Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
 Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 15 de mayo de 2003.
El Presidente.
Tengo varios anuncios que hacer a la Cámara

El Presidente.
Respecto al calendario de los períodos parciales de sesiones del año que viene, he recibido de la Conferencia de Presidentes una propuesta para celebrar un undécimo período parcial de sesiones del lunes, 3 de mayo, al jueves, 6 de mayo de 2004.
El plazo para presentar enmiendas a esa propuesta concluye mañana martes, a las 16.00 horas.
La votación está prevista para el miércoles a las 12.00 horas.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, sé que va a respetar los deseos del Parlamento en cuanto al número de períodos parciales de sesiones y el resultado de nuestra votación, en sesiones plenarias previas, sobre dónde deberían celebrarse dichos períodos parciales de sesiones, pero ¿podría confirmar dónde vamos a reunirnos el 1 de mayo de 2004? Varios Grupos y partidos políticos de este Parlamento decidirán hoy cuál va a ser su voto sobre la undécima sesión plenaria y su sede. Su voto determinará si nos reuniremos en Bruselas o en Estrasburgo en ese día concreto. Hay un precedente para reunirnos en Bruselas, puesto que el período parcial de sesiones del sábado, 2 de mayo de 1998, cuando el Parlamento dio su veredicto sobre la decisión del Ecofin sobre qué Estados miembros debían unirse al euro, se celebró en Bruselas.

El Presidente.
Siento no poder darle una respuesta clara, porque la posición actual de la Conferencia de Presidentes es que no hay ningún plan para celebrar una reunión el 1 de mayo. Considero que la falta de esa reunión es muy desafortunada, pero esa es la posición actual. En estos momentos no se nos ha presentado ninguna propuesta sobre una reunión en esa fecha.

Lehne (PPE-DE).
Señor Presidente, solo quiero pedirle que compruebe si resulta posible celebrar, por razones legales, una sesión completa después del 1 de mayo. En el nuevo Tratado de Niza se ha fijado en 732 el número de diputados. Pero hasta donde yo sé, somos 788. Me interesaría saber cómo se pretende calcular la mayoría cualificada, caso de que se celebre una sesión en mayo. Ruego que se verifique si resulta admisible esta solicitud. Gracias.

El Presidente.
La cuestión que plantea es perfectamente correcta. En los debates de la Conferencia de Presidentes se acordó que, dado que habrá un período electoral, sería conveniente tratar cuestiones políticas en lugar de cuestiones legislativas. Si fuéramos a tratar asuntos legislativos, la cuestión que usted plantea sería inevitable.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, establecido, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del miércoles, 28 de mayo de 2003. Se han propuesto los siguientes cambios:
Miércoles
En lo que respecta a las preguntas orales al Consejo y a la Comisión sobre una asociación transatlántica presentadas en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, propongo prorrogar los plazos como sigue:
propuestas de resolución: hasta las 12.00 horas del jueves, 12 de junio
enmiendas y propuestas de resolución conjunta: hasta las 12 horas del martes, 17 de junio
La propuesta se debatirá por lo tanto en este momento y la votación se llevará a cabo en el siguiente período parcial de sesiones.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, la cuestión que planteo en el orden del día del miércoles está relacionada con la no participación del Consejo en el debate sobre las elecciones en Nigeria, en el que estará presente la Comisión. 
No alcanzamos a entender que, si el Consejo está en la Cámara, no vaya a participar en un debate en el que precisamente el Presidente de la Delegación de Observadores, mi compañero de Grupo el Sr. Van den Berg, que lo fue a propuesta del Consejo, va a informar; es sorprendente que el Consejo no quiera pronunciarse sobre un tema tan importante, y más aún estando en la Cámara. 
Le pido que reitere la petición del Parlamento al Consejo para que participe en este debate.

El Presidente.
Estoy encantado de repetir la solicitud y me gustaría informar a la Cámara de que, según mi leal saber y entender, el Consejo estará efectivamente presente. Según las indicaciones actuales, no tiene la intención de participar en este debate. Reiteraré la solicitud expresada en la Conferencia de Presidentes que ha repetido su Señoría hoy aquí.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, tengo otra tema, pero dejo a su buen criterio si se debe tratar esta cuestión el miércoles o en la sesión corta del jueves, caso de que se vea respaldada por la mayoría de esta Cámara. Me refiero a la necesidad de recibir información de la Comisión Europea acerca de los sucesos en torno a Eurostat.
Los medios de comunicación europeos se hacen amplio eco de la situación y nosotros en el Parlamento todavía no nos hemos ocupado de estos casos de fraude, que yo calificaría de presuntos. Nuestro Grupo pide que se presente una comunicación de la Comisión sdobre cuya base podríamos abordar el problema de Eurostat el miércoles o en la sesión breve del jueves sobre la base de.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, entiendo que la propuesta del Grupo del PSE ha sido aceptada, es decir, que la Comisión participe en ambos debates, sobre Oriente Próximo y sobre el comercio ilícito de armas cortas.
En relación con el punto que ha suscitado el Sr. Poettering, ¿es el momento de hablar o lo someterá a continuación?

El Presidente.
Me parece que la forma más adecuada de tratar esto sería proponerlo a la Conferencia de Presidentes esta semana, para ver lo que desean hacer los Grupos, y luego optar por invitar a las instituciones relevantes a estar aquí.

Barón Crespo (PSE).
 Señor Presidente, si se hiciera con participación de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, me parecería bien, porque hay que respetar el trabajo de las comisiones de la casa.

El Presidente.
Cuando preparen la Conferencia de Presidentes de esta semana, ¿serían tan amables los Grupos de consultar a la Comisión de Control Presupuestario para ver si hay consenso para seguir adelante en relación con la sugerencia del Sr. Poettering?

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, como usted sabe, la Convención concluirá sus trabajos el 14 de junio, la Cumbre de Salónica tendrá lugar el día 20 y nosotros, muy oportunamente, celebraremos un periodo parcial de sesiones adicional justo en la semana entre esos dos acontecimientos, exactamente los días 18 y 19.
Siendo así, a mi Grupo le parece importante celebrar un debate preliminar sobre los resultados de la Convención, invitando a ser posible al Presidente Valéry Giscard d'Estaing. Subrayo todo lo dicho por el Sr. Barón Crespo, es decir, que ello no merma obviamente la conveniencia de proceder a una valoración más detenida después de la Cumbre de Salónica, de acuerdo con el procedimiento que el Parlamento decida.
Habida cuenta del carácter público de la Convención, me parece políticamente oportuno que nosotros lo debatamos en esta Cámara, aunque no seamos los primeros, al menos de forma pública y transparente, a ser posible en presencia del Presidente, pero también sin el Presidente si no estuviese disponible.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo, que se ha ocupado de este tema, apoya esta petición. Hubiéramos agradecido que, tras la resolución de la Conferencia de Presidentes, adoptada unánimemente según recuerdo, se hubiese podido ponerla en práctica esta semana y que el Presidente de la Convención hubiera acudido esta misma semana al Parlamento. Desconozco los motivos por los que no se ha hecho. Habrá que averiguarlos, pero me complacería enormemente que el Presidente de la Convención pudiera estar con nosotros en el período parcial de sesiones adicional.

Barón Crespo (PSE).
 Señor Presidente, le agradezco la propuesta que ha hecho para que el tema de Eurostat -y, en su caso también, porque está apareciendo ante la opinión pública, el caso del lino, que está también en la Comisión de Control Presupuestario- podamos tratarlo el jueves próximo. 
En relación con la propuesta de la Sra. Frassoni, y considerando que los convencionales de mi familia política están en Amsterdam y van a seguir trabajando en Bruselas, creo que podríamos consultar con ellos para tener más conocimiento de causa y, en la Conferencia de Presidentes del jueves, podríamos hablar, además de reiterar también la petición al Presidente de la Convención. Me parece que, más que tomar una decisión ahora mismo, deberíamos debatirlo el jueves.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, sé que a varios diputados de esta Cámara les habría gustado tener un debate con el Presidente de la Convención antes de Salónica, pero era obvio que no iba a venir, así que apoyo la propuesta del Sr. Barón Crespo de que pongamos este punto en el orden del día de la Conferencia de Presidentes del jueves.

Galeote Quecedo (PPE-DE).
 Señor Presidente, me gustaría que el Sr. Barón Crespo nos aclarara la relación entre el caso del lino, que está siendo juzgado en España y la cuestión de Eurostat. Es como si yo pidiera ahora que debatiéramos el resultado de las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Allí unos ganaron, otros perdieron, pero, francamente, no veo la relación entre una cosa y otra.

El Presidente.
Le ruego que responda, Sr. Barón Crespo, y luego dejaremos este partido de tenis español para volver a nuestro orden del día europeo.

Barón Crespo (PSE).
 Le quiero agradecer al Sr. Galeote su deseo de información. Un tema son las elecciones municipales en un país y otra cuestión son los fraudes al presupuesto comunitario, que han dado lugar, señor Galeote, a informes en esta casa y a actuaciones judiciales que están relacionadas con ellos. Creo que ésa sí es una competencia del Parlamento Europeo y que usted, que está interesado como yo en que no haya fraudes al presupuesto comunitario, también apoyará esta propuesta. Y apoyará el que la Comisión de Control Presupuestario y el Pleno puedan ocuparse de ese tema.

El Presidente.
Me gustaría evitar que nos veamos arrastrados a asuntos internos nacionales. En vista de todos los actuales indicios, es improbable que el Presidente de la Convención esté disponible para comparecer ante cualquier órgano del Parlamento Europeo antes de que termine el trabajo de la Convención. De hecho, ha indicado, como todos sabemos, que la Convención está entrando ahora en su propio momento crítico de la definición. Está decidido a dedicar toda su atención a ese ejercicio.
Podemos debatir esto en la Conferencia de Presidentes o, según el Reglamento, sus Señorías pueden exigir que celebremos una votación sobre el tema ahora mismo.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, francamente creo que el Parlamento Europeo tiene el deber de ser el primero en debatir públicamente esta cuestión.
Por desgracia, la política tiene sus rarezas, de modo que no me parece muy inteligente sacar a votación ahora esta propuesta, que sería rechazada sin más. Esperaremos por tanto a que el Grupo del Partidos de los Socialistas Europeos tome sus sumamente importantes decisiones, y veremos después si podemos convencerles de poner en marcha el debate con o sin el Presidente, Giscard d'Estaing.
Quiero resaltar que la cuestión no es tanto decidir cuál es nuestra posición sobre la Convención, como proceder, antes de que lo hagan los Gobiernos, a una primera valoración del resultado de la Convención al término de sus trabajos. Me parece que es lo mínimo que políticamente podemos hacer, incluso por la opinión pública.
Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, me permito volver a recalcar que creo recordar que en la Conferencia de Presidentes decidimos por unanimidad -lo cual no ocurre a menudo- solicitar al Presidente de la Convención que asista a este período parcial de sesiones. Desconozco si se ha formulado una petición o una invitación oficial al Presidente, o si ha sido rechazada. Es posible, pero me gustaría que se aclarase -aunque no sea en este momento- si, existiendo una decisión unánime de la Conferencia de Presidentes, dicha decisión se ha aplicado de conformidad con el procedimiento y quedaría muy agradecido si durante la mañana del jueves pudiéramos recibir una información más exhaustiva al respecto.
Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, tanto por los comentarios del Sr. Watson como por los suyos propios, podemos deducir que de alguna forma se hizo llegar una invitación al Sr. Giscard d'Estaing y que este indicó que no iba a venir. ¿No podemos invitarle? Sé que a los diputados les gustaría debatir la cuestión, aunque no puedan tomar ninguna decisión sobre ella. Que usted y el líder de un Grupo político le invitaran y que él rechazara la invitación significaría que en cierta forma rechaza comparecer ante esta Cámara. Esta es una cuestión grave.

El Presidente.
Lo único que puedo ofrecerle son los hechos. No está aquí y está ocupado haciendo el trabajo que se supone que debe hacer: presidir la Convención. Esos son los hechos en esta cuestión y no quiero hacer ninguna interpretación sobre su disposición a hablar con nosotros.
Sugiero que incluyamos este punto en el orden del día para la reunión de la Conferencia de Presidentes del jueves. Deberíamos anotarlo a partir de hoy y luego intentar hacer una recomendación, espero que consensuada, sobre cómo proceder el miércoles, 18 de junio, o el jueves, 19 de junio, en Bruselas.
El orden del día queda así establecido.

Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, como Presidente del Colegio de Cuestores, se me ha pedido que ayude a organizar el transporte al Parlamento mañana de los asistentes procedentes de Bruselas.
Quedaría muy agradecido si los colegas cuyos asistentes están teniendo problemas en la organización de sus viajes y, como es lógico, los colegas que se hallen en la misma tesitura, se pusieran en contacto con mi oficina lo antes posible. Hay un tren que sale de Bruselas a las 7.20 horas, y estamos estudiando la posibilidad de organizar el transporte desde Luxemburgo, a donde el tren llega a las 10.00 horas.
Ruego a los colegas que tengan problemas con esto que se pongan en contacto conmigo en mi oficina de esta Cámara en cuanto puedan.
Para los colegas que no lo saben, hay otra huelga general más en Francia mañana, así que los trenes no podrán llegar a Estrasburgo. Supongo que tampoco llegarán aviones.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, nuevamente quiero pedirle su ayuda para un problema humano importante. Se trata de los refugiados de la etnia romaní procedentes de Kosovo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones internacionales reconocen que esos refugiados no pueden regresar a su país. También están siendo deportados de Alemania y Bélgica. Mi pregunta es la siguiente: en la antigua República Yugoslava de Macedonia, unos 600 refugiados han sido expulsados de un centro de acogida. Se han trasladado a la frontera griega y han solicitado asilo político, pero la policía antidisturbios los ha tratado con mano dura. 
¿Podría usted, haciendo uso de su autoridad, ponerse en contacto no solo con esas organizaciones internacionales, sino también con la Comisión, para confirmar que estos refugiados no pueden regresar a Kosovo? También tienen problemas relacionados con sus propiedades en Kosovo y con el reconocimiento de sus derechos de propiedad. Los romaníes son seres humanos que pertenecen a la Comunidad Europea, pero a los que una y otra vez se les recuerda de forma inhumana que son ciudadanos de segunda categoría. ¿No podría usted ejercer su autoridad para hacer algo al respecto? Le agradecería que interviniera.

El Presidente.
Me encargaré del asunto, Sra. Maes. Gracias por plantearlo.

Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, anteriormente decidimos que tendríamos un debate de urgencia sobre Zimbabwe. Sin embargo, dado que este Parlamento ha adoptado un punto de vista de principio muy estricto sobre este asunto, sería conveniente que encontrara usted un momento para escribir al Consejo y solicitarle que haga una contundente declaración sobre la situación, que esta semana puede agravarse hasta desembocar en una confrontación definitiva entre los movimientos democráticos de Zimbabwe y el régimen de Mugabe. Se están produciendo grandes acciones de masas, se ha utilizado gas lacrimógeno y al menos una persona ha sido asesinada. Morgan Tsvangirai ha sido detenido, al igual que su suplente, Welshman Ncube.
Quisiera pedirle, señor Presidente, que exprese nuestro pesar por la declaración que realizó a primeras horas de esta mañana el Consejo, ya que era extremadamente débil. Desde luego, no era inequívoca en ningún sentido en la forma en que trataba la situación de Zimbabwe. Necesitamos medidas contundentes y, dado que el G8 va a reunirse y que el Presidente Mbeki está allí, tenemos que conseguir que nuestros representantes en el G8 pidan al Sr. Mbeki y a otros líderes africanos que se distancien del tipo de acciones que se están produciendo en Zimbabwe en estos momentos.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero respaldar los comentarios que se acaban de hacer. Cuando escriba al Consejo, quizás podría señalar también la desesperante ineficacia de las sanciones del propio Consejo con respecto a Zimbabwe y la necesidad de endurecerlas.
Me gustaría decir algo sobre la situación en Chipre. Durante mucho tiempo, muchos de los que deseábamos la reconciliación en Chipre, con el debido respeto por los intereses y preocupaciones de ambas comunidades, hemos solicitado algunas serias medidas de fomento de la confianza por parte de la comunidad internacional en relación con el norte de Chipre, que está en manos turcas. En concreto, es preciso tomar medidas para levantar el embargo internacional, totalmente injusto, que sufre el norte, que se impuso hace tanto tiempo y que ha sido directamente responsable del retraso del crecimiento económico.
Me gustaría recibir de antemano con los brazos abiertos las propuestas que se anuncian de la Comisión para proporcionar un paquete de buena voluntad de ayuda económica, junto con medidas aparentemente destinadas a levantar el embargo. Confío en que esas medidas se propongan de forma sincera y que se hayan elaborado de acuerdo con las autoridades turcochipriotas. Asimismo, espero que la relajación de las restricciones de viaje impuestas por las autoridades turcochipriotas entre las dos partes de la isla sea emulada por el Gobierno de la República para permitir la libre circulación de todas las personas procedentes del norte.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero llamar la atención del Parlamento sobre un caso de flagrante discriminación que está a punto de ocurrir en el condado de Northamptonshire, al que representamos mi colega, el Sr. Helmer, y yo. El gobierno laborista del condado ha decidido, con su gran sabiduría, recortar el número de pases gratuitos para el transporte escolar que distribuye. Sin embargo, en lugar de hacerlo equitativamente y a todos por igual, ha decidido con espíritu vengativo reducirlos a los colegios confesionales y no mixtos.
Este gobierno laborista ha realizado una ronda de consultas con los padres de todo el condado y, de las más de 1 120 respuestas recibidas, solo 17 coincidían con sus planes. De hecho, 119 padres se quejaron porque tenían la impresión de que esta política era una discriminación religiosa o sexual. Muchos de esos padres han decidido elevar una petición a este Parlamento.
Señor Presidente, solicito a través de usted que la Comisión de Peticiones investigue estas quejas en cuanto sea posible, puesto que estoy seguro de que nadie en esta Cámara querría que esa discriminación se tolerara.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, continuando con el comentario realizado por mi distinguido amigo sobre Chipre, quiero decir que no debemos olvidar que la parte septentrional de Chipre ha estado ocupada por Turquía a raíz de la invasión de 1974.
Pero vayamos al grano: justo cuando portavoces oficiales admiten que las famosas armas de destrucción masiva del Iraq eran simplemente el pretexto para la invasión, vemos emanar de la metrópolis del imperialismo nuevas amenazas para la paz mundial. El Congreso de los Estados Unidos ha dado, de hecho, su aprobación para que se investigue sobre las llamadas minibombas nucleares y nuevas armas nucleares que penetran en el suelo, multiplicando por diez el daño causado. Esta innovación llega justo 18 meses después de la Nuclear Post Review, que reclamó la búsqueda de maneras de utilizar armas nucleares en el marco de la nueva estrategia norteamericana de golpe preventivo. Al mismo tiempo, el propio Sr. Bush lanza en titulares su campaña permanente contra Cuba, con su mensaje público del 20 de mayo, mientras los Estados Unidos de América están obstruyendo la radio del país y los canales de televisión con el fin de emitir su propaganda barata.
Mientras condeno lo anterior, me pregunto qué tienen que decir los que directa o indirectamente apoyaron y apoyan la agresión imperialista. También me pregunto hasta qué punto aquellos que llamaron a los agentes norteamericanos en Cuba «activistas de los derechos humanos», pronunciarán siquiera una palabra de protesta contra la nueva escalada de agresión contra la isla de la revolución.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, espero que se me perdone por sacar dos temas relativamente internos. En primer lugar, cuando llegué a mi oficina estaba como un horno del calor que hacía: no es la primera vez que pasa, pero es especialmente fuerte hoy. Realmente no es de recibo pedir a los diputados o a sus asistentes que trabajen en estas condiciones. Parece que el sistema de aire acondicionado no funciona bien.
Estamos todo el tiempo fijando normas de calidad que esperamos que cumplan otras personas, pero las normas de este local no son suficientes. No es justo pedir a nuestros colegas y empleados que trabajen en condiciones como estas. ¿No podemos hacer nada por mejorarlas?
En segundo lugar, no puedo ser el único que cada vez está más molesto por la cantidad de correos electrónicos no solicitados, con temas no relacionados e incluso obscenos, que sigue entrando en el sistema. También en este caso supone un montón de trabajo adicional para los colegas que tienen que borrar esos correos todos los días. Espero que podamos hacer algo para que el sistema de correo electrónico funcione como se supone que debe funcionar - ¡para una comunicación eficaz y no para esa especie de temible basura!

El Presidente.
En lo tocante a los problemas de la calefacción en las oficinas y los correos electrónicos no solicitados, nos pondremos en contacto con usted y con otros diputados. Ambas cuestiones merecen ser estudiadas.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el pasado miércoles 21 de mayo fui enviado como delegado del Parlamento Europeo ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para intervenir en el Foro Permanente de las poblaciones indígenas de todo el mundo, que se reúne una vez al año en la sede de la ONU. Naturalmente, les he hecho llegar el saludo del Parlamento Europeo y he destacado la atención que en los últimos tres años hemos prestado a todas las poblaciones indígenas y autóctonas de los Estados Unidos de América, de Canadá, de América Latina, de África, de Oceanía, etc., y todos los representantes de las poblaciones indígenas del mundo me pidieron que hiciera saber al Parlamento Europeo que esperan una voz decidida a su favor y una ayuda concreta para que se respeten los derechos humanos en lo que a ellos concierne; pero sobre todo esperan que Europa haga oír su voz y no permita que la Organización de las Naciones Unidas sea la única que les presta oído, cuando todos sabemos que la Europa de otros tiempos fue responsable de situaciones que hoy padecen. Espero que usted, señor Presidente, tenga a bien escucharme personalmente cuando transmita las peticiones que estas poblaciones dirigen al Parlamento Europeo.

Dupuis (NI).
Señor Presidente, hemos asistido, en la cumbre de la Unión Europea y Rusia en San Petersburgo, a una retahíla de declaraciones absolutamente inaceptables del Consejo, pero, sobre todo, de la Comisión. En efecto, en esta cumbre, el Sr. Prodi ha ahogado la cuestión chechena en el vodka y el caviar. Estas son posturas radicalmente opuestas a las del Parlamento Europeo. 
Me sorprende -y me dirijo a los presidentes de los Grupos y, evidentemente, también a usted, señor Presidente- que ni en este período parcial de sesiones ni en el período parcial de sesiones adicional de Bruselas la cuestión del informe del Presidente Prodi y del Consejo sobre Chechenia, y en general sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, no esté en el orden del día.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera recordar que, desde el pasado 8 de mayo, el pescador andaluz Agustín García está detenido por las autoridades portuguesas en la prisión de Faro.
Quisiera recordar que para su detención se utilizaron medidas absolutamente desproporcionadas, violencia, malos tratos etc., sin ningún tipo de mesura. Una simple infracción fue tratada como si fuese un acto terrorista. Hay que decir que está recluido en prisión preventiva desde entonces, entre delicuentes peligrosos, enfermo y sin recibir tratamiento médico adecuado.
Esta detención ha provocado ya una huelga general en las bases pesqueras andaluzas y yo creo que Portugal intenta mostrar una actitud ejemplarizante haciendo pagar los platos rotos de una falta de voluntad política a un simple pescador, que en ningún caso ha sido reincidente.
Sr. Presidente, le pediría su mediación para solucionar este problema; quizá usted pueda contribuir a resolver esta situación tan lamentable.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, hay un problema cuya urgencia resulta evidente para millones de trabajadores de la Unión Europea: los ataques contra las pensiones. Este problema no solo afecta a los trabajadores de Francia, que irán a la huelga y se manifestarán mañana, sino también a los de Austria, Alemania, Grecia, Italia y todos los lugares de Europea, donde los Gobiernos intentan atrasar la edad de jubilación y al mismo tiempo reducir las pensiones. Atrasar la edad de jubilación significa condenar a reventar en el trabajo a quienes conservan un empleo hasta el final, y a acabar su vida activa en el paro a aquellos a quienes sus patrones ya no quieren. ¿Cuál puede ser la razón de esta regresión por parte de la sociedad? 
¿Se habrá convertido la Unión Europea en una región subdesarrollada tan pobre que no puede hacerse cargo de los últimos días de quienes se han consumido en el trabajo? Sostengo que es posible asegurar una pensión correcta para todos, a condición de cobrar más impuestos a los empresarios. Deseo mostrar mi solidaridad a todos aquellos que, en toda la Unión Europea, no aceptan que se favorezca al capital ni que se pueda poseer capital a expensas de los asalariados.
Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, celebro que la Comisaria De Palacio esté hoy aquí, porque posiblemente lo que voy a decir le interese. Quiero llamar la atención sobre una serie de graves accidentes de camiones que se han producido en Bélgica en la E17, la autopista de Amberes a Lille, en las últimas semanas. La causa de todos ellos ha sido la utilización por esos camiones de sistemas de control de la velocidad de crucero, una especie de piloto automático que permite conducir sin tener que mantener los pies sobre los pedales. Algunos camioneros distraídos han chocado contra otros vehículos retenidos en algún atasco por reaccionar con excesiva lentitud. El balance de las últimas 7 semanas ha sido de 6 muertos y 13 heridos graves, lo que indica que se trata de una tecnología muy perniciosa. El control de la velocidad de crucero causa problemas y accidentes en toda Europa. La Directiva que contiene las disposiciones técnicas relativas a los camiones tiene que ser modificada para prohibir esos dispositivos. Bélgica quiere prohibir el control de la velocidad de crucero en su territorio y ha de tener la posibilidad de hacerlo. Creo que la Comisaria debe dar los pasos necesarios en esa dirección.

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, contemplo con gran preocupación, al igual que multitud de otros ciudadanos, una decisión del Congreso de los Estados Unidos., que condiciona la entrega de un paquete de ayuda para el sida en África por importe de 15 millardos de dólares a la decisión de los países destinatarios de aceptar el suministro de alimentos modificados genéticamente. Aunque este compromiso no tiene carácter jurídico vinculante, para mí resulta evidente que está sirviendo para ejercer una presión enorme sobre los países africanos.
En mi opinión, se está practicando una política comercial a costa de los más desfavorecidos, y eso es detestable. La decisión del Congreso de los Estados Unidos lo ha dejado bien claro y cabe preguntarse hasta qué punto la política humanitaria de la Administración norteamericana está condicionada por los intereses comerciales de los grupos de presión de la biotecnología y la agricultura.
A lo largo de las últimas décadas, seguro que se han enterrado muchos millones de dólares en el desarrollo de especies modificadas genéticamente. Y ahora me da la impresión de que están presionando para introducirlas en todos los mercados. Pero la ayuda humanitaria solo puede ser eficaz si no está sometida a intereses comerciales. Por ello quiero plantear la siguiente pregunta a la Comisión: ¿qué piensa hacer la Comisión o qué opinión le merece la evolución en este ámbito?
Patakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, los ricos y los poderosos del mundo se han reunido en Evian con el fin de discutir sobre seguridad internacional, desarrollo y estabilidad económica. En esencia, quieren coordinarse frente a la crisis que azota al sistema capitalista y que provoca el enorme desempleo, la pobreza y la marginación. Quieren consolidar su autoridad y tomar medidas adicionales para concentrar de cualquier modo la riqueza del planeta en sus manos, incluso atizando el miedo al fanatismo y al terrorismo que han creado.
A los ocho no les preocupan los pobres y el modo en que viven, sino cómo frenar el levantamiento de estos contra ellos, contra la explotación miserable y la injusticia, razón por la cual han tomado medidas represivas más duras, impidiendo a miles de manifestantes acudir a expresar su oposición a la mundialización del capital y a su explotación depredadora.
La Presidencia y la Comisión deben hacer una declaración a la Cámara sobre el contenido de las discusiones en que participaron y sobre las medidas represivas tomadas en contra de los manifestantes, así como sobre las medidas análogas o peores que se están tomando para el Consejo Europeo de Tesalónica.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, considero un deber recordar que hoy mismo han desaparecido doce emigrantes africanos, que seguramente han muerto, cuando intentaban alcanzar la costa española cercana a África en busca de trabajo. Una vez más, creo que la Unión Europea debe tomar las medidas políticas necesarias y hacer todo lo posible para evitar estas terribles y frecuentes desgracias.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, intervendré sobre la situación en Guinea-Bissau. Se trata de una situación extremadamente grave, que se arrastra ya desde hace bastantes meses: el Parlamento se disolvió el año pasado, las elecciones previstas para abril se han fijado ahora para julio y se prevé un nuevo aplazamiento de las mismas. La situación es sumamemente delicada y sensible, el país atraviesa una crisis generalizada -económica, financiera, social, política e incluso militar-; por ello teníamos inscrito Guinea-Bissau en el orden del día de esta semana.
He de lamentar -recién llegado de Bruselas, me sorprendió la noticia en mi despacho- la descortesía de algunos grupos que propusieron el cambio de Guinea-Bissau por Zimbabwe sin informarnos. Por esta razón no pude hacer uso de la palabra hace poco. Comprendo la sensibilidad de algunos colegas por el tema de Zimbabwe. Nosotros siempre hemos sido solidarios con ellos y con el problema en cuestión, que es muy grave y que ya hemos debatido cuatro o cinco veces en este Parlamento. Pero es importante recordar que no solo hay problemas en Zimbabwe, también los hay en otros países y debemos dejar algún espacio para que los podamos discutir.
Vamos a incluir este importante tema en el orden del día de julio y apreciaría la comprensión de sus Señorías. Tengo la certeza de que el Parlamento atenderá de forma oportuna y eficaz este asunto tan delicado de Guinea-Bissau.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, se ha demostrado que el respeto por los derechos humanos es el mecanismo más eficaz de la democracia en cualquier lugar. Esta fórmula exige una mejora de la actual aplicación del Estado de derecho, lo que significa el respeto por libertades fundamentales como la asociación política y el derecho de reunión con fines pacíficos, la independencia del poder judicial, el derecho a un juicio justo y la exclusión de todas las formas de tortura y maltrato. Esos principios deben aplicarse en todas partes, incluido el País Vasco.
Ahora, de forma telegráfica, voy a relatar algunos otros destacados acontecimientos recientes relacionados con los derechos humanos en el País Vasco, además de los que ha mencionado usted, señor Presidente:
El pasado miércoles, 28 de mayo de 2003, el suicidio de un joven vasco en una cárcel francesa; el caso de Jesús María Etxebarría, que ya ha perdido 20 kg y lleva 41 días en huelga de hambre; la negativa de varios presos vascos a usar los servicios durante casi dos meses para llamar la atención del público sobre su situación - señor Presidente, usted recordará a Bobby Sands y a sus compañeros; la detención y el encarcelamiento del alcalde de Ondarrua, Loren Arkotxa, y de otros representantes electos de Udalbiltza; el informe de Amnistía Internacional de 2003, que hace referencia al período de enero a diciembre de 2002, durante el cual España mantuvo a presos incomunicados, una situación que facilita la tortura; las resoluciones de las Asociaciones de Abogados de Bilbao y San Sebastián, denunciando malos tratos en las comisarías; y la prohibición de 225 listas locales de candidatos a las elecciones municipales.
Aparentemente, en esta Cámara no tiene sentido mencionar la ilegalización de Batasuna.

