
El Presidente.
   Declaro abierto el período de sesiones anual 2004-2005 del Parlamento Europeo. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0449/2003) de la Sra. Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre los controles oficiales de piensos y alimentos [COM(2003) 52 – C5-0032/2003 – 2003/0030(COD)]. 
Byrne,
   . Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por el duro trabajo que han realizado los miembros de las comisiones implicadas en la propuesta de reglamento sobre los controles oficiales relativos a alimentos y piensos. Reconozco en particular los admirables esfuerzos realizados por la Sra. Paulsen sobre esta importante iniciativa.
La propuesta de la Comisión establece normas sobre la organización de controles oficiales a los alimentos, piensos y animales vivos que deben respetar los Estados miembros y define las funciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión. Tiene en cuenta los principios de un planteamiento basado en el riesgo de una cadena alimentaria humana y animal integrada y completa, de la granja a la mesa, incluidos los controles dentro de la Comunidad y los controles de los alimentos y piensos importados de terceros países. Esto define mejor la responsabilidad primaria sobre la seguridad de los alimentos y piensos por parte de los operadores empresariales y refuerza el papel de las autoridades competentes a través de mecanismos de aplicación más estrictos dentro de los sistemas de control existentes.
Sobre todo, la propuesta pretende mejorar la eficacia de los controles realizados tanto por los Estados miembros como por la Comisión. Define medidas de aplicación más estrictas. También crea un marco para apoyar a los países en desarrollo para que cumplan importantes requisitos y dispone un marco financiero para organizar actividades que mejoren la seguridad de los alimentos y los piensos.
Destaco especialmente los denodados esfuerzos de la Sra. Paulsen por adoptar la propuesta en primera lectura. Comparto el mismo objetivo y esperanza para que se adopte. La cooperación entre las tres instituciones en torno a esta propuesta ha sido excelente y de nuevo en gran parte se debe a la Sra. Paulsen, la fuerza motriz encargada de hacer confluir a las tres instituciones.
El Consejo y la mayoría del Parlamento Europeo adoptan ahora un punto de vista convergente sobre este texto, que me complace aceptar en su totalidad.
Klaß (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero mencionar que acabo de recibir las enmiendas en mi propia lengua, y son 229. Así pues, quiero pedir más tiempo para que tanto yo como todos los demás diputados podamos leerlas, y pedirle a usted que aplace la votación hasta mañana. 
El Presidente.
   Señora Klass, este no es el momento oportuno para hacer esa petición, sobre todo porque cualquier petición de ese tipo tiene que votarse y someterse a la decisión del pleno. No se pueden hacer esas peticiones en cada etapa de nuestro trabajo. Podrá hacerla antes de la votación. 
Paulsen (ELDR ),
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por supuesto que es difícil tratar de alcanzar un acuerdo en primera lectura. Se necesita voluntad, conocimiento y cooperación. Quiero dar las gracias a todos mis colegas diputados que han contribuido con su oposición o su apoyo a este proceso. Ha sido difícil, pero extremadamente constructivo.
Mencionaré algunos de los aspectos que me parecen más importantes de la propuesta. Uno de ellos es su ámbito de aplicación. Tengo la gran fortuna de que las inspecciones se han ampliado ahora para incluir la salud y el bienestar de los animales. Ese es probablemente uno de los mayores éxitos del Parlamento en un área tan delicada como ésta y que preocupa tanto a los electores de todos nuestros países. Otro aspecto es el transporte de animales por Europa, y es importante que por lo menos esto se incluya en el programa de control.
El Parlamento ha contribuido también al control del etiquetado mientras se realizan las inspecciones. Los propios programas de control de los Estados miembros tienen que establecer como una de las tareas de los inspectores la comprobación de que el etiquetado de los envases de los alimentos es correcto, que cumple la normativa y que los contenidos y la declaración de contenidos se corresponden realmente. Este punto tiene una enorme importancia para nosotros como consumidores normales cuando, en una tarde de un jueves normal, tenemos que hacer alguna compra rápida para la cena. La necesidad de incluir toda la cadena –desde el campo hasta la tienda, el comedor y el restaurante– es el principio en el que, por supuesto, se sustenta toda la legislación sobre seguridad alimentaria.
Otro aspecto que me hace sentirme a la vez decepcionada y satisfecha es la transparencia. Una clara mayoría de la comisión quería un sistema basado en la publicación de una lista de infractores. Pero no pudo adoptar ese sistema porque los Estados miembros invocaron razones legales y constitucionales en su contra. Como Liberal, al final hasta yo misma me di cuenta de que probablemente no corresponde ni al Estado ni a las autoridades la tarea de decir qué productores son buenos y qué productores son malos. Con el sistema de transparencia que establece ahora el Reglamento, hemos renunciado a esa función de nombrar, avergonzar y divulgar a la sociedad civil. Cualquier asociación de consumidores, asociación para la protección de los animales u organización local de medios de comunicación podrá solicitar ahora los informes de las inspecciones y, por tanto, serán responsables de esta labor de información a los ciudadanos.
La financiación de las tasas es una cuestión muy controvertida, no sólo entre la Comisión, el Consejo y yo misma, sino también en el Parlamento. Algunos quieren unas tasas permanentemente fijas, iguales para todo el mundo. Esa podría ser una muy buena idea, pero se ha intentado y ha fracasado. No todos los países de la UE son exactamente iguales. No pueden aplicarse las mismas condiciones básicas de Portugal a Finlandia, o de Irlanda a Hungría. Pese a todo, creo que la propuesta que hoy nos ocupa ha conseguido un buen equilibrio. Tienen que cobrarse tasas, pero se ha definido con claridad qué tasas deben cobrarse. Deben tenerse también en cuenta las pequeñas empresas tradicionales, algo que me parece muy importante. Es importante que nosotros en el Parlamento Europeo protejamos a los pequeños productores de alimentos inusuales que constituyen la esencia del patrimonio cultural europeo en el ámbito alimentario. Tenemos que defenderlos y darles una oportunidad. No se les puede eximir de cumplir la legislación en materia de seguridad, pero se les podría imponer unas tasas de control menos elevadas.
Les pido a todos ustedes, primero, que voten hoy pese a todos los problemas que existen y, segundo, que acepten mi lista de enmiendas de transacción. Por último, quiero dar también las gracias a la Comisión y al Consejo, y, sobre todo, a las Presidencias italiana e irlandesa. Muchas gracias por su fantástica cooperación. 
El Presidente.
   Puesto que también usted, señora Paulson, se ha referido a que espera un resultado positivo de la votación, repito que, respecto a la decisión de aplazar o no la votación –refiriéndome a la intervención anterior de la Sra. Klass– se celebrará, si es necesario, una votación al respecto en sesión plenaria. 
Parish (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, hablo en nombre de la Sra. Doyle, que no ha podido estar aquí esta mañana.
Celebramos los controles oficiales de piensos y alimentos para garantizar la salud de los animales y la calidad de la carne para los ciudadanos de toda Europa. Sin embargo, debemos dar tiempo al sector para que desarrolle un planteamiento uniforme en toda Europa. Quisiera que el Comisario Byrne explicase con más detalle cómo vamos a aplicar el mismo tipo de controles sobre los piensos importados a la Unión Europea. Es muy importante que se apliquen los mismos controles estrictos no solo a nuestros piensos en Europa, sino también a los importados.
El bienestar de los animales también es extremadamente importante. La Sra. Paulsen ha mencionado el etiquetado. Tenemos que asegurar que los consumidores puedan decir qué productos han cumplido estos severos requisitos de bienestar animal en Europa a partir del etiquetado. Los consumidores también deberían poder saber por el etiquetado qué productos no han cumplido estos severos requisitos.
Hay que tener en cuenta el coste de la inspección en la UE y las tasas aplicadas a cada empresa fabricante de piensos, porque si un país aplica tasas mucho mayores a las inspecciones que otro, esto ocasiona distorsiones en el mercado único. En términos generales, hemos de acoger con agrado estos controles, pero debemos ser cuidadosos de no establecer una reglamentación excesiva. 
Klaß (PPE-DE ).
    Señor Presidente, me dirijo a ustedes esta mañana en nombre de mi colega, Sr. Schnellhardt, que, lamentándolo mucho, no puede estar hoy aquí con nosotros. El Reglamento relativo a los controles de piensos y alimentos que hoy nos ocupa es una de las medidas adoptadas por la UE para mejorar la seguridad alimentaria. Todas las disposiciones adoptadas en este ámbito tienen un nexo en común, y es el principio de los controles universales, desde el productor hasta el mostrador de la tienda y la mesa del consumidor. Se aumenta la participación de las empresas del sector alimentario en la seguridad alimentaria, se definen claramente las responsabilidades y se establecen unos controles oficiales con una base más científica y una estructura clara. Este Reglamento sobre los controles de piensos y alimentos forma parte de la legislación marco en este contexto.
Pero lamentablemente, tiene que decirse que el tratamiento que ha recibido el Reglamento en esta Cámara no se corresponde con los procedimientos parlamentarios habituales. El texto que votaremos hoy ha salido en su mayor parte del Consejo Europeo y difiere considerablemente de la propuesta de la Comisión. Es un texto que no se ha podido considerar ni debatir en profundidad. Esta Cámara lleva años tratando de ampliar sus competencias en relación con el proceso legislativo. El procedimiento adoptado va muy en contra de esos esfuerzos.
Aunque celebramos la inclusión del bienestar animal en este Reglamento, somos críticos respecto a la naturaleza de las disposiciones relacionadas con él. El Reglamento permite claramente la transferencia a terceros de algunas actividades relacionadas con los controles oficiales. Creo, no obstante, que para garantizar la independencia de las actividades relacionadas con los controles oficiales, estas deben encomendarse a instituciones gubernamentales.
Lo mismo puede decirse del procedimiento de financiación propuesto. La propuesta establece, por supuesto, una base uniforme para calcular las tasas de inspección en Europa, pero no hace nada para eliminar la distorsión de la competencia resultante de las enormes diferencias en la cuantía de la tasas, algo que se critica desde hace años. En realidad, hace justo lo contrario, al ser prácticamente imposible que empresas del mismo distrito administrativo paguen tasas diferentes por su diferente distancia geográfica respecto a las autoridades administrativas. Ahora bien, los controles oficiales pretenden promover la salud y, por tanto, deben cobrarse aplicando aproximadamente las mismas tasas a todas las empresas.
La inoportuna referencia a planes nacionales de control y a la financiación de controles ad hoc significa que este procedimiento expone a las empresas a un riesgo financiero.
Por último, quiero reiterar expresamente nuestro apoyo a muchas de las ideas contenidas en el informe. Pero la manera poco convencional de elaborar el texto legislativo que se nos ha impuesto, con la publicación de sucesivas versiones cada poco tiempo y el hecho de que hasta esta mañana no hayamos recibido el texto final de las enmiendas en nuestras respectivas lenguas, no nos ha permitido, lamentablemente, examinar el texto en profundidad. Con estas prisas podríamos pasar por alto algunas deficiencias y puntos críticos, y por eso no podemos prometer nuestro apoyo incondicional. 
Van den Berg (PSE ).
    Señor Presidente, les hablo hoy aquí en nombre de la Sra. Corbey, y quiero hacer cinco comentarios. 
En primer lugar, la transparencia en la seguridad alimentaria y su control tienen, como no, una extrema importancia. Pero más normas y mayores controles no son, por sí mismos, garantía de una mayor seguridad alimentaria: sólo pondremos fin a las infracciones alimentarias si además exigimos transparencia. Tiene que darse a conocer la información sobre las empresas que adoptan una actitud poco responsable frente a la seguridad alimentaria. Los que juegan con eso pierden clientes. La transparencia es un requisito importante para la seguridad alimentaria, y celebramos el compromiso alcanzado.
En segundo lugar, la financiación de los controles tiene que ser equitativa. Tenemos que combatir las ayudas poco equitativas a las empresas y la competencia desleal. La concesión de descuentos a las pequeñas empresas nos permite acomodar en cierta manera a esta categoría de empresas, que es muy importante en el sector alimentario.
Mi tercer comentario se refiere a la aplicación correcta y justa de esta legislación. Nuestro grupo es partidario de establecer controles y métodos equivalentes en toda la UE. No puede ocurrir que un cargamento rechazado en Rotterdam por motivos de seguridad alimentaria consiga introducirse en la UE por una ruta diferente. La pregunta que le dirigimos a la Comisión es la siguiente: ¿puede garantizarnos que, en interés de los ciudadanos europeos y de una competencia leal, vigilará de cerca la correcta aplicación de esta legislación?
En cuarto lugar, nuestro grupo celebra sinceramente la asistencia que la UE está pensando prestar a los países en desarrollo para ayudarles a aumentar su capacidad de cara al cumplimiento de la legislación europea en materia de seguridad alimentaria. Así se matan dos pájaros de un tiro: la UE aumenta la seguridad de los productos alimentarios importados y los países en desarrollo reciben una asistencia importante para adoptar medidas que contribuyan a mejorar su seguridad alimentaria y, por tanto, su posición comercial. La seguridad alimentaria no debe encubrir ninguna forma de proteccionismo. No debemos olvidar tampoco los acontecimientos recientes. Con la epidemia de gripe aviar en Asia, es importante que la seguridad alimentaria se controle desde los propios países de origen. ¿Puede la Comisión confirmar que ésta y otras disposiciones comunitarias ofrecerán a la UE una protección eficaz contra la transmisión de enfermedades contagiosas como la gripe aviar?
Para terminar, quiero hacer un comentario de naturaleza general. En nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero agradecerle de nuevo a la Sra. Paulsen, y también al Consejo y a la Comisión, su excelente trabajo. Esperamos que este importante Reglamento ponga fin a cinco años de esfuerzos y estamos impacientes por escuchar las respuestas de la Comisión. 
Staes (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el compromiso alcanzado entre cuatro grupos asegura que este Reglamento sobre los controles pueda publicarse dentro de poco en el Boletín Oficial y pueda entrar en vigor en su mayor parte el 1 de enero de 2006. 
Fue un gran placer para mi grupo participar en los debates del compromiso, sobre todo en lo que respecta a la referencia a delitos penales en la enmienda 206.
Me entero ahora de que el Consejo se muestra muy reticente al respecto. Lamento que el Consejo no participe hoy en el debate ni manifieste su opinión sobre el compromiso que hemos alcanzado entre cuatro grupos. Por consiguiente, apoyo la petición de la Sra. Klass, aunque por motivos distintos a los lingüísticos, de aplazar la votación hasta mañana. Eso le dará al Consejo otra posibilidad de deliberar y expresar su opinión al Pleno sobre la referencia a delitos penales en la enmienda 206.
Quiero insistir en algunos aspectos de este Reglamento que mi grupo considera importantes. El primero, por supuesto, como ha dicho la propia ponente, es la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento de los piensos al bienestar y la salud de los animales. El segundo es la declaración explícita de la necesidad de realizar controles sin previo aviso. El tercero es la necesidad de realizar controles oficiales sobre los propios controles y controles del etiquetado. El cuarto es, en términos muy prácticos, la necesidad de evitar conflictos de intereses entre controladores. En Bélgica sabemos que siguen existiendo esos conflictos. Sigue habiendo veterinarios autónomos que realizan controles por su cuenta. El quinto es la imposición de requisitos de calidad a los laboratorios. El sexto es la necesidad de cooperación entre la autoridades nacionales y regionales, como nos ha enseñado el caso del MPA.
Por último, puesto que las redes internacionales están con mucha frecuencia presentes sobre el terreno, la cooperación internacional entre controladores y servicios aduaneros, y también entre autoridades, es tremendamente importante, como también lo es la creación de organismos de enlace. Creo que este Reglamento supone un paso importante y espero que podamos aprobar el compromiso de los cuatro grupos por una amplia mayoría. 
Hyland (UEN ).
    Señor Presidente, quisiera, al igual que los demás oradores, felicitar a la ponente por su trabajo en este importantísimo informe. No debemos permitir que las recientes alarmas alimentarias experimentadas en los últimos años vuelvan a alcanzar proporciones amenazadoras para los consumidores, a los agricultores y a la industria agroalimentaria de Europa. Creo que hay elogiar a la Comisión, especialmente al Comisario Byrne, por plantear sistemáticamente una serie de propuestas legislativas encaminadas a tratar cada uno de los problemas que hay que resolver para garantizar a nuestros consumidores un producto seguro y trazable de la granja a la mesa.
Esta propuesta particular aborda algunas deficiencias claras que se han destacado en los servicios de control. Se han hecho enormes esfuerzos por facilitar una conclusión en primera lectura de este expediente antes de que termine la legislatura. La Comisión trató inicialmente de introducir sanciones penales, pero, enfrentada a la unánime oposición de los Estados miembros a este planteamiento, prudentemente decidió conformarse con una declaración sobre el tema.
En lo que respecta a la cuestión del ámbito de aplicación y de si las disposiciones propuestas deberían abarcar todos los aspectos de la salud y el bienestar animal, o solamente aquellos aspectos que inciden en la seguridad alimentaria, me complace que en última instancia el Consejo aceptase el ámbito más amplio reclamado por el Parlamento.
La cuestión de las tasas no fue objeto de una objeción tan vehemente. El último texto permite una situación por la cual la recaudación de tasas seguirá aplicándose a aquellas actividades que en la actualidad están sujetas a las mismas, es decir, la inspección de productos de carne y pescado, pruebas de residuos veterinarios y controles de animales vivos. 
Bernié (EDD ).
   – Señor Presidente, tras la sucesión de crisis alimentarias que hemos experimentado, como la fiebre aftosa y la EEB, es preciso actuar, pero no a cualquier precio. 
Imponer sanciones del tipo que propone la Comisión Europea me parece ilegal con arreglo al artículo 175 del Tratado. Por otra parte, antes de que la Presidencia irlandesa suprimiera la penalización por acto intencionado o negligencia grave, yo había presentado, junto con mi colega el Sr. Blokland, una enmienda para su supresión. Armonizar el coste de las inspecciones mediante una tasa europea es inaceptable por las razones siguientes. La medida, que ya es difícil de aplicar en los quince Estados miembros actuales, dada la diversidad de los modos y los costes de producción, ¿cómo podría funcionar con veinticinco, teniendo en cuenta que dicha tasa no debería sobrepasar el 10% del nivel medio de tasas en la Unión? En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, el Parlamento no tiene que pronunciarse sobre la instauración de un impuesto europeo, medida que, les recuerdo, depende de una decisión unánime del Consejo.
Por otra parte, debemos mantenernos firmes con respecto al control de las importaciones. Nadie entendería que se impusieran unos controles estrictos a los operadores de la Unión y que los terceros países se libraran de ellos. Además, las instalaciones de producción primaria deben regirse por un régimen especial para no poner en peligro la supervivencia de empresas de estructura familiar que elaboran productos tradicionales muy apreciados y que dan notoriedad a las comarcas. Por último, la Comisión no tiene competencia para juzgar el grado de conformidad de las medidas nacionales con el reglamento que está en debate. 
Goodwill (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Paulsen por todo el trabajo que ha realizado para alcanzar este difícil compromiso. Pese a que celebro el aspecto del bienestar animal de esta propuesta, estoy de acuerdo con la Sra. Klaß en que quizás nos estamos apresurando un poco y necesitamos tiempo para analizar cada aspecto de este acuerdo bastante complejo.
También me preocupa que una vez más podamos estar enfrentándonos a la ley de las consecuencias no deseadas. Recordarán que cuando se presentaron las normativas originales sobre mataderos, el Gobierno del Reino Unido los localizó y les dio un baño de oro. Esto generó costes muy elevados para algunos pequeños mataderos que, ante estos costes, tuvieron que cerrar. A raíz de ello, los animales tuvieron que viajar entonces largas distancias hasta los mataderos.
En lo que respecta a las tasas, en el caso de esta propuesta en concreto, pese a que es cierto que el que se apliquen tasas distintas en distintos países es una distorsión del libre mercado, las tasas comunes no reflejarían las diferencias de costes de las inspecciones, por ejemplo, en Lituania en comparación con Alemania. Ahora parece que tenemos un equilibrio en que el coste reflejará el coste real de estas inspecciones, pero es posible que se produzcan lagunas, especialmente en el modo en que algunos países definen a los «pequeños operadores». Sí, apoyo las exenciones para los pequeños operadores, pero puedo imaginar cómo algunos países que quieren subvencionar la producción en algunas zonas remotas utilizarán esa definición.
En segundo lugar, sobre la cuestión de «señalar con el dedo», nadie podría estar en contra de la libertad de información –todos estamos a favor de la transparencia y la franqueza– y no estar a favor de ello sería apoyar el secreto. Debemos ser cautelosos, por ejemplo, para analizar la situación en el Reino Unido, donde si uno es procesado aparece en el periódico, pero si se descubren faltas menores, como un azulejo roto en un matadero o excrementos de ratón en un restaurante, esto no aparece en la portada del periódico local.
En conclusión, pese a que valoro las buenas intenciones, debemos analizar esto más detenidamente para asegurar que no nos enfrentamos una vez más a la ley de las consecuencias no deseadas. 
Whitehead (PSE ).
    Señor Presidente, estamos hoy en presencia de los viejos artesanos, ese grupo de diputados y diputadas que han intentado tratar las cuestiones de la seguridad e higiene alimentarias en cooperación con el Comisario a lo largo de esta legislatura.
Quisiera rendir un homenaje personal a la Sra. Paulsen, que ha sacado adelante varias medidas complejas y difíciles de este tipo. El Sr. Goodwill ha dicho que estas medidas tienen consecuencias no deseadas. Quisiera recordarle el principio del «momento inoportuno», conforme al que la gente siempre dice que no es el momento adecuado para hacer algo. Bien, es hora de hacer lo que estamos haciendo en este terreno. Las instituciones han llegado a un entendimiento. Se han producido cambios importantes en las propuestas de sanciones, financiación, transparencia y controles de las importaciones. Esto, con la aportación del Consejo, ha dado lugar a una buena propuesta, y una excelente coronación de la labor de la Sra. Paulsen, ya que sé que este puede ser su último informe al Parlamento. Se merece nuestro agradecimiento.
Las principales cuestiones que se han planteado y que me gustaría tratar son, en primer lugar, cómo se alcanza el equilibrio de tasas de forma que sea justo para los pequeños operadores, como ha dicho el Sr. Goodwill, pero que no permita la explotación y la evasión de las normas por parte de algunos.
En segundo lugar, en qué medida podemos prestar asistencia específica a los países en desarrollo para cumplir los estándares de la UE. ¿Cómo se aplicarán estos estándares y qué asistencia podemos ofrecer? Sobre todo, ¿cómo podemos garantizar el sistema de notificación previa para los productos de alto riesgo en los puertos que tienen los servicios necesarios para tratarlos? Existe un gran interrogante respecto a estos puertos de entrada y la experiencia reciente demuestra que debemos tratar esta cuestión.
Por último, me complace especialmente que hayamos alcanzado cierto acuerdo sobre el tema de las sanciones. Estas, tal y como se propusieron originalmente, eran desaconsejables y no habrían funcionado. Me complace decir que es probable que la ruta que emprendemos actualmente, que ha sido aprobada por la mayoría de los principales agentes, conduzca al éxito. 
Breyer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, aunque lo que interesa más a los ciudadanos cuando hablamos sobre Europa es la protección de los consumidores, hay que reconocer que se ha hecho poco en este ámbito y que este Reglamento tampoco garantiza que no vuelvan a producirse escándalos alimentarios como los de los últimos años. Por desgracia, los controles alimentarios siguen siendo una farsa. Esta directiva es, en efecto, positiva en muchos aspectos, y nosotros los Verdes celebramos en particular que el bienestar animal se haya incorporado por fin a los controles alimentarios. Se ha mejorado también la intensidad de los controles, de manera que ahora se exigen también informes de los controles nacionales. No obstante, una investigación realizada en Alemania acaba de poner de manifiesto el problema fundamental, y es que no se realizan controles suficientes en la práctica. Necesitamos destinar mucha más financiación a los controles alimentarios, de manera que puedan realizarse controles más frecuentes y que todo aquel que incumpla la legislación alimentaria corra un riesgo real de sufrir una sanción. Este sigue siendo el punto más débil en todos los Estados miembros.
Nos hubiera gustado también que se armonizaran los métodos de laboratorio, para unificar los procedimientos de control en los Estados miembros. Por otra parte, necesitamos urgentemente –todavía no he renunciado a la esperanza, señor Comisario, y me gustaría que dijera algo al respecto– que por fin se apruebe una Directiva sobre la información del consumidor similar a la Directiva sobre la información medioambiental. Eso significaría que de la misma manera que los consumidores, los ciudadanos, tienen derecho a saber lo que sucede con el medio ambiente, tienen también derecho a saber lo que sucede en el sector alimentario.
Mi último comentario es el siguiente: Espero que el Consejo deje de jugar al escondite y nos diga hoy en los términos más claros posibles cuál es su posición respecto a las tasas y las sanciones, para que eso quede claro antes de la votación, porque no podemos exigir más controles alimentarios y un mayor bienestar de los animales si el Consejo mantiene en secreto su posición y no se muestra transparente con esta Cámara. Eso es todo lo que queremos. Porque necesitamos controles alimentarios...
McKenna (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Paulsen por su informe. Se han incluido algunos aspectos muy importantes, como han mencionado muchas otras personas. Me complace especialmente la inclusión del bienestar animal. Algunas personas lo descartan como problema, pero yo creo que es muy importante.
Sobre la cuestión de los controles, esto no sólo tiene que ver con este problema, sino también con un vasto terreno legislativo de la Unión Europea, en el que existe una normativa pero esta no se aplica; no hay controles. Es importante que si hay legislación y hay normas, estas se apliquen. Esto no puede hacerse sin controles apropiados y adecuados.
Me preocupa especialmente la cuestión de las sanciones; es lamentable que no se incluyan. No se obligará a los Estados miembros y a las empresas a cumplir la legislación si no existen sanciones adecuadas. En el pasado hemos visto que las empresas responsables de escándalos alimentarios nunca van a prisión; las personas responsables dentro de estas empresas nunca son debidamente penalizadas. Existen multas irrisorias que no son disuasorias para que no continúen este tipo de infracciones. No vamos a encontrar un camino adelante sin sanciones, porque necesitamos el palo y la zanahoria para garantizar que se cumpla la legislación. 
Byrne,
   . Señor Presidente, agradezco que el Parlamento haya aceptado nuestra propuesta sobre controles oficiales de los piensos y alimentos de forma tan favorable y que haya refrendado la necesidad de garantizar un sistema de control mejorado de la cadena alimentaria humana y animal a escala nacional y comunitario.
Permítanme destacar una vez más mi valoración de la intensa y productiva contribución de las diversas comisiones y subrayar la importancia y la sensibilidad de las cuestiones que hoy estamos debatiendo, que se han planteado y explorado gracias al excelente trabajo de la Sra. Paulsen.
Entiendo que se haga hincapié en determinados aspectos, como en una mayor transparencia y el reconocimiento de los esfuerzos de las buenas empresas por producir piensos y alimentos seguros. La Comisión lamenta que su propuesta para introducir sanciones penales no sea apoyada por el Consejo y el Parlamento. La Comisión considera que la aplicación de sanciones penales fortalecería de forma importante los controles de los operadores de piensos y alimentos. La Comisión no está de acuerdo con el punto de vista del Parlamento y el Consejo de que los apartados 2 y 3 del artículo 55 tienen que ver con el tercer pilar. Por otra parte, observa que este problema ya se ha sometido al Tribunal de Justicia para que resuelva en otro caso.
En estas circunstancias y teniendo en cuenta el contexto político general de este procedimiento, la Comisión está dispuesta a retirar los apartados 2 y 3 del artículo 55 de esta propuesta, a la espera de la sentencia del Tribunal sobre la cuestión, y se reserva el derecho de proponer de nuevo medidas que dispongan sanciones penales en este campo.
La Sra. Paulsen planteó la cuestión del trato razonable de las pequeñas empresas y quisiera remitirme a la disposición legislativa que establece un caso especial con respecto a las pequeñas empresas. Sé, por su prolongada experiencia en cuestiones de seguridad alimentaria en esta Asamblea, que será consciente de que se han incluido disposiciones igualmente razonables en la normativa sobre higiene. También será consciente, por la reciente revisión de las propuestas de la PAC del Comisario Fischler, que se ha establecido asimismo una disposición especial para la financiación de las pequeñas y medianas empresas de alimentación, especialmente en las zonas rurales, en toda la UE.
El Sr. Parish ha planteado la cuestión de los controles a la importación. Los terceros países deben dar garantías sobre la conformidad con la legislación comunitaria. Si no se dan estas garantías, las importaciones se someterán a controles especiales o no se permitirán. Los alimentos y piensos importados se someterán a controles a la importación a su llegada. Este sistema de control se basa en el riesgo: cuanto mayor sea el riesgo, más intensos serán los controles a la importación. Por ejemplo, los alimentos que pueden contener determinadas toxinas se comprobarán a fondo.
El Sr. Whitehead ha planteado la cuestión de cómo podemos garantizar que el sistema de notificación previa funcione adecuadamente. Ya existe un sistema con respecto a los controles veterinarios, en los que hay un formulario que trata esta cuestión de la notificación previa. Se realizará un modesto ajuste de las disposiciones vigentes con respecto a los controles veterinarios para tener en cuenta este sistema particular. Esto se ha tenido en cuenta; mis funcionarios han tomado nota de que este aspecto requiere atención y se tratará en desde el punto de vista técnico. 
El Sr. Parish ha planteado también la cuestión del bienestar animal. Como probablemente sabe, los aspectos del bienestar animal no están incluidos en el código sanitario y fitosanitario de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y por lo tanto no existe consenso internacional sobre la organización de controles con respecto a las normas de bienestar animal con nuestros socios comerciales. La propuesta de la Comisión es formalizar acuerdos con terceros países sobre bienestar animal. La Comisión también ha planteado la cuestión en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) con el fin incluir el tema en la agencia internacional. Hace unas semanas se celebró un congreso en París al que asistí, en el que la OIE ha indicado claramente su intención de dar mayor peso a la cuestión del bienestar animal en el comercio internacional. Esta legislación también exige poner en vigor medidas de control nacionales de forma que la FAO pueda inspeccionarlas y verificar si funcionan como es debido.
Se han expresado inquietudes sobre la desviación del comercio de un puerto a otro y si esto surgiría o no, debido a los distintos niveles de inspección y la aplicación de medidas de control menos caras, creando así una ventaja para los operadores comerciales de la alimentación. Por este motivo, la propuesta dispone un nivel normalizado en el sector veterinario. Con respecto a las medidas de control, la propuesta contribuirá a alcanzar un nivel armonizado en los controles a las importación. Creo que los elementos esenciales para evitar una desviación del comercio también se incluyen en la propuesta.
La Sra. Klaß ha planteado la cuestión del sistema de las tasas de inspección del sistema y por qué no pueden regularse en un nivel más central. Existen varios motivos para ello, y algunos han sido mencionados anteriormente por varios oradores que han intervenido hoy. Los costes de inspección, por ejemplo, son distintos en toda Europa. Esto se debe a las diferencias de salarios, de costes de la energía, etc. Las tasas en varios Estados miembros se regulan en el ámbito local, lo que comporta tasas distintas dentro de un único Estado miembro individual. Es imposible que la Comisión ejerza sus poderes de control dados los complicados métodos de auditoría de los sistemas de financiación nacional o regional. Por lo tanto, se considera que la propuesta que tenemos sobre la mesa es la respuesta adecuada a esta cuestión bastante compleja.
Para concluir, confirmo que la Comisión acepta un número sustancial de las enmiendas que se han presentado. Se va a facilitar al Parlamento una lista completa de la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas, y confío en que esta se incluirá en el Acta de esta sesión(1). En caso de que existan enmiendas presentadas que no formen parte del paquete, la Comisión no podrá aceptarlas. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario Byrne.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0468/2003) de la Sra. Fourtou, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD)]. 
Byrne,
   . Señor Presidente, esta propuesta de directiva sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual constituye uno de los principales elementos de un plan de acción de la Comisión de noviembre de 2000 para luchar contra la falsificación y la piratería, además de complementar la reciente normativa aduanera.
La falsificación y la piratería están en alza. Dañan a las empresas, a la sociedad y a los gobiernos, ya que son perjudiciales para la innovación y la creatividad y pueden ser muy peligrosas para la salud pública y la seguridad. Los falsificadores y piratas socavan la cultura y el negocio legítimo, ya que copian productos finales que han implicado una importante inversión. Los consumidores y los titulares de los derechos no son los únicos perjudicados. Los Estados miembros se ven privados de importantes sumas de impuestos que pierden y el empleo sufre cuando el mundo empresarial no florece. También existe una verdadera amenaza para el orden público. Se considera que en la actualidad la falsificación y la piratería realizadas a escala comercial son incluso más atractivas que el tráfico de drogas, y sus perpetradores están asociados cada vez más con el crimen organizado.
Esta directiva propuesta es la respuesta de la Comunidad a esta amenaza. No se trata de una propuesta fácil, dado que trata cuestiones que implican numerosos intereses, sectores y distintos Ministerios de los Estados miembros, por ejemplo la cultura, el comercio y la industria, la economía y la justicia. Se ha producido cierto cabildeo muy sensato, en ocasiones emocional, a favor y en contra de esta directiva, y valoro el sentido de responsabilidad que ha mostrado el Parlamento ante esta presión. Sin embargo, la necesidad de acción es clara y no está en discusión.
La Comisión cree que, con el texto aceptado por el Coreper el 16 de febrero, hemos llegado al momento adecuado para tomar una decisión positiva. El texto de compromiso constituye un equilibrio adecuado entre todos los intereses implicados, incluidos los titulares de los derechos, los usuarios comerciales, los consumidores y los intermediarios. Este equilibrio se ha conseguido de forma distinta que en la propuesta de la Comisión, pero se ha conseguido. La propuesta constituye un importante grado de armonización y nos proporcionará unas reglas de juego equitativas y eficaces sobre las sanciones y las reparaciones. Esto será esencial para crear un entorno empresarial en el que los agentes legales no se vean perjudicados por los falsificadores y los piratas.
Esto cumple los compromisos contraídos por la Comisión y el Parlamento Europeo en una comunicación de noviembre de 2000, resultado de consultas realizadas en el contexto de un Libro Verde en 1998. También contribuye a la consecución de la agenda de Lisboa.
Dada la salvaguarda del equilibrio y la eficacia necesarios de esta propuesta, la Comisión apoya el texto que tenemos hoy sobre la mesa, tal y como se ha propuesto a través de las enmiendas de transacción conjuntamente presentadas por cuatro grupos políticos. El texto de compromiso es por lo tanto el resultado de esfuerzos conjuntos y muy intensos de las tres instituciones.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Parlamento Europeo en conjunto por el interés que ha demostrado en este importante texto legislativo y por sus constructivas contribuciones, muchas de las cuales pueden encontrarse en el texto que tenemos ante nosotros. En particular, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Fourtou, que ha demostrado su gran competencia, a la ponente alternativa, la Sra. McCarthy, y al presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el Sr. Berenguer Fuster, por su muy profesional y eficaz labor de orientación dentro de su institución.
Tanto la Comisión de Industria como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han prestado gran atención a las cuestiones que estamos tratando, de lo cual es fruto lo que tenemos ante nosotros en forma de enmiendas que deben votarse en este Pleno. Por lo tanto, la Comisión refrenda las enmiendas que encajan con el texto de compromiso acordado: las enmiendas 1 a 52 y 56 a 100. Las enmiendas 53 a 55 y 103 a 113 se desvían del texto y deben ser rechazadas. La Comisión considera que estas enmiendas no contribuirían al equilibrio y la eficacia que se han conseguido en el compromiso y, en concreto, no estarían de acuerdo con el enfoque horizontal. La directiva debería aplicarse a las infracciones de todos los derechos de propiedad intelectual.
En reconocimiento de la naturaleza perjudicial de la falsificación y la piratería, no hay que perder el tiempo. La Comisión animaría al Parlamento Europeo a que votara a favor del texto de compromiso del Consejo para poder evitar cualquier demora que solamente serviría a los fines de aquellos que tratan de beneficiarse de las prácticas ilegales. El tiempo no mejorará este texto. 
Fourtou (PPE-DE ),
   . – En un momento en que, como ha dicho el Comisario Sr. Byrne, los actos de falsificación y piratería registran una progresión exponencial, es vital para nuestra economía dotarnos de los instrumentos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.
Recordemos que la Comisión presentó su texto en enero de 2003 y que esta iniciativa se esperaba desde 1998, fecha de publicación del Libro Verde. El Parlamento había manifestado en varias ocasiones su voluntad de actuar contra la falsificación y la piratería votando por unanimidad una resolución sobre el Libro Verde y firmando una declaración escrita.
Consciente de esta necesidad, el 27 de noviembre de 2003, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior adoptó, por 28 votos a favor y 3 abstenciones, el informe modificado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Los imperativos del calendario y la urgencia, en vísperas de la ampliación, de disponer de una legislación armonizada para hacer respetar paralelamente los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creatividad en los veinticinco países de la Comunidad, nos condujo a adoptar un procedimiento original.
Bajo el impulso de la Presidencia del Consejo, se estableció un diálogo informal a tres bandas durante hace tres meses para encontrar un compromiso. Además del Consejo y la Comisión, participaron en este procedimiento esta ponente, el ponente para opinión, a saber, el presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y los ponentes alternativos, a los que agradezco su ayuda y asiduidad. Esta conciliación antes de hora fue posible gracias a la extraordinaria buena disposición de la Presidencia irlandesa, a la que debo dar las gracias muy especialmente. También doy las gracias a la Comisión, que hizo todo lo que está en su mano para ayudarnos de modo continuado.
Las enmiendas que hoy se presentan en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, del Grupo del Partido Socialista Europeo, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y de la Unión por la Europa de las Naciones, recogen con todos los detalles el texto de compromiso del Consejo, que es muy equilibrado, equitativo y proporcionado, y confirma el mensaje que defendemos sobre la importancia del derecho de la propiedad intelectual. Se han tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por el Parlamento en nombre de muchos sectores. Se han introducido numerosas salvaguardias para proteger los intereses tanto de los titulares de derechos como de los consumidores. El ámbito de aplicación de la directiva, conforme a los acuerdos internacionales de los que es parte la Comunidad, se amplía para incluir cualquier vulneración del derecho de propiedad intelectual.
Pero a partir de ahora solo se considerarán punibles las infracciones cometidas con fines comerciales. Se excluyen de la definición de fines comerciales los actos cometidos por consumidores finales que actúen de buena fe y sin la intención de obtener una ventaja económica o comercial directa o indirecta. La ampliación del ámbito de aplicación no pone en entredicho ninguna de las directivas sectoriales ya adoptadas sobre los derechos de autor, el comercio electrónico y los programas informáticos. La excepción de la copia privada queda incluso reforzada.
Otros puntos importantes del texto hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta los derechos de defensa. En particular, el artículo 8 sobre las medidas provisionales garantiza el derecho a la defensa limitando la demanda de procedimiento judicial en el tiempo y previendo la indemnización del defensor.
Se confirma la protección de los datos personales; la justificación y la proporcionalidad deberán caracterizar todas las medidas adoptadas, garantizando que no se cree ninguna barrera al comercio legítimo y a la competencia. La especificidad de cada caso y el carácter intencionado o no de cada infracción deberán ser evaluados por las autoridades judiciales. Todas las medidas adoptadas son sanciones civiles y administrativas. El compromiso alcanzado está abierto al futuro, ya que la directiva será revisable, en especial a la luz de los desarrollos legislativos comunitarios.
Si sus Señorías apoyan las enmiendas de transacción que se les proponen, la directiva podrá adoptarse en primera lectura antes de que finalice la legislatura. Ello demostrará la eficacia de las tres instituciones, será una señal de integración para la Europa ampliada y reforzará la confianza en el mercado interior. Es lo que necesitamos para superar el desafío que representan los objetivos de Lisboa y para hacer de la economía europea, marcada por la innovación, la economía más competitiva del mundo.
El Presidente.
   Gracias, señora Fourtou; si me lo permiten, quiero también felicitarla personalmente, puesto que ha hablado usted sobre una primera conciliación. Yo mismo y los otros dos vicepresidentes de los Comités de Conciliación tendremos, por tanto, menos que hacer.
Berenguer Fuster (PSE ),
   . Señor Presidente, permítanme que les recuerde que estamos en un procedimiento de codecisión y que este Parlamento es un órgano colegislador. Y eso, que es una obviedad, tal vez no lo sepan, porque me cabe la duda de que, en este caso, el Parlamento Europeo haya hecho sus deberes adecuadamente.
Me explico: en el mes de diciembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior votó un texto, que hoy no va a ser aprobado, sino que van a ser aprobadas unas enmiendas que difieren radicalmente de lo que se votó en aquella reunión de la comisión. ¿Por qué esa disparidad? Porque lo que se votó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior responde a la voluntad de los diputados y diputadas, mientras que la paternidad última del texto que vamos a aprobar hoy corresponde al Consejo.
No quieran ver ustedes en mis palabras ninguna crítica hacia la ponente; nada más lejos de mi intención. La Sra. Fourtou ha hecho un buen trabajo intentando conciliar posiciones, pero al final se ha encontrado con la postura inflexible del Consejo, que ha dicho "si queréis que se apruebe la Directiva, tenéis que aprobar lo que nosotros digamos". Y, como somos conscientes de la necesidad de la aprobación de la Directiva, hemos hecho -y la Sra. Fourtou la primera- un ejercicio de responsabilidad. Pero, a veces, habría que preguntarse si ese ejercicio de responsabilidad no tendríamos que imponérselo igualmente al Consejo.
No cabe duda de que esta Directiva es necesaria, pero, sin embargo, se puede dudar de que el texto aprobado sirva para resolver los problemas que se han planteado. No creo equivocarme si digo que el texto aprobado va a ser el hazmerreír de los comentaristas y va a provocar muchas dificultades a los Estados miembros a la hora de incorporarlo a su Derecho interno. El ánimo del Consejo de evitar que una iniciativa de la Comisión Europea contenga, por ejemplo, disposiciones de Derecho penal, ha creado una confusión tal entre sanciones civiles, procedimientos administrativos y sanciones administrativas, que no sé lo que van a hacer los Estados miembros a la hora de aplicarlo.
Evidentemente, vamos a aprobar ese texto, pero con gran escepticismo. Al mismo tiempo, al menos los socialistas españoles, vamos a apoyar algunas enmiendas para que quede, al menos, la constancia de que el Consejo, con la forzada colaboración del Parlamento Europeo, ha desvirtuado por completo lo que en su momento era una muy buena iniciativa de la Comisión.
Niebler (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer muy sinceramente a la ponente, Sra. Fourtou, su excelente trabajo. Estoy segura de que no ha sido nada fácil llegar a un acuerdo sobre este complejo expediente no sólo entre los grupos, sino también con el Consejo y la Comisión. El texto que hoy nos ocupa y que debemos votar mañana es un buen compromiso que todos debemos aceptar.
Quién no conoce los falsos relojes Rolex, los polos Lacoste, los vaqueros Levi Strauss, los bolsos de Louis Vuitton y muchos otros productos de imitación que se venden a precios mucho más baratos. Se piratea con música y películas en CD y DVD. Cuando vemos todas esas cosas en el mercado, podemos llegar a pensar que la piratería de productos es un delito insignificante. Pero no lo es, Señorías, ni mucho menos: las falsificaciones y la piratería de productos no son, desde luego, delitos leves. Generan pérdidas millonarias en Europa año tras año y representan, por tanto, una amenaza para nuestra economía y, sobre todo, para los puestos de trabajo en Europa.
El objetivo de la Directiva es crear una normativa básica común para combatir la piratería de productos. De cara a la inminente ampliación de la UE, envía la señal correcta en el momento oportuno. ¿Qué pretende conseguir la Directiva? Pretende, por supuesto, tener un efecto disuasorio en los falsificadores y los piratas de productos. La Directiva proporciona aquí un marco basado en el proceso. En realidad no introduce nada nuevo, pero trata de crear un marco nuevo en términos del proceso, de manera que podamos actuar contra la piratería de productos en toda Europa aplicando una normativa común.
¿Qué no debe permitir la Directiva? No debe permitir, por supuesto, la penalización y estigmatización de los jóvenes que de vez en cuando descargan música de Internet, pero también contempla esto. Las sanciones penales contempladas en la propuesta original se han vuelto a eliminar –también gracias a la presión ejercida por nuestra ponente– y ahora la Directiva establece que las sanciones deben aplicarse siempre de una manera equitativa y proporcionada. Algunas disposiciones van más allá de estos mecanismos para prevenir la penalización de los jóvenes. La Directiva deja claro que no llegará a eso.
Un punto que también ha mencionado la Sra. Fourtou, y con el que estoy de acuerdo, es que la Directiva no debe crear en ningún caso barreras a la competencia. No es aceptable que los competidores se mantengan fuera del mercado aduciendo una supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual. En uno de los considerandos de la Directiva se dice expresamente que ese no debe ser el objetivo de la Directiva.
La Directiva, junto con las enmiendas que vamos a votar mañana y que espero que se acepten, representa un compromiso razonable y equitativo entre los intereses de todas las partes implicadas, y les pido que apoyen la postura adoptada por la ponente. 
McCarthy (PSE ).
   – Señor Presidente, todos sabemos que la falsificación y la piratería de productos ha alcanzado proporciones de epidemia. La falta de normas de aplicación armonizadas implica que la falsificación es un negocio de bajo riesgo en el que con una baja inversión los piratas falsificadores obtienen pingües beneficios. El Grupo de lucha contra la falsificación del Reino Unido ha calculado que unas 4 000 personas pierden sus empleos por culpa de este comercio y que con los 1 750 millones de libras esterlinas que se pierden tan solo en IVA podrían construirse cuatro hospitales cada año.
Las empresas de ropa y calzado sufren las mayores pérdidas y los consumidores son las víctimas. Su salud y la seguridad están amenazadas por falsos medicamentos, alimentos, juguetes recubiertos de plomo tóxico, ropa de niños inflamables y falso alcohol que contiene elevados niveles de metanol, que no sólo ha provocado la hospitalización de personas, sino también, en un caso que tuvo lugar en Escocia, la muerte de una mujer.
En mi región, en el noroeste de Inglaterra, aumentan las confiscaciones por parte de los grupos de propiedad intelectual conformes con la normativa comercial de artículos pirata falsificados. He aquí un ejemplo: esta es una camiseta de fútbol del Manchester United, codiciada por muchos jóvenes. Es falsa, pero se vendía a los consumidores en la calle al precio normal. No es ninguna ganga. Esta es una caja de Viagra, ahora disponible a través de Internet. En una casa de Oldham se confiscaron 50 000 cajas de estas. Se importan de Tailandia y se distribuyen a través de una amplia red de falsificadores en toda la región.
También hay una parte más siniestra de esta falsificación y piratería. El grupo de trabajo sobre el crimen organizado en Irlanda del Norte ha informado de que prácticamente la mitad de los grupos criminales organizados están implicados en delitos relacionados con la propiedad intelectual. Dos tercios de estos grupos tienen vínculos con organizaciones paramilitares, así que el proyecto de ley sobre el que vamos a votar hoy debería considerarse en este contexto. No es tan ambicioso, radical o draconiano como quisieran pintarlo muchos detractores. Tampoco es una panacea para los titulares de los derechos. Es un primer y cauteloso paso hacia un compromiso de toda la UE para combatir la falsificación y la piratería.
Quisiera felicitar a la Presidencia irlandesa por haber acordado un texto que es equilibrado y proporcionado y cuyas medidas se centran en tratar de resolver los verdaderos actos graves de ilegalidad. Los consumidores de buena fe implicados en actos a escala comercial no tienen nada que temer de esta nueva ley de la UE; como consumidores que actúan de buena fe están excluidos de su ámbito de aplicación.
Una salvaguardia adicional consiste en que por escala comercial se entienden los actos que generan una ganancia comercial y económica. Por otra parte, las medidas solamente pueden basarse, en virtud de una demanda justificada y proporcionada por parte del demandante, en la autoridad de un juzgado o tribunal competente y solamente en el caso de infracciones intencionadas a escala comercial.
Al contrario que la histeria y las falsas noticias difundidas por determinados sectores de la prensa de la UE, no se trata de hacer redadas de adolescentes en sus casas al despuntar el alba. La ley no incluye disposiciones penales, sino que se limita a medidas civiles y administrativas. No hay un doble perjuicio. La directiva refuerza la autoridad judicial y garantiza que las sanciones sean justas, equitativas, proporcionadas y justificadas.
Esta es una directiva de aplicación que no crea ninguna normativa en materia de propiedad intelectual. Tampoco puede reescribir o modificar la ley de comercio electrónico, en concreto la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet tal como se define en los artículos 12 a 15 de la directiva sobre comercio electrónico. No puede socavar el derecho a hacer copias privadas, contemplado en la Directiva sobre derechos de autor y de hecho refuerza este derecho y protege el derecho a la privacidad. Las medidas adoptadas deben garantizar la conformidad con las leyes de protección de datos.
El artículo 23 prevé una evaluación del impacto de la directiva y el Parlamento se la tomará en serio. La intención es demostrar que se aplica de forma equilibrada y proporcionada y debería destacarse que la directiva no debe utilizarse para abusar del derecho de los competidores legítimos a entrar en el mercado, especialmente en el de los medicamentos genéricos.
Por último, quisiera felicitar a la ponente por su buena disposición hacia el compromiso, y a la Presidencia irlandesa por su determinación a la hora de obligar a todas las partes a llegar a un acuerdo. Hoy debemos dar el paso de votar esta ley para incluirla en la legislación. Debemos enviar a los falsificadores y piratas la señal de que en serio pretendemos cubrir los vacíos legales que explotan. Debemos dar a los jueces y tribunales de la UE ampliada la opción de una serie de herramientas para hacer cumplir la ley. Es hora de que la UE se enfrente con firmeza a la falsificación y la piratería. Es hora que dejemos de permitir a los falsificadores campear por sus respetos a expensas de los consumidores, las empresas legítimas, los empleos de la UE y la competitividad de esta. 

