Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio (debate)
Presidente
El siguiente punto es el informe del señor Weber, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio - C6-0266/2005 -.
Dragutin Mate
Presidente en ejercicio del Consejo. - (SL) Estoy encantado de estar aquí hoy hablando de la Directiva de retorno, que es prácticamente el primer documento que hemos logrado elaborar en colaboración el Parlamento y el Consejo en el ámbito de la inmigración. Esto es algo que nunca habíamos hecho y, debo decirlo, llegar al punto en que nos encontramos hoy ha exigido esfuerzos ingentes, tanto por parte del Consejo como del Parlamento como, especialmente, por parte del señor Weber.
Nos ha llevado mucho tiempo coordinar las posiciones en el Consejo. De hecho, nos ha llevado más de dos años coordinar ciertos principios básicos sobre los que poder empezar el diálogo político a tres bandas. Este diálogo comenzó casi a finales del pasado año y continúa en el presente, y el enfoque que elegimos y que también ha apoyado el ponente, el señor Weber, al que debo dar las gracias, consistía en que en primer lugar debíamos contar con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros e intentar armonizar los textos, para luego tratar de obtener en el Consejo una mayoría cualificada que apoyara el texto armonizado.
Determinados puntos fueron extremadamente difíciles, más exactamente, difíciles de afianzar, y una de las cuestiones de importancia extrema -tanto para el Parlamento como, desde luego, para el Consejo- es el período durante el que podemos internar a las personas que llegan de manera ilegal al territorio de la Unión Europea o limitar sus movimientos. Esto debe quedar bien claro: sólo diez países tienen períodos de menos de seis meses. Sólo diez de los veintisiete Estados miembros tienen establecido un período semejante, y todos los demás deberán adaptar su legislación al plazo de seis meses que proponemos en esta Directiva, lo que implica un progreso sustancial en nuestras opciones disponibles y, por supuesto, a la hora de restringir el movimiento.
También hay que decir que esto ha significado un progreso excepcional y un proceso de normalización que todos los países estarán obligados a aplicar. Hasta la fecha, cada país ha actuado de conformidad con su propia legislación y, desde luego, tengo todas mis esperanzas puestas en que lleguemos a un consenso aquí hoy en el Parlamento, acabemos la primera lectura y procedamos a la consiguiente votación.
En términos prácticos, lo más duro de todas nuestras conversaciones ha sido el asunto de la prestación de asistencia jurídica a las personas. El Consejo ha tenido en cuenta y ha aceptado los argumentos y puntos de vista del Parlamento, aunque con gran dificultad, negociando hasta el último minuto. De hecho, las negociaciones finales sobre esta cuestión se concluyeron prácticamente la mañana anterior al Consejo de Ministros, donde también pudimos convencer a sus miembros de que adoptasen el tipo de normas que el Parlamento desea, aunque ello implique un aumento sustancial del trabajo y de los fondos que cada uno de los Estados miembros deberá aportar. La cuestión es que debemos ser conscientes de que la situación de la inmigración ilegal varía enormemente, desde el Mediterráneo, donde ocurren problemas graves a diario, sobre todo en verano, hasta los países alejados de los flujos migratorios y que, por supuesto, pueden dar una respuesta totalmente distinta a la inmigración.
Debo decir que sin lugar a dudas me complace que encontremos compromisos que contribuyan a mejorar la situación de los inmigrantes, que nos centremos en los grupos más vulnerables de inmigrantes -las familias y los niños- y que les proporcionemos unos derechos significativamente mayores de los que les proporcionan numerosas legislaciones nacionales en vigor, algo que me parece un avance muy importante y un gran logro de los negociadores del Parlamento en los debates sobre este particular.
No obstante, también debo añadir algo. Tengo que añadir que el compromiso alcanzado en el Consejo se logró con gran dificultad. Las negociaciones, en las que participé personalmente hasta el último día junto con otros ministros, fueron extremadamente difíciles y arduas, pero ahora el Consejo considera de manera firme e inequívoca que el texto es aceptable. Cualquier tipo de revisión o enmienda de este texto implicará la disconformidad del Consejo y, desde luego, que no se adopte la Directiva en primera lectura.
¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues que no tendremos unas normas comunes, que no mejoraremos una situación que todos deseamos mejorar, y que el proceso de adopción de la Directiva se prolongará considerablemente. Siendo muy optimista, puedo intuir que nos llevará al menos los próximos tres años coordinar una Directiva de retorno y, así, no cabe duda de que contribuiremos a exacerbar la situación que viven aquellos para los que podríamos mejorar las cosas.
Pero ésta no es la única consecuencia de que esta Directiva no se adopte. Su no adopción afectará a otras Directivas que adoptemos mediante el procedimiento de codecisión, ya que el método de negociación empleado en este procedimiento podría constituir un buen ejemplo y contribuir considerablemente a mejorar el trabajo en las directivas sobre la tarjeta verde y sobre determinados derechos de los trabajadores que vienen a la Unión Europea. Creo que el camino que hemos trazado es el correcto y que nos permitirá seguir trabajando.
En conclusión, y en vista de esta constructiva y fructífera cooperación, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Weber, y también a todos los ponentes alternativos, que estuvieron presentes durante todas las negociaciones políticas y, desde luego, al Vicepresidente y a su equipo de la Comisión, que nos ayudaron en tantas ocasiones a alcanzar compromisos.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a Dragutin Mate, nuestro Presidente en ejercicio del Consejo. En primer lugar, me gustaría decir que este expediente constituye una prueba genuina de que el procedimiento de codecisión funciona, incluso en el caso de expedientes complejos y difíciles.
La Comisión Europea aboga por un enfoque integrado con respecto a la inmigración, y este enfoque coherente requiere la consolidación de las vías de inmigración legal, la integración local de los inmigrantes y un sistema de asilo eficaz y generoso. Obviamente, si aceptamos regular las condiciones de entrada de los nacionales de terceros países en la Unión Europea, también necesitamos establecer normas que se apliquen a quienes no reúnen o ya no reúnen las condiciones.
De lo contrario, nuestra política de inmigración perdería su legitimidad. Debemos admitir que en este sentido existe el riesgo de caer en un círculo vicioso. Si no actuamos frente a la inmigración ilegal, complicamos las vidas de los que corren el riesgo de ser explotados por empleadores sin escrúpulos, además de dificultar la integración de los inmigrantes legales. Por consiguiente, creo que debemos romper este círculo vicioso mediante el equilibrio al que se refirió el señor Mate.
La Directiva incorpora a la legislación comunitaria las disposiciones aplicables del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su adopción nos permitirá aplicar los mecanismos de control comunitarios destinados a vigilar el cumplimiento del acervo. Ya se trate de la cuestión de dar prioridad al retorno voluntario, de los derechos de las personas cuya estancia es ilegal y pueden ser expulsadas, de las condiciones de internamiento, de la protección de los intereses superiores de los niños, del respeto por la vida familiar en el marco del retorno o del respeto del principio de no devolución, la Directiva reduce el número de áreas grises y permite combatir con mayor eficacia la explotación infantil de que son objeto los nacionales de terceros países en situación irregular.
La Directiva obliga a los Estados miembros a decidir si desean repatriar o conceder el permiso de residencia a los nacionales de terceros países. Este enfoque implica una mayor seguridad jurídica para todas las partes interesadas. Por otra parte, la Directiva también presenta la ventaja de que permite a la Comisión vigilar su aplicación, y puedo asegurarles que tanto la Comisión como yo mismo, en tanto que responsable de este expediente, garantizaremos el cumplimiento de los principios fundamentales relativos al respeto de los derechos de los inmigrantes. En particular, evaluaremos la repercusión de determinadas disposiciones relativas el internamiento, la prohibición de reingreso y el asesoramiento jurídico.
Como el señor Mate ha dicho, la Directiva obligará a todos los Estados miembros a prestar una atención especial a los derechos de los niños. La aplicación de estas normas debe hacerse en el respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La Comisión vigilará esta cuestión de manera particular para lograr que la situación específica de estas personas más vulnerables se tenga debidamente en cuenta.
Señor Presidente, Señorías, permítanme dirigirle un agradecimiento especial al señor Weber, así como a los ponentes alternativos y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por el trabajo sumamente importante realizado para elaborar una Directiva que, en mi opinión, permitirá un control eficaz sin por ello dejar desatendidos los derechos humanos.
Es deseo de la Comisión establecer este marco europeo coherente para una política de retorno que sea eficaz y que, a su vez, respete los derechos y se encuentre bajo control democrático.
Si me lo permiten, a modo de conclusión me gustaría remitirme a las tres declaraciones que forman parte del compromiso acordado con los colegisladores y que figuran en el anexo a la enmienda de transacción presentada por el ponente, el señor Weber.
Manfred Weber
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente, ya llevamos dos años y medio debatiendo esta Directiva de retorno de los nacionales de terceros países. Antes de entrar en cuestiones prácticas, desearía expresar mi agradecimiento. Se trata de un asunto complejo y muy delicado sobre el que numerosas personas en Europa tienen una postura muy firme y, por otra parte, se ha empleado un nuevo procedimiento, el procedimiento de codecisión, de manera que gracias a todos. En la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior contamos con el apoyo de una amplia mayoría a nuestras recomendaciones para una propuesta sólida y factible. Como parlamentarios, somos capaces de llegar a un consenso. Gracias a todos por su estrecha colaboración, y gracias también a la Presidencia eslovena del Consejo porque ha sido la única Presidencia, en estos dos años y medio, que realmente ha impulsado el debate.
Y ya entro en materia: no estamos hablando de asilo, como muchos siguen afirmando. La Directiva sobre el asilo es una cuestión legislativa distinta. De lo que estamos hablando es de las personas que actualmente se encuentran en territorio comunitario de manera ilegal, de los millones de personas cuya estancia en Europa es irregular y cuya situación legal deseamos cambiar. En la Unión Europea debemos poner punto final a la esclavitud existente en este terreno. Esto se puede hacer mediante la legalización, expidiendo permisos de residencia legales, pero también mediante el retorno a sus países de procedencia.
Hoy, desearía dirigirme a los Diputados de esta Cámara que todavía son escépticos y que siguen formulando preguntas. Se han vertido acusaciones en relación con la duración del periodo de internamiento en espera de la expulsión; este periodo es de seis meses, ampliables en doce meses más. Algunas personas afirman que en determinados países el período es de treinta o cuarenta días. El Consejo de Ministros se ha comprometido a no utilizar la Directiva como argumento para permitir que las condiciones empeoren; en otras palabras, las condiciones deben mantenerse en un nivel alto. ¿Por qué nadie se fija en que actualmente nueve Estados miembros de la Unión Europea no tienen ningún límite al período de internamiento? Estamos mejorando la situación en estos Estados.
¿Por qué nadie se fija en que hemos dedicado una sección y un artículo completos especialmente a los niños y familias, para fijar unas normas mínimas? Estas disposiciones se dirigen en particular a los niños no acompañados, que necesitan de manera especial nuestra ayuda. A este efecto, hemos definido unas normas mínimas. ¿Por qué nadie se fija en la obligación de conceder acceso al sistema sanitario y educativo, en el caso de los niños? ¿Por qué nadie se fija en la declaración fundamental expresada en relación con el período de internamiento en espera de expulsión, que consiste en que deseamos que siga siendo lo más corto posible y que sólo se aplique en aquellos casos en los que el retorno sea jurídicamente posible? Esto implica que en el futuro no podrá emplearse en la Unión Europea la táctica que actualmente se está utilizando de desgastar a las autoridades.
¿Por qué nadie se fija en que hemos previsto asesoramiento jurídico, en que se permitirá la intervención de las ONG y en que se garantizará el derecho de recurso? Esta Directiva representa avances muy importantes. Hemos limitado los países a los que las personas pueden ser expulsadas. El Parlamento Europeo ha impuesto el principio de la salida voluntaria, para instaurarlo en aquellos Estados miembros en los que actualmente no existe. He leído en la prensa que el Consejo de Europa ha formulado algunas críticas. No obstante, la Directiva incluye todas las directrices del Consejo de Europa sobre el retorno y, por consiguiente, en el futuro tendrán fuerza jurídica. Así que ¿por qué critica el Consejo de Europa sus propias directrices? Gracias a esta Directiva estamos haciendo grandes progresos, también en lo relativo a la prohibición de reingreso en cinco años. Echemos un momento la vista atrás. Fue la Comisión la que propuso que se declarara la prohibición de reingreso quinquenal. Y finalmente logramos suprimir este requisito. En tanto que parlamentarios, hemos logrado garantizar que ahora disponemos de una regulación mejor.
Hoy de nuevo volverán a surgir en este debate numerosas críticas. Muchos de entre sus Señorías tomarán la palabra y describirán cuán terribles son los centros de internamiento, cuán nefasta es la situación en ellos y cuán inhumana es la repatriación en la Unión Europea actualmente. Llevamos ya dos años y medio discutiendo estas cosas, y agradezco los cambios de postura, pero hoy quiero decirlo bien claro: quien vote en contra de esta Directiva, quien vote en contra del resultado de este diálogo a tres bandas, estará impidiendo que la Unión Europea progrese en la mejora de las normas de derechos humanos. Así pues, les rogaría que nos mostremos capaces de actuar. Y en particular a la luz de que los ciudadanos irlandeses han rechazado la nueva ampliación de Europa, el presente expediente sobre esta cuestión candente constituye una oportunidad de demostrar por primera vez, gracias al procedimiento de codecisión, que somos capaces de actuar y que deseamos una Europa fuerte y humanitaria.
