Aprobación del Acta
El Presidente
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Andrews
Señor Presidente, gracias por brindarme esta oportunidad de plantearle una cuestión. Hoy es el 25º aniversario del llamado «domingo sangriento» en Derry (Irlanda). Se lo conoce así, porque las fuerzas de seguridad mataron a 30 civiles inocentes. Tengo en la mano una resolución que se va a presentar hoy en la Cámara de los Comunes sobre la cuestión del «domingo sangriento».

El Presidente
Señor Andrews, lo siento, sin embargo, el asunto que usted plantea, a pesar de ser importante, nada tiene que ver con el Acta.

Andrews
Señor Presidente, tan sólo quisiera pedir a la Asamblea el apoyo para la resolución del Sr. Hume.

El Presidente
De acuerdo, Sr. Andrews. El Pleno ha escuchado sus palabras y pienso que seguirá su consejo. En todo caso -repito- el asunto, aunque es muy importante, no tiene mucho que ver con el Acta.
(El Parlamento aprueba el Acta)

Aplicación del artículo K.9 del Tratado de la Unión  Europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0349/96) de la Sra. Lambraki, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(95)0566 - C4-0560/95) relativa a la posibilidad de aplicación del artículo K.9 del Tratado de la Unión Europea.

Lambraki
Señor Presidente, la estrategia seguida hasta la fecha por el Parlamento Europeo en relación con la eficacia de la acción de la Unión en el tercer pilar consiste en exigir que se aplique inmediatamente el método de la cláusula transitoria del artículo K.9 y en solicitar paralelamente una revisión del tercer pilar.
De conformidad con la cláusula transitoria del artículo K.9 del Tratado, se prevé la posibilidad de aplicar el artículo 100 C del Tratado en seis de los nueve ámbitos contemplados en el artículo K.1. Esos seis ámbitos son los siguientes:
Primero: la política de asilo.
Segundo: las normas por las que se rigen el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros y la práctica de los controles correspondientes.
Tercero: la política de inmigración y la política relativa a los nacionales de terceros Estados.
Cuarto: la lucha contra la toxicomanía.
Quinto: la lucha contra la defraudación a escala internacional y
Sexto: la cooperación judicial en materia civil.
En estos seis ámbitos, por decisión del Consejo, se puede aplicar el artículo 100 C del Tratado. Este caso ha sido contemplado sólo una vez hasta la fecha, en el marco de la Declaración nº 31 relativa al asilo, aneja al Acta Final del Tratado de la Unión Europea, donde se pide al Consejo que estudie las cuestiones relativas a la política de asilo en los Estados miembros con el fin de adoptar, antes del final de 1993, una acción común para su armonización.
Después de esta primera iniciativa, la Comisión no ha vuelto a examinar la cuestión ni ha adoptado nuevas iniciativas, a pesar de las continuas presiones del Parlamento Europeo. Se ha perdido realmente un tiempo precioso y el tercer pilar ha quedado atrás. Si el Parlamento Europeo insiste en la aplicación inmediata del artículo K.9, es muy probable -como señala también la Comisión- que se planteen complicaciones en la comunitarización de determinadas cuestiones y que dé la impresión de que el procedimiento actual nos satisface, cuando en realidad todos sabemos las desventajas que conlleva la aplicación del artículo K.9.
Estas desventajas son:
primero, que la comunitarización basada en el procedimiento del artículo 100 C se efectúa con limitaciones;
segundo, que no se refiere a todos los ámbitos enumerados en el artículo K.1, sino solamente a seis de ellos. La cooperación judicial y policial en materia penal y la cooperación aduanera están excluidas;
tercero, que en el marco del artículo 100 C el Parlamento Europeo dispone sólo de un derecho de consulta, sin posibilidad de intervenir en ámbitos, que, sin embargo, afectan a los ciudadanos de la Unión;
cuarto, que el procedimiento del artículo K.9 es extraordinariamente inflexible: el Consejo debe decidir por unanimidad. Paralelamente, los Estados miembros deben adoptar la decisión del Consejo de conformidad con sus normas constitucionales. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, la adopción exige una mayoría de 5/6 del Folketing (Parlamento) o la mayoría de los miembros del Folketing más un resultado positivo en un referéndum, y quinto, que no garantiza un control democrático suficiente.
Hoy tenemos que centrar nuestros esfuerzos en conseguir que el tercer pilar constituya uno de los elementos básicos del orden del día de la Conferencia Intergubernamental. Creo que la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos exteriores puede contribuir sustancialmente al esfuerzo de aproximación de la Unión Europea a sus ciudadanos.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, la redacción del informe de la Sra. Lambraki sobre la aplicación del artículo K9 entra en una interesante fase. El debate en nuestra comisión transcurrió paralelamente al debate de la Conferencia Intergubernamental sobre las cuestiones siguientes: ¿qué pasa con el tercer pilar y con los temas propios de él?, ¿cómo deben ser tratados en el futuro en la revisión del Tratado?, ¿qué hay que trasferir al primer pilar y que es lo que no se debe hacer en ningún caso? Si se transfiere al primer pilar ¿qué es lo que debe estructurarse democráticamente y cómo?
Por ello, no quiero comenzar directamente con un tema del informe sino con una pregunta. Durante las últimas semanas se nos ha informado en diversas ocasiones -sería muy interesante que los observadores del Parlamento en la Conferencia Intergubernamental pudiesen exponer ocasionalmente su opinión- que se proyecta incluir en un nuevo pilar -por así decirlo, el 1 a- algunos campos básicos de la política comunitaria que la Sra. Lambraki ha mencionado, como la lucha contra la droga o cuestiones de inmigración o del derecho de asilo, es decir, realizar una transferencia del tercer pilar al primero pero en una especie de estructura especial con el objetivo de que surja derecho comunitario pero fuera de la competencia del Parlamento Europeo.
Repito: el pilar 1 a) así estructurado, transfiere campos políticos elementales y absolutamente necesarios al nivel jurídico comunitario, a la política comunitaria, pero con exclusión de la opinión pública democrática. Este me parece que es el entorno ideológico de todo este debate sobre el artículo K9. Se ha pronunciado aquí la expresión «carrera de la mezquindad»; no quiero recogerla pues me parece demasiado fuerte. La continua reducción de los estándares en el asilo hacia un mínimo denominador común que al final significa ¡cerremos las compuertas!, es una estrategia más marcada en unos gobiernos que en otros, pero siempre existe.
En lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo -lo que podemos afirmar en cualquier caso de nuestra comisión tanto en lo que se refiere al informe de la Sra. d'Ancona sobre la política de asilo como también sobre el informe de la Sra. Lambraki-, la reacción de la Comisión y del Consejo ha sido igual a cero.
En el caso de la Comisión quiero exceptuar a la Sra. Gradin, que personalmente defiende una opinión muy diferente. Señora Comisaria, lo subrayo expresamente: si se critica a la totalidad de la Comisión hay que exceptuar expresamente a las Comisarias y Comisarios de espíritu democrático.
En la cuestión de la inmigración y de la política de la lucha contra la droga tenemos casi la misma situación: somos testigos de un debate que está cortado siempre por los mismos patrones. Queda fuera de toda duda que necesitamos acciones conjuntas. Hay fenómenos que los Estados nacionales de la Unión Europea no pueden solucionar. La Unión Europea es el nivel, la forma de organización con que se puede trabajar más eficazmente y solucionar los problemas. Nadie discute esto. En la comunitarización de estos campos políticos el fenómeno que se produce es que los Parlamentos nacionales son excluidos cada vez más de los procedimientos legislativos o de los procedimientos de control en favor de los nuevos organismos que surgen en estos ámbitos. Esta es una parte. La otra es que no se transfiere el control democrático y las competencias legislativas al Parlamento Europeo. De este modo surge un vacío democrático en la Unión Europea que adopta unas dimensiones peligrosas si no se impide pronto con energía. Lamentablemente hay que decir que nosotros somos aquellos que lo haríamos gustosamente pero que no tenemos el poder para ello.
El informe de la Sra. Lambraki coincide con un tiempo muy interesante. Este informe describe un instrumento, el artículo K9 que, junto con el artículo 110 del Tratado de la Unión, podría hacer que los campos políticos mencionados -asilo, ciudadanos de terceros Estados, lucha contra las drogas, lucha internacional contra el fraude- puedan ser transferidos al primer pilar. Pero lo que hoy aprobamos aquí, en el momento en que lo hacemos, posiblemente quede anticuado debido a otras consideraciones en la Conferencia Intergubernamental y en el Consejo de Ministros. Tenemos vagas informaciones pero oficialmente no sabemos nada en absoluto. Esta circunstancia es la mejor prueba de que en estos temas se está produciendo de un modo creciente y cada vez más peligroso una pérdida de democracia política en la Unión Europea. El informe de la Sra. Lambraki señala estos fenómenos y muestra posibilidades para cambiarlo pero tiene lugar en unos momentos en que las cosas posiblemente estén algo más avanzadas y pasen de largo del Parlamento Europeo. Esto es lo realmente lamentable que hay que constatar en el debate de hoy.

