Problema informático del año 2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0014/99) del Sr. A.J. Donnelly, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el problema informático del efecto 2000 (COM(98)0102 - C4-0233/98).

Donnelly, Alan
Señor Presidente, este es un asunto de la máxima importancia para la comunidad empresarial y para los ciudadanos de la Unión Europea. Los ciudadanos particulares son propietarios de muchos productos. Viajan en diferentes medios de transporte. Utilizan los servicios públicos. Todo ello se verá afectado por el problema informático relacionado con el año 2000. A pesar de que hace algunos meses eran muchos los que creían que se trataba únicamente de un problema de las empresas informáticas, ahora ha quedado perfectamente claro que el problema del milenio afectará a todos los ciudadanos en cada uno de los aspectos de sus vidas. Lo más importante que debe hacer la Unión Europea en el transcurso de este año es asegurarse de que todos los grupos sociales y cada uno de los integrantes de la comunidad empresarial son plenamente conscientes de las complicaciones que podría traer consigo el problema del milenio.
Me preocupa menos el modo en que las grandes multinacionales se preparan para resolver este asunto. Es evidente que las grandes multinacionales pueden permitirse y probablemente disponen de expertos que trabajan en este asunto desde hace años. Pero sabemos que en la Unión Europea existen aproximadamente 18 millones de pequeñas empresas. ¿Cuántas de ellas han detectado si pueden tener problemas o no después del 1 de enero del 2000, como consecuencia de los sistemas que manejan estas pequeñas empresas?
En algunos países -el mío incluido- se ha asignado a varios miles de expertos la misión de ayudar a la comunidad de pequeñas empresas a identificar si alguna de ellas se verá afectada. Pero a nivel de la Unión Europea, habida cuenta de la importancia que las PYME tienen para al UE, debemos garantizar que se ejerce toda la presión posible sobre los Estados miembros para que proporcionen el mismo servicio en los 15 países. Agradecería mucho al Comisario que nos explicara esta mañana si existe un programa de seguimiento para determinar si los 15 Estados miembros proporcionan asesoramiento experto a las PYME sobre los efectos que el problema del milenio podría tener para ellas.
En lo relativo a los servicios públicos -electricidad, gas, agua, etcétera- es fundamental que también gestionen su funcionamiento de cara al problema del milenio. Para los ciudadanos de la Unión Europea sería desastroso si, a causa de una preparación inadecuada, el sector público y los servicios públicos descubren que tienen problemas el 1 de enero del 2000. ¿Qué medidas se están tomando a nivel de la Unión Europea para encontrar una respuesta coordinada y garantizar que se facilita la información adecuada a los servicios públicos en este ámbito?
En lo que respecta a la legislación comunitaria, existe un cuerpo legislativo que trata sobre las responsabilidades por servicios defectuosos, la seguridad de los productos y demás leyes sobre responsabilidad civil. Lo que no tengo claro es si aplicaremos dichas directivas sobre responsabilidad por los productos a los problemas que puedan surgir en relación con el problema informático del milenio. En los Estados Unidos, por ejemplo, se plantean no aplicar la legislación sobre responsabilidad civil de manera que las empresas no se vean afectadas por el fallo de sus productos o servicios. ¿Podrán los ciudadanos europeos apelar a la legislación de la Unión Europea relativa a la responsabilidad por los productos o a la responsabilidad por servicios defectuosos en el supuesto de que las mercancías o los servicios no funcionen como resultado del problema del milenio? Es una cuestión sobre la que la población de la Unión Europea quiere respuestas. ¿Se puede recurrir a la ley si se descubre que existen problemas?
Hay dos últimas cuestiones que quisiera tratar. ¿Qué medidas preventivas están adoptando los Estados miembros y qué iniciativas colectivas se están realizando en la Unión Europea en el caso de que -Dios no lo quiera- surja un problema grave relacionado con una empresa importante en la UE? ¿Qué medidas están adoptando las autoridades civiles para hacer frente a un posible desastre en alguna parte de la UE? Por ejemplo, ¿están tratando los Ministros de Interior sobre la necesidad o no de un plan de emergencia para el 1 de enero del 2000? Habrá quien afirme que se trata de Casandra que intenta presentar una imagen muy pesimista, pero lo cierto es que no sabemos si a la vuelta de la esquina nos esperan algunos problemas potencialmente muy desastrosos.
Por último, en lo relativo a nuestras relaciones exteriores. Alrededor de nuestras fronteras mantenemos relaciones con los países de la Europa oriental y de la antigua Unión Soviética. Dichos países cuentan con amplias instalaciones nucleares que, como todos sabemos, ya se encuentran en un estado de deterioro muy grave. ¿Qué medidas está adoptando la Unión Europea para proteger a dichas instalaciones nucleares y a otras instalaciones importantes próximas a nuestras fronteras contra un posible desastre debido a la falta de preparación de dichos países? Es un problema que no solo afecta a la Unión Europea, sino que podría tener serias repercusiones, en particular, en sectores muy delicados como el sector de la energía, a menos que se tomen las precauciones necesarias.
Se trata de algo que para nosotros tiene una importancia crucial. No son sólo los aficionados a la informática quienes deban preocuparse. Cada ciudadano debe reconocer el peligro que supone para su propio medio de vida y los riesgos que encierra para nuestra sociedad. La Comisión y el Parlamento deben dejar perfectamente claro que no se escatimarán esfuerzos este año para garantizar que se toman todas las medidas posibles para velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, garantizar los derechos legales de nuestros ciudadanos y asegurar las perspectivas de nuestra comunidad empresarial, junto con la seguridad de nuestros países vecinos en estos momentos críticos, como resultado de los cambios tecnológicos.

Hendrick
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a mi buen amigo y colega Sr. Donnelly por el excelente informe que abarca casi todos los aspectos conflictivos relativos al problema del milenio. El presente informe no es prematuro; los rumores de que estaba en el orden del día del período parcial de sesiones de diciembre son infundados.
En mi país se calcula que los problemas del milenio podrían suponer unos costes de hasta el 2 % del PIB. Habida cuenta de que el crecimiento en muchos países se estima en tan sólo el 2 %, se trata de una situación muy preocupante y no deben escatimarse esfuerzos para intentar minimizar las repercusiones del problema, en particular, en lo que respecta a los servicios públicos, las empresas, el transporte, los problemas internos y, como ha mencionado el Sr. Donnelly, la amenaza para la seguridad. Lo más preocupante de todo es la seguridad nuclear y sabemos que existen problemas en la Europa central y oriental y, posiblemente, en otros países.
Quisiera referirme a tres ámbitos que son motivo de preocupación. Éstos son la conciencia pública, la responsabilidad en caso de fallos y, en tercer lugar, el tema que ya hemos tocado, a saber, la seguridad. En términos de elevar la conciencia pública, sé que existen programas en cada uno de los Estados miembros que facilitan información a los consumidores en particular, pero también a las empresas. Quisiera hacer un llamamiento a la Comisión para que se sirva de los Centros Europeos de Información Empresarial para difundir información que garantice que el público y las empresas son conscientes de sus responsabilidades y de los riesgos que supone no prepararse para el año 2000. La sensibilización de las empresas es un problema por los motivos que ya he expuesto y por sus efectos sobre el rendimiento económico. La actitud de esperar a ver qué pasa, que adoptan algunas empresas, es poco satisfactoria. La situación podría ser mucho peor de lo que pueden imaginarse.
Debe protegerse a los consumidores en términos de responsabilidad en caso de que surjan fallos. La actual posición de si se trata o no de un fallo inevitable o imprevisto es inadecuada. Muchas aseguradoras están intentando eludir sus responsabilidades. Los consumidores deben recibir garantías sobre la base de que es razonable que el consumidor espere compensación en función de la antigüedad de un producto determinado.
Por último, el tema de la seguridad. Evidentemente, la industria nuclear es un ámbito de preocupación -y el Sr. Donnelly se ha referido a ello. El transporte es otro. Hay que intentar por todos los medios introducir medidas a prueba de fallos allí donde existan dudas sobre el buen funcionamiento del equipo después del año 2000.
Recomiendo el presente informe a la Asamblea y felicito una vez más al Sr. Donnelly.

Van Velzen
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, mi enhorabuena al Sr. Alan Donnelly por su excelente informe. Creo que ofrece una estupenda respuesta a todos los puntos de esta temática que son de interés para la Unión Europea. El que el informe se haya retrasado no es culpa suya, pero es un hecho que hemos de constatar. Parece como si la Unión Europea estuviera dudando a la hora de aceptar sus responsabilidades en este terreno. En realidad quisiera volver a preguntar al Comisario Bangemann lo siguiente: Con ocasión de una de las reuniones de la EMAC ha dicho: «Pues ese problema del efecto 2000 en realidad no es tan importante. En el año 2000 veremos como todo ha sido una campaña exagerada, sobre todo de los fabricantes de software». Lo que yo quisiera preguntarle es ¿con qué seriedad opina él que hemos de tomar el problema del efecto 2000 en la Unión Europea? Quiero centrarme en cuatro puntos.
El primero trata del problema del encadenamiento. Todo el mundo sabe que el problema informático del efecto 2000 no puede resolverse sólo a nivel local, regional o nacional, sino que, naturalmente, también hemos de verlo en un contexto europeo. Por supuesto, está claro que todas estas cosas están íntimamente ligadas. En la medida en que seamos capaces de inventariar bien y de resolver el problema del encadenamiento de las cosas, tendremos éxito también a la hora de hacerle la zancadilla al problema informático del efecto 2000. Por tanto, desde la perspectiva del mercado único creo que es muy importante que en este terreno la Unión Europea preste especial atención a dicha problemática del encadenamiento de los acontecimientos. Es de sobra conocido el ejemplo de la electricidad. Debido a la completa interconexión de las redes de distribución eléctrica, si en algún lugar de algún país no se es capaz de resolver eficazmente el problema, pueden producirse grandes consecuencias para todos los demás países dentro de la Unión Europea, y también fuera de ella.
El segundo punto afecta a la responsabilidad. Está claro que en varios de los Estados miembros se está intentando plantear desde ya la discusión sobre quién va a ser responsable de cada cosa en el momento en que el problema informático del efecto 2000 empiece a hacer mella realmente. Algunas entidades aseguradoras han reservado dinero, pero resulta que otras no. Quiero preguntarle al Sr. Comisario cómo piensa tratar este fenómeno del mercado único. Porque si resulta que en un Estado miembro de la Unión Europea está correctamente resuelto el problema de la responsabilidad y en otro no y tenemos en cuenta la problemática del encadenamiento, ¿cómo vamos a tratar estas cosas? Opino que como Unión Europea no podemos limitarnos a adoptar una postura pasiva.
El tercer punto trata de la concienciación. Una concienciación del problema informático del efecto 2000 significa que por un lado deben desarrollarse planes y sobre todo que deben hacerse pruebas, y que por otro debe presentarse ante el público qué es lo que se está haciendo y cuáles son sus efectos. Creo que cuanto más claro podamos dejar ante el público que tenemos las cosas bajo control y, sobre todo, que estamos trabajando en ello y que, por supuesto, el problema tiene solución, tanto más aumentará también la confianza de nuestros ciudadanos. Creo que esto es muy importante.
El último punto afecta al sector nuclear. No tenemos visión de conjunto. Por lo tanto, opino que es fundamental que prestemos más atención a este aspecto, ya que provoca especialmente el incremento del miedo entre los ciudadanos. También quiero pedir encarecidamente al Sr. Comisario que aclare con sus colegas miembros de la Comisión qué es lo que vamos a hacer en el Centro y Este de Europa. ¿Qué vamos a hacer con Rusia?, ya que allí tenemos uno de los grandes interrogantes; también ahí hemos de ofrecer una clara información a los ciudadanos.
Por último, señor Presidente, quiero formularle una pregunta a usted. ¿Qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo para asegurarse de que vaya a resistir el problema del efecto 2000? Tal vez nos pueda contestar luego y contarnos qué es lo que está haciendo este Parlamento. Tengo mucha curiosidad.

Boogerd-Quaak
Yo también deseo felicitar al Sr. Donnelly por su excelente informe. Quiero sacar de él un punto que ya ha sido comentado también por oradores anteriores. El 1 de enero del año 2000 muchos ordenadores darán un salto hacia atrás en el tiempo, salvo si son resistentes al problema del 2000. Corremos pues unos grandes riesgos en cuanto a daños económicos, ecológicos y humanitarios. Me resulta especialmente preocupante la situación en Rusia y unos cuantos países de Europa del Este. Debido a la crisis económica que se sufre allí, el problema informático del efecto 2000, que tampoco antes tenía especial prioridad, se ha quedado prácticamente estancado. Ya sé que se dice allí que muchos de sus ordenadores no tienen los problemas que tenemos en Occidente. Pero eso no es tan seguro. Para asegurarme personalmente, hace poco hice una visita de trabajo a la única planta de energía nuclear que tenemos en mi país. Pude comprobar que allí ya se lleva trabajando desde hace más o menos un año en la protección de las instalaciones contra el problema del 2000. Comenté allí la cuestión de los países de Europa del Este y ellos, que son buenos conocedores de la problemática, no están nada tranquilos con lo que está ocurriendo. Por tanto quiero darle las gracias al Sr. Donnelly por haber adoptado mi enmienda sobre este asunto.
El Sr. Van Velzen ha tocado el tema de la responsabilidad y en cuanto a esto he de señalar que todas las pólizas de seguros excluyen las calamidades relacionadas con la energía atómica y cualquier otro problema nuclear. Razón demás, pues, para prestar atención a este problema.
Sigo opinando que la Unión Europea debe tomar la iniciativa para encontrar una salida al problema junto con la Europa del Este y Rusia. Ya es hora más que de sobra para que asumamos nuestras responsabilidades. Opino, por tanto, también que en los programas de ayuda hemos de prestar atención a esto. Hay varios estudios que corroboran que basta con unos esfuerzos financieros relativamente modestos. Así, el coste total de la solución del problema 2000 ruso ha sido estimado en 100 millones de dólares. Lo veo como una inversión sensata. Si queremos garantizar al ciudadano de la Unión Europea una Noche Vieja tranquila, tendremos que sacar el monedero. El tiempo apremia; no nos queda mucho, y la responsabilidad es tanto del Occidente como del Este. Por tanto quiero insistir encarecidamente al Comisario Bangemann para que ponga este asunto con prioridad en la agenda, no sólo por los riesgos que correremos y que no estarán cubiertos por ningún seguro, sino sobre todo por los daños ecológicos que sufriremos si la cosa realmente se nos va de las manos y que serán irreparables.

Kerr
Señor Presidente, quisiera comenzar con una confesión. Soy un completo tecnófobo y está claro que ése es el motivo por el que mi Grupo me ha elegido para intervenir sobre este tema tan complejo. He leído el espléndido informe del Sr. Donnelly y le alabo por su trabajo. Me ha asaltado una duda. ¿Ha comprobado el Sr. Donnelly si los ordenadores del Partido Laborista en Millbank Tower han sido programados para tener en cuenta el cambio, de manera que todos los miembros sigan recibiendo los mensajes en el año 2000 como vienen haciendo en 1999?
Está claro que es un tema importante. Una pregunta básica que se me surgió cuando leí el informe es ¿cómo es posible que a los diseñadores de ordenadores y programas informáticos se les permitiera fabricar y programar máquinas de esa manera? Todo el mundo sabía que se acercaba el año 2000, pero al parecer no se les ocurrió resolver este error tan fundamental durante el proceso de diseño. Luego surge la pregunta: ¿qué ocurre con la responsabilidad por los daños que puedan producirse si dichas máquinas fallan? ¿Podríamos demandar al Sr. Gates por sus muchos miles de millones de dólares por su responsabilidad en el proceso? O quizá podríamos nacionalizarle, como sugería recientemente un economista estadounidense.
He leído que el Gobierno británico ha realizado serios preparativos para esto, pero me sentí ligeramente alarmado cuando el otro día leí en los periódicos que el Gobierno italiano -y no quiero criticar a mis amigos italianos- acaban de crear un grupo de estudio, sin despachos, ni presupuesto ni recursos, para que estudie este problema cuando sólo faltan nueve meses para el acontecimiento. Me parece que es un poco tarde. De hecho, también el Parlamento está un poco atrasado con este informe. Pero estoy seguro de que el Comisario Bangemann nos dirá que la Comisión está muy adelantada en su planificación.
Por último, permítanme sugerir que para restablecer la confianza en Europa, el Comisario Kinnock podría tomar un avión la víspera del año 2000 y el Comisario Bangemann debería reemprender sus notorias proezas en motocicleta con el Sr. Barton y viajar a través de los sistemas de tráfico de Bruselas en el asiento de atrás de la motocicleta del Sr. Barton. Eso tranquilizaría a los ciudadanos de Europa de que la Comisión tiene controlada la situación.

