Pesca de diciembre de 2002. 
Dicho esto, señor Comisario, algunos puntos de la propuesta son poco convincentes. Pondré un ejemplo: el Mediterráneo se ignora por completo. La Comisión no tiene en cuenta su especificidad, sino que únicamente toma en consideración algunas zonas del Mar del Norte, del Mar Báltico; en este sentido, se lleva a cabo una penalización cultural atribuible a una antigua presbicia del proceso de integración europea: nuestra Europa sigue mirando solo al Norte. Así ha sucedido durante los muchos años de construcción de una política agrícola común y así sucede también hoy por lo que respecta a la política pesquera común. Pero ello representa un riesgo, sobre todo en vísperas de la apertura, en 2010, de la zona de libre cambio del Mediterráneo, que hará de este mar una gran área de intercambios sociales, económicos, humanos y políticos, a los cuales debemos llegar preparados.
Otro punto importante es la pérdida de puestos de trabajo. Por lo que parece, la Comisión prevé la pérdida de 12.000 puestos de trabajo, que deberán recuperarse en un plazo de cuatro años. Esta previsión nos parece optimista en la medida en que subestima los efectos de la reforma y no tiene en cuenta las actividades económicas inducidas ni los sectores vinculados de los astilleros y las industrias de transformación. Piénsese que solo la industria europea de la transformación posee más de 100.000 trabajadores. Ante todo, la previsión de la Comisión no tiene en cuenta el hecho de que la reconversión es bastante improbable para unos trabajadores, como los del sector de la pesca, que especialmente en algunas zonas de Europa poseen un bajo nivel de escolarización y trabajan en zonas castigadas por una elevadísima tasa de desempleo. Pensar en recuperarlos y reconvertirlos a otros mercados de trabajo es una ilusión, sobre todo en España, Grecia, Italia y Portugal. En muchos países faltan, además, amortiguadores sociales y los pescadores pueden convertirse en trabajadores de desecho, ciudadanos superfluos; un riesgo implícito es también el de la desertización social, cultural y económica de muchas áreas de la Unión. 
Habría que concentrar la ayuda en la pesca a pequeña escala, dado que la mitad de los pescadores trabajan hoy en la pesca artesanal y que el 75% de los pesqueros son de tipo artesanal; es cierto que el volumen de captura es muy bajo, pero desde el punto de vista del empleo, la pesca artesanal desempeña una función fundamental. La Comisión reconoce que los incentivos financieros a favor de esta pesca no han servido de mucho, reconoce que serían necesarias otras intervenciones, pero que no serán rápidas, y habla solo de perspectivas a largo plazo.
Estas consideraciones nos inducen a formular una pregunta: ¿qué recursos hay que invertir para mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta reforma? No compartimos la remodulación de los Fondos Estructurales; pensamos más bien que dichos Fondos deben seguir vinculados a otras prioridades. El hecho de que el 80% de las regiones afectadas sean regiones de los objetivos 1 y 2 significa que, hoy, los Fondos Estructurales son necesarios y estratégicos para afrontar prioridades que no pueden mezclarse con el proyecto de esta resolución. En nuestra opinión, será necesario crear un fondo ad hoc, una medida también provisional para aplicar planes de recuperación.
El último punto, para concluir, se refiere a las mujeres. El hecho de que el 22% de la mano de obra esté constituida por mujeres no encuentra ninguna correspondencia en el Plan de actuación de la Comisión. En esencia, se aprueban las conclusiones a largo plazo. Pero consideramos que sería útil volver a proponer algunas partes del Plan de actuación y analizar más detenidamente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Hudghton, al Sr. Stevenson y al Sr. Fava, por sus informes sobre nuestras propuestas. Comentaré primero el informe del señor Hudghton.
Como ustedes saben, la propuesta de la Comisión abarca gran parte del Reglamento sobre medidas técnicas. Usted dice que existe muy poco interés debido a que la propuesta es tan técnica. De acuerdo, pero no es posible de otra manera, pues una propuesta sobre medidas técnicas tiene que ser muy técnica. Además, a la vista de los problemas que plantean las poblaciones de bacalao y merluza, se ha adoptado una serie de Reglamentos de la Comisión o del Consejo que complementan o modifican el Reglamento sobre medidas técnicas. Por esa razón, uno de los principales objetivos de nuestra propuesta consiste en reunir en un único Reglamento todas estas disposiciones que figuran en muy diversos Reglamentos, para que resulten más manejables.
Sin embargo, también hemos aprovechado esta propuesta para incluir unos cuantos elementos nuevos. Se trata sobre todo de tres puntos: en primer lugar queremos armonizar las disposiciones para las distintas especies de peces que se capturan con redes de arrastre de un determinado tamaño de malla en todas las aguas comunitarias del Atlántico nororiental. Con ello pretendemos evitar en el futuro que un buque pesquero, por ejemplo, que ha faenado en el Golfo de Vizcaya y desee continuar pescando al sur de Irlanda, esté sometido a otras condiciones de captura. La armonización se extiende igualmente a las aguas del Skagerrak y del Kategatt, donde actualmente se aplican disposiciones particulares. En segundo lugar, estas normas se aplicarán también a los buques de menos de 12 metros de eslora, a fin de proteger mejor a las merluzas jóvenes. Y en tercer lugar, queremos modificar las disposiciones relativas a la clasificación de las capturas a fin de reducir los descartes. Además proponemos establecer las normas pormenorizadas en Reglamentos de la Comisión, como la composición porcentual de las capturas, si los buques pesqueros llevan a bordo redes de arrastre con dos tamaños de malla diferentes, o las dimensiones y tiempos de utilización de las redes verticales ancladas. 
En relación con su pregunta, Sr. Hudghton, sobre los consejos consultivos, como usted sabe, hemos creado estos consejos consultivos en el marco de la reforma y figuran en el Reglamento de base. En este Reglamento de base se contempla que se puede consultar a estos consejos. Por ello no podemos convertir esta posibilidad contemplada en el Reglamento de base en una obligación generalizada en el marco de un Reglamento subordinado, pues existen obstáculos jurídicos para ello. Pero puedo asegurarle que nosotros mismos tenemos un gran interés en que se consulte a estos consejos en la medida de lo posible. 
Ahora bien, las medidas técnicas por si solas ya no resultan suficientes -como todos sabemos- para explotar de forma sostenible las poblaciones de peces. Desde hace más de diez años, los científicos piden que se gestione el esfuerzo pesquero, a fin de poder llevar a cabo una política de conservación sostenible. Y precisamente es eso lo que pretendemos con nuestra propuesta sobre las aguas occidentales, de las que trata el informe Stevenson. Como usted sabe, las disposiciones particulares sobre el acceso de los buques españoles y portugueses al box irlandés y sobre el acceso a las aguas costeras portuguesas perdieron su base jurídica el 1 de enero de 2003. Puesto que los Reglamentos correspondientes de 1995 no preveían una limitación temporal para las aguas occidentales, debemos eliminar la actual inseguridad jurídica a este respecto.
Por ello proponemos un nuevo Reglamento que sustituirá a todos los Reglamentos adoptados hasta ahora y prevé lo siguiente: queremos limitar el esfuerzo pesquero de todos los Estados miembros en todas las subdivisiones de la CIEM pertenecientes a las aguas occidentales de forma no discriminatoria. Proponemos fijar el esfuerzo pesquero teniendo en cuenta la disminución de las capturas desde 1995 y la actividad pesquera efectiva entre 1998 y 2002. Queremos limitar también el esfuerzo pesquero para la pesca pelágica y deseamos limitar aún más el acceso a las aguas de las zonas ultraperiféricas.