Cederschiöld
Señor Presidente, el artículo K 9, la llamada «dádiva» del artículo 100c, solamente confiere al Parlamento una posición de consulta en cuestiones legislativas. Esta es una situación injusta desde el punto de vista democrático, ya que ni el Parlamento Europeo ni los nacionales tienen la posibilidad de controlar nada. La configuración del artículo K 9 es un ejemplo más del llamado «déficit democrático». A todo ello se añaden los problemas daneses que se manifestaron en Edinburgo, lo cual ya ha demostrado anteriormente la Sra. Lambraki.
El artículo K 9 sólo se ha aplicado una vez en conexión con los viajes de los estudiantes; no es esta una cuestión de gran importancia comparada con las grandes preocupaciones que tiene Europa. Para que se pueda aplicar, se necesita la unanimidad del Consejo, lo cual es casi imposible de conseguir. Toda esta construcción se desmorona en base a su propia injusticia. La Comisión comparte esta opinión. Las condiciones jurídicas, o mejor dicho los vacíos jurídicos, son graves, puesto que todo ello gira en torno a la seguridad del ciudadano, cuestión que crece en importancia día a día, y cabe recordar que tiene unas grandes repercusiones sobre la actitud fundamental que adoptan los ciudadanos respecto a su «concepción de Europa».
El artículo K 9 es sencillamente una de las pruebas más concluyentes de la necesidad de que se simplifique el Tratado, pero también de la necesidad de que se adopten decisiones por mayoría cualificada. Cuantos más ámbitos entren dentro del pilar comunitario, menos problemas habrá con el tercer pilar. Por ello es importante que todas las fuerzas europeas vayan en esta dirección.
Lamentablemente, se ha presentado tan tarde el informe sobre el artículo que ya no hay nada nuevo ni posibilidad de maniobra con anterioridad a la revisión del Tratado por parte de la Conferencia Intergubernamental. No obstante, es positivo que la Comisaria Gradin -a pesar de los actuales problemas con dicho Tratado- haya tomado la iniciativa de presentar unas excelentes propuestas en lo relativo al derecho de asilo, el llamado reparto de la carga , la inmigración, la corrupción y las drogas sintéticas. Nosotros también esperamos que se emita un comunicado sobre el crimen organizado. La evolución de los acontecimientos probará con toda seguridad que el artículo K 9 resulta insuficiente.
Las diversas posiciones con respecto a un problema que existan a la hora de elaborar un informe deben trabajarse en el transcurso de los debates de la comisión pertinente. Las enmiendas deben someterse a compromisos, y a votación, en dicha comisión. Sólo más tarde, si no se llega a un acuerdo, puede haber motivos para presentar enmiendas al Pleno. Considero, no obstante, que es reprobable que esto se haga añadiendo apartados que no encierran nada nuevo. Los procedimientos de trabajo del Parlamento serían más serios si no se diera pie a estas acciones. Por este motivo, entre otros, rechazamos todas las enmiendas a excepción de la nº 5, la cual apoyamos encarecidamente, puesto que destaca un aspecto que no aborda el informe, y que hay motivos para que realcemos y apoyemos.
La Conferencia Intergubernamental debería considerar como uno de sus objetivos más importantes la solución del problema de la seguridad interna en Europa, y adoptar las modificaciones necesarias del artículo K 9. La responsabilidad la tienen ahora los gobiernos de los Estados miembros y los diputados del Parlamento Europeo, quienes dicho sea de paso, tendríamos que reflexionar profundamente sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión pormenorizada del artículo después de la Conferencia Intergubernamental, y no respaldar una propuesta que es deficiente en cuanto a la confianza, libertad y seguridad de los ciudadanos de Europa.

Schaffner
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con anterioridad a la cumbre de Dublín de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, el Presidente Jacques Chirac y el Canciller Helmut Khol firmaron ambos una carta a la atención de la Presidencia Irlandesa. En esta misiva indicaron que las disposiciones y procedimientos actuales previstos por el Tratado de la Unión Europea y que regulan la cooperación en los sectores de la justicia y de asuntos interiores son insuficientes.
Parece que nuestro Parlamento, y especialmente usted, señora ponente, comparten tal constatación. Esta realidad, como lo demuestra la Sra. Lambraki, se ve reforzada por las dificultades técnicas y jurídicas vinculadas a la aplicación del artículo K 9 del Tratado, artículo que actualmente constituye el verdadero enlace entre dos opciones políticas relativas al tercer pilar: por un lado, la comunitarización, y por el otro, la decisión intergubernamental.
Esta situación, que está caracterizada por las notorias insuficiencias del artículo K 9, preocupa al conjunto de los responsables institucionales europeos, desde nuestra Asamblea hasta la Comisión pasando por el Consejo. Sin embargo, si bien compartimos un diagnóstico idéntico en cuanto al malestar organizativo del tercer pilar, nuestro Grupo no está del todo de acuerdo con los métodos de curación. Permítame a este respecto expresar algunas dudas.
En efecto, las conclusiones del presente informe no ocultan, en absoluto, que se quiere llegar lo más rápidamente posible a una comunitarización total del tercer pilar. Mi Grupo rechaza esta opción «maximalista». En lo que a nosotros se refiere, preferimos adoptar una estrategia pragmática que responsabilice a todos los Estados miembros en función del principio de subsidiariedad. Cuando resulte útil la comunitarización para reforzar la seguridad de los ciudadanos europeos, apliquémosla. Allí donde baste una base común entre los Estados, no es preciso complicar el procedimiento.
Con esta filosofía, el Consejo de Dublín ha instaurado, concretamente, un grupo de trabajo sobre la cooperación judicial, con el fin de fijar, desde un punto de vista práctico, una lista de disposiciones ad hoc para luchar contra la criminalidad transnacional, el tráfico de estupefacientes, etc. Este grupo de trabajo presentará conclusiones el próximo mes de marzo, lo cual facilitará de algún modo un banco de pruebas a la CIG para reconstruir un tercer pilar más eficaz. Se trata de la condición sine qua non para que exista una Unión más cercana a los ciudadanos, y por lo tanto, más popular.

Goerens
Señor Presidente, empezaré dando nuestro acuerdo al informe Lambraki. El procedimiento previsto por el Tratado de Maastricht, y en particular por su artículo K 9, plantea problemas que deberían llamar nuestra atención de los parlamentarios que somos. Efectivamente, se ha querido sustituir el déficit de seguridad para el ciudadano europeo, que Europa quiere reducir, por un déficit democrático resultado de la aplicación de los textos actualmente en vigor. Ya se ha hablado de la pesadez del procedimiento previsto en el Tratado para llegar a comunitarizar, dentro de lo posible, las disposiciones previstas en el marco del tercer pilar.
Compartimos la actitud de todos los que se pronuncian en favor de la comunitarización del tercer pilar y de un control parlamentario más eficaz y, cuanto menos, digno de tal nombre. Yo mismo tuve el privilegio de redactar un informe sobre la Conferencia Intergubernamenal, que entregué al Primer Ministro de mi país, el cual, por cierto, se comprometió a transmitirlo a la Conferencia Intergubernamental. Dicho informe hacía especial hincapié en el modo en que los parlamentos nacionales deberían poder hacer el seguimiento de las disposiciones europeas, sobre todo en el debate de los convenios celebrados en el marco del tercer pilar.
La dificultad radica en el hecho de que una vez ratificadas las disposiciones, los parlamentos europeos llevan a cabo un acto de fe en la creación del nuevo derecho europeo al tiempo que se privan del control parlamentario. Y si a este control parlamentario que antes ejercían los parlamentos nacionales no lo sustituye ninguna disposición que faculte al Parlamento Europeo para poder seguir este procedimiento y llevar a cabo su doble función de control y de impulso político, entonces el déficit de seguridad que todos nosotros deseamos combatir será sustituido, en efecto, por un déficit democrático. Y considero que éste es uno de los puntos que merecen ser debatidos en el seno de este Parlamento.
Huelga decirle, señor Presidente, que estamos en contra de la creación de un primer pilar bis que tuviera por efecto privar al Parlamento Europeo de sus derechos y prerrogativas en materia de control. Debe darse la prioridad a la comunitarización de las disposiciones previstas en el marco del tercer pilar. El único modo de responder al deseo tan ampliamente compartido por nuestra Asamblea consiste en invitar una vez más a la Conferencia Intergubernamental a que realice serios progresos en tal sentido. Si la Conferencia Intergubernamental respondiera a nuestros deseos, expresados por amplia mayoría en nuestro Parlamento, podríamos decirles a los ciudadanos europeos que hemos logrado absorber ese doble déficit democrático y de control parlamentario, ya que este control debería ser la norma en nuestro sistema parlamentario.
Señor Presidente, no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero el punto que he podido tratar aquí nos parece esencial. Para los liberales, sobre todo, es indispensable realizar progresos en la materia.

Cohn-Bendit
Señoras y señores, estimados colegas, señor Schulz, he escuchado con satisfacción las diversas intervenciones. Me parece que mantenemos un debate de opereta sobre algo que no se encuentra en absoluto en el orden del día. Todo el mundo sabe -el Sr. Schulz también lo ha dicho- que no se plantea la cuestión de la transferencia del K9 al K1 sino la cuestión de hasta qué punto va a ser recogido o no el tercer pilar en el primero. Todos los colegas han dicho que, tal como está siendo tratado y negociado en estos momentos, vamos a tener más acuerdos gubernamentales, tratados internacionales y menos comunitarización, es decir, menos debates europeos que puedan ser controlados por el Parlamento Europeo y por el Tribunal Europeo de Justicia. Y esto es nefasto. Supone una despedida de la idea de una institución europea que tiene como tarea la de controlar a instituciones también soberanas. Creo por ello que debemos hacer más y atacar más intensamente a los Gobiernos cuando se trata de desarrollar el papel del Parlamento. Pero también debemos atacar decididamente la filosofía de este debate.
Siempre decimos que Europa significa más libertad para las ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, lo que hacemos es ensalzar la seguridad y recortar al mismo tiempo la libertad, más seguridad y menos libertad. El mejor ejemplo es Schengen, la controversia entre la libertad de circulación de las personas y la realización del artículo 7a. Hemos acordado la libertad de circulación de las personas pero no podemos hacerla realidad sino que solamente hacemos acuerdos gubernamentales para garantizar la seguridad. Creo por ello que este informe llega demasiado tarde y califico este debate como de opereta. Ya no se encuentra en el orden del día. En el orden del día se encuentra el debate por la libertad de las ciudadanas y ciudadanos y ruego a todos que ven con razón problemas de seguridad en Europa que no confundan la seguridad de los ciudadanos con la supresión de las libertades necesarias. Las ciudadanas y los ciudadanos quieren vivir en seguridad. Pero también quieren más libertad, lo que por el momento estamos haciendo solamente de un modo muy limitado. Por estos motivos, mi grupo político se va a abstener en la votación de este informe pues ya no tiene sentido. En lugar de ello, debemos debatir sobre el tercer pilar, sobre si se convierte en un pilar 1a, sobre si se comunitariza, para que existan controles europeos por parte del Parlamento y del Tribunal Europeo de Justicia. En este sentido estoy de acuerdo con lo expuesto por el orador anterior, el Sr. Schulz.

