Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 abril de 1999.

Elogio póstumo
El Presidente
Señorías, lamento tener que comunicarles que, la semana pasada, nuestro antiguo colega el vicepresidente Hans Peters falleció. Muchos de los que aquí estamos hemos sido testigos de su acción importante en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento, que no era sino una manifestación más de su constante dedicación a los temas sociales y sindicales que le trajeron a esta Asamblea.
Muchos de nosotros también sabemos del especial empeño que puso en ocuparse de las cuestiones inmobiliarias en el seno del grupo especializado de la Mesa de nuestro Parlamento.
Dedicó todo su esfuerzo a esta Asamblea durante muchos años y, por ello, creo que, de acuerdo con nuestra tradición, puedo pedir a ustedes un minuto de silencio en recuerdo de nuestro compañero.
El Parlamento observa un minuto de silencio

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del viernes 16 abril de 1999 ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Maes
Señor Presidente, quiero protestar al inicio de este periodo de sesiones porque me han impedido organizar un coloquio sobre el proceso de paz en el País Vasco al que estaban invitados todos los partidos firmantes del Acuerdo de Lizarra. En cambio, me mandaron con todos los invitados al pabellón de los visitantes. Me parece que el Presidente de este Parlamento, que ha hecho todo lo posible para mantener este coloquio fuera de las salas del Parlamento, no ha actuado como un Presidente del Parlamento, sino como un correligionario del Sr. Aznar y lo lamento.

El Presidente
Señora Maes, usted dispuso de una sala en la que pudo reunirse con las personas que estimó conveniente invitar. Fue una sala de visitantes, y se estableció así precisamente ante la previsión -que había formulado usted a los servicios de esta Asamblea- de que iba a haber un número elevado de visitantes. Por tanto, no se hizo más que adoptar las normas habituales para reuniones de este tipo. Nadie le impidió a usted reunirse -y de hecho mantuvo usted una conferencia de prensa con las personas que vinieron- y se la trató como a cualquier otro diputado en un caso semejante.

Corbett
Señor Presidente, hoy es el primer día en que va usted a aplicar nuestro nuevo Reglamento. Espero que eso facilite y, de hecho, acelere la labor de esta Asamblea, en particular durante el turno de votaciones.
Sin embargo, uno de los nuevos artículos es menos importante dentro que fuera de la Asamblea. Me refiero al apartado 3 del artículo 9, que se refiere a los antiguos diputados a esta Asamblea. Hasta ahora hemos tenido dos categorías de antiguos diputados: los simples antiguos diputados y los diputados honorarios. Algunos de los llamados diputados honorarios han utilizado ese título de un modo que hace creer al público que siguen siendo diputados a esta Asamblea. Ésa es la razón por la que se ha modificado ese artículo: para abolir esa distinción entre diferentes categorías de antiguos diputados. En otras palabras, el sistema de diputados honorarios dejará de existir.
Como eso es particularmente importante antes de una campaña electoral, en la que algunos diputados honorarios están utilizando deliberadamente el título para dar la impresión de que siguen siendo diputados a esta Asamblea, quisiera instarle a que escriba lo antes posible a todos los que aún tienen ese título para informarles sobre el nuevo artículo y la nueva situación.

El Presidente
Como sabe Su Señoría, por ser uno de los autores del nuevo Reglamento, el apartado 3 del artículo 9 dispone que las cuestiones relativas a los derechos y privilegios de los antiguos diputados requieren una decisión de la Mesa. Ésa es la única opción. Ni la Mesa ni el texto del Reglamento dicen que sea necesario abolir la condición de diputados honorarios. Hace unos años, la Mesa decidió que no se crearían nuevos diputados honorarios. Cualquiera que haya sido diputado a esta Asamblea -honorario o no- tiene los mismos derechos y privilegios establecidos por la Mesa. En la práctica, sería imposible escribir a todos los diputados honorarios para informarlos de que han dejado de serlo. Eso no figura en el Reglamento y la Mesa no ha adoptado esa decisión. Si Su Señoría quiere que la Mesa examine de nuevo esa cuestión, tomaré nota y lo incluiré en el orden del día de la Mesa para que adopte una decisión al respecto.

Evans
Señor Presidente, el viernes de la semana pasada una bomba estalló en una zona muy concurrida del centro de Londres. Tres personas murieron y muchas más recibieron heridas horribles que en muchos casos las dejarán marcadas y discapacitadas para el resto de su vida. Fue el tercer ataque de ese tipo en las últimas semanas. Sanguinarias bombas de clavos fueron colocadas deliberadamente en zonas concurridas, frecuentadas y pobladas por comunidades minoritarias de Londres, personas que normalmente viven muy satisfechas y alegres en la ciudad vibrante, mixta y multicultural que es Londres.
Estoy seguro de que todos Sus Señorías se sumarán a mi condena de esa clase de ataque vergonzoso, ya lo perpetren racistas, la extrema derecha o quien sea, y que todos haremos campaña para poner fin a esa violencia indiscriminada, en particular en las próximas semanas que precederán a las elecciones europeas. Además, me alegraría, señor Presidente, que enviara un mensaje de condolencia a los heridos y a los deudos en nombre del Parlamento Europeo.
Aplausos

El Presidente
Lo haré y tomaré nota de que la Asamblea ha apoyado unánimemente las palabras de Su Señoría. Ese caso terrible demuestra que hay que luchar continuamente contra el racismo y la xenofobia. No basta con designar un año para luchar contra él. Reaparece año tras año.

Lienemann
Señor Presidente, acabamos de saber que el Consejo de Ministros ha tomado la decisión de incorporar a la administración europea a los asalariados del grupo de Schengen que trabajan para el Consejo. Usted sabe que esta decisión tiene repercusiones para nuestro Parlamento, ya que los principios del acuerdo interinstitucional permiten que un funcionario europeo pueda convertirse en funcionario del Parlamento en cualquier momento. Encuentro totalmente escandaloso que se pueda aceptar el reclutamiento de funcionarios sin que haya habido concurso, como establece la ley con carácter general. Usted sabe hasta que punto la opinión pública se preocupa, y con toda la razón, por el respeto a estas normas. Le pregunto pues, señor Presidente, qué piensa hacer para que el Consejo revoque su decisión y aplique el procedimiento habitual en materia de reclutamiento, tanto para estos como para todos los funcionarios.

Presidente
Señora, lo que yo puedo hacer es informarme primero y preguntar al Consejo lo que ha pasado realmente y las razones de esta decisión. Sea lo que sea, corresponderá, llegado el caso, a los grupos de este Parlamento, del próximo Parlamento, adoptar las resoluciones necesarias para hacer que se cumplan las normas. Mientras tanto, lo que voy a hacer es preguntar al Consejo cuales son exactamente las decisiones adoptadas y por qué razones.

Eriksson
Señor Presidente, quisiera volver a lo que usted dijo antes de que empezásemos a hablar del acta, es decir, que cada día y en cada momento, y no solamente de vez en cuando, tenemos que combatir el racismo y las discriminaciones de todo tipo. Aquí en el Parlamento acostumbramos a tomar partido a favor de los derechos humanos y en contra de las discriminaciones por raza, sexo, religión o preferencia sexual.
Es a la luz de esto que quisiera pedir una explicación, una buena explicación -he dicho una muy buena explicación- de la Mesa y del Colegio de Cuestores sobre los motivos para no permitir la exposición que yo había invitado y a la que anteriormente se había dado autorización. Se trata de la exposición sueca Ecce Homo, que justamente se ocupa de las preferencias sexuales y de la discriminación en torno a ellas.

El Presidente
Señora Eriksson, usted sabe que las exposiciones que se hacen en este Parlamento no deben ser exposiciones que vayan contra el sentimiento de Grupos de esta misma Asamblea. La comisión artística opinó que, en estas condiciones, no debía realizarse esa exposición y los Cuestores tomaron la decisión de no autorizarla. Por tanto, esa es la decisión procedente.
Una cosa es el respeto a las minorías y otra es que las minorías puedan imponer sus sentimientos, o su manera de ver las cosas, a otras personas -minorías o no- que los tengan distintos. Eso es el respeto de la libertad, que no tiene nada que ver con el respeto del derecho de las minorías.

Kokkola
Señor Presidente, tal vez estén informados, usted y el resto de la Asamblea, de que en esta terrible guerra que tiene lugar en los Balcanes, entre los muchos accidentes ocurridos, un misil ha alcanzado un autobús y han muerto sesenta personas, entre ellas quince niños. Creo que debemos, cuanto menos, enviar nuestro pésame a los familiares y condenar estos actos.
Perdone mi emoción, pero, ¿sabe usted?, han caído cohetes también en Bulgaria...
Ha habido muchos errores, y no podemos limitarnos a pedir perdón. Hemos de conducirnos, al menos, como nos conducimos en todos los asuntos.
Aplausos

El Presidente
Señora Kokkola, en el orden del día está previsto precisamente el tema de Kosovo. En el marco de ese debate de urgencia se pueden hacer todos los pronunciamientos que el Parlamento, por mayoría, estime necesario. Yo creo que es ese, y no otro, el cauce adecuado.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, creo que nos hemos quedado en la aprobación del Acta. Quisiera que se pronunciara a favor de rechazar la parte 2 del Acta, tal y como aparece en la página 6. En efecto, usted ha tomado la decisión de declarar inadmisible una moción de censura presentada por 66 diputados pertenecientes a todos los grupos políticos. De esta forma usted ha cuestionado un derecho inherente a todo diputado. Me parece que lo ha hecho aplicando un fundamento jurídico erróneo, y adoptando además como pretexto un argumento político, el de un eventual rechazo de esta moción de censura, en tanto que la inadmisibilidad solo debe apreciarse, evidentemente, en función de criterios jurídicos.
Lo ha hecho incluso a pesar de que la Comisión, todos lo vemos y lo percibimos, continúa su singladura como si nada hubiese pasado desde el 14 de Enero. Y sobre todo, lo ha hecho arriesgando el futuro, porque a cualquier Comisión amenazada con una moción de censura le bastaría con dimitir para tomar la iniciativa y neutralizar así los efectos de dicha moción de censura. Me opongo a esta parte del Acta apoyándome en estos tres elementos, porque es una cuestión muy importante de cara al futuro. Desearía que esta parte fuera sometida a votación.

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, el procedimiento de aprobación del Acta tiene como objetivo ver si el acta refleja exactamente o no lo que ha sucedido. No contempla la posibilidad de volver sobre las decisiones que se han adoptado, sobre todo sobre una decisión que no ha sido sometida a votación, aunque hubiera obtenido el respaldo de la gran mayoría de la Asamblea. Pero esa decisión no ha sido sometida a votación porque no era necesario. Es cierto que si se pudiera volver sobre las decisiones modificando el Acta, dejaría de respetarse el reglamento. Bien sabe usted que no voy a someter esta decisión a votación.
Exclamación: « Bravo, señor Presidente».

Svensson
Señor Presidente, tomando como base su respuesta del Sr. Eriksson, en la que usted explicó los motivos para no autorizar la exposición Ecce Homo aquí en el Parlamento, pregunto: ¿Cómo es posible que se autorizase una exposición de un grupo de presión italiano que abogaba contra el aborto, en contra del derecho de la mujer al aborto? ¿No se ultrajó de esta manera a un gran grupo de personas?

El Presidente
Mire usted, la otra exposición habrá podido celebrarse porque responde a las reglas de la Asamblea. Cuando los Cuestores dicen que una exposición no puede celebrarse porque tiene un tema controvertido, hay dos soluciones: pedir a la Mesa que cambie las reglas de las exposiciones o que no lo haga. Pero mientras dichas reglas estén en vigor, hay que atenerse a ellas. Los Cuestores las han interpretado correctamente. No es razón de cambiar su decisión.
El Acta queda aprobada

Composición de los grupos políticos
El Presidente
Informo a sus Señorías de que el Sr. Charles de Gaulle ha sido excluido del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones y que, a partir del 19 de abril último, forma parte de los diputados No Inscritos.

Duhamel
Señor Presidente, una cuestión relativa al reglamento, en relación con el orden en el hemiciclo. ¿No puede el Parlamento pedir que « de Gaulle « cambie de nombre para respetar el honor de Europa?

El Presidente
Señor Duhamel, eso no es una cuestión de procedimiento y su intervención no es acorde con la dignidad de la Asamblea. Las decisiones políticas de cada cual pertenecen a uno mismo, a su conciencia y a sus electores.

Janssen van Raay
Tengo una moción de orden, señor Presidente, sobre los artículos 2, 5 y 119 del Reglamento. Los Cuestores han tomado una decisión a última hora con motivo de mi carta de agosto del año pasado que puede ser objeto de apelación. Ahora incoaré un proceso en el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo con la cuestión de principios: ¿quién determina el orden de trabajos de los diputados elegidos, con todo tipo de sanciones económicas, nosotros mismos o la Mesa? Si gano, y lo ganaré, se devolverán las multas que han sido retenidos indebidamente a mis colegas. Respecto de las Islas Kai, ya hablaré mañana sobre ellas.

El Presidente
Sin duda se lo agradecerán, señor Janssen van Raay.
Me pide la palabra el Sr. Bru Purón.

Bru Purón
Señor Presidente, en la tribuna del hemiciclo se encuentra hoy una representación de milicianos republicanos de nuestra Guerra Civil. A su edad han venido hasta Estrasburgo y creo que se merecen un saludo por nuestra parte.
Grandes aplausos

Orden de los trabajos
El Presidente
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes.
Les informo a ustedes de que, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, algunos informes legislativos inscritos en el orden del día de este periodo parcial de sesiones cambian de procedimiento. Los detalles relativos a estos informes figuran en el Acta de la presente sesión.
El Presidente da lectura a las modificaciones del orden del día del lunes y martes

El Presidente
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones solicita que se retire del orden del día el informe de la Sra. Miranda de Lage sobre el acuerdo de colaboración entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene la palabra el Sr. van Dam para presentar esta solicitud.

Van Dam
Señor Presidente, en el proyecto definitivo de orden del día del miércoles próximo figura como último tema la recomendación de nuestra colega Mirande de Lage sobre el acuerdo de colaboración con México. Le propongo eliminar este tema del orden del día porque dicho acuerdo es todavía objeto de negociaciones.
Al aprobar el acuerdo de transición con México, hace un año exactamente, este Parlamento se pronunció claramente expresando que el acuerdo general no se aprobaría antes de que los resultados finales de las negociaciones con México estuvieran disponibles. Ahora bien, estas negociaciones están aún en curso. En diversos ámbitos, como el de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, se necesitan todavía unos progresos considerables.
La inminente aprobación del acuerdo de colaboración significaría dar un cheque en blanco a los negociadores y sería por ende una negligencia en las responsabilidades de este Parlamento.
Por otra parte, no se entiende tampoco por qué el acuerdo tendría que ser debatido en este periodo de sesiones. En el próximo periodo tendríamos la posibilidad de disponer de una evaluación mucho más ponderada por parte del Parlamento.
Por lo tanto, propongo al Pleno que no se debata el acuerdo con México en esta semana.

Hindley
Señor Presidente, quisiera hacer tres breves observaciones contra el aplazamiento.
En primer lugar, existen razones muy poderosas para oponerse al acuerdo UE/México relativas a los derechos humanos. Sin embargo, existen razones aún más poderosas para votar a favor. La Asamblea debe escucharlas y debatirlas y adoptar una decisión al respecto. Con el aplazamiento no se consigue nada absolutamente. Las negociaciones han durado cinco años. Con el aplazamiento nada ganamos. Me gustaría que este Parlamento cumpliera con su deber al respecto. Si se aplaza, se transmitirá este asunto a un Parlamento recién elegido que estará relativamente poco familiarizado con él.
La segunda observación es la siguiente: entiendo que muchos diputados a este Parlamento, incluido yo mismo, se sienten presionados por organizaciones no gubernamentales para que lo aplacen. Permítaseme decir, como amigo y admirador respetuoso de muchas ONG -y que se fía en gran medida de sus consejos-, que, si lo aplazáramos, estaríamos concediendo en realidad a las ONG el derecho de afirmación o veto de este acuerdo. Nada nuevo va a aparecer. Sería una abrogación de nuestros deberes. Nos presentamos a unas elecciones y las ganamos. A nosotros corresponde decidir políticamente si debe salir adelante o no.
Mi observación final es para responder a la afirmación del Sr. Van Dam de que se trata de un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Si damos nuestra conformidad al Informe Miranda -y yo abogo por que la demos y por que no lo aplacemos-, se creará precisamente el marco en el que se podrán mencionar las cuestiones relativas a los derechos humanos. Establecerá el diálogo político que permitirá juzgar sobre los derechos humanos y dicho diálogo deberá decidirse -repito-en el nivel político y también la votación. Así, pues, no soy partidario de que se aplace más la votación.

El Presidente
Someto a votación la solicitud del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones
El Parlamento rechaza la solicitud

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, si lo he entendido bien, se acaba de anunciar que se pospone la resolución sobre la cumbre de Colonia. Eso significa, Presidente, que tengo un problema. Tenemos un problema. Hemos recibido las resoluciones de todos los grupos parlamentarios. Además, ya hemos establecido un plazo para las negociaciones: mañana por la mañana a las once. No sé porqué se hace ahora esta propuesta. Sí sé que el Grupo Socialista ha entregado un texto muy corto con sólo unas cuestiones y tal vez los otros textos ofrecen la posibilidad de modificarlo un poco pero, Presidente, no entiendo por qué de repente se pospone al martes algo que deberíamos haber hecho ya la semana pasada.

El Presidente
Señora Oomen-Ruijten, lo único que se ha hecho es prolongar el plazo de presentación de enmiendas hasta mañana martes a las 12.00 horas. No se ha cambiado la decisión ni su votación. Lo único que se ha hecho es extender el plazo de presentación de enmiendas, lo cual, normalmente, suele favorecer el consenso, aunque no siempre sea así.
El Presidente da lectura a las modificaciones del orden del día del jueves
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado)

Solicitud de suspensión de la inmunidad (Sr. Féret)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0210/99) del Sr. Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Feret.

Wijsenbeek
Señor Presidente, este es mi último informe en mi último periodo de sesiones después de quince años de servicios a este Parlamento. Es el noveno informe de esta legislatura pero no le voy a aburrir con todas las estadísticas; lo lamentable es que no es una cuestión muy agradable realmente y aquí no se trata de una legislación o el fomento de la integración europea, sino de un tema de inmunidad parlamentaria.
A pesar de todo, sí se pueden hacer algunas observaciones al respecto en sentido general, señor Presidente. Pero empezaré hablando un momento sobre la cuestión misma. Se trata de uno de nuestros colegas, a quien se le acusa de no haber cumplido con su deber en relación con la excesivamente intrincada legislación social belga, en particular, en relación con un trabajador suyo. Todos nuestros miembros deben cumplir naturalmente con las obligaciones legales belgas en relación con los trabajadores que tengan empleados en Bélgica. Pero, señor Presidente, el implicado lo niega e incluso nos ha mostrado pruebas de que ha escrito cartas a la seguridad social belga manifestando que sí estaba dispuesto a cumplir con esas obligaciones, pero nunca ha recibido respuesta a ellas. Los hechos fueron cometidos en 1995 y sólo en 1999 el Reino de Bélgica nos solicita la suspensión de la inmunidad parlamentaria.
Señor Presidente, esos son los hechos. Hemos de añadir que se produce el curioso hecho de que en Bélgica una persona procesada no puede participar en las elecciones y eso nos dio que pensar, sobre todo después de haber visto las pruebas del mismo implicado.
Señor Presidente, a continuación pedimos información más detallada al Reino de Bélgica y sólo recibimos una confirmación del suplicatorio de suspensión tal como habíamos recibido en primera instancia, es más, a posteriori resulta que se había cursado solamente el suplicatorio para que de esta forma se interrumpiera su prescripción. Por lo tanto, señor Presidente, hemos estimado proponerle, siguiendo nuestra jurisprudencia, siguiendo nuestras normas establecidas de que la inmunidad parlamentaria no protege al miembro mismo, sino a toda la Asamblea y a este Parlamento, que no se suspenda la inmunidad parlamentaria. Esto lo decimos en particular porque opinamos, en la línea de mis ilustres precursores, Georges Donnez y Jean Defraignes, que se trata aquí en cierto modo del «fumus persecutionis».
Señor Presidente, permítame de todos modos terminar esta intervención con una observación general. Dentro de poco entrará en vigor un estatuto con un régimen común para todos los miembros de este Parlamento. Sin embargo, falta todavía un elemento en este estatuto común, que concierne a la inmunidad parlamentaria. Porque siguen existiendo todavía diferencias según la nacionalidad en relación con el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades, y eso está en contradicción con el artículo 6 del Tratado. Todos nuestros miembros gozan en su propio país, pues, de la misma inmunidad que tienen los miembros de sus parlamentos nacionales, mientras que aquí deberíamos ser iguales y por lo tanto deberíamos tener el mismo estatuto. Para darle un ejemplo: para los miembros franceses toda acción política está protegida por esa inmunidad, también si tiene lugar fuera del Parlamento. Para los británicos y neerlandeses, por ejemplo, no hay, en absoluto, inmunidad en el propio país, con excepción de lo se diga en la sesión del Parlamento. Va siendo hora, señor Presidente, de que nuestros sucesores y la futura Comisión que se ocupe del Reglamento, presenten una propuesta de modificación del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades con el fin de que todos seamos iguales en esta Asamblea. Esto es algo, señor Presidente, por lo que he luchado en todos estos años aquí, y esto también es aplicable entonces a este caso específico.

El Presidente
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. Todos los que estamos aquí somos testigos del tiempo, el esfuerzo y la plena dedicación que usted ha prodigado a esta Asamblea durante todos estos años. Creo que, como Presidente -y no se trata sólo de una obligación moral sino de algo que hago con mucho gusto- tengo que agradecerle a usted, en nombre de la Asamblea, toda la dedicación, el esfuerzo y el acierto que ha puesto en sus trabajos.
Aplausos

Ford
Señor Presidente, quisiera hacerme eco de sus observaciones diciendo que vamos a echar de menos al Sr. Wijsenbeek. En parte será en el sentido positivo y en parte en el negativo, ya que el Sr. Wijsenbeek era uno de los más interesantes diputados a esta Asamblea. En nombre del Grupo Socialista, quisiera decir que vamos a apoyar el Informe Wijsenbeek sobre la suspensión de la inmunidad del Sr. Daniel Féret. Al hacerlo, expresamos nuestra decepción respecto de las autoridades belgas, que, tras formular graves acusaciones sobre uno de nuestros colegas y la administración de su oficina y el pago a su asistente, no ha aportado -en mi opinión, al menos- documentación adecuada. El Sr. Féret y yo tenemos opiniones políticas profundamente diferentes. Francamente, espero que sea derrotado en las elecciones belgas, pero no puedo permitir que se lo retire de ellas a partir de esas acusaciones contra él que hasta ahora no se han probado. Por esa razón, vamos a apoyar el informe para mantener su inmunidad y, en consecuencia, permitirle presentarse a las elecciones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Ford.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Solicitud de suspensión de la inmunidad (Sr. Moniz)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-262/99) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Fernando Moniz.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, voy a empezar mi intervención donde la ha dejado el Sr. Wijsenbeek, uniendo mis palabras a las que ya se han dicho: vamos a echar de menos en esta Asamblea al Sr. Wijsenbeek.
Señor Presidente, el problema que nos hace ver la suspensión de las inmunidades de que hoy tratamos no es ni más ni menos que una parte de un problema general. Este problema general es que esta Asamblea no cuenta todavía con un estatuto único para sus diputados. Es una rémora histórica que hoy en día ya no tiene razón de ser. Ciertamente, la regulación de los privilegios e inmunidades -que data del año 1965- se remonta a un momento en que este Parlamento era una mera asamblea parlamentaria en donde, todavía, su grado de representatividad de una ciudadanía europea estaba en el reino de la utopía. Hoy ya no es así. Hoy, realmente, no tiene sentido que todavía existan muchísimas diferencias entre unos representantes y otros, cuando la realidad es que, a partir del Tratado de Maastricht y, más aún, del Tratado de Amsterdam, se va abriendo paso la realidad de esa ciudadanía europea que reclama a voces que sus representantes participen de un régimen común en todos los aspectos, pero, desde luego y en particular, en el aspecto de la suspensión de la inmunidad parlamentaria.
En efecto, señor Presidente, la segunda reflexión debe ser sobre la inmunidad. La inmunidad no es un privilegio. La inmunidad es una salvaguarda de la Asamblea. La inmunidad, por lo tanto, es una cuestión de orden público y en el caso que me ocupa, el del Sr. Moniz, el Sr. Moniz en un momento determinado pidió que se le levantase la inmunidad parlamentaria, algo que ha sido tenido en cuenta en la resolución de la Comisión de Reglamento, que por unanimidad votó la suspensión de la inmunidad, pero no por razón de la voluntad del Sr. Moniz de comparecer ante la Administración de Justicia, sino porque se cumplían los requisitos. Se cumplían los requisitos que, en este caso, nos hacen remitirnos del Acta de 1976, a la regulación sobre privilegios e inmunidades en el Derecho primario, y de ahí a la Constitución portuguesa e incluso al Derecho procesal portugués.
En el caso que nos ocupa, señor Presidente, la suspensión de la inmunidad parlamentaria no plantea dudas puesto que los hechos que se imputan al Sr. Moniz no tienen nada que ver con su actividad parlamentaria. Y, además, hay que destacar que se ha instruido un procedimiento que despeja cualquier idea, incluso lejana, de una imputación no fundada. Indudablemente, que la imputación sea fundada no quiere decir que el Sr. Moniz sea culpable, pero para eso están los tribunales y, en este caso, el Sr. Moniz, como cualquiera de nosotros, tiene que entender que ser representante de los ciudadanos europeos significa ser un ciudadano más en todo lo que respecta a las responsabilidades, y únicamente en aquellos aspectos en que está en juego el interés de la representación que se ostenta, debe haber unas ciertas salvaguardias contra quienes pudieran abusar, en detrimento de la institución, en detrimento del Parlamento, en detrimento de la ciudadanía, de los procedimientos procesales.
Por lo tanto, señor Presidente, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades votó esta tarde, por unanimidad, a favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Moniz, lo que permitirá que él comparezca ante la justicia, como era su voluntad.
En otro orden de ideas, señor Presidente, cabría pensar si tiene sentido que, en las últimas semanas de la actual legislatura, esta Asamblea se pronuncie sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un colega que nos hizo saber que no se iba a presentar a la elecciones. Pues bien, aquí tengo que hacerme portavoz de la resolución de la Comisión de Reglamento, que se incorporará a esa doctrina que, con constancia y a lo largo de los años, viene estableciendo, y es que este Parlamento no se disuelve y que este Parlamento tiene que regular, tiene que resolver sobre los problemas que se le plantean desde el primer hasta el último día de su mandato. En este caso, por esas razones, hemos aprobado esta resolución.

El Presidente
Muchas gracias, señora Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Anexo V del Reglamento
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0216/99) del Sr. Fayot, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del Anexo V del Reglamento del Parlamento Europeo.

Fayot
Señor Presidente, este es -quisiera decir unas palabras sobre este tema- el último informe de la difunta Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. En esta ocasión quisiera, evidentemente, expresar mi agradecimiento a mis colegas, y en particular, a todos los que durante largo tiempo formaron parte de esta comisión, y a modo de ejemplo quisiera mencionar evidentemente a M. Wijsenbeek. Igualmente quisiera expresar mi agradecimiento a la Secretaría de esta comisión, que ha hecho siempre un excelente trabajo para que nuestro reglamento estuviera a la altura de las necesidades del trabajo parlamentario.
En lo sucesivo, a partir de la próxima legislatura, las competencias de esta comisión, de esta difunta Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, se repartirán entre dos grandes comisiones: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Asuntos Institucionales. Esto pone de manifiesto la importancia de las competencias, ya que ahora se van a tener que repartir entre dos importantes comisiones.
Señor Presidente, respecto al informe que nos ocupa, versa sobre el anejo V de nuestro reglamento, especialmente en todo lo relacionado con la aprobación de la gestión. Usted se acuerda que el examen del anejo V en nuestra comisión comenzó con una carta de la Sra. Theato, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que abordaba concretamente la cuestión de si el artículo 5 de este anejo V que prevé la mayoría absoluta para rechazar la aprobación de la gestión, era compatible con las disposiciones del Tratado. El pasado mes de diciembre tuvimos una larga discusión tanto sobre este aspecto como sobre si se podía, después de todo, enmendar la propuesta de decisión. En aquel momento adoptamos una línea de interpretación que el Pleno ha secundado, y también dijimos que ibamos a volver a abordar este anejo V en su totalidad.
Eso es lo que hemos hecho en el marco de este informe, y quisiera añadir que lo hemos hecho en estrecha colaboración con la Comisión de Control Presupuestario. Quisiera expresar mi gratitud muy especialmente a su presidenta la Sra. Theato, que desgraciadamente no puede estar entre nosotros, y también por supuesto al ponente de la opinión particular de esta comisión, la Sra. Kjer Hansen, así como a todos los miembros de esta comisión, que han hecho un excelente trabajo, ya que estas aportaciones han tenido relación directa con el desarrollo de este procedimiento.
Se han presentado numerosas enmiendas a mi proyecto de informe, todas, sin embargo, en el mismo sentido. No ha habido divergencias fundamentales sobre el procedimiento a seguir. La cuestión esencial consistía en deshacerse de ese artículo 5, de esa mayoría absoluta, y situar el rechazo en el mismo plano que la concesión, y asimismo concretar el procedimiento en caso de aplazamiento. Quisiera pues, recordar que, en el nuevo artículo 3, el procedimiento para la concesión o para el rechazo es objeto de tres propuestas.
Primero, una propuesta de decisión en relación con la aprobación o el rechazo, evidentemente por mayoría simple. A continuación una segunda propuesta de decisión que prevé el cierre de las cuentas. Supone también una innovación importante al permitir separar por un lado, el cierre de las cuentas -una especie de procedimiento técnico simple, pues, para verificar si se han llevado bien las cuentas- y por otro, la discusión o la opinión del Parlamento sobre la gestión de la Comisión en materia presupuestaria. Finalmente, también hay una tercera propuesta -una propuesta de resolución- y, en esta propuesta de resolución el Parlamento hace sus observaciones sobre la gestión presupuestaria de la Comisión. Según nuestro reglamento esta es la única propuesta de resolución que puede enmendarse, si el Pleno la acepta, como nosotros proponemos.
Para terminar, también planteamos un procedimiento muy preciso en caso de aplazamiento y ello es así, aquí también, a fin de subrayar la necesidad de continuar con el procedimiento y no de dejarlo tal cual. Finalmente, un último artículo prevé el examen en el Pleno. Las dos enmiendas introducidas no modifican en lo fundamental las diligencias alumbradas por la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades y por lo tanto, tampoco alteran la filosofía general.
Señor Presidente, espero que este nuevo anexo facilite el trabajo de la Comisión de Control Presupuestario y del Parlamento. Pienso que habrá un reforzamiento y un mejor seguimiento de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión en materia de control de la gestión presupuestaria y espero que, con este reglamento, nuestro Parlamento pueda hacer un trabajo todavía mejor en materia de control de la gestión presupuestaria de la Comisión.

Corbett
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando al Sr. Fayot no sólo por su informe, sino también por su presidencia de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades en estos últimos años. Ésta ha sido en verdad una presidencia excelente.
Quisiera tranquilizarlo diciéndole que la comisión no va a quedar absorbida en la Comisión de Asuntos Institucionales: va a combinarse con esa comisión para crear una nueva Comisión de Asuntos Constitucionales, que será muy importante en esta Asamblea.
La cuestión que tenemos ante nosotros se debe a que los propios Tratados no son claros sobre lo que debe ocurrir, si el Parlamento no concede la aprobación de la gestión. Nosotros mismos, como Parlamento, interpretamos el derecho a conceder la aprobación de la gestión en el sentido de que también teníamos el derecho a denegarla. Esa interpretación es compartida por las demás instituciones y se está practicando desde hace algunos años.
Sin embargo, el Tratado no habla de lo que debe ocurrir, si el Parlamento deniega la aprobación de la gestión. Nosotros, como Parlamento, interpretamos durante muchos años que, si el Parlamento denegaba la aprobación de la gestión, la Comisión afectada, de seguir en funciones, debería asumir las consecuencias necesarias y dimitir: tenía que marcharse. En otras palabras, la denegación de la aprobación de la gestión en sí misma equivalía en cierto modo a una moción de censura de la Comisión. La propia Comisión, por mediación del Sr. Tugendhat, cuando era Comisario de presupuestos, pareció aceptar esa interpretación. Ésa es la razón por la que hemos indicado en el Anexo V de nuestro Reglamento que necesitábamos no una mayoría simple, sino también una mayoría especial de los diputados a la Asamblea -una mayoría absoluta- para denegar la aprobación de la gestión, porque, si no, la denegación de la aprobación de la gestión podría haber sido una salida por la puerta de atrás para censurar a la Comisión por una mayoría menor que la normalmente necesaria, con arreglo al Tratado. Así, pues, para proteger el Tratado fue para lo que incluimos ese requisito de una mayoría especial en nuestro Reglamento.
Sin embargo, todo eso resultó socavado por los acontecimientos del pasado mes de diciembre, cuando algunos diputados a esta Asamblea -algunos Grupos, de hecho- deseaban denegar la aprobación de la gestión, pero mantener a la Comisión. Eso era contradictorio y el Parlamento se vio obligado a abordar ese asunto mediante una moción de censura por separado de la Comisión, con lo que se destruyó la vinculación directa entre la denegación de la aprobación de la gestión y la consecuencia de la salida de la Comisión.
Otro problema que surgió fue el de que en aquel momento probablemente no hubiera ni una mayoría en la Asamblea para conceder la aprobación de la gestión ni una mayoría absoluta para denegarla, por lo que el Parlamento estaba preso entre esos dos requisitos de mayorías diferentes de su Reglamento. Por esa razón, fue necesario revisarlo. Así lo ha hecho la Comisión de Reglamento; nos hemos basado en gran medida en la opinión emitida por la Comisión de Control Presupuestario. En los casos en que no lo hemos hecho, mi Grupo ha presentado dos enmiendas que rectificarán esa situación y acabarán, de hecho, con una contradicción que en este momento existe -nos parece- en el informe. Así, pues, con ello volveremos a necesitar una mayoría simple para conceder y para denegar la aprobación de la gestión. Ahora bien, la consecuencia es que en adelante la denegación de la aprobación de la gestión es una simple reprimenda contra la Comisión, no una forma de censurarla. Si el Parlamento denegara la aprobación de la gestión, tendría que debatir después por separado cuáles deberían ser las consecuencias, si la Comisión no las sacaba.