Manders (ELDR ).
    Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Fourtou, a todos los ponentes alternativos y también a la Comisión y al Consejo, por la cooperación constructiva y estructurada que hemos disfrutado en los últimos tres meses, ya que considero excepcional la forma en que se ha llegado a un compromiso sobre esta Directiva. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior adoptó una postura bastante diferente pero, al final, pensamos que el compromiso alcanzado es un buen punto de partida y, de hecho, espero que se apruebe.
Por fin hemos conseguido que se reconozcan los derechos de propiedad intelectual en toda Europa. Aunque ya existían varias directivas y leyes, por ejemplo con respecto al copyright, el comercio electrónico y el software, no se había debatido –o al menos no lo suficiente– su aplicación, y como resultado nos encontramos en Europa con situaciones muy diversas. En este sentido, es bueno que ahora tengamos una especie de legislación central para una aplicación armonizada, en toda la UE, de todas las directivas que ya existen sobre los derechos de propiedad intelectual.
Como ya se ha dicho, las falsificaciones y la piratería están aumentando rápidamente en Europa. Estamos viendo cómo las organizaciones criminales se pasan del tráfico de drogas a la falsificación de productos porque la posibilidad de que sean atrapadas es mínima y porque pueden ganar tanto o más dinero con eso. Creo que tenemos que poner coto a esta situación. Creo que necesitamos un marco armonizado, no sólo porque las organizaciones criminales están ganando dinero ilegalmente con esos productos, sino también para proteger a nuestra economía, conseguir los objetivos de Lisboa y, sobre todo, proteger a los consumidores.
¿Por qué? No estamos hablando sólo de CD piratas, como algunos piensan, sino de muchos otros productos que se están falsificando. Pongamos como ejemplo los juguetes. He visto juguetes que contienen cadmio. La Directiva sobre el cadmio prohíbe esta sustancia en los juguetes fabricados en Europa, pero los productos falsificados sí que pueden contener cadmio, puesto que se importan ilegalmente. Los medicamentos son otro ejemplo. Algunos analgésicos contienen polvo de talco, y eso me parece intolerable. Se puede ganar mucho dinero con esto, pero creo que hay que proteger a los consumidores. Hasta se están falsificando piezas de aviones, para sacar mayores beneficios con su venta. Debe hacerse algo para poner fin a esta situación.
Yo fui quien, en la etapa del Libro Verde, sugerí la inclusión de una referencia al Derecho Penal. La razón de ello es que nosotros no compraríamos una bicicleta robada porque ha sido robada –nuestros principios no lo permitirían– pero sí compraríamos un reloj Breitling u otros productos falsificados porque son baratos. Si esto se contempla en el Derecho Penal y la posesión de un producto falsificado se considera un delito sancionable, dejará de haber un mercado para estos productos y las organizaciones no tendrán incentivos para falsificar productos..
Es una pena que no se hayan incluido algunas disposiciones estrictas, como ya ha comentado mi colega Sr. Berenguer Fuster, pero aun así celebro el compromiso alcanzado. Muchas de las ambigüedades que los grupos de presión han estado utilizando hasta ahora como argumentos para votar en contra de ella se han retirado de la propuesta. Considero que esta propuesta es el principio del fin de las falsificaciones, y espero que culmine en una buena directiva con todos los medios a su alcance para vigilar su aplicación. 
Fraisse (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, Señorías, quisiera volver sobre los interesados en esta directiva, las partes afectadas, como ha dicho usted, señor Comisario, a saber, los consumidores, los industriales y los artistas. Me gustaría que no se les pusiera a todos en el mismo plano. 
En primer lugar, por lo que se refiere a los consumidores, lamento que la propuesta de la Comisión no se haya mantenido tal como estaba y que se haya ampliado demasiado en el sentido de que los consumidores, digamos que como ciudadanos, son igual de responsables ante la piratería que los industriales. Este es mi primer punto sobre los consumidores. Tratar de este modo a todos los ciudadanos europeos como consumidores me parece simplista. 
El segundo punto, muy importante, es el siguiente: si esta directiva pretende combatir una situación que existe actualmente, ¿qué sucederá mañana? En pocos años, en los debates sobre la propiedad intelectual y la propiedad industrial se han puesto de relieve las dificultades relacionadas con las fronteras. Según algunos, la propiedad intelectual es el petróleo del siglo XXI. Puede ser. Si la propiedad intelectual es realmente el petróleo del siglo XXI, entiendo que sea importante hablar de ello, pero la patentabilidad de los seres vivos o de los programas informáticos libres, entre otros ejemplos que hemos podido debatir aquí, demuestran hasta qué punto la cuestión de las fronteras será el problema que se planteará mañana.
Si este problema no se plantea hoy, se planteará necesariamente en el futuro, y no se puede convertir todo en propiedad industrial y propiedad intelectual. Habrá que plantearse la cuestión, sin llegar por ello a la gratuidad absoluta de todo. Está claro que las fronteras serán un problema en el futuro próximo y más allá, aunque hoy todavía no lo sean.
Esto que me lleva a hablar en nombre de aquellos –o al menos por aquellos– que utilizan acrónimos. Por supuesto, hablo de los artistas. ¿Están de acuerdo los artistas en ser equiparados a los industriales? Como miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte intento escuchar a todos los sectores. Por lo que he leído y lo que entiendo, haríamos bien en tener en cuenta las opiniones de los artistas sobre la propiedad intelectual. Si tenemos en cuenta la opinión de los industriales y de los consumidores, ¿no deberíamos también escuchar a los artistas, especialmente cuando siempre nos referimos a ellos en relación con la necesidad de luchar contra la piratería?
Pues bien, para los artistas, no parece que el único problema sea el de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Parece que a los jóvenes artistas y a los artistas creativos –puesto que se habla tan fácilmente de la cuestión de la música y de la piratería de la música– les gustaría que el enfoque fuera diferente. Puede que sea necesario defender a estos artistas como es debido a este respecto. Creo que esta Cámara no debería permitir que todas estas distintas partes interesadas sean tratadas de la misma manera.
Echerer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a la Sra. Fourtou por su talante abierto, que ha sido ejemplar. Desde el principio, todos los ponentes alternativos participaron en los debates y también en el diálogo tripartito. Eso es algo que rara vez he visto en esta Cámara. Y así lo hizo mucho antes de que sus circunstancias familiares saltaran a la prensa. No quiero comentar nada a ese respecto; dejaré que lo haga mi colega. Es una cuestión de formas.
Pero, como ya se ha mencionado, sobre todo por el orador que me ha precedido, hay problemas. Todos –incluidos los diputados de esta Cámara– estamos de acuerdo con la necesidad de esta Directiva. También lo están los participantes en el mercado, desde la industria de las telecomunicaciones hasta las organizaciones de consumidores, desde la industria farmacéutica hasta los fabricantes de medicamentos genéricos, desde los artistas hasta los productores de espectáculos. Necesitamos una buena Directiva. Pero creo que el compromiso que hemos negociado no consigue satisfacer del todo tantas y tan diversas necesidades y preocupaciones con una única Directiva.
Existen dos ámbitos políticos específicos en que es importante que exista un acuerdo razonable. Uno es que queremos limitar el ámbito de aplicación de la Directiva, para utilizarla con fines comerciales; otro son las patentes. Desde luego que existe campo para debatir sobre patentes y también sobre un procedimiento común en Europa. Pero lo cierto es que seguimos sin tener todavía una patente europea y que no queremos utilizar esta Directiva para que otra pueda entrar más fácilmente por la puerta de atrás. Esto merece un debate en profundidad; no es una cuestión sencilla.
Por lo tanto, les pido que apoyen plenamente estas dos enmiendas sobre patentes y sobre el ámbito de aplicación de la Directiva. Creo que con ello mejorará lo suficiente esta Directiva para que podamos aprobarla conjuntamente como un compromiso antes de que finalice la presente legislatura. 
Cappato (NI ).
    Señor Presidente, a diferencia del Sr. Imbeni, no quiero alabar el procedimiento seguido porque una «conciliación anticipada», como la ha llamado el Sr. Imbeni, no es un buen procedimiento. Hay una buena razón de por qué la conciliación tiene sus reglas y métodos de procedimiento: para que un gran número de diputados europeos, y el propio Parlamento, puedan verse implicados en el debate y para que se aclaren las incertidumbres en el texto que poco a poco va adquiriendo forma. Esto significa asimismo que no les corresponde a cuatro o cinco representantes de grupos políticos que se han apropiado del procedimiento el lograr un texto de compromiso a pocos días de la votación, con órdenes a los diputados europeos y a los diputados individuales en los grupos de seguir la línea del partido y no tocar lo que han decidido cuatro o cinco diputados europeos en esta conciliación anticipada. A diferencia del Sr. Imbeni, no me parece a mí que este sea un buen procedimiento. Luego observamos las implicaciones en relación con este informe. No es cierto que este compromiso limite claramente el alcance. Si este fuera el caso, si esta fuera también su intención, entonces podría usted, por ejemplo, aprobar la enmienda 101 –que presentamos con algunos otros diputados– que limita expresamente el alcance a las infracciones intencionadas para obtener un beneficio comercial. Lo cierto es que, a pesar de que se hayan retirado las sanciones penales del compromiso, siguen existiendo medidas preventivas que son muy peligrosas al margen del resultado de la investigación y del procedimiento. El riesgo es que se adopte un sistema por el que resulte sencillo, incluso en parte hasta para las propias empresas privadas, el buscar, confiscar bienes y tomar medidas preventivas que amenazan con poner el mercado en una situación de incertidumbre e inestabilidad, donde aquellos que tienen una mejor organización de abogados y consultas jurídicas –las grandes empresas– conseguirán asustar y chantajear a las empresas pequeñas y muy pequeñas y también al consumidor final.
No es cierto que se haya excluido la reproducción privada del alcance de este compromiso, porque no se ha excluido de las medidas preventivas. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué era necesario hacer todo esto e idear este tipo de legislación especial de emergencia? Quizás porque las leyes sobre la propiedad intelectual son leyes que han sido desbancadas en gran medida por la tecnología digital. El riesgo es que ustedes, las mismas personas que desean que se respete la propiedad intelectual, del mismo modo que la propiedad física –y esta es también nuestra preocupación– acaben aprobando leyes que no pueden respetarse. El objetivo deseado no se alcanzará con medidas de vigilancia y vigilancia privada. Tales medidas consiguen lo contrario, es decir: «deslegitimar» el poder y el valor de las leyes. 
Fiori (PPE-DE ).
    Señor Presidente, la Sra. Fourtou ha abordado una cuestión muy compleja. A fin de conseguir una legislación marco, creo que será preciso que este Parlamento trabaje mucho en la próxima legislatura. He de felicitar a mi colega la Sra. Fourtou porque creo que ha logrado el mejor de los compromisos posibles. Sin embargo, como pasa con todos los compromisos, por desgracia he encontrado algunas deficiencias en este informe. Por ejemplo, aunque se prevean instrumentos potencialmente eficaces para combatir actividades como el o , no se ofrece una protección completa al proveedor de contenidos, una situación que amenaza con comprometer gravemente la integridad de cualquier biblioteca. El informe se refiere únicamente a delitos cometidos a escala comercial y no de forma más general a infracciones de los derechos de propiedad intelectual al margen de cómo y por quién sean cometidos. Es evidente que hay que prestar mucha atención a esta cuestión a fin de encontrar un punto de equilibrio. Esta ha sido una larga tarea que ha durado muchos meses. Sin embargo, recuerdo que, desde el principio, el objetivo en cuanto a la protección de los derechos de autor era combatir y detener el fenómeno que, junto con la falsificación y la piratería, permite que se utilice ilegalmente el material protegido por los derechos de autor en detrimento del trabajo de todos los proveedores de contenidos que están elaborando legítimamente la cadena de valor para el uso de productos audiovisuales.
Sobre todo en el futuro tendremos que reflexionar más sobre la cuestión de la cantidad de uso privado que ha aumentado de forma exponencial gracias al ímpetu ofrecido por la tecnología digital a través de la banda ancha o cualquier otra plataforma tecnológica avanzada. Esto supondrá un perjuicio comercial importante y significativo para todos los proveedores de contenidos que basan su actual modelo de funcionamiento en la distribución legal de contenidos, sujeta a acuerdos contractuales con las partes autorizadas. También en este ámbito hemos de considerar las consecuencias de la nueva legislación sobre telecomunicaciones. De hecho, la redacción de la propuesta de Directiva no sólo pierde de vista algunos objetivos importantes, sino que ni siquiera constituye una medida disuasoria eficaz contra las infracciones porque, durante el largo proceso en el que se realizaron varias propuestas, desapareció la posibilidad de compensar el doble perjuicio en forma de pérdida de beneficios y las pérdidas sufridas. Confirmo que, a corto plazo, para obtener un instrumento eficaz, tendremos que dar un apoyo máximo a la ponente, la Sra. Fourtou, y que, en el futuro, tendremos que trabajar mucho en este ámbito.
Quiero hacer dos observaciones finales, una en relación con el considerando 22. Este dice que se pueden tomar medidas prohibitorias contra intermediarios cuyos servicios sean utilizados por terceros solo para infringir los derechos de propiedad industrial y no, como disponen los artículos 10 y 14, los derechos de propiedad intelectual. Semejante discrepancia entre el texto del Reglamento y el del considerando no carece de importancia, pues implica una intención de apoyar una interpretación en que, en realidad, el término propiedad intelectual contenido en el texto de los artículos solo hace referencia a los casos de propiedad intelectual. Por ello pido a la Sra. Fourtou que presente una enmienda oral en que se sustituya el «derecho de propiedad industrial» por «derecho de propiedad intelectual». En este sentido, pienso en los productores italianos protegidos por indicaciones geográficas, que, en una situación de este tipo, no podrían obtener en otros países europeos medidas inhibitorias, por ejemplo, contra los comerciantes, transportistas o publicitarios que venden, transportan y anuncian productos italianos falsificados.
Un comentario final sobre el artículo 16. Creo que es realmente importante que la frase final del considerando 23 a) se vuelva a introducir como un apartado final de este artículo. En ausencia de tal especificación reguladora, en muchos países se podría pensar que si –después de que la persona en posesión de mercancías falsificadas haya pagado una indemnización de buena fe– el juez retirara la prohibición de la venta y la exclusión de la cadena comercial de estos productos, estos estarían autorizados para cualquier uso comercial. Si pensamos, por ejemplo, acerca de todo el ámbito médico, esto resulta totalmente inaceptable. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, el debate de esta mañana produce una gran perplejidad, porque los puntos de vista que estamos escuchando son muy distintos. Hay quienes nos dicen que la Sra. Fourtou ha conseguido un magnífico compromiso y quienes nos dicen que los grandes grupos políticos se han comportado como una especie de apisonadora . Hemos oído intervenciones de parlamentarios de diferentes grupos políticos –incluso de los grandes– expresando opiniones muy distintas.
La Sra. Fourtou ha tratado de acelerar el procedimiento legislativo con lo que podríamos llamar "", pero creo que tenemos que tranquilizar al Sr. Imbeni en el sentido de que el procedimiento sigue estando ahí. Lo malo es que el procedimiento para la aprobación de normas jurídicas en la Unión Europea en este momento, antes de la adopción de la Constitución Europea, es un procedimiento realmente barroco, complicado y difícil. El Acuerdo Interinstitucional recientemente firmado pretende eliminar estas dificultades, pero sabemos que en la práctica va a ser muy difícil de conseguir. Y ello porque si no hay una identificación clara de un órgano legislativo –que, en mi opinión, debe ser lo más unificado posible–, estamos condenados a seguir adoptando este tipo de normas en el que hay grandes contradicciones.
El Sr. Berenguer Fuster decía que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior reflejaba el punto de vista de los parlamentarios. Yo discrepo de esta afirmación, porque la mayor parte de los informes aprobados –incluso por gran mayoría en la Comisión de Asuntos Jurídicos– suelen ser luego rectificados en el Pleno. Es decir, en este momento, por su composición, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no refleja la voluntad del Pleno de la Cámara. La Sra. Fourtou ha tratado de conseguir un acuerdo que no refleja la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. No sé si ese acuerdo lo conseguirá, porque todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de las votaciones.
Estamos hablando de un informe con multitud de enmiendas, con unas enmiendas, enormes y que, en teoría, no debería incidir en el derecho sustantivo. Se trata de un derecho relativo a la aplicación o ejecución del contenido sustantivo. Posiblemente el Sr. Berenguer tenga razón con respecto a la confusión entre los procedimientos de ejecución civiles, administrativos y penales, pero parece que se ha pretendido eliminar la ejecución penal o, por lo menos, las posibilidades de recurrir a la vía penal, y ello se debe precisamente a la falta de competencias de la Unión Europea en materia penal.
En cambio, por otro lado, se ha ampliado el ámbito de la directiva –o se pretende hacerlo– para que incluya también el ámbito de las patentes, que es un ámbito en cierta ebullición.
La impresión que tengo, señor Presidente, es que esta primera lectura va a acabar con un texto típico de estas instituciones comunitarias: una especie de camello –es decir, un caballo dibujado por una comisión– y que probablemente será sólo el principio, pero creo que es preferible que adoptemos lo más rápidamente posible esta propuesta de directiva, al menos para tener un punto de partida para seguir adelante, primero en la segunda lectura y, luego, sin duda, en la necesidad de nuevas propuestas legislativas.
De Clercq (ELDR ).
    Señor Presidente, felicito a la ponente por sus continuos esfuerzos por lograr enmiendas de compromiso y, a través de los contactos necesarios, elaborar un texto de compromiso. Por tanto nos libraremos de una segunda o tercera lectura.
Ya se ha hecho referencia muchas veces a las consecuencias negativas de la falsificación en todo tipo de ámbitos, y a los riesgos para la salud pública y la innovación. En los últimos tres años, la situación ha empeorado, y ahora se encuentran todo tipo de productos, incluso artículos de consumo corrientes. El fenómeno está adquiriendo proporciones alarmantes, y cada vez está más implicado el crimen organizado. Por ello es urgente tomar una iniciativa a escala europea, sobre todo porque estos fenómenos se sitúan en gran medida en los nuevos Estados miembros.
Entre los puntos positivos del informe cabe destacar el hecho de que la Directiva se aplicará a todas las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Además, los Estados miembros deberán garantizar que todas las violaciones graves de los derechos de propiedad intelectual se clasifiquen como delitos penales que conlleven sanciones penales. Es sabido que la creatividad y la innovación son los principales triunfos de la economía europea, y por consiguiente han de gozar de una protección suficiente. Por ello quiero pedir que se apoye a la ponente en su lucha. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, al representar una circunscripción que está asociada a productos como el whisky escocés, el  y los géneros de punto de Borders, soy totalmente consciente y sensible ante los comentarios que muchos han hecho sobre los demonios de la falsificación y la piratería, que se extienden mucho más allá de los productos del tipo que he mencionado. Por lo tanto, apoyo firmemente la idea de introducir una directiva de este tipo.
Sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Byrne cuando afirma que se ha alcanzado un equilibrio. Esto no es lo que ha dicho la Asociación de Medicamentos Genéricos, que ve con gran temor que la extensión de esta serie de medidas a la ley de patentes pueda lesionar sus intereses y por lo tanto los intereses de los servicios sanitarios de Europa y más allá. No se ha alcanzado un equilibrio. Las patentes deben quedar excluidas, y la cuestión de la escala comercial debe ampliarse a la totalidad de la directiva, no solo a algunas partes de la misma.
Por último, afirmo con gran simpatía personal hacia la Sra. Fourtou que este caso muestra un vacío en nuestras normas sobre la declaración de intereses. Debe incluirse la cuestión de los intereses familiares. Digo esto sin ninguna descortesía personal. 
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera apoyar a mis colegas que han adoptado un punto de vista muy amplio con respecto a esta importante propuesta. No se trata específicamente del mundo digital. Se trata del futuro de la economía europea y de la capacidad de cualquier fabricante que cuenta con derechos de propiedad intelectual, ya estén protegidos mediante patente, derechos de autor o dibujos o modelos registrados, o mediante cualquier otra forma de propiedad, respecto a un trabajo creativo o dibujo o modelo que ha originado de forma genuina, para poder proteger y vender sus productos de forma legítima, recoger los beneficios y crear empleos en la Unión Europea.
Estamos hablando del procedimiento y del calendario, porque todos sabemos que a partir de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo se producirán importantes preocupaciones relativas a la incapacidad de los titulares de derechos de propiedad intelectual para aplicar sus derechos en toda la Unión Europea ampliada. Muchos de mis colegas han planteado ejemplos gráficos de los problemas asociados con la falsificación a gran escala de artículos materiales que se transportan a la Unión Europea y que esencialmente se venden de forma ilegal, privando a las persona de sus legítimos medios de vida. Pongamos las cosas en perspectiva, ya que este es el quid de la cuestión y el motivo por el que hemos apoyado a la Sra. Fourtou en su trabajo con el Consejo con el fin de alcanzar un compromiso verdaderamente equilibrado que esté en vigor el 1 de mayo, garantizando que no debemos esperar otros seis a nueve meses para tratar este problema.
Ahora estamos en el mundo real y no se trata de algún tipo de legislación teórica, sino de algo que realmente protegerá los empleos en nuestras circunscripciones. A medida que avanzamos hacia un mundo en el que cada vez más artículos llegan a la Unión Europea desde países como China, que son nuevos miembros de la Organización Mundial del Comercio y en los que el respeto de los derechos de propiedad intelectual es, en el mejor de los casos, muy débil, tenemos que poder protegernos de forma legítima y equilibrada.
De esto es de lo que se trata, y aquellos de ustedes que contemplan enmendar esta propuesta con la consecuencia de que no estará en vigor el 1 de mayo tendrán que responder a los fabricantes de sus circunscripciones cuando en junio llegue a su puerta un contenedor cargado de artículos falsificados procedentes de China a través de un país en vías de adhesión. Ustedes tendrán que responder por el efecto que esto tendrá en los empleos y los fabricantes locales. 
Paasilinna (PSE ).
   – Señor Presidente, es importante que la posición común se centre claramente en la actividad comercial y el trabajo de los criminales profesionales. Entonces, se dejará en paz a la reproducción a pequeña escala para uso personal. No tenemos necesidad ni medios para interferir cuando se trata de la reproducción por parte de ciudadanos privados. En la sociedad de la información, la invasión de la intimidad de las personas es un problema peligroso y en gran medida ignorado. La falsificación de productos alimenticios ha aumentado en un 75% y la de CD en un 15 000%, lo cual equivale casi a la mitad de todas las grabaciones musicales. Cada año se pierden cerca de 20 000 puestos de trabajo. Sin embargo, es importante establecer una distinción entre la violación consciente e inconsciente de los derechos de autor. También es importante porque salvaguarda el desarrollo de productos en las pequeñas empresas garantizando cierta protección en el océano de legislación sobre patentes. Por ello me complace que ya no habrá más interferencias en el Derecho penal, un ámbito que es competencia de los Estados miembros. Las diferentes prácticas y leyes que existen en los Estados miembros la convertirían en una tarea especialmente incómoda. A fin de cuentas, el mismo paquete trata de las patentes y de los derechos de autor. La piratería, el resultado del crimen comercial, arrebata puestos de trabajo. No obstante, no debemos interferir en las vidas privadas de los inocentes. Añadamos pues mejoras a la próxima Directiva. 
Plooij-van Gorsel (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Directiva sobre el cumplimiento que debatimos hoy es completamente superflua. A fin de cuentas, ya hay una Directiva en vigor con respecto a la armonización de los derechos de autor y, aparte de esto, hay una Directiva sobre el comercio electrónico, que regula, entre otras cosas, los derechos y las obligaciones de los proveedores de servicios. Esta nueva Directiva amenaza con provocar una distorsión debido a la obligación de controlar lo que están haciendo los usuarios. El actual compromiso estipula expresamente que las anteriores Directivas mantienen plenamente su vigencia, y así deber ser: ¿Por qué si no hacemos aquí legislación? No queremos una situación como la de los Estados Unidos en que la legislación se establece de acuerdo con las creencias erróneas del momento. Esta nueva Directiva sobre el cumplimiento declara oficialmente que las personas que hacen copias ilegales son ladrones, pero todo el mundo sabe desde hace tiempo que la piratería de software, de CD y DVD es un delito punible. Sin duda no necesitamos una nueva Directiva para esto, y especialmente una que no consiga definir el alcance de los derechos de propiedad intelectual. En Europa tenemos diferentes sistemas de justicia penal con diferentes sanciones, y no podemos armonizar los sistemas jurídicos con una única Directiva, sobre todo si no se celebra un debate adecuado en este Parlamento. Puedo decir que me satisface el hecho de que el compromiso limite ahora el alcance de la Directiva a la piratería con fines comerciales, puesto que ha de seguir permitiéndose la reproducción para uso personal. No obstante, votaré en contra de la Directiva. 
Turmes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se encuentra hoy ante un problema de ética política. Vamos a votar sobre un informe muy importante, que tiene una gran repercusión sobre la vida económica y los ciudadanos de Europa. Ahora bien, ¿cómo vamos a explicar a los ciudadanos europeos que la ponente del Parlamento Europeo, es decir, la persona más directamente implicada en este expediente, está casada con el Sr. Fortou, presidente de Vivendi Universal? No quiero que me interpreten mal: entiendo que todo hombre y toda mujer tienen el derecho fundamental a ejercer un mandato político. La Sra. Kinnock es diputada al Parlamento Europeo, pero no se involucra temas relacionados con la cartera de su marido, el Comisario Kinnock. El Sr. Rovsing, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que tiene intereses en los medios de comunicación, no toma parte en las votaciones sobre los medios.
Esto afecta a la credibilidad del Parlamento Europeo. Hago un llamamiento al Presidente del Parlamento y a los presidentes de los Grupos políticos para que encuentren antes de mediodía una solución a este problema. Está en juego el honor del Parlamento. Hay que descartar cualquier sospecha de interés personal si queremos que los ciudadanos europeos sigan confiando en las instancias europeas.
Bartolozzi (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, yo también quisiera dar las gracias a mi colega, la Sra. Fortou por el trabajo que ha realizado, un trabajo que se ha llevado a cabo con gran tesón y gran determinación, precisamente porque la lucha contra la falsificación y la piratería ha de ser una de las prioridades de la Unión Europea. De hecho, la creatividad, que es uno de los principales factores de la competitividad en nuestro sistema económico, se ve impedida por los falsificadores porque están violando los derechos de propiedad industrial e intelectual. Estos derechos garantizan que la creatividad se recompense adecuadamente. A menudo, la falsificación y la piratería también acaban afectando a los consumidores, que se ven forzados a comprar mercancías de calidad inferior al original. El daño que causan no solo afecta al titular individual del derecho, sino a toda la sociedad. Por ello, la Directiva sobre la aplicación de derechos de propiedad industriales e intelectuales es un instrumento importante a la hora de combatir el fenómeno y ha de aprobarse rápidamente antes de la adhesión de los nuevos países, donde la falsificación y la piratería están especialmente extendidas.
El texto negociado con el Consejo, con el que el Parlamento debería estar ampliamente de acuerdo, es un compromiso equilibrado que permitirá aprobar la Directiva con una sola lectura. Se está respetando el actual marco jurídico europeo y nacional sobre la propiedad industrial e intelectual. Se están creando las condiciones para protegerlo eficazmente y para combatir el comercio ilegal. El compromiso prevé con razón que las disposiciones más importantes de la Directiva se apliquen solo a las prácticas comerciales. De hecho, no podemos planear castigar a quienes descargan música de Internet para uso personal. La solicitud de información al supuesto falsificador por parte de la persona que declara que un producto está falsificado ha de ser justificada y proporcional, y solo debería realizarse por orden de las autoridades judiciales. Además, la Directiva no influye en las reglas de información confidencial y tratamiento de los datos personales ni en el derecho a no testificar contra uno mismo. Especifica las sanciones administrativas y civiles que, al afectar directamente a cualquier actividad económica ilegal, tienen consecuencias directas sobre la prohibición de las falsificaciones. Estas sanciones han de ser realmente disuasorias, pero también han de ser graduales y proporcionales al delito cometido. 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar y al igual que otros compañeros, quiero felicitar a la Sra. Fourtou por su excelente trabajo, así como lamentar la intervención del Sr. Turmes, a quien no debe preocuparle realmente la propiedad intelectual, porque sólo ha venido a criticar a la Sra. Fourtou y sus relaciones y no ha sido capaz de permanecer en esta sala a lo largo del debate. Creo que el hecho de que algunos colegas de esta Cámara tengan relaciones familiares -le agradezco al Sr. Turmes que permanezca en la Cámara- no les impide actuar en ella, sabiendo además que lo que estamos discutiendo, esta Directiva en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual, no afecta exclusivamente a los titulares de derechos, sino a todos los consumidores.
Somos los consumidores también los que tenemos que velar por que se garantice la protección de los derechos de propiedad intelectual, porque los consumidores compramos productos que queremos que sean originales y auténticos y no deseamos vernos engañados por aquellos que infringen los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, considero que intentar utilizar las relaciones familiares de la Sra. Fourtou para desacreditar su trabajo no corresponde a un diputado de esta Cámara.
Hay dos aspectos que han sido ampliamente debatidos esta mañana. Uno es el que se refiere a los fines comerciales, es cierto que hemos modificado la propuesta de la Comisión, que se limitaba a los actos realizados con fines comerciales. Hay que ir un poco más lejos; creo que la propuesta de la ponente y las enmiendas de compromiso son equilibradas, y que había que permitir también que se pudiera perseguir a todo el que realice cualquier acto contra la propiedad industrial o intelectual, se haya hecho con fines comerciales o no.
Contestando al Sr. Fiori, que ha intervenido antes que yo, la inclusión de la propiedad industrial es importante, y en el caso español especialmente, puesto que en España la legislación en materia de marcas y de patentes se considera propiedad industrial, no intelectual. Por eso se ha ampliado la denominación a ambas.
En cuanto al procedimiento, citado por el Sr. Cappato y el Sr. Berenguer, lo que hemos pretendido es algo muy importante: obtener una Directiva que pudiera entrar en vigor antes del 1 de mayo de 2004. Por eso, es cierto que la Sra. Fourtou ha tenido que hacer algunos esfuerzos para llegar a acuerdos y que la propuesta que votamos hoy en este Parlamento no es exactamente igual a la que votamos en la comisión. Sin embargo, muchos de los aspectos que se aprobaron en esa comisión están contemplados en lo que hoy votaremos, al margen de los dos puntos a los que me he referido: los fines comerciales y las patentes.
Hay otros muchos aspectos que hemos reformado de la propuesta inicial de la Comisión, como por ejemplo, la reducción de los trámites y los costes del demandante, para agilizar y garantizar el respeto de su derecho de propiedad industrial; la simplificación de las garantías que debe aportar el demandante en el caso de una defensa de su derecho de propiedad industrial o intelectual; la fijación de una indemnización en el caso de una infracción de la propiedad industrial o intelectual y, por último, consideraciones relativas a la destrucción de los objetos que han sido utilizados para la falsificación o, incluso, los propios objetos falsificados.
Éstos son otros aspectos que también hemos modificado en la propuesta de la Comisión y que hacen que esta Directiva -como ha dicho el Comisario- sea suficientemente equilibrada para el momento en que nos encontramos.
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate del tercer informe (A5-0118/2004) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la simplificación y mejora del marco regulador [COM(2001) 726 – C5-0108/2002 – 2002/2052(COS)]. 
Byrne,
   . Señor Presidente, la comunicación de la Comisión de junio de 2002 sobre la simplificación y la mejora del entorno regulador establece el plan de acción global sobre el que el trabajo de la Comisión en relación con la mejora de la legislación ha estado progresando durante los últimos 18 meses.
La mejora del entorno regulador con el fin de obtener beneficios concretos para los operadores y los ciudadanos es responsabilidad conjunta de las Instituciones Europeas y de los Estados miembros. A la hora de lanzar su plan de acción «Simplificación y mejora del entorno regulador», la Comisión solicitó por lo tanto también a las demás instituciones y a los Estados miembros que contribuyesen a la consecución de los objetivos comunes.
Para gran satisfacción de la Comisión, los objetivos comunes y la responsabilidad conjunta para la mejora de la legislación fueron totalmente reconocidos por las restantes instituciones y en diciembre de 2003 el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión firmaron el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor». El acuerdo interinstitucional regula y aclara todos los aspectos interinstitucionales del trabajo de mejora de la legislación.
Antes de tratar las cuestiones específicas planteadas por el presente proyecto de resolución, permítanme recordar solamente dos de las iniciativas principales del plan de acción de la Comisión, que también se han integrado en el acuerdo interinstitucional. En primer lugar, la Comisión está aplicando un marco para la evaluación de impacto integrada. 2004 será el segundo año de transición durante el cual se consolidará y mejorará todavía más este marco, al tiempo que se mantiene una evaluación equilibrada de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales. En segundo lugar, el plan de acción lanzó una medida ambiciosa para actualizar y simplificar el acervo comunitario, para el que la Comisión propuso un programa renovable en febrero de 2003. Este programa se aplicará con respecto a los procedimientos legislativos y el acuerdo interinstitucional.
La Comisión celebra el interés sostenido del Parlamento Europeo por la mejora de la legislación. El informe elaborado por el ponente, el Sr. Medina Ortega, se centra en el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» y, en concreto, sobre el uso de los instrumentos alternativos de corregulación y autorregulación.
El acuerdo interinstitucional establece un marco para instrumentos de «ley blanda» que deberían facilitar su uso futuro, al tiempo que salvaguardan totalmente las competencias de todas las instituciones comunitarias. De hecho, las tres instituciones han establecido, por primera vez, una definición común de la corregulación y la autorregulación. Por otra parte, las instituciones han acordado límites y condiciones generales para el uso de dichos instrumentos, definiendo el papel de cada institución en el proceso y garantizando que se respeten las prerrogativas de la autoridad legislativa.
La Comisión considera que la resolución es en parte incoherente con el acuerdo institucional y en parte va más allá del acuerdo. La Comisión podría aceptar algunas orientaciones, pero solamente dentro de los límites de las disposiciones ya establecidas en el acuerdo interinstitucional. Concretamente, la Comisión considera que los apartados 5, 7, 8 y 9 del proyecto de resolución se desvía de la palabra y el espíritu del acuerdo interinstitucional, así como de los límites y condiciones establecidos en el mismo sobre la corregulación y la autorregulación.
La Comisión considera que en esta fase el verdadero reto es la plena y adecuada aplicación de la gran variedad de compromisos que se establecen en el Acuerdo Interinstitucional. Ahora no sería correcto ir más allá de lo que refrendaron las tres instituciones hace tan solo unos meses.
En lugar de reabrir las cuestiones que ha establecido el acuerdo interinstitucional, la Comisión invita a las demás instituciones a aplicar los compromisos realizados. Por ejemplo, el acuerdo interinstitucional sobre «Legislar mejor» reconoce la importancia de simplificar la legislación comunitaria y compromete al Parlamento y el Consejo, en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor, a modificar sus métodos de trabajo mediante la introducción, por ejemplo, de estructuras con la tarea específica de simplificar la legislación. Por supuesto, estas medidas deberían respetar en su totalidad las disposiciones del Tratado vigente. 
Medina Ortega (PSE ),
   . Señor Presidente, a pesar de su brevedad -solamente tiene diez párrafos dispositivos con algunos considerandos y muchos vistos-, mi tercer informe sobre la simplificación y mejora del marco regulador es el resultado de la lectura de muchos textos cuya antigüedad supera los diez años.
La Comisión considera que este tercer informe va más allá de lo que se consiguió en el Acuerdo interinstitucional. Mi informe no va dirigido contra el Acuerdo interinstitucional, sino que pretende reforzarlo. Pero, a través de la larga discusión mantenida entre Parlamento, Comisión y Consejo sobre el tema de la mejora de la tramitación de la legislación comunitaria, el ponente y con él la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que aprobó el informe por unanimidad, queremos manifestar la preocupación respecto a una tendencia que yo llamaría tecnocrática en materia legislativa.
El proceso legislativo es un proceso político, es un proceso de toma de decisiones políticas. Es cierto que en la medida de lo posible debemos de evitar un tipo de legislación que sea irracional, complicada y mejorable. Pero el énfasis en las consideraciones de carácter exclusivamente técnico o incluso en el peso económico de una medida legislativa determinada puede no corresponderse con la necesidad de adoptar una norma jurídica. 
Es decir, esta Unión Europea tiene un defecto de "supertecnificación". Se ha criticado a las instituciones europeas por ser burocráticas. A mi la palabra "burocrática" no me gusta. Diría que más bien lo que tenemos en las instituciones europeas es una tendencia a tecnificarlo todo. Y a consecuencia de eso, esa tecnificación nos lleva a un alejamiento de los ciudadanos que origina un rechazo de la ciudadanía con respecto a nuestra forma de adoptar decisiones.
Al aprobar el Acuerdo interinstitucional, este parlamentario y con él los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior subrayamos el peligro de que se llegue a un proceso de toma de decisiones que prescinda completamente de la voluntad de los ciudadanos. Y la única vía -más o menos perfecta- que tienen los ciudadanos en este momento de expresar su punto de vista sobre la contribución comunitaria la constituyen las elecciones al Parlamento Europeo.
Si el Parlamento Europeo no puede oponerse, por ejemplo, a procedimientos tecnocráticos de adopción de decisiones por pequeños grupos en la forma de autorregulación o corregulación, yo no sé qué papel puede desempeñar. 
Señor Presidente, quisiera tranquilizar a la Comisión asegurándole que este ponente, y creo que también este Parlamento, que supongo que adoptará mi informe sin graves dificultades, no se proponen minar aquello en lo que hemos progresado en materia de simplificación de la legislación comunitaria, sino que se proponen reforzar los elementos políticos del proceso de adopción de normas legislativas, recordando que las delegaciones de carácter legislativo tienen que estar siempre sometidas a la voluntad popular, a través de una institución que tenga competencia legislativa plena.
La gran dificultad, como sabemos, es que la actual legislación comunitaria es el resultado de la acumulación de una serie de tratados internacionales que han ido evolucionando y la solución no se logrará hasta que se apruebe una Constitución europea que delimite claramente las facultades legislativas.
Una vez que existan unas facultades legislativas claramente delimitadas, el poder legislativo podrá delegar, podrá transferir a instancias técnicas; pero nunca esas instancias técnicas podrán sustituir la voluntad popular expresada a través de elecciones directas a una institución legislativa -el Parlamento Europeo, el Parlamento y el Consejo como quiera que se llame-, que quiere adoptar esas decisiones.
Por tanto, termino mi intervención asegurando a la Comisión de que nuestra intención no es minar el Acuerdo interinstitucional sino, por el contrario, reforzarlo, introduciendo en él los elementos políticos necesarios para que nuestros ciudadanos crean en la construcción europea que estamos llevando a cabo.
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, intervengo hoy aquí en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en especial de mi colega el Sr. Doorn, que ha sido ponente alternativo para los tres informes sucesivos que ha elaborado nuestro infatigable ponente, el Sr. Medina Ortega.
En cierto modo constituye el fin de la primera fase de nuestro ciclo de trabajo y, como ha dicho el señor Comisario, ahora nos disponemos a examinar con más detalle cómo hacer que el acuerdo interinstitucional funcione de forma eficaz. Quizás sea este el contexto en que tenemos la oportunidad de hacer una o varias observaciones, en lugar de los puntos específicos incluidos en este informe relativamente breve. Realmente no hemos debatido suficientemente en esta Cámara sobre toda la cuestión de nuestra función en la mejora de la legislación o en la mejora y la simplificación del clima regulador, tal y como nos ha recordado la Comisión.
Me gustaría reflexionar sobre lo que dijo mi colega, el Sr. Medina Ortega, con respecto al modo en que tomamos decisiones y en que se desarrolla y promueve la regulación en las instituciones europeas. Estoy de acuerdo con él en que nuestros ciudadanos están realmente preocupados por el proceso. Por este motivo quieren que hagamos mejor el trabajo y por ello las personas que están directamente implicadas en el proceso –consumidores, ciudadanos o empresarios, ya sean pequeños o grandes– quieren sentir que se les ha consultado y que han podido expresar su opinión en la fase relevante del proceso.
Uno de los elementos cruciales del perfeccionamiento de nuestra labor es la mejora del desarrollo de nuestras estrategias legislativas y la consulta temprana en el proceso. Uno de los principales aspectos del plan de acción de la Comisión es que en esencia se trata de un proceso en dos fases. Antes de entrar en los detalles de la evaluación de impacto ampliada también hay una fase en que se plantea toda la estrategia legislativa, sus objetivos, una definición clara de los mismos y las herramientas con las que se conseguirán estos objetivos. Puede que esto llegue a ser regulación, pero no hay motivos en esta fase por los que alguna forma de autorregulación o corregulación no pueda ser considerada una opción adecuada.
Sé que a mi colega, el Sr. Medina Ortega, le preocupa el modo en que se desarrolla la autorregulación y la corregulación, pero yo diría que, si lo consideramos una alternativa genuina al principio del proceso y vemos cómo está integrada, que se incorporan salvaguardias y que se compara con la alternativa de una legislación pesada e intrusiva, esto solamente puede redundar en beneficio de la simplificación y mejora del clima regulador.
Después de todo, lo que queremos una legislación efectiva y eficiente. Buscamos resultados. Eso es lo que acabamos de debatir en relación con el cumplimiento, ya que el problema es que, por mucho que legislemos a escala europea, si no podemos hacer cumplir la legislación de forma consecuente, el coste de la misma recae en quienes ya cuentan con los sistemas adecuados y cumplen con su deber. En cambio, no exprime a los que incumplen la ley. Esto perjudica a los consumidores, una cuestión que sé que es un elemento central de sus competencias, señor Byrne. 
Deberíamos apoyar este informe, pero esto es solo el principio del proceso de colaboración con todas las instituciones para crear lo que quieren nuestros ciudadanos, que es una regulación efectiva y eficiente o alternativas a la regulación. 
Koukiadis (PSE ).
    Señor Presidente, sabemos que nuestro honorable amigo, el Sr. Medina Ortega, tiene una enorme experiencia en esta materia y que, con las propuestas que ha hecho hasta la fecha, ha ayudado mucho a simplificar y modernizar el trabajo legislativo de la Comunidad.
Tenemos un acuerdo interinstitucional sobre el cual ha hablado el Comisario. Sin embargo, quisiera formular una pregunta: a pesar de lo que tenemos hoy, ¿podemos decir que tenemos un plan de acción simple con una jerarquía específica de objetivos, con un calendario específico, con una propuesta de medidas específicas para cada objetivo y con un procedimiento claramente definido para medir los objetivos? Lo que nos interesa es ver resultados cuantificables después del acuerdo interinstitucional. En referencia a la cuestión, le pregunto: ¿estamos realmente satisfechos con la mejora realizada hasta ahora en la calidad del marco regulador? No creo que debamos responder afirmativamente, porque faltan medidas pioneras.
En cualquier caso, y en este sentido estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Medina, mejorar el marco regulador significa limitar el papel de la burocracia, que es responsabilidad de la Comisión. Asimismo significa rechazar la percepción de que la eficacia o la mejora van acompañadas de una reducción del control democrático. Por desgracia, hasta ahora la Comisión no ha adoptado una postura clara con respecto a estas dos cuestiones.
Dicho esto, quisiera recalcar que nosotros, el Parlamento Europeo, tenemos un enorme problema. Hemos de combinar las culturas de 15 –y pronto 25– Estados y, por supuesto, la libertad de propuesta de todas las partes. Nos enfrentamos al fenómeno de un aumento exponencial en el número de enmiendas y nadie sabe cómo pueden coordinarse y cómo lograr que se traduzcan en un texto homogéneo y claro. Por ello también tenemos un problema endógeno que hemos de abordar, y aquí considero que, hasta la fecha, no hemos tenido unos servicios claros que se ocupen de los aspectos técnicos de la legislación y ayuden a los desarrollos.
No obstante, el principal problema sigue siendo la cuarta fase del marco regulador global, que es la aplicación. Por desgracia, incluso hoy, después de tantos informes sobre la aplicación de la ley, puede observarse un enorme retraso en el control por parte de la Comisión del método de aplicación y las autoridades judiciales y administrativas no disponen de mecanismos de asimilación y no han asimilado la legislación comunitaria. Así pues debemos abordar este problema si queremos que la legislación comunitaria se aplique adecuadamente. 
Gargani (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero empezar con las últimas palabras del ponente, el Sr. Medina Ortega, quien con razón ha dicho que la propuesta que estamos debatiendo y el conjunto de este informe no van dirigidos en contra de la Comisión sino que, por el contrario, pretenden armonizar –y creo que en esta ocasión este término es más apropiado que nunca– y regular mejor la legislación. Como coordinador de la comisión parlamentaria que alcanzó un acuerdo sobre simplificación de la legislación (el acuerdo interinstitucional), he de decir algo acerca de la importancia del debate que se celebró en mi comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el informe del Sr. Ortega Medina. Dicho debate se inició antes de que trabajáramos sobre el acuerdo interinstitucional y ha continuado después. Por ello, el informe del que estamos hablando era un requisito previo, y una consecuencia de este acuerdo interinstitucional que, si se hubiese plasmado –le ruego me lo confirmen, señor Presidente, Señorías– en la Constitución Europea, creo que habríamos tenido una legislatura caracterizada por su fuerte conexión y su deseo de tener en cuenta a las tres instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) en torno a las cuales gira realmente Europa: la Comunidad Europea.
Coincido en que, por supuesto, el acuerdo interinstitucional no lo es todo: un acuerdo que prepara un papel totalmente diferente para el Parlamento es un acuerdo que ha de dar un paso adelante. Por ello, el ponente afirma con razón que, a la hora de mejorar la legislación comunitaria, es preciso ir más allá del acuerdo interinstitucional. Por consiguiente, el acuerdo interinstitucional es una condición, sobre todo del derecho a ser consultado automáticamente –como dice con razón el Sr. Medina Ortega en su informe– en los ámbitos de la corregulación y la autorregulación, es decir, una condición del derecho del Parlamento a ser informado inmediatamente por la Comisión y de suspender de una vez por todas la aplicación de todo acuerdo voluntario que no haya sido aceptado. Creo que estos dos puntos son los que dan forma a este informe y sobre los cuales podría haber un mayor acuerdo en la próxima legislatura, a fin de sentar las bases para una relación equilibrada entre las tres instituciones que representan a Europa. 