Blokland
Señor Presidente, cuando el próximo 1 de enero los ordenadores salten de «99» a «00», nadie sabrá realmente cuáles van a ser las consecuencias. Pueden ser de gran envergadura. Pero también es posible que el problema del 2000 exista sobre todo en la cabeza de la gente, animadas por los fabricantes de software que quieren sacar provecho de esta coyuntura.
El problema informático del efecto 2000 nos enfrenta inequívocamente a los límites del saber y saber hacer humano. Para aquellos que han depositado toda su confianza en la tecnología, el problema del efecto 2000 debe representar un enorme desencanto; ¡que sólo por suprimir dos dígitos, «19», de la indicación del año pueda producirse una situación con peligro de vidas! Demasiadas veces olvidamos que toda la técnica es fruto del trabajo humano. Podemos creernos muy omnipotentes y hablar del triunfo de la técnica, pero mientras tanto esa misma técnica representa una enorme amenaza.
Con acierto la resolución, en su considerando C, pone el dedo en las motivaciones económicas que llevaron a reducir el número del año a dos dígitos. En cierto sentido puede decirse que con la nueva tecnología informática se han perseguido unos resultados económicos excesivamente rápidos. ¿No estamos aquí ante la raíz de muchísimos de los actuales problemas sociales y culturales? Estamos obsesionados por el afán de lucro y provecho económico. Ante ello ha de ceder cualquier cosa, incluso nuestro hábitat natural y la propia existencia humana.
Por ello es especialmente lamentable que el informe de nuestro colega Donnelly siga las pautas habituales del adagio sobre el ingenio del hombre que todo lo puede resolver. Por supuesto hemos de esforzarnos para evitar posibles desastres. Pero igualmente me parece muy necesario que reflexionemos también sobre las causas culturales y religiosas subyacentes.

Paasilinna
Señor Presidente, me uno a quienes han felicitado aquí al Sr. Donnelly, si bien -desgraciadamente-ya no participa tan activamente en los trabajos de nuestra comisión como cabría desear. El Sr. Donnelly es la persona adecuada para esta labor. Resulta extraño que exista un problema informático como éste del año 2000. Ello dice mucho de lo frágil que es la sociedad moderna ante la aparición de trastornos. Nos encontramos en apuros, algunos son incluso presas del pánico, porque las máquinas son incapaces de considerar dos ceros como el año 2000. Los mejores especialistas llevan años trabajando para modificar la situación y ya no nos quedan más que unos pocos meses. Así pues, los ataques y las amenazas a nuestro idílico medio ambiente no proceden ya del espacio o de Rusia, sino de dos ceros y de que una máquina no los entienda como debería hacerlo.
La Comisión afirma que la responsabilidad del problema informático del año 2000 recae en los proveedores y en los usuarios de los sistemas informáticos. Entonces, desearía preguntar a la Comisión en quién recae esta responsabilidad en el caso de Rusia. Estuve el lunes pasado en dicho país visitando precisamente estas centrales nucleares, por lo que querría preguntar a la Comisión qué seguridad tiene de que este problema ruso al que se ha referido también el ponente vaya a resolverse de la manera adecuada. ¿Se piensa dejar fuera de servicio las instalaciones o se van a mantener en funcionamiento? ¿Qué va a ocurrir con los sistemas del armamento nuclear? También desearía preguntar qué problemas van a causar estos trastornos y los actos puramente delictivos en un momento en que los sistemas se encuentran sumidas, por lo menos en algunos casos, en una situación de confusión total. ¿Qué piensa hacer la Comisión para evitar un problema de estas características? En tercer lugar, me complace que el ponente haya señalado que debemos velar por los consumidores y por el sector de las PYME, que son los que se enfrentarán con las mayores dificultades en esta situación.

Ilaskivi
Señor Presidente, apenas quedan diez meses para el cambio de siglo. A pesar de ello, en numerosos sectores se registran retrasos en la realización de pruebas de los sistemas informáticos, y eso en el supuesto caso de que se hayan iniciado ya. Además, hay algunas personas que no saben absolutamente nada del problema en cuestión.
El Parlamento Europeo actúa correctamente al prestar atención a los posibles problemas que pueda ocasionar el año 2000, la denominada «problemática del doble cero». Esta circunstancia pone primordialmente de manifiesto la cooperación entre los Estados miembros y el mundo occidental. Sin embargo, los problemas no se detienen aquí. Como ya se ha señalado en este foro, se sabe que particularmente en Rusia, pero también en otros países de su entorno, se registran deficiencias de recursos humanos y materiales para encontrar una solución a este problema. Las centrales nucleares y el tráfico aéreo, que requiere unos sistemas informáticos actualizados tanto en el control informatizado de los vuelos como en unos aviones cuyo funcionamiento se basa en modernos sistemas computerizados, constituyen problemas comunes a escala mundial. Un fallo en la actualización de estos sistemas podría suponer un grave peligro, tanto en el ámbito de la salud como en muchos otros, a las poblaciones de distintas partes del mundo.
No se trata de una cuestión política o ideológica. Y cuando se plantea esta cuestión, las fronteras no han de representar un obstáculo. En caso de que fuera necesario, la UE debería presionar para alcanzar una solución de gran alcance, teniendo presentes los aspectos humanos más allá incluso de sus propias fronteras. Es preferible realizar esfuerzos antes que después, ya que las negligencias pueden pagarse caras. No pueden materializarse las catástrofes ficticias y los escenarios imaginarios del fin del mundo que han vaticinado algunos escritores de ciencia-ficción. Estamos ante una responsabilidad de todo el mundo.

Lukas
Señor Presidente, en lo esencial sólo puedo apoyar el excelente informe del Sr. Donnelly. No obstante, lo que ha expuesto en relación con las PYMES en el punto D precisa de una relativización. No es ni mucho menos cierto que las empresas más pequeñas no posean unos conocimientos técnicos especiales. Son precisamente las PYMES las que en muchos campos son adelantadas en la innovación y la investigación. Debido a su estructura y sus conocimientos técnicos especiales pueden reaccionar con rapidez ante los problemas de software que surgen. Pero, por otro lado, es de temer que los problemas informáticos de las grandes empresas o de la administración pública puedan tener repercusiones masivas sobre las PYMES. De importancia esencial es lo expuesto por el ponente sobre el sector nuclear en la Europa Oriental y en Rusia. Este sector recibe una ayuda financiera enorme de la Unión Europea pero, lamentablemente, hasta ahora no se puede constatar ninguna mejora esencial en la seguridad de las instalaciones nucleares.
Hay que lograr que los créditos existentes se empleen realmente para una mejora de la seguridad de los reactores nucleares. Como probablemente no es realista la esperanza de parar las centrales nucleares antes del año 2000, al menos habría que adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan fallos en relación con el problema del año 2000. Hay que dar absoluta prioridad a excluir todo riesgo para la población europea pues, a la postre, el contribuyente europeo ha dado ya mucho dinero para la seguridad nuclear en la Europa Oriental y en Rusia.

Pinel
Señor Presidente, para la mayoría de nuestros conciudadanos, el tema que hemos de tratar en el día de hoy, el efecto del año 2000, es de una extremada opacidad. Para ser rápido, diría que se trata del típico grano de arena que puede bloquear la mecánica más sofisticada. Pero es preciso llegar más lejos. Personalmente veo en ello la materialización efectiva de los límites de nuestra sociedad supuestamente moderna, una sociedad de corto plazo, una sociedad que construye sobre arena y que no ve más allá de sus narices. Por unos ridículos octetos ganados en los sistemas operativos de gestión, dos generaciones de programadores informáticos han ignorado deliberadamente el cambio de milenio. Aún hoy no sabemos cuál será la dimensión exacta de las consecuencias de esta imprudencia.
Hay un proverbio que dice que gobernar es prever. Pues bien, ésta es la prueba de que nadie gobierna el mundo. Mitterrand, Fabius, Clinton, la misma lucha: es la generación de los que prefieren hacer política para servirse ellos en lugar de servir al pueblo. La generación de responsables irresponsables, que dejan envenenar a la población a sabiendas, con sangre contaminada, que construyen centrales nucleares sabiendo muy bien que algún día terminarán por explotarnos delante de las narices, que al fin y al cabo prefieren enviar a los bombarderos contra muchedumbres inocentes para divertirse y conseguir que se olviden sus extravagancias sexuales.
Esta historia de una deficiencia informática es mucho menos anodina de lo que parece. Se trata, entre otros, de un síntoma de esta atmósfera de delicuescencia, de falta generalizada de responsabilidad en la que nadie tiene cuentas que rendir a nadie. Desafortunadamente el componente de farsa de este asunto impedirá probablemente a nuestros dirigentes, una vez más, que tomen esta nueva lección en serio, y es una lástima.

Bangemann
Señor Presidente, no es cierto que el Parlamento se haya ocupado de este tema demasiado tarde, pues ya en los años pasados hemos debatido al respecto en diversas ocasiones y la Comisión ha informado también regularmente sobre lo que está haciendo. Desde hace más de cuatro años nos ocupamos del problema y hemos intentado llevar a cabo lo que la Comisión puede hacer. Quiero felicitar a Allan Donnelly por haber destacado de nuevo en su informe lo que es de nuestra responsabilidad y dónde se pueden hacer aún algunas cosas en los próximos meses.
Quiero decir desde el principio que no se trata de Casandra, pues en sus predicciones Casandra siempre tenía razón. El problema de Casandra era que todo lo que decía se hacía realidad. No se puede afirmar esto de Alan Donnelly. Estoy convencido de que una parte de los temores aquí expuestos no se van a hacer realidad.
En primer lugar, me voy a referir a lo que ha hecho la Comisión. El primer problema fue llamar la atención de todos los afectados de que se les avecinaba un problema. Creo que entretanto esto se ha logrado gracias también a los mensajes catastrofistas algo exagerados que se han difundido. Lo bueno en tales mensajes es que aunque sean totalmente exagerados logran que las personas se interesen por el tema. Todas estas historias de terror, de que los aviones se caen del cielo, de que se corta la electricidad, de que el Partido laborista ya no puede saber cuántos miembros tiene, ha hecho que las personas se preocupen tanto -en especial, sobre la última circunstancia- que ahora todo el mundo sabe que se nos avecina un problema. Esto es lo primero, lo que no es malo ya en si mismo.
La Comisión ha contribuido algo al respecto. Nos hemos ocupado en especial de las pequeñas y medianas empresas. Desde el principio hemos incluido a los países miembros en nuestras consideraciones y, naturalmente, también a autoridades internacionales, como la Comisión para la Energía Atómica de Viena. Por supuesto, hay que intentar identificar las diversas actividades allí donde se pueden ejecutar mejor. Es decir, la Comisión no ha intentado hacer ella misma todo sino proporcionar a los responsables los máximos conocimientos materiales y, en parte, también dinero. Por ejemplo, hemos dado dinero a la Autoridad de Energía Atómica para que pueda llevar a cabo sus actividades en la Europa Oriental. Hemos intentado movilizar de este modo a toda una serie de organizaciones y responsables y, en especial, a los directamente afectados, la industria privada.
El resultado es bastante aceptable. Es cierto, como siempre las pequeñas empresas tienen mayores problemas. No tienen el «manpower» y, con frecuencia, tampoco los correspondientes fondos financieros, pues entretanto hay por supuesto software que puede solucionar una gran parte de los problemas, pero es relativamente caro. Es decir, aquí se presenta un problema de financiabilidad.
Hemos seguido activamente todo lo que hemos enumerado en nuestra comunicación. Hemos mantenido reuniones regulares con los Estados miembros. En los campos de las finanzas, telecomunicaciones, energía y transporte hemos cooperado en especial con las organizaciones internacionales competentes y seguimos trabajando con ellas. Por cierto, la enumeración de estos campos no es casual pues aquí existe una diferencia en función del tipo de aplicación de los ordenadores. Si, por ejemplo, tienen ordenadores que están diseñados y dependen de una periodicidad, es decir, que tienen que seguir secuencias temporales, entonces puede surgir aquí más fácilmente un problema de este tipo que en ordenadores que no tienen nada que ver con periodicidades sino que sencillamente acumulan datos. Estos datos no están vinculados a determinados intervalos temporales por lo que el millenium bug no puede surtir efectos. También hay que tener en cuenta esto.
No obstante, intentamos determinar junto con todos los afectados qué es lo que pueden hacer y qué tenemos que hacer nosotros para garantizar un funcionamiento sin fricciones de los sectores de infraestructura. Si se quisiera, la Comisión podría hacer aún más, en especial en la cuestión del apoyo financiero. Pero las sumas que hay que dedicar a los diferentes afectados particulares son tan grandes que uno no se puede imaginar qué presupuestos públicos podrían hacerse cargo de ello. Naturalmente, hemos hecho lo que hay que hacer en el campo de la seguridad directa. Hay también muchos afectados que hacen mucho con sus propios recursos y sobre todo por propio interés. No me puedo imaginar ningún aeropuerto del mundo que trabaje con sistemas informatizados y que entretanto no tenga ya una solución al problema. Sería realmente aventurero si hubiese compañías aéreas que no hubiesen aplicado las correspondientes medidas en sus aviones.
¿Qué es lo que se puede hacer aún para adaptar las disposiciones jurídicas si fuese necesario? Esta es una cuestión interesante, pues se trata de un aspecto en el que podríamos actuar directamente. También hemos examinado esto. Existen normas jurídicas que tienen que solucionar este problema pues, según principios jurídicos, no se trata de algo nuevo. Quien en el suministro de un objeto o en la puesta a disposición de un servicio comete un error del que es culpable o si existe una garantía que no se basa en la culpabilidad, debe responder por ello. Las empresas que dependen en gran medida de proveedores y que trabajan con tales sistemas, han enviado a sus proveedores en muchos casos escritos en los que indican que caso de que se produzcan fallos del tipo que sea en tales suministros se hará responsable a los proveedores. Es decir, ellos mismos han adoptado las medidas para que el proveedor sepa que al menos actúa negligentemente si no cumple tal requerimiento.
Por ello, no creemos que fuese mejor proponer una nueva regulación jurídica. Alan Donnelly ha mencionado la Good Samaritan Legislation , esta nueva ley norteamericana con la que se pretende impulsar la entrega de informaciones limitando la responsabilidad por declaraciones cuyos efectos vayan más allá de la declaración de conformidad del año 2000. Naturalmente, esto no ayuda a que las personas se ocupen del millennium bug , por el contrario, esto es algo negativo. Es decir, creemos que las normas jurídicas existentes, junto con las informaciones que obtienen los proveedores, van a ser suficientes para solucionar el problema jurídicamente. Por supuesto, esto no va a tener los mismos efectos en todos los lugares. Por ejemplo, se ha planteado la pregunta de si el Parlamento va a seguir funcionando tras el año 2000. Esta no es una pregunta de responsabilidad jurídica sino de oportunidad política, sobre la que la Comisión no quiere exponer de momento su opinión.
Se nos ha preguntado además qué estamos haciendo en lo referente a nuestros propios sistemas informáticos. No sería especialmente ejemplar por parte de la Comisión que fuésemos predicando por ahí durante cinco año diciendo que deben hacer algo y nosotros mismos no hiciésemos nada. Por ello, hemos adoptado las medidas necesarias para que nuestros propios sistemas funcionen. Hemos comenzado un proyecto para garantizar la aptitud de nuestros sistemas en el año 2000 y que va a finalizar en breve. Cuando hayamos realizado las pruebas podremos decirles que al menos la Comisión va a seguir funcionando tras el año 2000, si es que esto es un consuelo para el Parlamento.