Creo que nadie debería crear un ambiente de amenaza y alarmarse ante la perspectiva de una armada española. Como ya hemos visto en los últimos meses, esto no es así. No hay que olvidar que se trata de limitar el esfuerzo pesquero en general y que en ello interviene la cuestión de la estabilidad relativa, por lo que no hay que creer que los buques pesqueros españoles acabarán con la pesca en estas aguas.
Y me gustaría dejar una cosa clara: la presente propuesta se basa exclusivamente en conocimientos científicos, mientras que en el caso del antiguo box irlandés esto no era así.
Y ahora permítanme decir algo brevemente sobre el informe del Sr. Fava, que trata sobre el Plan de acción para hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de la pesca en la UE. En nuestras consultas con los Estados miembros intentamos estimar las posibles pérdidas de puestos de trabajo y las necesidades de fondos financieros para atenuar las consecuencias socioeconómicas. Hemos mantenido reuniones al respecto con los Estados miembros -una en septiembre del año pasado y una en abril de este año- y en enero consultamos igualmente al sector pesquero, las partes interesadas. Su informe, Sr. Fava, contiene quince recomendaciones que comparto en gran medida porque coinciden con las Directrices Generales de la Política Pesquera Común y apoyan los objetivos a largo plazo de nuestro plan de acción.
Esta es una primera presentación y con mucho gusto responderé a sus preguntas al final del debate.

Dührkop Dührkop (PSE)
. (ES) Señor Presidente, hablo como portavoz de la Comisión de Presupuestos en asuntos de pesca y me corresponde, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Fava, a cuyo informe me voy a referir, fundamentalmente, por su excelencia.
Permítame puntualizar que la política pesquera común se financia casi totalmente a través del presupuesto de la Unión. Pero no representa ni el 1% del presupuesto en su totalidad, y se financia entre el Instrumento Financiero de Orientación de Pesca (IFOP), el Fondo regional y el Fondo social.
El plan de acción que pretende paliar las consecuencias que a corto plazo van a tener para los pescadores y la industria pesquera las medidas de conservación, de protección, a través de la reprogramación del IFOP para medidas sociales y una revisión de todas las ayudas existentes, pero también contempla la posible liberación de cantidades adicionales.
Agradezco al ponente y a la Comisión de Pesca que hayan incorporado en la Resolución los siguientes puntos de la Comisión de Presupuestos:
En el primero se subraya que no es probable que las enmiendas del Consejo al paquete de la Comisión sobre la reforma de la PPC, adoptadas en su reunión de los días 16 a 22 de diciembre de 2002, faciliten la aplicación de esta reforma ni la prevista reprogramación de 611 millones del IFOP. 
En el segundo se recuerda que los recursos financieros disponibles en la rúbrica 2 de las perspectivas financieras destinados al sector pesquero y las zonas dependientes de la pesca se pueden calcular en 28 000 millones de euros para el periodo 2000-2006.
Por último, se subraya que solo se puede asignar financiación adicional de la Unión Europea para las medidas en pesca destinadas a compensar pérdidas si ello es compatible con el límite máximo de la rúbrica 2 de las perspectivas financieras, o bien recurriendo al instrumento de flexibilidad establecido en el artículo 24 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes de los tres informes que nos ocupan esta noche, los Sres. Fava, Stevenson y Hudghton, y quiero decirle además a este último, el Sr. Hudghton, que comparto muchas de las reflexiones planteadas por él en su intervención. Coincido en denunciar el endiosamiento de la Comisión, que toma decisiones a espaldas del sector, la incomunicación entre científicos y pescadores y, como él, opino que nada de esto ayuda a dotar de credibilidad a la idea que nuestros ciudadanos tienen de Europa.
El tiempo para el debate es limitado y los asuntos que abordan estos tres informes son muy importantes. Me limitaré a dar una pincelada sobre cada uno de ellos. Creo que estos tres informes, sobre todo debatidos así, conjuntamente, muestran las contradicciones en el seno de la Comisión a la hora de presentar sus propuestas relativas a la reforma de la PCP.
El informe del Sr. Fava sobre el Plan de actuación para contrarrestar las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración de esta industria en la Unión Europea plantea la necesidad de que la Comunidad aborde con recursos financieros suficientes y sin tantas incertidumbres las pérdidas, sobre todo en términos de empleo, que en las regiones dependientes de la pesca va a suponer esta reforma de la PCP.
La Comisión de Pesca solicita una financiación adicional para paliar los efectos de esta reforma. La Comisión debe velar por el mantenimiento de la estructura socioeconómica de estas zonas. Resultará más barato apoyar el mantenimiento del tejido socioeconómico existente que asistir de brazos cruzados a su desaparición e intentar después crear otras actividades económicas sustitutivas, para las cuales estas regiones -y coincido con el Sr. Stevenson- parten con graves inconvenientes, ya que están situadas en la periferia y padecen de carencias en formación profesional, nuevas tecnologías, infraestructuras y acceso a los mercados.
El Sr. Comisario sabe bien que cada empleo en un barco genera de cuatro a cinco empleos en tierra, por lo que la desaparición de la actividad pesquera supone un grave quebranto en el tejido socioeconómico de estas regiones.
Con respecto al informe sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos, creo que a la hora de redactar resoluciones, conviene que los diputados tengamos en cuenta la realidad. Y la realidad es que el período transitorio tras la adhesión de España y Portugal ha terminado. Bastantes excepciones tiene ya la PCP como para pretender resucitar y perpetuar las que, en un tiempo, fueron meros mecanismos transitorios. Señor Stevenson, este, que se terminó, no es un favor que se cambie por otro. Si alguien se lo ha hecho creer así a usted, lo siento mucho, porque se acabó. Es un problema de fundamento jurídico y se terminó, y esto no se cambia por nada. Usted nos ha ayudado en Marruecos; nosotros le ayudaremos a usted en lo que podamos, pero la excepción se terminó.
Por último, mi Grupo apoya la propuesta de la Comisión relativa a la protección de los juveniles. Unas acertadas y eficaces medidas técnicas deberían ser la base para lograr el equilibrio entre flota y recursos. El desguace exagerado que algunos pretenden resulta antieconómico y antisocial, y nos puede conducir en unos años a que hayamos conseguido tener cantidades suficientes de pescado, pero que no tengamos ni barcos ni pescadores para capturarlos. Refiriéndome ya concretamente al box irlandés, creo que tomar en cuenta para medir el esfuerzo la histórica de 1998-2002 para nosotros es poquísimo, una vergüenza.
Con respecto a los comités consultivos, apoyo esta medida, pero, francamente, quisiera que por parte de la Comisión se me aclarase si todos los Estados miembros estamos en este momento en igualdad de condiciones para afrontar la implantación de este nuevo elemento. Quisiera saber si todos estamos en igualdad de condiciones, porque, de no ser así, estaríamos generando un nuevo motivo de disparidad, tratamiento desigual e injusticia, y lo que me dice el sector de mi país es que no estamos todos en igualdad de condiciones.
Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, señores ponentes, gracias por su contribución, aunque me imagino que el Sr. Stevenson no estará muy contento de que su nombre se vincule a este informe. Eso tiene su razón de ser. 
En relación con el informe Hudghton, quisiera decir que, en el futuro, es sumamente importante implicar de verdad a los comités consultivos regionales para desarrollar lo más posible la ciencia básica y aplicada en el terreno de la pesca, y poder utilizarla para disponer de información y poder tratar este tema desde un punto de vista más europeo. 
En relación con el informe del Sr. Fava, quiero decir algunas cosas. Por supuesto, estos son tiempos difíciles. Tienen que producirse importantes recortes, tal como decidió el Consejo de Pesca de diciembre de 2002. Existe un plan para hacer frente a las consecuencias negativas, tanto sociales como económicas, de la reestructuración, que es necesaria e inevitable. Es una verdadera lástima para las personas afectadas. Creo que es muy importante que el plan se ejecute lo mejor posible con el apoyo de todos los medios disponibles. Creo que es importante también implicar al sector en los planes necesarios para ofrecer nuevas oportunidades a estas personas. El dinero por sí solo no puede ofrecer una solución estructural a largo plazo. En los últimos años se han concedido continuamente subvenciones al sector de la pesca a pequeña escala que atravesaba problemas, pero con ello no se ha conseguido que la pesca a pequeña escala funcione bien. Por consiguiente, si se destinan recursos a este fin, el objetivo ha de ser que finalmente el sector pueda valerse por sí mismo y pueda hacerse cargo de su futuro. En el pasado, ya presenté algunas enmiendas en ese sentido. Lo principal es que el cambio estructural ofrezca alternativas. 
Los Estados miembros tienen también que desempeñar un papel importante, no solo en el pago de subvenciones, sino también en las reformas políticas, la definición de nuevas tareas y la creación de nuevas oportunidades para el sector en la sociedad. Creo que tenemos que aprender de esta experiencia, y espero que podamos mantener una política equilibrada.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento relativa a la gestión de las aguas del Atlántico ha sufrido un importante revés con la presentación, en el último Consejo de Pesca, de una propuesta de compromiso de la actual Presidencia de la Unión que, en nombre de la no discriminación entre Estados miembros e invocando el fin del período de transición para la plena integración de Portugal y España en la política pesquera común, pretende eliminar la división entre sus zonas de pesca, dificultando la adopción de medidas para controlar el esfuerzo pesquero y poniendo en peligro la garantía de sostenibilidad de los recursos en aguas portuguesas. Esta propuesta significaría la liberalización del acceso a la zona entre las 12 y las 200 millas de la zona económica exclusiva por parte de las embarcaciones españolas, con la creación de una gran zona de pesca sin fronteras, lo que, teniendo en cuenta las dimensiones de la flota española, no solo tendría efectos devastadores sobre los recursos pesqueros, con graves consecuencias para los pescadores portugueses, sino que haría inviables las medidas de conservación de los recursos aplicadas por el Estado portugués.
De ahí la importancia del mantenimiento de la división en subzonas de pesca estadísticas CIEM IX y X y de las divisiones CECAF. Y no se puede afirmar que se trata de una discriminación entre Estados. La discriminación existe cuando se quieren considerar iguales situaciones que son diferentes y específicas, como es el caso de la pesca portuguesa. Por ello, hay que tener en cuenta el régimen específico de acceso a las aguas de Portugal y de España por parte de sus respectivos buques, sin fecha límite.
Por último, quisiera abordar también la situación específica de las regiones ultraperiféricas y la necesidad de mantener las excepciones existentes de acceso a su zona económica exclusiva, como se prevé en el presente informe.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar hablaré de las medidas técnicas. Desde 1985 existe una disposición en el Reglamento de medidas técnicas que permite que los Estados miembros impongan medidas más estrictas a sus propios pescadores en aguas de la UE. No podían hacerlo con respecto a otros pescadores, sino solo a los suyos. Ahora, en el Reglamento revisado, la Comisión ha propuesto eliminar esta disposición. En la Comisión de Pesca hemos hablado de este tema muchas veces, y la Comisión Europea dice que esta disposición es redundante, que el artículo 10 del nuevo Reglamento básico permite a los Estados miembros promulgar medidas más estrictas para sus barcos.
Este derecho se limita a sus propias aguas, al menos así lo dijo la Comisión en enero cuando más o menos obligó a Suecia a explotar las agotadas reservas de bacalao del Báltico y del Mar del Norte. O sea que si se elimina esta disposición del Reglamento de medidas técnicas, como propone la Comisión, los Estados miembros no podrán imponer medidas más estrictas fuera de sus propias aguas. Quisiera preguntar a la Comisión por qué no lo considera oportuno ahora, después de casi veinte años. ¿No es burlarse de la voluntad de persuadir a los Estados miembros para que sean más responsables y, si son más responsables, permitirles serlo?
Hay mucha hipocresía en este terreno. Quisiera pedir que apoyen las enmiendas del Sr. Hudghton, que en realidad dejarían el Reglamento tal como él inicialmente quería.
En cuanto al box irlandés, no tiene ningún sentido que en una zona tan importante de reproducción de juveniles y de desove se intente aumentar el número de barcos que van a pescar, abrir el box irlandés. Si la Comisión es coherente en su deseo de asumir un planteamiento más ecológico y más sostenible para la pesca, no debería hacerlo.
También hay hipocresía en este Parlamento en relación con el ICES, porque en cuanto a las reservas de bacalao, ni siquiera la Comisión iría tan lejos como quería el ICES. Por lo tanto, algunas personas quieren aceptar el consejo del ICES solo cuando les beneficia.
No podemos permitir que siga adelante lo que va a ocurrir con el box irlandés. Es una burla total de la conservación y la pesca sostenible, y no tiene ninguna justificación. Pedimos su apoyo para nuestra enmienda en la votación de mañana.

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, el box irlandés es un box biológicamente sensible. No es un box político. Lamento que la Comisión, desde el principio, haya elegido la opción del box político. En mi opinión, el planteamiento de la Comisión ante este problema en general es una negación de su responsabilidad sobre la conservación y la sostenibilidad de las reservas y una receta para el conflicto.
Hace poco hemos recibido información sobre la beligerancia entre pescadores españoles e irlandeses y la destrucción de aparejos de pesca en el box irlandés. Esto debe considerarse un acontecimiento nuevo y preocupante. No solo los pescadores, sino también la población de Irlanda en general consideran el box irlandés como un tema que les afecta gravemente. Su percepción es que un gran Estado miembro utiliza tácticas de rufián para imponer su voluntad en detrimento de una nación pequeña, como Irlanda o Portugal. Los ciudadanos de Irlanda se preguntan si esto es un aperitivo de lo que espera a las naciones más pequeñas en la Europa de después de la Convención.
Estoy de acuerdo con el pueblo de Irlanda. Permítanme que repita y resalte que la zona llamada box irlandés es una rica zona de pesca con una elevada concentración de juveniles y zonas de desove. Es esencial que la UE aplique restricciones al esfuerzo pesquero dentro de esta zona. Es vital que se conserve el box irlandés como zona biológicamente sensible.
