Reanudación del período de sesiones
La Presidenta
Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo, interrumpida el viernes, 8 de septiembre de 20001.
1Aprobación del Acta: cf. Acta

Aprobación del Acta de la sesión anterior
Tajani
Señora Presidenta, desgraciadamente, ayer en Italia se registró otro acto de violencia: un profesor de religión cristiana, pero de origen judío, fue agredido y maltratado por un grupo nazi de cabezas rapadas en Verona. Considero que este Parlamento ha de condenar de inmediato este tipo de hechos, ya que es inconcebible que puedan haber todavía brotes de antisemitismo y de racismo xenófobo dentro de nuestra Unión. Por lo tanto, más allá de las formaciones políticas, creo que este Pleno debe dar una señal, una prueba de solidaridad a este profesor que fue agredido sólo por ser su origen judío. Agradezco a usted, señora Presidenta y a todo el Parlamento la prueba de solidaridad que tendrán a bien manifestar.

La Presidenta
Gracias, Señor Tajani. Pensaremos cuál es la mejor manera de transmitir esta protesta totalmente justificada.

Paciotti
Señora Presidenta, he pedido intervenir para plantear la misma cuestión. Le agradecería que quisiera erigirse en portavoz de las preocupaciones de este Parlamento, de la firme condena de este acto y de la solidaridad con el joven profesor católico que, por su origen judío, fue agredido tan duramente.

La Presidenta
Señora Paciotti, lo haré con mucho gusto.

Speroni
Señora Presidenta, yo también quiero asociarme a las manifestaciones del Sr. Tajani y de todos los demás diputados para deplorar la agresión racista de que fue víctima un profesor de religión cristiana pero de origen judío que tuvo lugar en mi país, más concretamente en Verona. Se trata de unos hechos inconcebibles que no solo se deben deplorar, sino castigar duramente.

Angelilli
Señora Presidenta, también yo quiero asociarme a las manifestaciones del Sr. Tajani, de las que se han hecho eco distintas partes y varios partidos. Por lo tanto, en nombre del grupo que represento, Alianza Nacional, me sumo con la mayor solidaridad a la firme condena de unos hechos que nos hacen sentir vergüenza de ser europeos. Creo que la sensibilidad de este Parlamento, unánime de la derecha a la izquierda, puede ayudar a luchar y a eliminar para siempre unos hechos tan deleznables.

Morgan
Quisiera plantear, como cuestión de orden, el hecho de que los Cuestores hayan realizado la recomendación de que los diputados que el año próximo permanezcan en Bruselas durante las "semanas blancas" reciban dietas. Quisiera instarle, a usted, señora Presidenta, y a los miembros de la Mesa - tengo entendido que este punto será incluido en breve en su orden del día - que lo piensen muy detenidamente antes de tomar esta decisión, porque las "semanas blancas" son una excelente idea. Existe la necesidad urgente de que los diputados nos comuniquemos con el electorado de una manera mucho más eficaz. La baja participación que obtuvimos en las elecciones europeas así lo demuestra, y si permitimos que los diputados asistan al Parlamento durante las "semanas blancas", debilitaremos la finalidad de dichas semanas.
Estamos dando alas a los euroescépticos, que creen que inflamos nuestros gastos, y aparecemos como hipócritas precisamente cuando estamos pidiendo la reforma de la Comisión.
Señora Presidenta, le insto a usted y a los miembros de la Mesa a que consideren este asunto muy detenidamente y a que rechacen la solicitud de los Cuestores.

La Presidenta
Señora Morgan, todavía no me ha llegado esta propuesta de los cuestores. Es el motivo por el cual aún no se encuentra incluida en el orden del día de nuestra Mesa. Por supuesto que, en cuanto la reciba, la Mesa la examinará con la mayor atención.

Berès
Señora Presidenta, desearía llamar la atención de nuestros colegas e invitarles a que sigan muy de cerca una manifestación que parte hoy de Bruselas con destino a París. Está organizada por la cienciología y pretende llevar a cabo un maratón contra la intolerancia religiosa que existe en Francia. Creo que se trata de una manifestación extremadamente peligrosa, ya que mi país es la nación dónde la lucha contra las sectas ha marcado hitos muy significativos, y en la que, en mi opinión, Europa sigue necesitando inspirarse, a saber, los valores de laicismo, de tolerancia, pero de verdadera tolerancia, y no de aquella que practican las sectas.

La Presidenta
Gracias, Señora Berès, por esta información y por esta puntualización.

Balfe
Habida cuenta de que el asunto ha pasado a ser del dominio público, permítame que haga constar el motivo de la recomendación de los Cuestores. Creemos que el término "semanas blancas" no es muy afortunado. Son semanas en las que no se celebran sesiones, pero en las que la Comisión, el Consejo y todos los demás agentes de este Parlamento, incluidos los Grupos políticos, trabajan a pleno rendimiento.
Si pensamos ir a Niza a pedir más poderes para este Parlamento, no puede decirse que siente un buen precedente el hecho de que enviemos a casa a todo el Parlamento durante cuatro semanas, lejos del lugar en el que debe realizar las funciones para las que ha sido elegido.
Por consiguiente, creemos que aquellos diputados - y son muchos - que estén redactando informes, presidiendo comisiones, dirigiendo grupos o que tengan una razón legítima para estar aquí, deberían, previa declaración de dichos objetivos, poder acudir aquí y realizar su trabajo en el lugar que les corresponde.

La Presidenta
Señor Balfe, no creo que proceda iniciar aquí un debate sobre esta cuestión. Como le he dicho a la Sra. Morgan, tan pronto como reciba oficialmente la propuesta de los cuestores, la Mesa la examinará con la máxima atención, y en todas sus implicaciones.

Thyssen
Señora Presidenta, a continuación vamos a escuchar la comunicación de la Comisión sobre la crisis del petróleo; me satisface que la Comisaria esté presente. Todos sabemos que no puede quedarse mucho tiempo y que esta tarde debe estar presente en el Consejo de TransporteS que se celebrará en Luxemburgo. Sin embargo, eso no nos debe impedir consagrar un debate serio y profundo a este problema; su discusión, por tanto, debe superar la hora escasa que contempla el orden del día. Señora Presidenta, lamento, al igual que muchos colegas, que tengamos que hacerlo en un santiamén. Se trata de un problema que en los últimos días y, quizá también durante los próximos, trastorne a toda Europa. Realmente, se ha destinado muy poco tiempo a este asunto y creo que debo manifestar públicamente mi descontento, en nombre de muchísimos colegas.

La Presidenta
Por supuesto, Señora Thyssen, que lo lamento tanto como usted.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, quisiera volver al asunto de las "semanas blancas" . No se trata de los pagos, pero considero que resulta verdaderamente disparatado colocar una semana blanca justamente antes de las vacaciones escolares que tienen algunos Estados miembros durante la semana de carnaval, es decir, en esa semana en la que el lunes y el martes es fiesta en algunos Estados miembros. Si hubiera que decidir esto ahora, la semana blanca debería colocarse en la semana en que se celebra el carnaval y no en la anterior. Señora Presidenta, solicito que la Mesa revise esta cuestión.

Schröder, Ilka
Señora Presidenta, un colega acaba de llamar la atención sobre un incidente antisemita. Yo quisiera informarles ahora sobre los graves incidentes ocurridos desde nuestra última sesión parlamentaria en Alemania -donde este verano se desarrolló un gran debate sobre el racismo-, con el fin de que se preste mayor atención a estos hechos.
A título de ejemplo, voy a citarles tres casos: el 2 de septiembre, en Munich, un camarero de origen chino de 50 años fue agredido e insultado con el calificativo de cerdo extranjero. El 13 de septiembre, un indigente "sin techo" fue hallado muerto. Dos "cabezas rapadas" reconocieron haberle agredido. Sus golpes y patadas le causaron luego la muerte. Un tercer caso: el 4 de septiembre, un grupo de radicales de derechas agredieron a un hombre hijo de padres de origen tunecino. Este último incidente ocurrió en Kassel. Yo quisiera recordar que en otras ocasiones hemos lamentado desde aquí otras muertes y quisiera pedirles que lo hagamos también en el caso de las personas anónimas, concretamente en el caso de las personas asesinadas por motivos políticos y sobre todo por motivos racistas. Quiero pedir a la Asamblea que preste mayor atención a estos hechos, justamente porque en Alemania hemos estado desarrollando un debate al respecto.

La Presidenta
Le doy las gracias, señora Schröder. Estos hechos son absolutamente deplorables, y sólo pueden conducirnos a la mayor de las vigilancias.

Orden del día
La Presidenta
Se han propuesto las siguientes modificaciones del orden del día:
Jueves :
La sesión se iniciará con las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el terrorismo en España.
En cuanto al debate conjunto sobre el racismo, les informo de que el Grupo Confederado de la Izquierda Unida Europea / Izquierda Verde Nórdica ha presentado también una pregunta oral ante la Comisión sobre los actos violentos perpetrados por la extrema derecha en Alemania.
Tras la incorporación del debate sobre el terrorismo, les propongo que el informe del Sr. Titley sobre el código de conducta "Exportación de armamento" , que actualmente está contemplado como último punto, sea retrasado a un periodo de sesiones posterior.
Dada la importancia de los debates de la mañana, la hora de las votaciones se retrasaría - les ruego presten atención - hasta las 11.30 horas. Ya no sería a las 11 horas, sino a las 11.30 h.
Finalmente, en lo relativo a las votaciones, se han añadido dos recomendaciones para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (A5-0234/2000 - Sr. Koch) y por ferrocarril (A5-0229/2000 - Sr. Hatzidakis), siguiendo el procedimiento sin debate. El plazo para presentar propuestas de rechazo o de modificación ha quedado fijado hasta esta tarde, a las 16 horas.
La votación del informe de la Sra. Glase (A5-0220/2000), en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre el trabajo no declarado, se aplazó en el periodo de sesiones de Estrasburgo. Será por tanto sometido a votación mañana.
¿Hay alguna oposición u objeción a estas distintas propuestas?

Alavanos
Señora Presidenta, ha dicho usted que mañana empezaremos a las once y media. Es una sorpresa francamente desagradable: muchos de nosotros tenemos vuelos que apenas alcanzamos con la anterior hora de votaciones, que es la hora fijada para el turno de votaciones. Es un verdadero problema, es muy difícil que podamos encontrar plazas en otros vuelos, ni esta noche ni, siquiera, mañana. En este sentido, quisiera rogarle que mantengamos invariable la hora de las votaciones, o que, en caso contrario, seamos avisados con mayor antelación. Quisiera pedir que las votaciones se mantengan a la misma hora, es decir a las once.

McMillan-Scott
Una propuesta alternativa es que comencemos media hora antes, a las 8.30, y de esa manera podremos celebrar la votación a las 11.00 horas.

La Presidenta
Sí, totalmente. Quizás no sea necesario votar si todo el mundo está de acuerdo con esta propuesta, que consistiría en empezar mañana a las 8.30 horas y en mantener la votación a las 11 horas.
(El Parlamento aprueba la propuesta)

Gollnisch
Señora Presidenta, ha invitado Usted a los parlamentarios que lo deseen a hacer observaciones sobre el orden del día. Quisiera precisamente, en este orden de cosas, decirle que no tengo inconveniente alguno en que los crímenes y los delitos racistas cometidos por Europeos de origen contra extranjeros sean tratados en nuestro Parlamento. Según la comisión competente en mi propio país, ascienden a una treintena por año de un total de cerca de cuatro millones de crímenes y delitos, de los cuales un millón son cometidos por personas extranjeras contra nativos.
Sugiero que los dos asuntos sean examinados conjuntamente. Creo que sería una cuestión de equidad. Dado que, por desgracia, el racismo es un fenómeno universalmente difundido, conviene examinar también los actos criminales y la delincuencia racista de origen extranjero dirigida contra los Europeos.

La Presidenta
Sí, creo que será lo mejor.

Sylla
Señora Presidenta, no sólo creo que es importante que mantengamos el debate sobre la lucha contra el racismo tal y como está planteado para mañana, sino que, más aún, muchos de nuestros colegas son hoy en día conscientes del hecho de que ningún país de Europa está a salvo frente al auge del voto xenófobo y populista. Desearía, queridos colegas, que a lo largo del debate de mañana, pudiéramos, sobre la base de lo que han dicho hoy muchos de nuestros colegas, ponernos de acuerdo al menos sobre una enmienda, a saber que, en el marco de este Parlamento, ningún parlamentario pueda hacer declaraciones racistas. Si conseguimos que, al menos en este Parlamento, nadie pueda mantener discursos racistas, nuestras palabras y nuestros actos tendrán mucho más peso en el exterior. Creo que esta es la mejor respuesta al Sr. Gollnisch.

Medidas que deben adoptarse a raíz de la crisis del petróleo y el aumento del precio del petróleo
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las medidas a adoptar tras la crisis del petróleo y el incremento del precio del petróleo.

De Palacio
. Señora Presidenta, Señorías, agradezco la oportunidad que me brindan de intervenir ante el Pleno de esta Asamblea después de que ayer lo hiciera durante dos horas ante la Comisión de Energía.
El momento actual está marcado por el alza a lo largo de los últimos 18 meses de los precios del petróleo, cuestión que afecta de lleno a los ciudadanos europeos. Evidentemente, quienes más padecerán esta subida serán las categorías sociales más desfavorecidas y, también, algunos sectores concretos especialmente afectados.
Si a principios del año 1999 el barril de petróleo crudo se cotizaba en torno a los 10 dólares, la realidad es que en este momento estamos en torno a los 33 ó 35 dólares. Es un nivel récord desde la guerra del Golfo, nivel que la mayoría de los expertos pensaba que no se alcanzaría salvo en casos de crisis geopolíticas.
La causa de esta subida es muy clara: restricción de la producción por parte de los países de la OPEP que coincide con una recuperación económica mundial y, por lo tanto, con un incremento de la demanda. El impacto de esta subida tiene una particular incidencia en la Unión Europea y muy especialmente en la zona euro debido a la paridad del euro frente al dólar.
No se pueden pasar por alto las consecuencias que esta subida tiene sobre el desarrollo económico europeo. Concretamente, estimamos que, en este momento, supone un 1 % de la inflación que estamos soportando y una reducción en torno al 0,3 % en cuanto a nuestro crecimiento; algunos sectores profesionales concretos - agricultores, pescadores y transportistas -se encuentran en situaciones a veces francamente difíciles.
Tanto los países productores como los países consumidores compartimos, sin embargo, un mismo interés, el de la estabilidad, la previsibilidad de los precios. Lo que nos interesaría a todos es que se establecieran los precios en un mercado de libre competencia y no, como está sucediendo ahora, según un esquema de renta de monopolio en un mercado francamente poco transparente.
Por otro lado, la dependencia de la Unión Europea en este momento está en torno al 50 %. Pero es que, a falta de nuevas medidas, alcanzaremos el 70 % más o menos hacia el 2020. En el caso concreto del petróleo, la dependencia del exterior se sitúa entre el 85 % y el 90 %. Eso nos tiene que llevar evidentemente a un debate sobre el incremento de nuestra dependencia energética del exterior y, por lo tanto, sobre nuestra vulnerabilidad en este este sentido.
Es preciso tomar las riendas de nuestra responsabilidad y de nuestro destino. Aunque la competencia de la Unión Europea es limitada en el ámbito de la energía, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación semejante y dejar que se degrade, sino que hay que dar respuestas. De ahí que garantizar un nivel suficiente de independencia y, sobre todo, de seguridad en los abastecimientos energéticos de la Unión Europea debe ser una política prioritaria y además una política de ámbito comunitario.
Hace poco más de un año, cuando tomé contacto por primera vez con esta Asamblea como futura responsable de la energía, señalé muy claramente que había, desde el punto de vista de la Comisión, dos elementos cruciales que había que contemplar en los próximos años. Por un lado, favorecer estratégicamente el diálogo sobre la política energética en los foros internacionales, y muy especialmente, con los grandes países productores y consumidores y, por otro, adaptar nuestras prioridades para poder encarar mejor los cambios ante coyunturas energéticas adversas como la actual.
La Comisión tiene la intención de cumplir con estos objetivos fundamentales y está trabajando desde hace ya varios meses sobre ellos. La Comisión tiene ya prácticamente ultimada la preparación de un Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento y sobre los compromisos de Kyoto, es decir, las condiciones de emisiones en el sector de la energía, Libro Verde que se adoptará antes de finales de año. Constituirá, espero, el punto de partida de un amplio diálogo, de un amplio debate con los interesados para examinar el papel y el lugar de cada una de las fuentes de energía en los próximos veinte o treinta años. Además, debemos fomentar el diálogo a nivel internacional a corto plazo, intensificarlo con los países productores para convencerles del interés común de la estabilidad de precios -cuestión que han señalado ellos mismos- planteando el objetivo de una banda de precios.
Por otro lado hay que tener en cuenta el contexto geopolítico en el que nos movemos, muy especialmente el proceso de paz en Oriente Medio y la situación política complicada de toda la zona.
La Unión Europea debe transmitir un mensaje claro y enérgico a todos los países de la OPEP y subrayar la necesidad de que se tomen las medidas oportunas para cumplir lo que han marcado ellos mismos como objetivo propio, es decir, el retorno de los precios del petróleo a la banda adecuada. Tenemos que decir que somos el primer importador neto de petróleo y el segundo consumidor a nivel mundial. La Unión Europea, por lo tanto, tiene medios y razones para ser escuchada, pero a lo mejor los medios políticos no son los suficientes.
Pero, además de este diálogo con la OPEP, no hay que olvidar que debemos mantener y reforzar nuestras relaciones estratégicas con Rusia y convendría reflexionar sobre los medios necesarios para modernizar las condiciones de producción y de distribución en ese país que es, tengámoslo presente, el tercer productor mundial en el ámbito del petróleo y, si hablamos del gas, su posición resulta absolutamente determinante.
La Unión Europea debe mantener un frente unido y aunar sus voces. Las iniciativas dispersas de los Estados miembros no dejarán de ser incompletas y, además, menos productivas que si somos capaces de hablar con una sola voz.
En el aspecto fiscal, cuestión muy discutida en los últimos tiempos, la Comisión comprende las inquietudes de los sectores profesionales más afectados por el alza repentina de los precios del petróleo. En ese sentido animamos a los Estados miembros a entablar y mantener el diálogo social con todos los interesados para encontrar soluciones que sean adecuadas y conforme al Derecho comunitario. Una de las enseñanzas que podemos sacar de los bloqueos que han paralizado la actividad económica en diversos Estados es la necesidad de aumentar el nivel de coordinación entre Estados miembros y, desde luego, con el apoyo de la Comisión. En ese sentido, como ya ha sido annunciado, señora Presidenta, Señorías, dentro de unos minutos dejaré esta reunión para dirigirme a Luxemburgo, donde se celebra un Consejo extraordinario de Ministros de Transportes.
Por motivos tanto económicos como ambientales, los Estados miembros no deben ceder a las presiones y modificar su política global a medio plazo sobre el petróleo. Una disminución de la fiscalidad, o con ayudas, que se planteara de manera prolongada en el tiempo equivaldría simplemente a una transferencia de los ingresos fiscales hacia los países de la OPEP y serviría sencillamente para enviar un mensaje inadecuado a estos.
No obstante, es probable que la situación dificilísima que se atraviesa en este momento exija a corto plazo la adopción de medidas de ayuda por parte de las autoridades públicas competentes. De hecho ya hay algunos acuerdos sobre la mesa. Quiero señalar, sin embargo, que esas medidas deben ser únicamente transitorias y, en cualquier caso, deben ser conformes a las reglas de la competencia y no romper las reglas internas del mercado interior.
Hay que buscar una convergencia en el enfoque sobre la fiscalidad de los carburantes y evitar cacofonías como la que se desprende de las actuaciones y de las declaraciones en los distintos Estados de la Unión. ¿De qué sirve, por ejemplo, hablar de impuestos ecológicos a escala europea si no podemos aproximar rápidamente los tipos de los impuestos especiales y el IVA dentro de la Unión?
Señorías, en este contexto tengo que decir que una disminución de los impuestos especiales a favor del transporte por carretera sólo puede contemplarse como una medida a muy corto plazo, unos meses tan sólo, y en ningún caso se puede prolongar, ya que ello iría directamente en contra de los objetivos de fomento de otros tipos de transporte alternativo, por ejemplo, el ferrocarril, iría en contra de nuestros objetivos de Kyoto y supondría indudablemente contradecir lo que han sido las líneas maestras de la política de transportes de la Unión Europea hasta el momento.
La Comisión está sumamente preocupada por los graves atentados a la libertad de circulación que se han producido a lo largo de estos tiempos en varias ocasiones. Entendemos, y quiero manifestarlo una vez más, que ninguna categoría social puede tomar como rehén al conjunto de la sociedad.
Pero hablaba de las ayudas y quiero decir que hay que romper y terminar con prácticas anticompetitivas y que estas prácticas claramente se están produciendo en el sector de los combustibles. ¿Qué sentido tiene que en la Unión Europea haya una diferencia de precios tan notable -antes de impuestos- de los derivados del petróleo como la que existe en este momento, en algunos casos sólo con cruzar la línea de una frontera? La Comisión tiene la intención de proseguir los contactos establecidos con los Estados miembros a fin de detectar eventuales prácticas contrarias a las normas de competencia. Todo acuerdo entre empresas, o abuso de posición dominante, deberá ser sancionado con severidad. Asimismo habrá que examinar la cuestión de la competencia entre sectores intermodales para encontrar soluciones a escala europea. Pero no debemos engañarnos, Señorías, estamos hablando de acciones a corto plazo que pueden paliar la crisis actual, pero que, en ningún caso, suprimen el hecho incontestable de que nuestra economía es vulnerable frente a las fluctuaciones energéticas. Es cierto que menos vulnerable que hace 25 años, pero es vulnerable al fin y al cabo. El consumo de petróleo en la Unión Europea representa 12 millones de barriles diarios y deberá ser ligeramente superior a los 13 en el año 2020. Es probable que el precio del barril, en condiciones económicas normales, no vuelva a largo plazo a estar por debajo de los 20 dólares - y, desde luego, en ningún caso a lo que era hace 18 meses, es decir, 10 dólares.
Tenemos que enfrentarnos a esa dependencia y a esa situación con dos ejes fundamentales de acción: la diversificación de nuestras fuentes y el ahorro energético. Cuando hablamos de diversificación de nuestras fuentes, se impone un debate a largo plazo. El futuro Libro Verde sobre abastecimiento contribuirá a él. Quiero decir muy claramente que, a la hora de hablar de diversificación de fuentes, las energías renovables tienen una contribución clara y decisiva de cara al futuro, pero no podemos renunciar en este momento a ningún tipo de energía.
La gestión de la demanda y el ahorro energético es el otro eje sobre el que hay que centrarse a largo plazo. En lo que respecta al petróleo hoy somos un 50 % más eficientes que hace 25 años, pero quiero decir que soy consciente de que el sector del transporte en este terreno tiene todavía que hacer un esfuerzo especial. Más del 90% del aumento de consumo de petróleo de la Unión de aquí al 2020 será absorbido en principio por el sector del transporte. De ahí la necesidad de un Libro Blanco sobre política de transportes que busque el reajuste de los modos de transportes, la potenciación de las redes transeuropeas, la eliminación de los puntos de congestión, el impulso al ferrocarril, al transporte fluvial y al transporte marítimo a corta distancia, el fomento de transportes urbanos eficaces y menos contaminantes, con la racionalización del uso del automóvil clásico y la potenciación de proyectos innovadores de investigación de combustibles limpios, y la sensibilización y educación del conductor.
Es preciso que se tomen también medidas en la construcción y de ahorro en este sector, que es uno de los ámbitos donde se consume más energía, por no hablar del impulso de la competencia en el sector del gas y la aparición del gas como competencia y alternativa al petróleo.
En conclusión, señora Presidenta, Señorías, es evidente que sólo superaremos la actual crisis mediante estrategias coherentes bien coordinadas y polivalentes. Desgraciadamente no tenemos a nuestro alcance la panacea para resolver esta situación a corto plazo, pero afortunadamente la actual crisis nos ha mostrado el único camino capaz para superarlo: fomentar la competencia en nuestros mercados, afirmar nuestra presencia común a nivel internacional, coordinar nuestras actuaciones, adaptar nuestras prioridades a los nuevos objetivos energéticos y actuar juntos en el ámbito fiscal. En la difícil coyuntura que atravesamos, los ciudadanos esperan de nosotros que convirtamos estos objetivos en una realidad tangible, pensando no sólo en lo inmediato sino en el medio y en el largo plazo.

Suominen
Señora Presidenta, distinguida Comisaria, señora de Palacio, doy las gracias a la Sra. Comisaria por esta toma de postura llena de realismo. Sólo que debemos preguntarnos a nosotros mismos si siempre hemos de vernos obligados a caer en una crisis antes de empezar a hablar de nuevas estrategias óptimas. Nada más fácil ahora que exigir que todos los Estados miembros bajen de forma considerable los impuestos sobre los carburantes hasta que el precio del barril de petróleo crudo vuelva a estar, como es de desear, en torno a los 22 ó 25 dólares estadounidenses. Los Estados miembros y sus ministros de Hacienda podrían declarar con la misma facilidad que ahora no hay ninguna razón para retocar los impuestos. El argumento sería la dificultad de compensar la recaudación a corto plazo y el efecto moderador de los impuestos sobre el consumo a largo plazo, mediante el cual intentamos influir en el estado futuro del medio ambiente.
Sin embargo, hay que hacer algo. La gente está ya harta y los ingresos directos de algunos sectores profesionales en particular, como ha indicado la Sra. Comisaria, se ven gravemente afectados; menciono como ejemplo a los pescadores, agricultores y transportistas. A largo plazo, los altos precios de las energías provenientes del petróleo aceleran aún más la inflación y amenazan con un revés económico a toda la zona de la UE. Los Estados miembros de la Unión deben encontrar ahora una estrategia común, tanto a corto como a largo plazo. La adopción de medidas particulares por parte de algunos Estados miembros bajo la presión de las protestas no logrará sino hacer más difícil la situación y distorsionar el marco de la competencia. La responsabilidad de las medidas recae claramente sobre los Gobiernos nacionales. Las medidas a corto plazo son las más difíciles. Obviamente, es clave intensificar las negociaciones con los países de la OPEP para seguir incrementando la producción de petróleo, siempre que haya posibilidades reales para ello, de modo que la situación se equilibre a través de la oferta. Sin embargo, tal vez sea difícil obtener resultados rápidos. En tal caso, cabría adoptar medidas muy específicas, por ejemplo acciones fiscales, en la medida de lo posible, relativas al gasoil para motores diesel y al fueloil para calefacción, siempre que éstas sean adoptadas a escala general.
Las causas de la crisis se encuentran posiblemente, además de en el ámbito de la oferta, también en la estructura de las refinerías, en la naturaleza de los mercados del petróleo, en el método de abastecimiento para el futuro y en la política de almacenamiento de algunos países o de ciertas regiones. Se ha afirmado que las refinerías ya están en tan pocas manos que ha surgido una situación de cártel en el mercado. Personalmente, no afirmo que esto sea verdad, pero es un asunto al que hay que prestar atención. Otra cuestión es si existen posibilidades de que la Unión concierte una estrategia sobre las reservas necesarias, tanto en su propio territorio como en colaboración con EEUU, dado que la disminución de las reservas de EEUU y la consecuente necesidad de reabastecimiento inciden, probablemente, en el alza continua de los precios de cotización diaria del petróleo. El ruinoso estado del engranaje de producción de Rusia, gran productora de petróleo, ha sido ya aludido en la intervención de la Sra. Comisaria. ¿No sería ya hora de emprender medidas -naturalmente, esta pregunta debe formulársele a Rusia en primer lugar, pero también a nosotros mismos- que atraigan las inversiones al sector de producción de petróleo en Rusia? Tal y como estimó en su día el ex-ministro de Petróleo de Arabia Saudí, el Jeque Yamani, el mantenimiento de altos precios para el petróleo provocará, a la larga, la adopción de otras fuentes de energía. Él dijo en tono de broma que la Edad de Piedra no finalizó por falta de piedras. En cualquier caso, lo importante ahora es que los países de la Unión tengan capacidad de respuesta inmediata. ¿Es realmente cierto que, a instancias de los Gobiernos nacionales, no es posible rebajar los impuestos de los carburantes de forma relativamente uniforme en toda la zona de la Unión hasta mediados del próximo año?

Barón Crespo
Señora Presidenta, Señorías, señora Vicepresidenta de la Comisión, en este capítulo hay un problema europeo: no tenemos política europea en la materia y lo ha reconocido la señora Vicepresidenta. Y es más, es ésta una política que exige mucha perserverancia y también inversiones y medios, porque el problema, en relación con la energía, es que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, que cuando las condiciones son normales, como ha señalado la Sra. de Palacio, se tiende a incrementar el consumo, y en una sociedad en la que el automóvil es rey, eso supone una tendencia a una mayor dependencia.
A medio y largo plazo creo que el catálogo que ha expuesto la Sra. Comisaria, en línea con lo que ya la Comisión había planteado, hay que mantenerlo, hay que seguirlo y hay que reforzarlo, aprovechando el desarrollo de las energías renovables, reduciendo la dependencia del petróleo, consiguiendo, por ejemplo, que se rompa la compartimentación de ciertos mercados nacionales y pienso, por ejemplo, en el desarrollo del ferrocarril como un complemento y una alternativa al desarrollo del transporte por carretera.
Pero todo eso no nos va a sacar de la situación actual. Es decir, tenemos necesidad de hacer una política virtuosa, pero al mismo tiempo estamos en este momento enfrentándonos a una situación especialmente compleja en la medida en que hay una serie de categorías profesionales que se encuentran en situación muy desfavorecida y que, como en Europa se están desarrollando formas de protesta a nivel comunitario, ha llevado a una situación de bloqueo y de desorden y de reacciones en orden disperso por parte de nuestros Gobiernos.
Yo querría señalar muy brevemente que, en los últimos tiempos, gracias a una gestión presupuestaria más rigurosa, se ha hablado de aligerar la carga impositiva. Entonces, la gente no acaba de entender que eso no se pueda extender a los productos petrolíferos. Es una reacción que tenemos que comprender y, a la vez, tenemos que explicar a nuestros ciudadanos las razones de nuestras opciones. Es cierto que hay que tomar medidas compensatorias. Tiene una gran importancia el que consigamos mejorar la situación de la transparencia y las medidas antimonopolio, que sí corresponden a la Comisión, porque alguien está ganando: la OPEP ha aumentado el precio, pero no se lleva más de 5 ó 6 dólares por barril. Y sobre todo debemos tratar de conseguir que nuestros Gobiernos reaccionen conjuntamente y que, por fin, elaboremos una política europea de energía que responda al espacio económico y social común.

Sterckx
Señora Presidenta, señora Comisaria, usted ha dicho muy claramente que seguimos siendo vulnerables. La energía no es barata. Es un bien escaso. Al parecer, hemos olvidado que un barril de petróleo llegó a costar diez dólares. Entonces, probablemente con total injusticia, no nos hacíamos la pregunta que nos hacemos ahora. También ha dicho usted, señora Comisaria, que vemos cómo suben los precios desde hace dieciocho meses. De ahí que me pregunte por qué todos esos eruditos y poderosos dirigentes europeos no se han unido antes para ver ya al principio, cuando los precios comenzaron a subir, qué se podía y no se podía hacer, y cómo evitar llegar a la situación en la que nos encontramos ahora.
También ha dicho usted, señora Comisaria, que debemos reaccionar con un frente común, pero vemos ahora que cada país sufre "la gripe francesa" . Vemos que no existe ninguna cohesión interna, ni en cuanto a las reacciones ante las protestas, protestas que a menudo puedo entender muy bien, ni en cuanto a la defensa de la moneda, y tampoco externamente en lo que a nuestra postura respecto de la OPEC se refiere. Debemos decir, sin embargo, que un precio de diez dólares por barril de petróleo es tan anormal como uno de 35, y que usted sabe bien que un precio de diez dólares por barril de petróleo tal vez a nosotros nos resulte favorable, pero no es defendible a nivel mundial. Todas éstas son cosas que parecemos olvidar en este momento. Creo que no podemos seguir haciéndolo.
Usted señala en su comunicación que en la primera semana de septiembre ha adoptado las grandes líneas de su gestión. Son buenas: la política de transportes, la política energética, la política medioambiental. Espero que consiga que nos pongamos más o menos de acuerdo esta tarde en Luxemburgo, puesto que debemos salir de la crisis, debemos lograr que la próxima crisis sea menos profunda y se produzca con menor celeridad de la que eventualmente pudiéramos esperar. En cualquier caso, deben adoptarse iniciativas europeas, al menos colaboración para, como usted ya ha dicho, ayudar a los más afectados. Por ello, creo que la disminución de la presión fiscal general, tal como propone mi partido en Bélgica, es mejor que una rebaja del impuesto específico sobre el carburante. Ciertamente, no debemos decir a la gente que la energía puede ser barata, ya que sería un mensaje completamente erróneo.

Hautala
Señora Presidenta, no debería extrañarnos nada que nos encontremos ahora en medio de una nueva crisis del petróleo. Ésta es la tercera crisis del petróleo, y a partir de 1979 prácticamente se ha hecho caso omiso de las cuestiones de política energética. Se ha hablado mucho de la adopción de una política energética sostenible, pero se ha hecho bastante poco en pro de este objetivo. Saludo con alegría las ideas que ha expuesto aquí hoy la Sra. Comisaria. Los Ministros de Transporte tienen ahora una verdadera oportunidad de dar un giro radical a la política energética, orientándola hacia la economía sostenible.
Los transportes terrestres han pasado de una proporción del cincuenta por ciento en el año 1980 a representar el ochenta y cinco por ciento del total de los transportes en el año 2000. Si ahora rebajamos de forma general los impuestos de los carburantes, sería algo así como si abaratásemos el precio de la heroína en los mercados de estupefacientes. El resultado final sería, sin duda, que cada vez habría más adictos a las drogas y la crisis se agudizaría. No deberíamos cometer ahora este tipo de errores.
La energía nuclear tampoco tampoco es una alternativa en estas circunstancias, ya que sólo el quince por ciento de la electricidad proviene del petróleo y, además, todo el proceso de desarrollo de productos, por ejemplo en cuanto al diseño de los nuevos vehículos, parte de la base de que el coche del futuro consumirá presumiblemente hidrógeno, y de ninguna manera energía nuclear. Nuestro Grupo ha presentado hoy un programa global que pueda servir como nuevo programa de la política energética de la Unión Europea. Nosotros queremos empezar ya la puesta en marcha de este programa en el marco de los presupuestos proponiendo una nueva línea presupuestaria cuyo nombre es " Las Nuevas Fuentes de Energía" . Entre otras cosas, queremos fomentar el ahorro de energía y la utilización de mejores técnicas en la construcción de viviendas. También queremos que la Unión Europea tenga competencias para gestionar la nueva política energética. Nosotros exigimos que se incluya un capítulo sobre la energía en los Tratados constitutivos y destacamos la gran importancia de abandonar la exigencia de unanimidad en lo que respecta a los impuestos.
Hace ya cerca de diez años que se intenta conseguir un impuesto energético común para la Unión Europea. Los Comisarios han ido entrando y saliendo, pero este problema sigue sin solucionarse. A corto plazo, debemos ayudar a las víctimas directas de esta crisis del petróleo, si bien ello ha de hacerse de forma concienzuda y controlada.

Wurtz
Señor Presidente, Señora Vicepresidenta de la Comisión, tengo la impresión de que esta crisis llamada del petróleo revela varios problemas estructurales sobre los que la Unión y los Quince deberían reflexionar con amplitud de miras y sin tapujos.
El primero de estos problemas se refiere a nuestra relación con el Sur, en este caso, con los países productores. ¿Se preocupó Europa, a principios del año pasado, de las consecuencias catastróficas que para la economía y las poblaciones de algunos de estos países tenía un barril a menos de 10 dólares? Entonces se hablaba de una buena noticia, cuando era tan preocupante como la de un barril a 34 dólares. Necesitamos establecer entre ellos y nosotros una relación real de partenariado a largo plazo. Y además, hay que analizar todas las demás causas de la situación actual, las especulaciones, la insuficiencia de los stocks en Estados Unidos, y la caída del euro.
El segundo problema que pone de relieve esta crisis, desde mi punto de vista, es una insuficiente coherencia en nuestras opciones de política interior en la Unión. Hablamos hoy de conceder prioridad al ferrocarril sobre la carretera, y de lanzarnos al transporte combinado. Es fundamental. Es una verdadera elección social, un acto de responsabilidad ecológica en el sentido más profundo del término. ¿Pero desde cuándo hacemos exactamente lo contrario, fomentando a tope el transporte por carretera, en detrimento del ferrocarril? Europa está tan poco preparada para esta opción, que hoy todavía es necesario cambiar de locomotora entre Francia e Italia, porque la corriente eléctrica de ambos países no es compatible.
El tercer problema de fondo que ilustra espectacularmente esta crisis, es la extrema dificultad que embarga a los dirigentes europeos a la hora de valorar las exigencias que emanan de nuestras sociedades. No han visto o no han querido ver los graves problemas que plantea este incremento de los carburantes para la gente que tiene que utilizar el coche o recurrir al fuel-oil doméstico. Nuestros conciudadanos no aceptan tener que soportar el peso de esta crisis coyuntural, y se rebelan contra la mansedumbre de los Estados frente a las compañías petroleras, cuando éstas hacen alarde de unos beneficios insolentes.
La mayor parte de mi Grupo estima que los Quince deberían tomar medidas radicales en el ámbito ecológico, fomentando con efectividad el ferrocarril, y respondiendo al mismo tiempo, en el contexto actual, a este legítimo deseo social. En ese caso, Señor Presidente, le harían también un favor a Europa, quien, en mi opinión, lo necesita mucho actualmente.

Gollnisch
Señor Presidente, el incremento excesivo del precio del petróleo tiene sus motivos, pero es de temer que Europa no los tenga en cuenta, ya que es en gran medida responsable de ellos.
El primero de los motivos es el alza de los precios de producción, debido al oligopolio cuidadosamente organizado por los países productores. La escasez de oferta se ha visto agravada por el bloqueo iraquí, cuyo mantenimiento inmoral e injusto obedece quizás a los intereses de los petroleros americanos, pero va en contra de los de Europa.
El segundo motivo es la depreciación del euro, y por tanto del conjunto de las monedas europeas que lo integran. Estaba a 1,18 dólares en el momento de su creación. Ya no vale más que 0,85 dólares. Habíamos prometido que tendríamos una moneda fuerte. Hemos mentido, y en consecuencia, la factura se ha encarecido .
El tercer motivo es la fiscalidad excesiva, incluso demencial, aplicada por los Estados, y esta política socializante se ha visto prolongada, cuando no iniciada, por los gobiernos conservadores.
Alineamiento de nuestra política exterior con la de Estados Unidos, depreciación monetaria del euro, fiscalidad agravada por las presiones de los movimientos ecologistas: estas son las tres causas del encarecimiento, que deploramos, pero en el cual nuestras instituciones tienen una responsabilidad muy grande.

Esclopé
Señor Presidente, Señora Comisaria, durante estos últimos quince días, hemos asistido a un verdadero "eurocaos" de los transportes: escasez de gasolina, bloqueos de carreteras, protestas sociales, gobiernos paralizados. Verdaderamente, parecía que estábamos en 1973, después de la primera crisis del petróleo. Esto sin contar con el súbito incremento del barril de crudo y la caída libre del euro, a pesar de las pasadas predicciones de los supuestos expertos europeos.
De esta crisis, que, con todo, era ampliamente previsible, son igualmente responsables los productores de petróleo y el gobierno. Se han avanzado numerosas y diversas soluciones, ya que las situaciones y sus causas difieren de un Estado a otro. Estas soluciones son con frecuencia evidentes o racionales, a veces ideológicas, como la limitación de los vehículos o la ecotasa, pero ninguna de ellas es la panacea, - lo ha recordado Usted -, ni resolverá la situación por sí sola.
Recordemos que la pertinencia de la cuestión de los carburantes se basa principalmente en la moneda y la fiscalidad, sin dejar de repercutir sobre la ordenación territorial. Porque si esta crisis penaliza a los profesionales, afecta también a los particulares, especialmente a los de las zonas rurales, dónde el coche sigue siendo con demasiada frecuencia el principal y último medio de comunicación y de transporte. Esta situación se deriva del progresivo desentendimiento por parte de los servicios públicos, no compensado por las empresas de servicios privadas, demasiado preocupadas por la búsqueda de la máxima rentabilidad.
En lo relativo a la fiscalidad, la moneda y la ordenación territorial, estas políticas deben surgir de cada Estado miembro y sólo de él, y ello en virtud del sacrosanto principio de subsidiariedad.
Para concluir, deseamos que la tributación de los carburantes no sea tan elevada, ya que penaliza en exceso a nuestros conciudadanos, particulares o profesionales. Se abren para nuestros Estados vías complementarias. La Unión debe concederles libertad para elegir soberanamente la política que consideren más adecuada, tal y como ha sucedido con el ahorro energético, con las energías renovables complementarias, con la reorientación de los fletes hacia el transporte ferroviario y fluvial, o también con el desarrollo del transporte colectivo o con la integración territorial de las zonas rurales.