Berthu
Señor Presidente, con motivo de un debate técnico sobre la utilización del artículo K.9, el informe Lambraki lanza un llamamiento entusiasta a la Conferencia Intergubernamental para que integre dentro de las competencias comunitarias numerosas materias vinculadas a la seguridad de las personas, como por ejemplo las políticas de asilo, de paso de fronteras exteriores, de inmigración y muchas otras más.
Sin embargo, al igual que nos parece justificado tratar estas políticas como temas de interés común, es decir, que se coordinen mejor nuestros esfuerzos a nivel europeo, nos parecería aberrante sustraerlos a la competencia de las naciones y de los parlamentos nacionales, pues esto es lo que significa, en realidad, la reivindicación de la comunitarización.
Lo que pide el informe Lambraki, como todos los demás informes de esta Asamblea que han abordado el tema con anterioridad, es que las naciones ya no tengan la última palabra sobre estos temas, que serán tratados por mayoría en el Consejo, con un derecho de codecisión del Parlamento Europeo, el monopolio de iniciativa de la Comisión y bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia.
Esta relegación de los parlamentos nacionales es totalmente inaceptable, ya que incluso la fórmula de codecisión del Parlamento Europeo correspondería a un debilitamiento de la democracia, a un alejamiento de los centros de decisión respecto a los ciudadanos, y también, con carácter accesorio, a la perspectiva poco gratificante de ver cómo se tratan de modo laxista a nivel europeo todos estos temas delicados.
La cooperación nos parece bien, pero desposeer a las democracias nacionales, no. Tal ha de ser nuestra línea de conducta.

Le Gallou
Señor Presidente, los problemas de asilo, de inmigración, de paso de fronteras, de tráfico de drogas preocupan en primer lugar a los ciudadanos de las naciones europeas. Por este motivo hay dos razones para no comunitarizarlos.
La primera es que las situaciones y las tradiciones varían mucho de un país a otro. La segunda es que hace falta que los pueblos, los electores puedan expresarse y hacer valer sus puntos de vista. Ahora bien, al comunitarizar estos sectores se dificultaría todavía más el control por parte de los pueblos. De hecho, éste se probablemente el objetivo buscado por los que desean comunitarizar.
Por el contrario, hay que facilitar el control del pueblo, de los pueblos, de los electores, haciendo posible a escala de Estado -y además del papel de los parlamentos nacionales-, como ocurre en la ejemplar democracia suiza, que se recurra al referéndum y al referéndum de iniciativa popular.
Con esta condición y sólo con ésta podrá permanecer viva la democracia y no, como sucede muy a menudo hoy en día, conculcada por élites tecnocráticas y decadentes.

Lindeperg
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que apruebo totalmente el contenido del informe de la Sra. Lambraki. Su postura pragmática y llena de cordura está plenamente justificada, ya que la comunitarización de la Comisión también rebosa sentido común.
No vamos a meternos ahora en un procedimiento pesado, aleatorio, y para ser totalmente franca, abocado prácticamente al fracaso, en un momento en que se está reflexionando en las negociaciones de la CIG acerca de las posibilidades de mejorar el funcionamiento de las políticas de la Unión en materia de justicia y de asuntos interiores. Por si fuera poco, la aplicación del artículo K 9 no hubiera resuelto ni mucho menos todos los problemas surgidos en este ámbito, especialmente en materia de poderes del Parlamento Europeo.
Por el contrario, debemos estar atentos al progreso de las tareas de la CIG. La Presidencia irlandesa ha tratado de darle un impulso positivo haciendo que los Estados miembros trabajen sobre una propuesta concreta que trate de aportar respuestas a las múltiples críticas formuladas hasta ahora acerca del funcionamiento del tercer pilar.
En efecto, ya se trate de aplicar el artículo K.9, de comunitarizar el tercer pilar o de aprobar disposiciones apropiadas en un primer pilar bis, ¿qué es lo que está en juego? La Presidencia irlandesa lo indica: se trata de garantizar la creación de un proceso de decisión eficaz, que se base, al menos a largo plazo, en una mayoría cualificada y la garantía de un control democrático y jurisdiccional.
Esta profesión de fe se suma a los puntos de vista expresados repetidas veces en nuestra Asamblea, pero desgraciadamente, este objetivo topa con fuertes resistencias por parte de algunos Estados miembros o parlamentos nacionales, y me refiero especialmente al parlamento francés.
Y a pesar de esto, con los avances del mercado único, todo el mundo reconoce, en materia de libre circulación de las personas, y aunque ésta sea únicamente parcial y al margen de los procedimientos comunitarios, que la armonización de algunas legislaciones o prácticas es indispensable y que, además, ya está en curso. Me refiero, por ejemplo, al ámbito del asilo y de la inmigración.
Esta europeización de facto tiene el inconveniente, sin duda, de privar a los parlamentos nacionales de una parte de sus prerrogativas. Cabe lamentarlo, se puede tratar de solucionar, pero no deja de ser un hecho. Existe, pues, un déficit democrático a escala nacional, que deberá ser compensado con un progreso del control democrático a escala europea. Y éste debería ser el papel del Parlamento Europeo.
Sin embargo, sabemos lo que ocurre actualmente. El artículo K 6 llama a engaño, puesto que es un instrumento en manos de la Presidencia, que lo utiliza según su conveniencia. Además, el Tribunal de Justicia se ve expresamente apartado de la cooperación en el tercer pilar, creándose así un vacío jurisdiccional, lo cual es como mínimo paradójico en un sector tan sensible en el que están en juego los derechos y las libertades de las personas que viven en el territorio de la Unión.
Una vez constatado esto, cabe preguntarse si es posible, tal como lo hace un informe reciente sometido a votación en el Parlamento francés, negar todo poder al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia y contentarse con solicitar más poderes para los parlamentos nacionales. Hay que estudiar este último punto, qué duda cabe, y quiero destacar que la mayor parte de las resoluciones de nuestra Asamblea sobre el tercer pilar abogan por un papel cada vez mayor de los parlamentos nacionales. Pero esto no puede ser suficiente. ¿Cómo se puede reconocer la necesidad de una armonización europea y, al mismo tiempo, propugnar una renacionalización de los controles democráticos y jurisdiccionales?
Estas divergencias de apreciación entre los actores que habrán de pronunciarse sobre la CIG no son aleccionadoras. Por ello, la Sra. Lambraki tiene razón cuando le pide a la Comisión que efectúe una evaluación de lo conseguido en la CIG para contemplar la posibilidad de una eventual iniciativa con arreglo al artículo K.9 en el caso de que estos resultados fuesen demasiado desalentadores.

Nassauer
Señor Presidente, señoras y señores, el colega Cohn-Bendit ha calificado este debate como de opereta. Por lo general, las operetas son triviales pero divertidas. Por el contrario, la intervención realizada por el Sr. Cohn-Bendit no ha sido en absoluto divertida. Creo que estamos manteniendo un debate fantasmal, no solamente por la escasísima presencia de diputados sino ante todo porque el artículo K9 ha quedado obsoleto ya hace mucho tiempo. En cierta manera es el apéndice del Tratado de Maastricht. Quizás tuvo sentido en tiempos anteriores pero entretanto ha quedado superado por la evolución de los acontecimientos. Por ello es un debate fantasmal.
El artículo K9 ha fracasado en sus propias insuficiencias. En algunas ocasiones se le ha calificado como puente hacia el primer pilar. Pero este puente estuvo minado desde el principio. Exigía una resolución unánime del Consejo y ustedes saben lo difícil que es lograr esto cuando se trata de asuntos controvertidos. En segundo lugar exigía la ratificación de los correspondientes acuerdos según las correspondientes normas nacionales, un procedimiento que puede durar hasta el día del Juicio Final. El artículo K9 ha demostrado su total inviabilidad y actualmente es objeto de negociaciones para la Conferencia Intergubernamental. Pero aunque en la Conferencia Intergubernamental no surgiese nada decisivamente nuevo para la transferencia de competencias del tercer pilar al primero, incluso entonces no podríamos recurrir al artículo K9 ya que ha demostrado su incapacidad.
Lo que se ha mostrado claramente es otra cosa, a saber, que aquí existe un conflicto aún no superado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. En el tercer pilar está el artículo K6 que concede al Parlamento el derecho a ser informado, además regularmente, así como a ser escuchado en los aspectos más importantes de la actividad, tal como dice la fórmula algo engorrosa del Tratado. El Consejo no ha aplicado y ha eludido sistemáticamente estas normas. Si tras la Conferencia Intergubernamental se mantiene en lo esencial esta configuración del Tratado, nada podrá impedir un grave conflicto con el Consejo o que se llegue a un Acuerdo Interinstitucional que regule claramente cuándo se debe informar al Parlamento en asuntos del tercer pilar y sobre todo cuándo se nos debe escuchar.
Este Parlamento no ha sido escuchado aún del modo adecuado. Audición significa que el Consejo nos presente una resolución que quiere adoptar antes de redactarla y que cuando tiene un borrador listo para ser aprobado ofrezca al Parlamento la posibilidad de exponer su opinión y que el Consejo se ocupe de lo que diga el Parlamento exponiendo sus motivos. Naturalmente, el Consejo no está vinculado a lo que quiera el Parlamento pero tiene que considerar de su opinión. Esto no ha ocurrido aún nunca y se ha ignorado sistemática e imperdonablemente en todos los acuerdos importantes de los últimos tiempos. Aquí radica el conflicto del que tenemos que ocuparnos como Parlamento tan pronto como haya concluido la Conferencia Intergubernamental.
El otro punto es la polémica relativa al procedimiento. En esta Asamblea existe una extraña coincidencia en que al menos partes del tercer pilar deben comunitarizarse y se mencionan al unísono el asilo, la inmigración, los visados y la seguridad de las fronteras exteriores. Lo escucho con extrañeza. Un derecho de asilo común significa que en Europa existiría un derecho de asilo unitario desde Finlandia, pasando por Alemania y Francia hasta Portugal y España. Me pregunto cómo debe ser un derecho de asilo de este tipo. Escucho con gran extrañeza que el Sr. Cohn-Bendit se pronuncia en favor de un derecho de asilo común. No he visto aún ninguna exigencia de los Verdes en lo tocante al derecho de asilo que tenga la más mínima posibilidad de convertirse en base de un derecho de asilo común que pueda ser válido tanto en Gran Bretaña como en Suecia y en Grecia. Estoy firmemente convencido de que los interlocutores europeos no tomarían como ejemplo el modelo alemán. Entre otras cosas, esto exigiría de nosotros los alemanes que revisemos nuestro derecho de asilo en lo tocante a los aspectos comunes con otras y no aplicar solamente nuestros propios baremos. Todo esto se incluye en la exigencia de un derecho de asilo común y en otros campos no es tampoco fácil lograr una conjunción.
Por ello, creo que se trata de dos cosas. Primera: debemos ponernos de acuerdo sobre procedimientos que sean aceptados conjuntamente, en los que el papel del Parlamento se describa al menos tal como se hace ahora en el Tratado de Maastricht y segunda: que debemos esforzarnos por encontrar aspectos comunes en el derecho material y la única forma posible es que todos den y reciban. Esto es aplicable tanto a los alemanes, como a los británicos, franceses y todos los demás.