Rack
Señora Presidenta, las decisiones concretas deberían verse posibilitadas por las normas del Reglamento y, a ser posible, verse facilitadas, en vez de verse dificultadas cuando no impedidas. Lamentablemente, éste no ha sido siempre el caso y al motivo concreto acaban de aludir expresamente ahora el Presidente de la Comisión de Reglamento, Ben Fayot, así como nuestro colega, el Sr. Corbett. Recordemos: en el procedimiento de aprobación de la gestión para 1996 se hicieron patentes irregularidades y contravenciones del Tratado porque precisamente el Anexo V había dispuesto para la denegación de la aprobación de la gestión una mayoría más grande que la que prescribe el propio Tratado en el artículo 141 del Tratado CE. Este era el problema central. Nuestro colega, el Sr. Corbett, ha aludido a que en este Parlamento existía una opinión de hacer de este texto contractual, relativamente claro, algo diferente de lo que figuraba y figura en el texto del Tratado. Esto condujo también luego a que a lo largo de la aprobación de la gestión para 1996 hayamos tenido los problemas de los que ya se ha hablado.
Desde esta situación el presidente de la Comisión de Control Presupuestario pidió el 15 de enero de 1999 en esta Asamblea por encargo de la comisión que la Comisión de Reglamento aclarase qué es lo que el Tratado prevé exactamente o que se neutralizase esta acumulación de no aprobaciones de la gestión y de posibles votos de desconfianza. Esto es lo que ha hecho ahora. Hemos dado nuestras más cordiales gracias al presidente de la Comisión de Reglamento, el Sr. Ben Fayot, -y en este punto coincido plenamente con nuestro colega, el Sr. Corbett- por haber tratado de una manera tan rápida y tan cooperativa el deseo que manifestó la Comisión de Control Presupuestario a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Queremos dar las gracias al Sr. Fayot por su trabajo en la Comisión en general, y el hecho de que esta Comisión no vaya a existir más en esta forma, no debe implicar ahora -y éste es un último punto en el que coincido con nuestro colega, el Sr. Corbett- un juicio negativo del trabajo de la Comisión y, menos aún, del trabajo de su presidente, sino que se trata propiamente de que en el futuro queremos tener agrupadas las cuestiones que sean importantes desde el punto de vista de su contenido. Desde esta perspectiva una parte significativa del trabajo de la Comisión de Control Presupuestario estará bien recogida en la futura Comisión de Asuntos Constitucionales.

Kjer Hansen
Señora Presidenta, con este informe tampoco solucionamos el problema de qué consecuencias tiene para la Comisión que el Parlamento no apruebe la gestión. Esta cuestión compete al Tratado, sin embargo, tenemos directrices internas claras sobre qué procedimientos podemos utilizar en el Parlamento. Celebro que ya no tengamos que emplear horas y horas en discutir los posibles procedimientos, pues ahora disponemos de normas claras. De ahí que quiera expresar mi agradecimiento a mis colegas y especialmente al Sr. Fayot por la muy constructiva cooperación que se ha mantenido a raíz de la modificación del Reglamento y especialmente quiero agradecerles la comprensión y la positiva predisposición que han mostrado hacia las opiniones que he planteado.
Es importante que compaginemos las normas del Reglamento, el Tratado y el Régimen Financiero. Me parece fundamental precisar claramente las tres posibilidades a nuestro alcance. Podemos optar bien por otorgar la aprobación de la gestión, bien por no otorgarla o bien por posponer la decisión al respecto. En las normas aparece ahora una distinción muy importante entre un aplazamiento técnico y un aplazamiento político, que debe tener unos fundamentos claros, al igual que aparece también una clara separación entre el cierre técnico de las cuentas y la postura política que pudiera adoptarse sobre la cuestión de si aprobamos o no las cuentas.
Lo que sí podemos decir es que en diciembre optamos por activar las disposiciones relativas al papel del Parlamento como autoridad encargada de la aprobación de la gestión. Y continuando el difuso debate surgido a raíz de esto, resulta fundamental que dispongamos de normas claras sobre la forma de actuar en una situación semejante a la que hemos visto anteriormente. El Informe Fayot me parece que señala muy bien cómo habrán de ser estas normas.

Voggenhuber
Señora Presidenta, cuando en la política se violan las más elementales reglas de la lógica, rara vez es por desconocimiento de las mismas, sino por algún interés. Por esta razón me pregunto hoy lo siguiente: ¿cuál fue el interés de este Parlamento por bloquear sus propias competencias de control? ¿No pudo ser que en el pasado -y espero que sólo en el pasado- los grandes Grupos de esta Asamblea tenían un interés mayor en proteger a la Comisión que en llamarla a la responsabilidad y en fortalecer al propio Parlamento?
A tenor de los Tratados la decisión sobre la aprobación es adoptada por el Parlamento por mayoría simple. En contradicción con ello, el Parlamento ha separado esta decisión en dos procedimientos. De esta suerte, el procedimiento de aprobación de la gestión se ha votado por mayoría simple, pero la denegación de la aprobación de la gestión se ha votado por mayoría absoluta. Esto conduce a la grotesca y claramente absurda situación de que la mayoría de este Parlamento no está de acuerdo con la aprobación de la gestión de la Comisión, pero, no obstante, no deniega la aprobación de la gestión a esta Comisión. Una situación francamente grotesca que no puedo menos que atribuir a un interés fortísimo, y espero que las grandes coaliciones, que han colocado los derechos de control del Parlamento detrás de la protección de la Comisión, hayan aprendido de los acontecimientos de los meses pasados y muestren en el futuro más lealtad al Parlamento que a sus Comisarios.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, como acaba de decir el presidente Fayot, en este informe ha habido una excelente colaboración entre la Comisión de Reglamento y la Comisión de Control Presupuestario.
De esta manera hemos conseguido un texto que presenta aspectos positivos, aunque algunas cuestiones nos dejan insatisfechos. En cuanto a los aspectos positivos, quisiera subrayar que no hemos hecho una modificación ad hoc limitada al marco del ejercicio de 1996 sino que hemos logrado una reforma válida para los años venideros.
Asimismo quisiera subrayar que hemos mantenido el rechazo de la aprobación de la gestión, en contra de lo que se había especulado, porque habría resultado, cuando menos paradójico, después de todo lo que ha pasado desde el mes de diciembre. Tenemos la posibilidad de rechazar expresamente la aprobación de la gestión. Esta aprobación de la gestión no acarrea forzosamente la moción de censura, aunque lógicamente induce al Parlamento a reflexionar, y hemos suprimido la anomalía que aparecía en el reglamento, que pretendía que el rechazo de la moción de censura se aprobara por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.
No estamos en absoluto de acuerdo con algunos puntos adoptados, especialmente el hecho de que una simple carta del Presidente a la Comisión sea suficiente para informar a esta de los motivos del rechazo del descargo. Es como hacerlo a escondidas, cuando lo adecuado sería, obviamente, continuar exponiendo los motivos por los que el Parlamento rechaza conceder el descargo.
La segunda discrepancia recae sobre el papel de la Comisión de Control Presupuestario, que pierde la posibilidad que tenía hasta ahora de dar su opinión sobre las enmiendas antes de que fueran sometidas a votación en sesión plenaria. Creo que la competencia que disfrutaba antes la Comisión de Control Presupuestario era una buena disposición y por ello su modificación me parece lamentable.
Del mismo modo, no se trata de decir que las enmiendas son inadmisibles, se trata de decir que si se adoptan, el informe se devuelve a la comisión competente. Estos son los puntos de este informe en los que discrepamos.

Liikanen
Señora Presidenta, la Comisión no pretende en ningún caso inmiscuirse en las reglas internas del Parlamento. La Comisión solo desea, según el criterio de sus servicios jurídicos, hacer una observación de orden institucional y jurídico.
La aprobación de la gestión se rige por el artículo 206 del Tratado. La decisión de la aprobación de la gestión se concibió como un mecanismo de carácter primordialmente financiero que se basa en el informe del Tribunal de Cuentas, aunque haya adquirido con el paso de los años una dimensión política.
La decisión de aprobar la gestión es un acto único que no puede disociarse de la decisión política de aprobación de la gestión, una decisión de cierre de cuentas que debe adoptarse paralelamente; tal disociación modificaría el equilibrio institucional y exigiría una revisión de los Tratados.
Sin embargo, en caso de rechazo de la concesión de la aprobación de la gestión, hay que cerrar sin duda las cuentas del ejercicio. Se trataría entonces de que el Parlamento tomara una decisión de cierre de cuentas por defecto. Esto vendría a formalizar los procedimientos adoptados de hecho para los presupuestos de los años 1982, 1992 y 1996. La Comisión por su parte, reflexionará sobre si es jurídicamente factible contemplar dicha opción en el contexto de la reforma del Reglamento Financiero.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario, Liikanen.

Dell' Alba
Señora Presidenta, le pido disculpas. La pantalla instalada en los despachos anunciaba efectivamente la «ponencia Wijsenbeek» y mi intervención en esa ponencia. He intentado rectificar. Admito mi responsabilidad e incorporaré una declaración en el procedimiento oral. Pero debo decir que no he asistido al debate de la ponencia Fayot por culpa de una información errónea que anunciaba otra ponencia.
Realizaré una explicación de voto. Gracias.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Grandes orientaciones de las políticas económicas - Pacto europeo para el empleo
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0222/99 del Sr. Fourçans en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre la recomendación de la Comisión relativa a las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad, elaborada conforme al párrafo 2 del artículo 103 del Tratado de la Comunidad Europea (COM(99)0143 C4-0208/99) y-A4-0239/99 del Sr. Menrad en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la contribución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Europeo para el Empleo.
Fourçans
Señor Presidente, queridos colegas, el informe que presento esta tarde es la continuación del informe económico anual que hemos aprobado el pasado 11 de marzo. El informe de hoy sobre las» GOPE» (Grandes orientaciones sobre política económica) insiste más sobre la estrategia económica y sobre la reformas estructurales a poner en práctica de acuerdo con las circunstancias específicas de cada Estado miembro.
Señor Comisario, nuestro texto, en sintonía con las propuestas de la Comisión, abarca dos grandes aspectos, el macroeconómico y el estructural.
La vertiente macroeconómica. Primero una constatación: se prevé una disminución del crecimiento para 1999, no se trata de una recesión y por ello no hay razón para cambiar la estrategia global en Europa. Dicho de otra manera, hay que continuar en la dirección de la policy-mix con una evolución de los salarios equivalente a los incrementos de la productividad con el objeto de favorecer el crecimiento y el empleo.
Más concretamente, hay que continuar por la senda de la reducción de los déficits presupuestarios, admitiendo algunas modulaciones del ritmo al que se efectúa dicha reducción. Esto significa que conviene dejar un cierto margen a los estabilizadores automáticos, pero insisto, sin poner en peligro la disminución del déficit público, disminución absolutamente necesaria para el crecimiento y el empleo de hoy, y sobre todo, del futuro.
Es condición necesaria que este descenso vaya acompañado, en la medida de lo posible, de una reducción de impuestos y gravámenes, o al menos de su estabilización. Esta estrategia implica la conveniencia de una eficacia mucho mayor en el control de los gastos del Estado, de una mejoría en la eficacia y calidad del gasto público.
En relación con la política monetaria, insistimos en la necesidad de independencia del BCE, para que pueda cumplir de la mejor manera posible su cometido en materia de estabilidad de precios, y asegurar las condiciones favorables para el crecimiento y el empleo. Independencia pues, mis queridos colegas, pero sin hacernos olvidar el indispensable control democrático que nosotros, el Parlamento Europeo, debemos ejercer con vigilancia.
La segunda vertiente de nuestra propuesta: las reformas estructurales. Si se pretende una reducción duradera y significativa del paro, el crecimiento es sin duda importante, pero solo se conseguirá acometiendo reformas en profundidad, coherentes y adaptadas a las particularidades de cada Estado, como, por otro lado, propone la Comisión. Y se necesitan reformas duraderas, llevadas a cabo con constancia y determinación.
¿En qué consisten esas reformas? No voy a entrar aquí en detalles, solo quiero esbozar las grandes líneas. Mejorar el funcionamiento del mercado único y de los mercados europeos en general. Para ello, señores Comisarios, es necesaria una integración creciente de los mercados financieros. Hay que abrir los mercados de bienes y sobre todo los de servicios, que son los que más empleos generan. Hay que aumentar el porcentaje de participación en los mercados de trabajo, garantizando una mayor flexibilidad de estos mercados, adaptando los sistemas de protección social y reduciendo los costes de trabajo, especialmente los de baja cualificación.
Finalmente, mis queridos colegas, hay que continuar con la liberalización de los sectores de telecomunicaciones, energía y transportes, garantizar una mejor financiación de las PYMES y poner en marcha una reforma de los sistemas fiscales y sociales, así como de los sistemas educativo y de formación profesional.
Esta es, mis queridos colegas, la dirección que debería tomar la política económica en Europa. Vasto programa, me dirán ustedes. Estoy de acuerdo, pero debemos decirles la verdad a los ciudadanos, sobre todo en período electoral, y explicarles que la verdadera lucha contra el paro exige este tipo de reformas y que estas deben ponerse en marcha lo más rápidamente posible para que podamos recoger cuanto antes los frutos maduros.

Menrad
Señora Presidenta, originariamente el presente informe de la Comisión de Empleo debía versar, sobre todo, acerca de una comunicación de la Comisión sobre el artículo 127 del Tratado de Amsterdam y, en concreto, en relación con el mainstreaming de las políticas de empleo a nivel comunitario. La comisión decidió incluir también el pacto europeo para el empleo, previsto para la conferencia de Colonia. Se convirtió en el contenido principal del informe de la comisión tras haberse aplazado la publicación de la comunicación a causa de la dimisión de la Comisión. Sin embargo, es ta comunicación apareció todavía y, en concreto, exactamente el día siguiente de la votación del proyecto de mi informe en la Comisión de Asuntos Sociales. Ahora tiene sentido introducirla también en el informe del Parlamento junto con algunas enmiendas, como las enmiendas 1, 2, 5 y 6.
El tiempo ha presionado también en el caso de nuestra opinión sobre el Informe Fourçans relativo a la recomendación de la Comisión sobre las orientaciones básicas de la política económica, que tengo que emitir también. Queremos dar las gracias al Sr. Fourçans por su excelente trabajo y también por el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos haya asumido puntos importantes de la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales. Si informe resalta dos puntos insólitos de la recomendación. En primer lugar: se trata de las primeras orientaciones de la política económica desde la introducción del euro el 1.1.1999. En segundo lugar: por vez primera se califica como el objetivo más importante de la política económica la creación de puestos de trabajo. Nosotros recomendamos la aprobación del Informe Fourçans.
Quiero volver ahora al pacto para el empleo: a la Conferencia de Colonia se puede aplicar lo que afirmó Jean-Claude Juncker, Presidente de la Conferencia extraordinaria sobre el Empleo, celebrada en Luxemburgo en 1997: no debe convertirse en una conferencia de literatura. Aludió a las numerosas declaraciones no vinculantes de las anteriores reuniones en la cumbre. De hecho, en Luxemburgo se aprobó una serie de cosas buenas y concretas y por esa razón no hay que volver a crear por segunda vez el mundo, gracias a Dios.
Estamos convencidos de que el Consejo Europeo de Colonia debe aportar una plusvalía concreta frente a Luxemburgo. En orden a lograr un aseguramiento sostenible de un elevado nivel de empleo es preciso desarrollar una estrategia a más largo plazo destinada a descubrir potenciales sociales de creatividad, innovación, espíritu renovador, disposición a la inversión y al logro en el sentido de las directrices de la política de empleo. Es preciso votar reformas institucionales orientadas al fomento de una competencia dinámica y de la flexibilidad junto con la exigencia del mantenimiento, pero también de la modernización y de los sistemas de la seguridad social.
En concreto, el informe de la Comisión de Empleo demanda lo siguiente: aumento de la proporción de desempleados que reciben una medida activa de fomento, como formación profesional, o medidas de creación de trabajo, frente a las propuestas que existen en las directrices, la autonomía del Banco Central Europeo y la autonomía de los interlocutores sociales, así como mayores esfuerzos encaminados a consolidar las finanzas públicas. Queremos manifestarnos expresamente a favor del pacto de estabilidad; respetarlo abre la posibilidad de bajar los tipos de interés para estimular la disposición a invertir.
Desde este punto de vista recomendamos una política salarial orientada hacia la productividad. Si mediante la cautela a la hora de elevar los salarios líquidos aumentan las ganancias y las inversiones en nuevos puestos de trabajo, no basta con despachar a los colaboradores con un agradecimiento por la prudencia mostrada. En opinión de la Comisión de Asuntos Sociales deberían ser incorporados a participar de modelos voluntarios en ambas cosas y en los beneficios y en el capital. La contraprestación de los empresarios por la moderación mostrada en la concertación de los salarios podría consistir también en invertir más en capital humano o en contratar más trabajadores y más personal en formación.
Por lo demás, se exigen modelos inteligentes de trabajo y la reducción de las horas extraordinarias, flexibilidad en lugar de una reducción unilateral de la jornada laboral con una compensación salarial total, un aligeramiento fiscal del factor trabajo, una armonización de la imposición fiscal a las empresas para impedir la deslocalización de las empresas por razones exclusivamente fiscales y, finalmente, unos encuentros regulares de los sujetos políticos que adoptan las decisiones con los interlocutores sociales y con el Banco Central Europeo con el fin de acordar estrategias comunes.
En la comisión hemos discutido también la cuestión de si habría que poner en práctica y financiar a nivel europeo programas especiales de empleo para grupos específicos, como los jóvenes o los desempleados de larga duración y, en concreto, con carácter adicional a los programas de acción nacionales y a las medidas de los Fondos estructurales en los Estados miembros; esto sería equivocado. Programas de empleo de miles de millones con carácter de subvención serían equivocados pues no son la respuesta adecuada al desempleo estructural ni tampoco han de ser financiados a nivel europeo. Por el contrario, una mayor cooperación en las políticas nacionales a través de una consecuente puesta en práctica de las directrices y de los planes de acción de la política de empleo, así como una mejora de la posibilidad de control significan una plusvalía europea, la cual junto con el efecto estabilizador de una sólida moneda común contribuirá también a medio plazo en el mercado interior europeo a que logremos más puestos de trabajo y tengamos menos desempleados. Éste es un importante prerrequisito de la dimensión social de la Unión Europea.
En este sentido les ruego que aprueben mi informe. Termino indicando que los colegas de todos los Grupos que forman parte de la comisión me han apoyado a través de la crítica constructiva y a través de enmiendas de carácter igualmente constructivo.

Herman
Señora Presidenta, queridos colegas, el interés del Informe Fourçans no reside solamente en el hecho de que suscribe totalmente las recomendaciones de la Comisión, sino que también se involucra claramente en el debate político que tanto ha agitado los ambientes europeos, incluido este Parlamento, es decir: ahora que ya se ha creado el euro, ¿habría que suavizar la disciplina presupuestaria y monetaria que ha permitido la histórica decisión de mayo de 1998, con el fin de relanzar una actividad económica más bien titubeante?
La postura adoptada tanto por la Comisión como por nuestra comisión económica está más matizada: mientras la estabilidad de precios se mantenga y esté garantizada, podemos permitirnos una política monetaria más flexible, a condición por supuesto de que se mantenga y se consolide la disciplina presupuestaria; efectivamente, por culpa de la enorme deuda acumulada y de los importantes recursos consagrados al servicio de dicha deuda y a la financiación de los déficit, hemos tenido que reducir durante años las inversiones privadas productivas.
Creo que este informe tiene el mérito de habernos impedido caer en la tentación que acecha a muchos políticos en vísperas de elecciones, esto es, ceder a las demandas de la población. Pues la ciudadanía pide menos sacrificios y más regalos, lo cual es, evidentemente, poco compatible con las exigencias de la disciplina presupuestaria.
Hacer hincapié en las medidas macroeconómicas es mucho más interesante. Si manipular los tipos de interés e incrementar el déficit de las arcas públicas no es doloroso, restablecer el equilibrio de la seguridad social, reforzar la flexibilidad del mercado de trabajo y reducir los costes salariales de los trabajadores menos cualificados son, por el contrario, medidas impopulares.
Hay que felicitarse entonces, de que en vísperas de elecciones, tanto el Parlamento como la Comisión hayan podido hacer frente a las exigencias de la economía y resistir de forma relativamente honrosa las presiones de la opinión pública, de los medios de comunicación y de ciertos grupos de presión. Esta es la razón por la que podemos felicitarnos, señora Presidenta, de este informe que vamos a votar con entusiasmo.

Goedbloed
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Fourçans por el informe tan lúcido que ha redactado y que, tal como se prevé ahora, va a recibir un amplio apoyo en el Parlamento. En los últimos meses hemos tenido de vez en cuando fuertes debates sobre si deberíamos elegir entre tener una política expansiva como quería el Grupo Socialdemócrata siguiendo el ejemplo del Sr. Lafontaine o si por el contrario deberíamos seguir las reglas que hemos acordado. Creo que está bien -y eso se refleja de forma equilibrada en este informe- que hayamos ido en esta dirección, es decir, siguiendo las reglas. Ahora surge también por parte socialdemócrata un cierto apoyo en el ámbito de la puesta en marcha de ese tipo de medidas estructurales, que precisamente son de importancia para procurar que se garantice la estabilidad interna del euro: una inflación baja que conlleva costes más bajos, que también posibilita por medio de esas medidas estructurales dar empleo a más personas.
No sólo es importante para dar empleo a esas personas, es también importante para aquéllos que disfrutan, por ejemplo, de su pensión. Esa estabilidad la debemos garantizar también en el futuro y, por otra parte, debemos ampliar esa flexibilidad. Si somos capaces de dar estabilidad a nuestra posición financiera -y son los Estados miembros los que deben hacerlo, y en ese sentido estoy muy satisfecho con el ejemplo que ha dado la Comisión y que el Sr. Fourçans suscribe también en su informe- para procurar que también en el futuro se cree más empleo y que podamos reforzar nuestra competitividad en relación con los Estados Unidos entre otros. Resumiendo: en el interior más empleo para la gente y mejores condiciones para los operadores en estos Estados miembros.

Moreau
Lo menos que puedo decir, señora Presidenta, es que los recientes acontecimientos que han forzado la dimisión de la Comisión, apenas le han infundido la modestia que debería serle propia. En efecto, la Comisión ha recuperado la arrogancia en sus recomendaciones sobre las grandes orientaciones de política económica. ¿Cómo soportar sin rechistar que la Comisión lea de nuevo la cartilla a los gobiernos de los Estados miembros en materias tan diversas como finanzas públicas, protección social o mercado de trabajo? Cada país se lleva lo suyo. Algunos son acusados de laxitud presupuestaria, a otros se les invita con firmeza a reformar su sistema de jubilación, de salud y de prestaciones sociales, a otros se les señala con el dedo por la falta de flexibilidad de su mercado de trabajo, o incluso por liberalizar su mercado público a un ritmo demasiado lento.
Estas intromisiones son intolerables ya que se trata de orientaciones aplicadas desde hace años, orientaciones que han llevado a los elevados niveles de paro y de pobreza que sufrimos en la mayoría de nuestros países. Estas orientaciones, basandose en la reducción de los costes laborales, obstaculizan el crecimiento. Me alegro que algunos gobiernos se hayan pronunciado a favor de una relajación de las obligaciones presupuestarias. El propio Banco Central ha tenido que tomar en cuenta la disminución del crecimiento reduciendo los tipos de interés.
De todas formas la mera relajación presupuestaria no bastará: hay que reemplazar el suplicio del pacto de estabilidad por un auténtico pacto para el crecimiento y el empleo. Pensamos, desde este punto de vista que el Consejo de Colonia debe abandonar las grandes declaraciones de principios sobre el empleo para comprometerse en la puesta en marcha de medidas eficaces y concretas. Lanzo algunas ideas propuestas por nuestro grupo: reactivación de las inversiones publicas, movilizando recursos adicionales también en el plano comunitario; reducciones de los tipos de interés, haciendolas más selectivas, para favorecer de esta manera los planes de creación de empleo; puesta en marcha de un proceso de reducción de jornada laboral, sin disminución de salarios ni flexibilidad; fijación de salarios mínimos. Estas políticas de empleo, integradas en el conjunto de las políticas comunitarias, deberían ajustarse con objetivos cuantificables, verificables y obligatorios. El paro solo disminuirá de forma significativa por este camino.

Hautala
Señora Presidenta, si bien un éxito absoluto del euro mejoraría la competitividad de la Unión Europea, desearía llamar la atención sobre el hecho de que el desempleo estructural representa a su vez una amenaza para esta misma competitividad. Esta situación se debe en gran medida a que las tareas más sencillas han desaparecido de nuestras sociedades, a que las diferencias en el rendimiento de las personas están aumentando enormemente y a que determinadas actividades laborales se están remunerando con salarios verdaderamente exagerados, aun si otras actividades podrían de hecho resultar más productivas en el sentido tradicional del término, en caso de que siguieran formando parte del mercado laboral; pero todo esto no resulta de ninguna manera aceptable desde un punto de vista social o de respeto a la dignidad humana. Se deberían tomar las medidas necesarias para que los Estados miembros pudieran suprimir la imposición fiscal a los trabajadores con los ingresos más bajos, con lo que rebajarían el umbral fiscal que, hoy por hoy, impide aceptar únicamente actividades laborales de carácter temporal. Si queremos asumir la responsabilidad derivada de ese número cada vez mayor de personas que se ven obligadas a recurrir a las modalidades atípicas de empleo, hemos de lograr que el trabajo de media jornada y las demás actividades laborales atípicas otorguen derecho a prestaciones en materia de seguridad social y pensiones.

Blokland
Señora Presidenta, quiero hacer algunas observaciones sobre el valioso informe del Sr. Fourçans.
Es preciso que haya todavía una disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros. Sin la existencia de márgenes presupuestarios, la tentación de echar mano del calmante de una política monetaria generosa es grande.
El apoyo de la población de los Estados miembros a una política económica y financiera estricta es un factor imprevisible. Es preocupante que esa disciplina de la UEM en algunos Estados miembros esté basada en medidas únicas y no en adaptaciones estructurales. El análisis hecho por el Instituto Económico Neerlandés pone de manifiesto que sobre todo Portugal, Italia y Francia son en este aspecto los niños problemáticos de la UEM que requieren más atención. ¿Pueden garantizar la Comisión y el Consejo esa atención?
En la mayoría de los países surgirá en el futuro un problema de financiación que proviene del envejecimiento de la población. Ni mucho menos han empezado todos los Estados miembros a hacer frente a este problema. Habrá que revisar profundamente los sistemas de financiación de los planes de jubilación, de las pensiones y del sistema sanitario.
La influencia de los tipos de interés en la deuda pública sigue siendo grande en Estados miembros como Italia, Bélgica, Portugal y España. Es necesario que estos países adecuen la estructura del plazo de su deuda pública y que reduzcan con la debida velocidad su déficit presupuestario.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, señor Comisario, es bueno que en el informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones básicas de la política económica de la Comunidad y de los Estados miembros se ponga de relieve cuán necesaria es la coordinación de las políticas económicas y que se vaya más allá de la propuesta de la Comisión demandando también en este informe medidas concretas. Efectivamente, el problema del desempleo, que tanto nos preocupa, no puede ser resuelto, en parte, sino a través de medidas estructurales y de políticas relativas al mercado de trabajo. Lo decisivo es si en Europa y en los Estados miembros podemos conseguir tasas de crecimiento superiores al 3 %.
A este respecto la política económica debe estar a la altura de su responsabilidad en lo que respecta a la política de empleo y debe implantar en la Unión Europea un policy mix, equilibrado y pertinente, con instrumentos orientados por la oferta y la demanda. Necesitamos coordinar las políticas económicas para que podamos organizar y asegurar un mejor crecimiento sostenible. Efectivamente, la política monetaria ya no es responsable solamente de la estabilidad en el nivel de precios, la política fiscal ya no es responsable solamente de la solidez del presupuesto público, ni la política de concertación es responsable solamente del desarrollo de los salarios. De la combinación del Banco Central, del estado y de los interlocutores sociales -respetando la independencia de cada una de las partes participantes- se deriva una influencia decisiva sobre las inversiones, el crecimiento y el empleo.
Por consiguiente, los tres actores deben comprometerse en todo caso a contribuir a un adecuado y equilibrado policy mix en la Comunidad. A este propósito es necesaria una política financiera que contribuya de manera específica a reforzar las inversiones y configure la consolidación sin olvidar la coyuntura. Necesitamos una política de rentas que contribuya a reforzar la capacidad de compra de la colectividad, sin que se desencadenen aumentos de costes laborales que excedan del desarrollo de la productividad laboral, es decir, que el desarrollo de los salarios debe moverse en el marco de los incrementos de la productividad, pero tampoco por debajo del mismo, y necesitamos igualmente una política monetaria que en el supuesto de alcanzar la estabilidad de precios contribuya al crecimiento económico. Por esta razón, la decisión del BCE de reducir los tipos de interés ha sido un paso acertado e importante. Por fin el BCE ha prestado su contribución al crecimiento y al empleo de acuerdo con el Tratado.
De esta manera los presupuestos de los Estados miembros tendrán también más espacio de maniobra para las inversiones, aunque la consolidación siga siendo un objetivo importante. Sin embargo hay que tener en cuenta que las medidas de política fiscal constituyen un medio para reaccionar ante schocks coyunturales o regionales de la demanda y que éstas tienen efectos diferentes según los países. El establecimiento rígido del límite superior del déficit puede tener consecuencias absolutamente negativas, es preciso considerar en mayor grado las situaciones individuales. Con independencia de esto ¿dónde están las propuestas acerca de cómo pueden estimular las inversiones públicas los Estados miembros manteniendo el límite del 3 %? Las orientaciones deben sentar aquí elementos indicativos.
Europa continúa minusvalorando la importancia de las medidas transfronterizas de infraestructura y en este punto se insta al Consejo de Ministros de Finanzas a que, de una vez, cinco años después de la discusión en la Conferencia Europea sobre el Libro Blanco de Delors, genere una plusvalía europea en los ámbitos de las infraestructuras de transporte y en las estructuras de la información y de la comunicación, implante aquí la modernización y, en este sentido, aproveche también de manera emprendedora el instrumento del Banco Europeo de Inversiones, a fin de que frente a la cansina situación de la coyuntura el crecimiento se vea estimulado más que hasta ahora a través de inversiones públicas europeas, en combinación, a ser posible, con los inversores privados.
La política económica y la política de empleo se complementan y se apoyan mutuamente. El pacto para el empleo debe ostentar un rango específico. Sólo lo tendrá si se elaboran al mismo tiempo los rasgos fundamentales de la política económica y las orientaciones de la política de empleo, de suerte que el establecimiento de ambas orientaciones valga tanto para la elaboración de los presupuestos nacionales como también para la elaboración del presupuesto europeo.
Si la lucha contra el desempleo masivo constituye el reto nº 1 del futuro europeo, no sólo han de coordinarse entre sí los actores, sino que hay que elaborar previamente el marco de acción así como el contenido y el calendario.
Creo que de esta manera cabe imbricar de hecho la política económica y la política de empleo y si, además, luego la política fiscal, por ejemplo, a través de la rebaja del tipo impositivo en el impuesto sobre el valor añadido contribuye a incentivar servicios que ocupen mucha mano de obra, Europa podrá avanzar un buen trecho.

Blot
Señora Presidenta, este informe contiene algunas confesiones interesantes: leo en el considerando F que existe un diferencial persistente de crecimiento con los Estados Unidos; en el considerando J leo que la muy elevada presión fiscal de la mayoría de los Estados europeos no favorece ni el consumo, ni el crecimiento ni el empleo; en el párrafo 4, el ponente reconoce, con razón, el modesto rendimiento de la Unión Europea en términos de crecimiento y de empleo; en el párrafo 16, se constata que las inversiones públicas no siempre gozan de preferencia respecto de los gastos de funcionamiento; en el párrafo 23, el ponente dice que es conveniente mantenerse alerta frente a eventuales perspectivas deflacionarias.
Todo esto está muy bien, pero no lleva al ponente a cuestionar algunos dogmas sobre los que reposa la integración económica europea.
Tomemos el ejemplo del euro. La introducción del euro sustrae a los Estados miembros la posibilidad de poner en práctica políticas monetarias de regulación de la coyuntura. En caso de choque coyuntural asimétrico, del cual no se habla en el informe, los Estados más afectados, por la inflación por ejemplo, ya no podrían combatirla con una política monetaria propia. Quedaría por supuesto la política fiscal. O se usaría entonces la política salarial o la tasa de desempleo como variables de ajuste.
Puesto que los llamamientos a la coordinación de los sistemas fiscales -y desgraciadamente en el párrafo 34 el ponente se decanta por ello- terminan por sustraer ese segundo mecanismo de ajuste a los Estados miembros, nos queda entonces el paro como instrumento de regulación, o también la presión sobre los salarios. ¿Por qué no? Pero nadie está dispuesto a admitirlo con franqueza por razones electorales evidentes. Eso volvería impopulares tanto al euro como a sus creadores.
El ponente, al expresarse en nombre de una comisión dominada por los Grupos PSE y PPE, por supuesto no podía manifestar un punto de vista diferente del de los Grupos dominantes y denunciar el hecho de que las políticas socialistas implantadas en 13 de los 15 Estados miembros colocarían a Europa en una situación competitiva desventajosa en el mercado mundial.
Esta combinación de librecambismo mundial y de subida de las cargas fiscales y sociales, provocada por los socialistas, explica en parte nuestro débil crecimiento, especialmente en comparación con los Estados Unidos. No hay progreso social sin crecimiento económico. Pero tampoco hay crecimiento si el espíritu de empresa es hostigado por el igualitarismo y la burocratización.
De esta forma el socialismo se vuelve contra los pueblos por su mala gestión económica y por su cosmopolitismo dogmático. Las grandes orientaciones de la política europea deberían adoptar lo contrario del estatalismo y del cosmopolitismo, que esencialmente solo benefician a la economía americana dominante. Por otra parte lamento que el ponente no haya creído conveniente evocar el efecto de dominación de los Estados Unidos sobre la economía europea.
Lamento, finalmente que la autocensura que ha presidido este informe -ha sido por propia voluntad, quizá no se podía haber hecho de otra forma- haya llevado al ponente a limitar su trabajo a cuestiones básicamente técnicas y, a menudo, de relumbrón, sin abordar las verdaderas cuestiones de fondo, de naturaleza política, que se plantean a nuestras economías y que habrá que abordar un día ante nuestros pueblos.

