Aprobación del acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?.

Cornelissen
Señora Presidenta, Señorías, anoche tuvo lugar un grave accidente de aviación en el aeropuerto de Eindhoven, a siete kilómetros de mi domicilio. En el accidente hubo que lamentar 32 muertos y 9 heridos. Muchos cientos de familias en Bélgica y los Países Bajos están de luto. En nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, y en nombre de los miembros neerlandeses y belgas del Parlamento Europeo, quiero rogarle, señora Presidenta, que transmita el pésame del Parlamento Europeo a las familias de los heridos y de las víctimas mortales. Hoy examinaré con el Sr. Kinnock la posibilidad de que la Comisión Europea participe en la investigación de las causas del accidente, pues es sumamente importante que extraigamos las lecciones necesarias de estos trágicos accidentes.

El Presidente
Señor Cornelissen, estoy segura de que esta Asamblea suscribe sus palabras de simpatía y de pésame.

Mann, Thomas
Señora Presidenta, yo tengo una pregunta en relación con el orden de los trabajos de ayer. Éste se aprobó conjuntamente con la aprobación definitiva del orden del día. Lo que yo debo plantear ahora es cómo es posible que se adelante un día el examen de un informe, concretamente el relativo a los servicios de asistencia en tierra. Es admisible esperar que nosotros, en nuestra calidad de eurodiputados, estemos en disposición de dedicar una hora y media a desarrollar un debate. Pero qué ocurrirá en el caso de las ciudadanas y ciudadanos que han cogido el avión esta mañana temprano para seguir en directo el debate esta tarde, cuando se tratase el tema de los servicios de asistencia en tierra, y que han reservado un hotel para pasar aquí la noche, con objeto de poder estar presentes mañana en el momento de la votación.
Todos los esfuerzos realizados para garantizar el carácter público de nuestras sesiones y ofrecer a las ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de asistir a las mismas quedan reducidos totalmente al absurdo por esta modificación.

El Presidente
Tomo nota de sus observaciones, pero se trata de una decisión tomada por la Conferencia de Presidentes y confirmada por el Parlamento.
¿Hay alguna otra observación?

Gutiérrez Díaz
Señora Presidenta, tengo que solicitar su indulgencia con mis faltas ya que ayer no firmé la lista de presencia. Es responsabilidad personal mía pero he pensado que, tal vez, podría usted atestiguar que estuve presente y, por lo tanto, subsanar mi ausencia. En todo caso, me disculpo porque la responsabilidad es personal.

Gallagher
Señora Presidenta, ¿podría usted expresar al Gobierno británico la indignación de los diputados a esta Asamblea ante el trato dado a quienes la semana pasada protestaban en Garvaghy Road, Portadown, y por el hecho de que pequeños sectores de la comunidad provoquen una paralización de la vida comercial de Irlanda del Norte?
(El Acta queda aprobada)

Decisión sobre la urgencia
Santini
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Agricultura pido a todos los colegas que voten a favor de esta urgencia. Fundamentalmente, se trata de un acto que enmienda una situación que se ha agravado en estas últimas fechas. En mi informe sobre los precios agrícolas propuse una rebaja del 10 % para la retirada de tierras, medida que se consideró que se apartaba mucho de la que propuso la Comisión. Ahora, la Comisión propone, justamente, el 5 % y es lo que los agricultores están esperando en este momento. Sin embargo, debemos votar el informe Gillis esta semana, habida cuenta de que al principio de la próxima, los días 22 y 23 de julio, se reúne el Consejo que deberá ratificar lo que vamos a decidir. En consecuencia, recomiendo encarecidamente la adopción de dicho informe en esta sesión.

El Presidente
¿Desea alguien pronunciarse en contra? No es el caso.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Libre circulación de personas
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0095/96 del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(95)0348 - C4-0357/95-95/0202(COD)) por la que se modifica la Directiva 68/360/CEE sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios; -A4-0219/96 del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(95)0347 - C4-0468/95-95/0201(CNS)) relativa a la supresión de los controles sobre las personas en las fronteras interiores; -A4-0218/96 del Sr. Linzer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(95)0346 - C4-0420/95-95/0199(CNS)) relativa al derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad.
Lehne
Señora Presidenta, Señorías, para empezar quisiera hacer una pequeña observación sobre la distribución del tiempo de uso de la palabra: en nuestro Grupo habíamos llegado a un acuerdo algo distinto, según el cual el tiempo de uso de la palabra correspondiente a la Sra. Mosiek-Urbahn se repartiría entre el colega Nassauer y yo mismo, a fin de que yo pudiera disponer de algo más de cinco minutos para mi intervención.
Los antecedentes de las tres propuestas que nos ocupan se remonta, de hecho, a mucho tiempo atrás. El antiguo Tratado de la Comunidad Europea ya preveía algunas disposiciones relativas a la creación de un mercado interior comunitario en Europa. El Parlamento siempre ha propugnado que éste debía incluir, obviamente, también el derecho a la libre circulación sin controles fronterizos entre los Estados de la Unión Europea y anteriormente de la Comunidad Europea. Durante largo tiempo no conseguimos ponernos de acuerdo con el Consejo sobre esta cuestión y también la Comisión se mostró reacia durante mucho tiempo a emprender acciones para promover la presentación de propuestas legislativas concretas encaminadas a lograr la supresión de los controles fronterizos en Europa. En consecuencia, como primer paso, varios Estados miembros decidieron tomar la iniciativa y establecieron mediante el Convenio de Schengen un acuerdo extraordinario, paralelo en cierto modo a los Tratados europeos, gracias al cual ha sido posible hacer realidad en la práctica este objetivo del mercado interior, o sea la supresión de los controles fronterizos, al menos en una parte de la Unión Europea.
Ante la falta de iniciativa de la Comisión, el Parlamento Europeo interpuso hace algunos años un recurso en su contra ante el Tribunal de Justicia Europeo por omisión en relación con la supresión de los controles fronterizos. La nueva Comisión, previa ratificación de esta Asamblea, tal como era preceptivo, modificó visiblemente su posición al respecto, gracias a la mediación del señor Comisario Monti, y cursó las tres propuestas de directiva encaminadas a hacer realidad la definitiva supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea. Por mi parte, yo quiero manifestar ante todo que acogemos con gran satisfacción estas propuestas de la Comisión y respaldamos sus actuaciones en relación con este tema.
Ahora quisiera hacer algunas observaciones sobre las tres propuestas. Una de ellas -concretamente, la que es objeto de mi propio informe- es la propuesta por la que se modifican otras dos Directivas anteriores, que desarrollan los artículos 48 y siguientes del Tratado, es decir los derechos de ciudadanía de los ciudadanos de la Unión Europea. En ella se regula, en el marco del sistema jurídico vigente, que en el futuro no podrán aplicarse controles en las fronteras interiores a los trabajadores, a las personas, que deseen ejercer el derecho al libre establecimiento y a la libre prestación de servicios, siempre que sus desplazamientos tengan lugar dentro del mercado interior.
Las otras dos propuestas se refieren a la supresión de los controles sobre las personas y a la libre circulación de los nacionales de terceros países, que residan legalmente en la Unión Europea. Lo cual es muy lógico, puesto que un funcionario de fronteras obviamente no puede distinguir sin controlar su pasaporte si la persona es un nacional de un tercer país que reside legalmente en la Unión Europea o si se trata de un ciudadano de la Unión Europea.
Quizás convenga añadir algunas observaciones adicionales en relación con mi informe, como resultado del examen en las comisiones competentes, en particular la Comisión de Libertades Públicas y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. La directiva en cuestión está sujeta al procedimiento de codecisión, se trata por lo tanto de una típica directiva relativa al mercado interior, ámbito en el cual el Parlamento Europeo dispone de muy amplias competencias a partir del Tratado de Maastricht. Mi informe se diferencia en este aspecto de los otros dos sobre los cuales debemos decidir hoy, así como de las otras dos directivas, que tienen como fundamento jurídico el artículo 100 y que deben ser adoptadas por unanimidad por el Consejo, si bien el Parlamento será escuchado, pero sólo en el marco del procedimiento de consulta.
Por lo tanto, nos asiste un firme derecho a participar en las decisiones sobre la libertad de desplazamiento de los trabajadores y el ejercicio de su derecho al libre establecimiento y la libre prestación de servicios. Puesto que acogemos con satisfacción y apoyamos por principio las citadas propuestas, también deberíamos completar con toda celeridad su examen en el Parlamento y allanar con nuestro voto el camino para que el Consejo pueda adoptar una pronta decisión al respecto.
Sin embargo, acaba de producirse una nueva circunstancia. Como ustedes saben desde la semana pasada, la Presidencia irlandesa ha propuesto por propia iniciativa un proyecto de acción común en relación con la libre circulación de los nacionales de terceros países en el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del artículo K3. Esta actuación constituye, a mi parecer, un claro atentado contra las consideraciones aquí expuestas por la Comisión y por el Parlamento con respecto al fundamento jurídico. El tema de la supresión de los controles interiores entra claramente, a nuestro entender, en el ámbito del mercado interior y, en el fondo, también forma parte de las competencias decisorias institucionales de la Unión Europea y no puede ser decidido exclusivamente por el Consejo de Ministros mediante un proyecto de acción común.
Esto modifica las circunstancias, puesto que obviamente es del todo improcedente que el Consejo actúe en cierto modo por su cuenta y riesgo y cabe suponer que con conocimiento de las otras deliberaciones en curso, al margen del proceso de formación de opinión y de decisión desarrollado en el Parlamento y anteriormente en la Comisión. Tendremos que plantearnos si el Parlamento debe dar una respuesta, si podemos someter siquiera a votación estas cuestiones y adoptar hoy una decisión, o si por el contrario deberíamos devolver este asunto a las comisiones competentes, a fin de poder contar con un dictamen del Consejo sobre esta nueva actuación de la Presidencia irlandesa.
Finalmente, una última observación en relación con mi informe: se han presentado diversas enmiendas encaminadas a incluir también en el texto la libertad de desplazamiento de los nacionales de terceros países. En mi opinión, esto no es jurídicamente procedente, puesto que el informe Lehne y la correspondiente propuesta de la Comisión tienen como fundamento jurídico los artículos 48 y siguientes del Tratado, que definen los derechos de los ciudadanos. Por este solo motivo no es posible hacer extensivo este informe a los nacionales de terceros países. Por razones de orden exclusivamente jurídico, no es posible regular este aspecto en el marco de esta directiva y éste sólo puede incluirse en las otras dos.

Ford
Señora Presidenta, quisiera decir que tengo el gusto de participar, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, en este debate conjunto sobre el informe Lehne, el informe Linzer y mi propio informe sobre la directiva del Consejo relativa a la eliminación de los controles de las personas en las fronteras interiores.
Dichos informes se desprenden directamente del Tratado de Roma, que estableció en época muy temprana un compromiso para con la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Por desgracia, en la Unión Europea, mientras que los tres primeros circulan libremente, ha habido mucha más resistencia a la libre circulación de personas. Resulta absolutamente decisivo para el futuro de la Unión que se permita a los ciudadanos de Europa -el grupo principal que constituye Europa, podríamos decir- circular libremente por la propia Unión.
La Comisión ha tardado mucho en presentar propuestas a este respecto, tanto ha tardado, de hecho, que este Parlamento, durante el último período de sesiones y a instancias de Amédée Turner, el presidente británico conservador de la Comisión de Libertades Públicas, incoó un procedimiento judicial contra la Comisión, en vista de su inacción.
El segundo resultado fue el de que, como la Comisión no actuaba, el Consejo estableció el sistema de Schengen, organización semiclandestina que no rinde cuentas ni informa al Parlamento, lo que significa que la libre circulación no ha seguido el rumbo que habríamos deseado. Y después, justo cuando el Tribunal Europeo estaba a punto de adoptar medidas contra la Comisión, la nueva Comisión y el nuevo Comisario, Sr. Monti, presentaron estas propuestas. La primera vez que las vi, abrigué dudas sobre si constituirían una propuesta auténtica, porque iban unidas a toda una serie de medidas de acompañamiento que amenazan con contrarrestar las propuestas y hacer que nunca lleguen a aplicarse.
En esos sectores se requiere la unanimidad y el actual Gobierno británico ha dicho que no votará a favor de dichas propuestas, por lo que no se podrán aplicar. Naturalmente, se puede cambiar el actual Gobierno británico y eso es algo que puede ocurrir en el futuro. Pero más importante es, desde el punto de vista de las medidas de acompañamiento, que la directiva sobre las fronteras exteriores esté vinculado con la controversia hispano-británica sobre Gibraltar. Pese a la clara situación jurídica, resulta también más que evidente que no hay solución fácil para ese problema. Cuando tanto el gobierno como la oposición de España y del Reino Unido están tan comprometidos con su posición actual, resulta evidente que la directiva sobre las fronteras exteriores no entrará en vigor próximamente. Existen problemas similares con el Convenio de Dublín.
El Grupo Socialista quiere un conjunto claro, no adulterado, no recargado de propuestas que se ciña a los principios fundamentales de la libre circulación y no lleve medidas de acompañamiento. Cuanto más diverjan las propuestas de la Comisión y del Parlamento de esos principios claros más difícil resultará al Grupo Socialista apoyarlas.
Sí, desde luego, convenimos en que habrá que adoptar otras medidas para que se apliquen estas propuestas, pero deben desprenderse de un acuerdo y no precederlo. Sabemos que los Estados miembros, si no les queda más remedio, llegarán muy pronto a un acuerdo sobre la seguridad y otras cuestiones, pero, mientras puedan utilizarlas como oportunidad para bloquear las propuestas, no se avanzará.
También convengo con el Sr. Lehne respecto del proyecto de propuesta sobre medidas conjuntas que se ha presentado en los últimos días. Es evidente que ha complicado la situación y tal vez debamos devolver los tres informes a comisión para ver cómo les afecta la nueva propuesta sobre el proyecto de programa de medidas conjuntas. Los ciudadanos de Europa tienen derecho a esperar avances substanciales en este sector. La Comisión no nos lo ha ofrecido de la forma más clara posible. Esperamos que la Comisión y el Consejo actúen y el Grupo Socialista -y el Parlamento, espero- votarán en consecuencia.

Linzer
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tengo el honor de presentar hoy ante esta Asamblea, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, un informe que se ocupa del derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad.
Este informe se propone ofrecer por fin a los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en un Estado miembro, y a los familiares de ciudadanos de la Unión que no posean la nacionalidad de un Estado miembro, la posibilidad de hacer viajes de corta duración al territorio de otro Estado miembro bajo unos requisitos simplificados.
Por lo que respecta a mi informe, puedo afirmar ya de antemano que la propuesta de la Comisión no modificará de hecho sustancialmente la situación práctica. Toda vez que en realidad prácticamente ya no se llevan a cabo controles en las fronteras y éstos incluso han quedado abolidos con carácter general entre los Estados signatarios del Convenio de Schengen, la presente propuesta de la Comisión, elaborada sobre la base del artículo 100 del Tratado CE tiene sobre todo por objeto establecer el marco jurídico adecuado para una situación que ya se da en la práctica.
Mi informe tiene como base una de las tres propuestas remitidas a nuestra comisión y elaboradas por la Comisión en cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del artículo 7 A del Tratado CE. El citado artículo 7 A se refiere a la realización del mercado interior, que debía completarse el 31 de diciembre de 1992. Este mercado interior debía constituir un espacio libre de fronteras arancelarias, dentro del cual debería estar garantizada, de conformidad con las disposiciones del Tratado, la libre circulación de mercancías, de servicios, y de capitales y también -y este es el tema de la presente sesión- la libre circulación de personas. Mientras tanto ya estamos en 1996, dicho sea sólo a modo de recordatorio, y sólo hoy podemos debatir en el Pleno estas tres propuestas de directiva de la Comisión destinadas a cumplir las obligaciones antes citadas.
Han transcurrido más de tres años y medio antes de que el Parlamento Europeo pudiera examinar por fin unas propuestas concretas de la Comisión, las cuales a pesar de todo acogemos con satisfacción. No obstante, si ahora contamos con estas propuestas sólo ha sido gracias a que la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores tomó la iniciativa ya en 1993 y exhortó en la práctica a la Comisión a presentarlas, por medio de un recurso por omisión interpuesto en su contra. La principal finalidad de mi informe es aclarar la situación y facilitar el ejercicio del derecho a viajar para los nacionales de terceros países que han entrado en un Estado miembro provistos de un visado y durante su estancia en el mismo desean hacer una breve visita a otro Estado miembro, al igual que para los nacionales de terceros países residentes en un Estado miembro con autorización de residencia que deseen visitar otro Estado miembro de la Comunidad.
El hecho de que el derecho de entrada y permanencia para los nacionales de terceros países, incluso para breves estancias, esté regulado por disposiciones internas propias de cada Estado miembro, sin que exista una coordinación ni una armonización entre las misma, crea indiscutiblemente nuevas barreras burocráticas para los ciudadanos individuales. Para que la presente directiva sea eficaz es decisivo, por lo tanto, que el ejercicio del derecho a viajar quede desgajado del requisito de nacionalidad y se apoye en el principio de la equiparación de los documentos de residencia y los visados y en el principio del reconocimiento mutuo de los visados.
Llegados a este punto, yo quiero señalar con toda firmeza que la credibilidad política de la Unión depende precisamente del funcionamiento del mercado interior y, sobre todo, de la realización del principio de la libre circulación de personas. Una laguna en la realización general del mercado interior supone también una pérdida de la confianza de una gran mayoría de los ciudadanos de Europa. Aun así, a veces no puedo evitar tener la impresión de que algunas de las instituciones copartícipes no son plenamente conscientes del alcance de esta responsabilidad. La actitud con que abordan la Comisión y el Consejo la plena transposición del derecho a la libre circulación de personas indica cuán importante sería una mayor participación del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo. Sólo me queda la esperanza de que la Conferencia Intergubernamental se salde con un pleno éxito para el Parlamento Europeo también en este ámbito.
¿Quién si no nosotros, los legítimos representantes democráticos de los pueblos de Europa, podrá velar con la firmeza necesaria por los intereses de los ciudadanos? La actitud de la Comisión cuando condiciona, tal como se desprende de los numerosos comunicados de las últimas semanas, la plena realización de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea a la transposición de acuerdos complementarios y medidas complementarias, sobre todo en los ámbitos de las disposiciones que regulan la concesión de asilo y de visados para los nacionales de terceros países, demuestra, a mi entender, que ha aprendido muy poco de los acontecimientos de los últimos años. Estas medidas complementarias son, al parecer, imprescindibles en opinión de la Comisión para obtener el apoyo de los Estados miembros, pero yo sostengo que ambas categorías de problemas deben considerarse por separado. Juntamente con la aprobación de las presentes directivas, cuya finalidad es conceder a los ciudadanos el derecho a viajar libremente de un Estado miembro a otro, los Estados miembros deben contraer la obligación de ocuparse más activamente y con mayor eficacia de establecer los instrumentos para la transposición de estas medidas.

Oddy
Señora Presidenta, las propuestas de la Comisión sobre este sector son dignas de beneplácito. El artículo 48 del Tratado de Roma estableció un derecho fundamental de libre circulación de sus ciudadanos. Dicho derecho se amplió a la libre circulación de personas y el Tribunal de Justicia, en su jurisprudencia, ha ampliado los derechos a la libre circulación. Creo que se trata de un puntal muy importante para la consecución de un mercado único, por lo que apoyo las propuestas del informe Lehne, que se limitan a ampliar derechos existentes.
También quiero apoyar el informe Linzer, que concede el derecho a viajar por la Comunidad a los nacionales de terceros países. Se trata de un derecho muy nuevo, pero importante, y, por mi experiencia en mi circunscripción, sé que intensificará los vínculos académicos y profesionales entre la Unión Europea y otros países. Tiene una vertiente humana, en el sentido de que permitirá visitas a familias con motivo de bodas, entierros y enfermedades. También intensifica los vínculos culturales en la Unión Europea. Muchas personas quieren venir a Europa para ver nuestro patrimonio cultural y eso es -creo yo- una parte importante de nuestra economía y también de nuestros vínculos con el resto del mundo. No plantea problemas a los Estados miembros, porque no tiene repercusiones en el empleo ni en las prestaciones sociales. Eso queda perfectamente claro en el texto, por lo que los Estados miembros no tienen motivo para preocuparse. También establece y subraya el derecho de los Estados miembros a expulsar a personas que representen una amenaza para la seguridad pública y creo que las salvaguardas son totalmente adecuadas, por lo que se deben excluir las palabras «o las relaciones internacionales de dicho Estado».

Martin, David
Señora Presidenta, como otros diputados, acojo con beneplácito las tres propuestas de la Comisión para hacer realidad la libre circulación. Las considero un intento auténtico y realista de lograr objetivos de la Comunidad Europea establecidos desde hace mucho y muy preciados.
Me refiero en particular al informe Linzer sobre el derecho a viajar para los nacionales de terceros países. El objeto de esta propuesta es el de armonizar las disposiciones nacionales relativas al derecho de los nacionales de terceros países a viajar y permanecer dentro del territorio de la Unión. En el momento actual, ese tipo de viaje está regulado por disposiciones nacionales divergentes, la mayoría de las cuales requieren que los nacionales de terceros países estén legalmente presentes en el territorio de otro Estado miembro para obtener visados. Constituye un insulto a los nacionales de terceros países que viven legalmente y sujetos a las condiciones idóneas en el Estado miembro y algunos de dichos nacionales pueden ser nacionales de terceros países de segunda o tercera generación.
Por ejemplo, en mi país los ciudadanos paquistaníes e indios, con vistas a mantener las relaciones con su país de origen, con frecuencia prefieren conservar su nacionalidad paquistaní o india. Vivirán toda su vida en el Reino Unido y, sin embargo, tienen que pedir visado para viajar a algunos Estados miembros de la Unión Europea. Esa situación quedaría resuelta con la propuesta de la Comisión y podrían cruzar las fronteras libremente en las mismas condiciones que otros ciudadanos de la Unión Europea. Como ha dicho la Sra. Oddy, esta propuesta no entrañaría el derecho a trabajar ni otros derechos de establecimiento. Es simplemente un derecho a viajar.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tiene dos preocupaciones. Una es la de que nos preocupa que la Comisión decidiera añadir a las razones normales para la expulsión de un Estado miembro las palabras «amenaza a las relaciones internacionales de dicho Estado». El Tratado tiene una formulación -ya puesta a prueba en el Tribunal Europeo- que permite la expulsión por amenazas al orden o la seguridad públicas, pero nunca habíamos visto esa expresión «amenaza a las relaciones internacionales». Espero que la Comisión considere la posibilidad de suprimir esa frase, como han pedido la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Eso significaría que los nacionales de terceros países, por ejemplo, podrían ser expulsados simplemente porque un tercer país se quejara de su presencia en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
La reciente iniciativa del Consejo complica el asunto un poco. Por una parte, acogemos con beneplácito que el Consejo dé muestras de interés por este asunto. Por otra, lamentamos que se trate de un asunto comprendido en el artículo K3 y, por tanto, correspondiente al tercer pilar, lo que reduce los derechos al respecto del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas, pero creemos que vale la pena examinar en serio la iniciativa del Consejo y probablemente apoyaremos la retirada de estos tres informes y su devolución a comisión.

Gil-Robles Gil-Delgado
Señora Presidenta, intervengo como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo en relación a dos de los informes, el Ford y el Linzer. La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo insistió, ante todo, en que quedase bien claro en el texto de los informes que si bien las propuestas de la Comisión para suprimir los controles sobre las personas en las fronteras interiores de la Unión Europea son unos proyectos buenos - y de cuya presentación se alegra la Comisión de Asuntos Sociales, pues aunque sea tardía, nunca es tarde si la dicha es buena- ello no debería significar que dichas disposiciones puedan estar subordinadas a la adopción o aplicación de medidas complementarias, ya se trate del convenio sobre cruce de fronteras exteriores o de cualesquiera otras. Y la Comisión de Asuntos Sociales se felicita de que tanto en el informe Ford como en el informe Linzer quede bien claro, mediante las enmiendas correspondientes, que las disposiciones a debate constituyen una obligación clara y propia de la Unión, que no está sujeta en modo alguno a esos condicionamientos.
En segundo lugar, la Comisión de Asuntos Sociales ha querido recordar que la supresión de todos los controles en las fronteras interiores no puede ser una medida aislada y que, al menos en cuanto se refiere a la libre circulación de trabajadores, hay que suprimir otros obstáculos que siguen existiendo: el estado incompleto del reconocimiento de los diplomas y de las cualificaciones profesionales, la ausencia de coordinación de los regímenes complementarios de la seguridad social y de los regímenes especiales de seguridad social, así como la fiscalidad de los trabajadores migrantes. Y ha pedido al Consejo y a la Comisión que adopten las medidas necesarias para suprimir esos obstáculos.
Por último, la Comisión de Asuntos Sociales ha insistido en que la puesta en marcha de estas disposiciones se acompañe de una vasta campaña de información. En estos momentos, ya se ha emprendido una campaña de información sobre el mercado interior por parte de la Comisión. Es necesario que los ciudadanos sepan que estos obstáculos desaparecen, y para ello no basta su publicación en un boletín oficial. Es necesario que estas medidas efectivas lleguen a conocimiento de todos los ciudadanos.

Caccavale
Señora Presidenta, Señorías, deseo recordar a todos lo que prometimos, lo que Europa se comprometió a hacer y las grandes expectativas que levantó el compromiso de Europa de crear la libre circulación de las personas antes del 1 de enero de 1993. Estamos en julio de 1996 y dicha libre circulación de las personas no ha sido realizada todavía. Es evidente que esto representa una clara violación del artículo 7A del Tratado de Maastricht signado por los Estados miembros y, si ello no bastara, está fuera de toda lógica y fuera de la que es la relación costes/beneficios que supone la falta de libre circulación de las personas. Me parece que en este momento nuestras obsoletas fronteras interiores no son capaces de detener absolutamente nada más -ni mercancías ni tráficos ni criminalidad- excepto a los honestos ciudadanos que están obligados a presentar cada vez sus documentos de identidad a nuestros estúpidos y obsoletos controles en las fronteras.
Hubo algo más, pues, a través del Convenio de Schengen, algunos Estados de la Unión decidieron superar el Tratado de Maastricht y su artículo 7A, que consagra dicho derecho a la libre circulación de las personas. Esto demuestra que cuando existe realmente la voluntad política de los Estados miembros, es posible la libre circulación de las personas, a pesar de todas las preocupaciones y múltiples reservas que pueden plantearse.
Sin embargo, es cierto que el Convenio de Schengen no es una iniciativa comunitaria, ni tampoco de Europa, ya que es una iniciativa de algunos Estados miembros. Por ello, considero que hay que superar todas las reservas y, digámoslo también, los pretextos que se dan a través de la cuestión de las medidas complementarias. El paquete presentado por la Comisión es un paquete que está en una línea correcta, sin embargo, creo que con relación a la cuestión de las medidas complementarias existen todavía unos pretextos y faltas graves de los Estados miembros, así como la falta de voluntad política para vencer este escollo. Creo que, a medida que van pasando los días sin que se realice efectivamente la libre circulación de las personas, damos un garrotazo, un golpe quizás irreversible a las esperanzas de los ciudadanos de ver realizada una Europa auténtica, unida y federal, sin todos esos visados, autorizaciones, títulos y burocracias que en la práctica están impidiendo su progreso.
En lo que concierne a la opinión sobre la supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad para la que fui designado ponente por la Comisión de Libertades Públicas, estimo que hay que comprobar si la propuesta de directiva es lo suficientemente completa en cuanto al problema de la libre circulación de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente, sean estos derechohabientes directos o indirectos; estudiar la posibilidad de presentar una lista única de documentos de residencia expedidos con arreglo a las cuatro o cinco directivas ya en vigor, para que se publique debidamente en el Diario Oficial, y que dan derecho a la libre circulación de las personas; examinar si dichos derechohabientes que no son ciudadanos de un Estado miembro tendrán los mismos derechos que un ciudadano comunitario y, por último, introducir una enmienda a este respecto.
A dicho fin, yo también creo que el Joint Action Programme, presentado por la Presidencia irlandesa, deberá ser reexaminado por la Comisión de Libertades Públicas y por la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento. Nuestro Grupo no va a oponerse en el supuesto de que se pida un nuevo examen y, por consiguiente, una devolución de este asunto a la Comisión. No obstante, repito, sin la libre circulación de las personas, Europa no va a existir.

Schulz
Señora Presidenta, Señorías, la libre circulación dentro de la Unión Europea es un proceso complejo en el caso de las personas. El colega Caccavale ha señalado muy acertadamente que en la Unión es posible transportarlo todo y todo puede cruzar sin trabas las fronteras, que oficialmente ya no existen. Sólo las personas no pueden circular en la Unión Europea con la libertad que todos nosotros desearíamos. Por este motivo, yo quiero volver a recordar hoy que el 1º de enero de 1993 se inauguró el mercado interior con grandes celebraciones y una viva satisfacción en toda la Unión Europea. ¿Pero qué saludamos en realidad con tanta satisfacción? ¿El hecho de que ahora cualquiera puede circular libremente dentro de la Comunidad de los quince con cualquier mercancía, cualquier servicio y cualquier paquete de capital bajo el brazo? ¡También esto! Pero nosotros -al menos en nuestro Grupo político- no nos congratulamos de que casi cuatro años después de esa fecha todavía no se hayan cumplido algunos requisitos fundamentales para hacer realidad el derecho de los ciudadanos a poder circular libremente en una Europa de nueva creación.
¿Y por qué no se ha hecho todavía realidad este derecho? El motivo es que una serie de Estados miembros de la Unión -más exactamente, los Gobiernos de estos Estados miembros- ven con recelo el hecho de que las ciudadanas y ciudadanos de sus países y las personas que, sin poseer la nacionalidad de los mismos, residen permanentemente allí, puedan circular libremente por la Unión. Esta mañana se han expuesto toda suerte de argumentos para limitar una libertad fundamental de las personas. Sin embargo, es absolutamente evidente que la abrumadora mayoría de las personas que viven en nuestra Unión -no conozco los porcentajes exactos, pero partamos de la base de que superan ampliamente el 90 %- son personas honradas, honestas y decentes, que en realidad deberían poder viajar sin trabas de un lugar a otro de la Unión, tanto si poseen el pasaporte de un Estado miembro como si son nacionales de terceros países con residencia permanente en la Unión. ¿Por qué desconfían los Gobiernos? ¿Por qué se restringe continuamente la libertad de movimientos de estas personas apelando a las malas acciones de algunos grupos minoritarios de criminales, traficantes de heroína, traficantes de armas o traficantes de personas, por ejemplo? Se trata, en efecto, de problemas concretos, pero éstos no pueden servir de argumento para limitar permanentemente la libertad de circulación.
Debemos dar un paso adelante de una vez y promover una ofensiva en favor de la confianza. Debido a las dilaciones, por cuya causa el Parlamento ha tenido que enfrentarse con el Consejo y con la Comisión, hoy estamos debatiendo estos informes después de que el señor Comisario, que se encuentra aquí presente, ya haya adoptado unas iniciativas que, aun siendo adecuadas, resultan insuficientes. Y en mitad del procedimiento nos llega la noticia de que la organización que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, que son los responsables de dichas dilaciones, o sea, el Consejo, ha vuelto a iniciar a espaldas del señor Comisario y del Parlamento un procedimiento con el cual al parecer pretende sustituir todo lo que hoy estamos debatiendo y en el cual no tendremos ninguna participación y, según parece, tampoco la Comisión. Por consiguiente, sólo es posible extraer una consecuencia: de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, solicitaremos el aplazamiento de la votación con objeto de tener la oportunidad de volver a examinar en las comisiones las presentes circunstancias -así lo prevé, en efecto, el artículo 60 del Reglamento-, pues es absolutamente inadmisible que los derechos de participación democrática, ya de por sí reducidos, en particular en el caso del Parlamento, se vean todavía más recortados por el hecho de que ahora, en el presente estadio de los debates, además pretenden burlarse de nuestra participación en el procedimiento de consulta con un hecho consumado establecido por el Consejo a nuestras espaldas, ignorando cuanto aquí se ha dicho. Yo considero que esto es algo que no podemos aceptar.

Nassauer
Señora Presidenta, Señorías, la libre circulación debería haberse hecho realidad en Europa antes del 1º de enero de 1993. Es decir que de acuerdo con la voluntad expresada en Tratado, que fue suscrito por los quince Estados miembros, hoy no deberíamos estar debatiendo sobre la introducción del derecho a la libre circulación, sino que nos correspondería examinar tal vez un informe sobre la experiencia de su aplicación y extraer las consecuencias necesarias para intentar conseguir nuevos progresos. El tema, sin embargo, no es éste.
No pretendo insinuar que el hecho de que hasta la fecha no se haya hecho realidad la libre circulación constituya una violación del Tratado, pero aun así contradice el compromiso solemnemente suscrito por la totalidad de los quince Estados. De hecho, no sólo debería haberse hecho efectiva la libre circulación de servicios y de capitales, sino que también los habitantes de Europa deberían poder participar de esta importante cláusula, en el auténtico sentido de la palabra. Debería ser posible viajar libremente en Europa y también deberíamos tener la oportunidad de comprobar en la calidad de ciudadanos las ventajas de nuestra participación en esta Unión Europea.
Pero no ha sido así. Tampoco pretendo decir que haya sido el Consejo, como tal, el que lo ha impedido; al contrario, deberíamos acostumbrarnos a afinar más en nuestras consideraciones. Son algunos Estados miembros los que no cumplen sus obligaciones derivadas del Tratado. Sólo una minoría mantiene esta actitud, apoyándose además en argumentos insuficientes. Se dice que no puede establecerse la libre circulación de personas así como así, porque los controles en las fronteras interiores han desempeñado hasta ahora un papel de considerable importancia en la lucha contra la criminalidad.
¡Esta es una perspectiva francamente desfasada, Señorías! Ningún experto puede seguir defendiéndola en la actualidad. Es francamente ridículo afirmar que no es posible combatir la criminalidad sin controles en las fronteras. Si esto fuera cierto, en Alemania deberíamos restablecer los controles fronterizos entre Baviera y Hessen, si en efecto fuesen necesarios para combatir la criminalidad. Esto es impensable. Actualmente es preciso luchar contra la criminalidad con instrumentos muy distintos, como por ejemplo la Europol y los sistemas de procesamiento de datos de los que se la ha de dotar. ¡Estos son los procedimientos modernos de lucha contra la delincuencia! Y, curiosamente, quienes obstaculizan su aplicación son los mismos que se niegan a concedernos el derecho a la libre circulación en la medida establecida en el Tratado.
Uno de los conceptos clave es el de las medidas complementarias. Es cierto que el Consejo todavía debe completar algunos trabajos previos antes de que pueda hacerse efectiva la libre circulación de personas. En efecto, en la práctica no es posible suprimir sencillamente los controles en las fronteras sin establecer algún sustitutivo que cubra las posibilidades de control que así se pierdan. En el futuro, debe quedar claro que cualquiera que entre en un Estado miembro de la Unión Europea cruzando una frontera exterior, adquiere el derecho a viajar libremente por el conjunto de la Unión. Con lo cual, el Estado que ha autorizado el ingreso a través de su frontera exterior también contrae la responsabilidad de conceder a esa persona la libertad de desplazamiento dentro de toda la Unión.
En este contexto, es preciso señalar que no deseamos que la libre circulación se limite a los ciudadanos de la Unión, sino que queremos que también tengan derecho a viajar libremente los nacionales de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea. La libre circulación de personas resulta inconcebible en otros términos. No es posible establecer dos categorías en relación con la libre circulación en Europa, sino que deben poder disfrutar de ella todas las personas que se encuentren legalmente en la Unión Europea.
A la vista de estas circunstancias, resulta de hecho sorprendente que, precisamente en el momento en que la Comisión responde a las peticiones del Parlamento y presenta propuestas en este sentido -y nosotros apoyamos sin restricciones las propuestas del señor Comisario Monti-, precisamente cuando estamos elaborando nuestra respuesta a estas propuestas, comiencen a hacerse públicos nuevos planteamientos en el entorno del Consejo. No quiero adentrarme ahora en embrollos institucionales, pero no obstante es perfectamente evidente que ante todo debemos saber cuáles son exactamente las intenciones del Consejo. Por consiguiente, a mi entender, sólo podemos adoptar una posición definitiva cuando el Consejo nos haya informado de qué propósito persigue, de hecho, con su nueva acción común. Deseamos que se haga efectiva la libre circulación para todos los ciudadanos de Europa y que ésta sea realidad lo antes posible, y los responsables de que todavía no se haya hecho efectiva ahora deben responder.

Schaffner
Señora Presidenta, las tres propuestas de directiva que se nos han presentado son la respuesta de la Comisión a la acción planteada por el Parlamento ante el Tribunal de Justicia por su falta de actuación en el ámbito de la libre circulación de personas en el interior de la Unión.
La Comisión, consciente de que estas propuestas afectan a cuestiones importantes en materia de inmigración y seguridad interior, ha incluido en sus propuestas algunas medidas de acompañamiento que considera necesarias para el mantenimiento de un nivel óptimo de seguridad en el espacio sin fronteras. Por ello la comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores no sólo rechazó una enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que tenía como objetivo redactar la lista de estas medidas de acompañamiento, sino que ella misma aprobó algunas enmiendas que señalan que la libertad de circulación de personas no debería quedar subordinada a ellas. Por tanto, nos podemos preguntar si esas propuestas no son completamente demagógicas. Su aprobación requiere unanimidad por parte del Consejo. Por ello, y por distintas razones, algunos Estados no están dispuestos a no respetar estas medidas de acompañamiento, que dependen del tercer pilar.
La Comisión, en virtud del poder que le confiere el párrafo 2º del artículo K3, habría podido cooperar, si el Parlamento no la hubiera obligado en cierto modo, con los Estados miembros para alcanzar, en el ámbito de una negociación aceptada por todos, la libre circulación de personas.
Por otra parte, en el marco de la directiva que suprime las restricciones al desplazamiento y estancia de los nacionales de la Unión en materia de establecimiento y prestación de servicios, la comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos propone la supresión del párrafo 3º del artículo 3, porque sería contrario al artículo 6 que consagra la prohibición de la discriminación. Por tanto, la posesión de un documento de identidad puede contemplarse también como una protección para el ciudadano, pues para éste es la prueba que tiene para ejercer un derecho. La posesión de un documento de identidad, de una autorización para circular, es una de las primeras libertades a las que aspiran los hombres que sufren el yugo de las dictaduras y la mejor protección contra las arbitrariedades para los ciudadanos de la Unión.

Wiebenga
Señora Presidenta, este debate trata de un punto esencial de la Unión Europea: la realización de la libre circulación de personas. Tal como se ha dicho, a finales de 1992 tendría que haber llegado el mercado interior abierto en toda su envergadura con la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. Esto no sucedió. Sí sucedió en el caso de las mercancías, los servicios y los capitales, pero no en el de las personas. Lo notamos, señora Presidenta, cuando viajamos a Inglaterra, por poner un ejemplo. Allí tiene lugar un anticuado control de personas, con o sin Unión Europea. Por consiguiente, este es un debate para lograr, después de una Unión del capital, una Unión del ciudadano.
Señora Presidenta, es una vergüenza que hasta ahora, en 1996, no hayamos hablado de ello. Como he dicho, en 1992 a más tardar tendrían que haberse tomado las medidas que ahora estudiamos. La anterior Comisión Europea hizo mal en no presentar propuestas. El Parlamento Europeo incluso tuvo que citar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, y de hecho en nuestro régimen constitucional europeo no existe mayor vergüenza. Ahora por fin la actual Comisión ha presentado las propuestas necesarias. Llegan demasiado tarde. Pero ahora que tenemos las propuestas, el Grupo de los Liberales tendrá que juzgarlas por sus méritos.
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas está a favor de la propuesta de directiva relativa al derecho de los ciudadanos de terceros países a viajar libremente. Se trata naturalmente de súbditos de países que no pertenecen a la UE establecidos legítimamente en la Unión. En estos momentos, dichas personas -como por ejemplo turcos y marroquíes, pero también otros- necesitan un visado para viajar dentro de la Unión Europea. Esto causa muchas molestias. Por ello es positivo que por fin se solucione esta cuestión. La propuesta de directiva «supresión del control de personas en las fronteras interiores» llega al núcleo de este debate. Sabemos que la Comisión Europea ha establecido un nexo según el cual hay que eliminar las fronteras interiores en toda la Unión Europea, pero antes de lograrlo -cito libremente la posición de la Comisión Europea- es preciso tomar una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias negativas de la eliminación de las fronteras interiores. Consecuencias negativas como, por ejemplo, el aumento de la criminalidad y la inmigración clandestina. Luego se tratan las medidas que habría que tomar para mejorar el control de las fronteras exteriores, la división de tareas en política de asilo, política de visados común e intercambio de datos por medio de un sistema informativo europeo.
Señora Presidenta, el Grupo de los Liberales considera que es muy comprensible establecer un vínculo entre las diferentes medidas y las directivas presentes, pues los mismos ciudadanos que quieren suprimir el control fronterizo -y quieren hacerlo- desean también que el Estado se ocupe de que la criminalidad no aumente y que tome medidas al respecto.
Pues bien, como diputado digo que los gobiernos de la Unión Europea incumplen sus compromisos en esta cuestión. Hace años que está en trámites el Tratado de Dublín sobre la política de asilo y todavía no ha entrado en vigor. El tratado de las fronteras exteriores, por lo menos igual de grave, está listo desde hace cinco años, pero no se realiza debido a un contencioso entre Gran Bretaña y España sobre Gibraltar. Señora Presidenta, es lamentable. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas considera que el Parlamento Europeo ha de adoptar una postura clara. En el Tratado de Maastricht, la introducción de la libre circulación de personas no se condicionó a nada. No puede existir ninguna vinculación legal entre la supresión de las fronteras interiores y las medidas para luchar contra la criminalidad y la inmigración no deseada. Aunque sí hay una relación política. Los gobiernos tienen que tomar cuanto antes las medidas necesarias.
Hoy, señora Presidenta, el Parlamento tiene que decidir lo que quiere. ¿Queremos una Prinzipienreiterei y no saber nada de las medidas correspondientes y tomar una decisión que no llevará a nada, o queremos que se introduzca la libre circulación de personas? Creemos que hemos de ser realistas. Lo que necesitamos es una coalición entre la Comisión Europea y el Parlamento con el mensaje al Consejo de Ministros de que es preciso establecer rápidamente la libre circulación de personas. Si el Consejo de Ministros no cumple sus compromisos, tendrá que justificarse públicamente.

Sierra González
Señora Presidenta, quisiera hacer algunas reflexiones sobre las tres directivas propuestas. La primera es que la posición del Parlamento ha sido siempre que, para que el derecho de libre circulación de las personas sea real, se exige la supresión de todas la restricciones al desplazamiento y a la estancia. En el caso particular de los trabajadores y de sus familias, los Estados miembros tienen la obligación de eliminar los controles en las fronteras interiores.
Sin embargo, la propuesta de la Comisión consiste en subordinar un derecho consagrado en los Tratados a nuevas condiciones con el pretexto de que son necesarias medidas complementarias para que se puedan suprimir dichos controles. Esto es inaceptable porque supone, en la práctica, aplazar la eliminación de los controles en las fronteras interiores, es decir, mantener por una vía vicaria precisamente aquello que se pretende eliminar.
La aplicación del Convenio de Schengen ha puesto de manifiesto que la supresión de controles es posible sin adoptar medidas complementarias; propiciar tales medidas significa desvirtuar el derecho de libre circulación. Nosotros estamos en contra de esto.
No se puede reconocer un vínculo jurídico entre la supresión de los controles de las personas y las medidas complementarias.
En otro orden de cosas, el mercado interior cubre un espacio sin fronteras, lo cual implica que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
Por tanto, todo el que se encuentre en él legalmente debe tener derecho a desplazarse sin ninguna clase de impedimento ni discriminación. Téngase en cuenta que los artículos 3 y 7 A no hablan de libre circulación de ciudadanos sino de circulación de personas. Por lo tanto, parece una inconsecuencia que se imponga un régimen de notificación obligatoria a los nacionales de terceros países aunque se hallen en posesión de una tarjeta de residencia válida y de un título de viaje válido. Ese trato es discriminatorio. Es preciso que la Unión reconozca el derecho a viajar de los ciudadanos de terceros países en las mismas condiciones de igualdad que los nacionales desde el momento en que residen legalmente en la Comunidad. De lo contrario, nos hallaríamos ante una contradicción entre la circulación de capitales y mercancías y de personas.
Por último, una reflexión final: las propuestas de directiva imponen al derecho de libre circulación unas condiciones previas que no figuran en el Tratado, pero la supresión de los controles es una obligación clara y sin condiciones. Por otro lado, la posibilidad de suspender la aplicación de las directivas no puede dejarse a la voluntad discrecional de cada Estado, particularmente porque lo que se refiere a la libre circulación de mercancías y capitales no ha quedado al arbitrio de los Estados. Tal posición afecta a la credibilidad política de la Unión.
La circulación de las personas es un factor de aproximación cultural y de profundización democrática. Las garantías que hayan de exigirse, no deben serlo en las fronteras interiores sino en las exteriores, con los instrumentos con que ya se cuenta para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y no contra aquellos que se hallan en la Unión Europea residiendo legalmente.

Roth
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la promesa decía: fronteras abiertas, libre circulación sin restricciones, supresión de los controles. Cuántas veces se repitió: toda Europa es territorio interior. ¡Sin embargo, era y sigue siendo mentira! Ninguna promesa europea se ha incumplido tantas veces como la promesa de una Europa sin fronteras.
Cuando ahora, con tres propuestas de directiva sobre la mesa, recibimos la noticia de los manejos entre bastidores del Consejo, lo que cobra realidad no es la idea de la antigua Europa, sino la vieja mentira. En efecto, en el artículo más significativo, el 7 A, puede leerse en negro sobre blanco -como ya han señalado muchos colegas- que el mercado interior es desde el 31 de diciembre de 1992 un espacio sin fronteras interiores, sin condiciones ni salvedades, sin ninguna limitación, sin ninguna de las llamadas medidas compensatorias, sin reticencias, sin directivas condicionantes o relativizadoras, en suma.
Sólo que, a todas luces, en esta Europa, tienen prioridad las mercancías, luego siguen los servicios y después los capitales. A continuación, durante largo tiempo no sigue nada y si por fin le corresponde el turno a algo más, se da paso a algunas personas, pero tampoco a todas. ¿Puede funcionar así Europa? ¡No! ¡El mercado sin fronteras no puede ser válido únicamente para los pomelos y las naranjas, también debe incluir a las personas!
Desde el 1º de enero de 1993 se está incumpliendo un artículo. Éste se ha convertido en papel mojado. Se está infringiendo el artículo 7, puesto que hoy como ayer sigue habiendo controles entre Londres, Atenas, Estocolmo y Munich. Los Gobiernos interpretan en el ámbito europeo el antiguo principio jurídico pacta sunt servanda en el sentido de que éste a veces debe cumplirse pero otras no. Ésta no puede ser, no obstante, nuestra posición y en realidad tampoco debería ser la posición de la Comisión. Sin embargo, en el caso de la libre circulación, la Comisión no ha cumplido su tarea primordial. No ha actuado como guardiana de los Tratados, sino que ahora corre el riesgo de convertirse en cómplice del Consejo.
Si ahora el Consejo aúna sus fuerzas para intentar instilar además el miedo en Europa, si el miedo a la emigración tiene mayor fuerza que el derecho a la libre circulación, en Europa cundirá el desencanto y esto se pagará muy caro. No votaremos a favor de la devolución a comisión porque creemos que ya es hora de que el Parlamento adopte una posición, ¡y de que también la manifieste claramente ante el Consejo y la Comisión!

Pradier
Señora Presidenta, al tratar la cuestión de la libertad de circulación de personas, el objetivo es definir si existe o no una voluntad de constituir una Europa verdaderamente unida, es decir, cumplir los términos del Tratado de la Unión que nos define como un espacio sin fronteras interiores.
Tras las peripecias judiciales que todos conocemos, la Comisión ha tenido el mérito de volver sobre nuestro inagotable trabajo. Ahora tenemos ocasión de saludar la prudencia y valor del Sr. Monti, aunque esta iniciativa no llegue hasta donde nuestro grupo desearía. Pero, para ser más claros, hoy hay Estados, hay Gobiernos - o, más bien, algunos Estados y algunos Gobiernos que no son favorables a la integración europea - que desearían que compartiéramos su obsesión por la inmigración, a la que se acusa sin razón de ser la responsable de todos los males de nuestra sociedad.
Con el pretexto de la seguridad se pretende limitar la libertad. Pero libertad y seguridad van unidas. Debemos tener cuidado, Señorías, porque al igual que ocurre en un país de Oriente Próximo (que sin embargo sigue siendo un país amigo) en el que la obsesión por la seguridad llega a paralizar un proceso de paz, debemos cuidar que la seguridad de la Unión no sirva de coartada a aquellos que no desean que la Unión Europea avance.
Como conclusión, señora Presidenta, quisiera suscribir las conclusiones de nuestro colega Glyn Ford que declara que el Parlamento, aunque no proteste, sigue siendo exigente y claro en sus intenciones de defensa de la libertad de desplazamiento. Y a continuación, que se separen las medidas de acompañamiento, que no se establezca ningún vínculo jurídico entre la supresión de los controles y estas mismas medidas de acompañamiento, que no deben convertirse en una barrera al ejercicio de nuestro bien más preciado, que no es otro que la libertad.

Berthu
Señora Presidenta, estamos viviendo actualmente un momento surrealista. Al mismo tiempo que los Estados miembros se debaten entre el problema de la droga y la inmigración clandestina, el Parlamento Europeo trabaja en varias propuestas de directiva orientadas a suprimir en la Unión todos los controles de personas que cruzan las fronteras interiores, ya sean nacionales comunitarios o nacionales de países terceros.
La Comisión nos declara fríamente que, cualesquiera que sean las circunstancias, esta supresión de los controles constituiría «una obligación incondicional que se deduce del artículo 7A» y que debería afectar a todos los controles en las fronteras interiores, »cualquiera que sea su forma y justificación». Y han entendido ustedes bien, »cualquiera que sea su justificación». No podemos estar de acuerdo con este extremismo de la abolición de los controles por varias razones.
En primer lugar, el artículo 7A que prevé la constitución de un gran espacio interior europeo fue pensado, al igual que los acuerdos de Schengen, en unos momentos en los que la presión de la inmigración económica no era tan fuerte como en la actualidad, cuando por otra parte la frontera oriental de Europa estaba constituida por el telón de acero.
En segundo lugar, se han multiplicado en el interior de la Unión los diferentes tipos de tráfico, sobre todo el de drogas. Por tanto para terminar con ellos, los controles fijos en las fronteras interiores pueden desempeñar un importante papel, como acaba de demostrar la aprehensión de 106 k de heroína en Caláis mediante un escáner, por definición fijo, de la aduana francesa.
En tercer lugar, los Estados tienen el deber de conservar el control sobre su territorio, con el fin de poder ejercer los derechos nacionales que con toda razón les reconocen diversos artículos del Tratado, entre ellos el 36, el 48 y el 100A. Finalmente, el 7A no está exento de ambigüedad, pero estaba acompañado de una declaración explicativa, al contrario de lo que decía la Sra. Roth hace unos momentos, y en todo caso es necesario interpretarlo con sentido común. La libertad de circulación no se obstaculiza con controles proporcionados situados en las fronteras interiores que, muy al contrario, protegen las libertades de los ciudadanos.
Las propuestas de directiva que la Comisión nos presenta hoy son por tanto totalmente inoportunas. Es necesario no solamente que el Consejo las rechace, sino también que la Conferencia Intergubernamental reescriba el artículo 7A. Es preciso igualmente que los Estados miembros se pongan de acuerdo, no para suprimir los controles en las fronteras interiores sino para mejorarlos completando la noción de control fijo por la de banda territorial filtrante, como ha propuesto, en Francia, el reciente informe del senador Paul Masson.
Pero el debate de hoy en este hemiciclo parece todavía más surrealista si pensamos que tiene lugar en el mismo momento que el asunto de las vacas locas, en el que se acusa a la Comisión de haber sacrificado la salud pública a sus objetivos dogmáticos de libre circulación a cualquier precio.
Nos encontramos en una situación exactamente paralela con estas directivas sobre la supresión de fronteras. Si éstas fueran aprobadas, provocarían un grave déficit de seguridad, y en diez años veríamos al sucesor del Presidente Santer venir a explicar al Parlamento Europeo que no había sido culpa de la Comisión porque la seguridad pública habría sido siempre su primera prioridad. No es cierto y lo estamos viendo en este debate, el objetivo prioritario de la Comisión no es la salud de los ciudadanos ni su seguridad, sino ante todo y sobre todo la fusión de los pueblos europeos mediante la supresión de las fronteras.

Marinho
Señora Presidenta, ¿no tendrá por casualidad alguna explicación que darme sobre la petición que hice, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, de que el Consejo estuviera presente en este debate? Me imagino que no tiene explicación alguna que darme, porque el Consejo, naturalmente, no ha respondido a nuestra petición. Pero es una lástima que no esté aquí.
Señora Presidenta, independientemente del destino que estas directivas lleguen a tener, quiero decir unas palabras de agradecimiento al Comisario Monti y a los ponentes Glyn Ford y Linzer por el excelente trabajo realizado hasta ahora.
Señora Presidenta, la situación que hoy estamos viviendo en esta Asamblea, a propósito de estos informes y de la iniciativa del Comisario Monti sobre la libre circulación es, por culpa del Consejo, incalificable, desde el punto de vista ético, y afrentosa para los derechos del Parlamento, desde el punto de vista institucional. Cuando, por fin, después de muchos años de inacción, la Comisión presenta al Parlamento tres propuestas de directiva encaminadas a la creación del Mercado Interior para las personas y el Parlamento, en consecuencia y después de varios meses de debate, expresa laboriosamente su posición, nos enteramos, mira por dónde, de que el Consejo, al margen del proceso legislativo consagrado en el primer pilar, sin conocimiento del Parlamento y sin el menor respeto por su trabajo, adopta una iniciativa paralela basada en la lógica intergubernamental y reduce a polvo las gestiones de la Comisión y de esta Asamblea para dar cumplimiento a la primera de todas las libertades comunitarias: la libre circulación.
En los pasillos, sin transparencia, sin control parlamentario posible, tanto en el nivel europeo como en el nacional, el Consejo se dispone, exactamente en la misma semana en que el Pleno se inclina, con esperanza y seriedad, sobre un conjunto de medidas legislativas fundamentales para los ciudadanos europeos, a vaciar del menor sentido la iniciativa de la Comisión, el dictamen del Parlamento, y ofrecer a los ciudadanos el vacío legislativo disfrazado o empaquetado en una acción común del Consejo.
Señora Presidenta, este incidente es una de las más graves y groseras violaciones del diálogo interinstitucional. Por eso, nos negamos a continuar con la farsa, examinando o votando cosa alguna, cuando todos sabemos, sin disfraz y sin hipocresía, que el destino de nuestro trabajo de muchos meses es, pura y simplemente, la papelera. Nos negamos a colaborar en una payasada legislativa, hecha al modo de Maquiavelo, sin honor alguno y muy poca gloria, cuando el único objetivo de la maniobra es el de volver jurídicamente ineficaces los derechos consagrados desde el Acta Única, que la Comisión y el Parlamento quieren conferir a los ciudadanos residentes en la Unión.
Señora Presidenta, el desafío está lanzado y la acusación también. El Consejo ha actuado a espaldas de la Comisión y del Parlamento con mala fe. Por eso, nos debe una explicación, una justificación, una noticia, una información. Nos debe, por tanto, una postura de seriedad. O lo hace rápidamente, con claridad de propósitos, o este Parlamento utilizará todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para denunciar o para confrontar al Consejo con sus responsabilidades. Esperaremos el tiempo que sea preciso y, si no es así, consideraremos violado el mínimo ético que justifica la confianza institucional. Cada cual en su lugar. Que el Consejo reconozca con transparencia sus propósitos, sus objetivos y responsabilidades. Por nuestra parte, todos saben lo que queremos: cumplir las normas, dar contenido a la ciudadanía, respetar el Tratado.

Voggenhuber
Señora Presidenta, Señorías, el mercado interior incluye cuatro libertades, como ya se ha señalado. Las expectativas de los intereses económicos se centraban en tres de ellas. En la otra se concentraba la esperanza de los habitantes de Europa. Tres de ellas, concretamente las económicas, ya se han hecho realidad. La libre circulación de personas no. Yo pregunto: ¿por qué? Nos dicen que la libertad de las personas es la que plantea el mayor riesgo. ¿Realmente es así, a la vista de los riesgos ecológicos que supone la libre circulación de mercancías, de la creciente e imparable movilidad, del despilfarro de energía, de la excesiva división del trabajo en Europa? Las mercancías deben poder acceder libremente al mercado aunque no se adecuen a las normas, las tradiciones y el concepto de seguridad de los países miembros. Las personas constituyen, en cambio, supuestamente el riesgo. No obstante, la libre circulación de mercancías, de divisas y de servicios ha dado lugar, por el contrario, a mucho mayores riesgos. Para muchos estos riesgos sólo son soportables debido a la promesa de hacer realidad la libre circulación de las personas. ¡La vacilante e insuficiente realización de la libre circulación de las personas supone una denegación de derechos por parte de la Unión a sus propios ciudadanos!
Limitar la libertad de viajar sólo a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión, imponiéndoles además también algunas trabas, es la negación de una Europa abierta al mundo. La política de la Unión confirma de este modo los temores a una Europa concebida como fortaleza. Nos enfrentamos con una política que no se basa en las necesidades de las personas, sino en la desconfianza hacia ellas, una política cuyo objetivo no es la apertura cultural de Europa, sino el control total de las ciudadanas y ciudadanos, ¡una política que no une, sino que divide a Europa!

Lukas
Señora Presidenta, la libertad de viajar constituye posiblemente el componente más importante para la realización del mercado interior como un espacio sin fronteras internas. La realización con las menores limitaciones posibles de esta libertad fundamental responde a las expectativas de muchos ciudadanos de los países miembros. Los habitantes de los antiguos Estados comunistas se vieron privados durante décadas de la libertad fundamental de viajar. Por lo tanto, todavía es más importante que éstos no sean tratados de ningún modo como personas de segunda categoría dentro de la Unión, tampoco en sus fronteras interiores.
Para hacer frente al posible aumento de la criminalidad tras la supresión de todos los controles e impedir a la vez la inmigración ilegal de nacionales de terceros Estados que ya se encuentren ilegalmente dentro de la Unión, será preciso, entre otras cosas, intensificar la cooperación entre las administraciones policiales y de servicios sociales y promover un intercambio de datos eficaz en el marco de la Europol.

White
Señora Presidenta, el mes pasado, sin ir más lejos, una señora anciana de 76 años fue detenida ilegalmente, en mi opinión, en un tren de Londres a Bruselas, mantenida una noche en una celda y devuelta en un tren el día siguiente, porque, según se adujo, no llevaba consigo lo que las autoridades belgas consideraban un documento necesario, a saber, un pasaporte.
Creo que esa mujer debe examinar muy en serio la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial como ciudadana particular por encarcelamiento ilegal. Así las cosas, la clave para la libre circulación de las personas va a ser probablemente la de que los ciudadanos individuales de la Unión Europea inicien procedimientos judiciales por su propia iniciativa, en lugar de confiar en la Comisión o los Estados miembros para que garanticen la aplicación de la libre circulación. Creo que la libre circulación no es un objetivo del Tratado, sino un derecho constitucional fundamental. Es algo sin lo cual la Unión Europea no puede funcionar. Así, pues, si los ciudadanos individuales están en condiciones de imponer el cumplimiento del artículo 7A directa o indirectamente, se intensificará la libre circulación.
En mi opinión, el procedimiento judicial incoado por el Parlamento contra la Comisión ante el Tribunal no fue un error, sino que debería haberse mantenido hasta que se dictara sentencia, porque se dijo que las propuestas Monti que resultaron de ese caso judicial fueron en cierto modo una transacción y un avance. Creo que las llamadas medidas de acompañamiento y el Acuerdo de Schengen son excusas para intentar eludir la cuestión fundamental del artículo 7A. Si se dice que las llamadas propuestas Monti presentadas ahora serán vetadas en el Consejo de Ministros, eso no significa el final de todo este asunto, que el artículo 7 A vaya a desaparecer en cierto modo. Sigue siendo una obligación con la que la Comisión debe cumplir en su labor y sigue siendo algo sobre lo que la Comisión debe adoptar medidas.

Van Lancker
Señora Presidenta, Señorías, el Parlamento Europeo ha adoptado siempre una postura muy clara en relación con la libre circulación de personas, basada en dos principios, y sus Señorías lo han repetido. En primer lugar, la libre circulación de personas es una obligación incluida en el Tratado que habría tenido que realizarse el 31 de diciembre de 1992 y sin condiciones. En segundo lugar, cuando decimos personas nos referimos a todas las personas que residen legalmente en nuestros Estados miembros, y por consiguiente también los trece o catorce millones de súbditos de terceros países que viven y trabajan desde hace años en la Unión, porque no toleramos ningún tipo de discriminación y, además, porque cualquier limitación a los ciudadanos de la UE arrebataría todo significado práctico a la libre circulación.
La Comisión nos ha seguido por fin en esta argumentación. Estas tres directivas de la Comisión Europea tendrían que haber realizado por fin, con tres años de retraso, uno de los pocos derechos fundamentales que tienen las personas en la Unión Europea en virtud del Tratado, uno de los pocos derechos fundamentales. Pero son las mismas partes que firmaron el Tratado, es decir, los gobiernos de los Estados miembros que incluyeron la libre circulación de personas en el Tratado, los que ahora lo vuelven a convertir en un espejismo y aplazan el debate hasta que se discuta la seguridad nacional y se asustan de su propia sombra. Cada vez ponen más obstáculos para no tener que realizar la libre circulación. Primero se vincula la libre circulación a medidas técnicas, y luego dichas medidas se convierten en medidas jurídicas para suprimir las fronteras interiores. Este Parlamento rechaza esta postura.
Pero ahora ya se ha ido demasiado lejos con esta propuesta de acción común del Consejo en relación con el derecho a viajar de los nacionales de terceros países que permanecen legalmente en un Estado miembro en el marco del K 3, el tercer pilar, pues se trata de una verdadera provocación tanto a la Comisión Europea como a este Parlamento. ¿Acaso tiene que alegrarse este Parlamento del hecho de que por fin se realice el derecho de los nacionales de terceros países a viajar? No nos alegramos porque, en primer lugar, la acción común institucionaliza definitivamente la discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea y los nacionales de terceros países. Esto significa que las personas del artículo 7 A del Tratado por lo visto sólo son los ciudadanos de la Unión Europea.
En segundo lugar, en realidad se trata del entierro de la libre circulación de personas como materia comunitaria. Ya les puedo adelantar cuál será el siguiente paso de este episodio. Es un protocolo de Schengen en el Tratado y una supresión definitiva del artículo 7 A con motivo de la CIG que nos espera. Es el arrinconamiento definitivo de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia Europeo. Lo considero una bofetada no sólo para el Parlamento Europeo, sino también para todas las personas en la Unión Europea, algo que ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Europea pueden tolerar.

