Aprobación del Acta
El Presidente
El resumen del acta de la sesión de ayer ha sido distribuido.
¿Hay alguna observación?

Balfe
Señor Presidente, mi asistencia no consta en la lista a pesar de que, como usted sabe, estuve aquí, porque asistí a una reunión de la Mesa con usted durante dos horas.

El Presidente
Tomamos nota, Sr. Balfe.
El Acta queda aprobada

Hardstaff
Señor Presidente, deseo llamar su atención sobre el hecho de que los debates sobre agricultura comenzarán dentro de unos minutos, y las enmiendas a dos de los informes aún no están disponibles en inglés. Solicité dichas enmiendas anoche. Esta mañana encontré un grupo de enmiendas -al Informe Fantuzzi-, pero aún no hay ejemplares en inglés de las enmiendas a los Informes Jové Peres y Happart. No se puede esperar de nosotros que debatamos si no disponemos de las enmiendas en nuestro idioma.

El Presidente
Señora Hardstaff, los servicios de traducción me informan de que realmente ha habido un problema técnico. Las traducciones se distribuirán lo antes posible.

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, simplemente me quiero referir a la accesibilidad desde los aeropuertos próximos a la ciudad de Estrasburgo. Muchas veces no llegamos al comienzo de la sesión porque, a pesar del servicio gratuito de recogida que nos ofrece la ciudad de Estrasburgo, nos acumulan o concentran a los viajeros que llegamos y, a veces, estamos hora y media y más de dos horas esperando a que vengan otros viajeros. Yo, aparte de agradecer a la ciudad de Estrasburgo el servicio que nos da, que, además, es gratuito, requeriría que volviéramos a las prestaciones que nos daba antes, con un servicio más ágil. Nos dicen que se ha reducido el presupuesto, y comprendo que el tema del presupuesto es importante pero, puestos a ahorrar, lo importante sería entonces tener aquí una o dos reuniones al año y estar en Bruselas que es mucho más barato. A todos nos encanta Estrasburgo, pero agradeceríamos que se volviese a los servicios que antes teníamos de esta ciudad.

El Presidente
Muchas gracias, señora. Creo que todos tenemos en cuenta las observaciones que acaba de hacer. Continuaremos con nuestras gestiones ante las autoridades francesas y veremos si hay alguna posibilidad de mejorar algunas cosas, porque sé con qué problemas se enfrentan.

Corrie
Señor Presidente, ayer salí de casa a las 8.10 horas de la mañana. Tras llegar al aeropuerto y subir al avión, me informaron que mi vuelo había sido cancelado. Llegamos aquí a las 22.40 horas, lo que supone 14 horas de viaje. Sinceramente, si Air France no puede proporcionar un mejor servicio al aeropuerto de Estrasburgo, muchos diputados británicos sencillamente no podrán estar presentes en Estrasburgo.

El Presidente
Señor Corrie, no me excedería si dijera que cuenta con la comprensión de todos nosotros, pero esto no cambia nada. Ayer oímos algo parecido en la Presidencia al Vicepresidente Sr. Collins. Desgraciadamente existen problemas. Pero no quisiera que continuáramos con este debate ahora.

Theonas
Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo tomase nota de que anoche un misil de la OTAN impactó un tren de pasajeros en Yugoslavia provocando decenas de muertos y muchas decenas de heridos. Aún no conocemos -yo al menos no lo sé- si en ese tren viajaban periodistas griegos que se trasladaban por el interior de Yugoslavia. Considero que esta acción, esta masacre contra el pueblo y los medios pacíficos de transporte yugoslavos, supone una clara violación de los derechos humanos, y puede ser considerada como un crimen contra la humanidad, así pues, creo que el Parlamento Europeo debe denunciar estos actos y esta consumada masacre en Europa.

El Presidente
Señor Theonas, mañana tendrá lugar una discusión sobre la situación en Kosovo y sobre todos los problemas con respecto al Consejo y la Comisión.

Duhamel
Señor Presidente es para una cuestión de observancia del reglamento. Todas las cuestiones de orden que acabamos de oír parecen inconexas, pero no lo son.
Debo recordar, con respecto a los problemas de transporte, que somos aliados y que no se debe, en esta ocasión, poner a Air France en tela de juicio aquí, ya que es por causa de los movimientos militares en Serbia y en Kosovo por lo que se ha alterado toda la circulación. Los que gustan de criticar a Francia pueden divertirse haciéndolo, pero sencillamente se equivocan.

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Duhamel, por sus explicaciones, creo que ya hemos abordado bastantes problemas fuera del orden del día y que deberíamos pasar al orden del día .

Agricultura
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procederá al debate de los tres siguientes informes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural:
A4-0168/99, del Sr. Happart, sobre las 16 propuestas del Reglamento del Consejo relativas a la fijación de los precios de los productos agrícolas (1999-2000) (COM (99)0038 - C4-0077/99 hasta C4-0093/99-99/0025(CNS) hasta 99/0039(CNS) y 99/0801(CNS),
A4-0164/99, del Sr. Jové Peres, sobre las propuestas de modificación de los reglamentos respecto a la organización común del mercado en el sector hortofrutícola y respecto a la institución de un régimen de refuerzo de los productores de determinados cítricos,
A4-0173/99, del Sr. Fantuzzi, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo para la aplicación de medidas de información y fomento de los productos agrícolas en terceros países,
así como las preguntas orales del Sr. Juan Colino Salamanca hacia la Comisión (O-0042799), sobre las importaciones de ajo provenientes de terceros países.

Happart
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en el día de hoy presento mi último informe ante esta honorable Asamblea, ya que tras las elecciones del 13 de junio no seré diputado europeo.
Regreso al país walón para seguir, de otra forma, mi trabajo por la construcción europea. Europa nos es indispensable y lo será aún más para nuestros hijos.
Antes de la reforma de la política agrícola común de 1992, el informe sobre los precios agrícolas estaba entre los más buscados, era de los más prestigiosos. En la actualidad, si bien este informe ha perdido su aura, los precios de los productos agrícolas siguen representando la parte más importante de la renta de los agricultores - entre un 60 y un 80 %, según los tipos de productos.
Con las propuestas de adaptación de los precios agrícolas he querido enviar una señal fuerte al campesinado europeo para confirmarle que este Parlamento defiende sus intereses legítimos en una época especialmente difícil en la que las dudas asaltan a los profesionales, principalmente a los jóvenes.
Hablamos cada vez más a nuestros agricultores de la ampliación de la Unión Europea, y es necesario. Los agricultores europeos no están en contra. Además, algunos han ido a instalarse a esas nuevas zonas y principalmente a Polonia. Sin embargo, lo que no quieren es pagar la cuenta profesionalmente. Están de acuerdo en hacer los esfuerzos y sacrificios necesarios como ciudadanos, como los demás ciudadanos de Europa, ni más ni menos.
Ésta es la razón por la que he hablado de adaptación y no de aumento. ¿Es un crimen compensar el 1, 9 % de pérdida debida al paso del ecu verde al euro?¿Es un crimen corregir el 1, 9 % de aumento del índice que compensa la inflación, incluyendo a los agricultores, mientras que los salarios de los demás trabajadores europeos se benefician legítimamente y que, por ejemplo, y me alegro por ellos, los trabajadores de la siderurgia alemana han conseguido un aumento salarial de un 4 %?
El Parlamento Europeo debe liberarse del Consejo de Ministros y de esos Gobiernos que pretenden recuperar las cantidades no gastadas para facilitar su equilibrio presupuestario interno y también, para los más ricos, organizar una renacionalización parcial de su agricultura. Y allá se arreglen los agricultores de los Estados más pobres.
Si al menos el Consejo hubiera tenido la valentía de refinanciar los fondos estructurales mediante las trasferencias de asignación presupuestaria, se hubiera podido salvar la apuesta. ¿Qué se va a ofrecer como esperanza, qué empleo se ofrecerá para el futuro a los 200.000 agricultores que seguimos perdiendo cada año en Europa. Entre 500 y 600 agricultores abandonan su profesión cada día, es decir, más de 3.000 por semana en algunas zonas. La desertificación por causa del éxodo está matando verdaderamente el mundo rural.
Si hoy no salvamos el mundo rural de las regiones pobres, ¿qué se va a hacer mañana, cuando Estados Unidos, tras habernos impuesto sus plátanos-dólares y su carne con hormonas, nos obligue al abandono social en nombre de la Organización Mundial del Comercio?
Por mi parte, no deseo para mis hijos una sociedad made in USA , en la que el hombre esté al servicio del dólar. Lo que yo deseo es lo contrario.
Negarse a la adaptación de los precios, al mismo tiempo que a la necesaria refinanciación de los Fondos Estructurales, es destruir la especificidad agrícola europea en la que diversidad rima con calidad.

Jové Peres
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión consiste en pequeñas modificaciones de la OCM que afectan a las frutas y hortalizas frescas y a la transformación de los cítricos.
En las frutas y hortalizas frescas se propone que los gastos de selección y embalaje de los productos destinados a la distribución gratuita corran a cargo del presupuesto comunitario.
Evidentemente, si se trata de dar una alternativa a la retirada y distribución de productos, es necesario que la distribución gratuita no se traduzca en una opción onerosa para las organizaciones de productores.
Por otra parte, la Comisión propone la autorización a los miembros de las organizaciones de productores a que vendan una parte de su producción fuera de los circuitos comerciales de la organización de productores a la que pertenecen.
En la reforma de 1996 la mayor parte de los instrumentos de regulación de mercado fueron sustituidos por los fondos de operaciones de las organizaciones de productores. Habida cuenta del papel central de las organizaciones de productores en la OCM, es necesario prevenir cualquier riesgo de debilitamiento de las mismas al efectuar modificaciones en la reglamentación.
La Comisión propone ampliar el derecho de las organizaciones de productores reconocidas a autorizar a sus miembros para vender directamente al consumidor una parte limitada de su producción. Sería razonable preguntarse cómo es que una organización de productores puede considerar un derecho la renuncia a su principal finalidad, esto es, la comercialización de la producción de sus socios.
Hasta ahora, las ventas directas, cuyo volumen era limitado, sólo podían efectuarse en la propia explotación. Este enfoque puede deteriorar la principal función de las organizaciones de productores, que es la comercialización de la producción de sus socios.
Aunque la reglamentación vigente debe ser suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones locales, no es justificable poner en peligro el sistema general para satisfacer una costumbre local, ajena a las zonas que concentran el grueso de la producción hortofrutícola comunitaria. A este respecto, parecería mucho más razonable recurrir a la subsidiariedad y que cada Estado miembro pudiera regular lo necesario para satisfacer las tradiciones locales.
No obstante, para impedir el deterioro de la función principal de las organizaciones de productores, sería necesario acompañar cualquier excepción de un reforzamiento de los límites de producción de sus socios que pueda ser comercializada fuera de las organizaciones de productores para compensar la pérdida del volumen comercializable por las organizaciones de productores.
En cuanto a los cítricos destinados a la transformación, el sistema actual produce serios problemas de retraso en la percepción de las ayudas, que pueden llegar con un retraso de doce meses para los cítricos transformados al inicio de la campaña. Estos retrasos sólo son compensados parcialmente por el régimen de anticipos y algunas organizaciones de productores se pueden sentir tentadas a dejar las entregas para la transformación y a adoptar el régimen de retiradas. La Comisión ha formulado una propuesta adecuada para resolver este problema.
Las ayudas a la transformación de cítricos existen desde 1976 y, desde esa fecha, ha sido necesario corregir y prevenir las colisiones entre el régimen de retiradas y el de transformación. Es conveniente ser cuidadosos al fijar las condiciones de la ayuda a la transformación para evitar que las retiradas sean una salida más rentable que la transformación.
La propuesta de la Comisión no resuelve la falta de ajuste entre los umbrales fijados para la transformación de cítricos y la realidad productiva. Esta situación puede provocar que la transformación de cítricos sea menos rentable que las retiradas. Un incremento de las retiradas presentaría consecuencias ambientales negativas y sería mucho peor aceptado por la opinión pública que las ayudas a la transformación.
El desequilibrio entre los instrumentos de la organización común del mercado de frutas y hortalizas queda puesto de manifiesto por las diferencias entre lo presupuestado y los pagos ejecutados. Tras la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, en los fondos de operaciones y las retiradas se han registrado ahorros sobre lo presupuestado de 400 millones de ecus, mientras que en los cítricos transformados los umbrales generan problemas crónicos de insuficiencia presupuestaria. Por esta razón, se propone incrementar los umbrales hasta alcanzar la media transformada en las cuatro últimas campañas, lo que supondría unos gastos suplementarios de 64 millones de ecus. Esta cifra queda holgadamente dentro del margen financiero de los gastos no realizados en retiradas.
Otra cuestión que desestabiliza el sistema es la falta de una limitación en las penalizaciones. Se debería establecer un límite a las penalizaciones al nivel del 20 %, y a este respecto conviene recordar que este sistema ya existía en el pasado y aún se aplica en otras producciones reguladas sometidas a umbrales.

Fantuzzi
Señor Presidente, Sr. Comisario Fischler, doy mi calurosa aprobación a esta propuesta de reglamento relativo a acciones de promoción de los productos agrícolas en los países terceros. Es una señal de que, a pesar de todas las dificultades y las incertidumbres de la reforma de la política agrícola, después de los acuerdos de Berlín hay cosas importantes que avanzan en una dirección adecuada e innovadora. Creo que es la señal de que, hoy, los productos agrícolas ya no necesitan sólo de políticas de defensa y protección sino de políticas de ataque, de políticas innovadoras, es decir, de una promoción atenta y cuidadosa en los mercados de países terceros.
Demasiadas veces -incluso en esta Asamblea- hemos oído hablar de la globalización como si se tratara simplemente de una pura pérdida para la agricultura europea. Mediante esta iniciativa se vuelve a situar la cuestión en el carril exacto: la globalización es también una oportunidad extraordinaria para la agricultura europea, porque en todo el mundo crece la demanda de productos agrícolas y alimentarios de calidad, y la Unión Europea tiene las normas alimentarias, de seguridad y de calidad más altas del mundo, motivo por el cual no puede quedarse mirando, no puede fiarse de su buena estrella, sino que debe dotarse de medios, de instrumentos y de estrategias adecuadas para aumentar su competitividad y para poder aprovecharse de este crecimiento de la demanda mundial de productos agroalimentarios de calidad.
El camino no es el de inundar los mercados mundiales de commodities de bajo valor añadido, porque en estas commodities , en estos productos básicos, nos será cada vez más difícil competir con los países que tienen costos más bajos que los nuestros; además, y bien lo sabemos, están los techos a las restituciones a la exportación, fijados por la OMC en su volumen y en su valor; por último, sabemos que pronto se iniciarán las nuevas conversaciones de la Millenium Round , y no podemos hacernos demasiadas ilusiones.
Por otra parte, señor Comisario, corremos el riesgo de descubrir la pólvora en estos asuntos, y también el de llegar, quizá, un poco tarde. He visto que en el presupuesto de Estados Unidos de América, en el trienio 1996-1999, se dedicaron al Departamento de Agricultura, en políticas de ayuda a la internacionalización de la actividad agrícola, más de 150 millones de dólares al año. Sabemos que ya había algunas acciones de promoción en la Unión Europea -incluso dirigidas a países no europeos-, en el marco general de todas las medidas de promoción, entre las que en estos años destacó el apoyo a la iniciativa del Consejo Oleícola Internacional para la promoción del aceite de oliva en los mercados mundiales.
Para terminar, diré cuatro cosas. Primero: ésta debe ser la ocasión para que se vuelva a la síntesis, a la organicidad, a una visión de conjunto en todo el capítulo de las medidas de promoción, no sólo las que se dirigen a los mercados no europeos sino también las que se dirigen al mercado interior europeo. Son demasiadas las iniciativas fragmentarias concebidas con lógicas, tiempos y modalidades diferentes, y es necesario aprovecharse de esta ocasión para poner orden en todo ello.
Segundo: es preciso gastar más. Si esta iniciativa quiere ser seria, no puede limitarse a quince millones de euros -que son migajas insignificantes-, y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto que en el período 2000-2003 la financiación se eleve de treinta a cincuenta millones de euros. Asimismo, la financiación de todas las medidas de promoción propuestas en la Agenda 2000, limitada a 100 millones de euros desde ahora hasta el 2006, corre el riesgo de no ser suficiente.
Tercero: es necesario tener un horizonte temporal más amplio. No es casual que hayamos propuesto aumentar de dos a tres años tanto la revisión de la definición de las prioridades para los productos que deben ser objeto de las medidas de promoción, como la duración de los programas, de manera que se dé mayor precisión y mayor eficacia a esas medidas. Cuarto y último: se debe mantener el principio fundamental de este reglamento, el de la subsidiariedad y la complementariedad, de modo que no sean iniciativas que lleguen desde Bruselas y hagan tabla rasa de todo lo demás, sino que completen, con un efecto sinérgico, y a la vez estimulen medidas de esta índole en el plano nacional y en el de las asociaciones de los productores, para que esta lógica caracterice a todos los protagonistas de la agricultura europea y de sus retos futuros.

Miranda de Lage
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión REX, en la exposición de motivos de la opinión que tengo el honor de presentar, ha estimado que la propuesta de la Comisión es de un gran interés y de una gran oportunidad. En efecto, la revisión de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 debe incluir un capítulo exterior para desarrollar acciones de información y promoción de productos agrícolas en países terceros.
Estas acciones deben contribuir a aumentar la competitividad de productos europeos en mercados mundiales y, para ello, sin duda, hay que promover su imagen. La información y la publicidad, sobre todo la dirigida a países con alta exigencia de calidad y, por tanto, con gran poder adquisitivo, pueden ser una buena salida para productos comunitarios de calidad y con denominación de origen controlada.
Esta iniciativa es tanto más oportuna cuanto que contamos ya con evaluaciones de la campaña de promoción del aceite de oliva y del lino textil -a lo que se ha referido también el Sr. Fantuzzi- cuyas ventas han aumentado en el exterior gracias a la promoción a través de instrumentos ad hoc . En la propuesta, que ha sido enmendada por la Comisión de Agricultura, se describe toda una serie de acciones posibles, aunque, sin duda, la mejor publicidad será siempre la calidad, la seguridad, las condiciones de higiene, el etiquetado y el respeto al medio ambiente.
Insisto en la opinión favorable de la Comisión REX en el examen de esta propuesta. Cabría, sin embargo, preguntarse -y también a ello se ha referido el Sr. Fantuzzi- si la financiación de tan ambicioso proyecto es posible con una dotación de sólo 15 millones de euros anuales hasta el año 2003. Dadas las enormes dotaciones de la PAC, bien podría preverse un aumento de fondos que permitiera, con una buena gestión, incrementar las exportaciones en un contexto internacional cada vez más globalizado.
Concluyo, señor Presidente, insistiendo en la recomendación favorable a la propuesta por parte de la Comisión REX, que se felicita, además, por el principio que la fundamenta: reforzar la política comercial de la Unión a través de la promoción de productos agrícolas a países terceros.

Colino Salamanca
. Señor Presidente, quisiera, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar la pregunta oral sobre la situación del mercado del ajo.
No se trata de una situación nueva -es ya una situación recurrente-, pero en todo caso me parece importante llamar la atención sobre ella, sobre todo porque parece que la causa directa de este hundimiento del mercado del ajo es la presencia irregular de productos de terceros países.
Insisto en que la situación no es nueva, y si planteamos en la actualidad esta pregunta es porque, de conformidad con el Reglamento 1137/98 de 29 de mayo, el 31 de mayo finaliza el período de expedición de certificados de importación de ajos originarios de China por la cantidad máxima de 12.000 toneladas. Según mis datos, el total de importaciones está cerca, en 1998, de las 50.000 toneladas, cuando la media de importaciones en la Unión Europea durante el período 1990-1997 ha sido en torno a las 40.000 toneladas.
Lo sorprendente es que países como Malasia -que no exportaba nada a la Unión Europea en 1993-, Jordania y la India, de pronto aparezcan con cifras de 7.300 toneladas en 1998, 6.167 o casi 1.000 toneladas respectivamente. Eso siempre respetando, al menos en el papel, las 12.000 toneladas de China. Esto sugiere inmediatamente la existencia de operaciones triangulares con ajos que son de origen chino pero que aparecen a través de operaciones con terceros países. De esta manera, tanto el contingente como las medidas de salvaguardia están perdiendo toda su eficacia, debido seguramente también a la falta incluso de exigencia de certificados de origen para los ajos importados y a una aplicación incorrecta de los códigos arancelarios entre ajos verdes sin desarrollo de dientes y los destinados al consumidor en seco o en semiseco.
Parece necesario recordar de nuevo a la Comisión que estamos además en presencia de un importante cultivo social localizado, en su inmensa mayoría, en regiones con problemas estructurales, zonas del Objetivo nº 1, y tampoco hay que olvidar la necesidad de que adoptemos no solamente el capítulo de medidas aplicadas hasta la fecha sino algunas más, incluso la posibilidad de sugerir ayudas al desarrollo rural. Estamos hablando de una caída de cultivo que se localiza en países y regiones como Castilla-La Mancha, Castilla-León o Andalucía, todas ellas configuradas en el Objetivo nº 1, y que han hecho en torno a este cultivo su verdadera movilización, porque es la única actividad económica de ese espacio territorial.
La Comisión conoce el problema, basta leer sus propios documentos, por ejemplo, el Reglamento 1197 donde constata que, a partir de 1993, la Comisión registró un notable aumento, respecto de los años anteriores, de las importaciones de ajos originarios de China. Habida cuenta del precio de dichos ajos -según mis informaciones, el coste de producción en la Unión Europea está en torno a las 220 pesetas por kilo y el ajo chino está en torno a las 135 pesetas-, esta caída del precio de los ajos podría provocar y está provocando perturbaciones graves en el mercado comunitario.
En el Reglamento 544, la Comisión establece que, tras la introducción de una cláusula de salvaguarda aplicable a la importación de ajos originarios de China, se ha producido en los últimos años un incremento importante y súbito de las importaciones de ajo procedentes de determinados terceros países que no son exportadores tradicionales de este producto a la Comunidad. La propia Comisión afirma que esto hace albergar dudas fundadas sobre el origen real del ajo importado de estos países. Las importaciones de ajo de origen dudoso han seguido creciendo.
Si estos son los datos que la propia Comisión ha manejado y si la realidad del mercado actual es el hundimiento, lo que tenemos que pedir es que la Comisión pueda tomar algún tipo de medidas que corrija esta situación. No es tolerable que la Comisión conozca esta situación, que sepa que las medidas tomadas son insuficientes -como lo demuestra la propia situación del mercado- y que no tomemos ningún tipo de medida. Los propios productores de ajo se refieren a la posibilidad de establecer un contingente comercial global máximo o, incluso, de establecer un arancel aduanero disuasorio para las cantidades que superen ese contingente comercial global máximo.
Yo sé que estos temas entran dentro del mandato de futuras negociaciones. En todo caso, lo que pedimos es que la Comisión esté vigilante, que tome las medidas adecuadas para evitar que año tras año -insisto, desde 1993- se produzca una caída respecto de la renta de los productores.
Quisiera aprovechar esta ocasión también para manifestar mi apoyo tanto al informe del Sr. Jové como al del Sr. Fantuzzi, en lo que se refiere a la transformación de cítricos y a las ayudas para la promoción de productos agrícolas de terceros países.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, yo les ruego que sean indulgentes si mi intervención se alarga un poco, pero tengan presente que debo exponer nuestra posición con respecto a cuatro informes distintos. Voy a empezar por las propuestas de precios para el ejercicio 1999/2000.
Las propuestas presentadas por la Comisión se guían por la misma política de estabilidad que ya seguimos en los anteriores paquetes de precios. El objetivo esencial es garantizar la transición jurídicamente necesaria. En cualquier caso, como resultado de la reforma, en el futuro sólo habrá que fijar muchos menos parámetros sobre una base anual para la gestión de los mercados. La Comisión propone que en dichos casos no se aumenten los importes. Es decir, que deberíamos limitarnos a adoptar estrictamente aquellas medidas que no vayan en contra de la estrategia general acordada en Berlín. Dicho esto, yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Happart por su informe, y también a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a los de las demás Comisiones que han participado activamente en la elaboración del informe.
Permítanme que me detenga ahora en las enmiendas. Voy a empezar por las que proponen aumentar todos los precios y ayudas con objeto de tener en cuenta la tasa de inflación del 1, 9 % y los efectos de la implantación del euro. Se trata de los siguientes grupos de enmiendas: en primer lugar, las enmiendas 13, 16, 23, 33, 38 y 42, relativas a la tasa de inflación; en segundo lugar, las enmiendas 14, 17, 24, 34 y 39, relativas a la implantación del euro; y, finalmente, las enmiendas 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 y 31, así como las 36 y 41, sobre el incremento de los precios. La Comisión no puede estar de acuerdo con dichas enmiendas, puesto que serían diametralmente contrarias a la necesaria mejora de la competitividad de la producción comunitaria, tanto en el mercado interior como en el mercado mundial.
Ello supondría, además, un gasto adicional de 463 millones de euros para el año 2000. Si lo trasladamos al futuro marco financiero para el período 2000-2006, el coste adicional superaría los 3.000 millones de euros. Por último, tampoco podríamos cumplir plenamente nuestros compromisos internacionales, concretamente en lo que respecta al apoyo interno y la reducción del mismo.
Por lo demás, el Reglamento 2799/98 del Consejo por el que se establece el nuevo régimen agroalimentario prevé la posibilidad de otorgar pagos compensatorios en el caso de pérdidas demostradas de ingresos como resultado de la implantación del euro en el marco de las condiciones establecidas.
Por lo que se refiere a la enmienda 1 sobre la retirada obligatoria de tierras que, en resumen, pide que se siga manteniendo en los próximos años la actual tasa de retirada, yo debo señalarles que el compromiso de Berlín incluye una tasa de retirada básica del 10 % para el conjunto del período 2000-2006.
La enmienda 2, relativa al lino y el cáñamo, tiene como finalidad que se fomente el uso no alimenticio de estos productos agrícolas. Yo comprendo muy bien las razones que motivan la enmienda, pero no puedo aceptarla porque se trata de una cuestión que es preciso examinar dentro de un contexto más amplio. Será necesario considerarla también en el marco de la futura tasa de retirada de tierras y de las opciones con respecto a las medidas en favor del desarrollo rural.
Las enmiendas 4 y 5 tienen por objeto la introducción de nuevas medidas de control de la producción de carne de porcino. Yo sólo quisiera señalar en este contexto que cualquier subvención del sector porcino sólo intensificaría el problema en estos momentos, al reducir la disposición a acumular existencias. La ejecución de una propuesta de ese tipo resultaría, además, muy costosa. Permítanme que recuerde asimismo que en el Comité de gestión hemos invitado varias veces a los Estados miembros a presentar propuestas estructurales. Ya hemos debatido todas las variantes que aquí se citan y los Estados miembros no se mostraron favorables a ninguna, sino que afirmaron, por el contrario, que una gestión adecuada del mercado ya es una medida suficiente.
Voy a referirme ahora a las enmiendas relativas al sector del vino. Las enmiendas 2 y 32 sobre la concesión de primas por el abandono definitivo de superficies vitícolas y la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de primas para el ejercicio 1999/2000, del 31.12.99 al 31 de marzo del 2000, no plantean ningún problema. La Comisión no puede aceptar, en cambio, las restantes enmiendas relativas al sector del vino por los siguientes motivos:
En primer lugar, dichas enmiendas vacían de contenido la reforma acordada políticamente o incluso podrían actuar en sentido contrario a la misma. En segundo lugar, en lo que respecta a la prohibición de la plantación de nuevas superficies vitícolas, debo recordar que ésta se amplió hasta el 31 de agosto del 2000 en el marco del anterior paquete de precios y que en 1998 fue preciso ampliar en 10.000 hectáreas las plantaciones autorizadas para cada uno de los ejercicios 1998/99 y 1999/2000. La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 26 y 31, relativas a los importes mensuales de los gastos de almacenamiento, por la sencilla razón de que la reducción propuesta queda indiscutiblemente justificada por la reducción de los tipos de interés. La enmienda 35 resulta injustificada a la vista del nuevo calendario para la reforma de la organización común de mercados en el sector lechero.
Finalmente, por lo que respecta a las tres enmiendas -37, 40 y 41- relativas al sector de la carne de vacuno, yo quisiera señalar que éstas no son necesarias a la vista de las propuestas para la reforma del sector. Por último, yo les pido que consideren la necesidad de no perder de vista en ningún momento el esfuerzo de simplificación y en favor de la estabilidad, a la espera de la transposición de la Agenda 2000, que ha inspirado las presentes propuestas de precios y que el amplio consenso que se ha manifestado en el presente debate corrobora.
Puesto que el informe que hoy se debate es el último informe que presentará el Sr. Happart, yo quiero expresarle mi más sincero agradecimiento y ofrecerle la seguridad, con vistas a su posterior actividad política, de que mientras yo siga trabajando en este puesto ¡jamás favoreceré una americanización de la agricultura europea, sino que lucharé al igual que usted por la preservación de nuestra autonomía europea!
A continuación, voy a referirme al informe sobre algunos ajustes en el ámbito de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. Como ustedes saben, nos encontramos en la segunda campaña desde la entrada en vigor de esta nueva ordenación común de mercados y, como también ya saben, está previsto proceder en cualquier caso a una revisión general del funcionamiento de dicha ordenación común de mercados para el año próximo. En estas circunstancias, me parece prematuro introducir ya ahora modificaciones de mayor calado que las propuestas. Aun así, la Comisión se mostró dispuesta, en el contexto de las últimas negociaciones sobre el paquete de precios, a introducir algunos ajustes limitados, a fin de agilizar la aplicación de la ordenación común de mercados. En consecuencia, ésta es también la única finalidad de las presentes propuestas.
Yo quiero manifestar mi agradecimiento al Sr. Jové Peres por su informe, en el que apoya asimismo una gran parte de las propuestas de la Comisión. Al igual que él, también yo creo que es necesario fortalecer a las organizaciones de productores, sobre las cuales recae efectivamente la responsabilidad principal de gestión del mercado. El Sr. Peres señala, además, algunos problemas que será preciso abordar cuando se proceda a la futura revisión. La Comisión opina, por consiguiente, que muchas de las enmiendas propuestas son prematuras y tampoco parecen factibles sin un análisis detenido. Tal es el caso de las enmiendas 1, 3 y 4, y también de las enmiendas 6-9. Yo puedo ofrecer, no obstante, al Parlamento la seguridad de que la Comisión prestará meticulosa atención a estos puntos cuando proceda a la revisión de la organización común de mercados el año próximo. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 y 5 porque las organizaciones de productores tienen que contar con la capacidad financiera y técnica suficiente para controlar debidamente su producción.
Paso a referirme ahora al informe del Sr. Fantuzzi. También en este caso yo quiero manifestar mi especial agradecimiento al ponente, pero también a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de las demás Comisiones que han elaborado opiniones sobre el proyecto. Es una satisfacción para mí que la propuesta haya recibido un amplio apoyo. Su objetivo es crear un instrumento operativo que permita reforzar la competitividad internacional de nuestros productos agrícolas. Desde luego, no podemos permanecer cruzados de brazos -y en esto le doy la razón al Sr. Fantuzzi- mientras nuestros competidores más importantes desarrollan una política activa de promoción de las exportaciones en los nuevos mercados -como están haciendo, por ejemplo, en el Sudeste asiático o en América Latina-, frente a la cual no podemos responder con ninguna actuación ni siquiera remotamente equivalente. Por lo tanto, en el futuro tendremos que hacer un gran esfuerzo en este ámbito y crear un amplio abanico de acciones de promoción e información con objeto de ampliar nuestra presencia en dichos mercados, sobre todo teniendo en cuenta que los productos europeos son por regla general productos con un alto grado de transformación y esto significa, ni más ni menos, que también están en juego puestos de trabajo.
La Comisión respetará en este contexto los principios de la subsidiariedad y la complementariedad y se limitará esencialmente a un enfoque que actúe como un elemento de conexión o como catalizador y que permita obtener un valor añadido europeo.
Sin embargo, sólo podemos actuar en el marco del presupuesto restringido y a la vez deberíamos recurrir a los mejores conocimientos expertos externos disponibles. Este enfoque exige, por lo tanto, una fuerte participación de los Estados miembros tanto en el ámbito del sector privado como en el del sector público, con la aportación de fondos de cofinanciación y del apoyo necesario en lo que respecta a la gestión y el control de las medidas.
En cuanto a las enmiendas propuestas, yo quisiera manifestar lo siguiente. En primer lugar, por lo que respecta a los criterios para la selección de los productos incluidos en la disposición -me refiero a las enmiendas 1, 5, 6 y 9-, las modificaciones son innecesarias a nuestro parecer, puesto que la propuesta de la Comisión ya contempla esos objetivos de manera general. De conformidad con la propuesta de la Comisión se podrán seleccionar productos destinados al consumo directo o a la transformación. Se podrán seleccionar igualmente tanto productos de cultivo ecológico como los obtenidos mediante otros procedimientos de producción específicos y también productos alimenticios preparados, con la condición de que las acciones de información y promoción sean de suficiente utilidad y de interés europeo.
Por lo que respecta a la forma y contenido de las acciones subvencionables, yo puedo aceptar la enmienda 7. La mayor concreción de los grupos destinatarios de las acciones que se contempla en la enmienda 8 no me parece, en cambio, necesaria. En cuanto a las modificaciones solicitadas en el procedimiento que se deberá seguir para establecer la lista de productos y/o su plazo de vigencia -me refiero a las enmiendas 10, 11 y 14-, éstas podrían plantear problemas si queremos seguir manteniendo una política suficientemente flexible y que también se adecue en cada momento a las circunstancias inmediatas.
A mi parecer, sería de hecho más adecuada una consulta previa al grupo permanente de «Fomento de los productos agrícolas» -este es su nombre-, si los plazos lo permiten, y establecer listas para un período que no supere los dos años. La introducción de normas tan rígidas como las que se proponen en las enmiendas podría impedir que nuestra política alcance la máxima efectividad posible.
No puedo aceptar la propuesta de que la cooperación se limite a las organizaciones que representen exclusivamente a Estados miembros de la Unión Europea o en las que participen un mínimo de dos Estados miembros, ya que nuestro objetivo también es, sobre todo, la cooperación con organizaciones internacionales, que evidentemente deberán contar con la correspondiente dimensión europea. Piensen tan sólo en la actividad del comité del sector olivarero, por ejemplo. En lo que respecta a la obligación de consultar al correspondiente comité de gestión en cada caso, en lugar de sólo informarlo, estoy dispuesto a examinar detenidamente la propuesta. En cambio, tengo que rechazar los demás puntos, ya que la experiencia nos demuestra que los programas nunca deberían abarcar un período superior a tres años y habida cuenta que nuestro propósito es aplicar un enfoque de «abajo hacia arriba» en la transposición de las disposiciones. Las organizaciones profesionales deberán obtener, además, la aprobación previa de las autoridades nacionales antes de presentar sus propuestas a la Comisión.
Las organizaciones que propongan acciones también pueden designar, naturalmente, los organismos a los que se proponen confiar la ejecución de las acciones previstas. Sin embargo, debe quedar claro que la selección de los mismos deberá tener lugar mediante una licitación de ámbito comunitario. No me es posible aceptar las enmiendas 3, 4, 15, 19 y 24, relativas al procedimiento de licitación, ya que la Comisión considera que la selección de los servicios de apoyo externo debe tener lugar mediante licitación, con objeto de garantizar la máxima transparencia de los intereses comunitarios.
Consideramos asimismo que el control y la ejecución de los pagos deben ser competencia exclusiva de los Estados miembros, puesto que la prefinanciación de las acciones correrá a su cargo. En relación con su petición de una mayor flexibilidad en la determinación de la parte de la cofinanciación que deberán asumir los Estados miembros -tal como se expresa en las enmiendas 22 y 21-, yo quisiera señalar que la propuesta de la Comisión me parece más equilibrada en este aspecto, en lo que se refiere a la participación financiera de las tres partes implicadas, o sea, la Comunidad, el Estado miembro y la organización responsable de la propuesta.
En cuanto a la propuesta de incrementar el importe de los créditos, tal como se expresa en la enmienda 22, yo quisiera señalar que en este momento no parece posible aceptar un incremento masivo, puesto que la evolución de los gastos en el ámbito de las restituciones a la exportación no guarda relación alguna con la política de promoción, dado que la propuesta que estamos debatiendo tiene primordialmente por objeto los productos de calidad y productos con un elevado valor añadido. La decisión final en este sentido deberá adoptarla, no obstante, obviamente la autoridad presupuestaria.
Dicho esto, paso a responder a las observaciones del Sr. Colino Salamanca sobre las importaciones de ajos de terceros Estados. La Comisión está examinando en estos momentos las posibilidades de abordar los problemas del sector del ajo en el marco de la OMC y también está preparando la introducción de un nuevo sistema, que prevé la imposición de un arancel de un nivel proporcionado sobre todas las importaciones de ajos, excepto las incluidas en los contingentes previstos.
De conformidad con las disposiciones del GATT, los contingentes se deben establecer sobre la base de las importaciones medias de terceros Estados en un período histórico de tres años y deben contemplar un incremento anual proporcionado. En estos momentos se está elaborando un proyecto de recomendación de una decisión del Consejo por la que se autorice a la Comisión a iniciar negociaciones con los terceros Estados afectados sobre dicha modificación del arancel vinculado al volumen de importaciones. Entre tanto, como medida inmediata, se prolongará la aplicación de la cláusula de seguridad, que es un principio establecido que hemos venido aplicando en los últimos años. Ya se han presentado también propuestas en este sentido.
Hace pocas semanas estuve debatiendo exhaustivamente sobre ambas posibilidades con los representantes de los productores de ajos y éstos también dieron en principio luz verde y manifestaron su aprobación.
Aplausos

El Presidente
Debo decir, Sr. Fischler, que le he permitido una disertación de 22 minutos, pero igualmente no puedo negar su derecho a Comisarios que tienen que responder a una serie de informes, donde se abordan muchos aspectos, cuando se han apuntado bastantes acontecimientos importantes en este sector en los últimos tiempos, y con el previo acuerdo de los Ministros y las resoluciones de la Conferencia Cumbre.
Me gustaría rogar a la Asamblea que me permita apartame de los principios formales del ejercicio de la Presidencia de la sesión, para completar la observación del Comisario Sr. Fischler en relación con la retirada del Sr. Happart, y decir que ha sido uno de los elementos más dinámicos del Parlamento Europeo durante muchos años. Quienes de entre nosotros hemos seguido su actividad, realmente nos sentiremos muy apenados de no tenerle con nosotros en la siguiente sesión. Le deseamos una brillante carrera en sus nuevas aspiraciones políticas.

Rehder
Señor Presidente, señor Comisario, permítame que me sume a sus palabras de despedida al Sr. Happart. Es un hecho -y este es también un mérito del colega Happart- que quien nada contra la corriente a veces contribuye a oxigenar el agua. Esto es lo que ha hecho el colega Happart en el curso de su prolongada y eficaz actividad en esta Asamblea.
Estimadas y estimados colegas, la solidez, la estabilidad financiera y la continuidad de los gastos son un valor importante que en los últimos años -podríamos remontarnos casi hasta los inicios de la Unión Europea- no ha recibido siempre el reconocimiento que habríamos deseado desde el Parlamento Europeo, en nuestra calidad de representantes de las y los contribuyentes. Uno de los grandes éxitos de la Cumbre de Berlín es haber concedido por primera vez un lugar verdaderamente central a esta evidencia. Esto es un éxito. Casi todo éxito tiene, no obstante, también un reverso de la medalla o una cara oscura, de los que todavía no son conscientes, en este caso, los políticos de los Estados miembros que participan en las negociaciones. Para expresarlo con prudencia, voy a formularlo como sigue: además de la estabilidad, la política de los Estados miembros también debe tener, obviamente, como directrices la justicia social y la solidaridad con los más débiles, no sólo en Europa, sino incluyendo hasta la última comunidad. Una de las decepciones de mi Grupo político y mía propia es que en estos momentos todavía no disponemos de ningún instrumental acordado en Berlín que permita mejorar la justicia y aumentar la solidaridad con los más modestos y los más débiles. Resulta triste constatar que en estos momentos no disponemos de un instrumental que permita evitar que se cumpla el viejo principio según el cual los aumentos de precios benefician a los ricos y sólo dejan para los pobres las migajas que caen de la mesa. En realidad, más que la determinación de los precios, una de las posibilidades de ayuda efectiva puede ser, sobre todo, la ampliación del segundo pilar de la política integrada de desarrollo rural, que en efecto también ofrece la oportunidad de desarrollar una actividad en otro ámbito a quienes, en su calidad de empresarios y agricultores, tienen que asumir sin duda alguna un riesgo demostrable. Esta oportunidad debe estar abierta también para sus descendientes. Este es nuestro compromiso socialdemócrata, este es nuestro principio fundamental.
Señor Comisario, usted ha felicitado asimismo al colega Jové Peres, pero en este caso yo debo decir que sus propuestas son un poco prematuras. El Parlamento es, en efecto, a menudo el pionero en la formulación de nuevos planteamientos y algunos -excluyéndole tal vez a usted- se muestran un poco renuentes a seguir esta vía. Yo confío, sin embargo, en que las ideas que ha planteado el colega Jové Peres también puedan traducirse efectivamente en políticas prácticas en un futuro. El objetivo es, de hecho -y todos los informes que estamos debatiendo deben considerarse conjuntamente en este sentido-, la progresiva flexibilización del marco rígido del mercado, de esta reglamentación que abarca hasta las cuestiones de detalle, y el retorno de la Unión Europea a una economía social de libre mercado. En consecuencia, es sin duda necesario redefinir según los principios de una lógica sana la promoción que vienen desarrollando con mucho éxito muchos colectivos de productores de muchos países de la Unión Europea, de manera que también estén autorizados a comercializar lo que todavía tienen la posibilidad de vender. También en este caso existe, no obstante, un reverso de la moneda: no es admisible que en los malos tiempos se vendan las patatas a los colectivos de productores y que en los buenos tiempos, cuando se puede obtener un buen precio, éstas se comercialicen en el mercado libre. Este debería ser uno de los objetivos de la ayuda, de dicha ayuda eficaz a la promoción.
En efecto, también se trata una cuestión de promoción. El informe del colega Fantuzzi contiene también propuestas para reforzar el apoyo a dicha promoción en la Unión Europea. Desde luego, es asombroso que el gigante económico que es la Unión Europea todavía se encuentre «en pañales» en lo que se refiere a la promoción y se enfrente con la tarea de intentar seguir el ejemplo de los pioneros y los gigantes de la promoción con una dotación de fondos muy reducida.
Necesitamos una promoción sólida. Lamentablemente, lo bueno cuesta dinero. Tenemos que completar lo que ya hemos conseguido a escala regional. ¡El gigante económico que es la UE debe llegar a ser también en un gigante en el ámbito de la promoción!

Cunha
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no voy a hablar hoy sobre la reforma de la PAC negociada en Berlín, lo haré mañana en el debate sobre las conclusiones de la Cumbre. Tan sólo quiero decir que me asocio al sentimiento de decepción de la propia Comisión respecto de esta reforma, sentimiento expresado en la primera reunión plenaria del Colegio de Comisarios después de la Cumbre de Berlín.
Como ya se ha dicho, la fijación de precios, con carácter anual, fue en el pasado el principal instrumento de formulación de la política agraria. Desde la reforma de 1992 la fijación de precios dejó de ser el instrumento de formulación de la política y cada vez lo es menos, gracias, por lo demás, al Comisario Fischler, que desde el comienzo de su mandato siempre afirmó que consideraba deseable que se formulara cada vez más la Política Agraria Común con horizontes a medio plazo. Y ahí estamos en este reforma de 1999, en la que una vez más se formula la política agraria para un horizonte, en este caso, de siete años.
Por tanto, en el futuro la fijación de precios servirá esencialmente para ajustar medidas de política agraria en la mitad del trascurso del horizonte a medio plazo. Y, por lo que se refiere a este plan de precios 1999-2000, es evidente -todos lo sabemos- que no desempeña papel alguno con vistas a la formulación de la política agraria, pues sólo debe ser un puente entre el pasado y el futuro, es decir, una medida transitoria de status quo hasta la aplicación de la nueva PAC a comienzos del próximo año.
Por eso, carece del menor sentido -hemos de decirlo con sentido de la responsabilidad- venir ahora a proponer medidas innovadoras y sobre todo aumentos de precios cuando, por unanimidad, el Consejo de Agricultura acaba de reducir esos mismos precios en el marco de la Agenda 2000. Y, si el Parlamento Europeo aprobara ahora las medidas, perdería su crédito, hemos de decirlo con franqueza. Por esas razones, el PPE no apoya las enmiendas que el Sr. Happart ha presentado ni las presentadas por otros colegas en este marco.
Aun así, felicito al Sr. Happart, porque hace algunos análisis que me parecen pertinentes, sobre todo respecto del sector del ganado porcino. Y quiero sobre todo agradecerle el trabajo que ha hecho en estos años en que ha sido colega mío en el Parlamento y la colaboración que se estableció entre nosotros y desearle para el futuro las mayores felicidades personales y políticas.

Olsson
Señor Presidente, antes que nada quiero también dar las gracias a Happart. Él es un verdadero amigo del campo y de la agricultura. Esto es algo que yo -y muchos conmigo- apreciamos, aunque no siempre compartimos sus opiniones. Yo apoyo, en cambio, al Grupo Liberal en esta materia, es decir, no a las enmiendas, sino especialmente la propuesta de la Comisión.
Para los agricultores la política agrícola de los años venideros será, después de la Cumbre de Berlín, algo más beneficiosa a corto plazo que lo que había imaginado la Comisión. Hay algunas cosas que quisiera comentar aquí. A la hora de ahorrar, no se pueden usar los ahorros en la agricultura como condición para la ampliación hacia el Este. Nunca se debería llegar a que el campo, la agricultura y los sectores más retrasados sean los que paguen la ampliación hacia el Este, sino que lo deben hacer los que tienen medios. Por la misma razón no se puede renacionalizar la política agrícola. Tenemos que cuidar las unidades de producción agraria en tanto el mercado mundial no funcione. Seguramente pasarán muchos años antes de que tengamos un mercado mundial confiable y que funcione.
También quisiera decir que estoy de acuerdo con Fischler en que no debemos americanizar la agricultura. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que a largo plazo el mercado y la competencia van a tener mayor importancia. Esto significa que la agricultura europea tiene que ser más eficaz. Significa que debe ser más eficaz en cuanto a las cantidades, pero, tal vez lo más importante, es que también debe serlo en cuanto a la calidad. En este contexto quiero decir que es provechoso lo que se señala en el Informe Fantuzzi en relación con los esfuerzos para vender más. La agricultura europea debe ser algo que dé confianza como actividad económica capaz de generar ganancias a largo plazo.
La conclusión es que hay que dar señales adecuadas a los agricultores. Tenemos que iniciar pronto un debate acerca de las reformas un poco más profundas de la política agrícola y de las regiones rurales, no a causa de la ampliación, sino por méritos propios. Es hora de cambios que alcancen bastante más allá del año 2006.

Querbes (GUE/NGL.)
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, nuestro debate sobre los informes agrícolas y sobre la pregunta oral no puede estar aislado de las conclusiones del acuerdo de Berlín sobre la reforma de la PAC y de la apreciación que podemos tener de este acuerdo. Éste tiene un aspecto positivo, en la medida en que se constata que, gracias a la movilización de los agricultores y del mundo rural, los Jefes de Estado y de Gobierno se han negado a aplicar en toda su intensidad las medidas ultraliberales preparadas por la Comisión. Pero, globalmente, los dirigentes europeos no han salido de la lógica de reducción de los precios agrícolas impuesta por los grandes operadores económicos y financieros europeos e internacionales.
Es esta lógica la que se encuentra en el reglamento de la Comisión sobre los precios agrícolas, un reglamento que no garantiza ni siquiera el mantenimiento de los precios frente a la inflación o el abandono del ecu verde y que no aporta ningún correctivo a los desequilibrios entre producciones y productores. Esta lógica de reducción de precios la encontramos también en la falta de determinación y de medios para defender producciones como el ajo, víctima de prácticas fraudulentas con respecto a nuestra reglamentación, una producción sin embargo vital para el empleo en las zonas de producción de la Unión.
Frente a esto, es necesaria una política de promoción de nuestros productos agrícolas, a condición de que no esté dotada de medios financieros irrisorios, como se nos propone actualmente. Además, no es necesario ser adivino para predecir que la lógica de reducción de los precios agrícolas adoptada en Berlín perpetuará un productivismo destructor para el empleo, para la calidad alimentaria y para el medio ambiente.
No olvidemos que se han aplicado muchas medidas negativas de la reforma de la PAC. Ello deja un espacio para los agricultores, el mundo rural, los pueblos europeos, para exigir de nuevo una verdadera reorientación de la PAC en el sentido definido por este Parlamento. Ello es tanto más posible en la medida en que entramos en un período de elecciones europeas que dota a los propios pueblos de los medios para intervenir en el debate y en las decisiones. Para mí, la reforma de la PAC sigue abierta y su contenido puede y debe ser reformado.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señor Comisario, la posición de José Happart, para mí, es una posición normal: es un hombre que siempre ha defendido la producción y que, naturalmente, no siempre se ajusta a las limitaciones impuestas por la política financiera. Es evidente que ese punto de vista de la estabilidad general puede parecer un ultraje, puede parecer una blasfemia, pero yo lo comprendo y lo apoyo.
No cabe la menor duda de que la propia reforma de 1992, que se basó en las productividades históricas, creó una diferencia brutal en las ayudas en toda Europa, sobre todo diferencias brutales entre la Europa rica y la Europa pobre. No cabe la menor duda de que las llamadas ayudas compensatorias, que ahora han pasado a llamarse ayudas directas, no compensan la reducción de los precios. No cabe la menor duda de que los agricultores ganan menos, obtienen menos dinero, excepto en los casos de la agricultura industrializada. Por tanto, la propuesta de José Happart no me parece tan ultrajante ni tan blasfema. Me parece una propuesta normal de alguien que defiende no sólo a los consumidores, sino también a los productores. Por tanto, mi Grupo apoya la propuesta.
En cuanto al trabajo de Jové Pérez, me parece extraordinariamente importante lo que ha dicho, sobre todo parece importante mantener el equilibrio entre las organizaciones de productores y los productores, así como garantizar la posibilidad de que éstas sean fieles a sus organizaciones sin que eso constituya un dirigismo económico en que se vean forzados como esclavos a vender las organizaciones mal gestionadas. El gran problema que aquí se plantea es el de cómo compatibilizar la gestión idónea de las organizaciones con la satisfacción de las necesidades de los productores.
En cuanto a la retirada, no puedo estar más de acuerdo. Muchas veces la retirada representa un gran lucro, porque muchas veces se hace fraudulentamente en la medida en que está pagada y después se venden los productos en los mercados exteriores. ¡Eso yo he visto hacerlo!
En cuanto a la promoción de los productos en el Informe Fantuzzi, me parece extraordinariamente importante. Es una petición que hicimos hace muchísimo tiempo y, naturalmente, me parece ridículo que Europa no haya adoptado una posición más agresiva en la medida en que durante años hemos ido perdiendo los mercados internacionales: Portugal, por ejemplo, ha perdido el mercado del aceite en Brasil en favor de productos de pésima calidad contra los cuales podemos luchar fácilmente.
Por último, el ajo es un problema normal. La delincuencia organizada y el blanqueo que la Comisión ha admitido en estos años nos hacen pensar que en este caso el control riguroso resolvería el problema. Siempre que haya voluntad de controlar lo que importamos.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, usted le ha dicho al Sr. Happart que sus propuestas irían en contra de la estrategia de Berlín. ¿Debemos interpretarlo como un cumplido hacia él o acaso está usted satisfecho con lo acordado en Berlín? Esto me crea una cierta confusión, pues en su informe el Sr. Happart depositaba algunas esperanzas en la aplicación de la Agenda 2000. A mí me parece que las esperanzas que el Sr. Happart expresaba en su informe no se han cumplido. En el presente informe sobre los precios, el Sr. Happart todavía se remite a la reforma de 1992 y como usted sabe, y así lo ha escrito personalmente en sus documentos de apoyo e informes sobre la Agenda 2000, dicha reforma del 92 dio lugar a considerables injusticias y considerables atentados contra una atención razonable a los aspectos del trabajo y el medio ambiente.
Usted sabe que la mayoría del dinero redunda en beneficio de la producción y no de las regiones desfavorecidas. Usted sabe que la mayoría del dinero va a parar a las empresas más grandes y que algunas de éstas transfieren las primas directamente a la cuenta de depósito a plazo fijo porque con los precios obtenidos y su nivel de racionalización ya salen adelante. Usted sabe que en el sector del maíz existen primas que no están vinculadas a ningún tipo de exigencias ecológicas. Usted sabe que el sector de los cultivos herbáceos también forma parte de las regiones económicamente dependientes. Todo esto no se rectificó en Berlín. Por consiguiente, yo debo interpretar realmente como un cumplido que usted diga que va en contra de lo acordado en Berlín. Lo cierto es que, en realidad, deberíamos empezar a desarrollar de inmediato una estrategia para una protección razonable de la agricultura también en el mercado regional.
El tiempo de que dispongo no me permite extenderme más, pero usted ya conoce mi punto de vista al respecto. Antes de acabar, quisiera añadir unas palabras sobre la promoción de las ventas. En este contexto, señor Comisario Fischler, me parece necesario que la promoción de las ventas no se transforme en una subvención encubierta a las exportaciones, sino que sea una verdadera promoción. A mi modo de ver, también se debería tomar en consideración el mercado interior, o sea, que se deberían liberar fondos para ambas finalidades.
Señor Fischler, usted se ha manifestado en contra de la regulación del mercado del sector porcino. Yo comparto absolutamente su punto de vista en el sentido de que no deberíamos iniciar una intervención en este ámbito, pero si ésta no se considera deseable, ¿por qué la mantenemos entonces en los demás mercados? Si resulta tan favorable, entonces también deberíamos introducirla en el mercado del sector porcino. Ya veo que no está usted satisfecho y esto me alegra.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, quisiera saludar afectuosamente yo también a José Happart, que ha sabido trabajar eficazmente y con constancia desempeñando a veces la función benefactora de picapica de este Parlamento.
Con respecto al informe del Sr. Happart, la propuesta de la Comisión de reconducir los precios agrícolas para la campaña próxima se produce en un contexto de bajada considerable de la renta agrícola en algunos Estados miembros, situación que la Comisión reconoce. Desde ese momento, se pueden comprender bien las enmiendas del ponente orientadas a ajustar los precios en función de los índices de inflación, principalmente para compensar los efectos negativos de la puesta en marcha de un nuevo régimen agromonetario por el paso al euro.
He oído al señor Comisario hace unos momentos. Seríamos favorables no obstante a esta propuesta del ponente con dos condiciones expresas. En primer lugar, a condición de que el ajuste de los precios afecte a todos los productos agrícolas y no solamente a los cereales, al azúcar y a la remolacha, a la mantequilla, a la leche descremada y a los vacunos pesados. En segundo lugar, a condición de que el beneficio del aumento que resulta de esta propuesta llegue hasta el 80 % de agricultores menos favorecidos. Éste es el objeto de la enmienda a los considerandos que he presentado en nombre de mi grupo.
Con respecto al informe del Sr. Fantuzzi, nos enfrentamos aquí a una propuesta mucho más importante de lo que parece en un primer momento. Habida cuenta de la evolución del contexto del comercio agrícola mundial, es urgente que la Unión Europea ponga en marcha una política común de acciones para la información y la promoción de sus productos en países terceros. Para vender, y sobre todo para vender bien, como ha demostrado el caso concreto del aceite de oliva, es preciso que Europa esté unida, que desarrolle su modelo europeo de agricultura, que centre sus producciones en la calidad, en la protección del medio ambiente y en el mantenimiento de las tierras y de los hombres. Mientras que nuestro principal competidor comercial - Estados Unidos - gasta, sin hablar de las ayudas indirectas, alrededor de 140 millones de euros por año con este fin, la propuesta de la Comisión de asignar 15 millones de euros a la promoción de los productos agrícolas parece irrisoria. Por ello estamos de acuerdo con el ponente en su propuesta de incrementar esa cantidad hasta 50 millones de euros de aquí al 2003.
En la línea de las posiciones que siempre he defendido con mi grupo y con otros colegas para dar consistencia y realidad a nuestro modelo agrícola europeo, parece fundamental apoyar las enmiendas que pretenden, en primer lugar, corresponsabilizar a las organizaciones profesionales y a la Comisión en la aplicación de esta promoción, en segundo lugar, controlar la utilización de los fondos previendo auditorías de posevaluación del gasto con respecto a los objetivos para juzgar su eficacia y reorientarlos si es necesario, y en tercer y último lugar, para no olvidar en el marco de esta actuación, la ayuda a la promoción de los productos de calidad, por ejemplo los procedentes de la agricultura biológica.
Para terminar, en lo que respecta al informe del Sr. Jové Pérez, nuestro grupo está a favor.

des Places
Señor Presidente, señor Comisario, hace algunos días, la Comisión de Agricultura no consideró útil aprobar tal como estaba el proyecto de informe de nuestro colega José Happart sobre los precios agrícolas. El Sr. Fischler, hace unos instantes, acaba de rechazar en bloque todas las enmiendas que pueden modificar eventualmente los acuerdos de Berlín, por cierto, adoptados sin ningún dictamen del Parlamento Europeo.
No me queda más, señor Presidente, que felicitar a José Happart por haber tenido la voluntad y el coraje de defender con realismo la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Ésta es la razón por la que me sumé, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, a la presentación de las enmiendas relativas a un aumento lineal de los precios institucionales y de las ayudas hasta un 1, 9 %, con el fin de poder cubrir los efectos de la inflación así como los relativos a la toma en consideración de la supresión del ecu verde el 1 de enero pasado.
Estas enmiendas, señor Presidente, ya las había yo presentado el año pasado, cuando era ponente para el paquete precios. En efecto, como José Happart, pensaba que el doble efecto de la inflación y de la supresión del ecu verde provocaría una bajada de precios inaceptable para los agricultores, cuando exigimos de ellos obligaciones en términos medioambientales, de bienestar de los animales, de rastreabilidad, etc. La reducción de los precios y de las compensaciones agrícolas no pueden provocar, señorías, más que la búsqueda de una mayor intensificación para unos agricultores que desean simplemente equilibrar su presupuesto.
Además de estas dos series de enmiendas, he presentado, con mi colega Raymond Chesa, enmiendas relativas a la viticultura. Es necesario, a la espera de una futura reforma de la OCM 1, poner en marcha los mecanismos previstos en ésta con el fin de evitar cualquier ruptura. Estas enmiendas consisten en alargar la duración de la vida de los derechos de plantación, en permitir la plantación por anticipación y en prever derechos de plantación nuevos con el fin de poder responder a la evolución de los mercados.
Señor Presidente, lamento vivamente esta situación que no permitirá desafortunadamente un equilibrio de la agricultura europea y de nuestros Estados tomados individualmente.