 – El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes cuatro preguntas orales a la Comisión acerca de una aplicación correcta del Acuerdo de Asociación CE-Israel.
- O-0019/2004 – B5-0067/2004 del Sr. Lagendijk en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea;
- O-0021/2004 – B5-0068/2004 de la Sra. Morgantini en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea /Izquierda Verde Nórdica;
- O-0024/2004 – B5-0069/2004 del Sr. Watson en nombre del Grupo del Partido Liberal, Demócrata y Reformista Europeo;
- O-0025/2004 – B5-0070/2004 del Sr. Sakellariou en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo. 
Sakellariou (PSE ).
    Señor Presidente, quiero proponer que la sesión se suspenda hasta que la Comisión nos haga el honor de unirse a nosotros en la Cámara. 
El Presidente.
   Señor Sakellariou, preferiría que no hiciera una solicitud como esta. El Sr. Liikanen no tiene la culpa de que su avión haya aterrizado tarde. Llegó al aeropuerto a tiempo, pero el avión se retrasó debido a las condiciones meteorológicas, por consiguiente puede tardar otros diez minutos en llegar. Sin embargo, hemos de evitar una situación en que, en lugar de empezar a las 12.00 horas, tal como estaba previsto, la votación no empiece hasta las 15.15 horas o incluso las 12.20 horas. Comprenderá usted que es muy molesto para sus Señorías que la votación empiece tarde. Quisiera proponer que demos la palabra a los primeros autores de las preguntas, pues están familiarizados con el tema, antes de que el Comisario se una a nosotros; además, el Comisario también sabe lo que desean decir. Luego, una vez que el Comisario esté con nosotros, podremos proseguir y podrá responder de inmediato. Esta es mi sugerencia. 
Sandbæk (EDD ).
    Señor Presidente, Me gustaría apoyar la propuesta de no empezar el debate hasta que esté presente la Comisión. Bien es cierto que algunos de nosotros hemos escrito nuestras intervenciones, pero lo que debatamos dependerá también de la Comisión. De lo contrario, por supuesto no habríamos tenido necesidad de pedirle a la Comisión que viniera e informara de nada. Preferiría que los primeros oradores respondieran a la contribución de la Comisión, que también formará el trasfondo de mi respuesta. No creo que podamos seguir con el debate. Hemos de esperar diez minutos. Cualquier otra cosa sería absurda. 
El Presidente.
    Por lo tanto tenemos una petición, una petición oficial ¿Quiere mantener usted su petición, señor Sakellariou? Tenemos un orador a favor de esta petición. Por lo tanto lo que quiero preguntar ahora es si alguien se opone a que suspendamos la sesión, ¿alguien está a favor de que continuemos con este debate aunque el Comisario no llegue hasta dentro de cinco o diez minutos? ¿Quiere alguien hablar en contra de la petición? Parece que no. En tal caso es necesario que sometamos esto a votación: ¿podrían alzar la mano quienes apoyan la petición del Sr. Sakellariou de que la sesión se suspenda durante diez minutos hasta que llegue el Comisario? ¿Y los que están en contra? ¿Hay abstenciones?
Lagendijk (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Señorías, durante años, la Unión Europea y el Parlamento han discutido sobre los productos procedentes de los territorios ocupados por Israel, a los que se otorga equivocadamente el mismo trato preferente que a los productos del propio Israel. Israel no quiere establecer esta distinción, pero la Unión Europea sí. La política se encuentra en el centro del debate. La Unión Europea considera ilegal la ocupación de los territorios en cuestión, y por ello hemos convertido este asunto en problemático. Sin embargo, el debate que en esencia es político, corre el riesgo de ser invadido por innumerables aspectos prácticos y jurídicos. El problema, y la razón por la cual formulo estas cuestiones, es que la Comisión y el Consejo, cansados tras años de discusiones, amenazan ahora con seguir adelante con la práctica actual. Ello legitimaría una práctica ilegal, y los Estados miembros perderían la base jurídica para seguir estableciendo una distinción entre los productos de Israel y los productos de los territorios ocupados. Por ello, desearía formular dos preguntas a la Comisión.
La primera es esta: ¿qué medidas pretende tomar la Comisión en noviembre de este año, cuando la nueva Comisión asuma sus funciones, para poner fin a la actual práctica, y cuándo, exactamente?
La segunda es la siguiente: ¿puede garantizar el Comisario que cualquier decisión que tome que pudiera afectar al espíritu, la letra o la práctica del Acuerdo de Asociación, será sometida antes a la opinión de este Parlamento? 
Boudjenah (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, ayer, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, recibíamos aquí, por iniciativa de mi Grupo, a un grupo de mujeres palestinas, que nos hablaron de su cansancio, de su lucha diaria para sobrevivir en los campos de refugiados. Nos hablaron de su valentía y de su inquebrantable y digna voluntad de paz. En particular, nos hablaron de lo que esperan de la Unión Europea.
Como saben, los últimos días han sido especialmente sangrientos en la franja de Gaza: catorce palestinos asesinados, entre ellos tres niños, y decenas de heridos, inclusive soldados israelíes, como si la evacuación anunciada de la zona tuviera que ir precedida de destrucciones de secuelas cada vez más irreparables. Mañana están ustedes invitados a reunirse con pacifistas israelíes. Estos llamados también se han negado valientemente a participar en la ocupación que está en la base de la sangrienta escalada que asola a los pueblos palestino e israelí.
El tema que nos ocupa hoy es, en particular, la violación por Israel de las normas de origen en el marco del Acuerdo de Asociación. Pero cómo no pensar, al mismo tiempo, en las demás violaciones manifiestas que comete a diario en los territorios ocupados palestinos, violaciones que contradicen totalmente el espíritu inicial de cooperación que reflejaba la firma de este Acuerdo. Por ello, para todos los que creen en una paz justa, los debates sobre la aplicación, correcta o no, de este Acuerdo son reveladores de lo que se considera lamentablemente un exceso de cautela por parte de la Unión Europea. Porque es forzoso constatar que Israel se burla de las reprimendas europeas en lo que se refiere tanto a las violaciones del artículo 2 relativo al respeto de los derechos fundamentales como al respeto de las normas de origen. Hablemos de las normas de origen.
Desde 1976, Israel ha determinado el origen de los productos que exporta sin hacer distinción alguna entre los productos procedentes del interior de su territorio y los procedentes de los territorios ocupados desde 1967. En otras palabras, no diferencia entre sus productos y los de los asentamientos. Así, Israel ha expedido, de forma permanente, certificados de origen para productos que, según el Derecho comunitario, no pueden acogerse a un trato preferencial. Una violación como esta habría acarreado sin duda enérgicas medidas de represalia contra cualquier otro país. Sin embargo, debido a las prácticas aduaneras israelíes, los Estados miembros no han sido capaces, hasta hoy, de impedir dichas importaciones preferenciales o de cargar impuestos. En un primer momento, la Comisión tampoco propuso medidas adecuadas para hacer frente a esas prácticas. Después, anunció que se consagraba a la tarea para coordinar las acciones ineficaces de los Estados miembros. Acto seguido, la Comisión expresó su postura, una postura clara y legítima. El 10 de mayo de 2001, el Comisario Patten declaró ante esta Asamblea que «el acceso preferente a los mercados comunitarios de las exportaciones procedentes de los asentamientos de Israel en Cisjordania y la franja Gaza constituye una violación de los acuerdos comerciales CE-Israel». Pero las medidas adoptadas no pusieron término a dicha ilegalidad. Cabría añadir, por otra parte, que la construcción en curso del muro de la vergüenza no puede sino reforzar este estado de hecho. Olivares y árboles frutales arrancados a la vista de los aldeanos, miles de tierras cultivadas que quedan inaccesibles a los campesinos, ¿se traducirá mañana esta nueva anexión ilegal en nuevas exportaciones de productos procedentes de estas tierras?
El pasado mes de noviembre, la Unión insistió ante el Consejo de Asociación UE-Israel en la importancia de resolver el problema de las normas de origen antes de modificar el protocolo sobre esas mismas normas. Después, la Comisión indicó que había reanudado las conversaciones con Israel. Pero la pregunta sigue a día de hoy en el aire. Quisiera preguntarle de nuevo, señor Comisario: ¿va a aceptar la Comisión una solución que no exija a Israel que deje de expedir certificados de origen para los productos procedentes de los asentamientos en el marco del Acuerdo de Asociación? ¿Va a recurrir a los instrumentos de derecho a su disposición? Ahora se habla de la posibilidad de modificar el Acuerdo, pero si aceptáramos este principio, cuando Israel persiste en su violación asumida del Acuerdo, la Unión podría perder todos sus derechos a suspender la aplicación de cualquier parte del Acuerdo para poner término a esta violación, lo cual sería inaceptable. El Derecho internacional sería así deliberadamente pisoteado, reconociendo a Israel como potencia ocupante de los territorios palestinos y sus prácticas de anexión y colonización de territorios. Sea como fuere, quiero reafirmar aquí que, antes de emprender cualquier modificación del Acuerdo, es absolutamente necesario consultar al Parlamento Europeo. ¿Está la Comisión decidida a ello?
Concluiré con una observación de carácter general. La Unión Europea puede seguir siendo cómplice de la persistencia del Gobierno de Sharon en ocupar las tierras palestinas, en robar los productos de esa tierra, en confiscar los beneficios de los mismos, en denegar a la población cualquier medio de existencia y de supervivencia. El Acuerdo de 1995 vino poco después del proceso iniciado en Oslo y pretendía ser una contribución al proceso de paz. La situación de hoy es radicalmente diferente. ¿De qué tipo de cooperación podemos hablar?
Boogerd-Quaak (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, lo que estamos debatiendo aquí es el Acuerdo de Asociación de 1995. No tenemos ninguna objeción contra este acuerdo en sí. Contiene unas normas y valores fundamentales que demuestran respeto y, de por sí, podemos apoyar a Israel como democracia. No es ahí donde reside el problema. Lo que me parece incomprensible, y la razón por la que hemos formulado estas preguntas, es que la Unión Europea haya permitido que, durante años, Israel viole las normas de origen estipuladas en el acuerdo. Estas normas de origen –por supuesto, esto es un juego de niños para usted– dicen que Israel no puede vender productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, aunque sean originarios del propio Israel; de lo contrario, los productos procedentes de los asentamientos ilegales se beneficiarían injustamente de unos aranceles favorables a la importación en Europa.
Como ha dicho el Sr. Lagendijk, esta es una cuestión política. También sé que la Comisión Europea abordó a Israel en este sentido y que, a modo de respuesta, se le dijo que la posición inalterable de Israel es que considera que los asentamientos son territorio israelí. Los Gobiernos europeos no están respondiendo, y por consiguiente aceptan que se viole el acuerdo que ellos mismos aprobaron. Esto nos hace conjuntamente responsables de la continuación de la política de colonización, uno de los mayores obstáculos para la paz. En mi opinión, este es el quid de la cuestión. No hemos de compartir esta responsabilidad.
Según el Tratado de la CE, el Código Aduanero Comunitario y el Acuerdo de Asociación, los Estados miembros están obligados a negarse a dar un trato preferente a la importación de productos procedentes de los asentamientos. Como Comisión y como guardiana de los tratados, han de controlar ustedes el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones.
Estos problemas deben solucionarse sin demora, y por ello pregunto al Comisario si tiene realmente intención de poner fin a estas cuestiones y proponer una solución realmente legislativa, para que los Estados miembros puedan seguir un procedimiento de verificación uniforme. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán entonces recaudar aranceles ordinarios a la importación para los productos procedentes de los asentamientos sin que los importadores puedan negarse.
Creo que esta sería una solución excelente: no a favor o en contra de Israel; no a favor o en contra de los palestinos. La cuestión es simplemente que no queremos ser conjuntamente responsables del problema de los asentamientos, y por ello le ruego que presente soluciones al Parlamento. 
Sakellariou (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, el problema de dar un trato preferente a las exportaciones procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza lleva con nosotros casi 30 años y con regularidad ha sido objeto de preguntas orales y escritas, y debates en el Parlamento Europeo. Recientemente, en un debate celebrado en noviembre de 2003, reafirmamos que era necesario encontrar finalmente una solución para acabar con las repetidas violaciones de la legislación internacional por parte de Israel.
Debido a esta práctica de etiquetar los productos procedentes de los territorios ocupados como «», Israel no solo viola las disposiciones sobre el alcance territorial del acuerdo, concretamente el artículo 83, las normas de origen y las disposiciones sobre cooperación y asistencia mutua entre las autoridades administrativas en asuntos aduaneros, sino que al hacerlo sigue demostrando su total menosprecio por los acuerdos internacionales y por la legislación internacional.
Sin embargo, el problema es ahora más apremiante que nunca. La Unión Europea tiene previsto incluir a Israel en el sistema de trato preferente de la acumulación paneuropea, que en este caso significa hacer los cambios correspondientes al Acuerdo de Asociación CE-Israel. Si ello sucediera sin que se corrigiera la aplicación ilegal de las reglas sobre el origen para los productos de los asentamientos, implicaría la aceptación de semejante aplicación ilegal. De este modo, la Unión Europea se privaría permanentemente del derecho a insistir finalmente sobre la aplicación de las reglas para el trato preferente de las exportaciones.
Sin embargo, el trato preferente de los productos de exportación procedentes de los territorios ocupados no solo es ilegal y viola la legislación internacional, sino que además significa que los Estados miembros siguen enfrentándose al espinoso problema de los controles y de alcanzar cierto grado de trato uniforme. Aunque el Comisario haya intentado encontrar una solución, por ahora el problema no se ha solucionado en absoluto. La Comisión ha informado correctamente a las autoridades israelíes de que es preciso aplicar rápidamente medidas para detener esta práctica ilegal.
Antes de que podamos seguir hablando acerca de modificar el Acuerdo de Asociación CE-Israel, quisiera pedir a la Comisión, con carácter urgente, que resuelva esta situación antes de que finalice su mandato. Se trata de una cuestión sumamente importante, señor Comisario, porque tiene que ir acompañada de la modificación del Acuerdo de Asociación. La Comisión debería consultar al Parlamento a este respecto y por tanto evitar que surja una situación, debido a la falta de acción y de voluntad política, en que se legalice la ilegalidad. 
Liikanen,
   . Señor Presidente, conforme al texto del Acuerdo de Asociación UE-Israel, este acuerdo se aplica únicamente al territorio del Estado de Israel. Por lo tanto, los productos procedentes de los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este o los Altos del Golán no tienen derecho a un trato arancelario preferente al entrar en la UE, y las autoridades aduaneras comunitarias no pueden aceptar ninguna reclamación de origen preferencial planteada por Israel para estos productos.
La Comisión ha explicado detalladamente, por ejemplo en las respuestas a varias preguntas orales en mayo y noviembre de 2003, su posición sobre este tema y las medidas que ha adoptado. La UE aprovecha todas las oportunidades para encontrar una solución al problema de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes en cuestión. Recientemente se han celebrado conversaciones exploratorias con el fin de encontrar posibles soluciones entre la Comisión e Israel, pero estas discusiones todavía no han dado pie a ninguna propuesta formal por parte de Israel y, por lo tanto, la Comisión todavía no ha tomado postura. Sin embargo, la Comisión no aceptará ninguna solución que implique que se conceda un trato arancelario preferencial a los productos originarios de los asentamientos israelíes e importados al amparo a las normas israelíes de origen preferencial.
En lo que respecta a la implicación del Parlamento Europeo, puedo confirmar que la Comisión actuará respetando plenamente el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Laschet (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, la cuestión que estamos debatiendo en relación con este acuerdo entre la Comunidad Europea e Israel no es simplemente una cuestión técnica. No trata solamente de los argumentos jurídicos que se han intercambiado con los autores de las cuatro preguntas durante este debate; lo que es realmente importante es la cuestión política de si queremos promover o no la paz en este punto. Ni que decir tiene que la ocupación de los territorios ocupados desde 1967 es ilegal, esta es la postura de las Naciones Unidas. La Resolución 242 dice que Israel debería retirarse hasta sus fronteras de antes de 1967.
Llevamos más de 30 años celebrando este debate. Durante este tiempo, se han construido asentamientos, y la firma del Acuerdo de Paz de Oslo ha acercado a ambas partes. Por lo tanto la cuestión es la siguiente: ¿qué ayudará más al proceso de paz? Por ejemplo, ¿una retirada inmediata de los territorios ocupados serviría a la causa de la paz? Todo el mundo –incluida la Unión Europea y los Estados Unidos– sabe ahora que hemos de incluir pasos hacia la paz en el itinerario. Una simple retirada mañana no serviría al proceso de paz y provocaría nuevos conflictos. Cualquier señal que demos como Unión Europea en este momento es crucial.
Hemos de recordar lo siguiente: el acuerdo se firmó en 1975, el Acuerdo de Paz de Oslo se firmó en 1993, y a partir de ese momento, la Unión Europea ha apoyado la independencia de la Autoridad Nacional Palestina, le ha dado más de 2 000 millones de euros y ha realizado un trabajo muy bueno. En Oslo, los dos socios acordaron que ambas zonas, las diferentes zonas, incluida la Autoridad Nacional, eran parte en el comercio con la Unión Europea. Así pues, al margen de si la política de asentamientos es correcta o equivocada, la zona en la que están situados los asentamientos es un socio de la UE, ya sea a través del acuerdo con las Autoridad Nacional Palestina o a través del Acuerdo de Asociación CE-Israel.
Por consiguiente, los comentarios hechos por sus Señorías de la izquierda que han hablado primero son falsos. A través del Acuerdo de Asociación no se está explotando a nadie del lado palestino. Más bien al contrario: si lo suspendiéramos de la noche a la mañana, los palestinos que trabajan allí serían los primeros en sufrir las consecuencias. No son solo los colonos los que fabrican productos allí; también muchos puestos de trabajo palestinos dependen de ellos. Creo que la posición de la Comisión está muy bien equilibrada, pues deja claro a Israel que esto no implica un reconocimiento de los territorios ocupados, pero que habrá que encontrar soluciones, para que un acuerdo de este tipo funcione y para que no volvamos a avivar el fuego. Aplaudo el hecho de que Israel devuelva de nuevo a los palestinos los impuestos y los aranceles que les debían, y creo que en la Unión Europea no deberíamos dar una señal equivocada y suspender el acuerdo como han sugerido algunas personas Ello sin duda no ayudaría al proceso de paz. 
Napoletano (PSE ).
    Señor Presidente, los círculos del Gobierno israelí siguen alimentando una campaña política cuyo objetivo es representar la posición de la Unión Europea y sus instituciones como desequilibrada y, por consiguiente, destinada a simpatizar con y apoyar los derechos de los palestinos más que los de los israelíes. Todo ello es erróneo, y es un hecho que Israel ha ocupado el territorio palestino desde 1967 y que las instituciones europeas, incluido este Parlamento, han pedido repetidas veces al Estado de Israel que respete las reglas del Derecho internacional.
La preferencia básica de las instituciones europeas era una asociación constructiva, con la esperanza de alcanzar los mejores resultados a través de esta vía. Mientras existan fuerzas como las que hicieron posibles los acuerdos de Ginebra, hemos de seguir alentando esta esperanza e invirtiendo políticamente en esta posibilidad futura.
De hecho, desde 1995, la asociación EU-Israel se ha desarrollado en el marco de un acuerdo de asociación que prevé, entre otras cosas, un trato preferente de los productos israelíes en el mercado europeo. Sin embargo, desde 1967, Israel ha determinado el origen de sus productos sin establecer distinción alguna entre los que proceden de su territorio y los que proceden de los territorios ocupados en constante y repetida violación del Derecho comunitario, del Derecho internacional y de la Convención de Ginebra.
Hoy en día nos encontramos en un punto crítico en este asunto. De hecho, el protocolo sobre las normas de origen también está siendo modificado para permitir, por un lado, la ampliación paneuropea y, por otro, el sistema comercial entre Israel y Jordania. Sin embargo, ¿es posible imaginar esta ampliación sin que se haya resuelto la grave disputa con Israel? En 2000, el Consejo reafirmó la necesidad de respetar el Derecho internacional conforme a la Cuarta Convención de Ginebra en las relaciones comerciales con Israel. En 2001, el Comisario Patten calificó de violaciones las continuas exportaciones de los asentamientos sobre una base preferente. En 2003, el Consejo decidió llegar a un acuerdo bilateral con Israel. Llegados a este punto, señor Comisario, deseaba formularle tres preguntas, pero dada su respuesta, formularé dos. La primera es que me parece que ha dicho usted que la Comisión no puede aceptar un acuerdo que no prevea la interrupción de esta práctica ilegal; ahora bien, ¿cómo pretende la Comisión abordar este debate con el Consejo, dado que parece que algunos Estados miembros no comparten esta opinión? Por ultimo, ¿está preparada la Comisión para consultar al Parlamento antes de tomar una decisión en este ámbito?
Nordmann (ELDR ).
   – Señor Presidente, la parte de las exportaciones procedente de los asentamientos representa un porcentaje irrisorio de las exportaciones israelíes, sin duda inferior al 5%. Es decir, que la importancia que se da a esta cuestión traduce un fuerte sentimiento antiisraelí por parte de algunos oradores. Es importante situar el debate en su contexto y recordar que los acuerdos de Oslo prevén mecanismos aduaneros unificados.
Por tanto, la cuestión real es saber si es preciso identificar determinados productos de modo especial. Al parecer, los israelíes estarían dispuestos a aceptarlo. No hay duda de que unas negociaciones en torno a una fórmula de este tipo solucionarían el problema, que en realidad es relativamente menor. Con respecto a la creación de una categoría especial, creo que 60 años después de la liberación de Europa todavía debemos cuidarnos mucho de imponer una nueva estrella de David amarilla, aunque solo se aplique a los productos.
Turchi (UEN ).
    Señor Presidente, en mi opinión todo este debate va en contra de la historia, la cultura y la identidad de la izquierda europea. ¿Por qué estamos hablando de una cuestión como esta, por qué razón? No hablamos de algo para contribuir a la paz o sentar a ambas partes en torno a la mesa, sino que hablamos de un pretexto legal sin repercusiones, ni siguiera económicas. ¿A qué nos llevará esto? ¿Qué deberíamos hacer mañana por la mañana con las nuevas etiquetas? ¿Creen ustedes, entonces, que mañana por la mañana seguirá habiendo una importante violación del Derecho internacional sobre esta cuestión? ¿O deberíamos hablar entonces acerca de la violación del Derecho internacional que suponen las afirmaciones hechas hace unos días en nuestra institución por Abú Alí, cuando definió a Hamás como una fuerza política normal y general, en lugar de como un factor que contribuye al terrorismo internacional? Esto sí que constituye una violación del Derecho internacional y no un debate sobre temas de esta índole. Además, los asentamientos por los que se ha luchado duro, que se han puesto tantas veces sobre el tapete en este debate acerca de los productos asociados, no están ayudando a poner fin a la paz, eso es seguro. Es sin duda el terrorismo el que evita que las partes se sienten a la mesa de negociaciones. Ahora hablamos de algo serio. Se lo digo a todo el mundo: contribuyamos a la paz. Se lo digo a la Comisión: no hagamos alegaciones absurdas cuando hablemos de esto, cuando aún hemos de aclarar la cuestión de los fondos destinados a ayuda humanitaria: ¿adónde fueron a parar realmente? Creo que cuando empezamos a debatir cuestiones jurídicas en esta Cámara, se acaba el diálogo; o nos escondemos detrás de pretextos jurídicos. Así que evitémoslo. 
Sandbæk (EDD ).
    Señor Presidente, es bastante increíble que la Comisión aún no haya encontrado una solución a la cuestión de la exportación procedente de Israel de mercancías con acceso preferente y que, sabiendo cómo ha insistido hasta ahora Israel en su propia interpretación de su propia zona, la Comisión quiera ahora, para colmo, dejar a Israel que proponga una solución que permita a los Estados miembros identificar las mercancías que se han producido en los asentamientos ilegales, para que se les pueda aplicar aranceles.
Si seguimos sin aplicar aranceles a las mercancías procedentes de los territorios ocupados, estaremos reconociendo la ocupación israelí, y eso es algo que, como UE, no podemos hacer. Además, la UE tiene el deber de cumplir sus propios acuerdos comerciales y, salvo que Israel presente muy rápidamente una propuesta que lo haga posible, creo que la única solución a esta cuestión es que la Comisión informe a los Estados miembros que han de someter todos los certificados de origen israelíes a un procedimiento de verificación. 
Pannella (NI ).
    Señor Presidente, Comisario Liikanen, Señorías, he de admitir que no sólo en la intervención del Sr. Turchi, con quien estoy ciertamente de acuerdo, sino también en las intervenciones de la Sra. Morgantini y del Sr. Laschet, he detectado una atmósfera diferente a la que hemos visto hasta la fecha. La intervención del Comisario es una intervención que, automáticamente en cierto sentido, confirma la posición de la Comisión. Me temo que la Comisión habría dicho lo mismo si hubiésemos debatido sobre la situación en Vietnam, y lo habría hecho sobre la base de su habitual proceder, es decir, uno en que, en lugar de controlar los derechos y la ley, habría controlado y protegido las relaciones con el poder vietnamita, un poder asesino.
Sin embargo, hoy me parece que el tono de la Comisión está en cierta medida justificado por las mismas razones que han indicado la Sra. Mogantini y otros. El deseo de estrechar el foco en el marco de una situación compleja que se nos está escapando de las manos es, creo yo, un error de método. Lo que detecto no es el amor a la verdad, sino la pasión del tipo exhibida por la colega comunista francesa que habla acerca del muro de la vergüenza. Hay muchos escándalos que su partido, que ha guardado silencio hasta 2004, debería denunciar.
Señorías, al final de esta legislatura, el verdadero problema –y estoy concluyendo– es el hecho de que sigamos olvidando que las razones históricas que nos permitieron realizar los progresos que hemos hecho en Europa hasta la fecha tuvieron su origen en la afirmación –muy bien resumida en el Manifiesto de Ventotene de Altiero Spinello– según la cual el Estado nación autónomo no puede producir democracia, libertad, progreso o verdad. Cuando imaginamos que sí puede seguimos, por ejemplo, postulando erróneamente el Estado nacional de Palestina como el problema que hemos de resolver en nombre de los palestinos y los israelíes. Creo que a Israel le falta demasiada imaginación, fuerza y rigor en este ámbito. Los partidos israelíes se parecen demasiado a los suyos; son europeos. Me gustaría acabar diciendo: esperemos, al final de esta legislatura, que los ideales federalistas y el método federalista prevalezcan rápidamente, con la adhesión a la Unión Europea de Israel y del Estado palestino del tipo que desean ustedes ver: uno basado en la libertad y no en el abuso del poder. 
Bremmer (PPE-DE ).
    Señor Presidente, como ha demostrado el debate, esta es una cuestión complicada y delicada. En este sentido estoy de acuerdo con los anteriores oradores, sobre todo con mi colega el Sr. Laschet.
Claramente, surgen serias preguntas acerca del acceso preferente al mercado comunitario para los productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Por lo que comprendo, la importación preferente de estos territorios constituye una violación del Derecho comunitario. Ahora comprendo que la Unión Europea quiera modificar el Acuerdo de Asociación con Israel añadiendo una acumulación de origen paneuropea, y también la aplicación de la acumulación de origen jordano-israelí. Sin embargo, la cuestión es si un sistema de acumulación como este es posible sin que se solucione el problema de la importación preferente de productos de los Territorios Ocupados.
En mi opinión, es de suma importancia que se consulte al Parlamento Europeo a tiempo antes de que se modifique cualquier parte del acuerdo existente. Estoy de acuerdo con los anteriores oradores: es importante que, a ser posible, ello tenga lugar antes de finales del actual mandato de la Comisión.
Hemos de conceder mucha importancia a una explicación clara de estos problemas por parte de la Comisión. ¿Cree la Comisión que hay posibilidades de resolver los problemas que han surgido con Israel en un plazo de tiempo razonable? Doy las gracias al Comisario por su primera respuesta y espero su segunda respuesta.
Como ha observado el anterior orador, esta es en efecto una medida que no va a favor ni en contra de Israel. 
Menéndez del Valle (PSE ).
    Señor Presidente, nos hallamos ante un sarcasmo, una paradoja, diría. Estamos discutiendo aquí sobre la legalidad y la legitimidad de productos originados en unos entes, los asentamientos, que el Derecho internacional considera ilegales. Establecidos por la fuerza militar en territorios ocupados y cuya evacuación la Unión Europea, las Naciones Unidos, los Estados Unidos, incluso, y la práctica totalidad de la comunidad internacional consideran imprescindible para que sea posible construir un Estado palestino viable que conviva pacíficamente con el Estado de Israel.
En cuanto al asunto sobre el que se basa este debate, alcanzar una aplicación correcta del Acuerdo de Asociación CE-Israel, no me importa qué se haga ni cómo se haga, no me importa qué derecho se aplique ni cómo. Pero debe quedar claro que Israel no puede continuar aplicando unilateralmente el Acuerdo de Asociación a unos asentamientos que deben desaparecer para que la paz sea posible.
Esa continuidad jurídica de aplicación unilateral constituiría otro sarcasmo, un escarnio, una humillación que, al menos, este Parlamento debe combatir.
No es este el momento, ni tengo tiempo para ello, para volver a denunciar la obvia ausencia de voluntad política del Gobierno Sharon para lograr la paz. Baste aquí y ahora insistir en el tema que esta mañana nos ocupa, y que no es otro que el Gobierno de Israel no puede otorgar pruebas de origen a productos que, en virtud del Derecho comunitario, son inelegibles como objeto de trato preferencial a causa de su procedencia de las colonias establecidas en los territorios palestinos ocupados.
Hemos de recordar, una vez más, la clara manifestación de la Comisión el 10 de mayo de 2001, de que las exportaciones de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza, en el marco del trato preferencial, son violaciones de los acuerdos comerciales entre la Comunidad e Israel. 
Aunque solamente sea a efectos tácticos, no está mal recordar que este Parlamento aprobó el 10 de abril de 2002 una resolución sobre Oriente Próximo en cuyo apartado 8 se pide a la Comisión y al Consejo la suspensión del Acuerdo de Asociación Euromediterráneo entre la Comunidad Europea e Israel.
Lucas (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, es obvio que si la legislación de la UE pretende ser creíble, tiene que cumplirse debidamente. Conforme a las Convenciones de Ginebra, los Territorios Ocupados no forman parte de Israel y, por lo tanto, los productos de los asentamientos no pueden considerarse incluidos en este acuerdo. Si la Comisión va a plantear nuevos planes –como sería conveniente–, entonces no debería hacerlo antes de que el Parlamento se disuelva en junio, para darnos tiempo a examinarlos debidamente.
Sin embargo, estoy de acuerdo con los que dicen de que es hora de examinar medidas más amplias relacionadas con la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel, ya que contiene una importante cláusula sobre derechos humanos que establece que se suspenderá si cualquiera de las partes abusa de los mismos. La UE se enorgullece de insertar estas cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales. Sin embargo, si existen tenemos que actuar conforme a las mismas; de lo contrario, no serían creíbles. Por consiguiente, es hora de suspender este acuerdo, debido no sólo a los abusos de los derechos humanos asociados a los asentamientos, sino también a los relacionados con el nuevo muro de segregación, que no tiene nada que ver con la seguridad y sí mucho que ver con una apropiación ilegal de tierras. Está destruyendo vidas y modos de vida. Si la UE no suspende este acuerdo, no sólo será culpable de una injusticia para el pueblo palestino, sino también de socavar sus propias leyes y su propia legislación. 
Pannella (NI ).
    Señor Presidente, es correcto, he hecho una observación totalmente ridícula que me gustaría corregir de inmediato. Pensaba e imaginaba que la Sra. Morgantini podía hablar como la Sra. Napoletano. Ruego me disculpe, señora Napoletano, y atribuyamos a la Sra. Morgantini lo que ha dicho. Sigue retratando la guerra, de la que queremos salir, desde un punto de vista que no comparto. 
El Presidente.
   Un ejemplo de , elegancia y cortesía italiana. 
Belder (EDD ).
    Señor Presidente, espero dar un ejemplo de sentido común neerlandés. El 4 de septiembre de 2003, esta Cámara ya debatía sobre la aplicación correcta del Acuerdo de Asociación CE-Israel. En dicha ocasión, cité la conclusión del Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés de que «en el caso de la mayoría de los productos que llevan un certificado de origen israelí, los Países Bajos pueden asumir que las conclusiones sacadas por los servicios aduaneros israelíes sobre el origen de los productos se han obtenido de forma legal. Esto significa que todos cumplen las condiciones del protocolo de normas de origen.»
El año pasado, pregunté a la Comisión si podía suscribir esta conclusión de La Haya para los demás Estados miembros. En aquel momento no obtuve ninguna respuesta. Quizás hoy el representante de la Comisión sea más comunicativo. Sin embargo, no me desanimaré, y formularé una segunda pregunta ¿Acaso la imposición adicional de aranceles a importadores de productos supuestamente procedentes de los asentamientos israelíes es una política unilateral? ¿Cuál es la opinión de la Comisión al respecto? 
Gutiérrez-Cortines (PPE-DE ).
    Señor Presidente, me sorprende que, habiendo dicho el Comisario, Sr. Liikanen, que la Unión Europea va a aplicar con rigor las normas vigentes, dudemos acerca de la revisión del acuerdo con Israel que se está llevando a cabo en este momento.
No tengo por qué dudar de que la norma se aplicará, pero sí tengo muchísimas dudas de que este Parlamento -o una minoría del mismo- quiera favorecer la paz entre la Autoridad Palestina e Israel. De siempre he tenido la convicción de que, si queremos la paz, no podemos jugar a ser "los malos" y penalizar constantemente a una de las partes. Si queremos tener credibilidad, deberíamos jugar a lo positivo, y si queremos suplir o, por lo menos, compensar el influjo de los Estados Unidos -del que muchos hablan aquí- sobre Israel, y que Israel confíe en Europa, lo que no podemos hacer es buscar siempre el castigo.
Si los territorios ocupados van a pasar en breve -y esperemos que así sea- a manos de la Autoridad Palestina, ¿por qué dejarlos arruinados? ¿por qué arruinarlos? Porque aquí hay mucha falsedad. La zona palestina sí que tiene un sistema de favor, al igual que la zona israelí. El problema es que existe esa contradicción, esa aporía, de que ese territorio es al mismo tiempo palestino y de Israel, tal y como lo consideran los israelíes.
Debemos buscar los puntos de encuentro, busquemos la paz. Necesitamos tener credibilidad ante el pueblo de Israel, y no creo que lo vayamos a conseguir con una "política de tierra quemada". Además, con una política de este tipo, la inversión posterior de los palestinos para incorporar esos territorios será mucho más elevada. Entonces, repito, ¿por qué no buscamos los puntos de encuentro?, ¿por qué no ofrecemos la mano tendida de Europa a Israel? He de repetir que no entiendo por qué no lo hacemos.
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, según el Acuerdo de Asociación, los productos procedentes de los Territorios Ocupados no son productos israelíes. Así es cómo hemos de examinar este expediente. Es simbólico, y los símbolos son importantes en cuestiones de guerra y paz, especialmente ahora. El muro que Israel está levantando ahora es más que un símbolo. No tiene nada que ver con evitar el terrorismo, sino que su objetivo es impedir que los palestinos lleguen al agua y a los recursos hídricos de los que dependen para la agricultura y para sobrevivir en sus pueblos. El derecho al agua es un derecho humano, y dado que se violan este y otros derechos humanos, pido que se suspenda el Acuerdo de Asociación. 
Liikanen,
   . Señor Presidente, haré unas cuantas observaciones generales seguidas de respuestas a preguntas específicas.
La Comisión aprovecha todas las oportunidades de encontrar una solución satisfactoria para garantizar una correcta aplicación de la legislación comunitaria y para proteger los recursos de la Comunidad. Por este motivo, trabaja en estrecha cooperación con las autoridades aduaneras de los Estados miembros y mantiene un diálogo constructivo con las autoridades israelíes. Este planteamiento está dando resultados; se recuperan los derechos de aduana sobre los artículos provenientes de los asentamientos. Alguien ha preguntado sobre el destino de los derechos de aduana. Se incluyen en la parte general de los ingresos del presupuesto comunitario. Israel está dispuesto a cooperar para alcanzar una solución satisfactoria.
Por último, quiero recordarles que la política de la Unión Europea hacia Israel se basa en la asociación y la cooperación. Se ha formulado una pregunta específica sobre la modificación de la acumulación de origen. Quisiera reiterar la declaración del Consejo de Asociación del pasado mes de noviembre, que recuerda que en julio de 2003, en la tercera reunión ministerial euromediterránea, los Ministros refrendaron un nuevo protocolo sobre las normas de origen que permite la ampliación de la acumulación paneuropea de origen a los países mediterráneos. La siguiente fase será la modificación de los protocolos de origen en los actuales acuerdos de asociación bilaterales con el fin de introducir los cambios necesarios para la aplicación de la acumulación diagonal.
Quisiera destacar especialmente que la UE toma nota del apoyo de Israel a este proyecto. La UE destaca la importancia de resolver el problema bilateral de las normas de origen antes de que se enmiende el protocolo original. La posición de la Unión Europea es clara. 
El Presidente.
   Muchas gracias, Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.(1)