Lindqvist
Señor Presidente, la cuestión que debatimos gira en torno a unos ámbitos vitales, el de la inmigración y el asilo, los visados, la lucha contra el tráfico de drogas y de personas y el crimen organizado a nivel internacional. En mi opinión, estas son cuestiones que Europa debe resolver unida -esto es lo importante. A continuación, hay que decidir cómo se resuelven del mejor modo posible. Son elementos necesarios la cooperación reforzada a nivel europeo e internacional, y unas acciones más eficaces. No obstante, yo no creo que eso equivalga a que se transfiera todo del tercer al primer pilar, ni que haya que adoptar decisiones por mayoría cualificada. Tomemos por ejemplo la política en torno a los estupefacientes: Suecia y el Norte mantienen una política de signo restrictivo. No es en absoluto seguro, en mi opinión, que se consiga llevar una mejor ni más eficaz transfiriéndola a un nivel donde se adopten las decisiones por mayoría cualificada. Esto puede tener peores resultados, y llevarnos a una mayor liberalización y legalización, lo cual constituye todo lo contrario de lo que nosotros consideramos estrictamente imprescindible para resolver el problema del consumo de estupefacientes.
También sabemos que muchos ciudadanos de la UE y de Europa opinan que cabe dar una gran prioridad a la lucha contra el crimen y a la política en torno a la droga, lo cual es correcto. Pero tenemos que llegar a que se adopten unas acciones. Muchos tienen objeciones, sin embargo, a la posibilidad de que se transfieran más decisiones del nivel nacional al supranacional de la UE. Se trata, por tanto, de hallar un modelo que resuelva este conflicto. Una transferencia del tercer al primer pilar de todos los ámbitos mencionados en el informe conllevaría un fuerte traspaso de poder de los parlamentos nacionales al nivel de la UE en cuestiones que muchos ciudadanos consideran como de carácter típicamente interno, como son las relativas a las fuerzas del orden, aduanas, Derecho civil y penal. Todo ello supondría menos poder para los parlamentos nacionales, una vez estas decisiones se convirtieran en competencia de la UE.
Señor Presidente, debemos resolver los problemas que representan la inmigración, el asilo, los estupefacientes y el crimen. En mi opinión, no obstante, es mejor hacerlo a través de unas acciones, planes y programas conjuntos, que realizando modificaciones de caracter constitucional, o traspasando el sistema de adopción de decisiones del nivel nacional al supranacional.

Lindholm
Señor Presidente, me han producido pena y desilusión la lectura del informe y las distintas opiniones manifestadas. Todas ellas hacen hincapié en que la cooperación interestatal, es decir, el tercer pilar, no funciona, no es suficientemente eficaz, y que por ello debe suprimirse. Ni el ponente ni la comisión analizan qué es lo que no funciona, ni especifican lo que entienden por eficacia. Nadie se pregunta tampoco por qué no funciona, lo cual es central. La respuesta más fácil e insustancial es darle la culpa al derecho de veto y a la necesidad de que las decisiones sean unánimes. Nadie parece preguntarse por qué es tan difícil llegar a unas decisiones por unanimidad. La respuesta evidente es que ni los pueblos ni los ministros de los Estados miembros están dispuestos, o carecen del derecho, a permitir que las cuestiones jurídicas pasen a estar bajo la competencia de la UE y de «Bruselas».
Para la mayoría de ciudadanos el sistema jurídico parlamentario nacional es además una cuestión de identidad y democracia. Quizá esta cuestión sea incluso más central y relevante que la de la moneda propia. Lo que se reglamenta ahora es que, bajo el estandarte sagrado de la eficacia, hay que «comunitarizar» la totalidad, o partes, del tercer pilar. En otras palabras, se quiere dar a la UE el mandato, el derecho de llevar su política por encima de los países miembros y de los pueblos, con objeto de aumentar la eficacia. Incluso se afirma que se incrementará la democracia, y que Europa se acercará más a sus ciudadanos, lo cual es absurdo. Yo me reafirmo en que el resultado será diametralmente opuesto: aumentará la distancia entre los que adoptan las decisiones y los ciudadanos de la Unión, geográficamente y en un sentido más abstracto. Aumentarán las críticas al «régimen de Bruselas». Esto puede incluso abonarles el terreno a los partidos y organizaciones ultranacionalistas, y con ello contribuir a crear tensión y focos de agitación dentro de la Unión.
¿Es esto lo que queremos? No, mantengamos y desarrollemos la cooperación interestatal dentro del tercer pilar. Vayamos al ritmo de los ciudadanos. No contribuyamos a aumentar el desprecio hacia la clase política, y respetemos las constituciones de los Estados miembros.

Krarup
Estoy de acuerdo con algunos aspectos importantes señalados por los dos diputados suecos. Se trata de un tema, el tercer pilar, que desencadena reflejos totalmente imprevisibles, por dos motivos. El primero remite a la lucha incesante a nivel central por el poder entre el Parlamento y el Consejo; el segundo concierne a la integración; quizás sea el aspecto de la integración más importante de todos. La conclusión de este debate fantasma o de esta operación de apendicitis, o como se quiera llamar, es muy sencilla: el artículo K.9, que debería servir de pasarela para la comunitarización de algunos temas del tercer pilar, no se utiliza nunca. Es inservible. Lo es, entre otros motivos, por esos molestos daneses que se opusieron a la aprobación del artículo K.9. La conclusión es, por lo tanto, que debe desaparecer. Y se hace un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental.
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Georges Berthu al respecto. Son temas que están muy cerca del corazón del derecho nacional. No pueden ser comunitarizados. Quizá sería ésta la forma más fuerte de socavar un derecho democrático que pertenece a las naciones. Este llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que comunitarice la cuestión no contará de ninguna manera con nuestro apoyo. Al contrario, trabajaremos en contra.

Alavanos
Señor Presidente, creo que la Sra. Lambraki trata con seriedad y responsabilidad un asunto muy difícil relativo a la transferencia de ámbitos de competencia del campo intergubernamental, esencialmente, al comunitario.
Creo que podemos aprobar la conclusión de que el planteamiento de determinadas acciones en el marco del tercer pilar ha llegado a un callejón sin salida. Quizás el ejemplo más característico de los últimos tiempos haya sido la completa negligencia que mostró la Unión Europea ante las graves revelaciones sobre el papel de máximos responsables de Turquía en el tráfico de drogas: la Unión Europea no se manifiesta, no existe. Hablan los juzgados alemanes, habla el organismo europeo para el control del tráfico de drogas, hablan responsables concretos, pero la Unión Europea no hace acto de presencia. En este sentido, sin duda deberíamos examinar las posibilidades que nos ofrecería la transferencia de competencias al ámbito de la acción comunitaria, siempre con gran cuidado y sensibilidad respecto a todo lo que han dicho mis predecesores en el uso de la palabra y, naturalmente, haciendo todo lo posible para no crear un nuevo déficit democrático con las posibilidades de intervención y control sustanciales que se transferirán al Parlamento Europeo y a otras instituciones.

Martin, David
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por su informe, porque sus conclusiones son muy semejantes a las formuladas por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El artículo K9 -y esto debe quedar muy claro- figura en el Tratado de Maastricht como una concesión a los Estados miembros que se oponen a la intergubernamentalidad de la justicia y los asuntos de interior. Fue una concesión a quienes perdieron la batalla de la comunitarización de la Justicia y los Asuntos de Interior.
En teoría, como se ha dicho, el artículo K9 permite una transferencia de ciertos sectores normativos del tercer pilar al pilar comunitario. En la práctica, no es así, porque hay un doble cierre en el artículo K9.
En primer lugar, como se ha dicho, el Consejo debe actuar unánimemente para transferir las competencias enumeradas en el apartado 1 del artículo K1 al apartado 6 del artículo 1 y, tras haber acordado la transferencia, el Consejo debe después remitir ese asunto a los quince parlamentos nacionales para que ratifiquen la decisión. Teóricamente, podríamos tener otros sistemas de votación, pero en la práctica tenemos el de la unanimidad para cualquier asunto transferido del tercer pilar al pilar comunitario. De modo que no es probable que se utilice y hasta qué punto no lo es lo indica el hecho de que nunca se haya utilizado.
Además, aun cuando hagamos la transferencia, el fundamento jurídico sería el artículo 100 C, por lo que este Parlamento sólo sería consultado al respecto y no tendría otros derechos que la simple consulta. Además, no abarca, naturalmente, todos los asuntos del tercer pilar. Cuestiones tales como la cooperación aduanera, Europol, la cooperación judicial y los asuntos penales quedarían fuera de cualquier posible transferencia. Está claro que el artículo K9 no es una panacea para los problemas que plantea la aplicación del tercer pilar.
Si en este Parlamento se nos diera el ejemplo de un país del Tercer Mundo que permitiese que la política de asilo, los controles fronterizos, el derecho de los nacionales de terceros países, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el fraude y la lucha contra las toxicomanías quedaran fuera del control parlamentario o judicial, nos horrorizaría. Nos horrorizaría tanto, que un mes sí y otro no aprobaríamos urgencias en este Parlamento para condenar esa situación. Y, sin embargo, convivimos con eso diariamente en esta institución. ¿Por qué?
Me parece que el funcionamiento y la existencia del tercer pilar revela con toda claridad que de las cuatro libertades fundamentales en que esta Comunidad está supuestamente basada, la libre circulación de las personas es la menor, incluso en una Unión que no se cansa de decirnos que ahora vivimos en una Europa de los ciudadanos.
Mientras no integremos el tercer pilar en la estructura comunitaria, resultará claro que Europa sigue siendo abrumadoramente una empresa económica. Si hemos de hablar a los ciudadanos de Europa, los derechos de los ciudadanos deben estar cubiertos por el Tribunal de los ciudadanos y el Parlamento de los ciudadanos.
El artículo K9 podría parecer en el mapa de la Unión Europea una passerelle , pero, si lo es, constituye un sendero lleno de rocas y dificultades y queremos librarnos de él y pasarlo a la estructura comunitaria.