(Aplausos)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (ES) Señor Presidente, comienzo mi intervención felicitando muy sinceramente a mi colega Manfred Weber.
La propuesta de Directiva es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración. La Directiva es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal. La propuesta establece como objetivo prioritario y preferente el retorno voluntario de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados miembros, poniendo a su disposición los medios necesarios para que el regreso a sus países se realice de forma adecuada y sin coste para ellos.
La alternativa del retorno forzoso se plantea como último recurso, y siempre bajo el estricto respeto a los derechos fundamentales. La asistencia letrada y lingüística que se pone a disposición de los inmigrantes y la posibilidad de recurrir la decisión de retorno ante un órgano judicial o administrativo creado al efecto son ejemplos del carácter subsidiario que se ha querido conceder al retorno forzoso frente al voluntario.
La concreción de un período máximo de retención es un elemento esencial de la Directiva. Es difícilmente comprensible que en la actual Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente, pero ningún Estado puede utilizar la Directiva para endurecer sus leyes en materia de inmigración, singularmente en lo referido a los plazos de retención.
Por otro lado, hay una clara delimitación entre retorno y asilo. Se establecen garantías jurídicas claras sobre la orden de detención. El nuevo artículo 15 bis establece más y mejores condiciones para menores y sus familias y, en fin, la Directiva ofrece la posibilidad de que el Tribunal de Justicia tenga competencias en la materia.
Por todo ello, señor Presidente, y valorando reiteradamente el esfuerzo del ponente, del Consejo y de la Comisión, ruego el apoyo favorable para la Directiva de retorno.
Martine Roure
Señor Presidente, debatimos hoy un aspecto de la introducción de una política europea de inmigración, y quisiera hacer una observación: estamos aquí construyendo una Europa cerrada sobre sí misma, pese a que, para combatir la inmigración ilegal, deberíamos crear instrumentos que permitan a los inmigrantes entrar legalmente.
Mi grupo no acepta el compromiso al que llegaron tan laboriosamente la Presidencia y el ponente, no porque nos opongamos a una política europea de retorno, sino porque el resultado nos parece insuficiente en lo que a protección de los derechos fundamentales se refiere. De hecho, siempre hemos dicho que estamos a favor de una Directiva de retorno porque hemos presenciado demasiados horrores en nuestras visitas a los centros de internamiento. Pero no queremos una Directiva a cualquier precio. He oído decir que esta Directiva permitirá a las personas salir de la ilegalidad. Esto es un grave malentendido, ya que sólo establece normas relativas a la organización de los retornos y, en ningún caso, prevé derechos de permanencia.
El ponente opina que este compromiso es equilibrado porque confiere varios derechos. Sin embargo, los derechos que confiere el texto, como el acceso a la educación para los menores y el acceso a asesoramiento jurídico, no son realmente obligatorios.
En realidad, la Directiva no mejorará la situación con respecto a la retención en la Unión Europea. Por ejemplo, la ampliación del período de retención a dieciocho meses sólo constituye una mejora en nueve de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, de esos nueve Estados miembros, tres no se verán afectados -el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca-, dado que se han desmarcado de esta Directiva. Las mejoras en países como Malta, donde la mayoría de los detenidos son solicitantes de asilo, y el asilo no se recoge en la Directiva, serán muy escasas. Los retenidos en Grecia son, principalmente, personas interceptadas cruzando de manera ilegal una frontera exterior. Estas personas también están excluidas de su ámbito de aplicación.
Por consiguiente, el Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas encaminadas a dotar el texto de una dimensión humana. Ésta es la primera codecisión del Parlamento Europeo en el ámbito de la lucha contra la inmigración ilegal y, por esta razón, tenemos la obligación, en tanto que Diputados, de abogar por una legislación clara que no pueda ser interpretada por los Estados miembros de diferentes maneras o en cuya interpretación intervenga el Tribunal de Justicia. Por eso insto al Parlamento Europeo a que utilice todos los poderes legislativos a su disposición para permitir la adopción de una legislación que suponga una mejora para las personas retenidas. Ese es nuestro deber como parlamentarios.
Esto no es excusa para que no nos hagamos una pregunta más general y de carácter más filosófico: ¿pertenece la Tierra a los seres humanos? ¿Debería realmente condenarse a parte de la población a vivir en la pobreza? ¿No creen que ésta es la auténtica cuestión?
Jeanine Hennis-Plasschaert
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, las negociaciones con el Consejo han sido largas, intensas, complicadas y duras. El punto de parta para la mayor parte de los Estados miembros ha sido el siguiente: "¿cómo puedo librarme de esta Directiva, dado que no quiero que haya ninguna norma europea sobre el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular?". Lo que está claro es que el Consejo y el Parlamento tienen ideas muy diferentes sobre lo que debería ser una Directiva de retorno seria con unas medidas de salvaguardia suficientes. Así pues, el Parlamento ha tenido que luchar por cada palabra y cada coma.
Todos, y en particular el Grupo PSE, deberíamos tener muy claro que el paquete de compromiso establece normas en un ámbito en el que actualmente existe un vacío legal. Los Estados miembros que tengan implantadas condiciones más favorables deberían poder mantenerlas, o introducir las nuevas normas si así lo desean. Los parlamentos nacionales desempeñan un papel fundamental en la garantía de la aplicación de esta Directiva. Además, logramos que el Consejo realizara una declaración política en la que garantizaba que la Directiva no se usaría ni podría usarse como excusa para rebajar las normas existentes. La experiencia con otras diez directivas sobre el asilo y la inmigración demuestra, de hecho, que los temores de que haya una tendencia entre los Estados miembros a utilizar la transposición de dichas directivas como pretexto para hacer su legislación nacional más represiva son infundados.
Actualmente, no existe ninguna legislación comunitaria en relación con el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Con la adopción del paquete, dispondremos de mecanismos de control comunitarios. Ahora tendremos procedimientos de infracción, competencia del Tribunal de Justicia, información a la Comisión, vigilancia por el PE.
Los tres años de conversaciones dejan patente que no queda margen de maniobra, y está claro que en una segunda lectura no se lograrán más mejoras. Sí, tengo que admitir que es así de triste, pero es la verdad. El Consejo empezará por presentar una lista con numerosas propuestas rechazadas. Y lo que de hecho conseguiremos es que se abra la caja de Pandora.
Además, está bien claro que el clima político actual en la mayoría de Estados miembros no va a ser de gran ayuda. Así pues, ¿cómo podemos implantar unas normas comunes mínimas en un ámbito que actualmente carece de ellas? ¿Cómo podemos garantizar que contaremos con mecanismos de control comunitarios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las directrices del Consejo de Europa son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros?
En esta etapa, la pregunta fundamental es: ¿queremos una directiva o no la queremos? ¿Queremos una directiva que no es perfecta, pero que indudablemente constituye un primer paso en la dirección correcta, o no queremos ninguna directiva porque consideramos que la situación actual ya es satisfactoria?
Aún a estas alturas, para muchos Estados miembros supondría un alivio que esta Directiva muriera por culpa del Parlamento. Y resultaría muy irónico que los Diputados que tratan de deshacer el paquete de compromiso apoyaran, de hecho, a aquellos Estados miembros que no desean ningún tipo de salvaguardias comunitarias con respecto al retorno.
Debemos considerar el paquete de compromiso como un modesto, a la vez que importante, primer paso. La política de retorno no puede considerarse de manera aislada, sino que debe verse como una parte necesaria de un paquete integral sobre inmigración, que incluya la inmigración legal y también el asilo. En realidad, considero que, tras casi tres años de conversaciones y negociaciones, ya va siendo hora de asumir nuestras responsabilidades.
(Aplausos)
Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE. - Señor Presidente, quiero empezar expresando mi agradecimiento al ponente sobre esta cuestión por la integridad y honestidad con la que ha abordado las preguntas. También me gustaría dar las gracias a nuestros colegas, dado que hemos hecho todo lo posible por encontrar un enfoque común y para reconocer la necesidad de tratar a las personas como individuos en el proceso de retorno, así como la necesidad de un proceso legal con todas las garantías y de una legislación clara.
Las conversaciones con el Consejo han dejado patente las deficiencias existentes actualmente en algunos Estados miembros que afectan a sus propios ciudadanos, especialmente en relación con el asesoramiento jurídico -que es crucial para que las personas puedan ampararse en la legislación y puedan defenderse de los que ostentan el poder-, Estados en los que además no existen sistemas eficaces de representación adecuada de los derechos de los niños y jóvenes no acompañados. Esto ha planteado varios problemas en las conversaciones con el Consejo.
Lamento que, tras unas negociaciones tan largas, mi grupo no se encuentre en posición de aceptar la posición negociada porque, aunque en teoría no tenemos nada que objetar a la Directiva, no reúne las condiciones que fijamos inicialmente. ¿Por qué no? Pues porque consideramos que consolida muchos de los problemas contra los que hemos estado luchando en nuestros propios Estados miembros.
Una de estos problemas es la duración de la detención. Aunque la Directiva pone límites a este período, conocemos las consecuencias psicológicas que tienen los largos períodos de internamiento para los individuos y para los niños. Es algo que hemos podido observar por nosotros mismos y sobre lo que se ha investigado. Hemos presenciado las condiciones en las que se encuentran retenidas numerosas personas y, aunque la propuesta de Directiva establece claramente que los centros de internamiento no deben ser prisiones, a menudo no logramos discernir qué los diferencia.
También albergamos dudas sobre la prohibición de reingreso, que, con arreglo al artículo 9, debe ser la regla general aplicable a los retornos involuntarios. De este modo, los Estados miembros que se adhieran a la Directiva deberán responder a preguntas como la que me plantea una de las electoras de mi circunscripción, Serwa Nouri Yousef, que tiene el estatuto de refugiada, está embarazada de ocho meses y cuyo esposo fue repatriado a Iraq y se encuentra actualmente en paradero desconocido. De conformidad con esta Directiva, su marido también se enfrentaría a una prohibición de reingreso. Así que ¿dónde queda la vida familiar, a pesar de las protestas de protección humanitaria?
También tenemos dudas en relación con el país al que deben ser devueltas las personas de conformidad con la letra (c) del artículo 3, y, si la referencia a "otras disposiciones" incluye los apretones de manos metafóricos que hemos visto en el pasado entre el señor Berlusconi y el señor Gadafi; consideramos que esto es inadmisible, puesto que tales acuerdos se hacen al margen de los acuerdos públicos escritos.
Andrzej Tomasz Zapałowski
en nombre del Grupo UEN. - (PL) Señor Presidente, el problema que nos ocupa hoy lo han provocado en gran medida los Estados miembros de la UE. Si nos paramos a analizar los discursos de algunos representantes de determinados partidos políticos representados aquí, veremos que estos círculos han pedido en ocasiones anteriores una legislación que permita la liberalización de los reglamentos para la entrada de personas desde fuera de Europa.
Hoy también hemos podido escuchar bastantes voces en esta Cámara que piden una reglamentación jurídica que va en contra de la familia tradicional, o de las tradiciones cristianas de Europa. Todo cuanto debemos hacer es esperar unos años, y no tardaremos en oír un gran volumen de peticiones y resoluciones para que salvemos la identidad de nuestro continente, porque lo que anteriormente hacía de Europa un modelo a seguir para todo el mundo está a punto de extinguirse.
La recomendación incluida en la propuesta de crear unas nuevas oficinas para tratar los retornos no es el camino a seguir. Estas tareas deben realizarse en las instituciones ya existentes, que en cualquier caso ya se han ampliado.
Giusto Catania
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (IT) Señor Presidente, Señorías, esta Directiva es una deshonra y un insulto para la cultura jurídica de Europa. Es del todo inadmisible, y puede poner en peligro la tradición de bienvenida que tenemos desde hace miles de años y las profundas raíces de una identidad europea que se ha forjado mediante la práctica de la hospitalidad. La Directiva constituye un nuevo monumento a la fortaleza europea, la materialización de una utopía reaccionaria que tiene por objeto poner trabas a la libertad de movimiento de hombres y mujeres.
No se puede poner freno al derecho a la movilidad encerrando a los hombres y mujeres con alambradas o en horribles centro de internamiento. Señor Mate, estamos hablando de dieciocho meses -el período máximo de internamiento-, no de seis meses, como ha dicho. Estamos hablando ni más ni menos que de dieciocho meses sin haber cometido ningún delito.
Quisiera referirme a las palabras del arzobispo Agostino Marchetto del Consejo de Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana, quien declaró que una persona no podía ser detenida por una mera infracción administrativa ni tampoco ser recluida en centros de internamiento inhumanos y degradantes como los visitados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de este Parlamento.
