Aprobación de la gestión 2001
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0072/2003 del Sr. Ole B. Sørensen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente a la ejecución del presupuesto de los 6º, 7º y 8º Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2001 (COM(2002) 211 - C5-0190/2002 - 2002/2087(DEC));
A5-0109/2003 del Sr. Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (Comisión) (SEC(2002) 403 - C5-0239/2002 - 2002/2101(DEC));
A5-0101/2003 de la Sra. Avilés Perea, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2001:
1. Sección II - Consejo (SEC(2002) 405 - C5-0243/2002 - 2002/2103(DEC))
2. Sección IV - Tribunal de Justicia (SEC(2002) 405 - C5-0244/2002 - 2002/2104(DEC))
3. Sección V - Tribunal de Cuentas (SEC(2002) 405 - C5-0245/2002 - 2002/2105(DEC))
4. Sección VI - Comité Económico y Social (SEC(2002) 405 - C5-0246/2002 - 2002/2106(DEC))
5. Sección VII - Comité de las Regiones (SEC(2002) 405 - C5-0247/2002 - 2002/2107(DEC))
6. Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo (SEC(2002) 405 - C5-0248/2002 - 2002/2108(DEC))
A5-0082/2003 del Sr. Staes, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (Sección I - Parlamento Europeo) (SEC(2002) 405 - C5-0242/2002 - 2002/2102(DEC))
A5-0079/2003 del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario:
1. sobre la aprobación de la gestión del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en el ejercicio 2001 (C5-0601/2002 - 2002/2186(DEC))
2. sobre la aprobación de la gestión de la Fundación Europea para Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en el ejercicio 2001 (C5-0597/2002 - 2002/2187(DEC))
3. sobre la aprobación de la gestión de la Agencia Europea de Reconstrucción en el ejercicio 2001 (C5-0596/2002 - 2002/2188(DEC))
A5-0068/2003 de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para el ejercicio 2001 (C5-0556/2002 - 2002/2185(DEC))
A5-0074/2003, del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión:
del Director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (C5-0102/2003 - 2003/2046(DEC))
del Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente (C5-0098/2003 - 2003/2044(DEC))
del Director del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (C5-0100/2003 - 2003/2045(DEC))
del Director del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (C5-0096/2003 - 2003/2043(DEC))
del Director del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (C5-0094/2003 - 2003/2042(DEC))

Sørensen (ELDR)
Señor Presidente, aunque las críticas del Tribunal de Cuentas acerca del control interno de la Comisión y de sus sistemas de seguimiento son feroces y directas, en mi opinión debemos recomendar al Parlamento que apruebe la gestión de la Comisión por lo que respecta a la ejecución de los sextos, séptimos y octavos Fondos de Desarrollo para 2001.
En mi informe, me he centrado en algunos conceptos básicos clave de la actual política de desarrollo y he tratado de investigar si estos conceptos básicos dan lugar a requisitos especiales, o si plantean algunas cuestiones, por lo que se refiere a los controles sobre el uso de los fondos. A este respecto, quisiera hacer hincapié en varios puntos:
Implicación: la implicación es de gran importancia si queremos gestionar eficazmente la ayuda al desarrollo. Lo cierto es que pueden entrar en conflicto con las prioridades nacionales y locales los requisitos legítimos de los donantes, una política de reducción de la pobreza, los aspectos medioambientales, etc.
Apoyo presupuestario: el apoyo presupuestario es otro concepto que atrajo mi atención durante mi trabajo en el informe. Por lo que veo, en principio no hay ninguna razón -no desde el punto de vista del control- para evitar el apoyo presupuestario. No obstante, la Comisión debe asegurarse de que, en el futuro, quede claro cuándo y en qué condiciones el apoyo presupuestario es una forma eficaz de ayuda.
Descentralización: la ampliamente debatida descentralización que la Comisión ha puesto en práctica se basa en que se tomen más decisiones sobre el terreno, en lugar de aquí y en Bruselas. Apoyo este principio, pero la Comisión debe asegurarse de que los problemas actuales con las disposiciones de auditoría que se padecen en la sede central no se exporten a las delegaciones.
Infrautilización: la ejecución de los pagos procedentes de los fondos tiene lugar demasiado lentamente. ¿Es posible que, para 2001, hubiera una suma total pendiente de unos 8500 millones de euros para obligaciones y proyectos que aún tenían que llevarse a cabo? Además, me parece alarmante que los tres fondos efectivos para el ejercicio 2001 lleven ejecutándose 16, 11 y 4 años respectivamente. Me parece también incomprensible y supone una gran carga burocrática que, en términos administrativos, la ejecución deba tener lugar mediante tres fondos a la vez. Espero que la Comisión presente, en breve, un plan realista para agilizar la ejecución y simplificar la gestión de los fondos.
La declaración de los directores generales: con objeto de que este documento tenga alguna relevancia, espero que la declaración del año que viene explique claramente qué significa «seguridad razonable». Es necesario establecer un límite sobre el número de reservas que se pueden expresar y sobre cuándo pueden tener consecuencias estas reservas.
Los vínculos exteriores de la Comunidad se hallan actualmente divididos en no menos de seis servicios diferentes. Se supone que se examinó este hecho en 2002, pero no hemos visto todavía los resultados de dichas evaluaciones. Seguimos esperando.
En su auditoría financiera, el Tribunal de Cuentas critica duramente la estructura de control interno de la Comisión y sus mecanismos de seguimiento. Esto es de lamentar, es incluso criticable, ya que implica que no somos capaces de analizar si estamos sacando el máximo partido al dinero.
Por último, con respecto al presupuesto, depende ahora de la Comisión elaborar planes de acción concretos y fijar plazos para incorporar, por fin, los Fondos de Desarrollo al presupuesto general. Es absolutamente inadmisible que el dinero de los contribuyentes no se emplee de la manera más eficaz posible, y el responsable no es la Comisión -a la que se culpa con tanta frecuencia-, sino los Gobiernos de algunos Estados miembros.
Mi informe sobre los Fondos de Desarrollo es solo una parte del procedimiento global de aprobación de la gestión. Este procedimiento constituye una oportunidad de que el Parlamento compruebe la capacidad de la Comisión de gestionar el dinero de los impuestos de la UE. A este respecto, me sorprende que el ritmo de reformas en la Comisión esté reduciéndose en algunos ámbitos. A la vista de muchas de las cifras que estamos debatiendo, es fundamental que tengamos un sistema contable en el que podamos confiar. Esto no es así en la actualidad. La presente Comisión sustituyó a la Comisión Santer, que se había quedado atascada. Cabe preguntarse si le está sucediendo lo mismo a esta Comisión. En los ámbitos en que he estado trabajando, ha tenido la oportunidad, el tiempo suficiente y la capacidad de reformar la administración de la UE. Queda mucho por hacer, y tengo que decir que el deseo del Sr. Prodi de permanecer cinco años más como Presidente de la Comisión es de un optimismo excesivo. Si se hubiera cumplido con lo prometido, si se hubiesen llevado a cabo las reformas y si se hubiera demostrado la voluntad y la capacidad de acabar con las viejas e ineficaces prácticas administrativas, habría razones para desearle todo el éxito del mundo, pero esto no parece ser así por ahora.
Casaca (PSE)
Señor Presidente, señora Comisaria, señora presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, querido Helmut, queridos colegas socialistas y de otras formaciones políticas que han trabajado con nosotros, pienso que podemos estar satisfechos del trabajo que hemos realizado hasta la fecha, a propósito de la aprobación de la gestión de 2001, que contó con un amplio consenso en Cotonú y que no obtuvo el respaldo únicamente de aquellos que, por prejuicios ideológicos en contra de las instituciones europeas, consideran que este ejercicio es más un medio de combatir su fortalecimiento que un instrumento para corregir sus errores.
Tenemos ante nosotros una serie de problemas y de recomendaciones que constituyen un verdadero programa de trabajo. Aunque no es perfecto, estoy convencido de que nos permitirá tanto a la Comisión como a nosotros mismos realizar grandes avances en la mejora de la ejecución presupuestaria. Por eso, deseo dedicar más atención al trabajo que nos aguarda que a la repetición de lo que ha quedado atrás. Nuestra primera prioridad es la modernización y corrección del sistema contable comunitario. Esta modernización debe tener lugar tanto con respecto a los objetivos a medio y largo plazo, como por lo que se refiere a la corrección urgente e inmediata de sus mayores anacronismos. Tras las medidas que se han tomado ya en relación con la seguridad y la inviolabilidad de los datos, es imperante acabar con los distintos y contradictorios sistemas de contabilidad que, como ha reconocido el Director General de Presupuestos en su último informe anual, ponen en duda la sincronización y la coherencia de los datos contables, sustituyéndolos por un único sistema comprensible, fiable y transparente que puedan consultar, entender y emplear todos aquellos que tienen que ver con el presupuesto.
Es de suma importancia poner fin, sin dilación, a los mecanismos que permiten que el 20% de los créditos recuperados por irregularidades en la sección de Garantía del FEOGA desaparezca sin dejar rastro alguno en los libros comunitarios, en sumas y para fines que la Comisión no conoce y ni mucho menos controla. Después tenemos el problema más arraigado y difícil de corregir: la infrautilización sistemática del presupuesto, que en 2001 sobrepasó los 15 000 millones de euros, una suma colosal que por sí sola excede el presupuesto de varios Estados miembros actuales.
Me gustaría reiterar que debe ponerse fin a la irresponsabilidad que, con frecuencia, campea en este ámbito, en las instituciones comunitarias, y que siempre atribuye la culpa a los demás. Es a la Comisión a la que compete proponer el marco reglamentario en el que desarrollar los programas de ejecución del presupuesto; es a la Comisión a la que compete realizar propuestas presupuestarias tanto en términos anuales como en términos de perspectivas financieras; es, por tanto, a la Comisión a la que compete asegurarse de que los programas presupuestarios sean factibles y realistas. Si la autoridad legislativa y presupuestaria desea presentar ante la Comisión propuestas que esta considere inviables, la Comisión no tiene más que hacer valer su derecho de iniciativa y rechazar que dicha propuesta se convierta en legislación. Para la mayoría de los créditos comunitarios hay poderes de codecisión con estructuras de ámbito nacional, regional o de otro tipo. No obstante, si existen problemas de ejecución por parte de los socios de gestión, la Comisión debe hacerlos públicos de manera transparente y a su debido tiempo, permitiendo así que se tomen las medidas correctivas adecuadas. Lo que es inaceptable es que, ante unas ejecuciones presupuestarias francamente mediocres que implican a casi todos los socios no comunitarios de la gestión de los programas, la Comisión siga pretendiendo que no es su responsabilidad y que no hay nada que deba hacer al respecto.
Hemos dedicado una atención especial, en este ámbito, al programa de ayuda estructural para la agricultura de los países candidatos (el programa SAPARD). Acogemos con mucho agrado y grandes expectativas las garantías expresadas por el Comisario Fischler acerca de que va a dar prioridad absoluta a la ejecución de este programa. Estaremos atentos a los resultados. Por nuestra parte, creemos también que debemos esforzarnos al máximo por concienciar a nuestros colegas de las delegaciones interparlamentarias de la necesidad de agilizar la aplicación del programa.
Por último, quisiera llamar la atención acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes sobre la manera de relacionarse la Comisión con las empresas con las que mantiene relaciones contractuales. Es francamente lamentable que la Comisión no sea capaz, ni siquiera, de contabilizar el número de contratos con terceras partes a través de los que ejecuta una parte muy sustancial de su propio presupuesto y que, por tanto, sea menos capaz aún de establecer un mecanismo apropiado de control ex-post no solo de la legalidad y la regularidad, sino también de la transparencia y la eficacia de dichos contratos. Resulta sintomático que, en relación con Eurostat, un órgano en el que el Parlamento centró su atención en el informe reciente de nuestro colega el Sr. Bösch, se haya llegado ya a la conclusión de que no es posible concluir, en los plazos previstos, una auditoría de estos contratos firmados en los últimos años, debido a que estos totalizan más de 2000.
La llamada externalización, es decir, la gestión de los servicios comunitarios por órganos ajenos a la Comisión, es indudablemente una política que no solo hay que mantener, sino que hay que desarrollar también en muchos casos. No obstante, esta externalización debe supervisarse de manera más activa y coherente, y no meramente formal. Así, la aprobación de este informe constituirá, más que un punto de llegada, un punto de partida. Espero poder seguir contando, en esta labor, con la cooperación de la que he disfrutado, hasta la fecha, de los servicios de la Comisión, en particular de las Direcciones Generales de Presupuestos y de Agricultura, a las que deseo públicamente dar las gracias. Cuento igualmente con la cooperación de Cotonú en su conjunto.
Avilés Perea (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, me referiré al informe sobre otras instituciones que comprenden el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo.
En lo relativo al Consejo, por primera vez este Parlamento concede la aprobación de la gestión. Hasta ahora, no se había negado, pero había un acuerdo entre caballeros por el que el Parlamento no se pronunciaba respecto a la aprobación de la gestión. Ahora bien, hay una propuesta para que, próximamente, cuando la Convención culmine sus trabajos, se incluya dentro de la Comisión la política exterior y de defensa que en este momento corresponde al Consejo; a partir de ese momento, esta materia estará sometida a la aprobación de la gestión, al mismo nivel que las otras instituciones que dependen exclusivamente de la Comisión. Por tanto, la Comisión de Control Presupuestario ha considerado oportuno que este año ya se incluya la aprobación de la gestión del Consejo, con las matizaciones que voy a resumir a continuación.
Es una satisfacción para la comisión comprobar que la colaboración en las respuestas y la mejora para el próximo ejercicio son uno de los objetivos del Consejo, así como la superación de las diferencias que ha habido entre el inventario físico y el inventario contable.
Creemos que en el Consejo se deberían aplicar los criterios de la reforma interna de la Comisión en lo que se refiere a la política de personal, es decir, que las cualificaciones del personal y la permanencia en determinados puestos de alto nivel y, por tanto, de gran responsabilidad dentro del Consejo, deberían seguir los mismos criterios que la Comisión, en cuanto a la no permanencia durante mucho tiempo y a las clasificaciones profesionales.
No tenemos, en este momento, mucho conocimiento respecto a la política exterior y de defensa. Como he dicho antes, hasta ahora el Consejo ha tenido una consideración aparte, nosotros pensamos que debería gestionarse de una manera más eficaz y más transparente.
Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, se concede la aprobación de la gestión, también con algunas observaciones que brevemente voy a señalar. 
Constatamos que ha habido mejoras importantes en la gestión contable del inmovilizado y en la presentación del inventario como se había solicitado. También tomamos nota de la solución de todos los problemas inmobiliarios que se referían al Palais y a todo el entorno inmobiliario donde está ubicado el Tribunal de Justicia. Había muchas lagunas en cuanto a la información de estos procesos, pero ya se han resuelto y por tanto nos congratulamos.
También vemos con satisfacción que han aumentado los casos tramitados, pero el funcionamiento del Tribunal sigue siendo lento, lo que nos lleva a pensar que quizá carezca de recursos suficientes. Nos gustaría conocer la situación exacta y las peticiones de esta institución, a fin de contribuir a la resolución de las dificultades.
También se le concede la aprobación de la gestión al Tribunal de Cuentas y tenemos que felicitarnos por la presentación pública del informe de dicho tribunal, que se ha hecho oportunamente en el mes de noviembre ante el Parlamento Europeo y ante los medios, lo que es una forma de actuar transparente y clara. Invitamos al Tribunal de Cuentas a mantener esta política. Aunque a veces, por dificultades de traducción, se retrase el momento, cuanto antes se haga esta presentación, mejor será. Nos congratulamos también de los esfuerzos que ha realizado para que la declaración de fiabilidad sea un instrumento que permita conocer las mejoras en la gestión y el control. Nos parece que este esfuerzo debe mantenerse, porque es una de las mejores formas de conocer la situación en la que se encuentran las instituciones. Sabemos también que en el Tribunal de Cuentas hay problemas de personal; éste, que debe ser altamente cualificado, no permanece en el mismo por mucho tiempo -quizá por cuestiones de promoción personal o de carrera profesional- y deberíamos pensar en solucionar estos problemas, para que este personal sea más estable y facilite el trabajo del Tribunal. También habría que pensar si no se debería recurrir, en algún caso, a contratos temporales o a algún tipo de externalización. Saludamos también las mejoras relativas a la información sobre el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas.
Muy brevemente, me referiré al Comité Económico y Social cuya gestión también aprobamos. Se han resuelto todos los problemas que había en el pasado, lo que nos produce una gran satisfacción. Este Comité ha presentado sus cuentas y toda su gestión de una manera clara, y, al contrario de lo ocurrido en el pasado, no tenemos ningún inconveniente en concederle la aprobación este año.
Lamento decir que no ha sido así en lo que se refiere al Comité de las Regiones, y que no podemos concederle la aprobación en este Pleno. Por tanto, solicitamos su aplazamiento. Fuera ya del plazo para el que se habían realizado los informes, después de que se hubiera solicitado a través de un cuestionario una serie de informaciones -como al resto de las instituciones-, hemos recibido un informe de auditoría que se refiere al año 2001 en el que hay bastantes deficiencias graves en todo lo que se refiere al cobro y la presentación de recibos, de viajes, de dietas y de otro tipo de emolumentos. Por lo tanto, a pesar de que el Comité de las Regiones nos ha hecho llegar su Reglamento modificado con fecha posterior, nos parece más oportuno dejar la aprobación aplazada hasta el mes de octubre y, mientras tanto, elaborar un informe que nos permita tener un mayor y más claro conocimiento de las cuentas del Comité de las Regiones.
En lo que respecta al Defensor del Pueblo Europeo, quiero poner de manifiesto su magnífica colaboración con la Comisión de Peticiones de este Parlamento y el buen trabajo que realiza, a pesar de los escasos medios con los que cuenta. Naturalmente, también él recibirá nuestra aprobación de la gestión.
Staes (Verts/ALE)
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quisiera dar las gracias, de todo corazón, por la excelente cooperación que he recibido no solo de Sus Señorías, sino especialmente del Secretario General y sus servicios. Estoy en condiciones de informarles de que recibimos una respuesta a nuestro cuestionario antes incluso de navidad y de que las respuestas a dichas preguntas han contribuido a que sea posible incorporarlo a la resolución. Creo que es una de las primeras ocasiones en que esto ha sido posible en una fase tan temprana, y me gustaría dar las gracias por ello.
He contemplado mi informe como una especie de informe anual sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo en 2001. Comienza por lo más importante. Recomienda a todos que aprueben la gestión del Secretario General por su labor en 2001.
Mi informe consta de 120 apartados, y por este motivo es muy difícil explicarlo todo, de modo que voy a aclarar solo algunos aspectos, empezando por la política de personal. Quisiera entrar en más detalles sobre la política de igualdad de oportunidades, sobre el acceso de la mujer a altos cargos de esta Cámara. El Parlamento se ha declarado a favor de ello muchas veces, pero sigue siendo una cuestión peliaguda. Como señalo en mi informe, conjuntamente con la Comisión de Control Presupuestario, este objetivo no se ha cumplido. Solo el 22% de los funcionarios de grado A son mujeres. Ninguno de los tres directores generales nombrados recientemente es una mujer, y en 2001, solo se ascendió a la categoría A al 14,3% de las mujeres que podían optar a ello, frente al 30,8% de hombres. Por tanto, pienso que tenemos que apoyar medidas de discriminación positiva. A igualdad de méritos, se debe aplicar sistemáticamente el principio de dar preferencia a la mujer, a la hora de cubrir puestos de nivel superior, hasta lograr el equilibrio.
Otra cuestión peliaguda es el nombramiento de altos funcionarios. Recomiendo que se abandone la práctica tradicional aceptada de componer conjuntos equilibrados desde el punto de vista geográfico y político, pues no creo que sea positiva. Debemos pasarnos a una política de nombramientos basada en los criterios de las cualificaciones, los méritos y las capacidades.
Una segunda parte importante de mi informe se refiere a la política inmobiliaria. En primer lugar está el hecho de que contamos con tres lugares de trabajo. En el anterior informe de aprobación de la gestión, se pidió a la Mesa y al Secretario General que elaboraran un estudio al respecto. Dicho estudio está ahora disponible y revela que el coste de tener tres lugares de trabajo se eleva a 169 millones de euros al año: 120 millones corresponden a la infraestructura, 40 millones al personal de apoyo y las misiones y 9 millones a gastos varios. Debido al traslado del personal a Estrasburgo se pierden 25 855 días al año, lo que supone un coste para el contribuyente de casi 4 millones de euros. No hace falta decir que esto lleva consigo un problema de imagen. Cada vez que recibimos a grupos de visitantes, tenemos que volver a explicarlo todo. Esto no solo ocasiona un problema de imagen, sino que también origina un gasto de tiempo y de dinero. Se escapa a nuestro control. De ahí la recomendación, dirigida a aquellos diputados que sean miembros activos de la Convención, de que planteen esto y se aseguren de que la posibilidad de modificar el artículo 289 del Tratado UE se contemple durante la preparación del proyecto de Constitución. Sé que sigue siendo un grave problema, ya que una propuesta de esta índole debe pasar por la Conferencia Intergubernamental, donde varios Estados miembros tienen derecho de veto. De todas maneras, merece la pena intentarlo.
Otro aspecto de la política inmobiliaria tiene que ver con la zona pavimentada que se ha construido sobre la estación Bruselas-Luxemburgo. El Gobierno belga tiene una serie de obligaciones al respecto y, de hecho, debería sufragar los costes. Se han enviado dos cartas al Primer Ministro belga, pero no hemos obtenido respuesta. Por tanto, le pido al Gobierno belga que cumpla con sus obligaciones y nos abone la suma de 4,74 millones de euros.
He dedicado también unos apartados a los edificios D4 y D5. Señor Presidente, usted es el vicepresidente responsable de la política inmobiliaria, y le digo con toda franqueza que, en mi opinión, usted y la Administración han llevado bien las cosas. Creo que han hecho todo lo posible por ejecutar este proyecto de edificación de acuerdo con las normas correspondientes. No obstante, me parece -y así lo hago constar en mi informe- que varias cosas han ido mal, no por parte del Parlamento, sino de Bélgica. Nos han puesto ante un hecho consumado, en contra de nuestra voluntad. El Gobierno belga acordó, en un primer momento, que los terrenos se concedieran gratuitamente, pero estos terminaron en manos de promotores privados, lo que complicó aún más nuestra tarea, y eso es algo que lamento.
Por último, señor Presidente, me gustaría decir unas palabras más sobre la política medioambiental, que es muy importante. En mi informe, describo las numerosas medidas positivas que se han tomado con respecto a los edificios D4 y D5. Se ha hecho un gran esfuerzo para garantizar el uso, en breve, de energías renovables, la instalación de placas solares, etc. Pienso que deberíamos elaborar un verdadero plan de política climática para nuestra institución, con objeto de que el Parlamento contribuya también a cumplir los compromisos de Kioto.
Apenas el viernes de la semana pasada, la Comisión presentó un estudio en el que se señalaba que, si todos los edificios gubernamentales de la Unión Europea emplearan energías renovables, esto representaría un logro del 18% de los compromisos asumidos por Europa en Kioto. Es preciso dar ejemplo; es necesario que el Parlamento dé este paso y cuente con un verdadero plan de política climática.
Blak (GUE/NGL)
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir unas palabras sobre la aprobación de la gestión de la Comisión. Me gustaría recomendar que la gestión se apruebe a tiempo este año. Todos sabemos que hay problemas con los sistemas contables e informáticos de la Comisión, gracias a los informes del Tribunal de Cuentas. No es ningún secreto que hace tiempo que la Comisión debería haber hecho algo para solucionar el problema. Creo que la Comisión se ha percatado ahora de la gravedad de la situación y ha comenzado una amplia reforma. Posponer la aprobación de la gestión hasta octubre no cambiaría nada. Sería mucho más eficaz nombrar a expertos externos para evaluar la reforma propuesta y que el Parlamento procurara que la Comisión se atuviera a su calendario.
También se debería aprobar a tiempo la gestión de la Comisión debido a sus admisiones en el caso Eurostat, que es un escándalo y lo lleva siendo durante años. Eurostat ha firmado contratos con empresas que le han dado gato por liebre y le han estafado. A la Comisión le ha quedado esto claro ahora y, tras la presión ejercida por el Parlamento, ha puesto fin a todos los contratos con las compañías. Creo que deberíamos premiarla por ello. Es muy poco habitual que una institución como la Comisión reconozca un error, pero así ha sido en este caso. Ahora enviará, por fin, un mensaje a otras empresas para advertirles de que no pueden salirse con la suya y estafar a la UE en contratos firmados con sus instituciones.
El caso Eurostat no habría salido nunca a la luz si no hubiera sido por una empleada. Quisiera resaltar el papel de Dorte Schmidt-Brown y su gran integridad profesional y personal. Confío en que la Comisión halle la manera de indemnizarla. De esta manera, dejaría claro a los empleados de la Comisión que va en serio cuando dice que no tolerará la estafa y el fraude.
He recomendado que se apruebe la gestión de tres organismos: la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, la Agencia Europea de Reconstrucción y el Cedefop. Los restantes organismos deben esperar. No fue hasta hace poco que se tomó una decisión final para aprobar la gestión de otros cinco organismos. Necesitamos tiempo para analizar como es debido las respectivas gestiones antes de aprobarlas. En consecuencia, lo que recomiendo es que se posponga la aprobación por razones técnicas.
Hay algunos problemas que son comunes para todos los organismos. Básicamente creo que la Comisión debería echar el freno y llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de todos los tipos de organismos y de la interacción entre ellos. Puede ser que se hayan creado organismos que demuestren, más tarde, haber cumplido su papel. Quizás sea necesario fusionar algunos de los organismos. Debemos evaluar constantemente si los organismos proporcionan algún valor añadido. No debemos contar con organismos solo para que todos los Estados miembros tengan su «niño pequeño». Muchos organismos tienen administraciones muy grandes, lo que no es necesariamente su culpa. A menudo, se imponen a los organismos cargas administrativas que son más propias de una gran estructura como la Comisión. Por tanto, se deben considerar varias soluciones. Podrían transferirse más competencias a los organismos. Se podría examinar la posibilidad de delegar algunas cuestiones de las que se encarga actualmente la Comisión, como por ejemplo la educación y la sanidad. Debemos evitar solapamientos entre la labor de la Comisión y la labor de los organismos. Hemos de considerar con detenimiento si es necesario crear más organismos de ejecución. ¿No se podrían transferir las competencias a los organismos con que ya contamos?
Los organismos deben también poner en práctica ahora el nuevo Reglamento Financiero, algo que ya ha tenido lugar en el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia de Viena. Entre otras cosas, esto significa que los organismos son ahora responsables de su propio control financiero. Dejará de haber un control ex ante independiente de los organismos. Hemos aceptado esto como parte del nuevo Reglamento Financiero. No obstante, me preocupa el riego de que se interrumpa el control. El Servicio de Auditoría Interna de la Comisión simplemente carece de los recursos necesarios para examinar cada transacción y el Tribunal de Cuentas efectúa muy pocos controles. Por tanto, dependemos mucho del funcionamiento adecuado del sistema de control interno de los organismos.
La Agencia Europea de Reconstrucción se ha desenvuelto bien, por lo general, pero desgraciadamente se ha producido un caso muy grave de fraude en el sector energético. Ningún empleado de la agencia participó en el fraude. En última instancia, sin embargo, la agencia es responsable del control de los fondos comunitarios gastados. Le he pedido a la Comisión que proponga una reducción paulatina de la financiación comunitaria futura en el sector energético de Kosovo si la situación actual se mantiene. Es muy lamentable que la agencia haya suscrito varios acuerdos de empleo privados sin cumplir las normas referentes a las convocatorias de concurso público. No obstante, es la Comisión la que obligó a la agencia a firmar los contratos. No es ilegal suscribir contratos directos, pero deben restringirse a casos especiales y realizarse de manera totalmente abierta. Podría dar dos ejemplos, pero no los voy a mencionar para no hacer pasar vergüenza a nadie. Estas normas no se respetaron en algunos contratos firmados en 2001, y quisiera decirle a la Comisaria que esto no debe volver a pasar, pues, de lo contrario, habrá problemas. Debemos asegurarnos de que los organismos cumplan las normas relativas a las convocatorias de concurso público. Sé muy bien que las normas pueden resultar muy burocráticas y complicadas. Esto es algo que debemos analizar, pero mientras tengamos estas normas, debemos acatarlas.
El Presidente.
Muchísimas gracias, señor Blak, por su cooperación.
Sus colegas saben -sobre todo los de la Comisión de Control Presupuestario- que cada segundo de Pleno cuesta casi 10 euros. Por lo tanto, supongo que apreciarán el tiempo de que disponen.

Langenhagen (PPE-DE)
Señor Presidente, señora Comisaria, las críticas deben expresarse con claridad. En la Comisión de Control Presupuestario, nuestra misión es examinar y evaluar, cada año, las cuentas de la Comisión, y en esta tarea el informe anual del Tribunal de Cuentas constituye una valiosa herramienta de orientación. Hemos hallado también aspectos criticables relativos a la aprobación de la gestión de 2001 y los hemos expuesto de manera clara. No obstante, prefiero que entren en pormenores los colegas que han hablado en sus informes de las instituciones en cuestión.
Quisiera referirme a algo de lo que, en general, podemos estar satisfechos. Como ponente para el presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, tengo pocas reservas acerca de recomendar la aprobación de la gestión. He aquí un ejemplo -y casi lamento que el Tratado de la CECA expirara en julio del año pasado, después de 50 años- de cómo es perfectamente posible presentar un presupuesto equilibrado y correcto. Cuando, tan solo cinco años después del final de la guerra, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman sugirió la unión de las industrias del carbón y del acero de Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, demostró una gran visión y, al mismo tiempo, corrió un gran riesgo. Teniendo como objetivo principal preservar la paz en Europa, la CECA representó el primer paso para crear una comunidad europea de Estados. Cincuenta años después, puede afirmarse que el experimento fue un éxito, y hoy en particular, quisiera hacer hincapié en esa iniciativa para mantener la paz y favorecer el entendimiento entre las naciones.
Además de la política industrial, la CECA tuvo también, desde el principio, un fuerte componente social que no debe subestimarse. Cientos de miles de trabajadores del acero y del carbón se beneficiaron de las ayudas de adaptación concedidas para hacer frente al cambio estructural. Quisiera mencionar también el importante componente investigador, que se tradujo, por ejemplo, en la promoción de técnicas innovadoras de producción o en el desarrollo de soluciones respetuosas con el medio ambiente. Según los cálculos, los beneficios obtenidos multiplicaron por diez el dinero invertido, y esto es algo de lo que sentirse satisfechos.
Tras realizar una concienzuda investigación, permítanme expresarlo de la siguiente manera: sin el éxito de la CECA, podemos estar seguros de que algunas cosas en Europa habrían sido diferentes y no habrían ido tan bien. En mi informe, he examinado las medidas necesarias que tienen que acompañar a la finalización de las actividades de la CECA. Quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar la ejemplar cooperación recibida del Tribunal de Cuentas y de la Comisión y la buena disposición de ambos para proporcionarme la información requerida.
Me gustaría mencionar algunos puntos que, en mi opinión, es necesario tratar. En primer lugar, debería elaborarse una publicación, una auténtica publicación merecedora de ese nombre, que describiera la labor desarrollada por la CECA y los logros obtenidos por ella. ¿Por qué no han de reconocerse los éxitos cuando estos tienen lugar y tomar constancia de ellos por escrito para las generaciones futuras? En segundo lugar, la Comisión debe mantenernos informados de la reorganización del personal: estos hombres y mujeres poseen una valía de la que no deberíamos desprendernos y que no deberíamos ocultar. Necesitamos también información detallada, naturalmente, sobre los créditos pendientes de liquidación aún después de que haya expirado el Tratado de la CECA (algunos de estos se prolongan hasta el año 2027, como las aportaciones para préstamos a funcionarios, y hasta el año 2017, como el crédito para el Eurotúnel) y necesitamos información sobre la cancelación de todas las sumas de la reserva, que evidentemente no va a ser necesaria en el futuro. Son lo que se conoce como «recursos inactivos».
LA CECA -y me estoy repitiendo- fue un modelo de paz y progreso en Europa. Aún después de que el Tratado de la CECA haya expirado, su espíritu debe permanecer vivo. Me complace que, aún después de que la CECA haya llegado a su fin, vaya a haber un fondo de investigación que realice una importante contribución en el sector del carbón y el acero, y que en este vayan a participar también los países candidatos, y de buen grado. No obstante, les prometo que en la Comisión de Control Presupuestario vamos a mantener los ojos muy abiertos en este ámbito, en el futuro.
Schreyer
Señor Presidente, Señorías, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión, la Comisión y los demás órganos, así como las demás instituciones, tienen que rendir cuentas ante el libremente elegido Parlamento Europeo por el uso realizado de los recursos presupuestarios de la Comunidad. El Parlamento ejerce un control sobre estos en nombre de los ciudadanos de la Unión. En el ejercicio 2001, se gastaron 79 400 millones de euros de ese presupuesto. Además, hubo gastos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Quisiera, llegados a este punto, darle las gracias al ponente general, el Sr. Casaca, por su trabajo concienzudo y exhaustivo. En nombre de la Comisión, me gustaría dar las gracias también a los ponentes -el Sr. Staes, la Sra. Avilés Perea, el Sr. Blak, el Sr. Sørensen y la Sra. Langenhagen- por su labor esmerada y meticulosa, así como expresar el respeto que siento por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, por su manera de conducir este difícil procedimiento, y finalmente quisiera agradecer a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos su gran trabajo.
Además de los cientos de páginas de los estados financieros, los ponentes y la Comisión de Control Presupuestario tuvieron también que examinar el informe anual del Tribunal de cuentas y cientos de páginas de respuesta a las 267 preguntas planteadas a la Comisión, y la Comisión de Control Presupuestario celebró audiencias con ocho miembros de la Comisión.
El presupuesto europeo abarca un amplio espectro de programas de gasto, desde las subvenciones para los productos lácteos, pasando por las primas para el sacrificio del ganado, las subvenciones para la apicultura, las medidas de reestructuración del sector pesquero, los programas de intercambio de jóvenes y el apoyo a la investigación en biotecnología, hasta la ayuda para escolarizar a niñas en el Afganistán y la ayuda alimentaria en el África meridional.
Todos estos programas tienen diferentes normas. Personas diferentes gestionan los programas y manejan el dinero, y el riesgo de cometer un error también difiere. El examen llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y el Parlamento tuvo presente todas estas variadas tareas. No obstante, debo centrarme en algunos puntos que han demostrado ser los más importantes del procedimiento de aprobación de la gestión, a saber, las normas contables y el sistema contable, los contratos con la Oficina Estadística y la cuestión del ritmo de ejecución del presupuesto.
Según el Tribunal de Cuentas, y por lo que se refiere a la contabilidad, la cuenta de gestión del ejercicio 2001 refleja fielmente los ingresos y los gastos, como se confirma en el informe del Sr. Casaca, que ha vuelto a pedir que se reforme el balance financiero. El informe del Sr. Casaca describe pormenorizadamente la próxima reforma. En la Comisión de Control Presupuestario, tuvimos la oportunidad de debatir ampliamente la reforma propuesta y los pasos concretos a dar. Se trata de un proyecto que abarca todos los servicios y organismos. Nuestra contabilidad es ya ejemplar, por lo que respecta a la publicación, pues cada mes publicamos en internet las cifras de la cuenta de gestión basada en el principio de caja. Lo menciono porque la propuesta de la Comisión de obligar a las sociedades anónimas a publicar informes trimestrales provocó un encendido debate acerca de si esto era razonable. La propia Comisión publica sus cifras mensualmente.
Comparándonos con los Estados miembros, al analizar algunos aspectos del balance financiero, no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Pero, ¿es esto suficiente? No. Debe quedar claro en el sistema contable si un pago es un pago final o un pago anticipado que se pueda reclamar si el programa no va bien. El sistema contable debe disponer de una entrada tanto en la parte de los activos como en la de los pasivos, tan pronto como se suscribe un compromiso financiero, por ejemplo, y no esperar hasta que el pago se haya efectuado. Nuestro sistema contable debe basarse en la acumulación, y los servicios que gestionan los recursos deben tener acceso directo al estado de las cuentas de sus programas. Esta es la única manera de que nuestra gestión financiera sea óptima. Claro está, supone un reto para los sistemas de información y de tecnología subyacentes.
Naturalmente, la Comisión cumplirá, con mucho gusto, la petición de la Comisión de Control Presupuestario de elaborar un informe trimestral de progresos acerca de la reforma. También hemos aceptado seguir la sugerencia del ponente, el Sr. Casaca, de iniciar un programa piloto por el que a los receptores de pagos se les informe por escrito tan pronto como el funcionario competente haya solicitado el pago, algo que aportará una mayor transparencia. No obstante, no hay que perder de vista que solo el 20% del presupuesto lo gestiona la Comisión y que, por lo que se refiere al efectivo, la mayor parte del presupuesto permanece, en la práctica, en las arcas de los Estados miembros.
El Tribunal de Cuentas Europeo examina anualmente la gestión del efectivo llevada a cabo por la Comisión. Pese a ello, vamos a presentar ante el Tribunal de Cuentas la petición del Parlamento de que se realice una auditoría externa. Vamos a basar también la reforma en las normas fijadas en 2000 y 2001 por la Federación Internacional de Contables. No obstante, quisiera, llegados a este punto, realizar una observación esencial: en la vieja Europa -si me permiten la expresión-, y en la Unión Europea también, las principales normas de contabilidad las ha establecido, hasta la fecha, el Derecho público y no una asociación de este tipo. La pregunta fundamental es si queremos desviarnos de esta costumbre. En mi opinión, deberíamos preservar la costumbre de que el legislador público participe en las decisiones acerca de los principios que deben aplicarse a la contabilidad del presupuesto público.
Naturalmente, tenemos la gran ventaja de contar con un organismo público independiente, el Tribunal de Cuentas Europeo, como nuestro auditor externo. En una época en la que, en los Estados Unidos por ejemplo, los organismos públicos auditores se están reforzando frente a los auditores privados, debido a escándalos como el de Enron, es claramente una ventaja disponer de un auditor público que esté obligado a permanecer independiente.
En respuesta a las preguntas del ponente general sobre los contratos con Eurogramme, la Comisión ha acordado suspender todos los pagos a esta empresa, por el momento, y examinar todos los contratos firmados con esta. Se pondrá término a los contratos siempre que esto no conlleve costes adicionales. Ahora le están pidiendo también a la Comisión que examine, para julio de este año, todos los contratos firmados por la Oficina Estadística desde 1999. Se trata de 2660 contratos, por lo que la tarea no se podrá completar para julio. No obstante, como deseamos responder a la preocupación del Parlamento, tendremos que dar con una solución factible, por ejemplo mediante una muestra. La Comisión presentará a la Comisión de Control Presupuestario una lista de estos contratos en la próxima reunión y sugerirá una manera de incrementar el control.
Los acontecimientos en torno a Eurogramme o Eurostat han demostrado también que la cooperación con la OLAF en cuestiones informativas tiene que desarrollarse de manera menos ambigua. La OLAF sigue controlando la información procedente de sus propias investigaciones y, aunque hay que proteger siempre la independencia de este organismo, ha quedado claro que, al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que las conclusiones de la OLAF se pongan en conocimiento, sin demora, de las autoridades que gestionan fondos, para que se tomen a tiempo medidas destinadas a protegernos del fraude al presupuesto.
Por lo que se refiere a la ejecución de los recursos presupuestarios, tan solo quiero decir unas palabras sobre el programa SAPARD. A propósito de este, la Comisión ha prometido a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento que dará la máxima prioridad a la mejora de la ejecución del programa. Mi colega, el Sr. Fischler, ha puesto ya en práctica algunas de las medidas prometidas a la Comisión de Presupuestos. Justo el día antes de que esta Cámara dé su conformidad a los Tratados de adhesión, se deberá hacer todo lo posible para que la ayuda de preadhesión se haga, por fin, efectiva para la agricultura, de forma inmediata.
Muchas gracias, señora Langenhagen, por su positivo informe y por sus positivos comentarios acerca de la CECA. Ahora tiene el informe que nos pidió sobre las actividades de préstamo, pero probablemente no sea posible llevar a cabo la publicación sugerida por usted sobre las actividades de la CECA, desde su creación en 1952, en todas las lenguas oficiales, antes de que acabe el año, porque algunos de sus cargos están ya en otros organismos. No obstante, estoy completamente de acuerdo con usted en que esta experiencia y esta información sobre esta importante parte de la historia de la senda común europea debería estar disponible en todos los países, y los ciudadanos deberían saber cómo la idea de la cooperación económica condujo a un verdadero proyecto por la paz. No deberíamos permitir que todo esto caiga en el olvido, y vamos a estudiar la manera de retomar esta idea y hallar un modo factible de ponerla en práctica.
Señor Blak, el control de los organismos abarca ahora un extenso conjunto de diferentes actividades, y su labor, por la que la Comisión le da las gracias, ha sido muy amplia. El nuevo Reglamento Financiero estipula que la creación de un nuevo organismo debe estar precedida de un análisis de costes y beneficios, y acojo con agrado el hecho de que el Parlamento desee que este principio se aplique estrictamente, y con respecto a los organismos existentes, las auditorías durante las evaluaciones de los análisis de costes y beneficios siguen siendo la mejor manera de hacerlo, y están diseñadas también, naturalmente, para evitar la duplicación. Esto es algo muy importante cuando se trata del uso de recursos presupuestarios escasos.
Con respecto al ámbito de la política exterior de la Agencia de Reconstrucción, la Comisión no está de acuerdo en que haya suficientes motivos para realizar una investigación administrativa. No obstante, examinaremos lo que usted menciona y le pasaremos un informe. En política exterior, en general, la Comisión ha cumplido la petición del Parlamento de detener la transferencia de competencias a las Oficinas de Asistencia Técnica. El número de OAT se ha reducido de 126 en septiembre de 2000 a 12 a finales de 2002, lo que demuestra que hemos tomado el camino que el Parlamento deseaba. Esto ha ido de la mano de un apreciable cambio en la gestión de los programas de ayuda auxiliares, es decir, de la descentralización. Esto también es cierto en el caso del Fondo Europeo de Desarrollo, para el que el Sr. Sørensen es ponente, y quisiera darle las gracias, de nuevo, por su exhaustivo informe.
La Comisión de Control Presupuestario hace especial hincapié en la necesidad de que los miembros de las delegaciones reciban una formación adecuada para llevar a cabo las labores de gestión que se les exigen ahora. La Comisión elaboró un nuevo manual al respecto en 2002, y ahora se ha implantado el nuevo Sistema de Información Común Relex para la gestión financiera de los programas externos, cuyas bonitas siglas en inglés son CRIS. Cada delegación tiene que enviar ahora un plan de auditoría, cuyo objetivo es garantizar la supervisión adecuada de los programas de ayuda.
En su Libro Blanco sobre la reforma elaborado en el año 2000, la Comisión hizo una lista de todas las medidas necesarias para completar la reforma de la Comisión. Se han tomado ya 87 de las 96 medidas, y la Comisión ha informado de ellas pormenorizadamente. Un principio rector de esta reforma es la clara asignación de responsabilidades para el uso de los recursos financieros de la Comunidad.
Los directores generales tienen ahora que informar, cada año, de cómo se han aplicado las normas de control. ¿Qué administración pública exige a sus instituciones que publiquen este tipo de informes, en los que también se tiene que dar cuenta de los puntos débiles? ¿Qué administración controla, a la vista de todos los ciudadanos, si se han tomado las medidas necesarias para mejorar la gestión financiera? Creo que la transparencia, en sí misma, es un elemento clave de la reforma. El nuevo Reglamento Financiero lleva en vigor desde el 1 de enero de 2003. Esta ambiciosa reforma es el fruto del arduo trabajo realizado conjuntamente por la Comisión y el Parlamento en 2001 y 2002, y quisiera mencionar también al Consejo.
La reforma del sistema contable está en pleno desarrollo y debe completarse antes de finales de 2004. La Comisión contará entonces con un servicio reformado de arriba abajo y dispuesto a afrontar los nuevos retos de la ampliación. La Comisión de Control Presupuestario y esta Cámara han apoyado y alentado siempre a la Comisión en este asunto, y con este procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento ha dado un impulso renovado a la reforma.
Swoboda (PSE)
Señor Presidente, señora Comisaria, también podemos votar a favor de la aprobación de la gestión desde el punto de vista de la política exterior. Quisiera darle las gracias especialmente al Sr. Casaca por su estrecha cooperación.
Tiene usted razón, señora Comisaria, en que la desconcentración o descentralización, así como el refuerzo de las delegaciones, han puesto en marcha un gran proceso de reforma del gasto en política exterior. Esta descentralización ha sido un éxito rotundo, como he visto con mis propios ojos en algunos lugares. No obstante, quisiera plantear tres problemas y, en cierta manera, como una especie de estrategia preventiva pacífica, señalar que vamos a prestar una atención especia a ellos.
El primero tiene que ver con Palestina. A veces, se han escuchado críticas en esta Cámara, que de momento han demostrado ser infundadas, y es positivo que el Parlamento haya creado un grupo de trabajo para analizar las cosas. Porque si, al igual que yo, estamos completamente a favor de la ayuda para Palestina, tenemos que asegurarnos de que todo se haga de forma correcta. El nuevo Ministro de Economía y el nuevo Primer Ministro de la Autoridad Palestina constituyen una buena señal, pero vamos a seguir de cerca el transcurso de los acontecimientos.
El segundo problema se refiere al programa KEDO. Claro está que es un programa complicado, sobre todo en estos tiempos, pero es un programa muy importante. Hemos recibido una respuesta de la Comisión relativa al año 2001, de la que hemos tomado nota, pero con la que no estamos ni mucho menos satisfechos, y eso significa que vamos a examinar detenidamente el año 2002 y los años siguientes para comprobar que nuestro dinero se utiliza realmente para fines pacíficos. Esto es algo muy importante, teniendo en cuenta los hechos que se están sucediendo en Corea del Sur y Corea del Norte.
El tercer aspecto tiene que ver con la ayuda de preadhesión. Aunque usted ha mencionado el programa SAPARD, en particular, creo que hay también deficiencias en los demás programas. En vista de que Bulgaria y Rumania permanecerán en él aún después del ingreso de los demás países, y que, con toda probabilidad, también formarán parte de él Turquía y algunos países balcánicos como Croacia, por ejemplo, no podemos contentarnos con modificar únicamente el programa SAPARD. Debemos estructurar estas ayudas de preadhesión y hacerlas más flexibles, si queremos que sean un éxito. No obstante, accedemos a aprobar la gestión del ejercicio 2001, pero avisamos de que vamos a seguir muy de cerca estas tres cuestiones en los próximos meses.
Jöns (PSE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quisiera comenzar simplemente con unos comentarios de tipo general sobre los Fondos Estructurales.
El año 2001 fue cualquier cosa menos un buen año para los Fondos Estructurales. Eso demuestra -y en esto no hay peros que valgan- que los principales objetivos de la reforma de los Fondos Estructurales de 1999 no se cumplieron. En primer lugar, y al igual que en la anterior reforma, se produjeron muchos retrasos a la hora de pasar del viejo al nuevo período de programación. En segundo lugar, los procedimientos de autorización y de gestión no se han simplificado como se había planeado originalmente. En tercer lugar, el planteamiento de descentralizar la gestión diaria de los fondos y, al mismo tiempo, reforzar los controles ha fracasado. La situación es ciertamente alarmante.
Los Estados miembros no han gastado, ni mucho menos, todo el dinero a su disposición. Esto es así tanto para el período de 1994 a 1999, como para el nuevo período de los Fondos Estructurales. En 2001, por ejemplo, solo se solicitó la mitad del dinero previsto originalmente por los Estados miembros. Todos sabemos lo que eso significa. Por eso, la próxima reforma de los Fondos Estructurales, que abarcarán no a 15 sino a 25 Estados, tendrá que volver a los principios que deseábamos aplicar en la última reforma.
Estos principios son: en primer lugar, concentración en un número reducido de prioridades claras; en segundo lugar, simplificación de la gestión de los recursos; y en tercer lugar, una mayor consideración de los resultados alcanzados a la hora de repartir los fondos, algo que he pedido, en vano, en reiteradas ocasiones. El cuarto principio sería evitar pasar, de manera abrupta, de un período de programación al siguiente.
A continuación, paso al propio Fondo Social Europeo. Permítanme, por favor, dejar absolutamente claro que, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, estamos muy preocupados por los -a veces- graves casos de mala gestión del dinero procedente del Fondo Social por parte de los Estados miembros y que damos todo nuestro apoyo a la Comisión, señora Comisaria, por lo que se refiere a sus investigaciones y controles. Hay veces en que tenemos la sensación de que algunos Estados miembros no quieren hacer un esfuerzo por mejorar las cosas.
Como ponente para la última reforma del Fondo Social, me preocupa enormemente leer lo que el Tribunal de Cuentas ha escrito ahora, en su informe especial, sobre el uso del «capital social de riesgo», un instrumento que esta Cámara hizo aprobar especialmente para obligar a los Estados miembros a destinar una cantidad adecuada de fondos, en forma de «subvenciones», a ONG y asociaciones locales. El Tribunal de Cuentas señala que los Estados miembros apenas han hecho uso de este instrumento, y en dos países, Alemania y Austria, no se ha empleado en absoluto. De verdad que no lo entiendo.
Por otro lado, tengo que preguntarle a la Comisión por qué no nos informó antes de esta intolerable situación. Lo cierto es que algunos Estados miembros han infringido claramente el Reglamento del Fondo Social. Por tanto, apelo a la Comisión y a los Estados miembros para que den, sin tardanza, con una solución aceptable para todas las partes.
Esta tarde, la Comisión va a presentarnos su propuesta de directrices de empleo. Por primera vez, vamos a contar con directrices de empleo para tres años. Esto nos dará la oportunidad, por fin, de convertir el Fondo Social Europeo ?el único instrumento del que disponemos, a escala europea, en el ámbito de la política del mercado laboral? en parte integrante de la estrategia de empleo, porque entonces dejaremos de tener diferentes períodos de validez. Tenemos ahora, por primera vez, la oportunidad de hacer encajar coherentemente la estrategia de empleo con las medidas del Fondo Social, con el fin de reducir el desempleo y?
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Avilés Perea (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer expresó -y agradezco al ponente, Sr. Casaca, que las haya incluido en su informe- una serie de consideraciones, que voy a señalar. Por una parte, estamos satisfechos de los esfuerzos que ha realizado la Comisión durante el ejercicio 2001 para integrar el aspecto de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas de la Unión y, en particular, en los nuevos ámbitos como el comercio internacional, los contratos públicos, la política de asilo y el medio ambiente. Esta es una buena forma de trabajar para conseguir el objetivo de igualdad de oportunidades que, como todos ustedes saben, está contemplado en el Tratado como uno de los objetivos que hay que cumplir en todas las actividades comunitarias.
A este respecto, tengo que señalar, como ya lo han hecho otros colegas, los problemas que se han presentado en la gestión de los Fondos estructurales. He sido responsable de un informe de iniciativa sobre el cumplimiento del objetivo de igualdad en los Fondos estructurales, ya que es un programa importantísimo que lamentablemente no se ejecuta adecuadamente y que deja fuera criterios tan importantes como este de la igualdad de oportunidades. Esperamos que en el futuro se adopten más iniciativas y se simplifiquen los procedimientos, para que estos Fondos sean utilizados adecuadamente para lograr este objetivo.
También nos parece inaceptable que, aunque el Fondo Social Europeo tiene como objetivo establecido el 15% de los gastos totales para fomento del empleo de las mujeres, solo se haya destinado el 6%. Por tanto, aunque el 15% no es un porcentaje especialmente alto, nos parece que el hecho de que ni siquiera se haya alcanzado la mitad, debe corregirse en el futuro, ya que una de las herramientas más importantes para la integración de hombres y mujeres, para la igualdad, siempre es el empleo.
Nos satisface también el desarrollo del programa Daphne, que ha concluido a finales de 2002 y cuya nueva fase ya está en marcha. Hemos expuesto una serie de consideraciones sobre la prórroga del programa Daphne, que esperamos sean tenidas en cuenta en el informe de la Comisión y en la nueva fase de este programa, tan importante para luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres y que tan buenos resultados ha dado, por lo cual felicito a la Comisión.
Finalmente, nos gustaría que en la gestión financiera de la Comisión figuren claramente los esfuerzos que se hacen para destinar una parte del presupuesto de los programas comunitarios a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esperamos que esto se tenga en cuenta en el próximo ejercicio presupuestario.

Theato (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, han oído las noticias. La Comisión de Control Presupuestario propone aprobar la gestión del ejercicio 2001 de todas las instituciones, excepto el Comité de las Regiones, que tiene hasta el otoño para acabar sus deberes: debe eliminar las contradicciones existentes en las dietas de estancia y de viaje y en otros apartados, así como emprender una auditoría exhaustiva. Propone también posponer la aprobación de la gestión de cinco organismos que reciben dinero del presupuesto de la UE hasta que se armonicen sus actos constitutivos con el nuevo Reglamento Financiero.
No obstante, permítanme comenzar mi intervención dándoles las gracias a todos los ponentes, por su trabajo concienzudo y responsable, y a los miembros de las comisiones, por su cooperación constructiva, y especialmente a las secretarías de las comisiones, por su gran apoyo. Hemos abierto nuevos caminos con el procedimiento de aprobación de la gestión de 2001 porque han entrado en vigor normas que no son siempre claras y que pueden traer consigo dificultades.
La primera cuestión se refiere a la votación de la reunión de abril. La Comisión de Control Presupuestario tiene dos alternativas: o bien, proponer que se apruebe la gestión, o bien, proponer que se posponga. Si, en el segundo caso, el Pleno rechazara la propuesta, la gestión se consideraría aprobada. Se trata de un voto implícito de aprobación que, a mi modo de ver, no hace justicia a la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión. ¿Qué quedaría entonces de una decisión original estricta que tendría que suavizarse mediante el ajuste a una decisión indirecta de aprobación de la gestión? ¿Siguen siendo correctas las cuentas, en tal caso, ahora que, a diferencia del caso anterior, tenemos que presentar cuentas para cada informe de aprobación de la gestión, algo que parece discutible?
No obstante, todas las aprobaciones de la gestión deben publicarse en el Diario Oficial. Ayer por la tarde, la Comisión de Control Presupuestario tuvo que acatar otra norma nueva. Todas las enmiendas presentadas para el Pleno tuvieron que examinarse. La manera en que se supone que hay que hacerlo no se explica en ningún sitio. Por tanto, procedimos de forma pragmática y, teniendo en cuenta la anterior votación de la Comisión de Control Presupuestario sobre propuestas presentadas de nuevo, sometimos a votación nuevas propuestas, de las que solo había un número reducido. Hay algo que está muy claro: el Pleno y los Grupos son los dueños de la situación. Nuestra comisión puede hacer propuestas pero no fijar parámetros. Creo que esta nueva norma complica el procedimiento de aprobación de la gestión.
Sin las novedades aludidas, quizás habría votado a favor de un aplazamiento del informe Casaca, porque el ponente ha enumerado los defectos de la Comisión clara y pormenorizadamente, mientras que los demás ponentes se han limitado a comentarlos. Estos defectos tienen que ver especialmente con el sistema contable: las decisiones del personal son discutibles y las reformas se han emprendido demasiado tarde y con poco entusiasmo, a pesar de los reiterados avisos del Tribunal de Cuentas.
Si voy a votar a favor de la aprobación de la gestión, pese a todo esto, es porque no quiero correr el riesgo de que suceda lo que he descrito al principio. La Comisión no debe tomar esto como una carta blanca: debe cumplir nuestras peticiones de manera meticulosa, rápida y, por encima de todo, transparente. No queda mucho tiempo hasta el próximo procedimiento de aprobación de la gestión, que comenzará en noviembre. Esperamos que se produzcan resultados positivos para entonces o, de lo contrario, repetiremos todas nuestras quejas y lo haremos con condiciones aún más estrictas. Los puntos se mencionan a continuación: el procedimiento con respecto a Eurostat todavía no ha concluido, aunque se han dado los primeros pasos, y lo que la Comisión de Control Presupuestario solicita es que expertos externos examinen todas las alternativas de presentación de las cuentas y de su reforma. Estas deberán debatirse posteriormente en una audiencia. Una propuesta a tal efecto se va a presentar hoy, otra vez, de forma extendida. Les pido que voten a favor de ella.
Permítanme dar las gracias nuevamente a todos aquellos que han participado en esta colosal tarea.