Martínez
Señor Presidente, no felicitaré a José Happart, todo el mundo lo hace, sólo sería otra persona más. Quisiera centrar mi intervención, antes que en los precios -y todos estamos de acuerdo con el combate de José Happart- en un expediente que me parece simbólico en debate conjunto, el expediente del ajo, no sólo porque se trata de un producto como el aceite de oliva o como el vino que esperan derechos de replantación, no sólo porque marca una era de civilización, sino también porque es revelador, como la miel y otras producciones, de lo que realmente representa la construcción europea.
El expediente es conocido: producimos ajo en Europa, en España, en Castilla, en la región de Cuenca, en Francia, en el Gers, en la Drôme -ajos de calidad-, y este cultivo es doblemente ecológico, en primer lugar porque consume poca agua y en segundo lugar porque fija a los hombres en zonas difíciles. Nuestros productores deberían por tanto estar protegidos por derechos arancelarios, por controles. Ahora bien, se ve que al lado de las importaciones tradicionales de Egipto, de Argentina, de Estados Unidos, está el caso de China. Ésta tiene un contingente de doce mil toneladas pero en realidad son treinta mil las toneladas que nos llegan por medio de la placa giratoria de países que practican el fraude del ajo, por así decir: Malasia, que nos envía cientos de toneladas, además, sin ser productora, la India, Jordania y toda una serie de terceros Estados.
Esos ajos chinos, oficiales y clandestinos, salen de China a diez céntimos el kilo. Llegan a Europa a 4, 5 francos el kilo, es decir, a 0, 70 euros, mientras que nuestros productores sólo pueden producirlos a 10 francos el kilo, es decir, alrededor de 1, 5 euros. Y se ofrecen a los consumidores a 3 euros o 20 francos el kilo. Dicho de otro modo, nuestros productores se enfrentan a la competencia desleal ante ajos producidos a un coste dos veces menor, evidentemente por prisioneros en campos de producción.
Entretanto, ¿qué hace la Comisión? Considera la posibilidad de someterlo a la Organización Mundial del Comercio, con el éxito conocido en el expediente «plátano». No se ha ejercido ningún control en las fronteras cuando los italianos han señalado que este medio permite detener el ajo inmigrante o fraudulento, si se puede decir así. Se deja a los Países Bajos, a Gran Bretaña, importadores salvajes, continuar, y no se utilizan los derechos arancelarios, mientras que los Estados Unidos perciben el 376 % de derechos arancelarios sobre los ajos importados.
Ocurre lo mismo que con la miel adulterada con almíbar de caña de azúcar, de remolacha o de maíz, al igual que con otras muchas importaciones, se permite que lleguen ajos adulterados, que han salido hace uno o dos años, con todos los problemas de germinación que se derivan. Se deja destruir a nuestros productores, como se hace con el plátano en Guadalupe, en Canarias, en Martinica o en Madeira, como se hace con nuestros viticultores. Se bajan los precios sin tener en cuenta la inflación. Esto es, señor Presidente, señor Comisario europeo, lo que supone realmente la construcción europea. Una vez más, detrás de la bandera estrellada, detrás del pabellón de la Unión Europea, se esconde una mercancía mundial, una mercancía de conveniencia, una mercancía fraudulenta, que es la globalización.

Iversen
Señor Presidente, me gustaría comenzar expresando mi sorpresa ante el resultado alcanzado en la cumbre de Berlín. Resulta difícil tratar estos asuntos si los vemos fuera del contexto de lo que sucedió realmente en Berlín. Con respecto a las propuestas de la Comisión, las cuales apoyábamos, debemos señalar que lo sucedido en Berlín fue una catástrofe para la agricultura europea. No se cerró este asunto en el que llevamos trabajando varios años ni se recortaron suficientemente los precios. Lo lamento. Estoy de acuerdo con las personas que han mostrado su pesar por que el Sr. Happart nos abandone, sin embargo, también me gustaría decirle a José que desgraciadamente no estoy de acuerdo -y él lo sabe bien-con esta propuesta de precios. Es evidente que la idea que subyace detrás de estos informes ha sido asegurar de la mejor manera posible a los agricultores. Sin embargo, también creo que estamos obligados a admitir que debemos bajar nuestros precios agrícolas y situarlos en un nivel similar al de los precios mundiales y por tanto hemos de hallar otros métodos que nos permitan subsanar los perjuicios sociales que esto pudiera acarrear.
Quiero también hacer mención al informe del Sr. Fantuzzi sobre las medidas destinadas a promover la venta de nuestros productos agrarios en terceros países. Hablamos de un aspecto importante dentro de la Agenda 2000 y también dentro de las próximas negociaciones de la OMC. Estamos a favor de la iniciativa de la Comisión, sin embargo, el trato de favor que afecta al sector olivarero resulta algo insostenible con vistas al resto de productos que también queremos vender en el mercado mundial. Emplear el 40 % del presupuesto en este sector resulta quizá un poco exagerado. Sin embargo, no podemos apoyar la propuesta de cofinanciación nacional. De hecho no me parece adecuada una cofinanciación nacional, pues ésta entraña riesgos de discriminación entre países y refuerza la tendencia de renacionalización de las políticas comunes. Por ello pienso que las medidas generales destinadas a promover la venta deben ser financiadas completamente por la Unión y que deben ser asignados para este fin muchos más recursos de los que propone la Comisión. También aquí apoyamos al señor ponente. Es un hecho, tal y como han mencionado diversas personas en el transcurso de este debate, que los EE.UU. emplean muchos más recursos en promover la exportación de los que han sido propuestos por parte de la Comisión.
En cambio, cuando se trata de un apoyo a la exportación más específico, creo que las empresas privadas involucradas y las organizaciones de productores deben participar también en la financiación.

Arias Cañete
Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar al Sr. Jové porque, una vez más, nos presenta un informe no sólo riguroso desde el punto de vista técnico, sino equilibrado desde la perspectiva política.
Las reformas del Reglamento 2200/96, por el que se establecía la OCM en el sector de frutas y hortalizas, pueden parecer, en principio, menores, pero no por ello dejan de contener elementos que deben calificarse como preocupantes.
En 1996 establecimos una OCM basada en el papel fundamental que se asignaba a las organizaciones de productores, tanto en lo relativo a la comercialización de la producción de sus socios como a la posibilidad de regular los mercados financiando operaciones de retirada.
La Comisión nos propone hoy autorizar a los miembros de las organizaciones de productores para que vendan parte de su producción fuera de los circuitos comerciales de las OP a las que pertenecen.
Coincidimos con el ponente en el hecho de que estas autorizaciones, que tratan sin duda de garantizar la subsistencia de prácticas tradicionales, no deben contribuir a debilitar el funcionamiento de las OP, máxime cuando las ventas directas se pueden efectuar tanto dentro de la explotación como fuera de la misma, lo que supone el acceso directo del productor a los circuitos comerciales al margen de la OP respectiva.
El Parlamento, por lo tanto, no se opone a la existencia de cierta flexibilidad pero tiene, a su vez, que garantizar que no se deteriore la función principal de las OP. Por ello, me felicito por los límites cuantitativos diferenciados establecidos por el ponente en función de que las ventas se realicen dentro o fuera de la propia explotación. Yo considero que con esta medida se va a garantizar que el grueso de las producciones se siga comercializando a través de las OP y que las excepciones serán ocasionales y no constituirán la regla general que deteriore el sistema.
Respecto a las modificaciones del Reglamento 2202/96, por el que se establecían ayudas a los productores de cítricos, es cierto que la Comisión introduce medidas necesarias para paliar el retraso en la percepción de ayudas y, por lo tanto, hay que felicitar a la Comisión por corregir estas disfunciones. Pero se olvida la Comisión de corregir el mayor defecto que ofrecía la OCM: el desajuste entre umbrales fijados para la transformación de cítricos y la realidad productiva, que daba lugar a incrementos sustanciales de las retiradas ante las fuertes penalizaciones que el rebasamiento de los umbrales comportaba.
Nuestro ponente nos ha propuesto incrementar los umbrales hasta alcanzar la media transformada en las últimas campañas, medida de coste financiero razonable y soportable dentro de la ficha financiera de la OCM, y, además, la imposición de un límite a las penalizaciones de un 20 %, que puede contribuir a estabilizar el futuro de la industria de transformación al impedir que los productores rompan contratos y orienten sus producciones a la retirada, con el consiguiente deterioro medioambiental y de sentido común de la OCM.
Si las propuestas que hace el Sr. Jové, señor Comisario, son razonables y equilibradas, si no hay razones de tipo técnico que puedan aducirse como objeción a las mismas, no tiene sentido aguardar una futura reforma de la OCM, sino que se pueden poner en vigor de inmediato aprovechando que estamos reformando estos reglamentos en esta ocasión.
Yo creo que lo importante de las ideas no es de dónde vengan, sino su bondad intrínseca y, en este caso, el Sr. Jové ha ofrecido alternativas importantes que podrían ser fácilmente asumibles por su bajo coste y su buen fundamento técnico.

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la renta media de los agricultores de mi país se ha reducido de forma sistemática y continua en los últimos años, en particular entre 1996 y 1998. Las estadísticas oficiales revelan que hoy ganan poco más de la mitad de lo que ganaban hace tres años. Éste es el resultado concreto, aunque dramático, de la famosa reforma de la PAC de 1992 para la agricultura más débil de la Unión Europea.
Era precisamente eso lo que habría sido necesario modificar en el Consejo Europeo de Berlín, pero, por desgracia, no fue así... con la increíble anuencia y aprobación, por lo demás, del Gobierno portugués. Con el Acuerdo de Berlín los precios van a seguir bajando, las producciones mediterráneas y los agricultores más débiles seguirán siendo discriminados, los pequeños agricultores de mi país seguirán recibiendo las migajas de las transferencias financieras atribuidas a Portugal, es decir, menos del 10 % del pastel seguirá siendo distribuido para más del 90 % de quienes de hecho trabajan la tierra.
Con el acuerdo logrado en Berlín, se seguirá dando preferencia a la gran industrial alimentaria, a los grandes agricultores europeos y a los grandes cultivos de cereales, que seguirán recibiendo la mayor parte del presupuesto agrario comunitario. Con el Acuerdo de Berlín sólo se continúa la reforma de la PAC de 1992. Nada más ocurrió allí, al final de marzo de este año, y sería deseable que mucho hubiera ocurrido.
En este marco, la Comisión procura anticipar las decisiones de Berlín y propone nuevas disminuciones de precios ya para la próxima campaña agraria. Por eso, consideramos útil apoyar al ponente -al que, por lo demás, felicitamos- en su intento de impedir semejantes propuestas de disminución, aunque consideremos que el aumento lineal e igualitario que propone, aunque sea para todos los sectores, sigue sin resolver las discriminaciones existentes.
Unas palabras más sobre el sector de la carne de cerdo. Se demuestra que una de las causas de la grave crisis que ha afectado y, por lo demás, sigue afectando a este sector radica en la negativa de la Comisión a crear mecanismos de intervención y regulación del mercado que hubieran impedido a tiempo la aparición de cantidades tan elevadas de excedentes. Estaría bien que la Comisión sacara las consecuencias necesarias de ello y no insistiera en sus propuestas de eliminación de mecanismos de intervención en el mercado de otros sectores agropecuarios, sino que los abandonase.

Poisson
Señor Comisario, la fijación del paquete precios 1999/2000 se produce en un contexto determinante para el futuro de la agricultura europea. La renta de los agricultores sigue encogiéndose como la piel de zapa. En 1997 y 1998 bajó un 6, 5 % en total. La bajada de los precios del mercado, iniciada en 1998, se confirma en 1999 y las perspectivas en el mercado mundial siguen siendo inciertas en algunos sectores. La supresión de los tipos verdes y la puesta en marcha del euro el 1 de enero de 1999 se han traducido en una bajada de un 1 a un 2 % con respecto a los tipos de conversión agrícola en cada uno de los Estados miembros.
Hoy, observo que la propuesta de la Comisión para el paquete precios sigue siendo bastante pequeña y deja poco margen de maniobra a los agricultores. Hemos de reafirmar con claridad la función económica de la agricultura, su vocación primera de producción para la independencia alimentaria y su función de ocupación del territorio. Hemos de mantener una agricultura próspera, puntera y, sobre todo, impedir la desaparición de algunas categorías de agricultores, provocada por la bajada de la renta. Hemos de rechazar la funcionarización de la agricultura provocada por un aumento de las ayudas públicas y que suprime la libertad de los agricultores para iniciar nuevas actividades.
Hemos de atrevernos a afirmar que la agricultura europea tiene un coste y que ya no se puede comprimir más, a riesgo de poner en tela de juicio nuestro modelo agrícola. Pero en contrapartida, los consumidores europeos encuentran ventajas ya que tienen la seguridad de la calidad de los productos y del abastecimiento regular de los mercados. Hemos sabido también desarrollar los productos de nuestros terruños y los procedentes de la agricultura biológica. Nuestra industria agroalimentaria representa también un alto valor añadido. Desde hace veinte años, el precio del quintal de trigo ha bajado un 40 % mientras los costes de producción han aumentado un 20 % y más en algunos sectores.
No es por tanto difícil comprender por qué los agricultores europeos están inquietos por su futuro. La función de la Unión Europea no es la de sacrificar su agricultura ante el altar de la ampliación o de la americanización, sino la de permitir a nuestros agricultores que ejerzan su profesión y tengan un nivel de vida igual a la media de los ciudadanos europeos.
Por ello, daré mi apoyo a las enmiendas de mi colega Happart a quien deseo todo el éxito en sus nuevas funciones.

Nicholson
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de intervenir esta mañana para hablar sobre la situación de la agricultura en la Unión Europea y sobre los efectos de la actual política, así como sobre las decisiones adoptadas recientemente en la Cumbre de Berlín.
En cierta medida, los precios influyen muy poco sobre el futuro real del agricultor, porque mientras hablamos sobre los precios y afirmamos que no habrá aspectos inflacionistas, en el análisis final lo que importa son los ingresos reales que el agricultor percibe. Si analizamos las estadísticas de toda Europa de los últimos dos o tres años, vemos que los ingresos reales del agricultor han descendido de manera espectacular. Cada año disminuyen sus ingresos. La pregunta que debemos hacernos es hasta cuándo podemos seguir así. ¿Cuánto tiempo puede la agricultura soportar esta situación?
La otra pregunta que debemos formularnos es: ¿tiene futuro el sector si los jóvenes siguen sin incorporarse a la agricultura? Es el reto a largo plazo. Si los jóvenes no se incorporan a la agricultura -jóvenes agricultores que comienzan desde abajo y van ascendiendo gracias a sus propios esfuerzos-, la agricultura a más largo plazo no tiene futuro, ni a largo ni a corto plazo. En cierta medida, en Europa nos ocupamos actualmente de políticas a corto plazo sin ninguna visión a largo plazo. Necesitamos una visión a largo plazo de cara al futuro, para el futuro de la agricultura.
Existen además ámbitos en la agricultura europea que no están cubiertos por ningún régimen, como la situación del sector porcino y la situación del sector de aves de corral.
Permitimos las importaciones procedentes de terceros países no comunitarios; permitimos la importación en Europa de productos alimenticios que no se acercan a las normas europeas. Al mismo tiempo, imponemos normativas y les decimos a nuestros agricultores cómo deben ser sus productos alimenticios. Estamos atando de manos a los agricultores. Se están importando pollos congelados de Brasil y del Lejano Oriente. Reto a la Comisión aquí presente hoy a que nos diga si dichos pollos son examinados y si cumplen las mismas normas que tenemos para nosotros. Estamos poniendo en peligro a nuestros procesadores de alimentos. Es el motivo de que exista tanto desempleo. Nuestros procesadores de alimentos se ven abocados a abandonar su actividad.
Reto a la Comisión aquí presente a que analicemos lo que estamos haciendo; no exijamos a nuestros agricultores europeos que produzcan productos alimenticios según unas normas que otros del resto del mundo no pueden igualar.

Raschhofer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, las dificultades con las que se enfrenta la agricultura europea son sobradamente conocidas. Ahora mismo se están debatiendo. Los agricultores con explotaciones en pequeña escala tienen problemas para competir directamente con las fábricas agrícolas de ultramar. Yo soy favorable al propósito de reforzar la promoción de los productos de calidad de la agricultura europea en los mercados mundiales mediante las acciones que propone el Informe Fantuzzi. Sin embargo, como ocurre con todas las medidas de apoyo, es necesario tener presentes dos consideraciones:
En primer lugar, es preciso asegurarse de que no se creen nuevos aparatos burocráticos. Ya ahora existe una profusión de organismos y comités. Yo mantengo, por lo tanto, una postura crítica en relación con la propuesta de crear misiones comerciales específicas. Es preciso preguntarse si los servicios ya existentes no podrían cumplir esta tarea.
En segundo lugar, el peso de la financiación y el riesgo no deben recaer predominantemente sobre el erario público. Sólo cuando los empresarios asumen también una parte apreciable de los costes se desarrollan proyectos razonables sin un despilfarro de fondos públicos. Por lo tanto, tampoco es posible suscribir la enmienda que propone que la Comunidad financie en todos los casos un 60 % de los costes en lugar de un 50 % como máximo. En conjunto, yo creo que las acciones ofrecerán a nuestros agricultores nuevas oportunidades de dar salida a sus productos y, por consiguiente, apoyo la propuesta de la Comisión.

Hardstaff
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que hace 15 minutos seguíamos sin disponer de las enmiendas en inglés a dos de los informes, a pesar de que usted nos prometió a las 9 horas que estarían disponibles en pocos minutos.
Paso a continuación al paquete de precios. Me temo que no puedo apoyar las enmiendas del ponente que piden incrementos de precios en general. Sí, es cierto que muchos agricultores atraviesan por dificultades en estos momentos, pero los grandes y ricos agricultores, a pesar de la bajada de beneficios, están muy lejos de encontrarse en la ruina. El gasto adicional no está justificado en todos los casos y dichas enmiendas van en contra del impulso dado por las reformas de la PAC acordadas en Berlín.
Sería más adecuado adoptar medidas especiales temporales para ayudar a sectores concretos a superar las dificultades a corto plazo. El informe del Sr. Fantuzzi sobre la comercialización de productos comunitarios en países terceros, que refleje planes similares a los existentes en la UE, es uno de esos ejemplos que pueden ayudar.
Deseo mostrar mi satisfacción por las propuestas sobre frutas y hortalizas, en particular la propuesta para que los agricultores vendan hasta un 20 % de su producción directamente a los consumidores a las puertas de la granja o a través de los mercados de los agricultores. En el Reino Unido en particular, las grandes cadenas de supermercados están logrando un control cada vez mayor sobre los productores, insistiendo desde una posición de semimonopolio en que sus proveedores se ajusten exactamente a sus requisitos. Se ha producido una reacción contra esto. Estamos asistiendo a un aumento de los mercados de agricultores y a la demanda de los consumidores de unas frutas y hortalizas menos estandarizadas en términos de tamaño, dando preferencia al sabor y a la frescura, y a precios que suponen un buen negocio para el productor y para el consumidor. Por ello acojo con especial satisfacción la presente propuesta.

Funk
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los debates sobre la agricultura perdieron, de hecho, gran parte de su aliciente a partir de la reforma de 1992-94 que transformó la política agrícola en un sistema de apoyo a los precios. Por esto yo prefiero mirar hacia el futuro. El excelente informe del colega Jové Peres también hace referencia a los cultivos integrados controlados. Yo deseo dirigir una petición muy clara a la Comisión en este contexto: éstos constituyen una forma de producción agrícola muy adecuada y merecedora de apoyo, porque tiene en cuenta los aspectos medioambientales y responde a los deseos de los consumidores. Sus efectos y su aplicación varían, sin embargo, en los distintos Estados miembros. En cada Estado miembro no se entiende lo mismo por cultivos integrados y, por lo tanto, es preciso conseguir la transposición de directivas comunes en relación con el cultivo integrado controlado de frutas y hortalizas.
Dicho esto, yo quisiera referirme, sin embargo, al programa de desarrollo rural como segundo pilar de la nueva política agrícola y señalar lo siguiente: dicho programa se caracteriza porque incluye una diversidad de acciones en favor de los agricultores y de las zonas rurales. Yo deseo hacerle, no obstante, una pregunta al señor Comisario. El riesgo está en la cofinanciación. ¿Cómo es posible garantizar que dichos programas, que son realmente favorables para las zonas rurales, lleguen a la población cuando los Gobiernos se niegan a hacer efectiva la cofinanciación? Por ejemplo, la prejubilación para los agricultores, las primas de inicio de la actividad para los jóvenes agricultores, la modernización de las explotaciones agrícolas a fin de abaratar la producción, son todas medidas sumamente importantes y yo me congratulo de que se incluyan en un pilar específico de desarrollo rural. Sin embargo, sigue existiendo ese riesgo. En efecto, si los Estados miembros no garantizan la cofinanciación, ¿cómo podrá beneficiarse la población que reside en dichas regiones de esos programas, que son sin duda muy favorables, pero que no se pueden poner en práctica si los Estados miembros no los solicitan?

El Presidente
Declaro interrumpida la sesión en este punto y seguiremos por la tarde.
Continuaremos con la declaración del candidato a la Presidencia de la Comisión, Sr. Romano Prodi.

Declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión Europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión Europea, seguida de debate entre los Grupos políticos, sin resolución final.
Doy, por tanto, la palabra al Presidente propuesto de la Comisión, Sr. Prodi, y le doy también la bienvenida a este hemiciclo.
Señor Prodi, tiene la palabra.
Grandes aplausos

Prodi
Señor Presidente, Señorías, cuando decidí, personalmente, forzar el paso de la política italiana para participar desde el principio en la construcción de la unión monetaria europea, sentí la responsabilidad histórica de la contribución que, en los decenios previos, mi país había dado al proyecto europeo. Pero aún más sentía que sólo un vínculo sólido con Europa podía garantizar a cada uno de los países y a cada uno de los ciudadanos europeos un futuro de paz y de progreso en el mundo de la globalización. Por esta causa aposté a aquel objetivo todo el capital político que hasta entonces había acumulado. Hoy me alegra estar aquí, delante de todos ustedes, no sólo para garantizarles que esa misma determinación es la que pretendo poner en esta nueva etapa del proyecto europeo, sino también para garantizarles mi compromiso y el de la futura Comisión para impulsar a Europa hacia una importante etapa de reformas y de cambios: repito, una importante etapa de reformas y de cambios.
Aplausos
Las Instituciones europeas -todas las Instituciones- deben renovarse y reformarse, tanto en sus políticas exteriores, como en las formas y en los métodos de organización en lo interior. Es una etapa de reformas que, como he dicho, debe abarcar a todas las Instituciones europeas: ante toda la Comisión, pero también al Consejo y al propio Parlamento. No estamos aquí para conservar, estamos aquí para reformar. La apuesta de hoy, a la que se juega todo el patrimonio de credibilidad de la empresa europea, es evitar que las recientes diferencias económicas y políticas constituyan un punto de paralización de nuestro proceso integrador. No tememos sólo a los retrasos, como tales, en la realización de nuestro proyecto; sobre todo tememos a perder la ocasión de ofrecer nuestra indispensable contribución al desenlace de los conflictos, hoy gravísimos, de los países vecinos. Por lo tanto, incluso en esta etapa preliminar de mi relación con la Unión Europea y en este primer encuentro mío con el Parlamento reunido en pleno, es legítimo que se me pregunte cuál es mi visión del proyecto europeo.
En el campo económico, el mercado único de los bienes, de los factores productivos, ha sido el tema del decenio de 1980; la moneda única, el del decenio de 1990. Ahora debemos afrontar la difícil tarea de avanzar hacia una economía única y hacia una política única. Aun dentro de la diversidad de modelos de organización social que se dieron, nuestros países se han mantenido atentos a la construcción de bases de convivencia justas y solidarias. Esta tradición se defiende, aunque reformada para que sea compatible con las nuevas condiciones internacionales. Esto evoca con vigor la reforma del modelo de bienestar que los países de Europa occidental han edificado hasta ahora mediante un alto nivel de cohesión social. En el camino hacia estas reformas, los Estados miembros serán, cada uno de ellos, los protagonistas, pero el papel que el Parlamento y la Comisión tendrán que desempeñar es el de propulsores y coordinadores, para que las reformas nacionales desemboquen en una organización más eficiente del mercado del trabajo, que favorezca la movilidad social y la movilidad entre las grandes áreas regionales europeas. Aun cuando la competitividad no es el único objetivo de la nueva Europa, no obstante soy consciente de que un alto nivel de competitividad es el instrumento necesario para la reducción de nuestras excesivas bolsas de ineficiencia.
Nos impulsa a obrar en esta dirección el hecho de que Europa será la mayor zona mundial que, antes que otras, tendrá que afrontar los problemas del envejecimiento de la población. El envejecimiento no incide sólo en las políticas sociales: también exige una respuesta en materia de productividad de todo el sistema económico para atender, con la menor cantidad posible de conflictos sociales, el difícil acuerdo entre las distintas generaciones. La constitución de un amplio y eficiente mercado europeo de los capitales de riesgo es la condición necesaria para realizar el objetivo de un mayor nivel de productividad. Este mercado es también el instrumento para estimular el reposicionamiento de nuestras producciones en productos de un nivel más elevado de crecimiento y de innovación. Una acción más directa de los Gobiernos y de la Comisión tendrá que favorecer las inversiones en investigación y desarrollo, en especial en las nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de la comunicación, pero también en la química, en la farmacia, en las biotecnologías y, en términos aún más generales, en las ciencias de la vida.
En toda la frontera de las industrias de alta tecnología y de alta intensidad de investigación, por cierto fundadas en el conocimiento, se juega el futuro de nuestro continente, no sólo el de su industria y de sus finanzas, sino también el de la sociedad europea en su conjunto. Pensemos en un hecho simple, pensemos en Internet : con esta red puede cambiar la organización misma de la producción. Pensemos en la reducción de las materias primas, pensemos en la desmaterialización de los productos. Esta es la razón para que se desarrolle la posibilidad de un acceso directo a la información por parte de los ciudadanos. Aún nos espera un largo camino para reducir las diferencias respecto a Estados Unidos; en esta reducción concentraremos gran parte de nuestro trabajo. Tengo una intención que querría llegase a ser un compromiso para la Comisión, para el Parlamento y para los Gobiernos europeos: que dentro de cinco años, los jóvenes europeos que terminen su ciclo de instrucción secundaria estén al nivel de los mejores de su edad, en todo el mundo, en cuanto al uso de las tecnologías de la sociedad de la información.
Europa tiene una gran tradición cultural, tiene un gran patrimonio de conocimiento científico inserto en sus universidades y en sus centros de investigación. Donde Europa falla es en la capacidad de transformar esta tradición y estos conocimientos en oportunidades de crecimiento, para mejorar antes que nada los vínculos entre el mundo de la ciencia y el mundo de la producción.
Desde el punto de vista de la política macroeconómica, el abandono de la soberanía monetaria ha aumentado la importancia de las políticas fiscales, que deberán estar mejor coordinadas para desempeñar, por un lado, un eficaz papel de estabilización frente a hechos o situaciones que se generen en los distintos países -las peligrosas crisis asimétricas que podrían producirse en Europa- y, por otro lado, con un enfoque a más largo plazo, para alcanzar una auténtica armonización de los sistemas económicos nacionales. La coordinación de las políticas económicas también resulta necesaria a causa de las divergencias que pudieran llegar a producirse en las economías regionales.
Las crisis asimétricas de origen internacional, originadas en Asia, Rusia y Brasil, no han permitido que la Unión Monetaria Europea diera lugar a todas las posibilidades de crecimiento que la perspectiva del mercado único había generado en la segunda mitad del decenio de 1980, y que la construcción de la moneda única había preparado para este fin de siglo. Empresas y familias parecen heridas en su fe en el futuro, y los acontecimientos de la guerra de Yugoslavia lamentablemente están reforzando este efecto. Este diagnóstico, compartido ya por todos los organismos, llevó al Banco Central Europeo a asumir con gran responsabilidad la tarea que le incumbe en la gestión de las políticas monetarias. Ahora corresponde a las autoridades económicas de los distintos países establecer una coordinación para que, dentro de los límites del Tratado de Maastricht y del Pacto de estabilidad y crecimiento, se haga todo lo posible para sostener el crecimiento de las economías europeas. Corresponderá a la Comisión empeñarse para aplicar, lo más pronto posible, los acuerdos a los que se llegó en Berlín sobre la Agenda 2000 y para poner en marcha, dentro de los límites presupuestarios, las obras de alcance europeo que, además de sostener nuestra demanda interna, hagan visibles para los ciudadanos las acciones de la Unión. Asimismo, corresponderá a la Comisión empeñarse para poner fin a los motivos de tensión en los intercambios entre Europa y Estados Unidos, porque con esto se devolverá la seguridad a nuestros productores. El crecimiento es la condición necesaria para que la política económica europea contribuya a reducir el desempleo. Sin embargo, no se puede garantizar que el crecimiento sea suficiente; por lo tanto, es oportuno que la Comisión se convierta en el motor principal de una acelerada tarea de revisión de las normas del mercado del trabajo y de los mercados de las profesiones, para reducir las barreras a la entrada y aumentar las posibilidades de personalización de las actividades laborales, todo ello con el objetivo de que el empleo sea más receptivo ante el crecimiento económico.
Esta circunstancia se puede enfrentar con éxito gracias a la nueva estabilidad monetaria financiera derivada del proceso de construcción de la moneda única. En esta dirección debemos sentirnos aún más decididos, porque el alto índice de paro es el factor principal de la inquietud que parece difundirse entre los ciudadanos europeos. La caída de la tasa de natalidad, la emigración masiva, las dudas sobre la posibilidad de mantener intacto el modelo europeo de protección social son los otros grandes miedos que proyectan su sombra en el futuro del continente. Si no se maneja adecuadamente incluso en el campo continental, el vínculo entre las distintas generaciones y las distintas categorías de ciudadanos seguirá una tendencia progresiva hacia la ruptura. Para alcanzar estos objetivos hay que construir una nueva etapa de desarrollo económico más intenso, pero esto sólo ocurrirá si conseguimos que las administraciones públicas resulten menos pesadas y que se introduzcan las reformas de tipo microeconómico a las que acabo de referirme.
En el plano político, las potencialidades de la Unión Europea en el campo internacional jamás han sido tan vastas. Desde la ampliación de la Unión hasta la afirmación universal de los principios de libertad y de democracia, el deseo de Europa y de su presencia es un sentimiento que tenemos la obligación moral y política de interpretar. Por lo tanto, Europa puede presentarse como un modelo de desarrollo y de cohesión social, en su interior, y de creciente presencia en el espacio internacional. Es decir que tendremos que poner nuestro empeño en una realización concreta del proceso de ampliación, cuyos términos y cuyo calendario preciso hemos de establecer con rapidez. El cumplimiento de la ampliación se ha convertido, tras la guerra de los Balcanes, en un compromiso político prioritario, pues puede ser, ante esos pueblos, el mensaje que los prepare para una relación más estrecha con Europa.
En el campo de las responsabilidades específicas que le competen en la materia, la nueva Comisión deberá comprometer todo su esfuerzo para que el proceso se lleve adelante con rapidez. La creciente responsabilidad de la Unión Europea en el mundo se debe, precisamente, a su fuerza hoy unificada, a la tradición de salvaguardia de la paz y de los derechos humanos y a sus interés de favorecer un ambiente internacional estable, en el que se puedan realizar las propias vocaciones comerciales y la propia presencia política. Con este fin y sobre la base de los principios de Maastricht y de Amsterdam, la Unión Europea deberá dotarse, con el tiempo, de una capacidad de defensa propia, para lo cual ya desde ahora debe racionalizar el uso de los recursos industriales y de las infraestructuras militares. A la vez que consolide el vínculo entre prosperidad económica e intercambios comerciales, por un lado, y estabilidad económica por otro, la Unión Europea debe continuar por el camino de la liberación multinacional en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Queremos impedir cualquier tentación de proteccionismo, incluso para poder ofrecer a las regiones en vías de desarrollo un acceso a los mercados, un acceso que el la mayor contribución posible a su crecimiento.
Por fin, Europa debe continuar la política de partenariado y de colaboración con los países de la antigua Unión Soviética y de los Balcanes, en especial los que dan al Mediterráneo, para crear una gran zona de estabilidad y de libre mercado, donde la Unión Europea pueda prosperar e invertir. El Mediterráneo debe ser para todos nosotros -no sólo para mí, que soy un mediterráneo propiamente dicho, sino para todos nosotros y no sólo para los de la parte meridional de nuestro continente-la otra cara de Europa, y no para equilibrar la ampliación sino a fin de permitir la construcción de un espacio de paz y de desarrollo en la zona más difícil y más conturbada que tenemos en los límites europeos, e incluso -si se me permite decirlo-la zona más difícil y más conturbada del mundo. En la relación con el mundo islámico se decidirá, sin duda, nuestra vida futura. Es una opción que exige inteligencia, capacidad de propuesta política y una gran fe en nuestras fuerzas y en nuestras perspectivas de una convivencia pacífica entre los pueblos. No pensamos que un país solo, de manera aislada, pueda establecer esta relación; no puede hacerlo así ningún país europeo: o se establece una relación en el ámbito europeo o no habrá posibilidad de construir esperanzas ni cambios.
La Unión Europea ha crecido muchísimo, y debe crecer más aún. La nueva misión que se ha fijado exige instituciones más fuertes, más cohesionadas, exige un diálogo más estricto, exige un circuito democrático más vigoroso. En la historia de la Unión y en su filosofía institucional, los tres organismos fundamentales deben encontrar una sólida armonización: cada día han de ser más fuertes la dirección que señalen y la guía que brinden el Parlamento y el Consejo; cada día la Comisión ha de tener mayor capacidad de conducir a la Unión hacia el crecimiento. Y tendrán que asumir un papel igualmente dominante los Gobiernos nacionales, y dentro de ellos, las instituciones, los organismos que representan a los entes locales y que hasta aquí hemos descuidado en exceso durante la construcción de esta Europa.
Es difícil hablar de subsidiariedad si no hablamos también de los entes que la interpretan de un modo más concreto. La Europa unida será fuerte sólo si lo es la autonomía de sus componentes. Con este fin la Comisión tiene ante sí una doble tarea: la primera es la de ocuparse de proyectar el futuro; la segunda es la de garantizar que la Unión, en su conjunto, tenga administraciones eficientes. Ya he tenido ocasión de afirmar que la Comisión debe ser la guardiana de los Tratados, pero sólo mediante una relación provechosa, leal y transparente entre la propia Comisión, el Parlamento y el Consejo, haremos crecer una Europa cada vez más cercana a los ciudadanos.
Las muy ambiciosas tareas que hemos mencionado como las de la Europa del futuro no pueden seguir adelante por mucho tiempo con las actuales Instituciones comunitarias, las actuales Instituciones que el Tratado de Amsterdam sólo ha empezado a reformar. Además, la propia ampliación impone esta necesidad: desde el momento en que instituciones pensadas para seis miembros ya hoy resultan inadecuadas, es obvio que no están en condiciones de gobernar una Unión compuesta por veinte o veinticinco países. Con este fin es necesaria una reforma profunda de la Comisión, la reorganización de las carteras en funciones según las nuevas y grandes prioridades políticas y la evolución de sus obligaciones. Sin embargo, la legitimación democrática de Instituciones europeas cada día más importantes y la eficacia de las políticas de la Unión imponen un proyecto más ambicioso, basado en el fortalecimiento de los poderes de codecisión del Parlamento, en el incremento del uso de las votaciones por mayoría en el Consejo y en la aplicación efectiva del Tratado de Amsterdam en lo relativo al papel del Presidente de la Comisión en la elección de los Comisarios y en la distribución de los poderes que se les atribuyen.
Asimismo, soy plenamente consciente del hecho de que este Parlamento, y también los Gobiernos de los Estados miembros, y más en general toda la opinión pública europea, tienen expectativas muy elevadas respecto a las reformas que deberemos aportar al funcionamiento interno de la Comisión. Estas reformas, que constituirán uno de los fundamentos del programa de la nueva Comisión, exigirán la aplicación de al menos tres principios: mayor eficiencia, transparencia absoluta y plena responsabilización, lo que comúnmente se define como accountability . Desde ahora puedo asegurar al Parlamento que no habrá por nuestra parte ninguna tolerancia frente a la corrupción, que habrá una transparencia cada vez mayor en nuestro trabajo, del que daremos cuenta sin reticencias, que asumiremos por entero la responsabilidad de nuestra labor, tanto en el nivel colegial como en el de cada uno de los Comisarios.
Aplausos
Las relaciones entre los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto han tenido un enorme crecimiento, cualitativo y cuantitativo, hasta el punto de que los intereses de cada país dependen, en una medida que no es indiferente, del buen funcionamiento de las Instituciones europeas supranacionales; no nos olvidaremos de esto, al mismo tiempo que obremos primordialmente como buenos administradores de los bienes de todos. Sin embargo, soy consciente de que, para la labor que me dispongo a asumir, no basta con ser buenos administradores; este compromiso político tiene una gran envergadura, y me dedicaré a él a partir de la historia de mi formación personal y hasta mi formación de gobierno completamente centrada en el reformismo europeo. A propósito de este empeño, quiero hoy y aquí dejar clara una cuestión que en los últimos días ha llamado la atención de no pocos entre Sus Señorías y de los medios de comunicación: estoy hablando del tema de una posible candidatura mía en las próximas elecciones europeas. En estas elecciones participaré para mantener las ideas por las que siempre me he batido y para apoyar a las mujeres y a los hombres con los que he trabajado, pero tengo decidido que no estaré entre los candidatos.
Aplausos
Desde el punto de vista jurídico nada hay que impida mi candidatura, que podría y puede constituir incluso un paso hacia esa Europa cumplidamente democrática en la que también los componentes del gobierno europeo se someterán al dictamen del voto popular. Espero que esto ocurra pronto y creo que la batalla de principios que sostuve sirva para estos fines. Sin embargo, en la actual etapa de la política europea, he comprobado que esta candidatura podría convertirse no en un estímulo sino en un motivo de división, y yo no estoy aquí para dividir: estoy aquí para unir.
Aplausos
He tenido muchas ocasiones de sostener que, en cierto sentido, la búsqueda de un espíritu europeo se muestra, cada día más, como el problema dominante del futuro de nuestro continente. Sin duda es una señal de debilidad pensar en un posible camino futuro de las Instituciones europeas -fortalecer al Parlamento, limitar el derecho de veto a los casos excepcionales, reorganizar a la Comisión y sus poderes- sin enfrentar el problema de la construcción de un sentir europeo progresivo y común.
En Europa no existe una cultura dominante, y yo creo que esto es una verdadera fortuna: Europa no sería la que fue en la historia, no sería la que es, si no hubiesen existido a través de los siglos y si no estuviesen hoy florecientes sus culturas nacionales, tan peculiares, distintas y grandes. Pero hoy no existen filósofos, pensadores, maestros de vida que sean una referencia en todo el continente, y esto me parece menos positivo. Por lo tanto, se corre el riesgo de que también en el campo de la cultura y de los valores ocurra lo mismo que está ocurriendo en los mercados financieros: el euro está convirtiendo a todas esas fuerzas distintas en un mercado único, pero, en estos primeros meses, son los bancos y los fondos de inversión americanos los que ponen en marcha la función unificadora. La fuerza de la cultura americana, entendida en sentido amplio, se expresa simbólicamente en los medios de comunicación, y hay quienes la consideran la posible referencia unitaria para esta Europa que está buscando su espíritu. No hay nada de escandaloso en esta hipótesis, en parte porque los futuros equilibrios del mundo se apoyan en una cooperación cada vez más estrecha entre Europa y Estados Unidos en los campos de la política, de la economía y de la defensa, lo que implica cierta afinidad relativa a las grandes líneas de los modelos interpretativos de la sociedad. No obstante, creo que Europa tiene en su historia un gran patrimonio como apoyo, un patrimonio que todavía es la mayor riqueza de cultura y de saber que jamás haya acumulado la humanidad. Lamentablemente, no hay experiencias o recetas preparadas para fortalecer este objetivo; no nos queda más que partir del decaimiento de hoy para tratar de superar la dispersión del saber y de las culturas, para vencer la babel de los idiomas en busca de un lenguaje común, de un diálogo cada vez más necesario. No podemos detenernos en el pasado, no nos bastan las recetas elaboradas en el siglo pasado. Europa es la gran ocasión para volver a discutir este pasado, para compararlo con la experiencia de los demás, para liberarnos definitivamente de herencias que, nacidas para unirnos, en cambio nos han dividido. Ningún gobernante, ningún pueblo está por sí mismo en condiciones de abandonar el pasado y de construir el futuro, pero quienes pueden hacerlo son los pueblos y los gobiernos europeos, mediante un trabajo conjunto. Por este motivo es necesaria Europa: solos no estamos en condiciones de hallar el nuevo camino; solos no sabemos enfrentar ni siquiera los problemas más elementales del presente, empezando por el mayor, que es la relación con los pueblos que nos rodean y que miran hacia nosotros para construir su futuro político y económico: a ellos no les podrá responder ningún país en solitario, pues sólo puede responderles Europa.
Así como los objetivos económicos están sufriendo la interferencia de contratiempos de carácter internacional, de igual modo este proyecto político europeo puede verse en peligro a causa de los graves acontecimientos de la guerra de Yugoslavia. Este proyecto se encuentra hoy ante la exigencia de acelerar para sobrevivir. La tragedia de Kosovo arroja una dramática claridad sobre el hecho de que la Unión Europea está llamada a asumir un papel cada vez más trascendental como garante de la seguridad y de la democracia en las áreas que son decisivas para nuestro futuro. Este futuro debemos construirlo nosotros, con la fuerza de nuestras Instituciones, realizando las estructuras comunes de defensa y de política exterior, que los Tratados de Maastricht y de Amsterdam prometieron a los europeos. La Comisión asumirá hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad de indicar a los ciudadanos de la Unión las reformas necesarias para realizar este futuro. Sin embargo, esta iniciativa sólo podrá tener éxito si el Parlamento la sostiene con vigor y con empeño.
Vivos aplausos

El Presidente
Muchas gracias, señor Prodi.
Tiene la palabra la Sra. Green.

Green
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, deseo dar la bienvenida al Sr. Prodi aquí presente. Su nombramiento por el Consejo Europeo fue rápido y contundente tras la dimisión de la actual Comisión, y mi Grupo acogió con satisfacción la rapidez con que respondió el Consejo. Habíamos instado a los Jefes de Gobierno reunidos en Berlín a actuar con rapidez para poner fin a la incertidumbre y a la confusión que siguieron a la dimisión sin precedentes de los veinte Comisarios actuales. Acogimos con satisfacción que el Consejo reconociera sin titubeos la naturaleza política del momento y la oportunidad que se brindaba para el establecimiento de unas relaciones nuevas entre las instituciones de la Unión Europea y sus ciudadanos. El Consejo no habría podido actuar con mayor celeridad, y hay que decir que lo ha hecho con una rapidez que no le caracteriza.
La declaración que ha hecho el Sr. Prodi aquí esta mañana marca el inicio de nuestro proceso de ratificación de la nueva Comisión. Mi Grupo desea que la nueva Comisión Europea tome posesión de su cargo cuanto antes. Hay que decir que el calendario que nos ha impuesto el Consejo Europeo no es fácil. Habida cuenta de las elecciones europeas de junio, habida cuenta de la inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y habida cuenta de la convergencia de elecciones generales en dos de nuestros Estados miembros el mismo día que las elecciones europeas, el calendario supone para nosotros un quebradero de cabeza logístico de proporciones monumentales. No obstante, deberemos encontrar el modo de salir airosos.
Todos los integrantes de esta Asamblea deseamos que la actual Comisión abandone su cargo tan pronto como sea posible. En honor a la verdad, hay que decir que también los Comisarios han expresado el deseo de abandonar la Comisión cuanto antes. Se mantienen en sus cargos sólo a título interino, como les dicta el Tratado. Es una situación incómoda para ellos y muy insatisfactoria para nosotros.
Para desempeñar nuestra misión ahora con respecto a la próxima Comisión, debemos someter nuestro calendario parlamentario y nuestras agendas personales a una presión considerable. Así sea.
Las conclusiones de la Cumbre de Berlín solicitaban a este Parlamento que se ocupe de la nominación del Sr. Prodi y al nuevo Parlamento, de la ratificación de la nueva Comisión en su conjunto. No obstante, insistimos en que el nuevo Presidente de la Comisión debe ser ratificado por este Parlamento de una manera rigurosa, seria y adecuada. Acojo con gran satisfacción que el Sr. Prodi haya accedido a acudir hoy al Parlamento para iniciar dicho proceso en este espíritu. Este Parlamento ha tenido un papel fundamental en los recientes acontecimientos. Es importante que ahora demostremos nuestra madurez y conduzcamos este proceso hasta su conclusión.
Mi Grupo cree que ahora, junto con el Consejo y una Comisión reformadora, podemos crear una estructura y un proceso de toma de decisiones que sea más adecuado y más acorde con un gobierno moderno. En primer lugar y ante todo, queremos una Comisión fuerte. La nueva Comisión debe tener un rumbo claro, un liderazgo político firme que sea transparente, debe practicar auténticas transparencia y asociación con el Parlamento Europeo y no limitarse a hablar de boquillas sobre dichos valores.
Nadie de los presentes subestima los problemas y los retos que suponen crear una Comisión Europea semejante. No obstante, hoy quiero dejar claro al Sr. Prodi, en nombre de mi Grupo, que si la próxima Comisión realiza un auténtico esfuerzo de reforma con el coraje y el vigor que ha manifestado esta mañana, recibirá el apoyo de mi Grupo.
Mi Grupo no se andará por las ramas en este proceso. No lo hicimos en enero de este año y no lo haremos ahora.
Reacciones diversas
En esta Asamblea hay quien ha dado la bienvenida al Sr. Prodi al Parlamento y hay quien parece estar decidido a aprovechar esta oportunidad con el solo propósito de hacer política electoralista nacional, haciendo caso omiso de la importancia del momento para Europa, para su política y para su población.
Reacciones diversas
Los que se preocupan por la evolución de esta Asamblea como la auténtica voz democrática de la población de Europa trabajarán juntos para potenciar su papel y sus derechos, que es lo que nuestros ciudadanos esperan y desean de nosotros. En las pasadas semanas de campaña en Gran Bretaña he podido darme cuenta de que, por primera vez, la gente sabe que existe el Parlamento Europeo y que es un poder con el que hay que contar -que no se ocupa de mitos como pepinos rizados y plátanos curvos-, sino que es el organismo que ha proporcionado las pruebas objetivas a través del informe del Comité de Expertos Independientes y que luego ha actuado en consecuencia. Mi Grupo se siente muy orgulloso de su papel durante los últimos meses.
Reacciones diversas
Creemos que hemos actuado de acuerdo con la mejor tradición parlamentaria: responsables, ejerciendo liderazgo y actuando con integridad.
Reacciones diversas
Señor Prodi, usted acude hoy a esta Asamblea como el candidato designado por el Consejo. Llega con excelentes credenciales de buen europeo y una trayectoria demostrada de integridad personal, con la autoridad de haber ostentado el más alto cargo del país en uno de los grandes Estados miembros de la Unión Europea, que es además uno de los Estados fundadores. Usted ha demostrado su capacidad para formar un gobierno reformista y para lograr el consenso con todos los sectores de la sociedad italiana, para garantizar que Italia estuviera en condiciones y preparada para entrar en la primera ronda de la moneda única. Al hacerlo, ha confundido a los escépticos.
Las expectativas de este Parlamento respecto a lo que podría lograr con esas formidables aptitudes como Presidente de la Comisión Europea son altas. Por eso creo que, cuando acuda a este Parlamento el mes próximo, nos gustaría oír alguna idea clara del rumbo que tomará en dos frentes. Hay que decir que esta mañana inició su declaración ante el Parlamento con mucha claridad y firmeza, algo que acogemos con gran satisfacción.
En primer lugar, tras el trauma que provocó la caída de la actual Comisión, esperamos oír un compromiso claro -no sólo de que aplicará el programa de reformas ya aprobado por este Parlamento y la actual Comisión en enero y el consiguiente acuerdo sobre el organismo independiente de investigación OLAF-, sino que emprenderá reformas fundamentales nuevas y de mayor calado, en particular (y me alegró que lo mencionara) con respecto a la aceptación de la responsabilidad política y personal por el trabajo realizado por los agentes de cualquier nivel de la Comisión Europea. También esperamos que dé debida cuenta del segundo informe del Comité de Expertos Independientes y que trabaje con nuestro Parlamento para examinar, evaluar y aplicar las reformas necesarias.
En segundo lugar, para mi Grupo, la auténtica esencia del programa de la Comisión Europea es política. Sabemos que, si su nombramiento es ratificado, no podrá presentar un programa político completo hasta que no haya negociado con los gobiernos los nombramientos de los Comisarios en virtud de los nuevas responsabilidades que el Tratado de Amsterdam otorga al Presidente de la Comisión. A raíz de varias entrevistas que ha concedido, hemos podido saber que tiene intención de hacer pleno uso de dichos derechos. Nosotros no sólo le apoyaríamos si lo hace, sino que además le alentamos a que lo haga.
La nueva Comisión debe actuar como un colegio y no como 20 feudos, y el modelado de una Comisión semejante estará en manos del nuevo Presidente de la Comisión.
No obstante, mi Grupo considera crucial el contenido político del programa que elabore la nueva Comisión. La semana pasada, cuando visitó mi Grupo, le presenté nuestros objetivos para los próximos cinco años en la forma de nuestro manifiesto para las elecciones europeas. En él verá que nuestras prioridades son el empleo, la formación para obtener un puesto de trabajo, la protección del medio ambiente, la lucha contra la exclusión social, la necesidad de proteger la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos en un mundo en el que hay que hacer frente a cuestiones como la EEB y los alimentos genéticamente modificados, la lucha contra el crimen transfronterizo, trabajar juntos para una Europa más fuerte en el mundo y llevar a cabo las reformas necesarias que garanticen la ampliación de la Unión cuanto antes.
Juzgaremos a la Comisión Europea que será constituida en las próximas semanas en base a su programa político y su programa de reformas. En lo que a mí respecta, acojo con satisfacción la exposición inteligente y humana que usted ha hecho aquí esta mañana de su pensamiento -económico, cultural, social, basado en la paz. Creo que todos los presentes lo acogemos con gran satisfacción.
Por último, quiero tocar el tema al que se ha referido al final de su intervención. Muchos en mi Grupo sienten una fuerte afinidad democrática con las propuestas de Jacques Delors de que en el futuro avancemos hacia una posición en la que la credibilidad del Presidente de la Comisión Europea derive del proceso electoral. Para que eso sea posible, debe existir acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre el proceso. No puede ponerse en peligro el delicado equilibrio entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión adoptando una acción precipitada que podría perjudicar el proceso de integración europea, en el que el respeto por culturas políticas y prácticas democráticas diferentes es primordial. En este sentido, usted, señor Prodi, ya ha sido nominado por unanimidad para el cargo de Presidente de la Comisión Europea por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Usted no llega a este nombramiento a través de ningún proceso electoral determinante. No obstante, uno de sus principales puntos fuertes es que cuenta con un gran historial de éxitos en conseguir el consenso. En este sentido, mi Grupo acoge con gran satisfacción la declaración que ha hecho hoy de que, a pesar de que, naturalmente, se comprometerá con aquellos de su misma afinidad política -como hemos hecho siempre nosotros y los Comisarios-, nos congratulamos por su clara declaración de esta mañana en el sentido de que no se presentará como candidato a esta Asamblea.
Habría cabido esperar que cuando sólo le quedan tres semanas de vida a este Parlamento, deberíamos poder deslizarnos suavemente hacia las elecciones. Los parlamentos acostumbran a prepararse para su salida o dispersión cuando se agota la legislatura y la vida parlamentaria toca a su fin. En la última semana de la anterior legislatura, en 1994, fue necesario movilizar a todos los diputados salientes para que participaran en la votación sobre la ampliación de la Unión. En esta ocasión, no sólo tenemos la Agenda 2000, sino que además nos enfrentamos a las consecuencias de la dimisión de la Comisión y al nombramiento de un nuevo Presidente de la Comisión Europea. Es un proceso serio. Señor Prodi, el programa que usted desarrolle después de este debate y las conversaciones que mantendrá mañana por la noche con el Consejo Europeo representan un paso importante en el desarrollo de la democracia europea.
Aplausos

Martens
Señor Presidente, Presidente Romano Prodi, usted fue nombrado por los Presidentes de Gobierno de la Unión Europea en el momento en que la OTAN inició sus ataques a Yugoslavia. A causa de una agenda tan complicada tardaremos meses en tener un nuevo poder ejecutivo en la Unión Europea. Por eso, el Parlamento ha insistido en que esto se produzca con celeridad y apoyaremos cualquier medida destinada a agilizarlo.
Presidente, su designación como nuevo Presidente de la Comisión Europea nos alegra mucho. Después de la investidura por este Parlamento en el mes de mayo usted será, en los términos de este Parlamento, el encargado de formar, de co-formar, la nueva Comisión. Apoyamos firmemente y de manera inequívoca su candidatura y también, permítame añadirlo, sin poner condiciones políticas. Estamos convencidos de que usted dispone de las dotes políticas y profesionales para superar la profunda crisis en la que está sumida la Comisión. Esta crisis tiene que ser también un desafío para llevar a cabo reformas históricas.
Usted debe reformar la Comisión y sus servicios. Habrá que impulsar, como ha dicho también la actual Comisión, una nueva cultura política y administrativa en Europa. Hace diez años empezaron los problemas, como se desprende del informe del Comité de Sabios que ha señalado también las fechas: desde 1990 el turismo, desde 1992 los programas para las regiones mediterráneas, la ayuda humanitaria, los servicios de seguridad. Los Sabios dicen que los órganos de control de la Comisión son un batiburrillo y que su procedimiento dura demasiado tiempo. La política de contratación de personal es una máquina que nadie domina ya.
Hace más de un año, en marzo de 1998, nuestros colegas de la Comisión de Control Presupuestario exigieron por iniciativa de James Elles que se tomaran medidas para mediados de septiembre de 1998. En octubre de 1998, el Parlamento exigió que se constituyera un servicio independiente de anti-fraude en sucesión de la UCLAF. En diciembre del año pasado no se había satisfecho nuestra demanda. Nuestro grupo parlamentario ha puesto sobre la mesa un programa de acción para modernizar la Comisión con fecha del uno de enero de 2000, con códigos de conducta para los Comisarios, sobre las relaciones entre los Comisarios, sus gabinetes y sus servicios, con códigos de conducta para los funcionarios, con una reforma del estatuto del personal, con transparencia y buena fe en el nombramiento de los funcionarios, con reglas claras y limitaciones para los nombramientos externos. Con reglas más claras también para la gestión del presupuesto, más definidas para las oficinas de asistencia técnica y con una reforma del Reglamento Financiero. Todo esto le está esperando, sobre todo cuando en septiembre de este año se presente el segundo informe de los Sabios.
Pero también le esperan muchos retos políticos expresados de forma extraordinariamente clara en los documentos de este Parlamento, los informes de nuestros colegas Fernand Herman y Elmar Brok. El informe de Fernand Herman se debatirá en esta semana. Trata de las reformas en las instituciones, incluida la Comisión, que son posibles sin una modificación del Tratado: la disminución del número de carteras y una interpretación racional del trabajo dentro de la Comisión, así como un equilibrio idóneo entre la responsabilidad colectiva e individual. Usted sabe que ahí está el principal problema. La Sra. Cresson, que no quiso asumir su responsabilidad política personal, ha arrastrado a toda la Comisión en su caída.
Aplausos
Hemos manifestado como el PPE y como grupo parlamentario PPE que es imposible seguir trabajando con ella. Le pregunto: ¿cuál es su posición con respecto a esta relación entre la responsabilidad colectiva e individual? Abogamos por una colaboración interinstitucional. Como Presidente del grupo parlamentario PPE tomé en 1994 la iniciativa de revisar el código de conducta sobre la relación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Este código de conducta debe ser completado de nuevo. Han surgido nuevos acuerdos y este código tiene que ser aprobado y aceptado -en mi opinión- antes de que entre en funciones la nueva Comisión.
Nuestro colega Elmar Brok habló en su informe con la resolución que fue aprobada el 13 de enero, sobre las consecuencias de la investidura del Presidente de la Comisión y sobre la independencia de los miembros de la Comisión. Al releerlo, este informe es extraordinariamente instructivo e informativo, también en cuanto al procedimiento que se ha de seguir ahora para la investidura de la nueva Comisión basándose en el Tratado de Amsterdam. Aboga por la independencia de los miembros de la Comisión y por el hecho que la Comisión Europea es guardiana de los Tratados y persigue el interés general. En este informe se aboga por una composición de la Comisión políticamente equilibrada. Quisiera añadir: una nueva Comisión con hombres y mujeres. En este informe también se aboga, y yo también abogo por eso, por que esta nueva Comisión disponga en el nuevo Parlamento de una amplia mayoría, ya que una de las lecciones aprendidas de los incidentes pasados y de la crisis pasada es que cuando no se apoya a la Comisión con una amplia mayoría en el nuevo Parlamento, estamos abocados a un periodo de guerrilla. Y esto es lo último que debería ocurrir en la colaboración entre la Comisión y Parlamento.
Pero usted, Presidente Romano Prodi, después de la investidura por el Parlamento va a tener la ocasión de demostrar su liderazgo político, también en la designación de los nuevos Comisarios. Espero que a la hora de la aprobación, al dar su consentimiento, se tome en consideración su legitimidad como Presidente. Sólo después de que usted, después de la investidura por el Parlamento, haya dado su consentimiento a los nuevos Comisarios, basándose en su legitimidad, se celebrarán las sesiones en este Parlamento. No es posible, aún queriendo agilizar el procedimiento, que los gobiernos de los Estados miembros dispongan de tres meses para designar a sus Comisarios y que este Parlamento en tres días tenga que estar dispuesto para celebrar las sesiones.
Aplausos
Presidente Prodi, estamos muy impresionados por lo que acaba de decir. En sus declaraciones a la prensa, pero también a este Parlamento, ha dicho que quiere dar un nuevo ímpetu a la Unión Europea. Que la Unión política para usted es un objetivo importante. Ha manifestado también que tanto la progresiva democratización y la transparencia son importantes para usted, así como la colaboración con este Parlamento.
Yo también creo que es una tarea nueva muy importante y una nueva misión que cuando haya terminado el periodo de la burocracia, y no s hable de fraude ni de favoritismos, se hable más sobre la presencia de los Comisarios en este Parlamento y en nuestras Comisiones. Junto con Michel Rocard y otros muchos colegas soy miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. ¿Cuántas veces hemos podido mantener un debate político en la Comisión de Desarrollo y Cooperación? ¿Cuántas veces hemos tenido que arreglárnoslas sólo con funcionarios? Allí tiene que haber un responsable político. Afortunadamente había también excepciones a esa regla en la actual Comisión, Comisarios que han colaborado de forma activa, pero esto ha de ser la norma para la nueva Comisión en su totalidad y entonces nosotros también podremos dar un nuevo ímpetu a las instituciones, a su nueva Comisión y al Parlamento.
Esta es la esperanza que expreso en nombre de mi grupo parlamentario, con las perspectivas que usted ha dado para un nuevo ímpetu. No sólo para la Europa de los mercados, de los bancos, sino también para la Europa en su dimensión cultural y espiritual. Usted ha abogado por eso. Estamos convencidos de que va a realizar esta perspectiva y por eso hemos recibido tan positivamente su designación por los Presidentes de Gobierno de los Estados miembros.
Yo soy uno de los que han negociado como Presidente de Gobierno el mercado único y el Tratado de Maastricht. Pusimos entonces las bases para una nueva relación entre las instituciones. Esperábamos llegar a tener un auténtico gobierno que debía rendir cuentas al Parlamento y que colaborara con el Parlamento. Expreso la esperanza de que usted lo realice con la nueva Comisión, con personas que sean conscientes de esto y que quieran desempeñar este papel político por excelencia.
Aplausos