Informe (A5-0117/2004) del Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos (versión codificada)
Mulder (ELDR ),
   . – Señor Presidente, el primer presupuesto modificado para 2004, sobre el cual se votará en breve, tiene que ver con la adhesión de los nuevos Estados miembros el 1 de mayo de este año. La Comisión de Presupuestos ya ha aprobado este presupuesto por unanimidad y, en principio, el Parlamento en su conjunto ya lo aprobó todo en diciembre del año pasado. Por razones jurídicas, ahora hemos de hacerlo oficial, y ello podrá tener lugar dentro de poco. Me gustaría señalar que los observadores en la Comisión de Presupuestos han desempeñado un papel muy activo y constructivo a la hora de elaborar el presupuesto con respecto a los nuevos países, y nosotros, en la Comisión de Presupuestos, hemos aumentado determinados créditos de pago. Algunas personas en el Consejo piensan siempre que el Parlamento es demasiado generoso con el dinero y que, por así decirlo, tiene tendencia a despilfarrarlo. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que con la ampliación a través de la adhesión de diez nuevos países, el porcentaje de renta nacional bruta que se gasta en el presupuesto europeo es de 0,98%, el porcentaje más bajo desde 1990. Esto me induce a pensar que el Parlamento maneja bien el dinero. Si piensan ustedes votar a favor –y espero que muchos lo hagan– ya no habrá obstáculos financieros para la adhesión de todos los nuevos Estados miembros a la Unión Europea el 1 de mayo de este año 
El Presidente.
   Señor Mulder, nunca habríamos esperado que un ponente neerlandés tuviese un agujero en su bolsillo.
  Señor Presidente, con respecto al informe Matikainen-Kallström sobre la represión del tráfico ilícito de drogas, no aparece la opinión minoritaria presentada de conformidad con el Reglamento en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Por tanto, solicito que dicha opinión minoritaria, que no aparece en el texto definitivo, se reintegre en el informe.
 Permítanme comprobar el registro de la comisión, pero si fue adoptado por la comisión, entonces se publicará.
Turco (NI ),
    Señor Presidente, simplemente quería recordar que desde 1996, con el informe Nassuer, este Parlamento ha rechazado todas las propuestas del Consejo en relación con Europol, porque el Consejo no está de acuerdo en elevar Europol al plano comunitario y financiar esta organización con el presupuesto comunitario. Debido a ello, no se somete a Europol a control alguno, ni democrático ni jurisdiccional. Dado que el Consejo no está presente y que la Comisión de Libertades y Derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores hace un llamamiento, como ya ha hecho anteriormente, para que se rechace la propuesta del Consejo de acuerdo con el apartado 3 del artículo 68 del Reglamento, pido que procedamos inmediatamente a votar la propuesta. 
El Presidente.
   Señor Turco, tomo nota de su sugerencia.
MacCormick (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, casi tan importante como aprobar leyes juiciosas es procurar que se apliquen realmente, y por ese motivo resulta alentador leer el informe de la Comisión, que abordo en mi informe.
Sin embargo, tal como sugiere mi informe, existe un problema real debido al incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de los Estados grandes. El ejemplo más grave –que se menciona en la exposición de motivos– atañe al trato otorgado por parte del Estado italiano a un grupo de profesores universitarios a los que, al cabo de 14 años, todavía no se les han reconocido sus derechos, a pesar de dos resoluciones de esta Cámara. Acabo de tener noticia de que, a pesar de la decisión por parte de la Comisión Europea de solicitar al Tribunal de Justicia Europeo la imposición de una multa diaria de 309 750 euros, el Parlamento italiano acaba de aprobar una disposición que refuerza la discriminación ilegal contra estos ciudadanos. Lo considero indignante. Espero que la Cámara respalde mi informe.