Kuhne (PSE).
Señor Presidente, ahora que los ponentes han hecho comprender algunas cosas a la Comisión, quisiera centrarme en los aspectos políticos del procedimiento de aprobación de la gestión. Los diputados de esta Cámara usan claramente distintas varas de medir por lo que se refiere al procedimiento de aprobación de la gestión, así como distintos usos políticos de este. Nuestro criterio es que se apruebe la gestión en aquellos casos en que se haya expresado un compromiso claro de solucionar las deficiencias admitidas y no se haya producido una conducta indebida grave. Que yo sepa, es también cierto que para lograr este compromiso, los ponentes han realizado un gran número de ofertas que no se podían rechazar. Creo que esta es una forma sensata de proceder.
Para nosotros, hay siempre dos alternativas cuando se trata de un procedimiento de aprobación de la gestión. Estas opciones son, en palabras del Reglamento, aplazar la aprobación de la gestión o conceder dicha aprobación. No obstante, tenemos también que dejar claro que por nuestra experiencia de cuatro años sabemos que algunos diputados de esta Cámara -y me refiero a los autoproclamados euroescépticos- han tratado siempre de reducir el procedimiento de aprobación de la gestión a una sola alternativa, a saber, conseguir el mayor número de votos posible para asestarle una puñalada a la Comisión, con la esperanza de que algún día se desplome. No creo que eso sea lo que entendemos por «tener en cuenta». Siempre hay dos opciones y no solo una.
Tomemos el ejemplo del sistema contable. Siempre hemos partido de la suposición de que el Tribunal de Cuentas halla deficiencias que deben solventarse. Hemos pedido más pruebas para afirmaciones que van más allá, afirmaciones que se propagan con especial «ímpetu» en un país u otro, en publicaciones que, para mi sorpresa, se siguen llamando periódicos, pero estas pruebas nunca se han presentado. Es importante señalar esto.
Como ponente general, el Sr. Casaca fijó condiciones claras, que se acordaron, en líneas generales, con los representantes de los distintos Grupos y fueron aceptadas por la Comisión. Nos ha complacido mucho oír hoy esto, de nuevo, de boca de la Sra. Schreyer y, por tanto, estamos a favor de la aprobación de la gestión.
En el año 2002, fuimos testigos de los intentos sistemáticos de relacionar una disputa del personal de la Comisión con el encubrimiento de un posible fraude en el sistema contable. En sí misma, esa disputa del personal no habría causado mucho revuelo en la prensa. No obstante, lo vuelvo a repetir: el intento de establecer una conexión entre ambas cosas fracasó. Dicha conexión nunca se llegó a probar y, al final, todo quedó en una disputa del personal. Sin embargo, una disputa del personal no es razón para rechazar la aprobación de la gestión en un sistema en el que estos procedimientos de aprobación de la gestión existen.
Al contrario, cuanto más histérico se volvió el intento de convertir en algo más la disputa del personal, más evidente se hizo, incluso para algunos periodistas, que no había nada más. Algunos diputados de esta Cámara, en particular, se dieron cuenta de que se estaba intentando orquestar algo cuando, una semana antes de la votación en comisión, un periódico de pronto catalogó como nuevo un documento que se había distribuido en el Parlamento unos meses antes. En este momento, puede decirse, a mi modo de ver, que hicimos lo correcto y que hemos demostrado que los autoproclamados euroescépticos pueden reducirse a su núcleo duro si someten a votación su verdadera agenda.
Mulder (ELDR).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias por su labor a los ponentes y felicitarles por el resultado, en especial al Sr. Casaca, que se ha encargado este año del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión. Lo excepcional de este debate es que, en vísperas de las elecciones europeas del próximo año, la Comisión, una vez más, no ha recibido una Declaración de Fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas Europeo. No obstante, mi Grupo se va a alinear con aquellos que desean aprobar su gestión.
¿Qué razones tenemos para hacer esto, pese a la negativa, o inexistente, Declaración de Fiabilidad? En primer lugar, muchos informes del Tribunal de Cuentas han revelado que se han producido mejoras en la gestión de la Comisión. En segundo lugar, se ha aprobado un Reglamento Financiero. Creemos que es necesario esperar para que el Reglamento surta efecto, y le estamos dando a la Comisión el tiempo necesario para ello. Nuestro tercer argumento para aprobar la gestión es que, si no lo hacemos ahora, en vísperas de la ampliación, los nuevos Estados miembros recibirán una impresión muy mala: parecerá que estamos enviando a la Comisión a casa. Eso es algo que no podemos hacer. Nuestro argumento final para aprobar la gestión es que nos ha parecido muy positiva la actitud de la Comisión con respecto al Parlamento en los últimos años. Cuando se ha solicitado información, esta se ha proporcionado a tiempo y de manera satisfactoria, e incluso la reacción ante los informes de iniciativa propia del Parlamento ha sido muy positiva. En consecuencia, recomendamos la aprobación de la gestión.
La pregunta crucial para nosotros sigue siendo la siguiente: ¿qué tiene que hacer la Comisión para obtener una Declaración de Fiabilidad positiva? El Tribunal de Cuentas no lo dice en sus informes. Cada año, nos aguarda una nueva sorpresa en sus informes y se da a conocer otra lista amplia de aspectos que marchan mal. Me parece bien que la Comisión esté ahora en conversaciones con el Tribunal de Cuentas y que vaya a informar posteriormente al Parlamento de los criterios y los plazos de los que se va a valer para conseguir una Declaración de Fiabilidad positiva.
Quisiera decir unas breves palabras sobre la agricultura. La característica más llamativa de la política agrícola actual es que ya no se basa en el apoyo a los precios, sino más bien en las ayudas a la renta: el sistema integrado de gestión y control. Lo irritante es que se aplica de manera diferente en cada país de la Unión Europea, lo que es inadmisible. En una Europa unida, se debería emplear el mismo sistema. Por tanto, quisiera llamar la atención de la Comisión, una vez más, sobre un informe de iniciativa propia -que da la casualidad de que elaboré yo, y que fue aprobado por el Pleno- en el que señalamos que, si la gestión del gasto agrícola en los Estados miembros actuales y futuros no está en orden, la Comisión debe suspender los pagos adelantados, con mucha más frecuencia, hasta que el sistema funcione, en lugar de llevar a cabo controles posteriores y presentar cargos penales.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, los diputados del Parlamento Europeo tienen buenos motivos para ejercer la autocrítica en este debate. Como antiguo miembro de la Comisión de Control Presupuestario, soy también culpable. No extraje las conclusiones correctas de los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas acerca de los defectos del sistema contable. No creí que las cuentas de la Comisión pudieran estar tan mal organizadas en un presupuesto de casi 100 000 millones de euros.
Echando la vista atrás, el Tribunal de Cuentas proporcionó a los diputados de esta Cámara toda la información pertinente, y basándonos en ella deberíamos haber reaccionado antes a propósito de los puntos débiles del sistema. No estuvimos a la altura de la tarea. Somos responsables de los puntos débiles de los procedimientos de seguimiento, y la propia Comisión, de los puntos débiles del sistema.
Los problemas no son casos concretos de negligencia: son inherentes al sistema contable. Las medidas tomadas por la anterior jefa contable, Martha Andreasen, hicieron posible que los problemas salieran a la luz. Hace tan solo un momento, la Sra. Andreasen me ha dicho que el emperador no tiene traje, que el sistema contable de la Comisión está corrompido hasta la médula y que es necesario rectificar las cosas cuanto antes. Es gracias a ella por lo que podemos ahora hablar de los problemas reales ante los que hacíamos la vista gorda. La Sra. Andreasen fue despedida por su gran celo, lo que constituyó una injusticia. La Comisión ha cometido un error al proteger a funcionarios que deberían haber sido despedidos por su total incompetencia profesional por lo que se refiere a sus habilidades contables. En lugar de ello, despidieron a la Sra. Andreasen.
Los políticos no nos damos cuenta de los problemas cuando estos se hallan demasiado cerca o son demasiado grandes. No advertimos a tiempo los defectos del sistema contable de la Comisión, pero como ahora sí somos conscientes de ellos, tenemos que rectificar las cosas. Además, tenemos que limpiar la reputación mancillada de la Sra. Andreasen. No debemos limitarnos a rescatar a comisarios socialdemócratas y verdes con votos socialdemócratas y verdes del Parlamento.
Como diputados del Parlamento Europeo, deberíamos sentir vergüenza del papel que hemos desempeñado. El informe de la Comisión de Control Presupuestario enumera muchos defectos, lo que no deja bien parado ni al sistema contable de la Comisión ni a nosotros mismos. Si nos fueran a eximir de nuestras responsabilidades con respecto a nuestra actuación, yo votaría en contra de ello.

Rühle (Verts/ALE).
Señor Presidente, no es cuestión solo de educación dar las gracias al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y a todos los ponentes. Al contrario que el Sr. Seppänen, pienso que la Comisión de Control Presupuestario ha realizado un trabajo concienzudo y que, también en el pasado, ha tratado de sacar a la luz, a tiempo, cualquier problema.
Antes incluso de que la Sra. Andreasen apareciera en los titulares de los periódicos, celebramos una audiencia en la Comisión de Control Presupuestario sobre el sistema contable y debatimos la cuestión con el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y con el Tribunal de Cuentas.
Quisiera hacer especial hincapié en que los distintos ponentes, sobre todo el Sr. Casaca, se han esmerado mucho por comprobar cada detalle de este año y han escrito un informe muy crítico, un informe que no rehuye mencionar los problemas, pero que también deja claro que la Comisión se está esforzando por resolverlos. Por este motivo, nuestro Grupo va a apoyar también la recomendación de aprobación de la gestión. Al contrario que algunos oponentes de la UE, no creemos que esta recomendación de aprobación de la gestión sea una manera de tapar los hechos: se basa en un minucioso examen y en una evaluación crítica de la situación.
Estamos a favor también de posponer la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones, porque todavía no ha resuelto satisfactoriamente los reiterados problemas con las cuentas de gestión, que deben solucionarse, de una vez por todas. No obstante, estamos particularmente preocupados por el SAPARD, que es un programa muy importante que tiene como objetivo preparar a los países candidatos para la ayuda futura del sector agrícola: por desgracia, solo se ejecutó el 9% en 2001. Las graves dificultades financieras del programa SAPARD no son una casualidad. El programa tenía que preparar a las zonas agrícolas y rurales para la adhesión, por medio de medidas para modernizar las explotaciones agrícolas y las industrias rurales y mediante la creación de la infraestructura necesaria y el suministro de información adecuada sobre el desarrollo rural.
Tenía también que lograr que la población rural participara activamente en el diseño y la planificación de dicho desarrollo, que los Estados miembros estamos ya financiando a través del «segundo pilar» y el programa Leader. Por desgracia, las cosas no salieron como se esperaba. Durante las negociaciones de adhesión, la Comisión dio prioridad claramente a la aplicación del acervo comunitario. Utilizó el SAPARD como una especie de programa de formación para las administraciones de los países candidatos y como un globo de pruebas para la aplicación del acervo. El coste administrativo del programa alcanzó unas proporciones gigantescas y retrasó demasiado tiempo la autorización de las agencias. En el caso de Eslovenia, por ejemplo, crear la administración para el SAPARD ha costado más dinero del que jamás se haya proporcionado al país.
Así pues, en lugar de conseguir que las gentes de las zonas rurales de los países candidatos estén deseando asociarse con los Gobiernos y las ONG, las expectativas se han visto amargamente defraudadas de manera casi general, y las experiencias negativas con el SAPARD han beneficiado, por desgracia, a aquellos que se oponen a la adhesión a la UE.
La Comisión ha anunciado ahora que va a celebrar, esta primavera, una conferencia sobre el futuro de los programas SAPARD y Leader en los nuevos Estados miembros y que posiblemente va a modificar los reglamentos del SAPARD. Creemos que es algo necesario y urgente, y cuenta con nuestro apoyo.
Quisiera concluir realizando una observación más. La Comisión cuenta con algunos funcionarios valientes, y decididamente no me refiero a la Sra. Andreasen, con funcionarios valientes que han incluido en la agenda la cuestión del Eurostat y que han tratado de resolver este problema por los cauces internos. Espero que el Parlamento y la Comisión aprecien, alaben y apoyen, en el futuro, esta valiente labor más que los titulares falsos de los eurófobos, que los titulares falsos de la Sra. Andreasen, que está permitiendo que la utilicen primordialmente los enemigos de la UE.
Camre (UEN).
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por los siete informes que estamos debatiendo hoy. Estos informes se centran, una y otra vez, en los principales problemas que afectan a la gestión financiera de los ingentes fondos que los contribuyentes de los quince Estados miembros aportan a la UE. Algunas de las cuentas son razonablemente satisfactorias pero, por desgracia, esto se aplica, sobre todo, a servicios pequeños, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Comité Económico y Social, al Defensor del Pueblo Europeo, al Parlamento y a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
No obstante, hay que decir que la situación sigue siendo completamente insatisfactoria en los grandes ámbitos que son competencia de la Comisión. En el extraordinario informe del Sr. Casaca, se hace hincapié en que, aunque las cuentas, en su conjunto, son formalmente correctas por lo que se refiere a los ingresos, al pasivo y a los gastos administrativos, no se puede decir lo mismo todavía de los demás pagos. En el informe se señala también que, en los últimos seis años, apenas se han tenido en cuenta los comentarios del Tribunal de Cuentas sobre el sistema contable. Se subraya el hecho de que, con respecto al cierre de las cuentas de 2001, la Comisión infringió el Reglamento Financiero, y página tras página, leemos observaciones de peso que deberían hacernos adoptar una posición muy diferente que vaya más allá de lo que estamos haciendo en la actualidad.
Se siguen cometiendo demasiados fraudes y demasiadas estafas, y cuando salen a la luz gracias a una funcionaria honrada -ya sea Dorte Schmidt-Brown o Marta Andreasen-, la persona en cuestión es despedida y, con frecuencia, acaba con la reputación por los suelos. Se dice que dicha persona no está «bien de la cabeza» y se da un ascenso a los responsables. Fíjense que la Comisaria de Presupuestos, la Sra. Schreyer, no ha respondido a la petición del Sr. Blak de que se indemnice a Dorte Schmidt-Brown. Los comentarios del Sr. Blak cuentan con mi apoyo. La Sra. Schreyer va a tener la oportunidad de intervenir de nuevo y de responder a la petición expresa del Sr. Blak.
Pienso que hay falta de voluntad en el Parlamento para corregir la mala gestión económica -del todo inaceptable- que estamos presenciando con respecto a grandes apartados de los fondos comunitarios. La UE no se creó ayer. La UE no es una unión de países inestables en vías de desarrollo. La inmensa mayoría de los Estados miembros cuentan con administraciones nacionales que funcionan de manera mucho más responsable y precisa que la UE. No obstante, la realidad es que en la administración de la UE, la responsabilidad es un concepto que no está definido en absoluto. Es evidente que la Comisión no tiene control alguno sobre los directores generales y sus funcionarios, y a pesar del número de veces en que el Parlamento se queja de fallos y deficiencias, estos no se corrigen adecuadamente. Siempre parece estar presente la mentalidad de que este no es nuestro dinero y de que las personas en cuestión no rinden cuentas de la misma manera en que los funcionarios y los políticos nacionales rinden cuentas por los presupuestos de los Estados. La UE habla de una mayor democracia, de una mayor transparencia y de una UE para los ciudadanos, pero lo cierto es que la UE es todo lo contrario: cuanta más UE, menos democracia, menos transparencia y menos responsabilidad, pero los ciudadanos están demasiado lejos como para darse cuenta de ello.
El Parlamento perjudica a la UE haciendo la vista gorda, año tras año, ante el hecho de que las reformas solicitadas por el grupo de sabios en 1999 todavía no se han llevado a cabo. La mayor parte de los diputados votaría, sin duda, a favor de todos los presupuestos porque no se atreve a decirles a sus ciudadanos que la administración de la UE no funciona bien del todo. Por tanto, la Comisión puede aceptar las críticas fácilmente. No pasa nada, aunque las reformas se aplazan año tras año. No obstante, estamos enviando el mensaje equivocado al aprobar todas las cuentas. Seremos unos irresponsables si les decimos a nuestros votantes que estas están bien, porque no lo están en absoluto. Partiendo de ello, algunos de nosotros queremos votar en contra de los informes relativos a la Comisión, a los Fondos de Desarrollo y a los organismos, pero vamos a votar a favor de los informes que recomiendan posponer la aprobación de la gestión.
Por último, quisiera dar las gracias a los ponentes por la excepcional labor que han realizado en estos informes tanto ellos como sus ayudantes.

Titford (EDD).
Señor Presidente, en la atmósfera enrarecida de esta Cámara resulta muy fácil perder el contacto con la realidad. En este contexto, la realidad es el dinero de los demás. Se recauda su dinero porque el Parlamento considera tener derecho a decidir la forma de gastarlo.
Los individuos no se prestan voluntariamente a pagar impuestos y, en definitiva, el dinero que se les exige se recauda con métodos coercitivos. Si no pagan, los ciudadanos corren peligro de perder sus posesiones, su medio de vida, quedar arruinados o incluso ir a la cárcel. Todo ello nos impone una responsabilidad especial, una obligación especial, y debemos preguntarnos si somos capaces de mirar a nuestros electores a los ojos y decirles: sí, todo este dinero ha sido gastado y justificado como es debido. Hablando por mí mismo, me pregunto si personalmente sería capaz de justificar que se encierre a alguien a la cárcel por no haber pagado los impuestos que la Comunidad ha utilizado. Con toda sinceridad no puedo afirmar que fuera capaz de ello y, realmente, esta es la piedra de toque.
Sobre esta premisa, no veo cómo alguien puede aceptar la aprobación de estas cuentas. No han pasado la prueba. No hemos cumplido nuestra responsabilidad para con los ciudadanos de nuestros Estados miembros asegurando que el dinero se haya utilizado como es debido. No tenemos derecho a aprobar la gestión.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, Señorías, hemos llegado, por fin, al término de este procedimiento de aprobación de la gestión que, nuevamente, ha dado mucho que hablar y ha hecho derramar ríos de tinta. Es una pena que, al final, quedemos tan pocos en esta Cámara para debatir la cuestión.
Ha hecho derramar ríos de tinta y, como ocurre cada año -este año, por desgracia, con una malevolencia más acusada-, ha traído el descrédito e incluso el deshonor sobre una dirección general y un hombre en particular, Jean-Paul Mingasson, a quien todo el mundo aquí conoce y profesa una gran estima. Quisiera rendirle homenaje públicamente por la injusticia que ha padecido, ya que todas las acusaciones realizadas contra él y la Dirección General de Presupuestos, con la que llevamos años cooperando fielmente, han demostrado ser infundadas. Naturalmente, hubo algunos problemas y algunas dificultades, que hemos abordado en este procedimiento de aprobación de la gestión, al igual que en los demás, pero eso no debería haber dado lugar a la publicación en los periódicos de acusaciones, a menudo infundadas, de ciertos colegas que me parece que no están presentes en este momento.
Quisiera rendir un especial homenaje a Paulo Casaca, a María Antonia Avilés Perea, a Bart Staes y a los demás ponentes por el gran trabajo que han realizado y que nos permite hoy encontrarnos ante un procedimiento de aprobación de la gestión equilibrado y global, en el que pedimos, por supuesto, a la Comisión que resuelva una serie de problemas, en particular los retrasos. Estos retrasos son lógicos -la reforma no se lleva a cabo de la noche a la mañana-, pero quizás fue un poco imprudente decir, al principio de la legislatura, que todo se haría rápidamente. Lleva su tiempo. Lo podemos comprobar claramente con la reforma del Estatuto de los funcionarios y la reforma del sistema contable, en particular. Lo comprobamos con el Reglamento Financiero, que dio lugar a complicadas negociaciones, aunque, por fortuna, todo terminó bien. Espero, señora Comisaria, que esta reforma concluya antes de que la presente Comisión dé paso a la siguiente, y se lo pido en el propio interés de la Comisión Prodi.
La reforma del sistema contable, que ha recibido tantas criticas -algunas veces fundadas, por supuesto-, es importante, porque en este sistema, en particular, está el origen de un problema muy grave -el de los RAL, los créditos pendientes de liquidación-, que nos causa grandes apuros como institución, pero también como Unión, en nuestras relaciones con el exterior. Por eso, hemos pedido un calendario o, al menos, un seguimiento estrecho, que seremos capaces de llevar a cabo -estoy seguro de ello- y cuyos resultados podrá presentarnos regularmente. Creo que esta reforma le permitirá agilizar las cosas. Hemos superado un difícil obstáculo.
Confiamos también en usted para esta labor. Llévela a cabo eficazmente, ya que están en juego el trabajo que ha desarrollado durante los últimos cinco años y la confianza que depositaremos en usted más tarde (hay también unas pocas críticas negativas, a juzgar por las intervenciones realizadas hasta ahora). En cualquier caso, los radicales italianos vamos a votar a favor de la aprobación de la gestión.

Avilés Perea (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a insistir, igual que mis colegas, en lo que se ha dicho en cuanto al trabajo realizado en los informes de este año. Y por tanto, quiero transmitir, también, mi felicitación al ponente para el fondo, el Sr. Casaca, así como a los otros ponentes, como el Sr. Blak, el Sr. Sørensen, el Sr. Staes y la Sra. Langenhagen, que han hecho un excelente trabajo, cada uno de ellos en el ámbito que les ha correspondido. 
He podido observar personalmente cómo los ponentes, que tenemos la obligación de realizar el control de la gestión en los distintos ámbitos, recibimos presiones externas, recibimos presiones de los propios grupos políticos para que nuestro trabajo tenga una orientación determinada. Es necesario hacer abstracción de esas presiones para poder realizar un trabajo riguroso y objetivo que es lo que, en mi opinión, los diferentes ponentes han conseguido este año. 
Se han planteado problemas muy graves y, en particular, en el informe del Sr. Casaca han surgido problemas en lo que se refiere a la contabilidad, al programa Sapard y a Eurostat, por ello, el ponente ha tenido que hacer un esfuerzo especial para conseguir que se encuentren soluciones que permitan, concediendo la aprobación del control de la gestión a la Comisión, encontrar soluciones eficaces para el futuro. Creo que ello ha exigido un trabajo importante que el Sr. Casaca ha hecho de una manera excelente y por el que, por tanto, insisto en que debemos felicitarlo. 
También los otros ponentes han sufrido presiones externas. Hemos estado sometidos durante este año a presiones por parte de la prensa con noticias, que a veces eran ciertas, a veces estaban manipuladas, que han intentado influir en nuestro trabajo. A mí, señora Comisaria, no me gusta que me influyan en estos trabajos, quiero tener un criterio propio, hacer estudios propios, analizar muy bien lo que ocurre y, por tanto, tengo que agradecer que la Comisión haya prestado una colaboración enorme para aclarar todas estas cuestiones, para que el Parlamento pueda tener una opinión propia a la hora de emitir su dictamen.
Ésa es la línea en la que yo he trabajado y, por tanto, mi Grupo va a conceder la aprobación de la gestión a la Comisión este año. En los diferentes informes hemos seguido el mismo criterio porque nos parece que este es un trabajo de responsabilidad por parte del Parlamento en el que hay que hacer un análisis muy riguroso. Nosotros defendemos los intereses de los ciudadanos europeos pero, sobre todo, hemos de tener en cuenta las consecuencias de lo que se decida en este Parlamento. Por tanto, la responsabilidad y el rigor a la hora de realizar el trabajo tienen que imponerse. Esa ha sido mi forma de trabajar, creo que la misma en el resto de los ponentes y, por tanto, aunque ha sido un año especialmente complicado y duro -todos los miembros de la comisión lo sabemos- hemos tenido la suerte de contar con la dirección de nuestra presidenta, que en todo momento ha hecho un buen ejercicio de su responsabilidad y creo que el resultado final será satisfactorio.

Bösch (PSE).
Señor Presidente, Señorías, estamos hablando aquí de un período de reforma y de cómo evaluarlo. Dicho período no ha terminado todavía, por supuesto, de manera que también está justificado que una vez más echemos algunas flores a la Comisión por adelantado.
El hecho de que estemos devolviendo a los Estados miembros miles de millones de euros porque no somos capaces de poner en práctica algunos programas no significa que seamos especialmente austeros, sino simplemente que no somos capaces de poner en práctica políticas que hemos acordado. Pero esto no solo es cuestión de los Estados miembros, señora Comisaria; el hecho de que las organizaciones de protección del medio ambiente vean cómo de un año para otro se les retira -de forma más o menos deliberada- el apoyo que estaban recibiendo tiene que ver algo también con la infrautilización del presupuesto europeo. El hecho de que los firmantes de una solicitud para un proyecto hayan de esperar años para que se les conceda el dinero del contribuyente europeo, tampoco guarda ninguna relación con el ahorro o la buena gestión.
Señora Comisaria, usted ha planteado el tema de Eurostat. No tiene nada que ver con la OLAF; se sabe que la OLAF ha informado a la Comisión. Pero si el Secretario General de la Comisión no sabe dónde está el despacho del Sr. Solbes Mira, ese es un problema de la reforma interna de la Comisión. Tendrán que vigilar esas cosas en los próximos años. La OLAF está haciendo un espléndido trabajo aquí. Hasta ahora se han presentado dos denuncias en Luxemburgo. Solo nos queda insistir en que Luxemburgo cumpla con sus obligaciones, haga el seguimiento de las denuncias que afecten a la protección de los contribuyentes europeos y, en última instancia, formule las acusaciones pertinentes.
Ahí está PerryLux, un caso tremendamente deplorable, que ya tiene un par de años y respecto al cual Luxemburgo aún no ha hecho absolutamente nada. Quiero hacer desde aquí un llamamiento a Luxemburgo para que se tome algo más en serio que hasta ahora la protección de los intereses de los contribuyentes europeos. No podemos tolerar una situación en la que se beneficien de disponer de miles de funcionarios de la Unión Europea destinados en Luxemburgo, pero que eludan toda responsabilidad a la hora de salvaguardar los intereses de los contribuyentes europeos.
Hemos mencionado un punto -y esto se lo quiero decir al Sr. Blak- sobre las Agencias. ¿Sabe lo que son los superusuarios? Volvemos a toparnos con la reforma, señora Comisaria. Son individuos que habilitan a una misma persona para realizar las funciones de gestor de recursos, de responsable de autorizaciones, de controlador financiero y de contable. Cualquiera que tenga algo ver con el mundo de la auditoría sabe que eso supone abrir de par en par las puertas para la posible malversación de fondos. En nuestras Agencias tenemos situaciones de ese tipo. Hay que terminar con ello. El Sr. Blak ha planteado muy justificadamente tal situación en sus informes. Quiero instar a todo el mundo aquí hoy a que, si tal situación vuelve a repetirse el año que viene, adoptemos la postura de rechazar las cuentas de esas Agencias.
Un último comentario. Hemos decidido aplazar la aprobación de las cuentas del Comité de las Regiones. Las últimas noticias procedentes del Comité de las Regiones apoyan nuestra decisión. Resulta inconcebible que se trate ahora de castigar al mensajero de tan nefastas nuevas, al controlador financiero, por lo ocurrido allí. Esa no es la forma correcta de proceder. Otros oradores se pronunciarán con mayor extensión sobre el tema. A mi solo me queda advertir al Comité de las Regiones y a su Secretario General para que no sigan por ese camino, porque no dudaremos en extraer las conclusiones lógicas.
Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, no dispongo de tiempo suficiente para rebatir los ataques a las críticas formuladas por el Sr. Kuhne y la Sra. Avilés Perea. Cuatro años después de las revelaciones de Paul van Buitenen, que desembocaron en la dimisión de la Comisión precedente, la utilización de un sistema informático inadecuado de contabilidad sigue minando la fiabilidad de las cuentas. Dicho sistema está formado por una serie de módulos no integrados y se ha revelado incapaz de detectar errores o acciones ilegales. Los funcionarios que detectan estas deficiencias y están dispuestos a colaborar en la búsqueda de una solución rápida no reciben ningún reconocimiento, sino que son objeto de castigo. Durante años se han venido aplazando las soluciones para fechas posteriores y hasta 2005 no sabremos si realmente se ha resuelto algo. Los Estados miembros no se hallan presionados por los innumerables procedimientos de infracción por incumplimiento del Reglamento, puesto que no han dado lugar a demasiadas investigaciones o sanciones. Una situación análoga dentro de un Estado miembro o una región de un Estado miembro provocaría probablemente el rechazo de las cuentas anuales. ¿Por qué tenemos entonces que aprobar nosotros un documento relativo a la Comisión antes de que se hayan resuelto todos los problemas? En mi opinión, la aprobación de la gestión de la Comisión en este momento enviaría un mensaje erróneo.

van Dam (EDD).
Señor Presidente, señora Comisaria, la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión ha sido muy cuestionable desde hace años. Durante su toma de posesión en 1999, esta Comisión prometió solemnemente que habría un cambio para mejor. Sin embargo, hoy, cuatro años más tarde, está aún por ver una Declaración de Fiabilidad por parte del Tribunal de Cuentas europeo. Una vez más tenemos que contentarnos con una declaración de que la Sra. Comisaria va a hacer realmente cuanto esté en su mano para mejorar la situación y con su promesa de que en 2005 estará funcionando un sistema contable moderno.
No hemos escuchado ningún compromiso formal para 2003 y 2004; no lo hemos escuchado ni siquiera cuando solicitamos expresamente a la Sra. Schreyer que afrontara los problemas urgentes de manera inmediata. Por consiguiente, el aplazamiento de la aprobación de la gestión constituye en el fondo el proceder lógico. El informe del Sr. Casaca proporciona una amplia base para ello. Así podremos ver si la Comisión hace verdaderamente algún progreso en los próximos seis meses.
La mala gestión por parte de la Comisión empaña la reputación de todas las instituciones europeas. A pesar de ello, la mayoría de este Parlamento parece inclinarse por permanecer en el misterio. ¿Favorece eso a los intereses del votante, del contribuyente? Estamos convencidos de que no.
Por último, quiero plantear el tema de la contable interna, la Sra. Andreasen. Tanto el informe interno del auditor como los planes de modernización demuestran que sus críticas están bien fundadas. Por consiguiente, parece razonable que la Comisión salga de su atrincheramiento, admita abiertamente que se ha equivocado y detenga el expediente disciplinario, en lugar de disparar contra el mensajero del Comité de las Regiones.

Bayona de Perogordo (PPE-DE).
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a los ponentes. He sido testigo de excepción de su esfuerzo, y de su coordinación con todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. Los felicito al tiempo que me centro en el informe del Sr. Casaca, cuyo carácter positivo suscribo por las razones que paso a explicar.
En primer lugar, por la actitud globalmente positiva de la Comisión en la colaboración de la redacción de este informe y en la respuesta a cuantas preguntas se le han formulado. Pero además, porque esta aprobación, o este informe, ha venido precedido de un análisis, no solo de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, sino también de las preguntas formuladas en el cuestionario, las respuestas ofrecidas por la Comisión, así como los documentos de trabajo formulados por algunos de los miembros de esta comisión.
Se trata, no obstante, de una aprobación vigilante, que va acompañada de un sinfín de recomendaciones que la Comisión haría mal en desconocer, estoy seguro de que no será así y de que colaborará en ese sentido. Entre ellas cito brevemente las siguientes: en primer lugar, procurar eliminar las reservas en cuanto a la fiabilidad de las cuentas. Probablemente con la solución que ofrece el Sr. Mulder -a la que acaba de hacer referencia- en un diálogo abierto y constructivo con el Tribunal de Cuentas. Pero también debe ser consciente la Comisión -lo es sin duda- de la profunda preocupación de la Comisión de Control Presupuestario y estoy seguro que del Pleno de esta Cámara, por las deficiencias del sistema contable y la imperiosa necesidad de acertar en el modelo de contabilidad elegido. De ahí que hayamos presentado una enmienda para este Pleno, para que haya una auditoría acompañada de una audiencia, donde los protagonistas que en su momento tenemos que juzgar esta contabilidad, podamos expresar nuestras opiniones al respecto.
Por otra parte, yo también señalaría la cautela en cuanto a la configuración de las agencias ejecutivas, la necesidad de poner límites a la infrautilización de los créditos, sobre todo en el ámbito de los Fondos estructurales, y el cumplimiento de los objetivos del Programa Sapard, sobre todo en su aspecto positivo de crear estructuras administrativas de apoyo en los países de inmediata incorporación a nuestro entorno.

van Hulten (PSE).
Señor Presidente, felicito a los ponentes, concretamente a mi amigo el Sr. Casaca, que ha llevado a término un trabajo más que brillante. También felicito a la Comisión y a todo su personal, que ha trabajado con enorme ahínco para lograr una decisión positiva por parte del Parlamento en circunstancias muy difíciles.
Estos últimos días, los euroescépticos -muchos de ellos situados en la extrema izquierda y derecha- han venido insistiéndonos en que no deberíamos aprobar la gestión porque siguen existiendo demasiados interrogantes en cuanto al sistema contable. Yo comparto dichas preocupaciones, pero la Comisión ha logrado un avance muy considerable en estos últimos meses. La información, alarmista y a menudo basada en datos incorrectos, difundida por algunos periódicos no hace justicia a los esfuerzos realizados para poner las cosas en orden.
En cuanto al Consejo, solo me cabe suscribir los comentarios expresados por la ponente, Sra. Avilés Perea, respecto de que va siendo hora de que el Consejo -que ahora tiene una función cada vez más operativa- rinda cuentas por la forma en que gasta el dinero de los contribuyentes. Sería loable que la Convención lograra algún progreso en este ámbito. Sin embargo, en el ínterin, el hecho de incluir al Consejo dentro del informe de aprobación de la gestión por primera vez en la historia del proceso de aprobación de la gestión, como estamos haciendo hoy, constituye un notable paso adelante.
La Sra. Avilés Perea y el Sr. Bösch ya han hecho referencia al Comité de las Regiones. La situación en el mismo solo cabe describirla de alarmante. Hace dos semanas, el auditor interno del Comité de las Regiones recibió una invitación para asistir a una reunión de nuestra comisión a fin de explicar las discrepancias existentes entre sus opiniones y las del Director Financiero de dicha institución sobre la situación de la gestión financiera. El auditor interno dijo tres cosas. En primer lugar, que el cuadro presentado por el Director Financiero y el Secretario General sobre la situación financiera del Comité de las Regiones no era completo. En segundo lugar, que el Comité de las Regiones no había aplicado adecuadamente el reglamento sobre reembolso de gastos de viaje y otras disposiciones financieras. En tercer lugar, y esto es lo más chocante, dijo que su comparecencia ante la comisión era una «petición de ayuda». ¡El funcionario de mayor rango responsable del control financiero del Comité de las Regiones pide ayuda! En esas circunstancias, no nos queda otra alternativa que posponer la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones, mientras el Tribunal de Cuentas procede a realizar una investigación a fin de determinar la naturaleza exacta de los problemas.
Desde la celebración de la reunión de nuestra comisión hace dos semanas, he realizado nuevas indagaciones y he recabado información adicional acerca de las irregularidades que presuntamente se han producido en esa institución. En uno de los casos, un miembro de alto rango del Comité de las Regiones parece ser que organizaba reuniones ficticias la víspera de las reuniones oficiales para poder cobrar dietas diarias suplementarias por importe de unos 10.000 euros. Otro miembro, ya fallecido, del Comité de las Regiones estuvo implicado por lo visto en un fraude de pasajes de avión por valor de unos 11.000 euros. Existen otros muchos casos. Sin embargo, posiblemente lo más preocupante -más preocupante incluso que todo lo anterior- es el hecho que el servicio de auditoría interna parece estar sometido a una enorme presión e incluso intimidación, encaminada a disuadirle de desempeñar sus funciones de una manera libre e imparcial.
A la vista de la gravedad de estas alegaciones, que considero creíbles, he tomado la decisión de comunicar este caso a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con la esperanza y el deseo de que la OLAF inicie inmediatamente una investigación para llegar hasta el fondo de toda esta cuestión.
Por último, deseo expresar mi rotundo apoyo al informe del Sr. Staes sobre la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo. Espero que la Convención tome buena nota de ello y que la Mesa de este Parlamento revoque su absurda decisión de construir dos nuevas salas de reuniones en Estrasburgo. No las necesitamos.

Stauner (PPE-DE).
Señor Presidente, en la Carta de los Derechos Fundamentales, que todos tenemos en muy alta y justificada estima, el artículo 41 consagra el derecho a una buena administración. Cabría considerar como algo natural que aquí, en Europa, cada Estado miembro dispusiera de una administración justa e imparcial, que velara por los intereses de sus ciudadanos. En el terreno específico de la administración presupuestaria, algunas virtudes como la austeridad, la eficacia, la rectitud y la fiabilidad son especialmente apreciadas.
Pero la realidad es que, por octava vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas europeo se ha negado a emitir una declaración de fiabilidad a la Comisión, certificando que esta última ha administrado con prudencia y austeridad el dinero de los contribuyentes europeos. Las deficiencias contables que una mujer valerosa, una funcionaria de alto rango en la Comisión, sacó a la luz en la primavera de 2002 son escalofriantes, incluso para quienes poseen escasos conocimientos de contabilidad. La Comisión no había efectuado una auditoría de caja en los últimos diez años. En Eurostat, la Oficina Estadística Europea, los tratos de favor y la mala administración han sido evidentes y habituales, y han tenido un efecto devastador en el presupuesto comunitario.
A pesar de todo ello, la Comisión no considera necesario adoptar acciones drásticas para poner remedio a la situación. Por el contrario, los funcionarios que sacan a la luz las deficiencias en vez de prestarse a ocultarlas, quedan apartados y son objeto de expedientes disciplinarios. Esta no es la manera -y dirijo estas palabras especialmente a la señora Comisaria- de que la Comisión cumpla con sus obligaciones. En el caso de que el Parlamento, como organismo de supervisión, tolere esta situación, estará incumpliendo igualmente su cometido. Me expreso de forma tan contundente porque soy un europeo convencido y porque quiero que esta Europa tenga un futuro y que se gane la confianza de nuestros ciudadanos.
A la hora de administrar su propio presupuesto, creo que el Parlamento Europeo tiene que actuar de manera ejemplar. Siempre que en esta Cámara aprobamos nuestra propia gestión o la de nuestro Secretario General, nos queda un regusto amargo. Verdaderamente creo que esa tarea debería hacerla una institución diferente.
Permítanme, sin embargo, referirme a los detalles del informe sobre el Parlamento. Las deficiencias encontradas nos resultan conocidas de tiempo atrás. Las decisiones acerca del personal tienen que ser más transparentes y la adjudicación de los contratos tiene que estar al margen de cualquier reproche. En nombre de mi Grupo, apoyo expresamente las demandas plasmadas en el informe. Y tengo la sensación de que las decisiones relativas a la adquisición y construcción de edificios, sobre todo en Bruselas, no siempre se pueden explicar.
En cuanto a la aprobación de la gestión de las tres Agencias, resulta justificada nuestra preocupación por el posible solapamiento de responsabilidades y la posible redundancia de esfuerzos. La adaptación de sus responsabilidades a las necesidades de una UE ampliada sigue siendo igualmente muy poco satisfactoria. La adjudicación de contratos de consultoría mediante un acuerdo privado por parte del organismo conocido como la Agencia Kosovo, que en uno de los casos suponía unos honorarios mensuales superiores a los 25 000 euros, fue sin lugar a dudas el resultado de las presiones ejercidas por la Comisión, una influencia perniciosa, en mi opinión, que nos pone sobre aviso respecto a las negociaciones de la Comisión con las Agencias en general.
Me pregunto si es necesario tener todas esas Agencias, que florecen como hongos por toda Europa. ¿Existe alguna razón para que cada uno de los Estados miembros tenga que acoger al menos a uno de tales organismos? ¿Podemos permitirnos mantener esos organismos y los necesitamos para algo? Creo que la Comisión los utiliza para eludir toda responsabilidad, pero luego interfiere de manera arbitraria en su actividad en ocasiones específicas. Esta situación provoca el descrédito total de la labor de las Agencias y nosotros en el Parlamento deberíamos oponernos decididamente a toda política de externalización, o dicho de otra manera, de contratar con organismos externos la ejecución de tareas propias de la Comisión, una política que viene siendo propugnada por el Consejo y la Comisión como el camino a seguir en el futuro.

Morgan (PSE).
Señor Presidente, por fin la Comisión de Control Presupuestario ha decidido recomendar la aprobación de la gestión de la Comisión. Merced a este procedimiento todos hemos tenido conocimiento de las deficiencias bien documentadas en el sistema de contabilidad, que ya salieron a la luz por primera vez en 1994. Ha constituido causa de grave preocupación para todos los miembros de la comisión parlamentaria. No podemos esconder la cabeza bajo el ala, hemos de afrontar claramente los problemas, y el presente informe así lo hace. El Sr. Casaca ha realizado un trabajo excelente.
La reforma del sistema contable resulta esencial. Tenemos calendarios, sabemos concretamente adónde se dirige todo el proceso de reforma contable, pero hemos de situarlo dentro de un contexto. Hemos solicitado a la Comisión la implantación de un sistema que ningún país de la Unión Europea ha logrado hasta ahora poner en práctica, a saber, la implantación de un sistema contable basado totalmente en el devengo. Hemos de tener presente ese contexto. En este informe hemos exigido mucho a la Comisión, y los socialistas europeos han sido pioneros a la hora de fijar objetivos tremendamente rigurosos que la Comisión debe cumplir. Como ha venido a demostrar la Comisión de Control Presupuestario la semana pasada, casi todos los diputados pertenecientes a la misma han reconocido los esfuerzos evidentes realizados por la Comisión para satisfacer nuestras demandas.
No deja de ser irónico que, a lo largo de todo este proceso de aprobación, hayamos asistido a todo tipo de proclamas y críticas procedentes de la derecha y la prensa afín a esta tendencia política, y sin embargo lo único que han podido reunir al final han sido tres miserables votos en la comisión. Incluso gente que representa a partidos como el Partido por la Independencia del Reino Unido, personas como el Sr. Camre y el Sr. Titford, que propagan a los cuatro vientos sus opiniones críticas, no han podido ser movilizados para asistir a la votación. Eso demuestra que sus objeciones son de carácter ideológico, que no se sustentan sobre hechos reales. Es algo que hemos de tener presente.
El propósito de la mayoría de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario consiste en establecer unos controles adecuados. Hace un par de semanas tuvimos que emitir un juicio político acerca de si nuestro apoyo a la Comisión supondría una ayuda o un impedimento para la reforma futura. Decidimos que retrasar la aprobación en realidad vendría a mantener el sistema. Lo que nos interesa es que las cosas se tramiten.
Volviendo ahora a la aprobación de la gestión del Parlamento, tenemos que tener muy claro que en el Parlamento no podemos tirar piedras contra la Comisión y exigirle, por ejemplo, un determinado nivel de transparencia si no estamos dispuestos a exigirnos lo propio a nosotros mismos. Quiero felicitar al Secretario General y al Presidente del Parlamento Europeo por la forma en que han llevado la administración durante los últimos tres años. Han respetado plenamente el Reglamento financiero. Será interesante constatar cómo funcionará el sistema de descentralización durante el año que viene.
Pero no podemos recriminar a la Comisión por despilfarrar el dinero de los contribuyentes cuando nosotros gastamos, queramos o no, dinero en cosas que, francamente, suponen un derroche absoluto. Todos los meses, miles de asistentes parlamentarios y administrativos parten de Bruselas para recorrer 400 millas para venir a trabajar aquí en Estrasburgo. Hemos calculado que el tiempo de desplazamiento por sí solo supone una pérdida superior a 25 000 jornadas laborables al año, unos 3,9 millones de euros. No debemos pasar por alto la discriminación que supone para los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría suelen ser mujeres.
Resulta totalmente innecesario gastar 173 millones de euros al año con objeto de respetar los tratados históricos. En un contexto más amplio, he descubierto que gastamos más de 1 millón de euros en reuniones de comisiones que se celebran fuera de las sedes del Parlamento. Hemos detectado igualmente un aumento del gasto en las semanas amarillas, esto es, 372 000 euros. El ala derecha debería prestar oído. Votan en contra de todos estos puntos relativos a la transparencia dentro del Parlamento y, sinceramente, son una panda de hipócritas.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, siempre constituye una gran honor hablar a continuación de una de las principales apologistas de la Comisión. Me pregunto qué pensará la gente en la tribuna pública acerca de ese 5 a 8% del dinero de los contribuyentes europeos procedente del presupuesto de 2001, de 98 millardos de libras esterlinas, controlado por la Comisión, que ha desaparecido debido al fraude, la mala administración o el derroche; acerca del excedente de 15 millardos de euros, un dinero que no se pudo utilizar por culpa de una programación ineficiente; acerca de los problemas específicos con que nos topamos durante el debate de estos temas, y me viene a la mente concretamente el Eurocost; acerca de los correos electrónicos y memorandos filtrados dentro de la Comisión que ponen de manifiesto lo deficientes que eran realmente las cuentas de 2001. Sobre las promesas que se nos dieron en cuanto a la mejora de la situación para 2005; pero algunos diputados olvidan, por supuesto, que lo que estamos manejando en realidad son las cuentas de 2001 y la forma exacta en que quedaron reflejadas. Acerca del sistema contable del sector público, que data de la década de los sesenta y que precisaba una reforma urgente, y sin embargo, la única acción que se le ocurrió emprender a la Comisión fue suspender a una de las personas que se habían incorporado para poner en marcha dicha reforma.
El único recurso sensato que nos queda es posponer la aprobación, y es necesario que dispongamos de análisis mucho más profundos de las reformas de los sistemas contables que se han implantado hasta el momento.
La Sra. Morgan ha dicho que ella y su Grupo están afrontando directamente los problemas. Lo que de verdad están haciendo es levantar la alfombra para que la Comisión barra sus problemas y los esconda debajo. El Grupo Socialista debería avergonzarse de la posición que ha adoptado a lo largo de los últimos meses, porque ha tenido perfecto conocimiento de que estaba colaborando de lleno para conceder la aprobación, por muy malas que fueran las cuentas de 2001. El precio por esa actitud lo pagará en las elecciones europeas de 2004.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, el 1 de abril hemos celebrado la entrada en vigor del Acuerdo Cotonú y el hecho de que dé luz verde al noveno Fondo Europeo de Desarrollo. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a la aprobación de las cuentas del séptimo, octavo e incluso sexto Fondos Europeos de Desarrollo, y el aspecto que más se destaca es que una gran parte de dicha dotación no se ha invertido y que, por tanto, el Fondo se ha infrautilizado.
La Comisión es una de las principales administradoras de los fondos de desarrollo en todo el mundo. El presupuesto administrado por la Comisión sobrepasa el 10% de todas las ayudas mundiales al desarrollo. Por tanto, recomendamos prestar mucha atención a los valiosos comentarios formulados tanto por la Comisión de Desarrollo y Cooperación como por la Comisión de Control Presupuestario. Se han cometido numerosos errores y carecemos de indicadores mensurables. A eso se suma la falta de coordinación con los Estados miembros, que se traduce en que la complementariedad entre la Comisión y los Estados miembros se queda a menudo en papel mojado. El Consejo no se centra en los temas estratégicos, pero está implicado en los 50 comités de gestión creados para hacer posible la microgestión de los diferentes proyectos. Existen fuertes críticas sobre la forma en que realizamos nuestro autocontrol. El único control que hacemos es de la legalidad, mientras que muchos contribuyentes se preguntan si realmente tenemos algo que exhibir en relación con nuestra labor de desarrollo. Por consiguiente, quiero unir mi voz a la de la Comisión de Control Presupuestario en su deseo por incluir en el presupuesto el Fondo Europeo de Desarrollo.
Me gustaría insistir en algo que considero muy peligroso: me refiero a los riesgos de la ayuda presupuestaria directa. Existe una tendencia creciente a favor de la misma y entiendo, lógicamente, que a primera vista parezca más simple. La ayuda presupuestaria directa asciende ya a 2 604 millones de euros, aunque sabemos que entraña grandes riesgos, que la ponente ha expuesto muy acertadamente. Para empezar está el riesgo de la sustitución. Dentro del contexto de la lucha contra la pobreza, queremos que el 35% de los fondos se destine a la infraestructura sanitaria y social -educación, en concreto- pero observamos que los países encuentran mucho más sencillo gastar el dinero en armamento. Valgan como ejemplo Uganda y Rwanda, que seguramente figuren en los registros de la Comisión como países cumplidores de todas las reglas. Sin embargo, deberíamos echar un vistazo a lo que esos países están haciendo en Congo Oriental y constatar la culpabilidad de ambos a la hora de saquear el país. Estamos proporcionando ayuda presupuestaria a países como esos.
No estamos dedicando suficiente atención a las condiciones, ya que el informe las tilda -con toda razón, en mi opinión- de pobres y mal estipuladas. Lo que observamos es una falta de control de la gestión y la ejecución, por no hablar de las posibilidades de corrupción que se toleran y encubren como resultado de ello. Siguen existiendo los sempiternos problemas del control. En resumen, señora Comisaria, quisiera instar a que el Fondo Europeo de Desarrollo y el dinero que administra la Comisión para el desarrollo y la cooperación se someta a examen, no solo desde el punto de vista de la legalidad, sino del de los resultados alcanzados en relación con la prioridad que nos marcamos todos, a saber, la erradicación de la pobreza.

Schreyer
- (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme manifestar mi más sincero agradecimiento por este animado debate. En este momento no puedo detenerme en cada una de las intervenciones, pero puedo comentar algunas cuestiones, empezando por algunas de las planteados por la Sra. Maes durante su intervención. Espero que la Convención garantice que el Fondo Europeo de Desarrollo no tenga un presupuesto independiente con sus propias reglas -muchas de ellas, complejas-, puesto que eso ha contribuido a una ejecución tan deficiente del mismo. Espero que la Convención tome la decisión de eliminar este fondo independiente del tratado constitucional, a fin de convertir la ayuda al desarrollo en parte integrante del presupuesto europeo.
Quisiera asimismo puntualizar lo siguiente al Sr. Heaton-Harris: el gasto durante el ejercicio financiero europeo 2001 no fue de 98, sino de 79 millardos de euros. De hecho, en este debate ha quedado suficientemente reseñado que el presupuesto era relativamente reducido y que no llegó a gastarse en su totalidad.
Respondiendo a la observación del Sr. Casaca, permítanme retomar el punto de que los recursos que los Estados miembros pueden retener cuando se reclaman los fondos asignados a las subvenciones agrícolas, en realidad van a parar a los presupuestos de los Estados miembros. En otras palabras, los Estados miembros están autorizados a utilizar como quieran ese 20%, que pueden retener en concepto de gastos administrativos, ya que se les exige naturalmente hacer frente a los costes administrativos incurridos por la agencia pagadora y estos fondos están destinados efectivamente a ayudar a sufragar tales costes administrativos.
En cuanto a los comentarios del Sr. Blak acerca del antiguo jefe del proyecto Dotcom, quiero decirle que ese asunto está siendo ahora examinado de nuevo por el Vicepresidente Neil Kinnock. La cuestión de hasta qué punto se concede la subvención conforme al articulo 24 del Reglamento de Personal está siendo actualmente objeto de estudio.
Unas palabras para el Sr. Camre: ha vertido usted unas acusaciones contra personas del equipo de colaboradores de la Comisión, señor Camre, que me veo obligada a refutar. Quiero subrayar una vez más que, ante alguna sospecha de irregularidad -concretamente, de fraude-, existe la obligación de informar a la OLAF, que se encargará entonces de efectuar las investigaciones pertinentes. No solo contamos con la OLAF, sobre la que he presentado hace poco un informe, para labores de vigilancia: también tenemos el Servicio de Auditoría interno y hemos establecido funciones de inspección en todas las Direcciones Generales. La situación descrita por el Sr. Bösch, en la que una misma persona actúa tanto como administrador de recursos como de inspector de finanzas, ya no es admisible con el nuevo Reglamento Financiero; ahora esas funciones tienen que ser ejercidas por personas diferentes. Lo mismo cabe decir de las Agencias; como quizá sepan, durante las últimas semanas se han efectuado los ajustes necesarios para adecuar los Reglamentos implicados, incluidas las disposiciones contenidas en los estatutos de las Agencias, con el nuevo Reglamento Financiero.
En cuanto al sistema contable, permítanme volver a recordar que en el año 2000 encargamos un estudio para revisar dicho sistema. Una vez recibidas las conclusiones, el Director General y yo volvimos a modificar las propuestas de revisión del Reglamento Financiero e incorporamos nuevas reglas contables. Eso fue en 2001. Quiero volver a expresar mi agradecimiento al Sr. Dell'Alba por su reconocimiento al Sr. Mingasson, que verdaderamente ha hecho contribuciones muy valiosas para la Comisión y que siempre ha sido un firme defensor de una mayor implicación parlamentaria en el proceso presupuestario. Gran parte de la «normativa blanda» que hemos introducido en este terreno en los últimos años para permitir una mayor participación parlamentaria en el proceso se debe a su esfuerzo.
Y, también en el año 2001, la Comisión publicó un informe de trabajo acerca de la reforma del sistema contable. Pero las tareas que tendrían que haberse hecho en respuesta a ese informe se demoraron varios meses debido a la situación que todos ustedes conocen. Se ha realizado un esfuerzo ímprobo para recuperar el tiempo perdido. La Comisión de Control Presupuestario, como es sabido, ha acogido con beneplácito las propuestas sobre reforma y especialmente el plan de trabajo que establece la secuencia de medidas específicas previstas.
La aseveración de la Sra. Stauner de que no se ha efectuado ninguna auditoría de caja en los últimos diez años carece totalmente de fundamento. El Tribunal de Cuentas europeo realiza una auditoría de caja todos los años como componente elemental, por así decirlo, de su función auditora. El Tribunal de Cuentas ha informado una vez más a la Comisión de Control Presupuestario sobre su auditoría anual. Considero que no debe menospreciarse aquí la labor del Tribunal de Cuentas europeo.
El debate de hoy ha sido muy animado, ha estado a la altura de la intensidad de todo el proceso de reforma y ha sido un fiel reflejo de la forma intensiva, comprometida y meticulosa en que el Parlamento ha realizado todo el proceso de aprobación de la gestión. Se trata, obviamente, de reformas muy exhaustivas y el apoyo crítico por parte del Parlamento resulta vital para poder llevarlas a la práctica.
Quiero dar las gracias al Parlamento y, concretamente, a la Comisión de Control Presupuestario, por su apoyo crítico pero decidido.
Blak (GUE/NGL).
Señor Presidente, quiero decirle a la señora Comisaria que la Comisión es, al fin y al cabo, un ente colegiado y que hubiese ganado un tanto a su favor si hoy hubiera presentado sus disculpas a Dorte Schmidt-Brown. Si cabe alabar al Sr. Mingasson con lo hipócrita que ha sido, bien se puede ensalzar a un empleado que realmente lo merece. Pienso que la Comisión debe encontrar la ocasión para decir: «Bien hecho, Dorte Schmidt-Brown. En nombre de la Comisión, le pedimos perdón por lo mal que se le ha tratado».

Morgan (PSE).
Señor Presidente, sobre una cuestión de observancia del Reglamento, me pregunto si la Sra. Schreyer se atrevería a afirmar que resulta realista esperar la implantación de un sistema contable basado totalmente en el devengo para el año 2005. Nosotros esperamos evidentemente que así sea, pero el Banco Mundial necesitó cuatro años. ¿Podría explicarnos la señora Comisaria cómo va a cumplir un calendario tan apretado?

Schreyer
Señor Presidente, manejamos una agenda muy apretada y ambiciosa, pero el Reglamento Financiero -que, como todos ustedes saben, ha sido totalmente revisado con la ayuda del Parlamento y que ya ha entrado en vigor- impone la obligación estatutaria de realizar dichas reformas antes del año 2005. Así lo prometimos explícitamente ante el Parlamento y la Comisión de Presupuestos. Por consiguiente, vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para alcanzar ese objetivo y les mantendremos informados constantemente de nuestro progresos. Si ponemos todo de nuestra parte, creo que este proceso de reforma puede llegar a feliz término. La Comisión Prodi ambiciona que todo el proceso de reforma de la Comisión quede concluido satisfactoriamente a finales de 2004.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, quisiera referirme muy rápidamente al hecho de que los oradores del Grupo del Partido Socialista Europeo apenas han hecho alusión al contenido de la aprobación de la gestión, limitándose a tirar piedras contra quienes están controlando este proceso con ojo crítico. La Sra. Morgan ha puesto la guinda al pastel con su calificación de hipócrita. Rechazo de plano este insulto.

El Presidente
. El debate queda cerrado.
(La sesión, suspendida a las 11.20, se reanuda a las 11.30 horas)

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Propuesta de resolución (B5-0194/2003) presentada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la situación de Yannick Bigah, Presidente de ACAT - Togo. 
(El Presidente decide declarar adoptada la resolución, al no plantearse ninguna objeción)

Recomendación para la segunda lectura (A5-0071/2003) presentada por la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) (14052/2/2002 - C5-0616/2002 - 2001/0046(COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0088/2003) presentada por la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (15291/2002 - C5-0014/2003 - 2001/0185(COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0067/2003) presentada por el Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación CE de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de sus equipos intercambiables remolcados, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE (10506/1/2002 - C5-0004/2003 - 2002/0017(COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Informe (A5-0108/2003) del Sr. Wuermeling, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados (COM(2002) 159 - C5-0211/02 - 2002/0090(COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0076/2003) del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 88/407/CEE del Consejo por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie bovina (COM(2002) 527 - C5-0478/2002 - 2002/0229(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0070/2003) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1766/92 en lo que atañe al cálculo de los derechos de importación de determinados cereales (COM(2002) 732 - C5-0028/2003 - 2002/0292(CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0065/2003) del Sr. Marinos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Kiribati sobre la pesca en la zona de pesca de Kiribati (COM(2002) 692 - C5-0039/2003 - 2002/0281(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0072/2003) del Sr. Sørensen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente a la ejecución del presupuesto de los 6º, 7º y 8º Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2001 (COM(2002) 211 - C5-0190/2002 -2002/2087(DEC))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0074/2003) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2001 (C5-0102/2003 - 2003/2046(DEC)); sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2001 (C5-0098/2003 - 2003/2044(DEC)); sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2001 (C5-0100/2003 - 2003/2045(DEC)); sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2001 (C5-0096/2003 - 2003/2043(DEC)) y sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2001 (C5-0094/2003 - 2003/2042(DEC))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0113/2003) del Sr. Soares, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a la Región Administrativa Especial de Macao: primer y segundo informe anual (COM(2001) 432 - COM(2002) 445 - C5-0619/2002 -2002/2275(INI))
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0112/2003) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los Informes Anuales Tercero y Cuarto de la Comisión Europea sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong (COM(2001) 431 - COM(2002) 450 - C5-0620/2002 -2002/2276(INI)) 
Antes de la votación:

Cushnahan (PPE-DE)
Señor Presidente, como ya le he informado, quiero hablar de un asunto relativo al procedimiento, a saber, por qué deberíamos añadir un capítulo suplementario a este informe. En primer lugar, deseo agradecer a todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por su colaboración durante la elaboración de este informe. Es importante que el Parlamento Europeo continúe supervisando el desarrollo de los acontecimientos en Hong Kong, y este informe comporta una puesta al día sustancial sobre muchos aspectos, no siendo el de menor importancia el artículo 23, la legislación propuesta sobre antisedición, sobre el que aprobamos una resolución en diciembre de 2002. El informe evalúa los hechos más recientes en los ámbitos del desarrollo institucional, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la economía, el medio ambiente y la cooperación UE-Hong Kong.
Sin embargo, tras haber sometido a debate y votación el informe en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, se ha producido un brote de la enfermedad respiratoria aguda, el SRAS. Aunque la epidemia fue objeto de debate en el pleno de anoche, no habrá ninguna resolución sobre el tema. Dado que se han producido más de veinte muertes y casi un millar de casos registrados de dicha enfermedad en Hong Kong, es conveniente que el informe haga referencia a este problema.
Por consiguiente, me gustaría proponer una enmienda oral, cuyo texto tienen delante Sus Señorías. Espero su apoyo y cooperación al respecto.

De Sarnez (PPE-DE)
Señor Presidente, quisiera aclarar un punto. La frase final de la enmienda 53 no ha sido revocada. Por tanto, se puede someter a votación como un anexo a la enmienda 69, que acabamos de votar. La cláusula queda así: «en particular, mediante cursos organizados por las universidades participantes».

Klamt (PPE-DE)
- (DE) Señor Presidente, a la vista de la creciente importancia de la justicia reparadora, estoy muy agradecida al Reino de Bélgica por su iniciativa en esta materia. El objetivo consiste en establecer una red europea de puntos de contacto nacionales, diseñada para permitir un intercambio permanente de información relativa a la justicia reparadora y a uno de los métodos aplicados con más frecuencia para la resolución de conflictos, a saber, la mediación.
Señorías, cualquier ciudadano de la Unión se puede desplazar libremente dentro de sus fronteras, pero por la misma razón puede convertirse en víctima de un hecho delictivo en cualquier Estado miembro. Algunos de los Diputados de esta Cámara y del personal de la misma han tenido experiencias personales penosas en las inmediaciones del edificio del Parlamento en Bruselas. Por otra parte, no creo que tenga mucho sentido seguir creando cada vez más organismos europeos nuevos. Por este motivo, he propuesto que la secretaría de la red de contactos se establezca como parte de la secretaría ya existente de la red europea de prevención de los delitos. Así se reducirán al mínimo los costes operativos, además de fomentar al máximo los efectos de sinergia entre las dos redes. Asimismo, he concretado mejor los objetivos de la iniciativa y he propuesto un fundamento jurídico diferente.
Ahora bien, debe decirse que la creación de una red de puntos de contacto no puede constituir un fin en sí misma. La formación de un foro así constituye solo un primer paso. Así pues, nuestra tarea consistirá en promover nuevos avances en cuanto a la protección de las víctimas en cooperación con el Consejo y la Comisión. Europa tiene la oportunidad de adoptar medidas legales que conduzcan a una auténtica armonización racional del trato que reciben las víctimas de hechos delictivos en los Estados miembros.
Staes (Verts/ALE)
Señor Presidente, los ponentes alternativos y yo queremos proponer que se confiera a la enmienda 15 la condición de anexo. La enmienda 15 afecta entonces al apartado 65 b. Al mismo tiempo, deseo hacer un comentario acerca de la votación del apartado 66. Proponemos una votación en dos partes y recomendamos rechazar la primera parte del párrafo 66 y aceptar la segunda, que comienza por «lamenta asimismo que, incluso tras las promesas etc.»