Elliott
Señora Presidenta, estoy seguro de que todos apoyaremos los fines y principios de estos informes. Pero las dificultades que claramente existen en la Unión Europea en este momento en relación con estos asuntos se deben a que, cuando los Jefes de Gobierno se reúnen en diversas ocasiones, con frecuencia hay órdenes del día ocultos y lo que parece acordarse en el papel no siempre es lo que se proponen hacer en realidad: a consecuencia de ello, la libre circulación de las personas es el único sector en el que hemos logrado muy pocos avances respecto de las demás libertades.
Voy a hablar principalmente sobre el informe Linzer y acojo con el mayor beneplácito algunos de los cambios que se han hecho mediante enmiendas. Quiero subrayar en particular la importancia de la enmienda encaminada a suprimir la referencia que figura en el informe y en las propuestas de la Comisión al derecho de los Estados miembros a expulsar a nacionales de terceros países si representan una amenaza no sólo para el orden o la seguridad públicos, sino también si representan una amenaza para las relaciones internacionales de los Estados miembros. Se trata de una propuesta muy peligrosa; algunos gobiernos -incluido el mío- la han explotado para expulsar a personas que protestan contra la denegación de los derechos humanos y los gravísimos problemas existentes en cierto países del mundo que tienen regímenes detestables, racistas y militaristas. Esas personas se han visto amenazadas de expulsión por sus actividades encaminadas a señalar a la atención del mundo esos problemas, porque el país interesado teme que eso afecte a su comercio o algún otro aspecto de sus relaciones. Eso no debe ser un factor fundamental, por lo que acojo con el mayor beneplácito estas propuestas.
Por último, a los diputados laboristas británicos nos plantean algunos problemas estos informes y vamos a tener que esperar al resultado de la votación sobre las diferentes enmiendas antes de decidir si podemos o no apoyarlos o si debemos abstenernos.

Blak
Señora Presidenta, comprendo perfectamente que algunos se impacienten con la supresión del control en las fronteras internas, ya que hay que admitir que existen buenos motivos para que precisamente esta parte del mercado interior resulte difícilmente realizable. Hay que ser realista. No podemos abrir las fronteras antes de que existan normas sobre el cruce de las fronteras exteriores y sobre el asilo y los visados. Las fronteras son importantes para muchas personas. La población no está dispuesta a aceptar las consecuencias de la inexistencia de un control fronterizo. Es indiferente que se trate de tráfico de drogas, de personas o de residuos perjudiciales para el medio ambiente: con muy pocos errores cometidos, la UE dejará de parecer fiable y será acusada de causar más perjuicios que beneficios. A esto hay que añadir que mucha gente en Dinamarca trabaja en el control fronterizo, y estas personas tendrán dificultades para entender el problema. Deseo una Europa sin fronteras y sin controles fronteriza, pero no puedo aceptar la existencia de más policía en las calles para controlar, mediante muestreos, si la gente tiene su documentación en regla. Este será el resultado si no nos tranquilizamos y nos lanzamos a abrir las fronteras europeas.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, deseo dar mis más sinceras gracias a las distintas comisiones parlamentarias y, en particular, a los distintos ponentes por el trabajo que llevaron a cabo. Sus informes han conseguido poner de manifiesto los puntos cruciales que conlleva la realización del objetivo del artículo 7A del Tratado. A través de la lectura de los informes, sobresalen las esperanzas truncadas y las frustraciones, así como la impaciente espera de que los responsables de las decisiones políticas se empleen a fondo para realizar el mercado único también en el ámbito de la libre circulación de las personas, tal como sucedió en materia de bienes, servicios y capitales.
Deseo manifestar que cuando llegué a la Comisión Europea en enero de 1995 y fui nombrado responsable del Mercado Único, en seguida consideré inaceptable una situación en la que se habían alcanzado casi las tres cuartas partes de las libertades, pero no la más importante para las personas. Por esta razón, ya en julio de 1995, hice que la Comisión adoptara las propuestas respecto a las que hoy el Parlamento debe pronunciarse. No puedo hacer otra cosa que coincidir con los sentimientos expresados por la mayoría del Pleno. ¿Qué acostumbra a hacer una persona o un institución cuando quiere actuar? Se propone un fin, un objetivo y para realizarlo se fija algunas medidas. Sin embargo ¿qué es lo que comprobamos hoy? No hay certezas respecto al objetivo del artículo 7A del Tratado, ni tampoco existe un acuerdo en cuanto a las medidas para realizarlo, y ello, desde hace casi diez años, o sea, desde el comienzo de los trabajos emprendidos a raíz de la adopción del Acta Única Europea.
¿Por qué el Acuerdo de Schengen ha logrado avances, mientras que la Unión está estancada en esta materia? Sencillamente, porque los Estados que adhirieron a Schengen comparten tanto el objetivo como la opinión respecto a las medidas aptas para realizarlo. En nuestro caso, el objetivo mismo es rechazado al menos por un Estado. Por lo que se refiere a las medidas, el desacuerdo es general: se debate sin cesar sobre la cuestión del fundamento jurídico, pero lo que se percibe en realidad es cierto temor respecto a los aspectos institucionales del primer pilar, la implicación del Parlamento y del Tribunal de Justicia y el papel de la Comisión. Dichos aspectos, que son una característica de la democracia y de los Estados de Derecho, ¿son quizás incompatibles con la salvaguardia del orden y de la seguridad pública? Según mi parecer, ciertamente no lo son.
No quiero decir con ello que no comprendo las preocupaciones manifestadas por los ministros de Interior. La libre circulación de la personas implica inevitablemente problemas de seguridad y de orden público que no podemos infravalorar. Tras haberles escuchado y habiendo participado en los primeros debates en el seno del Consejo, en sus formaciones de «mercado interior» y «justicia y asuntos internos», estoy convencido de que el camino elegido por la Comisión conseguirá conciliar las distintas exigencias. Permítanme lanzar un llamamiento a este Pleno a los efectos de la votación de la enmiendas a las propuestas de la Comisión. Debemos concentrarnos en los puntos fundamentales de la propuesta y en los aspectos que deben formar parte del fuerte mensaje dirigido a los ciudadanos: sí, el artículo 7A debe y puede cumplirse; sí, las medidas propuestas son razonables; sí, los fundamentos jurídicos del llamado primer pilar son pertinentes; sí, son oportunas las medidas complementarias, sin embargo, ya no puede admitirse las demoras respecto a su adopción.
Por este motivo, la Comisión se limitará a aceptar, entre las enmiendas propuestas, las que están dirigidas a garantizar el fundamento jurídico de las propuestas, en un marco más puramente comunitario, y a aportar mejoras en cuanto a su redacción o precisiones con arreglo a la lógica y al rigor de los textos propuestos. En lo que se refiere a la propuesta de directiva referente a la supresión de los controles sobre las personas en las fronteras interiores, ya mencioné que la preocupación de la Comisión fue la de declarar que no quería crear un espacio de libertad en menoscabo de la seguridad. Por ello, excluyo que se cree una forma de subordinación entre las medidas de acompañamiento y la supresión efectiva de los controles intracomunitarios. Sin embargo, este vínculo existe y tiene una naturaleza más política que jurídica, habida cuenta de las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad. La Comisión, por lo tanto, no puede aceptar las enmiendas que suprimen todo vínculo entre estos dos aspectos: la libertad, por una parte, y la seguridad, por otra. Me temo que suprimiendo este vínculo, prestaríamos un flaco servicio al logro efectivo de la libre circulación.
Con referencia a las cinco enmiendas restantes, la Comisión puede aceptar sólo cuatro de ellas, o sea, las enmiendas núms. 1, 2, 5 y 6, en cuanto tendentes a confirmar el fundamento jurídico propuesto. En lo que se refiere a la propuesta de directiva por la se adapta el derecho derivado aplicable a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias, trátase de una adaptación de carácter técnico que podrá llevarse a cabo en cuanto se eliminen los controles en las fronteras interiores. La enmienda contenida en el informe del Sr. Lehne, me parece que va más allá de este ámbito específico y no la considero aceptable.
Por último, en lo referente a la propuesta de directiva relativa al derecho de los ciudadanos de terceros países a viajar dentro de la Comunidad, la Comisión acepta las enmiendas núms. 1, 2, 5, 9 y parte de la enmienda nº 10, así como las enmiendas núms. 15 y 18. Creo que casi está demás recordar que esta propuesta fue objeto de especial atención en el seno del Consejo y ello, probablemente, por dos motivos: en primer lugar, la parte de la propuesta de directiva que se refiere a la equiparación entre el permiso de residencia y el visado para quienes residen en el territorio de los Estados miembros de la Unión, podría adoptarse y entrar en vigor incluso antes de la supresión de los controles fronterizos interiores; en segundo lugar, ésta es precisamente la propuesta que por su fundamento jurídico se presta a ser transferida del primer al tercer pilar. Desde este punto de vista, hay que prestar mucha atención a no hacer pasos atrás respecto a los tradicionales objetivos e instrumentos del Tratado e incluso respecto a Schengen que, no hay que olvidarlo, confiere un concreto derecho a viajar. Pienso que deben evaluarse atentamente todas las repercusiones jurídicas y políticas que presenta esta problemática tan sensible.
Voy a finalizar recordando una vez más lo que espero que sea obvio para todos nosotros: la libre circulación dentro de la Unión Europea debe reunir las mismas características de la libertad dentro de nuestros países. Al igual que las mercancías, los servicios y los capitales, también las personas deben circular libremente. Nos encontramos ante una obligación de resultado, obligación que podrá considerarse cumplida sólo si se eliminan todos los controles en las fronteras interiores.
Termino, señora Presidenta, refiriéndome a lo que muchos manifestaron y subrayaron, o sea a la iniciativa de la Presidencia. A lo largo de los trabajos del Consejo, la Presidencia presentó su iniciativa durante la reunión de la Dirección General I de los días 8 y 9 de julio. Por consiguiente, no es de extrañar que el Colegio de Comisarios todavía no haya adoptado una posición y no pueda, por lo tanto, presentarles la posición de la Comisión al respecto. Sin embargo, habida cuenta de la importancia que atribuyo a este problema, les confieso que personalmente esta nueva iniciativa me preocupa por muchos motivos. Mejor dicho, mis preocupaciones abarcan tres aspectos y se refieren tanto a la relación con nuestra propuesta de directiva sobre el derecho a viajar, como al contenido de la iniciativa y de su fundamento jurídico.
Empezando por el fundamento jurídico, deseo recordar que la Comisión siempre ha considerado que la propuesta sobre el derecho a viajar va estrechamente ligada con la cuestión del mercado único por lo que el fundamento jurídico no puede ser otro que el artículo 100 del Tratado. Creo que el Parlamento Europeo comparte este punto de vista, tanto es así que dicho fundamento jurídico sigue conservando sus prerrogativas. En cuanto al contenido de la iniciativa de la Presidencia y, sobre todo, a su alcance, confieso que me siento preocupado. El plan de acción común se limita, en efecto, a crear facilidades para los desplazamientos y no confiere el derecho a viajar. En realidad, el plan de acción común sólo permitirá a un nacional de un tercer país presentarse en la frontera con su permiso de residencia y sin visado. No por esto, éste se beneficiará del derecho de entrar en el territorio de otro Estado miembro; podrá no ser admitido de forma arbitraria y, lo más grave, los motivos de dicha prohibición no estarán sometidos al control judicial del Tribunal de Justicia. Por otra parte, se trata de un paso atrás respecto al Convenio de Schengen que, hoy por hoy, ya confiere este derecho a viajar. Además, la ausencia del derecho de admisión conlleva la necesidad de mantener en vigor los controles en las fronteras interiores a fin de verificar si puede autorizarse la entrada en el territorio. Ello significa que de una propuesta de directiva que contempla la perspectiva de la eliminación de los controles fronterizos se ha pasado a un instrumento legal que obliga a mantener vigentes dichos controles.
En conclusión, deseo recalcar que las reflexiones hechas hasta ahora en cuanto a esta iniciativa de la Presidencia sólo me comprometen a mí. Sin embargo, voy a trasladar mis preocupaciones a todos los miembros de la Comisión, invitándoles a que definan cuanto antes la estrategia a seguir. Por mi parte, les invito a definir claramente, como Parlamento Europeo, su posición respecto a este problema.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 10.40 horas, se reanuda a las 10.50 horas)

Declaración de la Comisión sobre la EEB
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre su política de información desde 1988 sobre la EEB, así como sobre las medidas tomadas para que tenga eficacia la prohibición de la exportación y para erradicar la enfermedad.
Tiene la palabra el Sr. Santer, Presidente de la Comisión.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la EEB es un asunto serio. Así lo ha tratado la Comisión desde el principio y así he decidido yo mismo tratarlo.
Desde el mes de marzo me he implicado personalmente en este expediente, y ya conocen ustedes mi posición, que no es otra que la de la Comisión. Nuestra primera preocupación es la salud, y la evidencia científica nuestro único método. Precisamente en el marco de este planteamiento es donde la Comisión sitúa su acción y donde ha aprobado, el 27 de marzo, una estrategia de aislamiento de la enfermedad, que ha sido claramente confirmada tanto por el Tribunal Europeo de Justicia como por el de Primera Instancia. Al rechazar la solicitud británica por el trámite de urgencia contra la prohibición de exportación, el Tribunal ha confirmado de manera explícita la posición permanente de la Comisión. Ésta ha puesto de relieve con mucha claridad que la prohibición de exportación se inscribe en una estrategia que concede una importancia primordial a la protección de la salud.
Deseo añadir también que el marco general de acción con vistas a la erradicación de la EEB propuesto por la Comisión y que facilitó un acuerdo en Florencia, establece un vínculo directo entre la posible reanudación de las exportaciones y la eliminación de cualquier riesgo para la salud humana. En este asunto, la Comisión no ha ocultado nunca los principios que la inspiran. No veo ninguna razón para que, en un tema tan sensible, ésta hubiera practicado una política de desinformación.
Les confieso que el descubrimiento de la nota de octubre de 1990 de un funcionario de la Comisión que parecía dar crédito a la tesis de una estrategia de desinformación me provocó una profunda conmoción, que transmití en mi última intervención ante el Parlamento Europeo, en el mes de mayo en Bruselas. Pero en lugar de reaccionar con precipitación y de inventar teorías de conspiración, inmediatamente pedí explicaciones, pues lo que sugiere esta nota es lo opuesto a lo que yo mismo he podido constatar desde que estoy al frente de la Comisión. Como usted mismo ha solicitado, señor Presidente, estoy dispuesto a entregarle hoy el resultado de las investigaciones que hemos realizado. Espero poder demostrar así, ante ustedes, que las diferentes interpretaciones que hemos podido leer u oír en estos últimos tiempos transmiten una imagen totalmente deformada de la actuación de la Comisión.
¿Cual es, entonces, la situación? La nota del Sr. Castille es una nota de expediente, personal y no registrada. Se trata, por otra parte, no de un acta de la reunión sino más bien de un comentario personal de su autor; y no estaba destinado ni al comisario responsable de la protección de los consumidores ni por supuesto a la Comisión. En su nota el Sr. Castille se remite, y cito, »a los representantes de la Comisión». El Director General Adjunto responsable de los servicios veterinarios, que asistía al Comité Veterinario Permanente aquel día, nos ha confirmado que no dijo nada en esa reunión, ni en ninguna otra, que pudiera ser interpretado en el sentido de una política de desinformación a llevar a cabo por la Comisión. Añadió además que en ningún momento oyó a ninguno de sus colaboradores hablar en este sentido, y precisamente para despejar las dudas, durante el último Comité Veterinario pedimos a los Estados miembros que dieran su versión de los hechos puesto que el propio Comité está compuesto por representantes de los Estados miembros.
La delegada danesa, única que asistió personalmente a la reunión de octubre de 1990, hace por tanto seis años, ha indicado que en ningún momento la Comisión pidió al Reino Unido que no publicara el resultado de las investigaciones iniciadas. También subrayó que la interpretación que se dio a la nota del Sr. Castille es contraria a la sustancia y al espíritu de todos los debates en el Comité Veterinario Permanente y no refleja el planteamiento de la Comisión.
Las palabras de la delegada danesa se ven confirmadas por las notas de la delegación irlandesa. Las demás delegaciones han indicado que la EEB nunca ha sido tratada de ese modo ni por la Comisión ni por los Estados miembros en el seno del Comité Veterinario. La delegación italiana ha declarado incluso que si la Comisión hubiera hecho un planteamiento semejante, habría sido rechazado rotundamente por los Estados miembros. Esto es lo que me parece claro.
Y ésta es la información que he podido obtener sobre una reunión que tuvo lugar hace seis años. En cualquier caso, es necesario juzgar a la Comisión por sus actos. Así, apenas un mes después de esta famosa reunión del Comité Veterinario en 1990, la propia Comisión organizó una conferencia científica de una importancia sin precedentes, reuniendo a doscientos representantes de la comunidad científica entre los más ilustres de todo el mundo, para estudiar precisamente la problemática de la EEB, y de hecho esta conferencia dio un impulso incuestionable a la investigación sobre la citada enfermedad. Si en el momento actual comenzamos a disponer de datos científicos, de los cuales algunos han suscitado la reciente crisis mientras que otros nos permiten encontrar respuestas, es también gracias al impulso que esta Conferencia dio en su momento. Señorías, ¿creen ustedes que organizar una conferencia de este tipo y publicar sus resultados íntegros es practicar una estrategia de desinformación?
No deseo hacer aquí el relato de las acciones emprendidas desde octubre de 1990 en materia de lucha contra la EEB. La Comisión ha recabado, de manera sistemática, las mejores opiniones científicas disponibles, que han servido de base a las medidas propuestas. Y la Comisión tiene en cuenta los nuevos elementos que aparecen en cada momento y continuará haciéndolo. Quisiera señalar que nos encontramos ante un problema complejo y complicado para el que no siempre hay, por desgracia, evidencias científicas absolutas.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, vamos ahora a una segunda cuestión que ha suscitado mucho sobresalto, las sospechas de exportación ilegal de carne de bovino británica. Es ocioso subrayar que tales exportaciones serían fraudulentas, y es necesario tomar este asunto muy en serio. Pero también en ese caso es importante no dejarse llevar por la inquietud; hay que llegar al fondo de las cosas, y es lo que ha hecho la Comisión. Hemos escrito al Sr. Seehofer, ministro alemán de Salud, para verificar las razones por las que ha alertado a los ministros de los Länder alemanes, y hemos escrito a todos los ministros de Agricultura de la Unión para exigirles una mayor vigilancia. Igualmente, les hemos pedido que lleven a cabo una investigación y transmitan a la Comisión aquellos resultados que puedan ser útiles en este sentido. Mi colega, el Comisario Fischler, ha intervenido ante su homólogo británico para asegurarse de que las autoridades del Reino Unido hacen que se respete plenamente la prohibición de exportación. Finalmente, hemos dado instrucciones para que nuestro propio servicio antifraude, la UCLAF, investigue sobre las posibles irregularidades. Por el momento, las únicas respuestas que nos han llegado son la del ministro Seehofer y la del ministro italiano de Agricultura, y las tengo a disposición del Parlamento. Verán ustedes que no hay en ellas ninguna información que pueda justificar, hasta el día de hoy, los graves temores provocados por los numerosos artículos de prensa que han aparecido después de la actuación del señor Ministro Seehofer.
Aún así, no hay razón para que la Comisión no deba profundizar en estas alegaciones. Continuará haciéndolo, y si hay fraude, los culpables deberán ser duramente castigados. La Comisión insistirá ante los Estados miembros para que asuman sus responsabilidades. Así, los servicios aduaneros y veterinarios, que dependen de la autoridad de los Estados miembros, deben cumplir con su obligación. La Comisión, por su lado, cumple con la suya. Por otra parte, la próxima semana viajará al Reino Unido una nueva misión de inspección veterinaria y he pedido que preste una atención especial al estricto cumplimiento de la legislación comunitaria y al refuerzo de los controles físicos en los puertos.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este asunto no permitiremos que nadie nos aleje de nuestro planteamiento: la salud humana ante todo y la evolución de los conocimientos científicos son nuestra única guía. Cualquier información, por inverosímil que parezca, será examinada. No correremos riesgos y actuaremos con total transparencia asumiendo nuestras responsabilidades. De este modo serviremos a nuestros conciudadanos.

Fayot
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la nota interna de un funcionario de la Comisión de octubre de 1990 concentra en una página la quintaesencia de todo lo que la opinión pública reprocha a la burocracia europea.
A la revelación de esta nota - ¿por qué ese nerviosismo en los escaños de la Comisión? - se han añadido algunos rumores relativos a un desvío del embargo mediante exportaciones ilegales de vacuno británico. No insistiré sobre este último asunto pues se encuentra sub iudice en la justicia italiana.
El impacto de estas revelaciones es devastador. Sin duda, la Comisión presidida por el Sr. Santer no es responsable. Por supuesto, el funcionario responsable en 1990 está probablemente jubilado. Sin duda ningún Comisario vio probablemente la nota en 1990. Todo esto no nos exime de aprender algunas lecciones sobre lo que pasó en 1990. Y precisamente porque respetamos el trabajo de la Comisión y porque ésta debe estar por encima de toda sospecha, deseamos que esto sea así.
¿Qué revela esta nota? En primer lugar una mentalidad denunciada con frecuencia por los socialistas, pero que en pocas ocasiones se ha revelado con tanto cinismo, y es que el mercado es el valor supremo, lo que lleva a considerar cualquier otro elemento como secundario, en este caso la protección de los consumidores. Es la mentalidad surgida en algunos países del liberalismo triunfante de los años 80. El gran mercado interior orientado en exclusiva a la economía, carente de dimensión social y ecológica ha sido la continuación en el plano europeo.
La nota revela también una ceguera increíble frente a las inquietudes expresadas en aquellos momentos por los medios interesados. Y como prueba está la pregunta escrita, formulada en mayo de 1990, por mi colega José Happart en este sentido y la respuesta tranquilizante que entonces dio el Comisario de Agricultura.
Ésta revela un deseo de opacidad en la información, incluso de desinformación, un rechazo de la transparencia verdaderamente escandaloso en nuestra época y en una institución democrática.
¿Qué lecciones se pueden extraer de todo esto? La primera no pedir excusas rápidamente y pasar al orden del día, sino comprometerse y cambiar profundamente de mentalidad y de planteamiento. En efecto, si un funcionario de la Comisión pudo producir una nota como aquella en 1990, con conocimiento del responsable político o sin él, es porque se daban las condiciones objetivas. En otros términos, la prioridad por los imperativos del mercado, la falta de responsabilidad en materia de salud, el deseo de tratar los temas a puerta cerrada, todo esto debía ser habitual para que una nota como ésa viera la luz y no suscitara ninguna pregunta a ningún nivel.
Y además, si esta actitud converge a nivel de uno de los Estados miembros con intereses económicos muy acusados, con una permisividad en los controles veterinarios y con desprecio por los reglamentos comunitarios, podemos imaginar la amplitud del desastre, la ocultación permanente de la realidad, el desprecio por cualquier preocupación por la salud y la protección de los consumidores, todo ello en beneficio del interés económico.
Ahí está, señor Presidente, el verdadero escándalo. Si la actual Comisión desea preservar su credibilidad ante la opinión pública, es preciso que dé muestra de una voluntad de transparencia absoluta y de rigor en el respeto por los imperativos de salud pública; de este modo podrá defenderse cien veces defendiendo su propia inocencia, pues la opinión pública no ve más que la continuidad de la institución y no la sucesión de los responsables individuales.
El grupo socialista va a examinar de manera muy precisa y con tranquilidad las explicaciones que el Presidente de la Comisión acaba de dar al Parlamento. Lo agradezco pues creo que es muy importante el hecho de haber expuesto al propio Parlamento estos datos tan precisos. Por supuesto vamos a votar una resolución, pero no es suficiente, nuestro grupo va a estudiar la oportunidad de pedir una comisión de investigación. En todo caso podemos decir que si alguna vez se considerase la posibilidad de crear una comisión como ésa conforme a los términos del artículo 136 de nuestro Reglamento, (por supuesto, es éste el caso), sería para investigar si, efectivamente, hubo mala administración, incluso negligencia, en el tratamiento de este expediente por parte de la Comisión y del Estado miembro en cuestión.
Todo el mundo tiene el máximo interés en aclarar esta cuestión para restablecer la confianza en las autoridades europeas y nacionales, la de los agricultores, pero sobre todo la de los ciudadanos y la de los consumidores.

Böge
Señor Presidente, Señorías, la Comisión Southwood, un grupo de científicos británicos independientes, manifestó ya en 1988 a propósito de la EEB: »No creemos que exista un riesgo para el hombre, pero ni estamos equivocados, este riesgo será sumamente alto». En el debate que celebramos el 12 de junio de 1990 en el Parlamento Europeo, yo ya solicité la destrucción de todas las existencias de bovino afectadas por la EEB. Según mi experiencia de esta historia interminable, lo que está en juego no es simplemente el tema de la desinformación -éste es más bien de carácter secundario-, sino otra cosa. Lo que está sobre la mesa es que tanto en la Comisión, como en el Consejo y en las asociaciones profesionales, y también en algunos sectores de esta Asamblea, ha prevalecido una cierta incomprensión y una falta de disposición a situar en primer plano la protección de los consumidores, en su sentido preventivo.
Esto también se aprecia, naturalmente, desde la perspectiva del asesoramiento científico. En efecto, los resultados científicos se han dado a conocer con cuentagotas y todavía hoy no poseemos una certeza definitiva. En este contexto, no sólo cabe citar la nota del Sr. Castille, sino que también a mí se me señaló con suficiencia por diversas partes que si el riesgo era tan grande, ¡más valía no decir nada al respecto! Se subvaloró, lisa y llanamente, no sólo la dimensión científica, sino también el alcance de la reacción de los consumidores.
Señor Presidente Santer y señor Comisario Fischler, ustedes llevan ahora un año y medio en sus puestos y yo sólo quiero rogarles que no cometan el error de intentar encubrir las anteriores omisiones y posibles actuaciones indebidas de determinados servicios de la Comisión o la actuación indebida del Consejo. Ustedes han ejercido ahora una justificada presión con sus decisiones y esto es algo que yo quiero destacar explícitamente y que valoro positivamente. No obstante, también se han cometido una serie de chapuzas, como por ejemplo el retraso en la transposición de la norma sobre la eliminación de los cadáveres de los animales. La Decisión de 1990 debía transponerse antes de diciembre de 1991 y ustedes ya saben qué ha ocurrido hasta la fecha.
Toda una serie de datos justifican plenamente, a mi parecer, una investigación interna en los servicios de la Comisión para determinar si los funcionarios competentes y responsables de las actuaciones procedieron efectivamente en defensa de los intereses comunitarios o no. Pero, al mismo tiempo, yo también afirmo que una comisión de investigación no aportaría, por lo que yo sé, nada nuevo a esta Asamblea. Cuanto ahora se debate en relación con las harinas animales y la supervisión son hechos que en el fondo ya están sobre la mesa desde 1990, 1991 o 1992, como máximo, para cualquiera que se ocupe del tema. La creación de una comisión de investigación seguramente provocaría una nueva reacción exagerada de los consumidores y los medios de comunicación, que en último término obligaría a los ganaderos afectados a pagar un alto precio por segunda vez.
Por consiguiente, yo le pregunto señor Presidente de la Comisión Santer si está usted dispuesto a dar al Parlamento la seguridad de que, además de las investigaciones internas realizadas en relación con la citada nota escrita, también se comprobará si los servicios de la Comisión han hecho en los últimos años todo lo necesario para lograr la transposición de las directivas y reglamentos aprobados y en qué medida se han efectuado los controles necesarios en los Estados miembros. También quiero rogarle, además, que nos dé garantías de que el plan de destrucción de las existencias se aplicará de manera consecuente y que los resultados que entre tanto se obtengan en las investigaciones científicas serán comunicados puntualmente a la comisión competente del Parlamento Europeo. Este sería, a mi parecer, el camino adecuado para enmendar las negligencias cometidas en el pasado.

Pasty
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, esperábamos mucho de su declaración pues tenemos la sensación, más bien penosa, de que en el pasado la Comisión no fue consciente con claridad de la catástrofe política que representa el asunto de las vacas locas.
Por un lado tenemos a unos consumidores desorientados y atemorizados, con la impresión de que se les ha ocultado una parte de la verdad, lo que contribuye a mantener una psicosis devastadora. Por otra, tenemos a todo un sector económico, desde los ganaderos hasta las empresas de transformación y de distribución, al borde de la desesperación porque está en peligro incluso su propia supervivencia. Hay algunas regiones de la Unión Europea como Irlanda, Escocia, el Macizo Central francés o las zonas montañosas de la Italia del Norte, por no citar más que algunas, en las que la ganadería bovina constituye la actividad económica y humana predominante, incluso casi exclusiva.
El Parlamento Europeo que, desde el año 88 al 90, reclamó la atención de la Comisión y del Consejo sobre la gravedad de la situación, está hoy enfadado, pues considera que las respuestas que se han dado hasta el momento están muy por debajo de lo que la situación exige. Tenemos la sensación de que continúa tratándose el problema como si fuera sectorial cuando lo que está en tela de juicio es el funcionamiento de las instituciones comunitarias en su conjunto.
Nuestra inquietud se ve motivada por dos hechos recientes. Hace unos momentos se ha hablado de la nota del Sr. Castille. Nos felicitamos, señor Presidente, de que haya hecho usted una investigación en el seno de la Comisión, pero lo que nos ha dicho no nos satisface pues una investigación, para ser creíble debe ser contradictoria. Así pues, que yo sepa, no ha oído usted al autor de la nota, Sr. Castille, que hoy se encuentra jubilado, pero que hubiera podido proporcionar en cualquier caso informaciones muy útiles. Por mi parte me he tomado la molestia de llamarlo por teléfono y me dijo que la nota había sido transmitida, en aquellos momentos, a los gabinetes de los comisarios. Por tanto, estamos sorprendidos de que algunas declaraciones de su predecesor, el Sr. Delors, e incluso del portavoz actual de la Comisión, hayan intentado desprestigiar al autor de esta nota que tenía como objetivo - sin duda era un comentario personal - atraer la atención sobre la gravedad del problema que representaba ya en aquellos momentos el asunto de las vacas locas.
Más tarde, encontré entre mis archivos un artículo publicado el 30 de mayo de 1990 en la sección «Sciences et Médecine» del diario «Le Monde», y que es simultáneo a la nota del Sr. Castille y en el que se ve cómo dos profesoras, una en la «École vétérinaire» de Maisons-Alfort y la otra en el hospital Saint-Louis, daban la voz de alerta sobre el problema de las harinas y el riesgo de contaminación que representaban. Ha sido necesario esperar hasta 1994 para que, a nivel europeo, se apruebe una reglamentación que prohíba el uso de esas harinas.
Pensamos por tanto que las instituciones europeas no han funcionado como hubieran debido. Tenemos la sensación de que, en aquellos momentos, todo hubiera sucedido como si la consigna hubiera sido de hecho no levantar polvo. El resultado, hoy, es que tenemos un torbellino que lo arrastra todo.
Señor Presidente, como conclusión a estos acontecimientos que son sin duda extraordinariamente preocupantes para nosotros, le pedimos también que asuma todas sus responsabilidades. En primer lugar y sobre todo, ordenando una investigación interna, pero contradictoria, para dar luz sobre lo que pasó en 1990, con el fin de extraer las consecuencias, incluyendo el plano disciplinario y político, si los Comisarios, actuales o antiguos, tuviesen algún tipo de responsabilidad.
En segundo lugar, poniendo en marcha un gabinete de crisis para garantizar el respeto por las reglas sanitarias actualmente en vigor, con el fin de que se compruebe el respeto por el embargo, que afecta a las exportaciones británicas de carne de bovino, al igual que la prohibición de hormonas. Pues sabemos que, también en este sector, los controles de los Estados miembros son insuficientes.
En tercer lugar, tomando la iniciativa de una reglamentación severa relativa a las condiciones de producción y utilización de las harinas de carne en la alimentación animal, inspirándose en la legislación restrictiva que acaba de aprobar el gobierno francés.
En cuarto lugar, dictando una reglamentación común que haga obligatoria, en todo el territorio de la Unión, la identificación de las estructuras óseas con el fin de hacer más transparentes los circuitos de comercialización.
En quinto lugar, liberando los medios financieros necesarios, por una parte para la erradicación de la enfermedad y, por otra, para salvar a los protagonistas del sector de la carne de vacuno.
Sólo se saldrá de la crisis recuperando la confianza de los consumidores, jugando a fondo la carta de la transparencia y no perseverando en el juego que consiste en atribuirse mutuamente las responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros, con el único objetivo de justificar la falta de actuación.

Mulder
Señor Presidente, el primer objetivo de la Comisión es restaurar la confianza del consumidor europeo en la carne de ternera. Ello no puede lograrse si de tanto en tanto surgen documentos que reflejan una imagen equivocada de la posición de la Comisión. Por ello quisiera apoyar lo que han dicho varias personas en este debate: es preciso lograr cuanto antes un control interno y publicar un informe interno para eliminar todos los rumores. La publicidad es necesaria. El apoyo de mi Grupo a la solicitud de creación de una comisión de investigación dependerá de este informe.
La segunda cuestión es lo que hará la Comisión. La EEB encierra todavía muchísimos factores desconocidos. Es preciso investigar más. ¿Cuál será el papel de la Comisión en este ámbito? ¿Qué papel desempeña la Comisión en la coordinación de toda la investigación que tiene lugar en estos momentos en Europa y cuáles serán sus consecuencias económicas?
La tercera cuestión que mi Grupo considera importante es que tendrá que restablecerse el equilibrio de mercado para la carne de ternera. Podría resultar un proceso doloroso. Una de las cosas que pueden ser útiles en este sentido es la creación de una marca de calidad europea para la carne de ternera. El cliente tiene que saber cómo se produce la carne de ternera. Ello no se logra tan sólo creando una marca de calidad alemana, una marca de calidad neerlandesa o una bávara, sino que ha de ser una marca de calidad europea para que las condiciones de competencia sean iguales en toda Europa. Estas condiciones de competencia se aplican también a otras medidas. Alemania ha anunciado ya que no respetará la decisión de la Comisión sobre la exportación de determinados productos procedentes del Reino Unido. ¿Cuál es la postura de la Comisión? ¿Qué piensa la Comisión de la decisión de Francia de prohibir el uso de harina animal en el pienso del ganado? Condiciones de competencia iguales en todas partes.

Puerta
Señor Presidente, esta declaración y este debate han sido motivados por una ya famosa nota interna de la Comisión o, si se quiere, de un funcionario de la Comisión sobre la estrategia de desinformación a seguir en el tema de las vacas locas. Pero el problema mayor no es la nota, el problema reside en que, coincidiendo con ella, se suspendieron las misiones de inspección de la oficina de control veterinario y la Comisión se inhibió en su función de promotora de iniciativas legislativas.
Esta situación se prolongó durante cuatro años en los que se registró casi un 75 % de los casos declarados de EEB. Si han existido riesgos, ha sido durante este período. Si ha habido necesidad de legislar, la ha habido en este período. Si han sido necesarias inspecciones, la necesidad nunca ha sido más acuciante que en ese período. La Comisión debe explicar las razones de su falta de actividad durante el período 1990-1994.
Si se quiere evitar la palabra desinformación, hay que hablar de transparencia, y no se puede afirmar que la Comisión haya mantenido una actitud transparente. No está claro el fundamento científico para levantar el embargo sobre las gelatinas, y la Comisión no ha suministrado las informaciones demandadas en el punto 6 de nuestra resolución de junio pasado. Es fundamental comparar con opiniones científicas independientes el informe que suministró la Asociación Europea de Fabricantes de Gelatinas y que utilizó la Comisión para proponer el levantamiento parcial del embargo.
Si existe la sensación de que las decisiones se basan en informaciones procedentes de partes interesadas, de que no se basan en criterios científicos independientes y no se responde a las peticiones de información del Parlamento Europeo, no se podrá restaurar la confianza de los consumidores.
Hay que aprender de la experiencia: la desregulación y la búsqueda de la competitividad a través de la intensificación han creado este problema. La experiencia muestra que cuando las decisiones se condicionan a intereses económicos, o incluso políticos, las consecuencias se agravan. En el pasado se han condicionado decisiones importantes a la realización del mercado único o al éxito de una cumbre. El consumidor percibe estas situaciones, y no se puede esperar que recupere la confianza con estos antecedentes, y mucho menos ante la sospecha de que ciertas decisiones hayan antepuesto intereses económicos a la salud pública. No podemos volver a caer en errores pasados. En cualquier decisión futura habrá que suprimir el mínimo riesgo.
En este asunto hay intereses, beneficiados, perjudicados, costes económicos, pero sobre todo riesgos para la salud. Y también existen responsabilidades. En opinión de Izquierda Unitaria Europea, es necesario crear una comisión de investigación para determinar las responsabilidades en la creación y desarrollo del problema y, especialmente, para que las decisiones que se adopten en el futuro garanticen la salud pública. Habrá quien alegue que la comisión de investigación dará ocasión a que aparezcan nuevos titulares en la prensa con efectos nocivos sobre el consumo. Pero ya tenemos experiencia sobre lo que sucede cuando se aplazan las decisiones o se adoptan tímidamente. Además, el prolongado período de incubación de estas enfermedades y los riesgos aceptados en el pasado seguirán proporcionando titulares de prensa en un futuro próximo.
Por todo ello, Izquierda Unitaria Europea apoyará la creación de una comisión de investigación centrada en las decisiones políticas adoptadas con objeto de salvaguardar los intereses de la opinión pública.
Termino, señor Presidente. Queremos contribuir, como ha dicho el Sr. Fayot, a que el mercado se someta a las leyes de la democracia y al respeto a la salud de los consumidores.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión Santer, señor Comisario Fischler, la catástrofe de la EEB es una sucesión de actuaciones indebidas, de valoraciones políticas equivocadas y de la no asunción de la responsabilidad política. No se trata de una plaga, sino de una catástrofe provocada por los hombres, concretamente a través de la decisión del Gobierno británico de modificar la temperatura y la presión en la producción de harinas de carne. Las reacciones en el caso de los bovinos son conocidas. No obstante, la Comisión también cometió un error de apreciación al pensar que esta enfermedad no adquiriría semejantes dimensiones, sino que acabaría desapareciendo.
Es cierto que la Comisión ha actuado ahora -y yo puedo atestiguar que el proceder del señor Comisario Fischler ha sido consecuente-, pero su intervención ha sido sólo un freno de emergencia y no una política preventiva, puesto que hasta la fecha alrededor de dos millones de animales infectados se han incorporado ya a la cadena alimentaria sin que la Comisión interviniera. Además, se está comercializando harina de carne elaborada a unas temperaturas insuficientes para inactivar la infección por la EEB, y esta harina sigue utilizándose como pienso, a pesar de que todavía está por ver si las altas temperaturas permiten desactivar realmente la infección.
Señor Santer, usted ha dicho que no ha existido una línea oficial de la Comisión y que el Gobierno italiano manifestó que, aunque la Comisión hubiese presentado la propuesta, ellos la habrían rechazado. Resulta gracioso oírle decir esto, o bien suena a cinismo. ¡Si lo hubiese hecho público, no necesitaríamos una comisión de investigación! El problema es que usted no lo reveló. El tema que hoy nos ocupa no es únicamente la aclaración de esta epidemia, sino que también está en juego la reputación del Parlamento Europeo y la reputación de la política europea, que todas estas chapuzas han puesto en entredicho. Nos preocupa que el Parlamento, que ha mantenido una posición consecuente, no sea puesto en el mismo saco con una Comisión que no reconoció los indicios necesarios y se apoyó en unos científicos que quitaron importancia al asunto, contribuyendo a esta estrategia de la minimización. ¡Esto es lo que hoy estamos debatiendo y esto es lo que debemos aclarar!
Y si la suerte no nos acompaña y se produce un contagio de esta epizootia a los humanos, tendremos que preguntarnos por qué no sacamos, al menos en este momento, las debidas conclusiones. La comisión de investigación debe ocuparse también de la adopción de medidas consecuentes con vistas al futuro. No se trata sólo de saldar cuentas con el pasado, sino de que este Parlamento haga valer sus competencias en el ámbito de la agricultura, de las que durante largo tiempo no dispuso, y de que también quede inscrito en los Tratados nuestro derecho a participar en el debate sobre estos temas y a instarles a actuar cuando lo consideremos necesario. Esto es lo que se dirime y, por este motivo, nuestro Grupo político está a favor de la creación de la citada comisión de investigación. La complaciente formulación que usted ha empleado, Sr. Böge, en nombre del PPE -»Si ustedes inician su propia investigación, nosotros la apoyaremos»-, no refleja la posición del Parlamento Europeo. ¡Nosotros debemos cumplir con nuestro deber, Sr. Böge!

Lalumière
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, esta semana el Parlamento debería, en mi opinión, decidir la constitución de una comisión de investigación con el fin de arrojar luz sobre algunos aspectos del asunto llamado de las «vacas locas». Pues, cualesquiera que sean los méritos de su intervención, señor Presidente de la Comisión, es necesario que personas ajenas a la propia Comisión puedan dirigir algunas investigaciones, y según un procedimiento contradictorio.
El Parlamento comienza hoy a reaccionar de la manera adecuada. Pero antes ha sido necesario que una nota interna de la Comisión del mes de octubre de 1990, y publicada por varios diarios, divulgara a los cuatro vientos negligencias aparentemente sorprendentes en el seno de la Comisión. Resulta evidente que esta nota revela una organización de las reglas y unas prácticas cuando menos ineficaces dentro de la Comisión y entre la propia Comisión y los Estados miembros. Con toda razón la opinión pública desea saber y quiere transparencia.
Durante tres años fui ministra de Consumo, y sé bien que un consumidor que ha perdido la confianza sólo la recuperará si tiene la convicción de tener ante sí a responsables competentes, sinceros y desinteresados. Por ello los medios dilatorios utilizados para retrasar las investigaciones o minimizar su importancia se basan en un cálculo completamente falso.
Si se quiere defender la ganadería y en particular la ganadería de calidad, allí donde se alimente a los animales a base de hierba o de cereales son necesarias la transparencia, la identificación del origen de los animales, unas marcas de calidad y unos controles realizados por servicios independientes de los medios agrícolas y que representen a los consumidores. Si se pretende defender los circuitos de distribución, al por mayor o al por menor, es necesario saber controlar eficazmente la cadena entre el productor y el consumidor.
Y si se pretende preservar la credibilidad de la Comisión y su autoridad - y nuestro grupo lo desea encarecidamente, señor Presidente - es necesario no sólo llevar a cabo una investigación para conocer el pasado, sino también plantear reformas internas a la Comisión, y en las relaciones entre la Comisión y los Estados miembros para que, en el futuro, no vuelvan a producirse semejantes negligencias o errores.

de Villiers
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Parlamento Europeo, Señorías, por tercera vez desde el 27 de marzo nos vemos obligados a hablar en el Pleno sobre el problema de las vacas locas y sus consecuencias.
En su intervención del 27 de marzo, mi colega Christine Poisson leyó un extracto del libro del Sr. Jimmy Goldsmith, escrito en 1992 en el que ya figuraban todas las revelaciones relativas al problema de la transmisibilidad al hombre de la enfermedad de las vacas locas. Y Christine Poisson planteó entonces una única pregunta a la Comisión: ¿Qué ha hecho la Comisión desde 1990? La respuesta fue clara, su predecesor, el Sr. Delors, declaró que la Comisión no estaba enterada y que no podía hacer nada.
El 3 de junio, mi colega, Édouard des Places pidió que la solidaridad con los ganaderos fuera real y que se identificase a los responsables, tanto a nivel de los industriales que fabricaran alimentos para el ganado, como de los Gobiernos e instituciones europeas. El Comisario Fischler no aportó ninguna respuesta sobre este punto.
Las únicas medidas previstas por la Comisión no cubren más que el 20 por ciento de las pérdidas que han sufrido nuestros ganaderos. Por ejemplo, en Francia, las pérdidas del sector bovino superan en estos momentos los quince mil millones de francos mientras que las compensaciones sólo ascienden a tres mil millones. ¿Quién pagará la diferencia?
Cuando yo mismo denuncié ante el Tribunal de Justicia Europeo, con el apoyo de un sindicato de ganaderos, se me respondió que no, que la Comisión no es responsable y que ha hecho todo lo que estaba en su poder.
Ahora bien, en una nota interna de la propia Comisión, que posteriormente se haría famosa, una nota por cierto de la que el Sr. Pasty acaba de decirnos que llegó al Gabinete, por tanto a la instancia política en cierto modo, con fecha 12 de octubre de 1990, estaba escrito con toda claridad: »Es preciso minimizar este asunto practicando la desinformación.»
Hace unos momentos, señor Presidente Santer, nos ha respondido que sólo se trata de una nota interna escrita por un funcionario jubilado, y que la actuación de la Comisión demuestra lo contrario. No, señor Presidente, no se trata de una nota sin importancia. Aquí sabemos todos - por conocer los entresijos de la Comisión - que esas notas internas marcan las grandes orientaciones.
Como conclusión, señor Presidente, ante esta falta de respuestas, debo asumir mis responsabilidades. Por tanto me veo obligado a apelar al artículo 34 de nuestro Reglamento titulado «Moción de censura contra la Comisión» y, desde ahora mismo, voy a comenzar a recoger las sesenta firmas con el fin de que este Parlamento vote la moción de censura en el Pleno de septiembre.
Por supuesto, se me dirá que los Comisarios responsables ya no son los mismos, pero me veo obligado a precisar que los Comisarios son responsables de los actos de la Comisión y que si ha habido incumplimiento en el funcionamiento de la propia Comisión, el Colegio de Comisarios en ejercicio es el responsable.
El Grupo Europa de las Naciones pedirá la constitución de una comisión de investigación en el seno del Parlamento Europeo, pero nuestro Parlamento debe asumir todas sus responsabilidades...
(El Presidente interrumpe al orador)

Martinez
Señor Presidente, señores Comisarios, están ustedes acusados al menos de un delito. En su defensa nos explican lo que han hecho desde marzo de 1996. El problema, señor Santer, no es lo que ha hecho usted después, sino lo que hizo antes, y con conocimiento de causa. Ya en septiembre de 1990, José Happart y yo mismo avisamos en el plano político aquí mismo, al Sr. MacSharry, después de haber entrevistado a todos los científicos del mundo, incluido el Sr. Prisuner. El 11 de junio de 1990 un diario del Frente Nacional decía, a toda página, »la enfermedad pasa al hombre»; y aquí mismo, el 22 de febrero de 1996, en presencia de los funcionarios de la Comisión, Harno Diringer, Director del Instituto Roch en Berlín, decía: »Deseo alertar a las autoridades sanitarias de Europa. La encefalopatía pasa al hombre.» ¡Usted tenía que saberlo!
Ahora nos dice que no tiene móvil ni razón alguna para haber hecho eso. Pero, señor Santer, si los pueblos hubieran sabido la verdad en 1990, en 1992, hubieran sabido que el libre cambio y el ultraproductivismo contaminan, no hubieran aceptado el GATT ni el Tratado de Maastricht. Su móvil es ése. Ha ocultado usted la contaminación por harinas para ocultar la contaminación por sus ideas. Antes incluso que las harinas han sido sus ideas las que han envenenado, señor Santer. Y con respecto al Tratado de Viena, ha violado usted el acuerdo de los pueblos. Ha conseguido la ratificación del Tratado de Maastricht viciando ese acuerdo.
Evidentemente suscribimos las palabras de Philippe de Villiers; lo que está en juego no es una comisión de investigación sino su propia responsabilidad política. En otras épocas, señor, los grandes envenenadores de la historia sufrían otro destino.

Collins, Kenneth
Señor Presidente, no sé por qué me tiene que tocar siempre a mí la china y tengo que hablar después de discursos como éste... pero, ¡qué le vamos a hacer! Desde que llegué aquí, en 1988, he estado intentando que tanto la Comisión como los diputados al Parlamento Europeo se tomaran en serio la amenaza de la EEB. A todos debe preocuparnos que los informes de la existencia de la enfermedad preocuparan tanto a la Comisión, que decidiera, al parecer, negarla totalmente. Más importante resulta que en algún nivel de la Comisión se decidiera, según tenemos entendido, mantener toda la información alejada del dominio público o lo más alejada posible del dominio público.
Por otra parte, he de decir que, aunque podría interesar a algunas personas de la Comunidad acusar a la Comisión de ello, la verdad es que su ejecutoria es muy buena en comparación, por ejemplo, con el comportamiento del Gobierno británico, que ha estado intentando mantener oculta la información sobre la EEB por al menos el mismo tiempo. También se le señaló esa información en aquel momento y consiguió mantenerla fuera del dominio público. Incluso cuando la presión en pro de la información llegó a ser abrumadora, el 20 de marzo de 1996, y todos los periódicos, emisoras de televisión y programas de radio de Europa no hablaban de otra cosa, el Gobierno británico no dio la menor muestra en ningún momento de querer o poder darnos la información que el público tenía derecho a conocer desde el principio. Por eso, no es de extrañar que haya muy poca confianza por parte de los consumidores en la industria de la carne de bovino de toda Europa. Es así no sólo en Gran Bretaña, sino también en otros países, en Alemania, Italia, Francia y demás.
Así, pues, es necesaria una prohibición coherente a escala europea para afrontar esta enfermedad y ésa es la razón por la que nos encontramos en la situación en que ahora nos encontramos. Es necesario que se aplique el plan y después podremos empezar a abordar la cuestión de la confianza de los consumidores. No tiene sentido levantar una prohibición, si nadie va a comprar ese género, en cualquier caso.
Tal vez sea lamentable que la llamada Madre de los Parlamentos no esté en condiciones de obligar a su Gobierno a rendir cuentas por la serie de errores garrafales que constituye la crisis de la EEB. Si hemos de crear una comisión de investigación en este Parlamento, resultaría útil. Sin embargo, hemos de procurar que esa comisión no se convierta en algún tipo de caza de brujas. Tiene que ser una comisión de investigación seria y no simplemente un intento de echar la culpa de lo que parece ser una enfermedad esencialmente británica a otras personas o instituciones. Si se crea la comisión de investigación, se la debe considerar una contribución positiva a una solución europea de toda esta crisis.

Lord Plumb
Señor Presidente, no suele ocurrir que yo haya de compartir la china con mi colega Ken Collins, pero no sólo contradigo al orador anterior a él, sino que, además, contradigo algunas de las observaciones que ha hecho Ken Collins. Pero, ante todo, permítaseme -al contrario que algunos diputadosagradecer al Presidente de la Comisión- su declaración, agradecerle la labor que la Comisión ha estado y está llevando a cabo en este momento para intentar abordar los numerosos problemas que han surgido a consecuencia de toda esta crisis de la carne de bovino. Tenemos que ver dónde nos encontramos y, a raíz del acuerdo que con alivio recibimos de Florencia sobre el programa marco, se han logrado considerables avances. Debe alentarnos el hecho de que esta cuestión vuelva a estar en el sitio que le corresponde, es decir, en el nivel científico y veterinario.
A muchos diputados puede interesarles saber lo que está ocurriendo en realidad en este momento y tomar nota de que, con arreglo al plan de 30 meses, se ha sacrificado casi un cuarto de millón de cabezas de ganado, desde que se inició la aplicación del plan y aún continúa al ritmo de 30.000 a la semana. Además, se están adoptando todas las medidas necesarias para hacer una selección de entre los rebaños de vacas lecheras que han padecido la EEB. Naturalmente, eso ha tenido un efecto devastador en los ganaderos -los ganaderos de toda Europa- y los precios de la carne de bovino no contaminada se han visto afectados dramáticamente en los mercados.
El hecho de que se hayan adoptado esas medidas, junto con el fortalecimiento substancial de la legislación existente sobre la composición de los piensos y la exclusión de cualesquiera tejidos que puedan estar contaminados, debe empezar a satisfacer a los consumidores, debe restablecer la confianza entre los consumidores en que la carne de bovino está libre de infección, como muchos otros alimentos que consumimos.
Independientemente de esto, naturalmente, hemos visto -y casi todos los oradores se han referido a ello- que en los medios de comunicación de varios Estados miembros han aparecido afirmaciones sobre la existencia de un documento interno de la Comisión de octubre de 1990, relativo a la existencia de riesgos para la salud en relación con la EEB, además de noticias sobre exportaciones ilegales procedentes del Reino Unido. El Presidente de la Comisión nos ha dado una respuesta muy firme de la Comisión sobre esos dos aspectos, por lo que no deseo extenderme al respecto.
Dicho documento proponía que el Reino Unido no publicara los resultados de las investigaciones. En fin, como ha dicho el Presidente de la Comisión, se podría considerar claramente una broma, pero, desde luego, no fue un documento que recibiera el Gobierno del Reino Unido. De modo que la crisis actual y el sacrificio de miles de cabezas de ganado para restablecer la confianza ha demostrado tal vez lo equivocado que habría sido ese consejo, si se hubiera dado, precisamente en aquel momento, pero fue una nota de archivo, una mera declaración ante el Comité Veterinario y no una recomendación oficial al Gobierno.
De modo que quisiera agradecer a la Comisión que haya hecho todo lo que estaba en su poder para demostrar la solidaridad financiera con los ganaderos, en particular los que se han visto afectados más duramente por la crisis. Quisiera, si se me permite, agradecer al Comisario Fischler su contribución y, en particular, si se me permite decirlo así, con carácter más personal, su contribución a nuestra Real Exposición Agraria hace unas semanas, en la que tuvo la oportunidad de reunirse con muchos ganaderos y con ello restablecer cierta confianza entre ellos respecto de lo que la Comisión estaba haciendo.
Las demás medidas de intervención que se han adoptado son útiles y los resultados de las investigaciones son decisivos. De hecho, si los científicos pudieran descubrir un análisis infalible para diagnosticar la enfermedad, sería un gran avance veterinario. Tal vez podría preguntar al Sr. Fischler si se ha logrado algún avance en esa dirección. También podría tener a bien el Comisario hacer alguna observación sobre la disponibilidad de instalaciones extractoras de sebo, ya que actualmente gran parte de ese producto se guarda en cámaras frigoríficas. También apoyo a los que piden un plan europeo de garantía de calidad de la carne de bovino y la petición de identificación completa de todos los animales.

Watson
Señor Presidente, he seguido este asunto desde el mes de marzo de este año. Represento a la mayor circunscripción productora de carne de bovino de Inglaterra y la zona con el mayor número de casos de EEB. A veces me pregunto si la prestación de atención excesiva a los detalles no estará volviendo esponjosos nuestros cerebros. Es evidente que debe haber controles rigurosos de las exportaciones de carne y productos cárnicos procedentes del Reino Unido. Evidentemente, es probable que algunas de ellas estuvieran en tránsito en el momento de decretarse la prohibición, tal vez hacia terceros países, y pueden haber escapado a esos controles. Me complace que la Comisión haya pedido a la unidad antifraude que investigue cualesquiera casos existentes de comercio fraudulento.
Pero, respecto del asunto en general y la cuestión del encubrimiento, debemos adoptar miras más amplias. Esta cuestión ha sido, en cierto modo, el Chernóbil del Reino Unido. Nuestra inacción ante las primeras señales de alarma ha hecho que el problema empeorara. Se descontroló. No conocemos sus efectos en la salud humana, en caso de que existan. Pero es evidente que existe una preocupación pública substancial y que la preocupación pública nos ha afectado a todos.
A consecuencia de ello, se han mejorado los procedimientos de seguridad. Se han adoptado medidas para erradicar la enfermedad. Pero lo que algunas personas no han comprendido aún es que se trata de un problema verdaderamente europeo. Si queremos que nuestro mercado de carne de bovino se recupere, debemos acompañar las palabras razonadas con acciones resueltas. Ha dicho usted, señor Presidente, que no debemos dejarnos llevar por la emoción. Me complace que haya usted escrito al Sr. Seehofer para preguntarle por sus acciones. Sí, hágase una investigación interna en la Comisión. Eso es sin lugar a dudas lo más adecuado. Pero no exageremos el problema, aclarémoslo.

Belleré
Señor Presidente, señor Presidente Santer, dura lex, sed lex. Cuando hay que enfrentarse a una calamidad como la encefalopatía espongiforme bovina que se ha abatido sobre el Reino Unido y, sobre todo, cuando dicha calamidad afecta a una comunidad tan amplia como la europea, hace falta, incluso en perjuicio de los intereses particulares, ser firmes, maduros, dignos de vivir en un contexto civilizado y democrático, especialmente cuando esta Comunidad, con espíritu de cooperación, ha intentado ayudar al Estado miembro afectado, a pesar de haber encarado el problema con retraso. No ha sido así y no es así. Me falta tiempo para relatar el episodio de las llamadas vacas locas, lo único que deseo recordar a este Parlamento es que en el lejano mes de enero de 1995, a través de una pregunta formulada al Ejecutivo, Alleanza Nazionale en la persona de su presidente, Sr. Muscardini, pregunto qué había de cierto respecto a la enfermedad que afectaba a los bovinos del Reino Unido. Dicha pregunta obtuvo una respuesta evasiva y engañosa por parte del Comisario Fischler.
¿Qué puede decirse entonces? ¿Hay que jugar al gato y al ratón? No beneficia a nadie. La falta de información seria -tal como quería un documento interno y, osaría decir, secreto de la Comisión que terminaba no incidiendo en el problema- y la falta de controles alimentan dudas y sospechas. Deseo recordar que el embargo mundial sobre la carne de vacuno de origen británico se quebranta a través de la exportación ilegal y clandestina de dicha carne y, además, que el Parlamento está todavía esperando el resultado de la investigación de la Comisión acerca de estas imputaciones. Todas estas imputaciones crean un clima de desconfianza hacia los poderes públicos que deben solucionar este inmenso problema que nos atañe a todos y no sólo al Estado miembro afectado.

Colino Salamanca
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar, nos alegramos de la declaración que ha hecho en la mañana de hoy. Sin embargo, y con la perspectiva que concede la distancia, tengo la sensación de que la Comisión es un modelo que no ha de imitarse en la gestión de este asunto. La opinión pública percibe que hemos ido permanentemente a remolque de los acontecimientos, y algunos datos parecen ponerlo de manifiesto, y de manera muy particular, la nota del servicio de consumidores que estamos comentando.
Indicar que no hablar de la EEB evita las reacciones desfavorables del mercado es, sencilla y llanamente, despreciar a los ciudadanos europeos. Pedir oficialmente al Reino Unido que no publique los resultados de sus investigaciones, o practicar la desinformación sobre el asunto EEB es, sencillamente, un acto de locura, fuera de lugar en una comunidad de Derecho como es la Unión Europea.
Pero la solución no ha de ser sólo corregir para el futuro. Es también necesario que miremos atrás y que corrijamos políticamente lo que haya habido en el pasado. Ahora nos podemos lamentar de la situación del mercado de la carne bovina, del crecimiento en 600.000 toneladas de los stocks , o del descenso del consumo en un 11 %. Pero todas las medidas serán inútiles si los consumidores se consideran estafados por la administración comunitaria.
Quienes redactaron esa nota pensaron que las razones del mercado eran más poderosas que la salud de los consumidores. Hoy, seis años más tarde, y pese a esa política cuya duración y cuyos responsables deberá concretar la investigación que se solicita, nos encontramos en una situación mucho peor. Esas prácticas de desinformación sólo han contribuido a agravar el problema. Lo que de verdad podrá equilibrar los mercados será la confianza de los consumidores en que dichos mercados están sometidos a reglas precisas y en que las mercancías, sean éstas carne de bovino u otras, no serán peligrosas o nocivas para la salud de los consumidores.
La nota de servicio que comentamos significa hacer de la inmoralidad una regla de comercio. Esperemos que esta triste experiencia permita poner la salud de los consumidores por encima de cualquier otra consideración.