Kronberger
Señor Presidente, esta es, de hecho, la tercera crisis del petróleo que vivimos. Sin embargo, en este caso existe una diferencia agravante con respecto a las dos crisis anteriores. Aquéllas fueron crisis políticas, generadas artificialmente en 1973 y 1979 tras la caída del régimen del sha. Hace ya 15 años que se dispone de informes y estudios -como, por ejemplo, el Informe Global 2000, elaborado para Jimmy Carter- que indican claramente que en el nuevo siglo nos aguarda una auténtica escasez de materia primas. Lo cual significaría, por consiguiente, que la actual tercera crisis del petróleo va a ser una crisis permanente.
No importa que el precio quizá pueda volver a reducirse a corto plazo; aun así, se irá incrementando de manera permanente a largo plazo. El estudio de Colin J. Campbell -puedo proporcionárselo a quien le interese- también indica que las materias primas -el petróleo- van a empezar a escasear en los primeros años del siglo XXI, debido a que la curva de producción ya ha superado su cota máxima. Por esto yo creo que ni siquiera con manifestaciones se podrá conseguir nada, pues por mucho que se exprima, no es posible extraer más zumo del que contiene el limón. Dispondremos de petróleo, pero no a precios baratos. Es decir, que el precio del crudo se incrementará en el futuro hasta 40 e incluso 60 dólares. Existen estudios suficientes que así lo indican y, aun suponiendo que estuviesen equivocados, deberíamos prestarles atención y analizarlos. Una reducción de los impuestos tampoco podría evitar que los precios del petróleo continúen subiendo. Tampoco se trata de una crisis inducida por la OPEP, puesto que sólo un 40% de la producción de petróleo procede de la OPEP y el 60% restante corresponde a Estados no integrados en la misma. Si sólo se tratase de una crisis inducida artificialmente, los demás productores de petróleo podrían restablecer el equilibrio.

Chichester
Señor Presidente, enfoquemos este asunto como es debido. No es una crisis comparable a la de los años setenta. Se trata de una crisis que afecta tanto a los contribuyentes como al sector de la energía. No es aceptable que los gobiernos culpen a la OPEP, a las petroleras, a los pacíficos manifestantes, a otros partidos políticos o, incluso, a la Unión Europea de las protestas por unos niveles de impuestos tan elevados.
En el Reino Unido, los impuestos representan el 75% o tres cuartas partes del precio de un litro de gasolina o diesel, y eso es responsabilidad del Gobierno y de nadie más. El suministro de energía es más flexible que la demanda. Lo aprendimos en los años setenta, cuando la subida de precios provocó un incremento del número de yacimientos petrolíferos en explotación, pero no redujo el consumo en el sector de transportes.
Los altos impuestos incrementan los ingresos del Estado, pero no reducen el consumo. No obstante, las protestas por las subidas de los precios y de los impuestos son oportunas porque nos recuerdan nuestra dependencia, en Europa, de energía importada y las dificultades a las que nos enfrentamos para alcanzar los objetivos en materia de medio ambiente, como en el caso de la reducción de emisiones de CO2.
Si lo que pretendemos es destinar los impuestos sobre la energía a ayudas en materia de medio ambiente, la política deberá ser transparente y coherente, de manera que podamos ganarnos a la opinión pública. Allí donde las políticas son consideradas injustas e incoherentes, como en el Reino Unido, las protestas obtendrán un amplio apoyo popular. Subir los impuestos sobre los carburantes hasta el punto de que las empresas dejen de ser competitivas, al tiempo que se reducen los impuestos sobre el consumo de energía para uso doméstico es una política disparatada y una mala economía.
No nos dejemos engatusar por los argumentos sobre la armonización de los regímenes fiscales, porque la armonización de impuestos bajo los Socialistas sigue una única tendencia, y ésa es al alza. No es eso lo que quieren los contribuyentes y los consumidores de Europa.

Goebbels
Señor Presidente, el fuerte incremento del precio de los productos petrolíferos ilustra la necesidad de hacer del euro una moneda verdaderamente internacional. Los Americanos sufren, como nosotros, la explosión de los precios de producción. Como el barril de crudo se paga en dólares, el impacto del alza es más fuerte para los países dónde la moneda ha perdido terreno frente al dólar. Es el caso del euro, de la corona danesa, de la libra británica y de muchas otras monedas.
La Sra. de Palacio acaba de señalar que Europa es el primer importador mundial de petróleo. No es normal que el primer importador siga pagando sus importaciones en dólares. Los socialistas solicitan a la Comisión que invite a los importadores de petróleo europeos a firmar contratos nominados en euros. Una iniciativa como esta tiene posibilidades de cuajar. Los productores saben que, tarde o temprano, el dólar bajará con respecto al euro. Para ellos, un contrato en euros podría convertirse en un seguro contra un inevitable cambio de coyuntura en Estados Unidos.
Unas palabras acerca de la política monetaria. El BCE acaba de justificar el endurecimiento de sus tipos de interés básicos por la presión inflacionista derivada de la evolución del precio del petróleo y de los tipos de cambio. Según el BCE, cito: " la política monetaria no puede resolver esta situación a corto plazo" . La política económica tampoco puede resolver el encarecimiento del petróleo, y tiene que sufrir además la subida del precio del dinero. El BCE dice que la inflación importada es también una inflación a combatir.
Termino, Señor Presidente, diciendo que ni el incremento en el coste de las inversiones, ni la disminución de la capacidad adquisitiva de nuestros conciudadanos conseguirán que baje el precio del petróleo. En lugar de calmar la fiebre inflacionista, ¿no corre la terapia del BCE el riesgo de poner enferma a la economía europea?

Jarzembowski
Señor Presidente, los actuales precios de la gasolina y del gasóleo ponen en peligro la subsistencia de las empresas de transporte en un aspecto fundamental y son inadmisibles. Yo creo que es preciso reducir temporalmente las diferentes cargas fiscales hasta un nivel que sea económica y socialmente soportable. No olvidemos que no somos nosotros quienes fijamos los impuestos. La Unión Europea estableció unos tipos mínimos de gravamen para los impuestos sobre los vehículos de motor y los derivados del petróleo. Los Estados miembros disponen de un margen de maniobra, que hasta ahora han utilizado a la alza. En este momento, ante esta crisis originada por los altos precios del petróleo, los Estados miembros deben reducir y coordinar sus impuestos. No es admisible que un Gobierno ceda, justificadamente o no, y otro en cambio no lo haga, con lo cual se crean distorsiones de la competencia a favor de los empresarios del país A con respecto a los del país B. Todos obtienen los mismos precios en el mercado único, pero sus costes son distintos. Esta situación resulta intolerable para el sector del transporte.
Señora Vicepresidenta, vaya a Luxemburgo y dígales a los Ministros de Transportes, primero, que es preciso que actúen de manera coordinada; segundo, que es necesario reducir los costes del transporte; y, tercero, que no queremos que los Ministros de Transportes hagan promesas vacías, que los Ministros de Hacienda volverán a cobrarse luego al cabo de 14 días. La decisión que adopten los 15 Estados miembros esta tarde o en los próximos días, se tiene que cumplir. Es preciso que se aplique. El doble lenguaje de los Ministros cuando, por un lado, se lamentan por la suerte de los transportes, mientras por el otro lado se niegan a reducir o modificar los impuestos, es inadmisible.
(Aplausos de la derecha)

McNally
Señor Presidente, hemos sido sonámbulos durante décadas. Los Conservadores británicos aún lo son, pero ha llegado el momento de despertar. Tenemos dos opciones. Una es de ellas es mala, a saber, la de adoptar una solución a corto plazo y reducir los impuestos y abdicar de nuestras responsabilidades gubernamentales. No podemos eludir la otra opción, y la cuestión que se plantea realmente es: ¿cómo utilizar unos recursos limitados, mientras aumenta la demanda, y cómo podemos atender a nuestros compromisos en materia de medio ambiente? La elección racional es poner fin al derroche de gasolina y diesel y modificar el comportamiento de la sociedad y de las personas que trabajan en el sector del transporte.
Reduzcamos los límites de velocidad y velemos por su cumplimiento. Debemos reducir nuestra dependencia de los derivados del petróleo importados. Debemos adoptar carburantes alternativos - automóviles que funcionan con biocarburante, células de combustible, gas y electricidad. Demos una nueva orientación al Quinto programa marco de trabajo, cuando se encuentra a mitad de su andadura, hacia una intensificación de la investigación y el desarrollo de dichas fuentes alternativas. Destinemos más fondos en el presupuesto, modifiquemos la decisión sobre programas como SAVE y Altener. No necesitamos una nueva partida presupuestaria. Las partidas ya existen. Incrementemos los fondos. Negociemos - pero como Unión Europea - porque la estabilidad beneficia a todos, no sólo a los países importadores de petróleo, sino también a los países exportadores.
Le deseo suerte, señora Comisaria, cuando acuda a Luxemburgo.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, señora Palacio, tiene usted razón. Sí, es necesario el diálogo. Sí, es preciso que se incremente el volumen extraído y, sí, también rechazamos los cárteles y los monopolios. Todo eso es cierto. Pero la solución al problema no es, como curiosamente se ha propuesto desde mi izquierda, reducir los impuestos u otras cargas. Con ello no se conseguirá nada. La OPEP y los países extractores colmarían rápidamente la brecha. Nos están presionando política y económicamente. ¿Cómo estamos respondiendo a estas presiones?
(Exclamación del Sr. Jarzembowski) ¿Hemos reducido nuestro consumo? El Sr. Jarzembowski, que acaba de intervenir -puede gritar tanto como quiera, yo también sé subir la voz- dice que es preciso reconvertir el transporte. El transporte por carretera se ha incrementado con respecto al de hace sólo diez años. ¡Empecemos a cambiar por fin esta situación! Reconvirtamos el transporte, desplacémoslo realmente al ferrocarril y a las vías fluviales. Reduzcamos nuestra dependencia. Desarrollemos, por ejemplo, una política energética común. Señora Palacio, usted y nosotros deberíamos pedir la incorporación al Tratado de una política energética común. Todavía no la tenemos. ¿Quién lo ha impedido hasta ahora?
Por ejemplo, señora Palacio, podríamos desvincular los precios del gas de los precios del petróleo. Usted podría hacerlo junto con toda la Comisión. ¿Por qué están vinculados los precios del gas a los precios del petróleo? No existe ningún motivo que lo justifique. Los primeros que pueden hacerlo son ustedes. Todos podemos hacerlo. Hay muchísimas cosas que podemos hacer y que los Estados miembros no han hecho hasta ahora. Podemos aprovechar estas posibilidades. Lo siento, estoy hablando demasiado deprisa y los traductores no pueden seguirme; les ruego que me disculpen.
Lo que debemos hacer en este momento es no enzarzarnos en disputas entre derecha, izquierda y centro, entre arriba y abajo. Los Estados de la OPEP mientras tanto nos contemplan sonrientes y volverán a subir los precios.
(Exclamación del Sr. Jarzembowski)
Tenemos que llegar a un acuerdo, también en el Consejo de Ministros de Transporte, y usted, señor Jarzembowski, ¡no grite tanto y haga por fin algo desde su Comisión de Transportes!

De Palacio
. Señor Presidente, quiero agradecer la intervención de todas las Señorías que han participado en el debate y señalar que, en buena medida, hay una gran coincidencia en el enfoque de la cuestión. El barril de petróleo a 10 dólares era un precio excesivamente bajo y, además, con efectos negativos también para nuestras economías, aunque parezca esto más complicado de explicar. Por otro lado, a 35 dólares el barril es un precio que no podemos soportar. De ahí que haya que intentar de manera inmediata que la OPEP incremente la producción para rebajar la tensión sobre los precios, para que se cumpla de verdad esa "banda objetivo" y dar estabilidad a los mercados.
No deberíamos, una vez más, -como decía hace un momento el portavoz del Grupo Socialista- olvidarnos del problema y sólo acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, sino que hay que mantener una acción prolongada en el tiempo. En la Dirección General de Energía estamos trabajando desde el mes de noviembre sobre la estrategia a medio plazo en el ámbito de la energía, y por eso vamos a poder presentar un documento de calidad, espero, en las próximas semanas. Buscamos una visión a medio plazo que vaya combinada con un reexamen de la política de transportes de la Unión porque, indudablemente, el componente energético tiene mucho que ver con el transporte. En gran medida, gran parte de nuestra energía se destina, precisamente, a este sector concreto.
Eso requiere coordinar la política energética. A mí me gustaría que tratáramos de comunitarizarla, pero, cuando menos, debemos coordinar la política energética de los Estados de la Unión. También es preciso seguir avanzando en las políticas de transportes y debemos evitar, al hilo de una crisis como la actual, cambiar de una manera brusca nuestra política de transportes y nuestra política sobre energía establecida a largo de los últimos años. Hay que tener un mínimo de coherencia. Por eso no podemos utilizar el método de bajar los impuestos como solución a esta subida circunstancial de los precios del petróleo.
Quizá, de una manera muy limitada, algún país puede recurrir a dicho método, sobre todo porque puede existir una excepción en la Directiva de Hidrocarburos. A lo mejor, se puede pensar en algunas propuestas como, por ejemplo, aplazar la ecotasa, pero lo que no podríamos hacer es plantear una cosa y lo contrario. Hay que tener un mínimo de coherencia interna, insisto, en nuestras políticas. Las políticas de energía o de transportes son políticas a medio y largo plazo, que no se pueden modificar bajo la presión de unas circunstancias muy concretas, que yo estoy segura que van a cambiar dentro de un año y medio o dos años aunque, indudablemente, no volveremos a recuperar los precios de los 10 dólares por barril de petróleo. Pero van a cambiar por razones sencillamente de funcionamiento del propio mercado, aunque no se hiciera nada por parte de la OPEP que, además, están dispuestos a hacer cosas y espero que las hagan y que las hagan bien.
Sin embargo, esas medidas a largo plazo no pueden exonerarnos de nuestras responsabilidades actuales, responsabilidades de todos, que van de la garantía de la libertad de circulación hasta el cumplimiento de las reglas comunitarias. Pero también es responsabilidad de los Gobiernos el tomar medidas que permitan paliar las dificultades, aportar soluciones a los sectores más afectados. Estamos hablando, concretamente, del sector del transporte y ahora, en el Consejo de ministros de Transporte, espero que se llegue a algunos acuerdos. También en el sector de la pesca y de la agricultura hay problemas, sin olvidar que hay otra serie de sectores que se ven afectados por estas dificultades.
Hay que trabajar sobre cuestiones como el ahorro energético, las energías renovables, la investigación sobre los biocarburantes o la utilización de la biomasa. Y aportaremos antes de fin de año una normativa sobre edificios para que esta Asamblea pueda ocuparse de ella.
Señor Presidente, Señorías, sin más, tengo que dejarles porque llego ya un poco tarde al Consejo de ministros en Luxemburgo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria. Hay cosas más graves en la vida, que hacer esperar a un grupo de ministros.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Creación de una Secretaría para las autoridades comunes de control de protección de datos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0225/2000) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de la República Portuguesa para la adopción de una decisión del Consejo (7381/2000 - C5-0230/2000 - 2000/0804(CNS)) por la que se crea una Secretaría para las Autoridades Comunes de Control de Protección de Datos establecidas por el Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (Convenio de Schengen).

Hernández Mollar
. Señor Presidente, a mí no me cabe duda de que en la era de las nuevas tecnologías de la comunicación, en la era de Internet en la que ya estamos inmersos desde la entrada en este nuevo siglo, los legisladores tenemos entre manos un reto muy apasionante: proteger a las personas de la intromisión y de los ataques contra su vida privada, su dignidad o su reputación. La protección de estos derechos está reconocida en numerosos textos legislativos de carácter universal, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, de carácter transnacional, como es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o nacionales, como son las Constituciones de los Estados, pero la dispersión legislativa en esta materia requiere un esfuerzo de armonización y de unificación de criterios.
La mayoría de los países está iniciando un proceso legislativo para prevenir las violaciones de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida privada, y también la Carta de Derechos Fundamentales, en su proyecto, recoge expresamente este derecho en su artículo octavo. Estamos, pues, ante un reto legislativo de indudable importancia que debe regular el respeto de ese derecho y las excepciones que en una sociedad democrática sea necesario establecer para, como dice el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, garantizar la seguridad pública, la defensa del orden público o la prevención de delitos.
El informe que someto a la consideración de esta Asamblea tiene por objeto analizar uno de los múltiples aspectos que presenta esta tarea legislativa. La creación de una Secretaría única para las tres autoridades de control sobre la protección de datos de Europol, Schengen y de información aduanera, encuadradas en el marco del tercer pilar y en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal del Título VI del Tratado.
La propuesta de decisión del Consejo es una propuesta acertada pero, desde mi punto de vista, tímida y que se queda corta en su formulación. En este delicado ámbito de protección de datos debemos alcanzar dos objetivos fundamentales: la transparencia de la función que tiene que desempeñar el futuro Secretario y la independencia de su cometido.
Creo que ni una cosa ni otra se garantizan plenamente con la propuesta del Consejo, de ahí el contenido de las enmiendas que propongo y que han sido aceptadas prácticamente por unanimidad en la Comisión de Libertades. Yo me pregunto: ¿es positivo para esta transparencia la existencia de tres autoridades comunes para la protección de datos en el tercer pilar? Pienso que no. Por eso creo que el objetivo final debe ser la creación de una autoridad única que responda a un marco jurídico único en el seno de la Unión Europea y que a esta autoridad única se le dote de presupuesto y personal propio, incluso superando el reparto de pilares, aprovechando la posibilidad que ofrece el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea.
Este Parlamento, Señorías, examina y debate actualmente las consecuencias que para las relaciones personales y económicas de la Unión Europea ha tenido el descubrimiento de una posible red de espionaje llamado sistema Echelon, y estudia también un reglamento sobre la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos por las instituciones de la Comunidad. Además examinamos ahora esta propuesta para el tercer pilar. Como se verá, son diferentes aspectos de un mismo problema. Por eso considero que este Parlamento debe ir más allá de la decisión del Consejo, que se queda corta, como he dicho, en aspectos como son la elección y nombramiento del Secretario, su destitución o la garantía del secreto profesional en su función.
La independencia es el otro elemento básico que no garantiza suficientemente la propuesta del Consejo. La institución que debe garantizar su independencia es el Parlamento a través del control democrático que legítimamente le corresponde. De aquí que en un futuro la autoridad única debería ser nombrada por el Parlamento y la Secretaría de las tres autoridades gozaría de mayor independencia si los gastos de personal y los necesarios para su financiación figuraran en la sección octava B del presupuesto general de la Unión Europea, como propongo, y no en el presupuesto del Consejo. No nos engañemos, la independencia financiera es básica para garantizar la independencia funcional.
Señorías, estamos legislando sobre una materia básica para el futuro de nuestras relaciones interpersonales, económicas y comerciales. Nuestro reto es equilibrar y hacer compatible el derecho a la privacidad con el derecho a la libre información. La introducción de las nuevas tecnologías, de los ordenadores y de las telecomunicaciones ha roto barreras y ha superado las fronteras. Se puede hablar ya de una auténtica revolución en las relaciones comerciales, sociales o personales que inciden de hecho en la vida diaria del ciudadano: la sanidad, la publicidad, las operaciones bancarias, o incluso aspectos que se refieren a la seguridad y a la defensa de los ciudadanos, y de los propios Estados, pueden verse perturbados si no existen normas que garanticen el uso correcto de la transmisión, depósito y almacenamiento de los datos que hoy circulan con total libertad y que no están exentos del grave peligro que supone el uso indiscriminado de los mismos.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar felicitando a mi colega el Sr. Hernández Mollar por el excelente informe que nos presenta, que el PPE apoya y que contó con el apoyo casi unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. Se trata de un pequeño paso adelante, pero que refleja el inicio de una estrategia de armonización que estará -esperamos- en curso en el marco del tercer pilar. Iniciamos así el camino hacia una armonización con la creación de una secretaría común a los diferentes organismos supervisores. Esperamos que a medio plazo se pueda aprobar una reglamentación común y un único órgano de supervisión. Eso es muy importante para que se garantice el respeto del derecho fundamental de los ciudadanos, con una aplicación e interpretación de las normas conforme a los mismos criterios, con lo que se conseguirá el mismo nivel de protección de datos.
De hecho, no existe razón alguna que justifique la existencia de tres distintos órganos comunes de supervisión. Hoy, además de los organismos nacionales de supervisión, existen esos tres organismos comunes, cada uno con su propia secretaría. Y la pregunta que formulamos es la siguiente: ¿garantizará de verdad ese sistema una protección eficaz? Creo que no. Por consiguiente, es necesario que con la mayor brevedad se fusionen dichos órganos en uno, dotado de personalidad jurídica y de un presupuesto propio, lo que garantizará su imparcialidad e independencia respecto de otras instituciones, como acaba de decir atinadamente el Sr. Hernández Mollar. Se trata de la defensa de los intereses y los derechos de los ciudadanos.
También es imperativo que se cree un marco jurídico único en la Unión que ofrezca a los ciudadanos garantías suficientes para evitar que se divulguen y utilicen abusivamente datos personales y colmar las lagunas que se advierten. Las constituciones en vigor en los diferentes Estados miembros reconocen el derecho a la intimidad y, por otro lado, la Unión, en su proyecto de Carta de Derechos Fundamentales, también consagra expresamente, en su artículo 8, el derecho del ciudadano a la protección de los datos personales. Pero la existencia de legislaciones diferentes plantea diversas dificultades que se podrían superar con la aprobación de normas mínimas que permitan realizar su armonización y con ello garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, del derecho a la intimidad y del derecho de expresión e información.

Sousa Pinto
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la complejidad cada vez mayor de la sociedad y de la vida económica, respaldada por medios tecnológicos cada vez más potentes, crea nuevas situaciones de desprotección y representa una amenaza para los derechos individuales de los ciudadanos que obligan a crear mecanismos adecuados de prevención de posibles violaciones de dichos derechos. El sistema actualmente en vigor destinado a proteger la intimidad de las personas garantizando el derecho inalienable a la vida privada de todos los ciudadanos respecto del tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal está considerado en gran medida ineficaz, porque aún existen, además de los organismos de supervisión de la protección de datos en el nivel nacional, tres organismos comunes de supervisión en la Unión Europea, cada cual con su propia secretaría.
A esa multiplicidad de órganos en el nivel de la supervisión que propicia la ineficiencia, la propuesta de decisión del Consejo, de iniciativa portuguesa, contrapone la creación de una secretaría única para los tres organismos comunes de supervisión de la protección de datos. En las circunstancias presentes se trata -hay que reconocerlo- de una solución viable que reduciría los inconvenientes que entraña la existencia de tres organismos comunes de supervisión de la protección de datos en el espacio de la Unión.
También conviene acoger con beneplácito la propuesta del ponente de que se cree un organismo único de supervisión de la protección de datos, con una sola secretaría, dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio. De ese modo se crearían las condiciones ideales para perseguir los objetivos de protección de la vida privada y de las libertades individuales de los ciudadanos, sin perjuicio, por otro lado, de la libre circulación de información, rasgo definidor de las sociedades modernas. El ponente reconoce la inviabilidad de la creación de dicho organismo único en la Unión Europea a corto plazo y se refiere en su informe a su materialización a medio plazo en el marco del tercer pilar.
Tras felicitar al ponente por su trabajo, me permito señalar a la atención de sus Señorías el riesgo de que se retrase la creación de ese organismo único durante muchos años. Tal vez habría sido más prudente indicar en el informe un plazo determinado y razonable para la creación de ese organismo, lo que daría más fuerza a la propuesta del ponente y del Parlamento Europeo.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, señor Ponente, yo acojo con satisfacción cualquier iniciativa que permita mejorar la protección de datos en interés de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea. Los Convenios Europol y de Schengen y la cooperación en el ámbito aduanero plantean, no obstante, serios problemas. Uno de ellos es la insuficiente protección de los datos que reúnen y procesan las instituciones. En este contexto, yo creo que es evidente que la autoridad propuesta debe ser independiente de las instituciones que ha de controlar y también debe disponer de un presupuesto propio.
No obstante, aun así yo no puedo votar afirmativamente el informe del Sr. Hernández Mollar. Yo me pregunto, ¿qué permite suponer que la agrupación de las autoridades encargadas de la protección de datos existentes hasta ahora en una única autoridad con un secretario general común va a mejorar la protección de los datos, simplemente porque con ello seguro que se conseguirá un ahorro en este ámbito? Su agrupación no garantiza por sí sola una mejor protección de los datos. Desde un punto de vista político general, yo interpreto la iniciativa de Portugal y también el informe como un nuevo paso con vistas a mejorar la coordinación en el marco de los Convenios de Schengen y Europol.
Sin embargo, los problemas que plantean los citados convenios van mucho más allá de la insuficiente protección de los datos. Tanto el Convenio Europol como el Convenio de Schengen contribuyen decisivamente a reforzar las murallas en torno a la fortaleza Europa. Con el apoyo y el control de estas instituciones, se están lesionando derechos humanos fundamentales como el derecho a la libre circulación de las personas, el derecho de asilo o en muchos casos incluso el simple derecho a la dignidad de las personas. Por esto yo no puedo votar afirmativamente una posible ligera mejora, que en la práctica contribuirá a legitimar dichas instituciones. Yo me abstendré en la votación desde una posición crítica con respecto a los Convenios Europol y de Schengen en general y porque pienso que contar con una secretaría general única en lugar de tres no equivale a una mayor protección de los datos.

Sjöstedt
Señor Presidente, este informe se ocupa de asuntos de gran importancia para la integridad personal y la protección de datos. En el seno de la UE se está construyendo un amplio registro de datos personales en el que se archivan datos muy delicados. Al mismo tiempo, es evidente que el control y la seguridad de esos datos es demasiado débil.
Los miembros del Grupo GUE/NGL estamos de acuerdo en que se mejoren la seguridad y el control. Por eso respaldamos la idea de instaurar una sola autoridad independiente de control, con facultades y recursos suficientes. Por este motivo apoyamos la idea esencial de este informe, destacando, sin embargo, la importancia de que esa autoridad de control se base en las competencias de los estados en la materia.
La nueva autoridad de control tiene que abarcar a todos los registros impportantes, incluido el registro Eurodac, de gran relevancia para la política de asilo de la UE. Los refugiados son un grupo especialmente delicado, pudiendo estos registros ser una causa directa de expulsión, con enormes consecuencias para los solicitantes de asilo. Por esta razón resulta extraordinariamente importante que los datos registrados sean correctos, que los solicitantes de asilo sean informados de sus derechos y que se les den posibilidades de interponer recursos. Además, la estructura Sirene del Tratado de Schengen debe contar con una nueva autoridad de control. Dentro de esta estructura bastante desconocida los Estados miembros pueden intercambiar toda clase de datos personales en muy corto tiempo. Aquí se mezclan también materias policiales normales con aquellas que se relacionan con la seguridad de los estados y con la política de asilo. Toda la estructura Sirene adolece de una evidente falta de transparencia y de control parlamentario.
Ya tenemos experiencia en relación con el manejo del gran registro personal SIS, en el marco del Tratado de Schengen. Estas experiencias son, desgraciadamente, bastante malas. Los recursos de la autoridad de control JSA, joint supervisory authority, han sido totalmente insuficientes. Además, se le ha negado el acceso a importantes datos registrados en SIS. Esto se señala en el primer informe anual de la JSA. A pesar de las difíciles condiciones de trabajo, la JSA ha encontrado graves deficiencias en SIS, por ejemplo, datos erróneos, países miembros que copian datos ilegalmente y procedimientos inadecuados para acceder a los registros. Esto es absolutamente inaceptable.
Para proteger adecuadamente los datos se requiere algo más que controles eficientes. Es necesario reformar sustancialmente las normas que rigen estos registros. Hay que separar los registros de delincuentes de aquellos destinados a los solicitantes de asilo y a los asuntos de seguridad nacional. Esos campos diferentes no deben tener estructuras ni registros comunes. Hay que fortalecer la transparencia y el control parlamentario, especialmente en lo que concierne a Sirene y a Schengen. Además, debe estar claramente delimitado quiénes pueden ser registrados en el registro de investigaciones de Europol, basado en el artículo 10.1 de la Convención de Europol. Actualmente se archivan muchas cosas innecesarias. Es posible registrar a personas que no se sospecha que hayan cometido delitos y también archivar datos personales delicados, tales como las ideas políticas, las creencias religiosas y las preferencias sexuales. ¡Esto es inadmisible! Hay que dar máxima importancia a la integridad personal ya la seguridad jurídica.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, doy las gracias a nuestro colega, Sr. Hernández Mollar, por el valioso trabajo que ha realizado en la elaboración de este informe. En el marco de la protección de datos es necesario hacer un difícil compromiso entre la protección de la privacidad, la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento equilibrado del mercado interior. La condición básica para el funcionamiento idóneo de los mercados en una Europa sin fronteras internas es la libre y rápida transmisión de la información. Puesto que ha desaparecido el control visible en cuanto a la regulación de la circulación de mercancías y servicios, la importancia del llamado control invisible ha ido incrementándose de año en año. El rápido intercambio de datos entre las autoridades se ha convertido en la única posiblidad para impedir que los delincuentes se aprovechen de la libre circulación.
La protección de datos en el actual flujo informático no está aún en el nivel adecuado dentro de la Unión Europea. El derecho a la privacidad del correo, incluido en los Derechos Humanos Universales, se ve en peligro, por ejemplo, a causa del espionaje y de las actividades delictivas de que son objeto los sistemas de correo electrónico. Precisamente, el rápido crecimiento del comercio electrónico engendra nuevas amenazas para la protección de los datos de los ciudadanos. Por ejemplo, el número de casos de apropiación indebida de datos de las tarjetas de crédito o de uso fraudulento de los códigos de identidad personal está experimentando un gran aumento en las redes de información. Asimismo, las bases de datos creadas para la comercialización de productos, que contienen datos específicos sobre el modo de vida de las personas y sobre sus hábitos de consumo, suelen estar en contradicción con los derechos fundamentales de protección de la privacidad. Es razonable suponer que la concentración de funciones incrementrará la eficacia del trabajo de las diferentes autoridades de control de protección de datos que actúan ahora en la Unión Europea
Tanto desde el punto de vista del funcionamiento de Europol, como del control fronterizo y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie de la UE, la creación de una autoridad única es un hecho extraordinario. Sin embargo, al mismo tiempo hay que asegurarse de que exista una financiación suficiente para su funcionamiento. El volumen de trabajo aumenta a gran velocidad. También hay que aclarar de qué forma podrá estrecharse la colaboración en materia de protección de datos entre la Secretaría en vías de creación y las autoridades nacionales. La independencia de las autoridades de control de protección de datos es un elemento clave para el éxito de su actuación. En el ámbito del control, siempre aparecen difíciles interpretaciones de criterio, en las cuales hay muchos agentes dispuestos a intervenir, aunque sólo sea por la mera existencia de intereses económicos. Por ello, las autoridades deberían actuar en estrecha colaboración con la UE y con los Tribunales de Justicia nacionales. El Parlamento Europeo debe ejercer un estricto control sobre la actuación y las responsabilidades de la futura Secretaría de las autoridades comunes, especialmente desde el punto de vista de su independencia.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar la Comisión quisiera agradecer al ponente, Sr. Hernández Mollar, el excelente informe que ha presentado y confesar la circunstancia de que nuestra participación en este debate resulta simplificada, porque compartimos y subscribimos de forma general el planteamiento subscrito por el Sr. Hernández Mollar.
La Comisión se congratula de la iniciativa que adoptó el Gobierno de la República Portuguesa, en la medida en que consideramos que constituye una contribución para que podamos racionalizar de forma sensible el apoyo administrativo prestado a los organismos encargados de supervisar y garantizar la protección de datos, establecidos por el Convenio Europol, por el sistema de información aduanera y por el Convenio de Schengen.
La Comisión comparte el punto de vista del ponente en el sentido de que será necesario crear un único organismo de supervisión para esos tres instrumentos de intervención, porque garantizaría una mayor coherencia en la aplicación de los principios en materia de protección de datos, tanto en el ámbito del Convenio de Schengen como en el del Convenio sobre asuntos aduaneros, como en el del Convenio Europol, y prevendría una indeseable duplicación de medidas.
Del mismo modo, la Comisión subscribe la idea de que es necesario examinar un conjunto de principios esenciales en materia de protección de datos que se deberán aplicar de la forma más uniforme posible en el ámbito de todo el tercer pilar. En realidad, en este momento existe una laguna en el ordenamiento jurídico comunitario a ese respecto. Nos congratulamos de que un grupo especializado en el Consejo haya iniciado el debate sobre esos principios generales comunes que aplicar y también de que la Presidencia francesa haya dicho ya claramente que ese asunto constituye una de sus prioridades.
Hay que reconocer que no se trata de una tarea fácil, no sólo en virtud de la complejidad de la tecnología, sino también porque resulta particularmente importante encontrar una solución equilibrada entre la garantía y la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos, por un lado, y, por otro, los instrumentos necesarios para garantizar el respeto de la legalidad democrática y la eficacia en la lucha contra la delincuencia transnacional y la delincuencia organizada.
Estoy convencido de que será necesario comenzar con la formulación de esos principios comunes, que después se deberán verter en varios instrumentos legislativos cuya aprobación en los próximos años corresponderá al ámbito del tercer pilar. Esa vía requiere también -como ya han subrayado varios diputados- la introducción en el Convenio Europol y en la reconstrucción del derecho basada en el Convenio de Schengen principios claros y transparentes de control democrático y judicial que garanticen los valores fundamentales en los que debe basarse una Unión de derecho.
Por lo que se refiere a este informe, tal vez la cuestión más difícil que plantea sea la de si se debe establecer una rúbrica presupuestaria aparte para la secretaría común. La Comisión concuerda con el ponente cuando afirma que es muy importante garantizar la independencia de dicha secretaría respecto del propio Consejo. Y, por consiguiente, aun cuando sólo se pueda tratar debidamente esta cuestión a largo plazo, defendemos la idea de la creación de una rúbrica presupuestaria aparte. Pero comprendemos que de momento el Consejo esté preocupado, por encima de todo, por que la creación de una nueva rúbrica presupuestaria provoque retrasos en la creación de una secretaría común. Por eso, en términos prácticos, la Comisión comprende el deseo del Consejo de recurrir a estructuras financieras ya existentes, pero sólo como medida provisional. Y, si el Consejo decide mantener esa posición, la Comisión subscribe la propuesta del Sr. Hernández Mollar, es decir, la de que recoja los considerandos propuestos por el ponente para que quede claro que se trata de meras disposiciones financieras provisionales en espera de la creación de un único organismo de supervisión encargado de la protección de datos respecto de los tres convenios. Y, por último, me congratulo de que este informe y los principios a él subyacentes hayan obtenido un apoyo tan amplio del Parlamento Europeo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Sistema Eurodac
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0219/2000) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (8417/2000 - C5-0256/2000 - 1999/0116(CNS)) relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (nueva consulta).

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy podemos celebrar casi exactamente el décimo aniversario. Hace casi exactamente diez años que se empezó a debatir sobre qué país debía recaer en la práctica la responsabilidad de examinar una solicitud de asilo. Luego se adoptó el Convenio de Dublín. Sin embargo, hasta la fecha todavía no hemos conseguido que éste sea efectivamente aplicable, o sea, establecer un instrumento adecuado de control. En efecto, llevamos años diciendo que necesitamos dicho instrumento, pero hasta ahora no hemos conseguido establecerlo y mañana vamos a tener una oportunidad única de impulsar la instauración efectiva del sistema Eurodac. Sería una satisfacción para mí y también para los numerosos Presidentes del Consejo que han comparecido aquí durante este tiempo y en cada ocasión han prometido conceder absoluta prioridad a la instauración de Eurodac.
El tema que nos ocupa tiene una larga historia y afecta a una cuestión importante. ¿Para qué necesitamos el sistema Eurodac? ¿Qué se puede conseguir con Eurodac? Eurodac es un sistema para la comparación de las impresiones dactilares y que permitiría determinar cuál fue el primer país de entrada del refugiado y, por lo tanto, sobre qué país debe recaer la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo, lo cual se traduciría, además, en un reparto de las cargas entre los Estados europeos. También es, obviamente, un instrumento que permitirá comprobar si un solicitante de asilo ya ha presentado otras solicitudes con anterioridad. Es decir, que también es un instrumento para combatir los abusos y la ilegalidad, un instrumento del cual deseamos y necesitamos disponer urgentemente.
Como ya he señalado, el tema tiene una larga historia y se debatió por última vez en el Parlamento en diciembre de 1999. Entonces coincidimos ampliamente, en primer lugar, en cuanto a la necesidad de instaurar el sistema Eurodac en la práctica y, en segundo lugar, en lo que respecta a las condiciones bajo las cuales se debe instaurar. Sobre todo coincidimos plenamente también con el señor Comisario Vitorino, a quien yo quiero manifestar asimismo mi agradecimiento, pues ha hecho todo lo posible para que Eurodac sea por fin una realidad.
Nosotros dictaminamos que, de conformidad con el Tratado, las competencias de ejecución le correspondían a la Comisión. No obstante, el Consejo se reunió en diciembre, inmediatamente después de que adoptásemos nuestra decisión, y rechazó de manera totalmente incomprensible las propuestas presentadas por la Comisión y por el Parlamento, a la vez que se arrogaba las competencias en los ámbitos más importantes. Como resultado, se ha realizado una nueva consulta al Parlamento -puesto que se trata de una modificación substancial-, es decir, que tenemos que volver a considerar la propuesta, si bien sólo en los puntos relacionados con esta cuestión. Éstos son los artículos 22 y 23, y nada más. En nuestra comisión nos limitamos a examinar estos aspectos, con la sola excepción de la Sra. Boumediene-Thiery, que ha abierto un nuevo debate. Yo creo que éste escapa a nuestro cometido, que era únicamente examinar los artículos 22 y 23.
Según el nuevo planteamiento, dichos artículos recogen el deseo del Consejo de reservarse plenas competencias en los ámbitos más importantes de las normas de aplicación, a saber, en lo relativo a la toma, transmisión y comparación de impresiones dactilares, al bloqueo de los datos de los solicitantes de asilo, y a la elaboración de estadísticas sobre los solicitantes de asilo. En nuestra comisión decidimos por unanimidad mantener nuestra anterior propuesta y rechazar las propuestas del Consejo. ¿Por qué motivo? Por dos razones sumamente importantes. La primera es que ese modo de proceder es contrario al artículo 202 del Tratado CE, donde se establece el principio de que el Consejo atribuirá a la Comisión la ejecución de las normas relativas que adopte el Consejo. Esto es importante justamente en el caso que nos ocupa. La Comisión puede responder y aplicar las citadas normas con mucho mayor independencia -esto es, con independencia de los diversos intereses nacionales- y objetividad. Por esto, desde el Parlamento apoyamos que se proceda de este modo. También nos oponemos a la propuesta del Consejo por un segundo motivo. En efecto, ésta va en detrimento del Parlamento, puesto que lo excluye al haberse suprimido el procedimiento de comitología, de modo que ya no recibiríamos la información necesaria ni participaríamos en el procedimiento.
Dicha propuesta recortaría y menoscabaría los derechos del Parlamento. Por estas dos razones bien fundadas nosotros nos pronunciamos a favor de apoyar la propuesta de la Comisión y del señor Comisario Vitorino, a saber, que se atribuyan a la Comisión las competencias de ejecución, y yo les ruego que mañana asistan todos a la votación. De este modo daremos un paso a favor de una mayor seguridad en Europa y contra los abusos. Aprovechen esta ocasión y también la oportunidad de lograr que el sistema Eurodac se instaure por fin en la práctica.