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Queremos unirnos a la protesta contra el acoso de que está siendo objeto Yannick Bigah en Togo.
Pero nos sorprende que la protesta se limite a ese único caso y se exijan solo garantías para las asociaciones en defensa de los derechos humanos, cuando el Sr. Eyadema, el dictador de Togo, está ocasionando otras muchas víctimas con consecuencias mucho más graves.
La solicitud por parte del Parlamento Europeo de algún tipo de salvoconducto para proteger de la dictadura a determinadas asociaciones es mejor que nada, pero sería preferible que formalizara una protesta contra la propia dictadura. Sin embargo, debemos suponer que el Parlamento Europeo es sensible al hecho de que el Sr. Eyadema sea uno de los protegidos más antiguos del imperialismo francés en Africa. En vez de correr el riesgo de condenar al protector condenando al dictador, estamos circunscribiendo el problema a un caso humanitario aislado.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Considero de máxima importancia que se establezcan y consoliden unos criterios objetivos para definir las regiones candidatas y unas reglas jurídicas claras para la modificación futura del sistema. La Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) ha proporcionado desde la década de los setenta un método coherente único para la división geográfica del territorio de la Unión Europea. Constituye un elemento importante para las estadísticas regionales y proporciona la base para fijar la elegibilidad regional a la hora de obtener fondos estructurales. La aprobación de este Reglamento proporcionará, por vez primera, un fundamento jurídico claro y adecuado para establecer una clasificación de las Unidades Territoriales Estadísticas en toda la Comunidad, que hasta el momento ha sido objeto de negociación entre la Eurostat y los Estados miembros. Celebro en particular el amplio consenso de las tres instituciones respecto al texto tras la primera lectura en el Consejo, que ha aceptado plenamente la postura del Parlamento, adoptada en primera lectura. Por último, considero que la propuesta de crear un nivel 4 es importante, ya que existe la necesidad evidente de crear subdivisiones territoriales, pues de lo contrario seremos testigos de unos niveles inflados de riqueza en zonas constituidas por un centro de gran crecimiento y otras áreas con tasas de crecimiento muy bajas, muy por debajo de los niveles medios alcanzados en la zona ...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento)

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la evaluación de la ponente, que ha recibido u amplio apoyo por parte de la Comisión.
Para consolidar, profundizar y agilizar el mercado interior, es fundamental que se eliminen los trámites burocráticos que entorpecen la circulación de bienes sujetos a impuestos y se garanticen unos controles fiscales que disuadan de la evasión de impuestos y el fraude fiscal. A la vista de los modernos instrumentos que existen actualmente, parece deseable proceder a una centralización de los datos que permita interconectar entre sí a los organismos de los diversos Estados miembros. Ese es el objetivo de la propuesta de la Comisión, a través de un sistema de mensajería automatizado en tiempo real -EMCS (Excise Movement and Control System)- para hacer un seguimiento de los movimientos de las mercancías, integrado asimismo en el nuevo sistema de tránsito informatizado (NCTS), que también está a punto de introducirse.
En cuanto a las dudas suscitadas sobre la legitimidad de tal acción comunitaria en el ámbito de la fiscalidad, pienso que el problema queda definitivamente resuelto con la selección de un fundamento jurídico, dejando claro que se trata de una iniciativa administrativa para controlar la fiscalidad y mejorar el mercado interior, en ningún caso de una armonización fiscal.
He apoyado también, en particular, la sugerencia de la ponente de aumentar la participación de los países candidatos antes de su adhesión a la Unión.

Souchet (NI)
El objetivo principal del texto que acabamos de votar es garantizar la seguridad de la inseminación artificial bovina; pero hay otro aspecto de esta actividad que no se ha tenido suficientemente en cuenta hasta ahora, que es la biodiversidad o diversidad genética de las razas bovinas.
Sometido a las reglas del libre mercado, el sector de la inseminación artificial bovina persigue el rendimiento al menor coste posible, lo que se traduce en presiones para reducir el número de sementales, provocando un mayor riesgo de consanguinidad, la amenaza de extinción para las razas raras y un empobrecimiento de la biodiversidad.
La selección genética de las razas animales conlleva un aspecto de servicio público que no ha sido debidamente considerado por la organización puramente comercial del sector; la preservación de la biodiversidad en las razas de animales domésticos constituye uno de los aspectos de la multifuncionalidad de la agricultura que los Estados miembros deberían tratar de proteger. Por eso hago un llamamiento a los Estados miembros para que, al tiempo que promueven el libre mercado en este sector y aplican las reglas necesarias para garantizar la seguridad total de la inseminación artificial, fomenten la conservación de un patrimonio genético lo más variado posible en la cabaña bovina.

Souchet (NI)
El tema del trigo procedente del Mar Negro es sintomático del rechazo sistemático por parte de la Comisión a aplicar el principio de la preferencia comunitaria, por la que debería velar según establecen los Tratados.
De todas formas, resulta poco habitual encontrar ejemplos tan flagrantes de esta actitud laxa fuera de las rondas de negociación en la OMC. Al demorar su reacción y no utilizar todos los instrumentos reguladores que tiene a su disposición, la Comisión ha permitido deliberadamente la entrada en territorio de la Unión Europea de cantidades muy importantes de trigo procedente de Rusia y Ucrania (unos 10 millones de toneladas). Se trata de un trigo que no necesitamos, ya que disponemos de reservas que pueden movilizarse con enorme facilidad.
Esta actitud de «dejar hacer, dejar entrar» de la Comisión durante la campaña 2001-2002 ha quedado perpetuada en la forma -de momento, reducida- de cupos arancelarios para categorías de cereales que producimos en exceso. La institucionalización de esta fisura debilita la posición que Europa ha ocupado hasta ahora en el comercio de cereales. Tendremos que asegurarnos de que esa fisura no se haga mayor ni conduzca a un fraude masivo en el contexto de la ampliación.
Celebro que mi informe haya sido aprobado de manera casi unánime por la Cámara.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Este acuerdo, como tanto otros de su género, ilustra la forma en que la Unión Europea disfraza con comentarios hipócritas su política de pillaje de los recursos de los países del mundo en vías de desarrollo. Es evidente que así ocurre cuando a un país diminuto, pobre y aislado en el Océano Pacífico, totalmente dependiente de la pesca del atún, se le exige que acepte no el hecho de ser explotado, sino las condiciones de su explotación.
No contenta con ayudar a los armadores -y, seguidamente, a las grandes compañías agroalimentarias que comercializan el atún- a obtener los permisos de pesca, la Unión Europea ha encontrado los medios de subvencionar dos terceras partes de los menguados derechos que estas compañías tienen que abonar a la República de Kiribati.
Lo que este informe revela acerca de las condiciones de lo que tiene que entenderse como puro y simple pillaje, solo puede producirnos desazón. Si nos abstenemos, en vez de votar en contra de este informe, es solo porque no quisiéramos arriesgarnos a bloquear las pocas cláusulas que contiene capaces de proporcionar algunos recursos a la población de Kiribati.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Sørensen se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo, así que hablemos de desarrollo. El Sr. Mario Collesano, jefe y representante de la sección siciliana del Partido de los Pensionistas, me llevó al aeropuerto Falcone-Borsellino en Palermo. Mientras hablábamos del informe sobre el Fondo Europeo de Desarrollo, me aconsejó no solo votar a favor del mismo, sino preguntar también al Parlamento qué ocurre con las ayudas al desarrollo, ya que sabemos que los fondos destinados al desarrollo de las regiones de Italia meridional, por ejemplo, salen de Bruselas y Estrasburgo pero nunca llegan a los ciudadanos europeos de Sicilia, Calabria o las regiones del sur de Italia, ni a los ciudadanos europeos de otras muchas regiones cuyo desarrollo está retrasado.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, yo también he estado en Nápoles, en la bella Nápoles, donde me despidió en el aeropuerto el jefe de la sección siciliana del Partido de los Pensionistas, el Sr. Fortunato Sommella. Pidiéndome que votara a favor del informe relativo, entre otras cosas, al presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente, me despidió con estas palabras: «En cuanto al medio ambiente, recuerde que en Nápoles estamos esperando y rezando para recibir subvenciones y ayudas de Europa que nos permitan regenerar la bella colina de Camaldoli, que domina el Golfo de Nápoles, a fin de que el sol napolitano pueda lucir sobre el Parlamento Europeo lo mismo que aquí. Voy a enviar el sol napolitano a Estrasburgo para que luzca el día que usted intervenga, señor Fatuzzo» y, efectivamente, como puede comprobar, señor Presidente, el sol de Nápoles está brillando incluso en este día de frío en Estrasburgo.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Comparto la convicción del ponente en cuanto a la importancia de Macao como puente entre la UE y la República Popular China debido a su historia y sus vínculos culturales con Europa, especialmente con Portugal. Coincido con su apreciación de los acontecimientos positivos que están teniendo lugar en la Región Administrativa Especial de Macao (RAEM) y constato que funciona la fórmula de «un país, dos sistemas».
De manera análoga, estoy de acuerdo con la prioridad que el ponente atribuye a la designación de un responsable de la cooperación UE-Macao en la RAEM, reiterando la posición ya adoptada por el Parlamento Europeo y que he invocado en varias preguntas dirigidas a la Comisión. Quiero hacer hincapié en la necesidad de promocionar y diversificar la cooperación entre la UE y Macao y espero que este informe y su aprobación supongan una contribución esencial para la implicación de todos los organismos de la UE a la hora de promocionar esta cooperación.
Celebro la oportunidad y claridad del informe y agradezco al ponente el apoyo que ha prestado al Grupo de Amistad Parlamento Europeo/RAEM, que yo mismo fundé hace poco tiempo. También quiero expresarle mi gratitud por su respuesta favorable a las enmiendas que he presentado. Una de esas enmiendas subraya la importancia especial que las autoridades chinas conceden al idioma portugués y el enorme reconocimiento otorgado por el Parlamento Europeo al portugués que es, en cuanto a número de parlantes, la tercera lengua europea de comunicación universal.

Berthu (NI)
- (FR) Los informes 2000 y 2001 de la Comisión sobre la aplicación de los principios de subisidiariedad y proporcionalidad son inquietantes. Revelan un concepto restrictivo de la subsidiariedad, que jamás debería poner en tela de juicio el acervo comunitario, que no debería ir en contra de los proyectos de la Comisión y que, sobre todo, no debería ser objeto de decisión por parte de los parlamentos nacionales.
La reducción del número de textos comunitarios que la Comisión ha venido planificando desde 1990 es justamente la consecuencia mecánica de las etapas finales de la aplicación del Acta Única Europea. Pero todavía hoy la subsidiariedad sigue siendo objeto de continuas transgresiones.
En la actualidad, el Tribunal de Justicia, una institución comunitaria no controlada por los ciudadanos, tiene la última palabra en materia de subsidiariedad, por lo general de común acuerdo con la Comisión. La Convención sobre el Futuro de Europa, que se reúne estos días, quisiera reforzar esta función. Nosotros no estamos de acuerdo.
Como ya he manifestado en mi «Contribución a la subsidiariedad», que presenté en 1995 a lo que entonces era la Comisión Parlamentaria de Asuntos Institucionales, la idea de la subisidiariedad consiste en que los parlamentos nacionales tomen decisiones libremente. Fueron los ciudadanos quienes ratificaron el Tratado. Son los ciudadanos quienes deberían decidir sus límites.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Coincido plenamente con el contenido de este informe. En particular, suscribo la declaración del ponente en el sentido de que el Derecho Comunitario es excesivamente profuso, demasiado complejo y equívoco, y que la inflación legislativa debilita al Estado de Derecho y aleja a los ciudadanos de sus instituciones. En el terreno específico de unos principios tan importantes como son los de la subsidiariedad y proporcionalidad, considero que el Informe Anual de la Comisión -Legislar mejor- podría suponer una aportación decisiva, reflejando la experiencia práctica de quienes se enfrentan a diario con la aplicación práctica de estos principios y pudiendo mejorar progresivamente su finalidad y su alcance. Pienso que esta es la justificación del presente informe, ya que la simple enumeración de las acciones de la Comisión no constituye un informe sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En el ámbito del principio de subsidiariedad, acojo favorablemente la atribución a los parlamentos nacionales de una función de control a través de un sistema de alarma anticipada, la obligación por parte de la Comisión y de la Unión Europea de justificar todas sus propuestas y, en general, todas las medidas que favorezcan una mayor transparencia a la hora de invocar y aplicar el principio. Además, y dentro de este enfoque de auténtica subsidiariedad, hace algún tiempo defendí en esta Cámara la creación de una Comisión de Subsidiariedad en el Parlamento Europeo, para mejorar nuestros ...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento)

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe Grosch propone justificadamente introducir un examen adicional para los conductores de vehículos de mercancías y de pasajeros que circulan por Europa. ¿Es peligroso conducir esos vehículos? ¡Se me ocurre que también es una profesión peligrosa y además muy difícil estar al mando de cualquier gobierno en Europa! ¿No sería una buena idea, por tanto, organizar también exámenes y cursos de formación para los Jefes de Gobierno y los ministros de los Estados europeos, quienes se encuentran al mando de los distintos países y tienen que realizar un trabajo tan difícil?

Ducarme (ELDR)
 - (FR) Tenemos que combatir la inmigración ilegal. Con mucha frecuencia es sinónimo de explotación y de tráfico de seres humanos. Por eso estoy de acuerdo con que los conductores deben recibir formación dirigida a prevenir la inmigración ilegal.
Además, la criminalidad profesional se está convirtiendo en un problema grave, ya que afecta al sentimiento de inseguridad de la población. Nos enfrentamos a formas de crimen organizado y de terrorismo internacional, cuyas armas y métodos han evolucionado y se están haciendo cada vez más complejos. A la vista de tal situación, la formación en la prevención de la delincuencia tiene una gran importancia.

Piscarreta (PPE-DE)
. (PT) La adopción de la Directiva sobre la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera dotará a la UE de un arma vital en la lucha para prevenir los accidentes de tráfico que afectan a vehículos pesados.
Portugal siempre ha destacado respecto a otros Estados miembros en lo concerniente a las estadísticas de la mortalidad en sus carreteras. Solo en 2001, se produjeron más de 42 500 accidentes, 5 800 de los cuales causaron muertos o heridos graves. Un elevado porcentaje de esta siniestralidad está provocado por vehículos que transportan pasajeros o mercancías pesadas.
Por eso acojo favorablemente este informe, que contribuye a mejorar la seguridad en las carreteras, por una parte mediante nuevas tecnologías tales como los simuladores de conducción y, por otra, a través de cursos de formación continua para los conductores profesionales.
Mi única lamentación es que la Directiva se aplique solo a los nuevos conductores que comiencen a ejercer esta profesión cinco o seis años después de su entrada en vigor. Teniendo en cuenta la tasa de siniestralidad de la profesión y su dificultad para atraer a nuevos trabajadores, considero demasiado largo ese plazo.
También estoy de acuerdo en que los conductores reciban formación especial como medio para combatir la lacra del crimen organizado, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.

Queiró (UEN)
. (PT) Tenemos ante nosotros un proyecto de Directiva que pretende establecer el principio de un sistema de cualificación inicial y de formación continua obligatoria para los conductores en todos los Estados miembros, diferente de la formación requerida para obtener el permiso de conducción. El tema tiene una gran relevancia para la mayoría de los Estados miembros, tanto actuales como futuros, dado que ese tipo de formación solo es obligatoria en Francia y en los Países Bajos.
Una vez analizada la propuesta de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, que estamos debatiendo ahora, queda claro que ha tenido en cuenta las observaciones del Consejo relativas a la libertad de decisión de los Estados miembros sobre el cumplimiento de los requisitos de formación inicial, que pueden consistir en la asistencia a los cursos de formación y la aprobación de un examen posterior, o solo este. A continuación vendrá un período inicial de ocho años, al cabo del cual la Comisión procederá a analizar la equivalencia de los diferentes sistemas y de su eficacia desde el punto de vista del nivel de cualificación exigido.
Es muy importante que la entrada en vigor de esta Directiva no sea retroactiva y, en consecuencia, que ninguna disposición derivada de la misma pueda aplicarse a los conductores que ya ejercen la profesión. Por el contrario, comprendemos perfectamente que esta Directiva se aplique a todos los conductores que se inicien en la profesión al menos cuatro años después de su entrada en vigor. Estos aspectos han sido determinantes para ...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) La adopción de cualquier medida destinada a mejorar la seguridad del tráfico rodado debe acogerse con gran satisfacción. Estas medidas constituyen un desafío urgente: los accidentes de carretera son la causa más importante de pérdida de vidas humanas en Europa. Por tanto considero perfectamente apropiada la formación continua obligatoria de los conductores de vehículos pesados de mercancías en todos los Estados miembros.
En cuanto al transporte de mercancías, llevo mucho tiempo reclamando que se conceda prioridad al restablecimiento del transporte por ferrocarril y a la revitalización del transporte marítimo de corta distancia (o cabotaje) y la navegación fluvial, en vez de centrar la atención en el más que sobrecargado sistema de carreteras. Por dicha razón, y además de la propuesta que nos ocupa, apoyo todas las medidas que favorezcan este nuevo equilibrio entre los medios de transporte y un mejor uso de las redes de transporte en el ámbito europeo.

Fatuzzo (PPE-DE).
Este es un informe de la Sra. De Sarnez sobre Erasmus World. La expresión «Erasmus World» me recuerda a Fantasy World, Adventure World y Future World, o sea, Disney World. Se trata de un programa para gente joven, ¿pero cuándo tendremos un programa «Mundo Matusalén», 200 millones de euros destinados no solo a la cultura y la cooperación a través de ayudas a los jóvenes, sino también para el intercambio cultural entre los mayores, que tanto viajan por todo el mundo?

Bastos (PPE-DE)
. (PT) La Unión Europea debe responder a las exigencias de una sociedad que se asienta sobre el conocimiento y está abierta al mundo. El programa Erasmus World nos permitirá responder a estos retos fomentando la calidad de la enseñanza superior y los intercambios culturales en cooperación con terceros países.
De ahí la importancia de este informe, que cuenta con mi apoyo.
Debemos reconocer que la enseñanza superior europea es de gran calidad y está a la altura de las necesidades del mercado laboral.
El éxito de este programa solo puede garantizarse mediante un incremento del presupuesto que dote a los diversos proyectos de los fondos adecuados, así como con una rigurosa selección de los candidatos, las instituciones y el personal docente. Las becas que se concedan deben permitir la participación de todas las categorías de candidatos en estos intercambios.
Resulta particularmente importante la divulgación de este programa mediante proyectos de comunicación e información y la elaboración de instrumentos de trabajo comunes que no constituyan ningún obstáculo para la movilidad de los candidatos.
Por último, el nombre «Erasmus Mundus» es especialmente acertado, porque confiere al programa una dimensión mundial sin favorecer el idioma de ningún Estado miembro.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Hemos votado a favor de este texto y la mayoría de las enmiendas por cuanto pueden promover mejoras en la enseñanza superior en Europa y favorecer una mayor apertura de la misma a otras culturas e idiomas para los estudiantes tanto de la Unión Europea como de terceros países.
Pero, lógicamente, hemos rechazado las enmiendas enfocadas, de forma abierta o indirecta, a promover las instituciones privadas de enseñanza superior o a permitir que las empresas, bajo el pretexto que sea, aumenten su control sobre la enseñanza universitaria.

Darras (PSE)
- (FR) No puedo sino apoyar y defender el objetivo general del programa quinquenal Erasmus World (2004-2008), que pretende contribuir al desarrollo de una educación de alta calidad en Europa mediante una cooperación más estrecha con terceros países.
Tenemos que preparar a los ciudadanos de Europa y de los terceros países asociados para vivir en una sociedad en la que el conocimiento es un imperativo categórico, reforzar el atractivo de Europa como centro de excelencia en materia de enseñanza superior y, por último, fomentar el entendimiento mutuo entre distintos pueblos y culturas a través de los intercambios y la cooperación estructural.
La creación de esta Europa de la educación a la vez atractiva y abierta al mundo exige, sin embargo, unos presupuestos que estén a la altura de la tarea: este programa, que es portador de grandes perspectivas, no debe serlo de expectativas fallidas por habérsele asignado una subvención insuficiente.
En otras palabras, el esfuerzo presupuestario debe ser digno del programa que deseamos ver hecho realidad, un programa capaz de beneficiar a un considerable número de estudiantes y alcanzar así los ambiciosos objetivos que se ha marcado para fomentar el diálogo intercultural.

Marchiani (UEN)
 - (FR) El programa Erasmus World 2004-2008 es una iniciativa positiva ya que se propone reforzar la posición de las universidades europeas en el ámbito internacional. En un entorno en el que la competencia, también en este campo, es despiadada, todo el mundo comprenderá que es esencial encauzar todas nuestras energías a frenar la fuga de cerebros a los Estados Unidos.
Dicho lo cual, este objetivo no eximiría a las instituciones europeas de sus obligaciones en el ámbito de la educación. Por consiguiente, dado que el artículo 149 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea subraya la «responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística», debe quedar totalmente garantizada la integridad de los principios académicos rectores, empezando por la neutralidad académica de la enseñanza y la independencia de los profesores.
Debemos evitar las desviaciones, condenadas justamente por un numeroso grupo de profesores universitarios franceses desde el observatorio universitario Jean Bodin, en determinados programas educativos comunitarios, concretamente las cátedras Jean Monnet; a pesar de su evidente valor pedagógico, estas últimas a veces cumplen una función de propaganda ideológica que no es menos obvia, una función lógicamente incompatible con el ejercicio normal de la tarea docente.
Erasmus World no debe convertirse en el nuevo caballo de Troya del federalismo europeo en la profesión de la enseñanza.

Marques (PPE-DE)
. (PT) Felicito a la Sra. De Sarnez por el excelente informe que ha elaborado sobre la propuesta de decisión que establece un programa para mejorar la calidad en la enseñanza superior y fomentar el entendimiento intercultural a través de la cooperación con terceros países (Erasmus World), al que otorgo mi apoyo pleno, sobre todo en lo que concierne a la necesidad de fomentar y consolidar la cooperación con terceros países en ámbitos como la educación.
Quiero asimismo subrayar que este programa tiene que permitirnos de verdad crear un sistema europeo de enseñanza superior que sea eficaz y reconocido por la calidad de su formación y la acogida que ofrece.

Queiró (UEN)
. (PT) Si alguna reforma tiene la potestad de modificar el semblante de nuestro país en el plazo de generaciones, esa es la reforma educativa. Por consiguiente, y pensando también en nosotros, he utilizado mi voto para adherirme a este programa Erasmus World. Aunque el programa se basa en una cooperación más estrecha con terceros países, su objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza superior y de la educación en general dentro de la Unión Europea.
Ésta es la conclusión que nos vemos obligados a extraer si consideramos que el programa pretende:
preparar a los ciudadanos de terceros países así como a los europeos para vivir y trabajar en una sociedad global basada en el conocimiento;
reforzar la posición de Europa como centro de excelencia para la enseñanza superior;
fomentar el entendimiento mutuo entre pueblos y culturas mediante los intercambios y la cooperación estructural.
Para finalizar, quiero resaltar lo que parece un apoyo financiero adecuado para la creación de cursos, títulos, bolsas de estudio, asociaciones, conferencias, seminarios y todas las demás acciones que han de convertir esta iniciativa en una realidad.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Coincido plenamente con el contenido de este informe, ya que creo que mejora el texto propuesto por la Comisión y, sobre todo, porque se centra en un tipo de iniciativa cada vez más importante, como el programa «Erasmus». La sociedad global actual nos exige mejorar continuamente nuestra preparación de cara a los retos que debemos afrontar. Además de abrirse dentro de la Unión, la educación universitaria europea tiene que abrirse igualmente al mundo de los terceros países, contribuyendo así a que las universidades europeas se conviertan en centros de excelencia para la enseñanza superior. Este último objetivo proporcionará también un empuje notable a las propias universidades europeas, que adquirirán mayor visibilidad.
Sin embargo, la apertura a los países no pertenecientes a la Unión no debe reducir el alcance, la expansión y el atractivo del programa Erasmus para los propios europeos. De hecho, debemos realizar un esfuerzo adicional para garantizar que el programa pueda ser una opción real para todo el mundo y, de hecho, ¿por qué no habría de convertirse en un componente normal de la educación universitaria en Europa? Tenemos que desarrollar medidas que potencien los efectos positivos de este tipo de programa, sin permitir que su incremento en número conduzca a un deterioro de su calidad.

Zrihen (PSE)
 - (FR) «Erasmus Mundus», que pretende estrechar los lazos entre las universidades de todos los continentes mediante la creación de un sistema de intercambio para estudiantes, profesores e investigadores, está creando también centros de excelencia para la enseñanza y la investigación universitaria en nuestro continente y pretende hacer que nuestras universidades, si se nos permite la expresión, sean competitivas en el mercado global de la enseñanza superior, proporcionando a nuestros estudiantes los medios para obtener títulos con una dimensión europea.
La oferta de estudios auténticamente europeos, algo sin precedentes en cuanto al número de estudiantes implicados y por su visibilidad dentro de la propia Europa y en otros continentes, permitirá en el futuro a todos los jóvenes europeos elegir su propio camino: nacional o europeo.
Eso será una ventaja tanto para el desarrollo personal de los estudiantes como para su integración en el mercado laboral, habida cuenta de las perspectivas de innovación en Europa.
Tenemos ineludiblemente que rebasar el 1% del PIB destinado a la enseñanza superior.
La implantación del programa «Erasmus Mundus» tiene que llevar a las empresas europeas a establecer alianzas duraderas con las universidades, una forma esencial de proporcionar a los cursos europeos los medios para lograr la excelencia, para colocar a las universidades europeas a la vanguardia de la escena internacional, para frenar la fuga de cerebros desde Europa hacia los Estados Unidos y para ...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Mauro, usted ha propuesto y ha logrado obtener del Parlamento Europeo la asignación de 54 millones de euros para educación y formación, gracias a la cual los profesores podrán aprender cómo enseñar a los estudiantes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Como representante del Partido de los Pensionistas y los mayores de Europa, yo también solicito 54 millones de euros para formar a los profesores en cómo enseñar a los pensionistas y los mayores.
Espero que el Parlamento -que hoy está representado aquí en gran número- atienda mis palabras y que, en la primera oportunidad que se le presente, vote a favor de asignar también 54 millones de euros a la educación de los mayores.

Bastos (PPE-DE)
El objetivo global del programa eLearning consiste en fomentar la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas europeos de educación y formación, para favorecer:
un mayor diálogo intercultural
el aprendizaje de idiomas
el aprendizaje durante toda la vida y
el intercambio de buenas prácticas.
Las enmiendas presentadas mejoran la propuesta de la Comisión y este informe proporciona un empuje considerable para la consecución del objetivo de una sociedad basada en el conocimiento.
En términos presupuestarios, el porcentaje destinado a las acciones preparatorias debe incrementarse y el porcentaje previsto para combatir la fractura digital debe reducirse, ya que existen otros instrumentos comunitarios más indicados para darle respuesta. Es esencial que se aumenten los fondos destinados al hermanamiento de las escuelas europeas a diferentes niveles dentro del sistema educativo.
Una gran mayoría de las escuelas en los Estados miembros están conectadas a Internet, pero pocos profesores utilizan ese recurso como herramienta pedagógica. Hay que concienciar a los profesores de la importancia y del valor añadido, tanto para los estudiantes como para ellos mismos, que entraña la integración de Internet en la educación.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Estamos naturalmente a favor de la difusión más amplia posible de las tecnologías de la información y la comunicación entre los alumnos y los profesores. Pero si no hemos abstenido en lugar de votar a favor de este informe, ha sido porque el ponente nos insta, con el pretexto de promover esas tecnologías, a ayudar de diversas formas a las empresas del sector. Además, no todas ellas son pequeñas y medianas empresas, como nos quiere hacer creer el informe, sino que algunas son filiales de grandes grupos.

Figueiredo (GUE/NGL)
Inmediatamente después de la Cumbre de Lisboa se adoptaron «e-Europe 2002» y los planes de acción para «e-Europe 2005» con el propósito de aprovechar la contribución que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden hacer al crecimiento económico. La educación electrónica o «eLearning» trata de utilizar estas tecnologías en la educación y la formación.
Solo que, para quienes se han concentrado tanto en este terreno, debe decirse que las dotaciones implicadas son demasiado pequeñas, sobre todo dado el deseo de fomentar la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los diferentes sistemas de educación y formación europeos, incrementando con ello su calidad y facilidad de acceso.
Como señala el ponente, es muy importante centrarse en la formación de los profesores y no solo en la conexión de las escuelas a Internet. Basta mirar los datos publicados sobre las conexiones de las escuelas y la utilización de Internet por los profesores para comprender las enormes discrepancias y notables desigualdades que siguen existiendo en la Unión Europea.
El informe procura, por tanto, ampliar y mejorar la propuesta de la Comisión, razón por la cual hemos votado a favor del mismo, aunque no llega todo lo lejos como nos hubiera gustado, puesto que nos parece importante que todos los estudiantes dispongan de igual acceso a Internet, lo cual dista mucho de ser el caso.

Marques (PPE-DE)
. (PT) Felicito al Sr. Mauro por el excelente informe que ha elaborado sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la adopción de un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación de Europa (programa eLearning), que apoyo totalmente, sobre todo en lo referente a la necesidad de desarrollar las nuevas tecnologías en regiones remotas. Quisiera también llamar la atención en particular sobre el papel que las nuevas tecnologías pueden desempeñar en las regiones ultraperiféricas que, debido a todas las limitaciones a las que se enfrentan y su situación actual, precisan ayudas para prepararse de cara a la era digital.
Con relación a este programa, subrayaría la importancia de la formación del personal docente, sin la cual no podrá desarrollarse una política educativa eficaz ni hacer extensivo este programa para abarcar la escuelas primarias.
También deseo expresar mi apoyo a la atención que este programa presta al uso de las nuevas tecnologías por parte de los discapacitados, así como la necesidad de desarrollar proyectos para enseñar las nuevas tecnologías a los mayores.

Queiró (UEN)
. (PT) Lo mismo que dije en mi explicación de voto para el informe De Sarnez resulta aplicable aquí, en relación con una iniciativa pensada para incentivar la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los sistemas de educación y formación europeos, mejorando su calidad y facilidad de acceso.
Es particularmente significativo que el informe subraye el hecho de que el programa no pretende sustituir, sino apoyar y complementar, las acciones de los Estados miembros en este campo. El programa subvencionará proyectos piloto, actividades de investigación y seguimiento, acciones estratégicas de redes y asociaciones europeas, organizaciones europeas enfocadas a constituir «plataformas» y la prestación de asistencia técnica y administrativa en diferentes sectores.
Por tanto, solo me cabe votar a favor del informe.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor del informe porque creo que ya ha contribuido a enriquecer el debate y la reflexión acerca de las mejores vías para llevar a la práctica las ambiciosas metas fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo 2000 sobre «Una Europa de innovación y conocimiento». Con el programa eLearning (enseñanza electrónica), integrado en la iniciativa e-Europe (acelerar la adopción de las tecnologías digitales en toda Europa y garantizar que todos los europeos disponen de las competencias necesarias para utilizarlas), la Comisión ha propuesto un marco fecundo para la creciente utilización de las nuevas tecnologías en la educación y la formación. Los efectos están ya comenzando a ser visibles. En consecuencia, la Comisión Europea debería considerar un aumento del presupuesto para este periodo trianual, tal como aconseja el ponente y la Comisión de Presupuestos. Este tipo de inversión constituye una de las mejores garantías para consolidar una auténtica «Europa dinámica (?) basada en el conocimiento».
Algo de enorme importancia es la advertencia del ponente de que necesitamos redoblar los esfuerzos en la formación de los profesores, ya que, según revelan las estadísticas, en algunos casos se dispone de recursos, pero apenas se hace uso de ellos. La creación de servicios y programas educativos europeos, que aceleren la conexión a Internet de colegios y profesores, a través de plataformas europeas y aulas virtuales: estas son algunas de las respuestas necesarias, en el intercambio de buenas prácticas ...
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 37 del Reglamento)

Zrihen (PSE)
 - (FR) Las NTIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nos están llevando inevitablemente a un modelo nuevo, un paradigma nuevo basado en las nuevas relaciones entre estudiantes, conocimiento y profesores, además de producir y proponer una reorganización pedagógica en el mundo de la enseñanza.
El objetivo principal de la utilización y la integración de las NTIC en el campo de la enseñanza debe ser mejorar las condiciones del aprendizaje de los estudiantes y sus relaciones con el mundo. No tiene sentido utilizar las NTIC si no se cumplen estos principios. Las NTIC pueden ser unos estupendos aliados pedagógicos si se consideran como los medios, no como un fin en sí mismo. Si persiguen los objetivos establecidos por la comunidad educativa y social, contribuirán al progreso y al desarrollo.
Estas nuevas tecnologías ofrecen hoy a la educación una oportunidad sin precedentes de satisfacer una demanda de enseñanza cada vez más amplia y diversificada. El reto es considerable: se ha demostrado claramente que la capacidad de las personas para acceder a la información y procesarla constituye un factor decisivo no solo para su integración en el mercado laboral, sino también en su entorno social y cultural. Cualquier deficiencia en el sistema educativo a la hora de enseñar a sus alumnos a utilizar o dominar esas tecnologías vendría a agravar más las desigualdades sociales o incluso a crearlas.
Su introducción en los centros escolares no pone en duda ni la condición de los profesores ni la vocación básica de las escuelas: más bien al contrario, ya que puede conducir a la libertad y a la apertura hacia el mundo.

Andersen, Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) El principio de la «justicia reparadora» es bueno y eficaz y debería fomentarse abiertamente. Hemos votado hoy a favor de un intercambio de experiencias en el ámbito intergubernamental. Rechazamos enérgicamente una armonización del derecho penal y el deseo de permitir a la UE formular sus propios planteamientos y políticas en materia de justicia reparadora. Hemos votado a favor de conservar el fundamento de la iniciativa belga relativa a la financiación por medio de contribuciones voluntarias de los Estados miembros y a la coordinación y, por tanto, hemos votado en contra de la enmienda del informe que pretende crear una secretaría controlada por la Comisión y financiada con cargo al presupuesto general de la UE.

Ducarme (ELDR)
 - (FR) El espacio europeo de justicia y de seguridad debe integrarse en el Tratado de la Unión Europea y comprometer con ello a los nuevos países candidatos. Es necesario intensificar la cooperación internacional en el campo de la justicia y de la lucha contra todas las formas de criminalidad, entre ellas el terrorismo. Los ciudadanos son libres dentro de la Unión, pero pueden ser igualmente víctimas de un delito en uno de los Estados miembros.
La iniciativa consistente en establecer una red de puntos de contacto destinados a crear un foro institucionalizado para el intercambio permanente de información y conocimientos teóricos y prácticos respecto de la justicia reparadora, forma parte de este movimiento.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe.
Comparto en gran medida la preocupación de la ponente ante la necesidad urgente de que los tribunales penales den una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas, que a menudo se ven relegadas a un nivel meramente instrumental frente a la dicotomía Estado/infractor, que se ha convertido en el aspecto central de los asuntos y procesos penales.
Considero que la aplicación de la justicia reparadora, con la debida atención a la adecuación y la proporcionalidad, puede ser una forma eficaz de hacer frente a esa situación y, en la medida que resulte aceptable, hacer responsables a los infractores de reparar o reducir los efectos prácticos del delito cometido.
La creación de una red europea de puntos de contacto nacionales, que contemple las diferentes soluciones de los Estados miembros en materia de justicia criminal interna, que han surgido de sus sistemas y tradiciones jurídicas, mejorará el intercambio de información y la adopción de buenas prácticas sin destruir la individualidad de los sistemas jurídicos nacionales ni crear estructuras artificiales que entren en conflicto con ellos.
Debo subrayar, sin embargo, que esta vasta iniciativa de todos los partidos en el campo de los procesos penales no tiene que descuidar, en ningún caso, el bien común, en sus vertientes de orden público y paz social, so pena de sacrificar el fin último de las normas del derecho penal.

Andersen, Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) Hemos votado a favor del informe para garantizar una solución al problema de los ciudadanos de Kaliningrado. El problema real, no obstante, es el cierre de las fronteras exteriores para la cooperación de Schengen. Kaliningrado es solamente un ejemplo concreto de las consecuencias que la Fortaleza Europa tiene para los ciudadanos pobres fuera de la UE. Con el establecimiento de la Fortaleza Europa estamos construyendo un nuevo Telón de Acero en Europa. El cierre de las fronteras entre Rusia y Polonia y Lituania es tan antinatural para los ciudadanos de esos países como lo fue el Muro de Berlín para los berlineses.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Aunque la eliminación -si bien parcial y limitada- de las fronteras entre los Estados miembros de la Unión Europea constituye un avance, las barreras legales y materiales que estamos tratando de reforzar por todos los medios alrededor de la Unión representan un paso retrógrado hacia la barbarie. En todo el frente oriental de la Europa ampliada, estas barreras están dividiendo a pueblos unidos por un pasado común y a veces están creando y agravando las divisiones dentro de la misma población.
Ello ha provocado consecuencias especialmente terribles en el caso de Kaliningrado, segregada del resto de Rusia. Hasta ahora no existía ninguna dificultad administrativa especial para viajar de Rusia a Kaliningrado o al revés. A partir de 2004, las autoridades europeas exigirán un visado para ese viaje.
Así pues, se nos está pidiendo que aprobemos un deterioro de las condiciones de movilidad para los habitantes de Kaliningrado o para quienes viajen allí. Un deterioro buscado e impuesto por las autoridades europeas, aun cuando nos lo estén presentando hoy como un simple ajuste técnico.

Stauner (PPE-DE)
- (DE) Al igual que en los últimos años, he votado en contra de la aprobación de la gestión de la Comisión en 2001. La Comisión Prodi ha vuelto a fallar una vez más en el cumplimiento de su obligación de gestionar el dinero de los contribuyentes europeos con prudencia y austeridad.
Por octava vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas europeo se ha negado a conceder a la Comisión la declaración de fiabilidad de sus cuentas.
Las notorias irregularidades contables en la Comisión, que salieron a la luz por primera vez en la primavera de 2002, fomentan el fraude y la negligencia.
Durante diez años, la Comisión no realizó ni una auditoría de caja.
Se han destapado en Eurostat, la Oficina Estadística Europea, irregularidades y conflictos de intereses al más alto nivel, sin que se haya emprendido ninguna acción relevante en respuesta a tales descubrimientos.
Una Unión Europea con este tipo de administración no puede hacer frente a las exigentes demandas que se derivan de la ampliación y del proceso continuado de integración.

Van Dam (EDD)
Señor Presidente, en la votación final nuestro Grupo ha votado en contra del informe Casaca. Lo hemos hecho con cierta renuencia, ya que el Sr. Casaca ha realizado un trabajo muy bueno: es de justicia reconocérselo. Compartimos el espíritu de la resolución, pero discrepamos con su conclusión final.
En este momento, la tendencia política es a posponer seis meses la aprobación de la gestión. Resulta más que justificado intensificar la presión tras cuatro años de trabajos laboriosos. No nos dejemos engañar esta vez por las promesas y aseveraciones de la Comisión; esperemos a ver su actuación y los resultados que obtiene; de lo contrario, el Parlamento estará fallando en su misión más importante: supervisar el trabajo de la Comisión.
Al conceder la aprobación de la gestión, la mayoría de este Parlamento ha dejado escapar la oportunidad y, por desgracia, la Comisión ha vuelto a obtener permiso para enredar durante los próximos dos años. Queremos distanciarnos de esta postura irresponsable y permisiva.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, anoche, la noche del 7 de abril de 2003, mientras paseaba por los alrededores del hotel en las inmediaciones de la estación de Estrasburgo, tuve un encuentro extraño. Me topé con el Sr. Fatuzzo tal como era el 1 de junio de 1990. No llevaba todavía mucho tiempo como diputado del parlamento regional de la región de Lombardía. Me paró y me dijo: «Escucha, Carlo, tú que eres ahora diputado del Parlamento Europeo, pide al Parlamento -cuando se debata el informe Avilés Perea relativo al Comité de las Regiones, entre otras cosas- que conceda mayor importancia a las regiones, que les otorgue poder legislativo, aunque solo sea un poder legislativo parcial, y que permita a los representantes electos de las regiones de toda Europa poder sentarse también en el Parlamento Europeo».

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, después de dar mi paseo antes de acostarme por los alrededores del hotel, del que ya le he hablado, me fui a la cama y soñé con el informe Staes. El Sr. Staes entraba corriendo en el Parlamento Europeo de Bruselas -eran las 21.55 horas de la noche de un lunes-, se apresuraba a subir las escaleras para llegar a tiempo de firmar en el registro de asistencia, a fin de demostrar que había llegado a Bruselas antes de las 22.00 horas. Sin embargo, siento decir que no llegó a tiempo, en el sueño, y me dijo: «Señor Fatuzzo, vote por favor en contra de mi apartado 104 de la página 28, en el que se expresa mi preocupación por la ampliación del horario de apertura del registro central de firmas de 7.00 a 22.00 horas. De hecho, creo que sería mejor para los diputados llegar con tiempo y no tener que correr, como he tenido que hacer en este sueño».

McAvan (PSE).
Señor Presidente, apoyo decididamente el informe del Sr. Staes. Quizá hayamos abordado, por primera vez en nuestro procedimiento de aprobación de la gestión, aquellos temas que constituyen materia de notable preocupación para el público en cuanto al presupuesto del Parlamento Europeo, concretamente los costes excesivos que originan tener más de una sede y los costes potenciales que entraña la ampliación de los edificios en Estrasburgo para dar cabida a un mayor número de diputados. También hemos afrontado las cuestiones planteadas por los gastos de los diputados y el pago de las pensiones. Son temas de enorme importancia y lamento que el informe del Sr. Staes no haya recibido el respaldo de una mayoría más amplia en esta Cámara.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
Apoyamos plenamente los puntos 46-53 del informe, destinados todos ellos a señalar los elevados costes que supone el circo ambulante del Parlamento Europeo cuando debe desplazarse entre Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Tal y como indica el ponente, el desplazamiento del Parlamento entre Bruselas y Estrasburgo conlleva costes adicionales para los contribuyentes que ascienden a unos 169 millones de euros anuales. Y lo que es más: este desplazamiento disminuye de forma considerable la eficacia de la labor del Parlamento. La solución está en concentrar las actividades del Parlamento en un solo lugar de trabajo. Si esto ha de ser posible, los Estados miembros deben atender a razones y modificar el Tratado para que el propio Parlamento pueda determinar el lugar donde se reúne. La Convención Europea puede hacer una importante contribución impulsando el debate sobre la sede del Parlamento para que realmente pueda tener lugar dicho cambio.

Meijer (GUE/NGL)
He tenido que dedicar todo el tiempo de mi intervención sobre el procedimiento de aprobación de la gestión al informe Casaca referente a las cuentas anuales de la Comisión Europea para 2001. Esto era inevitable teniendo en cuenta los ataques del Sr. Kuhne y la Sra. Avilés Perea contra funcionarios, periódicos y diputados al Parlamento Europeo que se han mostrado críticos, que piensan que la administración financiera sigue siendo susceptible al fraude. En consecuencia, no tuve la oportunidad de expresar mi aprobación del informe Staes concerniente a la gestión de la sección I, del propio Parlamento. Señala, con toda razón, los gastos anuales de 169 millones de euros que se derivan de tener complejos de edificios en tres ciudades, 40 millones de euros de los cuales se destinan a personal suplementario. También llama la atención sobre los costes adicionales de 3,9 millones de euros que suponen los viajes de una ciudad a otra entre Bruselas y Estrasburgo y la pérdida de 25 855 jornadas de trabajo al año. Es necesario, por tanto, concentrar las actividades del Parlamento en una sola ciudad y permitir que sea el propio Parlamento el que decida en qué ciudad lo hará. Esto es mejor que establecer una división del trabajo entre Estrasburgo y Bruselas, como se indica en el Tratado de 1997 o en la futura constitución de un superestado que difícilmente se podrá modificar. Incluso es totalmente acertada la crítica del ponente sobre la constante necesidad de negociar con especuladores de suelo cuando hay que ampliar los edificios de Bruselas. Votaré a favor de esta aprobación de la gestión.

Poos (PSE)
. (FR) He votado en contra de la propuesta de resolución Staes concerniente a la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo. Este voto no expresa ningún tipo de reservas con respecto a la gestión del presupuesto de 2001 del Parlamento Europeo. Por el contrario, expresa mi oposición a los intentos del ponente, con el apoyo de 13 miembros de su comisión, de asumir poderes que entran dentro de la competencia de los Estados miembros, como la decisión sobre la sede de las instituciones, o de órganos distintos del Parlamento (política de propiedad, etc.). Con el pretexto del rigor presupuestario, se pide a los diputados que voten una serie heterogénea de propuestas cuyo único objetivo es desacreditar a nuestros colegas diputados elegidos por la Asamblea para gestionar el presupuesto del Parlamento. Esta propuesta de desconfianza implícita merece ser rechazada.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Blak trata, entre otras cosas, de las condiciones de vida y de trabajo en Europa. Tengo que decir que, hace un momento, cuando pasaba por delante del hemiciclo, coincidí con un numeroso grupo de pensionistas y personas mayores que estaban realizando una visita al Parlamento Europeo. Uno de ellos me reconoció y me dijo: «Señor Fatuzzo, ¡por fin lo conozco! Sé que a menudo apoya los intereses de los pensionistas y las personas mayores en sus discursos, y de verdad tengo que decirle que estoy contento con la vida que llevo. Disfruto de un excelente nivel de vida porque viajo, visito lugares. Me gustaría que se hicieran esfuerzos -debe usted reclamarlo cuando vote el informe Blak- por asegurar que todos, jóvenes y ancianos también, tengan una vida tan cómoda como la nuestra, que nos permite venir y visitar Estrasburgo».

Fatuzzo (PPE-DE).
Tras mi estancia en Nápoles, señor Presidente, me dirigí a Trieste, donde tomé un tren para ir a otra ciudad italiana. Me despidió el representante de la división de Trieste del Partido de los Pensionistas, el Sr. Luigi Ferone, que me dijo: «Señor Fatuzzo, sé que tendrá que votar también sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Pues bien, podría, por favor, decirle al Parlamento Europeo que Europa debe ser una Europa de acero, porque en este caso de la guerra en el Iraq me ha parecido que era una Europa de mantequilla. Queremos una Europa fuerte, una Europa tan fuerte como el acero. ¡Eso es lo que debe decir!». Y eso es lo que estoy diciendo.

El Presidente
. Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas).

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0085/2003) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que incluye una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la reforma de las Convenciones en materia de estupefacientes [2003/2015(INI)].

Buitenweg (Verts/ALE)
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a mis colegas diputados que hayan hecho posible este informe, ya que no se había pedido la opinión del Parlamento. Afortunadamente, sin embargo, el Parlamento no vio ninguna razón por la cual, como foro político europeo, no debiera expresarla. Siguiendo una iniciativa del Sr. Cappato, que contó con el apoyo de 108 diputados, el Parlamento optó por dar a conocer a los Estados miembros y los representantes de la Unión Europea su opinión con respecto a los esfuerzos que deberían realizarse de cara a la Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas que tendrá lugar la próxima semana en Viena.
Se trata de una conferencia importante. En ella se debatirán las estrategias para combatir enérgicamente todo tipo de drogadicción y los progresos logrados en este terreno. Resulta realmente extraño, por tanto, que los esfuerzos de los Gobiernos no hayan sido objeto de intenso debate en los parlamentos nacionales. Después de todo, hay quien discute el enfoque de tolerancia cero que se desprende de las tres convenciones de las Naciones Unidas. Las convenciones datan de 1961, 1971 y 1988. En 2003, sin embargo, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías revela ahora que prácticamente todos los Estados miembros de la UE han desarrollado estrategias alternativas. No abogan por la prohibición pura y dura, sino que están intentando evitar el mal causado por el abuso de drogas empleando métodos inteligentes. Opino que este es el quid de la cuestión.
Distintas drogas tienen diferentes grupos de consumidores. Un adicto a la heroína, por ejemplo, busca a menudo perder la conciencia, siendo incapaz de hacer frente a la vida. El que se fuma un porro, por otro lado, no suele ser un forajido. Puede que usted o yo nos tomemos un vaso de vino para la cena esta noche, mientras que muchos jóvenes toman el segundo estimulante más consumido en Europa: el cannabis. Los consumidores de éxtasis constituyen un grupo totalmente diferente. Esa pequeña pastilla forma parte de una determinada cultura juvenil, cuyo lema es que está muy bien desmelenarse durante el fin de semana, siempre que pueda uno volver a levantarse temprano el lunes.
Por tanto, mi conclusión es que juntar todas las drogas y a todos consumidores en un mismo grupo no nos dará la solución. Además, estoy convencida de que una prohibición más estricta aumentará en realidad la influencia del crimen organizado. Por ejemplo, es cierto que los Países Bajos es un exportador de éxtasis, pero solo desde que el Gobierno neerlandés comenzara a tomar medidas enérgicas en contra, y, debido a ello, cayó en manos de los delincuentes habituales de la «mafia de las anfetaminas». Los Países Bajos eran un mercado demasiado pequeño para su gusto, así que se dedicaron a exportarla.
Soy consciente de que no todos los diputados suscribirán mi análisis. La forma de tratar el problema de la drogadicción y el modo de luchar contra el crimen organizado son temas de debate político. Este debate, no obstante, no debería basarse meramente en la ideología y en quimeras, sino en realidades: cómo tratar la realidad; las diversas realidades. Como ponente, he optado por redactar una recomendación que ayudará a ese debate político, en concreto, a seguir su cauce. No ha sido mi intención presentar una postura sobre el mejor método de combatir el abuso de drogas. En lugar de ello, he optado -con el apoyo de una mayoría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- por defender una evaluación cuidadosa de la eficacia de las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes.
Quiero decir a quienes se oponen a mi informe, y concretamente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que pedir una evaluación no implica automáticamente una modificación de las Convenciones de la ONU. Debemos, no obstante, estar dispuestos a examinar a fondo dichas Convenciones. Aquellos que están convencidos de que un enfoque represivo tiene realmente un efecto fulminante tampoco tienen nada que temer, ya que sin duda piensan que el resultado de esta evaluación será la tolerancia cero y que será también la recomendación que se haga. No creo que esa sea la solución, pero una evaluación, en cualquier caso, arrojará algo de claridad en este asunto.
En los debates se me ha acusado de extremismo, y acepto plenamente esta descripción cuando se refiere a mis propias ideas sobre el modo de abordar la drogadicción. Después de todo, estamos hablando de un debate sobre un tema importante, y ustedes pueden pensar lo que quieran de mis opiniones. Sin embargo, no acepto esa etiqueta con respecto a este informe; ya que la esencia del mismo es una recomendación racional, una evaluación. Es una evaluación seguida de una conferencia de las Naciones Unidas en 2004 para tratar las conclusiones resultantes de aquella. Por tanto, se trata de una recomendación limitada y espero que puedan ustedes ver la forma de apoyarla.
El último aspecto que deseo destacar se refiere a la clasificación de las drogas. La evaluación por supuesto será importante a largo plazo, y a corto plazo es importante que lleguemos a un acuerdo sobre la reclasificación de las drogas. Después de todo, el cannabis y la heroína se encuentran actualmente en la misma categoría y de verdad pienso que podemos estar de acuerdo en que el consumo de heroína es más perjudicial que fumar un porro. Propongo por tanto reiterar, como Parlamento, lo que decidimos hace dos meses en el informe Malliori sobre la prevención y reducción de riesgos asociados a la drogodependencia, y solicitar que dichos estupefacientes se clasifiquen de acuerdo con pruebas científicas de riesgo para la salud humana.

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, señora Buitenweg, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción el constante interés demostrado por el Parlamento Europeo en relación con el tema de los estupefacientes y felicita a la Sra. Buitenweg por su informe, que intenta adoptar un enfoque pragmático de las cuestiones suscitadas por las convenciones de las Naciones Unidas.
Al igual que ocurriera en la reunión de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a los estupefacientes en junio de 1998, el Parlamento y la Comisión formarán parte de la delegación de la Comunidad para ir a Viena en abril. La Comisión está encantada con la presencia de cuatro representantes del Parlamento Europeo en la reunión de la Comisión de Estupefacientes, así como en el segmento ministerial. Como ya sabrán, el Parlamento, junto con la Comisión, formarán la delegación de la Comunidad, que tiene categoría de observadora en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
Todos saben que la Comunidad no es parte en las Convenciones de 1961 y 1971 y solo es parte de la Convención de 1988, aunque, en este caso, con su mandato restringido a la cuestión de los precursores químicos. Por mi parte, quiero reiterar a la Cámara que no solo la Comisión, sino el conjunto de la Unión defiende la importancia de evaluar las estrategias que se han seguido en materia de estupefacientes. El pasado noviembre la Comisión llevó a cabo una evaluación intermedia del plan de acción en materia de lucha contra la droga 2000-2004 de la Unión Europea, cuyos resultados tenemos la intención de presentar en la reunión de Viena. Estamos, por tanto, encantados de que las Naciones Unidas hayan comenzado un proceso de evaluación similar y esperamos que las conclusiones de la evaluación del plan de acción de la Unión Europea y las propias conclusiones de las Naciones Unidas se puedan reforzar mutuamente y aportar una mayor transparencia en la clarificación de las cuestiones que están en juego en la aplicación de las convenciones.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cualquiera que lea por encima el informe de la Sra. Buitenweg y escuche su exposición podría pensar que estas propuestas suyas son, en realidad, muy sencillas y perfectamente aceptables. Se trata de un trabajo muy inteligente. Permítanme, sin embargo, aconsejarles encarecidamente que no lo apoyen. Basta con leer la última parte de este informe, en el que la Sra. Buitenweg afirma bastante abiertamente en su exposición de motivos que el cannabis se debería eliminar lisa y llanamente de la lista de sustancias controladas internacionalmente. En otras palabras, está pidiendo desde el principio una modificación de la Convención Única de 1961 y la eliminación del cannabis de la lista de productos prohibidos.
La razón por la cual les aconsejo enérgicamente que no apoyen las propuestas de la Sra. Buitenweg es que el voto a favor de este informe es un voto a favor del libre acceso a las drogas y en contra de la salud y el futuro de nuestros jóvenes y nuestra sociedad. Si dan su apoyo a la Sra. Buitenweg, ayudarán a los traficantes a extender a Europa su gigantesco marco de operaciones y perjudicará el programa establecido por las Naciones Unidas con vistas a ayudar a los agricultores a adoptar cultivos alternativos y sacar beneficios de ellos, ya que estarán abriendo las puertas a un nuevo mercado para las drogas en Europa. Y, en última instancia, estarán garantizando la proliferación de las drogas en lugar de entablar una guerra total contra ellas, que es lo que debería ser nuestro objetivo.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y lo declaro aquí como su portavoz, estamos totalmente en contra del libre acceso del cannabis. Apoyamos el mantenimiento de la Convención Única de las Naciones Unidas. Lo que defendemos es la plena aplicación de esta Convención, no su modificación. Estamos a favor de la plena entrada en vigor del programa elaborado por la Unión Europea, que incluye simultáneamente medidas de prevención, supresión y reintegración.
¿Por qué estamos a favor de este enfoque y por qué nos oponemos al libre acceso a los estupefacientes? Es muy sencillo: vean, si quieren, la terrible situación que impera en la Unión Europea, donde un tercio de los jóvenes ya han probado el cannabis. Casi el 8% de los jóvenes entre 15 y 19 fuman maría cada día y el 75% de la gente joven piensa que el cannabis es inofensivo, aun cuando varios estudios realizados por la profesión médica indican concluyentemente que el consumo de cannabis supone riesgos físicos y, en especial, psicológicos, y que produce adicción. En resumen, no hay absolutamente ninguna razón para liberalizar la venta y el consumo de ningún estupefaciente, incluido el cannabis, ni para suprimir el cannabis de la lista de sustancias prohibidas. Al contrario, cualquiera que sepa el daño que las drogas pueden infligir en los jóvenes estará de acuerdo en que la tolerancia cero de estupefacientes es la única respuesta.
Esto es lo que exigimos como alternativa a las propuestas incluidas en este informe y esperamos que una mayoría de la Cámara nos apoye en la votación de mañana, porque deseamos proteger a nuestros jóvenes y, por su bien, nos oponemos totalmente a cualquier modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes. Por este motivo esperamos que el sentido común prevalezca en el Parlamento Europeo y que podamos llevar este punto de vista mayoritario del sentido común a la conferencia de Viena a fin de apoyar a las Naciones Unidas en sus esfuerzos por combatir los estupefacientes, así como dejar claro a la ONU que apoyamos el mantenimiento de la Convención Única y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para rechazar toda liberalización y legalización de estupefacientes.
Resumiendo, a menos que se incluyan modificaciones radicales en el informe Buitenweg, está claro que no podremos dar nuestra aprobación.
Hazan (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo decir que me que quedado estupefacta por lo que acabo de oír decir al Sr. Pirker, y voy a explicar el motivo. En lo que a mí respecta, deseo en primer lugar felicitar a nuestra ponente, la Sra. Buitenweg, por su informe, que contrariamente a lo que se acaba de decir está muy bien equilibrado. He sido testigo del hecho de que esto no fue fácil, teniendo en cuenta los debates especialmente acalorados que suscitó este asunto cuando se trató en nuestra comisión.
Como ha señalado la Sra. Buitenweg, es realmente necesario hacer un balance de la eficacia de las convenciones existentes así como de la conveniencia de reclasificar los estupefacientes. A modo de ejemplo, me gustaría señalar que el artículo 3 de la Convención Única clasifica más de 100 sustancias en cuatro tablas, la primera de las cuales reúne el opio, la heroína, la cocaína, el cannabis y la metadona en la misma categoría. ¿Es esto realmente lógico? Esto se lo pregunto al Sr. Pirker.
Es necesario decir también que el informe Buitenweg no pretende en modo alguno zanjar la cuestión de la despenalización de las drogas, ni siquiera de las drogas blandas, sino que aborda única y exclusivamente dos cuestiones: la eficacia y la relevancia del sistema actual y la necesidad de reclasificar las sustancias. No obstante, la reclasificación de las sustancias no significa en absoluto proponer la venta sin receta de cannabis o su futura legalización. Desafío al Sr. Pirker a que demuestre a la Cámara que esta es una de las propuestas del informe de la Sra. Buitenweg.
Me gustaría señalar igualmente que, hace dos meses, esta misma institución adoptó el informe Malliori, que establece específicamente que los estupefacientes deberían clasificarse sobre una base científica, en función de sus riesgos para la salud. La Sra. Buitenweg, además, ha hecho referencia expresa a este documento y hoy desde aquí le brindo mi pleno apoyo. ¿Vamos a seguir remitiéndonos a convenciones que, en cuanto a la primera, se remonta a 1961, y la más reciente a 1988? Creemos que ha llegado el momento de evaluar estos instrumentos.
Insisto en que el informe está bien equilibrado, que hace una amplia y rigurosa referencia a los riesgos que se derivan de la drogadicción y que de ningún modo fomenta el consumo de estupefacientes. En este punto, vuelvo a desafiar al Sr. Pirker y algunos de sus colegas diputados del Grupo del PPE-DE a que encuentren algún párrafo que contenga el más mínimo estímulo para los toxicómanos. Bajo ningún concepto este informe pretende restar importancia a los riesgos relacionados con las drogas y al daño que provocan y, en mi opinión, no existen motivos para alterar el equilibrio del informe de la Sra. Buitenweg, que resultó difícil de conseguir pero se hizo con acierto.
Por tanto, espero que podamos obtener el apoyo más amplio posible, a fin de realizar progresos en nuestro deseo común de subsanar los daños causados por la drogodependencia.

Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar felicitando a la Sra. Buitenweg y citando las palabras del Comisario Vitorino. Ha dicho que el informe de la Sra. Buitenweg adopta un enfoque pragmático y yo comparto totalmente este punto de vista. He estado ausente de este parlamento durante unos tres años y estoy totalmente sorprendida ante los debates acalorados y tempestuosos que ha habido en relación con este informe, incluso dentro de mi propio Grupo, debo decir sinceramente. Después de todo, solo estamos hablando de una evaluación y una reevaluación de los acuerdos adoptados en el pasado. No me puedo imaginar, por tanto, por qué no deberíamos estar a favor de ello. Se trata de personas que consideran perfectamente normal mandar su coche a revisión después de una serie de años y no pueden entender por qué se debería llevar a cabo una evaluación después de un período de treinta años y sacar conclusiones de la misma.
¿De qué trata todo esto en realidad, señor Presidente? Se trata de que todos queremos frenar la producción, el tráfico y el abuso de drogas, en especial el abuso de drogas extremadamente perjudiciales. Ninguno que vote a favor del informe de la Sra. Buitenweg pretende proponer a los niños ningún tipo de drogodependencia. La única pregunta a que debemos responder entre todos es: ¿cuál es el mejor método? Yo no puedo hacerlo. Si pudiese -de improviso, en todo caso- como puede el Sr. Pirker, resultaría muy cómodo, y probablemente yo sería muy rica, ya que habría encontrado una solución a un problema mundial. Debo admitir, honestamente, que no puedo. Creo, sin embargo, que aquellos que pueden, los que tienen la posibilidad de llevar a cabo una evaluación basándose en datos mundiales, deberían tener la libertad de hacerlo.
A este respecto también deseo defender una vez más las estadísticas uniformes. Todo aquel que se sumerja de lleno en este problema no puede escapar a la conclusión de que existen muy pocas estadísticas que sean comparables. Soy de la opinión de que uno solamente debería aventurarse a proponer cambios de política sobre la base de datos claros y correctos.
Puede que una evaluación de la política actual implique confirmar esta política, simplemente por falta de una solución mejor. No estoy defendiendo esto, ni espero hacerlo, pero es un resultado posible de este informe. No entiendo, entonces, el motivo de tantas enmiendas destinadas a evitar que se presente la evaluación. Por tanto, ruego a los diputados que piden a otros que voten en contra del informe Buitenweg, o en cualquier caso las partes del mismo que se refieren a la evaluación, que vuelvan a pensar bien cuál es, en realidad, la mejor forma de resolver en común el grave problema de las drogas. Esconder la cabeza como el avestruz y pretender que el problema no existe no es el buen camino. Atreverse a llevar a cabo una evaluación en común, basada en datos correctos, ese es, en mi opinión, el buen camino.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el consumo y el tráfico de drogas se encuentran entre las plagas más terribles de nuestros tiempos. Hay poca gente, si es que la hay, en Europa que no conozca a alguien -un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, alguien cercano, un conocido- que haya sufrido la experiencia de consumir drogas y ser drogodependiente, con los efectos que ello conlleva en términos de disfunciones sociales y personales, degradación humana, deterioro de la salud, pobreza y, con demasiada frecuencia, delincuencia y muerte.
Este es el motivo por el que la lucha antidroga sigue siendo una piedra de toque de la política pública de hoy en día; para cualquier Gobierno, para cualquier Estado responsable, no es el momento ahora de bajar la guardia en esta lucha. Las tres Convenciones de las Naciones Unidas que constituyen el telón de fondo de la resolución que estamos debatiendo hoy y sobre la que votaremos mañana ocupan un lugar central. Representan el punto culminante de una postura que nadie puede negar: la estrategia antidroga solo obtendrá algún día el éxito al 100% si se lleva a cabo de una forma organizada, a escala realmente mundial.
El plan de acción de 1998 de la Asamblea de las Naciones Unidas representa otro paso en esta dirección, y ahora hemos llegado a la mitad del período de evaluación de diez años definido en aquel entonces. Pues bien, el problema sigue siendo tan grave a escala internacional que no es el momento de debilitar esta posición ni la de cualquiera de sus instrumentos. En los últimos años se ha puesto de moda en algunos círculos afirmar que las políticas de prohibición, juntadas bajo el término de «prohibición», han sufrido continuos fracasos y que las propias autoridades reconocen estos fracasos. ¡Esto no es cierto! Sobre todo, tampoco es correcto el impulso a favor de la liberalización que se está intentando extraer de esto.
En primer lugar, encontrar aspectos o niveles de relativa falta de éxito no eclipsa los éxitos logrados ni la importancia crucial del marco de prohibición internacional que se ha adoptado como red de seguridad mundial; segundo, encontrar aspectos de falta de éxito porque queremos mejorar los niveles de eficacia no es lo mismo que hacer públicos los fracasos para inspirar y alimentar una rendición ante esta amenaza mundial; y en tercer lugar, detectar cualquier fracaso, por tanto, solo es útil si va acompañado de un diagnóstico serio de las causas, a fin de reforzar la resolución todavía más en la siguiente fase.
No es difícil reconocer, por tanto, que la principal razón por la que no podemos aún declarar un índice de éxito del 100% en materia de lucha antidroga, siguiendo las líneas que establecen estas tres convenciones, es que esta lucha no se está llevando a cabo en realidad en un marco verdaderamente internacional. Sigue habiendo países que abierta o sutilmente operan fuera de las normas. Hay muchos que dedican más esfuerzo a descubrir las deficiencias y omisiones en el marco de las convenciones o a crear nuevas que a intentar aplicarlas adecuadamente. Este informe, o más bien la exposición de motivos, es un buen ejemplo de esto. Existen todavía países, incluso en la Unión Europea, como los Países Bajos, por ejemplo, que ensayan políticas en una dirección distinta, y uno podría incluso preguntarse si esto pone en duda el marco de seguridad común del espacio de Schengen. Sigue habiendo territorios que escapan al control de las autoridades estatales, y donde las bandas de delincuentes desafían abiertamente a la autoridad internacional. Sigue habiendo otros territorios y terrenos de actividad de muy diversos tipos en los que muchos países adoptan una postura débil, esto si no hacen la vista gorda deliberadamente a los tejemanejes ilícitos. Estos son los puntos débiles en que debemos centrar nuestra atención en el período previo a la reunión de Viena los días 16 y 17 de abril. Como Parlamento responsable e informado, no debemos enviar a los representantes de la Unión en esta reunión ni un solo signo equivocado, ni un solo signo de debilidad, ni un solo signo de rendición.
Esta resolución ha empezado con mal pie. Ha comenzado con una iniciativa que desafía abiertamente en su totalidad las convenciones de las Naciones Unidas y su marco, aunque luego trate de circunscribir sus objetivos. Acto seguido, la Sra. Buitenweg ha intentado por todos los medios restringir su contenido, pero no ha eliminado el rumbo equivocado tomado inicialmente por la iniciativa ni sus riesgos. Después, durante los debates en comisión, se han realizado esfuerzos por reconciliar distintos puntos de vista y limitar los desacuerdos pero, a pesar de estos esfuerzos, el asunto es tan delicado que, como representante del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, he decidido proponer una resolución alternativa que pueda darnos seguridad política absoluta. Solicito el apoyo de la Cámara a esta propuesta. Toda ambigüedad en este campo llevará al desastre.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, tengo una diferencia de opinión política fundamental con la ponente, la Sra. Buitenweg. En la medida en que el Comisario Vitorino está de acuerdo con el enfoque de la Sra. Buitenweg, también tengo una diferencia de opinión fundamental con él.
La Conferencia Ministerial de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes se aproxima rápidamente; o más bien, empieza hoy mismo y continuará hasta el 17 de abril. He seguido con creciente perplejidad las actividades de los antiprohibicionistas durante los últimos meses. En realidad, es muy inteligente la forma en que se las arreglan para aparecer en todos los lugares importantes. Su presentación de la actitud librepensadora ante las drogas casi le hace dudar a uno. «Es bueno dar prioridad a la salud de los adictos». «Es una pena que las drogas duras tengan que comprarse en el circuito ilegal». «Es su elección si consumen drogas en la cárcel». Casi podría creérmelo.
Afortunadamente, muchos no lo hacen, a pesar de la constante presión. El grupo de presión antiprohibicionista tiene que sufrir algunos fuertes reveses. ¿Quién no conoce el escándalo en torno a Mike Trace? Tuvo que despedirse de sus cargos en las Naciones Unidas y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías cuando se conocieron sus intenciones librepensadoras. La conferencia sobre estupefacientes organizada por la Presidencia griega se convirtió en un fiasco para los antiprohibicionistas. Los Estados miembros se negaron a adoptar una declaración que promoviera, entre otras cosas, una modificación de las convenciones de las Naciones Unidas. Ahora el asunto ha llegado, de forma espontánea, a las puertas del Parlamento.
El espíritu del informe Buitenweg es claro. Aunque no se declara en términos concretos, se insinúa que resulta inevitable una modificación de las convenciones de las Naciones Unidas en vista del fracaso de la política llevada a cabo hasta ahora. Se supone que la política librepensadora conseguirá logros innegables. A mi entender, se trata de una conclusión equivocada. Como ciudadano de los Países Bajos, estoy familiarizado con los pros y los contras de nuestra política. Ofrecemos una buena asistencia a los adictos y hemos desarrollado numerosas iniciativas positivas con respecto a la demanda, pero ahí termina todo. La reducción de daños por sí sola no es una solución. Implica aceptar la drogodependencia como un fenómeno social y ser mero testigo mientras otros seres humanos se destruyen. Es cierto que les estamos ayudando al ofrecerles jeringuillas limpias y salas adecuadas para los consumidores, pero la destrucción prosigue. Eliminar el hábito, si es preciso por medio de una fuerte presión, sigue siendo la mejor forma de proteger la salud de los toxicómanos. Es el mismo enfoque que con la adicción al tabaco.
¿Se ha reducido en los Países Bajos, gracias a nuestra política, el número de toxicómanos en comparación con otros países? La respuesta es «no»; tiene por lo menos el mismo número. La reducción de daños tiene su importancia al tratar el problema de las drogas, pero, al contrario de lo que sugiere el informe, nunca es una alternativa a la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. Además, no debería servir, por supuesto, de argumento encubierto para votar a favor de la modificación de las convenciones de las Naciones Unidas, ya que las enmiendas que desean los antiprohibicionistas van mucho más lejos. La vieja historia de la reducción de daños es solo la piedrecilla que inicia el corrimiento de tierras. Su objetivo es acabar con las actuales Convenciones de las Naciones Unidas y legalizar las drogas. Mientras tanto, la destrucción de vidas continúa. Como demuestran las 14 enmiendas que he presentado, no apoyo en modo o forma alguna este informe ambiguo. A mi entender, rechazarlo y olvidarlo rápidamente es la mejor opción.

Cappato (NI).
Señor Presidente, señor Comisario, hay algunos diputados que han decidido hablar no del informe Buitenweg, sino de los motivos o de la recomendación en los que se basa. Estos diputados pretenden dividir la Cámara entre los que están en contra de las drogas, es decir, ellos, los que están a favor de nuestros hijos y jóvenes, es decir, ellos, y los que están a favor de las drogas y tienen manía a todos nuestros hijos.
En primer lugar, hay que decir que en la actualidad las drogas son sus drogas; son libres: libres de ser controladas por la mafia y el crimen organizado, libres de matar por sobredosis, libres de matar con sida, libres de matar en las calles y plazas de nuestras ciudades. En todo caso, nosotros los antiprohibicionistas estamos en contra de sus drogas libres y criminales; estamos a favor del control, estamos a favor de la ley y del cumplimiento de la ley. Estamos a favor de tratar a los toxicómanos, ya tomen drogas legales o ilegales, como consumidores, en algunos casos como enfermos, pero no como delincuentes. No entendemos cómo se pueden aplicar sus medidas preventivas a personas que son tratadas como delincuentes.
Me complace poder decir que hoy se invita al Parlamento Europeo a debatir lo que entra dentro de sus atribuciones: no la cuestión de las drogas prohibidas, legales y libres, por tanto, sino la evaluación y posible reforma de las políticas actuales. Esto es lo que hay que debatir y lo que se están negando a hacer. En 1998, con sus Convenciones internacionales, las Naciones Unidas decidieron lanzar un plan decenal 1998-2008 para librar al mundo de las drogas. «Un mundo libre de drogas: nosotros podemos». Un gran lema. Se intentaron todo tipo de cosas, hasta acuerdos económicos con los talibanes: se ofrecieron fondos europeos al régimen talibán antes del 11 de septiembre para pagar la erradicación de las plantaciones de opio. Pagamos la fumigación de los valles andinos en América del Sur. Pagamos helicópteros y ejércitos. Pagamos la militarización de nuestra sociedad. Cinco años después, el resultado es un aumento del consumo de drogas y la producción y diversificación del mercado. Cada vez se producen más drogas más peligrosas con nuevas moléculas y nuevas sustancias.
Ahora, cinco años después, estamos debatiendo sobre la situación actual, no expresando puntos de vista ideológicos. Lo que estamos pidiendo, lo que está pidiendo el informe Buitenweg, es una evaluación de los resultados. Si los que están en el poder hubiesen aplicado nuestras políticas, creo que estaríamos dispuestos a aceptar ahora dicha evaluación. No entendemos por qué están en contra: cuando hay ideología, cuando el código moral individual de cualquiera de nosotros, y no considero el mío necesariamente peor que el suyo, se convierte en un código moral de Estado, estamos construyendo un Estado ético, y aplicar la prohibición a las drogas lleva a aplicarla a los debates y a la ciencia, con el resultado de que el cannabis y la hoja de coca reciben el mismo trato que la heroína. Me gustaría verles aceptar esta igualdad del cannabis y la heroína si fuese su hijo o su hija quien estuviera fumando cannabis o consumiendo heroína.
Podría continuar, pero se me ha terminado el tiempo. Espero que los diputados de todos los partidos políticos decidan aceptar, al menos, el reto de debatir y evaluar la situación en lugar de sermonear con puntos de vista ideológicos.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siento mucho contrariar al Sr. Cappato, pero yo también voy a adoptar una posición que no será de su agrado.
Este informe establece una postura básica. No se trata de una respuesta a la situación actual, como algunos pretenden hacernos creer. En realidad, durante muchos años, la ONU ha estado manteniendo una postura contra los productores y los traficantes de drogas, indicando claramente hasta qué punto son peligrosas las distintas sustancias y sosteniendo enérgicamente la necesidad de combatir el tráfico ilegal y la propagación de la delincuencia a todos los niveles.
Después de la Convención de las Naciones Unidas de 1961, hubo otras declaraciones: en 1971, 1988 y 1998. Ahora, de cara a la Conferencia Ministerial que se celebrará la próxima semana en Viena, se insta al Parlamento Europeo a que presente una propuesta, a fin de expresar su postura. No es una tarea fácil, teniendo en cuenta lo que acabamos de oír. Aunque parte de estas amplias premisas y parece estar bien equilibrado, el informe vuelve después más o menos directamente a las conclusiones de siempre, que suelen dividir al Parlamento y a la opinión pública también: que las drogas blandas, en concreto el cannabis, deben liberalizarse y legalizarse y que es preciso establecer una distinción entre drogas duras y blandas.
Algunos de los diputados han preguntado cómo podría interpretarse de ese modo el informe, pero los puntos están ahí si uno lo lee detenidamente. Además, se recomienda claramente el método de tratamiento con sustancias alternativas como el sistema más eficaz, la forma más directa de combatir la drogodependencia. También en este caso, nada más lejos de la realidad. Como sabemos, en muchos Estados miembros se pone en duda este método, porque no consigue la recuperación de los toxicómanos, sino que solamente dejan de ser un peligro para la sociedad. En otras palabras, lo importante es erradicar el problema, este tipo de método no pretende realmente conseguir la recuperación de los individuos en cuestión.
El informe también presenta deficiencias, ya que no combina las propuestas de medidas en la situación actual con iniciativas preventivas que permitan limitar el fenómeno en el futuro. En cualquier caso, el intento de liberalizar el cannabis como sustancia no peligrosa resulta inaceptable, ya que no hay pruebas científicas al respecto. Aunque puede ser cierto, y aquí estoy abriendo una ventana a los que mantienen un punto de vista distinto, que no todos los que empiezan fumando cannabis se pasan a las drogas duras, es ya un hecho probado que todos los que ahora son esclavos de la heroína empezaron fumando maría o hierba.
Estas diferencias de opinión ya aparecieron en el transcurso del debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y no es ninguna coincidencia que este informe se aprobara por 24 votos contra 20.
La documentación está clara en su mayor parte, por tanto, y confirma la dificultad que hay en este tema para proclamar verdades absolutas o proporcionar soluciones indiscutibles y concluyentes.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Buitenweg por el informe que ha elaborado.
Ha tenido que hacer frente a una tarea muy difícil; lograr un consenso sobre este tema resulta imposible. Sin embargo, creo que es posible alcanzar una buena mayoría. Dicha mayoría reflejará en gran medida las opiniones de los ciudadanos de toda la Unión Europea. Nadie osaría discutir el hecho de que necesitamos procurar reducir las consecuencias devastadoras que suponen el abuso de drogas para los toxicómanos, sus familias y la sociedad en general. No hay nada en el informe que contradiga esta opinión. Hemos escuchado algunas sorprendentes manifestaciones proferidas por los Sres. Pirker, Santini, Blokland y otros, lo que le hace que uno se pregunte qué interpretación han podido llegar a dar a las observaciones de este informe.
Señor Pirker, usted ha dicho hace unos instantes que si votara a favor de este informe, estaría en contra de la salud de nuestros jóvenes. Además ha manifestado que si votara en favor de este informe usted estaría ayudando a los narcotraficantes. Realmente, si usted ha extraído tal conclusión de este informe, le sugiero que vuelva a leerla. Es más, si usted desea que su grupo -el Grupo del PPE-DE- adopte esa postura, debo decirle que no solo constituye una simplificación de la situación, sino que es una manipulación, una burda distorsión de lo que se recoge en este informe.
Se ha hablado de la tolerancia cero. No existe absolutamente ninguna prueba de que la tolerancia cero constituya una política seria, eficaz o incluso práctica a la hora de abordar este tema. Solo tiene que echar una mirada a la historia, la Prohibición en los Estados Unidos, cuando se implantó la tolerancia cero respecto del alcohol: ¡vaya éxito más maravilloso representó con vistas a solventar todos los problemas que había en los Estados Unidos! No funcionará. No existe ninguna prueba que avale la tolerancia cero.
Estoy de acuerdo con la Sra. Boogerd-Quaak cuando afirma que nadie conoce la respuesta real. No existe una solución sencilla. Pero creo que a la hora de votar a favor de este informe, no estamos afirmando que haya que modificar las convenciones establecidas, sino que existe espacio para una evaluación en profundidad. Esta es la razón por la que voy a votar a favor: para ser realista, para aceptar la sociedad tal como es; para ser progresista en nuestro enfoque; y para tener amplitud de miras. Sí, señor Pirker, me estoy refiriendo al mismo informe que usted. Tenemos que tener amplitud de miras en este Parlamento.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, en la gran mayoría de los casos estoy dispuesto a apoyar un compromiso por el bien común de la UE así como a escuchar y formarme impresiones, pero definitivamente hoy no es este el caso. Señorías, deben saber que hay dos políticas claras en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Existe un límite para el compromiso, límite que ha rebasado ampliamente la Sra. Buitenweg. No hay razones de ningún tipo para exigir modificaciones o una revisión de las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes. No son las convenciones las culpables. Es la reticencia por parte de los Estados miembros de atacar el creciente problema de las drogas.
A los colegas diputados, algunos incluso de mi propio Grupo, que afirman que soy inflexible y que no aprecio la importancia de los cambios, les diría que puede que sea inflexible, pero soy consciente también de lo que se esconde tras esta resolución. Esto, por supuesto, tiene que ver absolutamente con la política, Señor Evans. No es necesario ser un Einstein para darse cuenta. Una visita el otro día al distrito «caliente» en Amsterdam me convenció aún más, ya que es evidente, señor Evans, que aquellos que desean una revisión de las convenciones de las Naciones Unidas son los mismos que quieren legalizar y liberalizar la política de estupefacientes. La retórica del Sr. Cappato, por tanto, no suena convincente ni en lo más mínimo. Sabemos lo que persigue. Sabemos también lo que pretende la Sra. Buitenweg, concretamente legalizar tanto las drogas blandas como las duras.
No olviden que los que nos hallamos aquí, en esta Cámara, somos los representantes de millones de europeos. Más de un millón de personas han firmado lo que se denomina la Declaración de Viena, que rechaza todo desmantelamiento de las convenciones de la ONU. Señorías, las señales que debemos enviar a Viena y a todos los jóvenes de Europa, incluidos los que se encuentran hoy aquí sentados y aplauden, son: no, no queremos la legalización; no, no queremos la liberalización. No, no hemos abandonado la lucha por una Europa libre de drogas. Deberían ustedes rechazar la resolución.

Schröder, Ilka (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, dos importantes evaluaciones de las políticas gubernamentales en materia de estupefacientes conforman la base de mi crítica de este informe. Los intentos de los Gobiernos de suprimir el consumo de determinadas drogas son tan antiguos como su fracaso. Frente a esto, permítanme exponerles la idea liberal, que ciertamente no representa un ataque particularmente fuerte contra el poder del estado, de que hay cosas que sencillamente no conciernen al gobierno, como el sabor de la mermelada que nos gusta tomar, cuántas prendas de abrigo llevamos en invierno o qué sustancia narcótica deseamos fumar, esnifar, beber o inyectarnos.
Los esfuerzos de los Gobiernos por regular el consumo individual, en efecto, acarrean graves consecuencias, ya que es un hecho que los 2.000 heroinómanos que mueren de forma espantosa cada año solamente en Alemania no acaban destruidos por la droga en sí, sino por las condiciones en las que el Estado les empuja a consumirla.
El informe que se nos presenta hoy apenas toca este punto. Una política en materia de estupefacientes debe ser una política humanista, lo que significa, por ejemplo, que las drogas deberían evaluarse a la luz de los efectos reales que producen en el cuerpo humano; es decir, el efecto debería prevalecer sobre la legalidad. En la práctica, sin embargo, las políticas gubernamentales en materia de estupefacientes no tienen nada que ver con el humanismo y sí mucho con la creación de una nación gobernada y con la productividad de la población nacional.
Cualquier humanista -y permítanme decir a mis colegas diputados radicales y menos radicales que no tengo en absoluto intención en este caso de lanzar ninguna crítica marxista del papel del Estado- estará de acuerdo en que resulta esencial rechazar cualquier tipo de política oficial en materia de estupefacientes.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en la Europa de nuestros días, en el mundo en que vivimos, las drogas se asocian a menudo con la delincuencia, el sida, la marginación y el desempleo. Las drogas son, de hecho, un problema que pone en peligro la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y, por este motivo, el Parlamento Europeo ha asumido el compromiso de hallar una solución eficaz al problema de la droga, un problema común a todos los países y a todos los grupos sociales.
Ya se han mencionado aquí las tres convenciones que regulan el tema de los estupefacientes: la de 1961 sobre estupefacientes, la de 1971 sobre sustancias sicotrópicas y la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estas sustancias. Estas tres convenciones prohíben la producción, el tráfico, la venta y el consumo de un amplio abanico de sustancias con fines que no sean médicos o científicos. La propuesta de la ponente, la Sra. Buitenweg, consiste básicamente en modificar la Convención sobre Estupefacientes de 1961 mediante la reclasificación de las sustancias clasificadas. La intención de la ponente, cosa que no oculta, es modificar la lista de sustancias prohibidas para que el cannabis se pueda sacar de la lista, lo cual, les guste o no, llevaría a la legalización del comercio de esta droga.
Es loable que los Estados miembros que son los firmantes en estas convenciones se reúnan, como sucederá el 16 y 17 de abril, tal como el Comisario nos ha recordado, para evaluar el progreso alcanzado y las dificultades encontradas, así como para debatir si es necesario introducir modificaciones. En este proceso, siempre serán bienvenidas las nuevas estrategias en materia de lucha antidroga o el refuerzo de las ya existentes.
Sin embargo, cuando este informe propone una reclasificación de las sustancias, lo que pretende es presionar para conseguir la liberalización del consumo de determinadas drogas. Esto no lo puedo aceptar. No creo que apoyar un impulso a favor de la liberalización de las drogas pueda o deba ser la solución de una lucha eficaz contra el creciente problema de la droga. Considero inaceptable que alguien pueda desear sacar la conclusión de que la Unión Europea está de acuerdo con la liberalización de las drogas cuando esto es contrario a la estrategia que se ha seguido en prácticamente todos los Estados miembros. Tenemos que observar las convenciones existentes y reforzar los medios para el tratamiento y la rehabilitación de los toxicómanos; debemos observar el principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que existen distintas políticas antidroga en los diferentes Estados miembros.
Quiero terminar recordando que el mes pasado en esta Cámara aprobamos un informe del Sr. Pirker sobre el problema del crecimiento acelerado de la producción y el tráfico de drogas de síntesis, que aprobó extender la prohibición a sustancias que hasta el momento no están clasificadas. Nadie en la Europa en la que vivimos entendería que adoptáramos hoy una postura distinta.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el acaloramiento del debate demuestra sin duda que estamos poniendo el dedo en la llaga de un problema social real y quiero dar las gracias a la Sra. Buitenweg por haberlo abordado en este informe. Pero seamos claros: ¿acaso no reconocemos hoy el fracaso de esas tres convenciones internacionales, la primera de las cuales data de hace 40 años? ¿No afirmamos hoy que todo lo que hemos hecho en términos de prohibición no tiene sentido? La reunión internacional que tendrá lugar este abril decidirá iniciar una evaluación de estas convenciones. Esta podría ser una oportunidad para abrir un amplio debate sobre el tema. El informe que tenemos ante nosotros tiene un efecto notable. Demuestra, por una vez, que hemos alcanzado un estado de madurez y responsabilidad. Propone, con un razonamiento basado en el más puro sentido común, una evaluación imprescindible para acabar con el estado de delirio o, permítanme decirlo, el oscurantismo que inspira a determinados individuos a la hora de debatir el problema de la drogadicción.
Hablar de una evaluación y una revisión no es proselitismo. Debemos llegar a la conclusión de que las convenciones son represivas, cuando acabamos de votar a favor de un documento que nos reclama más prevención y medidas más pragmáticas. Está claro que el sistema de clasificación que regula actualmente los distintos estupefacientes está totalmente obsoleto. ¿De qué modo puede amenazarnos una reevaluación científica llevada a cabo sobre la base fundamental del criterio de peligro para la salud y la sociedad? ¿Están los detractores de esta medida, los defensores de la tolerancia cero, tan poco convencidos de sus argumentos que temen una simple evaluación?
Seamos claros: estamos ante un verdadero fracaso de todas las políticas que hemos desarrollado; deberíamos tomarnos tiempo para realizar estas evaluaciones; deberíamos poner punto final al estúpido oscurantismo que sitúa en el mismo nivel el cannabis y la heroína. Es hora de recordar que son los Estados miembros los que organizan, ratifican y redactan estas convenciones y que puede que ahora hayan decidido adoptar una postura política que sea ciertamente más lógica, coordinada y, por encima de todo, más responsable en esta materia.

Davies (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los Estados Unidos de América, el director de marionetas en esta convención. Dieciocho meses después de haber arrasado a bombazos el Afganistán, la cosecha de heroína en ese país es más abundante que nunca. ¡Vaya estrategia brillante deben de tener los norteamericanos!
No es fácil encontrar a alguien que considere un éxito las políticas actuales sobre drogas. Sería una manifestación ridícula, caso de que la exteriorizara. Así que bastaría con recurrir al sentido común para evaluar las políticas actuales, analizar su eficacia y contemplar opciones alternativas. Y el sentido común debe ser propio de la mayoría de las personas; pero me temo que no lo es entre los delegados de esta convención. Igualmente podrían estar todos a sueldo de los grandes capos de la droga, ya que el efecto de su afán por aplicar las políticas de prohibición simplemente servirá para llenar los bolsillos de esos mismos delincuentes, arrinconando planteamientos más inteligentes, susceptibles de reducir el daño real para el individuo y para el resto de la sociedad.
La verdad es que la prohibición no constituye la solución de los problemas, sino que es la causa principal de los mismos. La prohibición es la que genera los beneficios de los capos de la droga. La prohibición es la que mata a los consumidores al denegarles la información que precisan acerca de las drogas que se meten en el cuerpo. La prohibición es la que nutre el cáncer de la corrupción que inflige tanto daño a nuestra sociedad.
Mi opinión -y mi esperanza- es que la prohibición quede sustituida algún día por una normativa estatal; pero no estoy diciendo que esta sea una política que deba imponerse en todos los países. A mis colegas suecos y a los Estados Unidos les digo que deberían ser libres de desarrollar las políticas sobre drogas que consideren apropiadas para sus propios países, pero que los demás deberían ser libres de desarrollar sus propias estrategias para investigar soluciones más eficaces encaminadas a lidiar con este problema tan terriblemente complejo.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, algunos puntos de vista del informe Buitenweg y, en mayor medida, de la propuesta del Sr. Cappato podrían ser esgrimidos fácilmente por los traficantes de drogas, la industria farmacéutica que produce sucedáneos y aquellos que prefieren que los jóvenes se encuentren bajo la influencia de la cultura de la droga que luchando por sus derechos y manifestándose contra la invasión imperialista del Iraq.
Ni una sola referencia a las causas sociales de la drogadicción, a la prevención o a la rehabilitación. Se rechazan los estudios de la Naciones Unidas sobre las consecuencias negativas de la legislación y la prescripción de sustitutos y el informe incluso pone en duda su efecto perjudicial al proponer una clasificación, pero solicitando nuevos estudios de sus consecuencias. El Sr. Cappato llega hasta el punto de afirmar que no es en las drogas sino en la naturaleza ilícita de su consumo donde hay que buscar al culpable de la marginación de los toxicómanos. Aún más escandalosa es la acusación de que la prohibición es la culpable del aumento del consumo de drogas. De este modo, exonera a los traficantes y a la sociedad capitalista y condena a los jóvenes.
El Parlamento Europeo tiene la oportunidad de proteger a los jóvenes de los traficantes y sus amigos votando contra el informe o reformulándolo radicalmente.

Oostlander (PPE-DE).
Señor Presidente, en la Conferencia Ministerial que se celebrará la próxima semana, se debatirá la evaluación de los progresos realizados y las dificultades surgidas en la consecución de los objetivos establecidos en las Convenciones. Estos objetivos estaban relacionados con la reducción del uso, la venta, la producción, etc. de estupefacientes. Son objetivos muy acertados, como también lo es el que la Sra. Buitenweg haya elaborado un informe sobre ellos para dar a la delegación algunas recomendaciones sobre esta cuestión. Sus intenciones, no obstante, no se detienen aquí. Como verdadera política, su deseo también es proporcionar orientación. Su informe está formulado de forma muy inteligente, pero, en mi opinión, se basa en un punto de vista erróneo. Esta es la razón por la que soy un tanto crítico con él.
A mi parecer, la sección clave es el apartado 7. Cuando se trata de evaluaciones es necesario establecer unos criterios. Estos se describen a grandes rasgos en el apartado 7; muy a grandes rasgos, ya que, en mi opinión, merecen una descripción más detallada. Creo que la investigación científica en este campo es en cualquier caso muy difícil y que se debe preparar con sumo cuidado para que en ella se respeten en todo momento los criterios establecidos. Todos sabemos que hoy en día cualquier estudio científico puede verse socavado por otro. Hasta se pueden solicitar los servicios de las instituciones para que se encarguen de esta tarea. Por tanto, es necesario ser sumamente cuidadosos para que todo este proceso se lleve a cabo con la mayor corrección posible, y debemos prestar atención a la advertencia del Sr. Blokland sobre el personal encargado del mismo.
Siempre que esta cuestión se somete a debate afloran a la superficie todo tipo de emociones. Personalmente disfruto siendo testigo de ello. Acabo de oír al Sr. Robert Evans hablar con vehemencia de estos asuntos. Esto puede significar dos cosas, bien que existe algún tipo de convicción por su parte en este sentido, bien que desea proyectar cierta imagen de sí mismo. Entiendo que en los Países Bajos la idea de la autonomía del individuo, que debe estar en el centro del debate, es muy importante. En absoluto estoy de acuerdo con esta posición. Mi postura es completamente distinta en este tema: no considero que cada individuo tenga derecho a elegir su propia adicción, como he podido escuchar en un par de ocasiones en la televisión neerlandesa. Encuentro muy extraña una autonomía en que la renuncia a la propia autonomía es de hecho la máxima expresión de la misma. No me parece buena esta idea.
Asimismo, los Países Bajos han tenido un brusco despertar. Todo el mundo piensa que tenemos una política maravillosamente tolerante; pero ahora a nosotros nos resulta anticuada y estamos buscando otras posibilidades. Lo que decimos es esto: ¿no hemos sido demasiado tolerantes? ¿Es esta clasificación de los estupefacientes una buena idea después de todo? Puedo decirle, señor Evans, que los Países Bajos pueden cultivar cannabis de tal calidad y concentración que apenas es perceptible la diferencia entre este y las drogas duras. Por tanto, esta clasificación se invalida a sí misma. Además, el clima tolerante existente en los Países Bajos, donde muchos ciudadanos no consideran que delinquen cuando elaboran pastillas de éxtasis, ha dado pie a un auge de la producción y nos ha convertido, creo, en uno de los principales exportadores del mundo. Se podría incluso decir que esta situación beneficia a la economía neerlandesa, pero considero que es un planteamiento del todo equivocado. No debemos olvidar que esas pastillas de éxtasis son responsables en gran medida de la violencia sin sentido que se produce en la vida nocturna. Considero que debemos erradicar esta situación y propiciar una política más realista que siga la línea de la tolerancia cero.

Hedkvist Petersen (PSE).
Señor Presidente, los socialdemócratas suecos, entre los que me incluyo, creemos que las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes constituyen la base de la política sobre drogas de la Unión Europea y desearíamos que esta base permaneciera inalterada. Una cosa es evaluar la eficacia de la política, pero sugerir, como se hace en este informe, que habría que rescindir convenciones internacionales que funcionan es ir demasiado lejos.
Tampoco considero en absoluto necesario proceder a la reclasificación de las sustancias, como también se reclama en el informe. Debemos recordar que, de acuerdo con las convenciones de las Naciones Unidas, en la actualidad es necesario proporcionar pruebas científicas antes de que una sustancia específica se pueda utilizar legalmente para fines médicos. Por tanto, no estoy a favor de este informe en su versión actual.
A mi modo de ver, en calidad de representante de los ciudadanos, es importante no ceder un ápice en la lucha contra los estupefacientes. En ocasiones resulta muy difícil debatir estas cuestiones, porque, como bien hemos podido comprobar en el debate de hoy, cada uno de nosotros tiene una posición distinta en cuanto a la forma de utilizar las herramientas disponibles. Permítanme exponerles mi enfoque y el de los socialdemócratas suecos. Creemos que la despenalización o legalización de las denominadas drogas blandas sería totalmente perjudicial, ya que el consumo de las drogas blandas lleva al consumo de drogas más duras. Es un hecho constatado por la experiencia que no creo que nadie aquí pueda rebatir.
Apoyamos una política sobre drogas consistente en tres partes, cada una de ellas igualmente importante: en primer lugar, la labor preventiva; en segundo lugar, una política de control; y finalmente, el tratamiento. La primera parte, las medidas preventivas, es la más importante de las tres y en la que hay que poner el acento. No es por tanto aceptable suprimir las convenciones internacionales encaminadas a la prevención y a promover una política sobre drogas razonable. La segunda parte, relacionada con el control, también es importante, si bien es tan solo una de las tres. El tratamiento y la rehabilitación son elementos indudables de cualquier política sobre drogas humana y eficaz que persiga terminar con la demanda de estos productos, detener su proliferación y prevenir los delitos relacionados con los estupefacientes.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, como miembro del partido liberal finlandés, respaldo la política del Sr. Olle Schmidt. Nos preguntamos qué es lo que atrae a los jóvenes al mundo de las drogas. Podemos entenderlo cuando viven en sociedades que no les ofrecen mejores perspectivas ni otros ámbitos en que puedan prosperar. Yo personalmente provengo de una sociedad en la que todos los jóvenes tienen oportunidades de recibir una educación y de mejorar su posición social y económica. Tienen esperanza.
No hay nada mejor que la esperanza para luchar contra el comercio de drogas. Si defendemos la legalización de una actividad porque es rentable, me pregunto si no debemos legalizar también la trata de seres humanos, incluida la trata de mujeres, que se está convirtiendo en un sector económico igual de importante en el mundo, y que es incluso más temible. A aquellos que dicen que es ridículo que hablemos del éxito de la política nórdica sobre drogas les diría que, según las estadísticas de Finlandia, donde la tasa de criminalidad relacionada con las drogas disminuyó el año pasado, sí ha sido todo un éxito.

Cederschiöld (PPE-DE).
Señor Presidente, recientemente la Sra. Malliori dio los primeros pasos en el Parlamento Europeo en una línea de pensamiento que puede llevar a la legalización de las drogas. Hoy, los partidarios de la legalización van aún más lejos y cuestionan los acuerdos internacionales vigentes. Por tanto, tenemos buenas razones para defender lo que hasta la fecha ha sido una sabia política por parte del Parlamento Europeo.
El informe de la Sra. Buitenweg insta a revisar las convenciones de las Naciones Unidas y a la reclasificación de los estupefacientes. El objetivo a largo plazo parece ser el establecimiento de un mercado libre para ciertas drogas y después para todas ellas, procediendo posteriormente a la despenalización del abuso de las mismas. Ni yo ni el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos podemos apoyar esta iniciativa. La Sra. Buitenweg presenta la cuestión de forma muy inteligente. Solo cuando se estudia en detalle la exposición de motivos salta a la vista que de lo que en realidad se trata aquí es de la legalización del cannabis y que el objetivo a largo plazo es legalizar todas las drogas. Esto queda reflejado en varios pasajes del texto.
El tono adoptado por los partidarios de la legalización ha cambiado y se ha pulido en los últimos años, lo que nos da mayores motivos de preocupación. La idea de reducción de los daños suena inocente, porque implica reducir los efectos perjudiciales, pero si se utiliza de forma incorrecta, cabe la posibilidad de que se convierta en una herramienta para los que desean legalizar las drogas. No solo nos preocupan los programas de administración de metadona y de intercambio de jeringuillas, sino también lo que se ha venido en llamar consumo más seguro de drogas, como si realmente existiera tal cosa.
Aumenta la presión ejercida sobre los jóvenes y las familias. No es de extrañar que la mayoría de los padres estén en contra de la legalización del cannabis. Lo mejor que la sociedad puede hacer para ayudar es no facilitar el acceso a ningún tipo de drogas. La Unión Europea realiza importantes esfuerzos para combatir el comercio de drogas. Por tanto, no debemos allanar el camino al aumento del comercio de drogas por la puerta trasera.
Tengo tres recomendaciones que hacer a los Gobiernos y a la Comisión con vistas a la Cumbre de Viena. En primer lugar, no tocar las convenciones de las Naciones Unidas, sino propiciar su plena aplicación por parte de todos los Estados miembros.
En segundo lugar, dejar que las cuestiones de la atención médica y el tratamiento sigan siendo competencias nacionales. Sobre esta cuestión, está claro que sigo la misma línea de pensamiento que el Sr. Davies en el deseo de respetar las diferentes experiencias y tradiciones de los Estados miembros en este terreno.
Y en tercer lugar, considero que la prestación de servicios accesibles y suficientes de rehabilitación y atención médica, adaptados individualmente, constituye una vía mucho mejor para combatir el abuso que la reclasificación de distintos tipos de drogas. Las herramientas del mercado deberían emplearse para lo que se desea lograr en realidad: no más drogas ni más drogadictos, sino una atención más eficaz con miras a acabar con el problema de las drogas.

Malliori (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, todos reconocemos la necesidad de establecer una política coordinada a escala internacional que combata la drogadicción y los delitos relacionados con las drogas.
La conferencia de revisión intermedia del plan de acción de las Naciones Unidas, que se celebrará en Viena, nos brinda la oportunidad de mantener un debate científicamente documentado sobre la eficacia de las medidas aplicadas hasta la fecha. Hay que reconocer que los objetivos fijados en la sesión celebrada en Nueva York en junio de 1998 eran bastante ambiciosos. Algunos pocos de los puntos del plan han dado resultado, como por ejemplo el enfoque equilibrado entre la reducción de la demanda y la reducción de la oferta y el cotejo de estadísticas para que sean comparables entre países.
Las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes son un marco importante para una política acertada. Sin embargo, creo que es preciso evaluarlas y actualizarlas teniendo en cuenta los cambios acaecidos en el entorno internacional, los nuevos datos en este sector concreto, la eficacia de los programas piloto y el ritmo al que se producen y comercializan nuevas sustancias adictivas. Nuestro deber es estudiar todas estas cuestiones con detenimiento y valorar si, a fin de cuentas, las convenciones vigentes están al día y son suficientes. Tampoco debemos olvidar que estas convenciones se elaboraron en 1961, 1971 y 1988.
La recomendación de hoy del Parlamento Europeo apunta básicamente en esta dirección, por lo que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la ponente. Esta recomendación no se declara a favor ni en contra de la legalización de sustancias adictivas. Al contrario, reclama que nuestras políticas en esta materia tan difícil estén al día, que sean adecuadas y efectivas y, sobre todo, que prevengan los problemas y no castiguen a los consumidores.

Matikainen-Kallström (PPE-DE).
Señor Presidente, el objetivo de la propuesta que tenemos sobre la mesa es acabar con la política sobre drogas actual, que se basa en las convenciones de las Naciones Unidas. Cuestiona seriamente el sentido de la tolerancia cero en materia de drogas. Hay que reconocer la astucia de la ponente al ocultar su mensaje real bajo matices técnicos.
El cambio de clasificación de los estupefacientes en las convenciones de las Naciones Unidas, que es lo que se reclama en el informe, es innecesario. Toda la reclasificación es una mera clave para disfrazar el fomento de una política liberal en materia de drogas. En pocas palabras: estamos hablando de la legalización del consumo de cannabis, de la despenalización parcial de la venta de cannabis y sus derivados y de la disponibilidad de heroína bajo supervisión. No puedo estar de acuerdo con esto.
Una política restrictiva en materia de drogas, es decir, la tolerancia cero, es el único posicionamiento posible en materia de drogas. Esta política ha dado buenos resultados. En los países nórdicos hemos logrado controlar el problema de las drogas en mayor medida que en el resto de Europa. Como ejemplo de los resultados que se han conseguido mencionaré la reducción del número de muertes causadas por drogas y de delitos relacionados con las drogas y la estabilización de los experimentos con drogas.
Un triste ejemplo de política liberal en materia de drogas es el llamado «país modelo», los Países Bajos. Según las estadísticas de Europol, más del 50% de las drogas de síntesis que circulan en Europa se producen en los Países Bajos. Como ha dicho antes mi colega, el Sr. Oostlander, está claro que los estupefacientes y su consumo proliferan donde prevalece una actitud favorable hacia los mismos.
El informe se basa en estudios realizados por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. No obstante, la importancia de estos estudios mengua cuando se examinan los antecedentes del anterior director de esta unidad. Esta persona se vio obligada a dimitir en enero porque se demostró que, aparte de sus tareas reglamentarias, se dedicaba a promover la legalización de las drogas.
La actitud ante a las drogas en una cuestión de principio. Los políticos debemos ser conscientes de nuestras propias responsabilidades y actuar de acuerdo con ellas. Señorías, les insto a recapacitar sobre el tipo de mensaje que desean enviar con la votación de mañana, en especial a los jóvenes.
De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la Sra. Buitenweg por este informe y por el planteamiento, pleno de sentido común, que ha adoptado respecto del asunto que ha tenido que afrontar.
Todos sabemos que la inmensa mayoría de los delitos, tanto menores como organizados, están relacionados con las drogas. La sociedad europea no puede seguir tolerando esta situación y mantener vigentes unas políticas que constituyen un evidente fracaso. Si alguien piensa que nuestras políticas relativas a las drogas están funcionando, es que vive en las nubes. Todos los días muere gente por estar inmersa en el submundo de la droga que se embolsa millones a costa de su desgracia. He visitado casas de acogida donde las abuelas crían a los nietos porque sus padres han muerto, no por culpa de una sobredosis de cannabis o siquiera heroína, sino por haber utilizado agujas sucias para inyectarse esa sustancia o por haberla consumido adulterada. No podemos seguir permitiendo que el submundo de la droga destruya así a nuestros hijos.
Esta mañana la prensa irlandesa recogía un nuevo reportaje acerca de un asesinato cometido a raíz de un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, el quinto solo en Irlanda en lo que va de año. ¿Cuándo fue la última vez que un farmacéutico mató a otro farmacéutico para controlar el mercado de la droga de su zona? Si el mercado de las drogas en su zona es legal, no tiene ninguna necesidad de ir a conquistar ilegalmente una cuota de mercado.
Tenemos que revisar las Convenciones de las Naciones Unidas. Este Parlamento debería proferir mañana un enérgico llamamiento a favor de revisar las Convenciones y de tomarnos muy en serio la forma de manejar el asunto de la droga. Tenemos que estudiar de manera seria la despenalización del cannabis y ser muy estrictos con las drogas duras.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, el socialdemócrata irlandés, Sr. De Rossa, cree que la actual política sobre drogas no funciona. ¿Hallará él la solución en los Países Bajos? ¿Es allí donde se encuentran los modelos más útiles? ¿Son los Países Bajos un ejemplo para el resto de Europa?
Combatir el azote de las drogas es una cuestión demasiado seria para dejarla en manos de individuos que no están dispuestos a asumir su responsabilidad en nombre de las generaciones presentes y futuras. Mi pregunta a muchos de ustedes, miembros del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, y a la mayoría de los miembros del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica es la siguiente: ¿qué apoyo están dispuestos a dar a los padres de un o una adolescente cuando les digan que los políticos, con su infinita sabiduría, han despenalizado las drogas y que la sociedad no tiene nada en contra de ellas? ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecer, señores De Rossa y Evans, a la madre de ese o esa adolescente? ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecer, señores De Rossa y Evans, a su padre? ¿Cuál será su mensaje? ¿Que el modelo neerlandés es el moderno? ¿Que este es el modelo que mira hacia fuera y al futuro? Son muchos los diferentes conceptos implicados. Pónganse en la piel de una familia real e imaginen el mensaje que se envía a los niños y adolescentes.
Los intentos de legalización de las drogas constituyen una seria infracción de las convenciones de las Naciones Unidas en materia de estupefacientes y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo 33 de esta última. Cito: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias».
Mi pregunta a la ponente, la Sra. Buitenweg, se refiere a la forma en la que piensa que la política neerlandesa puede proteger los derechos de los niños y reforzar la posición de los padres neerlandeses cuando dicen a sus hijos, tanto a los jóvenes como a los mayores, que se resistan a las drogas, incluido el cannabis. También me pregunto en qué sentido son los Países Bajos un modelo para el resto de Europa.
El Sr. Evans también plantea el tema de si el cannabis puede compararse con el alcohol. Aparentemente, el mensaje, sobre todo en Gran Bretaña, es que el cannabis debería ser aceptado culturalmente de la misma forma que lo es el alcohol en la actualidad. ¿Significa esto que desea que se amplíe el consumo de drogas culturalmente aceptado para incluir el cannabis? No solo los demócrata-cristianos suecos rechazamos esta postura, sino que además mañana la rechazarán la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, al igual que otros colegas, me complace la oportunidad de este debate aunque esté profundamente en desacuerdo con algunos de los que propugnan el apoyo a esta resolución.
Uno de los ámbitos más importantes que debemos someter a consideración es la mejor forma de crear una sociedad en la que los individuos estén protegidos contra los peligros que les acechan. Lo hacemos mediante una serie de medidas, de carácter legislativo y de otro tipo, para garantizar la protección del bien común y los derechos del individuo. Algunos de tales derechos individuales y objetivos del bien común se traducen en una merma de la libertad de acción y de movimientos del individuo, pero el propósito no es prohibir a una persona hacer algo que quiere hacer, sino en que redunde en un mayor beneficio el que la persona no pueda hacerlo.
Como persona que ha trabajado en el pasado con jóvenes drogadictos y alcohólicos, sé que no hay nada más contundente para transmitir el mensaje erróneo que las propuestas a favor de la legalización de las sustancias ilegales. Al hacerlo se está negando el hecho de que son perjudiciales. Resulta irónico que en un momento en que la Unión Europea y este Parlamento están alentando la reducción del consumo de tabaco por sus graves consecuencias para la salud, en un ámbito diferente estamos intentando autorizar a la gente a que atente libremente contra su salud con drogas que se ha demostrado son perjudiciales para la salud y originan otro tipo de problemas. Existe una forma mejor de hacer cumplir la ley, para hacerla más equitativa y garantizar que somos capaces de reaccionar ante la angustia de las personas adictas que desean rehabilitarse y someterse a tratamiento. Pero la forma de conseguirlo no pasa por la legalización.

El Presidente
. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0086/2003) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta modificada de la directiva del Consejo acerca del derecho a la reagrupación familiar [COM(2002) 225 - C5-0220/2002 - 1999/0258(CNS)].

Cerdeira Morterero (PSE)
Señor Presidente, la Unión Europea cuenta con 12 millones de inmigrantes legales procedentes de países terceros. La entrada y la residencia por razones de reagrupación familiar constituye, en casi todos los Estados miembros de la Unión, el principal canal de inmigración legal de nacionales de países terceros.
Esta inmigración familiar comprende tanto la reagrupación familiar sensu stricto, -la reunión de los familiares con el nacional del tercer país ya residente-, como la constitución de la familia cuando los vínculos familiares se establecen después de la entrada del nacional del tercer país.
Las personas autorizadas a entrar como miembros de la familia representan un porcentaje sobre el total de los inmigrantes que oscila entre el 40 y 50%, con valores incluso superiores en algunos Estados miembros de la Unión como Francia o el Reino Unido.
Sin obviar la importancia en términos cuantitativos de este aspecto de la inmigración legal, es importante, por otro lado, destacar el papel fundamental que la reagrupación familiar desempeña como medio necesario para conseguir la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea.
La presencia de los familiares contribuye a una mayor estabilidad y a una inserción de estas personas, al permitirles llevar una vida familiar normalizada. La mayor parte de los miembros de la familia que son admitidos a título del ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, disfrutan de una gran ventaja, en comparación con otros tipos de inmigrantes, ya que mantienen lazos muy estrechos con una persona -el reagrupante- ya establecido en el país de acogida, lo que facilita enormemente la posibilidad de su integración.
La legislación relativa a la reagrupación familiar debe estar regida por dos principios que deberían también aplicarse a toda la legislación sobre la inmigración. Estos principios, ya reiterados en otras ocasiones, son la igualdad y la seguridad. 
No me referiré nuevamente a toda la trayectoria histórica de esta propuesta de Directiva que hoy vemos, porque ya la doy por sabida, pero no puedo dejar de referirme al primer acuerdo político en materia de inmigración legal que se alcanzó en la pasada reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del día 28 de febrero sobre la Directiva del Consejo relativa al derecho a la reagrupación familiar. Un acuerdo que está en muchos puntos lejos de lo que propone este Parlamento. 
Soy consciente de las dificultades de conseguir acuerdos en asuntos tan sensibles como los relacionados con la inmigración, cuyo enfoque y regulación jurídica presentan especificidades muy diferentes entre los Estados miembros. 
La propuesta tal y como hoy se presenta a este Pleno para su aprobación, incluye como miembros de la familia al cónyuge del reagrupante, así como a la pareja de hecho reconocida en el Estado miembro, independientemente del sexo; los hijos menores del reagrupante y de su cónyuge, incluidos los hijos adoptivos; los hijos menores, también incluidos los adoptivos del reagrupante o de su cónyuge cuando uno de ellos tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo; pero no hemos admitido la excepción referida al hijo mayor de 12 años respecto al que el Estado miembro podría examinar si cumple criterios de integración antes de autorizar su entrada y su residencia con arreglo a la Directiva.
Sí se ha incluido a los ascendientes en primer grado con dificultades en el país de origen cuando no tengan otro apoyo familiar. Y también se ha incluido a los hijos mayores de edad con problemas de salud. Se reduce de 9 a 6 meses el plazo para comunicar la decisión adoptada y de 12 a 9 meses en casos excepcionales.
Respecto a las condiciones del ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, mantenemos las razones de orden público, seguridad y salud pública a la hora de conceder el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar. No se podrá denegar la renovación del permiso por enfermedades posteriores a la expedición del mismo. Y se exime a los refugiados del requisito de tener que demostrar condiciones para mantener a sus familiares.
He retirado todas las enmiendas referidas a la protección subsidiaria a cambio de un compromiso por parte de la Comisión para que lo antes posible se presente una directiva que armonice esta figura en la Unión Europea.
Respecto a la entrada y residencia de los miembros de la familia, proponemos ajustar el derecho al acceso a la educación, al empleo y a la formación profesional al de los miembros de la familia del reagrupante y no al de los ciudadanos de la Unión. Esto permitirá evitar diferencias de trato en una misma familia.
En caso de viudez, divorcio, separación o muerte se podrá obtener un permiso de residencia autónoma si se ha sido residente durante al menos un año. 
En general hay unos aspectos que considero positivos, como son: la exención a los refugiados del requisito de tener que demostrar condiciones para mantener a sus familiares, la adopción de criterios flexibles respecto a los refugiados en lo referente a la prueba de la relación de parentesco y la autorización de medios de prueba alternativos cuando la prueba documental no sea posible; asimismo, se otorga a los familiares, en términos generales, los mismos derechos de residencia que al cabeza de familia, se otorga a los miembros de la familia los mismos derechos relativos al acceso a la educación, actividad laboral por cuenta ajena y por cuenta propia, y a la orientación familiar y se reconocen las necesidades especiales de los menores no acompañados.
Sin embargo, he de decir que el acuerdo político alcanzado el 28 de febrero queda lejos de lo que este Parlamento proponía en ciertos ámbitos, porque reduce su ámbito de aplicación y se exige una perspectiva fundada de obtener un derecho a la residencia duradera.
Por último, reitero que he decidido retirar todas las enmiendas en las que se incluía en el ámbito de aplicación a las personas beneficiarias de protección subsidiaria a cambio del compromiso por parte del Consejo de aprobar la Directiva presentada por la Comisión el pasado 12 de septiembre de 2001, relativa a las normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar los ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otro tipo de protección internacional, donde estaría incluido el derecho a la reagrupación familiar.
Por estas razones y las que hemos explicado ampliamente con anterioridad en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, pido el apoyo de esta Cámara a este informe.

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, señora Cerdeira Morterero, Señorías, antes de comenzar el debate sobre el informe de la Sra. Cerdeira, me gustaría agradecerle la buena calidad del mismo, felicitarla personalmente por estar aquí con nosotros y desearle una pronta y feliz recuperación.
La nueva propuesta modificada de Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, sobre la que el Parlamento Europeo va a tomar una decisión hoy, fue aprobada por la Comisión en respuesta al mandato emitido por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Laeken el 15 de diciembre de 2001. El Consejo Europeo confirmó en aquella ocasión que una política común de inmigración y asilo presuponía el establecimiento de normas comunes sobre la cuestión de la reagrupación familiar.
El Consejo Europeo reconoció, no obstante, que el progreso en este sentido había sido más lento y menos sustancial de lo esperado, y que era necesario un nuevo impulso y unas nuevas directrices para recuperar este retraso. Para ello, el Consejo Europeo hizo un llamamiento al Consejo de Ministros para que acelerara los trámites y aprobara las disposiciones sobre la reagrupación familiar para el mes de julio de 2003. La Comisión considera que la reagrupación familiar es un elemento esencial de la plena integración de ciudadanos de terceros países en las sociedades europeas. Por tanto, este instrumento es para nosotros un aspecto fundamental de la política común de inmigración propuesta por la Comisión y, de hecho, fue la primera de todas las propuestas presentadas por la Comisión al Consejo en ejecución del mandato de Tampere.
En esta propuesta modificada, la Comisión ha adoptado un nuevo enfoque de los puntos que durante dos años han provocado diferencias insalvables entre los Estados miembros. Este nuevo enfoque reconoce que la armonización de las legislaciones nacionales requerirá varias fases. Esta propuesta es tan solo la primera de las etapas del camino hacia esta armonización. A tal efecto, hemos consagrado cierta flexibilidad en varios de los instrumentos, especialmente en relación con los puntos que ocasionaron las diferencias entre los Estados miembros.
Esta flexibilidad se sustancia de dos formas: en primer lugar, en lo que respecta al origen, mediante el uso de una cláusula de mantenimiento del statu quo, cuyo objetivo es evitar que los Estados miembros utilicen indebidamente las derogaciones introducidas posteriormente en relación con la legislación en vigor en el momento en que se apruebe esta Directiva; se trata de cierta congelación del nivel de protección de las reagrupaciones familiares existente hoy en día en la legislación de los Estados miembros. En segundo lugar, la Comisión introduce una cláusula de emplazamiento, que establece un período de dos años a partir de la transposición de la Directiva y que especifica exactamente qué disposiciones deben estar sujetas a revisión prioritaria a fin de abrir la segunda fase del proceso de armonización de las legislaciones nacionales.
Se trata, por supuesto, de las disposiciones consideradas más sensibles, como la definición de los miembros de la familia y la posibilidad de incluir a los miembros de las familias de ciudadanos comunitarios que no han hecho uso de su derecho a la libre circulación. Los principales cambios introducidos en relación con la propuesta inicial de la Comisión se refieren a la definición de los miembros de la familia: se garantiza el derecho a la reagrupación familiar del cónyuge y los hijos menores. En aras a la flexibilidad se especifica que un Estado miembro puede examinar si un menor de doce años cumple el criterio de integración, pero solo si su legislación lo contempla hoy o en la fecha en que se apruebe la Directiva.
La admisión, por otra parte, de parejas no casadas, de ascendientes y de hijos adultos queda en manos de los Estados miembros, que deben decidir sobre esta cuestión por vía de ley o reglamento. En cuanto a los procedimientos de reagrupación familiar, los requisitos relativos a la vivienda, recursos materiales y seguros de enfermedad seguirán siendo opcionales. Se espera, no obstante, que se puedan controlar después de la reagrupación, cuando se renueven los permisos de residencia de los miembros de la familia.
Una derogación también permitirá a los Estados miembros mantener su legislación nacional relativa a su capacidad de admisión cuando examinen las solicitudes de reagrupación familiar. En estos casos, en función de la capacidad de recepción, las solicitudes se pueden tramitar por fases, siempre que el período de espera de los miembros de la familia no supere los tres años. Por último, las disposiciones en materia de reagrupación familiar de los refugiados se han juntado en el mismo capítulo para reflejar de forma más clara la naturaleza específica de su situación. En general, la propuesta no está a la altura de nuestras intenciones iniciales, si bien no implica ninguna obligación de armonizar a la baja los requisitos de reagrupación familiar, y para nosotros constituye un primer paso en un proceso que desearíamos más rápido, pero en el que sin duda continuaremos trabajando con convicción y perseverancia. Agradezco a la ponente y al Parlamento el apoyo que han dado a este debate durante los tres largos años de nuestra aventura común.