Cappato (NI ),
   .  Señor Presidente, solo quería preguntarle a usted y a todos los demás de qué sirven las normas de intimidad, si incluso en la Unión Europea permitimos que no se respeten en absoluto. Mi informe no propone modificar la legislación sobre la intimidad, porque no hay ningún problema con la legislación, sino con su aplicación. Un ejemplo con el que muchos de ustedes estarán familiarizados: durante un año la Unión Europea y los Estados miembros han permitido que los servicios de seguridad de los Estados Unidos tengan acceso a las terminales de reserva para los vuelos transatlánticos, sin información, autorización ni control. Además, muchos de nosotros nos indignamos con los Estados Unidos cuando en realidad el problema reside en las normas que tenemos y que podríamos y deberíamos garantizar que se respetan, pero que no aplicamos, y el Comisario Vitorino ha revelado que dentro de poco pondremos en marcha un sistema europeo para hacer lo mismo. Por ello podemos ver por qué no aplicamos las reglas: porque ya nos estamos preparando para adoptar esos mecanismos que violan la intimidad.
Por ello espero que votemos unánimemente a favor del informe que condena estas situaciones. El problema es que cuando se trata de recurrir al Tribunal de Justicia y aplicar las reglas, la Comisión Europea, los Estados miembros, las autoridades de protección de la intimidad, y me temo, también el Parlamento, demuestran ser sumamente débiles e inadecuados. 
El Presidente.
   Señor Cappato, el tema al que usted hacer referencia –el sistema de registros de nombres de los pasajeros y el intercambio de datos con los Estados Unidos– será tratado expresamente en el informe Boogerd-Quaak el miércoles del próximo período parcial de sesiones.
Hernández Mollar (PPE-DE ).
    Señor Presidente, simplemente quiero anunciar a la Cámara que, de acuerdo con el Sr. Turco, hay una rectificación en la exposición de motivos.
Corbett (PSE ),
   . Señor Presidente, solo quiero tranquilizar a la Cámara por cuanto se trata, en gran medida, de un ejercicio de aseo.
Sin embargo, al mismo tiempo va reordenar nuestro Reglamento; va a cubrir una serie de carencias y solventar algunos aspectos técnicos que se han detectado, y va a permitir que el Parlamento, nuevamente ampliado, disponga de un nuevo conjunto de artículos, que se ha adaptado con vistas a la ampliación, de acuerdo desde luego con el apartado 8 del artículo 180 del Reglamento. 
Frassoni (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, el título del informe induce a error. Quiero decir a sus Señorías que una de las enmiendas que se van a someter a votación con respecto al informe Corbett propone un artículo que dificulta mucho la creación de comisiones temporales. Se refiere a la segunda votación, así que presten atención a lo que hacen, Señorías.
Sé que es muy tarde, pero por favor tengan en cuenta que esto supone que algunos trabajos valiosos, como el realizado en este Parlamento en el asunto , no resultarían factibles, caso de que aprobáramos esta enmienda. 
El Presidente.
   Se va a realizar una votación separada sobre esa enmienda. Ahora estamos en el turno de votaciones, no en un debate.
Schnellhardt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, hoy vamos a votar sobre el informe Paulsen. Las enmiendas a este informe no han estado a disposición en todos los idiomas hasta esta mañana. Lo considero un informe muy importante y hay muchas enmiendas. No puedo adoptar una posición clara sobre este informe hoy, y por ello pido que la votación se aplace hasta mañana. 
Roth-Behrendt (PSE ).
    Señor Presidente, hemos podido debatir el informe de la Sra. Paulsen desde la semana pasada. El Consejo no nos ha dado ninguna indicación de que siga pensando que hay margen de maniobra. Por ello no veo razón alguna para posponer la votación de hoy. Estamos bien preparados y también queremos votar hoy. 
Paulsen (ELDR ),
   .  Señor Presidente, creo que vamos a votar ahora. Hemos tenido una oportunidad y hemos mantenido estrechos contactos con los ponentes alternativos y los grupos que se han interesado por el contacto. 
El Presidente.
   ¿Cuál es la opinión de la Presidenta de la comisión, Sra. Jackson? 
Jackson (PPE-DE ).
    Señor Presidente, la única puntualización es que si usted aplaza hoy esta votación, se encontrará con el problema de que mi Comisión va a producir una avalancha de informes en el futuro, por lo que casi es mejor que se aborde ahora. 