Oreja Arburúa (PPE-DE).
 Señor Presidente, no sé si el Sr. Gorostiaga tiene algo que ver con esto y también trataba de limitar mi libertad de expresión.
Me alegro mucho de que el Sr. Gorostiaga se preocupe por el derecho a reunirse y a expresarse y espero que a partir de ahora se preocupe también de los representantes de mi partido y del partido socialista, que son asesinados por una banda terrorista que su grupo político -gracias a Dios hoy extinto- apoya. Por lo tanto, estoy seguro de que a partir de ahora también defenderá el derecho a reunirse y a expresarse de mi partido político y del partido socialista.
Parece mentira que sea usted capaz de intervenir en este Pleno después del asesinato de dos miembros de la policía nacional, cometido por la banda terrorista que usted no es capaz de condenar. Yo soy capaz de condenar y de lamentar todas las muertes, también las de los presos, que tienen todos los derechos, salvo el de coartar nuestra libertad de expresión y asesinarnos vilmente.

Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, me gustaría recordar a la Cámara que hace poco tiempo deberían haberse celebrado elecciones en Irlanda del Norte y que, por desgracia, esas elecciones no se celebraron, al contrario que en Escocia y el parlamento galés. Me gustaría que esta Cámara rogara a los participantes que se reúnan y celebren esas elecciones en cuanto sea posible. La naturaleza detesta los vacíos y aunque es de esperar que no tengamos que volver a condenar asesinatos y a enterrar muertos en la isla de Irlanda, sin duda se producirán problemas callejeros cada vez más frecuentes si no se celebran elecciones. Todos estamos de acuerdo en que la forma de avanzar es seguir un proceso democrático. Espero que esas elecciones se celebren muy pronto.

El Presidente.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0193/2003) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la aprobación del Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo.

Rothley (PSE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, nos encontramos casi al final de un largo viaje, que en ocasiones ha sido errático, toda una odisea que a veces nos ha obligado a navegar por aguas procelosas. Se nos ha querido inculcar que en este Estatuto lo único que importaba era la reforma del reembolso de los gastos de viaje, solo el dinero. Pero un Estatuto que solo hable de dinero, de reembolsos y de costes no es justamente el Estatuto que precisa ahora el Parlamento Europeo.
Se nos ha dicho que con el derecho primario nos estrellaremos contra los arrecifes del Consejo. Que con vuestra concepción del derecho fiscal nos encallaremos en los bajíos del mar. Sin embargo, yo pienso -siguiendo con estos ejemplos- que contamos con buenos argumentos. En lo que respecta a los impuestos -ya que esos son los dos problemas pendientes: los impuestos y el derecho primario-, el Consejo opina que puede dejar a criterio de cada uno de los Estados miembros la creación o no de un impuesto nacional adicional. En el año 2000 se reunieron los tres servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión para debatir esta cuestión. En el acta de sus deliberaciones ha quedado constancia de que su conclusión fue que no veían ningún motivo justificado para establecer una derogación para un Estado miembro, y continuaban diciendo:

Rothley (PSE)
Lo que descartan de manera unánime los tres servicios jurídicos es precisamente lo que nos propone ahora el Consejo. ¡Es obvio que no podemos prestarnos a ello!
Algo parecido ocurre con el Derecho primario. ¿Por qué este Parlamento se halla en esta difícil situación? Porque el Consejo tuvo miedo en 1976, cuando se implantó la ley de elección de los diputados al Parlamento Europeo mediante sufragio universal directo, de unificar los requisitos generales para la toma de posesión del escaño. ¡Le resultaba demasiado comprometido! Por eso el Parlamento Europeo ha mantenido hasta nuestros días la estructura de una asamblea parlamentaria incluso después de empezar a ser elegido directamente. El propósito de este Estatuto es eliminar esa estructura de asamblea parlamentaria y convertirla en un auténtico Parlamento. Esa es la finalidad del Estatuto.

En esencia, la cuestión es si esta Comunidad Europea es verdaderamente una comunidad o una organización internacional. Si solo fuera una organización internacional, entonces tendría efectivamente el Consejo la prerrogativa sobre privilegios e inmunidades de los diputados. La cuestión de si ahora regulamos o no también los privilegios y las inmunidades de los diputados se reduce en esencia a la pregunta de si esta Comunidad Europea es una comunidad o una organización internacional, de si somos una asamblea parlamentaria o un Parlamento merecedor de tal denominación. ¡Eso es lo que está en juego!
(Aplausos)
Nuestro Reglamento se remonta al año 1965, año en el que se introdujo el Protocolo. Fue el año en que Charles de Gaulle ganó a Mitterrand en las elecciones presidenciales francesas y el año en que se empezó a comercializar la primera píldora anticonceptiva.
(Risas)
Y ahora pretende decirnos el Consejo -supuestamente el Consejo, no lo sé, hasta ahora solo se han ocupado del tema los representantes permanentes- que este es el Reglamento que seguirá vigente en el futuro para el Parlamento Europeo, después de casi un cuarto de siglo desde que se celebraron las primeras elecciones directas.
Si no abordamos ahora este tema, ¿cuándo lo vamos a abordar? Tampoco se trata de que el Consejo opine que se tenga que reformar este sistema de privilegios e inmunidades. Es algo que afirmó expresamente por primera vez el año pasado durante la presentación del derecho de voto uniforme. Está claro que para el Consejo es una solución a la larga y, como es natural, eso no resulta aceptable para el Parlamento.
Como ya he dicho, el Consejo no se ha preocupado seriamente del tema. Los Gobiernos muestran una notable falta de interés por esta cuestión. Por ello no es ninguna mala idea proponer que la entrada en vigor de este Estatuto coincida con la de la nueva Constitución de la Unión Europea. Así tendríamos la garantía de que tanto el Consejo como la Conferencia Intergubernamental se ocuparán seriamente de esta cuestión y tendríamos también la seguridad de que las cuestiones de los impuestos y del Derecho primario serán debatidas como corresponde en el plano intergubernamental.
Si prescindimos ahora de este Reglamento -no pretendemos que entre en vigor, pues esto solamente podrá ocurrir después de anular las disposiciones contrarias del Protocolo-, quedaremos atrapados por tiempo indefinido en el cautiverio babilónico del Consejo. ¡Eso es lo que está en juego con este Estatuto!
Quiero mostrar mi agradecimiento por el hecho de que la Mesa haya elaborado un Reglamento para el reembolso de gastos, los gastos generales, las dietas, los pagos de importes a tanto alzado a los colaboradores. Ha sido muy útil y nos permite dar un paso adelante. En especial le agradezco sinceramente, señor Presidente, que se haya preocupado por este Estatuto más que ningún otro Presidente anterior. Quiero aprovechar también la ocasión para dar las gracias a mi colega el Sr. Lehne, del grupo del PPE-DE,
(Aplausos)
por haber tutelado este proyecto con talante crítico, solidario y fiable. Muchas gracias por ello, muchas gracias a todos.
(Aplausos)

De Palacio, Loyola
. (ES) Señor Presidente, voy a ser muy breve. Quiero decir que la cuestión es compleja. No hay nada más que ver que estamos hablando de una cuestión que desde el año 1965 no ha variado, a pesar de los avances espectaculares que se han producido en los elementos institucionales de la construcción europea y muy especialmente en cuanto a las capacidades y atribuciones que tiene este Parlamento, incluso en cuanto a su modo de elección. Sin embargo, respecto al Estatuto del Diputado no hemos sido capaces de encontrar una adaptación a las nuevas circunstancias.
Como antigua parlamentaria que soy de éste y de otros Parlamentos, entiendo la trascendencia y la importancia del Estatuto del Diputado y del informe que hoy nos presenta el Sr. Rothley. Quiero felicitarle por el trabajo y, en nombre de la Comisión, desearle los mejores resultados. Esperamos que mañana haya una respuesta concreta, para pronunciarnos al respecto. 
Nuestro objetivo es colaborar de una manera activa para que, al final, haya un acuerdo que sea aceptado por el Consejo, porque si no, sabemos todos que de poco va a servir. Esperamos que, de una vez por todas, se pueda obtener ese acuerdo.
Färm (PSE)
Señor Presidente, sustituyo al ponente, el Sr. Wynn, que lamentablemente ha sufrido un retraso. Si queremos que se aplique el Estatuto de los diputados, no basta con un acuerdo en torno a las reglas aplicables entre el Parlamento y el Consejo. Lo que también hace falta, sin duda, es que las autoridades presupuestarias aporten los recursos financieros necesarios. Los que estamos en la Comisión de Presupuestos hemos revisado la propuesta de un nuevo Estatuto y hemos intentado analizar las consecuencias presupuestarias. A diferencia de la situación actual, el proyecto de presupuesto supondría que el gasto futuro tendría que descontarse del presupuesto de la Unión Europea. En vista de ello, también hemos creado una estructura presupuestaria con este fin, un nuevo Capítulo 102 («Reserva para el Estatuto de los diputados»).
El Parlamento ha mantenido su gasto dentro del límite autoimpuesto del 20% del título 5 («Gastos administrativos») de las perspectivas financieras. No obstante, también hemos dicho que si hay más exigencias para cubrir los gastos relacionados con el estatuto, la ampliación u otros objetivos importantes, no hace falta que respetemos para siempre este tope del 20%. Ahora nos queda por ver a cuánto va a ascender el coste de la ampliación, la política inmobiliaria, etc.
Sin duda, hasta ahora la idea ha sido empezar a introducir los créditos para el Estatuto en el presupuesto de 2004 con el fin de cubrir por lo menos los gastos de la segunda mitad de año. Eso todavía se aplica, por cuanto que la idea del ponente de posponer la adopción del presupuesto hasta que seamos capaces de aceptar la Constitución no cuaja. Si la idea, de hecho, cuajara, no habría lugar, por supuesto, a los créditos en el presupuesto de 2004.
Lo que nos ha preocupado hasta ahora es la cuestión que tiene que ver con el derecho de todos a la interpretación directa, que, en sentido estricto, podría haber ocasionado costes desmesurados. Sin embargo, agradezco que se esté concretando un compromiso con el ponente, lo cual significa que la propuesta está ahora en consonancia con las estimaciones para el presupuesto del Parlamento Europeo. Por lo tanto, la conclusión de la Comisión de Presupuestos es que las posibles consecuencias de la decisión anteriormente mencionada son compatibles con el tope del título 5 («Gastos administrativos») de las perspectivas financieras, sin que ello tenga que implicar ninguna restricción en otras aportaciones a la política del título 5.

Lehne (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Rothley. La forma con que ha sabido llevar el timón de este barco salvando numerosos escollos con una paciencia casi infinita desde 1998 es digna de admiración.

Y pienso que, sin él, este barco habría embarrancado más de una vez. El Sr. Rothley ha abordado antes en su intervención las cuestiones realmente importantes, algunas de ellas de naturaleza constitucional, que plantea este Estatuto. Permítanme agregar algunas consideraciones sobre problemas de carácter más prosaico.
Creo asimismo que el resultado global de este Estatuto, tal como ha quedado, es muy equilibrado. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior nos hemos regido básicamente por las pautas que nos han marcado los expertos, los sabios contratados por el Parlamento. El 50% de la retribución de los jueces que se considera aquí corresponde aproximadamente a lo que percibe un diputado austriaco, francés, alemán o británico, una vez descontadas las contribuciones en concepto de seguro de enfermedad y pensión de vejez. Eso es menos de lo que perciben actualmente nuestros homónimos italianos, y por eso quiero agradecer expresamente a los diputados italianos su predisposición a aceptar para los futuros diputados italianos una disminución de sus emolumentos en aras de un reglamento europeo común.
Además quiero dar las gracias a los diputados de los Grupos de los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y los Liberales, que en este período parcial de sesiones no han presentado ninguna enmienda para reducir ese 50% ni han vuelto a presentar ninguna de las enmiendas remitidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos, pues considero que no existe ninguna razón objetiva que se pueda esgrimir en contra de este resultado. Los sabios lo han confirmado de manera rotunda y nos han proporcionado unas directrices claras.
Existe, sin embargo, una enmienda presentada por varios diputados que básicamente propone que la retribución de los futuros diputados al Parlamento Europeo se base en la de sus homólogos nacionales. Considero esa propuesta -dicho de manera suave- descabellada. El espíritu de este Estatuto consiste en ofrecer, de conformidad con el apartado 5 del artículo 190, las mismas condiciones a los diputados de este país. Y los que han presentado estas enmiendas tienen que oponerse, si quieren ser consecuentes, al Estatuto en su conjunto, puesto que lo que en el fondo quieren es conservar la situación legal de que ya tenemos en este momento.
Respecto a las cuestiones de Derecho primario, algunos diputados han presentado enmiendas, como la enmienda 28, para añadir al Estatuto el antiguo protocolo sobre privilegios e inmunidades. Pero eso carece de sentido. En la enmienda 28 se habla, por ejemplo, de los privilegios aduaneros de los diputados. Esos privilegios ya no existen, pues vivimos en un mercado interior. Lo cual viene a demostrar lo anticuada que está la legislación. En esta cuestión necesitamos un Reglamento nuevo. Además ocurre que con ello queda por fin expedito el camino para un derecho de indemnización transparente. La Mesa del Parlamento decidirá al respecto.
Terminaré haciendo un llamamiento al Consejo. El Consejo tiene ahora la oportunidad de dotar a los diputados al Parlamento Europeo de un Estatuto progresista. En resumidas cuentas, tiene que actuar con diligencia para autorizar lo que ha decidido esta Cámara.. Y no debe obstaculizar esa decisión con argumentos poco convincentes y superficiales respecto al derecho fiscal, sacados totalmente de la manga. Espero del Consejo que adopte a la mayor brevedad posible, y mejor antes de las elecciones, una decisión en favor de lo que el Parlamento demanda. Cuando hayamos decidido nosotros mañana, le tocará el turno al Consejo.
(Aplausos)

Medina Ortega (PSE).
 Señor Presidente, constituye para mí una gran satisfacción estar hoy aquí para apoyar el trabajo realizado por el ponente, Sr. Rothley, y quiero sumarme a las manifestaciones de mi colega, el Sr. Lehne, reconociendo esa labor del Sr. Rothley.
Como ha dicho el Sr. Lehne, la propuesta que nos trae hoy aquí el Sr. Rothley es una propuesta equilibrada, que ha obtenido el apoyo de una amplia mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo y me parece que debería ser aprobada en el Pleno.
Se han presentado 36 enmiendas en el Pleno del Parlamento Europeo. El Sr. Lehne se ha referido a ellas. No son demasiadas para un tema como el actual, pero el Grupo Socialista ha decidido apoyar básicamente la línea del ponente, con alguna de las modificaciones que también el ponente nos trae en este momento al Pleno, para que podamos corregir algunos de los defectos que la propuesta tenía todavía en su etapa final.
En definitiva, como ha dicho el ponente, se trata de crear un Estatuto que permita identificar a los parlamentarios europeos, no como una prolongación de los diferentes Parlamentos nacionales, sino como representantes de los pueblos que integran la Unión Europea en su conjunto. El Sr. Rothley ha dicho que la Unión Europea es algo más que una simple organización internacional y que, por tanto, el Estatuto del parlamentario europeo debe estar anclado en el ámbito comunitario y no en el nacional.
De esto se trata en este momento, no se trata de una simple decisión sobre remuneraciones. Tenemos un sistema bastante imperfecto, que complementa los defectos de las reglamentaciones nacionales con una reglamentación comunitaria en materia de dietas que ha sido objeto de muchas críticas. Creo que si aprobamos la propuesta del ponente, si la Comisión también la aprueba y, sobre todo, si el Consejo, como ha dicho el Sr. Lehne, aprueba la propuesta del Parlamento, en muy poco tiempo podríamos tener un Estatuto que, en efecto, permitiría identificar la figura del parlamentario europeo como una figura distinta de los parlamentarios nacionales, con su propia consistencia y que sería apropiada para el tipo de Unión Europea que en este momento queremos crear.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, espero que no tengamos que volver a hablar sobre nuestras condiciones laborales. Al leer la prensa británica durante el fin de semana, no me reconocía, ni reconocía a ninguno de mis colegas, en las espeluznantes descripciones de nuestros supuestos estilos de vida e inacabables prebendas. Muchos periodistas me han llamado por teléfono y han comenzado la conversación diciendo: «así que están a punto de votar para subirse el sueldo un 25%». Cuando explico las razones, pierden repentinamente el interés y el reportaje se vuelve anodino. Seguramente esa es la cuestión. Nuestras condiciones laborales y nuestros gastos no deberían ser materia de reportaje, sino una cuestión transparente y pública: una recompensa adecuada por un trabajo bien hecho y el reembolso del dinero gastado para hacerlo.
Señorías, creo que esta es nuestra última oportunidad de alcanzar un nivel en el que nosotros dejemos de ser el reportaje para que lo sea nuestra labor. Sobre el tapete tenemos un paquete que representa en muchos sentidos una solución de compromiso para todos nosotros. Es un paquete que debería aprobar el Consejo si somos razonables en los temas de derecho primario, pero el Consejo también deberá llegar a compromisos en lo referente a los impuestos.
Algunos diputados de esta Cámara pueden sentirse incómodos con el nivel del salario: para algunos es demasiado, para otros demasiado poco, pero parece que por fin tenemos una cantidad con la que todos podemos vivir. Luego está la cuestión de los gastos: también en este caso parece que por fin, gracias a su trabajo, señor Presidente, tenemos una propuesta de un sistema que es mucho más transparente que antes. Es posible que para algunos no vaya suficientemente lejos, pero es una mejora inmensa.
Todas las partes tendrán que llegar a algunos compromisos y comprender a los demás. Lo que conseguiremos establecer finalmente, el premio gordo, es un único estatuto para los diputados del Parlamento Europeo. Es nuestra última oportunidad. Ya nos ha costado bastante llegar hasta aquí, y estas circunstancias no van a repetirse. Tenemos la oportunidad de que el interés por esta Cámara se centre en nuestro trabajo y no en nuestros bolsillos. Espero que un número suficiente de nosotros tenga la valentía de ceder un poco y votar a favor de este paquete y las enmiendas presentadas por el ELDR y otros Grupos.
Sinceramente, colegas, aunque rindo mi más sincero tributo al trabajo de nuestro ponente, no quiero oírle hablar de este tema en reuniones de comisiones durante cinco años más. Su considerable talento y nuestro tiempo podrían utilizarse mucho mejor en otros trabajos legislativos que benefician directamente a todos los ciudadanos europeos.
Krarup (GUE/NGL).
Hace ahora cinco años que el Parlamento se embarcó en las negociaciones en torno al Estatuto, y para algunas de sus Señorías este es un proceso político significativo que, al mismo tiempo, asegura el poder y la legitimidad del Parlamento, con el derecho de este a adoptar su propio Estatuto, expresión de una democracia federal europea. No obstante, para otros es una farsa de dimensiones casi surrealistas.
Detrás de los principios democráticos de autodeterminación parlamentaria, encontramos de echo otro proyecto, tan prosaico como los intereses económicos personales de los diputados europeos. Es difícil conseguir que los principios democráticos sean creíbles cuando en realidad se trata del propio dinero de los diputados al Parlamento Europeo.
Para empezar, este Parlamento carece de legitimidad democrática efectiva. La participación ha sido baja en todas las elecciones. En una democracia de tan rica tradición como la sueca, la participación en las elecciones más recientes inferior al 35%, y en el Reino Unido no llegó al 24%. Les aseguro que esta legitimidad precaria se vería todavía más socavada con la adopción del Estatuto propuesto. Por lo menos en los países nórdicos, la gente piensa que es totalmente incomprensible que los diputados a este Parlamento vayan a recibir un sueldo significativamente mayor que el de los parlamentarios nacionales, máxime cuando también nos reservamos la posibilidad de mantener o reintroducir los absurdos sistemas de gasto que han sido objeto de crítica en los países nórdicos. Es cierto que la Presidencia decidió la semana pasada que los gastos de viaje serían reembolsados contra la presentación de facturas, pero el artículo 29 afirma claramente que los sistemas absurdos actuales podrán reintroducirse.
También observo que la cuestión de los impuestos nacionales sobre la remuneración ha entrado en su fase final. Al menos para los Gobiernos nórdicos, esta es una cuestión esencial. Por supuesto, lo que ocurre es que los impuestos nacionales posiblemente entrarían en conflicto con el derecho de la Unión Europea, así que el problema sigue sin resolver.
Los que estamos en el Movimiento del Pueblo Danés no podemos cooperar.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, solo estoy parcialmente de acuerdo con el Sr. Krarup. Estoy de acuerdo con él cuando dice que hay una crisis democrática. Este Parlamento está en crisis porque estamos siendo atacados sin cesar por muchos de los medios públicos de todos los Estados miembros por la indefendible situación en la que nos vemos obligados a trabajar en este momento. Todos sabemos que personas que realizan exactamente el mismo trabajo en esta Cámara reciben sueldos totalmente dispares. Solo hay una cosa que ha hecho que eso fuera tolerable: un régimen de gastos que, de no ser por esas diferencias, habría sido totalmente indefendible porque carece totalmente de transparencia.
Estamos en deuda con el Sr. Rothley por habernos hecho avanzar tanto. Debemos tomar las medidas necesarias para que este Parlamento pueda tener la cabeza alta y adquirir legitimidad con un régimen adecuado basado en un salario común y un régimen de gastos común, defendible y transparente.
Para explicarlo de forma sencilla, me gustaría que tuviéramos un sistema que pueda comprenderse, que restituya a las personas los gastos en que incurran y que nos pague a todos un salario diario justo por cada día de trabajo. Debería ser ligeramente inferior, pero volver a poner sobre la mesa la enmienda que presentamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior solo habría sido una política de gestos, dado que es obvio que no iba a ser aprobada.
Con todo respeto, no estoy de acuerdo con el Sr. Rothley en la cuestión de los privilegios y las inmunidades. Me gustaría verlo en el Estatuto de una forma algo similar a la que él sugiere, pero sinceramente las disposiciones incluidas me parecen demasiado generales, me parece que abarcan demasiado. La inmunidad en estos días de Berlusconi es un concepto complicado y no deberíamos poner a prueba a nuestro electorado. Es mejor quedarnos con el régimen que tenemos, con el derecho primario que tenemos actualmente La mayoría de las enmiendas que hemos presentado nosotros, los liberales y otros Grupos, pretenden mantener esa base de las inmunidades. Con estas cruciales enmiendas, la resolución puede aprobarse.
Por último, con gran respeto por todos los presentes, no me considero un empleado de la Unión Europea: soy un representante de los habitantes de mi circunscripción electoral. No deseo pagar nunca impuestos sobre la renta en un nivel distinto o sobre una base distinta que los habitantes de mi circunscripción electoral. El permisivo compromiso belga que permitiría a los Estados miembros situar los impuestos que deba pagar un diputado en el nivel de sus electores me parece un buen compromiso. Espero que podamos encontrar una fórmula para que sea legalmente válido.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, llevamos cinco años debatiendo el Estatuto de los diputados, desde el Tratado de Ámsterdam. El Parlamento y el Consejo demostraron ser incapaces de llegar a un acuerdo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 1999. Dentro de un año volverán a celebrarse elecciones. ¿Se habrá regulado claramente para entonces la posición jurídica de los diputados? Me temo que posiblemente no sea ese el caso. 
El informe Rothley sigue conteniendo elementos controvertidos para el Consejo, pero lo que es peor, contiene enmiendas que aplazarían su entrada en vigor hasta 2009. ¿Acaso el Parlamento Europeo piensa que esa es la forma de merecer la confianza del electorado en mayo y junio del año que viene? El ponente ha demostrado ser durante todos estos años un tenaz negociador. Pero ¿por qué pone en peligro esta cuestión describiendo no solo la posición jurídica primaria y secundaria, sino también los privilegios y las inmunidades, puesto que estos últimos corresponden al derecho primario? Convendría que mañana se aprobaran por mayoría las enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, entre otros, con vistas a su abolición. 
Lo que es realmente importante es que todos los diputados reciban la misma retribución. En lo que a nosotros respecta, es aún más importante que los gastos de viaje se reembolsen sobre la base de los costes reales. Esto último es esencial para no defraudar al electorado y, por consiguiente, tenemos que hacer algo al respecto con prontitud. Pero, en cambio, nos encontramos con unas enmiendas que proponen esperar hasta la adopción de un nuevo Tratado o hasta 2009. Con todos los respetos, eso no tiene ningún sentido. Veinticinco años después de celebrar las primeras elecciones directas, ya va siendo hora de cortar el nudo gordiano que existe en esta cuestión. Ya va siendo hora de anteponer los intereses del trabajo parlamentario a nuestros intereses personales.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, Señorías, como todos ustedes saben, la cuestión del Estatuto de los diputados está en el orden del día de nuestro Parlamento desde hace muchísimos años y, como otros diputados, también yo dudo de que, a pesar de la votación de mañana, consigamos alcanzar un resultado final bajo su Presidencia, Presidente Cox, aunque eso no quiere decir que no lo desee. Los radicales siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que en el Estatuto de los diputados hay que ver más allá de lo que ve el Sr. Rothley, es decir, no solo el status administrativo y burocrático de funcionario europeo asimilado, según la expresión del Sr. MacCormick, sino también -y sobre todo- las prerrogativas del diputado europeo. Es intolerable, por ejemplo, que tras 25 años de sufragio electoral directo, los diputados europeos todavía deban acarrear las consecuencias de la decisión sobre la sede de trabajo en la que reunirse; es intolerable que no gocen aún de prerrogativas comparables a las de los diputados nacionales, por ejemplo el derecho a visitar las cárceles, u otras prerrogativas asociadas al mandato electo de representante de los pueblos europeos.
Espero que el informe Rothley brinde la ocasión de emprender, en espera de la Convención Europea, una reflexión más amplia sobre la necesidad de que el diputado europeo de la Europa de los veinticinco disfrute no solo de un status administrativo, sino también de prerrogativas que lo conviertan de verdad en un representante del pueblo europeo.

Gargani (PPE-DE).
Señor Presidente, un presidente de comisión no puede sino experimentar una gran satisfacción al ver a sus colegas felicitarse recíprocamente, como los diputados Rothley y Lehne, por un trabajo realizado bajo su dirección. Estoy realmente satisfecho, porque es un trabajo que ha llevado años; a decir verdad, cuando tuve el honor de asumir la presidencia, encontré también discrepancias que solo pudieron superarse con el debate.
Como demuestran las intervenciones, hemos trabajado en sintonía, siendo bien conscientes de dos cosas importantes: por un lado, de nuestra voluntad de acompañar el proceso constitutivo que deberá dar forma a un Parlamento, a sus derechos, a sus deberes y a sus prerrogativas; por otro, del hecho de que las disposiciones del Tratado son viejas y están obsoletas, como bien ha explicado el Sr. Rothley, pues fueron aprobadas en el decenio de 1960, cuando el Parlamento era solo una Asamblea consultiva.
El proyecto del Sr. Rothley, que vamos a aprobar, se propone reglamentar una nueva situación jurídica del Parlamento Europeo y las condiciones de ejercicio del mandato; se trata -y también yo quiero destacarlo- del estatuto de un verdadero Parlamento, que no solo contempla la situación económica y, si me lo permiten, retributiva, que era bastante marginal y con respecto a la cual había encallado el debate en comisión, sino también el problema estructural y de ordenamiento relativo a la función, el papel, las características o el mandato que el Parlamento debe tener.
Me es grato citar un punto importante de un informe que data de 1986 y que fue presentado por el Sr. Georges Donnès, un gran liberal. Hace ya 15 años, este informe destacaba que el Parlamento Europeo era una institución llamada a desempeñar un papel esencial en la función de la Comunidad y en el procedimiento de formación de los actos comunitarios, por lo cual no había que oponerse a las modificaciones que considerasen necesarias las instancias comunitarias. Ya entonces existía el convencimiento de debería haber instancias de modificación.
Por lo que respecta a la posibilidad de una equiparación efectiva entre todos los diputados del Parlamento en términos de inmunidad, el autor del informe se preguntaba si no se podría identificar una posición de autonomía efectiva e inmunidad real del diputado europeo como tal, para que no se mantuviera la distinción actual, contemplada en el artículo 10 del Protocolo que ahora queremos modificar.
Del informe que acabo de citar se deduce que la equiparación no solo es necesaria para evitar los efectos psicológicos negativos que se derivarían de la existencia de diputados de primera clase y de segunda clase, sino también porque constituye la realización, tras más de 16 años, de un sueño, de un programa: la independencia de las instituciones parlamentarias de los demás poderes a través de la tutela de sus miembros. Dicha tutela se extiende al trabajo que desarrollamos y a la imagen que queremos dar a Europa de un diputado, que, después de tantos años, sobre todo después de esta legislatura, a través y bajo su Presidencia, establece un punto de referencia firme que no podrá sino beneficiar también a la ampliación al atribuir a los diputados el papel efectivo que les corresponde.