Kirkhope
Deseo apoyar lo que el Sr. Pirker acaba de decir. En mi calidad de ex ministro de Inmigración y Asilo del Reino Unido, sé perfectamente que la confusión relativa a la decisión de qué país debería ocuparse de una solicitud en particular, ha sido un inmenso problema y ha provocado no pocos roces entre los Estados miembros de la Unión Europea. A menos que lo atajemos con carácter de urgencia, este asunto seguirá ocasionando roces cuando nos dispongamos a abordar el proceso de ampliación.
El Convenio de Dublín en sí siempre ha sido importante, pero los flecos del Convenio de Dublín y nuestra incapacidad de gestionarlo debidamente han ocasionado problemas que han llegado incluso a representar una amenaza para los derechos humanos de algunos de los solicitantes y de las personas afectadas.
Todos los países signatarios del Convenio de 1951 de las Naciones Unidas conocen perfectamente los criterios para determinar si a alguien se le debe conceder o no la sumamente valiosa y significativa categoría de refugiado, y espero que nada de lo que podamos hacer aquí afecte el derecho a solicitar asilo dentro de dichos criterios.
No obstante - con las nuevas tecnologías, con las nuevas facilidades para desplazarse e, incluso, con personas dispuestas a aprovecharse de dicha tecnología para abusar del sistema -las autoridades encuentran cada vez mayores dificultades para dar un trato adecuado y justo a las personas a la hora de estudiar sus casos. El sistema Eurodac debe ir de la mano de una reforma del Convenio de Dublín, y siento cierta preocupación por la actitud que el Consejo ha adoptado en el pasado.
El Sr. Pirker se ha referido a los retrasos que se han producido y a las numerosas veces que hemos recapacitado sobre este asunto de vital importancia. Mis sentimientos son claros: si el Consejo desea reservarse el derecho de decidir cuándo este organismo democrático, el Parlamento, podrá acceder a la información procedente del sistema Eurodac, eso es inadmisible.
Ésta es una razón añadida por la que debemos tratar sobre este asunto con carácter de urgencia, por la que debemos resolverlo y por la que el Parlamento debería continuar desempeñando un papel importante en el futuro de la superintendencia y vigilancia de los asuntos fundamentales relativos a la concesión de la categoría de refugiado a aquellos que la soliciten.
Apoyo plenamente al Sr. Pirker y espero que ahora avancemos con decisión para concluir este asunto en beneficio de todos.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, como decía el ponente, Sr. Pirker, este Parlamento se ha pronunciado ya más de una y de dos veces sobre la propuesta de Convenio Eurodac. La última vez se pronunció sobre el conjunto de la propuesta y yo creo que la posición que tomó este Parlamento era una posición muy cercana a lo que quería el Grupo socialista.
Yo quiero defender como posición del Parlamento, en relación al Convenio Eurodac, la que fue ya votada en esta Asamblea hace unos meses. Entiendo, por tanto, que nos consultan ahora sobre una modificación que el Consejo introduce en esta comunicación, y que afecta a la asignación, a la atribución de competencias de este acto hecho por el Consejo.
El Tratado establece que la Comisión debe asumir las competencias de ejecución - entendemos que también sobre Eurodac - y establece también cómo el Parlamento puede ejercer control sobre lo que la Comisión hace. A nosotros nos parece todavía poco y esperamos que, por lo menos en el terreno legislativo y de control, podamos tener alguna competencia más. Por ese motivo, mi Grupo mañana en la votación va a abstenerse en todas las enmiendas que no afectan a este cambio en la comunicación que nos hace el Consejo. Vamos a abstenernos en aquellas enmiendas que nos parece que ya están aprobadas por este Parlamento y que ya están recogidas en el informe anterior de este Parlamento. Nos vamos a abstener por razones, supongo que muy distintas a las del Sr. Pirker para votar en contra, pero nos vamos a abstener para mantenernos en la posición que el Parlamento ya expresó.
En cambio, quiero, en nombre de mi Grupo, expresar mi apoyo a las enmiendas propuestas por el Sr. Pirker, por lo que ya decía, porque pienso que la propuesta anterior era mejor, porque pienso que la Comisión debe llevar adelante este proyecto. Espero que lo haga teniendo en cuenta lo que el Parlamento ya había decidido y me parece importante que del voto de mañana salga un apoyo fuerte de este Parlamento a la propuesta anterior.
Señor Presidente, estamos desarrollando el tercer pilar a partir de políticas que han sido intergubernamentales y que tienen que pasar a ser comunitarias. Creo muy importante que el Parlamento apoye estos primeros actos que tomamos y que apoye a la Comisión para que pueda ejercer aquellas funciones que el Tratado le otorga.

Ludford
El Grupo ELDR apoya plenamente al Sr. Pirker en su insistencia en que debe cumplirse el artículo 202 del Tratado en su disposición general de que el Consejo atribuirá a la Comisión las competencias de ejecución de esta norma. El Sr. Pirker está absolutamente en lo cierto cuando afirma que la Comisión se encuentra en mejor situación para adoptar una opinión imparcial, sin ceder para tener en cuenta intereses nacionales específicos y, por consiguiente, su capacidad es posiblemente mayor para elaborar las medidas necesarias para la protección de datos.
En segundo lugar, a pesar de que, de vez en cuando, el Parlamento tiene sus diferencias con la Comisión, nuestras oportunidades de ejercer la supervisión democrática serán mayores si las competencias de ejecución recaen sobre la Comisión, en vez de sobre el Consejo. Ello se debe a que el procedimiento del Comité de Reglamentación, así como el acuerdo interinstitucional, reconocen el derecho del Parlamento a recibir proyectos de medidas de ejecución. Y cuando - en vez de si - alcanzamos la codecisión en este ámbito, el Parlamento podrá exigir a la Comisión, en caso de sobrepasarse, que vuelva a examinar las medidas de aplicación.
Sería estúpido que, como Parlamento, dependiéramos de la buena voluntad del Consejo, en vez de depender de los derechos que nos han sido otorgados si la responsabilidad de ejecución recae sobre la Comisión. Por este motivo, mi Grupo se abstendrá en el caso de algunas de las enmiendas fundamentales que alterarían detalles sustanciales del reglamento de Eurodac.
Mi Grupo apoyó estas enmiendas cuando lo importante era la esencia, pero a estas alturas es mejor centrarse en el tema de si la competencia de ejecución debe recaer sobre la Comisión o el Consejo, de manera que nosotros, en el Parlamento, declaremos en voz alta y al unísono que estamos interesados en respaldar a la Comisión. Es el único tema en el que deberíamos centrarnos y pensamos, quizá con un ligero pesar, que la posición del Parlamento debería reducirse a las puntos del Sr. Pirker sobre comitología.

Boumediene-Thiery
Queridos colegas, nos encontramos hoy ante un procedimiento bastante infrecuente, que merece ser explicado con detalle, para que cada cual pueda votar con pleno conocimiento de las implicaciones explícitas e implícitas de este expediente.
El pasado mes de noviembre, la mayoría del Parlamento Europeo aprobó un informe relativo a la creación del sistema Eurodac. Tras esta aprobación, el Consejo modificó su propuesta de reglamento, afirmando que, en el ámbito de la comparación de las huellas digitales, el sistema Eurodac debía ser creado y gestionado por el Consejo, y no por la Comisión. Este importante cambio explica el hecho de que este informe sea examinado de nuevo por nuestra Asamblea. Nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha considerado que, efectivamente, corresponde a la Comisión, y no al Consejo, la tarea de gestionar esta nueva estructura que es Eurodac.
En efecto, la Comisión ha argumentado, con razón, que la gestión de un programa comunitario como Eurodac debía corresponderle en calidad de única institución comunitaria de la Unión, y en ningún caso al Consejo, entidad intergubernamental. En este punto, apoyamos totalmente a la Comisión.
Sin embargo, la nueva propuesta que examinamos hoy no ha tenido en cuenta para nada las modificaciones aprobadas por nuestro Parlamento. Ni sobre la edad mínima requerida para poder ser incluido en la base Eurodac, 18 años, ni sobre la supresión de los datos tras haber adquirido un estatuto reconocido legalmente, ni sobre la expresión "residente de un país tercero" en lugar de "extranjero" , ha tenido a bien el Consejo considerar la opinión de nuestro Parlamento, y además ha sido secundado por la Comisión, que tampoco ha retomado nuestro punto de vista.
Ante esta situación, les pido que renueven hoy la opción que nuestra Asamblea tuvo el acierto de realizar el año pasado. Para ello, tenemos que votar el texto adoptado por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, que incluye las enmiendas relativas a la edad límite de 18 años, a la supresión de los datos de todo solicitante que haya obtenido un estatuto legal, y al empleo de la expresión "residente de un país tercero" en lugar de "extranjero" . En consecuencia, debemos rechazar las modificaciones al informe propuestas por el PPE, al que pertenece el Sr. ponente.
Creo que es difícilmente comprensible que nos abstengamos silenciosamente, y que consideremos legítimo tomarle las huellas a adolescentes de 14 años, lo cual va en contra de todos los tratados internacionales, especialmente de los relativos a los derechos de la infancia.
En cuanto a la supresión de los datos, se trata de una medida de sentido común. Efectivamente, una vez obtenido el estatuto legal por parte del solicitante, nada justifica la conservación de los datos de naturaleza personal ni las huellas de una persona cuya situación ha sido legalizada. Supone considerarla como un criminal en potencia. La protección de los derechos fundamentales, que tanto nos preocupa, no se refleja únicamente en la futura carta, sino en cada texto europeo, dónde debemos estar atentos a su defensa.
De ello depende la credibilidad de nuestra Asamblea ante aquellos a los que ya resulta difícil otorgarnos su confianza. Para nuestros conciudadanos, es incomprensible, y cuando menos sorprendente, que el Parlamento Europeo se pronuncie un día a favor de un texto, y que algunos meses más tarde, se desdiga y vote a favor de un informe muy diferente. ¿Cómo pueden nuestros electores confiar en una Asamblea cambiante, incapaz de hacer frente a la Comisión y al Consejo, que sin embargo no cuentan con la legitimidad popular que nosotros poseemos?
Por todo ello, queridos colegas, hoy les pido que reafirmemos, con nuestro voto, la elección del pasado noviembre, y que adoptemos el informe tal y como nos es presentado por la comisión. En este caso, nuestra Asamblea saldrá reforzada en la coherencia y en la constancia de sus opiniones.

Krivine
Señor Presidente, el debate de hoy tiene trampa, porque se nos pide que modifiquemos, o que nos neguemos a modificar un sistema, el sistema Eurodac, que nuestro Grupo rechaza de plano.
El sistema Eurodac forma parte de una iniciativa global de criminalización y de represión de los inmigrantes y de los perseguidos del planeta. Muestra el verdadero rostro de la Europa liberal, que se construye como si fuera una fortaleza sitiada. ¿Cómo podemos pensar que a través de leyes represivas impediremos que los hambrientos del mundo vengan a Europa, arriesgando incluso su vida, tal y como lo hemos visto recientemente en Douvres o en Gibraltar?
Por el contrario, como todos sabemos, este arsenal represivo es lo que empuja a la ilegalidad y la clandestinidad a millares de extranjeros, que pasan así a ser víctimas de pasadores, de mercaderes de esclavos, o de patrones sin escrúpulos que los sobreexplotan. Regularizando masivamente a los sin-papeles, podremos asestar un duro golpe a estos traficantes de desgracias.
Este arsenal represivo va a afectar a nuestras propias libertades, tal y como se deduce del proyecto de la Presidencia francesa sobre el que tendremos que pronunciarnos, y que pretende castigar a todo ciudadano que ayude a un inmigrante indocumentado. Sobre la base de este arsenal y de esta iniciativa, hoy en día, en Francia, un pequeño de 4 años, un niño de origen tamil, está encerrado con su madre en el Centro de Detención de Aranc, aguardando una decisión del Ministro del Interior, y esperando probablemente su expulsión.
El registro informatizado de las huellas digitales es un atentado contra la libertad individual. Trata sistemáticamente a los solicitantes de asilo como si fueran sospechosos. Pone en entredicho la inviolabilidad de los documentos en poder de los organismos responsables del examen de su solicitud. Al aplicarse incluso a los jóvenes de 14 años, viola la protección jurídica que debe darse a los refugiados. Viola la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, y en especial su artículo 10. ¿Quién de los aquí presentes se atrevería a tomarle las huellas a un chaval de 14 años? El proyecto Eurodac criminaliza a los inmigrantes que no tienen papeles, ni estatuto, a menudo por culpa de las diferentes legislaciones de los países europeos.
En el fondo, viola todos los convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Con este proyecto, la Europa-fortaleza pasa a ser culpable de falta de asistencia a los refugiados en peligro. No me sorprende, en una Europa liberal que provee de helicópteros de combate a la dictadura de Ankara mientras rechaza a los refugiados kurdos.
Mis queridos colegas, en un momento en el que se desarrolla en nuestro continente una oleada de racismo y de xenofobia, y mientras se discute la elaboración de una carta de derechos fundamentales, deben ustedes rechazar Eurodac, con o sin enmiendas. Nuestras libertades están en juego.

Dell' Alba
Señor Presidente, Señorías, en nombre de los diputados radicales de la Lista Bonino, intervengo para expresar toda nuestra preocupación y nuestra firme oposición ante una Europa que, sobre todo en la progresiva creación del así llamado espacio de libertad, justicia y seguridad, sigue la vía intergubernamental integrando únicamente los aspectos represivos y liberticidas y conculcando de manera peligrosa los derechos de los ciudadanos de la Unión y de los terceros países. Desde este punto de vista, el caso de EURODAC es ejemplar: sin haber siquiera puesto a punto una política de asilo político europeo, los Estados miembros, a través del Consejo, han creado el Convenio de Dublín que legaliza el pasarse la pelota de los solicitantes de asilo y del examen de sus peticiones de asilo político en nuestros Estados miembros.
Así las cosas, para convertir en operativo el Convenio, el Consejo promovió la creación del sistema EURODAC confiándolo inicialmente a la Comisión. Posteriormente, sin embargo, pensó en mover ficha y ampliar el ámbito de la toma de las huellas dactilares también a los inmigrantes ilegales quitando las competencias de ejecución a la Comisión y atribuyéndoselas directamente.
A la vista de todo esto, la Comisión de Libertades Públicas, con el informe del Sr. Pirker, ha hecho bien en volver a atribuir a la Comisión dichas competencias y en llevar a cabo otros cambios fundamentales que apoyamos por completo. Dicho esto, y a pesar de que no compartimos el enfoque burocrático y represivo de fondo, respaldado por el Consejo y por la connivencia de la Comisión, que pasa por el Convenio de Dublín y el sistema EURODAC, votaremos a favor de los cambios fundamentales introducidos por la Comisión de Libertades Públicas y en contra de la resolución legislativa que en sustancia da vía libre a este absurdo jurídico que impone a escala europea tener fichados sistemáticamente a los refugiados y a los inmigrados ilegales: una monstruosidad jurídica, política y humanitaria.

Marinho
Señor Presidente, Señorías, no voy a pronunciarme sobre las cuestiones de fondo de la propuesta de reglamento tan profundamente analizadas y debatidas en comisión y en Pleno, proceso que culminó con la votación del dictamen del Parlamento en noviembre del año pasado.
Pero vale la pena -eso sí- manifestar, en consonancia con el ponente, Sr. Pirker, y con la propia Comisión que no comprendemos que en el nuevo texto el Consejo proponga reservarse la competencia de ejecución del reglamento Eurodac, con lo que abandona el régimen antes previsto en que esa competencia incumbía a la Comisión. Por un lado, porque el Parlamento sufre, como ya se ha dicho aquí, una reducción de sus derechos, en particular el de ser informado. De hecho, la Comisión está obligada, en términos generales, a dar cuenta al Parlamento de los trabajos de los comités o sobre la presentación de propuestas o medidas relevantes dirigidas al Consejo, conforme al artículo 7 de la decisión sobre comitología. Con este nuevo texto, esa prerrogativa se desmorona, como resulta evidente. Además, porque en esas transferencias hay falta de coherencia jurídica y, encima, falta de sustentación jurídica. No se ha respetado el artículo 1 de la decisión sobre comitología, con lo que se viola el artículo 202 del Tratado, pues nada dice sobre las razones que justificarían que se adoptase ese proceso en este caso concreto.
A nosotros sigue sirviéndonos la teoría general sobre la naturaleza de la Comisión: custodia de los Tratados, equidistante de los Estados miembros, autónoma, independiente y defensora del interés común, a ella, más que a los Estados miembros, compete elaborar, superando barreras y particularismos nacionales, las normas de protección suficientes para el tratamiento de asuntos que entran en conflicto con libertades fundamentales.
El Consejo le manifestó su desconfianza. Sin pretender ser perverso, tal vez se busque un litigio sobre este asunto, lo que abriría la puerta al recurso casi seguro al Tribunal de las Comunidades para retrasar la aplicación global de las nuevas normas comunitarias que están en marcha sobre el derecho de asilo. ¡A veces en política lo que parece es! Por desgracia, señor Comisario -y no por su culpa-, es un asunto en el que no puede apaciguarnos.

Evans, Robert J
Señor Presidente, agradezco al Comisario Vitorino la labor que ha realizado. Hablo en nombre de algunos diputados a este lado de la Asamblea cuando digo que el presente informe despierta cierta preocupación. No estamos del todo satisfechos. Desearíamos que hoy no nos encontráramos en esta fase, pero lo miro desde la perspectiva - que comparto con varios colegas - de que no queremos que los solicitantes de asilo sean vistos como delincuentes.
A los delincuentes se les toma las huellas dactilares, y no debemos asumir, automáticamente ni de ninguna manera, que los solicitantes de asilo deban entrar en esa categoría. Muchos de ellos huyen del terror, de la tortura y de otras experiencias. Queremos garantizar que en nuestras fronteras no son sometidos, una vez más, a experiencias y prácticas similares.
Acepto lo ha dicho el Sr. Kirkhope hace unos minutos, de que existen roces y dificultades en el sistema que exigen una solución. Otros colegas han hecho referencia al hecho de que se tomen huellas dactilares a niños de 14 años, que ha estado cargado de sensibilidad y emotividad.
A este lado de la Asamblea somos realistas. Por eso defendemos las garantías que se han incluido en el presente informe. Y es por lo que preferiríamos que exista un escrutinio parlamentario en la cuestión de la Comisión contra el Consejo. Creemos que el Parlamento está para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y garantizar que la política de asilo se aplica de la manera más justa posible.
Con estas reservas, y sé que hablo en nombre de varios colegas, seguiré la línea de la Sra. Terrón. Deseamos suerte a la Comisión en este cometido.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar la Comisión quisiera agradecer a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y, en particular, al Sr. Hubert Pirker la rapidez con que se ha pronunciado en segunda consulta sobre el proyecto Eurodac, así como la calidad de las propuestas formuladas.
Quisiera comenzar recordando que el Consejo Europeo de Tampere pidió que se concluyera el sistema Eurodac lo antes posible. Y de este episodio lo que se puede concluir es que la Comisión y el Parlamento Europeo han actuado con rapidez y celeridad para hacer su parte del trabajo. Lo que hoy está aquí sobre la mesa es tan sólo una nueva consulta sobre la cuestión concreta de la comitología. No voy a pronunciarme de nuevo sobre las cuestiones de fondo del sistema Eurodac, pero quisiera recordar, en particular a la Sra. Boumediene-Thiery, que, a raíz del debate celebrado en el Parlamento Europeo, la Comisión presentó una propuesta modificada. Y, si bien es verdad que dicha propuesta modificada no incluía todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, al menos hay que reconocer que la Comisión recogió en ella varias de las propuestas presentadas por el Parlamento Europeo.
Por eso, sobre la única cuestión que aún está sobre la mesa ahora, que es la de la comitología, la Comisión reitera ante el Parlamento la posición que adoptó ante el Consejo: discordamos de la decisión del Consejo de reservarse para sí el poder de establecer la mayor parte de las normas de ejecución a ese respecto. Y ese elemento era esencial en lo relativo a los compromisos que la Comisión asumió ante sus Señorías, ante el Parlamento Europeo, en lo relativo a las razones por las que estábamos dispuestos a participar en un sistema Eurodac. Porque uno de los elementos esenciales es el de que, si lo gestiona y ejecuta la Comisión, existe la garantía de una supervisión efectiva por parte del Parlamento Europeo. Y algunas de las dudas que existen sobre la legitimidad del sistema Eurodac quedarían despejadas con la combinación de esos dos elementos: gestión y ejecución a cargo de la Comisión, control democrático por parte del Parlamento Europeo.
En segundo lugar, consideramos que la decisión del Consejo no está debidamente fundamentada a la luz de los propios principios y criterios que fundamentan las normas de la comitología. Por eso, persistiremos en explicar al Consejo nuestra posición, en el sentido de que consideramos que, si se adoptara la solución por la que siempre se ha batido la Comisión, saldrían ganando.
Por último, quisiera aclarar una vez más al Parlamento que no hemos estado inactivos por esa duda o esa discusión interpretativa en materia de Eurodac: la Comisión ya ha presentado un documento de trabajo, que, por lo demás, ha enviado al Parlamento Europeo, de revisión del Convenio de Dublín. Y creemos que la reflexión sobre las insuficiencias y los errores en el funcionamiento del Convenio de Dublín demuestran exactamente la necesidad de que haya una política de asilo en el nivel europeo.
Y me complace en particular comunicar a sus Señorías que hoy mismo la Comisión ha concretado una parte muy importante del mandato de Tampere en materia de asilo al aprobar una propuesta de directiva sobre las normas mínimas de proceso común en materia de solicitudes de asilo. Eso significa que no estamos trabajando de forma fragmentaria, sino que estamos construyendo un puzzle. Y ese puzzle requiere la revisión del Convenio de Dublín, la decisión que hoy mismo hemos adoptado de proponer una directiva sobre normas mínimas de proceso común de asilo y también la labor de preparación técnica del sistema Eurodac, que no se han detenido, que prosiguen y que, naturalmente, sólo se podrá ponerlas en práctica cuando haya un fundamento jurídico legal claro e inatacable para desarrollar el sistema Eurodac.
Una vez más, quisiera agradecer -incluso a los diputados que se han mostrado críticos con la Comisión- el apoyo expresado por diversos escaños para que sea la Comisión la que gestione y ejecute el sistema Eurodac. Estamos dispuestos a afrontar ese imperativo, en cuanto el Consejo nos oiga.

El Presidente
Señor Comisario, antes de abandonar la Asamblea, le invito a que se pase por aquí para que pueda tomarle sus huellas dactilares, y podría acompañarle también el Sr. Pirker.

El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0222/2000) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1998) 678 - C4-0707/1998 - 1998/0327(COD)) por la que se modifica por segunda vez la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (texto pertinente a los fines del EEE).

Skinner
. (EN) Señor Presidente, lo primero que debemos preguntarnos acerca del presente informe es: ¿Por qué necesitamos esta directiva? Resulta muy interesante examinar las cifras, porque al hacerlo las razones exactas resultan evidentes.
Las caídas desde una altura representan casi el 10% del total de los accidentes laborales y una de cada diez tiene como consecuencia la invalidez permanente o la muerte de la víctima. En la Unión Europea en un año se registran aproximadamente medio millón de caídas desde una altura en los lugares de trabajo, de las que unas 300.000 tienen como resultado ausencias de más de tres días y 40.000 resultan en lesiones graves. Lamentablemente, mil de ellas son mortales.
Muchos de estos accidentes - que en muchos casos pueden evitarse - se deben a que los andamios y las escaleras no se utilizan adecuadamente. Según los cálculos de las autoridades de sanidad y seguridad del Reino Unido, el organismo que estudia los accidentes en el lugar de trabajo, cerca del 30% de las notificaciones sobre prohibiciones se refieren a andamios peligrosos. De hecho, el 90% de los accidentes que se producen desde las escaleras de mano se deben a su mala utilización. Son estadísticas recogidas por grupos del sector, entre otros, y no se deben a fallos de los equipos.
Las cifras publicadas recientemente por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, indican variaciones muy importantes en las tasas de incidencia de las caídas desde una altura en los distintos Estados miembros. Algunas variaciones sugieren que los niveles de salud y seguridad de los trabajadores no son los mismos en toda la Unión Europea. Por ello necesitamos establecer unos requisitos mínimos con vistas a proteger a los trabajadores de las caídas desde una altura.
Los costes reales, tanto en términos personales, para los trabajadores y las familias afectadas, como en términos económicos, para el sector y los sistemas de seguridad social y protección de la salud, justifican la legislación en este sector. Miles de millones de libras se destinan al cuidado de los trabajadores que resultan heridos o enferman. Esto puede evitarse en buena medida.
El trasfondo de la presente propuesta apunta a razones adicionales para la introducción de esta legislación. Se trata de la modificación de una directiva en vigor relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. El Parlamento rechazó, gracias a muchos de mis colegas del otro lado de la Asamblea, una propuesta para incluir los andamios en una enmienda a la anterior directiva. La directiva que se adoptó finalmente cubría únicamente dos tipos específicos de equipos de trabajo: los equipos móviles y los equipos para levantar cargas, que son en sí ámbitos muy importantes. Esta directiva rectificará esta grave omisión. Si no incluimos las caídas desde una altura, lo único seguro es que se producirán más caídas y la incidencia irá en aumento. Si el Parlamento rechaza este añadido, deberá hacerse responsable de las consecuencias.
En un primer momento, la intención de la Comisión era proponer una directiva relativa a los andamios. No obstante, debido a que las caídas graves no se producen únicamente desde andamios, se ha ampliado el ámbito de la propuesta para cubrir la protección de los trabajadores contra todo tipo de caídas desde una altura. A pesar de que algunas caídas se producen en ausencia de andamios y escaleras, la propuesta se centra principalmente en los andamios, las escaleras y las técnicas de acceso mediante cuerdas, como podrán comprobar cuando la lean.
Las normativas en vigor en muchos Estados miembros cubren únicamente el sector de la construcción, por lo que otro de los factores importantes es ampliar el ámbito a otros sectores. Asimismo, es importante subrayar, porque algunos parecen estar ligeramente confundidos al respecto, que la presente propuesta se basa en el artículo 138, antiguo artículo 118 A, por el que se establecen las disposiciones mínimas para garantizar un nivel de protección más adecuado de la salud y de la seguridad de los trabajadores.
No nos referimos a la construcción, al concepto o al diseño de los equipos de trabajo, sino a los riesgos que corren la salud y la seguridad de los trabajadores que utilizan estos equipos. Tengo la sensación de que algunas personas en esta Asamblea tienen cierta dificultad para entender esto.
Asimismo, es evidente la importancia de esta directiva para las personas que trabajan en las alturas. Hay quien ha cuestionado la validez de esta legislación, y son libres de hacerlo. No obstante, en contra de lo que se ha dicho, esta propuesta no se limita a sugerir que los trabajadores deben recibir formación sobre el uso de las escaleras, ni tampoco prohibe el uso de las mismas. Lo que hace es prever la utilización segura de escaleras y de otros equipos.
Me pregunto si los que critican este informe han trabajado alguna vez en la construcción, como hemos hecho muchos de nosotros. Me pregunto si estarían dispuestos a reconocer que son muchas las personas que saben perfectamente lo que puede aportar esta legislación.
Por último, en lo relativo a las enmiendas presentadas, que no había visto hasta hoy mismo, acojo con satisfacción las enmiendas 22 y 25: la enmienda 22, como segunda opción si la enmienda 5 decae, y la enmienda 25, como considerando, porque se adapta perfectamente al tono de mi informe. No obstante, en honor de la coherencia y en consideración de la Directiva marco, que es la base de todo este planteamiento legislativo, no puedo aceptar las enmiendas restantes en estos momentos.

Pérez Álvarez
Señor Presidente, me parece obligado, y quiero hacerlo cortésmente, comenzar felicitando al ponente, Sr. Skinner, por su sensibilidad, por su excelente informe y por la disponibilidad para aceptar las propuestas -creo que bien trabajadas- del Grupo en cuyo nombre tengo el honor de intervenir. Ello hace que estemos ante un texto de amplio consenso, y no sólo entre los dos Grupos mayoritarios, pues se trata de un consenso fraguado en la constante comunicación que ha habido con los agentes sociales, empresarios y trabajadores, a través de los sindicatos. Consenso que me parece necesario en una materia en la que está en juego la seguridad, la salud, la integridad y la propia vida de los trabajadores.
Hace unos días, muy pocos, yo daba un paseo por mi ciudad, Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, y tuve ocasión de contemplar un amplio cartel de una obra. Era una obra de recuperación de una vieja plaza de la ciudad en su casco histórico, y el cartel decía lo siguiente: "Esta empresa respeta la ley. Usa equipos y dispositivos de seguridad. Si no los conoce, no entre en la obra. Infórmenos de cualquier situación de riesgo. Ayúdenos, por favor, a cumplir las obligaciones legales de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores" .
Traigo a colación el contenido de este cartel indicador de obra y de los consejos, prescripciones normativas para los ajenos y los interesados en la obra, porque me parece que viene a representar un resumen de preceptos de una buena política de salud laboral. Una buena política de salud laboral debe comenzar siendo de carácter preventivo y en la idea de prevención hay, y tiene que haber, mucho de concienciación, no sólo de trabajadores y empresarios, sino de la sociedad en su conjunto.
Desgraciadamente, cada día tenemos noticias de accidentes en el trabajo. Sabemos bien que el riesgo cero no existe, pero también tenemos conciencia de que la sociedad no debe renunciar a su empeño de dificultar e impedir la conversión del riesgo en siniestro. Si ocurre algún siniestro, la responsabilidad puede ser, quizás, del empresario, porque no se ha convencido todavía de que los gastos en seguridad son una inversión. O quizás del trabajador, por desprecio del riesgo, por falta de previsión o por la no adopción de medidas y precauciones adecuadas, principalmente en sectores de actividad como la construcción, en los que el carácter temporal de los trabajos o la temporalidad misma del sector -un sector puente, de tránsito desde la actividad primaria, agrícola preferentemente, a los sectores industriales o de servicios-, más aconsejan las medidas de precaución. O también quizás de la propia Administración por la insuficiencia, traducida en términos de ineficacia, de los servicios inspectores, asesores o controladores encargados de informar, asesorar o, en su caso, sancionar los incumplimientos de la legislación laboral.
La salud y la seguridad en el trabajo, y muy especialmente allí donde el riesgo es muy alto, es responsabilidad de toda la sociedad y de todos los sectores implicados, y toda la sociedad tiene que asumir su cuota de responsabilidad y su propio compromiso. El empresario debería considerar el gasto en salud laboral como inversión. El trabajador debería extremar sus precauciones, reivindicando y defendiendo la utilización de mecanismos de prevención y protección, así como las buenas prácticas en las empresas.
Los Estados y los Gobiernos deberían adaptar las medidas de promoción de los medios preventivos, de fiscalización de las medidas obstaculizadores del siniestro, también de la sustitución de los métodos administrativos y políticos de lucha contra la siniestralidad laboral. Sería conveniente la sustitución del viejo modelo de sanción, que se ha revelado insuficiente e ineficaz, por el método de estímulo, del incentivo, mediante la intensificación de la acción en el conjunto de las empresas o actividades con más alto índice de siniestralidad y de accidentes, y también mediante beneficios y ventajas a la empresas con menor índice de accidentes y con un mayor gasto en prevención y en concienciación.
También la Comisión y el Consejo deberían fijar condiciones mínimas que pueden parecer a algunos estrictas, pero que permiten mejorar las condiciones de trabajo y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, armonizando la legislación en un mercado de libre circulación de trabajadores.
De este modo, los ciudadanos europeos percibirán una Europa más próxima que se ocupa de sus problemas, de lo que a ellos les preocupa y les interesa.

Damião
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Peter Skinner, por su esfuerzo de moderación y conciliación de los diversos intereses con vistas a que el Parlamento haga una contribución positiva y consensuada para mejorar esta excelente propuesta de la Comisión.
La negligencia en la organización del trabajo, la falta de equipo adecuado de seguridad personal y colectiva, la escasa formación y el elevado número de trabajadores independientes son las principales causas de las elevadas siniestralidad y muerte en el sector. Si se comparan con otros sectores similares, los riesgos que la actividad de construcción civil entraña son aún mayores.
En esta segunda mitad del siglo, la actividad ha aumentado frenéticamente y es constante el recurso a trabajadores inmigrantes, a subcontratistas. Además de los aspectos ya mencionados, se agravan los problemas de comunicación y organización y se suele desatender la seguridad colectiva de las obras de construcción y diluir la responsabilidad. Nunca está de más reafirmar que todas las directivas relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores y, en particular, la formulación de la responsabilidad, que figura en la Directiva 89655/CEE están en vigor y compete al empleador, al dueño de la obra, la responsabilidad por los accidentes que ocurran, pero también su prevención. En la persona del encargado de la seguridad de la obra recae la obligación de evaluar el riesgo y certificar que se ha hecho la supervisión del equipo de prevención utilizado por todos cuantos tengan acceso a la obra, independientemente de su función, vínculo o tiempo de trabajo.
En la Unión Europea la evaluación de los riesgos se ha hecho a "paso de caracol" y esta segunda revisión es una señal positiva que queremos apoyar e incentivar intensamente. Aun en un análisis economicista, es preocupante comprobar que en 1996 de cada 100.000 trabajadores de la Unión Europea 4.229 estuvieron de baja más de tres días por accidentes laborales. En ese año hubo cuatro millones setecientos mil accidentes. Los accidentes mortales, aunque han experimentado una reducción de 13%, a la que no es ajena la acción de la Comunidad entre 1994 y 1996, representaron aún 5.549 muertes en 1996. Se calcula que el perjuicio en dicho año para la economía europea fue de 146 millones de días de trabajo perdidos. Resulta particularmente pertinente para el debate de la directiva ya citada que el sector de la construcción, aun no siendo el que registra mayor número de accidentes, tenga el mayor número de accidentes mortales, sólo comparable con el de los transportes terrestres.
Europa no puede ser el modelo social más avanzado del mundo y permitir que las personas cuenten poco y el valor de su vida se reduzca a un número. Los hombres y sobre todo los jóvenes hasta los 25 años son las principales víctimas de accidentes laborales, pero la probabilidad de muerte aumenta con la edad, pues es mayor para los que tienen entre 55 y 64 años, más alta en las empresas más pequeñas (hasta 50 trabajadores) y en los trabajadores independientes, en los que se da una tasa de incidencia que representa el 73,1 del total de los casos. Lo que nos obliga a afrontar la necesidad de medidas relacionadas con profesiones de desgaste rápido, teniendo en cuenta la preparación de los jóvenes, de soluciones multidisciplinarias relacionadas con la formación y la preparación, así como la calidad de las PYME que existen en ciertos sectores.
Desde la famosa investigación realizada en 1907 en los Estados Unidos, se estudian la identificación, el registro obligatorio, la causa de muerte, la edad del empleador, la edad del trabajador, el empleador, el nombre, la circunstancia, el accidente, para determinar los gastos y las obligaciones que permitan proteger mejor a los trabajadores...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Jensen
Señor Presidente, como ya han mencionado varios oradores, las caídas desde las alturas constituyen de los grupos más graves de accidentes laborales que tenemos y con este informe, que forma parte de una ampliación de la directiva sobre seguridad y salud con respecto al uso de equipos de trabajo, nos disponemos a tomar cartas en este problema. En nombre del Grupo ELDR me gustaría decir que en conjunto consideramos el resultado como un avance. Las normas cuya introducción proponemos tienen a grandes rasgos un funcionamiento claro y al mismo tiempo parecen respetar y tener en consideración la necesidad de que las empresas puedan poner en funcionamiento las normas en la práctica y en el día a día. Pues debemos recordar que aunque el propósito de lo que aprobamos sea tan positivo y loable, no es tan seguro que las consecuencias sean siempre como esperamos y por ello uno de nuestros objetivos ha de ser siempre la formulación de normas tan sencillas y precisas como sea posible y garantizar que haya lugar para la flexibilidad que es necesaria en el mercado laboral. Este equilibrio entre el deseo de normas claras y la necesidad de flexibilidad y diversidad me parece que es algo que se ha esforzado por hallar nuestro ponente, Peter Skinner, y debemos agradecérselo como debemos agradecerle en suma su forma conciliadora de trabajar. Por otro lado, creo que también será importante en el futuro que trabajemos por reducir el riesgo de accidentes aumentando nuestros conocimientos sobre cómo se producen estos accidentes. ¿De cuántos accidentes se habla? ¿Cuándo se producen? ¿Cómo se producen? ¿Qué podemos hacer para impedirlos? Creo que el trabajo puesto en marcha con la Agencia Europea del Medio Laboral radicada en Bilbao podrá contribuir positivamente a reducir las cifras de accidentes hallando respuesta a estas preguntas y empleando éstas constructivamente. Es un camino acertado para recorrerlo: las autoridades en colaboración con los interlocutores sociales.

Bouwman
Señor Presidente, señora Comisaria, nos ocupamos de un informe del que todos ya han dicho cuán útil y necesario es. Se trata, por supuesto, de la seguridad al utilizar escaleras, andamios y cuerdas, al efectuar trabajos en altura, y también de vez en cuando cerca de una oquedad peligrosa. Los muchos accidentes y también la hasta ahora inadecuación de las directivas constituyen, naturalmente, el trasfondo de este informe. De ahí que resulte útil y necesario que se presente semejante informe; ha tardado mucho, pero todo el mérito corresponde al Sr. Skinner, quien finalmente ha logrado su realización.
No obstante, es un informe problemático en cierto sentido, no porque sea innovador, sino porque el sector del que hablamos es muy diverso. Tiene que ver con personas que trabajan en el sector servicios, en el sector de mantenimiento, pintores, limpiacristales. Los trabajos en altura no siempre ocupan mucho tiempo, sino que a menudo duran poco. Eso significa que las definiciones que manejemos no deben ser vagas, sino concretas. Los compromisos que adoptemos deben mantenerse y muchas veces no es ése el caso. Ya he señalado que algunas definiciones son vagas. Me refiero a las definiciones de "corta duración" y "riesgos limitados" . Existe un exceso de regulación en el caso de, por ejemplo, las risk assessments, aun cuando se trate de dos personas. Hemos discutido una parte en la comisión, y se ha eliminado del informe, produciéndose una mejora. Esto me satisface y deberíamos avanzar en ese sentido.
Echemos un vistazo a algunos aspectos tales como, por ejemplo, el suelo de un andamio; aunque, por supuesto, debe fijarse, no siempre puede ser inmóvil, sí que no debe resbalar. Hay que evitar el desplazamiento de los andamios móviles, pero no siempre puede indicarse de forma completa. No pueden ponerse señales de advertencia por todas partes. Las escaleras de mano deben fijarse y resultar seguras, pero sí deben continuar siendo manejables. De ahí que hayamos propuesto que algunas enmiendas se voten por separado, de manera que todos podamos mejorar estas partes vulnerables de la directiva.

Cauquil
Señor Presidente, estoy indignada al ver que el problema de los accidentes originados por caídas en el trabajo es capaz de levantar tanta oposición y no puede ser resuelto más rápidamente. Con todo, el propio ponente recuerda hasta qué punto es urgente, ya que contabiliza 500.000 accidentes anuales sólo en este campo, que provocan al menos 40.000 heridos graves y un millar de muertos. Sin embargo, el ponente no deja de señalar que las empresas constructoras se oponen a cualquier tipo de condicionante y, de resultas, el informe evita cuidadosamente poner en evidencia la responsabilidad de las empresas.
A pesar de todo, los fallos técnicos de los andamios y demás sistemas, pero sobre todo las malas condiciones laborales, los turnos de trabajo y los horarios, son sin duda el origen de los accidentes laborales. El informe pide que los empleadores tomen medidas si no para poner fin a esta hecatombe, al menos para limitarla. Si se decidiera tomar medidas urgentes obligatorias para los empleadores, las apoyaría de inmediato, pero dudo que esto sea posible, considerando lo respetuoso que se muestra este Parlamento con los intereses de la patronal. Y mientras tanto, decenas de miles de asalariados siguen pagando un pesado tributo a la explotación capitalista con su salud, y a veces con su vida.