Cox
Señor Presidente, mientras escuchaba la intervención de la Sra. Green, sentí la necesidad de contrastarla brevemente con la realidad y con los procedimientos de esta Asamblea. ¿Es ésta la misma Pauline Green que en diciembre recomendó que diéramos un voto de confianza sin ni siquiera dudarlo?
Aplausos
¿Es ésta la misma Pauline Green que en enero defendía el carácter de colegio de la Comisión? ¿Es la misma Pauline Green que hoy promueve la responsabilidad individual? La saludo por ser una de las pocas auténticas revolucionarias de esta Asamblea, puesto que en esta cuestión no ha dejado de dar giros.
Aplausos prolongados
Quisiera decir al Sr. Prodi que es muy bienvenido aquí hoy. Es un europeo de primer rango. El Grupo ELDR espera con interés poder profundizar nuestro compromiso y nuestro diálogo con él, y ponemos nuestra mirada en un período muy productivo para el futuro. Pero no corresponde a este Parlamento, en esta legislatura, nombrar al Presidente de la Comisión del milenio. Es responsabilidad moral, política y jurídica de la próxima legislatura. Los recientes acontecimientos exigen, a través del trabajo de esta Asamblea, que establezcamos unas reglas éticas y normativas para el desempeño de los asuntos europeos. Pero es además representativo de una madurez importante del proceso democrático europeo, con importantes repercusiones institucionales y constitucionales. Esta Asamblea ya no volverá a ser el interlocutor menor. No necesitamos ser los primeros entre iguales, pero defendemos el derecho a ser tratados como iguales entre iguales. Es por lo que acojo con satisfacción la presencia del Sr. Prodi en esta primera fase, así como el diálogo que hemos iniciado.
Quisiera decirle, señor Prodi, directamente en nombre de mi Grupo, no como un consejo ni como una orden, sino como una sugerencia que quizá desee sopesar, que en los próximos días -y especialmente mañana, en su diálogo con el Consejo Europeo- debería intentar reivindicar su propia independencia, no sólo respecto de las necesidades de esta Asamblea, sino también de ciertos parámetros del propio Consejo. Creo que es un hombre independiente y así debería reafirmarlo desde el inicio.
Creo que debería explicar al Consejo que no es adecuado que, en un procedimiento en mayo, le elijamos como el jefe legítimo de lo que sería una Comisión ilegítima. Creo que no debería lanzar su proyecto en semejante mar de ambigüedades políticas e institucionales. Me gustaría pensar que en mayo podremos confiarle el mandato político para actuar como formateur para que salga de esta Asamblea, en mayo, y comience a explorar a fondo, como formateur con un mandato político, qué podría hacer. Sería muy lamentable que arrancara en un procedimiento en el que sea legitimado por una Comisión como colegio -no hablo de individuos, sino de un colegio- que está desacreditada.
En el contexto de actuar como un hombre independiente, también es correcto que se plantee conseguir un buen proyecto, en vez de precipitarse. Lo que usted tiene entre manos es de vital importancia para todos nosotros. Tomo nota de su discreción política al afirmar que retira su participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Dicha discreción es su elección y yo la respeto. Pero quisiera decirle: comprométase en dichas elecciones; defienda su convicción política y luche por la causa con aquellos compañeros de la lista que usted ya no encabezará. Al hacerlo, usted, Romano Prodi, demostrará que acude a nosotros no como un burócrata, no como un técnico, sino como alguien que se dedica a la política europea, y que como político dirigirá una Comisión fuerte, independiente y política. Si usted decide ser independiente, ser político, nos hará un gran favor a todos nosotros.
Aplausos

Pasty
Señor Presidente, señorías, el procedimiento que iniciamos en el día de hoy con vistas a designar una nueva Comisión, que tendrá como tarea terminar el mandato de la Comisión anterior obligada a dimitir de forma colectiva para evitar una moción de censura, es totalmente inédito.
Este contexto particular implica dos consecuencias. En primer lugar, la puesta en marcha de un nuevo colegio debería ser lo más rápida posible, ya que no es sano dejar demasiado tiempo en funciones a un organismo debilitado que no puede, en función de los Tratados, más que tramitar los asuntos ordinarios, noción ésta cuyos contornos son, por cierto, bastante vagos. Corresponde a los diferentes Gobiernos designar lo más rápidamente posible a sus Comisarios con el fin de que el Parlamento Europeo esté en condiciones, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, de confirmar el nombramiento de un nuevo colegio, que podría producirse, en el mejor de los casos, en la prolongación de la sesión constitutiva que tendrá lugar tras las elecciones de junio.
En segundo lugar, no sería bueno que el procedimiento de designación de la nueva Comisión, cuyo mandato expira a final de año, chocara contra el procedimiento iniciado para la puesta en marcha de la Comisión que deberá designarse para cubrir un mandato normal de 5 años a partir del año 2000. Este choque tendría el inconveniente máximo de hacer que se olviden las razones profundas que nos conducen, hoy, a poner en marcha un nuevo equipo, a saber, la necesidad de una reforma interna profunda, de gran envergadura, unas estructuras, unos procedimientos y unos modos de funcionamiento de la Comisión.
Acaso no sea una tarea vivificante para el presidente propuesto, pero responde a una necesidad inmediata e incuestionable. En efecto, la acción emprendida por el Parlamento Europeo, que ha conducido a la dimisión del equipo Santer, quedaría vaciada de sentido si esta prioridad de reordenación de la institución no la comprendiera perfectamente el nuevo colegio.
Ello supone una reflexión profunda. Es indispensable que la Comisión vuelva a centrarse en las únicas atribuciones que los Tratados le confieren expresamente, en el respeto por el principio de subsidiariedad consagrado de nuevo por el Tratado de Amsterdam.
Debe volver a ser lo que era en su origen, es decir, una administración de misión, encargada de hacer propuestas a las autoridades políticas que son el Consejo y el Parlamento Europeo y dar luz a sus decisiones, y no el esbozo de un gobierno europeo investido de tareas de gestión múltiples y mal controladas. La gestión de las políticas comunes ha de ser ampliamente descentralizada, lo que implica simultáneamente un refuerzo sustancial de los organismos de control y la puesta en marcha de una oficina central de lucha contra el fraude, independiente y dotada de los medios indispensables para el ejercicio de su misión.
A la luz de las conclusiones que alumbre el comité de expertos independientes, que deberían estar disponibles en septiembre, corresponde a la Comisión poner en marcha un verdadero control financiero interno, unos procedimientos de adjudicación de contratos que sean profesionales y totalmente transparentes y unos procedimientos de contratación y gestión de personal que pongan definitivamente fin al nepotismo y al favoritismo que en el pasado reciente y de forma injusta han mancillado la reputación de una administración cuyas competencias y disponibilidad están reconocidas por todos. Será necesario, finalmente hacer limpieza y podar las ramas secas a la luz de los procedimientos disciplinarios y judiciales actualmente iniciados.
Esto es, señor Presidente, lo que esperamos de usted en los meses venideros. Su visión del futuro de la construcción europea nos interesa mucho, pero no debería dispensarle de poner en marcha de forma prioritaria la institución que tendrá la responsabilidad de dirigir cuando su designación se vea confirmada por el Parlamento Europeo.
Aplausos

Puerta
Señor Presidente, nuestro Grupo -Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica- quiere agradecer al Sr. Romano Prodi su presencia hoy en el Parlamento.
El significado político para nosotros es claro. No quiere ser simplemente el presidente designado por el Consejo, el presidente de los Gobiernos, sino el presidente de los ciudadanos a través de su relación con el Parlamento Europeo.
Sabemos que este nombramiento de presidente se va a hacer en unas circunstancias muy difíciles de la construcción europea. No solamente hay crisis institucional. Hay una crisis en el conjunto de Europa. 42 años después del Tratado de Roma, 10 años después del final de la guerra fría -como el mismo Sr. Prodi ha dicho- hay guerra en Yugoslavia. Hay una conculcación de los derechos humanos en los Balcanes y, especialmente, en Kosovo. Hay una intervención militar de la OTAN. Y hay una gran ausencia de las instituciones europeas, de la identidad europea.
¿Sería pensable la gestión del euro sin que funcionara plenamente el Banco Central Europeo? ¿Cómo vamos a admitir que funcione la política europea con una Comisión en funciones y, además, con un Parlamento que está terminando su andadura en esta cuarta legislatura desde el año 1979?
Aquí podemos discutir si queremos más Europa o menos Europa. Yo soy de los que desean más Europa. Pero todos estamos de acuerdo -y se lo trasladamos al candidato - en que todos queremos más democracia en las actuales competencias europeas; todos deseamos más eficacia en la gestión de las políticas sectoriales. En esto podemos coincidir.
Para nosotros hay un marco de cuatro condiciones o características que delimitan esta nueva etapa de la Comisión Europea: la legitimidad democrática, la transparencia, la responsabilidad política, tanto colegiada como desglosada, de los comisarios ante este Parlamento, y la eficacia para cumplir los objetivos.
Una responsabilidad política ante un Parlamento adulto. Hay que decirlo en voz alta. Un Parlamento adulto que pronto comenzará su quinta legislatura y que no ha trasladado sus competencias y su responsabilidad a ningún comité de expertos. Solamente le ha pedido un informe para establecer unas situaciones.
Yo no voy a hablar de la buena responsabilidad que ha tenido mi Grupo en toda esta crisis porque hay ese viejo adagio latino de excusatio non petita, accusatio manifesta . Simplemente, me remito a los hechos y a nuestra trayectoria.
Al Sr. Prodi queremos finalmente decirle, en cuanto a su investidura, que no vamos a votar con ningún a priori . Naturalmente que vamos a conocer su perfil, que conocemos su historia como político italiano y europeo, pero vamos a votar según los objetivos y programas que plantee en la sesión de investidura, según la credibilidad que nos merezca su voluntad de cambio y las propuestas de reforma necesarias, según su estrategia política para resolver los difíciles retos de la sociedad europea.
Nos preocupa el calendario de su nombramiento y el de la Comisión, y tenemos a la vez dos criterios. Nuestro Grupo desea un procedimiento rápido y una presentación clara de los comisarios según el Tratado de Amsterdam. Ya no tenemos preocupación por la presentación del Sr. Prodi en las elecciones italianas. Él ha despejado de forma digna y seria estos problemas.
Termino ya, señor Presidente, diciendo que, ante los graves problemas de la ampliación y de las políticas sociales y económicas, nosotros nos planteamos que haya ese presidente no solamente de las instituciones sino de los ciudadanos europeos.

Aelvoet
Profesor Prodi, Presidente del Parlamento, sus logros en Italia le avalan sin duda como un candidato válido ya que ha realizado una labor que nadie hubiera considerado posible y en la Unión Europea se ve enfrentado a unas labores igual de difíciles, si no son aún más difíciles. Vaclav Havel dijo alguna vez: ¿para qué sirve la más bella arquitectura si no tiene alma? Usted ha hecho declaraciones en las últimas semanas diciendo que la Unión Europea necesita un alma. ¿Pero eso qué significa concretamente? Nosotros pensamos que dependerá sobre todo de que usted convierta esta Unión, que está todavía tan alejada de los ciudadanos y que ha quedado tan profundamente desacreditada por la mala gestión y el fraude, en una Unión democrática y transparente que demuestre que puede cargar con su responsabilidad y que está dispuesta a rendir cuentas a los ciudadanos y al Parlamento elegido. Su nombramiento ha llegado rápido y eso es positivo. Sin embargo, otra cosa es el problema de la Comisión dimisionaria que ya no dispone de la confianza de este Parlamento, que ha quedado realmente desacreditada, que se queda en funciones hasta septiembre. Señorías, esto nos crea una situación políticamente imposible, indigna de este Parlamento. En el momento en que la Unión necesita dinamismo, en que estamos afrontando una gran catástrofe política en Yugoslavia y fuera de ella, estamos con las alas rotas. De ahí que le pidamos, Señor Prodi, que ponga todo de su parte para presentar lo más rápido posible una Comisión dinámica y combativa a este Parlamento.
Por esa razón, nos parece de la mayor importancia que usted venga con buenas propuestas para la reforma de la Comisión Europea, de tal forma que sea realmente capaz de asumir la responsabilidad colectiva y en la que también esté regulada la responsabilidad individual de los Comisarios y la responsabilidad de los directores generales, porque también a ese nivel hay que cambiar algo. Echamos en falta en su exposición una referencia a la necesidad de corregir radicalmente la política económica de la Unión Europea puesto que la creencia en el crecimiento indiscriminado ignora la necesidad absoluta de una estructura ecológica de nuestras economías. Esperamos de usted que adopte la propuesta del Parlamento: designar a más mujeres en la Comisión Europea y procurar que puedan contribuir de forma competente a la progresiva ampliación de una parte de nuestro acervo comunitario correspondiente.
Por último, nos parece estupendo que usted haya comunicado hoy aquí que no es candidato. Esta es una decisión política, digna de un europeísta. Para terminar queremos decir que esperamos una Comisión fuerte, pero una Comisión que tolere ser controlada por un Parlamento fuerte. Sólo entonces vamos a tener una nueva base de confianza.

Lalumière
Señor Presidente, señor Presidente designado, su presencia en el día de hoy es un signo muy positivo, en el espíritu del Tratado de Amsterdam, que ha de entrar en vigor próximamente, y nuestro grupo se lo agradece.
En el transcurso de las entrevistas que ha mantenido con los diputados europeos, ha percibido ya las expectativas, y diría incluso las grandes esperanzas en relación con la nueva Comisión, ya se trate de la Comisión interina o, más adelante, la Comisión definitiva, que entrará en funciones en enero del año 2000. Naturalmente, estas esperanzas se orientan en primer lugar al nuevo Presidente de la Comisión, cuyo papel será totalmente primordial.
Desearíamos, y debería decir, queremos, una Comisión fuerte, lo que significa en primer lugar un Presidente fuerte. La crisis que vivimos, la dimisión de la Comisión saliente bajo la presión del Parlamento ha sido provocada en primer lugar por una pérdida de autoridad de la Comisión, a lo largo de meses y de años. Si bien es cierto que en los cinco últimos años se ha realizado un trabajo importante - pensemos, por ejemplo, en la moneda única - esta pérdida de autoridad es grave, ya que la Unión Europea necesita una Comisión políticamente fuerte. Ha de ser fuerte frente a los Gobiernos, sobre todo si su número aumenta tras las ampliaciones. Ha de ser fuerte frente al Parlamento, al ser precisamente su responsabilidad política uno de los elementos de esta fuerza. Ha de ser fuerte frente a la opinión, ya que, se quiera o no, la Comisión encarna a la propia Unión Europea.
Pero esta fuerza política, que es nuestra principal demanda con respecto a la futura Comisión, se acompaña de otras demandas que tienen relación principalmente con el funcionamiento interno de esta Comisión.
La crisis que ha conducido a la Comisión saliente a dimitir ha tenido como causa inmediata - aunque hayan existido, como acabo de decir hace unos instantes, otras causas profundas - fallos de funcionamiento, en primer lugar en la organización y el funcionamiento del Colegio de Comisarios, en segundo lugar en la organización y el funcionamiento de los servicios bajo autoridad de los Comisarios.
Podemos preguntarnos también sobre las atribuciones cada vez más numerosas confiadas a la Comisión. Este crecimiento cuantitativo de las tareas parece, en cualquier caso y paradójicamente haber debilitado su prestigio, no parece haberle servido. Eso nos interpela.
Señor Presidente designado, su trabajo, debería decir su misión, será enorme. Ha demostrado ya en Italia que es capaz de asumirla. También soy sensible a todo lo que acaba de decir ante nosotros, en su intervención preliminar, también a su preocupación por reforzar el vínculo democrático entre los miembros de la Comisión y el sufragio universal.
En nombre de mi grupo, señor Presidente designado, le deseo mucho coraje y todo el éxito.
Aplausos

Bonde
Señor Presidente, la Europa de las Naciones también quiere felicitar al Sr. Prodi por su designación. Nos pareces un centralista, un ultrafederalista partidario de los Estados Unidos de Europa y por ello votaremos en contra de tu elección. Para nosotros, eres un segundo Jacques Delors. La Europa de las Naciones te garantiza una oposición crítica y constructiva. Seremos críticos cada vez que propongas un paso encaminado a aumentar la Unión. Seremos constructivos siempre que exista una mínima oportunidad de aumentar la transparencia en los pasillos de la Comisión. Lo que ahora necesitamos no es una nueva Comisión, sino un equipo de limpieza compuesto por personalidades independientes que puedan retirar de manos de la Comisión aquellas tareas que no sobrepasan las fronteras y poner en práctica una absoluta transparencia para aquellas tareas que se mantengan en manos de la Comisión. Hace falta una ley administrativa moderna con responsabilidades descentralizadas y que acarree consecuencias para aquellos que no cumplan con estas responsabilidades. Hay que acabar con 50 años de cultura de la opacidad y de gremios de privilegiados. El funcionario que acudió al Parlamento con la acusación de fraude debe volver a ser contratado con su sueldo íntegro y aquellos que obstaculizan el esclarecimiento de los diversos casos deben ser despedidos. Es un escándalo que tras su dimisión la actual Comisión decida que el Sr. Van Buitenen no puede ayudar a la policía belga a esclarecer alguno de los casos que han motivado la caída de la Comisión. Los funcionarios de la Comisión deben servir a la democracia de nuestros países y no a nuevos señores feudales. Por una enemistad política y por una amistad personal: ¡Benvenuto, Signor Prodi!

Muscardini
Señor Presidente, Alianza Nacional condiciona su aceptación a los compromisos que usted asuma formalmente en lo relativo a las reformas institucionales de la Unión -que el Tratado de Amsterdam lamentablemente no refleja de una manera adecuada- y a la puesta en marcha de la Unión política.
La trágica situación de Kosovo, la intervención militar de la OTAN, si fuese necesario aludir a ello, demuestran la necesidad impostergable de que la Unión Europea elabore una política exterior y de defensa común, sin la cual es como si Europa no existiera. Los hechos de estos días han subrayado la ausencia de Europa como entidad independiente. Nunca como ahora los acontecimientos que estamos viviendo demuestran -se ha comprobado de un modo más que evidente- la urgencia de una identidad política europea, es decir, de un elemento que, dentro del respeto de las alianzas aceptadas, sea reconocible en el contexto internacional.
El Consejo Europeo había dicho hace tiempo que designaría al nuevo Presidente antes de las elecciones. Lo que nos desagrada es que usted llegue a verse condicionado en sus opciones italianas por las izquierdas europeas que, de una manera más o menos subrepticia, quieren impedirle que se presente a las elecciones. Sin embargo, en lo que nos importa -aquí hablamos de Europa-, un arreglo democrático consolidado para la próxima Comisión debería permitir que las fuerzas políticas sometiesen a la Asamblea las candidaturas para la Presidencia de la Comisión, y no que tuvieran que pronunciarse tan sólo sobre las propuestas de los Gobiernos. Por lo tanto, Sr. Presidente, nosotros le pedimos una etapa de reformas y de cambio, como ha anunciado usted en su intervención, pero que se trate de reformas verdaderas y no sólo de propuestas ambiguas: una Unión política para dar solidez a la unión económica, para tener una política exterior, para ocuparse del Mediterráneo, como ha dicho usted, pero también de la inmigración y del delito, además de las ayudas humanitarias, incluso en lo relacionado con esos productos agrícolas que Europa sigue desechando o deja de producir y que tanto penalizan a nuestra economía; el acuerdo tarifario también se revisa porque, a pesar de nuestras buenas relaciones con Estados Unidos, no podemos aceptar ningún chantaje en la salvaguardia de nuestras manufacturas y de nuestro sistema productivo respecto a los productos de los países terceros que estamos obligados a importar sin que se paguen derechos, y que provienen de manifiestas prácticas de dumping .
Pues bien, Sr. Presidente, también se proyecta el futuro exigiendo reglas sociales claras a los países a los que la Unión Europea presta ayuda, a los países terceros, a los cuartos, incluso a las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, para una ampliación que no tenga como resultado una magnificación de la pobreza y del paro, sino que se funde en el relanzamiento de la economía europea basada en la calidad de los productos: es evidente que, si no podemos ser competitivos en los precios, debemos serlo en la calidad. Por lo tanto, habrá que proyectar el futuro recurriendo a una Comisión y a un Parlamento que lo programen juntos, recordando al Consejo que no puede hablar sobre todas las cosas y decidirlo todo, porque de lo contrario los ciudadanos europeos tendrán la sensación de no contar ya para nada.
¡Esto es empezar a proyectar el futuro!

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente designado de la Comisión, ha declarado usted que quiere una Europa fuerte. Temo que, con su actitud, contribuya a la desaparición definitiva de la Unión Europea.
Comienza por aceptar que las disposiciones del Tratado no sean aplicadas correctamente. El artículo 159 exige la designación, en los plazos más breves posible, de nuevos comisarios. Exige también que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de una Comisión que estaría vigente seis meses, antes que un nuevo Parlamento se pronuncie a favor de una Comisión que estaría en funciones durante cinco años.
Se dispone también a aceptar la responsabilidad de la Presidencia de la Comisión sin extraer lecciones de lo que ha pasado. La Comisión - y está usted rodeado de Comisarios dimisionarios - se ha puesto en tela de juicio por primera vez por la mayoría del Parlamento que se negó a aprobar la gestión del año 1996. Las cuentas de este año 1996 no están por consiguiente cerradas. En segundo lugar - aunque no agrade a la Sra. Green que hablaba de juego político, cuando es ella la que lo ha practicado a lo largo de todo el año - la Comisión ha sido censurada por 232 votos, no tal o cual Comisario sino la Comisión en su conjunto, como colegio. Y el Comité de expertos ha sido extremadamente severo en su informe y en sus comentarios al declarar que ningún Comisario debía ser nombrado de nuevo.
Si quiere usted una Europa fuerte, debe actuar para que con rapidez se ponga en marcha una nueva Comisión encargada de hacer limpieza, de poner remedio al mismo nivel que se ha hecho el diagnóstico y de cambiar definitivamente su modo de funcionamiento; a falta de todo ello, va usted a asesinar a Europa.

Le Pen
Señor Presidente, las palabras vuelan, pero también vuelan los ángeles de sexo indeterminado. También los aviones que bombardean y sus bombas que matan.
Deseo elevar aquí la más solemne protesta contra la política de guerra en Europa, apoyada por la Unión Europea a las órdenes de los americanos.
Exclamaciones
Esta criminal política de agresión contra Serbia y su pequeño pueblo heroico es jurídicamente una violación de la Carta de la ONU e incluso del Tratado de la OTAN, y en lo que respecta a Francia, de su Constitución.
El bombardeo continuo de objetivos económicos y de poblaciones civiles es uno de los actos más ruines e imperdonables desde hace 50 años. Dios quiera que no hayan sido ustedes los aprendices de brujos de la Tercera Guerra Mundial.
Reacciones diversas

El Presidente
Doy la palabra a la Sra. Green en virtud del artículo 108. Quisiera recordarle que toma la palabra para rebatir las observaciones que se han hecho sobre su persona en el transcurso del debate u opiniones que se le atribuyen, o para corregir observaciones que usted misma ha hecho.

Green
Señor Presidente, deseo hacer una declaración personal, porque se ha hecho alusión a mi nombre.
Deseo decir que para un diputado británico, el toma y daca de la política partidista que hemos oído aquí esta mañana es realmente como el maná caído del cielo, y quiero decir a los que me gritan que realmente me sienta estupendamente. Observo que el nivel de abuso personal hacia mi persona desde la derecha de esta Asamblea ha aumentado a medida que ha ido cayendo la suerte política de la derecha en toda la Unión Europea.
Reacciones diversas
Puedo aceptarlo, y la sociedad europea sabe que fue el Partido Popular Europeo el que rompió de arriba abajo en marzo la moción de censura en esta Asamblea, en la que la mayoría votó a favor de la posición Socialista.
Reacciones varias
Sus gritos y sus abusos van encaminados a oscurecer este hecho. El Sr. Martens se jacta al decirnos en esta Asamblea que en marzo su partido pidió la dimisión de la Sra. Cresson. Pero se olvida decir a la Asamblea que él, y su partido, también pidieron la dimisión de otros Comisarios que han sido declarados no culpables por el Grupo de Expertos Independientes.
Por último, permítame decir al Sr. Cox que su declaración se ajusta al oportunismo barato que ha hecho famosa a su familia política.
Reacciones diversas

El Presidente
Voy a dar la palabra al Sr. Martens por la misma razón, pero pediré que se dejen de citar continuamente nombres de personas, que hace esta cuestión interminable. Señor Martens, tiene el mismo derecho, y tiene la palabra.

Martens
Presidente, me parece que la Sra. Green tiene la mala costumbre de interpretar una observación política como una observación personal.
Aplausos
Sólo quiero añadir que ella puso sobre la mesa una moción de censura en enero de este año diciendo que el grupo parlamentario socialista iba a votar en contra. Eso fue el comienzo de la crisis y si te critican por este error político no debes interpretarlo como una observación personal.
Aplausos

El Presidente
De acuerdo con lo que estaba establecido, el Sr. Prodi contestará a todas las intervenciones en el próximo debate de investidura. Tenemos, en este momento, 200 votaciones para hoy y 300 para mañana. Con lo cual, como llevamos un cuarto de hora de retraso, vamos a iniciar las votaciones sin interrumpir la sesión.

Votaciones
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/117/CEE relativa a las medidas de protección contra determinadas zoonosis y determinados agentes productores de zoonosis en animales y productos de origen animal, a fin de evitar el brote de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos (COM(99)0004 - C4-0068/88-99/0003(COD))Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión

El Presidente
Acabamos de completar la votación sobre uno de los Informes Kittelmann. Se me comunica que los informes están disponibles en todas las lenguas, y habida cuenta de que la Asamblea ha votado a favor de conceder la urgencia a este asunto, debo pasar a la votación.
Recomendación (A4-0126/99) de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la postura de la Comunidad Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas relativo a las prescripciones uniformes de homologación de los vehículos cisterna de las categorías N y O en lo que se refiere a la estabilidad frente al vuelco (12832/98 - COM(98)0564 - C4-0098/99-98/0292(AVC)) (Ponente: Sr. Kittelmann)
El Parlamento aprueba la decisión
Recomendación para la segunda lectura (A4-0152/99) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva Consejo por la que se enmienda por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo y por la que se amplía su ámbito de aplicación a los mutágenos (13835/1/98 - C4-0002/99-98/0093(SYN)) (Ponente: Sr. Damião)
El Parlamento declara aprobada la posición común así modificada
Informe (A4-0134/99) del Sr. Weber, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba el Acuerdo de modificación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Canadá (COM(98)0664 - C4-0703/98-98/0316(CNS))
El Parlamento aprueba la resolución legislativa
Informe (A4-0142/99) de la Sra. Plooij-van Gorsel en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta modificada de reglamento (CE) del Consejo relativo a la ejecución por la Comisión de un programa de medidas y acciones específicas para mejorar el acceso de los bienes y de los servicios transfronterizos de la UE a Japón (COM(95)0188 - COM(98)0722 - C4-0062/99-95/0116(CNS))
El Parlamento aprueba la resolución legislativa
Informe (A4-0127/99) de la Sra. Flemming, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad, de la modificación del Anexo I y a la adopción de los nuevos Anexos VIII y IX al Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos (Convenio de Basilea), según lo fijado en la Decisión IV/9 de la Conferencia de las Partes
El Parlamento aprueba la resolución legislativa
Informe (A4-0144/99) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el III informe de la Comisión sobre las negociaciones relativas al acceso a los mercados de contratación pública de terceros países en los ámbitos contemplados por la Directiva 93/38/CEE (Directiva de servicios públicos) (COM(98)0203 - C4-0457/98)
El Parlamento aprueba la resolución
Informe (A4-0172/99) de la Sra. Kestelijn-Sierens, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo «Fomento del espíritu empresarial en Europa: prioridades para el futuro» (COM(98)0222 - C4-0557/98)
El Parlamento aprueba la resolución
Informe (A4-0147/99) del Sr. Kenneth D. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el fundamento jurídico de la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los laboratorios de referencia para el control de las contaminaciones bacteriológicas y virales de los moluscos bivalvos (9594/97 - C4-0014/99-97/0182(CNS))
El Parlamento aprueba la resolución
Informe (A4-0179/99) de la Sra. Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el fundamento jurídico de la propuesta y la propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión 93/383/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993, relativa a los laboratorios de referencia para el control de biotoxinas marinas (10339/96 -C4-0013/99-96/0234(CNS))
El Parlamento aprueba la resolución

Billingham
Señor Presidente, deseo referirme a la enmienda 12. No obstante, antes de hacerlo, quisiera pedir disculpas a la Asamblea. Anoche no estaba presente cuando se procedió al debate de mi informe. Salí ayer a media tarde del aeropuerto de London City. Llegué aquí diecisiete horas más tarde. Para terminar de arreglar las cosas, extraviaron mi equipaje. Por eso me vi privada de la oportunidad de intervenir sobre este valioso informe que hace más segura la utilización de vehículos a motor para todos los ciudadanos de Europa. Estoy perfectamente informada sobre la enmienda del Sr. Rübig, que apruebo y recomiendo a la Asamblea que le dé su voto favorable. Es una mejora respecto de la enmienda aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Aplausos

El Presidente
Debo decir que está usted muy elegante esta mañana. Nadie pensaría que no ha llegado su equipaje.
Risas
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

d'Ancona
Presidente, présteme su atención un momento. Ayer constatamos en el pleno que este informe sobre drogas por primera vez puede contar realmente con un amplio apoyo, pero que no se podía romper ese equilibrio. Yo misma había presentado una enmienda y en el debate resultó que eso era algo que podía causar algunos problemas. Le pido que se suprima en la enmienda 9 la palabra «incontrolado» en el último renglón o que se acepte una votación por separado en que se pueda votar a favor o en contra de esa palabra. Pero prefiero que se tache la palabra «incontrolado».
El Parlamento aprueba la resolución

Elliott
Señor Presidente, hoy hemos recibido un documento de los servicios del Parlamento en el que se nos informa sobre las medidas que debemos adoptar los diputados de cara al traslado al nuevo edificio IPE IV. La mayoría de los diputados aún no han visitado el edificio IPE IV, aunque he podido saber que muchas personas que no son diputados sí lo han hecho. Me pregunto si durante el próximo período parcial de sesiones podrían tomarse las medidas oportunas para que los diputados que lo deseen visiten por primera vez el edificio.

El Presidente
No veo ningún impedimento para ello. Sugiero que se ponga en contacto con el servicio de seguridad si desea realizar una visita con guía. El problema hasta ahora ha sido que se han proseguido los trabajos en el edificio. También sugeriría la posibilidad de que se formen grupos de diputados para la visita.

Wolf
El programa IDA tiene el objetivo hacer posible y fomentar el intercambio electrónico de datos entre las administraciones de la Unión Europea. En el marco de la primera decisión sobre el IDA, se han aplicado o iniciado varios proyectos sectoriales. No obstante, prevalecen algunos problemas de compatibilidad. La nueva propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (A4-0131/99) y sobre la adopción de un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones, así como el acceso a las mismas (A4-0130/99), se centra en la idea de compartir conceptos, comunes, herramientas y servicios genéricos entre las diferentes redes y aplicaciones.
La posición común del Consejo respalda plenamente o en principio la mayor parte de las enmiendas presentadas por el PE en la primera lectura. Los únicos puntos polémicos restantes han vuelto a ser presentados por la ponente, Sra. Read. En ellos se pide que se establezca como objetivo de la Directiva «que beneficie a las personas de la Unión Europea» (en vez de a los ciudadanos, que es lo que dice la posición común) y que la evaluación de las redes telemáticas por la Comisión sea presentada no sólo al Consejo, sino también al Parlamento.
Felicito a la Sra. Read una vez más por la constante alta calidad del trabajo que ha venido realizando en el ámbito de definir un nuevo marco regulador para los principales aspectos de la sociedad de la información que tenemos el deber común de compartir ahora y en el futuro inmediato.
Informe Bontempi (A4-0133/99)
Berthu
Señor Presidente, el plan de acción sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, presentado por la Presidencia austríaca y adoptado por el Consejo Europeo de Viena de diciembre de 1998, es un texto bastante riguroso, que busca claramente extraer las disposiciones del Tratado de Amsterdam de forma realista. No se puede decir lo mismo del informe del Parlamento Europeo sobre el mismo tema que esta Asamblea acaba de aprobar en el día de hoy y que, como de costumbre, intenta satisfacer las manías federalistas, en lugar de las necesidades reales de los ciudadanos.
Por ejemplo, el plan de acción del Consejo Europeo declara de entrada que la libertad de circulación es, sin duda, un objetivo fundamental del Tratado, pero ha de apreciarse ampliamente teniendo en cuenta los imperativos de seguridad. La libertad de los ciudadanos va más allá de la libertad de circulación, declara el texto, y cito: «también es la libertad de vivir en un ambiente en el que se respeta la ley».
Inmediatamente después, al referirse a las políticas de inmigración y de asilo, el texto del consejo añade: «conviene conceder en particular, la prioridad a la lucha contra la inmigración ilegal».
En el informe del Parlamento Europeo, el tono cambia completamente. La gran prioridad se convierte en: «una definición más avanzada de los derechos fundamentales y de la ciudadanía europea», como si los países miembros vivieran en un Estado de semibarbarie, donde los derechos de la persona fueran constantemente violados y donde, desde hace siglos, se esperara la aparición de los eurócratas para hacer que reine por fin el estado de derecho. Se nos toma a todos claramente por retrasados.
En esas condiciones, no sorprende constatar que cuando se llega a las cuestiones de circulación de las personas, el Parlamento Europeo coloca la libertad de circulación en la cúspide de los derechos comunitarios, mientras que la lucha contra la inmigración ilegal se ve ahogada en medio de una enumeración de objetivos diversos. Evidentemente, estamos más cerca de la concepción del Consejo, aclarando, claro está, que cada Estado miembro ha de conservar la soberanía sobre su territorio.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. Por este motivo damos la bienvenida al informe de Bontempi. No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados.

Blak, Iversen y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido en la votación del informe del Sr. Bontempi. El informe analiza ampliamente los diversos instrumentos que han de garantizar la entrada en vigor de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Los socialdemócratas daneses somos partidarios de garantizar los derechos fundamentales a todas las personas que viven en la Unión Europea. Con todo, el informe contiene algunas peticiones a las que somos contrarios. Se trata de la introducción del Corpus Juris , la armonización de las disposiciones relativas a la asistencia legal y las competencias operativas para Europol. Por ello nos hemos abstenido en la votación del informe en su conjunto.

Caudron
Recibo con gran satisfacción este informe. Hace un análisis justo del plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre el establecimiento de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Este plan responde a la demanda del Consejo Europeo de Cardiff y se inscribe en la actuación clara y ambiciosa que consiste en comprometer a la Unión en la vía de las reformas que la acerquen a los ciudadanos europeos.
Un espacio así se construye evidentemente de manera progresiva. En algunas etapas importantes se considerará el acuerdo de Schengen, el Tratado de Maastricht y, por supuesto, el Tratado de Amsterdam. Me felicito además por la inserción de un nuevo título en el Tratado de la Comunidad Europea titulado «visados, asilo, inmigración vinculados a la libre circulación de personas», que permitirá mejorar la coherencia en ámbitos clave que afectan directamente a los ciudadanos europeos. Señalo por el contrario mi desacuerdo con el mantenimiento de la cláusula de exención de la que disfrutan el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Todo el mundo conoce el coste exorbitante en términos de coherencia de una Europa a la carta.
Los desafíos vinculados a la creación de un espacio son extremadamente importantes. Y con toda razón el ponente afirma que eso debe convertirse en una de las prioridades de la Unión. Apoyo esta idea ya que necesitamos responder a las expectativas de los ciudadanos europeos. Ahora bien, estos últimos aspiran a vivir con seguridad en el seno de las fronteras de la Unión Europea. La respuesta a esta demanda legítima pasa por mejores controles en las fronteras y por la prevención de la delincuencia.
Tener seguridad significa también saber que se pueden hacer valer los derechos individuales teniendo la posibilidad de recurrir a la justicia. Sabemos, y yo de forma especial, que los litigios transfronterizos plantean a veces problemas inextricables. Por tanto, es preciso hacer hincapié en simplificar los recursos a los tribunales y facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los diferentes Estados miembros.
Finalmente, uno de los puntos fundamentales sigue siendo la redacción de una carta de los derechos fundamentales. Un texto así identificará con claridad los derechos que los ciudadanos pueden hacer valer en el seno de la Unión Europea. Por tanto, tomará cuerpo la famosa ciudadanía europea que, en gran medida, sigue siendo una concha vacía. El nivel de esos derechos ha de ser tan elevado como sea posible. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha de ser garante de esos derechos. También, considero absolutamente inaceptable que su competencia se vea limitada por estas cuestiones.
Deseo que el debate que tendrá lugar en octubre de 1999 en Finlandia sobre este tema sea fructífero, ya que si bien los avances son ciertos, aún persisten lagunas. La función del Parlamento Europeo ha de ser la de superar la de simple consulta y la regla de la unanimidad ha de desaparecer para dejar lugar a la de una mayoría cualificada.

Lindqvist (ELDR), Eriksson, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Lindholm (V), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN)
Votamos en contra del informe del Sr. Bontempi relativo a las disposiciones por la que se crea un espacio de libertad, seguridad y justicia, porque pensamos que el informe sitúa el estado federal europeo en lo más alto de la lista de prioridades de la UE.
En el informe se destaca la adhesión al llamado borrador de Corpus Juris que tiene por objeto implantar «un fiscal público europeo», el cual se ocupará de la instrucción y al mismo tiempo se señala la necesidad de que se fijen unas normas mínimas sobre lo que constituyen acciones criminales y sobre las penas a aplicar. De llevarse estos esfuerzos a la práctica, significaría la creación no sólo de un ámbito político, sino también de un ámbito jurídico comunitario dentro del cual los países miembros se verían forzados a armonizar sus diferentes tradiciones legales y sus diferentes criterios morales sobre lo que constituyen acciones criminales. Por este motivo, pensamos que la cooperación comunitaria da un paso importante hacia la creación de un verdadero estado federal. Nadie conoce qué implicaciones pueden traer consigo las propuestas incluidas en el informe, sin embargo, es evidente que las intervenciones propuestas en el derecho nacional chocan, por ejemplo, con las excepciones que cada país miembro mantiene de cara a los entes jurídico y policial.
Los esfuerzos de la UE por crear un ámbito de libertad, seguridad y justicia tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica de la persona. Creemos que la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en los sistemas jurídico y policial no se ven fortalecidas socavando las diversas tradiciones legales de los países miembros ni transfiriendo competencias a un sistema que no goza de suficiente respaldo entre la población de los Estados miembros. Por ello, las disposiciones relativas al ámbito interior y judicial deben seguir en manos de los estados nacionales.

Palm, Theorin y Wibe
Por muchos motivos no podemos dar nuestro apoyo a este informe.
El ponente es de la opinión que la delincuencia debe ser combatida en el seno de la UE y que Europol debe tener facultades operativas. En primer lugar, creemos que es innecesario crear una nueva organización cuando ya existe Interpol, con cerca de 150 países miembros, y que funciona excelentemente. Además, Europol no es democrática en su estructura. Estamos firmemente convencidos de que Europol conllevará amenazas a la integridad personal de las personas y que la seguridad ante la ley se transformará en ausencia de derechos.
En nuestra opinión, no es deseable que se armonicen las políticas de los países miembros en materias tales como visados, inmigración y asilo. En tanto de hecho se solicite asilo en una nación determinada, la armonización carecerá de sentido.
El ponente quiere que se armonice el derecho privado internacional. Esto no es deseable puesto que los criterios nacionales, especialmente en derecho de familia, difieren enormemente en los países miembros. Además, es innecesario porque las reglas de derecho privado respecto a los contratos, que han sido el principal argumento de los comerciantes, ya están contempladas en la Convención de Roma. Lo mismo vale para la idea del informe en torno al reconocimiento de jueces. Esto ya está regulado en muchos aspectos en las Convenciones de Bruselas y de Lugano y también en otra convención que se está redactando sobre derecho de familia. La conclusión es que parece que el ponente se ocupa de las armonizaciones por puro gusto.
En cuanto a la armonización del derecho procesal, la organización y funcionamiento de los tribunales son un componente importante de la cultura judicial nacional, que es muy diferente en los distintos Estados miembros.
En materia penal, es necesario comprobar que se usa una definición muy amplia para distinguir entre los delitos que pueden ser armonizados. Vale la pena recordar que en Alemania y en Francia, por ejemplo, está prohibido negar las llamadas verdades históricas, lo que está en abierta contradicción con la libertad de expresión sueca. El derecho penal es la máxima expresión de poder compulsivo del Estado y es muy importante que las decisiones que afecten su contenido y formas de aplicación se adopten de manera realmente democrática. No merece la pena arriesgarse a tener que redefinir los contenidos del derecho penal sólo porque se pretende castigar ciertos delitos más severamente.
Finalmente, también se quiere abolir el requisito de doble penalización en casos de extradición, es decir, que ella sólo puede concederse si el hecho es constitutivo de delito en ambos países. Esta exigencia existe para que se puedan defender ciertos criterios sobre lo que se considera delictivo. En consideración a las grandes diferencias existentes en los países miembros en esta materia, debe mantenerse el requisito.
Informe Schmid (A4-0141/99)
Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Opinamos que este informe es muy bueno. No obstante, disentimos en un punto. Consideramos que la definición de menor tiene que ser acorde con la de las convenciones internacionales existentes, es decir, deben ser personas de menos de 18 años.

Blak, Iversen y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una Acción Común relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet. La lucha contra la criminalidad en Internet traspasa fronteras por la propia naturaleza de Internet y de ahí que resulte necesario cooperar en este ámbito a escala europea e internacional. Así que pongamos en marcha lo más rápidamente posible esta Acción Común que incluye una cooperación práctica en la que también quedan recogidos los usuarios de Internet. Sin embargo, no somos partidarios de la petición para que los Estados miembros armonicen las edades mínimas para entablar relaciones sexuales. Fijar esta edad mínima es competencia de los Estados miembros.

Caudron
Ya no es necesario demostrar la imperiosa necesidad de iniciar una lucha encarnizada contra las redes de pornografía infantil y pedofilia que invaden Internet. Por esta razón doy mi apoyo al informe de nuestro colega Schmid.
Si bien los usuarios de la «web» y los prestatarios tienen, por supuesto, una función que desempeñar en este combate por la dignidad humana, no se puede contar sólo con ellos. Considero necesario, también, saludar algunas iniciativas individuales o colectivas. Gracias a esta colaboración con las autoridades competentes se ha puesto fuera de la posibilidad de hacer daño a diversos tipos de tráficos.
Sin embargo, creo que es necesario e indispensable coordinar medios humanos y materiales mediante Europol con el objetivo de incrementar la eficacia de la lucha contra estos crímenes.
En este sentido, comparto la opinión del ponente sobre la denominación de esas artimañas de carácter pedopornográfico. Sí, se trata de crímenes y los Estados deben actuar en consecuencia.
Sin embargo, si la Unión Europea da un paso importante en esta lucha, es imperativo que los europeos tomen una iniciativa fuerte frente a países terceros para que estas redes no puedan tener tregua en ningún país.
Finalmente, parece indispensable asociar a los «servidores» de sitios para desmultiplicar la acción de la empresa en este ámbito, velando por el carácter prioritario de la red de redes, es decir, la libertad, libertad que no puede en ningún caso ser sinónimo de irresponsabilidad y de anonimato.

Ford
Apoyaré el presente informe. Hay quien sostiene que Internet debe estar exenta de toda censura. No estoy de acuerdo. Aunque soy indulgente respecto a lo que debería estar permitido, ciertas imágenes y solicitudes son intolerables.
La pederastia es uno de los límites; otros son, por ejemplo, la incitación al odio racial y las denominadas películas «snuff», que muestran casos reales de torturas y asesinatos.
Se ha argumentado que es muy difícil controlar el contenido de Internet. Puede que sea cierto, pero también lo es prevenir el asesinato y lo declaramos ilegal. Recientemente, la unidad de Asesoría de opciones científicas y tecnológicas del Parlamento (STOA) elaboró un informe sobre los aspectos técnicos del control de Internet que revelaba que puede resultar más fácil de lo que se había pensado en un comienzo. Por ejemplo, una característica de la pederastia y la pornografía son grandes zonas de tono color carne.
Puede que, por consiguiente, dispongamos de los medios necesarios. Puede que lo único que aún falta es la voluntad.

Martin, David W.
Votaré a favor del Informe Schmid, porque creo que una de las consecuencias más inquietantes del desarrollo de Internet es la aparente libertad que proporciona a los distribuidores de pornografía infantil.
Luchar contra la pornografía infantil exige la cooperación de los usuarios de Internet, que deben ser alentados a informar a las autoridades policiales en caso de descubrir o sospechar que se está utilizando una página de Internet para la distribución de pornografía infantil.
Habida cuenta de que Internet no respeta las fronteras nacionales, la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra esta práctica censurable es de vital importancia.
La producción, el tratamiento, el suministro, la distribución y la posesión de pornografía infantil deben ser delito penal en todos los Estados miembros, y Europol debe ser informada inmediatamente de los casos de pornografía infantil. Es un paso esperanzador en la dirección acertada para mejorar la cooperación europea con vistas a erradicar este alarmante comercio.

Titley
Apoyo sin reservas el presente informe y votaré a favor del mismo. A pesar de que Internet es una herramienta maravillosa que tiene un enorme potencial de beneficiar a la humanidad, no le falta su lado oscuro. La libertad y el fácil acceso que ofrece Internet, que resultan tan útiles en el comercio y la educación, también la convierten en una herramienta ideal para los que desean difundir material tan horrible como la pornografía infantil.
El Gobierno Laborista está decidido a hacer todo lo que esté en sus manos para erradicar este vil comercio. Seguiremos avanzando sobre la labor de la Conferencia de Estocolmo de 1996 y la Conferencia de la UNESCO de 1999 sobre la explotación sexual de los menores. También apoyaremos las recomendaciones del presente informe y nos esforzaremos por estrechar la cooperación entre los cuerpos policiales nacionales, incluido el intercambio de información durante las 24 horas del día. Asimismo, colaboraremos con nuestros interlocutores europeos para desarrollar filtros en Internet que frenen la distribución de pornografía infantil.
El Gobierno Laborista no descansará hasta poner coto a los autores de este vil comercio y llevarlos ante la Justicia.
Informe Reding (A4-0143/99)
Posselt
Señor Presidente, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) se han visto obligadas a votar en contra del Informe Reding porque las enmiendas de la izquierda han hecho que resulte inaceptable. Nosotros lamentamos que se añadan continuamente todo tipo de exigencias ideológicas a los importantes temas de los solicitantes de asilo y los refugiados de guerras civiles; véase, por ejemplo, la enmienda 12 sobre el derecho de sufragio y tantas otras. Esto dificulta la posibilidad de prestar ayuda en las situaciones de verdadera emergencia. Es una hipocresía intolerable que quienes votan en favor de este tipo de enmiendas sean los mismos que luego no están preparados para acoger su parte alícuota de deportados en casos como el de los refugiados y deportados de Kosovo. Francia, por ejemplo, no ha acogido a nadie de Kosovo, señor Jospin. En Baviera, en cambio, ya hemos creado instalaciones capaces de acoger a siete mil personas.
Lo que importa es ofrecer verdadera ayuda práctica y que no sigamos sobrecargando esta importante temática con idealismos ideológicos. Si esto continúa ocurriendo, cuando se produzcan verdaderas situaciones de emergencia, nos mantendremos inflexibles, no podremos prestar ayuda y suscitaremos estados de opinión no deseados. Yo insto, por tanto, a la izquierda de la Asamblea a que por fin alcancemos un consenso en relación con estos temas.

Berthu
El documento de estrategia presentado por la Presidencia austríaca sobre la política de la Unión Europea en materia de migraciones y asilo presenta un balance preocupante: «por una parte, en el transcurso de los últimos cinco años no se ha constatado, en lo que se refiere a las principales regiones de procedencia, disminución de los potenciales de las migraciones o de la emigración efectiva, antes al contrario; por otra parte, ni los controles en las fronteras exteriores de la Unión o del espacio Schengen, ni la legislación de los Estados miembros sobre los extranjeros o en materia de asilo han llegado a detener la inmigración clandestina». Señala también con toda justicia el cambio de naturaleza de los flujos migratorios: en las décadas precedentes, estos flujos resultaban en una gran parte de la oposición bipolar entre Occidente y el mundo comunista; en la actualidad, resultan principalmente de conflictos interétnicos seguidos de éxodos, o de la precariedad de las condiciones de subsistencia en numerosos países.
Ante esta constatación, el documento estratégico del Consejo exige una revisión de los objetivos como una «europeización» de los instrumentos. Propone principalmente aligerar la presión migratoria desde el origen, interviniendo en los países de emigración; reducir la inmigración clandestina reforzando los controles y la lucha contra los grupos de personas que se dedican a pasar emigrantes; definir una concepción de conjunto de los controles oficiales para acceder a los territorios de los Estados miembros desde el país de procedencia hasta el país de destino final, pasando por el o los países de tránsito; finalmente, recurrir más a modos de gestión cuantitativa (cuotas) de los nuevos flujos migratorios, incluso mediante el reagrupamiento familiar.
En el ámbito de los objetivos así definidos, no habrá apenas reserva más que hacia la propuesta de un nuevo régimen de protección de los refugiados, que corre el peligro, en muchos casos, de constituir un polo atractivo suplementario.
Desafortunadamente, el Parlamento Europeo en el Informe Reding se esfuerza por atenuar, incluso desnaturalizar, el rigor de estas propuestas, lo que muestra enormemente todas las dificultades que se encontrarían si se pretendiera establecer mañana, en codecisión con él, una política de inmigración algo restrictiva.
Es precisamente en el segundo capítulo, el de los instrumentos institucionales de las políticas a emprender, donde el documento de la Presidencia austríaca parece más flojo. Es evidente que el problema de las migraciones se plantea en todos los países de Europa, y que sería preferible pensar en una respuesta europea. Sin embargo, esta respuesta no tendría sentido más que si llegara a un resultado más riguroso que la política actual. Ahora bien, precisamente el sistema institucional europeo, tal como está previsto por el Tratado de Amsterdam, con el monopolio de iniciativa de la Comisión y la codecisión del Parlamento Europeo, corre el riesgo de llegar a un resultado más laxista. Nos movemos pues en plena contradicción.
Por otra parte, la definición de una política europea no debería significar sin embargo la supresión de toda autonomía de decisión nacional. De otro modo, corremos el riesgo de desresponsabilizar a los países miembros, y de llegar una vez más a lo contrario de lo que buscamos. El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa por tanto que es necesario mantener esta política en un marco en el que las decisiones se toman por unanimidad, con una cláusula de salvaguarda de uso nacional y discrecional que permita correcciones rápidas en caso de necesidad.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Bonde y Sandbæk (I-EDN)
Hemos votado a favor del informe porque establece una serie de principios humanistas esenciales para la política de refugiados. Esto es especialmente relevante en momentos en que el Consejo, en gran medida, se caracteriza por la represión y la falta de responsabilidad.
Hemos votado por el rechazo de algunas exigencias de armonización, propias de un superestado, contenidas también en el informe.
Informe Pirker (A4-0138/99)
McKenna
Señor Presidente, lo que aquí se ha propuesto es una situación muy peligrosa en la que inmigrantes y solicitantes de asilo son tratados como criminales, a los que se les toman las huellas dactilares. En circunstancias normales, las impresiones dactilares se toman únicamente a los delincuentes o a los sospechosos de haber cometido algún delito. La idea de tomar las huellas dactilares incluso a personas de tan sólo 14 años es completamente inaceptable. Sólo va a demostrar la actitud de la UE hacia los solicitantes de asilo y los refugiados: el primer paso es clasificarlos como criminales. Todo este asunto se ha aprobado con la excusa de proteger a los solicitantes de asilo y a los refugiados, pero evidentemente no es así. Sólo los pondrá en peligro, los amenazará aún mucho más y los situará en una posición sumamente vulnerable. Al final, son tratados como delincuentes. No podemos aceptar eso. Debemos estudiar cómo tratar a los solicitantes de asilo y a los refugiados, especialmente en la actual situación de gran inquietud por lo que está sucediendo en la antigua Yugoslavia y el número de refugiados que allí existe.
¿Vamos a tratar como criminales a personas que tienen la desgracia de tener que solicitar asilo o que huyen de la persecución? No creo que debamos hacerlo.
Informe Zimmermann (A4-0115/99)
Le Gallou
Señor Presidente, Europa no puede acoger toda la miseria del mundo. Eso es lo que dijo en otro tiempo, a propósito de Francia nuestro colega, el antiguo Primer Ministro, señor Michel Rocard. No, todos los refugiados del mundo no tienen vocación de venir a Europa. Si tienen que ser alojados en alguna parte, ésta ha de ser en los países étnica, cultural o religiosamente más cercanos.
Si es necesario alojar a los albaneses de Kosovo, es en Albania o en Turquía donde hay que hacerlo, no en Europa Occidental, cuyas ventajas económicas y sociales atraen a todo el mundo, creando flujos de inmigración tan nocivos en los países de acogida como en los de partida. Es preciso preservar el carácter europeo de la Unión Europea, europeo por asentamiento, por cultura, por religión y para ello es preciso adoptar un objetivo y atenerse a él: inmigración cero.

Caudron
El debate que celebramos hoy está, por desgracia, especialmente de actualidad. En el momento en que me estoy manifestando, miles de kosovares deportados, expulsados de su casa con la brutalidad que conocemos, están aparcados en los campos de refugiados construidos sin medios a la espera de un posible retorno a su país. Algunos de ellos, principalmente los que están en Macedonia, se ven obligados a embarcar en aviones hacia destinos desconocidos. Nosotros, Estados miembros de la Unión Europea, hemos de acoger a estas personas, a estos refugiados, como se debe, es decir, con un máximo de dignidad, y después hacer todo lo posible para que puedan regresar rápidamente a su país.
En esta óptica se sitúa la propuesta de acción común que discutimos en el día de hoy. No puedo más que sumarme a estos objetivos que son la mejora de las condiciones de acogida de las personas desplazadas y solicitantes de asilo y la repatriación voluntaria de los refugiados.
Hemos de mejorar las condiciones de acogida desde el punto de vista material, pero también humano, ya que estas personas están la mayor parte del tiempo en el trastorno psicológico más absoluto.
Inútil hacer más comentarios, todos ustedes tienen en la mente las horribles imágenes difundidas por todas las televisiones del mundo, salvo en los canales serbios.
La acogida sólo es una etapa. Hemos de facilitar también el retorno de esas personas a su país y su reintegración.
Señalaré sin embargo, una laguna de la que los acontecimientos de los Balcanes muestran la gravedad. La Comisión ha omitido recoger un aspecto esencial que el Parlamento Europeo había puesto de relieve, la ayuda urgente en caso de afluencia repentina de refugiados procedentes de una región víctima de una crisis grave.
Finalmente, desearía poner en evidencia el compromiso del Parlamento Europeo en favor de las personas refugiadas y su facultad de anticipar los acontecimientos. Para el ejercicio presupuestario de 1999 ha propuesto, en efecto, crear un Fondo Europeo para los Refugiados. Desde el año 2000, este fondo debería financiar toda la política de los refugiados. También será en esa fecha cuando estas materias dependan de la competencia comunitaria. Sólo podemos felicitarnos.

Martin, David
Con la crisis de Kosovo bramando, las dos propuestas del Consejo para hacer frente a la situación de los refugiados adquieren un nuevo carácter de urgencia.
Estas dos propuestas se presentan en el marco del «tercer pilar» y deberán ser revisadas cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam.
La primera medida está encaminada a apoyar y a ampliar las actuales medidas a nivel local, regional, nacional y de la UE para garantizar la independencia de los refugiados y evitar que sean marginados por la sociedad.
La segunda medida es una propuesta de acción común que apoya la acogida y la repatriación voluntaria de los refugiados, de las personas desplazadas y de los solicitantes de asilo. La acción está encaminada a mejorar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y de las personas desplazadas y facilitarles su regreso voluntario y la reintegración en sus países de origen.
Las enmiendas presentadas por la Sra. Zimmermann son gratificantes y, en general, reafirman las propuestas. En particular, el establecimiento de un Fondo europeo para los refugiados y el apoyo a los centros de acogida en los Estados miembros son iniciativas importantes.

Palm, Theorin y Wibe
por escrito. (SV) Opinamos que, en el fondo, éste es un buen informe que contiene argumentos sobre los problemas existentes en los países miembros en torno a la política de asilo. Con todo, queremos aclarar que somos muy críticos de la política común de asilo, tal como se describe en el informe. Pensamos que mientras se siga pidiendo asilo en países determinados, cosa que parece que continuará así durante mucho tiempo, la política de asilo debe ser un asunto de carácter nacional.
Esto también hace que cuestionemos el Fondo común que señala el informe. Evidentemente que la Unión tiene que apoyar a los estados que tienen pesadas cargas económicas, pero no nos gusta que se diga que «todos los aspectos de la política de refugiados» deberán financiarse a través del Fondo europeo para los refugiados.
Informe Harrison (A4-0174/99)
Palm, Theorin y Wibe
Si bien es cierto que este informe se ocupa de la interesante discusión acerca del impuesto sobre el valor añadido y a la forma cómo debe emplearse, opinamos que éste no es el sitio adecuado para debatir el asunto. Los impuestos, y entre ellos el del valor añadido, son de competencia nacional.
Segundo informe Cox (A4-0171/99)
Bonde y Sandbæk
En general somos partidarios de la utilización de tasas medioambientales como forma de alcanzar importantes mejoras medioambientales. Sin embargo, sólo apoyaremos una tasa medioambiental comunitaria común si en ella el medio ambiente ocupa un lugar predominante y si el producto de ésta vuelve a los Estados miembros. No apoyamos que la UE quiera regular estos instrumentos económicos nacionales con el único propósito de promover el comercio y el mercado interior. Por ello hemos votado a favor de cada parte del informe y sin embargo, hemos renunciado a votar el informe en su conjunto.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra del informe en la votación final por los siguientes motivos:
El informe contiene muchas propuestas útiles para el medio ambiente, a las que damos nuestro apoyo.
El informe, sin embargo, se fundamenta en un sistema llamado cambio de impuestos, destinado a disminuir la base impositiva de los países, a debilitar el sistema de prestaciones sociales y a dificultar la redistribución social.
El informe en su conjunto -citamos el informe de la Comisión de Medio Ambiente- es más «marrón que verde».
El informe no contiene referencias a la energía nuclear y sus problemas.
El informe implica una intervención en la política fiscal que atenta contra los parlamentos de los países en su función de representantes del derecho de cada pueblo a fijar sus propios impuestos. Por tanto, va mucho más allá del principio de tasas mínimas de impuestos. Traspasa el derecho a imponer cargas fiscales a instituciones que carecen de legitimidad democrática y cuya política está fuera del control de los ciudadanos.

Lukas
Nosotros votamos afirmativamente el Informe Cox porque el «impuesto ecológico» es una medida de política reguladora razonable bajo determinadas condiciones. Sin embargo, es preciso que vaya precedida de algunos pasos importantes:
una profunda reforma fiscal-una reducción general de la recaudación fiscal global-la vinculación a unos objetivos-un claro fomento de la energía renovable.El impuesto ecológico, concebido como un instrumento de orientación, no puede degenerar bajo ninguna circunstancia en un instrumento para explotar nuevas fuentes de financiación. Por este motivo, nosotros también votamos en contra de la enmienda 6.

Porto
Al volver a este Pleno la propuesta de directiva sobre la tributación de los productos energéticos, además de felicitar de nuevo al Sr. Cox por el esfuerzo de simplificación y racionalización que ha pretendido hacer, no puedo dejar de recordar preocupaciones ya expresadas anteriormente, establecidas, por lo demás, en propuestas de enmienda de las que fui cofirmante, por lo que, dado su rechazo, se justifica mi voto en contra y el de mi Grupo.
En relación con la neutralidad, independientemente de que no se puede decir que sea neutral una tributación que modifica las funciones de producción, conviene preguntar si se trata de un objetivo alcanzable o del último objetivo por alcanzar. Lo que conviene conseguir, de hecho, es una economía más próspera que ofrezca oportunidades de empleo, objetivo -éste, sí-prioritario que debemos saber si no resulta perjudicado con una tributación exagerada de la energía.
Como debe ser, en cualquier caso, una preocupación fundamental la de no distorsionar la competencia entre sectores productivos y modos de transporte, hay que evitar que, sin justificación alguna, algunos de ellos resulten perjudicados en relación con los demás. Se deberán tener en cuenta sin duda los costos sociales de cada uno de ellos, pero no vemos que fuera sólo esa la circunstancia tenida en cuenta al desgravar sin criterio sectores y modos de transporte igualmente contaminantes y ruidosos.
Por último, se comprenderá que vuelva a expresar preocupaciones no atendidas de justicia social y cohesión económica, pues no es aceptable que se agraven las situaciones de familias de recursos más modestos que gastan en energía porcentajes mayores de sus rentas y las de países de la periferia, obligados a soportar costos de transporte más onerosos, en particular con transportes que hacen necesariamente un gran uso de la energía (como ocurre con los transportes por carretera), en relación con los cuales no se pueden encontrar de inmediato opciones substitutivas realistas.