Van Velzen
Señor Presidente, le pregunté antes si tal vez estaría usted dispuesto a informar a esta Asamblea sobre cómo se está preparando el Parlamento Europeo para afrontar el problema informático del efecto 2000. Ahora ya sabemos qué es lo que está haciendo la Comisión, pero ¿podría usted informar a los parlamentarios en qué punto está este Parlamento?

El Presidente.
Transmitiré su solicitud al Presidente del Parlamento y le pediré que se ponga en contacto con usted a su debido tiempo.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

Seguridad, higiene y protección de la salud en el lugar de trabajo
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0050/99) de la Sra. Ojala, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el 21º Informe anual de actividades del Comité consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el trabajo 1996 (COM(97)0728 - C4-0189/98);
el Informe de actividad del Órgano Permanente para la seguridad y la higiene en las minas de hulla y otras industrias extractivas - Memoria anual 1996 - (COM(97)0729 - C4-0190/98); y
el Informe intermedio sobre el programa comunitario de seguridad, higiene y salud en el trabajo (1996-2000) (COM(98)0511 - C4-0041/99).

Ojala
Señor Presidente, desearía en primer lugar abordar brevemente los informes anuales de los comités sobre salud y seguridad en el trabajo. Tanto el funcionamiento del Comité consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el trabajo como el del Órgano Permanente para la seguridad y la higiene en las minas de hulla y otras industrias extractivas se fundamentan en un principio tripartito que desearía que fuera adoptado en mayor medida en los distintos ámbitos de la Unión. El problema de ambos comités estriba en la escasez de sus recursos. Si tenemos en cuenta esta circunstancia, los comités han logrado llevar a cabo una labor muy positiva. Sin embargo, se debe examinar la posibilidad de potenciar la eficacia de sus actividades, por ejemplo mediante una reorganización de su trabajo y un mejor aprovechamiento de sus conocimientos.
En el sector de la seguridad y la salud en el trabajo, el elemento más importante de la actividad comunitaria lo constituyen la legislación y su puesta en práctica. En este ámbito se han registrado avances considerables. Mientras que en 1996 los Estados miembros sólo habían transpuesto el 74 % de las directivas a la legislación nacional, la cifra alcanza ahora el 95 %. Sin embargo, la adopción de las directivas no significa por sí misma que estén siendo interpretadas y aplicadas correctamente, y que tengan unas consecuencias concretas en el lugar de trabajo. Con todo, la aplicación de la legislación constituye la cuestión en la que se fundamenta toda la credibilidad de las actividades de la Unión Europea en materia de protección en el trabajo. En el informe se presentan exigencias concretas en lo relativo a la prohibición total del asbesto y la ampliación de la directiva sobre el cáncer, así como se propone acelerar las directivas sobre los factores físicos, andamios y exigencias mínimas en el sector del transporte y, por último, la protección de las personas que trabajan en el exterior.
En su informe intermedio, la Comisión presenta cuatro prioridades para el período 1998-2000: potenciar la eficacia de la legislación, preparar la ampliación, tener más presente la capacidad de empleo y concentrarse en los riesgos que ocasionan las transformaciones de las condiciones laborales. Se trata de prioridades importantes, de las cuales la ampliación representa un verdadero desafío para las actividades en materia de protección en el trabajo. Es sabido que en los países candidatos el nivel de protección de la salud y la seguridad en el trabajo se encuentra bastante alejado del existente en los actuales Estados miembros. Para lograr el nivel de la Unión Europea, los países candidatos precisarán toda la ayuda posible.
El mantenimiento de la capacidad laboral de las personas mayores constituye igualmente uno de los principales desafíos de los próximos años. En este orden de cosas, he querido hacer referencia al ejemplo de Finlandia. En mi país, las actividades para el mantenimiento de la capacidad laboral se desarrollan de manera conjunta entre el empresario, el trabajador y las organizaciones de concertación en el puesto de trabajo. Las experiencias positivas que se han registrado en Finlandia en este ámbito podrían incorporarse a la lista de buenas prácticas que se están proponiendo al resto de los Estados miembros. Este aspecto está relacionado fundamentalmente con la capacidad de empleo.
La evaluación de los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo se limita muy a menudo a los riesgos físicos, químicos y biológicos en el puesto de trabajo. Sin embargo, las enfermedades que afectan al aparato locomotor y los factores psicosociales constituyen actualmente las principales amenazas para la salud de los trabajadores. Entre estas amenazas, nuestra comisión ya ha destacado en anteriores ocasiones, y de manera especial, el estrés. Yo he querido prestar atención también a la violencia, que representa un problema cada vez mayor en el sector de los servicios.
La Comisión señala en su informe intermedio que la mayor presencia de las mujeres en la vida laboral conlleva algunas exigencias particulares de salud y seguridad. Creo que también en este ámbito se deberían realizar estadísticas específicas con arreglo al sexo. En los trabajos desempeñados tradicionalmente por mujeres se registran riesgos específicos en materia de protección en el trabajo debido, entre otras causas, a la falta de autonomía en el trabajo, la monotonía de las actividades y otros problemas parecidos.
Finalmente, querría abordar también las enmiendas que se han presentado. Estoy dispuesta a aceptar todas excepto la enmienda 1. Además, acepto la enmienda 2 como un suplemento al apartado 15. No puedo aceptar la enmienda 1 puesto que convertiría el apartado 3 del informe en una mera queja de que las mujeres apenas representan una pequeña parte de los miembros de los comités, con lo que se suprimiría esta importante propuesta de mejora. A modo de argumentación, también desearía señalar que, en su informe, la Comisión de Derechos de la Mujer ha hecho hincapié en el problema de que únicamente el 10 % de los representantes de los empresarios y el 20 % de los representantes de los trabajadores sean mujeres, por lo que solicita que se incremente esta proporción. Es completamente posible lograr una representación más igualitaria de ambos sexos sin que ello suponga una violación del derecho de designación independiente por parte de los interlocutores. En los países nórdicos contamos con buenos ejemplos a este respecto, por lo que recomiendo que se rechace la enmienda 1.

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, respecto a la seguridad, higiene y protección de la salud en el puesto de trabajo, quiero repetir de nuevo desde el punto de vista del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y de la opinión que la directiva sobre el cáncer tiene una importancia muy especial y que esperamos muy encarecidamente que la Comisión y el Consejo la conviertan en texto legal.
El asbesto en el lugar de trabajo desempeña también un papel en la enmienda que he presentado. Tengo que pedir de nuevo una aclaración a la oradora anterior pues no sé si se acepta así o no; no lo he entendido.
El asbesto no afecta solamente al saneamiento, no afecta solamente a la situación actual sino que se debe proscribir este producto, es decir, se debe prohibir el asbesto en los lugares de trabajo, en las viviendas y edificios. Otro punto esencial relacionado con la ampliación hacia el Este se refiere a la protección de los trabajadores. Saludo que en lo tocante a la política medioambiental la Sra. Bjerregaard haya establecido ya muchos contactos e iniciado conversaciones relacionadas con la ampliación hacia el Este y las medidas de medio ambiente. En la antesala de la ampliación hacia el Este desearía que se hiciese algo más y de un modo más claro en lo tocante a la protección de los trabajadores.
En el siguiente punto quiero referirme también a la oradora anterior y adherirme a lo que ha dicho. Es cierto que la ampliación de la protección de la seguridad, higiene y salud tiene que incluir cada vez más el aspecto síquico y no sólo el físico, por lo que en las condiciones del lugar de trabajo se da cada vez más importancia a la llamada cuestión de la violencia o de finalidad o a las repercusiones síquicas. En este contexto, quiero mencionar unos puestos de trabajo que están aumentando en la Unión Europea, los llamados «Callcenter», es decir, puestos de trabajo telefónicos que con frecuencia se parecen más a una batería de gallinas ponedoras que a puestos de trabajo humanos. Es decir, las personas que tienen puestos de trabajo de sueldos baratos están sometidas a una gran carga física y síquica. Estos puestos de trabajo son baratos, cada vez crecen más y precisamente en este campo hay que mejorar y modificar claramente las directivas.

Skinner
Señor Presidente, la Sra. Ojala ha sido muy diligente en la comisión en lo relativo a sacar adelante este informe tan importante. Rindo homenaje a su paciencia y conocimiento de este problema. Son tantas las personas que mueren cada año, caen enfermas o sufren heridas, que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que las actividades de la Unión Europea se enfocan de tal manera que la reducción de accidentes sea una prioridad.
En toda Europa existen muchos organismos que intervienen en la protección de las vidas de los ciudadanos. Las tendencias y pautas de trabajo apuntan a que el ámbito de dicho trabajo está cambiando y necesitamos adoptar nuevas estrategias, nuevas técnicas y nuevas prácticas que tengan en cuenta y prevean los efectos de dicha transformación. Por ello, puedo apoyar el enfoque y la esencia del informe de la Sra. Ojala, porque avanza por esa dirección. Debemos acogerlo con satisfacción. Un aspecto que alabo en particular es el reconocimiento del tipo de trabajo que realizan las agencias como la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo de Bilbao. Debería ser motivo de satisfacción para todos nosotros que las pequeñas y medianas empresas que han sido escenario de algunos de los peores accidentes, sean objeto de especial atención. Aunque la Acción de Seguridad para Europa ya no está con nosotros en cuerpo, sí lo está en espíritu. La agencia de Bilbao ha sabido animar el proceso de difundir la mejor práctica con eficacia.
Este año, en que la salud y la seguridad serán definidas en concepto de horarios, andamiaje, agentes químicos, carcinógenos y, en particular, el amianto -y me alegra que el Grupo de los Verdes haya planteado este último asunto-, el Parlamento debería sentirse muy orgulloso del papel que ha desempeñado en la promoción de la transformación que será necesaria para la prohibición del amianto. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha desempeñado un papel fundamental en la aportación de evidencia científica que permite dicha prohibición, y cabe esperar que antes de las elecciones europeas podamos celebrar una drástica reducción del número de muertes causadas por el amianto.
No obstante, la mayoría de nosotros debemos celebrar el seguimiento que hace el Parlamento. Sólo gracias a este seguimiento hemos podido fomentar las mejores estrategias que resultarán en las mejores prácticas. En este sentido, considero el presente informe una parte importante de la maquinaria de buena práctica y de regulación eficaz en este ámbito. La ponente merece ser felicitada por su trabajo.

Pronk (PPE)
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por su informe. Creo que es un buen informe que contiene muchas cosas valiosas y nos recuerda la importancia de la seguridad y la salud en el lugar del trabajo. Es un asunto de política social sobre el que de hecho existe la mayor cantidad de legislación. También es un tema del mercado único. Y eso, a veces se olvida. Cuando existen grandes diferencias en el área legislativa sobre la seguridad y la salud, inmediatamente se producen perturbaciones en el terreno de la competitividad. Estamos por tanto ante una de las razones por las que existe tan amplio abanico de leyes aplicables a este terreno.
Creo que un problema que se ha producido en estos últimos tiempos es que la Comisión no ha controlado en la medida suficiente si sus legislaciones efectivamente se cumplen. De hecho ha sido sólo en este último año y medio que se ha adoptado una postura de firmeza ante esta cuestión. Creo que estamos aquí ante una de las misiones básicas. Creo que podemos distinguir dos fases. En primer lugar está la transposición real de las directivas, y en segundo lugar está el cumplimiento efectivo de las mismas, es decir, la cuestión de si existe suficiente inspección. Esto es un aspecto muy importante; y en realidad está totalmente en la línea de la Comisión.
El segundo tema que quiero comentar es, efectivamente, el asunto de Europa del Este. Veo que está aquí con nosotros el Sr. Van den Broek. Tal vez sea conveniente subrayarlo una vez más: es crucial que seamos conscientes de que esta directiva y todo lo que conlleva forma parte del acervo comunitario. A veces en Europa del Este se tiene la impresión de que esto no es así -lo he podido comprobar por experiencia propia-, y entonces se dice que sí, que esas otras cosas sí que las quieren pero que éstas son todas directivas sociales y que esto es un poco más difícil. Y esto naturalmente no se puede aceptar. Forman parte integrante del acervo comunitario, y para que puedan aplicarse también en Europa del Este, en efecto, es muy importante que se empiece desde ya con unos programas orientados a la información tanto en el área de la tecnología como en el de la legislación sobre este terreno. Creo que estamos hablando de un asunto fundamental.
El tercer punto es la cuestión del propio Comité. En una de sus enmiendas, la Sra. Ojala ha efectuado un ataque frontal contra la autonomía de los agentes sociales. En este Comité, los agentes sociales desempeñan un papel crucial, y lo que pretende ella es limitar el derecho de nombramiento de sus representantes. Para mí esto no es aceptable, y por ello hemos propuesto una enmienda. Creo que cualquiera que esté a favor de que sean los propios agentes sociales quienes decidan a quiénes quieren nombrar deberá votar a favor, y todos los que tengan una visión más paternalista sobre los interlocutores sociales, naturalmente, deberán votar en contra, y tendrán que atenerse al pensamiento políticamente correcto que a veces reina en el lado opuesto de esta Asamblea y decir, efectivamente: nosotros vamos a dictar exactamente a quienes pueden nombrar los agentes sociales. Pero entonces me temo que estamos ante una expiración a plazo del Comité porque los interlocutores sociales ya no podrán decir por si mismo lo que opinan. Se verán obligados a decir lo que opinan los demás.
Estos son lo puntos que he querido subrayar, y doy las gracias por el informe.

Boogerd-Quaak
- Señor Presidente, al igual que otros oradores opino que la Sra. Ojala ha presentado ante nosotros un excelente informe y por tanto sólo voy a llamar la atención sobre un par de puntos.
En primer lugar quiero subrayar la importancia de lo que ha dicho la ponente sobre el amianto, un tema que a nivel europeo ciertamente requiere nuestra atención. Luego quiero llamar la atención sobre un terreno donde la legislación europea aún no ha llegado a ser óptima, que es el de una política eficaz para atajar el síndrome psicoorgánico, también conocido como enfermedad del pintor dentro de la Unión Europea. El SPO consiste en un deterioro del sistema nervioso y puede provocar graves daños cerebrales. La enfermedad es causada por una exposición en el trabajo a los disolventes químicos, como el tolueno y el xileno, por ejemplo de los pintores y enmoquetadores.
El año pasado aprobamos en este Parlamento una directiva modificada sobre la protección de los trabajadores contra la exposición a agentes químicos en el trabajo, y en ésta se incluyen una serie de disposiciones muy importantes para la lucha contra el SPO. En dicha directiva modificada se propone una obligación legal de sustitución, que implica que en las empresas deberán sustituirse determinadas sustancias químicas nocivas, entre ellas los disolventes, por otras menos perjudiciales. La sustitución de una producción con gran consumo de disolventes por otra con poco consumo de disolventes, opino que es un argumento poderoso para que la industria emplee toda su capacidad innovadora. Resulta que con frecuencia se señala la pérdida de competitividad como motivo para no utilizar otros productos más caros con bajo contenido en disolventes.
Desde hace tiempo existen unas alternativas menos nocivas y técnicamente completamente válidas -ya lo he dicho aquí más de una vez- y son obligatorias ya en Estados Unidos y en los países escandinavos. Por tanto es importante que los Estados miembros adopten cuanto antes en sus legislaciones nacionales las modificaciones de la directiva. En mi país se decidió ya el año pasado establecer una obligación de sustitución de un gran número de agentes químicos a partir del año 2000. Pido a la Comisión que supervise también los avances en los otros Estados.
También puede ser una solución el fomento de la utilización de disolventes reactivos con los que a través de una reacción química el revestimiento entra a formar parte integrante del aglutinante de modo que el disolvente no puede ser inhalado por la respiración. Me remito a unos experimentos llevados a cabo con éxito con disolventes extraídos de la caléndula, que además han sido financiados por la Unión Europea, por lo que bien podrían tener un poco más de seguimiento.
Por último, quisiera obtener algunas respuestas de la Comisión a una serie de preguntas que he formulado hace ya tiempo en una auditoría especial de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. Me gustaría saber hasta qué punto la Comisión sigue investigando las sustancias sospechosas de provocar el SPO. Además deseo saber si la Comisión aún sigue dispuesta a reforzar más la recomendación de 1990 sobre la indemnización de las personas expuestas a sustancias químicas. El Tribunal Europeo de Justicia ya ha dictado sentencia en el sentido de que los Estados miembros deben tener en cuenta el SPO y desarrollar unos reglamentos de indemnización.