Klamt (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores aprobó el informe de la Sra. Cerdeira Morterero sobre la reagrupación familiar contra los votos del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que lo considera totalmente inadmisible. Esta es la tercera propuesta presentada por la Comisión sobre esta cuestión desde el año 1999 y, una vez que el Consejo haya aprobado esta Directiva, se incorporará en poco tiempo a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros.
Hoy se pide al Parlamento Europeo que emitíamos nuestra opinión sobre la posible solución, a la vez humana y realista, al problema de la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios. Brindaría a los ciudadanos de países no comunitarios la posibilidad de vivir con sus familias en la Unión Europea evitando al mismo tiempo el incremento drástico del nivel de inmigración a nuestros Estados miembros. Tras varios años de dura negociación con el Consejo, la Comisión ha aprobado finalmente un enfoque realista y viable.
Sin embargo, mi actitud es crítica, al igual que lo fue con la propuesta inicial, con la decisión de la Comisión de no diferenciar entre las diversas razones de la inmigración. En consecuencia, pido de nuevo en nombre de mi Grupo que se establezcan directivas separadas sobre la cuestión de la reagrupación familiar: una para los solicitantes de asilo, otra para los trabajadores inmigrantes y una tercera para la protección subsidiaria. Al tratar la protección subsidiaria, que consiste en la concesión de derechos de residencia temporal a las personas que requieran protección, en una directiva independiente, la Comisión ha dado un importante paso en la dirección correcta, un paso que nosotros hemos propiciado constantemente. Lo lógico habría sido hacer lo propio con los solicitantes de asilo y los trabajadores inmigrantes.
Ampliar la reagrupación a parejas de hecho y homosexuales y a sus hijos, que es lo que defiende la Sra. Cerdeira Morterero en su informe, es algo a lo que nos oponemos categóricamente. ¿Quién, por ejemplo, se supone que verificará la existencia de tales relaciones? No llego a comprender por qué deliberadamente se deja tan abierta esa puerta al abuso. La única recomendación que puedo dar a los ideólogos de esta Cámara es que intenten ponerse en contacto con aquellos que trabajan en primera línea en los Estados miembros. Son precisamente los que deben enfrentarse diariamente a reglamentos poco claros y a un número considerable de casos de abuso.
Si los ciudadanos que desean entrar de forma ilegal en la Unión Europea ya pagan a los traficantes enormes sumas de dinero, arriesgando sus propias vidas en el camino, resulta fácil imaginar cuánto dinero se intercambiará pronto para permitir entrar de forma bastante legal en la Unión Europea en calidad de lo que se llama pareja. La propuesta de la Comisión de que la reunificación de estas categorías de ciudadanos debe ser competencia de los Estados miembros no resulta tampoco convincente, ya que, en mi opinión, concede demasiado margen a cada uno de los países de una Europa unida de fronteras abiertas.
En lugar de apoyar el enfoque realista y práctico que propuse en mi primer informe y que desde entonces ha obtenido un amplio respaldo en el Consejo y la Comisión, la mayoría de izquierdas continúa retozando en el campo de juego ideológico. Al mantener sus poco realistas propuestas, dan argumentos a los Estados miembros que no tienen deseo alguno de conceder derechos de codecisión al Parlamento Europeo en esta cuestión.
En este caso concreto, mantengo la insólita postura de aplaudir el hecho de que en esta materia solo se nos consulte. El Consejo ya ha llegado a un acuerdo político para aceptar el proyecto de la Comisión. Cabe esperar por tanto que el Consejo, en su reunión del 8 de mayo, base su decisión en el proyecto de la Comisión, que es sin duda un documento mucho más realista. Por esta razón mi deseo para hoy y para el futuro es que nuestras decisiones no se enturbien con manifiestos ideológicos de partido, sino que, en los procesos parlamentarios aún pendientes, lleguemos a un acuerdo en torno a políticas constructivas, prácticas y coherentes que los ciudadanos de nuestros países puedan suscribir.
Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, antes de empezar mi intervención les propongo el siguiente ejercicio tanto a los presentes como a los ausentes, porque no hay nadie del Consejo, como debería ser. Piensen ustedes a partir de este momento que están incluidos en el ámbito de aplicación de esta Directiva y que estamos aquí hablando de sus maridos, sus esposas y sus hijos. Creo que es un buen ejercicio.
En segundo lugar, quisiera felicitar a la ponente, Sra. Cerdeira Morterero. Tenía un trabajo muy difícil. Esta Cámara recibió bien la primera propuesta de la Comisión. Hicimos algunas propuestas que no se han tenido en cuenta, y no solo eso, sino que de los debates del ausente Consejo nos ha llegado una nueva propuesta que nos gusta mucho menos. A pesar de ello, la señora ponente ha hecho un esfuerzo por ver cómo podemos avanzar, ya que pensamos que esta es una pieza muy importante de la política de inmigración que debería estar ya establecida. Admitimos, pues, muchas de las nuevas propuestas que nos llegan, admitimos la base misma sobre la que se fundan, admitimos el hecho de tener que demostrar la capacidad para mantener a la familia, estamos dispuestos a esperar, en virtud de un acuerdo, una nueva propuesta para la protección subsidiaria, pero hay cosas que, a pesar de todo, no podemos aceptar.
No podemos admitir la limitación a la entrada por ninguna razón de los hijos menores de edad, nos parece obvio. No podemos admitir la extensión de los plazos y no podemos admitir -porque no nos gusta nada- la cantidad de excepciones que, a pesar de la buena voluntad de la Comisión, figuran en la propuesta. A pesar de esto, y sin mucho éxito, en el PPE-DE estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y a seguir hablando.
Señoras y señores diputados, queridos colegas, estamos hablando -como decía- de la vida en familia. Imagino que el PPE-DE está de acuerdo en que esta es la base de nuestra sociedad. ¿Podemos admitir una propuesta que eleva a tres años -tres años y nueve meses si contamos la tramitación-, el período durante el cual tiene que esperar un hombre y cada vez más -tengan en cuenta eso- una mujer, para poder tener a sus hijos con ella? ¿Saben ustedes lo que le pasa a un niño entre los cuatro y los siete años, entre los siete y los doce? ¿Es razonable generar tanto desasosiego entre la gente que queremos que viva entre nosotros?
Quiero dejar aquí una pregunta: ¿No sería mejor reconocer que los humanos vivimos en familia? ¿No podríamos hacer leyes que facilitaran la entrada a las familias? ¿No sería esto más práctico? A cambio, yo estaría dispuesta a hablar de la inclusión en los cupos de las personas que vienen a trabajar, de la inclusión en el método de coordinación abierta, y en estos cupos de las personas que llegan por reagrupación familiar. Pero me parece que esa sería una política realmente más práctica para la integración de esos ciudadanos en nuestra sociedad.
Sørensen (ELDR).
Señor Presidente, permítame comenzar lamentando que el Consejo haya establecido su política ya a finales de febrero sin esperar la opinión del Parlamento Europeo. Aunque es cierto que ha llevado mucho tiempo tramitar este informe en el Parlamento, esto no sirve de excusa al Consejo para despreciar la función del Parlamento en el proceso legislativo.
Dicho esto, creo que la Directiva abarca un aspecto central del debate sobre la inmigración y la integración. Es un hecho constatado que las reagrupaciones familiares de ciudadanos de terceros países constituyen entre el 40 y el 50% del número total de inmigrantes en la Unión Europea.
Esta Directiva ayudará a clarificar las normas, a mejorar la integración y a asegurar una distribución más justa de la carga dentro de la Comunidad. Al mismo tiempo, la Directiva da a los Estados miembros oportunidades suficientes para prevenir la inmigración económica inadvertida.
Hay que hacer hincapié en que la reagrupación familiar contribuye a asegurar valores que son fundamentales para cada individuo: la unidad familiar y una vida familiar normal. En nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, he apoyado la enmienda propuesta que establece una definición más amplia de la familia y que incluye a ciudadanos de terceros países con protección subsidiaria dentro de las normas de reagrupación familiar. Sin embargo, al mismo tiempo, no considero que sea incorrecto que fijemos ciertos requisitos para las normas sobre la reagrupación familiar. Aún creo que los Estados miembros deben tener la oportunidad de fijar dichos requisitos, por ejemplo en forma de un nivel normal de alojamiento, de una renta que garantice el abastecimiento de la familia y el respeto del orden público y de la seguridad, así como el establecimiento de un período de espera.
Mi deseo es que este informe se apruebe con el máximo apoyo posible de la Cámara y que el Consejo escuche entonces en el futuro nuestra opinión.

Boudjenah (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe de la Sra. Cerdeira Morterero pretende introducir ajustes positivos en la propuesta inicial de la Comisión, en un clima caracterizado por las leyes de seguridad y la criminalización de hecho de la emigración.
Este es el caso, por ejemplo, de la supresión de toda discriminación en el terreno de la reagrupación familiar. Pero podríamos preguntarnos si en realidad no es una ganga engañosa, como ya han afirmado algunos colegas, puesto que el Consejo ya llegó a un acuerdo en febrero con el que el Comisario Vitorino estaba satisfecho.
Por tanto, permítanme expresar mis dudas sobre el deseo de tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo. Déjenme asimismo mostrar mi gran preocupación por la tendencia que están mostrando algunos países de la Unión de endurecer sus políticas de inmigración. Por ejemplo, entendemos por qué el Gobierno francés ha calificado este acuerdo de elemento importante de la política de control de los flujos de migración. Sabemos que la armonización de la legislación nacional es necesaria, pero ¿se lleva a cabo de conformidad con los derechos y la protección de los ciudadanos de terceros países, en el espíritu de los acuerdos de Tampere o, por el contrario, la aplicación de esta Directiva será para algunos un mero pretexto para reducir el nivel de protección que ya garantizan los Estados miembros? Al incrementar las condiciones de entrada, por ejemplo, para los niños y seleccionar entre trabajadores cualificados o no cualificados, Europa se está convirtiendo en una fortaleza. Esta política no sirve en absoluto a la creación de una ciudadanía europea que defiende los valores de la tolerancia, la democracia y la solidaridad, de acuerdo en particular con la Convención de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esta es una oportunidad única para la Unión: en vez de ello, las poblaciones inmigrantes deberían beneficiarse de la libertad de circulación y de una acogida que les permitiera participar en la vida del país y obtener ingresos razonables. En este caso estaríamos muy lejos de la fantasía de los invasores. A este respecto, en el informe de 2002 del Sistema Continuo de Información sobre Migración establecido por la OCDE se restablece la verdad. En Francia, le guste al Ministro del Interior o no, el número total de entradas permanentes en el país alcanzó la cifra de 119 000 personas en 2002, es decir, menos que en el año 1998, y la razón principal de esta migración es, en el 77% de los casos, la reagrupación familiar.
Por último, siguiendo el ejemplo de las asociaciones de derechos humanos, quiero condenar hoy acciones que la Presidencia danesa permitió de algún modo en su Programa de Acción sobre el Retorno de noviembre de 2002. Me refiero en concreto al flete de vuelos cargados de «indeseables». Apenas habrá necesitado cuatro meses el Sr. Sarkozy, en Francia, para meterse de lleno en esta organización de retornos forzados, hecho vergonzoso para nuestra época actual y, sobre todo, muy alejado de una política de inmigración justa y humana.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señor Presidente, hoy, el Parlamento Europeo vuelve a tomar una posición acerca de la propuesta del Consejo sobre reagrupación familiar. A este efecto, debemos recordar que el Consejo ya ha establecido un enfoque general el 27 de febrero de este año.
Mientras que el derecho a vivir con la propia familia es reconocido por las convenciones internacionales y se alude a ello en la Carta de Derechos Fundamentales, es lamentable ver que el enfoque del Consejo pone profundamente en duda este derecho para los residentes de terceros países. Si tomamos en consideración la Cumbre de Tampere, que intentaba establecer un enfoque común que garantizara, conforme a los instrumentos de derechos humanos, la integración de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión, este nuevo enfoque es un verdadero ajuste a la baja. Tal como manifiestan determinados Diputados, es verdad que es mejor esta Directiva que nada cuando conocemos las dificultades a las que nos hemos enfrentado para llegar a este punto. Pero no podemos evitar condenar su aspecto minimalista, a pesar de toda la buena voluntad de la ponente, a quien agradecemos sinceramente su labor.
No obstante, permítame que haga algunas críticas. ¿Por qué excluir a personas que disfrutan del estado de protección temporal o protección subsidiaria? Excluidos del sistema de asilo por esta propuesta, carecen de derechos. También están excluidos de todas las directivas sobre ciudadanos de terceros países.
Además, ¿por qué limitar la reagrupación familiar exclusivamente al cónyuge legal e hijos dependientes en determinadas circunstancias? Nada justifica admitir a menores de más de 12 años sujetos a la condición de la integración, o excluir a niños mayores de 15 años. La definición de un niño ciudadano de un tercer país debería ser la misma que la de otro niño europeo. Un niño es un niño. Cualquiera que sea su nacionalidad, tiene derecho a vivir con sus padres. Esta disposición parece ser contraria a las obligaciones internacionales de los Estados miembros para con los derechos de los niños. Este tipo de incongruencias no están justificadas ni son justificables.
En cuanto a la longitud del procedimiento, tan pronto como se presente la solicitud de reagrupación familiar, debe ser posible que se aplique dentro de un plazo razonable. Un tiempo de espera de tres años de matrimonio es demasiado largo. No exigimos a los europeos que hayan estado casados durante tres años antes de que puedan vivir juntos. Y, sin embargo, el principio del derecho a vivir como una familia es simple. Cuando un extranjero con residencia legal en un Estado miembro de la Unión posee un permiso de residencia con una validez de un año, el derecho a la reagrupación familiar debe ser automático.
Asimismo, con esta propuesta restrictiva, la vida familiar corre el peligro de convertirse en un suplicio, en especial para las mujeres. De hecho, la directiva estipula que la concesión de un permiso de residencia está limitada a un período de un año y que es renovable en determinadas circunstancias. Ahora bien, el permiso expedido debe tener la misma duración que el del cónyuge. El período establecido de cinco años antes de que se conceda un permiso de residencia autónomo al cónyuge es demasiado largo. La ausencia de autonomía legal a menudo obliga a que las mujeres dependan totalmente de sus maridos, lo cual es inaceptable en una Europa que respeta y defiende los derechos de las mujeres. Asimismo, dado que el acceso al empleo para los miembros de la familia no es un derecho desde el momento de su entrada en el país, se fuerza a uno de los cónyuges a soportar todos los gastos e impedir toda integración social del otro cónyuge.
Esta propuesta de directiva es el resultado de una filosofía que discrepa con la que se aprobó el año pasado. No solo entra en conflicto con las conversaciones sobre integración instadas por numerosas personas involucradas, sino también incita a que los hijos de los inmigrantes reaccionen violentamente frente a la injusticia sufrida.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, Señorías, una vez más solo puedo destacar que el texto que se nos ha presentado representa un cambio considerable a favor de la inmigración. La idea sigue siendo la misma: fomentar todavía más la inmigración en Europa y conseguir que el derecho a la reagrupación familiar sea la fuerza motriz de esta política comunitaria. Hace un mes, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea obtuvo un difícil consenso sobre la directiva sobre reagrupación familiar. Hoy la ponente propone modificar este compromiso, que considera que es excesivamente restrictivo, ya que no profundiza suficientemente en defender el derecho a la reagrupación familiar ampliada.
Lo que se está proponiendo aquí es una ampliación de la definición del miembro de familia para incluir a las parejas no casadas, hijos mayores de edad y familiares de la línea ascendente si no disponen de ninguna otra fuente de ingresos. ¿Pero quién va a decidir si el no disponer de otra fuente de ingresos es legalmente significativo? Incluso una relación homosexual, por ejemplo, se considera aquí que equivale a una relación familiar. Sin embargo, estipula que la relación deberá ser estable y de larga duración. ¡Vaya broma! Pero se han abierto las compuertas. Se han abierto para todos los solicitantes. Esto quiere decir que si solo entra una persona casi quince más podrán establecerse con ella.
No es que seamos indiferentes al hecho de que algunas familias extranjeras tengan que vivir separadas. Pero si se quiere evitar que se sientan desarraigados en consecuencia, ¿por qué nunca se considera, en estos tiempos de desempleo, la posibilidad de organizar la reagrupación familiar en los países de origen? Y por qué no dedicarle una parte de nuestros fondos de desarrollo, ya que con demasiada frecuencia estos fondos solo sirven realmente para sacar dinero a los pobres en los países ricos con el fin de forrar los bolsillos de los ricos en los países pobres. ¿Es este el verdadero propósito de la reagrupación familiar? ¿No debería por el contrario centrarse en los países de origen de los migrantes?
Denunciamos más que nunca esta inmigración de colonización, organizada por los Estados miembros con la colusión activa de las instituciones europeas: nuestro derecho de asilo es un desastre; se han abandonado los controles fronterizos; la situación de los inmigrantes ilegales está siendo legalizada; prosperan los matrimonios de conveniencia, etc. Todo esto debe parar. Es nuestro deber poner un punto final a esta política suicida que Europa está llevando a cabo.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, este proyecto de directiva es, de hecho, el primer instrumento legal que introducimos en el campo de la inmigración legal. Por lo tanto, me alegra que al menos ahora en este tercer intento, la propuesta presentada por la Comisión se base en un enfoque sólido y la respaldamos, en particular, porque incorpora un gran número de nuestras propuestas parlamentarias, en especial las del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos.
Considero que es muy estimulante, por el bien del mercado laboral en la Unión Europea, la red de seguridad social y los intereses de la Unión respecto a la integración de las personas que no son ciudadanos de la UE, que el concepto de la familia introducido en este proyecto es el de la familia nuclear, o dicho de otro modo, según se define en el proyecto, se limita a los padres e hijos menores de edad. También encuentro que es alentador que el Consejo haya dado su aprobación política a esta propuesta y que podamos esperar que la aprobación final de la directiva basada en esta estrecha definición de la familia se efectúe en el mes de mayo.
Por otra parte, el informe que se halla ante nosotros y que estamos deliberando ahora es un paso atrás muy definido, un regreso a la Edad de Piedra, por decirlo así, de la política de inmigración. Ignora sencillamente las realidades y oportunidades que existen en nuestros Estados miembros. A modo de ejemplo, en la redefinición de la familia, se pide la ampliación de la directiva para las parejas no casadas, los hijos en edad adulta y otros familiares. Incluso llega tan lejos como pedir la inmigración de segundas y terceras esposas junto con sus hijos respectivos. Esto, si puedo decirlo así, se contradice con la tradición y cultura europeas. Pide plazos más cortos, e intenta poner coto al ámbito de actuación de los Estados miembros para imponer restricciones adecuadas a través de su propia legislación y reglamentaciones nacionales.
La propuesta presentada a la Comisión es razonable. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos la respaldará. Sin embargo, rechazamos categóricamente las propuestas presentadas por la ponente, que ampliarían el concepto de familia más allá de los límites que la Unión Europea puede aceptar como base tolerable para su política de inmigración.
Evans, Robert (PSE).
Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por este informe.
En primer lugar, desde el punto de vista del procedimiento, aunque soy consciente que se debe a retrasos inevitables por parte de este Parlamento, resulta totalmente inaceptable que, como ha manifestado el Sr. Sørensen, el Consejo ya haya alcanzado un acuerdo general al respecto sin esperar la opinión del Parlamento.
En segundo lugar, los colegas serán conscientes de que el Reino Unido ha optado en este momento, por razones perfectamente documentadas mediante un protocolo, por desvincularse de esta Directiva, pero espero de todo corazón que en el futuro esté en condiciones de adherirse a ella. Por tanto, me satisface el rumbo que ha adoptado la ponente en relación con la protección subsidiaria.
Como ya han manifestado otros oradores, deberíamos ser conscientes de la importancia de este acuerdo, ya que es el primer instrumento legislativo que se va a aprobar para toda Europa sobre la inmigración legal. Si pensamos en las dificultades que la Comisaria ha tenido que afrontar para conseguir algún avance en este tema, veremos claro los enormes desafíos que nos esperan todavía.
Las observaciones de la Sra. Klamt y su interpretación me han causado tristeza. Acerca de la unificación de la familia, le diría al Sr. Gollnisch que puedo entender muy bien que, si hubiera miembros de su familia que se encontraran a miles de kilómetros de distancia, no desearan la reunificación de la familia; estarían muy agradecidos por estar lejos de él. Pero si se tratara de miembros de mi familia que estuvieran alejados y se hallaran en alguna parte remota del mundo -con independencia del parentesco o su situación-, yo acogería con agrado este informe y esperaría que la familia pudiera reunificarse para estar juntos.
Como ha dicho la Sra. Terrón i Cusí, hemos de ser realistas en nuestro enfoque y modernos en nuestra interpretación de las relaciones y mostrar comprensión por las circunstancias en las que se encuentran las personas en los tiempos que corren. Este Parlamento ha de ser realista y racional y mirar adelante. Me complace apoyar este informe.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe incluye propuestas que, si fueran vinculantes, reducirían las dificultades que estamos experimentando con la reagrupación familiar. Sin embargo, no llega lo suficientemente lejos y algunas de las enmiendas propuestas son un paso hacia atrás y vamos a rechazarlas.
El derecho a la reagrupación familiar debe ser un derecho absoluto. De hecho, el informe parece estar preocupado fundamentalmente por introducir limitaciones a este derecho con una gran diversidad de pretextos para impedir que facilite la denominada inmigración ilegal. Esta motivación, despreciable desde un punto de vista humano, reduce el alcance de los pocos aspectos positivos que contiene el texto. La sociedad está tan falta de valores igualitarios y existe tanta pobreza en el mundo que cada vez hay más personas pobres que intentan escapar al hambre y al sufrimiento y encontrar refugio en los países de Europa; lamentablemente, con demasiada frecuencia no lo consiguen.
Los Estados nacionales y las instituciones europeas pueden colocar todas las alambradas de púas que quieran, tanto en su forma literal como en términos legales, para impedir que ocurra, pero no lo conseguirán. Las medidas represivas para apartar a las personas que huyen de la pobreza solo sirven para mostrar la inhumanidad de los que toman y apoyan este tipo de medidas.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por la labor que ha llevada a cabo y me gustaría sumar asimismo mi voz a la del Sr. Evans y refrendar todos los comentarios que ha formulado acerca de este informe.
Mientras estaba indagando el parecer de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre temas relacionados con la migración de trabajadores, las organizaciones empresariales me dijeron que la reunificación de las familias representaba un factor crucial en la toma de decisiones personales a la hora de decidir si venir o no a trabajar a la Unión Europea. Querían saber si sus cónyuges o parejas tendrían la oportunidad de trabajar; querían saber qué acceso tendrían sus hijos a la educación; y también querían saber cuáles de los hijos verían denegado el permiso de inmigración y tal vez tuvieran que quedarse con otros parientes, mientras tuvieran que examinarse a la edad de quince, dieciséis y más años. Por tanto, si la Unión Europea está convencida de lo que dice acerca de la flexibilidad del mercado laboral y la necesidad de trabajadores de determinadas categorías, hemos de reconsiderar muy detenidamente si lo que le vamos a decir a la gente que queremos que venga a trabajar en calidad de directores de empresa, médicos, especialistas en tecnologías de la información, jefes de cocina o lo que sea, es: «lo sentimos, tiene que separar su familia, tendrá que esperar tres años antes de poder traerla aquí al completo». Las personas de esa valía tienen otras alternativas y optarán por no venir.
Mi Grupo y yo no creemos que estemos hablando de familias de primera y segunda clase. Todas las familias desean vivir juntas y, de acuerdo con el derecho y los acuerdos internacionales, tienen derecho a permanecer unidas. El informe que plantea el Parlamento reconoce la existencia actual de diferentes relaciones. Hemos de reconocer la realidad de las cosas y tenemos que mantener unidas a las familias, sobre todo si queremos tener el tipo de economía que pensamos que merecemos.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta de una Directiva sobre reagrupación familiar ha aparecido periódicamente como un fantasma en el Parlamento Europeo desde 1999. La razón de este juego de ping-pong es sencilla: en primer lugar, la Comisión presenta una propuesta extremadamente liberal; el Parlamento Europeo la aprueba y hace una mejor oferta; finalmente, el Consejo ?que parece ser el más responsable de los tres? dice que no y vuelve a empezar todo el ciclo otra vez.
Parece ser que esta vez la Comisión ha encontrado un arma invencible. Trata de no llamar la atención sobre la mayoría de las disposiciones impugnadas por el Consejo como si cediera, pero introduce un nuevo Artículo 19 al final del texto en el que explica que todos estos asuntos se volverán a estudiar dentro de dos años como máximo. Sus tácticas están claras. La idea es, al menos al principio, obtener la aprobación de una legislación mínima europea en materia de reagrupación familiar para que se reconozca el principio de Derecho europeo e intervención europea.
Por consiguiente, la Comisión utilizará estos puntos en su favor para devolver el ataque, aún más dado que el Artículo 19 ya establece las disposiciones que se modificarán. En cuanto al Consejo, existe el riesgo de que dejen pasar el texto ya que todos dirán -tal como todos lo hacen con demasiada frecuencia-: «los puntos esenciales están seguros por el momento y en cuanto al resto ya lo veremos dentro de dos años».
Por nuestra parte, creemos que el Consejo no debería permitir dejarse atrapar en esta cadena de acontecimientos. Actualmente, la reagrupación familiar tiene que ver con un ingente número de inmigrantes y es importante para cada Estado miembro conservar su capacidad de mantenerla bajo estrecha vigilancia, para poder adaptarla a su capacidad de recepción. La Comisión y el Parlamento Europeo sueñan con imponer una ampliación a priori de este derecho a los Estados miembros, pero es imposible que dejen que esto suceda. Por lo tanto, creemos que esta directiva no serviría de mucho y representaría un peligro para los Estados miembros, en particular debido a que la Convención sobre el Futuro de Europa muestra una voluntad de decidir todas estas cuestiones por mayoría cualificada.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, quisiera intervenir muy brevemente con arreglo al Artículo 122 para contestar por alusión personal, puesto que el Sr. Evans ha puesto en entredicho lo que he manifestado. Está usted en lo cierto, señor Evans, cuando dice que la familia de mi esposa es originaria del Extremo Oriente y debido a ello viven a más de 10 000 kilómetros de distancia.
Adoro a mi esposa. Siento un gran aprecio por mis suegros; les visito con asiduidad en Japón y vienen a visitarme. Pero ni ellos, ni mis cuñados, ni los primos de mi esposa han considerado jamás que, por el hecho de que mi esposa se haya casado conmigo, tengan automáticamente el derecho de permanecer y residir de por vida en el territorio de la Unión Europea.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera empezar señalando que el establecimiento de una normativa común sobre la cuestión de la reagrupación familiar representa para nosotros un factor importante en una verdadera política de inmigración común. Es el resultado de las deliberaciones del Consejo Europeo de Tampere y fue confirmado recientemente en Laeken. Sin embargo, se trata de un tema muy sensible en el que es natural que prevalezcan las realidades nacionales. Por consiguiente, es difícil llegar a soluciones y compromisos, lo que responde al hecho de que esta propuesta se esté estudiando en el Consejo durante casi dos años.
La Comisión ha presentado, por lo tanto, esta nueva propuesta; aunque esté lejos de ser ideal, no hay duda de que es factible y permitirá que se inicie el proceso de armonización de la legislación sobre la admisión, a los efectos de la reagrupación familiar. Debo, por lo tanto, felicitar al Comisario, el Sr. António Vitorino, por el enfoque pragmático que ha hecho posible abordar los aspectos que seguían causando problemas e incluir los compromisos que se han obtenido en el Consejo. Considero que esta solución de un proceso multietapa es juiciosa, ya que ofrece una gran flexibilidad sobre los aspectos que todavía se encuentran en un punto muerto, mientras que al mismo tiempo concede a las legislaciones nacionales algún espacio de maniobra. También le felicito por la disposición que ha calificado de encuentro, y que establece que esta flexibilidad y excepción estarán sujetas a revisión prioritaria en un plazo de dos años.
Por todos estos motivos, al tiempo que felicito a la Sra. Carmen Cerdeira Morterero por su labor, debo criticar su intento de ampliar demasiado el alcance de la reagrupación familiar; creo que no es deseable, no solo porque no es posible en esta primera etapa dada la diversidad de legislaciones nacionales sobre este tema, sino también porque podría provocar situaciones de uso indebido incontrolado en las que el país receptor no estaría en condiciones de crear las condiciones necesarias para la plena integración y coexistencia pacífica de extranjeros y nacionales.
También quisiera recordar que disponemos de una Directiva que intenta imponer unos estándares mínimos, según los cuales los Estados miembros, conforme a sus tradiciones y legislación nacional, tienen todo el derecho de adoptar normas más favorables en materia de reagrupación familiar. Espero, Señor Presidente, que a pesar de nuestras diferencias de opinión ?que son normales y, en todo caso, fundamentales en una democracia? podemos esforzarnos juntos para establecer un marco legal transparente y claro que asegure que los inmigrantes legales se integren en los países receptores. No cabe duda de que la reagrupación familiar es un factor en este marco que estimulará la estabilidad personal del inmigrante y apoyará esta integración.

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se interrumpe el debate de este informe y se reanudará a las 21.00 horas.

El Presidente
. El siguiente punto del orden del día se refiere a la declaración de la Comisión sobre las previsiones económicas de primavera; orientaciones para el empleo. El Comisario, el Sr. Pedro Solbes Mira, tiene la palabra.

Solbes Mira
. (ES) Señor Presidente, tanto yo como mi colega, la Sra. Diamantopoulou, vamos a darles cumplida información sobre las grandes orientaciones de política económica y de empleo.
Esta tarde la Comisión acaba de tomar la decisión de adoptar su recomendación de orientaciones de empleo para el período 2003-2005. Se centra en la contribución que las políticas económicas puedan hacer al objetivo estratégico de la Unión establecido en Lisboa. Las orientaciones de política económica se engloban en un paquete coordinado de directrices, junto con las de empleo, que serán presentadas por mi colega, la Sra. Diamantopoulou.
En el contexto de racionalización, y en atención a la solicitud formulada por el Consejo Europeo de primavera celebrado en Bruselas, las orientaciones de política económica han experimentado una serie de cambios. Son más concisas y se centran en las cuestiones clave de la política económica; su parte general se reduce drásticamente, al igual que el número de orientaciones que contienen y, sin embargo, siguen siendo exhaustivas y continúan abordando todos los problemas económicos, aunque de forma más condensada.
En cuanto a las orientaciones por países, ahora se estructuran claramente en torno a los grandes desafíos de política económica específicos para cada país. Ello permite prestar también mayor atención a las cuestiones fundamentales de política económica. Además, las orientaciones específicas van explícitamente ligadas a las generales, de las que se derivan. Por último, se añade una sección específica sobre la zona euro y los desafíos a los que se enfrenta.
No obstante, este enfoque no representa una ruptura radical con el pasado, ya que la estrategia básica desarrollada a lo largo de los últimos años, y en particular desde Lisboa, sigue siendo válida. Al tiempo que confirman las estrategias, las orientaciones de política económica insisten en la necesidad de que las políticas macroeconómicas mantengan la estabilidad y apoyen el crecimiento para conseguir de forma decidida las reformas económicas y para garantizar que el crecimiento sea sostenible ante las transformaciones económicas, medioambientales y sociales.
No abordaré estos tres temas en detalle, me limitaré a hacer unos comentarios sobre cada uno de ellos. En cuanto a las políticas macroeconómicas, el entorno económico actual e incierto hace fundamental que las políticas inspiren confianza. Las políticas macroeconómicas deben guiarse por la necesidad de apoyar el crecimiento a corto plazo y, a la vez, preservar la estabilidad macroeconómica. En política presupuestaria eso significa que debe combinarse la flexibilidad con un ajuste creíble. Siempre que sea posible, los estabilizadores automáticos deberán funcionar plenamente, pero también debemos seguir avanzando en la reducción de los déficits. Estos principios rectores responden al acuerdo sobre el fortalecimiento de la coordinación de políticas presupuestarias recogido en la Comunicación de la Comisión del pasado noviembre. En particular, la necesidad de reducir, en su caso, los déficits estructurales en al menos medio punto del PIB, se incluye en la misma. Por otra parte, es importante que la evolución salarial sea compatible con la estabilidad de precios y los incrementos de productividad, a fin de permitir un restablecimiento de los márgenes de beneficio que propicie una expansión de la inversión generadora de empleo.
En cuanto al segundo punto -fomentar el potencial de crecimiento- las orientaciones de política económica reconocen debidamente la necesidad de reformas estructurales. Si algo demuestra la debilidad de la Unión frente a una ralentización global es, sin duda, la necesidad de fortalecer aún más la capacidad de crecimiento de nuestra economía y su resistencia a los choques. Para estimular la creación de empleo, los Estados miembros deben mejorar el efecto combinado de los impuestos de las prestaciones sociales, actuando tanto a través de los tipos impositivos como de los criterios para la concesión de prestaciones. Deben fomentar una organización del trabajo más flexible, revisar la reglamentación laboral y hacer esfuerzos adecuados en educación y formación. Es preciso también facilitar la movilidad de la mano de obra fomentando el reconocimiento de los derechos de pensión y de la seguridad social. Lógicamente, dichas medidas deben complementarse con medidas activas del mercado de trabajo para ayudar a encontrar empleo. Las grandes orientaciones también propugnan medidas que favorecen la competencia en los mercados de productos y capital, que fomentan el espíritu emprendedor y que estimulan la transición a una economía del conocimiento. Para mejorar las condiciones de financiación y, en particular, el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, el plan de acción de capital riesgo debe aplicarse plenamente antes de fin de año. Por otra parte, recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejores normas sobre gobernanza de empresas y de una adecuada supervisión financiera.
Por último, en cuanto a la sostenibilidad, las orientaciones abordan la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas teniendo en cuenta, sobre todo, el problema del envejecimiento de la población. La reforma de las pensiones debe tener por objetivo mejorar la sostenibilidad financiera, fomentar vidas laborales más largas y eliminar los incentivos a jubilaciones anticipadas, para hacer posibles unas pautas de desarrollo profesional y de empleo más flexibles. En línea con la Comunicación de noviembre, las orientaciones reflejan el consenso de atender más a la deuda pública y garantizar que siga disminuyendo. En términos de sostenibilidad medioambiental, las orientaciones mantienen que el crecimiento económico no debe ir a expensas del medio ambiente. Por ello, es necesario combinar los instrumentos reglamentarios con otros basados en el mercado. En ese sentido, los Estados miembros deberán reducir las subvenciones y exenciones fiscales y demás incentivos que tengan impacto negativo en el medio ambiente.
Por último, también se aborda la contribución de las políticas económicas a la sostenibilidad social. El empleo es la mejor forma de protección contra la pobreza y la exclusión, y de la creación de empleo depende que existan condiciones favorables para la actividad y la inversión del sector privado. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y permitir que los salarios reflejen las diferencias de productividad. La Comisión ha establecido la estrategia de una forma clara. Intentamos mostrar con ello la máxima firmeza a la hora de cumplirla, dando más importancia a este elemento.

Diamantopoulou
Señor Presidente, hace un mes presenté la Estrategia del Empleo revisada al Parlamento. Creo que hoy, con la presentación conjunta de los dos paquetes, estamos dando un paso importante y haciendo una contribución importante para la aplicación de los objetivos de Lisboa, al tiempo que tenemos en cuenta las necesidades y problemas de una Europa ampliada.
Los indicadores y previsiones para el período de tiempo en cuestión, con indicadores de crecimiento económicos realmente preocupantes, muestran que el empleo continuó registrando un bajo índice de crecimiento en 2002. El aumento en el empleo fue de un 1,1% aproximadamente, lo que representa 500.000 nuevos puestos de trabajo, si bien, naturalmente, también debemos presuponer que las previsiones de crecimiento escaso para el año próximo también repercutirán en el empleo. Por lo tanto, es importante que coordinemos y redoblemos nuestros esfuerzos para que impulsemos el crecimiento y ayudemos a crear puestos de trabajo.
La propuesta que presentamos comporta un cambio fundamental si se compara con el pasado. Es el resultado de consultas amplias con el Parlamento, los interlocutores sociales y los Estados miembros; es el resultado de un análisis y evaluación exhaustivos de los cinco años anteriores y, cuando se presentó por primera vez en enero, contó realmente con un amplio apoyo del Consejo.
Las orientaciones de empleo se presentan este año junto con las orientaciones económicas. Es significativo que hayamos dado un paso importante este año en lo que se refiere al calendario. Se evitará de este modo la confusión que ha surgido en los años anteriores, cuando existía una diferencia de seis meses entre los dos paquetes. También hemos dado un paso importante en cuanto al contenido, al haber obtenido un grado considerable de cohesión y compatibilidad entre los dos paquetes de orientaciones, que favorecerá una mejor coordinación y una cooperación más eficiente con los Estados miembros.
Contiene menos orientaciones y estas son más sencillas y, naturalmente, son muy claras con respecto a los resultados que debemos alcanzar. Las orientaciones no son especialmente analíticas, debido a que las políticas de empleo tienen una fuerte dimensión nacional y existen cuestiones de subsidiariedad, de modo que cada país debe, hasta cierto punto, seleccionar los medios que utilizará. Sin embargo, disponen de orientaciones políticas claras y, naturalmente, dilucidamos resultados concretos que deben alcanzarse en cada sector, vinculados en varios casos a objetivos cuantitativos.
¿Cuál es la nueva estructura? ¿Cuál es el nuevo concepto del paquete de empleo? La base política es la interacción necesaria entre las políticas económicas, de empleo y sociales. Por consiguiente, existen tres objetivos: más puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo y un mercado laboral que no excluya a nadie. Estos tres objetivos sostienen tres prioridades que abarcan principalmente un amplio abanico de reformas. Estas reformas están relacionadas con las necesidades de las personas. En concreto, se refieren al aprendizaje permanente y los servicios que deben proporcionarse a los desempleados; se refieren a los sistemas educativos y, naturalmente, a las compañías, como puede ser el problema de la burocracia en las empresas y la cuestión de dar apoyo a las empresas y fomentar la iniciativa empresarial. También se refieren a un muy amplio espectro de reformas, como las reformas en la seguridad social y los sistemas de protección, la cuestión de las pensiones, la cuestión de la tributación, en especial cuando se refiere a salarios bajos. Y por último, se refieren a la cuestión de la igualdad de los sexos y a la participación de las mujeres en el mercado laboral, que se ha integrado en todas las políticas, aunque, naturalmente, existe una prioridad concreta relacionada con la igualdad de los sexos y de todos los grupos sometidos a discriminación. Naturalmente, tienen relación con las orientaciones anteriores, pero los nuevos factores se refieren principalmente a la cuestión del envejecimiento de la población, la necesidad de políticas que mantendrán a los trabajadores de más edad en el mercado laboral y la cuestión de la movilidad. Un nuevo factor interesante es el trabajo no declarado, que también constituye una prioridad de la Presidencia italiana.
Sus Señorías, quisiera referirme a los objetivos cuantitativos. La Estrategia del Empleo se basa en el método de la cooperación abierta. En consecuencia, no existen sanciones ni medidas vinculantes Esto quiere decir que, si de lo que se trata es de que sea algo más que una exposición de ideas, es necesario que acordemos y nos comprometamos en obtener resultados y objetivos cuantitativos concretos. Por lo tanto, proponemos una serie de objetivos cuantitativos. La mayoría de ellos son de carácter nacional, en otras palabras, son los Estados miembros que los establecen, si bien existen indicadores para todos ellos, con la sola excepción del trabajo no declarado y el análisis serio por parte de la Comisión.
Por último, existen orientaciones relacionadas con el modelo intergubernamental por lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales y la reforma de los servicios de empleo y, finalmente, existe una cuestión de recomendaciones, con recomendaciones específicas para cada Estado miembro. Hemos tenido en cuenta el análisis del mercado laboral en cada Estado miembro y hemos considerado las recomendaciones en vista, y desde el punto de vista, de las nuevas orientaciones. Existen 57 recomendaciones efectuadas a los Estados miembros este año y, naturalmente, debo reiterar la compatibilidad y cohesión que existe con las orientaciones sobre el calendario a las que se ha referido el Sr. Solbes.
Lamento que el Parlamento ande escaso de tiempo este año para dar su opinión sobre el paquete del empleo. Quisiera asegurarles que la Comisión se esforzará en lo posible para ayudar en esta labor del Parlamento en un corto espacio de tiempo y con la mayor eficacia posible, y espero que, a partir del próximo año, existirá una mejor comunicación y, desde el punto de vista del tiempo, más relajada entre nosotros.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, lo que los Comisarios han presentado en este Parlamento reafirma básicamente la continuación de la política del Pacto de Estabilidad, política que se acaba de presentar en la Cumbre de Bruselas para acelerar la liberalización y conseguir un mercado laboral más flexible. En otras palabras, se insiste más en lo mismo. Las consecuencias están demostrando ser catastróficas, en particular en mi país, Portugal, en el que hemos entrado en recesión técnica, nos quedamos atrás con respecto a las medias de la Unión Europea, donde el desempleo crece más rápidamente que en la Unión Europea en su conjunto y donde tenemos la tasa más alta de pobreza, incluyendo la pobreza persistente. Por lo tanto, es necesario un cambio de política. Mi pregunta es: ¿cuándo se revisará el pacto de estabilidad para que podamos estar seguros de que existe inversión pública, creación de puestos de trabajo, un mayor poder adquisitivo y medidas eficaces para tratar de resolver la pobreza y la exclusión social?

Goebbels (PSE).
Señor Presidente, es evidente que la Unión Europea está experimentando actualmente una ligera recesión y el futuro tampoco se vislumbra muy alentador. Los costes de la guerra y los costes de la paz pesarán profundamente en la economía mundial y, por consiguiente, también en la economía europea.
¿Señor Comisario, podemos acaso permitirnos seguir asfixiándonos con una política dogmática de estabilidad, que se considera como un fin en sí misma? ¡Naturalmente, la estabilidad es un bien público! Pero la política económica no debe limitarse estrictamente a combatir los déficits públicos. Actualmente, los Estados Unidos, paradójicamente, poseen una política económica y fiscal mucho más pragmática que Europa. El déficit público estadounidense, calculado conforme a los criterios de Maastricht, superaría ahora el 5%. ¿Acaso, señor Comisario, no debería complementarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con un pacto para coordinar la política económica, lo que impulsaría el crecimiento y el empleo y contribuiría a estimular la inversión pública y privada en la investigación en infraestructuras y desarrollo regional, y en formación y el mercado laboral?

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, señores Comisarios, sus Señorías, quisiera hacer dos comentarios.
El primero es que nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lamenta en extremo el período de tiempo excepcionalmente corto que se ha asignado a este tema. La Sra. Diamantopoulou ya ha señalado este punto. Casi se podría decir que es antidemocrático que el ponente de nuestra comisión deba entregar un informe la semana próxima, este próximo viernes, para ser más exactos. Podemos continuar deliberando sobre este asunto, pero, naturalmente, el plazo es demasiado corto.
El problema es lo suficientemente grave tal como está, pero lo que es incluso peor es que se repita el próximo año, sin duda de forma más grave. Respecto al tema de un método abierto de coordinación, también yo, junto con muchas otras personas, queremos que se nos tome en serio. Por lo tanto, estos procedimientos deben cambiarse de un modo u otro, a pesar de toda la mediación que ha tenido lugar entretanto.
Asimismo, me temo que faltan dos temas en las orientaciones para el empleo, pero, en breve, vamos a tratar sobre ellos en nuestras comisiones. El primer tema se refiere a que nos estamos concentrando demasiado y con demasiado énfasis en problemas a corto plazo en determinados países, que acaban de citarse. El segundo es el carácter no cíclico de estas orientaciones.

Solbes
. (ES) Señor Presidente, el debate de hoy trata precisamente de las grandes orientaciones de política económica para generar más empleo en Europa.
Los problemas que se plantean en Europa no son, en opinión de la Comisión, problemas de una política fiscal expansiva. Los estabilizadores están desempeñando un papel, están permitiendo que esa política expansiva se produzca.
Por otra parte, hasta ahora no se ha demostrado que los países que tienen políticas fiscales expansivas obtengan mejores resultados en términos de crecimiento. Más bien diría que la correlación es la contraria: los países que tienen políticas fiscales más sanas son los que tienen los niveles de crecimiento más alto. 
Creo que los problemas que se plantean en estos momentos no son -y lo he repetido muchas veces-, de pactos de estabilidad, sino problemas derivados de las reformas necesarias para incrementar nuestro potencial de crecimiento en Europa. Y ello tiene mucho que ver con las propuestas que hacemos en nuestras grandes orientaciones.
En mi opinión, la modificación que la Comisión introdujo en el mes de noviembre sobre el pacto de estabilidad nos da margen de maniobra suficiente para hacer frente a las circunstancias actuales.

Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, señora Comisaria, Señorías, no coincido con el punto de vista de mi colega, el Sr. Goebbels, en el primer aspecto, es decir, creo que hay que mantener la disciplina establecida en los pactos de estabilidad porque, efectivamente, da a la Unión Europea una solidez y una credibilidad superiores precisamente a la norteamericana, la cual, en el análisis de las economías a nivel internacional revela un déficit que causa una gran preocupación.
Quiero insistir en la necesidad de que realmente haya una coordinación efectiva y un cumplimiento efectivo de los compromisos que se establecen en los pactos de estabilidad por parte de los Estados miembros y pienso, a raíz de las propuestas que se han hecho aquí, que si la Comisión no tiene una mayor capacidad de incidencia en este cumplimiento y en un ámbito como sería la utilización de la política fiscal impositiva, por ejemplo, realmente es muy limitada la seguridad que se tiene de que se realicen y se alcancen los objetivos.
Insisto, y creo que el Parlamento lo apoya de manera generalizada, en el grado de cumplimiento y de realización de los compromisos de los Estados miembros, ya que, como vemos en la situación actual, desgraciadamente hay algunos y muy importantes que, en lugar de acercarse, se alejan, a la hora de dar credibilidad y solvencia.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a ser muy breve. Quisiera empezar dando las gracias a los Comisarios. Quiero formular dos preguntas que se derivan de lo que se ha estado deliberando en el Parlamento. La primera pregunta se refiere al desafío demográfico, una de las cuestiones más importantes y quizás la más importante de todas, para el futuro de la UE. ¿Cuáles son las iniciativas que los Comisarios están dispuestos a emprender para crear una política más orientada hacia la familia y los niños, para que la vida familiar y el cuidado de los niños pueda combinarse con la vida laboral?.
Mi segunda pregunta se refiere a lo que la Comisaria Diamantopoulou mencionó con respecto a los trabajadores de más edad. En los Estados Unidos es inconstitucional forzar a las personas mayores a jubilarse. ¿Debería también abordarse el tema de la jubilación obligatoria para las personas de edad en la Unión Europea y debería darse a estas personas la opción de continuar trabajando voluntariamente durante más tiempo de lo que lo hacen actualmente?
Por último, solo quiero hacer hincapié en que es importante para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se sea claro y no ocuparse de política sin que se tengan unos criterios claros.

Andersson (PSE).
Señor Presidente, tengo tres preguntas. Apruebo la coordinación de las orientaciones de la políticas económica y del empleo. ¿Cuándo llegará el momento de integrar también las orientaciones en política social en esta coordinación?
El crecimiento, el empleo y el bienestar social van de la mano. Con el crecimiento y el aumento del empleo que existe actualmente, no vamos a cumplir los compromisos sociales futuros respecto, por ejemplo, de las pensiones. ¿Qué opina usted sobre ello, como Comisión?
Hablamos muy a menudo sobre el capital humano y el aprendizaje permanente. Para que podamos hacer un mejor uso de la mano de obra, ¿qué es lo que propone, desde un punto de vista práctico, en lo que se refiere al aprendizaje permanente y la calidad en el lugar de trabajo?

Diamantopoulou
Señor Presidente, no he entendido la última pregunta del Sr. Andersson. ¿Podría repetirla?

Andersson (PSE).
La última de mis tres preguntas se refiere a que muy a menudo hablamos sobre el capital humano y el desarrollo del capital humano para aumentar la competitividad. ¿Existen propuestas prácticas para el desarrollo del capital humano y para mejorar la calidad en el lugar de trabajo de modo que no nos ocupemos únicamente de generalizaciones? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo desde un punto de vista práctico, a escala europea?

Diamantopoulou
Señor Presidente, empezaré con la pregunta formulada por la Sra. Figueiredo, quien ha vinculado el aumento del desempleo en Portugal con el pacto de estabilidad. Creo que el análisis del mercado laboral en Portugal y las recomendaciones para este país son una lectura interesante. Se puede observar que existe un problema de productividad muy grave, que está relacionado con la inversión en recursos humanos, con un gran número de estudiantes que abandonan sus estudios y con un gran número de personas que no tienen estudios secundarios. La falta de cualificación, la ausencia de personal cualificado repercute en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y el ámbito de la innovación y la alta tecnología.
Si uno profundiza un poco más, observará que existe un problema concreto en el ámbito de las mujeres en que, aunque existe una elevada proporción de mujeres que trabajan, si se compara con otros países, si se analiza el mercado laboral femenino, se observa que se concentra totalmente en puestos de trabajo con remuneraciones muy bajas y empleos a tiempo parcial, debido nuevamente a una ausencia de cualificación entre las mujeres. Por consiguiente, las políticas que deben aplicarse y en las que el gobierno portugués ha realizado, naturalmente, grandes progresos, están relacionadas con cambios estructurales que tienen que ver con los recursos humanos. Naturalmente, nadie cree que se trate únicamente de una cuestión de cambios estructurales, sino más bien del desarrollo general de un país, pero no podemos por ello ignorar estas políticas importantes.
Sobre la segunda pregunta formulada por el Sr. Bouwman, creo que la estrecha cooperación que hemos mantenido desde noviembre en todas las etapas del proceso de las propuestas preparó a la comisión parlamentaria en cuestión, de modo que fue posible dar una respuesta adecuada y de modo eficiente en este corto espacio de tiempo. El año próximo vamos a intentar hacer un uso completo de todos los márgenes disponibles dentro del marco de la sincronización, para que el Parlamento pueda desempeñar un papel activo.
Sobre la pregunta acerca de los trabajadores de más edad y la forma en que pueden permanecer en el mercado laboral, las empresas han utilizado los planes de jubilación anticipada en Europa como herramienta reestructuradora durante muchos años. Tanto en el sector público como privado, cada reestructuración de relevancia ha estado vinculada a privilegios o a un plan de pensiones a una edad muy temprana de los trabajadores. Debido a ello, existe un gran número de pensionistas relativamente jóvenes, de menos de 55 años y, naturalmente, hay que decir que se ha alcanzado el límite.
Hoy en día, la situación económica es tal, en particular respecto a los sistemas de pensiones tanto en el sector público como privado, que sería muy difícil tolerar este tipo de solución. Por consiguiente, ante todo, la jubilación anticipada no puede ser considerada como una solución ni por parte de las empresas, ni de los trabajadores, quienes se jubilan a una edad activa y les es difícil no volver a participar en la vida económica, dado que ha aumentado considerablemente la esperanza de vida. Naturalmente, no podemos hablar acerca de suprimir los planes de jubilación anticipada, a menos que se acompañe de una decisión, junto con políticas para mantener a estas personas en el mercado laboral. A este respecto, las orientaciones que proponemos también incluyen políticas y objetivos específicos para la formación, para invertir en estas personas de modo que puedan cambiar su trayectoria profesional, para prestarles apoyo para que puedan entrar en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y establecer sus propios negocios; políticas que les mantengan activos. Repito que, en los 22 objetivos cuantitativos que podrán ver en los textos, existen objetivos relacionados con los trabajadores de más de 55 años y, naturalmente, uno de ellos se acordó en el Consejo de Barcelona del año pasado.
¿Qué es lo que proponemos exactamente sobre la cuestión de invertir en recursos humanos? Dentro de las diez prioridades a las que nos referimos, existe la cuestión del aprendizaje permanente y una propuesta para un objetivo cuantitativo para cada inversión de cada país en el aprendizaje permanente en relación a los costes laborales totales. Hay que decir que, en estos momentos, las cifras en Europa son extremadamente pequeñas. Un 2,4% de los costes laborales se invierte en trabajadores del sector privado; existen orientaciones y objetivos específicos para el sistema educativo y existe el objetivo de que un 80% de la población haya recibido formación equivalente a educación secundaria en 2010, para que puedan permanecer en el mercado de trabajo y que sean aptos para conseguir un empleo. Y creo que, si se aceptan a la larga estos objetivos cuantitativos a escala nacional, representará una fuerza política importante para los gobiernos nacionales.

El Presidente
. Muchas gracias, señora Diamantopoulou.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera empezar comentando muy brevemente el calendario. Soy ponente parlamentario cuando se trata de las orientaciones que estamos deliberando en estos momentos. Quisiera declarar que he recibido la redacción definitiva de las orientaciones solo hace unos pocos minutos cuando he llegado al salón de sesiones antes de las 17 horas. Terminaré mi tarea dentro de dos días. Mi informe se presentará para su traducción el viernes por la mañana. Se trata de condiciones inaceptables, pero no debo perder más el tiempo hablando sobre esto en estos momentos.
En vez de ello, quisiera abordar una cuestión política que creo que es fundamental. Creo que lo mejor de todo sobre la estrategia europea de empleo de la Comisión es el gran énfasis que se pone en el aspecto de la calidad. Creo que esto es, ante todo, lo que distingue básicamente nuestro propio mercado laboral del de los Estados Unidos, Japón y de todo el mundo. La dimensión de la calidad es crucial pero, al mismo tiempo, existe una presión para reducir los costes laborales que no tiene nada que ver con la calidad. ¿Cómo se va a resolver esta contradicción entre esta presión para reducir los costes y las exigencias de calidad?

Cercas (PSE).
Señor Presidente, señores Comisarios, me alegro mucho de que la evaluación que se ha hecho sobre la estrategia europea del empleo nos permita mejorar los instrumentos, porque esta es una gran demanda de nuestros ciudadanos.
Quiero hacer una pregunta, señor Presidente. La señora Comisaria ha hablado de la fijación de objetivos en una materia en la que estos deben ser de carácter nacional. Mi pregunta es si, efectivamente, respecto a las tasas de ocupación, que han estado siempre referidas a escala regional y a escala europea, del año 2010 y del 2005 los Estados miembros van a estar obligados por cifras concretas, si cada Estado va a verse obligado a pasar de la literatura a las matemáticas, si vamos, efectivamente, a tener una estrategia europea del empleo a nivel estatal que no consista solamente en ideas, sino que también conlleve la exigencia de resultados, por parte del Parlamento y de las opiniones públicas.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, al margen de la crítica justificada acerca de la falta de tiempo, esta es sin lugar a dudas una ocasión importante. Por fin disponemos de directrices sincronizadas y tenemos que hacerlo lo mejor que sepamos, a la vista de la situación a que nos enfrentamos ahora.
Sugiero a los Comisarios que una de las cosas que pueden hacer, desde un punto de vista práctico, para presionar a los Gobiernos nacionales a que actúen, sería asegurarse de que estas directrices se envían a todos y cada uno de los diputados de cada parlamento nacional de la Unión Europea, en lugar de remitirlas a las secretarías de los parlamentos nacionales. Eso se traduciría en una presión notable sobre los Gobiernos nacionales.
En cuanto a prolongar la vida laboral, me gustaría decir a los dos Comisarios que a muchos trabajadores les preocupa el hecho de que, en lugar de disfrutar de una enseñanza continua, van a terminar trabajando durante toda su vida. Opino que necesitamos garantizar que las pensiones de la gente realmente mejorarán si aceptan seguir trabajando más tiempo, sobre todo aquellas personas que perciben pensiones reducidas.
Por último, ¿vamos a tener un marco europeo para inversión en I+D, educación, formación continua, de manera que podamos crear un auténtico motor de crecimiento en Europa?

Solbes Mira
. (ES) Señor Presidente, voy a responder rápidamente. Todos tenemos en este momento el problema de las dificultades con los tiempos, pero ya contábamos con ello en el proceso de conseguir el streamlining.
Sin duda, en la definición de los sistemas de benchmark, no existen las implicaciones desde el punto de vista de obligación comunitaria. Existe un sistema de revisión de las cifras y de comportamiento y, en cuanto a la necesidad que sus Señorías han planteado de disponer de las cifras, se dispone ya de gran parte de las mismas en el informe de primavera que presentamos. Las cifras que figuran en este no son las cifras absolutas; en muchos casos, no son las cifras agregadas comunitarias, pero sí encontramos las cifras de cada uno de los Estados miembros en cuanto a I+D y en cuanto a otros tipos de educación, que nos permiten conocer con cierto grado homogéneo de comparabilidad lo que está sucediendo en cada uno de ellos.

El Presidente.
Tiene la palabra el señor Alavanos para una cuestión de orden que yo le ruego que exponga brevemente.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, presenté la pregunta nº 47 sobre el tema de la protección de muros de piedras secas, bancales de baja altura construidos en las islas griegas para detener la erosión del suelo. Se trata de una cuestión puramente medioambiental. No se trata de política exterior ni de ninguna otra cuestión. Se debería haber incluido mi pregunta en las dirigidas a la Sra. Wallström y quisiera pedir que se incluyera, principalmente sobre la base del número que se le asignó en el momento de su presentación. Se trata de una cuestión que entra dentro de la competencia de la Sra. Wallström. Puede que los servicios del Parlamento cometieran un error. Le agradecería que se pudiera incluir en esta sesión, como primera pregunta para la Sra. Wallström, sobre la base del momento de su presentación y del número que se le asignó.

El Presidente.
Señor Alavanos tomamos muy buena nota. Como usted sabe la Comisión es la que nos informa al Parlamento e informa al Presidente del Parlamento.
Yo solamente organizo el debate en esta sesión, pero tomo muy buena nota de lo que usted dice y lo traslado a la instancia pertinente, tanto a la Comisión como al Presidente del Parlamento.
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0088/2003).
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte
 El Presidente.
Pregunta nº 32 formulada por David Robert Bowe (H-0154/03):

Asunto: Venta de mercancías por internet
¿Está de acuerdo la Comisión en que parece una práctica absolutamente desleal el hecho de que las reglamentaciones de la UE permitan que empresas con sede en países no miembros de la UE vendan mercancías por internet y luego las envíen directamente al comprador sin que éste deba pagar el IVA correspondiente en caso de que el valor de las mercancías esté por debajo del nivel mínimo fijado por la Comisión?
¿Está de acuerdo la Comisión de que esto constituye una seria amenaza para las empresas y el empleo en el interior de la UE? En caso negativo, ¿por qué no? En caso afirmativo, ¿qué medidas propone la Comisión para resolver esta situación?

Bolkestein
Quiero contestar a la pregunta del Sr. Bowe.
Efectivamente es cierto que los Estados miembros pueden aplicar la exención del IVA a envíos comerciales de valor reducido procedentes de terceros países, pero estos umbrales de minimis, que pueden fijarse en 10 ó 22 euros, no vienen fijados por la Comisión, sino que más bien están previstos en el artículo 22 de la Directiva 83/181/CEE del Consejo. Es más, estos umbrales de exención son opcionales. Los Estados miembros pueden optar en consecuencia por aplicar el IVA a los artículos de importación que hayan sido adquiridos por correo. Algunos Estados miembros, como Bélgica, así lo tienen establecido.
La Comisión es consciente de las posibles distorsiones competitivas que pueden surgir por culpa de los suministros de artículos comerciales de valor inferior a un mínimo y procedentes de terceros países. Un grupo de trabajo técnico, presidido por mi servicio, ha llegado a la conclusión de que se está importando regularmente desde terceros países una serie cada vez mayor de productos tales como DVD, juegos de vídeo, flores, lentes de contacto, libros y otros materiales impresos y CD. El nivel de perjuicio económico no se puede cuantificar sin un análisis económico más detenido.
Por iniciativa de la Comisión, los Estados miembros han accedido a efectuar estudios económicos detallados para analizar la dimensión económica de este problema. Concretamente resulta necesario establecer si el posible perjuicio competitivo, creado por la aplicación de la exención fiscal de 10 ó 22 euros, supone una amenaza grave para los negocios y el empleo dentro de la Unión Europea. Cualquier iniciativa adicional que abarque a toda la Comunidad dependerá del resultado de dichos estudios.