MacCormick (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento quiero referirme a una cuestión que se ha mencionado en el debate de esta mañana. Atañe a las declaraciones de intereses en esta Cámara, cuando estos son de carácter más familiar que directamente personal. Ha sido objeto de diferentes artículos de prensa, incluido un editorial del de Londres, que por lo menos ser un periódico serio.
La Sra. Fourtou ha venido observando todo este tiempo un comportamiento de extrema honradez y buena voluntad, pero se ha visto abocada a la posición injusta de elaborar un informe y ser luego acusada de no haber declarado unos intereses. Tenemos que dejar bien claro si hay que declarar intereses familiares y cuándo hay que hacerlo.
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, me gustaría comentar lo que ha dicho el Sr. MacCormick. El Defensor del Pueblo Europeo ha pedido a la Comisión que lleve a cabo una investigación con el propósito de aclarar estas declaraciones financieras. Quisiera pedirle a la Comisión que responda al Defensor del Pueblo Europeo, pues los asuntos son como ha descrito el Sr. MacCormick. Hay cosas muy poco claras, y es preciso aclararlas cuando se reúna el nuevo Parlamento. Quisiera pedirle a la Comisión que responda a la investigación del Defensor de Pueblo sobre la misma cuestión. 
El Presidente.
   Señor MacCormick, usted ha planteado una cuestión válida, que pondré en conocimiento de la Mesa del Parlamento, con independencia de lo que la Comisión u otras instituciones decidan hacer.
Cappato (NI ).
    Señor Presidente, quiero señalar un problema lingüístico con la enmienda 83 antes de la votación. La versión inglesa dice «». La versión italiana dice «incautación de las mercancías controvertidas». Por lo tanto la versión inglesa hace referencia a mercancías que son ilegales, mientras que la versión italiana se refiere a las que podrían ser ilegales. No creo que debamos añadir, de la forma precipitada con la que nos hemos visto obligados a actuar por el procedimiento seguido, otra limitación a las medidas que ya parecen bastante restrictivas. Lo mismo puede decirse de las «» que en inglés significa jueces que juzgan, mientras que en italiano, también hace referencia a jueces que investigan. Por consiguiente deberíamos aclarar si también vamos a conferir poderes de jueces investigadores, que espero no sea el caso, o solo poderes de jueces que juzguen. Todas estas cuestiones, sin las prisas, que nos habrían obligado a…
El Presidente.
   Nos aseguraremos de que las versiones en todos los idiomas se ajusten al texto inglés, que es el original.
Echerer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, yo también quisiera decir, en relación con la enmienda 53, que la versión inglesa es el texto válido. Es decir, que «» es el texto correcto. 
El Presidente.
   Tomo nota de ello. Una vez más, nos aseguraremos de que las versiones en todos los idiomas se ajusten al texto original.
von Boetticher (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, Señorías, el Consejo pretende establecer una agencia para la protección de las fronteras. Esta Cámara ha desarrollado un modelo alternativo, pero todos sabemos que el Consejo no le hará caso. Sobre todo, me gustaría llamar la atención de los miembros de la Comisión de Presupuestos sobre el hecho de que esta agencia, además de los 27 empleados que trabajan en ella, también ha de estar controlada por 27 miembros del Consejo de Administración y por un Consejo Ejecutivo formado por cinco miembros. ¡La Comisión y el Consejo realmente están creando un monstruo burocrático! Quiero pedir a la Comisión de Presupuestos que, antes de que apruebe la financiación de esta agencia, inicie un debate más profundo con el Consejo. No importa lo mucho que apoyemos el progreso en este ámbito, simplemente no podemos trabajar así en Europa. Espero que la Comisión de Presupuestos nos respalde en esta cuestión.

Bastos (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, hay un acuerdo con el Partido Socialista de que el considerando G se borraría y pasaría a formar parte de un paquete que incluye la enmienda 7. Ahora que la enmienda 7 ha sido aprobada, debería aprobarse la supresión del considerando G. 
El Presidente.
   En efecto, la enmienda 2 propone eliminar el considerando G.
Con esto concluye la votación.

Ribeiro e Castro (UEN ),
   . He votado a favor de este informe, que propone, sin enmiendas, la aprobación de una propuesta de la Comisión con la intención de codificar la Decisión 78/774/CEE del Consejo, relativa a las actividades de determinados terceros países en el campo del transporte de mercancías. Esta decisión del Consejo pretende establecer una serie de sistemas de información que permitirá mantener informadas a las diversas instituciones europeas acerca de las actividades de las flotas de terceros países cuyas prácticas podrían ser perjudiciales para los intereses marítimos de los Estados miembros y, sobre todo, en qué medida estas flotas pueden afectar negativamente a la competitividad de los Estados miembros que participan en el comercio marítimo internacional. Estos sistemas también deben facilitar el suministro y la consulta de información dentro de la Comunidad.
Así que con el fin de no destruir la esencia de los actos que se van a codificar, la propuesta de la Comisión se limita a recopilarlos y agruparlos en un documento, solamente sujeto a las enmiendas formales requeridas por el verdadero proceso de codificación. Este proceso también debería servir de aclaración, dado que la Decisión 78/774/CEE del Consejo ha sido objeto de enmiendas sustanciales en varias ocasiones. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Este informe aprueba la propuesta de reglamento de la Comisión encaminado a preparar a los países de los Balcanes Occidentales para la futura adhesión, familiarizándolos con las políticas y métodos de trabajo de la UE. Más concretamente, se permite a todas las personas físicas o jurídicas de los Estados miembros contempladas en el Reglamento (CE) 2666/2000 participar en licitaciones organizadas conforme a los programas comunitarios de asistencia previos a la adhesión. Por lo tanto, esta propuesta proporciona un impulso añadido al proceso de estabilización y asociación. Estas medidas abordan lo que se aprobó en el Consejo Europeo de Salónica. Por lo tanto, he votado a favor de este informe. 

Ribeiro (GUE/NGL ),
   . La introducción del nuevo reglamento financiero requirió que se adoptasen instrumentos básicos para varias subvenciones que se han financiado hasta la fecha sin necesitar un fundamento jurídico propio.
El objetivo de esta propuesta de decisión del Consejo y el Parlamento es establecer un programa de acción comunitario para las subvenciones de la Comisión en el campo de la protección de los intereses financieros comunitarios, el programa HERCULE. Este programa financiará en última instancia medidas específicas e incluirá subvenciones a órganos que trabajan en este campo.
Este informe mejora la propuesta de decisión y como tal merece nuestro apoyo. En primer lugar, el informe se ajusta a las decisiones de la autoridad presupuestaria acordadas a finales del pasado año, en otras palabras, un programa de acción para 2004-2006, que se financiará con unos 12 millones de euros. Dicho programa propone que las subvenciones se escalonen posteriormente de acuerdo con los objetivos (apoyo técnico, formación, intercambios de personal especializado y seminarios y conferencias) y que la OLAF presente informes sobre la ejecución y los objetivos del programa en curso. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Esta propuesta de decisión pretende establecer un programa de acción comunitario en el campo de la protección de los intereses financieros de la Comunidad (Programa HERCULE), y por supuesto, estoy a favor de ello.
Por una parte, este programa comprende subvenciones concedidas a actividades ocasionales, como programas de estudio, congresos o formación y, por otra, subvenciones de funcionamiento asignadas a entidades que trabajan en este campo, como asociaciones creadas para promover la protección de los intereses financieros de la Comunidad.
En efecto, el actual proceso de reforma de la Comisión, y en concreto la adopción del nuevo Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, requieren que se adopten instrumentos básicos para una serie de subvenciones que se han financiado hasta la fecha sin que queden encuadradas dentro de un instrumento básico específico. Entre las subvenciones que en el futuro necesitarán estar cubiertas por un instrumento básico, figurarán algunas de las que ha concedido hasta el momento la Comisión para proteger los intereses financieros de la Comunidad. El objetivo de esta propuesta es establecer este instrumento básico mediante el establecimiento de un programa de acción comunitario para las subvenciones de la Comisión en este terreno.
El objetivo de esta propuesta es constituir un instrumento básico de este tipo, estableciendo un programa de acción comunitario para la asignación de subvenciones por parte de la Comisión en este campo. Para concretar más, las medidas necesarias en los campos de la prevención y la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Comunidad, conforme a las disposiciones del artículo 280...

Ribeiro (GUE/NGL ),
   . En diciembre, el Parlamento aprobó el presupuesto para 2004, tanto el presupuesto comunitario para la UE de los 15 como, en colaboración con el Consejo, los valores indicativos para la ampliación a 10 nuevos Estados miembros. Por lo tanto, la atención se centró en un presupuesto comunitario para 25, aunque la ampliación no se produzca hasta mayo.
El objetivo de este proyecto de presupuesto rectificativo es establecer sumas fijas para la UE de los 25. La cuestión en este caso no es meramente técnica, ni principalmente de procedimiento.
La cuestión clave es el contenido del primer presupuesto de una UE ampliada a países en los que los ingresos medios por habitante son muy inferiores a la actual media comunitaria; un presupuesto con el gasto en pagos incrementado al nivel de la inflación; el presupuesto más bajo desde 1987 en términos reales; un presupuesto que no solo es incapaz de contribuir a la cohesión económica y social, sino que también institucionaliza la discriminación de los nuevos Estados miembros; un presupuesto que sienta un mal ejemplo del papel del Parlamento como autoridad presupuestaria, ya que año tras año acepta recortes y reorientaciones, que, pese a protestas encomiables, convergen con los designios de los signatarios de la «carta de los seis».
Este presupuesto no anuncia nada bueno para el marco financiero de 2007/2013. Se caracteriza por objetivos políticos dominados por la obsesión por la competitividad y en los que las cuestiones sociales son sustituidas por cuestiones militares y de seguridad. Sería difícil tener un presupuesto más explícito. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Los incendios forestales que se produjeron el pasado verano en Portugal dejaron un rastro de muerte y devastación, al arder el 11% de los bosques y el 5% del territorio portugués. Esto ilustra de forma clara la necesidad de financiar medidas de prevención de los incendios forestales que conserven el extenso y rico patrimonio forestal de la UE, especialmente en los Estados miembros del sur y la franja mediterránea, que se ven afectados por estos incendios cada año.
Sin embargo, también son necesarias medidas adecuadas en el ámbito comunitario. El nuevo programa de protección de bosques, Eje Bosques, que se aprobó el pasado año y que estará en vigor hasta 2006, incluye medidas para luchar contra la contaminación de los bosques. Sin embargo, las medidas necesarias para impedir los incendios forestales se asignan al desarrollo rural, socavando así la continuidad de medidas financiadas hasta el momento.
No debería olvidarse que, en varias resoluciones, el Parlamento ha solicitado más fondos para el programa de protección de bosques y para que se incluyan medidas de prevención de incendios. Por lo tanto, lamentamos que cuando se adaptaron las sumas de referencia para el programa, no se aprovechase la oportunidad para considerar las necesidades de la ampliación, con el fin de ajustar los objetivos y aumentar las asignaciones. Pese al gran incremento del área forestal de la UE, solamente se han añadido 4 millones de euros para los diez nuevos Estados miembros a la ya mísera suma de 61 millones de euros para este período...

Ribeiro (GUE/NGL ),
   . Durante el procedimiento presupuestario para 2004 se acordó que revisaríamos los importes de referencia para los 29 programas comunitarios adoptados por codecisión, para tener en cuenta las necesidades de los diez nuevos países para 2004-2006, dado que estos importes solamente se habían establecido para los quince Estados miembros actuales.
En la reunión de conciliación del 24 de noviembre, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo para aumentar los importes de referencia en 2,58 millones de euros, solamente unos 30 millones de euros menos que las propuestas originales del Parlamento.
Sin embargo, esto no puede considerarse una victoria, ya que las propuestas originales del Parlamento se ajustaban a los límites establecidos por las perspectivas financieras. Muchos de estos programas adoptados mediante codecisión ya contaban con una financiación escasa para los quince, y deberíamos haber aprovechado la oportunidad de hacer algunas correcciones generales a los programas y, en algunos casos, a los propios objetivos reales. Nos referimos a los programas complementarios a las acciones de los Estados miembros en campos como el sexto programa de investigación y desarrollo, el programa marco para la cultura, el Eje Bosques para la protección de los bosques, Life III, salud pública, juventud, educación, incluido Sócrates, y muchos otros.
Este informe, uno de cinco, valida un acuerdo que se queda corto con respecto a lo que se necesita, con la complicidad directa del Parlamento, y eso lo condenamos. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Aproximadamente el 15% de la población de la UE –más de 57 millones de personas– viven cerca del umbral de pobreza. Solamente en Portugal, más de dos millones de personas –más del 20% de la población– viven cerca de dicho umbral. Mientras no se haga nada por aliviar la grave desigualdad de rentas y el importante desempleo, que afecta a más de 14 millones de personas, los riesgos de pobreza y exclusión social aumentarán, y lo harán todavía más con la ampliación, que incorporará a diez países en los que la renta media es inferior al promedio comunitario.
Por lo tanto, es lamentable que el programa comunitario de medidas para luchar contra las exclusión y su prevención reciba solamente 75 millones de euros de financiación para el período 2002-2006, en otras palabras, un promedio de 15 millones de euros por año para los 15 Estados miembros actuales. Lo que es aún peor, el ajuste realizado para tener en cuenta las necesidades de la ampliación es de solamente 10 millones de euros o 2 millones de euros al año.
La complicidad del Parlamento en esta situación es lamentable, dado que la lucha contra la exclusión social y la pobreza debería ser una de nuestras prioridades clave, incluso teniendo en cuenta los objetivos limitados del programa actual. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   . He votado a favor del paquete de propuestas de la Comisión que tenemos ante nosotros (una propuesta para cada tipo de acto legislativo en cuestión: decisión , decisión, reglamento y otra sobre la propuesta de adaptar el importe de referencia del Sexto Programa Marco de Euratom) con el objetivo de enmendar los importes de referencia de los programas adoptados mediante codecisión, para tener en cuenta la ampliación.
Mediante la revisión de las perspectivas financieras para 2000-2006 para tener en cuenta la ampliación, el Parlamento y el Consejo deben revisar –al final del proceso presupuestario para 2004 y en consonancia con el proceso de codecisión– los importes de referencia para los programas adoptados mediante codecisión, dentro de los límites máximos de la adaptación y la revisión mencionadas de las perspectivas financieras.
Considero que el importe adicional propuesto –2,58 millones de euros, además del presupuesto original de 26,7 millones de euros– cubre las necesidades de financiación generadas por el actual proceso de ampliación, para este vital paquete de programas adoptado mediante codecisión y financiado con cargo a la Rúbrica 3 de las perspectivas financieras (políticas internas). Los resultados fueron excelentes en algunos casos y por tanto merecedores de grandes elogios y, por consiguiente, de nuestro apoyo inequívoco. 