Van Lancker
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista debo decirle que estamos muy aliviados de que justo a última hora haya ocasión de tener una opinión y una discusión sobre el Pacto europeo para el empleo. Aunque Amsterdam y Luxemburgo pusieron claramente el empleo en la agenda europea, también queda claro que el proceso de Luxemburgo sólo no será suficiente para hacer bajar drásticamente el paro en Europa . Lo que nos falta realmente son estrategias, una estrategia macro-económica, europea, y una estrategia de una política estructural enfocada al mercado laboral, que sean coherentes y a través de las cuales podamos enfocar todos nuestros esfuerzos hacia el empleo.
La propuesta de la Presidencia alemana para la puesta en marcha de un Pacto europeo para el empleo cuenta por lo tanto con todo nuestro apoyo. Es incluso más, el mismo Parlamento Europeo ha exigido siempre que hubiera un pacto para el empleo porque el pacto de estabilidad necesita urgentemente un contrapeso. Pero, también debo decir con sinceridad que la versión provisional de este pacto para el empleo se ha quedado un poco débil. No por repetir por enésima vez palabras como combinación de políticas o modernización de la seguridad social y echar por encima de ellas una salsa luxemburguesa, la Unión Europea hará una política de empleo seria. Además he de decirles, Señorías, que las orientaciones económicas aquí presentadas sólo siguen apostando por una política de ahorro aún más estricta para muchos Estados miembros, con la idea de que se puede crear empleo con salarios flexibles, con una desregulación del mercado laboral y con el desmantelamiento de la protección social, y eso no es exactamente mi idea de una estrategia europea para el empleo. Es más bien un cóctel americano que no aporta nuevas herramientas para el crecimiento y constituye solamente una elección por una mayor desigualdad social y por una mayor inseguridad.
Los socialistas y socialdemócratas europeos bajo el liderazgo de Antoni Gutiérres han presentado sus propias propuestas en un congreso en Milán para un pacto para el empleo y noto con gran alegría que tanto Martine Aubry como Dominique Strauss-Kahn han incorporado muchas partes de ellas. El mensaje quedaba muy claro allí, señor Comisario. El pacto europeo, efectivamente, no puede ser una caja vacía pero aún menos un libro de recetas neoliberal. Debe contener medidas concretas y comprometer a todos los implicados a cumplir acuerdos claros, tanto al Banco Central Europeo, a los interlocutores sociales, como al Consejo del ECOFIN y al Consejo de Asuntos Sociales. Algunos elementos esenciales que según nosotros se deben incluir en este tipo de pacto son, en primer lugar y sobre todo, una estrategia europea de crecimiento. Las perspectivas de crecimiento actuales del dos por ciento tienen el peligro de producir más paro incluso. El programa especial de acción de Amsterdam era una buena decisión pero demasiado modesta. Por eso, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo deben liberar más fondos y, por otra parte, los Estados miembros deben tener la posibilidad de oxigenar su economía a través de su propia política presupuestaria, no haciendo el pacto de estabilidad aún más estricto sino por medio de una interpretación más flexible.
En segundo lugar, se requiere una política fiscal que fomente el empleo y no que lo desanime. La decisión relativa al IVA sobre servicios que emplean más mano de obra está bien pero mientras tanto el «plat consistant», si se me permite llamarlo así, las propuestas Monti, las propuestas Primarolo, se quedan encima de la mesa. Estas han de ser desbloqueadas urgentemente, hay que activar nuestra agenda fiscal europea.
En tercer lugar, las directrices para el empleo deben ser reforzadas y concretadas. Un compromiso concreto podría ser, por ejemplo: si todos los Estados miembros lo hicieran tan bien con respecto al empleo como los tres mejores, entonces en vez de dar empleo a 150 millones de personas podríamos darlo a 180 millones. Además, tenemos que restablecer urgentemente el nexo entre empleo y protección social.
Como punto final, Señorías, tiene que haber una mayor coordinación, mayor coordinación entre las directrices sobre el empleo y las directrices económicas, no sólo con respecto a los plazos sino también, por favor, con respecto al contenido. Ya no puede ser que tengamos directrices económicas que predican la rigidez presupuestaria y que las directrices del empleo estén supeditadas a ellas por el otro lado. De esta forma no conseguiremos nunca una estrategia de crecimiento seria. Esto es lo que queremos poner de manifiesto en la cumbre de Colonia y espero que alguien escuche.

Langen
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, cuando se escucha a la Sra. Van Lancker, que no quiere tener ningún libro de recetas neoliberal, no puedo menos que decir que nosotros tampoco queremos hacer de las orientaciones político-económicas ningún libro de cuentos socialista. Quisiera dar también las gracias de corazón al Sr. Fourçans y al Sr. Comisario de Silguy por haber expuesto aquí de forma tan clara sus orientaciones político-económicas y haberlas llevado al papel. Yo sé que durante muchos años han sido duramente discutidas. Hoy tenemos el euro, hoy es indiscutible que sus propuestas son acertadas y que el informe de nuestro colega, el Sr. Menrad, que se ocupa de la dimensión de la política de empleo es también un informe muy bueno que puede ser discutido aquí con el Informe Fourçans.
Tras haber escuchado ahora a nuestra colega, la Sra. Randzio-Plath, sólo cabe preguntar: ¿ha planteado ya realmente el pacto para la estabilidad y el pacto para el crecimiento? Ha insistido en esto una y otra vez en la comisión. Considero urgentemente necesario que se mantengan los tres puntos más importantes, en concreto, el pacto para la estabilidad y el empleo, una política salarial orientada hacia la productividad y la necesidad de realizar reformas estructurales. En los últimos meses y semanas hemos discutido repetidas veces acerca de la correcta estrategia en la política económica y en la política financiera en Eurolandia. El artículo 105 del Tratado de la Unión Europea es claro en este punto. La política económica está claramente subordinada a la estabilidad de los precios en el planteamiento de tareas del Banco Central Europeo. ¿Una coordinación más fuerte en la política económica? Sí, esto está regulado también en el Tratado. ¿Una tradicional política intervencionista a la manera de Keynes para controlar la coyuntura? No.
Las soluciones para la eliminación del desempleo crónico en Europa no están en un programa europeo de empleo ni en una política económica, homogéneamente configurada, de los Estados miembros de la Unión Europea Económica y Monetaria, sino en las reformas estructurales. No debe haber ninguna duda de que el pacto de estabilidad era acertado y que también sigue siéndolo veo a nuestro colega, el Sr. Diller, secretario de Estado parlamentario en el Ministerio Federal de Finanzas. Su anterior jefe, el Sr. Lafontaine, se estrelló, ciertamente, contra la pared europea con sus ideas sobre esta cuestión. En el fondo, fracasó.
Es cierto que la política monetaria no puede poner obstáculos en el camino a la política económica y a la política financiera. Pero también es cierto que una situación con tipos de interés estables, con precios estables, con tipos de interés bajos abre a los Estados miembros de la Unión Europea un espacio de acción considerablemente más amplio que hasta ahora para eliminar el desempleo crónico. Por consiguiente, no es necesario ningún relajamiento de la disciplina presupuestaria, tampoco tiene sentido, como lo ha subrayado nuestro colega, el Sr. Herman. Al referirse a las medidas de reforma diversos colegas han mencionado la flexibilidad de los mercados laborales. Nuestra colega, la Sra. Van Lancker, ha hablado del sistema de pensiones. Creo que Alemania con sus sistema de pensiones financiado por cuotas tendrá problemas a la larga y que una generación no conseguirá, en absoluto, constituir un sistema de fondos al lado de las cuotas. Por consiguiente, son necesarias reformas estructurales muy considerables, que ha de impedir que las excesivas demandas del producto social por parte del estado, una presión fiscal excesiva y una excesiva sobrecarga por parte de la política social y de la política de subvencionamiento originen problemas por igual.
Si la coordinación de la política económica desencadena un proceso de aprendizaje y de competencia con arreglo al lema de «¿cómo lo hacen los demás Estados?», entonces se habrá logrado más con esto que con ilusorios programas de tareas. La competencia entre los Estados en Eurolandia va a poner en cuestión, por decirlo así muchos patrimonios no enajenables. Lo considero acertado y bueno.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, se han presentado dos buenos informes, pero lo más importante para nosotros es una economía fuerte que tenga una repercusión efectiva sobre el empleo. Para ello tenemos el mercado interior y la UEM, pero eso no es suficiente para Europa. Hoy quiero hacer hincapié sobre todo en la ilimitada competitividad fiscal. Me parece que en este tema sí hemos progresado bastante gracias a los esfuerzos del Comisario, pero el Consejo no hace lo suficiente. Ha sido el Consejo en particular, que en algunas cuestiones muy importantes, por ejemplo el desplazamiento de los impuestos sobre el empleo hacia tasas medioambientales y energéticas, no quiere avanzar y probablemente ahora se haya quedado de nuevo bloqueado. Justamente ahí hay grandes oportunidades. A petición mía se ha redactado un informe en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre las tasas de productividad y los impuestos verdes y de él se desprende que, si se introduce este tipo de impuestos a nivel europeo, pueden tener grandes efectos para el empleo. Quiero recomendar por lo tanto a la comisión que tenga en mente este informe de los servicios de estudio.
La reducción de la doble imposición de los ingresos procedentes del trabajo a causa del distinto trato de primas e impuestos en los Estados miembros impide además la movilidad de los trabajadores. Por eso me parece sumamente importante que nos esforcemos también en relación con la seguridad social y las pensiones por una convergencia entre los Estados miembros. No estoy abogando por imponer una regulación europea desde arriba, sino que desde abajo se puede luchar sin duda por una convergencia, y eso será muy necesario si queremos ser capaces de pagar el envejecimiento del futuro. Quiero volver a llamar la atención sobre el enorme cambio demográfico que nos espera y la necesaria coordinación de este tema por parte de la Unión Europea.

Christodoulou
Señora Presidenta, el informe de la Comisión sobre las grandes orientaciones, que este año se caracteriza por una mejora cualitativa, presta al empleo una atención especial, y acentúa la necesidad de auténticos cambios estructurales. Asimismo, y más allá de las grandes orientaciones, se refiere al caso concreto de cada país - reconociendo así que cada país tiene particularidades y se enfrenta independientemente a la evolución de su economía-, y propone además las reformas necesarias.
Este cambio era necesario y quisiera señalar que se conjuga perfectamente con la flexibilidad en la interpretación y la aplicación de los criterios que se incluyen en el Tratado, y que repetidamente he defendido. La existencia, en este momento, de la Unión Económica y Monetaria demuestra que no se trata de una formalidad, sino de un tratamiento dinámico de asuntos económicos y monetarios, que presupone además la coordinación no sólo de las políticas monetarias, sino también de las políticas económicas y sociales de los estados de la Unión Europea.
Otro aspecto que hemos tomar en consideración es que también el marco estructural debe caracterizarse por la misma flexibilidad. Sin cierta coordinación de las políticas económicas más generales, la política monetaria no tendrá ni la eficacia ni el vigor que queremos que tenga, de tal suerte que la moneda de la Unión Europea desempeñe su verdadero papel. En estas condiciones, pues, hemos de evitar toda potencial división en el interior de la Unión y esforzarnos para que la adhesión a la Unión Económica y Monetaria de todos los países miembros sea una realidad lo antes posible. Sólo de esta manera será posible la mejor y más eficaz aplicación de las reformas económicas globales y coordinadas que postula la Comisión. Y sólo de este modo podremos alcanzar de hecho, y de acuerdo con el Tratado de Maastricht, una verdadera Unión Económica y Monetaria.
Saludo, pues, la constatación que la Comisión ha hecho en este asunto, constatación que parece abrir un enfoque económico más racional y más eficaz, cuyas principales características se señalan, se comentan y se mejoran con gran acierto por nuestro ponente, Sr. Fourçans, en su excelente estudio.

Ribeiro
Señor Presidente, acogemos con beneplácito que se celebre un debate conjunto sobre las orientaciones económicas y el «pacto para el empleo». Parece como si estuviéramos en el buen camino de considerar, o al menos debatir, la perspectiva de que sólo se puede luchar contra el desempleo con políticas económicas orientadas a la creación de puestos de trabajo. Parece...
Pero no sólo el debate va a pasar a hurtadillas al final de esta tarde, sino que, además, será el inadvertido introito de una semana llena de acontecimientos, de los que sumergen cualquier debate... ¡y no digamos uno sobre orientaciones económicas y empleo!
Esperamos algo de Colonia. Que también allí se celebre el debate conjunto economía/desempleo y sobre todo que no resulte indiferente la manifestación que se realizará contra el desempleo, la precariedad y las exclusiones, después de otras a las que hay referencias en el Informe Menrad... y que no pueden salir de él.

Raschhofer
Señor Presidente, estimados colegas, una política económica sólida que deje respirar a las empresas es el mejor medio para lograr más puestos de trabajo. En el año pasado se pudo reducir el desempleo al 10 %. No obstante, esta tendencia, que es grata pero en ningún caso satisfactoria, no ha de atribuirse, como se afirma en muchos sitios, a las medidas de política de empleo de la Unión. El convencimiento de que los esfuerzos realizados hasta ahora por la Unión o por la política nacional de empleo han sido insuficientes y poco exitosos, hace también necesario el actual pacto para el empleo.
Si se quiere calificar de manera positiva los presentes documentos, cabe decir que se han identificado los problemas y que se han formulado conceptos y planteamientos acertados. Sin embargo, con planteamientos y con la conciencia de los problemas únicamente no se logra un solo puesto de trabajo. Existe voluntad y existen los conceptos pero la gran deficiencia reside en la puesta en práctica de las medidas. La propia Unión tiene sólo posibilidades limitadas de crear puestos de trabajo. Ésta es tarea de los Estados nacionales y de las empresas, sobre todo de las PYME, a las que hemos de dedicar toda nuestra atención.
La creación de un nuevo puesto de trabajo cuesta cerca de un millón de chelines en mi moneda nacional. Sólo los recursos de los Fondos estructurales deberían haber podido crear desde 1989 seis millones de puestos de trabajo. Sin embargo, estos puestos de trabajo no se ven por ninguna parte, ha declarado el Presidente del Tribunal de Cuentas, Friedmann. El pacto para el empleo...
El Presidente retira la palabra a la oradora.

Weiler
Estimados colegas, es sorprendente, aunque quizá no lo sea, que este debate ponga de manifiesto hoy las diferentes posiciones sobre la política económica y sobre la política social y de empleo en Europa. Quizá no sea tan sorprendente, puesto que, ciertamente, estamos ya en campaña electoral; de lo contrario, las intervenciones no habrían sido tal como se han producido. El Sr. Menrad ha presentado un informe razonable y bueno al que apoya también mi Grupo en la medida que se aprueben nuestras enmiendas. Tiene razón en que no debemos inventar todo de nuevo. Tenemos experiencias nacionales en algunos Estados miembros, pero a nivel europeo es realmente tierra nueva tal como estamos configurando y llevando a cabo el pacto para el empleo. Tierra nueva fueron también los planes de acción nacionales y, al contrario de la oradora que me ha precedido, yo creo que las directrices de Luxemburgo y los planes de acción nacionales, entre otras cosas, se han derivado del hecho de que tenemos una tasa de desempleo más baja. Naturalmente, es preciso hacer algo todavía, esto es también indiscutible y se ha mencionado en ambos informes.
Sin embargo, a pesar de todas las coincidencias, señor Menrad, quisiera enumerar algunos aspectos en los que no somos de la misma opinión, y tampoco creo que el Gobierno alemán veo esto con tal estrechez como usted, señor Langen, lo ha expuesto. Evidentemente, el pacto para la estabilidad fue celebrado por nosotros, pero no se nos satisface a todos nosotros con una política de estabilidad que estrangula los presupuestos públicos y que les priva de todo espacio político de maniobra y también de la necesidad de crear condiciones marco en la educación, en la investigación y en la formación profesional. No nos hemos imaginado semejante pacto de estabilidad. Tampoco nos basta, y en esto tienen razón nuestra colega, la Sra. Van Lancker, con que podamos hacer política de empleo sólo con el FSE, por muy importante que sea; en este punto surgirá en todo caso una nueva necesidad en el próximo período de legislatura.
Por último, quisiera decir de pasada a la Presidencia alemana, que presentará en Colonia el pacto para la estabilidad, lo siguiente: tengan en cuenta que, evidentemente, esperamos que como Parlamento se nos dé participación en esto.

Carlsson
Señor Presidente, he manifestado con anterioridad en esta Asamblea que las diferencias y las injusticias en Europa se producen entre quienes tienen trabajo y aquellos que están al margen de la posibilidad de participar, de ganarse el sustento y de desarrollarse.
Estamos discutiendo tres informes de mis camaradas de partido del Grupo PPE. ¡Quiero felicitarlos por este excelente resultado! Dejemos que la receta fundamental del Sr. Fourçans para conseguir una política económica sana sea la base de la medicina que necesita el mercado laboral europeo. Las medidas dirigidas a los servicios de gran intensidad de mano de obra de Thyssen se necesitan, desgraciadamente. Esto constituye una clara demostración de que los altos impuestos intimidan a un mercado de servicios blanco y expansivo.
El sector de la información y los servicios está poco desarrollado en la UE en comparación, por ejemplo, con EE.UU. En este sector se encuentran realmente los empleos del futuro, que no nos podemos permitir que desaparezcan por los altos impuestos. Por eso se necesitan también reformas estructurales profundas en los diferentes mercados europeos. El mercado común tiene que hacerse realidad y utilizarse plenamente. Con la unión monetaria aumenta la competencia. Si se le maneja adecuadamente, puede acrecentar tanto la competitividad como el bienestar en la UE.
También doy las gracias a la Comisión, incluidos los Comisarios que hoy están presentes, por señalar incansablemente la falta de dinámica, la necesidad de cambios, especialmente respecto al papel de los gobiernos y del Parlamento, en la toma de medidas que alivien la presión fiscal, que estabilicen las finanzas públicas y que mejoren el funcionamiento del mercado laboral y de la educación en los Estados miembros.
Usemos a la UE para generar las condiciones necesarias para la creación de empresas, de nuevos puestos de trabajo y para el crecimiento y no para asfixiar con burocracia a los empleos que necesitamos ni para sentarnos aquí y creer que podemos repartir o «palabrear» los nuevos empleos y las posibilidades futuras en nuestra Europa.

Svensson
Señor Presidente, tanto la recomendación de la Comisión como el informe del Fourçans se fundamentan en una idea esencialmente equivocada, esto es, que la política económica es uniforme. Sabemos que todas las estructuras de la economía son muy diferentes en los distintos países miembros. La aplicación de idénticos principios de política económica resulta ambigua y contradictoria en países que tienen estructuras tan diferentes, como es el caso de la Unión. Si, en cambio, se quiere conseguir un resultado armonizado, la política deberá diferenciarse, tener variaciones nacionales y adecuarse a las estructuras nacionales.
De una vez por todas, la Unión debe terminar de dejarse guiar por teorías abstractas sobre armonización, desvinculadas totalmente de la realidad.

Lienemann
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, es un poco sorprendente ver como por un lado nuestra Unión Europea plantea un debate sobre las grandes orientaciones de la política económica extremadamente prolijo, con obligaciones concretas y con un pacto de estabilidad riguroso, y por otro lado una política de empleo a base solamente de vagas orientaciones, mientras nos pasamos todo el tiempo diciendo que el gran problema de Europa y de los europeos es el empleo.
Lo primero que deseamos es que las instituciones europeas se muevan al unísono y hagan converger los dos aspectos: la política económica y la política de empleo. Pero está claro que si no salimos de este punto muerto, el crecimiento no será suficiente para hacer retroceder el desempleo. El memorándum europeo propuesto por los Ministros de Trabajo francés e italiano pide explícitamente que la Unión Europea fije el listón del 3 % de crecimiento para los próximos años. Esto no se conseguirá sin decisiones rigurosas. ¿Cuáles cabe esperar?
En primer lugar una política de promoción de obras públicas tal y como preconizó Jacques Delors. Con frecuencia hacemos referencia a este tipo de propuestas, sin adoptar nunca compromisos realmente concretos de carácter financiero u operativo.
Acto seguido, si se quiere relanzar el crecimiento, hay que sostener la demanda interna. Les recuerdo que los Estados Unidos se apoyan mucho en la demanda interna para sostener el crecimiento. Y aquí no existen milagros: para estimular la demanda interna, hay que sostener primero los salarios. Hay que terminar pues, con la política de moderación salarial que con tanta frecuencia ha prevalecido. Es necesario que los incrementos de productividad y las mejoras salariales vayan a la par. En segundo lugar, hay que reducir los impuestos sobre el consumo; nosotros abogamos por la reducción del IVA, especialmente en los sectores más dinámicos en materia de creación de empleo.
Hay que promover finalmente las inversiones públicas: por ejemplo las obras públicas de las que hemos hablado, pero también la investigación. Siempre me ha inquietado mucho oír esas grandes declaraciones vanagloriándose de la reducción de las ayudas públicas a las empresas, sin querer aceptar que, mientras tanto, la mayoría de las empresas, de las grandes empresas privatizadas, ya no invierten en investigación básica ni en I+D, haciendo que nuestro nivel tecnológico retroceda.
Para terminar, la cuestión del empleo no se reduce al tema del crecimiento por indispensable que sea este. Desde que la humanidad existe, trabajamos cada vez menos, produciendo cada vez más. No veo porque esta progresión secular tenga que parar. Ha llegado el momento de una nueva etapa de reducción de la jornada de trabajo que debe propiciar la ocasión para una mejor distribución de las riquezas producidas. Quizá Europa tenga mucho paro, pero nunca ha sido tan rica. El problema es que la riqueza está mal repartida. Se necesita, pues, una fiscalidad más justa, ya que no basta con armonizar: es necesario gravar el capital aún más, y menos el trabajo. Es necesario invertir en el futuro mediante la inversión pública: las obras públicas y la investigación. Es necesario que reduzcamos la jornada de trabajo, lo cual debe venir acompañado, evidentemente, de una mayor cualificación de la mano de obra. Desde este punto de vista, los planes nacionales de empleo son muy positivos.
Señor Comisario, queridos colegas, nuestra sensación es que no salen las cuentas. Actualmente tenemos trece gobiernos socialistas. Tanto sus votantes como los pueblos europeos esperan que pongan en práctica una política no solamente al servicio del empleo, sino también al servicio de un modelo social que no se base en la precariedad.

Metten
Señor Presidente, con la llegada del euro cambia también el carácter de las grandes orientaciones de las políticas económicas. Ya no podemos actuar sin compromiso ahora que once países de la Unión Europea forman una única zona monetaria con un Banco Central y una política monetaria única. La combinación de políticas económicas mixta tienen tiene que llevarse a cabo obligatoriamente a nivel europeo. Esto ocurrirá. La cuestión es solamente si la política jugará un papel lo suficientemente activo en esto. Con el trasfondo de la necesidad de una activa combinación de políticas europea me ha consternado la propuesta sobre las grandes orientaciones de la Comisión Europea. En lugar de un progreso, la Comisión Europea nos presenta un gran paso hacia atrás. ¿Por qué?
Si la combinación de políticas europea ha consistido hasta ahora en unas recomendaciones para la política presupuestaria de los gobiernos, la política monetaria de los bancos centrales y la política salarial de los interlocutores sociales, la llegada del euro y el BCE son por lo visto motivo para la Comisión Europea para no dar ya un papel activo a la política monetaria en la combinación de políticas europea. Es como si los gobiernos y los interlocutores sociales por sí solos pudieran influir la política económica y como si el BCE no tuviera también un papel en relación con el apoyo de la política económica. Esta discusión viene de largo y yo digo por lo tanto que la Comisión Europea actúa en esto como si fuera la secretaría de las fuerzas conservadoras del BCE, que argumentan que la segunda tarea que tiene el BCE según el artículo 105 del Tratado, es decir el apoyo a la política económica cuando la estabilidad de precios queda suficientemente asegurada, ya está lo suficientemente atendida garantizando la estabilidad de precios misma. Le remito a la estrategia política en la primera comunicación mensual del BCE. Afortunadamente, el presidente del BCE Duisenberg puso de manifiesto el lunes de la semana pasada en la última sesión del Parlamento que la bajada de los tipos de interés del 8 de abril fue justamente un intento de contribuir algo a la reactivación económica de la Unión, dicho de otro modo, ha reconocido textualmente que la política monetaria también tiene una función económica. Por eso creo que es un gran error -y menos mal que esto también se indica claramente en el Informe Fourçans- reducir esta combinación de políticas a una mera tarea de los gobiernos y de los interlocutores sociales. No, eso no puede ser. Usted debería retornar, Comisario de Silguy, a una combinación de políticas en la que la política monetaria sí tenga una función de cara a la política económica.

De Silguy
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, antes de nada permítanme decirles que vertebraré mi intervención sobre los aspectos relativos a las grandes orientaciones de la política económica, o GOPE; el Sr. Mario Monti abordará el otro informe, es decir la ponencia Menrad sobre el pacto europeo para el empleo.
De entrada quisiera felicitar al Sr. Fourçans por su excelente ponencia y por un excelente trabajo, realizado con gran celeridad, por lo cual también le felicito. En efecto, las GOPE son el instrumento central indispensable para una coordinación eficaz de las políticas económicas en Europa, que sitúan el empleo, Sra. Lienemann, sin duda, en el centro de las prioridades de nuestros gobiernos, pero también de la Comisión y, por supuesto de la Asamblea. Las GOPE serán examinadas en el Consejo «Ecofin» el 10 de mayo, antes de su ratificación por los Jefes de Estado y de Gobierno en Colonia, a principios de junio.
Ya he tenido ocasión, Sra. Metten, de presentar en detalle la recomendación de la Comisión ante su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y dado el poco tiempo que se nos ha concedido esta tarde, quisiera, si me lo permiten, concentrar mi intervención con el fin de responder con rapidez a las preguntas y comentarios de su ponente, y a las que se han mencionado esta tarde. Para simplificar, agruparé mis comentarios en dos grandes temas, la situación económica actual y la puesta en marcha de las Grandes Orientaciones de Política Económica.
Primero la situación económica de Europa. La situación mejora. Es verdad que con lentitud, pero mejora a pesar de las incertidumbres, de las que se hacen por otra parte eco las últimas encuestas de opinión. A pesar de las incertidumbres que persisten, la impresión actual es alentadora, los fundamentos económicos de la Unión Europea son cada vez más sanos. Doy como prueba la buena marcha del consumo y la confianza de las economías domésticas.
La disminución del crecimiento mundial sólo ha afectado de manera limitada y temporal al crecimiento europeo. El crecimiento europeo debería acelerarse a lo largo del año para alcanzar a finales de 1999 un ritmo anual del 2, 5 % al 3 %. La evolución reciente de las variables monetarias, Sra. Metten, refuerzan la confianza de los agentes económicos y deben tener repercusiones positivas, especialmente en el comportamiento de la inversión privada, pero usted sabe perfectamente que jamás comento las decisiones del Banco Central Europeo, para no ser acusado de transgredir el sacrosanto principio de su independencia.
La situación del empleo mejora. Es cierto que muy lentamente, Sra. Morea, . Sra. Van Lancker, la he escuchado con atención. Releo las cifras: el empleo debería aumentar un 0, 8 % en 1999 y un 0, 8 % en el 2000. Ha aumentado un 1, 1 % en 1998. Eso es poco, pero indica sin embargo que la curva de paro en Europa se ha invertido y que el crecimiento actual genera más empleos. Por supuesto que es aún insuficiente y esa es la razón por la que hemos presentado las GOPE, precisamente para poner sobre la mesa una estrategia económica, que se sigue desde hace años, y como el ponente ha subrayado, no hay razón para cambiar de estrategia económica, al contrario, hay que mantener el rumbo y redoblar los esfuerzos para mantener el crecimiento y luchar contra el paro.
La Comisión se congratula del apoyo que su ponente da a la estrategia preconizada por la recomendación sobre las Grandes Orientaciones de la Política Económica para 1999. No insistiré en ello. Solo hay un punto, el relativo a las reformas estructurales, sobre el que quisiera llamar la atención, para precisarles que la Comisión está dispuesta a valorar la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones, los transportes y la energía. En breve se publicará un análisis de estas industrias de redes. Del mismo modo, la Comisión no tiene objeción alguna en desvelar las « best practices « de las legislaciones nacionales respecto de las normativas para las empresas.
En un segundo orden de cosas abordaré la puesta en marcha de las Grandes Orientaciones de la Política Económica. Lejos de ser, señor Metten, un simple secretariado del Consejo, la Comisión ha presentado este año recomendaciones por países. Se pretende con esto garantizar que las grandes orientaciones sean un test de gran envergadura para poner de manifiesto la voluntad de los Estados miembros de coordinar en la práctica, Sra. Lienemann, las políticas económicas utilizando los instrumentos creados a este fin. Añado, a la atención del Sr. Christodoulou, que las grandes orientaciones se aplican a los quince Estados miembros, incluso aunque algunas disposiciones del Tratado se limiten específicamente a la zona euro.
Segundo tema de preocupación: el empleo. La recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones establece, para cada Estado miembro, objetivos nacionales en términos de reforma estructural, tema que ha sido mencionado, creo, por las Sras. Moreau y Randzio-Plath, ya sea en relación con el mercado de trabajo, ya sea por otra parte en relación con una política más activa en materia de empleo. ¿Están dispuestos los Estados miembros a aceptar los objetivos propugnados por la Comisión sin edulcorarlos? También aquí planteo la cuestión. En Dresde los ministros de Hacienda han aprovechado la ocasión para preparar un pacto europeo por el empleo. El Sr. Monti podrá exponerles esta cuestión. Yo no insistiré sobre ello. Solo quisiera señalar que siguiendo los pasos de su ponente, la presidencia alemana ha sugerido a este respecto, favorecer el diálogo macroeconómico entre todos los actores de la «policy mix «.
Por eso la Comisión propone invitar a los interlocutores sociales a presentar una posición común en el Consejo Europeo de Colonia. También por esto la Comisión propone la organización en el futuro de una reunión anual con los interlocutores sociales antes de que el Consejo Europeo de primavera adopte las GOPE.
Por otra parte, en el contexto de una mejor integración del empleo en la política macroeconómica, su ponente sugiere la supresión del desdoblamiento actual entre las grandes orientaciones y las líneas directrices para el empleo. Creo que tiene razón, merece la pena plantear la cuestión. ¿No convendría, efectivamente, garantizar una mayor complementariedad entre las dos políticas, incluyendo también la fijación de un calendario único? La Comisión reflexionará sobre ello.
Terminaré con el tema de la puesta en marcha de las GOPE diciendo que la Comisión espera encarecidamente que, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, los Estados miembros puedan, a lo largo de este primer año del euro, ponerse de acuerdo sobre un contenido prescriptivo preciso, operativo y no edulcorado de las grandes orientaciones de la política económica, especialmente en lo relativo a las recomendaciones por países y a la política de empleo.
Diré para concluir, señor Presidente, señoras y señores, que la Comisión suscribe con gusto su propuesta de proceder de modo sistemático a una evaluación anual de la puesta en marcha por los Estados miembros de las grandes orientaciones, lo que podría llevarse a cabo a partir de la primavera del 2000, sobre la base de estas recomendaciones por países. Todo esto no contribuiría sino al fortalecimiento de una verdadera política económica europea.

Monti
Señor Presidente, en nombre de mi colega el Sr. Flynn, quisiera comenzar felicitando al Sr. Menrad por su informe y agradeciendo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales su rápida labor sobre el proyecto de resolución. Compartimos totalmente las opiniones expresadas sobre el Pacto Europeo por el Empleo. Además, el Sr. Menrad ha subrayado la necesidad de incluir el empleo en las políticas comunitarias, cosa que está plenamente en consonancia con la comunicación aprobada por la Comisión al respecto el 21 de abril. Al reiterar el apoyo del Parlamento al proceso de Luxemburgo e insistir correctamente en el apoyo que el Fondo Social Europeo debe dar a la estrategia europea en pro del empleo, el informe y la resolución han enviado mensajes oportunos.
Debe quedar claro lo que pretendemos con el Pacto Europeo para el Empleo. Como se pidió en el Consejo Europeo de Viena, dicho pacto debe establecer un diálogo en el que participen todas las instancias con cometidos en materia de formulación de políticas que tengan repercusiones en el crecimiento económico y la creación de empleo. Dicho diálogo debe respetar plenamente la autonomía de las diversas instancias y celebrarse en niveles diferentes, como propone el proyecto de resolución que el Parlamento tiene hoy ante sí. Por lo que se refiere a la política macroeconómica, debe haber un intercambio de opiniones entre las instancias pertinentes sobre cada uno de los elementos de la combinación de políticas -política fiscal, tendencias salariales y política monetaria- para que cada una de ellas pueda contribuir plenamente al crecimiento y al proceso de creación de empleo.
Cuando el Tratado de Amsterdam y su artículo 127 entren en vigor, debe haber una evaluación de las repercusiones de todas las políticas pertinentes en materia de empleo. En nuestra reciente comunicación al respecto, la Comisión expuso en líneas generales cómo puede una diversidad de políticas promover un alto nivel de empleo y cómo las políticas van encaminadas cada vez más hacia ese objetivo. La comunicación aborda, por ejemplo, formas de fomentar y apoyar la inversión en capital y recursos humanos para fortalecer la economía de la Unión Europea. Examina cómo pueden las reformas estructurales hacer funcionar mejor los mercados y con ello contribuir a que se logre un crecimiento y un empleo sostenibles. Se refiere a la modernización de la protección social y de los sistemas impositivos para mejorar los incentivos y las oportunidades laborales para la entrada o el regreso al mercado laboral. Nos complace ver que en el proyecto de resolución se mencionan todos esos aspectos.
Serán necesarias otras medidas prácticas para evaluar cómo pueden contribuir más las diversas políticas comunitarias al objetivo en materia de empleo y, en los casos necesarios, cómo se las puede reorientar para que lo hagan. Reviste importancia decisiva que el Pacto para el Empleo consolide el fundamental papel del proceso de Luxemburgo. Lo importante ahora es fortalecer las directrices sobre el empleo para que rindan en todo su potencial como un instrumento potente para la reforma del mercado laboral. Tenemos derecho a esperar que los planes nacionales de acción que los Estados miembros están formulando actualmente sean más ambiciosos que el año pasado. Y, cuando pasemos a evaluar las repercusiones de los planes nacionales de acción en fecha posterior de este año, dos años después del Consejo de Luxemburgo, estaremos en mejores condiciones para evaluar si la estrategia está dando resultados o si hacen falta más esfuerzos en ciertos sectores.
Sus Señorías tienen razón al subrayar que el Fondo Social Europeo debe desempeñar un papel fundamental en apoyo de la estrategia europea en materia de empleo. Así, pues, entendemos muy bien por qué el proyecto de resolución propone que se vuelva a la propuesta de la Comisión para la financiación de las actividades correspondientes al Objetivo 3 en el período 2000-2006. Sin embargo, no podemos olvidar el marco presupuestario más amplio. Estamos satisfechos con el tratamiento que han recibido el Fondo Social Europeo y la estrategia en materia de empleo en el acuerdo de Berlín.
Permítaseme ahora pasar al debate de Sus Señorías sobre la vinculación entre las directrices sobre el empleo y las grandes directrices de política económica. En Viena el Consejo Europeo pidió una mayor sinergia entre los dos procesos y la Comisión respondió a esa petición con sus grandes directrices de política económica más recientes y su comunicación sobre el artículo 127. Sin embargo, no se debe olvidar que el proceso de Luxemburgo es aún muy reciente. Los Estados miembros han formulado nuevas disposiciones de trabajo para aplicar sus planes nacionales de acción y presentar informes al respecto. Estamos aprendiendo juntos a hacer funcionar un proceso de presión inter-pares y evaluación abierta. Se le debe permitir que cobre impulso: un cambio en el calendario en esta temprana fase sería perturbador.
Está claro que nuestro planteamiento del empleo debe abarcar las políticas macroeconómicas y también las microeconómicas y debe abordar problemas que surgen no sólo en los mercados laborales, sino también en los de capitales y de productos. La formulación de dicho planteamiento integral y un diálogo entre todas las instancias participantes es el núcleo del propuesto pacto por el empleo. Se trata de asuntos de fondo y no simplemente de calendario. Esperamos que el pacto sea un paso hacia una mejor integración de las políticas estructurales, macroeconómicas y de empleo.
Quisiera concluir con dos o tres observaciones sobre aspectos que me han parecido particularmente interesantes durante el debate. Varios oradores -como el Sr. Blokland y el Sr. Langen- han señalado el problema del envejecimiento de la población. A iniciativa del Comisario Flynn, la Comisión ha examinado el problema del futuro de la seguridad social y tengo mucho gusto en decir -recientemente a instancias también de la Presidencia alemana y del Parlamento Europeo- que muy pronto vamos a presentar una comunicación sobre los fondos de pensiones, en el que sacaremos las conclusiones que se desprenden de la aplicación del Libro Verde.
Varios oradores -incluidas las Sras. Randzio-Plath, Boogerd-Quaak y Van Lancker- se han referido a los pactos fiscales. Permítaseme decir que, pese a las inevitables dificultades debidas a la regla de la unanimidad, resulta innegable que ahora -a instancias de la Presidencia alemana y con el apoyo de este Parlamento- se están logrando avances en la aplicación de la estrategia contra la dañina competencia fiscal y se han fijado varios objetivos para el Consejo Europeo de Helsinki.
En cuanto a la propuesta más concreta, cara a muchos de Sus Señorías, sobre la tasa reducida del IVA de los servicios con alto índice de mano de obra, tengo mucho gusto en observar que hoy, con la Presidencia alemana, se ha celebrado la primera reunión de un grupo de trabajo del Consejo sobre ese tema y esta noche vamos a debatir el Informe Thyssen también sobre este tema.
Finalmente, Sr. Blot, usted manifiesta un temor que me permito el lujo de no compartir. Usted teme que la coordinación de los sistemas fiscales, después de la unión monetaria, elimine también una de las dos posibilidades residuales de estrategia contra los famosos choques asimétricos. Pero yo creo ser capaz de tranquilizarle. La estrategia de coordinación fiscal propuesta por la Comisión y adoptada por unanimidad por el Consejo «Ecofin», defendida entre otros por el ponente, Sr. Fourçans, no es evidentemente una estrategia de armonización atractiva. Le invitaría más bien a considerar el problema en los términos siguientes: con la actual integración de los mercados, si no hubiera ninguna forma de coordinación de las políticas fiscales, en ese caso los Estados miembros sí que perderían cada vez más soberanía en beneficio de mercados anónimos, y en ese caso tendrían cada vez menos posibilidades de implantar con eficacia una política fiscal.