Nobilia
Señor Presidente, suscribimos y valoramos el trabajo realizado por el Sr. Skinner, aunque creemos que, dadas las premisas y en particular las repercusiones de la materia, el mismo podía haber sido algo más incisivo a la vista, entre otras cosas, de los once años transcurridos desde la primera directiva sobre este asunto y de las carencias existentes en la directiva de hace cinco años que la modificó.
Nos damos cuenta de las posiciones de mayor o menor sensibilidad respecto a estos temas, también dentro de este mismo Parlamento, y de las perplejidades suscitadas en orden a una normativa más rigurosa o a los mayores costes a cargo de las empresas. Sin embargo, y para decirlo del mismo modo que el ponente, debemos preguntarnos cuánto vale la vida de un trabajador o su invalidez. En efecto, los accidentes laborales siguen siendo un azote para el mundo del trabajo en todos los Estados de la Unión, aunque con porcentajes diferentes en los distintos sectores. Ciertamente esto puede atribuirse a una pluralidad de factores que juegan en distintos sentidos de cara al aumento o la disminución del fenómeno, sin embargo, ahora nos encontramos ante un daño irrefutable, válido para el conjunto de los Estados miembros que tristemente da fe de que las caídas desde una altura representan el 10% del total de los accidentes laborales.
Hay que decir que el Comité Económico y Social en su dictamen sobre el asunto no solo ha puesto de manifiesto con claridad y propiedad la envergadura del problema, sino también y ante todo las vías de solución: un planteamiento, ese, ciertamente valorizado por el Sr. Skinner, a partir de la necesidad de reforzar la terminología en la materia, di incidir en la organización del trabajo, de ofrecer una formación y una información específica a los trabajadores implicados. No obstante, también cabe decir que la solución pasa también por la elaboración y la publicación por parte de la Comisión de orientaciones más detalladas y más vinculantes en materia de prevención que permitan, entre otras cosas, superar la fragmentación de las competencias sobre la materia y que, al propio tiempo, prevean junto con controles más obligatorios, un sistema de medidas premiales en favor de las pequeñas y medianas empresas, al objeto de convertir en efectiva y eficaz la aplicación de las normas de seguridad en el trabajo.

Menrad
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero agradecer al Sr. Skinner su buen informe sobre el complejo tema de la seguridad y la protección de la salud en lo que respecta a los equipos de trabajo, así como su buena disposición a tomar en consideración algunos planteamientos importantes del Grupo del PPE. El Sr. Pérez Álvarez ya los ha expuesto. El informe no me satisface en todos sus puntos. En la segunda lectura va a ser necesario introducir algunas rectificaciones, pero el Grupo del PPE está dispuesto a aceptarlo de manera general. En su forma actual, el informe ya toma en consideración algunas objeciones que también plantearon las PYME y pide una capacitación específica, evidentemente sólo en lo que respecta a la instalación de escaleras y andamios utilizados como espacios de trabajo.
Sin duda, igual que ocurre con todos los textos legislativos, existen redactados de ámbito nacional -y también regional- que pueden provocar alguna sonrisa, si es que es posible seguir tomándose a broma esta cuestión. A mí se me heló la sonrisa cuando leí las estadísticas europeas sobre accidentes laborales y al volver a escucharlas aquí de nuevo. No voy a entrar en más detalles, que ya se han expuesto repetidas veces. Sin embargo, quisiera añadir una observación fundamental. No sólo las medidas de protección tienen un coste. La continuidad del pago del salario, los subsidios de enfermedad, y las pensiones de invalidez, viudedad y orfandad, suponen un importante desembolso para las empresas y para el erario público. En este contexto queda patente la productividad de una política social moderada. En este caso, la prevención es mejor, más barata y más humana que una política social a posteriori.
No debemos actuar sólo cuando el daño ya está hecho, sino evitar que éste ocurra. Pero ¿y la subsidiariedad?, se preguntan muchos. Este principio no significa que Europa no esté autorizada a intervenir nunca. La definición de Quadragesimo anno es la que más me gusta: subsidiariedad - en caso de duda, dar prioridad a la unidad más reducida y al acuerdo entre los interlocutores sociales frente a la normativa estatal o de la UE, esto último lo añado yo. Sin embargo, cuando la unidad más reducida no puede cumplir la tarea en beneficio del bien común, entonces debe intervenir la unidad superior. Por esto se enraizaron unas normas europeas mínimas en los Tratados de la UE, sobre todo en los años ochenta, cuando en Europa predominaban los Gobiernos demócratacristianos y conservadores; es decir, que este también es un objetivo demócratacristiano.
Además, la seguridad en el trabajo ya se empezó a definir a escala internacional desde la revolución industrial del siglo XIX. El gran estadista conservador británico Benjamin Disraeli fue uno de los padres de la protección de la seguridad en el trabajo. La Europa continental adoptó las leyes inglesas y las enraizó asimismo en convenios internacionales, y una dimensión social europea resulta ciertamente necesaria en el siglo XXI, a la vista de los procesos de globalización y europeización. Deseamos la europeización de la economía. Ya tenemos la Unión Monetaria. Una mera regionalización o incluso una provincialización de la política social no puede ser la respuesta en este contexto. Unas normas mínimas implican la subsidiariedad. Cada país puede organizar a su manera la protección de la seguridad en el trabajo, siempre que se respeten las normas mínimas europeas.
Nosotros, en el PPE, nos oponemos a unas normas europeas máximas. En Alemania, el marco se completa con los actos normativos de los interlocutores sociales. Hay normas alemanas, un andamiaje de disposiciones laborales y protectoras. Hay reglamentos que de las mutualidades de trabajo, en ejercicio de sus competencias normativas, y sólo a continuación interviene la ley de prevención de accidentes. Todo ello puede ser objeto, por otra parte, de tantas criticas como se quiera, desde el punto de vista estilístico y en otros aspectos, por lo que respecta a muchas disposiciones prácticas detalladas. Pero yo les aseguro que un milímetro de esas disposiciones prácticas es más valioso para los ciudadanos y los asalariados de los Estados miembros que mil kilómetros de grandes declaraciones y grandes ideologías.

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, como señala el buen informe del ponente, las cifras publicadas recientemente por la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, con sede en Bilbao, recogen resultados muy dispares en cuanto a accidentes laborales entre los diferentes Estados miembros debido a que estos últimos no están aplicando criterios estadísticos homogéneos. Urge, pues, el establecimiento de normas armonizadoras a nivel comunitario para poder contar con datos comparables y evaluar los resultados de las políticas de prevención en cada Estado, comunidad o región europea a fin de que no haya trabajadores de primera, segunda o más clases, sino que todos ellos estén protegidos por normativas y exigencias de seguridad de la misma calidad.
Es también cierto que se necesitan más inspectores de trabajo para que las empresas respeten suficientemente la normativa, pero no es menos verdad que las instituciones y empresas públicas deben comenzar dando ejemplo de todo ello y sin embargo, todavía hoy, muchas actividades y centros de trabajo de los entes públicos no cuentan con los debidos planes de prevención de riesgos laborales señalados en las directivas comunitarias.
Por ello quiero hacer un llamamiento a todos los gestores públicos europeos para que se esfuercen en ser los primeros en cuanto al cumplimiento de la normativa, de modo que los gestores privados no puedan excusarse con la desidia institucional.

Bushill-Matthews
La Comisión propone una modificación de la directiva sobre la salud y la seguridad en el trabajo. El presente informe sugiere que la directiva debería ser más larga y minuciosa. Los Conservadores del Reino Unido creemos que deberíamos votar en contra por esa misma razón.
No se trata de si la salud y la seguridad en el trabajo es un asunto importante o no. Naturalmente que lo es. No se trata de si las recomendaciones del informe son sensatas o no. Muchas de ellas lo son y Peter Skinner ha reflexionado mucho en la elaboración de su informe.
Se trata de cómo el Parlamento Europeo debería utilizar su tiempo y de dar la impresión de que lo aprovecha. Se trata de en qué prioridades debería centrarse el Parlamento. Si trata de saber si la Comisión y el Parlamento Europeo deberían prescribir los pormenores del trabajo y de las vidas de las personas.
En el Reino Unido existe un problema, aunque no es exclusivo del Reino Unido. Existe la sensación de que la UE está interfiriendo. A menudo se considera que el Parlamento Europeo interfiere aún más. Se considera que no se centra en los grandes temas. Nuestros electores nos preguntan por qué deberían votar a alguien en las elecciones europeas. Preguntan: ¿qué están haciendo por nosotros? ¿Qué debemos responder? Tenemos la oportunidad de decirles que nos ocupamos de los grandes temas que a ellos preocupan, que podemos contribuir a mejorar la paz, la seguridad, la prosperidad, el medio ambiente y la calidad de vida - asuntos que realmente son más fáciles de mejorar a nivel europeo. O podemos responder que la UE, a través de la Comisión y el Parlamento, se propone decidir si es legal o no que alguien permanezca al pie de una escalera de mano sujetándola, mientras otra persona sube por ella. De eso es de lo que hoy estamos tratando.
Rechacemos este último ejemplo de burocracia impuesta desde arriba. En un momento u otro, el Parlamento deberá emitir una señal inequívoca respecto a los fines reales que persigue, sus prioridades. Yo digo: hagámoslo ahora.

Villiers
Estoy muy agradecida por la oportunidad de intervenir a continuación de mi colega Philip Bushill-Matthews, porque comparto muchas de las inquietudes que él ha manifestado. Creo que la presente propuesta no supone ningún mérito para la Unión Europea ni para esta Asamblea. Creo que si la Unión Europea - e incluso, el Parlamento Europeo - desean que la población de Europa los tome en serio, éste es precisamente el tipo de legislación que deberían evitar, porque todos sabemos que la salud y la seguridad y la seguridad de los trabajadores es una prioridad para todos los Estados miembros, como debe ser.
Pero una norma a nivel europeo en este caso no tiene ninguna justificación. No existe ninguna razón para creer que los Estados miembros, actuando de manera uniforme, puedan realmente atajar este problema de manera más eficaz que si los Estados miembros actúan a nivel individual y, sobre todo, nada justifica tanto interés en los aspectos ordinarios de las vidas laborales de las personas.
No tiene ningún sentido legislar sobre cómo deben subirse a una escalera los europeos. Eso no debería ser prioritario para esta Asamblea. El número de pormenores es demasiado elevado para que esta Asamblea se ocupe de ellos y sólo se conseguirá ridiculizar a la Unión Europea, porque éste es precisamente el tipo de injerencia que tanto molesta a muchos ciudadanos de la Unión Europea.
En vez de ocuparnos de este tipo de injerencias, deberíamos abordar temas en los que es constructivo que los Estados miembros trabajen unidos y desarrollen normas comunes. Una norma común, uniforme y centralizada sobre cómo hay que subirse a una escalera de mano no es necesaria y es una intromisión indeseable en el modo en que las personas gestionan su entorno laboral. Podemos confiar en las personas de Europa para decidir por sí mismas cómo subirse a las escaleras de mano.
Creo que no es necesario realizar una evaluación de los riesgos cada vez que alguien se propone utilizar una escalera. Como afirmará cualquiera que trabaje en el hogar, el uso de escaleras de mano es muy común y muy frecuente y, sí, ocurren accidentes, pero no creo que este tipo de directiva elimine jamás dichos accidentes. Lo único que conseguirá es añadir una capa más de burocracia europea y de trámites que deberá cumplir el colectivo de empresas, que ya se siente asfixiado por el peso de los tramites burocráticos.
Como ha dicho mi colega, es hora de un cambio. Es hora de que este Parlamento comience a ocuparse de los asuntos que preocupan a los ciudadanos de Europa y deje de abocarse a los pormenores que de nada sirven para garantizar realmente la protección de los trabajadores. De hecho, lo único que está consiguiendo es desacreditarse a sí mismo y a la Unión Europea y cargar a las empresas europeas con una capa de costes y de burocracia que apenas pueden soportar.

Hughes
Debo expresar mi asombro por las dos intervenciones que acabamos de escuchar, una del Sr. Bushill-Matthews y la otra de la Sra. Villiers. Parecen entregarse a una profecía de acarrea su propio cumplimiento. Lamentan que el Parlamento Europeo sea visto como un organismo que se dedica a trivialidades y a generar burocracia y, sin embargo, dedican su tiempo a emitir comunicados de prensa en los que califican los importantes aspectos de la legislación sobre la salud y la seguridad de nada más que trivialidades y burocracia.
No es sorprendente que los medios de comunicación británicos proyecten el tipo de imagen que ellos describen. Ésta es una legislación muy importante sobre la salud y la seguridad, que mejora el corpus de la legislación que hemos adoptado a nivel europeo durante los últimos veinte años. No es trivial para las familias de las 500.000 personas que cada año caen desde una altura en el trabajo. 300.000 de estos accidentes son lo suficientemente graves como para ocasionar ausencias de más de tres días. 40.000 de estas caídas son muy graves y 1.000 provocan la muerte. Intenten explicar a las familias afectadas que éste es un tema trivial. No lo es. Es un asunto muy importante y todos los estudios, incluidos los del Eurobarómetro y los de las PYME, incluidos los realizados por el anterior Gobierno británico, demuestran que las propias PYME reconocen la importancia de una buena legislación en materia de salud y seguridad.
Lamento que una pequeña minoría del PPE haya roto de este modo el consenso que conseguimos en este importante ámbito político. Realmente es absolutamente deplorable, y todos - a lo largo y ancho del espectro político - deberíamos dejar claro que no toleraremos este tipo de comportamiento de esa minoría.
Se ha descrito la directiva como burocrática. Pero léanla, lean la propuesta. ¿Es onerosa? ¿Es pesada? ¿Exige voluminosas y minuciosas evaluaciones de riesgos antes de realizar un trabajo en altura? La respuesta es no, y es una directiva muy fácil de entender, de leer y de aplicar, y así debería ser descrita. Debería ser descrita como una directiva que hace una valiosa contribución a la prevención de accidentes y muertes en la Unión Europea.
Por favor, no se dediquen a trivializar para luego venir aquí y, de una manera hipócrita, mostrarse sorprendidos de que esta institución se ponga en ridículo. Ustedes son los responsables de eso. Paren de una vez, por favor.

Stenzel
Señor Presidente, yo quiero anunciar ya de entrada que mi delegación no va a denegar su voto al informe Skinner sobre la segunda modificación de la Directiva relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud laborales. La protección de la salud de los trabajadores -que es la finalidad de fondo- es un objetivo que todos compartimos. Nadie quiere exponerse a que le acusen de antisocial y la adopción de unas normas mínimas de ámbito europeo sin duda también está justificada. Además, la propuesta se ajusta al Tratado UE y el ponente merece por ello nuestro agradecimiento.
No obstante, resulta incomprensible que los europarlamentarios se dejan acorralar siempre en el dilema entre exponerse al reproche de que mantienen actitudes antisociales o convertirse en un hazmerreír. Desde luego, resulta incomprensible que haya que prescribirle al ciudadano mayor de edad cómo debe subir o bajar por una escalera, que antes de utilizar una escalera debe realizar una evaluación de los riesgos, que debe evitarse en la medida de lo posible que dos personas utilicen simultáneamente la misma escalera, o que la permanencia en la misma no debe superar los treinta minutos ni -todo un detalle- un 25% de la jornada laboral total.
El informe Skinner pasará a la historia de esta Asamblea como el informe sobre las escaleras, y los ciudadanos de la Unión Europea se preguntarán con razón si no tenemos nada mejor que hacer que dedicarnos a concretar cosas evidentes que en realidad son una cuestión de sentido común y están fuera de lugar en una directiva europea y también en el correspondiente informe del Parlamento como parte del procedimiento de codecisión. De hecho, no es la primera vez que informes con un componente social exhiben tales absurdos. Si los diputados se ven obligados a romperse la cabeza para determinar la constitución física de los europeos, con objeto de establecer unas normas para los asientos de los tractores que se adecuen a sus dimensiones medias, o para decidir en qué condiciones se comercializan los tomates en rama, la imagen profesional de un eurodiputado, pero también el sentido de las instituciones europeas, quedan muy menoscabados, aparte de que estas disposiciones detalladas y este afán regulador también pueden llegar a ser contraproducentes. Otro tanto cabe decir sobre las normas nacionales sobre protección laboral, dicho sea de paso.
En el caso de la contratación de aprendices, dichas disposiciones protectoras a menudo tienden a actuar como un disuasivo, a pesar de todos los incentivos financieros, y a contribuir, por tanto, al paro juvenil, en vez de mitigarlo. Por otra parte, el informe Skinner pone sobre la mesa el interrogante fundamental sobre qué debe y qué no debe hacer Europa. Es decir que plantea el tema de las competencias y de una subsidiariedad razonable.
No podemos ni debemos seguir eludiendo este debate. Éste no afecta sólo a la Conferencia Intergubernamental y a la forma de organización de la Unión Europea, para la cual es preciso encontrar una solución satisfactoria con vistas a la próxima ampliación. Es un tema que también guarda relación con la tantas veces invocada aceptación de la Unión por parte de los ciudadanos. Necesitamos más Europa en el ámbito de la seguridad interior y exterior, en la defensa de nuestros intereses en el contexto de la competencia mundial, en el ámbito de la política monetaria y en la realización del mercado interior. Pero no necesitamos ninguna intervención de Europa que menoscabe la responsabilidad de los Gobiernos, de las corporaciones locales y en último término también del individuo, y le ponga bajo tutela. Por consiguiente, quiero aprovechar el debate del presente informe para insistir en la petición de un debate sobre las competencias una vez finalizada la Conferencia Intergubernamental.

Sacrédeus
Señor Presidente, seamos claros y digamos que en este Parlamento todos queremos sólo lo mejor. Dejemos en claro que nadie en este Parlamento desea otra cosa que la disminución del número de accidentes, especialmente de los accidentes mortales, en todos los centros de trabajo de esta hermosa Europa y en nuestros países miembros.
No obstante, aclaremos también entre nosotros - me dirijo a algunos oradores que me han precedido - que hay diferentes opiniones acerca del nivel adecuado para adoptar esta importante decisión. Después de haber escuchado a Hughes, tengo enorme confianza en que el gobierno laborista inglés y otros estén profundamente interesados en este tema. Después de escuchar al Sr. Menrad creo firmemente que el Partido Demócrata Cristiano alemán está profundamente interesado en este tema. Puedo garantizar que los siete partidos suecos con representación parlamentaria, especialmente el Partido Demócrata Cristiano, se preocupan de este asunto. También puedo garantizar en este contexto que las organizaciones sindicales y la opinión pública están muy interesadas y quieren dictar leyes para disminuir drásticamente los accidentes mortales.
¿Qué es entonces, señor Presidente, lo que nos hace pensar que habiendo más de 15 parlamentos nacionales sea precisamente el Parlamento Europeo el foro adecuado para adoptar decisiones en esta materia? A la luz del principio de subsidiariedad, o de cercanía, permítame expresar mis dudas acerca de la conveniencia de tratar este tema en el Parlamento Europeo.
Por ejemplo, en la enmienda 14 punto 4.2.2 se expresa textualmente: " El deslizamiento del pie de las escaleras de mano se impedirá antes de su utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, o bien mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. De forma prioritaria, la escalera deberá fijarse establemente adoptando todas las medidas posibles para el anclaje. La escalera de mano para fines de acceso tendrá la longitud necesaria para sobresalir suficientemente del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras de varios planos se utilizarán de forma que estén seguras. No se permitirá la sujeción por otra persona como medida de seguridad" .
Señor Presidente, este texto es muy optimista y bienintencionado. Puedo garantizarle que donde vivo, en la ciudad de Mora, en la región de Dalarna, y en el parlamento sueco y en otros parlamentos nacionales, existe preocupación por este tipo de cosas. ¿Es apropiado, en virtud del principio de subsidiariedad de Maastricht y del Tratado de Amsterdam, que el Parlamento Europeo legisle con este alto grado de detalle? Hay que intentar, en cambio, que las directivas fijen metas. De este modo podremos dejar que los Estados miembros, los pueblos y sus representantes elegidos en los parlamentos nacionales y gobiernos, se encarguen de que existan reglas para impedir que se corran riesgos innecesarios en la vida laboral. Dejemos que ellos elijan las normas más adecuadas para alcanzar las metas de las directivas. Ya existen leyes nacionales en esta materia y se sigue legislando. Las partes del mercado laboral también son muy activas.
Fundamentándonos en el principio de subsidiariedad, los cristianodemócratas suecos votaremos en contra de este informe.

Diamantopoulou
. (EN) Quisiera felicitar al Sr. Skinner por haber sabido formular con tanta habilidad una serie de compromisos que encuentra el justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego.
El resultado es un documento que ciertamente se ha ganado una aprobación considerable, lo cual es todo un logro para esta política tan importante. Este texto es una buena respuesta a los votantes del Sr. Bushill-Matthews y a lo que Europa hace por ellos. Es algo concreto y afecta a la vida diaria de las personas. Utilizando un lenguaje empresarial, quisiera decir que esta directiva está basada no sólo en la solidaridad social y en la justicia social, sino también en aspectos de la competencia. Es por lo que intentamos ayudar a los países candidatos a desarrollar y aplicar políticas en materia de salud y seguridad.
Estas políticas en materia de salud y seguridad son la principal prioridad de la agenda social de la Comisión. Aparte de atender los compromisos específicos recogidos en dicha agenda, hemos comenzado a preparar una comunicación sobre la salud y la seguridad y futuras estrategias en este ámbito. El Parlamento Europeo tiene muchas ideas nuevas y esperamos su contribución a dicha comunicación.
Pasando al texto que nos ocupa, es la segunda modificación de la Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Su objetivo es evitar caídas desde una altura a través del establecimiento de unas disposiciones mínimas sobre la utilización de los equipos de trabajo, como escaleras de mano y andamios. Las caídas desde una altura son la causa de más del 10% de los accidentes laborales y una de cada diez de estas caídas tiene como resultado la invalidez permanente o la muerte de la víctima. Es un problema especialmente grave, oneroso para las empresas y para la sociedad y, lo que es más importante, ocasiona sufrimiento y tragedias humanas a las personas directamente afectadas y a sus familias.
La propuesta actual es un paso muy importante hacia la realización de algo concreto al respecto. Acojo con satisfacción el amplio apoyo del Parlamento. Es evidente que se trata de algo más que de burocracia.
Debido a que mi respuesta debe tratar sobre los pormenores técnicos, porque las normas de este procedimiento así lo exigen, debo ceñirme al texto escrito. Respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento y a las ideas que las sustentan, nos complace aceptar las enmiendas 2, 3, 4, 9, 11, 15, 20 y 22 en su estado actual. En cuanto al texto de las enmiendas 10, 13, 14 y 18, la Comisión está de acuerdo con los principios que impulsan las modificaciones propuestas y puedo aceptar la mayor parte de los textos presentados. No obstante, proponemos algunas modificaciones o añadidos, principalmente para estar seguros de que tenemos en cuenta todas las situaciones posibles y no creamos lagunas involuntarias en la red de seguridad que nos proponemos tejer con la presente iniciativa.
Respecto a la enmienda 10, estamos de acuerdo con la inclusión de una referencia a la evaluación previa de los riesgos, pero preferiríamos una formulación diferente que especifique las circunstancias para la utilización de escaleras de mano. Asimismo, respecto a la enmienda 13, compartimos el deseo de garantizar que no exista la obligación implícita de utilizar plataformas móviles, pero creemos que la mejor forma de lograrlo es con el texto original, con el posible añadido de la frase "de dimensiones adecuadas" .
Asimismo, la enmienda 14 mejorará la directiva, pero para evitar el riesgo de una posible interpretación diferente en el futuro, preferiríamos una ligera modificación del texto, que incluya el mantenimiento del requisito de impedir que los tramos de una escalera telescópica se muevan unos respecto a otros. La causa es que incluso los movimientos repentinos más ligeros, que no representan una amenaza para la seguridad de la escalera, pueden ocasionar la pérdida de equilibrio y la caída del trabajador.
Estamos de acuerdo con la idea principal de la enmienda 18 y las referencias a la fijación de las plataformas y la prevención de desplazamientos involuntarios. No obstante, debemos rechazar la referencia a las "superficies portantes", porque pueden dar lugar a confusión sobre lo que se entiende por "plataforma". También debemos rechazar la referencia a las tablas que forman la plataforma del andamio, ya que ello implica que los sistemas de andamios que utilizan tablas prefabricadas no están cubiertos. Asimismo, las enmiendas 16 y 19 sólo necesitan una ligera modificación para evitar posibles malentendidos más adelante.
Por último, no podemos aceptar las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 25 y 26. No es una cuestión de desacuerdo político, sino sencillamente que las enmiendas 6 y 7 alteran los textos estándar ya aceptados, y las otras enmiendas repiten lo que ya se ha dicho en otra parte. Debemos intentar por todos los medios mantener la legislación comunitaria lo más sencilla posible y evitar cualquier incoherencia en el marco general. Esto es especialmente importante en el ámbito de la salud y la seguridad, en el que a veces surgen dificultades a la hora de aplicar las normativas debido a su complejidad.
Respecto a la enmienda 1, el tema ya está cubierto por el texto. Del mismo modo, la definición de "dispositivos de protección colectiva contra caídas" que se da en la enmienda 8 no es necesaria. Estos dispositivos ya han sido mencionados en la directiva básica y no existe ningún riesgo de que se produzca confusión.
Asimismo, la enmienda 21 es innecesaria, ya que este ámbito ya está cubierto por la Directiva 92/57/CEE y hace referencia a un apartado específico. Una vez más, si repetimos algo que ya se ha definido, existe la posibilidad de interpretaciones encontradas. La enmienda 5 está cubierta por la enmienda 22, que ha sido aceptada tal como está. La enmienda 6 cubre la formación, que ya está incluida en el considerando 7, y la investigación, que no entra en el ámbito de la presente directiva. Asimismo, el considerando 7 utiliza una formulación estándar. Existen, pues, varias razones para no aceptar la enmienda 6. La enmienda 7 propone una modificación del apartado 3 del artículo 2. Se trata de una formulación estándar y, por consiguiente, la Comisión no acepta que se cambie eso.
La Comisión no puede respaldar la enmienda 23 porque el tema de los comités de empresas que se encargan de la salud y la seguridad ya ha sido abordado debidamente en la directiva marco y según la cual, las especificaciones reglamentarias es una cuestión subsidiaria de los Estados miembros. Las enmiendas 24 y 25 deben ser rechazadas porque la formación ya está cubierta adecuadamente, en especial, a raíz de las enmiendas 16, 19 y 22. A pesar de su simplicidad, la Comisión no puede respaldar la enmienda 26, porque preferimos especificar las circunstancias para la utilización de las escaleras de mano.
Resumiendo, me complace que estemos de acuerdo en todos los temas principales, y nuestras diferencias radican en un puñado de aspectos técnicos. Repito mi agradecimiento por su amplio trabajo que mejorará la protección de los trabajadores del ramo. Con la presente iniciativa mejoraremos la protección que nos proponemos proporcionar.

Skinner
. (EN) Señor Presidente, me complace comprobar que la tradición de hablar con la Sra. Comisaria sigue viva y goza de buena salud. Me han complacido mucho los comentarios que ha hecho. Espero que mañana se aprueben las enmiendas del Parlamento y estoy seguro de que se aprobarán, a pesar de que en este Parlamento hay elementos que no parecen querer unirse a los demás y de que celebraremos unas conversaciones interesantes con el Consejo. Me pregunto si la Sra. Comisaria estaría dispuesta a unirse e mí cuando lamento el trato que ha recibido el presente informe, aislando algunas de sus partes - en particular las escaleras de mano - y las sugerencias - entre otros, del Sr. Bushill-Matthews - de que esto es algo inútil cuando no infantil.
Señora Comisaria, espero que reconocerá conmigo que se trata de un deber establecido por el Tratado y que todos debemos atender. La base es el artículo 138, que es el antiguo artículo 118 A - y si no me equivoco, debemos analizar los costes, administrativos y de otro tipo para las pequeñas y medianas empresas, como establece el Tratado. Es una legislación que respeta los intereses de las pequeñas y medianas empresas, y lo que es más importante, protege a los trabajadores que deben utilizar estos equipos. Por eso existe la legislación y debe aplicarse en toda la Unión Europea. Si el Sr. Bushill-Matthews hubiera estado aquí cuando hice mi primera intervención, habría oído algunos de los argumentos que deseo presentar a esta Asamblea, como por qué es importante que exista legislación comunitaria.
Es un gran problema que no oigamos los argumentos, sino que nos limitemos a venir con las ideas ya preconcebidas. De hecho, es una verdadera pena, y espero que la Sra. Villiers vuelva alguna vez y haga una visita a nuestra comisión para oír también algunos de los debates sobre este informe, porque he observado que se marchó poco después de hacer su intervención. Es posible que también leamos sobre ello en la prensa.
Por último, quisiera decir al Sr. Bushill-Matthews, que sí está presente, que el periodista del Daily Mail, al que usted envió sus comunicados de prensa sobre este informe, me llamó para preguntarme acerca de una enmienda concreta que contenía su fraseología y sus palabras, que según dijo el periodista era la parte absurda de toda esta directiva. Quiza deba usted corregirle a él en vez de corregirnos a nosotros.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas.

Normas de competencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0217/2000) del Sr. Evans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, relativo la comunicación de la Comisión sobre las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontales (C5-0304/2000 - 2000/2154(COS)).

Evans, Jonathan
. (EN) Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que, sin duda, la presentación del título de nuestro debate habrá hecho la boca agua a muchos periodistas de Daily Mail, pero los asuntos que estamos examinando son asuntos fundamentales que van directamente al corazón de lo que se pretende alcanzar con la Unión Europea. Es el desarrollo de un auténtico mercado único; porque si conseguimos realizar el auténtico mercado único, no sólo encontraríamos mayor unanimidad en esta Asamblea, sino que además daríamos un gran paso en nuestro deber de servir a nuestros electores garantizando el progreso económico real en Europa. Por consiguiente, esta legislación en particular entra dentro de ese contexto.
Existen varias razones por las que la política de competencia es importante para impulsar esta agenda. El Sr. Comisario, y le felicito por ello, ha aprovechado la iniciativa en términos de la aplicación de la política de subvenciones estatales; debatiremos sobre ello en la segunda sesión en Estrasburgo cuando analicemos otro informe que ahora me dispongo a presentar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. El otro ámbito importante del que se ha venido ocupando el Sr. Comisario es la modernización de la política de competencia. Estamos a la espera de los resultados de la revisión del Comisario de más de 100 respuestas a su Libro Blanco sobre la reforma de prácticas comerciales restrictivas y el abuso del poder de mercado. Hoy mismo he oído que posiblemente recibiremos el resultado antes de que finalice este mes; quizá el Sr. Comisario pueda decirnos algo más al respecto en su momento.
La reforma que estamos analizando, en palabras de la propia Comisión, forma parte de la agenda general de reforma. En ese contexto, quiero decir al Sr. Comisario que las empresas desean una serie de cosas. Ciertamente desean que la Comisión realice consultas sobre si los reglamentos en vigor se han convertido en demasiado legalistas, demasiado burocráticos y si podrían simplificarse. No tengo ninguna duda de que las propuestas del Sr. Comisario lograrán dicha simplificación. Las empresas desean una mayor confianza en toda la serie de mecanismos nuevos que el Sr. Comisario se propone presentar como parte del paquete general de reformas. Por consiguiente, quisiera preguntar a la Comisión cómo ve esta reforma concreta, que no es polémica, en el contexto de su reforma más amplia de la política de competencia que, como bien sabe el Sr. Comisario, por ponerlo en términos suaves, es ligeramente más polémica.
Permítame pasar a continuación a algunos de los pormenores de las propuestas en particular sobre las que la Comisión ha pedido la opinión del Parlamento. En primer lugar, acojo con satisfacción este proceso. El Sr. Comisario invita al Parlamento a expresar su parecer sobre el documento elaborado en abril del presente año. Básicamente, hay una serie de ámbitos en los que, a pesar de estar de acuerdo con el impulso que se está dando a la reforma, pienso que la Comisión podría considerar este asunto con mayor detenimiento. En primer lugar, quisiera que el Sr. Comisario explicara por qué existe un contraste entre el tratamiento de las limitaciones horizontales y las verticales. Me gustaría que el Sr. Comisario nos indicara si, en su momento, tiene intención de especificar nuevas categorías de exención en la legislación. Ya he indicado que las empresas están convencidas de que la duración de la exención en los casos de investigación y desarrollo debe ampliarse a un plazo de diez años. Habida cuenta de que los propios documentos de la Comisión dejan claro que los acuerdos de cooperación horizontal generalmente no se celebran para trabajar en contra de los intereses de los consumidores, le agradecería al Sr. Comisario que nos indicara cuál es su respuesta en este ámbito en particular.
También le agradecería que nos aclarara cuál es la situación respecto a los "suministros entre colegas", entre otros motivos, porque es un tema que preocupa al Sr. Berenguer Fuster. Sé que él ha presentado enmiendas relativas a este punto.
Tengo especial interés en obtener garantías de que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar una vuelta a la nacionalización del Derecho de la competencia, y agradecería al Sr. Comisario que nos dijera qué garantías puede darnos en este sentido.
Por último, las empresas preferirían un período de transición más largo; también preferirían que la Comisión no se limitara a analizar la cuota de mercado a la hora de hacer una evaluación del poder de mercado. Para los objetivos que propone la Comisión, puede que sea adecuado, pero decidir sobre el poder de mercado únicamente en base a una evaluación de la cuota de mercado es una ciencia demasiado inexacta.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ponente, Señorías, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente al ponente, Sr. Evans, su informe y también su presente intervención, en la que ya ha situado el informe y la Comunicación de la Comisión dentro del contexto más amplio de la reforma necesaria de la política de la competencia.
Somos conscientes de la rapidez con que se está transformando la economía mundial y, por lo tanto, también de la importancia creciente de la investigación y el desarrollo tecnológicos y de la cooperación entre las empresas, así como de la necesidad de una especialización de las mismas y, por consiguiente, también de los acuerdos de especialización. La competencia no constituye para nosotros un fin en sí mismo, sino un medio para fomentar el crecimiento y el empleo, y quienes, como el Comisario y nosotros mismos, abogamos por un mercado interior operativo, inspirado en el modelo de la economía social de mercado, no propugnamos una competencia sin restricciones, sino en el marco de los necesarios principios políticos de responsabilidad, también con respecto al futuro y a las demás personas.
Como ya se ha dicho, la reforma es muy bienvenida y la cooperación entre empresas, necesaria; la comunicación concede una mayor libertad a las empresas para establecer acuerdos de cooperación y va a impulsar una simplificación, flexibilización y liberalización. Estos son los aspectos favorables. Sin embargo, también tenemos algunas críticas y peticiones. El ponente ya ha esbozado algunas; yo quisiera volver a insistir sobre ellas. En primer lugar, señor Comisario, nosotros pensamos que cuando las personas asumen una mayor responsabilidad personal, también anhelan una mayor seguridad jurídica. En consecuencia, yo me pregunto si el tratamiento diferenciado de las restricciones horizontales y verticales contribuye realmente a aumentar la seguridad jurídica o si no sería tal vez preferible englobarlas en un único reglamento de exención por categorías.
En segundo lugar, nosotros pedimos que la explotación conjunta de los resultados no se limite a cinco años, sino que se amplíe a diez años. También le pedimos que aclare de manera inequívoca, mediante su inclusión en las directrices, que los acuerdos mutuos o también sólo unilaterales de suministro -los llamados "suministros entre colegas" - no resultan afectados por la prohibición del apartado 1 del artículo 81. En el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios manifestamos asimismo que a nuestro parecer sería conveniente reconsiderar la definición de la cuota de mercado. ¿A qué mercado se refiere? ¿Al mercado de compra, al de venta, al mercado nacional, al regional? Todos sabemos que el mercado de las empresas se modifica continuamente. También expresamos nuestra preocupación por el hecho de que las directrices 122 y 141 establecen un umbral arbitrario de poder de mercado del 15%. A nuestro parecer, es necesario elevar dicha umbral, como también sería preciso ampliar a dos años como mínimo el período de transición para la introducción de estos reglamentos, con el fin de conseguir todos los objetivos previstos.

Berenguer Fuster
Señor Presidente, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Evans por su magnífico informe y señalar una vez más el alto índice de coincidencia que hemos tenido ambos a la hora de analizar el conjunto de las reformas del Derecho comunitario de la competencia, así como las consecuencias sociales de la competencia.
Es verdad que, como resultado de una adecuada política de la competencia, los grandes beneficiarios son los consumidores, el conjunto de los ciudadanos. No miremos a esta norma como algo que preocupa exclusivamente a las empresas; nos interesa a todos los ciudadanos. Coincidimos también en valorar positivamente los intentos de la Comisión de modernización y reforma del Derecho comunitario de la competencia.
Debemos felicitar al Sr. Monti y al conjunto de la Comisión por su coraje y valentía para llevar a cabo una reforma, en la que está empeñada la Comisión, que fue iniciada hace años. Ya he tenido ocasión de comentar en otras intervenciones que, en mi opinión, no solamente es necesaria sino que además va en la buena dirección. El camino elegido por la Comisión es un buen camino.
A los casi 40 años de su aplicación, el Derecho comunitario de la competencia había empezado a dar signos de agotamiento. No cabe ninguna duda de que las normas de la competencia incluidas en el Tratado y en el Derecho derivado han contribuido decisivamente a que se extendiera la cultura de la competencia, al tiempo que han sido fundamentales para la realización del mercado único.
Por otra parte, las decisiones de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia han gozado de un bien ganado prestigio para lograr ese fin. Pero no hay que olvidar que esas normas eran, en un momento inicial, normas extrañas en el Derecho europeo. La tradición jurídica europea, sobre todo la continental, estaba centrada más en los aspectos de la competencia desleal; los aspectos de la libre competencia fueron importados de los Estados Unidos. Un maestro mercantilista español -el profesor Garrigues- decía de forma muy gráfica que los soldados americanos que vinieron a luchar en Europa en la Segunda Guerra Mundial trajeron en sus mochilas la legislación "antitrust" . Ahora bien, esos aspectos positivos no podían ocultar algunas deficiencias que tradicionalmente habían sido puestas de manifiesto por los expertos. Quizás la crítica más fundada se refería a la rigidez de las normas. Es cierto que tal vez en un principio fuera necesario aplicar las normas con esa rigidez, porque había que aplicar normas nuevas, importadas de los Estados Unidos, de acuerdo con la tradición jurídica continental.
Hago un inciso para señalar que no resulta extraño que la valoración y la preocupación del Sr. Evans no coincidan exactamente con las de su compañero de Grupo parlamentario, el Sr. Karas. El Sr. Evans actúa más como un jurista anglosajón, mientras que el Sr. Karas ha demostrado tener las preocupaciones normales de los juristas continentales. Creo que esta reforma va orientada más bien en la línea del Derecho anglosajón y yo, a pesar de ser un jurista continental, me muestro de acuerdo con ella. No tengo tanta preocupación por la seguridad jurídica como otros.
Es verdad, de todas formas, que aquello que era aceptable hace veinte o treinta años no tiene por qué ser aceptable hoy. Hoy en día, el mercado interior ya es una realidad y la cultura de la competencia ya está suficientemente extendida. El cambio, pues, era necesario. Ya no es posible aplicar unas normas de la competencia que no tengan en cuenta el análisis económico y la consideración del poder del mercado.
En materia de restricciones verticales ya se han aprobado los nuevos reglamentos de exención por categoría y las directrices de su aplicación. Ahora ha llegado el momento de introducir la reforma en materia de restricciones horizontales. En este campo, la Comisión nos trae ahora dos propuestas de reglamento, uno dedicado a los acuerdos de investigación y desarrollo, y otro dedicado a regular los acuerdos de especialización, acompañados de unas directrices. Es de señalar, como hace el informe, que se observa ahora una diferencia en cuanto al tratamiento de las restricciones verticales y las horizontales ya que, en el caso de las restricciones verticales, había un reglamento único y unas directrices que cubrían la totalidad de posibilidades reguladas en dicho reglamento. En las restricciones horizontales, sin embargo, hay unas directrices que, en buena medida, son más amplias que los dos aspectos concretos regulados por las dos propuestas de reglamento.
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha presentado ante este Pleno cinco enmiendas que expresan algunas de nuestras preocupaciones. Entre ellas, llamo la atención sobre nuestra preocupación por la falta de tratamiento de los cárteles de crisis que estaban incluidos en la anterior reglamentación y que aquí han desaparecido sin la suficiente justificación. Pido, por lo tanto, el voto favorable para estas enmiendas.
En definitiva, Señorías, como consecuencia de la reforma, la Comisión va a poder centrarse en la persecución de las conductas de quienes tienen poder de mercado, porque esas conductas son las realmente anticompetitivas y dañinas para el mercado. En esa orientación, insisto, estamos de acuerdo. Parece que por fin podremos decir adiós al rigorismo, al formalismo y dar la bienvenida al análisis económico en el Derecho europeo de la competencia.