Cuesta creer que la Comisión no sea capaz de presentar ninguno de los informes científicos específicos que ha utilizado para elaborar esta propuesta. También cuesta creer que la Comisión haya omitido toda referencia a la naturaleza biológicamente sensible del box irlandés en la propuesta actual. Debemos preguntar por qué. Permítanme recordar a la Comisión que el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1275/94 reconocía específicamente la sensibilidad biológica del box irlandés, y en cambio la Comisión rompió este vínculo importante.
En la propuesta revisada de la Comisión, que diplomáticamente se denominó compromiso del Consejo -aquel sobre el cual no se nos consulta- vuelve a aparecer la naturaleza biológicamente sensible del box irlandés. Hoy no solo las aguas irlandesas, sino también las portuguesas, están amenazadas. Mañana serán las aguas de las islas Shetland. Y después, solo Dios lo sabe.
Sé que este Parlamento desea de verdad conservar las pesquerías. Sé que desea de verdad la sostenibilidad de las reservas. Por lo tanto, he presentado enmiendas para el pleno que abordan ambos temas.
No es una exageración decir que el futuro de toda la industria pesquera de Irlanda y la supervivencia de las comunidades costeras de Irlanda puede depender de su apoyo. Les pido que voten a favor de mis enmiendas en el pleno.

Paisley (NI).
Señor Presidente, los pescadores irlandeses, tanto del norte como del sur, cuyas aguas son las del Mar de Irlanda, contemplan atónitos lo que está ocurriendo en su sector. Sin duda alguna el tema del box irlandés es de suma importancia. Ya hemos hablado de todos los sacrificios que han hecho, pero ahora resulta que todos han sido en vano, porque la Comisión adopta una línea distinta y dice que el box tiene que desaparecer.
Ha llegado el momento en que esta Cámara tiene que enfrentarse con el hecho de que los pescadores del norte y del sur de Irlanda, por primera vez en la historia, se han agrupado para hacer frente a este problema específico. Es un problema grave, es un problema que está haciendo que personas que estaban a favor del Parlamento Europeo, ahora estén en contra. Es un problema grave, y confío en que esta noche el Comisario se tome esto a pecho y le pese en el alma.
Los pescadores esperan una revisión fundamental del actual sistema de cuotas, esperan una revisión de las políticas de amarre, esperan una revisión de la dirección de la Política Común de Pesca, esperan una revisión de la mejor forma de conseguir la recuperación del bacalao y de conseguir la recuperación de las reservas de otros pescados. Son temas que deben abordarse y que no se pueden dejar de lado. Invito al Comisario a venir a Irlanda, tanto al norte como al sur, a escuchar a los pescadores de viva voz y trabajar para ellos y el futuro de su sector.
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, queridos colegas, Comisario, estoy asistiendo decepcionado a este debate porque parece un rifirrafe de intereses nacionales y yo escucho aquí muy poca Europa y escucho una defensa de la conservación de los recursos absolutamente interesada por cada una de las partes.
Creo que la Comisión tiene que desempeñar un papel importante en defensa de los intereses europeos. Cada uno está arrimando el ascua a su sardina, para decirlo en términos españoles, y esto no es lo que nosotros pretendemos.
Quiero felicitar a los tres ponentes, mejor dicho, a los cuatro, quiero felicitar al Sr. Ó Neachtain, porque él ha hecho el informe -ahora el Sr. Stevenson solamente pone el nombre como presidente, a pesar de que las enmiendas que se presenten al Pleno provengan del Grupo UEN, aunque han sido firmadas también por diputados con intereses nacionales -. 
Del informe del Sr. Fava no voy a decir nada porque es un informe que todos vamos a aceptar y creo que es poco polémico. En cuanto a los informes del Sr. Hudghton y del Sr. Stevenson, quiero decir que apoyo lo que ha salido de la Comisión de Pesca, que es nuestra comisión especializada y competente. Lo que ya luego venga por la política en el Pleno ya es otra cuestión.
Apoyamos el informe del Sr. Hudghton. Quiero simplemente decir que en el tema de los Comités regionales consultivos estoy de acuerdo con él, que son consultivos. Hay que escuchar a las regiones, hay que escuchar a los sectores. Lo hemos dicho en este Parlamento y se ha dicho en el Consejo, pero, evidentemente, la última palabra después la tendrán el Parlamento y el Consejo, porque son preceptivas las consultas, pero hay una política común y unos órganos comunes europeos que deben de tomar esas decisiones tras escuchar a los sectores en todas las regiones.
En cuanto al informe Stevenson, dos principios fundamentales: primero, conservación de los recursos; segundo, igualdad de los Estados miembros. Son dos principios que la Comisión tiene que asumir. Somos escrupulosamente respetuosos con las medidas de conservación. Queremos una auténtica política pesquera sostenible, una pesca responsable, con todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de pescar. Si hay zonas en donde hay reproducciones, de alevines y juveniles y no hay que pescar, no pesca nadie. Y es la manera de tener unas paradas biológicas sanas. Esto debe quedar absolutamente claro. Por lo tanto, esas zonas sensibles deben ser sensibles. Pero esto hay que conjugarlo con el segundo principio que es la necesidad del principio comunitario de no discriminación de ningún Estado por razón de nacionalidad y por lo tanto todas estas medidas de conservación deben de tomarse afectando a todos, no beneficiando a unos y persiguiendo a otros; eso sería una medida anticomunitaria y acabaría en los tribunales, en este caso, en el Tribunal de Justicia. 
Espero que no sea necesario para que los Estados miembros, que efectivamente han agotado su periodo transitorio de 17 años -el periodo transitorio más largo de la historia de la Unión Europea-, que han visto durante esos 17 años restringidos sus propios derechos, puedan ahora acceder en igualdad de condiciones. Por lo tanto las medidas de conservación tienen que afectar a todos. Hay medidas, y el Comisario lo sabe, que consisten en limitar los TAC, los días de pesca, la capacidad de las flotas, todas ellas medidas técnicas selectivas. Hay muchas medidas, pero, evidentemente, tienen que aplicarse en igualdad para todos.
Es discriminatorio porque el periodo, señor Comisario, que se quiere tomar como referencia es el de los años 1998-2002, años en los que había dos Estados -España y Portugal- que tenían restringidos o limitados sus derechos. Por lo tanto no están en igualdad de condiciones si se toma como referencia ese periodo.
Estamos en contra, lógicamente, de las enmiendas que presentarán mañana el Grupo UEN y el Grupo Verts/ALE, porque creemos que hay otras maneras de conservar los recursos sin discriminar a ciertos Estados. 
Por último, señor Comisario, quiero pedirle que nos aclare si nosotros aquí estamos discutiendo la primera propuesta que usted hizo o estamos discutiendo la propuesta que está ya en el Consejo y sobre la que hay un acuerdo, como algún diputado ha dicho. Si es así, le pido que este Parlamento vuelva a ser consultado y si no es así, emplearemos todos los derechos que tiene esta Cámara para que pueda serlo. 
En cualquier caso, las decisiones políticas que se adopten en esta Cámara habrá que respetarlas, pero, insisto, lo que se ha debatido hoy aquí ha sido un rifirrafe de intereses nacionales, desgraciadamente para la pesca, y no es lo que a mí, como diputado europeo, me hubiera gustado. Y falta el protagonismo de la Comisión que debe ejercer un papel de conservación de los recursos en las zonas sensibles de Europa que afecte por igual a todos y cada uno de los Estados miembros.