Souchet
Las propuestas sometidas a nuestro examen responden en parte a la obligación de los tipos mínimos de impuesto especial sobre los aceites minerales que figuran en el artículo 10 de la directiva 92/82/CEE, así como a la invitación del Consejo, formulada con posterioridad al bloqueo de las negociaciones sobre el impuesto C02 /energía, de presentar nuevas propuestas en el ámbito de la imposición de productos energéticos.
Ahora bien, una tasa, cualquiera que sea, ha de ser sencilla de comprender, fácil de percibir, previsible y no prestarse fácilmente al fraude. Ésta es la razón por la que estamos a favor del principio de que el que contamina paga.
Sin embargo, los diputados del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones comparten las claras preocupaciones expresadas por todos los sectores económicos afectados con respecto a la creación de nuevos impuestos sobre los productos energéticos así como de la subida de los impuestos en vigor. Consideramos que el establecimiento de un marco comunitario en materia de imposición de productos energéticos, provisto de modalidades de aplicación nacionales flexibles con respecto a los impuestos indirectos, puede constituir un método apropiado para salir del callejón al que el fracaso del impuesto C02 /energía ha conducido a la Unión, el medio que permite proseguir la puesta en marcha del mercado interior de la energía y la respuesta adecuada a los compromisos adoptados en Kioto.
La fiscalidad determina en gran parte los precios de los productos energéticos. Puede por tanto favorecer la optimización del consumo mejorando la eficacia energética y reduciendo los vertidos contaminantes en la atmósfera, así como la producción global de residuos.
Consideramos que una verdadera reforma fiscal «ecológica» puede constituir un elemento de lucha contra el desempleo en los Estados miembros, a condición de que se introduzca una cláusula medioambiental en el seno de las reglas de la OMC, como pedimos ya expresamente en la última negociación del GATT. De otro modo, crearíamos unas medidas discriminatorias que penalizarían a nuestras propias empresas. El aumento de los ingresos fiscales procedentes del consumo de energía, si se ve correctamente compensado por una reducción de las cargas sociales de las empresas, puede tener un efecto positivo en materia de empleo, a condición, por supuesto, de no asistir a una deslocalización de los instrumentos de producción en los sectores industriales consumidores de energía, como se ha visto por ejemplo en Francia, a lo largo de los años 70, en el ámbito de la horticultura.
Por ello, nuestro grupo ha votado a favor de las enmiendas que favorecen una aplicación sencilla de la fiscalidad, que incluya los diferentes principios de excepción, pero ha rechazado la totalidad de las enmiendas que encarecían sistemáticamente la fiscalidad de los productos energéticos. Estas enmiendas preveían la instauración de un coeficiente de incremento sistemático de la totalidad de los productos energéticos, sin tener en cuenta las obligaciones internacionales que conocemos en el ámbito de la OMC.

Wolf
Tras la devolución a comisión del anteproyecto del informe sobre la imposición de los productos energéticos (rechazo de la propuesta de resolución legislativa con 215 votos a favor, 239 en contra y 20 abstenciones), decidida por una estrecha mayoría (PPE. UPE y varios diputados socialistas) en la sesión plenaria de Estrasburgo de febrero, el Parlamento Europeo ha adoptado hoy el segundo informe con 278 votos a favor, 219 en contra y 16 abstenciones. El presente informe (a diferencia del primero, que se ha mantenido inalterado en lo esencial) acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer unos niveles mínimos de imposición aplicables a los productos energéticos (hidrocarburos, carbón, electricidad, entre otros), pero propone las siguientes enmiendas al proyecto de la Comisión:
se pide la exclusión de las energías renovables del ámbito de aplicación del reglamento; -en lugar de un incremento en tres fases de los niveles mínimos, éstos se incrementarán de forma continuada durante los próximos años con un incremento (anual) del 2 % más la tasa de inflación; -los Estados miembros podrán aplicar exenciones a las empresas que sean grandes consumidoras de energía, siempre que éstas puedan demostrar unas desventajas competitivas plausibles.Los Verdes apoyan el informe, si bien habían presentado otras enmiendas adicionales. Una oradora valoró como un hecho especialmente positivo que la propuesta de los Verdes, en el sentido de prever la posibilidad de eximir de la tributación sobre la energía al transporte público de cercanías, recibiera ya un apoyo mayoritario en la Comisión de Asuntos Económicos. La mayoría del Parlamento rechazó, en cambio, las propuestas del Partido ecologista por las que se preveía una indexación más elevada del impuesto mínimo (con un incremento anual del 4 % para los productos energéticos y del 6 % para la electricidad, sumado en ambos casos a la tasa de inflación) y se suprimían los privilegios fiscales para la obtención de energía a partir de la combustión de residuos.
Los partidos conservadores y de derechas europeos han demostrado una vez más con su voto en contra del informe que no se toman en serio la protección del medio ambiente como tarea transversal de la política europea y que incluso practican una política de bloqueo en relación con un cambio de orientación en favor del uso de energías más regeneradoras. De este modo no conseguiremos congraciar a los ciudadanos con Europa.
Queremos reconocer explícitamente, en cambio, los esfuerzos del actual Presidente del Consejo de Medio Ambiente, el Ministro de Medio Ambiente alemán Jürgen Trittin que ha trabajado activamente para vencer las reticencias que existen en diversos Estados miembros en contra de una tributación sobre la energía. Es necesario mantener e intensificar estos esfuerzos para que no vuelva a repetirse una vez más que un buen planteamiento europeo quede anulado en el Consejo por la acción de «guardafrenos» aislados, debido al principio de unanimidad todavía vigente en materia tributaria. Un antiguo proverbio campesino dice que «un viaje de 10.000 millas empieza con un primer paso». Aunque lamentamos que haya tardado tanto y que los progresos sigan siendo todavía tan lentos, ¡hemos dado sin duda un primer paso en la dirección adecuada!
Propuesta de recomendación Nassauer (A4-0064/99)
Berthu
Señor Presidente, la Oficina Europea de Policía Europol fue creada con un estatuto puramente intergubernamental y bajo control de los Parlamentos nacionales, con el fin de proceder a la recogida e intercambio de información sobre la criminalidad internacional entre los países miembros de la Unión Europea.
Se trata de una misión extremadamente importante que merece que se le dedique mucha energía, con la única preocupación de la eficacia práctica. Pero el Parlamento Europeo no lo oye, claramente, con ese sentido. Como se constata en el Informe Nassauer que acabamos de examinar, desea apoderarse del expediente Europol para hacer de él un ejemplo de administración supranacional. En primer lugar, esta Asamblea pide la transformación de Europol en policía europea, dotada de poderes de intervención en los países miembros y de poderes de mando frente a las policías nacionales.
Esta superpolicía federal, ¿aportaría en concreto algo más, en términos de lucha contra la criminalidad? El Informe Nassauer no lo demuestra y además ni siquiera aborda la cuestión. Al fin y a la postre, eso no tiene importancia para él. Su objetivo principal es otro: se trata de hacer que progrese la causa federalista. Se aprende pues, por deducción, que el Europol supranacional debería recibir órdenes de un ministerio público europeo, a su vez bajo responsabilidad de la Comisión, que, sobre este punto, no rendiría cuentas más que al Parlamento Europeo.
Todo esto se mantiene, sin duda, pero en teoría solamente. En la práctica, por desgracia, vemos bien que, una vez más, se va a sacrificar el trabajo serio y los progresos concretamente realizables sólo en beneficio de disputas ideológicas totalmente inútiles y que no harán otra cosa que bloquearlo todo levantando a los países y a los partidos los unos contra los otros, como se ha visto durante muchos años en el transcurso de la preparación del Convenio Europol.
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, por su parte, prefiere el trabajo serio. Queremos que progrese Europol en el marco intergubernamental, ya que será más eficaz apoyarse en las administraciones nacionales mejorando el intercambio de información. Queremos también democratizar realmente el sistema, situándolo bajo control de un comité interparlamentario de seguimiento, formado por representantes de los Parlamentos nacionales encargados de rendir cuentas a sus Asambleas respectivas.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
 La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. Por este motivo damos la bienvenida al informe de Nassauer. No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados.

Blak, Iversen y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de la ampliación de competencias de Europol. No somos partidarios de convertir Europol en una institución supranacional. Tampoco apoyamos seguir ampliando Europol para transformarla en un cuerpo policial europeo con competencias operativas ni abogamos por la creación de una autoridad judicial europea encargada de dar instrucciones a Europol. Europol no debe transformarse en una autoridad policial europea. Europol debe seguir siendo una colaboración interestatal.

Caudron
El informe de nuestro colega se inscribe en la continuación lógica de nuestros trabajos dedicados a la lucha contra la criminalidad. Como representante de una región transfronteriza, me ha interesado especialmente el trabajo de Hartmut Nassauer.
Frente a la evolución de las redes criminales, necesitamos adaptar con rapidez nuestros medios de lucha contra éstas y es, por tanto, necesario que Europol esté en condiciones de adaptarse a esta criminalidad. Se trata de un problema de credibilidad para los ciudadanos.
Deseo, al igual que el ponente, que Europol se transforme en una verdadera fuerza de policía dotada de poderes de intervención transfronterizos. Numerosos ejemplos nos obligan a reflexionar y a acelerar esta evolución para poder constituir un cuerpo capaz de llevar a cabo una lucha activa contra este azote.
En este sentido, la Unión Europea deberá dotarse de un poder jurisdiccional capaz de acometer las investigaciones necesarias para la lucha contra la criminalidad. Esta Asamblea se ha manifestado ya en numerosas ocasiones sobre estas cuestiones. Corresponde ahora a la Comisión y a nuestros Gobiernos adoptar medidas para que la criminalidad se combata con eficacia. Ya no hay más tiempo que perder.
Si la ambición de aproximar Europa al ciudadano parece inscribirse en una voluntad afirmada por cada vez más responsables políticos, necesitamos imponerla en la práctica.

Hager
Yo quisiera resaltar una vez más en esta ocasión que soy muy consciente de la problemática que plantea la falta de control parlamentario de la Europol y que respaldo plenamente los pasos para superarla. También he votado afirmativamente estos puntos, como es obvio.
Sin embargo, me parece equivocada la vía que escoge el informe de someter la Europol al control de un Comisario y de este modo indirectamente al control del Parlamento. Tampoco cuenta, desde luego, con mi apoyo la inaceptable supremacía de los funcionarios de Europol por encima de los funcionarios nacionales. Por estos motivos he votado en contra del informe en la votación final.

Lindqvist (ELDR)
Un control parlamentario más enérgico de Europol, con informes periódicos, y más obligaciones respecto a la información e integración del presupuesto de Europol en el presupuesto general, son factores que fortalecen el control democrático de Europol. Con todo, la evolución de Europol hacia una unidad policial europea con facultades operativas va demasiado lejos en la idea de una policía comunitaria especial y supranacional. La colaboración policial internacional debe realizarse mediante cooperación e intercambio de información entre las autoridades policiales nacionales y a través de Interpol. No hay motivos para crear una unidad paralela a la actual Interpol.
Informe Wiebenga (A4-0091/99)
McKenna
Señor Presidente, todo este asunto del Corpus Juris es algo que no ha sido debatido en público. No se ha celebrado ningún debate público sobre el tema; no se ha celebrado ningún debate en los parlamentos nacionales. Todo ha tenido lugar en secreto, a puerta cerrada. Y lo que más sorprende es el silencio de los diputados británicos de esta Asamblea. En el caso de Gran Bretaña e Irlanda, todo el sistema jurídico se ve seriamente amenazado. La propuesta persigue la armonización del sistema jurídico penal en la UE según el modelo acusatorio continental.
Los ordenamientos británico e irlandés son muy diferentes. No entiendo que ningún diputado británico de esta Asamblea haya preguntado qué está sucediendo aquí. Los sistemas británico e irlandés se basan mucho más en la presunción de inocencia, se es juzgado por sus iguales, como en la Carta Magna . El tema de habeas corpus también está en peligro -la garantía de seguridad mientras alguien está detenido.
Mi principal argumento es la falta de debate sobre este asunto, el hecho de que todo se haga en secreto. Ha sido aprobado a puerta cerrada para que los diputados a este Parlamento ni siquiera se enteren de cuáles son las auténticas consecuencias del Corpus Juris . Los diputados deben examinar qué está sucediendo. Los diputados británicos deben analizar si desean que se ponga fin a su propio sistema y se introduzca este sistema jurídico penal de la UE que estará basado en el modelo acusatorio continental. No creo que las sociedades británica e irlandesa deseen este ordenamiento. Si lo desean, al menos deberían tener derecho a debatir el tipo de sistema que se está introduciendo.
Volviendo a lo que dijo el último orador, hay mucha prisa por armonizar todo en Europa, por crear un cuerpo policial europeo. Lo siguiente será un ejército europeo. Estamos armonizando los sistemas jurídicos, para bien o para mal, sin el debido debate público, sin dar cuenta a la sociedad. Toda esta institución carece de control democrático o de transparencia democrática. La población de Europa no ha tenido oportunidad de opinar respecto a la dirección que está tomando Europa. Hay que hacer algo al respecto. La población de los Estados miembros debe conocer las decisiones que se toman en su nombre que, a largo plazo, pueden no favorecer sus intereses.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
 La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. Por este motivo damos la bienvenida al informe de Wiebenga. No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados.

Blak, Iversen y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de la instauración de un ministerio fiscal europeo común. No necesitamos ni un derecho penal europeo común ni una autoridad europea común. La lucha contra la delincuencia puede ser igual de efectiva con los instrumentos ya existentes, entre los que figuran Europol y los convenios sobre extradición y ayuda judicial recíproca. No se debe armonizar por armonizar. Y realmente no hay tantas diferencias entre los derechos penales de los Estados miembros que no puedan superarse mediante los instrumentos interestatales ya existentes.

Hager
Los esfuerzos encaminados a combatir con eficacia la delincuencia internacional son convenientes y acertados. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos es preciso eliminar cualquier obstáculo contra una persecución penal eficaz por parte de un Estado miembro concreto. Sin embargo, esto no justifica la creación de una autoridad supranacional que usurpe masivamente las competencias de instrucción de cada Estado miembro, con flagrante menoscabo de su soberanía. Sólo las autoridades locales pueden garantizar una persecución penal eficaz.
Por estos motivos, he votado a favor del informe en la votación final, pero en contra de la proyectada creación de una fiscalía europea.

Lindqvist (ELDR)
Una tarea importante de la Unión es la colaboración contra la delincuencia organizada. Se trata de contrabando, terrorismo, comercio con seres humanos, delitos contra menores, comercio con droga y lavado de dinero. También puede ser comercio con armas, delitos medioambientales y nuevos campos delictivos relacionados con Internet y con el correo electrónico.
Sin embargo, la colaboración debe ser entre estados. No hay motivos para la instauración de un nuevo Corpus iuris, con integración del derecho penal y civil en el ámbito comunitario, tal como se propone en el informe. Por el contrario, esto puede socavar el respeto por los sistemas jurídicos nacionales desarrollados durante siglos; sistemas jurídicos que son el fruto de un diálogo con los ciudadanos, algo que falta en la UE.
Hay propuestas para la creación de una fiscalía europea que podría iniciar investigaciones en el ámbito comunitario. Sin embargo, las posibilidades de terminar con la delincuencia organizada no dependen de una legislación común. Hay que dar prioridad, en cambio, a la información, a la coordinación y a los conocimientos sobre el trabajo mutuo. Por estos motivos he votado en contra del informe.
Informe d'Ancona (A4-0185/99)
Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
 El informe sobre la cuenta del Consejo, destinado al Consejo de Europa, sobre actividades en materia de droga y temas relacionados bajo la Presidencia del Reino Unido es, en general, bueno. El contenido del informe demuestra que las fuerzas favorables a la liberalización están actualmente a la defensiva.
Actualmente el debate sobre la droga en el Parlamento es objetivo, aunque hay diferencias en los criterios de los parlamentarios de países que tienen políticas de drogas diferentes. Estimamos que hemos contribuido a este proceso. Significa que el trabajo de la UE en materia de droga puede ser más constructivo en el futuro. Es algo necesario, ya que los problemas de la droga todavía son muy grandes en Europa y en todo el mundo.

Angelilli
Sin duda se pueden compartir algunas críticas de la Sra. D'Ancona al documento del Consejo sobre la estrategia antidroga desde 1999. Sin duda se puede compartir la exigencia de la ponente de que se reúnan en un único documento los recursos de la Comisión y los del Consejo para garantizar una mayor facilidad de comprensión y, sobre todo, una acción contra la droga más eficaz y racional, precisamente porque está bien coordinada.
Se puede compartir, también, la crítica al Consejo sobre la metodología usada respecto al Parlamento: la consulta ha sido bastante tardía.
Por último, se pueden compartir las observaciones relativas a la necesidad de potenciar la actividad de prevención y de información, de contribuir a la sustitución de los cultivos, de una colaboración cada vez más coordinada entre policías y aduana en la lucha contra el narcotráfico.
A pesar de esto, no se puede compartir en nada el habitual enfoque pragmático de la Sra. D'Ancona respecto al problema de la droga. Este enfoque pragmático consiste en la aceptación controlada de la drogodependencia como un fenómeno social prácticamente no eliminable, que en opinión de la ponente sólo se puede contener y contrastar con la metodología de la reducción del daño: en palabras simples, legalización de las drogas blandas y suministro controlado de las duras. Para la ponente, este enfoque sería el único capaz de eliminar los contenidos ideológicos del debate sobre la droga.
No creo que se pueda compartir esta valoración, pues en la lucha contra la droga, no intervienen ni las ideologías ni la política: lo que cuenta de verdad es tan sólo el valor de la vida y el respeto a ella.
Por estas razones, convencida de que la lucha contra la droga no puede basarse en el enfoque señalado por la Sra. D'Ancona, expreso mi voto contrario.

Buffetaut
Se ha convertido en una costumbre en esta institución: la votación de un informe de la Sra. d'Ancona sobre la droga y la toxicomanía. Sin embargo, los textos sucesivos que nos propone, a través de una Comisión de Libertades Públicas unánime, tienen una tendencia inexorable a vaciarse de cualquier propuesta para convertirse en receptáculos de demandas generales.
Sin embargo, estos informes, por su misma existencia y el activismo de los que los apoyan, siguen siendo un medio permanente de presión con vistas a unas medidas más libertarias. La Sra. d´Ancona quisiera "vaciar de carácter ideológico el debate sobre la droga en Europa» . Pero, ¿dónde está la ideología entre, por una parte, aquellos que dicen que el respeto de la dignidad de la persona humana invita a rechazar todo lo que puede atentar contra ella y, por otra, aquellos para los que bastaría con controlar el consumo de drogas para limitar los riesgos que representa para la salud?
Sin duda, es indispensable permitir y desarrollar la cooperación entre todos aquellos que, de una u otra forma, en los ámbitos preventivo y represivo, participan en la lucha contra esta plaga para nuestras sociedades, pero también y sobre todo para aquellos que son sus víctimas y sus familias. En el marco general, no es oportuno trivializar la drogadicción como una actividad insignificante y sin consecuencias. En un momento en que, con toda razón, se multiplican las restricciones a la posibilidad de fumar, y cuando las tasas de alcoholemia autorizadas tienen tendencia a bajar, ¿es sensato dar, en materia de drogadicción cuyos daños para las personas son mucho mayores, el ejemplo inverso de una irresponsable liberalización?
Hemos votado contra este informe, no sólo porque, a decir de los partidarios de una despenalización, no contiene nada interesante, sino porque constituye para nosotros una etapa suplementaria de esta política de pequeños pasos, supuestamente destinada a sustituir un avance rápido, pero rechazada por un resto de sentido común de la mayoría de esta Asamblea.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
La sesión, interrumpida a las 13.42 horas, se reanuda a las 15.00 horas

Agricultura (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre agricultura.
Tiene la palabra el Sr. Jové Peres.

Jové Peres
Señor Presidente, voy a intentar ser muy breve y me voy a referir exclusivamente a la pregunta oral a la Comisión sobre la importación de ajos.
Señorías, en cuanto a las importaciones de ajos, es sorprendente lo declarado por la Comisión. El problema no reside en la disparidad de análisis. Por una vez, todo el mundo parece estar de acuerdo.
Hay un problema de ritmos. Desde 1993 el problema está identificado, pero la solución no fue adecuada.
Evidentemente, cuando se aplicó la cláusula de salvaguardia a los ajos de origen chino ya era previsible que ciertos comerciantes se dedicarían a organizar prácticas de comercio triangular nacionalizando los ajos chinos, bien en Tailandia, Taiwán, Vietnam, Irán, Malasia, Jordania, la India o cualquier otro país.
Un sistema semejante no es difícil de imaginar y, habida cuenta de la laxitud característica de los controles aduaneros de algunos Estados miembros, dicho sistema es viable.
En estas condiciones, el comercio triangular no ha hecho más que crecer, y la producción comunitaria de ajos se encuentra cada vez más próxima a la desaparición. Sólo en España la amenaza se cierne sobre 15.000 explotaciones agrarias y más de tres millones y medio de jornales directos.
Además, la producción presenta un alto grado de concentración geográfica. Con esto, los efectos sociales y económicos de la actual situación serán muy graves.
¿Es asumible llegar a esta situación por lentitud administrativa? ¿Nos podemos creer que las medidas de desarrollo rural pueden corregir estos defectos? Por ello, es sorprendente que la Comisión manifieste que no da tiempo a aplicar en esta campaña un sistema eficaz porque no se ha iniciado el procedimiento para crear un contingente global y desconsolidar los aranceles en la Organización Mundial del Comercio.
Ha habido tiempo más que suficiente para iniciarlo y, si no se ha hecho, hasta que se ponga en marcha será necesario aplicar medidas de emergencia que no pueden ser otras que la aplicación de medidas de retorsión a los países que participen en las operaciones triangulares y la compensación de las pérdidas de renta a los productores comunitarios.

Van Dam
Señor Presidente, me limito al informe Fantuzzi. El fondo de promoción de productos agrícolas es visto por muchos como un sustituto de las subvenciones a la exportación. Ahora que se han rebajado estas restituciones, habrá que buscar la solución en las actividades de promoción, así argumentan. Detrás de esta argumentación se esconde un gran riesgo, porque así se corre el peligro que la Unión continúe de la misma forma con su política de exportación.
Bien es verdad que esa política de exportación aportaba ventajas a los agricultores europeos, pero también acarreaba un gran número de desventajas. Era una política mediante la cual la Unión Europea vendía a bajo precio sus excedentes del mercado interior en el mercado mundial, sin considerar su calidad. Con todas sus consecuencias para los precios en ese mercado mundial a costa de la posición de los países en vías de desarrollo. Debemos dejar esa política de exportación cuantitativa. Las acciones de información deben tener claramente un enfoque cualitativo. Solamente aquellos productos que hagan de los aspectos de seguridad alimentaria, del bienestar de los animales y del respeto del medio ambiente su bandera pueden ser susceptibles de promoción y publicidad. Los países en vías de desarrollo tienen que tener la posibilidad de desarrollar su propio potencial agrícola. La promoción de productos europeos en esos países podría distorsionar gravemente este proceso y por lo tanto, la rechazo.
También con respecto a la financiación no podemos poner el símbolo «equivalente a» entre las actividades de promoción y las subvenciones a la exportación. Las subvenciones a la exportación tienen por objeto el mantenimiento de los altos precios agrícolas en toda la Unión. Todos los agricultores de Europa sacan provecho de ello. Por lo tanto, es lógico que se financie a nivel europeo. Pero esta lógica no se puede aplicar en la promoción. La publicidad sólo es efectiva cuando se vincula a una especialidad o marca comercial. Cuando los productos implicados son los principales responsables de la financiación, hay un estrecho vínculo entre costes y beneficios. Las subvenciones europeas pueden tener como mucho una función complementaria.

Santini
Señor Presidente, haré unas breves consideraciones sobre la totalidad del debate que se desarrolló esta mañana, que sigue esta tarde y que, si no el último, quizá sea uno de los últimos sobre temas agrícolas generales que podemos hacer con la presencia del Sr. Comisario. La política de precios se ha estabilizado en los últimos años. Esperemos que las contingencias futuras y los compromisos con los PECO no nos obliguen a volver a dimensionarlos posteriormente, y que no se sumen otros acontecimientos para incrementar dos tendencias negativas que han caracterizado a estos últimos años, que son la reducción de las ganancias del agricultor europeo y, sobre todo, la disminución del número de agricultores: cuando hace treinta años representaban en torno al 25 % de la fuerza laboral europea, hoy se han reducido a un 5 %. Además, lo que configura una preocupación mayor es que disminuye el número de los que se dedican a la agricultura a tiempo completo, a favor de una agricultura a tiempo parcial, que no garantiza el nivel profesional adecuado. Debo hacer una referencia a lo que dice el informe del Sr. Fantuzzi en el tema de la calidad: los agricultores no profesionales no pueden, sin duda alguna, garantizar una calidad óptima y, por lo tanto, las estrategias de promoción de los productos se resienten, tanto dentro de la Unión Europea como en la relación con los países terceros.
Estoy de acuerdo en cuanto a la estrategia de ataque propuesta por el ponente. No hay que esperar una catástrofe como la de la EEB para promover el consumo de la carne bovina europea -por supuesto, la que es sana-, así como no se debía esperar la globalización, y por consiguiente la invasión del mercado de la Unión Europea por los vinos de todo el mundo, para emprender la promoción del vino europeo y explicar a todos que no es dañino, en especial para quien no abusa de él. Por otra parte, como en todos los placeres de la vida -desde Baco y el tabaco hasta Venus reducen al hombre a cenizas, como dice un refrán italiano-, todo es cuestión de mesura. Y así llegamos también a la educación del consumidor: mesura y calidad, por lo tanto, enseñar cómo se ha de beber y, sobre todo, cuánto se ha de beber.
Por último, estoy de acuerdo en el hecho de que la financiación es excesivamente reducida, decididamente ridícula para hacer una promoción de este tipo con los precios actuales del mercado de la publicidad.

Sturdy
Señor Presidente, espero realmente que ésta no sea la última vez que me dirijo aquí al Sr. Fischler, en su calidad de miembro de la Comisión, para tratar sobre la agricultura, porque la labor que ha realizado durante estos años ha sido excelente.
Estoy muy de acuerdo con el paquete de precios presentado por la Comisión es muy similar a muchas de las propuestas que presenté hace dos años, cuando fui ponente sobre este paquete de precios en particular.
Me preocupa que hoy cometamos un error singular si pensamos que el paquete de precios y la Cumbre de Berlín no están relacionados entre sí. En la agricultura no se trata de obtener beneficios ni de defender posiciones a corto plazo: se trata de planificar para cinco o diez años. Yo trabajo en base a una rotación de diez años; los planes deben hacerse a más largo plazo y no con vistas a corto plazo. Discrepo totalmente con el Sr. Rehder cuando afirma que la Cumbre de Berlín ha sido un gran éxito. Para la agricultura ha sido un desastre total. Ha sido un error, se ha actuado a toda prisa, sin pensar en el futuro de la agricultura. Por eso es muy importante que mantengamos abiertas las negociaciones y trabajemos por el bien de la agricultura.
Deseo volver sobre una observación que ha hecho el Comisario durante su intervención. Ha dicho de manera muy conmovedora que no permitiremos que los estadounidenses dominen la agricultura europea. Me ha encantado oírle decir eso. No obstante, somos signatarios de la OMC. ¿Aceptaremos el reglamento de la OMC, aunque ello signifique pagos costosos o tener que aceptar importaciones que no deseamos? Quizá el Comisario pueda aclarar este extremo.
Por último, el Sr. Funk se ha referido a la cofinanciación. Espero que nos olvidemos de la cofinanciación para siempre.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario, dada la hora, yo voy a referirme únicamente al Informe Peres. La modificación y rectificación del Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas es de una importancia decisiva. La exención de la obligación de vender los productos a las organizaciones de productores en el caso de que éstos sean comercializados directamente por el productor requería, a mi parecer, algunas precisiones desde un punto de vista crítico. Esta salida de la comercialización directa ha tenido tradicionalmente una importancia muy especial en Alemania, que también yo misma vengo respaldando decididamente desde hace muchos años.
Señor Comisario, usted ha dicho esta mañana que nos encontramos en la segunda campaña del nuevo período de vigencia de la OCM para el sector de las frutas y hortalizas. Sin embargo, yo siento tener que decir que he podido constatar que la Comisión sólo considera incluidas en la excepción que contempla dicha organización común de mercados las ventas realizadas en la finca del productor. ¿Qué ocurre con las ventas efectuadas en el campo, en la carretera o en el mercado semanal? Esta interpretación sumamente restrictiva se desprende de un escrito del Sr. Legrand, de la Comisión. Veo que asiente usted; o sea, que al parecer existe alguna novedad. Sería bueno si así fuese. La parte de la producción cuya comercialización directa está autorizada no se modifica y se pretende que se mantenga en el 20 % de la producción del correspondiente Estado miembro. En la Comisión de Agricultura nos preguntamos, por ejemplo, en este contexto, cómo se prevé efectuar el control. ¿No le parece que la aplicación de esta normativa en las empresas agrícolas resulta, de hecho, sumamente difícil? Si consideramos la práctica habitual en la agricultura, durante la temporada de los espárragos o de las fresas, por ejemplo, podríamos plantear algunas dudas en cuanto a la posibilidad de que los deseos prevalezcan hasta cierto punto por encima de la realidad. Yo no creo que la regla del juego deba ser optar por la venta directa cuando la demanda es buena y por las organizaciones de productores cuando la demanda flaquea. El control de todo el mecanismo me parece, sin embargo, demasiado teórico.

Lulling
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera limitarme a mencionar el Informe Fantuzzi y recordar que fue bajo la Presidencia luxemburguesa en diciembre de 1997 cuando el Consejo reconoció la necesidad de continuar desarrollando la agricultura europea sobre el modelo actual - quizá no se debería olvidar - reforzando su competitividad, principalmente en los mercados de países terceros.
La propuesta que estamos discutiendo ahora es resultado de esta voluntad y también de la de los Ministros de Agricultura.
Es loable y por tanto digna de aprobarse pero, desgraciadamente, demasiado tímida, demasiado edulcorada me atrevo a decir en lo que respecta a los medios financieros, 15 millones de euros. Además, el instrumento de promoción propuesto merece verse simplificado y racionalizado, y es absolutamente necesario aprovechar, señor Comisario, la experiencia y los conocimientos de las estructuras profesionales existentes para el estímulo y la puesta en marcha de acciones de promoción y de publicidad de los productos agrícolas y de los productos agrícolas transformados para los cuales existen oportunidades de exportación o posibilidades de nuevas salidas en los países terceros.
Por lo que respecta a la financiación, estoy de acuerdo con nuestro ponente que ha recordado, con toda razón, que los Estados Unidos dedican anualmente cantidades casi diez veces más elevadas que los modestos créditos previstos por la Comisión en favor de la promoción en los mercados de los países terceros. La Comunidad debería poder financiar también en su totalidad acciones como la participación en manifestaciones, ferias, exposiciones, etc. La participación financiera de la Comisión debería también ser un poco más sustancial, como hemos propuesto.
Habida cuenta de los fallos de funcionamiento que pueden producirse cuando, según que el procedimiento de la licitación sea abierto o restringido, la Comisión elige el organismo encargado de la ejecución de acciones de promoción, considero que sería mucho más seguro y más transparente que la organización que propone los programas y acciones sea responsable de su ejecución y pueda decidir los prestatarios de los servicios necesarios. Yo he propuesto enmiendas en este sentido que han sido aprobadas en la Comisión de Agricultura, y que la Comisión aceptará, espero.
Quisiera, finalmente, insistir en el fortalecimiento de los procedimientos de consulta de los comités de gestión y del grupo permanente «Promoción de los productos agrícolas».

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la producción de ajos en la Unión Europea -como todos ustedes saben- está concentrada en marcadas regiones en las que este cultivo desempeña un papel muy importante tanto de orden económico como social, con más de 15.000 explotaciones agrícolas y más de tres millones y medio de empleos directos. Las importaciones masivas de ajos provenientes de países asiáticos y de Oriente Medio -algunos de los cuales ni los producen-, superan el contingente global máximo de 33.600 toneladas, y se introducen en los mercados de la Unión Europea a través de fronteras no siempre celosas de garantizar un correcto funcionamiento en cuanto a contingentes y calidades.
Esto supone un claro caso de desviación del tráfico comercial contemplado por el artículo 115 del Tratado. Es por lo que pedimos a los Estados miembros que doten los puntos de entrada aduanera de los recursos humanos y materiales necesarios para efectuar una correcta clasificación arancelaria, verificaciones fitosanitarias y origen del producto, e instamos a la Comisión a que exija este celo de los países miembros.
Pedimos a la Comisión Europea que amplíe el ámbito de aplicación del Reglamento 544/97 sobre certificados de origen en las importaciones de ajos de terceros países, así como medidas de retorsión comercial -tendentes a evitar las distorsiones en el tráfico de productos, según el artículo 115 del Tratado, en el ámbito de la política comercial común- contra los países que participen en operaciones fraudulentas. Además, debe establecerse un arancel aduanero disuasorio para las importaciones que sobrepasen el tope fijado, y deben estudiarse medidas de compensación por pérdida de renta para los productores de ajos hasta que entren en funcionamiento las medidas anteriormente solicitadas.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, ya he tenido antes la oportunidad de exponer detalladamente la posición de la Comisión. Por lo tanto, no será necesario que me repita. Sólo quisiera agradecer sinceramente las aportaciones constructivas de todos los oradores que han intervenido en el debate y responder brevemente a tres preguntas que se acaban de plantear.
En primer lugar, en relación con el sector del ajo, antes dije que nos proponemos trabajar en dos direcciones. Deseamos hacer un nuevo uso de la cláusula de protección existente y ampliar su período de aplicación. Se me ha preguntado cómo se controlará esta cuestión. Está bien claro que el control es tarea de los Estados miembros. Ya hemos advertido repetidamente a los Estados miembros que deben señalar a sus servicios aduaneros, en particular, el riesgo de que se importen ajos de determinados países de manera improcedente. Dichos países son, además, sobradamente conocidos. También hemos introducido certificados específicos con objeto de facilitar el control. Sin embargo, somos conscientes de que estas medidas, al menos tal como se han venido aplicando hasta ahora, resultan insuficientes para obtener resultados satisfactorios. Precisamente por esto estamos dispuestos a dar también otro paso. Vamos a proponer que se nos conceda un mandato para negociar en la OMC una normativa por la que se establezcan los correspondientes contingentes.
En cuanto a la segunda pregunta, que ha formulado el Sr. Sturdy en relación con la OMC y la actuación y posición de Europa, ahora mismo sólo puedo decirle que, aun cuando la actual Comisión sólo es en estos momentos una Comisión gestora, a mi parecer es necesario e importante -y en consecuencia también he dado las correspondientes instrucciones a los servicios competentes- que desarrollemos lo más pronto posible una estrategia negociadora sobre la base de los acuerdos adoptados en el marco de la Agenda 2000, de manera que en el segundo semestre de este año estemos en condiciones de iniciar también contactos con otros Estados sobre esta futura ronda de la OMC. Desde luego, debe darse por seguro que nuestra estrategia también incorporará en medidas que fortalezcan la posición de Europa.
Puedo tranquilizar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert: la propuesta de modificación que hemos presentado tiene precisamente por objeto que no se incluyan sólo las ventas directas cuando tienen lugar en la misma finca, sino que se contemplen igualmente como excepciones, en el marco de la normativa del 25 %, las ventas realizadas en los mercados semanales y todas las demás acciones de venta directa que usted ha citado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
He recibido, de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, 3 propuestas de resolución para cerrar el presente debate.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Información y consulta de los trabajadores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0186/99) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la
propuesta de directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (COM(98)0612 - C4-0706/98-98/0315(SYN)).
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Ghilardotti.

Ghilardotti
Señor Presidente, Sr. Comisario, Señorías, el tema de la información, de la consulta y de la participación de los trabajadores se convirtió en un asunto de primera importancia en el debate europeo, ya con el primer programa de acción social, adoptado por el Consejo en 1974. Desde entonces, se pusieron en marcha numerosas iniciativas por parte de la Comisión que, a pesar de todo, encontraron muchas resistencias. En un contexto de cambios constantes, la adaptabilidad de los trabajadores asume hoy una posición preponderante y constituye un objetivo que integra la estrategia de empleo definida por el Consejo Europeo de Luxemburgo.
Casi todos los Estados miembros de la Unión disponen de un cuadro jurídico, de origen normativo o contractual, que garantiza un ejercicio de la información y de la consulta por parte de los trabajadores. Sin embargo, se debe decir que la situación actual, con sus limitaciones y sus defectos, ha demostrado que no puede ofrecer a los trabajadores informaciones y posibilidades suficientes de ser consultados sobre asuntos que son realmente importantes para las decisiones de la empresa. Por esto, la presente iniciativa se propone completar el cuadro comunitario y nacional existente, con lo que -a los fines últimos del derecho en cuestión- contribuye a preparar el cambio, a garantizar que las reestructuraciones se lleven a cabo en un contexto aceptable, y a asignar al objetivo de la ocupación la posición de privilegio que exige el contexto actual. En consecuencia, el cuadro propuesto pretende llenar las lagunas y equilibrar los defectos de la legislación nacional y comunitaria en vigor.
Los objetivos son: garantizar la existencia del derecho a una información y a una consulta regular de los trabajadores sobre los desarrollos económicos y estratégicos de la empresa y sobre las decisiones relacionadas con ellos; consolidar el diálogo social y la relación de confianza dentro de la empresa, a fin de contribuir a la prevención de los riesgos, al desarrollo de la flexibilidad de la organización del trabajo en un marco de seguridad, a la promoción de la sensibilidad de los trabajadores respecto a las necesidades de adaptación y a animarlos para que participen en la adopción de medidas y en las actividades destinadas a promover su profesionalidad; incluir la situación y el desarrollo de la ocupación en la empresa entre los temas de información y de consulta; garantizar que se informe y se consulte a los trabajadores antes de que se adopten decisiones que podrían llevar a modificaciones sustanciales de la organización del trabajo y de las relaciones contractuales; garantizar la eficacia de estos procedimientos introduciendo sanciones específicas para los que violen gravemente las obligaciones de ese sector.
Por lo tanto, doy la enhorabuena a la Comisión por su iniciativa. Es indudable que, con una moneda única y un único y amplio mercado, con economías más interdependientes a medida que pasa el tiempo y con políticas fiscales que, aunque sea con retraso, marchan hacia una coordinación, las políticas sociales tendrán que asumir paulatinamente una dimensión más supranacional, de modo de preservar y promover después nuestro modelo social, reconocido, entre otros, por numerosas y autorizadas fuentes como uno de los factores decisivos de nuestra competitividad.
En el plano específico, la propuesta asegurará los límites mínimos de información y de consulta que se aplicarán en todo el territorio de la Unión, para armonizar estos derechos fundamentales de los trabajadores y contribuir al fortalecimiento de la dimensión social europea. Por lo tanto, es lamentable que las negociaciones entre las partes sociales del espacio europeo, con vistas a un acuerdo según los contenidos del artículo 4, párrafo 2 del protocolo, hayan fracasado, en particular por la total falta de voluntad negociadora de una de las partes. Ha hecho bien la Comisión en ejercer a fondo su derecho de iniciativa establecido en el Tratado.
El Parlamento Europeo, a través de mi informe, propone algunas enmiendas. Al respecto, doy las gracias a quienes con sus enmiendas han hecho una aportación valiosa dentro de la Comisión. Las enmiendas que proponemos -sobre las que es importante conocer el parecer de la Comisión y a las que, espero, al asumir su posición, el Consejo considere como voluntad firme del Parlamento Europeo- están dirigidas en particular a especificar modalidades y definiciones de información y de consulta, sobre todo en lo relativo al momento en que la información se debe transmitir, es decir, la programación, para permitir que los trabajadores conozcan por anticipado el cambio y la extensión del contenido de los asuntos directamente relacionados con sus derechos y su futuro; asimismo, pretenden extender el campo de la aplicación de la directiva, y al respecto proponemos que se amplíe al empleo público y que los Estados miembros estudien la posibilidad de incluir a las pequeñas y medianas empresas; por último, con ellas se quiere asegurar que haya prescripciones mínimas en el ámbito comunitario, que no se puedan derogar sino en un sentido más favorable a los trabajadores.
Terminaré expresando una profunda convicción: si queremos que la etapa de fuertes cambios que estamos atravesando tenga una evolución positiva, tanto en términos de aumento de la competitividad de las empresas como de afirmación de la convivencia civil y social, es necesaria una gran predisposición al diálogo. Esta propuesta, mejorada y reforzada por el informe que hoy discutimos, representa justamente un instrumento innovador que permitirá, gracias a la información y a la consulta de los trabajadores, el desarrollo del diálogo social que puede garantizar la estabilidad y el respeto de los derechos de esa Europa que todos queremos.

Oddy
Señor Presidente, la Sra. Ghilardotti ha realizado un excelente trabajo sobre un tema importante. Es un puntal en el plan general de la Comisión hacer realidad la información y consulta de los trabajadores, y debe ser contemplado conjuntamente con las directivas sobre consulta en los casos de despido colectivo, la consulta sobre el traslado de empresas, las directivas sobre el Estatuto de la Sociedad Europea y el Comité de Empresa Europeo.
La Comisión de Asuntos Jurídicos me ha apoyado y hemos presentado varias enmiendas. En determinados círculos existe la preocupación de que en esta propuesta de directiva existe un problema de subsidiaridad, pero creo que los informes a los que me he referido demuestran que es perfectamente adecuado que la Comisión actúe en este ámbito.
Más concretamente, viene a subsanar una laguna en la legislación del empleo que quedó en evidencia con el cierre de la planta de Renault en Vilvoorde, y felicito a la Comisión -debería decir a la Comisión en funciones- por haber subsanado esta grave falta. Mi país tiene ciertos recelos sobre la necesidad de esta directiva, pero quisiera sugerir al Gobierno de Su Majestad que visite algunas fábricas de mi circunscripción. Todas las fábricas de West Midlands que he visitado estos últimos años tienen tableros de anuncios en los que se indican los niveles de productividad, los objetivos de productividad, información sobre la salud y la seguridad, etc. Todos los empleadores sensatos que conozco consideran prioritario informar y consultar a los trabajadores para incrementar la productividad.

Weiler
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer en primer lugar, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, el informe de Fiorella Ghirardotti, que apoyamos en todos sus puntos. También quiero expresar, no obstante, mi agradecimiento a la Comisión, que en este caso ha presentado un informe que nos ha facilitado mucho que podamos apoyar sus conclusiones en esta fase. La directiva constituye una nueva contribución a la construcción de una Europa social, tras la aprobación de la relativa a los comités de empresa europeos y cuando nos disponemos a aprobar en breve, así lo espero, la relativa a la sociedad anónima europea y la participación de los trabajadores.
También representa, no obstante, un contrapeso frente al capital en Europa. Yo creo que esto es muy importante y tiene mucho sentido, precisamente en el momento actual, para que las ciudadanas y los ciudadanos adviertan que Europa no adopta leyes «en el aire». Yo coincido con la Sra. Oddy cuando señala que esto no significa obviamente la renuncia a la normativa nacional. Los Estados miembros que consideren que cuentan con derechos de participación de los trabajadores más rigurosos y más amplios conservarán evidentemente sus normas. Sin embargo, una observación detenida permite constatar que en muchos Estados -también en Alemania- existen ámbitos en los que los trabajadores todavía no tienen posibilidades de codecisión y de participación. Un punto en el que quisiera detenerme muy concretamente es el del tamaño de las empresas. Las pequeñas empresas -las PYME- no quedan suficientemente incluidas en dicha normativa, tampoco en Alemania. Nosotros habríamos deseado, por consiguiente, que al tamaño de las empresas se hubiese fijado en un mínimo de 20 trabajadores.
Lo señalo de manera muy concreta y confío en que el PPE todavía se decida a sumarse a nuestras propuestas. También confío igualmente en que usted, señor Menrad, y los demás colegas del PPE voten en contra de la exclusión de los derechos de información y consulta asociados a la protección de la orientación ideológica de la empresa, es decir, en el caso de determinadas empresas en el ámbito de los medios de comunicación y de las asociaciones caritativas, y se sumen a nuestra propuesta. Me parece francamente absurda la opinión que nos ha comunicado por escrito una empresa del sector de los medios de comunicación en el sentido de que si no aprobamos este punto estaremos menoscabando los derechos humanos y constitucionales de la libertad de prensa.
A mi parecer, en el momento actual es imprescindible la participación de los trabajadores también en las empresas del sector de los medios de comunicación. Yo no comparto las reservas de Fiorella Ghirardotti a causa de la UNICE. A mi parecer, quizá incluso sea positivo que la UNICE haya rechazado negociar. De este modo contamos con una propuesta razonable de la Comisión, que incluye muchas medidas de amplio alcance precisamente en el ámbito de las sanciones, una propuesta que todos nosotros también apoyamos y que sin duda no habríamos podido alcanzar en el marco del diálogo social. Finalmente, yo quisiera expresar mi ruego y mi esperanza de que la Presidencia alemana y todo el Consejo respalden cuanto antes esta importante contribución a la construcción de una Europa social.

Menrad
Señor Comisario, una exigencia central de la doctrina social cristiana y del programa de principios del PPE es la cooperación y ésta incluye la colaboración y la participación en la toma de decisiones, así como la información y consulta de los trabajadores. Nuestro Grupo político realizó en 1984 una importante aportación sobre esta base a la Directiva sobre los comités de empresa europeos, aprobada prácticamente por unanimidad. Entre tanto, se puede hablar de un éxito de los comités de empresa europeos, que se están extendiendo cada vez más, con la aceptación de los empleadores, trabajadores y sindicatos. Uno de los objetivos del comité de empresa europeo es hacer llegar puntualmente a los representantes de los trabajadores locales, cruzando las fronteras, la información obtenida de la dirección central de las empresas, con objeto de que aquéllos puedan cumplir su tarea. El sistema funciona cuando los representantes locales de los trabajadores poseen suficientes derechos de conformidad con la legislación nacional. La presente directiva se propone garantizar, entre otras cosas, este aspecto mediante unas normas mínimas en lo que respecta a la información y la consulta, pero no a la participación.
La Sra. Ghilardotti ha presentado un buen informe muy minucioso y yo la felicito sinceramente. Ella aceptó en la Comisión de Empleo una solución de compromiso en relación con el tamaño mínimo; 50 trabajadores es un límite razonable, señora Weiler, y la propuesta responde a los planteamientos de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Nosotros nos oponemos a que se suprima totalmente la protección de la orientación ideológica, tal como pide el informe. En nuestras enmiendas proponemos, en cambio, una solución en la línea de la Directiva sobre los comités de empresa europeos, que mantiene dicha protección, pero la restringe fuertemente. El objetivo también es, sencillamente, obtener una aceptación más amplia. Sobre todo para las medianas empresas es de especial importancia que los Estados miembros prevean excepciones cuando la transmisión de determinada información cause considerables perjuicios a la empresa. La exención de determinadas obligaciones no puede ser, sin embargo, arbitraria; por esto es necesario prever unos criterios objetivos y eventualmente también una autorización administrativa o judicial. Señora Ghilardotti, nosotros estamos dispuestos a aprobar un marco subsidiario así definido para las disposiciones nacionales en materia de información y consulta. Se trata de un paso importante en favor de la dimensión social y de una regulación que favorezca la cooperación en la Unión Europea, y que también será -tiene usted razón- económicamente ventajoso. Justamente en una época de rápidas transformaciones, en una economía mundializada, la falta de información sólo suscita desconfianza y finalmente miedo, cuyo resultado es el bloqueo. La información significa transparencia, que a su vez genera confianza y evita pérdidas debido a los roces en las empresas europeas. Los beneficiados son los empleadores y los trabajadores por un igual.

Boogerd-Quaak
Presidente, en nombre de una holgada mayoría de mi grupo parlamentario doy la bienvenida a las propuestas de la Comisión. Quiero traer a la memoria los debates que hemos tenido aquí, por ejemplo con motivo del asunto Vilvoorde, la cuestión Renault, en el que tuvimos que constatar que nuestra regulación respecto a la información y codecisión se quedaba corta, sobre todo también en lo que respecta a las sanciones. Esta propuesta es un gran paso hacia adelante en lo referido a la información y codecisión a nivel europeo. Mi grupo parlamentario votará también en gran mayoría a favor del compromiso alcanzado, es decir que la regulación se aplicará a empresas con más de cincuenta empleados.
Quiero volver a traer a la memoria cuán importante es la información y la consulta. Muchísimas empresas que van bien, tratan muchas veces muy cuidadosamente a sus empleados. Es también positivo para el «level playing field» que haya en toda Europa las mismas condiciones en relación con la participación y la codecisión. Además es un tema propio de nuestro tiempo. La ponente lo ha formulado tan adecuadamente en su informe: «En el diálogo social se trata de relaciones de confianza». Por consiguiente, me parece que esto puede considerarse como un ejemplo para el resto del mundo, porque sabemos que en Japón y en los Estados Unidos muchas veces no han llegado tan lejos todavía.
Por mi experiencia en los Países Bajos sé que los comités de empresa en casos de cierre de empresas han jugado a menudo un papel mejor que las direcciones de esas empresas, que por otra parte estaban contratadas por los que ponían el capital. Creo que debemos ser conscientes, y sobre todo los que no quieren dejar vía libre a esto - y también me dirijo parcialmente a los miembros de mi propio partido -, de que aquí están las grandes oportunidades para la empresa moderna. Por lo tanto, me parece que debemos apoyar esta propuesta con entusiasmo, así como alguna de las enmiendas.

Ribeiro
Señor Presidente, el tema del marco relativo a la información y la consulta de los trabajadores es polémico. Más polémico aún resulta si a la participación y consulta se suma la participación en el proceso de adopción de decisiones, que, como, por lo demás, ya ha afirmado este Parlamento en diversas resoluciones, es un derecho de los trabajadores.
De acuerdo con su práctica, la Comisión ha querido dar preferencia a los interlocutores sociales en el establecimiento de las normas. Pero la UNICE, la patronal organizada en el nivel comunitario, considera que esa cuestión corresponde al ámbito de la subsidiariedad. De modo que no hubo negociación porque la Comisión se vio obligada a presentar su propuesta de directiva al margen del diálogo social. La Comisión de Asuntos Económicos fue la encargada de elaborar la opinión y me correspondió a mí ese cometido. Lo hice con la intención de contribuir a un avance real en el sentido ya antes adoptado por el Parlamento Europeo. La mayoría de los miembros de esa comisión no consideraron que fuera ése el camino y, en la práctica, adoptó la posición de la UNICE. No aprobó ninguna opinión y en la página reglamentaria se afirma que «decidió no emitir una opinión». Lo lamentamos, porque habría sido, en mi formulación o en otra más consensual, la contribución a la resolución que el Parlamento va a adoptar. Por lo que también por eso acojo con beneplácito el trabajo y el informe de la Sra. Ghilardotti. Además, si me lo permite, señor Presidente, aduciré unas palabras sobre otro informe de este ámbito que ha llegado hoy al Pleno y que, en virtud del artículo 52, no se debatió ni votó. Se trata del informe sobre la organización del trabajo, considerado, así, tema menor, que pasó a toda velocidad por este Parlamento, lo que constituyó una auténtica perversión de las prioridades. Pero, ¡así es! Votamos en Pleno el control de las biotoxinas marinas y la estabilidad para no volcar, informes técnicos a los que no niego relevancia, pero vamos a pasar el informe sobre la «modernización de la organización del trabajo -una actitud positiva para el cambio» y hay quien quiere endosar a la subsidiariedad la información, consulta y participación de los trabajadores. ¡Y después nos quejamos del escaso interés de la opinión pública por el Parlamento Europeo!

Wolf
Señor Presidente, la Directiva sobre los comités de empresa europeos tiene una laguna, que quedó bien patente con ocasión de la huelga de Vilvoorde, como ya han resaltado los oradores que me han precedido. Es necesario aclarar cuáles son los derechos de información efectivamente reconocidos. El excelente e importante trabajo de la Sra. Ghilardotti dilucida este asunto. Evidentemente fue necesario alcanzar algunos compromisos. Nosotros lamentamos en particular uno de ellos: es absurdo en cualquier caso que se considere el tamaño de la empresa cuando se trata de la obligación de informar y más aún que el mínimo sea de 50 trabajadores, que es un número exageradamente alto. Por esto, hemos querido ofrecer al Parlamento una nueva oportunidad de ir un poco más lejos y hemos presentado una enmienda que fija el mínimo en 20 trabajadores, a sabiendas de que esta cifra en realidad también es absurda.
En cuanto a la protección de la orientación ideológica, es preciso repetir que ésta plantea en cualquier caso un problema, ya que la libertad de prensa, por ejemplo, no es una libertad del propietario del periódico, sino de las y los periodistas. También en el caso de las Iglesias existen unas libertades de sus miembros que es preciso proteger igualmente. Pero cuando lo que está en juego es el derecho a la información, no se puede incluir la protección de la orientación ideológica. En la legislación alemana ésta se contempla en el caso de la participación en la toma de decisiones. Esto introduce una cierta confusión. La UNICE lamenta ahora que se la haya dejado de lado; ¡podría haber colaborado antes de manera constructiva!

Angelilli
Señor Presidente, concuerdo con la Sra. Ghilardotti en que es necesario que, dentro de las empresas, los trabajadores dispongan de una posibilidad de información cada vez mayor y que asuman un compromiso también creciente, y esto en particular en las empresas medianas y grandes, incluso para evitar que se produzcan auténticas injusticias sociales, como en el caso de la Renault. Sin embargo, querría puntualizar ciertas cosas. En particular, creo que es justa una conciliación de esta legítima expectativa de información y de consulta con las exigencias concretas de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas. En mi opinión, en un marco económico tan difícil e inestable como es en la actualidad el europeo, no sería bueno que las empresas se vieran sometidas a un aumento de obligaciones jurídicas y administrativas. Quiero recordar que, al menos en el caso italiano, sólo las grandes empresas, en los momentos de crisis internas, consiguen el apoyo estatal adecuado y justo; inversamente, las pequeñas, aun cuando constituyen una riqueza preciosa para la Unión, no disfrutan de privilegios comparables. Con demasiada frecuencia, los pequeños empresarios deben enfrentarse solos la incertidumbre de los mercados, y tienen que asumir todos los riesgos sin ninguna tutela ni ayuda públicas. Por lo tanto, quiero puntualizar que una consulta previa a los trabajadores tendría sentido exclusivamente si se inserta en una lógica, en una metodología participativa de verdad. Quiero decir que en una empresa en la que se ponen en práctica sistemas de participación -ya sea la participación en los beneficios o bien dentro del accionariado- sería lógica una consulta previa sobre las opciones empresariales, pues en tal caso los empresarios y los trabajadores comparten la responsabilidad de tomar decisiones, pero también la de correr riesgos; se dividen los beneficios pero también se dividen y comparten las responsabilidades.
En conclusión, esta propuesta de directiva del Consejo, y en particular la posición de la Sra. Ghilardotti, introducen elementos de rigidez añadidos, de los que el mercado del empleo -sobre todo el que corresponde a las pequeñas y muy pequeñas empresas- no tiene ahora mismo ninguna necesidad, en mi opinión. Son elementos de rigidez que, ante todo, no favorecen el empleo.

Damião
Señor Presidente, este informe y la propia directiva son un punto muy importante en el avance de las relaciones industriales. No obstante, aún no llegan a ser las medidas de participación que se propugnan desde hace mucho, en particular, por los estudios de la Fundación Europea que en 1991 hizo una importante investigación y definió los tres modelos de participación: la participación como fuerza productiva, la participación como fuerza democrática y la participación como un juego de fuerzas positivas.
Ése es el gran objetivo en pos de cuya consecución debemos continuar y éste no es aún sino un paso que la ponente Sra. Ghilardotti ha vuelto más efectivo, más amplio, más eficaz. No obstante, quisiera señalar a la atención de la Comisión que, en países como Italia, Portugal, España y Grecia, sólo el 5 % de los gestores admiten la consulta y la información en materias que estén exclusivamente relacionadas con la salud y la seguridad en el local de trabajo.
Por tanto, estamos muy lejos de la ciudadanía europea y la democracia que deseamos para todos los ciudadanos, la democracia política, queda fuera de los muros de las empresas en la actualidad. Ojalá consigamos llevar a buen término esta iniciativa de la Comisión y el informe con vistas a lograr de hecho ciudadanos más libres y empresas más productivas y de mayor calidad humana.

Hatzidakis
Señor Presidente, no soy contrario a que existan unas pocas disposiciones y un marco común con respecto a la información y consulta con los trabajadores, y creo que la Sra. Ghilardotti ha realizado un buen esfuerzo en esa dirección, sólo que su buena intención la ha conducido a ciertos excesos. Por consiguiente, creo, que si adoptamos el informe tal y como está en este momento, posiblemente conseguiremos el resultado opuesto al que todos deseamos, que es la protección de los trabajadores. Porque desalentar a las empresas para que inviertan, se vuelve finalmente en contra de los trabajadores.
Defiendo este punto de vista porque tenemos distintas formas legislativas de abordarlo en los diferentes estados miembros, y mientras que en algunos estados, como por ejemplo Alemania, Austria, etc., lo que se prevé está ya más o menos incorporado en su legislación, en otros estados miembros el cambio brusco de legislación y el cambio de modelos, puede resultar negativo para la economía y el mercado de trabajo. Es, claro está, positivo el que se haya abandonado la anterior idea de aplicar la directiva a empresas con 20 trabajadores, y nos hayamos quedado en el límite de 50. A pesar de ello, hay aún varias cosas que considero negativas en el informe, y quisiera subrayar algunas a modo orientativo.
Primero, la propuesta de la Comisión prevé excepciones para algunas empresas concretas, p. ej. con fines eclesiásticos, filantrópicos, etc. La enmienda 15 anula el artículo 2, párrafo 2, que permite estas excepciones. Esto es un error, porque son concretos estos casos y por ello necesitan cláusulas especiales de manera que queden aseguradas, por un lado la información y la consulta, y por otro, el correcto funcionamiento de estas empresas.
Segundo, en la enmienda 24 (nueva), se prevé la suspensión de la última decisión para que continúen las consultas, de manera que se eviten algunas consecuencias negativas para los trabajadores. De esta forma, las empresas, eventualmente, no podrán tomar decisiones durante grandes intervalos de tiempo y así se pone en peligro su subsistencia.
Tercero, la enmienda 26 añade la posibilidad a los trabajadores de poder solicitar la contribución de peritos. Los peritos no deberían tomar parte en las sesiones de información y consulta, porque pueden revelar a terceros datos importantes, y la protección del artículo 5 no es suficiente.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, estimados compañeros, personalmente voy a votar en contra de este informe. La propuesta es un ejemplo clarísimo de falta de respeto al principio de proximidad. En primer lugar, no hay ningún aspecto transfronterizo en la propuesta y en segundo lugar, esta cuestión ya ha sido regulada en la mayoría de países miembros, incluido mi propio país, Dinamarca, mediante acuerdos de cooperación. Esta cuestión debe ser regulada en el plano nacional y entre los interlocutores sociales. Con lo que se atendería en primer lugar al principio de proximidad y en segundo lugar a las diferencias nacionales y a las diversas tradiciones que existen en Europa. Por tanto no son precisas más normas comunitarias en este terreno. Debe quedar en manos de cada país bien establecer normas nacionales bien solucionar esta cuestión con convenios, tal y como hemos hecho en mi propio país.