Además, esta Directiva es una Directiva inhumana, porque contempla el retorno a un país de tránsito. En este sentido, es probable que Libia se convierta en un destino de deportaciones masivas de inmigrantes. Por otra parte, prevé la detención y expulsión de menores no acompañados, establece una prohibición de reingreso, lo que per se vulnera el derecho de asilo, y contempla un asesoramiento jurídico discrecional. Ésta es la verdadera naturaleza de esta Directiva.
A ello cabe sumar que se trata de una Directiva impuesta por los Gobiernos. En esta Cámara hemos sido objeto de la dictadura del Consejo, que ha dicho al Parlamento: "si no quieres taza, taza y media", pues incluso ha pronunciado amenazas contra la idea de cualquier forma de prolongación del debate sobre inmigración. Y el Parlamento Europeo está acatando sin rechistar esta decisión. Apelo a la dignidad del Parlamento Europeo. Esto no es codecisión. Lo que estamos haciendo no es más que acatar los designios del Consejo. La realidad es que los Gobiernos desean activar de inmediato los 700 millones de euros asignados al Fondo de Retorno. Ésta es la verdadera naturaleza de esta Directiva.
Lo que tenemos que hacer es escuchar a la sociedad, a quienes están fuera de este Parlamento, a los jefes de estado de terceros países, a Amnistía Internacional, a las iglesias, a las Conferencias Episcopales de Europa, a los sindicatos y al Consejo de Europa: todos nos dicen que no adoptemos esta Directiva. Incluso el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, a quien en virtud del Tratado de Amsterdam debe consultarse en relación con los asuntos en materia de asilo e inmigración que trate la Comisión Europea, nos está diciendo que no la adoptemos.
Esta clase de políticas represivas son la verdadera causa de la mayor tragedia de la Unión Europea: las muertes en el mar. Ayer perdieron la vida 150 personas, y en los últimos diez años ya han muerto 12 000 en tales circunstancias. La Unión Europea está manchándose con estos crímenes inadmisibles, y la Directiva aún la hace más cómplice de estas muertes que están convirtiendo el Mediterráneo en un cementerio. Seguramente sería buena idea rendir homenaje a estos mártires no adoptándola.
Hélène Goudin
en nombre del Grupo IND/DEM. - (SV) Cuando todas las puertas se cierran, siempre hay un camino de retorno. Cada año, miles de personas tratan de entrar en la UE, que está construyendo muros cada vez más altos alrededor de su territorio. Estas tentativas son cada vez más desesperadas, y ya es habitual oír en los medios de comunicación el número de personas que han perdido la vida en el intento.
El debate que nos ocupa hoy gira en torno a los que han logrado entrar, a quienes ahora queremos expulsar. Muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos critican esta propuesta de Directiva, entre ellas Cáritas y Amnistía Internacional. Debemos escuchar sus advertencias, ya que la Directiva propuesta vulnera los derechos humanos.
Al decidir que es lícito detener a personas que no han cometido ningún delito por un período de hasta 18 meses no estamos creando ningún valor añadido comunitario. Unos períodos de detención más prolongados no significarán un mayor número de retornos. Se trata simplemente de una solución inhumana y costosa a un problema complejo. La prohibición de reingreso a la UE por un período de hasta cinco años dará lugar a un aumento de la inmigración ilegal. Los desesperados se verán abocados a acudir a traficantes personas, y cada vez podremos leer más y más acerca de las desgracias que acontecen a los refugiados, en los que, a su vez, haremos germinar el odio hacia nuestro mundo occidental.
Las organizaciones de derechos humanos nos han advertido. Ahora está en nuestras manos plantarnos y defender los derechos humanos, y hacerlo a escala nacional.
Frank Vanhecke
(NL) Señor Presidente, las reacciones histéricas ante la Directiva de retorno por parte de la izquierda políticamente correcta pone de manifiesto la falta de seriedad ante la completa ausencia de una acción firme contra la oleada de millones de inmigrantes ilegales que llega a Europa. Lo lamento, pero no nos encontramos ante una Directiva de retorno. Incluso obliga a los Estados miembros a proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a los inmigrantes ilegales para apelar contra su expulsión. Además, al menos siete Estados miembros se verán obligados a acortar sus períodos de detención.
Por otra parte, la Directiva ofrece, de hecho, dos opciones -la expulsión y la regularización- de manera más o menos equiparable, como si fuera una elección neutral, mientras que las regularizaciones masivas llevadas a cabo en los últimos años en varios Estados miembros han incentivado la llegada en masa de inmigrantes, lo que ha supuesto una gran carga añadida para el resto de los países europeos.
En resumen, desearía que ésta fuera una auténtica Directiva de retorno, que frenara la llegada de inmigrantes ilegales de una vez por todas, pero lamentablemente no lo es. Ni siquiera estoy convencido de que constituya un pequeño paso inicial en la buena dirección.
Simon Busuttil
(MT) Quisiera empezar felicitando a mi colega, el señor Weber, por su muy útil trabajo sobre esta legislación, este compromiso que hemos logrado alcanzar. Señor Presidente, el resultado del referéndum de la semana pasada en Irlanda demuestra que las personas piensan que la Unión Europea no se ocupa suficientemente de sus preocupaciones, y si además echásemos un vistazo a las encuestas que se están realizando, como por ejemplo el Eurobarómetro, descubriríamos que la inmigración se encuentra entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos de la UE. Los ciudadanos comunitarios desean más de Europa, no menos, pero la respuesta que por el momento hemos dado no es lo suficientemente buena.
Por consiguiente, la Unión Europea no será tomada con seriedad en el ámbito de la inmigración si no demuestra que es capaz de dar una respuesta clara y eficaz en esta materia. ¿Cuál es el punto de partida de esta Directiva? El punto de partida es que se aplica a todo aquel que se encuentre en situación irregular. Si se encuentra en un Estado en situación irregular, la respuesta sólo puede ser una: que debe regresar al lugar de donde vino. Éste es el objetivo de esta legislación, y cualquiera que vote en su contra estará diciendo y emitiendo el mensaje de que podemos dar cabida a la ilegalidad y consentirla. Esto, ni es aceptable ni debería serlo.
Para los que tienen que ser repatriados, este compromiso propone una serie de condiciones, que varían con respecto a la detención, el trato, el uso de la fuerza, los servicios sanitarios y otros aspectos. Lo que tenemos ante nosotros es un compromiso. No es perfecto, pero es un buen compromiso para avanzar. Queremos demostrar que somos capaces de dar una respuesta a este compromiso.
Claudio Fava
(IT) Señor Presidente, Señorías, permítanme dirigirme al Consejo porque no es nuestra directiva ni la propuesta de la Comisión lo que estamos debatiendo, sino la forma en que el Consejo la ha vaciado de todo significado.
Esta directiva refleja la dirección común que el debate sobre la inmigración está tomando en Europa. El hecho de que haya sido aprobada por unanimidad por el Consejo no atenúa el mensaje que representa, sino que lo intensifica. Es un mensaje que nos habla de una Europa construida sobre el principio de la desconfianza. Lo importante no es que sea o no aconsejable una directiva que establece un sistema común, compartido. Lo importante es lo que legisla esa directiva.
Al día siguiente de la muerte de 150 inmigrantes ilegales ahogados en el Mediterráneo nos están pidiendo que les digamos a los supervivientes que ya se encuentran en nuestros países que, a partir de mañana, se enfrentarán con unas medidas que estipulan hasta 18 meses de detención. Estamos aprobando un principio legal devastador que recoge la posibilidad de privar a una persona de libertad durante hasta 18 meses siguiendo un procedimiento administrativo y sin que haya cometido ningún delito. Lo que nunca toleraríamos en nuestros países si se aplicara a un ciudadano europeo, lo permitimos y apoyamos para inmigrantes ilegales.
Las 18 enmiendas que restauran en esta medida los signos de la civilización política, presentadas por nuestro Grupo, son un intento de restaurar la dignidad en términos legislativos de una disposición que consideramos humillante, no sólo para la Unión Europea, sino también para nuestros Estados miembros. Si no se adoptan, habrá muchos votos en contra, incluido el mío, señor Presidente.
No creo que haya un consenso amplio, señor Weber. No hay ningún consenso en cuanto a la discrecionalidad y la arbitrariedad que estamos dando a nuestros países con respecto a la forma de abordar los aspectos más importantes de esta directiva. Este Parlamento no es el guardián de normas abstractas. Es un Parlamento al cual los tratados atribuyen el deber de proteger principios específicos, principios específicos relacionados con la ley y con la civilización política. El Consejo nos pide que renunciemos a estos principios con el fin de avanzar rápidamente. Creemos que en este punto hay un error fundamental. No nos están pidiendo que nos movamos deprisa; nos están pidiendo que hagamos un movimiento erróneo; erróneo para los inmigrantes, erróneo para Europa, erróneo para nuestros Estados miembros; y es una responsabilidad que no queremos compartir con ustedes.
Gérard Deprez
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, está claro que hoy debatimos un asunto muy delicado -sobre el que el Parlamento está dividido- y al mismo tiempo un muy sensible, cuando no trágico, ya que puede tener consecuencias decisivas para las condiciones de existencia e incluso para las vidas de quienes quieren venir a Europa, aunque ilegalmente, en busca de un futuro que su país no puede ofrecerles.
No repetiré lo que ya han dicho otros oradores, pero sí quisiera destacar cuatro puntos particulares.
El primero apunta hacia mi colega y amigo Giusto Catania. Es injusto, Giusto, hablar de fortaleza europea como si no permitiese la presencia de nadie en su territorio y como si fue insensible a la pobreza de millones de personas. Según cifras oficiales, actualmente entran legalmente cada año en la Unión Europea entre 1,5 y 2 millones de inmigrantes por las vías de la regularización, la reunificación familiar o el reconocimiento como refugiados políticos. Si se mantiene este ritmo durante los próximos 30 años -y no tengo nada que oponer a esto-, entrarán en legalmente en la Unión Europea entre 45 y 60 millones personas.
En segundo lugar, esta directiva, a pesar de sus insuficiencias, y acepto que tiene alguna, no es un reglamento. De hecho, es prácticamente una directiva marco que deja cada a cada Estado miembro espacio para maniobrar en sus evaluaciones -salvo las normas mínimas que establece y los límites que fija y que no pueden excederse- y ofrece a cada Estado miembro la posibilidad de legislar lo que la mayoría democrática del país decida. La directiva también declara que la Comisión debe informar al Parlamento cada tres años y puede proponer enmiendas. ¡Lea la directiva!
En tercer lugar, y me dirijo ahora a algunos de mis amigos socialistas aquí presentes, tenemos que dejar de difundir falsedades graves. La directiva no establece la detención como norma. El artículo 14 de la directiva recoge la posibilidad de internamiento en casos concretos y también los somete a un control judicial extraordinariamente estricto. No hay más que leer el apartado 2 del artículo 14. Afirmar que la detención es la norma y que esto se impone a los Estados miembros es, sencillamente, falso. No hay que agitar a la opinión pública. Ya hay suficientes problemas reales sin necesidad de crear otros que, sencillamente, no existen.
Mi cuarto y último comentario, señor Presidente, es un mensaje para el señor Weber y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. A pesar de todas las deficiencias, que reconozco, votaré a favor de la directiva. Sin embargo, pediría al Grupo PPE-DE que no trate de usar maniobras de procedimiento para resolver asuntos que son esencialmente políticos y que podrían dividir al Parlamento. Sea cual sea el resultado de la votación en el Parlamento esta mañana, pienso que debe respetarse.
Hélène Flautre
(FR) Señor Presidente, hay algo que me molesta de verdad. ¿Por qué el ponente señor Weber ha decidido negar al Parlamento Europeo sus poderes haciendo todo lo posible por obligarnos a adoptar en primera lectura una posición común del Consejo -que, además, es básicamente inaceptable- en un momento en que nos resulta difícil convencer a los ciudadanos de la utilidad de otorgar más poderes al Parlamento Europeo? Debe explicarme esta decisión, señor Weber.
Realmente espero que mañana estemos a la altura de las expectativas de los ciudadanos europeos y demostremos que estamos salvaguardando la protección de los derechos humanos y los valores de la Unión Europea. ¿Por qué? No creo que podamos aceptar que se interne y expulse a menores sin acompañamiento a países donde no tienen familia, ni vínculos ni ningún representante legal. Esto entra, en todas las circunstancias, en contradicción absoluta con el respeto de los intereses del niño. Tampoco creo que podamos aceptar que los migrantes tengan que padecer las condiciones traumáticas y destructivas de 18 meses de internamiento cuando no han cometido ningún delito. Esta es una privación de libertad excesiva, descrita como tal por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Tampoco podemos aceptar que se devuelva a los migrantes al albedrío de normas de reingreso a países donde no tienen ningún vínculo y donde, señor Weber y señor Deprez, no tenemos ningún medio de garantizar su seguridad física o psicológica. No tenemos ninguna forma de garantizar el principio de no devolución, por más que en su texto aparezca escrito en grandes letras.
Por consiguiente, exhorto a todos los Diputados a rechazar mañana lo que en realidad es sólo una ampliación de las políticas represivas y de miras cortas de los Estados miembros. Europa necesita una ambición diferente para la inmigración internacional.