Gradin
Señor Presidente, felicito a la diputada Lambraki por su excelente informe sobre el artículo K 9. La cuestión de la aplicación de la llamada «pasarela» es problemática. La ponente ha analizado de modo equilibrado y encomiable esta complicada cuestión política.
La Comisión y el Consejo de Ministros han realizado estudios en diversas ocasiones sobre la conveniencia de la aplicación del artículo K 9. La primera vez fue sólo dos meses más tarde de la entrada en vigor del Tratado de la UE. Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros llegaron a la conclusión de que no era aquel el momento adecuado todavía para poderse hacer una idea bien razonada sobre esta cuestión. La segunda ocasión fue en noviembre de 1995, fecha en que la Comisión presentó un informe al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo donde recomendábamos que no se aplicase el artículo K 9. El motivo era que ya se habían iniciado los trabajos de preparación de la Conferencia Intergubernamental, y que cada vez eran más las personas que se daban cuenta de la necesidad de que se llevase a cabo una revisión radical de la cooperación en el ámbito de justicia e interior, es decir, de la cooperación que entra dentro del tercer pilar. Nuestra conclusión fue, por tanto, que en el mejor de los casos no estaba motivada, y que en el peor de ellos era contraproducente la propuesta de aplicar el artículo K 9 dada la situación en que nos hallábamos. No cabía duda alguna de que cualquier intento de transferir ámbitos al primer pilar a través de este artículo estaba condenado al fracaso. Como ya he apuntado con anterioridad, basta dejar claro que una propuesta en esta dirección requeriría una nueva votación en el seno del Parlamento danés, o un referéndum. El único modo de conseguir en la práctica una cooperación más eficaz es que se transfiera de una vez por todas una parte lo mayor posible de la cooperación que se produce dentro del tercer pilar al primero.
En los debates de la Comisión sobre esta cuestión nos preocupaba que la resolución pudiera dar lugar a malentendidos en el Parlamento Europeo. Por eso he dado cuenta en repetidas ocasiones de la posición de la Comisión respecto de estos asuntos. Debido a ello, me causa gran satisfación comprobar que el ponente ha llegado a la misma conclusión en su informe.
La Conferencia Intergubernamental entra ahora en una fase decisiva. Esto es cierto especialmente por lo que respecta al debate sobre el ámbito de justicia e interior. El proyecto de texto para el Tratado que presentó la Presidencia irlandesa en la Conferencia de Dublín de diciembre sigue de algún modo las directrices propuestas por la Comisión. En otros ámbitos está lejos de ser suficientemente ambiciosa. En estos últimos la Comisión seguirá promoviendo sus puntos de vista en los debates que se irán celebrando a través de la presencia del Comisario Oreja. Nuestra opinión es que el Parlamento Europeo tiene que dejar oir su voz en relación con todas las cuestiones que se debaten dentro del tercer pilar; esto se aplica a las cuestiones presupuestarias, donde es evidente que el propio Parlamento debe participar plenamente.
Los meses que quedan hasta que se concluya la Conferencia se verán naturalmente caracterizados por unas intensas negociaciones. Es importante que concentremos nuestros esfuerzos en conseguir los mejores resultados. Sólo de este modo podremos hacer frente a los retos que se nos presentan dentro de la cooperación en los ámbitos de justicia e interior. Esto ciertamente no tiene que hacerlo exclusivamente la Comisión, sino que también sería muy provechoso que todos los diputados de esta cámara intentasen influir sobre sus gobiernos nacionales. Es a pesar de todo a estos niveles donde hay que realizar un gran trabajo ahora, con objeto de convencerles de la importancia de modificar la cooperación dentro del tercer pilar para que se convierta en fructífera y democrática, y para que de este modo podamos abordar los graves asuntos que nuestro electorado considera que entran dentro de nuestra área de responsabilidad.

Lambraki
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados que han expresado aquí sus ideas. Mi esfuerzo en este informe sobre un tema jurídico y político difícil no ha sido tanto el de encontrar las soluciones, como el de intentar eliminar las falsas ilusiones existentes. El artículo K.9 es una ilusión si creemos que puede solucionar el problema del tercer pilar. Creo que hemos logrado al menos esto: ya no vivimos con falsas ilusiones.
Lo que aún queda por delante, en esto coincido con la Sra. Gradin, es que todos y en todos los niveles, Comisión, diputados, y tanto en el Parlamento Europeo como en nuestros países, debemos presionar a nuestros gobiernos en esta dirección. Porque creo que es tarde y, en este aspecto, señora Gradin, permítame observar que, si la Comisión hubiera presentado sus opiniones antes, como habíamos acordado, quizá habríamos tenido más tiempo para influir en los debates sobre la Conferencia Intergubernamental. En este sentido coincido en parte con la opinión del Sr. Cohn-Bendit de que, en el sentido temporal, hoy parece que los hechos se nos han adelantado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 10.00 horas, se reanuda a las 11.00 horas)

Crowley
Señora Presidenta, hoy conmemoramos el 25 aniversario de un acontecimiento horrible en el que fueron muertas 13 personas que participaban en una marcha en pro de los derechos civiles en Derry (Irlanda del Norte). Ayer en la Cámara de los Comunes nuestro colega John Hume presentó una propuesta de resolución avalada por muchos diputados de diferentes partidos en la que se pedía un nuevo tribunal internacional para investigar aquel suceso.
Quisiera pedir a la Asamblea que preste su apoyo a mi colega John Hume para intentar averiguar la verdad a fin de que prevalezca la justicia. Teniendo en cuenta que hoy vamos a votar sobre el informe Reding relativo al terrorismo, sería apropiado que esta Asamblea conmemorara y rindiera homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, así como de todas las formas de terrorismo paramilitar en nuestra lucha por que las vidas de los ciudadanos y el derecho a la vida estén garantizados para siempre.

El Presidente
A pesar de que no se trate realmente de una cuestión de procedimiento, tomo nota con gusto de su declaración, señor Crowley, que concuerda por cierto con la intervención de esta mañana del Sr. Andrews.

Votaciones
Fraga Estévez
Señora Presidenta, simplemente quiero informarle a usted y a la Asamblea que he detectado en la propuesta de resolución común presentada en nombre de siete Grupos políticos algunos errores importantes de traducción en algunas versiones. Los he detectado en las versiones española e inglesa. Afectan simplemente a los «vistos», no a los «considerandos» ni a los distintos apartados. Por ello, le rogaría a usted que encomendase a los servicios de esta Asamblea que todas las versiones estuviesen traducidas correctamente, en base a la versión original presentada a esta administración por los siete Grupos políticos.

El Presidente
Señora Fraga Estévez, me comprometo a que esta comprobación se realice del modo más escrupuloso posible.
Respecto a la enmienda nº 3:

El Presidente
Parece que hay un problema respecto a la enmienda nº 3. Esta reza del siguiente modo: »vista su resolución de 25 de octubre de 1996 relativa a la comunicación de la Comisión referente a la aplicación de las medidas técnicas para la política común de pesca».
Se me dice que el Sr. Gallagher desearía que se modificara del siguiente modo: »visto el informe del Sr. Gallagher aprobado por el Parlamento Europeo relativo a la comunicación de la Comisión».
Les diré, francamente, que todo esto me parece sumamente complicado y, además, el Sr. Gallagher no está presente. Así pues, someteré a votación la enmienda nº 3 del Grupo Unión por Europa con la formulación que conocemos.

Crowley
Señora Presidenta, quisiera disculparme en nombre del Sr. Gallagher, que no está ocupando su escaño en este momento. Acaban de informarme de que en el texto original se citaba el nombre del Sr. Gallagher. Se suprimió y de lo que se trata ahora es de volver a incluirlo en el texto original. Parece haber algún malentendido.

El Presidente
Señor Crowley, le agradezco que excusen la ausencia del Sr. Gallagher, pero no es habitual recoger el nombre de los ponentes. Se menciona la resolución, y todo el mundo sabe, por supuesto, que esto remite a un informe presentado por uno de nuestros colegas, pero en general no se menciona el nombre de los ponentes.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, hay dos enmiendas en esta votación -las enmiendas 1 y 11-, una del Grupo Socialista y otra que han suscrito los Grupos Popular, Socialista, Liberal y GUE. Yo le daría la palabra al Sr. Schulz por si nos pudiéramos poner de acuerdo y votar sobre una sola de esas dos enmiendas, que son prácticamente idénticas.