Andersson
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a la ponente por este excelente informe. También quiero dar las gracias a la Comisión por sus propuestas. Sin duda se necesita esta directiva. Lo ha demostrado el desarrollo de los acontecimientos durante los últimos años. Opino que es obvio que se vea a los trabajadores como un recurso. Entonces es importante que tengan derecho a información y consulta. Sin embargo, creo que la propuesta no va suficientemente lejos. Opino que cincuenta trabajadores es una cantidad demasiado alta, incluso veinte trabajadores son demasiados. Opino que todos los trabajadores deben tener derecho a información y consulta.
No obstante, votaré a favor de la propuesta, ya que contiene reglas mínimas. Los países que tienen mejores condiciones -por ejemplo Suecia, mi país- deberán poder conservarlas. Por este motivo, a pesar de todo, esta propuesta es un avance en un proceso que en el futuro dará posibilidades de información y consulta a todos los trabajadores.

Schiedermeier
Señor Presidente, lamentablemente, en la política social europea no siempre prevalece el principio según el cual: «lo bueno se hace esperar». Muchas decisiones importantes tardan mucho en adoptarse, pero a pesar de todo acaban no siendo tan buenas como desearíamos los políticos sociales. El tema de la «información, consulta y participación de los trabajadores» viene debatiéndose a escala europea desde 1974. Todas las iniciativas de la Comisión zozobraban en el Consejo porque hasta el Tratado de Maastricht debían ser adoptadas por unanimidad. La Directiva marco sobre el lugar de trabajo fue la primera que incorporó el ámbito de la información y la consulta. Luego, en 1994, se consiguió la aprobación del comité de empresa europeo. A pesar de todo, las continuas transformaciones y el incremento de las actividades transfronterizas continúan exigiendo con urgencia una actuación en este ámbito.
Debido a una serie de limitaciones y carencias, los trabajadores no reciben suficiente información ni disponen de suficientes oportunidades de consulta en los ámbitos de interés decisivo para las empresas. Existen en efecto -y está bien que así sea-disposiciones jurídicas de ámbito nacional. Lamentablemente, éstas tienen cada vez menos peso en el ámbito de las actividades transfronterizas. Por esto resulta imprescindible, también en este caso, una norma social mínima. Lo que se propone no es más que esto. La subsidiariedad queda plenamente salvaguardada. En la comisión alcanzamos, tras largos debates, el acuerdo de fijar un mínimo de 50 trabajadores. En las empresas de menor tamaño, la evolución de la actividad es más transparente y resulta más difícil ocultar información.
Sigue sobre la mesa el tema de la protección de la orientación ideológica. El PPE defiende que se incluya esta cláusula, igual que en el caso del comité de empresa europeo, y confiamos en que el Partido Socialdemócrata alemán todavía se avenga a ello. En cualquier caso estamos de acuerdo en que es preciso que se cumplan las disposiciones mínimas, tal como debe ocurrir con todas las normas sociales mínimas. El derecho a solicitar la asistencia de expertos debe quedar plenamente garantizado en el marco de la subsidiariedad, pues de lo contrario a los trabajadores podrían darles gato por liebre. Yo espero que por fin se adopte, al cabo de 25 años, esta directiva en favor de los trabajadores. En la base de la misma subyace también la idea de que las empresas europeas se diferencian de las americanas y japonesas y funcionan mejor cuando se alcanza un consenso entre la empresa y los trabajadores a través del procedimiento de información y consulta.

Blak
Señor Presidente, creo que podría haber prescindido de esta propuesta de directiva perfectamente. Desgraciadamente, este punto de vista ha gozado de poca aceptación en este Parlamento. En Dinamarca, tanto los empresarios como los trabajadores piensan que esta propuesta puede acabar con el especial modelo de negociación danés, en el que la información y la consulta de los trabajadores queda regulada en los acuerdos sobre comités de empresa entre los interlocutores sociales. Durante su tramitación en la comisión presenté varias enmiendas que permitirían a los Estados miembros evitar la implementación de la directiva de disponer ya, según los interlocutores sociales, de regímenes satisfactorios. Desgraciadamente, esta idea no fue aprobada. No quiero que los Estados miembros que no disponen de regímenes satisfactorios de información y consulta de los trabajadores tengan posibilidad de incumplir esta directiva. Por ello es necesaria. Sin embargo, abogo por una solidaridad entre los trabajadores comunitarios y quiero también al mismo tiempo que a un Estado miembro como Dinamarca, donde los interlocutores sociales han desarrollado a lo largo de más de cien años un modelo eficaz de información y consulta de los trabajadores mediante convenios colectivos imbuidos de un espíritu de diálogo y cooperación, se le permita conservar este sistema, y eso sí, a la inversa, nosotros no vamos a impedir que otros sistemas se pongan a nuestro nivel.

Carlsson
Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo rechazase este informe. Tenemos que demostrar que respetamos el principio de la proximidad. La incorporación de este informe en la legislación europea puede resultar directamente contraproducente en relación con lo que se quiere obtener.
La propuesta de directiva se contrapone a diferentes tradiciones existentes en los países miembros de la UE. Ha pasado la moda de dar mayor injerencia a los sindicatos a través de la UE. En cambio, hay que crear una actitud moderna -que obviamente implique participación e influencia por parte de los trabajadores- en todas las organizaciones que quieran ser competitivas y dinámicas. Donde mejor se puede crear el marco para esto es, obviamente, en los mismos lugares de trabajo, pero la estructura excesivamente burocrática de la política de mercado laboral lo impide, y ahora hay quienes pretenden servirse de la colaboración europea para hacerla aún más intrincada.
Nuestro papel en una Europa con mucho desempleo y que despilfarra recursos humanos tiene que ser el de generar las condiciones necesarias para la creación de empleo. Con más reglas y restricciones habrá menos trabajo y menor crecimiento, desarrollo y bienestar. En otras palabras: muchísimos menos lugares de trabajo para consultar e informar. No quiero que este informe se apruebe, y me alegra ver que muchos en el Parlamento hayan expresado lo mismo.

Garosci
Señor Presidente, desde el principio de la participación activa de las Instituciones comunitarias en la construcción, sobre todo en la construcción social europea, la información a los trabajadores y su participación en el debate siempre fue un tema fundamental, incluso en los primeros documentos del Consejo, fechados en 1974. Hoy nos enfrentamos una vez más, quizá en una versión casi definitiva, con este fundamental aspecto de la implicación de la base de la empresa, es decir, de los que trabajan, de los que le brindan su propia actividad para verla crecer y mantener su competitividad en el mercado.
Hay muchas consideraciones importantes en el trabajo presentado por la ponente, a quien le damos las gracias. En particular, es básico que esté comprometido el sector público, naturalmente con la condición de que los Estados miembros creen los mecanismos que más tarde alentarán el diálogo social. El mismo diálogo social, evidentemente, es deseable para las pequeñas y medianas empresas, en apariencia excluidas de este documento pero que, como sabemos, representan el 90 % de las empresas comunitarias. Es decir que, de acuerdo con los Estados miembros -esto es fundamental-, debemos preocuparnos por conseguir el máximo de compromiso por parte de los trabajadores de las pequeñas empresas, e incluso diría de las microempresas, y me refiero a las que llegan hasta los diez puestos de trabajo que, en algunos sectores, hoy son mayoría y, sobre todo, son las que presentan las mayores posibilidades. Como sabemos, el informe aportó modificaciones a la propuesta inicial, a la vez que excluía una serie de excepciones acordadas a las empresas que no tienen fines de lucro. Podemos aceptar este aspecto con la condición de que después los Estados miembros lo apliquen correctamente.
En resumen, en este momento de internacionalización del mercado, no podemos pensar en que los colaboradores de las empresas comunitarias no asuman un compromiso cada vez mayor, e incluso que no se comprometan lo más posible, porque es evidente que en ellos se funda el éxito, o el fracaso, de la actividad empresarial.

Flynn
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento a la Sra. Ghilardotti y a todos los demás ponentes por su trabajo sobre esta propuesta concreta de la Comisión. También deseo agradecer a los diputados que han destinado su tiempo a realizar importantes intervenciones a este debate. Quisiera expresar mi satisfacción personal y mi gratitud por el apoyo del Parlamento a esta iniciativa tan importante de la Comisión.
En nuestra opinión, se trata de una importante propuesta que, una vez adoptada, podría añadir un elemento indispensable que falta en la legislación laboral de la Comunidad Europea. Tras haber escuchado lo que aquí se ha dicho -y haber leído el proyecto de opinión-, creo que el Parlamento está preparado y dispuesto a desempeñar un papel decisivo en las negociaciones que conducirán a la adopción de esta propuesta de directiva. Una vez adoptada, completará y hará más coherente el acquis communautaire en el ámbito de la participación del empleado y contribuirá de manera decisiva a la creación de la dimensión social en el mercado interior. En cierto modo, la Srta. Oddy tiene razón: vendrá a llenar un vacío que debe ser subsanado en la legislación laborista europea.
No obstante, es una propuesta controvertida, como demuestran las reservas que la patronal y algunos Estados miembros han manifestado. Somos conscientes de la dificultad del debate y ésta es otra de las razones por la que me complace especialmente la posición del Parlamento de claro apoyo a la iniciativa, al tiempo que debemos ser prudentes respecto a la Comisión en funciones actual y a lo que ésta puede hacer con la propuesta en estos precisos momentos. Por ello, a pesar de que el Consejo ni siquiera ha comenzado a debatir el texto, y teniendo en cuenta la necesidad absoluta de preservar la viabilidad política de la propuesta -sobre todo en el seno del Consejo-, en estos momentos es aconsejable, y especialmente en esta fase, actuar con cierta cautela.
Comprendo perfectamente todas las actuales solicitudes del Parlamento. La mayoría, si no la totalidad, de los temas planteados han sido objeto de un intenso debate en la Comisión en el período previo a la aprobación de la propuesta. Al final, la Comisión alcanzó un delicado equilibrio entre los diferentes puntos de vista y los intereses divergentes sobre lo que se considera un tema muy delicado. Sería inadecuado alejarnos de dicho equilibrio en estos momentos, al menos en lo que respecta a las enmiendas presentadas relativas a los cuatro temas más delicados de la propuesta: los niveles mínimos, las definiciones de información y consulta, el alcance de las excepciones que los interlocutores sociales pueden hacer a las disposiciones de la directiva y la cuestión de las sanciones.
Estoy seguro de que todas las propuestas del Parlamento sobre estos temas centrales estarán muy presentes en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo con vistas a la adopción de la propuesta. La Comisión desempeñará el papel que le atribuye el Tratado en el transcurso del procedimiento de codecisión, al tiempo que intenta acercar posiciones entre ambas partes y, al final, garantizará el consenso. Por ello, comprenderán mi cautela a la hora de reaccionar hoy a algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento, a pesar de que algunas de ellas podría ciertamente ser contempladas por la Comisión en el futuro, a la luz de los acontecimientos que tendrán lugar en el Consejo.
A pesar de mi cautela, hoy quisiera mostrarme lo más positivo posible. La Comisión puede aceptar ya desde ahora algunas de las enmiendas presentadas, porque ciertamente mejoran el texto. Es el caso de las enmiendas 1, 17, 8 y 10, el primer y tercer elementos de la enmienda 13, y las enmiendas 19 y 35.
Una segunda categoría de enmiendas son relativas a temas más fundamentales. No obstante, creo que puedo manifestar mi apoyo a las mismas, porque son razonables y no parecen afectar el delicado equilibrio del texto. Me refiero a las enmiendas 4 y 15, las 6 y 32 -relativas a la cláusula de no agresión-, la 16 sobre el nivel de información y consulta, la 22 -sobre la lista ilustrativa de temas sujetos a información y consulta- y la primera parte de la 33, relativa a la aplicación del principio de la directiva al sector público, a lo que se hace referencia, aunque la fórmula propuesta debe ser revisada de algún modo.
A pesar de que la enmienda 34 es perfectamente coherente con nuestro enfoque de involucrar a los interlocutores sociales, no podíamos contemplar esa modificación a la fórmula básica utilizada para la aplicación de la legislación comunitaria. No obstante, podría aceptar un considerando basado en dicha enmienda. En cuanto a las enmiendas restantes, a la luz de las circunstancias a las que me he referido, la Comisión opina que será difícil aceptarlas. En todo caso, como ya he mencionado, estarán muy presentes en los futuros debates institucionales sobre esta importante propuesta, por lo que el debate sobre estos temas fundamentales aún está lejos de su conclusión.
Debo decir a la Sra. Weiler que en realidad se trata de normas mínimas. Es muy importante para el modelo social europeo. Como decía la Sra. Ghilardotti, en cierto modo se trata de que exista confianza mutua entre la patronal y los empleados. Considero que la presente propuesta en concreto es una pieza clave de la legislación laborista europea. Aunque desde lejos, seguiré con mucha atención la adopción de esta ley europea. Beneficiará mucho a la patronal y a los empleados en el desarrollo del modelo social europeo. Les agradezco su respaldo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Tiempo de trabajo
El Presidente
El orden del día prevé el debate conjunto de los dos informes siguientes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales:
A4-0814/99 del Sr. Chanterie, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la enmienda de la directiva 93/104/EK del 23 de noviembre, respecto a determinados datos sobre la distribución del tiempo de trabajo de manera que se cubran sectores y actividades que se excluyen de esta directiva (COM(98)0662 - C4-0715/98-98/0318 (SYN) y-A4-0187/99 del Sr. McMahon, relativo a: I.la propuesta de directiva del Consejo referente a la distribución del tiempo de trabajo para personal que realiza actividades de transporte por carretera y conductores por cuenta propia (COM(98) 0662 - C4-0716/98-98/0319 (SYN).II.la propuesta directiva del Consejo referente a la imposición de las horas de trabajo de los marineros sobre los barcos que utilizan los puertos de la Comunidad (COM(98) 0662 - C4-0717/98-98/0321 (SYN).III.la propuesta directiva del Consejo referente al acuerdo sobre distribución del tiempo de trabajo de los marineros que fue acordado por la Unión de Armadores de la Unión Europea (ECSA) y la Confederación de Uniones de Trabajadores del Transporte de la Unión Europea (FST) (COM(98) 0662 - C4-0718/98).
Chanterie
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, es bueno que se indique al principio que una ordenación europea del tiempo de trabajo es una cuestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo, lo cual constituye por lo tanto un derecho de los trabajadores. Eso fue traducido en una directiva en 1993 confirmada en 1996 por el Tribunal de Justicia Europeo. Pero hay una serie de sectores y actividades que han quedado excluidos hasta ahora de la aplicación de esta directiva, en especial los diversos sectores de transporte, la pesca marítima y otras actividades marítimas así como los médicos en periodo de formación. Es preciso que hoy reflexionemos sobre las propuestas legislativas para que se suprima la exclusión de estos sectores no incluidos. La Comisión ha optado por un doble enfoque con una modificación de la actual directiva horizontal por una parte, y por otra parte, la propuesta de tres directivas verticales específicas sobre todo para el sector de transportes, los trabajadores del mar de la UE y los trabajadores a bordo de buques que utilicen puertos comunitarios.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha mantenido este doble enfoque por una parte con el Informe McMahon relativo a la ordenación sectorial y por otra con mi propio informe sobre la modificación de la actual directiva. En resumidas cuentas, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone que se incluyan en el ámbito de aplicación de la directiva todos los sectores excluidos y todas las actividades excluidas. Para ello, habrá que revisar entre otros el artículo relativo a las excepciones, que es el artículo 17, para poder contar con las características específicas de cada uno de estos sectores y actividades.
Por esa razón sigo defendiendo mi propuesta original de suprimir la exclusión de la gente del mar. Tal como los transportistas, la gente del mar puede hacer uso de las excepciones previstas en la directiva. Tal como el sector del transporte por carretera, los trabajadores del mar pueden recurrir a una directiva particular. Por otra parte, existe ya un acuerdo europeo entre los armadores y los sindicatos. ¿Por qué seguir excluyéndoles entonces? Eso no es justificable ni desde el punto de vista técnico-jurídico ni político. Incluso cabe preguntarse también si la exclusión de otro sector profesional, en especial las fuerzas armadas en tiempos de paz, se puede justificar todavía. Soy de la opinión, Señor Comisario, que se debe dar también una respuesta a ello cuando se revise la directiva en un futuro próximo.
El segundo punto de discusión ha sido el descanso en domingo. La directiva de 1993 había previsto el domingo como día de reposo pero la sentencia del Tribunal de Justicia de 1996 lo anuló. No se suprime la jornada de descanso en domingo como tal, sino el descanso en domingo como parte de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, no se debe suprimir realmente el descanso dominical, pero se debe utilizar otro fundamento jurídico para justificar el domingo como jornada de descanso. El Parlamento Europeo ya adoptó una posición al respecto en su resolución del 12 de diciembre de 1996, en la que se hace un llamamiento tanto a los Estados miembros como a los interlocutores sociales para que reconozcan el carácter específico del domingo como día de descanso.
Señor Comisario, usted mostró su conformidad con esta resolución y me lo ha confirmado también en una carta dirigida a mí con fecha del 8 de enero de 1999. Para encontrar una solución quiero señalar que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y en especial el artículo 151 apartado 4 junto con el artículo 128 apartado 1 del Tratado de Maastricht proporcionan un fundamento jurídico apropiado.
Quiero decir aún dos palabras sobre los médicos en periodo de formación. Creo que uno de los méritos más importantes de esta legislación que vamos a introducir ahora es que se va a poner fin a las circunstancias infrahumanas de los médicos en periodo de formación, incluyendo los abusos que reinaban allí. Es también muy importante para los pacientes porque ya se ha visto que los médicos en formación que han trabajado o que han estado de guardia 60, 70, 80 horas ininterrumpidamente, difícilmente están en las condiciones idóneas para intervenir adecuadamente cuando se presenta una urgencia.
La Comisión Europea propone una excepción temporal de las 48 horas a las 54 horas. Esto sería durante un periodo de siete años. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha llegado a un compromiso para acordar efectivamente esa prolongación de 48 a 54 horas pero no durante siete años, sino solamente para un periodo transitorio de cuatro años.
Señor Presidente, sabemos que el Reino Unido quisiera ir más lejos. Una excepción durante un periodo de 15 años, pero esto nos llevaría a bien entrado el siglo XXI y creo que nos podríamos preguntar si los miembros del gobierno británico querrían recibir cuidados en tales circunstancias. Podría ser que se fueran a otro hospital. Dicho de otra forma, habrá que debatir y votar sobre estos temas hoy y mañana. Me parece que es una de las legislaciones sociales más importantes, junto con el Informe Ghilardotti, del final de esta legislatura.

McMahon
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Comisión por presentar legislación para este sector excluido. Hoy tenemos ante nosotros un amplio paquete de propuestas para proteger a aproximadamente cinco millones de trabajadores que realizan actividades de transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, así como a los jóvenes médicos que hacen prácticas en hospitales y a aquellos que trabajan en las plataformas petrolíferas y que no están contemplados en ninguna directiva propia relativa al tiempo de trabajo.
El debate de hoy marca el primer paso para que, a raíz del nuevo Tratado de Amsterdam, este Parlamento garantice el establecimiento de unas normas mínimas sobre el tiempo de trabajo para todos los trabajadores de Europa. No es tarea fácil. Compaginar unas normas mínimas sobre la salud y la seguridad y, al mismo tiempo, disponer de una cierta flexibilidad operativa, que puede ser necesaria en determinadas circunstancias, dado el carácter de estos sectores, no va a ser fácil. Debe alentarnos el hecho de que los interlocutores sociales lograran un acuerdo en el sector de los ferrocarriles y en el transporte marítimo.
Acojo con especial satisfacción el acuerdo de los marinos, habida cuenta de que se trataba de un modelo social europeo el que constituyó la base de nuestro propio acuerdo más amplio en el marco del Convenio 180 de la OIT. Lamentablemente, en lo relativo al sector del transporte por carretera, los interlocutores sociales no pudieron alcanzar un acuerdo. Pero han celebrado importantes negociaciones y han aprendido una lección muy valiosa.
En la elaboración de mi informe, que trata sobre los distintos sectores del transporte, mi principal preocupación ha sido la necesidad de proteger a los trabajadores contra los efectos adversos para su salud y su seguridad de trabajar demasiadas horas. El informe trata también sobre cómo garantizar la seguridad y la competitividad de los medios de transporte en interés general. Si no regulamos el tiempo de trabajo en el sector del transporte, corremos el riesgo no sólo de poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, sino también, al mismo tiempo, de distorsionar la competencia en el mercado interior. Esto es especialmente cierto en el sector del transporte por carretera, en el que el 78 % de las empresas de transporte son pequeñas empresas que operan con menos de cinco vehículos. Por ello tiene sentido adoptar un reglamento de ámbito europeo sobre el tiempo de trabajo, que se aplique conjuntamente con un tacógrafo y garantice la igualdad de condiciones en el transporte por carretera.
Por ello apoyo plenamente la propuesta de la Comisión de hacer extensivas las directivas sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo a todos los trabajadores móviles del transporte por carretera, incluidos los conductores autónomos. La directiva protegerá a los trabajadores del transporte por carretera que son subcontratados y que terminan siendo autónomos sin elección y que no cuentan con ninguna protección para la salud y la seguridad. La legislación de la Comisión no sólo protegerá a los trabajadores del sector del transporte, sino que además mejorará la seguridad en las carreteras en beneficio de los usuarios de las carreteras y de los pasajeros. Hasta 45.000 personas mueren cada año en las carreteras de la Unión Europea y en el 18 % de todos estos accidentes mortales se ven involucrados camiones o autocares, que a menudo tienen como causa la fatiga del conductor. Únicamente si se aplican intervalos de descanso adecuados, restricciones sobre el número de horas y modelos de trabajo para los trabajadores móviles podrá garantizarse la seguridad.
En el presente informe defiendo coherentemente que demasiadas excepciones a la duración máxima de la semana laboral, a los períodos de descanso o al trabajo nocturno no garantizan una protección adecuada para la salud y la seguridad. Me inclino a sostener que la posibilidad de excepción de las 48 horas semanales hasta un máximo de 60 es en sí considerable y que no deben permitirse excepciones que sobrepasen a ésta. No obstante, a raíz de un compromiso alcanzado en comisión, he dado mi conformidad para que puedan hacerse excepciones a la semana laboral y a los períodos de descanso, a condición de que sean negociadas y acordadas por los interlocutores sociales y se ofrezca a los trabajadores un descanso compensatorio.
Quisiera referirme brevemente a la situación de los taxistas en el marco de estas propuestas. Apoyo plenamente la propuesta de la Comisión de que esta legislación propuesta en interés de la salud y la seguridad y una competencia justa incluya también a los taxistas. La Comisión ha sido objeto de ataques injustos por esta causa. No creo que con la introducción de categorías especiales de trabajadores alcancemos nuestros objetivos de proporcionar un nivel básico de protección a todos los trabajadores del sector del transporte.
Volviendo muy brevemente sobre el informe del Sr. Chanterie, quisiera felicitarle por su trabajo y darle las gracias por las conversaciones que hemos mantenido. Hay dos ámbitos que me preocupan en particular. Uno es el sector de las plataformas petrolíferas, sobre las que él ha tratado, donde el tiempo de trabajo tradicional representa un grave peligro para la salud y la seguridad -ya hemos visto lo que sucedió con Piper Alpha. Se han presentado argumentos en favor de que en el sector del petróleo se calcule el tiempo de trabajo sobre una base anual. Evidentemente, ello deberá ser como resultado de negociaciones.
Por último, sobre la cuestión de los pescadores «a la parte». Acogería con satisfacción una definición más clara de lo que es un pescador «a la parte». Espero con interés poder oír las propuestas de la Comisión para una futura directiva sobre todo el asunto del tiempo de trabajo y los pescadores. Es otro ámbito en el que existen graves peligros y riesgos.

Simpson
Señor Presidente, quisiera decir, para comenzar, que es para mí un gran placer poder intervenir en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo sobre el presente informe, habida cuenta de que esta legislación tendrá grandes repercusiones sobre el sector.
En 1993, la directiva sobre el tiempo de trabajo excluía a unos seis millones de trabajadores. Más del 80 % de ellos trabajan en el sector del transporte. Entonces dijimos que la exclusión de estos trabajadores no móviles en particular era injusta e ilógica. Nos alegra que la presente propuesta venga ahora a subsanar esta anomalía.
El Parlamento Europeo siempre ha sido consciente de los problemas que existían en los distintos sectores móviles, pero para la Comisión de Transportes siempre ha sido prioritario garantizar que se encuentra el modo de avanzar hasta incluirlos por fin en el ámbito de la directiva.
Me complace, en general, que los interlocutores sociales, en colaboración con la Comisión, hayan conseguido presentar propuestas que permitirán poner fin a unas jornadas de trabajo demasiado largas que representan un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores y de todas las personas que viajan. En lo que respecta a la Comisión de Transportes, lo esencial es la seguridad. La seguridad ha sido siempre el principio por el que nos hemos guiado.
En los sectores del transporte por ferrocarril y marítimo ha habido acuerdo. Acogemos con satisfacción dichos acuerdos. Lamentablemente en el sector del transporte por carretera no hubo acuerdo entre los interlocutores sociales. Felicitamos a la Comisión por haber tomado la iniciativa de presentar propuestas legislativas. También deseo mostrar mi satisfacción aquí por la disposición de los sindicatos a negociar el tiempo de trabajo del personal de cabina con la comisión paritaria sobre aviación civil. Espero realmente que pueda llegarse a un acuerdo en este ámbito.
Esta cuestión es de gran relevancia para nosotros. Ahora lo importante es la aplicación y el control de la legislación. Está muy bien que sea una buena legislación, pero es fundamental garantizar su cumplimiento. Queremos que se realicen controles adecuados y que en ellos se incluyan y participen todos los sectores del transporte público.
Como ponente de opinión de la Comisión de Transportes quisiera agradecer al Sr. McMahon su cooperación y decir que ha sido un excelente ejemplo de colaboración entre las comisiones en la elaboración de una legislación que aportará grandes cambios para la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Van Velzen, W.
Presidente, mi grupo parlamentario está naturalmente muy satisfecho de que hoy podamos debatir dos informes que constituyen de hecho las piedras angulares de la política social. Por otra parte, es llamativo que todo esto se pueda hacer justo en los últimos meses del ejercicio de cargo tanto de Chanterie, como de McMahon, Van Velzen y Flynn. Me parece que en el futuro nos van a echar de menos. Pero lo que me alegra extraordinariamente es que ahora se haya puesto fin a la situación en que se excluía sin más a sectores enteros de unas directivas muy normales, en las que se establece que los trabajadores de esos sectores son tan especiales que pueden trabajar en horarios extremos y con unos tiempos de descanso particularmente breves o ridículos.
Reconozco que hay sectores con unas circunstancias especiales de las que al principio decíamos que eran tan especiales que había que excluirlos, pero ahora decimos que en principio forman parte y si se acepta alguna excepción, entonces sólo se hará basándose en un acuerdo entre los interlocutores sociales implicados. Esto, por otra parte, está muy en la línea del informe de Fiorella Ghilardotti. Ahora ha habido gente que ha ejercido presión sobre nosotros, porque créanme, ha habido bastantes grupos de presión en activo. Ha habido gente ejerciendo presión sobre nosotros con el mensaje de que eso no podía ser, puesto que ellos carecen de un diálogo social. Nosotros consideramos la disposición de que un acuerdo solamente se puede aceptar cuando se haga basándose en un diálogo social también como una especie de «incentive» para esas personas en esos determinados Estados miembros para que inicien de nuevo el diálogo social.
Por último, creo que después de este debate debemos seguir negociando, entre otros entre los socialistas y los demócratacristianos, porque hay unas enmiendas que, en mi opinión, son muy arriesgadas en ese margen oscuro entre taxistas autónomos y los de cuenta ajena por ejemplo. Tengo mucho miedo de que no haya paralelismo entre las condiciones de los empresarios y los empleados, por lo que se presiona a los empleados hacia una independencia ficticia. Quiero discutirlo con más detalle, porque me parece que algunas enmiendas del PPE abren esa peligrosa vía.

Schiedermeier
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero expresar mi agradecimiento a los dos ponentes. Ambos han realizado un buen trabajo en relación con esta materia difícil. ¡Reciban, pues, mi más sincero agradecimiento, colega Chanterie y colega McMahon!
Yo no puedo dejar de subscribir las palabras del colega van Velzen. No es posible excluir determinados ámbitos de esta normativa sólo porque plantean dificultades. En efecto, lo que importa es, en primer lugar, la salud de los trabajadores. Cuando pienso en estos puestos de trabajo que plantean dificultades en el caso de los trabajadores móviles del transporte y de los transportistas autónomos, yo no alcanzo a ver ninguna diferencia entre los trabajadores contratados y los trabajadores por cuenta propia en lo que respecta a los riesgos para la salud. A mi modo de ver, se debe prever una protección para ambos. Lo mismo vale, obviamente, también para los marineros a bordo de los buques, para las actividades off-shore y, en particular, también para los médicos, que desde luego no ocupan un puesto de trabajo sencillo. Este es el primer aspecto, la salud de los trabajadores. El otro es, obviamente, la seguridad y ésta, por desgracia, afecta también a los que no trabajan en dichos sectores. En efecto, si mi coche es arrollado por un conductor de camión fatigado, aunque yo conduzca como es debido, la experiencia no será, desde luego, precisamente agradable para mí. Si un petrolero cargado -ya hemos vivido esta experiencia-embarranca porque el capitán se había dormido, todo el medio ambiente se ve amenazado. Por lo tanto, es posible ampliar sin duda alguna este aspecto de la «seguridad». Ya sólo por este motivo, yo creo que es sumamente importante.
Señor van Velzen, yo creo que en realidad todavía deberíamos hacer un intento de alcanzar compromisos en relación con las enmiendas, entre los dos grandes Grupos políticos y quizá también con todos aquellos otros que estén dispuestos a colaborar. Precisamente en el caso de estos dos informes, me parece muy importante que lo hagamos. También espero que todavía sea posible conseguir una regulación razonable en el ámbito del descanso dominical, que también pueda hacer suya la Comisión, sin que el Tribunal de Justicia Europeo vuelva a plantearnos problemas.

Boogerd-Quaak
Presidente, se trata aquí de sectores que han estado mucho tiempo excluidos y cuyos gremios de profesionales nos han pedido muchas veces en los últimos años a nosotros, como miembros del Parlamento Europeo, que encontráramos una solución para su situación. Pienso por ejemplo en el personal aéreo, el personal marítimo y también en los médicos como ha mencionado el Sr. Chanterie. Mi grupo parlamentario dará su apoyo a la gran mayoría de las propuestas y también a algunas enmiendas. Para nosotros el hilo conductor será: por una parte la seguridad y la protección del personal respectivo, pero por otra parte también la seguridad que está en juego en la sociedad. Algunos oradores ya lo han mencionado. A partir de ese contexto he defendido también en mi grupo parlamentario que difícilmente se puede diferenciar entre los denominados «self employed», la gente que trabaja para sí misma, y los otros. Porque no puede ser que un asalariado sea considerado menos peligroso que un autónomo cuando está agotado. En casi todos los sectores que son objeto de este debate, se trata el aspecto dual de este tema. No solamente la seguridad del personal respectivo, si no se podría decir de un empresario: bueno, que él contemple su propia seguridad, sino que se trata también de la seguridad del resto de la sociedad porque siempre estarán en juego unos sectores que pueden ocasionar daños al resto de la sociedad. Por lo tanto, esto es para nosotros motivo para que en este marco se aplique la misma regulación a ambas categorías de trabajadores y para apoyar ese apartado.
Quiero hacer una breve observación sobre los médicos en el Reino Unido. Me parece realmente insólito que el Reino Unido siga resistiéndose aún en esta cuestión y, dado que tenemos aquí tantos socialistas del Reino Unido, me gustaría preguntar, ahora que el gobierno de allí ha cambiado de color, si no pueden cambiar entonces su punto de vista.

Moreau
Señor Presidente, comenzaré por señalar la importancia de la cuestión del tiempo de trabajo para los sectores excluidos, y más en concreto para los transportes por carretera. Se trata en este caso de una cuestión de justicia social, pero también de seguridad en la carretera.
Tras el dramático accidente del túnel del Mont Blanc, que ha puesto de luto a Francia y a Italia, es más necesario que nunca desarrollar unos transportes duraderos, que ofrezcan las mayores garantías para la seguridad y que sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente; entre ellos están el ferrocarril, el transporte fluvial y el marítimo.
Todo el mundo está de acuerdo aquí en esa necesidad. Falta aún traducirlo en hechos, principalmente con disposiciones orientadas a mejorar la seguridad por carretera, muy especialmente combatiendo el verdadero «dumping» social practicado por los transportes por carretera, con unas duraciones y unas condiciones de trabajo indignas de estos tiempos. Eso debería ser objeto esencial de los informes que se nos presentan hoy.
La integración de los profesionales independientes y una mejor definición del tiempo de trabajo van en este sentido, al igual que la afirmación del Sr. Chanterie, de la importancia de respetar el descanso dominical. Pero eso no va en beneficio de lo necesario. Aceptar 48 horas de trabajo semanal en un momento en que se habla de las 35 horas en muchos países, es ya una excepción importante. No se debe ir más allá. Abrir la posibilidad de un horario de trabajo de 60 horas, con tal de que se respete la media de 48 horas, en un período de referencia de 4 meses, constituye un cheque en blanco a todas las derivas. Debo recordar que los accidentes aumentan después de 55 horas de trabajo.
Con respecto al trabajo nocturno, el período de referencia de dos meses es también demasiado largo. Para permitir un control efectivo, el período de referencia no debería superar un mes para el trabajo diurno, y una semana para el nocturno. Eso es lo que solicitan con insistencia las organizaciones sindicales.
Las enmiendas que he presentado van en este sentido y piden también una pausa después de 4 horas y media de trabajo. ¿No recomienda la seguridad en carretera a los automovilistas una parada cada dos horas?
Finalmente, voy a abordar una cuestión que no es lingüística. Se trata de la traducción francesa de la expresión stand by , traducido en el documento por «periodo de espera», que propongo sustituir por «periodo de larga interrupción», que se corresponde más con el espíritu de la propuesta.
Como conclusión, tratamos en ese caso de un expediente de una significación especial. Fijémonos el objetivo de una Europa social que mejore realmente la situación de los trabajadores afectados.

Crowley
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a los dos ponentes por su trabajo y también a los ponentes de opinión de las distintas comisiones por su colaboración en un ámbito especialmente difícil de legislar. Aunque acojo con satisfacción el compromiso general para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la cohesión entre los Estados miembros respecto a la existencia de una protección mínima, temo por algunos sectores. En particular, cuando hablamos de la imposición de este tipo de restricciones sobre los trabajadores autónomos, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado excesivamente paternalista en el que intentemos controlarlo todo y regular lo que hace cada uno. Debe darse libertad a los autónomos para que dirijan sus propios negocios que no deben estar sujetos a las mismas limitaciones que los demás.
No obstante, sea como fuere, el asunto del transporte en particular tiene fuertes repercusiones sobre el público en general. Debido a los peligros que están presentes como consecuencia de la falta de controles adecuados y de períodos de descanso de las personas que trabajan en el sector del transporte, es fundamental que dispongamos de una directiva común para toda la Unión Europea.
La única crítica que tengo a dicha sección de los informes es que no creo que exista suficiente flexibilidad que garantice que se tiene debidamente en cuenta el denominado tiempo de disponibilidad en el trabajo o tiempo de espera. Tras haber leído el informe y las enmiendas, sigo sin estar plenamente convencido de que la distinción sea lo suficientemente clara entre las obligaciones de disponibilidad en el trabajo y el tiempo de espera.
En segundo lugar, en lo relativo a la cuestión de los médicos jóvenes en formación, cabe lamentar que cuando la Comisión presentó la directiva original sobre el tiempo de trabajo se excluyera a este sector. Los médicos jóvenes tienen un papel fundamental en el cuidado de los pacientes. Se dan casos en que los médicos en formación trabajan 120 horas semanales. Algunos tienen turnos ininterrumpidos de 36 y 37 horas sin descanso y sin poder dormir. Es imposible que un ser humano rinda debidamente en semejantes circunstancias y, lo que es más importante, es más difícil para un médico realizar dictámenes clínicos debidamente en lo que se refiere al tratamiento de los pacientes trabajando en dichas condiciones. Por ello acojo con satisfacción las propuestas presentadas por el Sr. Chanterie que intentan introducir algún tipo de normativa y de flexibilidad en ese sector.
Por último, quisiera rendir homenaje al Comisario. Puede que ésta sea la última oportunidad de hacerlo en esta Asamblea. Cuando inició este trabajo hace muchos años, presentó muchas propuestas legislativas y muchas personas en este Parlamento dijeron que eran castillos en el aire y que nunca se harían realidad. Espero que este Parlamento, los medios de comunicación y el público reconozcan su increíble trayectoria, no sólo en lo que se refiere a completar su programa legislativo, sino además por haber conseguido el apoyo del Parlamento cuando se creía que era algo imposible.

Wolf
Señor Presidente, yo creo que deberíamos empezar por el concepto de la flexibilidad. Es cierto que en una situación difícil se requieren unas condiciones diferenciadas y adaptables. Sin embargo, al mismo tiempo es preciso establecer unos criterios mínimos claros que garanticen que no se ponga en peligro la calidad del trabajo, la seguridad de terceros ni tampoco la seguridad de los propios trabajadores. En este aspecto, yo creo que no es admisible ninguna flexibilidad y tampoco me parece que se pueda eximir así como así a nadie del cumplimiento de estas obligaciones mínimas, en las que está en juego la seguridad de otras personas y la propia, cualquiera que sea la relación laboral, en calidad de concesionario, de empresario autónomo o la que sea.
Dicho esto, debo añadir que yo también acojo con satisfacción el compromiso alcanzado, ya que representa un primer paso para volver a incluir en la lógica de una normativa jurídica a estos sectores, cuya exclusión no era legítima ya de entrada en el contexto de un mercado interior y de una expansión precisamente de estas actividades. Se trata de sectores difíciles y que, por consiguiente, requieren unas normas diferenciadas. En este contexto, es necesario insistir todavía mucho más en el papel de los agentes sociales en su transposición y yo creo que la experiencia demuestra que la transposición de estas normas requiere la participación concreta de todos los que tengan una intervención práctica en su aplicación concreta, o sea, los expertos, y también the two sides of industry, «ambas partes de la industria», como dicen los británicos.
Este ha sido el planteamiento y yo creo que en este sentido ambos informes van bien encaminados. Finalmente, una última observación sobre el descanso dominical: yo no veo por qué, en nuestro moderno mundo productivo flexible, no ha de ser posible fijar un momento común de descanso. Esto es también un elemento importante para la cohesión y la comunicación sociales y tendría que ser posible conseguirlo.

Hudghton
Señor Presidente, los principales principios subyacentes de la directiva sobre el tiempo de trabajo son importantes y merecen el apoyo de este Parlamento. Los objetivos declarados son unas condiciones laborales justas para todos los trabajadores, así como el reconocimiento de que cuestiones como la salud y la seguridad sean contempladas al menos en algunas propuestas de la Comisión y algunas opiniones del ponente. No obstante, me gustaría señalar que las medidas ideadas para alcanzar los objetivos deseados deben ser viables y capaces de reconocer el carácter especial de determinados sectores y las singulares condiciones y prácticas laborales que existen en los mismos.
Represento, por ejemplo, a trabajadores del mar pertenecientes a dos sectores diferentes: la pesca y el petróleo. Por un lado, los pescadores «a la parte», que trabajan por cuenta propia, se sienten contrariados ante la posible imposición de aún más restricciones sobre sus prácticas laborales. Aunque, por otro lado, las muchas cartas que he recibido de mis electores sobre este asunto me indican que cientos de trabajadores que trabajan en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte y en el sector del gas acogerían con satisfacción que se les incluyera en la directiva sobre el tiempo de trabajo.
No obstante, me preocupa que, en la actual situación, su aplicación no tenga repercusiones directas y positivas sobre aquellos a los que va destinada. Por ejemplo, me preocupa que muchos trabajadores temporales que trabajan en las plataformas petrolíferas seguirán sin tener derecho a vacaciones pagadas como consecuencia de trabajar en turnos rotatorios. Sería una ironía que se impusiera la directiva sobre el tiempo de trabajo a los pescadores, que no la necesitan ni la desean, y que no beneficie a los trabajadores del petróleo que sí la necesitan.
Debemos asegurarnos de que nuestra política es lo suficientemente flexible para que pueda centrarse en los auténticos problemas. Debemos asegurarnos de que nuestras propuestas son viables y aceptables para aquellos que se verán más afectados por las mismas.
Me consta que los agentes de la Sra. Bonino están estudiando los posibles medios de tener en cuenta las necesidades especiales del sector pesquero. Espero realmente que se encuentre una solución satisfactoria con el apoyo, ojalá, del Sr. Flynn. Aquí en el Parlamento tenemos la oportunidad de demostrar que respondemos a las necesidades reales de sectores como aquél de los trabajadores del mar, y de demostrar que no somos una burocracia lejana e inflexible.

Raschhofer
Señor Presidente, Señorías, la propuesta presentada por la Comisión se basa en la Directiva de 1993 sobre el tiempo de trabajo y se refiere a los sectores y ámbitos de actividad excluidos de la misma. Sabemos por los antecedentes de la adopción de dicha Directiva, que ésta topó con una fuerte oposición en el Consejo. La presente modificación se propone incluir en la misma los sectores excluidos de manera injustificada. Al igual que a los oradores que me han precedido, también a mí me preocupan, obviamente, la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores y también de las demás personas afectadas. Al mismo tiempo es preciso preguntarse si una normativa ampliada y universal de ámbito europeo es compatible con el principio de subsidiariedad. Esta semana también vamos a debatir sobre la necesaria modernización de la organización del trabajo. El tiempo de trabajo es un componente importante de la misma.
Las estadísticas nos muestran cuán distinto es el comportamiento en relación con el tiempo de trabajo en los diferentes países europeos y que éste depende, entre otras cosas, de factores como la tecnología productiva y las peculiaridades culturales. Una normativa europea para todos los sectores profesionales y para toda Europa no debe ir en contra de estas tradiciones. Finalmente, unas palabras sobre el descanso dominical: en nuestro agitado tiempo actual, éste es especialmente importante, a mi modo de ver, para la familia, la sociedad, el cultivo de las tradiciones y también para la actividad asociativa.

Paasilinna
Señor Presidente, Señorías, desearía felicitar al ponente por el buen y conocedor informe que ha elaborado. La regulación del tiempo de trabajo persigue distintos objetivos. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las repercusiones que una reducción de la jornada laboral tendría en la situación del empleo. El punto de partida de la regulación del tiempo de trabajo ha sido también la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores, tal como ya ha quedado aquí de manifiesto. En numerosos Estados miembros se ha advertido que las mayores repercusiones de las distintas experiencias que se han llevado a cabo para reducir la jornada laboral se han registrado precisamente en el ámbito de la protección en el puesto de trabajo, y todo ello a pesar de que, a menudo, el objetivo que se perseguía con dichas experiencias era la mejora del empleo. Aún existe la necesidad de promover las aptitudes físicas y psíquicas de los trabajadores mediante una regulación de la jornada laboral. Desde este punto de vista, el planteamiento que ha presentado el Sr. McMahon en su informe sigue siendo esencialmente correcto cuando respalda las directivas de la Comisión.
Está justificado lograr un mismo nivel de protección de la salud y la seguridad tanto para los transportistas autónomos como para los transportistas contratados, no sólo por ellos mismos, sino también por los conductores que les vienen de frente. Yo mismo me he dormido al volante de un camión en la Laponia finlandesa. Cabe recordar que Finlandia tiene una superficie similar a la de Alemania y es el país con menor densidad de población de toda la Unión. Una carretera larga, un chófer cansado y la conducción nocturna fueron los elementos de esta combinación que a punto estuvo de resultarme fatal. Las condiciones son distintas en cada uno de los Estados miembros de la Unión, y en esta cuestión debemos tener también en cuenta el problema que plantea el trabajo nocturno en un país como Finlandia, en un país de gran superficie donde el buen funcionamiento de los sistemas de suministro depende de los transportes de remolques largos. Desearía exponer mis reservas a este punto, a pesar de lo cual respaldo el presente informe.

Pronk
Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes McMahon y Chanterie por el enorme trabajo que han hecho para esta directiva. La directiva del tiempo de trabajo es una de las más complicadas, pero también una de las más importantes en el ámbito de la seguridad y la salud. No hay ningún factor que conduzca más al estress y a los malos rendimientos como precisamente un tiempo de trabajo demasiado prolongado. Por eso, fue una gran victoria que se estableciera en 1993 la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo.
El gobierno británico no consiguió nada entonces con su posición de que el tiempo de trabajo no tenía nada que ver con la seguridad y la salud. Esta posición fue rechazada tanto por el Tribunal como por el Consejo. Sí fue curioso que hubiera tantos sectores que se excluían de la directiva de 1993. Esto lo aceptamos como Parlamento, pero exigimos a cambio que entraran en vigor unas regulaciones equivalentes en los sectores excluidos. En algunos sectores los interlocutores sociales han llegado a un acuerdo, acuerdos que podemos aceptar y plasmar en una legislación.
En algunos otros sectores la Comisión ha tenido que deshacer el nudo gordiano, por ejemplo en relación con los médicos en formación. En este sector habían surgido problemas para los que se han encontrado unas buenas soluciones en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Siguen existiendo dos problemas. Uno de ellos con respecto al off-shore . El otro es el trabajo en domingo del que se habla en la anterior directiva. El Tribunal ha declarado la frase sobre el descanso dominical en su redacción actual como no aplicable. La frase rezaba: «El tiempo de descanso al que se aludía en el primer párrafo, se trata en principio del domingo». Esta frase se refiere al principio de que el trabajo en domingo se tiene que poder limitar. Este es un valor muy importante en nuestra sociedad carente muchas veces de normas. La Comisión hace caso omiso de esto. Quiere eliminar la frase sin más, aunque la sentencia del Tribunal en si no da motivo para ello. La Comisión haría bien en reflexionarlo de nuevo. Se trata aquí de una cuestión de principios muy importante que se tiene que resolver con el trasfondo del Tratado de Amsterdam. No queremos destrozar el artículo sino restaurarlo. Por eso no estamos de acuerdo con el apartado b) del artículo 1 de la propuesta de la Comisión Europea y pediremos una votación separada para eso.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, esta directiva se ocupa del ambiente laboral, cosa que es importante. Este tipo de directiva debe fundamentarse en acuerdos entre las partes del mercado de trabajo sobre lo que es un ambiente laboral adecuado para los trabajadores y para la empresa. Para que se puedan aplicar correctamente estas directivas, es necesario que tengan un fuerte afianzamiento en las partes del mercado de trabajo. En mi país, Suecia, para que este tipo de reglas sirvan para algo, nos preocupamos especialmente de que exista un fuerte afianzamiento de esta naturaleza.
Nos referimos, por tanto, a cosas importantes, esto es, a la protección de la salud y la seguridad de los individuos que trabajan en la empresa. Pero también estamos hablando de protección para los sectores circundantes; es importante que los transportes no sean peligrosos para los que están cerca ni para el medio ambiente. Por eso es importante esta directiva. Ahora se está ampliando para que comprenda a un mayor número de personas, entre 5 y 6 millones de ciudadanos, lo que hace aún más importante que las reglas sean prácticas y buenas.
Quisiera mencionar y subrayar especialmente dos comentarios. Uno de ellos se refiere a las reglas mínimas . Cada país miembro debe tener derecho a servirse de reglas más rigurosas, tanto para el medio ambiente como para la seguridad; es importante. El otro, es que no se debe ir demasiado lejos con los detalles; hay que ser cauteloso. Se debe dar espacio, en cambio, para que los representantes interpreten por sí mismos los detalles de las normas y así no nos atasquemos en nimiedades.
Con esos dos pequeños comentarios quiero, en general, dar mi apoyo a esta propuesta. Creo que será un paso hacia una Europa más segura y más sana.

Gallagher
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. McMahon por la presentación de un excelente informe.
Limitaré mis observaciones a los sectores de la pesca y marítimo. El sector pesquero, en mi país y en Europa en general, no se parece a ninguna otra actividad comercial y económica. Es un sector peculiar que tiene sus características y necesidades propias, y a la hora de trasponer la legislación europea a nivel nacional, ésta debe ajustarse a las características singulares del país en cuestión. He representado los intereses del sector pesquero en Irlanda a nivel local y nacional durante muchos años, y a nivel europeo durante los últimos cinco años.
A pesar de que apoyo el impulso global que supone la directiva sobre el tiempo de trabajo para muchos sectores de la vida económica y social, creo que hace falta una legislación más específica que garantice la excepción del sector pesquero de las exigencias de la presente directiva sobre el tiempo de trabajo.
Estoy completamente de acuerdo con el ponente cuando se refiere a la necesidad de dar una definición adecuada de la excepción específica para los pescadores «a la parte». Estoy de acuerdo con esta propuesta, pero la Unión Europea debe conocer en todo momento el carácter especial del sector y de los pueblos de pescadores que existen a lo largo y ancho de la Unión.
Las propuestas sobre el sector marítimo incluyen asimismo la recomendación de la Comisión Europea sobre la ratificación del Convenio de la OIT sobre las horas de trabajo de la gente de mar y de la tripulación de los buques. El acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales refleja en buena medida el contenido del convenio respecto al mínimo de horas de descanso, así como a la introducción de nuevas directivas sobre evaluaciones de la salud y vacaciones anuales.
Respecto a la verificación de las horas de trabajo, la Comisión Europea adjunta un formato tipo relativo a las horas de trabajo y de descanso de los marinos, y sugiere que los Estados miembros armonicen su legislación de esta manera. Cualquier modificación que se introduzca en este sentido sólo será posible con la conformidad del sector pesquero de Irlanda y de Europa.
Para terminar, deseo felicitar al Comisario Flynn por su perseverancia para conseguir que se apruebe la directiva original, a pesar de los numerosos obstáculos que han puesto los Estados miembros. Me gustaría pedirle ahora que comience a considerar la opinión del Parlamento, la opinión de la Comisión de Pesca, en relación con las singulares circunstancias del sector pesquero.

Sainjon
Señor Presidente, la directiva 93/104 que fija las normas generales relativas al tiempo de trabajo excluyó a varios sectores entre los cuales se encontraba el de los transportes, en el que los derechos de los asalariados se ven con frecuencia mermados. Ha sido bajo la presión del Parlamento y para paliar esta carencia como la Comisión ha adoptado un Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos.
En la opinión sobre ese documento, la Comisión de Transportes se ha pronunciado por la inclusión, en la directiva, de aquellos trabajadores no móviles así como otros elementos como las vacaciones anuales y los periodos de descanso en lo que respecta a los trabajadores móviles. El período de referencia para estos trabajadores es naturalmente el año entero y pienso que es realmente en este marco donde necesitamos razonar ya que en el fondo, se trata de un sector totalmente específico, que comporta riesgos serios tanto en el ámbito de las condiciones de trabajo como en materia de salud y de seguridad. Por ello, mencionar la anualización del tiempo de trabajo no tiene nada de chocante, a mi juicio, a condición de tener una visión más concreta de la realidad de esta profesión y quizá de combatir mejor sus defectos. La reducción de la duración del trabajo podría abordarse a partir del tiempo de trabajo semanal medio, por año, prohibiendo cualquier superación de las 48 horas semanales.
Sin embargo, señor Presidente, si razono más globalmente, es decir, si tomo en consideración a los trabajadores en función de la movilidad, la cuestión fundamental es la siguiente: ¿la directiva europea ha cambiado la vida y la organización del trabajo de los asalariados europeos? La respuesta hoy, es evidentemente no. Una vez más, se trata de un marco bastante vago, pero que no define límites suficientemente estrictos. En consecuencia, la Europa social se traduce en la elaboración de un marco mínimo y si la armonización favorece, sin duda, un número limitado de ciudadanos europeos, se expresa por el contrario mediante un retroceso para la mayoría. Mientras encerremos a la Europa social en este esquema, nunca llegará a ser suficientemente visible para la opinión, al mismo nivel que la Europa monetaria hoy.

Lienemann
Señor Presidente, al igual que mi colega Sainjon, considero al mismo tiempo que esta directiva llega bastante tarde y que su contenido no está a la altura de las expectativas de los asalariados del sector. Muy tarde, porque hace ya más de un año que se desreguló completamente el mercado de los transportes por carretera en la Comunidad y que el «dumping»social, que ya estaba muy presente en el sector, no hace más que aumentar y mejorar. Muy insuficiente, porque esta directiva no aporta ningún progreso global significativo, ni para la seguridad de nuestros conciudadanos ni para las condiciones de trabajo de los asalariados o trabajadores independientes de este sector.
Efectivamente, la regla de las 48 horas que se ha propuesto como duración semanal máxima está muy por encima de lo previsto en el reglamento 3820/85 que fija la organización del transporte por carretera. En este reglamento, si se quisiera ser coherente, habría que considerar que la duración máxima es de 46 horas. Ahora bien, se ve que esas 46 horas están ya muy lejos del objetivo de las 35 horas y de una reducción masiva del tiempo de trabajo, que parece uno de los grandes progresos de este siglo que hay que preparar y concretar y, en todo caso, abre brechas en cuanto a la seguridad de nuestros conciudadanos.
Peor aún, la directiva prevé excepciones y -perdonen- la excepción es la duración semanal máxima de 60 horas. Imaginamos lo que eso tendrá como consecuencia para la seguridad de nuestros conciudadanos y para las condiciones de vida de los profesionales de la carretera. Esta excepción no es aceptable. Sin embargo, en una preocupación por la mejora de la directiva, si bien condenamos el principio de esta excepción, les pido que sigan las propuestas de la Sra. Moreau, que considera que es necesario, en primer lugar, que este tiempo sea inferior a 60 horas -les recuerdo que en ese caso también el tiempo de conducción autorizado es de 56 horas- pero sobre todo que el cálculo se efectúe sobre una duración limitada de 28 días que corresponde al tiempo que se puede controlar y que, por otra parte, parece más razonable que sobre un plazo de cuatro meses en que todos los abusos serán fáciles.
En resumen y para concluir, esta directiva es insuficiente, a pesar de algunos pasos tímidos que debo saludar, como la similitud entre los trabajadores independientes y los asalariados y a pesar de un inicio de regulación, pero este principio está claramente por debajo de las esperanzas de este Parlamento y de los asalariados del sector.

Grosch
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no siempre se ha considerado lógico que el Parlamento y la Comisión contemplen las normas relativas al tiempo de trabajo como parte de la protección de la seguridad y la salud para todos los sectores. Yo creo que los dos informes que hoy se debaten lo ponen al menos de manifiesto. También yo quiero felicitar, por consiguiente, a la Comisión y a ambos ponentes por su trabajo y expresar a la vez el deseo de que el mismo convencimiento se imponga en el Consejo.
Hablo en nombre de los miembros del PPE que forman parte de la Comisión de Transportes cuando afirmo que es bueno que el transporte por carretera, con más de cinco millones de trabajadores, ya no esté excluido y que esto me parece, por el contrario, lo más lógico. Especialmente en el transporte por carretera existe una relación directa entre el tiempo de trabajo y la frecuencia de los accidentes. Yo quisiera resaltar una vez más cuán importante es una rápida aplicación, pero también el control del cumplimiento de todas las medidas en todos los Estados miembros. A pesar de que la competencia es muy intensa en el sector económico del transporte, ésta no debe redundar en detrimento de la salud ni tampoco de la seguridad de los ciudadanos.
Ambas directivas se debaten y se adoptarán conjuntamente. Esto demuestra una voluntad de coherencia. A mi parecer es importante, tal como resaltan también los ponentes, que las directivas establezcan unas exigencias mínimas y, por consiguiente, no se puedan interpretar como una justificación para reducir los criterios de seguridad en determinados países en los que éstos son tal vez más rigurosos. Si bien es evidente que las directivas también regulan en gran medida el problema del tiempo de trabajo, permítanme que señale, no obstante, un problema particular, a saber, el del transporte de cercanías. Éste incluye el traslado de personas por carretera y también en ferrocarril. A mi modo de ver, en un ámbito en el que en muchos países ya existe una normativa correcta, se debería mantener la excepción del artículo 7 de la Directiva 98/319 o incluir sencillamente dicho sector en la Directiva 93/104. Yo creo que esto respondería a los intereses de la Comisión y también a los intereses de los trabajadores y empleadores de este sector.

Watson
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes y, en particular, al Sr. McMahon, a quien van dirigidas en particular mis observaciones. Acojo con satisfacción el intento de proporcionar una mayor regulación y lamento que no se haya podido alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales sobre el transporte por carretera. No obstante, creo que existe un problema con las propuestas de la Comisión a las que el ponente no presta la debida atención. Me refiero a que a los conductores de autocares y autobuses se les está situando en la misma categoría que a los transportistas por carretera, a pesar de que desempeñan tareas muy diferentes y necesitan horarios de trabajo muy diferentes. Esto origina problemas en dos ámbitos.
El primero es la seguridad. Estas propuestas están encaminadas a garantizar un alto nivel de protección social para los trabajadores, así como un alto nivel de seguridad para los pasajeros. Nadie discutiría esto. Pero las estadísticas de la Comisión podrían inducir a error. Nos dicen que en el 18 % de los accidentes mortales se ven involucrados camiones o autocares, y sin embargo, los autobuses y los autocares constituyen uno de los medios de transporte por carretera más seguros. De hecho, en el Reino Unido, los autobuses o autocares sólo se ven involucrados en el 2, 2 % de los accidentes mortales de carretera. Creo que el coste adicional que estas propuestas entrañarán para las pequeñas empresas -en particular, para las pequeñas compañías de autocares-, originarán una reducción de la inversión en vehículos más nuevos y seguros, que afectará al sector y puede repercutir en la seguridad de los pasajeros.
Mi segunda observación es relativa al servicio. Estoy seguro de que el Sr. McMahon, al igual que yo, lamenta la destrucción de los ferrocarriles del Reino Unido por parte de los gobiernos Conservadores y el modo en que ha crecido el transporte por carretera como consecuencia de ello. Pero lo cierto es que en la zonas rurales, como la que yo represento, los servicios de autobuses son cada vez más escasos. Las personas confían en los autobuses y los autocares, y los costes adicionales y la falta de flexibilidad en la utilización del personal disponible que traerán consigo estas propuestas repercutirán en la forma de recortes de los servicios.
Para terminar, propongo que deberíamos intentar clasificar el transporte de pasajeros por carretera junto con el transporte por ferrocarril para los objetivos de dicha normativa. Ello permitiría mejorar los servicios sin ninguna repercusión sobre la seguridad de los pasajeros.

Jackson
Señor Presidente, hoy, la Sra. Green, líder del Grupo Socialista, ha dicho que el empleo es una de sus prioridades; ¿lo es realmente? Si eso es cierto, esperamos que los Socialistas voten en contra de estos dos informes, porque estas propuestas destruirían puestos de trabajo. Mi Grupo ha presentado algunas enmiendas de gran utilidad a las mismas, pero tras haber sido modificadas por nuestros ponentes, éstas reflejan el antiguo Laborismo, la ingeniería eurosocial en su peor faceta: inflexible, autoritario y poco realista.
Todo el mundo sabe que los sectores excluidos originalmente de la directiva sobre el tiempo de trabajo se dejaron fuera debido a la dificultad que suponía incluir a los trabajadores de dichos sectores. A pesar de ello, la Comisión ha presentado las propuestas. En mi opinión, la contribución del Parlamento podría haber sido un intento de encontrar el modo de combinar la protección de los trabajadores con una flexibilidad que permita a Europa conservar su competitividad. La contribución de nuestros dos ponentes ha empeorado las cosas. El Sr. Chanterie confirma que desea incluir a los pescadores «a la parte» en la directiva sobre el tiempo de trabajo, recortando su semana laboral, su capacidad de trabajar como deseen y, a fin de cuentas, mermando su oportunidad de ganarse la vida. ¿Qué clase de mensaje es ése para los pescadores del sudoeste de Inglaterra a los que actualmente les resulta muy difícil salir adelante?
El Sr. McMahon golpea a los taxistas de Europa al insistir en su enmienda en que la semana de 48 horas a la que están obligados a trabajar debe incluir el tiempo de disponibilidad en el trabajo, es decir, el tiempo que no están ganando nada. También insiste en que todos los conductores autónomos deben tener un tacógrafo.
El Sr. McMahon y el Sr. Chanterie deberían escuchar a una taxista -la Sra. Wendy Smith- que me ha escrito desde Sidmouth en Devon y dice lo siguiente: esta directiva destruiría por completo el servicio privado y me temo que nadie trabajará en semejantes condiciones; hay muchas cosas a tener en cuenta antes de destruir el servicio de taxi, pero quizá lo único que les interese sea la dictadura.
Debe ser muy embarazoso para el Gobierno Laborista británico leer el Informe McMahon. Hemos preguntado en vano qué piensa el Gobierno británico al respecto. Aquí, al menos, se enfrentan a las consecuencias de que el Sr. Blair haya suscrito la política social europea, y diga lo que diga, estas leyes se aprobarán por mayoría cualificada. ¡Deponga su actitud, señor Blair! Insto a los colegas a que voten en contra de estos perjudiciales informes.