Miller (PSE).
Señor Presidente, el objetivo de este informe es recuperar el respeto para esta Cámara. No deberíamos olvidar que estamos solo a mitad de camino, porque cuando este informe salga de esta Cámara deberá ser aprobado por el Consejo.
El principio que subyace a este informe es correcto: a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, tengo que preguntar si somos todos iguales. De acuerdo con algunas de las enmiendas presentadas, creo que no lo somos. Una de las enmiendas presentadas habla de las considerables diferencias económicas existentes entre los Estados miembros y los países en vías de adhesión. ¿Acaso no hay considerables diferencias económicas incluso dentro de los 15 Estados miembros? Así que cuando fijamos el principio de igualdad salarial para un trabajo igual, los 10 países en vías de adhesión no pueden ampararse en este principio. Así que nos hemos equivocado.
Para mí el mayor problema es toda la cuestión de los gastos. Felicito al grupo de trabajo por haber elaborado una fórmula. La transparencia de los gastos es esencial. Debemos seguir con fidelidad el principio del reembolso de los gastos de viaje acreditados. Se trata de una cuestión que está en nuestras manos y que podemos aprobar sin recurrir al Consejo. No desperdiciemos la oportunidad.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, nuestro objetivo de hoy es eliminar todas las reglas que hacen que nuestro trabajo sea ridículo. También debemos apreciar la labor realizada por nuestro Presidente para mejorar la reputación del Parlamento. Señorías, por este motivo ahora les ruego que no permitan el uso de vericuetos legales, sutilezas jurídicas y leyes primarias para impedir lo que en este caso es lo más importante, y es que todos los que voten en las elecciones europeas de 2004 lo hagan con orgullo, y que nuestro trabajo sea fácil de entender y nuestras reglas sean transparentes. Esto es lo más importante. Aunque todos creemos que existen detalles que no son que digamos perfectos, debemos adoptar una perspectiva global y aprovechar la oportunidad que se nos brinda ahora y que, como han señalado varios oradores, puede que no se repita.
Un barco encalla si su tripulación tiene una percepción falsa del lecho marino. Me temo que mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es posible. Debemos utilizar un mapa adecuado, un mapa al más puro estilo marítimo. La forma correcta de proceder en este caso es aprobar las enmiendas de los liberales y otros. Este es el camino a seguir.

Kaufmann (GUE/NGL).
Señor Presidente, en el fondo este Estatuto de los diputados es una historia interminable, y de verdad no se entienden los continuos avances y los retrocesos que ha experimentado durante años en esta Cámara. Solo me cabe apoyar al ponente cuando dice que, desde el punto de vista político, se trata en esencia de si somos una asamblea parlamentaria o un Parlamento. Si tenemos en cuenta que, por una parte, en la Convención Europea se está discutiendo sobre la Constitución y que, por otro, desde hace décadas no conseguimos resolver la cuestión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, los ciudadanos europeos se preguntarán con toda razón qué esta pasando aquí.
A menudo he sido testigo del estupor de los ciudadanos ante la disparidad de la retribución que perciben los diputados al Parlamento Europeo y, sobre todo, ante la magnitud de esas discrepancias. Soy partidaria de que se aplique el principio de «a trabajo igual, salario igual» en esta Cámara a través del Estatuto de los diputados. Espero, por supuesto, que el Consejo haga suya esta cuestión y adopte decisiones sin más demora, para que el Estatuto de los diputados pueda entrar en vigor lo antes posible.
Me adhiero a los oradores que han hecho referencia al tema del reembolso. En mi opinión, constituye también una cuestión esencial para la credibilidad de nuestra propia labor y de esta Cámara que en el futuro percibamos un reembolso basado en los gastos de viaje reales. Voy a detenerme brevemente en el artículo 20 del Estatuto, que aborda la cuestión de las jubilaciones. En nuestro Grupo parlamentario hemos mantenido debates muy acalorados sobre esta cuestión, porque no podemos mantenernos al margen de los debates que sabemos que están teniendo lugar en muchos Estados miembros sobre un retraso importante de la edad de jubilación. Eso supondría una agresión contra los sistemas de la seguridad social. Pero en la propuesta del Estatuto se ha previsto fijar en nuestro caso una edad de jubilación bastante temprana: 60 años. Creo que se trata de una contradicción que no podemos explicar a los ciudadanos y considero que la aplicación de unos baremos distintos en lo referente a la edad a los diputados que a los ciudadanos supondría un tratamiento privilegiado.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, con este informe no se trata de elaborar la versión más ideal del Estatuto de los diputados. Se trata de dar un paso adelante en las negociaciones con el Consejo, pero esta cuestión empieza a desesperarme. La Comisaria, Sra. De Palacio, ha dicho que en otros ámbitos se están dando progresos espectaculares, pero no en este. Creo que eso es cierto. ¿Por qué se ha rechazado el compromiso del Gobierno belga relativo a un impuesto nacional complementario? ¿Por qué los grandes grupos se empeñan en querer regular la nueva inmunidad y las reglas contenidas en este Estatuto? ¿Por qué tenemos que hablar hasta del régimen lingüístico en él? Esa intrusión deficulta demasiado las negociaciones. Las objeciones por cuestión de principios, señor Rothley, son buenas, pero mejor aún sería un acuerdo aceptable. Y no solo por cuestión de principios, es decir, como una normativa europea para los diputados europeos, sino también para poner fin a las actuales y dudosas prácticas relacionadas con los gastos. 
La semana pasada, la Mesa aprobó una nueva normativa que entrará en vigor cuando lo haga el Estatuto. Mi Grupo considera claramente «insatisfactoria» la normativa vigente, mientras califica con un 7 sobre 10 a la nueva. Aunque nos parecen absurdas y lamentables las primas por cansancio, celebramos que los gastos de viaje se reembolsen exclusivamente sobre la base de los costes reales incurridos. Este es un gran paso hacia delante. Si resulta imposible llegar a un acuerdo sobre el Estatuto, volveremos a partir de cero también en lo que respecta a los gastos de viaje. Esa no puede ser la intención... ¿o quizás sí?

El Presidente.
No quiero intervenir en este debate, pero cuando esa cuestión de la asignación por tiempo se debatió muy prolijamente en un grupo de trabajo, la idea había sido recomendada a ese grupo de trabajo por el Informe del Grupo de Altas Personalidades presentado ante esta Cámara en junio de 2000.
Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, este debate y la decisión sobre la propuesta constituyen para mí una cuestión de autoestima. Desde hace 24 años se celebran elecciones directas al Parlamento Europeo. Dentro de un año participarán los ciudadanos de 25 Estados miembros de la Unión Europea en las elecciones europeas. En el plazo de unas semanas, la Convención sobre el Futuro de Europa presentará un proyecto de Constitución europea y dará comienzo la nueva Conferencia Intergubernamental.
Los partidos -también los partidos europeos-, el Parlamento Europeo, la única institución de la UE elegida por sufragio directo por los ciudadanos europeos, los representantes de los ciudadanos, todos desempeñan un papel importante, constituyen una pieza importante del proyecto europeo. A pesar de ello, seguimos sin tener un Estatuto de los partidos políticos europeos, seguimos sin tener un Estatuto de los diputados europeos. Ya era hora, y la decisión sobre la propuesta llega con retraso. El debate de hoy me parece importante porque también nosotros, y no solo el Consejo, tenemos que hacer nuestros deberes en multitud de cuestiones. De una manera transparente, decidida, exhaustiva, conscientes de nuestra responsabilidad. Y para poner fin a este partido de ping-pong, tenemos que dejar bien claro que nosotros decidimos que 700 diputados al Parlamento Europeo eran más que suficientes y que fue el Consejo de Niza el que aumentó arbitrariamente ese número. Nosotros estamos elaborando el Estatuto de los diputados sobre la base de un informe elaborado por expertos externos. El Consejo no ha adoptado hasta la fecha la decisión fundamental entre un Estatuto europeo uniforme o 25 evaluaciones diferentes de ese mismo trabajo. En resumidas cuentas, nuestra evolución de una asamblea parlamentaria a un Parlamento Europeo no ha terminado todavía.
La naturaleza pública de este debate significa también que tenemos que abordar abiertamente la cuestión de que ningún diputado nacional -y la excepción confirma la regla- viaja tanto como nosotros. Ningún parlamento nacional goza de mayores libertades democráticas que nosotros. Ningún diputado nacional está menos en casa que nosotros. Ningún parlamento nacional aumenta sistemáticamente su volumen de trabajo tanto como nosotros. Aunque todos podemos mejorar, hacernos más eficientes y más profesionales, la mayoría de los diputados de esta Cámara realizan un buen trabajo, un trabajo útil en sí mismo y que requiere unas condiciones específicas. En las próximas semanas nacerá el nuevo ordenamiento europeo, lo cual implicará también una nueva función para el Parlamento Europeo y la revalorización de sus diputados, libremente elegidos. Todo ello justifica un estatuto transparente y uniforme para los diputados al Parlamento Europeo. No se trata de hacer gala de una autoestima deficiente o de una autodestrucción populista, ni tampoco de arrogancia o presunción. Sería importante y oportuno que la cuestión fundamental planteada por el Sr. Rothley y por mí mismo quede dilucidada y no se le continúe dando largas. Señorías, conjuntamente con todos los representantes de los Estados miembros, no tengamos miedo a tomar decisiones, ni tengamos miedo a las decisiones que tomemos.
Berenguer Fuster (PSE).
 Señor Presidente, parece que esta vez va en serio y vamos a dar un paso importante para solucionar una de las más flagrantes anomalías que caracterizan el funcionamiento de este Parlamento, como es conseguir algo tan sencillo como que todos y cada uno de los diputados estén sometidos a un único régimen.
Vaya por delante que el texto que nos propone el ponente, Sr. Rothley, al que felicito muy sinceramente, es un texto equilibrado y que, por supuesto, le vamos a dar todo nuestro apoyo. Pero el que eso sea así, no me impide realizar una serie de reflexiones. 
En mi país dicen que la justicia militar se parece a la justicia en general como la música militar se parece a la música. Pues hay veces que yo pienso que este Parlamento se parece a un Parlamento como la música militar se parece a la música. Porque, díganme sus Señorías si en algún Parlamento de algún Estado miembro se puede estar sometido a las normas a las que estamos sometidos en este Parlamento o bien si admitiría cualquier Parlamento estar sometido al grado de control y de tutela -por ejemplo en temas tan importantes como el dotarse de sus propias reglas- al que estamos sometidos nosotros con la intervención del Consejo. Eso, desde luego, no puede ser así. 
Comprendo que aquí hay algunos debates, como el tema de la fiscalidad, y creo que lo podríamos debatir en el seno de este Parlamento, pero lo que me gustaría es que el resultado de ese debate fuera la decisión definitiva, no que decidamos lo que decidamos aquí, tengamos que estar todavía sometidos a la voluntad de un órgano que sólo parcialmente es legislativo, como es el Consejo, en definitiva, a la voluntad de los Gobiernos de los Estados miembros.

Inglewood (PPE-DE).
Señor Presidente, el punto de partida de este debate es increíblemente sencillo. Partimos de que las condiciones de los diputados de esta Cámara no son satisfactorias, ni desde el punto de vista de los diputados ni desde el punto de vista del público. Un diputado debería percibir un salario diario justo por cada día de trabajo y además deberíamos pagar los mismos impuestos que las personas que nos han enviado a este Parlamento. Como ya han dicho varios oradores, no somos funcionarios, sino que representamos a los ciudadanos de los cuatro costados de la Unión Europea, aquí, en su centro. Los sistemas que se establezcan deberían estar debidamente elaborados y ser transparentes, y el régimen de gastos, que es complementario a los mismos, no debería ser una remuneración encubierta, y en concreto los gastos de viaje deberían reembolsarse de acuerdo con los desembolsos acreditados.
Aunque políticamente los gastos y la remuneración son dos caras de la misma moneda, sus fundamentos jurídicos son diferentes. No debemos ser pomposos, hipócritas o egoístas a este respecto. Por razones políticas primordiales que a nadie escapan, el Consejo y el Parlamento deben llegar a un acuerdo político sobre esas dos cuestiones. Si cualquiera de los dos da un paso atrás al respecto, estará faltando a su promesa dada al electorado y será culpable del naufragio del proceso.
Como diputado, estoy harto de bromas baratas sobre nuestro «chollo»: recordemos que el salario base que nosotros, los diputados británicos, percibimos es, o eso me dicen, aproximadamente el mismo que recibe un gerente de un supermercado de cierto tamaño en una ciudad de provincias. Esas mofas degradan al Parlamento como institución y a la Unión Europea como proceso político. Sencillamente, digo, dejemos de hablar y solucionémoslo, porque si no lo hacemos, nos degradamos y degradamos el proceso del que formamos parte.
En lo que respecta al contenido del informe Rothley, los conservadores británicos tenemos muchas reservas sobre algunos aspectos. La única forma de superar este punto muerto es votar a favor del informe en su conjunto, con el fin de dar un paso más en el proceso. Seguiremos trabajando para que el resultado final cumpla nuestros reivindicaciones políticas declaradas. La prioridad inmediata es dejar de hablar sin parar sobre el Estatuto y tomar medidas para hacer algo para crearlo.

Van Hulten (PSE).
Señor Presidente, la nueva normativa aprobada por la Mesa la semana pasada estipula que solo se indemnizarán los costes realmente incurridos en los viajes. Esta es una buena noticia que en gran medida se la debemos a usted. Pero existe una traba. La nueva normativa no entrará en vigor hasta que no lo haga el Estatuto. La probabilidad de que esto suceda es muy pequeña. El proyecto de Estatuto contempla una misma retribución para todos los diputados europeos, pero la propuesta estipula también que los diputados europeos tendrán que pagar a partir de ahora un impuesto sobre la renta europeo. Muchos diputados europeos, entre quienes me encuentro, consideran que eso es inaceptable. Yo vivo en los Países Bajos, he sido elegido por los neerlandeses, utilizo los servicios públicos neerlandeses y, por tanto, quiero pagar impuestos neerlandeses. 
Hace dos años, el Consejo y el Parlamento estaban de acuerdo sobre este punto. Los Estados miembros tendrían libertad para recaudar un impuesto nacional como complemento del impuesto europeo. Pero el ponente ha rechazado ese compromiso. Así pues, la propuesta no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y todos los miembros de esta Cámara lo sabemos. Por consiguiente, la decisión que tomó la Mesa la semana pasada no entrará en vigor y tendremos que volver a partir de cero.

En una época en la que existen restricciones presupuestarias y en la que los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón, nosotros optamos por vivir a lo grande, con una normativa sobre gastos desfasada. Quizá fuese ingenuo por mi parte pensar que era posible y que existía voluntad política, pero esperaba sinceramente que una mayoría de mi Grupo optara por anteponer los intereses generales a los intereses particulares. Lamentablemente, no ha sido así.

Karlsson (PSE).
Señor Presidente, es importante que el Parlamento Europeo cuente con un Estatuto que regule las condiciones de sus diputados. También es importante que obtengamos un sistema transparente que nuestro electorado pueda fiscalizar. Lo que, sobre todo, han sido obstáculos para nosotros los socialdemócratas suecos, han sido el reembolso previsto de los gastos de viaje, la cuantía de la remuneración, el impuesto comunitario y la falta de transparencia. Hemos establecido una serie de requisitos absolutos como condición para que apoyemos un nuevo Estatuto de los diputados: en primer lugar, que podamos seguir pagando impuestos en Suecia; en segundo lugar, que se reformen los sistemas de reembolso de los gastos de viaje de acuerdo con los gastos reales; y en tercer lugar, que instauremos un sistema abierto que pueda controlarse y que nuestro electorado sea capaz de fiscalizar.
La propuesta que ahora tenemos ante nosotros contiene mucho de lo que deseábamos, pero se aleja de lo que queremos en un punto esencial, que es la posibilidad de pagar impuestos nacionales. En la votación apoyaremos una enmienda encaminada precisamente a mantener el derecho a pagar impuestos nacionales. Si esta propuesta es rechazada, sintiéndolo mucho nos veremos obligados a votar en contra del conjunto de la propuesta.

Guy-Quint (PSE).
Señor Presidente, en nombre de la delegación socialista francesa, ofrezco todo nuestro apoyo al proyecto de Estatuto de los diputados que nos propone el informe del Sr. Rothley.
El éxito del proceso de ampliación hace que su adopción sea aún más urgente. Estamos a favor del enfoque adoptado y de los principios subyacentes, sobre todo la transparencia y la igualdad salarial. Resulta necesario aumentar la transparencia del sistema por el que se paga a los diputados: esta cuestión no es indiferente a los ciudadanos. Nos exigen respuestas.
Debemos aplicar además el principio de la igualdad salarial entre los diputados de la forma más rigurosa posible. Una aplicación inteligente de este principio supone que los emolumentos se adapten de modo que reflejen los diferentes niveles de vida en los Estados miembros. Esta es la vía para lograr una igualdad salarial real.
Existen ya mecanismos de adaptación de estas características para los funcionarios europeos, en función de su lugar de trabajo, y esto se considera justo.
La delegación socialista francesa ha presentado por tanto una enmienda en este sentido al artículo 16 del proyecto de Estatuto: les invitamos a que la apoyen con nosotros.
Permítanme hacer una llamada a la prudencia: la democracia tiene un precio, todos lo sabemos, y hace falta que los ciudadanos lo entiendan. Me gustaría terminar diciendo que el Estatuto, aunque no es perfecto, es un paso adelante, un paso hacia una verdadera democracia europea. Espero que el Consejo respete la labor del Parlamento.

El Presidente.
Quiero dar las gracias a todos los que han participado en este debate y a la Comisión por el tono positivo de su intervención. En particular, doy las gracias al ponente por sus interminables esfuerzos en nombre de esta Cámara sobre este tema.
La votación sobre el borrador de decisión tendrá lugar mañana martes a las 12.30 horas y la votación sobre la propuesta de resolución tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la declaración de la Comisión sobre política de competencia y Fondos de desmantelamiento y
4 recomendaciones para la segunda lectura:
A5-0136/2003, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (15528/2/2002 - C5-0034/2003 - 2001/0077(COD)) (Ponente: Sr. Turmes)
A5-0135/2003 en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva (15531/2/2002 - C5-0035/2003 - 2001/0077(COD)) (Ponente: Sr. Rapkay)
A5-0134/2003 en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (15527/2/2002 - C5-0036/2003 - 2001/0078(COD)) (Ponente: Sr. Mombaur)
A5-0132/2003 en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión nº 1254/96/CE (15767/2/2002 - C5-0033/2003 - 2001/0311(COD)) (Ponente: Sr. Clegg)

De Palacio, Loyola
 Señor Presidente, Señorías, creo que el de hoy es un debate importante. Estamos a punto de pasar a la última etapa del proceso legislativo relativo al conjunto de medidas sobre el mercado interior de la energía.
Considero importante, insisto, tener en cuenta que este paquete es emblemático dentro del proceso de Lisboa, cuyo objetivo, recordémoslo, es conseguir una Europa más competitiva, con una economía que en el año 2010 sitúe a la Unión Europea en la punta de lanza de la actividad económica a nivel internacional, en una sociedad basada en el conocimiento, con pleno empleo y también con respeto al medio ambiente.
Quiero recordar muy especialmente hoy el papel extremadamente constructivo que, a lo largo de todo este tiempo, ha venido desempeñando el Parlamento Europeo, buscando precisamente un resultado que espero podamos alcanzar en este período parcial de sesiones. El Parlamento Europeo siempre ha apoyado firmemente a la Comisión en sus esfuerzos por conseguir un mercado interior de la energía competitivo e integrado, que además suponga superar los mercados nacionales.
Quiero dar sinceramente las gracias a los tres ponentes, Sres. Turmes, Rapkay y Mombaur, por el fantástico trabajo que han realizado. Y también quiero hablar de los ponentes en la sombra y de los demás miembros de la comisión que han participado de manera tan activa a lo largo sobre todo de estos últimos meses para obtener este resultado positivo; agradezco muy especialmente el esfuerzo de la delegación que ha estado negociando en un diálogo tripartito informal para que hoy podamos discutir y el miércoles próximo alcanzar un acuerdo en este Parlamento que permita llegar a un texto definitivo.
El compromiso al que estamos llegando no se aleja en lo sustancial de las propuestas iniciales de la Comisión. Es más, estas propuestas se han visto reforzadas posteriormente con una serie de puntos tras la primera lectura del Parlamento, en especial en lo que se refiere a los aspectos de servicio público que contemplan las Directivas. Una vez establecido este conjunto de medidas, todos los consumidores de la Unión Europea podrán elegir libremente su suministrador a partir de 2007. Los pequeños consumidores, por lo tanto, ya no se verán privados de ese derecho y de esas ventajas del mercado interior.
Desde el punto de vista estructural, se suprimirán muchos de los obstáculos a una competencia equitativa, en particular, la falta de independencia de los operadores del sistema y la ausencia de una reglamentación eficaz. Al mismo tiempo, se han reforzado los requisitos de servicio público, insisto, en gran medida a petición y a iniciativa de este Parlamento, con una obligación de servicio universal en el sector de la electricidad y medidas estrictas de protección de los consumidores vulnerables.
El conjunto de medidas incluye un componente esencial del mercado interior de la electricidad, a saber, el Reglamento sobre intercambios transfronterizos de electricidad, que prevé normas claras para facilitar el comercio en la Unión Europea. Aunque el Parlamento y la Comisión hubieran querido avanzar con mayor rapidez respecto a una serie de puntos, tales como la apertura del mercado y la separación jurídica, considero esencial el hecho de que las Directivas establezcan fechas incondicionales y que el marco regulador esté claro para la industria.
Nadie ignora ya cuáles van a ser las reglas y, por lo tanto, insisto, es un paso adelante importantísimo. Las posiciones comunes han mejorado los resultados de las enmiendas parlamentarias, sobre todo en lo que respecta al etiquetado y a las competencias de la autoridad reguladora, y se ha establecido una delimitación clara del margen de influencia de la empresa matriz sobre las actividades de los operadores de la red.
Hay un aspecto que quiero abordar de manera expresa aquí esta tarde, porque es uno de los más polémicos. Es, evidentemente, la cuestión de los fondos de desmantelamiento de las centrales nucleares. Todos sabemos que constituye una parte central del acuerdo logrado. Hasta el punto de que la última Conferencia de Presidentes lo ha incluido como un punto específico, Señor Presidente, en el debate de esta tarde. Quiero presentar las posiciones de la Comisión al respecto. En primer lugar, como dije con motivo del debate en primera lectura de estos textos, la Comisión comparte plenamente la preocupación del Parlamento en cuanto a la necesidad de que los fondos reservados para el desmantelamiento y gestión de residuos han de destinarse a los fines para los que se han constituido. El 30 de enero de 2003, la Comisión adoptó dos propuestas de Directiva relativas precisamente a plantear una estrategia y unos estándares comunitarios sobre seguridad de las centrales nucleares y sobre tratamiento de los residuos. La primera de ellas se centra de manera específica en la cuestión de los fondos de desmantelamiento nuclear. Con ello, Señorías, quiero recordarles que a ello me comprometí ante el Parlamento en la primera lectura de este paquete legislativo, y que en enero de 2003 di la respuesta a que me comprometí en su momento.
En segundo lugar, tras nuestros contactos durante el diálogo tripartito, hemos logrado un acuerdo entre los colegisladores sobre la base de una declaración interinstitucional y otra de la Comisión sobre el control y la transparencia en la gestión de dichos fondos. En particular, Señor Presidente, y conforme a lo solicitado en la Conferencia de Presidentes, quiero leer la declaración que la Comisión efectuará, una declaración que corresponde a la Comisión en su conjunto y que ha sido debatida en el ámbito del Colegio de Comisarios, y que dice, y leo textualmente: "La Comisión señala la importancia de garantizar que los fondos establecidos para las actividades de desmantelamiento y gestión de residuos relacionados con los objetivos del Tratado Euratom se gestionen de una manera transparente y se utilicen únicamente para tales actividades. En este contexto, y dentro de los límites de sus responsabilidades con arreglo al Tratado Euratom, la Comisión tiene la intención de publicar un informe anual sobre la utilización de los fondos de desmantelamiento y gestión de residuos. Hará particular hincapié en garantizar la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario".
Así pues, la Comisión revisará la situación de los fondos y su utilización en un informe anual, que será transparente y transmitido a esta casa. Estoy satisfecha de que esta cuestión, gracias a la Directiva específica y al informe de la Comisión, esté saliendo a la luz y se imponga una mayor transparencia en torno a tales fondos porque, Señorías, ustedes lo plantearon aquí, en el Parlamento, pero creo que es algo que nos preocupa a todos, y que entre tanto, además, los hechos nos han dado la razón en cuanto a la necesidad de ocuparnos de esta cuestión, y estoy pensando concretamente en algo sucedido en los últimos meses en una compañía de Gran Bretaña.
Señor Presidente, quiero reiterar que la Comisión acepta todas aquellas enmiendas que están en la línea del acuerdo logrado.
Para concluir, quiero agradecer una vez más al Parlamento, y muy especialmente a los tres ponentes y también a la delegación que ha participado en las negociaciones con el Consejo y la Comisión en ese diálogo tripartito informal que hemos desarrollado, el trabajo constructivo respecto a todas estas medidas. Creo que sin esta contribución fundamental no estaríamos a punto de crear el mercado interior de la energía más integrado del mundo, un mercado que supone, además, poner en práctica el modelo comunitario, es decir, la liberalización junto con la regulación, algo que antes se decía que era contradictorio, pero que estamos demostrando en Europa que se puede combinar: las ventajas del mercado con el mantenimiento de una sociedad cohesionada, sin exclusiones, que no sólo se ocupa y vela por los más débiles, sino que, además, piensa en el futuro, en las futuras generaciones y, concretamente, en la protección de nuestro medio ambiente.