Stihler (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero adherirme a lo que ya se ha dicho sobre el concepto de los consejos consultivos regionales. Son esenciales para permitir un diálogo con todos los sectores interesados. Sin embargo, quisiera concentrarme en lo que ahora se denomina «informe Stevenson».
Quiero dar las gracias al Sr. Ó Neachtain por su trabajo en lo que originariamente era su informe. Lamento que haya tenido que eliminar su nombre del informe, pero también entiendo que no tenía ninguna otra opción.
La propuesta del Consejo pretende poner en práctica un nuevo régimen para el esfuerzo pesquero en las aguas del Atlántico y un sistema de gestión del esfuerzo pesquero, en relación con determinadas áreas y determinados recursos pesqueros de la Comunidad. Sin embargo, por una parte parece que la propuesta intenta conseguir un instrumento de gestión que asegure que no aumente el esfuerzo pesquero pero, por otra parte, el tema del acceso de los barcos españoles al llamado box irlandés es un tema realmente preocupante.
Todo el asunto se basa en la cuestión del acceso al box irlandés, una zona de 50 millas alrededor de la costa irlandesa. Esta zona es un importante lugar de desove, rica en peces juveniles. Es una zona biológicamente sensible que merece protección. Por lo tanto, es esencial que la UE restrinja el esfuerzo pesquero en el box irlandés para que las generaciones futuras puedan disfrutar de una pesca sostenible.
El box irlandés fue reconocido especialmente como un área de sensibilidad biológica. Sin embargo, este informe, tal como está ahora, en vez de aplicar la política de desarrollo sostenible, permitiría una explotación excesiva de esta zona tan delicada. Como dicen los informes del Irish Examiner, los pescadores están muy preocupados porque las reservas de peces se verán diezmadas cuando la flota española obtenga un acceso ilimitado al box irlandés. Incluso el Ministro de Marina irlandés expresó su frustración por no poder conseguir que la Comisión Europea expresara su opinión sobre la situación legal del box irlandés. Entiendo que ahora ha habido una cierta comunicación en este tema, y que hay un intento de compromiso sobre la mesa, aunque el Ministro irlandés y el español están diametralmente opuestos.
Yo también comparto la preocupación de mis colegas irlandeses por el hecho de que, como ha dicho el Sr. Ó Neachtain en el Irish Examiner, dentro de nada podamos llegar a ver estas aguas completamente agotadas. Por lo tanto, quisiera pedir a mis colegas que reconozcan la importancia del box en zonas científicamente sensibles. Entiendo que este tema no es meramente una cuestión que enfrente al norte con el sur. Mis colegas de Portugal también valoran la sensibilidad de los boxes, sobre todo en lo que se refiere a las Azores. Si queremos ser serios en la política pesquera común, creo que los boxes son una herramienta de gestión importante en el reconocimiento de las aguas biológicamente sensibles. No se trata de una discriminación. Nada más lejos de la realidad. Se trata de asegurar una pesca sostenible para las generaciones futuras.
Espero que mis colegas voten a favor de las enmiendas presentadas, especialmente la enmienda 20, y se aseguren de que la opinión que tenía el Sr. Ó Neachtain quede reflejada en este informe.
Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, el compromiso con la sostenibilidad nos obliga a nosotros también a mostrar nuestro pleno apoyo a las enmiendas 20 a 30 del informe Stevenson. Debemos garantizar la protección adecuada para una zona delicada de reproducción de juveniles y de desove como es el box irlandés. La sostenibilidad también exige el uso de medidas técnicas como las que aparecen en el informe Hudghton, pero estas medidas son más eficaces cuando reciben el pleno apoyo de quienes trabajan en la pesca. En realidad, los pescadores pueden llegar a ser pioneros en este sentido, como ha ocurrido en Escocia con el grupo de trabajo sobre las mallas cuadradas. Por lo tanto, apoyamos sin reservas la implicación de los consejos consultivos regionales en las decisiones sobre medidas técnicas y esperamos la pronta creación de estos consejos.
Finalmente, en relación con el informe Fava y la sostenibilidad del sector de la pesca, el desmantelamiento podría ser bueno para los recursos marinos, pero si las flotas se reducen demasiado, el sector pesquero no podrá sobrevivir. Incluso con un grado de reducción moderado, los efectos en las comunidades son graves. Se requiere ayuda urgente. Hoy mismo hemos escuchado que la Comisión ha declarado que lo que parece ser un acuerdo eminentemente sensible en Escocia referente a las cuotas no es compatible con las normas del mercado común.
¿Cuántos golpes más se supone que nuestras comunidades pesqueras deben recibir antes de que se pierda finalmente la fe en el proyecto europeo? Cuando vemos lo que les está ocurriendo, incluso los que más comprometidos estamos empezamos a tener nuestras dudas. Por favor, actuemos a favor de la sostenibilidad de los recursos y de la industria, y pensando en las comunidades. Si no, quizás será demasiado tarde a todos los efectos.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, los tres informes tienen un denominador común. Por motivos distintos, ninguno de ellos es optimista respecto a las propuestas de la Comisión para el sector pesquero. En general, las propuestas de la Comisión conservan el estilo tradicional de ignorar los beneficios que se obtienen a partir de los conocimientos y la experiencia de los pescadores. Por ello, la confianza en la capacidad de la Comisión para gestionar una política de pesca efectiva de la Comunidad está en sus mínimos.
El Sr. Fava decía que la Comisión reconoce que las medidas para las ayudas a favor de las pesquerías pequeñas no han dado resultado, y que no se prevé ninguna acción inmediata para protegerlas, a pesar de que estas pesquerías pequeñas emplean al 44% de todos los pescadores de la Unión Europea.
En cierto modo se ha ignorado a los consejos consultivos originales que se preveían en el Libro Verde de la política común de pesca, cuando la necesidad de estos consejos consultivos regionales es más urgente que nunca, como un planteamiento distinto del de la política gubernamental de los Estados miembros. En este sentido, permítanme exponer un ejemplo reciente. Esta semana toda la flota del Golfo de Vizcaya ha permanecido en el puerto debido a la importante merma de las posibilidades de pesca globales debidas a la contaminación causada por el naufragio del Prestige. Las autoridades españolas prometieron un informe científico sobre las consecuencias del naufragio del Prestige. Hasta la fecha no se ha elaborado ningún estudio directo, ni científico ni biológico, de las zonas de pesca. Las autoridades españolas dicen, y cito: «que no se puede establecer una relación causal entre el vertido del 'Prestige' y la escasez de capturas».
Resulta un tanto desalentador y lamentable que la Comisión ignore en sus propuestas lo que dijo el Comisario Fischler en Londres cuando se dirigía a los pescadores, a saber, «que se conviertan en auténticos protagonistas del proceso de gestión de pesca». Un mensaje excelente, por cierto.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, nos encontramos ante un debate bastante difícil, que hay que encarar con espíritu democrático, pero que es delicado para todas las partes. Naturalmente, hay que respetar los principios de sostenibilidad de la explotación de los recursos del mar, sobre la base de criterios científicos -todos estamos de acuerdo en eso-, pero también hay que aplicar el principio de no discriminación, aunque debidamente completado con el principio, también importante, de la estabilidad relativa.