Schulz
Señora Presidenta, las enmiendas nº 1 y 2 se ocupan de un mismo problema sobre el que voy a hacer muy brevemente una observación. En el debate sobre este informe se ha producido un cierto revuelo por la cuestión de si se puede definir exactamente una organización terrorista. ¿Qué es definir exactamente? La Sra. Reding se ha enfrentado a esta tarea de un modo excelente y ha introducido en su informe una definición que aclara una cosa: dentro de la comunidad de Estados de derecho de la Unión Europea no puede haber una protección jurídica para actos terroristas u organizaciones terroristas del tipo que sean. Quiero decirlo con toda claridad. Organizaciones como el IRA o la ETA no pueden esperar protección dentro de la Unión Europea en base a ningún derecho. Para aclarar esto se han introducido estas dos enmiendas. Por ello, podría retirar mi primera enmienda pues es casi idéntica a la enmienda nº 11 si estuviésemos de acuerdo en añadir a esta enmienda las palabras «en el sentido de este informe» tras «...cooperación con un grupo armado...» .
De este modo queda claro que queda cubierto por este informe lo que acabo de expresar. Entonces podría retirar la enmienda nº 1 y votar conjuntamente sobre la nº 11.

El Presidente
Señorías, no vamos a volver a un debate, que quede claro. Señora Reding, quisiera saber si acepta la propuesta del Sr. Schulz.

Reding
Sí, Señora Presidenta, se trata de una buena propuesta, y les pido a los colegas que voten masivamente a favor de la enmienda nº 11.

El Presidente
Voy a anticipar un poco y les preguntaré a sus Señorías si tienen objeciones.Entenderán perfectamente que para que el Sr. Schulz retire su enmienda nº 1 tendremos que contar con el compromiso de que nuestra Asamblea aceptará la enmienda oral nº 11. Por lo tanto, le pregunto a la Asamblea, anticipando un poco las cosas, si tiene objeciones al hecho de que haya una enmienda oral respecto a la enmienda nº 11.
(La Asamblea no se opone a la propuesta)

El Presidente
Así pues, señor Schulz, retira usted su enmienda.

Cohn-Bendit
Señora Presidenta, señor Schulz, usted ha dicho que ni la ETA ni el IRA o quien sea deben tener protección. Pero en el derecho existe el principio de que cualquier acusado tiene una protección jurídica hasta que se le condene. En francés se dice la présomption d'innocence , por decirlo a la europea. Por ello, es ...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
No podemos iniciar un debate. Por consiguiente, se retira de la votación la enmienda nº 1.

Crowley
Señora Presidenta, sobre la enmienda oral propuesta por el Sr. Schultz. ¿Estoy en lo cierto al entender que la intención del Sr. Schultz es la de que se denegará la protección jurídica a las personas acusadas de delitos terroristas? Eso es lo que me ha dado a entender la interpretación.

El Presidente
Señorías, no votamos acerca de las intenciones del Sr. Schulz. El Sr. Schulz ha propuesto retirar su enmienda con dos condiciones: que el PPE acepte una enmienda oral a su enmienda nº 11, y ha explicitado dicha enmienda oral. La Sra. Reding, ponente, se ha mostrado de acuerdo, siempre y cuando, claro está, no haya objeciones a que esta enmienda oral sea sometida a votación. Así se hará cuando votemos la enmienda nº 11. Todo esto está muy claro. Ya no hay que entrar a debatir el fondo del asunto.

Schulz
Señora Presidenta, comprendo que sus Señorías quieran proseguir. Como en algunos países miembros el debate que aquí mantenemos ha producido un gran revuelo, quiero repetir una frase: no es necesario explicar de modo especial aquí que un Estado de derecho tiene que respetar sus fundamentos jurídicos también en los Tribunales, quien sea de que se trate. Esto lo sabe también el Sr. Cohn-Bendit, por lo que su intervención ha sido superflua. Lo importante es que determinemos aquí que ningún terrorista u organización terrorista puede tener una legitimación política ....
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Señorías, les recordaré que existen explicaciones de voto y que podrán hacer uso de ellas sin limitación alguna.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Le Gallou
Señora Presidenta, es evidente que hemos votado en contra de este informe, que persigue instaurar una policía sobre las ideas y un lavado de cerebro a través, sobre todo, de los medios de comunicación.
Sin embargo, nos sorprende un poco, tanto por esto mismo como por una enmienda que se ha aprobado, que haya habido tantos votos a favor y tan pocos votos en contra y abstenciones. Efectivamente, la enmienda nº 5, que se ha aprobado, y que por lo tanto se recoge en la resolución final, solicita, la cito «que los inmigrados extracomunitarios se beneficien de la igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales, del reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, sobre todo el derecho de voto en las elecciones locales para los extranjeros no europeos que residan en Europa».
Pues bien, sería interesante que los colegas de los Grupos demócrata-cristiano o Unión por Europa, que se han abstenido o que han votado en contra de este informe, expliquen a sus electores cuál ha sido su postura respecto al derecho de voto de los extranjeros no europeos en las elecciones locales. Creo que sus electores se sorprenderían indudablemente si supieran lo que han votado.

Berthu
La propuesta de resolución anual sobre el racismo, tal como la preparó la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Internos de nuestra Asamblea, y tal como se ha preparado esta mañana, parecía una mejora respecto a los textos de los años anteriores. Efectivamente, se ha evitado cuidadosamente, por una vez, hacer la amalgama habitual entre «el racismo» y «el control de la inmigración». Desgraciadamente, esta buena intención no ha resistido mucho frente a las enmiendas que acaban de ser aprobadas en sesión plenaria.
En éstas se constata que el Parlamento Europeo desea «mostrar la contribución positiva que aportan los inmigrantes a la sociedad europea» (enmienda nº 8), que «invita los Estados miembros a desarrollar su política de inmigración en estrecha relación con una política de integración apropiada» (enmienda nº 2), política de integración que, a su vez, queda explicitada por la enmienda nº 5: en ésta el Parlamento Europeo «pide que los inmigrados extracomunitarios se beneficien de la igualdad de trato en materia de derechos económicos y sociales, del reconocimiento de los derechos cívicos, culturales y políticos, sobre todo el derecho de voto en las elecciones locales para aquellos que residen desde hace más de cinco años en un Estado miembro...».
Esta posición nos resulta totalmente inaceptable. En primer lugar, desconoce la realidad de la inmigración contemporánea, motivada esencialmente por la autodestrucción económica de algunos países terceros, y que constituye una pesada carga, más que una oportunidad, para los miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, no debe considerarse que, en tales condiciones, llega accidentalmente a nuestros países, tiene la intención de permanecer aquí para siempre. Por último, no se puede aceptar borrar la diferencia entre los ciudadanos y los extranjeros haciendo progresivamente que los derechos de estos últimos se asimilen a los de los primeros. En efecto, una nación es una comunidad de destino compartida por ciudadanos. No se pueden reivindicar sus derechos sin asumir al mismo tiempo sus obligaciones. Y para asumirlas basta con el procedimiento de naturalización, que cualquier interesado puede solicitar.
Con carácter secundario, destaquemos que la resolución votada pide competencias europeas en materia de lucha contra el racismo, así como la creación de un «Observatorio europeo del racismo y de la xenofobia», lo cual, a nuestro modo de ver, no aportará absolutamente ningún elemento más en la práctica, o como mucho una administración y unos gastos suplementarios.
Estas son las razones por las que estamos en contra de esta resolución.

Caudron
Con mucha regularidad, con ocasión de muchos informes y cuestiones de actualidad, el Parlamento Europeo expresa su rechazo a cualquier forma de racismo y de xenofobia. Lo hace claramente y a menudo a través de amplias mayorías.
Este año, este rechazo cobrará un sentido y una relevancia particulares, con el anuncio oficial el 31 de enero en la Haya de 1997, Año europeo contra el racismo.
Quisiera recordar aquí mi determinación y compromiso en la lucha contra la bestia inmunda, racista y fascista, que se desarrolla en toda Europa bajo formas múltiples y siempre peligrosas. De ahí que se tenga que dar apoyo a la iniciativa que anima a la Unión Europea en la expresión simbólica que la ha llevado a declarar un año de lucha contra el racismo. Lo que está en juego es la democracia.
En este sentido, lamento y condeno la actitud del Gobierno británico, que se ha opuesto a la creación de un Observatorio europeo del racismo, elemento que hubiera podido ser determinante para el éxito de este año de lucha. Sin embargo, aunque sea necesario reaccionar mediante símbolos y cada vez que se cometan actos de racismo innobles, también tenemos la obligación de luchar cotidianamente para erradicar esta fenómeno inicuo, cuando no innoble.
El racismo es un mal que se infiltra insidiosamente y que se alimenta de la acumulación de razones de «malestar», que desemboca en la búsqueda de chivos expiatorios. En tal caso el Parlamento sí que hace bien en atacar regularmente al racismo, pero debe hacer todo lo posible para contribuir, dentro de la proximidad de los ciudadanos europeos, a este combate en pos de la integridad humana, la libertad y la democracia.
Por lo tanto, le hace falta, nos hace falta denunciar los discursos y los actos de los fascistas «neo» o no, y sobre todo, de sus cómplices que, muy a menudo, hallamos en el seno de formaciones políticas «mucho más honorables» e incluso en los gobiernos. El racismo cotidiano, el racismo trivial, es el terreno abonado para el racismo que nosotros denunciamos en nuestras resoluciones. Debe ser perseguido allá donde se esconda, inclusive en numerosos escaños de nuestro hemiciclo.

Díez de Rivera Icaza
Es importante que la Unión proclame 1997 como «Año Europeo contra el Racismo». Ello estimulará todo tipo de acciones, dentro de un marco europeo, para luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo de una manera más coordinada y eficaz.
Ello obligará, igualmente, a que la Conferencia Intergubernamental incluya, en el Tratado revisado, un compromiso claro, conciso y rotundo, en favor de la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, ante el incremento constante de ideologías fraguadas en el fanatismo y en peligrosas ideologías fascistas. Integrismos que se traducen en estremecedoras acciones cargadas de violencia y que recuerdan el horror del holocausto.
El silencio cómplice: el «no sabíamos» con el que se justificaron y se justifican, todavía hoy, tantos ciudadanos, nos obligan a actuar y a proclamar una y mil veces que nuestra cultura del siglo XX es en parte la cultura del mestizaje y, esa es su riqueza.