Queiró (UEN ),
   . En la actualidad, conforme a la legislación vigente en esta materia, cuando un barco oficial de un Estado miembro localiza o persigue, en alta mar o viniendo de alta mar, un barco sospechoso de tráfico ilegal de drogas que navega con bandera de otro Estado miembro, no puede actuar contra dicho barco sin la autorización previa del Estado miembro del pabellón. Esta necesidad de autorización previa, así como el tiempo que se tarda en obtenerla, hacen que muchas operaciones contra el tráfico de drogas fracasen en alta mar.
El objetivo básico de la iniciativa española debe considerarse en este contexto. Este no consiste en más que reforzar la cooperación entre las administraciones aduaneras de la UE en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, permitiendo que, en situaciones especialmente urgentes, un barco oficial de un Estado miembro pueda actuar en alta mar contra un barco con bandera de otro Estado miembro, en aquellos casos en que existan motivos fundados para creer que se está utilizando para el tráfico ilícito de estupefacientes, sin haber obtenido la autorización previa de dicho Estado miembro.
A pesar de que esta iniciativa se limita a las infracciones resultantes del tráfico ilícito de drogas en alta mar y dadas las enmiendas añadidas por la ponente –aunque no todas nos agraden–, he votado a favor de este informe. 

Coelho (PPE-DE ),
   . En las últimas décadas se ha producido un tremendo aumento de la inmigración ilegal y del tráfico de personas. Por lo tanto, necesitamos nuevas formas de lucha contra este tipo de delitos.
Es importante prestar especial atención a la situación de las víctimas de este tipo de delito. Hay que proporcionarles protección y ayuda, especialmente si se trata de menores o de personas de un grupo igualmente vulnerable. Estos inmigrantes son explotados por redes de traficantes, y teniendo en cuenta su situación clandestina, para ellos es muy difícil escapar, ya que con frecuencia temen acudir a las autoridades competentes.
Apoyo esta propuesta de Directiva, por considerar que realizará una importante contribución a la ayuda a las víctimas y a la captura de los delincuentes. Se concederán permisos de residencia de corta duración a las víctimas de una acción para facilitar la inmigración ilegal o el tráfico de personas que cooperen con las autoridades competentes.
En general, las enmiendas propuestas tienen como objetivo mejorar la situación de las víctimas. Se ha sugerido la idea de un período de reflexión, para permitirles considerar si desean cooperar o no, lo cual puede ser difícil dadas las dificultades que pueden tener, no solo para hablar sobre su situación, sino...
Schröder, Ilka (GUE/NGL ),
   . Apoyo la idea de ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos. Sin embargo, ese no es ni mucho menos el tema de esta directiva. Sencillamente obliga a las víctimas a cooperar con las autoridades policiales bajo amenaza de expulsión. En cambio, una protección integral de las víctimas debe garantizar un permiso de residencia permanente, confiriendo con ello pleno acceso a la asistencia médica y social sin condiciones previas.
Hay que establecer una distinción muy clara entre la «trata de seres humanos» y el contrabando de inmigrantes. La trata significa simplemente ayudar a los inmigrantes a penetrar de forma ilegal en la Fortaleza Europa, con ánimo de lucro o como acto caritativo. La trata se sustenta sobre una decisión de emigrar, pero a menudo desemboca más adelante en unas condiciones de trabajo capitalistas enormemente explotadoras. La «inmigración ilegal» no es sino la reacción comprensible ante los esfuerzos de la UE por atrincherarse contra los flujos migratorios derivados de la pobreza mundial, la guerra y la explotación capitalista. La «inmigración ilegal» suele ser la única forma de entrar en el territorio de la UE.
Si realmente se desea ayudar a las víctimas de la trata y de la explotación, no deberíamos escudarnos en los intereses de las autoridades policiales europeas y sacudirnos de encima a las víctimas con permisos de residencia de corta duración.
Por el contrario, el libre acceso a la UE debe formar parte de un mundo libre, para que la gente pueda circular libremente. 

Queiró (UEN ),
   . La comunicación de la Comisión en que se basa este informe tiene por objeto mejorar el control de la aplicación de la legislación comunitaria, dada la necesidad de adelantarse al aumento natural de tareas derivado de la ampliación y para tener en cuenta la extensión del acervo comunitario. La Comisión propone varias acciones concebidas para mejorar el control de la aplicación de la legislación comunitaria. La comunicación detalla qué abarca la prevención realizada en estrecha y recíproca cooperación entre la Comisión y los Estados miembros; posteriormente describe las condiciones de la gestión eficaz del control y cómo se atienden las infracciones, que pasarán a ser aún más importantes tras la ampliación; por último, considera la posibilidad de modificar gradualmente la cultura del control, introduciendo la dimensión de la prevención de dicho comportamiento.
Por supuesto, existen aspectos positivos y negativos en el proyecto de informe del Sr. MacCormick. Entre los aspectos positivos se encuentra el considerando L: «Una deficiente calidad en la legislación comunitaria puede ser perjudicial para una correcta comprensión y aplicación del Derecho comunitario»; y«su deseo de una mayor cooperación entre los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de los parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros»
Estos puntos bastan para que yo vote a favor. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Tal como indica el informe, la garantía más eficaz de la adecuada aplicación de la legislación comunitaria comienza con la calidad de su legislación. La ley solamente puede entenderse y aplicarse correctamente mediante una legislación de alta calidad. El control adecuado depende efectivamente de la información, que es cualitativa –con respecto a las prácticas adoptadas en la aplicación real de la ley– y cuantitativa, relativa al número de directivas cuya transposición o aplicación efectiva se retrasa con respecto a los plazos establecidos o cualquier otra deficiencia.
Es importante destacar, en lo que respecta a esta medida, la importancia de la cooperación estrecha y recíproca entre la Comisión y los Estados miembros. Tal como señala acertadamente la comunicación de la Comisión, no bastará limitarse a castigar las infracciones; también es esencial que las impidamos antes de que se produzcan. Dicha acción preventiva debe implicar una colaboración más estrecha con los Parlamentos nacionales y un meticuloso cumplimiento de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad e idoneidad. 

Coelho (PPE-DE ),
   . La cuestión de los ataques con agentes químicos y biológicos contra los Estados miembros de la UE ha sido objeto de debate, especialmente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se ha adoptado un programa conjunto, que tiene por objeto mejorar la cooperación entre los Estados miembros en el terreno de la evaluación de los riesgos químicos, las alertas, la intervención, la existencia de medios de intervención y en el campo de la investigación.
Sin embargo, debemos ser realistas y racionales con respecto a las medidas que decidamos adoptar en caso de que nos enfrentemos a la amenaza de este tipo de ataque. Considero que la adopción de iniciativas presupuestarias y legales debe basarse en un claro análisis del riesgo que demuestre una verdadera probabilidad de ataques terroristas en la UE.
Por lo tanto, apoyo la recomendación de que debe realizarse un análisis realista de la amenaza planteada, que constituirá la base para una respuesta de la UE. Esta hará uso de la cooperación europea entre los cuerpos de policía europeos que implican a Europol y tendrá en cuenta los resultados de la cooperación entre los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Esta cuestión obtuvo un consenso prácticamente total en comisión, con los votos en contra de tan solo dos diputados.
El informe pretende mejorar la preparación y la respuesta ante ataques con agentes biológicos y químicos. Llega a la conclusión de que un sistema eficaz ante un ataque así estaría basado en cuatro pilares: un sistema eficaz de alerta temprana; un sistema eficaz de información; un sistema público de asistencia sanitaria bien desarrollado; y una planificación de emergencia en caso de catástrofe. Lo que se necesita de hecho es un marco de respuesta eficaz en caso de catástrofe, mucho más allá del mero almacenamiento de vacunas, que a primera vista puede parecer una solución simple, pero que no ofrece garantías de éxito.
Por consiguiente, he votado a favor. Desde los sucesos del 11 de septiembre, el terrorismo se ha convertido en una amenaza real. Debido a su naturaleza impredecible, la lucha contra el terrorismo debe adoptar la forma de prevención. Felicito al Sr. Schmid por su informe, pero también me gustaría sugerir un planteamiento algo distinto; de hecho deberían adoptarse medidas para frustrar ataques químicos y biológicos. Los ciudadanos estarán seguros ante ataques terroristas de cualquier tipo si éstos pueden neutralizarse a tiempo. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . El informe que tenemos ante nosotros plantea tal número de preguntas que sería imposible tratarlas todas en esta breve explicación de voto. Sin embargo, pese a que no estoy de acuerdo con la tendencia de algunas premisas y propuestas que incluye, el informe merece el reconocimiento de las críticas que hace sobre la actual represión de derechos y salvaguardas de la privacidad y la protección de datos personales –a raíz de las medidas adoptadas en determinados países con el pretexto de la «lucha contra el terrorismo»– que están socavando derechos y libertades fundamentales.
Quisiera destacar la crítica del informe al acuerdo negociado entre la UE y los Estados Unidos sobre la transferencia de datos personales de pasajeros trasatlánticos, que considera ilegal. El informe también critica la actitud de la Comisión y de algunos Estados miembros, acusándolos de connivencia con esta violación de la ley y del principio de legalidad. Así, los datos personales se transfieren a un tercero, o este accede a ellos directa o sistemáticamente sin informar al titular de los datos ni obtener su consentimiento. También quisiera señalar la necesidad de un control eficaz de Europol y Eurojust, o la preocupación por el refuerzo del SIS y los proyectos de ampliación de capacidades y competencias con el SIS II, así como la inquietud relativa al desarrollo del uso de datos personales biométricos. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Pese a que no estoy de acuerdo con la redacción de determinadas partes de este informe, considero que este contiene una serie de propuestas encaminadas a conservar la dignidad de las personas detenidas en los distintos países de la UE, la mejora de sus condiciones de detención y la salvaguarda y la promoción de su reintegración social.
El informe comienza con una alarmante imagen de la situación en distintos países de la UE en aspectos como la superpoblación de las prisiones, el aumento de la población penitenciaria, el aumento del número de detenidos a la espera de una sentencia definitiva, la drogadicción y el aumento del porcentaje de suicidios.
El informe realiza varias recomendaciones generales que acojo con agrado. Entre estas se encuentran el derecho del preso a tener acceso a un abogado, su derecho a la salud y la seguridad, a condiciones de detención decentes, a la reintegración profesional y social; la recomendación de proteger a los jóvenes y en especial a las mujeres embarazadas y las madres de niños de temprana edad; así como la recomendación de que el personal de prisiones reciba formación y disfrute de condiciones de trabajo decentes. Si se aplican, estas recomendaciones ayudarán a resolver los graves problemas que existen. 
Roure (PSE ),
   . – La situación en las prisiones de Europa es alarmante; el informe sobre el que nos pronunciamos hoy vuelve a plantear la inflación de la población penitenciaria, la superpoblación, el aumento del número de presos extranjeros y de los que esperan condena definitiva.
Un informe del Consejo de Europa recuerda también la persistencia de malos tratos, la inadaptación o la insuficiencia de las estructuras penitenciarias, de las actividades previstas y de la asistencia prestada, y el aumento de las toxicomanías.
Apoyo la redacción de una carta penitenciaria europea que recoja normas vinculantes para los Estados. Pedimos a los Estados que desbloqueen fondos para la modernización de las cárceles y para una formación más adecuada de la policía y del personal penitenciario. Proponemos una aplicación más extensiva de las penas de sustitución del encarcelamiento y la posibilidad de que los diputados europeos visiten las prisiones.
Las enmiendas que he presentado en comisión han sido todas aceptadas y pretenden reforzar el informe en varios puntos: debemos garantizar el acceso a unas estructuras de preparación para la reinserción a fin de reducir la reincidencia. Es esencial mejorar la protección contra la violencia entre presos y la prevención del suicidio. Los menores y las mujeres, en especial las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños, deberán recibir una protección especial.
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Por supuesto que estoy a favor de los derechos fundamentales de los presos y soy consciente de problemas como la sobrepoblación, el índice de mortalidad, suicidios y malos tratos, así como la naturaleza inadecuada de las instalaciones penitenciarias, que nos obligan a considerar la necesidad de adoptar determinadas medidas en este terreno.
Sin embargo, esto es competencia estricta de los Estados miembros. Por lo tanto, debido al principio de subsidiariedad, he votado en contra. 

Bastos (PPE-DE ),
   . La posición común adoptada por el Consejo coincide con las posturas previamente aprobadas por el Parlamento. Sin embargo, todavía contiene dos puntos que queremos que se modifiquen, de forma que permita iniciar la segunda fase del Programa DAPHNE (2004-2008), que ya lleva varios meses de retraso.
En primer lugar, la propuesta del Consejo hace demasiado hincapié en los autores de la violencia, creando un nuevo grupo objetivo en pie de igualdad con las víctimas de la misma. Apoyamos la necesidad de crear programas de tratamiento dirigidos también a los autores de la violencia y pedimos que solamente se haga referencia a estos en el párrafo sobre programas de tratamiento destinados tanto a las víctimas y las personas en riesgo como a los autores de la violencia.
El segundo punto es la creación de un centro de apoyo para las ONG, de forma que puedan mejorar sus proyectos, establecer vínculos con otros socios y disfrutar los beneficios del acervo del programa DAPHNE. La prestación de asistencia técnica es esencial en esta segunda fase del programa, sobre todo para las ONG que participan por primera vez, es decir, las de los nuevos Estados miembros. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Aunque la mayoría de las propuestas del Parlamento sobre la ampliación del programa DAPHNE hasta 2008 ya habían sido aceptadas e incluso después de que se hubiese aumentado la financiación a 50 000 millones de euros, hemos votado a favor de la postura de la ponente. Debemos pedir a la Comisión que mantenga el equilibrio de su propuesta con respecto a las víctimas y a los agresores, y garantice que no se les sitúe en el mismo nivel.
También estamos de acuerdo con las enmiendas presentadas por la ponente para garantizar que los nuevos Estados miembros puedan beneficiarse asimismo de este programa, a través de la creación de un centro de apoyo destinado a ayudar a las ONG a elaborar sus proyectos y a establecer vínculos, especialmente aquellas que participan por primera vez.
Sin embargo, es fundamental que los Gobiernos de los Estados miembros presten especial atención a este problema y no dejen la campaña de prevención de la violencia exclusivamente en manos de las ONG. Por ejemplo, en un reciente programa de un canal de televisión francés se criticaba el hecho de que no se hubiese realizado una campaña de sensibilización contra la violencia en ese canal. Sí existe una campaña así en España, y sin embargo más de sesenta mujeres murieron el año pasado y este año la cifra va por el mismo camino. Portugal se encuentra en la misma situación que España. 
Hudghton (Verts/ALE ),
   . Este Parlamento ha apoyado desde hace mucho el desarrollo de la segunda fase de este programa destinado a luchar contra la violencia hacia las mujeres y los niños y a combatir la trata de seres humanos, con especial atención a las mujeres y las niñas que puedan ser víctimas de abusos.
Acogemos con satisfacción el hecho de que el Consejo haya ofrecido su apoyo a este programa y haya adoptado algunas de las enmiendas de refuerzo de este Parlamento (incluido el aumento del presupuesto). Apoyo el texto de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y confío en que el Pleno apruebe un informe bien equilibrado, que debería garantizar que los nuevos Estados miembros puedan beneficiarse plenamente y que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta. 
Stirbois (NI ),
   . – Al día siguiente de la jornada dedicada a los derechos de la mujer, me alegra comprobar que también el Parlamento Europeo se interesa por ellos. Este mediodía se votan no menos de tres informes en esta materia. 
Por desgracia, los informes solo contienen generalidades y lugares comunes. El informe dedicado a la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, los niños y los jóvenes no es una excepción. En efecto, para atajar eficazmente dicha violencia, no hay que interesarse solo por las víctimas, sino también por los autores de esos actos. En primer lugar hay que de comprender las razones sociales, familiares, económicas o incluso religiosas por las cuales los individuos pierden el control y recurren a la violencia. En realidad, este informe se limita a constatar el aumento exponencial de este tipo de violencia y no se interesa por las causas reales de este comportamiento. De hecho, toda esta violencia suele derivarse de las mismas causas. 
La violencia hacia las mujeres no puede eliminarse sin abordar los factores que contribuyen directa o indirectamente a colocar a las mujeres en una posición de sumisión. Pienso muy especialmente en la condición de la mujer en el islam. En el islam, las mujeres se consideran inferiores y sumisas. Los derechos de la mujer no son en ningún caso secundarios. 

Raschhofer (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, en la votación de hoy sobre la directiva sobre derechos de autor he votado a favor de las enmiendas 101 ó 55 y 53. De lo que se trata, a todos los efectos, es de la introducción por la puerta de atrás de leyes sobre derechos de autor más estrictas, de fortalecer la posición de los grandes proveedores, mientras que, debido a ello, muchos pequeños proveedores serán incapaces de operar con éxito en el mercado. El motivo es que no pueden permitirse los trámites interminables y los derechos de patente. Asimismo, lo que está en juego aquí es el ámbito de aplicación de la directiva, que tiene la intención de abarcar el incumplimiento de los derechos de autor. Creo que esto se aplica cuando hablamos de objetivos comerciales con ventajas económicas directas e indirectas. Por ello, he apoyado la enmienda número 53.
No es verdad que esta directiva crea una mayor seguridad jurídica, ya que no existe una definición clara y uniforme. Si se pretende llevar a cabo la Estrategia de Lisboa, la UE necesita una legislación sobre patentes que proteja a las empresas e inventores económicamente débiles y por lo general pequeños, y que por lo tanto fomente la innovación. Lo que no necesita la UE es una legislación sobre patentes que conduzca a una monopolización de los derechos de patente. 
Berthu (NI ),
   . – El Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea viola los principios fundamentales que enumeré ayer en el debate, y también una serie de disposiciones de procedimiento del Tratado. 
En lo que se refiere a este último, puede afirmarse que viola el artículo 202 del Tratado CE, que prevé que puedan atribuirse competencias ejecutivas a la Comisión, pero no al Parlamento Europeo. Viola también el artículo 198 del Tratado CE, que dispone que «salvo disposición en contrario del presente Tratado, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría absoluta de los votos emitidos». Ahora bien, el Reglamento, en su artículo 5, determina que el Parlamento Europeo verificará la observancia de las condiciones de financiación «por mayoría de sus miembros», cuando el artículo 191 del Tratado no le otorga ninguna autorización para ello. Todo esto demuestra que esto es ilegal. 
El informe Dimitrakopoulos intenta corregir esta irregularidad reintroduciendo, en el Reglamento del Parlamento Europeo, la exigencia de que el resultado de la votación sea la «mayoría de los votos emitidos». Pero no hace más que aumentar la confusión y las contradicciones.
Todas estas anomalías, esperamos, proporcionarán al Tribunal de Justicia materia para declarar no conforme al Tratado este reglamento inoportuno y mal concebido.
Butel (EDD ),
   . – Los partidos políticos europeos, o más exactamente el maná que debería servir para su financiación, nos ofrecen un espectáculo desolador. Oigo así a la Sra. Voynet declarar su fe en Europa creando un Partido Verde Europeo y manifestar su preocupación por la falta de amor que los ciudadanos profesan por Europa. Dudo que el amor interesado de los Verdes y de todos los demás partidos políticos europeos que están desarrollando las estructuras necesarias para poder emerger refuerce la calidad democrática de la Unión Europea. 
El informe elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales se ha confeccionado a base de parches. Es un monstruo jurídico nacido del Reglamento (CE) n° 2004/2003, adoptado el 4 de noviembre de 2003 tras numerosos tropiezos y que actualmente es objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia que he presentado junto con otros varios diputados, mostrando de este modo que la delegación del Grupo por una Europa de las Democracias y las Diferencias está igualmente decidido a oponerse a esta nueva resolución. Además nos preocupan las nuevas responsabilidades político-financieras atribuidas a la Mesa del Parlamento Europeo, que será a la vez juez y parte. Es probable que genere además un trabajo adicional a muy corto plazo para el Tribunal de Cuentas y la OLAF.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Como podemos ver, se atribuye «una nueva misión, distinta de las “tradicionales”», en la que el «Parlamento ejerce poderes “externos”», en otras palabras, el control de los «partidos políticos europeos». Esto, por ejemplo, establecería el procedimiento de sanción para un «partido político europeo» que dejase de observar los «principios sobre los que se basa la UE».
Pese a que el informe pretende hacernos creer que tiene naturaleza técnica, considero que este informe es muy significativo políticamente. Establece el «Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos» que implanta –y esto es esencial– determinado modelo de partido político europeo y establece procedimientos para el acceso a la financiación, para los que deben cumplirse condiciones discriminatorias.
Son muchos los aspectos que hay que abarcar, pero es esencial mencionar lo extraño que resulta que el Parlamento esté a cargo de este proceso, ya que será juez y parte, y esto conforme a criterios y procedimientos que pueden provocar exclusiones por motivos totalmente políticos. 
También quisiera señalar que el objetivo original de todo este proceso era el de evitar la crítica del Tribunal de Cuentas a la financiación por parte de determinados grupos del Parlamento de sus respectivos «partidos europeos». Esta solución ha sido impuesta por los agentes dominantes en la UE, sin ningún apoyo genuino, por lo que votamos en contra. 
Gollnisch (NI ),
   . – El Parlamento parece ignorar que, en este procedimiento, han tenido lugar tres recursos presentados por distintas formaciones políticas para impugnar la legalidad del Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos europeos.
Hay que recordarle, pues, brevemente que la existencia de dichos partidos dista mucho de estar reconocida y que este Reglamento vulnera muchos principios, como son los de igualdad, de libertad de pensamiento y conciencia, de democracia, de separación de poderes, de pluralismo político y de subsidiariedad.
En primer lugar, el nuevo sistema permitirá atribuir una financiación a estos partidos no sobre la base de criterios objetivos, sino en función de criterios teleológicos, de finalidad política. Al imponer a los partidos que respeten «los principios en que se basa la Unión Europea», a los que no compartan una determinada doctrina europea les estará vedada toda financiación. Además, este control es impulsado y ejecutado por el propio Parlamento. No puede ser juez y parte a la vez. Este nuevo sistema va a generar todo tipo de discriminaciones. En efecto, al imponer umbrales muy elevados para constituir un partido político europeo, se intenta excluir a las nuevas formaciones. En este reglamento, la arbitrariedad reina en detrimento de la legalidad. ¿Quiere el Parlamento respetar la vida democrática? Si es así, entonces que rechace todos los atentados al pluralismo político.
Pasqua (UEN ),
   . – El informe que se nos presenta contiene las primeras medidas de aplicación del Reglamento relativo al estatuto y a la financiación de los partidos políticos a escala europea, adoptado en junio de 2003. Determina, en efecto, los órganos del Parlamento competentes para la asignación de la financiación pública a los partidos europeos.
Aunque he aprobado dicho Reglamento, no puedo suscribir el contenido del informe, que confía a la Mesa del Parlamento la asignación y la gestión de los fondos comunitarios. El motivo alegado –la Mesa se encarga ya de las cuestiones financieras relativas a la organización interna del Parlamento– no es a todas luces convincente.
La letra c) del artículo 3 del Reglamento hace de la financiación de los partidos una cuestión eminentemente política; el pago de las subvenciones comunitarias se somete a una obligación de lealtad política cuya interpretación no ofrece, ni mucho menos, todas las garantías de imparcialidad necesarias. 
Por consiguiente, es totalmente inaceptable hacer de la Mesa, órgano burocrático en el que sólo están representadas algunas tendencias políticas, la instancia encargada de decidir sobre la solicitud o la suspensión de la financiación pública. Dado que esta es de naturaleza política, las competencias en la materia deberían corresponder a un órgano abiertamente político, en este caso la Conferencia de Presidentes. 
Patakis (GUE/NGL ),
   . Hemos votado en contra del informe Dimitrakopoulos porque completa los procedimientos para la promoción de la idea central del Reglamento para los partidos europeos y su financiación, en otras palabras, la creación de agencias y mecanismos que crearán «una conciencia europea» y cultivarán la percepción de la política de sentido único, capitalista y contraria a los intereses de la gente común.
A cualquier oposición manifiesta se le negará la posibilidad de expresarse. Se están tomando medidas para amordazar a los opositores del sistema. Se están aboliendo derechos, como el derecho a la libertad de expresión y a fundar partidos políticos. Ateniéndose a las órdenes comunitarias y a las elecciones de las grandes empresas, el Parlamento Europeo se está convirtiendo en el juez de la «corrección política» de estos partidos.
Las mayorías decidirán sobre la legalidad de la existencia de las minorías, o al menos sobre las condiciones en las que se proyectan sus ideas y sobre si deberían otorgarse recursos para dicha proyección.
Las enmiendas propuestas por el Sr. Dimitrakopoulos apuntan en una dirección más conservadora. Mientras se conceden excesivos poderes a la más fácilmente controlable Mesa del Parlamento Europeo, el único derecho reservado para el Parlamento Europeo es decidir «por mayoría de votos emitidos» (ni siquiera por mayoría absoluta de sus miembros) si un partido observa o no los principios de la UE; es decir, si se adapta al molde de las grandes empresas de la UE y su sistema.
Votaremos en contra de este informe porque hace que el Parlamento Europeo pase de ser un foro para la yuxtaposición de ideas a ser el juez que decida sobre la existencia de las ideas adecuadas. 
Queiró (UEN ),
   . Cuestionamos el controvertido punto de que las decisiones sobre la creación de alianzas políticas o partidos políticos a nivel europeo, que no constituyen órganos internos del Parlamento, y sobre la asignación de subvenciones a estas organizaciones, sean competencia exclusiva del Parlamento. Esto es especialmente controvertido, dado que se basa en criterios vagos y elásticos, permitiendo que la toma de decisiones se realice basándose en motivos exclusivamente políticos, en donde los diputados serán juez y parte. Es precisamente debido a que la Mesa es el órgano con competencias para tomar estas decisiones por lo que he votado en contra de este informe. No todos los grupos políticos representados en el Parlamento forman parte de la Mesa, y sin embargo todos los grupos políticos deben participar en estas decisiones tan políticamente sensibles como las de crear organizaciones políticas que puedan acceder a fondos comunitarios. De no ser así, la transparencia de estas decisiones se vería comprometida. El Grupo Unión por la Europa de las Naciones ha presentado por lo tanto una enmienda con el objetivo de sustituir a la Mesa por la Conferencia de Presidentes, el órgano que reconcilia dicha representación. Dado que se ha rechazado esta propuesta, he votado en contra. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .  El informe que tenemos ante nosotros responde a la necesidad de modificar el Reglamento del Parlamento, dadas las nuevas competencias en los campos de la gestión financiera y del control de la legitimidad de los partidos políticos en el ámbito europeo. En mi opinión, esto socava las disposiciones de los Tratados.
La Mesa será responsable de la mayoría de las tareas relativas al funcionamiento del sistema de financiación, dado que es el órgano responsable de las cuestiones financieras y administrativas relativas a los miembros y a la organización interna del Parlamento.
Debo reiterar la necesidad –conforme a los principios de la idoneidad y la proporcionalidad– de que las disposiciones, especialmente las financieras, relativas a partidos políticos en el ámbito europeo, se amplíen y se apliquen realmente a todos los partidos políticos en el ámbito europeo, sin discriminación e independientemente de si forman parte o no de los partidos políticos europeos o de las alianzas europeas de partidos políticos.
Tal y como declaró el Sr. Berthu en su opinión minoritaria, temo que el nuevo sistema pueda introducir todo tipo de discriminaciones. También lamento que se haya rechazado una enmienda presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, que atribuía la competencia a la Conferencia de Presidentes, y no a la Mesa, lo que sería una garantía más sólida del pluralismo y la participación.
He votado en contra. 
Scallon (PPE-DE ),
   Creo que el estatuto de los partidos europeos, que prevé la financiación de los partidos políticos europeos, vulnera el principio de subsidiariedad. Corresponde a los ciudadanos de cada Estado miembro decidir si optan o no por subvencionar a los partidos políticos nacionales o a representantes independientes.
Los criterios de subvención por parte de la UE de tan sólo los partidos políticos de ámbito europeo excluyen, y por tanto discriminan, a los partidos nacionales más pequeños y a los independientes. Resulta además extraordinariamente preocupante que la decisión de si un partido gozará o no de subvención por parte de la UE sea tomada por una institución de la Unión Europea.
Todo ello apenas alcanza a respetar los principios fundamentales de la democracia y la subsidiariedad. 