Bowe (PSE).
Le agradezco su respuesta, señor Comisario. Resulta bastante evidente que está usted al tanto de la situación y que está tomando medidas. Sin embargo, ¿no podría proceder con mayor celeridad? Este problema me fue planteado por un elector de la ciudad de Leeds, que tiene un pequeño negocio de venta de DVD -el tipo de artículos que usted ha mencionado- y emplea a 31 personas. Una compañía radicada en las Islas del Canal, que realiza muchas de sus actividades de forma legítima desde el territorio del Reino Unido, amenaza muy seriamente su negocio. Es un problema grave. Con la creación de un grupo de trabajo usted ha venido a reconocer que constituye un problema grave en toda la Unión Europea. Dado que esto viene sucediendo desde hace bastante tiempo -usted ha mencionado la Directiva que data de 1983- ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que su grupo de trabajo presente alguna propuesta de acción? Si bien yo acepto que los Estados miembros puedan disponer de una opción transitoria para adoptar medidas de protección de las empresas frente a esta competencia desleal, ¿podría decirnos, por favor, cuándo va usted a proporcionar protección a todo el mundo en la Unión y emprender alguna acción a través del grupo de trabajo?

Bolkestein
Me gustaría responder a la pregunta muy razonable del Sr. Bowe diciendo, en primer lugar, que soy consciente del problema, pero que por otra parte deberíamos saludar con beneplácito la venta de artículos a través de Internet. Constituye en sí mismo un fenómeno beneficioso del mercado interior y, por tanto, deberíamos intentar fomentar dicho comercio. Surge entonces el problema del pago del IVA y la exención de impuestos y, en consecuencia, el problema al que ha hecho referencia el Sr. Bowe. Como he expuesto anteriormente, no podemos proponer realmente una línea de acción útil hasta que y a menos que hayamos analizado la situación, y este análisis se base en las investigaciones de los Estados miembros sobre la magnitud del problema. Solo entonces, cuando dispongamos de tal análisis, podremos proponer algo útil.
Al Sr. Bowe tal vez le interese saber que los Estados miembros estarán recabando detalles hasta julio del presente año, así que dentro de unos pocos meses debería estar reunida toda la información y entonces la Comisión podrá proponer un plan de acción útil, pero solamente en el caso de que se determine que existe una distorsión del mercado interior y, en segundo lugar, naturalmente, solo actuaremos sobre aquellos envíos comerciales que representen verdaderamente un problema. Al fin y al cabo, si estamos pidiendo a la gente que cumpla ciertos requisitos, es necesario verificar que son correctos y ello supone un coste para los Gobiernos implicados; esa es básicamente la razón de la regla de minimis. Pueden existir excepciones y es muy probable que los electores del Sr. Bowe constituyan una de ellas, pero yo le pediría al Sr. Bowe que nos conceda tiempo hasta finales de junio o julio de este año, y entonces retomaremos el tema, si el Sr. Bowe lo desea.

El Presidente.
Pregunta nº 33 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0176/03):

Asunto: Supresión del sistema de preferencias tarifarias generalizadas a algunos sectores de Centroamérica y Comunidad Andina, mediante la aplicación del mecanismo de la graduación
¿Considera la Comisión que la supresión de las preferencias tarifarias (a través de la aprobación por la CE de una propuesta (COM/2003/0045 final) de reglamento del Consejo para la aplicación del artículo 12 del Reglamento (CE) 2501/2001

Lamy
Le recordaré que el mecanismo de graduación, tema de la pregunta del Sr. Salafranca, ha formado parte de nuestro Sistema de Preferencias Generalizadas desde 1995. Este sistema busca impulsar el desarrollo de la economía de los países que se benefician de estas preferencias, posibilitándoles incrementar sus exportaciones a la Comunidad y dirigiendo estas preferencias tarifarias a los países que más las necesitan.
El objetivo de este sistema es fomentar el desarrollo de las exportaciones desde los países que se benefician de estas preferencias, con el corolario de que el trato preferente debe suprimirse una vez se haya alcanzado este objetivo. Este sistema de preferencias tarifarias no puede continuar indefinidamente; debe tener un plazo y es por ello que disponemos de un mecanismo de graduación. Esto permite imponer límites, que se basan en que solo algunos sectores requieren el SPG. Esta graduación se determina según criterios objetivos y neutrales, incluidos en nuestra legislación y directamente vinculados a la especialización exportadora de los países afectados.
La Comisión entiende las preocupaciones expresadas por el Sr. Salafranca, que además coinciden con las que han expresado algunos países beneficiarios. Sin embargo, creemos que, en general, los temores sobre el impacto de esta graduación son exagerados, incluso si estamos dispuestos a mostrarnos un poco flexibles en este caso.
En el caso de Colombia, tema de la primera parte de su pregunta, la mayoría de las exportaciones afectadas son la flor cortada y las exportaciones destinadas principalmente al mercado estadounidense. Por consiguiente, no es muy probable que un pequeño incremento en los aranceles aduaneros afecte el nivel general de las exportaciones de flor cortada procedentes de Colombia.
En el caso de Costa Rica, en donde los productos afectados son tanto las plantas como la flor cortada, tampoco compartimos la preocupación manifestada en diversos ámbitos. Costa Rica es un país que se está desarrollando relativamente bien. Su situación económica general ha mejorado y en cuanto a la especialización, que define, por decirlo así, la competitividad de un sector en el país comparado con el mismo sector en otros países, está claro que Costa Rica sigue siendo un país competitivo.
Pasando ahora a su pregunta sobre el impacto del mecanismo de graduación en países que se benefician del sistema de preferencias específico que lucha contra el cultivo de drogas, es cierto que cuando se estableció el mecanismo de graduación este no era de aplicación al SPG «Droga». La situación cambió en 2001 con un reglamento del Consejo que aplicaba el nuevo plan de preferencias hasta 2005 y adaptando el SPG «Droga», por decirlo así, con el plan normal. ¿Por qué este cambio? Porque queríamos evitar que se desafiara el SPG «Droga» en la OMC basándose en su carácter discriminatorio. Por cierto, no se le pasó por alto a la India, que ha presentado una impugnación contra nosotros ante la OMC sobre este asunto. Creo que debemos poder defendernos.
Por último, echemos un vistazo a los resultados de la aplicación del mecanismo de graduación en el pasado. Podemos observar que, en general, la retirada de preferencias no ha limitado las exportaciones de los productos en cuestión procedentes de los países beneficiarios. Si observamos lo que ocurrió en la región mencionada en cuestión, y en particular en Chile y México, podemos ver que la aplicación de la graduación no ha interrumpido las exportaciones de los países que siguen creciendo. También es verdad que las negociaciones multilaterales aportan recortes regulares en los aranceles aduaneros, con el resultado de que tanto los aranceles como las preferencias cada vez tienen menos relevancia.
Por último, recordemos que si se retira este trato preferente, será el importador europeo quien deberá pagar este arancel, quizás recortando su margen ligeramente, y todos sabemos que en el caso de un importador normalmente esto le resulta cómodo.
Por consiguiente, Colombia y Costa Rica cumplen las condiciones de los objetivos establecidos en nuestra legislación para que se les aplique el mecanismo de graduación y no estamos de acuerdo con el análisis según el cual representaría un duro golpe para sus economías. La graduación no es una sanción, sino todo lo contrario. Significa que las exportaciones del país afectado han alcanzado un nivel de autosuficiencia sin el apoyo del sistema de preferencias y que se han alcanzado los objetivos de competitividad y madurez económica que queríamos fomentar.
Una vez dicho esto, y para responder a las preocupaciones manifestadas tanto por varios Diputados del Parlamento como por algunos de nuestros Estados miembros, así como por algunos comerciantes y, evidentemente, por los países en cuestión, la Comisión ha acordado mostrar un cierto grado de flexibilidad. El mecanismo de graduación, que debía entrar en vigor a finales de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, todavía no ha entrado en vigor y, por lo tanto, los países han podido seguir beneficiándose del SPG. La fecha definitiva todavía está siendo estudiada y se decidirá en breve por el Consejo de Ministros. Así pues, aunque no compartimos todas las preocupaciones que han sido expresadas, en este caso hemos empezado a mostrar flexibilidad.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, la Comisión es una institución, por lo menos para mí, fundamentalmente política, y a mí me gustaría recibir del señor Comisario una respuesta política.
Señor Comisario, he escuchado con mucha atención durante 6 minutos su respuesta, pero le pregunto ¿desde una perspectiva política, se puede sostener seriamente que la supresión de estas preferencias, mediante el mecanismo de la modulación, va a beneficiar y ayudar a un país como Colombia que tiene 26 millones de pobres y en el que se producen 30 000 muertes violentas al año? ¿O a un país como Costa Rica, donde estos productos se cultivan en zonas sensibles, donde hay inmigrantes, cabezas de familia y mujeres? Creo señor Comisario, francamente, que no van a beneficiar a estos países, y no se puede establecer un parangón ni con México ni con Chile. Por los aspectos cuarto y quinto de mi pregunta ha pasado usted haciendo una derivación y no le voy a pedir que me conteste, pero ha hablado usted de flexibilidad y me gustaría saber ¿en qué cifra la Comisión su flexibilidad? ¿En poder discutir en lo que se refiere a la entrada en vigor de estas medidas? ¿Estaría dispuesta la Comisión a sustraer de este régimen los productos agrícolas sustitutivos? y, por último, ¿qué piensa hacer la Comisión cuando expire el sistema de preferencias generalizadas Droga en el año 2004? ¿Piensa la Comisión renovarlo?

Lamy
No se me ha pasado por alto, señor Salafranca, que se supone que la Comisión es ligeramente más una institución política que una institución técnica. Sin embargo, por más política como pueda ser, su objetivo es aplicar los tratados, normas y legislación que la Unión Europea ha aprobado para sí misma. Si no lo hacemos, estamos incumpliendo nuestras obligaciones, y esto es una cuestión política, no una cuestión técnica.
¿Va a tener efectos graves y duraderos esta modesta reducción en los aranceles aduaneros sobre la flor cortada en Costa Rica y Colombia? No lo creo. Pueden manifestar un punto de vista opuesto. Por ahora, lo único que puede terciar entre nuestros diferentes puntos de vistas son los precedentes. Y los precedentes nos muestran que no existen mayores riesgos.
Sin embargo, debido a que la Comisión es consciente de la situación política, esta ha acordado retrasar la aplicación de esta graduación. ¿Hasta cuándo? Nos encontramos en el proceso de debatirlo con el Consejo de Ministros, que, tal como ocurre a menudo cuando se trata de política comercial, tiene la última palabra sobre el asunto. ¿Sería bien acogida una excepción específica para los productos agrícolas? No lo creemos, por una sencilla razón: debilitaría la compatibilidad con la normativa de la OMC de nuestro sistema de preferencias generalizadas, el cual, como bien saben, ha sido desafiado por la India basándose, debo añadir, en que no se beneficia del SPG «Droga». Por consiguiente, no queremos ayudar a aquellos que, por así decirlo, desearían que este plan desapareciera.
Por último, ¿qué ocurrirá en 2004? El plan vence a finales de 2004 y el año próximo vamos a tomar una decisión entre dos opciones que, actualmente, parecen ser posibilidades: o bien modificar el plan a partir del 1 de enero de 2005 o prorrogarlo durante un determinado período de tiempo. La elección entre estas dos hipótesis dependerá de hasta qué punto haya avanzado la ronda de negociaciones, ya que estaría bien que se conociera la tendencia general de los niveles arancelarios antes de determinar las preferencias exactas. La Comisión tomará esta decisión en el transcurso del próximo año.

El Presidente.
Pregunta nº 34 formulada por Myrsini Zorba (H-0214/03):

Asunto: ECHO en el Iraq
En 2002, ECHO proporcionó ayuda al Iraq por 15 millones de euros. Ahora, la Comisión quiere llegar a los 100 millones de euros, es decir, además de los 21 millones anunciados, conseguir 79 millones adicionales de la reserva para emergencias. Considerando que en las actuales circunstancias se ha incrementado considerablemente el importe de la ayuda y que ECHO está representada en la región por solo cinco personas en Ammán;
¿Cree la Comisión que, dadas las enormes necesidades humanitarias actuales, esta representación es suficiente? ¿Habrá un aumento de la representación de ECHO en la región, así como en el Iraq? ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la forma en que ECHO ha gestionado sus actividades hasta ahora? ¿Es viable la idea de establecer una estructura más permanente en el Iraq y para la región? ¿Existen acuerdos con las Naciones Unidas con vistas al "día siguiente"?

Nielson
Respecto a la primera parte de la pregunta, sobre si la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) en Ammán es suficiente para cubrir las necesidades actuales de la región, quisiera en primer lugar clarificar lo siguiente.
La Oficina de ECHO en Ammán constituye el centro regional para la crisis del Iraq. Recientemente, esta oficina se ha ampliado, y en estos momentos cuenta con siete asistentes técnicos expatriados y 10 puestos cubiertos con personal local. Abarca el Iraq y el resto de Oriente Próximo. En Jerusalén también existe una antena que consiste en un asistente técnico expatriado y tres puestos ocupados por funcionarios locales.
Se seleccionó Ammán como centro regional para esta crisis debido a que su oficina dispone de recursos humanos y logísticos adecuados para dar respuesta inmediata a las necesidades en este campo. Las funciones del asistente técnico consisten en la evaluación de la situación sobre el terreno, el análisis de las necesidades y la formulación de recomendaciones a ECHO. Una vez se ha aprobado la ayuda, el asistente técnico supervisa su aplicación sobre el terreno. También se encarga de la coordinación con otros donantes y organizaciones humanitarias interesadas.
Sin embargo, hay que hacer hincapié en que ECHO no es una organización ejecutiva. La entrega efectiva de la ayuda humanitaria corre a cargo de entidades que colaboran con ECHO. Se trata de organizaciones humanitarias internacionales, como la Cruz Roja, agencias de la ONU y ONG humanitarias europeas.
Antes de la crisis se realizaron visitas de seguimiento regulares. Tres misiones, tanto de la sede central como de las oficinas locales, han visitado el Iraq desde enero de este año. El objetivo principal de estas visitas era prepararse para las consecuencias de lo que era en esos momentos una crisis potencial. Ahora se han suspendido estas visitas. Actualmente, los asistentes técnicos de ECHO están siguiendo la crisis desde Ammán.
ECHO reanudará la evaluación de necesidades y las misiones de seguimiento tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad. Entonces, ECHO reevaluará la necesidad de reforzar todavía más su presencia sobre el terreno. Sin embargo, por el momento, ECHO considera que su presencia es la suficiente.
En cuanto a la viabilidad de una estructura permanente en el Iraq y en la región, ya puedo decir que, tal como se hizo en el Afganistán, ECHO tiene la intención de abrir una oficina en Bagdad tan pronto mejore la situación de seguridad. Esta oficina estará bajo la responsabilidad de la oficina regional de Ammán. Es posible que se traslade personal de Ammán a Bagdad. ECHO también prevé abrir una oficina en el Irán si se producen grandes desplazamientos de refugiados a ese país.
La oficina de ECHO en Ammán está lista para suministrar apoyo de tipo operativo, logístico y administrativo a la futura antena de ECHO en Bagdad, en forma de personal, asistencia, etc. nada más empezar a estar presentes allí.
En cuanto a la evaluación de las actividades de ECHO, quisiera recordar, en primer lugar, que una evaluación más amplia e independiente del funcionamiento de ECHO que se llevó a cabo en 1999 exponía que 'Actualmente, ECHO financia el suministro de ayuda humanitaria al menos tan bien como cualquier otra organización, y probablemente mejor y de un modo más eficiente que cualquier otra organización internacional similar?.
También había una serie de recomendaciones y críticas concretas en esta evaluación y hemos realizado un seguimiento muy activo de la misma. Esto se lleva a cabo con la perspectiva de mejorar la calidad general de la gestión de las actividades de ECHO, que también incluye la verificación de los resultados. Quisiera mencionar las principales.
Ante todo, ECHO ha introducido el enfoque del marco lógico y ha fomentado el uso de indicadores de rendimiento normalizados, para poder medir mejor los resultados y evaluar el efecto de sus actividades siempre que sea posible. Esto también estimulará una mejora de las propuestas de proyectos que recibimos de nuestros socios que ejecutan las medidas de ayuda, y ya podemos apreciar claramente este efecto.
Paralelamente, ECHO ha incrementado la supervisión y la coordinación técnica de todas las actividades financiadas, en especial en el trabajo de campo, incrementando la capacidad de asistencia técnica y creando oficinas de apoyo regional, tal como acabo de explicar respecto a la situación en Ammán, y también adoptando un enfoque básico más normalizado en cada sector de intervención, en especial en el ámbito de la asistencia sanitaria.
Otro paso adelante en la mejora de nuestro desempeño, basado en las lecciones aprendidas, ha sido la organización de Diálogos de Programación Estratégica para reforzar la cooperación y las estrategias a nivel operativo y político. Desde 2000 se ha mantenido un diálogo estratégico extensivo de mejora continua con todos los principales socios de ECHO: agencias de la ONU, ONG y otras organizaciones internacionales.
Asimismo, ECHO ha ido dando mayor prioridad a esta cuestión y en estos momentos se prepara mejor para las interrelaciones en la articulación de rehabilitación, ayuda, desarrollo, etc., desempeñando un papel más activo, convocando reuniones de coordinación con los servicios pertinentes de la Comisión y otros donantes, tanto a nivel de campo como de la oficina central. Se han destinado fondos para proyectos con fases de ayuda que identifican las operaciones que se pueden traspasar a donantes de desarrollo, y todo este esfuerzo ha dado unos resultados muy positivos. Si observamos Timor Oriental, Kosovo e incluso el Afganistán, este traspaso gradual ha funcionado mejor que en conflictos anteriores.
Paralelamente a la introducción de estos elementos clave para la mejora del desempeño, todos los años ECHO presenta un plan de evaluación al principio del nuevo año presupuestario. Por consiguiente, las evaluaciones se sincronizan con la planificación e implementación de todas las etapas de las operaciones de ECHO. La evaluaciones se centran en las operaciones de países, en los socios y en cuestiones temáticas. El plan de evaluación asegura, cada dos años, que ahora se evalúen todas las operaciones importantes.
Por consiguiente, está en curso un programa de evaluación basado en consultores externos y centrado en las operaciones de ECHO, la capacidad de los socios, así como en temas concretos. Revisten un interés especial las recientes evaluaciones del ACNUR y del Programa Mundial del Alimentos, importantes socios internacionales que también desempeñan un papel principal en la crisis actual del Iraq. Los informes de evaluación se publican periódicamente en la página web de ECHO, una vez se ha informado a los Estados miembros.
Por último, hay que mencionar que ECHO también ha emprendido la aplicación del programa de reforma de la Comisión. Este ha influido positivamente en todos los aspectos administrativos y financieros de la labor de la Comisión.
Hoy en día, ECHO se halla en una situación radicalmente diferente de la situación en que se encontraba cuando esta Comisión asumió su mandato. Un artículo reciente en European Voice me ha hecho pensar que aquello que prometí en la audiencia parlamentaria de agosto de 1999 se ha cumplido. ECHO es hoy, con razón, un actor respetado en el ámbito de la ayuda humanitaria internacional.
Y en cuanto a la última parte de la pregunta, respecto a la existencia de un acuerdo con las Naciones Unidas para abordar «el día después» en el Iraq, recordaré lo que manifestó el Consejo Europeo el pasado 21 de marzo, de que la ONU debe desempeñar un papel central durante y después de la crisis actual. Mi opinión en este punto es simplemente que el sistema de la ONU es el único -repito: único- que tiene la legitimidad, el mandato, la capacidad y la experiencia práctica para coordinar la ayuda después de un conflicto. El debate debe partir de este punto.

Zorba (PSE).
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Quería preguntarle concretamente, dado que la crisis humanitaria de la que hemos sido testigos durante las últimas tres semanas nos ha asombrado a todos, si ha iniciado algún diálogo con los Estados involucrados, en particular el Reino Unido, que también es un Estado miembro de la Unión Europea y, en segundo lugar, qué explicaciones ha recibido de las organizaciones no gubernamentales. En lo que se refiere a la ONU, estoy encantado con su posición. Coincide con la mía.
Otra pregunta que quisiera que me respondiera es ¿qué planes se están elaborando y cuál es el punto de vista de la Comisión sobre el programa petróleo por alimentos? ¿Cuándo cree usted que existirá de nuevo una red de distribución de alimentos, dado que es evidente que la antigua red se ha roto?

Nielson
En respuesta a la primera parte de esta pregunta adicional, en este preciso instante nos centramos en el suministro de ayuda humanitaria en la medida de lo posible. Estamos discutiendo sobre la obligación que tiene, en una situación de guerra, la potencia ocupante de cumplir la Convención de Ginebra y facilitar el acceso para el suministro de ayuda humanitaria imparcial y neutral. Tenemos buenos motivos para que este debate se tome muy en serio y lo sostenemos de un modo sistemático. La siguiente cuestión es asegurar que las diferentes ONG humanitarias internacionales puedan acceder sin tener que obtener la autorización de ninguna de las partes en conflicto. Este es el papel que nosotros, como principales suministradores de ayuda humanitaria, creemos que debemos desempeñar, y nos concentramos en ello. 
Esperamos que en breve se reanude el programa de petróleo por alimentos, que es y debe ser gestionado por las Naciones Unidas. El Secretario General lo ha dejado muy claro. Es una manera natural de organizarlo y esperamos poder verlo funcionar pronto de nuevo.

El Presidente.
Muchas gracias señor Nielson. Vamos a pasar a la segunda parte del turno de preguntas, a las que responderán los tres comisarios aquí presentes.
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen
 El Presidente.
Pregunta nº 35 formulada por Bill Newton Dunn (H-0177/03):

Asunto: ¿Conoce el público suficientemente los números directos?
La autoridad presupuestaria ha concedido fondos a la Comisión para que anime a todos los Estados miembros a informar al público de la existencia de números directos para que éste pueda utilizarlos cuando encuentre material desagradable en Internet.
¿Se considera la Comisión sinceramente satisfecha de que solo una minoría conozca estos números? ¿Cuándo cree que estos números tan útiles serán suficientemente conocidos?

Liikanen
Señor Presidente, existen líneas directas para recibir informes del público sobre contenidos ilícitos en Internet. Tratan estos informes con arreglo a los procedimientos establecidos y los entregan, según proceda, a la policía, a proveedores de servicios de Internet y a otras líneas directas.
Una de las tareas de los proyectos de sensibilización financiados conforme al Plan de acción destinado a promover una utilización segura de Internet es la de difundir la notoriedad de las líneas directas. Los gastos en el período comprendido entre 1999 y 2002 ascendieron a un total de 9 869 millones de euros. La Comisión considera que se trata del enfoque más eficiente. Por lo tanto, esta tarea dará continuidad a las notas de sensibilización en el ámbito de la Red Europea de Sensibilización que se establecerá en la segunda fase del Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet 2003-2004, para el que Su Señoría actuó en calidad de ponente.
Actualmente, el Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet financia líneas directas en Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, el Reino Unido e Islandia, así como la Asociación Europea de Líneas directas.
Los gastos del presupuesto comunitario en el período comprendido entre 1999 y 2002 ascendieron a un total de 3,9 millones de euros. La contribución media anual por línea directa es de 76 500 euros. El principal método de contacto con las líneas directas no se basa en el teléfono, sino en formularios en páginas web y correo electrónico. Las líneas directas han utilizado un serie de métodos para informar al público sobre la manera de ponerse en contacto con ellas. Por ejemplo, en España, la línea directa nacional tiene un hipervínculo en la página principal de Terra, el portal español más importante.
La Comisión no dispone, en estos momentos, de cifras sobre la visibilidad de las líneas directas en lo que se refiere al grado de conocimiento por parte del público en general, pero en una encuesta para el Eurobarómetro a escala europea, prevista para este mismo año, se incluirá una pregunta sobre la visibilidad de las líneas directas . Estoy seguro de que en ese momento dispondremos de información más precisa.
Las estadísticas muestran un aumento constante del número de denuncias en todas las líneas directas. En un período de seis meses, las líneas directas financiadas con cargo al Plan de acción comunitario destinado a promover una utilización segura de Internet, procesó más de 35 000 informes, de los cuales casi 19 000 atañían a la pornografía infantil. La Comisión considera que esta cifra es significativa y que las líneas directas valen la pena.
La situación que refleja este número de informes es muy alarmante. La Comisión ha participado activamente en el impulso de medidas para abordar esta cuestión, entre otras la propuesta de una decisión marco sobre pornografía infantil. Nos complacerá facilitar directamente a Su Señoría más detalles sobre las acciones y actos relacionados con las líneas directas.

Newton Dunn (ELDR).
Señor Comisario, muchísimas gracias, todo esto es muy prometedor. Cuando la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores deliberó sobre esta propuesta de la Comisión, para la que yo fui uno de los ponentes, nos dimos cuenta de que nadie en la comisión parlamentaria sabía nada al respecto; me pregunto si el público que está escuchando el turno de preguntas en la tribuna está al corriente de ello. Por lo tanto, todavía hay mucho que hacer. Le agradezco su ofrecimiento de enviarme más información. Acepto su ofrecimiento y puesto que nosotros, los 626 diputados al Parlamento Europeo somos el punto de contacto entre la Unión Europea y los ciudadanos, ¿podría remitirnos a cada uno una pequeña carta informándonos de ello? Le bastará imprimirlo en los once idiomas y así todos los diputados tendrán conocimiento de ello y podremos todos ayudar a divulgar este servicio de la Unión Europea en nuestros Estados miembros.

Liikanen
Estoy dispuesto a hacerlo, pero ya que hablamos de Internet, ¿podría enviarlo por correo electrónico?

Harbour (PPE-DE).
Como continuación de la pregunta de mi colega, el Sr. Newton Dunn, quiero preguntar al Comisario si ha solicitado la cooperación con los principales proveedores de servicios de Internet para divulgar estos números. Esta sería sin duda una importante puerta de acceso para muchos usuarios de Internet.
Un aspecto relacionado con esta cuestión es el tipo de cooperación que percibe que ofrecen los proveedores de servicios de Internet a la hora de suprimir los sitios ofensivos que se denuncian a través del servicio de línea directa. Otra cuestión relacionada es si se pueden tomar medidas contra los sitios que están siendo alimentados por otros proveedores de servicios Internet de fuera de la Unión Europea.

Liikanen
La línea directa está conectada con proveedores de servicios de Internet, pero naturalmente también estamos en contacto con la Asociación Europea, por ejemplo, para pedirles que hagan circular esta información.
Hay que recordar que cuando este plan de acción despegó hace algunos años, la sensibilización en torno a la pornografía infantil era más limitada. Desde entonces, el número de sitios ha ido aumentando y al mismo tiempo se ha aguzado la atención de los padres, profesores y de toda la sociedad. Este es sin duda el motivo de que hayamos recibido 35 000 informes, de los cuales no menos de 19 000 trataban de pornografía infantil.
Estoy dispuesto a ponerme en contacto con los proveedores de servicios de Internet y, tal como ha dicho el ponente, voy a remitirles a todos ustedes una breve nota con los enlaces. Puede que también podamos plantear la cuestión a la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, llamando la atención sobre lo que Terra, por ejemplo, está haciendo en España con la incorporación de un vínculo en el sitio web. No tengo conocimiento de ninguna situación en que los proveedores de servicios hubiesen rehusado actuar si se les ha informado sobre esto, pero si hay algo en particular, me complacerá informarles de ello.

El Presidente.
Muchas gracias Sr. Liikanen. Pasamos a las preguntas que vamos a trasladar a la Sra. Wallström.
Preguntas dirigidas a la Sra. Wallström
El Presidente.
Dado que su autora no está presente, la pregunta número 36 decae.

El Presidente.
Pregunta nº 37 formulada por Torben Lund (H-0179/03):

Asunto: Alteradores endocrinos y métodos de ensayo
En su resolución de 26 de octubre de 2000

Wallström
En junio de 2001, la Comisión aprobó una Comunicación de seguimiento al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la aplicación de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, es decir, sustancias que interfieren en los sistemas hormonales. En dicha Comunicación se establecían las medidas que se emprenderían para abordar los efectos potenciales en el medio ambiente y la salud de las alteraciones endocrinas, de acuerdo con la obligación de la Comisión de proteger la salud humana y el medio ambiente en la Unión Europea. 
En este contexto, la disponibilidad de estrategias y métodos comunes de ensayo para detectar y evaluar las sustancias químicas que provocan alteraciones endocrinas constituye un requisito fundamental para poder llevar a cabo una actuación legislativa completa.
La Comisión participa en el grupo de trabajo sobre ensayo y evaluación de alteradores endocrinos (EDTA) creado por la OCDE en 1998. Entre las tareas de este grupo destacan el desarrollo de una estrategia de ensayo armonizada a escala internacional y la coordinación y supervisión de las actividades de los diversos subgrupos responsables del desarrollo de nuevas directrices de ensayo o de la revisión de las ya existentes, con objeto de evaluar las propiedades potenciales de alteración endocrina que presentan los productos químicos.
El grupo de trabajo ha llegado a un consenso sobre el desarrollo de un marco conceptual. Esto nos brindará la oportunidad de clasificar y dar prioridad a los productos químicos que causen preocupación, basándonos en la información existente más que en nuevos datos generados en el proceso de evaluación. Este marco genera información sobre datos de mecanismos in vitro e in vivo, y sobre otros efectos adversos debidos a mecanismos endocrinos y otros.
Asimismo, el grupo de trabajo ha establecido una lista de métodos que deberán ser objeto de desarrollo y validación: una comparación de sensibilidad, relevancia y fiabilidad de los ensayos sobre los efectos de los alteradores endocrinos en la salud de los seres humanos y el medio ambiente.
Las últimas estimaciones prevén que los primeros métodos comunes de ensayo para la evaluación de las repercusiones ambientales estarán disponibles en el período comprendido entre 2003 y 2005, mientras se prevé que algunos métodos de ensayo concluirán entre 2003 y 2004. Nuevos ensayos comunes validados para la evaluación de la alteración endocrina contribuirán a mejorar la detección de los alteradores endocrinos y permitirán emitir opiniones informadas sobre la posibilidad de que se produzcan efectos adversos.
Dentro de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos, la Comisión efectuó una convocatoria específica de propuestas de investigación en 2001. Se destinaron 20 millones de euros a esta iniciativa y, junto con una nueva financiación en el ámbito del Quinto Programa Marco de I+D de la Comunidad Europea, actualmente disponemos de unos 59 millones de euros para la investigación sobre los efectos potenciales en la salud humana y en el medio ambiente de los productos químicos que provocan alteraciones endocrinas. Esta investigación incluye el desarrollo de métodos de ensayo novedosos.
Es importante que se reconozca que la alteración endocrina no constituye un punto final toxicológico per se, como el cáncer o la alergia, sino un mecanismo de acción que puede provocar efectos tóxicos adversos. Dada la naturaleza de sus efectos, normalmente la mayoría de alteradores endocrinos podrían calificarse de CMR, es decir, cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. Este tipo de productos químicos deberán ser autorizados con arreglo al sistema REACH previsto en el Libro Blanco sobre la Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos. Asimismo, se han relacionado casualmente efectos adversos sobre el sistema endocrino de la fauna y la flora con determinadas sustancias bioacumulativas y tóxicas persistentes que también deberán ser sometidas a autorización.
Actualmente, la Comisión se plantea si conviene incluir en la propuesta de reglamento REACH una disposición para que las sustancias bioacumulativas y tóxicas persistentes, o muy persistentes y muy bioacumulativas -y, considerando caso por caso, las sustancias igual de preocupantes, como pueden ser los alteradores endocrinos que todavía no entran dentro de los criterios CMR- estén sujetas a autorización previa.

Lund (PSE).
Señor Presidente. Quisiera agradecer a la Comisaria Wallström que diera una respuesta completa. El motivo de mi pregunta es, naturalmente, que lleva tiempo encontrar estos métodos de ensayo reconocidos. Deberíamos haber dispuesto de un método para los efectos sobre la salud el año pasado, y para los efectos en el medio ambiente, ahora, en 2003-2005. Ahora, entiendo que los métodos para los efectos sobre la salud no se producirán hasta 2004; estas estrategias de prueba que deben desarrollarse a través de sistemas OCDE se han convertido en una especie de máquina en movimiento continuo. Creo que es muy alarmante, puesto que significa que no se puede hacer nada. A menos que las sustancias también sean tóxicas por otras razones, no podemos ni siquiera empezar a aplicar el principio de cautela, puesto que no existen métodos de ensayo reconocidos.
Quisiera hacer una pregunta sobre lo último que ha mencionado la Comisaria Wallström, a saber la cuestión de incluir sustancias que provocan trastornos hormonales en la categoría de «sustancias peligrosas» en la nueva legislación en materia de productos químicos y como criterio de riesgo independiente, al mismo nivel que las sustancias cancerígenas o mutagénicas. ¿En verdad es importante que se tomen medidas ahora y decir que es algo tan arriesgado que es necesario que lo incluyamos como un criterio de riesgo independiente?

Wallström
Señor Presidente, señor Lund, lo que tenemos ante nosotros es un procedimiento extremadamente complicado. Al mismo tiempo, es importante que la UE participe en un contexto internacional. Se trata de un claro problema transfronterizo. Es importante que nos mantengamos en el marco de las actividades de la OCDE e intentemos desarrollar estos métodos. No creo que nadie quiera retrasar esta tarea. Al contrario, todos sentimos la necesidad de presionar y asegurar que se obtienen lo más rápidamente posible estos métodos y sistemas de ensayo para trabajar con estas sustancias que interfieren en las funciones de las hormonas. Solo podemos prometer que vamos a esforzarnos en lo posible para asegurarnos que el trabajo da buenos resultados.
Lo que estamos deliberando en estos momentos con respecto a la nueva legislación sobre productos químicos es que, mientras carezcamos de definiciones y métodos de ensayo claros, junto con sistemas acordados para utilizarlos, debemos actuar de modo individualizado. El hecho de que, en las deliberaciones habidas hasta ahora, se ha mencionado específicamente el grupo de sustancias alteradoras endocrinas es un factor que indica en dirección a una claridad futura. La próxima etapa consiste en trabajar lo más rápidamente posible para que podamos acordar métodos para tratar este tipo de sustancias.

El Presidente.
Pregunta nº 38 formulada por Jan Dhaene (H-0197/03):

Asunto: Creación de un cuerpo europeo de protección civil
La creación de un cuerpo europeo de protección civil es una necesidad apremiante, lo que ha quedado demostrado una vez más con motivo de la catástrofe del Prestige. Estos "cascos verdes" bajo bandera europea pueden prestar asistencia en cualquier parte de la Unión en caso de catástrofe y disponen de material especializado que no todos los Estados miembros pueden costear.
¿En qué fase se encuentra la elaboración de esta propuesta? ¿Qué Estados miembros se han comprometido a colaborar? ¿Cuándo va a presentar la Comisión esta propuesta al Consejo?

Wallström
Tanto en el pasado como recientemente, en distintas ocasiones, se han planteado cuestiones sobre la creación de un cuerpo europeo de protección civil, o se han expuesto ideas sobre iniciativas similares en ámbitos específicos, como la creación de un servicio europeo de guardacostas Sin embargo, que yo sepa, no se ha presentado ninguna propuesta concreta. Debemos ser conscientes que, de acuerdo con los Tratados, las medidas de protección civil son de la competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, este tipo de medidas a escala comunitaria deben cumplir estrictamente el principio de subsidiariedad.
Asimismo, hay un gran número de sectores diferentes implicados en la protección civil. Las diferentes formas en que cooperan entre ellos se organizan de modo diferente según los Estados miembros. Por consiguiente, las implicaciones prácticas de la creación de un cuerpo de protección en toda la UE requieren un análisis a fondo. Sin embargo, la idea de crear este tipo de fuerza es sin duda interesante y seguiré con interés las deliberaciones sobre esta cuestión en la Convención Europea.
Independientemente de estas deliberaciones, puedo informarle de que la Comisión ya actúa en este campo, aunque según parece es terreno poco conocido. A iniciativa de la Comisión se ha establecido un mecanismo comunitario para facilitar y reforzar la cooperación en el ámbito de la protección civil. Actualmente, todos los Estados miembros, once países candidatos y tres países del EEE participan en este marco de la UE, lo que puede constituir un método para mejorar la coordinación de la protección civil dentro y fuera de la Unión Europea.
Uno de los elementos clave en este contexto ha sido el establecimiento, dentro de la Comisión, del Centro de Control e Información de la UE para la protección civil Este centro existe desde el 1 de enero de 2002 y se encuentra abierto permanentemente, durante las 24 horas del día. Una vez ha sido activado por una petición de uno de los países participantes, el centro está en disposición inmediata de pedir recursos de protección civil a los Estados miembros, tal como ya se ha identificado previamente para todo tipo de situaciones de emergencia importantes. Si lo desea, también puedo especificar en qué situaciones se ha utilizado este centro de la Comisión y dónde hemos intervenido.
La Comisión considera que el Centro de Control e Información de la UE, que se agrega a todas las capacidades nacionales disponibles, representa una herramienta eficaz que responde a las preocupaciones expresadas por Su Señoría.

Dhaene (Verts/ALE).
Gracias por su respuesta, Comisaria, pero aún tenemos algunas preguntas que formular. Dice que este Centro de Respuesta de la UE es operativo, pero ¿acaso España, por ejemplo, le pidió ayuda en el momento del desastre del Prestige? ¿Cuándo recurrieron al mismo? ¿Qué ocurre si un Estado miembro no recurre al Centro y no puede actuar? Estuve en Galicia diez días después del desastre. Llegó el servicio de protección belga, pero no se organizó nada. Si se produjera un desastre, por ejemplo, en la costa de Letonia en un plazo de dos años, sería un problema. Creo que debemos tener a nuestra disposición un cuerpo que pueda actuar de inmediato.
Un segundo punto es que los conocimientos técnicos que se requieren para actuar adecuada y respetuosamente con el medio ambiente deben reunirse y poner a disposición de todos los Estados miembros.

Wallström
Muchas gracias por esta pregunta, ya que verdaderamente el caso del Prestige es un claro ejemplo del valor añadido del Centro de Control e Información de la Comisión.
Inmediatamente después del accidente del 13 de noviembre de 2002, el Centro fue activado por las autoridades españolas y, posteriormente, también por las autoridades portuguesas y francesas. En conjunto se registraron ocho peticiones de ayuda y su tratamiento inmediato a través del Centro de Control e Información de la Comisión hizo que fuera posible organizar y canalizar las ofertas efectuadas por todos los demás países europeos. Así, después del accidente se pusieron a disposición de las autoridades nacionales competentes afectadas un amplio abanico y una ingente cantidad de recursos, entre ellos 15 buques de lucha contra la contaminación por petróleo, más de 20 kilómetros de barreras flotantes y varios aviones de vigilancia especializados.
El Centro de Control e Información también ha coordinado la ayuda prestada a los tres países, envió a un grupo de expertos comunitarios inmediatamente después del accidente y ofreció la cofinanciación junto con España de un estudio medioambiental sobre las consecuencias del mismo.
¿Qué ocurre si uno de los nuevos Estados miembros solicita nuestra ayuda? Por supuesto, el Centro de Control e Información de la Comisión se utilizará del mismo modo y ofreceremos ayuda desde todos los Estados miembros. En estos momentos podemos movilizar y coordinar la ayuda y asistencia de todos los Estados miembros. Además cooperamos regularmente con las autoridades y servicios nacionales que se ocupan de la protección civil, para poder aprender unos de otros.
También llevamos a cabo ejercicios en los que podemos simular un accidente de gran envergadura, incluso con armas biológicas y químicas. De este modo hemos mejorado nuestra capacidad de forma considerable, pero quizá esto no se conozca suficientemente. Es hora de que se haga más visible y de asegurar que realmente intervenimos inmediatamente después de que se producen accidentes. Todos los nuevos Estados miembros tienen conocimiento de nuestro Centro de Control e Información y ofrecemos la ayuda de todos los Estados miembros en casos como este.

El Presidente.
Muchas gracias señora Comisaria por su extensa y muy documentada contestación.
Han pedido la palabra cuatro diputados y según el Reglamento solamente se pueden hacer dos preguntas complementarias. Yo, de acuerdo con esta política de transparencia, que tanto apreciamos, les voy a indicar el orden en que han pedido la palabra: el señor Rübig, el primero de todos, luego el señor Ortuondo, a continuación el señor Nogueira y luego el Sr. Wuermeling. Por lo tanto, les voy a dar la palabra a los dos primeros, el señor Rübig y el señor Ortuondo. No puede haber más que dos preguntas. Señor Rübig su pregunta complementaria.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, se trata de un asunto de importancia para todos nosotros que se proporcione ayuda rápida y efectiva en situaciones de desastre. ¿Acaso no podrían considerar la compilación de un Libro Verde, en el que se enumere en beneficio de todas nuestras oficinas y de todas las organizaciones voluntarias cuáles son las opciones, o crear una plataforma virtual en la que los organismos competentes puedan coordinar sus esfuerzos en caso de producirse una situación de emergencia?

Wallström
En eso estamos. Toda información es buena sobre esta cuestión y tengo la intención de que sea más visible. Incluso con recursos escasos hemos sido muy efectivos. Podemos decir que es harto conocido en los Estados miembros así como en los países candidatos y, tal como he dicho, trabajamos regularmente con ellos para mejorar nuestra preparación y también para mejorar constantemente en lo referente a la prevención. Actualmente elaboramos una Comunicación y puede que podamos estudiarla como un primer paso para abordar la prevención y preparación para los desastres causados por los seres humanos y otro tipo de desastres. Si así lo desean el Parlamento y los Estados miembros, estoy dispuesta a ir más lejos, pero esta es una excelente oportunidad que se nos brinda para informar al Parlamento de lo que hemos estado haciendo, cómo podemos intervenir y cómo podemos utilizar nuestro mecanismo para la protección civil.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señora Comisaria, desde el accidente del Erika, el 19 de diciembre de 1999, han sido varias las iniciativas que se han tomado en el Parlamento Europeo y en las demás instituciones europeas para reforzar la seguridad marítima. Desgraciadamente, no debieron tomarse las medidas adecuadas, porque posteriormente, en noviembre de 2002, hemos sufrido un nuevo accidente marítimo -el del buque Prestige- y ahora estamos revisando lo que se aprobó en la primera oportunidad, derivada del Erika. A tal respecto, en este momento también estamos trabajando en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo en la reforma del Reglamento sobre los buques petroleros, de casco único y de doble casco, y hay una cuestión muy importante, que tiene relación con su aportación.
Ha dicho que existe un centro de respuesta de la Unión Europea, y yo quisiera saber si en él tienen ustedes planes de emergencia establecidos, sobre todo para las zonas costeras sensibles, como las de Galicia y las de Bretaña, donde año tras año se repiten sucesivos accidentes petroleros, que provocan daños al medio ambiente.

Wallström
Señor Ortuondo Larrea, está usted totalmente en lo cierto. Se trata de una cuestión de aplicación. La Comisión actuó con una rapidez sin precedentes tras el accidente del Erika. En tres meses elaboramos un propuesta completa de nuevas medidas para evitar que estos horribles accidentes volvieran a producirse. Pero esto también implica que se apliquen; los Estados miembros deben ser serios al respecto.
Como saben, tras el accidente del Prestige hicimos un seguimiento para asegurar que se cumplía un calendario de plazos y de que podíamos movernos con más rapidez de lo que habíamos previsto en principio.
La respuesta de la Comisión fue muy seria. Fue muy rápida y nos propusimos unas tarea muy ambiciosa. De lo que se trata ahora es también de que se aplique en los Estados miembros.
Los planes de emergencia son un asunto que atañe a los Estados miembros. Estos deben identificar las zonas más sensibles. Lo hacen con regularidad. Es una tarea de las autoridades de protección civil en cada uno de los Estados miembros. Para nosotros se trata de reaccionar lo más pronto posible, asegurándonos de que nos movilizamos y enviamos equipos, expertos o ayuda en la medida de nuestras posibilidades inmediatamente después de que se produzca un accidente. De ahora en adelante podremos responder en un plazo de 24 horas.
A través de la cooperación intensiva podemos estar mejor preparados, ya que conoceremos los planes de todos y cada uno de los Estados miembros. La elaboración de estos planes de emergencia en cada Estado miembro es una cuestión de subsidiariedad.

El Presidente.
Pregunta nº 39 formulada por Alexander de Roo (H-0211/03):

Asunto: Reunión científica en Ispra sobre el plan hidrológico nacional español
Según informaciones publicadas en la prensa, está previsto que la Comisión y representantes del Gobierno español celebren una reunión en ISPRA con científicos destacados para debatir las pruebas científicas sobre las repercusiones del plan hidrológico nacional español.
¿Podría confirmar la Comisión que está previsto celebrar esta reunión? En caso afirmativo, ¿podría indicar cuándo se celebrará y quién participará en ella? Asimismo, ¿podría explicar la Comisión de qué modo contribuirá esta reunión a su forma de evaluar los distintos problemas que plantea el plan hidrológico nacional español y su impacto medioambiental en España?

Wallström
El 24 de marzo me reuní brevemente con la nueva Ministra española de Medio Ambiente, la Sra. Elvira Rodríguez, y abordamos una serie de cuestiones, incluyendo el Plan Hidrológico Nacional español, y en particular, la propuesta del trasvase del río Ebro. Tanto la Ministra como yo reconocimos que existen una serie de cuestiones medioambientales fundamentales en las que la opinión de los expertos sigue estando profundamente dividida.
Como Comisaria de Medio Ambiente me interesan particularmente los futuros caudales previstos para el Ebro, así como la definición del caudal necesario para proteger la condición ecológica y química del bajo Ebro y del Delta.
Una de las ideas que surgieron de mi conversación con la Ministra fue la de organizar una pequeña reunión con algunos de los expertos principales -expertos oficiales españoles, académicos y ONG- con el fin de abordar algunas de estas cuestiones pendientes. Sugerí que el Instituto de Medio Ambiente en la sede del Centro Común de Investigación de la Comisión en Ispra podría ser un emplazamiento adecuado para celebrar esta reunión. Todavía no se han acordado ni el orden del día ni los procedimientos para la identificación de los expertos que se deben invitar a la reunión. Por consiguiente, es poco probable que se pueda organizar la reunión antes de junio.

De Roo (Verts/ALE).
Señora Comisaria, quisiera formular otra pregunta sobre el caudal mínimo ecológico del Ebro.
Ha hablado usted con la Ministra española sobre ello; sin embargo, en España existe una división de opiniones entre el Gobierno catalán -que también tiene cartas en el asunto- y el Gobierno español. ¿Está usted al corriente de esta división de opiniones? Es fundamental, puesto que se refiere a la cuestión del caudal mínimo ecológico correcto del Ebro para salvar sus funciones ecológicas, que tan importantes son. Esto se aplica especialmente al Delta del Ebro y los lugares protegidos por la legislación europea en materia de hábitats. Si no está usted al corriente de esta cuestión, quisiera que le preguntara a la persona responsable del Gobierno catalán, puesto que ha hecho una declaración pública sobre la división de opiniones con el Gobierno central de España. Esto es muy importante.

Wallström
De esto es justamente de lo que se trata. Esta fue la idea de convocar una reunión. Nuestras opiniones sobre el tema son muy diferentes. Incluso los expertos son utilizados por un bando u otro. Queríamos reunir a los expertos de modo que pudiéramos deducir algunos hechos más y tener todas las diferentes opiniones reflejadas en una reunión, y comprobar realmente entre expertos por qué tenemos cifras y resultados tan diferentes.
Ante todo, se trataría de una reunión técnica y científica, puesto que todo se está politizando. En este punto quisiéramos que hubiera un caudal de información que pudiera facilitarnos algunos datos adicionales antes de continuar trabajando sobre esta cuestión.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, voy a formular dos otras preguntas muy cortas. La primera es, y me dirijo a la Sra. Wallström: ¿a cuánto asciende y cuál es el calendario para la financiación del plan hidrológico nacional por parte de la Unión Europea para 2000-2006? En segundo lugar, que también tiene que ver con el medio ambiente y España, pregunto ¿cuál es el importe previsto por la Comisión para la financiación del plan Galicia establecido por el gobierno español para recuperar la costa gallega y desarrollar Galicia tras el accidente del Prestige, también para 2000-2006, teniendo en cuenta que el gobierno español considera que son necesarios 12 mil millones de euros para este período?

Wallström
Esta es una cuestión completamente diferente. No se trata de una continuación del tipo de cuestión con que hemos comenzado. Estaré encantada de responder a todas las preguntas que Sus Señorías quieran formularme, pero deben presentarse de acuerdo con el procedimiento establecido.

El Presidente.
Tengo la impresión de que hay una parte de la pregunta del Sr. Nogueira que es complementaria de la anterior sobre Ispra y que hay otra que no es complementaria en absoluto y que el señor Nogueira no debería haber realizado porque puede inducir a confusión. Le pido que repita usted la primera parte de la pregunta que era complementaria, si lo tiene a bien.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, la primera parte de mi pregunta es crucial; es absolutamente fundamental. El plan hidrológico nacional español absorbe una parte fundamental del Fondo de Cohesión para este Estado miembro. La actitud de la Comisión hacia esta financiación es decisiva para que el plan hidrológico nacional español avance o no. Creo que la señora Comisaria es consciente de ello y debería haber clarificado y explicado este punto decisivo.

Wallström
Me complace dar una respuesta general a esta pregunta, que es que el uso de la financiación comunitaria debe cumplir también lo dispuesto en la legislación medioambiental. Esta es la pauta general para el uso de los fondos estructurales y otros fondos. La financiación se verificará a la luz de la legislación medioambiental vigente.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión, porque me da la impresión -por sus contestaciones a distintas preguntas- de que en el tema del plan hidrológico nacional español, hasta ahora ha sabido diferenciar los problemas técnicos de los jurídicos.
Sin embargo, dada la presión y el acoso de determinados diputados que creen que los políticos tenemos derecho a entrar en la relación íntima entre los países y la Comisión en las relaciones informales y, sobre todo, a interferir en el papel de los técnicos, le pregunto a la Sra. Comisaria: ¿Está dispuesta a garantizar la libertad de trabajo de los expertos en la reunión de Ispra, que es técnica -como ella ha dicho- y a evitar la politización por intereses particulares y concretos?
Porque nosotros también podríamos inmiscuirnos en temas, como los nitratos en los Países Bajos, entre otros. Mi pregunta es: ¿Está dispuesta a garantizar la libertad de los expertos para trabajar y su intimidad para que no se interfiera en su trabajo ni este sea sometido a presiones?

Wallström
Permítanme que repita que la naturaleza de esta reunión será técnico-científica. Se tratarán varios temas medioambientales relacionados con la propuesta de trasvase del Ebro. El objetivo es agrupar a dichos expertos para estudiar la información existente y, si es posible, aclarar los motivos de la divergencia de opiniones.
Esta reunión no será, bajo ningún concepto, una audiencia sobre el conjunto del plan hidrológico nacional español, ni sobre el trasvase del Ebro. Han aparecido varias opiniones distintas y divergentes: este es el punto de partida. Pero reuniremos a los expertos y espero que podremos aclarar cómo han llegado a estas posiciones, qué consideraciones han tenido en cuenta, qué han calculado y qué tipo de información aportan.
No puedo prometer que no habrá un trasfondo político. Este tema tiene un trasfondo político. Soy plenamente consciente de ello. Durante mucho tiempo me he reunido con personas de ambos lados en España. He escuchado con mucha atención ambas posturas y muchas partes interesadas distintas. Este es otro intento de asegurar que tenemos toda la información que podemos conseguir, especialmente sobre estos aspectos del plan que son los más importantes desde el punto de vista medioambiental.

El Presidente.
Muchas gracias señora Wallström por su contribución esta tarde a la información parlamentaria.
Vamos a iniciar la última parte del turno de preguntas. El señor Vitorino va a contestar estas preguntas.
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino
El Presidente.
Pregunta nº 40 formulada por Bernd Posselt (H-0139/03):

Asunto: Protección común de las fronteras
¿Qué valoración hace la Comisión de los recientes intentos de protección común de las fronteras con los países candidatos y qué medidas se prevén en un futuro próximo con respecto a la protección de las fronteras exteriores de la UE?

Vitorino
. (FR) Los diez Estados que van a incorporarse a la Unión Europea en mayo de 2004 se han beneficiado considerablemente ?y seguirán haciéndolo hasta 2006? de la financiación disponible en el marco del programa PHARE y de la competencia de personal especializado apoyado por los Estados miembros a estos países como parte de iniciativas sectoriales de hermanamiento entre los Estados miembros y los países candidatos, con el fin de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y acelerar el proceso gradual de la consecución, por su parte, de la conformidad con el Acuerdo de Schengen.
Entre 1997 y 2002, los países candidatos recibieron una asignación de más de 300 millones de euros del programa PHARE para la gestión de las fronteras exteriores. Rumania y Bulgaria siguen beneficiándose de la ayuda PHARE y su presupuesto nacional va a incrementarse al amparo del Programa entre 2004 y 2006. Por su parte, Turquía también recibirá más fondos europeos para el mismo objetivo.
Como saben, el Artículo 35 del proyecto del tratado de adhesión prevé la creación de un instrumento financiero temporal que incluye 858 millones de euros para siete nuevos Estados miembros. Entre 2004 y 2006, el mecanismo de Schengen cubre el coste de la inversión necesaria para aumentar el nivel de seguridad y protección en las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la ampliación. Se dará prioridad a la inversión en infraestructuras, equipos, formación de guardias de fronteras, logística y operaciones. Todo esto es necesario para garantizar el cumplimiento de los niveles de Schengen para la protección de las futuras fronteras exteriores y, de este modo, asegurar un nivel adecuado de seguridad en la Unión Europea.

Posselt (PPE-DE).
Gracias, señora Comisario, por esta información tan importante. Ahora, solo quisiera preguntar si puede responder a dos puntos concretos. En primer lugar, ¿cuál es la situación respecto a la formación de guardias de fronteras, en particular respecto al proyecto para una Academia Europea de Policía? En segundo lugar, quisiera preguntarle ¿cuándo cree que el Consejo tomará una decisión formal sobre el proyecto para un Cuerpo europeo de policía de fronteras ?o es que en estos momentos solo se trata de una fantasía??

Vitorino
Soy consciente de la importancia que concede a esta pregunta. En cuanto a la posibilidad de crear un Cuerpo europeo de guardia de fronteras, quisiera llamar su atención sobre que el plan de acción que se propuso por parte de la Comisión, y que fue aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 13 de junio de 2002, prevé intensificar la cooperación gradualmente y que se pongan en marcha poco a poco equipos comunes para que vigilen las fronteras exteriores, que conduzca, eventualmente, a la creación de un Cuerpo europeo de guardia de fronteras. Esto significa que todavía no se ha tomado la decisión política y que el Consejo ha manifestado que se produciría posteriormente, tras el desarrollo de operaciones de cooperación.
Lo que puedo decir al Sr. Posselt es que ya se han iniciado operaciones de cooperación en 2002, tanto para la vigilancia de las fronteras interiores, con el establecimiento de un centro para el control de fronteras terrestres en Alemania, como para la frontera marítima del sur, en el Mediterráneo, con operaciones emprendidas conjuntamente por España, Italia, Francia, Portugal y el Reino Unido. Todos estos ejemplos concretos de operaciones conjuntas fueron financiados al amparo del programa ARCO. El desarrollo natural de estos centros para el control de fronteras y las operaciones conjuntas debería plantear la cuestión de la creación formal de una policía fronteriza. Pero el Consejo no ha fijado una fecha. Espero que se demostrará la necesidad de este tipo de policía fronteriza y que la Convención sobre el Futuro de Europa impulsará este proyecto.
La academia de policía ya existe virtualmente. Seguimos apoyando la idea de que será una institución formal con oficinas centrales formales. Como bien saben, esta cuestión forma parte del paquete de «agencias» que está siendo analizado minuciosamente por el Consejo Europeo. Lamentablemente, todavía no tenemos una respuesta del Consejo.

Rübig (PPE-DE).
Señor presidente, señor Comisario, Señorías, sabemos que existen varios puntos débiles en la frontera exterior compartida, como puede ser con Eslovaquia, donde todavía existe una línea fronteriza que discurre a lo largo de cuarenta kilómetros, y que es difícil de vigilar adecuadamente. ¿Se podría considerar que se desplegara una fuerza de este tipo a corto plazo, en especial en las zonas fronterizas vulnerables donde la ayuda y protección pueden ser necesarias?

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señor Rübig, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que los Estados miembros han estado trabajando junto con los países candidatos sobre asuntos relacionados con la frontera terrestre durante años y que ahora forman parten de los programas de hermanamiento entre ellos, ya que la Comisión no dispone de sus propios guardias de fronteras. Varios Estados miembros trabajan con Eslovaquia y Polonia para vigilar las fronteras terrestres exteriores. En este sentido, puedo decir que la Comisión está insistiendo para que los países candidatos se comprometan a vigilar estas fronteras seriamente y que el grupo de trabajo del Consejo encargado de la evaluación de los controles fronterizos y del centro de fronteras terrestres, con sede en Alemania, supervise minuciosamente todas las cuestiones relacionadas con la futura frontera terrestre, y esto incluye la frontera verde eslovaca, pero también la frontera verde polaca, que es muy larga.
Por consiguiente, puedo decir que aunque la Comisión no puede proporcionar guardias de fronteras, estamos apoyando todas las operaciones conjuntas que Eslovaquia y los Estados miembros están llevando a cabo y que intentan mejorar la vigilancia de esta frontera.
Quizá también deba añadir a este respecto que creo que es correcto reconocer que todos estos países han realizado verdaderos progresos en la vigilancia fronteriza. Todavía no han alcanzado el nivel exigido por el Acuerdo de Schengen. Debido a ello la adhesión a Schengen tendrá lugar por etapas y con arreglo a un método basado en la evaluación de la capacidad real de cada país para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la ampliación.

Moraes (PSE).
Quisiera preguntar al señor Comisario si cree que las expectativas del Consejo Europeo de Sevilla sobre la cuestión de la policía de fronteras eran quizás demasiado ambiciosas. ¿Cree que el planteamiento reactivo ha creado entre los ciudadanos europeos la expectativa de que tendremos una policía de fronteras alrededor de toda la frontera exterior de la Unión Europea ampliada en un plazo de tiempo muy breve?
A pesar de las conclusiones de Sevilla, ¿sigue manteniendo el señor Comisario el planteamiento mucho más amplio con respecto a la legislación sobre el asilo, e incluso la inmigración ilegal, de las conclusiones de Tampere, que examinaban las causas de la inmigración en la Unión Europea? ¿Mantiene este planteamiento mucho más amplio y seguirá reflejándose el mismo en su labor?

Vitorino
Las conclusiones de Sevilla son equilibradas. Resaltan la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, y definitivamente es un tema que nos afecta a todos, pero a la vez resaltan la necesidad de una integración aún mejor de la política de inmigración en nuestras políticas de relaciones exteriores, incluido el impulso de una asociación con los países de origen y de tránsito para cooperar y controlar mejor la inmigración ilegal.
En la comunicación que la Comisión emitió hace unos meses sobre política de inmigración y desarrollo, intentó ofrecerles una imagen de todo lo que se está haciendo en el ámbito de la política de desarrollo y que guarde relación con los flujos migratorios, no solo para luchar contra la pobreza, sino también para garantizar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, y garantizar que no haya «efectos llamada» que induzcan a las personas a dejar abandonar país y viajar, a veces ilegalmente, a la Unión Europea.
Este enfoque no solo ha sido equilibrado, sino también realista. Estamos desarrollando todos los elementos del plan de acción, no solo la parte operativa, sino también la parte legislativa, y en varios ámbitos que usted ha mencionado, como el de la legislación en materia de asilo, hemos adoptado las normas necesarias previstas en el programa de Tampere. Probablemente está ocurriendo a un ritmo más lento del que prometía cierta retórica política, pero al menos puedo asegurarles que estamos progresando sobre una base sólida.