Flynn
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a los dos ponentes por sus dos excelentes informes. La Comisión y el Parlamento trabajan juntos desde hace ya más de seis años para garantizar que los trabajadores excluidos actualmente de la directiva relativa al ordenamiento del tiempo de trabajo tengan la protección adecuada.
Comenzaré con el informe del Sr. Chanterie. El ponente y la Comisión están completamente de acuerdo sobre los objetivos a alcanzar. No obstante, los ponentes y otros diputados han presentado un número considerable de enmiendas. La Comisión puede aceptar la mayoría de ellas. Se trata de las enmiendas 1 hasta 8, 10, 11, 13 y 16. Acojo con especial satisfacción la enmienda 11, que aporta una definición útil de pescadores «a la parte». Asimismo acojo con satisfacción el apoyo del ponente a la propuesta de la Comisión relativa a las vacaciones anuales en lo que respecta a los pescadores «a la parte». Me identifico con los argumentos que defienden la mayoría de las demás enmiendas, pero ninguna de ellas representa una oposición fundamental al enfoque de la Comisión, sino más bien una diferencia de énfasis de algún modo.
Estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, en que ningún sector o actividad debe quedar excluido de la legislación comunitaria sobre el tiempo de trabajo. La única diferencia entre la Comisión y el ponente en lo relativo a la gente de mar es el modo en que debemos realizarlo. La Comisión, por deseo expreso de los interlocutores sociales del sector marítimo, proponía que a los trabajadores interesados sólo se aplicara la directiva por la que se ejecuta el acuerdo entre los interlocutores sociales, pero dichos trabajadores son los únicos que están excluidos de la directiva general. No podemos dejar lagunas en este sentido.
En el caso del descanso dominical, la situación es bastante diferente. La disposición en la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo de que el período de descanso semanal incluya, en principio, el descanso dominical, fue suprimida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La propuesta de la Comisión sólo reconoce eso, no intenta alterarla. Sé que al ponente le gustaría volver a incluir dicha disposición, y entiendo sus razones para ello. No obstante, cualesquiera que sean las ventajas del caso, sugiero que no es el momento de hacerlo. La única finalidad de esta propuesta es proteger a los trabajadores de sectores y actividades que actualmente están excluidos, y hemos tardado más de cinco años en llegar hasta aquí.
No quiero iniciar un debate sobre otros asuntos, porque perderíamos de vista nuestro principal objetivo. Por tanto, no puedo aceptar esta parte de la enmienda 9.
El ámbito más controvertido es la cuestión de los médicos en formación. En este sentido, la Comisión proponía un período transitorio de siete años para la aplicación del promedio máximo de 48 horas, bajo ciertas condiciones. En el Consejo, varios Estados miembros buscan límites más largos a causa del tiempo necesario para proporcionar una formación universitaria básica a un número suficiente de futuros médicos.
A pesar de que me gustaría mucho apoyar la enmienda 15 del Parlamento sobre este punto, creo que la propuesta de la Comisión es más realista. A pesar de que la salud de los médicos y de los pacientes es lo más importante, debemos tener en cuenta el efecto de un cambio radical en la prestación de servicios sanitarios.
Otro de los temas de este informe es relativo al límite anual del tiempo de trabajo. Una vez más, puedo entender la enmienda presentada, pero nuestra propuesta intenta establecer unas disposiciones mínimas que puedan aplicarse globalmente. En determinadas circunstancias, en particular en los sectores de la pesca marítima y del transporte, el período de referencia anual está justificado, y las enmiendas 17 y 20 son demasiado restrictivas, mientras que la enmienda 18 no añade realmente ningún valor a la propuesta.
Por último, la enmienda 19, encaminada a hacer extensiva la definición de los trabajadores móviles a los trabajadores del ferrocarril, no es aceptable.
Paso a continuación al Sr. McMahon, nuestro otro ponente. Quisiera referirme, en primer lugar, a las propuestas marítimas. Me complace que el ponente acepte las propuestas de la Comisión, a condición de que ambas directivas se apliquen simultáneamente a la ratificación del Convenio 180 de la OIT y el Protocolo del Convenio 147. Esto es totalmente coherente con el enfoque de la Comisión.
Sobre el transporte por carretera, acojo con satisfacción el amplio apoyo que encontramos en el informe a la iniciativa sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo en este sector y, en particular, a la inclusión de los trabajadores autónomos. Es evidente que lo que está en juego no es únicamente la salud y la seguridad de los trabajadores del transporte por carretera, sino que se trata además de una cuestión de salud pública, como decía el Sr. Crowley. Además, es evidente la necesidad de combatir las distorsiones de la competitividad en un sector altamente competitivo, aspecto al que se ha referido el Sr. McMahon.
Es para mí una gran satisfacción comunicar que la Comisión puede aceptar dichas enmiendas que aportan claridad al texto. Son las enmiendas 4 hasta 7, 11, 14 y 15, la primera mitad de las enmiendas 1 y 16 y la segunda mitad de la enmienda 8. La Comisión acepta, en principio, la necesidad de que se incluya una definición del conductor autónomo, como se propone en la enmienda 10, pero tiene intención de que su definición abarque un ámbito más amplio.
Al objeto de mantener la integridad de nuestra propuesta, debemos rechazar la enmienda 25, encaminada a excluir el transporte urbano de pasajeros del alcance de la directiva.
En lo que respecta a las excepciones, estamos dispuestos a aceptar parte de la enmienda de compromiso 12, que hace relación al apartado 2 del artículo 7 de nuestra propuesta. Hemos encontrado una falta de apoyo general a la excepción propuesta actualmente de un período de referencia de hasta 12 meses, no sólo en el Consejo, sino también en el propio sector. Por tanto, estamos dispuestos a suprimir dicha excepción.
Existen elementos que la Comisión no puede aceptar. El Parlamento conoce la postura de la Comisión respecto a que la excepción es, generalmente, para preservar un equilibrio entre la flexibilidad en la organización del trabajo y un nivel mínimo de protección social. Fue esta misma cuestión sobre la que se basaron las negociaciones iniciales. Aunque aprecio el énfasis que pone el Parlamento en los acuerdos o excepciones mediante convenios colectivos en la enmienda 12, la Comisión considera, sin embargo, que los Estados miembros deben tener la oportunidad de proporcionar normativas claras a través de la legislación nacional, al igual que en la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Por consiguiente, esta enmienda no es aceptable.
Asimismo, la Comisión sigue estando convencida de que, para facilitar la organización del trabajo en el sector del transporte urbano en general debe mantenerse la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 7, por lo que no podemos estar de acuerdo con la enmienda 13. El mismo argumento nos obliga a rechazar las enmiendas 22, 24 y 27 hasta 30.
Hay otras enmiendas que la Comisión no puede aceptar, porque quedan fuera del ámbito de la propuesta, así la enmienda 19 y la regulación de contratos entre las agencias de transporte son competencia del Derecho contractual. En cuanto a la enmienda 18, sobre el establecimiento de un régimen de sanciones común, es difícil que los Estados miembros, que actúan a nivel individual, puedan establecer un régimen común, al tiempo que una prescripción minuciosa por parte de la Comunidad en este ámbito tan delicado sería inadecuada.
De forma similar, debemos rechazar la segunda mitad de la enmienda 16 por ser demasiado restrictiva. Hay otras enmiendas que no esclarecerían el texto. La enmienda 17 añade una cláusula de no regresión que ya está contemplada en el apartado 3 del artículo 11, y el texto de la Comisión refleja lo que se expone en la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo. Las enmiendas 21 y 23 podrían dar lugar a cierta confusión. Puesto que el ponente ha aceptado la posición de la Comisión sobre la fijación de la disposición sobre el promedio máximo semanal, en el artículo 3, debería suprimirse también la parte de nuestra enmienda 1, que propone modificar el considerando 16.
Las enmiendas 2 y 20 incluyen una aclaración sobre los trabajadores móviles en servicios de urgencia, y habida cuenta de que la función principal de estos trabajadores no es el transporte por carretera, la Comisión considera que entran en la directiva general sobre la ordenación del tiempo de trabajo y, por tanto, no podemos aceptar dichas enmiendas. La enmienda 3 y la primera parte de la enmienda 8 incluyen la disponibilidad en el trabajo en la definición del tiempo de trabajo en el caso de los trabajadores autónomos. La Comisión considera que la disponibilidad en el trabajo, según se define en la propuesta, es puramente un aspecto del cometido del empleado.
Por último, en lo relativo a la enmienda 9 sobre el trabajo nocturno, en reconocimiento de la diversidad geográfica y de los acuerdos legislativos de los Estados miembros, la Comisión considera que deben ser los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, los que determinen qué proporción del tiempo de trabajo anual da derecho a que un trabajador sea catalogado como trabajador nocturno, en vez de aplicar una norma rígida de 48 días. Esto quiere decir que la enmienda estaría reñida con la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo. Espero haber aclarado la posición de la Comisión sobre esta difícil propuesta.
Agradezco al Parlamento el amplio apoyo que ha dado a las propuestas de la Comisión y que las haya tratado con tanta celeridad. Sé que mi colega el Sr. Kinnock comparte esta opinión y gracias a ello, el Consejo, bajo la Presidencia alemana, podrá adoptar la directiva por la que entrará en vigor el acuerdo relativo a la gente de mar y alcanzar una posición común sobre los otros tres puntos.
Por último, quisiera decir al Sr. Hudghton que los pescadores «a la parte» están incluidos, salvo en lo que respecta a las vacaciones pagadas. A Pat the Cope Gallagher quisiera decirle que la Comisión de Pesca dio su conformidad a todas estas cuestiones y nos complace contar con dicho apoyo. El tema de las 48 horas, el período de referencia de un año, las vacaciones -salvo en el caso de los pescadores «a la parte»-, la cuestión de la evaluación médica y un descanso adecuado serán definidos en otra directiva que ya ha sido prometida.
Mi última palabra es para el Sr. Crowley. Le doy las gracias por sus amables palabras. Me gustaría sugerirle a usted y a la Asamblea que el capítulo social ha avanzado mucho durante estos últimos años. Ha sido posible gracias a la firme determinación de algunas personas, al apoyo de personas buenas de los servicios del gabinete y al gran apoyo que he recibido del Parlamento Europeo. Agradezco todos sus comentarios.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, a las 12 horas.

Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y libertades fundamentales
El Presidente
El orden del día prevé el debate conjunto sobre:
la recomendación de la segunda lectura (A4-0135/99) del Sr. Torres Couto, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, referente a la posición conjunta que fijó el Consejo para la edición del reglamento del Consejo sobre la determinación de los presupuestos para la aplicación de las actividades de cooperación para el desarrollo que contribuyen al objetivo general del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (5240/1/99 - C4-36-97/0191 (SYN), y-del informe (A4-0153/99) del Sr. Galeote Quecedo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el proyecto de reglamento (EK) del Consejo, que se refiere a la determinación de las condiciones para la aplicación de las acciones comunitarias, excepto las acciones sobre el desarrollo que aspiran, en el marco de la política comunitaria de cooperación, al objetivo general del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en terceros países (9582/98 - C4-0508/98-98/0813 (CNS)).
Torres Couto
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo aquí un tema extraordinariamente importante para la cooperación, para el desarrollo en el nivel de la Unión Europea y estamos celebrando este debate mediante una recomendación para segunda lectura, que yo presento, sobre los objetivos generales del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países en vías de desarrollo y también el informe del Sr. Gerardo Galeote Quecedo sobre la misma temática para terceros países.
Señor Presidente, Señorías, en relación con la posición común del Consejo, quisiera exponer las siguientes consideraciones. La posición común del Consejo recoge, es verdad, algunas de las propuestas de enmienda, a veces de forma parcial o modificada, introducidas en primera lectura por el Parlamento Europeo siguiendo el informe presentado por su Comisión de Desarrollo y Cooperación. No obstante, compruebo con pena que una gran parte de esas enmiendas, las más importantes -podríamos decir incluso-, deseadas por el Parlamento Europeo no han sido aprobadas en esta fase por el Consejo. Así ha sido, en particular, con las propuestas de enmienda relativas a los aspectos presupuestarios, a los aspectos relacionados con la comitología, a la que el Parlamento Europeo atribuye -convendría destacarlo- una importancia muy especial, con las enmiendas destinadas a reforzar los procedimientos de información del Parlamento, así como con la enmienda destinada a conferir al proyecto de reglamento una duración ilimitada.
Además, quisiera poner de relieve la importancia de las enmiendas encaminadas a ampliar el ámbito y los objetivos del proyecto de reglamento, en el mismo nivel que la promoción de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las acciones de cooperación encaminadas al fomento de la gestión idónea de los asuntos públicos. Se trata de un aspecto esencial que tampoco ha sido aprobado por el Consejo y en relación con el cual el Parlamento debe mostrar su determinación. Es una pieza fundamental para el desarrollo, para una cooperación fructífera con los países en vías de desarrollo. Lamentablemente, hemos de reconocer, sin paternalismos, que muchas veces la ayuda de la Unión Europea se pierde en la corrupción, en el belicismo y en una gestión inapropiada de los recursos que concedemos a los países en vías de desarrollo.
Nuestra cooperación tiene que ir orientada a la erradicación del hambre, la pobreza, la miseria, las enfermedades que aumentan espantosamente en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, pero no se puede emplear esa misma ayuda en más carros de combate, en más armas de destrucción, en más minas, en más potencial bélico que acaba diezmando las poblaciones civiles indefensas, lo que constituye un atentado permanente contra la defensa de los derechos humanos que nosotros defendemos. Y, por consiguiente, esta premisa deberá constituir una piedra angular de la política de la Unión en materia de cooperación y desarrollo con los países en vías de desarrollo.
También quisiera, señor Presidente, Señorías, subrayar las motivaciones que han movido a la Comisión de Desarrollo y Cooperación, así como al Parlamento Europeo, a presentar sus propuestas de enmienda en primera lectura, que conservan la misma pertinencia y actualidad. En estas condiciones, considero que se deben presentar en segunda lectura todas esas propuestas de enmienda, no recogidas por el Consejo.
Debo también señalar la importancia de una enmienda que propongo, junto con los Sres. Galeote Quecedo y van Blanden, que se refiere a la aprobación por parte de la Comisión de medidas necesarias para establecer un código de conducta de los copartícipes en las acciones regidas por el presente reglamento.
Quisiera, además, exponer una última consideración política sobre el siguiente tema: la acción de la Comunidad en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos debe inscribirse en el principio de la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, que constituyen la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos y la base de la construcción europea. A ese respecto no es posible que la Unión Europea tenga varios pesos y varias medidas según se trate de Kosovo, África o Timor Oriental. Hay que poner fin a la hipocresía reinante y a la lógica de la prevalencia de los intereses económicos en juego. Quisiera subrayar -y protestar vehementemente contra ella-la posición de la Presidencia alemana. En el día en que la opinión pública internacional se entera de que en Timor Oriental el Gobierno indonesio perpetra matanzas terribles y sigue aplicando una política de atentado contra los derechos elementales de la población de Timor, la Presidencia alemana, que está empeñadísima en la acción militar en Kosovo y está contra Milosevic en Kosovo, está a favor del Sr. Habibi en Indonesia, subrayando y apoyando lo que llama «la buena administración y el proceso de democratización que se está llevando a cabo en Indonesia». Esa posición doble, esa dualidad de criterios, es la que muchas veces desacredita a nuestra Unión y hace que la opinión pública internacional no siempre advierta el alcance de nuestras medidas y nuestras políticas.

Galeote Quecedo
Señor Presidente, culmina hoy un procedimiento más largo y complejo de lo deseable por la necesidad de separar en dos textos la propuesta inicial de la Comisión, en función de las distintas áreas geográficas susceptibles de una actuación comunitaria de cooperación en materia de derechos humanos y promoción del Estado de Derecho y la democracia.
Sin embargo, los ponentes de sendos informes nos hemos autoimpuesto la exigencia de tramitar ambos textos con la mayor coordinación para propiciar algo que este Parlamento ha considerado capital desde el primer momento: que ambos reglamentos, aunque divididos formalmente en dos cuerpos normativos separados, se presenten finalmente a este Pleno con igual contenido y cubran idénticas finalidades y propósitos. Me parece, a esos efectos, importante destacar que los textos que hoy examinamos son fruto de un amplio consenso.
El conjunto de las acciones que estamos examinando ahora tienen ya cuantitativamente una significación evidente. Este propio Parlamento, desde 1991, ha querido visibilizarlo impulsando la agrupación en una misma línea presupuestaria, la B7-70, de todos los artículos del presupuesto de las Comunidades que, dispersos, hacían referencia a la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos.
Pero más relevantes resultan todavía desde la perspectiva política en la medida en que comprometen una auténtica filosofía europea de ayuda para el desarrollo y la consolidación del Estado de Derecho, la defensa de los valores democráticos y el respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Esencialmente, lo que hemos pretendido es reforzar una serie de principios y criterios que se consideran básicos para propiciar una política coherente, sistemática y eficaz en ese campo. Resumiendo mucho cabe decir que se ha perseguido garantizar una programación y planificación de las acciones apta para ordenar las prioridades de la Comunidad en la cooperación sobre estas materias, y para fortalecer la identidad y visibilidad de las acciones comunitarias; asegurar a todos los que intervienen en estos procesos la existencia de procedimientos homogéneos, claros y reglados; propiciar una incidencia real y sostenible de las acciones en las sociedades en las que se realizan; facilitar el mejor control y el máximo aprovechamiento de los recursos dedicados a tal fin; y procurar la máxima coordinación posible con las iniciativas y políticas de los Estados miembros en estas materias.
No considero necesario detenerme en el detalle de los importantes componentes procedimentales incorporados al reglamento. Bastará con poner de relieve que se ha perseguido asegurar que los procedimientos sean máximamente transparentes, eficaces, y estén suficientemente controlados.
Quiero llamar, en cambio, muy particularmente la atención sobre los cambios que se proponen para generalizar instrumentos de coordinación a todos los niveles y, en particular, considero de especial relevancia las propuestas incorporadas al proyecto en lo que se refiere a la cooperación con los Estados miembros de la Unión.
Por último, debo referirme muy específicamente a las diversas propuestas contenidas en los informes, aprobados en comisión, en relación con el papel que corresponde desempeñar al Parlamento Europeo en el desarrollo de estos programas sobre derechos humanos y democracia, que resulta, a mi juicio, manifiestamente insuficiente en la redacción inicial de la propuesta.
Es evidente que la propuesta que ahora comento incorpora diversas e importantes modificaciones para asegurar un papel relevante de la institución parlamentaria en esos procesos, a cuyo fin se han incorporado medidas tales como el establecimiento de plazos para la realización de evaluaciones por la Comisión y para su remisión al Parlamento; el envío de las comunicaciones de la Comisión no sólo a los Estados miembros, sino también al Parlamento Europeo; el informe anual que la Comisión ha de rendir al Parlamento y que ha de contener detalles sobre la ejecución de los programas del ejercicio anterior y sobre la programación y selección de los programas del ejercicio, y que deberá remitirse al Parlamento con una antelación suficiente para que éste pueda desarrollar un debate anual, en sesión plenaria, durante el primer semestre del año y antes de que pueda examinar la partida presupuestaria correspondiente dentro del debate general sobre los presupuestos anuales.
Con su incorporación al texto estas medidas posibilitarán un incremento exponencial del control del Parlamento Europeo sin traspasar el umbral de la gestión, que debe seguir siendo responsabilidad exclusiva de la Comisión Europea.
Confío, señoras y señores diputados, en que, con todas estas propuestas y sugerencias, consigamos cumplir los objetivos que nos habíamos trazado no sólo al analizar y debatir este reglamento concreto, sino con el planteamiento de largo aliento que viene realizándose en esta Asamblea desde hace años para potenciar y ordenar la colaboración comunitaria en beneficio de los derechos de los ciudadanos y de las libertades políticas.
Confío también en que esta norma sirva, en los términos que aquí se proponen, para abrir nuevas y eficaces vías de cooperación con quienes trabajan cotidianamente para contribuir a ello. Y confío, en fin, en que todo ello redunde por último en una mejora de nuestros procedimientos comunitarios de gestión y aplicación de los recursos.

Virrankoski
Señor Presidente, el Sr. Galeote Quecedo ha elaborado un buen informe sobre el proyecto de reglamento del Consejo por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el estado de derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. El informe se refiere a la iniciativa de la Comisión que, en un momento dado, el Consejo separó en dos. Con el Sr. Torres Couto como ponente, el otro proyecto de reglamento figura también en el orden del día, en segunda lectura del procedimiento de cooperación. El informe del Sr. Torres Couto se refiere principalmente a los países en desarrollo, mientras que el del Sr. Galeote Quecedo abarca a los demás países.
La Comisión de Presupuestos emitió en su momento dictámenes similares acerca de estos dos informes. Las observaciones giraban en torno al marco financiero, la asistencia técnica y la comitología. Ya con motivo del examen del presupuesto de 1998, el Parlamento aprobó la creación de un grupo de trabajo de carácter consultivo centrado en la cuestión de los derechos humanos. El objetivo de este comité es coordinar las acciones anuales, y en sus actividades participarían representantes del Parlamento, la Comisión y el Consejo. Este tipo de grupos de trabajo ha obtenido buenos resultados en el marco de programas como MEDA. El trato que recibiría este grupo de trabajo sería el mismo que se depara a los comités creados por los Estados miembros. Dicho grupo de trabajo quedo ya recogido en la posición del Parlamento acerca del informe del Sr. Torres Couto, que -sin embargo- no contó con la aprobación del Consejo, por lo que el ponente vuelve a presentar este punto de nuevo. Respaldo personalmente dicho punto, si bien cabe lamentar que el informe del Sr. Galeote Quecedo que ahora se somete a debate no recoja estas disposiciones relativas al grupo de trabajo, por lo que la Comisión de Presupuestos ha presentado por su parte las enmiendas 38 y 39. Doy mi apoyo a estas enmiendas y espero que cuenten también con la aprobación del Parlamento, ya que son coherentes con la posición que este Parlamento ha manifestado anteriormente en numerosas ocasiones.

Torres Couto
Señor Presidente, sin pretender ser redundante, en la medida en que he tenido la oportunidad, gracias a la generosidad del Presidente anterior, de defender, durante cinco minutos y medio, mi propuesta de segunda lectura en relación con este asunto, quisiera ahora reforzar algunas cuestiones que he pretendido subrayar en mi proyecto de opinión sobre este tema y que, en el fondo, el Sr. Galeote Quecedo ha tenido ya la oportunidad de subrayar muy bien en su intervención. Con la coordinación que ha habido entre las dos comisiones y entre los dos ponentes, con un trabajo de gran participación de todos los Grupos políticos en las dos comisiones -y puedo hablar del trabajo de los Grupos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación-, ha sido posible, de hecho, elaborar un conjunto de propuestas encaminadas a reforzar la cooperación, la eficacia, la transparencia, el rigor y el control en la aplicación de un instrumento que es fundamental para el desarrollo futuro de los países con los que la Unión Europea pretende reforzar sus relaciones: los países en vías de desarrollo y los terceros países.
Y, por consiguiente, este trabajo ha sido un trabajo de convergencia de esfuerzos, ha sido un trabajo hecho con gran sentido de la responsabilidad e incluso podemos acoger un conjunto de propuestas muy importantes que han presentado otros Grupos políticos. Quisiera señalar, por ejemplo, la importancia de las propuestas presentadas por el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes, y que se refieren a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación sexual; quisiera también subrayar las propuestas presentadas por diputados del Partido Popular Europeo que se refieren al apoyo a las iniciativas en pro de la abolición de la pena de muerte, y quisiera también subrayar el importante papel que se atribuye en los dos documentos al fortalecimiento de la participación de nuevos socios que puedan intervenir de forma constructiva en ese sector y que esa participación de nuevos socios no obedezca a ningún esquema discriminatorio, sino que, muy al contrario, sea una participación con respeto de la pluralidad total y completa en términos políticos, religiosos y sociales.
Creo, por consiguiente, que, después de una larga tramitación padecida por este asunto, en el nivel del Consejo y en el del Parlamento Europeo, hemos logrado una formulación final que es muy estimulante para el Parlamento Europeo. Y, por consiguiente, quisiera en este momento aprovechar una vez más la oportunidad para felicitar al Sr. Galeote Quecedo por el notable trabajo que ha presentado, para subrayar la disponibilidad que ha demostrado al trabajar conmigo permanentemente en busca de una convergencia de esfuerzos y de un documento que pudiera merecer no sólo el más amplio apoyo de este Parlamento, sino también la aceptación por parte de la Comisión y del Consejo Europeo. Y quisiera agradecer a los Grupos políticos, en particular al Partido Popular Europeo, al Grupo UPE y al Grupo de los Verdes, que hayan hecho una contribución decisiva para un enriquecimiento profundo de estos documentos. Lo felicito, señor Galeote Quecedo.

Fernández Martín
Señor Presidente, tengo aquí el texto de mi intervención sobre este informe del Sr. Torres Couto de diciembre del año pasado. No sería muy serio que volviera a leer exactamente lo que dije entonces, pero créanme que se ajustaría plenamente a lo que estamos tratando hoy. Porque, señor Presidente, estimo que nos encontramos ante un buen ejemplo de cómo la pesada carga de los procedimientos impide la necesaria agilidad y la flexibilidad que debería exigirse a nuestro trabajo parlamentario.
Espero que, por esta vez, estemos ante el último debate sobre esta importante cuestión y recuerdo que, desde esa fecha -desde diciembre pasado- hasta hoy, en apenas cuatro meses, es éste el cuarto debate que mantenemos sobre el mismo asunto.
Hemos debatido el informe del Sr. Torres Couto en primera y en segunda lectura; el informe del Sr. Galeote; hemos mantenido en enero otro debate sobre mi propio informe a propósito de la misma cuestión. En general -como no puede ser de otra forma- todos los oradores hemos repetido los mismos o parecidos argumentos.
El Sr. Galeote, con toda la razón (no he comentado con él esta intervención que ya tenía preparada de antemano) acaba de lamentar la duplicidad de esfuerzos que supone aplicar un doble procedimiento de tramitación para lo que en definitiva debería ser un mismo reglamento regulador de las acciones comunitarias que financian la cooperación y las acciones en beneficio de los derechos humanos y de los valores democráticos en países terceros y en países en vías de desarrollo.
El Sr. Torres Couto, además, nos dice hoy que lamenta tener que presentar las mismas enmiendas -las mismas literalmente-que ya la Comisión dijo entender y compartir, pero que en definitiva no aceptó para incorporarlas al reglamento, enmiendas que, por cierto, son idénticas en su mayoría a las que presenta el Sr. Galeote.
Mientras tanto, seguimos defendiendo la necesidad de un nuevo marco de relaciones de la Unión con las países con los que cooperamos en beneficio de unas acciones más eficaces, más transparentes, que fortalezcan el Estado de Derecho y los derechos humanos, que eviten la corrupción y garanticen una mayor presencia de la sociedad civil en los países beneficiarios de los fondos europeos destinados al desarrollo y a la cooperación.
Creo sinceramente que este no es un buen ejemplo de lo que debería ser un trabajo eficiente.
Mi Grupo parlamentario en la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha participado activamente, y ha presentado enmiendas. Hemos respaldado el informe del Sr. Torres Couto y hoy yo lo hago de nuevo en nombre de mi Grupo, pero no puedo mostrarme satisfecho, señor Presidente, con las formas del procedimiento que se ha seguido. Y lo lamento porque creo que esto, realmente, creo que no nos prestigia.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, sin duda el Informe Torres Couto representa, en opinión del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, un gran esfuerzo de síntesis en cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y los países en desarrollo en lo relativo al asunto de los derechos del hombre, la consolidación de un Estado de derecho, la honda conexión que ha de existir entre la acción de cooperación para el desarrollo, de una parte, y de otra, un desarrollo que no sea sólo económico sino también -y diría yo que sobre todo- un desarrollo de carácter humano, cultural, ético y civil. De esto deriva la gran importancia de lo que el Sr. Torres Couto y la Comisión de Desarrollo y Cooperación han hecho hasta aquí.
También estoy a favor de las enmiendas que se han presentado, y que proponen nuevamente la posición de los parlamentarios europeos. La acción de cooperación para el desarrollo debe dirigirse no sólo a la instauración de esa fórmula genérica a menudo, aunque importante, que es el Estado de derecho. Hay que hacer algo más y mejor: se necesita una buena administración, un ordenamiento justo y una justicia concreta -la misma de la que también habla el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establecido por el Consejo de Europa y en cuya sede nos reunimos- para que la acción genérica de ayuda a los derechos del hombre y la instauración de estos derechos no terminen siendo palabras vacías. El gran valor de Europa estriba en haber sabido convertir los principios en realidades. Esto debe valer también para los países en desarrollo.

Telkämper
Señor Presidente, yo puedo devolverle la pelota al Sr. Torres Couto. Creo que se ha conseguido un buen informe gracias a una buena cooperación en el Parlamento. La colaboración que hemos mantenido ha sido en cualquier caso muy satisfactoria para nuestro Grupo.
Este es un informe importante, que trata de la defensa o bien la instauración de las libertades fundamentales y la democracia con vistas a la preservación de los derechos humanos. Su importancia se puede constatar ahora mismo en Europa, donde volvemos a tener una guerra. Yo creo que sólo bajo la forma de un Estado democrático y con la participación de la población es posible conseguir la paz a largo plazo, tal como podemos comprobar ahora en Europa después de 50 años. En el Sur del planeta encontramos una multiplicidad de sistemas autoritarios, aristocracias, sistemas feudales, en los que no participa la población. En consecuencia, es acertado y necesario que apoyemos allí los esfuerzos en favor de la democratización y del respeto de los derechos humanos.
Nosotros podemos apoyar, por consiguiente, la práctica totalidad del informe. Sólo en un punto no coincidimos con usted, concretamente en cuanto a la enmienda 1, y el motivo es que no deseábamos que se incluyese la «buena gestión de los asuntos públicos». No porque estemos en contra de este punto, sino porque el marco financiero para todo el programa es tan mínimo que es preciso concentrarlo. Tenemos que concentrarnos en el respeto de los derechos humanos y la promoción de las libertades fundamentales.
Para nosotros eran importantes tres enmiendas, que usted ha hecho suyas, empezando por el artículo 2. Hasta ahora siempre se hablaba de la lucha contra el racismo. Las mujeres realizan el 50 % del trabajo en el mundo y están especialmente oprimidas en esos países. La inclusión del párrafo contra una política sexista es importante y el Consejo también debería adoptarlo, al igual que el conjunto del informe del Parlamento.
Antes de acabar, sólo dos consideraciones finales: es importante apoyar a las pequeñas organizaciones no gubernamentales y a las pequeñas formaciones estatales porque tienen un efecto multiplicador.
Y un último punto: los envíos, las prestaciones en especie de los países...
El Presidente interrumpe al orador

Dell'Alba
Señor Presidente, creo que esos informes son muy importantes. Tenemos interés en actuar con rapidez, e incluso con mucha rapidez, para que puedan aprobarse, con el fin de que podamos disponer finalmente del reglamento que afecta a la política de los derechos humanos. Esta política es una de las más importantes que la Unión lleva a cabo desde hace años, sobre unas bases poco sólidas, desafortunadamente, es preciso reconocer, por causa de los retrasos acumulados, especialmente por el Consejo, sobre la reglamentación de esta materia. Es necesario que pueda reiniciarse sobre unas bases sólidas. Hoy, sabemos cuál es el desconcierto de muchas ONG, de muchas personas que militan en favor de esta causa, y que para Europa es un honor financiar. Pero medimos también las dificultades que produce la ejecución de esos proyectos, principalmente en función de la totalidad de los problemas que conocemos.
Desde este punto de vista, señor Presidente, he escuchado atentamente la exposición del Sr. Virrankosky, y he evaluado desde hace ya varios meses, incluso varios años, esta idea de asociar el Parlamento a la gestión o, en todo caso, a la decisión relativa a proyectos. Por favor, ahorrémonos esta perspectiva. Este Parlamento tiene un deber y lo ha cumplido más que nunca estos últimos meses, justamente quejándose de todas las estructuras, todos los BAT, todas las creaciones artificiales que podían obstaculizar la acción de la Comisión, para que un órgano ejecute, un parlamento controle y un tribunal de cuentas u otra institución haga su auditoría, etc. Por tanto, no mezclemos las cosas. Dejémoslas como están. Estoy contra las dos enmiendas. Espero que los colegas sigan la opinión del ponente. Creo que lo que importa es la prudencia y el respeto por el trabajo de unos y otros.

Lenz
Señor Presidente, con estos dos informes, verdaderamente minuciosos y afortunadamente muy coordinados entre sí, de los colegas Galeote Quecedo y Torres Couto, el Parlamento se propone adoptar una posición con respecto a las medidas, tan importantes para nosotros, encaminadas a contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el debate inicial, manifestamos el deseo de establecer unos fundamentos comunes para los países en desarrollo y los terceros países, en el sentido de tomar como base de un artículo común del Tratado. El Consejo insistió, no obstante, en seguir un procedimiento diferenciado, concretamente sobre la base del artículo 130 W en el caso de los países en desarrollo y sobre la base del artículo 135 en el caso de los terceros países. Esto se explica más por las relaciones de poder entre las instituciones que por la lógica de la elección de los citados fundamentos jurídicos. Se trata de un caso comparable al del reparto de competencias dentro de la Comisión, que no refleja la lógica de los derechos humanos, sino las competencias de los Comisarios.
La urgente necesidad de cooperación en estos ámbitos en ambos casos exige poder contar por fin con unos fundamentos sólidos. Por esto nos avenimos a ello. Esta política ocupa un espacio cada vez más amplio entre las políticas comunitarias -tal como ya se ha dicho- y requiere un anclaje jurídico, como sabemos por las lamentables experiencias de los últimos meses. La promoción del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales es, sin embargo, una exigencia que ya hemos incluido como condición o nos proponemos incluir en cualquier caso en el futuro en el marco de los programas de democratización en el contexto de PHARE, TACIS y MEDA, así como para la concesión de ayudas financieras a los países en desarrollo. La hemos incluido en muchos Acuerdos de cooperación en forma de la llamada cláusula democrática y de derechos humanos.
Nuestra definición de los derechos humanos no es una imposición de Europa, sino que se apoya en convenios y definiciones como las que figuran en la Carta de las Naciones Unidas y en los convenios europeos. Por lo tanto, no la hemos inventado nosotros. Esta definición nos ha ayudado a lograr un período de estabilidad y de paz en la Unión Europea, que deseamos también para los demás países. También queremos contar con una base sólida para la cooperación con las ONG. Los numerosos ejemplos que se citan en el informe son exactamente lo que deseamos apoyar. En este sentido, apoyamos sin reservas la creación de un comité consultivo, que ya hemos solicitado repetidamente desde el Parlamento. Es evidente que se tiene que establecer una clara separación de competencias, pero ser consultado no significa necesariamente decidir.
El Consejo rechazó una serie de enmiendas. El Parlamento Europeo debería insistir en mantener dichas enmiendas si quiere fortalecer su propio papel en el futuro. El Parlamento representa y seguirá representando su cometido específico y también a las personas que confían incorporar esta dimensión a la política de sus propios países. Yo quiero expresar una vez más mi satisfacción por nuestra amplísima coincidencia en el ámbito de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estados de Derecho.

Lehideux
Señor Presidente, los principios generales que recuerdan estos dos informes están claramente admitidos por este Parlamento. Empujan claramente a la Unión, con toda la razón, a vincular esos acuerdos de cooperación y desarrollo a la mejora del respeto por los derechos humanos, a la consolidación de la democracia y a la buena gestión de los asuntos públicos entre nuestros asociados.
Quisiera insistir en este último punto, y me uno a los ponentes que proponen de nuevo enmiendas que amplían los proyectos de reglamento a las acciones de promoción de la buena gestión de los asuntos públicos. Estas enmiendas, adoptadas ya en primera lectura por el Parlamento Europeo, no habían sido consideradas en la posición común del Consejo, algo que encuentro lamentable.
Dicho esto, la Unión ha de dar prueba de humildad y prudencia en estos expedientes. Nuestros asociados podrían, de vez en cuando, pedirnos cuentas sobre esta forma de emitir juicios sobre las situaciones internas de tal o cual. La Unión no puede realmente dar la sensación de que reprende a todo el mundo y ella misma no ser irreprochable. Constatar la evolución de la situación interna de algunos países por el buen camino es a mi juicio más importante que la excelencia de una situación en un momento preciso. Me parece por consiguiente que debemos tener en cuenta la historia de cada país, desde el punto de partida de cada cual, para emitir juicios en lugar de constatar solamente situaciones en el momento preciso en que emitimos esos juicios. Después de todo, la verdadera democracia es en ocasiones reciente en algunos países europeos.
Quisiera, señor Presidente, citar dos ejemplos en ese sentido. Primer ejemplo, Togo. Me parece que la evolución de las mentalidades y la evolución política en ese país han de verse acompañadas por la Unión, que debería, para hacerlo correcta y convenientemente, retomar toda su cooperación con ese país. Saben ustedes que se ha suspendido desde hace ya una serie de años.
El segundo ejemplo que quisiera citar, ya hemos hablado hace algunas semanas con el Sr. Galeote Quecedo, es el de Cuba, que ha sido aceptado como observador en los ACP. La evolución actual en este país me parece problemática y debe ser tratada con gran rigor por nuestra parte.

Flynn
En primer lugar, quisiera decir que mi colega el Sr. van den Broek no puede estar hoy con nosotros. Acompaña a la Presidencia en una misión de la troica a Kiev y presenta sus disculpas a la Asamblea. Quisiera agradecer al Parlamento sus considerables esfuerzos en lo que se refiere al tiempo que ha dedicado a este asunto y a la calidad de su trabajo en el proceso de aprobación del futuro fundamento jurídico para los créditos a la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos, una iniciativa lanzada en 1994 por el Parlamento.
Quisiera expresar mi agradecimiento, en particular, a las dos comisiones y a los dos ponentes. Las enmiendas que se debatieron en diciembre lógicamente se han mantenido en los informes que hoy tenemos ante nosotros. Les ruego que me disculpen, por tanto, que tenga que repetir algunos de los comentarios que hice entonces, a pesar de que se ha ampliado el alcance del debate para incluir programas para países que no pertenecen al mundo en desarrollo.
La Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas siempre que no cuestionen papeles institucionales. Apoya las propuestas que están en armonía con la propuesta inicial relativa a la creación de un comité consultivo, y que pone fin a las restricciones sobre la duración de la aplicación del reglamento y la abolición de la suma de referencia financiera.
La Comisión comparte también la preocupación del ponente sobre la necesidad de adoptar medidas para mantener al Parlamento informado del trabajo del comité y sobre las acciones de emergencia. No obstante, la Comisión duda acerca de la idea de publicar las negociaciones del comité, porque hay que tener en cuenta el requisito de confidencialidad inherente a la selección de proyectos. La Comisión también tiene reservas en lo relativo a la serie de enmiendas que abogan por aclaraciones o ajustes, especialmente en el tema de reforzar los programas, las evaluaciones anuales y la importancia relativa que se concede a la experiencia de los destinatarios.
La Comisión no puede apoyar las referencias que se han hecho al grupo de trabajo interinstitucional. Sería una violación flagrante de sus competencias en materia de gestión y aplicación, y podría incluso dejar sin efecto el reglamento. De cara al futuro, el Parlamento deberá decidir sobre la estructura del comité que se encargue del seguimiento de los asuntos de los derechos humanos. Sé que se ha reflexionado mucho sobre cuál es la mejor forma de abordar dichos asuntos. Cualquiera que sea la solución adoptada, el Parlamento puede tener la seguridad de que la Comisión continuará considerando al Parlamento un interlocutor clave, no sólo en su papel formal de institución comunitaria, sino también por su amplia experiencia en este ámbito y el firme compromiso personal del que han dado prueba muchos diputados.
Esta cooperación proporcionará sobradas oportunidades a los representantes de la sociedad civil de ser escuchados también, ya que la Comisión estima que la política en este ámbito no puede hacerse en ausencia de un auténtico diálogo con la sociedad civil en su conjunto.
Quisiera tocar dos otros temas relacionados específicamente con la gestión de la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, en noviembre, el Comisario van den Broek debatió con este Parlamento la necesidad de asistencia técnica para ayudar a gestionar los títulos presupuestarios contemplados en la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos. Desde entonces, la aprobación del presupuesto para 1999 incluye la disposición específica de que dicha asistencia se financie con cargo a dichos títulos presupuestarios, a diferencia de 1998, año en que no fue posible celebrar un contrato. En 1999 ya es posible. El trabajo preliminar para la celebración del contrato ha finalizado, aunque aún está pendiente la decisión formal de la Comisión. Se ha decidido que deberá existir un contrato que abarque los servicios relativos a los títulos presupuestarios gestionados por la DG IA, que incluya las necesidades de los servicios comunes de RELEX y de la propia DG IA, así como aquéllos relativos a la ejecución de un programa mejorado de microproyectos dirigidos por las delegaciones. Tan pronto como la Comisión adopte una decisión, se celebrará un contrato, poniendo así fin a esta laguna en apoyo a la iniciativa.
En segundo lugar, la iniciativa en favor de la democracia y los derechos humanos funcionará este año a través de dos ventanas principales, aparte de las actividades como los programas comunes con el Consejo de Europa, que los celebra directamente la Comisión. La primera ventana principal es el programa de microproyectos que ha sido ampliado para que incluya a todos los países de la Europa central y oriental, la antigua Yugoslavia, la antigua Unión Soviética y Mongolia. Esta ventana prevé un amplio apoyo a las ONG locales y estará gestionada a nivel local, y no habrá necesidad de recurrir a Bruselas para cada decisión sobre la financiación.
Este plan ya ha sido alabado en el pasado y su ampliación a 1999 es la piedra angular de una estrategia encaminada a mantener a las ONG estrechamente involucradas en el programa de democratización, a pesar del limitado apoyo al programa de gestión y de las voces que abogaban por proyectos mayores.
La segunda ventana es una convocatoria de propuestas que se publicará uno de estos días y que abarcará no sólo todos los títulos presupuestarios gestionados por la DG IA, sino además todos aquéllos relativos a los países ACP, incluidos los programas especiales para Nigeria y África del Sur. La decisión de gestionar conjuntamente los títulos presupuestarios se inscribe en el proceso de unificar el enfoque del apoyo a los derechos humanos en todo el mundo. La convocatoria de propuestas ya ha suscitado el interés de las ONG que consideran estos títulos presupuestarios una fuente importante de apoyo a sus actividades.
Quisiera hacer un comentario al ponente Sr. Torres Couto, relativo a una observación que puede que yo haya entendido mal, porque no puede aceptar una crítica que creo que usted ha hecho. Existen pruebas, tanto en los informes del Tribunal de Cuentas, como en la evaluación independiente de la democracia de los programas PHARE y TACIS, de que en este programa no ha habido mala gestión ni fraude. Los fondos disponibles con cargo a este presupuesto han sido utilizados a veces más despacio de lo que hubiera sido deseable. Ésa ha sido también su observación. Pero, en realidad, han sido bien utilizados. Es una cuestión importante que debo aclarar a la Asamblea en nombre de la Comisión.
Resumiendo, nos encontramos en la fase final y pronto dispondremos del marco jurídico y financiero que pondrá fin a la incertidumbre de la que ha estado rodeada esta iniciativa en particular. Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento y a los ponentes una vez más por sus esfuerzos para hacer realidad la aprobación de estos dos reglamentos tan necesarios.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Emisiones contaminantes de grandes instalaciones de combustión
El Presidente
Propongo que, de forma excepcional a nuestras costumbres, comencemos por el informe para opinión de la Sra. Estevan Bolea, a quien voy a dar la palabra durante dos minutos, lo que permitirá sin duda a nuestro ponente reunirse con nosotros.

Estevan Bolea
Señor Presidente, se trata de una directiva muy importante puesto que hay muchas centrales térmicas en Europa y, sobre todo, porque, según datos de la Comisión y de las empresas eléctricas, hasta el año 2010, se van a generar cientos de miles de megavatios nuevos. Por lo tanto, toda esta inversión va a ser grande.
En principio, estamos de acuerdo en que cada vez tengamos menos emisiones y mejor calidad del aire. Pero también tenemos en cuenta, señora Comisaria, el principio de proporcionalidad y el concepto de BATNEEC, esto es, utilizar las mejores tecnologías disponibles pero que no entrañen excesivos costes.
Señora Comisaria, quería decirle que debemos tomar las medidas realmente necesarias, pero sólo las necesarias en este momento, quizás puedan tomarse otras más adelante. Se han liberalizado los mercados eléctricos y los del gas. Todas las empresas están haciendo grandes esfuerzos. Hace 10 años entró en vigor la directiva que ahora se modifica; se ha hecho una gran labor en desulfuración y desnitrificación y se están aplicando mejores tecnologías.
La Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento propone unos niveles extraordinariamente estrictos. Quizá, si se utiliza gas natural, se puedan alcanzar, pero si se utilizan carbones domésticos o un fuel residual resultará muy difícil. Pero, sobre todo, es inútil fijar esos niveles porque no es necesario.
El problema de la acidificación hay que controlarlo, pero no todos los países lo tienen. Por lo tanto, nuestra delegación española se va a oponer a la mayoría de estas enmiendas, teniendo en cuenta que, en un futuro, iremos avanzando progresivamente. Pero de momento esas enmiendas tienen bastante poco sentido.
Sería bueno que ustedes establecieran una directiva o una recomendación sobre permisos negociables de emisión, aplicaran el concepto de «burbuja», tal como se hace en los Estados Unidos, recurrieran a los acuerdos negociados que pueden dar resultado y no se limitaran a fijar niveles estrictos que, como usted sabe, señora Comisaria, no se cumplen, por lo que lo único que trae a Europa la legislación en materia de medio ambiente es una gran frustración.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la modificación de la directiva que debatimos hoy, tiene por objeto reducir las emisiones de las grandes instalaciones de combustión. Las medidas que se proponen forman parte de la estrategia comunitaria contra la acidificación. No está claro todavía cuándo se abordará la cuestión de una directiva relativa a los valores límite nacionales para la emisión de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, amoniaco y los compuestos orgánicos volátiles. La directiva sobre las grandes instalaciones de combustión repercute directamente en las emisiones. Los próximos valores límite de emisión son un conjunto de medidas que deja libertad a los Estados miembros para que ellos mismos adopten la manera en que quieren alcanzar esa reducción de emisiones.
Estoy realmente de acuerdo con todos aquellos que dicen que el orden de los trabajos debería haber sido otro. Primero los valores límite y después esta directiva. Pero sea como fuere, como hay todavía fortísimos debates sobre la otra directiva y como establecimos un plazo de diez años en la directiva 88, hemos de hacer algo al respecto. Por cierto, tengo una relación curiosa con esa directiva de los grandes hornos. A mediados de los años ochenta pedí como miembro del parlamento neerlandés a nuestro Ministro de Medio Ambiente que actuara también en los Países Bajos y Europa siguiendo el ejemplo de la disposición relativa a las grandes instalaciones de combustión.
Presidente, tengo la sensación de que si enseño la propuesta, que ha presentado la Comisión en este momento, a la industria japonesa y americana van a reaccionar en el sentido de: ya entendemos porque no sóis capaces de crear una auténtica industria medioambiental. Constato que los requisitos para las instalaciones nuevas, pero sin duda también para las viejas que pueden estar funcionando hasta el año 2014, que esos requisitos en algunos Estados miembros son bastante más estrictos que los que la Comisión ha puesto ahora sobre el tapete. Por lo tanto, como ponente y con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor he reajustado los requisitos. Cuando por ejemplo esta mañana me llamó por teléfono la industria escocesa preguntándome si esta directiva tendría también consecuencias para Escocia, les anuncié: no solamente para Escocia, sino para Gran Bretaña entera y también para España. Supongo que el Reino Unido por ejemplo ya no querrá vivir en la edad de piedra y que también se tiene que hacer algo allí por el medio ambiente y la naturaleza pero también por la salud de la gente. También supongo que los británicos querrán hacer algo y con el plazo transitorio que propongo se pueden adaptar perfectamente también las actuales instalaciones de combustión.
Tengo la sensación, si me fijo en los requisitos y si veo lo que se hace en Alemania con, por ejemplo, el lignito, tomando en cuenta que las instalaciones de lignito son mucho más contaminantes que la instalaciones de carbón, entonces veo, y eso lo digo también a mi colega española, que se pueden conseguir unos requisitos más estrictos de los que se han propuesto ahora. Presidente, eso es algo que yo no entiendo.
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía me ha preguntado: ¿Te has fijado bien en la base técnica de tu propuesta? Presidente, le puedo decir que lo he hecho. Estábamos ocupados en la redacción de esta directiva cuando me cayó entre manos la decisión del gobierno neerlandés del año 1997 en la que hay unos requisitos para las grandes instalaciones de combustión que son considerablemente más estrictos de los que hemos propuesto ahora. Presidente, yo disponía de un marco de referencia para poder medir. Todo esto es nuevo en los Países Bajos, como también lo es para Alemania, para algunos estados nórdicos, también para los austriacos, que además tienen unos requisitos aún más estrictos. Me pregunto por qué no deberíamos tenerlos nosotros.
Añadiré un elemento más, y ese es el elemento de la liberalización. Apoyo sinceramente la liberalización de la electricidad. Siempre lo he hecho, pero si se hace, entonces en lo que se refiere al precio del kilovatio por hora habrá que partir de que las diferencias medioambientales e higiénicas no sean tan grandes que lo que se prohibe de contaminación en algún Estado miembro se permite en otro, que eso al final sea un obstáculo para esa liberalización. Por lo tanto, creo que también desde el punto de vista de la liberalización es necesario que intentemos establecer los mismos requisitos en la mayor medida posible. Les digo a mis colegas españoles que lo consideren de nuevo.
Mis colegas del grupo parlamentario socialista han presentado enmiendas y esas enmiendas consisten en que quieren trasladar los requisitos para las instalaciones actuales del año 2005 al 2010. Presidente, hago de nuevo un llamamiento urgente al grupo parlamentario socialista para que no lo hagan. ¿Por qué no? Porque así se queda más hueca nuestra posición en la negociación con el Consejo. Conozco el argumento de David Bowe que dice: ten cuidado ponente, ten cuidado Parlamento, no os pongáis demasiado estrictos porque entonces el Consejo puede atacar, puede cambiar el fundamento jurídico. A estos colegas les digo: si el Consejo quiere hacer algo, o sea, si quiere cambiar esta codecisión, entonces lo tendrá que hacer con unanimidad y unanimidad significa que tanto el Parlamento como el Tribunal de Justicia Europeo tendrán que pronunciarse.

Bowe
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera mostrar mi satisfacción por el trabajo realizado por la ponente y por su informe. Es sin duda un informe muy impresionante y creo que los Socialistas lo apoyarán gustosos en su mayor parte. Traerá consigo mejoras importantes en lo relativo a las emisiones de grandes instalaciones de combustión, que suelen utilizar carbón o petróleo, y que son responsables de buena parte de las cantidades de dióxido de azufre y óxido nitroso que se arrojan a la atmósfera, provocando la lluvia ácida que tiene repercusiones sobre la salud de los seres humanos, como el asma.
No se trata simplemente de controlar dichas instalaciones mediante un método determinado -existen otros medios de controlar dichas centrales. Existe un control de la contaminación -hace unos años fui ponente de medidas de control de las emisiones que ya se están aplicando. También existen negociaciones sobre los límites máximos de las emisiones nacionales, que esperamos que la Comisión presente lo más rápidamente posible. Ambas medidas permitirán un control eficaz y adecuado.
El informe del Parlamento y las enmiendas presentadas se proponen ampliar el alcance de la directiva y endurecer los límites que las instalaciones actuales y futuras deberán respetar. No creo que a las nuevas instalaciones les resulte especialmente difícil cumplir el reglamento, aunque reconozco que algunas de las instalaciones más viejas si tendrán problemas. Por ello sugerimos que se les conceda algo más de tiempo a estas últimas, un calendario razonable que les permita realizar las inversiones necesarias, para que también puedan cumplir las normas.
En lo que respecta a las ampliaciones del alcance a otras partes, quisiera llamar la atención del Comisario sobre la desaparición de algunas de las excepciones respecto a las instalaciones marinas y respecto a algunas de las grandes turbinas de gas que se utilizan en la maquinaria móvil, etc., que, una vez más, producen emisiones considerables y deben tenerse en cuenta, reconociendo, naturalmente, las circunstancias particulares que existen en dichos casos.
Soy muy consciente del problema al que se ha referido la Sra. Oomen-Ruijten, de que si nos esforzamos en imponer unos límites demasiado estrictos, muchos Estados miembros temerán que les estamos imponiendo una política energética, algo que, naturalmente, no nos compete como Parlamento. Por esta razón, debemos reconocer la necesidad de dotar esta propuesta de una cierta flexibilidad. Podemos hacerlo si acoplamos esta propuesta a los límites máximos de emisiones nacionales y a la Directiva IPPC. Todo este asunto debe contemplarse en este contexto.
Por último, creo que obtendremos resultados, después de la segunda lectura, y que lograremos mejoras sustanciales en lo relativo a las emisiones de dichas instalaciones y en lo relativo al medio ambiente y la calidad del aire en las proximidades de las instalaciones. Recomiendo esta propuesta a la Asamblea.
Un último comentario. He visitado grandes instalaciones de combustión en dos o tres Estados de la Unión, en particular, en el mío, el Reino Unido. No he visto nada que sea de la Edad de Piedra, y me gustaría invitar a la Sra. Oomen-Ruijten a que visite, quizá, la central eléctrica de Drax en Yorkshire. Se dará cuenta de que lo prehistórico son sus conocimientos del sector y no la central que está en funcionamiento.

Virgin
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a Oomen-Ruijten por este excelente informe. Hace un tiempo el Parlamento aprobó otro informe que se ocupaba de la estrategia futura contra la acidificación de la tierra y el agua. Éste contenía, entre otras cosas, el objetivo de que los problemas de acidificación deberían estar resueltos el año 2015 y que las emisiones tendrían que alcanzar entonces un nivel que no dañase la naturaleza. La Comisión dio su respaldo a la orientación del Parlamento. Sin embargo, para alcanzar esta meta hay que intensificar las exigencias, por ejemplo, referentes a la combustión. Este informe, con los mayores requerimientos del Parlamento, constituye un paso en esa dirección. Además, la Comisión ha hecho profundos análisis de los efectos de las emisiones provenientes de la combustión. Como es sabido, no sólo la influencia en el medio ambiente es importante. La salud de la gente también está en peligro.
Una comparación entre la combustión de carbón hecha con adecuada filtración de humos y la energía nuclear durante un período de diez años ha demostrado que, mediante la utilización de la energía nuclear en la UE, hemos salvado la vida a veinte mil personas, gracias a las menores emisiones contaminantes. Por este motivo son tan graves las propuestas de desmantelamiento anticipado de la energía nuclear, tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
También estoy convencido de que el uso de medios económicos de gestión, por ejemplo, gravámenes para el azufre y el nitrógeno, podrán coadyuvar para llegar aún más lejos y, en la práctica, hacer más rigurosas nuestras exigencias. Semejantes gravámenes tienen gran éxito en Suecia. El método de los derechos a la emisión también merece ser estudiado y puede producir buenos efectos medioambientales a bajos costes.
La combustión de combustibles fósiles también produce dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero. Éste es quizá el problema más grave. En todo caso, es una señal para limitar la combustión de combustibles fósiles, tanto como sea posible. En este caso, el comercio con los derechos a las emisiones también nos puede proporcionar un método para dar estabilidad a los esfuerzos para cumplir con las exigencias del protocolo de Kioto.

Gahrton
Señor Presidente, la acidificación es todavía una grave amenaza contra los bosques europeos. En Alemania, el 67 por ciento de los bosques están expuestos a emisiones acidificantes, a dióxido de azufre y a compuestos de nitrógeno que sobrepasan el límite máximo de tolerancia. En Francia está afectado el 22 por ciento de la superficie boscosa. Hay países en que los bosques están relativamente poco perjudicados, por ejemplo España, en que la cifra correspondiente es sólo del 1 por ciento. Pero de igual modo contribuyen las emisiones de España a acidificar una superficie cinco veces mayor que la propia área forestal afectada. Otros nueve países de la UE tiene contribuciones netas a la acidificación fuera de sus propias fronteras, en tanto que cinco países -Alemania, Francia, Austria, Suecia y Finlandia- acidifican un área inferior a la de sus propias superficies forestales.
Estas cifras demuestran que las emisiones provenientes de las grandes centrales de combustión son un problema que precisa, en gran medida, una reglamentación común de carácter supraestatal. Por eso es provechoso que la Comisión haya presentado esta directiva. Sin embargo, es demasiado débil, mientras que la propuesta del Parlamento, o sea el Informe Oomen-Ruijten, está mucho más cerca de lo que objetivamente se necesita y que el movimiento medioambiental exige. Por este motivo, el Grupo V da su apoyo, en general, al informe Oomen-Ruijten.

Estevan Bolea
No tengo más remedio que intervenir porque el Sr. Gahrton, en el poco tiempo de que ha dispuesto, ha dedicado unos cuantos minutos a decir cosas absolutamente inexactas.
Este problema de las emisiones no afecta a España, porque tiene un tercio de energía hidroeléctrica y un tercio de energía nuclear. Por lo tanto, documéntese, señor Gahrton, y no diga las tonterías que acaba de decir.

Blokland
Presidente, las grandes instalaciones de combustión provocan juntas la emisión del 63 % de dióxido de azufre y del 21 % de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea. SO2 y NOx son la causa más importante de la lluvia ácida y además constituyen una amenaza para la salud pública. Por lo tanto, es de gran importancia que se reduzcan mediante esta propuesta las emisiones de los agentes anteriormente mencionados. Estoy de acuerdo entonces con que la Comisión Europea aplique la directiva también a las turbinas de gas. Sin embargo, no puede haber excepciones para las plataformas marítimas.
Dado que con las técnicas actuales se puede reducir la emisión de SO2 hasta 100 miligramos por metro cúbico, la propuesta general de unos valores límite de emisión de 200 miligramos por metro cúbico merece sin duda el apoyo del Parlamento. Las normas sobre la emisión de NOx se pueden hacer también más estrictas. Es esencial en el informe que las grandes instalaciones de combustión existentes también deban cumplir a la larga con los requisitos de emisión establecidos, dado que estas instalaciones en su conjunto producen en gran medida la emisión de los agentes contaminantes. De otro modo no se notará sustancialmente el efecto de las medidas, es decir un aire más limpio y más sano.
Por último, quiero hacer la observación de que no puede ser que los combustibles altamente contaminantes tengan una ventaja a través de unos valores límite de emisión más altos. Para la incineración de residuos también hay unas normas estrictas, pero la emisión de combustibles sólidos puede ser asimismo una amenaza para la calidad del aire y con ella, para la salud pública. Con esta propuesta damos un gran paso hacia adelante. Agradezco a la Sra. Oomen-Ruijten sus esfuerzos.