Turmes (Verts/ALE)
Señor Presidente, tras tres años de intensos debates, el Parlamento votará esta semana la segunda Directiva sobre los mercados de electricidad y gas. ¿Qué intentaban conseguir el Parlamento y los ponentes? En lugar de centrarse exclusivamente en los aspectos cuantitativos de la apertura de los mercados, el Parlamento y los ponentes se han esforzado por garantizar que se dé la misma importancia a los aspectos cualitativos. Me enorgullece poder afirmar hoy que hemos conseguido volver a regular el mercado y hacer que sea «más verde» en muchos aspectos.
Los que son escépticos acerca del proceso de liberalización tendrán que admitir que esta segunda Directiva sobre electricidad conlleva un entorno normativo mucho mejor que la primera Directiva de 1996. 
¿Qué hemos conseguido? Los objetivos del mercado conceden hoy la misma importancia a la competencia, la seguridad del suministro y el medio ambiente. En segundo lugar, tenemos órganos de control más fuertes y hemos dado el primer paso para conseguir separar los distintos intereses de los generadores de la red y los minoristas. Hemos conseguido reforzar las obligaciones de servicio público e imponer obligaciones más estrictas a las empresas que controlan la red para garantizar las necesarias inversiones. Los proveedores de electricidad deben cumplir estrictos requisitos de información a los clientes en los contratos. Estoy especialmente satisfecho porque hemos obligado a los proveedores a dar plena información sobre los combustibles de la electricidad y sobre las consecuencias medioambientales de su producción.
Esto permitirá a los consumidores europeos tomar una decisión informada. También permitirá a la sociedad seguir debatiendo sobre los servicios energéticos. Disponemos de un servicio universal, pero no solo eso, también tenemos la obligación de establecer un proveedor de último recurso.
Todas estas medidas no serán suficientes, sin embargo, para garantizar que los beneficios de la liberalización del mercado lleguen a los pequeños consumidores. Un único cliente doméstico tendrá que competir con grandes consumidores industriales para conseguir un precio justo. Los pequeños consumidores podrán obtener ahora un buen precio gracias a que favoreceremos y fomentaremos que pequeños consumidores se agrupen con el fin de formar comunidades de ventas.
También hemos conseguido reforzar la condición de los productores de energía descentralizados. Conseguimos establecer el concepto de costes evitados a largo plazo. Eso significará que la práctica en determinados países, en los que se paga tanto para transportar energía a lo largo de 200 metros desde una unidad de cogeneración hasta un vecino como para transportar energía a más de 500 kilómetros, cambiará, dando a los pequeños generadores una oportunidad real. Son los pequeños generadores, la innovación que tenemos gracias a la miniaturización de motores, las redes inteligentes que tenemos gracias al desarrollo de software, junto con los nuevos productores de energía independientes, los que serán la panacea del mercado.
Pero estas innovaciones solo llegarán al mercado si nosotros, como políticos, tenemos la valentía necesaria para imponer unas reglas del juego realmente uniformes. La innovación no procederá de los dinosaurios. Por lo tanto, durante los próximos años hemos de tener cuidado para garantizar que las grandes empresas integradas no puedan jugar demasiadas partidas. Necesitamos que se produzca una separación de la propiedad. Necesitamos defender los fondos de desmantelamiento. No tiene ningún sentido hablar de unas condiciones uniformes si permitimos que EDF utilice 30 millardos de euros, Eon 12 millardos de euros y RWE 10 millardos de euros de los fondos de desmantelamiento en el mercado. También necesitamos una política de fusiones mucho más estricta contra estos oligopolios que están entrando en el mercado.
Por último, probablemente el punto más importante: necesitamos una política de competencia para un mercado único. No podemos permitir dobles raseros en un mercado único europeo y, por lo tanto, necesitamos las competencias de la DG Competencia de acuerdo con las normas sobre competencia del Tratado UE. El juego que la Comisión, y especialmente el Sr. Lamoureux, como director de la DG TREN, ha mantenido con el Consejo y el Parlamento durante las últimas semanas no es correcto. Ha sido un intento de suprimir los fondos de desmantelamiento de las competencias de política de competencia del Sr. Monti. Señora Comisaria, usted ha hecho un buen trabajo para conseguir la creación de un mercado interior. Los juegos deben acabarse. Nosotros, como Parlamento, no aceptamos dobles raseros en política de competencia.
Para acabar, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes por su cooperación. A menudo ha sido la confianza en los ponentes la que ha permitido conseguir este importante instrumento legislativo.

Rapkay (PSE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar por el punto en el que ha terminado mi amigo, el Sr. Turmes, a saber, el agradecimiento a los ponentes y al ponente alternativo. Atrás dejamos un trabajo que ha durado dos años en total y considero que la colaboración entre ponentes y ponentes alternativos de todos los Grupos parlamentarios ha sido muy solidaria, abierta y confiada. En mi opinión, el resultado que hemos alcanzado así lo refleja. Creo que se trata de un buen resultado.
Permítanme formular cuatro precisiones en la línea de lo que el Sr. Turmes ha dicho hace un momento y con lo que no puedo más que estar de acuerdo. En primer lugar, este paquete de medidas legales allana el camino para una mayor competencia en los mercados energéticos europeos y deja el camino expedito para un mercado interior de la energía realmente integrado. Con ello hacemos una aportación -nuestra aportación- al objetivo común de convertir la Unión Europea en la región más competitiva del mundo. Tenemos que aprovechar las mejoras de la eficiencia que se derivan de un mercado interior integrado y su capacidad de integración política para conseguir ese objetivo, pero también y especialmente para que se beneficien nuestras pequeñas y medianas empresas de ese mercado interior y para que nuestros consumidores se beneficien más que nunca de sus resultados y de sus efectos positivos.
En segundo lugar, la consecuencia básica de las anteriores directrices relativas al mercado interior fue la apertura desequilibrada de los mercados. Indudablemente consiguieron aumentar la competitividad, aumentar la eficiencia y reducir los precios, pero el desarrollo asimétrico de la apertura del mercado y las notables deficiencias en el marco del comercio minorista nos obligan ahora a adoptar medidas concretas para acelerar todavía más el proceso de apertura de los mercados. Eso significa que hay que garantizar las mismas condiciones a todos los participantes en el mercado, que hay que poner coto al peligro de dominación del mercado y que hay que reprimir en lo posible las prácticas de acoso, por ejemplo de los grandes contra los pequeños. Nuestro objetivo no consiste en sustituir los monopolios públicos por otros privados, sino en establecer un mercado interior de la energía totalmente abierto.
Y por eso resulta incuestionable el tercer punto, parte esencial de lo que hemos de someter a votación: el establecimiento de un calendario ambicioso para la completa apertura del mercado. El calendario que hemos fijado conjuntamente con el Consejo es ambicioso, y si somos capaces de sacarlo adelante, supondrá un avance muy importante respecto al que teníamos hasta ahora.
Mi cuarto comentario hace referencia a la necesidad de regular el acceso de terceros a las redes -competencia, en otras palabras- de manera transparente y sin discriminaciones. Condición esencial para ello es la separación, la aplicación de la ley de sociedades para separar jurídicamente la red de generación por una parte, y la de distribución por otra. Necesitamos un organismo o más de control con facultades de supervisión, con la capacidad y la obligación de informar, pero, sobre todo, con poder para dar instrucciones e imponer sanciones. Es necesario -y así lo hemos plasmado también- que el Estado pueda imponer obligaciones en aras del bien común sin anular con ello la competencia. Si bien las directrices que votaremos pasado mañana establecen las bases de todo lo anterior, la Comisión está y seguirá estando obligada a vigilar muy de cerca la evolución del mercado. Tendrá que adoptar medidas adecuadas para prohibir prácticas anticompetitivas a las empresas y tendrá que estar atenta sobre todo a la correcta y rápida transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros. Hay que admitir que el Consejo, en el diálogo tripartito, ha hecho algunas concesiones al Parlamento, pero esas concesiones eran urgentemente necesarias porque varias de las disposiciones contenidas en una o más de las posiciones comunes resultaban, desde mi punto de vista, bastante problemáticas, por contener lagunas que podrían debilitar la competencia.
Es importante que la transposición se lleve a cabo deprisa, ya que el plazo es muy justo: en menos de un año tiene que haber quedado todo traducido al derecho nacional. Y a este respecto quiero reiterar que la Comisión sigue teniendo la obligación de vigilar el mercado y las condiciones de la competencia. Permítanme subrayar de nuevo lo que acaba de decir el Sr. Turmes, a saber, que el mercado interior de la energía tiene que estar supeditado a la legislación sobre competencia del Tratado y ha de juzgarse a la luz del mismo. Sobre todo en lo concerniente a las ayudas estatales y los controles sobre fusiones habrá de aplicar los instrumentos del Tratado. Y creo que la Comisión puede contar en esta cuestión con el respaldo político de mi Grupo -eso se lo puedo prometer-, así como el de toda la Cámara.
Mombaur (PPE-DE)
- (DE) Señor Presidente, en primer lugar debo dar una explicación, fuera del tiempo de uso de la palabra, en calidad de presidente en funciones de la comisión competente.
La lista de votaciones previstas para el miércoles está equivocada. O al menos induce a error. Con respecto a mi propio informe, las enmiendas 1 a 5, que figuran aquí como enmiendas de transacción, no lo son. La comisión las ha retirado oficialmente. Las enmiendas de transacción son la 7 a la 10, pero no la enmienda 6, como se dice en la lista de votaciones. La enmienda 6 no forma parte de la transacción; de hecho, a mi modo de ver está fuera de lugar. Ruego a la Mesa que lo compruebe, a fin de que el miércoles se pueda realizar la votación de forma correcta.
Señor Presidente, por favor no me lo descuente de mi tiempo de uso de la palabra.
Mombaur (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, en primer lugar quiero reiterar, con respecto a las normas comunes sobre el intercambio transfonterizo, que este Reglamento contiene una serie de medidas que favorecen un verdadero mercado interior en toda la UE. Las simples redes de tránsito recibirán compensación por sus servicios con cargo a las subvenciones. En los Estados miembros, las cargas a los productores con respecto al intercambio transfronterizo de electricidad se armonizarán para evitar que haya condiciones competitivas dispares entre los distintos países. Los cuellos de botella en las redes se repartirán de acuerdo con las leyes de mercado y no según criterios territoriales, y las tarifas ya no se fijarán en función de la distancia entre los contratistas, sino del caudal físico de corriente, que será la única referencia.
También resulta beneficioso que este Reglamento despeje el camino para la construcción de nuevas centrales eléctricas en los emplazamientos adecuados, a saber, cerca de los puntos de gran consumo y no en los lugares donde resulte especialmente económica la energía primaria utilizada, lo que dará lugar a la aparición de nuevas redes de distribución masiva.
Las tres normativas que aprobamos aquí constituyen auténticos hitos para el mercado interior de la UE. Vienen a imponer en el sector energético, tras quince años de discusiones, un criterio de seriedad respecto a las libertades que se garantizó a los ciudadanos de la Unión en los Tratados: libertad deestablecimiento, libre circulación de mercancías y libertad de prestación de servicios. Estas directivas lo afirman expresamente. Además, hacen que la competencia presione a las empresas europeas para ser productivas y es de esperar que sepan detectar pronto un número cada vez mayor de cometidos y posibilidades en el mercado mundial.
Pero -y permítanme que lo exprese de forma muy diáfana-, el legislador solo puede reconocer a los ciudadanos sus libertades, pero son los interesados los que tienen que hacer uso de dichas libertades. Ocurre lo mismo que en unas elecciones. La participación en la votación es un derecho, pero es el ciudadano el que decide si lo ejerce o no; la reciprocidad de la oferta y la demanda en el mercado de la electricidad y el gas constituye igualmente una oportunidad que deben conocer y aprovechar los ciudadanos. Esta legislación gira en torno a la cuestión de cómo ubicar en el mercado los monopolios técnicos existentes -las redes- para hacer posible la competencia. La presente normativa contiene importantes disposiciones en ese sentido. De hecho, primero coloca las propias redes bajo la tutela de sus respectivas compañías, para luego crear en los Estados miembros sistemas de regulación que garanticen la gestión de las redes y, por último -algo que el Parlamento ha considerado hasta ahora especialmente importante-, controlan la forma en que esos organismos reguladores de los Estados miembros cooperan entre sí y con la Comisión, para que al final no nos encontremos con 15 filosofías diferentes -o 25 dentro de poco- en los organismos reguladores de los Estados miembros.
Hay algo que quiero dejar perfectamente claro, enlazando con lo que ha dicho el Sr. Turmes. Si dentro de unos años el Parlamento o la Comisión, señora Vicepresidenta, decide que esta normativa sigue sin promover un auténtico mercado interior europeo de la electricidad y el gas, nadie deberá sorprenderse entonces de que se proponga e inicie un debate sobre un ente regulador europeo, que ahora no nos planteamos, así como sobre la disgregación de la propiedad de las redes, que tampoco proponemos ahora. Estas dos consideraciones siguen pendientes. Ahora los participantes en el mercado son los que tienen que evitar las situaciones que obliguen al legislador a adoptar ese tipo de medidas. Por todo ello no solo deseo que el Reglamento sea aprobado, sino que reciba el pleno apoyo de los partícipes del mercado, los consumidores y los proveedores de servicios.
Deseo asimismo agradecer finalmente a todos los ponentes el trabajo conjunto que han realizado a lo largo de muchos años sobre esta cuestión de una manera realmente encomiable. Pero también doy las gracias, señora Vicepresidenta, a la Comisión, a usted y a todos sus miembros. Para todos los colaboradores, mi más sincero agradecimiento y mi cordial enhorabuena por esta labor tan valiosa y ardua.
El Presidente.
 Le ruego al Sr. Mombaur que haga llegar por escrito a la Presidencia la declaración inicial que hizo sobre los errores en la lista de votaciones, para que no haya nuevos errores.

Mombaur (PPE-DE).
Señor Presidente, creo que ya no puedo ponerlo por escrito porque, en primer lugar, los coordinadores y los ponentes ya han acordado todo verbalmente y, en segundo lugar, porque había una representación de la secretaría de la Comisión que seguramente podrá resolver esto. Trataré de que así se haga.

El Presidente.
 De acuerdo, confiemos en que todo el mundo actúe correctamente y que no haya mañana ningún problema.

Kronberger (NI)
- (DE) La adopción de reglamentos aplicables en toda Europa para regular el mercado interior de la electricidad y el gas natural es una forma de proceder muy sensata. El suministro energético de la Unión Europea nos ocupará y nos acompañará continuamente como tema central en las próximas décadas.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor estima, y las consideraciones medioambientales así lo exigen, que el principal objetivo de cualquier directiva relacionada con la producción, el suministro, el intercambio o la distribución de la energía establezca que la energía primaria utilizada deba y pueda obtenerse de la forma socialmente más soportable y que cumpla criterios ecológicos.
La producción energética por sí misma plantea un problema ecológico fundamental. Es un aspecto muy importante que se ha tenido en cuenta en esta Directiva y, sobre todo, en la opinión y en los informes del ponente. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tendrán que establecer las pertinentes condiciones para que la electricidad se genere, tanto a medio como a largo plazo, de manera que la energía primaria se obtenga exclusivamente a partir de fuentes renovables (viento, agua, energía solar, biomasa). Lo mismo cabe decir respecto a la producción de gas. En este caso debemos hacer todo lo posible para que el biogás doméstico, obtenido a partir de cultivos no destinados al consumo humano, sustituya al antiguo sistema de suministro de gas con todas sus deficiencias.
Esto funcionará siempre y cuando logremos compensar la actual situación de desventaja de las fuentes de energía renovables en comparación con los combustibles fósiles y la energía nuclear, y consigamos que la producción y el aprovechamiento de la energía reflejen los costes implicados.
Van Velzen (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar he de decir que considero una vergüenza que los servicios no hayan sido capaces de presentar un paquete de enmiendas de transacción que puedan trasladarse a la opinión pública y a la prensa. Señor Presidente, espero y confío en que se encargue usted de dar a los servicios las instrucciones oportunas para que mañana se presente el paquete adecuado. Es muy lamentable que haya sucedido algo así. 
La Sra. Comisaria ha expresado ya con elocuencia la importancia de los temas que estamos debatiendo y no voy a insistir en ello. Quiero dar las gracias por este resultado a mis colegas, a los ponentes, a los ponentes alternativos, a todas las personas que han colaborado, y por supuesto también a los miembros de la Comisión. Pero, sobre todo, quiero felicitar a la Presidencia griega -que nadie ha mencionado aún, señor Presidente- por su enorme esfuerzo, pues ha realizado un trabajo excelente. 
Señor Presidente, desde la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, hemos luchado a brazo partido con el Consejo. Para ser sincero, he de decir que el Parlamento ha hecho un gran esfuerzo y yo no esperaba el resultado que hemos logrado ahora. Creo que se lo debemos a la flexibilidad, al esfuerzo y al enfoque constructivo de todo el mundo. 
Centrémonos en algunos puntos. El Parlamento ha hecho un gran esfuerzo para consolidar la posición del organismo supervisor. Queremos que este organismo no solo sea independiente de la industria, sino que también lo sea, en la medida de lo posible, de las administraciones nacionales, porque queremos evitar el problema del PET, como ha dado en llamarse. Sea como fuere, hemos aumentado la distancia entre el órgano de supervisión y la administración pública. Hemos reforzado las competencias del primero y le hemos obligado a contribuir al desarrollo del mercado interior y a la creación de un terreno de juego nivelado, para evitar con ello el temor que tienen muchas personas a que tengamos 25 mercados parciales en lugar de un único mercado interior. El Sr. Mombaur ya lo ha comentado antes. 
El segundo punto por el que hemos peleado duramente es, por supuesto, la separación de actividades: la segmentación funcional, obligatoria a partir de julio de 2004, y la segmentación jurídica, obligatoria a más tardar en 2007. Se ha especificado claramente que ningún Estado miembro puede apartarse de esto, pues se exige que la Comisión presente una directiva modificada que pasar todos los trámites del Parlamento y Consejo. Como debe ser. Celebro también que hayamos reforzado la independencia de las filiales, es decir, de las empresas de transporte respecto a sus matrices, de manera que estas, es decir, las empresas de producción o distribución, no puedan beneficiarse a costa del mantenimiento de las redes, impidiendo con ello de hecho que haya condiciones equitativas en Europa. 
El tercer punto, señor Presidente, es que se ha prestado mucha más atención a esas condiciones equitativas. Hemos peleado con el Consejo y el Consejo ha sido suficientemente sensato como para asumir específicamente los compromisos que hemos contraído en el sector de las comunicaciones electrónicas. Ese será el meollo de la cuestión. La pregunta, la pregunta clave, será si la Comisión es capaz de comprobar anualmente por medio de análisis sólidos si existen condiciones equitativas. Hay mucho miedo, señor Presidente, de que en Europa surjan cinco, seis, siete u ocho oligopolios o grandes empresas. Sobre esta cuestión, insto a la Comisión a que emprenda acciones con firmeza en los casos de juego poco limpio, en los casos de distorsión del mercado. Solo así podremos convencer a nuestros ciudadanos de que la liberalización es algo positivo.
Señor Presidente, pienso también que es sumamente importante que hayamos alcanzado un compromiso en relación con los fondos de desmantelamiento. Aún sigo sin entender por qué los Estados miembros no se atreven a consignar en documentos legislativos que un fondo de desmantelamiento ha de ser transparente, que ha de utilizarse como es debido y que han de aplicarse las reglas de competencia normales. Señor Presidente, ¿por qué no se atreven los Estados miembros a ponerlo por escrito? Sigue sin convencerme el parloteo jurídico, perdóneme que lo diga, en la medida en que todo esto pertenece al Tratado Euratom. Acepto el acuerdo interinstitucional, celebro la nueva declaración de la Comisión, pero los Estados miembros que se han opuesto a que adquiera categoría de ley, a que se incluya en la Directiva, tienen muchas cosas que explicar a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, celebramos también que, con respecto a las obligaciones de servicio universal, no solo se esté preparando una larguísima lista, sino también una disposición para evitar que esas obligaciones de servicio universal puedan constituir una barrera para los recién llegados. Creo que se trata de otro punto importante al que debe prestar atención la Comisión. 
En resumidas cuentas, creo que hemos conseguido un resultado excelente. Por supuesto, como diputado uno quiere más, pero considerando el punto de partida, creo que hemos logrado mucho. Podemos estar orgullosos de ello y tenemos que explicar a nuestros ciudadanos que de esta forma podremos mejorar la calidad y la prestación de servicios.
Désir (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, pronto la liberalización completa del mercado de la electricidad solo se defenderá en Europa. Incluso los Estados Unidos, tras el caso de California y el caso Enron, han dado marcha atrás. En América Latina, la liberalización se ha saldado con fracasos. En Gran Bretaña, el Estado se enfrenta a la quiebra de British Energy. En Suecia, los precios han experimentado este invierno aumentos de más del 50% debido a las tensiones entre la oferta y la demanda. 
La electricidad es un sector que necesita inversiones a largo plazo. Se ocupa de la seguridad del suministro, la protección del medio ambiente y la prestación de un servicio público. No puede estar gobernado únicamente por las fuerzas del mercado y la competencia. En algunos de nuestros países, el mío por ejemplo, el servicio público de la electricidad consiste particularmente en la igualdad de tarifas, acceso para todos los hogares, independientemente de su nivel de consumo o su situación geográfica, a una electricidad de bajo coste y al mismo precio. La plena liberalización obligatoria, prevista para 2007, que nos propone no permitirá que se mantengan los mecanismos de ajuste social y de tarifas que garantizan esta igualdad de precios. 
Esta es la razón por la que los miembros de la delegación socialista francesa votaremos a favor de una enmienda de rechazo de la propuesta, que hemos presentado junto con el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica y la delegación socialista belga. Pensamos que el plan de apertura del mercado en dos etapas, sin que ni siquiera se lleve a cabo una evaluación de la primera etapa -la de 2004, que concierne a todos los clientes no residenciales- antes de pasar a la apertura a la competencia para todos los clientes residenciales, en 2007, supone un enfoque más dogmático que pragmático de la liberalización. 
Además, en materia de competencia, estamos asistiendo más bien a un fuerte movimiento de concentración de las empresas y a la constitución de un mercado de oligopolios y de cárteles y no de un verdadero mercado competitivo. Consideramos absurdo que se obligue a la plena liberalización cuando acabamos de iniciar el debate sobre el Libro Verde y ni siquiera hemos tenido tiempo para examinar las posibilidades de elaborar una directiva marco para salvaguardar los servicios públicos.

Newton Dunn (ELDR).
Señor Presidente, sustituyo al Sr. Clegg, el ponente. Acabo de hablar con él. Está enfermo en cama, pero les complacerá saber que pronto estará de nuevo con nosotros.
Quería que yo dijera que el Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos acoge con sumo agrado esta iniciativa porque es un importante avance en el mercado interior y para el acuerdo de Lisboa en un sector que anteriormente estaba cerrado. Acogemos con agrado y apoyamos plenamente el compromiso sobre el etiquetado y la separación de la propiedad y sobre las fechas de la apertura del mercado.
Sin embargo, la principal cuestión que querría plantear el Grupo Liberal es la de los fondos para el desmantelamiento del sector nuclear. Queremos apoyar y agradecer a la Comisión su declaración revisada. Anteriormente la Comisión nos había dicho que los fondos del Tratado Euratom serían suficientes para el desmantelamiento. Sin embargo, como todos sabemos, los fondos Euratom no están sujetos a unas normas adecuadas de transparencia y responsabilidad.
Ahora que la Comisión nos ha dicho que las disposiciones en materia de competencia serán de plena aplicación en este sector, estamos muy satisfechos porque eso significa apertura y transparencia y unas normas adecuadas para el mercado único. Mañana mi Grupo votará a favor de esto.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, la liberalización de los mercados energéticos ha sido un proyecto ideológico. Se ha desplegado una cortina de humo de confianza en el mercado para tapar ciertos problemas reales. Los mercados siempre hacen lo mismo: siempre operan aquí y ahora. Los precios no tienen en cuenta los cambios estructurales que ocurren cuando los recursos se agotan.
La liberalización del mercado del gas no garantizará la inversión en los próximos veinte o treinta años. Puesto que es el gas el que va a cubrir todas las necesidades de energía adicional en la Unión Europea, y puesto que el gas se importa del este, los que necesiten gas deberían compartir los costes de inversión en nuevos campos de gas. En un mercado liberalizado solo se tienen en cuenta los beneficios a corto plazo. Deberíamos ser capaces de concluir contratos de suministro de gas a largo plazo. No se estilan en un mercado de beneficios a corto plazo. Puede que los modelos de propiedad de las redes se conviertan en un problema en el mercado de la electricidad. A menos que un Gobierno invierta en redes troncales o las mantenga, el mercado no funcionará. Si el Gobierno no invierte en la red y se responsabiliza de ella, la electricidad no podrá transportarse de un sitio a otro.
Soy ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de un informe sobre la seguridad de las centrales nucleares. En virtud de este cargo, veo los problemas que pueden repercutir en el precio de la electricidad. Puede que la electricidad producida por energía nuclear sea más barata en los mercados al contado, pero no podemos estar seguros de si los precios han tenido en cuenta todos los costes del desmantelamiento de las centrales nucleares y de la eliminación de residuos, que se extenderá durante cientos, quizás miles de años. Si estos costes no quedan reflejados en el precio de mercado actual de la electricidad, habrá una distorsión de la competencia.
La liberalización de los mercados determina precios a corto plazo, pero no resolverá los grandes problemas del futuro. Habrá nuevas guerras por el petróleo del Iraq. Nuestro Grupo habría preferido salvaguardar los servicios del sector público y de energía universal en relación con estas Directivas relativas a la liberalización y privatización.

Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, me gustaría felicitar calurosamente a todos los que han participado en el arduo trabajo necesario para llevar estos informes a una conclusión coherente, positiva e incluso sólida.
Agradezco especialmente las exigencias de que los fondos de desmantelamiento nuclear estén plenamente sujetos al Derecho de la competencia comunitario. Las empresas de servicios públicos no deberían haber utilizado nunca la gestión de los fondos de desmantelamiento nuclear como una forma de ayuda estatal y como excusa para seguir comprando compulsivamente otras empresas de servicios públicos en toda Europa. Nos arriesgábamos a que se produjera esa aceleración y la creación de cárteles. Por lo tanto, celebro las garantías dadas por la Comisión hoy aquí. Ni la Comisión ni el Consejo se han cubierto de gloria en el pasado en este tema, pero ahora tenemos una estrategia más coherente. En concreto, aunque muchos Estados miembros restringen la utilización de esos fondos, Francia y Alemania están autorizadas a apartar los fondos para la gestión de residuos y utilizarlos para adquisiciones. Esto supone un claro abuso e incluso corrupción en relación con los mismos, y me alegro de que ahora vaya a aplicarse la legislación en materia de competencia. De no aplicarse, esa posibilidad habría tenido un efecto muy distorsionador en el mercado energético de toda Europa. ¿Cómo podemos tener un mercado libre cuando hay tres empresas con 10 millardos de euros o más a su disposición para comprar otras empresas? Me alegro de que la lógica haya prevalecido y de que esos fondos estén sujetos a la legislación en materia de competencia.
También celebro la inclusión de los objetivos de sostenibilidad y el tratamiento equivalente dado a la sostenibilidad con respecto a la competencia y la seguridad del suministro. En particular, las energías renovables deben promocionarse en toda Europa. Durante demasiado tiempo han sido el pariente pobre, sobre todo ante los enormes fondos a los que el lobby nuclear ha tenido acceso por medios legales o ilegítimos, como ya he destacado. Espero que en el futuro haya más fondos disponibles para las energías renovables.

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, los ponentes que han participado en esta serie de informes se merecen todas nuestras alabanzas por su enorme esfuerzo, que nos ha permitido llegar a un acuerdo sobre el paquete energético en la segunda lectura y evitar prolongadas conciliaciones.
Las redes europeas de electricidad y gas constituyen piezas clave de la infraestructura estratégica. Si queremos conseguir los objetivos que nos marcamos en Lisboa, es decir, hacer de Europa la economía más competitiva del mundo para 2020, necesitamos un mercado interior verdaderamente unificado en nuestros principales recursos energéticos. Me satisface que el compromiso aprobado por el Consejo incluya un importante papel para las autoridades reguladoras nacionales. Estoy seguro de que las autoridades reguladoras nacionales harán una aportación significativa al desarrollo del mercado interior y crearán unas condiciones de competencia justa. Naturalmente, es necesaria una cooperación estrecha y transparente entre las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión.
También me alegra que las relaciones entre las empresas matrices y las filiales se hayan definido mejor. Una matriz debe tener medios eficaces de control sobre sus filiales. La redacción original podría haber dado lugar a la segregación de las filiales y la ruptura de empresas por la puerta de atrás. Eso habría resultado especialmente problemático en Estados miembros pequeños como Irlanda, donde hay algunas restricciones naturales a las subdivisiones energéticas debido al aislamiento geográfico y al limitado número de habitantes.
Es obvio que el futuro de un mercado energético como el irlandés es la interconexión. Estoy satisfecho de que se haya tenido en cuenta este punto y de que se haya reconocido que construir interconectores es una forma válida de abrir el mercado energético. En el caso de Irlanda, eso implicará tanto conectores norte-sur como conectores este-oeste y, a su debido tiempo se creará un enorme mercado que abarcará al Reino Unido e Irlanda y que ofrecerá más posibilidades de elección a los consumidores y precios más competitivos.
La estrategia europea para liberalizar los mercados energéticos y hacerlos más eficientes está bien equilibrada. Podemos aprender de la experiencia de los Estados Unidos y evitar desastrosos errores como el caso Enron. Debemos tranquilizar a los consumidores tanto de gas como de electricidad -sobre todo a los usuarios domésticos particulares y a los trabajadores del sector- sobre este punto.

Butel (EDD).
Señor Presidente, Señorías, aunque a instancia del Parlamento se trata de dos informes separados, los informes de los Sres. Turmes y Rapkay, por los que, respectivamente, se modifican las Directivas de gas y electricidad, me han movido a presentar una enmienda de rechazo de la posición común en ambos casos. 
En efecto, aunque no cuestiono la labor de mis colegas, no puedo aceptar las propuestas de una Comisión cada vez más liberal, sobre todo en materia energética. Como sucede a menudo, la Comisión está cegada por el dogma de la apertura de los mercados a la competencia. La Comisión, en efecto, no se atreve a crear un servicio universal energético a escala europea y explicar cómo debe financiarse.
Ahora bien, sin este servicio universal, que es una condición fundamental, nunca se habría intentado poner en tela de juicio, a nivel europeo, las misiones de servicio público definidas en los Estados miembros. Estas misiones responden a definiciones y modos de financiación decididos y garantizados según las particularidades territoriales, jurídicas o constitucionales. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, según el cual hay que actuar en el nivel más eficaz, solo los Estados miembros son capaces de llevar a cabo estas misiones para responder a las exigencias de sus ciudadanos.
Yo señalaría además que el mismo ponente parece tener reservas con respecto a si los efectos de la apertura a la competencia del mercado de la electricidad a la competencia serán enteramente beneficiosos. En consecuencia, no puedo respaldar un debate parlamentario que no proporciona soluciones, sino que destruye lo que ya existe. Además, es inconcebible que pretendamos continuar con la apertura a la competencia del sector de la energía extendiendo a los particulares un régimen inicialmente concebido para las empresas. Es irresponsable que los Estados miembros hayan accedido finalmente en su mayoría a las propuestas de la Comisión. La responsabilidad primera incumbe, no obstante, a la Comisión, que tiene derecho exclusivo a la iniciativa legislativa y que descuida las consecuencias económicas, sociales y territoriales negativas de sus propuestas en su intento de crear un mercado interior sometido únicamente a la competencia.
En conclusión, a la luz de todas estas consideraciones, confirmo mi oposición a estas propuestas que pretenden llevar a cabo la apertura a la competencia del sector energético.