Theonas
Señor Presidente, con las propuestas que formula en el informe que debatimos, nuestro ponente, el Sr. Evans, le pide a la Comisión que flexibilice las normas de competencia que promueve para los acuerdos de cooperación horizontales entre empresas que funcionan en el mismo nivel de mercado.
Se muestra así la Comisión inspirada por convicciones antimonopolistas más serias que las del Parlamento Europeo, cuando debería, lógicamente, ocurrir lo contrario. El Parlamento Europeo deberá ser más sensible a las repercusiones sociales de la política de competencia. Mucho más cuando, aun si dispusiéramos de la legislación antimonopolio más severa, lo que caracteriza a la realidad que vivimos es la abusiva posición prominente en el mercado de grandes empresas monopolistas, el impulso diario de fusiones, absorciones y compras de empresas gigantescas, y la creación de grupos monopolistas a escala planetaria, proceso que, por lo general, conlleva miles de despidos e importantísimas repercusiones en el empleo y en la explotación monopolística de recursos, mercados y consumidores. Esta realidad debería hacernos más cuidadosos y más rigurosos, a fin de que no asistamos al fenómeno de que los acuerdos de cooperación horizontales tengan la suerte y los resultados del control de las fusiones y de las restricciones verticales.
A la luz de estas consideraciones, no podemos apoyar las propuestas que postulan flexibilizar las restricciones de la política que propone la Comisión.

Monti
. (IT) Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Evans por la calidad y la importancia de su informe. Asimismo quiero expresar el reconocimiento de la Comisión a la constructiva atención que el Parlamento presta en todo momento a los temas de la competencia que consideramos un instrumento importante en el marco de la economía social de mercado, a la que se ha referido el Sr. Karas, y cuya finalidad, como ha subrayado el Sr. Berenguer Fuster, al fin y al cabo es la defensa de los consumidores. El mismo Sr. Berenguer ha comprendido perfectamente el enfoque que la Comisión Europea pretende dar, es decir, una mayor atención al análisis económico en el desarrollo de la política de competencia, aunque tratamos de conciliar este aspecto, como han pedido los Sres. Karas, Evans y otros, con el máximo grado posible de seguridad jurídica para las empresas.
Ahora bien, el debate de hoy versa sobre un importante aspecto de nuestros intentos de modernizar la política de competencia. La Comisión ha elaborado, por un lado, una modificación de los reglamentos de exención por categorías sobre los acuerdos en materia de investigación y desarrollo y sobre los acuerdos de especialización y, por otro, un proyecto de directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 a los acuerdos de cooperación horizontal. De esta forma, la Comisión se ha propuesto codificar la jurisprudencia y la práctica en la materia tal como han ido evolucionando en la evaluación de los casos individuales a lo largo de todos estos años, sin por esto cambiar radicalmente los criterios de evaluación de los acuerdos de cooperación horizontal según el Derecho comunitario. En consecuencia, la finalidad de estos textos es aclarar los criterios seguidos para la aplicación de la política de competencia en este terreno y no modificarlos.
Quiero destacar este aspecto debido a algunas críticas formuladas a la propuesta de la Comisión que escondería una profunda revisión del enfoque en relación con los acuerdos de cooperación horizontal. Pues bien, se trata de argumentaciones que carecen de todo fundamento. Según un planteamiento generalmente compartido, los acuerdos celebrados entre competidores son susceptibles de limitar la competencia mucho más que otras formas de acuerdos. Éste es concretamente el caso de los acuerdos entre competidores tendentes a fijar los precios, repartir el mercado o limitar la producción. Ciertamente no es nuestra intención obligar a nadie a considerar que los acuerdos horizontales que producen serios efectos negativos en la competencia, se tratarán de una manera menos rigurosa en el futuro. No obstante, a falta de restricciones fundamentales, es necesario que los acuerdos sean examinados en su contexto económico, al objeto de comprobar si producen efectos perjudiciales en el mercado.
Más bien, de lo que se siente la necesidad es de actualizar y aclarar la regulación de los acuerdos horizontales y ello por dos razones fundamentales: primera, dado que esta regulación representa una respuesta a la realidad económica actual, las empresas deben reaccionar ante la creciente presión de la competencia y adaptarse a un mercado en continua evolución. Con frecuencia la cooperación puede constituir una forma de compartir los riesgos, realizar economías, poner en común el know-how y lanzar al mercado las innovaciones más rápidamente. La cooperación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, es un instrumento importante. Los consumidores podrán beneficiarse de estas ventajas económicas con la condición de que se mantenga una competencia efectiva en el mercado.
La segunda razón que nos ha inducido a revisar la normativa en esta materia se debe a que una aclaración de las normas es fundamental de cara a nuestro empeño en modernizar la política de competencia, un empeño cuya envergadura el ponente, Sr. Evans, ha captado en todo su calado. Se lo agradezco, así como le agradezco la referencia a las ayudas de Estado, otro elemento no menos importante de la política de competencia. El planteamiento seguido es similar al adoptado recientemente en relación con los acuerdos verticales y responde sustancialmente a dos objetivos: evitar a la Dirección General de Competencia examinar casos que no revisten interés para la política de competencia y permitir a las propias empresas evaluar si un acuerdo es o no restrictivo de la competencia y si puede beneficiarse de una exención.
La propuesta de resolución demuestra que el Parlamento comparte los objetivos de esta reforma. Las cuestiones planteadas - por ustedes y por otras instancias - son sugerencias extraordinariamente valiosas. Ya desde ahora, puedo informarles que es mi intención aceptar la mayor parte de estas sugerencias. En particular, en lo referente a los reglamentos de exención por categoría, voy a recomendar al Colegio de la Comisión que se ajuste a su opinión en relación con tres puntos importantes: primero, la duración máxima de la exención para los acuerdos de investigación y de desarrollo debería abarcar un período más largo de los actuales cinco años. Sin embargo, es preciso alcanzar un compromiso entre los intereses de las empresas de explotar los resultados de su investigación y el interés público de garantizar la competencia en los nuevos mercados. En consecuencia, voy a proponer ampliar la duración de la exención no a diez, sino a siete años.
Segundo: las restricciones relativas a la posibilidad de que las partes exploten los resultados de los proyectos de investigación y desarrollo en común deberían ser lo más limitadas posibles, al objeto de incentivar la divulgación del conocimiento que a su vez sirve al progreso técnico y económico. En virtud de sus observaciones, propondré que, en todo caso, dichas restricciones intervengan normalmente sólo hasta que las mismas afecten a empresas no directamente competidoras.
Tercero: el período transitorio debería ampliarse. A este propósito, se puede seguir el ejemplo del reglamento de exención por categorías sobre los acuerdos verticales y pensar en un período de 18 meses. Por lo que se refiere a las directrices, no cabe duda de que estaremos en disposición de responder a su solicitud de hacer una distinción más concreta entre las directrices relativas a los acuerdos horizontales y a los verticales, así como de arrojar más luz sobre el tratamiento de los acuerdos de suministro industrial.
La Comisión tiene el propósito de aprobar la versión definitiva de los reglamentos de exención por categoría y de las directrices antes de finales de este año. De esta manera, en realidad, no solo se evitará un vacío legal después de la expiración de los reglamentos actuales, sino que se contribuirá de forma sustancial a mantener la política comunitaria al compás de los tiempos.
Señor Presidente, se han abordado otros muchos puntos importantes e interesantes. No tengo tiempo de referirme a todos ellos, sin embargo, quiero hacer unas observaciones. Señor Theonas, usted se ha referido a las concentraciones. Seguramente no se le escapa la atención con la que la Comisión ejerce sus competencias en materia de control de las concentraciones. Nos atenemos rigurosamente, como el reglamento nos indica, al criterio de prohibir concentraciones si éstas determinan la creación o el reforzamiento de una posición dominante. Con frecuencia esto no ocurre, este peligro no existe, también porque las empresas, al darse cuenta de esta necesidad, proponen remedios a veces muy, muy eficaces.
El Sr. Evans ha planteado la cuestión de los "suministros entre colegas". Reconozco la necesidad de que en las directrices se elabore el tratamiento que debe darse a los acuerdos de suministro unilaterales. Se hará en el capítulo sobre los acuerdos de producción.
Los cárteles de crisis, señor Berenguer, persiguen el objetivo concreto de reducir la producción y elevar los precios; por consiguiente, siempre tienen un efecto restrictivo sobre la competencia. Eso no excluye la posibilidad de que dichos cárteles queden exentos en virtud del apartado 3 del artículo 81. Esto sólo sería posible, sin embargo, tras un examen individual del caso y de las ventajas del acuerdo. Por este motivo no sería adecuado incluir dichos acuerdos en las directrices.
Por último, ¿cómo encaja todo esto en el esfuerzo más amplio de modernización? En primer lugar, puedo confirmar al Sr. Evans que espero que la Comisión adopte una propuesta de reglamento para reformar el Reglamento 17 de 1962 antes de que finalice este mes. Dicha reforma incluye la eliminación del sistema de notificación.
No obstante, señor Karas, eso no debería reducir la seguridad jurídica de las empresas. Para garantizar este extremo, la Comisión está clarificando sus actuales normas sustantivas. Ya lo hemos hecho en el caso de la distribución - acuerdos verticales - y ahora lo estamos haciendo para los acuerdos horizontales. Nuestras directrices relativas a las exenciones por categoría y nuestros avisos reforzarán la seguridad de las empresas sobre el contenido de nuestras normativas y para evaluar sus acuerdos en el espíritu de un esfuerzo general de modernización. Esto no puede ser considerado una vuelta a la nacionalización de la política de competencia, aunque sí se beneficiará, más que en el pasado, de la cooperación de las autoridades nacionales en materia de competencia y de los tribunales nacionales en el esfuerzo general de aplicar las reglas de competencia comunitarias.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 11.00 horas.

Dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0215/2000) del Sr. Wijkman, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el dictamen de la Comisión relativo a las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas destinadas a favorecer la plena integración de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo de los países en desarrollo (por el que se modifica la propuesta de la Comisión) (C5-0283/2000 - 1999/0020(COD)).

Wijkman
. (SV) Señor Presidente, el reglamento que vamos a discutir alude a las condiciones para intentar mejorar, dentro de la política de ayudas al desarrollo de la Unión, la preocupación por el ambiente físico y la base de recursos naturales, en relación con diversos proyectos de desarrollo.
Esta materia es importante. Sabemos que el crecimiento económico a menudo tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, ya sea durante la explotación de los recursos naturales, durante la propia producción industrial o al momento de usar los productos. Los daños medioambientales tienen efectos negativos en la salud. Amenazan la diversidad biológica y también pueden implicar daños a largo plazo para la capacidad de producción de los sistemas naturales. Cuando esto sucede, si sucede, también se ve afectada la salud de las economías. Mediante la adopción de medidas preventivas y la elección de métodos y tecnologías que perjudiquen tan poco como sea posible al medio ambiente, será posible alcanzar crecimiento económico y simultáneamente velar por el medio ambiente. Esto es importante en nuestros propios países, pero en la Unión Europea aún nos queda mucho camino por recorrer. También tiene importancia en los países en desarrollo, especialmente en relación con el incremento de la colaboración con la Unión Europea.
Para integrar los criterios relacionados con el respeto al medio ambiente, hay que desarrollar tanto los métodos y los proyectos de demostración como el entrenamiento y la formación del personal de la Comisión y de los países receptores. El reglamento que discutimos se ocupa de esto en detalle y asigna recursos suficientementes para su ejecución.
Señor Presidente, este tema ha sido tratado dos veces por el Parlamento. La última vez hubo muchas más discrepancias entre nuestras opiniones y las de la propuesta aprobada por el Consejo. Se inició la conciliación, cuyo resultado vemos hoy. Desde el horizonte del Parlamento, opino que debemos celebrar con gran satisfacción el resultado de la conciliación. En muchos aspectos importantes hemos logrado lo que buscábamos. Permítanme referirme a tres puntos importantes:
En primer lugar, el presupuesto es casi el doble comparado con el original. Hemos pasado de 50 a 93 millones de euros.
En segundo lugar, un aspecto esencial era el grado de injerencia de los países miembros en las propias actividades. En cuanto a esto, la posición del Parlamento ha sido elegir la mínima injerencia posible, es decir, otorgar a la Comisión la responsabilidad principal y después hacer una evaluación. El acuerdo alcanzado implica que la codecisión solamente tendrá lugar en actividades cuyos montos excedan 2,5 millones de euros, es decir, se exige la participación activa de los Estados miembros. En mi opinión, esto es provechoso. Si nuestro objetivo es, y debiera ser, simplificar y desburocratizar las ayudas al desarrollo para acortar así la distancia entre las promesas y los compromisos y las actividades realizadas, un requisito indispensable para alcanzarlo es la disminución de la injerencia de los Estados miembros en esas actividades. Con la conciliación que se ha alcanzado, hemos dado un importante paso en esa dirección.
En tercer lugar, en la segunda lectura exigimos que el reglamento no fuese limitado en el tiempo, es decir, que este tipo de actividades se debería planificar a largo plazo. Considerando que esta actividad se evaluará después de cuatro años y a continuación se adoptarán decisiones sobre el futuro, opino que, con todo, deberíamos estar satisfechos. Después de la evaluación podremos fijar líneas directrices, aún más detalladamente que hoy, para esta importante actividad.
Por tanto, señor Presidente, mi recomendación es que el Parlamento apruebe el resultado de la conciliación.

Scheele
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento es una de las primeras a las que se aplica el procedimiento de codecisión en el ámbito de la política de desarrollo. El Parlamento Europeo ha hecho honor a la mayor responsabilidad que implica su mayor poder de decisión. Muchos opinaban que este reglamento se debía aprobar lo más pronto posible y el Parlamento Europeo debía renunciar, por consiguiente, a muchas de las enmiendas propuestas. El camino elegido fue sin duda acertado y conseguimos introducir algunas mejoras en la propuesta de reglamento.
Una de las mejoras más importantes, que ya ha citado el ponente, es una financiación adecuada de las posibles actuaciones previstas en el reglamento. El incremento de los créditos de 50,4 millones de euros a 93 millones de euro, o sea, prácticamente el doble, es un éxito satisfactorio, aun cuando sabemos que se requeriría un montante muy superior, dada la importancia de esta cuestión para nuestro futuro común. Esto nos conduciría, sin embargo, a un debate político más general, que obviamente rebasa el marco del presente reglamento.
Gracias a nuestras enmiendas, conseguimos introducir algunas modificaciones en el artículo 3, que establece el tipo de medidas que se deberán desarrollar. Yo lamento que no se aceptase la enmienda del Parlamento Europeo en la que se pedía que, en caso necesario, se renunciase a la exigencia de avales bancarios o garantías, con objeto de ampliar al máximo el abanico de solicitantes y el grupo destinatario. Aun así, yo creo que el Parlamento y el ponente han conseguido un éxito satisfactorio.

Isler Béguin
Señor Presidente, ocho años después de la Conferencia de Río, dónde los Estados de las Naciones Unidas reconocieron que medio ambiente y desarrollo iban definitivamente unidos, la Unión Europea adopta por fin una reglamentación para que el medio ambiente se integre en los proyectos de desarrollo de los países en desarrollo. Así, aunque podemos felicitarnos por el esfuerzo financiero realizado con la conciliación - y deseo, en nombre de mi Grupo, darle las gracias al ponente - , este presupuesto se queda corto frente a las considerables necesidades y a las aún mayores expectativas de las poblaciones afectadas.
Conceder un poco más de 15 millones de euros durante seis años a los países en desarrollo: Africa, Caribe, América del Sur, ¿no es quedarse con la conciencia tranquila, cuando es conocida la situación económica, ecológica y social de estos países desheredados?
Esta línea presupuestaria que pretende promover la plena integración del medio ambiente en los proyectos de desarrollo no debe en modo alguno significar que, para los demás proyectos, se deje de lado la dimensión medioambiental. Quiero recordarles que el desarrollo duradero, que integra plenamente al medio ambiente, es más que nunca el único modelo de desarrollo que puede responder a las exigencias tanto de los países desheredados del Sur, como de los degradados del Norte.

Nielson
. (EN) En nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente, Sr. Wijkman, y a los miembros de la delegación de conciliación por haber elaborado un paquete de compromiso que el Consejo ya ha adoptado formalmente.
La Comisión apoya la propuesta de reglamento que hoy nos ocupa. La considera un instrumento valioso para llevar a cabo actividades estratégicas y piloto en materia de medio ambiente. Naturalmente, es un instrumento complementario de aquellos otros de que dispone la Comisión.
Afortunadamente, nuestras actividades en el ámbito de medio ambiente y desarrollo no se limitan a las acciones financiadas en virtud de esta normativa. Estamos integrando la mejora del medio ambiente en todo aquello que hacemos. Por tanto, nos proponemos utilizarla de una manera estratégica, centrándonos, en particular, en el apoyo a los distintos convenios internacionales en materia de medio ambiente.
Los planes para financiar los proyectos que cumplan los objetivos de la normativa se encuentran en una fase muy avanzada. Una vez que haya sido aprobada formalmente y se hayan destinado fondos, procederemos a ultimar los acuerdos para poder aplicarlos. Se trata, no obstante, de una carrera contra el tiempo porque nos acercamos al final del ejercicio financiero.
Una vez más, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento por sus esfuerzos para garantizar la aprobación de este reglamento y por el interés que han demostrado muchas de sus Señorías. Estoy seguro de que el reglamento nos proporcionará una herramienta muy útil para garantizar que en nuestra cooperación al desarrollo se tiene plenamente en cuenta la dimensión ambiental.

Conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0216/2000) del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0284/2000 - 1999/0015(COD)) por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo.

Fernández Martín
. Señor Presidente, con este informe sobre el Reglamento para la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo de bosques en los países en vías de desarrollo, así como con en el precedente informe presentado por el Sr. Wijkman, el Parlamento culmina hoy, y mañana con la votación correspondiente, el ejercicio, por primera vez, de sus nuevas competencias de codecisión en materia de cooperación y desarrollo. El procedimiento concluye después de un largo período de tiempo, pues hemos dedicado casi tres años a la primera y segunda lecturas y al debate en conciliación.
Como ponente quiero expresar mi satisfacción, porque estimo que tan largo período ha sido fructífero, permitiendo alcanzar un acuerdo sobre el texto del Reglamento para el que hoy pido al Pleno del Parlamento su voto favorable. Partíamos de posiciones muy distantes. Básicamente, las diferencias entre el Parlamento y el Consejo se referían a la financiación presupuestaria del programa, al calendario y a la comitología.
El Parlamento había propuesto, ya en los trámites precedentes, numerosas enmiendas que el Consejo y la Comisión habían hecho suyas y debo decir -es justo reconocerlo- que la gestión que la Comisión había realizado del programa precedente, su alto nivel de ejecución y sus buenos resultados han servido para que el ponente, con el respaldo de la Comisión de Desarrollo, haya podido persuadir al Consejo de la necesidad del mantenimiento del programa con un grado de financiación suficiente para garantizar su éxito.
Los bosques tropicales y sus diversas funciones y utilidad para la humanidad pueden contribuir en buena medida al logro de los objetivos de la Unión, no sólo en materia de desarrollo y medio ambiente, sino en sus objetivos de lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social sostenible.
Con este Reglamento, la Unión Europea proporciona ayuda financiera y técnica apropiada a fin de promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en vías de desarrollo, de modo que los bosques puedan cumplir sus funciones como generadores de riqueza y de desarrollo social con los criterios medioambientales sostenibles que se espera de ellos a escala local, nacional y mundial.
Se dice en el Reglamento que la gestión sostenible de los bosques debe buscar la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las poblaciones dentro del límite de la capacidad de los ecosistemas, manteniendo el patrimonio natural y su diversidad biológica. Ello debe hacerse fomentando la participación activa de las poblaciones que dependen de los bosques y de las comunidades locales en la elaboración de las políticas nacionales y en la planificación en materia de desarrollo. Para ello es preciso mejorar la coordinación y el flujo de información entre los proyectos de la Comisión -los que la Comisión presente a lo largo de los próximos años- y los de los Estados miembros, a fin de lograr actuaciones más coherentes y un mejor aprovechamiento, por tanto, de los recursos.
En materia presupuestaria debemos alegrarnos de que, después de las restricciones que, con carácter general, han impuesto los planes para la reconstrucción de Kosovo, podamos hoy contar con una dotación de 249 millones de euros partiendo, como se partía, de una propuesta inicial del Consejo de 9 millones de euros para un período de 6 años, de aquí hasta el 2006. Ello permitirá una financiación suficiente para cumplir los objetivos al menos con la misma eficacia con que se han cumplido en el período que termina ahora.
Sin embargo, en materia de comitología es conocida la posición diferente que el Parlamento, especialmente la Comisión de Desarrollo, mantiene respecto a la del Consejo. Nosotros tenemos una posición más proclive a dar mayores competencias a la Comisión en este campo. No hemos podido lograr un acuerdo, pues este acuerdo está a la espera de una aproximación global al problema. Pero, al menos, la Comisión de Desarrollo puede sentirse satisfecha porque, en esta cuestión de comitología, se ha alcanzado un acuerdo que permite establecer las previsiones presupuestarias necesarias y un calendario preciso para mantener una información puntual sobre las directrices estratégicas y las prioridades de ejecución de las actuaciones para los próximos años.
Es, en definitiva, señor Presidente, un buen acuerdo para un buen programa para la conservación de los bosques tropicales.

Scheele
Señor Presidente, la presente propuesta de reglamento por el que se establecen medidas destinadas a promover la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo está estrechamente relacionada con la anterior, no sólo en lo que respecta a su contenido. Las presiones y los argumentos políticos a favor de agilizar al máximo su aprobación fueron también bastante parecidos a los que intervinieron en el caso de la propuesta de reglamento que acabamos de debatir. También en este caso optamos por una conciliación a pesar de todas las advertencias agoreras y logramos, a mi parecer, mejoras substanciales en el contenido del reglamento.
La participación activa de las comunidades locales y de la población directamente afectada en el desarrollo de la política silvícola nacional y la planificación del desarrollo figura ahora entre los objetivos del reglamento, lo cual constituye, a mi parece, un considerable paso adelante desde el punto de vista del contenido. El Parlamento Europeo ha conseguido asegurar una financiación adecuada. En su propuesta, el Consejo preveía un marco financiero ridículo, de 63 millones de euros para un período comprendido entre 2000 y 2006. El Parlamento pidió y también consiguió 249 millones de euros para el mismo período, con lo cual también dejó bien patente que no estamos dispuestos a aceptar que la reconstrucción de los Balcanes, aun siendo muy necesaria, se contraponga a la política de desarrollo y la cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
Es importante que la Comisión informe anualmente al Parlamento sobre las directrices y prioridades que ha establecido. Dicho requisito, junto con la obligación de informar anualmente sobre los proyectos y medidas financiados, que prevé el artículo 11 del reglamento, constituye a nuestro modo de ver la base para detectar a tiempo cualquier error de orientación.

Celli
Señor Presidente, pienso que la conservación de los bosques tropicales debe depender de la concesión de fondos, contribuciones, etcétera, pero sobre todo - y esto es lo que me ha gustado en este reglamento - de la participación activa de las poblaciones locales facilitándoles algunas ideas de cara al futuro, así como a una gestión realmente sostenible de los bosques. Quiero recordar que, hace muchos años, en la revista Nature se publicó un reportaje sobre un bosque peruano y sobre la manera de explotarlo lo mejor posible. En dicho bosque existía una biodiversidad espectacular, como existe siempre en estos bosques: más de 270 especies vegetales en una sola hectárea, mientras que aquí sólo hay 6 o 7 en una hectárea de bosque.
Ahora bien, esta rica biodiversidad - que no es sólo vegetal - tiene un rendimiento económico ya de por sí realmente impresionante. Existen, sin embargo, distintas maneras de obtenerlo: por ejemplo, se pueden talar todos los árboles y vender la madera obteniendo 5.000 francos franceses, más otros 15.000 por conversión en terreno de pasto - el caso más frecuente - o también en terreno de cultivo. Este terreno, muy pronto, dado que es pobre en humus, acaba por desertificarse.
Una práctica que, por el contrario, puede durar muchos años, sería explotar los bienes que ofrece este terreno como los frutos y los productos del sotobosque, así como llevar a cabo talas controladas obteniendo una renta anual de 2.000 francos que, sin embargo, tiene una duración continua, prácticamente perenne.
Éste es sólo un ejemplo para decir que creo mucho en el principio de prestar servicios, informaciones técnicas, sugerencias sobre el modus operandi a estas poblaciones para que sean ellas las que sostengan sus bosques, con el convencimiento de que les conviene hacerlo de esta manera en lugar de llevar a cabo esas talas que están devastando muchísimas de estas zonas valiosas para la atmósfera de nuestro planeta.
Y termino recordando un aforismo del Libro Rojo de Mao - que ya no se lee, pero que algunas veces resulta todavía útil - que reza: "No regales al pescador peces; enséñale a pescar mejor" .

Nielson
. (EN) En nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente por su labor en la realización de este reglamento. Felicito al Sr. Fernández Martín y a los demás miembros de la delegación de conciliación por sus esfuerzos para poder concluir con éxito el Reglamento sobre los bosques tropicales.
La Comisión apoya la propuesta de documento que tenemos ante nosotros. Al igual que en el caso de la partida presupuestaria para medio ambiente, nos proponemos utilizar la partida presupuestaria para los bosques tropicales de una manera estratégica y en coordinación con las acciones financiadas en el marco de otros instrumentos de que dispone la Comisión.
A nivel internacional, preveo que este reglamento será una herramienta importante para el fomento, por parte de la Comunidad, de las conclusiones del Foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los bosques. Este ámbito, como se ha expresado claramente en dichas intervenciones, es crucial para la biodiversidad, el clima y para nuestra conciencia respecto a entregar a las generaciones futuras una Tierra que tenga estas cualidades. Aquel que haya experimentado la emoción de encontrarse en un bosque tropical jamás olvidará la experiencia y ciertamente no querrá negarle eso a sus hijos.
Una vez más, doy mi enhorabuena al Parlamento por haber culminado con éxito el Reglamento y le expreso asimismo mi agradecimiento por su aportación durante la primera y la segunda lecturas del reglamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Nielson.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Cooperación al desarrollo: complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0227/2000) de la Sra. Ferrer, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión (COM(1999) 218 - C5-0179/1999 - 1999/2156(COS)) sobre la complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Ferrer
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el aumento de la pobreza, a pesar del crecimiento paulatino del producto interior bruto mundial durante los últimos decenios, la actual tendencia de los Estados miembros a disminuir los fondos destinados a la ayuda oficial al desarrollo en beneficio de la inversión directa, de la cual tan solo un 1 % se destina a los países menos desarrollados -lo que acrecienta la brecha que separa a estos países de los países ricos o en vías de desarrollo-, y la convicción de que el proceso de globalización puede aumentar las dificultades de los países pobres, son todos ellos factores que ponen en evidencia la imperiosa necesidad de mejorar la eficacia de las políticas de cooperación al desarrollo.
También en materia de democracia y respeto de los derechos humanos estamos muy lejos de los parámetros deseables: golpes de Estado, violencia, guerras y violaciones de los derechos humanos siguen formando parte de la realidad de los países menos desarrollados que conviene, por tanto, contribuir a corregir.
En este contexto, resulta indispensable reforzar la complementariedad de las políticas de cooperación al desarrollo que llevan a cabo la Comunidad y los Estados miembros. En primer lugar, porque la complementariedad permite aprovechar la sinergia que resulta de un enfoque coordinado de las acciones a llevar a cabo, no sólo por la Unión Europea sino por todos los donantes internacionales, lo cual mejorará el impacto de dichas acciones. En segundo lugar, porque permite aportar un elemento de valor añadido a las intervenciones de los Estados miembros, lo cual ayudará a optimizar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo y obtener mejores resultados. En tercer lugar, porque permite mejorar la visibilidad de la Unión Europea y hacer más creíble su política de desarrollo, lo cual le servirá para poder ejercer la influencia política que le corresponde como primer donante de fondos -recordemos que entre la mitad y los dos tercios de la ayuda al desarrollo proviene de la Unión Europea-, influencia que tanto las organizaciones no gubernamentales como los países beneficiarios quisieran que fuera más acusada dada la mayor sensibilidad de la Unión Europea en materia de justicia social y de desarrollo humano.
Por último, el reforzamiento de la complementariedad es importante porque el Tratado de la Unión establece claramente que los Estados miembros y la Comunidad deben coordinar sus políticas en materia de cooperación al desarrollo y concertar sus programas de ayuda. De ahí que deba valorarse de manera positiva la presentación, por parte de la Comisión, de la comunicación sobre la complementariedad de la políticas de la Comunidad y de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ya que las medidas que en ella se proponen pueden contribuir a eliminar los obstáculos que impiden avances significativos en esta materia.
En términos generales puede decirse que la Comisión de Desarrollo, y yo misma, estamos de acuerdo con las grandes líneas del documento y con las medidas que en él se proponen. Sin embargo, quisiera hacer algunas precisiones: la primera es que considero que la Comisión hubiera debido tener en cuenta que la complementariedad no constituye un elemento aislado, sino que debe contemplarse en el contexto de una estrategia global que abarca también el tema de la coordinación y el de la coherencia, ya que la coherencia es indisociable de la coordinación y de la complementariedad, y sin coordinación no hay complementariedad posible. Por ello, entiendo que para mejorar realmente el impacto de las políticas europeas de desarrollo y asegurar la credibilidad de la Unión, hubiera resultado mucho más conveniente y clarificador que estos aspectos se hubieran tratado conjuntamente en el marco de la comunicación sobre la política de desarrollo, ya que ello hubiera permitido poner más de relieve el carácter indisociable y esencial de estos elementos de cara a la formulación de una política de desarrollo acorde con los objetivos de la Unión.
La segunda precisión se refiere al concepto mismo de complementariedad, que no debe entenderse como un principio cautelar para preservar las competencias de los Estados miembros en este ámbito, sino como la manifestación de una voluntad política de aunar los esfuerzos para mejorar y contribuir mejor a la realización de los objetivos de la política de cooperación al desarrollo. Por otro lado, la necesidad de velar por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción de la Unión en el ámbito de la política exterior -que también establece el Tratado- debe hacerse extensiva a las políticas de desarrollo, en la medida en que éstas son parte integrante de la acción exterior de la Unión. Por ello, la Comisión debería tomar la iniciativa y dar un salto cualitativo en esta dirección a fin de permitir a la Unión Europea diseñar las prioridades estratégicas de la Unión Europea en materia de ayuda al desarrollo.
En tercer lugar, debo decir que las medidas para reforzar la complementariedad, por sí solas, difícilmente producirán los resultados esperados. Para ello se requiere, como condición previa, la voluntad política del Consejo de avanzar por el camino de una mayor integración en materia de cooperación, porque lo que ha impedido progresar en materia de complementariedad ha sido sobre todo el hecho de que los Estados miembros definen sus políticas de cooperación al desarrollo más en función de sus intereses geoestratégicos y económicos y de su pasado colonial que teniendo en cuenta los objetivos de la Unión en materia de desarrollo.
Por último, hay que insistir en que más allá de las medidas operativas para mejorar la gestión de los programas, con las que -como ya he dicho- la Comisión de Desarrollo está en princio de acuerdo, entendemos que la Comisión debería asumir la responsabilidad de reflexión y propuesta, requisito indispensable para permitir a la Unión orientar la ayuda no sólo para promover el crecimiento económico de los países beneficiarios sino para que este crecimiento alcance a todas las capas de la población, asumiendo así su compromiso a favor del desarrollo de los pueblos y, en consecuencia, su compromiso con la paz, ya que sin desarrollo la paz siempre será un bien precario.
En todo caso, y como resumen, quisiera insistir en la oportunidad de esta comunicación -si bien hubiéramos deseado que formara parte de un paquete global-, e indicar lo ajustado de las medidas que, junto con las medidas que propone también la Comisión de Desarrollo en mi informe, esperamos que ayuden a orientar la acción, en el sentido de una mejor gestión operativa. En todo caso, conviene insistir una vez más en que el Consejo debe dar muestras de voluntad política, sin la cual difícilmente podremos hacer realidad el principio de la complementariedad.

Korhola
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Ferrer por este equilibrado informe. Es importante que reconozcamos la gran importancia del papel de la UE y sus grandes posibilidades de influencia. Reclamamos coherencia y coordinación. También quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que se haya reconocido la importancia del trabajo de las Organizaciones no-gubernamentales y de que éstas sean tomadas en cuenta en la cooperación al desarrollo, sobre todo porque la sociedad de los ciudadanos se vería reforzada a través de esta colaboración. También considero sano el hecho de que se parta de la base de recomendar que la coordinación se lleve a cabo dentro de las pautas estratégicas elegidas por los propios países beneficiarios.
Al hablar de cooperación al desarrollo, conviene y no está de más recordar que la cooperación al desarrollo no es ningún objetivo en sí misma. El objetivo es que los países en vías de desarrollo sean capaces de solucionar sus propios asuntos, así como de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y de actuar de forma justa en cuanto sociedadades; y en la medida en que nosotros mismos dificultamos estas posibilidades, también aspiramos a subsanar la situación.
A nivel de la UE, esta aspiración es muy importante, entre otras cosas, porque nuestra política no estimula la dependencia económica de un solo producto. La globalización podrá ser aprovechada únicamente por aquellos países cuya economía esté en buenas condiciones. Los países en vías de desarrollo que insistan en seguir dependiendo de un solo producto se verán ante una difícil situación. A nivel de la UE, debemos asimismo velar por que nuestros valores se vean reflejados en nuestra política en materia de cooperación al desarrollo.
El condicionamiento de las ayudas debe ocupar su propio lugar. Por consiguiente, no debemos apoyar a los países que no expresen ningún interés por la democracia ni por los derechos humanos de sus ciudadanos. En semejantes casos, debemos limitarnos a prestar ayuda humanitaria. Considero que sería muy necesario que la UE tuviera también un defensor de los derechos humanos, a la manera del Defensor del Pueblo, entre cuyas funciones se incluyese también el seguimiento de la situación de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo. A nivel de la UE, debemos tener conocimiento pleno de las consecuencias políticas de las ayudas, ya que sabemos por experiencia que la ayuda también puede ser perjudicial. En realidad, este riesgo es bastante alto. Hay que desarrollar ayudas cuyo carácter contribuya a prevenir conflictos, y no a acicatearlos. Las ayudas deben ser dirigidas de tal modo que repercutan en beneficio de los sectores de población más desfavorecidos. Debemos saber prevenir las crisis provocadas por problemas medioambientales, y hay que evitar la concesión de ayudas que estimulen la lucha por los recursos naturales. Debemos aprender a identificar aquellas sociedades en las que el riesgo de aparición de la violencia está relacionado con el terror practicado a nivel de estado. A la hora de canalizar las ayudas, debemos tener presente que éstas no deben servir para apuntalar estructuras de poder antidemocráticas. Mediante el condicionamiento de las ayudas podremos evitar la opresión por parte de ciertos grupos y la corrupción en el seno de los mismos. Sé que no se trata de un asunto fácil y que el condicionamiento es laborioso y complicado, pero también sé que se pueden conseguir muchas cosas a través del llamado condicionamiento positivo de las ayudas. La experiencia lo ha demostrado. Por ello, la UE no debe ignorar esta fórmula.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos hubiese gustado hacer antes de este debate -y así lo intentamos, pero no lo hemos conseguido- una pregunta al Consejo sobre la política de complementariedad. No ha sido posible, pero lo lamentamos, porque es verdad, señor Comisario, que en este asunto no está usted solo, están los Estados miembros, está el Consejo.
De todas formas, yo creo que el informe que nos ha presentado esta tarde la Sra. Ferrer es un buen informe y, como ella también ha dicho, nos hubiera gustado tener un documento de conjunto. Estamos tratando de la política de desarrollo parceladamente y esto nos impide a veces tener una visión conjunta. Pero su informe, de todas formas, puede considerarse una contribución importante.
Este informe tiene una importancia que transciende el ámbito material al que se refiere la política de ayuda al desarrollo. La complementariedad entre la política comunitaria de ayuda y la de los Estados miembros es, además de una exigencia del Tratado, un instrumento inestimable para que la Unión y sus Estados miembros avancen por un sendero común en este terreno de la ayuda.
Los socialistas creemos que la política de ayuda al desarrollo en general debe ser la bandera de la acción exterior comunitaria y, sin embargo, no existe tal complementariedad más allá de algunos proyectos piloto. No se está utilizando un mecanismo que permitiría maximizar tanto los recursos, cada vez más escasos, dedicados a la ayuda como los resultados políticos de un esfuerzo común, y ello a pesar de las reiteradas peticiones de este Parlamento y de las reiteradas resoluciones del mismo Consejo que, en el fondo, es el último responsable en esta materia.
La complementariedad se expresa de momento en la coordinación operativa sobre el terreno y en el procedimiento de comitología en Bruselas. Respecto a lo primero, ya he señalado que sólo se aplica en algunos proyectos pilotos; en lo que respecta a la comitología, pondré un ejemplo para mostrar que tampoco funciona: el comité de América Latina sólo se ha reunido dos veces durante este año, en lugar de la periodicidad mensual que era habitual y que sería necesaria para que funcionara. Algunos de los programas aprobados por el mismo, como el programa regional de reconstrucción de América Central con motivo del huracán Mitch, aún no se han puesto en marcha. Hay una manifiesta falta de voluntad política para ejecutar las medidas que decidimos en el Parlamento, y eso se traduce en ineficacia en la consecución de nuestros objetivos políticos, en una progresiva esclerosis del funcionamiento de las instituciones europeas y en una mala imagen que, como ha dicho la oradora anterior, a veces sale a la luz pública. La complementariedad con los Estados miembros, la coherencia entre las políticas comunitarias y la coordinación entre los servicios deben constituir la base de la política de ayuda al desarrollo para que esta política alcance los mínimos de eficacia que exigimos desde el Parlamento.
Hay problemas de heterogeneidad de instrumentos y de multiplicidad de procedimientos, pero el fondo del asunto es la falta de voluntad política. Los Estados tienen que superar, como se ha dicho antes, sus querencias particulares -que reflejan en muchas ocasiones sus preocupaciones por antiguos esquemas colonialistas o por otras razones-, y comprometerse con un proyecto común europeo. Si no seguimos esta política, no vamos a ser eficaces en la cooperación al desarrollo.
La Comisión tiene ahora la oportunidad de incluir estos elementos en su reforma y el Consejo tiene la responsabilidad histórica de implicarse en la definición y ejecución de las políticas comunitarias. Ambas instituciones pueden contar con el apoyo firme del Grupo Socialista del Parlamento en lo que respecta a la política de ayuda al desarrollo.
La política de complementariedad entre las políticas nacionales y la comunitaria tiene, en total, 16 actores (15+1). La coherencia entre las políticas comunitarias y la coordinación entre los servicios de la Comisión pretenden configurar lo que queremos que sea la política de cooperación al desarrollo de la Unión, con el objetivo de mejorar la eficacia de la ayuda europea al contribuir a optimizar la utilización de los recursos, tanto humanos como financieros, y de dar también una visibilidad a la Unión Europea, contribuyendo así a una mayor eficacia y a que tenga una mayor presencia en la comunidad internacional. Esperemos que con la reforma se introduzca todo esto y que podamos hablar de políticas coherentes, complementarias y coordinadas para conseguir una mayor eficacia.