Metten
Señor Presidente, es interesante que la Comisión hable por boca de dos Comisarios. Es una lástima que se contradigan. El Comisario de Silguy ha propuesto que la política monetaria no sea un elemento de la combinación de políticas, mientras que el Comisario Monti se ha referido a la política monetaria como un elemento importante de la combinación de políticas. ¿Podría la Comisión darme una explicación al respecto?

De Silguy
No veo contradicción. Solo hay una posición de la Comisión respecto de las grandes orientaciones de la política económica: esta es la recomendación presentada por la Comisión y que ha sido adoptada por unanimidad. Les recuerdo que, en esa recomendación sobre la policy mix , la Comisión defiende un equilibrio que se funde a la vez en la política presupuestaria, en la evolución salarial, y en la política estructural. En relación a la política monetaria, pudiera dar la impresión que existen diferencias respecto del año anterior, porque se tiene en cuenta el hecho de que ahora, a diferencia del año pasado, existe un Banco Central Europeo independiente y no conviene interferir en esa independencia. Dicho esto, la Comisión, tanto este año como el próximo se reserva el derecho a elaborar todos los análisis y comentarios que considere útiles para garantizar que la policy mix sea lo más equilibrada y lo más apropiada posible para permitir un crecimiento sostenido, no inflacionista y creador de empleo en Europa.

Monti
Señor Metten, quisiera simplemente confirmar exactamente lo que ha dicho el Comisario de Silguy. En el texto que he leído en nombre del Comisario Flynn no veo contradicción alguna con la posición expresada por el Comisario responsable.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Oficina de Lucha contra el Fraude
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0240/99) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta modificada del Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude.

Bösch
Señor Presidente, señoras y señores, siempre he tenido el convencimiento de que al final la Unión Europea y sus instituciones saldrán fortalecidas de la crisis de las pasadas semanas y meses. Con la OLAF, la nueva oficina europea para la lucha contra el fraude, haremos una perceptible contribución a ello. Creo que es una buena señal que el fundamento jurídico para la OLAF se cuente entre los primeros textos que serán aprobados bajo el nuevo procedimiento del Tratado de Amsterdam. Sin duda, esto no sería posible si todos los participantes en este proyecto -el Consejo, el Parlamento y también, tras algunas vacilaciones iniciales, la Comisión- no hubieran colaborado con un espíritu muy constructivo. Por consiguiente, quiero dar las gracias a todos aquellos que estuvieron y están en el grupo de altos representantes de nuestras tres instituciones, tanto a nivel técnico como a nivel político. Como ponente quisiera citar por sus nombres a tres participantes y darles cordialmente las gracias: a mi presidenta de comisión, Diemut Theato, a mi valiente amiga de partido, Rosemarie Wemheuer, y a mi infatigable colaborador, Peter Schönberger.
Quiero referirme a la propuesta misma: hemos anudado un paquete que consta de tres componentes. Componente nº 1: el acuerdo de la Comisión sobre la creación de la OLAF, como ente organizativamente asentado en la Comisión, pero que goza frente a la Comisión de una independencia y libertad de decisión garantizadas en su trabajo de investigación. Este acuerdo lo adoptó la Comisión la semana pasada. Componente nº 2: el reglamento del Parlamento y del Consejo que regula cómo han de llevarse a cabo las investigaciones y qué ha de hacerse con los resultados. Este reglamento constituye la pieza central del paquete. Abarca investigaciones externas en los Estados miembros e investigaciones internas en el seno de todas las instituciones de la UE.
Permítanme que con algunos términos mencione los puntos más importantes que queremos enraizar en ella: en primer lugar, el director de la OLAF tiene manos libres en el trabajo de investigación. A este respecto no ha de recibir instrucciones de ninguna parte. Puede iniciar investigaciones a petición de un Estado miembro o de una institución y también por propia iniciativa, y tiene derecho de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia si se siente presionado en su independencia. Este punto lo hemos recogido por recomendación expresa del Tribunal de Justicia, cuya opinión, por otro lado, nos ha ayudado mucho a eliminar los últimos desajustes en los textos.
En segundo lugar, el director está obligado expresamente a contactar e informar a las autoridades judiciales nacionales competentes, si en las investigaciones internas sus colaboradores encuentran estados de cosas que pudieran ser relevantes desde el punto de vista penal. Por consiguiente, en el caso de la OLAF no se trata de sustituir o de eludir al ministerio público o a los jueces en el plano nacional. Con la OLAF tampoco se intenta fundar por la puerta trasera una policía de la UE. De lo que se trata es de investigaciones administrativas o, si ustedes quieren, de investigaciones previas que han de establecer los prerrequisitos para que la policía o el ministerio público puedan hacer su trabajo.
En tercer lugar, la OLAF estará bajo el control de expertos externos independientes. En la versión alemana del texto se habla no con mucha fortuna de un comité de seguimiento. La versión inglesa expresa más certeramente de qué se trata. Habla de un supervisory commitee . A este respecto pensamos en penalistas experimentados o en altos funcionarios de los servicios más relevantes de los Estados miembros, como, por ejemplo, la Guardia di finanza o del Serious fraud office británico. Este comité no debe advertir al director en su trabajo cotidiano, pero debe asegurar mediante un control ex post que no se llegue a situaciones equivocadas. Todo esto constituye el contenido del reglamento y algunas cosas más en las que por la brevedad del tiempo no puedo entrar.
Paso a referirme ahora al cuarto componente, al acuerdo institucional entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre las investigaciones internas. Sobre este tema la Comisión de Control Presupuestario ha aceptado hoy, antes del inicio de este debate, un informe que estará listo para ser votado el próximo jueves junto con el informe sobre el reglamento. Todos los demás órganos, instituciones y agencias de la Unión están expresamente invitados y se les insta a que entren también a formar parte del acuerdo. Esta es la condición previa para que la OLAF pueda realizar investigaciones en ellos. Por lo demás se prescribe que los funcionarios y demás personal de la UE están obligados a informar directamente y sin dilación alguna a sus superiores y también, si lo consideran necesario, a la OLAF acerca de todos las situaciones que permitan deducir la existencia de fraudes, de corrupción o de delitos semejantes.
No sólo los funcionarios, sino también los miembros de las instituciones y de los órganos, colaborarán plenamente con la OLAF. En este punto no debe haber excepción alguna pues, de lo contrario, nos perderemos toda credibilidad. Pero tampoco debe surgir ningún riesgo para nuestra independencia como diputados. Precisamente en relación con nuestra inmunidad parlamentaria hay aquí algunas cuestiones sensibles que es preciso aclarar. Esto no ha sido objeto de las negociaciones y tampoco lo podía ser. Tampoco puede ser tratado apresuradamente por este Parlamento; ha de ser regulado por el Parlamento que se elegirá próximamente.
Para finalizar, algunos puntos que, aunque van a ser decididos por el próximo Parlamento, nosotros deberíamos poner en marcha en las próximas semanas -y, si es posible, antes del Consejo ECOFIN de 25 de mayo- en el marco del Grupo de alto nivel: necesitamos una propuesta consensuable en relación con los cinco miembros del Comité de Vigilancia, necesitamos un perfil del director de la OLAF para que pueda publicarse la convocatoria de las plazas; necesitamos un organigrama de la OLAF como prerrequisito y como base de un presupuesto suplementario, como lo han recomendado ya en su opinión nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos. Esto ha de hacerse con mucha rapidez y éste es también el texto decisivo para nuestra credibilidad. La OLAF debe estar operativa antes de finales del presente año.

Blak
Señor Presidente, a la mayoría de nosotros quizá nos canse cada vez un poco más oír hablar de fraude y desvíos de fondos comunitarios. Es de esperar que la próxima contienda electoral trate también otros temas políticos importantes, sin embargo, es ahora cuando debe librarse la batalla de las grandes reformas mientras todavía haya la voluntad política para ello. Logramos alcanzar un acuerdo con relación a la OLAF y me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar al ponente, Sr. Bösch, por el impresionante esfuerzo que realizó durante las negociaciones con el Consejo y la Comisión. Hemos alcanzado un resultado muy positivo. La nueva propuesta es mucho mejor que la propuesta original. La oficina quedará emplazada desde el punto de vista organizativo dentro de la Comisión; sin embargo, será totalmente independiente en lo que respecta a la realización de sus investigaciones. Esta independencia está garantizada al no disponer la Comisión de competencias directivas sobre la oficina. La oficina también es competente para investigar fraudes e irregularidades en otras instituciones comunitarias. No sólo es en la Comisión donde están los problemas. La oficina debe tener pleno acceso a todas las informaciones relevantes y poder tomar ella misma la iniciativa de emprender una investigación. Con esta propuesta, es de esperar que obtengamos lo mejor de los dos mundos. Obtenemos una oficina que será independiente y al mismo tiempo un beneficio adicional situando la oficina dentro de la Comisión. Al formar la oficina parte de la Comisión, tenemos acceso a informaciones confidenciales que de otra forma no podríamos conseguir. No debemos permitir una oficina a la que se le tome el pelo como se le ha tomado a este Parlamento durante años. De haber apostado por la solución de crear una oficina totalmente nueva al margen de la Comisión, habría sido imprescindible modificar el Tratado. No podemos esperar esta modificación. Es absolutamente fundamental que tengamos la oficina ahora y no dentro de dos años o nunca.
Al aprobar esta propuesta, solucionamos el problema del marco legal. Sin embargo, aún no basta. Ahora debemos asignar fondos del presupuesto para aumentar el número de empleados. Desde el Parlamento hemos pedido 300 puestos y no son demasiados. La oficina debe disponer de recursos para funcionar de forma eficaz. Si no, reproducimos los problemas que acarrea dejar una tarea importante en manos de la Comisión sin asignar los recursos necesarios. Cuando el Parlamento vuelva a reunirse el otoño que viene, deberemos ocuparnos de que se asignen suficientes recursos dentro del presupuesto. Aquí tenemos una tarea considerable. Toda la cuestión referida a las necesidades de la oficina no puede dejarse en manos de la Comisión. La Comisión Tripartita debe ser involucrada en esta discusión y me gustaría proponer que los miembros del grupo tripartito se reúnan después del 25 de mayo cuando el Consejo también haya aprobado esta propuesta. Así podremos discutir rápidamente el nombramiento de la comisión de vigilancia y elegir un director. Y por tanto, podremos poner en marcha la oficina lo antes posible. ¡Es lo que nos hace falta!

Theato
Señor Presidente, nos acordamos de que una de las piedras de toque para una posible aprobación de la gestión de la Comisión respecto de 1996 fue la creación de una Oficina para la Lucha contra el Fraude que fuera operativamente independiente. Los puntos importantes para semejante órgano los aprobó por gran mayoría el Parlamento en octubre de 1998 con el informe de la Comisión de Control Presupuestario, el denominado Informe Bösch, y exigió de la Comisión la correspondiente propuesta de reglamento. Desde mi punto de vista, y digo esto sin exagerar, si la Comisión hubiera presentado a comienzos de diciembre una propuesta razonable relativa a la mejora de la lucha contra el fraude nos habríamos ahorrado probablemente la denegación de la aprobación de la gestión poco antes de Navidad y con ello nos habríamos ahorrado todo lo que vino a continuación.
Lamentablemente, hasta mediados de marzo no se presentó una propuesta modificada de la Comisión respondiendo a los deseos del Parlamento y del Consejo. De esta suerte la Comisión renunció, afortunadamente, a la estrafalaria idea de confiar la competencia en materia de irregularidades y de fraudes a una agencia externa con, pásmense, 48 empleados, es decir, con un funcionario para proteger un promedio de 2.000 millones de euros. Desde entonces todo ha marchado con absoluta rapidez. Si continúa la buena colaboración de las últimas semanas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, podremos aprobar aún antes de las elecciones europeas todo el aparato normativo para una oficina independiente de lucha contra el fraude.
Quisiera destacar especialmente el papel constructivo de los Comisarios Anita Gradin, Karel van Miert y Mario Monti, pero quisiera elogiar también expresamente a la Presidencia del Consejo, a nuestro ponente, el Sr. Bösch, así como a las secretarías de las tres instituciones por el enorme trabajo que han realizado. La Comisión de Control Presupuestario ha realizado sus deberes y en unión con la Presidencia alemana del Consejo ha logrado por unanimidad una posición común y aprobado recientemente el pertinente acuerdo interinstitucional. Si el Parlamento y el Consejo continúan en esta línea, la OLAF podrá entrar en vigor en junio. El ponente ha explicado ya las competencias de la misma. Quisiera solamente resaltar una vez más su independencia operativa; desde el punto de vista institucional la competencia continúa estando en la Comisión; hemos tenido que hacerlo así para hallar ahora una rápida solución.
Importante es también el acceso del director a las autoridades judiciales en caso de posibles acontecimientos relevantes desde el punto de vista penal. Sin embargo, aquí hay todavía una dificultad. Las experiencias habidas hasta ahora con las autoridades nacionales judiciales han sido poco alentadoras. Por ejemplo, por lo que yo sé, en los 27 casos de fraudes internos que la UCLAF ha investigado desde 1994 no se ha producido hasta ahora ninguna sentencia firme. Por último, creo que con la creación de la OLAF contribuimos de manera constructiva a una mejor protección de los intereses de la UE contra el abuso, imponemos la prevención y pretendemos que se reintegren los recursos perdidos.

Kjer Hansen
Señor Presidente, la nueva UCLAF -OLAF- debe poner freno a las irregularidades, al nepotismo, a la corrupción y al fraude dentro de la UE. De ahí que para mí haya sido fundamental que se le otorgue a la nueva oficina libertad para investigar todos los asuntos que desee y plena independencia para calibrar si estos asuntos deben ser entregados posteriormente a las autoridades judiciales, los tribunales nacionales, o no. Me parece primordial disponer ahora de una oficina de investigación que examine la situación de las instituciones comunitarias. Seguramente habrá trabajo de sobra. Cuando digo todas las instituciones comunitarias, debería incluirse también, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, y con las denuncias lanzadas recientemente, sólo se puede creer que es el propio banco el interesado en poner al descubierto la situación del banco. Ahora bien, el Parlamento Europeo debe estar dispuesto también a ello y hay ejemplos de temas cuya investigación sería interesante, por ejemplo, toda la problemática referida a nuestros casos de obras, donde existen todavía muchísimas cuestiones sin aclarar. Confío, señor Presidente, en que la nueva oficina, OLAF, fortalezca claramente esta situación dentro de la UE. Nos permitirá poner orden y garantizar la apertura y la transparencia dentro de todas las instituciones.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señora Comisaria, ante la crisis de valores del mundo occidental, bastaría la observación del mandamiento cristiano «no robarás» para que muchos problemas provocados por el fraude no existieran. En este momento resulta que el fraude y el robo son una forma de vida, una ingeniería, y ahora la delincuencia organizada es una delincuencia elegante, que procede de los mejores medios, que estudia, que trabaja para robar.
Por tanto, hay que crear organismos que estén preparados, sean independientes, tengan medios financieros y también humanos y puedan actuar con independencia. Pero actuar con independencia, ¿es o no es una utopía cuando muchos Estados miembros tienen sistemas judiciales en plena crisis, cuando muchas veces el propio sistema judicial, influido por el poder ejecutivo -porque cada vez se respeta menos la separación de poderes de Montesquieu- deja prescribir casos absolutamente flagrantes de fraude en los que están miles de millones en juego? Quien, como nosotros, estuvo en la comisión de lucha contra la EEB y en la comisión de investigación sobre el tránsito comunitario, ve que se creó la utópica Europa sin fronteras, pero se creó sin frontera y sin control. Y es evidente que eso es una tentación, un paraíso para la delincuencia organizada.
Tengo esperanza de que las soluciones presentadas por el Sr. Bösch encuentren la indispensable voluntad política para que tengan pleno éxito. Pero la colaboración de los Estados miembros es fundamental, porque no se culpa sólo a la Comisión, sino también a los Estados miembros. Y conviene no olvidarlo.

Holm
Señor Presidente, para quienes hemos trabajado poniendo orden en los dineros de los contribuyentes, es un avance que se concrete la OLAF. La UCLAF, antecesora de la OLAF, no ha tenido una larga existencia pero ya le hemos visto su gran defecto, a saber, que es una unidad políticamente dirigida por la Comisión. Lo más importante es que la OLAF es independiente y que su misión es controlar a todas las instituciones de la UE, tarea bastante amplia pero que, desde el Parlamento, nos preocuparemos de que realmente se realice. Obviamente que también es importante el libre acceso a todo el material, para que se pueda hacer una verdadera investigación. Esto se necesita en la lucha contra el fraude con los medios propios de la UE.
Quiero dar las gracias a Bösch por su excelente trabajo en relación con este informe y a la Comisión por haber retirado su primer borrador de OLAF, y por haber contribuido constructivamente a encontrar las soluciones que trataremos esta semana.

Sarlis
Señor Presidente, ante todo quiero sumar también mi voz al elogio a los esfuerzos para la creación de la OLAF, y he de decir que la sesión de hoy está revestida de cierta solemnidad, ya que cuantos trabajamos en la Comisión de Control Presupuestario vemos hoy materializarse unos intentos que han exigido esfuerzos y que han conocido momentos de prueba en los que se decidía si las propuestas prosperarían o no prosperarían.
Tengo que rendir homenaje en primer lugar al ponente, el socialista Bösch, que ha conseguido mantenerse en sus posiciones, a pesar de la fuerte reacción suscitada en el seno de su partido. Del mismo modo tengo que decir que el conjunto de la representación del Partido Popular Europeo en la Comisión de Control Presupuestario ha mostrado en todo momento su apoyo al ponente, ha presentado batalla y ha alcanzado el objetivo propuesto. Y asimismo he de decir que todo esto -el esfuerzo realizado, por ejemplo, con respecto a la supresión de la exención-, tal vez constituya, me atrevería a decir, la coronación de los esfuerzos de este Parlamento, cuyo mandato expira, de hecho, esta semana. Todo el mundo nos recordará por los esfuerzos que hicimos para sanear las finanzas de la Comunidad, y entre esos esfuerzos la creación de la OLAF ocupa un lugar preeminente.
Cuando todo concluye, quisiera expresar por mi parte el deseo de que esta institución prospere, y para que prospere carecen de importancia los viejos enfrentamientos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo; todos unidos debemos cuidar esta planta que ahora brota, de suerte que pueda medrar y fructificar, para bien de la Unión Europea y de sus finanzas, y, sobre todo, para bien de los contribuyentes, es decir, de los ciudadanos de la Unión Europea.

Bontempi
Señor Presidente, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, tenía que haber intervenido antes, pero al estar ocupado, agradezco a la Presidencia que me brinde la oportunidad de hacerlo ahora. Me interesa especialmente hacer esta breve intervención ante todo para recalcar el importante papel desempeñado por el Sr. Bösch, el cual -incluso en los momentos en que era muy difícil llevar adelante este discurso- siempre ha sido muy coherente a la hora de sostener la necesidad de un órgano independiente, a la vista de la gravedad de los casos y de las dificultades para afrontarlos.
Quisiera recordar asimismo el trabajo realizado a lo largo de muchos años por la comisión y la Sra. Theato con miras a definir un papel del Parlamento apto para que avancen los procesos de legalidad y de transparencia. En este contexto se sitúan la cooperación facilitada por nuestra comisión -la Comisión de Libertades Públicas- y los informes que hemos elaborado. También acerca de este informe, aun habiendo jugado un papel secundario- hemos querido emitir una opinión que guardara coherencia y armonía con todo el trabajo realizado en estos años.
Hemos apuntado una solución a corto-medio plazo, la que se ha definido, no obstante, también hemos señalado -sobre la base del artículo 280- un posible desarrollo ulterior. En efecto, creo que el patrimonio político adquirido hasta ahora -la independencia del órgano de control- es un patrimonio que, por un lado, hay que concretar y, por otro, mejorar ulteriormente.
Sabemos que sólo un órgano independiente tanto en las investigaciones internas como externas podrá ofrecernos la posibilidad de luchar de manera adecuada contra los casos que podían haber arruinado a nuestras Instituciones. Quiero añadir, sin embargo, que es muy importante controlar la capacidad de organización de dicho órgano. ¡Ay si una mentalidad burocrática tuviera que echar a pique lo que, por el contrario, debe ser una novedad: se trata de una novedad desde el punto de vista institucional y también debe serlo desde el punto de vista de los resultados!
Y termino, señor Presidente, felicitando muy especialmente a los colegas a los cuales más se les debe este esfuerzo.

Diller
Señor Presidente, señoras y señores colegas, bajo mi Presidencia el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas adoptó el 15 de marzo de 1999 una posición clara: ninguna comprensión, nada de tolerancia para el fraude y la corrupción en la Comunidad. El abuso del dinero de los ciudadanos de la Unión daña la imagen de la Comunidad, los titulares de prensa sobre el tema debilitan el apoyo de la población a la integración y colocan los éxitos de la Unión en el último plano.
Por esta razón la creación de este nuevo órgano de lucha contra el fraude significa una gran oportunidad para la Comunidad y un objetivo importante de nuestra Presidencia del Consejo. El Consejo, el Parlamento y la Comisión pueden aquí demostrar la voluntad y la capacidad de proteger eficazmente los recursos de la Comunidad. Si, como está previsto, logramos poner en funcionamiento la oficina el 1 de junio, ello será una señal importante y tendrá una relevancia especial a sólo pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo.
Creo que en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo se ha logrado crear un concepto muy defendible. Quisiera destacar tres aspectos del mismo. En primer lugar, la propuesta que ustedes tienen delante asegura la presencia eficaz del la oficina allí donde los intereses de la Comunidad estén en juego. La oficina no tiene solamente la función del control externo; ésta es, sin duda, muy importante, pues los Estados miembros son quienes administran el 80 % de los recursos comunitarios. La oficina será también una guardiana independiente de los intereses comunitarios en el seno de los órganos y de las instituciones de la Comunidad. Muchos oradores se han referido ya a la importancia de este aspecto.
En segundo lugar: aunque la oficina está instituida en el seno de la Comisión, la independencia operativa de la misma está asegurada. El director de la oficina no debe solicitar instrucciones de nadie ni aceptar instrucciones de nadie. El decide por su propia responsabilidad acerca de la iniciación, ejecución y evaluación de las investigaciones. Sólo en conjunción con el Parlamento Europeo y con el Consejo puede la Comisión nombrar al director. Un comité de personalidades independientes externas vigila y protege la gestión autorresponsable de la oficina por parte del director.
En tercer lugar: aunque en este momento el interés público se halla concentrado en el descubrimiento de presuntas irregularidades, no deja de tener importancia la prevención. También por esto tiene sentido la idea de la OLAF, pues la oficina está llamada a actuar en la estrategia global de lucha contra el fraude y también pondrá a disposición su experiencia de cara a la elaboración de planteamientos preventivos.
Permítanme decir unas pocas palabras sobre el calendario: la oficina debe estar creada el 1 de junio. La aprobación por el ECOFIN está prevista para el 25 de mayo. Por consiguiente, el reglamento debería ser firmado tanto por el Presidente del Parlamento Europeo como por el Presidente del Consejo. El acuerdo pertinente será firmado por los presidentes de los tres órganos, el parlamento, el Consejo y la Comisión. Se insta a los demás órganos e instituciones a sumarse al acuerdo.
Para terminar, quisiera destacar la cooperación, llena de confianza y constructiva, con la delegación del Parlamento Europeo, en especial con la Sra. Theato, con el ponente, el Sr. Bösch, y con la Comisaria, la Sra. Gradin. Para todos los que han elaborado la OLAF, ésta ha sido una experiencia alentadora, incluso de cara a la futura cooperación.

Gradin
Señor Presidente, el informe del Sr. Bösch y la decisión de la Comisión de crear una oficina europea de prevención del fraude indica el final de un largo proceso que se inició en 1995. Desde entonces, hemos avanzado mucho en lo relativo al fortalecimiento de los instrumentos para la lucha contra las irregularidades, el fraude y la corrupción. El contribuyente europeo tiene todo el derecho a esperar que protejamos su dinero y lo administremos de forma eficiente.
Estoy totalmente comprometida con la satisfacción de esa exigencia. Para mí es también una cuestión de credibilidad de nuestras instituciones. Creo que la creación de la OLAF responde a esos dos objetivos. La decisión de crear esa oficina forma parte de un diálogo político constructivo entre nuestras dos instituciones y el Consejo.
Antes de referirme al informe del Sr. Bösch, quiero colocar en su perspectiva correcta la lucha contra el fraude. Cuando ocupé mi puesto en 1995, el personal que trabajaba en el sector de la lucha contra el fraude estaba aún disperso por varios servicios de la Comisión y tan sólo sesenta funcionarios trabajaban en la UCLAF. Desde entonces, la capacidad operativa de la UCLAF se ha fortalecido considerablemente y se ha agrupado a todo el personal.
Hoy, la UCLAF tiene 141 funcionarios para abordar unos 1.000 casos en los que existen sospechas de irregularidades, fraude y corrupción. El número de casos investigados no ha cesado de aumentar. Naturalmente, es algo lamentable, pero también es una señal de que estamos mejorando en nuestra labor de lucha contra el fraude.
Durante el último año, gran parte de la atención se centró en las 27 investigaciones internas realizadas en la Comisión. Con frecuencia se olvida que la gran mayoría de las investigaciones de la UCLAF se refieren a casos exteriores de los Estados miembros. No lo digo para mitigar el alcance del problema interno de la Comisión: un solo caso interno es demasiado.
La UCLAF trabaja en estrecha cooperación con los Estados miembros. Por ejemplo, durante 1998 el número total de casos abordados por los Estados miembros y la UCLAF ascendió a casi 5.000, que representaron un importe de mil millones de euros, aproximadamente. Esa cooperación es particularmente importante, ya que hay un número cada vez mayor de casos de fraude que traspasan las fronteras, así como una participación cada vez mayor de la delincuencia organizada.
El fortalecimiento de la UCLAF y de su capacidad para luchar contra el fraude se debe a diversas decisiones internas de la Comisión. Ya en 1995 adopté la iniciativa de agrupar todas las actividades de lucha contra el fraude en la UCLAF. A eso siguió en 1997 la decisión de fortalecer la independencia de la UCLAF, entre otros casos, otorgando al director el mismo estatuto de interventor financiero independiente.
Una nueva decisión de 1998 transformó la oficina en un grupo operativo. Al mismo tiempo se añadieron unidades a la UCLAF para que se ocuparan del fraude en terceros países, de la corrupción dentro de las instituciones y de la cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros. En julio de 1998, la Comisión decidió aclarar más, fortalecer más y volver más transparente el mandato de la UCLAF. Los objetivos primordiales eran los de subrayar las obligaciones del personal de cooperar en las investigaciones y al mismo tiempo proteger los derechos del individuo.
También se han adoptado iniciativas para mejorar la información sobre la labor de la UCLAF. A principios de 1998 la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, y yo acordamos un procedimiento para informar a la comisión in camera sobre las investigaciones en curso de la UCLAF y los informes de auditoría interna del Interventor financiero. Fue la UCLAF, de hecho, la que señaló a la atención de la comisión la sospecha de fraude y no, como se cree con frecuencia, periodistas que hubieran hecho sus propias investigaciones. Así, pues, podríamos decir que también nosotros tiramos de la manta.
Pese a esas medidas, durante 1998 resultó cada vez más claro que había que dar un paso más. Ésa es la razón por la que en julio del año pasado respondí positivamente en la Comisión de Control Presupuestario para aumentar aún más la independencia de la UCLAF. A consecuencia de ello, la Comisión presentó una propuesta para dar carácter externo a las funciones investigadoras de la UCLAF. Uno de varios aspectos importantes para mí fue el de que así se evitaría la situación de que investigadores e investigados fueran colegas.
Sin embargo, la propuesta de dar carácter externo a la UCLAF no fue aceptable para el Consejo y el Parlamento Europeo. Para encontrar una solución, se creó un grupo de alto nivel político, con participación del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. Los Comisarios Van Miert, Monti y yo participamos como representantes de la Comisión. En ese marco deseo subrayar que esa forma interinstitucional de encontrar una transacción me pareció muy constructiva. La Comisión pasó rápidamente a aprobar el primer resultado de la labor del grupo de alto nivel en marzo.
No voy a aventurarme a hacer una relación detallada sobre cómo avanzó esa labor. Baste con observar que la Comisión ha adoptado una decisión para crear la OLAF. Deseo recordar a Sus Señorías que la creación de la nueva oficina en la Comisión requerirá recursos, como ha dicho también el Sr. Blak. La Oficina necesitará personal suplementario y los gastos habrán de aumentar, dada la ampliación del ámbito de operaciones. Así, pues, se deberá esperar una petición de recursos suplementarios en la carta rectificativa del presupuesto que se presentará en fecha posterior de este año al nuevo Parlamento. Confío en que las autoridades presupuestarias den acogida positiva a esa petición.
El pasado miércoles la Comisión tomó nota también de las enmiendas propuestas por el Parlamento en el Informe Bösch. Tengo mucho gusto en informar a Sus Señorías de que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas que figuran en dicho informe. La Comisión ha aprobado también el proyecto de acuerdo interinstitucional que permitirá a la oficina hacer investigaciones administrativas internas en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión.
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bösch, y a otros diputados del grupo de alto nivel: la Sra. Theato, Lord Tomlinson, el Sr. Blak y el Sr. Grosch. Hago extensivo también mi agradecimiento a la Presidencia del Consejo, que ha participado en el grupo con el mismo espíritu positivo. Creo que ese proceso conjunto ha resultado muy eficaz. Podría constituir un ejemplo de la colaboración que podrá haber en el futuro entre nuestras instituciones. Espero que el jueves, en su votación sobre el Informe Bösch, reconozca el Parlamento los importantes esfuerzos hechos y la posibilidad suplementaria que la OLAF aportará a la lucha conjunta contra el fraude. Así quedaría el camino despejado para que el Consejo ECOFIN del 25 de mayo adoptara las decisiones necesarias a fin de que la OLAF entrase en vigor el 1 de junio de 1999.
Siempre he tenido presentes, por encima de todo, los intereses de los contribuyentes. Con esta iniciativa enviamos una clara señal de que las tres instituciones comparten esa preocupación, Con una nueva OLAF tendremos un instrumento disponible que fortalecerá nuestra lucha contra el fraude y la corrupción considerablemente. Es un gran logro para la Unión y sus ciudadanos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11 horas.

Aprobación de gestiones
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0196/99, del Sr. Elles, sobre las cuentas de las Comunidades Europeas con respecto al ejercicio 1996,
A4-0201/99, del Sr. Brinkhorst, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997,
A4-0199/99, del Sr. Fabra Vallés, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1997 en lo referente a otras secciones,
A4-0198/99, del Sr. Wynn, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente al 6º y 7 Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1997,
A4-0132/99, del Sr. Blak, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente a la CECA durante el ejercicio 1997,
A4-0163/99, del Sr. Kellet-Bowman, sobre los informes anuales del tribunal de Cuentas relativos a los estados financieros y la gestión de los organismos comunitarios descentralizados.