Beysen (NI).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, gracias a la cooperación constructiva del Parlamento Europeo y de otras instituciones europeas, nos hallamos en vísperas de la liberalización de los mercados de la energía en Europa. Durante años, muchos colegas se han esforzado por lograrlo. El resultado puede calificarle cuanto menos de loable. La tan esperada liberalización ha de tener, desde el principio, consecuencias favorables para el consumidor. Me refiero en concreto a unos mejores servicios y a unos precios más competitivos. 
Quisiera señalar que existe una paradoja inherente en todo esto. A mi entender, la liberalización tendrá también un precio. Un precio que paradójicamente tendrá que pagar en primer lugar el consumidor. Por ello habrá que prestar una atención especial al modo de utilizar la red de distribución. A fin de cuentas, el precio que tendrá que pagar el usuario es la suma del precio de producción, la tarifa de transporte a través de la red de alta tensión y la tarifa de distribución, más todas las tasas que se apliquen a la distribución y al transporte. Los costes de distribución constituyen la principal partida de gastos en la factura de los clientes de las redes de distribución. 
Además, en algunos Estados miembros es muy poco probable que la liberalización del mercado de la electricidad se traduzca en una considerable reducción de la factura de la electricidad del usuario corriente. La razón es evidente. Los limitados aumentos de la eficiencia en el sector son demasiado pequeños para compensar los nuevos gravámenes que se introducirán en el sector. Por otra parte, hay que tener también en cuenta que las escasas conexiones que existen entre las diferentes redes nacionales no están pensadas para importar o exportar grandes cantidades, sino para servir de apoyo en caso de que se produzca una avería repentina de las unidades generadoras en un país. Así pues, sigue existiendo una gran falta de capacidad comercial intercambiable. Para que exista un verdadero mercado interior, es urgente que consigamos un aumento significativo de esta capacidad comercial intercambiable. 
Por último, podemos afirmar que se ha dado un paso importante en la liberalización de los mercados de la energía de la Unión Europea, pero que habrá que vigilar muy de cerca la manera de concretar esa liberalización.

Matikainen-Kallström (PPE-DE).
Señor Presidente, los informes sobre energía que debatimos hoy deben entenderse como un todo integrado, que tendrá una repercusión importante en la viabilidad del mercado de la energía en Europa. Las redes de energía paneuropeas formarán la columna vertebral y el esqueleto del mercado. Además, el paquete de liberalización mejorará la circulación y la digestión del mercado. La liberalización debe continuar y la red debe mejorar. En la primera ronda de la ampliación es preciso que también participen más los nuevos Estados miembros.
En realidad, nos hemos tenido que pelear con el Consejo por estas dos cuestiones. En relación con las redes de energía, al final se alcanzó un compromiso que garantizará la flexibilidad necesaria para modificar el Anexo III, asegurando al mismo tiempo el suficiente seguimiento parlamentario. Alcanzar este compromiso no ha sido fácil.
La liberalización de los mercados de energía no supone ningún cambio drástico, al menos no desde el punto de vista de los países nórdicos, aunque es bueno que se liberalicen. Esto es, en definitiva, un paso adelante en la dirección correcta. Si es necesario, la Comisión probablemente hará nuevas propuestas para seguir liberalizando los mercados.
Al contrario de lo que algunos de nuestros amigos socialistas creen que saben, los mercados libres y abiertos de los países nórdicos funcionan bien. Ha aumentado la libertad de elección del consumidor, los precios han bajado, los servicios han mejorado y las cosas funcionan de manera más eficiente. Los mecanismos del mercado han operado a la perfección. Hay que admitir que a veces los precios también pueden subir en un mercado libre. Sin embargo, rara vez se dan situaciones en las que el mismo año ve uno de los veranos más secos del siglo junto con uno de los inviernos más fríos.
Lo más importante en la liberalización de los mercados de energía es que se garantice el acceso sin obstáculos a las redes. Por consiguiente, la clara segmentación de la actividad de red y el hecho de que las tareas de las autoridades reguladoras deberían estar suficientemente armonizadas, son dos de los elementos centrales de este paquete. Sin ellos podemos olvidarnos de la palabra «competencia» cuando hablemos de los mercados de la electricidad y el gas.
Es hora de poner punto final al debate sobre este paquete: los compromisos que tenemos ante nosotros son totalmente aceptables. El paquete es una condición esencial, aunque insuficiente, para un mercado viable. Ahora establecemos el marco legislativo, pero su aplicación también debe supervisarse. La Comisión debe dotarse de las herramientas adecuadas para realizar un seguimiento de la viabilidad de los mercados. También será muy importante asegurar una inversión suficiente en el futuro.
Por último, gracias otra vez a quienes han estado trabajando en este paquete legislativo. Ha sido un proceso largo, arduo y todo un reto.

Linkohr (PSE).
Señor Presidente, permítame en primer lugar decirle algo a mi amigo y colega, el Sr. Désir, que ha intervenido antes que yo porque él tenía un avión que coger. Lo digo con todo mi respeto, pero la gran mayoría de nuestro Grupo respalda esta resolución, este compromiso que hemos alcanzado. Por lo demás, opinamos que el service publique o, como diríamos nosotros, los servicios de interés general quedan garantizados mediante esta Directiva, que establece incluso una nueva seguridad jurídica. Los servicios de interés general son compatibles con la competencia y los Estados miembros pueden, cuando así lo exija el interés público, establecer excepciones a las leyes de la competencia.
Lo que quizá vaya a ser doloroso para Francia es la desaparición de la péréquation. No siempre habrá en todas partes precios idénticos, pero también me pregunto qué inconveniente supone el hecho de que bajen los precios en una parte del país. Esa es precisamente la finalidad que perseguimos con la competencia. Me permito recordar que uno de los motivos por los que a principios de la década de 1990 comenzamos este debate acerca de la liberalización de los mercados energéticos fue el hecho de que los precios en Europa eran muy elevados, y no solo las empresas, sino también nosotros mismos nos quejábamos de sufrir desventajas competitivas en relación con nuestro principal competidor, los Estados Unidos.
Con estas Directivas llega a su fin un largo proceso. Por llevar mucho tiempo en este Parlamento, me permito señalar que el proceso comenzó en realidad a finales del decenio de 1980 -aunque con un enfoque absurdo, por cuanto no se contemplaba el Libro Blanco sobre el mercado interior de la energía- y que en aquella época se intentó la apertura del mercado interior a través del Tribunal Europeo. Nos propusimos entonces no dejar en manos de los jueces la apertura del mercado, sino convertirlo en un proceso político, que ha culminado en el ámbito europeo con la votación de estas Directivas.
¿Y ahora? La transposición de esta Directiva no va a resultar sencilla. Acarreará consecuencias para las empresas, y para la labor sindical, ya que las compañías nacionales se convertirán en corporaciones europeas. La liberalización conllevará nuevas tareas para los legisladores, sobre todo en lo que respecta a nuestra obligaciones en materia de política de medio ambiente y clima. Tendremos también la importante labor de incorporar elementos de dicha política a la liberalización; es decir, tendremos que hacer compatible la política climática con la política de competencia de ambas Directivas y eso representará una nueva tarea. Finalmente habrá que conseguir la participación de los países candidatos en este proceso. Quiero terminar también expresando mi agradecimiento a todos cuantos han colaborado en este tema. ¡No sucede a menudo que trabajemos con tanto compañerismo!

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hemos expresado nuestra oposición total y categórica a la liberalización de la energía promovida por la Unión Europea en numerosas ocasiones. La reestructuración propuesta solo beneficia a los monopolios fuertes y tiene consecuencias adversas en el coste para la familia media, la planificación energética nacional y la posición de los trabajadores en este sector concreto.
El Partido Comunista de Grecia considera que la energía no es simplemente un producto de consumo, sino un sector de importancia estratégica para el desarrollo, y como tal, no puede ser objeto de actividades comerciales y especulativas, y debería pertenecer al sector público. Por consiguiente, nos negamos a debatir los detalles, las condiciones y la aceleración de la liberalización y las respectivas normas de competencia; en cambio, vamos a apoyar las propuestas que abogan por un rechazo total presentadas por nuestro Grupo político.
De todos modos, permítanme unos comentarios sobre la regulación de las redes, que se está utilizando para promover las exportaciones de fuertes monopolios comunitarios, que se beneficiarán de la reducción de los costes actuales de transporte. Al mismo tiempo, garantiza una elevada rentabilidad pasando las nuevas cargas financieras a la familia media, mientras el aumento de las exportaciones limita el desarrollo de estaciones generadoras en los Estados miembros más débiles con el fin de utilizar las fuentes de energía nacionales. Además, el control de las redes nacionales va a pasar de los Estados miembros a la Comisión, mermando las posibilidades de una planificación energética nacional con el fin de reducir la dependencia energética y garantizar que las necesidades de todos los Estados miembros queden satisfechas.
Los intercambios transfronterizos de electricidad pueden servir para reducir la dependencia energética, garantizar energía barata y aprovechar fuentes nacionales. Sin embargo, la condición necesaria para esto es una política de cooperación mutuamente beneficiosa entre países, muy diferente de la que está promoviendo el Reglamento y la política de la Unión Europea en general.

Chichester (PPE-DE).
Señor Presidente, no puedo evitar observar que hemos terminado teniendo dos Directivas, tal y como sugerimos al principio. Deseo felicitar a todos mis colegas por su gran trabajo con la Comisión y el Consejo para llegar a este resultado de compromiso. Es un tributo al eficaz funcionamiento de nuestra comisión.
No hemos conseguido todo lo que queremos. Experiencias pasadas con anteriores directivas nos han demostrado que meter un pie en la puerta puede dar lugar, y de hecho lo hace, a una apertura mayor de la prevista. Lo que me interesa particularmente es la interacción entre la apertura y la liberalización del mercado y la cuestión de la seguridad del abastecimiento. Es preciso decir que los mercados más eficientes hacen un uso más eficiente de la energía, y ese es un elemento esencial para mantener la seguridad del abastecimiento.
Deberíamos ver estas medidas con cierta perspectiva para recordar su finalidad. Ante todo, su finalidad es que haya posibilidades de elegir, más valor y un mejor servicio para los consumidores de la energía, tanto domésticos como comerciales. La experiencia nos ha demostrado que la competencia facilita estos objetivos, y hemos visto los beneficios de la competencia en el Reino Unido: precios más bajos y un mejor servicio. Para que podamos decir que hemos hecho lo suficiente, tendrán que producirse más mejoras en toda Europa. Durante los últimos 15 años hemos aprendido que los progresos en la liberalización no se pueden conseguir todos de golpe y que es más probable que una estrategia paso a paso consiga un mejor resultado final.
Me gustaría advertir a la Comisaria de que el grupo de trabajo Kangaroo Group sobre liberalización de la energía está debatiendo actualmente los próximos pasos que tenemos que dar para abordar el problema de las deficiencias que no se trata plenamente en las actuales propuestas. No debemos creer que estas Directivas y Reglamentos sean el final del proceso.

McNally (PSE).
Señor Presidente, me complace anunciar que en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía de esta tarde, se ha votado unánimemente a favor de la última pieza del puzzle, el paquete del Sr. Clegg.
Los objetivos de Lisboa son ambiciosos y han requerido unos ponentes obstinados e infatigables, así como una Comisaria bastante decidida, para llegar a la etapa en la que estamos ahora.
Tenemos una considerable experiencia con la Directiva original de liberalización, bastante limitada, en nuestros Estados miembros. Hemos visto que en algunos países se ha producido una apertura de mercado hasta el 100% de los clientes, que en todos los Estados miembros se ha producido una separación de la propiedad de los operadores de las redes hasta cierto punto, aunque no completamente, y que la claridad y transparencia de la regulación han aumentado de forma limitada. Sin embargo, esas Directivas anteriores eran insuficientes. Sigue habiendo un comportamiento de dominio del mercado, depredador y contrario a la competencia en algunos Estados miembros, y algunos ciudadanos europeos no se han beneficiado de un mercado mayor y abierto en países concretos.
No temo que lo que se está sugiriendo sea una liberalización salvaje, porque hemos insistido en la separación de la regulación, en las garantías de los servicios públicos y en el etiquetado para indicar el impacto medioambiental, que permite una elección informada de los clientes. Hemos visto que estas normas impedirán la existencia de filiales cruzadas, sobre todo la utilización bastante escandalosa de los fondos para desmantelamiento del sector nuclear. No se trata de un comentario antinuclear, sino de un comentario a favor del juego limpio.
La liberalización tiene sus riesgos, pero no afectan a la seguridad del abastecimiento. Sin embargo, pueden verse afectadas las elecciones de tipos de energía. Eso es algo que tenemos que analizar. No es necesario poner en peligro la protección del medio ambiente, ni tampoco el acceso del público a la energía. De hecho, la escasez de combustible se ha reducido gracias a la liberalización llevada a cabo en el Reino Unido.
Es preciso investigar los riesgos. Ese es un riesgo importante y en nuestro trabajo en el futuro debemos dedicarle atención. Asimismo, existe un riesgo de que se pierdan capacidades, un riesgo al que también deben prestar atención los Estados miembros y la Unión Europea.
La votación de mañana es histórica, aunque utilizamos esa calificación para muchas votaciones de este Parlamento. Es un importante paso adelante. La enmienda 6 al informe Mombaur no debería ser admisible. Esto no se ha contemplado antes, pero felicito a los que han trabajado con tanto esfuerzo en este paquete. Gracias a él, en Europa tendremos un mejor uso de la energía.

Vachetta (GUE/NGL).
Señor Presidente, en nuestra opinión la liberalización de los mercados de la energía ilustra una vez más la ruptura entre las instituciones europeas y los pueblos de Europa. El voto del Parlamento Europeo corre el riesgo de no ser más que un acompañamiento de la estrategia de liberalización rápida de los mercados de la electricidad y del gas, así como del conjunto del servicio público. Porque la exaltación de los supuestos efectos positivos de la competencia, es decir, la transparencia, la disminución de los costes de producción, el aumento de las posibilidades en materia de empleo, se contradice a diario con la realidad. En la realidad, vemos sobre todo la opacidad de las decisiones, el desvío de fondos públicos a intereses privados, independientemente del estatuto de las empresas, el rápido aumento de las tarifas para los usuarios, la concesión de ventajas a grupos privados carentes de ética y la supresión de empleos por centenas de millares en Europa, mientras que los estatutos de los trabajadores, por su parte, han sido arrojados por la ventana.
La energía, para nosotros, es una necesidad esencial y el acceso a ella un derecho fundamental. Pensamos que solo un verdadero control público y democrático permitiría racionalizar la producción y el consumo de energía garantizando el respeto del medio ambiente y ajustes de tarifa plana. Sería un primer paso hacia un servicio público europeo que respondiera a las necesidades actuales de los usuarios y los asalariados. El Parlamento parece ajeno a esta preocupación. Para asumir plenamente su responsabilidad con respecto a los ciudadanos de Europa, el Parlamento debería rechazar las directivas relativas al sector de la energía e iniciar un verdadero debate democrático sobre los efectos reales de la política que parece arraigar hoy en día en la Unión Europea.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la liberalización del mercado de la energía representa en primera instancia una ventaja para los consumidores, para los ciudadanos de Europa. ¿Por qué constituye una ventaja? Porque podrán adquirir en el mercado los servicios que más les convengan. No solo podrán establecer diferencias en cuanto a cantidad como hasta ahora, sino sobre todo en cuanto a calidad y, en el futuro, también, en cuanto a precio.
Creo que entre todos hemos conseguido un enorme logro en relación con el etiquetado, por cuanto en el futuro será obligatorio para las empresas suministradoras especificar de dónde procede la electricidad, la Comisión lo verificará de forma independiente y dispondremos de un grupo de organismos reguladores europeos que intercambiarán entre sí experiencias y promoverán con ello la competencia en beneficio del consumidor y del ciudadano europeo. Lo cierto es que competencia significa servicio y eso es lo que quieren los ciudadanos, quieren servicio y libertad de elección.
En el futuro, la combinación de fuentes de energía tendrá que aparecer cada año en la factura. Eso significa que yo, como consumidor, exigiré en el futuro -al menos a partir del 1 de julio de 2007- el derecho a buscar una compañía de electricidad que suministre el 100% de la energía de origen hidráulico. Creo que eso constituye un avance muy significativo para todos nosotros y que aumentará notablemente en el futuro la transparencia. Las importaciones de energía tendrán que estar controladas por los Estados miembros y tendrá que certificarse su procedencia.
Y, por último, es prioritaria la plena aplicación del derecho comunitario. Creemos que los fondos de desmantelamiento, junto con los intereses generados por ellos, deben destinarse exclusivamente a la finalidad original, de manera que los costes correspondientes sean soportados por el tipo de generación de electricidad en cuestión.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todo esto es demasiado bonito para ser verdad. La energía no es un mercado como los demás. Por una parte, existe un monopolio natural en el ámbito de las redes de distribución y transporte, lo cual reduce la competencia. Por otra, es un sector donde las variaciones de precios, a falta de una reglamentación suficiente, pueden ser inmensas dada la rigidez de la demanda y la imposibilidad del almacenamiento de la electricidad. Por último, el acceso a la energía para todos los ciudadanos debe considerarse un verdadero derecho, lo cual plantea, de nuevo, la cuestión del servicio público. 
Por supuesto, las obligaciones de servicio público están incluidas en los textos, pero no van muy lejos. En efecto, se deja demasiada libertad a los Estados miembros en la organización y la definición de estas obligaciones de servicio público, lo cual permitirá legitimar los comportamientos de los Estados miembros que otorgan menos importancia a los imperativos de cohesión social y de los derechos de los ciudadanos. Además, la libre competencia entre operadores pasa, en estos textos, por delante de las obligaciones de servicio público. ¡Justo en el momento en que la Comisión, con su Libro Verde, inicia el debate sobre los servicios de interés general! ¿Por qué no podríamos habernos tomado el tiempo de evaluar los procesos de liberalización sectorial y de hacer de esta cuestión el núcleo de una política europea?

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, aquellos que me conocen no se sorprenderán al oírme confirmar esta noche que, puesto que la energía no es a mi entender una mercancía corriente, estoy, junto con mi Grupo, totalmente en contra de las nuevas propuestas de liberalización de los mercados del gas y la electricidad.
Para nosotros, a pesar de las precauciones de forma y de las habilidades oratorias innegables de nuestra Comisaria y nuestros ponentes, estas propuestas van en contra del necesario ahorro energético y, por tanto, en contra la defensa del medio ambiente. 
Producirán pérdidas de puestos de trabajo y, sobre todo, un mayor deterioro de los servicios públicos, así como la degradación de las herramientas de ordenación del territorio que son las redes de energía y los ajustes de precios. Atentarán contra la diversificación de fuentes de energía, aunque estas son cada vez más indispensables. Darán prioridad a visiones y cálculos a corto plazo. La lógica del mercado interior, por tanto, es particularmente inadecuada para el sector de la energía.
Terminaré señalando que lejos de ser partidario de volver a los tiempos del control estatal, estoy a favor de un mundo regulado y un porvenir para el que nos hemos preparado. La energía es, en este sentido, una herramienta fundamental, quizá la más importante. Me atrevo a esperar que, conscientes de lo que está en juego, terminaremos pasando de una simple lógica de mercado a una visión política basada en el concepto de ciudadanía que sea merecedora de le herencia que vamos a legar a nuestros hijos en este terreno.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, sin querer restar ningún mérito al gran trabajo desarrollado por los diputados, este es un tema en el que el análisis y las reflexiones no se acaban nunca. Quisiera detenerme brevemente en el mercado de la electricidad. En el escenario europeo se registran diferencias estructurales que en mi opinión difícilmente pueden superarse con la mera puesta en marcha del proceso de liberalización.
En el contexto europeo, el mercado de la electricidad se ha preocupado de la interconexión de los mercados, pero no de crear unas condiciones uniformes de acceso a las generaciones, unos órdenes institucionales y unas simetrías en la elección del combustible, etc., capaces de crear condiciones simétricas de competencia en el segmento de las generaciones.
El reglamento transfronterizo, a través de mecanismos de mercado -por ejemplo, las subastas específicas- en los países penalizados por las condiciones internas de producción, compromete las situaciones de ventaja económica para los consumidores finales derivadas de la disponibilidad de energía de importación. Habida cuenta de los diferenciales de coste y de la congestión derivados de una demanda de energía de importación netamente superior a la oferta, el efecto último será la convergencia del precio externo y el interno. Esta situación se agravaría con la partida del sector nuclear, lo que conduciría a la peculiar situación de quienes se ven obligados a contribuir al coste de clausura de otros países cuando en realidad no pueden beneficiarse, dado el mecanismo de mercado previsto por el reglamento transfronterizo, de la energía producida por las centrales nucleares.
Aun considerando que, a largo plazo, los mecanismos de eficiencia de flujo propuestos por el reglamento transfronterizo son compartibles, nos parece muy perjudicial su aplicación a corto plazo. Por tanto, el paquete de directivas podría obtener el consenso solo si se prevé una aplicación gradual de los mecanismos de mercado, porque el reglamento transfronterizo no podrá producir los mismos efectos positivos para los consumidores finales de los Estados miembros si existen disparidades en los flujos de intercambio.

Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, soy partidario de un mercado integrado en las industrias de red que sirva de base a una economía europea competitiva y a la integración social, particularmente mediante la interconexión, pero con dos condiciones fundamentales: que las redes se traten como bienes públicos y que seamos capaces de llevar a cabo una política energética común.
Apoyo y celebro la labor de la Sra. Palacio en este sentido. No obstante, hago constar que ni nuestros Estados ni nuestras instituciones asumen aún el concepto de bien público ni adoptan tampoco la idea de una política común. Es más, los Tratados no les confieren la competencia para ello y el resultado de la Convención a este respecto es bastante incierto. Indiscutiblemente, estas directivas sectoriales pretenden avanzar por la vía de las obligaciones de los servicios públicos: servicio universal, medio ambiente, interconexión, seguridad del suministro, pero no son más que recomendaciones a los Estados. Sabemos muy bien que no tenemos poder legislativo para establecer un derecho europeo. Sin duda, pisamos también el terreno de un reglamento, y por reglamento entiendo la acción pública que permite no solo introducir una verdadera competencia, sino ajustarla asimismo a las obligaciones de servicio público.
En lo esencial, hace falta seguir desarrollando la competencia. Para algunos colegas, hay que hacerlo a la fuerza. Resulta fácil estigmatizar a los dinosaurios, estimado señor Turmes, descuidando la contribución de los operadores históricos y lo que han hecho por los consumidores. Es muy fácil reclamar en todo momento una mayor «desintegración», pero nadie en el mundo sabe aún regular correctamente un sistema competitivo «desintegrado» multinacional. Es diez veces más difícil que en un sistema de monopolio integrado nacional. No hemos asimilado la experiencia californiana, la volatilidad de precios, la inadecuación de los contratos a largo plazo. No sabemos asegurar las inversiones de desarrollo. 
En particular, me refiero a la obligación, a mi entender prematura, de separación con respecto a la distribución, en relación con la cual algunos diputados intentan sobrepujar a la Comisión, porque quieren llegar tan lejos como separar la propiedad. No somos los únicos que queremos crear un mercado minorista para el suministro de electricidad a los hogares. En Estados Unidos y Canadá hay un debate encarnizado. ¿Compensan los beneficios a los costes? ¿Cuáles son los beneficios? Quizá el precio de una pizza por año para un hogar medio. ¿Y las desventajas? Todos los costes de transacción y la falta de seguridad.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en mi país, Austria, todos los clientes pueden elegir libremente desde el año 2001 su proveedor de electricidad y desde 2002, el de gas. A la liberalización regulada debe seguirle una fase de mayor desregulación. Queremos un mayor grado de competencia, en vez de presión reguladora. Por eso decimos «sí» al mercado interior.
En este contexto me pregunto en primer lugar: ¿por qué en la mayoría de los casos se sigue siendo como referencia el mercado nacional para evaluar la situación de la competencia? ¿Guarda alguna relación esta idea anticuada con el intercambio transfronterizo de electricidad y gas y la realidad de las redes? Mi respuesta sería negativa. ¿No se está fomentando con ello la distorsión de la competencia en beneficio de los Estados y de las compañías generadoras de energía más grandes en detrimento de los más pequeños? Mi respuesta sería afirmativa. Es preciso y aconsejable reconsiderar esta cuestión.
En segundo lugar, agradezco al ponente, el Sr. Mombaur, y a la Comisión, que se hayan hecho eco de los aspectos que preocupan a la Asociación de Operadores de Redes de Transmisión Europeas y a Vorarlberger Illwerke AG por la forma en que se pretende cambiar la definición del flujo transfronterizo de electricidad para hacer referencia a zonas reguladas en lugar de las fronteras de los Estados miembros. La definición antigua tiene una connotación más nacional que europea y, por tanto, contraria a la promoción de los intercambios transfronterizos de electricidad por medio de la integración del mercado interior de la electricidad. Eso lo tenemos que cambiar.
En tercer lugar, quiero que me aclaren una cosa. Hablamos continuamente de los órganos reguladores de los correspondientes Estados miembros. Ese término debe referirse siempre a las autoridades competentes, porque no siempre los órganos reguladores son necesariamente las autoridades competentes.
De Palacio, Loyola
. (ES) Señor Presidente, de nuevo quiero agradecer muy sinceramente el magnífico trabajo y las intervenciones de los tres ponentes principales, Sr. Turmes, Sr. Mombaur y Sr. Rapkay. Quiero, asimismo, agradecer las intervenciones de los ponentes en la sombra y decir que quizá el resumen de lo que aquí ha dicho la mayoría de los intervinientes es lo que ha dicho el Sr. van Velzen -uno de los ponentes en la sombra junto con el Sr. Linkohr y el Sr. Clegg- y es que queríamos más. Yo también. Pero hemos hecho un trabajo magnífico con este resultado que tenemos.
¿No es perfecto? Muy posiblemente. Pero es suficientemente bueno para suponer un cambio o un paso adelante espectacular en el sector de la electricidad y del gas, y va a suponer una dinamización de estos sectores y la realización del mercado interior, terminando con algo importantísimo, y con esto me referiría a lo que ha señalado el Sr. Linkohr entre otros, también la Sra. McNally, como es el problema de la simetría que ha generado la liberalización parcial de la situación actual.
De lo que se trata es de establecer un mercado europeo y no 15 mercados -25 a partir del primero de mayo- más o menos abiertos a la competencia; de lo que se trata es de crear un mercado interior y, en ese sentido, quiero decir, como ya ha sido señalado, que no se trata de una liberalización salvaje, sino que es una liberalización regulada, como decía al principio. Además, el Sr. Herzog hablaba del problema de las redes. Voy a hablar de ellas al referirme al informe del Sr. Clegg.
Agradezco una vez más a la Presidencia griega, muy especialmente, el trabajo respecto a la liberalización en gas y electricidad en estas dos Directivas y este Reglamento.
Quiero entrar en la cuestión de las redes, que ha señalado muy acertadamente el Sr. Herzog. Hace un momento se han votado en la Comisión ITRE las enmiendas que se refieren a temas relacionados con el Reglamento financiero y en ese sentido, en este contexto me gustaría declarar en nombre de la Comisión que en nuestro informe a las demás instituciones también presentaremos las razones que justifiquen un mayor apoyo a cualquier proyecto individual.
Como propone la Comisión en la revisión en curso del Reglamento financiero, la posibilidad de tal incremento de apoyo debe estar claramente justificada y ser una excepción. 
¿Por qué tenemos que dotarnos de unas redes transeuropeas? Decía el Sr. Herzog que no hay una lógica comunitaria en las redes y ello aparece claramente en algunos casos y que para realizar ese mercado interior del gas y de la electricidad no sólo hacen falta normas reguladoras, sino también infraestructuras que garanticen esa idea de mercado interior, y además, la seguridad dentro de ese mercado interior que permita las capacidades suficientes para puntas de demandas; para incrementos extraordinarios o para situaciones extraordinarias.
Creo que en ese sentido la regulación que hoy estamos aprobando supone un modelo para algo que desde hace tiempo se viene discutiendo, que es el componente de servicio público en cierto tipo de cuestiones. Es la regulación donde más se tiene en cuenta el concepto de servicio público, en sus aspectos de protección y de apoyo a los clientes más vulnerables, de seguridad en cuanto al servicio concreto -en este caso seguridad de abastecimiento- y, también, de calidad del servicio, mediante el establecimiento de unas obligaciones mínimas, básicas, para todos los Estados miembros, para garantizar concretamente la seguridad, no sólo en la producción, sino también en el transporte, que son esenciales cuando hablamos de la energía.
Respecto a esas redes -el informe del Sr. Clegg-, quiero señalar dos cuestiones más: en lo que se refiere a la enmienda sobre la presentación de informes periódicos, la Comisión puede aceptar una periodicidad de dos años; con respecto a la actualización de los proyectos, todas las actualizaciones importantes seguirán siendo competencia del Parlamento, lo digo claramente, mientras que la Comisión sencillamente mantendrá una capacidad de introducir cambios técnicos en los proyectos.
Me alegro por el compromiso alcanzado también en este terreno por el Parlamento y por el Consejo, que va a permitirnos aprobar definitivamente las redes transeuropeas en el sector de la energía, completando todo el marco. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Presidencia griega la magnífica labor desarrollada, realmente, ¡enhorabuena! y también, muy especialmente, al Parlamento: a los tres ponentes principales, más el Sr. Clegg y todos los ponentes en la sombra que han hecho una labor que nos permite decir que, aunque a lo mejor queríamos más, tenemos un resultado magnífico.