El Presidente.
Pregunta nº 41 formulada por Sarah Ludford (H-0141/03):

Asunto: Delincuencia: medidas a escala comunitaria para evitar el robo de teléfonos móviles
Son probablemente millones los robos de teléfonos móviles que se producen anualmente en la UE, con frecuencia por parte de bandas internacionales, y una reciente encuesta de Eurobarómetro puso de manifiesto que en la mayor parte de los Estados miembros entre una quinta y una tercera parte de la población teme ser víctima de tal delito. En el Reino Unido se ha declarado ilegal la reprogramación de un móvil robado y actualmente existe una cooperación entre los operadores británicos, a través de la GSM Association, mediante una base de datos común sobre números IMEI de teléfonos robados, lo que permite bloquearlos. Algunos operadores de la Europa continental se han unido también a la iniciativa, pero sólo una veintena del total de alrededor de 500 operadores europeos han comprometido por escrito su participación.
¿Qué medidas está adoptando la Comisión para fomentar la creación de una base de datos IMEI, similar a la del Reino Unido, en la que participe el sector a escala comunitaria y que permita hacer frente a este tipo de delitos en toda la UE mediante el bloqueo de los teléfonos móviles robados? ¿Está dispuesta la Comisión a plantearse la presentación de una propuesta, con arreglo al artículo 34 de Tratado UE, de decisión de la Unión Europea sobre un delito común de reprogramación de teléfonos móviles?

Vitorino
Yo le diría a Su Señoría que la Comisión está en contacto con las autoridades del Reino Unido para tratar este tema desde el mes de julio de 2002. Desde entonces, la Comisión también ha llamado la atención de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia sobre la posible utilidad de unas medidas a escala de la UE para evitar el robo de teléfonos móviles. Ahora la Red Europea de Prevención de la Delincuencia está debatiendo este tema. Sin embargo, la Comisión no tiene previsto presentar ninguna propuesta sobre el tema con arreglo al artículo 34 del Tratado de la Unión Europea y, de momento, no se considera un tema prioritario para la aproximación del derecho penal substantivo.
Los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros contemplan disposiciones que penalizan el robo, y que, por supuesto, son aplicables al robo de teléfonos móviles. Por lo tanto, de momento, de acuerdo con del principio de subsidiariedad, consideramos que estas disposiciones legales de los Estados miembros son suficientes para resolver este tipo concreto de delincuencia que va en aumento.

Ludford (ELDR).
Agradezco al Comisario su respuesta, pero debo decir, sin embargo, que me siento un poco decepcionada. Soy consciente de que esto se está debatiendo en la red de prevención de la delincuencia, pero a mí me parece que existen motivos para tomar medidas adicionales. Cada año se roban millones de teléfonos móviles. Según el Eurobarómetro, un tercio de los ciudadanos de los Estados miembros temen que pueden ser víctimas de este delito. Además, con todos los viajes que se realizan a través de la Unión Europea, el tema adquiere una dimensión transfronteriza. Aunque, como usted dice, el robo es delito en todos los Estados miembros, estoy hablando más concretamente del delito de reprogramar teléfonos móviles. Que yo sepa esto solo es ilegal en el Reino Unido. Y esto justificaría una propuesta de la UE que lo tipificara como delito en todas partes.
También es una cuestión de protección de datos. Debemos conseguir que los comisarios de protección de datos interpreten, como sería coherente, que el número IMEI no es un dato personal, tal como se considera en Alemania.

Vitorino
. (EN) Muchas gracias. Puedo confirmar que el tema de la base de datos IMEI, la base de datos de los números de Identidad Internacional de Equipos Móviles, se ha planteado en las discusiones de la Red de Prevención de la Delincuencia. Puedo confirmar que algunos Estados miembros están a favor de crear una base de datos de este tipo, pero otros se muestran reacios y dudan de la utilidad que podría tener. Por eso le he dicho que el tema todavía se está debatiendo en la Red de Prevención de la Delincuencia. La única mención que he hecho se refería a la posibilidad de aproximación del derecho penal, y creo que no tenemos una base jurídica específica en el Tratado. No creo que el artículo 34 pueda utilizarse con este fin.

Harbour (PPE-DE).
Quiero dar las gracias a mi colega, la Sra. Ludford, por plantear esta cuestión. Quisiera pedir al Comisario que se extienda más sobre un auténtico problema transfronterizo relacionado con el robo de teléfonos móviles: su uso extensivo en forma de fraude en carrusel contra las autoridades del IVA en varios Estados miembros. Está siendo utilizado por organizaciones criminales sofisticadas y, por lo tanto, es algo por lo que, espero, se interesará seriamente.
El tema de utilizar los números IMEI es evidentemente un primer paso, y las transacciones al por mayor de teléfonos móviles solo deberían ser autorizadas si se comprueban los números IMEI para asegurar que estos teléfonos no haya sido objeto previamente de una transacción fraudulenta. En segundo lugar, propongo que se tomen medidas que permitan que el IVA sobre los teléfonos móviles se pague directamente a las autoridades fiscales, de modo que los criminales no puedan meter mano en los ingresos.
Finalmente, con mucho gusto enviaré al señor Comisario documentación sobre un importante comerciante de teléfonos móviles de mi región. Las autoridades alemanas del IVA están discriminando a esta empresa. Esto desanima activamente a las empresas legítimas y con ello no se conseguirá más que entregar este negocio a los comerciantes fraudulentos. Espero que, con la ayuda de la DG Impuestos pueda tomar las medidas necesarias para impedir que las autoridades alemanas penalicen al comercio legítimo en este ámbito.

Vitorino
. (EN) Con mucho gusto recibiré toda la información que Su Señoría pueda ofrecernos sobre las implicaciones económicas de estas actividades delictivas. Reconozco que las cifras son impresionantes: reconozco que un 48% de todos los robos perpetrados en el centro de Londres tienen por objeto teléfonos móviles, y la cifra en París es de alrededor del 40%. Soy muy consciente de que el año pasado se robaron unos 700 000 teléfonos en el Reino Unido, 150 000 en Francia y 130 000 en España. No niego que la dimensión transfronteriza es importante en este tipo de actividad delictiva. El problema es cómo priorizar las medidas que hay que tomar. Mi opinión es que debería darse prioridad a la cooperación operativa. No veo ninguna necesidad de armonizar la legislación. Por lo tanto, seguiremos discutiendo sobre una red europea de prevención de la delincuencia y qué actividades operativas concretas deberían llevarse a cabo para luchar contra este tipo de delito. El enfoque del IMEI ya se ha discutido. Solo podemos decidir por unanimidad y los Estados miembros están divididos en este tema. Sin embargo, pueden estar seguros de que no abandonaremos la cuestión.

El Presidente.
Pregunta nº 42 formulada por Alain Krivine (H-0174/03):

Asunto: Charter francoalemán
El lunes 3 de marzo de 2003 Francia y Alemania procedieron a la expulsión colectiva de 54 nacionales del Senegal y de Côte d'Ivoire para lo que recurrieron a un vuelo charter de la compañía Euralair Horizons. A bordo del avión fletado por los Gobiernos francés y alemán viajaron 30 nacionales de Côte d'Ivoire y 23 senegaleses no admitidos en el territorio francés o cuya solicitud de asilo político en Francia había sido desestimada y que permanecían retenidos en la zona de espera de Roissy, más 1 senegalés que había llegado por carretera desde Alemania, país del que había sido expulsado.
¿Considera la Comisión que se ha respetado el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, así como el primer párrafo del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada en la Cumbre de Niza?
¿Estima la Comisión que se ha respetado el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales en el caso de los nacionales de Côte d'Ivoire devueltos a un país en el que se están registrando desórdenes? ¿Opina que también se han respetado los procedimientos de solicitud de asilo que garantiza la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 relativos al estatuto de los refugiados?
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que se respeten los Tratados y, en particular, las disposiciones relativas al derecho de asilo y la protección en caso de devolución, expulsión y extradición?

Vitorino
Señor Presidente, tal como ya se ha indicado, en el debate que tendrá lugar sobre cooperación a nivel operativo entre los Estados miembros respecto a la repatriación de residentes ilegales, los vuelos chárter conjuntos son una de las medidas para reforzar la cooperación operativa establecida en el plan de acción de repatriación aprobado por el Consejo en noviembre de 2002, basándose en una Comunicación de la Comisión.
Hablando desde un punto de vista legal, estos vuelos chárter conjuntos significan actualmente dos o más operaciones nacionales de traslado llevadas a cabo al mismo tiempo en un único y mismo avión. Estos vuelos chárter conjuntos nada tienen que ver con las expulsiones colectivas, prohibidas por la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los vuelos de repatriación conjunta, con un determinado número de personas embarcadas, se organizan por motivos logísticos, pero las decisiones de expulsión subyacentes siempre se toman a nivel individual. Cada caso se examina por separado, según las circunstancias personales y situación legal de cada persona. En otras palabras, todas las personas embarcadas en un vuelo de este tipo han sido sometidas a un procedimiento individual que ha concluido con una denegación individual de toda solicitud o recurso para obtener la residencia legal. Por consiguiente, las decisiones se basan en motivos individuales y no en motivos colectivos.
En relación con el caso mencionado por el Sr. Krivin, la Comisión no ha recibido ninguna indicación y no tiene motivos para suponer que las circunstancias específicas de las personas embarcadas en este vuelo fueran objeto de una infracción de algún instrumento de Derecho internacional o, en otras palabras, que las solicitudes de las personas embarcadas en ese vuelo no se hubieran examinado por separado y, efectivamente, por los Estados miembros que aprobaron las medidas de expulsión.

Krivine (GUE/NGL).
Gracias, señor Comisario, por su explicación. Creo que se trata de un asunto muy grave, ya que mientras he formulado esta pregunta cinco vuelos conjuntos -tal como los ha llamado usted- han salido de Francia. Transportan grupos de personas de la misma nacionalidad que se encuentran en las mismas condiciones, a menudo esposados, a veces amordazados, de modo que incluso dos inmigrantes murieron asfixiados. Debo añadir que el Gobierno ha decidido que a partir de ahora habrá un médico de la Cruz Roja en los denominados vuelos conjuntos para asegurarse de que todo funciona con fluidez.
La pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre un vuelo conjunto y un vuelo de grupo? Por definición, un grupo está formado por un determinado número de personas. Cuando hay 42 senegaleses juntos, quién va a decidir qué criterio debe aplicarse para determinar si constituyen un grupo o un determinado número de personas? No conozco ningún grupo que no sea un número de personas. Pero tengo la desgracia de creer que cuando hay 42 senegaleses o 20 ciudadanos de Côte d'Ivoire juntos ?debo señalar que la vida de los ciudadanos de Côte d'Ivoire corre peligro en su propio país? es más o menos la misma cosa.
Por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿quién determina la diferencia del significado entre un vuelo conjunto y un vuelo de grupo? Explíquenme qué es una expulsión colectiva, es decir lo que está prohibido.

Vitorino
. (FR) Con mucho gusto, señor Krivine. En primer lugar, un vuelo conjunto es un vuelo que ha sido organizado por dos Estados miembros como mínimo. Es en este nivel donde la intención es de que sea un vuelo conjunto, en el caso que nos ocupa la intención de Francia y Alemania. Estos dos países reunieron a un determinado número de personas en un lugar, que debían ser deportados y salieron en el mismo vuelo. Se trata de un vuelo conjunto desde un punto de vista organizativo.
Respecto a la expulsión colectiva, la cual está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos, la pregunta es: ¿cuándo surge la expulsión colectiva? No se expide una orden de deportación colectiva para cada una de las personas que forman el grupo; solo existe una sola orden que se aplica a todo el grupo de personas y que no tiene en cuenta la situación específica de cada una de las personas del grupo. Esta es la diferencia.
La expulsión colectiva está prohibida. No está autorizada en la Unión Europea bajo ninguna forma. Por otro lado, si se tienen diez órdenes de deportación individuales y si ve a estas diez personas juntas, no cabe duda que forman un grupo, pero, que salgan en un vuelo conjunto o no, no se trata de una expulsión colectiva. Esta es la diferencia fundamental en mi opinión.

El Presidente.
Muchas gracias señor Vitorino por su colaboración a lo largo de esta tarde.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 43 a 80 recibirán respuesta por escrito

El Presidente
. Presidente Trajkovski, sea muy bienvenido al Parlamento Europeo. Para mí es un gran honor y un privilegio poder presentarle en esta Cámara.
En este Parlamento todos sabemos muy bien lo que los países de su región han tenido que pasar en la última década, y en concreto el sufrimiento provocado por las armas y la violencia que han tenido que soportar; pero aun así el suyo es un país que en la fase actual nos trae cierto mensaje de esperanza. La crisis de 2001 consiguió, con la asistencia activa de la comunidad internacional -incluido, y me siento orgulloso de poder decirlo, un planteamiento muy práctico y decidido de la Unión Europea-, evitar una costosa guerra civil. En cambio, ha dado lugar a un progreso estable en términos de democracia y en su compromiso, y el compromiso de todo su país, por el desarrollo de unas buenas relaciones con los países vecinos, respetando el Estado de derecho, fomentando la economía a través del comercio y la cooperación, y obrando sobre la base del Acuerdo Marco de Ohrid. 
Todo ello constituye un puente para que su país pueda recuperar plenamente sus conexiones internacionales y hasta un punto desde el cual podrán empezar a hacer realidad su visión europea.
Nosotros, en esta Cámara, ofrecemos nuestro máximo apoyo a la política de la Unión que pretende desarrollar una perspectiva europea para los Balcanes Occidentales. Su discurso de hoy aquí, y en el contexto del progreso que en la actualidad está experimentando su país, es un paso importante hacia la UE para la región en general, así como para la Antigua República Yugoslava de Macedonia en particular.
El reciente y despreciable asesinato del Sr. Zoran Djindjic en Serbia subraya de nuevo la necesidad de estabilidad en la región y nos recuerda nuestra obligación de actuar cuando tenemos capacidad para hacerlo y se nos presenta la oportunidad.
La Antigua República Yugoslava de Macedonia, como todos los antiguos estados yugoslavos, ya pertenece a la familia europea. Así se reconoció explícitamente en el Consejo Europeo de Feira en junio de 2002. La Antigua República Yugoslava de Macedonia, como los demás países de los Balcanes Occidentales, tiene una perspectiva europea. A los que formamos esta Cámara nos complace en gran manera que la primera operación llevada a cabo por la Fuerza de Reacción Rápida de la Unión Europea haya empezado en su República.

Ésta es la señal más clara posible del compromiso de la Unión en la zona. En efecto, en un momento en que estamos experimentando la sensación de que Europa no ha encontrado la forma adecuada de hacer oír su voz en la crisis del Iraq y en las Naciones Unidas, vemos a la Antigua República Yugoslava de Macedonia como uno de los éxitos de la embrionaria y emergente política exterior y de seguridad común en Europa.
(Aplausos)
Se encuentran ustedes ahora en el camino hacia esta visión europea que compartimos. Creo que el ritmo de su avance depende de ustedes, de su progreso en la reforma, de su determinación política y de su firme resolución. Pero con cada paso que den en esta dirección, nosotros caminaremos a su lado.
Este es el mensaje que quisiera darles hoy en nombre de mis colegas del Parlamento. Pueden contar con nuestro apoyo.
Y ahora, es un gran honor y un privilegio para mí invitarle a dirigirse a la Cámara.

Trajkovski
.
(El orador empieza a hablar en macedonio. El siguiente párrafo es una traducción)
Señor Presidente, distinguidos diputados del Parlamento Europeo, me complace y aprecio en gran manera tener la oportunidad de hablarles hoy aquí. El Parlamento Europeo encarna una visión de Europa que hoy es compartida por millones de personas, no solo de dentro, sino también de fuera de la actual Unión Europea, incluidos los ciudadanos de la República de Macedonia. Es una visión de un continente de diversidad, donde las diferentes tradiciones, culturas y lenguas se unen tomando como base el respeto mutuo y los intereses comunes. Es la visión de un espacio integrado para las personas, de libertad de circulación, de un mercado común y de políticas europeas para resolver problemas comunes.
(El orador continúa en inglés)
Esta visión de los padres fundadores europeos se ha convertido hoy en una realidad para los ciudadanos de la Unión Europea, para millones de estudiantes que cursan en universidades fuera de su país, para hombres de negocios vinculados por el comercio y la inversión, y para políticos y funcionarios civiles que se reúnen cada día para desarrollar respuestas conjuntas a los retos de nuestra época. Pronto la Unión Europea abarcará 10 nuevos países, y sus ciudadanos compartirán el sueño europeo de una paz y una prosperidad comunes. Los representantes electos de estos países se sentarán en esta Cámara, fruto de uno de los mayores logros de la política internacional: la cesión pacífica de soberanía sobre la base de valores compartidos e intereses comunes.
Quiero aprovechar esta oportunidad que se me brinda hoy para compartir con ustedes mis ideas sobre lo que esta visión de una Europa unida significa para mi país, la República de Macedonia. Los ciudadanos de la República de Macedonia comparten los mismos valores y tienen los mismos intereses que los ciudadanos de estos otros países que pronto se unirán a la Unión. Existe un fuerte consenso político respecto a la idea de que el acceso a la Unión Europea es un objetivo político primordial. Existe un fuerte compromiso para hacer lo que sea necesario para cumplir los criterios de adhesión y llevar a cabo los esfuerzos requeridos.
Hace dos años, en la Unión Europea y en la República de Macedonia algunas personas podían haber dudado de si llegarían a ver con sus propios ojos cómo la adhesión a Europa se convertía en realidad. Entonces el Estado se enfrentaba con la crisis más grave de su historia reciente. Todos nos asomamos al abismo y temíamos lo peor. Pero conseguimos dar un paso atrás. Quiero expresar el agradecimiento de los ciudadanos de mi país hacia todos aquellos que, en esta Cámara y en otras instituciones europeas y transatlánticas, se mantuvieron junto a la República de Macedonia en aquellos momentos difíciles y apoyaron nuestros esfuerzos por apartarnos del conflicto armado y conseguir una resolución política y pacífica. Cuando un conflicto se resuelve pacíficamente y ya no aparece en los titulares de los periódicos, a veces se olvida enseguida, pero los esfuerzos incesantes de Romano Prodi, Javier Solana, Chris Patten y Lord Robertson merecen ser recordados como una de las intervenciones más satisfactorias y oportunas que jamás hayan llevado a cabo la Unión Europea y la OTAN.

En aquellos tiempos difíciles, Macedonia descubrió que tenía muchos amigos, inclusive en esta Cámara, donde parlamentarios de todos los Grupos políticos han mostrado su apoyo a la causa de estabilizar nuestro Estado y tranquilizar a nuestros ciudadanos. El papel de los representantes especiales también ha sido muy importante y se agradece en gran manera.
Hoy, Macedonia ha vuelto a la paz y estamos más decididos que nunca a recuperar el tiempo perdido. Progresamos de modo constante en la puesta en práctica del Acuerdo Marco. Hace poco hemos firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la República de Macedonia fue el primer país de la zona que firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea.
Estoy convencido de que no debe perderse el impulso creado en los últimos dos años, que ha permitido que mi país pase del conflicto armado a un progreso renovado en la vía de la integración europea. La República de Macedonia participa en el desarrollo de una política europea de defensa y de seguridad común. La Asamblea ha adoptado por unanimidad el Acuerdo SOFA de las fuerzas de la UE, lo que refleja claramente la confianza en la capacidad de seguridad y defensa de Europa. Esta misión europea debe ser, y será, un éxito. Es importante, y no solo para quienes esperan que la Unión Europea desempeñe un papel activo más allá de sus fronteras.
He resaltado el progreso que hemos conseguido en los últimos tiempos -poniendo fin a las hostilidades, reforzando el Estado de derecho, aplicando el Acuerdo Marco- y lo importante que ha sido el papel de la Unión Europea en este esfuerzo. Pero sería un error dormirnos en los laureles e ignorar lo mucho que queda por hacer para que no solo Macedonia, sino toda la región, avance hasta un punto donde sea inconcebible el retorno a la inestabilidad.
Permítanme que me refiera ahora a los retos del presente y del futuro próximo. Permítanme que me refiera a los esfuerzos que los representantes electos de Macedonia llevaremos a cabo para superar estos retos, y que exprese unas ideas concretas sobre cómo la Unión Europea y sus instituciones pueden ayudarnos en estos esfuerzos.
Para asegurar la inversión realizada -concretamente por la Unión Europea- en la estabilidad de toda la región, debemos ser valientes e imaginativos. Hay unos pasos concretos que debemos dar y que exigirán un compromiso no menor del que hemos mostrado en los dos últimos años. Los ciudadanos macedonios esperan con ansia la ampliación histórica de la Unión Europea en 2004 y después en 2007. Debemos asegurarnos de que no existe ningún temor de que, después de estas ampliaciones, los Balcanes Occidentales queden aislados del desarrollo del resto de Europa.
Hay tres cosas que son imprescindibles: debemos continuar con nuestros esfuerzos por reforzar el Estado de derecho y combatir el crimen organizado y la corrupción, Debemos centrar nuestra atención en una gestión más eficaz de los temas de cohesión económica y social. Y debemos trabajar para hacer realidad la visión de una Europa no solo para los Estados, sino también para los ciudadanos, que permita la libre circulación de los ciudadanos de los Balcanes Occidentales a través de las fronteras de la Unión Europea.
En la actualidad existe un claro consenso sobre la importancia de reforzar el Estado de derecho en toda la región. Y, sobre todo, es una responsabilidad de nuestros Gobiernos. Debemos reforzar nuestras instituciones, mejorar nuestra legislación y trabajar en la gestión de nuestras fronteras. En los últimos meses hemos visto un progreso considerable en toda la región. Nuestros Estados no son tan débiles como para no poder hacer frente al crimen organizado, y nuestros ciudadanos apoyan a nuestras instituciones cuando lo hacemos. Los Gobiernos de la región pueden hacer mucho, y se está haciendo mucho. La República de Macedonia se encuentra en la fase final de los preparativos para organizar una Conferencia Regional sobre Seguridad y Gestión de Fronteras en Ohrid, para avanzar en esta agenda. La realidad es que los efectos de la transición económica, las consecuencias de una década de hostilidades en la región, la desarticulación social, la creación de nuevas fronteras y la formación de unas instituciones nuevas y a veces débiles, plantea unos retos que solo se superarán con tiempo y mucho esfuerzo. Lo más importante es nuestra determinación y el apoyo de nuestros ciudadanos para superarlos.
Asegurar una estabilidad duradera también está relacionado con el éxito en el ámbito del desarrollo económico. En este sentido, los Gobiernos y los ciudadanos de la región tienen grandes esperanzas puestas en la próxima cumbre de Salónica. A medida que pasamos de la reconstrucción después del conflicto al desarrollo, nuestros ciudadanos se centran más en los temas relacionados con la cohesión económica y social: el elevado índice de desempleo, el deterioro o la ausencia de infraestructuras y la necesidad de adaptar las cualificaciones a las nuevas realidades económicas.
Existe una relación obvia entre el éxito de la implementación del Acuerdo Marco, el éxito de la primera misión militar de la UE y una perspectiva concreta de desarrollo económico. El desempleo, sobre todo entre los jóvenes, es extremadamente alto. La reforma económica exigirá tomar más decisiones dolorosas que pueden incrementarlo todavía más. Lo que otorga vital importancia al desarrollo de un sector privado enérgico, no solo por motivos económicos, sino también por motivos sociales y de seguridad.
En los próximos años, la Comisión Europea hará un gran esfuerzo para ayudar a los nuevos países candidatos a situarse en el nivel del resto de la Unión Europea. También hará un gran esfuerzo para ayudar a Bulgaria y Rumania, nuestros vecinos del este, a atrapar a los nuevos países candidatos. En esto se basa el asombroso éxito que la Unión Europea ha tenido al ayudar a otras democracias emergentes -en nuestra región, nuestro vecino del sur, Grecia- para alcanzar y desarrollar una economía impulsada por el sector privado. Este es el motivo por el que nos gusta tanto la idea de la Presidencia griega de hacer que la ayuda de preadhesión llegue también a los países de los Balcanes Occidentales.
Esperamos con ansia que en la Cumbre de Salónica el compromiso europeo para con los Balcanes Occidentales lleve a la creación de un complemento del programa CARDS, con una oferta de políticas estructurales para la preadhesión, tal como han comentado algunos Estados miembros de la UE.
Somos conscientes de que dicha ayuda nos impondrá muchas condiciones, como la necesidad de cofinanciar proyectos con nuestros recursos. Sin embargo, esta condicionalidad nos ayudará a reforzar nuestras administraciones y a prepararnos para un futuro en Europa. No queremos que se nos trate como un caso humanitario, sino que queremos asumir los procesos de desarrollo en una auténtica asociación con las instituciones de la Unión Europea.
Y esto me lleva a la tercera cuestión que quería plantear hoy aquí, y que reviste gran importancia para los ciudadanos de mi país y de toda la región. La idea y la realidad de Europa es una idea de movilidad, de libre circulación de productos y personas.
Un régimen libre de visados sería muy beneficioso en relación con el proceso de democratización en general. La evolución económica y democrática positiva se verá favorecida si se simplifica el intercambio internacional y la posibilidad de que los estudiantes, los investigadores y los empresarios viajen. El progreso continuado y satisfactorio del proceso de reforma depende de una nueva generación de ciudadanos responsables, dotados de conocimientos y experiencia internacional.
La República de Macedonia, con sus dos millones de ciudadanos, tiene frontera con la UE. Tiene sólidos vínculos comerciales con la UE. Antes de la desintegración de Yugoslavia, nuestros ciudadanos viajaban a todos los países de la UE sin restricciones, y la República de Macedonia no es un país de tránsito.
He seguido con mucha atención los debates de su Parlamento sobre el tema que se ha planteado sobre nosotros, en relación con el uso del nombre constitucional, la República de Macedonia. Vengo de un país con una rica tradición cultural, que siempre ha abrigado valores europeos en su corazón, y solo puedo estar inspirado por estos principios que son la propia base del Parlamento Europeo y que ustedes, los diputados, salvaguardan. Se necesitará mucho más esfuerzo y más tiempo hasta que el Estado Macedonio pueda convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión, aunque estoy ansioso por ver el día en que los diputados macedonios puedan sentarse en esta Cámara.
(Aplausos)
También en este sentido espero recibir su apoyo. Vamos a forjar una asociación sólida y trabajar juntos para asegurar que el sueño europeo se convierta en una realidad también para los jóvenes de la República de Macedonia que ansían convertirse en ciudadanos orgullosos de la Europa del siglo XXI.
(Aplausos)

El Presidente
. Damos las gracias al Presidente Trajkovski por tomarse el tiempo para estar aquí, por compartir su visión de Europa, por su mensaje de colaboración y por la expresión de su   esperanza de desarrollo y oportunidades para el futuro, tanto en su país y en su región como en sus relaciones con Europa.
Le damos las gracias.

(Se levanta la sesión solemne a las 12.25 horas)

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0086/2003) de la Sra. Cerdeira Morterero, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar [COM(2002) 225 - C5-0220/2002 - 1999/0258(CNS)].

Hazan (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega, Carmen Cerdeira, por el excelente trabajo que ha llevado a cabo sobre esta cuestión tan importante. En efecto, este texto constituye la primera directiva sobre inmigración legal desde que esta materia es competencia europea.
Sin embargo, acto seguido, quisiera decir que hay dos cosas que lamento: en primer lugar, que hayamos tenido que esperar tanto tiempo; en segundo lugar, que el resultado final sea una postura tan cautelosa, lo que es consecuencia lamentable de una política que se basa exclusivamente en el control de los flujos migratorios, a pesar de los objetivos establecidos en Tampere.
Después de más de tres años de duras negociaciones, después de dos propuestas muy distintas, a pesar de un dictamen del Parlamento Europeo en el que se expresa un apoyo a la primera propuesta, y a pesar del excelente trabajo realizado por nuestra ponente, el texto que tenemos hoy aquí contiene unas disposiciones mínimas sobre la reagrupación familiar y, además, el Consejo no va a tener en cuenta, en absoluto, el dictamen del Parlamento Europeo, que, sin embargo -o al menos eso espero-, va a reafirmar nuestra postura anterior. No obstante, Tampere nos había hecho entrever otra cosa pero, por desgracia, a estas alturas tenemos la certeza de que el proceso que empezó en 1999 ha tomado unos derroteros diferentes. El Parlamento debe votar mañana a favor del informe de la Sra. Cerdeira y expresar así, de manera clara, su rechazo hacia una fortaleza Europa, que en la actualidad está en proceso de creación, y además debe expresar claramente su apoyo al derecho a la vida en familia, que es un derecho absolutamente esencial en todas nuestras democracias.
Por este motivo, vamos a votar en contra -y estamos en contra- de la disposición que, en algunos casos, permite a los Estados miembros negar la entrada a niños mayores de 12 años.
Rechazamos también la propuesta que autoriza un período de espera de tres años, y lamentablemente, nos vemos obligados a señalar que este episodio constituye una prueba más de la falta de voluntad política de los Estados miembros para compartir las competencias de inmigración.
No es precisamente adoptando este tipo de actitud, cautelosa en exceso, como vamos a resolver el problema de la inmigración ilegal; tampoco es una forma adecuada de evitar los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo, algo que, sin embargo, representa uno de los principales objetivos de esta directiva.
En resumen, entre los diversos pasos hacia atrás de la segunda directiva y los diversos...
(El Presidente invita a la oradora a que concluya.)
... estamos muy lejos de cumplir los objetivos fijados en 1999, en la Cumbre de Tampere, de incorporar esta cuestión al sistema comunitario como tal.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, yo también quisiera empezar felicitando calurosamente a la ponente por el excelente nivel de su informe, tal como el Comisario ha reconocido antes, y me gustaría también expresar cuánto me complace que la Presidencia Griega haya conseguido, después de largas consultas, terminar este capítulo -que no empezó pero ha terminado- de la reagrupación de las familias de inmigrantes legales, que ha estado pendiente en el Consejo durante varios años. Sin embargo, señor Comisario, en mi opinión deberían tomarse también muy en serio las propuestas del Parlamento Europeo.
Como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, creo que esta iniciativa sobre la reagrupación familiar es importante porque será especialmente útil para las mujeres y los niños que normalmente no se encuentran en situación de poder seguir a sus maridos en su intento de emigrar a países de la Unión Europea en busca de un destino mejor para ellos y para sus familias.
Permítanme señalar algunos ejemplos. Hace tres años, me invitaron a una asamblea general de la comunidad de Bangladesh en Atenas. Entré en una sala donde había miles de personas, pero muy pocas mujeres. Cuando pregunté por qué las mujeres no participaban en la asamblea, me di cuenta, por primera vez, del alcance del problema. Respondieron que sus mujeres y sus hijos estaban en casa, en su país de origen, porque no tenían derecho a traerlos aquí. Por lo tanto, me complace sumamente que -aunque esta decisión del Consejo no satisface del todo al Parlamento- se haya tomado una decisión seria sobre este asunto. Asimismo, un punto especialmente positivo de la directiva es que se definen los derechos de los miembros de la familia reagrupada, derechos relativos a la educación y al empleo, tanto para asegurar que se integren sin problemas en la sociedad del Estado miembro como para salvaguardar sus derechos de empleo, de modo que no se conviertan en mano de obra barata para el mercado laboral.
Finalmente, debo resaltar que la reagrupación familiar no solo forma parte de los esfuerzos para conseguir una política de inmigración cohesionadora, sino que constituye también un medio para reforzar la propia política social de la Comunidad.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, Señorías, una vez más quiero dar las gracias a la Sra. Cerdeira por su informe y decir, muy sinceramente, que estoy de acuerdo con varios de los comentarios que se han hecho, en el transcurso del debate, sobre la naturaleza mínima del acuerdo al que se ha llegado.
Puedo decirles que, después de tres años de negociaciones, estoy convencido de que era imposible ir más allá de lo alcanzado gracias al compromiso de la Presidencia Griega, tal y como ha recalcado la Sra. Karamanou. Pero también estoy seguro de que no será la última vez que debatiremos la reagrupación familiar. Es un proceso que va a evolucionar, y espero que, dos años después de haber incorporado la directiva a las legislaciones nacionales, podamos valorar el valor añadido de las normas mínimas que estamos a punto de aprobar y ver qué nuevos caminos se pueden explorar entonces con respecto a la reagrupación familiar. Ciertamente, creo que es un derecho fundamental, clave para el éxito de nuestra política de integración y que, a medida que los Estados miembros desarrollen sus propias políticas de integración, la reagrupación familiar se convertirá en una palanca cada vez más importante para integrar con éxito a los trabajadores inmigrantes en las sociedades europeas anfitrionas.
Me imagino que no será posible apartarse de las líneas básicas del acuerdo político que el Consejo ha aprobado. Por este motivo, pediría al Parlamento que muestre comprensión hacia el hecho de que la propia Comisión no se aparte tampoco de este acuerdo político. No obstante, me gustaría añadir que este acuerdo político no debe representar un retroceso con respecto a lo que ya tenemos sobre la mesa. Por eso, por ejemplo, aunque en el pasado acepté no incluir la protección subsidiaria y a los beneficiarios de la protección subsidiaria en esta propuesta -a petición, por cierto, del Parlamento Europeo, entre otros- no creo que sea aceptable excluir a los refugiados de esta directiva. Y es que hemos de reconocer que los refugiados deben tener derecho a la reagrupación familiar, que este derecho debe incluirse en alguna parte de la normativa y que este instrumento es el lugar adecuado para enmarcar este derecho a la reagrupación familiar.
Finalmente, como ha dicho la Sra. Hazan, este es el primer instrumento sobre inmigración legal. Creo que envía un mensaje político claro: una política de la Unión Europea sobre inmigración no puede ser solo una política represiva; debe ser también una política de inmigración legal. Espero que este primer instrumento -por mínimo que sea- constituya una base sobre la que podamos construir la voluntad política de adoptar las otras iniciativas legislativas de la Comisión sobre inmigración legal, porque si deseamos tener una política de inmigración que no solo sea creíble y coherente, sino también respetuosa con nuestros valores comunes, debemos contar con una gama completa de instrumentos jurídicos.

Cerdeira Morterero (PSE)
. (ES) Señor Presidente, quiero agradecer al señor Comisario, así como al resto de los colegas que hayan permanecido aquí hasta esta hora, pero creo que la ocasión lo merecía, el tema es importante y llevamos mucho tiempo esperándolo. Comparto plenamente lo que ha dicho el Sr. Comisario, pero hay algunas afirmaciones que se han hecho a lo largo del debate que quisiera aclarar.
Este informe sobre reagrupación familiar en ningún momento permite situaciones como las que el Sr. Pirker ha expuesto: la poligamia o la posibilidad de aplicar esta directiva a futuras mujeres y quiero que eso conste en acta porque me parece una afirmación muy grave que solamente puede ser fruto de la ignorancia o de la mala fe.

El Presidente
. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los tres informes siguientes:
A5-0107/2003 del Sr. Turco, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de un Acto del Consejo que modifica el Acto del Consejo de 3 de noviembre de 1998 por el que se adoptan normas sobre protección del secreto aplicables a la información de Europol [13875/2002 - C5-0553/2002 - 2002/0823(CNS)];
sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de un Acto del Consejo por el que se modifica el Estatuto del personal de Europol [13873/2002 - C5-0555/2002 - 2002/0822(CNS)];
y sobre la iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol [6314/2003 - C5-0066/2003 - 2003/0806(CNS)];
A5-0106/2003 del Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción del acto del Consejo por el que se establece, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), un Protocolo por el que se modifica dicho Convenio [13254/2002 - C5-0001/2003 - 2002/0814(CNS)];
A5-0116/2003 del Sr. Turco y el Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la recomendación al Consejo sobre la evolución futura de Europol [2003/2070(INI)].

Turco (NI)
Señor Presidente, me siento un poco perdido porque el interlocutor político necesario en un debate como este, el Consejo, no está aquí. Pienso que, en un debate sobre un tema al que el Parlamento otorga gran importancia, es necesaria la presencia de un representante de alto nivel. Dicho esto -y me gustaría que, al menos, constara en acta-, quisiera dar las gracias especialmente a mis colegas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre todo al Sr. Deprez y al Sr. von Boetticher, por el duro trabajo que han llevado a cabo y que nos ha permitido alcanzar una posición común.
En primer lugar, quisiera señalar que el Parlamento ha pedido repetidas veces al Consejo -especialmente en los informes Nassauer, Karamanou y Deprez- la reforma del Convenio Europol, con el objeto de otorgar un control y unos poderes democráticos concretos sobre Europol. Con estos informes, hoy pedimos, una vez más, una mayor implicación del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario de Europol, así como la financiación de este órgano a través del presupuesto comunitario. Pedimos que el Parlamento Europeo se involucre en el nombramiento y el cese del director y los directores adjuntos de Europol, y que dos representantes electos del Parlamento Europeo participen en las reuniones del Consejo de Administración. Pedimos que se respete plenamente el derecho del Parlamento a ser informado y consultado. Pedimos la revisión del Convenio Europol para adaptarlo a unas normas y unos métodos que permitan un mejor control democrático. Pedimos que se refuerce el control judicial por parte del Tribunal de Justicia. Finalmente, pedimos la comunitarización de Europol.
La Comisión Europea ya se ha manifestado sobre el asunto del control democrático, y ha propuesto la creación de una comisión mixta formada por representantes de los Estados miembros y de las comisiones del Parlamento Europeo responsables de las cuestiones policiales. El asunto del control democrático de Europol se ha debatido también, hace poco, en el Grupo de Trabajo de la Convención «Libertad, Seguridad y Justicia». Según las actas del Grupo de Trabajo, durante una audiencia el director de Europol, el Sr. Storbeck, afirmó que «el control parlamentario de Europol no está claro en la actualidad»; señaló las dificultades que origina ser responsable ante demasiados parlamentos nacionales y afirmó que un control democrático más estricto y eficaz también sería beneficioso para Europol. Asimismo, mencionó el eventual control por parte del Parlamento Europeo como posible solución. El propio Grupo de Trabajo de la Convención ha elaborado un informe final en el que declara lo siguiente: «Las actividades de Europol deberán estar sujetas en el futuro a la responsabilidad democrática ante el Parlamento Europeo y el Consejo, así como al control judicial del TJCE, de conformidad con las normas habituales de los Tratados».
A pesar de estas reiteradas reivindicaciones y propuestas específicas, hoy estamos debatiendo aquí un Protocolo al Convenio Europol sobre el que se consulta al Parlamento Europeo. Este protocolo no solo no resuelve estas cuestiones: es que ni siquiera las aborda. Los resultados de una comparación entre los poderes actuales de control democrático sobre Europol y las reformas propuestas en el Protocolo son de lo más decepcionantes. A la vista de estos hechos, en nuestra comisión -y espero que mañana en la Cámara-, observando que se ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones y propuestas a favor de aumentar el control de las competencias democráticas de Europol, no podemos más que condenar el hecho de que los cambios propuestos sean puramente estéticos y constituyan una burla al Parlamento Europeo y a los ciudadanos europeos que lo han elegido.
El Consejo no ha respondido a las reiteradas peticiones del Parlamento para que se incrementen los poderes por lo que se refiere al presupuesto de Europol, así como a los procedimientos de nombramiento y cese, o para que representantes del Parlamento Europeo participen en el Consejo de Administración. Tampoco ha seguido la propuesta de la Comisión de crear una comisión mixta, o la opinión del director de Europol a favor de un mayor control democrático. En estas condiciones, el Parlamento Europeo mantendrá su papel actual con respecto a Europol: debatir sin que nadie escuche y presentar propuestas sin que nadie las lleve a la práctica. Inevitablemente, algún día el Consejo tendrá que darse cuenta de que un mayor control democrático y más poderes con respecto a Europol son la única garantía de una administración y un funcionamiento correctos en interés de todos.
Nuestro rechazo hacia las iniciativas y la resolución que hemos presentado confirman esto: como he dicho, fue una decisión difícil; debatimos en comisión el asunto al menos cuatro veces pero, al final, todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo con este documento. Sé que ya se ha dicho muchas veces, pero no podemos permitir que el Consejo siga ignorando esta posición ?que ya no es solo la posición del Parlamento? ad infinitum. Espero y confío en que el Comisario Vitorino sugiera una medida eficaz, dado que en el transcurso de esta legislatura ha propuesto muchas medidas eficaces.

von Boetticher (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, quisiera agradecerle al Sr. Turco su intervención.
En este caso, acordamos un planteamiento común, un planteamiento que implicaría rechazar las iniciativas danesa y griega y aprobar nuestra propia recomendación sobre la evolución futura de Europol pero, por supuesto, a pesar del texto común, nuestros argumentos difieren en cierta medida. Resulta que, en el pasado, en el Parlamento Europeo nos pusimos las cosas fáciles rechazando todas las propuestas de modificación del Convenio Europol. Nuestra justificación era la falta de control judicial y democrático sobre Europol, porque, al pertenecer como pertenece al tercer pilar, hasta el momento Europol no ha estado sometida ni a control parlamentario por parte del Parlamento Europeo ni a control judicial por parte del Tribunal de Justicia Europeo, y ni siquiera los parlamentos nacionales tenían interés en controlarla.
Ha habido varias ampliaciones de las competencias de Europol que en el Parlamento Europeo no hemos querido aceptar si no iban unidas a unos mayores poderes de control. No obstante, en la propuesta danesa, de la que soy ponente, se incluye precisamente este aumento de oportunidades de control para el Parlamento, porque, según dicha propuesta, la Cámara debe ser consultada sobre diversas cuestiones como la recogida, el procesamiento y la utilización de datos personales, la transmisión de datos a terceros Estados, el establecimiento de unas normas sobre el secreto y la protección de la confidencialidad en relación con la situación personal y, finalmente, también sobre todas las modificaciones del Convenio Europol.
Incluso el instrumento que se propone, según el cual las autoridades nacionales podrían, en el futuro, comunicarse directamente con Europol, sería un verdadero paso adelante. De entrada, me parece que no tendría sentido rechazar todo esto y, aunque por principio esta ha sido la línea que hemos seguido en el pasado, he estado pensando en aceptar la propuesta, por el hecho de que debería considerarse en el contexto del debate de la Convención, donde, en estos momentos, el Grupo de Trabajo X ha propuesto la disolución del tercer pilar de la Unión Europea -Justicia y Asuntos Interiores- y la transferencia de Europol al primer pilar. Esto implicaría tanto el control judicial por parte del Tribunal de Justicia Europeo como un control parlamentario en forma de derechos presupuestarios del Parlamento Europeo. Visto de esta forma, en principio, tenía sentido afianzar un procedimiento de consulta en el Convenio Europol. No obstante, ahora las propuestas presentadas por el Presidium de la Convención se han puesto a la altura de la iniciativa danesa, algo que debemos especialmente al Comisario Vitorino.
Seré sincero, señor Comisario, y reconoceré que al principio no pensé que fuera posible que la Convención accediera a someter a Europol a un procedimiento de codecisión, que en el futuro se denominaría procedimiento legislativo, con igualdad de derechos para el Parlamento y para el Consejo, pero lo que yo pedía al final de cada uno de mis discursos anteriores me ha sido concedido. En este aspecto, ciertamente la Convención ha demostrado que es valiente. Sin embargo, cuando considero las enmiendas presentadas por los miembros de la Convención, me encuentro con que unos pocos piden que el Consejo tome decisiones unánimes en este ámbito, y no encuentro ni una sola enmienda que intente limitar el papel que desea el Parlamento Europeo. Así las cosas, podemos asumir un amplio consenso, de modo que la iniciativa danesa, con el procedimiento de consulta que incluye, puede aparcarse.
No obstante, es posible mejorar las propuestas del Presidium. Para empezar, deberíamos abolir la autoridad del Consejo para redactar directrices, al igual que deberíamos abolir, en segundo lugar, la restricción del artículo 9 sobre el control por parte del Tribunal de Justicia. En tercer lugar, en términos generales, la unanimidad en el Consejo en los temas relacionados con Europol, tal y como piden varios miembros de la Convención, es algo inaceptable. En cuarto lugar, el procedimiento legislativo debe permitir que Europol lleve a cabo sus propias investigaciones con la colaboración de los funcionarios apropiados de los Estados miembros. En el primer caso, una transferencia de competencias de este tipo también podría estar sujeta a la unanimidad, aunque los derechos del Parlamento no deben limitarse bajo ningún concepto. En quinto lugar, Europol también debe poder actuar en defensa de los intereses financieros de la UE cuando así lo solicite Eurojust o el Fiscal Europeo que se va a nombrar. Aquí es donde la cooperación con esta institución debe regularse en términos aún más precisos; no debe dejarse en manos de acuerdos internos, como era antes el caso. En sexto lugar, el control por parte de Eurojust solo tendrá sentido cuando se hayan traspasado a Europol poderes ejecutivos reales, porque antes de que eso ocurra, el hecho de que Europol siga estando sometida al control de los fiscales nacionales hará que las estructuras estén duplicadas. El séptimo punto es que Europol debe tener acceso a los diversos sistemas informáticos -y mencionaré solo el Sistema de Información Schengen, el Sistema de Información de Aduanas, y Eurodac-, que deben unirse para formar un solo sistema informático uniforme con diferentes derechos de acceso.
Mi octavo punto es consecuencia directa de todo esto. Europol debe disponer de una protección de datos normalizada conforme a la Directiva 46/95, y necesita unas normas de lenguaje simples. Por último, y no por ello menos importante, hay que aplicar de forma más estricta el requisito de que los Estados miembros cooperen con Europol. Muchos Estados miembros todavía envían a Europol pocos datos, o simplemente no envían datos.
Instamos al Consejo a que no siga bloqueando el uso de los recursos presupuestarios de la UE para financiar Europol en sus actividades contraterroristas hasta que la Conferencia Intergubernamental haya adoptado un tratado constitucional de este tipo. No podremos convencer a los ciudadanos de que su seguridad está en peligro si los ministros de Interior consideran que se han superado sus competencias. En cualquier caso, la Convención deja margen para una interpretación generosa.
Al mismo tiempo, el Consejo debe prepararse para que el Convenio Europol sea trasladado a la legislación. Ahora está en nuestras manos asegurarnos de que la Convención sea un éxito. De hecho, creo que estamos predestinados al éxito, porque, sin estos avances, a largo plazo fracasaremos en nuestro intento de luchar contra la delincuencia en Europa. Por consiguiente, hoy también, voy a concluir con unas palabras con las que incluso el Sr. Coelho estará de acuerdo: por cierto, creo que la Convención debe ser todavía más valiente.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Turco y al Sr. von Boetticher por los informes que han redactado, que tienen como objetivo analizar las iniciativas tomadas por determinados Estados miembros tanto para mejorar el funcionamiento de Europol como para alinear los niveles de clasificación de los documentos de Europol con los niveles de clasificación de los documentos del Consejo. La Comisión comparte la opinión del Sr. Turco de que sería difícil que los ciudadanos de la Unión Europea entendieran que el sistema de clasificación de los documentos de Europol debe ser diferente del sistema de clasificación de los documentos de la Unión Europea. Como resultado de esta iniciativa, Europol tendría cuatro niveles de clasificación que corresponderían con los adoptados en la decisión del Consejo de 19 de marzo de 2001 y la decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 2001. El Sr. Turco se refiere en su informe al Reglamento del Consejo nº 1049/2001.
Quisiera llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que este reglamento aborda la cuestión del acceso público a los documentos. Sin embargo, no es un reglamento que establezca los niveles de clasificación de los documentos del Consejo o de la Comisión. En relación con las normas relativas al acceso público a los documentos custodiados por Europol, los diputados son conscientes de que la iniciativa danesa establece que el Consejo de Administración de Europol debería adoptar normas sobre el acceso a los documentos de Europol teniendo en cuenta los principios y los límites establecidos en el Reglamento nº 1049/2001. En opinión de la Comisión, esto significa que oficialmente el Consejo de Administración de Europol solo tiene que adoptar estas normas cuando se ratifique la iniciativa danesa. Sin embargo, dada la importancia de este tema. quisiera resaltar que, desde nuestro punto de vista, no hay nada que impida a Europol actuar directamente para adoptar unas normas sobre acceso a los documentos que tengan en cuenta el Reglamento nº 1049/2001, tal y como sugiere el ponente.
En relación con el informe del Sr. von Boetticher, los objetivos de esta iniciativa son definir mejor las competencias de Europol, convertir a Europol en un punto de contacto en la Unión Europea para los temas relacionados con la falsificación del euro, mejorar los contactos entre Europol y las fuerzas policiales de los Estados miembros y, finalmente, proporcionar una mejor base para informar al Parlamento Europeo sobre las actividades de Europol.
A mí me parece evidente que estas iniciativas que estamos debatiendo no resuelven los problemas básicos que se plantean en relación con el estatuto de Europol. Sin embargo, mi opinión es que van en la dirección correcta. Por supuesto, entiendo la postura del Parlamento de querer mostrar su desacuerdo con la insuficiencia de soluciones recomendando que se rechacen las iniciativas de los cuatro Estados miembros. Sin embargo, debemos recordar que las cuestiones planteadas por estas iniciativas son las mismas que está examinando la Convención sobre el Futuro de Europa. El rechazo de estas iniciativas probablemente sería un signo negativo para el cambio en la dirección correcta. Creo que el Parlamento está de acuerdo con la Comisión en que el Convenio Europol debe ser sustituido por un instrumento que se pueda adoptar más fácilmente y que permita un control jurídico y democrático adecuado a escala europea. El Convenio Europol debería sustituirse ahora mismo, hoy, mediante una decisión del Consejo, de la misma forma que Eurojust se creó tomando como base una decisión del Consejo.
El presupuesto de Europol debería financiarse a partir del presupuesto comunitario, y la información dada al Parlamento Europeo debería considerarse desde un punto de vista distinto. De hecho, en la comunicación que la Comisión presentó al Parlamento sobre el control democrático de Europol, recomendábamos que se creara un organismo mixto de supervisión formado por representantes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Finalmente, por lo que se refiere al ámbito de la protección de datos, hay que ampliar las normas que ya existen en el actual Convenio Europol.
Con las iniciativas de los Estados miembros, estos objetivos solo se cumplen de manera muy parcial. No obstante, como acaba de indicar el Sr. von Boetticher, la Convención sobre el Futuro de Europa está debatiendo, en estos momentos, un proyecto de artículo sobre Europol que, a mi modo de ver, aborda con precisión los problemas que acabo de mencionar. No obstante, esto no debería impedir la adopción de la iniciativa de Dinamarca. Es cierto -y reconozco que el Sr. von Boetticher tiene razón- que el proceso de ratificación de esta Convención va a ser lento y laborioso porque sabemos que todas las convenciones que siguen el Título 6 del Tratado han sido sumamente lentas y pesadas. No hay más que recordar que la Convención sobre la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas no quedó ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea hasta el mes pasado, y se remonta a 1995. Este es un buen motivo para deshacernos del instrumento «convención» dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
Sin embargo, no debemos olvidar que el resultado de la Convención sobre el Futuro de Europa, es decir, el Tratado Constitucional, también se someterá a un proceso de ratificación por parte de los parlamentos de todos los Estados miembros, de los veinticinco Estados miembros, y que por lo tanto, será un proceso igualmente lento y laborioso. La puesta en marcha inmediata del proceso de ratificación de estas enmiendas del Convenio Europol no entra en conflicto con el Tratado Constitucional, dado que las normas del Tratado Constitucional prevalecerán sobre las normas que ahora son objeto de esta iniciativa por parte de los Estados Miembros.
Por último, quisiera expresar mi apoyo a la postura del Parlamento cuando, en la recomendación al Consejo, se refiere al artículo 22 presentado por el Presidium de la Convención. Quisiera dejar claro que el objetivo con que la Comisión se ha planteado el debate sobre el Convenio es convertir a Europol en un organismo de la Unión Europea con un estatuto normal dentro de un marco institucional único. Esto significa financiación comunitaria, una base jurídica que se pueda cambiar más fácilmente, una ley de la Unión Europea y el uso del procedimiento legislativo normal, es decir, de la mayoría cualificada y la codecisión. Todos estos elementos son bienvenidos y están en consonancia con la comunicación de la Comisión de diciembre de 2002 sobre la arquitectura institucional de la Unión Europea, y creo que encajan con los objetivos de una cooperación policial más eficaz en el espacio europeo.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Parlamento Europeo ha sido coherente al prestar su apoyo a las diversas iniciativas dirigidas a ampliar el mandato de Europol. Queremos ayudar a Europol a convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada y a asumir un papel primordial, en colaboración con las autoridades de los Estados miembros, con respecto a las investigaciones sobre las actividades delictivas transfronterizas.
No obstante, aunque estamos de acuerdo con la introducción de poderes operativos en Europol, tal como prevé el propio Tratado de Amsterdam, también hemos indicado reiteradamente la necesidad de que el reforzamiento de su papel vaya acompañado de unas medidas que garanticen el control democrático y el control jurisdiccional. En este sentido, hemos rechazado continuamente todas las iniciativas que se nos han presentado pidiéndonos que nos pronunciemos sobre cuestiones de detalle relativas a Europol. Como representantes de los ciudadanos europeos, hemos pedido reiteradamente los poderes necesarios para que podamos ejercer el control democrático deseable sobre Europol.
Los ponentes, el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher, tienen razón al pedirnos, una vez más, que rechacemos estas iniciativas danesas, a las que se añade ahora una iniciativa griega, para ser coherentes con las posturas que ha adoptado este Parlamento. Este rechazo debe utilizarse como una oportunidad para reafirmar nuestra postura. En primer lugar, Europol no se puede seguir manteniendo en el marco de una simple cooperación intergubernamental. El Convenio Europol debería sustituirse por una decisión del Consejo, de conformidad con el punto c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, que el Comisario acaba de mencionar, y que permitiría introducir cambios mediante un procedimiento simplificado y la adopción de medidas ejecutivas con una mayoría cualificada; de esta forma, se integraría en el sistema de instituciones de la Unión Europea. En segundo lugar, el papel del Tribunal de Justicia debe adecuarse a las disposiciones del Tratado de Ámsterdam, para que pueda haber un control judicial eficaz. En tercer lugar, es claramente necesario que Europol se someta a un nivel adecuado de control democrático, poniendo fin a la situación actual en la que el Parlamento Europeo ha tenido un papel puramente marginal.
Agradecemos mucho el resultado de la labor de la Convención y la propuesta del Presidium de la Convención, que pide con claridad un paso adelante hacia la comunitarización de Europol con su incorporación al primer pilar, sustituyendo el Convenio Europol por una decisión del Consejo. Además, la estructura de Europol, sus métodos de trabajo, sus ámbitos de actividad y sus tareas se definirían en un procedimiento de codecisión por parte del Parlamento Europeo y del Consejo. Por lo tanto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya la propuesta de resolución que el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher han presentado, y en la que piden al Consejo y a los Estados miembros que apoyen la propuesta de la Convención.

Ceyhun (PSE).
Señor Presidente, voy a hacer algo inusual, pero creo que es necesario. Pienso que es una lástima que no pueda hacer constar en el acta mi discurso de cuatro minutos laboriosamente elaborado, pero me parece que mis palabras serían una mera repetición de todo lo que se ha dicho hasta ahora, y que es cierto. Por este motivo, a las diez menos veinte de la noche, no quiero repetir lo que ya se ha dicho.
No tengo nada que añadir a las palabras del Sr. von Boetticher, el Sr. Coelho o el Comisario Vitorino. Estamos todos de acuerdo. Mi Grupo apoya la propuesta presentada por el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher, y respaldamos la postura que han adoptado. No creo que haya nada más que decir sobre el tema. Mis colegas pueden utilizar mi tiempo de uso de la palabra si realmente lo desean.
El Presidente
. Muchas gracias, Sr. Ceyhun. Quizás podría responder a su observación comentando que el famoso comediante alemán Karl Valentin visitó una vez el Parlamento de Baviera. A mitad de un debate abandonó la sala. Cuando un periodista le preguntó por qué lo había hecho, el Sr. Valentin respondió que ya se había dicho todo, aunque aún no lo había dicho todo el mundo. Con esto en mente, muchas gracias por su aportación.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, quiero hablar sobre dos cuestiones relacionadas entre sí como son la protección de datos y la responsabilidad parlamentaria. La autoridad conjunta de supervisión responsable de la protección de datos está formada por una persona de cada Estado miembro. Se supone que debe garantizar que Europol respeta las disposiciones de la Convención sobre protección de datos. Debe revisar las actividades de Europol para asegurar que no se infrinjan los derechos de los individuos con el almacenamiento, el procesado y la utilización de los datos que posee. Debe controlar la permisibilidad de la transmisión de datos procedentes de Europol. Presenta informes regulares al Consejo.
La propia Convención, en varios actos del Consejo, establece las normas sobre el uso de los datos y la comunicación de dichos datos a terceros Estados y organismos. Pero a juzgar por la información que el representante británico del organismo conjunto de supervisión presentó al Comité Selecto Europeo de la Cámara de los Lores, tenemos motivos para preguntarnos si podemos confiar plenamente en la minuciosidad con que la autoridad conjunta de supervisión está llevando a cabo su labor. Por tanto doy mi pleno apoyo a la recomendación de los informes que estamos debatiendo de que esta autoridad debería informar tanto al Consejo como al Parlamento y debería estar dispuesta a responder a las preguntas de la comisión correspondiente, que sería la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.
La información que me preocupa se presentó el pasado noviembre. El Sr. Francis Aldhouse, Comisario Adjunto de Información del Reino Unido, respondió a varias preguntas referentes al acuerdo Europol-Estados Unidos sobre intercambio de datos personales. Comentó la dificultad de evaluar la suficiencia de la protección de datos en los Estados Unidos, porque no tienen ninguna ley federal ni ningún organismo de protección de datos, sino que confían en general en la jurisprudencia, la supervisión judicial y la auditoría. Expresó su preocupación ante la manga ancha de las disposiciones sobre la transferencia de datos y las posibilidades de abuso que supone el acuerdo Europol-Estados Unidos. Pero entonces, abdicando de toda responsabilidad de vigilar y mostrarse activo, concluyó: «Creo que deberíamos considerar que, especialmente entre los países de la Europa Occidental y los Estados Unidos, hay varios países que se enorgullecen de basarse en el Estado de derecho y el cumplimiento de sus acuerdos. Comparto la opinión de mis colegas del organismo conjunto de supervisión de que esto es aceptable.» Es decir, que confiemos en ellos. No creo que sea responsable por su parte abdicar de una responsabilidad como esta, y estamos hablando del representante británico en el organismo conjunto de supervisión.
La Cámara de los Lores tampoco quedó convencida e instó al organismo a adoptar un enfoque firme de la protección de datos personales en los acuerdos con terceros países. Al pedir responsabilidad ante el Parlamento Europeo podemos ayudar a garantizar esto, aunque también debemos trabajar con los parlamentos nacionales. Una comisión mixta formada por los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo sería una medida excelente.