Santer
Señor Presidente, quisiera muy brevemente responder también a algunas intervenciones; en primer lugar para dar las gracias a los diputados que las han realizado, pues aunque éstas hayan sido muy controvertidas al menos han tenido el mérito de manifestar lo que piensa el Parlamento en estos momentos.
Por lo que respecta a los aspectos más concretos de la cuestión, el Comisario Fischler responderá a continuación.
Ésta es la cuarta vez que me presento ante ustedes, ante su Parlamento para hablar de la crisis llamada de las «vacas locas». Y en cada una de mis intervenciones me he dejado llevar por una única consideración que no es otra que la de preservar la salud pública, sobre la base de los elementos y las evidencias científicas disponibles en estos momentos. Ha sido precisamente con este espíritu como hemos llevado a los británicos a proponer un conjunto de medidas orientadas a erradicar la EEB, fundamentalmente para recuperar la confianza de los consumidores, antes de que se pueda pensar en levantar el embargo de forma progresiva.
Esta actitud ha sido siempre la que ha seguido esta Comisión y la anterior. Lo digo sinceramente, porque si algunas notas pueden tal vez sembrar el descrédito en la actuación de la Comisión, es necesario darse cuenta perfectamente de que esta misma actuación ha sido totalmente diferente de la que se deduce de la nota de un funcionario. Esta aseveración se apoya en elementos muy concretos. La nota data de octubre de 1990. Como he dicho hace unos momentos, menos de un mes después se celebró en Bruselas una conferencia que reunió a 200 científicos de todo el mundo para establecer las repercusiones de la crisis de las vacas locas. Como consecuencia de esta conferencia de científicos se orientó la investigación científica. La Comisión ha contribuido con su aportación financiera al desarrollo de estas investigaciones, y fue precisamente uno de estos centros científicos de investigación, el de Edimburgo, financiado en parte con los fondos de la Comisión, el que desencadenó la crisis del 20 y 21 de marzo último.
Por otra parte, la Comisión anterior emprendió una serie de acciones en este sentido, que el mismo Parlamento, es decir ustedes, ratificó, y cito solamente una resolución del 22 de enero de 1993 del propio Parlamento en la que se dice: »refiriéndose a los numerosos actos legislativos comunitarios sobre las encefalopatías espongiformes, en especial la de los bovinos»; ustedes mismos confirmaron a la Comisión la actuación que ésta inició ya en 1988 en este campo. Creo estar en condiciones de decir que mis predecesores hicieron todo lo que en aquellos instantes estaba en su mano y a su disposición para detener la crisis, habida cuenta de los datos científicos disponibles en aquellos momentos. Por otro lado, ustedes mismos, señores Parlamentarios, dicen en la resolución que acabo de leer, que consideran la necesidad de continuar fabricando medicamentos para uso humano y animal a base de extractos de cerebros y médula espinal de ganado bovino. Esto figura en la resolución que ustedes han aprobado y no en una nota interna de la Comisión.
Pero volvamos a la nota en cuestión. Ya he dicho hace unos momentos que se trata de la nota de un funcionario. El honorable Sr. Pasty ha dicho que quizá no hemos realizado una investigación contradictoria, pero quisiera reclamar su atención sobre el hecho de que quien ha llevado a cabo esta investigación es el presidente del grupo interservicios BSC. Durante sus investigaciones, este presidente se ha visto obligado a ponerse en contacto directamente con el autor de la nota, con sus destinatarios, colegas del servicio de protección del consumidor y de la DG VI, así como con antiguos miembros del Gabinete. Por tanto lo que acabo de declarar es el resultado de las investigaciones realizadas por el presidente del grupo interservicios BSC, sobre la base de nuestras instrucciones.
Como pueden ver, deseamos transparencia, porque nadie gana nada en este asunto con la falta de transparencia. Con toda razón el Sr. Fayot ha pedido hace unos momentos esa transparencia y ha dicho que lo que está en tela de juicio es no sólo la credibilidad de la Comisión sino la de las instituciones europeas en conjunto. Es decir que todos, tanto el Parlamento como la propia Comisión, tenemos el mismo interés en que haya la mayor transparencia posible en este asunto en el que verdaderamente esta Comisión no tiene nada que ocultar. Les exhortamos a que le concedan la misma confianza, como parlamentarios y por encima de los discursos aquí controvertidos, que la que manifiestan con respecto a la acción de la Comisión.
Sobre todo esto, si me lo permite, señor Presidente, quisiera dar la palabra al Comisario Fischler para entrar en los detalles sobre algunas cuestiones que le conciernen más especialmente.

Fischler
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo yo quiero darles las gracias por el debate celebrado hoy aquí. En efecto, considero urgentemente necesario que se aclare plenamente esta cuestión. No es posible debatir fructíferamente cómo podemos restablecer la confianza de los consumidores mientras persistan sospechas en este ámbito que erosionan esta confianza.
Por mi parte, yo he adoptado todas las medidas a mi alcance para promover una aclaración. El Presidente Santer ya ha señalado que hemos instado por escrito a todos los Estados miembros a que nos comuniquen todos los casos sospechosos de los que tengan conocimiento en relación con el supuesto incumplimiento de la prohibición de las exportaciones y que sobre todo nos comuniquen si se trata de algo más que meras sospechas. Hasta el momento no hemos recibido de ningún Estado miembro informaciones que vayan más allá de las sospechas. Por otra parte, he solicitado a la UCLAF -y esta medida me parece importante- que también investigue estas sospechas y he instado, en particular, al Ministro de Agricultura británico a que vuelva a examinar estos hechos sospechosos.
Ustedes saben, por otro lado, que ya con anterioridad verificamos el cumplimiento de la prohibición de las exportaciones con motivo de las visitas de inspección realizadas a Gran Bretaña, en las que también estaban invitados a tomar parte los Estados miembros, y la próxima semana tendrá lugar una nueva misión de control, como parte de la cual está previsto repetir esta inspección.
Por lo que respecta a la segunda crítica, relativa a la citada nota de un funcionario de la Comisión, yo quiero señalar que la supuesta intención de la Comisión de actuar en ese sentido queda desmentida no sólo por la celebración un mes después de una importante reunión científica, sino también por el hecho de que, sólo en el período comprendido entre 1990 y 1992, el Comité Veterinario Permanente y el Comité Científico Veterinario examinaron en más de veinte ocasiones cuestiones relativas a la EEB. Asimismo, ustedes también saben que tanto en las conclusiones alcanzadas por el Consejo como en las decisiones de la Comisión se ha declarado explícitamente en cada caso la prioridad absoluta de los intereses de protección de la salud.
En este contexto, yo quisiera añadir todavía otra consideración, puesto que se trata de un tema que a menudo da lugar a malentendidos entre la opinión pública: el hecho de dicha comisión se denomine Comité Veterinario no significa que se ocupe exclusivamente de los aspectos relativos a la salud de los animales; al contrario, los veterinarios son los responsables en todo el mundo de garantizar la higiene de la carne y, por lo tanto, también la salud pública.
Finalmente, quiero recordar que los miembros del Comité Científico Veterinario no son únicamente veterinarios, sino que también hay representantes de otros ámbitos científicos, en particular también de la medicina humana.
Señorías, yo estoy dispuesto a recoger gustoso la propuesta que aquí se ha presentado, en el sentido de proseguir las investigaciones internas e informar de las mismas al Parlamento. En efecto, suscribo plenamente la opinión de que ya es hora de que expongamos todo lo ocurrido en este ámbito en un documento coherente, de manera que todos puedan conocer con certeza cuáles han sido realmente las actuaciones por parte de todos.
Yo también soy del parecer que, tal como aquí se ha afirmado, no es posible limitarse a dar cuenta del pasado, sino que debemos preocuparnos del futuro. Y en este contexto, deben concederse una vez más la máxima prioridad a las medidas de protección de la salud.
Si ustedes me lo permiten, yo quisiera referirme ahora brevemente a un hecho del que también han informado hoy los medios de comunicación, en relación con nuestra decisión sobre la gelatina.
Señor Presidente, yo sólo quiero señalar que la decisión adoptada por la Comisión se apoyó en los datos científicos disponibles en aquel momento, sobre los cuales también se basó el dictamen del Comité Científico Veterinario. Entre tanto, concretamente el 26 de junio, recibimos un nuevo informe adicional. Yo remití de inmediato a los científicos este nuevo informe, el cual difiere en algunos puntos del informe inicial, que fue uno de los elementos en los que se basó la decisión del mes de abril, y también dispuse que, para garantizar la seguridad en relación al tema de la gelatina, dicho informe fuese sometido a la consideración del comité multidisciplinario recién constituido. Dicho comité examinará detenidamente esta cuestión mañana y el Comité Científico Veterinario ya ha deliberado repetidamente al respecto. Es evidente que sólo podemos contar con los datos científicos más recientes disponibles en cada momento y que debemos basar nuestras decisiones en los mismos.
Finalmente, existe otro aspecto importante, a saber, la reestructuración de la industria transformadora en todos los Estados miembros. También al respecto contamos ya con una decisión y dicha reestructuración deberá haberse completado el 1º de abril de 1977, a más tardar, en toda la Unión Europea; la medida afecta, por lo tanto, a todas las instalaciones de aprovechamiento de los restos de animales.
También se promulgaron medidas para el período de transición que garantizan que no pueda incorporarse a la alimentación humana o animal ninguna harina de despojos de animales o de huesos que pueda entrañar algún riesgo. También es de suma importancia, a mi entender, que mejoremos en el plazo más breve posible nuestros sistemas de identificación de los animales.
Sabemos que se han producido grandes descalabros, también de carácter económico. Ayer tuve la oportunidad de informar detalladamente a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los planteamientos de la Comisión y, por consiguiente, para no extenderme demasiado no repetiré aquí la citada información.
Es del todo evidente que todavía es necesario ampliar muchísimo más las investigaciones sobre la transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob entre especies animales y entre éstas y el hombre, así como en relación con las pruebas de detección en animales vivos. Precisamente por este motivo, he solicitado a uno de los científicos de mayor prestigio mundial, el profesor Weissmann, que elabore un plan detallado de investigación, que coordine los diferentes proyectos concretos. A principios de otoño recibiremos una propuesta de su grupo de investigación.
Todo lo cual constituye una buena prueba de que la declaración de la Comisión en el sentido de que lo prioritario es la salud se mantiene, ¡y de que también estamos obrando en consecuencia!

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Votaciones
Monti
Señor Presidente, Señorías, en este momento no estoy en condiciones de retirar la propuesta, habida cuenta de que carezco del mandato de la Comisión para hacerlo. Sin embargo, deseo puntualizar que en la sesión plenaria del mes de febrero, el Parlamento devolvió la propuesta a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. A partir de entonces, he mantenido con dicha Comisión continuos y provechosos contactos que ayer tuvo a bien confirmar el ponente, Sr. Langen, y que han permitido definir de forma constructiva una serie de modificaciones específicas a la propuesta que tengan en cuenta las preocupaciones expresadas.
Si dichas modificaciones hubieran sido objeto de propuestas de enmiendas, habría sugerido a la Comisión que las aceptara. Sin embargo, señor Presidente, dado que dichas enmiendas no fueron formuladas, considero que la mejor y más rápida manera de llegar a un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, o sea a las modificaciones respecto a las que existe un amplio consenso, es la siguiente: tras tomar nota de la votación de hoy, voy a proponer a la Comisión que adopte una propuesta modificada, en virtud del diálogo constructivo en curso y que estaré encantado de continuar con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial.

Langen
Señor Presidente, nosotros acogemos con satisfacción el procedimiento que acaba de exponer el señor Comisario Monti. Estamos de acuerdo en que la Comisión presente un nuevo proyecto sobre la base de las deliberaciones desarrolladas hasta ahora y yo quiero agradecerle sinceramente esta constructiva cooperación.

El Presidente
Señor Langen, ¿desea usted ahora, como ponente, votar el rechazo de la propuesta de resolución legislativa?

Langen
Si no estoy equivocado, acabamos de rechazar la propuesta de la Comisión. Por lo tanto, es evidente, que ya ha tenido lugar la votación y que el Presidente debería dar por descontado el resultado de una nueva votación. El tema ha quedado cerrado, a mi entender. La Comisión presentará una nueva propuesta; el resultado de la votación ha sido inequívoco.

von Wogau
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión ha sido rechazada; el resultado de la votación ha sido muy claro. Tenemos conocimiento, también a través de las conversaciones mantenidas previamente, de que la Comisión está dispuesta a presentar una nueva propuesta. El procedimiento de examen en el Parlamento queda cerrado, por lo tanto, a mi entender, toda vez que hemos rechazado la propuesta de la Comisión y ahora debemos esperar a que se nos presente la nueva propuesta.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, en relación con la votación de los informes de los colegas Lehne, Ford y Linzer, yo solicito, con el acuerdo de los citados colegas, en su calidad de ponentes y del colega Marinho, en su calidad de presidente de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, la devolución a comisión, de conformidad con el apartado 1 del artículo 129 del Reglamento.
El citado artículo del Reglamento me permite presentar, en efecto, esta solicitud antes de la votación definitiva. Expondré brevemente los motivos. Los tres informes se refieren a la realización de la libre circulación dentro de la Unión Europea, un tema en sí mismo lamentable sobre el cual convendría debatir todavía mucho. Desgraciadamente no disponemos del tiempo necesario. No obstante, la actuación del Consejo en los últimos días constituye un escándalo y un desaire a la Comisión y al Parlamento. Mientras el Comisario Monti adoptaba iniciativas, que agradecemos, para promover la libre circulación y su realización, y el Parlamento desarrollaba las correspondientes consultas en relación con los informes, en mitad de este procedimiento de consulta, el Consejo se propone iniciar un procedimiento sobre la base del artículo K4 del Tratado de la Unión, con el cual pretende sustituir en parte las presentes iniciativas del Comisario Monti. Esto es lisa y llanamente una desvergüenza, puesto que como ha manifestado explícitamente el propio señor Comisario Monti en su declaración de esta mañana, y cito sus palabras: »existe el peligro...». No conocemos estos documentos del Consejo o sólo los conocen un reducido número de colegas, por lo tanto sólo puedo remitirme a lo que nos ha comunicado el señor Comisario, que al parecer los conoce: »existe el peligro de que los controles en las fronteras interiores vuelvan a ser obligatorios». En su opinión, sigo citando sus palabras: »es de temer que con la iniciativa que ahora se propone adoptar el Consejo se produzca un retroceso en los progresos iniciados para hacer realidad la libertad de viajar».
Si es así, ¿cómo puede adoptar el Parlamento razonablemente una decisión sobre la base de las iniciativas remitidas por el Comisario Monti, cuando al mismo tiempo el propio Comisario nos dice que el Consejo no está dispuesto a tomar en consideración lo que aquí decidamos, sino que se propone adoptar medidas alternativas a su agrado, sobre la base del artículo K4, es decir sin la participación de la Comisión y del Parlamento? ¡Esto es algo que no podemos admitir! ¡Es preciso decirle al Consejo que democracia significa soberanía del pueblo! La soberanía de círculos secretos se llama burocracia y debemos rechazarla firmemente. Por lo tanto, queremos tener la oportunidad de aplazar la decisión sobre los presentes informes hasta la sesión de septiembre, con lo cual tendríamos la oportunidad de preguntar a la Presidencia irlandesa del Consejo en una sesión conjunta de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Interiores, los días 9 y 10 de septiembre, cuáles son sus intenciones y si está dispuesta a renunciar a este intolerable proceder. Yo les pido que voten afirmativamente mi propuesta.

Nassauer
Señor Presidente, yo respaldo la solicitud del colega Schulz de devolución a las comisiones competentes de los tres informes. Es cuando menos sorprendente que en el momento en que el Parlamento se dispone a adoptar una posición sobre determinado tema, como preparación para una decisión del Consejo, éste último inicie simultáneamente un nuevo procedimiento totalmente distinto sin que, como es notorio, ni la Comisión ni el Parlamento tengan conocimiento del mismo.
¡Esta no es manera de proceder! Por lo tanto, instaremos al Consejo a que nos comunique el motivo de este proceder y que lo haga donde preceptivamente debe hacerlo, esto es, en las comisiones competentes. Por consiguiente, les pedimos que renuncien a celebrar hoy la votación y nos concedan mediante la devolución a comisión la oportunidad de solicitar con toda firmeza al Consejo -y puede ser un procedimiento difícil- que explique las razones de su proceder.

Wiebenga
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los dos anteriores oradores de que es negativo lo que el Consejo de Ministros hace aquí. No tendría que permitirse que cuando estamos debatiendo una directiva, cuando estamos en un procedimiento, el Consejo haga sus propios planes.
Pero, señor Presidente, ¿qué actitud ha de adoptar el Parlamento? El Parlamento no tiene que ser presa del pánico. El Parlamento ha de constatar que el aplazamiento de la toma de decisiones hoy no nos sirve de nada, pues el Consejo de Ministros seguirá haciendo sus planes y este Parlamento no debe dar esta oportunidad al Consejo. Al contrario, hemos de aprovechar la oportunidad para confrontar al Consejo con una postura común de la Comisión Europea y del Parlamento. A veces es preciso enseñar los dientes y asumir la responsabilidad, y el Grupo de los Liberales considera que simplemente hemos de pasar a la votación.
(El Parlamento decide devolver los informes a comisión)

Ephremidis
La Directiva 82/501/CEE relativa al riesgo de accidentes graves, denominada «Directiva Seveso», ha sido modificada bastantes veces por la Comisión y el Consejo, sin que pese a ello se preste la debida atención a factores y parámetros importantes relativos a la peligrosidad de las industrias y los accidentes provocados por sustancias peligrosas, a pesar de los episodios graves y frecuentemente mortales ocurridos, que demuestran de la forma más dramática la insuficiencia de la directiva no sólo para proteger a los trabajadores, sino también a las poblaciones vecinas y en general el medio ambiente.
En la región griega de la llanura del Thríaso, donde se concentran industrias grandes y peligrosas dentro de zonas urbanas y han ocurrido accidentes graves con numerosas víctimas entre los trabajadores, estas industrias han venido creciendo y se expanden diariamente, con riesgo para miles de ciudadanos y un grave peligro para el medio ambiente.
Las numerosas excepciones en el ámbito de aplicación de la directiva la hacen poco eficaz e insuficiente para responder a la gravedad del problema. La directiva no incluye las instalaciones industriales de explosivos y armas, ni los polvorines militares, que son industrias de alto riesgo y donde, por definición, se concentran enormes cantidades de sustancias peligrosas, lo que tiene como consecuencia que no estén obligadas a presentar ni estudio de peligrosidad ni un estudio de las necesidades excepcionales en caso de accidente grave, precisamente cuando estas instalaciones no están contempladas por ninguna otra directiva comunitaria.
Pese a que la concentración de sustancias peligrosas ha convertido varias zonas urbanas en polvorines en potencia, con riesgos incalculables para la seguridad de los ciudadanos, la propuesta de la Comisión no contempla ningún control ni proyecto de ordenación territorial para establecer perímetros de seguridad en torno a las instalaciones de alto riesgo, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de las regiones limítrofes, prohibir en lo sucesivo la instalación de nuevas industrias de este tipo y adoptar medidas para alejarlas de las zonas urbanas y urbanizadas.
La concepción y elaboración de una política de prevención eficaz de los accidentes es muy importante. Resulta indispensable determinar y aplicar severas normas de seguridad en las instalaciones y elaborar medidas de prevención y sistemas de seguridad fiables, tales como la previsión de controles serios y regulares y la imposición de sanciones graves en caso de que no se apliquen las medidas para proteger la seguridad de los trabajadores, de la población y del medio ambiente.
Las empresas con instalaciones de alto riesgo deberían poner a disposición de sus trabajadores la preparación, información y equipo necesarios para responder adecuadamente a las necesidades especiales de su trabajo en condiciones ordinarias y extraordinarias. Deberían además proporcionar a los habitantes de las zonas vecinas información completa y clara sobre los riesgos que corren y los medios para combatirlos.
Recomendación para la segunda lectura Seal
Martinez
Señor Presidente, el informe del Sr. Seal sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos plantea dos graves problemas: uno social y otro de seguridad. Una vez más se imponen los perjuicios de la desregulación y liberalización salvajes. Sólo en los aeropuertos de París hay cerca de 3000 empleos en peligro. En nombre de la reducción de costes se recurre a empresas exteriores de vigilancia, eliminando los policías profesionales. Se ha encargado la seguridad a muchachos jóvenes, más habituados a los pequeños rateros, ladrones de tiendas que a los grandes tiburones del terrorismo, lo que plantea el problema de la seguridad de los pasajeros.
El recorte de la protección social llevará simplemente al recorte de la protección. En estos momentos las empresas de vigilancia contratan a trabajadores migrantes sin papeles. No es necesario decir que los terroristas se infiltrarán como quieran. Por tanto que la Comisión no nos diga mañana que no lo sabía. Después de las harinas contaminadas un día veremos caer a los aviones.

Ahlqvist, Andersson, Lööw y Waidelich
Nos hemos abstenido en la votación para el rechazo de la posición común del Consejo, que tiene como objeto la apertura a la libre competencia de los servicios en tierra de los aeropuertos de mayor capacidad de la UE. El motivo es que pensamos que la competencia en el sector de expedición de billetes y de equipaje puede beneficiar al consumidor. La experiencia de países como Suecia, que han abierto el mercado de los servicios en tierra a la competencia, ha sido positiva.
Los que desean impedir la competencia afirman entre otras cosas que se ven amenazados los derechos de los empleados y la propia creación de empleo. Pero este argumento no sirve. La legislación que establece los derechos de los empleados no se ve afectada en absoluto por un aumento de la competencia. La creación de empleo no se ha producido nunca a través de la conservación de unos monopolios que no cumplen con ningún objetivo de carácter social. Los que van a pagar en mayor grado el precio de una posible conservación de los monopolios son los consumidores bajo la modalidad de un transporte aéreo más caro.

Bernardini
En noviembre último se pronunció esta Asamblea, con ocasión de la primera lectura, sobre la propuesta de directiva presentada por la Comisión relativa a liberalización de la asistencia en tierra. Ésta, a nuestro entender, era inaceptable pues no tenía en cuenta la realidad de esta actividad, ello sin hablar de la falta de disposiciones sociales.
El Consejo de Ministros, en su posición común, ignoró totalmente nuestra posición. Por esta razón voto porque el texto sea rechazado.
Pido simplemente que la Comisión tome conciencia de las negativas derivaciones de esta liberalización, que provocarán entre otras consecuencias que la seguridad de los aparatos y la de los usuarios se vean en peligro. Y qué decir de la situación del personal actual: posibilidad de dumping social, despidos, sustitución de empleos cualificados por empleos en precario...
Esta política de empleo no corresponde a las aspiraciones de los ciudadanos europeos. No es nuestra política ni mi concepto del empleo.

McKenna
El Grupo de los Verdes se siente defraudado por que el Parlamento Europeo haya decidido no rechazar la posición común aprobada por el Consejo sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE. La Comisión de Transportes y Turismo votó recientemente a favor de que se rechazara la posición común y, en nuestra opinión, el Parlamento debería haber votado del mismo modo.
El Consejo ha demostrado no estar dispuesto en absoluto a hacer suyas las preocupaciones que el Parlamento expresó durante el debate sobre la asistencia en tierra celebrado el año pasado. A consecuencia de ello, la propuesta de directiva es imprecisa e insuficiente desde el punto de vista de la protección social de los trabajadores y no entraña el compromiso de garantizar normas de seguridad uniformes.
La idea de la liberalización del mercado de los servicios de asistencia en tierra no partió de los usuarios de los aeropuertos ni de los trabajadores, sino de las grandes compañías de transportes, que están deseosas de reducir los costos y actuar más flexiblemente. Los derechos de los trabajadores desempeñan un papel secundario respecto de los intereses de los empleadores. Como mínimo, es necesario que se consulte a los trabajadores antes de que se adopten las decisiones que les afecten. Sin embargo, el Consejo no garantiza esa consulta. Propone que cada Estado miembro cree un comité de usuarios encargado de supervisar la aplicación de la directiva en cada aeropuerto afectado, pero no hay ninguna disposición relativa a la representación en dicho comité de los trabajadores en los servicios de asistencia en tierra.
Además, la directiva podría propiciar sueldos bajos y condiciones laborales insatisfactorias. Las licencias para los servicios de asistencia en tierra podrían estar limitadas a un pequeño número de años, después de los cuales se podrían adjudicar de nuevo mediante licitación. Así, pues, los trabajadores no tendrían seguridad en el empleo ni una red de seguridad que los protegiera de pasar a engrosar las filas de los desempleados, una vez que expirara la licencia de su empresario. Tampoco se puede permitir que la liberalización del mercado dé paso a un régimen de seguridad más liberal en los aeropuertos de la UE. Si hay que reducir los costos, el de las normas de seguridad no debe ser uno de los sectores afectados.
En mis contactos con los trabajadores del aeropuerto de Dublín he oído hablar de casos en los que algunos de sus empleadores los han presionado indebidamente y les han obligado a desempeñar tareas para las que carecían de la preparación estricta. Un representante sindical me ha contado sus temores de que los trabajadores no estén preparados para afrontar emergencias como la de que se incendie un motor mientras una aeronave u otro vehículo esté en la terminal.
Por esa razón, se deben aplicar normas de seguridad uniformes. Sin embargo, el Consejo declara simplemente: »Las disposiciones de esta Directiva en modo alguno afectan a los derechos y deberes de los Estados miembros en materia de orden público y seguridad en los aeropuertos».
Así, pues, resulta más que evidente que el Consejo no ha abordado cuestiones decisivas, tales como las de la seguridad y la protección de los trabajadores.

Nicholson
Tenemos que alcanzar una posición común sobre la asistencia en tierra que sea eficiente y válida para todos los interesados en el sistema de aeropuertos. Sé que muchos de los que trabajan en los sectores de la limpieza, la recogida de equipajes y el mantenimiento de esa industria están muy preocupados. Tienen razón en estarlo y debemos velar por que se tengan en cuenta sus preocupaciones. Necesitamos un equilibrio entre todos los intereses, pero ninguna propuesta que en su momento se apruebe puede descuidar ni reducir la seguridad en modo alguno.

Theorin y Wibe
Estamos completamente de acuerdo con la propuesta del informe Seals de rechazar la posición común del Consejo. Las desreglamentaciones no conducen normalmente a un aumento de la eficacia. Las desreglamentaciones más bien producen como resultado un empobrecimiento del medio ambiente laboral y unos salarios más bajos para aquellos que trabajan dentro del sector afectado. En Suecia tenemos muchos ejemplos de sectores que anteriormente habían sido monopolio del Estado, y que habían sido altamente innovadores y competitivos en el mercado internacional.
Informe Langen
Lindqvist
He votado en contra de este informe porque considero que no se tienen suficientemente en cuenta las posibilidades de comprar al por mayor, a nivel local y regional, y de efectuar adquisiciones para cubrir las necesidades locales.
Estas posibilidades deben darse en mayor grado del que concede el informe.

Rovsing
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo recomienda con el presente informe que se rechace la propuesta de la Comisión por la que se modifica la directiva en vigor sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
Debo subrayar que esta propuesta no se basa en un rechazo de los principios del Acuerdo sobre Contratación Pública celebrado en relación con la Ronda Uruguay. Tampoco responde a un rechazo del principio fundamental de la propuesta de la Comisión de compensar la discriminación entre empresas y sectores que puedan considerarse competitivos, se contemplen o no en el Acuerdo sobre Contratación Pública. La propuesta de la comisión se basa única y exclusivamente en el deseo de dejar totalmente claro cuáles son las empresas y los sectores que deben cumplir las normas propuestas por la Comisión en los casos de adjudicación de contratos no contemplados en el Acuerdo sobre Contratación Pública. Este deseo parece totalmente legítimo, por lo que entiende que hemos de aprobar la propuesta, ya que se le ruega a la Comisión que presente una propuesta de acto complementario, en el que se especifiquen las excepciones en vigor y las normas especiales en relación con la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, a la vez que se indiquen todos los actos comunitarios en vigor sobre adjudicación de contratos.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Red transeuropea de transporte
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0232/96) del Sr. Piecyk, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C40364/96-94/0098(COD)) relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.

Piecyk
Señor Presidente, las redes transeuropeas de transporte pueden incorporar y hacer realidad diversos conceptos básicos y políticas fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, ahí está el Tratado de Maastricht, que prevé explícitamente que las redes deben contribuir a la cohesión económica y social de la Comunidad.
También tenemos el Libro blanco de Jacques Delors sobre Crecimiento, competitividad y empleo, con su propuesta de crear puestos de trabajo mediante un gran esfuerzo comunitario, en particular para promover proyectos de construcción de infraestructuras de transporte, y contribuir significativamente de este modo a la lucha contra el desempleo masivo en Europa. Varias reuniones al máximo nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno han abundado posteriormente en la misma idea, pero sin ir nunca más allá de las declaraciones.
Cabe citar, en cambio, como un ejemplo positivo el proyecto Oeresund, plenamente garantizado por los Gobiernos de Dinamarca y de Suecia y que supone la creación directa e indirecta de más de 50.000 puestos de trabajo. Y no en último lugar, cabe citar también la noción y el reconocimiento de que en la actualidad sencillamente no es posible impulsar una política de transporte separada de una política de medio ambiente y de que, en cualquier caso, es absolutamente necesario un enérgico cambio de rumbo también en el terreno de las inversiones en favor del ferrocarril, las vías fluviales y el transporte combinado como medios de transporte más favorables para el medio ambiente.
Por mi parte, tengo el convencimiento de que una política práctica encaminada a alcanzar los tres objetivos de la cohesión económica y social y, con ella, la consolidación del mercado interior, una política activa de empleo y una política de transporte, que no conciban la política medioambiental meramente como un mal necesario, sino como parte integrante de una política de transporte moderna, contaría también con el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos de Europa, a cuyos ojos nuestra labor resulta a menudo algo abstracta y poco comprensible.
El Parlamento ha intentado plasmar estas ideas a lo largo de ya casi dos años de consultas sobre las redes de transporte y yo puedo asegurarles explícitamente aquí que la Comisión siempre se ha mostrado como una interlocutora dispuesta a cooperar y ayudar. Por contraste, todavía resulta más decepcionante la política del Consejo y también del Consejo Europeo. Varias reuniones al máximo nivel, la última de las cuales ha sido la de Florencia, no han conseguido responder al reto de combatir el desempleo. Y la intervención del Consejo en el procedimiento de conciliación fue muy lamentable, a mi entender.
El Consejo se nos ha presentado en el procedimiento de conciliación como una institución que reacciona ante la política de medio ambiente como el demonio ante el agua bendita. Y en vez de hacer suyo el espíritu de Maastricht, se dejó llevar por una obsesión por las competencias de los Estados nacionales. Las consultas previas a la Conferencia Intergubernamental no deben llamar a engaño a nadie. El Consejo sigue valorando negativamente, hoy como ayer, la facultad de codecisión del Parlamento. No obstante, el Parlamento ha logrado resultados visibles en las negociaciones. Conseguimos incorporar un artículo específico relativo al medio ambiente. Como resultado, la Comisión procederá a una comprobación estratégica del impacto medioambiental del conjunto de la red y se aplicarán los análisis de los corredores como método.
Conseguimos que la navegación interior quedara definida como el medio de transporte más favorable para el medio ambiente, y el transporte combinado y las nuevas técnicas de gestión del tráfico se contemplan en un nuevo artículo. Las negociaciones más duras fueron las relativas a la inclusión de un Anexo III con una relación de los proyectos prioritarios. El Consejo rechazaba rotundamente una lista de estas características. Se llegó al acuerdo de compromiso de incluir los 14 proyectos de Essen. La delegación del Parlamento se quedó pasmada al constatar que, una vez cerrado el proceso de conciliación, en las conclusiones de Florencia figuraba la propuesta de dos Estados miembros de introducir un cambio en el proyecto nº 8.
El malestar se disipó gracias a la inequívoca declaración del Presidente del Consejo, Sr. Dini, ante Parlamento en Bruselas. El Sr. Dini declaró que no se trataba de una modificación introducida unilateralmente por el Consejo, sino sólo de tomar nota de una propuesta de modificación, y que todas las posibles modificaciones se realizarán, obviamente, en el marco del procedimiento de codecisión. Esta explicación es aceptable, a mi entender, y pienso que sobre esta base podemos aprobar mañana el resultado global de la conciliación.
Por lo tanto, debemos sopesar y evaluar este resultado. Mi opinión personal es que una vez completado el procedimiento de conciliación, el vaso está medio lleno. No debemos desperdiciar su contenido, si bien todos sabemos que la construcción de las redes sólo acaba de iniciarse y que en adelante tendremos que actuar muy decididamente año tras año para incorporar los planteamientos del Parlamento en el curso del procedimiento presupuestario. Ya he señalado que las presentes consultas han durado dos años en total y, por lo tanto, yo quiero manifestar ahora mi sincero agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo que han participado en estos trabajos. También quiero dar las gracias a la delegación ante el Comité de Conciliación y muy especialmente a la Sra. Fontaine, que en mi opinión la presidió con extraordinario acierto. Debo dar las gracias igualmente a la Sra. Albani y a los Sres. von Haeren, Miller y Betz de los servicios del Parlamento y a mis colaboradores, Michael Hoppe y Jürgen Aschmutat, sin cuya ayuda no hubiese sido posible realizar todo este trabajo durante dos años.
Cuando mañana votemos afirmativamente el texto -y yo estoy a favor de que nuestro voto sea afirmativo-, sin duda no será la última vez que debatiremos el tema de las redes. Las propias características del procedimiento de conciliación y de su resultado determinan que así sea, puesto que todavía recibiremos alguna propuesta complementaria de la Comisión. Sólo me queda confiar que el Consejo manifieste entre tanto una actitud un poco más receptiva y un poco más cooperadora en relación con la codecisión. Esto es al menos lo que ha dado a entender hoy el señor Ministro en la reunión de la comisión.

Simpson
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo al ponente del Parlamento, Sr. Piecyk, y a nuestros copresidentes, Sr. Imbeni y Sra. Fontaine, su labor en el Comité de Conciliación, muy apreciada, y a la Comisión, porque trabajó de forma extraordinariamente denodada para lograr un acuerdo sobre el que mañana podamos votar.
No es nada habitual para mí, como pueden -estoy seguro- apreciar Sus Señorías que felicite al Consejo y, en este caso, se trata del ministro italiano Sr. Burlando, que trabajó de forma extraordinariamente denodada y fue una figura muy importante para llegar a un acuerdo. Podríamos afirmar que, si el Consejo hubiese mostrado tan buena disposición como el Sr. Burlando a lograr un acuerdo, tal vez fueran mejores las relaciones de lo que son en este momento.
Mi Grupo apoyará el acuerdo de conciliación al que se ha llegado después de largas y tediosas negociaciones. Algunas sesiones duraron toda una noche: yo creía que sesiones así estaban reservadas para los parlamentos nacionales, pero estaba muy equivocado.
Como dice el ponente, tenemos un artículo medioambiental que era importante para mi Grupo y para el Parlamento. Tenemos los proyectos prioritarios, que también eran prioritarios para mi Grupo y para el Parlamento, y la lista indicativa de otros proyectos que la Comisión examinará en los otros anexos.
Es absolutamente cierto que el Parlamento no consiguió todo lo que quería de la conciliación, pero quisiera decir que la conciliación no estriba en obtener lo que se desea, sino en esa propia palabra: ¡»conciliar»! El Parlamento estaba muy interesado en obtener un acuerdo y la Comisión contribuyó a su consecución. Vemos la importancia de las redes transeuropeas, no sólo en la infraestructura de transportes, sino también desde el punto de vista de la creación de empleo para los ciudadanos de la Unión Europea.
La actitud del Consejo dejó mucho que desear en ocasiones. Quisiera decir al Consejo que en el futuro es importante que trabaje con el Parlamento en lugar de salirse por la tangente e ir a lo suyo. Las relaciones con el Consejo en este momento, pese a ser cordiales, son frágiles. El Consejo debe tenerlo en cuenta y también que el Parlamento tiene sus derechos con arreglo a la codecisión y espera que se respeten.
Tenemos que ser prácticos; tenemos que ser conscientes de la necesidad de las redes transeuropeas, desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el de la creación de empleo, con vistas a la circulación de las personas y los bienes por toda la Unión Europea.
Tenemos un acuerdo aceptable. No es perfecto, pero es el mejor posible y, por lo tanto, mi Grupo apoyará ese acuerdo obtenido en conciliación.

Sarlis
Señor Presidente, Señorías, la posición común que el pleno del Parlamento Europeo está llamado a aprobar o rechazar mañana contiene algunos elementos positivos que, tras una ardua lucha, logró arrancar al Consejo la representación parlamentaria, bajo el extraordinario liderazgo de la presidenta Sra. Fontaine, que también participó en el procedimiento de conciliación.
Debo destacar la importante ayuda de la Comisión, y concretamente del Comisario Kinnock, a la hora de poner de relieve las posiciones del Parlamento, así como del Presidente del Consejo, el Sr. Ministro de Transportes de Italia.
Señorías, tal como está planteado el tema con vistas a la votación de mañana, no se trate de si la posición común es positiva o negativa, o, si así lo quieren, no se trata sólo de esto. La posición común, en su redacción final, crea un grave problema que perturba las relaciones entre el Parlamento y el Consejo, dado que éste último, amparándose en la posición común, y pese a la letra y el espíritu del artículo 129 del Tratado de Maastricht, se niega a reconocer al Parlamento su derecho de codecisión al determinar la prioridad de las grandes obras de las redes transeuropeas.
Fuera de la exposición de motivos, en la parte dispositiva de la posición común se menciona la palabra «prioridad». El Consejo se desacredita a sí mismo con esta posición común, y concretamente ha tirado por la borda el compromiso político asumido en 1994 por los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Essen, relativo a las 14 obras más prioritarias. Únicamente ha aceptado, tras grandes presiones, hacer una referencia histórica al acta de Essen.
No obstante, Señorías, es problema del Consejo el resultar creíble o no. La insistencia de los gobiernos por actuar y ejercer una política puramente continuista de los métodos seguidos en el Congreso de Viena en 1815 también es su problema. No el nuestro. Nuestro problema consiste en que se nos está limitando un derecho que nos brinda el Tratado. Se nos niega el derecho de codecisión sobre si existe o no prioridad para alguna gran obra. Este es el problema sobre el que mañana tendrán que tomar una decisión a favor o en contra.
También están llamados a decidir en conciencia y a asumir sus responsabilidades por evaluar el hecho de que la Unión Europea no puede convertirse en una alianza entre Estados basada intereses económicos y en la que la voz del Parlamento, que expresa las esperanzas y los intereses de los pueblos europeos, se vea ahogada por la arrogancia de los gobiernos de turno.
El Grupo del Partido Popular Europeo, al que ahora represento aquí, tendrá que decidir esta noche sobre la posición que mantendrá.

Kaklamanis
Señor Presidente, nuestro colega el Sr. Piecyk lleva mucho tiempo trabajando duramente y colaborando con nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, y el texto final de su informe, antes de ser remitido al Comité de Conciliación, había logrado lo imposible: satisfacer a prácticamente todas las partes interesadas. Al mismo tiempo había abierto nuevos horizontes para las redes transeuropeas, conforme a criterios políticos, económicos y sociales, concediendo a la vez especial importancia a la protección del medio ambiente. Por esta razón quiero felicitar de todo corazón al Sr. Piecyk.
Pero llegó el Consejo y lo cambió todo. Al menos, desde el punto de vista de su concepción no dejó en pie nada del informe inicial del Sr. Piecyk. Les recordaré que hubo, Señorías, 78 aspectos conflictivos, 78 puntos en los que diferíamos del Consejo. ¿Y a dónde llegamos? A que el Consejo apruebe sólo 28 de los 78 puntos. ¿Debe el Parlamento Europeo darse por contento? ¿Esto se llama consenso? Eso no es consenso, Señorías, es simplemente el fruto de una nueva extorsión política del Consejo a costa del Parlamento Europeo. Este es el resultado de la conciliación, no un acuerdo satisfactorio. El Sr. Sarlis tenía toda la razón: las explicaciones dadas tanto por el Comisario Kinnock, que hizo cuanto pudo, por lo que le felicitamos y damos las gracias, como por el nuevo Presidente en ejercicio del Consejo, aumentaron nuestras inquietudes en lugar de acallarlas. Porque, ¿acaso puede el Consejo cambiar el orden de prioridades sin preguntar a nadie? Además el dinero que se va a dar -hecho que destacó el Sr. Sarlis- no es de su propio bolsillo, sino que sale del bolsillo de los pueblos de Europa, a los que el Consejo, junto con las otras dos instituciones, tiene el deber de representar, y no a un grupo de intereses económicos. Eso es lo que está haciendo con las enmiendas que ha introducido en las redes transeuropeas.
No le han movido motivos políticos, ni sociales, ni de protección del medio ambiente, ni el desarrollo de las redes de la Unión Europea. Ha sido claramente la representación de los intereses económicos de un grupo concreto dentro de la Unión Europea.
Señor Piecyk, personalmente le felicito de todo corazón por el esfuerzo realizado y por el espíritu de cooperación de que ha hecho gala, así como por el excelente informe que elaboró. Sin embargo, por principios políticos votaré en contra de su informe. Y mis principios políticos no son objeto de intercambio en ningún Consejo de Ministros.

Farassino
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada, deseo felicitar a la delegación en el Comité de Conciliación, representada por su presidenta, Sra. Fontaine, y al Sr. Piecyk por el excelente trabajo realizado.
Han transcurrido dos años desde la primera propuesta de la Comisión relativa a las redes transeuropeas, durante los cuales el Parlamento y el Consejo manifestaron y mostraron su desacuerdo hasta las reuniones del Comité de Conciliación, tras cuya finalización, se aceptó un texto de compromiso, aunque a regañadientes. El texto respecto al cual debemos hoy manifestarnos no expresa, de hecho, las expectativas del Parlamento que, quizás, habría podido obtener algo más y ver aceptadas las propuestas que consideraba mejores para el territorio y para los ciudadanos de la Unión, cuya representación ostenta. De todos modo, me alegro de que, con arreglo al criterio del cesto casi vacío y tras largas negociaciones, aparezcan en el texto final unas referencias al medio ambiente y al Anexo III, referente a los proyectos prioritarios, a pesar de que su naturaleza jurídica siga siendo dudosa. El artículo 20, relativo al transporte multimodal y a las nuevas tecnologías de gestión del tráfico, merece mi especial aprobación. En efecto, creo que hoy debemos apuntar hacia nuevas soluciones, tales como la explotación de las vías navegables de algunas regiones como el Norte de Italia, por las que siento un especial afecto e interés.
A pesar de que el texto final no se corresponde exactamente al que habríamos deseado, sobre todo, por la escasa colaboración del Consejo que no acepta de buen grado el nuevo papel del Parlamento Europeo y no se adapta al procedimiento de codecisión, mi Grupo va a votar a favor de este proyecto, puesto que consideramos que es importante que el Parlamento se exprese de forma positiva respecto a esta decisión común. Un voto en contra, que bloquearía todas las TEN, no sólo haría recaer sobre el Parlamento Europeo la responsabilidad del fracaso según la opinión pública, sino que le haría desaprovechar la oportunidad que hoy se le presenta de contribuir positivamente al problema del empleo y a la construcción de una Europa mejor.

Eriksson
Señor Presidente, este Parlamento exigió con toda la razón que el artículo sobre el medio ambiente, que era vinculante, se incluyera en todo lo que afecta a las redes de transporte europeas. Pero esto no se ha hecho. Lo único que se ha introducido es, en mi opinión, los párrafos de costumbre que como sabemos no obligan a nada. Las redes europeas de transporte son además una mezcla de proyectos nacionales y transnacionales, de proyectos positivos y negativos.
Aprovecho la ocasión para dar un ejemplo de uno de los proyectos más absolutamente innecesarios y mediocres: el puente del Sund entre Dinamarca y Suecia. Desde el punto de vista de los costes, el puente deja endeudadas a generaciones de daneses y suecos; además podría convertirse en una verdadera catástrofe ecológica si el tráfico no funciona bien.
También quiero referirme a la creación de empleo. Pienso que aquellos que defienden las redes de transporte europeas como un «medio para solucionar los problemas de empleo» están equivocados. Cuando se construían carreteras en los años 30, se utilizaba una pala por persona. Pero, con la experiencia de cómo se hacen las cosas actualmente en Suecia, bastan cinco máquinas y tres personas para hacer todo el trabajo. Vamos a tener unas carreteras a un coste enorme, y sin crear demasiados empleos.
Se ha mencionado mucho el factor de la responsabilidad. El Consejo ha declinado su responsabilidad para con el medio ambiente. Los Verdes nórdicos la asumimos. Votaremos en contra del compromiso de mañana. Esperamos naturalmente que otros también lo hagan porque el medio ambiente es nuestro futuro, independientemente de lo que pensemos.

Van Dijk
Señor Presidente, ya se hablado mucho de las implicaciones institucionales del tratamiento de las redes y sólo puedo añadir que considero un verdadero escándalo el modo en que el Consejo cree poder manejar este procedimiento de codecisión. Además me parece ridículo que el Parlamento se deje llevar al matadero como un cordero dócil para luego estar de acuerdo con el compromiso alcanzado. He de decir que el papel que ha desempeñado en este contexto el Comisario Kinnock ha sido curioso. En un principio se esforzó y apoyó algunas de las exigencias del Parlamento, y finalmente ha presionado mucho al Parlamento para que aceptara el compromiso resultante.
Pero no quiero hablar tan sólo de los procedimientos, pues pienso que las consecuencias de las Redes Transeuropeas son demasiado importantes para limitarnos a ello.
El apartado sobre el medio ambiente era en un principio un punto firme del Parlamento. La posición era que tenían que realizarse análisis de corredor y estudios estratégicos de impacto ambiental preceptivos para forzar las opciones que permitan reducir al máximo los daños ecológicos. El resultado es que en el artículo 8, la Comisión recibe la tarea de elaborar métodos de análisis. Esto quizás dé algún resultado en el marco de un plan de empleo para unos cuantos funcionarios de Bruselas, pero no significará mucho para el medio ambiente, salvo que el Comisario pueda decirme -y es una pregunta categórica a la que quiero una respuesta- si estos métodos de análisis, una vez desarrollados, se utilizarán también para ajustar las Redes Transeuropeas cuando estas sean revisadas. Ruego que el Comisario me responda.
El Consejo se compromete a ejecutar la directiva sobre el hábitat y la directiva EIA. Realmente me pregunto si hasta ahora simplemente no lo ha hecho, aunque las directivas ya existían desde hacía tiempo y tendría que haberlo hecho antes. Comisario Kinnock, ¿significa esto que, ahora que los Estados miembros se han vuelto a pronunciar al respecto, usted les obligará a ejecutar realmente ambas directivas, y significa también, señor Comisario, que a partir de ahora ya no se enviará dinero a los países que en la realización de determinados proyectos de infraestructura que forman parte de Redes Transeuropeas no aplican la directiva sobre el hábitat o la directiva EIA? Me gustaría que me diera una respuesta al respecto.
Señor Presidente, quisiera dedicar unas palabras al mito del empleo. Muchos estudios han demostrado que para el empleo se pueden idear proyectos mucho mejores que las grandes obras de infraestructura, concretamente si además se quieren realizar objetivos ambientales como la reducción de emisiones: pensemos en los objetivos de CO2 que hemos acordado conjuntamente. Por consiguiente -y cualquier persona que reflexione se dará cuenta de ello- es ridículo ir a buscar muchos millardos de ecus debajo de las piedras para convertirlos en hormigón y en asfalto sobre los que puedan circular aún más automóviles.
La creación de puestos de trabajo en sectores ecológicos, y unido a ello un desplazamiento de los impuestos del trabajo al medio ambiente, es empleo a largo plazo, que además nos reportará una sociedad más atractiva.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, por fin, llegamos al final de este largo y complejo procedimiento de conciliación. Deseo, ante todo, rendir un sincero y caluroso homenaje a los Sres. Fontaine e Imbeni por como gestionaron el Comité de Conciliación y por haber finalmente permitido al Parlamento salir de este trámite. Nuestras más sinceras gracias por como llevaron a cabo los trabajos.
Dicho esto, hoy podemos asumir dos posturas. La primera es hacer como si nada hubiera ocurrido y comprobar con satisfacción que el Parlamento salió airoso respecto a esto o a aquello. La segunda es la de tomar nota -y desearía que entre nosotros lo debatiéramos- que, como se suele decir en nuestro país, hemos quedado con un puñado de moscas en la mano y que este episodio se parece mucho, utilizando el idioma del Comisario, a la Comedy of errors de Shakespeare.
Considero que el Parlamento quiso mostrar su fuerza creyendo que tenía en su mano la posibilidad de decidirlo todo respecto a uno de las catorce proyectos prioritarios, como es el de Malpensa. Actuando así, por el contrario, hizo que aumentara aún más, si cabe, la preocupación del Consejo que corrió a buen recaudo en cuanto se dio cuenta de esta voluntad, algo veleidosa, de la Comisión de Transportes y del Parlamento. El resultado es mucha espera para tan poco resultado.
Es una lección importante que, creo, nos debe hacer reflexionar. Considero que hemos comprobado los límites de la codecisión, pero, sobre todo, de la voluntad de arrogarnos poderes que objetivamente no nos correspondían. Podíamos habernos dado cuenta de esta impotencia con bastante facilidad. Habríamos podido quizás utilizar una estrategia más prudente, incluso sin tener que acudir a la decisión política de Essen que, a mi juicio, permitió que el Consejo adoptara su posición, con el resultado de que por un momento creímos en las palabras del Presidente Dini. El Presidente Dini miente. Nos mintió como en tantas otras situaciones políticas internas y como Presidente en ejercicio del Consejo. Por desgracia, debemos asumir el fracaso. A pesar de que nuestro Grupo votará a favor del informe Piecyk, el mismo es consciente de que no hemos obtenido gran cosa.

Simpson
Hago uso de la palabra para plantear una cuestión de orden, porque está empezando a preocuparme un poco el gran número de diputados que exceden su tiempo de uso de la palabra. Además, quisiera pedir a los diputados que piensen muy cuidadosamente antes de intervenir en esta Asamblea para acusar a alguien -y no digamos, si se trata de un Presidente en ejercicio- de mentir. Eso es lo que he oído por mis auriculares. No es ése el tipo de lenguaje parlamentario al que estoy acostumbrado y quisiera suponer que no es el tipo de lenguaje parlamentario a que está acostumbrado este Parlamento. Hay modos y maneras de oponer objeciones, hay modos y maneras de expresar una objeción. Llamar mentiroso a alguien no es uno de ellos.

El Presidente
Señor Simpson, muchas gracias por su observación, que tiene especial importancia porque procede de uno de nuestros diputados que defienden combativamente sus puntos de vista, sin que en otros foros lleguen a poder expresar sus opiniones.

Nußbaumer
Señor Presidente, Señorías, los esfuerzos del ponente para alcanzar este compromiso en el Comité de Conciliación y dar así un impulso a la construcción de las redes transeuropeas son de agradecer. No obstante, es preciso preguntarse si el Parlamento puede aprobar unas orientaciones comunitarias para la construcción de una red europea de transporte, cuando se ha tenido muy poco en cuenta su opinión, cuando el Consejo no ha aceptado ni siquiera un 30 % de las enmiendas del Parlamento, cuando - entre otras cosas- el compromiso negociado concede prioridad al gran número de proyectos que se relacionan en los Apéndices I y II frente a los catorce proyectos de principal importancia seleccionados en el Consejo Europeo de Essen del 9 y 10 de diciembre de 1994, favoreciendo por lo tanto el principio de la regadera. En efecto, esta nueva formulación merma seriamente el valor jurídico del Apéndice III, donde se recogen estos proyectos prioritarios. Con ello también queda en entredicho el proyecto del túnel de la base del Brénero, tan importante para Austria.
Por otra parte, las condiciones marco para la financiación, tanto por parte del sector público como del sector privado, quedan totalmente excluidas de las orientaciones comunitarias, de conformidad con el apartado 2 del artículo 1. El apartado 1 del artículo 2 señala, por otra parte, el año 2010 como plazo para alcanzar los objetivos.
Señorías, orientaciones como éstas no tienen ninguna trascendencia concreta sin un acuerdo sobre la financiación, puesto que su transposición no es posible o nunca puede tener lugar dentro del plazo previsto.
En el caso del túnel de base del Brénero esto significa que no podrán realizarse ni siquiera los trabajos básicos, como las perforaciones de prueba. Sin embargo, éstas son necesarias para responder a las declaraciones sobre el montante de las cantidades necesarias para su financiación. Sin datos concretos sobre la financiación será prácticamente imposible encontrar inversores privados, cuya participación sin embargo es necesaria, puesto que el proyecto del túnel de la base del Brénero no puede financiarse exclusivamente con fondos públicos.
De este modo se retrasará una vez más la realización de las redes transeuropeas y quedará en el aire también el efecto deseado por la Comisión de contribuir a la creación adicional de empleo a través de la promoción y de una rápida realización de las mismas.

Imbeni
Señor Presidente, he solicitado intervenir sobre todo para hacer una evaluación de orden político e institucional. Antes que nada, sin embargo, y al igual que el Sr. Simpson, deseo expresar mi juicio acerca del comportamiento de la Presidencia italiana. Dicho juicio no es irónico, habida cuenta de que la crítica más fuerte que en este Pleno podemos dirigir al Consejo, no puede ignorar el papel del Presidente en ejercicio, sin el cual, probablemente, no hubiéramos llegado al final de la negociación. Deseo asimismo hacer extensivo mi agradecimiento al Comisario Sr. Kinnock por haber desempeñado una inteligente labor de mediación y el papel tal vez más importante en toda esta etapa. El Consejo y la Comisión se encontraron ante una delegación parlamentaria autorizada, dirigida con acierto por la Sra. Fontaine y, me atrevo a decir, obstinada. Hemos obtenido algunos resultados gracias a nuestra obstinación tan egregiamente demostrada por el ponente, Sr. Piecyk. Sin embargo, se trata de unos resultados que, por ejemplo, en lo que se refiere al medio ambiente y a varias enmiendas, no nos satisfacen plenamente.
Para el Parlamento el resultado final es insatisfactorio y ello es así a pesar del tono y de la forma en la que hacemos esta afirmación. Nuestro juicio acerca de cualquier cuestión a la que nos podemos referir sigue siendo el mismo: nos parece que el Consejo hizo todo lo posible para provocar un voto en contra del Parlamento Europeo respecto a las redes transeuropeas de transporte. Ésta fue al menos mi impresión cuando el Consejo rechazó cualquier mínimo cambio en la lista de los catorce proyectos prioritarios y, posteriormente, dio a entender en el Consejo Europeo de Florencia que dos Estados miembros querían cambiar dicha lista. A mi juicio, sin embargo, el Parlamento Europeo no debe cambiar su opinión según los mutables cambios de humor del Consejo. Como Parlamento Europeo, debemos insistir en la necesidad de una codecisión real para los proyectos prioritarios de interés común. Por mi parte, estoy profundamente decepcionado por el comportamiento del Consejo y el resultado negativo de la Cumbre de Florencia. Nuestra decepción no deberá transformarse en ningún caso, e invito a todos los colegas a reflexionar sobre este punto, en una excusa ofrecida al Consejo que, gracias a un voto negativo del Parlamento Europeo, quizás se sentiría más confortado por la posibilidad de descargar sobre nosotros sus divisiones y dificultades.
Ahora bien, para la Presidencia irlandesa y la Conferencia Intergubernamental se plantea un problema, que no es otro que el que surge cuando se constata que no se puede continuar por más tiempo con el procedimiento de las codecisiones. A pesar de que la codecisión es un procedimiento entre el Parlamento y el Consejo, el Consejo, según nuestro punto de vista, lo considera un procedimiento entre el Parlamento y el COREPER, y de ello se deriva que cuando se llega ante el Consejo se advierte cierto malestar. Por consiguiente, sería oportuno que en el seno del Consejo se leyera con atención el Tratado de Maastricht. Si ello no se ha hecho hasta ahora, se podrían aprovechar las próximas Cumbres y el Consejo Extraordinario de Dublín, para hacer hincapié en que no podemos seguir aceptando una codecisión entre nosotros y el COREPER. No es esto lo que dice el Tratado.

Fontaine
Permítame, señor Presidente, en esta breve intervención, dar a conocer a mis colegas algunas de las reflexiones que me han inspirado esta conciliación que he tenido el honor de presidir.
Debo decir que es sin duda una de las conciliaciones más difíciles que hemos conocido. Y ello porque debíamos conciliar obligatoriamente dos objetivos, el de preservar las legítimas prerrogativas de nuestra institución (las que le son conferidas por los tratados en materia de codecisión) y el de concluir un expediente, las redes transeuropeas de transportes, en el que nuestros conciudadanos han puesto unas esperanzas legítimas de empleo. Y estos dos objetivos se revelaron a lo largo de la negociación como difícilmente conciliables.
Hemos trabajado duro durante meses, y deseo saludar el trabajo ejemplar de nuestro ponente, Sr. Piecyk, el del presidente de la Comisión de Transportes, Sr. Cornelissen y el de toda nuestra delegación. Ninguno de ellos ha ahorrado esfuerzos para que pudiéramos lograr progresos significativos que nos permitiesen de forma razonable, dar luz verde a estos grandes trabajos que esperan nuestros conciudadanos. ¿Lo hemos conseguido? La respuesta a esta pregunta puede tener opiniones divergentes, y las hemos oído.
Por mi parte, en lo positivo, deseo destacar que hemos tomado en consideración ampliamente las preocupaciones medioambientales, pues ahora tenemos una disposición que introduce una referencia extensiva a las tareas de la Comisión. Deseo destacar también algunos progresos relativos a determinadas enmiendas técnicas en el Anexo I, así como sobre la situación de los puertos, aunque lamento que no hayamos podido prolongar la conexión Este hasta Budapest. Deseo destacar que hemos conseguido un Anexo III, jurídicamente vinculado al dispositivo legislativo, pero cuyo valor jurídico ha quedado impreciso hasta el día en que el Comisario Sr. Kinnock tuvo a bien escribirnos, y cito: »creo que el Parlamento Europeo debe ser incluido en cada cambio de la lista de los proyectos prioritarios». Se trata de una carta del 1 de julio dirigida al Sr. Cornelissen, presidente de la Comisión de Transportes y Turismo. Hasta el día 3 de julio pasado, cuando en sesión plenaria en Bruselas, el Sr. Dini confirmó la afirmación del Sr. Kinnock en estos términos: »cualquier cambio necesitaría naturalmente en todo caso de una nueva codecisión con el Parlamento Europeo».
Señorías, no se puede ser más claro, y debo decir solemnemente que confío totalmente en el Comisario Kinnock, sin el cual no hubiéramos podido llegar a una solución, y que le agradezco los esfuerzos que ha realizado para llegar a este resultado, que confío en el Presidente en ejercicio del Consejo quien ha tenido ocasión de exponer sus puntos de vista en ese hemiciclo, y no imagino ni por un solo instante que el nivel administrativo pueda influir en el político para hacer que vuelva sobre los compromisos que se nos han formulado. De una manera más general, aprovecho esta ocasión para formular el deseo de que las conciliaciones del futuro se desarrollen, como decía con toda razón mi colega Imbeni, con la participación de los que tienen el poder de compromiso político, es decir, los ministros. Sería sin duda conforme al espíritu de Maastricht y nos haría ganar mucho tiempo. Sea como sea, y para volver a las redes «transportes» velaremos, por supuesto, por el respeto de lo que se nos ha prometido, utilizando si fuera necesario nuestras prerrogativas presupuestarias.
Con este mismo espíritu, deseo que nuestro Parlamento confirme el proyecto común de conciliación que hemos concluido laboriosamente el pasado 17 de junio. De este modo demostraremos a los ciudadanos que somos un Parlamento respetuoso y responsable.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, los colegas que me han precedido en el uso de la palabra han hecho ya la narración de esta decisión sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes y de los largos debates necesarios para alcanzar este compromiso. Felicito a nuestro ponente y a nuestros colegas, que han participado en las numerosas reuniones del Comité de Conciliación, por su tenacidad y por la excelente calidad de su trabajo. Como cualquier compromiso, el texto que se nos ha presentado hoy contiene puntos satisfactorios y otros que lo son mucho menos.
Deploro, como todos aquí, que muchas de las enmiendas que habíamos adoptado no fueran recogidas por el Consejo. Lamento profundamente que los puertos no figuren en ese documento y que tengamos que esperar hasta 1997 para que la Comisión plantee una propuesta específica sobre el tema. En este sentido, deseo precisar que mi grupo se compromete a seguir de cerca la presentación de este texto por la Comisión en los plazos acordados.
Creo sin embargo que, desde un punto de vista global y, habida cuenta de la complejidad del tema, este compromiso es satisfactorio y debe ser aprobado por nuestra Asamblea. No podemos permitirnos reiniciar un procedimiento interminable. Debemos dotarnos de una base jurídica sólida para que podamos dedicarnos ahora al problema crucial de la financiación de estas redes. Los desafíos en el tema del empleo son considerables, sobre todo en un período de ralentización económica como el que atravesamos en la actualidad. Lamento que este elemento esencial se vea con frecuencia subestimado por los Estados miembros, y que esos trabajos no estén más avanzados, cuando han sido previstos hace varios años. Es importante liberar los medios públicos y privados necesarios para comprometer lo más rápidamente posible los trabajos de los proyectos listos para comenzar, y lanzar de ese modo una señal determinante a los agentes socioeconómicos. La primera etapa indispensable es la aprobación de estas orientaciones. Por ello votaré a favor del proyecto común que nos ha presentado el Comité de Conciliación, y espero que otros muchos hagan lo mismo.

El Presidente
Veo en el cuadro de oradores que hay al menos diez colegas que disponen de un minuto de tiempo, y quiero hacer un nuevo llamamiento a los Grupos políticos: considero inadmisible que el tiempo de intervención sea de un minuto. Tendrán que regular este tema de forma que los diputados dispongan al menos dos minutos. Es una vergüenza. No hay nadie que pueda expresar un pensamiento en un minuto. Y veo que hay diez diputados con un minuto. ¡Por Dios!

Rehn, Olli Ilmari
Señor Presidente, intentaré hacer llegar mi mensaje en un minuto, si bien usted ya ha utilizado algo de este tiempo. Desearía felicitar al ponente, el señor Piecyk, así como a la dirección del Comité de Conciliación por sus esfuerzos por alcanzar un resultado final satisfactorio. Considero positivo que se haya logrado finalmente un resultado definitivo en relación con las redes transeuropeas, a pesar de no estar satisfecho ni con las diversas fases del proceso ni, en especial, con la retirada por parte del Consejo de la financiación de las redes transeuropeas durante la Cumbre de Florencia. Junto con el procedimiento de codecisión, debemos, por otra parte, tener presente que, al establecerse las necesidades de transportes y comunicaciones, habrá que reconocer el principio de subsidiariedad, en especial para las regiones nórdicas de baja densidad de población. Apoyo la decisión adoptada por parte del Comité de Conciliación de incluir en la relación de proyectos la carretera número 5 de Finlandia, una arteria vital para todo el este del país. En honor a la verdad, hay que decir que el papel desempeñado en el Consejo por Finlandia al respecto debería haber sido, de hecho, más activo. Resulta una circunstancia irónica que la inclusión de este proyecto en la relación se haya producido únicamente a raíz de los enconados esfuerzos realizados por el Gobierno sueco. Afortunadamente, el Gobierno finlandés ha comprendido al menos la utilidad de seguir los pasos de los suecos, aunque no haya desempeñado un papel activo tampoco por lo que respecta a este asunto. Por todos estos motivos, apoyo la aprobación de los resultados de la conciliación.

Puerta
Señor Presidente, es criticable la falta de simetría del Comité de Conciliación -como ya ha sido puesta de manifiesto- entre el Parlamento y el Consejo.
No nos satisface plenamente el resultado del texto conjunto de conciliación.
Somos conscientes de que en algunos Estados miembros habrá que reajustar o reexaminar las condiciones en que se van a realizar los proyectos, sobre todo en el tema del medio ambiente, en el que habrá que cumplir todas la directivas de estudio de impacto ambiental, que en muchos casos ni siquiera han sido trasladadas a la legislación nacional o no se cumplen. Pese a todos estos defectos, nosotros tenemos que valorar el carácter muchas veces histórico de este texto conjunto para muchos países y regiones.
Por ejemplo, en la Península Ibérica se van a superar déficits de infraestructuras que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Se van a ahorrar muchas vidas humanas con esos proyectos de autopistas o de trenes. Tenemos que tener en cuenta, globalmente, el significado del texto conjunto, y eso nos compromete a luchar por que se cumplan las condiciones medioambientales y de todo tipo, incluidas las institucionales.
Pero teniendo en cuenta esa valoración global numerosos miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, respetando y comprendiendo las razones de los que van a votar «no», vamos a dar el «sí» a este texto conjunto del Comité de Conciliación.