El Presidente.
 Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0144/2003) del Sr. Wilhelm Ernst Piecyk, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 417/2002 relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2978/94 del Consejo (COM(2002) 780 - C5-0629/2002 - 2002/0310(COD)).

De Palacio, Loyola
. (ES) Señor Presidente, Señorías, el hundimiento del petrolero Prestige, frente a las costas de Galicia, el pasado 18 de noviembre, puso claramente de manifiesto, una vez más, las carencias de que adolece la normativa internacional de seguridad marítima que regula concretamente el transporte marítimo de petróleo.
Este accidente ha puesto de relieve, en particular, la urgente necesidad de adoptar las medidas presentadas por parte de la Comisión a raíz de otro accidente semejante, el del Erika. Por estas razones, unas semanas después del hundimiento del Prestige, la Comisión transmitió al Parlamento Europeo y al Consejo un nuevo Reglamento, en el que se implantaban en la legislación vigente tres medidas urgentes.
En primer lugar, una prohibición de efectos inmediatos de transporte de hidrocarburos pesados en petroleros de casco único cuyo destino u origen sean los puertos, pantalanes y lugares de fondeo de los Estados miembros de la Unión.
En segundo lugar, una revisión del programa de eliminación progresiva de los petroleros de casco único, para lo cual se disminuirá la antigüedad máxima permitida y se adelantarán las fechas tope de eliminación con respecto a lo originalmente propuesto en las medidas del "paquete Erika I", con el fin de reforzar la protección del entorno marino, recuperando, por lo tanto, las propuestas originales de la Comisión en el llamado "paquete Erika I".
En tercer lugar, una aplicación más general del régimen de inspección especial de petroleros, con el fin de evaluar la solidez estructural de los buques de casco único con una antigüedad superior a los quince años. Todo esto equivale a decir que el nuevo Reglamento pretende cambiar la situación actual de forma radical, haciendo obligatorio el transporte de los hidrocarburos más contaminantes en los barcos más seguros.
Con el nuevo régimen, la Unión Europea aplicará unas normas tan estrictas como las aplicadas en los Estados Unidos de América desde 1992, a raíz de la catástrofe del Exon Valdés. Finalmente, a través de estas normas, se refuerza la inspección técnica de los petroleros que todavía no han alcanzado su antigüedad límite. Todos los petroleros de casco único, incluidos los pequeños -señor Presidente, Señorías, insisto en este aspecto-, que en un principio estaban exentos, tendrán que atenerse ahora, a partir de los quince años de antigüedad, al régimen de evaluación del estado del buque o "condition assesment schemes", (CAS). Los buques que no pasen con éxito los estrictos controles de la inspección serán retenidos inmediatamente en cualquier puerto de la Unión Europea.
Como ustedes bien sabrán, en el mes de marzo los Ministros de Transportes llegaron a un acuerdo político unánime en torno a estas medidas. El examen del Consejo permitió introducir cierto número de enmiendas que mejoraban la propuesta inicial. Por ejemplo, ahora el Reglamento comporta una definición más clara de lo que se entiende por "hidrocarburo pesado", a la hora de aplicar las prohibiciones que aquí se contemplan. La definición se basa en unos parámetros técnicos que el sector conoce bien, y las autoridades no tendrán dificultad en aplicarla.
También se toma en consideración la situación de la flota de pequeños petroleros que opera en nuestros puertos, islas y costas, y que necesita un período adicional para adaptarse, pero que también debe ser objeto de una adaptación y de una mejora en cuanto a su seguridad.
Señor Presidente, quiero agradecer a la Presidencia griega, y muy especialmente al Ministro de la Marina Mercante, Sr. Anomeritis, su excelente trabajo en todo este expediente.
Señor Presidente, Señorías, esto es, en lo fundamental, lo esencial de nuestra propuesta. Su objetivo final es, como ya hemos repetido en otras ocasiones, evitar otro Erika, otro Prestige, otro Mar Egeo, otro Amoco Cádiz, o cualquier otra catástrofe de estas características en nuestras aguas.

Piecyk (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, si esta misma semana logramos someter este informe a votación, creo que habremos logrado en un tiempo récord algo que los habitantes de Europa y la opinión pública esperaban con impaciencia. Porque era obvio que después de los accidentes del Prestige y del Erika tenía que suceder algo.
No vamos a darles ni una oportunidad más a los buques viejos y peligrosos en cuanto al transporte de petróleo se refiere. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo y el Consejo disponen que los cargamentos a granel no podrán entrar ni salir de los puertos de la UE más que en buques de doble casco. Combinando ambas cosas -que para mí son las más importantes: la entrada y salida de crudo en los puertos europeos exclusivamente en buques de doble casco y la retirada acelerada de los petroleros monocasco-, contribuiremos de manera considerable a aumentar la seguridad de los mares y las aguas europeas.
Desde la iniciativa de la Comisión hasta la primera lectura hoy en el Parlamento solo han transcurrido unos pocos meses y esta primera lectura va a ser también la última, ya que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han puesto de acuerdo en esta cuestión y han adoptado un enfoque unitario. Por ello deseo expresar mi gratitud más sincera a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo que han colaborado en este procedimiento, así como a la Presidencia griega -como ya ha expresado la Sra. Comisaria-, que ha hecho un trabajo excelente y ha logrado poner de acuerdo al Consejo y al Parlamento para que actúen con diligencia en esta cuestión. 
El procedimiento acelerado ha sido posible porque ha existido la voluntad política de consenso y, para ser sinceros, porque el desastre del Prestige ha hecho más acuciante la necesidad de actuar.
Respecto al calendario propuesto para la retirada, permítanme solo la siguiente observación: los petroleros monocasco de la categoría 1, es decir, los barcos construidos antes de 1982, no pueden estar en activo más de 23 años y deben ser retirados de la circulación como muy tarde en 2005. Los petroleros monocasco de las categorías 2 y 3, construidos entre 1982 y 1996, podrán navegar como máximo hasta 2010. En este punto, el Consejo y el Parlamento han ido un poco más lejos que la Comisión, pero considero acertada la justificación para unificar las categorías 2 y 3, ya que no existe ninguna diferencia a excepción del tonelaje. En lo que respecta al transporte de hidrocarburo pesado, se han incluido debidamente los pequeños petroleros de 600 y 5. 000 toneladas. En este punto también hemos llegado a un compromiso, ya que en virtud de su escaso número y por razones de aprovisionamiento, hemos fijado como fecha límite el año 2008, es decir, que a partir de entonces solo se podrá transportar hidrocarburo pesado en pequeños petroleros de doble casco.
En este contexto quisiera detenerme en el aspecto internacional: sabemos naturalmente que la navegación tiene carácter internacional y que los reglamentos europeos por sí solos no abarcan todo. Pero sin reglamentos europeos no conseguiríamos hacer ningún progreso adecuado en la premiosa Organización Marítima Internacional, por lo que es bueno que la OMI celebre a finales de este año la conferencia correspondiente, y la Comisión y el Consejo cuentan con el pleno respaldo del Parlamento para elevar allí el Reglamento europeo al rango de Reglamento internacional. Y naturalmente es acertado que los petroleros de doble casco no constituyan por sí solos el factor de seguridad decisivo. Los controles portuarios, el mantenimiento de los barcos, la formación adecuada de las tripulaciones y el buen pilotaje, a menudo con ayuda de prácticas en aguas problemáticas, constituyen factores de seguridad complementarios. El razonamiento de la industria del petróleo, expuesto en el «Neue Zürcher Zeitung», de que un petrolero monocasco bien mantenido y con una tripulación adecuada puede ser mucho más seguro que un petrolero de doble casco con un mantenimiento negligente y con una mala tripulación, no es que sea erróneo, pero sí hipócrita y un poco ingenuo. Porque nadie sostiene que un coche de 50 años de antigüedad sea peor que un Rolls-Royce recién estrenado al que le funcionen los frenos y cuyo conductor no se quede dormido. Este tipo de argumentación por parte de la industria petrolera es un poco tendenciosa. Nosotros, por el contrario, creemos que la combinación de diferentes factores es lo que aumenta la seguridad de un buque.
Permítanme que haga referencia a otro par de cuestiones: frente a la costa sueca se ha hundido un carguero chino y hay un vertido de petróleo. Hasta ahora se han vertido 400 toneladas. Por eso necesitaremos también en el futuro que se reglamente la forma de aumentar la seguridad del propio carburante de los petroleros de doble casco. Los buques antiguos deben retirarse de la circulación y eliminarse de manera segura. El hundimiento de barcos en los Mares del Sur no constituye un procedimiento respetuoso con el medio ambiente.
Una última cuestión: Europa tiene una especial necesidad de renovar y mejorar sus buques. Y a la vista de la probada situación de dumping, no tienen que construirse todos ellos en Corea. Aunque no estamos hablando hoy aquí de subvenciones, sí que pedimos a la Comisión y al Consejo iniciativas imaginativas, ya que la construcción de mejores barcos en los astilleros europeos tiene, desde luego, más sentido desde el punto de vista económico que lo ocurrido en las costas gallegas.
Purvis (PPE-DE)
Señor Presidente, en general la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía está de acuerdo con la propuesta de la Comisión y las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Se propusieron tres enmiendas. Dos de ellas fueron aceptadas en su mayor parte en el informe del Sr. Piecyk. Una afectaba a la cuestión de los barcos rompehielos que transportan combustible en el Báltico. La otra se refería a que los petroleros de 600 a 5 000 toneladas, puesto que nos preocupaba que no estuvieran disponibles. Queríamos una moratoria de cinco años hasta 2008. Esa moratoria durará más o menos cinco años, así que estamos de acuerdo con eso.
Nos sorprendió esta cifra de 25,7 API que se sacó para la definición del crudo pesado. El nivel internacional generalmente reconocido entre intermedio y pesado es de 22 API. No entendemos por qué ese nivel, que nosotros propusimos, no era aceptable. Por lo visto, el Consejo también ha preferido esta cifra de 25,7, que probablemente causará algunos problemas, sobre todo en los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. Así están las cosas.
Dicho esto, eso no evitará el próximo vertido de petróleo. Hasta que consigamos que la OMI introduzca este tipo de normas, seguiremos teniendo Prestiges con bandera no comunitaria saliendo de un puerto no comunitario y navegando por la UE hasta un puerto no comunitario. Esos son los problemas que tenemos que abordar. Realmente tenemos que conseguir que la OMI cumpla estas normas. Asimismo, debemos tener un plan para ayudar en la transición de petroleros monocasco a petroleros de doble casco, sobre todo en el segmento de 600 a 5 000 toneladas. Es preciso establecer un sistema de ayudas para el desguace y la construcción.

Thors (ELDR)
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar permítanme una observación muy personal. La semana anterior al accidente del Prestige, mi partido y yo organizamos una conferencia sobre seguridad marítima en el Golfo de Finlandia, precisamente sobre las cuestiones mencionadas, por ejemplo, por el Sr. Purvis. Podrán apreciar mis sentimientos cuando entonces sospeché, y finalmente se me confirmó, de dónde procedía el Prestige, y entendí que la situación podría haber sido la misma en el Golfo de Finlandia que en la costa de Galicia. Al mismo tiempo, sabemos que presumiblemente el tráfico a través del Báltico aumentará unas diez veces.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha examinado muy de cerca esta cuestión. También estamos intentando mejorar la reputación del Parlamento. Quizás teníamos algo que esconder cuando lo del paquete del Erika. La opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor también subraya la importancia de que los países vecinos se adhieran a las mismas reglas porque, como también ha señalado el Sr. Purvis, estos petroleros navegan cerca de nuestras costas, aunque no hagan escala en puertos de la Unión Europea.
También apoyamos la propuesta de que el año 2010 finalice el plazo de eliminación, una propuesta que había presentado el Consejo y que ahora estamos dispuestos a aceptar. También proponemos que se estudien los requisitos de inspección. Nos habría gustado que los requisitos de inspección se aplicaran independientemente de la edad. Ahora estamos hablando de buques de 15 años, pero es importante que un buque, independientemente de su edad, sea de buena calidad y esté bien mantenido. Nuestra experiencia nos demuestra que lo que la Unión Europea ha acordado se traduce, de hecho, en las reglas de la OMI. Esto lo hemos visto recientemente en relación con el fondo de petróleo.
Lo que me preocupa es que en esta fase no hayamos sido capaces de adoptar la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de incluir un párrafo que afirme que tenemos que exigir un refuerzo contra el hielo. Quiero preguntar a la señora Comisaria por qué la Comisión se ha opuesto a que añadamos un párrafo que establezca los requisitos de refuerzo contra el hielo, además de los requisitos para la retirada de buques monocasco y la introducción de buques de doble casco.
Savary (PSE).
Señor Presidente, desearía en primer lugar dar las gracias a la Sra. Loyola de Palacio por su excelente labor, y a mi colega el Sr. Piecyk, que ha producido en un especio de tiempo muy reducido un trabajo bien pensado y, en mi opinión, de una gran calidad con el fin de mejorar el texto de la propuesta.
Me gustaría centrarme en dos aspectos; en primer lugar, el de la legislación. Es cierto que Europa ha tomado muchas medidas, pero no es menos cierto que la opinión pública, hoy en día, duda cada vez de que se estén aplicando. Al margen de este informe sobre el doble casco -cuyo efecto demostrativo no debería en cualquier caso tener un impacto excesivo sobre nosotros, pues sabemos bien que los dobles cascos no eliminarán todo el riesgo marítimo y que el riesgo cero no existe-, nos parece muy importante que la Unión Europea asegure que se cumplan efectivamente los paquetes legislativos Erika I y Erika II.
A este respecto he de decir a la Sra. Comisaria que he realizado un recuento detallado en relación con el puerto de Burdeos el año pasado, después de la catástrofe del Prestige. Ocho barcos basura incluidos en la lista negra europea atracaron en el puerto sin que las autoridades marítimas francesas pudieran confirmar si habían sido debidamente controlados. Supongo que lo que ocurrió en un pequeño puerto es representativo de una realidad mucho más amplia en toda Europa y, en mi opinión, lo que quieren nuestros conciudadanos hoy en día es que Europa haga directamente responsables a los Estados miembros, tan directamente responsables como sea posible, ya que sabemos que no todos avanzan al mismo ritmo y unos están más dispuestos a cooperar que otros.
La segunda cuestión se refiere a la reparación de daños relacionados con catástrofes como la del Prestige. Debo decirle, señora Comisaria, que hay una gran desilusión en Francia. El FIPOL no aportará más que un 15%, y los fondos estructurales no aportarán más que lo que está cubierto por el IFOP. Creo que esto supone un grave daño para la imagen de toda la Unión Europea y para la Comisión en particular.
Por último, en lo que se refiere a la reparación de los daños, quisiéramos recibir información precisa sobre el progreso realizado en el tratamiento del barco naufragado y lo que probablemente nos deparará el futuro. ¿Nos enfrentamos a una contaminación crónica que durará años o asoma alguna solución en el horizonte? Hace varios meses que las autoridades no dan la cara. Necesitamos información precisa y, si es posible, debemos tranquilizar a nuestros conciudadanos.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero dar las gracias al ponente por la premura y la rapidez con que ha elaborado esta propuesta, pero sobre todo por la solidez de la propuesta para acelerar la retirada paulatina de los petroleros de casco único en aguas europeas. Por desgracia, fue necesario el accidente del Prestige para que nosotros adoptáramos medidas una vez más y para convencer finalmente al Consejo de que hemos de elaborar una política común y reforzar los paquetes de Erika con estas medidas. 
Tengo dos enmiendas que guardan relación con el anexo de esta propuesta. En primer lugar, como liberal que soy, no me gusta que en una propuesta tan importante como esta hablemos de ayudas estatales para el sector marítimo. Reconozco que es muy necesario hacer algo, preferiblemente a través de la OMC, para poner fin al dumping de buques en el mercado mundial por parte de países del Lejano Oriente. Espero que la Comisión Europea aprecie también esta necesidad. Ahora bien, creo firmemente en la fuerza del sector de la construcción naval en Europa. No me parece que las ayudas a corto plazo sean eficientes. Considero que mi enmienda relativa al considerando 7 bis es un buen complemento de un informe por lo demás excelente.
Mi segunda enmienda refleja la gran responsabilidad que siento respecto a las consecuencias de acelerar la retirada paulatina de los petroleros monocasco a través de esta política comunitaria. Tengo la firme convicción de que ello ha de ir acompañado de una normativa vinculante para todos los armadores de la UE y todos los buques con bandera de Estados miembros de la UE para que desguacen los buques retirados paulatinamente de una manera responsable. En el caso de los automóviles tenemos la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil. Creo que algo así debería aplicarse también en este caso. En resumidas cuentas, véase el considerando 5 bis. La acumulación de petroleros sobrantes en la costa de Bangladesh y la India ha causado mayores catástrofes y ha tenido peores consecuencias que las del desastre del Prestige, ya de por sí terribles. 
Señora Comisaria, existen ya iniciativas que permiten el desguace comercial de buques de una forma ecológica en Europa. Eso se llama gestión de residuos. La práctica de hundir los buques en alta mar y de desguazarlos de cualquier manera en las regiones pobres ha de quedar relegada al pasado. Espero, por tanto, que en el futuro los petroleros de doble casco sean realmente más seguros, en parte gracias a los controles portuarios.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Celebro personalmente, como celebra mi Grupo, la intención expresada por la Comisión con la presentación de esta iniciativa reglamentaria, que en cualquier caso apoyamos. Pero hay que decir que llega tarde, porque ya hemos sufrido la catástrofe del Prestige cuando éste no debería de haber navegado, de acuerdo con las primeras propuestas de la Comisión. Llega tarde y se queda muy por debajo de lo necesario. La Unión debería tomar iniciativas políticas y legislativas tendentes a prohibir la circulación de buques de casco único que transporten mercancías peligrosas, como los derivados del petróleo, en aguas de soberanía económica de la Unión Europea, y no sólo como dice el reglamento prohibir su entrada en los puertos y su permanencia en las zonas de anclaje comunitarias.
Por otro lado, nos gustaría que se definiesen en este reglamento las «zonas costeras sensibles», y se restringiese el acceso a las mismas a los petroleros que presenten un peligro especial. En todo caso, debemos ser conscientes de que, por responsabilidad de determinados Estados de la Unión Europea y de parte de esta Asamblea ?y más allá de la cuestión del casco doble, que apoyamos?, no están en vigor ni están previstas medidas políticas y legislativas capaces de impedir una catástrofe si se produjera un nuevo caso Prestige. Nosotros, los gallegos, tenemos una conciencia viva y dolorosa de esta realidad. Después de este reglamento, y a pesar de él, un nuevo Prestige podría volver a circular frente a las costas gallegas y los demás países afectados: no hay ninguna ley que lo impida.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, en su Resolución de noviembre del 2002 y tras el hundimiento del buque Prestige frente a las costas de Galicia, este Parlamento reclamó al Consejo y a los Estados miembros que acelerasen la aplicación de las medidas adoptadas en el marco de los paquetes Erika I y Erika II, entre otras, la introducción del doble casco. 
Nos felicitamos, por tanto, por la propuesta de Reglamento que nos presenta la Sra. Comisaria, pero la instauración paulatina del doble casco por parte de la Unión sigue pareciéndonos una medida necesaria pero insuficiente. 
Nadie hasta hoy nos ha explicado cuánto se reduce el porcentaje de siniestros marítimos dependiendo de que el buque sea de doble casco o de casco simple, y nadie tampoco, qué porcentaje de buques implicados en accidentes marítimos graves en los últimos tiempos eran de doble casco.
Nosotros opinamos que es una buena cosa, estamos dispuestos a acompañar y apoyar a la Comisaria en su particular cruzada, pero no queremos que los árboles nos impidan ver el bosque y sostenemos que el doble casco, no es la panacea, y que ojalá señora Comisaria, ojalá lo fuera.
Y aunque no es la panacea, sí nos parece que tiene virtudes que en nuestra opinión se han destacado poco y yo mencionaría dos: el doble casco obliga a evaluar el estado de nuestra flota y obliga, además, a renovar esa misma flota. 
Redoblar la seguridad marítima supone costes financieros; ésta es otra de las cuestiones que echamos un poco de menos en la propuesta de la Comisión, un poco más de claridad respecto a la financiación; pero seguimos diciendo que si bien la antigüedad, influye en el estado general de un buque, todos los expertos coinciden en destacar que el elemento que determina mejor su edad, es el mantenimiento.
Por eso, como tantos ciudadanos y ciudadanas europeos que se han dirigido a nosotros, pensamos que el doble casco sólo será efectivo si va acompañado de la correspondiente inversión en la mejora del actual sistema de inspecciones y sanciones que obligue a los propietarios de los buques a invertir en su mantenimiento y en la mejora de la dimensión social en este sector sobre la que a veces tenemos la impresión de que la Comisión quisiera pasar de puntillas.
A este respecto traslado a la señora Comisaria la pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué en las catástrofes ligadas al transporte marítimo de hidrocarburo, las regiones más golpeadas por este tipo de tragedias son las más volcadas al mar, con una vocación portuaria, mercante, pesquera y de construcción naval? Y tanto en Bretaña como en Galicia los astilleros prácticamente han desaparecido provocando la desertización industrial de comarcas enteras, y sin embargo, al hilo de como van las cosas, no parece que vayan a ser esos astilleros los más beneficiados por este Reglamento, sino los de Corea, más competitivos y sin problemas para compatibilizar y recibir ayudas de Estado.
Ello se traduce en que la opinión pública tenga la impresión de que la Comisión funciona con compartimientos estancos; doble casco, sí, por tanto, pero sólo si las exigencias y la calidad de los barcos renovados responden a las normas de calidad europeas en su construcción, a normas ambientales, a normas sociales y de calidad. Y yo pregunto: ¿cumple Corea con estas exigencias cada vez más demandadas por los ciudadanos europeos? ¿Qué es un barco basura? ¿Descubriremos, a raíz de la aplicación de este Reglamento, que hay buques basura recién construidos y con doble casco?

Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por la forma eficaz y correcta con que ha trabajado para elaborar este informe. Los ciudadanos europeos, así como el medio ambiente y el sector marítimo, esperan una Europa capaz de tomar medidas enérgicas para hacer frente al problema de los vertidos de petróleo que contaminan los mares. Creo que las propuestas que tenemos hoy ante nosotros son las más viables. A la larga, quisiera ver también reflejadas en una Directiva las demás propuestas que ha presentado mi grupo y que son: la nueva definición de los petróleos pesados como residuos, la creación de un servicio europeo de guardacostas y la imposición de un porcentaje obligatorio de inspecciones de buques por puerto y no por Estado miembro, pues de lo contrario, dentro de 15 años volveremos a tener los mismos problemas con los petroleros de doble casco. Quiero hacer también otros dos comentarios.
El primero de ellos es sobre la construcción naval. Las cosas van muy mal en el sector de la construcción naval en Europa. El fortalecimiento del paquete Erika puede dar nueva vida a este sector. La Comisión puede presentar propuestas en este sentido.
En segundo lugar, comparto la preocupación de mi colega, el Sr. Vermeer, concretamente en relación con las medidas a escala mundial. Señorías, existe el peligro de que Europa exporte con ello catástrofes petroleras. Por ello, soy partidaria de exigir enérgicamente a la Organización Marítima Internacional que se retiren definitivamente de la navegación los petroleros de casco único en todo el mundo y antes de lo previsto.

De Palacio, Loyola
. (ES) Señor Presidente, quiero reiterar de nuevo mi agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, por su magnífico trabajo y, además, por la rapidez. Indudablemente aquí ha habido una conjunción del esfuerzo de todos, porque todos somos conscientes de que era urgente que lo hiciéramos.
De alguna manera tenemos un poco la sensación de que con el Erika I y el Erika II, por desgracia, llegamos tarde, y hay que intentar evitar volver a llegar tarde a un nuevo Erika o a un nuevo Prestige o a una nueva catástrofe. De lo que se trata es de intentar evitar al máximo que vuelva a suceder. En ese sentido, de nuevo, insisto, mi agradecimiento al ponente.
No quiero dejar sin contestar y sin manifestar claramente que estamos dispuestos a aceptar todas las enmiendas introducidas por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, aunque con algunos matices de redacción. 
La enmienda número 3 requiere que el Consejo y los Estados den a la Comisión un mandato para negociar con la Organización Marítima Internacional; ya saben sus Señorías que, aunque formalmente no tenemos capacidad plena en la Organización Marítima Internacional, estamos coordinando las últimas acciones. Les recuerdo que hemos tenido un éxito importante últimamente, al multiplicar por 5 el Fondo Fipol. Hace un momento el Sr. Savary nos hablaba de su clara insuficiencia en el caso de los daños provocados por el naufragio del Prestige, como también fue insuficiente en el caso de los daños provocados por el Erika, pero en ese caso la empresa Totalfina tuvo una actitud responsable y contribuyó a parte de los gastos producidos, cosa que, en el caso del Prestige está claro que el responsable o el propietario de la carga, no va a hacer. Ya está más claro que el agua. Pero, en fin, hemos conseguido en la Organización Marítima Internacional más que quintuplicar los Fondos Fipol, hasta llegar a unos 950 millones de euros (más de mil millones de dólares, al cambio actual) frente a los 170-180 millones de dólares de antes. Ha sido un buen resultado.
Habrá que hacer un ajuste de redacción, pero estamos de acuerdo con la enmienda número 3.
La enmienda número 6 requiere que la Comisión presente una nueva propuesta, en el plazo más breve posible, relativa a los combustibles que todos los buques llevan para su propia propulsión. Para esto hace falta un acuerdo en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, que estamos dispuestos a impulsar para los buques de nueva construcción. También, por lo tanto dicha enmienda requiere una corrección en cuanto a la redacción.
La 7 se refiere a la industria de construcción naval. Varias de sus Señorías se han referido a ello y saben muy bien, y precisamente está aquí mi colega el Sr. Lamy, -que es el que lleva estas negociaciones- que tenemos el problema de la actuación desleal clara de Corea. Estamos poniendo en práctica una serie de medidas para intentar evitar, precisamente, que desaparezcan los astilleros europeos mientras crecen los astilleros coreanos y de algún otro país gracias a las sustanciosas ayudas de Estado que perciben llevando a cabo una competencia absolutamente desleal.
Evidentemente, ese apoyo a nuestros astilleros se tiene que realizar a través de la Organización Mundial de Comercio y a través de cierto tipo de actuaciones específicas, pero siempre garantizando el cumplimiento de las normas del Tratado sobre las ayudas estatales.
Señorías, quiero señalar y retener algunas de las cuestiones que aquí han sido expuestas . Primero, decía el Sr. Piecyk que esto no es la panacea y lo han repetido el Sr. Purvis y algún otro interviniente. Por desgracia, sustituir los petroleros de casco único por los de doble casco no nos garantiza que no volvamos a tener un desastre en la mar, ni en Europa ni en el mundo. Pero es una medida más que nos permite reforzar la seguridad. La seguridad depende de un conjunto de medidas que hay que aplicar en todos sus aspectos de manera coherente. 
En ese sentido el Sr. Savary tenía toda la razón cuando decía que lo primero que hay que exigir es la aplicación del paquete Erika I y Erika II. Como saben sus Señorías, la Agencia de Seguridad Marítima está en funcionamiento, con una sede provisional, pero en marcha, y una de las funciones que tiene es garantizar que, en todos los puertos de la Unión Europea, se llevan a cabo los controles adecuados; que desde las sociedades de clasificación se desarrollan las labores de control adecuadas. Son elementos que hay que poner en marcha con todos los niveles y nuevas exigencias que hemos pedido tanto a las autoridades portuarias como a las sociedades de clasificación.
La puesta en práctica del paquete Erika I y II, y del Reglamento que discutimos hoy lo único que nos va a garantizar es un nivel de seguridad equivalente al de los Estados Unidos. Que no se produzca lo que ha sido durante muchos años, demasiados años, una situación, en mi opinión, inconcebible: que los ciudadanos de la Unión Europea tenían menos seguridad en sus costas que la que disfrutaban los ciudadanos de los Estados Unidos. Después del Exon Valdés los EEUU tomaron rápidamente decisiones, mientras que en la Unión Europea hemos estado arrastrando los pies y no porque antes del Prestige o del Erika no hubiera habido otras catástrofes. Ahí estaban Mar Egeo, Amoco Cádiz o tantos otros. Con esto lo que hacemos es ponernos unos niveles equivalente. 
Pero no basta, y en eso tenían razón el Sr. Purvis y la Sra. Thors, tenemos negociar con Rusia, muy especialmente, pero también con nuestros vecinos mediterráneos, para que tengan unos sistemas equivalentes a los nuestros. En la cruzada a la que se refiere la Sra. Miguélez Ramos, espero y tengo la sensación de que no estoy sola, sino que estoy acompañada por todas sus Señorías y otra serie de gente que está fuera y que participa de la misma preocupación que yo. Por ello, hay que impulsar la participación de nuestros vecinos, de Rusia en primer lugar, pero también de todos los países mediterráneos. 
El otro día en la reunión Euromediterránea de ministros de energía se planteó la cuestión del doble casco, de los controles portuarios, de la seguridad marítima y hubo un apoyo a esta cuestión. Y este fin de semana en la Cumbre de la Unión Europea con Rusia, ésta se ha comprometido a apoyar la cuestión del doble casco, no sólo en su propio territorio, sino también, lo mismo que los países mediterráneos, en la Organización Marítima Internacional, porque de poco nos vale si la catástrofe se debe a un barco en tránsito.
Por último, la Organización Marítima Internacional debe permitir dar pasos adelante en la responsabilidad de lo que es el Estado de bandera, evitando las banderas de conveniencia que, lamentablemente muchas veces encubren una dejación total de los controles y las garantías. Debemos avanzar en lo que es el factor humano, que siempre es clave y esencial -en la navegación, en el sector marítimo, como en cualquier sector- y eso quiere decir, lo decía hace un momento la Sra. Miguélez, y tenemos propuestas encima de la mesa, que la cuestión de la calificación y de la capacidad de las tripulaciones es esencial, no sólo en el ámbito comunitario, también en la Organización Marítima Internacional y en la Organización Internacional del Trabajo.
Al final, habrá que llevar a cabo una modificación de la legislación a nivel internacional, del Derecho del mar de las Naciones Unidas, para que los derechos de los Estados ribereños y de las poblaciones ribereñas estén mejor garantizados y más equilibradamente tenidos en cuenta. No puede ser que la libertad de los mares se traduzca en una libertad sencillamente sin ningún control a circular con auténticas bombas ecológicas. 
Señor Presidente, Señorías, creo que estamos dando un paso adelante muy importante, pero no basta; hay que seguir avanzando y un elemento clave es la aplicación de lo que ya hemos aprobado.