Diller
Señor Presidente, para que el Acta esté correcta, quisiera indicar que la última letra de mi nombre es una «r» y no una «n».
Señor Presidente, distinguidos colegas del Parlamento Europeo. Como ustedes saben, el 19 de abril tuve ya la oportunidad de exponer a su Comisión de Control Presupuestario la posición del Consejo en el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997. Se presenta la recomendación del Consejo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en relación con la ejecución del presupuesto de 1997, aunque la Comisión ha dimitido ya. El motivo de la dimisión fue, como es sabido, el informe del Comité de Expertos independientes sobre la responsabilidad de la Comisión y de miembros individuales de la Comisión por casos de fraude, corrupción y nepotismo que se han producido en el curso de una serie de años.
Quisiera declarar expresamente ante el Parlamento que la lucha contra el fraude constituye un objetivo esencial del Consejo. Los comentarios sobre nuestra recomendación de conceder a la Comisión la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1997, son claros y diáfanos en este punto. El Consejo Europeo ha destacado una vez más en Viena que otorga una gran importancia a la lucha eficaz contra el fraude, la corrupción, y otras actividades que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea. Ha formulado el deseo de que el Consejo, en conjunción con las demás instituciones, concluya con éxito el análisis de las presentes propuestas y, en concreto, antes del Consejo Europeo que tendrá lugar en Colonia en el mes de junio.
Quisiera destacar que nuestra Presidencia está intentando que el denominado Reglamento OLAF, que acabamos de debatir, sea aprobado por el Consejo ECOFIN el 25 de mayo, y esto en una colaboración extraordinariamente estrecha con ustedes, con el Parlamento. Esta colaboración, y esto ha sido puesto de relieve por todos los oradores, se ha intensificado aún más en las últimas semanas pues se trata de un problema que es conocido por la opinión pública y que es preciso solucionar rápidamente.
No cabe duda de que el Consejo, así como el Parlamento y la Comisión, están haciendo todos los esfuerzos posibles encaminados a luchar contra el fraude y, en especial, también fuera del procedimiento de aprobación de la gestión. Permítanme que vuelva ahora al verdadero motivo de mi comparecencia aquí, en concreto, a la aprobación de la gestión para 1997. En el informe del Tribunal de Cuentas hay, ciertamente, una serie de comentarios negativos acerca de la ejecución del presupuesto -sobre algunos hablaré enseguida- pero sería una ligereza si se atribuyeran solamente a la Comisión las deficiencias que se han producido. Éstas son, en parte, el resultado de fallos estructurales a los que han contribuido también los Estados miembros.
Pero con nuestra recomendación queremos honrar también los esfuerzos que la Comisión ha realizado con éxito en muchos ámbitos en relación con una ejecución más estricta del presupuesto. Con independencia de cualquier crítica, no hay que olvidar esto. No obstante, quisiera referirme a algunos puntos especialmente críticos.
En primer lugar, quisiera insistir en cuán importante es garantizar que la administración eficaz de los programas se vea alentada a través de la organización interna de la Comisión. A este respecto, es preciso que se formulen claramente objetivos que posibiliten una evaluación precisa de la eficiencia de las acciones de la Comunidad. Por lo demás, el Consejo se halla muy preocupado por que se empleen sin un fundamento jurídico los recursos destinados a medidas generales de información y a medidas relativas al ámbito del trabajo publicístico sobre la Unión Europea.
El Consejo no se halla satisfecho por el hecho de que se sigan produciendo irregularidades en los pagos en los ámbitos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía para la Agricultura y en medidas estructurales. Tampoco es de recibo que en contra de la normativa presupuestaria -repito, en contra de la normativa presupuestaria- sea usual, en especial en el ámbito de la investigación, pagar anticipos sin que se conozca el número de las participantes y de los participantes o los costes que se seguirán de las medidas en cuestión. Finalmente, hay que lamentar que no se empleen sino en un volumen reducido, los recursos destinados a los pagos de la ayuda exterior, en especial en los programas prioritarios.
En lo que se refiere a la declaración de fiabilidad el Consejo está profundamente preocupado por el hecho de que el Tribunal de Cuentas no haya podido emitir semejante declaración, pues continúan produciéndose muchos fallos en la ejecución de los pagos. Apenas cabe registrar mejora alguna respecto del pasado ejercicio presupuestario. Pero, junto a esta crítica, quisiera exponer un par de comentarios positivos. Las enmiendas de noviembre de 1998 al reglamento presupuestario posibilitaron una modernización del control financiero, en especial en lo que respecta a la asignación de los recursos no utilizados. Pero al igual que el Tribunal Europeo de Cuentas y probablemente también el Parlamento Europeo, el Consejo concede también una gran importancia a que se emprenda una modernización total y una reformulación completa del reglamento presupuestario. Pedimos urgentemente a la Comisión que presente las oportunas propuestas.
Quisiera referirme también a las medidas que se han adoptado en el marco de la iniciativa SEM 2000, gracias a la cuales ha podido hacerse considerablemente más estricta la ejecución del presupuesto. Como pone de relieve el ponente para el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997, nuestro colega, el Sr. Brinkhorst, la cooperación administrativa entre la Comisión y los Estados miembros, así como la de los Estados miembros entre sí, debe hacerse más intensa puesto que el presupuesto se ejecuta en gran medida por los Estados miembros. Naturalmente, esto no cambia nada en lo que respecta a la responsabilidad de la Comisión por la ejecución del presupuesto. En el análisis del Informe Anual de 1997 del Tribunal Europeo de Cuentas el Consejo ha tenido también en cuenta todos los 25 informes específicos que se han presentado en el curso del año 1998. Sobre algunos de estos informes específicos el Consejo ha aprobado de común acuerdo conclusiones específicas que han sido recogidas en la recomendación.
Finalmente, quisiera destacar que las autoridades presupuestarias y los Estados miembros han de velar para que los recursos procedentes de los impuestos no sólo se asignen debidamente sino que se empleen también de la manera más eficiente posible. El Consejo se halla firmemente decidido ha actuar para que siga mejorándose la ejecución del presupuesto de la Comunidad. Aquí se trata de una tarea permanente de todos los que tienen la responsabilidad por la administración de los recursos de la Comunidad.
Para terminar, quisiera referirme a algunos puntos que han desempeñado un papel, señora Theato, en el debate con su Comisión de Control Presupuestario. Allí se sugirió celebrar una conversación a tres bandas, o al menos un diálogo, con usted antes de que el Consejo adopte su acuerdo acerca de la recomendación sobre la aprobación de la gestión. Discúlpeme usted, pero nosotros estamos algo remisos ante esa sugerencia. Creemos que el Consejo debería ejercer primero las tareas de inspección que le atribuyen los Tratados y sólo después habremos de discutir acerca de los resultados.
Por otro lado, nosotros coincidimos con ustedes en que las cuestiones que se han planteado deberán ser tomadas en consideración en la próxima reforma del reglamento presupuestario. La sugerencia, procedente de las filas de ustedes, de seguir reforzando la cooperación de los expertos nacionales en finanzas entre sí y con la Comisión, encuentra en nosotros un terreno abonado.
Estoy convencido de que ahora, a lo largo del debate, podré llevar algunas sugerencias más a la institución del Consejo, y les doy las gracias a ustedes por la atención que me han prestado.

Elles
Señor Presidente, tomo la palabra para concluir un proceso de aprobación de la gestión que ha sido histórico y en el que nada ha seguido un plan. Espero que podamos concluir nuestras deliberaciones sobre este informe esta semana. Al hacerlo, quisiera hacer unas observaciones de procedimiento y de fondo y después otras de conclusión.
Sobre el procedimiento, quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Control Presupuestario que han hecho contribuciones a este proceso de aprobación de la gestión. Al fin y al cabo, esta aprobación de la gestión es una de entre muchas y resulta que yo soy el ponente general. En diciembre del año pasado la mayoría de esta Asamblea denegó la aprobación de la gestión y se devolvió a comisión porque había problemas de procedimiento que ahora se han resuelto, al modificarse nuestro Reglamento para que esté en consonancia con las disposiciones del Tratado. Así, pues, ahora debemos pasar a adoptar una decisión sobre este asunto.
Durante este proceso hemos visto que algunas personas han desaprobado que la aprobación de la gestión fuera un proceso político. Comprendo ese problema. Comprendo menos a quienes han causado problemas en este proceso de aprobación de la gestión, porque se han abordado problemas de fondo. La mayoría de nosotros comprendemos ahora que fue el momento oportuno para que este Parlamento denegara la aprobación de la gestión, porque eso desencadenó todos los demás acontecimientos que se produjeron en los meses siguientes. Aun así, hoy vemos una enmienda del Grupo Socialista en la que se niega a seguir esta decisión definitiva de denegar la aprobación de la gestión, porque parece querer continuar ese proceso. ¿Es que no han aprendido nada de todo este procedimiento? Debemos ponerle fin hoy.
Pasando a los asuntos de fondo del informe que he presentado y que ahora debe figurar como anexo de esta resolución, había tres asuntos importantes que pusimos de relieve, todos lo cuales han quedado confirmados por el informe de la Comisión de Expertos. En primer lugar, la falta de rendición democrática de cuentas y de acceso a la información. En segundo lugar, la preocupación real -y resulta interesante leerlo ahora después de estos meses- por las irregularidades cometidas por Comisarios y una en particular que, por su incapacidad para dimitir, provocó la dimisión de todos. Tal vez la característica fundamental fuera las deficiencias de la estructura de gestión, que queda muy clara en el párrafo 19 del documento adjunto, en el que se dice: «Las deficiencias en la estructura de gestión propiciaron distorsiones operativas en la aplicación de las políticas». ¿Quién sabe? Tal vez el Presidente en funciones Santer podría haber salvado a la Comisión, si hubiera dejado antes de gestionar programas para los que no disponía de personal suficiente.
Permítaseme examinar también otro asunto de fondo del informe original sobre la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996: el programa de reforma, que el Presidente en funciones Santer hizo suyo el 11 de enero en su programa de reforma de la Comisión. ¿Qué ha sido de esos elementos: los códigos de conducta que pedimos, la revisión del estatuto, el nombramiento de puestos A1 y A2 para velar por que tengamos la mayor calidad en la cima de la Comisión y el informe sobre el control previo? Todas esas cosas parecen haber entrado en una zona opaca, porque una o dos de las resoluciones que hemos aprobado recientemente han carecido de precisión respecto de las peticiones que estamos haciendo a la Comisión.
Me gustaría que al menos se aclararan las cosas, tal vez por la Comisaria, para que el nuevo Parlamento pueda disponer de esos documentos.
Con vistas al futuro, quisiera sacar dos conclusiones. En primer lugar, por lo que se refiere a la Comisión, tenemos varias ideas que han formado parte de este proceso de reforma. Por fortuna, en el informe sobre la aprobación de la gestión en el ejercicio 1997, que mi amigo y colega el Sr. Brinkhorst presentará en breve, veremos presentadas varias de esas ideas. En segundo lugar, espero que este documento esté a disposición del nuevo Parlamento y de la Comisión en funciones y su nuevo Presidente designado, el Sr. Prodi, para que los diputados al nuevo Parlamento tengan la información que necesitan a fin de velar por que el nombramiento de Comisarios se haga de forma eficaz.
No queremos dar la impresión a la Comisión, con toda esta aprobación de la gestión en el ejercicio 1996, de que no tenemos un alto concepto de la mayoría de sus funcionarios. Yo mismo lo fui. Conozco perfectamente la gran calidad de esas personas, pero queremos velar por que sea siempre de gran calidad. No debemos condenar todo el sistema por una simple manzana podrida.
Por último, ha sido, en realidad, el Parlamento el que sobre todo ha hecho campaña sobre este proceso. No creo que sea el Consejo. Éste concedió la aprobación de la gestión. Ha significado la mayoría de edad del Parlamento y en el nuevo Parlamento tendrá que demostrarse que somos capaces de asumir nuestras responsabilidades.

Brinkhorst
Señor Presidente, está claro que las conclusiones de este informe correspondiente a 1997 son muy concretas y muy claras, a saber, el aplazamiento de la aprobación de la gestión por razones institucionales.
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los colegas. La Comisión de Control Presupuestario quería ir más lejos. No quería -en relación con la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996- perder tiempo. No es posible. Debemos seguir adelante. Y sobre ese telón de fondo la Comisión de Control Presupuestario votó el documento que figura como anexo. En cierto sentido, es la historia a partir de 1996. También corresponde al carácter político de este informe la coalición del procedimiento de aprobación de la gestión en una perspectiva más amplia.
Como acaba de indicar el Presidente en ejercicio del Consejo, hay varias características nuevas que se deben tener en cuenta en el futuro. No debemos limitarnos a criticar el pasado, debemos mirar hacia el futuro. Ése es el significado de ese anexo, sobre el propio procedimiento de aprobación de la gestión, sobre la información que se debe dar en el futuro. Hay observaciones sobre lo que ha conducido a esta situación que acaba de describir mi colega el Sr. Elles, una nueva política de personal, cuestiones relativas a las Oficinas de Asistencia Técnica, el informe de la Comisión de Expertos y también algunas directrices para la reforma de la Comisión. Ésa es la razón por la que el informe consta de algo más que la simple declaración de que debemos denegar la aprobación de la gestión en este momento determinado.
Me complace mucho la observación del Presidente en ejercicio del Consejo, porque parte de este informe va orientada también hacia la nueva cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y de los propios Estados miembros entre sí. Acojo con satisfacción la declaración del Consejo de que no se van a hacer oídos sordos al respecto. Como el Consejo ejecuta el 95 %, aproximadamente, del presupuesto, es necesario que se adopten más medidas. Espero que llegue un día en que, como en la Comisión de Presupuestos, trabajemos con una colaboración mucho más estrecha con el Consejo en materia de control presupuestario. Hay varias recomendaciones concretas a ese respecto.
El anexo tiene tres objetivos básicos. Nuestro propósito es el de declarar desde el punto de vista del Parlamento cuál es la situación actual. Es también una relación de lo ocurrido después del procedimiento correspondiente a 1996.
En segundo lugar, como ya ha dicho el Sr. Elles, da una indicación al nuevo Parlamento -si bien nunca debemos pretender reinar después de morir y, desde luego, no un ponente que va a abandonar el Parlamento- sobre el tipo de cuestiones que se pueden utilizar para juzgar a la nueva Comisión durante las comparecencias. Ése es un aspecto importante en sí mismo. No es vinculante, pero es una indicación. Por esa razón, es una contribución de la Comisión de Control Presupuestario y no será votada por el Parlamento como tal.
En tercer lugar, queremos ser un Parlamento constructivo. A medida que el Parlamento adquiere más cometidos y poderes, debe ser también un socio, no sólo en la crítica, sino también en la ayuda a la Comisión para que desempeñe sus funciones independientemente, pero con rendición de cuentas. Así, pues, es también un elemento del programa de trabajo para la futura Comisión que esperamos se tenga en cuenta.
Permítaseme aclarar un malentendido. Tuve la oportunidad de examinarlo con el Comisario Liikanen en una fase anterior, pero quisiera también decirlo en público. El papel del Tribunal de Cuentas no puede ser el de substituir a la Comisión, ni tampoco al Parlamento. No se deben considerar ciertas peticiones al Tribunal de Cuentas para que participe en ciertos estudios como una anulación de la responsabilidad de la Comisión y del Parlamento respecto de las medidas que adoptan. Pero el Tribunal de Cuentas ha desempeñado un papel muy importante y muy útil en ese proceso entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo.
Sobre ese telón de fondo, quisiera decir, por último, que sería útil que el propio Consejo revisara sus procedimientos en cuanto a la interacción entre el Tribunal de Cuentas y los organismos nacionales. Oigo decir con demasiada frecuencia que los tribunales de cuentas nacionales tienen un papel diferente, que no desempeñan una función dentro del sistema comunitario. A medida que avanzamos hacia una nueva fase, una nueva situación en la que no se trata de la Comisión o los Estados miembros, sino de la Comisión y los Estados miembros, quisiera pedir al Presidente del Consejo que estudie esa cuestión de las actividades entre el Tribunal de Cuentas y los organismos fiscalizadores nacionales en el futuro.

Fabra Vallés
Señor Presidente, procedemos ahora a la aprobación de la gestión de las llamadas «otras instituciones». Así pues, empezaremos por la sección primera, que es el Parlamento y el Defensor del Pueblo.
En cuanto al Parlamento -y al documento que se presenta-, puede llamar la atención la gran cantidad de créditos que han sido anulados. Ahora bien, yo quisiera indicar que ello se ha debido al retraso en el edificio D-3 de Bruselas y el IPE 4 de Estrasburgo. Ya que estamos analizando un año pasado, como es el año 1997, sí quisiera, para tranquilidad de todos, decir que en los siguientes años se observa una sucesiva mejora en cuanto a anulación de créditos.
Por otro lado, puede llamar también la atención el hecho de que haya un 30 % de créditos no utilizados en cuanto a la ayuda a parlamentos democráticos de la Europa central y oriental. También queda claro cuáles han sido los motivos y de qué forma podemos llegar a mejorar esta situación.
Aprovechamos también el documento de la aprobación de la gestión del año 1997 para recordar que la Comisión de Control Presupuestario debería poder contar con los medios necesarios para controlar los créditos referentes a los grupos políticos y a los gastos de secretariado de los mismos.
Por otro lado, también -y es bueno decirlo- seguimos reclamando un reglamento sobre el estatuto jurídico de los partidos políticos en Europa.
Con todo ello, pedimos la aprobación de la gestión para el año 1997 por lo que al Parlamento se refiere.
En cuanto al Defensor del Pueblo, creo que aquí nos puede llamar la atención que haya una tasa de ejecución del 82, 1 %. Bien, no quiero decir que el motivo sea falta de personal, que dicha institución nos reclama continuamente, pero sí creo que es bueno recordar que es una institución nueva -estamos hablando, una vez más, del año 1997-, y que cada año vemos que saca más fruto al presupuesto con que cuenta. La aprobación de la gestión para el Defensor del Pueblo también sería positiva.
En cuanto al Tribuna de Justicia, aquí cabe resaltar la buena utilización que se ha hecho del sistema de alquiler-compra de los edificios anexos al Palais y, por otro lado, en cuanto a la anticipación de los 50 millones de ecus que se llevó a cabo, yo solamente resaltaría aquí algo que en su momento -el año 1997- nos preocupaba: la serie de compromisos que mantenía el Gobierno luxemburgués con el Parlamento y que no sabíamos en aquel momento si los cumpliría o no... En fin, no sabíamos qué problemas podíamos encontrarnos. Sin embargo, hoy, y a la vista ya de lo sucedido en el año 1997 y posteriormente, tenemos que agradecer al Gobierno luxemburgués el buen trabajo llevado a cabo. También propugnamos la aprobación de la gestión del Tribunal de Justicia.
En cuanto al Tribunal de Cuentas, solamente quiero decir que la típica manifestación de insuficiencia presupuestaria se ha podido resolver favorablemente, y casi sin esfuerzo, en el año 1997 gracias a la evolución favorable del euro -del ecu, en aquel momento- respecto de la moneda luxemburguesa. También estamos a favor de la aprobación de la gestión del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al Comité de las Regiones, aquí cabría señalar que se deben mejorar las previsiones presupuestarias y, sobre todo, tener muy en cuenta las programaciones aleatorias que se hacen de actividades, pues ello nos fuerza continuamente a importantes transferencias. Con todo ello, también estamos a favor de la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones.
Y ahora viene el Comité Económico y Social, que es el único punto en que tenemos un problema: como ustedes bien saben, está pendiente todavía la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social, ya que se está esperando un informe de la UCLAF. Entonces, pues, condicionamos el resultado de la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social al resultado del informe que la UCLAF -la unidad antifraude- debe elaborar sobre dicha institución. Por tanto, proponemos posponer la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social.
A mí, de todas formas, no me gustaría terminar -ya que es un debate conjunto- sin decir que, en cuanto a la gestión de 1996, mi delegación -mi delegación y yo mismo- fijamos ya nuestra posición, y que, en estos momentos en que la Comisión ha dimitido, creemos que no por ello se deberían olvidar los compromisos del Sr. Santer, que tendrían que ser asumidos por el nuevo Presidente Prodi.

Blak
Señor Presidente, voy a hablar de las cuentas de la CECA y me gustaría mencionar que se han transformado en una historia de éxitos. Cuando me hice cargo de la contabilidad, teníamos muchísimos problemas. Nos vimos repletos de las historias acostumbradas. Todo era desorden. ¿Quién no recuerda el caso de la indemnización de intereses que estuvo circulando durante diez años y que no pudimos liquidar por culpa de esta tardanza? Había montones de fraudes, hubo un caso de compra de pisos cuando la Comisión se instaló en unos elegantes edificios de París. En resumidas cuentas, había una gran confusión y todo era caos y desbarajuste. Nos ocupamos de los casos y los solucionamos. Me gustaría añadir que hoy los miembros de la comisión hemos decidido otorgar gustosamente la aprobación de la gestión en este campo. Al volver la vista atrás, pienso por ejemplo en cómo quizá impedimos la pérdida de una suma enorme de miles de millones con motivo de la construcción del túnel entre Francia e Inglaterra. Todo parece estar en su sitio y por eso hablo de una historia de éxitos. En Dinamarca surgió un caso relativo al puente del Gran Belt, para el cual se había concedido un préstamo un poco grande. Se trataba de un par de miles de millones con los que se podía jugar, sin embargo, también se solucionó este asunto. Todo gracias a una buena colaboración y al hecho de poder tener acceso a las informaciones y tratar con un comisario excepcional. Me gustaría elogiar al Sr. Liikanen. Ha estado ahí para hablar con nosotros. Siempre que ha habido un problema, hemos recurrido a él y siempre hemos logrado resolver los problemas.
Por tanto, puede decirse que ha habido una colaboración positiva en lo referido a las cuentas de la Unión del Carbón y del Acero. Sin embargo, han surgido problemas en otro ámbito, la capacidad de financiación y la necesidad neta de financiación en Europa, temas de los que me he ocupado dentro del informe del Sr. Brinkhorst. Aquí nos encontramos con algunos testarudos que nos menosprecian cuando hablan con nosotros -evitaré mencionar el nombre del Sr. Presidente del Banco de Inversiones Europeo. Año tras año hemos indicado nuestro deseo de tener derecho a intervenir en las cuentas del banco. «No es asunto vuestro», dice, «tenemos algunos pequeños accionistas privados y en atención a ellos, no podéis entrar aquí, aparte de que todo está en orden». En mi condición de ponente, he recibido un papel en el que de hecho se refleja la pérdida de miles de millones en inversiones erróneas y que este dinero se halla oculto en las cuentas o ha sido encubierto. No podemos aceptarlo. En cualquier caso esto ha provocado que recomiende no otorgar la aprobación de la gestión para 1997. ¡Estamos ya muy cansados de los bulos propagados por aquellos que están ocultando todas estas cosas a los contribuyentes europeos! ¡Sencillamente no lo vamos a tolerar! El pasado año tuvimos problemas con la contabilidad. Me negué a otorgar la aprobación. La comisión me respaldó. Alcanzamos un acuerdo que incluía que fuese la Comisión la que interviniera para despejar el camino para que pudiéramos alcanzar una solución razonable y controlar el dinero de los contribuyentes. Somos nosotros los que tenemos más del 80 % del dinero de las diversas instituciones en el Fondo Europeo de Inversiones. ¿Qué hacen cuando hemos concedido la aprobación? «Engañan en el peso» y escurren el bulto del acuerdo, a pesar de sólo Dios sabe cuántos encuentros y reuniones y cuánto tiempo hemos empleado en poner esta situación en orden. ¡Ya está bien! Permítannos envíarle una señal clarísima desde esta Asamblea al Sr. Unwin: ¡No queremos oír ningún bulo más sobre que todo está perfecto! ¡Vamos a poner todo en orden! Queremos saber cómo pueden desaparecer 4-5.000 millones de coronas danesas de las cuentas. Es un escándalo que traspasa todas las fronteras. Bien pudiera ser que el dinero no se ha perdido como dicen porque puede volver a entrar al no haberse vendido las obligaciones. ¡No nos apetece oír este tipo de historias! ¡Sencillamente tenemos que decir claramente que todo se acabó! No obtendrán la aprobación de la gestión y si no hay una auditoría, en la que podamos intervenir y controlar el dinero de la Comunidad, demos por terminada nuestra colaboración con ellos. No está bien que debamos pagar todos sus juegos y que luego sigan jugando con el superávit. No queremos ver más ejemplos de cómo se colocan compras a base de obligaciones y muchas otras cosas en diversos lugares con diversos amigos muy por debajo de lo que se puede conseguir en casa. Realmente es un escándalo. Cuando la Comisión caiga no dentro de mucho, como fue el caso, estas personas deberían haber sido arrojadas lo más lejos posible para que nunca puedan tener oportunidad de regresar. Aquí necesitamos una Comisión con capacidad de acción que pueda intervenir y controlar y personas a las que les guste colaborar, igual que colaboró el Sr. Liikanen, para poner orden.
Por último, me gustaría añadir que casi se me saltaron las lágrimas cuando escuché al Consejo mencionar todo lo que quería obtener. Sin embargo, por qué cerráis las cuentas cada año y decís que otorgáis la aprobación. Nunca habéis echado mano del freno. Creo que el Consejo debería examinar todas estas cosas más detenidamente y que la nueva Comisión debe ocuparse de estas cuestiones. Realmente hay que ocuparse de ello.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, ésta es la decimoquinta vez que he preparado las aprobaciones de la gestión, primero sobre las agencias de Dublín y Berlín y ahora de Salónica. Debo reconocer que no todos los debates han sido tan apasionantes y estimulantes como éste. Sin embargo, estas dos agencias de la primera generación son un buen ejemplo de cómo puede el Parlamento ejercer el control. La Comisión de Control Presupuestario cuenta con una gran ayuda del Tribunal de Cuentas y quisiera agradecerle sus dos informes especiales sobre estas dos agencias. También quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo, que últimamente -y recalco lo de últimamente , porque no fue así en los primeros tiempos- ha estado formulando recomendaciones ponderadas al Parlamento para que conceda la aprobación de la gestión.
También hemos de reconocer que esas agencias son pequeñas y, por tanto, más fáciles de controlar, pero la cooperación en materia de control da resultado realmente. Las agencias, lejos de sentirse contrariadas por el control, acogen con beneplácito la participación del Parlamento Europeo. Sin embargo, sería útil que las agencias de la segunda generación recibieran el mismo trato. Una vez más hago un llamamiento al Consejo, porque el Parlamento, junto con la Comisión, ha presentado enmiendas ponderadas de los estatutos, que equipararán la situación de las nuevas agencias con la de las antiguas.
Los informes no son largos, porque carece de sentido encontrar faltas donde no las hay. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo subscribió un memorando de entendimiento con la Agencia de Salud y Seguridad para evitar la duplicación de funciones, porque una de las cosas en que insiste el Parlamento es la de que no debe haber duplicación de funciones en la labor de esas agencias.
Acojo con beneplácito sus intentos de reducir los gastos de las misiones. Resulta bastante gracioso, porque, si Sus Señorías retroceden un año o dos, verán que el Tribunal de Cuentas criticaba a los funcionarios de Dublín que utilizaban los fines de semana como parte de su misión: evidentemente, les gusta hacer un viaje a su país al mismo tiempo. Pero ahora quiere que los miembros de las agencias utilicen billetes especiales «pex», que sólo son válidos para fines de semana, porque debe quedar incluido un sábado por la noche. Se trata de un simple cambio de opinión dentro del Tribunal.
Tengo mucho gusto en recomendar la aprobación de la gestión de la Fundación Europea de Dublín.
Ahora paso al CEDEFOP, que por fin se ha repuesto del trágico traslado de Berlín a Salónica. No ataco a Salónica en modo alguno: el caso es que, si el Consejo consulta las actas, verá que el primer error fue el de destinar el CEDEFOP a Salónica y los pobres Parlamento y Comisión han estado intentando deshacer el entuerto. Sin embargo, el nuevo edificio estará listo en julio. Les deseo lo mejor en su nuevo edificio. Veo que ya se han aplicado adecuadamente las diversas disposiciones relativas a la plantilla y tengo entendido que, de toda la plantilla del Centro, sólo quedan vacantes dos puestos de la categoría A. No vacilo lo más mínimo en recomendar la aprobación de la gestión también para el CEDEFOP.
Señor Presidente, espero con interés el día -y no creo que esté demasiado lejano- en que el Tribunal de Cuentas pueda dar a esas dos agencias un certificado de garantía por «no meterse en líos», por decirlo así, y por obtener buenos informes del Tribunal.

Sarlis
Señor Presidente, este Parlamento pasará a la historia no tanto por ser el Parlamento que motivó la dimisión colectiva de la Comisión cuanto por haber sido el Parlamento causante de los cambios estructurales ya en curso en la organización y funcionamiento de la Comisión, órgano institucional por excelencia para el impulso de la integración europea.
En la propuesta de resolución que mañana tendrán ustedes que votar, Señorías, se adjunta un documento de trabajo que enumera los puntos que necesitan aclaración por parte de la Comisión, para que el Parlamento resultante de las elecciones pueda proceder a la aprobación de la gestión correspondiente a 1997.
Ese documento de trabajo, Señorías, es un legado de este Parlamento al nuevo Parlamento. Y quisiera referirme a uno de los puntos incluidos en ese documento de trabajo y que hace referencia al famoso Reglamento 3245/82, un reglamento fantasma, en el sentido de que se votó, entró en vigor, se publicó en el diario de las Comunidades, pero nunca se aplicó. Este Reglamento preveía la creación de una oficina de colaboración europea que asumiría la labor de una fundación belga de derecho privado. Nunca se aplicó, y aunque nunca se aplicó, durante años se citaba en los presupuestos comunitarios como base legal para poder asignar partidas del presupuesto comunitario a la financiación de las actividades de la mencionada fundación belga de derecho privado.
Me alientan, en consecuencia, el deseo y la esperanza -la certeza, diría- de que con los cambios estructurales ya en curso en la organización y funcionamiento de la Comisión, será fácil para el próximo Parlamento -que contará con el apoyo de la Comisión y no tendrá que enfrentarse a lo que nos hemos enfrentado nosotros los últimos tres años- recibir explicaciones y encontrar soluciones. Hago votos por ello.

Günther
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la Comisión de Desarrollo y Cooperación debe aprobar año a año la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo pero no tiene influjo alguno sobre la manera en que se utiliza este Fondo, porque hasta ahora no ha sido presupuestado. Los gobiernos han manifestado una y otra vez, antes de asumir la Presidencia del Consejo, que podrían ver con buenos ojos la presupuestación. Pero más tarde se encontraban numerosas razones para desechar esta decisión. En concreto, la Comisión de Desarrollo y Cooperación, ha criticado en el presupuesto de 1997 el hecho de que cantidades grandes se traspasen de un Fondo de Desarrollo al próximo. Por esta razón, se sugiere una simplificación de la administración de los recursos.
En el caso de los recursos para la cofinanciación la Comisión critica que la realización de proyectos concretos dura demasiado tiempo y que, sobre todo, el flujo de los recursos acarrea con frecuencia grandes problemas para las organizaciones no gubernamentales. El Tribunal de Cuentas y la Comisión de Desarrollo abrigan una cierta preocupación acerca de si estas las nuevas estructuras que introduce ahora la Comisión se acreditarán como apropiadas en este contexto. Por esta razón, la Comisión de Desarrollo y Cooperación demanda que en marzo del próximo año se rinda ante esta comisión un informe acerca de las experiencias habidas con las nuevas estructuras. La Comisión mantiene la posición de que a las deficiencias de procedimiento criticadas por el Tribunal de Cuentas se puede poner coto estableciendo un grado mínimo de competencia, sobre todo, en los procedimientos de los concursos públicos y en los procedimientos de adjudicación.
No obstante, la Comisión está de acuerdo con la concesión de la aprobación de la gestión del Fondo de Desarrollo en 1997. La cooperación al desarrollo no se cuenta entre los ámbitos que nuestros electores consideran inmediatamente prioritarios para la política europea. De ahí que estemos tanto más obligados a una aplicación transparente y comprensible de los recursos financieros.

Tappin
Señor Presidente, en mi calidad de coordinador del Grupo Socialista, quiero referirme en mis observaciones a tres de los informes que tenemos hoy ante nosotros.
Comenzaré con la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996. Mi Grupo no ve razón alguna para no conceder la aprobación de la gestión correspondiente al presupuesto de 1996. Durante el proceso de aprobación de la gestión y a la luz del informe del Tribunal de Cuentas, formulamos una serie de preguntas muy inquisitivas a la Comisión. Estoy seguro de que los diputados aquí presentes saben que la Comisión aportó una serie de respuestas a dichas preguntas que, para mi Grupo, fueron suficientemente satisfactorias como para que le concediésemos la aprobación de la gestión. Se dieron respuestas a las cinco preguntas formuladas.
He de decir que, por nuestra parte, creemos que el ponente está haciendo politiqueo partidista con toda la cuestión de la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996. Ha costado mucho persuadir al ponente para que presente un informe en el que se cierren las cuentas correspondientes a 1996 para que podamos pasar a la aprobación de la gestión correspondiente a 1997.
No estamos de acuerdo con la redacción del párrafo 1 y deseamos suprimir la palabra «definitivo» de ese párrafo, porque en el Parlamento no se ha celebrado en ningún momento una votación sobre la cuestión de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996, recomendada por la Comisión de Control Presupuestario a esta Asamblea. Se retiró el informe y se devolvió a comisión en vista de que se produjeron otros acontecimientos. Si no se celebró votación alguna, no podemos contar con un informe definitivo. Si algo positivo ha resultado del informe correspondiente a 1996, ha sido el acceso que la Comisión de Control Presupuestario ha tenido a las personas y los documentos. Para que sigamos siendo una Comisión de Control Presupuestario eficaz, esto debe continuar sin trabas.
Permítaseme pasar -lo que resulta más agradable- a mi segunda serie de observaciones sobre el presupuesto de 1997. Mi Grupo apoyará el informe presentado por el Sr. Brinkhorst, el ponente, para aplazar la aprobación de la gestión. Estamos totalmente de acuerdo con la razón para el aplazamiento: la de que no hay una Comisión en ejercicio para que reciba la aprobación de la gestión. En la comisión, hemos celebrado una larga serie de debates sobre las cuestiones de fondo que queremos que las DG y la nueva Comisión aborden y que se reflejan en el documento de trabajo.
Quisiera felicitar al Sr. Brinkhorst por la detallada labor que ha llevado a cabo. Espero que, cuando la Comisión acuda de nuevo ante el Parlamento, acepte y utilice como plan de trabajo esas preguntas formuladas en el documento de trabajo, en particular sobre las políticas en materia de plantilla, sobre las Oficinas de Asistencia Técnica y Leonardo y la forma como se gestionan PHARE y TACIS. Es algo que reviste importancia decisiva para que este Parlamento funcione.
Sobre la observación formulada por el Sr. Brinkhorst respecto de la cuestión de las agencias descentralizadas -a la que también se ha referido el Sr. Kellett-Bowman-, es esencial que el Consejo aborde esa cuestión, sobre la que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo.
Con esto paso al informe del Sr. Kellett-Bowman. Una vez más, mi amigo -y me gustaría decir «colega»- ha preparado dos informes excelentes sobre las agencias de Dublín y Salónica. Dice que ha preparado 15 informes en su período parlamentario. Éste puede ser el último informe que el Sr. Kellet-Bowman prepare sobre las agencias descentralizadas.
Deseo hacer constar públicamente el altísimo concepto en que lo tengo como coponente en la Comisión de Presupuestos en relación con las agencias satélites. Me ha enseñado y ha sido un colega excelente, muy reflexivo, crítico y preciso. Como último homenaje a su labor, me gustaría que ahora el Consejo, como reconocimiento de la labor que ha llevado a cabo, acordara los cambios en los estatutos para las agencias de la segunda generación: cambios en la cuestión de los recursos propios, en el control financiero y en la aprobación de la gestión que permitan al Parlamento desempeñar sus cometidos adecuadamente. Que sea un último testimonio de su labor.