Hulthén
Señor Presidente, cuando venían aquí, probablemente la mayoría de ustedes ha pasado por un pasillo con una exposición de cuadros que representan escenas de mi tierra. Son imágenes de naturaleza con agua, animales y nieve. Todo está limpio y se ve sano. Desgraciadamente, todo está muerto, muerto a causa de la acidificación y de la contaminación venida desde muy lejos, desde países y regiones que no es necesario mencionar aquí, pero que seguramente saben que en sus territorios existen unas centrales térmicas que hacen que esas hermosas imágenes estén, a pesar de todo, sin vida.
Por eso el Informe Oomen-Ruijten es uno de los más importantes para mi región, para la supervivencia de los animales y las plantas, para los ríos y para todo lo demás que se ve afectado por la acidificación. Por este motivo, puedo comprobar con satisfacción que la mayoría en la Comisión de Medio Ambiente ha tenido el buen criterio de respaldar las exigencias propuestas por la ponente, más severas que las de la directiva del Consejo. Especialmente cabe mencionar la propuesta de que la directiva también comprenda a las centrales existentes, algo que, evidentemente, el Consejo no ha sido capaz de abordar.
Las centrales existentes son responsables de una cantidad considerable de emisiones. Si la propuesta de Oomen-Ruijten fuese aprobada, significaría que la disminución de las emisiones de dióxido de azufre sería de entre 1 y 1, 5 millones de toneladas al año. Esto corresponde a una cifra entre 10 y 15 veces mayor que las emisiones totales de azufre de Suecia. Se puede comparar con el Reino Unido, que cada año emite 2 millones de toneladas.
Desde este punto de vista es casi una locura esperar otros cinco años hasta que esas centrales queden obsoletas. Obviamente hay argumentos en contra: la propuesta cuesta dinero, pero existe la técnica necesaria. Sabemos que todos tendremos que pagar, puesto que todos tenemos ese tipo de instalaciones. Pero los beneficios son incalculables. Sólo espero que más personas en esta Asamblea se sientan atraídas por la idea de salvar vidas.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, a la hora de recomendar nuevos valores límite para las emisiones de las instalaciones de combustión, hay que examinar estas emisiones en su conjunto y tener presentes también las repercusiones que los reglamentos tienen en la aparición de los gases de invernadero. En la enmienda 19 se proponen unos plazos más largos en situaciones donde no se dispongan de técnicas de lavado. Las 24 horas que propone la Comisión no son suficientes en ningún caso para refrigerar los equipos que deban sustituirse, esclarecer los fallos, corregirlos y poner en marcha de nuevo los equipos. Esto es cierto especialmente si las averías se producen a una hora en que las instalaciones cuentan con una presencia mínima de personal, por ejemplo de noche, en día festivo o en fin de semana. Si no se modificara este plazo de tiempo, las centrales eléctricas más eficaces y modernas se verían obligadas a interrumpir su actividad en casi todos los casos de avería, y habría que suplir esta producción por medio de instalaciones incapaces de mantener los valores mínimos de protección atmosférica al mismo nivel que las instalaciones clausuradas. Estas circunstancias no respetan el espíritu de las propuestas de directiva.
Queremos fomentar e incrementar a escala comunitaria el uso de los biocombustibles y de la producción combinada de electricidad y calor con el fin reducir al mínimo los gases de invernadero. Para poder alcanzar estos objetivos, es necesario permitir, con arreglo a la propuesta de la Comisión, unos valores límite de emisión más elevados para los biocombustibles. Además, será preciso adaptar los requisitos en materia de protección atmosférica en las instalaciones de combustión más pequeñas a unos niveles más razonables desde el punto de vista económico y de la tecnología.

Myller
Señor Presidente, como ya se ha señalado aquí en numerosas intervenciones, nos queda aún mucho que hacer para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado, tanto en el plano comunitario como en cada uno de los Estados miembros, en materia de protección atmosférica. Por consiguiente, hay que hacer todo lo que se pueda a este respecto, y una muestra de que podemos hacer más de lo que prevé la Comisión la constituye este informe acerca de las grandes instalaciones de combustión que ha elaborado la Sra. Oomen-Ruijten en nombre de la Comisión de Medio Ambiente.
Creo que la mejor contribución del presente informe reside en el hecho de que incorpora también las instalaciones antiguas, las que hayan entrado en funcionamiento antes de 1987, a la legislación y al ámbito de aplicación de los valores límite comunitarios. Si no se actuara en este sentido, la directiva carecería de todo sentido, puesto que la vida útil de estas instalaciones es muy larga. Por lo tanto, si no se ampliara el ámbito de esta directiva a las instalaciones antiguas, no se lograría absolutamente ninguna repercusión por lo que respecta a las emisiones a la atmósfera. Así pues, apoyo fervientemente que se incluyan también las instalaciones más antiguas.
Sin embargo, hemos de velar asimismo por que estos requisitos se exijan también a los países candidatos: en esta cuestión no se puede ir por libre. Esta circunstancia exige naturalmente la asignación de recursos para alcanzar el objetivo establecido. Igualmente, considero que deberíamos potenciar el uso de los biocombustibles y la producción combinada de electricidad y calor, si bien creo también que, por lo que respecta a los biocombustibles, deberían ajustarse a los mismo valores límite que se establezcan para el resto de los combustibles.

Pollack
Señor Presidente, estamos modificando una directiva técnica y son muchos los aspectos a los que se han referido los distintos oradores. Los problemas relativos a las instalaciones más viejas dependen, evidentemente, de las fuentes de energía que utilizan los distintos Estados miembros, y éstas difieren enormemente entre sí. Sabemos que las grandes instalaciones de combustión que existen en la actualidad son las causantes de aproximadamente dos terceras partes de la contaminación de dióxido de azufre y de cerca de una cuarta parte de los óxidos de nitrógeno, y éstos tienen serias repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. Por tanto, necesitamos con urgencia esta revisión. Estoy muy a favor de que intentemos pasar hacia una mayor cogeneración, como han mencionado otros diputados.
No obstante, como ponente sobre la calidad del aire, deseo centrarme en dos aspectos. El primero está contemplado en al enmienda 1, que relaciona lo que se ha hecho en esta directiva con la estrategia a largo plazo para proteger la capa de ozono, que aún estamos esperando. El objetivo de ésta debe ser controlar las emisiones nocivas de dichas instalaciones y reducir el índice de cantidades peligrosas. Si fracasamos en este intento, fracasaremos por partida doble, en lo relativo a la protección del medio ambiente y de la salud pública. A pesar de que aún no contamos con la estrategia sobre el ozono, debido a la parálisis de la Comisión, sabemos que tarde o temprano deberán adaptarse los valores máximos de las emisiones a dicha estrategia. Debemos exponer abiertamente a la nueva Comisión, cuando tome posesión de su cargo, que necesitamos urgentemente la estrategia para proteger la capa de ozono y que se establezcan los límites máximos de emisiones nacionales, al que se refería el Sr. Bowe.
Mi segunda observación es relativa a la enmienda 15, que aboga por una mayor difusión de la información entre el público. Es el mismo enfoque que adoptamos en las directivas hermanas sobre la contaminación atmosférica. A algunos parece no gustarles demasiado que se informe al público, pero las personas que viven en las proximidades de estas grandes instalaciones de combustión deben saber si su salud corre peligro debido a un incremento de la contaminación atmosférica.
Las recomiendo a la Asamblea y confío en que reciban el apoyo de la Comisión y, lo que es más importante, del Consejo.

Linkohr
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, también por el tesón que ha demostrado para superar los conflictos que obviamente hemos tenido en este contexto. Desde luego es cierto que la liberalización del mercado interior de la electricidad hace necesaria también una armonización de las disposiciones medioambientales. Este es un paso importante. ¡Ojalá le sigan otros!
Sin embargo, paradójicamente, la armonización tiene a su vez como resultado una distorsión de la competencia. Voy a aclararlo con el ejemplo de las emisiones de óxidos de nitrógeno. Supongamos que éstas son iguales a 200 mg/m3 . Este es un nivel que sin duda es posible mejorar técnicamente en el caso de las grandes instalaciones. Esto es evidente. Pero en el caso del carbón y sobre todo del lignito esto encarece entre uno y dos pfennig alemanes el precio de la electricidad. Esto no es poco y seguramente expulsaría a dichos productores del mercado. Es decir, que se verá alterada la ventaja competitiva que poseían hasta ahora o la imparcialidad de la competencia. La energía nuclear estará, además, de enhorabuena, pues ello no la afectará e incluso resultará relativamente más barata. Quien esté a favor de la misma, sin duda se alegrará.
Si deseamos una competencia imparcial tenemos que tener presente al menos este aspecto. En Alemania tenemos una normativa que establece un límite de 200 mg/m3 . Éste exigió en su momento considerables inversiones y tuvo un coste bastante alto. Es un límite perfectamente tolerable. Si ahora se pretende reducirlo a 100 mg/m3 , ello no planteará ningún problema técnico en el caso del gas, pero conllevará un consiguiente aumento de precio. En un marco de competencia esto significa la expulsión del mercado. ¿Qué ocurrirá luego? A continuación, las regiones afectadas recibirán ayudas regionales de la Unión Europea o del Estado nacional. El contribuyente pagará entonces el coste a través de la ayuda regional. ¡Este no puede ser nuestro objetivo!
Por consiguiente, yo creo que debemos buscar un equilibrio. No lo digo a la ligera, puesto que evidentemente sé que una atmósfera más limpia siempre es preferible a otra más contaminada. Pero 200 mg/m3 son, a mi parecer, un nivel muy aceptable y deberíamos mantenerlo.

Schleicher
Señor Presidente, Señorías, yo quiero agradecer muy especialmente a la ponente, la Sra. Oomen-Ruijten de mi Grupo político, la presentación del informe y el meticuloso trabajo que ha realizado. Muchos colegas, también dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, consideraban excesivos los valores límite establecidos por la ponente con vistas a la reducción de las emisiones de agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión hasta el año 2005. En el debate sobre los gases de escape de los automóviles se escuchan argumentos parecidos. Yo tengo la impresión de que disponemos de la tecnología necesaria para alcanzar esos niveles. Evidentemente, ello exigirá mayores esfuerzos financieros. También por este motivo es tan importante que apoyemos, en el marco del programa Life , el desarrollo y las posibilidades de aplicación de la técnica más moderna que sea adecuada para alcanzar estos objetivos y valores límite. ¿Quién abogará por unos objetivos exigentes con vistas a la reducción de la contaminación atmosférica como no sea el Parlamento Europeo? Hasta ahora, sólo gracias al Parlamento Europeo se han alcanzado unos niveles y unos objetivos que a menudo se había dicho que era imposible alcanzar en el plazo previsto.
Señor Linkohr, usted ya conoce el debate en el caso de los automóviles. Estimadas y estimados colegas, yo les ruego que no olviden que el 1 de mayo de 1999 entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. A partir de esa fecha examinaremos la propuesta en el marco del procedimiento de codecisión y tendremos así la oportunidad de sacar adelante peticiones algo más ambiciosas en materia de valores límite y de los niveles de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, pero también en lo que respecta a la inclusión de las instalaciones antiguas, hasta ahora excluidas, que constituyen un problema particularmente urgente. Yo les pido que tengan en cuenta que esta es la primera lectura. Ya veremos luego cuáles son las contrapropuestas del Consejo y tendremos que negociar los siguientes pasos en la segunda lectura. Yo soy del parecer que deberíamos presentar ya ahora propuestas en los casos en los que la técnica lo permita y calcular luego qué objetivos podemos alcanzar.

Oomen-Ruijten
Presidente, hay una observación que no quiero que se quede en el aire. Me gustaría que la caricatura que el Sr. Linkohr ha hecho de mi propuesta relativa al NOx se remitiera a la buena información que quizá pueda conseguir en el RWE en Alemania porque allí se han comprobado mis cifras del NOx y lo que he redactado, son las cifras ...

El Presidente
Señora, perdóneme, pero me veo obligado a interrumpirla. He interrumpido a la Sra. Estevan Bolea hace unos instantes por la misma razón: no son cuestiones de observancia del reglamento ni preguntas a la Comisión. Sólo puedo aceptar estas intervenciones por alusiones personales, a condición de que lo sean, que lo dudo.

Bjerregaard
Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo especialmente a la Comisión de Medio Ambiente y a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, el muy pormenorizado tratamiento que han hecho de la propuesta, siendo como es una propuesta muy técnica. Tal y como han mencionado diversos oradores a lo largo de esta tarde, las grandes instalaciones de combustión son responsables de una parte considerable de las emisiones comunitarias de dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno. Y precisamente por el volumen de estas emisiones y por su carácter transfronterizo resulta necesario disponer de soluciones en el ámbito comunitario, siendo absolutamente fundamental velar por actualizar la legislación comunitaria en este terreno. Éste es el motivo por el que esta propuesta figuraba entre los elementos de la estrategia comunitaria sobre la acidificación, algo a lo que también se han referido varios oradores.
En muchos puntos la Comisión se suma a las constructivas enmiendas presentadas. El Parlamento Europeo tiene razón al remitirse al objetivo incluido en la estrategia comunitaria sobre la acidificación y por ello la Comisión acepta la enmienda 1. Comparto la opinión manifestada tanto por la Sra. Pollack como por el Sr. Bowe, es decir, faltan las dos propuestas que estaban listas para su presentación y que ahora habremos de esperar hasta que la nueva Comisión adopte una postura sobre ellas.
La Comisión comprende perfectamente el interés del Parlamento Europeo por que se consideren los instrumentos económicos como un medio para reducir las emisiones de dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno tal y como queda manifestado en la enmienda 3. Las posibilidades de utilización de estos agentes podrán ser valoradas a la luz de cómo se desarrolle la propuesta sobre tasas energéticas y no voy a decir más sobre este tema. Lo hemos discutido varias veces.
La Comisión se suma al deseo del Parlamento de que el desarrollo tecnológico sirva de guía para las grandes instalaciones de combustión y en principio acepta la enmienda 5. Habrá que considerar cuál es la mejor forma a este respecto para satisfacer el objetivo de la comisión teniendo en cuenta el resultado de la entrada en vigor en este sector de la directiva sobre prevención integral y lucha contra la contaminación. La Comisión también está de acuerdo en que las informaciones de efectos medioambientales de las grandes instalaciones de combustión deben estar disponibles fácilmente. Por ello la Comisión acepta la enmienda 15, a la que la Sra. Pollack se refirió en particular, ya que puede cumplirse mediante el registro de emisiones contaminantes actualmente en elaboración.
La Comisión sigue trabajando en la propuesta de directiva sobre los techos de emisiones nacionales de la que hablé anteriormente. Es un eslabón fundamental dentro de la estrategia de la Comisión de lucha contra la acidificación y el ozono en la troposfera y protección de la salud pública. En ella quedarán fijados los límites nacionales para las emisiones de una serie de sustancias contaminantes. Serán eficaces desde el punto de vista coste-eficacia en el plano comunitario y quedarán fijados a partir de la relación entre las emisiones y sus efectos medioambientales. Los Estados miembros tendrán así posibilidad de alcanzar las reducciones de sus emisiones exigidas de la manera más eficaz en función de los costes, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos medioambientales de la UE. Por consiguiente, la actual propuesta sólo incluye las nuevas instalaciones que reciban su licencia de funcionamiento a partir de enero del año 2000. Considerando lo cual, la Comisión no cree conveniente ampliar el campo de aplicación de la propuesta para que incluya también las instalaciones ya existentes, lo que tiene consecuencias para una serie de enmiendas y voy a mencionar las que no aceptamos, es decir, las enmiendas 8, 10, 12, 14, 16-18, 20 y 21.
Los valores límites propuestos para las emisiones han sido pensados como ambiciosos requisitos mínimos que deberán ser cumplidos en toda la Comunidad, como mencionaron la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Bowe en sus intervenciones. Hemos elegido fijar unos ambiciosos requisitos mínimos que deberán ser cumplidos en toda la Comunidad. Son aproximadamente el doble de rigurosos que los requisitos incluidos en la actual legislación comunitaria. Aún pueden utilizarse valores límites más estrictos para las emisiones si las circunstancias locales lo justifican o si así lo exige el cumplimiento de los techos nacionales de emisiones. Por ello la Comisión no considera conveniente aceptar las enmiendas 7, 9, 11 y 13, aunque la Comisión ha tomado nota del deseo del Parlamento de disponer de requisitos mínimos más rigurosos en el plano comunitario. Estoy absolutamente segura de que ésta es una cuestión a la que volveremos más adelante. Las enmiendas 2, 4, 6, 19, 22 y 23 no pueden ser aceptadas por motivos técnicos y otras causas.
Para finalizar, me gustaría manifestar mi satisfacción con este informe. El Parlamento Europeo ha mostrado una actitud muy constructiva y positiva que puede servir de base para las negociaciones que habrán de llevarse a cabo en el próximo procedimiento legislativo. Estamos convencidos de que el Parlamento Europeo contribuirá con su posición a acercarnos al objetivo que todos queremos alcanzar, es decir, luchar contra la acidificación y el ozono en la troposfera y mejorar la salud pública.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Incineración de residuos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0183/99) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(98)0558 - C4-0668/98-98/0289(SYN) relativa a la incineración de residuos.

Blokland
Señor Presidente, el informe que vamos a debatir ahora se refiere a la directiva relativa a la incineración de residuos y es importante por dos razones, a saber, en primer lugar por la salud de las personas que viven en la proximidad de las incineradoras, centrales eléctricas y hornos de cemento. En segundo lugar por la calidad de aire en toda la Unión Europea. Se trata por tanto sobre todo de los agentes contaminantes dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, pequeñas partículas, dioxinas y furanos. La propuesta de la Comisión Europea, si se implementa en su totalidad, reduciría la emisión de dioxinas de 2400 gramos al año a 10 gramos al año. La nueva propuesta de la Comisión es de buena calidad, pero hay todavía algunos puntos en que se puede mejorar.
La propuesta de la Comisión sobre la incineración de residuos urbanos concierne tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos. Dado que hay otra propuesta de la Comisión sobre la modificación de la directiva relativa a la incineración de residuos peligrosos, es lógico integrar ambas directivas. Las ventajas evidentes son unas normas de emisión coherentes, puesto que la distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos está principalmente basada en los criterios que se aplican a la recogida, el almacenaje, el transporte, la gestión y tratamiento de residuos, que preceden al proceso de incineración. Durante la incineración los denominados residuos no peligrosos se pueden convertir en agentes peligrosos y contaminantes. A menudo se trata de los mismos compuestos que los que se crean al incinerar los residuos peligrosos, dicho de otra forma, lo que sale de la instalación es más importante de lo que entra. Para ese «output» se tienen que establecer unas normas claras en forma de valores límite de emisión.
La integración de ambas directivas no conduce a un régimen distinto que el actual sobre incineración. No se trata de que los residuos peligrosos, que en la situación anterior sólo se incineraban en hornos especializados, ahora de repente se puedan incinerar en cualquier horno. Hay determinados residuos peligrosos que se tienen que incinerar a una temperatura de 1100ºC para evitar la formación de dioxinas. Mantener estas directivas separadas no genera ningún beneficio al medio ambiente. Justo lo contrario. Si no integráramos las directivas, esto podría conducirnos a unas normas menos estrictas para los residuos peligrosos con respecto a los residuos urbanos. Para poder aplicar la nueva directiva también a los residuos peligrosos son necesarias las enmiendas 7, 9, 15, 18, 19, 56 y 61. Estas enmiendas proceden de la directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos.
La Comisión de Medio Ambiente pide a la Comisión Europea que se esfuerce al máximo para que el Consejo en junio pueda establecer la posición común sobre una única directiva. También cuando se incineran residuos, se tienen que considerar las emisiones que se producen. Al final se deberán aplicar las mismas normas de emisión para cada instalación que incinera residuos. Por lo que respecta a la Comisión de Medio Ambiente, las centrales eléctricas y hornos de cemento pueden coincinerar residuos siempre que cumplan las normas de emisión. La nueva propuesta de la Comisión contiene una buena regulación sobre la coincineración de residuos urbanos en hornos de cemento. Esta regulación se ha de aplicar también a la incineración de residuos peligrosos en hornos de cemento. Esto sí significa que temporalmente se aplican a los hornos de cemento unas normas menos estrictas.
Las inversiones necesarias para la limpieza de los gases de combustión en los hornos de cemento pueden costearse con los altos ingresos que genera la aceptación de residuos peligrosos y con el ahorro en combustible. Como las emisiones de NOx deben mantenerse en el nivel más bajo posible, para muchas instalaciones se necesitará una instalación para reducir el NOx. En este tipo de instalación se emplea amoníaco para poder eliminar el NOx. Naturalmente, esto se debe hacer de forma controlada para que no vaya amoníaco a la atmósfera. Por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente propone una norma para el amoníaco en las enmiendas 24, 36, 38 y 41.
Por último, me llegan noticias de que muchas instalaciones de incineración no cumplen las directivas de 1989. Sería el caso de las incineradoras francesas sobre todo. O sea, es importante que estas incineradoras inviertan para cumplir los nuevos requisitos de esta directiva. La ventaja es que estas instalaciones que acabo de mencionar, sólo tienen que hacer la inversión una vez, dicho de otra forma, se puede hacer de una vez por todas. Insto a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente a que vigilen estrictamente el respeto de las directivas actuales y futuras.
Señor Presidente, Señora Comisaria, resumiendo, para mejorar la salud de las personas que viven en la proximidad de una incineradora y para crear una mejor calidad del aire en toda la Unión Europea, es importante que se adopte una directiva sobre la incineración de residuos peligrosos y urbanos en la que se regule mejor la coincineración y que haya unas normas prudentes para la emisión de agentes contaminantes.

Kirsten Jensen
Señor Presidente, los residuos no son el objetivo de la producción, aunque la cantidad de éstos bien pudiera dar esa impresión. Depositamos e incineramos los residuos. Al medio ambiente no le beneficia ni lo uno ni lo otro. Me gustaría agradecer al Sr. Blokalnd el gran trabajo que ha hecho con el informe y su firme postura en favor del medio ambiente. Es evidente que la influencia de la contaminación en la salud humana es grande. Un ejemplo es el caso de las dioxinas, una de las emisiones típicas que se producen en la incineración. Muchas mujeres europeas presentan altas concentraciones de dioxinas en su leche materna. Las dioxinas pueden suponer un motivo de preocupación al ser sustancias similares a las hormonas. Con esta propuesta sobre la incineración esperamos alcanzar un nivel más elevado de protección reduciendo las emisiones de dioxinas.
El informe de la Comisión de Medio Ambiente une dos directivas, incineración de residuos municipales e incineración de residuos peligrosos. La idea que ha motivado la unión de estas dos directivas es que las emisiones procedentes de la incineración de residuos constituyen un problema de contaminación, independientemente del tipo de residuos que se incineren. Además, Europa podría haber corrido el riesgo de alcanzar valores límites más estrictos para la incineración de residuos municipales que para la incineración de residuos peligrosos en el caso de que hubiéramos permitido que siguiera adelante la división de estos ámbitos que la Comisión nos propuso inicialmente. Por no hablar tampoco del riesgo de posibles fraudes en la catalogación de los residuos. En la propuesta de la Comisión sobre los residuos municipales se mencionan tipos de residuos que en mi modesta opinión son claramente residuos peligrosos. Me refiero, por ejemplo, a los aceites residuales y a los residuos hospitalarios.
Las emisiones procedentes de la incineración de residuos deben ser tratadas de forma homogénea, independientemente de lo que se esté quemando, por ejemplo, azufre, óxido de nitrógeno, dioxinas o cenizas. Ha habido mucha inquietud sobre la coincineración y la industria cementera y hemos optado por el compromiso de mantener las tres categorías: auténticas incineradoras, coincineración y fábricas de cemento. Sin embargo, lo fundamental es que todas cumplan normas de emisión más estrictas. No permitiremos ninguna triquiñuela que permita cierto tipo de turismo de residuos que puede acabar con la viabilidad económica de las verdaderas incineradoras. Por tanto, la coincineración, incluida la industria cementera, debe cumplir los requisitos sobre valores de emisión rigurosos.
Permítanme recalcar que seguimos defendiendo un tratamiento diferenciado de los diferentes residuos. Por ello no es correcta la crítica que dice que la unión de estas dos directivas implicaría una menor protección medioambiental. Sólo hay que leer el texto para comprobar que en él se recogen diferentes requisitos dentro de los marcos de la directiva.
La Comisión debe, por otra parte, hacer un seguimiento de la estrategia sobre residuos aprobada, en la que precisamente señalamos la importancia que tienen la reutilización y el reciclado. De exigirse la clasificación de los residuos mediante planes de gestión de residuos, podríamos ahorrar materias primas y gozar de un aire menos contaminado.

Florenz
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, yo agradezco al ponente el compromiso con que ha asumido su trabajo. Yo tuve la gran fortuna de ser ponente de la Directiva sobre incineración de residuos peligrosos en 1994. En aquel momento impusimos unos valores límite que yo considero todavía hoy desusadamente rigurosos. En la actualidad, el resultado demuestra que trece de los quince Estados miembros de la Unión Europea todavía no han procedido a la transposición los estrictos valores que se adoptaron en su momento. Dos países los han aplicado y como resultado esos países y esas empresas tuvieron que desembolsar una gran cantidad de dinero y seguramente tendrán que volver a hacerlo si hoy alcanzamos unas conclusiones distintas. En consecuencia, yo pienso que, si bien sin duda es acertado establecer unos valores rigurosos, hay que hacerlo empero con seriedad y teniendo en cuenta obviamente también las consideraciones en materia de salud, que yo comparto por completo.
Sin embargo, no me parece demasiado bien que algunos países y, por lo tanto, algunas incineradoras cumplan la ley en Europa y hayan desembolsado una gran cantidad de dinero, en Francia, por ejemplo, pero también en mi país -le puedo mostrar gustosamente los datos, señor Blokland; en realidad, usted no vive muy lejos de allí-, mientras otros no han hecho nada y estos últimos podrán ahorrarse la primera inversión con los nuevos valores límite, parte de los cuales usted se propone reducir ahora a la mitad. Esta es una política de competencia que yo no puedo aceptar. Por consiguiente, yo creo que debemos proceder con prudencia, pero también con rigor. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con la utilización de la mejor tecnología disponible, pero yo quisiera que el Sr. Blokland definiera también cuál es la «mejor tecnología disponible» en Europa. No puede ser que unos la definan de una forma y otros de otra.
Mi crítica abarca, en consecuencia, también el tema de los métodos de medición. Si establecemos unas cifras, también debemos establecer cómo, cuándo y dónde se efectuarán las mediciones. También en este aspecto existen enormes diferencias en Europa. La coincineración es una buena idea si se realiza correctamente. Yo la apoyo. Pero se deben establecer valores distintos para la misma, puesto que la incineración tiene dos componentes: la incineración de petróleo o residuos, por un lado, y la incineración de productos metálicos, por el otro lado. Esto requiere una normativa específica. La anterior fórmula mixta no estaba tan mal. La presente propuesta de la Comisión es más rigurosa y yo la apoyo, si se formula de manera razonable,
Si suscribimos las propuestas del Sr. Blokland, yo creo que a la larga se acabará prohibiendo la coincineración razonable en hornos de cemento y esto no tiene ningún sentido, precisamente desde el punto de vista de la política medioambiental, porque entonces será preciso utilizar gas o carbón, cosa que usted también quisiera prohibir. Una correcta coincineración según unos criterios rigurosos es, por lo tanto, el camino adecuado. Además, yo desearía que no sólo se establezcan unos criterios, sino también unos procedimientos de medición, que no están definidos en Europa. Con lo cual volvemos a caer en el sistema federalista, en el que cada uno hace lo que le da la gana. Esto es precisamente lo que yo quisiera pedirle que tenga en cuenta, señor Blokland, a la vez que le ruego que vuelva a considerar esta cuestión.

Eisma
Presidente, se espera que en el año 2000 incineremos cincuenta millones de toneladas de residuos. Eso es, naturalmente, un montón. Por lo tanto, habrá también muchas más incineradoras de residuos. No puede ser que la incineración sea el recurso definitivo. Todos sabemos: primero la prevención y después la reutilización de residuos, «recycling» y sólo en última instancia la incineración. No obstante, esos cincuenta millones de toneladas de residuos en el año 2000 no nos los quita nadie. Me parece que la propuesta de la Comisión es una contribución muy sensata pero sobre todo las propuestas más estrictas de nuestro colega Blokland nos agradan como liberales. Dos observaciones al respecto.
Apoyo la propuesta del ponente de integrar ambas directivas sobre incineración, o sea los residuos peligrosos y no peligrosos deben juntarse. Pero por supuesto sólo con la condición de que se adopten las enmiendas 7, 15 y 18 y espero que la Comisión Europea responda después positivamente a estas enmiendas. Si se adoptan, los procedimientos jurídicos tendentes a eludir su aplicación ya no serán posibles al integrarse estas dos directivas.
Por último, Presidente, la industria del cemento. Todo el mundo ha tenido que ver con la industria del cemento. Nos ha visitado a todos. Actualmente, esa industria del cemento trata muchos residuos, sobre todo residuos peligrosos. Si los hornos de cemento coincineran, esto genera muchos ingresos. Estoy también de acuerdo con el Sr. Blokland con que estos ingresos adicionales y el ahorro en combustible pueden ser utilizados para invertir en un procedimiento más limpio. La industria del cemento debe cumplir también las normas de emisión más estrictas. Las excepciones no me parecen oportunas, sobre todo dado el hecho de que, nuestro colega Florenz lo menciona también, en los Países Bajos, Austria y Alemania se respete ya esa norma de 500 miligramos de NOx por metro cúbico. Por lo tanto, ¿por qué no puede ser para los otros países un estímulo a seguir que estos tres países ya lo estén consiguiendo?

Cabrol
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, la incineración de residuos ha sido ya objeto de diferentes directivas europeas, la más reciente, la directiva 94/67 CE, que trata en concreto sobre la incineración de residuos peligrosos.
La presente propuesta de directiva del Consejo tiene relación con la incineración de residuos que no dependen de la directiva citada, es decir, residuos no peligrosos, como los municipales, y algunos residuos peligrosos particulares excluidos de la presente directiva.
No nos pondremos más pesados con las numerosas enmiendas presentadas, pero quisiéramos protestar enérgicamente contra las aportadas por el ponente que pretenden fusionar las dos directivas, sobre los residuos peligrosos y los no peligrosos. Para esta propuesta, el ponente se apoya en dos argumentos. El primero es llegar a una simplificación administrativa de los textos y tener así una directiva en lugar de dos. En realidad, como ha dicho mi colega Florenz, la directiva sobre los residuos peligrosos aún no ha sido trasladada a la legislación de todos los Estados miembros y modificándola, de alguna manera por amalgama, se crearía más confusión que simplificación.
El segundo argumento avanzado es que los valores, las cantidades de emisión de productos residuales son muy cercanos. En realidad, no son sólo los valores los que cuentan. La manipulación, la gestión, el tratamiento de estas dos categorías de residuos, peligrosos y no peligrosos, son muy diferentes. Una verdadera política de tratamiento de los residuos necesita una selección y un tratamiento selectivos, y no una mezcla anacrónica y anárquica. Una mezcla así llevaría a hacer que se incinerasen residuos peligrosos en incineradores para basuras domésticas. Esto es tanto más verosímil en la medida en que algunos Estados miembros se han dotado de incineradores para basuras domésticas sobredimensionados y se verían en la tentación de utilizar esos excesos de capacidad completando el abastecimiento de los incineradores mediante residuos peligrosos. Una actuación así sería inaceptable, ya que provocaría un riesgo importante para la salud de poblaciones vecinas y el entorno de los incineradores.
El texto del ponente es bastante vago sobre la obligación y la especificidad de los controles a la entrada de los residuos, sobre la especificidad de la recepción y almacenaje de esos residuos, de la formación del personal, etc. sin contar la dificultad para los industriales de asegurar el seguimiento del tratamiento de sus residuos y de precisar sus responsabilidades.
Como conclusión, la propuesta de fusión entre las directivas sobre los productos peligrosos y no peligrosos que contiene el texto del ponente nos parece totalmente irracional y fuente de graves peligros. Además, hemos de señalar que al no distinguir la especificidad de las instalaciones de coincineración se prohibiría esta coincineración, lo que sería catastrófico para las industrias afectadas y las economías de energía fósil realizadas mediante la utilización de esos residuos como combustible.
Finalmente, estamos contra algunas enmiendas que piden medidas extremas relativas a las normas de emisión. Estas medidas implicarían unas inversiones importantes y costosas, sin ningún beneficio real para el medio ambiente.

Lannoye
Señor Presidente, en nombre de mi grupo, quisiera dar las gracias al ponente que ha hecho un excelente trabajo. Respetamos totalmente la línea política que propone, tanto en lo que respecta a la coincineración como al acoplamiento de las dos directivas. Por el contrario, tenemos algunas enmiendas que han sido rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y que nos parecen esenciales. Quisiera decirlo en pocas palabras.
En primer lugar, la problemática de los vertidos en el entorno acuático. Consideramos que no es normal exigir vertidos nulos en el entorno acuático. La Comisión, en su proyecto de directiva sobre la incineración de los residuos peligrosos, proponía ya una medida así en 1992. Desde entonces, podemos preguntarnos por las razones que han motivado un retroceso en la materia y por el hecho de que los principales grupos de este Parlamento no hayan conectado con nuestra propuesta. Efectivamente, todo habla en favor de una medida tan exigente. Recuerdo especialmente que, durante la adopción del informe del Sr. White sobre la directiva marco relativa al agua, hace algunos meses, acordamos exigir dentro de un plazo, en el 2020 como muy tarde, un nivel cero para los residuos de cualquier sustancia peligrosa en el entorno acuático. Un primer paso consistiría en adoptar una medida que va en ese sentido para instalaciones tan preocupantes como los incineradores.
Segundo elemento que quisiera mencionar: el problema de la dioxina. Sabemos que las dioxinas constituyen la principal problemática planteada por los incineradores, ya se trate de residuos peligrosos o domésticos. La OMS, muy recientemente, hace menos de un año, ha publicado nuevas recomendaciones sobre el tema de los valores límite aceptables que pueden ser ingeridos diariamente por los individuos. Se pasaría de 10 picogramos por kilo de peso corporal a 1 picogramo mínimo, es decir, diez veces menos, y como máximo, a 4 picogramos. Debo señalar que en muchos países europeos, y en especial en el mío, Bélgica, se sobrepasan ya esos valores.
Consideramos por tanto que, para las nuevas instalaciones, es necesario desde el principio plantear valores de vertidos de dioxina inferiores al límite de detección. Por supuesto, para las instalaciones más antiguas, ello exige algunos acondicionamientos, pero es preciso fijarse como objetivo vertidos cero de dioxina.

Pinel
Señor Presidente, está claro que las necesidades de capacidad de incineración van en aumento, pero es falso presentar sistemáticamente el enterramiento como un concepto antiecológico. De hecho, no existe ni la incineración positiva ni las descargas negativas.
La incineración mal controlada es tan peligrosa, incluso más, para la salud y el medio ambiente que el vertido a granel. Un ejemplo es el PVC que, enterrado, es totalmente inerte, pero quemado desprende derivados clorados muy tóxicos; por otra parte, están las dioxinas y toda una lista de moléculas de las que no conocemos bien el impacto en el organismo.
Finalmente, hay una evidencia. Por su propia naturaleza, por razones de rentabilidad, la incineración se opone al reciclaje. Para funcionar bien, tanto técnica como financieramente, el monstruo necesita cada vez más combustible. No es, evidentemente, así como se luchará contra el sobreembalaje, ni como se ahorrará materia prima.
A la inversa, el enterramiento técnico es totalmente compatible con una verdadera y sincera política de reciclaje, sobre todo porque los lugares potenciales son poco numerosos y tienen por tanto una duración de explotación limitada.
Por otra parte, no consideramos como reciclaje la recuperación de energía procedente de la incineración. Se trata de una valorización deseable para los residuos últimos, sin más. Por ejemplo, la energía economizada durante el reciclaje de una botella de plástico es diez veces superior a la energía recuperada durante la combustión de esta misma botella de plástico.
El informe de nuestro colega Blokland es excelente, y lo votaremos, pero la incineración debe ante todo seguir siendo un modo de tratamiento de los residuos últimos, una vez se hayan efectuado todas las selecciones, todas las operaciones de reciclaje posibles.

El Presidente
El debate queda interrumpido. Se reanudará a las 21 horas.
La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21 horas

Incineración de residuos (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0183/99) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre incineración de residuos (COM(98)0558 - C4-0668/98-98/0289(SYN)).

Virgin
Señora Presidenta, estoy verdaderamente de acuerdo con el ponente Blokland en que la incineración de residuos debe hacerse de tal manera que las emisiones, en general, correspondan a las aceptadas en la combustión de biocarburantes y combustibles fósiles. Si la combustión puede realizarse cumpliendo con alta exigencias respecto a las emisiones contaminantes y si la energía resultante se utiliza de manera adecuada, entonces la incineración de residuos es algo provechoso. Usamos un recurso que casi es comparable a los biocarburantes y que, por tanto, contribuye a nuestra lucha contra las amenazas climatológicas. Si comparamos con los vertidos de residuos, la incineración puede incluso disminuir la emisión de metano, un gas que contribuye al efecto invernadero.
Como se señala en el informe, es evidente que en muchos casos es mejor que los residuos se separen y se reciclen. Sin embargo, es importante hacer cuidadosos análisis para alcanzar los mejores efectos medioambientales posibles. A menudo se demuestra en ese tipo de análisis que la incineración puede ser, a pesar de todo, la mejor alternativa.
En el proceso de producción de pulpa de papel se usan tradicionalmente en Suecia restos de madera para la combustión. En mi opinión, este uso debe ser exceptuado de las normas de incineración de residuos. Es parte de un proceso industrial que prácticamente no se presta para este tipo de reglas.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señora Comisaria, señorías, en primer lugar quiero felicitar cordialmente al Sr. Blokland por la seriedad del informe que nos ha presentado. En mi minuto de tiempo de palabra quiero concentrarme en un punto determinado, concretamente en las condiciones que deben cumplirse para instalar un nuevo horno de combustión. Me parece muy importante que los hornos de combustión de nueva creación tengan que construirse a una distancia mínima de la población más cercana. Por ello he presentado una enmienda en la que propongo una distancia mínima de 2 km.
En mi país nos vemos enfrentamos con el problema del horno que se proyecta construir en Drogenbos, en las cercanías de Bruselas. Los límites de las emisiones de partículas y de cadmio ya se han superado y, no obstante, las autoridades públicas ha dado luz verde a la construcción de una nueva fuente de contaminación. La Comisión ya ha iniciado un expediente contra Bélgica por contravención de la directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental. La política de mi país con respecto a las instalaciones de combustión es todo menos ejemplar. Además, hay un expediente abierto por aplicación indebida de las directivas existentes en materia de instalaciones de combustión.
En este debate, quiero aprovechar la ocasión para preguntar a la Sra. Comisaria cómo esta la situación con respecto al tratamiento de los expedientes de infracción y, sobre todo, qué ocurre con el tratamiento de las denuncias relacionadas con Drogenbos. Agradecería a la Sra. Comisaria que respondiera hoy mismo, o en todo caso lo más pronto posible, a estas preguntas.

Collins, Gerard
Señora Presidenta, no apoyo que se integren las dos directivas -a saber, sobre residuos municipales, aceites residuales, disolventes y residuos clínicos, así como otros residuos no peligrosos- en una misma normativa europea. Aprobar la integración de ambas directivas equivaldría a permitir que se incineren residuos peligrosos en centrales destinadas a residuos domésticos, y viceversa.
Durante más de 20 años, la política europea relativa a la gestión de residuos ha estado basada en el principio de tratar los residuos industriales peligrosos y los residuos domésticos y similares de modo diferente. Cada categoría de residuos debe ser objeto de un tratamiento específico. Desde una perspectiva irlandesa, generamos más de 42 millones de toneladas de residuos al año. A la luz del fuerte crecimiento económico de Irlanda, debemos garantizar que se destinan recursos a planes alternativos de gestión de residuos.
El futuro de la eliminación de residuos no puede ni debe depender de la incesante búsqueda de nuevos vertederos a lo largo y ancho de nuestra geografía. La inversión en un medio ambiente limpio en mi país justifica a medio y largo plazo cualquier gasto adicional que se origine, y la Unión Europea apoyará cualquier medida innovadora en este sentido.
El Gobierno irlandés está elaborando actualmente un plan nacional de desarrollo en el que se especifican nuestras prioridades económicas y sociales para un período de siete años a partir de 1999. Este plan debe incluir una propuesta integral e integrada que aborde la cuestión de dejar de recurrir a los vertederos en Irlanda a medio y largo plazo. Los hechos hablan por sí mismos en este sentido: en mi país sólo se recicla el 8 % de los residuos municipales. Esta cifra es sencillamente demasiado baja. El coste de la eliminación de estos residuos agotaría los recursos de nuestras autoridades locales en términos de vertederos, transporte y mano de obra, y luego está la pérdida para la economía de los valiosos materiales que desechamos. Por ejemplo, se estima que en Irlanda se venden más de 70 millones de botellas de poliéster al año y la eliminación inadecuada de incluso una proporción muy pequeña de las mismas supone una contribución importante a la degradación medioambiental. En Alemania y los Países Bajos se han alcanzado índices de reciclado de botellas de poliéster de hasta el 70 %. El reciclado permite ahorrar energía, materia prima, costes de eliminación de residuos, gastos de importación y reduce la necesidad de vertederos. Como pueblo, debemos desarrollar una mentalidad de reciclado que ya es moneda corriente en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

McKenna
Señora Presidenta, es muy lamentable que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya votado a favor de permitir unos niveles de dioxinas aún más altos que los que proponía la Comisión, teniendo en cuenta que las dioxinas son unas de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. Existen casos de mujeres que viven en las proximidades de plantas incineradoras a las que se les aconsejó que no amamantaran a sus hijos, porque su leche contenía gran cantidad de dioxinas. Tenemos aquí una situación sumamente peligrosa. Los Verdes queremos que se introduzcan muchas mejoras a este informe antes de ser aprobado.
El último orador es miembro de un partido político de Irlanda que está en el Gobierno. No han hecho nada respecto al problema de los residuos en Irlanda. Hasta ahora han vertido enormes cantidades de residuos; básicamente, los han llevado un poco más lejos para que no se vean. Ahora hablan de incineración. Es evidente que la incineración de residuos no es la solución. No están aportando soluciones para reducir la cantidad de residuos: separar, volver a utilizar, reciclar. Incineración significa que deberá fomentarse la producción de residuos para que sea viable. No significa que nos libraremos de los residuos. Los incineramos, pero no desaparecen en la nada sin dejar consecuencias. Producen graves emisiones de dioxinas. Y luego nos quedan también cenizas muy tóxicas.
El Gobierno irlandés bebe realmente hacer las cosas como Dios manda. La incineración no es el modo de acabar con nuestros residuos, del mismo modo que los vertederos tampoco lo eran en el pasado. Debemos analizar las auténticas opciones de la gestión de residuos: reducción, volver a utilizar, reciclar. A menos que el Gobierno irlandés haga eso, sólo fomentará mayor producción de residuos para que las plantas incineradoras sean viables. Eso no es admisible para la población de Irlanda.

Kronberger
Señora Presidenta, el debate previo sobre la incineración de residuos y de residuos peligrosos demostró una vez más cuán lejos está aún nuestra sociedad de reconocer el principio de la responsabilidad del causante en el ámbito de los daños ecológicos secundarios. Por un lado, se debate hasta el cansancio sobre las desventajas competitivas que se derivarán para la industria, sobre todo para la industria de reciclado de residuos. Por el otro lado, resulta increíblemente difícil rectificar a la baja los valores límite para los componentes altamente tóxicos. Sin embargo, algunos países -incluido el mío, Austria- han demostrado que esto es posible.
El excelente informe del Sr. Blokland constituye sin duda un correctivo para el proyecto de la Comisión. En el futuro no podremos evitar, empero, el debate de principios sobre las características de los procesos de producción globales, desde los orígenes de un producto hasta su reciclado definitivo. En este contexto se deberá velar especialmente por impedir ya de entrada la producción y la comercialización de productos y compuestos derivados de los mismos cuya eliminación pueda provocar efectos preocupantes, sobre todo enfermedades.

Graenitz
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo soy contraria a la incineración de residuos porque, de hecho, pienso que no resuelve el problema sino que sólo lo desplaza y, si bien reduce un poco el volumen de residuos, éstos no desaparecen. Aun así yo quisiera congratular al Sr. Blokland por su informe y también por la paciencia que ha demostrado, habida cuenta del largo tiempo que ambos informes permanecieron retenidos en la Comisión, y decir que creo que todavía necesitamos disponer de instalaciones de incineración de residuos, puesto que todavía estamos muy lejos de una economía circular en la cual lo que se produce se pueda volver a reciclar o reincorporarlo finalmente de nuevo al suelo. Dado que necesitamos esas instalaciones, debemos velar para que entrañen el menor riesgo posible para la salud de las personas y que respeten en la mayor medida posible el medio ambiente. En consecuencia, también considero que es necesario mantener unos valores límite más rigurosos para las emisiones y aproximarlos para las diferentes modalidades de incineración.
Yo no creo que se puedan imponer diferentes criterios de calidad del aire a una persona que vive cerca de una instalación de coincineración, a la que vive cerca de una incineradora municipal o a la que no vive en la proximidad de ninguna instalación de este tipo. Por lo tanto, tenemos que procurar mejorar los niveles. Yo misma intenté avanzar en esta dirección en nuestra Comisión por medio de algunas enmiendas. Antes de acabar, me gustaría añadir unas palabras sobre la fusión de ambas directivas, que me parece acertada y que también me propongo apoyar. Yo no creo que el hecho de que se establezcan los mismos valores límite para la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos signifique un retroceso desde el punto de vista ecológico; al contrario, pienso que con ello se endurecen los valores para las instalaciones municipales de incineración de basuras. También creo que esto ofrecerá una oportunidad para modificar el procedimiento de eliminación de residuos peligrosos en países pequeños, como el mío, donde es necesario transportar residuos a Viena desde Bregenz, que está más cerca de París que de Viena. Yo me congratularía de que así fuese.

Porto
Señora Presidenta, la iniciativa sometida ahora a nuestra apreciación suscita particular compromiso en mi país, donde se ha producido, y con razón, una reacción muy negativa ante el intento de atribución por el Gobierno de la posibilidad de coincineración de residuos tóxicos a las dos grandes empresas cementeras nacionales.
Nadie puede dejar de ser sensible a la necesidad de resolver el problema existente, que, sin embargo, no se puede resolver a cualquier precio, pues es indispensable que se trate de un proceso seguro y correcto en un ciento por ciento, desde los puntos de vista técnico y jurídico.
En una línea segura, que el ponente, Sr. Blokland, procura perfeccionar, conviene que se avance desde ahora mismo hacia la prevención, la reutilización y el reciclaje de los residuos, como han dicho varios oradores.
Si queda, sin embargo, algo que incinerar -y ése es el problema-, sólo es admisible la utilización de instalaciones ya existentes, si existen garantías absolutas de que no está en juego la salud de las personas. Se trata de una salvaguarda que hay que tener particularmente en cuenta en el caso de los hornos de cemento, por lo que damos todo nuestro apoyo a la propuesta de enmienda 36, con una justificable exigencia mayor que la propuesta por la Comisión en el Anexo II.1.1..
Además, no es aceptable, como subraya el ponente, que haya países con reglamentaciones menos exigentes, con lo que atraen la basura de los demás. Ésa es la situación ahora con las cementeras de Bélgica, que atraen los residuos de Dinamarca, Holanda y Alemania; como habría ocurrido en el caso de Portugal en relación con España, si hubiera salido adelante la iniciativa del Gobierno portugués de favorecer las cementeras nacionales para quemar también las basuras del país vecino.
También son dignas de aplauso, por ejemplo, las enmiendas 25, pues no bastan las mediciones periódicas, sino que deben ser permanentes, y la 30, con una exigencia mayor para el artículo 12, en relación con la auscultación pública de los posibles perjudicados. Pero, además, hay que ser especialmente riguroso en el cumplimiento de las normas de la competencia, tal vez con normas específicas a ese respecto, para que no se atribuya como estaba sucediendo, un negocio muy lucrativo sin la indispensable transparencia.
Si queda la menor duda acerca de la peligrosidad de la coincineración (con consecuencias difícilmente perceptibles, tal vez sólo a largo plazo), hay que garantizar que se incinerarán los residuos en incineradoras propias, lejos de cualquier población, como ha dicho nuestra colega hace poco. Aunque sean caras, está justificado pagar su precio, de preferencia en joint ventures entre países vecinos, que se repartan los costos que sufragar. Así debería ser en la Península Ibérica, con la dimensión proporcionada por Portugal y España.

Lienemann
Señora Presidenta, los socialistas franceses son totalmente favorables al endurecimiento de las normas y, en particular, la considerable mejora de las normas establecidas en las dos directivas para luchar contra la dioxina.
En cambio, son totalmente hostiles a la fusión de las directivas relativas, por una parte, a los residuos peligrosos y, por otra, a las basuras domésticas. ¿Por qué? Se trata de una cuestión de principio. La defensa del medio ambiente se basa en el principio de precaución. Ahora bien, mezclar las dos formas de residuos crea grandes confusiones, impide la rastreabilidad de los residuos peligrosos, dificulta mucho los controles y los seguimientos -y sabemos que hay procesos muy especializados para ciertos residuos peligrosos- e in fine someter a grandes riesgos a la calidad medioambiental y a la seguridad. Por lo demás, ya se han observado en Europa los catastróficos resultados de ese tipo de mezclas entre los residuos peligrosos y las basuras domésticas.
La segunda razón por la que nos oponemos a la fusión de esas dos directivas es la de que no estamos convencidos de que haya prevalecido la defensa del medio ambiente, sino un interés económico. La capacidad excesiva de los hornos de basuras domésticas en algunos países suele incitar a esos países a defender la mezcla entre las basuras y los residuos peligrosos. Corremos, así, el peligro de llegar a una situación en la que esos residuos peligrosos reciban el tratamiento menos costoso, en condiciones mal controladas y los desplazamientos de esos residuos se multipliquen en la Unión Europea, con todos los riesgos que ello entraña.
En resumen, me parece que se trata de un retroceso en relación con el principio de precaución y la práctica medioambiental de la Unión. Por eso, aun felicitando al Sr. Blokland por sus perseverantes esfuerzos para convencer a todos los colegas, no podemos aceptar la fusión de las dos directivas.

Schleicher
Señora Presidenta, Señorías, el Sr. Blokland merece nuestro especial agradecimiento por el enorme trabajo que ha realizado, puesto que nuestra Comisión lleva ya un año y medio examinando exhaustivamente el tema de la incineración de residuos.
Yo creo que todos coincidimos en que es necesario contar con unos valores límite rigurosos para la incineración de residuos. Una serie de enmiendas persigue, no obstante, unos objetivos tan ambiciosos que no me es posible apoyarlas, ya que también es preciso tener presente que su realización conlleva infinitos costes. Esto volvería a crear nuevos incentivos para eludir e incumplir las normas, puesto que la eliminación de residuos resultaría entonces particularmente cara.
Yo quisiera añadir una observación sobre el tema de la diferenciación de los residuos. También en este contexto se cometieron grandes abusos en el pasado porque no disponíamos de una definición única de los residuos y las diferentes definiciones tenían como resultado continuos intentos de eludir las normas. En este sentido, yo debo reconocer que la fusión en una sola directiva no me parece, de hecho, tan negativa, ya que es muchísimo más sencillo trabajar con una sola norma que guiarse por dos normas distintas y porque de este modo también se eliminan las normativas diferenciadas y las diferencias en cuanto a la interpretación. Por lo tanto, en resumen, estoy a favor de una sola directiva, pero no apoyo todos los criterios restrictivos que se establecen porque no son factibles. Por otra parte, necesitamos poder contar al fin con unas directrices claras para la eliminación de residuos. Yo creo que con esta propuesta se establece un buen fundamento y estoy impaciente por saber cómo votaremos mañana. También me interesaría conocer la opinión de la señora Comisaria sobre las diferentes enmiendas.

Myller
Señora Presidenta, respaldo fervientemente este informe del Sr. Blokland. Tengo solamente una observación que hacer: el Parlamento ha hecho, correctamente, su propia contribución a la propuesta de la Comisión y ha afirmado que con esta directiva se pretende influir en el objetivo general de la política europea en materia de residuos, es decir, en la cuestión de las jerarquías. El objetivo reside en impedir la aparición de residuos, fomentar el reciclaje, la reutilización y la incineración generadora de energía. Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado la propuesta de no incluir la madera no procesada en el ámbito de aplicación de esta directiva, lo cual no permite pensar otra cosa que, si bien se trata de la madera «virgen», no podríamos tampoco incinerar ni extraer provecho de un residuo tan generalizado como el que ofrecen la viruta maderera. No obstante, creo que se trata de un biocombustible de muy buena calidad cuya utilización no debería limitarse bajo ningún concepto.

Howitt
Señora Presidenta, permítame que sea claro: apoyo la nueva directiva sobre las plantas incineradoras esta noche, no sólo para proteger a las personas que viven en las proximidades de las mismas contra el cáncer y los defectos de nacimiento que ocasionan dichas instalaciones según han demostrado investigaciones británica y japonesa, sino también para inclinar la balanza económica hacia el reciclado y la nueva utilización.
Las autoridades regionales de nuestro condado de Essex proyectan actualmente abrir ocho nuevas instalaciones para la eliminación de residuos, entre las que se incluyen incineradoras, en Basildon, Braintree, Chelmsford, Colchester, Epping Forest y Rochford, cuya capacidad sobrepasa en unas seis veces el volumen de residuos generados en la zona, según afirma la organización Friends of the Earth . Es una locura. Relega a Essex a seguir siendo el basurero de Londres, subestima el potencial para el reciclado en la mitad, amenaza a zonas de belleza natural próximas a viviendas, colegios y lugares de interés histórico. Está basado en vertidos a plena capacidad durante diez años, mientras que las autoridades del condado proyectan para treinta. Al igual que todas las propuestas importantes para plantas incineradoras, convierte en humo no sólo los residuos, sino la perspectiva de pequeños centros de reciclado y los puestos de trabajo que éstos generan.
En Francia, el Ministerio de Medio Ambiente controló las emisiones de las incineradoras el pasado año y cerró varias instalaciones. También Dinamarca está pasando de la incineración al reciclado. Los Estados Unidos estiman que para el efecto invernadero, un incremento del uno por ciento del reciclado equivale a retirar un millón de coches de la carretera. Europa puede y debe seguir el ejemplo. La resolución de esta noche, para regular la incineración, la relega a una opción como último recurso, y devuelve la esperanza a las 10.000 personas que han presentado quejas en Essex.

Bowe
Señora Presidenta, acojo con gran satisfacción el informe y agradezco al Sr. Blokland la labor que ha realizado.
Me ha sorprendido mucho la cantidad de tiempo que este Parlamento ha dedicado a lo largo de los años al tema de la incineración de residuos. Me remonto a la época en que analizamos la presente directiva por primera vez. Pero al final hemos conseguido algo que es equitativo, sensato y justo. La Comisión impondrá unos límites más estrictos a los residuos municipales, porque reconocemos que cuando los residuos son incinerados, resultan tan nocivos como los residuos peligrosos.
Continuaremos garantizando que se imponen requisitos adicionales a la eliminación de residuos peligrosos, porque encierra unos riesgos mayores que los residuos municipales en términos de gestión y en términos de otros controles.
Debemos garantizar asimismo que, en aquellos casos en que se propone la coincineración, está se realiza correctamente y que no se abusa de este método ni se practica de manera encubierta. Debemos reconocer que existen formas de residuos peligrosos que pueden ser eliminados adecuadamente en hornos de cemento y es ahí donde deben ir a parar, bajo los controles más estrictos posible.
Debemos garantizar que la coincineración no debilita la economía del sector ni frena o pone fin al funcionamiento de las plantas incineradoras de residuos peligrosos, cuya utilización es absolutamente necesaria para algunas formas de residuos.
Quisiera agradecer una vez más al Sr. Blokland la labor que ha realizado. El Grupo Socialista apoyará la amplia mayoría de sus enmiendas. La combinación de ambos textos tiene sentido. Esperamos con interés la realización con éxito de la segunda lectura en el Parlamento después de las elecciones.

Caudron
Señora Presidenta, quisiera simplemente, como socialista y francés, expresar todo el interés que nos ha inspirado el estudio de la destrucción de los residuos por incineración y la necesidad de mejorar las normas en esa esfera. Por lo demás, pensamos que sería interesante que Europa ayudara más a los países o las colectividades locales que han hecho enormes esfuerzos desde hace algunos años para reducir la peligrosidad de la incineración. Aun así, no podemos estar de acuerdo con la coincineración de residuos domésticos y residuos industriales o peligrosos. Creemos que aún hay hoy demasiadas incertidumbres y que se deben proseguir los estudios a ese respecto; de lo contrario, corremos el peligro de que, si se mezclan residuos domésticos y residuos industriales en nuestras incineradoras de basuras domésticas, acaben ocurriendo catástrofes en algunas de nuestras colectividades.

Bjerregaard
Señora Presidenta, la Comisión desearía aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente al Sr. Blokland el esfuerzo realizado y la minuciosidad con la que la comisión y especialmente el señor ponente han tramitado esta propuesta muy técnica. La Comisión ha trabajado intensamente a fin de poder presentar una propuesta equilibrada con la que alcanzar un elevado nivel de protección para el medio ambiente y la salud pública sin dejar de tener en cuenta al mismo tiempo las especiales exigencias que plantean las incineradoras y la coincineración . La unión de las dos directivas sobre incineración ha sido uno de los puntos claves en el debate de esta tarde y con razón uno de los puntos que más atención ha recibido en el informe. Desde el punto de vista de la Comisión, esta unión es positiva porque atiende la exigencia general de una legislación comunitaria más «aerodinámica». Sobre esto diré también que no estoy de acuerdo con lo manifestado hoy por el Sr. Cabrol y la Sra. Lienemann. Ni la propuesta de la Comisión ni la directiva 94/67 recogen disposición alguna que impida la incineración combinada de residuos peligrosos y no peligrosos.
Por ello aceptamos las enmiendas que el Sr. Blokland y el Sr. Eisma en particular consideraron importantes a la hora de definir su postura ante esta propuesta y que ahora mencionaré. Me refiero a las enmiendas 7, 9, 15, 18, 19, 24, 50, 56, 60 y 61, que aceptamos bien parcialmente, bien en principio o bien completamente. Aparte de lo que aparece en el informe sobre la unión de la Directiva 94/67 y la propuesta de la Comisión, consideramos necesario introducir en virtud del artículo 14 de la Directiva 94/67 un período transitorio para las instalaciones existentes dedicadas a la incineración de residuos peligrosos. Las enmiendas del Parlamento núm. 8, 14, 23 y 55 que tratan de incorporar determinadas cuestiones relativas a la gestión de residuos no pueden ser aceptadas a causa de sus principios. El propósito de la propuesta de la Comisión es fijar valores límites de emisión y condiciones de funcionamiento para todos los residuos que se incineren o se coincineren y no inmiscuirse en disposiciones relativas a la gestión de residuos. Sin embargo, es importante que en los considerandos se llame la atención sobre el hecho de que la incineración sólo es una forma de tratamiento de los residuos y esto es algo que digo también a raíz de algunos comentarios que se han hecho aquí esta tarde. Es decir, la Comunidad tiene normas tanto específicas como generales sobre el tratamiento de residuos. Por ello no podemos aceptar la enmienda 1 en lo que a su principio doctrinal se refiere.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 12, 16, 17, 21 y 22 que buscan introducir disposiciones relativas a las normas de calidad del aire y del agua. Para este propósito disponemos ya de autos que bien se encuentran en vigor bien en proceso de elaboración, como la Directiva sobre IPPC o la propuesta de directiva marco sobre aguas. Las enmiendas propuestas supondrían duplicar o inmiscuirse en estos textos.
Luego están las enmiendas 36, 37 y 43 que tratan de aumentar los valores límites para las emisiones propuestos por la Comisión para la coincineración . Lo cual resulta inaceptable porque los valores propuestos por la Comisión están fundados en análisis coste-beneficio y tienen en cuenta el carácter específico de los diversos procesos. La Comisión opina que los Estados miembros y los operadores en cuestión deben disponer de una cierta flexibilidad en lo referente a la recuperación del calor. Sería muy poco realista exigir que el calor desprendido en la incineración deba ser recuperado siempre. Por ejemplo, sería imposible en el caso de las incineradoras situadas en zonas apartadas. De ahí que no aceptemos las enmiendas 13 y 20.
Aceptamos, bien parcialmente bien en principio bien en su totalidad, las enmiendas 4, 10, 19, 24, 28, 33, 35, 56, 59 y 64 que clarifican en nuestra opinión las intenciones de la Comisión y por otra parte aumentan la calidad del texto. Hemos de rechazar por motivos técnicos una serie de enmiendas. Me refiero a las enmiendas 3, 6, 11, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 38-41, 44-49, 51-54, 57, 58, 62, 63 y 65-71. La Sra. Kestelijn Sierens me hizo una pregunta muy concreta sobre Drogenbos. Por ahora puedo decir sobre este tema que hace tres meses enviamos un escrito de apertura relativo a la Directiva EIA, que se nos ha dado una respuesta en este sentido y que sugeriremos en el transcurso de esta semana, en la que este asunto será debatido en la Comisión, un escrito de apertura adicional porque las autoridades flamencas han emitido una licencia de obra tras haber presentado nosotros nuestro escrito de apertura.
Permítanme por tanto concluir diciendo que la Comisión piensa que la propuesta que hoy tramitamos, reforzada con las enmiendas del Parlamento que aceptamos y de las que acabo de dar cuenta, supone una base eficaz y equilibrada desde la que controlar la incineración y la coincineración . Me alegra ver el papel que han desempeñado el Parlamento y el señor ponente, Sr. Blokland, tomando la iniciativa de proponer que determinadas disposiciones legales ya existentes sean recogidas en la propuesta de la Comisión, con lo que se tiene en cuenta la exigencia general de una legislación más «aerodinámica».