Ribeiro
Señor Presidente, ante todo queremos felicitar a la Sra. Ojala por su excelente informe. No hay pequeñas cuestiones políticas y grandes cuestiones políticas. El examen de la seguridad y la higiene en el trabajo puede ser -repito: puede ser- una importante cuestión política, siempre que no se remita o confine a una mera cuestión técnica, siempre que se aborde en un marco de relaciones sociales. El informe de la Sra. Ojala nos permite abordar así la cuestión, como corresponde -nos permitimos recordar- a la línea de intervención de las camaradas finlandesas de nuestro Grupo. En la exposición de motivos de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Sra. Soltwedel-Schäfer, se subraya muy pertinentemente que en los países de la Unión Europea mueren al año casi 8.000 trabajadores en accidentes laborales y que 10 millones sufren accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Hay que abordar esa situación de forma seria y responsable. Con ocasión del 21º informe anual sobre las actividades del Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo, este informe pone claramente el dedo en algunas llagas. Por nuestra parte, nos habría gustado que el acompañamiento y la evaluación de ese informe anual del Comité Consultivo hubiera dado mayor relieve a la consideración y la actualización de la Directiva 92/57, pese a que convenimos en que la mera transposición de directivas no es suficiente, sino que debe ir acompañada de una ejecución y una aplicación práctica apropiadas. Ahora bien, pensamos que una de nuestras batallas debe ser la de luchar por la transposición en los ordenamientos jurídicos internos de directivas que se consideren importantes y controlar su aplicación práctica.
Por nuestra parte, en relación con la directiva citada, procuramos hacerlo mediante preguntas, por desgracia muy oportunas por estar basadas en graves accidentes en Portugal en astilleros de construcción civil que datan de octubre de 1994 y de marzo de 1995, pese a haber traspuesto el Gobierno la directiva en julio de 1995. Pero eso no basta y hemos insistido, por ejemplo a partir del caso de las tendinitis en la Ford Electrónica Portuguesa, de Setúbal, con preguntas a la Comisión que datan de noviembre de 1995 y de enero de 1997. ¡Y no dejaremos de insistir!
Ahora bien, no se trata sólo de una situación por abordar. Se trata de una evolución que se debe procurar contrarrestar, pues el seguimiento de estos asuntos revela que las condiciones generales, el marco en que se trabaja, la seguridad, la higiene y la seguridad en los locales de trabajo no experimentan una evolución positiva. Como muy bien subraya la Sra. Ojala en el punto 25 de su informe, «algunas formas de condiciones atípicas y la subcontratación han contribuido a un aumento de los accidentes de trabajo», por lo que insta a la Comisión a que incite a los Estados miembros a imponer el cumplimiento de las directivas y a controlar rigurosamente su aplicación.
Pero también habría que instar -o habría que hacerlo sobre todo- a que se revise desde esa perspectiva el marco general de la reorganización del trabajo. Como decía Junker, cuando era el Presidente luxemburgués del Consejo, «las políticas de fragilización y precarización de los vínculos contractuales del trabajo se plasman en un aumento del número de accidentes laborales; la precariedad es la condición laboral que más gravemente atenta contra la salud y la seguridad de los trabajadores». Por ahí, en lo que constituye la base de las relaciones sociales, hay que abordar los problemas.
A raíz del Libro Verde sobre la reorganización del trabajo, una comunicación de la Comisión es objeto de dictamen en este Parlamento. Se trata de una cuestión de la mayor importancia, pero, por desgracia, el informe de que soy autor no ha llegado al Pleno por no haber habido ni tiempo ni marco de procedimiento. Por eso, subrayo, en esta oportunidad, que ese informe trata de cuestiones que son de indiscutible y prioritaria importancia, pues tienen que ver con las condiciones, la duración, los vínculos laborales, y en él se atribuye importancia particular a la seguridad y la salud en el trabajo. Por eso, subrayo también el significado de que en este Pleno se examinen menudencias sobre monedas y no haya tiempo ni procedimiento para que se debatan estas cuestiones, como sería más que necesario. ¡Como sería indispensable y urgente!

Lataillade
Señor Presidente, señorías, el informe de nuestra colega, la Sra. Ojala, examina desde un punto de vista crítico dos tipos de documentos. Los primeros, que son dos informes de actividad -uno que emana del Comité Consultivo para la Seguridad, la Higiene y la Protección de la Salud en el lugar de trabajo, y el otro, del órgano permanente para la seguridad y la salubridad en las minas y otras industrias extractivas- y el otro tipo, el más interesante y diría el más político, que es el examen del informe provisional de la Comisión relativo al programa comunitario en el ámbito de la seguridad, de la higiene y de la salud en el lugar de trabajo. Mi grupo desea transmitir a la Sra. Ojala su felicitación por este informe al que reconocemos toda su calidad.
Con respecto a los dos primeros informes, suscribimos totalmente los reproches que el ponente puede hacer con respecto a una cierta falta de transparencia en lo que constituyen los datos del comité consultivo, y también el temor que manifiesta el ponente frente a la insuficiencia de los medios financieros, actualmente en disminución, en cuanto a las propuestas concretas encaminadas a mejorar la situación en el lugar de trabajo y los intercambios de información, como puede desprenderse del informe del órgano permanente.
El informe provisional es más lógico, ya que afecta al programa comunitario para dos períodos: 1996-1998 y 1998-2000. Con respecto al primer capítulo, suscribimos las constataciones del ponente en los cuatro ámbitos del excelente trabajo de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, con sede en Bilbao, sobre la disminución injustificada de los recursos asignados a la Fundación Europea de Dublín, sobre la actitud lamentable del Consejo, que no ha aprobado el programa SAFE orientado a impulsar proyectos concretos en el ámbito de la salud y de la seguridad y, finalmente, la evolución positiva en el plano de la legislación, en particular la transposición al derecho interno de los Estados miembros.
Para el período 1998-2000, compartimos también la preocupación manifestada por la Sra. ponente y que, muy especialmente para nosotros, incide en dos ámbitos: un análisis más atento del nuevo mundo del trabajo, ya que se constata en nuestra sociedad un cambio en las condiciones de trabajo, el crecimiento del sector servicios, el aumento del número de mujeres en la vida activa, el envejecimiento de la mano de obra y también nuevas formas de organización del trabajo - no entraremos en detalles - pero también la aparición de nuevos riesgos: físicos, sí, es cierto, químicos y biológicos, pero también riesgos que se deben a las enfermedades osteomusculares y también a factores psicosociales; esto se ha señalado ya antes de mi intervención y no volveré sobre ello.
Este informe se inscribe, bajo tres puntos de vista, en nuestras preocupaciones: en el marco de un dispositivo social indispensable para todos los países de la Unión, en el marco del desafío económico que representa el mundo del trabajo, en lo que constituye el trabajo interno de la Unión y frente a los países del exterior, y también un deber de responsabilidad política. Por ello, conviene que este informe tenga una continuación y que unas propuestas eficaces vengan a concretar nuestra preocupación común.
Renovando la felicitación a la Sra. Ojala, le transmito el voto positivo de nuestro grupo.

Wolf
Señor Presidente, yo también quiero adherirme a las felicitaciones a la Sra. Ojala, quien ha demostrado aquí de nuevo cómo una persona responsable de izquierdas puede contribuir a la calidad del trabajo de toda la Asamblea. ¿De qué se trata aquí? Se trata de logros en el mundo laboral. Actualmente, este mundo está modificándose profundamente. Las clásicas formas del trabajo en la fábrica, de la cadena, y del aseguramiento derivado de ellas, están de retirada. En el gran mercado interior europeo, tenemos que ocuparnos de que las nuevas formas de la organización del trabajo no conduzcan a una precariedad y estrés aún mayores así como a una disolución aún mayor de las relaciones laborales protegidas social y jurídicamente en aras de unas relaciones jurídico-comerciales y que los logros relativos a las condiciones de trabajo alcanzados en las antiguas estructuras, sobre todo a nivel nacional, se reflejen a nivel europeo en nuevas formas adecuadas a la situación.
En este contexto, por un lado, tenemos los mecanismos de la compensación de intereses y de la comunicación y, por otro, el programa comunitario. Creo que aquí está claro que el derecho de nominación de los interlocutores sociales es objeto de su autonomía, pero que también es nuestra tarea garantizar la representatividad y la eficiencia. En este aspecto, creo que la Sra. Ojala tiene razón en contra el Grupo del PPE.
En segundo lugar, en lo que se refiere al programa comunitario, creo que se han tratado aquí algunos aspectos centrales: asbesto, carga síquica. El Parlamento ha realizado ya un considerable trabajo y debe hacerse aún más. En total, tengo que decir que debemos profundizar este acquis communautaire y adoptar las medidas para que estemos preparados ante el proceso de ampliación hacia el Este y, en parte, hacia el Sur, lo que va a aportar nuevas generaciones de trabajadores a la relación del mercado interior y donde una tarea central será la de asegurar que se garanticen unas condiciones laborales justas, protectoras de la salud y humanas para cualquier empleado por cuenta ajena, pues este es a la postre el objeto sobre el que estamos tratando. La humanización de la vida laboral es la tarea ante la que nos encontramos precisamente en el gran mercado interior europeo.

Maes
Señor Presidente, para empezar, mis felicitaciones para la Sra. Ojala. En segundo lugar, quiero hablar de las estructuras. En el informe de la Sra. Ojala encontramos una crítica al hecho de que en el Comité Consultivo y el Comité Permanente haya pocas mujeres. Por otro lado, escucho aquí que nosotros no debemos de meternos con ello, ya que sería muestra de paternalismo con respecto a los interlocutores sociales. Quiero protestar enérgicamente contra semejante postura, porque me niego a creer que los agentes sociales no quieran ver el hecho de que la presencia de las mujeres en todas las áreas de la vida económica implica que deban estar representadas también en todos los terrenos donde se trate de la toma de decisiones. Tal vez debamos empujar un poco a los interlocutores sociales para que efectivamente den una oportunidad a las mujeres capacitadas para ello a que ocupen sus puestos también en estos órganos.
La crítica que leo en este documento a los órganos instaurados por la Comisión es algo virulenta. Se plantea sobre todo que en todos los lados falta transparencia en cuanto al contenido y los resultados de los trabajos del Comité Consultivo, por ejemplo con todos esos nuevos grupos de trabajo que se constituyeron, que en 1996 fueron ocho. Permítanme que llame la atención, no sólo del Parlamento, sino también de la Comisión y de todos los órganos constituidos por ella, sobre la crítica formulada por la Comisión de Derechos de la Mujer que decía que en los informes se presta demasiado poca atención a los efectos típicos del sexo. «Las cuestiones del sexo», cito, «no deben limitarse al embarazo y la lactancia, sino deben abarcar todos los aspectos de la salud y de la seguridad con todas sus consecuencias para las mujeres». Diría yo que seguramente también para los hombres existen males típicos relacionados con las condiciones laborales y pedimos que se preste más atención a ello. No sólo se trata de la procreación.
Con razón, varios diputados de este Parlamento han señalado los aspectos psicológicos que presionan cada día más sobre los trabajadores. Observemos por ejemplo la huelga de autobuses que tuvo lugar ayer en esta ciudad para protestar contra la inseguridad en el trabajo de los conductores que frecuentemente son víctimas de atracos. Menciono también las condiciones que dificultan enormemente el trabajo del profesorado en algunos de los Estados miembros. Y menciono a los empleados de enfermería que con el transcurso de los años empiezan a presentar casi todos lesiones de la espalda, y podría seguir así.
Quiero hacer hincapié en un segundo aspecto -ya lo hicieron también otros de los oradores- que es el que afecta a la eliminación del amianto. La Comisión ha ofrecido una imagen fantástica con el enorme desembolso efectuado para retirar todo el amianto del edificio Berlaymont. Pero ¿es que la Comisión no ha comprobado nunca cuán irresponsable fue el método usado por los trabajadores que han retirado ese amianto, ni cómo se han transportado los desechos de los edificios por las calles de Bruselas? Les invito a que vayan a comprobarlo en vez de esconderse entre montones de papeles y sentirse tan satisfechos por que en esos papeles todo parece lo bastante perfecto. También debo señalar que si es cierto que las administraciones públicas están cada vez más sensibilizadas ante el problema del amianto, en esta misma ciudad donde se ponen a retirar las planchas de amianto de los techos interiores de un pequeño museo, todavía se sigue fabricando ese mismo amianto, y es urgente que la Comisión haga algo para remendar eso.

Bonde
Señor Presidente, el Movimiento de Junio apoya el informe de la Sra. Ojala, pues sólo contiene buenos deseos para nuestro medio laboral, la seguridad y la salud en el trabajo. Sin embargo, no aborda el tema fundamental, es decir, los casos en los que las armonizaciones absolutas comunitarias entran en conflicto con los deseos de los países miembros de mantener normas mejores que aquellas aprobadas en la Comunidad. Cuando la UE aprueba las disposiciones sobre medio ambiente y medio laboral, las aprueba como disposiciones de mínimos, permitiéndonos a todos ir más allá. Los miembros del Movimiento de Junio siempre las apoyamos. Sin embargo, los problemas surgen cuando no se hace así y las normas se aprueban según las disposiciones relativas al mercado interior, pues así una decisión tomada por mayoría en un comité secreto o en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Ministros puede poner en evidencia al Parlamento aboliendo una ley, aunque ésta hubiera sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Tómese, por ejemplo, la lista del cáncer. Hoy en día, los trabajadores daneses han de operar con sustancias consideradas cancerígenas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por las autoridades danesas, porque la Comisión no quiere presentar una propuesta y porque no se pueden conseguir 62 de los 87 votos de la UE para su prohibición. En el caso de la creosota, Dinamarca ha utilizado la garantía medioambiental y prohibido esta sustancia, pues puede producir cáncer; sin embargo, en la UE está prohibido prohibir esta sustancia y la Comisión todavía no ha aprobado la utilización que Dinamarca ha hecho de la garantía medioambiental. Cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, esperamos que llegue una carta de la Comisión en la que se nos comunique nuestra obligación de derogar la prohibición de la creosota, porque el Tratado de Amsterdam no autoriza a los países a ir más allá de lo que vaya la mayoría cuando los motivos para ello son la salud pública. ¡Se antepone la libre circulación de sustancias cancerígenas a la salud de la población! ¿No puedo pedirle al Comisario -como cierre a este debate- que comunique si, en vez de esto, se tiene la intención de prohibir la creosota en toda la UE?