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la Sra. Ferrer trata la comunicación de la Comisión sobre la complementariedad de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad y las de los Estados miembros. Al igual que ella, lamento que tratemos esta cuestión por separado. De hecho, deberíamos celebrar un debate en profundidad sobre una estrategia global respecto de nuestra cooperación con los países del Sur con el tríptico: la complementariedad, la coordinación y la cohesión: las tres ces en las que, lamentablemente, continúa fallando Europa, tanto nosotros como los Estados miembros, porque los Estados miembros de Europa, simplemente, no quieren esto y prefieren manejar sus propias relaciones neocoloniales.
La inexistencia de una cooperación al desarrollo eficaz por parte de la Comunidad constituye una justificación espléndida de la que los Estados miembros hacen un uso complaciente a fin de impedir la complementariedad y, más aún, la coordinación y la cohesión. Algunos Estados miembros creen sinceramente que la Comisión no debería contar con una política de desarrollo y que ésta debe quedar totalmente en manos de los Estados miembros. No compartimos esa opinión en absoluto. Quien se preocupa sinceramente por que exista una relación mundial justa respecto del desarrollo debería admitir que la importancia del desarrollo no resulta decisiva para la política de los Estados miembros, sino muy a menudo sus propios intereses estratégicos y comerciales. En el mejor de los casos, los países en desarrollo intentan suavizar las consecuencias o reponerse de la política económica que se preconiza desde los países ricos en cuanto a la globalización, nuestras necesidades de materias de primas, minerales, petróleo, etcétera.
Ciertamente, queremos que los países pobres entren en la evolución económica y cultural general del mundo, en interés de las poblaciones afectadas y no sólo en interés del mundo industrializado. De ahí que tengamos que terminar con las relaciones coloniales y las implicaciones que consagran la dependencia, y destruir ese entorno. Debemos terminar con la pobreza que existe en el mundo. Para ello, es necesaria una estrategia global y multilateral. Eso exige, en primer lugar y sobre todo, la coordinación de la política de desarrollo de los Estados miembros y de la Comunidad, en cualquier país, en cualquier país receptor y a nivel internacional. En nuestra opinión, esto es más importante que la complementariedad. Indudablemente, una política mejor coordinada tendrá un impacto mucho mayor.
La discrepancia entre la elevada contribución de la ayuda europea, más de la mitad de toda la ayuda mundial, y el escaso impacto político, por ejemplo para terminar con graves violaciones de derechos humanos, para poner fin a los conflictos armados, es realmente dolorosa. Si la coordinación y la complementariedad tienen lugar en los países receptores, los países donantes prefieren defender sus intereses nacionales ¿Está el Consejo realmente dispuesto a modificar el sistema de comitología? Para mí constituye una condición sine qua non. La delegación de responsabilidades de la UE a nuestras representaciones in situ supone un serio desafío para la Comisión. Si no tiene éxito, puede apostarse que los enemigos de la política comunitaria de desarrollo insistirán firmemente en que se suspenda.
En cuanto a la coordinación en el ámbito internacional, deseamos que el planteamiento europeo pueda diferenciarse del enfoque del FMI y del Banco Mundial. No queremos ser seguidores de las instituciones de Bretton Woods. Queremos codirigir el mundo. De ahí que los Estados miembros deban contar a sus electores una historia diferente de la de "en Europa todo va mal" . Deben reconocer urgentemente su propia parte de culpa en estos fracasos, algo que también debemos hacer nosotros.

Belder
Señor Presidente, estamos de acuerdo con la ponente cuando señala que conforme al artículo 177 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, la Unión Europea tiene un papel complementario en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
En este artículo no se dice nada respecto de la modificación de las políticas de cooperación al desarrollo de los Estados miembros. La política de desarrollo de la Unión Europea es definida y financiada por sus quince Estados miembros según las cantidades acordadas por los Estados miembros conforme al Tratado de la UE.
En teoría, podría desarrollarse una política de cooperación al desarrollo dinámica y clara conforme a esa base - lo mismo en cuanto a la ejecución -. En la práctica, sin embargo, ambos aspectos dejan mucho que desear. Así, por ejemplo, los pagos constituyen un problema.
Hay que diferenciar dos concepciones en el Consejo de Cooperación al Desarrollo: la de los Estados miembros del norte, que contemplan la política de cooperación al desarrollo como un ámbito político pleno y opinan, grosso modo, que esta política sufre un retraso cualitativo respecto de otros ámbitos; y la de los Estados miembros del sur que, a lo sumo, la consideran un instrumento de las relaciones exteriores y económicas. Estas diferencias desaparecen muy fácilmente mediante la complementariedad y la coordinación propuestas por la ponente y la Comisión.
El origen de la "falta de voluntad" del Consejo y de los Estados miembros, señalada por la ponente y la Comisión, también radica en esta diferencia fundamental en el planteamiento de la cooperación al desarrollo. De ahí que resulte imposible desarrollar una política coherente en este ámbito.
Por último, el Tratado define la cooperación al desarrollo europea como complementaria de las políticas llevadas a cabo por los Estados miembros. En nuestra opinión, esto significa que la Comisión debe intervenir donde su actuación suponga una plusvalía respecto de la acción de los Estados miembros, tal como sucede con el envío de ayuda de urgencia en situaciones de emergencia, pensemos en los desastres naturales y las guerras. Los programas a largo plazo, por el contrario, se desarrollan mejor dentro de las relaciones bilaterales, a menudo históricas, entre los países en desarrollo y los Estados miembros. En cualquier caso, la Comisión no debe comportarse como el decimosexto donante, algo que sí sucede en la práctica. La Unión Europea sí puede resultar muy útil en la coordinación de la ayuda de los Estados miembros e intervenir cuando los Estados miembros no actúen.
Suscribimos en ese sentido, por tanto, la importancia de la coordinación y de la complementariedad europea, pero no nos sumamos a la conclusión de que la cooperación al desarrollo de la UE añade algo a lo que realmente deberían ser los objetivos: coordinación que incluye a todos los donantes relevantes, preferiblemente bajo la dirección del país receptor, o, si eso no es posible, bajo la dirección de la ONU o el Banco Mundial. Así concebimos el debate sobre la coordinación y la complementariedad.

Martínez Martínez
Señor Presidente, el buen informe que hoy nos presenta mi compatriota la Sra. Ferrer responde a un problema contrastado en numerosas ocasiones y, a la vez, a la necesidad urgente de resolverlo y de abrir nuevas perspectivas en las relaciones de la Europa unida con el tercer mundo.
El problema al que me refiero es el que representa la notable falta de sintonía y de coordinación en la política y en la acción que, en materia de cooperación para el desarrollo, se ha venido dando entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y entre unos y otros de esos mismos Estados por otra. Lo que se ha descrito y se ha denunciado por muchas voces autorizadas y, en particular, por organizaciones que desarrollan su labor en ese ámbito -pero también por nuestro propio Parlamento-, es que a lo largo de los años los distintos Estados miembros han venido actuando, en el terreno de la cooperación, cada uno por su lado, respondiendo a menudo a visiones e intereses nacionales propios, unas veces más confesables y otras menos, pero en todo caso sin que haya existido un esfuerzo significativo, ni siquiera una información mutua y menos aún de coordinación, de coherencia, de distribución de papeles. Ha faltado, en suma, un esfuerzo de racionalización y de eficacia para que los recursos disponibles, siempre limitados, no se desperdicien sino que produzcan el mejor resultado posible.
Tampoco, por lo demás, se ha producido hasta muy recientemente el esfuerzo que se requería para que la política comunitaria en este ámbito estuviera razonablemente coordinada con la que, a su vez, venía realizando cada uno de los 15 Estados miembros, aunque ciertamente la cosa no fuera exclusiva del terreno que nos ocupa. Era bastante lamentable el ver cómo aquí se ponían en marcha actuaciones comunitarias que no tenían en cuenta a veces ni siquiera el conocimiento de lo que en cada uno de los Estados de la Unión estaban realizándose para cada uno de los países o sectores correspondientes. El resultado era y en gran medida es hasta la fecha la dispersión de actuaciones, el solapamiento de muchas de ellas, cuando no la duplicación e incluso la contradicción de lo que hacíamos unos y otros. Un disparate, pues, y un desastre.
Esta situación era naturalmente insostenible y un problema más a resolver, pero la necesidad de que así sea se ha hecho aún más patente y más urgente cuando el propio proceso de construcción europea, las reformas y el progreso de la Unión van marcando como imprescindible el actuar en la escena internacional con una sola voz, como un solo país, cuando aparece como prioridad insoslayable para la viabilidad de nuestro proyecto mismo la puesta en marcha de una política exterior y de seguridad común.
En nuestra opinión, lo que podamos hacer desde Europa en materia de cooperación al desarrollo no es sino una parte sustancial de esa política exterior y de seguridad común. Así lo pone de manifiesto la Sra. Ferrer, en la cabecera de cuyo informe se destaca ya el concepto clave de complementariedad. Naturalmente que esta no es la primera ocasión en que hablamos de esta cuestión en el Parlamento. Las disfunciones que habíamos venido apreciando eran demasiado flagrantes como para no haber sido puestas en evidencia ya en debates anteriores. Ahora, sin embargo, ajustándonos a una realidad que a mí me parece particularmente apremiante, pero también particularmente favorable, damos un paso importante hacia delante y lo hacemos precisamente en momentos en que tanto la Comisión como el Consejo parecen convencidos de que hay que adoptar medidas concretas para dejar atrás la situación anterior y hacer realidad la coherencia que permitirá que los recursos que Europa destina a la cooperación del desarrollo sean más importantes, cualitativa y cuantitativamente hablando.
Además, con ello conseguiremos que Europa juegue un papel bastante más decisivo en el reto, que tanto nos concierne, de ir articulando un mundo más justo, más equilibrado y por ello más estable.

Junker
Señor Presidente, Señorías, yo voy a insistir en lo que ya han señalado los oradores y oradoras que me han precedido, y que lamentablemente no es posible ocultar: la percepción pública de la cooperación al desarrollo europea no guarda la menor relación con el enorme montante que la propia UE y sus Estados miembros destinan al apoyo a los países del Sur. Si bien la Unión Europea es, con mucha diferencia, el mayor donante, su visibilidad es injustamente muy inferior a la de las grandes organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Alrededor de un 60% de todos los fondos de ayuda proceden de las arcas europeas.
Complementariedad, coherencia y coordinación son, por lo tanto, las famosas tres "C" en torno a las cuales se centra el debate sobre la cooperación europea al desarrollo. El debate sobre su reforma se reanudó, entre otras cosas y no en último término, a la vista del balance de la Unión Europea, que revela un montante considerable de créditos no desembolsados. No obstante, las disertaciones teóricas poco nos ayudarán a avanzar. Al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar que se han conseguido algunos éxitos, que no debemos menospreciar. Sobre todo es preciso modificar la actuación práctica, lo cual exige una dosis adecuada de voluntad política por parte de todos los implicados.
Veamos, a modo de ejemplo, el caso de Mozambique y la intervención de ECHO. Desde el primer momento de la catástrofe provocada por las inundaciones a principios de febrero, ECHO ya acudió en ayuda de la mayoría de los heridos con una aportación de 750.000 euros. Posteriormente se pusieron a disposición otros 9,65 millones de euros de ayuda de emergencia y se van a destinar, además, 21 millones de euros a la financiación de medidas a medio plazo para paliar las consecuencias. Los Estados miembros también respondieron rápidamente. En conjunto, la ayuda de la Unión Europea y de sus Estados miembros suma 85 millones de euros, mientras según las estimaciones de las Naciones Unidas, la aportación mundial se eleva sólo a 115 millones de euros, incluidos los fondos europeos.
Lo que faltan son las tres "C" antes citadas. La coherencia sólo se puede conseguir si existe una sintonía entre las estrategias y las medidas. La complementariedad y la coordinación son requisitos indispensables para lograr efectos de sinergia. El desarrollo paralelo de actividades de cooperación multilateral y bilateral, que se puede observar no sólo en Mozambique, se traduce en cambio en pérdidas totalmente superfluas por efecto de fricción, como pude constatar hace pocas semanas durante mi visita allí.
El informe de la Sra. Ferrer contiene toda una serie de propuestas y peticiones que merecen nuestro pleno apoyo. Yo quisiera destacar en particular tres puntos: la complementariedad, la coherencia y la coordinación deben aunarse en una estrategia única, puesto que cada una es condición de las demás. Es preciso reforzar los poderes de decisión de los responsables políticos y la sociedad civil de los países socios, así como de las delegaciones de la UE sobre el terreno, tal como ya sucede en la elaboración de los programas indicativos nacionales en el marco de la cooperación con los países ACP. Un requisito para ello es también una mejor cooperación entre las delegaciones de la Unión Europea y los servicios exteriores de los Estados miembros, que el Consejo se deberá encargar de garantizar.
Ya se ha anunciado una intensificación de los esfuerzos para promover la coordinación no sólo entre los organismos europeos y los Estados miembros, sino también entre los organismos nacionales. Quien aporta la parte más importante de los fondos para la cooperación al desarrollo también tiene derecho a exigir una presencia visible en la práctica operativa y a los ojos de la opinión pública.
Se han empezado a plantear enfoques positivos en relación con todo estos aspectos, pero es preciso seguir desarrollándolos y aunarlos en un proyecto global concluyente. Para ello es preciso superar los antiguos lastres heredados de la historia colonial y los intereses geoestratégicos particulares de los Estados miembros. El mayor obstáculo para una práctica satisfactoria de las tres "C" reside en la insuficiente voluntad política de los Estados miembros, que no demuestran un sincero interés por promover una cooperación al desarrollo más eficaz y coordinada, lo cual debilita la imagen europea e impide optimizar las posibilidades de actuación en materia de política del desarrollo, un hecho que repercute no en último lugar sobre ellos mismos. En las capitales europeas deberían empezar a comprender que fortalecer la imagen de Europa les permitirá mejorar también la suya propia.

Nielson
. (EN) Creo que la complementariedad y la coordinación comunitaria figuran entre nuestras herramientas más importantes para incrementar la eficacia y las repercusiones sobre el terreno de la cooperación de la UE al desarrollo. Por este motivo saludo el informe de la Sra. Ferrer.
El Parlamento y la Comisión comparten las mismas consideraciones y están de acuerdo en el enfoque. Estamos de acuerdo en que ahora necesitamos ver resultados. Debemos incrementar la coordinación interna de la UE, país por país y sector por sector, de conformidad con las orientaciones de 1998 sobre la coordinación de las operaciones.
Deberíamos ayudar a los países asociados en sus esfuerzos y reforzar el papel de coordinación de la UE con respecto a una coordinación más amplia entre donantes de todo el mundo, ya se trate del Banco Mundial, las organizaciones de las Naciones Unidas u organizaciones bilaterales gubernamentales o no gubernamentales.
La Comisión ya ha dado el primer paso. Hemos adoptado un marco armonizado para la elaboración de los documentos de estrategia nacional. Utilizaremos este marco en futuros ejercicios de programación. Los documentos de estrategia nacional nos servirán de guía en la revisión de nuestros programas de asistencia. Indicarán cómo encaja la asistencia comunitaria en las acciones de otros donantes.
Estos documentos de estrategia nacional son la primera herramienta práctica, no sólo para mejorar la coordinación de donantes y la complementariedad, sino también para la coherencia general de la política de cooperación al desarrollo con otras políticas de la UE. Los documentos de estrategia nacional deberían asimismo conducirnos en la dirección acertada hasta alcanzar una repartición óptima del trabajo entre la Comisión y los Estados miembros. Juntos, deberíamos ser capaces de responder a la mayor parte de las necesidades fundamentales de los países en desarrollo asociados. El avance hacia programas que abarquen todo un sector facilitará enormemente este proceso y espero, asimismo, que produzca una mejor relación coste-beneficios.
No obstante, si queremos tener éxito en esta empresa, nuestros Estados miembros deberán aunar fuerzas y participar en este ejercicio. El aspecto cuantitativo de cuánto movilizará y destinará a este esfuerzo cada uno de los Estados miembros también determinará nuestro éxito o fracaso colectivo.
Permítanme comentar algunos detalles del informe del Parlamento. En primer lugar, observo que en varios puntos de la resolución, el tema de la complementariedad se sitúa dentro de un marco más amplio en conexión con la necesidad de mayor coherencia entre las distintas políticas de la UE. Estoy de acuerdo.
Es el motivo por el que hablamos de la política de las tres ces: complementariedad, coherencia y coordinación. Respecto a la coherencia - aspecto sobre el que hemos tratado a menudo - hemos establecido el centro de referencia en materia de coherencia en la Dirección General de Desarrollo. Entró en funcionamiento a comienzos de este mes y lo estamos utilizando, y nos gustaría que lo utilizaran también otros cada vez que parezca existir algún problema relativo a la coherencia.
Quisiera mencionar también que hoy es un gran día para la coherencia en nuestras políticas de desarrollo y de comercio. La Comisión, tras hablar del acceso libre de cuotas o de aranceles para la práctica totalidad de los productos procedentes de los países menos desarrollados, ha decidido eliminar el término "para la práctica totalidad". A partir de hoy, la Comisión tiene una política clara. Ahora dependerá de los Estados miembros. Ofrecemos el acceso libre de cuotas y de aranceles para todos los productos de los países menos desarrollados. Es una decisión excelente.
En segundo lugar, acojo con satisfacción el deseo del Parlamento de reforzar la coordinación entre la Comunidad y los Estados miembros en los foros internacionales y en las conferencias internacionales. En la Comisión compartimos este interés del Parlamento. Es de primordial importancia que mejoremos la eficacia y la visibilidad de la UE a nivel internacional, como ha quedado demostrado en varias conferencias: trabajamos bien juntos y representamos una fuerza progresiva constructiva a nivel mundial.
He sido invitado a participar en la Comisión de Desarrollo del Banco Mundial. Ningún Comisario lo había experimentado hasta ahora. El próximo mes de mayo organizaremos una conferencia con la UNCTAD en este hemiciclo sobre los países menos desarrollados y organizaremos otra conferencia con la OMS y la UNAIDS el 28 de septiembre sobre malaria, VIH-sida y tuberculosis, las tres enfermedades transmisibles más importantes. También existe una buena colaboración con nuestros socios a nivel multilateral.
En tercer lugar, en lo que se refiere específicamente a las recomendaciones de la propuesta de resolución, acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento a dos temas fundamentales: en primer lugar, los recursos humanos y, en segundo lugar, el papel de los comités de gestión en la cooperación al desarrollo.
La falta de recursos humanos es un problema grave y real que ha sido eludido durante demasiado tiempo. Hemos pagado caro ese error y ahora debemos adoptar medidas. Proseguiremos nuestros esfuerzos en la Comisión para mejorar la eficacia de nuestros servicios. Estamos cambiando radicalmente el modo de hacer las cosas, pero eso no basta. Necesitamos también recursos humanos que se correspondan con nuestros recursos y ambiciones en materia de programas. Este informe del Parlamento tendrá una importancia decisiva a la hora de tomar las decisiones presupuestarias.
En lo que respecta a las comisiones de los Estados miembros que trabajan paralelamente con la Comisión en la gestión y ejecución de los programas de desarrollo, creemos que su papel principal debería ser tratar con nosotros sobre las prioridades políticas y la estrategia general. Dicho papel no debería ser la microgestión del proceso o el examen de proyectos individuales como, lamentablemente, sigue siendo el caso. Debemos encontrar modos más eficaces de trabajar juntos. El apoyo del Parlamento también será de vital importancia.
Se ha dicho aquí, durante el debate, que algunos Estados miembros quieren desmantelar lo que hacemos de manera colectiva. No creo que eso sea cierto. En cualquier caso, los Estados miembros han saludado la declaración política general, que constituye la base para lo que hacemos. También hemos asumido un claro compromiso con el 9º FED y las previsiones financieras.
En comparación con cualquiera de los principales donantes de todo el mundo, la Comisión - y lo que hacemos juntos en Europa - tiene un respaldo financiero mucho más predecible y sólido. Esto coloca sobre nuestras espaldas una pesada responsabilidad, pero la base es que no sólo somos los mayores, sino también los donantes más predecibles y estables con los que se puede trabajar.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente por su excelente trabajo. Es un informe de gran utilidad y estoy decidido a seguir avanzando en la complementariedad y haré uso de las nuevas herramientas disponibles: los documentos de estrategia nacional, los nuevos y mejores sistemas de programación y una gestión más eficaz de la ayuda exterior, que incluye también mayor responsabilidad de nuestras delegaciones en terceros países.
Estoy seguro de que el Parlamento Europeo nos proporcionará el apoyo necesario en estos cometidos. Espero con interés poder continuar trabajando con ustedes de una manera abierta y constructiva. El proceso de reforma está en marcha. Sabemos qué tipo de batallas debemos librar y, con el apoyo del Parlamento, nos disponemos también a ganarlas.
Hoy podemos sentirnos orgullosos de estar haciendo todo esto y ojalá que mañana también tengamos motivos para sentirnos orgullosos de cómo lo estamos haciendo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Nielson.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, suspendida a las 19.55, se reanuda a las 21.00 horas)

Régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0228/2000) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 3448/93 por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (COM(1999) 717 - C5-0095/2000 - 1999/0284(CNS)).

Souchet
. (FR) Señor Presidente, la propuesta de reglamento que nos ha sido presentada se refiere al régimen específico de intercambios con los países terceros en lo relativo a los productos excluidos del Anexo 1, cuya principal disposición prevé la concesión de restituciones a la exportación para los productos agrícolas incorporados. El Anexo 1 del tratado define la lista de productos que pueden ser objeto de una OCM a título de la PAC. Son los productos agrícolas de base y los productos obtenidos de una primera transformación. Los productos excluidos del Anexo 1 son los de segunda transformación.
El problema que a partir de ahora surge a plena luz, y que la Comunidad debe afrontar desde este año, es el de la insuficiencia del importe de las restituciones frente a las necesidades, debido a las consolidaciones consentidas por la Comunidad en el marco de los Acuerdos de Marrakech.
No se puede decir que la Comisión haya mostrado una imaginación desbordante en la búsqueda de soluciones a este difícil problema, de gran trascendencia para nuestros productores y nuestros transformadores de productos agrícolas. Además de la retirada pura y simple de algunos productos de la lista de elegibilidad para las restituciones, que genera complejos problemas de gestión para los sectores afectados, se nos propone, como siempre, una única solución: la de la ampliación del régimen de perfeccionamiento activo, que permite la importación de materias primas agrícolas al denominado precio mundial, siempre que los productos transformados, en los que se encuentran incorporadas, sean reexportados.
No se ha estudiado seriamente ninguna solución alternativa al RPA. Las perspectivas avanzadas por algunos Estados miembros, como Alemania o Austria, se han rechazado de inmediato, y toda propuesta alternativa ha sido declarada a priori incompatible con los condicionantes a los que nos hemos sometido dentro del GATT.
En estas condiciones, nos vemos obligados, evidentemente, a tomar en consideración de forma prioritaria la importancia del sector afectado y el peso de las exportaciones. Ahora bien, las exportaciones de productos transformados excluidos del Anexo 1, en rápido crecimiento, representan por sí solas el 25% del total de las exportaciones de los productos del sector agrícola y alimentario, y sólo de este sector dependen 2,5 millones de puestos de trabajo muy repartidos entre nuestros distintos territorios. Para estas producciones, un acceso adicional al RPA supone al menos una solución parcial, rápidamente utilizable, que permite garantizar de inmediato la competitividad de los productos excluidos del Anexo 1, a falta de propuestas alternativas.
Nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha considerado que las modalidades adicionales de aplicación del RPA deberían determinarse de forma que las empresas pudieran efectivamente recurrir a ellas en los límites de las posibilidades contempladas por los planes de previsión, con el fin de poder mantener una cantidad suficiente de restituciones para las empresas que no puedan utilizarlas, ya sea para evitar los productos modificados genéticamente, ya sea por la falta de materias primas disponibles en el mercado mundial, o bien incluso por la falta de personal o de infraestructuras adecuadas.
Dicho esto, el RPA presenta a pesar de todo una serie de riesgos y de inconvenientes. En primer lugar, un inconveniente de partida: el RPA constituye por sí mismo una quiebra de la preferencia comunitaria. Sin embargo, debe fomentarse en la industria agroalimentaria europea la prioridad a las materias primas comunitarias. Esto implica que, a pesar de la ampliación que se nos propone, el RPA debe seguir siendo a cualquier precio un régimen residual, no convertirse en un instrumento estructural, ser una solución de última instancia a aplicar únicamente cuando haya un déficit real de restituciones.
Por ello, proponemos una serie de enmiendas que deben considerarse globalmente, y que tienden a reforzar este carácter residual del RPA. Pensamos que cualquier ampliación del RPA debe ser objeto de un marco y de un seguimiento muy estrictos. Por ello, somos partidarios de una restricción del régimen. Por ello también proponemos que la Comisión presente ante el Parlamento Europeo un informe provisional detallado, tras el primer año de aplicación del nuevo régimen, haciendo un balance concreto de cada OCM afectada. De este modo, dispondremos de un instrumento de seguimiento y de control que nos permitirá asegurarnos que la ampliación del RPA está limitada, que se refiere únicamente a las cantidades realmente necesarias, que no tiene efectos negativos para nuestros productores de materias primas y que no se concentra en ninguna OCM en concreto, con el consiguiente riesgo de desequilibrarla.
Un segundo inconveniente del RPA es su particular complejidad y lo gravoso de los procedimientos que recaen especialmente sobre las PYME. Habrá por tanto que fomentar el acceso de estas últimas a las restituciones, que son menos pesadas de gestionar, y, en este marco, eximirlas de la presentación de certificados hasta un techo modulable de 50 000 euros anuales. Recordemos que las restituciones están lejos de quedar reservadas únicamente para las grandes compañías, especialmente en cuanto a los productos alimentarios transformados.
Estos son los elementos constitutivos de un verdadero mecanismo de vigilancia, cuya puesta en práctica consideramos indispensable para asegurarnos que la ampliación del RPA funciona efectivamente en consonancia con los objetivos para los cuales la aceptamos. Sin embargo, a largo plazo, la cuestión que hoy debemos tratar con urgencia sólo tendrá una solución duradera si los negociadores comunitarios, con ocasión de los próximos vencimientos de la OMC, reciben una clara instrucción para que los intereses de nuestras producciones excluidas del Anexo 1 sean adecuadamente consideradas, y para que los estrechos vínculos tejidos por nuestras industrias transformadoras con nuestros productores de materias primas agrícolas y sus territorios, puedan ser conservados y desarrollados.

Stevenson
Señor Presidente, los planes de la Comisión de recortar drásticamente las restituciones a la exportación supondrán para el sector de la alimentación unos costes anuales en torno a los 145 millones de euros. Resulta especialmente irritante que se haya tomado la decisión de imponer dichos recortes sin consultar a esta Asamblea.
Las restituciones a la exportación no son subvenciones. Son un medio de compensar al sector de la alimentación por comprar su materia prima en la UE a precios más elevados que los que pueden obtener en el mercado mundial. Es sorprendente que la Comisión haya elegido el yogur de frutas alemán, el whisky escocés y los productos farmacéuticos, al parecer, por la sencilla razón de que son considerados sectores solventes que no necesitan ayuda. Otros sectores, como el de la pasta, confitería y algunos productos lácteos, que también son objeto de restituciones a la exportación, han escapado relativamente indemnes. Esto es muy injusto. Los recortes están perjudicando a las empresas de la UE, acabarán con la ventaja competitiva de nuestro sector agroalimentario y destruirán puestos de trabajo.
El plan de la Comisión para compensar a las empresas elaboradoras de productos alimenticios por la pérdida de las restituciones a la exportación, que consiste en alentarlas a acogerse al régimen de perfeccionamiento activo para una serie de productos procedentes de fuera de la UE, es descabellado e inútil. El plan no sólo anima a los productores a importar cereales y demás materia prima de fuera de la UE - una vez más, en detrimento directo de nuestros sufridos agricultores -, sino que además representa un montón de trámites y de complejidad burocrática que, prácticamente, excluirá a las PYME de este plan.
La Comisión debe concebir un sistema nuevo. Los exportadores de productos alimenticios, que al añadir valor a sus productos constituyen una parte fundamental de la economía agrícola de la UE, deben recibir una compensación alternativa que sea exactamente equivalente al valor de las restituciones a la exportación que han perdido. Cualquier otra actuación situará al sector alimentario de la UE en una posición de gran desventaja competitiva en los mercados del mundo.
Las restituciones a la exportación existen fundamentalmente para garantizar la competitividad internacional de los productos no cubiertos por el Anexo I. Asimismo, las empresas de alimentación de la UE adquieren aproximadamente dos terceras partes de sus productos agrícolas en los 15 Estados miembros. Este ataque deliberado a las restituciones a la exportación para productos no cubiertos por el Anexo I debilita aún más a nuestros agricultores, que sufren su peor recesión desde hace décadas. Es, además, un ataque directo al sector de la exportación de más rápido crecimiento en la UE, nuestro sector de productos alimenticios.
Nos hemos comprometido a reducir en un 36% las restituciones a la exportación durante seis años y nos aproximamos al final de dicho período, según las obligaciones que nos impone el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT. No obstante, estos recortes no deberían centrarse de una manera tan arbitraria en un reducido número de empresas, como ha decidido hacer la Comisión. La medida de acogerse al régimen de perfeccionamiento activo es sólo una solución muy insatisfactoria y temporal.
Felicito al Sr. Souchet por haber elaborado un buen informe ante la intransigencia de la Comisión en este asunto. El ponente está básicamente en lo cierto cuando describe la propuesta de la Comisión como una solución provisional. No hay duda de que todo el sistema debe ser desmantelado ahora y reconstruido de una manera mucho más sensata y menos compleja, de acuerdo con nuestras obligaciones con respecto a la OMC y el GATT.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, el terreno en el que se mueve esta propuesta es sumamente delicado. Baste observar que, en el fondo, el régimen de perfeccionamiento activo supone una quiebra del principio de la preferencia europea o, si se quiere, del régimen de preferencias comunitarias. Se trata de un terrreno delicadísimo y, además, el régimen de perfeccionamiento activo, en su aplicación, es extremadamente complejo, lento y, por lo tanto, penaliza a numerosas pequeñas y medianas empresas.
En este delicado terreno nuestras decisiones, como políticos, deben ir orientadas hacia el mantenimiento de la competitividad de la industria alimentaria europea en el mundo y hacia un fortalecimiento de los estrechos lazos existentes entre los industriales transformadores y los productores de materias primas. La mayor responsabilidad en este terreno recae sobre la Comisión. Se precisaría una Comisión creativa, flexible, capaz de tomar el pulso a la evolución de los mercados, mesurada y, a la vez, imaginativa. Una Comisión que sepa dar prioridad al modelo agrícola europeo y a la defensa de los pequeños, pero a decir verdad hasta el momento lo único que ha demostrado la Comisión en este terreno son sus dotes de opacidad, su discrecionalidad normativa y muy poco más.
En cuanto al Parlamento Europeo, señor Presidente, tanto la Comisión de Agricultura como su presidente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, han trabajado con gran seriedad y prudencia en este difícil informe. El Sr. Souchet ha hecho un magnífico informe, una ponencia por la que le felicito. Son aciertos de él, específicamente sus propuestas para limitar y racionalizar el uso del régimen de perfeccionamiento activo acomodándolo a la situación de los mercados, al marco reglamentario y al marco presupuestario. Todo ello es un acierto, así como sus demandas de exención para favorecer a los pequeños exportadores.
Muchas gracias, por tanto, al ponente y al Parlamento Europeo, y espero que la Comisión mejore sus trabajos en este ámbito.

Pesälä
Señor Presidente, la Comisión propone modificaciones en el régimen de intercambios de mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas. El propósito es terminar las subvenciones y limitarlas a restituciones a la exportación tras la presentación de certificados. Detrás de ello se encuentran dos procesos de desarrollo fundamentales: por un lado, las presiones creadas por el sistema de liberalización del comercio mundial y, por el otro, las presiones presupuestarias internas de la UE en relación con el ejercicio de las relaciones exteriores principalmente. La cadena de transformación de alimentos y los agricultores, en última instancia, deberán pagar esta factura. La situación actual de los mercados ya está agobiando a los productores europeos. Además, los costes de producción aumentan debido, entre otras causas, a la subida de los precios de los carburantes y a las crecientes obligaciones, por ejemplo, para con el medio ambiente. La rentabilidad de la producción se tambalea y, exagerando un poco, surge la siguiente pregunta: ¿tiene algún sentido ya la producción agrícola europea?
El punto de partida de nuestra comisión y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas es que la UE debe garantizar la rentabilidad de la cadena de producción. La Comisión propone reducciones discrecionales. Nos encontramos, sin duda, en una situación imperiosa. Puede ser que tengamos actuar así, pero deben existir ciertos principios también en este asunto. Las modificaciones deben tomar en cuenta a las pequeñas empresas del sector. Por ejemplo, en el país que yo represento es realmente imposible que existan grandes empresas de exportación debido a la baja tasa de población. Habría que aplicar la flexibilidad a la hora de establecer el límite máximo para la dispensa de certificados en el régimen de las restituciones a la exportación. Por ello, la redacción de la enmienda 8 está justificada. Así se confiere flexibilidad a las pequeñas empresas en particular.
También quiero observar que si compensamos los recortes de las subvenciones a la exportación mediante el régimen de perfeccionamiento activo y sus modalidades adicionales de aplicación, los efectos de ello se repartirán de forma tan desigual que los países más periféricos de la UE sufrirán desmedidamente el lastre de los costes de transporte. Así pues, comparto la idea de la ponente de este informe en cuanto a que este tipo de procedimientos no pueden funcionar por mucho tiempo. Nuestro Grupo apoya las enmiendas presentadas por la comisión parlamentaria.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, cuando recibimos la propuesta de la Comisión, nos tuvimos que restregar los ojos con incredulidad. ¿Qué podía ser el régimen de perfeccionamiento activo? Luego, cuando profundicé un poco más en el asunto, me quedé muy asombrado al descubrir de qué se trataba. Hasta ahora la situación estaba clara: la industria compra productos producidos en la UE y las restituciones a la exportación le permiten competir luego en el llamado mercado mundial. De pronto, la Comisión declara que el dinero ya no alcanza, debido al compromiso contraído en Marrakesh, y que habrá que idear alguna solución. Entonces se les ocurre una idea: muy bien, en adelante la industria ya no comprará las materias primas agrarias en el mercado de la UE, sino que las adquirirá en el mercado mundial, al que la UE exportará, por su parte, productos básicos y materias primas, a la vez que contribuirá a determinar los precios en el mercado mundial con su actividad de dumping. Esto permitirá a la industria adquirir sus productos allí; los productos autóctonos no se moverán de sitio, y la industria los convertirá en productos transformados y los comercializará en el mercado mundial.
Al principio no nos parecía posible. Luego, examinamos atentamente el tema en nuestra comisión, pero resultó que este planteamiento que acabo de exponerles responde a las intenciones de la Comisión. A continuación intentamos discutir si no sería posible comprar los productos al precio del mercado mundial en la UE, como ya pueden hacerlo la industria química y la industria farmacéutica, lo cual permitiría reducir al menos los excedentes que actualmente existen para una parte aquellos productos, pues aun cuando en general no producimos excedentes, éstos existen empero en determinados sectores.
La Comisión no deseaba incluir, no obstante, esta posibilidad en las negociaciones en el marco de la OMC. Se propuso una solución, en apariencia elegante, que escapa un poco a dichas negociaciones. La exposición de motivos del reglamento incluye un pasaje en el que se establece que la preferencia comunitaria no se debe ver menoscabada ni tampoco se deben generar perturbaciones en el mercado europeo. Sin embargo, no es posible dar por sentado que no se van a generar perturbaciones en el mercado cuando se compran en otro sitio productos de los que aquí existe un excedente. A mí me parece una solución de emergencia, que mi Grupo político no puede aceptar en su presente forma.
Yo quiero manifestar que el ponente merece mi confianza. El Sr. Souchet siempre atiende las demandas de la agricultura, a veces de manera algo tradicional, en mi opinión, pero aun así yo quiero expresarle mis respetos. Usted ha prestado un servicio a la agricultura campesina europea y, en este sentido, también suscribimos las enmiendas introducidas en el debate en comisión. Estamos de acuerdo con su informe, pero vamos a votar en contra de la resolución legislativa.
En este momento tenemos que expresar nuestro rechazo al menos esta vez, puesto que la propuesta en su conjunto no nos parece una solución equitativa y razonable, y en general también pensamos y tememos que a través de este mecanismo se ejerza una nueva presión deliberada sobre los precios en la UE. El siguiente debate se va a centrar en los precios y en si los precios de nuestros productos en el interior de la UE no son quizá demasiado altos. No obstante, en realidad deberíamos considerar si los precios de exportación en el mercado mundial no requieren tal vez un debate, puesto que bajo esas condiciones, nadie en el mundo puede producir de manera ecológica y con unas condiciones sociales razonables.

Korakas
Señor Presidente, el ponente, Sr. Souchet, hace algunas observaciones acertadas sobre las consecuencias que acarrearán las enmiendas propuestas al reglamento 3448/93, que regula el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas.
Y ello porque si las enmiendas propuestas son aceptadas, y se amplía aún más el régimen de perfeccionamiento en la reexportación, se renunciará definitivamente en la práctica al ya degradado principio de la preferencia comunitaria, se dificultará la presencia de los productos agrícolas comunitarios transformados en los mercados internacionales y se penalizará a las pequeñas y medianas unidades de producción, que se basan en la producción agrícola comunitaria y en las subvenciones comunitarias a la exportación; mientras que, por el contrario, se verán favorecidas las grandes industrias transformadoras, que se asegurarán así materia prima barata procedente de terceros países.
Las consecuencias serán especialmente negativas en los países mediterráneos, Grecia entre ellos, puesto que son los países productores por excelencia de estos productos, y la mayoría de las empresas transformadoras en estos países son pequeñas o medianas. Sería una provocación, cuando se ha creado una situación tan delicada, aceptar las enmiendas al reglamento propuestas, aun con la lógica de la provisionalidad, es decir, hasta que se complete el acuerdo de la OMC, con el pretexto de asegurar el empleo y el valor añadido.
Por ello, aunque coincidimos con el ponente en muchas consideraciones, no coincidimos con sus conclusiones en lo que respecta a la ampliación del régimen de perfeccionamiento activo, aun cuando esta ampliación tenga carácter provisional, precisamente porque creemos que, en las condiciones actuales, lo provisional será permanente y la situación empeorará.

Van Dam
Señor Presidente, según este reglamento, la Comisión se encuentra atrapada con un presupuesto limitado en un marco complejo por tres motivos: primero, los precios de intervención para los productos agrícolas de origen europeo; segundo, las restituciones a la exportación otorgadas a aquellas empresas que ponen en el mercado internacional esas materias primas agrícolas transformadas; tercero, los acuerdos en el marco de la OMC.
Como muy bien señala el ponente, el Sr. Souchet, el presupuesto limitado no molesta tanto a la Comisión como las reglas de la OMC. El déficit de materias primas en el mercado interior europeo da lugar a que la industria de la alimentación pueda importar sin aranceles productos del mercado mundial y, así, tener acceso al régimen de perfeccionamiento activo, tal como viene sucediendo.
No obstante, el reglamento modifica la esencia del régimen de perfeccionamiento activo. Deja de legitimar un déficit de materias primas y pasa a introducir motivos de índole económica, es decir, el hecho de alcanzar el límite máximo de la OMC, el empleo del perfeccionamiento activo. Introduce ahora excedentes para el sector de los cereales en el mercado interior, cuando se alcance el límite máximo fijado para las restituciones. El régimen de perfeccionamiento activo abre la puerta a la importación de cereales del mercado mundial. El peligro de que la relación entre la industria de la alimentación y el agricultor transforme a los socios en competidores resulta real.
Los agricultores europeos no son sólo productores de productos agrícolas, sino que en muchos casos son también quienes mantienen el cuidado del paisaje. Y ello tiene su precio. Debemos ser bien conscientes de este precio que repercute en la industria de la alimentación. Es necesaria la imaginación para encontrar buenas soluciones dentro de los estrictos márgenes establecidos en la Organización Mundial de Comercio para la agricultura y la industria. Es inevitable que algunas industrias pierdan por ello sus restituciones a la exportación. Algunas industrias sólo transforman una pequeña parte de productos agrícolas en el producto final. Considero injustificado que se atrevan a protestar, tanto más por las altas cifras de ganancias que presentan cada trimestre. No obstante, los pequeños importadores merecen, por el contrario, una mayor protección. Respaldamos las enmiendas que protegen sus intereses.
Al igual que el ponente, pedimos a la Comisión que mantenga de forma adecuada el equilibrio entre la agricultura y la industria de la alimentación en Europa durante las próximas negociaciones en el marco de la OMC.