Tamino
Señor Presidente, tal como ya manifestó la Sra. Nel van Dijk, nosotros los Verdes estamos en contra de este acuerdo de transacción tanto por lo que se refiere a la inconsistencia de la parte relativa a la protección del medio ambiente, como porque no nos fue posible debatir las prioridades decididas ahora en cuanto a los distintos proyectos propuestos. La situación, sin embargo, sufrió un cambio respecto al momento en que el Consejo de Essen adoptó la decisión y varios Estados miembros propusieron substanciales modificaciones o, al menos, cambios debidos a la evolución política, económica, social o financiera que sufren dichos Estados. A este propósito, un caso significativo es el de la línea férrea de alta velocidad entre Munich y Verona. El coste y el impacto medioambiental del túnel del Brennero convierten este proyecto en difícilmente realizable y ello según los mismos Gobiernos interesados, es decir, Alemania, Austria e Italia. Sin embargo, existen otras soluciones que responden a la exigencia de enlazar el Norte con el Sur de Europa.
En consecuencia, es evidente que se quiere aprobar un texto cuya actuación nosotros ya sabemos que es imposible. De hecho, sin embargo, lo que no se quiere garantizar al Parlamento Europeo es un papel efectivo en la decisión de cambio. Se trataría de un peligroso precedente respecto al procedimiento de codecisión adoptado en Maastricht y, por ello, pido garantías y aclaraciones al Comisario Kinnock.

Belleré
Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, Señorías, una vez más se vuelve a plantear en este Pleno la problemática relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, que fue tratada por el Sr. Piecyk y por el Comité de Conciliación al que hay que reconocer el esfuerzo que supuso alcanzar una decisión en la que todos estuvieran de acuerdo, hecho respecto al que francamente tengo mis dudas. Sin dinero, sin embargo, no se puede cantar misa. ¿Es posible modificar los catorce proyectos prioritarios? Es cierto que el ministro Dini dijo que cualquier asunto debe someterse a la codecisión del Parlamento Europeo. Toda Europa está implicada en esto. Los distintos Estados miembros, partes principales y primeros proponentes de los proyectos prioritarios, deberían, sin embargo, hacer sus cuentas. Lo que puede hacerse debe hacerse. Según mi opinión, los proyectos prioritarios no deben cambiarse en absoluto. Lo que sucederá después es una consecuencia y depende, obviamente, de los plazos y cambios nacionales y europeos. Por consiguiente, cuando se debatirá en este Pleno esta cuestión, intentaré que se entienda la idea de que los proyectos prioritarios deben respetarse. El resto vendrá después.

Lüttge
Señor Presidente, ¿no hemos avanzado en realidad bastante más en el desarrollo de la política común europea de transporte de lo que parece indicar la tendencia del presente debate? En mi opinión, el Consejo permaneció un poco al margen. Fueron esencialmente la Comisión y el Parlamento Europeo los que impulsaron estos temas a principios de los años noventa, mientras una vez más era preciso obligar a actuar al Consejo.
El hecho constatable es que las redes transeuropeas constituyen un requisito previo fundamental para el futuro desarrollo. Nosotros partimos de la base de que por fin podrá empezar a desarrollarse su concepción y a continuación estaremos en condiciones de dar el siguiente paso, que será pronunciarnos sobre la financiación obligatoria. Pero todas las disquisiciones sobre la financiación privada y demás no nos ayudan a seguir avanzando si no se establecen efectivamente unos planes de inversión y de realización de obligado cumplimiento, que nos sirvan de base para perfeccionar paso a paso la formulación y avanzar hacia un objetivo común en las diversas vías de transporte.
Este es el mensaje que debe transmitir el debate de hoy. De hecho, en las dos conferencias, de Praga y de Creta, yo siempre tuve la impresión de que existía la voluntad común necesaria. Allí se articularon y también se condensaron muchos aspectos para continuar impulsando la aspiración común. Debemos establecer el fundamento financiero, para luego volver a abordar este tema en la Conferencia de Helsinki del año próximo. Deberemos volver a hablar de las redes transeuropeas de transporte, de las posibilidades de financiación y de los pasos necesarios, y esa ocasión podría marcar un nuevo hito en el camino.
El Parlamento examinará detenidamente en el momento de concretar el Presupuesto de 1997 si está dispuesto a destinar una vez más el 75 % del presupuesto global a la política de transporte, a las redes transeuropeas o a los 14 proyectos prioritarios. Será una decisión sumamente difícil, a mi entender, y tendremos que establecer un marco financiero adicional para contribuir a la realización.

Sisó Cruellas
Señor Presidente, lo más importante hoy es subrayar el valor político que el logro de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo tiene por sí mismo, con vistas al futuro de nuestra política de transportes y a nuestra política de solidaridad y cohesión. Y voy a destacar las cuatro razones por las que, a mi juicio, necesitamos este acuerdo.
La primera es que no llegar a un acuerdo significaría volver a empezar el proceso para el establecimiento de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, sin ninguna garantía de que dentro de dos o tres años el Parlamento no vuelva a encontrarse en la obligación de aprobar un acuerdo similar o peor que el actual. Excuso decirles que el enorme coste político y de imagen de semejante retraso recaería sobre el Parlamento Europeo porque los ciudadanos no entenderían que, después de insistir una y otra vez en la necesidad de construir dichas redes y en los muchos puestos de trabajo que con ello se crearían, sea ahora esta Asamblea, precisamente, la que decida rechazar el acuerdo alcanzado, o lo que es lo mismo, perpetuar el déficit en infraestructuras -que en algunos Estados miembros es muy importante- y retrasar así la creación de puestos de trabajo. Un dato sobre la posibilidad de crear puestos de trabajo en la construcción de infraestructuras de transporte -y me dirijo a la Sra. Eriksson, quien ha afirmado que esto es una cosa del siglo pasado: por cada 2.500.000 euros invertidos, se crean 100 puestos de trabajo. Y esto es hoy, no en el siglo pasado. Ello sin contar con los puestos indirectos de trabajo. Calculen sus Señorías las necesidades de infraestructuras y verán los muchos millones de puestos de trabajo que se pueden crear.
La segunda, porque nuestros déficits de infraestructura de transporte y los costes conexos son enormes. En este contexto, la competitividad de nuestra economía, frente a los retos cada vez más duros del mercado internacional, está en juego y requiere acciones inmediatas, acciones que no pueden aguardar a la hipotética perfección de otro acuerdo futuro entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
La tercera, porque todos estamos convencidos de que, además de mejorar nuestra competitividad, las redes transeuropeas de transporte van a contribuir a reforzar nuestra cohesión interna y a corregir nuestros evidentes desequilibrios espaciales, haciendo así más fácil el futuro proceso de ampliación de la Unión hacia otros países europeos.
Y la cuarta es que, en un plano pragmático, sabiendo cuáles son y serán las limitaciones presupuestarias de los Estados miembros y de la Unión, y sabiendo que nada hay más cobarde que el dinero, la Unión Europea y su Parlamento necesitan hoy este acuerdo porque, al menor signo de vacilación o diferencia de criterios y objetivos entre nuestras instituciones, los capitales privados que indefectiblemente necesitamos para desarrollar nuestras redes transeuropeas de transporte irán a financiar proyectos en otras partes del mundo que son o serán nuestros competidores. Y esto lo he comprobado en mi reciente viaje a China.
Por todo ello, señoras y señores diputados, debo solicitar su voto positivo para el acuerdo alcanzado por las delegaciones del Parlamento y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, en la seguridad de que, al aprobarlo, rendiremos un buen servicio a la causa de Europa.

Santini
Señor Presidente, mañana, vamos a aprobar el trabajo del Comité de Conciliación, con el espíritu de quien deja atrás un capítulo importante de ese libro de los sueños que se titula «Redes transeuropeas». Sin embargo, la historia no acaba aquí. ¿Quién va a escribir los próximos capítulos? Es ahora cuando surge cierta preocupación y, si bien es cierto de que debemos celebrar este resultado, aunque con las reservas ya manifestadas por los colegas, también es justo que nos preocupemos por el futuro.
Hoy, el Comisario Kinnock nos confirmó que la prioridad de los famosos catorce proyectos de Essen no es el Evangelio. Es justo que sea así, porque podría suceder que quien está demasiado seguro podría incluso volverse perezoso en la segunda etapa, es decir, la de la ejecución que, señor Comisario, es la más delicada. Es por esto que me permito llamar su atención sobre la necesidad de intervenir en la aprobación de los proyectos ejecutivos y de los planes financieros.
Las asociaciones que hasta ahora se intentaron entre los Estados miembros, las regiones y los particulares se están convirtiendo en auténticos mercados de ganado, en los que las reglas se cambian continuamente y las promesas hechas no se cumplen. Es el caso de Munich-Verona, pues Alemania hace pocos días confirmó que ya no estaba dispuesta a pagar su parte del túnel de base del Brennero, justo en el momento en que Italia y Austria estaban creando el GEIE, el Grupo de interés europeo que debía planificar todo el sistema de financiación. He aquí, pues, una señal por la que hay que poner en orden esta segunda etapa que podría comprometerlo todo. Usted, señor Comisario, un día nos dijo: »Digan a sus conciudadanos que participar en una asociación podría llegar a ser un negocio». Yo repetí dicha frase en algunos seminarios sobre el proyecto Munich-Verona. Deseo manifestar, con toda sinceridad, que no encontré grandes entusiasmos, porque, evidentemente, alguien sospechó o temió que detrás de la libertad concedida a los Estados, a las regiones y a los particulares, se escondía alguna trampa. Les deseo un buen trabajo.

Porto
Señor Presidente, más que a una normal controversia de competencias entre instituciones, prefiero dedicar el poco tiempo de que dispongo a referirme a la exigencia que no puede dejar de haber en los trazados de las redes transeuropeas de transportes.
Con vistas a la aproximación entre los países, conviene que estén a su servicio de la mejor forma posible, teniendo en cuenta sus realidades económicas y sociales. En ese sentido, no pueden, en particular, contrariar objetivos básicos del Tratado, como el del fomento de un mayor equilibrio regional.
Se trata de una preocupación que se debe tener en cuenta de modo muy especial en Portugal, donde, por lo demás, la promoción de las zonas interiores más desfavorecidas va unida al servicio que se debe prestar a las zonas más populosas e industriales del litoral. Lo que no se puede admitir es que una vez más se preste servicio sólo a la capital y se olvide el litoral y el interior de las zonas septentrional y central del país, con poblaciones y actividades muy importantes que se beneficiarán mucho de enlaces más favorables con España y con los demás países de la Unión Europea, con lo que se perseguirá inequívocamente el objetivo que inspiró la creación de las redes transeuropeas.

Alavanos
Señor Presidente, en gran medida ya se ha tratado el tema; simplemente quiero subrayar que nos encontramos en el mismo punto aproximadamente que estábamos ayer con relación a los servicios de tierra en los aeropuertos. Esta es la consecuencia de un callejón sin salida al que conduce el mecanismo de codecisión y de conciliación. El Parlamento puede decir «sí» a la opinión formulada por el Comité de Conciliación, lo que significa que renunciará, si no a todas las enmiendas, sí al menos a las dos posiciones más delicadas sobre el medio ambiente en el conjunto de obras previstas, y a propósito de las prioridades y las modificaciones efectuadas en ellas, con la codecisión del Parlamento Europeo. Pero también puede verse obligado a decir «no» a la posición del Comité de Conciliación, lo que significa que corre el riesgo de perder algunos de los acuerdos que había obtenido, o que estas obras pueden sufrir retrasos, o que finalmente puede ser aprobada en su totalidad la decisión del Consejo.
Creo que, al mismo tiempo que respalda al Parlamento hasta cierto punto, la Comisión juega últimamente a ser el buen pedagogo e intenta convencernos de la posición del Consejo. Por lo demás, incluso gobiernos que, como el mío, habían aceptado en gran medida las posiciones del Parlamento, nos presionan ahora para que apoyemos esta posición común del Comité de Conciliación, para evitar el retraso de las obras. Es una situación muy difícil. Aquí se le tiende otra vez una trampa al Parlamento, y tengo la sensación de que en la Conferencia Intergubernamental habrá que ponerle fin.
Pese a todo, y con respecto a este tema concreto, si queremos ser consecuentes con nosotros mismos y con las posiciones que hemos definido, y si queremos un Parlamento que tenga competencias importantes, creo que debemos seguir la posición defendida por la Sra. Eriksson y otros diputados en el sentido de no admitir esta posición del Comité de Conciliación.

Le Rachinel
Señor Presidente, Señorías, por supuesto que es necesario establecer una política común de transportes, basada en una movilidad duradera y teniendo en cuenta aspectos de medio ambiente y seguridad.
Francia, por su situación de encrucijada dentro de Europa, se ve especialmente afectada por estos proyectos de redes. Las diferentes conexiones por ferrocarril, de navegación interior y costera, y por transporte combinado deben desarrollarse con nuestros países fronterizos. Las prioridades que Francia ha definido afectan principalmente a los transportes por ferrocarril y a los fluviales. La voluntad de desarrollo de este modo de transporte multimodal es real. Sin embargo, debe inscribirse en el marco del respeto por el medio ambiente. Las preocupaciones de Francia en este punto son importantes y es obligado comprobar que no siempre se ha respetado la protección del medio ambiente. Debemos recordar los problemas que está planteando a Francia la incidencia en el medio ambiente que provoca el paso del TGV por zonas de alta densidad de población.
Otro punto que reclama nuestra atención es el de los costes de todas las acciones europeas con los Estados miembros. Efectivamente, la mayor parte de las inversiones se dejará en manos de los Estados. Solamente se considerará la posibilidad de una cofinanciación de proyectos de inversión o una subvención directa en casos justificados. Según la Comisión, la conclusión de las redes transeuropeas de transporte necesita de las inversiones de al menos 400 mil millones de ecus en el transcurso de los próximos quince años. Las medidas más urgentes a realizar de aquí al año 2000 movilizarán ya cerca de 220 mil millones. Las intervenciones financieras de la Comunidad serán la mayoría en forma de estudios de viabilidad, de garantías de los créditos y de bonificaciones de interés. Parece por tanto legítimo preocuparse por la mayor financiación que desde ese momento será atribuida a los Estados miembros a la vista de la importancia de las inversiones previstas por la Comisión.
Podemos lamentar también que el informe Piecyk añada al proyecto de red transeuropeo proyectos nacionales, lo que puede hacer la financiación de los primeros todavía más difícil y restar una parte de su esencia a los expedientes más importantes. La conexión Dunkerque-Túnel de la Mancha es un ejemplo evidente, pues no se ha previsto ninguna inversión para la creación de una nueva línea. Europa interviene, sin duda, y crea proyectos de interés nacional, pero no peca de exceso de celo. Me pregunto si su voluntad de gobernarlo todo y de intervenir en todos los sectores no hará peligrar, al final, las finanzas de todos los Estados miembros.

Farthofer
Señor Presidente, señor Comisario, no deberíamos dejarnos llevar por la irritación ante los lamentables sucesos de la Cumbre de Florencia, por duro que nos resulte a algunos y sobre todo al ponente, cuya actuación ha sido ejemplar. En efecto, con las redes transeuropeas se inaugura un nuevo capítulo en la política europea de transporte. La puesta en marcha de este proyecto constituye un primer intento de encauzar a escala europea la construcción de estructuras permanentes de transporte para toda Europa. Las inversiones destinadas a este fin pueden reportar un doble dividendo, a saber, el beneficio de contar con unas estructuras de transporte más respetuosas con el medio ambiente y la creación de nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos de Europa.
Nuestra tarea en relación con este proyecto no concluirá, no obstante, con la votación de mañana. Después de la enorme ignorancia y arrogancia que ha demostrado el Consejo debe ser evidente que seguiremos promoviendo nuestros objetivos con los medios a nuestra disposición. Corresponderá sobre todo a los miembros de la Comisión de Presupuestos velar porque la enumeración ahora indicativa de los 14 proyectos prioritarios se respete también en la práctica y los recursos comunitarios puedan aplicarse a promover un cambio de orientación en favor del transporte ambientalmente sostenible. Tendremos que seguir comprobando meticulosamente que todos los Estados miembros cumplan también las condiciones relativas al impacto medioambiental establecidas en el artículo 8.
Yo quiero subrayar que los socialdemócratas austriacos y yo personalmente consideramos lamentable la exclusión del tramo París-Viena de la lista de proyectos prioritarios, si bien aun así votaré a favor del compromiso negociado a la vista del rápido inicio de la construcción del tramo Munich-Verona, puesto que se trata de un proyecto de suma importancia para los Estados confederados del oeste de Austria.
Finalmente, por lo que respecta a la financiación, puedo anunciarles que el Parlamento austriaco aprobó recientemente, por iniciativa del ministro socialdemócrata de Transporte, la inversión en un futuro inmediato de 60 millardos de chelines austriacos en la infraestructura de transporte. Se trata de un ejemplo digno de imitación y que sobre todo debería servir de precedente para todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Jarzembowski
Señor Presidente, Señorías, el resultado de un proceso de conciliación puede juzgarse desde diversas perspectivas. A mi modo de ver, el vaso no está medio lleno, sino más que medio vacío. Tenemos que alcanzar una evaluación común y, a mi parecer, no han quedado satisfechas en absoluto, por varios motivos, las legítimas expectativas de los ciudadanos europeos.
El Consejo no se toma en serio una parte de la relación de los proyectos de construcción prioritarios del Apéndice III -Sr. Farthofer, le ruego que preste atención- y ésta es en parte desfasada y en parte incompleta. No se asume seriamente una parte de la misma, porque tanto el Gobierno austriaco como el Gobierno italiano no están dispuestos a aportar en los próximos años los recursos necesarios al proyecto genuinamente europeo del túnel de la base del Brénero. ¡Los Gobiernos no aportarán estos recursos! Yo comparto, no obstante, su opinión de que es una vergüenza que la Unión Europea no haya incluido la continuación del tren de alta velocidad hacia el Este hasta Munich y Viena pasando por Karlsruhe, con su prolongación hasta Budapest. Por este motivo, considero totalmente insuficiente esta lista. No es de extrañar, sin embargo, que haya quedado así plasmada en el texto, puesto que el Consejo no se mostró dispuesto a negociar seriamente con el Parlamento la lista de proyectos prioritarios y a alcanzar una decisión compartida. Como ya han manifestado los oradores que me han precedido, el Consejo se limitó a señalar que podía citarse la lista de Essen. Y la mayoría de la delegación del Parlamento se contentó, lamentablemente, con ello. Esto es totalmente inaceptable a mi entender. En efecto, el Consejo -o al menos la mayoría del mismo- ha negado, en primer lugar, al Parlamento el derecho de codecisión que le otorga el Tratado de Maastricht y no ha aceptado ningún punto de sus propuestas prácticas de modificación y ampliación. Y, en segundo lugar, el Consejo no ha ofrecido a los ciudadanos europeos una decisión clara y sincera sobre cuáles son los proyectos prioritarios que se iniciarán en breve. La lista de Essen ya es de antemano, según las declaraciones del Presidente en funciones del Consejo, una lista histórica en la cual no se introducirá ninguna modificación y de este modo nos hemos dejado arrebatar el derecho de codecisión sobre los importantes proyectos de construcción que será necesario emprender en los próximos años.
Pero, vayamos por un momento un poco más allá de las cuestiones institucionales. Un segundo motivo de crítica es el hecho de que los Estados miembros de la Unión Europea hayan manifestado recientemente en la Cumbre de Florencia que en su mayoría no están dispuestos a traducir las grandes palabras en hechos. En efecto, los Gobiernos de los Estados miembros no se han puesto de acuerdo para aportar, a través de una reestructuración de sus presupuestos nacionales, recursos adicionales para la construcción de las redes de transporte, ni tampoco han adoptado la decisión fundamental de liberar recursos adicionales a través de una reestructuración del presupuesto comunitario.
Sin embargo, si damos a entender repetidamente a nuestros ciudadanos que un 95 % de la financiación de los proyectos europeos en el ámbito del transporte deben proceder de los presupuestos nacionales, incluidos los créditos e inversiones privadas, y que los recursos de la Comunidad Europea sólo se dedicarán a financiar estudios previos y un abaratamiento de los créditos y no concederán subvenciones, resulta evidente que los Gobiernos de los Estados miembros pretenden contentarse con la mera enumeración de los proyectos prioritarios, basada, además, en la evaluación del año 1994.
Desde el Parlamento no podemos presentar encima como un éxito estas maniobras del Consejo refrendándolas con nuestro voto afirmativo en el Comité de Conciliación. Nuestros ciudadanos esperan, en efecto, que una vez adoptada la decisión sobre la red europea de transporte, se inicie realmente también en breve la construcción de los proyectos europeos verdaderamente prioritarios. En efecto, sólo de este modo será posible evitar el inminente colapso circulatorio, mejorar la seguridad de las personas implicadas, reducir el impacto sobre el medio ambiente y contribuir a promover el empleo y el crecimiento. Todos estos aspectos no figuran, sin embargo, en el compromiso y, por lo tanto, no me queda más que adherirme a las palabras de los colegas que han declarado que debemos rechazar este compromiso.

Gallagher
Señor Presidente, ya hace casi dos años de la celebración del Consejo Europeo de Essen. Pocos avances -por no decir ninguno- se han logrado en el desarrollo de la red de transporte transeuropeo, que, tal como nosotros la entendemos, ha de constituir la espina dorsal de la infraestructura europea de transporte en el próximo siglo. Pienso en mi circunscripción de Connaught/Ulster, en la que cinco de los condados son fronterizos y requieren una infraestructura mucho mejor. En vista de que en esas zonas periféricas dependemos mucho de una mejora de nuestra infraestructura viaria, reviste importancia decisiva que esa labor comience muy pronto.
Acojo con beneplácito el nombramiento por la Presidencia irlandesa de un antiguo Director General de Pesca, Eamon Gallagher, que ha sido nombrado por la Presidencia para acabar con el punto muerto sobre la financiación de las redes transeuropeas. Creo que su experiencia como negociador en el más alto nivel de la UE dará frutos.
Pero, mientras hablamos de las redes transeuropeas, quisiera referirme también muy rápidamente a la responsabilidad que tenemos para con todas las partes de la Unión. Pienso en particular en las zonas occidentales y noroccidentales de Irlanda, donde necesitamos importantes inversiones para que nuestras redes viarias sean de un nivel aceptable. Mientras no sea así, no estaremos en condiciones de aportar puestos de trabajo muy necesarios a esas zonas.

Castricum
Señor Presidente, quisiera hacer cuatro observaciones.
La primera guarda relación con el aguante del Sr. Piecyk, al que quiero elogiar por ello y con él a todas las personas que le han apoyado política y administrativamente.
La segunda observación tiene que ver con el simple hecho de que cuando haya acabado este procedimiento, se habrán aceptado las Redes Transeuropeas. Pienso que pasará aún mucho tiempo antes de que podamos ser testigos de la política europea de transportes sostenible y coherente a que aspiramos. Pienso que habrá que trabajar duro para lograrla y que habrá que salvar muchas fronteras, fronteras entre países, fronteras entre regiones, pero sobre todo fronteras entre técnicas de transporte y también fronteras mentales, pues el tráfico y el transporte implican algo más que crecimiento económico.
La tercera observación que quiero hacer guarda relación con el procedimiento de conciliación que, estoy convencido, podría ganar contenido y autoridad en la fase informal. Para ello es necesario que las partes implicadas -el Consejo, la Comisión, el Parlamento, pero en este caso antepongo el Consejo- inviertan el uno en el otro, y se convenzan mutuamente con argumentos en un debate abierto. Si ello sucede, el procedimiento formal de conciliación podrá seguir existiendo como escapatoria y, dicho sea de paso, entonces tampoco será necesario quitarle el sueño a mucha gente, y ni siquiera hablo del dinero que va a costar.
Mi última observación, señor Presidente, tiene que ver con el hecho de que en estos momentos no sirve de nada votar en contra. Creo que votando en contra no ayudamos a nadie, tampoco al medio ambiente, pues si votamos en contra y luego lo reconsideramos, el mundo seguirá dando vueltas. Estoy plenamente convencido de que el compromiso logrado tiene que ser el punto de partida de un nuevo inicio que se centre no en los procedimientos, sino en la política, pues todavía queda muchísimo por hacer.

Schierhuber
Con la votación de mañana en el Parlamento sobre el resultado alcanzado en el Comité de Conciliación en relación con las directrices comunitarias para la construcción de una red transeuropea de transporte se cerrará un largo procedimiento legislativo. Con ello quedará demostrada la operatividad del procedimiento de codecisión también para abordar cuestiones sumamente difíciles.
Como todos sabemos, un compromiso incluye, por su propia naturaleza, soluciones en algunos ámbitos que no son perfectas ni satisfactorias para todas las partes implicadas. En mi calidad de parlamentaria, yo no estoy satisfecha, desde luego, con la manera de proceder del Consejo. El Parlamento Europeo no puede permitir que se le excluya del proceso de codecisión en los temas relativos al transporte. No obstante, tampoco debemos olvidar nuestra responsabilidad en relación con los proyectos y sobre todo ante los ciudadanos, a quienes debemos representar en esta Cámara. Una pronta decisión supondrá, así lo espero, el rápido inicio de las obras y contribuirá de este modo a dar un importante impulso al mercado de trabajo, un impulso urgentemente necesario para Europa dada la existencia de 18 millones de parados en la Unión.
Dos proyectos son prioritarios para Austria. La construcción del tramo del Brénero, sobre cuya importancia nunca se insistirá suficientemente ni, sobre todo, con la suficiente claridad, es imprescindible para nosotros. Es indispensable que se inicien rápidamente las obras en interés de los sufridos vecinos de la zona, sin mencionar los problemas medioambientales que será posible resolver en parte con la construcción de este tramo y mediante el transporte combinado.
Yo quiero recordar una vez más aquí la problemática específica del antiguo tránsito de larga distancia y la particular situación geográfica del Brénero. La transversal alpina Munich-Verona debe ser un objetivo de toda la Unión Europea y, evidentemente, también de los países afectados.
Para Austria es igualmente importante la construcción del tramo de alta velocidad para el transporte combinado desde París hasta Viena y Budapest, pasando por Munich. Si bien este proyecto no figura entre los 14 proyectos prioritarios de Essen, es imprescindible que se aborde, sin embargo, con la máxima urgencia. Precisamente en una etapa en que comienza a concretarse la ampliación de la Unión a los Estados de la Europa Central y Oriental es necesario dedicar especial atención a los proyectos de construcción de infraestructuras que aproximen esta zona al actual territorio de la Comunidad.
En este contexto, conviene señalar que Austria sólo forma parte de la Unión desde el 1º de enero de 1995 y que deben tomarse en serio sus justas peticiones.
Para que los objetivos del artículo 2 del Tratado fundacional de la Comunidad Europea puedan cumplirse efectivamente también en la Europa Central y Oriental es urgentemente necesario contar con un medio de transporte moderno, rápido y con un coste favorable y la capacidad requerida, que responda asimismo a una moderna concepción medioambiental.
La red transeuropea de transporte representa un gran reto para la Unión Europea, pero también una oportunidad. Mediante inversiones centradas en objetivos concretos pueden hacerse realidad unos proyectos urgentemente necesarios. Esto permitirá avanzar un poco más en la aproximación de Europa, mejorará su competitividad y, además, permitirá crear puestos de trabajo.
La decisión sobre la red transeuropea de transporte puede significar un gran paso adelante para el ulterior desarrollo. ¡Aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece!

Sindal
Señor Presidente, quiero señalar dos aspectos: primero, el institucional. Muchos diputados se han felicitado hoy por el producto que votaremos mañana. En mi opinión, la celebración tiene un límite, ya que el resultado no puede ser otro. Se trata de una solución de compromiso y, obviamente, voto a favor de la propuesta.
En este fin de semana ha tenido el gusto de pisar un proyecto transeuropeo procedente del imperio romano, la primera calzada de Roma al Mar Adriático, y de tocar el muro del Emperador Augusto junto a este mar. Es inevitable pensar en el Tratado de Roma y la red transeuropea en un momento así. Es inevitable pensar en las decisiones adoptadas en el Tratado de Maastricht, y no pude evitar pensar en el tiempo que hemos perdido con nuestros propios proyectos, los llamados proyectos «imby», proyectos in my own backyard . No hemos pensados en líneas europeas y lo mismo le ha sucedido al Consejo. Los 14 proyectos han sido creados para unir Europa y para vender el proyecto. Por eso, amigos, no debemos hacer una demostración de fuerzas que quizás no tengamos. Este era un aspecto.
El otro es que la red transeuropea tiene también que ver con el empleo y no únicamente a través de la construcción de una carretera, un túnel o lo que sea. Une Europa como durante el imperio romano, pero desde otros puntos de vista. Tengo personalmente mi propio pequeño proyecto, y es europeo. Celebro que se haya logrado a través de este debate elevar el aspecto marítimo. Se que el Comisario y el Consejo están de acuerdo en que precisamente este aspecto ofrece un potencial para el desarrollo de la red transeuropea. Desarrollémoslo juntos. Tiene ventajas visto desde el ángulo medioambiental y ofrece perspectivas adecuadas para la política europea. Las decisiones han de ser adoptadas conjuntamente por el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Deseo que el desarrollo del tráfico beneficie a Europa y no a los países individualmente.

Bourlanges
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, evidentemente esta conciliación dejará un regusto amargo a todos los que han participado en ella. Tenemos la sensación de que la codecisión es un instrumento fundamental en la reducción del déficit democrático y tenemos la certeza de que el Consejo, por desgracia seguido con demasiada frecuencia por la Comisión, no se preocupa en absoluto. En este asunto somos severos con el Consejo, que no ha dejado de obstruir el ámbito de la codecisión multiplicando de manera abusiva las condiciones de identificación de los proyectos de interés común, con el fin de vaciar de todo contenido la realidad del acuerdo que intentamos concluir.
Seré igualmente severo con la Comisión, señor Comisario. Considero que en este asunto la Comisión ha sido, para retomar las palabras de una ilustre mujer de Estado británica, »el caniche» del Consejo. No hace ni siquiera quince días, el 1 de julio, usted señor Comisario, dirigía una carta al presidente de la comisión de Transportes y Turismo diciendo en primer lugar que el Parlamento debería estar comprometido en cada enmienda a la lista de los proyectos prioritarios; en segundo lugar que su intención era la de considerar si sería apropiada una enmienda a las orientaciones sobre la red, lo que quiere decir, si la frase anterior tiene sentido, que usted querría considerar si se imponía o no una enmienda a la lista de los proyectos prioritarios; en tercer lugar que esta enmienda debería aprobarse en codecisión. Ahora nos dice usted en una carta del 12 de julio, que si hubiera que considerar la posibilidad de añadir modificaciones a la lista de Essen, verían ustedes si dichos proyectos se encuentran o no identificados en los anexos 1 o 2. Si fuera éste el caso, ello querría decir que los cambios de lista se operarían sin el concurso del Parlamento. ¿De quién se burlan?
El Sr. Simpson nos ha dicho que no había que tratarlo a usted de mentiroso. Respeto mucho los hábitos parlamentarios británicos para no hacerle caso. Por ello me daré por satisfecho con hablar de hipocresía y mala fe. A pesar de todo votaremos este proyecto porque hay demasiadas personas que nos esperan a la vuelta de la esquina para acusarnos de ligereza con respecto a las grandes redes, para oponerse a la extensión de la codecisión. Pero lo votaremos recordando la humillación sufrida. Soy demócrata cristiano y hago mías las palabras de Mauriac: perdono las ofensas pero recuerdo las fechas.

Pollack
Señor Presidente, el Parlamento quería que en esta legislación hubiera una cláusula vinculante sobre la protección medioambiental, como se reflejaba en nuestras enmiendas correspondientes a la segunda lectura. Quiero agradecer al Sr. Piecyk y al Comisario Kinnock su ayuda para conseguir la aprobación de dicha cláusula. Queremos que se insista más en las redes ferroviarias y fluviales que en construcciones de autopistas enormes y queremos evaluaciones rigurosas de las repercusiones medioambientales.
Resultó asombroso encontrar una resistencia de tan estrechas miras por parte del Consejo sobre esta cuestión decisiva. Al final, hemos conseguido el mínimo aceptable. Por haber participado en todas esas largas noches de negociaciones, he de decir que se trata de una concesión mezquinamente mínima por parte del Consejo. No es todo lo válida que habríamos deseado, pero, gracias al espíritu de la conciliación, es mucho mejor que cuando empezamos.
No garantiza que los Estados miembros elijan necesariamente la opción medioambientalmente menos perjudicial y, por lo tanto, requerirá una vigilancia muy estrecha por parte de los ciudadanos europeos y de las ONG medioambientales para velar por que así sea cuando se empiecen a planificar y ejecutar esas redes. Corresponderá a este Parlamento velar por que los Estados miembros no den marcha atrás respecto del artículo medioambiental, que hemos conseguido en circunstancias tan difíciles, y seguiremos muy atentos al desarrollo de las redes transeuropeas.
En vista de que al final hemos conseguido mucho más de lo que teníamos al principio, esta Asamblea debe aprobar las redes. Después hemos de intentar encontrar los fondos para construirlas y crear los puestos de trabajo que tan urgentemente necesitamos en esta Comunidad.

Rönnholm
Señor Presidente quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento al señor Piecyk y a todos aquellos que han logrado sacar adelante este compromiso. El desarrollo de las redes transeuropeas de transporte es imprescindible, puesto que estas redes fomentan la integración europea y el empleo. Desde el punto de vista finlandés, la propuesta relativa a las redes transeuropeas de transporte ha venido registrando constantes mejoras. Se ha logrado la inclusión de todos los elementos que revisten importancia para nuestro país, a la vez que se ha prestado igualmente atención a un sector específico propio como es el de los buques rompehielos. En la lista de prioridades figura el triángulo nórdico, lo cual significa, desde el punto de vista de Finlandia, la construcción de un pasillo de alto nivel, formado por redes ferroviarias, de autopistas y de puertos, desde Turku hasta San Petersburgo, en Rusia. Agradecemos al Parlamento Europeo la comprensión que ha mostrado por lo que respecta a la especificidad de nuestras condiciones.
La Unión Europea debe lograr ahora solucionar el problema que plantea la financiación de la red transeuropea de transporte de modo que las inversiones necesarias no se vean obstaculizadas por el temor a que se produzcan déficits presupuestarios exagerados. Se debe transformar el sistema de cálculo del déficit presupuestario de manera que se tomen en consideración las inversiones productivas vinculadas a las redes transeuropeas de transporte únicamente en base a los costes que ocasionen los intereses y las amortizaciones. Esto implicaría que los gastos de inversión supondrían, en este momento, únicamente una veinteava parte de los gastos correspondientes a las inversiones públicas del sistema actual. Habida cuenta de que el valor de proyectos de esta dimensión obligaría a tomar en consideración únicamente un 5 % en concepto de amortización anual y de que los gastos correspondientes a los intereses se evalúan ya en la actualidad de modo íntegro, la cuestión radica en establecer el grado de importancia, hoy por hoy, del desarrollo de estas redes de transporte.

Langenhagen
Señor Presidente, las redes transeuropeas de transporte deben contribuir, de conformidad con el artículo 129 B, a la cohesión económica y social. Ésta requiere, en primer lugar, un desarrollo armónico del conjunto de la Comunidad y, en segundo lugar, muy especialmente, la comunicación de las regiones insulares, aisladas y periféricas con los centros comunitarios. En un primer momento, este segundo aspecto no se tuvo suficientemente en cuenta desde la perspectiva de las regiones costeras.
La Comisión de Política Regional consiguió finalmente que recibiera una atención más adecuada. La propuesta de compromiso incluye ahora la actualización del transporte hasta las costas marítimas según el concepto road to sea . Ésta comprende también la inclusión de los puertos marítimos y el ámbito del transporte marítimo de corta distancia. Todo ello constituye un éxito desde el punto de vista de la política regional.
Ahora es necesario que se proceda a la transposición de los citados aspectos de las orientaciones comunitarias. Si sólo se realizan los grandes proyectos, únicamente quedarán comunicados entre sí los espacios económicamente fuertes, con la consiguiente exclusión de las regiones económicamente débiles y periféricas de la dinámica económica que deben promover las redes transeuropeas de transporte.
También debe preverse un número suficiente de etapas intermedias y de puntos de llegada y de salida. Sólo así podremos evitar que muchas regiones se conviertan en meras zonas de paso. La Comisión de Política Regional detecta aquí el clásico conflicto entre política de transporte y de ordenación del territorio, conflicto que sólo puede resolverse mediante la solidaridad entre las regiones. Pero esta solidaridad también es necesaria en el marco del procedimiento de codecisión. En este contexto, se ha confirmado la impresión de que todavía es preciso llamar la atención de los Estados miembros sobre esta cuestión. El Parlamento no se dejará arrebatar jamás los derechos democráticos adquiridos en virtud del Tratado de Maastricht.

Watts
Señor Presidente, ante todo hago mío el caluroso agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, que nos ha guiado a todos durante tanto tiempo respecto de esta complejísima y ardua cuestión. También quisiera acoger con el mayor beneplácito las posibles redes transeuropeas. En mi opinión y en la de mi Grupo, son un claro rechazo del planteamiento -propio del laissez-faire - de la política de transportes en Europa, que, como todos sabemos, ha dado como resultado una congestión y una contaminación sin precedentes y un costo de 100.000 millones de ecus tan solo en pérdida de tiempo.
Ahora, gracias a las redes transeuropeas, tenemos el marco para un intento planificado, coordinado, de transferir el tráfico de las carreteras a los ferrocarriles, el sector marítimo y las vías de navegación interior. Lo estamos haciendo mediante el aprovechamiento de los recursos de los sectores público y privado. Quisiera acoger con beneplácito todo eso.
En segundo lugar, condeno la resistencia de algunos Estados miembros a nuestras propuestas positivas para que nuestras preocupaciones medioambientales ocupen un lugar fundamental en la orientación de la red transeuropea. Pero, al hacerlo, quisiera agradecer al Comisario su contribución positiva a esta cuestión. Creo que convendrá conmigo en que es en verdad una lástima que al menos algunos Estados miembros digan una cosa en público sobre el medio ambiente, pero hagan otra en las reuniones del Consejo. El debate de hoy representa un avance real, un intento real de tener en cuenta el medio ambiente. Por primera vez nos estamos comprometiendo como Unión Europea con una evaluación medioambiental estratégica. Sí, van a ser necesarios tres años para influir en la revisión de las directrices, pero nosotros debemos acoger con beneplácito ese gran avance al que durante tanto tiempo opuso resistencia el Consejo. Sí, todos debemos permanecer vigilantes, pero también debemos aportar todos una colaboración positiva para velar por que las redes transeuropeas cumplan con nuestro objetivo de lograr que tengamos políticas de transportes medioambientalmente sostenibles que transmitir a las futuras generaciones.

Izquierdo Collado
Señor Presidente, señor Comisario, cómo no vamos a saludar con optimismo la puesta en marcha de los catorce proyectos que en estos momentos estamos contemplando. Sin duda ninguna, las redes de transporte transeuropeas son las arterias clave de la Unión Europea, de una Unión Europea moderna, competitiva, que genere empleo, y esas arterias hasta ahora son escasas y, por otra parte, están relativamente estranguladas. El transporte es un fenómeno económico, social y político de primera importancia, y no solamente es necesario tener unas redes adaptadas a la realidad sino, además, que éstas funcionen a nivel de Unión Europea con la interoperabilidad lógica y necesaria. Pero, junto a ello, no es desdeñable tampoco la puesta a prueba que se ha producido en relación con el procedimiento de codecisión.
He de decir que mi experiencia personal de seguimiento de la Comisión me lleva a pensar que ésta ha utilizado un doble lenguaje en esta materia. Ha utilizado un doble lenguaje según el interlocutor y, desde luego, la perspectiva del Parlamento no es la mejor perspectiva que pudiera tenerse después de este proceso de conciliación relativamente fallido.
La financiación, señor Comisario, es otro punto fundamental del proyecto europeo de redes de transporte. Tenemos una perspectiva de financiación inadecuada, insuficiente, es decir, que carece de simetría respecto de la prioridad del objetivo que nos estamos marcando; y eso habrá que irlo corrigiendo si no queremos caer en la retórica y en la demagogia que al final supone hablar de muchas cosas y no aportar los fondos presupuestarios.
Pero permítame que termine con una advertencia: señor Comisario, la política de infraestructuras, la política de redes transeuropeas es una política que no contribuye a la cohesión económica requerida por el Tratado. Según el Tratado, todas las políticas deben contribuir a la cohesión económica y social. Y yo le puedo decir hoy, y espero hablar más despacio con usted en otro momento, que esta política no contribuye a la cohesión económica de la Unión Europea.

Torres Marques
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, por mi parte, felicitar a nuestro ponente y a los diputados al Parlamento Europeo que formaron parte del Comité de Conciliación, presidido por la Vicepresidenta Nicole Fontaine, por la competencia, el equilibrio y el sentido común político que demostraron en esa difícil negociación, si tenemos en cuenta que el acuerdo alcanzado es globalmente positivo y que ahora existen las condiciones para avanzar decididamente en el proceso de construcción de las redes transeuropeas en el sector de los transportes, esencial para el buen funcionamiento del Mercado Interior, para el fortalecimiento de la cohesión económica y social y la creación de nuevos puestos de trabajo.
La realización de esos proyectos constituye una importante contribución a una vinculación eficiente y diversificada de las regiones periféricas con el centro de la Unión Europea, condición indispensable para la existencia de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y las empresas de la Comunidad.
Ahora bien, hay que subrayar algunos aspectos: en primer lugar, para la financiación de las redes transeuropeas serán necesarios fondos diferentes de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión que previamente se habían distribuido para otros fines. Nos parece evidente que ahora se trata de nuevas asignaciones que se habrán de sumar a las ya comprometidas. En segundo lugar, las prioridades que se deban conceder a los proyectos habrán de abordarse con una perspectiva de dinámica política y deben seguir el criterio propuesto en el informe que estamos examinando.
En el caso de Portugal, la propuesta presentada en el último Consejo Europeo de Florencia de integrar el proyecto de autopista Lisboa-Valladolid en un conjunto de enlaces intermodales entre Portugal y España, nos parece que se adecua de forma mucho más correcta al criterio aprobado por el Parlamento Europeo y que contribuirá a un desarrollo regional más equilibrado.
Así, pues, propugno, señor Presidente y Señorías, que votemos a favor de este acuerdo e insto a la Comisión a que lo ponga en ejecución rápidamente.

Baldarelli
Señor Presidente, la construcción de la política de cohesión económica y social es difícil. A veces se hacen muchos pasos adelante, otras se entra en una etapa de estancamiento. En este caso hicimos un pequeño paso más hacia delante. Ésta es mi opinión acerca del procedimiento de conciliación. De todos modos, hay que reconocer el positivo trabajo llevado a cabo por el Comisario y por el ponente, así como por la Comisión de Transportes y Turismo que participaron en este trabajo. Hoy nos hallamos ante la necesidad de encontrar recursos financieros a fin de que este texto pueda ser aceptado por los ciudadanos, o sea para que pueda lograrse la cohesión económica y social.
A pesar de la escasez de los recursos, debemos llevar a cabo una importante batalla. La continua referencia a los recursos privados corre el riesgo de ser en algunos casos sólo ideológica, habida cuenta de que las grandes redes infraestructurales que unan zonas incluso periféricas tienen, a mi juicio, una necesidad real de fondos públicos y estos pueden ofrecerse gracias al esfuerzo común del presupuesto de la Unión y de las políticas nacionales. Considero que desde este punto de vista podemos hacer mucho, emplear las inversiones para el empleo y tener debidamente en cuenta el medio ambiente. Las prioridades decididas son de programación. Por vez primera, tenemos proyectos de interés común definidos, prioritarios o no. Se trata de proyectos que vinculan a los Estados nacionales. Por ello, aprecio las declaraciones de la Comisión que quiere privilegiar los proyectos que tienen menos repercusiones medioambientales y favorecen el transporte combinado. Por ello, considero que algunos proyectos para enlazar el Norte con el Sur del país están dentro de las prioridades de la Comisión. Les deseo un buen trabajo.

Cornelissen
Señor Presidente, el resultado de la mediación sobre las Redes Transeuropeas es pobre, en especial en cuanto a la cuestión de los proyectos prioritarios. A pesar de todas las bonitas declaraciones, el Consejo ha hecho caso omiso del procedimiento de codecisión acordado en Maastricht. Este pobre resultado nos obliga a considerar seriamente la cuestión de si podemos aceptar el resultado. Esto exige una evaluación política.
En primer lugar, rechazarlo implica un retraso de la realización de las Redes Transeuropeas, y por consiguiente también de las consecuencias positivas para la economía y el empleo. Esto no es lo que están esperando nuestros ciudadanos. En segundo lugar, ello perjudicará seriamente los intentos de liberar más recursos para las Redes Transeuropeas, entre otros a través del presupuesto europeo. Por ello pienso que es mejor recordar al Consejo y a la Comisión sus promesas de implicar adecuadamente al Parlamento Europeo en caso de modificación sustancial de los proyectos prioritarios. Me remito a la clara declaración del presidente del Consejo, el Sr. Dini, durante el debate del 3 de julio, si no me equivoco, y a la carta del 1 de julio del Comisario Kinnock. Estas son inequívocas.
Señalo que el procedimiento presupuestario es un recurso práctico para garantizar en su caso una realización leal y generosa de las promesas hechas.
Espero que me permita hacer otra observación sobre la catástrofe aérea de Eindhoven. Esta mañana, el Presidente del Parlamento ha expresado su pésame a las familias de las víctimas del choque con un aparato militar en el aeropuerto de Eindhoven. Confío en que las autoridades competentes lleven a cabo una profunda investigación en torno a las causas del accidente. Quiero preguntarle al Comisario si cree conveniente implicar también a la Comisión en la investigación, únicamente para que extraigamos las debidas enseñanzas -también a nivel europeo- de este trágico accidente en el que han perdido la vida 32 personas.
Quisiera terminar, señor Presidente, con una palabra de agradecimiento al ponente, el Sr. Piecyk, y también a la Sra. Fontaine y al Sr. Imbeni por el esfuerzo que han realizado en la delegación de mediación, y naturalmente también quiero dar las gracias al Comisario Kinnock por el tesón que ha demostrado para alcanzar un compromiso.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, quisiera comenzar apoyando al Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, al ofrecer las condolencias de la Comisión a los heridos y a las familias de las víctimas mortales de la espantosa tragedia aérea ocurrida ayer en Eindhoven. En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Cornelissen, he de confirmar que la Comisión no tiene competencia jurídica para emprender una investigación. Sin embargo, puede estar absolutamente seguro de que, como en todas las ocasiones, procuramos obtener la información más completa posible y analizarla con vistas a aprovechar cualesquiera enseñanzas que se desprendan de los desastres aéreos de cualquier clase.
Sobre la cuestión de las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transportes, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento por las constructivas gestiones hechas por la Sra. Fontaine y otros miembros del Comité de Conciliación de todos los sectores de la Asamblea sobre este importante instrumento legislativo. Evidentemente, el Sr. Piecyk, como ponente, ha tenido un cometido especial -y considero su labor digna de elogio- durante un lapso que ha resultado ser dos meses más largo en total que el período de gestación de un elefante. Sé que ha producido algo que, al menos en el marco europeo, no es tan hermoso, pero es, sin lugar a dudas, más funcional, que un elefante medio.
El proceso de aprobación de las orientaciones para las redes transeuropeas de transportes avanza ahora hacia su conclusión y, como puede que sepa la Asamblea, el Consejo dio su acuerdo ayer. Estoy seguro de que todos cuantos hayan participado directamente compartirán mi opinión de que, aparte de las importantes cuestiones interinstitucionales, unas redes transeuropeas de transportes eficientes -como han dichos varios diputados durante el debate- revisten importancia decisiva para la creación de puestos de trabajo, el crecimiento, la competitividad y la cohesión social. Se deben desarrollar sistemáticamente y en pro de los intereses de la Unión y, de hecho, de todo nuestro continente, como también nos han recordado algunos diputados en este y otros debates sobre las orientaciones.
No es una exageración decir que la aprobación de las orientaciones es un acontecimiento importante en la historia de nuestra Comunidad. Por primera vez y de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, la Comunidad ha establecido, legislado, una política para el desarrollo a medio y largo plazo de la red global de infraestructuras de transportes internacionales. Va a resultar un proceso práctico y vinculante para nuestra Comunidad, como ha señalado el Sr. Sindal.
Además, ésta es la primera ocasión en que los Estados miembros, por mediación del Consejo, han examinado las redes de infraestructuras de transportes en un proceso de codecisión con el Parlamento Europeo. Estoy seguro de que resultará ser un acontecimiento importante en la relación entre las instituciones democráticas de la Comunidad y, como han señalado varios diputados, debemos considerarlo el comienzo de la evolución y no el final en sentido alguno.
Es una realidad que, en general, los Estados miembros tienen que hacer la aportación de más del 90 % de los fondos necesarios para emprender proyectos y el proceso de codecisión sólo abarca las orientaciones para las redes transeuropeas, no su ejecución ni su financiación. También resulta claro que la subsidiariedad está garantizada por la disposición del artículo 129 del Tratado de que las orientaciones y los proyectos de interés común relacionados con el territorio de un Estado miembro requieren la aprobación del Estado miembro interesado.
Así, pues, la tarea de la codecisión tenía que emprenderse sobre el fondo de esas realidades jurídicas, económicas y políticas. Y, si bien eso aumentaba, naturalmente, la complejidad de la labor, el texto conjunto sobre las orientaciones, en su forma actual, constituye un resultado satisfactorio para toda la Comunidad.
Durante el proceso de consecución de dicho texto conjunto, ha habido importantes cambios, como nos han recordado algunos diputados durante el debate. En primer lugar, el principio de la especificación de las consideraciones medioambientales en las orientaciones se ha logrado en un nuevo artículo y esa disposición abre la vía para el desarrollo de dos nuevos medios de garantizar salvaguardas medioambientales adecuadas: las evaluaciones estratégicas de las repercusiones medioambientales y las evaluaciones de los corredores. Naturalmente, la Comisión se toma en serio esas disposiciones y procurará velar por su útil aplicación.
En respuesta a la Sra. Eriksson y a la Sra. van Dijk, he de recordarles, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Financiero, que los proyectos financiados de conformidad con dicho Reglamento, deben ajustarse al Derecho y las políticas comunitarios, en particular en materia de protección medioambiental, competencia y adjudicación de contratos públicos. Naturalmente, la Directiva relativa a los hábitats, a la que se ha referido la Sra. van Dijk, es Derecho comunitario y se debe cumplir so pena de procesamiento. Así, pues, si bien no voy a afirmar que la disposición encaminada a proteger el medio ambiente en el marco de las redes transeuropeas sea impecable, se han logrado avances muy importantes gracias, en gran medida, a la labor del Parlamento por lo que se refiere a las salvaguardas relativas al medio ambiente.
El segundo cambio se refería a la determinación de proyectos de interés común y las modificaciones de los mapas que figuran en el Anexo 1 y las especificaciones y criterios del Anexo 2, en los que el Consejo aceptó 18 enmiendas más en el procedimiento de conciliación, además de las aceptadas después de la primera lectura.
En tercer lugar, sobre las enmiendas restantes, el Consejo y la Comisión hicieron una declaración conjunta con el Parlamento en el sentido de que tomaban nota de los proyectos apoyados por el Parlamento en la segunda lectura con vistas al futuro desarrollo de las redes transeuropeas de transportes.
Además, la Comisión ha declarado que examinará los proyectos votados por el Parlamento en la segunda lectura y ese examen formará parte del procedimiento de revisión fijado para julio de 1999.
Respecto de los puertos, que preocupan -lo sé- y con razón a varios diputados a esta Asamblea, hay cuestiones claramente muy reales de competencia entre esas partes esenciales de la infraestructura marítima y, por esa razón, aún no ha resultado posible lograr un planteamiento relativo a los puertos similar al establecido para los aeropuertos. Así, pues, la Comisión, tras celebrar consultas con las partes interesadas y, naturalmente, con los Estados miembros, se propone presentar un informe el año próximo para determinar los puertos elegibles y considerar si es apropiado hacer una propuesta comparable a la relativa a los aeropuertos de la Comunidad.
El Parlamento logró también cambios en otro sector en el que había importantes controversias: los llamados «proyectos prioritarios» y el Anexo III.
Evidentemente, es de sobra sabido que los Estados miembros se opusieron desde el principio mismo a la fijación de prioridades para los proyectos en la decisión sobre las orientaciones. Estaban convencidos de que la fijación de prioridades para proyectos de interés común era un asunto que incumbía estrictamente a los gobiernos nacionales. Sé que los diputados a esta Asamblea entienden esa opinión, dado que el 90 % de los costos de esas importantes realizaciones en materia de infraestructuras tienen que financiarse con cargo a los Estados miembros.
Mediante la negociación en el procedimiento de conciliación, el Parlamento logró incluir una disposición especial: el artículo 19, relativo al Anexo III, y los 14 proyectos de interés común a los que el Consejo de Essen concedió particular importancia. Otra disposición -el artículo 20- se refiere a los proyectos de interés común en materia de transporte combinado y nuevas técnicas de ordenación del tráfico. Como han de saber Sus Señorías, pueden sentirse satisfechos con esas novedades y con la declaración conjunta en la que el Parlamento, el Consejo y la Comisión pedían a los Estados miembros que concedieran la mayor importancia a la ejecución de esos proyectos.
Su Señorías han de saber que en el reciente Consejo Europeo de Florencia los nuevos Gobiernos portugués y español propusieron la modificación del proyecto nº 8 de la lista de Essen. Huelga decir que se trata de una realización múltiple y resulta claro que el examen de esa cuestión debe hacerse con estricta observancia de la letra y del espíritu de la transacción lograda en el Comité de Conciliación y ahora recomendada a esta Asamblea.
En la Comisión examinaremos, naturalmente, el proyecto con más detenimiento y aún no sabemos, claro está, cuál será la orientación política del Consejo Europeo. Si alguna modificación del artículo 19 y del Anexo III de la decisión sobre las orientaciones pareciera apropiada, la Comisión tendría que considerar si debería hacer una propuesta correspondiente. En ese caso, el procedimiento para la modificación, como ya ha indicado el Sr. Dini en nombre de la Presidencia, sería el de codecisión.
He oído la contribución del Sr. Bourlanges a ese respecto. De hecho, he tomado nota de ella. Creo que lo más amable que puedo decir sobre su intervención, bastante inmadura, es que los insultos que ha pronunciado no han contribuido lo más mínimo a realzar su reputación, Lo único que han hecho, en verdad, ha sido demostrar que, al menos en política, es posible ser pesado y vacío a un tiempo.
En conclusión, creo que la labor en la que han participado el Parlamento, el Consejo y la Comisión ha producido un resultado para las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transportes que es en general positivo, económicamente realista, socialmente receptivo y útil para las necesidades de las regiones periféricas y para la protección medioambiental. Está claro que las orientaciones son, como los diputados y yo hemos dicho -atinadamente, en mi opinión- durante este debate, un primer ensayo para la Comunidad y no cabe duda de que hay posibilidades de mejorar a medida que evolucione la política al respecto. Cuando emprendamos la primera revisión de las orientaciones a lo largo de los tres próximos años -de hecho, dentro de tres años presentaremos un informe al respecto-, estoy seguro de que las enseñanzas de esta experiencia inicial resultarán muy instructivas. Entretanto, por el bien de la Comunidad en todas sus partes, creo que debemos avanzar en la ejecución de la red transeuropea de transportes. Así, pues, recomiendo encarecidamente las orientaciones a esta Asamblea como dignas de un firme apoyo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Biología y medicina (Convenio sobre bioética)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0190/96) del Sr. Pelttari, en nombre de los Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la utilización de la biología y la medicina - Convenio sobre bioética.

Pelttari
Señor Presidente, el proceso de elaboración de este informe ha sido lento y difícil, ya que me he visto obligado a esclarecer si la Comunidad Europea tiene previsto adherirse al Convenio sobre derechos humanos y biomedicina, si es factible esta adhesión y, en caso de que no lo fuera, cuál sería el papel de la Comunidad respecto a este convenio que recae dentro del ámbito de competencias del Consejo de Europa, y cuya gestión corresponde, por lo tanto, a esta organización. Por otra parte, le ha correspondido al Comité directivo de bioética del Consejo de Europa (CDBI) la tarea de redactar el texto del convenio.
En la exposición de motivos del informe se recogen los problemas a los que se enfrentaría la Comunidad, en tanto que posible parte signataria del convenio. El dictamen emitido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con la posible adhesión de la Comunidad Europea al convenio sobre bioética, el anuncio hecho por la Comisaria Edith Cresson, hoy aquí presente, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, así como la declaración realizada por el servicio jurídico del Parlamento al respecto, han elucidado la posición de la Comunidad en relación con este convenio. La aclaración de este importante asunto ha exigido bastante tiempo, y no puedo sino lamentarme de que la Comunidad no pueda ratificar el convenio. La adhesión de la Comunidad en estos momentos hubiera revestido una gran importancia, no sólo para ésta, sino también para el propio convenio. No hemos tenido acceso al contenido del convenio hasta esta primavera, y es lamentable que la presentación de la última versión del CDBI se realizara el mismo día en que nuestra comisión debía votar sobre el asunto. La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se vio obligada a acelerar la tramitación de este punto para dar tiempo a que el Pleno del Parlamento examinara el informe antes de la aprobación definitiva de esta última versión por parte del Consejo de Europa. El Consejo de Europa lleva preparando el convenio sobre bioética desde 1990, es decir, desde hace seis años.
El objetivo del convenio es la armonización de las disposiciones existentes en Europa sobre biología humana y medicina, lo cual contribuiría en gran medida a llenar el vacío jurídico existente en lo referente a estas cuestiones. Si el concepto de bioética es ya de por sí complicado, aún lo es más como materia de estudio. Se trata de trazar un límite moral y ético entre las nuevas posibilidades y amenazas planteadas por el rápido desarrollo que experimentan la medicina y la biología. Mediante el convenio se establece hasta dónde es posible que llegue este desarrollo, qué es aceptable desde un punto de vista general y qué no lo es. No se aspira a limitar el progreso, sino que lo que se pretende es orientarlo en una dirección ética y moralmente aceptable. El objetivo último es el de proteger la dignidad del individuo frente a los abusos a que ha dado lugar el desarrollo de la ciencia. Se roban órganos de niños de la calle para salvar a niños ricos, los padres pobres venden uno de sus riñones para sustentar a los suyos, se fecundan óvulos comprados con el fin de cubrir las necesidades de investigaciones con embriones, o se recurre a enfermos mentales para realizar ensayos con medicamentos. En el mundo sobran ejemplos espantosos de esta realidad de hoy en día. Han quedado al margen del convenio los temas del aborto y la eutanasia, los cuales, sin embargo, serán motivo de un debate público cada vez mayor, junto a las demás cuestiones, a medida que se produzca un envejecimiento de la población. Dado que, a pesar de todo, los países europeos difieren entre sí desde un punto de vista histórico, religioso o cultural, y habida cuenta también de que las tradiciones legislativas son distintas, el reto al que nos enfrentamos es el de encontrar unas normas mínimas comunes a todos los países sobre determinadas cuestiones relativas a la bioética. En particular, los países católicos y, por otra parte, Alemania y Austria, se desmarcan del resto de países por su actitud ante los embriones, las personas descapacitadas, la genética humana, el aborto y la eutanasia. Cabe, sin embargo, señalar que en el convenio se establece una protección mínima para los ciudadanos de aquellos países que lo ratifiquen. Los países pueden libremente disponer una protección más estricta de la contemplada en el convenio. Por otro lado, hay que apuntar igualmente que, en caso de que el convenio se mostrara tan riguroso que dejara de ser realista, la consecuencia podría ser el desplazamiento de las investigaciones desde los países signatarios a los países en vías de desarrollo.
Se debe señalar que los puntos recogidos en el convenio sobre bioética atañen a todos y a cada uno de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden llegar a sentirse amenazados por el vertiginoso progreso registrado en este campo si no disponen de la información suficiente. Por este motivo, es importante someter estos temas a debate de la opinión pública previamente a la adopción de decisiones por parte de los políticos, una vez que se hayan escuchado las opiniones de los expertos. Asimismo, es importante que el Parlamento Europeo, representante de los pueblos de la Unión que desempeña un trascendental papel a la hora de asignar los recursos de investigación, debata y someta a examen las normas que se dispongan en los campos de la biología, la biotecnología y la medicina de acuerdo con el respeto a la dignidad humana. El 7 de junio de 1996, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos aprobó tanto 23 enmiendas al informe basado en el texto del ponente como la opinión emitida al respecto por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. En el informe se hace hincapié en que la dignidad humana y la protección de los derechos humanos son más importantes que ninguna ventaja que pueda redundar en beneficio de la sociedad o de terceras partes implicadas, a la vez que se resalta la libre disponibilidad de las investigaciones relativas a la genética humana. Se hace patente una vez más la necesidad de llevar a cabo la composición de los comités éticos relativos a la medicina y a las investigaciones en este campo atendiendo plenamente a principios democráticos. El informe se centra principalmente en cuatro cuestiones: el consentimiento del paciente ante cualquier intervención, la protección de aquellos individuos que no estén capacitados para dar su consentimiento, la incidencia en el genoma humano y la investigación en embriones humanos. Son precisamente éstos los puntos para los que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos desea un estricto nivel de protección jurídica.
El Grupo Liberal no es partidario de limitaciones demasiado rigurosas. Tal como hoy mismo ya se ha puesto de manifiesto, la modificación genética constituye la modalidad de tratamiento del día de mañana, por lo cual no se deberían adoptar posturas demasiado negativas e intransigentes ante la utilización en el futuro de la tecnología genética para lograr mejorías en enfermedades genéticas o hereditarias. Nuestro grupo ha hecho pública claramente esta postura en las propuestas de enmienda 11, 12 y 14. Finalmente, desearía hacer referencia al primer apartado del informe, donde se incluye la petición formulada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, para que se pronuncie sobre si éstos contemplan la posibilidad de adherirse al convenio. En el caso de que se probara la imposibilidad de llevar a cabo la adhesión, la comisión solicitaría a la Conferencia Intergubernamental que abordara esta cuestión y reflexionara sobre una modificación del Tratado constitutivo que permitiera dicha adhesión.