Roberta Angelilli
(IT) Señor Presidente, Señorías, dar carácter seguro a la expulsión y desincentivar la ilegalidad y la explotación: este es, en mi opinión, el objeto de la directiva "de retorno". Por consiguiente, quiero felicitar al ponente por su excelente trabajo, que ha sentado los cimientos para el compromiso alcanzado con el Consejo.
El texto es equilibrado y se basa en una serie de postulados fundamentales; por fin nos dotamos de una política común en materia de inmigración. Llevábamos mucho tiempo hablando de esto, demasiado. Esto supone dotarnos de normas comunes, que son vitales para proteger plenamente los derechos de los inmigrantes legales, que constituyen un recurso muy positivo, siempre que se adopte una actitud implacable contra la inmigración ilegal.
Tiene algunos otros puntos distintivos en los que quiero hacer especial hincapié: en primer lugar, se fomenta el retorno voluntario; se fijan plazos más cortos para la repatriación en los casos en que haya riesgo de fuga o en que el individuo suponga algún peligro; y, sobre todo, se establecen por fin unos plazos fijos para la estancia en centros de internamiento para así aplicar todos los controles necesarios. Esto no es un logro insignificante. Quisiera señalar que, hasta ahora -como ya han dicho muchos de mis colegas- cada Estado miembro era libre de decidir si limitaba o no la duración del internamiento.
Además, hay que prestar una atención especial a los derechos humanos, en particular en el caso de personas vulnerables y especialmente de menores, en interés del niño. Este es un punto revolucionario que tiene en cuenta lo que en realidad ocurre en los centros de internamiento.
Por último, la prohibición de reingreso es válida en toda la UE; me parece que son normas comunes justas y transparentes que podrían formar parte de una estrategia, o de un pacto para la integración, como lo ha descrito el próximo Presidente en ejercicio de la UE, con controles más estrictos en las fronteras exteriores de la Unión, con una nueva política sobre asilo, que daría impulso renovado a la colaboración diplomática, pero también y ante todo al desarrollo de la cooperación con terceros países.
Por último, en cuanto a un código europeo para la integración de los inmigrantes legales, Europa debe asumir sus responsabilidades, debe tener autoridad y ser creíble, debe convertirse en una Europa en la que los derechos y las normas se cumplen. Tenemos el deber de adoptar este texto que, naturalmente, podría mejorarse. Todo puede mejorarse. En cualquier caso, los Estados miembros pueden hacerlo, pero después de tres años sería horrible bloquearlo durante varios meses o años más para llegar a otro acuerdo infinitesimal que, en cualquier caso, siempre se consideraría un paso hacia atrás. Mientras vivimos en nuestro mundo de oro, que en realidad es el resultado de infinitos compromisos, hay muchas personas explotadas, que mueren de formas crueles e inhumanas, como sucedió ayer en Italia. ¡Más responsabilidad y menos palabras!
Eva-Britt Svensson
(SV) Señor Presidente, Señorías, el viernes es el Día Mundial de los Refugiados, y la atención se centrará en la situación de los refugiados en todo el mundo. Aprobar el informe del señor Weber sería un paso cínico en la dirección equivocada, y por eso el Grupo GUE/NGL votará en contra del informe. Estamos en contra de la construcción de una "fortaleza europea". La consecuencia de las propuestas del informe del señor Weber es que la UE no sólo construirá murallas aún más altas contra los refugiados, sino que además cerrará la puerta y tirará la llave.
En vez de erosionar los derechos humanos, los países de la UE deben trabajar para restaurar el derecho de los refugiados según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados a disponer de medios legales de entrar en Europa y a contar con la seguridad de al menos un grado elemental de respeto por los derechos humanos. Ni los ciudadanos de terceros países ni los de los Estados miembros deben verse expuestos a transgresiones de la libertad personal ni a ser castigados con penas de internamiento por faltas administrativas.
Gerard Batten
Señor Presidente, esta propuesta hará que sea mucho más difícil para los Estados miembros expulsar a los inmigrantes ilegales y devolverlos a sus países de origen. ¿En qué medida afectará al Reino Unido y en particular a Londres, mi circunscripción? Londres ya soporta una carga desproporcionada de inmigrantes legales e ilegales y de buscadores de asilo. Se ha dicho que Gran Bretaña no ha optado por esta legislación comunitaria, de lo que se deduce que no nos afectará; ¿pero es así de verdad?
Una vez que los inmigrantes ilegales tengan permiso para permanecer en los Estados miembros, pueden viajar a otros Estados miembros de la UE. Sólo podrían ser expulsados si suponen una amenaza real para la seguridad, la salud pública o la política pública. ¿Y quién va a hacer cumplir eso en el Reino Unido, me pregunto? Los sistemas británicos de inmigración y asilo se encuentran en una situación de caos total. Si de verdad Gran Bretaña ha optado por no aplicar esta legislación, los inmigrantes ilegales de Europa no podrán entrar por la puerta principal, pero esta propuesta les da la llave de la puerta de servicio.
Por otra parte, está el asunto del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Podría utilizarse la legislación sobre derechos humanos para imponer parte de esta propuesta a Gran Bretaña? ¿Quién sabe? Porque eso no lo decidirá el Gobierno, el Parlamento ni los tribunales de Gran Bretaña, sino el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Roberto Fiore
(IT) Señor Presidente, Señorías, quiero aprovechar la oportunidad para protestar contra las palabras imprudentes e inexplicables que el Vicepresidente Barrot pronunció ayer en relación con la posibilidad de considerar la inmigración ilegal como una circunstancia agravante en los delitos penales, como propuso el Gobierno italiano. No creo que eso tenga ningún fundamento jurídico, y sin duda no sería bien recibido por el público.
En cuanto al informe Weber, quisiera decir que en mi opinión debe pensarse desde el principio que la inmigración ilegal presenta riesgo de fuga. Está bastante claro que un inmigrante, puesto que entra ilegalmente en un país, tiene inclinación a fugarse. Quiero también decir que la Comisión y este Parlamento deben considerar la importancia, en un último análisis, de hacer que los países de los que proceden estos inmigrantes -Libia en el caso de Italia- paguen. Paguen el enorme coste que la inmigración ilegal está creando hasta el momento.
Urszula Gacek
Señor Presidente, el señor Weber merece realmente que se le felicite y se le den las gracias por lo mucho que ha trabajado en un asunto complejo, emotivo y sensible.
El objetivo de la directiva de retorno es incluir en unas normas comunes básicas la forma de tratar a los inmigrantes ilegales. Se ha hecho especial hincapié en el aspecto de los derechos humanos.
Somos plenamente conscientes de que muchos inmigrantes ilegales son víctimas dobles. En primer lugar, les engañan en su país de origen, donde a menudo entregan los ahorros de toda su vida a cambio de un traslado a la Unión Europea y un puesto de trabajo. Pero en lugar de encontrar una tierra de abundancia, se ven en Europa transformados en esclavos modernos. Si se les detiene dentro de la Unión, con frecuencia se les encarcela y, hasta que entre en vigor esta directiva, la detención podría prolongarse durante mucho tiempo antes de que se vea su caso.
Con la directiva se fomenta el retorno voluntario; el internamiento sólo será permisible en caso de riesgo claro de fuga del inmigrante ilegal y en otros casos justificados. Se fija el periodo máximo de internamiento, se mejora la protección jurídica -en especial en el caso de grupos especialmente vulnerables-y las ONG tendrán acceso a los muy criticados centros de internamiento, que podrán examinar con más detenimiento, y se prestan más servicios y más apoyo a los propios internos.
Tengo una sugerencia para mis colegas que han intervenido en contra de esta directiva: esta semana, después de la votación, en lugar de levantarse y explicar a una Cámara vacía por qué han votado en contra, podrían dar sus explicaciones directamente a esos inmigrantes ilegales que en muchos Estados carecen de protección, a los detenidos indefinidamente y sin posibilidad de asistencia jurídica. Quizás puedan decirles que votaron en contra de la directiva porque en el fondo de su corazón sólo querían defenderlos.
Stavros Lambrinidis
(EL) Señora Presidenta, me preocupa profundamente que, durante tres años, el Consejo de Ministros haya bloqueado cualquier progreso discutiendo una y otra vez disposiciones que se refieren a la protección de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de los inmigrantes ilegales, y que deberían considerarse no negociables. Por lo tanto, algo está yendo muy mal con algunos Gobiernos europeos.
En Europa, un requisito no negociable tendría que ser que nadie pueda ser privado de libertad durante 18 meses, especialmente cuando no sea por algo que la persona haya hecho, sino porque las autoridades de su país de origen, sin tener esa persona culpa alguna, se nieguen a colaborar con el procedimiento para su deportación. Un requisito no negociable tendría que ser que cuando se decrete la medida represiva última de internamiento contra alguno de nuestros miserables congéneres humanos, estos tengan al menos el derecho, sin excepciones ni trampas legales, a recibir asistencia jurídica y a que sea un juez el que dicte la orden de internamiento. Un requisito no negociable tendría que ser que los menores no acompañados no puedan ser deportados a terceros países. Si al final resulta imposible su retorno seguro al país de origen, quedémonos con esos niños y protejámoslos aquí en Europa. La solidaridad europea tampoco tendría que ser negociable. Los países, sobre todo en la Europa meridional, que reciben la mayor afluencia de inmigrantes, tendrían que recibir una ayuda económica importante de otros países para poder garantizar los derechos humanos antes mencionados. No basta con declaraciones vagas sobre una probable ayuda futura de la Comisión Europea.
Sin embargo, a pesar de los serios esfuerzos realizados por el ponente y los ponentes alternativos en el Parlamento, sólo estos requisitos tan evidentes se han convertido en puntos de negociación en el Consejo. Es evidente que el resultado final ha sido positivo en cierta medida, al menos por lo que respecta a los países que en la actualidad no ofrecen ninguna protección. Pero en algunos puntos fundamentales, esos mismos países han impuesto a los otros un compromiso de "mínimo común denominador". En muchos aspectos, ese compromiso es extremadamente problemático y ambiguo, porque su aplicación queda en manos de Gobiernos que, señor Deprez, han demostrado que carecen de sensibilidad.
Esta es una armonización que, en el fondo, no armoniza ni respeta los principios y valores básicos europeos.
Alexander Alvaro
(DE) Señora Presidenta, quiero dar yo también las gracias al ponente, señor Weber, aunque puede que él prefiera ignorarme a mí y, sobre todo, a mi colega señora Hennis-Plasschaert, quien, junto con los otros ponentes, ha impulsado este difícil proceso en los tres últimos años por mares agitados hasta alcanzar aguas tranquilas.
A estas alturas, sólo quiero que se me permita decir que me parece malintencionado e indigno que se vincule la tragedia de los muertos en el Mediterráneo con esta Directiva cuando, en realidad, no tienen ninguna relación entre sí. ¡No debemos permitirlo! Esta Directiva proporciona seguridad jurídica a personas que no tienen ninguna. Mejorará la suerte en la vida de personas que viven actualmente en condiciones indignas, que no saben cuando van a ser devueltas a sus países y que no tienen acceso a las autoridades judiciales. Establece unas normas mínimas para los 27 Estados miembros, y en el caso de un tercio de los Estados miembros que ahora no tienen ningún tipo de norma, mejorará la situación actual. Esto es un primer paso hacia una política común de asilo que con tanta urgencia se necesita y hacia el respeto en toda Europa de la dignidad humana. Creo que todo aquel que quiera dar este paso conjuntamente con nosotros debe asumir en serio su responsabilidad y votar a favor de este informe.
Pierre Jonckheer
. - (FR) Señora Presidenta, haciéndome eco del anterior orador, me adhiero personalmente a la vieja idea europea de la armonización para mejor: es decir, de una armonización por lo alto. En consecuencia, me pregunto por qué se rechaza la armonización basada en las normas más protectoras para las personas que están en dificultades. Creo que debe decirse que las declaraciones del Consejo carecen de valor jurídico y que si somos tan conscientes del riesgo de una armonización por lo bajo, deberíamos incluir un mecanismo jurídico en el texto principal de la propia Directiva. Pienso también que para ayudar a los países que están en circunstancias difíciles -sobre todo financieras- en materia de asistencia jurídica, hace falta y debería crearse un Fondo Europeo de Solidaridad.
Quiero hacer un segundo comentario sobre el procedimiento. Señor Barrot, tenemos aquí un procedimiento de codecisión retorcido. Yo soy uno de los 780 diputados al Parlamento Europeo. Ésta es la única ocasión en que tendré hoy la oportunidad de intervenir y de presentar enmiendas, y si no queremos que el internamiento temporal se convierta en algo habitual, entonces, señor Deprez, debería leer las enmiendas 82 y 95, en las que se especifica, por ejemplo, lo que se entiende por riesgo de fuga. Lean las enmiendas y voten a favor de las enmiendas 79 y 98, que especifican las condiciones establecidas para la expulsión de menores del territorio de la Unión Europea. Las enmiendas presentadas tratan de mejorar el texto y yo pienso que el Parlamento no puede encontrarse con un procedimiento de cuasi-asentimiento, que es efectivamente lo que está sucediendo ahora.