Theato
Señor Presidente, en la noche de hoy hemos de realizar un verdadero maratón de debates sobre informes de aprobación de la gestión. En el orden del día figuran seis informes. No voy a comentar todos, pero me voy a referir al primero, es decir, al informe del Sr. Elles; en realidad no es un informe de aprobación de la gestión pues propone cerrar las cuentas de 1996 y creo que esto es acertado. Tenemos que encontrar una cancelación; pero también soy de la opinión de que aquí no se concedió la aprobación de la gestión, pues si vemos el resultado de la votación de diciembre, estaba claro que los puntos anteriores que motivaban el acuerdo, que había sido declarado como informe positivo por la Comisión de Control Presupuestario, fueron rechazados por el Pleno. Esto significa que no se otorgó ninguna aprobación de la gestión. Nuestro Reglamento estaba equivocado. Hoy ha sido modificado. Estas cosas no deben volver a suceder.
Tenemos un ejemplo de una denegación de la aprobación de la gestión: éste fue el presupuesto de 1982, en el cual las cuentas se cerraron luego, en 1985. Deberíamos proceder aquí de esa manera; pero deberíamos pensar también en todas las consecuencias que se han seguido en el terreno político. Por esta razón, desde el punto de vista político hoy carece de sentido volver de nuevo sobre una aprobación de la gestión, pues entretanto ya no tenemos una Comisión gobernando. Ha dimitido. No obstante, no se va a condenar todo lo que la Comisión haya hecho y nosotros tampoco lo queremos. Tampoco hemos supuesto jamás que los Comisarios se hayan hecho culpables de alguna acción directamente criminal. No, pero hemos afirmado que las estructuras han de ser construidas de nuevo y es preciso configurar nuevas cosas por medio de reformas que nos pongan en buena forma en la Unión Europea para el próximo milenio.
En este sentido, esta crisis, que comenzó con la aprobación o no aprobación de la gestión para 1996 y de la continuación para 1997, respecto de la cual tampoco recomendamos ninguna aprobación de la gestión en esta semana sino un aplazamiento de la aprobación de la gestión, ha sido una crisis necesaria para extraer de aquí los planteamientos positivos que nos gustaría haber hecho llegar todavía, señor Liikanen, a esta Comisión. Pero las cosas no han sido así. Todos sabemos lo que ha sucedido.
En ambos informes, en el informe del Sr. Elles, y aquí incluyo también a nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst, para 1997, hay que tener en cuenta realmente dos cosas: no hemos votado sobre condiciones para la concesión de la aprobación de la gestión, hemos añadido documentos de trabajo; este es un procedimiento inusual, pero creo que ha sido acertado y aquí se ha dicho lo que vamos a hacer llegar como sugerencias, y también como exigencias, a la próxima Comisión. Espero que el nuevo Parlamento y la nueva Comisión puedan hacer uso de ellas.
Permítanme todavía unas palabras a nuestro ponente, el Sr. Fabra Valles. Ha presentado un informe muy exacto para las demás instituciones. Sin embargo, y aquí me apoya también el ponente, creo que en nuestra propia Asamblea controlamos también y procedemos tan rigurosamente como lo hemos hecho con la Comisión. Por esta razón, el Consejo y la Comisión, pero también el Parlamento, deben tener en cuenta lo que hemos decidido en el Informe Tatsos, por ejemplo, en relación con la financiación de los partidos, y debemos proceder de igual manera en la provisión de plazas y en los ascensos. Esto debemos hacerlo en atención a todos.
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme concedido el uso de la palabra y quiero dar las gracias también a los demás ponentes, cuyos informes discurren sin tropiezo.

Virrankoski
Señor Presidente, estamos sometiendo en estos momentos a debate seis informes relacionados con la aprobación de gestiones. Quisiera agradecer a los ponentes el buen trabajo que han realizado. En cuatro de los informes se recomienda la aprobación de gestiones, en uno el aplazamiento y en el sexto informe se aboga por el rechazo de la gestión.
El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria se ha convertido durante este último ejercicio en un acción política de gran importancia. Esto es precisamente lo que ocurrió durante el otoño y el invierno del pasado año con ocasión de la gestión del ejercicio de 1996. La Comisión presentó su dimisión a raíz del procedimiento de dicha gestión. A pesar de que se ha logrado introducir numerosas mejoras, aclaraciones y soluciones positivas en este proceso, se corre el peligro de que el procedimiento de aprobación de la gestión y de las distintas cuestiones pueda llegar a ser demasiado amplio, ya que, de acuerdo con la regulación fundamental de la UE, corresponde al Parlamento aprobar la gestión presupuestaria. Se presupone que debemos hacer todo lo posible para conceder dicha aprobación, eliminando previamente todos los obstáculos que pudieran existir. Así pues, la aprobación de la gestión es el objetivo que se persigue.
Sin embargo, creo que considerar la aprobación de la gestión como si se tratara de una moción de confianza de la Comisión constituye una interpretación demasiado amplia de dicho procedimiento que debemos evitar por dos motivos distintos. Aun si se concede la aprobación de la gestión con arreglo a la normativa presupuestaria, el Parlamento debe poder intervenir en todo momento, si así es su deseo, en los trabajos de la Comisión. La aprobación de la gestión presupuestaria no ha de ser un obstáculo a la hora de intervenir. En segundo lugar, nos encontramos en la actualidad con que se nos empiezan a amontonar ya los procedimientos de aprobación de la gestión correspondientes a varios ejercicios presupuestarios. Una buena administración requiere claridad y un planteamiento sistemático también por lo que respecta al Parlamento. Las decisiones sobre la aprobación de la gestión no han de representar una carga demasiado pesada y gravosa para el Parlamento, no podemos llegar a una situación en la que no nos atrevamos a aprobar la gestión presupuestaria.
Además de estas observaciones, me gustaría señalar que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas respalda el informe del Sr. Brinkhorst en su formulación actual, sin modificaciones.

Giansily
Señor Presidente, queridos colegas, con el examen del informe de nuestro colega Brinkhorst sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1997, nuestra intención no es hurgar en las graves heridas que han devastado a la Comisión estos últimos años forzándola a dimitir. Nos encontramos ahora al final de un proceso agitado y tumultuoso, a lo largo del cual la Comisión ha empañado su imagen y perdido el crédito.
Sin embargo hay que seguir adelante. Seguir adelante significa mirar al futuro y hacerse una idea apropiada de la tarea a realizar para que ahí donde haya habido fracaso, derrota y torpeza, haya mañana éxito, transparencia y confianza. No se trataría de conceder hoy la aprobación de la gestión a la Comisión, en contra de lo que el Consejo ha hecho obrando con ligereza y despreocupación, puesto que, como tan bien ha explicado Laurens Jan Brinkhorst, no se debería conceder la aprobación de la gestión a una Comisión dimisionaria que ya no está cualificada para asumir compromisos sobre orientaciones futuras frente al Parlamento europeo. El aplazamiento constituye pues, la solución más justa técnicamente, solución que tiene un valor político de gesto de apaciguamiento hacia la nueva Comisión sin excluir en ningún caso la más estricta vigilancia y una cierta firmeza.
El mensaje de futuro que quisiéramos dirigir a la nueva Comisión que se va a constituir consiste en decir al mismo tiempo lo que ya no queremos a ningún precio y lo que queremos a toda costa. Lo que ya no queremos es una Comisión débil, políticamente inexistente, incapaz de controlar y de gestionar su burocracia, en la que los Comisarios se transforman en pastorcillos que siguen al rebaño y en la que incluso algunos funcionarios, como si fueran directores de una agencia un tanto peculiar, se muestran como verdaderos tiranos de oficina imponiendo su voluntad y deseos a sus comisarios, manifestando estos, por otra parte su ignorancia y desinterés en la materia, incluso cuando se trata de ejecutar una enmienda al presupuesto comunitario votada por el Parlamento europeo, que no plantea ninguna dificultad presupuestaria, no más desde luego que cualquier problema de base legal a la hora de la ejecución.
Eso era esta Comisión cesante, de la que nosotros somos sus entristecidos testigos. Eso es lo que ya no queremos. Recuerdo, y he releído por cierto su discurso, que, con motivo de su investidura ante esta misma Asamblea en enero de 1995, el Presidente Santer se había comprometido a instaurar una verdadera cultura de gestión financiera. Hoy, a la luz de los acontecimientos que hemos vivido, sería demasiado fácil mostrarse irónico.
Es obligado decir que no se ha hecho nada. Las únicas reacciones de la Comisión han consistido en adoptar a posteriori algunas medidas tendentes a cerrar las brechas y calmar al Parlamento, pero no se ha pensado, concebido o pergeñado nada. No ha habido reformas, limitandose la Comisión a hacer promesas, prefiriendo así la retórica a la acción. A decir verdad, la Comisión ha sabido detectar la inquietud por la mala gestión financiera de las políticas de la Unión Europea, pero no ha sabido proponer soluciones que se tradujeran en acciones concretas. Los ejemplos de SEM 2000 y de la instalación del nuevo sistema ROLEX para gestionar todos los contratos exteriores son muy ilustrativos.
Otro ejemplo de ineficacia, esta vez en materia de tránsito comunitario, es el sistema informático de los procedimientos de tránsito, que fue adoptado con mucho retraso. Finalmente un último ejemplo, entre otros muchos, es el de las oficinas de asistencia técnica que, como todo el mundo sabe, han causado muchos problemas estos últimos años. Porque, a pesar de la insistencia del Parlamento europeo, la Comisión seguiría confiando al BAT la preparación de las licitaciones y de las plicas seleccionadas. La Comisión no decidiría los proyectos que habían de ser seleccionados, sino que ratificaría la lista elaborada por los consultores privados. Todo esto me parece inaceptable.
Esto es, en pocas palabras, lo que ya no queremos. Por contra, lo que queremos es una Comisión plenamente responsable de sus actos y de sus decisiones, transparente en el diálogo institucional y que asuma sus funciones de control de las políticas operativas que los servicios se encargan de ejecutar. Desde que el Tribunal de Cuentas comenzó a elaborar la declaración de control relativa a la ejecución del presupuesto de la Unión Europea, ésta es negativa. Lo que nosotros pedimos con convicción es que con una nueva Comisión políticamente consistente y responsable, el Tribunal de Cuentas pueda elaborar por fin una declaración de control positiva.
Señor Presidente, queridos colegas, como todos sabemos, no se debe hacer leña del árbol caído. Esperemos que la nueva Comisión sea capaz de aprender la lección de los acontecimientos que hemos vivido para que gestione bien su mandato y que el fracaso de hoy despeje el camino hacia el éxito del mañana. Aguardamos con determinación a Romano Prodi, con la esperanza de que de algo malo pueda nacer algo bueno.

Miranda
Señor Presidente, dos notas breves, en primer lugar, en cuanto a la concesión a la Comisión y al Comité Económico y Social de la aprobación de la gestión en el ejercicio 1997. Como considero natural que se transfieran a la próxima legislatura, permítaseme, entretanto, que intervenga, como ponente para la concesión de la aprobación de la gestión al Comité Económico y Social relativa al ejercicio de 1996, para afirmar que no se le podrá conceder sin que antes se pronuncie la UCLAF sobre las irregularidades en ella detectadas. No dudamos que se hayan adoptado medidas con vistas a su corrección e incluso con vistas a la modificación de algunos métodos de trabajo, pero eso no justifica que se deje de lado la intervención de la UCLAF. Intervención que el Parlamento, en su momento, consideró condición indispensable para la concesión de la aprobación de la gestión y que, por lo demás, también el propio Consejo, según reiteró recientemente, consideraba igualmente necesaria.
Y, como la concesión de la aprobación de la gestión de 1996 no está concluida, la de 1997 sufre también retrasos, naturalmente. En cuanto al proceso de aprobación de la gestión relativa a 1996 y a la Comisión, no me extenderé, ya que considero que los hechos y las responsabilidades que cada cual ha reconocido hablan por sí solos. En cuanto a lo demás, la historia parlamentaria hará el resto. Pero, aun así, quiero señalar mi insatisfacción por la solución final que algunos insisten en propugnar para concluir el proceso, ya que me parece completamente discordante con los hechos y con la transcendencia que cobraron.

Holm
Señor Presidente, me concentraré en el informe del Sr. Elles sobre las cuentas de 1996. En nuestro Grupo está claro que no podemos aprobar la gestión de la Comisión ya que todavía existen algunos casos sin explicar y respecto de los cuales el Grupo V ha presentado tres enmiendas. Hay una cantidad de alrededor de 40.000 euros que ha sido pagada a un investigador contraviniendo las reglas de la Comisión, cosa que obviamente debe aclararse.
Por tanto, las deficiencias existentes en las cuentas de la Comisión deberán aclararse antes de aprobar la gestión. Por eso hemos presentado la enmienda 1, en la que, en cambio, decimos: «tomamos nota de los siguientes datos presentados por la Comisión con el objeto de cerrar las cuentas del año presupuestario de 1996». Sin embargo, no podemos cerrar las cuentas.
Estoy sorprendido de ver que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para que se elimine el punto 1 del Informe Elles, que es el importante, es decir, en el que recordamos nuestra decisión final de no aprobar la gestión de la Comisión del año 1996. Debería estar claro para todos que este punto tiene que incorporarse.
En relación con el Informe Brinkhorst existe el mismo fenómeno, es decir, que nos falta mucha información de parte de la Comisión para poder aprobar la gestión. El Grupo V también ha presentado una serie de enmiendas en relación con este informe.

Dell'Alba
Señor Presidente, en Italia desde la posguerra en adelante se ha desarrollado una práctica deletérea que ha hecho que incluso los juristas más insignes justifiquen la diferencia entre la Constitución material y la Constitución formal. Se dice, según una concepción que tiene su origen en la cultura del Partido Comunista, en una reflexión de la izquierda sociológica, que, aunque existan textos escritos, estos pueden modificarse si así lo quiere la mayoría o un grupo dominante de la opinión pública o de las fuerzas políticas. Por lo tanto, es lo mismo: se puede arrasar con todos los textos escritos porque, de todos modos, existe la Constitución material que se antepone a la formal.
En los países de derecho anglosajón, en los cuales no existe una Constitución, me parece que el rule of law es el principio cardinal que rige esos países mejor, más aún, mucho mejor y que los ha defendido contra este tipo de visión, según la cual en un momento dado la mayoría puede decidir todo lo que quiere: existen las leyes y los textos, sin embargo, no importa, se puede decir lo contrario, es suficiente que lo quiera la mayoría. Ésta es precisamente la tesis que en muchos países ha llevado al totalitarismo, a la intolerancia, a las «democracias populares». La defensa de los liberales, de aquellos que siempre han reconocido en el rule of law el eje de su acción política, siempre se ha basado en el principio de que no se podían poner objeciones a los textos.
Ahora bien, en nuestros textos reglamentarios, sin perjuicio de la modificación del Reglamento que vamos a votar mañana, la forma en que se regula el procedimiento de aprobación del presupuesto es escrita, está allí, negro sobre blanco. Se puede estar en desacuerdo, pero no hay vuelta de hoja, ya que si un texto se presenta en el Pleno y se rechaza la propuesta con la cual se ha acordado dicho texto, la propuesta se devuelve a comisión. Pues bien, es muy grave que el último acto de este Parlamento sea la votación de un texto que dice algo que es falso, o sea, afirma -desde una instancia, repito, de la que se espera el respeto del rule of law - que nosotros, después de haber devuelto a comisión, esto es, rechazado la propuesta del Sr. Elles, ponente sobre la aprobación de la gestión de 1996, o sea, la propuesta de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión -mientras que lo que en realidad se quería decir era que el Parlamento Europeo no aprobaba la gestión- que nosotros, repito, después de haber rechazado esa propuesta, hayamos ido a comisión y hoy se vote un texto que dice exactamente una mentira. Que luego, políticamente, se hayan producido las dimisiones y que, en consecuencia, haya, si queremos decirlo así, prevalecido la mayoría sobre la forma, es un discurso totalmente diferente. Yo lucharé y votaré en contra del hecho de que se afirme algo que simplemente no ha ocurrido.

Fabré-Aubrespy
Señor Presidente, con el nuevo Informe Elles llegamos al final de un procedimiento de aprobación de la gestión elaborado a base de sobresaltos. Es importante que se haga con claridad, esto es, que no se olvide el transcurso cronológico de los hechos.
Hace más de un año, el 31 de marzo de 1998, el Parlamento Europeo decidía elaborar un informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión para el ejercicio de 1996. A principios del mes de diciembre, siguiendo -hay que recordar- la posición del Grupo Socialista, la Comisión de Control Presupuestario decidía sin embargo recomendar al Pleno la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión.
El 17 de diciembre de 1998, afortunadamente la mayoría de nuestra Asamblea hacía gala de buen criterio rechazando la concesión de la aprobación de la gestión. Entonces nosotros propusimos inmediatamente exigir las responsabilidades pertinentes, dada la gravedad de las irregularidades y los ejemplos de mala gestión. Planteamos la presentación de una moción de censura. Ello se llevó a cabo el 11 de enero por 70 diputados pertenecientes a todos los grupos políticos, quienes soportaron entonces condenas de toda índole, especialmente por parte del Presidente del Grupo Socialista. Sin embargo 232 diputados decidieron ser fieles a su palabra, pronunciándose a favor de la censura a la Comisión.
Sufrieron entonces una maniobra destinada a desviar su veredicto, mediante la creación de un comité de «sabios». El Comité evidentemente confirmó lo que la mayoría de los diputados pensaba. No podemos por menos que felicitarnos por la propuesta de hoy de nuestro amigo James Elles, que exige aclarar de manera definitiva la situación, rechazando definitivamente el descargo al aceptar las cuentas. Esperamos que el Parlamento siga el ejemplo y actúe con claridad.

Bösch
Señor Presidente, quisiera decir algunas cosas sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión respecto de 1997, en relación también a lo que acabamos de discutir, es decir, a que en el ámbito de la OLAF hemos encontrado una base entre las instituciones que, evidentemente, documenta en gran medida una voluntad política de cooperación. Sobre esta aprobación de la gestión, sobre este informe de nuestro colega, el Sr. Brinkhorst, hemos elaborado también algunos documentos específicos. Debo decirles que estoy un tanto irritado por el hecho de que no hemos recibido, en absoluto, ninguna reacción de la actual Comisión a documentos que dentro de poco van a tener tres meses.
Sé que desde hace algún tiempo esta Comisión no es más que una Comisión en ejercicio. Sin embargo, supongo que quizá algunos Comisarios deseen pertenecer también a la próxima Comisión. Creo que bajo el aspecto de la razón política sería muy importante comprender que con el Parlamento no se puede jugar así. Nosotros no esperamos siempre resultados de investigación hasta el último detalle pero todavía tenemos ante nosotros viejas cargas. La presidenta de la Comisión de Control presupuestario, la Sra. Theato, ha comentado que tenemos que tolerar todavía que los casos que se nos han presentado sobre implicaciones de funcionarios en historias de fraude no se nos hayan expuesto hasta ahora en una forma en que los podamos entender.
En relación con el caso ECHO hemos de suponer más bien que este caso pudo tener dimensiones todavía mayores, pero sobre los acontecimientos que se refieren a 1997 -pues nos estamos refiriendo aquí al ejercicio presupuestario de 1997- no existe información alguna. Lo mismo cabe decir también respecto de los puntos que hemos mencionado en el ámbito de la agricultura y sobre los que están trabajando también otros diversos colegas.
En relación con la nueva autoridad contra el fraude hemos realizado grandes esfuerzos. Naturalmente, hemos trabajado un poco con una presión amigable, sobre todo, por parte de la Presidencia del Consejo y de nuestra Asamblea, para que la Comisión comprenda de una vez que no puede negar, sin más, las cosas que están sobre la mesa. De lo contrario tendremos que solucionar estas cosas en una ronda diferente a ésta de aquí, y ésta sería ya la opinión pública europea. No deseo amenazar a nadie, pero debemos decir con toda claridad que es lo que esperamos, como Parlamento, de la obligación de rendir cuentas de esta Comisión, sobre todo también, en el caso de que alguien quisiera encontrarse de nuevo en la próxima Comisión.

Tillich
Señor Presidente, el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997 y el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997 han introducido movimiento en la cooperación entre las instituciones y también en el ámbito del control presupuestario, hasta ahora sólo lo teníamos en el ámbito del presupuesto.
Ya entonces, en diciembre, en el debate sobre la aprobación de la gestión para 1996, afirmé ya que realmente estoy sorprendido de la arrogancia que se refleja en los Tratados, de que no hayamos previsto el caso de la denegación de la aprobación de la gestión. La Sra. Theato se ha referido ya a esto y la Comisión de Reglamento de esta Asamblea ha corregido esto de una vez por todas. Ahora, naturalmente, quisiera invitar también al Consejo a que prosiga su trabajo para que satisfaga también por su parte los requisitos.
Nuestro Grupo ha sido coherente en su posición; gracias también a la tozudez o al rigor de nuestro ponente, el Sr. Elles, todo el Pleno ha seguido al final este planteamiento, y hoy registramos un éxito que en principio sólo debemos agradecerlo a una persona, en concreto, al ponente, el Sr. Elles, por su informe sobre la aprobación de la gestión del presupuesto 1996.
No se aprueba la gestión para 1996, sus cuentas se cierran, y sólo se podrá conceder la aprobación para 1997 -y esto lo acaba de decir usted, señor Bösch, con toda razón- cuando se hayan corregido las deficiencias. Lo hemos criticado nosotros y lo acaban de criticar también ustedes. En el Informe Elles había ya un documento de trabajo y un programa de trabajo; nadie ha reaccionado todavía ante esto. Ha habido un informe del Comité de Expertos y, en realidad, éste no ha hecho más que subrayar lo que nosotros mismos ya habíamos constatado.
Ahora tenemos una situación vaporosa que va a durar hasta septiembre en que el Comité de Expertos presentará un segundo informe y creo que en esta Asamblea nadie está contento con esta situación vaporosa. Sin embargo, para evitar que sobrecarguemos nosotros mismos el procedimiento de aprobación de la gestión para 1998 con estos problemas, debe producirse un final con el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997. De lo contrario jamás terminaremos este tema y probablemente me va a concernir a mí mismo el procedimiento presupuestario para 1998. Por esta razón, quiero invitar a la Comisión, que en cualquier caso va a tener la responsabilidad, que ponga en marcha aquí las medidas que le hemos exigido.
Yo tengo ya preocupaciones hoy, señora Cresson; su trabajo con LEONARDO se refería al ejercicio presupuestario de 1998. En su día se nos acusó de que mezclaríamos 1996 y 1998. No el problema reside en que 1998 se ha descubierto y yo quisiera pedirle, señor Liikanen, que comunique a sus colegas que en su día, en el verano, tuvimos un almuerzo arriba, en el piso 7 -entonces esto marchaba realmente con confianza y amistad- y les hicimos la siguiente oferta: sean ustedes francos, confiesennos sus errores, muestren sus fallos, estamos dispuestos a establecer compromisos. Esto no fue así y ahora debe usted saber manejarse con la dura situación que le ha afectado a usted. Pero esto es también importante para la aprobación de la gestión de 1997 y 1998.
Y ahora paso a referirme a la propia Asamblea. Puesto que está sentada aquí la persona del Grupo Socialista que más cooperativamente se ha portado con nosotros, evitaré la crítica al Grupo Socialista. De lo contrario habría dicho yo lo siguiente: el Grupo Socialista es realmente el culpable del dilema ante el que nos encontramos hoy.

Kjer Hansen
Señor Presidente, ha sido una labor difícil para el ponente, Sr. Brinkhorst, y para la Comisión de Control Presupuestario trabajar en la aprobación de la gestión de 1997, pues no ha habido una «verdadera Comisión», por así decir, con la que discutir la aprobación de la gestión de 1997. Permítame decir que resulta sumamente censurable que los países miembros no hayan nombrado hace ya tiempo una nueva Comisión operativa, pues las actuaciones de la Comisión en funciones están paralizadas y ésta ha optado por no tomar ninguna iniciativa a fin de solucionar sus fallos y sus carencias. Y naturalmente, en una situación así no podemos aprobar la gestión de 1997. Sin embargo, aún más importancia tiene la problemática creada por los problemas políticos concretos aún sin resolver. Aún falta llevar a cabo una reforma de la política de personal, aún falta que se produzca una mejora en la administración de los diversos programas. Especialmente con relación a los países de Europa Central y Oriental, tema sobre el que he trabajado mucho, resulta catastrófico que no se puedan transformar las sumas presupuestadas en proyectos concretos, que no se cumplan las normas de licitación y contratación públicas, que no puedan mostrarse resultados con relación al programa para la seguridad de las centrales nucleares -sólo por mencionar unos pocos ejemplos concretos.

Seppänen
Señor Presidente, he estudiado detalladamente el informe del denominado Comité de Sabios y, de acuerdo con el mismo, ha existido una falta de responsabilidad por parte de miembros de la Comisión y de funcionarios de esta institución. Según este mismo comité, la responsabilidad constituye uno de los requisitos democráticos. En el informe se indica que la Comisión no ha investigado algunos casos de abusos y que, cuando lo ha hecho, las investigaciones han llegado demasiado tarde y se han prolongado demasiado tiempo. Además, las sanciones han sido también demasiado leves. Es posible afirmar lo mismo de las conclusiones relativas a la cuestión que se debate ahora, en el sentido de que es posible encontrar motivos para rechazar la aprobación de la gestión. La Comisión ha dimitido, pero esta dimisión ha sido evidentemente la solución más ventajosa para la propia Comisión. He leído en «The European Voice» que los comisarios percibirán gracias a su dimisión un finiquito correspondiente a tres años. Si hubieran sido cesados, los comisarios no habrían percibido este dinero. Así pues, el Comisario Van Miert habría propuesto una dimisión colectiva que garantizaría dicho finiquito. Creo que se trata de una solución incorrecta y desmesurada el recompensar de esta manera una mala labor.

Theato
Señor Presidente, constato que nuestro ponente, el Sr. Wynn, no estuvo aquí para defender los informes sobre la aprobación de la gestión 1996/1997. Los informes han sido aprobados sin modificaciones en la comisión. Han sido concluidos en la comisión y, por ende, pueden ser incluidos también en el orden del día para la votación de mañana. Quiero mencionar esto aquí por razones de orden, pues se ha emitido una opinión de la Sra. Günther sobre el particular, también sobre el presupuesto de desarrollo para 1996/1997. Por consiguiente, deberíamos incluir también esto de acuerdo con la normativa en la lista de votaciones para mañana. Le ruego que se ocupe de esto, porque, como he dicho, el ponente no estuvo aquí.

El Presidente
Hemos tomado buena nota, señora Theato.

Müller
Señor Presidente, quiero pedir excusas por el retraso, pero se están celebrando reuniones paralelas y no se puede estar en todas partes al mismo tiempo.
Señor Presidente, señoras y señores, en toda la discusión en torno a la reforma de la Comisión me he mostrado partidario de unos principios claros que hoy he convertido también en hilo conductor de mis enmiendas a los informes Elles, Brinkhorst y Fabra Vallés.
En primer lugar: se debe asumir palmariamente la responsabilidad. Por esta razón, tampoco se pueden cerrar, sin más, las cuentas del ejercicio presupuestario de 1996 mientras, por ejemplo, no se haya formulado la reclamación en el caso de nepotismo que se haya constatado.
En segundo lugar: cuanta más transparencia haya, menor será la necesidad del control. Mientras la Comisión siga despreciando el derecho del Parlamento a acceder a las informaciones, no habrá confianza alguna entre las instituciones y no crecerá la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en las instituciones. Esto es aplicable también a una Comisión dimisionaria.
En tercer lugar: en su crítica a la Comisión, el Parlamento sólo será creíble ante las ciudadanas y ante los ciudadanos, si es también crítico consigo mismo. Mientras a mí y a la Comisión de Control Presupuestario se me nieguen documentos relacionados con un procedimiento contra el SEL, no habrá ninguna aprobación de la gestión en el ámbito del Parlamento. Espero haber puesto en claro que mi Grupo en la cuestión de la aprobación de la gestión seguirá unos principios que, de hecho, rigen tanto para la Comisión como para el Parlamento.

Liikanen
Señor Presidente, quisiera responder a las preguntas formuladas por el Sr. Elles sobre la preparación de los diferentes documentos basados en el programa que el Sr. Santer presentó en enero y a los que se ha hecho referencia en muchos de los informes sobre la aprobación de la gestión. La labor preparatoria sobre el código estaba muy avanzada a mediados de marzo. El código de conducta para los funcionarios estaba listo en la Comisión, pero fue objeto de negociaciones con las organizaciones del personal. Se puede obtener en la Comisión. También se han redactado los primeros proyectos de códigos de conducta entre los gabinetes y los servicios y, por lo que se refiere a los nombramientos, ya estaban en marcha. Al mismo tiempo, la Comisión ha adoptado la decisión de congelar todos los nombramientos de los niveles A1 y A2 hasta que la nueva Comisión esté en funciones. Se adoptó la decisión de congelar todos los nombramientos hasta que se aceptara el código de conducta.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la reforma del Estatuto de los Funcionarios, el famoso informe de David Williamson fue presentado el pasado otoño. Se han iniciado las negociaciones técnicas en busca del consenso con las organizaciones del personal y también se han celebrado las primeras sesiones políticas en busca del consenso. La posición de la Comisión era la de que la reforma Williamson constituía una buena base, salvo en un sector. La Comisión quisiera disponer de más opciones para los procedimientos disciplinarios. Existía la clara opinión de que se debería pensar en procedimientos disciplinarios más independientes. En este momento los procedimientos disciplinarios son siempre internos. Se basan en dictámenes conjuntos. También ha habido opiniones muy firmes sobre la necesidad de que participen personas exteriores, independientes y expertas en materia de procedimientos judiciales. A ese respecto ha habido la mayor apertura.
Todo ese trabajo está hecho y ahora corresponde a la próxima Comisión adoptar las iniciativas políticas. Ayudará a la nueva Comisión que se haya hecho esta labor preparatoria y la nueva Comisión puede hacer una elección política sobre los códigos de conducta. Si la Comisión de Control Presupuestario en las reuniones de junio quiere saber más sobre los preparativos, estará disponible con carácter personal. La Comisión ha entendido que la de adoptar decisiones claras y estrictamente políticas que aten las manos de la nueva Comisión en un momento en que la Comisión ha dimitido es una cuestión que se debe considerar atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.
Por lo demás, la Comisión toma nota de que el procedimiento sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1996 está a punto de concluir en el aspecto institucional y jurídico que se está examinando hoy aquí. Me refiero a los debates que se celebraron aquí antes a partir del Informe Fayot. En cuanto a los informes sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1997, la Comisión toma nota de que la Comisión de Control Presupuestario ha propuesto el aplazamiento de la aprobación de la gestión por razones institucionales relacionadas con la dimisión de la Comisión. Sobre las directrices que figuran en el documento de trabajo anejo a la propuesta de resolución, corresponderá a la nueva Comisión adoptar las iniciativas oportunas al respecto. El Sr. Bösch ha formulado una pregunta aquí, pero la Comisión ya ha respondido en relación con esas cuestiones. Estoy seguro de que el Sr. Brinkhorst puede confirmar que hemos celebrado numerosos debates y reuniones. También hemos enviado documentos a la Comisión de Control Presupuestario, aunque resulta difícil a la Comisión formular un compromiso por la nueva Comisión. Eso hay que excluirlo. Sin embargo, si Sus Señorías quieren aclarar las cosas, estoy disponible para ello, como también otros Comisarios, mientras permanezcamos en nuestras funciones. Nuestro deber es trabajar, pero formular un compromiso sobre cambios de carácter político corresponde a la próxima Comisión.
También quisiera subrayar que las directrices presentadas por el ponente forman parte de un importante movimiento de reforma. La Comisión ha iniciado las reformas de SEM 2000, gestión financiera racional. Discrepo hasta cierto punto del Sr. Giansily. Ha habido logros, además de fracasos. Es muy importante analizar lo que salió bien y lo que salió mal para avanzar más con las reformas. En el sector de los Fondos estructurales, los nuevos reglamentos son claros. Se han acordado los requisitos para acogerse a los diferentes fondos. Existe la posibilidad de utilizar la corrección financiera. Ha habido cuestiones en las que el Parlamento y la Comisión han estado de acuerdo y se han logrado avances.
Pero ha habido un problema, puedo reconocer que, cuando hemos adoptado en el nivel político decisiones claras y orientadas en la dirección correcta, la capacidad de la Comisión para aplicar las decisiones en todos sus servicios de la misma forma ha sido deficiente. Se han aplicado en ciertos servicios, pero no en todos. Ésa es la cuestión a la que la nueva Comisión debe prestar mucha atención. Es importante adoptar las decisiones idóneas, pero igualmente importante es que haya un sistema que garantice su aplicación íntegra hasta el final.
Respecto del sector de MAP 2000, ha habido mejoras en la descentralización en las diferentes DG y la reducción del papeleo para que todos los funcionarios pudieran ser directamente responsables. Falta mucho por hacer. Y se está preparando la estructura de la Comisión para el futuro y para la próxima Comisión. Es muy importante que el nuevo Presidente tenga todos los elementos sobre la mesa cuando adopte sus decisiones sobre las carteras y, en ese marco, sobre la estructura de los servicios.
Estoy de acuerdo con tres conclusiones importantes del ponente. Una es la de que debe haber una gestión/cooperación mejor de las acciones comunitarias. Es muy importante que la Comisión y los Estados miembros actúen juntos y que las normas y cometidos estén claros y sean compartidos y que sepamos cómo corregir las cosas que vayan mal. Ya hemos hecho un esfuerzo y estoy seguro de que podemos continuar. Me ha complacido tomar nota de que los ponentes de la Comisión de Control Presupuestario han asistido a las sesiones con los Estados miembros la última vez. Ambas partes lo consideraron muy útil.
En segundo lugar, la cuestión de la descentralización y el traspaso de competencias de la Comisión, en particular en la esfera de los programas exteriores, es extraordinariamente importante, pero necesitamos normas muy estrictas para la delegación de la gestión de las políticas comunitarias y siempre se deben perseguir activamente. En ese marco, ha habido un sector en el que los problemas fueron mayores de lo esperado. Para quienes llegaron a esta Asamblea en 1995, me refiero al sector de las oficinas exteriores que estaban realizando muchas tareas para la Unión. Gracias a la cooperación con el Parlamento, hemos podido acordar ahora el marco presupuestario para que siempre haya observaciones presupuestarias. Como saben Sus Señorías, hemos redactado un vademécum sobre las cuestiones que se pueden encomendar a fuentes exteriores y sobre las normas que se deberán respetar. Pero resulta muy claro que esa labor debe continuar. En los informes del Sr. Elles, del Sr. Brinkhorst y del Sr. Bourlanges se ha examinado también esa cuestión.
El tercer sector que es muy importante es la reforma global de los reglamentos financieros. También a ese respecto se ha hecho la primera comunicación. El Sr. Dell'Alba fue el ponente. El debate continúa. Estamos esperando la decisión financiera del Tribunal de Cuentas. Es extraordinariamente importante intentar incluir todas esas pequeñas reformas en un reglamento financiero global y claro en el que se formulen claramente las funciones y los cometidos de cada uno de los copartícipes en la ejecución del presupuesto dentro de la Comisión, a saber, el ordenador, el interventor financiero y el contable. Eso es extraordinariamente importante.
Por último, ha sido un año doloroso y, evidentemente, ésta será la última vez que celebraremos un debate abierto sobre esa cuestión. Es extraordinariamente importante que todos aquellos a los que nos preocupa el futuro de la Unión, la ejecución correcta del presupuesto comunitario y el valor del dinero de los contribuyentes intentemos utilizar todo eso para lograr una reforma más profunda con objetivos claros y una gran capacidad de ejecución que pueda propiciar la consecución de resultados. Lo digo sólo porque sé que en esta Asamblea hay también quienes están preocupados y bastante desconcertados por este debate público. No es culpa de ninguno de nosotros, pero debemos tenerlo en cuenta. Esperamos que la próxima Comisión pueda utilizar la dolorosa experiencia de esta Comisión para que fortalezca y no debilite el proceso de reforma.

El Presidente
Gracias, señor Comisario. Un breve comentario del Sr. Elles.