Thors (ELDR).
Señora Comisaria, usted ha señalado que son necesarias una serie de medidas. Como hemos oído en esta Cámara, el refuerzo contra el hielo es necesario en algunas zonas marinas. ¿Está dispuesta la Comisión a apoyar que este reglamento establezca una condición vinculante relativa a esta cuestión? ¿O qué otras medidas piensa tomar la Comisión?

De Palacio, Loyola
. (ES) Señor Presidente, a demanda de la Delegación finlandesa, se ha tenido en cuenta la cuestión de los petroleros en el Báltico, en las zonas de hielo. 
La cuestión de los rompehielos, es decir, las medidas específicas de seguridad para los barcos petroleros en las regiones con hielo, concretamente, entre otros, el mar Báltico, la planteamos no sólo de cara a una regulación específica en la Unión Europea, sino también en la Organización Marítima Internacional. En ese mismo foro hemos planteado la cuestión de las zonas sensibles, como algunas de sus Señorías han reclamado, y la cuestión de la prohibición de transportar petróleo pesado en cualquier barco que no tenga doble casco, no sólo como ahora, con respecto a nuestros puertos y zonas de fondeo, sino también con respecto a cualquier otro puerto internacional.

El Presidente.
 Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0115/2003) de la Sra. Erika Mann, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre las zonas regionales de libre comercio y la estrategia comercial de la Unión Europea (2002-2044)INI)).

Mann, Erika (PSE)
Señor Presidente, la liberalización multilateral del comercio casi siempre ha estado acompañada en el período de posguerra de un proceso paralelo de integración regional. En concreto, en los años 90 se produjo un incremento exponencial del número de acuerdos comerciales regionales negociados. El término «regionalismo» se refiere a la reacción de los Gobiernos para liberalizar o facilitar el comercio a escala regional, en ocasiones mediante zonas de libre comercio o uniones aduaneras. En un doble contexto de la OMC, los acuerdos comerciales regionales tienen tanto un significado amplio como un sentido más concreto.
El artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite el establecimiento en condiciones excepcionales de iniciativas de comercio regional preferente, siempre que cumplan los siguientes criterios: en primer lugar, es preciso que los miembros dobles de la OMC reciban la notificación de los detalles; en segundo lugar, los derechos y otras barreras comerciales deberían reducirse o eliminarse de forma sustancial en todos los sectores comerciales en el grupo; y, en tercer lugar, las barreras comerciales para no signatarios no deberían ser más elevadas que antes.
Los acuerdos comerciales regionales no son uniformes. El alcance y la profundidad del tratamiento preferente varía de un acuerdo a otro. Algunos afectan únicamente a unos productos o sectores, mientras que otros pueden ir mucho más allá de los derechos tradicionales, abarcando áreas como la propiedad intelectual y las normas. De hecho, varios acuerdos de comercio regionales que se están negociando actualmente parecen anticipar una evolución del sistema de comercio multilateral intentando cubrir áreas que hasta ahora habían quedado excluidas o no se habían debatido de forma suficiente en el ámbito multilaterial, como la contratación pública, el trabajo infantil y los derechos humanos.
En los últimos años, los acuerdos comerciales regionales se han desarrollado hasta adoptar una configuración más compleja y hay un creciente número de redes de acuerdos comerciales regionales solapados que se extienden por continentes a escala regional y subregional. Formar parte de un acuerdo comercial regional tiene sus ventajas políticas. En un ámbito más importante, los acuerdos comerciales regionales tienen un gran valor estratégico y una función a la hora de mantener el equilibrio geopolítico de las regiones. Son útiles señales del interés de una gran potencia en la región, y mantener fuertes lazos económicos y comerciales con todas las grandes potencias puede resultar un medio eficaz de mantener la estabilidad regional.
Las zonas de libre comercio deberían basarse en la norma de la reciprocidad. No obstante, hay que tener en cuenta que la facilitación del comercio y la mundialización dependen en gran medida del desarrollo relativo de los países participantes. Las diferencias en competencias de negociación, tecnología, financiación y calidad de la infraestructura son solo algunos de los impedimentos para la satisfactoria conclusión de un acuerdo en el que participe como mínimo un país en vías de desarrollo. Sin embargo, no se puede dejar fuera de la liberalización del comercio multilateral al mundo en vías de desarrollo.
La integración regional es la piedra angular de la Unión Europea. El aspecto comercial ha sido un componente esencial de lo que ha acabado evolucionando hasta convertirse en una unión política general. También ha servido para mantener las relaciones exteriores comunitarias con terceros países.
Las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Ámsterdam de junio de 1997 describen los principios de la política comunitaria en relación con las zonas de libre comercio. Esta descripción fue complementada por el informe al Consejo Europeo sobre el desarrollo de la política comercial y los acuerdos preferentes de la Comunidad, que establece el objetivo comunitario de reflejar la naturaleza de las relaciones con los socios afectados y un entorno geopolítico más amplio. En el mismo documento, la Comisión afirma también que la política comercial -sobre todo el aspecto de las zonas de libre comercio- permite el desarrollo simultáneo de un marco regulador pertinente de una forma más exhaustiva que la que permiten actualmente el marco multilateral relevante y los plazos de la OMC.
La UE se está alejando lentamente del establecimiento de zonas de libre comercio tradicionales con sus principales socios comerciales. Pretende una mayor integración y busca la convergencia de los regímenes reguladores. El Parlamento Europeo y el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía apoyan esta estrategia de la Comisión.
La Comisión prima el enfoque multilateral, algo que también apoya la comisión. Sin embargo, a pesar de sus fuertes relaciones económicas, la UE no tiene ninguna zona de libre comercio en Asia. Una zona de libre comercio con un país asiático establecería firmemente la presencia de la UE en esa región. Líderes regionales de la ASEAN han indicado que acuerdos como el propuesto por Singapur a la UE no pondrían en peligro las relaciones regionales. Al contrario, mientras el acuerdo ofrezca un margen de ampliación dentro de la región ASEAN, podría reforzar el impulso.
Desde un punto de vista estratégico, la presencia comercial comunitaria también contrarrestaría la influencia y el dominio de China y de los Estados Unidos. Espero que, en la votación de mañana, mis colegas apoyen un acuerdo con Singapur, que espero que podremos firmar muy pronto. Sé que la Comisión tiene ciertas reservas sobre ese acuerdo. Sin embargo, ya ha firmado un amplio acuerdo político con la región ASEAN. Por lo tanto, estoy segura de que, en un futuro próximo, habrá un entendimiento mutuo como mínimo entre la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, la Comisión y espero que también el Parlamento en su votación de mañana.

Lamy
Señor Presidente, este informe de iniciativa propia de la Sra. Mann sobre las zonas regionales de libre comercio aborda dos cuestiones centrales de la política comercial de la Unión. La primera es la cuestión de la política comercial como herramienta estratégica de relaciones exteriores, más particularmente en materia de política de desarrollo. La segunda se refiere a la relación entre el enfoque multilateral y el bilateral. Antes de abordar estas cuestiones concretas, quiero agradecer a la Sra. Mann este excelente trabajo y el espíritu de cooperación con que lo ha llevado a cabo, lo que ha hecho posible, durante bastante tiempo, intercambiar ideas e información, lo que creo que nos han permitido progresar a unos y otros, el Parlamento y la Comisión, en nuestras reflexiones.
Como acaba de indicar la Sra. Mann, nuestro enfoque se funda en las conclusiones de Ámsterdam de junio de 1997. La política comercial de la Unión opera en dos niveles complementarios: en primer lugar, el multilateral, el de la Organización Mundial del Comercio, y en segundo lugar, el bilateral, que es cada vez más de carácter regional. Estos dos niveles se justifican, en primer lugar, por el hecho de que el unilateralismo no es una opción para la Unión Europea, y esto lo sabemos desde hace mucho. Además, también por el hecho de que, puesto que el multilateralismo es nuestra prioridad, el regionalismo, o nuestros acuerdos bilaterales, complementan esta opción multilateral, de forma que el segundo nivel está de algún modo subordinado al primero. Desde este punto de vista, el regionalismo no es una especie de sucedáneo de multilateralismo, sino el complemento de una opción fundamental, que es la de la Organización Mundial del Comercio. Consideramos en efecto que los mercados mundializados necesitan normas comunes e instituciones mundiales que los regulen. Esta fe de la Unión en el enfoque multilateral, que ya era suya hace una década, es hoy en día todavía más fuerte. Queremos gestionar la mundialización y reducir el efecto desestabilizador de una serie de factores. El enfoque de un sistema comercial multilateral es nuestra prioridad a ese respecto, como refleja el orden del día adoptado en Doha. Desde este punto de vista, existe, en mi opinión, un gran consenso entre la postura de la Sra. Mann y la de la Comisión. 
Es, por tanto, el enfoque multilateral el que, de momento, constituye nuestra prioridad más inmediata y es la razón de que hayamos pospuesto toda decisión de emprender nuevas negociaciones relativas a las zonas de libre comercio hasta que el ciclo que hemos empezado en Doha haya concluido. Además de esta limitación temporal, consideramos que toda nueva iniciativa en este campo debe estar debidamente justificada y responder a una serie de condiciones. En primer lugar, compatibilidad con la OMC, y la Sra. Mann ha recordado las reglas en la materia. En segundo lugar, un acuerdo bilateral debe aportar algo más con respecto a la OMC, y cuando digo esto, pienso en el valor de la OMC al final de la ronda de Doha. En tercer lugar, por último, una nueva iniciativa no debe distraernos de nuestra prioridad multilateral.
¿Descuidaremos, así pues, las zonas de libre comercio? No. La Unión ha empleado a menudo estas negociaciones regionales. Además, mantenemos muy activamente una serie de ellas, con el Mercosur y con el Consejo de Cooperación del Golfo, y recientemente hemos llegado a acuerdos con Chile y Egipto, entre otros. Estos acuerdos, tanto los más recientes como los que estamos negociando, presentan rasgos que son más bien nuevos en relación con el concepto tradicional de una zona de libre comercio. De alguna forma, hemos cambiado de generación. 
La liberalización del comercio de bienes y servicios conlleva cada vez más la adopción de normas que establecemos bilateralmente y que van más allá de las normas multilaterales. Una segunda característica de esta nueva generación de acuerdos es que la Unión busca cada vez más desarrollar las relaciones de región a región. Ejemplos: Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo, pero también la Comunidad Andina, Centroamérica y el Sudeste Asiático -sobre los que volveré en un instante-, o incluso las negociaciones regionales que se van a iniciar en breve en África. Consideramos en efecto hoy en día que este enfoque regional, que agrupa a varios de nuestros socios, podría producir los resultados más interesantes económicamente, dado que, de alguna forma, la integración regional por parte de nuestros socios aumenta el potencial del mercado y confiere a la labor reguladora una mayor eficacia. Es lo que la Sra. Mann ha denominado hace un momento integración profunda y es el tipo de iniciativa que estamos a punto de poner en marcha, incluso con el Sudeste Asiático, y la reciente iniciativa transregional UE-ASEAN, inaugurada hace poco más de un mes en Laos, en Luang Prabang. Nuestra intención es lanzar un programa de acción centrado en las grandes prioridades de regulación de ambas partes. Esta es también la vía que hemos empleado en nuestras relaciones con Canadá y la que subyace a nuestra labor con la Comunidad Andina y América Latina.
Resumiría la postura de la Comisión al respecto señalando que si la Comisión Prodi no ha lanzado nuevas iniciativas a favor de las zonas de libre comercio no ha sido por pasividad, sino obedeciendo a una opción deliberada. Esta circunstancia se explica evidentemente por la prioridad dada a Doha, pero también por la convicción de que las zonas de libre comercio en el sentido tradicional del término han dejado de ser un instrumento adecuado para la apertura del comercio en el siglo XXI y de que debemos modificar ahora este formato. También es lo que nos guía en nuestras relaciones con los países en vías de desarrollo, que la Sra. Mann evoca ampliamente en su informe. Consideramos, como ella, que si la apertura comercial presenta ventajas, estas únicamente se materializan en unas condiciones determinadas. En primer lugar, el acceso al mercado es necesario para los países en vías de desarrollo, pero no basta evidentemente para transformar la situación general en términos de crecimiento y empleo. Hace falta añadir un elemento decisivo: la ayuda al refuerzo de las capacidades comerciales. Es lo que hacemos en el plano multilateral. Asimismo, es lo que hacemos en la fase de preparación de las negociaciones de acuerdos de asociación económica regionales con nuestros socios de los ACP.
¿Estamos pues completamente de acuerdo ? En absoluto. Puesto que resulta necesario identificar algunas diferencias entre nosotros, buscando bien, mencionaré dos antes de terminar. La primera se refiere a la idea evocada por la Sra. Mann respecto a la apertura de negociaciones con Singapur con vistas a la creación de una zona de libre comercio. No estamos, en este punto, convencidos del efecto de arrastre que podemos conseguir con una iniciativa de este tipo en la región. Así, por las razones que acabo de indicar, nuestra preferencia es, señora Mann, la de un enfoque común con los países de la ASEAN. Otra reserva está relacionada con esta idea que presenta en su informe, según la cual la Unión debería comprometerse a compensar el vacío presupuestario asociado a la reducción de los derechos de aduana en los países en vías de desarrollo. Estas pérdidas de derechos de aduana aún no se han determinado, sobre todo si el volumen de intercambio aumentara como nosotros deseamos, tanto en sentido Sur-Sur como en sentido Norte-Sur. No descartamos esta idea, aunque nos parece, con la información de que disponemos en este punto, prematura. 
Estas son las dos pequeñas reservas que deseo formular en nombre de la Comisión. Sin embargo, está claro que en nuestra respuesta a su informe prevalecen en gran medida aspectos en que nuestros puntos de vista convergen. Deseo señalar además que para la Comisión supone una gran ventaja ver que el Parlamento Europeo respalda su estrategia y sus posturas en las negociaciones internacionales. Por todas estas razones, veo en este informe la confirmación de la calidad de nuestras relaciones de trabajo y doy las gracias una vez más a la Sra. Mann por su excelente informe.

Ferrer (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, ante todo también quiero felicitar a la Sra. Mann por su informe.
Es cierto y conocido que las relaciones comerciales constituyen un factor de crecimiento económico, pero no es menos cierto que no todos los países han podido integrarse en el sistema de comercio mundial y aprovechar las oportunidades que éste ofrece para mejorar su desarrollo, lo que ha aumentado las desigualdades entre los países ricos y los pobres. De esta realidad se deduce la necesidad de gestionar la globalización mediante normas multilaterales elaboradas desde la óptica de la política para hacer de las relaciones comerciales a nivel mundial una fuerza benéfica para todos, que contribuya al objetivo de la erradicación de la pobreza y del desarrollo sostenible y equitativo.
Por ello, es importante la definición de una estrategia comercial, por parte de la Unión Europea, que ponga las necesidades específicas de los países menos desarrollados en el centro de las negociaciones comerciales, a fin de hacer posible la paulatina incorporación de estos países en el sistema multilateral de comercio. Porque, en efecto, el derecho de acceso -incluso no recíproco- de los países más pobres a los mercados de los países desarrollados es ampliamente insuficiente para garantizar un desarrollo real de los flujos comerciales si al mismo tiempo -como nos recordaba usted mismo, Señor Comisario- no se refuerzan sus capacidades de desarrollo industrial y agrícola, de respeto de las normas vigentes en los países de importación y de conocimiento de los circuitos de comercialización, así como sus capacidades administrativas y sus instituciones financieras.
Precisamente por esta preocupación, la Comisión de Desarrollo y Cooperación apoya plenamente la incorporación de la dimensión del desarrollo en la agenda de Doha y se felicita del impulso que en este sentido la Unión Europea, y concretamente usted mismo, Comisario Lamy, supo dar para que prosperara esta dimensión del desarrollo. Pero, al mismo tiempo, considera que es fundamental asegurar la coherencia entre multilateralismo y regionalismo, entre las normas que ha fijado la Organización Mundial del Comercio sobre la liberalización del comercio regional y la evolución de las zonas de libre comercio, incluida la proliferación de acuerdos entre países y regiones con niveles de desarrollo muy diferentes, porque considera que sólo así, con esta coherencia, se conseguirá hacer de las relaciones comerciales un auténtico factor de desarrollo para todos los pueblos y erradicar finalmente la pobreza.

Schwaiger (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quiero apoyar de manera expresa y rotunda el informe sobre las zonas regionales de libre comercio y la estrategia comercial de la Unión Europea elaborado por la Sra. Mann.
Permítanme formular algunas consideraciones adicionales: con este informe establecemos los principios que rigen nuestro comercio y nuestra cooperación comercial con las demás regiones del mundo. Proporciona además una orientación y un carácter propio específico a las muchas posibilidades que se nos ofrecen allí y que también tenemos en el plano regional. Nuestro Grupo parte fundamentalmente de la premisa de que con ello podemos contribuir a un comercio mundial libre y justo y que los países que hasta ahora no han tenido suficientes oportunidades de participar en el comercio, tengan esa oportunidad por medio de la creación de sus propias zonas de libre comercio. Considero, y no solo por lo que ha explicado el Comisario Lamy, que se trata de una orientación importante hacia el calendario que después de Doha tal vez pueda suponer un renacimiento de los acuerdos comerciales regionales en el mundo. Tengo la impresión de que la cooperación con determinados países como Singapur puede ser también clave para alcanzar acuerdos regionales de libre comercio con regiones que no se encuentran en condiciones o suficientemente desarrolladas para llevar más lejos esa cooperación. Por ello debemos aprovechar la idea de la colaboración con Singapur como preludio de una mayor cooperación con la ASEAN. Las características específicas de la región nos presentan un amplio espectro de posibilidades, que naturalmente deben permanecer encuadradas dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. La estructuración del mercado de África Occidental, por ejemplo, implica no solo la necesidad de abrir nuestro propio mercado, sino que África Occidental se encuentre en situación de poder mejorar sus transacciones comerciales con África Central y África del Sur, tal como explica la Sra. Mann en su informe sobre el comercio Sur-Sur.

De Clercq (ELDR).
Señor Presidente, el informe de propia iniciativa de nuestra colega, la Sra. Mann realiza una interesante contribución al fascinante debate sobre la relación entre regionalismo y multilateralismo. Estoy muy a favor del enfoque multilateral, pero sigo estando convencido de que el regionalismo y el multilateralismo pueden reforzarse y complementarse entre sí en muchos sentidos. Asimismo, estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que, en el futuro, la Unión Europea ha de seguir apoyando y fomentando la cooperación y la integración regional. Además, la idea de utilizar la creación de zonas de libre comercio como instrumentos de desarrollo me parece una senda interesante a condición de que forme parte de un paquete general de medidas de reforma. Sin embargo, quiero señalar que, por el bien de los países en desarrollo, tenemos que procurar no acabar con una maraña inseparable de iniciativas regionales y multilaterales. A mi entender, el enfoque multilateral debe recibir, hoy por hoy, prioridad sobre las iniciativas regionales. Es decir, la prioridad principal de la Unión Europea ha de ser en estos momentos concluir con éxito la Agenda de Desarrollo de Doha. El debate sobre regionalismo y multilateralismo, por importante que sea, también debe aplazarse hasta entonces. El informe de la Sra. Mann constituye una contribución interesante en este sentido y quiero darle las gracias por ello.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la resolución que nos propone el informe de la Sra. Mann incluye, en su apartado 21, un llamamiento a la plena comunitarización de la política comercial europea con competencia exclusiva de la Comunidad, voto por mayoría en el Consejo y codecisión con el Parlamento Europeo.
No podemos congeniar con este fundamentalismo comunitario, guiado por la idea de que solo los mecanismos supranacionales son adecuados para esta política, con objeto de favorecer la apertura mundial y dejar de lado a los Estados nacionales. No obstante, la apertura mundial, por útil que resulte, no lo es todo. También hay que reconocer que los Estados miembros tienen modelos de sociedad e intereses fundamentales que proteger. Resulta por tanto necesario dejarles los medios para ello y encontrar un equilibrio apropiado entre la política europea y los intereses nacionales, entre el control del Parlamento Europeo y el de los parlamentos nacionales. El informe de la Sra. Mann, a nuestro entender, no consigue dicho equilibrio.
En particular, habría que reconocer que las decisiones por mayoría cualificada del Consejo pueden no tener siempre el efecto deseado. Tomemos un ejemplo actual: la Convención sobre el Futuro de Europa reflexiona sobre la posibilidad de someter toda la política comercial a la norma de la mayoría, haciendo desaparecer las derogaciones reconocidas en el Tratado de Niza para ciertos servicios esenciales, en particular los asociados a la cultura, que dicho Tratado mantuvo en el campo de la unanimidad.
El Gobierno francés ha protestado y ha solicitado que se mantenga la unanimidad porque aporta más protección. Aprobamos esta postura. Pero, de paso, ¿por qué admitirla en ese campo y no en otros? Al mismo tiempo, una asociación de grandes empresas, esencialmente norteamericanas, la International Communications Round Table, escribe con cortesía a la Convención y a la Comisión para cantar las loas de la norma de la mayoría. Somos perfectamente conscientes de que esta norma tendría el efecto de superar ciertas resistencias nacionales y así desmantelar nuestras defensas. 
Esta es la razón de que solicitemos a la Convención que adopte una visión más general y equilibrada. En primer lugar, hemos de implicar más a los parlamentos nacionales. Además, el procedimiento de la mayoría debería utilizarse tan solo para adoptar medidas de salvaguardia. Por el contrario, cada vez que se trata de reducir nuestro nivel de protección, las decisiones deberían tomarse por unanimidad para evitar dañar los intereses de nadie.

Lamy
Señor Presidente, no tenía intención de responder, puesto que los oradores que han intervenido antes del Sr. Berthu han confirmado a grandes rasgos nuestro acuerdo sustancial sobre los principios.
Responderé muy brevemente al Sr. Berthu sobre la cuestión de la unanimidad o de la mayoría cualificada en materia de política comercial. 
Vivimos, señor Berthu, hoy y probablemente en mayor medida mañana, en un mundo de elefantes y en este mundo las batallas, particularmente en materia comercial, dependen en gran medida del peso de los participantes.
Si la Unión quiere aprovechar todo su peso, no lo conseguirá con la unanimidad. La experiencia lo demuestra. La situación es sencilla. O queremos tener dentro de este campo un peso importante en el mundo que es y será el nuestro y, así, en una Europa de 25, necesitaremos la mayoría cualificada. O no lo queremos -y no me sorprendería que este fuera el punto de vista del Sr. Berthu- y, así, necesitaremos efectivamente mantener la unanimidad.
El Sr. Berthu acaba de reiterar la idea de que la unanimidad es la mejor garantía de la soberanía. Esto no me sorprende y quería llamar su atención sobre ello. Esto es cierto actualmente en materia cultural, como lo es en otros campos.

Berthu (NI).
Señor Presidente, tan solo quería puntualizar al Sr. Lamy que no soy el paladín autoproclamado de la unanimidad en todos los casos. He señalado que la mayoría podía ser útil cuando se trate de tomar medidas de salvaguardia, porque, en ese caso, todos los países deben ser solidarios. No obstante, cuando se trata de reducir nuestro nivel de protección, la unanimidad es, en mi opinión, útil, porque no es justo que una mayoría pueda imponer medidas que perjudiquen a una minoría de Estados miembros.

El Presidente.
Es un debate fascinante. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero por desgracia no lo tenemos.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0192/2003) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a países terceros.