Mario Borghezio
(IT) Señora Presidenta, Señorías, la política europea sobre inmigración tiene un defecto fundamental: parte exclusivamente del concepto de la defensa de los derechos humanos, cuando también es necesario pensar en la protección de los derechos de los pueblos, su libertad, su seguridad y su derecho a no ser invadidos.
Con sus enmiendas buenistas, la izquierda está apostando por la no política para el retorno de los inmigrantes ilegales. Eso es pura demagogia de la institución del Defensor del Pueblo europeo. ¿Queremos que el defensor del pueblo se ocupe también de los inmigrantes ilegales? Una política seria es la que combate los intereses de la globalización, la que desea desarraigar a los pueblos de sus territorios por considerarlos mercancías, esclavos o nuevos consumidores. Nosotros estamos en contra de eso.
Si el Mediterráneo es un cementerio, la responsabilidad moral recae en los que han abierto las puertas a las embarcaciones clandestinas. Nosotros siempre hemos denunciado, por ejemplo en Lampedusa, este comercio miserable de carne humana. Es una vergüenza. Si se aprobaran estas enmiendas de la izquierda, la política europea sobre el retorno de inmigrantes estaría condenada al fracaso incluso antes de ser aprobada.
Athanasios Pafilis
(EL) Señora Presidenta, la propuesta de Directiva es inadmisible y oculta cínicamente la verdadera falta de humanidad de la UE y de su política.
Están legislando ustedes sobre el internamiento durante 18 meses de inmigrantes desgraciados, entre ellos menores de edad, en campos de concentración donde las condiciones de vida son una vergüenza para la civilización humana. Prohíben ustedes también su reingreso, aunque sea por la vía legal, en territorio de la UE durante otros cinco años. El retorno voluntario es una broma absoluta, ya no es nada más que coacción. Se les da a elegir entre el retorno voluntario o el internamiento temporal y su posterior deportación al cabo de 18 meses.
Tratan ustedes como delincuentes a los que son víctimas de su propia política. Bombardean Afganistán y luego se quejan de que hay refugiados. Saquean los países del Tercer Mundo y luego se quejan de los migrantes económicos que hacen engordar las arcas de los capitalistas.
Con estas nuevas medidas conseguirán, entre otras cosas, aumentar las ganancias de los traficantes de esclavos y las redes de trata de personas, porque cuanto más duras son las medidas, más suben los precios. Harán ustedes que la situación de los inmigrantes y de otros trabajadores empeore aún más, ya que se verán obligados a trabajar sin disfrutar de ningún derecho con estas nuevas medidas coercitivas basadas en la amenaza de la deportación.
Pueden tener ustedes la seguridad de que ni los trabajadores, ni nacionales de terceros países ni europeos, aceptarán estas medidas.
Carlos Coelho
(PT) Señora Presidenta, señor Vicepresidente Barrot, Señorías, ¿necesitamos o no una estrategia europea en este ámbito? Acostumbramos todos a decir que sí. ¿Cómo enfocamos esta cuestión? Hay una gran mayoría en esta Cámara que es partidaria de regular la inmigración legal y de combatir la inmigración ilegal.
Una política de retorno es una parte esencial de esta estrategia, como ha dicho ya el Comisario Barrot. Tenemos una Directiva de normas mínimas. ¿Queremos más? ¿Queremos normas mejores? Seguro que todos querríamos normas mejores, pero nos encontramos con la intransigencia del Consejo y, por tanto, la cuestión política que se plantea es: ¿es preferible tener esas normas mínimas, o no tener ninguna norma?
Mi respuesta es: Creo que es mejor tener esas normas mínimas, y felicito a mis colega, señor Weber, por su trabajo y por las negociaciones que ha llevado a cabo.
Permítanme que ponga dos ejemplos concretos: la prohibición de reingreso, que se establece en cinco años. Seguramente hay quien desearía un plazo distinto, pero en la actualidad algunos Estados miembros no tienen limitación alguna, como es el caso de Austria, Dinamarca o Francia.
En el caso del internamiento... Nueve Estados miembros no imponen ninguna duración máxima al internamiento. Sólo seis han establecido una duración más corta de internamiento que la contemplada en esta Directiva. Uno de ellos es Portugal, mi país, que ha fijado una duración de dos meses y que ha dicho ya que la va a mantener. En otras palabras, no pretende hacer uso de la Directiva para relajar sus normas.
Por último, señora Presidenta, quiero destacar lo que el Comisario Barrot ha dicho acerca de los niños. Con ellos tenemos que ser particularmente cuidadosos y asegurarnos de que la Directiva se aplique con humanidad.
Javier Moreno Sánchez
(ES) Señora Presidenta, Señorías, esta Directiva supone un paso adelante hacia una política de inmigración común. Es un paso necesario que debe ir acompañado, desde ya, de otros pasos enmarcados en un enfoque global europeo.
Debemos desarrollar instrumentos legislativos y financieros que nos permitan, decididamente, abrir nuestras puertas a los inmigrantes legales e impulsar su integración en nuestras sociedades. Del mismo modo, debemos cerrar el paso a la inmigración clandestina, al trabajo ilegal y contribuir a desmantelar las redes mafiosas que trafican con seres humanos.
Todo esto sólo se conseguirá con una estrecha colaboración con los países de origen y de tránsito. Por eso, instamos a la Comisión a que haga gala de su poder de iniciativa y pedimos al Consejo que apruebe cuanto antes todas las directivas que están en el tintero, porque, sin un conjunto general de medidas, los ciudadanos no entenderán esta Directiva. Su objetivo es acercar 27 legislaciones dispares para garantizar la eficacia en los procedimientos de retorno, así como la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.
Con nuestras enmiendas, los socialistas queremos acercar la Directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas. Los socialistas españoles hacemos especial hincapié en la protección y en la atención a los menores, pedimos que tengan acceso a la educación y que sean recibidos en centros de acogida especializados. Igualmente, queremos favorecer el retorno voluntario y reforzar las garantías judiciales del procedimiento.
Señorías, para terminar, quiero agradecer el rechazo a la propuesta del ponente, Manfred Weber, que buscaba un atajo en el procedimiento, lo que hubiera debilitado el poder de codecisión y la credibilidad de esta Cámara.
En los tiempos que corren, necesitamos un Parlamento fuerte, que asuma sus responsabilidades.
Sarah Ludford
Señora Presidenta, no tengo ninguna duda de que voy a votar a favor de esta Directiva, no por que sea la ideal, sino porque mejora las normas en algunos Estados miembros. Y de hecho, una prueba del valor de esta Directiva procede, perversamente, del mismo hecho de que el Reino Unido no la acepte. No quiere verse obligado a cumplir las normas más estrictas que se establecen en ella, ni menos aún los plazos y las condiciones de internamiento, como la separación de los inmigrantes retenidos y los criminales convictos, cosa que no siempre sucede actualmente en el Reino Unido. Rechazada también otros aspectos positivos del texto, como que las medidas coercitivas deban ser proporcionadas y que se deban respetar los derechos fundamentales y la dignidad del individuo.
Ha habido mucha desinformación y lamento que se haya informado mal al Presidente de Bolivia, quien ayer escribía en el periódico británico The Guardian. Dieciocho meses no es la duración normal del internamiento. Según la Directiva, no se deben exceder los seis meses salvo cuando, a pesar de todos los esfuerzos razonables de los Estados miembros, el procedimiento de expulsión vaya a durar probablemente más por la escasa cooperación de la persona en cuestión o por retrasos en la expedición de documentación en el país tercero.
Pienso que las disposiciones que hablan de tener en cuenta el interés superior del niño, las relaciones familiares, el estado de salud, el principio de no devolución y otras medidas especiales para menores no acompañados son particularmente valiosas y ayudarán a los inmigrantes sobre los que pese la amenaza de expulsión. Las disposiciones que hablan de los motivos de detención, las vías de recurso y el control jurisdiccional, son cruciales. Y aunque mi intención es votar a favor de esta Directiva imperfecta, pero necesaria para la armonización por lo alto de las normas, debo insistir en que esto es sólo una parte de la historia. Debemos tener un sistema justo de acogida de refugiados y una política adecuada de inmigración legal.
Willy Meyer Pleite
(ES) Señora Presidenta, Señorías, es una vergüenza, una verdadera vergüenza intentar deportar a más de 8 millones de personas, sobre la base de la figura de la detención administrativa.
Si se toma esta decisión -que, desgraciadamente, se puede tomar-, será el fin de la Europa garantista. Muchos ciudadanos europeos sufrimos detenciones administrativas en condiciones de dictadura. Ésta es la figura que va a prevalecer para la deportación de 8 millones de personas.
Por lo tanto, se va a consolidar la Europa insolidaria. Los mismos Estados que van a pretender recuperar esta figura son los Estados que -¡por primera vez!- han bajado, en este ejercicio económico, la ayuda a la cooperación internacional.
No se van a poder cumplir los Objetivos del Milenio y ésta va a ser nuestra contribución, desde la vieja Europa, la vieja Europa de los valores solidarios, a la hambruna, a la crisis alimentaria. La deportación de 8 millones de personas sin ningún tipo de garantía: ¡¡una vergüenza!!
Yo creo y apelo a la movilización europea, a esos ciudadanos que dan la espalda a este tipo de legislación.
Marian-Jean Marinescu
(RO) Estimados colegas, la Comisión Europea estima que, en 2006, había aproximadamente 8 millones de inmigrantes ilegales en la Unión Europea. La Unión no puede seguir ignorando este problema. Tenemos que encontrar soluciones; no podemos jugar con las vidas de esas personas, pero es cierto que la situación no va a resolverse por sí sola.
Los instrumentos propuestos recientemente por la Comisión para el control de la inmigración ilegal no podrán tener un efecto positivo a menos que el problema de los emigrantes ilegales se resuelva también. Vivimos en una Europa cuyas fronteras internas se han eliminado, motivo por el cual necesitamos esta Directiva que representa un primer paso hacia una política común de repatriación de inmigrantes ilegales.
Hay ONG que consideran que la Unión Europea ha adoptado políticas más represivas que nunca en materia de inmigración y que consideran que la Directiva sobre el retorno es una "directiva de la vergüenza". Comprendo la preocupación de esas ONG por proteger los intereses de las personas sin papeles, pero insto a esas organizaciones a considerar la situación desde un ángulo realista. ¿Qué soluciones habría para los inmigrantes ilegales que entran a través de Malta, las Islas Canarias, Grecia, Italia o, recientemente, la frontera oriental externa, y que tratan de asentarse en la Unión Europea? Existe el riesgo de que esos inmigrantes se convierten en víctimas del trabajo en el mercado negro, el tráfico ilegal o incluso la radicalización terrorista. Esta amenaza es real y precisamente por ello es importante que se regule su situación, ya sea mediante la repatriación o concediéndoles asilo o un permiso de residencia.
Las negociaciones con el Consejo han llevado a soluciones que pueden aceptarse sin reservas, especialmente en ámbitos tan delicados como la protección de las personas vulnerables y los menores no acompañados, la supeditación de la repatriación a las condiciones de los países de origen o países con los que la Unión Europea haya firmado acuerdos bilaterales en este ámbito. Creo que debemos apreciar las iniciativas presentadas por los ponentes y por el Consejo, y que la Directiva debe ser aprobada en su versión actual en primera lectura.
Wolfgang Kreissl-Dörfler
(DE) Señora Presidenta, voy a dejar a un lado mis notas. Había preparado muchas otras cosas que quería comentar, pero tengo que decir que, desde luego, no hemos conseguido todo lo que podíamos haber conseguido aquí. Yo también esperaba más o mejores normas. Me debato entre dos formas de pensar: la que quiere tener lo mejor y la que, aquí a escala europea, tiene que tomar una decisión, también sobre las normas mínimas que deben aplicarse en países sin ninguna norma. Cada uno de nosotros debemos examinar cuál es la situación en nuestros respectivos países, que está sucediendo en ellos, qué normas tienen. ¿Son realmente tan buenas?
Como Parlamento Europeo, sólo podemos establecer unas normas mínimas. El hecho de que el Consejo haya podido llegar a un acuerdo es casi un milagro, porque cuatro o cinco estados, incluido el Ministro de Interior de mi propio Gobierno Federal, no querían ningún tipo de normas y se habían declarado satisfechos con la situación de sus respectivos países. Ahora el reto es que los parlamentos y los gobiernos nacionales hagan las cosas considerablemente mejor. Nadie les va a impedir encontrar soluciones mejores. ¿Dónde está escrito eso? En mi época de estudiante, aprendí que "cuando se busca en los códigos de leyes, es más fácil encontrar leyes." El señor Deprez tiene razón: si se leen todos los artículos de una vez, se ve con más claridad lo que podemos conseguir aquí. No es que vayamos a encontrar la piedra filosofal. Nadie la ha encontrado jamás; todo lo contrario. Sin embargo, quiero que este compromiso se utilice como base, para que en el futuro la Unión Europea pueda hacerlo mejor. Mis colegas en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, y en cada uno de los estados federales alemanes, tendrán que implicarse también, ya que nuestro país tiene un período de 18 meses de internamiento pendiente de expulsión. La prohibición de reingreso se aplica durante un período mucho más largo y en muchos estados federales se han tomado decisiones que no son aceptables. Si digo que esto es vergonzoso, entonces todo lo que puedo hacer es advertir de que ese no es el camino que debemos seguir. Si simplemente me opongo todo el tiempo, Dios sabe que eso nunca ha ayudado a las personas que tienen que trabajar en este terreno, ni a las que están atrapadas en países sin normas.