Elles
Señor Presidente, quisiera aclarar un aspecto de la respuesta del Comisario a este debate. Le agradezco la información que nos ha dado sobre varios de esos códigos de conducta. Sin embargo, hay un informe al que me he referido en mi discurso y que versa sobre el párrafo 7 de la resolución de enero. Al no estar presente ningún miembro socialista de la Comisión de Control Presupuestario, creo que debo hacerlo en nombre de todos. Dice: «Espera con interés el informe del Presidente de la Comisión en preparación de la Cumbre de Colonia sobre la reforma interna de la Comisión. Nos proponemos celebrar un importante debate al respecto en este período de sesiones de mayo». Quisiera pedir al Comisario que facilite ese informe, cuando esté disponible, al nuevo Parlamento para que tengamos toda la información a nuestra disposición.

Liikanen
Sé que los servicios y el gabinete del Presidente han hecho mucho trabajo en estas circunstancias excepcionales. Le hablaré de esa cuestión.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Relación de propuestas legislativas pendientes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0255/99) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (relación de propuestas legislativas pendientes en el Consejo al 1 de mayo de 1999, con indicación del nuevo fundamento jurídico, así como una posible modificación del procedimiento legislativo tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam) (C4-0134/99 + SEC(99)0581 - C4-0219/99).

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, señor Comisario, al empezar a hablar estaba recordando que éste es mi último informe como ponente en esta legislatura. Y estaba pensando que, realmente, pocos parlamentarios habrán tenido la fortuna y el honor de empezar su andadura parlamentaria -que además coincidía con su estreno en un foro político institucionalizado- con la directiva sobre sufragio en las elecciones municipales de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no son nacionales, y terminarla con este informe sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en relación con las propuestas legislativas en curso.
Dicho esto, y con una cierta nostalgia de los informes y de las veces que he intervenido en este Pleno durante estos años, paso al tema que nos ocupa. Señor Comisario, en primer lugar -y en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos-, tengo que decir que tomamos nota -y espero que mañana lo confirme el Parlamento- que damos por recibido, que compartimos y comprendemos este documento que usted nos presenta, a pesar de la premura impuesta por la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Se trata de un documento de trabajo excelente y, desde luego, yo personalmente comparto la filosofía del planteamiento, que es una filosofía clara y que, al mismo tiempo, especifica los puntos esenciales.
Dicho esto, señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento no puede ir más allá. Tendrá que ser la próxima legislatura la que en cada caso examine, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, la procedencia del fundamento jurídico.
Y es que este informe es un informe que va más allá de la mera enumeración de los cambios que la Comisión ha observado y que propone para la reflexión de las otras instituciones, aunque hay que recordarlos. Se registran cambios de procedimiento para más de cien actos, de los cuales ochenta pasan del procedimiento de cooperación al de codecisión en temas como transporte, medio ambiente o asuntos sociales. También se registran cambios de fundamento jurídico, en especial en aquellos asuntos contemplados en el antiguo artículo 43 (agricultura) y que ahora se incluyen en el título relativo a la salud pública. Cambios, en fin, y muy importantes, de política, de contenido, de ambición, de inspiración, de principios políticos subyacentes en aquellas materias que pasan del tercer al primer pilar en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior y el gran cambio que supone la integración del Protocolo social en el Tratado mismo.
Pues bien, frente a esta situación ciertamente compleja, una constatación: no hay derecho transitorio, no hay disposiciones transitorias en el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación integrador y constructiva a partir de los principios que subyacen al Tratado; una interpretación que, para el Parlamento, se basa en tres puntos: responder a nuestra responsabilidad para con los ciudadanos preservando las competencias que el Tratado le otorga al Parlamento y por cuya observancia debemos velar, así como cuando se las atribuya a otras instituciones, como pueden ser las consultas nuevas al Comité de las Regiones o al Comité Económico y Social.
En ese sentido, señor Presidente, el Parlamento no va a admitir que ninguna institución le imponga su interpretación sobre cuestiones de procedimiento, cuestiones que han de ser vistas -y eso lo dice muy bien el informe de la Comisión- sobre la base de que el acto adoptado lo será con arreglo al Tratado de Amsterdam y que ése es el procedimiento que ha de respetarse. A partir de ahí, hay otro principio importante que a nosotros nos vincula y que también tiene que ver con esa responsabilidad para con los ciudadanos de la que hablaba antes: es el principio de conservación de los actos, el principio de ser lo más eficaces posible y dar la más rápida y mejor respuesta a los ciudadanos. Y por eso, en los casos en que sea posible, confirmaremos y ratificaremos trámites procesales para que cada acto vea la luz y tenga vigencia cuanto antes.
Por lo tanto, señor Presidente, y como filosofía general, debemos ser inflexibles en los planteamientos generales y dúctiles al máximo en las aplicaciones concretas.
Y dicho esto, señor Presidente, nosotros nos enfrentamos hoy a un cambio que resume muy bien la filosofía del Parlamento, un cambio que, en palabras del Comisario Sr. Oreja, dota, a partir del primero de mayo, a la Unión Europea «de un instrumento más performante, más abierto al diálogo con los ciudadanos, más democrático y más proyectado hacia el mundo exterior». Creo que éste es un informe que responde a estos planteamientos.

Oreja
Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo quiero felicitar a doña Ana de Palacio. Ella, la Sra. Palacio, se ha referido a su primera intervención y a la última, pero yo quiero decir que, entre una y otra, la actuación de la Sra. Palacio ha sido enormemente activa, competente e inteligente, y realmente nos hemos enriquecido todos, todas las instituciones, con el trabajo que ha venido realizando a lo largo de estos cinco años.
En relación con el informe que tenemos hoy ante nosotros, puedo decirle que, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, está claro que teníamos que resolver algunas cuestiones de procedimiento respecto a los procesos legislativos en curso. Es cierto que la coincidencia de esta entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con la última sesión plenaria del presente Parlamento no facilita las cosas, pero estamos convencidos de que la cooperación leal entre las instituciones permitirá resolver los posibles problemas.
Como ustedes saben, la Comisión remitió el 1 de mayo al Parlamento y al Consejo una comunicación que indica con precisión las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado para todas las propuestas que se han presentado con anterioridad y que todavía no han sido adoptadas. Son 80 propuestas que estaban sometidas al procedimiento de cooperación y que deberán ahora examinarse y aprobarse por el procedimiento de codecisión. En una veintena de propuestas, la participación del Parlamento cambia de dictamen simple a codecisión y, además, se ha modificado el fundamento jurídico de 27 propuestas.
El Parlamento se ha pronunciado ya sobre algunas de esas propuestas, y la Comisión ha recogido total o parcialmente esta posición en sus propuestas modificadas. Nos parece importante que los ciudadanos europeos no tengan la impresión de que la Comunidad está condicionada en su capacidad de adopción de decisiones como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Tratado o de la elección parlamentaria. Es preciso, en consecuencia, que el trabajo legislativo continúe.
El informe de la Sra. Palacio propone un procedimiento que confirma el que ya eligió el Parlamento Europeo después de Maastricht y que supone la confirmación, por parte del Parlamento, de los procedimientos legislativos ya iniciados y cuyo fundamento jurídico o procedimiento se han visto modificados en virtud del Tratado de Amsterdam. Ahora bien, hay algunos casos, y en concreto los tres que se refieren a la aprobación de las conclusiones de la negociación sobre la Agenda 2000, que exigen actuar con especial rapidez.
Yo quiero agradecer al Parlamento su disposición, a pesar de la premura del tiempo, para tratar en esta sesión plenaria de todos los asuntos pendientes urgentes, y en particular los que se refieren a la Agenda 2000.
Y voy a referirme, para terminar, a las propuestas relativas a los asuntos de justicia e interior pendientes de adopción y que se han visto afectados por el hecho de que el Tratado de Amsterdam ha «comunitarizado» estas materias. En esos casos, la Comisión presentará formalmente nuevas propuestas, manteniendo, naturalmente, su contenido pero utilizando el instrumento jurídico más apropiado, ya sea reglamento o directiva. Y en el caso de los dos convenios sobre la transmisión de actos y sobre el reconocimiento de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental -propuestas que la Comisión aprobará mañana sobre la base del Tratado- se transmitirán inmediatamente al Consejo y al Parlamento.
Por último, quisiera subrayar que, dado que el calendario institucional y las circunstancias políticas hacen coincidir la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con la renovación del Parlamento y de la Comisión, tendrán que ser ambas instituciones renovadas las que tomen el diálogo sobre esta materia con el Consejo. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo, señora Palacio.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Declaración de la Comisión sobre el procedimiento OMC para el arreglo del conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Doy la bienvenida al Comisario, Sr. Brittan.

Brittan
Señor Presidente, el 13 de julio intervine ante la Comisión REX sobre este tema y posteriormente se debatió esa cuestión en el Consejo de Asuntos Generales del 26 de abril.
Respecto de las hormonas, como saben Sus Señorías, la evaluación definitiva de los riesgos que la Comisión inició el año pasado, después de que el órgano de apelación se pronunciara contra nosotros, no concluirán antes de la expiración del período de prórroga razonable que se nos concedió el 13 de mayo. Pero el pasado fin de semana la Comisión recibió un informe provisional de los científicos y vamos a hacer un primer examen de él en nuestra reunión de mañana. Así, pues, es prematuro que yo comente los datos científicos que acaban de notificarse sobre esta cuestión o sobre las conclusiones que debemos sacar de dichos datos en el marco del asunto planteado ante la OMC en Ginebra. Como he dicho, mañana vamos a hacer un primer examen de los informes científicos, pero no pensamos sacar conclusiones hasta una reunión posterior. Pero puedo decir ahora una o dos cosas que revisten -creo- cierta importancia.
Quisiera subrayar que no hay razón alguna para adoptar una nueva decisión urgente por razones de salud pública ni para que haya algún tipo de pánico. La razón es muy sencilla: en la Comunidad Europea hay una completa prohibición de la utilización de hormonas y de la importación de carne tratada con hormonas, por lo que la salud pública no puede resultar afectada simplemente porque se hayan publicado los informes científicos que se acaban de dar a conocer, sea cual fuere la interpretación que de ellos se haga. De modo que la cuestión que todos nosotros debemos examinar ahora no es lo que hemos de hacer para proteger la salud pública, que está adecuadamente protegida, sino qué consecuencias tienen esos últimos informes para la actitud que se debe adoptar respecto de la cuestión de la OMC. Se trata, evidentemente, de algo que requiere un examen muy detenido. Ahora es una cuestión primordialmente jurídica y económica y no de salud pública.
Entretanto, a la luz de las diversas posiciones expresadas en el Parlamento, quisiera subrayar lo siguiente. En primer lugar, la Comisión comparte, naturalmente, el compromiso del Parlamento con el más alto nivel posible de inocuidad de los alimentos para los consumidores europeos. En segundo lugar, estamos comprometidos, naturalmente, con el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales con arreglo a la OMC. No hay razón para que esos objetivos sean contradictorios. Si las pruebas científicas lo justifican, se podrá mantener la prohibición en vigor, que protege totalmente al consumidor europeo. Pero, desde el punto de vista de la actitud que se debe adoptar respecto de la cuestión en la OMC, es importante que exista la mayor transparencia respecto de nuestra información científica. Para que sea convincente internacionalmente, tiene que quedar claro hasta qué punto se trata de un nuevo análisis de material existente y está basado en nuevos estudios. Es probable y sería razonable que se nos pidiera que revelásemos cualesquiera estudios nuevos, ya sea ahora o cuando estén del todo concluidos. Así, pues, me propongo velar por que se examinen todos nuestros datos científicos -que estarán a disposición de todo el mundo en Internet- con los científicos correspondientes de los EE.UU. y del Canadá a fin de perseguir un mayor consenso al respecto.
Los datos ahora disponibles desde el fin de semana pueden representar una importante contribución al debate sobre esta cuestión. Espero que los científicos y los organismos reguladores de ambos lados del Atlántico inicien un diálogo fructífero a partir, entre otras cosas, de dichos datos, que confío en que estén totalmente disponibles. Entonces estaremos en condiciones de juzgar qué actitud debemos adoptar desde el punto de vista de las resoluciones de la OMC y de las intenciones americanas al respecto.
Permítaseme pasar ahora a los plátanos. La Comisión decidió la semana pasada -con la conformidad del Consejo de Ministros- no recurrir sobre el fondo de la cuestión ni sobre la llamada cuestión sistémica, pero sí que nos proponemos abordar la segunda cuestión, la cuestión sistémica, que la UE promovió en el grupo especial contra la Sección 301 de la Ley de Comercio de los EE.UU. También nos proponemos abordarla en el examen del acuerdo sobre la solución de controversias y, de ser necesario, en la próxima ronda de negociaciones comerciales.
Sobre el fondo de la cuestión, nuestra intención ahora es la de cambiar nuestro régimen para cumplir con la resolución del grupo especial de la OMC. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que nuestro objetivo debe ser el de cumplir la resolución de la OMC. Pero no va a ser fácil. Tenemos intención de celebrar amplias consultas con todas las instancias principales con el objetivo de lograr un sistema que no esté amenazado por otras objeciones de la OMC. Hace dos semanas examiné esa cuestión en Washington con el Secretario de Agricultura de los EE.UU., entre otros. A mis reuniones siguieron conversaciones en el nivel oficial. Posteriormente, el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas para modificar el régimen del plátano al final de mayo, a más tardar, a la luz de otros contactos con los EE.UU. y otras partes principalmente interesadas.
De esas conversaciones ha resultado claro que no hay una forma fácil de lograr la retirada rápida de las sanciones americanas.
Los Estados Unidos insisten en que se debe modificar nuestro sistema respecto de la concesión de licencias y de tal modo que brinde un acceso adecuado, a su juicio, a los plátanos latinoamericanos. Están dispuestos a aceptar la prolongación de la excepción de Lomé, cuando llegue el momento de su renovación el próximo febrero, pero se muestran reticentes ante la idea de ampliar su alcance.
Sobre la concesión de licencias, la Comisión ve la posibilidad de un sistema de licitación mediante subastas como un método eficiente, transparente y no discriminatorio de distribuir las licencias de importación. Si bien reconocieron que el grupo especial había mencionado las subastas como un método conforme a las normas de la OMC, los americanos han indicado que siguen abrigando dudas sobre la legalidad de ese sistema.
También hemos celebrado una primera conversación con el Ecuador, que ha indicado sus principales sectores de interés y también que, si no adaptamos inmediatamente nuestro régimen a las normas de la OMC, la Comunidad debe compensarlo ahora. Esta semana vamos a reunirnos también con los países ACP y también pensamos hacerlo lo antes posible con los demás proveedores importantes. Cuando concluyan las conversaciones, estaremos en mejores condiciones para juzgar los parámetros con vistas a una solución aceptable. Perseguimos una solución mutuamente aceptable con los EE.UU. y otras partes interesadas. Estamos examinando las diversas propuestas hechas por el grupo especial creado a petición del Ecuador para velar por que modifiquemos nuestro sistema de forma compatible con la OMC. Estamos trabajando para lograr un acuerdo sobre el régimen reformado con todas las partes. Pero, si no lo logramos, tendremos claramente que proponer los cambios que, según creemos nosotros mismos, hagan compatible nuestro régimen con las normas de la OMC, tal como se han interpretado en las últimas resoluciones.
Por último, paso a los silenciadores. La cuestión del ruido de las aeronaves ha cobrado prominencia en los últimos meses a raíz de la preocupación de los EE.UU. por nuestra propuesta de reglamento. Muchos de los aeropuertos europeos están situados cerca de zonas densamente pobladas, por lo que existe gran preocupación local por la contaminación acústica a la hora de ampliar la capacidad de los aeropuertos. De modo que el año pasado propusimos un reglamento encaminado a reducir el ruido de las aeronaves, el consumo de combustible y la contaminación. A partir del año 2002 habrá un tope al número de aeronaves a la que se permitirá utilizar la antigua tecnología en la Unión Europea, incluidas las aeronaves equipadas con los llamados silenciadores.
Los americanos han sostenido que se trata de una discriminación de facto contra las aeronaves procedentes de los EE.UU. y que costará a la industria de los EE.UU. más de mil millones de dólares, pues no podrá seguir vendiendo sus aeronaves con silenciadores a los países vecinos de la UE para sus operaciones de entradas y salidas en los aeropuertos de la Comunidad. No han podido explicar con detalle en qué se basa su cálculo.
Durante numerosas reuniones de alto nivel con los EE.UU., los representantes de la Comisión y los Estados miembros han explicado que no se trata de una medida discriminatoria, que sus repercusiones económicas son limitadas y que tan sólo entraña la congelación del número de aeronaves ruidosas dentro de la Comunidad. También hemos sostenido que desde 1977 no se ha actualizado la actual certificación en materia de ruido de la OACI, en gran medida por la reticencia americana al respecto.
Después de las intensas conversaciones celebradas en las últimas semanas, parece que ahora hemos encontrado una forma de desactivar esta cuestión. La semana pasada, el Consejo aprobó el reglamento propuesto sobre el ruido causado por las aeronaves, pero también decidió -teniendo debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento- aplazar su aplicación durante un año. Ese aplazamiento nos ayudará a concluir las conversaciones que iniciamos con los americanos en marzo. Dichas conversaciones se centrarán en el fomento de la labor de la OACI para lograr la próxima generación de la normativa relativa a la limitación del ruido.
Por último, los americanos han considerado prioritario que se aceleren los trabajos al respecto en estrecha cooperación con la Unión Europea en ese marco. En esas conversaciones se abordarán también los problemas de ruido más inmediatos y a corto plazo. Examinaremos la posibilidad de proponer modificaciones de nuestra legislación para atender cualesquiera preocupaciones legítimas de los EE.UU. Se pide a la Comisión que informe al Consejo sobre los avances logrados en dichas conversaciones en septiembre de este año. También mantendremos detalladamente informado al Parlamento, en particular por mediación de las comisiones competentes. Naturalmente, seguiremos defendiendo los intereses europeos con firmeza, pero queremos evitar controversias comerciales, innecesarias y potencialmente perjudiciales, con los EE.UU.. Esperamos que los Estados Unidos den pruebas de una moderación similar sobre otras cuestiones en las que estamos intentando resolver nuestras diferencias.

Mann, Erika
Señor Comisario, Brittan, usted ha aclarado una vez más la posición y usted se ha referido a los diferentes enfrentamientos comerciales que venimos teniendo con los Estados Unidos desde hace un buen número de meses o, en parte, desde hace años. Estamos un tanto preocupados sobre varios puntos. Ante todo, me gustaría referirme al primero. Todos estos casos, estos enfrentamientos comerciales, que tenemos en este momento con los Estados Unidos o también con Canadá constituyen en principio casos test en los que se prueba en el marco de la Organización Mundial de Comercio el límite de hasta dónde llega el grado de la independencia y de la autonomía de los estados en el ámbito de la autodeterminación de determinadas políticas, sea la protección de los consumidores, sea la asistencia sanitaria, sea la cuestión de cómo se puede hacer política en el marco de los países en vías de desarrollo, como en el caso de los plátanos, o sea en el caso de los estándares. Todas éstas son cuestiones esenciales y tenemos una Organización Mundial de Comercio que ha establecido un marco en el que tenemos que movernos como socios comerciales. En principio, estamos también satisfechos en todo, pero sabemos que existen absolutamente situaciones límite y casos límite que son comprobados mediante recursos o mediante sentencias judiciales. Nos encontramos en esta situación.
Mi segunda preocupación reside en que colisionan dos modelos, precisamente en el caso de las hormonas: el famoso modelo americano, si me permiten ustedes denominarlo así, con un sistema diferente de asistencia sanitaria, y el modelo europeo que coloca con más fuerza en primer plano el elemento de la asistencia.
Lo que me preocupa es la cuestión de cómo podremos tratarnos mutuamente en el futuro y cómo conseguiremos ponernos de acuerdo acerca de un mayor volumen de estándares comunes en el marco de la nueva ronda comercial mundial y, por otro lado, cómo podremos garantizar un grado mayor de independencia y de autonomía en la autodeterminación de regiones y de estados. Esto no va a ser muy fácil, y en la comisión ya hemos debatido numerosas veces acerca de cómo se consigue esto. Este caso de las hormonas va a constituir el caso test para la Unión Europea. Todo lo que hemos vivido en el caso de la contienda de los plátanos lo va a dejar muy atrás este caso. Efectivamente, aquí los consumidores reaccionarán, naturalmente, de manera muy sensible y quieren ver garantizadas por la política tanta asistencia y tanta prevención como sea imaginable.
En este momento estoy poco seguro de cómo podemos reaccionar a la vista de la respuesta que usted ha dado. No deberíamos cerrarnos en ningún caso a ninguna opción, y en el presente estadio no deberíamos hacer, en ningún caso, concesión alguna. Ésta es la opinión de mi Grupo, otros colegas hablarán aún sobre esto. No deberíamos hacer en ningún caso una manifestación política en el sentido de que nos comprometemos a algo, antes de que dispongamos del resultado definitivo de la investigación científica. Sólo entonces deberíamos deliberar de nuevo y, por cierto, junto con el Parlamento, con el Consejo y con la Comisión, acerca de cuáles son los pasos siguientes. En el momento actual yo consideraría prematura cualquier forma de manifestación aquí.

Kittelmann
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas en una época de gran agitación, sea por el conflicto de Kosovo, sea por cualquier otro, tenemos en el Parlamento Europeo una vez más la obligación de hablar de un tema que nos viene ocupando desde hace mucho tiempo, la lucha comercial con los EE.UU. Los Estados Unidos insisten en una postura, sea en el caso de los plátanos que quizá a su modo de ver esté solucionado, sea ahora en el caso de las hormonas, en el que es extraordinariamente difícil poner la medida en su sitio de suerte que también fuera de la Unión Europea se pueda comprender, pues las disensiones comerciales de las que se trata aquí constituyen apenas el 2 % del comercio común.
Pero precisamente por esto quisiera dirigir aquí una llamada clara a los Estados Unidos. A los europeos, a pesar del convencimiento de la necesidad de la renovación innovativa, nos importa no descuidar nuestras raíces tradicionales. Pienso aquí, por ejemplo, en el cultivo de los plátanos en algunos países miembros y en la protección de nuestros consumidores ante los cuales somos responsables como diputados elegidos y debemos seguir ampliando esta protección.
En todo esto nos permitimos también formular este o aquel punto importante de una manera diferente a como lo hacen nuestros colegas norteamericanos en el Congreso. Sin embargo, considero muy necesario dirigir también una llamada a la Comisión y al Consejo. Sir Leon Brittan, en los últimos años hemos tenido con usted la experiencia extraordinariamente positiva de que usted, durante los conflictos comerciales transatlánticos, trabajó muy estrechamente con el Parlamento Europeo. Quisiera agradecerle esto extraordinariamente, pero usted solo no es la Comisión ni el Consejo. Por consiguiente, quisiera pedir, también en nombre de mi Grupo, que se rechacen enérgicamente todos los intentos de solucionar los conflictos comerciales a través de un aplazamiento del procedimiento ante la OMC con el fin de retardar el resultado. Debo recordarnos a todos en conjunto lo que ya hemos hecho con frecuencia. La Unión Europea y los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, tienen cada una un voto en la OMC, pero cientos de países en vías de desarrollo que esperan en la OMC con la esperanza de que también se tomen en cuenta sus intereses no deben ser apartados por las continuas reyertas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pues se trata también de otros problemas esenciales.
Ruego también que los europeos no piensen en jugar sólo haciendo pasar el tiempo para aplazar la eliminación de las situaciones irregulares subyacentes. En mi condición de ponente general del Parlamento Europeo quisiera advertir también de que semejante proceder puede debilitar el prestigio de la OMC tanto en los EE.UU. como también entre nuestros propios electores en la medida en que se está jugando con las normas de la OMC por motivos preponderantemente políticos.
Quisiera hacer también un llamamiento al Grupo Socialdemócrata para que se sumara al derrotero del PPE en esta cuestión. Todos vemos las diversas dificultades políticas que nos causan la decisión sobre los plátanos y el caso de las hormonas. No obstante, a pesar de todas estas dificultades no debemos apartar nuestra vista de los fundamentos de la solución jurídica y realmente factible. La decisión de la OMC en el caso de los plátanos exige de nosotros una regulación clara para los productores propios y para los productores ACP en lo que atañe al acceso adecuado de países terceros al mercado. Sin embargo, yo soy partidario de una solución lo más rápida posible puesto que desde la imposición de aranceles penalizadores por los EE.UU. otros sectores económicos se ven lastrados y, en consecuencia, muchos puestos de trabajo en Europa se ven amenazados. A la hora del análisis y de la autorización de la carne de vacuno de procedencia norteamericana, tratada con hormonas, ruego que se piense que hemos constituido un marco jurídico multilateral, precisamente para la protección de los más débiles. Gracias a la OMC y al hecho de que no cedemos al poder del mercado, es posible hacer valer a través de un procedimiento jurídico-formal las justificadas reservas que se tengan. Pero si no se pueden presentar pruebas científicas inequívocas entonces no puede imponerse ninguna prohibición a la importación. Pero desde hoy se dispone del primero de una serie de dictámenes para el análisis del daño a la salud procedente de la carne tratada con hormonas. De aquí se deduce que el consumo de semejante carne no es intrascendente. Sin embargo, queremos evitar una guerra transatlántica o europea sobre dictámenes particulares y esperar con tranquilidad el juicio global de la ciencia. En los comentarios provisionales advierto que la emoción juega un papel mayor que la expertez.
Hoy hemos intentado combinar entre sí en una resolución común las diferentes posiciones que están presentes en el Parlamento Europeo a fin de dejar hablar con una sola voz a Europa en estas importantes cuestiones. Por consiguiente, les pido que otorguen su conformidad a la hora de votar esta resolución.

Mulder
Señor Presidente, para mi Grupo parlamentario lo más importante es que hemos llegado a un acuerdo en el marco de la OMC y que debemos respetar también los dictámenes del tribunal acordados en el seno de la misma. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que el Comisario ha declarado sobre las consecuencias.
Mucho más espinoso es el tema de las hormonas de animales. Creo que en primer lugar debe quedar probado de forma irrefutable que no son peligrosas para la salud pública. El segundo aspecto que me gustaría incluir en el debate es el respeto por los animales. ¿Estas hormonas no pueden ser suministradas sin perjudicar a los animales? Me parece que en esta cuestión en Europa las ideas son claramente distintas a las de los Estados Unidos y eso será uno de los puntos que tenemos que abordar en las próximas negociaciones.
Hay un segundo aspecto que quería plantear al Comisario: ¿qué ocurriría si permitiéramos la entrada de carne con hormonas de los Estados Unidos con etiquetas? ¿Tendríamos entonces derecho a prohibir a los productores europeos la utilización de hormonas de animales? ¿Cuál serían entonces las consecuencias de todo esto?
Por último, este Parlamento ya se ha manifestado en alguna medida sobre la política de productos agrícolas de calidad en su conjunto. Quisiera referirme sobre todo a la resolución que este Parlamento adoptó unánimemente en octubre del año pasado y que indica en grandes líneas qué puede ser una política de productos agrícolas europeos de calidad. Me gustaría recomendarla para futuras discusiones.

Herzog
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, de los conflictos recientes con los Estados Unidos he aprendido dos cosas: primero, la necesidad de desarrollar el diálogo no sólo con los americanos sino también con otras regiones del mundo porque necesitaremos y, de hecho, ya necesitamos nuevos aliados, y en segundo lugar la necesidad de una mayor vigilancia por parte de la Unión Europea de las negociaciones de la OMC, teniendo además en cuenta su creciente importancia, todo ello es evidentemente un problema colectivo que atañe también al Parlamento europeo.
Considero que en el asunto del plátano, que se ha llevado bien, es importante que la Unión Europea emprenda acciones ante la OMC contra la legislación de carácter unilateral. En relación con las hormonas de la carne de vaca, hay varios asuntos fundamentales en juego: la seguridad alimentaria y la elección de un modelo agrícola. Me parece que el informe provisional y que las preocupaciones manifestadas en el Transatlantic Consumer Dialogue satisfacen en buena medida nuestra posición y que es importante, como ha señalado Erika Mann, no hacer concesiones en este punto. Si existen compensaciones, su carácter debe ser absolutamente provisional. En cuanto al etiquetado, un cambio de filosofía es lo que actualmente podría debilitar de forma cruel nuestra posición.
Pero sobre todo, señor Comisario, teniendo en cuenta los problemas planteados por los acuerdos anteriores a la OMC sobre este tipo de productos, quisiera preguntarle si podría comprometerse a reabrir el dossier de la OMC en dos puntos: una mejor definición del principio de precaución, especialmente a través de la inversión de la carga de la prueba en caso de duda, y, un segundo punto, una mejor definición del dictamen pericial, ya que el código alimentario no puede considerarse como referencia unívoca legítima.

Graefe zu Baringdorf
Gracias, señor Presidente, con todo respeto, Sir Brittan, debemos celebrar ahora la discusión y si usted dice que no hay ningún motivo para el pánico pues tenemos ya la prohibición, entonces he de decir que hemos estado muy cerca de renunciar a esta prohibición y se trata aquí seguramente, como dice la Sra. Mann, de la cuestión del way of life en América y en Europa. Sin embargo, se trata también de los intereses muy concretos de los fabricantes de hormonas y de los utilizadores de hormonas aquí en Europa. Señor Kittelmann, esto se nota en su discurso, que ahora se ha vuelto tan flojo. Efectivamente, tenemos ahora precisamente esto: ninguna emoción, sino la demostración científica -y precisamente como se ha exigido, la seguridad cualitativa, no la cuantitativa- de que la utilización de hormonas es nociva, que representa una amenaza para la salud, que es cancerígena, que provoca la temprana aparición de la pubertad de las niñas. Traduzco lo que está escrito aquí. Lo que nosotros hemos dicho siempre y a lo que nos hemos referido siempre: emplear hormonas sexuales significa precisamente que la regulación hormonal justo en esta sensible fase de los niños se desordena.
Sir Brittan, en este punto hay que considerar prioritaria la protección del consumidor y ésta no es una cuestión jurídica, sino que la cuestión jurídica debe subordinarse a la protección del consumidor y a la prevención en favor de nuestros ciudadanos. Tampoco se trata, señor Mulder, de que no se cumplen aquí las negociaciones y normas de la OMC. Nosotros las queremos cumplir pero les tenemos que dar forma con nuestros recursos y las tenemos que ampliar también en el diálogo y en el ámbito social y ecológico, las tenemos que desarrollar en el ámbito sanitario y en el ámbito cultural.
Sir Brittan, hemos visto que cuando se llega a la utilización de tales medios dudosos, entonces se abre la puerta incluso al empleo prohibido. Efectivamente, en las pruebas que la Comisión ha realizado vemos ahora que la utilización de hormonas prohibidas se da también en los Estados Unidos y que no es verdad la afirmación de que aquí llega carne sin hormonas. Esto significa que si desistimos de esta prohibición de las hormonas, habremos de autorizar también aquí la utilización de hormonas con todas sus consecuencias negativas. Sir Brittan, en el ámbito de los fármacos cabe aceptar un efecto secundario, en el ámbito de los productos alimentarios no debe haber estos efectos secundarios, y aquí debe hacerse la inversión de la prueba de manera que aquellos que producen y desean aplicar estos medios deben demostrar su inocuidad. En esta dirección tenemos que conducir las negociaciones en la OMC y discutir y llevar a la práctica nuestro europeo way of life .

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, en esta guerra comercial -los plátanos, las hormonas- hay un apéndice que, como todos sabemos, afecta a empresas y sectores económicos europeos que no tienen nada que ver con los sectores objeto del conflicto. Forma parte de esta concepción ofensiva americana, a la que, como es obvio, sería oportuno responder con los mismos instrumentos, que nos obliga a no seguir ignorando el precio que pagan ciertos sectores económicos y, yo diría, Sir Leon, algunos determinados países respecto a otros. No he sido nunca un nacionalista empedernido, sin embargo, es indudable que si miramos las estadísticas -y usted las conoce mejor que nosotros- Italia y algunos sectores económicos italianos están entre los sectores más afectados por estas retorsiones de aranceles por parte americana. Por ejemplo, el sector de las baterías y de los acumuladores está sufriendo pérdidas gravísimas, de millones y millones de dólares, por unos aranceles aduaneros del 100 % en virtud y en nombre de esta guerra.
Por tanto, la propuesta que hacemos, y que sé que está estudiando la Dirección General I, es la de crear un fondo de compensación y de proponer a la Autoridad presupuestaria incluir en el presupuesto, precisamente para facilitarles a ustedes, a nuestra política comercial común, los medios, un fondo, una reserva que pueda compensar a las empresas europeas que son víctimas inocentes de esta justa y necesaria política comercial común. Ésta es la sugerencia que quisiera que este Parlamento aprobara, aunque al mismo tiempo quisiera alentar los estudios que están realizando para que sea una propuesta concreta y para que las nuevas perspectivas financieras y el nuevo presupuesto contengan un PM, una referencia precisa a este arma complementaria para nuestra política comercial común.

Roth-Behrendt
Señora Presidenta, señor Comisario en ejercicio, le he escuchado con atención. Su discurso me ha sorprendido, no, en realidad no me ha sorprendido. Pero sí me ha sorprendido pues sólo existen dos explicaciones. O usted no sabe leer o usted tenía ya formada una opinión y deseaba verla confirmada y por eso no le gusta el dictamen científico.
Pensemos, sin embargo, dónde nos encontramos. Usted ha afirmado que se trata de un asunto jurídico y económico. ¿Es un asunto jurídico? La instancia de apelación de la OMC nos ha impuesto que demostremos un riesgo para la salud. ¿Es que no está demostrado? La peligrosidad está demostrada y ¿dónde nos encontramos hoy? La Sra. Mann ha dicho que no estamos seguros, que deberíamos reaccionar, y el Sr. Kittelmann ha dicho que sólo podemos hacer lo que es factible en la realidad y en Derecho. Señor Kittelmann, me interesa mucho ver cómo explica usted a sus votantes a la hora de las elecciones al Parlamento de Berlín qué es factible en Derecho y en la realidad. Sir Leon Brittan, esto lo hicieron, colegas de usted en su país, Inglaterra, hace 20 años y hoy nos hallamos donde nos hallamos con el EEB. Ustedes están en el mejor camino para continuar esto junto con el gobierno de la Gran Bretaña, si creen que cuentan con su apoyo.
Hagamos una reflexión: ¿dónde nos encontramos? Tenemos seis hormonas. El dictamen científico afirma de ellas que representan un peligro para la salud y de una de ellas afirma que es cancerígena, que fomenta el cáncer y usted se atreve a decir con toda seriedad, Sir Leon Brittan, que deberíamos tener ahora más transparencia. ¿La tiene usted en su dirección general y en su despacho? Me gustaría saberlo. Deberíamos tener más transparencia, necesitaríamos más análisis ¿Cuáles, pues? ¿Los que favorezcan y tomen en cuenta lo que usted quiera? Y necesitaríamos nuevos datos científicos ¿Cuáles, señor Brittan? Yo sé que usted quería tener la variante del etiquetado. Esto lo saben todos los que pueden leer, ver y oír. Ustedes saben, ciertamente, qué es la variante de etiquetado. Un trozo de carne puede quizá estar etiquetado, pero no lo puede estar nada de lo que venga después, no la carne picada, nada, nada, nada de lo que venga después. Esto nos lo han dicho siempre ustedes, los de la Comisión, cuando estábamos a favor de un etiquetado global y lo deseábamos en el Parlamento. Quien hoy esté a favor de un etiquetado, dice clara e inequívocamente: en realidad, corremos riesgos para la salud, no los aceptamos, y corremos el riesgo de que haya personas que resulten dañadas. Los niños antes de la pubertad; nuestro colega, el Sr. Graefe zu Baringdorf, lo ha dicho. Señor Kittelmann, salga usted a la calle en Berlín y diga: está etiquetada, pero es altamente peligrosa para los niños en la pubertad y para todos los demás también, en las personas que padecen cáncer estimula la formación de nuevos tumores y en otros casos puede ser cancerígena. Muy bien, hágalo. No deseo otra cosa en la campaña electoral.
Ahora digame, por favor, una cosa, Sir Leon Brittan: usted no va a estar ya mucho tiempo en el cargo y, por eso, no puedo sostener una discusión intensa con usted. ¿En realidad, a quién representa usted aquí? ¿Representa usted a los EE.UU. o representa usted a la Unión Europea? ¿Si esto es así, a quién representa usted en la Unión Europea? En todo caso, no a las consumidoras y consumidores pues, de lo contrario, sabría usted que uno de los principios básicos de la legislación de la Unión Europea es que sólo pueden salir al mercado productos seguros e irreprochables, y antes han de ser etiquetados. En efecto, el etiquetado no es una indicación de aviso, Sir Leon Brittan, sino que el etiquetado es una información para los consumidores, pero también una condición previa de que los productos son seguros. Éstos, sin embargo, no lo son y lo que usted está haciendo en este momento lo calificaría yo normalmente como temeridad, pero es irresponsable, lo diré claramente a la opinión pública, lo que están defendiendo los cristiano-demócratas en esta Asamblea.