Quisiera dar las gracias a los diputados que, junto con la Sra. Ilda Figueiredo, votaron a favor de mi enmienda sobre el acceso a las aguas en la región de las Azores. De hecho, como ya se indicó aquí, se trata de una situación muy delicada, con un equilibrio biológico muy difícil, y hay que tener muchísimo cuidado con el acceso a esas aguas dado que el pescado está concentrado en una pequeñísima parte de las mismas, en las aguas más lejanas del mar.
En segundo lugar, quisiera apoyar también la intención de la Comisión, expresada en esta propuesta de informe, de mantener el régimen específico para el acceso a las aguas entre Portugal y España, que por lo demás se decidió en 1995 de común acuerdo entre los dos países, y contó con el apoyo de la Comisión y del Consejo. Esperamos que ese régimen pueda mantenerse, pues constituye la mejor forma de preservar una pesca responsable y un clima de paz en la comunidad piscatoria entre los dos países.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, estimado presidente de la Comisión de Pesca y querido amigo Struan Stevenson, Señorías, les dirijo la palabra en un momento que es especialmente difícil para la región autónoma de las Azores, como ya se ha dicho aquí. Pero lo es también para todos aquellos que creen en el desarrollo sostenible y en la necesidad de invertir la lógica de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y de la exterminación de las especies, que está conduciendo a nuestros océanos, y con ello a las comunidades piscatorias, a la catástrofe.
La propuesta inicial de la Comisión para las aguas occidentales, así como el informe Stevenson, van en el sentido de seguir reforzando la legislación existente para la protección de los recursos de las aguas occidentales portuguesas. No obstante, como enorme sorpresa nuestra -como ya ha indicado aquí nuestra colega, la Sra. Figueiredo- acabamos de comprobar que el Consejo se dispone a desmantelar toda la protección existente. La actual posición del Consejo es una invitación al saqueo y a la devastación en las aguas occidentales, pisotea los informes científicos que concluyen la necesidad urgente de restringir, en vez de ampliar, el acceso a las aguas, ignora las posiciones y los intereses de las comunidades piscatorias y conducirá inevitablemente, de ser aprobada, a una catástrofe sin precedentes.
Señor Comisario, me gustaría recordarle la respuesta que me dio a la pregunta parlamentaria sobre la validez de los reglamentos actuales. Respondió entonces el Comisario, a la pregunta n° 26: «La Comisión tiene una idea clara de la validez de los Reglamentos 685 y 2027. Mientras no sean modificadas o revocadas por el legislador comunitario, las normas establecidas por los reglamentos seguirán siendo aplicables». ¡Es lo contrario de lo que acaba de decir aquí! ¡No consigo entender cómo puede cambiar totalmente de opinión en solo tres meses! Y también me gustaría aclarar lo siguiente: las normas de adhesión de Portugal y España a las Comunidades concluyeron en 1995. ¡No nos encontramos en ningún período transitorio! ¡Se aprobó una nueva reglamentación en 1995 válida a partir de dicho período, con el acuerdo de todos! Y es lo que ahora se quiere dinamitar, se quiere poner en entredicho para devastar las aguas portuguesas. ¡Es absolutamente inadmisible! Y me gustaría concluir diciendo que la igualdad entre quienes son completamente diferentes es un embuste, ¡no es ninguna igualdad! Nosotros queremos igualdad entre lo que es igual, no queremos una supuesta igualdad que solo sirve de pretexto a una política de destrucción de nuestros recursos. Por esto mismo quería apoyar al ponente y hacer a todos un llamamiento para que votemos mañana a favor de la enmienda 20 de este informe.
Lisi (PPE-DE).
Señor Presidente, me detendré en el informe Fava y después haré una breve observación sobre este debate tan sugerente del box irlandés.
Señor Comisario, quisiera pedirle, si es posible, algunas aclaraciones sobre el informe del Sr. Fava, dado que usted ha declarado que está de acuerdo en esencia con las propuestas en él contenidas. En el informe del Sr. Fava -que mañana apoyaremos- se resalta que los datos en los que ustedes se han basado no están actualizados y, por tanto, no son especialmente fiables: los 12.000 puestos de trabajo que, según las previsiones, se perderán están subestimados; la reconversión laboral que se prevé es casi imposible dado el nivel de escolaridad de las personas afectadas. Todo esto lo ha dicho también hoy el Sr. Fava, y sin embargo usted dice que está esencialmente de acuerdo. No consigo comprender este juicio suyo favorable sobre el informe respecto de las propuestas avanzadas.
Después, la Comisión de Presupuestos indica que no hay dinero y que los vínculos son tales que hay que excluir recursos adicionales. Si usted consigue con su imaginación idear algo, nos alegraremos de verdad. Yo propondría -y tengo curiosidad por conocer su opinión- dadas estas dificultades de presupuesto, devolver alguna responsabilidad a los Estados miembros -esto es lo que pediremos en otro informe- por ejemplo permitiéndoles aplicar, también a la pesca, la norma de minimis, que usted conoce bien dado que se trata de una norma que se aplica en la agricultura.
En cuanto al otro tema debatido, confieso que estoy un poco desilusionado del debate. Los tonos excesivamente nacionalistas me llevan a creer de verdad que la política pesquera común ha dejado de tener sentido. Si se habla de mar portugués, de mar irlandés, de mar español, está claro que los márgenes de discusión se reducen. En estos momentos de dificultad real -piénsese en las serias cuestiones que acosan a los pescadores y sus familias- el único punto seguro es el Derecho. Respetando el Derecho, se podrán conciliar la sostenibilidad medioambiental con los derechos, los tratados y los acuerdos, única garantía para no deslizarse hacia políticas nacionales y seguir aplicando una política común en este sector.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a referirme, casi exclusivamente, al mantenimiento del box irlandés, pues constituye el polo de opinión entre partes claramente definidas; a pesar de ello, la Comisión de Pesca del Parlamento había logrado adoptar un informe que entiendo conjuga claramente los intereses de unos y otros ya que, por una parte, recoge la preocupación de una mayoría por proteger las zonas sensibles frente a una pesca irresponsable, y por otra sostiene la necesidad de eliminar toda discriminación infringida a las flotas comunitarias de cualquier Estado miembro que sean.
El mantenimiento del box irlandés no se justifica desde el punto de vista científico ni tampoco desde el punto de vista jurídico; constituye una concesión política realizada a un país, hace 18 años, para hacer posible el acuerdo sobre la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. 
La limitación de acceso a una zona pesquera no puede prolongarse indefinidamente, sobre todo si afecta a una flota concreta. Varias sentencias señalan claramente que las reglas relativas a la igualdad de trato inscritas en la legislación comunitaria, no solo prohíben las discriminaciones explícitas por razones de nacionalidad, sino que también impiden toda forma disimulada de discriminación mediante la aplicación de criterios de diferenciación que obtengan en la práctica el mismo efecto.
El período transitorio de adhesión de España a la Unión Europea acabó en diciembre de 2002, y a partir de enero de este año ya tenían que haber desaparecido todas las restricciones. 
Desde un punto de vista científico, cualquier medida de conservación de los recursos está justificada, siempre que no sea discriminatoria. En el caso del box irlandés, las medidas que propugnan algunos van incluso más allá de las iniciativas emprendidas recientemente para proteger los recursos de bacalao, especie cuyo estado no puede compararse con la situación en que se encuentran el rape, la merluza o el gallo del box irlandés.