Marco Cappato
(IT) Señora Presidenta, Señorías, el ponente, señor Weber, se preguntaba por qué este Parlamento no veía algunas de las medidas positivas introducidas por esta propuesta de Directiva.
Pero el ponente nos está hablando como si este Parlamento se enfrentara a la votación final, a la lectura final, con la obligación de asumir la responsabilidad última de aprobarla o rechazarla. Eso no es así. Estamos en la primera lectura. Así que resulta difícil de entender por qué, ante las propuestas de mejora que disfrutan de un amplio consenso en esta Cámara, tanto en el ala derecha como en la izquierda, sobre las garantías adicionales que pueden darse con relación a los menores, los países terceros de tránsito y las prohibiciones de reingreso, no aprovechamos esta oportunidad.
Nos dice usted que es porque el Consejo ha decidido, y los gobiernos han decidido. Esto -como ha dicho el señor Jonckheer- supone renunciar a nuestros poderes de colegisladores; eso significa, y lo digo con el debido respeto al trabajo que se ha hecho durante más de tres años de negociaciones, que estamos a punto de no ejercer nuestro poder para mejorar la Directiva.
Los Gobiernos europeos necesitan a este Parlamento precisamente para hacer de Europa no un lugar para el miedo y para instrumentos que la protejan más eficazmente de la inmigración, sino un lugar para la integración de la inmigración.
Patrick Gaubert
(FR) Señora Presidenta, Señorías, muchas organizaciones y partidos políticos están alimentando una campaña ideológica absurda contra este texto, que instrumentalizan y deforman con fines políticos.
Con esta Directiva, ofrecemos a personas en situación de vulnerabilidad garantías para que el retorno tenga lugar con el máximo respeto a sus derechos y a su dignidad. Esto no concierne al derecho de asilo, señor Catania. Tengo la impresión de que usted no lo ha entendido todavía.
No dejaremos que nuestros ciudadanos piensen que sus representantes son responsables de un texto mal llamado la "Directiva de la vergüenza". No necesitamos avergonzarnos de un texto que introduce nuevas garantías. Lo que de verdad nos avergüenzan son los que están ciegos y no pueden, o no quieren, ver los avances que esta Directiva lograría.
¿Queremos incorporar el principio del retorno voluntario? ¿Queremos permitir que los Estados miembros mantengan un período ilimitado de privación de la libertad? ¿Queremos decisiones justificadas? ¿Queremos que las autoridades judiciales controlen las condiciones del internamiento? ¿Queremos asistencia jurídica gratuita, y la ayuda de las ONG? ¿Queremos incorporar los principios de la unidad familiar, el interés superior del niño y la asistencia médica? Todos los textos son mejorables, pero esta Directiva constituye un progreso en comparación con lo que existe hoy, donde cada Estado miembro hace lo que quiere, a veces de forma inaceptable. ¿No es así, señora Roure y señora Hennis-Plasschaert?
Señorías, les pido que voten a favor de este compromiso, para no permitir las manipulaciones políticas que algunos quieren hacer de este texto y para tener en cuenta las mejoras concretas que puede aportar.
Inger Segelström
(SV) Señora Presidenta, permítanme que empiece dando las gracias a Manfred Weber y a todos los que han hecho posible este debate como un primero paso hacia el establecimientos de normas y procedimientos comunes para el retorno de inmigrantes ilegales. Comparado con otros debates celebrados en comisión y en sesión plenaria, creo que en algunos aspectos fundamentales se está avanzando en la dirección equivocada y hacia una UE menos humanitaria.
Para empezar: la privación de libertad durante hasta 18 meses no es admisible. Las personas pueden volverse locas, personas que no son delincuentes, sino seres humanos que buscan una vida mejor para sí mismas y para sus familias, lejos de la pobreza. En segundo lugar, si el Consejo y el ponente no creen en el retorno voluntario, los niños serán arrancados de las escuelas y las guarderías, los alojamientos quedarán vacíos sin previo aviso y haremos posiblemente más daño que el causado por todo el estrés de esperar una decisión, especialmente cuando se trata de niños. Tercero: después de aprobar la estrategia sobre los derechos del niño en enero, el Parlamento no puede ahora dar un paso atrás y privar de libertad a algunos niños o tratarlos como aquí se propone. Eso puede causar un daño irreparable a los niños y yo no contribuiré a ello. Cuarto: cinco años es demasiado tiempo para que las personas no puedan regresar si tienen motivos para ello. Ni siquiera en el mejor de los mundos las personas pueden clasificarse en grupos; cada caso tiene que ser considerado individualmente, tras evaluar y examinar sus méritos; por ejemplo, mujeres y niños víctimas del tráfico de seres humanos.
Muchas organizaciones que vigilan la situación de los derechos humanos han manifestado su opinión y sus reservas, y creen que la fórmula de compromiso es inadecuada e insensible desde el punto de vista humanitario. Las enmiendas del Grupo Socialista deben recibir apoyo. Gracias, señora Presidenta.
Panayiotis Demetriou
(EL) Señora Presidenta, tenemos que hacer una pregunta: ¿es o no la inmigración ilegal un problema en la UE actual? La respuesta tiene que ser que es un problema, y un problema grave en la UE. Tenemos que preguntarnos también si este problema debe abordarse a escala europea o seguir siendo competencia de cada Estado miembro a título individual. La respuesta a esta segunda pregunta es no: el problema tiene que ser abordado por la UE. Ya hemos manifestado nuestra posición sobre el particular. ¿Se ha aplicado hasta la fecha una política europea integral general para abordar el problema? Aquí, de nuevo, la respuesta es, lamentablemente, no. Estamos abordando el problema de una manera fragmentada, y el debate de hoy sólo rasca la superficie de este inmenso problema de la inmigración ilegal. Aun así, tenemos que avanzar paso a paso.
Otra pregunta que tenemos que hacer hoy, cuando debatamos una solución de compromiso, es: ¿es éste un compromiso perfecto del Consejo y el Parlamento? La respuesta es no. ¿Es el que nosotros queríamos? ¡Desde luego que no! ¿Es un compromiso que podemos debatir en el tiempo que nos queda, con la satisfacción de llegar de verdad a alguna parte? Nuevamente, la respuesta es no. El Parlamento lleva dos años y medio debatiendo este asunto con el Consejo.
Felicito al señor Weber por el trabajo que ha hecho y el resultado que ha logrado, pero no es un resultado que a mí me satisfaga plenamente. Aun así, tenemos que preguntarnos si la situación está mejorando. La respuesta es "sí". Y eso nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Podremos conseguir algunas mejoras con el tiempo, sin permitir que la situación se estanque? Mi respuesta es sí, estamos dialogando y eso siempre es bueno. "La Tierra pertenece a todos los seres humanos" es un lema que me ha movilizado. Me ha movilizado la idea de que no podemos comportarnos de manera irracional con esos seres humanos. Pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. Las sociedades organizadas existen y, suceda lo que suceda, tenemos que proteger los derechos humanos, protegiendo al mismo tiempo los intereses y los derechos de las sociedades organizadas y de los estados organizados.
Genowefa Grabowska
- (PL) Señora Presidenta, millones de personas están en Europa en situación irregular y se las tolera porque son una fuente de mano de obra barata, no adquieren derechos a pensión ni a asistencia sanitaria, y no pueden reclamar voluntariamente sus derechos en los tribunales. No me cabe duda de que cada persona, independientemente de su condición jurídica, tiene derecho a la dignidad y a un trato humanitario. Por eso me complace acoger favorablemente la propuesta de la Comisión Europea, que tiene por objeto armonizar los principios en esta materia.
No me cabe duda de que todos nosotros en este Parlamento deseamos principios y procedimientos comunitarios transparentes y claros con relación al retorno, la expulsión y la prohibición de reingreso para los inmigrantes ilegales. Los esperábamos desde hace algún tiempo. El Parlamento lleva ya dos años trabajando en estas soluciones. No olvidemos que tendremos que esperar otros dos años antes de que esta Directiva entre en vigor, puesto que ese es el plazo para su transposición a los Estados miembros. Aunque la Directiva suscita en mí algunas reservas -reservas relacionadas, por ejemplo, con la duración del internamiento de inmigrantes, la retención de niños sin tutores y la prohibición de reingreso en la Unión Europea- quiero preguntar si los inmigrantes ilegales deben seguir esperando una política de inmigración armonizada, que establezca unas normas mínimas. ¿Deben presenciar un debate que demuestre que Europa es incapaz de llegar a un acuerdo en esta cuestión? Yo creo que no.
Stefano Zappalà
(IT) Señora Presidenta, Señorías, como muchos de mis colegas que han intervenido aquí esta mañana y que ahora están participando en el debate de esta Cámara, he experimentado ese fenómeno de primera mano al comienzo de la actual legislatura, visitando muchas partes de Europa y muchos centros de primera acogida.
Entiendo que el fenómeno es complejo, y que tiene distintas facetas. Cada uno de nosotros, por nuestra cultura, nuestro carácter y nuestra posición política, puede tener un punto de vista distinto. Pero debemos tener también una visión de conjunto, y me parece absolutamente vital que no estemos hablando aquí de unos pocos emigrantes, como era el caso hace 100 años. No estamos hablando de fenómenos pequeños o aislados, sino de la migración de pueblos enteros. Estamos hablando de millones y millones de personas que se desplazan, movidos por distintas motivaciones, muy pocas de ellas relacionadas con la solicitud de asilo, muy pocas relacionadas con necesidades de índole política, y muchas en busca de mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo.
No puedo, aunque el tiempo sea lamentablemente un tirano, dejar de dar las gracias al señor Weber. No puedo dejar de dar las gracias al señor Deprez, el Presidente actual de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a su anterior Presidente, señor Cavada y a todos los diputados al Parlamento Europeo con los que hemos pasado mucho tiempo trabajando sobre este fenómeno. Yo siempre he creído que una legislación mejorable es mejor que ninguna legislación. Estoy convencido de que Europa hace bien en ocuparse de todo pero, especialmente en lo que se refiere a este complejo y grave fenómeno del que hoy estamos hablando, hace bien en ocuparse de sus propios ciudadanos.
Frieda Brepoels
(NL) Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar expresando mi especial agradecimiento a nuestro ponente por su trabajo extraordinariamente difícil y también por su perseverancia en este expediente de extrema importancia. Al final del debate resulta muy difícil contribuir con nuevos aspectos, desde luego, pero estoy muy de acuerdo con los diputados al Parlamento Europeo que han dicho que esta Directiva es sólo un primer paso, aunque esencial, hacia una política común de migración. Todos nos enfrentamos a los mismos problemas y retos, y está claro que nuestros ciudadanos sólo podrán aceptar y entender también la migración legal si los políticos dicen muy claramente que la inmigración ilegal no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Hemos visto que un tercio de nuestros Estados miembros siguen sin tener normas de ningún tipo en este ámbito y por tanto, cualquier legislación que adoptemos aquí representará efectivamente un progreso para esos países en lo que respecta a la protección de los propios inmigrantes ilegales.
Sólo quiero decir a los que se oponen a esta Directiva que, en realidad, habrá poco o ningún cambio en los países que ya ofrecen protección suficiente y que, además, el Consejo ha dado garantías claras de que la Directiva no se usará en detrimento de la protección que vaya más lejos de la contemplada en la Directiva, como ocurre en algunos países. Por último, hay que dejar también claro que los Estados miembros tienen libertad para ir más allá de la Directiva.
En cuanto a la transposición y el seguimiento, considero muy importante que no solo la Comisión Europea, sino también los parlamentos nacionales, asuman una gran responsabilidad en esto, puesto que huelga decir que las expulsiones de inmigrantes ilegales se tienen que realizar también con efectividad.
Por último, señora Presidenta, espero que la mayoría de los diputados de esta Cámara vea más allá de los dogmas y las maniobras políticas y esté dispuesta a contribuir a una solución realista, enérgica, clara y humanitaria, no solo por el bien de la UE, sino sobre todo por el bien de los propios inmigrantes ilegales.
Manolis Mavrommatis
(EL) Señora Presidenta, permítanme primero que felicite a mi colega señor Weber por su excelente trabajo y sus resultados, y también a la señora Carlotti por la constructiva relación de colaboración que hemos mantenido en la Comisión de Desarrollo.
Los países del Mediterráneo se enfrentan al problema de la inmigración ilegal en mayor medida que otros países cuyas fronteras no están tan expuestas. Por ejemplo, el año pasado llegaron 112 000 inmigrantes ilegales a mi país, Grecia, y se dictaron 58 000 órdenes de expulsión. Estas son cifras récord para la UE, que tiene, por tanto, que adoptar una estrategia común para abordar este problema. Se necesitan medidas adicionales para la integración de los inmigrantes, y se tiene que garantizar que el retorno de los inmigrantes ilegales tenga lugar en unas condiciones dignas.