Amadeo
Señor Presidente, el mundo del trabajo actual precisa ciertos controles para que los estándares de seguridad y de protección resulten adecuados a los retos de una sociedad que desde hace tiempo ha superado los llamados niveles postindustriales.
Cuando hablamos de seguridad en los lugares de trabajo, pensamos automáticamente en las estructuras que funcionan hoy en día. La primera observación atañe al amianto, su empleo y todas sus aplicaciones, conocidas o aún por conocer o no contempladas en una directiva comunitaria bastante incisiva. Esto salta a la vista y, por tanto, requiere especial atención.
Segunda observación: el mundo del trabajo, por su misma necesidad de adaptarse a las exigencias de una sociedad en aceleración, conoce unas problemáticas que han creado nuevas psicosis y nuevas enfermedades profesionales que se encuentran aún en fase de estudio, pese a que han de regularse especialmente. Pienso en los casos, cada vez más numerosos, de estrés en el lugar de trabajo, de agotamiento debido a actividades sedentarias y repetitivas, pero también a causas secundarias como la violencias y el acoso sexual.
Cierto que, desde el punto de vista estructural, necesitamos dotarnos de una agencia europea y, en este sentido, esperamos que la Agencia de Bilbao, ya existente, pueda convertirse en efectivamente operativa, pero sobre todo necesitamos la adopción urgente de la segunda fase del programa específico SAFE.
El balance de las actuales transposiciones de las directivas en las diferentes legislaciones comunitarias parece muy positivo si se piensa en que hemos pasado del 70 % de 1966 al 96 % del año pasado. Está claro que queda mucho por hacer, sin embargo, felicitando a la Sra. ponente, esperamos, mejor dicho, creemos que llevamos buen camino.

Blak
Señor Presidente, para mí fue una enorme alegría ver que al fin mi buen amigo Bonde, miembro del Movimiento de Junio, quería participar en este debate. Pensaba que íbamos a oír algo positivo y constructivo. Sin embargo, al final se convirtió en otro más de los habituales discursos propagandísticos en los que se aborda el sexo de los ángeles.
Este informe es una buena e importante iniciativa. Es importante que la UE y el Parlamento Europeo sigan una política activa y progresista en este terreno. La UE debe ser el instrumento que promueva una mejor seguridad y salud en los puestos de trabajo de la Comunidad. Las lesiones y accidentes laborales tienen un coste anual de miles de millones de euros, sin embargo, ante todo estamos hablando de tragedias y costes personales. A menudo es demasiado tarde cuando ya ha sucedido el accidente. Por ello es tan importante que garanticemos recursos suficientes para la investigación y la prevención. No sólo es una buena inversión desde el punto de vista económico. También es una inversión cuyos beneficios no pueden medirse en dinero.
Celebro que el Parlamento pida en este informe a la Comisión que solucione de una vez por todas el problema del amianto. Es hora de su prohibición total. A lo largo de los años, muchos trabajadores han sido expuestos a esta peligrosa sustancia con catastróficas consecuencias. Hay que vivir con sus secuelas toda la vida y considerar también que a menudo puede desarrollarse un cáncer -una enfermedad que, como todos sabemos, puede ser mortal y dolorosa. De ahí que debamos exigir una prohibición total.
Por último, me gustaría mencionar la importancia de que la UE se mantenga siempre en primera línea de este desarrollo. No debemos quedarnos cruzados de brazos esperando que se produzcan nuevos accidentes. Hemos de participar activamente y presionar a los Estados miembros para que se actúe antes de que se produzca el daño. Hemos de centrarnos en nuevas formas de lesiones laborales. Puede haber daños en músculos o partes del esqueleto. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en una oficina y que padecen los llamados «daños causados por el uso del ratón» porque se pasan todo el día usando un ordenador. También el ambiente laboral psíquico es un problema que no se ha tomado en serio durante demasiado tiempo. Además, debemos luchar en favor de una reducción de los valores límites para las sustancias peligrosas. Los ciudadanos de la UE pueden esperar y exigir con razón que el Parlamento Europeo siga controlando y desarrollando una política sobre mercado laboral sana y segura.

Van den Broek
Señor Presidente, permítame transmitir en primer lugar las disculpas del Comisario Flynn que hoy desgraciadamente se ve impedido para intercambiar ideas con usted, y para quien el asunto de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo es un tema de extraordinario interés. Haré cuanto esté en mis manos, con la ayuda de los excelentes servicios del Sr. Flynn, para sustituirle hoy aquí de la mejor forma que pueda.
Y permítame también expresar mi especial estima por el trabajo de la comisión en general pero más aún y sobre todo por el excelente trabajo de la ponente de la comisión, la Sra. Ojala. Porque su informe contiene gran número de asuntos que la Comisión desea incluir entre sus consideraciones. Estamos de acuerdo sobre la fundamental importancia del fomento de la salud y seguridad en el trabajo en los países de la Unión. A nivel de la Unión se ha logrado mucho ya y sobre esta base hemos de seguir construyendo para el futuro.
La Comisión ha agrupado las prioridades para sus futuras actuaciones en cuatro capítulos. La primera prioridad consiste en hacer más eficaz la legislación de la UE en el área de la salud y seguridad en el puesto de trabajo. Los Estados miembros han realizado un considerable esfuerzo, de modo que actualmente un 95 % de los instrumentos comunitarios ha sido trasladado a las legislaciones nacionales. Ahora nuestra atención ha de ser enfocada en la ejecución concreta y la eficacia de las legislaciones nacionales. También hemos de someter las directivas existentes a una evaluación continua y donde sea necesario modernizar y racionalizarlas. La Comisión se da por enterada de sus constructivas propuestas sobre la forma en que podamos emprender el mejor camino hacia la máxima eficacia de la legislación. El objetivo final debe ser la prevención y reducción del número de accidentes laborales. La Comisión apoyará de corazón las iniciativas de los Estados miembros enfocadas a la creación de la necesaria cultura de seguridad entre empleadores y empleados. Como entidades informativas, la Agencia de Bilbao y la Fundación de Dublín desempeñan un papel clave en esta política. Evidentemente, la mejora de la información para la pequeña y mediana empresa es crucial.
La segunda prioridad es la preparación de la ampliación de la Unión Europea. También en este campo, el de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo, se exigirá de los países candidatos unos considerables esfuerzos para alcanzar el nivel de protección existente dentro de la Unión. La Comisión evalúa la medida en que un país candidato cumple con el acervo comunitario; y según los resultados de dicha evaluación determinamos cuál es la ayuda que se requiere de nuestra parte. Hay necesidad de formación, de información y de conocimientos técnicos, como ya dice usted en su proyecto de resolución, y no es del interés de nadie que puedan utilizarse las deficientes condiciones laborales como instrumento de competitividad dentro del mercado único. Digo esto también en contestación a una observación del Sr. Pronk.
La tercera prioridad radica en el refuerzo de la relación con la disponibilidad. El aumento del empleo estable y el fomento de la disponibilidad para el mercado laboral son dos de los elementos más importantes de la estrategia europea para el empleo. Las medidas para la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo pueden constituir una fuerte aportación a estas actuaciones. Sabemos que la prevención de los accidentes es fundamental para el propio empleado y para su familia. Pero no subestimemos su significancia económica. Menos accidentes significan más trabajo, más competitividad y menores costes de la seguridad social. Puede ser que los artífices de la política no lo comprendan lo bastante y en la toma de decisiones políticas se preste insuficiente atención a esta faceta.
La cuarta prioridad abarca la atención que se presta a los riesgos nuevos. El mercado laboral, hoy lo han dicho varios de los honorables diputados, está en pleno desarrollo. La transformación económica hacia una economía de servicios, el estable crecimiento del número de mujeres en el mercado laboral, el envejecimiento de la población activa, la aplicación a gran escala de nuevas tecnologías y también las nuevas formas de organización del trabajo tienen, en su conjunto, unas consecuencias para la seguridad en el trabajo. La Comisión Europea pondrá mayor énfasis en el estudio de las consecuencias de estos cambios y procurará que estas cuestiones se incluyan en la futura política sobre la salud y seguridad laboral. El análisis realizado por usted encaja perfectamente en este contexto.
En su informe subraya usted con razón que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam reforzará el papel del Parlamento Europeo y el de los interlocutores sociales. La Comisión ya está ocupándose de la elaboración de las medidas necesarias. En la opinión de la Comisión el foro adecuado para el diálogo sobre la salud y seguridad en el trabajo es el Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo. Está entre sus intenciones reforzar dicho comité, uniéndolo al Órgano Permanente para la Seguridad y la Higiene en las Minas de Hulla y otras Industrias Extractivas.
Se han formulado una serie de preguntas y con relación a ellas he de observar que la resolución de su Parlamento subraya una vez más la trascendencia de los estudios en este campo. La Comisión sólo puede estar totalmente de acuerdo con ello y observa al respecto que en el Quinto Programa Marco para la investigación y el desarrollo se presta la necesaria atención a este área y que, de hecho, de dicho programa de investigación deberá resultar el apoyo necesario a las actividades comunitarias al respecto.
La Sra. Boogerd concretamente ha hablado de las nuevas enfermedades, como el síndrome psicoorgánico causado por el uso de determinadas sustancias químicas; pues a este campo en concreto se dedica especial atención en el referido Quinto Programa Marco, donde se incluye, por ejemplo, también un tema como el de la prevención y lucha contra las consecuencias del estrés.
En cuanto a la pregunta que se ha hecho sobre las posibles indemnizaciones quiero decir que será mejor que lo debatamos en el momento en que, apoyándonos en las investigaciones que acabo de comentar, tengamos una mayor comprensión de esa problemática.
Por último, la prohibición del amianto ha sido planteada varias veces por diferentes oradores. Es correcto que actualmente existen unos tipos de amianto que aún no han sido prohibidos. Este es un asunto que aún se está estudiando en nuestra Dirección General III bajo la responsabilidad del Comisario Bangemann y en cuanto se obtengan los resultados de dichos estudios se le informará en detalle. Ciertamente está recibiendo la atención de la Comisión.
Permítanme que con esto concluya y agradezca nuevamente a los honorables diputados sus valiosas sugerencias y propuestas; ayudarán a guiarnos en la dirección adecuada y serán de gran utilidad para la seguridad de los empleados y a su vez para la prosperidad económica dentro de la Unión Europea.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy jueves a las 11.00 horas.
La sesión, interrumpida a las 10.35 horas, se reanuda a las 11.00 horas

Ephremidis
Señor Presidente, hoy se han repartido dos veces las listas de los diputados que asistieron ayer a las sesión. En ninguna de las dos figura mi nombre como asistente, y sin embargo firmé en la lista e hice una intervención sobre el tema Ocalan. ¿No será que, como mi intervención fue a favor de Ocalan y de los kurdos, se me ha impuesto una sanción antiterrorista y en las listas figuro como ausente las dos veces? Pido, por favor, que se completen las listas.

El Presidente.
Por algún motivo hemos tenido problemas con la lista de asistencia, pero sabemos que usted estuvo presente y su asistencia constará en Acta.

Robles Piquer
Señor Presidente, me ocurre lo mismo que al Sr. Ephremidis. Quiero subrayarlo porque yo también estuve aquí y firmé.

El Presidente.
Nos ocuparemos de que su asistencia conste en Acta. Le pido disculpas por este error.

Lukas
Señor Presidente, ayer y esta mañana he intentado obtener la palabra y le expreso mi agradecimiento por concederme ahora la posibilidad de decir algo. Ayer, la Sra. Stenzel habló sobre la catástrofe de los aludes en el Tirol. Quiero expresarle mi agradecimiento por sus palabras que apoyamos plenamente. Lamentablemente, la Sra. Stenzel sólo habló de modo expreso en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y de su propia delegación dejando de este modo al margen a una tercera parte de los austríacos. Lástima, pues ante las terribles dimensiones de esta catástrofe, habríamos aceptado gustosamente si hubiese hablado también en nuestro nombre. En tales momentos, no hay sitio para resentimientos políticos. Por ello, quiero expresar la profunda condolencia y solidaridad con las familias de las víctimas por parte de los diputados liberales.

El Presidente.
Gracias. Ayer por la tarde la Asamblea en pleno expresó su pésame por las víctimas.

Votaciones
Fassa
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal, quisiera pedir la devolución a comisión del informe Heinisch, dado el delicado clima político que, hoy por hoy, rodea nuestras relaciones con Turquía. No nos parece razonable ocuparnos del caso Ocalan en un sentido determinado y, al mismo tiempo, establecer relaciones de cooperación con Turquía. Y ello no porque el Grupo Liberal esté en desacuerdo con el fondo, es más, coincidimos en la necesidad de cooperar en lo que a los programas Sócrates y Juventud se refiere, sino porque no nos parece oportuno emitir un voto favorable, ya que se otorgaría a Turquía y a su Gobierno una sustancial legitimación política justo en el momento en que el caso Ocalan anda de boca en boca.
Creo que, desde este punto de vista, es sumamente importante hacer una pausa para reflexionar.

Aelvoet (V)
Señor Presidente, creo que sería mal asunto que utilizáramos este informe para una reacción política al asunto Ocalan. Mi grupo parlamentario opina que si hay una línea que ha de permanecer abierta entre la Unión Europea y Turquía, esa es la del acceso de los estudiantes y jóvenes turcos a la Unión Europea. Hemos podido ver, aún en la semana pasada en Turquía, que precisamente a ese nivel existe una enorme demanda también desde los grupos más progresistas y aperturistas turcos para que no se utilice ese terreno para decidir esta guerra con Turquía que no se ha tenido el valor necesario de afrontar con medidas políticas desde la Unión Europea. Transmitiríamos desde el Parlamento Europeo un mensaje equivocado.
El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a la comisión
(El Parlamento aprueba ambas resoluciones legislativas en votaciones sucesivas) Recomendación para la segunda lectura (A4-0033/99) de la Comisión de Transportes y Turismo respecto de la posición común (C4-0613/98-97/0150(SYN)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa a los documentos de matriculación de vehículos (Ponente: Sr. Bazin)
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Andersson, Hulthén, Palm y Theorin
Últimamente se ha intensificado la guerra contra los kurdos en la parte sur oriental de Turquía. Los representantes de las organizaciones de derechos humanos señalan que la situación de los kurdos ha empeorado sensiblemente después de la detención de Abdulá Ocalan.
La UE, los Estados miembros, otros estados democráticos y la comunidad internacional han dado acceso a Turquía a diferentes colaboraciones. A menudo los objetivos han sido el fomento de los derechos humanos y la democracia. Algunas colaboraciones han sido incluso condicionadas a que ese país respete los derechos humanos. Sin embargo, esas condiciones no han sido cumplidas.
Es importante mantener los contactos y continuar el diálogo con Turquía. En general, no es una buena solución aislar totalmente a los países no democráticos.
Mediante programas de intercambio de jóvenes se puede dar a estos la posibilidad de estudiar cómo funciona la democracia y así crear una voluntad de cambio. No obstante, es de vital importancia que los criterios de selección sean tales que todos los jóvenes, independientemente de, por ejemplo, su etnia, tengan acceso al programa. Otra exigencia es que los jóvenes no queden expuestos a represión al volver a casa.
En la actual situación, estimamos que no es adecuado que el Parlamento Europeo apruebe la colaboración propuesta. El Parlamento Europeo debe postergar su aprobación hasta que se hayan obtenido claras señales de que se van a respetar los derechos humanos.

Bonde y Sandbæk
Nos hemos abstenido en la votación sobre la participación de Turquía en los Programas Sócrates y «La Juventud con Europa». Mientras Turquía no respete los derechos humanos y garantice unas condiciones aceptables para las minorías del país, nos resultará difícil apoyar la participación de este país en estos programas. Nuestro voto de hoy se adecua a la postura que hemos mostrado con respecto a otras cuestiones relativas a Turquía, como por ejemplo la unión aduanera y el asunto Ocalan.