Tannert
Señor Presidente, Señorías, el convenio que se propone establecer el Consejo Europeo también tendrá repercusiones para la investigación dentro de la Comunidad Europea. El objetivo es limitar jurídicamente la investigación, sobre todo en aquellos aspectos en los que pueda anteponer el interés social o ajeno a la protección y la dignidad del individuo.
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía presentó, por consiguiente, al Parlamento ya en el mes de abril su opinión, adoptada con una gran unanimidad. La comisión competente, recogió las propuestas de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía en todos sus puntos significativos y considera necesario que el Parlamento realice un seguimiento crítico de los trabajos preparatorios del Convenio del Consejo Europeo, habida cuenta, entre otros aspectos, del papel que le corresponde en la adjudicación de los fondos destinados a la investigación.
La opinión pública europea ha tenido una creciente participación en la elaboración de estos textos. De ahí que sea todavía más lamentable que durante un tiempo sólo haya sido posible tener acceso a los mismos a través de filtraciones. Como respuesta a este hecho, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía solicitaba en su informe de opinión un debate público lo más amplio posible y la participación en la decisión, así como la celebración de consultas públicas y el acceso público a los bancos de datos. La comisión competente recogió esta petición en su informe. Mi Grupo político ha presentado una propuesta de enmienda complementaria destinada a reforzarla.
El actual proyecto de convenio presenta considerables mejoras con respecto a la propuesta de 1994. No obstante, sigue abordando sólo una parte de los temas que requieren una regulación y es preciso completarlo. En este proceso, es necesario prestar especial atención para que los protocolos complementarios no dejen de lado el verdadero objetivo del convenio. Asimismo, también es necesaria una regulación jurídica más rigurosa de la investigación en las personas desprovistas de capacidad de consentimiento, autorizando sólo las intervenciones directamente relacionados con la enfermedad de la persona afectada y que puedan ser beneficiosas para su salud.
Finalmente el proyecto de convenio representa un compromiso en relación con la investigación sobre embriones in vitro , que queda por debajo de las normas vigentes en Alemania y en algunos otros países europeos. Aun así, al menos quedaría prohibida la producción de embriones humanos para la investigación. El Parlamento debería proponer que se incluya la prohibición del uso de embriones para cualquier tipo de investigación y una regulación más precisa de la protección de los embriones en el marco de la fecundación in vitro .
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Ciudadanos representa una importante aportación al debate sobre este tema, que debería recibir el apoyo mayoritario del Parlamento.
Finalmente, debo precisar, para que conste en el Acta, que no fui yo quien presentó las enmiendas 16 y 18, tal como se indica erróneamente en el documento A4-0190/96.

Cot
Señor Presidente, examinamos hoy el importante y ambicioso proyecto del Consejo de Europa que intenta establecer un marco general para los derechos del hombre y la biomedicina y que ha sido transformado, si he comprendido bien, en un convenio sobre bioética. Además, deseo reclamar la atención sobre el peligro de aplicaciones abusivas que esto puede provocar, pues podría pensarse que este texto aborda todos los problemas de la bioética, lo que evidentemente no es el caso.
Los Estados miembros, al igual que los parlamentarios europeos, han tenido dificultades para ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones, dificultades que se han visto aumentadas con el nuevo alcance de este proyecto de convenio como resultado de la ampliación del Consejo de Europa a la Europa Central y Oriental, donde por otra parte sabemos que en algunos Estados se han podido producir en algunos lugares prácticas médicas y genéticas de carácter dudoso. Pero es una razón suplementaria para establecer un marco común de referencia. Lo que se convierte en el objeto principal de este convenio, sobre todo porque no lo suscribiremos.
El dictamen del Tribunal de Justicia del 28 de marzo de 1996 excluye, en mi opinión, cualquier participación posible. Incluso si se refiere al Convenio de Roma relativo a los derechos del hombre y no al proyecto de convenio sobre la bioética, me parece claro que los motivos alegados por el Tribunal de Justicia en este asunto se aplican mutatis mutandis al proyecto de convenio sobre bioética, en especial el punto 27 del dictamen que dice que ninguna disposición del Tratado confiere a las instituciones comunitarias de forma general el poder de dictar reglas en materia de derechos del hombre - en este caso, de bioética - o de concluir convenios internacionales en este terreno.
Pienso que esto se aplica tanto al ámbito que nos preocupa como al más general de los derechos del hombre.
Por otro lado, el análisis que estoy haciendo ha sido confirmado por los servicios jurídicos del Parlamento y también por la Comisión, y me refiero aquí a las declaraciones del Comisario ante la comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. Sería bueno que ésta nos dijera hoy lo que piensa sobre el tema después de haber vuelto a examinar la cuestión.
Ello no quiere decir que nuestra opinión quede sin objeto, que nos desinteresemos del tema, sino que sin duda esta opinión, que ahora es menos inmediata en cuanto a sus consecuencias, será recibida como tal, será más académica y tendrá menos peso. Por otra parte no estoy seguro de que no sea mejor así. A pesar de los importantes esfuerzos del ponente, y debo reconocer el trabajo considerable del Sr. Pelttari que ha tomado el relevo de la Sra. Rehn, observo una evolución, en cierto modo inversa de los textos. Tengo la impresión de que el proyecto de convenio del Consejo de Europa ha ido mejorando a medida que se han ido realizando lecturas sucesivas, mientras que el texto del Sr. Pelttari se ha ido degradando a medida que se sucedían las votaciones en la comisión de Asuntos Jurídicos.
Hemos encontrado muchas dificultades para llegar a un consenso entre nosotros, es decir, para alcanzar este equilibrio delicado entre los principios del respeto por la vida, por la dignidad del cuerpo humano y las exigencias surgidas de los progresos de la medicina, de la liberación de la condición femenina y del control de las mujeres sobre su propio cuerpo. Aquí nos enfrentamos, y hemos podido comprobarlo, a los repetidos ataques de una derecha integrista fortalecida, que impera en América bajo el pabellón de la Christian Coalition , en Francia con los comandos anti-IVG y que llega incluso a encontrar eco en Roma, con la vuelta impetuosa de tesis oscurantistas.
De ello resulta un replanteamiento de los logros de los años 70 en materia de derechos de la mujer. La enmienda sobre el origen de la vida, que casi ha sido aprobada en la comisión de Asuntos Jurídicos y que fue rechazada por no alcanzar la mayoría suficiente por poca diferencia de votos, es una primera demostración. La enmienda sobre la fecundación in vitro , típica de una determinada visión de las cosas que condena, o bien el principio mismo de la fecundación in vitro o bien a la mujer que desea recurrir a los modernos medios de la medicina para conseguir una maternidad deseada, es un segundo ejemplo.
En este sentido, diré que la nueva redacción que propone la enmienda 25 de los Verdes sólo me parece aceptable si toma en consideración la conservación necesaria de un número suficiente de embriones para repetir de manera razonable los intentos de implantación, sin tener que imponer a la mujer nuevas extracciones de óvulos, inútilmente traumáticas, penosas e incluso peligrosas para la salud.
Todo esto tiene como consecuencia que nosotros hayamos votado en la comisión de Asuntos Jurídicos un texto que mi grupo considera inaceptable en el actual estado de cosas y que parece responder, a pesar de los esfuerzos del Sr. Pelttari, a una iniciativa retrógrada en el sentido etimológico del término y por tanto inaceptable. Si estas enmiendas fueran confirmadas en el Pleno, votaríamos contra el informe del Sr. Pelttari pidiendo disculpas al ponente, pero sin dudas.

Liese
Señor Presidente, el presente proyecto de convenio del Consejo Europeo sobre derechos humanos y biomedicina ha topado con justificadas críticas, en particular por parte de las asociaciones de personas discapacitadas, pero también de muchos diputados de diferentes Parlamentos. Yo considero conveniente que el Parlamento Europeo examine el proyecto de convenio y se pronuncie al respecto, aunque la situación jurídica no sea nada clara.
El Sr. Pelttari ha presentado un buen informe y yo quiero agradecerle el trabajo realizado. Su informe contiene formulaciones claras y hace inequívocamente un mayor hincapié en la protección de los derechos humanos que el proyecto de convenio del comité de gestión sobre bioética. Es ciertamente de lamentar que el Grupo político del propio Sr. Pelttari quiera suprimir de nuevo esta precisión y haya presentado numerosas enmiendas que diluyen el contenido del informe. El Grupo del PPE respalda el contenido del informe tal como fue aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Estamos a favor de unas formulaciones claras y de la absoluta primacía de la dignidad de las personas. En primer lugar, me referiré al debatido punto de la manipulación del genoma humano. Es positivo que el comité de gestión se haya manifestado contrario a las intervenciones en el genoma humano; no obstante, a mi parecer y en opinión de mi Grupo político, esto no se ha formulado con la necesaria claridad. El Parlamento Europeo debería manifestarse explícitamente en favor de una prohibición. No queremos una moratoria, basada circunstancialmente en razones técnicas, sino una prohibición basada en consideraciones éticas fundamentales. El objetivo de la manipulación del genoma humano no es una terapia, sino la selección de los seres humanos y no podemos aceptar de ningún modo la concepción del ser humano que hay detrás. El método también es rechazable ya por el hecho de que incluso para los estudios sobre la manipulación del genoma humano ya es necesario utilizar un número masivo de embriones. El proyecto del comité de gestión tampoco se pronuncia con suficiente claridad con respecto a la investigación con embriones. En efecto, si bien habla de una protección adecuada, no prohíbe explícitamente la investigación que suponga la destrucción de embriones. Yo me pregunto: ¿cuál es esta protección adecuada que tiene como resultado final la muerte del objeto de la misma? ¿Cómo puede hablarse de protección adecuada en estas circunstancias?
El rechazo de la investigación que suponga la destrucción de embriones -nuestra coincidencia es, en efecto, unánime sobre este punto- también lleva aparejada, sin embargo, una consecuencia. Yo considero que debemos velar para que no puedan producirse embriones excedentarios, que posteriormente se utilizarían para fines de investigación o bien -y esta alternativa tampoco está exenta de problemas éticos- sería preciso dejarlos morir. Muchas universidades se enfrentan en estos momentos con el dilema de que conservan centenares de miles de embriones congelados y no saben qué deben hacer con ellos. Para evitar este dilema, diversos Estados miembros cuentan con normas que toman en consideración estos problemas y que no han suscitado protestas del movimiento de mujeres en los citados países. Al menos yo nunca he tenido conocimiento de ello, a pesar de que en diversas ocasiones he solicitado a otros colegas pruebas que lo atestigüen. Por consiguiente, la formulación del punto 12.5 tal como fue aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos es muy importante, a mi parecer. Por lo que respecta a la investigación sobre personas desprovistas de capacidad de consentimiento, cabe señalar que la versión inicial de 1994 del proyecto de convenio suscitó justificadas protestas. Yo también me pregunto por qué no se dejó claramente establecido ya de entrada, mediante una prohibición de la discriminación de las personas discapacitadas, que no se admitiría ningún abuso. La Comisión de Asuntos Jurídicos solicita que se incluya una prohibición antidiscriminatoria en este sentido y yo pienso que todos debemos respaldar esta petición.
El Grupo del PPE no se opone a que se prohíban simplemente las investigaciones, pero queremos que se establezcan unas normas rigurosas. Esto es aplicable también en el caso de las personas desprovistas de capacidad de consentimiento. Si decretásemos la prohibición total, no sería posible, por ejemplo, la investigación en el campo de las enfermedades infantiles o de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y, por este motivo, a mi parecer debemos votar a favor del informe en su forma actual con algunas enmiendas en su redacción, pero sin ninguna enmienda que modifique su contenido de fondo.

Pompidou
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo felicitar a nuestro colega Pelttari por el magnífico trabajo que ha realizado. Su informe es excelente, tanto en el plano jurídico como en el del respeto por la dignidad del ser humano.
Sin embargo, como biólogo, y aún más como médico, no puedo suscribir varias de sus recomendaciones. ¿Cuál es el papel del biólogo sino hacer que progrese la investigación médica sin que ello acarree ningún perjuicio a los enfermos?¿Cuál es el papel del médico, sino aliviar a los que sufren y responder a la espera angustiosa de los enfermos y sus familias, dentro del respeto por las reglas deontológicas y de los grandes principios de la ética?
Así pues, en este proyecto de convenio, si el legislador cree actuar bien y desea no sentirse culpable, obstaculiza el progreso de la medicina en varios campos. En materia de obtención del consentimiento para las pruebas terapéuticas de las personas mentalmente incapaces, suscribo la mayor parte de las propuestas del ponente, pero deseo reclamar la atención de todos los Diputados sobre un punto en especial: ¿Qué actitud tomar con respecto a los adultos incapaces de manifestar su rechazo?¿vamos a privarnos de toda posibilidad de progreso en los tratamientos de los grandes desarreglos mentales, principalmente en el de la enfermedad de Alzheimer?
En materia de tratamiento de la esterilidad y de la infertilidad de la pareja por medio de la reproducción asistida, entre las propuestas del ponente, las orientadas a limitar el número de embriones susceptibles de ser producidos en el transcurso del mismo ciclo con vistas a su implantación no parecen nada realistas para cualquier especialista razonable y documentado.
En el actual estado de conocimientos y dada la proporción inevitable de óvulos fecundados destinados al fracaso de forma espontánea desde los primeros días del desarrollo, las medidas propuestas tendrán como consecuencia condenar definitivamente la fecundación in vitro con transplante de embrión y agravar los problemas ya bastante penosos que sufren las mujeres que desean tener un hijo.
Terminaré por la prohibición, loable en sí misma, de las intervenciones relativas a la modificación de la línea germinal. Pero, ¿se va a privar del tratamiento por radioterapia y quimioterapia de los enfermos de cáncer de ovarios o de testículos, como prevé el texto del informe?
Estos diferentes ejemplos ilustran claramente que, aunque hay que compartir la preocupación que los inspira, las disposiciones que sugiere nuestro colega Pelttari parecen excesivas. En estas condiciones, el informe sólo me parece aceptable si adoptamos al menos cuatro enmiendas orales. En caso contrario debe ser devuelto a la comisión.
En primer lugar, tener en cuenta la incapacidad de algunos enfermos mentales graves para tomar decisiones; en segundo lugar plantear una excepción a la prohibición de investigación sobre el embrión para los métodos destinados a mejorar su desarrollo posterior; en tercer lugar, no limitar la producción de embriones con vistas a la implantación en la madre sino solamente el número de embriones a implantar; en cuarto lugar, prohibir la terapia génica germinal, excepto para el tratamiento del cáncer de gónadas.
De este modo la Asamblea tendrá en cuenta la preocupación por la salud pública en el respeto por la dignidad de las personas y se podrá sentir satisfecha de responder a lo que los enfermos y sus familias esperan, dentro del respeto por las reglas de la ética biomédica.

Monfils
Señor Presidente, Señorías, la resolución que resulta de los trabajos de la comisión está en claro retroceso en varios puntos con relación al proyecto de texto del convenio. Estos puntos son en primer lugar la investigación científica; la resolución prevé que habrán de fijarse límites absolutos antes de iniciar nuevos trabajos de investigación. Eso se llama moratoria científica en todo su oscurantismo. Así, para una mayoría de los miembros de la comisión, no deben realizarse investigaciones sobre enfermedades genéticas hasta tanto el convenio sea votado y ratificado por la mayoría de los Estados. Se trata de un retraso de entre cinco y diez años en la lucha contra las enfermedades y la paralización de las investigaciones punta, además de la derrota incluso a nivel de patentes, frente a Japón y Estados Unidos.
A continuación, las condiciones en las que se opera la fecundación in vitro . Ya se ha dicho que el texto votado en comisión es inaceptable. Se imponen límites teóricos a la producción de embriones destinados a su reimplantación, cuando la técnica aún no permite evitar un exceso de embriones, pero sobre todo se prohíbe la conservación criogénica de los embriones, salvo excepciones de orden médico. Finalmente, y en el mismo sentido, se prohíbe cualquier investigación sobre los embriones.
Voy a plantear una pregunta sencilla, ¿quiénes somos nosotros los legisladores, que en muchas ocasiones nos encontramos geográficamente lejos de nuestros pueblos, para decir lo que es bueno y lo que es malo en lo que el ser humano tiene de más personal como es su vida sexual y su actividad reproductora?¿Cómo se puede, en un momento en que con razón se reclama la igualdad entre hombres y mujeres, impedir que las mujeres sean dueñas de su cuerpo? Si hay exceso de embriones, que se deje a las mujeres la posibilidad de conservarlos, destruirlos o entregarlos a la ciencia.
Finalmente, el rechazo prácticamente total a autorizar pruebas orientadas a detectar la aparición de enfermedades genéticas es también inaceptable; puede evitarse el riesgo de abuso autorizando esas pruebas para fines médicos o de investigación y con el consentimiento de la persona afectada.
En realidad este dictamen contiene dos vicios profundos. Para empezar, formula prohibiciones en lugar de tomar medidas para fijar los límites de la investigación, con el fin de evitar cualquier abuso. Para ser más claro, si algunos tienen miedo porque hace cincuenta años se realizaron experimentos monstruosos, no es necesario recordar que éstos fueron posibles porque fueron autorizados, e incluso alentados, por un régimen político inhumano y perverso. Pero hoy somos democracias políticas, se ejerce un control y las investigaciones se hacen a la luz, hay publicaciones que anuncian los descubrimientos y en todas partes existen comités de ética médica. Por tanto podemos permitir sin miedo que se continúe la investigación, que es fuente de progresos, poniendo barreras para evitar cualquier abuso.
En segundo lugar, ¿podrían 626 parlamentarios arrogarse el derecho de definir cuál debe ser la moral dominante en los comportamientos íntimos de hombres y mujeres?, pero, ¿en nombre de qué poder una sociedad liberal debe fijar reglas generales que permitan el funcionamiento armonioso del cuerpo social en su conjunto? Ésta no debe intervenir en la elección que cada individuo haga siempre que no contravenga manifiestamente el orden social establecido.
Al igual que dos de los colegas que me han precedido debo decir que desgraciadamente será lo que el Parlamento habrá hecho, si no se toman en consideración las enmiendas que nosotros en concreto hemos presentado. Si fuera así, espero que el Consejo de Europa rechace el dictamen del Parlamento Europeo.

Stenius-Kaukonen
Señor Presidente, no resulta difícil mostrarse de acuerdo con el punto de partida fundamental del informe del señor Pelttari. El desarrollo de la biología y la medicina exige el establecimiento de determinadas limitaciones en el orden jurídico a fin de proteger la dignidad de la persona. Hay que mostrar una precaución extrema a la hora de abordar la cuestión de la genética. Las personas han de contar con el derecho a ser diferentes. Hoy en día, se deberían destinar muchos más recursos para lograr una transformación de la sociedad que permita a las personas vivir una vida lo más equilibrada posible a pesar de las diversas enfermedades e incapacidades.
No obstante, no se deben fijar limitaciones irreflexivas a la investigación, tratamiento y prevención de estas enfermedades y deficiencias. En mi opinión, no se ha considerado debidamente el punto 10 del apartado 12 del informe, en el que se propone que se autoricen las pruebas que sirvan para predecir enfermedades genéticas o que puedan servir para identificar predisposiciones genéticas a sufrir enfermedades o incapacidades únicamente en caso de tratarse de enfermedades que puedan poner en peligro la vida y para las que exista en ese momento un tratamiento eficaz. ¿A qué pruebas se refiere? En caso de que se aprobara el texto en los términos propuestos, ¿se debería poner fin a un gran número de las pruebas que se desarrollan hoy en día? En la actualidad, es ya posible predecir mediante análisis de sangre la morbilidad, lo cual permite, a su vez, prevenir la aparición de enfermedades, por ejemplo, mediante un mero cambio en los hábitos del paciente. Como muestra de ello, la propensión entre la población adulta a contraer diabetes, la denominada diabetes del tipo II, al igual que la propensión a otras muchas enfermedades, es una característica marcadamente hereditaria. Por lo que respecta al carácter hereditario de esta afección, hoy se sabe que si uno de los padres es diabético, los hijos contraerán con una probabilidad del 40 % la diabetes del tipo II. En caso de que ambos padres sean diabéticos, la posibilidad de que los hijos contraigan la enfermedad se eleva al 60 % de los casos. No obstante, no se considera que este tipo de diabetes ponga en peligro la vida del paciente, si bien también la ausencia de tratamiento conduce, como sucede con otras muchas enfermedades, a una muerte prematura. A menudo, estas enfermedades hereditarias tienen su origen precisamente en los denominados errores genéticos.
Hasta el día de hoy se ha logrado erradicar del planeta numerosas enfermedades que han sido origen de mucho sufrimiento, pero aún queda también mucho por hacer. ¿Se debería haber prohibido hace 75 años el uso de la insulina? Cuando se administró insulina a vacas y ovejas, ¿no representó ésta acaso una medida discutible desde el punto de vista ético? ¿Estaría permitida esta medida hoy en día? Afortunadamente, lo estuvo por aquel entonces. Estas preguntas exigen una profunda reflexión. Espero que el Parlamento Europeo no apruebe la primera parte del punto 10 del apartado 12, sino, por ejemplo, la propuesta de enmienda presentada por el señor Pelttari.

Ullmann
Señor Presidente, Señorías, colegas diputadas y diputados, consagrar y salvaguardar la vigencia universal de los derechos humanos es una de las prioridades políticas de nuestro tiempo. La dificultad de este tarea reside en el hecho de que, además de una universalidad global y horizontal de los derechos humanos, también existe otra universalidad intensiva y vertical, que engloba desde la persona laureada con un Premio Nobel hasta el embrión totalmente indefenso, desde el cerebro hasta cada una de las células corporales y sexuales. Su protección, comoquiera que se defina, debe cumplir una condición fundamental: la misión de nuestra sociedad, que vive bajo el contexto de la física nuclear y la biología molecular, no es definir una nueva ética, sino afirmar y concretar, frente a la barbarie de las guerras mundiales y del genocidio, el consenso en favor de la vigencia normativa de los derechos humanos en el ámbito de la investigación y las terapias biotecnológicas.
El presente proyecto de convenio sobre derechos humanos y biomedicina incluye cláusulas de excepción, en el ámbito del derecho al consentimiento, de la investigación en personas desprovistas de capacidad de consentimiento, de la investigación sobre los genomas y embriones, y de los trasplantes de órganos que puedan poner en peligro la integridad física y genética de las personas afectadas. También se caracteriza por una sorprende falta de vinculación jurídica, en contraste con el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, puesto que limita las competencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la emisión de un dictamen previo.
Los biólogos, médicos, juristas, filósofos y teólogos todavía deberán trabajar mucho conjuntamente para garantizar la salvaguardia de la universalidad horizontal y vertical de los derechos humanos también en el ámbito de la biomedicina.

Lalumière
Señor Presidente, el informe del Sr. Pelttari trata sobre un tema extremadamente importante y delicado: la bioética o ética de las ciencias de la vida. Más en concreto, este informe constituye una opinión sobre el proyecto de convenio actualmente en curso de elaboración en el seno del Consejo de Europa sobre este tema.
Mi primera observación es sobre el método que ha seguido la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que ha trabajado sobre la base de un anteproyecto del Consejo de Europa que data de 1995. Desde entonces el propio Consejo de Europa, por medio de su Comité Director sobre Bioética, ha continuado sus trabajos que concluyeron el pasado 7 de junio con un nuevo texto bastante diferente del anterior. Lamento que el Parlamento Europeo haya trabajado sobre un anteproyecto ampliamente superado.
En concreto, el texto de junio de 1996, que es la conclusión de los trabajos de este Comité Director - antes de su paso ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa que tendrá lugar probablemente el otoño próximo - ha tenido en cuenta ampliamente las críticas que se le habían formulado principalmente en Alemania, donde algunos errores de traducción habían falseado el debate. A partir de entonces se han resuelto esos malentendidos y la nueva redacción de junio ha sido aprobada por la casi unanimidad del Comité Director compuesto por expertos de todos los países miembros del Consejo de Europa y de todas las tendencias.
Mi segunda observación es relativa al fondo. Es evidente que el informe del Sr. Pelttari, o más exactamente, las enmiendas aprobadas en comisión están claramente inspiradas por una voluntad restrictiva, en nombre de una moral que muchos de nosotros no compartimos. Lo mismo ocurre con algunas disposiciones relativas al embrión, que es un tema extremadamente delicado, con la protección de las personas incapaces de otorgar su consentimiento a una investigación o con la terapia genética y las intervenciones en el genoma humano.
El informe del Sr. Pelttari parece más protector en todos estos puntos que el proyecto de convenio, en su versión de 1995. Sin duda, es necesario proteger los derechos del hombre y ser prudentes, pero el informe aparece verdaderamente como demasiado restrictivo y quizá retrógrado. Lo lamento, como lamento que critique la intención del Consejo de Europa de remitir las cuestiones que no han podido ser zanjadas en el propio convenio a protocolos adicionales. El Consejo de Europa es prudente. En cuestiones tan difíciles, es necesario avanzar paso a paso y no cargar demasiado el carro. El mejor método es un convenio base más unos protocolos adicionales.

Van der Waal
Señor Presidente, la investigación en el ámbito de la biología, la biotecnología y la medicina, así como sus aplicaciones, ofrece posibilidades nuevas y desconocidas. Pero al mismo tiempo nos plantean cuestiones éticas fundamentales. Por ello es positivo que dentro del Consejo de Europa se esté elaborando un convenio para proteger lo que se denomina la dignidad humana. No se puede permitir todo aquello que es posible. Es preciso poner límites a la libertad de la ciencia, la investigación y la medicina.
El convenio que quiere elaborar el Consejo de Europa ofrece una excelente oportunidad para lograr el marco jurídico necesario para ello. Sin embargo, del texto del proyecto se desprende que el Comité rector en materia de bioética ha dejado escapar esta oportunidad. El proyecto de convenio falla en cuestiones cruciales como la protección de las personas incapacitadas para dar su consentimiento, la protección y el uso de embriones, y la cuestión de la terapia genética.
Consideramos una circunstancia afortunada que, con el informe Pelttari, el Parlamento Europeo deje oír su voz sobre esta cuestión. Pero no somos partidarios de que la Unión Europea firme un convenio de este tipo porque se trata de un asunto que han de decidir los Estados miembros.
En el informe Pelttari se corrigen de forma excelente las deficiencias del proyecto de convenio. La premisa es que la protección directa de la dignidad y los derechos del individuo prevalecen por encima de cualquier interés social o interés de terceros. Con ello no se ha contestado a todas las preguntas, pero -como se desprende del informe- se establecen unos claros límites de principio. El tema tiene que ser la dignidad humana, basada en el reconocimiento de la persona como creación única de Dios. Esto significa que toda vida, desde el principio hasta el final, dañada o no, incapacitada o no para dar su consentimiento, ha de ser totalmente protegida y respetada en su naturaleza.
Por ello abogo por que se acepte el informe Pelttari en su forma actual y para que se vote en contra de las enmiendas que reducen la protección ofrecida.

Amadeo
Señor Presidente, en la versión definitiva, el título «Convenio sobre Bioética» ha sido sustituido por el de «Convenio sobre derechos humanos y biomedicina». Es evidente, pues, que el proyecto de referencia se basa en la primacía del ser humano y excluye las técnicas que se refieren a los animales y a las plantas. El principio fundamental del bienestar del paciente, en sentido amplio, en todo tipo de intervención es acogido por todos de forma favorable, aunque, desde este punto de vista, debemos reiterar: primero, que no podrá llevarse a cabo intervención médica alguna sin el consentimiento otorgado con conocimiento de causa y libremente por la persona sometida a la misma; segundo, que ninguna investigación puede ser llevada a cabo en una persona incapaz de dar su consentimiento, exceptuando el supuesto de que sea en beneficio cierto y directo de esta última. Es una posición que va en contra de la legislación y del procedimiento vigente en numerosos Estados europeos, en los que la mayoría opina que el requisito del beneficio directo haría imposible un gran número de investigaciones fundamentales relativas a las condiciones de crecimiento del niño, a las enfermedades de la infancia y a algunas enfermedades mentales. En todo caso, consideramos que estas organizaciones no son lo suficientemente fuertes para permitir saltos y huidas hacia delante.
La genética es la disciplina más prometedora por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades, en especial, la lucha contra el cáncer. En este sentido, afirmamos que una intervención que trate de modificar el genoma humano únicamente podrá efectuarse por razones preventivas, terapéuticas o de diagnóstico y siempre y cuando su objetivo no se base en la introducción de modificaciones en el genoma de los descendientes. Si para algunos dicha prohibición se basa en consideraciones éticas fundamentales, para la gran mayoría se trata de una elemental medida de prudencia, habida cuenta de que estamos muy lejos de disponer de un control suficiente para garantizar condiciones de seguridad aceptables.
Hecha esta premisa, acogemos favorablemente el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana en el marco de la aplicación de la biología y la medicina. En particular, nos agradan dos puntos: el punto L, que dice: »Convencido de que tales terapias se deben prohibir, porque sus efectos a largo plazo no pueden controlarse técnicamente, no es posible pedir la conformidad a los descendientes y abrirían definitivamente la puerta a la eugenesia y a la instrumentalización del individuo»; y el punto 11 que dice: »Considera que la protección directa de la dignidad y de los derechos de los individuos está por encima de cualquier interés de tipo social o de los intereses de terceros y que los resultados de la investigación sobre el genoma humano deben ser de libre acceso».

El Presidente
Se interrumpe el debate para proceder al turno de preguntas.
El debate se reanudará a partir de las 21.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40681/96), dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 29 formulada por Maren Günther (H-0529/96):
Asunto: La ayuda humanitaria de la CE para el Iraq, a la vista de que este país puede exportar petróleo para financiar la ayuda humanitaria
La Comisión emplea anualmente unos 22 millones de ecus en ayuda humanitaria para el Iraq. También está previsto el empleo de fondos con dicho fin en 1996. ¿Proyecta la Comisión emplear tales fondos en ayuda humanitaria para el Iraq, dado que en la actualidad el Iraq puede exportar petróleo por un valor anual de 2.000 millones de dólares con objeto de financiar con dicha suma la ayuda humanitaria para su atribulada población?

Brittan, Sir Leon
La Comisión está siguiendo las medidas adoptadas con vistas a la aplicación de la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permite la venta de petróleo para posibilitar la adquisición de alimentos y productos humanitarios. La aplicación de dicha resolución requerirá que se cumplan con varios meses de antelación todas las condiciones, tales como la formulación de programas de adquisición y el establecimiento de las estructuras adecuadas. Teniendo eso presente, la Comisión mantendrá su ayuda humanitaria al Iraq a lo largo de 1996. Se han asignado 9 millones de ecus en el primer presupuesto y, si fuera necesario, se podría asignar la segunda cantidad de 14 millones de ecus, según la disponibilidad de fondos de la ECHO. Cuando la Resolución 986 entre en vigor efectivamente, la Comisión examinará la necesidad de revisar el programa y se informará a los Estados miembros y al Parlamento.

Günther
Señor Comisario, el tema que se plantea es en qué condiciones debe mantenerse a partir de ahora la ayuda humanitaria en este caso, puesto que las cantidades muy superiores con que ahora cuenta el Iraq quizás permitan liberar esos recursos para atender a otras situaciones de emergencia en el mundo. ¿O se prevé proceder, tal vez, de manera mucho más específica, dado que es un hecho cierto que la mortalidad infantil es alarmantemente elevada en estos momentos en el Iraq?

Brittan, Sir Leon
De momento no se ha entregado el dinero y, como he dicho, se tienen que cumplir condiciones muy substanciales. Cuando se hayan cumplido dichas condiciones, será el momento de examinar la posibilidad de reorganizar el programa en el Iraq o en otro sito.

El Presidente
Pregunta nº 30 formulada por Gerard Collins (H-0560/96):
Asunto: Europol
¿Puede indicar la Comisión el importe de la ayuda financiera que destina a Europol, el importe que Europol recibe de los Estados miembros y cuándo espera que ese organismo sea plenamente operativo, como fuente de información sobre el tráfico ilegal de estupefacientes para las autoridades nacionales encargadas directamente de combatir a los traficantes internacionales de estupefacientes?

Gradin
Señor Presidente, ni el Convenio Europol ni la acción comunitaria para la ampliación del mandato de Europol aprobada en marzo de 1995 prevén la financiación a través del presupuesto comunitario. Por el contrario, en ambos casos se dice expresamente que los gastos que ocasionen la Agencia Europea contra la Droga y Europol deben costearlos los Estados miembros proporcionalmente a su producto nacional bruto. La Comisión no tiene información sobre la cantidad exacta que va a sufragar cada país miembro. Esta pregunta hay que formularla al Consejo.
El Parlamento Europeo ha abierto una rúbrica presupuestaria especial para el presupuesto de 1996 que se destina a la financiación de la EDU, European Drugs Unit. El motivo es que los jefes de Estado y de Gobierno, con ocasión de la cumbre de Essen, expresaron su deseo de que el mandato de la EDU se ampliara para incluir, además de las drogas, el tráfico de personas, de material radiactivo y de vehículos robados, junto con el crimen relacionado con estas actividades. Esta decisión se adoptó además con motivo de la reunión de ministros que tuvo lugar entre los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores los días 9 y 10 de marzo de 1995. La suma que el Parlamento Europeo ha destinado al nuevo ámbito de responsabilidades que cubre la EDU asciende a un total de 7, 5 millones de ecus, de los cuales la mitad se gira con cargo a la rúbrica presupuestaria y la otra mitad a la reserva. Según el Tratado constitutivo, es el Consejo de Ministros el que decide si estos medios se utilizan o no. Esta decisión todavía no ha sido tomada.
Me satisface naturalmente que se llegara a una solución a la cuestión del Tribunal de Justicia en la reunión de Florencia. Espero que los países miembros ratifiquen cuanto antes el Convenio Europol. Esto es verdaderamente decisivo para que Europol pueda dar comienzo realmente a su labor.

Collins, Gerard
Agradezco a la Comisaria Gradin su respuesta, que me aclara la situación en gran medida.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Graham Watson (H-0397/96):
Asunto: Procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo
¿Qué medidas está adoptando la Comisión para garantizar que se cumple finalmente la promesa realizada por los Estados signatarios del Tratado de Roma de establecer un sistema electoral uniforme?

Brittan, Sir Leon
En su opinión para la Conferencia Intergubernamental, la Comisión subrayó que, a su juicio, la introducción de un sistema electoral uniforme para el Parlamento Europeo era un asunto importante. Pero el procedimiento establecido en el artículo 139 del Tratado es meridianamente claro, en el sentido de que es el Parlamento y no la Comisión el que ejerce la iniciativa legislativa, como ha hecho, según sabe la Asamblea. Después, el Consejo tiene que adoptar una decisión por unanimidad tras recibir el dictamen conforme del Parlamento Europeo. Por desgracia, en este momento no existe el necesario acuerdo unánime en el Consejo.

Watson
Agradezco al Comisario su respuesta. Veo que la Comisión reconoce, en primer lugar, que el actual equilibrio en esta Asamblea está sesgado por el funcionamiento del sistema electoral de un solo Estado miembro, de modo que no tenemos aquí reflejada la voluntad de los ciudadanos de Europa, cuando votan. Estoy seguro de que la Comisión reconoce también que podemos perfectamente ir a las próximas elecciones europeas con 15 Estados miembros y 16 sistemas electorales diferentes.
Agradezco al Comisario su reconocimiento de que con el informe De Gucht el Parlamento ha ejercido su iniciativa.
¿Examinará la Comisión, como garante que es de los Tratados, la posibilidad de incoar un procedimiento judicial contra el Consejo por no actuar a este respecto?

Brittan, Sir Leon
No estoy necesariamente de acuerdo con todas las observaciones que Su Señoría ha hecho en la pregunta complementaria, pero el caso es que el Parlamento ha ejercido su derecho y sus funciones tal como están prescritos. Sin embargo, no estoy convencido de que haya alguna obligación jurídica que el Consejo de Ministros no haya cumplido. Simplemente no ha logrado alcanzar un acuerdo para el que se requiere, según lo prescrito, la unanimidad. No es algo extraordinario. Si todas las veces que el Consejo no lograra la unanimidad y no se llegase a un acuerdo sobre una propuesta, se lo llevara ante los tribunales, tendríamos que tener cien tribunales reunidos todos los días de la semana.

Spiers
Me gustaría que el Comisario aclarara qué se quiere decir cuando se habla de sistema electoral uniforme. ¿Se pretende tener el mismo sistema en todos los Estados miembros, cosa claramente inalcanzable e indeseable, en cuyo caso probablemente fuera mejor modificar el Tratado de Roma?
En cuanto a la observación del Sr. Watson sobre que el equilibrio de la Asamblea está sesgado por el sistema electoral de un Estado miembro, ¿convendría el Comisario en que no hay proporcionalidad en la Unión Europea en conjunto ni hay intención de instaurar la proporcionalidad, porque los países pequeños obtienen proporcionalmente más escaños que los grandes, en cuyo caso la situación en el Reino Unido no es el factor principal para sesgar el equilibrio de la Asamblea?

Brittan, Sir Leon
Nada he dicho yo sobre que el equilibrio de la Asamblea esté sesgado, lo único que he dicho ha sido que había un compromiso y convencimiento de que debería haber un sistema electoral uniforme. En cuanto a lo que sea un sistema electoral uniforme, puede haber cierto margen para el debate, pero el Parlamento presentó una propuesta en la que figuraba -lo reconocemos, desde luego- un sistema electoral uniforme. La de la representación excesiva o insuficiente de países determinados me parece una cuestión totalmente diferente.

Macartney
La verdad es que resulta asombroso que este Parlamento, que no cesa de hacer aspavientos con la cuestión de que se le deben conceder más poderes, no aborde el déficit democrático fundamental que le es inherente: el de que no representa adecuadamente las opiniones políticas de todo el continente de Europa. Discrepo de ese colega mío de Inglaterra, que parece muy complaciente al respecto, y confío en que la Comisión no comparta esa complacencia, en el sentido de que, francamente, es algo que no tiene demasiada importancia. Sospecho que en el Consejo de Ministros hay quienes así opinan, quienes opinan que cuanta menos legitimidad democrática tenga el Parlamento, mejor, y una forma de destruir nuestra reivindicación democrática es señalar que esa opinión no está demasiado difundida. Como tampoco hay imparcialidad inherente alguna en los países que no tienen particularidad territorial alguna en su sistema electoral, porque es muy posible que en la delegación francesa no figure un solo bretón ni un solo corso. Hasta ahora mismo, por ejemplo, la Guayana Francesa no había tenido representación en esta Asamblea, porque no formaba parte del sistema electoral. No puedo creer que esto redunde en provecho del Parlamento, pero me gustaría que la Comisión me asegurara que su actitud ante ese déficit democrático no es de complacencia.

Brittan, Sir Leon
Cuando los diputados se ponen a examinar los asuntos electorales, resulta irresistible la tentación de querer abarcar demasiado y, desde luego, reconozco que yo no la he resistido en diversas ocasiones pasadas, pero, por lo que se refiere a la posición de la Comisión, no hemos adoptado posiciones amplias relativas a todos los aspectos de las observaciones hechas por Su Señoría, sino que hemos subrayado nuestra opinión de que, respecto de la simple pregunta sobre la introducción de un sistema electoral uniforme, creemos que es deseable. No aborda todos los problemas que se han planteado y ya ha resultado bastante difícil lograr un acuerdo sobre eso, por lo que deberíamos centrar la atención en ello para ver cómo lo introducimos, en caso necesario, en la Conferencia Intergubernamental.

El Presidente
Pregunta nº 32 formulada por Luciano Vecchi (H-0520/96):
Asunto: Actualización del Plan de Acción Social a medio plazo
¿Puede explicar la Comisión sus planes para actualizar el Plan de Acción Social a medio plazo sobre una base anual?
¿Qué formas adoptará el Plan de Acción?
¿Qué consultas ha iniciado la Comisión y qué procedimientos ha seguido para actualizar el Plan de Acción?

Brittan, Sir Leon
El proceso de actualización de este programa, que se aprobó en abril de 1995, está actualmente en marcha en la Comisión. La Comisión acoge con beneplácito las opiniones de las partes interesadas como contribuciones a esa labor. Entre ellas figuran las opiniones de las otras instituciones europeas, por ejemplo, en sus opiniones y debates respectivos sobre el programa y de los interlocutores sociales. Ya se han comunicado a los funcionarios de la Comisión las opiniones del CEE, de la CES y de la UNICE a ese respecto y, según tengo entendido, están en marcha conversaciones al respecto entre mi colega el Sr. Flynn y la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. El resultado de dicho proceso se hará público después del verano.

Vecchi
Señor Comisario, por su lacónica respuesta me parece entender que en este momento la Comisión no está fundamentalmente en disposición de contestar a las preguntas que formulé, que se están únicamente llevando a cabo consultas y que, por consiguiente, no se han adoptado todavía decisiones.

Brittan, Sir Leon
Siento haber estado lacónico. Según ciertos criterios, me he extendido bastante. Pero la situación es muy sencilla: exactamente como Su Señoría la entiende. Estamos en el proceso de recoger las diversas opiniones para esa actualización y, cuando las hayamos oído y examinado, llegaremos a una conclusión y la anunciaremos.

El Presidente
Pregunta nº 33 formulada por Juan Colino Salamanca (H-0517/96):
Asunto: Cese de un alto funcionario español
¿Podría exponer la Comisión las razones del cese del Sr. D. Fernando Mansito, alto funcionario español?
¿Tiene este cese algo que ver con la crisis de las «vacas locas»?

Brittan, Sir Leon
Se está examinando la posibilidad de reestructurar los cometidos de los directores generales adjuntos en la Dirección General de Agricultura. No es algo vinculado con los debates actuales sobre la EEB. La Comisión no ha adoptado aún una decisión sobre la posición del Sr. Mansito.

Colino Salamanca
Simplemente quiero constatar, al margen de la respuesta que ha dado el Sr. Comisario, que el asunto salta a la prensa no en cualquier momento, sino precisamente cuando en el comité veterinario permanente se está discutiendo la crisis de las «vacas locas». Hasta ese momento, el Sr. Mansito venía ejerciendo la presidencia del comité veterinario permanente, y es entonces cuando deja de ejercer dicha presidencia y se incorpora un nuevo funcionario, sin que se haya dado ningún tipo de información. De ahí que estemos obligados a relacionar la crisis de las «vacas locas» con ese posible cese del funcionario.
En todo caso, me alegra que se esté preparando una más amplia reestructuración de la Dirección General VI y, lógicamente, esperamos tener información más detallada al respecto.

Brittan, Sir Leon
La propuesta de nuevo organigrama ha sido enviada al Comisario Liikanen, de quien dependen los asuntos de personal. Aún no está ultimada. Cuando lo esté, se anunciará de la forma habitual.

El Presidente
Pregunta nº 34 formulada por Irene Crepaz (H-0567/96):
Asunto: OMC
Últimamente se han registrado novedades con respecto al tema del trabajo infantil, toda vez que los Estados Unidos de América proponen ahora extender la marca distintiva utilizada en las alfombras a sectores que siguen estando afectados por esta problemática (véase el Financial Times de 13.6.1996).
¿Considera la Comisión que esta iniciativa debe interpretarse como una señal de que los EE.UU. tienen intención de adoptar una actitud positiva con respecto al debate de la cláusula social durante la Conferencia de la OMC que se celebrará en Singapur?

Brittan, Sir Leon
Los Estados Unidos figuran entre los países que propugnan el examen de esta cuestión en el marco de la OMC y la creación de un grupo de trabajo. Sus propuestas a este respecto están muy próximas a las ideas de la Comisión, es decir, la necesidad de promover normas laborales internacionalmente reconocidas para mejorar a largo plazo los resultados económicos de todos los países y el vínculo entre liberalización del comercio, desarrollo económico y progreso social, como parte de un sistema comercial no discriminatorio.

Crepaz
Agradezco su respuesta, señor Comisario. Yo quisiera hacerle ahora una pregunta complementaria sobre cómo prevé la Comisión que podrían abordarse las cuestiones sociales en la Conferencia de la OMC en Singapur y si la Comisión se propone apoyar la consolidación en el marco del Acuerdo de la OMC de unas cláusulas sociales mínimas, como por ejemplo precisamente en relación con el tema del trabajo infantil. En efecto, existe un proyecto de directiva del Consejo por la que se define un sistema de preferencias generalizadas para un período de cuatro años. En el mismo se prevé la posibilidad de conceder un trato preferente también a los países terceros que procuren garantizar la protección de los derechos laborales o la prohibición del trabajo infantil, etc.
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para promover el reconocimiento de esta cláusula social también a escala internacional, en el marco de la OMC, por ejemplo?

Brittan, Sir Leon
El Sistema Generalizado de Preferencias es, naturalmente, algo que aplicamos autónomamente. La Unión Europea tiene derecho a decidir en función de qué principios conferirá un trato preferente de tipo unilateral a los países en desarrollo y el principio amplio de que se debe tener en cuenta su observancia de las normas laborales de ese tipo es, desde luego, una de las características comunes de esa disposición. Sin embargo, de lo que estamos hablando en la OMC es del examen de la vinculación entre el comercio y la observancia de normas laborales fundamentales. No consideramos los salarios bajos un método comercial desleal: es una ventaja natural de los países pobres. Pero, por otra parte, la observancia de normas internacionalmente acordadas respecto de cuestiones tales como el trabajo infantil es un asunto legítimo de debate en la OMC. Se trata de una cuestión muy delicada. La Unión Europea como tal no ha formulado su posición; hasta esta mañana no se había examinado en el Consejo de Ministros. La Comisión, en su momento, presentará sus opiniones. Esperamos que después el Consejo de Ministros las adopte y que ésa sea la base para la posición adoptada por la Unión Europea en la Conferencia de Singapur.

El Presidente
Pregunta nº 34 formulada por Wolfgang Nußbaumer (H-0570/96):
Asunto: Protección de la propiedad intelectual
Especialmente en los países en desarrollo sigue existiendo el peligro de que se eludan las disposiciones de protección de la propiedad intelectual.
¿De qué medios dispone la Comisión para garantizar la protección de la propiedad intelectual de las empresas europeas?
¿Qué sanciones piensa aplicar la Comisión a los Estados que no respetan los derechos europeos de propiedad intelectual?
¿Qué pasos se han dado tras la conclusión de la Ronda Uruguay para reducir los derechos de aduana y eliminar los obstáculos no aduaneros al comercio en los países en desarrollo?

Brittan, Sir Leon
Las industrias y empresas europeas pueden presentar quejas a la Comisión, de conformidad con la reglamentación relativa a las barreras comerciales, en relación con supuestos obstáculos al comercio que entrañen la protección de derechos de propiedad intelectual. Después, tras realizar una investigación, se pueden adoptar medidas de política comercial contra el tercer país de que se trate. Naturalmente, dichas medidas deberán ser compatibles con las obligaciones y procedimientos internacionales existentes, pero una de ellas puede ser la suspensión o retirada de las concesiones resultantes de las negociaciones sobre política comercial, el aumento de los derechos de aduanas y la introducción de restricciones cuantitativas.
También se pueden señalar problemas concretos de las industrias europeas a la atención de nuestros interlocutores comerciales durante las reuniones bilaterales con la Comisión y hemos negociado acuerdos de cooperación con gran número de países en los que figuran disposiciones especiales relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En el marco de la OMC podemos celebrar consultas oficiales y pedir la reunión de un grupo de expertos, en caso de que haya habido una violación del acuerdo sobre los TRIP.
Conviene subrayar también que a las industrias europeas se les concede la protección de sus derechos en terceros países mediante la red existente de convenios internacionales. Y, naturalmente, el derechohabiente puede imponer el respeto de los derechos individuales de propiedad como derechos privados mediante las apropiadas acciones judiciales o de otra índole.
Con la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los países en desarrollo se comprometieron a aumentar en gran medida la parte de sus aranceles sujetos a consolidaciones y también a reducir los derechos aplicados a las importaciones. Los compromisos de reducciones se cumplirán por etapas a lo largo de un período de cinco años, a partir de enero de 1995. Ya se han aplicado dos quintas partes de las reducciones en materia de medidas no arancelarias. La aprobación de los resultados de la Ronda Uruguay significó que todos los países en desarrollo se adhirieron a todos los códigos y pasaron a estar sujetos a las disciplinas más estrictas de la OMC, de modo que se abordaron la mayoría de las medidas no arancelarias.

Nußbaumer
Señor Comisario, yo le agradezco su respuesta a mis preguntas.
Además del caso de los países en desarrollo, yo quisiera señalar concretamente el problema actual con China. ¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión ante los atentados contra la propiedad intelectual cometidos por China y por las empresas chinas?
En relación con la respuesta a mi pregunta sobre los progresos en cuanto a la reducción de los derechos de aduana y la eliminación de los obstáculos no aduaneros al comercio en los países en desarrollo, yo quisiera recordar también que la reunión de los ministros de Comercio del Foro Económico de Asia y del Pacífico que tuvo lugar el lunes demostró que los países en desarrollo sólo se muestran dispuestos a reducir los derechos de aduana proteccionistas sobre los productos industriales europeos si la Unión Europea les ofrece a la vez nuevas concesiones en relación con la importación de productos agrícolas de los citados países. Dada esta situación de partida, ¿no existe acaso el riesgo, señor Comisario, de que la agricultura europea, en cualquier caso ya maltrecha, sufra un perjuicio irrecuperable si la Unión Europea accede a una nueva reducción de las barreras comerciales en este ámbito?

Brittan, Sir Leon
La situación es muy sencilla. No existe la obligación de iniciar negociaciones sobre la agricultura hasta el fin de siglo, aproximadamente, y no tenemos intención de hacer nada hasta entonces. Por otra parte, significa que no podemos esperar que otros países reduzcan sus barreras en relación con nuestros productos industriales en mayor medida que la que han acordado en la Ronda Uruguay, a no ser que podamos llegar a algún tipo de acuerdo especial con ellos en un sector determinado que consideremos mutuamente beneficioso. No creo que debamos excluir esa posibilidad, porque podría redundar en nuestro provecho hacerlo.
Por lo que se refiere a la propiedad intelectual, China no es miembro de la OMC. Estamos haciendo gestiones para que lo sea a fin de negociar eso y entonces tendrá que cumplir íntegramente las obligaciones. No obstante, China está comprometida con la protección de la propiedad intelectual y en todas las reuniones que celebro con los chinos, ya sea en Europa o en China, subrayo la importancia de que cumplan los acuerdos que han subscrito.
Además de subrayar una y otra vez la importancia de que los chinos cumplan lo que han acordado, también tenemos que ayudarlos. Yo mismo firmé un acuerdo por el que se les concedía asistencia técnica para respetar los derechos de propiedad intelectual, cosa no siempre fácil para los países en desarrollo, y espero que también eso mejore la situación.
Si Su Señoría tiene presentes quejas concretas respecto de la industria química, pueden ser las que ya conocemos. Si cree que no son ésas, me gustaría mucho disponer de los detalles para que presentemos las quejas concretas, si no lo hemos hecho ya.

El Presidente
Pregunta nº 36 formulada por Magda Aelvoet (H-0587/96):
Asunto: Vuelos militares a baja altura sobre el territorio del pueblo Innu en Canadá
Varios Estados miembros de la Unión Europea, a saber, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos y Bélgica, participan en vuelos militares a baja altura en Labrador (Canadá) sobre territorios habitados por el pueblo indígena Innu. Dichos vuelos causan molestias acústicas y contaminación atmosférica, amenazando así gravemente el modo de vida de este pueblo indígena. ¿Se ha deliberado alguna vez sobre este asunto en la Comisión Europea y se han buscado en este contexto alternativas para los vuelos a baja altura sobre esta zona?

Brittan, Sir Leon
La Comisión no tiene jurisdicción para abordar este asunto. Es competencia exclusiva de las autoridades nacionales interesadas.

Aelvoet
Señor Comisario, ya me temía que fuera a darme una respuesta como esta. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que el Tratado de la UE dice claramente que la protección y el respeto de los derechos humanos es uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común. Por lo que a esto respecta, mañana debatiremos sobre el informe del Sr. Fernández-Albor, quien dice en el informe -y toda la Comisión de Asuntos Exteriores le dará la razón- que la Comisión no toma suficientes iniciativas en este ámbito. Esta me parece una excelente ilustración de ello.

Brittan, Sir Leon
Todo el mundo tiene derecho a sostener sus opiniones, pero me resulta difícil de creer que las decisiones de los Estados miembros, como parte de sus disposiciones de defensa, de realizar vuelos de ese tipo sobre un país que no es miembro de la Unión Europea sean algo que entre dentro de la jurisdicción de la Comisión. No se nos suele acusar de carecer de ambición con vistas a ampliar nuestras competencias, pero creo que esto supera en verdad lo que nos corresponde.

El Presidente
Pasamos ahora a las preguntas dirigidas al Sr. Liikanen. Voy a ser bastante indulgente, porque, gracias a las excelentes y breves respuestas de Sir Leon, nos sobra tiempo.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 37 no se formula.
Pregunta nº 38 formulada por MaLou Lindholm (H-0568/96):
Asunto: Igualdad entre hombres y mujeres
La Unión declara que desea fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y que los Estados miembros deben mejorar su legislación a este respecto. ¿Considera la Comisión que en las instituciones de la UE que pueden adoptar decisiones soberanas se respetan las mismas exigencias que se hacen a los Estados miembros? En caso negativo, ¿qué se propone hacer la Comisión para mejorar esta situación?

Liikanen
La promoción de la igualdad representa un asunto de la mayor importancia para la Comisión, la cual desea fomentar esta igualdad también en su política de reclutamiento. La situación no ha sido favorable ni por lo que respecta al número de funcionarias ni a su situación administrativa. Especialmente baja ha sido la presencia de personal femenino en la categoría administrativa A. Con el fin de solucionar esta situación, la Comisión decidió en 1995 fijar unos objetivos con carácter anual para aumentar el número de mujeres en la categoría A y, en especial, en las labores de dirección. Estos objetivos afectan por igual tanto a los antiguos como a los nuevos Estados miembros. No puedo sino mostrarme satisfecho por los favorables progresos que se han venido claramente registrando desde principios del pasado año. El número de directoras generales ha sido, a todas luces, demasiado bajo, y sigue siéndolo aún hoy. A comienzos del año pasado solamente había una directora general, mientras que en la actualidad este número es de tres. A principios de 1995, había cinco mujeres en puestos de grado A 2, es decir, directoras, mientras que hoy el número es de 13. En el grado intermedio de dirección, que engloba a jefes de división y expertos principales, la proporción de puestos ocupados por mujeres es aproximadamente del 10 %. La llegada de los nuevos Estados miembros ha supuesto una considerable mejora de la situación: los nombramientos de mujeres de estos países como jefes de división o consejeros de nivel medio han representado el 41 % del total, mientras que la cifra correspondiente a los antiguos Estados miembros se sitúa únicamente en un 15 %. Esta circunstancia se explica por el hecho de que para estos nombramientos se ha tenido en cuenta a funcionarios que se encontraban ya en servicio, y la proporción de solicitudes provenientes de mujeres ha sido solamente del 10 %. En cuanto a los nuevos Estados miembros, se ha contado con la oportunidad de organizar concursos abiertos a todos y, además, la situación de las mujeres en estos países ha sido más favorable que la de algunos países que eran ya miembros de la Unión Europea. Los mayores avances se han registrado por lo que respecta al joven funcionariado, es decir, los funcionarios de grado A 7 y A 8, puesto que el nivel de reclutamiento en estos grados ha sido el más activo. La proporción de mujeres de estos tres países sobre el total de personal reclutado es del 51 %, o sea, más de la mitad, mientras que la cifra correspondiente a los antiguos Estados miembros se sitúa en un 28 %. En resumen, podemos afirmar que se está avanzando claramente en la dirección adecuada por lo que respecta a los funcionarios de categoría A, pero aún tendrá que pasar mucho tiempo antes de que se inviertan las cifras totales, puesto que el proceso de reclutamiento viene teniendo lugar desde hace décadas. La Comisión lleva a cabo un estrecho seguimiento del cumplimiento de los objetivos y continúa la promoción de la igualdad de oportunidades en su política de reclutamiento a fin de permitir el reparto equilibrado de hombres y mujeres en las distintas categorías.

Lindholm
Señor Presidente, agradezco al Comisario Liikanen su detallada respuesta. Se han dado unos progresos en los últimos años, también a raíz de la adhesión de los nuevos miembros. Pero esta cuestión ya es vieja. La igualdad ha sido durante mucho tiempo una cuestión prioritaria para la UE. Ya en los años 80 se abordó el tema de las medidas favorecedoras para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Me pregunto si se piensa fortalecer más estas medidas e incluso recurrir a un tratamiento positivo especial - aplicado ampliamente- en lo referente a la contratación de mujeres en el futuro.

Liikanen
Nuestra intención es desarrollar, además de las medidas en materia de reclutamiento, otras acciones para facilitar la contratación y promoción de las mujeres. He querido abordar únicamente el reclutamiento de funcionarios de categoría A porque sé que el bajo número de solicitudes provenientes de funcionarias, solamente el 15 %, constituye un hecho que no agrada a la Comisión y que debe ser el primero en ser modificado. Estamos actualmente en conversaciones con las organizaciones de personal y con el Comité para la igualdad de oportunidades para establecer qué medidas serían las adecuadas a fin de lograr un mejor equilibrio entre hombres y mujeres a todos los niveles. La Comisión considera peculiar el hecho de que la proporción de mujeres en la categoría C, que engloba a secretarios y personal asistente, sea del 85 %, lo cual constituye también un detalle negativo. Estamos obligados a proseguir nuestros esfuerzos. Hay que fomentar el papel de las mujeres en el colectivo de funcionarios con titulación superior, mientras que en lo relativo a la categoría C, para la que se exige generalmente bachiller o titulación de grado medio, se intenta reforzar la presencia masculina, a fin de conseguir la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres en todas las categorías. Estoy seguro de que, con el fin de apoyar la totalidad de estas medidas, la Comisión elaborará, además de las mencionadas acciones, un nuevo programa de promoción de la igualdad de oportunidades cuando expire el actual, y puedo asegurar que se muestra deseosa por encontrar los mejores métodos posibles para lograr su aplicación.

Crepaz
Yo agradezco al señor Comisario su respaldo a las medidas de acción positiva y al mantenimiento de las cuotas, a pesar de la sentencia del caso Kalanke. Yo también conozco los datos y naturalmente sé que las mujeres topan en algún momento con el techo de cristal y que a pesar de las medidas que usted ha señalado todavía no se ha conseguido todo. Subsiste una gota de hiel contra la cual yo le pido que actúe. Las instituciones imponen unos límites de edad en su contratación, límites que sin duda deben suprimirse. En efecto, habida cuenta de que, como es sabido, la edad laboral se extiende hasta los 60 o los 65 años prácticamente en todos los países, también nosotros debemos suprimir en la práctica los límites de edad en la contratación.

Liikanen
La cuestión de los límites de edad es extremadamente complicada. El primer problema es que, cuando organizamos el último concurso general para funcionarios de todas las lenguas comunitarias de categoría A, el número de candidatos que se presentó, a pesar de los límites de edad, fue de 50.000, de los cuales unos 200 podían pasar a formar parte de las listas de reserva. La próxima ocasión en que se organice un concurso general para la totalidad de los 15 Estados miembros, el número de candidatos puede ser incluso mayor, mientras que la oferta de plazas que se abran será menor que en el anterior. Hay que reconsiderar seriamente el propio procedimiento de concurso. Estoy dispuesto a examinar públicamente el nivel de edad. Sin embargo, hay que señalar que los límites de edad y la igualdad de oportunidades entre los sexos no están necesariamente interrelacionados. Tras haber estudiado la política de reclutamiento para los nuevos Estados miembros, nos hemos encontrado con que poco menos de la mitad del personal reclutado corresponde a menores de 35 años y algo más de la mitad a mayores de esta edad. Al examinar el colectivo de los menores de 35 años, se descubre que la mayoría de sus componentes son mujeres, mientras que, si no tenemos en cuenta el nivel de edad, los hombres representan la mayoría. Esto se debe a que, claramente, las mujeres jóvenes de estas sociedades disfrutan de una posición plenamente igualitaria. En términos medios, es posible, incluso, que las mujeres tengan una mejor formación que los hombres. Si examinamos los grupos de mayor edad, la situación en materia de igualdad de oportunidades en la sociedad no es, en absoluto, la misma.

El Presidente
Pregunta nº 39 formulada por Lis Jensen (H-0601/96):
Asunto: Relación de la Comisión con el Tribunal de Cuentas
El 14.11.95 el Comisario Liikanen declaró en el pleno, respecto al informe anual del Tribunal de Cuentas, que las relaciones entre el auditor y el auditado nunca son fáciles y que con la UE son particularmente sensibles (...) y que la nueva Comisión ha incluido entre sus prioridades inmediatas la de mejorar las relaciones entre las dos instituciones, tanto en el estilo como en la sustancia.
¿Puede la Comisión explicar con mayor detalle qué debe entenderse por «estilo» y «sustancia» en este asunto?
El periódico danés «Aktuelt» escribe el 12 de marzo que al parecer el nuevo Presidente del Tribunal de Cuentas y la Comisión, en una reunión celebrada el 11.3.96, han acordado una especie de «código de conducta» de manera que en el futuro el Tribunal redacte sus informes de manera que no puedan ser objeto de una utilización política abusiva, tal como ocurre hoy en día.
¿No piensa la Comisión que su influencia sobre la conducta del Tribunal de Cuentas y su estilo de redacción es contraria al Tratado y moralmente reprobable?

Liikanen
La Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas llegaron a un acuerdo a principios de 1995 sobre una iniciativa presentada por este último, cuyo punto principal creo que estriba en la búsqueda de un modo para perfeccionar el diálogo entre estas instituciones en lo referente al informe anual del Tribunal, el denominado procedimiento contradictorio. El objetivo es desarrollar un modo de acercamiento basado en la experiencia y la imparcialidad, para el que se ha puntualizado tanto la formulación como el contenido del informe del Tribunal de Cuentas y de las respuestas ofrecidas por la Comisión. Se trata, pues, de un intento en común por ofrecer a la autoridad competente para la aprobación de la gestión, en este caso el Parlamento Europeo, una mayor claridad en los documentos relativos a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
La señora diputada desea todavía saber más específicamente qué entiendo por «estilo» y «sustancia». Por «estilo» hago referencia a que, todavía hace dos o tres años, las posturas y la correspondencia que se intercambiaba entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas estaba cargada de fuertes tensiones y, tal vez, demasiadas sensibilidades. No se trataba de una relación natural entre una autoridad valedora del poder público y un auditor externo. Hemos intentado eliminar estas tensiones y crear un vínculo adecuado de cooperación. En cuanto a la «sustancia», en el pasado existía en ocasiones la costumbre de procurar defender a todos, independientemente de que esta defensa estuviera o no justificada. Ahora, intentamos probar los errores y las deficiencias que aparecen en las actividades, a la vez que procuramos mejorar nuestra actuación de cara al futuro. Si el informe del Tribunal de Cuentas recoge posturas que la Comisión considera políticas, propugnamos el derecho tanto de esta institución como del Parlamento Europeo y del Consejo a decidir sobre las directrices políticas. Estos son los cambios relativos a la sustancia.