La UE tiene que formular una política de retorno basada en el principio de la solidaridad y el reparto de responsabilidades con los países en desarrollo. Suscribo y apoyo las exenciones contempladas en la Directiva: se basan en las relaciones familiares, el interés superior del niño y el estado de salud de los inmigrantes. El interés del niño tiene que ser protegido por el departamento de servicios sociales competente o por un abogado defensor.
Por último, se ha aceptado el llamamiento de la Comisión de Desarrollo en contra de la detención de menores, y estoy seguro de que todos mis colegas diputados lo aceptarán.
Ioannis Varvitsiotis
(EL) Señora Presidenta, como ha dicho el señor Mavrommatis, 112 000 inmigrantes ilegales entraron en Grecia el año pasado. La mayoría de ellos, sin embargo, no quería quedarse en ese país; quería ir a otros países europeos. Eso significa que el problema de la inmigración es un problema europeo; nos afecta a todos, y tenemos que abordarlo conjuntamente.
Por eso Grecia está a favor de una política común de inmigración. Sin duda, la recomendación del señor Weber no resuelve el problema en su totalidad, pero es un paso muy positivo, por lo que le felicito muy sinceramente. Si seguimos la política trazada en la Directiva, pienso que en algún momento, antes o después, nos encontraremos en una situación mejor que la de ahora.
Nadie acepta el trato inhumano de los inmigrantes, ni la violación de los derechos humanos. La única reserva de Grecia ha estado relacionada con la obligación de los Estados miembros de proporcionar asistencia jurídica gratuita. ¿Saben por qué? Por dos motivos: primero, el coste es enorme y prohibitivo para Grecia; segundo, la asistencia jurídica contiene un elemento de injusticia. Si se presta asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes ilegales, ¿por qué no prestársela también a los inmigrantes legales pobres que llegan a nuestro país, y por qué no también a nuestros propios ciudadanos pobres?
Creo que con la adición incorporada al artículo en cuestión, se ha resuelto este problema y Grecia ha dejado a un lado sus reservas. Por consiguiente, apoyaremos plenamente la propuesta y la recomendación.
Pierre Pribetich
(FR) Señora Presidenta, Señorías, las negociaciones para llegar a un acuerdo en primera lectura han hecho que se tambaleen muchos de los avances conseguidos con el trabajo parlamentario.
En su estado actual, este texto de compromiso es inadmisible. Es inadmisible tratar a los menores como a adultos, dejarles sin acceso a educación, permitir su expulsión, alejándoles de sus propios familiares. Es inadmisible que se establezcan normas y procedimientos comunes armonizados a la baja en Europa y que se debilite esta Directiva; es inaceptable dejar tantas puertas abiertas a riesgos graves de violación de los derechos humanos, a períodos de retención indignos, y dejar a tantas personas sin cobertura jurídica en tales situaciones.
¿Cómo puede aceptar una Europa ilustrada algo tan terrible? ¿Cómo puede convertirse el sueño de los creadores de los Estados Unidos de Europa de Victor Hugo en una pesadilla después de tanta esperanza?
Miroslav Mikolášik
(SK) Los problemas relacionados con los inmigrantes que residen ilegalmente en la UE precisan de unas normas transparentes, claras y justas. Teniendo en cuenta el interés actual de este problema -hay actualmente unos 8 millones de inmigrantes ilegales viviendo en la UE- y su complejidad, pienso que la creación de un marco jurídico común es inevitable.
La Directiva deja claro que los inmigrantes ilegales tienen que salir de Europa. Pero tenemos que considerar en qué condiciones se hará eso y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad personal.
Puesto que los niños constituyen un grupo extremadamente vulnerable en esta situación, celebro en particular la mención expresa que se hace en la Directiva al principio legal básico del interés superior del niño. No podemos limitar el problema de la inmigración ilegal exclusivamente a la expulsión forzosa pragmática y a la prohibición de retorno. En última instancia, tenemos que aplicar una dimensión política más amplia para eliminar los incentivos que favorecen la entrada de inmigrantes ilegales en la Unión Europea.
Jean-Claude Martinez
(FR) Señora Presidenta, Evo Morales nos ha escrito a propósito de la Directiva sobre la inmigración que en Francia se conoce como "sin papeles". Un Jefe de Estado latino que escribe a Europa no es realmente un extranjero; es como si nos escribiera un primo.
Obviamente, nosotros somos Estados con reglas que deben ser respetadas; de lo contrario, aparece el desorden y al final todos terminan sufriendo. Pero cuando los peruanos emigran a Chile, los nicaragüenses emigran a Costa Rica y los mozambiqueños emigran a Sudáfrica, la inmigración es mundial, y sus causas son mundiales. En un mercado económico globalizado, la inmigración es la etapa suprema de la lógica capitalista, donde la persona que no tiene nada que vender sólo puede venderse a sí misma. Puede que sea necesario tener una estructura jurídica destartalada en la Europa continental para los efectos migratorios mundiales, pero la inmigración tendrá que ser tratada antes o después como un problema mundial, porque es ya un problema mundializado, como ocurre con la alimentación, las pandemias y la educación básica. Eso se conoce como "reglamentar" las partes comunes de la copropiedad mundial.
Petru Filip
(RO) La existencia de normas y procedimientos comunes aplicables en los Estados miembros es un requisito para todo el sistema administrativo europeo y no solo para el retorno de inmigrantes de países terceros.
La preparación de este informe, cuyo interés y utilidad actual es indudable, me ofrece la oportunidad de plantear de nuevo un debate sobre la necesidad de implantar sistemas interoperables para la expedición de documentos de los ciudadanos en la administración de todos los países.
La interoperabilidad de los sistemas para la expedición de documentos en todos los países sigue siendo la premisa principal para limitar los riesgos derivados de una autoridad excesiva, y proporciona una fórmula funcional para garantizar el uso de los derechos derivados de la condición de ciudadano comunitario.
Apreciando la calidad de este informe, quiero destacar el hecho de que sus efectos se potenciarán al máximo si se reconsideran las condiciones prácticas de su aplicación, sobre la base de estudios fundamentales sobre las oportunidades que ofrece un sistema electrónico integrado de procedimientos y servicios administrativos. Puede que no sea demasiado tarde para pensar en establecer una identidad electrónica europea.
Nicolae Vlad Popa
(RO) Gracias al informe Weber, un informe equilibrado, la Directiva sobre el retorno constituirá la primera iniciativa legislativa en el ámbito de la inmigración que podrá ser aprobada mediante el procedimiento de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Me alegro de que ambas instituciones, respaldadas por la Comisión Europea, hayan aceptado y cumplido responsablemente sus obligaciones, estableciendo una referencia para futuras ocasiones.
La política de retorno debe considerarse como una parte integrante y necesaria de una política comunitaria completa y coherente en el ámbito de la migración y el asilo. Unas normas más eficientes en materia de inmigración ilegal permitirán también unas normas más liberales para la migración legal.
Considero que, en la actualidad, se han formulado unas normas claras, transparentes y equitativas para garantizar una política de retorno eficiente, como los elementos necesarios para el correcto manejo de la política de migración, según lo acordado por el programa de La Haya.
Ewa Klamt
(DE) Señora Presidenta, llevamos años pidiendo un plan general que abarque todos los aspectos de la migración y la Directiva sobre el retorno forma claramente parte de ese paquete. La inmigración legal a la Unión Europea podrá regularse de forma sensata sólo si no seguimos acogiendo a millones de inmigrantes ilegales y equiparando su situación a la de la inmigración legal.
Cuando la señora Roure menciona el "derecho" de los inmigrantes ilegales a escapar de la pobreza, debo recordarla que sólo el continente africano tiene 922 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en la pobreza, y que la India tiene 1 100 millones de habitantes, muchos de los cuales quisieran venir a Europa y quedarse con nosotros. Esa no es la forma correcta de regular las cosas. Por consiguiente, debemos apoyar esta Directiva sobre el retorno para tener la posibilidad de establecer unas normas realmente buenas que regulen la inmigración legal, y poder ayudar de verdad a esas personas.
Dragutin Mate
Presidente en ejercicio del Consejo. - (SL) Desde luego que quiero añadir algo a lo que yo he estado siguiendo de cerca y a lo que han dicho ustedes en sus intervenciones.
En primer lugar, debe decirse muy claramente que hoy estamos hablando aquí de una Directiva sobre el retorno, estamos hablando de la migración ilegal, no estamos hablando de asilo, ni de procedimientos de asilo. Son dos cosas muy diferentes. La Directiva sobre el asilo lleva en vigor desde 2003 y funciona bien.
Hoy estamos tratando de dar un paso más. Es importante que demos ese paso, y en su declaración política, que pueden ustedes leer en la penúltima página, el Consejo aprueba una fórmula de compromiso según la cual, en el caso de las personas que cumplan las condiciones para su internamiento, que no son todas, su duración será de seis meses como máximo. Además, en casos excepcionales que se contemplan expresamente, la duración del internamiento podrá ampliarse otros 12 meses. No se trata de un proceso automático de 18 meses, como hemos escuchado decir hoy aquí en varias ocasiones. Eso no es verdad.
Además, en su declaración política el Consejo ha contraído un compromiso claro, si me permiten citarlo: "El Consejo declara que la aplicación de la presente Directiva no debe utilizarse en sí misma como una razón para justificar la adopción de disposiciones menos favorables a las personas a las cuales se aplique."
Esto significa ningún país, y hay seis países así; he hablado de ello con todos y cada uno de los seis ministros. En el proceso de negociación en el Consejo, los seis ministros insistieron en que eso significa menos de seis meses. Pero lamentablemente hay una mayoría de Estados miembros que tienen períodos mucho más largos, incluso ilimitados, y algunos Estados miembros tienen ahora, en teórica y en la práctica, la posibilidad de privar de libertad a inmigrantes ilegales por un tiempo ilimitado.
Aquí es donde queremos lograr avances. Es más, esos avances son fundamentales para nosotros. Quiero, desde luego, hacer una mención especial a grupos especialmente vulnerables de niños. Insto al Parlamento Europeo a que vuelva a considerar el artículo 5, y una vez más el artículo 15 bis. Se dice claramente que no se pueden empeorar las condiciones de los niños y que estos tendrán derecho a educación y a jardines de infancia. Se les debe facilitar alojamiento en centros especiales que permitan todo esto. Las restricciones son muy estrictas.
En este punto, también, las negociaciones fueron muy difíciles, para nada sencillas. No sé si podrán imaginárselo, pero les cuento un pequeño detalle de las negociaciones. Para un artículo, el artículo 14, estuvimos negociando cuatro horas, cuatro horas palabra por palabra.
Los Estados miembros se empeñan en que esto tiene que resolverse a escala europea. ¿Y sobre qué están decidiendo hoy aquí? Si resolvemos esta cuestión a escala nacional, como hasta ahora, o si la resolvemos a escala de la UE. Uno de ustedes lo ha explicado con mucha elocuencia: la migración ilegal es un problema. Nadie lo pone en duda. Lo es: Es necesario poner orden en este ámbito, poner orden de la manera más civilizada posible. Así que tenemos que dar el primer paso. Sé que para muchas personas no es un buen compromiso, pero tenemos que ser conscientes de que para los Estados miembros, también, se trata de un compromiso que está en el límite de lo aceptable.
Tienen que saber que muchos Estados miembros no desean una política común en este ámbito. Los Estados miembros, muchos Estados miembros, querrían regular esto a su modo, aplicar sus propias reglas, sin el consentimiento del Parlamento Europeo y sin la supervisión de las instituciones europeas. Y la situación que tenemos ahora es peor que la que estamos proponiendo hoy. Por ese motivo, reitero que se trata de un paso importante y decisivo.
¿Qué se está decidiendo aquí hoy pues? No estamos decidiendo sobre el texto exacto de esos artículos, ni sobre el éxito de las negociaciones entre el señor Weber y yo mismo del lado del Consejo, y la Comisión y los Comisarios en el otro lado. Estamos decidiendo sobre la integridad de las políticas de integración. Si hoy llegamos al punto de decir NO a esta Directiva sobre la migración ilegal, pueden imaginarse lo difícil que será llegar a tomar una decisión, una decisión conjunta sobre la migración legal.
Tendremos que dar ese primer paso y, si no lo damos hoy, el futuro y el método de adoptar esto quedarán lejos, muy lejos. Puedo decirles hoy aquí con toda responsabilidad que si la Directiva no se aprueba en primera lectura, muchos Estados miembros volverán a sus posiciones originales en la negociación, que eran extremadamente rígidas y extremadamente firmes. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que podamos sentarnos de nuevo aquí y decidir si adoptamos una posición común.
A la larga, habrá que adoptar una fórmula de compromiso. No se podrá adoptar ninguna posición extrema. Ese es uno de los pilares de la democracia. No se trata sólo de que prevalezca la palabra de algunos y, por supuesto, respeto la opinión de todas las organizaciones no gubernamentales y de todas las demás instituciones que han expuesto sus opiniones y que están luchando por mejorar la situación. Es bueno que estén luchando por esto, pero debemos ser conscientes de que en el análisis final todos, nosotros en el Consejo y ustedes en el Parlamento, seremos responsables ante nuestros electores, y ya sabemos qué tipo de dificultades surgen en estos terrenos. Como ya he dicho en otras ocasiones y terminando mi intervención, éste es el primer paso, un paso muy importante, que debemos dar juntos en este camino que nos llevará a mejorar los derechos de los inmigrantes ilegales y, en general, la formulación de políticas de migración.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, me voy a limitar a aportar cierta información adicional a este debate.