Buffetaut
Sobre el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, el Parlamento Europeo nos propone en el día de hoy que Turquía figure entre los beneficiarios de los programas Sócrates y Juventud por Europa III . Cuando la Unión Europea, con toda razón, ha puesto condiciones claras y precisas para la adhesión de los PECO, a esta Asamblea le parece natural que un país como Turquía, que responde poco a estos criterios, participe en unos programas comunitarios cuya financiación, en el actual estado de cosas, es complicada de asegurar.
Turquía es en la actualidad sospechosa para la comunidad internacional de preparar para el Sr. Abdulá Ocalan un proceso político con sentencia dictada; el Consejo Europeo está obligado a especificar que espera «un trato equitativo y correcto, un proceso abierto, de conformidad con las reglas del derecho, ante un tribunal independiente al que tengan acceso los asesores jurídicos que elija (el Sr.Ocalan)», condicionando «la mejora de las relaciones euroturcas al respeto por estos criterios» , señalando así su inquietud efectiva sobre la realidad de su aplicación.
Una vez más, sobre este tema al igual que sobre tantos otros, el Parlamento Europeo mantiene actitudes angelicales, al pretender que sus interlocutores no son como son, sino como quisiera que fueran. No se puede tener un doble lenguaje cuando las divergencias alcanzan un nivel semejante. Que los PECO participen en estos programas es normal desde el momento que responden a los criterios definidos, y se preparan para integrarse en la Unión Europea a medio plazo.
Con respecto a Turquía, es largo el camino hasta que alcance el nivel de respeto por estos criterios, en el supuesto de que tenga vocación de integrarse en la Unión. En efecto, Turquía, que sólo posee una mínima parte de su territorio en el continente europeo, no es ni por su historia ni por su civilización una nación europea. Sería más útil y coherente afirmarlo de una vez por todas y desarrollar con este gran país convenios de cooperación y de relaciones estrechas sobre un fundamento distinto del de la promesa siempre rechazada de una posible adhesión. Por ello hemos votado contra este informe.

Darras
Esta segunda lectura en codecisión del informe de la Sra. Heinisch ha sido rechazada en numerosas ocasiones, habida cuenta de la controversia vinculada al tema. Se trata de permitir que Turquía acceda a los programas europeos en materia de educación y juventud. Estos programas «Sócrates» y «Juventud por Europa III», concluyen a finales de 1999. Por consiguiente, no es cierto en absoluto que la participación de los jóvenes turcos sea efectiva, pero votar positivamente supone al menos actuar en el ámbito de los principios y desbloquear unas relaciones en unos sectores esenciales para el futuro de Turquía (la educación y la juventud). Este Parlamento ya se ha pronunciado además favorablemente sobre este tema en una resolución de septiembre de 1998, y el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 confirmó la elegibilidad de este país a la adhesión a la Unión Europea.
Votar positivamente supone también ayudar a abrir la mente de los jóvenes turcos en contacto con sus colegas europeos; supone además estimular el desarrollo de la tolerancia, y así se puede esperar que la población turca en general tome conciencia de la necesidad de una democratización indispensable e imprescindible.
Votar positivamente es un desafío para el futuro y un desafío igualmente para el respeto de los derechos humanos que, para ser efectivo, necesita una educación y una formación específicas que puedan adquirirse con la participación en estos programas, mediante el intercambio.

Lindqvist (ELDR)
Hay que utilizar todas las posibilidades para integrar a los ciudadanos de Turquía en programas básicos para la democracia, la libertad de pensamientos y los derechos humanos. Una posibilidad importante para discutir asuntos sociales relevantes en aras de un desarrollo democrático es el diálogo con los ciudadanos, especialmente con los jóvenes turcos. Sin embargo, el momento para permitir a Turquía formar parte de los programas «Sócrates» y «Juventud» está muy mal elegido.
La detención del dirigente del PKK Abdulá Ocalan por parte de Turquía y el proceso que se ha iniciado en su contra, en dudosas circunstancias desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tienen que encontrar resistencia y distanciamiento. Turquía no quiere ni puede garantizar un tratamiento justo de Abdulá Ocalan, en un proceso independiente, con asistencia jurídica durante todo el proceso y controlado internacionalmente. Turquía se niega a discutir el tema del reconocimiento de la identidad kurda, su idioma y su cultura, y la creación de una autonomía regional para las regiones kurdas dentro de las fronteras turcas. Tampoco acepta Turquía derechos democráticos tales como la libertad de expresión y el derecho de los kurdos a formar partidos democráticos de la misma manera como lo hacen los turcos. El partido HADEP, dominado por los kurdos y que se propone participar en las elecciones turcas el 18 de abril, está siendo objeto de prohibiciones en el tribunal constitucional para participar en las elecciones.
La UE debería enviar una delegación a Turquía para seguir el desarrollo de los acontecimientos en el país durante el tiempo que dure el proceso contra Abdulá Ocalan. Se debería realizar una conferencia internacional para iniciar un diálogo por la paz en Turquía.
Se da una señal errónea al conceder medios y permitir a Turquía su participación en diversos programas comunitarios antes de saber cómo va a proceder en el asunto kurdo. Esto, entre otras cosas, porque Turquía ha prometido cumplir exigencias de democracia, de derechos humanos, fin de las torturas, etcétera, en el acuerdo aduanero con la UE.
Recomendación Bazin para la segunda lectura (A4-0033/99)
Rovsing
Las estadísticas de las compañías de seguros muestran que el robo de automóviles es un gran problema en los países miembros de la UE. Muchos coches robados logran ser sacados a países fuera de la UE, donde se les pinta de nuevo, vuelven a ser matriculados y son revendidos. Para combatir el robo de automóviles, resulta necesario poder controlar a los estados de matriculación; sin embargo, la existencia de normas diferentes en los países miembros hace difícil el control. La propuesta de directiva es por ello una iniciativa necesaria y valiosa por parte de la Comisión que traerá consigo la unificación de una serie de datos mínimos y los códigos para los datos en los certificados de matriculación de automóviles comunitarios. Las enmiendas del Parlamento al texto de la Comisión de la primera lectura afortunadamente han sido asumidas en buena medida por el Consejo, por lo que es de esperar una rápida aprobación e implantación de la directiva para que así pueda ponerse freno, entre otros, al robo organizado de automóviles dentro de la UE.
Recomendación para la segunda lectura de Informe Pack (A4-0062/99)
Bébéar
El Parlamento Europeo está luchando desde 1994 por conceder una financiación razonable y coherente al programa Sócrates. El último compromiso votado en 1998 nos había decepcionado por la pusilanimidad de la Comisión. Hoy, por el contrario, veo nuestros esfuerzos recompensados por el aumento de la asignación presupuestaria para el período 2000-2006. Doy por tanto mi aprobación al Informe Pack.
Los 119 millones de estudiantes y los 4 millones de docentes con los que cuenta la Unión Europea desean que siga adelante un programa que ha permitido a medio millón de estudiantes ir a estudiar a otro país, a 60.000 estudiantes efectuar misiones de enseñanza y a 110.000 jóvenes realizar intercambios educativos.
Esta cooperación ha de verse estimulada, la movilidad intensificada y de forma general la dimensión europea desarrollada en todas las etapas educativas. El 87 % de los participantes consideran favorable su contribución a Sócrates, principalmente cuando se trata de la construcción europea y de un mejor conocimiento de nuestros vecinos inmediatos.
La nueva filosofía de Sócrates II se orienta aún más hacia las necesidades no satisfechas en los cinco últimos años: ampliación a los jóvenes adultos sin cualificación y a los países candidatos a la adhesión.
No se podía, por tanto, mantener este programa en una indigencia que aumentaría sin cesar y de la que Sócrates padece desde sus orígenes. El incremento de presupuesto de hoy encuentra plenamente su significado y su coherencia.

Darras
Esta segunda lectura en codecisión del informe de la Sra. Pack se nos presenta de forma «favorable». La Comisión nos ha apoyado aprobando total o parcialmente 34 de nuestras 54 enmiendas presentadas en primera lectura. En el curso de la última reunión de nuestra Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Sra. ponente ha podido encontrar un terreno de compromiso con nuestro colega Elchlepp, y ahora disponemos de un informe muy bueno.
Pretendemos reforzar el principio de movilidad de los estudiantes, principalmente en el caso de aquellos que ya están en formación, y además, afirmamos que la situación socioeconómica de los estudiantes ha de ser analizada realmente y tomada en consideración en el momento de la concesión de las becas. Por otro lado, alentamos a los Estados miembros a aportar el complemento necesario para esta movilidad proporcionando la financiación necesaria. Más claramente, les pedimos que no dejen de ayudar económicamente a un joven con el pretexto de que participa en un programa «Sócrates».
No nos queda por tanto más que, con nuestra votación de hoy, confirmar nuestras propuestas presupuestarias: 2.500 millones de euros para un período de 7 años, en lugar de 1.550 millones de euros para el mismo período como desea el Consejo de Ministros. Hemos de unirnos para defender nuestro punto de vista, más justificado en la medida en que el programa está abierto a los países asociados de Europa central y oriental, a Chipre, a Malta y a Turquía.
Informe Rothley (A4-0037/99)
Andersson, Hulthén, Lööw, Palm y Theorin
Opinamos que no es tarea del Parlamento presentar propuestas en este campo. En nuestra opinión, las reglas europeas tienen ventajas: que las patentes solamente pueden otorgarse a inventos nuevos en relación con lo que era conocido hasta el día anterior a la solicitud. Es una regla simple y clara. Un «grace period» seguramente produciría más conflictos sobre quién tiene derecho a un invento ya conocido.
Si las reglas van a modificarse, primero tendrá que hacerse un profundo análisis de la situación legal y de las consecuencias de tales modificaciones. Sin embargo, esta tarea no corresponde al Parlamento.

Rovsing
El informe de iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la introducción de un período de gracia toca un aspecto importantísimo de la legislación sobre patentes. Como regla básica, cualquier ley de patentes obviamente ha de impedir la concesión de patentes a descubrimientos que ya sean de dominio público. Sin embargo, el período de gracia reconocido, entre otras, en las legislaciones norteamericanas y japoneses sobre patentes otorga a estos países una ventaja frente a la UE en un campo de gran trascendencia para el desarrollo empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo. De ahí que resulte absolutamente necesario acabar con semejante desigualdad introduciendo también en la UE un período de gracia limitado, en el que puede concederse patentes a descubrimientos de dominio público.

Sjöstedt y Svensson
Simpatizamos con los objetivos de hecho del ponente. No obstante, opinamos que los asuntos relacionados con los derechos de patentes deben tratarse y solucionarse en el ámbito de un órgano internacional, OMPI, y de la Oficina de Patentes Europeas. La incorporación de la Unión Europea como una parte especial, complica el asunto. La declaración de la Comisión acerca de la competencia de la Unión está, además, muy débilmente fundamentada.
Por las razones expuestas, hemos votado en contra del informe en la votación final.
Informe Grossetête (A4-0053/99)
des Places
Como ha señalado mi colega Souchet en su intervención, nuestro grupo ha votado la totalidad de enmiendas presentadas a este informe, con excepción de las enmiendas 12, 13 y 15 de la Comisión de Medio Ambiente.
En efecto, es necesario privilegiar todos los sectores que permitan el control de los residuos de materiales de envasado y no reservar sólo a la reutilización y al reciclado esa gestión de los residuos. Existe la valoración térmica, no se debe olvidar. Envases como los cartones o la madera son útiles en el proceso de incineración de las basuras domésticas.
Con respecto al procedimiento de certificación de conformidad de los envases, la responsabilidad ha de ser asumida por los fabricantes de envases y no por los industriales transformadores, y ello en aplicación del principio de que el que contamina paga y de la simplificación administrativa vinculada al número de operadores.
Finalmente, desearía precisar la posición de nuestro grupo relativa a las ecotasas sobre los envases. En algunos Estados miembros se han puesto en marcha sistemas gravosos y vinculantes con respecto a las ecotasas, que limitan el acceso a su mercado de los productos de los demás Estados miembros. Sobre este punto es necesario que la Comisión tenga una posición clara, que se apoye en el sistema de las ecotasas aplicadas en Alemania y en Francia. Efectivamente, esos sistemas se basan en un sistema de marcado común válido para el conjunto del sector «valorización de los residuos», en un sistema administrativo sencillo y equitativo tanto con relación a los operadores internos del Estado miembro como con respecto a los operadores de los demás Estados miembros y en un sistema que permite una aplicación óptima de gestión integrada de los envases y de sus residuos.
Debo recordar que el sistema de imposición ha de ser también equitativo en función del o de los materiales utilizados en la fabricación del envase. En Francia, por ejemplo, algunas administraciones, con el fin de favorecer a la sociedad Eco-emballages en detrimento de otras sociedades de recaudación de ecotasas, desean aplicar un sistema de IVA reducido que favorezca el planteamiento «multimateriales». Si esta modificación fiscal se aprueba, los sectores de reciclado como el del vidrio se verían penalizados en beneficio de otros materiales más contaminantes.
Informe Schnellhardt (A4-0003/99)
von Habsburg
Señor Presidente, quería explicar mi comportamiento de voto pues se me ha acusado de haber votado a favor del vino y de haber ignorado de algún modo la cerveza que se hace en mi distrito electoral. He votado muy conscientemente a favor del vino pues soy de la opinión de que el vino es una de las partes más esenciales de nuestra civilización. Esto comenzó ya en la época de Jesucristo quien hizo el primer milagro con el vino. Si hubiese sido un contemporáneo, probablemente habría transformado vino en agua, pero lo que hizo fue transformar el agua en vino, por lo que debemos defender el vino como parte de la tradición europea, independientemente de que debemos contar con un gran ataque contra el vino europeo, por lo que debemos hacer todo lo posible para defender al máximo el vino europeo.

Lulling
He votado contra este informe porque quiero que se respete el Tratado, es decir, que todo lo que concierne a los vinos y espirituosos ha de verse regulado en el marco de los reglamentos en relación con la organización común del mercado de los productos vitivinícolas.
El Parlamento ha votado un texto relativo a disposiciones totalmente contradictorias. Si esta votación hubiera sido una votación final lo que, afortunadamente, no es el caso, una directiva así sería totalmente inaplicable.
En estas condiciones, el informe debería haberse devuelto a comisión. Desafortunadamente, el propio ponente ha sembrado el desorden, distribuyendo una lista de votación contraria a la lista oficial del grupo al que pertenezco, y él también.
Se trata de una prueba suplementaria de la falta de «fair-play» del que ha dado prueba a lo largo del debate y de la votación en comisión.
La Comisión está con los 206 diputados que han votado contra el informe, y eso me tranquiliza.

Souchet
Nuestro grupo ha votado contra la resolución legislativa y contra la propuesta de reglamento modificada. En efecto, la lógica de esta directiva era aplicar un procedimiento relativo al etiquetado de bebidas alcohólicas.
La votación en sesión plenaria presenta dos fallos importantes. Uno tiene relación con lo que se llama las «premixes», es decir, las bebidas alcohólicas que incorporan agua con gas, azúcar y aromatizantes, destinadas a jóvenes. Estas premixes, tras la votación en sesión plenaria, tendrían un estatuto de etiquetado mucho más favorable que los vinos y espirituosos. Ahora bien, el vino es un producto cultural destinado a una población de más edad y que se consume en su mayor parte durante las comidas. Los efectos del alcohol son por tanto totalmente diferentes entre el vino y estas premixes que se consumen sin comer nada durante las veladas.
Por lo que respecta a la segunda, tiene relación con la lista de los productos integrados en el anexo. En efecto, la enmienda 14 del Sr. Hallam incorpora en la presente directiva las cervezas, la sidra y la sidra de peras. Ahora bien, estas bebidas no son productos agrícolas, es decir, que no dependen de una organización común de mercados específica regida por un reglamento agrícola sometido al procedimiento del artículo 43. La amalgama hecha por los cerveceros y los industriales de la sidra puede perjudicar al conjunto del sector vitícola.
Estas dos razones han jugado por tanto a favor de nuestra oposición a la aprobación de esta directiva. Esperamos que durante el procedimiento de codecisión, es decir, en segunda y tercera lectura, estas dos enmiendas se vean rechazadas por el Pleno.
Informe Langen (A4-0021/99)
Andersson, Hulthén, Palm y Theorin
Por razones de salud pública el impuesto al tabaco debe ser alto, ya que un alto precio tiene el efecto de frenar la demanda. Combinando un alto precio con límites de edad, estrictos controles de los lugares de venta e información a la población, las posibilidades de limitar el uso del tabaco son buenas.
En algunos casos, un alto impuesto sobre el tabaco en relación con los países circundantes puede conllevar un aumento de las importaciones ilegales y la formación de un mercado negro. Suecia es uno de los países afectados. Por este motivo, se ha visto la necesidad de reducir provisionalmente el impuesto a los cigarrillos para disminuir los incentivos del mercado ilegal y arrinconar el mercado negro.