Belder (EDD)
Señor Presidente, la naturaleza y la finalidad del instrumento de ayuda macrofinanciera a países terceros son buenas y útiles. Sobre sus efectos políticos cabe señalar que la ayuda macrofinanciera de la Comunidad Europea contribuye a las reformas económicas y los cambios estructurales en los países beneficiarios. Un instrumento tan útil merece, por lo tanto, un fundamento jurídico sólido.
Pero por ahora no tiene ninguno. Las disposiciones legales actuales relativas a la concepción, las condiciones de preparación, la puesta en práctica de las decisiones, la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas por lo que se refiere a la ayuda macrofinanciera comunitaria, son poco eficientes y eficaces. El procedimiento dentro del Consejo exige mucho tiempo. El sistema actual tampoco es eficaz, porque el desembolso de los fondos puede tardar hasta dos años. Por último, falta un fundamento jurídico sólido debido a la insistencia del Consejo en utilizar el artículo 308. 
¿Qué fundamento jurídico puede sentar las bases jurídicas necesarias? El artículo 181 A sería la opción más lógica: cooperación económica, financiera y técnica con países terceros. En este sentido, no compartimos la opinión del Consejo cuando rechaza que la ayuda macrofinanciera dependa del artículo 181 A.
El Tratado de Niza será sustituido en su momento por un nuevo Tratado sobre el cual está deliberando actualmente la Convención. Hasta ahora, el desarrollo de la ayuda macrofinanciera de la Comunidad se ha asemejado más a las prácticas de apoyo presupuestario que a una ayuda a la balanza de pagos, en lo que respecta a las modalidades de preparación, la puesta en práctica de las decisiones, la vigilancia de la ayuda y la rendición de cuentas. La ayuda macrofinanciera, tal como la conceden las instituciones europeas en virtud del Tratado Constitucional, estaría contemplada en las disposiciones del artículo 28 relativo a las medidas de cooperación económica, financiera y técnica destinadas a hacer frente a crisis económicas, financieras o sociales.
Además, la ayuda macrofinanciera de la Comunidad debe estar sometida a escrutinio parlamentario. Así pues, se necesita que el Parlamento Europeo tenga poderes de codecisión. El proyecto de artículo 28 contempla la codecisión como parte de un procedimiento legislativo normal y, por consiguiente, no tengo más comentarios que hacer al respecto. Esta opinión sobre el fundamento jurídico cuenta con un amplio apoyo en el Parlamento Europeo. Espero que el Consejo y la Comisión la compartan y, de ese modo, concedan a este gran instrumento el fundamento jurídico que le corresponde. Como instituciones, podemos alcanzar un acuerdo conjunto sobre la transparencia, sobre unos criterios eficaces y sobre la aplicación de dichos criterios.
En segundo lugar, señor Presidente, es importante que reconozcamos la necesidad de encontrar una solución para el actual sistema ad hoc hasta que los Estados miembros ratifiquen el nuevo Tratado Constitucional. De ahí que el Parlamento Europeo considere muy importante que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre el período de transición hasta la ratificación del nuevo Tratado. Esta propuesta tendría que tener un fundamento jurídico doble y cumplir dos criterios:
a) la ayuda macrofinanciera ha de considerarse como ayuda a países terceros que deben hacer frente a crisis originadas por las circunstancias económicas, financieras o sociales;
b) el proceso de toma de decisiones ha de basarse en la codecisión.
La propuesta incluirá, por supuesto, criterios para determinar si un país tiene derecho a ayuda. Las conclusiones adoptadas por el Consejo con fecha 8 de octubre de 2002 sobre la ayuda macrofinanciera, los llamados criterios de Genval, son útiles y correctas. Pueden servir como criterios en el futuro instrumento jurídico siempre y cuando se incorporen algunas modificaciones, entre ellas el criterio de «carácter excepcional», con respecto al cual debe mantenerse la cláusula de discontinuidad. El criterio de «complementariedad» suscita tres comentarios. 
El primero de ellos es que la Comisión debe realizar una evaluación cuantitativa independiente. El siguiente es que debe existir una buena coordinación con otros instrumentos comunitarios en el marco del diálogo político con el país beneficiario. En tercer lugar, la ayuda macrofinanciera complementa los recursos que proporcionan el FMI y otros organismos multilaterales.
Por supuesto, ello no quita que la UE pueda tener su propio punto de vista. El criterio de «condicionalidad» tiene que ver con la interdependencia de la economía del país receptor y la de la UE. Asimismo, es fundamental que existan criterios macroeconómicos y reformas mensurables en el país beneficiario.
El hecho de que el Parlamento Europeo vaya a considerar la posibilidad de aplazar la aprobación de los créditos presupuestarios destinados a ayuda macrofinanciera hasta que se presente una propuesta legislativa adecuada demuestra que el Parlamento Europeo se toma en serio la necesidad de mejorar este instrumento. Por supuesto, esperamos que el Parlamento Europeo no retire su apoyo a este instrumento.
Por último quiero dar las gracias a mis colegas por la valiosa colaboración. Quisiera que el Consejo y el Comisario me indicaran si podemos llegar a un acuerdo sobre el mencionado enfoque.
Lamy
Señor Presidente, el informe de iniciativa propia que acaba de presentar el Sr. Belder es muy completo y está claramente orientado al futuro. Con toda seguridad, inspirará reflexiones a la Comisión en materia de asistencia macrofinanciera a países terceros.
Compartimos el punto de vista expuesto por el Sr. Belder de que padecemos actualmente una verdadera falta de flexibilidad por el hecho de que todos los aspectos del proceso de toma de decisiones en materia de ayuda macrofinanciera a terceros países son extremadamente laboriosos. Tiene razón al subrayar que estos procedimientos laboriosos y esta ausencia de flexibilidad se deben a la inexistencia de una base jurídica específica o de un reglamento marco que pudiera regir los criterios y las condiciones de la concesión de ayuda macrofinanciera exterior y que esta laguna nos obliga a recurrir caso por caso al artículo 308 del Tratado. Supone un inconveniente grave, aunque, en realidad, el propio instrumento haya demostrado -una vez se han tomado las decisiones- ser una herramienta de apoyo eficaz al ajuste y a las reformas en los países que han recibido esta ayuda macrofinanciera: así lo confirma el reciente informe del Tribunal de cuentas sobre la ayuda macrofinanciera.
Hemos explorado en varias ocasiones la posibilidad de elaborar un reglamento marco, como sugiere el informe, que definiera las condiciones de concesión de la ayuda macrofinanciera y que, de alguna forma, asimilara este instrumento a los demás instrumentos de ayuda financiera a terceros países. Desgraciadamente, ha chocado hasta el momento con la voluntad de la gran mayoría de los Estados miembros de mantener para este tipo de ayuda -sin duda debido a que también implica el recurso a los préstamos- un proceso de toma de decisiones que exija la unanimidad caso por caso, cosa que nos resulta muy familiar.
La Comisión comparte por tanto el punto de vista del Sr. Belder sobre esta cuestión del fundamento jurídico. No sucede lo mismo con el Consejo de Ministros, que, en este caso, tiene la última palabra. Esa es la explicación de la situación actual. No pensamos, siendo plenamente lúcidos, que esta situación pueda evolucionar antes de la conclusión de los trabajos de la Convención y de la próxima conferencia intergubernamental. Respecto a la votación por unanimidad o mayoría, nuestras esperanzas están, una vez más, en manos de los miembros de la Convención.
Mientras tanto, deberemos seguir gestionando este instrumento, siendo conscientes de sus limitaciones intrínsecas, de la manera más flexible posible. Necesitamos, para ello, la colaboración del Parlamento; a veces nos sentimos tentados de insistir en esta concepción jurídica totalmente correcta; no deseamos que se haga en detrimento del instrumento y lo complique aún más cuando ya hemos dicho que resulta demasiado laborioso. No conviene que debido a diferencias de opinión en torno al modo de decidir sobre esta ayuda macrofinanciera, que sin duda están justificadas, privemos de los beneficios de este instrumento a los países socios que necesitan nuestra asistencia y realizan esfuerzos de estabilización y reforma. Su fundamento jurídico no es bueno; es demasiado laborioso, complicado, pero llega a sus destinatarios y desearíamos que los países afectados, teniendo en cuenta las esperanzas que depositan en la capacidad de la Unión de ofrecerles ayuda, se vean decepcionados por esas disputas, ciertamente justificadas, pero tan nimias en comparación con sus propias esperanzas.
Así, contamos con que el Parlamento, sabio como es, comparta esta dificultad con la que hemos de convivir, de un instrumento que solo podrá evolucionar si el voto por mayoría sustituye a la unanimidad en la toma de decisiones.

Sacrédeus (PPE-DE)
Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, quiero agradecer sinceramente al Sr. Belder su informe y su espléndida intervención. Todos podemos apreciar que, en lugar de un marco uniforme para la ayuda presupuestaria, la Unión Europea tiene varios marcos. Es una cuestión de ayuda macroeconómica a los Balcanes y Europa Oriental, y de ayuda para el ajuste estructural a los Estados no miembros de la región mediterránea. También nos preocupa la ayuda financiera en general a los países en desarrollo de África, el Caribe y la región del Pacífico, al igual que la ayuda especial a la Autoridad Palestina y el nuevo reglamento sobre la cooperación de la Unión Europea con países asiáticos y latinoamericanos. 
En nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa consideramos lamentable que, tal y como quedó patente en el informe especial del Tribunal de Cuentas de enero de 2002, no haya sido posible, ni siquiera en el ámbito de la ayuda macroeconómica, redactar una formulación clara y coherente de las distintas contribuciones. 
Por lo tanto, me atrevería a afirmar que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa acoge con agrado la propuesta del Sr. Belder de introducir los criterios de Genval, permitiendo al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales fiscalizar efectivamente las formas de ayuda. Esta ayuda macroeconómica solo debe concederse en ocasiones excepcionales. Debe reunir las condiciones políticas necesarias y estar relacionada con los países que gozan de una clara proximidad geográfica. Debe complementar otros tipos de financiación, estar sujeta a condiciones y cumplir el principio de disciplina financiera. 
Es difícil encontrar razones válidas para mantener el sistema actual de ayuda presupuestaria de la Unión Europea para Estados no miembros, que es opaco y, probablemente, hace un uso innecesario de recursos. Hace falta una reforma en este ámbito. 
A modo de conclusión, quiero decir que la Unión Europea nunca debería conceder ayuda macroeconómica y que esta ayuda nunca debe degenerar en una recompensa al Gobierno del país beneficiario por practicar una mala política económica.
Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, en nuestra Comisión de Presupuestos hemos estado llamando la atención de los ciudadanos sobre cómo el uso del mecanismo del Fondo de Garantía es una manera muy barata que tiene la Unión Europea para prestar ayuda financiera exterior. Las garantías permiten a los países con dificultades conseguir crédito en los mercados internacionales a precios más baratos de los que normalmente tendrían que pagar en condiciones normales de mercado. Como la garantía ha significado que la Unión Europea no ha sufrido pérdidas por morosidad en los últimos años, está demostrado que los criterios para la concesión de la ayuda han funcionado.
Las formas de ayuda financiera prestada con cargo al Fondo de Garantía han consistido en los últimos años en ayuda macrofinanciera y garantías generales de préstamos otorgadas al Banco Europeo de Inversiones. Se fija un techo para su utilización, el techo del Fondo de Garantía, que se establece en las perspectivas financieras.
A la Comisión de Presupuestos le ha sorprendido observar que la Comisión y el BEI no aprovecharon al máximo el potencial del Fondo de Garantía el año pasado. Los recursos utilizados se desperdiciaron y países pobres se quedaron sin ayuda.
La utilización de este instrumento de ayuda podría añadirse a las cláusulas de garantía con pequeñas enmiendas técnicas que en la práctica no causarán ningún problema para el presupuesto de la Unión. Todas las instituciones están dispuestas a reducir el porcentaje de la provisión del crédito del nivel actual del 9% al 8%. De esa manera podríamos reducir el importe que ha de cubrirse mediante la correspondiente transferencia del Fondo de Garantía para cada transacción crediticia. Del mismo modo podríamos reducir la garantía general otorgada para los préstamos del BEI del 65% al 50% de la cuantía del préstamo. Esta medida tendría el mismo efecto sobre el uso del Fondo de Garantía que reducir el porcentaje de la provisión. Estos cambios supondrían que habría más para distribuir de la misma asignación de fondos derivada de su techo. La Comisión debería proponer estas medidas sin demora.

McNally (PSE).
Señor Presidente, felicito al ponente, Sr. Belder, y por supuesto a la Comisión Europea, por haber elaborado el interesante informe de 2001. El Sr. Belder ha adoptado un enfoque analítico digno de elogio y mira hacia el futuro, aprovechando este momento concreto en el que el cambio parece más posible que nunca antes.
El instrumento de ayuda macrofinanciera -uno de varios- encierra esfuerzos reformistas. Está asociado con los programas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Está pensado para situaciones excepcionales de crisis. The EU is not an international financial institution but at crisis times our foreign policy objectives can be linked with what we do with macro-financial assistance. Esa ayuda depende de las acciones de los países beneficiarios.
El informe de 2001 es interesante. Analiza varios países, principalmente de los Balcanes, pero también Tayikistán, Georgia y Armenia. Estudia con detenimiento las causas de sus problemas, qué esfuerzos se están realizando para solucionarlos y dónde residen esos problemas. En todos los países hay problemas de la balanza de pagos, pero en los tres se encuentran cifras de crecimiento bastante alentadoras. Me satisface ver que se ha realizado ese análisis. Espero que las delegaciones parlamentarias relevantes estudien el análisis.
Sin embargo, el Sr. Belder tiene razón cuando dice que actualmente el programa no es eficiente, es ineficaz y carece de un fundamento jurídico sólido. El Comisario Lamy nos ha dicho que no es el momento más adecuado, dada la actitud del Consejo de Ministros, para cambiar el fundamento jurídico, pero noto cierto optimismo sobre la posibilidad de que, después de la Convención, en la próxima Conferencia Intergubernamental sea posible pasar a una base jurídica mucho más apropiada con votaciones por mayoría cualificada y codecisión por parte del Parlamento.
Hasta entonces, esperamos que la Comisión presente una evaluación detallada de los criterios que utiliza para la ayuda macrofinanciera y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. El Parlamento no se toma suficientemente en serio esta obligación de control. Se trata de un área en la que es esencial que lo hagamos. A su debido tiempo espero recibir las propuestas legislativas de la Comisión. Permítanme dar las gracias de nuevo al ponente.

Martin, Hans-Peter (PSE).
Señor Presidente, la locura, sobre todo cuando es de carácter político, se manifiesta casi siempre en los detalles. A partir de hoy decide el abogado. La condena puede ser de hasta cinco años de cárcel y se procederá a un examen exhaustivo, ya que existe jurisprudencia. Me refiero a Mannheim y el estadio de fútbol que se está construyendo para el Campeonato Mundial de Fútbol. Parece ser que hace dos años se iniciaron allí las obras sin las licencias oportunas -así lo afirman los demandantes-, poniendo en peligro la vida de los hámster de campo. No se ha podido demostrar la muerte de ni un solo hámster, pero continúa en funcionamiento la maquinaria de un Estado de derecho operativo y podríamos decir que exagerado. El alcalde demandado teme por su futuro político.
Con respecto a este interesante informe del Sr. Belder, no tengo nada que añadir a todo lo que se dice en él. Hace mención del dinero, pese a que no hay ningún gasto y a nosotros eso nos parece, en resumidas cuentas, poco eficiente, poco eficaz y carente de todo fundamento jurídico de peso. 
¿Qué está ocurriendo? Este es un ejemplo totalmente representativo de lo que no concuerda todavía en esta Europa. Necesitamos reformas urgentes o ¿cuántos más dentistas o Eurostats tiene que haber para hacer tambalear a la Comisión?

Belder (EDD).
Señor Presidente, seré breve. Muchas gracias, señor Comisario, por su actitud constructiva. Quisiera formular una pregunta. ¿Puedo deducir de su exposición que en un futuro no muy lejano presentará usted una propuesta legislativa?

El Presidente.
 Es posible. Pido disculpas, pero he contestado en su nombre porque tenemos poco tiempo.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede a debatir el informe (A5-0114/2003) del Sr. Piétrasanta, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el Informe anual del programa MEDA 2000 (COM(2001) 806 - C5-0524/2002 -2002/2235(INI)).

Piétrasanta (Verts/ALE)
Señor Presidente, doy las gracias en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores en primer lugar a mis colegas que han trabajado tan arduamente en este informe, a la Sra. De Keyser por su labor en nombre de la Comisión AFET y también a la Sra. Zrihen. Asimismo, doy las gracias a la Comisión Europea y a la Sra. Gonzalo, que nos ha proporcionado toda la información que necesitábamos.
Quisiera recordarles que el programa MEDA es el instrumento por el que se pone en práctica nuestra política mediterránea, formulada por el proceso de Barcelona en 1995. La primera fase se realizó mediante el programa MEDA I (1995-1999) y la segunda mediante el programa MEDA II, aún en curso, definido por los informes Valdivielso y el mío en el año 2000.
Este nuevo Reglamento entró en vigor el 15 de diciembre de 2000 y hemos podido analizar su funcionamiento hasta finales del 2002. Las conclusiones respecto a MEDA I habían suscitado numerosas reservas, siendo la relación global entre pagos y compromisos de tan solo el 26% de 1995 a 1999.
Se han identificado las causas principales de este fracaso relativo: la longitud de las negociaciones y la complejidad de los procedimientos del programa, el carácter plurianual de ciertas operaciones, la capacidad administrativa limitada de los países MEDA, asociada, hay que reconocerlo, a la falta de medios de administrativos del comité encargado de gestionar este programa, obligándolo a delegar tareas en oficinas de asistencia técnica, cuya intervención ha resultó ineficaz.
MEDA II no se limita a favorecer la creación de una zona de libre comercio en el Mediterráneo de aquí a 2010, sino que refuerza la anterior cooperación mediterránea con un componente social, cultural y medioambiental. Este programa cuenta para el período 2000-2006 con una dotación financiera global de 12 750 millones de euros, constituida por fondos de la Unión Europea y préstamos del Banco Europeo de Inversiones.
En resumen, una vez analizada la situación en los documentos que hemos presentado, sacaríamos las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, constatamos una mejora clara de MEDA II con respecto a MEDA I, gracias a la creación de la Oficina de Cooperación EuropeAid en la DG de Relaciones Exteriores. Así, del 26% de la relación global de pagos con relación a los compromisos de MEDA I, pasamos al 37,4% en 2000, al 53% en 2001 y al 92,9% en 2002, lo que supone una proporción global del 59% para MEDA II. Para lograrlo se han desmantelado las oficinas de asistencia técnica y se han creado ocho delegaciones (en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano y Cisjordania), y con una representación tan solo en Gaza. Estas delegaciones son más operativas, ya que cuentan con representantes de la Comisión y centros de recursos bien identificados en cada país.
En segundo lugar, se ha modificado la comitología. En marzo de 2002 se publicó una guía metodológica.
En tercer lugar, como habíamos recomendado en varias ocasiones, el Parlamento está muy atento al vínculo que se debe establecer entre la asignación de las ayudas y el respeto de la política de los derechos humanos por parte de los distintos países, cuestión sobre la que solicitamos un informe anual.
En cuarto lugar, queremos que haya un seguimiento regular de la observancia de los principios democráticos en la elección de proyectos, no únicamente a través de las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y los Estados interesados, sino velando también por la participación de la sociedad civil de las ONG en los proyectos y asegurando el respeto de los criterios de género, particularmente en relación con la participación de las mujeres.
En quinto lugar, insistimos en la necesidad de desarrollar en mayor medida las relaciones Sur-Sur y no solo las relaciones bilaterales, que incluso hoy en día absorben más del 85% de los fondos.
En sexto lugar, tenemos en cuenta los trabajos en curso de la Convención Europea para hacer frente a los cinco retos de los países MEDA: demografía, empleo e inmigración, mundialización, disminución de los recursos naturales, el medio ambiente y los derechos humanos.
En séptimo lugar, proponemos utilizar el sexto programa marco de I+D para investigar en el campo del medio ambiente y de la agricultura con miras a asegurar la soberanía alimentaria, y en particular la gestión del agua, y que se haga más hincapié en las energías renovables. Recordamos que la cuenca mediterránea posee la mayor variedad de especies agrarias y de semillas de todas las zonas templadas: hay que conservarlas. Queremos que se preste más atención a la agrodiversidad, a la ejecución de proyectos que impliquen a los campesinos, los comerciantes, los consumidores y las PYME. Por último, deseamos que se desarrollen todos los medios de la sociedad de la información y la comunicación, particularmente la comunicación electrónica.
Cabe señalar finalmente que toda esta labor amparada en MEDA se lleva a cabo en estos momentos en el difícil contexto de la situación de posguerra en el Irak, de la resolución de problemas difíciles en Oriente Próximo, del proceso de paz, particularmente, entre Israel y Palestina, y del nuevo equilibrio instaurado por el Tratado de Niza con la ampliación a 25, con respecto a la cual debemos seguir velando por que no sirva de pretexto para penalizar la cooperación mediterránea.
Por esta razón apoyamos la creación de una fundación euromediterránea para el diálogo entre culturas y civilizaciones, así como un observatorio de los flujos migratorios, un banco euromediterráneo de inversiones y una asamblea parlamentaria euromediterránea, que desempeñaría un papel decisivo a la hora de formular una política de cooperación euromediterránea correctamente aplicada y bien integrada.

Lamy
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Piétrasanta por el importante trabajo que ha realizado al redactar este informe que en lo esencial se refiere al año 2000, un año de transición para el programa MEDA, como él mismo acaba de indicar. Estamos a grandes rasgos de acuerdo con las manifestaciones que acaba de hacer sobre la sustancia del informe. En esencia, diría dos cosas sobre las cuestiones políticas que acaba de evocar antes de pasar a cuestiones más operativas. 
Respecto a los puntos políticos, y particularmente respecto al vínculo entre este tipo de programa y la mejora de la situación en el plano de las reforma política, estamos de acuerdo en que resulta necesario progresar en la dirección que acaba de indicar. Por esa razón la Comisión acaba de aprobar una comunicación con vistas a dar un nuevo impulso a las acciones llevadas a cabo en el campo de los derechos humanos y de la democratización, en cooperación con los socios mediterráneos. Esta comunicación también responde en parte a los comentarios del informe sobre desarrollo humano de los países árabes -un aspecto que el PNUD tuvo el coraje de poner sobre la mesa el año pasado- y propone reforzar el diálogo político sobre esta cuestión y elaborar con los socios mediterráneos planes de acción sobre los derechos humanos y la democratización, con el apoyo de los programas MEDA.
Asimismo, estamos de acuerdo con una segunda cuestión política evocada por el Sr. Piétrasanta: el objetivo de una mayor participación de la sociedad civil en el marco de MEDA. Así, por ejemplo, hemos ampliado a los socios mediterráneos el programa Tempus, que fomenta los intercambios en el ámbito de la educación superior, y queremos apoyar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por formalizar la contribución de lo que llamamos los foros civiles a la asociación euromediterránea en su conjunto. 
Es cuanto tengo que decir respecto a las cuestiones políticas. En lo que se refiere a la puesta en práctica, la Comisión celebra el progreso que el Sr. Piétrasanta acaba de subrayar. El programa MEDA, MEDA II en este caso, se ha beneficiado en gran medida de la reforma que la Comisión puso en marcha a partir del año 2000 en materia de ayudas exteriores con el fin de mejorar la calidad de nuestros proyectos y su financiación y de aumentar la rapidez de ejecución. Son muestra de ello -como acaba de indicar el Sr. Piétrasanta- los esfuerzos realizados en materia de delegación de poderes y desmantelamiento de las oficinas de asistencia técnica, de las que sabemos que han interesado durante muchos años a este Parlamento. De hecho, el proceso de delegación de poderes en la zona mediterránea prácticamente ha concluido, con la excepción de Gaza y Cisjordania, por razones evidentes. En cualquier caso, en Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Jordania, Líbano y Siria la labor de delegación de poderes concluirá a finales de este año. 
Otro efecto notable es el progreso realizado en materia de ejecución presupuestaria, tanto en el uso de los créditos de compromiso y de pago -en 2002 se utilizó el 100% de los créditos disponibles- como en la relación entre pagos y compromisos, que ha pasado en 2002 al 75%, en comparación con el 25% del período 1995-1999. Por último, respecto a los compromisos antiguos y el resto por liquidar, se redujeron a 200 millones de euros a finales de 2001. A finales de 2002, el importe del resto por liquidar se redujo otro 50%. 
Está claro por tanto que los esfuerzos realizados han merecido la pena y que el apoyo del Parlamento, que ha contribuido a que la Comisión disponga en este sector de más medios administrativos y humanos, no ha sido en vano. Han podido constatar, y el Sr. Piétrasanta ha citado cifras similares a las mías, que la inversión que han realizado, que el contribuyente comunitario ha realizado a través de ustedes, ha merecido la pena. Esto es bueno. Es un gran aliciente para la Comisión a seguir en esta dirección, al igual que para los servicios que han trabajado en su aplicación, y no dudamos de que el Parlamento Europeo podrá constatar nuevos progresos cuando examine los resultados de los años 2001 y 2002.

De Keyser (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Piétrasanta y yo hemos mantenido una colaboración perfecta: así pues, no les sorprenderá que haga hincapié en los mismos puntos que él en estos breves comentarios que quiero hacer.
La opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa comprendía diferentes puntos, de los cuales dos nos parecían particularmente importantes.
El primero se refería, y usted nos ha tranquilizado al respecto, señor Comisario, a la necesidad de velar por el respeto de la cláusula democrática en los acuerdos de asociación, la necesidad de verificar, de forma regular y transparente, el efecto del programa MEDA sobre los derechos humanos, sobre la base de un informe anual presentado por la Comisión basándose en criterios claros, de una agenda precisa y de una formación en este ámbito para los funcionarios europeos.
El segundo punto se refería a la importancia de crear en estos países mediterráneos una sociedad civil, abierta y tolerante, en particular apoyando la independencia de las pequeñas ONG. A este respecto, la Comisión AFET lamenta que en los programas transversales de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) se hayan seleccionado tan pocos países mediterráneos y que, por ejemplo, ni Marruecos ni Egipto, donde las sociedades civiles son activas pero aún frágiles, se beneficien de ellos.
Esta era y sigue siendo la visión que tiene Europa de una transición hacia una mayor democracia en los países del Mediterráneo, una transición apoyada por la financiación MEDA, por diferentes instrumentos, pero también por el diálogo en forma de foros hoy en día, tal vez en forma de asamblea parlamentaria en el futuro.
El informe se presentó en marzo de 2003. La guerra del Iraq estalló pocos días después: representaba otra visión de la transición democrática, una visión brutal y trágica, que muchos no comparten. El diálogo Euromed lucha por recuperarse de esta guerra. Hará falta más que un programa MEDA para ponerlo de nuevo en forma. Esperemos que la adopción de la «hoja de ruta» del Cuarteto en Oriente Próximo sea el primer paso y un verdadero signo de esperanza.

Fiori (PPE-DE).
Señor Comisario, le agradecemos las dos cuestiones políticas que ha abordado. El informe del Sr. Piétrasanta sobre el programa MEDA es un informe ampliamente compartido y construido conjuntamente: tenemos realmente unidad de propósitos. Las dos cuestiones políticas en que usted ha basado su intervención son, por una parte, la importancia del papel del Mediterráneo como frontera de Europa, pero también como zona en la que se está construyendo una gran área de política exterior de la Unión y, por otra, el hecho de que la Comisión, al pasar de MEDA 1 a MEDA 2, sin duda ha dado una mayor concreción y una mayor adecuación en el tiempo a sus intervenciones. En efecto, en las reuniones que mantenemos con los países de la orilla sur del Mediterráneo lo que se menciona constantemente es la necesidad de unos plazos burocráticos diferentes. Y desde este punto de vista tomamos nota de que la Comisión se está esforzando mucho. 
Obviamente, no volveré a citar los puntos que ha abordado ya el ponente. Quisiera detenerme en una serie de necesidades políticas que acompañan al programa de intervenciones. Sin duda necesitamos identificar nuevos programas de acción social, sobre todo necesitamos trabajar sobre la protección de las personas con discapacidades, además de sobre nuevas formas de colaboración en el ámbito de la protección de los menores. En el marco de las situaciones de las que se ocupa usted, señor Comisario, necesitamos, precisamente por razones de política exterior y del papel de la Unión Europea, insistir en una conclusión de las negociaciones Siria/UE, a fin de completar la red de acuerdos de asociación euromediterráneos, como debemos proceder cuanto antes a la selección de los proyectos de planificación de los programas financieros actualmente suspendidos entre Israel y Palestina, ya que podrían desempeñar un papel muy importante en esta área del Mediterráneo.
Concluiré subrayando la necesidad de una Asamblea parlamentaria, porque es el espacio político en el que probablemente podrían encontrar solución muchos de los procesos en curso.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siete años después de la conferencia de Barcelona, que creó la asociación Euromed, el Parlamento Europeo dispone, con el informe del Sr. Piétrasanta, de una oportunidad de recapitular sobre MEDA, el instrumento financiero de esta política. Me gustaría aprovechar la ocasión para subrayar la excelente colaboración que hemos podido mantener en el marco de este informe.
La tensa situación internacional demuestra cada día más que las economías y las sociedades de la cuenca mediterránea necesitan evolucionar hacia una mayor prosperidad, cohesión social y democracia. En efecto, esta es la manera de poder trabajar efectivamente, estamos convencidos, por aumentar la estabilidad en estas regiones y combatir el terrorismo a largo plazo.
La doble reforma que se ha efectuado, la de MEDA, que se convierte en MEDA II, y la reforma estructural de la gestión de la ayuda exterior, aporta particularmente muchos elementos novedosos y prometedores, entre los que se encuentra la creación de la Oficina de Cooperación EuropeAid. Además, esperamos mucho de los diferentes documentos estratégicos, de los programas plurianuales, de los nuevos procedimientos abreviados y simplificados. No obstante, insistimos en el aspecto relativo a la evaluación de la gestión de recursos asignados a los programas, que debe guiarse por un principio sencillo y sin embargo difícil, según parece: las cantidades presupuestadas deben gastarse efectivamente y gastarse bien. 
El proceso de Barcelona también conlleva el proyecto de creación de una gran zona de libre comercio. En un nuevo contexto, surgen nuevos interrogantes. ¿Sobrevivirá el impulso de la política mediterránea de la Unión Europea a la ampliación? ¿Qué sucede con la dimensión de cooperación Sur-Sur o con la cooperación interregional? 
Por último, no hay que olvidar que nos conviene que la distribución de estos fondos se realice de tal forma que se destine sobre todo a ámbitos prioritarios, como la cohesión social, el desarrollo de la democracia, los derechos humanos, el apoyo a la sociedad civil, la situación particular de las mujeres, la cultura, la juventud y el desarrollo sostenible. En los próximos años seguiremos efectuando nuestras evaluaciones en esta línea, bajo la mirada atenta de la Comisión.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Piétrasanta, y a la propia Comisión, porque de todos los programas MEDA que se han presentado en este caso, de todas las propuestas, ésta quizá sea la más realista y concreta y, en gran medida, la que demuestra un poco que se está tocando ya una realidad.
En este sentido, por ejemplo, creo que por primera vez hemos distinguido el terrorismo como tal, como una acción aislada de las respuestas de los Gobiernos -que también hay que condenar-. Se ha identificado el terrorismo como un fenómeno que hay que condenar en sí mismo y eliminar.
Me parece también muy interesante que se recuerde el road map y otros apoyos a la integridad del Iraq. Sin embargo, quiero decir, y en eso coincido con el Sr. Piétrasanta, que nuestra política mediterránea tiene una serie de agujeros negros o puntos oscuros y es esencialmente asimétrica. Creo que hay que hacer un esfuerzo para darle una mayor coherencia.
Por ejemplo, como al Sr. Piétrasanta, me parece que hay poquísima inversión respecto a la "capacity building" y a la estructura de unas administraciones capaces de llevar a cabo la democracia. Tal y como tenemos la estructura de los países, y de muchos de sus servicios de la administración económica, entre otros, es muy difícil, porque la democracia no consiste en celebrar unas elecciones, sino en construir un sistema completo, que tiene que ser mucho más visible y sistemático. Además, tenemos que ayudar a entender a los países mediterráneos con los que vamos a colaborar, y a quienes se les da una gran ayuda, que la ayuda tiene que estar aparejada a un sentido profundo de responsabilidad, dentro de unas reglas de juego que no admiten la máxima tolerancia, sino la mínima. Me refiero, por ejemplo, a la administración de los fondos recibidos, lo mismo que otros fondos que muchas veces pueden ir dirigidos incluso a algunos sistemas de represión, o estar mal utilizados.
Creo que tenemos que demostrar que la democracia significa un Estado consolidado y transparente, sin el cual no puede haber democracia, no nos hagamos ilusiones. Lo mismo digo para la Asamblea que queremos crear. Tenemos que ser exigentes y poner condiciones democráticas que han de cumplirse. De lo contrario, sólo conseguiremos tener una representación asimétrica.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.20 horas)