Primero, la Directiva sobre el retorno, si llega a existir, no estará sola. Formará parte de todo un paquete basado en el concepto de una política de inmigración concertada. En consecuencia, como han dicho algunos eurodiputados, habrá textos sobre la inmigración legal y textos para reforzar nuestros procedimientos de asilo y nuestra acogida de refugiados. Habrá también, como ya hay, una política concertada con los países terceros de donde vienen los inmigrantes. Estoy personalmente convencido de que sólo mediante la colaboración con un cierto número de países terceros podremos encontrar formas y medios de coordinar la política de inmigración. Eso es lo primero que quería decir.
En segundo lugar, quiero recordarles que el valor de una Directiva -y esto es de suma importancia- es dotarnos de un marco jurídico que nos permita aplicar los mecanismos comunitarios para controlar el respeto del acervo comunitario, sobre todo procedimientos de infracción, competencias del Tribunal europeo de Justicia, informe de la Comisión, y control ejercido por el Parlamento Europeo. La ventaja de tener una Directiva así es que nos abre las vías para un control jurisdiccional mucho más eficaz.
El tercer punto para reflexión del Parlamento es que éste ha seguido haciendo que las cosas avancen, sobre todo con artículos referentes a los niños. El espíritu de estos nuevos artículos, el artículo 8 bis y el artículo 15 bis, es que, en la medida de lo posible, se debe evitar el internamiento temporal de los niños. Si alguna vez tienen que ser internados, el valor añadido de esta Directiva reside en el hecho de que obliga a los Estados miembros que hayan tomado esa decisión a respetar las garantías mínimas contempladas en el artículo 15 bis que acaba usted de mencionar, señor Mate.
El cuarto comentario que quiero hacer es que disponemos también de recursos financieros que deben ser utilizados. Tenemos un Fondo Europeo para el Retorno cercano a los 700 millones de euros, que debe permitirnos proporcionar ayuda en materia de asistencia jurídica, asistencia sanitaria y toda una serie de problemas de reintegración en algunos países de origen.
El quinto punto lo tomaré prestado del señor Deprez, quien ha mencionado que la Comisión tendrá que preparar un informe dentro de tres años. Deseo subrayar que no es sólo este informe el que nos va a imponer una obligación, sino todo lo que sustenta dicho texto: la voluntad de dotar a la Unión Europea de procedimientos sometidos a control jurisdiccional, procedimientos que tratan de equilibrar a la vez esta necesidad de legalidad, sin la que no conseguiríamos que la opinión pública aceptase la inmigración legal, frente a la necesidad de garantizar el respeto de los principios de la Convención de los Derechos Humanos. Les puedo decir que si se aprueba esta Directiva, me implicaré personalmente en su transposición para asegurar que este espíritu no se pierda de vista.
Manfred Weber
Señora Presidenta, Señorías, quiero antes de nada darles las gracias por este debate tan bien argumentado. Con una cuestión tan emotiva como ésta, es sorprendente que estemos actuando con tanta objetividad. Debo decir que, considerando la amplitud de los temas tratados hoy aquí, estoy orgulloso de ser diputado a este Parlamento.
Hubo un lapso, cuando el señor Catania nos acusó a todos de ser responsables de las fosas comunes del Mediterráneo. Tengo que rechazar esta estrategia de conseguir influencia política apelando a las emociones y a los temores de la población. Todos estamos aquí tratando de hacer lo posible por ayudar a esas personas.
No quiero decir nada más sobre el contenido de la Directiva, puesto que ya se ha discutido a fondo. Pero sí quiero decir algo acerca del proceso. Nuestro Presidente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha hablado con mucha sensatez. Ha recomendado al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos que actúen de una forma bastante particular en este proceso. Hemos retirado nuestras enmiendas. Nos hubiera gustado que se votaran las enmiendas, para haber hecho alguna contribución a esta cuestión. Habíamos preparado cientos de enmiendas en la Comisión de Asuntos de Interior y conseguido grandes mayorías en el seno de dicha comisión. Eso significa que todos los eurodiputados que estuvieran interesados en esta cuestión podrían haber participado.
Quiero decir también algo sobre las ONG. Tengo entendido que no están contentas. Cuando debatimos aquí sobre cuestiones medioambientales, Greenpeace nunca está satisfecha con el resultado que obtenemos. La tarea de una ONG es ejercer una presión cada vez mayor, pero ya hoy les pudo decir lo que va a suceder: si aprobamos esta Directiva, mañana esas mismas ONG que ahora están protestando sacarán provecho de esas oportunidades legales y entablarán procesos judiciales ante el Tribunal de Justicia europeo. Predigo también que los eurodiputados de la izquierda, que hoy argumentan en contra de esta Directiva, mañana pedirán a la Comisión, o al Comisario Barrot, que ponga en práctica lo que hemos aprobado hoy aquí. Tratarán de obtener ventajas para los ciudadanos sobre la base de este fundamento jurídico. Digo, por tanto: no es una situación ideal, pero hemos dado un gran paso.
Una última reflexión: desafortunadamente, la señora Roure y el señor Fava, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no están presentes. Están fuera, concediendo entrevistas a la televisión y tratando de explicar su posición. No han escuchado lo que ha dicho el señor Mate: que si no damos este paso -muchas gracias, de nuevo, a la Presidencia eslovena del Consejo-, no habrá avances en muchos años. Seguiremos diciendo que necesitamos avances decisivos, pero no avanzaremos nada. Por lo tanto, la pregunta mañana no es si la Directiva es o no la ideal. La pregunta es, sencillamente: "¿Hará que la Unión Europea avance?" Mañana podemos responder a esta pregunta con un "sí" claro y alto.
Presidenta
Se cierra el debate.
La votación se celebrará mañana a las 11.30 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 142)
Louis Grech  
por escrito. - La propuesta de Directiva relativa al retorno de los inmigrantes ilegales debe recibir una buena acogida por su esfuerzo en adoptar unas normas comunes y es un paso en la dirección correcta. No obstante, se queda corta a la hora de proporcionar ciertas garantías relacionadas con los refugiados y los derechos humanos, y no considera las necesidades y problemas específicos de Estados miembros como Malta, que se están viendo más afectados que los demás en proporción a su tamaño, su población y sus recursos.
Una vez más, quiero recalcar y reiterar que este tema requiere una política europea común que aborde "cuestiones" fundamentales como a) la adopción de políticas de "reparto de la carga" entre todos los Estados miembros; b) la revisión de Dublín II; c) un apoyo financiero adecuado; d) una evaluación de la viabilidad de la creación de centros, como las oficinas de empleo, en los países de origen y de tránsito; e) la elaboración de una política de retorno realista; f) la aplicación de una política de integración oportuna y; g) la lucha contra la delincuencia organizada (incluido el tráfico de seres humanos) y contra la xenofobia y el racismo.
La creación de una agencia específicamente destinada a combatir toda la inmigración legal e ilegal sería de gran importancia para abordar estas cuestiones de una manera completa e integral.
Eija-Riitta Korhola  
por escrito. - (FI) Señora Presidenta, el primer reto que plantea la propuesta de legislación que hoy nos ocupa radica en el hecho de que es nuestro primer intento de establecer normas comunitarias en materia de política de inmigración. Será una iniciativa importante para crear una política que se aplique al conjunto de la Comunidad.
La política de inmigración es, cuanto menos, un tema delicado en cuanto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Estoy de acuerdo con los que han dicho claramente que la propuesta de compromiso contiene algunos puntos delicados en lo que se refiere a los derechos fundamentales y humanos.
Pero como legisladores, tenemos que fijarnos en el cuadro completo: el mantenimiento del statu quo no es una opción posible. En primer lugar, eso afecta a los plazos de internamiento temporal. En algunos Estados miembros, no existe ningún límite legal sobre la duración del internamiento temporal. Además, los criterios para el internamiento temporal tampoco están debidamente regulados en muchos casos. En segundo lugar, muchos Estados miembros imponen prohibiciones ilimitadas de reingreso. Por todo ello, muchos Estados miembros preferirían que las propuestas de compromiso y, de hecho, toda la iniciativa legislativa, fueran rechazadas en nuestra votación.
Es muy importante que, con esta Directiva, el proceso de retorno pueda someterse a los mecanismos de vigilancia de la Comunidad. De esta forma, podremos garantizar la aplicación inmediata de una serie de normas mínimas en todos los Estados miembros.
Agradezco al ponente, señor Weber, que haya conseguido negociar importantes mejoras en la posición del Consejo, con las que se ha conseguido que nuestras obligaciones humanitarias estén garantizadas. De especial importancia son los cambios que se han introducido para proteger a los niños, a las familias y a las minorías.
Roselyne Lefrançois  
por escrito. - (FR) El texto que se someterá mañana a votación constituye un claro retroceso, no sólo con respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, sino sobre todo también con respecto al trabajo realizado en el seno de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que yo soy miembro.
Nosotros, los socialistas, estamos a favor de introducir unas normas mínimas relativas al retorno de nacionales de terceros países en situación ilegal, porque defendemos un enfoque responsable y humano de la inmigración clandestina y sabemos que algunos Estados miembros de la UE practican unas políticas inaceptables en este ámbito, desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales.
Pero estamos obligados a constatar que el compromiso apoyado por los conservadores y por la mayoría de los liberales no consigue, en este sentido, ninguna mejora. No se aplica ni siquiera a los solicitantes de asilo, ni a las personas interceptadas en las fronteras. Sobre todo, deja a los Estados miembros demasiada libertad de acción en cuestiones fundamentales como los derechos de los menores o la duración del internamiento temporal.
En consecuencia, la duración del internamiento temporal podrá alargarse hasta un máximo de 18 meses. Como muchos de mis colegas diputados, me niego a apoyar la posibilidad de internar, durante tanto tiempo, a personas cuyo único delito es haber querido buscar en territorio europeo mejores condiciones de vida.
Por eso, si las enmiendas del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo son rechazadas, votaré de acuerdo con mi conciencia y en contra de este texto.
Vincent Peillon  
por escrito. - (FR) Señor Presidente, Señorías, mañana tenemos que someter a votación un texto que los Estados miembros y los más conservadores de entre nosotros nos presentan como un compromiso. Pero no nos lo creamos: más que un compromiso, este texto es comprometedor.
¿Qué nos proponen el Consejo y el ponente en esta Directiva sobre el retorno si no es que apoyemos que los Estados miembros puedan internar a un ser humano, llegado ilegalmente, pero no culpable de ningún delito, durante 18 meses, y luego prohibir su entrada en territorio europeo durante otros 5 años?
El Parlamento tiene poder de codecisión en materia de inmigración. Así pues, no sólo tenemos la posibilidad de presionar al Consejo; tenemos la obligación de hacerlo. No perdamos esta oportunidad: si aprobamos la Directiva en su estado actual, estaremos permitiendo que el Consejo desande todos los pasos dados aquí en defensa de los derechos humanos durante 3 años de negociaciones.
Espero, por tanto, que rechacemos este texto; lo que en realidad nos amenaza es una verdadera caricatura de nuestra retractación y del olvido de nuestros valores.
Necesitamos una verdadera política europea de inmigración, no una política consistente en la protección ilusoria de una Europa Fortaleza.
Gabriele Zimmer  
Una mayoría del ala derecha del Parlamento Europeo quiere dejar vía libre a las expulsiones masivas.
Los ocho millones de inmigrantes sin permiso válido de residencia, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados miembros de la UE, se enfrentan a la amenaza de la detención y deportación. Los Ministros de Interior quieren "despejar el terreno" antes de regular la inmigración legal a la Unión Europea de una manera unificada. Recientemente, el Secretario de Estado del Ministerio del Interior del Gobierno Federal Alemán, Peter Altmaier, admitió una noticia dada en televisión y dijo que, por el bien de Alemania, en el futuro se facilitaría la expulsión de todas aquellas personas de las que Alemania quisiera deshacerse.
Según el texto de compromiso elaborado por el Consejo y el señor Weber, diputado al Parlamento Europeo y miembro de la Unión Socialcristiana de Bavaria, el período de internamiento temporal se podrá extender hasta 18 meses, los niños podrán verse separados de sus familias y a los deportados se les podrá prohibir el reingreso en la Unión Europea durante cinco años. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, un grupo del ala izquierda, protesta contra estas prácticas inhumanas.
Esta Directiva es catastrófica para el intento de la Unión Europea de darse a conocer como una institución que defiende los derechos humanos en la escena internacional. En un llamamiento conjunto a los eurodiputados, 44 regiones de África y América Latina han pedido que se rechace la propuesta de legislación. El Presidente boliviano, Evo Morales, ha recordado ya a sus Señorías, en una carta enérgica y emotiva, que en los últimos dos siglos, refugiados procedentes de Europa encontraron en otros continentes santuarios a salvo de la pobreza y de la represión, además de amistad.