Jensen, Lis
Quiero dar las gracias al Sr. Comisario por su respuesta poco concreta. Me veo obligada a preguntar si lo que él llama iniciativa es lo mismo que una especie de «código de conducta». Me parece fundamental saberlo. Quiero asimismo llamar su atención sobre el artículo 188 B del Tratado que dice: »Los miembros del Tribunal de Cuentas ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo.» Ahora pregunto al Sr. Comisario si no considera a la Comisión un organismo.

Liikanen
Desearía señalar que nuestra intención ha sido la de facilitar la posición del Tribunal de Cuentas. Esta institución ha ofrecido, entre otras medidas, su cooperación con el fin de obtener toda la información que precise en las mejores condiciones posibles. Estamos dispuestos a ayudar al Tribunal a este respecto, y el asunto está siendo actualmente sometido a debate. A propósito del procedimiento iniciado a principios de año, querría señalar que, en caso de que el Tribunal de Cuentas deseara añadir apreciaciones a las observaciones preliminares y dialogar sobre este asunto con el Miembro de la Comisión, organizaríamos un encuentro durante el cual el Tribunal podría puntualizar sus planteamientos y aclaraciones. Lo que el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas recoja en su informe representa un asunto propio del Tribunal. No cabe duda de que para la institución es importante que todas las cuestiones presentadas se ajusten a la realidad y de que se escuche a la otra parte. la Comisión, por su parte, cuenta con la posibilidad de decidir por sí misma el comentario que realiza al informe auditor. En beneficio de ambas partes, ni el informe ni el comentario deben recoger errores de fondo. Dichos errores pueden eliminarse mediante un diálogo de este tipo. Puedo asegurarle, señora diputada, que el Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas disfrutan de una independencia y muestran una perseverancia tales que no permiten que influyamos en su informe. Ellos deciden lo que escriben, si bien reviste una indudable importancia para la institución la posibilidad de evitar de antemano los posibles errores.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Vassilis Ephremidis (H-0426/96):
Asunto: Financiación de un Centro de conferencias no previsto en terrenos del Parque de la Libertad de Atenas
La Comisión piensa financiar, en el marco de la medida 7 del programa «Cultura y turismo» del segundo MCA, un «Centro de conferencias de Atenas», cuya entidad responsable es el organismo titular del Palacio de la Música. En la medida se incluye la construcción de una sala de usos múltiples para la celebración de conferencias, espacios auxiliares de apoyo para dichas manifestaciones, etc., con el objetivo de revalorizar el turismo de conferencias mediante la participación de 190.000 asistentes anuales.
¿Está informada la Comisión de que, en el último Decreto presidencial al respecto (Boletín oficial del Gobierno griego 1061 D/95), no se prevé el Centro de conferencias en cuestión y de que el organismo griego responsable de la política turística (EOT) no ha recibido solicitud alguna de financiación o licencia de funcionamiento de un Centro de conferencias en terrenos del Parque de la Libertad, tal como se menciona también en respuestas parlamentarias al respecto de varios ministros responsables? ¿Piensa contribuir a financiar una obra que no está prevista, cuya creación y funcionamiento no han recibido aprobación, cuya fuente de financiación nacional se ignora y que, tal como denuncian representantes y habitantes de la zona, tendrá repercusiones catastróficas en el entorno y para la congestión del centro de Atenas?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señorías, la Comisión ratifica su propósito de cofinanciar, en el marco del programa operativo «Cultura y turismo», la construcción del centro cultural al cual se refiere el Decreto presidencial citado por usted. La contribución de la Comisión está destinada exclusivamente a financiar las infraestructuras y el mobiliario necesarios para la celebración de congresos. Esta función está prevista explícitamente en la ley griega por la que se constituyó el organismo «Palacio de la Música de Atenas».
Según la información de que disponemos, la autorización del EOT no es obligatoria. La contribución financiera de Grecia a este proyecto está sufragada, dicho sea de paso, con fondos del Ministerio de Cultura y no del organismo griego responsable de la política turística.
Por lo que respecta al impacto medioambiental del proyecto, debo manifestar que se aplicarán las normas comunitarias. El aparcamiento subterráneo, actualmente en construcción, contribuirá, por otra parte, a una descongestión del tráfico en el centro de Atenas.

Ephremidis
Señora Comisaria, ha dicho usted que la Comisión confirma la financiación de esta obra. Cuando hablamos de cofinanciación, debemos estar seguros de que existe la fuente de financiación nacional para que ustedes procedan a la cofinanciación.
En mi pregunta digo, y lo repito por si no lo han comprendido, que dos de los ministros competentes, actualmente diputados al Parlamento griego, fueron categóricos al afirmar que no pueden presentar documento alguno sobre el tema, porque no está previsto que esta obra se lleve a cabo, no se prevé su funcionamiento y no existe ningún tipo de financiación.
Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente, y le ruego sea concreta: ¿están dispuestos a financiar una obra no prevista en la legislación griega, que las disposiciones al respecto no contemplan y para la que no existe financiación nacional? Se trata además de una obra que ha provocado gran indignación en esta zona de Atenas, porque destruirá...
(El Presidente interrumpe al orador) ...sea usted concisa en su respuesta, porque es un problema que preocupa mucho a toda Atenas.

Wulf-Mathies
Sólo dos puntualizaciones al respecto, Señoría. En primer lugar, la contribución financiera de Grecia procede de los fondos del Ministerio de Cultura. Usted no me ha dicho si el ministro de Cultura de Grecia ha manifestado otra cosa. De ser así, deberíamos verificarlo y yo me encargaré de que así se haga.
El segundo punto se refiere a los problemas circulatorios. Como ya he señalado, la cofinanciación de un aparcamiento subterráneo sin duda permitirá resolver parte de dichos problemas de tráfico.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Hugh McMahon (H-0539/96):
Asunto: Retraso del acuerdo sobre la Iniciativa URBAN
Con excepción de Irlanda del Norte, no se ha acordado ningún proyecto URBAN para el RU. ¿Podría la Comisión informar al Parlamento cuándo piensa llegar a un acuerdo y cómo asesora a las autoridades locales que esperan financiación de URBAN para que apliquen los proyectos comunitarios destinados a los desempleados de larga duración y a los excluidos sociales en muchas capitales y grandes ciudades?
¿Piensa el Comisario convocar una reunión urgente con el Ministro David Curry, en un intento de asegurar que las autoridades locales no sufran impedimentos a la hora de aplicar los proyectos a causa de actitudes euroescépticas en el interior de la administración del RU?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, efectivamente se ha producido algún retraso en la aprobación del programa URBAN en el Reino Unido. En la primera fase, el motivo fue que las autoridades británicas debían decidir cuáles serían las ciudades seleccionadas para participar en la iniciativa URBAN y qué recursos debían ponerse a disposición de cada una.
En el curso de las posteriores negociaciones sobre los programas individuales, el principal objetivo de la Comisión era conseguir que los programas se concentren en las necesidades de las propias ciudades desfavorecidas. Por lo tanto, procuramos garantizar que las comunidades afectadas puedan decidir directamente sobre la aplicación de los recursos. En estos momentos, La Comisión y las autoridades británicas están celebrando consultas para definir unas disposiciones administrativas que permitan llegar a un acuerdo sobre una nueva base y establecer un control adecuado sobre los mecanismos de adjudicación de las ayudas. La Comisión se está esforzando para alcanzar un acuerdo sobre dichas disposiciones, a fin de que todos los programas URBAN puedan firmarse lo más pronto posible.

McMahon
Agradezco a la Comisaria su respuesta. Creo que la Comisión se ha tomado esto con mucha calma. Al fin y al cabo, dado que las conversaciones finales entre la Comisión y la Oficina de Escocia se celebraron en noviembre de 1995 y estaban perfectamente satisfechas con el plan y, según tengo entendido, la Oficina de Gales también está satisfecha con el plan Swansea, ¿sería partidaria la Comisión de permitir que sigan adelante los planes respecto de los cuales haya habido acuerdo entre las autoridades locales y la administración central? Escocia y Gales no deben quedarse rezagados porque en ciertos sectores de Inglaterra haya habido problemas entre el Gobierno del Reino Unido y la Comisión. ¿Tendría a bien la Comisión conceder cierta urgencia a este asunto, dado que el Parlamento aumentó los fondos para las iniciativas de la Comunidad en un reciente Pleno celebrado en Bruselas?

Wulf-Mathies
Señoría, el problema reside en que, obviamente, también debemos alcanzar un acuerdo con el Gobierno británico y, de hecho, hemos mantenido una larga correspondencia sobre esta cuestión, en la cual la Comisión ha solicitado también algunas modificaciones adicionales en favor de la inclusión de las corporaciones territoriales locales. La Comisión manifestó una vez más su posición el 22 de abril. A finales de junio se celebraron nuevas conversaciones y esperamos que el Gobierno británico nos dé ahora una pronta respuesta que nos permita aprobar por fin los programas. No obstante, les ruego que comprendan nuestro deseo de garantizar también en la medida de la posible la participación de las autoridades regionales y locales y de los actores de cada lugar en la ejecución de los programas.

McCarthy
Yo también quiero agradecer a la Comisaria la labor que ha llevado a cabo en este sector. De hecho, creo que otros diputados a esta Asamblea, si hubiera alguno presente, podrían desear saber si existe un problema cultural fundamental con la actitud del Gobierno del Reino Unido para con los Fondos estructurales y la política regional. ¿Es ése otro aspecto de la política de no cooperación? Creo que a muchas personas de nuestras zonas urbanas pobres les resulta muy difícil entender por qué no pueden tener acceso a unos fondos -más de 120 millones de libras- que se necesitan muy urgentemente. Acabo de llegar de una reunión de comisión en la que hemos votado sobre el principio del partenariado y la participación de los interlocutores locales. Quisiera alentar a la Comisaria en su labor en ese sector, pero, naturalmente, la realidad es que en las zonas urbanas pobres, ¡el sector voluntario, los grupos de la comunidad, son los que están resistiendo las consecuencias de la falta de compromiso del Gobierno para con las zonas urbanas! Para nosotros, no es sólo el principio de la participación de los interlocutores locales: en realidad, es algo muy sensato, porque conocen las cuestiones sobre el terreno. De modo que quisiera animar a la Comisaria a que vele por que se logre rápidamente un acuerdo. También creo que es bastante extraño que la semana pasada el Ministerio de Comercio e Industria preparara un comunicado de prensa en el que celebraba la enorme cantidad de fondos que iba a obtener con cargo al objetivo 2 -un porcentaje extraordinario de los fondos-, cuando, de hecho, parece incapaz de gastarlos. Esa clase de comportamiento en materia de gasto de los fondos fuerza la subsidiariedad hasta el límite y, por culpa de la inacción de los Estados miembros, las zonas urbanas pobres no se están beneficiando de los fondos. Es algo que pone a prueba mi fe en el principio de subsidiariedad.

Wulf-Mathies
Sólo me queda agradecerle su respaldo a nuestro proceder. Yo no creo que todo esto esté relacionado en modo alguno con el clima político general, sino que lo que ocurre es sencillamente que tenemos dificultades para llegar a un acuerdo sobre un procedimiento que incluya la participación de los representantes locales de tal modo que también pongan su máximo interés en la ejecución del programa y, sobre todo, que los más beneficiados puedan ser los grupos de población y los barrios más necesitados. Nosotros seguiremos esforzándonos en este sentido.

Morris
Según lo que ha dicho la Comisaria hace un momento, el problema no parece tener que ver con las Oficinas de Escocia y de Gales, que han aceptado los proyectos presentados. Por otra parte, ha dicho que la Comisión pedirá que se hagan cambios en pro de los órganos locales. Espero que no se pidan cambios en las propuestas de Swansea y de Escocia. En otras palabras, es una responsabilidad inglesa.

Wulf-Mathies
No puedo responder ahora mismo a su pregunta concreta, pero examinaremos este asunto y seguiremos trabajando para alcanzar una regulación razonable en la línea de la posición que han defendido aquí Sus Señorías. Y yo confío que no tardaremos en conseguirla.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por José Apolinário (H-0540/96):
Asunto: Retrasos burocráticos de la Comisión en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal
Durante los primeros meses de 1996 se ha producido, por motivos burocráticos, un inexplicable retraso en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal. Uno de los programas/iniciativas más afectados es INTERREG. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo justifica la Comisión esta situación?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Sr. Apolinário, esta crítica no está justificada en general en el caso de Portugal. Portugal ocupó el 15 de julio el primer puesto en cuanto a los fondos comprometidos para las zonas incluidas dentro del objetivo nº 1 y uno de los primeros lugares en cuanto a los pagos. Sólo los pagos autorizados por la Dirección General XVI ya superaron el mil lardo de ecus. Una suma considerable, a mi parecer.
La transferencia de los recursos está supeditada, de todos modos, al cumplimiento de numerosos requisitos. En el caso del programa INTERREG II, las cantidades señaladas en las solicitudes de pago presentadas por las autoridades portuguesas no son suficientes para dar curso al tramo del programa correspondiente a 1995 y proceder al pago del primer y segundo adelantos para ese año. Para que estos pagos puedan hacerse efectivos es preciso que los desembolsos para el programa global -y éste engloba a Portugal y a Españaalcancen la suma exigida en las disposiciones vigentes.
La Comisión está examinando en estos momentos, con carácter general, las posibilidades de acelerar sus procedimientos internos de examen de los expedientes, con objeto de poder proceder con mayor rapidez a hacer efectivos los pagos en los casos en que se cumplan todos los requisitos. Esta labor forma parte de nuestro esfuerzo global para aplicar el proyecto SEM 2000, pero también redunda en nuestro interés, puesto que nuestro deseo es, obviamente, poder transferir los fondos lo más pronto posible una vez completadas satisfactoriamente todos las verificaciones.

Apolinário
Señora Comisaria, muchas gracias por la respuesta, pero vamos a abordar aquí tres puntos políticos.
En primer lugar, hay retrasos en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal. En cuanto al segundo marco comunitario de apoyo, los procesos debían desbloquearse al cabo de dos meses y en este momento hay procesos -que representan 109 millones de ecus, es decir, 21.000 millones de escudos-, que están pendientes en la Comisión, algunos desde julio de 1995.
En segundo lugar, en relación con el primer marco comunitario de apoyo, en este momento hay aún pendientes procesos de cerca de 35 millones de ecus... y el primer marco comunitario de apoyo quedó concluido en 1993, aunque el proceso de presentación de algunos se tramitó en 1994 y 1995.
Reconozco los esfuerzos que la Comisaria y sus servicios han desplegado, pero la Comisaria tendrá que comprender también que, si no hubiera una mayor celeridad en la DG XX, la Comisión sería también responsable de la menor utilización de los fondos comunitarios y, por tanto, de tasas más bajas de ejecución en el segundo marco comunitario de apoyo.

Wulf-Mathies
Yo confío que conseguiremos resolver los problemas existentes sin reproches mutuos. Con ocasión de la última visita del Sr. Cravinho, aclaramos en qué fecha cabe esperar que se hagan efectivos los próximos pagos. Sin embargo, también tuve que rogarle que comprenda que, dadas enormes sumas de los fondos estructurales, la preocupación prioritaria no debe ser sólo la flexibilidad y la rapidez, sino también un exacto control financiero. Y tanto desde la Comisión como desde el Parlamento no podemos insistir repetidamente, por un lado, en que se efectúen con todo cuidado las necesarias verificaciones y censurar al mismo tiempo este proceder cuando hay pagos pendientes. Nosotros procuramos agilizar nuestro procedimiento, pero una verificación más meticulosa a veces también requiere, lamentablemente, más tiempo del que desde luego desearíamos. Es un problema conocido y ya hemos mantenido conversaciones con el Gobierno portugués sobre los problemas pendientes, en el curso de las cuales yo obtuve la impresión de que comprenden muy bien nuestra posición.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Mihail Papayannakis (H-0546/96):
Asunto: Desviación del río Aqueloo
La desviación del río Aqueloo figura entre las «obras de gran envergadura» financiadas por fondos comunitarios en Grecia. A mis preguntas formuladas a lo largo de los últimos siete años sobre la compatibilidad con el medio ambiente y la oportunidad económica de esta obra, la Comisión ha ido aplazando sistemáticamente su respuesta definitiva, alegando que su valoración dependía de estudios sucesivos, conversaciones regulares con las autoridades griegas e incluso de la forma final de la obra, calificada, según la ocasión, bien de obra de irrigación, bien de obra para la obtención de energía, bien de obra para el suministro de agua. Se ha informado recientemente de que el Gobierno griego está a punto de pronunciarse sobre la autorización definitiva de dicha obra.
¿Puede indicar la Comisión si se han respetado todos los procedimientos jurídicos en las fases de proyecto, autorización y concesión de la construcción de esta obra, qué comprende exactamente como tal, en qué marco de estrategia de desarrollo (sostenible...) se sitúa, si la evaluación global del impacto ambiental es fiable y si su eficacia económica, desde el punto de vista nacional y de desarrollo regional, está garantizada?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, mucho me temo que tendré que defraudarle una vez más, pues la Comisión todavía no dispone de un expediente completo que le permita adoptar una posición definitiva con respecto a la posible cofinanciación del proyecto Acheloo en el marco de la segunda fase de programación de las ayudas comunitarias para Grecia. Faltan, en particular, los resultados de una evaluación global del impacto medioambiental encargada por el Consejo de Estado griego y un análisis de la relación costes-beneficios del proyecto. Yo le ruego que comprenda que es al Gobierno griego a quien le corresponde aclarar primero estas cuestiones. La Comisión deberá pronunciarse a continuación al respecto y no a la inversa.

Papayannakis
Señor Presidente, simplemente mencionaré lo que usted ha dicho, esto es, que no dispone de ningún elemento que le permita juzgar la obra. Únicamente a título informativo quisiera decirle que en Grecia hemos oído que todo está preparado y que dentro de poco el proyecto será sometido al Parlamento para su aprobación. Esta es una de las «grandes obras». Únicamente quiero decirle lo siguiente: dado que las cantidades previstas en los proyectos previos sobre el río Acheloo y que también se han debatido con la Comisión son enormes, y equivalen más o menos a las cantidades que el Gobierno griego aún debe aportar en este momento para terminar todas las grandes obras previstas en el Marco Comunitario de Apoyo, ¿no sería recomendable abandonar esta obra, de la cual nadie quiere hacerse responsable, para financiar de una forma más saneada las restantes grandes obras?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, lo que usted ha señalado es efectivamente cierto, existen una serie de cuestiones pendientes y yo tampoco tengo ninguna posibilidad de anticipar cuándo estarán resueltas y mucho menos si la respuesta será satisfactoria. Por este motivo, hemos rogado al Gobierno griego que vuelva a considerar las prioridades de la segunda fase de programación de las ayudas comunitarias. Sin embargo, yo quiero señalar, y éste es el aspecto al cual se refiere su pregunta, que las ayudas comunitarias ya están totalmente comprometidas de todos modos. Es decir, que deberíamos volver a examinar cuáles son los proyectos más importantes y cuáles son imprescindibles. Como usted sabe, siguen en pie los dos grandes proyectos de las carreteras de Pate y Egnatia -y también algunos otros-, por lo cual yo considero, de hecho, que el camino adecuado sería decidir ahora las prioridades y comprobar qué proyectos podemos financiar con buenos resultados antes de que finalice el período de programación y cuáles requieren una aclaración tan detallada que seguramente no será posible completarla a tiempo. En estos momentos estamos discutiendo estas cuestiones con el Gobierno griego.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Sören Wibe (H-0550/96):
Asunto: Cambios en las ayudas que se inscriben en el marco de la política regional
Para Suecia, la gestión de los fondos estructurales y de las iniciativas comunitarias implica llevar a cabo importantes cambios en su política regional. La división de los programas que se derivan de los fondos estructurales, por ejemplo, en tres fondos y en un instrumento financiero (pesca), ha provocado a nivel nacional una división análoga de distintos organismos que, hasta la fecha, no han logrado coordinarse, lo que deberá hacerse a nivel regional (administraciones provinciales). No obstante, esto implicará problemas siempre que la región objetivo no se corresponda con las fronteras administrativas. Además, Suecia intenta evitar la creación de nuevas estructuras administrativas.
En mi opinión, en lo que respecta a la política regional, la UE está organizada de forma extremadamente complicada. Cabe preguntarse si no sería más sencillo otorgar a cada Estado miembro una cantidad en función de una serie de criterios como el PIB per cápita teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, el índice de desempleo, la densidad de población y las condiciones climáticas, y que, el Estado miembro fuese el encargado de repartir esta cantidad a la región o dedicarlo al fin que considere más apropiado. ¿Acaso no sería este un modelo mucho más sencillo que la complicada situación existente en la actualidad?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la administración de los fondos estructurales efectivamente no es demasiado sencilla, puesto que, en primer lugar, el sistema se ha ido configurando históricamente, en segundo lugar éste debe cubrir problemas en parte muy diversos en los diferentes Estados miembros y, en tercer lugar, la regulación de los fondos estructurales responde a un compromiso político, que debe contar con la aprobación por unanimidad del Consejo. El objetivo de los fondos estructurales es contribuir a un desarrollo regional sostenible. Esto requiere una evaluación de la situación económica de la región y de sus oportunidades endógenas de desarrollo, y una actuación concertada entre las autoridades europeas, nacionales y regionales. La Comisión concede, por lo tanto, mucha importancia a la participación de los actores locales y regionales y de los interlocutores sociales en la planificación y ejecución de las medidas estructurales a través de los comités de seguimiento.
Una mera compensación presupuestaria, tal como la que usted considera en su pregunta, no cumpliría este objetivo y no es lo que desea la Comisión, ni tampoco el Parlamento Europeo. Además, tampoco sería posible de conformidad con el marco jurídico vigente. Las experiencias de la Comisión en materia de política estructural han tenido, sin embargo, una acogida muy positiva precisamente en los nuevos Estados miembros - esta consideración, dicho sea de paso, también es válida en el caso de Suecia- y se ha recibido y se ha transpuesto en parte como una aportación que enriquece la propia política regional. Ciertamente también ha habido dificultades en algunos lugares ante la necesidad de crear las correspondientes estructuras nacionales y regionales.
A pesar de todo, yo pienso que nuestro interés común debe ser lograr una mayor simplificación del procedimiento administrativo. La Comisión está trabajando en estos momentos para simplificar y agilizar sus propios procedimientos. Aun así, todo el mundo debería tener presente que, dados los elevados recursos financieros que se destinan a la política estructural, es preciso mantener un difícil equilibrio entre la simplificación, la transparencia y la flexibilidad, por un lado, y una óptima gestión financiera, un control eficiente y una evaluación eficaz, por el otro lado.

Wibe
Le agradezco su respuesta a la Comisaria. Debo decir que, por un lado ha sido breve y por otro ha ido al fondo de la cuestión. No tengo mucha experiencia en estos asuntos, pero creo que esto es positivo en el contexto presente.
Hay dos hechos que han motivado mi pregunta. El primero es que he tenido la ocasión de observar de cerca la gestión de los fondos estructurales en mi país, y he podido comprobar la magnitud de la carga burocrática que pesa sobre nuestras autoridades. Creo realmente que los costes administrativos ascienden quizás al diez por ciento de la suma en concepto de ayuda para nuestro país. El otro hecho es el análisis de la eficacia de los fondos estructurales presentado recientemente por la Comisión de Política Regional. En él se llegó a la conclusión de que la precisión de la gestión de la ayuda era pésima, que a excepción del objetivo 1 los medios no llegan en gran medida a las regiones con un alto índice de desempleo o a las que tienen una renta per cápita baja. Pienso que hay que reformar los fondos y que hay que encaminarlos en el sentido que defiendo, es decir, acercándolos más a las personas que administran los medios.
Por consiguiente, mi pregunta a la Comisaria es: ¿La simplificación de que habla y en cuya dirección se propone ir, no cabría que fuera en el sentido que yo he esbozado, o sea, que aquéllos que están más cerca del lugar donde se toman las decisiones tuvieran más voz y voto en lo referente a la utilización que cabe dar a los medios?

Wulf-Mathies
En primer lugar, los reglamentos de los fondos estructurales son aplicables hasta el año 1999. Fueron aprobados por unanimidad por todos los Estados miembros y la Comisión no puede modificarlos de un plumazo.
En segundo lugar, los nuevos reglamentos de los fondos estructurales entraron en vigor en 1994, es decir, que de hecho sólo han estado plenamente en vigor durante muy breve tiempo, tras un difícil período de aprobación. A mi parecer, es importante acumular primero experiencias antes de introducir cualquier modificación debido a algunas dificultades iniciales, incluidas algunas primeras dificultades de adaptación.
En tercer lugar, nuestro objetivo es precisamente una mayor vinculación del ámbito local y regional a la política estructural. En este aspecto existen, no obstante, problemas internos de Suecia que nosotros no podemos resolver, sino que sólo puede resolverlos el Gobierno sueco en cooperación con cada lugar. Por lo que respecta a la complejidad administrativa, obviamente siempre es preciso tener en cuenta que ésta es de dos tipos: la que tiene su origen en la Comisión y que en estos momentos estamos intentando desbrozar en el marco de los reglamentos vigentes, y también otra en el ámbito nacional. En efecto, en ningún lugar está escrito, por ejemplo, que a veces deban intervenir hasta cuatro ministerios en la administración de un proyecto financiado con cargo a los fondos estructurales. También en este aspecto existen muchas posibilidades de simplificación en el ámbito nacional.

Wolf
Muchas gracias, señora Comisaria. Su respuesta ha sido, de hecho, convincente y concreta, pero existe una cierta situación de tensión. Los Estados miembros tienen la costumbre de calcular exactamente -también circulan listas en este sentido- qué recibirán en cada caso y de actuar como si esa parte de los fondos les perteneciera. ¿No sería más consecuente avanzar un paso más en esa dirección y desarrollar el principio del partenariado a partir de 1999 de manera que pueda establecerse una cooperación directa entre la Comisión y las regiones afectadas, sin que los Estados miembros interpongan en cada caso una instancia particular adicional?

Wulf-Mathies
En teoría, sería posible, pero yo ciertamente no creo que una mayoría de Estados miembros admitiera en la práctica que la política estructural se desarrollase exclusivamente entre la Comisión y las regiones o los municipios. El principio de subsidiariedad tal como se ha interpretado hasta ahora se refiere naturalmente en primer lugar a la subsidiariedad entre la Comisión y los Estados miembros. Dicho lo cual, nosotros ciertamente concedemos gran importancia -reconozco que no siempre con éxito- a que la subsidiariedad se transfiera luego también de las instancias centrales del Estado miembro a las instancias inferiores y se establezca una auténtica cooperación práctica en la ejecución de los fondos estructurales. Y no porque la Comisión tenga interés en dejar de lado a nadie, sino porque nuestra experiencia indica que obtenemos mejores resultados cuanto mayor es el número de personas del lugar, para quienes desarrollamos esta política, que también participan en la misma y pueden aportar sus ideas, pero tienen asimismo la oportunidad de contribuir a controlar su eficacia.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Edgar Schiedermeier (H-0551/96):
Asunto: Futuro de los Fondos estructurales
¿Cuál es el futuro del marco de apoyo de los Fondos estructurales a partir de 1999?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Sr. Schiedermeier, he estado considerando si no debería manifestar que ya debatimos muy detenidamente esta cuestión en la última reunión de la Comisión de Política Regional, puesto que de hecho se trata de un tema que requeriría una exposición de una hora como mínimo. Por lo tanto, permítanme añadir tal vez tan sólo al debate mantenido en la comisión que sin duda no cabe esperar que la Comisión presente sus propuestas sobre el futuro de los fondos estructurales antes de finales de 1997 o principios de 1998. Esto se aplica tanto a las cuestiones financieras como a la delimitación de las regiones subvencionables.
La Comisión elaborará primero, a finales de otoño de este año, el informe sobre la cohesión económica y social de la Unión, a fin de ofrecer un fundamento para posteriores discusiones en los Estados miembros y a escala municipal. Tengo la seguridad de que debatiremos exhaustivamente este informe sobre la cohesión en la Comisión de Política Regional y posiblemente también en el Pleno del Parlamento y que posteriormente podremos incorporar a la política estructural a partir de 1999 los elementos necesarios que se desprendan de los debates celebrados aquí en el Parlamento.

Schiedermeier
Señor Presidente, estoy dispuesto a reconocer gustoso que me complace escuchar y también tener ocasión de ver a la encantadora señora Comisaria. No obstante, en el momento en que presenté la pregunta todavía no estaba al corriente de que usted abordaría este tema en la Comisión de Política Regional.
Yo quisiera formular ahora mi pregunta adicional en términos muy concretos: ¿Velará usted para que cuando se reorganicen los fondos estructurales se supriman también los cinturones prósperos de las regiones incluidas dentro del objetivo nº 1, por ejemplo? Yo procedo de una zona en la cual me temo que las regiones del objetivo nº 5b resultarán perjudicadas llegado el caso porque todas las demás insistirán en mantener la situación adquirida.

Wulf-Mathies
Señoría, si por cinturón próspero dentro del objetivo nº 1 se entiende, por ejemplo, que se ha alcanzado o se ha superado el objetivo, esto es, el 75 % del producto interior bruto medio, por mi parte, yo en realidad opino que deberemos examinar con sumo cuidado cómo procederemos con estas regiones, puesto que es evidente que la política estructural se ha concebido como una ayuda para las zonas desfavorecidas y esta condición se define, entre otras cosas, en términos de un determinado porcentaje del producto interior bruto medio de la Unión. Si este criterio sigue manteniéndose en el futuro, deberemos extraer, en efecto, algunas consecuencias. Yo pienso que el debate global que debemos desarrollar es más amplio. Éste es un elemento del mismo y yo creo que será necesario seguir debatiéndolo.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Joan Vallvé (H-0563/96):
Asunto: Los fondos de cohesión y el déficit público
El incumplimiento del criterio de convergencia relativo al déficit público en relación con el PIB por parte de los Estados miembros previsto en el Tratado de Maastricht llevará aparejada la suspensión de las ayudas del Fondo de Cohesión como medida para paliar su efecto negativo.
¿Como prevé la Comisión establecer dicha medida? ¿Se tratará de una paralización temporal de las ayudas comprendidas por este Fondo hasta que se cumpla nuevamente el criterio?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la situación jurídica es inequívoca. La continuidad, suspensión o reanudación de los pagos comprendidos dentro del fondo de cohesión se decide, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento 1164/94, sobre la base de los objetivos anuales en materia de déficit presupuestario recomendados por el Consejo, de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 C. Cabe recordar que el Consejo dirigió a Grecia, Portugal y España las correspondientes recomendaciones para 1995.
La Comisión examinó la situación presupuestaria de los citados Estados miembros en el ejercicio de 1995 y constató que el déficit presupuestario se mantuvo en cada uno de los tres dentro de los límites del objetivo recomendado por el Consejo para 1995. Por consiguiente, la Comisión seguirá aprobando nuevos proyectos y fases de proyectos en el marco del fondo de cohesión para Grecia, Portugal y España. En otoño de 1996 se procederá a una nueva evaluación de los déficits presupuestarios de los Estados miembros en cuestión y ésta se repetirá posteriormente cada seis meses.

Vallvé
Señora Comisaria, le agradezco su respuesta, pero mi pregunta iba un poco más allá. No se refería tanto a la situación jurídica como a preguntar cuáles son los criterios que tiene en este momento la Comisión respecto de la paralización de las ayudas del Fondo de cohesión si los Estados no cumplen los criterios de convergencia.

Wulf-Mathies
Señoría, las ayudas sólo se suspenderán cuando no se alcancen los criterios establecidos en las recomendaciones del Consejo. Para el año 1995 éstos eran un nivel de endeudamiento público equivalente al 10, 7 % del PIB, en el caso de Grecia, al 5, 8 %, en el caso de Portugal, y al 5, 9 %, en el caso de España. Los tres Estados miembros se mantuvieron por debajo de los criterios establecidos y, por lo tanto, tampoco fue necesario paralizar las ayudas. El fondo de cohesión prevé, no obstante, que se establezca una cláusula condicional y, por lo tanto, no nos queda más remedio que actuar en consecuencia si se superan dichos criterios. La Comisión tampoco tiene ninguna posibilidad de adoptar una decisión alternativa.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por James Nicholson (H-0574/96):
Asunto: Programa especial de apoyo a la paz y la reconciliación
¿Puede indicar la Comisión si está satisfecha con los avances logrados en el marco del Programa especial de apoyo a la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte, y si está satisfecha con los controles financieros y la supervisión del Programa?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la Comisión considera satisfactorios los progresos conseguidos por el Programa de la UE de apoyo a la paz y la reconciliación. Lamentablemente no podemos decir lo mismo por lo que respecta a la vertiente política de dicho proceso.
Es cierto que el programa que aprobado por la Comisión el 28 de julio no dio lugar aún a pagos muy importantes en el transcurso del año 1995. Este lento arranque del programa se debe fundamentalmente a que se constituyó una red de instituciones descentralizadas para la transmisión de los fondos. La Comisión no pudo firmar hasta diciembre de 1995 los correspondientes contratos con estas autoridades financieras intermedias, y como ustedes saben, tampoco fue sencillo llegar a un acuerdo sobre la composición del comité de cooperación norirlandés y con respecto a los convenios de asociación de distrito. De acuerdo con las estimaciones, en 1996 podrían pagarse 70 millones de ecus del total de 240 millones de ecus de fondos comunitarios previstos para la financiación del programa en Irlanda del Norte. Otros 28 millones de ecus, de un total de 60 millones, se entregarán a las regiones fronterizas de Irlanda. Por consiguiente, creemos que antes de finales de año se habrán desembolsado casi una tercera parte de los fondos reservados para este programa. Salvo por lo que respecta a los pagos correspondientes a las gastos efectuados, la Comisión está satisfecha con los progresos logrados en la ejecución del programa sobre el terreno. En este sentido resultan particularmente alentadores los progresos en relación con los 26 convenios de asociación, puesto que ahora están colaborando en este marco personas que antes no estaban habituadas a debatir y decidir conjuntamente sobre el futuro desarrollo de su zona.
Con respecto a la financiación, permítanme añadir también que las autoridades encargadas del desarrollo del programa han realizado entre tanto numerosos controles financieros. La calidad de estas inspecciones resultó satisfactoria. Por otra parte, la posibilidad de llevar a cabo una gestión financiera adecuada fue un criterio fundamental en la selección de las instituciones. La Comisión y las autoridades competentes ofrecen apoyo técnico, si es necesario, a las partes que están poco familiarizados con el procedimiento financiero de la UE, como por ejemplo las autoridades financieras intermedias y las asociaciones partenarias.

Nicholson
Deseo agradecer a la Comisaria su completísima respuesta sobre este fondo concreto. Naturalmente, cuando presenté la pregunta hace varias semanas, eran, Comisaria, otros tiempos. Sin embargo, prefiero abordarlo en este preciso momento.
Probablemente convenga usted conmigo en que se ha tardado mucho en poner en funcionamiento el fondo y en que se viese que se trataba de una financiación real que estaba llegando a la provincia.
También me parece que hay excesiva burocracia y papeleo. En parte es responsabilidad del Gobierno del Reino Unido, pero en parte también de Bruselas. Parece haber alguna dificultad para que armonicen las mentalidades, lo que provoca una tremenda confusión y, a consecuencia de ello, se retrasa la ejecución de los proyectos.
¿Va usted a velar, como Comisaria, por que los funcionarios europeos -lo que constituye su cometido y el míono pongan exigencias irrealistas a los proyectos, con lo que los vuelven inútiles en última instancia? ¿Sabe, además, la Comisaria que cantidades importantes de los fondos se entregan a consultores para que preparen informes y folletos en papel satinado? Sin lugar a dudas, ése no es el fin ni el objeto de esas operaciones.

Wulf-Mathies
Señoría, usted sabe que yo misma he presionado mucho personalmente en favor de la celeridad y que también me preocupo mucho personalmente de que se aprueben efectivamente proyectos. Por este motivo, también pido que se me presenten periódicamente las listas de proyectos aprobados, que a continuación se traducen en los correspondientes pagos. Considerando el conjunto de las actividades actualmente en curso -y hoy mismo he solicitado nuevamente una cronología de las decisiones- yo considero que hemos hecho un gran esfuerzo; incluso pienso que estamos actuando mucho más deprisa en el caso de Irlanda del Norte que en otros casos.
Antes hemos hablado de la realización del programa URBAN en Gran Bretaña, donde se contempla con envidia la aprobación y la operatividad del programa para Belfast, por ejemplo. Lo cual también le permitirá apreciar que existe una considerable diferencia entre el procedimiento habitual y el que se está intentando aplicar en el caso de Irlanda del Norte. Yo seguiré trabajando, no obstante, en este sentido y también le agradeceré indicaciones concretas sobre las posibles trabas. Y si usted piensa que su origen está en la Comisión, le ruego que me lo comunique de inmediato.
Por lo que respecta al tema de los asesores, a menudo nos encontramos naturalmente con la dificultad de que precisamente los menos versados deben recurrir a la ayuda de asesores. Yo quiero insistir, no obstante, una vez más en que la posibilidad de solicitar apoyo técnico no significa que sea obligatorio contratar asesores y destinar de este modo una parte de los fondos al pago de los mismos y de instituciones, sino que éstos también pueden emplearse para la elaboración común de propuestas, por parte de las asociaciones partenarias locales y grupos comunitarios, por ejemplo.

Evans
He escuchado a la Comisaria con interés y, naturalmente, al Sr. Nicholson antes. Hoy he recibido, como otros diputados, una copia de las prioridades para la Presidencia irlandesa. En ellas hay capítulos titulados «Una Europa basada en la igualdad y la tolerancia». Como la del Sr. Nicholson, esta pregunta se redactó antes de los últimos acontecimientos. ¿Cree la Comisaria que la Presidencia irlandesa debería conceder mayor prioridad que hasta ahora a las iniciativas de paz en Irlanda del Norte? ¿Y prestará su apoyo la Comisión a programas concretos encaminados a mejorar la situación en Irlanda en conjunto?

Wulf-Mathies
Como usted sabe, el programa aprobado por la Comisión en favor de la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte y las regiones fronterizas de Irlanda, tiene por objeto aportar ayuda rápida y apoyar el proceso de paz. Hemos constatado que las personas del lugar desean este proceso, que desean la cooperación y que han aprendido a cooperar entre ellas, con la ayuda del programa de la Comisión, entre otras cosas. Y aunque a veces se haya tardado un poco más para que los fondos estén efectivamente disponibles in situ , el proceso previo de discusión común y de gestión conjunta entre grupos de religiones y culturas distintas ya ha contribuido a hacer realidad una parte considerable del proceso que también debe apoyarse mediante los recursos financieros. Por consiguiente, yo acogería con gran satisfacción que la Presidencia irlandesa dedicase una nueva atención adicional a este proceso y le otorgase también su pleno respaldo político, como por otra parte tengo la certeza que hará, a la vista de los acontecimientos de la semana pasada.

El Presidente
Pregunta nº 48 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0579/96):
Asunto: Apoyo específico y asesoramiento para los proyectos de recursos humanos de mujeres en regiones desfavorecidas
A pesar de la clara voluntad de extender la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, las mujeres de regiones desfavorecidas se encuentran, de hecho, en inferioridad de condiciones para lograr beneficiarse de las políticas regionales de apoyo; la falta de tradición empresarial, el clima de desconfianza social, el desconocimiento de complejas tramitaciones entre diferentes administraciones son algunos de los graves obstáculos que dificultan o impiden a muchas europeas de regiones desfavorecidas beneficiarse de estos apoyos.
¿Cabría ofrecer, en este sentido, apoyos técnicos específicos, asesoramiento directo y simplificaciones administrativas? ¿Qué actuaciones se prevén?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Sra. Izquierdo Rojo, el acceso a la información y a los servicios resulta efectivamente muy difícil para las empresas de las regiones desfavorecidas de la Unión, que ocupan un lugar prioritario en las intervenciones correspondientes a los fondos estructurales. La participación de las mujeres en la vida activa es en conjunto inferior allí en comparación con otras regiones de la Unión. También es menor su participación en los consorcios agrícolas y asociaciones profesionales en las regiones rurales. Así, por ejemplo, la oferta de servicios financieros y otros servicios dirigidos a las empresas es muy limitada en España, sobre todo en las zonas rurales.
Aun así, la vocación empresarial no es menos marcada, en relación con la tradición, en los países del Sur de Europa que en los del Norte. La proporción de mujeres autónomos en los países del Sur de la Unión -España, Grecia, Portugal e Italia- es incluso superior a la media comunitaria en la agricultura y en el sector de servicios. Por ejemplo, en Dinamarca sólo un 3 % de las mujeres activas son autónomas, frente a un 21 % en Portugal, un 30 % en Grecia, un 18 % en Italia y un 16 % en España. Como parte de los esfuerzos para incorporar la igualdad de oportunidades a la totalidad de las políticas comunitarias, las intervenciones correspondientes a los fondos estructurales deben estar encaminadas, por lo tanto, a aprovechar mejor este potencial, y a fomentar la creación de empresas o la actividad autónoma por parte de las mujeres y ofrecer también las ayudas necesarias para ello.
Las medidas de apoyo en favor de las mujeres tienen, además, como objetivo fomentar su espíritu empresarial e incentivar las iniciativas empresariales. En esté sentido, en los programas de desarrollo regional o de ámbito interregional se prevén medidas específicas destinadas a facilitar el acceso de las mujeres a la información. Así se hace ya también en la práctica en algunos países de la Unión, como por ejemplo en Suecia. La experiencia de estos centros de asesoramiento indica, tanto en Suecia como también en Irlanda y en España, que es particularmente importante un acompañamiento específico, sobre todo en la fase inicial, y que la difusión de experiencias positivas tiene un efecto estimulante y motivador.
La Comisión procura detectar y promover las prácticas acreditadas. En este sentido, hace poco publicamos por primera vez un folleto dedicado a las mujeres como actoras del desarrollo regional, a fin de señalar lo que puede hacerse con éxito en diferentes Estados y en diferentes regiones de la Unión. Las orientaciones de la Comisión para el nuevo período de programación del objetivo nº 2 incluyen por primera vez la igualdad de oportunidades como uno de los cuatro criterios de contenido básicos para acceder a las ayudas. La Comisión también promoverá en el marco de proyectos piloto el establecimiento o ampliación de centros regionales de información y de negocios dirigidos a las mujeres. Así, en los proyectos piloto de la iniciativa URBAN sobre la base del artículo 10 se prevén medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidad a través del fortalecimiento de las asociaciones partenarias y la participación ciudadana.
En la iniciativa comunitaria URBAN II se incluyen medidas en favor de una mayor igualdad de oportunidades y de la creación de puestos de trabajo para las mujeres. Y si bien en los proyectos piloto de ordenación del territorio sobre la base del artículo 10 no se menciona explícitamente la igualdad de oportunidades, yo he dado instrucciones a mis servicios para que tomen en consideración también este criterio en el procedimiento de selección y en la evaluación. En el futuro podría considerarse también la posibilidad de promover en el marco del europartenariado el desarrollo de la colaboración comercial entre empresas propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres, y destacar específicamente estas empresas en el catálogo elaborado para estas organizaciones. Yo creo que con ello hemos demostrado en los últimos tiempos que no utilizamos el término integración únicamente como título de nuestra política, sino que también queremos contribuir a hacer posible su aplicación práctica.

Izquierdo Rojo
Agradezco a la Comisaria su respuesta positiva a lo que yo he planteado en mi pregunta. Realmente, el problema que tenemos ante nosotros es cómo hacer realidad ese apoyo a las mujeres. Estoy de acuerdo con lo que ha señalado la Sra. Comisaria, pero quiero indicar algo más. Porque en esas regiones muy desfavorecidas, las del objetivo 1, hay un machismo social imperante. Esas mujeres no están en situación equiparable a la de las danesas o a la de las de otros países nórdicos donde el machismo social -por así decirlo- es menor. Además, pertenecen a Estados miembros que son los más pobres, y a regiones que son las más pobres. Todo está en contra de estas mujeres, que necesitan ese apoyo, y entiendo que esta respuesta es una puerta abierta a un trabajo conjunto. Un trabajo que las mujeres de Andalucía necesitan realizar conjuntamente con la Comisión en los aspectos regionales.
Muchas gracias, señora Comisaria, por esta respuesta que entiendo positiva y que hace realidad su voluntad en defensa de la mujer.

Wulf-Mathies
Una observación muy concreta: el montante de las ayudas correspondientes a los fondos estructurales toma en consideración, obviamente, el grado de desventaja y Andalucía, que usted ha citado al final de su intervención, recibe precisamente por esto, y como es justo que sea, una parte importante de las ayudas. No obstante, si no me equivoco, en Andalucía hay un gran número de mujeres muy activas, también en el ámbito político, y yo he constatado que no es posible decir, en términos generales, que las mujeres de los países del Sur participan menos activamente en determinados campos. A mi parecer, lo importante - precisamente en el contexto de la política de ayudas de la Unión en este ámbito- es la creación de redes que permitan que las mujeres aprendan unas de otras. Éstas también posibilitan el intercambio de experiencias entre proyectos que han tenido éxito y sobre las posibilidades de apoyar las actividades de las mujeres en situaciones muy diversas, tanto en el ámbito rural como en las regiones urbanas. Si lee el citado folleto, podrá comprobar que en él no pueden encontrarse en absoluto sólo buenos ejemplos del Norte, sino también del Sur, y esto también nos dará pie para seguir promoviendo esta políticas y apoyando a las mujeres en sus esfuerzos.

El Presidente
Pregunta nº 49 formulada por Inger Schörling (H-0598/96):
Asunto: Ayuda a las empresarias
En el contexto de la visita a Suecia de la Comisaria Wulf-Mathies, han aparecido recientemente informaciones en los diarios suecos acerca de una nueva ayuda prometida a las empresarias. Al parecer, dicha ayuda ya se instauraría para el próximo otoño y sería abonada directamente por la Comisión a las redes de empresarias.
¿Qué forma reviste dicha ayuda? ¿Quiénes pueden solicitarla, y a cuánto asciende?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señora Schörling, el 14 de junio de 1996 se celebró en Lulea, en Suecia, en el marco de Europartenariado 1996 -en cuyo contexto se reúnen regularmente las pequeñas y medianas empresas para establecer convenios de asociación-, un seminario europeo sobre las posibilidades de promover la actividad de las empresarias. Fue el primer acto de este tipo en el marco del europartenariado. En Lulea se proclamó que es preciso promover la creación de organismos de apoyo y de asesoramiento para revalorizar el trabajo femenino y fomentar la incorporación de las mujeres a la actividad económica. Con este objeto, en otoño de 1996 se publicarán ya las convocatorias para la selección de los proyectos piloto que serán objeto de apoyo en el contexto de la cooperación interregional, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento del FEDER. Los recursos comunitarios, por un montante de 110 millones de ecus, previstos para el período 1996-1999 deben repartirse entre los cinco ámbitos de acción seleccionados:
1.Aprovechamiento del extraordinario potencial local para la creación de puestos de trabajo permanentes; 2. mejora del acceso al mercado europeo para las pequeñas y medianas empresas de las regiones en cuestión; 3. mejora de la oferta de servicios para las PYME, desde su creación hasta la innovación; 4. establecimiento de centros de apoyo y de asesoramiento para mujeres; y 5. medidas de protección y mejora del medio ambiente con el objetivo de efectuar la transición a un desarrollo sostenible mediante el uso de energías renovables y el ahorro de energía. Una vez seleccionados los proyectos propuestos, el reparto de los recursos disponibles se decidirá sobre la base de su calidad. Las medidas citadas permiten apreciar que, además de la que se refiere específicamente a los centros de apoyo y de asesoramiento para las mujeres, también el marco de los restantes proyectos se adaptará muy bien a los intereses y también a muchos proyectos prácticos de las mujeres.
Schörling
Agradezco a la Comisaria su respuesta. Desgraciadamente no me fue posible asistir a la Conferencia de Luleå, pero me he enterado de que se han debatido unas cuestiones muy interesantes. Como he escrito en mi pregunta, los periódicos suecos han publicado diversos informes sobre la ayuda prometida.
Como diputada parlamentaria y antigua asesora de pequeñas empresas, cooperativas, mujeres empresarias y redes de información para mujeres me llegan muchas preguntas sobre las ayudas existentes, y naturalmente sobre esta ayuda en concreto. No he podido dar una respuesta correcta sobre el carácter de esta ayuda. Por eso me interesa recibir una aclaración. ¿Se trata de una ayuda nueva? ¿Se trata de unas sumas nuevas o de «cantidades viejas» canalizadas y convertidas en otro tipo de ayuda? ¿Estos medios va a pagarlos directamente la Comisión sin pasar antes por los países miembros?

Wulf-Mathies
Los proyectos piloto concretos que acabo de citar corresponden a recursos de los que puede disponer la Comisión en el marco de las iniciativas comunitarias y proyectos piloto. Constituyen nuevos fondos para los estados miembros toda vez que estos recursos antes no se repartían, sino que se desembolsaban en bloque. Pero no son nuevos recursos si se considera que para el período 1994-1999 disponemos aproximadamente de 170 millardos de ecus en total para la política estructural de la Unión. No obstante, se trata de recursos que en cualquier caso no entran dentro del marco de los programas adjudicados a los Estados miembros y la Comisión realizará convocatorias para estas ayudas que se publicarán en el Diario Oficial de la Comunidad y permitirán presentar una solicitud directamente ante la Comisión.

El Presidente
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Biología y medicina (Convenio sobre bioética)
(continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40190/96) del Sr. Pelttari, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la utilización de la biología y la medicina: Convenio sobre bioética.

Gebhardt
Señor Presidente, Señorías, se discute si el Parlamento Europeo puede intervenir en el proyecto de Convenio sobre bioética en el que el Consejo de Europa trabaja desde hace muchos años. Se argumenta que podríamos ahorrarnos mucho tiempo y trabajo innecesario porque el Convenio no tendrá, después de todo, carácter legislativo. Ambas cosas son falsas. La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos no ha tomado a la ligera la iniciativa de elaborar este informe. Por encima de las diferentes experiencias vitales y de las distintas orientaciones políticas, estábamos de acuerdo en la responsabilidad que el Parlamento Europeo tiene en este asunto.
El Convenio sobre bioética indica la dirección y muestra el camino a seguir en importantes áreas de la ciencia y la medicina. Por lo tanto, no podemos permitir que se marque una dirección falsa ni que se muestre un camino incorrecto. Cuando se trata de proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona en la aplicación de la biología y la medicina, nosotros, que somos los únicos representantes directos de 370 millones de personas en la Unión Europea, hemos de adoptar una postura y tenemos la obligación de influir en el contenido de un convenio de esta naturaleza. Por eso resulta importante el informe básico del Sr. Pelttari. Mi Grupo votará a favor del informe siempre que quede clara una cosa: la dignidad del hombre está por encima de todo.
No se puede aceptar que cuestiones importantes permanezcan pendientes. Constituiría un delito sólo el permitir que se estableciera la posibilidad de efectuar trabajos de investigación no meditados con seres humanos. Me refiero ahora a la cuestión de las investigaciones con personas incapaces de dar su consentimiento, como pueden ser enfermos, minusválidos o niños pequeños. Voy a citar un ejemplo del pasado. En mi lugar de nacimiento en Alemania hay un asilo eclesiástico para niños. A principios de los años 40 se realizaron investigaciones sobre las peculiaridades raciales de 50 niños gitanos. Una vez que los médicos concluyeron sus estudios y mediciones, los niños fueron trasladados a un campo de concentración y asesinados.
El proyecto de Convenio sobre bioética del Consejo de Europa no excluye en varios puntos crueldades parecidas y el informe del Sr. Pelttari tampoco es suficientemente estricto en este punto. En algunos aspectos esenciales, sus enmiendas suponen una suavización. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no apoyará nada semejante. Hemos presentado enmiendas que persiguen tres objetivos. Queremos una protección sin restricciones de la dignidad del hombre. Queremos evitar que la vida se convierta en un bien económico, cualquiera que sea el procedimiento. Y queremos que haya de una vez un debate abierto sobre las cuestiones éticas relevantes para el futuro en el campo de la biología y la medicina.
¿En qué consiste en la práctica una protección sin restricciones de la dignidad humana? Por ejemplo, en ahorrar a los seres humanos torturas que no les sirven de nada. Por eso resulta acertado permitir las investigaciones científicas en personas incapaces de dar su consentimiento sólo en situaciones excepcionales enormemente limitadas, que están definidas con exactitud en el artículo 12.1. El Parlamento Europeo debe dejar claro al Consejo de Europa que esto es irrenunciable.
Siguiente punto: ¿qué queremos decir realmente cuando exigimos que la vida no se convierta en un bien económico, cualquiera que sea el procedimiento? Se lo aclaro con el ejemplo de la fecundación in vitro , que supone una carga enorme para la mujer en sentido físico y anímico. En esta materia hay que endurecer el trabajo del Sr. Pelttari. Hemos de establecer con precisión que los embriones creados deben servir exclusivamente para el tratamiento de una única mujer, lo que no significa que cada vez que una mujer intente una fecundación in vitro haya de someterse a todo el proceso médico que lleva consigo. Por esta razón hay que permitir que se creen tantos embriones como sean necesarios para poder concluir el tratamiento de una mujer. Si no dejamos esto claro, existe el riesgo de que haya embriones de sobra que se utilicen para trabajos de investigación. La regulación descrita deja también completamente claro que no se pueden crear embriones con finalidades de investigación.
Por último, la tercera petición básica de mi Grupo. Queremos que haya un debate abierto acerca del Convenio sobre bioética. La ciudadanía europea debe poder intervenir cuando se tratan asuntos de tanto calado. El secretismo que ha caracterizado los trabajos del convenio en los últimos años es sospechoso. Resaltemos con toda claridad este hecho como los representantes electos de los ciudadanos de la Unión Europea que somos. Así obtenemos la oportunidad de conseguir un Convenio sobre bioética al que posteriormente se pueda adherir la Unión Europea. En este sentido, mi Grupo ha presentado enmiendas que acentúan el perfil del buen trabajo del Sr. Pelttari. Solicito su voto favorable a las correcciones presentadas por mi Grupo.

Jouppila
Señor Presidente, es importante que el Consejo de Europa esté elaborando un convenio para proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona en el ámbito de las aplicaciones biotecnológicas. Igualmente, es positivo que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre este asunto. La biotecnología constituye un sector de rápido crecimiento en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la industria. Debemos apoyar su desarrollo a fin de elevar la competitividad europea en su confrontación con los mercados estadounidense y japonés. En este orden de cosas, hay que tener en cuenta las consideraciones éticas comunes a los europeos y el respeto de la dignidad humana, ya que en la biotecnología se dan cita intereses éticos y económicos.
Quiero felicitar al señor Pelttari tanto por su excelente informe como por las enmiendas que ha elaborado. El suyo representa el punto de vista ético de los finlandeses, un punto de vista inequívoco y suprapartidista. Igualmente, su postura coincide, en líneas generales, con la de mi grupo, el PPE.
El convenio del Consejo de Europa, que entrará en vigor una vez lo hayan ratificado los Estados, establece las directrices para una actuación a nivel mundial, a la vez que, en mi opinión, desempeña un importante papel con vistas a la creación de las bases y el marco legislativo que se debería desarrollar en este ámbito. Si bien la Unión Europea no puede adherirse como persona jurídica a un convenio de este tipo, aún es posible lograr alterar esta situación, por ejemplo, durante la Conferencia Intergubernamental. Como ya ha insinuado el señor Pelttari en su discurso de esta mañana, creo que el Parlamento debería presionar en favor de esta posibilidad.
En estos momentos, no sólo es oportuna, sino incluso urgente, la elaboración de legislación en materia de biotecnología, ya que estamos asistiendo a una aparición imparable y vertiginosa de nuevas aplicaciones de la biotecnología, tanto en la medicina como en otros campos de investigación que se benefician de esta técnica. Asimismo, en numerosos países, como Finlandia, se está elaborando actualmente legislación en la materia. Entre otras aplicaciones médicas de la biotecnología, la ingeniería genética se destina a ayudar a los seres humanos como, por ejemplo, a los pacientes de cáncer. Una de las aplicaciones más conocidas es la fecundación artificial in vitro, es decir, la fecundación fuera del útero humano, que ha ayudado a numerosas familias sin hijos a superar este problema. Igualmente, la biotecnología ha introducido planteamientos completamente nuevos en el diagnóstico precoz y el tratamiento durante la fase embrionaria de diversas enfermedades, posibilidad esta que no se debe desdeñar.
El uso adecuado de la biotecnología de acuerdo con las normas éticas representa un bien importantísimo para la humanidad, que se ve beneficiada de muy diversas maneras. El uso indebido, por su parte, acarrea numerosas amenazas, que, en el peor de los casos, pueden conducir incluso a la manipulación genética del ser humano. Esta posibilidad, que suscita grandes temores en la opinión pública, debe ser motivo de nuestro rechazo incondicional. Sabemos que mediante el juramento hipocrático los médicos aceptan, por lo general, cumplir normas y deberes éticamente aceptables para proteger la vida humana y promover la salud por todos los medios posibles. Sin embargo, en el campo de la biotecnología trabajan también otras personas a las que no afecta dicho juramento. Por este motivo, se deben establecer unas normas generales al respecto.
Las formulaciones actuales del convenio del Consejo de Europa y la posición presentada por el Parlamento Europeo se asientan en bases firmes desde el punto de vista ético y moral. Estos textos no traspasan, sin embargo, limitaciones que supongan un obstáculo, por ejemplo, a las aplicaciones prácticas de la ingeniería genética en la prevención y tratamiento de enfermedades. Así pues, esta propuesta ofrece desde el punto de vista de la medicina una base para la labor de los médicos, a la vez que protege a los pacientes y a la sociedad de temibles abusos. Creo que esta es la postura tanto del PPE como de los finlandeses.

Florio
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Unión por Europa, yo también deseo felicitar al Sr. Pelttari por el trabajo que ha llevado a cabo en el ámbito de este informe relativo al Convenio sobre Bioética.
En el seno de la Comisión, nosotros votamos a favor de este informe, porque consideramos que algunos puntos fundamentales incluidos en el mismo son merecedores de todo nuestro apoyo. Voy a citar algunos de ellos: deben prohibirse por ley el comercio de embriones humanos, fetos y tejidos fetales, así como la investigación y la producción de embriones humanos para fines de investigación; deben producirse sólo los embriones que vayan a ser implantados no debiendo ser más de tres; la conservación criogénica de embriones sólo podrá autorizarse a título excepcional por razones médicas; deben prohibirse por ley las intervenciones en el genoma humano que traten de modificar o modifiquen efectivamente la línea germinal; es necesario prohibir la transmisión de los resultados de pruebas genéticas; las pruebas para predecir enfermedades sólo se autorizarán en caso de que peligre la vida y exista un tratamiento médico eficaz; las intervenciones en personas incapaces sólo podrán autorizarse en circunstancias excepcionales, si el representante legal de dicha persona ha otorgado su acuerdo libremente y con conocimiento de causa, si la persona afectada no se opone a ello, si la intervención está estrechamente relacionada con la enfermedad del interesado, si la investigación no puede efectuarse sobre personas capaces y si el trabajo de investigación puede mejorar la salud del interesado. Asimismo la protección de la dignidad y de los derechos de los individuos está por encima de cualquier interés de tipo social o de los intereses de terceros; los resultados de la actividad de investigación sobre el genoma humano deben ser de libre acceso. Por último, tal como recalca el propio informe, son deseables formas de transparencia y de publicidad de los textos legislativos y de la existencia de investigaciones.
El Grupo que represento está plenamente de acuerdo con todos estos puntos y, por consiguiente, al igual que lo hizo en comisión, así va a manifestar su voto favorable respecto a estos principios también en el Pleno. Obviamente, mucho dependerá de las enmiendas que vayan a aprobarse, pues no todas tienen el consenso de nuestro Grupo que, respecto a una parte de las mismas, no está de acuerdo.
Para concluir, deseo felicitar una vez más al ponente y le agradezco en nombre del Grupo Unión por Europa, al que pertenezco, el trabajo llevado a cabo.

Ryynänen
Señor Presidente, la aplicación de los derechos humanos y la institución de un conjunto de normas éticas en el ámbito de la biomedicina, un nuevo campo de rápido crecimiento, representa un reto y, al mismo tiempo, una difícil tarea. Desearía felicitar al ponente por el éxito de su labor en este espinoso e importante ámbito, a la vez que espero que se aprueben todas las enmiendas que ha propuesto.
Hay que mantener un elevado nivel de protección en las aplicaciones de la ingeniería genética. Se trata de un tema que, naturalmente, suscita muchos temores entre la población, por lo que un elevado nivel de protección haría posible crear un clima de seguridad. Debemos poder evitar, recurriendo a la legislación, las posibilidades de hacer un mal uso de esta técnica. La tecnología y las investigaciones en este campo han de estar al servicio de la vida, motivo por el cual no se debería obstaculizar el desarrollo médico cada vez mayor que registra este sector. Desde un enfoque humano, la ciencia puede prestar grandes servicios a las personas si se logra evitar la irrupción de complicadas enfermedades genéticas o se consigue una mejoría de los pacientes y, por lo tanto, se alivia el sufrimiento humano.
Sin embargo, a la luz de los datos de que disponemos, se debería renunciar a las técnicas de tratamiento genético, puesto que no es posible evaluar sus consecuencias a largo plazo. El consentimiento del propio paciente para ser sometido a tratamiento, así como la protección de aquellos individuos incapacitados para dar su consentimiento, constituyen el punto de partida natural para permitir la aplicación de cualquier medida. La protección de la dignidad y de los derechos del individuo han de prevalecer sobre los puntos de vista comerciales. Por esta razón, no debe permitirse el comercio de embriones y órganos vivos.
Apoyo igualmente el principio de que, en caso de fecundación artificial, la mujer ha de contar con la posibilidad de decidir el destino de los embriones múltiples de conformidad con la legislación nacional. No se debe cuestionar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. La ciencia y la investigación han avanzado de tal manera que las personas tienen a su disposición, hoy en día, un tipo de instrumentos que obliga a plantearnos el fundamento sobre el que se deben asentar las decisiones que se adopten. Para asumir responsabilidades hay que sopesar con claridad la escala de valores. Deberíamos evaluar seriamente si la formación y la educación que recibimos hoy en día nos proporcionan la preparación y los valores suficientes para permitirnos actuar responsablemente en el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen la ciencia y la investigación.