En el Acta de adhesión de España y Portugal a la Unión Europea queda explícita la decisión de eliminar toda restricción de acceso a las aguas comunitarias en diciembre de 2002; jurídicamente, razones de jerarquía normativa que todos, desde el experto jurista al profano en derecho, entienden, explican que los Reglamentos del 94 y 95 no puedan reemplazar el Acta de Adhesión.
Todas las zonas pesqueras que sean consideradas sensibles deben ser, sin excepción, protegidas y tratadas con las mismas pautas a través de medidas técnicas, a través de cierres incluso, pero sin discriminaciones. Quienes votemos mañana contra la enmienda 20, queremos, señor Presidente, la sostenibilidad de los recursos pesqueros, pero también la igualdad para todos los países, la no discriminación de ninguno y apostamos por Europa.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, hablaré solo sobre el informe Stevenson. No tengo ninguna dificultad con los otros dos.
El Comisario obliga a los bancos de nuestro país a resolver su problema de exceso de tonelaje en las aguas de la UE llevando a la quiebra a la flota pesquera irlandesa. Sí, lo conseguirá, pero yo me pregunto seriamente si en esta fase este es el método que siquiera deberíamos contemplar.
Si reducimos el esfuerzo pesquero hasta el punto de que los pescadores no puedan hacer frente a sus pagos legítimos de devolución, no habrá futuro para ellos. Sí, seguramente usted conseguirá su objetivo, pero ¿a qué coste para esta industria tan importante?
Vuelvo al tema del box irlandés. Sí, señor Comisario, no hay necesidad de evocar la imagen del regreso de la Armada española. Mientras hablamos, hay 40 barcos factoría españoles en el box irlandés. En estos momentos les está permitido faenar allí. El tema que debatimos es si habría que permitir la entrada a otros 120 en esta zona biológicamente muy sensible, no solo los 40 que están allí, sino tres o cuatro veces más. No se trata de una discriminación contra la flota española. Ya están allí, igual que los franceses, los belgas y los irlandeses. Pero la cifra actual de barcos españoles en el box irlandés absorbe más peces que la totalidad del esfuerzo pesquero irlandés. Hay algo que no funciona en un sistema que permite esto en las aguas costeras de Irlanda. ¿No son nuestras aguas en este sentido? Acepto que el propio nombre de «box irlandés» es emotivo, pero es un tema en el que debemos ser justos.
Si basamos nuestra discusión y nuestro debate en el asesoramiento de nuestros científicos, en el ICES y en otros que insisten en que debemos restringir el esfuerzo pesquero en esta zona para su conservación, en esta zona de reproducción de juveniles y de desove, si seguimos esta línea debemos ser absolutamente coherentes y ser restrictivos para todos. No puede decir a los franceses, a los belgas y a los irlandeses «¡no, debéis restringir vuestro esfuerzo!», y al mismo tiempo decir a los españoles «podéis cuadruplicar vuestro esfuerzo». No sería justo. Y no se trata de ninguna discriminación contra los españoles. Si seguimos el argumento científico, respetemos cierto rigor científico y seamos coherentes y justos con todos.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero darles las gracias por todas las contribuciones al debate. He escuchado atentamente sus argumentos y ahora me gustaría pronunciarme sobre las distintas enmiendas. 
Empezaré con el informe Hudghton. En las enmiendas 1 y 3, usted menciona una serie de errores en las referencias que aparecen en nuestra propuesta. Le agradezco esta observación y, por supuesto, corregiremos estos errores. En relación con la enmienda 2 preferimos recoger las disposiciones sobre el empleo de combinaciones de redes de arrastre con distintos tamaños de malla en un Reglamento de la Comisión, pues de esta manera se abren mayores posibilidades de debate y de obtener el asesoramiento técnico de los expertos de los Estados miembros. La enmienda 4 se refiere a la pesca industrial, en la que resulta inevitable que se produzcan capturas accesorias de peces de tamaño inferior y de otras especies. Eso es cierto. Pero me gustaría recordar a este respecto que en este tipo de pesca las capturas accesorias solo pueden llegar como máximo al 5%, y los controles, realizados sobre todo por la CIEM, han demostrado que, en la práctica las capturas accesorias se sitúan por debajo de dicho porcentaje. 
Considero superfluas en este momento las enmiendas 5, 8 y 10, relativas a los consejos consultivos regionales, como ya he indicado. En el nuevo Reglamento marco ya se prevé que consultaremos a estos consejos regionales cuando una propuesta contenga un aspecto regional.
Las enmiendas 6 y 7 resultan superfluas, pues su contenido ya figura en el nuevo Reglamento marco sobre la Política Pesquera Común. Puedo suscribir la enmienda 9 en la medida en que acepto incluir la referencia al nuevo Reglamento marco. 
Por último me gustaría dejar clara una cosa, ya que el Sr. Varela Suanzes-Carpegna me ha preguntado si estoy hablando de la primera o de la segunda propuesta de la Comisión. No hay más que una sola propuesta de la Comisión. Y además tenemos el informe sobre la propuesta y mi declaración. A lo que quizá se refiere usted es a un documento oficioso presentado por la Presidencia griega para el debate, pero que no es una propuesta de la Comisión. 
Ahora paso al informe Stevenson. Las propuestas se refieren a las aguas occidentales. Con mucho gusto acepto las enmiendas 2 a 5, pues coinciden plenamente con los objetivos de nuestra propuesta. En cambio, no puedo aceptar la enmienda 6, ya que suprimiría el considerando que representa el concepto básico del régimen que proponemos, a saber, garantizar que no aumente el esfuerzo pesquero en las aguas occidentales y que la actividad pesquera efectiva realizada hasta ahora se base en el cálculo del esfuerzo pesquero. Puedo aceptar en principio la enmienda 10, si bien el pasaje correcto para este texto deberían ser los considerandos y no la parte dispositiva del Reglamento. Considero que la enmienda 17 no resulta necesaria, pues ya garantizamos la vigilancia del esfuerzo pesquero mediante otras disposiciones de la propuesta de Reglamento. La inclusión de una cláusula de revisión, sin embargo, resulta aceptable, por ello suscribo la enmienda 19. Desgraciadamente no puedo aceptar las enmiendas 20 a 29. Desde aquí me gustaría decir claramente que el box irlandés es cosa del pasado. No hay marcha atrás en este tema. El libre acceso a las aguas situadas fuera de la zona de 12 millas es un principio fundamental de la Política Pesquera Común. Y solo puede limitarse si así lo justifican las medidas destinadas a la conservación de las poblaciones. En tal caso, dichas limitaciones deberán aplicarse sin discriminaciones y en igual medida a todos los Estados miembros. 
La enmienda 30 se refiere a la estabilidad relativa. El Reglamento marco de la Política Pesquera Común ya consagra este principio, por lo que no es necesario volver a abordarlo. Por lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas, puedo aceptar las enmiendas 8 y 13 en la medida en que deberíamos limitar el acceso a especies distintas del atún y especies conexas a fin de proteger mejor los intereses de los pescadores de dichas regiones. Sin embargo, ello no debe aplicarse forzosamente a toda la zona de 200 millas. Esta cuestión aún debe examinarse más de cerca. 