Kaufmann (GUE/NGL).
Sr. Presidente, señor Comisario, Señorías, los informes que tenemos ante nosotros recurren a consideraciones de principio para rechazar las iniciativas danesa y griega sobre la evolución de Europol. Y eso está bien, porque la única posible respuesta a los intentos continuados de dejar que Europol siga trabajando como antes es resaltar que la Europol del futuro no debe funcionar sin la influencia y el control del Parlamento, y no lo hará si esta Cámara tiene algo que ver con ello. Por lo tanto, quiero dar las gracias a los dos ponentes por haber expresado de nuevo este mensaje sin ambigüedades.
Considero que los tejemanejes en este ámbito tan delicado apenas son creíbles. Los informes del Parlamento han pedido, una y otra vez, un control parlamentario real sobre Europol, pero hasta la fecha no ha ocurrido nada. En cambio, Europol sigue reforzándose y ampliándose. Simplemente lo encuentro bastante escandaloso.
En vista de lo que está ocurriendo en el trasfondo de los debates de la Convención Europea, las diversas iniciativas de los distintos Gobiernos parecen verdaderamente kafkianas, porque van más allá de las propuestas presentadas a la Convención sobre la reforma de los asuntos de interior y las cuestiones judiciales. Por lo tanto, como miembro de la Convención, apoyo la idea de que esta Cámara presente de nuevo su principal petición ante el Consejo y los Gobiernos, y los ponga cara a cara con ella. También apoyo la petición del Sr. von Boetticher de que no se incorporen enmiendas al Convenio Europol antes de que se ratifique la constitución europea. Creo que esto debería ser obvio si queremos tomar en serio a la Convención y su trabajo.
Apoyo las peticiones incluidas en la propuesta de resolución, para que Europol sea transferida al primer pilar y financiada con el presupuesto de la UE, sometiéndose así al pleno control presupuestario del Parlamento, y para que la constitución contenga una base jurídica para una protección de datos clara y profundamente estricta, con acceso público a los documentos que no se puedan restringir sin justificación.
Lo más importante, sin embargo, es algo que mis colegas ya han resaltado, es decir, que Europol debe someterse totalmente al control del Parlamento. Como miembro de la Convención, solo puedo pedirles que sigan observando con atención las negociaciones en curso en la Convención sobre este tema, porque, en mi opinión -si me permiten poner un ejemplo-, la idea central de las propuestas sobre Europol procedentes del Presidium de la Convención es que, en general, debería dejarse en manos de sus propios mecanismos la definición de cuál debe ser su papel preciso. Como no considero que esto sea aceptable, he pedido que sean solo los órganos legislativos ?con lo que me refiero específicamente al Consejo y al Parlamento actuando juntos? quienes legislen para definir las funciones precisas de estas autoridades junto con todas sus ramificaciones.
Buitenweg (Verts/ALE).
Señor Presidente, esta noche el ambiente es mucho más agradable. El Parlamento está tan unido ahora en el rechazo a las iniciativas del Consejo en relación con Europol, como dividido estaba esta tarde en el debate sobre las convenciones de las Naciones Unidas sobre estupefacientes.
En ambos debates, el Parlamento ha demostrado los diversos métodos de que dispone para ejercer influencia en ámbitos donde no tiene competencia legislativa: esta tarde como foro político y público donde los debates a veces se acaloran, y ahora como defensor de los derechos de nuestros ciudadanos. Para todos nosotros resulta evidente que la situación actual es inaceptable, porque Europol no está sometida ni a control democrático ni a control judicial. Por lo tanto, no vamos a participar en el juego; no nos mostraremos sumisos al dar nuestra opinión.
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento en especial a los dos ponentes -el Sr. Turco y el Sr. von Boetticher- por garantizar un planteamiento y una solución conforme a los que, por una parte, podemos expresar abiertamente nuestras críticas -y así lo hacemos rechazando las propuestas del Consejo- y, por otra parte, podemos expresar nuestras sugerencias positivas y constructivas en una recomendación, como nuestra recomendación de que Europol forme parte del primer pilar. Creo que es un planteamiento muy constructivo.
También me complace que ayer perfiláramos el texto mediante una enmienda donde se decía explícitamente que Europol debe emplear las normas europeas de transparencia en el acceso a los documentos, porque el acceso público a la información debe aplicarse también a Europol. Por supuesto, esto no significa que, a veces, no existan buenos motivos para mantener algo en secreto, para que no se convierta en información de dominio público, pero hay que aplicar unos criterios objetivos, y estos criterios se definen muy bien en el Reglamento (CE) nº 1049/2001. Hay que aplicar este Reglamento. Agradezco la confirmación del Comisario Vitorino de que Europol podría aplicar este Reglamento ahora, como anticipación de unas normas formales que se están elaborando.
Finalmente, quiero intentar convencerles de que las enmiendas que mi Grupo ha presentado de nuevo son adecuadas. Creo que si lo consigo, se pondrá de manifiesto que este debate es radicalmente distinto al de esta tarde, porque esta tarde, ante todo, cada cual estaba absolutamente convencido de que tenía razón. Quiero que en la base de datos de Europol quede claro de dónde proceden los datos. ¿Proceden de investigaciones individuales, o fueron obtenidos por la policía nacional o los servicios de inteligencia? Esto es importante, porque en algunos países unos datos se utilizarán como prueba en causas penales y otros no. Si no queda claro, corremos el riesgo de que las pruebas se consideren ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. Mi enmienda a la Recomendación nº 5 aboga por la claridad en relación con el origen de las pruebas, debido a la importancia de esta claridad en los casos judiciales. Espero recibir su apoyo.

Crowley (UEN).
Señor Presidente, quiero unirme también a mis colegas y dar las gracias a los ponentes por su iniciativa y su tacto al tratar esta situación.
Sin embargo, no opino exactamente lo mismo en relación con algunas de las intervenciones y comentarios. En primer lugar, deberíamos reconocer que Europol no surgió de la nada. Se creó siguiendo unas normas y unos protocolos acordados por los Gobiernos de los Estados miembros, en representación de los ciudadanos que les votaron, para asegurarse de que presentarían ideas y propuestas en su nombre.
En segundo lugar, Europol, por su propia naturaleza, es una entidad reactiva más que interactiva o proactiva. Depende de la información que recibe de las fuerzas policiales de cada país, de la cooperación con dichas fuerzas y también de las peticiones de dichas fuerzas para llevar a cabo una acción.
Sin embargo, dicho esto, Europol podría asumir una mayor responsabilidad. Es necesario poner en práctica sistemas para la protección de sus datos y que todos podamos verlos funcionar y comprender con claridad. También creo que en el futuro debería ser posible debatir anualmente en esta Cámara, a través de sus propias comisiones y el pleno, las actividades de Europol. Sin embargo, donde difiero de mis colegas es en intentar utilizar tácticas enérgicas contra los Gobiernos de los Estados miembros diciéndoles lo que pueden hacer y lo que no.
Mi comentario final es que recientemente se ha hablado mucho en el Parlamento del trabajo en curso de la Convención Europea. Aunque todos esperamos con gran incertidumbre y ansiedad los resultados de la Convención, no desempeña papel alguno en la formación de la base de nuestra labor actual. Nosotros tenemos que ver con la legislación, los poderes y los Tratados que tenemos hoy sobre la mesa, y no con lo que se nos pueda presentar en el porvenir de conformidad con un futuro Tratado.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la excelente labor de Europol hace posible, entre otras cosas, la gran visibilidad de la política de seguridad interior de la Unión Europea. Sin embargo, debemos intentar adaptar la postura de Europol a sus tareas actuales, y proporcionarle las mejores condiciones de trabajo posibles. No obstante, aquí es donde aparece el problema al que nos referíamos antes, ya que, aunque transfiramos funciones al ámbito de la UE, seguimos obligados a utilizar unas herramientas proporcionadas por la cooperación intergubernamental, porque así lo requiere la base jurídica, y necesitamos resoluciones unánimes.
Mañana decidiremos ampliar la Unión Europea a veinticinco Estados miembros añadiendo otros diez y, cuando lo hayamos hecho, deberemos pensar si este arsenal puede seguir siendo operativo con veinticinco Estados miembros. Mi temor es que Europol ya no pueda cumplir sus funciones, y las nuevas enmiendas no serán viables si esperamos a ser veinticinco para ratificar la convención. Por eso, los debates que se están celebrando en la actualidad nos exigen, de nuevo, que pidamos enérgicamente lo que los dos ponentes han pedido en su informe conjunto: la necesidad de asegurar la existencia de Europol en el futuro y la necesidad de la política de seguridad de la Unión Europea.
Por lo tanto, debemos conseguir convencer de la necesidad de todo aquello que pedían los ponentes: comunitarización, es decir, transferencia al primer pilar; control, cuando sea necesario, por el Parlamento; asignación del presupuesto a escala europea; y, lo que es más importante, la transferencia de las competencias operativas, sujeta a los controles adecuados. Por supuesto, hay que añadir también lo que han mencionado otros oradores: principalmente, una coordinación más intensa entre los sistemas informáticos de datos que tenemos, para que las investigaciones sobre la delincuencia organizada y la criminalidad puedan llevarse a cabo de forma aún más eficaz. No tenemos ninguna necesidad de nuevos sistemas de trabajo paralelos o que se entorpezcan unos a otros: lo que necesitamos es un sistema, que todos podamos utilizar de la misma forma, combinado con un sistema único de protección de datos.
Disponemos de una gran variedad de opciones, de las que podemos ser conscientes, pero de las que debemos hacer uso ahora si queremos aplicarlas con la ayuda de los documentos de la Convención y con el pleno apoyo de todos los partidos del Parlamento Europeo.
Schröder, Ilka (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, ahora que la Oficina Europea de Policía lleva diez años funcionando como institución de control intergubernamental, vamos a incorporar la policía europea al ámbito comunitario. Algunos pueden objetar que, de esta forma, Europol se transferirá del tercer pilar al primer pilar, y que así se separará todavía más del control de los Estados europeos. Esto es cierto y, a la vez, irrelevante, porque el carácter de la Oficina de Policía no viene determinado por el organismo estatal que debe controlarla. Los nuevos planes para Europol son aún más repelentes de lo que los policías están obligados a ser. En cualquier caso, es la policía quien, al mantener el orden público, impone todas las limitaciones de empleo y ciudadanía. Sería ridículo que esta Cámara lamentara un recurso tan vil, cuando se trata de limitaciones que todos ustedes aprueban.
Aunque no quieran comprender la crítica racional de la sociedad burguesa, pueden, si quieren ser humanistas burgueses, negarse a apoyar estos planes, porque la verdadera naturaleza de Europol es evidente desde todos sus ámbitos de responsabilidad. Un puesto de honor debería ocupar la eficiente organización de la Fortaleza Europa, en otras palabras, la deportación de extranjeros y el máximo control en el espacio europeo, tan libre, seguro y justo como es. No solo los contrabandistas y los traficantes de personas se verán afectados por esto. No importa si hacen lo que hacen por convicción o porque el capitalismo les obliga a ello.
Cada vez más ciudadanos se verán acosados por los tribunales, porque la comunitarización permitirá a la Europolicía desplegarse con más flexibilidad, y las competencias de Europol podrán ampliarse con una simple resolución del Consejo. Sus poderes operativos se introducirán junto con la comunitarización, lo que representará el paso final hacia la consecución de una fuerza policial de la UE con los poderes de un servicio secreto. En cualquier caso, la comunitarización hace que la fuerza policial sea aún más importante.
Para estar seguros, el Convenio Europol debe retirarse y sustituirse, pero por un protocolo que lo elimine, en vez de crear la base jurídica para que haya aún más vigilancia.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, no hay motivos para dudar de los buenos aspectos democráticos y jurídicos que hay detrás de estos informes, y en concreto, de la recomendación sobre la evolución futura de Europol. Sin embargo, yo cuestionaría tanto el realismo de la propuesta como su inteligencia política. Dado que las ambiciones de la propuesta no se pueden cumplir tomando como base los tratados existentes, quienes presentan las propuestas sacan sus argumentos de las expectativas de la Convención Europea, cuyo objetivo es claramente -como se ha dicho varias veces- transferir estos asuntos del tercer pilar intergubernamental a la reglamentación supranacional.
Una Europol supranacional no es nada menos que una fuerza policial federal. Es tanto un objetivo como un medio para crear un Estado federal europeo. La lógica que hay detrás de Europol es una lección sobre la integración de la UE. Se están eliminando partes aleatorias de la reglamentación que hasta ahora han sido responsabilidad de los Estados nacionales. Las naciones se ven obligadas a levantar sus controles fronterizos nacionales. La libre circulación abre las fronteras a lo que mejor funciona del mercado interior, es decir, a la delincuencia transfronteriza. En consecuencia, se crea Europol. En resumen, el Estado federal se crea derribando al Estado nacional.
Como se ha dicho antes, sin dudar de las buenas intenciones que hay detrás de todo esto, como escandinavo estoy convencido de que los derechos de control que tenemos sobre nuestra policía danesa -que distan mucho de ser satisfactorios- sirven a la democracia y al Estado de derecho de forma mucho más segura que cualquier sistema supranacional. Los procedimientos de control existentes en relación con la protección de datos que se propone que continúen son una parodia del Estado de derecho. Como nórdico, digo que solos podemos hacerlo mejor, al menos mientras aún no hayamos malgastado todo nuestro patrimonio en términos de cultura jurídica.

El Presidente
. El debate queda cerrado.
La votación sobre los dos primeros informes que se han debatido tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. La votación sobre el informe del Sr. Turco y el Sr. von Boetticher (A5-0116/2003) tendrá lugar, por motivos técnicos, el jueves a las 12.00 horas.

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0104/2003) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo sobre la asistencia durante el tránsito en el marco de medidas de expulsión por vía aérea [14848/2002 - C5-0011/2003 - 2003/0801(CNS)].

Kirkhope (PPE-DE)
Señor Presidente, aunque lo que tengo que decir no es tan apasionante como lo que acabamos de discutir -al menos a primera vista-, debo decir como anterior Ministro británico de Inmigración que uno de los procesos más difíciles del sistema de inmigración se plantea cuando hay que expulsar a una persona que ha pasado por todos los trámites jurídicos y ya no tiene derecho legal a quedarse, o no ha aportado un motivo legal para quedarse en un Estado miembro, y tiene que ser repatriado a su lugar de origen.
Por supuesto, es una decisión difícil para todas las personas implicadas en la resolución del asunto: es difícil para los funcionarios, es difícil para los propios Ministros; pero hay que hacerlo de forma que sea a la vez humana y eficaz.
Hasta el momento, hemos tenido problemas considerables para conseguirlo, cuando los trámites de viaje requieren asistencia para trasladar a dichas personas concretas en avión y en el tránsito a través de otros países europeos en su regreso al lugar de origen. A causa de la falta de coordinación o cooperación, a menudo ha implicado mucho más sufrimiento para la persona afectada; y también ha implicado que la operación no se haya llevado a cabo siempre de forma satisfactoria.
Por lo tanto, esta iniciativa alemana, de la que me complace ser ponente, pretende que este problema se resuelva de forma efectiva y eficiente.
Lo que realmente pretendemos aquí es que las personas afectadas reciban la asistencia necesaria, si hace falta, en términos de sustento, en términos de asistencia médica, si es preciso cuando están en tránsito en aeropuertos de camino a su destino. Pero en particular necesitamos asegurar que las líneas aéreas que los transportan sean conscientes de lo que transportan y de la situación en el curso de los trámites. No siempre ha sido así en el pasado, y este informe debería ayudar a conseguir este fin. Asimismo, es importante que los documentos enviados con las personas afectadas se traten de forma adecuada durante el proceso de tránsito. Y no es en absoluto lo que está ocurriendo en la actualidad. Es algo que también queremos ver como resultado de este trabajo.
La dificultad estriba en que siempre es responsabilidad de otra persona el que las cosas se hagan en la forma adecuada. Los funcionarios se sienten frustrados y tienen dificultades no solo en Gran Bretaña, sino también en la mayor parte de los Estados miembros de la UE. Sé que es una medida que será recibida con gran apoyo y entusiasmo por parte de quienes verán que, finalmente, estamos empezando a darnos cuenta de que debemos unirnos para conseguir fines como este.
No afecta de ninguna manera a los procedimientos de cada uno de los Estados miembros, y no es tampoco una medida que pretenda ser ambiciosa y revisar todo el tema de los procedimientos de asilo como tales, o incluso los criterios del asilo. Esto sí sería ambicioso, y no es lo que pretendo conseguir. No es más que una medida simple y muy práctica que provocará el resultado que tiene que ocurrir de vez en cuando una vez agotados los procesos jurídicos adecuados.
En resumen, me siento orgulloso de ser el ponente de este informe porque es una demostración clara de que independientemente de nuestras opiniones políticas sobre Europa y su papel en el futuro, hay muchas áreas como esta en las que podemos colaborar de forma que las cosas sean diferentes para muchas personas, tanto para las que dependen de nuestra atención como para las que tienen que poner en práctica nuestras normas y reglamentos. Por este motivo, aparte de los demás, estoy muy satisfecho con este informe y espero que mañana reciba la aprobación de la Cámara.

Vitorino
Señor Presidente, en relación con la iniciativa alemana, la Comisión establecía en su comunicación del 14 de octubre de 2002 una política común escrita sobre los residentes ilegales, diciendo que existe una necesidad clara de mejorar la colaboración operativa entre los Estados miembros.
El Programa de Acción del Consejo en materia de Repatriación, adoptado el 28 de noviembre de 2002, que se basa en nuestra comunicación, también pide una política global de repatriaciones de la Comunidad, que debería desarrollarse gradualmente, empezando por algunas medidas prácticas para la colaboración operativa en la materia. En este contexto también se hizo referencia a la iniciativa alemana para una directiva del Consejo sobre asistencia en casos de tránsito con fines de repatriación por vía aérea, que yo, como usted, apoyo. Felicito al Sr. Kirkhope por su informe. De hecho, habría que crear un marco común para las cuestiones relacionadas con el tránsito durante el proceso de repatriación.
La Comisión ha presentado una propuesta sobre el reparto de cargas durante las operaciones de repatriación. Pero muchas veces es necesario utilizar aeropuertos de otros Estados miembros debido a la falta de conexiones directas con el país de origen. En estos casos, es importante que establezcamos un marco jurídico claro para los procedimientos de tránsito, especialmente en lo que se refiere al uso y las competencias de los escoltas durante el tránsito.
Pero una política común de repatriación bien estructurada debería comportar además unas medidas legislativas a medio plazo que no solo faciliten la cooperación entre Estados miembros, como el reconocimiento mutuo y vinculante de las decisiones de repatriación, sino que establezcan además unas normas mínimas comunes relativas a la expulsión, la detención y la salida, para garantizar que todos los Estados miembros -no solo los 15, sino los 25- se rijan por, y respeten, las normas sobre los derechos fundamentales y humanos.
En consecuencia, la Comisión tiene previsto presentar una propuesta para una directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos de repatriación y el reconocimiento mutuo de las decisiones de repatriación antes de finales de este año.

Bordes (GUE/NGL).
Por supuesto, vamos a votar en contra de este informe que, simulando una neutralidad técnica, pretende organizar deportaciones de los denominados inmigrantes ilegales. El hecho de que la única institución de la Unión Europea elegida por los ciudadanos justifique estas expulsiones y ayude a organizarlas demuestra que, desde un punto de vista humano o social, no vale más que las instituciones nacionales, es decir, no vale gran cosa.
Además de ser inhumanos, somos hipócritas, porque nadie ignora que la industria, la construcción y la agricultura industrial dependen, en gran medida, de la inmigración, ya sea legal, ilegal o de temporada. Convertir a los denominados inmigrantes ilegales en una buena presa para la policía significa, sobre todo, entregarlos a sus empresarios atados de pies y manos: de este modo, algunos trabajadores se convierten en semiesclavos, se rebajan todos los salarios y se participa en la guerra que todos los Gobiernos de Europa están librando contra los pobres. Por lo tanto, protesto contra estas expulsiones y pido que todas las personas sin papeles reciban un estatuto jurídico adecuado y los mismos derechos civiles y políticos que todos los trabajadores.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa que se propone pretende establecer las medidas que las autoridades podrán tomar para ofrecer asistencia durante la expulsión, con o sin escoltas, de los ciudadanos de terceros países. Esta propuesta es una de las numerosas iniciativas que pretenden combatir la inmigración poco ortodoxa.
Si la Unión Europea quiere tener una política de asilo e inmigración común y quiere disponer de medios para gestionar los flujos migratorios, esta política debería respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente y aceptadas por los Estados miembros. Por este motivo, no podemos apoyar un planteamiento que pretende hacer de la deportación de ciudadanos de terceros países que no tienen los papeles adecuados una herramienta populista al servicio de una política represiva de la realidad de la inmigración.
Demasiadas expulsiones por vía aérea han terminado con la muerte de seres humanos debido al trato que han recibido. Todo el mundo recuerda a Semira Adamou, que se ahogó en un avión en Bélgica mientras estaba siendo deportada. El mes pasado, en Francia, de nuevo dos inmigrantes que no tenían los papeles necesarios murieron en manos de la misma violencia. Hace poco, el 3 de marzo, Francia y Alemania expulsaron a un grupo de 54 senegaleses y marfileños que no habían sido admitidos en esos países, a los que se les había denegado el asilo y que habían sido retenidos en una zona de espera. A mí, todo esto me suena, como mínimo, a repatriación forzosa y masiva. ¿Se respetó el artículo 4 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales, que fue ratificada en la Cumbre de Niza? Además, en el caso de los marfileños, fueron enviados a un país donde en la actualidad hay disturbios y una guerra civil. ¿Se respetaron también los procedimientos de solicitud de asilo que garantiza la Convención de Ginebra con respecto al estatuto de los refugiados? Además, no hay ninguna garantía de que se respetara plenamente el principio de no-devolución que se reconoce en la ley de asilo.
El planteamiento basado en la seguridad, que se nos está proponiendo hoy, está totalmente de acuerdo con las prácticas de la Unión, que, debemos admitirlo, no han permitido resolver el problema de la inmigración ilegal. Debemos reconocer, con urgencia, que el mito de la inmigración cero y su corolario, el planteamiento totalmente represivo, son un fracaso. Hasta el momento, las políticas represivas de inmigración en los Estados miembros no han provocado un descenso de la inmigración ilegal. Más bien al contrario: la han reforzado, haciendo que haya más inmigrantes sin los necesarios papeles, y han enviado a cientos de miles de personas a la ilegalidad, personas que ahora están en manos de redes de delincuentes explotadores, de traficantes de seres humanos y de defensores de la esclavitud moderna.
Este fracaso exige una revisión profunda de la política de inmigración y asilo. Es un tema importante y complejo con el que, a largo plazo, nos jugamos mucho, y nuestras democracias deben asumir una gran parte de la responsabilidad. Al rechazar una política comunitaria para satisfacer las demandas nacionales de los Estados miembros, al arriesgar los derechos de los emigrantes y de sus familias, entregándolos así a la violencia de la deportación, y al negarnos a reconocer la riqueza que estos ciudadanos, sean legales o no, aportan al proyecto de integración europea, esta propuesta se basa en una filosofía que va en contra de nuestra convicción de que Europa debería ser un lugar abierto y solidario, y por este motivo, el Grupo de los Verdes la rechaza. Pedimos al Consejo que elabore una auténtica política comunitaria de inmigración y asilo que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Recomendamos una campaña europea que legalice la situación de todas aquellas personas que no tienen papeles, que tienen vínculos con el país anfitrión y que residen allí de forma permanente. Recomendamos poner fin a la injusticia que sufren unas personas a las que se castiga dos veces, o incluso tres, debido a los acuerdos de readmisión.
Necesitamos urgentemente resolver la situación contradictoria de personas que no pueden ser deportadas pero a las que tampoco se puede dar papeles legales, reconociendo finalmente su derecho a vivir en familia. Después de la propuesta minimalista de directiva sobre reagrupación familiar que hemos examinado hace un rato en esta Cámara, nos podemos imaginar el tipo de discriminación que la Unión Europea quiere reservar, en el futuro, para los más marginados y los más débiles. Estamos en contra de estas prácticas y podemos asegurar que vigilaremos y haremos todo lo posible para garantizar que todas aquellas personas que residen en Europa puedan ser ciudadanos de pleno derecho. Sea cual sea su nacionalidad o su situación administrativa, estas personas deben ser tratadas con la dignidad que todos los seres humanos merecen.

El Presidente
. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente
. De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0053/2003) del Sr. Bayona de Perogordo, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea (2002/2205 (INI)).

Bayona de Perogordo (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, agradezco vivamente a los presentes su participación en este debate. El informe que se presenta a debate pretende ser la respuesta del Parlamento Europeo a la Comunicación de la Comisión de 2 de julio del año 2002 sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea. Para presentar brevemente el informe señalaré que una primera característica del mismo es la de situar la información como una condición de la ciudadanía. 
Tengo la esperanza de que en el futuro, tras el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Unión Europea, este derecho de los ciudadanos va a confluir con el derecho de la Unión Europea a expresarse por sí misma, lo que llamaríamos el derecho a la imagen de la Unión Europea, el derecho a que la Unión Europea explique lo que es y lo que hace, y la confluencia de estos dos derechos permita tener un fundamento jurídico firme sobre la que desarrollar una verdadera política de información y comunicación.
El informe apuesta decididamente por la consolidación de la interinstitucionalidad en las tres fases del proceso, es decir, en la elaboración de los mensajes en el seno del Grupo Interinstitucional de Información, en la aplicación, utilizando para ello las representaciones de la Comisión y las oficinas del Parlamento Europeo, así como las autoridades nacionales, regionales y locales e interinstitucionalidad, también, en la evaluación tanto en el seno del Grupo Interinstitucional de Información como mediante la organización de un debate anual sobre la política de información y comunicación.
En relación con las condiciones de la información, solamente me detendré en el análisis de las lenguas de información y el lenguaje accesible. Las lenguas no deberían ser solamente las oficiales, sino también las cooficiales y todas aquellas en las cuales el mensaje pueda llegar de manera más directa, con la participación eso sí, de las autoridades locales, regionales, nacionales y comunitarias, según el ámbito de sus competencias. 
En cuanto al contenido, solamente me fijaré en dos puntos. Por un lado, el contenido debería mostrar la influencia de la Unión Europea en los actos de la vida cotidiana de los ciudadanos, rechazando la imagen, que con frecuencia se tiene, de la Unión Europea como un terreno de confrontación, con intereses contrapuestos de los distintos Estados miembros.
Por otro lado, habría que consolidar un flujo permanente de información básica para el ciudadano. Difícilmente puede asociarse a los ciudadanos a las prioridades que luego comentaré si desconocen el funcionamiento elemental y básico de la Unión Europea.
En cuanto a las prioridades actuales, se asumen aquellas que ya se integran en el programa Prince, es decir, la ampliación, el futuro de Europa, el espacio de libertad, seguridad y justicia, la implantación del euro, o el papel de la Unión Europea en el mundo. Y se llama la atención sobre la cercanía de las elecciones de 2004 que tienen un valor simbólico porque es la primera vez en que 25 países van a elegir a sus representantes directos en esta casa.
El análisis del informe suscita algunas cuestiones críticas. Por un lado, la cuestión del fundamento jurídico. Los tiempos no están maduros para formular ya un fundamento jurídico que dé pie a la elaboración de los programas, pero la oportunidad de la Convención y la futura Conferencia intergubernamental permiten apoyar la idea de que se consagre en la futura Constitución -dentro de la vida democrática de la Unión Europea- una mención al derecho de los ciudadanos a ser informados, para ser auténticos y verdaderos ciudadanos.
En segundo lugar, me referiré a la cuestión de la información sectorial, que -sé perfectamente- como se han encargado de demostrar los representantes de la Comisión, que pertenece al terreno exclusivo de la Comisión. Lo cierto es, sin embargo, que la imagen de la Unión Europea se encuentra favorecida o dañada directamente por las acciones que emanan de las distintas políticas sectoriales. La coordinación de las distintas políticas sectoriales, la dirección de las políticas sectoriales hacia un objetivo común -el desarrollo de la Unión Europea- es lo que debería ser objeto, no de decisión, por supuesto, pero sí de consideración, en el seno del órgano interinstitucional de información.
En tercer lugar, se suscita la duda de si es mejor una información sistematizada, básica, pedagógica, o el impacto de campañas espectaculares que permiten prender la atención del ciudadano y a partir de ahí buscar los elementos básicos.
Por último, existe el filtro de las autoridades nacionales. Los ciudadanos perciben Europa a través de sus autoridades nacionales, que ven como éxitos lo que han conquistado frente al resto de los europeos y como perjuicio aquello que les resulta negativo. La asociación y la integración de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales es básica a estos efectos.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, tras nuestra comunicación de 2 de julio sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea, la Comisión se complace en recibir el apoyo del Parlamento a esta iniciativa, tal como se expresa en el informe del Sr. Bayona, a quien quiero felicitar.
De hecho, con respecto a la estrategia interinstitucional que deseamos desarrollar para reafirmar la imagen de la Unión Europea, es especialmente importante que todas las instituciones apoyen esta iniciativa y participen en la consecución de este objetivo compartido. A raíz de la adopción de una posición especialmente positiva por parte del Consejo de Ministros de 10 de diciembre y del primer informe del Parlamento Europeo, elaborado por el Sr. Andreasen, la Comisión acoge favorablemente el compromiso del Parlamento con esta causa y las propuestas específicas que el Sr. Bayona indica en su informe, que saben combinar los conocimientos técnicos con una conciencia del carácter políticamente delicado de esta materia.
Me gustaría exponer este aspecto bajo dos epígrafes. En primer lugar, hablaré de los objetivos generales de esta estrategia conjunta y luego sobre su modo de aplicación. Está claro que no podemos definir y aplicar una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea sin obtener el apoyo y la participación activa del Consejo y, en particular, de los Estados miembros. Esto nos lleva a reflexionar por un momento, como el Sr. Bayona nos ha invitado a hacer, sobre el vínculo entre información y ciudadanía, en particular con vistas a las elecciones del año que viene.
Para la Comisión, el principal objetivo de una estrategia activa de información y comunicación tiene que ser mejorar la percepción que el público tiene de la Unión Europea: en esencia, debería mejorar la conciencia del público de la dimensión europea de su ciudadanía. Por tanto, la Comisión toma buena nota de la propuesta del ponente de incluir una referencia explícita, en el texto de la Constitución que se está elaborando en la actualidad, a la necesidad de una política de información y comunicación como condición para el ejercicio de la ciudadanía europea.
La Comisión también apoya plenamente su propuesta de que la información divulgada por la Unión debería realzar los valores europeos comunes, principalmente la democracia, el pluralismo, la seguridad, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la cohesión, etc. De hecho, el objetivo consiste, señor Bayona, en demostrar a la ciudadanía las ventajas prácticas de pertenecer a la Unión en su vida cotidiana. Con esta idea en mente, como usted mismo subraya, debemos seguir y ampliar la política de divulgación de la información en todas las lenguas de la Unión Europea.
La expresión visible de esta ciudadanía debería ser la participación activa en las próximas elecciones europeas. No cabe ninguna duda de que este hito decisivo de la vida democrática de la Unión debería constituir nuestro objetivo común. Ni que decir tiene que esto de por sí ya justifica ampliamente que potenciemos nuestra cooperación interinstitucional. Pero ¿acaso la mejor forma de estimular al público a acudir a las urnas no pasa por facilitarle información educativa objetiva para ayudarle a comprender mejor las principales cuestiones que están en juego en el proyecto de integración europea?
Este es el motivo por el que hemos decidido establecer cuatro grandes temas de información para 2003 y 2004 tras la gran campaña sobre el euro: la ampliación, el futuro de la Unión, el espacio de libertad, seguridad y justicia y el papel de Europa en el mundo. Junto a otras cuestiones, sobre todo la agenda social y económica, estos temas, en especial la ampliación y el futuro de la Unión, constituyen en la actualidad una preocupación prioritaria, debido en especial a que se desarrollan con ritmos paralelos. Por este motivo, son los mejores vectores para concienciar a la opinión pública nacional sobre la importancia del gran hito de 2004.
A este respecto quiero dar todas las garantías a la Cámara. La Comisión respetará escrupulosamente las prioridades fijadas por el Parlamento Europeo en la votación sobre los presupuestos y no tiene intención de modificar el equilibrio -en lo que a los detalles o al cuadro más general se refiere- del programa Prince, tal como ha sido adoptado por la autoridad presupuestaria. No obstante, permítanme señalar -lo hago de forma completamente objetiva-, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, que la duplicación de los créditos asignados al programa Prince, aprobada por esta Cámara para el Presupuesto de 2003, nos va a plantear, desde luego, una serie de problemas prácticos a la hora de su aplicación. La Comisión habría agradecido que se le hubiera advertido con antelación de este estado de cosas en una reunión previa con las autoridades competentes del Parlamento, tal como se merece el espíritu de cooperación interinstitucional que debería prevalecer en la gestión del programa Prince.
En lo que respecta a los aspectos prácticos de la aplicación, en respuesta a la petición del ponente de que, con vistas a las elecciones de 2004, se lance una campaña de información en la que se haga un uso especial de la televisión -se entiende que esta campaña debería ser promocionada y coordinada por la Comisión-, hemos decidido emitir una gran convocatoria de propuestas audiovisuales que traten tanto el tema de la ampliación como el del futuro de Europa. Este enfoque integrado, que refleja la naturaleza complementaria de estos dos temas, tendrá un efecto significativo y renovado de impulso del sector audiovisual en Europa. Este efecto lo notarán tanto los productores de programas como los distribuidores audiovisuales y nos permitirá llegar al público de forma más directa, que podrá utilizar los medios de comunicación de su elección para saber más sobre la Unión Europea.
Como ya he dicho, el papel de la Unión Europea está mucho mejor visto en terceros países que en los propios Estados miembros. En nuestra última reunión del grupo interinstitucional, hemos pensado que era esencial comenzar a trabajar este año en torno a acciones informativas sobre el papel de la Unión en el mundo, dirigidas en principio a los formadores de opinión y a los intermediarios adecuados de suministro de información. La Comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa indica correctamente que hay que progresar de forma rápida en esta dimensión de la estrategia de información y comunicación. Esta afirmación se justifica todavía más a la luz de la gravedad de acontecimientos recientes. En este momento, y con el pleno acuerdo del Consejo, proponemos la adopción de un triple enfoque. En primer lugar, la mundialización, que coincide con la reunión de Cancún en otoño. En segundo lugar, la política de proximidad, que comportará una importancia geoestratégica renovada tras la ampliación. Por último, la política exterior y de defensa común y la labor inicial en torno a la política de defensa. Como ya saben, para ello la Comisión ha presentado un presupuesto suplementario y de rectificación. A partir de ahora, el trabajo que se ha llevado a cabo en torno a este nuevo tema a lo largo de este año está en sus manos.
Señor Presidente, estas han sido, en pocas palabras, las principales observaciones de la Comisión sobre el excelente informe del Sr. Bayona. Como habrán podido observar, no cabe duda alguna de que nuestro enfoque conjunto, resultado de una larga experiencia interinstitucional, está dando su fruto. No obstante, para que sea efectivo, es fundamental que los Estados miembros sigan el ejemplo del enfoque coordinado adoptado por las instituciones. Solo una asociación estructurada con las autoridades nacionales competentes nos permitirá explotar todo el potencial de esta estrategia, una estrategia de la que ahora son copropietarias las instituciones y, de este modo, asegurarse de que tiene el máximo efecto en el ámbito regional e incluso local, de acuerdo con el interés general de la Unión y en beneficio de toda su población.
Trakatellis (PPE-DE)
 ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. (EL) Señor Presidente, es cierto que en la actualidad la opinión pública se ve continuamente bombardeada con una plétora de noticias, mensajes e información, debido a la multiplicidad de medios de comunicación y su fácil accesibilidad. Por tanto, se podría esperar, en estas circunstancias de conocimiento, información y comunicación mundiales, que cada persona tiene la oportunidad de formarse una imagen palpable de la realidad. Sin embargo, el resultado es un intenso incremento de la confusión en la opinión pública, con todo lo que esto implica; con ello me refiero a una imagen deformada o distorsionada de la realidad, un rechazo o aceptación acrítica de los hechos, de la información, del consejo, de las percepciones y opiniones y, por tanto, una oportunidad para llevar a la gente de la mano. Todo esto son consecuencias que no se pueden combatir, como sabemos por experiencia, con programas y estrategias de información individual.
Por tanto, la información que se ofrece a los ciudadanos de la Unión Europea debería ser objetiva y no verse afectada por influencias políticas o de otras autoridades. Los ciudadanos deben estar informados sobre las posiciones y políticas europeas, en especial en relación con aspectos importantes como los asuntos exteriores y otros asuntos relacionados con la seguridad y la defensa de la Unión Europea. Debemos prestar especial atención a asuntos como la legitimidad política, el control democrático y la transparencia en la toma de decisiones. Además, la información debe ser clara y estar documentada. Esto significa que los medios de comunicación tienen que informar no de lo que ellos consideren esencial, sino de cualquier decisión tomada sobre asuntos de importancia para los Estados miembros. Esto proporcionará a todos los ciudadanos de la Unión Europea una comprensión más clara de las decisiones tomadas por sus instituciones, que se suelen presentar de forma errónea, creando impresiones que no tienen nada que ver con la realidad.
Las cuestiones de máxima prioridad, como la ampliación, la relación entre las políticas europeas, la vida diaria y los problemas de la ciudadanía europea, en especial a partir de la adhesión de los nuevos países a la UE, con la que se espera que se produzcan importantes cambios en la política europea agrícola, presupuestaria y financiera, tienen que ser objeto de una información completa y sustanciada.
Existe un grave problema en las regiones, donde la información es limitada o simplemente inexistente. En estas áreas es preciso establecer una cooperación más estrecha y fundamental con las agencias locales en cada Estado miembro, para que la información sea accesible a todo el mundo. Sería posible transmitir una información más inmediata y objetiva mediante la cobertura en vivo de los acontecimientos más importantes, como la toma de decisiones en las sesiones plenarias y en las reuniones de las comisiones, por ejemplo en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Política Común de Seguridad y Defensa, a través de las cadenas de televisión o, para evitar costes elevados, por Internet.
La información apropiada y objetiva a los ciudadanos es una necesidad. La información adecuada a los ciudadanos europeos también es una condición conveniente y necesaria para ampliar la integración europea y reforzar su papel en el mundo. En consecuencia, hay que potenciar y sistematizar los esfuerzos y las iniciativas, debido al déficit en este sector; los ciudadanos necesitan información completa, documentada, clara y accesible.
El informe que estamos debatiendo hoy es la sustancia misma del tema de la información y de la política relativa a esta estrategia de comunicación con los ciudadanos de la Unión Europea, y aprovecho la oportunidad para dar las gracias y felicitar al ponente, el Sr. Bayona, por su excelente trabajo.

Zabell (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, mi colega y compañero, Juan José Bayona, por su trabajo y sus buenas ideas en este informe, y también al Comisario, Sr. Vitorino, por su iniciativa.
Cuando se habla de Europa, a mí me recuerda en cierta manera al colegio, donde siempre decíamos "yo he aprobado" o "ellos me han suspendido". Aquí, cuando algo sale bien, es el país o la región en cuestión quien se echa las flores y, sin embargo, cuando algo sale mal, o hay una catástrofe, normalmente la culpa suele ser de Europa. Al decir "la culpa es de Europa", los ciudadanos ni siquiera saben a qué institución se refieren, porque realmente no las conocen, y no saben distinguir entre ellas. Tenemos que reconocer que no se lo hemos puesto nada fácil. Hay lenguas o idiomas en los que, a lo mejor, no es tan difícil, pero en español tenemos la Comisión Europea y las comisiones del Parlamento, el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. Nosotros sabemos que no tienen nada que ver entre ellos, pero el gran público no lo sabe, y tenemos que reconocer que las coincidencias o casi coincidencias son de lo más desafortunado. Por ello creo que este informe sobre las estrategias de información de la Unión Europea y la posterior puesta en marcha de los programas, son tan importantes y vitales para los ciudadanos de la Unión.
Ahora, permítanme que lleve este tema a mi terreno; el del deporte. No podemos olvidar que el deporte es una gran herramienta de comunicación y tiene un efecto multiplicador verdaderamente importante. Si desde el Parlamento apoyamos la inclusión en los nuevos tratados de la Unión Europea de un artículo referido al deporte, podemos tener unos programas deportivos con una gran repercusión, de la que todos saldríamos beneficiados. Además, si tenemos en cuenta que lo fundamental es educar e informar a los jóvenes, que van a ser los verdaderos protagonistas de la Unión Europea dentro de pocos años y el futuro de la misma, y que precisamente son ellos a quienes más puede llegar la información deportiva, verdaderamente lograríamos cerrar un círculo de lo más interesante y beneficioso para la imagen de todas las instituciones de la Unión Europea.

Aparicio Sánchez (PSE).
Señor Presidente, protesto por el absurdo horario nocturno, casi clandestino, asignado a un debate que debería estar entre los mas importantes del año.
Estamos, señor Presidente, ante un gran informe, oportuno y de alta calidad, por el que mi querido colega el Sr. Bayona de Perogordo merece la felicitación del Grupo Socialista, que le expreso con mucho gusto. Ya en el informe Andreasen este Parlamento definió junto con la Comisión una estrategia informativa para intentar llegar a todos los ciudadanos. Pero, a pesar de encontrarnos en pleno proceso constituyente, las encuestas siguen poniendo en evidencia cierto desinterés hacia la construcción europea. Podríamos resumir la situación diciendo con Marianne Thyssen "Europa está hecha, ahora hagamos a los europeos".
En este sentido, la información que emane de nuestras instituciones no debe de ser neutra, es preciso crear en cada europeo sentimientos de ciudadanía y de pertenencia a Europa. Los europeos tenemos un deber histórico: podemos y debemos identificarnos entre nosotros y ello tiene que estar acompañado, fomentado o incluso provocado -si fuera preciso- por las instituciones europeas.
A diferencia de lo que ocurre con las naciones, la construcción de Europa no se debe a sentimientos, sino a razones, no es impulsada por los pueblos, sino por las élites políticas, económicas o mediáticas. Siguen faltándonos muchas cosas, y entre ellas una sociedad civil europea, es decir, un sistema de organizaciones intermedias, relativamente independientes de los Estados y del mercado, capaces de informarse, de deliberar, de decidir y de actuar conjunta y trasnacionalmente. Por ello, deben ser tareas prioritarias para la Comisión, para los medios informativos europeos y en general para los creadores de opinión -incluidos nosotros mismos desde este Parlamento- la potenciación del espacio político europeo, el desarrollo de un imaginario y de una identidad europeos, la profundización -como ha dicho el Comisario- en un núcleo de valores comunes, el debate sobre el futuro de Europa y el enfoque europeo en todo tipo de información.
En resumen, la tarea no debe ser afirmar una y otra vez la identidad de Europa, sino buscar, definir, y consolidar las bases a partir de las cuales los europeos pueden identificarse. 
Señor Presidente, la aprobación de este informe y el hecho de que el Comisario Vitorino haya sido encargado de desarrollar estas políticas, constituyen, a mi juicio, importantes factores de esperanza.

Andreasen (ELDR).
Señor Presidente, comparto su preocupación y la del Sr. Aparicio Sánchez acerca del hecho de que tratemos una propuesta tan fundamental tan tarde. También quiero dar las gracias al Sr. Bayona de Perogordo y felicitarle por el informe en el que por fin adoptaremos una posición. Es un informe muy completo, y sé por experiencia que el trabajo que implica un informe así es muy exigente. El informe nos acerca un buen trecho a nuestro objetivo de una política de comunicación e información exhaustiva, coordinada y descentralizada o, ha dicho el Comisario Vitorino en el debate de los «Amigos de Europa»: «la lucha contra la apatía y la ignorancia con respecto a la UE». También me gustaría dar las gracias al Comisario Vitorino por su gran compromiso en esta cuestión. Asimismo he de lamentar la forma del debate que estamos teniendo en el Parlamento, porque no le permite responder a las preguntas planteadas aquí y ahora.
A pesar de que hemos progresado bastante en este tema, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta: me referiré a algunas de ellas y también se las enviaré con mucho gusto, ya que es importante que no nos durmamos sobre los laureles en lo que respecta a la estrategia de información y comunicación, en un momento en el que hay tantas cosas en juego acerca de la ampliación y del futuro de la UE y justo cuando nos acercamos a las elecciones al Parlamento Europeo.
Por eso pregunto: ¿hasta qué punto ha avanzado el estudio de viabilidad y las oportunidades de crear una «C-SPAN» europea que ha de implantar la Comisión Europea? ¿En qué punto se halla la labor en torno al «Canal Europa»? ¿Hasta dónde hemos llegado con el establecimiento de un centro común de visitantes para las instituciones en Bruselas? ¿Hasta dónde hemos llegado con los cálculos y los costes de las iniciativas propuestas con anterioridad? ¿Hasta dónde han llegado nuestros esfuerzos para instalar las oficinas de información de la Comisión y del Parlamento bajo el mismo techo en las capitales? Me consta que en Copenhague no ha ocurrido nada. Por último, permítanme preguntar a la Presidencia del Parlamento: ¿no sería buena idea, señor Presidente, que debatiéramos en sesión plenaria el papel que ha de desempeñar el Parlamento en la estrategia de información de aquí hasta las elecciones de 2004?

Ilgenfritz (NI).
Señor Presidente, los resultados de las encuestas realizadas en toda Europa muestran claramente que el público europeo se está distanciando cada vez más del ideal comunitario y la razón esencial de ello es que muchos ciudadanos de la UE han recibido información falsa en los últimos años. Por ejemplo, un 43% de los europeos siguen creyendo que para trabajar en cualquier otro Estado miembro se necesita un permiso de trabajo. Es lamentable que no siempre se reconozcan debidamente las ventajas que ofrece la UE.
De este hecho se deduce claramente, y también de muchos otros ejemplos, que la política de información y comunicación actual de la UE no funciona. Por supuesto, la opinión pública negativa se ve reforzada por la incapacidad de la UE para deshacerse de la corrupción y para desmantelar de forma eficaz el aparato burocrático; pienso, por ejemplo, en la forma en que nuestro Parlamento se reúne en dos sedes.. Deberíamos ser un Estado mejor que el que los ciudadanos tienen en casa. Tenemos que adoptar medidas urgentes, y con ello me refiero a que la UE tiene que adoptar una posición sobre las cosas que no han ido bien, suprimirlas y reunir otro paquete de medidas adicionales. Por ejemplo, la UE podría explicarse en las escuelas mediante alguna asignatura específica con el fin de que los alumnos tengan más oportunidades de informarse en su localidad sobre lo que ocurre en la UE.
Este tipo de medidas podrían ser un paso en la dirección correcta, con el que limar los prejuicios negativos sobre la UE y restablecer el apoyo público al ideal comunitario.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos hallamos en vísperas del mayor proyecto político de la Unión Europea: la superación de una división forzada de Europa en dos partes. Mañana decidiremos sobre la ampliación de la Unión Europea con diez nuevos Estados miembros. A pesar de este éxito de la Unión Europea, el Eurobarómetro publicado en marzo de 2002 muestra claramente que menos de un tercio del público interrogado se consideraba bien informado sobre la Unión Europea. La mayoría de los indicadores confirman que un sector muy amplio de la población, un 50%, ignora todo de la Unión Europea o es indiferente. La tasa de participación en las elecciones ha caído del 63% en 1979 al 49% en 1999. Aquí hay algo que no está bien.
Creo que uno de nuestros problemas más importantes es el hecho de que hablamos de la Unión Europea como si se tratara de una estructura distante. Este aspecto también ha asomado en la intervención del Sr. Ilgenfritz. La Unión Europea la componemos todos nosotros. Creo que la causa principal de nuestros problemas es la distancia mental o emocional entre las personas, independientemente de donde vivan, y las instituciones europeas. No hay una voluntad política para convertir la política europea en política interior.
La voluntad política de reducir la distancia entre los ciudadanos europeos y sus instituciones brilla por su ausencia, pero no por culpa de las instituciones europeas, sino de los Estados miembros. Por ejemplo, ¿afirman todos los Gobiernos que no existe competencia de la UE sin el consentimiento de los Estados miembros? ¿Acaso se cuenta a los ciudadanos de los Estados miembros que no se puede promulgar ninguna directiva sin el consentimiento de los Estados miembros? ¿Se dice abiertamente que la ampliación de la Unión Europea no puede seguir adelante sin el acuerdo del Parlamento Europeo, los Jefes de Estado y de Gobierno, los Estados miembros y los países candidatos? No, siempre que hay una duda, se dice que «la culpa es de Bruselas».
Los ciudadanos no conocen las responsabilidades comunes que tienen los Estados miembros en todas las decisiones europeas, porque no se viven ni se comunican. Permítanme concluir con la pregunta de si los parlamentos regionales ejercen su tarea de control parlamentario sobre sus representantes en el Comité de las Regiones. No, no lo hacen. ¿Acaso los parlamentos nacionales ejercen sus tareas de control parlamentario sobre la labor del Consejo? No, no lo hacen. ¿Acaso el Parlamento Europeo cumple debidamente sus misión ejerciendo el control parlamentario sobre la Comisión y elaborando la legislación? No, al menos no de forma satisfactoria. Si no desempeñamos plenamente nuestras funciones parlamentarias en el ámbito regional, nacional y europeo, las conexiones entre ellos y el mecanismo interconectado de toma de decisiones no puede presentarse de forma transparente. La mejor campaña de información al público no servirá de nada si el público no es consciente de que, a través de sus gobiernos, interviene en cada decisión .
Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, a pesar de que decimos que vivimos en una sociedad de la información, la propia información nos plantea un problema ya de por sí, para el que la estrategia de comunicación de la Comisión está barajando soluciones. Muy acertado por otro lado, ya que la Unión Europea pretende convertirse en la sociedad basada en el conocimiento más avanzada del mundo en siete años. No creo que lo consiga. ¿Por qué no? Porque los Estados miembros no aplican las decisiones acordadas conjuntamente en la estrategia de Lisboa.
En consecuencia, la Comisión está preocupada por la indiferencia de nuestros ciudadanos hacia la Unión y la información sobre ella, ya que menos de la mitad de ellos participan en la votación. Sin embargo, ¿no ha ocurrido lo mismo en los Estados miembros, que son tan indiferentes que ni siquiera aplican lo acordado en el proceso de Lisboa? Además, la economía basada en la información es una cuestión relacionada con eso, la información.
No debemos olvidar que la información no es más que una materia prima, el conocimiento es su producto y la civilización, su resultado final. Nuestros objetivos son buenos, pero los medios de comunicación y las personas no muestran mucho interés por ellos. Podríamos decir que los cerebros que se han ido ablandando con los años a base de culebrones y series de televisión, son nuestros adversarios en este frente. ¿No podrían imaginarse el rodaje de una película de acción sobre la Unión Europea? De esta manera obtendríamos a la audiencia a la que de otro modo no llegamos.
Euronews es un buen objetivo. Otros aspectos importantes incluyen vínculos con la vida diaria y, por supuesto, el servicio de visitantes. Por ejemplo, el Secretario-General ha anulado un puesto de lengua finesa y ahora no existe servicio de visitantes en finés.

Gutiérrez-Cortines (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero felicitar al Comisario Vitorino por su iniciativa, aunque sé que tiene las manos atadas por falta de presupuesto y porque lo nuevo no es tan fácil de introducir en la Unión Europea. También quiero felicitar al Sr. Bayona de Perogordo porque ha escuchado, ha recogido muchas opiniones y, de hecho, el documento final es un documento de consenso, enriquecido por el Parlamento que tiene muchas nuevas figuras y muchas nuevas iniciativas, y yo creo que es así como hay que trabajar con la cooperación institucional.
A mí me parece que todavía hay que dar un paso más, porque el modelo vigente con las oficinas y el sistema actual de difusión de la política parlamentaria, es un modelo esencialmente burocrático, creo que tenemos que ir a un modelo de comunicación abierta y directa. 
Otro punto que me parece importantísimo, que también creo que hay que revisar, y sobre el que en este documento se introduce una solicitud muy clara, es el tema de las lenguas. La política de reforma del Parlamento sobre las lenguas reduce la igualdad entre las lenguas, crea diferencias entre unas y otras y, especialmente, en la traducción, hay una diferencia de fechas de entrega de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de comunicación estamos andando hacia atrás, porque unos ciudadanos recibirán la información primero y otros después. Y dada la rapidez de muchos procesos habrá ciudadanos que no reciban los documentos en su idioma y no tengan ni siquiera oportunidad de llegar a tiempo de presentar enmiendas. Por tanto, creo que la garantía de mantenimiento de las lenguas es algo básico, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías permiten una difusión mucho más directa. Apoyo, por tanto, la reclamación de un refuerzo del tema de la interpretación.
Otro tema que me parece esencial en este documento, y que es preciso tener en cuenta, es lo que señalaba un orador anterior: no hay comunicación sin participación. Y dadas las nuevas tecnologías y la capacidad de comunicación actual, los ciudadanos no se sentirán vinculados a estas instituciones en tanto en cuanto ellos no puedan participar en el diálogo. Y creo que el Parlamento y la Comisión tienen que establecer sus departamentos de comunicación que permitan -como tienen otros parlamentos nacionales- un sistema abierto a través del cual se pueda acceder desde cualquier punto y en cualquier idioma a lo que estamos haciendo. 
Las nuevas tecnologías permiten ese esfuerzo y esa inversión. Y me sorprende que en la reforma, incluso de los edificios, no se haya previsto ampliar las lenguas y la comunicación, sino que ha prevalecido más bien un espíritu reduccionista. Por tanto, solicito que se respete la igualdad entre todos los ciudadanos y la reforma de la comunicación se aborde con un enfoque más moderno.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, como todo el mundo en esta Cámara estoy preocupado por el bajo índice de participación en las elecciones europeas, pero no se trata de un fenómeno que se limite al Parlamento Europeo: es un fenómeno al que se enfrentan también los parlamentos nacionales. Tampoco tiene que ver con la apatía, estrictamente hablando: el mes pasado, más o menos, vimos a millones de personas que expresaban su preocupación sobre un tema que les afectaba directamente -no necesariamente de forma personal, sino en un sentido internacional más amplio- y hacían oír claramente sus voces en relación con el tema de la guerra y la paz. De modo que no es que las personas estén desconectadas de lo que ocurre en el mundo, pero lo cierto es que no necesariamente ven la importancia de que se les pida el voto para el Parlamento Europeo, o incluso en algunos casos ni siquiera para los parlamentos nacionales. Es un fallo de nuestras instituciones y es un fallo nuestro, como políticos.
He presentado una propuesta en la Convención Europea en el sentido de que deberíamos acercar Europa a casa celebrando una Semana Europea coordinada en cada uno de los parlamentos nacionales. Durante dicha semana invitaríamos a un Comisario a un parlamento nacional para presentar el programa legislativo anual; los eurodiputados de cada Estado miembro estarían presentes en el Parlamento; y podríamos generar un cierto interés nacional por lo que está haciendo la Unión Europea y lo que el Parlamento Europeo propone hacer durante el año siguiente para controlar a la Comisión y al Consejo.
Es una idea bastante simple pero que, en mi opinión, generaría mucho interés entre los ciudadanos de Europa. Insto al Comisario a que lo asuma como propuesta. Esto no exige ninguna enmienda constitucional, pero sería útil incorporarla en el protocolo relacionado con los parlamentos nacionales que en la actualidad estamos debatiendo en la Convención.

Perry, Roy (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero añadir mis felicitaciones al Sr. Bayona de Perogordo y agradecer al Comisario Vitorino la atención que están prestando a la necesidad de información. ¿Estamos locos, debatiendo este tema aquí a estas horas de la noche? En realidad, son las personas que no están aquí las que necesitan comprender la importancia de explicar lo que hace la Unión Europea. Tenemos que hacer llegar este mensaje. Si no podemos hacerlo, no nos sorprendamos después si los ciudadanos de Europa se muestran más bien apáticos al respecto. Muchos colegas han mencionado el bajo índice de participación en las elecciones europeas, un 49% en conjunto, un 24% en mi país. Es un desastre total, y debería caérsenos la cara de vergüenza. El único consuelo que tengo es que el índice de participación en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas fue solo del 50%. O sea que quienes creemos en la democracia, tenemos un problema. La solución a este problema es explicar lo que hacemos, y esto es política de información.
He pedido la palabra a esta ridícula hora de la noche para dejar sentadas tras cosas sencillas. Hablo no solo como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que está interesada en la información, sino también como miembro de la Comisión de Peticiones. Hemos recibido varias peticiones de ciudadanos que no son ciudadanos del Estado en el que viven. Tienen derecho a votar en las elecciones europeas, pero en los últimos comicios tuvieron que enfrentarse a todo tipo de problemas: un ciudadano británico que vive en Alemania dijo que hay 6 000 nacionales no alemanes con derecho a voto en su distrito, pero solo votaron 40 porque no recibieron información suficiente; un ciudadano neerlandés dijo exactamente lo mismo en una petición relativa a su situación en Francia. No estoy criticando a Alemania o Francia. Simplemente digo que si queremos que la gente vote tenemos que explicar cuáles son los procedimientos para hacerlo. Y esto es responsabilidad de los Estados miembros. Deberían asumir esta responsabilidad y explicar a todas las personas con derecho a voto en las elecciones europeas cómo pueden ejercer este derecho.
El segundo punto del que quiero hablar se refiere a Euronews. En la actualidad la gente obtiene su información a través de la televisión. Hay un canal en Europa que proporciona información europea y, sin embargo, debo decir al Parlamento que es un canal que está en la cuerda floja. Puede tener éxito -y así lo espero-, pero puede que no. Si queremos que la gente se interese por Europa, deben saber que existe este canal. Se enteran de las cosas a través de la televisión, y debemos hacer que Euronews consiga tener éxito. Parece ser que esta noche no hay nadie aquí de la Comisión de Presupuestos, pero ellos son quienes pueden ayudar a que Euronews tenga éxito.
En tercer lugar, el año pasado la Comisión de Peticiones visitó al Parlamento danés. El Parlamento danés dijo que prefiere facilitar información sobre Europa a través del parlamento nacional que a través del Parlamento Europeo. Si podemos animar a los parlamentos nacionales y a las autoridades nacionales a dar más información, todavía tendremos alguna esperanza. Si lo hacemos con muchas estrellas, la gente dirá que no es más que propaganda. De modo que animemos a los parlamentos nacionales a hacer el trabajo de forma tan eficiente como los daneses.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, no me atreveré a hacer una declaración a estas horas de la noche. Solo quiero dar las gracias a los miembros de esta Cámara por las opiniones que han expresado y responder muy brevemente a dos o tres preguntas que se han planteado.
En primer lugar, somos fieles a la estrategia de tener casas comunes entre la Comisión y el Parlamento. A finales del mes que viene presentaremos al Parlamento un informe sobre el estado de la cuestión en lo que se refiere a la creación de estas casas comunes. En dicha ocasión, tendremos oportunidad de debatir el tema que ha planteado el Sr. Andreasen.
En lo que se refiere a la televisión, según nuestras encuestas, un 64% de los ciudadanos europeos reconocen que lo poco que saben de la Unión Europea lo saben a través de la televisión. Por este motivo hemos lanzado una invitación común para presentar ofertas para una estrategia audiovisual que cubra los temas referentes a la ampliación y el futuro de Europa. Estamos llevando a cabo el estudio de viabilidad sobre el canal Europa. Hemos mantenido contacto con los servicios del Parlamento Europeo y también estamos siguiendo la evolución del sector público audiovisual en Europa, incluida la situación de Euronews, para obtener una imagen global y poder evaluar mejor lo que podemos hacer en el sector audiovisual, incluida la televisión, para facilitar más información a los ciudadanos.
Finalmente, como ha dicho el Sr. Karas, la estrategia no se puede desarrollar solo a través de las instituciones centrales de la Unión Europea. El reto que tenemos ante nosotros es construir una asociación con los Estados miembros, con las autoridades locales y regionales, para promover la información sobre la Unión. Para esta asociación hace falta confianza mutua y un cambio en la cultura de la comunicación.
Por supuesto, como han dicho, si Europa se convierte en el chivo expiatorio de todo lo que sale mal, será muy difícil reflejar lo que hacemos en un tono positivo. Pero espero que al final los Estados miembros entenderán que si siguen con esta estrategia, tarde o temprano, cuando tengan que pedir a los ciudadanos su consentimiento para un proyecto europeo, ellos serán las primeras víctimas en caer.
Por lo tanto, espero que esta estrategia mejorará poco a poco. Soy optimista porque, por primera vez, el Consejo trabaja en estrecha cooperación interinstitucional con el Parlamento y la Comisión para desarrollar estrategias de información y comunicación sobre los temas más importantes. Esta asociación, que es voluntaria, empezará a producir resultados concretos. Aquellos Estados miembros que produzcan resultados concretos serán el faro que guiará a los demás para que les sigan. Lo conseguiremos.

El Presidente
. Muchas gracias, Comisario Vitorino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