Marset Campos
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que la opinión del Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica es, en principio, favorable a este informe siempre que se aprueben algunas enmiendas que salvaguardan la dignidad y el derecho de la mujer a poder decidir por sí misma al respecto.
En segundo lugar, entendemos que este informe es un paso positivo. Pero se mueve entre dos escollos: por una parte, el de estar sometido a la lógica del beneficio de la industria de la biotecnología, que quiere patentar genes y un conjunto de procedimientos -y en este punto podemos dar ejemplo a Norteamérica en cuanto al respeto de la dignidad humana, situando a las Naciones Unidas como punto de referencia- y, por otra, el de salvaguardar el derecho de las mujeres y de los seres humanos a poder decidir su futuro y no someterse a ninguna tiranía.

Marinucci
Señor Presidente, Señorías, se trata, es conveniente que nosotros mismos lo recordemos, de un informe de propia iniciativa y, por lo tanto, de una resolución sin valor jurídico alguno. Ello significa que no se está tramitando un procedimiento legislativo ni existe una propuesta de la Comisión en que se base esta intervención del Parlamento. Se trata simplemente de una opinión que el Parlamento Europeo ofrece al Consejo de Europa que esta elaborando un Convenio sobre Bioética. ¿Por qué el Parlamento desea expresarse de forma espontánea? ¿Quizás para instar al Consejo a concluir sus trabajos a fin de disponer del convenio cuanto antes? Por desgracia, no es así. Si leemos el texto aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el voto en contra del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al que me honro pertenecer, de los Verdes, de la Izquierda Unitaria, con la abstención del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas, así como del ponente, se entiende muy bien el espíritu de esta resolución. La intención es la de poner una serie de topes, limitativos, restrictivos e inspirados en una moral que no todos compartimos, a la investigación científica, prestando especial atención a la fecundación asistida.
Señorías, el Consejo de Europa continuará su camino, con su sabiduría dejará en los protocolos materias que difícilmente pueden incluirse en el convenio. El convenio será aprobado -deseamos que a la mayor brevedady como todos los convenios tendrá su iter de firmas y ratificaciones por parte de los distintos países miembros. ¿A que va a servir mientras tanto esta resolución? Por desgracia, si se aprueba, sobre todo en su actual redacción, servirá sólo para ofrecer algún argumento a las posiciones que no dudo en definir oscurantistas y a los intentos, nunca olvidados, de volver a cuestionar en nuestros países las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que las mujeres conquistaron y defendieron a través de muchas y duras batallas, y de limitar el acceso a la fecundación asistida. Si fuera así, con todos los respetos y el aprecio hacia el ponente Sr. Pelttari y, sobre todo, hacia el compromiso y ahínco de la Sra. Gebhardt, sería mucho mejor que este convenio, especialmente en su actual redacción, no se aprobara.

Castagnetti
Señor Presidente, el informe Pelttari es un buen informe que está en la misma línea de la anterior resolución del Parlamento Europeo de 16 de marzo de 1989. Nunca como en esta materia, Señorías, los textos del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa han sido utilizados como pauta por las legislaciones nacionales. En efecto, la delicadeza y la dificultad de la materia, las incertidumbres de la ciencia, el carácter inédito de las cuestiones que se plantean a la moral común, el riesgo de limitar y mortificar la investigación atribuyen a las Asambleas europeas una mayor responsabilidad y fiabilidad sobre la base de un mayor grado de representación en cuanto a las diferentes culturas, a las diferentes responsabilidades y a las consideraciones éticas más amplias y plenas.
El informe del Sr. Pelttari tiene el mérito de no eludir el interrogante más insidioso: ¿con este convenio y con los protocolos complementarios no se introducen quizás límites demasiado restrictivos para la investigación médica, habida cuenta del fin, siempre positivo para el ser humano, de dicha investigación? La respuesta es no. Nuestro tiempo, tan rico en conquistas en cualquier campo, nos plantea una inquietante disyuntiva entre lo que es técnicamente posible y lo que es éticamente aceptable o sea, lo que no desprecia la dignidad humana, considerada acertadamente por el ponente como indivisible. No se quiere detener a la ciencia, así como la ciencia no se detuvo mediante el Código de Nuremberg o la Declaración de Helsinki. No se trata de sustituir ética por progreso, sino de evitar que la mala utilización de los avances técnicos se vuelva en contra del ser humano. Es por esto que en casi todos los países los comités de ética están redactando protocolos éticos propiamente dichos y -como acaba de suceder en estos días en Italia- un estatuto jurídico del embrión, por fin, claro y en el que se define la necesidad de protección jurídica del embrión, igual a la de cada uno de nosotros.
Señorías, todos sabemos que en los frigoríficos de todo el mundo existe una humanidad paralela que espera ser acogida entre nosotros. Es difícil compararse con un organismo tan pequeño y perfecto como el embrión. Sin embargo, partiendo sólo del reconocimiento que es simplemente científico y, por consiguiente, objetivo de la plenitud humana del embrión, conseguiremos definir la dignidad que le corresponde, la protección jurídica que le pertenece y, en definitiva, el respeto que le es debido por todos, incluso por los investigadores.

Mezzaroma
Señor Presidente, Señorías, ¿el embrión humano es un individuo de pleno derecho? En Italia el Comité de bioética declaró que el embrión es como uno de nosotros. Cuidado, pues: es vida y merece protección, derecho y respeto. El comité elaboró e hizo público un documento bajo el título «Identidad y estatuto del embrión humano» y por vez primera en Italia podemos decir claramente que el embrión, o sea el óvulo femenino fecundado por el semen masculino, no es una cosa, sino que pertenece a la especie humana y su identidad personal existe desde la fecundación, es decir, desde la concepción.
Como siempre sucede en estos casos, se plantea la pregunta: ¿desde qué momento el embrión es como uno de nosotros, incluso un ciudadano europeo y cuáles son las posibilidades de utilización? El comité vuelve a reiterar que un ser humano lo es desde el momento de la concepción y permite que la ciencia intervenga únicamente sobre embriones muertos. A pesar de que muchos piensan que el embrión es un ser humano desde los catorce días, el texto elaborado en Italia por el Comité de expertos, dice que los distintos núcleos de vida anteriores a la formación del embrión único son otros tantos individuos y, en consecuencia, son intocable desde el momento mismo de la concepción.
El informe Pelttari me parece digno de una atención especial y elaborado con gran responsabilidad y capacidad para sostener los orígenes de la vida y la necesidad de proteger al embrión. Por mi parte va a obtener mi voto favorable tal como está. Sin embargo, es necesario, una vez por todas, aprovechar la ocasión, ir más allá del ámbito de este informe y decidir proteger al embrión con un estatuto y una ley elaborados sólo y exclusivamente para él.
Evidentemente, vuelven a plantearse los problemas de la industria que, como paladín de la salud del ser humano y de su derecho a curarse, nos insta a que decidamos aprobar esa directiva que permite patentar seres vivos y no vivos, incluyendo al individuo, ofreciéndonos como acicate la cuestión de una mayor ocupación y haciéndonos pasar por la imaginación el fantasma de una invasión de las grandes multinacionales americanas y japonesas en este ámbito de la biotecnología.
Una vez más, sin embargo, el Parlamento Europeo rechaza la evidencia, o sea que en el Reino Unido hay 9.000 embriones: 9.000 seres humanos que pronto serán sacrificados como las vacas locas, si nadie acude a salvarlos.
En esta sesión pedí una resolución de urgencia respecto a este asunto, sin embargo, mi solicitud fue rechazada totalmente. Lo cierto es que todos nosotros debemos trabajar para adoptar una decisión definitiva, tomada concienzudamente, como un buen padre de familia. Lo cierto es que, cuando decidiremos que el embrión es un ser humano, hará falta replantear nuestra actitud respecto al aborto y -¿por qué no?- comenzar a vencer cualquier estímulo hacia la eutanasia.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, el informe Pelttari trata entre otras cosas del dilema entre la libertad de investigación y los límites que fija la ética. La cuestión sigue siendo si lo que es biotecnológicamente posible también es deseable, con vistas a la protección, pero también con vistas al derecho del individuo. En este informe se han incluido dos artículos, concretamente el 12.5 y el 12.10, procedentes de la opinión de la Comisión de Investigación y Tecnología, que sitúan el derecho del embrión humano por encima del individuo, es decir, de los progenitores. Yo, y conmigo el Grupo de los Liberales, consideramos que va demasiado lejos. El artículo 12.5 dice que la conservación de los embriones congelados sólo se autorizará a título excepcional y únicamente por razones médicas. Esto significa que las mujeres tendrán que sufrir intervenciones médicas adicionales y dolorosas en caso de realizarse varias fecundaciones in vitro. Es a todas vistas una moral machista.
Señor Presidente, si aprobamos las técnicas biomédicas como la fertilización in vitro, hemos de aceptar las consecuencias y hemos de dar a los progenitores el derecho de autodeterminación en relación con la conservación de los embriones. El artículo 12.10 niega a los futuros padres el derecho a una investigación genética para determinar graves anomalías congénitas. La pregunta es si esto defiende realmente el interés del niño nonato.

Sierra González
Señor Presidente, la idea de formular un marco regulador de las aplicaciones de la medicina y de la investigación médica que permita que en su desarrollo se tengan en cuenta los derechos de las personas y su dignidad es, sin duda, un paso adelante.
La finalidad del convenio que origina este informe es sustraer del arbitrio de las grandes industrias farmacéuticas y sanitarias la fijación de los límites de los usos de la investigación, habida cuenta de que aquéllas pueden sentirse tentadas de fijarlos de acuerdo con sus intereses.
Pero hay algunos cabos sueltos a los que merece la pena prestar atención, por ejemplo, el hecho de que la estimulación de la investigación y del desarrollo tecnológico no queda absolutamente subordinada al imperativo de preservar los derechos de las personas, su autonomía y su capacidad de elección. Algunas enmiendas limitan extraordinariamente esa capacidad de elección en cuanto a cómo beneficiarse de los avances de la ciencia, y en concreto en cuanto a la libertad de elección de las mujeres. Por otro lado, no se ponderan suficientemente los daños que pueden causarse con los procesos de ingeniería genética, y esto no puede despacharse con el argumento de que hay que impedir el retraso tecnológico que daña a la industria. La ciencia es un medio, no un fin.

Barzanti
Señor Presidente, Señorías, hablo a título personal, a pesar de reflexionar sobre el muy intenso debate que se suscitó en torno a este informe en el seno de la delegación del Partido Democrático de la Izquierda, perteneciente al Grupo de los Socialistas. Al respecto, debo confesar un profundo malestar. Mi impresión es que, como Parlamento Europeo, hemos emprendido un camino que corre el riesgo de llevarnos a un resultado precipitado, inadecuado y que a buen seguro nos va a plantear el conjunto de temas e interrogantes que cada uno de nosotros tiene ante sí, que cada uno de nosotros advierte en su conciencia. Son temas e interrogantes que no tienen, que no pueden tener una neta evaluación política y jurídica inmediata y bien definida, al menos por como yo los advierto. No se puede hablar de estas problemáticas sin tener presente en sus líneas generales el estado actual de la investigación científica, sin tener presentes la dimensión moral, las convicciones religiosas y filosóficas, las sensibilidades y los puntos de vista basados en las culturas y en las conciencias, que aconsejan a todos prudencia y respeto: prudencia y respeto en esta Europa que está hecha de religiones, de sensibilidades, de puntos de vista y que no tiene una cultura, sino muchas culturas y muchas mentalidades que deben protegerse y valorarse.
Por ello, me pregunto si no habría sido mejor esperar a que el proyecto que está elaborando el Consejo de Europa, se definiera completamente para someterlo acto seguido a una atenta evaluación. ¿Es acertado intervenir hoy, partiendo de un proyecto que todavía debe someterse a la Asamblea? ¿Es acertado intervenir en nombre de un Parlamento que corre el peligro de decidir -o hacerse ilusiones de decidir- cuestiones muy complejas sobre la base de opiniones o de votos, emitidos tal vez sin plena conciencia o según lógicas que no dejan el necesario espacio al convencimiento individual? Creo que tiene que haber plena libertad de conciencia cuando votemos el informe que nos ha sido presentado, teniendo en cuenta que, por lo que se refiere al llamado estatuto del embrión, nada podrá hacerse si algunos pretenden considerar los embriones tan sólo grumos de células, que deben producirse y utilizarse libremente, y otros los consideran personas a todos los efectos, con un estatuto y derechos iguales a los de los individuos completamente formados. Se trata de tomar conciencia de que, de todos modos, el voto que vamos a emitir no pone fin a un debate que sigue abierto y que apela sobre todo a nuestra serena capacidad de confrontación.

Heinisch
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en mi condición de ponente en la sombra del Grupo PPE en la Comisión de Investigación quisiera considerar algunas enmiendas que han contado con el asentimiento mayoritario. El Convenio sobre bioética es el primer texto internacional que define con claridad los límites de la investigación y de la intervención científica en los seres humanos y que confirma los derechos de los individuos frente a la investigación. Garantiza además el respeto a la ética médica y científica. Por mucho que todos los Estados aboguen por un equilibrio entre los derechos humanos y el progreso científico, la disparidad de sensibilidades culturales y filosóficas hace que la elaboración de reglas aceptables para todos sea una ardua empresa.
El cambio de título del Convenio, que ahora se llama Convenio sobre derechos humanos y biomedicina, muestra también esta dificultad. La investigación biomédica no es un fin en sí misma, sino que está destinada a servir al bienestar del hombre. El mantenimiento de la salud y la disminución del dolor son valores éticos elevados que hay que materializar. Debe quedar claro que se persevera en estos valores.
La investigación biomédica en seres humanos se practica normalmente con personas que están bien informadas y que han prestado su consentimiento expreso al respecto. Sólo en determinados casos especiales hay que efectuar investigaciones en personas incapaces de prestar su consentimiento, como ocurre con los niños, en la psiquiatría, en la neurología y en las enfermedades causadas por el envejecimiento. En estos ámbitos a menudo no se puede investigar a personas capaces de dar su consentimiento, sino que se depende de otros que son incapaces de darlo. Por ejemplo, para ayudar en el futuro a los pacientes con Parkinson o con la enfermedad de Alzheimer hay que tener la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación con estos pacientes que requiera, por ejemplo, la realización de análisis de sangre, tomografías computadorizadas o simples tests psicológicos. Ciertamente, ha de ser posible realizar estas pruebas.
El problema en este punto consiste en separar en un texto legal, que forzosamente tiene un carácter muy general y rígido, las investigaciones que están éticamente legitimadas de aquéllas otras que constituyen un abuso. ¿No sería preferible que el convenio contuviera una redacción liberal y unas condiciones de aplicación más precisas que se ocuparan de las posibilidades de abuso en lugar de una redacción rígida? Estas reflexiones están reflejadas en mis enmiendas.
Con respecto a la fecundación in vitro , la propuesta permite que en el proceso de fecundación artificial se implanten a la mujer dentro de un mismo ciclo como máximo tres embriones. La conservación criogénica de embriones sólo podrá autorizarse a título excepcional cuando no resulte posible, por razones técnicas, la implantación prevista dentro del ciclo. Esta redacción se corresponde con la utilizada en la Ley alemana de protección de embriones, de diciembre de 1990, que cuenta en Alemania con una aceptación generalizada.
En este contexto, quisiera resaltar además que la investigación está justificada sólo cuando sirve a la utilización inmediata del embrión en cuestión y que se debe prohibir por principio cualquier investigación sobre embriones vivos destinada al consumo. Nosotros apoyamos la propuesta y el informe del Sr. Pelttari.

Cresson
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, celebro que se me brinde esta oportunidad de manifestar ante ustedes lo que pienso sobre un tema tan importante como es la bioética, y agradezco especialmente al Sr. Pelttari y al Sr. Tannert que hayan planteado este asunto, sobre el que ya expresé mi opinión a finales de abril ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos.
Este tema requiere una reflexión por nuestra parte, dada la extensión del campo que abarcan las tecnologías en el ámbito de la biología. Dichas tecnologías nos ofrecen ya -y prometen ofrecernos en el futuro- numerosos nuevos productos en los sectores de la sanidad y de la industria agroalimentaria. Nuestras industrias, con el apoyo de una investigación de alto nivel, están desarrollando un potencial que ya ejerce una influencia determinante en la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
Con la aparición de las tecnologías de la información, esta evolución será una de las más importantes en este final de siglo. Deberemos intentar tener en cuenta todo lo que esto implica para seguirlo de cerca y controlarlo. Eso significa, sobre todo, reflexionar acerca de los problemas éticos que plantea y que deberemos tratar con una cautela permanente.
El Parlamento Europeo siempre ha prestado la máxima atención a estas difíciles cuestiones y, cada vez que ha sido necesario, ha ayudado a la Comisión y al Consejo para que tuvieran en cuenta esta faceta de la vida de nuestra sociedad. Si en la Unión se han tomado varias iniciativas en este ámbito esto se debe en gran medida al estímulo del Parlamento.
El proyecto de resolución del Parlamento sobre el futuro Convenio sobre Bioética del Consejo de Europa me sugiere básicamente dos comentarios. En primer lugar, la posibilidad que tiene la Comunidad de adherirse al Convenio, y en segundo lugar, la manera en que la Comisión introduce constantemente en su acción las exigencias y los principios fundamentales de la bioética.
Tal y como pone en evidencia su título definitivo, el proyecto de Convenio del Consejo de Europa se sitúa, sin lugar a dudas, en el terreno de los derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, la Comunidad no tiene la competencia necesaria para adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. Además, el Tribunal de Justicia lo ha expresado con claridad en un reciente dictamen con fecha de 28 de marzo de 1996.
No obstante, el proyecto de resolución nos pide que adoptemos una postura acerca de la posibilidad de dicha adhesión. Hoy sólo puedo decirles una cosa: esta cuestión está siendo examinada por el Servicio Jurídico de la Comisión. El plazo que nos impone este trámite indispensable no tiene por qué ir en contra del calendario en que todo esto se enmarca. Efectivamente, el proyecto de Convenio del Consejo de Europa todavía ha de ser aprobado por la Asamblea Parlamentaria de dicha organización. Añadiré a esto que hay que tener presente que la Conferencia Intergubernamental puede aportar modificaciones al Tratado.
Paso inmediatamente al segundo punto que deseaba tratar con ustedes. La Unión y la Comisión no necesitan una adhesión formal de la Comunidad a este Convenio para incorporar los grandes principios que en él se recogen. En efecto, estos principios ya forman parte de su práctica corriente desde hace varios años, en particular en todo lo referente a la investigación científica.
Quisiera recordar que el programa marco y los programas específicos de biotecnología y biomedicina están explícitamente sometidos a una obligación de respeto de las disposiciones aprobadas en el plano internacional. Para que las cosas queden totalmente claras, se dice sin ambages que están prohibidas las investigaciones que tengan por objeto modificar la línea germinal o la clonación de embriones.
Todos los programas de investigación del cuarto programa marco en ciencia y tecnología de los seres vivos dedican una parte importante de sus medios a los problemas éticos, sociales y jurídicos que plantean.
Asimismo esta preocupación se plasma en la actividad reglamentaria de la Unión, que se basa cada vez más en los grandes principios de la bioética. Acabaré con este tema subrayando que desde 1991 las instituciones cuentan con la posibilidad de apoyarse en las opiniones del Grupo de Consejeros sobre Ética propuesto y creado por la Comisión.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las cuestiones de bioética son a la vez muy importantes y muy complejas. Esta complejidad aumenta en cuanto se quieren abordar en el marco de Europa. Debemos tener en cuenta, efectivamente, las diferencias culturales que pueden acarrear distintas modalidades de enfoque del problema. Las diferencias de apreciación son, a veces, considerables.
Por estos motivos, el proyecto de Convenio Europeo del Consejo de Europa representa indudablemente un progreso del que todos hemos de beneficiarnos y debe permitir, en efecto, establecer referencias comunes que nos faltan aquí y allá. Así pues, felicito al Parlamento Europeo por haber tomado la iniciativa de organizar este debate y acabaré dándoles las gracias por haber permitido a la Comisión participar en él.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Modificación del Anexo I del Reglamento-Grupos de interés
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0177/96 del Sr. Nordmann, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del Anexo I del Reglamento relativo a la transparencia y a los intereses económicos de los diputados; -A4-0200/96 del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre los grupos de interés en el Parlamento Europeo.
Nordmann
Señor Presidente, ha llegado el momento, o, mejor dicho, ha vuelto a llegar el momento, puesto que efectivamente éste es el segundo informe presentado por la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, después de que fuera devuelto a comisión como yo mismo pedí en el mes de enero, vistas las dificultades planteadas por el informe del Sr. Ford.
Llevamos trabajando desde el mes de enero; un grupo de trabajo que incluía a representantes de los distintos Grupos políticos presidido por el Sr. Cot, a quien quiero darle las gracias, ha definido las orientaciones en nombre de nuestra comisión. En efecto, se requiere un amplio consenso en este tipo de discusión, ¡puesto que sólo se podrá reformar nuestro Reglamento en lo referente a conseguir una mayor transparencia si mañana obtenemos 314 votos! Necesitamos, por lo tanto, el acuerdo de los Grupos y, más vale decirlo con claridad, el acuerdo de los dos grandes Grupos que lideran dicha mayoría.
Con esta perspectiva y sobre la base de las orientaciones propuestas ha trabajado la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. Creo poder afirmar que ha respetado las orientaciones del grupo de trabajo y que ha mejorado la formulación de sus orientaciones, algunas de las cuales eran oscuras cuando no contradictorias.
Esto nos lleva a las siguientes propuestas: en primer lugar, una ampliación del ámbito de la declaración, no sólo a las actividades profesionales sino también a los apoyos materiales, en personal y financieros que podrían concederse a los diputados por parte de terceros que no pertenecieran a la institución, siempre que se indicaran estos apoyos y su origen; en segundo lugar, que se prohibieran las demás donaciones y liberalidades; en tercer lugar, la inscripción de las declaraciones en un registro público; por último, remitir al respeto de las legislaciones nacionales en materia de declaración de patrimonio.
Esto es lo esencial de este informe y de sus conclusiones. Sé que estas propuestas plantean para algunas personas ciertos problemas, concretamente en lo relativo a la prohibición de las otras donaciones que no sean los recursos declarados. Algunas personas, y las respeto, cuestionan la oportunidad de definir un umbral a partir del cual se daría esta prohibición. Nosotros no hemos querido entrar en este debate que fue el que originó las dificultades con las que topó el Sr. Ford, y hemos realizado una formulación de tipo general.
Ayer, en la especie de minidebate que se produjo acerca de la nueva inscripción de mi informe, hubo quien pidió que la Mesa pudiese pronunciarse para resolver eventuales dificultades. En este sentido, yo planteé una propuesta de formulación que pudiera ampliar las competencias de la Mesa previstas en nuestro informe. Esta propuesta está sobre el tapete y sólo cobrará interés si consigue la adhesión de los dos grandes Grupos.
En sus artículos 162 y 163, nuestro Reglamento no sólo prevé modificaciones, sino también modalidades de aplicación y de enfoque en caso de que, por ejemplo, se tratara de ridiculizar las propuestas sacando a relucir el famoso problema de la invitación a tomar café, que ya no se podría aceptar. Mejor será no entrar esta tarde en este debate.
Si para unas personas nuestras propuestas son tímidas y para otras son excesivas, será porque corresponden, sin duda, a un punto intermedio. Por lo tanto, quisiera apelar a la responsabilidad de esta Asamblea. Si no conseguimos una salida positiva, la imagen de nuestro Parlamento se verá enormemente dañada. Por este motivo querría ir más allá de los resquemores y forcejeos entre los Grupos políticos. ¡Desearía, sobre todo, que en la votación de mañana todo miembro de esta Asamblea tenga al menos la valentía de no abstenerse!

Ford
Señor Presidente, como acaba de manifestar mi cómplice, el Sr. Nordmann, ¡una vez más tenemos sobre la mesa los informes Ford y Nordmann! Vuelven a este mismo escenario después de que el Parlamento fuera incapaz de tomar una decisión el pasado mes de enero. Esta vez estamos todos de acuerdo en que no podemos permitirnos un nuevo fracaso. Ahora estamos bajo el control de los medios de comunicación -que hacen muy bien en controlarnos- y, lo que es aún más importante, a través de dichos medios también nos controlan los ciudadanos de Europa, que desean un Parlamento que no sólo funcione bien, sino que también pueda demostrarlo.
Permítanme aclarar que no necesitamos estos informes porque haya habido escándalos en este Parlamento. No hay responsabilidades económicas que esclarecer ni nada parecido, como ocurre en el Reino Unido. Quizá lo único extraño sea la resolución relativa a los viajes, pero lo peor que se puede imputar en este caso es que el 98 % o más de los diputados a este Parlamento actúan de manera absolutamente correcta y ajustada a las normas.
Lo que ha ocurrido es que esta institución ha evolucionado desde las primeras elecciones directas, allá por 1979, cuando celebrábamos con cierto entusiasmo el que pudiéramos ser un foro abierto de discusión, hasta convertirse en el brazo legislativo de la Unión Europea, que complementa y asiste a la Comisión y al Consejo en la elaboración de los diversos instrumentos jurídicos. Gracias al Acta Única y al Tratado de Maastricht, este Parlamento está investido de verdadero poder en una serie de ámbitos: medio ambiente, investigación y asuntos sociales. Como todos sabemos, La Comisión acepta, total o parcialmente, la mayoría de nuestras enmiendas -el 80 % según se me ha informado-. Como resultado de esta mayor influencia del Parlamento, cada día atraemos a más grupos de interés.
En absoluto pretendemos frenar este proceso. Es nuestra obligación, como diputados a este Parlamento, entablar el diálogo y escuchar los puntos de vista de los representantes de los consumidores y los productores, de los empresarios y los trabajadores, y de los grupos de interés relacionados con el medio ambiente o con cualquier otro asunto de importancia para la opinión pública. Estamos aquí para escuchar a estas personas, pero debemos garantizar que el diálogo se establezca con transparencia y siempre de manera imparcial.
El informe que les presento es muy sencillo. Se trata de un marco normativo para establecer un registro de los representantes de los grupos de interés. Se basa en las disposiciones aprobadas por este Parlamento el pasado mes de enero, ya que, como ustedes recordarán, mi informe fue sometido a votación y aprobado en su mayor parte. Por tanto, no encuentro motivo alguno para no aprobarlo. Antes bien, si el Parlamento no es capaz de aprobar mi informe y el del Sr. Nordmann, entonces me parece que estaremos desacreditando a esta institución, puesto que, sin estos informes, no tendrán ningún sentido los informes de seguimiento que ya ha solicitado la Conferencia de Presidentes a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades.
Como saben los miembros de la Comisión de Reglamento, nos hemos comprometido a preparar los correspondientes informes de los grupos de interés, en los que, supongo, estableceremos los criterios de identificación pertinentes, que incluirán una lista pública de todos los diputados y un informe anual de los ingresos percibidos de fuentes ajenas a este Parlamento. Será necesario también elaborar un informe sobre los asistentes para establecer una distinción entre los que trabajan para uno o varios diputados en horario de jornada completa y los asistentes más esporádicos, colaboradores podríamos decir, que combinan el trabajo para el Parlamento con el trabajo para los llamados genéricamente grupos de interés, que incluyen desde las asociaciones profesionales hasta las organizaciones de voluntariado. Está pendiente además la elaboración de un código de conducta de dichos representantes. Confío en que este código censure el acoso a los diputados, como cuando se solicitan los votos puerta a puerta en las elecciones británicas, persiguiéndoles por las calles y llamando insistentemente a sus domicilios y, francamente, que acabe con la hostigación de organizaciones como la Resistencia Nacional Iraní que no están dispuestas a aceptar un no por respuesta.
En relación con el informe Nordmann, debo decir que cuenta con nuestro apoyo. En primer lugar, deja meridianamente claro que el registro será de carácter público, sin ningún tipo de código oculto, que no habrá posibilidad de declaraciones de bienes en sobres sellados y que lo que no se declare no será aceptable bajo ningún concepto. Todo se hará públicamente y con absoluta transparencia. Prevé además que la Mesa del Parlamento sea la que se encargue de interpretar cualquier punto que pudiera suscitar controversia.
Espero que mañana contemos con el apoyo de la amplia mayoría de esta Asamblea, tanto para mi informe como para el del Sr Nordmann. Si pretendemos que esta institución revista una verdadera seriedad, si pretendemos que ostente más poder -y yo me declaro abiertamente a favor de ello-, no debemos preocuparnos sólo de que las cosas funcionen bien, también de demostrarlo.

Gil-Robles Gil-Delgado
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, en una opinión aprobada por unanimidad, se pronuncia a favor de una regulación de las actividades de los grupos de presión -o de representación de interesespartiendo de las bases que voy a recordar.
Hay que subrayar que esos grupos completan el papel fundamental de mediación y representación política que realizan los partidos, facilitando información a los parlamentarios y contribuyendo al acercamiento entre los ciudadanos europeos y el Parlamento. Por tanto, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo no tiene una actitud peyorativa frente a esos grupos, que contribuyen al diálogo al que se refería el Sr. Ford, pero sí destaca que una mayor transparencia sobre las actividades de esos grupos es indispensable para que su contribución sea verdaderamente positiva.
Insiste, asimismo, en la necesidad de facilitar la actuación de los grupos que no tienen fines lucrativos, porque entiende que ello deriva no sólo de la igualdad de oportunidades, sino de la conveniencia de que estos grupos tengan una acción en esta Asamblea. Preconiza un enfoque gradual del problema, es decir, comenzar estableciendo ciertas normas básicas de conducta, identificación y circulación que faciliten el desarrollo de la actividad del Parlamento, de sus diputados y funcionarios y garanticen una actuación responsable de los propios grupos. A ese enfoque responde el informe que hoy presenta el Sr. Ford, al que felicito por haber llegado a un resultado que permitirá dar los primeros pasos de un largo camino, es decir, organizar el registro de personas físicas y jurídicas a que él se refería, que será las que hayan de tener acceso permanente al Parlamento Europeo con objeto de informar a los diputados, y someterlas a un código de conducta. Se pide a la Comisión de Reglamento que redacte dicho código de conducta, para que tenga vigencia al mismo tiempo que entre en vigor este nuevo texto. Con ello, el ejercicio de su actividad estará sujeto a normas responsables y serias.
La Comisión de Asuntos Sociales también es favorable a que la transparencia de los intereses financieros de los diputados se regulen en un informe específico: es el informe del Sr. Nordmann, que también por segunda vez se debate hoy en el Pleno de nuestra Asamblea. Ambos informes deben ser aprobados, pues reflejan adecuadamente las posiciones de la Comisión de Asuntos Sociales que he expresado como ponente, con el convencimiento profundo de que el Parlamento Europeo ha de dar ese paso adelante en el camino de la claridad y de la transparencia.
Diré más, me parece una decisión inaplazable. Todos hemos hecho un gran esfuerzo en la búsqueda de fórmulas capaces de aunar un amplio consenso. Es necesario aplicarlas. El tiempo nos dirá si son adecuadas o hay que mejorarlas. Como todas las normas, probablemente requerirán complementos -a alguno se ha referido hace unos momentos el Sr. Ford-, requerirán mejoras, requerirán adaptaciones. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental, señor Presidente, ahora es echar a andar por este camino que es el de la credibilidad de este Parlamento, que es también el de su autoridad moral.

Chanterie
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores quiero recordar que las actividades de los grupos de presión en torno a las instituciones europeas ha aumentado enormemente en los últimos años. Se dice que entre 3.000 y 10.000 grupos de presión rondan las instituciones europeas en Bruselas. Es evidente que han proliferado por la falta de reglas, y por consiguiente mi comisión considera que es muy necesaria una reglamentación. En nombre de la comisión quiero dar las gracias al ponente, Sr. Ford, por las soluciones que ofrece y por los esfuerzos realizados. El segundo informe Ford cumple los objetivos propuestos por nuestra comisión y tiene en cuenta los criterios que hemos indicado.
Los grupos de interés tienen que inscribirse en un registro público. Los grupos de interés tienen que cumplir un código de conducta. Los grupos de interés tienen que llevar consigo una tarjeta de acceso nominativa. Quiero hacer tres observaciones al respecto.
En primer lugar, naturalmente el remate de esta reglamentación es la elaboración de un código de conducta. Este tendrá que realizarse rápidamente, pues de lo contrario esta reglamentación no podrá iniciarse. Por consiguiente, creo que nuestro objetivo tendría que ser decidir al respecto antes de finales del presente año, es decir, antes de finales de 1996.
En segundo lugar, esta reglamentación depende de la viabilidad práctica y el carácter vinculante de las medidas, y también del control de su ejecución. Se trata de tres elementos que habrán de organizarse en este Parlamento.
En tercer lugar, es imperativo que se elabore un estatuto para los asistentes parlamentarios, pero cabe preguntarse si es oportuno incluirlo en esta cuestión. Creo que hemos de volver a considerarlo.
Ahora quiero pasar al informe Nordmann. La propuesta de Reglamento sobre la transparencia en materia de intereses económicos de los diputados es, a mi entender, un buen compromiso, y quiero felicitar por ella al Sr. Nordmann. Apoyo plenamente este compromiso. Para mí, en efecto, es esencial que los parlamentarios europeos ofrezcan claridad sobre sus actividades profesionales y sobre todas las funciones para las que son remunerados. En segundo lugar, es necesario que los diputados renuncien a los regalos o privilegios mientras dure su mandato. En tercer lugar, es absolutamente necesario que todo ello se consigne con precisión en un registro.
Y luego la cuestión de la declaración del patrimonio. En espera de que se promulgue un estatuto del diputado igual para todos los diputados al Parlamento Europeo, pienso que hemos de permitir que la declaración del patrimonio se realice según las normas nacionales. Lo curioso es que el Consejo de Estado belga ha expresado otra opinión al respecto. Pero espero que la futura ley belga lo haga posible. Personalmente declararé de acuerdo con la futura ley belga.
Al igual que los anteriores oradores quiero señalar que ha llegado la hora de la verdad para el Parlamento Europeo. No podemos permitirnos un segundo aplazamiento. Ahora tenemos la ocasión de demostrar claramente a la población europea que no participamos en las prácticas corruptas y también que, como diputados, queremos defender el interés general y no el interés de los grupos de presión.
Algunos consideran que no todo está listo hasta en los últimos detalles. Sin embargo, esta no puede ser razón para votar en contra. Lo principal no es una norma para recibir un ramo de flores o una botella de vino, lo principal es que todo lo demás está regulado en estos informes que ahora examinamos.

Metten
Señor Presidente, por fin, después de que hayan transcurrido siete años desde que hice la primera propuesta a la Mesa del Parlamento, parece que tendremos un registro oficial y un código de conducta para los grupos de interés. Sin embargo, el informe Ford, tal como está ahora, no es mucho más que un marco de referencia. El código de conducta ha de complementarse más en un nuevo informe, pero eso no es ningún desastre, pues mientras tanto puede seguir utilizándose el registro/código de conducta oficioso establecido por los cuestores para los grupos de interés.
El informe que aún ha de elaborarse sobre el código de conducta ha de hacer más estricta la base jurídica existente. A mi entender tiene que señalar por lo menos qué conductas son aceptables y cuáles no los son para un grupo de interés, teniendo en cuenta que la presión excesiva, vinculada o no a incentivos materiales, ha de ser tabú. Además ha de incluirse un deber de justificación de los grupos de interés en forma de informe anual a entregar antes de que se les renueve la tarjeta de acceso, en el que se mencione por lo menos a quién se presiona, por qué y haciendo uso de qué medios, entre otros, económicos.
Aunque también habrá que elaborar un informe específico sobre los asistentes y sobre los intergrupos, en este punto ya se han regulado ciertas cosas. Los asistentes registrados han de declarar por lo menos sus actividades adicionales, por ejemplo como grupo de interés, y otros asistentes serán considerados de cualquier forma grupos de interés y tendrán que registrarse como tales y someterse al código de conducta. Por desgracia se trata de una exigencia realista, pues resulta que un número desconocido de asistentes es pagado por los grupos de interés. Personalmente no lo considero positivo, pero hacerlo visible puede -en cualquier casocontribuir a limitarlo.
En cuanto a los intergrupos parlamentarios, por decisión de los presidentes de Grupo se ha determinado que cada intergrupo ha de declarar si existen fuentes económicas externas y qué diputados de por lo menos tres Grupos patrocinan los intergrupos. La publicidad que ello supondría es útil, porque los intergrupos están degenerando en una especie de grupo de presión institucionalizado dentro del Parlamento. Por desgracia, he podido observar que el registro todavía no funciona tal como habían acordado los presidentes de Grupos. Por consiguiente, es preciso realizar una mejora.
Estamos muy satisfechos con el informe Nordmann en su versión actual. En primer lugar, el registro de los intereses adicionales de los diputados se hará público sin añadiduras que luego socaven la publicidad. En segundo lugar, tendrá que actualizarse cada año en lugar de ponerlo a dormir el sueño de los justos. Pero lo más importante es naturalmente el contenido del registro. En él habrán de registrarse todas las funciones o actividades remuneradas y todo apoyo económico, en personal o en material, prestado por terceros.
Por último, todos los demás regalos o privilegios quedan prohibidos. Con ello el Parlamento Europeo elimina de un solo golpe una regulación floja y poco satisfactoria sobre los intereses de los diputados hasta convertirla en una de las más drásticas de cualquier parlamento. Esta me parece una buena base para limpiar nuestro nombre y también para hacer más estrictas las reglas para otros colaboradores y terceras personas.

Donnelly, Brendan
Señor Presidente, empezaré expresando mis más sinceras felicitaciones a los dos ponentes, no sólo por el excelente trabajo que ambos han realizado, sino principalmente por la paciencia y tenacidad con que lo han sacado adelante. A veces tengo la impresión de que, en asuntos delicados como es el tema que nos ocupa, el Parlamento moviliza 626 ponentes para los informes que proceden de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. Aunque las aportaciones externas son siempre enriquecedoras y bien recibidas, dificultan algo más el que se pueda llegar a un consenso. Con todo, tengo plena confianza en que mañana veremos el final de este proceso especialmente largo y considero que redundará en el buen crédito de todos cuantos han participado en él.
Me referiré en primer lugar al informe del Sr. Ford y no dudo de que en absoluto se sienta él ofendido si lo califico del menos controvertido de los dos informes. Se trata en definitiva, como él mismo ha expresado, de una recapitulación algo retocada de aspectos que ya han sido sometidos a votación anteriormente este mismo año y que han sido la base de lo que habremos de votar mañana. Los populares europeos tenemos, no obstante, alguna reticencia respecto a lo adecuado de incluir a los asistentes en este informe. Empero, para llevar por fin este asunto a buen puerto, votaremos a favor del informe Ford en su totalidad. Con todo, queremos señalar que el Sr. Janssen van Raay va a elaborar un informe aparte para la Comisión de Reglamento, precisamente sobre el tema de los asistentes. Esperamos con verdadero interés el contenido del mismo.
Respecto al informe del Sr. Nordmann, empezaré por subrayar que, tal como él mismo ha dicho, se ha limitado a transcribir y redactar con fidelidad y honradez las conclusiones del grupo de trabajo constituido por la Conferencia de Presidentes. Aunque sólo fuera por esa razón, este informe merece sin duda ser aprobado en la votación de mañana. Yo personalmente le daré mi voto a favor sin enmiendas, aun cuando he presentado una. Quisiera exponer brevemente las razones que me han llevado a ello.
El punto que me ha despertado cierta preocupación, al igual que a otros colegas del Grupo del Partido Popular Europeo, ha sido concretamente la redacción del Sr. Nordmann en el siguiente párrafo: »Los diputados se abstendrán de recibir cualquier otro tipo de donación o liberalidad en el ejercicio de su mandato». Me preocupan la imprecisión de este párrafo y las diferentes interpretaciones a que puede dar lugar. He comentado el asunto individualmente con determinados colegas y, para algunos de ellos, podría entenderse como donación y, por tanto, inaceptable, el regalo de un libro que un diputado pudiera hacer a otro por haber hablado en su lugar en alguna ocasión. Para otros, la interpretación sería distinta: »el libro no podría entenderse como una donación, sino simplemente como un detalle de cortesía hacia un colega del Parlamento.» No me parece que esta situación de ambivalencia sea deseable. Entiendo que hay dos maneras de atajar este problema, siendo una de ellas la que ya ha mencionado el Sr. Nordmann: una enmienda de compromiso solicitando a la Mesa del Parlamento que establezca las directrices para interpretar de forma unívoca esta prohibición. Si esta solución cuenta con un respaldo masivo, estaré dispuesto a retirar mi enmienda, en la que proponía como solución que se consideraran inaceptables únicamente las donaciones que pudieran comprometer la independencia del diputado. Dos maneras de atajar un mismo problema. No obstante, repito que, incluso sin enmiendas, yo personalmente votaré mañana a favor del informe Nordmann, pero creo que sería más claro y preciso si encontráramos una redacción más concreta para lo que quiere decir el informe.
Para terminar, unas palabras sobre la transparencia. Estoy de acuerdo con el Sr. Ford en que la inmensa mayoría de los diputados a este Parlamento hacen gala, conscientemente, de una conducta honorable, y en que lo importante es convencer de esto al electorado europeo, demostrarles claramente que así es. Sé que no hay cadáveres escondidos en el armario ni terribles secretos que deban ser protegidos. Pero sí hay razones para que este Parlamento le exija transparencia al Consejo. Creemos que el Consejo tiene la obligación de demostrar que actúa con justicia y de forma constructiva. No sugerimos con esta exigencia que deba acusarse al Consejo de corrupción. Destacamos simplemente que la transparencia de esta institución es algo que debe estar absolutamente claro a los ojos de los electores de Europa. Y lo que es pertinente para el Consejo, lo es también para el Parlamento. Esta es la razón por la que tanto mi Grupo como yo personalmente apoyamos la filosofía que subyace al Informe Nordmann.
Una última reflexión, si se me permite. Oscar Wilde dijo en cierta ocasión que, cuando dos personas tenían la misma opinión, al menos una de las dos era superflua. Yo comparto el punto de vista y las opiniones del Sr. Nordmann y espero sinceramente que a ninguno de los dos se nos pueda tildar de superfluos, antes bien le deseo lo mejor en la votación de mañana y tengo plena confianza en que obtendrá la mayoría que se merece.

Aelvoet
Señor Presidente, nunca hemos ocultado que considerábamos insuficiente el denominado consenso, que a la postre parece no haber sido completo, sobre la transparencia. Pensábamos que la base tenía que ser que, si se quiere un control político sobre el hecho de que un mandato político no se utilice para el enriquecimiento personal, entonces es preciso disponer de dos datos. En primer lugar, que anualmente se declaren, además de los ingresos como diputado, los ingresos obtenidos por otras funciones o actividades. En segundo lugar, una relación clara del patrimonio del que se dispone. En el informe que ahora debatimos, se declaran las actividades, las funciones, etc., pero no se indican los importes en cuestión. Para la declaración del patrimonio se remite a la legislación nacional, pero sabemos que trece de los quince miembros de la UE no han regulado nada legalmente en relación con la declaración del patrimonio de los diputados al Parlamento Europeo. Esto significa que habrá un aplazamiento y que no se hará nada al respecto. En cuanto a los regalos y los privilegios, el texto original dice que están prohibidos sin más. Espero que esto siga así y que se vote en contra de la enmienda del PPE.
Pero, además de los regalos y privilegios prohibidos, la segunda versión del informe Nordmann crea una nueva categoría de ingresos, que no se preveía en la primera versión, concretamente la del apoyo económico en personal o en material prestado por terceros para las actividades políticas. ¿Quién, señoras y señores, diferencia si se trata de un regalo o de apoyo financiero? ¿Quién lo diferencia? En lo que a esto respecta, consideramos que se ofrece una posibilidad clara, una ambigüedad que permite que se puedan recibir recursos económicos, en personal o en material de terceros. Lo consideramos inaceptable.
En lo que respecta al informe Ford, está claro que el informe en su versión actual no es más que un marco. Un marco en el que se describen las relaciones entre grupos de interés y el Parlamento en general. Estamos de acuerdo en apoyar este informe, porque en el texto se prevé expresamente que ha de aprobarse un código de conducta para los grupos de interés en esta legislatura, la legislatura no se menciona, pero no sería digno del Parlamento que no se elaborara un código de conducta en la presente legislatura.
En segundo lugar, hemos podido constatar en las intervenciones de diferentes diputados -y lo mismo sucedió en la comisión- que existe una voluntad política de lograr una reglamentación en relación con los asistentes y en relación con los intergrupos. Si se regulan eficazmente estas cuestiones en la presente legislatura, el informe Ford será un primer punto de partida que puede contar con nuestro apoyo.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, el Grupo Europa de las Naciones votará a favor del informe Ford, que regula las actividades de las personas y de los grupos exteriores al Parlamento y que no plantea mayores problemas.
El informe Nordmann, que se refiere a los propios diputados, nos parece en cambio muy insuficiente por dos motivos. El primero está relacionado con el hecho de que para nosotros no hay donación, liberalidad, apoyo financiero en personal o en material que puedan aceptar los diputados europeos en el marco de su mandato. Efectivamente, ¿cómo seguir siendo independiente, cómo pretender luchar contra la corrupción cuando uno se está beneficiando de prebendas, obviamente interesadas? Se plantea aquí una cuestión ética, para nosotros fundamental, y no podemos aceptar que se toleren algunas donaciones o gratificaciones o que se admitan apoyos financieros.
El segundo motivo de nuestra insatisfacción radica en la absoluta falta de obligación real de declaración de patrimonio. La enmienda nº 3 prevé, en efecto, que mientras no exista un estatuto de diputado europeo -lo que equivale a dejarlo para las calendas griegas-, los diputados estarán sujetos, en materia de declaración patrimonial, a las obligaciones que apliquen las legislaciones de los Estados miembros en los que han sido elegidos.
Qué duda cabe de que mi Grupo, que con frecuencia tiene ocasión de recordar que la construcción de Europa debe llevarse a cabo sin negar la realidad de las naciones, podría contentarse con constatar -por una vez y sin que sirva de precedente- que las que deben aplicarse en este caso son las legislaciones nacionales. Pero, ¿cómo no denunciar la hipocresía de dicha formulación que, en realidad, traduce una singular ausencia de valentía? Escribir esto o no escribir nada en absoluto es exactamente lo mismo. En este caso concreto, nuestro Reglamento hubiera podido fácilmente ir más allá de las disposiciones establecidas en cada uno de nuestros Estados miembros.
Como se dice con mucha razón en la página 19 del Anexo al segundo informe Nordmann, la filosofía de estas disposiciones, aprobadas por los Estados miembros, tiene por objeto garantizar la posibilidad de valorar la evolución de la situación patrimonial de los diputados entre el momento en que acceden a cargos electos y el momento en que cesan en sus funciones, comprobando que en el transcurso de su mandato no se han beneficiado de un enriquecimiento anormal gracias al cargo que han ostentado.
Deberíamos inspirarnos en esta filosofía, en la que se inspiró el primer informe Nordmann y en la que también se inspiró el grupo de trabajo.
Señor Presidente, a menudo hacemos declaraciones para apaciguar los ánimos, pero pocas veces pasamos a los actos. Este es el desafío que se nos plantea en este nuevo debate relativo a los intereses financieros. El informe Nordmann, en su actual versión consensuada, no da respuesta a dicho desafío. Nuestro Grupo, por su parte, sí está dispuesto a hacerlo.

Vecchi
Señor Presidente, las modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo propuestas por los dos informes sometidos hoy a debate responden fundamentalmente al objetivo de garantizar la necesaria transparencia tanto de las actividades de los diputados como de los que ejercen actividades relacionadas con dichos diputados, es decir, los grupos de representación de intereses y los asistentes.
Por lo que se refiere a los diputados -ya lo mencionaron otros colegas- en el fondo, se introducen la obligación de declarar todas las posibles fuentes de financiación de las actividades políticas realizadas y la prohibición de aceptar todos aquellos donativos tendentes, de hecho, a condicionar la acción y las posiciones de un diputado. En cuanto a los llamados lobbies, se establece la obligación de su inscripción en un registro especial, la sujeción a un código de conducta y la obligación de darse a conocer a través de una tarjeta de acceso que deberá exhibirse permanentemente durante la presencia en los locales del Parlamento.
Éste es el tema sometido a debate. Al respecto, las preguntas que debemos hacernos son dos: ¿estas nuevas normas son positivas o no?, ¿son suficientes o no? Mi respuesta a la primera pregunta es evidentemente positiva. A pesar de las dificultades que representa la coexistencia de diferentes normas penales y fiscales en cada Estado miembro, el Parlamento Europeo se sitúa a la vanguardia en fijar reglas de transparencia que establecen normas de conducta, como la prohibición de aceptar regalos, a fin de aumentar la confianza de los ciudadanos respecto a los representantes que eligieron. Sin embargo, según nuestro parecer, estas nuevas normas no pueden considerarse suficientes, sino sólo un primer paso hacia un más global y coherente conjunto de disposiciones en esta materia. Sabemos que la oposición de una parte de los Grupos de este Parlamento impidió, sobre todo en lo referente a las normas relativas a los grupos de interés y a los diputados, establecer, por el momento, reglas más restrictivas. Por desgracia, es necesario tomar nota de ello e intentar remediar en el futuro esta situación. A dicho fin, hace falta, sin embargo, aprobar hoy las disposiciones respecto a las que es posible alcanzar la necesaria mayoría cualificada de los diputados. A nuestro juicio, los informes de los Sres. Ford y Nordmann, tal como fueron aprobados por la Comisión de Reglamento, representan un marco que, habida cuenta de las premisas, es suficiente y satisfactorio. Por consiguiente, creo oportuno que mañana se rechacen en este Parlamento todas las enmiendas tendentes a modificar o a desvirtuar estos dos reglamentos que, en consecuencia, podrán ser por fin aprobados, lo que va a suponer una señal importante tanto dentro de la Institución como, sobre todo, para nuestros electores y para la opinión pública.

Rack
Señor Presidente, Señorías, el 13 de octubre tendrán lugar en Austria las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Con este motivo se ha iniciado en mi país un debate sobre la efectividad del Parlamento y de los diputados y sobre quién ha obtenido más y quién menos en la Unión Europea. Está bien que así sea.
En Austria también se debate cómo se paga a los diputados y quién les paga. Esto también constituye, permítanme decirlo con toda claridad, un tema de debate legítimo. Como dice con razón un viejo refrán, »el que paga manda». Vistas así las cosas, la transparencia financiera es un tema importante cuando los ciudadanos se preguntan quién representa mejor sus intereses.
En los dos informes que se debaten hoy se tratan soluciones que deben garantizar a los ciudadanos la transparencia financiera necesaria. Ambos han sido objeto de una larga preparación, como ya se ha comentado. Permítanme precisar al respecto, una vez más, que ha habido razones objetivas de peso para las dificultades experimentadas al elaborar estos dos informes. Las diferentes tradiciones jurídicas de los 15 Estados han hecho casi imposible incluir en una solución común al número de diputados necesario. Ahora contamos con tal solución conjunta. Es todo menos perfecta. Y no porque su núcleo plantee problemas, sino porque sus márgenes siguen presentando problemas de delimitación.
Esperamos que la práctica futura pueda, a partir de éste trabajoso compromiso, elaborar soluciones satisfactorias, fiscalizables y transparentes. Esperamos también que en las próximas semanas en Austria, en Finlandia, donde también habrá elecciones, y en toda la Unión se mida el trabajo de los diputados de esta Asamblea no sólo con escalas financieras, sino con la unidad de medida más importante para el ciudadano: ¿quién representa mejor sus intereses?

Moretti
Señor Presidente, tras las muchas reticencias de numerosos colegas, por fin, han llegado a este Pleno los informes Nordmann y Ford, que dictan reglas de conducta y valorizan mayormente el trabajo y el papel de los diputados europeos. Coincido con los informes que se fijan como objetivo la claridad y la transparencia del hombre político en el cumplimiento de sus funciones y considero que deben apoyarse y, tal vez, enmendarse para mejorar su claridad interpretativa. Estoy a favor de la propuesta de crear un registro público en el que figuren los intereses financieros y el patrimonio y considero que lo que resulta de ciertas enmiendas dudosas, o sea el hecho que dicho instrumento de transparencia pueda ser utilizado por malintencionados, no es una buena premisa para demostrar a la opinión pública nuestra buena voluntad y la rectitud de un cometido. Desde hace demasiado tiempo, los ciudadanos espera de nosotros los políticos señales concretas. Por lo que nos atañe, es a través de estas pequeñas exigencias que lograremos reconstruir con seriedad nuestra correcta imagen política, ofuscada a menudo por colegas corruptos o malintencionados pertenecientes a este Parlamento o a otras Instituciones.
Considero que el perfeccionamiento del artículo 9 del Reglamento y de sus disposiciones de aplicación debe ser lo más claro posible y que estos informes alcancen el objetivo de forma efectiva. Por consiguiente, deseo recalcar la exigencia de dotarnos cuanto antes de un articulado estatuto de diputado europeo. Evidentemente, si tenemos en cuenta el tiempo empleado para presentar estos informes al Pleno, no me hago muchas ilusiones de que dicho estatuto pueda elaborarse a corto plazo. Si queremos que las nuevas generaciones consideren el papel de los diputados como un compromiso socialmente importante y a imitar, tenemos que dar ejemplo ya desde ahora votando a favor de estos informes. Comparto plenamente la propuesta formulada por mi Grupo de manifestar voto favorable al respecto a través de votación nominal.

Sjöstedt
Señor Presidente, el tema que debatimos hoy trata en el fondo sobre nuestra credibilidad como parlamentarios. Hemos sido elegidos para representar a nuestros electores. Es central que actuemos con nuestro electorado como punto de partida y con nuestros programas políticos y nuestras propias convicciones como instrumentos. Si dejamos que otros nos influyan o incluso decidan el modo en que hemos de actuar, estamos corrompiendo el espíritu que debe inspirar nuestra misión. Esto es igualmente cierto en caso de que dejásemos que el interés económico guiase nuestras acciones. Para poder resultar fiable en estas cuestiones, dos cosas son necesarias: La primera es la transparencia. Nuestra situación económica debe justificarse cara al público. Y los grupos de presión que deseen convencernos también deben actuar públicamente. La segunda es que las donaciones económicas de estos grupos, ya sean en concepto de material o directamente a los empleados, no pueden aceptarse.
Con estos principios como punto de partida, lo que proponen los informes Ford y Nordmann es decepcionante. En el informe Ford no se incluye la cuestión vital de las donaciones de los grupos de presión. Esto no es correcto. Debería dejarse claro que, para que los grupos tengan acceso al Parlamento deben garantizar que no van a dar donaciones. Hemos presentado una enmienda que incluye este punto.
También el informe Nordmann presenta serios fallos. En la práctica, el informe propone que se legalice el hecho de que los grupos contribuyan a financiar los empleados y el equipamiento de los diputados parlamentarios. Esto es inaceptable e incompatible con nuestra independencia como diputados. Además, ya se nos conceden unas compensaciones generosas precisamente para cubrir estos gastos.
Aún más injusta es la enmienda que procede del grupo PPE, que liberaliza las donaciones a los diputados a condición de que quede claro que no pueden influirlos a la hora de votar. Pero si es precisamente para influir en las votaciones que se dan donaciones.
Para hacer frente a estos fallos hemos presentado una enmienda que presupone que los diputados se comprometan a no aceptar donaciones, ya sea destinadas a ellos mismos o a su cancillería. Además, hemos propuesto que se hagan públicos los pagos de la caja parlamentaria. Esto es para prevenir posibles fraudes con las compensaciones en concepto de desplazamientos. Si la propuesta no se modifica en la dirección apuntada, nos resultará imposible a mí y a otros muchos votar a favor.

Hautala
Señor Presidente, nos resulta realmente muy difícil desempeñar nuestra labor parlamentaria si no logramos imprimir transparencia a las prestaciones económicas de que disfrutamos. Además, representa un problema muy serio el hecho de que el Parlamento Europeo acceda gustosamente a abordar el tema de la transparencia y exija este principio al resto de las instituciones, mientras que se hace la vista gorda en este punto. El peor problema de la nueva propuesta presentada por el señor Nordmann reside en el hecho de que lo único que hace es aumentar el grado de interpretación de las propuestas. De todo ello se puede deducir que, con toda probabilidad, no será posible la aplicación de estas propuestas ni siquiera en la medida recogida en el texto. Por ejemplo, la propuesta contempla una división según la cual, por una parte, los donativos y los servicios se clasifican de manera artificiosa en distintas categorías, mientras que, por la otra, las ayudas económicas recibidas para desarrollar actividades se enmarcan en una categoría propia. Esta es una división artificial que dificulta las labores de control. Por otro lado, resulta obvio que no parece que vaya a existir a corto plazo una normativa indicativa que permita la declaración por parte de los diputados de sus bienes. A este respecto, tal como ya ha señalado la señora Aelvoet, únicamente en dos Estados miembros existe algún tipo de legislación sobre declaración de bienes, por lo que el señor Nordmann no presta ninguna importancia a este punto en su informe.

Bonde
Señor Presidente y compatriota, el cargo que se consigue por sufragio universal es un cargo de confianza, no un servicio que esté a la venta al mejor postor, y el trabajo ha de ser pagado por el pueblo. Estamos aquí porque unos electores han puesto una cruz al lado de nuestros nombres, y debemos cumplir con la confianza que nos han demostrado y trabajar abiertamente y con transparencia para que puedan valorar si han elegido bien o si deben mejorar su elección la próxima vez. Al presentarnos, nos declaramos dispuestos a trabajar por la remuneración establecida y, si tenemos otras actividades remuneradas, hemos de declarar los ingresos, para que los electores sepan qué les damos a cambio de su dinero y qué otros intereses representamos. Los regalos de empresas y organizaciones de interés no son compatibles con un cargo público. Debe ser indignante para cualquiera ver cómo los regalos son legalizados ahora mediante una modificación del Reglamento que la mayoría propone aprobar. Con todo, hay progresos: habrá transparencia sobre lo inadmisible. Solicitamos una votación por separado, para que podamos votar a favor de la transparencia y en contra de las donaciones. Es especialmente interesante que los demócratas cristianos sean capaces de distinguir entre los regalos que influyen en las votaciones y regalos que no. Es posible que se pueda medir la influencia en el caso de los regalos en forma de alcohol, pero ¿cómo es posible valorar si 15 días en una playa turca influyen en las votaciones sobre la tortura en una cárcel turca? Una estancia de 15 días en una cárcel turca causaría seguramente mayor impresión, pero no creo que pudiese considerarse un regalo.
El Movimiento de Junio propone que se prohíban las donaciones y que se entregue en la biblioteca una copia de cualquier petición de los grupos de presión, para que haya transparencia sobre las peticiones a los diputados. Es admisible que la industria tabaquera defienda el consumo de tabaco, pero la organización de lucha contra el cáncer debe tener acceso a estos argumentos para poder documentar los posibles daños ulteriores para la salud derivados de los anuncios de tabaco. La falta de transparencia y la práctica de la presión es una mezcla peligrosa, mientras que la transparencia y la presión multilateral son una condición para una legislación razonada.

Iivari
Señor Presidente, los informes que ahora se someten a debate sobre las normas relativas a los grupos de interés y a las prestaciones económicas de los diputados del Parlamento Europeo tienen como objetivo lograr una regulación que debería ser obvia. Las actividades de los denominados «lobbies» han de ser transparentes y estar sometidas a control. Del mismo modo, resulta también oportuno elaborar una relación de las posibles conexiones de orden económico de los diputados. Hay que adoptar un punto de partida tan natural como el hecho de que no debe estar permitido a los diputados aceptar donativos ni servicios durante el desempeño de sus cargos. Deseo vehementemente que el Pleno del Parlamento sea capaz de aprobar los informes Ford y Nordmann en su formulación original. El rechazo a cualquiera de estos informes pondría de manifiesto nuestra incapacidad para establecer unas reglas de juego comunes. Al mismo tiempo, crearía dudas sobre aquellos diputados para los que no sería necesario establecer ninguna normativa. Creo que la mayor parte de los miembros del Parlamento cumplirá su labor de un modo consecuente desde un punto de vista moral.
Las cuestiones relativas a las reglas del juego y la transparencia de la política son importantes para la actividad democrática. Igual importancia reviste la medida en que somos capaces de establecer el adecuado diálogo con los ciudadanos en las difíciles condiciones actuales. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cuál es el concepto del mundo que tiene sus candidatos y de qué manera éstos procuran buscar soluciones a los principales problemas. El mundo ha sufrido una transformación que no permite ya, por ejemplo, adivinar completamente el orden de valores de los políticos atendiendo a su adscripción en un determinado partido político. En numerosos asuntos de importancia, las diferencias se delimitan en el interior de los partidos.
Ahora que, así lo esperamos, vamos a poder olvidarnos, al menos por algún tiempo, de estas cuestiones relacionadas con los grupos de interés y las prestaciones económicas de los diputados, podremos tal vez dedicarnos a reflexionar cómo desarrollar un auténtico dialogo con los ciudadanos en Europa. Sería deseable contar también en este tema con la participación de los medios de comunicación, que tan atentamente están siguiendo el desarrollo de este debate sobre los informes Ford y Nordmann.

Thyssen
Señor Presidente, por lo visto no resulta tan sencillo cortar por lo sano en materias como la presente. Espero y confío en que mañana lo logremos. Para los grupos de interés se ha encontrado una solución aceptable a condición de que el código de conducta sea bueno, que se aplique pronto y que se cumpla. Sólo considero errónea la inclusión de los asistentes en el informe sobre grupos de interés. La asociación de asistentes exige con razón que se borre este pasaje del informe Ford. Los asistentes son nuestros colaboradores personales y tienen derecho a contar con una reglamentación específica. Finalmente, en lo que respecta a nuestra deontología, acepto todas las soluciones que garantizan la transparencia, la seguridad jurídica y la intimidad. En el caso de que se apruebe la enmienda nº 3, repito el llamamiento que hice en enero: los diputados que no estén sujetos a las obligaciones de sus compañeros nacionales han de ocuparse de no caer en un vacío. Han de ser justos y someterse al estatuto de sus compañeros nacionales. Entre otros, este es el caso, y de momento necesario, con respecto a mis compatriotas.