En relación con las poblaciones pelágicas, me veo obligado, desgraciadamente, a no aceptar las enmiendas 11, 12, 14, 15, 16 y 18. Si las migraciones de poblaciones entre las distintas divisiones y subdivisiones de la CIEM dieran lugar a problemas de orden práctico, se podría aplicar a estas regiones, en lugar de las subdivisiones correspondientes, el máximo esfuerzo pesquero autorizado, sin ampliar las dificultades a varias subdivisiones o a todas las aguas occidentales. Sin embargo, no podemos resolver esos problemas potenciales excluyendo a todas las especies pelágicas de la normativa. 
En cambio, acepto con mucho gusto su enmienda 1 referente a la adaptación de las referencias del texto al nuevo Reglamento marco sobre la Política Pesquera Común. Otro tanto puedo hacer con la enmienda 7, que hace referencia a las investigaciones científicas, y con la enmienda 9 sobre el control por satélite. 
De este modo llego al Informe Fava sobre nuestro plan de acción social. En relación con el apartado 11 de la Resolución sobre la inclusión de cuestiones relacionadas con la protección de la salud, el fomento del empleo y la seguridad en el trabajo, quiero señalar que estos objetivos ya han sido tenidos en cuenta en el marco de la Política Pesquera Común. Acepto el apartado 5 de su Resolución en la medida en que siempre podremos actualizar el plan de acción cuando los Estados miembros nos faciliten información sobre las consecuencias socioeconómicas de cada plan de recuperación de poblaciones o de cada futuro plan plurianual de explotación. Ya hemos aceptado el apartado 13 relativo a la consulta a los Estados miembros y al sector. Por lo que hace a los apartado 7, 8 y 9, me gustaría comunicarle que en el Consejo de Pesca del 26 de mayo recordé a los Estados miembros que deben transmitir a la Comisión a más tardar el 15 de junio de este año datos precisos sobre las necesidades complementarias de recursos para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del plan de recuperación de las poblaciones de bacalao. Hasta ahora tan solo el Reino Unido ha presentado datos precisos, pero también ha señalado que pretende cubrir las necesidades financieras adicionales con fondos nacionales. En cambio, los demás Estados miembros no han facilitado hasta ahora ningún dato.
Asimismo pedí a los Estados miembros que nos comunicaran si deseaban revisar su planificación original y la forma en que pretendían hacerlo, a fin de reforzar las medidas de ayuda socioeconómica. Sin esta información de los Estados miembros, todos -tanto la Comisión como el Parlamento- tendremos problemas para cumplir la Resolución del Parlamento Europeo de este año. Tampoco pudimos convencer a la autoridad presupuestaria que facilitara hasta 150 millones de euros en recursos complementarios en el marco del instrumento de flexibilidad, para atenuar la crisis que sufre el sector del pescado blanco, si no se producen las demandas correspondientes de los Estados miembros.

Hudghton (Verts/ALE)
Señor Presidente, quisiera pedir una aclaración a las observaciones del Sr. Comisario en relación con los consejos consultivos regionales. En su anterior intervención dijo que los consejos consultivos regionales se habían creado en el Reglamento básico, que podían ser consultados, pero que no había ninguna obligación general y, en realidad, existen obstáculos legales para ello. Ahora ha dicho que se consultará a los consejos consultivos regionales cuando en una propuesta exista un aspecto regional.
En general, ¿quién va a decidir cuándo y cómo se consultarán los consejos consultivos regionales? En particular, ¿está de acuerdo en que las medidas técnicas, si han de ser significativas, deben hacerse a medida de cada región, y que por lo tanto existe un aspecto regional? Por lo tanto, ¿se consultará a los consejos consultivos regionales sobre este informe de medidas técnicas, o no?

Casaca (PSE).
Muchas gracias, señor Presidente, pero creo que el Comisario tiene que decirnos cuál es la verdad: si lo que afirmó en la respuesta en la pregunta n° 26 -que dice que los reglamentos están en vigor-, o lo que acaba de afirmar hace poco, o sea que los reglamentos ya no están en vigor. El Comisario no puede dejar de aclarar la situación y decir cuál es la verdad, si su afirmación anterior, o lo que acaba de afirmar ahora mismo.

Fischler
Señor Presidente, antes que nada me gustaría contestar a la pregunta del Sr. Hudghton acerca de los consejos consultivos. La cuestión de si es sensato y necesario, o si se considera necesario consultar a dicho consejo se desprende de la situación dada. Lo que he querido subrayar es que en el Reglamento de base se prevé la opción de consultar a los consejos consultivos, y por ello no es posible hacer obligatoria esta consulta en una normativa subordinada. Pero puedo asegurarle solemnemente, en nombre de la Comisión, que siempre consultaremos al consejo consultivo competente, si existe, cuando haya un aspecto regional en una propuesta sobre una región marítima. Nosotros mismos estamos interesados en obtener el mayor número de informaciones claras y detalladas sobre la utilización efectiva de las medidas técnicas.
Y respecto a los comentarios del Sr. Casaca, le diré que por supuesto sigue siendo válido lo que se contestó a su pregunta. Sin embargo, ha de tener en cuenta una cosa: usted ha dicho que la disposición del Tratado de Adhesión continúa vigente de forma automática. Posiblemente se trate de un error de traducción, pues esto no puede ser correcto, porque, como es sabido, la disposición del Tratado de Adhesión ha expirado. Y ahora la situación, para ser precisos, es esta: en opinión del Servicio Jurídico de la Comisión la base jurídica ha expirado, pero se requiere un acto legislativo para abolir la disposición correspondiente del Reglamento, pues esta no se extingue por sí sola. Por otra parte, el Servicio de Jurídico del Consejo ha elaborado un dictamen jurídico en el que se dice que la disposición del Reglamento pierde automáticamente su vigencia debido a la pérdida de su base jurídica. Aquí tenemos dos opiniones jurídicas distintas. Como es lógico, en mi respuesta le expuse la opinión de la Comisión.

El Presidente.
 Gracias, señora Comisaria.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas.

Krarup y Schröder, Ilka (GUE/NGL)
. (EN) Apoyamos la propuesta del ponente de rechazar la iniciativa. Ahora bien, lo hacemos por razones muy diferentes.
Creemos que las expulsiones y deportaciones de los Estados miembros son reprochables. No tienen en cuenta las razones de fondo que obligan a las personas a huir de sus países y suponen, en muchos casos, devolverlas a países donde el asesinato, la tortura y el trato inhumano no son solo una amenaza, sino una amarga realidad. No es tampoco ningún secreto que, una y otra vez, los deportados mueren debido a la actuación de las fuerzas de seguridad. Las expulsiones y deportaciones de los Estados miembros suelen ser crueles, inhumanas e injustas. 
Aparte de eso, los procedimientos de asilo en la UE suelen ser claramente injustos y arbitrarios y conducen a grandes diferencias en los porcentajes de reconocimiento entre los Estados miembros.
Ante una situación así y mientras continúe la miseria generalizada de la explotación capitalista, las guerras y los conflictos violentos y la violación de los derechos humanos, nadie debería ser deportado de Europa, ni debería existir ningún sistema de reconocimiento mutuo de las órdenes de deportación. 
En vista de ello, pedimos que se ponga fin a todas las deportaciones, que se libere de inmediato a todas las personas detenidas y pendientes de deportación y que se les conceda el derecho permanente de residencia a todos los inmigrantes indocumentados.