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Instrumento financiero para el medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0180/99) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo sobre el instrumento financiero para el medio ambiente (Life) (COM(98)0720 - C4-0074/99-98/0336(SYN)).

Lienemann
Señora Presidenta, Señorías, el instrumento Life es el único instrumento financiero con el que cuenta la Unión Europea para intervenir directamente en el sector del medio ambiente.
Life ha tenido un éxito enorme, ya que forma parte de los programas de la Unión que suscitan numerosos proyectos, mucho más numerosos que los créditos disponibles, y los créditos de pago se utilizan en un 98 % o incluso en un 100 %. La originalidad de este instrumento es la de estar al servicio de las grandes orientaciones de la política en pro del medio ambiente. Comprende tres grandes componentes: el primer programa, que es Life-Naturaleza ; el segundo, que es Life-Medio ambiente ; y el tercero, que es Life-Terceros países . El reparto de los créditos está previsto del modo siguiente: 47 % para Life-Naturaleza , el 47 % para Life-Medio ambiente , el 6 % para Life-Terceros países .
Life-Naturaleza acompaña esencialmente las políticas comunitarias relacionadas con la defensa del biotopo, la preservación de las especies, la aplicación de las directivas europeas, en particular la que protege las aves migratorias, o la directiva Natura 2000 y la protección de los hábitat de las diferentes especies.
Life-Medio ambiente está más orientada hacia lo que podríamos llamar la ecología urbana y los métodos industriales, en particular los llamados métodos y tecnologías inocuos. Las acciones llevadas a cabo en ese marco abarcan una gran diversidad, que va desde la política del agua a la lucha contra la contaminación atmosférica. Life-Terceros países ofrecía una apertura a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea a fin de que se prepararan para la aplicación de las normas europeas en materia de medio ambiente.
El objetivo de ese nuevo programa es de varios tipos. No se trata de cambiar radicalmente su contenido, sino de revisar su reglamento. No obstante, los expertos y el análisis hecho sobre esos programas, que es muy positivo en cuanto a sus repercusiones y su interés, revelan la necesidad de llevar a cabo mejor la valorización de los resultados, utilizar más ese instrumento para acompañar la preparación de nuestros reglamentos y de nuestras políticas europeas y, más en general, aumentar la participación de los créditos destinados a las medidas de acompañamiento: dar a conocer el instrumento, dar a conocer los procedimientos idóneos, hacer intercambio, hacer una labor de síntesis. Por eso, de forma general, el reglamento dispone que los créditos destinados a las medidas de acompañamiento pasen de 3 % a 5 %.
El propio reglamento procura centrar de nuevo las prioridades, dispersarlas menos, volverlas más legibles para los operadores que deban intervenir. Por eso, se han afianzado un poco las grandes líneas directrices de Life en cada uno de los sectores. No obstante, se ha introducido la idea de que haya líneas directrices que faciliten la legibilidad por los autores de los proyectos de las prioridades concretas en cada una de las esferas.
La aplicación de Life corre a cargo de los servicios de la Comisión, con ayuda de un comité de gestión compuesto de representantes del Consejo y con la ayuda de expertos. A raíz de los numerosos debates que nuestra Asamblea ha celebrado sobre la ejecución presupuestaria de los programas europeos, insisto en que no se recurre a ninguna oficina de asistencia técnica en el marco de este programa. Son expertos técnicos que apoyan a los servicios de la Comisión y creo que todos podemos felicitarnos del método y del rigor que demuestra así la Comisión al respecto.
En resumen, nuestro informe y las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acompañan en cierto modo las grandes orientaciones de la Comisión. Espero que nuestras enmiendas reciban una acogida favorable de la Comisaria. Insistiré tal vez en dos puntos. Primero, el deseo de que se formule explícitamente la referencia al desarrollo duradero y no sólo a la política medioambiental. Sabido es que se trata de un deslizamiento del concepto que es importante, ya que introduce una dimensión social, de desarrollo humano. Además, una atención particular a la cuestión de la creación de puestos de trabajo. Esperamos encarecidamente que los métodos y las tecnologías medioambientales nuevos favorezcan la creación de puestos de trabajo. Nuestro deseo es que el instrumento Life preste un poco más de atención a las repercusiones sociales, con atención particular al empleo.
Por último, respecto de las sumas presupuestarias, debate siempre agudo y delicado, nuestra colega la Sra. Marinucci, que fue la ponente de Life-II , propuso a nuestra Asamblea, que la siguió, una suma de 800 millones de ecus para un período de cuatro años. Yo soy más modesto que ella, ya que propongo a Sus Señorías una suma de 850 millones de euros para cinco años, lo que representa un poquito menos de lo que ella pedía por año, pero un poco más de lo que el Consejo había concedido a ese programa.
Así, pues, deseo que la Asamblea me siga sobre esta propuesta que a algunos parecerá un poco modesta, ya que ciertas enmiendas piden más, y otros tal vez la consideren demasiado ambiciosa en relación con las exigencias presupuestarias de nuestra Unión. Pero creo que es un justo medio que podría contar con un gran aval de nuestra Asamblea.

Van Dam
Señora Presidenta, para empezar quiero felicitar a la Comisión por el modo en que ha llevado a cabo la evaluación externa del programa Life-II al presentar esta propuesta de Life-III . El resultado es muy claro: la propuesta es cualitativamente buena.
Como ponente de la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores he circunscrito mi opinión a los efectos externos del programa Life . La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha apreciado con satisfacción un ligero cambio de orientación en beneficio de los terceros países que participan en este programa. La ponente, Sra. Lienemann, por desgracia no ha querido transmitir este último aspecto a la Comisión de Medio Ambiente. En todo caso, espero que el presupuesto se destine íntegramente a los terceros países.
Además, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores pedía que se tuvieran debidamente en cuenta los aspectos transfronterizos. En el contenido de varias de las enmiendas del ponente a título principal creo que queda reflejado esto. Aunque abogo por que se respete la protección de la naturaleza, me veo confrontado con los perjuicios que causan otros proyectos transfronterizos para la naturaleza. En la provincia neerlandesa de Limburgo hay un proyecto de estas características. El elemento transfronterizo no debe constituir un criterio predominante. Life debe ser principal y fundamentalmente un instrumento financiero para el medio ambiente.
Ahora quisiera realizar una precisión a una serie de enmiendas del ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Opino que los fondos no se han asignado de manera tan óptima como si se hubieran aceptado sus enmiendas. Me sorprende que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores haya llegado a un acuerdo con añadidos que pretenden fomentar la creación de empleo a través de este instrumento.
También tengo mis dudas con respecto al concepto de desarrollo sostenible. A primera vista parece un concepto muy respetuoso del medio ambiente, pero aquí se utiliza de manera encubierta para extraer beneficios económicos del programa Life . Indebidamente. Life es y sigue siendo un instrumento para la conservación del medio ambiente y la naturaleza. En los casos en que la economía y el medio ambiente entran en conflicto, deberá darse prioridad a la naturaleza y el medio ambiente. Por tanto, insto a sus señorías a que rechacen las enmiendas «económicas» como las nº 1, 4, 8, 15 y 25.

Schleicher
Señora Presidenta, Señorías, el programa medioambiental Life es el instrumento más importante de la Unión Europea para la financiación de proyectos en el ámbito del medio ambiente. Sólo gracias al empeño del Parlamento Europeo podemos disponer ahora de un montante digno de mención para el mismo dentro del presupuesto europeo, por lo menos, concretamente, 613 millones de ecus para los próximos cinco años. Aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea para Life-Medio ambiente son importantes, yo considero urgentemente necesario que también se mencionen los objetivos relacionados con la contaminación atmosférica y de las aguas, habida cuenta de la problemática y de las prioridades que ha reclamado en repetidas ocasiones el Parlamento Europeo. Si éstos no se contemplan, el resultado será, en efecto, que en los próximos cinco años resultará prácticamente imposible subvencionar proyectos con dichos objetivos. Lo cual es, de hecho, inadmisible a la vista de los debates celebrados en esta Cámara sobre las catástrofes climáticas y la contaminación de las aguas.
Esto enlaza con una petición de nuestro Grupo, que ya presentamos hace cinco años, a saber, que sólo se subvencionen proyectos que sean efectivamente innovadores a la vista del estado de la tecnología. En efecto, en la base de la misma está el problema de que en estos momentos se pueden subvencionar en determinadas regiones de la Comunidad proyectos cuyo nivel tecnológico ya es habitual en otras regiones. Dada la escasez de los recursos, no se debería permitir que esto pueda llegar a ser la norma en el futuro.
Mi Grupo considera, obviamente, de la máxima importancia todos los proyectos subvencionados en el marco de Life , si bien también podemos suscribir los objetivos propuestos por la Comisión, como las medidas de apoyo inicial (starter) y de cooperación (coop) . Sin embargo, yo creo que también es importante subvencionar en este marco medidas en favor de la reconversión y el desarrollo de algunas zonas y del uso de sus suelos, que empiezan a ser necesarias para la protección de las especies y los biotopos. Nuestro Grupo ha presentado otras cuatro enmiendas en este sentido y yo me congratularía si éstas encuentran apoyo.

Eisma
Señora Presidenta, pese a estar en desacuerdo con la Sra. Lienemann en su intervención sobre el Informe Blokland, estoy totalmente de acuerdo con ella en su labor como ponente de Life-III. Pronto, en el año 2000, se pondrá en marcha Life-III . Esto constituye una nueva posibilidad de dotar a Europa de un nuevo rostro respetuoso del medio ambiente y la naturaleza, pero para ello es preciso pagar un precio. La Sra. Lienemann ha mencionado una cantidad de 850 millones de euros para cinco años. A nuestro juicio, esto es aceptable, pero es lo mínimo que solicitaríamos. Es evidente que por debajo de eso no podemos estar de acuerdo, porque los actuales 450 millones de euros son claramente insuficientes. Sólo teniendo en cuenta la ampliación, está claro que necesitamos muchos más fondos para Life-III a fin de que puedan participar en él los nuevos Estados miembros. Compárese ahora esta cantidad con los miles de millones que se destinan a la política agrícola y estructural. Sin embargo, éste también es un instrumento financiero para el medio ambiente, y es muchísimo más exiguo.
Lamento extraordinariamente que mi propio país, los Países Bajos, que en general es bastante progresista en lo que respecta al medio ambiente, quiera sin embargo rebajar Life-III . Seguramente si tomamos en consideración que para NATURA 2000 son necesarios entre 3 y 5 millones de euros anuales, la cantidad disponible actualmente de 50 o 60 millones de euros anuales está muy por debajo de la medida.
Si Europa quiere en verdad respetar el medio ambiente y la naturaleza debe estar dispuesta a pagar por ello. Por ello, no sólo hago un llamamiento al gobierno de los Países Bajos sino también al Consejo. Por desgracia, el representante del Consejo no está presente, pero, no obstante, hago a través de él un llamamiento al Consejo para que autorice un aumento del presupuesto para Life-III.

González Álvarez
Señora Presidenta, como recuerda la ponente y otros oradores, Life es el único instrumento dedicado exclusivamente al medio ambiente. Debe contribuir -como reza la propuesta formulada en una enmienda de la Comisión de Medio Ambiente- al desarrollo sostenible, pero también a la incorporación de las políticas medioambientales en las otras políticas de la Unión así como a la actualización y aplicación de la legislación medioambiental.
Life debe contar también con financiación concreta. La Comisión de Presupuestos se congratula de que no haya una propuesta concreta para el instrumento Life , aunque reconoce la efectividad de los programas; pero se congratula de la falta de propuesta concreta.
Nosotros hemos presentado y apoyado algunas enmiendas que plantean una propuesta concreta de financiación, sobre todo recordando que en el segundo informe de la Agencia de Medio Ambiente, como muy bien recuerda la ponente, se ha advertido de la disminución de la biodiversidad en Europa en estos últimos tiempos.
También estamos muy de acuerdo con el planteamiento de la Comisión de Medio Ambiente de que se dé prioridad a proyectos transfronterizos, innovadores y que creen empleo. Nosotros creemos que el instrumento Life puede contribuir a la creación de empleo en el ámbito del medio ambiente. También debe haber informes de evaluación en 2002 sobre los proyectos de Life I , Life II y Life III , porque esa será la forma de abordar un Life IV con suficiente vigor.
La distribución de los fondos en los tres componentes temáticos, Life-Naturaleza, Life-Medio ambiente y Life-Terceros países -aunque la ponente propone algunos cambios- tiene menos importancia. El caso es tener una cantidad suficiente para abordarlos.

Kronberger
Señora Presidenta, el programa Life merece por principio una valoración sumamente positiva desde el punto de vista del medio ambiente. La condición más importante para su éxito es que cuente con una dotación financiera suficiente. Acabamos de comprobar, no obstante, en el caso del programa Altener II que los programas en el ámbito del medio ambiente son los primeros que se ven amenazados por el recorte de recursos financieros. Prácticamente cualquier tipo de iniciativa en favor del medio ambiente también crea simultáneamente empleo. La participación en el programa Life de los candidatos a la adhesión es de enorme importancia. Sin embargo, no debemos olvidar en este contexto una cosa, a saber, que no siempre encontramos allí una voluntad suficiente de mejorar la situación ecológica general. La Unión Europea debe indicar, por lo tanto, a dichos países que sus propios esfuerzos en el ámbito del medio ambiente en general son un requisito esencial para su aproximación y su posterior integración en la Unión Europea.
Justamente en esos países existe el riesgo de que se practique el dumping medioambiental, tanto en la industria como en la producción de energía. También debemos acoger igualmente con satisfacción el refuerzo de las actividades de información sobre los proyectos Life y el incremento del 3 % al 5 % de los correspondientes recursos presupuestarios.

Baldi
Señora Presidenta, Señorías, el programa Life constituye el principal instrumento financiero de la Unión Europea para promover acciones en el ámbito del medio ambiente. Fue puesto en marcha por la Comisión en el año 1992 y ahora está a punto de finalizar su segunda etapa de aplicación, prevista para el 31 de diciembre de este año. El reglamento que nos ocupa deberá cubrir la gestión de la tercera etapa del programa para el próximo quinquenio 2000-2004 y la dotación financiera prevista asciende a 613 millones de euros. Life , como ha recordado la señora ponente, consta de tres ámbitos temáticos denominados: Life-Naturaleza para la protección de los hábitats naturales y, de la flora y fauna, así como a la realización de la red Natura 2000; Life-Medio ambiente para la integración del medio ambiente en las demás políticas y la aplicación y actualización de la política medioambiental en el territorio; Life-Terceros Países para la asistencia técnica a los países del Mediterráneo y del Báltico, la creación de las estructuras administrativas necesarias y el desarrollo de políticas y de programas de acción en materia de medio ambiente.
Esta nueva propuesta de reglamento del Consejo es importante porque deberá establecer prioridades como: 1) apoyar a las autoridades locales con vistas a la integración de las consideraciones medioambientales en la ordenación del territorio; 2) promover el desarrollo sostenible e incorporar los aspectos medioambientales en las actividades industriales; 3) asignar recursos financieros para la protección de la naturaleza, acciones de otro tipo y acciones en las regiones limítrofes del Mediterráneo y del mar Báltico.
En particular, en lo que se refiere a los terceros países, es importante considerar con mayor atención sus posibilidades y sus instrumentos y medios económicos, habida cuenta de que, como es sabido, los posibles programas que establecemos aquí en Europa no son viables si no existe la posibilidad de cofinanciación en otros Estados y en el seno de otros Gobiernos.
Con todo, considero que sería preciso alargar la tercera etapa del programa Life de cinco a siete años, con un incremento proporcional de los recursos financieros previstos.

Bjerregaard
Señora Presidenta, ante todo me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en particular a la ponente, Sra. Lienemann, por el cuidado y la atención que han puesto en esta propuesta relativa a la tercera etapa del instrumento financiero para el medio ambiente (Life ). El informe de la señora ponente y los comentarios que se han realizado aquí esta tarde están en consonancia con el objetivo fundamental de la Comisión y muchas de las enmiendas subrayan los aspectos más esenciales de Life . Quiero también agradecer los comentarios relativos a la administración del sistema en el DG XI al igual que al Sr. Van Dam por sus palabras sobre la evaluación que sirve de base a la propuesta que hoy tramitamos.
Life ha tenido entre 1992 y 1998 un considerable éxito entre organizaciones no gubernamentales, empresas, autoridades locales y terceros países. Se han recibido 8.500 propuestas, de las cuales casi una tercera parte cumplía los requisitos. Alrededor de 1.300 proyectos han recibido cofinanciación gracias a una aportación global comunitaria de 643 millones de euros. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que Life ha resultado ser desde el punto de vista presupuestario una herramienta sumamente efectiva. Todos los recursos disponibles han sido utilizados en proyectos valiosos. Como queda mencionado en el informe de la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 7, Life podría utilizar tantos o incluso más recursos de los que quedan recogidos en el importe de referencia para Life II . De ahí la importancia de hacer todo lo posible por que al programa Life se le aseguren fondos suficientes. También es importante que Life no sirva de chivo expiatorio si resultara necesario en un futuro llevar a cabo ajustes financieros, tal y como han mencionado muchos oradores hoy aquí.
Naturalmente sería tentador analizar en detalle algunos puntos de la propuesta, sin embargo, no voy a hacerlo y me contentaré con decir que supone para mí un motivo de alegría ver que los puntos de vista de la Comisión de Medio Ambiente y las enmiendas presentadas coinciden a grandes rasgos con los objetivos fijados. De ahí que la Comisión pueda aceptar 31 de las 47 enmiendas, bien en principio, bien parcialmente bien en su totalidad. Observo con interés cómo la Comisión de Medio Ambiente aboga por un aumento del presupuesto asignado a Life , incluso por encima de la cantidad que la Comisión ha recomendado en la perspectiva financiera del régimen propuesto. Sin embargo, como todos ustedes saben, la Comisión no acepta recomendaciones de presupuestos de referencia en el texto de las propuestas de sistemas de programas financieros. Las enmiendas 33, 46 y 47 no pueden ser aceptadas por ello. Y la Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 12 relativa a un presupuesto complementario para los países de Europa Central y Oriental. Esta cuestión atañe, por así decirlo, a todos los instrumentos comunitarios a los que los países candidatos tienen acceso y sólo puede ser tratada dentro de los marcos fijados por los acuerdos de asociación.
Por lo que respecta a los procedimientos de comisión, la Comisión se atiene por ahora a la decisión de 1987. Podrán producirse modificaciones en un futuro cuando se haya adoptado una decisión definitiva sobre la nueva propuesta de comitología y por ello rechazamos la enmienda 37. Algunas de las enmiendas pretenden ampliar el campo de aplicación de Life-Naturaleza y Life-Medio ambiente . Esto chocaría con el deseo de concentrar las propuestas en los campos en los que Life resulta más provechoso. Por ello rechazamos las enmiendas 39, 40 y 41. La enmienda 42 supondría un cambio radical del propósito de los proyectos de recuperación, que es desarrollar nuevas iniciativas en el campo ambiental y en consecuencia no aceptamos esta enmienda.
Luego están algunas enmiendas que pretenden que el Parlamento presente diversos informes. La Comisión está preparada para dar al Parlamento todos los datos que se le exijan para llevar a cabo un seguimiento efectivo del programa, sin embargo, esto tampoco debe provocar un aumento exagerado en el número de informes que se presentan al Parlamento. De hecho, esto implicaría una carga adicional para los ya de por sí limitados recursos humanos del programa. Por tanto no estamos de acuerdo con las enmiendas 31, 19 y 32. Me gustaría subrayar lo limitado de los recursos humanos responsables de la administración del programa Life . Especialmente podría resultar problemática la administración de proyectos en terceros países durante los próximos años si no hay más recursos y naturalmente veríamos como una ventaja la llegada de nuevos recursos. El caso es que esperamos un aumento en la participación de los países de Europa Central y Oriental en Life-Naturaleza y Life-Medio ambiente . Aceptar más tareas administrativas nos obligaría a tener que limitar los recursos exigidos para una administración responsable del sistema lo cual es algo que la Comisión no puede aceptar y menos aún en un momento en el que hemos mantenido numerosos debates con el Parlamento precisamente sobre este tema. Por ello no aceptamos las enmiendas 13, 14, 36 y 45 por razones técnicas.
Para finalizar, me gustaría recalcar que celebro el informe de la Sra. Lienemann. La mayoría de las enmiendas contribuyen a reforzar la estrategia Life . Estoy convencida de que la Comunidad ha sacado provecho de los proyectos ya puestos en marcha y de que gracias al nuevo reglamento podremos sacar el máximo provecho de este nuevo potencial durante el período 2000-2004.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Gestión y auditoría medioambientales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0139/99) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (COM(98)0622 - C4-0683/98-98/0303(SYN)).

Valverde López
. Señora Presidenta, ante todo deseo felicitar a la Comisión Europea por esta propuesta de revisión del reglamento que controla la auditoría medioambiental y que fue aprobado en 1993, lo cual refleja una buena marcha del trabajo de la Comisión.
Después de una experiencia de más de cinco años de puesta en marcha y de haber evaluado cómo ha funcionado el reglamento en los distintos países miembros, se hace esta nueva propuesta que, en sus líneas generales, puedo compartir plenamente como ponente.
Aprovecho la ocasión para agradecer a la Sra. Graenitz, que ha sido ponente alternativa del Grupo Socialista, su buena voluntad para trabajar conjuntamente y llegar a una plataforma de acuerdo en muchas enmiendas; también ella ha presentado enmiendas interesantes que yo he podido aceptar sin ninguna dificultad.
Las enmiendas que presenta la Comisión de Medio Ambiente se refieren fundamentalmente a la profundización y extensión del ámbito de aplicación, algo necesario y previsto en el anterior reglamento, pues las experiencias piloto que se han realizado en distintos Estados miembros, en ámbitos distintos a los industriales, han tenido un gran éxito, como el plan piloto que se ha llevado a efecto en el ámbito del turismo en España, o el realizado en algunas administraciones públicas en el ámbito de los transportes, en la universidad, etc.
Otras de las enmiendas van encaminadas a hacer más atractivos para las empresas estos informes de auditoría medioambiental. También hay enmiendas que tienden a evitar que se produzca un solapamiento con las normas ISO. Nuestro reglamento tiene que ser más profundo, más avanzado que las normas internacionales, aunque esté basado básicamente en las mismas normas.
También hemos intentado procurar mayores facilidades para las pequeñas empresas, en la misma línea de las propuestas de la Comisión Europea, y proponemos también una mayor descentralización del sistema a nivel regional e incluso local.
En otro ámbito de cosas, damos gran importancia, como hicimos en el informe de 1993, a la conveniencia de dar una mayor normalización, contenido y transparencia al informe público de evaluación que deben realizar las empresas y, asimismo, queremos que se vea reforzada la figura del auditor. Y en este ámbito, señora Comisaria, se nos ha presentado un problema, un problema de interpretación que nos ha sorprendido.
Creíamos que el espíritu y la letra del reglamento se referían a los verificadores medioambientales como personas físicas. Esto lleva consigo exigencias de formación y de experiencia de profesionales con una cualificación concreta y sometidos a las responsabilidades tradicionales de las profesiones liberales: la responsabilidad profesional, administrativa, civil y penal. Y, para nuestra sorpresa, parece ser que algunos Estados miembros han interpretado la figura del auditor extendiéndolo a personas jurídicas. Esto, realmente, yo creo que sería una desnaturalización del informe. Yo le ruego que haga un chequeo a la aplicación de este informe por parte de los distintos Estados miembros para ver si se ha producido alguna desviación del espíritu de este informe.
Y, por otro lado, señora Presidenta, creo que hay que lanzar dos mensajes políticos.
El informe de evaluación de la Comisión nos indica que hay algunos países -y hay que mencionarlos y no quedarnos en el anonimato-, concretamente Portugal y Grecia, que aún no han conseguido poner en marcha su estructura de verificación. Yo creo que se hace necesaria una intervención directa ante las autoridades de estos países, incluso apoyándoles si es necesario, para que pronto normalicen y apliquen en todos los países el reglamento sobre evaluación de impacto medioambiental en la empresa.
Y, después, hay otros países en que se ha registrado la participación de muy pocas empresas, como en los casos, muy significativos, de Bélgica, Francia e Italia. Sorprende el número tan bajo de empresas que se han acogido a este reglamento. Yo creo que harán falta unas acciones de estímulo, de trabajo conjunto, de apoyo, posiblemente una mayor información a las empresas.
Y el segundo mensaje político en estos momentos, señora Comisaria -y yo creo que usted estará plenamente de acuerdo-, es que en las negociaciones de ampliación con los países del Este se deben tener muy en cuenta las ayudas transitorias que se deben proporcionar a estos países para que se puedan acoger a esta facilidad y a este autocontrol.
Muchas gracias, señora Presidenta, por su paciencia.

Graenitz
Señora Presidenta, ante todo yo quiero corresponder al agradecimiento y los elogios del señor Ponente. Ha sido un placer colaborar con usted y yo confío en que el resultado se pueda considerar muy satisfactorio. También espero, señora Comisaria, que usted pueda hacer suyas una serie de enmiendas adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente y que el Parlamento también las apruebe mañana.
Yo creo que ahora, con el Tratado de Amsterdam, que contempla la incorporación de la política medioambiental en todos los ámbitos y que se propone alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible en la Unión Europea, necesitamos muchos instrumentos para poder realizar estos objetivos. La versión mejorada del SGAM es uno de estos instrumentos, que sobre todo crea las condiciones para que las empresas puedan proteger el medio ambiente de una forma que las beneficie y les permita reducir sus costes. Yo creo que es preciso que esta posibilidad se dé a conocer y se difunda mucho más. Mi pequeño país cuenta proporcionalmente con el mayor número de empresas certificadas por el SGAM. Yo he visitado algunas de ellas y he podido constatar el auténtico entusiasmo del personal y la dirección de dichas empresas y en último término también de los propietarios o accionistas en favor del SGAM, ya que éste no beneficia sólo al medio ambiente.
Las enmiendas que propone el Sr. Valverde son, por lo tanto, sin duda las adecuadas para hacer más atractivo el programa. Será necesario que los Estados miembros también reconozcan las aportaciones previas que ya han hecho las empresas adelantándose a la legislación en materia de medio ambiente y que quizá también se les ofrezcan oportunidades en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos.
Existe, no obstante, un punto en el que no coincidimos con el ponente y al que mi Grupo político concede empero una gran importancia, junto con el de la participación de los trabajadores, me refiero al de la «mejor tecnología disponible». En esta Cámara hemos definido muy estrictamente esta «mejor tecnología disponible» para el sector industrial, a la vez que excluimos de la misma a las PYME, lo cual es acertado a mi parecer. Si ahora nos proponemos ampliar el SGAM y extender su certificación a otros sectores aparte de las empresas industriales o las instituciones de grandes dimensiones, será preciso aplicar de otro modo el concepto de la «mejor tecnología disponible». ¿Por qué pensamos siempre sólo en la industria? Una empresa hotelera también dispone de una «mejor tecnología disponible» para sus aguas residuales. Una empresa de transporte dispone asimismo de una «mejor tecnología disponible» para la logística con la que opera. Yo creo que justamente para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, pero también los objetivos de Kioto, tenemos que avanzar más en este ámbito. Yo desearía mucho que esta enmienda de mi Grupo, o sea, la que propone que se incluya la «mejor tecnología disponible» en esta normativa sobre el SGAM, también sea aprobada mañana.

Schnellhardt
Señora Presidenta, Señorías, había extraviado mis gafas y me sentía un poco amputado. El objetivo de la política medioambiental europea de garantizar un desarrollo sostenible con un elevado nivel de protección del medio ambiente no se ha de alcanzar sólo mediante los instrumentos clásicos de la legislación normativa. La constatación del Programa de acción medioambiental en el sentido de que la industria no debe constituir sólo una parte del problema en el ámbito del medio ambiente, sino que también debe formar parte de la solución, sigue manteniendo su actualidad y el programa de autorías medioambientales que hoy se debate constituye una alternativa a la legislación normativa. La aplicación voluntaria -yo concedo especial valor a este punto- de sistemas de gestión medioambiental y controles medioambientales en las empresas les ofrece la posibilidad de cumplir de una forma flexible las exigencias para la protección del medio ambiente.
El Reglamento vigente hasta ahora -ya se ha dicho varias veces hoy- ha demostrado su utilidad, sobre todo en lo que se refiere a las empresas industriales, y también es posible constatar -en este aspecto tengo que contradecirla un poco- que un 75 % de las empresas que participan en las auditorías medioambientales son alemanas. Yo también he visitado dichas empresas -me baso en una relación de la Comisión- y puedo afirmar que también he constatado los esfuerzos que allí se han realizado, pero bajo unas condiciones simples, como las que prevé ahora el programa de auditoría medioambiental.
Me parece muy bien que ahora se incluyan también los servicios. Pero yo creo que tenemos que considerar asimismo otro problema, a saber, que es necesario motivar a las pequeñas y medianas empresas para que también incorporen y apliquen estos aspectos. En este contexto, debemos procurar que las condiciones exigidas no rebasen las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas, pues de lo contrario corremos un riesgo. En efecto, las pequeñas y medianas empresas me han comunicado que en ese caso no participarán en el programa de auditoría medioambiental, sino que se limitarán a aplicar la norma ISO 14001 y no se someterán a una auditoría medioambiental. Con lo cual, en el Parlamento habríamos aprobado una vez más algo magnífico, pero que no se aplicaría en la práctica.
Yo creo que esto ya quedó patente en el debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. He observado cómo se concreta la práctica de incluir a los círculos interesados. Lo que se tiene en mente es una empresa a la que le interesa producir tecnología medioambiental. O lo que ocurre cuando adoptamos disposiciones por la que se debe aplicar la tecnología disponible; a mi modo de ver, señora Graenitz, este es un concepto que no debe figurar para nada en la legislación, porque cambia cada semana y, por lo tanto, sería preciso redefinirlo constantemente. No es posible definirlo de una vez para siempre. Nunca podremos dar por zanjado el asunto con una tecnología concreta. Ésta continúa desarrollándose y no es necesariamente la más favorable.
Yo quisiera instarles una vez más a que intentemos corregir todavía un poco las propuestas, puesto que necesitamos una amplia participación y con la propuesta actual no la conseguiremos. ¡Ténganlo presente!

Riis-Jørgensen
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al Sr. Valverde López por su excelente informe sobre un tema muy complejo. Me parece importante -tal y como mencionó también el Sr. Schnellhardt- garantizar que el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM) sea una herramienta útil para nuestras empresas europeas. Debemos velar por que una buena voluntad respetuosa con el medio ambiente no haga del SGAM algo inaccesible para las pequeñas y medianas empresas. Debe quedar claro el carácter voluntario de la participación en el SGAM. Por ello no se debe abusar de él para tratar de endurecer la legislación medioambiental para las empresas. Es importante que este sistema sea lo más flexible y al mismo tiempo lo menos burocrático posible. En caso contrario, nunca conseguiremos que las pequeñas y medianas empresas u otras instancias participen en él.
Me gustaría que se me permitiera comentar algunas de las enmiendas. En primer lugar, están las enmiendas 24, 28 y 29. Espero que mis compañeros -y también la Comisión- las acepten. También me gustaría destacar la enmienda 23. Los miembros del Grupo Liberal nos oponemos a esta propuesta, pues autorizará el empleo del logotipo del SGAM en productos y embalajes. Me parece que sería echar por tierra todo nuestro trabajo anterior e incluso nuestros esfuerzos actuales en materia de etiquetado y no beneficia ni a los consumidores ni a la industria. Escuché la discusión de mis compañeros austriacos sobre las mejores tecnologías disponibles (BAT). Desde el Grupo Liberal, hemos solicitado una votación parcial de las enmiendas que versan sobre este concepto, puesto que no apoyamos que las mejores tecnologías disponibles (BAT) sean incluidas dentro del SGAM. De introducirse éstas en esta legislación, el sistema sería incluso mucho menos aceptable para las empresas. Actualmente, la Comisión sólo está elaborando notas sobre las mejores tecnologías disponibles (BAT) para las empresas y ramos que deben disponer de una autorización obligatoria IPPC e incluso estas notas no estarán acabadas antes del año 2004, por lo cual rechazamos esta idea.

González Álvarez
Señora Presidenta, estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Sr. Valverde López para esta revisión del reglamento sobre las empresas que, voluntariamente, se acojan a ese sistema de gestión y auditoría, que todavía no está lo suficientemente extendido, y también estamos de acuerdo con la ampliación que él propone de los objetivos para la utilización de unas tecnologías más limpias, la evitación de la contaminación medioambiental en el marco de las empresas, la prevención de accidentes medioambientales, y la sustitución de sustancias o productos o vías de transporte que sean contaminantes.
A nosotros nos parece que, para elaborar una declaración medioambiental como la que se propone, debe darse información a todo el mundo y permitir la participación de los trabajadores. También es fundamental la propuesta que para un futuro hace sobre la participación de los consumidores y de los clientes en la labor de las empresas que tomen esas medidas, y sobre la conveniencia de una información generalizada de las evaluaciones que se hagan y de las empresas que contribuyan a esos proyectos.
También convendría que hubiera, como propone el ponente, ventajas fiscales para esas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas -que tienen dificultades para utilizar las mejores tecnologías- y también un acceso prioritario para esas pequeñas y medianas empresas a la financiación, pues, como dice Eurostat, la mayoría del empleo creado en Europa procede de las pequeñas y medianas empresas, más del 85 %.
Nosotros creemos que, si se favorece la posibilidad de que accedan al sistema esas pequeñas y medianas empresas, estaremos contribuyendo también a la creación de empleo.

Schleicher
Señora Presidenta, Señorías, la finalidad de la presente modificación es conseguir que la ecoauditoría, que es voluntaria y ha de seguir siéndolo en el futuro, resulte más atractiva para las empresas. Yo creo que todos coincidimos en este objetivo. Tras unas grandes reservas iniciales, la ecoauditoría ha cosechado entre tanto un verdadero éxito en la industria en los lugares donde se aplica y yo puedo decir que en el caso de Alemania las cifras hablan por sí solas: Alemania ocupa en cifras absolutas el primer lugar por el número de empresas participantes, a pesar de que éstas siguen representando sólo el 1 % del total. Austria ocupa, sin embargo, el primer lugar en la cifra por habitante; en otras palabras, Austria es un país más pequeño y éste podría ser el origen del malentendido que se ha manifestado antes.
Luego, les siguen a mucha distancia Dinamarca y Suecia. Sin embargo, hay una serie de Estados miembros en los que la ecoauditoría no tiene prácticamente ninguna incidencia, como ya ha señalado el ponente Sr. Valverde López. Por consiguiente, es muy importante establecer unos incentivos básicos que hagan realmente interesante la introducción de la ecoauditoría para un número creciente de empresas, en particular también para las pequeñas y medianas empresas -en esto también coincidimos todos, creo yo-, que son numéricamente muy importantes. Es extraordinariamente importante que así se haga porque -como ya ha señalado el Sr. Schnellhardt- la norma internacional ISO 14001 plantea una cierta competencia que esto permitiría superar.
Una serie de enmiendas que también presentó nuestro Grupo, fueron aprobadas por mayoría en nuestra Comisión. Sin embargo, debo señalar que se aprobaron asimismo varias otras que a nuestro parecer son contrarias o incluso contrapuestas al objetivo. Si de improviso empezamos a establecer normas, desaparecerá sencillamente la voluntariedad, cuando de lo que se trata es de estimular a las empresas para que vayan más allá de las exigencias del legislador en los ámbitos en cuestión. Este es el incentivo. Pero si se vuelven a establecer normas fijas, ya no estaremos ante una ecoauditoría voluntaria, sino ante la dificultad de muchas empresas para cumplir dichas normas. Yo tengo que anunciar sin rodeos que si se aprueban las enmiendas contrarias al objetivo, en tal caso debo decir que yo misma y una serie de colegas no podremos votar afirmativamente el informe. Nosotros quisiéramos que se mantenga la voluntariedad y se refuercen los incentivos, que se reduzca el peso de la administración, o sea, que no se aumenten todavía más las condiciones impuestas, sino que se introduzcan mejoras en este aspecto. Yo soy de Baviera y puedo decirles que las empresas alemanas han realizado la mayor parte de las ecoauditorías porque el incentivo ha resultado realmente eficaz allí. Yo deseo que lo mismo pueda ocurrir en otros Estados miembros.

Estevan Bolea
Señora Presidenta, yo también quiero decirle a la Sra. Comisaria -como ha dicho el Sr. Valverde-que el reglamento ha mejorado mucho. Esta segunda versión es mucho mejor. Especialmente, el Anexo VII, que es nuevo, y que se refiere a la evaluación inicial que, en mi opinión -yo he trabajado mucho en este sector-, es la base de la buena implantación de un sistema de gestión. Yo diría que supone el 80 %, y antes no existía.
Pero yo creo, Señorías, que ustedes no tienen en cuenta cómo están operando las industrias. Hay centenares de empresas que siguen la norma ISO 14001, como en todo el mundo, y que están certificadas. Y luego hay unas pocas -muy pocas- que están registradas en el esquema EMAS. ¿Por qué hay tan pocas? Incluso en Alemania, que son 2.000, representan un porcentaje muy pequeño de las empresas grandes. La razón es que el sistema es tremendamente complejo. Señora Comisaria, yo creo que todo el trámite de verificación tendría que simplificarse un poco. ¿Por qué en Alemania hay muchos verificadores? Porque son personas físicas y, como ha dicho el Sr. Valverde, en muchísimos países los organismos de acreditación, en un plan exclusivo, sólo acreditan prácticamente a compañías de seguros o de normalización y esto dificulta mucho el complejo trámite.
Yo espero que en este caminar de la nueva versión la situación vaya mejorando. Pero me temo que la mayoría de las empresas van a seguir certificadas con la ISO 14001 y las ecoauditorías con la ISO 14010 y 14011, porque es muchísimo más práctico, muchísimo más útil y, en definitiva, viene a ser lo mismo, porque el 80 % del esquema EMAS es la ISO 14001. El resto es ya la verificación que habrá de simplificar la Sra. Comisaria.

Bjerregaard
Señora Presidenta, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y en particular al señor ponente, Sr. Valverde López, los esfuerzos realizados para asegurar rápidos avances con esta propuesta que revisa el actual SGAM en vigor. Hablamos -así ha quedado claro- de un instrumento comercial voluntario que tiene por objeto mejorar los esfuerzos de la industria en materia medioambiental. Sin embargo, no voy a repetir la propuesta. Ha habido intervenciones excelentes al respecto y por ello voy a concentrarme en cambio en las 65 enmiendas presentadas. De éstas, 20 pueden ser aceptadas bien en su totalidad, bien parcialmente por la Comisión. La Comisión aprueba en particular la enmienda 1, la primera parte de la 4 y la segunda parte de la 26 porque piensa que ayudan a hacer la propuesta de la Comisión más atractiva para la industria. Luego tenemos la segunda parte de la enmienda 18 y la 51 que asimismo aseguran la credibilidad del SGAM y por ello reciben también nuestro apoyo.
El carácter comparativo del sistema y la armonía entre los Estados miembros tienen también gran trascendencia y por este motivo se aceptan las enmiendas 34 y 43, que muestran el apoyo del Parlamento. Otros principios fundamentales de la propuesta son la comprensión, la claridad, la transparencia y la subsidiariedad. El ponente, Sr. Valverde López, abordó precisamente la problemática cuestión de dar a conocer suficientemente este régimen y en este punto resultan fundamentales tanto la comprensión, la claridad y la transparencia como la subsidiariedad. En consecuencia, la Comisión en principio apoya las enmiendas 5, 8, 11, 20, 21, 24, 27, 42, 45, 48 y 61 porque pensamos que éstas respaldan estos aspectos.
No podemos aceptar las restantes enmiendas. En lo que respecta a las enmiendas más importantes, voy a explicar brevemente los motivos que tiene la Comisión para no poder aceptarlas. Puesto que el SGAM es un instrumento voluntario, resulta esencial que esté estructurado lógicamente y sea comprensible, motivos por los cuales no podemos apoyar las enmiendas 7, 12, 13, 14, 36, 41, 44, 53, 54, 59, 64 y 65 pues repiten aspectos ya recogidos en el texto, especialmente en el anexo 1 A. El apoyo y el estímulo a las organizaciones para que participen en el SGAM se hallan recogidos en la propuesta y han sido desarrollados en las enmiendas aprobadas que acabo de mencionar. Las enmiendas que reducen los requisitos para las pequeñas y medianas empresas no son aceptadas. La propuesta se ha elaborado de tal forma que podrá ser utilizada por empresas de cualquier tamaño. Las pequeñas y medianas empresas rechazan otro régimen en un plano inferior porque tienen miedo de que éste tuviera menos valor en el mercado. Por ello no apoyamos las enmiendas 2, 52 y 56.
El valor añadido del SGAM para el medio ambiente comparado con la ISO 14001 es un elemento clave de la propuesta al que también se ha aludido durante el debate. Por este motivo la Comisión no apoya las enmiendas 16, 17, 52 y 63 pues éstas debilitan la transparencia y el control sobre los datos de resultados medioambientales alargando la frecuencia de validación. Otro elemento importante de la propuesta es la ampliación del campo de aplicación de los SGAM para que englobe a todos los sectores. De ahí que la Comisión no acepte las enmiendas que sólo afectan a un único sector como, por ejemplo, las enmiendas 7, 12 y 25, que exigen que las organizaciones empleen las mejores tecnologías disponibles, cuestión sobre la que entiendo que ha habido diversidad de opiniones en esta Asamblea.
Según están actualmente las directivas sobre licitaciones públicas, la primera parte de la enmienda 26 y la enmienda 30 no pueden ser aceptadas. Sin embargo, siento cierta simpatía a título personal por la idea que se oculta tras estas enmiendas y los próximos acontecimientos en este terreno podrían hacernos volver a examinar esta cuestión en el futuro.
La Comisión está convencida de que este texto en su versión mejorada con el añadido de las enmiendas presentadas por el Parlamento y hoy aprobadas nos proporciona una herramienta eficaz y equilibrada con la que mejorar los resultados medioambientales de las actividades económicas en toda la Unión y con estas palabras, señora Presidenta, me gustaría volver a agradecer su trabajo al señor ponente, Sr. Valverde López, y a la Comisión de Medio Ambiente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Enfermedades relacionadas con la contaminación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0167/99) del Sr. Cabrol, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2001) (3603/99 - C4-0125/99-97/0153(COD)).

Cabrol
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, permítanme comenzar con una breve reseña histórica. Durante la sesión del 11 de marzo de 1998, el Parlamento emitió su dictamen en primera lectura sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aprobación de un programa de acción comunitario relativo a las enfermedades relacionadas con la contaminación. Recordemos que este programa no va encaminado a luchar directamente contra la emisión de los contaminantes, sino que su objetivo es el de hacer el inventario de los conocimientos, recogiendo todos los datos relativos a las enfermedades asociadas con los contaminantes y hacer un registro de ellos para preparar en acciones de prevención. Dicho programa va dirigido a los Estados miembros que deben recoger esos datos y a los ciudadanos de la Unión Europea a fin de que se protejan del mejor modo posible contra las contaminaciones.
Después de aquella primera lectura, el Parlamento propuso ciertas enmiendas que el Consejo examinó antes de presentar una posición común. El Presidente del Parlamento anunció la recepción de esta última durante la sesión del 18 de junio de 1998 y en conjunto esa posición común pareció satisfactoria. No obstante, el Parlamento aprobó 14 enmiendas a ese texto. Mediante carta de fecha 18 de diciembre de 1998, el Consejo comunicó que no podía aprobar todas las enmiendas del Parlamento. Así, pues, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del Parlamento convocó una reunión del Comité de Conciliación para el 4 de febrero de 1999.
Ese procedimiento de conciliación resultó relativamente difícil, por que el Consejo no demostró interés particular por ese programa. No obstante, después de tres diálogos tripartitos, con las Presidencias austríaca y alemana, la delegación del Parlamento obtuvo satisfacción sobre gran parte de sus enmiendas, que agruparemos según el objetivo perseguido. En cuanto al fortalecimiento del seguimiento del programa, de las tres enmiendas a ese respecto fueron aceptadas dos, que garantizan la evaluación continua del programa, la elaboración de un informe de la Comisión durante el último año de ese programa y las acciones futuras previstas.
También se aceptó la ampliación del ámbito del programa mediante una política de prevención y comprensión de los riesgos, así como la complementaridad con otros programas de salud, y a ese respecto la Comisión deberá presentar un informe anual. Por otra parte, el Consejo aprobó el principio de una información al público, por mediación de los profesionales -cierto es-, pero que abarque ciertos puntos muy importantes, como los riesgos alimentarios de la contaminación. Se aprobó la preparación de estudios epidemiológicos y, por último, se aclararon ciertas partes del texto del Consejo que resultaban incomprensibles.
Sobre la comitología, una transacción permitió volver más aceptable el considerando y simplificarlo. Por desgracia, no se aceptaron algunas enmiendas, en particular en lo relativo al programa de prevención de las alergias relacionadas con la contaminación y sobre todo la delegación del Parlamento tuvo que comprobar la firmeza del Consejo respecto del plan financiero del programa. Habíamos pedido siete millones de ecus, en lugar de 3, 9 millones. Resultó que, en vista de las negociaciones sobre la Agenda 2000, varias delegaciones del Consejo habían recibido instrucciones de no hacer concesión alguna sobre la cuestión presupuestaria. Sin dejar de lamentar esa situación, la delegación del Parlamento aceptó el importe de la posición común, a reserva de una declaración común de las tres instituciones, relativa a la propuesta de la Comisión encaminada a formular un nuevo programa-marco en la esfera de la salud pública, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Dicha declaración reza así: «El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que entre las cuestiones prioritarias que se tratarán en el marco de futuros programas de salud pública, prestarán atención particular a las enfermedades poco comunes y a las enfermedades relacionadas con la contaminación y tendrán debidamente en cuenta las consecuencias presupuestarias necesarias».
En conclusión, nuestra delegación considera positivos los resultados de este procedimiento de conciliación sobre este programa, que, junto con el relativo a las enfermedades poco comunes, es el último de una serie de programas en la esfera de la salud pública. En consecuencia, nuestra delegación recomienda que el Parlamento apruebe la decisión legislativa, conforme al texto del proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación.

Liese
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quisiera expresar, también en nombre de mi Grupo, mi agradecimiento y mi reconocimiento al ponente, Sr. Cabrol, por la manera en que ha conducido las negociaciones. Yo creo que el tema es muy importante: la relación entre la contaminación del medio ambiente y la salud. También es un tema que preocupa mucho a la población en Europa y no me convence que se diga que sólo se trata de temores exagerados.
La contaminación del medio ambiente tiene repercusiones para la salud y debemos prestar mayor atención a este hecho. El presente programa sólo puede aportar, sin embargo, una contribución muy modesta. No puede resolver el problema de las enfermedades relacionadas con la contaminación, sino sólo elaborar estrategias o contribuir a su elaboración. Por esto, nuestro Grupo abogó desde el principio, a diferencia de la Comisión y también del grupo del Partido Socialista Europeo, por la necesidad de que podamos contar muy pronto con un programa integrado en el que confluyan todos los aspectos de la salud pública, incluido también el presente programa. Por esto nos opusimos ya en la primera lectura a que su duración sea de cinco años y apoyamos que fuese de tres. A pesar de ello, rechazamos la reducción de los recursos financieros que, lamentablemente, se propuso introducir el Consejo de Ministros y que al fin también adoptó, ya que con un montante un poco más elevado se hubiese podido hacer más ya en los primeros tres años, también en cuanto a la preparación de un programa completo de salud.
Yo lamento muy especialmente que como resultado se hayan suprimido las acciones concretas, en el ámbito de las alergias, por ejemplo, y también lamento, en particular, al igual que mi Grupo, que ya no se mencionen explícitamente los grupos de autoayuda, ya que pienso que si la Unión Europea apoya dichos grupos de autoayuda y el intercambio entre los mismos, podríamos obtener un auténtico valor añadido, y esto lamentablemente ya no consta de manera explícita en el programa. No obstante, yo me permito instar a la Comisión a que apoye especialmente, en el marco de las posibilidades que ofrece el programa, a los grupos de autoayuda que se ocupan de las enfermedades relacionadas con la contaminación y de la lucha contra las mismas.
A mi modo de ver y en opinión de mi Grupo, es muy importante que el programa no se limite a generar cementerios de cifras, pues aunque queda muy bien reunir datos a escala europea, todo ello no nos servirá de nada si no se actúa de manera concreta. La Comisión y el Consejo de Ministros se han mostrado demasiado indecisos en anteriores ocasiones. Por ejemplo, en el caso de los gases de escape de los automóviles, el Parlamento tuvo que imponer la adopción de unas normas rigurosas y que en Europa se aborde de manera eficaz la problemática de la capa de ozono.
A mi parecer, también tenemos que considerar los aspectos asociados a la salud en relación con el tema del CO2 , pues con el calentamiento del clima aparecerán también en Europa enfermedades que hasta ahora sólo se dan en los trópicos al igual que otros problemas. También son precisas acciones concretas en el ámbito de la protección de la salud del consumidor o de lo contrario el programa carecerá de sentido. Deberíamos incorporar asimismo las recomendaciones que se elaboren a partir del programa a nuestra legislación en otros ámbitos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Enfermedades poco comunes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0166/99) del Sr. Viceconte, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el borrador común del Comité de Conciliación sobre la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo por la que se aprueba un programa de acción comunitario 1999-2003 sobre las enfermedades poco frecuentes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública (3602/99 - C4-0124/99-97/0146(COD)).
Doy la palabra al Sr. Parodi quien sustituye al señor ponente, Sr. Viceconte.

Parodi
Señor Presidente, en la conciliación, el pasado 4 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el programa de acción sobre las enfermedades poco comunes, del cual es ponente el Sr. Viceconte y que fue debatido por el Parlamento Europeo en primera lectura el pasado 11 de marzo y en segunda lectura el 8 de octubre. El programa de acción comunitario tiene una duración quinquenal, del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2003, y su objetivo principal es mejorar la información sobre la enfermedades poco comunes que afectan a menos de cinco personas de diez mil en la Unión, pero que precisamente por esto son aún más peligrosas.
En la conciliación, el pasado 4 de febrero, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo, en particular en lo referente a la creación de una red europea de información sobre las enfermedades poco comunes y su correspondiente acceso, el estímulo y el respaldo a los especialistas en la materia a fin de mejorar el diagnóstico precoz, la identificación y la prevención de las enfermedades poco comunes, la cooperación transnacional entre las organizaciones de voluntarios, la creación de redes entre grupos de personas directa o indirectamente implicadas, la coordinación a escala comunitaria, el apoyo de la Unión a la vigilancia de las enfermedades poco comunes en los Estados miembros, la formación y la actualización de los conocimientos entre profesionales y la promoción de redes de expertos interesados en la respuesta rápida al fenómeno de las agrupaciones.
Quisiera destacar algunos puntos fundamentales. El primero es que el programa de acción afecta al sector de la información, en particular a la creación de una red europea coherente y complementaria de información sobre las enfermedades poco comunes y el acceso a la misma utilizando las bases de datos existentes. La creación de una red europea es fundamental. El diagnóstico precoz es, de hecho, trascendental y en la actualidad no existe una base de datos a escala comunitaria; sólo Francia, con su sistema Orphanet, dispone de una base de datos sobre las enfermedades poco comunes.
La segunda acción prioritaria está constituida por la formación y la actualización de los conocimientos de los profesionales con miras a mejorar el diagnóstico precoz, la identificación, la intervención y la prevención. Otro elemento es la promoción de la cooperación transnacional y la conexión en red de grupos de personas directa o indirectamente afectadas por dichas enfermedades poco comunes o de voluntarios y de profesionales de la salud implicados, así como la coordinación a escala comunitaria, al objeto de fomentar la continuidad del trabajo y la cooperación transnacional.
Otro punto significativo es el respaldo a escala comunitaria en favor del seguimiento y control de las enfermedades poco comunes en los Estados miembros y los sistemas de alerta rápida de las agrupaciones, así como la promoción de la conexión en red y la formación de expertos interesados en la gestión de dichas enfermedades y en una respuesta rápida.
Este programa, junto con el programa para las enfermedades relacionadas con la contaminación, cuyo ponente es el Sr. Cabrolo, que también va a ser votado mañana, se inserta en el marco de actuación comunitaria en el sector de la salud pública: un sector que -lo venimos repitiendo desde hace mucho- necesita una ampliación, teniendo en cuenta que no abarcamos los grandes azotes de la salud, sino a esas pocas personas que sufren y mueren porque nadie las tiene en cuenta.
Consideramos, por tanto, un deber llevar a cabo estas acciones. Lamentablemente, la financiación de 6, 5 millones de euros que fue establecida para el quinquenio 1999-2003 no es en absoluto suficiente. Basta pensar que la National Organization for Rare Deseases ha destinado 3, 2 millones de dólares en los últimos tres años en los Estados Unidos y que Francia ha gastado, para el sistema primario de ejercicio de la base Orphanet, 3 millones de francos. Sin embargo, es un paso hacia una política de salud comunitaria más decidida y eficaz, como tendría que llegar a ser esa política tras las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam.
Este informe lleva a una conclusión. Permítanme decir, aunque supero el tiempo que me ha sido concedido -pero quizás, después de 15 años, es la última vez que hablo en este Pleno y esto tiene para mí un gran significado- que la salud no puede formar parte de otros ámbitos. Es preciso que el Parlamento Europeo tenga el valor decisorio de crear un único contexto de debate para la salud porque no es cierto que las enfermedades han disminuido. Creo que nos encontramos ante un futuro muy difícil: sólo si nos ponemos de acuerdo todos los quince Estados, podremos salvar la salud que es el bien fundamental de cada uno de nosotros. Sin salud no se puede ni siquiera hacer política.

Tamino
Señor Presidente, yo también creo que finalizar la actividad del Parlamento Europeo en materia de política de salud con dos programas -éste que estamos debatiendo sobre las enfermedades poco comunes y otro sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación- pone de manifiesto la importancia que atribuimos a la política de salud. En particular, creo que es necesario resaltar el problema de las enfermedades poco comunes porque se trata de un típico argumento que puede ser abordado únicamente a escala internacional y transnacional. Por esto es fundamental la cooperación en el ámbito de la Unión Europea y por eso hemos atribuido mucha importancia al programa. Por tanto, es con satisfacción que hemos alcanzado durante la conciliación un acuerdo sobre la mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento.
Sin embargo, debemos lamentar el hecho de que la financiación del programa haya quedado reducida a unos niveles considerados especialmente insatisfactorios y confiamos en que en la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión -que señalan que en el futuro deberá otorgarse mayor espacio, también desde el punto de vista presupuestario, tanto a este programa como al programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación- merezcan un seguimiento adecuado en el próximo Parlamento y en la próxima Comisión.

Flynn
En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido: Profesor Cabrol, Sr. Parodi, Sr. Liese y Sr. Tamino. Les doy las gracias por sus intervenciones y por su continuado apoyo al desarrollo de la salud pública en la Unión.
Acojo con satisfacción los textos conjuntos aprobados por el Comité de Conciliación el 4 de febrero de 1999 sobre las enfermedades poco comunes y los programas de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. Los puntos de diferencia entre el Parlamento y el Consejo han quedado por fin resueltos, como ha indicado el Profesor Cabrol. Espero que el papel que han desempeñado mis servicios y la acción que yo mismo emprendí en ayuda de estos textos de compromiso hayan sido de utilidad y que, por fin, hayamos llevado las cosas a buen puerto.
Sé que al Parlamento no le ha gustado mucho que los recursos presupuestarios para ambos programas fueran tan limitados. En el contexto de las actuales perspectivas presupuestarias habría sido difícil, sin embargo, lograr mucho más en este sentido. No obstante, sobre la base de la propuesta de declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, ahora nos encontramos en una situación en la que cabe prever una mejor atención a estas cuestiones en el contexto del nuevo programa marco sobre la salud pública. Espero que el Parlamento ratifique hoy los textos conjuntos y la declaración común. Puedo confirmar el compromiso de la Comisión respecto a las declaraciones acordadas en el Comité de Conciliación.
Permítanme que haga hincapié, desde la perspectiva de la Comisión, en la gran importancia que atribuimos a estos dos programas, a pesar de que básicamente, respecto a su duración y alcance, sólo constituyen un primer paso en la dirección acertada. Tengo grandes esperanzas de que el Parlamento Europeo apruebe ambos programas aquí esta noche y que avancemos con rapidez hacia su entrada en vigor.
El Sr. Liese ha hecho dos observaciones: una es relativa a los grupos de autoayuda. Quisiera asegurarle que tenemos la intención de que en el futuro marco de entendimiento esperamos estar en una posición mejor y tener auténtica capacidad para hacer algo en ayuda a los grupos de autoayuda.
Quisiera indicar asimismo que el artículo 152 del Tratado de Amsterdam nos impone la obligación de tener en cuenta otras políticas comunitarias en el desarrollo de nuestros programas de salud.
Por último, me dirijo a usted, señor Parodi. Puede que ésta sea su última contribución al desarrollo de nuestros programas de salud pública, pero su contribución ha sido importante. La observación que hizo relativa a que los Estados Unidos están por delante de nosotros en estos asuntos ha sido bien recibida. Pero me gustaría que reconociera conmigo que quizás ahora tenemos aquí la posibilidad de dar un buen primer paso para intentar achicar distancias. Con la entrada en vigor del nuevo marco estaremos a la altura de ellos. Espero que en su jubilación reconozca que usted ha hecho una contribución considerable al desarrollo de estos programas.
Quisiera decir unas palabras de especial agradecimiento al Profesor Cabrol por su continua dedicación a estas cuestiones y por su compromiso durante el tiempo que he permanecido en contacto con el Parlamento Europeo.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Se levanta la sesión a las 22.50 horas