Lindqvist
La confianza que inspira en el ciudadano la actividad del Parlamento depende exclusivamente de que ésta se produzca dentro de un sistema abierto y democrático. Lo mismo se aplica a las relaciones de los diputados con diversos grupos de presión que desean influir en las decisiones parlamentarias.
La propuesta del informe Ford va en la dirección correcta. Es necesaria una reglamentación de la actividad de estos grupos, en parte para evitar una presión indebida a través de donaciones y de ventajas económicas, pero también para dar a todas las personas y los grupos de presión la misma oportunidad de influir en la actividad parlamentaria, independientemente de su magnitud o de su poder económico. Las tarjetas de acceso que hagan posible el registro y el control basados en la apertura cara al público constituyen el único sistema que defiende la transparencia, la democracia y la igualdad de oportunidades para todos. Esto es muy importante, puesto que hay que dar las mismas oportunidades a las organizaciones de carácter idealista que a las empresas y organizaciones de presión que disponen de vastos recursos económicos. Pero la propuesta no avanza lo suficiente. No se necesitan listas para hacer públicas las donaciones de sumas de dinero u otras cosas a los diputados del Parlamento. Estas donaciones o regalos simplemente no deben estar permitidos por encima de un nivel evidentemente modesto de relación. También existen ambigüedades respecto a la publicación de los registros de los grupos y al acceso al público. En este sentido es igualmente evidente que el registro debe ser público y que todo aquel que lo desee debe tener acceso a él.
El informe Nordmann es del mismo carácter. Son absolutamente necesarias unas normas estrictas para las donaciones y privilegios si queremos que la desconfianza del ciudadano hacia la UE y los privilegios de que disfrutan los diputados de la UE se transforme en un aumento de confianza. También el informe Nordmann va en el buen camino, pero no llega lo suficientemente lejos. Debería estar claro que las empresas y organizaciones no pueden ofrecer indirectamente unos privilegios económicos a los diputados de la UE colocando formalmente a unos asistentes en empresas que en realidad realizan trabajos para un cierto diputado de la UE.
La conclusión es esta: Dos propuestas en el buen camino, pero sin avanzar lo suficiente. No obstante, cabe apoyarla como un primer paso adelante.

Voggenhuber
Señor Presidente, resulta que algunos diputados a esta Asamblea están enfadados por las críticas de los Verdes a los ingresos encubiertos y a las opacas cuentas de gastos de los diputados. Enseguida se recurre al reproche del populismo. Sin embargo, creo que, si esta Asamblea no realiza una crítica interna, pronto la misma vendrá desde fuera y debilitará al Parlamento.
¿A quién vamos a explicar ese deshielo de semanas para la prohibición de recibir regalos? ¿Cómo vamos a explicar que hasta el 50 % de los ingresos de los diputados proceden de gastos de viaje? ¿Cómo vamos a explicar que se abonan los gastos de viaje aun cuando no se haya viajado en absoluto o aunque se viva en Bruselas? ¿Cómo se va a explicar que se reciben dietas por la presunta participación en sesiones de comisiones a las que no se pertenece en modo alguno, que se prolonga artificiosamente el orden del día hasta la jornada siguiente para cobrar gastos de viaje y que hay diputados que nombran asistentes a familiares suyos?
Señor Presidente, sólo la limitación de tiempo me impide continuar con la lista de abusos existentes en materia de ingresos y gastos.

De Coene
Señor Presidente, Señorías, el anterior orador ha estado muy inspirado y me sumo a lo que ha dicho. En caso de que se apliquen las condiciones del informe Nordmann -digo, en caso de que se apliquen- veremos que hay tres clases de diputados en este Parlamento: aquellos para quienes las actividades en el Parlamento son la única fuente de ingresos, los que además ejercen una profesión o una actividad complementaria remunerada y por último quienes no están satisfechos con ello y consideran que han de ser patrocinados en el marco de sus actividades políticas. En realidad, esta última categoría no debería existir. Mientras que los ciudadanos de los Estados miembros, entre otras cosas debido a las normas de Maastricht, han de soportar cargas, han de soportar que quienes ya son remunerados generosamente por sus actividades políticas también sean pagados por terceros. Por ello tendríamos que apoyar las enmiendas que prohíben este tipo de pagas adicionales. Aunque estas enmiendas no sean aprobadas, la propuesta del ponente, Sr. Nordmann, supone de todas formas un paso adelante, pues por fin se sabrá quién recibe qué de quién.
Con relación al informe Ford, este Parlamento tendría que salir en defensa de los colaboradores de los diputados. Algunos abogan por un estatuto global para los colaboradores y los asistentes. Si este Parlamento, y en realidad los gobiernos, no consiguen ni siquiera diseñar un reglamento propio, cómo podemos entonces decir que esperamos un reglamento para los asistentes. Hoy se les obliga a declarar sus ingresos, y esto es justo. Pero si se aplica tal obligación a estas personas, es justo darles derechos, entre otras cosas que se les contrate teniendo en cuenta las normas sociales y fiscales y que los diputados que quieran dar una tarjeta de acceso a los asistentes, por lo menos den muestras de respetar las reglas sociales y fiscales.

Blak
Señor Presidente y compatriota, puedo decir, como ha hecho el Sr. Bonde. Hay muchos grupos de presión en el Parlamento Europeo. Forman parte natural de nuestro trabajo y contribuyen con su información y puntos de vista. No creo que sea posible prescindir de ellos, pero deben existir normas sobre sus actividades. El informe del Sr. Ford incluye unas normas que son aplicables. Me habría gustado que fuesen más rigurosas. Todo lo que una empresa regala a un diputado debe constar en el registro, pero entiendo que se trata de un equilibrio y que no ha sido políticamente posible llegar más lejos esta vez, debido a que la derecha del Parlamento no lo ha querido. Lo más importante es que tendremos por primera vez unas normas sobre las actividades de los grupos de presión; siempre podrán hacerse más rigurosas en el futuro. El hecho de que sea obligatorio para los diputados declarar al registro los intereses económicos que obtienen como consecuencia de su representación de a los ciudadanos europeos supone una gran alegría para mí y coincide con mis propias enmiendas. El acceso público a este registro debería ser obvio y tal idea está en línea con nuestro concepto de publicidad. Esperamos que con estas normas las actividades de los grupos de presión sean más transparentes, pero no debemos autoengañarnos. También es posible evadir las nuevas normas. Si un diputado quiere engañar, seguirá siendo posible hacerlo, pero esperemos que se enfoquen con más claridad las relaciones entre los diputados y los grupos de presión y que éstas funcionen asimismo como guía moral para los diputados. Las nuevas normas dicen a los diputados que no es correcto utilizar el cargo para el lucro personal, bien a través de soborno, bien vendiendo información. Ha de existir transparencia. Llevamos esperando estas normas mucho tiempo. Hoy podemos dar un paso en la dirección correcta, señor Presidente, y espero sinceramente que la derecha cambie de opinión y que decida mostrar lo que esconde hoy. ¿Cuál es el motivo de que no quiera participar? Puede ser un sentimiento de culpabilidad. Espero que no sea así.

Nordmann
Señor Presidente, no fue en calidad de ponente sino que sustituía al Sr. Wijsenbeek, pero efectivamente tal vez fuese demasiado ambicioso. Me parece que tenía tres minutos para decir, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que aprobaba los dos informes cuya elaboración había seguido de cerca. Esto me permite, por cierto, felicitar personalmente al Sr. Ford por haber conseguido unas disposiciones que, por muy limitadas que puedan parecer a algunos, no dejan de ser un principio totalmente sano de clarificación.
En cuanto al conjunto de los dos informes, el Grupo Liberal se complace mucho en apoyarlos, ya que precisamente se trata de definir una orientación general de transparencia basada en la confianza y no en la desconfianza. No se trata de instruir un proceso de unos contra otros mediante procedimientos inquisitoriales, sino de desarrollar un clima de transparencia y de confianza, y desde este punto de vista se explica la economía de las disposiciones previstas en el título B del primer apartado del artículo 2.
Ya sabemos que existen los apoyos financieros, materiales, de personal, que se añaden a aquellos que facilitan las instituciones y en este caso el Parlamento Europeo. Algunos de nuestros colegas cuentan con el respaldo de su partido, de aquellos partidos, sobre todo, que el Tratado de Maastricht institucionaliza a escala europea. Sería pues de una absoluta hipocresía pretender que no existen otros apoyos materiales distintos a los previstos por los recursos y el presupuesto de nuestra institución.
Señor Presidente, en el Grupo Liberal creemos que ésta es una etapa limitada, pero significativa, nos preocupa cierta demagogia y nos preguntamos si no tendrá por objeto, en realidad, diferir o retrasar la aplicación de medidas de transparencia que arrojarían luz sobre los apoyos de que se benefician ya hoy precisamente aquellos que querrían que hubiera mayor transparencia.
Señor Presidente, lo mejor es enemigo de lo bueno, y esta máxima es de lo más certera en un ámbito en el que hay que mantener la mesura. El Grupo Liberal se complace en saludar la mesura que muestra este compromiso.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Reestructuración siderúrgica
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0213/96) del Sr. Caudron, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(94)0265 - C4-0060/94) titulada «Relanzamiento de la reestructuración siderúrgica comunitaria».

Caudron
En los años 50, la siderurgia fue, junto con la CECA, el origen de la construcción europea. Veinte años después, con las terribles reestructuraciones y sus tremendos costes sociales de los años 70 y 80, casi fue causa de la destrucción de esa misma Unión. Debemos reconocer que en numerosas regiones y para muchos de nuestros conciudadanos, el mal es irremediable: ya no quedarán ánimos para nada. Como diputado elegido en el Norte de Francia, antigua región industrial, puedo dar fe de eso.
Recordemos que los efectivos empleados en la siderurgia pasaron, en menos de veinte años, de 850.000 a 350.000. Hoy en día, la situación afortunadamente es mejor: el mercado es más bien favorable aunque siga siendo frágil y esté siempre a merced de las crisis sectoriales (armamento, automóvil, etc.). Dicho esto, la industria siderúrgica europea es exportadora neta y obtiene beneficios. ¿Pero acaso es esto motivo suficiente para no hacer nada y dar rienda suelta a las leyes del mercado, cruzando los dedos con la esperanza de que las cosas vayan siempre bien? Algunos industriales nos lo piden y, a veces, nos lo dicen con cierta brutalidad.
A nuestro juicio, nosotros no creemos que deba ser así y yo me niego a cruzarme de brazos. Por el contrario, digo que hay que aprovechar este período de respiro para preparar el futuro, para mantener la competitividad de nuestra siderurgia y evitar de este modo cualquier riesgo de nuevos traumatismos, para abordar con inteligencia y sin brutalidad las mutaciones que se seguirán necesitando en el futuro. Esto es lo que ha guiado mi reflexión desde hace un año junto a algunos colegas en distintos grupos, a los que quisiera dar las gracias. También he consultado mucho a los agentes económicos, empresas y organizaciones sindicales.
A partir de ahí, en mi informe hago numerosas y concretas propuestas que van en cuatro direcciones. Primera dirección: reforzar la competitividad de la siderurgia europea buscando nuevos productos y nuevos mercados, y conseguir los medios para ello. En un mercado limitado, la parte europea sólo podrá disminuir, por lo tanto, hay que ampliarlo. Cuando se den por acabadas las reestructuraciones necesarias con una transparencia perfecta no se deberá penalizar a aquellos que han llevado a cabo los esfuerzos pedidos y exonerar de sus obligaciones a los que tardan en cumplirlas. Asimismo, hay que aumentar los gastos de investigación para seguir siendo competitivos en el mercado mundial: se trata de una condición sine qua non .
Segunda dirección: mejorar la política social del sector. El capítulo social, la mano de obra cualificada, constituye una fuerza de primera magnitud en nuestra siderurgia europea. Hay que abandonar definitivamente la idea de que es una carga: al contrario, ¡es una baza! Hay que tranquilizar, por lo tanto, a los asalariados con el fin de evitar nuevos traumatismos. Asimismo han de resolverse internamente las consecuencias de las futuras mutaciones: ¡los asalariados deben estar convencidos de ello!
En tercer lugar: en lo relativo a las relaciones con países terceros, hemos de ser muy firmes en nuestras relaciones con los Estados Unidos y muy cooperadores en nuestras relaciones con los países de la Europa oriental, para facilitar su reestructuración y las indispensables transiciones. La mayor parte de esos países estarán algún día en la Unión: deben prepararse desde ahora mismo. Por último, es preciso que nuestra industria conserve o adquiera un tamaño suficiente dentro del mercado mundial y debemos dotarnos de los medios necesarios a tal efecto, incluso en términos de reagrupamientos. Hay que dejar de autoimponerse unas limitaciones que no tienen nuestros competidores.
En cuarto lugar y para acabar: la CECA posterior al año 2002 debe prepararse desde hoy mismo para garantizar que haya una transición suave, en particular mediante la integración de medidas y de dispositivos en los Tratados de la Unión a partir de la CIG en lo que se refiere a la transparencia de los mercados y de las ayudas públicas y otras, así como a la investigación que hay que desarrollar, con políticas sociales activas e inteligentes al servicio de la productividad y del desarrollo, y con una voluntad permanente de obtener resultados que no sacrifiquen el futuro de los beneficios inmediatos.
Para concluir diré que la industria europea ha sido una de las mayores fuerzas e incluso el motor de nuestra Unión antes de convertirse en uno de sus dramas más terribles. Hoy en día, está en una buena coyuntura. Con ese mismo espíritu debemos preparar el porvenir. Mi informe está elaborado a partir de este enfoque y es uno de sus elementos. Espero que reciba una apoyo masivo y que contribuya, de esta manera, a que haya tomas de conciencia y medidas rápidas que permitan garantizar su perennidad.

Fayot
Señor Presidente, después de todas las reestructuraciones dolorosas de los últimos veinte años, después de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, la siderurgia sigue siendo un sector con futuro. Este es el mensaje que quiere transmitirnos el ponente, Sr. Caudron. Lo felicito por haber tratado a la siderurgia con la sensibilidad de un hombre que procede de una de las regiones siniestradas, como lo son casi todas, desde el punto de vista de la pérdida de empleos, y por haber sabido emitir propuestas sensatas, que evitan tanto el escollo del liberalismo a ultranza como el del intervencionismo económicamente estéril.
El ponente realiza toda una serie de propuestas interesantes. Quisiera subrayar algunas de ellas. La primera consiste en preconizar una estrategia ofensiva del sector del acero, diversificando la gama de productos, ampliando los sectores de utilización, en especial el de la construcción y las obras públicas y, por supuesto, desarrollando la investigación en distintos campos. Esta estrategia ofensiva sólo podrá dar frutos si no se falsea la competencia. Lo que aquí está en tela de juicio son las ayudas estatales, abiertas o encubiertas. A este respecto comparto el enfoque del ponente, que defiende el Código de ayudas y de instrumentos, pero se opone a las ayudas nacionales a empresas concretas, mientras se muestra un poco menos inflexible con las ayudas estatales de carácter regional, cuando se den condiciones especiales.
Además, allí donde ya se ha llevado a cabo la reestructuración, es decir allí donde ha habido un pérdida dramática de puestos de trabajo, hay que detener, de una vez por todas, la hemorragia ya que a menudo el empleo se ha vuelto más precario bajo diversas formas, como consecuencia de la racionalización y de una búsqueda desenfrenada de la productividad en estos últimos años. Sin embargo, el instrumento industrial debe salvaguardar unos empleos estables y unos conocimientos técnicos que se adapten constantemente a una renovación permanente mediante la contratación de jóvenes.
Por último, debemos decir algo sobre el Tratado CECA, que expira en el año 2002. La crisis de la siderurgia ha demostrado el interés que tiene en cuanto a instrumentos: el Código de ayudas, los instrumentos estadísticos para tener un conocimiento rápido del mercado, el Comité Consultivo, fundamental para la concertación social en el sector, las investigaciones llevadas a cabo gracias a los fondos disponibles. Ahora podemos reconocer que este Tratado está marcado por un espíritu social muchísimo más notorio que los Tratados posteriores. Al igual que el ponente, yo también considero que hay que preservar este espíritu y los elementos más positivos del Tratado CECA, al tiempo que hay que adaptarlo a la evolución económica y social reciente en el período de transición. En particular, quisiera apoyar la idea de que se creara una estructura que acogiera las reservas CECA, cuya finalidad podría ser la investigación en régimen de cooperación en los ámbitos tecnológicos y sociales.
En conclusión, señor Presidente, mi Grupo aprueba las líneas generales de este informe que define las orientaciones de una siderurgia competitiva con vistas al futuro.

Peijs
Señor Presidente, el motivo fue una notificación más bien breve de la Comisión. El Sr. Caudron y el Parlamento lo han convertido en una visión de futuro, una política industrial para la industria siderúrgica. Pienso que el Sr. Caudron merece ser elogiado por ello y su informe merece ser aceptado sin ninguna modificación.
Señor Presidente, todo el mundo sabe que la industria siderúrgica, aparte de contribuir de manera considerable a la economía de los Estados miembros, también es muy importante con vistas al empleo, tanto directa como indirectamente. En este punto se produce a menudo un malentendido. Las empresas no crean puestos de trabajo, sino que sólo tienen una opción: operar de la forma más eficaz, conscientes de los costes dentro de la feroz competencia internacional. En nuestra sociedad occidental, esto significa casi inevitablemente control de costes y menos puestos de trabajo. Las empresas siderúrgicas presionan desde siempre en las regiones circundantes. Lamento que se interrumpa un programa como Residair, que contribuye a diversificar las regiones. La industria siderúrgica sigue transformándose en unidades mucho más pequeñas, pero repartidas. Este desarrollo sólo puede detenerse a costa de la competitividad de la industria. A fin de cuentas, internacionalmente existe una feroz competencia de precios.
Aún hay algunas cuestiones muy importantes en una política industrial para la industria siderúrgica que necesitaremos cuando acabe la CECA. Este es el primer informe que mira más allá de este horizonte, señor Presidente. En primer lugar hablamos de un control estricto de las nuevas operaciones de apoyo a través del artículo 95. Cualquier caso de ayuda en base al artículo 95 es a mi juicio por definición competencia desleal. La industria comparte mi criterio. Algunos compañeros han presentado ya enmiendas de distinto tenor. Espero que el Sr. Fayot intente controlarlos dentro de su Grupo. Yo haré lo mismo en el mío.
En segundo lugar, en las revisiones de 1997 tienen que incluirse además procedimientos de investigación más transparentes para poder aplicar sanciones eficaces en caso de violación de la normativa de apoyo.
En tercer lugar, es esencial que las estadísticas comerciales europeas estén disponibles con mayor rapidez. Las estadísticas comerciales norteamericanas completas sobre el volumen y el precio de importación medio están disponibles a los dos meses, mientras que las cifras europeas tardan entre ocho y doce meses. Esto frustra nuestra política en materia de dumping , porque las reclamaciones de dumping según la OMC han de basarse en las estadísticas comerciales oficiales. Esta cuestión es sin duda más importante que estimular fusiones contrarias a la actual tendencia.
En cuarto lugar, la industria considera también muy importante para la difusión de las innovaciones tecnológicas que haya un fondo de investigación sobre la base del enfoque de la CECA para después de que expire la CECA.
Finalmente, pienso que la Comisión ha de otorgar su pleno apoyo para aspirar, junto con los norteamericanos, a un acuerdo multilateral del acero, el denominado AMA.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy abordamos se refiere a unas medidas que tienen por objeto relanzar el proceso de reestructuración después de que expire el Tratado de la CECA en el año 2002, con el fin de reforzar la competitividad de la siderurgia, su política social, sus relaciones con los países terceros y el carácter permanente de algunas medidas del Tratado que va a expirar. Recordemos asimismo que el futuro de este Tratado y de sus actividades financieras debería examinarse bajo la Presidencia irlandesa y que se espera para el mes de septiembre un proyecto de la Comisión. Además, actualmente hay un debate sobre el proyecto del nuevo Código común de ayudas para el período 1997-2002, en la perspectiva de una decisión del Consejo de «industria» del mes de noviembre.
El informe de calidad del Sr. Caudron contará con el acuerdo general de nuestro Grupo. El informe tiene efectivamente en cuenta la reciente evolución de la siderurgia europea y su futuro, tal y como puede imaginarse hoy en día. La ampliación de la definición de productos siderúrgicos presentada en la resolución así como la puesta en entredicho de la clasificación de la chatarra como desecho y la búsqueda de un compromiso bilateral con los Estados Unidos, con vistas a un acuerdo multilateral, van en el sentido correcto.
Para acabar, quisiera recordar que, al igual que la resolución, podemos aceptar favorablemente la idea de la creación de una estructura destinada a acoger las reservas CECA. Sin embargo, está claro que estas reservas así como sus intereses deberían servir para la financiación de la investigación siderúrgica de las instituciones comunitarias con un control adecuado, cuando se hayan suprimido las exacciones sobre la industria siderúrgica.

Ribeiro
Señor Presidente, queridos colegas, este informe sobre la reestructuración de la industria siderúrgica, con algunas contribuciones muy positivas del ponente a la caracterización del sector, refleja, sin embargo, una orientación estratégica global que nos inspira reservas y desacuerdo.
No aceptamos -y denunciamos- una división comunitaria del trabajo que, mediante concentraciones, reserve a ciertos países del Norte sectores productivos que se desmantelan en otros países, meridionales o periféricos, a cambio de compensaciones muy escasas y que son también formas capciosas de estimular ese desmantelamiento.
No aceptamos -y denunciamos- la perspectiva simplista de que las ayudas estatales sean la madre de todas las distorsiones de la competencia, el enemigo que abatir para que la competitividad se instale mediante apoyos estatales de otro sentido, promotores de concentraciones, dado que las empresas subvencionadas por fondos públicos tendrían el deber de ser «las primeras en contribuir al ajuste estructural», que es la expresión del FMI bien conocida por sus efectos en el llamado Tercer Mundo.
Tampoco aceptamos -y denunciamos- que se aplique esa estrategia de un modo que castigue a los Estados miembros cumplidores, como lo ha sido Portugal, y no pondere las distancias iniciales y agravadas entre consumos y producciones nacionales. Por lo demás, consideramos que no se puede desdibujar la dimensión nacional, sino que se la debe valorizar tanto como la dimensión comunitaria global.
Lo que hemos plasmado en una propuesta de enmienda nada tiene que ver con renacionalizaciones retrógradas, pues, con cierta ligereza, se arrumban esfuerzos serios para recordar que esa dimensión existe y tiene importancia real en la organización de la vida colectiva.
Hay que subrayar los aspectos sociales de la reestructuración, sobre todo cuando se conoce la destrucción de medio millón de puestos de trabajo, se ha dado carácter precario al empleo que se conserva y se ve perderse la insubstituible pericia que se ha ido acumulando a fuerza de trabajo.
La salvación del sector no radica en una liberalización, como panacea universal, en una concentración a un tiempo geográfica y transnacionalizadora, aprovechando la libertina circulación de capitales financieros. Radicará, al contrario, en que se den las proporciones y la articulación correctas a los planos nacional y comunitario, en una atención muy particular a las cuestiones sociales, en el marco de una organización del comercio mundial que no sea un mero -pero determinante- instrumento de liberalización sin obstáculos y de concentración sin restricciones.

Wolf
Señor Presidente, Señorías, nosotros nos podemos sumar a la felicitación. Hay que apoyar el informe del Sr. Caudron, pero también se puede modificar y ampliar, ya que la CECA tiene, como es sabido, dos partes. Por un lado, es un ejemplo de una política industrial fuerte, incluida una política de investigación y una política social, que ha conseguido llevar a cabo un cambio estructural completo en el sector mediante una política a largo plazo regulada y selectiva.
Por otro lado, es el elemento central de un modelo industrial que, como todos sabemos, hace mucho tiempo que se ha convertido en un problema. Se trata de un modelo muy monopolizado. Nos encontramos con cárteles y con una aristocracia de trabajadores vinculada a ellos. Hay ciertas ideas sobre una política de comercio exterior agresiva. Todas estas cosas no son especialmente favorables y la Comunidad no puede permitírselas a largo plazo.
Se trata también de continuar con los elementos positivos de la CECA, pero al mismo tiempo de homogeneizar y suprimir privilegios. No se puede aceptar que las reservas de la CECA se manejen como la caja privada de la industria siderúrgica. Las materias primas y la energía son cuestiones más generales y habrá que considerar para qué se utilizan.

Sainjon
Señor Presidente, si actualmente la industria siderúrgica europea vive una situación relativamente satisfactoria, no debemos olvidar la gigantesca sangría que supuso la supresión de cerca de 600.000 puestos de trabajo en el sector durante el transcurso de estos últimos años.
En veinte años, la siderurgia ha perdido dos terceras partes de sus puestos de trabajo. Como responsable sindical en el momento de las grandes reestructuraciones en Francia, soy testigo de los estragos que supusieron -regiones devastadas, familias destrozadas-, pero también he vivido luchas marcadas por una increíble voluntad de salvar a pesar de todo un potencial industrial que fue el orgullo de varias generaciones de trabajadores siderúrgicos.
Actualmente esta industria se ha modernizado y, digámoslo con franqueza, los aumentos de productividad se han realizado en gran medida gracias a la aportación de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de producción que, por cierto, condujeron a despidos en masa de trabajadores. Allí donde eran necesarias cinco horas en 1986 para fabricar una tonelada de acero hoy sólo se requieren tres horas.
Naturalmente, la competitividad de nuestros aceros europeos se basa, en gran parte, en nuestras capacidades de investigación y de innovación tecnológica. De este modo, se han introducido nuevos mercados, que permiten una mayor flexibilidad, tanto en diversidad de abastecimiento como en volumen de producción. Se han reforzado las interconexiones entre los abastecedores de productos metálicos y sus usuarios en la fase posterior del proceso productivo, se han realizado investigaciones conjuntas así como asociaciones en el campo del marketing. Pero se me plantean interrogantes al respecto. ¿Hasta dónde puede llegar el desarrollo de este proceso que no deja de ser necesario para cualquier industria moderna, sin que se ocasionen nuevas supresiones masivas de puestos de trabajo, si al mismo tiempo no se instaura una política de reducción de la duración del trabajo humano y de nuevos métodos de adaptación de la organización del trabajo? Efectivamente, la investigación en el campo siderúrgico será también una batalla fundamental.
La expiración del Tratado CECA y las dificultades de integración de los programas de investigación para el acero en el quinto programa marco de investigación y desarrollo plantean un problema fundamental. Por lo tanto, hay que reflexionar acerca de la creación de una estructura destinada a acoger las reservas CECA cuyos intereses servirían para fomentar las innovaciones tecnológicas, así como para el desarrollo de una política social vinculada a la formación y organización del trabajo. De modo más genérico, tal como subraya el Sr. Caudron, al que quiero felicitar, la expiración del Tratado CECA no debe traducirse en el abandono sistemático de una política industrial sectorial. Sin embargo, esto es lo que puede ocurrir.
Por último, el futuro de la siderurgia europea está vinculado asimismo al desarrollo de otros sectores industriales, tales como la construcción, el automóvil, etc. Sabemos que estos sectores viven graves dificultades, debido sobre todo a las políticas restrictivas impuestas en el marco de los criterios de convergencia. Me temo que esta política nos llevará directamente al sacrificio de la industria comunitaria si no hacemos algo al respecto.
Señor Presidente, terminaré esta intervención insistiendo igualmente en la necesaria cautela que debemos tener frente a los Estados Unidos en lo relativo a los procedimientos anti-dumping . Sin embargo, sobre este punto confío en que la Comisión defienda los intereses de la industria siderúrgica comunitaria.

de Rose
Señor Presidente, Señorías, el interesante informe presentado por el Sr. Caudron se articula en dos ejes. El informe examina la reestructuración de la industria siderúrgica comunitaria y define el rumbo que debe seguir dicha siderurgia para garantizar su porvenir, que, como subraya el ponente, se sitúa hoy en día y todavía más en el futuro, en un contexto de competencia mundial. Recordemos que hasta la fecha trabajan en el sector 320.000 personas en toda la Unión.
Nosotros nos sumamos totalmente a las orientaciones definidas en este informe para darle una oportunidad duradera a la industria. Para ello exigimos que todo el mundo, incluida la competencia, respete las siguientes reglas. Las ayudas públicas, si han de existir, no deben convertirse en subvenciones para oxigenar de modo artificial la supervivencia de los productores no competitivos. Las prácticas comerciales desleales, tales como el dumping bajo todas sus formas, son inaceptables. La Unión debe combatirlas, incluso cuando procedan de países de la Europa oriental. Ocurre lo mismo con las medidas proteccionistas unilaterales que algunos Estados miembros ponen en práctica para ciertos productos.
La investigación es un requisito imprescindible para el futuro de la industria siderúrgica. Debemos imperativamente garantizar su financiación más allá del plazo de expiración del Tratado CECA, es decir del año 2002. No olvidemos que esta industria también se basa en la innovación, y de ahí la importancia preponderante de la investigación. Sólo así podremos forjar el tercer milenio.

Schreiner
Señor Presidente, se ha dicho hoy, y yo también lo suscribo, que la industria del acero es seguramente un símbolo de la construcción europea. Quiero decir que la normativa posterior al Tratado de la CECA debe fijar dos prioridades. Una concierne a la tecnología y la otra, a una verdadera política social. Asegurar la competitividad futura de la industria europea del acero es un problema difícil de resolver. Hemos de tener presente que sólo con la producción de hierro y acero como primeras materias no podremos conseguir este objetivo, sino que las posibilidades de supervivencia de toda la industria del acero europea dependen de las producciones acumuladas, del conjunto de las instalaciones y del desarrollo adicional de estos productos.
Quisiera citar un ejemplo de mi ciudad natal. En Voest Alpine se suprimieron más de 40.000 puestos de trabajo. Tras la privatización, la empresa genera grandes beneficios y proporciona realmente la seguridad que con una combinación...
(El Presidente interrumpe al orador)

Desama
Señor Presidente, en primer lugar y como muchos otros quisiera felicitar al Sr. Caudron por su excelente informe, pero también por mostrar a través del informe la angustia y la ansiedad de las regiones y las poblaciones que viven esencialmente de la siderurgia.
Ansiedad cuando se ve efectivamente en el horizonte del año 2002 la desaparición de la única política industrial que todavía está en vigor en la Unión Europea, basada en un Tratado que, sin duda, era uno de los modelos de la Comunidad Europea y que, desde entonces, apenas ha encontrado sustitución. Peligro, pues, de que desaparezca esta política industrial en el gran mercado interior en el que, como sabemos, reina de modo absoluto la regulación de la competencia, con las consecuencias que vemos en algunos sectores. Angustia, asimismo, de cierto número de trabajadores frente a las discriminaciones que afectan muy a menudo a las empresas de capital público. Actualmente Les Forges de Clabecq en Bélgica están sometidas a la inquisición de la Comisión y constituyen un ejemplo totalmente destacado de esta discriminación.
Añadiré que en esta materia, inevitablemente, el informe del Sr. Caudron tampoco ha podido eludir del todo la influencia, muy liberal, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que ha tenido que admitir el carácter importante y decisivo del Código de ayudas públicas. Es indudable que nosotros compartimos este punto de vista, pero ¿por qué hay que mostrarse mucho más indulgente frente a las derivas monetarias y a los laxismos del dumping fiscal?
En definitiva, estamos ante una situación en la que está en juego el futuro de sectores todavía con una fuerte densidad de empleo, así que espero con mucha impaciencia, las propuestas que hará la Comisión en los próximos meses. Hay mucha impaciencia en el sector industrial, pero también, y lo comprenderán, en el ámbito de la investigación, ya que aquí también las ideas y las iniciativas andan revueltas y no siempre de manera coherente.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, señor Caudron, gracias por su informe sobre la siderurgia europea. Es una industria que ha sufrido una dura reconversión y ha registrado la pérdida de medio millón de empleos en Europa a lo largo de los últimos 20 años. En este proceso de reconversión, el nivel de ayudas públicas recibido ha sido desigual, esto también deberá tenerse en cuenta para el futuro. Por poner algún ejemplo, algunos Estados han cerrado hasta el 30 % de su capacidad de producción con cifras de ayuda comparativamente inferiores a las recibidas por otros Estados, entre los que, curiosamente, algunos claman con fuerza contra las ayudas públicas.
Este esfuerzo ha tenido y está teniendo un coste social importante. Las últimas reestructuraciones deben llevarse a cabo en las mejores condiciones sociales, utilizando los recursos financieros disponibles y utilizando las reservas CECA para financiar las tareas de I+D pero también las necesidades sociales, como son las prejubilaciones y las indemnizaciones por despido. No nos engañemos a nosotros mismos con el eufemismo de la financiación de la investigación social ya que ésta no llega a cubrir más que el 1 % de la investigación total en el sector. No es la investigación social la que necesita financiación, sino las ayudas sociales ligadas a las importantes reducciones de las capacidades de producción.
Los regímenes de ayuda pública deberán ser rigurosos, pero igual de rigurosos que para el resto de sectores productivos competidores de la siderurgia. De esta forma, el marco comunitario para las ayudas de I+D deberá ser igualmente válido para el acero. No podemos castigar a este sector en relación con los demás.
Y una última observación, señor Presidente. Deben vigilarse las importaciones procedentes de todos los países, especialmente las de los países del Este, en muchos casos realizadas en condiciones de dumping , y fundamentalmente aquellas importaciones que entran a través de países no sujetos a contingentes. Los controles deben ser estrictos porque de lo contrario se perjudica a la industria europea, y me atrevería a añadir que a la industria de algunos Estados más que a la de otros, no sea que alguien pueda pensar que cierta permisividad en el dumping de terceros países tiene algo que ver con aspectos de competencia interna en la siderurgia comunitaria.

García Arias
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al ponente, Sr. Caudron, porque ha elaborado un informe muy completo, que ha abarcado todos los aspectos científicos y sociales de la política de la competencia. Sin embargo, creo que él comprenderá que ponga tres objeciones a su excelente informe. Tres objeciones que quisiéramos fueran solucionadas en el momento de la votación, aunque yo sé que él tiene la voluntad de aceptar algunas de estas preguntas. Me alegra también que esté el Sr. Bangemann porque quiero hacerle una pregunta.
Estos dolorosos procesos de reconversión se han llevado ya a cabo a lo ancho y a lo largo de la Unión Europea. Se han perdido cientos de miles de puestos de trabajos en el norte, pero también en el sur. En el norte empezaron antes la reconversión, porque antes crearon la Comunidad Europea y antes se beneficiaron de la filosofía de la CECA. Los retardatarios empezaron su reconversión en los años 70, y la empezaron sin las ayudas europeas contempladas dentro de la CECA.
Por lo tanto, yo no creo que haya retardatarios. Yo creo que todo el mundo está cumpliendo su labor y ha aplicado el doloroso bisturí, que ha significado también reducciones. Desde el Reino Unido hasta los länder alemanes, de arriba a abajo. Y todos con ayudas públicas, todos. Y con ingentes ayudas públicas, como ha señalado el Sr. Imaz. Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras y hablemos de ayudas públicas.
Por otro lado, termina la CECA, con sus ventajas y desventajas, pero no entendemos por qué se va a penalizar a un sector industrial en relación a los demás. Por lo tanto, el código de ayudas debería irse acercando ya al régimen general de los competidores.
Y en último lugar, señor Presidente, no nos olvidemos que en todas partes pueden seguir las readaptaciones y las necesidades de medidas sociales.

Sindal
Señor Presidente, como en muchas otras ocasiones, nos encontramos hoy en el Parlamento en situación de poder identificar los problemas, pero quizá no estemos de acuerdo en el modo de solucionarlos. Se ha mencionado en varias ocasiones que la industria siderúrgica ha sufrido grandes cambios. La Resolución del Consejo de 1993 relativa al cambio estructural, a la reestructuración y a la adaptación de su capacidad ha sido apoyada por varias iniciativas de la Comisión. Valoramos a menudo la situación basándonos en nuestro propio país. Ya he hablado hoy de la red transeuropea. Me gustaría hacer lo mismo otra vez. Debemos hacer las valoraciones a nivel europeo. Hemos de valorar nuestra capacidad comparándola con la competencia internacional y no sólo con la competencia interna. A menudo hemos dedicado más esfuerzos a debatir dentro de la Unión la forma de aplicar las ayudas estatales, es decir, la forma de autoengañarnos, que a averiguar cómo ser competitivos en el mercado internacional. Se han dicho muchas cosas buenas sobre el futuro. Quiero subrayar que la investigación y el desarrollo de productos son temas decisivos para mí. Se habla de adaptación a los mercados. Se podría también hablar de ampliación de los mercados. Los acuerdos comerciales internacionales tienen de una importancia decisiva para nosotros.
Un punto que quiero mencionar en relación con el excelente informe del Sr. Caudron es el referente a la situación después del año 2002. Hará falta un control estricto de lo que se hace en el mercado interior para seguir otra vez una política común, en vez de gastar fuerzas en investigar si uno engaña al otro. Las propuestas de la comisión son buenas, pero quizás la Comisión no...
(El Presidente interrumpe al orador)

Bangemann
Señor Presidente, el Sr. Caudron ha ofrecido una descripción muy realista de la situación actual y ha presentado una serie de propuestas para responder al desafío de los próximos años que van en la dirección correcta. Gracias a Dios, en el momento en el que debatimos esta cuestión la situación general de la industria del acero más bien se ha estabilizado algo. Es absolutamente cierto que se han perdido puestos de trabajo en ella, así como en otras industrias básicas que están sometidas no sólo a un cambio tecnológico, sino a una competencia cada vez mayor.
Los logros conjuntos de la Comisión y de la industria del acero en los últimos años son unos precios relativamente razonables y una cierta seguridad para los puestos de trabajo que se han mantenido, aunque, naturalmente, el proceso de modernización continuará.
Pero sobre todo hemos conseguido algo que no se puede subestimar: la privatización ha tenido como resultado, especialmente en aquellos países en que la industria del acero estaba estatalizada casi en su totalidad, que cada empresa haga sus propios planteamientos y emprenda sus propios esfuerzos para mantenerse frente a una competencia mundial. Esto es decisivo, ya que la competencia se globalizará. Habrá que tener más en cuenta a los Estados de la Europa central y oriental y sus industrias siderúrgicas. Se trata, por esta razón, de no volver al estado de cosas en el que una competitividad insuficiente se compensaba con subvenciones estatales.
Tengo que decir al señor Desama que las consideraciones que ha vertido esta tarde no ayudan ni a Clabecq ni a la industria siderúrgica en general y que el problema no se puede resolver de esa manera. Nosotros no hemos iniciado ningún proceso inquisitorial, sino que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones legales. En interés de los puestos de trabajo en la industria siderúrgica, hemos de velar por que no se distorsione la competencia a través del pago de subvenciones estatales no permitidas. Están en juego los puestos de trabajo en el conjunto de la industria siderúrgica y no se puede llegar y afirmar que la Comisión lleva a cabo un proceso inquisitorial. He de rechazar semejante afirmación. Nosotros cumplimos con nuestra obligación y, créame, Cablecq ha pedido al Sr. Gandois que elabore un dictamen sobre la manera de recuperar la competitividad. Y sólo existe una posibilidad, que es la inversión en modernización.
Si se efectúan esas inversiones para modernizar Clabecq, se puede dar por sentado que se recuperará la competitividad. La pregunta es, por supuesto: ¿quién va a efectuar esas inversiones si no puede estar seguro de que así se vaya a garantizar la supervivencia de la empresa? Esta es la pregunta decisiva. Sencillamente, no podemos seguir como hasta ahora, otorgando subvenciones y ocasionando así el cierre de empresas viables porque empresas inviables practican una competencia desleal. Le pido, señor Desama, que se exprese con un mayor sentido de la realidad.
Y lo mismo puedo decir sobre la afirmación de que el Tratado CECA representa la única política industrial. Es absolutamente falso y siento tener que decírselo así. Esta política industrial está obsoleta desde hace mucho tiempo. Se trata de una política industrial intervencionista que se basa en contingentes, en controles de precios y de flujos comerciales y en controles adicionales semejantes. La aplicamos en las primeras crisis siderúrgicas y jamás conseguimos una solución con ella. Sólo a partir del momento en que empezamos a aplicar la moderna política industrial que desde hace años defiende la Comisión conseguimos alcanzar una solución razonable a los problemas. Y así, hoy podemos abordar con mayor serenidad las nuevos dificultades.
No puedo precisar más en este momento la transición del Tratado CECA a la normativa general. Está totalmente claro que no vamos a prolongar el Tratado. Vamos a recoger en el Tratado la parte de los mecanismos que sea compatible con la moderna política industrial. Tenemos que encontrar una solución sobre el uso y destino de las reservas, del dinero que la propia industria siderúrgica ha producido. Los Estados miembros parecen deseosos de apropiarse de estos fondos. No tienen en cuenta que han sido originados por la industria siderúrgica. Por eso necesitamos encontrar una solución que permita utilizar al menos parte de ellos para financiar las necesidades y los objetivos de esta industria, por ejemplo, para investigación y modernización. Pero los Estados miembros tienen otras ideas sobre el particular. Espero que podamos encontrar una solución razonable con ayuda del Parlamento. Lo mismo sucede, por cierto, con el problema con los Estados Unidos. Por descontado que estamos a favor de un acuerdo multilateral, que es la única solución para estos problemas comerciales. Seguimos confiando en alcanzar este objetivo una vez que se haya apaciguado la agitación del período electoral en los Estados Unidos.
Nos encontramos en una nueva fase de la reconversión, más bien en un período de normalidad en el que contamos con una industria competitiva y en el que hay que mantener esa competitividad. No necesitamos reorganizarlo todo de arriba abajo. Tenemos que velar por que en los próximos años no se eche a perder esta competitividad.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Redes transeuropeas de telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0222/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la posición común del Consejo (C4-0225/96-95/0124(COD)) relativa a la aprobación de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones (Ponente: Sr. Hoppenstedt).

Hoppenstedt
Señor Presidente, Señorías, tengo la suerte de poder hablar en el pleno de hoy, como en el de la última vez, antes de las 12. Lo siento por quienes no pueden hallarse entre nosotros y se encuentran sentados en las duras sillas de las cervecerías al aire libre teniendo que beber cerveza y vino fríos. Nosotros estamos aquí mucho más a gusto.
Pero no se trata de eso, sino de las redes transeuropeas de telecomunicaciones, de la presentación de nuestra recomendación para la segunda lectura y de nuestro juicio sobre la posición común. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha aprobado por unanimidad las enmiendas a este informe. Para los que no están familiarizados con la materia, permítanme que vuelva a insistir en que, en un mercado interior, en un espacio sin fronteras, ha de garantizarse el tráfico de mercancías, capitales, personas y servicios. Las medidas que la Comunidad ha adoptado ya y las que se tomarán en el futuro hacen necesario un intercambio general de información entre personas, operadores económicos y administraciones. Esto resulta necesario y en ello estamos trabajando.
Este intercambio de información sólo se puede garantizar a través de las redes transeuropeas de telecomunicaciones. El artículo 129 D del Tratado establece las líneas generales que deben seguir las acciones a realizar con respecto a las redes transeuropeas en materia de objetivos, prioridades y rasgos fundamentales.
Estas directrices prevén proyectos de interés común. Las redes transeuropeas de telecomunicaciones abarcan los tres niveles que conforman estas redes: aplicaciones, redes básicas y servicios genéricos.
En materia de infraestructura de telecomunicaciones, la posición común favorece la unión de redes, la creación y desarrollo de servicios interoperables y aplicaciones, así como el acceso a los mismos, con el objetivo de facilitar la transición hacia la sociedad de la información, mejorar la competitividad de la industria y acrecentar la cohesión social y económica de la Comunidad.
Las medidas para alcanzar estos objetivos constituyen el conjunto de proyectos de interés común. Una de las prioridades de nuestras enmiendas es precisamente fijar el orden de prelación. No estamos, naturalmente, dispuestos a renunciar a ello. Otras prioridades son: informar a la sociedad sobre las ventajas de la utilización de redes transeuropeas y de servicios transeuropeos de telecomunicaciones, fomentar las iniciativas conjuntas destinadas a preparar proyectos en esta materia, apoyar económicamente las diferentes aplicaciones, en especial a las que sean de interés colectivo, estimular la creación de sociedades mixtas con participación privada y estatal y fomentar la oferta y el uso de servicios y aplicaciones en las PYME.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha resaltado especialmente la importancia de los artículos 3, 6 y 7 y ha presentado enmiendas a los mismos. Lo más importante para nosotros es una estructura transeuropea de comunicaciones que garantice las posibilidades de desarrollo de la sociedad de la información. Con todo, también velamos en nuestras enmiendas y en nuestra lista de prioridades por que se tenga en cuenta de manera especial a los ciudadanos y a sus preocupaciones, por ejemplo, en materia de puntos de conexión del sistema y de carencias y lagunas del mismo.
Me parece importante que dispongamos en el futuro no sólo de autopistas de la información, sino de aceras y zonas peatonales de la información. También tienen una importancia especial para nosotros las iniciativas transfronterizas y suprarregionales, así como la conexión a base de redes de comunicación con los países del Mediterráneo, la Europa central y oriental, la CEI y América Latina. Se trata de temas importantes que tienen un lugar destacado en las enmiendas.
Considero en extremo necesario que el Consejo acepte nuestras recomendaciones, las decisiones que hemos tomado en la segunda lectura, sin más demora porque opinamos que precisamente en la industria siderúrgica y de tecnología de la información subyace un gran potencial de creación de empleo. No son puestos de trabajo adicionales, pero son, en cualquier caso, nuevos. Creo que debemos hacer todo lo posible para avanzar en estos campos. No nos podemos limitar a confeccionar Libros Blancos y a adoptar grandes decisiones en materia de mantenimiento o creación de empleo. Lo que de verdad necesitamos son estructuras que pretendan crear empleo y estén en condiciones de hacerlo.
Creo que hemos de acabar de una vez con los falsos debates. Hemos de ponernos a trabajar para conseguir verdaderos resultados. Creo que la iniciativa de la Comisión contenida en la posición común ofrece perspectivas de sobra para ello. La sociedad de la información se desarrollará por sí misma en cualquier caso, pero, si no nos preocupamos de que se respete lo que ya he mencionado, probablemente el ciudadano de a pie quede excluido. No creo que se deba llegar a este punto. Por eso deseo que el Pleno apruebe la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. Estoy seguro de que esto tendrá lugar de manera relativamente unánime.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar creo que hay que recordar que la propuesta que examinamos, que se apoya en la base jurídica del Título XII del Tratado, pide que la Unión fije las orientaciones, los objetivos y las prioridades así como las líneas maestras de las acciones que han de llevarse a cabo con el fin de ayudar a realizar proyectos relativos a las redes transeuropeas de telecomunicaciones.
Dichas líneas maestras tienen en particular por objeto la elaboración de la lista con los sectores en los que se lanzarán propuestas destinadas a que aparezcan proyectos, algunos de los cuales recibirán un marchamo de «interés común» y de esa forma podrán recibir ayuda financiera de origen comunitario.
En febrero de este año, nuestra Asamblea se pronunció en primera lectura, con unas enmiendas que, en algunos casos, eran inaceptables para el Consejo. El informe del Sr. Hoppenstedt que hoy debatimos recoge buen número de enmiendas que no podrán contar con el acuerdo de nuestro Grupo. Concretamente, recordaré los problemas de comitología y de reparto de responsabilidades entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, la definición de los proyectos que se aprueben, la codefinición del programa conjuntamente con el Parlamento y la cuestión del Comité de Gestión, que se convertirá en un simple comité consultivo.
En materia de selección de proyectos, tomar en consideración las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo significaría que las decisiones las tomarían conjuntamente el Consejo y el Parlamento. Sin embargo, esto es para nosotros inaceptable.
Asimismo, en lo relativo a la definición de los proyectos, se recoge la obligación de transnacionalidad que, lo recordaré, no impone en absoluto el Tratado. Además, nosotros estamos en contra de esta obligación ya que consideramos que los proyectos que en las licitaciones tienen el marchamo de «autopistas de la información» no podrían obtener una extensión comunitaria.
Por último, a todas las observaciones anteriores hay que añadir la falta de respeto a las reglas de subsidiariedad y las nuevas exhortaciones en materia de prioridad de las opciones y de los plazos de implantación de proyectos. Por otro lado, se han añadido nuevas prioridades, algunas de las cuales no creemos que estén legitimadas por ningún tipo de decisión anterior.
Así pues, mañana nuestro Grupo, respecto a algunas enmiendas, adoptará una postura que se reserva.

Lindqvist
Señor Presidente, la magnitud de la información en nuestra sociedad aumenta hasta lo indecible. Tener acceso a la información correcta o saber cómo conseguirlo será una cualidad importante para aquellos que tengan que funcionar en el futuro mercado de trabajo. Dos objetivos se presentan como vitales para el desarrollo positivo de la sociedad de la información. El primero consiste en la democracia y el derecho de todos a participar y a beneficiarse de las posibilidades que nos brinda la sociedad de la información. El segundo, es el derecho a utilizar la tecnología y las redes coordinadas para aprovechar esta actividad, es decir, que hay que dar prioridad a las necesidades del consumidor. Es de esto último de lo que trata el informe en especial. No obstante, es importante que, en nuestra función de representantes del ciudadano siempre tengamos en cuenta los aspectos de la democracia y de la igualdad justa y equilibrada incluso en nuestros debates sobre cuestiones de un carácter marcadamente técnico.
Una coordinación eficaz de las redes de telecomunicación facilita la transición a la sociedad de la información. La coordinación de las redes es asimismo importante para la realización de diversos programas comunitarios para el desarrollo de la investigación y de la tecnología, programas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, donde se incluyen los que tienen por objeto el contenido informativo, por ejemplo, INFO 2000 y MEDIA II.
Me permito abarcar otros aspectos importantes en este contexto. Los que apliquen estos programas deben emplear las lenguas locales. También deben tomar en consideración las distintas necesidades de grupos de población que quizá no utilicen el sistema en un principio. Se trata de las mujeres, de las personas discapacitadas o personas de regiones despobladas o minusválidos. Todos estos grupos deben tener el mismo acceso y posibilidades de utilizar las redes y los sistemas económicos y tecnológicos.
En el proceso de construcción de postes, de teléfonos y otros equipamientos también es importante que se aplique la mejor tecnología de protección del medio ambiente a nuestro alcance para hacer posible el reciclaje y la recuperación, así como que se impidan los daños que se puedan producir con el uso. También hay que prestar atención especial a las repercusiones sociales de la aplicación y utilización de la telemática y de las redes de telecomunicación.
Algunos de los sectores centrales de aplicación de la telecomunicación en el futuro son, por ejemplo, la formación, la formación a distancia, una mejor comunicación dentro de la actividad pública y privada, el uso de las diversas modalidades de tarjetas inteligentes, el pago electrónico, el correo electrónico y los servicios de vídeo. A largo término también creo que se nos abren unas posibilidades ilimitadas de utilizar las redes de comunicación transeuropeas para los servicios universales y comerciales y para la simplificación de la actividad dentro del ámbito del transporte, la compra, la compra al por mayor, la facturación, la actividad de las compañías aseguradoras, los servicios de correos y los bancos, en beneficio de todos los ciudadanos.
Las posibilidades de unos servicios de telecomunicación perfeccionados a base de sonido e imagen facilitan asimismo la descentralización con la expansión del empleo a nuevas regiones. Bien utilizado, señor Presidente, esto puede darnos unos beneficios sociales a través de la disminución del deterioro del medio ambiente. Por último, quiero expresar mi satisfacción por la unanimidad registrada en el seno de la comisión.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, la segunda lectura de la posición común de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, vuelve a suscitar la cuestión de la comitología, reclamando un mayor papel y una mayor implicación en la toma de decisiones del Parlamento Europeo en cuanto a la elección de los proyectos de redes informáticas transeuropeas.
De hecho ¿cómo podría no estar de acuerdo respecto a la democratización de las Instituciones europeas? Con relación a este tema de las redes telemáticas permítanme, sin embargo, subrayar la necesidad de procedimientos de toma de decisiones rápidos y flexibles. Precisamente, teniendo en cuenta esta necesidad, encuentro las enmiendas núms. 8, 9, 10 y 11 no adecuadas a las circunstancias, a pesar de que el principio que las inspira es justo. Nos hallamos ante una coyuntura -la de la sociedad de la información- en continuo crecimiento y evolución. Únicamente, deseo mencionarles tres puntos de un discurso del Sr. Hundt, Presidente de la Federal Communication Commission, que pude escuchar en el seno de la delegación parlamentaria Unión Europea/Estados Unidos, según el cual, en los últimos años la FCC no ha hecho otra cosa que desreglamentar el mercado de los servicios telecom en Estados Unidos logrando un extraordinario crecimiento. La FCC ha puesto en marcha una política muy original de venta en subasta del espectro, obteniendo sin ningún esfuerzo y sin ninguna carga para el contribuyente un beneficio de 20.000 millones de dólares. Mil millones, o sea el 5 % de dichos beneficios, se investirán en un proyecto de interconexión a la red Internet de todos los centros de enseñanza secundaria de los Estados Unidos.
Este enfoque pragmático se adapta muy bien a un sector en continua evolución, en el que no cesan los avances tecnológicos y los plazos de inversión suelen ser muy cortos. A pesar de que el ejemplo americano, según algunos, no debe seguirse obligatoriamente, porque de lo contrario nos preocuparíamos más de la realización de las infraestructuras y menos de las aplicaciones, me inclino a creer, sin embargo, que Internet y su éxito de basan sobre todo en las inversiones del Departamento de Defensa (DOD) para la red DARPA, así como, por asociación de ideas, el sistema Global Positioning System (GPS) de navegación depende directamente del programa de la guerra de las galaxias (SDI).
Sigue existiendo, en definitiva, una duda legítima, o sea que, mientras estamos debatiendo acerca de la defensa de la pluralidad lingüística de Europa o los procedimientos de elección de las aplicaciones de interés, estamos perdiendo un tiempo muy valioso en la carrera de las oportunidades. Por lo tanto, confío en una rápida convergencia entre el Parlamento y la Comisión Europea y, paralelamente, en una rápida implantación de las medidas de promoción de las sociedades de la información.

Bangemann
Señor Presidente, el Sr. Hoppenstedt lo sabe y todos los que intervienen lo saben. En el fondo se trata de las enmiendas que el Parlamento ya presentó en primera lectura, que el Consejo rechazó, que ahora se vuelven a presentar y que en esencia se refieren a la cuestión de la participación del Parlamento. Este es el núcleo del debate de hoy. Puedo entender la posición del Parlamento, pero puedo adelantarles hoy que el Consejo no la aceptará. Por lo tanto, se van a encontrar en el procedimiento de conciliación ante la disyuntiva de elegir entre renunciar, al menos en parte, a su posición o mantener este programa que se califica, con razón, de importante. Desgraciadamente, ésta es la situación ante la que se encuentra el Parlamento. Nosotros les vamos a ayudar tanto como podamos, pero no creo que puedan ustedes conseguir que el Consejo acepte todo lo que van a aprobar mañana.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Equipos a presión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0217/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la posición común del Consejo (C4-0226/96-00/0462(COD)) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (Ponente: Sr. Meier).

Meier
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los equipos a presión siguen sometidos a diferentes procedimientos de autorización y de comprobación en los Estados miembros. Por ejemplo, las bombonas de gas no pueden transportarse ni utilizarse en todo el territorio comunitario. El mercado interior es un espacio carente de fronteras internas. No se debe obstaculizar el libre comercio mediante obstáculos. La armonización conduce a la eliminación de los obstáculos y a ella tiende esta Directiva, que no es completa porque se aplica a los equipos con presiones superiores a 0, 5 bar. Los recipientes a presión simples están regulados por la Directiva 87/404.
El transporte de mercancías peligrosas está actualmente cubierto por convenios internacionales. Se excluyen los equipos militares, los destinados a empleo en instalaciones nucleares, los oleoductos y los depósitos subterráneos de gas y petróleo. Ello no significa, sin embargo, que no se reconozcan los riesgos inherentes a estos equipos. Todo lo contrario, en estos ámbitos se requieren normas más precisas y procedimientos de control especiales. Solamente se los excluye de este informe debido a sus requisitos específicos.
Las disposiciones en vigor no cubren todavía determinados ámbitos. Debe posibilitarse una mejora del mercado interior sin reducir por ello las normas de seguridad existentes en los Estados miembros. Los requisitos básicos relativos a la seguridad, a la protección de la salud y a la higiene para los seres humanos, así como la seguridad para la propiedad en su calidad de bien económico valioso, deben asimismo ser tenidos en cuenta. El sector de los equipos a presión sigue siendo en toda Europa un mercado de grandes dimensiones que garantiza puestos de trabajo, que tiene elevados niveles de seguridad y que puede hacer frente con éxito a la competencia en el mercado mundial.
En el presente informe, así como en las enmiendas, se consideran los siguientes aspectos. Hay que comprobar la efectividad de esta Directiva y su aplicación práctica. También habría que examinar si no sería conveniente incluir después la Directiva 87/404 sobre equipos a presión simples. Se pueden examinar las áreas no incluidas con objeto de determinar si resulta necesaria una reglamentación para las mismas a nivel comunitario. Sería deseable que especialistas técnicos participaran en el Comité Permanente de la Comisión. Se pondrá énfasis en la seguridad, que es también la cuestión principal para muchas organizaciones europeas de comprobación y para los consumidores, trabajadores y usuarios de equipos a presión. Se ha de garantizar la seguridad a través de la comprobación efectuada por organismos autorizados, entidades reconocidas e independientes de inspección y organismos de inspección de operadores. También se aborda la denominación CE.
Para reforzar la seguridad (nadie puede realmente oponerse a ella), propongo que se acepte también la enmienda nº 10. La enmienda nº 12 sirve al mismo propósito. También ha de regir un nivel de seguridad general comparable para los nuevos productos a los que no puedan aplicarse las normas armonizadas. Quisiera resaltar especialmente que proponemos que los Estados miembros colaboren con las autoridades competentes, porque consideramos que este aspecto es muy importante.
En cuanto a la última enmienda, relativa al diagrama, hay que mencionar que no se pudo alcanzar ningún compromiso al respecto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. Por eso no debemos aceptarla, para confirmar el compromiso alcanzado en la citada comisión.
Propongo que se apruebe el informe, con las reservas mencionadas al principio sobre la necesidad de desarrollar ulteriormente la norma y sobre su no aplicación a equipos de presión específicos hasta que se considere necesario elaborar directivas adicionales. Doy las gracias por estas horas nocturnas.

Konrad
Señor Presidente, Señorías, con la aprobación de la directiva sobre equipos a presión aprobamos una medida que ha de armonizar las disposiciones nacionales vigentes hasta ahora en esta materia. Basta considerar el ámbito de aplicación de esta directiva -extintores de incendios, recipientes a presión, válvulas e incluso plantas químicas completas- para darse cuenta de la amplitud del espacio que regula. Las empresas están, por lo tanto, interesadas en una normativa armonizadora europea que se oriente a conseguir un alto nivel de seguridad. La presente posición común cumple precisamente este objetivo.
El ámbito de aplicación de la directiva está constituido por productos que implican un alto porcentaje de riesgo. Creo que cualquier otra cosa no sería razonable. Quiero resaltar que cualquier modificación de la directiva podría poner en peligro un compromiso que ha costado dos años y medio alcanzar. Por eso me parece importante que procedamos con prudencia con las enmiendas. También soy de la opinión de que habría que reconsiderar el número 7 del Anexo I, en el que sólo figuran cifras de valores técnicos. Mi Grupo, el PPE, piensa que este Anexo de la directiva se aparta de la línea acordada, según la cual no habría que incluir en directivas de este tipo datos puramente técnicos. Por este motivo, en la votación de mañana presentaremos una propuesta separada para conseguir por lo menos la reconsideración de este anexo en el procedimiento de conciliación. Espero que el Grupo del PSE se sume a esta propuesta para, al menos, posibilitar la conciliación.
Otro punto digno de mención en esta directiva es el del objetivo de que el fabricante asuma una mayor parte de responsabilidad con respecto a la detección de riesgos. Sé que las instituciones técnicas de supervisión tendrán reservas sobre el particular. Sin embargo, en nuestra opinión, la detección de riesgos conexos con la fabricación de equipos, así como con su construcción y montaje, se encuadra en la esfera de la responsabilidad del fabricante. Por lo tanto, nuestra opinión es que esta directiva también debe contribuir, en relación con el incremento de la propia responsabilidad, a desregular esta materia. La desregulación también consiste en esto, y por eso el Grupo PPE acoge con satisfacción la tendencia asociada a esta directiva.

Bangemann
Señor Presidente, quisiera agradecer muy cordialmente al Sr. Meier el difícil y complicado informe que ha elaborado y que también ha consumido mucho tiempo en el Consejo. Lo acabo de comprobar. A mediados de 1993, la Comisión tomó la primera decisión sobre el asunto. No es ningún reproche al Consejo, sino una muestra de lo complicada que es la materia, sobre todo cuando se reflexiona acerca de procedimientos modernos que garanticen la seguridad. Este es el objetivo de la directiva: hay que escoger procedimientos que, por un lado, garanticen un nivel elevado de seguridad y, por otro, no supongan trabas burocráticas innecesarias para la industria del ramo. El Sr. Konrad se ha referido a este conflicto de objetivos.
Las enmiendas son, en parte, mejoras y aclaraciones del texto. Así ocurre con las enmiendas nº 1 a nº 7, con la nº9, nº 11, nº 12, nº 14 y nº 15, que aceptamos. No podemos aceptar las enmiendas núms. 8, 10, 13 y 17. La primera pide que, cuando se trate de equipos de presión de categorías altas, el examen del producto se realice en cada caso por terceros independientes. Esto está en contradicción con las disposiciones generales de la directiva y con la decisión del Consejo sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad, que prevén la aplicación de sistemas de garantía de calidad como alternativa a los procedimientos de evaluación de la conformidad. Esto se aplica con éxito desde hace mucho tiempo y no queremos renunciar a ello.
La aplicación de normas armonizadas que pretende la enmienda nº 10 se encuentra, en principio, ya garantizada por medio del nuevo concepto. No es por tanto necesario, como se pide en el artículo 10, elaborar un informe adicional. Creemos que así no se incrementa la seguridad, sino que más bien se generan las mencionadas dificultades burocráticas adicionales.
Espero que avancemos más rápido de lo que sido el caso hasta ahora porque, como han dicho los Sres. Meier y Konrad, se trata de una directiva verdaderamente importante que afecta a una parte considerable del mercado interno y con la que deberíamos contar desde hace años. Ahora podemos conseguirlo. Me he esforzado, en interés del Parlamento y, sobre todo, de los intérpretes en concluir mi intervención antes de la medianoche. Le he dejado un minuto disponible al Presidente para que cierre la sesión.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas)