Ferrer
Señora Presidenta, voy a referirme en concreto al tema de la crisis provocada por el sector del plátano. Sobre todo porque sería lógico que esta crisis afectara precisamente a ese sector. Pero lo que no resulta ya tan lógico es que, como en tantas otras ocasiones, sea el sector textil -entre muchos otros sectores- quien cargue con las consecuencias de esta crisis, aunque no tiene nada que ver con ella. En efecto, este sector -en concreto la ropa de cama de algodón y las prendas de cachemira- al igual que otros sectores, concretamente los que figuran en la lista que acompaña a la declaración de la sentencia de la Organización Mundial del Comercio, verá incrementados sus aranceles a las exportaciones en un 100 % tras la decisión adoptada por parte del órgano de arbitraje de la OMC. Esto va a tener efectos muy negativos sobre las empresas afectadas, en unos momentos -y usted lo sabe, señor Comisario-, especialmente delicados para este sector, que debe hacer frente a las importaciones masivas a bajo precio provenientes de Turquía y Asia y que por ello están ya en una situación realmente preocupante.
Por otro lado, el hecho de que las medidas no afecten a todos los países de la Unión Europea supone una grave distorsión de las reglas de la competencia en el mercado único, agravando las consecuencias negativas sobre aquellas empresas que sí se verán afectadas por estos altos aranceles impuestos por Estados Unidos en sus sanciones.
Es por ello de importancia vital resolver cuanto antes el conflicto para los sectores víctimas de esta guerra del plátano. De ahí que me hayan alegrado sus palabras y las iniciativas y las acciones que nos ha enumerado para encontrar lo más rápidamente posible una solución. Y de ahí también que yo defienda la creación de un fondo de compensación para las empresas que se vean afectadas por tales sanciones, ya que, de lo contrario, muchas de ellas se pueden ver inmersas en una profunda crisis que puede llevarlas a la desaparición, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo justamente en unos momentos en que estamos impulsando -queremos impulsar desde la Unión- unas políticas en beneficio de la ocupación.

Iversen
Señora Presidenta, los consumidores están muy concienciados. Esto significa que no es posible aprobar cualquier cosa. Y también significa que los consumidores esperan que los alimentos sean de buena calidad y sobre todo que los consumidores esperan y exigen que los alimentos no sean perjudiciales para la salud. No es demasiado tratándose de nosotros mismos, pero, y a pesar de todo, es mejor de lo que pasa en otros lugares. Hoy asistimos a un conflicto entre dos continentes. Como ya se ha dicho anteriormente, se trata del conflicto creado, entre otras cuestiones, en torno a la carne tratada con hormonas y en este caso está plenamente justificado, como se ha subrayado también, atender al consumidor en primer lugar. El etiquetado no es ninguna posibilidad, no es tarea de los consumidores servir de conejillos de indias a los caprichos de la industria, no se debe jugar con la salud. Por este motivo también lamento que el etiquetado sea una de las posibilidades mencionadas por la Comisión en su borrador.
El problema radica en las dificultades de conseguir que la OMC defienda los intereses de los consumidores. Y en que también la fe en el libre comercio ha resultado ser una fe equivocada. No existe ninguna razón para esperar que el libre comercio resuelva todos los problemas. El libre comercio no puede promover las consideraciones en materia de política de consumidores y medioambiental por la sencilla razón de que estos dos ámbitos exigen una evaluación política de la que el mercado no puede hacerse cargo. Por este motivo estamos obligados a aumentar el peso político dentro de la OMC. Y la UE seguirá insistiendo en el derecho a defender la salud pública del libre mercado.
A largo plazo, nos veremos obligados a exigir que la Comisión, cuando negocie estos acuerdos OMC, atienda a los consumidores y al medio ambiente antes que al sacrosanto libre mercado. Tendréis que entenderlo en la Comisión: es imposible tener en cuenta sólo el libre mercado, pues de esta forma quienes pierden son los consumidores, como hemos visto en este caso. No se pueden dejar estas cosas únicamente en manos del mercado.

Presidente
Antes de conceder la palabra a Sir Leon Brittan, tengo una petición de palabra del Sr. Kittelmann sobre una moción de orden o un asunto personal.

Kittelmann
Señora Presidenta, como cuestión relativa al Reglamento quisiera dar a conocer cuál es la frase que dije literalmente, a causa de los ataques de la Sra. Roth-Behrendt: «Deberíamos renunciar a una guerra de religión, tanto transatlántica como europea, ante dictámenes concretos y esperar con tranquilidad una visión global de la ciencia, antes de actuar.» Su emotividad, señora Roth-Behrendt, sobre todo los ataques personales contra Sir Leon Brittan, han estado emocionalmente injustificados, por debajo del nivel de usted y responden más bien a una campaña electoral que usted ha querido realizar en Berlín.

Presidente
No era, en efecto, una moción de orden, sino un asunto personal.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, si el Sr. Kittelmann tiene dificultades en entender sus propias actuaciones y declaraciones, quizá debería repetir mi discurso. De lo contrario, me temo que no ha entendido lo que he dicho.

Presidente
Queridos colegas, a esta hora tan avanzada, es completamente normal que haya problemas de comprensión. Estoy convencido de que Sir Leon Brittan va a aclararnos las ideas de la forma magistral a la que nos tiene acostumbrados.

Brittan
Señora Presidenta, haré todo lo posible. Permítaseme comenzar con la cuestión del plátano, que es de gran importancia para determinado sector. He escuchado con gran interés lo que se ha dicho: por ejemplo, el Sr. Dell'Alba y la Sra. Ferrer. Estamos intentando resolver la cuestión formulando -tras celebrar consultas con todas las personas que tienen intereses legítimos en esa cuestión- propuestas aceptables -esperamos- para todos con vistas a abordar el problema modificando su régimen. Si es así, las sanciones, por definición, se acabarán y ésa es la forma más rápida de ponerles fin. Pero no se puede forzar a las personas para que lleguen a un acuerdo, por lo que debemos considerar la posibilidad de que no se logre un acuerdo total. Entonces tenemos que hacer lo posible, tras haber escuchado lo que todo el mundo tenga que decir, para hacer cambios que se ajusten a las normas y satisfagan al mayor número posible de personas, si no a todo el mundo. Eso, desde luego, podemos hacerlo. Pero en esas circunstancias podremos decir a los Estados Unidos que las sanciones no están justificadas. La única forma de obligar a los Estados Unidos a retirar las sanciones es mediante la OMC, por lo que puedo asegurar al Sr. Herzog que continuaremos con el asunto 301 también en la OMC.
En cuanto a la cuestión de la compensación, existen considerables dificultades respecto de si es posible concederla y hay ciertas desventajas que, de mencionarse, lo único que harían sería servir de ayuda y socorro para nuestros oponentes a este respecto. No quisiera hacerlo públicamente, pero entiendo esa profunda preocupación. Esta mañana en Bruselas, antes de venir aquí, he celebrado una reunión con representantes de la industria textil europea y entiendo perfectamente la gravedad de la situación para ella y para otras personas que se encuentran en la situación de víctimas. Así, pues, seguiremos denodadamente y nos hemos comprometido a presentar cuatro propuestas al Consejo al final de mes, a más tardar, con la conformidad de nuestros socios comerciales o sin ella.
Permítaseme pasar ahora a las hormonas. Debo reconocer que me ha parecido que la Sra. Roth-Behrendt ha tomado el rábano por las hojas en sus observaciones, por lo que a mí se refiere, y también en lo que ha dicho sobre el Sr. Kittelmann, que carecía de justificación. Por lo que a mi se refiere, no hay ni que pensar, como su tono, ya que no sus palabras, sugería, en pasar por alto los intereses del consumidor o estar dispuestos a poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Temo que su interpretación en sentido contrario tenía un tufillo de campaña electoral en lugar del ejercicio de la razón pura, porque lo que he dicho ha sido muy sencillo: mientras exista la prohibición, no puede haber riesgo para la salud, porque la carne con hormonas no está permitida en la Unión Europea. Como en este momento nadie ha propuesto levantar la prohibición -desde luego, Sus Señorías no me han oído a mí semejante propuesta-, lo único que se puede hacer para proteger la salud europea es impedir su entrada. Más no se puede hacer; no puede haber una doble prohibición. De modo que lo que ahora afrontamos es la forma mejor de abordar la situación resultante de esos informes.
Ahora me gustaría referirme a algunas de las cuestiones más amplias que la Sra. Mann y el Sr. Kittelmann han planteado. Tenemos que preguntarnos: ¿hay un conflicto fundamental, como parecía sugerir el Sr. Iversen, entre comercio y protección del consumidor? La respuesta es: ¡no! Está absolutamente claro que las normas de la OMC permiten prohibir productos peligrosos: no porque se diga que son peligrosos, tiene que haber una razón. Es más: no sólo hay que poder probar que son peligrosos, sino que, además, hay que disponer de pruebas respetables, aun cuando no necesariamente representen la opinión mayoritaria o predominante de la comunidad científica.
Cuando la OMC examinó nuestra prohibición de las hormonas -que, naturalmente, existía mucho antes de que se creara la OMC-, llegó a la conclusión de que el proceso por el que habíamos considerado necesaria dicha prohibición no era una evaluación de los riesgos que cumpliera los criterios razonablemente exigibles antes de aplicar una prohibición. Exactamente por esa razón hemos iniciado una evaluación de los riesgos y ya disponemos de los resultados provisionales de ella, que, según tengo entendido, se derivan en parte de un nuevo examen de la bibliografía publicada con arreglo a criterios establecidos por el órgano de apelación y en parte de las conclusiones provisionales de algunos de los diecisiete estudios nuevos que hemos encargado. Es un informe provisional: al final del año se dispondrá del informe final.
La cuestión que debemos formularnos es la siguiente: ¿cómo debemos abordar la situación en relación con la OMC? No vale decir que tenemos nuestro informe y que lo prueba, porque no elimina la amenaza de sanciones. Su Señorías han escuchado a las personas de los países afectados por las sanciones relacionadas con los plátanos. Puedo asegurar a Sus Señorías que la posibilidad de que los Estados Unidos apliquen sanciones en relación con esta cuestión es mucho más grave, por lo que decir que es lógico que se hagan públicas lo antes posible esas conclusiones es obrar en pro de los intereses de los consumidores europeos, los ciudadanos europeos y el empleo europeo. No ha sido así aún. Espero que muy pronto sea así más plenamente. Debe haber un debate serio entre los científicos de ambos lados del Atlántico, porque no creo que los Estados Unidos sean indiferentes en relación con la salud de sus ciudadanos: no están aún convencidos de que exista un peligro y, si disponemos de pruebas, es adecuado presentarlas a los Estados Unidos y al resto del mundo.
De modo que la cuestión es la siguiente: ¿en qué momento debemos hacerlo y cómo lo abordamos? Se trata de algo digno de consideración suplementaria. No existe un conflicto fundamental entre la protección del consumidor y el comercio. La OMC permite ese equilibrio adecuadamente. No digo que sea perfecto: en modo alguno diría eso a la Sra. Mann y al Sr. Kittelmann. En la próxima ronda de conversaciones debemos examinar las posibilidades existentes para mejorar las normas y darles mayor claridad. Convengo con el Sr. Herzog en que una de las cosas que debemos hacer es formular una mejor definición del significado del principio de precaución. Espero que después el Parlamento pueda examinar esas cuestiones a partir de lo que ha ocurrido, sabiendo que no hay ni que pensar en adoptar medidas precipitadas que podrían poner en peligro la salud de los ciudadanos europeos.

Presidente
Se cierra el debate.
Al término de este debate he recibido 8 propuestas de resolución.
La votación de estas resoluciones tendrá lugar el miércoles a las 12 horas.

Reducción del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra
Presidente
El orden del día se señala el informe (A4-0207/99), de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo para modificar la directiva 77/388/CEE en lo relativo a la posibilidad de aplicar a título experimental un tipo reducido de IVA a los servicios que apliquen mano de obra de manera intensiva (COM(99)0062 - C4-0169/99-99/0056 (CNS).

Thyssen
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe del que se me ha encargado informarles esta noche en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos se refiere a la propuesta de la Comisión de modificar la sexta directiva relativa al IVA de tal modo que los Estados miembros tengan la posibilidad de aplicar, con carácter experimental, el tipo reducido del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra.
La propuesta tiene unos antecedentes muy largos. Ya desde 1991 pedimos en este Parlamento que se incluyeran los servicios o, por lo menos, determinados servicios de gran intensidad de mano de obra en el anexo H de la mencionada directiva. Lamentablemente, la Comisión nunca ha compartido nuestro entusiasmo por esto. Nos ha costado incluso nuestro tiempo el conseguir que la Comisión aceptara hacer un estudio de los posibles efectos de tal medida para el empleo. Finalmente hemos tenido que esperar a que el Consejo Europeo de Viena lo encargara para que la Comisión formulara en efecto una propuesta concreta.
Pero la cuestión a tratar hoy es lo que opina el Parlamento de la propuesta que está sobre el tapete. Bien, señor Comisario, estamos de acuerdo con su propuesta. Bien es verdad que algunos gremios lamentan que sólo se trate de un experimento de una duración determinada y no de una medida con carácter definitivo. Comprendemos su decepción, pero les decimos sin embargo que más vale algo que nada y que si no podemos convencer con argumentos, hagámoslo entonces con datos que sin duda vamos a poder recabar gracias a este experimento.
Justamente porque se trata de un experimento, la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos estuvo de acuerdo con los criterios generales y no con la delimitación del ámbito de aplicación a determinados sectores. Naturalmente, todos queremos poner nuestro acento particular, sobre todo justo antes de las elecciones. Podemos enfocarlo al medio ambiente, a la asistencia doméstica, a partes de algunos sectores que clasificamos en la economía social etcétera. Todas son iniciativas muy loables, pero sin embargo es mejor que no se tome ninguna decisión en ese ámbito. Esto permite a los Estados miembros orientar sus experimentos hacia aquellos sectores de los puedan esperar el máximo provecho, si el experimento es más amplio, más datos vamos a tener a posteriori y mayor va a ser la posibilidad de llegar a unas medidas definitivas bien fundadas que conduzcan a la creación de más empleo estable y eso era precisamente de lo que se trataba.
Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Económicos hemos aprobado siete enmiendas. Estamos convencidos de que aclaran la propuesta y la mejoran. No se trata de grandes cuestiones de principios, excepto en un aspecto, el procedimiento de autorización. Ni la Comisión de Asuntos Sociales ni la Comisión de Asuntos Económicos entienden por qué la autorización a los Estados miembros para empezar un experimento no la puede dar la Comisión. La Comisión al fin y al cabo es el poder ejecutivo. Tal vez el Consejo quiere tener la sartén por el mango y en cuestiones fiscales sigue teniendo la última palabra. Por lo tanto cedemos, pero nos parece que va demasiado lejos tener que comprobar que el Consejo sólo puede dar su autorización en caso de unanimidad. Eso convierte el procedimiento en algo innecesariamente complejo. Eso puede tener un efecto de freno en la aplicación de la medida. Puede llevar a vetos y obstrucción. Por eso nos parece inaceptable y de ahí que hayamos presentado la enmienda 4. Que el Consejo mismo lo quiera decidir, eso lo podemos aceptar, pero entonces por favor por mayoría cualificada. No hay argumentos jurídicos para no aceptar esto.
Señor Comisario, me gustaría que diera su opinión al respecto y también me gustaría saber algo más sobre el «timing» en el Consejo. Por último, con motivo de mi último informe en esta legislatura quiero darle las gracias por su colaboración siempre tan agradable.

Van Velzen, Wim
Señora Presidenta, creo que nunca antes había hablado tan tarde en este Parlamento. Me alegro poder comunicarle que será también sin duda alguna la última vez.
Es realmente un poco frustrante que haya que debatir sobre una propuesta de la que siempre he sido muy partidario en este tipo de circunstancias y también en una situación de tragar o reventar. Estamos tan satisfechos de que por fin se haya presentado que andamos con pies de plomo a la hora de hacer observaciones demasiado fuertes. Pero sí hay que hacer algunas, aunque sólo fuera por el tiempo que nos ha costado llegar a esta propuesta. La velocidad con la que hemos recibido esta propuesta se puede describir realmente como la de un caracol que frena para tomar la curva. La postura tanto de la Comisión como del Consejo ha estado marcada sobre todo por la cautela. Tengo la sensación de que esto sobre todo ha sido así en el Consejo, donde a mi juicio se tenía un exagerado miedo a la competencia pero también al éxito de esta medida. Me ha ocurrido varias veces en los debates, por ejemplo con representantes de Alemania, que se decía: imagínate que esto es un éxito en los Países Bajos, entonces la presión social de nuestro país nos obligará a aplicar también la misma medida. Imagínese lo que puede ocurrir. Si constituye un éxito para la creación de empleo, entonces podría causar un problema en Alemania. No lo he entendido nunca y tampoco me siento muy culpable. Lo que me irrita también sobremanera es que justamente aquellos Estados miembros que tienen la boca llena de la palabra subsidiariedad hayan puesto las mayores pegas para permitírselo a los Estados miembros que dicen: escucha, no es el único medio pero no deja de ser un medio que queremos aplicar para la creación de más empleo.
Cuando en la preparación de la Cumbre de Luxemburgo presenté la propuesta sobre el denominado IVA social -por cierto, no fui el primero porque ya me habían precedido algunos selectos miembros de este Parlamento- estaba convencido de actuar siguiendo el espíritu del Libro Blanco de Delors, que ya había señalado que en Europa se nos había metido en la cabeza un sistema que ha encarecido mucho el trabajo, muy caro en comparación con el despilfarro de energía, de materias primas y con la libertad total de circulación de capitales. En mi opinión, éste sigue siendo el tema central y el problema de la Unión. Al debatir esta cuestión me parece también que los Estados miembros han hecho todavía demasiado poco al respecto. El IVA social no constituye en este marco la solución total. Sólo es una parte muy pequeña de la solución. Pero sí puede ofrecer una solución en el terreno de los servicios a nivel local y regional.
La Comisión redactó alguna vez un interesante informe, «employment-rate report», en el que comparó los índices de empleo de la Unión con los de los Estados Unidos. Una de las conclusiones más sorprendentes fue que realmente no íbamos por detrás de los Estados Unidos en ningún terreno, salvo una excepción, en el terreno de los servicios, y en todos los servicios desde los más bajos hasta los más altos. A mi juicio, la reducción del IVA precisamente en el sector de los servicios a nivel local y regional podría tener algún beneficio y podría fomentarlos en todo caso. Aquí se pueden combinar la demanda y la oferta. La atención a los ancianos, el trabajo para minusválidos y proyectos de medio ambiente, etcétera, al igual que la Sra. Thyssen tampoco quiero hacer ninguna elección y dejo libertad a los Estados miembros para que elijan entre las posibilidades que ofrece la propuesta y para que miren lo que mejor les venga con sus necesidades y posibilidades.
Como la Sra. Thyssen quiero hacer también unas observaciones sobre las enmiendas que hemos presentado. Coincido con ella que es completamente inaceptable que el Consejo tenga que decidir por unanimidad sobre la autorización concreta de un Estado miembro para aplicarlo. Eso significa que los Estados miembros que han puesto trabas desde el principio han conseguido el último medio para finalmente bloquear esto otra vez. Creo que la Comisión debe ser consecuente en esto y que debe decir: la mayoría cualificada es el único principio jurídico lógico que se ha de aplicar en la autorización del sistema. Tengo mucha curiosidad de saber lo que va a contestar el Comisario a esto.
Por último, lo que me ha sorprendido y decepcionado un poco también, es el hecho de que la Comisión no se haya quedado con el control de la evaluación, de que ceda el control a los Estados miembros y de esta forma también la iniciativa para nuevas propuestas. Me parece que la Comisión, comprendiendo la situación en la que se mueve, no actúa en este momento de verdad contra Estados miembros reacios, pero que debería tener muchísimo cuidado de cara al futuro. Si la Comisión cede la evaluación y la capacidad de iniciativa para nuevas propuestas como ocurre en esta propuesta, entonces está socavando realmente su derecho de existencia y está destruyendo de hecho lo que es un principio determinante en la Unión, y este es el derecho de iniciativa. No recae en el Consejo, la iniciativa recae en la Comisión y usted debe velar por que así siga.

Peijs
Señora Presidenta, las cosas ya van un poco mejor en lo referente al desempleo en la Unión Europea. La tasa del desempleo bajó hace poco por debajo del 10 %, pero tampoco es para lanzar cohetes ya que sigue siendo demasiado elevada.
El Parlamento ha tenido que presionar al Consejo y a la Comisión durante mucho tiempo para llegar a donde estamos ahora. Sin embargo, estoy satisfecha de poder debatir ahora en el Parlamento una propuesta concreta. Pero no es suficiente con que aprobemos la propuesta. El Sr. Van Velzen y la Sra. Thyssen ya lo han dicho. Hay un gran obstáculo: la regla de que las propuestas de los Estados miembros para la aplicación del IVA reducido tienen que ser aprobadas unánimemente por el Consejo, cuando el IVA ya no es la base para la aportación de los Estados miembros a la Unión Europea, argumento que siempre fue utilizado para decir que se vaciaba esta base.
Señora Presidenta, en este momento eso es una tontería. Me podría imaginar que se preguntara a un país vecino: ¿le molesta que mi zapatero empiece a trabajar con un tipo reducido del IVA? Pero, ¿por qué tendría que poder oponerse Finlandia a que se les permita a los zapateros en los Países Bajos aplicar un tipo del IVA más bajo? De verdad, eso no lo entiendo. No me puedo imaginar que alguien vaya con sus zapatos rotos de los Países Bajos a Finlandia. Por lo tanto, me parece que se desbarata todo lo que el Parlamento ha conseguido. Creo que los Estados miembros van a volver a oponerse luego a todo lo que se proponga en concreto. Me parece muy decepcionante.
Algunos Estados miembros ya han presentado su lista de peticiones, entre otros los Países Bajos. ¿Puede el Comisario indicar hasta qué punto hay consenso sobre determinadas propuestas concretas de esta lista de peticiones? Se ha mencionado por ejemplo la rehabilitación de edificios y de barrios, de zonas urbanas. Creo que un tipo del IVA reducido podría impedir la degradación de barrios enteros. Los Países Bajos no han puesto la rehabilitación en la lista de peticiones. ¿Hay ya una línea en todas estas propuestas o se trata sólo de lo que le parezca a cada Estado miembro?
Apoyo enérgicamente el enfoque dado por la ponente. Quiero señalar sobre todo sus ideas sobre la evaluación de los experimentos. La ponente quiere que se investigue cuáles son los resultados concretos de la regulación; ella señala los precios entre otras cosas. Lo que naturalmente no queremos es que el IVA reducido no tenga como consecuencia una mayor demanda y más empleo, sino solamente un aumento de los beneficios.
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Comisario su buena colaboración en estos años. Espero que esta noche se muestre un poco flexible en cuanto a las enmiendas. Me parece que entre las enmiendas hay algunas muy importantes. Puede volver a apuntarse un tanto en la Comisión de cara a los Estados miembros. Eso sería un final precioso de estos cinco años.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo Liberal celebro esta propuesta de la Comisión. Ya lo han dicho esta noche diferentes oradores: ¿cuántas veces habremos insistido en este Parlamento para que se redujera el IVA en los servicios de gran intensidad de mano de obra? Sabemos que no es la herramienta por excelencia para la creación de puestos de trabajo. Pero con una reducción del tipo del IVA estos servicios serán más asequibles y de esta forma se sacarán de la economía sumergida. Aunque la Comisión Europea no está convencida del carácter o potencial de esta medida para crear empleo, el centro económico y social de la pequeña y mediana empresa neerlandés llegó a la conclusión después de un estudio, que con ella se pueden crear 66.000 puestos de trabajo. Es un número de puestos nada desdeñable. Espero que este experimento que se está emprendiendo aquí repercuta en un resultado positivo en el ámbito de la creación de empleo. No debemos temer por un reflejo presupuestario negativo porque fíjense en la reducción del IVA en el cultivo de las plantas ornamentales. Las ventas subieron tanto en mi país que las arcas del estado recaudaron 340 millones más. Pero, Señorías, cuando se trata de crear empleo, los Estados miembros deben ocuparse sobre todo de las medidas estructurales, la reducción de los costes laborales, la flexibilización del trabajo, el fomento del trabajo a tiempo parcial y, efectivamente, constatamos que queda mucho por hacer en este ámbito.

Blokland
Señora Presidenta, es bueno que el Consejo haya dado, por fin, después de largos debates la posibilidad, aunque sea como experimento, de aplicar un tipo reducido del IVA en los servicios de gran intensidad de mano de obra locales.
En los Países Bajos por ejemplo, el ramo de los zapateros se diezmó en el periodo de 1992 a 1998, como consecuencia de la aplicación del tipo elevado del IVA. Debido a los costes tan altos de arreglar los zapatos los consumidores optan antes por tirar sus zapatos viejos y comprar unos nuevos. El deterioro adicional del medio ambiente relacionado con ello tal vez pueda ser reducido con la modificación de la directiva del IVA. También es de esperar que haya otra vez un aumento del empleo en este sector.
Doy las gracias a la ponente por haber indicado estos efectos en las enmiendas 1 y 2. También el desincentivo de la «economía sumergida» es positivo. Se debe prestar mucha atención a estos efectos en la evaluación de este experimento. Apoyo las enmiendas presentadas y espero que así lo hagan también el Consejo y la Comisión Europea.

Monti
Señora Presidenta, antes que nada quiero felicitar a la ponente, Sra. Thyssen, y corresponder a sus palabras de apreciación por la colaboración que hemos mantenido durante estos años.
Con esta propuesta la Comisión responde a una solicitud del Consejo Europeo de Viena del mes de diciembre de 1998. Es muy cierto que desde hace tiempo, mejor dicho, desde hace mucho tiempo, el Parlamento venía pidiendo a la Comisión que se moviera en esta dirección. Sin embargo, la Comisión no actuó únicamente en febrero de 1999, pues hay que recordar que ya en el mes de septiembre de 1998 elaboró una comunicación para el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo, en la que se planteó esta idea. Y no es menos cierto que el Parlamento, mucho antes de entonces, nos venía pidiendo que lo hiciéramos. ¿Por qué no lo hicimos antes? Por una razón política de fondo, ya que queríamos evitar unos atajos en la política fiscal en beneficio del empleo.
Tiene razón el Sr. Van Velzen cuando afirma que este IVA reducido puede ser un instrumento, aunque no es el instrumento principal. Muchos de ustedes han recordado que las principales vías para fomentar el empleo, a través del fisco, son el impuesto sobre la energía y la coordinación de la fiscalidad que permita aumentar algo más la imposición sobre los capitales y reducir algo más la imposición sobre el trabajo.
¿Por qué la Comisión planteó esta idea del IVA reducido sólo en el mes de septiembre de 1997, mientras que el Parlamento la venía pidiendo desde hacía tiempo? Porque sólo en el mes de septiembre de 1997 llegamos al convencimiento de que siguiendo las líneas maestras se avanzaba bastante bien. En aquel entonces casi se había concretado y los Estados miembros habían firmado en diciembre de 1997 el paquete para luchar contra la competencia fiscal perniciosa; estaba en estado de avanzada discusión la propuesta de imposición sobre la energía. En ese momento, por lo tanto, tuvimos la certeza de que esta propuesta del IVA reducido sería un elemento útil más y no un atajo que permitía a los Estados miembros eludir su compromiso prioritario.
Todo esto, Señorías, para explicarles por qué actuamos tarde respecto a sus deseos, pero, creo, en concordancia con una exigencia global.
No voy a alargarme describiendo la propuesta; me es grato que haya sido apreciada y compartida en su conjunto. Puedo asegurar que la Comisión, en virtud de estas relaciones y sobre la base de los datos de que dispone, hará una valoración global y presentará, en su caso, al final del período de experimentación, las correspondientes propuestas para dar seguimiento al ensayo.
Compruebo con satisfacción que el Informe Thyssen respalda ampliamente el enfoque propuesto por la Comisión. En efecto, las principales enmiendas presentadas persiguen sustancialmente los siguientes objetivos: insistir en los efectos favorables que la medida tiene en el empleo de mano de obra no cualificada o poco cualificada y en el medio ambiente, así como en la reducción del trabajo ilegal; prever que el Consejo pueda tomar decisiones por mayoría cualificada en lo referente a la autorización para aplicar el tipo reducido y prever que la Comisión elabore un informe de valoración global acompañado, en su caso, de propuestas apropiadas.
Les puedo asegurar que la Comisión comparte la inmensa mayoría de estos objetivos. Sin embargo, me veo obligado a llamar su atención sobre el hecho de que la autorización para aplicar un tipo reducido es una disposición que atañe a la armonización de las legislaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, contempladas en el artículo 93 del Tratado de Amsterdam, antiguo artículo 99. A la vista de estas condiciones, no me parece posible derogar la regla de que el Consejo tome la decisión por unanimidad. En cuanto a lo demás, es evidente que la Comisión espera que la disposición surta los efectos positivos mencionados.
Por último, he de subrayar que si, como presumo, todos nosotros deseamos la rápida adopción de esta propuesta por el Consejo, al objeto de cumplir los plazos señalados por la Sra. Thyssen, es decir, la entrada en vigor el 1 de enero de 2000, no puedo admitir las enmiendas.
La Sra. Peijs me ha pedido flexibilidad en el sentido de conseguir el resultado lo más rápidamente posible y, por tanto, interpreto la solicitud paradójica y precisamente en el sentido de no admitir las enmiendas que no harían otra cosa que ralentizar el proceso.
Deseo informarles asimismo que hoy, gracias a la Presidencia alemana, se ha celebrado en el seno del Consejo la primera reunión del Grupo de trabajo que valora esta propuesta y creo que podemos ser razonablemente optimistas.
Finalmente, señora Presidenta, esta propuesta -que espero que sea muy útil para el empleo- sirva también para disipar algunas dudas sobre la acción en materia de coordinación fiscal de la Comisión y de la Unión Europea.
He aquí un caso en que Bruselas no quiere más poderes, sino volver a otorgar más poderes a los Estados miembros para que sean ellos los que tomen las decisiones; he aquí un caso en que la coordinación fiscal no implicará impuestos más altos, sino impuestos más bajos; he aquí un caso que está totalmente dirigido al empleo. Confío en que los Estados miembros se valgan de esa subsidiariedad que les concedemos, sin escudarse -como teme el Sr. Van Velzen- en la cómoda situación de contar con un impedimento planteado por la Unión Europea para no verse expuestos al peso de las decisiones tomadas bajo su responsabilidad.
Muchas gracias por el apoyo que nos han prestado esta tarde. Señora Presidenta, también quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer al Parlamento y a los diputados que han intervenido esta tarde su gran y convencido apoyo a nuestros esfuerzos de coordinación fiscal.

Presidente
Agradezco la intervención del Comisario Monti.
La ponente desea intervenir. A continuación le cedo la palabra.

Thyssen
Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco las respuestas a nuestras preguntas. Deduzco de ellas que usted no está de acuerdo, tampoco con la enmienda con la que intentamos que el procedimiento de autorización se haga por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad del Consejo. Pero lamentablemente le tengo que comunicar que no me convence con los argumentos jurídicos. Supongo que hay razones políticas pero no argumentos jurídicos. Se trata aquí de una medida de aplicación, no de una medida general. Si se hacen leyes, evidentemente tienen que ser aprobadas, de acuerdo con el Tratado, por unanimidad del Consejo. Pero, lamentablemente, no es el caso para realizar acciones concretas. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Si este es el consejo que le han dado sus servicios jurídicos, es también lo que los funcionarios de la Comisión nos contaron en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y no nos convence del todo y quizá no sería mala idea volver a estudiarlo jurídicamente.

Presidente
Gracias, Sra. Thyssen.
Antes de que el Comisario Monti responda, voy a conceder la palabra, si les parece bien, al Sr. van Velzen, para que el Sr. Monti pueda responder a los dos al mismo tiempo.

Van Velzen, Wim
En primer lugar, comparto absolutamente la opinión de la Sra. Thyssen de que el fundamento jurídico de ese argumento está, a mi juicio, totalmente viciado. Tengo una pregunta concreta para el Comisario. ¿Tiene él indicaciones concretas dentro del Consejo de que los países que han causado todas esas dificultades no harán uso de sus posibilidades de bloqueo cuando haya que dar la autorización por unanimidad a un Estado miembro en concreto?

Monti
Señora Presidenta, me doy perfecta cuenta de la fuerza del punto planteado por los Sres. Thyssen y Van Velzen. En nuestra valoración global, si hubiéramos seguido esa vía de no prever la unanimidad, habríamos tenido dificultades de principio mucho mayores que las que tendremos a la hora de hacer pasar la propuesta en el Consejo. Debo recordar que, por ejemplo, incluso las excepciones basadas en el artículo 27, que en el fondo son disposiciones de aplicación y no una nueva legislación, requieren la unanimidad; debo recordar las grandes dificultades que estamos encontrando en lo referente al Comité del IVA que, por su naturaleza, es meramente aplicativo, aunque los Estados miembros se resisten a que pase una norma por mayoría cualificada. Por lo tanto, en cierta medida -figúrense si no fuera así- puedo compartir sus aspiraciones que son las mías, en una valoración de realismo político en una materia que afecta al empleo y en que la urgencia es máxima. No sin sacrificios, he considerado conveniente seguir la vía que hemos seguido.

Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
La próxima sesión tendrá lugar mañana por la mañana a las 9 horas.
Se levanta la sesión a las 23.20 horas.