Blot
Votaremos contra el Informe Langen. No porque proponga enmiendas inaceptables al texto de la Comisión, sino porque los diputados del Frente Nacional se han pronunciado siempre contra la armonización fiscal y en defensa de uno de los principales aspectos de la soberanía: la capacidad de los Estados para recaudar impuestos.
Votaremos contra este informe por otra razón: la hipocresía general que mantienen los poderes públicos de todo tipo sobre la cuestión del tabaco. Todo el mundo sabe que fumar no es bueno para la salud. Eso figura incluso en cada cajetilla de tabaco, en unas reseñas que ya nadie lee desde hace tiempo. Los que deciden se jactan periódicamente de la preocupación que sienten en cuanto al desafío de salud pública que representa la lucha contra el tabaquismo. Pero en mi país el Estado es perceptor en la producción de cigarrillos y, de cada cajetilla vendida ingresa el 75 % de impuestos. Estamos en nuestro derecho de plantearnos esta pregunta: el interés declarado por la salud ¿no es una simple pantalla que oculta un objetivo fiscal real, como es el mantenimiento de unos ingresos presupuestarios que no tienen nada de marginal? No dudemos que el fumador es, en Francia y en los demás países de la Unión, una vaca lechera al mismo nivel que al automovilista.
Además, hay realidades económicas que no debemos olvidar. Hemos de velar por la perennidad del sector del tabaco en la Unión Europea, sobre todo cuando sabemos que nuestros productores nacionales no satisfacen más que el 20 % de las necesidades industriales. Debemos estar atentos para apoyar esta actividad que desempeña una función nada desdeñable en la supervivencia del tejido rural en muchas regiones como Alsacia. Hemos de estimular la producción de tabacos de calidad, menos ricos en alquitranes. Por ello damos nuestra plena aprobación, una vez no hace hábito, a la reforma de la OCM del tabaco. Y no podemos más que lamentar que no se haya hecho nada por reducir la dependencia exterior de la UE en este ámbito.

Nicholson
El mayor problema al que se enfrenta la industria del tabaco en el Reino Unido es el contrabando, en particular, de tabaco de picadura procedente de Bélgica y Francia. Por ello me complace que el ponente aborde este asunto en su informe. Es interesante que bajo el dogma del mercado único, a la Comisión no le importe en absoluto que algunos pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de la desaparición de la venta libre de impuestos, y que se haya mostrado igual de indiferente ante los puestos de trabajo de la industria del tabaco que se ven amenazados por las diferencias que existen en el mercado único, que es la causa del contrabando. Personalmente preferiría que mi Gobierno nacional redujera los impuestos sobre el tabaco de picadura en el Reino Unido. Habida cuenta de que es improbable que lo haga, la alternativa es que se incrementen los impuestos sobre el tabaco de picadura a este lado del Canal de la Mancha.
Sólo en 1998, el servicio de aduanas del Reino Unido calculó unas pérdidas de ingresos por valor de 1.000 millones de libras como resultado del contrabando a través del Canal de la Mancha. Esta suma no incluye la pérdida de ingresos por el contrabando en grandes buques de carga o por aire. Está claro que existe un problema importante que afecta a los puestos de trabajo del Reino Unido. La Comisión debería tomar nota de las peticiones de los políticos elegidos para que adopte medidas en este frente.
Detención de Abdulá Ocalan (B4-0223/99)
von Habsburg
Señor Presidente, he votado muy conscientemente contra todo en esta resolución pues la considero mala por la siguiente razón: se encumbra a un terrorista que tiene en su conciencia miles de muertos, se le honra mientras que por otro lado el Presidente de nuestro Parlamento -no usted, sino otro- ha rechazado debatir ahora sobre la cuestión de los albanos en Kosovo, quienes están siendo asesinados por los serbios, aplazándolo hasta el día del Juicio Final. Me parece un escándalo, pues nuestra primera obligación no es con terroristas sino con civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos que son asesinados. Por ello, sólo quiero decir: he votado conscientemente en contra de todo pues era el lugar erróneo. No es nuestra tarea la de abogar por terroristas pero sí por aquellos que trabajan pacífica y activamente por la libertad de los pueblos.
Proyecto de acuerdo con Sudáfrica (B4-0222/99)
Barros Moura, Marinho y Torres Marques
Pretendo dejar claro que el apoyo a Nelson Mandela y a la lucha del pueblo sudafricano por la consolidación de una democracia antirracista -que, en nuestro caso, es una causa de siempre, incluso cuando algunos de los más ruidosos defensores actuales de los mismos objetivos aún no se habían convertido y atacaban a Mandela y al ANC- no puede legitimar una cesión irresponsable en una cuestión fundamental que no se debe confundir con el proteccionismo.
Ha costado mucho hacer reconocer por la Unión Europea y, a partir del año 2000, por la Organización Mundial del Comercio la protección de las denominaciones de origen de Oporto y de Jerez.
Así, pues, no podemos aceptar que se deje de lado semejante garantía, sobre todo cuando el preacuerdo concertado por el Comisario Deus Pinheiro no da ninguna seguridad de que Sudáfrica dejaría de utilizar las denominaciones PORT y SHERRY después de agotados los ya de por sí largos períodos transitorios durante los cuales podría, por ejemplo, exportar a un mercado tan importante como los Estados Unidos de América.
Por lo demás, la cuestión no se resume en las relaciones bilaterales UE-Sudáfrica y entraña el riesgo de sentar un precedente del que podrían aprovecharse, contra el oporto y el jerez, otros países productores de vino, como los propios Estados Unidos de América (California), Australia, Chile, etc.
Y, como nosotros representamos a ciudadanos electores y poblaciones concretas -al contrario de los que irresponsablemente firmaron en Davos el preacuerdo-, hemos votado en contra de la resolución y pedimos al Consejo que, una vez corregidos con equilibrio los aspectos indicados, haga todo lo posible para una rápida aprobación de los acuerdos UE-Sudáfrica.

Collins, Gerard
Señor Presidente, colegas, es muy decepcionante la noticia de que últimamente han surgido dificultades en las negociaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica.
Las conversaciones con Sudáfrica se vienen celebrando ya durante más de tres años y quisiera recordar el compromiso que asumimos de celebrar un acuerdo UE-Sudáfrica antes de marzo como muy tarde.
El paquete final negociado por el Comisario Pinheiro y respaldado por toda la Comisión es la base de un sólido acuerdo de asociación de comercio, desarrollo y cooperación técnica.
En este contexto, quisiera instar a los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal a que consideren detenidamente las implicaciones de retrasar el acuerdo.
No olvidemos que este acuerdo no es únicamente de comercio. Tiene un gran significado político. Sudáfrica es un país que lucha por construirse una nueva identidad democrática y reconciliarse con su pasado. Es un país en el que existen problemas políticos y sociales. Este acuerdo es fundamental para alentar los procesos que se han puesto en marcha. Interrumpirlo ahora supondría un serio golpe para nuestros socios sudafricanos.
Apelo a los gobiernos pertinentes para que reconsideren su posición y eliminen cualquier obstáculo al acuerdo que refleja una visión miope de la situación. Hago un llamamiento a dichos gobiernos para que adopten una visión a largo plazo - a que accedan a las propuestas de la Comisión que reflejan los deseos de esta Asamblea y del Consejo Europeo de Viena.
No deben escatimarse esfuerzos para la aplicación del Compromiso alcanzado en Davos que permitirá unas relaciones sólidas con Sudáfrica. Como he dicho, se trata de un acuerdo fundamental para la nueva democracia sudafricana, pero además constituye la base de una asociación de iguales, una asociación que potencie a ambas partes económica así como estratégicamente.

Cunha
El acuerdo sobre desarrollo comercial y cooperación con Sudáfrica merece todo nuestro apoyo, dado que contribuye a la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y el gran espacio social y económico del África meridional, que constituye una de las grandes esperanzas para el futuro de la Humanidad. Pero sucede que ese acuerdo sólo tiene sentido, si se realiza en pro del interés pleno de todas las partes.
Ahora bien, sucede que hasta el presente no se han tenido en cuenta algunos de los intereses de las partes. Como ocurre en particular con el vino de Oporto, en el que debe quedar absolutamente claro que Sudáfrica no podrá producir ni comercializar vino alguno con ese nombre después de que concluya el período transitorio. Se trata de un asunto que debe quedar claro en el texto del acuerdo o en una declaración aneja. Y en ese marco la ayuda de 15 millones de euros concedida por la Unión Europea sólo tiene sentido si se destina a la reconversión de esos vinos para vinos de mesa o para el abandono de la actividad. Y, si no es así, tampoco tiene sentido la concesión arancelaria concedida a un contingente de 32 millones de litros de vino de mesa.
Por todas estas razones, consideramos que el Comisario ha hecho bien en aplazar una decisión hasta que hayan quedado más claras todas las cuestiones. Por eso, también hemos votado en contra de esta resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo.

Novo
No nos cabe duda sobre la importancia política que reviste para Sudáfrica y para el régimen democrático sudafricano el establecimiento de un acuerdo de cooperación entre ese país y la Unión Europea. Como tampoco olvidamos la importancia y la necesidad de contribuir a consolidar un régimen que devolvió la dignidad nacional a Sudáfrica y procura erradicar el racismo de ese país. Entre otras cosas porque a ese respecto algunos de los que hoy dicen defender la democracia en Sudáfrica y ayer hacían la vista gorda ante las persecuciones y crímenes del régimen del apartheid , por considerar al Presidente Mandela un terrorista, no tienen autoridad moral y política para invocar la democracia a propósito de este acuerdo.
Ahora bien, conviene subrayar que, a pesar de haberse dispuesto en el Consejo de Viena que se debería adoptar una decisión sobre un proyecto de acuerdo antes de marzo de este año, no nos causa inquietud particular que se haya anunciado ahora que se aplaza por algún tiempo más esa decisión. De hecho, los compromisos concretos asumidos por la Comisión, por mediación del Comisario Deus Pinheiro, no son, desde luego, los más correctos, ya que contaron con la oposición de al menos cuatro Estados miembros (Portugal, Francia, España e Italia). Por tanto, hay que revisarlos para que un acuerdo que se pretende y desea equilibrado no resulte perjudicial para importantes sectores comunitarios. Y, por lo que se refiere a mi país, que dichos compromisos no pongan en entredicho un sector importante de la economía nacional como es el del vino de Oporto. Se trata tan sólo de fijar plazos aceptables para terminar de una vez con la producción y la comercialización de un producto que, por ser producido sólo en el valle del Duero, en Portugal, no puede ver su denominación de origen utilizada por otros, sea cual fuere el pretexto para hacerlo.
Por eso, consideramos prudente no ser voluntaristas, sino que, al contrario, es preferible esperar un poco más a tener en cuenta de forma real y efectiva estas y otras cuestiones a fin de que se establezca rápidamente un acuerdo que satisfaga plenamente a todas las partes interesadas. Por eso no subscribimos ni apoyamos la propuesta hoy aprobada que olvida elementos importantes relativos al futuro acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica y que, si se omiten, podrían comprometer la plena eficacia política y económica de dicho acuerdo.
Informe Grosch (A4-0032/99)
Caudron
Recibo el trabajo de nuestro colega Mathieu Grosch con cierta satisfacción, ya que aborda con justicia la cuestión social en el ámbito del transporte, y principalmente el punto crucial del tiempo de trabajo.
Comparto el planteamiento del ponente, que vincula el tiempo de trabajo a la seguridad. Añadiré también a la calidad de vida para los asalariados. Por otra parte, debo señalar que el texto afirma como principio que la reducción del tiempo de trabajo no puede verse acompañada de una reducción de la remuneración inicial. Esto era necesario.
Por el contrario, puede ser peligroso vincular ésta a la noción de flexibilidad, sabiendo que los asalariados del sector del transporte están en general fuertemente sometidos a esta obligación, portadora de una inseguridad potencial directa o indirecta importante, cuando sabemos la fuerte amplitud de los «lapsos» de trabajo.
Por otra parte, quiero también saludar a la Comisión, y muy especialmente al Sr. Neil Kinnock, que ha tomado conciencia muy rápidamente de sus riesgos, pero también de las consecuencias sociales del «dumping» social practicado por algunas empresas y de sus repercusiones en materia de competencia intracomunitaria.
Finalmente, frente a la internacionalización creciente de los transportes, es necesario defender nuestra legislación en los organismos internacionales y conseguir unas reglas mínimas, especialmente en el transporte marítimo y aéreo.
Creo que se puede esperar que este paso importante hacia una armonización de las disposiciones sociales para el sector del transporte pueda hacer escuela en otros ámbitos.
Sigo creyendo que la construcción de una Unión Europea fuerte no puede hacerse sin una convergencia de las normas sociales nacionales.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
El punto de partida de este informe es obviamente provechoso. Hay muchos aspectos en los que estamos de acuerdo, entre otros, en lo referente a las jornadas de trabajo en el sector de los transportes y las consideraciones a las personas inválidas. Sin embargo, nos preguntamos si la UE es la instancia adecuada para decidir en muchos de estos asuntos. La UE puede ser evidentemente un órgano para coordinar algunas decisiones, pero opinamos que es erróneo dar poder a la UE para que tome decisiones supranacionales en el ámbito de la política social.

Lindqvist (ELDR)
Este informe pertenece a la categoría de ridiculeces, intrusiones y reglamentaciones detalladas. Las jornadas de trabajo y la legislación social en el sector de los transportes deben fijarse por medio de acuerdos entre las partes del mercado y, si éstos no pueden alcanzarse, a través de legislaciones de carácter nacional. No hay motivos para que la UE regule por medio de directivas los tiempos de conducción, los horarios, los períodos de descanso y otros detalles.

Palm y Theorin
Pensamos que éste, en el fondo, es un buen informe. Se ocupa de problemas, en relación con las leyes sociales, que pueden tener los asalariados pertenecientes a profesiones que traspasan las fronteras, lo que en Suecia está comprendido en las leyes laborales.
Vemos que las leyes que propone el ponente son necesarias. No obstante, opinamos que no es la Comisión la llamada a redactar ni a presentar propuestas de ley.