Holm, Lindholm y Schörling
Hay que luchar contra el racismo a todos los niveles y en todas las situaciones posibles. Por consiguiente, votamos «sí» a la resolución, a pesar de que contiene ciertos aspectos sobre los que tenemos ideas diametralmente opuestas. Se trata, por ejemplo, de la homologación de las políticas relativas al asilo y la inmigración, de la transferencia al primer pilar de las acciones contra el racismo, y del fortalecimiento de los instrumentos jurídicos.
No obstante, estamos unidos en la voluntad y el deseo de contribuir activamente a la lucha contra el racismo, y pensamos que la resolución contiene muchos aspectos destacables y centrales.

Linser
Los diputados liberales de Austria apoyan plenamente el contenido de la propuesta de resolución de los Sres. Ford y Oostlander con la limitación expuesta en la intervención del Sr. Lukas, según la cual la lista que figura en el guión 6 debe ser entendida como una reproducción enumerativa de las resoluciones realizadas hasta ahora sobre el tema presente pero no como una confirmación de la resolución del 9-5-1996 relativa a la condena del FPÖ y de su dirigente, el Dr. Jörg Haider.
Consejo de Pesca
Medina Ortega
Con respecto a la votación que acabamos de efectuar sobre el Consejo de Pesca, mi Grupo se congratula de la aprobación de la enmienda nº 5 presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y siento personalmente que no haya sido aprobada la enmienda nº 7 del mismo Grupo. Ambas enmiendas se refieren al acuerdo de pesca con Marruecos, que es el acuerdo más importante que tiene la Comunidad, y con respecto al cual se ha producido, en mi opinión, una dejación de sus responsabilidades por la Comisión al aceptar la ampliación del periodo de paro biológico de dos a cuatro meses sin garantías suficientes, y sin garantías, sobre todo, de que, por parte de Marruecos, se cumplirá también esa parada biológica.
Por tanto, yo espero que la Comisión dedique más atención a este tema y que, en el futuro, se analice con mucho cuidado las concesiones que se puedan hacer teniendo en cuenta que Marruecos, en este momento, es beneficiario de importantes ayudas por parte de la Comunidad Europea. Nuestro sector pesquero merece protección y no se puede simplemente dejar a nuestros pescadores al albur de decisiones políticas del Gobierno marroquí inspiradas quizás por otras consideraciones.
Informe Thomas (A4-414/96)
Ahlqvist, Andersson, Theorin y Wibe
No creemos que sea necesario adoptar ahora una estrategia común relativa a la cuestión forestal. La Unión se enfrenta actualmente a unos formidables problemas por lo que respecta a la adaptación de la política agrícola y regional en relación con la ampliación hacia el Este. No es conveniente adoptar una estrategia común en un nuevo ámbito, sobre todo porque ya existen en la actualidad unas políticas forestales que funcionan en cada país. Cada uno de ellos tiene una legislación para la conservación de sus bosques, y unas autoridades que se ocupan del sector.
Además, se está produciendo una amplia cooperación a nivel internacional en el ámbito de la silvicultura, por ejemplo, dentro del marco de la FAO y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. También existe una cooperación internacional fructífera en lo relativo a la labor de localización cartográfica de los daños sufridos por los bosques en Europa.
Es dudosa la conveniencia de una política forestal común, dado que los problemas son muy diversos de país a país de la Unión. Por ejemplo, la desertificación constituye un grave problema en el área mediterránea, mientras en los países nórdicos destinamos nuestros recursos a impedir que dehesas y zonas de pasto se pueblen de árboles. Los incendios forestales no son un problema de importancia en los países nórdicos. En el norte tenemos además un sistema eficaz de certificación ambiental, y es sabido que nuestros países competidores, Estados Unidos y Canadá, ejercen presiones para que entre en vigor una certificación a un nivel menor que el nuestro. Por tanto, existe un riesgo considerable de que los requisitos ambientales de la política forestal sueca salgan perjudicados con la certificación comunitaria.
Por último, pensamos que es innecesario que la Unión tome a su cargo más gastos a través de la aprobación de este documento. Si se aprueban todas las propuestas, esto significaría un aumento anual de los gastos de la Unión de alrededor de 350 millones de ecus. La mayor parte de esta cantidad va destinada a dos ayudas, la lucha contra incendios forestales (lo cual significa que las ayudas irán a parar en su mayor parte a los países del Mediterráneo), y los países ACP, compuestos en su mayoría por antiguas colonias. No pensamos que esto sea correcto. Si el Parlamento desea incrementar las ayudas en concepto de lucha contra incendios forestales, ya existe en la actualidad una línea presupuestaria en este sentido, y si lo que se desea es promover la política forestal de los países en desarrollo, el mejor modo de hacerlo es mediante la ayuda al desarrollo.

Lindqvist
No es necesaria una política forestal común para la UE. Tampoco es necesaria, como sostiene el informe, una «estrategia forestal común», lo cual es sencillamente otro término para designar la futura política forestal. Las ayudas financieras que se destinarían a la «estrategia forestal» no favorecerían al norte, sino principalmente a los países mediterráneos y a las antiguas colonias de la UE.
El informe elaborado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Regional es mucho mejor que la propuesta de la Comisión. Para obstaculizar nuevos avances de la Comisión en esta cuestión y otras parecidas, donde la UE extiende cada vez más sus competencias a nuevos ámbitos, lo mejor que podemos hacer es votar negativamente. En consecuencia, he votado en contra del informe.

Titley
Tengo mucho gusto en votar a favor de este informe excelente de mi colega laborista británico David Thomas.
Aunque en Gran Bretaña me llamarían «urbanita» y pese a que represento a una circunscripción principalmente urbana, tengo razones poderosas para apoyar el futuro de la silvicultura. El bosque de Redrose, en mi circunscripción, es un ejemplo maravilloso de la forma como la silvicultura puede contribuir a satisfacer muy diversas necesidades. Crea puestos de trabajo en una zona que ha padecido el declive industrial. Mejora el medio ambiente para la población local, al ofrecerle un «pulmón verde» y un aire más limpio para respirar. Aporta un nuevo y grato lugar para las visitas y el disfrute tanto de los turistas como de la población local.
De modo que acojo con beneplácito las ideas de este informe sobre las campañas de información y sensibilización para velar por que todo el mundo reconozca que la silvicultura tiene repercusiones positivas en su vida... y en la del planeta. Las personas preocupadas por la destrucción de los bosques apoyarán la petición de que la UE trabaje en pro de un convenio internacional sobre la protección de los bosques. ¡Debemos ayudar a los países en desarrollo a equilibrar su necesidad de desarrollo económico y la necesidad de todo el mundo de respirar!
Informe Reding (A4-368/96)
Crowley
Tengo un doble motivo para abstenerme en la votación final sobre este informe. En primer lugar, la enmienda nº 7, que habría propiciado explícitamente el respeto de los derechos humanos para todos, ha sido rechazada. En segundo lugar, la enmienda nº 11, que se ha modificado oralmente, contravenía el derecho a la presunción de inocencia para todos.
Yo, junto con todos los diputados a la Asamblea, no aprobaría nunca terrorismo alguno, ya sea institucional o paramilitar. Sin embargo, no debemos dejar que nuestra oposición a la violencia nuble nuestro respeto y protección de los derechos humanos.

Eriksson y Svensson
Hemos votado en contra del informe Reding.
Condenamos categóricamente el terrorismo y toda modalidad de acto terrorista. Bajo ninguna circunstancia daríamos nuestro apoyo a una organización que usara el terror como método de trabajo.
El problema que presenta el informe es, no obstante, el riesgo de que se neutralice la seguridad jurídica, ya que en algunos puntos carece de la claridad suficiente.
Debe definirse lo que es el terrorismo de un modo más inequívoco. Además, hay que establecer quién define qué organizaciones se consideran como terroristas, y cuáles son los «entornos de apoyo» al terrorismo a que hace referencia el informe.
El informe también tiene la intención, no sólo de realizar, sino de reforzar las competencias de Europol. Nos oponemos a esta evolución. En su lugar, creemos que puede utilizarse la actual cooperación en el marco de Interpol, y hacerse más eficaz en los trabajos para acabar con el terrorismo internacional.
La lucha contra el terrorismo es central, pero no justifica la debilitación de la seguridad jurídica en una sociedad.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas del Parlamento Europeo votan a favor del informe de la Sra. Reding, pero en contra de la petición de armonización del marco penal respecto de la delincuencia transfronteriza. Compartimos la preocupación de la ponente por el terrorismo en las democracias europeas y damos la bienvenida al esfuerzo coordinado para luchar contra él. No obstante, nos vemos obligados a rechazar la armonización del marco penal de los Estados miembros, incluido en el caso de delitos graves transfronterizos, como el terrorismo. El concepto de organización del ámbito penal varía de unos pueblos europeos a otros. No vemos motivos para romper estos conceptos con una armonización, ya que nada nos impide cooperar para luchar contra el terrorismo sin una legislación penal común.

Lindqvist
No puede aceptarse el terrorismo en una sociedad basada en el Derecho. Son necesarias unas acciones contundentes contra él. Hay que combatirlo a todos los niveles por medios legales. El mejor modo de contrarrestar los focos terroristas es la existencia de una sociedad democráticamente abierta. El problema del informe es que no se define qué es el terrorismo, y esto puede neutralizar la seguridad jurídica.
Deben mejorar las medidas técnicas y prácticas de los aeropuertos, el proceso de control de equipajes y los sistemas informáticos de registro de datos y de vigilancia por televisión. Debe darse una mayor cooperación entre Interpol y Europol. Es un error creer que la eficacia se consigue con organismos supranacionales.
Los ámbitos de actividad de Europol no deberían ampliarse a la lucha contra el terrorismo en mi opinión. Esa es una cuestión que debe resolver cada Estado miembro. Europol no debe convertirse en el «FBI» de la UE. En base a estos principios, he votado en contra del informe.
Informe Valverde López (A4-396/96)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
Hay dos motivos de peso para votar en contra de este informe. Uno es que constituye una fuerte defensa del aumento del federalismo dentro de la UE, por ejemplo en el apartado 28, que lamenta que el requisito de la unanimidad «difuculte la toma de decisiones», el apartado 32, que exige que «los Estados candidatos a la adhesión tengan presente» que la UE es «un proceso de unidad política, económica y monetaria», y el apartado 30, que lamenta que algunos países tengan la posibilidad de retraerse a la competencia del Tribunal de Justicia de la UE. En casi cada apartado se destaca la importancia de que existan más procedimientos supranacionales dentro de la UE.
El otro motivo es que el informe da muestras de una clara inspiración derechista en lo relativo a sus ideas políticas. Por ejemplo, en el apartado 9 se defiende que las autoridades nacionales deben actuar para «suprimir los obstáculos financieros y burocráticos» con que se encuentran las empresas, con lo que éstas podrán crear más puestos de trabajo. La insinuación de que el desempleo en la UE está motivado por las malas condiciones en que operan las empresas es un análisis basado en la teoría neoliberalista, y es algo a lo que no nos adscribimos.