Cunha
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de reducir las restituciones de los productos agrícolas transformados y facilitar el régimen de perfeccionamiento activo entraña riesgos considerables. Subrayaré sólo tres: el primero es el de que esta propuesta no está motivada tanto por las restricciones impuestas por la OMC cuanto en particular por las conocidas restricciones presupuestarias que padece actualmente la Unión Europea, en particular con la necesidad de reasignar medios y recursos a compromisos externos que subscribió, como en el caso, en particular, de Kosovo. No están en entredicho semejantes objetivos. Pero sí que habrá que adoptarlos de forma transparente cuando se celebren los grandes debates sobre las opciones de la Unión Europea. Lo que no es procedente es que se aprobaran hace poco más de un año las perspectivas financieras hasta 2007 y ahora, pasados pocos meses, se estén retirando recursos previstos para la agricultura.
El segundo riesgo es el de que el recurso cada vez más frecuente al tráfico de perfeccionamiento activo puede degenerar en la situación, extraordinariamente peligrosa, de que dejemos de producir internamente muchos productos agrícolas, pues sería más ventajoso importarlos en bruto, transformarlos y reexportarlos. Sólo habría ventajas para algunos grupos de la sociedad, pues para el mundo rural sería una catástrofe. Y, a largo plazo, la propia Unión Europea, en su conjunto, se vería en una situación extraordinariamente vulnerable, pues dependería del abastecimiento exterior en un sector tan estratégico como el de la alimentación. Por tanto, me engañaría, si pensara que el tráfico de perfeccionamiento activo es una solución duradera.
El tercer riesgo tiene que ver con la estrategia de negociación de la Ronda del Milenio. La Comisión ha aprobado esta semana un documento sobre la competitividad en las exportaciones que expresa su posición de principio respecto de los diversos tipos de apoyo a las exportaciones. Y su posición es muy clara: en el futuro, la Unión Europea no podrá aceptar que se reduzcan, en el marco de la OMC, sólo los apoyos a restituciones a la exportación, sino que se deberán reducir todos los tipos de apoyos utilizados por nuestros principales competidores en los mercados internacionales, desde los créditos a la exportación hasta la ayuda alimentaria y a las empresas comerciales del Estado. Hay que poner todo eso "sobre la mesa" y reducido al ámbito de las normas del GATT.
Y la posición de la Unión Europea a este respecto es correctísima: todos los tipos de apoyos que tienen efectos semejantes deben caer bajo la competencia de la OMC y no sólo el sistema de restituciones utilizado por la Unión Europea. Y en ese ámbito de presión externa que la Unión Europea está ejerciendo en el marco de las negociaciones del GATT, de la OMC, me parece equivocado haber presentado en este momento esta propuesta.
Para terminar, quisiera tan sólo agradecer al Sr. Dominique Souchet el enorme trabajo que ha llevado a cabo y que apreciamos mucho.

Hyland
Señor Presidente, al felicitar al Sr. Souchet por su trabajo, quiero expresar mi decepción y preocupación por la propuesta de la Comisión de reducir las ayudas al sector de la alimentación por valor de 145 millones de euros al año. Esta propuesta tiene repercusiones graves para el sector lácteo de Irlanda y ocasionará una grave pérdida del comercio, en particular, en el ámbito de los productos lácteos transformados.
Apoyo plenamente al ponente en sus propuestas de que la medida debería introducirse únicamente con carácter provisional y que debería introducirse algún tipo de ayuda para amortiguar los efectos sobre los sectores más afectados. He puesto el ejemplo del sector lácteo de Irlanda y quisiera pedir al Sr. Comisario que examine las repercusiones para este sector en particular. También apoyo las disposiciones del informe del Sr. Souchet que dicen que debemos garantizar el respeto a la agricultura europea y al modelo de producción alimentaria. No es más que justo y acertado que negociemos un nuevo marco regulador para las exportaciones o para los productos que no están cubiertos por el Anexo I, como parte de la Ronda del Milenio de la OMC.
El Sr. Souchet tiene razón cuando afirma que la decisión de recortar las restituciones a la exportación para determinados productos es inaceptable, porque dichas disposiciones contribuyeron inicialmente a la gestión del mercado interior. De hecho, esta situación obtuvo el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. Creo que la propuesta de introducir un instrumento adicional para que la materia prima pueda acogerse al régimen de perfeccionamiento activo no será suficiente para cubrir el suministro y las necesidades en materia de exportación del sector de la alimentación.
A largo plazo, Europa necesita ejercer mayor vigilancia en lo relativo al comercio mundial - que ahora es objeto de examen - y cómo las decisiones que allí se adoptan repercuten sobre nuestras empresas de alimentación y nuestros agricultores. Existen pruebas suficientes de que nuestros competidores en el mercado mundial, en particular los Estados Unidos y Nueva Zelanda, no siempre se sienten obligados a respetar las reglas, como lo hacen los Estados miembros de la UE. Con la ampliación prevista de la Unión Europea hacia Europa Central y Oriental, debemos adoptar medidas firmes para salvaguardar nuestro objetivo europeo que, naturalmente, es el desarrollo de la agricultura como uno de los sectores más importantes y competitivos del comercio mundial. Nuestros competidores ya han demostrado sus dotes negociadoras en este ámbito de crucial importancia de la política internacional.

Mayer, Xaver
Señor Presidente, desde luego es preciso restregarse más de una vez con incredulidad los ojos al leer la solución que propone la Comisión a los problemas que ya se han comentado y descrito. Cuanto han manifestado los Sres. Souchet, en su calidad de ponente, y Graefe zu Baringdorf, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, es absolutamente cierto y yo lo apoyo rotundamente.
Sin embargo, por el otro lado, es indudable que las restricciones presupuestarias y también los acuerdos particulares en el marco de la OMC plantean un problema absolutamente nuevo en lo que respecta a las restituciones a la exportación. Quién hubiese dicho hace sólo un año -y quiero recalcarlo especialmente-que tendríamos que enfrentarnos a este dilema, que nos veríamos obligados a buscar un equilibrio entre los intereses de la transformación de los productos agrarios y los de los productos de los agricultores. La Comisión Europea intenta responder a esta necesidad buscando una solución que permita superar ese cuello de botella que restringe la exportación en el caso de los productos que no figuran en el Anexo I. Sin embargo, en la propuesta de la Comisión no se aprecia, ni siquiera en su planteamiento inicial, una conciencia de los problemas que afectan a los productores de materias primas, o sea, a los agricultores.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Souchet y le agradezco el gran esfuerzo que ha dedicado a la elaboración del informe. Él lamenta con razón que la Comisión no ofrezca ninguna alternativa con vistas a una negociación. En este contexto, es indudable que no se puede restringir la posibilidad de disponer de materias primas a precios competitivos y que, a la larga, la política agraria tampoco puede estar indisolublemente vinculada a la sola protección de los productores de materias primas. No obstante, tampoco es admisible que se hagan recaer unilateralmente las cargas sobre la agricultura y, menos aún, sobre ciertos productos concretos.
Algunos productos agrarios acaban cubriendo prácticamente la financiación de sus restituciones a la exportación, concretamente a través de las cotizaciones de los productores, o sea, de los agricultores. Así sucede, por ejemplo, en el caso del azúcar. Las cotizaciones de los agricultores se consignan de manera general en la parte de los ingresos del presupuesto de la Unión y su montante también se reducirá si se reducen las restituciones a la exportación. Así sucede sobre todo, como ya he señalado, en el caso del azúcar. Yo creo que esta circunstancia merece una consideración especial. Es decir, que es necesario que se tenga en cuenta mediante un trato prioritario a la hora de asignar las restituciones a la exportación.

Maat
Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar al ponente, el Sr. Souchet por su informe, ya que sólo es posible dar una respuesta a la propuesta de la Comisión, que no era buena; se trata de una respuesta parlamentaria enérgica. Ahí está. Estoy particularmente satisfecho con ella. La situación en que nos encontramos nos obliga, de hecho, a modificar las regulaciones en dos puntos. Algunas veces hay que trabajar en la forma que no se desea.
El primer motivo radica en los acuerdos alcanzados en el marco de la OMC, y el segundo, podría ser el presupuesto. Quiero referirme brevemente a los dos, empezando por las reglas de la OMC. Resulta verdaderamente doloroso dado el nivel de precios de la Unión Europea y, también, fuera de la misma, que todavía necesitemos las restituciones, e indican que aún existe una gran diferencia en cuanto al poder de los productores y agricultores a lo largo del mundo, y los que venden los productos de los anteriores. En tanto esto siga así, de hecho, no podemos abandonar las restituciones. Esto también ha de dejarse muy claro durante las próximas negociaciones en el marco de la OMC.
El segundo punto es el presupuesto. No me parece adecuado utilizar ese argumento en relación con la regulación de las restituciones y con los productos agrícolas transformados ¿Por qué no? La Unión Europea lleva ya algunos años devolviendo dinero a los Estados miembros porque, simplemente, no puede emplearlo todo. Ése no puede ser un argumento. En segundo lugar, el Parlamento ha dejado claro, también mediante el informe sobre el presupuesto para 2001 adoptado en la Comisión de Agricultura, que hay posibilidades dentro del marco de los acuerdos financieros de Berlín.
A fin de solucionar este problema se han propuesto, para empezar, cinco millones extraordinarios para algunos certificados de exportación para los cereales en la forma de bebidas alcohólicas, diez millones extraordinarios para los cereales y el arroz, once millones para el azúcar y la isoglucosa, y once millones para los productos lácteos transformados. Entonces, hay dinero y, por tanto, puede solucionarse el problema.
Queda la cuestión de que la política agrícola está dirigida, en principio, a los agricultores. Se ha creado para el campo europeo. El hecho de que este reglamento sea necesario muestra también el vínculo estrecho que existe entre las industrias de transformación europeas y los agricultores. En este sentido, un reglamento temporal resulta absolutamente necesario. No obstante, sí he de decir que debe transmitirse un mensaje muy claro a la industria de transformación en el sentido de que depende, en primer lugar, de los productos que se cultivan en la Unión Europea. Además, quisiera pedir a la Comisión que tenga muy en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. En bastantes de las regiones en las que hay mucha agricultura, no hay tanto empleo y estas empresas, precisamente, deben poder sentirse bien con este tipo de regulaciones y, simplemente, se les debe prestar en este sentido más atención.

Nielson
. (EN) En nombre de la Comisión y, en particular, de mi colega el Sr. Liikanen, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Souchet, y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por la elaboración de su informe. Espero que sus deliberaciones conduzcan a un consenso que despeje el camino para una rápida ejecución en el nuevo ejercicio presupuestario.
Todos estamos de acuerdo en que es necesario fomentar la posición competitiva del sector de la alimentación de la Unión. Las restituciones a la exportación son un instrumento importante para sostener la competitividad del sector, compensándole por los elevados precios de productos agrícolas básicos en la Unión. No obstante, las restricciones presupuestarias, así como los compromisos asumidos en el marco de la OMC limitan enormemente las restituciones disponibles, que dejarán de ser suficientes para cubrir todas las oportunidades de exportación de las empresas. Por este motivo, la Comisión ha propuesto, dentro de un paquete equilibrado de medidas específicas, un instrumento adicional de ayuda, el régimen de perfeccionamiento activo, que contribuirá a compensar al sector por la pérdida de competitividad internacional.
De las enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión puede aceptar las enmiedas 2, 6, 10, 13 y 15. La Comisión está ampliamente de acuerdo con el objetivo de las enmiendas 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, pero no las considera del todo adecuadas por varias razones.
Las negociaciones en el marco de la OMC exigen un mandato específico del Consejo, por consiguiente, el actual reglamento no parece ser el medio adecuado para determinar la posición de la Unión. Esto es relativo a la primera enmienda. Asimismo, algunas enmiendas podrían suponer una carga administrativa relativa a la aplicación y el control que parece desproporcionada. Esto en cuanto a las enmiendas 3, 11 y 14.
El umbral para eximir a los pequeños exportadores del régimen de certificados ya ha sido incrementado a 50.000 euros, aspecto que afecta a las enmiendas 7 y 8. La flexibilidad que quedaba con cargo al presupuesto 2000 ya ha sido utilizada, que es lo que se pretende con la enmienda 9.
Por último, la Comisión no está dispuesta a aceptar las enmiendas 4, 5, 12, 16 y parte de la enmienda 1. Como norma general, la Comisión no apoya la discriminación entre distintos productos respecto a la posibilidad de acogerse al régimen de perfeccionamiento activo. Esto es relativo a parte de la enmiendas 1, 4, 12 y 16. Asimismo, la utilización de azúcar C en los productos transformados para la exportación no es posible bajo la actual organización del mercado: esto es relativo a la enmienda 12. Los operadores que importan productos bajo el régimen de perfeccionamiento activo no reciben ninguna restitución a la exportación de productos transformados, por lo que la hipótesis en la enmienda 5 no es correcta.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, permítame que exponga dos observaciones dirigidas a la Comisión. El Comisario ha dicho: "debido a los altos precios de los productos agrarios en la Unión" . Quizá la Comisión debería acostumbrarse a usar la fórmula: "debido a los bajos precios de dumping en el mercado mundial" , pues de lo contrario estamos creando la impresión de que el sistema de precios agrarios en la UE presenta unos niveles excesivamente altos. No es así, sino que éstos son demasiado bajos en el mercado mundial, puesto que es imposible producir a esos precios.
En segundo lugar, el informe se ha elaborado sobre la base del artículo 37 y nos reservamos la facultad de decidir su devolución a comisión -me propongo discutir esta posibilidad con los demás Grupos-, pues lo que usted acaba de manifestar y las enmiendas que ha aceptado, indican que los esfuerzos de la Comisión de Agricultura han sido totalmente en vano. Por consiguiente, seguramente tendremos que mantener negociaciones. Lo digo sólo como una sugerencia; las y los colegas tendrán luego la oportunidad de exponer su parecer cuando tratemos esta cuestión. Sólo deseaba anunciar nuestros propósitos. Señor Presidente, le agradezco que me haya concedido la oportunidad de hacerlo.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas.

Competencia judicial en materia civil y mercantil
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0253/2000) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (COM(1999) 348 - C5-0169/1999 - 1999/0154(CNS)).

Wallis
. (EN) Señor Presidente, intervengo, primero, en nombre de la comisión y más tarde lo haré en nombre de mi Grupo. Cuando por fin me dispongo a presentar, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, este informe al Pleno, son muchas las personas a las que debo y quiero dar las gracias, pero me gustaría hacer referencia especial a una de ellas, que fue para mí fuente de inspiración y que espero que siente las bases para nuestro debate de esta noche.
Cuando yo era una joven abogada en Londres, a comienzos de los años ochenta, tuve el privilegio de trabajar con una señora alemana de edad avanzada, que era una de esas notables emigradas judías alemanas que llegaron a Londres durante los primeros años de la guerra y comenzaron a ejercer la abogacía en Inglaterra. Esta sorprendente señora no sólo se tituló como procuradora inglesa, tras haberse titulado en Alemania, sino que además demostró ser una auténtica europea de su generación; obtuvo un doctorado en la Sorbona que llevaba por título: Reconocimiento y ejecución mutuos de las resoluciones judiciales. Ella despertó en mí el interés en esta rama del Derecho y cuando se retiró gradualmente y traspasó su bufete, yo comenzaba a familiarizarme con el funcionamiento del Convenio de Bruselas, que por aquel entonces entró en vigor en el Reino Unido. Me gustaría pensar que ella aprobaría lo que hemos conseguido hasta ahora, que la Unión Europea esté ahora en condiciones de permitir a los abogados desplazarse y ejercer en otros Estados miembros, por su libre elección y no obligados por las circunstancias, así como la contribución de nuestra comisión que con este reglamento nos permite avanzar y ofrecer a nuestros ciudadanos de toda Europa mayores garantías de acceso a la Justicia.
Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre la importancia de lo que estamos haciendo. El Convenio comunitario sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, adoptado en 1968, fue un hito importante en este ámbito del Derecho internacional privado y marcó el alejamiento del anterior aglomerado de tratados, principalmente bilaterales, entre los distintos países. Por primera vez, a través de un convenio intergubernamental, la CE se dotó de un régimen especial, único y exhaustivo en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.
Ahora participamos en la consecución del siguiente hito importante en este proceso; conseguir que lo que era un convenio se convierta en un acto comunitario, un reglamento. Un ámbito del anterior Derecho internacional privado se convierte de golpe en Derecho comunitario y, lo que es más importante, en mercado interior. Que oportuno que haya sido nuestra comisión, con su nueva competencia en esta legislatura, la que traslade los asuntos jurídicos al mercado interior, la que haya debido ocuparse de este nuevo Reglamento de Bruselas.
La comisión ha tratado por todos los medios, a lo largo de este proceso, de señalar y poner de relieve la importancia de la dimensión de esta propuesta para el mercado interior, que nos brinda la oportunidad de garantizar, con mayor firmeza que hasta ahora, que nuestras empresas y nuestros ciudadanos se sientan seguros de que los contratos y obligaciones concluidos en cualquier lugar de la Unión estarán amparados por un marco común de Derecho procesal en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. Estamos avanzando hacia un sistema de Derecho civil y de Justicia que facilitará y garantizará el acceso transfronterizo y que, por fin, comienza a hacer realidad el ámbito de libertad y justicia propuesto en Tampere.
El tema que, naturalmente, ha necesitado más tiempo y atención de la comisión ha sido el hecho de que esta propuesta de reglamento coincidiera con la expansión del comercio electrónico, que ya ofrece de por sí enormes oportunidades a las empresas y los consumidores dentro del mercado interior. Como la Comisión sabrá perfectamente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha tenido que librar una larga y dura batalla respecto a los temas planteados en los artículos 15 y 17 de la propuesta de reglamento. Es decir, ante qué tribunal deben presentar recurso las partes en caso de litigio entre una empresa y un consumidor. Estos dos artículos, cualquiera que sea la combinación, deben ser leídos conjuntamente.
La Comisión, de acuerdo con la legislación anterior sobre la protección del consumidor, consideraba en su propuesta que, en lo relativo al artículo 15, todos los recursos en caso de litigio debían ser sometidos al tribunal del consumidor, aunque estaba dispuesta a aplazar, hasta una propuesta general, que los contratos celebrados a distancia entren en dicha categoría. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha buscado el modo de que el creciente sector del comercio electrónico y, en especial, las pequeñas empresas no deban someterse a 15 jurisdicciones diferentes y distintas y, en consecuencia, ha optado, por una pequeña mayoría a favor, por la opción del artículo 17 bis, que modifica el principio general del artículo 15. Esta modificación permite a las partes contratantes contratar en favor de la jurisdicción del vendedor. De este modo se pensó que se defendía la libertad de contrato de las partes, aunque este añadido es otro elemento al que me referiré a continuación.
Creo que la contribución más fundamental de la comisión a este debate será la introducción de la referencia de dichos litigios entre las partes a los sistemas alternativos de solución de litigios y de solución en línea. Ha habido acuerdo general respecto a que es el mejor modo de neutralizar el difícil debate acerca de cuál debe ser la jurisdicción competente. No hay duda de que el Convenio de Bruselas dio pasos de gigante en la simplificación de las normas de jurisdicción aplicables a los litigios transfronterizos, pero este aspecto sigue siendo el sueño del abogado y la pesadilla del litigante. Realmente no se ha facilitado el acceso a la Justicia.
La introducción de un sistema sencillo y eficaz para resolver litigios transfronterizos es el objetivo que persigue la comisión con la introducción del concepto ADR, y acogemos con satisfacción la acogida de la Comisión a este sistema y que ya haya comenzado a trabajar sobre él. También hubo acuerdo en comisión respecto a que debemos examinar detenidamente las repercusiones que tiene la legislación sobre las empresas de este ámbito en rápida expansión en Europa, es decir, las que realizan comercio electrónico. Por consiguiente, de acuerdo con la Directiva sobre el comercio electrónico, hemos pedido una revisión dentro de dos años.
He cubierto los aspectos principales. Deseo terminar con una nota de agradecimiento a mis colegas de la comisión, especialmente a nuestra presidenta, que me consta que siente la misma pasión que yo por este ámbito del Derecho, a pesar de nuestras diferencias, pero mi mayor agradecimiento debe ir dirigido a la Secretaría de la comisión y al Sr. Robert Bray por su ayuda y asesoramiento durante todo este proceso.

Evans, Robert J
- (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por su presentación de lo que es un informe muy justo y equilibrado. En nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, me complace poder presentar esta opinión, en sustitución de mi colega, la Sra. Hazan, que lamentablemente no puede encontrarse esta noche con nosotros.
Mi comisión considera importante dar una respuesta positiva a esta propuesta de la Comisión, que intenta convertir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros en algo casi automático. Este reglamento no sólo amplía la cooperación judicial entre los Estados, sino que además marca un intento de situar al ciudadano en el corazón de Europa - al ciudadano, y no sólo a las grandes empresas, los corredores de bolsa y demás, para los que, quizá, el beneficio sea su único objetivo.
Mi comisión considera asimismo que debe aprobarse la disposición del reglamento que intenta proteger a las partes más débiles de un contrato. Esto permitirá a los consumidores, trabajadores y a las aseguradoras sentirse protegidos por un reglamento europeo eficaz, que puede ser aplicado automáticamente en todos los Estados miembros.
Siguiendo esta lógica, nos parece claro que no existan motivos legítimos para eximir las operaciones del comercio electrónico de las normas que protegen a los consumidores. La ponente se ha referido a ello, pero el comercio electrónico es un ámbito que está en clara expansión. Diferenciar entre los derechos de las personas que realizan compras en línea y de aquellas que las realizan en la calle iría en contra del valioso trabajo que ya han realizado el Parlamento Europeo y la UE, en general, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Los consumidores de transacciones electrónicas, en común con las partes más débiles de un contrato e, incluso, los ciudadanos europeos en general, merecen y deben tener derecho a una vista justa.
Por último, mi comisión acoge con satisfacción la introducción de procedimientos alternativos para la solución de litigios, y desea que este reglamento entre en vigor lo antes posible.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, permítame comenzar con unas palabras en mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pocas veces me he sentido tan orgullosa de este cargo como lo estoy hoy respecto de este informe por el trabajo llevado a cabo en comisión durante un año. Un año que no significa falta de interés del Parlamento, sino, por el contrario, intenso y fructífero debate entablado entre los miembros de la comisión, así como con los medios académicos y con todas las partes interesadas.
Mis sinceras felicitaciones a la Sra. Wallis por haber hecho posible, como ponente, esta labor y por supuesto mi agradecimiento al trabajo realizado por la secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en particular, como ella también ha mencionado, por el trabajo del Sr. Bray. Hemos discrepado, señor Presidente, pero estoy segura de que cualquiera que sea el resultado que se alcance en el Pleno mañana, la reflexión de la Comisión de Asuntos Jurídicos habrá hecho avanzar de forma significativa este expediente.
Continúo ahora, señor Presidente, en nombre del PPE. Como bien saben ustedes y lo ha recordado la ponente, la cuestión principal debatida se refiere a la determinación del tribunal competente para los contratos concertados con los consumidores en Internet. Pues bien, de nuevo estoy orgullosa porque el informe es equilibrado y matizado, propone soluciones pragmáticas, susceptibles de mejorar la protección del consumidor y de permitir al mismo tiempo que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, que son las que constituyen el tejido social europeo, ofrezcan sus servicios y productos a consumidores domiciliados en el mercado interior. Conviene que el mercado interior sea un auténtico mercado doméstico, tanto para las empresas como para los consumidores.
En cuanto al consumidor, se propone hacer extensivo el ámbito de aplicación del régimen especial a aquéllos que firmen contratos a distancia en el mercado interior sin hacer distinción alguna entre actividades dirigidas o no dirigidas y, como ha resaltado la ponente, se incorpora dentro del Reglamento la resolución extrajudicial de conflictos. Por lo que respecta a la promoción del comercio electrónico transfronterizo, se propone permitir a las empresas insertar, en determinadas condiciones muy específicas y muy restrictivas, unas cláusulas de jurisdicción que el consumidor podría aceptar.
Estoy convencida, señor Presidente, de que el dictamen del Parlamento tendrá un impacto real en el Consejo de Justicia. En efecto, y la Sra. Wallis lo ha dicho, el Parlamento ha hecho lo que ni la Comisión ni el Consejo se han atrevido a hacer: abordar un debate realista sobre el fondo, sobre la protección de los consumidores en el siglo XXI, no la protección de los consumidores en el siglo XIX, ni en el siglo XX, con todas las partes interesadas y que tiene en cuenta todos los intereses implicados.
Cuando se examina la historia de este expediente, nos damos cuenta de que la Comisión, al hacer su propuesta, se ha limitado a recoger un proyecto de revisión de la Convención de Bruselas elaborado -antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, es decir, cuando esto era materia intergubernamental, muy cerca del Derecho internacional público-, por un comité de expertos. Además, señor Presidente, este comité ha trabajado solo, sin transparencia alguna, sin consultas interministeriales y sin consultar a los medios interesados. Está claro que el Consejo de Justicia esperaba que, habida cuenta de los débiles poderes institucionales de que dispone este Parlamento en este ámbito, incluso después de Amsterdam, la adopción final del reglamento por parte del Consejo fuera puro trámite.
Pues bien, la negativa manifiesta del Consejo de Justicia a abrir un debate acerca de esta cuestión explica que, en estos últimos tiempos, el Parlamento se encuentre sometido a todo tipo de presiones. Después de más de un año de discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos puedo decir simplemente que los argumentos esgrimidos contra su informe carecen de fundamento y son fruto más de la intimidación o de la demagogia que de razonamientos de fondo. Veámoslo brevemente.
Algunos intentan politizar el debate, esperando con ello que aparezca la división derecha-izquierda, intentando tomar como rehén al consumidor, diciendo que el informe iría contra la protección de éste. Es un argumento tan demagógico como injustificado que descansa al final en una protección anticuada, poco eficaz, basada además en una perspectiva nacionalista y contraria a la construcción europea.
Las soluciones adoptadas son mucho más protectoras que las propuestas por la Comisión o -ahí discrepo de la Sra. Wallis- que las presentadas al Pleno, que en realidad limitan la protección únicamente a los consumidores apuntados u objetivados por un sitio Internet, por una empresa.
También se han esgrimido argumentos pseudojurídicos, como una supuesta incompatibilidad con la Directiva de cláusulas abusivas o con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pues bien, no existe incompatibilidad ni con una ni con otras y permítanme citar el informe, que la Dirección General SANCO repartió el 20 de septiembre de 1999, donde se afirma y cito en francés porque es el único original existente: "Les clauses attributives sont donc possibles et licites, au titre de cette proposition, pour autant que certaines conditions soient garanties." Y sigue: "Il importe dès lors que le consommateur soit clairement informé avant de conclure le contrat."
Precisamente por eso, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos prevé exigencias estrictas de transparencia. Por lo tanto, no es cierto que este informe vaya contra un pretendido logro comunitario.
Por último, y tal vez éste es el más cínico de los argumentos, se dice: "Bueno, esto pone en dificultades a las pequeñas y medianas empresas, pero que se aseguren". Es como si dijéramos: "Que no haya bomberos en los pueblos o en las ciudades. Si se quema una casa, que tengan los propietarios seguros". Hay que hacer una buena legislación equilibrada para todos.
Para terminar, discrepo de la Sra. Wallis, a pesar de haber compartido con ella esta aventura, en su solución, porque creo que al final su solución no es más protectora del consumidor, puesto que se limita a proteger al consumidor al que se haya dirigido una empresa. Entre un sitio activo o pasivo, entre una actividad dirigida y no dirigida, un abogado podría estar "mareando la perdiz" durante años y años con la jurisdicción que pudiera ser aplicable.
Para concluir, señor Presidente, me parece que en este ámbito de la cooperación judicial el Parlamento ha de enviar una clara señal al Consejo y a la Comisión de que no aceptará verse descartado o manipulado por argumentos dogmáticos que representen intereses puramente nacionalistas. Por el contrario, el Parlamento, gracias a su trabajo en profundidad, tiene aquí una gran ocasión para demostrar que pueden encontrarse soluciones pragmáticas y razonables para reequilibrar esta propuesta y, eso, cualquiera que sea mañana el resultado en el Pleno.

McCarthy
Señor Presidente, todos sabemos que el desarrollo de Internet como canal de compras puede aportar grandes ventajas: nuevas oportunidades para las pequeñas empresas, para aquellas que comienzan a operar en Internet y para abrir el mercado único a los consumidores de los 15 Estados miembros. Para estos últimos, ello puede suponer unos precios más bajos. Puede significar un aumento de la oferta y todos apoyamos eso, pero también sabemos por los estudios que realizan las asociaciones de consumidores de los distintos países, en particular, de mi Estado miembro, que los consumidores aún no confían lo suficiente en la nueva tecnología para realizar sus compras en línea. Me complace comprobar que las empresas reconocen que la confianza de los consumidores es decisiva para el crecimiento de esta red de comercio electrónico de pequeñas empresas. Reconocen que es un requisito imprescindible para persuadir al consumidor de que compre en línea y, por consiguiente, nuestro principal objetivo debe ser fomentar la confianza que, a su vez, beneficiará a las empresas ampliando su base comercial de clientes y consumidores.
Es lamentable que, en comisión, este debate haya desembocado en un cierto enfrentamiento entre las empresas y el sector. Tanto las empresas como el sector pueden beneficiarse de un enfoque sensato de este asunto. Para reconocer todo el potencial del comercio electrónico entre empresa y consumidor debe existir confianza suficiente. Para persuadir a dichos consumidores para que den el paso hay garantizar que sus derechos permanecen intactos y, en opinión de mi Grupo, esto debe incluir el derecho de recurrir a un tribunal de su país.
Existe la opinión de que los consumidores se limitan exclusivamente a adquirir CD, libros y artículos de poco valor, pero sabemos, naturalmente, que el comercio electrónico está creciendo de tal forma que no tardarán en adquirir servicios financieros o automóviles. En mi circunscripción, algunos quieren comprar automóviles más baratos en Francia y los Países Bajos. Estamos hablando de importes considerables y, a medida que alentamos a más consumidores a comprar en línea, debemos garantizarles el derecho de entablar una demanda en sus tribunales, y no podemos pretender de ellos - en particular, de los consumidores más pobres - que acudan a tribunales extranjeros. En realidad, sabemos que es necesario un enfoque más innovador para regular el mundo del comercio electrónico en beneficio de las empresas y también de los consumidores. Es necesario un marco jurídico fundamental con soluciones innovadoras y no legislativas, y por ello apoyo las propuestas de la Sra. Wallis de examinar el potencial de los sistemas ADR, investigar las marcas de confianza, apoyar a las pequeñas empresas en la elaboración de códigos voluntarios de buena conducta y financiar modos de resolución de litigios satisfactorios para ambas partes.
Los servidores del servicio de Internet deben desempeñar un papel en este cometido. America Online, por ejemplo, tiene su propio programa de empresas comerciales que garantiza la ayuda al consumidor para obtener reparación legal de cualquiera de las empresas que utilizan este proveedor. Lo cierto es que estos sistemas no existen en Europa, ni siquiera se han desarrollado. Incluso en los Estados Unidos, donde sólo el 8% de los sitios "web" cuenta con marcas de confianza, aún existen problemas considerables a la hora de obtener reparación legal. Los sistemas ADR, por consiguiente, no pueden ser una sustitución de la compensación legal. No se puede obligar al consumidor a renunciar por contrato a su derecho de recurrir a un tribunal, como se dice en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que hoy nos ocupa.
Hay que seguir trabajando en este ámbito. Debemos crear confianza, pero hasta que estos nuevos sistemas entren en vigor, no existe ninguna razón por la que los consumidores no deban disfrutar de los mismos derechos en línea que fuera de ella.
No puedo despojar a mis electores de su derecho a presentar recurso en sus tribunales. Tienen derecho a su propio sistema judicial y debemos seguir apoyando eso.
No apoyamos las cláusulas sobre la jurisdicción porque mi Grupo cree que van en contra de la legislación sobre condiciones contractuales injustas y dan lugar a un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes en detrimento del consumidor. Creemos que eso conllevaría más inseguridad legal, más casos judiciales y puede que más dinero para los abogados, pero eso no puede ir en beneficio de las empresas ni de los consumidores.
Me siento muy satisfecha de que la CBI haya respaldado el enfoque de la Sra. Wallis en mi país. Es una posición sensata que nos ayuda a trabajar con las empresas y los consumidores para garantizar que la acción judicial es sólo el último recurso y que podemos encontrar mejores medios de resolver conflictos.
Me produce un cierto pesar que los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos parezcan haber olvidado que nuestra comisión es la responsable de la protección jurídica del consumidor. Por consiguiente, no puede ser justo que respondamos a los retos de este nuevo mundo del comercio electrónico intentando limitar o restringir sus derechos. Eso enviará a los consumidores un mensaje negativo. No apoyará el desarrollo del comercio electrónico, lo que significa que no desarrollaremos el sector del comercio electrónico entre empresas y consumidores.
Apelo, por consiguiente, al sentido común en este debate. Sé que ninguna legislación es perfecta. En el mundo del comercio electrónico todos nos esforzamos por conseguir una legislación justa, un equilibrio justo entre la autorregulación y un marco reglamentario que ofrezca unas garantías mínimas. Por eso creo también que esta cláusula de revisión dentro de dos años es acertada. Nos permitirá analizar la legislación, cómo ésta afecta a las PYME y a los consumidores. La idea de crear un repertorio y recoger pruebas es una idea excelente. Ahora debemos esforzarnos en encontrar soluciones prácticas y eficaces para la resolución de litigios. Esto no puede hacerse a expensas de los consumidores.

Wallis
. (EN) La opinión sobre el presente informe gira en torno a los artículos 15 y 17. A continuación intervengo, en nombre de mi Grupo, respecto a las enmiendas que han presentado éste y otros Grupos políticos.
El objetivo que todos compartimos es intentar encontrar un modo equilibrado de proteger a los consumidores y las PYME de las diferentes jurisdicciones de los Estados miembros. Este problema se ha exagerado y se ha sacado de contexto. Las pruebas disponibles demuestran que los litigios transfronterizos entre las partes son escasos y apartados entre sí, y cabe esperar que la mayoría de ellos desaparezca ahora con el sistema ADR. Pero cuando las cosas salen mal, el más desfavorecido es el consumidor. Las grandes empresas pueden permitirse asistencia jurídica. La PYME sagaz y sensata puede asegurarse por una pequeña prima. Sólo nos quedan las empresas desprevenidas que participen en transacciones transfronterizas.
En estas circunstancias es razonable ampliar el contenido anterior del artículo 15, utilizar el concepto de "dirigido a", reconocer que es un concepto que encontramos también en la jurisprudencia estadounidense y que es utilizada por la OMPI. No es sencilla, pero ya ha sido utilizada y aquí no existe ninguna solución sencilla. Esto, en combinación con una modificación del artículo 17, que garantiza la libertad de contratar la opción del sistema ADR, pero respeta los derechos actuales de los consumidores en la forma de la directiva sobre condiciones contractuales injustas, presenta un paquete mucho más viable y jurídicamente seguro que fomentará la confianza.
Una prueba del equilibrio que hemos conseguido con estas enmiendas es el respaldo que hemos obtenido de la CBI de mi país, así como el apoyo más que parcial de las organizaciones de consumidores, que sin duda prefieren este paquete al de la comisión.
Un aspecto al que no hice referencia en mi anterior intervención es el papel del Parlamento en este proceso legislativo. Somos la parte consultada. Por sus declaraciones sobre este tema, sabemos que el Comisario Byrne no aceptará la formulación propuesta por la comisión en el artículo 17 bis y creo que el Comisario Vitorino comparte su opinión.
Desde la perspectiva del Consejo, el Gobierno del Reino Unido ha expresado una opinión similar. Parece poco probable que la Presidencia francesa, que está haciendo hincapié en el tema de los consumidores, adopte una opinión diferente.
Habida cuenta de que no somos más que la parte consultada, deberíamos poder decir lo que queramos. Nos limitamos a apuntar a una dirección política, pero es importante que apuntemos a una solución jurídicamente segura y viable, no a una que cree tantos problemas como intenta resolver.
El Parlamento debería comportarse de manera responsable, como un legislador adulto y no como un niño caprichoso. Tenemos la oportunidad de ampliar los logros, ya sustanciales, en el informe final de la comisión. Espero que sigamos avanzando.

Ahern
Quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Wallis, por su perseverancia. Ha sido un camino largo y difícil.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta que garantizaría a los consumidores el derecho a interponer recurso en sus tribunales en caso de litigios derivados de transacciones transfronterizas a través del comercio electrónico.
Las enmiendas que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha presentado al Parlamento eliminarían dicho derecho y lo someterían a condiciones poco razonables, por lo que no puedo apoyar dichas enmiendas. Las enmiendas desplazan el equilibrio del informe hacia los comerciantes en detrimento de los consumidores. Los consumidores podrán acordar - con anterioridad a la conclusión del contrato - que no interpondrán ninguna acción judicial contra la otra parte en los tribunales del Estado miembro en que tengan su residencia. El principal problema de este enfoque es que asume que los consumidores, primero, leerán la letra pequeña de estos contratos y, aunque lo hicieran, que entenderán perfectamente las consecuencias de su renuncia al derecho de interponer un recurso en los tribunales de su país y las diferencias que existen con respecto a los costes incurridos, los sistemas jurídicos, la elección del idioma que se utilizará, etcétera.
Es poco probable que el consumidor medio entienda o sea consciente de ello, y no podemos estar de acuerdo con que se les despoje de sus plenos derechos legales de esta manera. Estoy de acuerdo con la Sra. Wallis en que el Comisario Byrne tenía razón cuando dijo que no aceptaría esto, y espero que el Comisario Vitorino piense del mismo modo, porque las consecuencias serían desastrosas.
No obstante, la comisión sí dio su aprobación a la adopción de un enfoque coherente de la legislación relativa a Internet. Según la propuesta, la información clave contenida en los archivos de los Estados miembros sería copiada, utilizando un formulario estándar, en una base de datos centralizada a la que podrían acceder en línea las partes interesadas. Un sistema así fomentará además la convergencia y la coordinación de las jurisprudencias nacionales y permitirá a las partes comprobar la situación de los interlocutores comerciales y los proveedores, especialmente en la era del comercio en línea.
Este repertorio europeo merece ser acogido con gran satisfacción y espero que podamos apoyar el presente informe.

Gallagher
Quiero felicitar a la Sra. Wallis por la elaboración y presentación de su informe. Saludo la mayor parte de este informe y quiero centrarme, en particular, en la enmienda 20, considerando 26 (nuevo), en la que se dice que la Comisión examinará propuestas para el establecimiento de una base de datos electrónica centralizada que recoja el repertorio y la jurisprudencia de la Unión Europea.
Esta enmienda ha sido claramente justificada en el informe. Favorece al ciudadano y al consumidor, y quisiera instar firmemente al Comisario a que estudie esta propuesta con un talante favorable, en particular, habida cuenta del hecho de que favorece al consumidor y al ciudadano. Quisiera instar firmemente a la Comisión a que la considere favorablemente porque ahora vivimos en una red global con una economía global y empresas globales.
Pero aún debemos crear una infraestructura para que el Convenio de Bruselas, según enmienda y ampliación, beneficie a nuestros ciudadanos consumidores de la UE y atraiga la inversión del exterior.
Es necesario establecer el repertorio, que ha sido inspirado por una propuesta de un abogado irlandés, Twinkle Egan, que ha trabajado diligentemente en esta iniciativa durante varios años. Aún a expensas de repetirme, este repertorio es una garantía que beneficia a los ciudadanos. Este sistema tiene la ventaja de que ya ha sido probado en muchas instituciones acreditadas, entre las que se incluye la Asociación Internacional de Abogados. El sistema tiene el atractivo de que puede hacerse extensivo a la sincronización del sistema jurídico internacional del mundo de la globalización en el que ahora se desarrollan nuestra vida y nuestros negocios.
El sistema permitirá a los ciudadanos de la Comunidad, entre otros, acceder rápida y fácilmente a información fidedigna y actualizada sobre la existencia y el avance de litigios transfronterizos en los que pueden tener un interés legítimo. Este sistema garantizaría además la eficacia en la obtención y ejecución de las resoluciones judiciales en el territorio de la UE.