Theonas
Ya nadie duda de que las medidas de liberalización del mercado hayan llevado a una reducción drástica de los puestos de trabajo, a una extensión de los trabajos atípicos y a tiempo parcial en detrimento del empleo estable y a jornada completa; tampoco duda nadie de que hayan conducido al incumplimiento de la legislación laboral y sobre seguridad social sirviéndose de los contratos de prestación de servicios; nadie duda de que dichas medidas hayan invalidado los convenios colectivos, de que hayan ocasionado una reducción de los salarios, y a pesar de todo esto, tanto la Comisión como los Estados miembros insisten en seguir con esta lógica e incluso fomentan nuevas medidas, y la punta son los ferrocarriles y el transporte por carretera de pasajeros y además hacen hincapié en el cumplimiento del calendario para la liberalización plena del cabotaje marítimo.
En este marco, la previsión de medidas de una alta protección social de los trabajadores en el ramo es especialmente importante, siempre y cuando implique una mejora de las condiciones de trabajo, una observancia estricta de las disposiciones de protección, el apoyo a los convenios colectivos laborales, la reducción del tiempo de trabajo sin disminución de los salarios. Sobre este tema en especial, aprovechando el debate sobre la ampliación de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en el sector de los transportes, la Comisión podría reconsiderar el tiempo de trabajo semanal con vistas a su reducción. Somos contrarios a cualquier intento de ampliar más la flexibilidad y de facilitar el incumplimiento de la reglamentación sobre el tiempo de trabajo semanal mediante las propuestas sobre una ampliación del periodo de referencia para los trabajadores móviles que prevé el proyecto que se ha presentado. Por otra parte debe definirse claramente el concepto del tiempo de trabajo, ya que en el sector de los transportes es un concepto especialmente delicado y debe incluir no sólo el tiempo de conducción y el tiempo dedicado a la carga y descarga del vehículo, sino también el tiempo restante en que el trabajador está a disposición del empresario.
Desaprobamos especialmente la falta de medidas por parte de la Comisión para afrontar el deterioro de las condiciones laborales y salariales, mediante disposiciones legislativas nacionales, para así aumentar los beneficios de las empresas a la vista del aumento de la competencia. Por ejemplo, el fenómeno de los segundos registros debe combatirse inmediatamente. Por otra parte, la Comisión, en lugar de tomar medidas para mejorar la legislación de los Estados miembros, con su propuesta de modificación del reglamento sobre el cabotaje, al Estado de acogida le priva del poder de definir las condiciones de provisión de personal.
Nosotros creemos que ni la competencia internacional ni, en general, las potencias del mercado pueden, en ningún caso, constituir una coartada para reducir la protección. Por el contrario, hacen necesaria la adopción más coordinada de unos estándares sociales elevados que fortalezcan el nivel de protección en los países en que la protección social es más baja, que protejan a los trabajadores, por su propia seguridad y la de los usuarios. Nada de esto puede suceder si no se respeta el principio del servicio público y si no se pone freno al liberalismo extremo, que hasta el día de hoy sólo nos ha traído consecuencias negativas.
La protección de los trabajadores en el sector de los transportes es ahora especialmente imperiosa porque la intensificación de la liberalización en dicho sector ha ocasionado problemas muy graves y un deterioro dramático de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. Sobre esta base, queremos subrayar el carácter positivo de bastantes de las propuestas del ponente y deseamos pedir su aceptación y su materialización.
Informe Gallagher (A4-0018/99)
Lindqvist (ELDR)
He votado favorablemente las enmiendas 6 y 20, es decir, un reto a la Comisión para que en las propuestas que se ha comprometido a aprobar antes del 31 de diciembre del año 2001, proponga que el límite se amplíe de 12 a 24 millas marinas. Se trata de descentralizar y de dar posibilidades a los estados ribereños para gestionar por sí mismos la pesca costera en el ámbito nacional.

Nicholson
En la UE no existe una política pesquera común, porque las regiones siempre son pasadas por alto. Existe una creciente necesidad de conocer mejor las necesidades y los requisitos de estas zonas que aunque pequeñas, son muy importantes y en las que la industria pesquera, tanto en el mar como en tierra, son de vital importancia para la comunidad y la economía local.
Necesitamos una política pesquera que sepa reflejar las necesidades del sector. La actual política, habida cuenta especialmente de la Preferencia de La Haya, va totalmente en contra de Irlanda del Norte y debe ser modificada para que sea justa para todos los que participan en la pesca. También necesitamos un incremento de los actuales límites sobre nuestras costas. Insto al Parlamento a votar en favor del límite de veinticuatro millas para proteger nuestras pequeñas flotas pesqueras.

Novo
Hay elementos importantes del informe que conviene subrayar. Desde luego, el mantenimiento del principio de estabilidad relativa. Después, y sobre todo, los que no fueron incluidos por enmiendas que presentamos y que, por haber sido aprobadas, no sólo reafirman la voluntad de este Parlamento de ver mantenido en el ámbito de la exclusiva soberanía nacional de los países ribereños el acceso al mar territorial de las doce millas, sino que, además, desean ver ampliada dicha distancia a veinticuatro millas.
Esos elementos son importantes y decisivos para la aplicación de una política de regionalización tal como la entendemos, es decir, como una aplicación del principio de subsidiariedad a la Política Pesquera Común mediante la profundización de una descentralización que se plasme en la posibilidad de que los Estados miembros adapten orientaciones generales de preservación de las poblaciones de peces y de control de la Política Pesquera Común y determinen, junto con el sector y la Comunidad Europea, las medidas concretas en el plano regional o nacional o en ambos que resulten adecuadas para entroncar con objetivos más generales.
No es ésa la perspectiva de regionalización que se recoge en el informe. En éste, regionalización es un concepto que parece muy nebuloso e insuficientemente caracterizado y que parece consistir en dividir mares y partes de océanos en zonas y subzonas que se entregarán a una gestión compartida y asumida por grupos variables de países de acuerdo con la localización geográfica de dichas divisiones. Y, en esa gestión, la formulación de las orientaciones sería plena y desligada de un debate conjunto y abarcaría la casi totalidad de las vertientes hoy pertenecientes a la Política Pesquera Común. Resultan evidentes los desequilibrios y las discriminaciones que podría propiciar esa perspectiva.
Por eso, subscribimos, entre otras cosas porque somos autores de ellas, las propuestas antes citadas y relativas al acceso a los recursos, pero rechazamos la perspectiva de regionalización que aborda el informe.

Souchet
Nuestro grupo ha votado contra la aprobación del informe de nuestro colega Gallagher aunque las enmiendas que propugnan una política de descentralización de la PPC se hayan adoptado en detrimento del proceso de regionalización que había propuesto inicialmente el ponente.
En mi intervención de ayer por la noche, durante la sesión plenaria, manifesté que rechazaba todas las enmiendas que pretendieran modificar en profundidad la PPC. Ahora bien, las enmiendas 6 y 7, presentadas en nombre del Grupo PPE por el Sr. Provan pretenden ampliar el límite de 12 a 24 millas marinas. Este incremento de las aguas costeras nacionales reservadas a la pesca planteará problemas importantes para nuestros pescadores bretones y normandos que ya no tendrán acceso a zonas tradicionales de pesca, más especialmente en la proximidad del Reino Unido.
Me sorprende que durante esta votación se hayan adoptado estas disposiciones, incluso por parte de los diputados franceses, ya que son contrarias a los intereses de nuestros pescadores.
Ésta es la razón que ha prevalecido en nuestra decisión de votar contra esta resolución legislativa consecutiva a este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo.
La PPC se reformará en el 2002 y espero que, en interés de los pescadores franceses, esta resolución no tenga impacto ante la Comisión y ante el Consejo. El «statu quo» de la zona de las 12 millas es el mejor compromiso posible para la totalidad del sector pesquero francés.

Teverson
He votado a favor de este informe por ser uno de los más importantes en el ámbito de la pesca de cuantos ha tratado este Parlamento. El problema clave de la pesca en los mares de Europa es el mantenimiento de unas reservas saneadas. Eso significa una buena gestión en términos de control de los regímenes y los datos científicos. Es imposible llevar una buena gestión bajo el régimen centralizado e imperfecto de la actual PPC. La única solución es la regionalización y la plena participación de todos los interesados. La Comisión debe tomar nota de este informe, y éste es el motivo por el que he hecho un llamamiento en favor de medidas prácticas encaminadas a crear una maquinaria que avance hacia una PPC regionalizada que se ajuste a un calendario estricto.
Informe de Lassus Saint Geniès (A4-0027/99)
Caudron
Hace algunos meses fui ponente de un texto sobre la competitividad industrial de la Unión Europea, y por ello he seguido con interés el trabajo de nuestro colega Lassus en relación con la competitividad y las regiones.
Debo decir que este texto confirma el análisis que yo mismo hice sobre los ejes necesarios para aumentar nuestra competitividad, pero mientras la Unión debate sobre el futuro de los Fondos Estructurales en el marco de la Agenda 2000, se puede decir sobre todo que las propuestas actuales están muy por debajo de los desafíos.
En efecto, desde hace algunos años, se constata que las disparidades regionales tienen de nuevo tendencia a acentuarse, y principalmente en el ámbito que hoy nos interesa.
Para intentar llegar a un reequilibrio regional, a semejanza del ponente, considero también que necesitamos profundizar en el vínculo entre programa de investigación y Fondos Estructurales. Sin embargo, hemos de ser realistas y, para conseguir que esa voluntad sea efectiva, necesitamos también continuar nuestra reflexión para mejorar las vías de comunicación de estas regiones «desfavorecidas». No puedo pensar que esas empresas innovadoras se instalen en regiones con frecuencia mal comunicadas y que, de hecho, tienen dificultades para salir de ese círculo vicioso.
Finalmente, no se debe ocultar esa otra restricción vinculada a los Estados miembros, ya que se puede perder de vista que la ordenación del territorio europeo es aún fuertemente tributaria de las ordenaciones de los territorios nacionales correspondientes a los diferentes gobiernos.
Por consiguiente, es necesario desarrollar sinergias sin duda complejas, pero indispensables, entre los entes locales, los Estados y la Unión Europea, pero también favorecer la emergencia de marcos de decisión transfronterizos.

des Places
El informe del Sr. Lassus compromete una reflexión interesante sobre el fortalecimiento de la cohesión y de la competitividad mediante la investigación y el desarrollo tecnológico.
El ponente lamenta con toda razón el escaso espacio atribuido a investigación en el seno de los Fondos Estructurales (5, 37 % para el objetivo 1; 2, 06 % para el objetivo 5b). La Unión Europea podría liberar un valor añadido estimulando proyectos de alta calidad científica e incorporando a los agentes económicos y sociales (PYME, organismos consulares, universidades).
El informe insiste en este sentido en el papel de las PYME en el desarrollo tecnológico. En muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de insistir en la importancia de las PYME en la creación de empleo y también en la vitalidad del mundo rural. Las PYME han de poder sacar provecho de los trabajos de investigación realizados. Es necesario poner a su servicio unos instrumentos financieros adaptados y eficaces.
Favoreciendo la competitividad de las PYME, la política de investigación y desarrollo tecnológico estimulará la cohesión social y la vitalidad de las regiones más desfavorecidas. El Sr. De Lassus menciona el caso de las regiones ultraperiféricas y de las islas. Consideramos indispensable insistir también en favor de las zonas rurales y de las zonas dependientes de la pesca.
En este sentido, las nuevas tecnologías de la información nos ofrecen la oportunidad de constituir o de deslocalizar en el medio rural equipos de investigación y desarrollo. Éstas permitirán dar acceso a empresas instaladas en las regiones excéntricas, a las tecnologías nuevas que necesitan para seguir siendo competitivas e innovar. Hemos de aprovechar con realismo las nuevas posibilidades que se nos han presentado, sin caer en el triunfalismo.
Sin duda, lamentamos que el Sr. De Lassus aproveche la ocasión para reclamar una política europea de ordenación del territorio. Sin embargo, la calidad de su trabajo y la pertinencia de sus propuestas han estimulado al Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones a dar su apoyo al informe.
Informe A. J. Donnelly (A4-0014/99)
Caudron
Recibo con satisfacción el informe de nuestro colega Allan Donnelly.
En lo esencial, comparto las preocupaciones del ponente tanto en el ámbito de los transportes, de los bancos como en el ámbito de la energía nuclear. En este sentido, apoyo el planteamiento propuesto por el texto para ayudar a Rusia a bordear ese cabo. Sin caer en el catastrofismo, pueden abrirse paso algunos peligros. Por tanto, nos corresponde a nosotros prevenir esos riesgos en ese terreno, pero también en otros sectores de la economía.
Por otra parte, me planteo qué ocurre con las responsabilidades de los principales protagonistas de la industria informática frente a este plazo previsible desde hace varios años. Me sorprende por lo menos que éstos puedan tener el sentimiento de que una vez un producto en el mercado quedan exonerados de todo seguimiento.
Esto es cierto para el problema del paso al año 2000, pero también una constatación que se hace para otros productos que tienen necesidad de actualizaciones regulares para corregir algunos vicios ocultos, con cargo al «desafortunado» comprador.
En este sentido, votaré la resolución del diputado McCartin para que la Comisión se ocupe de las negociaciones con esta industria, con el fin de que los particulares y las pequeñas empresas puedan poner remedio a este «error» sin, de nuevo, verse obligados a pagar por un problema conocido de antiguo y del que no son responsables.
Finalmente, considero que actualmente necesitamos profundizar en nuestra reflexión para que adoptemos disposiciones que nos permitan garantizar los derechos fundamentales del consumidor frente a las empresas proveedoras de material informático y sistemas operativos.

Rovsing
Los ciudadanos dependen hoy en día de una serie de servicios computerizados, tales como pensiones, subsidios familiares, seguridad social, seguros, suministro energético y transporte. Muchos de estos servicios vitales están amenazados por los efectos del problema del «año 2000». La responsabilidad a la hora de solucionar el problema del año 2000 naturalmente recae primero en los proveedores y consumidores de programas informáticos; sin embargo, y debido al enorme alcance del problema, también las autoridades públicas han de colaborar en la solución de este problema. Por ello me sumo a las numerosas iniciativas que la Comisión lleva a cabo en el terreno del problema del año 2000, entre las que puede citarse promover una colaboración que vaya más allá de las fronteras nacionales y los debates mantenidos sobre este problema en el Consejo y con todos los contactos importantes de la industria y los países miembros. Los informes de la Comisión sobre los avances realizados con vistas a la solución de este problema tendrán gran trascendencia a la hora de coordinar los esfuerzos. Naturalmente es absolutamente necesario prestar atención a sectores especialmente sensibles, por ejemplo, los problemas transfronterizos que pueden surgir en las centrales nucleares del este de Europa, y adoptar las medidas necesarias.

Titley
Señor Presidente, hoy he votado a favor de este informe. A pesar de que, a primera vista, puede parecer un asunto técnico de menor importancia, el problema informático del milenio tiene el potencial de frenar bruscamente la vida diaria de millones de personas -si no de algo peor. Resulta fácil olvidarse de lo mucho que actualmente dependemos de los microchips para el funcionamiento de todo, desde los lavaplatos hasta las máquinas de diálisis. Servicios de vital importancia podrían verse interrumpidos, el transporte podría pararse y las empresas verse obligadas a cerrar. Sin embargo, con una preparación adecuada, podemos garantizar que nuestra resaca el 1 de enero del 2000 se deba únicamente a las burbujas y no al problema informático.
Gran Bretaña, bajo el Gobierno Laborista, ha encabezado la batalla para combatir el problema del milenio en Europa con su innovadora campaña Acción 2000. Bajo sus auspicios, las empresas de servicios británicas (incluidas las compañías de agua, gas, electricidad y teléfono) ya han anunciado que esperan ofrecer «el servicio de siempre' durante el paso del milenio. Otros servicios públicos de importancia fundamental, como la Sanidad, los servicios de emergencia, la dirección de servicios sociales, Correos y los ferrocarriles, siguen de cerca.
No obstante, Gran Bretaña no puede permitirse depender exclusivamente de sus propios esfuerzos. En un mundo cada vez más globalizado, la preparación de otros países (o la falta de ella) afectará también a Gran Bretaña. Deseo garantizar que mis electores se sientan libres para celebrar el milenio sin temor a la mañana siguiente. Por ello apoyo los esfuerzos de la UE con vistas a garantizar que Europa -y el mundo en su conjunto- estarán preparados para superar el problema del milenio.

El Presidente.
El turno de votaciones queda cerrado.

Interrupción del período de sesiones
El Presidente
El Parlamento ha agotado su orden del día. Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo .
Se levanta la sesión a las 12.30 horas