Lindqvist
El informe destaca los progresos de la Unión en la realización de la moneda única. Se señalan los problemas que existen en relación con la UEM, por ejemplo, que la UEM debe combinarse con unos fuertes mecanismos que posibiliten una estrecha cooperación en los ámbitos económico, social y fiscal. También se hace hincapié en que deben eliminarse las decisiones por unanimidad en el seno del Consejo.
Puesto que el informe denota unas ideas rígidas de tipo federalista sobre lo que es conveniente para la cooperación en Europa, he votado en contra.
Informe Escudero (A4-410/96)
Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Lööw, Theorin, Waidelich y Wibe
Nos abstenemos de votar en relación con el informe. Contiene unas observaciones de calidad, pero nos resulta imposible adherirnos a algunos de sus apartados.
En el considerando K se habla de los cuatro símbolos de la «identidad cultural europea», el judaismo, el cristianismo, el helenismo y la civilización romana. Se dejan de un lado, por ejemplo, la herencia de la cultura musulmana, y también la mitología y la concepción del Derecho nórdico-germánica.
En el apartado 1 se menciona la necesidad de que el Consejo se aparte del requisito de la unanimidad en beneficio de la exigencia federalista de la mayoría cualificada para las decisiones. Creemos que la unanimidad constituye una garantía central para la diversidad cultural en Europa.
En el apartado 23 el ponente recomienda que la Comisión elabore material escolar sobre la historia de Europa, que «debe introducirse como materia obligatoria en los Estados miembros». No creemos que se consiga nada positivo con este tipo de acciones de naturaleza propagandística. Cada país debe conservar la soberanía en materia de educación.

Lindqvist
No hay motivo alguno para aplicar el principio de la mayoría cualificada en lo relativo a las cuestiones culturales. En la medida en que exista una identidad cultural europea, ésta no puede imponerse por fuerza a través de decisiones por mayoría; eso tendría el efecto contrario.
El sistema a seguir para la educación en la escuela primaria y el material escolar que se utilice son cuestiones que se deciden mejor a nivel nacional o local. La enseñanza y sus contenidos no es algo de lo que deba ocuparse la UE. En consecuencia, voto en contra del informe.
Informe Schimbdauer (A4-12/96)
Bernardini
El mérito del Libro Verde presentado por la Comisión consiste en abrir el debate sobre la situación de los transportes y abordar el problema de las «externalidades» (accidentes, saturaciones, contaminación...).
Felicito a nuestro ponente por su excelente trabajo. Ha sabido captar la totalidad del problema al propugnar un enfoque igualitario, esto es, que cada modalidad de transportes deba correr con los costes que genere. Por mi parte, quisiera asimismo destacar la importancia que debemos prestarle al transporte combinado. Respetuoso con el medio ambiente y solución para los atascos, representa una opción competitiva.
Por último, subsiste un punto que suscitará encendidas reacciones: la armonización de los impuestos y cánones a escala de la Unión. En este ámbito, la Comisión deberá adoptar un enfoque pragmático. Lamento que no se haya preocupado por la opinión pública. Aumentar, por ejemplo, los peajes de carretera tiende a excluir a las familias modestas de la utilización de los grandes ejes, y así de poder ejercer una libertad fundamental: la libertad de ir y venir. Sobre este punto, la Comisión tendrá que hacernos propuestas.

Cuadron
El informe Schimdbauer pone de manifiesto el interés y la necesidad de tomar en consideración las externalidades negativas de los transportes, sobre todo, por carretera. En efecto, los precios pagados por un transporte concreto a menudo sólo cubren parcialmente los costes reales relacionados con la contaminación, los accidentes y los atascos. La medida de los costes de estas externalidades para el conjunto de la Unión Europea (250.000 millones de ecus por año) muestra la importancia del debate y de lo que se juega Europa. Así pues, hay que apoyar este texto.
En primer lugar, por los envites económicos que suscita. Intaurar una tarificación de los transportes más equitativa es prever incitaciones capaces de modificar la actitud de los fabricantes y de los ususarios. Esto puede traducirse en la red de carreteras, por ejemplo, en una mejora de los flujos que sea favorable a una mejor competitividad de las empresas europeas gracias al ahorro de tiempo.
Incluir el coste real del transporte es, también, establecer una igualdad de oportunidades entre los modalidades de transporte, situándolas de este modo en condiciones óptimas de competenia en el seno de la Unión. Y esta evolución deberá ser tomada en consideración, sobre todo ante la perspectiva de liberalización y apertura de los mercados de transportes.
Seguidamente, en el plano de la cohesión económica y social, las medidas que integran los costes reales reorientarían invariablemente la inversión de las empresas, lo cual supondría por lo tanto una diversificación de las modalidades de transporte y un desarrollo de las infraestructuras que permitiría, en consecuencia, armonizar y reequilibrar las redes transeuropeas.
Por último, creo que hay algunas medidas propuestas por el Libro Verde que responden a imperativos ecológicos que los ciudadanos europeos piden, tales como unos impuestos diferenciados según la calidad del carburante, peajes en zonas de atasco o con dificultades, etc.
Debe iniciarse un debate en el seno de la Unión sobre los problemas de coste real de los transportes. El informe Schmidbauer puede contribuir a ello, y ésta es una razón suplementaria para aprobarlo.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas dan la bienvenida al Libro Verde de la Comisión y al informe de Barbara Schmidbauer sobre el transporte. Tanto uno como otro son buenas contribuciones al debate.
En la UE, 15 países han de ponerse de acuerdo sobre los temas que surgen todos los días. La política de transporte está relacionada con varios ámbitos de la política. Por eso es difícil llegar a un acuerdo en ese ámbito, y uno o varios países tendrán siempre problemas para lograrlo en algunos aspectos. Este informe es, por lo tanto, una solución de compromiso. Es de gran calidad, pero algunos detalles deben forzosamente ser aclarados. Por eso, los daneses no podemos aceptar algunas de sus partes sin más. Hay que aclarar además que se trata de iniciativas no legislativas y que hemos de conseguir que se incluyan en el debate todos los aspectos. En otro caso, la política permanecería estática y sectores como el transporte de mercancías no avanzarían: estrangulamientos y competencia desleal en cuanto a las tarifas, el consumo de energía, la contaminación, el tiempo de conducción y de descanso, etc.
Los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe sobre la tarifación más justa y eficaz en el ámbito del transporte, porque consideramos que es bueno y porque apoyamos el desarrollo de los parámetros que llevan a una competencia leal no únicamente entre los ofertantes de transporte, sino también entre los modos de transporte.

Linser
En principio apoyamos la votación de los puntos 3 hasta 21. Pero en lo tocante a los puntos 15, 16 y 18 en los que se trata fundamentalmente de la armonización de gastos destinados a la financiación de carreteras, desde un punto de vista austríaco tenemos que exponer objeciones ya que debido a las características de la estructura alpina la construcción y conservación de carreteras y autopistas ocasiona mayores costes que en la media europea. Por ello, solamente podemos apoyar una armonización europea global -en lo referente a los puntos 15, 16 y 18- si se garantiza que se va a tener en cuenta esta carga adicional para Austria.
Informe Schaeffner (A4-0001/97)
Eriksson y Svensson
Los abajo firmantes hemos votado en contra del informe Schaffner por las siguientes razones:
1.Hay numerosos artículos del Tratado de la Unión que por su falta de claridad crean incertidumbre dentro del ámbito del Derecho comunitario, lo cual confiere en la práctica al Tribunal un derecho arbitrario de interpretación, lo cual sería inaceptable en una democracia verdaderamente parlamentaria.2.Las instituciones de la UE han dado repetida muestra de falta de respeto hacia el concepto de soberanía nacional, transgrediendo las competencias establecidas por las directivas, y ampliando constante e inmotivadamente su poder por encima de las administraciónes nacionales de justicia.- Informe Lambraki (A4-0349/96)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
No podemos estar de acuerdo en que se adopten las decisiones del Consejo en materia de inmigración, asilo, estupefacientes, fraude, cooperación jurídica civil, y determinados aspectos de la cooperación policial según el principio de la mayoría cualificada. Pensamos que hay que conservar el requisito de la unanimidad.

Lindqvist
A largo plazo, las posiciones comunes alcanzadas a través de acuerdos interestatales constituyen un modelo mejor para dar solución a las cuestiones que abarca el artículo K 1 que unas decisiones adoptadas por mayoría cualificada. Deben coordinarse mejor las políticas en torno a la inmigración, el asilo y los visados. Esto debería hacerse a través de la unanimidad y no de unas decisiones adoptadas por mayoría. La cooperación policial y aduanera debe naturalmente ser de caracter interestatal. Si se transfiere la política relativa al consumo de droga a la categoría de política de la UE, esto traería un empeoramiento de la situación, puesto que se reemplazaría la política restrictiva sueca y nórdica por una más liberal en favor de la legalización. El informe conllevaría, si se adoptase como una de las políticas de la UE, una fuerte transferencia del poder decisorio de los Estados miembros a las instancias de la UE. Por eso voto en contra.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.

Interrupción del período de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 12.30 horas)