Fiori
Señor Presidente, debemos tomar nota del enorme trabajo realizado por el Sr. Wallis, así como del intento de mantener cierto equilibrio en un informe muy complejo, dado que estamos tratando de definir escenarios futuros sumamente importantes para todos nosotros.
El debate de esta noche parece técnico, pero, de hecho, esconde elementos políticos muy significativos. Entre otras cosas, debemos fijar reglas fundamentales para el funcionamiento del mercado y para regular la relación entre dos de sus sujetos fundamentales: el prestador de servicios y el consumidor. Es demasiado simple decir: "protejamos al consumidor" diciendo que siempre y en cualquier caso la ley aplicable y el foro competente son los del lugar donde tiene su domicilio el consumidor.
En realidad, el mercado, sobre todo el de la nueva economía, es un entorno complejo en que la rigidez se elimina gracias a las relaciones comerciales entre los agentes y a las distintas maneras en que es posible realizar una transacción. Cada uno de nosotros puede desde Bruselas comprar por Internet un bien en Hong Kong y hacérselo entregar en Buenos Aires. Pensar que uno de nuestros reglamentos puede establecer una regla rígida para determinar cuál es el foro competente, la ley aplicable y el domicilio del consumidor no me parece algo realmente factible. Si quien compra es una persona que tiene su domicilio en Italia, esto probablemente podría ser interesante porque, habida cuenta de los tiempos bíblicos de nuestra justicia civil, probablemente podríamos estar interesados. En nuestra opinión, sin embargo, el mercado exige soluciones rápidas de las posibles controversias a través de la atribución de las mismas a sistemas de justicia alternativa, de mediaciones por parte de especialistas.
Hoy, se proponen nuevos actores en la construcción de las reglas de los mercados mundiales: pienso, por ejemplo, en el impacto que tienen las grandes law firms, global players en las transacciones a escala internacional. Son ellas las que establecen nuevas reglas y nuevas formas de resolver las controversias. La oralidad del Derecho que interpreta la flexibilidad de los mercados, de la justicia del caso concreto, sustituye cada vez más el Derecho escrito. La globalización de los mercados conlleva una pluralidad de Derechos creados por los mismos grupos sociales que los utilizan. Los mismos expresan la continua necesidad de movimiento y de expansión que tiene el mercado. Se crean interacciones entre regulación y autorregulación. Los principios de soberanía y de territorialidad, constitutivos de los Estados nacionales, están cediendo objetivamente. Frente a reglas rígidas y penalizadoras, ¿cómo piensan que pueden reaccionar las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas? O no desarrollan actividades comerciales fuera de su país, para no tropezar con excesivos gastos legales, o hacen frente a los riesgos del contencioso aumentando los precios.
Al final y a la postre, quien paga el coste en términos de menor disponibilidad de bienes y de servicios, de precios excesivos, es el consumidor, vanamente defendido por nuestra regulación. Además habremos penalizado el desarrollo económico y el crecimiento del empleo que la nueva economía parece permitir. Esto es lo que quiere una parte de este Parlamento que hoy, con sus enmiendas, muestra sólo actitudes demagógicas. Nosotros no estamos de acuerdo, también porque, en la directiva relativa al comercio electrónico que fue aprobada hace unos meses, hemos previsto normas para la celebración de contratos on line y hemos reiterado la validez de los principios del mercado interior, rule of origin y on country control. Por esto, mi Grupo respalda totalmente la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos - que va precisamente en el sentido de una mayor flexibilidad - y lanza una última invitación: las soluciones jurídicas a los mercados exigen repuestas globales, tanto más si regulamos las nuevas economías. Cierto que es necesario que la Unión Europea proponga un modelo propio sabiendo, no obstante, que sin un acuerdo a escala global, el mismo corre el riesgo de tener una escasa eficacia.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, al contrario de muchos colegas, no tengo la costumbre de agradecer automáticamente a los ponentes. Lo hago solamente cuando hay motivos. Hoy existen motivos para dar las gracias a Diana Wallis por haber demostrado la paciencia de un ángel y la resistencia de un buey en la redacción de este informe, realmente la paciencia de un ángel y la resistencia de un buey.
Quisiera hacer hincapié en que la mayoría del Grupo ELDR respalda tanto a su persona como las enmiendas que ha presentado en nombre del Grupo. También quiero señalar que el debate, hasta cierto punto, me ha causado frustración. Si se hubiese empleado tanta energía para desarrollar sistemas que creen confianza como para fomentar la política de pasillos, como en parte se ha hecho, creo que se hubiese avanzado mucho y que los consumidores se atreverían a empezar a comprar.
Un enorme mérito de este trabajo es el peso y la presión que la ponente y el Parlamento otorgan a los mecanismos que facilitan a los consumidores la solución de divergencias. Esto es trascendental y creo que no se le habría dado la misma importancia sin la existencia de este trabajo. Sabemos, es algo que se ha repetido muchas veces, que la principal desavenencia ha sido sobre el tribunal competente para conocer los asuntos relativos al comercio electrónico. Este asunto sienta precedentes y por esa razón ha habido tanta actividad en los pasillos. Nos enfrentaremos muchas veces a este problema; pienso en los asuntos fiscales y en el cyber crime. Tenemos que dar una solución a este problema de la competencia judicial. Creo que hay muchos indicadores que recomiendan la adopción de normas más claras en torno al concepto de domicilio. No podemos guiarnos tanto por el lugar en el que ocurren las cosas. Esto es algo que se dijo también ayer en el seminario sobre cyber crime. ¿Qué es el domicilio? Por eso es tan importante que dejemos en claro que lo que valdrá en último término es el domicilio del consumidor.
Finalmente quiero preguntar a quienes piensan apoyar con su voto a la mayoría en la comisión. ¿Cómo harán para reunirse con los consumidores en sus países sin volver la cara, cuando éstos se den cuenta de que la mayoría de la comisión en la práctica les niega el acceso a los tribunales nacionales?
Para terminar, quisiera ser un poco espiritual. Una vez me encontré con un anciano que dijo: " Estoy convencido de que cuando hablo con mi Dios puedo hacerlo en mi lengua materna, pero tengo la esperanza de que también pueda hacerlo en los tribunales a los que tenga que comparecer" .

Crowley
Quisiera unirme a mis colegas en el agradecimiento a la Sra. Wallis por su tremendo esfuerzo y trabajo en este resumen tan difícil, y quiero también apoyar el llamamiento de mi colega, Pat the Cope Gallagher, y de mi otra colega irlandesa, Nuala Ahern, con respecto a la creación de una base de datos electrónica centralizada sobre la jurisprudencia de la Unión Europea, presentada por Twinkle Egan, un abogado de Irlanda.
No obstante, cuando examinamos las dificultades que han surgido respecto al presente informe, cuando analizamos las opiniones tan distintas - de los denominados puristas en nombre de los consumidores o los otros denominados puristas en nombre de las empresas y del comercio electrónico -, a veces olvidamos que muchas pequeñas y medianas empresas son también consumidores, que deberán comerciar con empresas mayores o proveedores mayores y que merecen la misma protección que yo "como individuo" o que cualquier otro, como la que tendría un consumidor individual.
Por consiguiente, lo más necesario de todo dentro de este nuevo marco es la seguridad con respecto a la protección disponible y las responsabilidades de las personas que se dedican al comercio en línea.
He estudiado otras legislaciones para descubrir qué analogías o qué ventajas podemos sacar de ellas. Según las distintas directivas sobre seguros, por ejemplo, las compañías de seguros no nacionales están obligadas a tener un agente en cada uno de los Estados miembros en que operen para que se ocupe de las reclamaciones de seguros que tengan lugar en dicho Estado miembro. ¿Por qué no establecemos un requisito similar para las empresas que realizan negocios en línea?
Asimismo, según la directiva relativa a la concesión de créditos al consumidor, el proveedor del servicio está obligado a informar al consumidor sobre determinados derechos y también sobre determinadas cláusulas para rescindir el contrato. No es difícil trasponer este tipo de ideología también a las relaciones directas entre consumidores y proveedores de un servicio.
Por ello hoy debemos, antes que ninguna otra cosa, poner en vigor este reglamento. No debemos aplazarlo por más tiempo. No hace falta que echemos más lodo al agua. Debemos dejar que Europa, que sigue a la zaga en el ámbito mundial del comercio electrónico y los negocios en Internet, ponga en vigor nuevas disposiciones con respecto a la creación de empresas en línea y la protección de los derechos de los consumidores, para garantizar que Europa ocupa el lugar que le corresponde a la cabeza del sistema de comercio mundial por Internet y de las empresas en línea.
Por ello es importante que apoyemos la opinión general, aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que propone la Sra. Wallis, relativa a los ámbitos que han suscitado alguna polémica, y tomo nota de lo que el Comisario Byrne dijo recientemente en su intervención sobre otras oportunidades. No se le puede negar a ningún consumidor, "como individuo" o como empresa, el derecho elemental de interponer un recurso, pero eso no significa que ésa deba ser la primera medida que tome. Debería existir un mecanismo para la solución de litigios que esté disponible a nivel local y que reduzca el coste que representa para el consumidor la interposición de recursos, porque como han señalado muchos oradores esta noche, está la cuestión de los costes añadidos con respecto a la solución de conflictos.
Por último, quisiera expresar, una vez más, mi agradecimiento a la ponente y a los representantes de la Comisión por su trabajo, y recordar a todos los diputados que existe una vía distinta en virtud del Convenio de Bruselas y que podemos poner en marcha otros mecanismos. Lleguemos a un acuerdo sobre el presente informe y luego introduzcamos modificaciones en otros ámbitos a medida que se vayan presentando al Parlamento.

Inglewood
Como bien sabe la Sra. Wallis, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho durante el tiempo que ha sido ponente de este importante informe, pero quisiera hacer constar mi agradecimiento por el considerable trabajo y por los esfuerzos que ha dedicado a su labor en nombre de este Parlamento.
En mi calidad de portavoz de los Conservadores británicos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero comenzar respaldando las observaciones que ha hecho la Sra. Palacio, presidenta de la comisión. El proceso del que forma parte el presente debate es, como ya se ha explicado, un componente de la denominada 'amsterdamización' del Convenio de Bruselas. Es un proceso inusual, pero en el que el Parlamento debe emitir el mensaje de su consulta en el sentido de que el Convenio de Bruselas no sólo debe ser convertido en reglamento, sino que además debe de ser actualizado para satisfacer las necesidades del mundo contemporáneo.
El Convenio en sí es viejo: es anterior a la adhesión de mi país a la Comunidad Económica Europea. Se remonta a una época que es anterior no sólo a Internet, sino incluso a la comercialización de los ordenadores personales. Por consiguiente, es trágico que la Comisión y el Consejo se hayan mostrado tan tímidos a la hora de enfrentarse a la realidad del mundo moderno, porque vivimos en un mundo que se aleja de las jurisdicciones nacionales y avanza hacia las redes mundiales. En el mundo de las redes, los procedimientos tradicionales para la solución de conflictos en base a la jurisdicción no son de ninguna ayuda real para los consumidores y los comerciantes cuando las cosas salen mal.
Por este motivo es necesario eliminar los aspectos y los argumentos jurisdiccionales de los litigios. Los sistemas ADR, que son un especie de Derecho privatizado de buena fe aprobados por las partes y los legisladores, deben ser el primer y principal medio de resolver los litigios. No pueden ser solamente el paso preliminar a la interposición judicial de un recurso, antes de que un cliente decepcionado se ampare en su sistema judicial, porque de ser así, miles de PYME boicotearán la Red para los negocios, reduciendo con ello su propia rentabilidad y su contribución a la sociedad y a los erarios públicos.
Supondrá una seria reducción de las opciones que tienen los ciudadanos de Europa, empeorando así su calidad de vida y su nivel de vida. Oigo decir a mis adversarios: ahí está Lord Inglewood representando a las fuerzas reaccionarias, haciendo caso omiso de la honrosa tradición comunitaria de proteger al consumidor y discrepando de las condiciones de la legislación comunitaria en vigor en materia de protección de los consumidores.
Retomando este último punto, en primer lugar, defiendo estos argumentos porque la legislación en vigor ya no satisface las necesidades de los consumidores. Al fin y al cabo, los nuevos estatutos suceden a sus antecesores y, si el tipo de protección que recibe el consumidor necesita una revisión, los antiguos legisladores no pueden frenar, ni lo hacen, a los ponentes ni a los legisladores que le siguen.
Cuando llega la hora del cambio es el momento de cambiar y ese momento es ahora. El mundo ha avanzado. Tenemos que avanzar con él y en ninguna otra parte resulta más evidente que en el debate que hemos celebrado sobre el denominado sitio de Internet dirigido. Este tipo de cosas es un contrasentido desde que la Red se ha convertido en escaparate disponible en cualquier terminal conectado a la red, y sostener, de manera artificiosa, que un sitio puede estar dirigido a unos sí y a otros no es un argumento simplista, comercialmente carente de sentido y tecnológicamente ignorante.
Mañana tenemos la oportunidad de votar a favor del siglo XXI, de sus consumidores, comerciantes y ciudadanos si votamos a favor del informe de la comisión o podemos mirar al futuro y darle la espalda y buscar consuelo superficial en el siglo pasado votando a favor de las enmiendas.
En mi delegación y en este grupo votaremos a favor de las soluciones del siglo XXI para los problemas del siglo XXI y apoyaremos el informe de la comisión.
  

Evans, Robert J
Señor Presidente, respeto el modo con que desempeña su Presidencia y no hago diferencias al respecto, pero me pregunto cómo puede justificar el hecho de que usted indique un tiempo de intervención para que luego varios oradores lo ignoren por completo. No estoy emitiendo ningún juicio de valor sobre los oradores anteriores ni sobre el contenido de sus observaciones, pero si se conceden tres minutos de uso de la palabra, permitirles un 50% más de tiempo resulta insultante para aquellos que han intervenido anteriormente y han respetado rigurosamente su tiempo. Me pregunto si podría justificar por qué ha decidido ignorar del reloj.

El Presidente
Yo no ignoro el reloj, y me preocupa mucho que se utilice mi tolerancia de forma excesiva. En general, los diputados han respetado su tiempo de uso de la palabra y, en todo caso, han expresado sus puntos de vista. Yo me hago responsable de esta anomalía, que va a resultar positiva porque vamos a ganar tiempo -si no lo perdemos con mociones de orden- y no va a sentar precedente.
  

Beysen
Señor Presidente, Señorías, antes de nada debo subrayar que mi colega, la Sra. Wallis, no ha escatimado esfuerzos a fin de poder presentar oralmente este informe. El informe, tal como ha sido aprobado por la comisión es, en mi opinión, una muestra de equilibrio por tener en cuenta los intereses de todos los implicados, tanto por parte de las pequeñas y medianas empresas como por parte de los consumidores.
Sería lamentable que este equilibrio fuera alterado por la votación de mañana, y por otra parte, apenas puedo creer que el Consejo pueda adoptarlo con las enmiendas presentadas.
Permítanme explicar por qué. Una terminología como la que figura en él resulta clara. Hablamos de contracts concluded at a distance, una terminología que incluso para un lego resulta mucho más clara que hablar de directed activities, tal como aparece ahora en la enmienda. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. Un viticultor francés etiqueta su crémant en francés. Un consumidor francés disfrutará entonces de la protección bajo la Brussels convention, ya que las activities del viticultor son purposely directed in a substantial way; no obstante, los consumidores ingleses, belgas e italianos no contarán con ninguna protección, puesto que las actividades no estaban directa y deliberadamente dirigidas a estos consumidores. Las consecuencias que ello conlleva serán la existencia de una gran inseguridad jurídica y el hecho de que los tribunales se vean enfrentados a diferentes procesos en los que deban determinar caso por caso si las actividades no estaban deliberadamente dirigidas.
En segundo lugar, creo que es muy importante que el informe ofrezca la posibilidad de que las propias partes puedan incluir una cláusula de competencia en su contrato. La libertad contractual es un concepto básico y fundamental. Si se prohíbe la libertad contractual y, consecuentemente, el derecho constitucional a una parte a fin de dirigirse a un juez, creo que se iniciaran distintos procesos por impedir el acceso a la justicia.
Considero que la Brussels Convention resulta muy importante estratégicamente para el desarrollo del comercio electrónico en el mercado interior y que también tendrá importantes implicaciones en el éxito de las pequeñas y medianas empresas. Espero que este informe sea aprobado mañana por el Pleno sin modificaciones, tal como fue adoptado por la comisión.

Harbour
Señor Presidente, como ya he dicho ante esta Asamblea en anteriores ocasiones, tengo el privilegio de trabajar en una Comisión de Asuntos Jurídicos muy interesante y de ser uno de los pocos miembros que no son abogados. Diana Wallis, una abogada internacional de prestigio, ha sido la persona ideal para trabajar en este dossier tan complejo. Quisiera expresarle mi agradecimiento por el modo en que ha realizado dicho trabajo y por la libertad con la que ha compartido sus conocimientos con nosotros. Ciertamente he aprendido mucho de todo esto.
Quiero referirme a un punto que es central para mí: como ha dicho mi colega Lord Inglewood, estamos intentando reflejar un mundo nuevo en el que queremos que las pequeñas empresas saquen provecho de la herramienta comercial internacional más poderosa que jamás le han ofrecido. Queremos que sean muchas las empresas que utilizan la red, Internet, para vender a consumidores de toda Europa. Muchas de estas pequeñas empresas no tendrán ninguna experiencia en exportación, no dispondrán de una red de abogados, se sentirán inseguras sobre cómo deberán atender a las quejas de los consumidores. El modo en que la comisión ha estructurado por fin su enfoque logra el equilibrio exacto.
Seamos claros, lo que proponemos en estas cláusulas alternativas a la jurisdicción no va destinado a las grandes empresas. Las grandes empresas, incluso las de tamaño mediano, tienen oficinas repartidas por toda Europa, tienen abogados, pueden ocuparse de los consumidores en este sentido. El principio de que los consumidores puedan recurrir al tribunal de su lugar de residencia para solicitar justicia en el caso de litigios sigue intacto. Al escuchar algunas de las intervenciones que hemos oído esta noche, cabría pensar que esa opción está amenazada. Hemos oído decir a la Sra. Ahern - lamento que no esté presente - que la aprobación del informe de la comisión sería un resultado desastroso. Básicamente discrepo de esa afirmación.
Lo que hemos hecho ha sido ofrecer a las pequeñas empresas la alternativa de hacer algo distinto. Pueden ofrecer a los consumidores una alternativa a la jurisdicción, pero únicamente en unas condiciones muy concretas. Hemos incluido aquí una doble medida de seguridad, porque deberán acordar la inclusión de un mecanismo para la solución de litigios antes de poder hacer uso de la cláusula alternativa, y además las empresas deberán explicar con toda claridad las condiciones al consumidor en cuestión, antes de que éste las acepte.
Pensemos en este mundo en línea, señoras y señores. Aquellos de ustedes que han realizado compras en línea sabrán que se les ofrece unas condiciones y que ustedes deben aceptarlas de forma concluyente. Pulsamos la tecla, movemos el ratón, realizamos una decisión consciente. ¿Cuántos de ustedes le dieron la vuelta al último recibo del gas o de la electricidad para leer la letra pequeña; las condiciones? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que han aceptado dichas condiciones? En el mundo en línea, debemos pensar de modo diferente. Estamos pensando aquí en el mundo antiguo; algunos de nuestros colegas están pensando en el mundo antiguo.
Lo que debemos hacer mañana es aprobar el informe de la comisión y seguir avanzando. Ésa es nuestra función como legislador adulto: pensar en nuevas ideas, fomentar el cambio y, como ha dicho Lord Inglewood, no aferrarnos necesariamente a una sabiduría asumida que ha estado con nosotros durante muchos años.

Kauppi
Señor Presidente, distinguido Comisario, señor Vitorino, es importante para el conjunto del mercado del comercio electrónico que sea posible practicar el comercio en este ámbito a escala europea. No se debe crear ninguna limitación para los mercados, sea por regulación legislativa o por medios tecnológicos. La Europa sin fronteras redunda en provecho de los consumidores. Si las enmiendas presentadas por la comisión parlamentaria en el informe que estamos debatiendo fueran rechazadas mañana, se pondría en peligro el futuro del comercio electrónico en Europa.
Estimados amigos, a pesar de lo positivo que sería para el empleo del sector profesional de nuestros juristas, para las pequeñas y medianas empresas de Europa supondría una enorme carga si, a la hora de practicar el comercio electrónico, tuvieran que tomar en cuenta las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE y de los países que han firmado el Convenio de Lugano. Probablemente, esto también daría lugar a que las empresas honestas que quieren asumir sus responsabilidades y que se preocupan por sus consumidores no se dediquen en absoluto al comercio electrónico. En consecuencia, la oferta dirigida a los consumidores se verá reducida en su conjunto, como ya indicó anteriormente Lord Inglewood. Por otra parte, permanecerían en los mercados aquellos irresponsables sin escrúpulos que tan solo se preocupan por el consumidor hasta el momento en que tintinea el pago de la factura en la cuenta bancaria del vendedor.
Según la propuesta de la Organización de los Consumidores, la comercialización puede sólo abarcar a un país o a determinados mercados, cosa que en el mundo de Internet no es posible ni siquiera a nivel técnico. El mundo electrónico no conoce las fronteras estatales. Además, ello marginaría al consumidor, puesto que los consumidores deben disfrutar del derecho de encargar productos a cualquier parte del mundo desde cualquier lugar. Probablemente, esta interpretación iría también en contra del artículo 49 del Tratado de Roma relativo a la libre circulación de mercancías y servicios. Por lo general, las empresas dedicadas al comercio electrónico ni siquiera pueden saber cuál es el país de origen del consumidor. Sería, pues, imposible requerir que estas empresas se informaran de antemano sobre la legislación en materia de protección del consumidor en el país de origen del cliente, dado que puede tratarse de cualquier país del mundo. En cambio, sería sensato desarrollar procedimientos de sustitución extrajudiciales. No obstante, las partes implicadas en el comercio electrónico deberían tener derecho a elegir entre presentar recurso ante los tribunales ordinarios, o acudir al procedimiento de sustitución extrajudicial.
También pediría que el Consejo y la Comisión reflexionaran aún en su trabajo si sería razonable reconsiderar el mecanismo llamado charge back o sistema de cargo al usuario, que la Sra. Palacio ha vuelto a introducir en este informe a través de su enmienda. Ello podría aumentar la burocracia desde el punto de vista del consumidor. En este sentido, la posición de la comisión parlamentaria no llega a ser perfecta, pero, sin embargo, parece ser que la mayoría de esta Asamblea la respalda y que mañana se ratificará como posición del Parlamento, lo cual es positivo.

Villiers
Hace 18 meses, aproximadamente, el Consejo de la Unión Europea aprobó un proyecto del nuevo Reglamento de Bruselas que, básicamente, autorizaba antiguos principios supuestamente para aplicarlos a las condiciones modernas, pero sin reflexionar, sin un debate real y sin realizar consultas. Espero que cualquiera que sea el resultado de la votación de mañana, la Comisión y el Consejo tomen nota de las amplias negociaciones y del debate que hemos celebrado en este Parlamento y que han tenido en cuenta los intereses de las empresas, así como de los consumidores.
No estoy de acuerdo con la sugerencia de la Sra. Wallis de que ahora debamos ceder, por el hecho de que David Byrne haya criticado el resultado alcanzado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Quisiera decir que nuestro deber democrático es defender la solución que consideramos adecuada para los consumidores y para el comercio electrónico en la Unión Europea, con independencia de si ello aflige o no al Sr. Byrne.
Quisiera dar mi respaldo más sincero a la conclusión alcanzada en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es un equilibrio muy sensato entre la protección de los consumidores, por un lado, y la garantía de que esos mismos consumidores tienen acceso a los bajos precios y la amplia oferta que ofrece un mercado realmente competitivo, por otro. En la nueva era en la que el emplazamiento físico ha llegado a carecer casi por completo de importancia, debemos decidir dónde debe solucionarse un posible litigio. La solución más pragmática y más sensata es permitir que los consumidores y las empresas decidan por sí mismos, al tiempo que ofrece las máximas garantías a las empresas, así como a los consumidores. No despoja a los consumidores de sus derechos preexistentes. Les da la opción y refleja la mejora de su situación en el nuevo mundo de Internet, les da más poder y más opciones de las que jamás habían tenido antes.
Si las pequeñas empresas se ven abocadas a abandonar el mercado debido a las propuestas de la Comisión o porque mañana aprobamos las enmiendas de la Sra. Wallis, los consumidores sufrirán las consecuencias, porque quedarán a merced de los grandes interlocutores globales y se verán privados de los bajos precios que ellos se merecen en el nuevo marco de la economía de Internet. Y lo que es aún más grave, la nueva economía y la economía electrónica en la Unión Europea se verán amenazadas.
Lamentablemente nos encontramos muy por detrás de los Estados Unidos, y si mañana aprobamos las enmiendas propuestas por la Sra. Wallis, nos quedaremos aún más rezagados con respecto a los Estados Unidos. Las propuestas de la Comisión ciertamente representan lo peor de ambos mundos. Existirá inseguridad y riesgo jurídico para las empresas y los consumidores no gozarán de una protección real, porque en muchos casos, el derecho a interponer un recurso en un tribunal de nuestro país puede ser ilusorio si no podemos conseguir que se ejecute la resolución sin tener que desplazarnos al extranjero e incurrir en los mismos inconvenientes como si tuviéramos que desplazarnos al extranjero de todas maneras para interponer un recurso judicial por el caso en cuestión.
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha presentado una solución pragmática. Es un equilibrio sensato para un asunto difícil y quisiera apelar a la Asamblea para que apoye la resolución tal y como ha sido presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera comenzar congratulándose de que esta propuesta suya haya merecido no sólo la atención que todas las propuestas merecen por parte del Parlamento Europeo, sino también porque representa un trabajo de gran calidad y gran empeño por parte de la ponente, la Sra. Diana Wallis, que quisiera acoger con particular beneplácito, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por la Sra. Ana de Palacio.
La amsterdamización del Convenio de Bruselas-I es, como se sabe, una prioridad de la Presidencia francesa. Vistas las cosas en la perspectiva de la Comisión, de lo que se trata, para nosotros, es de adoptar un instrumento jurídico que permita formular normas claras, transparentes, aceptadas por todos, que son necesarias para que se pueda hacer una aplicación armoniosa del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, lo que requiere, naturalmente, un debate sobre la determinación de los principios y las normas aplicables a la competencia de los tribunales de los Estados miembros cuando se produzcan conflictos transfronterizos.
Por eso, este reglamento tiene un amplio espectro de redacción. En primer lugar, contiene un principio que me parece universalmente aceptado hoy: el de la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. Para mayor flexibilidad y para adaptar mejor las especificidades de las partes en un litigio concreto, el proyecto de reglamento dispone otras normas de competencia, esencialmente la de los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución del contrato o del lugar en que se produzca el daño en el caso de hechos ilícitos. Como también dispone competencias relativas a la protección de las partes más débiles en los contratos de consumo, es decir, los consumidores, pero a ese aspecto volveré a referirme más adelante con más detalle, y también, por ejemplo, la protección de los trabajadores o de los asegurados, considerados las partes más débiles en dichos contratos. A dichas partes se les reconoce -por lo demás, mediante ciertas condiciones- el derecho a actuar ante los tribunales del Estado de su domicilio. Y éste es el marco jurídico global.
Veo que el reglamento propuesto es -y me parece que sería importante aclararlo ante esta Asamblea- un instrumento horizontal, que se aplica a los asuntos civiles y comerciales de forma general y que abarca tanto asuntos contractuales como no contractuales. Por eso, conviene no olvidar que en materia contractual estamos tratando de normas jurídicas sobre la generalidad de los contratos entre empresas, entre empresas y consumidores e incluso entre particulares entre sí. Por eso, diversos tipos de contratos especiales, como los contratos de trabajo o los de seguros, reciben un tratamiento específico. Ahora bien, me interesa señalar que, si bien reconozco como natural que se haya polarizado el debate en torno a una parte de la aplicación del reglamento relativa a las nuevas normas sobre el comercio electrónico, la verdad es que este reglamento supera ese estrecho ámbito. Y hay, desde luego, una enorme ventaja en que se apruebe un reglamento sobre esa materia en una sede de cooperación judicial civil.
Pero pasemos entonces a la cuestión que provocó más pasiones en el debate y que se refiere a los contratos de consumo celebrados por vía electrónica. Es decir, las enmiendas de los artículos 15 a 17. En primer lugar, quisiera decir en nombre de la Comisión que la propuesta que presentamos, al formular normas de competencia judicial, no pretende tomar partido a favor de los procesos judiciales en detrimento del otro sistema de resolución de litigios, no es una propuesta dogmática a favor de la consagración de la vía judicial y del repudio de la elección de vías extrajudiciales de resolución de conflictos. Al contrario, la Comisión comparte la preocupación expresada por sus Señorías en cuanto a que, tal vez de forma cada vez más general, pero sobre todo en materia de comercio electrónico en concreto, la resolución extrajudicial de litigios constituye, sin la menor duda y en la mayor parte de los casos, una solución mucho mejor que el contencioso judicial. No sólo porque la mayor parte de las veces, ese tipo de contratos, tal como los conocemos, afecta hoy en día a importes pequeños, sino también y sobre todo porque la rapidez con que se celebran dichos contratos por vía electrónica contrasta con un exceso de formalismo y con la lentitud con que normalmente han de actuar los tribunales en la resolución de esos litigios.
Por tanto, la Comisión no se reconoce en el retrato que tal vez quisieran hacer de ella como un dinosaurio del siglo XIX -o, si se quiere, más antiguo, ya que, como saben sus Señorías, antropológicamente hablando, en el siglo XIX ya no había dinosaurios-, un dinosaurio que opone una resistencia encarnizada a la adopción de medios diferentes de resolución de conflictos y que pretende perseguir uan obsesión: los tribunales siempre y para todo. No es ésa la posición de la Comisión. Y creo incluso que el intensísimo trabajo que hemos venido haciendo -y que más adelante expondré con más detalle- para promover medios diferentes de resolución de conflictos en el nivel europeo es la demostración práctica de que, más que declaraciones retóricas, estamos trabajando en el terreno para poner en práctica mecanismos diferentes de resolución de litigios.
Y más aún: estamos convencidos de que es posible utilizar las nuevas tecnologías de comunicación, la red Internet, la nueva concepción de network y de corrientes relacionadas y puestas al servicio de la resolución extrajudicial de conflictos. Por eso, podríamos decir que la apuesta al afrontar los imperativos aquí expuestos no requiere tanto una elección dogmática de soluciones jurídicas cuanto la capacidad que tengamos para inspirar crédito en los mecanismos diferentes de resolución de conflictos y para suscitar la confianza de los consumidores y los empresarios del business en dichos mecanismos diferentes de resolución de conflictos. El mejor homenaje que probablemente se podría hacer a este debate sería el de que de aquí a unos años se dijera que perdimos mucho tiempo con un debate judicializado que -según se acabó concluyendo en la práctica- carecía de la menor importancia.
Es decir, que el mejor homenaje es que lleguemos a saber si es posible construir de hecho un sistema de resolución de litigios que vuelva casi obsoleto el debate sobre el acceso a la vía judicial. Pero, ¿por qué no podemos dejar de debatir la cuestión de la vía judicial? Porque, efectivamente, la Comisión comparte la concepción de que la norma debe ser la resolución extrajudicial, pero, para contribuir a incentivar el recurso a esa vía extrajudicial, debe haber principios claros para la otra solución de recurso, que es la judicial. Y, por eso, es necesario que haya normas sobre la competencia de los tribunales en los casos -y la Comisión espera que sean pocos- en que la otra resolución no sea posible o no dé resultados satisfactorios.
Por tanto, por lo que se refiere a los contratos de consumo, a la Comisión le resultó muy provechoso el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y considera que en la segunda parte de la enmienda nº 23 figura un principio bastante más claro y seguro que el que figura en su propuesta inicial. El de "actividad dirigida a" es un concepto ambiguo que puede provocar dificultades de interpretación y nos proyectaría a una interminable discusión sobre lo que son web sites positivos, activos y pasivos y, por consiguiente, consideramos que se debe substituir -ventajosamente- ese concepto por el de "contratos celebrados a distancia". Estamos dispuestos a incluir ese concepto en la propuesta modificada.
Con todo, eso tiene dos consecuencias en cuanto al destino del artículo 15. En primer lugar, se exige que se adapte a su redacción a fin de no limitar el ámbito de aplicación de ese artículo 15 sólo a los contratos celebrados a partir del domicilio del consumidor, condición imposible de establecer, por lo demás, en el caso de los contratos celebrados por vía electrónica. Y, por eso, no nos parece que debamos aceptar la primera parte de la enmienda nº 23. En segundo lugar, conviene precisar que, en virtud de la enmienda a que me he referido, en este artículo 15 quedan también comprendidos los contratos presenciales, es decir, los contratos face to face. En este caso me refiero a la situación en que el vendedor, aun contactado por el consumidor -por ejemplo, por la vía de Internet-, se trasladara al domicilio del consumidor para celebrar el contrato, así como a los contratos en que el consumidor fuera incentivado, por iniciativa de la otra parte, del cocontratante, a dejar incluso el Estado de su domicilio con vistas a la conclusión del contrato, como, por ejemplo, en las situaciones contractuales de viajes organizados por sus propios proveedores. Salvaguardando esas dos precisiones, creemos que el concepto de "contrato concluido a distancia" es mucho más adecuado para la realidad a que estamos refiriéndonos.
En cambio, nos plantea problemas la enmienda nº 24, relativa al artículo 16. A nuestro entender, esta propuesta equivaldría a aplicar la norma general de competencia del Estado miembro del domicilio del demandado y a suprimir en sede judicial todas las normas que hoy son comunes en el derecho de la Unión Europea y de los Estados miembros en provecho del consumidor. A mi juicio, esas enmienda volvería, por lo demás, inútil cualquier disposición en materia de contratos de consumo, en particular el propio artículo 15 y, además, mientras no se demuestre lo contrario, me parece que colocaría a los consumidores en peor situación que una empresa vinculada por un contrato business to business, que disfruta de la opción entre los tribunales del domicilio del demandado y los del lugar de ejecución del contrato.
Lo mismo he de decir en relación con la enmienda encaminada a liberalizar el régimen establecido en el Convenio de Bruselas en cuanto a las cláusulas atributivas de jurisdicción en los contratos de consumo. Me refiero ahora al artículo 17. A juicio de la Comisión, no se puede aceptar la enmienda nº 26, ya que las cláusulas propuestas serían, en nuestra opinión, sistemáticamente incluidas por el proveedor sin que, evidentemente, se basaran en una negociación libre e individual por parte del consumidor. El nuevo artículo 17-A propuesto va encaminado a substituir las garantías proporcionadas por los tribunales por un sistema extrajudicial de resolución de litigios con efectos vinculantes. La cuestión del efecto vinculante es muy importante. En mi interpretación, lo que esta propuesta hace es crear un sistema obligatorio de arbitraje para la resolución de esos conflictos de consumo. Ahora bien, el arbitraje, a mi entender, obedece por regla general a normas procesales que son más complejas que las aplicadas por los Tribunales. Y la solución que se desprende de esta propuesta suscitaría -creo yo- dificultades jurídicas en lo relativo a la ley aplicable y a la ejecución de las sentencias arbitrales.
Ese tipo de preocupaciones de la Comisión resulta extensible a la propuesta de enmienda nº 39 subscrita por varios diputados. Comprendemos el sentido de esta enmienda, que establece la libertad de las partes para acordar una cláusula de remisión a un mecanismo extrajudicial de resolución de litigios y dispone que dicho mecanismo puede ser vinculante para ambas partes, es aprobado por la Comisión, permite al proveedor recusar la transacción, si el consumidor no acepta la cláusula y es de suponer -no sé si juris tantum o juris ed de dure- que sería siempre conforme a la Directiva 93/13/CEE relativa a las cláusulas abusivas. Esta enmienda plantea -me parece a mí- dificultades jurídicas análogas. No voy a extenderme sobre la presunción que entraña de que nunca se trataría de una cláusula abusiva. Pero la verdad es que, al recurrir a la fuerza vinculante de la decisión del organismo de ADR para ambas partes y, por consiguiente, para el consumidor, optaría por regla general por la substitución obligatoria de los tribunales por los mecanismos extrajudiciales de litigio. Semejante solución suscitaría, por lo demás, cuestiones de constitucionalidad en algunos Estados miembros en los que no es posible vedar el acceso a los tribunales, ni siquiera como último recurso, y daría pie para una interpretación entre una cuestión de derecho y una cuestión de hecho en ese tipo de contratos, que, en mi opinión, menoscabaría la eficiencia y la celeridad del sistema.
La Comisión cree que este reglamento no debe depender de la aprobación de un conjunto de medidas legislativas y no legislativas relativas al comercio electrónico entre empresas y consumidores. Estamos convencidos de que los trabajos que ya iniciamos y que están en marcha permitirán que en un corto lapso los otros mecanismos de resolución de litigios estén en el terreno y también permitirán responder rápidamente a los imperativos de resolución de litigios que se desprenden del comercio electrónico. He de recordar la revisión de la recomendación de la Comisión de 1998 sobre los principios aplicables a los otros órganos de resolución de conflictos, en que se basa, por lo demás, el lanzamiento ya hecho de la llamada "IIJ-Net", la red europea extrajudicial. Del mismo modo, en este momento la Comisión está -en el marco de la iniciativa e-Europe, adoptada por el Consejo Europeo de Feira- trabajando activamente en la formulación de propuestas de códigos de conducta, trust marks y procedimientos extrajudiciales en materia de resolución extrajudicial de conflictos del comercio electrónico, como también tiene encomendado el mandato de preparar un Libro Verde exclusivamente dedicado a los otros métodos de resolución de conflictos, conforme a lo decidido por el Consejo de Ministros de Justicia el pasado mes de mayo.
Se está haciendo todo eso, que está en nuestro horizonte de trabajo a corto plazo; también en la esfera del tratamiento de pequeños litigios por los tribunales, las llamadas small claims, ya hemos iniciado nuestros trabajos conforme al mandato de Tampere para simplificar y acelerar el tratamiento de los contenciosos transfronterizos que entrañen pequeños importes o importes no impugnados. Así, estamos convencidos de que esas iniciativas en curso, que se deberán debatir ampliamente con la sociedad civil, los interesados, las asociaciones representativas de la industria y del comercio y los consumidores y con el Parlamento Europeo, permitirán a corto plazo tener en el terreno, evidentemente, un marco jurídico de referencia para estabilizar los otros mecanismos de resolución de litigios. Por eso, pensamos que, para dar tiempo a ese desarrollo del proceso, sería conveniente que la entrada en vigor del reglamento fuese aplazada por unos meses. Proponemos seis meses después de la publicación. No sólo para que las empresas conozcan en detalle este reglamento, sino también para permitir que se puedan realizar los trabajos en curso en materia de medios diferentes de resolución de litigios.
Por último, la Comisión quisiera afirmar que puede aceptar las enmiendas núms. 3, 27 y 30 relativas a la introducción de las disposiciones relativas al trust, a reserva de que se hagan algunos retoques en materia terminológica, la enmienda nº 22, relativa al contrato de seguro de grupo, las enmiendas núms. 28, 29, 33 y 34, que permiten incluir a los notarios entre las autoridades encargadas de intervenir en el procedimiento de exequatur, así como las enmiendas núms. 18 (parcialmente) y 29, pero nos plantea dificultades el artículo nº 55, encaminado a equiparar, para los efectos de ejecución forzosa, una resolución extrajudicial de un litigio a un acto auténtico que haya sido reconocido por una entidad revestida de autoridad pública.
Señor Presidente, me excuso por haber sido más aburrido de lo habitual, pero el respeto de los argumentos válidos y sobre todo la pasión de las críticas merecían una respuesta franca por parte de la Comisión. La Comisión declara humildemente que ha aprendido con este proceso legislativo y que sin lugar a dudas esta labor no va a terminar aquí.

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Vitorino, por su extensa intervención.
Queda cerrado el debate.
Se procederá a la votación mañana, jueves, a las 11.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.15 horas)