Corbett (PSE ).
    Señor Presidente, antes dije que este era en gran medida un ejercicio de aseo, pero llamé la atención sobre el hecho de que el apartado 8 del artículo 180 se aplicaría ahora a todo el Reglamento del Parlamento. Esto significa que en el nuevo Reglamento que se ha de publicar a tiempo para el nuevo Parlamento –de hecho, probablemente a tiempo para el Parlamento ampliado en mayo–, las cifras en nuestro Reglamento quedarán ajustadas de forma automática para adaptarse al tamaño ampliado del Parlamento. Esas cifras hay que ajustarlas para que guarden la misma proporción en el caso del Parlamento ampliado que en el de este Parlamento. Por ejemplo, la cifra de 32 diputados necesarios para presentar una propuesta o una enmienda aumentará proporcionalmente.
Merced a lo que hemos votado, esto también resultará aplicable al artículo 29 en su nueva versión, que fija el tamaño mínimo para formar un grupo político en el Parlamento. La cifra en la nueva versión es de «16 diputados de al menos 5 países». Habrá que corregirla al alza hasta 19 diputados –o el número que sea– de al menos 5 países.
Sin embargo, dado que nos hemos percatado de que eso afectaría a los Grupos existentes en la Cámara justo para el período parcial de sesiones de mayo, existe una disposición que permite a los Grupos existentes continuar en las mismas condiciones hasta las elecciones, al margen de la modificación de este artículo. Esto significa que ninguno de los grupos existentes ha de temer quedar disuelto antes de la campaña electoral. Luego tendrán que estudiar su situación en el Parlamento de nueva composición tras las elecciones, lo mismo que los demás Grupos, sobre la base del veredicto del electorado. 
Beazley (PPE-DE ).
    Señor Presidente, creo que la Sra. Frassoni ha hecho un comentario sobre la votación de la enmienda 4. Una serie de votos fueron emitidos en bloque. Si estoy en lo cierto, creo que lo que planteó fue que las comisiones temporales dejarían de tener la misma consideración que han tenido en el pasado: el Parlamento no tendría capacidad para crear comisiones temporales. Señor Corbett, ¿estoy en lo cierto? 
El Presidente.
   No quiero favorecer un debate ahora, pero señor Corbett, haga el favor de responder brevemente. 
Corbett (PSE ).
    Señor Presidente, puedo disipar los temores de sus Señorías: la Sra. Frassoni estaba confundiendo las comisiones de investigación con las comisiones temporales. Aclararé el asunto de forma bilateral con ella. 

Paulsen (A5-0449/2003)
Schnellhardt (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, he votado en contra del informe Paulsen no tanto por su contenido –con el que no estaba totalmente familiarizado– sino por culpa del procedimiento. Tras la votación en comisión, nos enfrentamos a un resultado que hacía imposible la aplicación del reglamento. Esto reflejaba las muy diversas opiniones de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. A petición de la ponente, el Consejo ha presentado ahora, de forma bastante inusual, un nuevo texto con antelación a la votación en la Asamblea. La ponente acordó este texto con cuatro de los grupos del Parlamento y lo presentó a esta Asamblea en lo que considero una forma muy poco digna, presentándose nuevas versiones del texto en lengua inglesa día tras día durante la semana pasada. Hasta esta mañana no se presentaron todos los cambios al Parlamento, es decir, cambios en el texto del Consejo.
Ahora estamos ante un texto legislativo totalmente nuevo que no se ha debatido previamente en comisión. Esta Asamblea no ha tenido oportunidad alguna de adoptar una postura sobre este texto en comisión; en su lugar, el texto se presentó inmediatamente a la Asamblea para ser aprobado hoy mediante votación por mayoría no cualificada. Si hiciésemos que este sistema fuese el habitual, realmente contaríamos con un procedimiento muy rápido y podríamos tratar todos los textos legislativos en un plazo de cuatro semanas. El Consejo solamente tendría que presentar un texto, cuatro diputados de esta Asamblea le darían su aprobación y toda la Asamblea tendría que votarlo, porque no sería posible tratar su contenido real. 
Considero que esta forma de proceder es muy peligrosa, ya que el distintivo de un parlamento es la forma en que debate un tema y su diversidad de opiniones. No puede ser una dictadura por parte de unas cuantas personas de los Grupos, que explican de la noche a la mañana en una reunión del Grupo qué contiene el texto, sin que nadie sepa exactamente sobre qué se está votando en realidad.
Les insto a que reflexionen sobre esto y que en el futuro solamente se permita este procedimiento en casos excepcionales. Por supuesto, puedo entender que la Sra. Paulsen esté ansiosa por llevar a buen puerto su informe, ya que no volverá. Sin embargo, también podría haberlo logrado hablando conmigo. Pero esto no es lo que ha sucedido. Espero que tengan en cuenta esta cuestión y rechacen un procedimiento así en el futuro. 
El Presidente.
   La votación de hoy, que correspondía a una primera lectura, solo exigía mayoría simple. Hoy no importaba si contábamos o no con mayoría cualificada. Eso tendrá relevancia en una fase diferente del procedimiento. Como usted sabe –y he escuchado su comentario–, la Cámara es soberana. He aplicado el procedimiento correcto, he presentado la cuestión ante la Cámara, he seguido el consejo de la ponente, he invitado a hablar a la presidencia de la comisión parlamentaria, una mayoría se ha expresado a favor del procedimiento y luego he hecho lo propio, como es mi obligación. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Recientemente hemos padecido una serie de crisis alimentarias y ganaderas, como la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa, que ilustran la necesidad de elevar los niveles de seguridad alimentaria. Es preciso adoptar una legislación adecuada que abarque todas las fases de la producción y el procesado de alimentos, que garantice que los consumidores reciben la información que necesita y que establezca sistemas de control oficiales, garantizando así la conformidad con la ley y sanciones para los que la infringen.
Los alimentos y piensos deben ser seguros para la salud humana y animal. La seguridad debe ser la consideración primordial, por delante de cualquier objetivo comercial, ya sea el afán de lucro o el impulso del comercio. Se ha creado un vertiginoso clima de permisividad tras la abolición de las fronteras interiores y la liberalización gradual del comercio que, a su vez, ha conducido a una falta de inversión en recursos técnicos esenciales (como los laboratorios de referencia y los centros de investigación) y los recursos humanos (como la formación profesional). Hay que poner fin a esta situación.
Este reglamento forma parte del mismo planteamiento que otros en el ámbito del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que establece una serie de objetivos comunes en el campo de la seguridad alimentaria y sanciones comunes en el ámbito comunitario. En otras palabras, trata las consecuencias sin cuestionar ni el modelo de producción subyacente ni la liberalización.
Las propuestas incluidas en el informe carecen de lo necesario, a pesar de varias propuestas stasifactorias, como la aplicación de los mismos...
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Desde mediados de los noventa, la UE ha adoptado un número cada vez mayor de actos legislativos de salud y seguridad con respecto a los alimentos y piensos, con el objetivo de responder a las preocupaciones de los consumidores. El control y la inspección han desempeñado un papel crucial en esta respuesta.
Pero esto no es suficiente. Como destaca la ponente, es necesaria una mayor exigencia y un sistema legislativo común aplicable a todo el control oficial. El objetivo es una mayor seguridad, tanto para los consumidores como para los productores, y este informe constituye un paso más en el campo de la seguridad alimentaria, especialmente en los sectores de los alimentos para consumo humano y para los animales.
Soy consciente de que este es un tema que durante mucho tiempo ha sido prioritario para la Unión Europea y, como tal, apruebo las enmiendas presentadas por la ponente. Estas medidas aportarán grandes beneficios a los consumidores. 

Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, quisiera decir en mi nombre y en nombre de la Sra. Boogerd-Quaak que hemos votado en contra del informe Fourtou en la votación final. Realmente es importante que se adopten medidas para luchar contra la piratería, pero los reglamentos modificados van mucho más lejos. Concretamente, ampliar los reglamentos para incluir las patentes sería un error.
También estamos de acuerdo con la crítica del Sr. Schnellhardt al procedimiento, una crítica que también puede aplicarse en lo que respecta a este punto. Por ejemplo, el Grupo ha tenido muy pocas oportunidades de debatir esta cuestión antes de tener que tomar una decisión definitiva. También está justificado observar que más de 50 expertos destacados en legislación sobre propiedad intelectual en Europa apelaron al Parlamento para que analizase más detenidamente el tema, algo que sin embargo no hemos hecho.
También puede cuestionarse el fundamento jurídico, ya que el procedimiento se aborda ahora. Conforme al artículo 95 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea, la Comunidad no ha aprobado normalmente este tipo de procedimientos. Por lo tanto, quisiera señalar que hemos creado reglamentos que pueden dañar a las pequeñas empresas y que no se limitan a luchar contra la piratería, que es lo importante. 
Raschhofer (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, no he votado a favor de la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la financiación de los partidos políticos; no porque no esté de acuerdo con todo esto, sino porque es la consecuencia lógica del hecho de que ya en junio del año pasado mis colegas y yo votamos en contra del informe Leinen. La aplicación del reglamento de este modo equivale a la discriminación contra las agrupaciones de partidos de menor tamaño en esta Asamblea, que aunque son activos en el ámbito europeo, no están representados en ningún Grupo. Se presta apoyo financiero a las grandes agrupaciones de partidos, pero no a las pequeñas, creando así un enorme vacío democrático entre estos dos tipos de agrupaciones. Todos sabemos que los partidos y sus organizaciones dependen de las contribuciones financieras. Esto da lugar a reglas de juego desiguales entre los partidos en el ámbito europeo y no puedo votar a favor de ello. 
Turmes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, he votado en contra del informe Fourtou sobre la propiedad intelectual. En mi opinión, el Parlamento Europeo ha cometido un enorme error de juicio ético al votar hoy este informe. 
Aparte del hecho de que, con los votos de los diputados conservadores, socialistas y liberales, se ha reunido una mayoría favorable a una posición que, a mi entender, confiere demasiado peso a los intereses de las grandes multinacionales frente a los intereses de los ciudadanos en torno a la cuestión, a menudo no fácil de tratar, de la propiedad intelectual, en ello va la credibilidad del Parlamento Europeo. 
En efecto, ¿cómo explicar a los ciudadanos europeos que la ponente del Parlamento Europeo, que es la persona más destacada del Parlamento en relación con el tema tratado, está casada con el Sr. Fourtou, que no es otro que el presidente de Vivendi Universal? ¿Cómo puede explicar el Parlamento su política a los miles de ciudadanos europeos, sobre todo a los jóvenes que han descubierto la política europea sobre este tema a través del correo electrónico, permitiendo que la cuestión de la existencia de un interés personal planee sobre este texto? Pienso que el Parlamento Europeo ha cometido hoy un error muy grave.
El Presidente.
   – Gracias, señor Turmes.
Como sabe, el Sr. MacCormick ya ha formulado esta cuestión de otro modo. Por nuestra parte, voy a plantear la cuestión de la declaración de intereses, incluidos los familiares, a nuestra Mesa. Después, confiaré en la sabiduría de ésta. Se trata, evidentemente, de un tema muy discutido en esta casa. No me refiero a nuestra ponente, ni al informe de hoy, sino al principio. Es preciso que examinemos este problema.
Lund y Thorning-Schmidt (PSE ),
    Hemos votado a favor del informe de la Sra. Fourtou (A5-0468/2003) sobre las medidas y procedimientos para garantizar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y el paquete de compromiso negociado.
Para nosotros ha sido importante garantizar la protección a los ciudadanos y sus derechos y, al mismo tiempo, luchar contra el aumento de la piratería de marcas, las copias piratas y el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, la directiva asegura una mayor armonización de las normativas legales nacionales sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y ayuda a garantizar que se cumpla la legislación.
El compromiso implica que la propuesta está limitada a circunstancias de un importante carácter comercial. Este excluye las infracciones por parte de los consumidores que han actuado de buena fe y refuerza el derecho de las personas a realizar copias privadas conforme a la Directiva sobre derechos de autor. Esto significa que los jueces deben tener en cuenta la intención que hay detrás de las infracciones y garantiza la confidencialidad de información importante. Por otra parte, la adopción está de acuerdo con las obligaciones globales de la UE con respecto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También significa que la propuesta es proporcionada y que no hay que crear obstáculos al comercio.
Por último, consideramos importante que se apruebe la propuesta antes de la ampliación. La aaprobación con posterioridad a ésta podría implicar que la legislación futura solamente se adoptaría en el plazo de varios años, lo que provocaría el aumento de la actividad ilegal. 
Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR ),
    Hemos optado por votar en contra del compromiso sobre la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de derechos de propiedad intelectual, principalmente debido a las enmiendas al artículo 9 que se han presentado. Si se aprueban las propuestas para modificar el artículo 9, esto provocará un conflicto con la tradición legal sueca, especialmente en el principio de la criba libre de pruebas. Creemos que si se introducen estos cambios tan importantes en la legislación y por lo tanto en la tradición legal sueca, los cambios deberían elaborarse y considerarse detenidamente, y no con prisas, como ha sido el caso. Por lo tanto, no nos oponemos a modificar la legislación, pero no creemos que los cambios sean satisfactorios en su forma actual. 
Ribeiro (GUE/NGL ),
   . La cuestión tratada en este informe es difícil debido a su historia y sus ramificaciones de gran alcance.
Por nuestra parte, nos oponemos rotundamente a la piratería y las falsificaciones, y defendemos normas que promuevan el uso leal y libre de los descubrimientos e invenciones que pertenecen a toda la humanidad. Por lo tanto, la primera consideración es el objeto de la protección de la propiedad intelectual. ¿Deberían tratarse del mismo modo los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes? Pese a que nos oponemos rotundamente a la malversación y la comercialización del conocimiento humano y de lo que forma parte del patrimonio humano, reconocemos la dificultad de alcanzar un equilibrio entre derechos de propiedad legítimos y los beneficios sociales y colectivos de los artículos en cuestión. Sin embargo, esta es la teoría.
Si los mecanismos destinados a proteger estos derechos son incapaces de detener el comercio y el abuso, estos no deben ser tan laxos como para permitir o incluso fomentar la piratería y la falsificación. Un ejemplo de ello es el vino de Oporto, y otras denominaciones de origen similares que deben conservarse o crearse, dado que representa un patrimonio que es universal y, por lo tanto, local y nacional. Como tal, en nombre de la falsa liberalización, puede tener un devastador impacto económico, social y cultural, además de un efecto perjudicial sobre la salud.
La ponente ha demostrado cautela y, en este tema, la cautela es buena consejera. Sin embargo, el rechazo de determinadas enmiendas, especialmente las relacionadas con la tendencia «federalista», carentes de cautela, ha hecho que votásemos en contra. 
Zrihen (PSE ),
   . –Hay operadores económicos que cometen infracciones de los derechos de propiedad intelectual a gran escala comercial, engañando a los consumidores o usurpando la identidad, la reputación o los procedimientos técnicos de empresas que han invertido mucho para obtenerlos. Es legítimo, por tanto, que se tomen medidas legales especiales y suficientes para luchar contra esta plaga. 
Pero cediendo sin duda a la influencia de determinados grupos de presión, algunos han querido conceder demasiada flexibilidad al ámbito de aplicación de esta directiva. Esto es muy peligroso, pues abre la puerta al abuso de las medidas contra la falsificación. Estas podrán utilizarse contra simples particulares, culpables por ejemplo de grabar en CD la música que pueden encontrar en Internet. Estos procedimientos pueden ser utilizados asimismo por grandes empresas para hostigar a competidores más débiles (PYME, por ejemplo). Por último, es de temer que, con esta directiva, algunos intenten, por vías tortuosas, volver sobre temas con respecto a los cuales el Parlamento se ha expresado ya, como los medicamentos genéricos o la no patentabilidad de los programas informáticos. Por ello, he votado en contra de esta propuesta de directiva, que el Parlamento no ha conseguido enmendar de forma satisfactoria. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   . He votado a favor de esta resolución, ya que por supuesto refrendo la promoción de nuevos requisitos técnicos y nuevos procesos que contribuyen de forma activa a la adopción de medidas adoptadas en contra de la emisión de contaminantes gaseosos y de partículas. El objetivo de esta propuesta es reforzar los requisitos comunitarios relativos a la restricción de las nuevas emisiones contaminantes de vehículos pesados (motores de ignición positiva propulsados con gas natural o gas licuado de petróleo). Esta constituye por lo tanto una importante medida adicional para la promoción del desarrollo sostenible que defiende la UE.
Dados los desencuentros y atrasos que han afectado a este proceso y la «velocidad» con la que estamos tratando de introducir enmiendas a las propuestas de la Comisión, no existe ninguna posibilidad de establecer un marco en el que los operadores y los profesionales del sector estén obligados a cumplir las normas y a estar sometidos a las oportunas inspecciones. Las normas no se han aclarado y no se han realizado las comprobaciones de viabilidad, especialmente las de determinados métodos de control. Debemos iniciar una campaña de sensibilización lo antes posible, en colaboración con estos profesionales. 

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE ),
    Hemos votado en contra de la enmienda 1, concebida para limitar la aplicabilidad de la Decisión Marco de forma que, en lo que respecta al comercio de drogas, se aplique solamente al crimen internacional o grave. Apoyamos la decisión del Consejo en conjunto y creemos que esta adición limitaría el ámbito de aplicación de la Decisión Marco y, por lo tanto, implica un claro deterioro en el documento del Consejo.
También queremos destacar que la UE debería utilizar todos los medios posibles para luchar contra el uso y la venta de drogas. Interpretamos que la decisión del Consejo afirma que el tráfico de drogas está prohibido, y por lo tanto creemos que no deberían existir «» en la UE. 
Bernié (EDD ),
   . – Tres razones nos impulsan a rechazar la creación de una Agencia para la gestión de las fronteras exteriores, independiente y con personalidad jurídica propia.
En primer lugar, la gestión de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas es una prerrogativa de los Estados miembros. Son los Estados miembros los que deben protegernos de los flujos migratorios y luchar contra el tráfico de seres humanos. El Consejo de Ministros, además, ha sido unánime al respecto.
En segundo lugar, cada Estado miembro debería contar con un representante en el Consejo de Administración; las decisiones deberían tomarse por unanimidad y no por mayoría. Para sorpresa nuestra, Francia es el único país que propone un Consejo de Administración de 12 miembros, que despoja a los Estados miembros de la gestión de sus fronteras.
Por último, para nosotros es impensable que la Agencia pueda tener poderes exclusivos sobre cuestiones como la expulsión de los nacionales de terceros países que residen ilegalmente en un Estado miembro y la creación de un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras.
El Reino Unido e Irlanda han hecho bien al negarse a participar en el acervo de Schengen sobre el control de las fronteras exteriores. El Gobierno francés habría debido tener la valentía de hacer lo mismo.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Sabemos que el tráfico de drogas constituye una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. En 2001, la Comisión adoptó un planteamiento en el ámbito de la UE para luchar contra el tráfico, dada su naturaleza transnacional.
El acuerdo final estableció notables modificaciones a la propuesta original de la Comisión, como una nueva definición de sanciones más acordes con lo que establecen las Convenciones de las Naciones Unidas en la materia, al contrario que la definición limitada que pretendía la Comisión. Celebramos el hecho de que no se penalice el consumo, aunque esta cuestión no se trata con tanta profundidad como hubiéramos querido. Nos oponemos a la orden de detención europea, de ahí nuestro voto final. 
Malmström, Paulsen and Olle Schmidt (ELDR ),
    En la actualidad, la política sobre drogas no está armonizada en la UE. En su lugar, cada país tiene su propia política. Sin embargo, esto no impide que el problema de las drogas tenga un puesto importante en la agenda política. Incluso los más jóvenes abusan de las drogas y cada vez más jóvenes no consideran peligroso probar el cannabis. Incluso las denominadas drogas de fiesta, es decir, las más peligrosas drogas sintéticas, cada vez están más extendidas. En una Europa sin fronteras, corremos el peligro de tener incluso mayores problemas de drogas a medida que la legalización de estas se extienda fuera de los Países Bajos. Muchos parecen haber abandonado ya la lucha por una Europa libre de drogas.
Es preciso repetir que existe una relación entre el número de personas que prueban las drogas y el número de personas que están en peligro de engancharse a su abuso. Por lo tanto, la posesión y el consumo de drogas deben seguir siendo infracciones penadas. Se siguen emitiendo señales erróneas a los jóvenes de Europa, ya que cualquiera puede comprar cinco gramos de cannabis en un denominado . No debemos estar satisfechos con esta Decisión Marco, sino que debemos seguir luchando por una Europa libre de drogas.
Decimos no. No queremos legalizar, no queremos liberalizar y no hemos abandonado el sueño de la tolerancia cero con las drogas. 
Queiró (UEN ),
   . Durante la Presidencia italiana, finalmente pudimos llegar a un acuerdo sobre las disposiciones mínimas aplicables en el campo de la lucha contra las drogas a nivel comunitario. Las principales objeciones, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, provinieron de los Países Bajos, en donde está permitido el consumo y la venta de pequeñas cantidades de drogas blandas. Por lo tanto, es comprensible que el informe Oostlander se haya limitado a proponer que la decisión marco del Consejo se acepte en la versión presentada, sin enmiendas, ya que este texto ha sido aprobado unánimemente tras un año de negociaciones. Esto no impidió que yo votase a favor de las medidas que se han propuesto. Quisiera señalar dos de estas: la penalización de todo tipo de tráfico, producción y venta de opio, cocaína y cannabis, así como la condena de la producción de los precursores de las drogas sintéticas si se producen con el objetivo del procesar drogas.
La aplicación del principio de subsidiariedad permite a los Estados miembros utilizar la decisión marco para sancionar el consumo personal, pero no les obliga a hacerlo, respetando así los diversos sistemas legales y penales nacionales de los Estados miembros. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Tras años de debate en el Consejo, el pasado noviembre se llegó a un acuerdo sobre las disposiciones mínimas aplicables en la lucha contra la droga a nivel comunitario, y este acuerdo se ha sometido una vez más a la consideración del Parlamento Europeo.
Se penalizará todo tipo de tráfico, cultivo y venta de opio, cocaína y cannabis, así como la condena de la producción de los precursores de las drogas sintéticas si se producen con el objetivo del procesado de drogas.
Por otra parte, las actividades relativas a las drogas utilizadas exclusivamente para el consumo personal según lo definido por la legislación nacional, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta decisión marco. Esto significa que, ateniéndose al principio de subsidiariedad, aunque los Estados miembros utilizar la decisión marco para sancionar el consumo personal, no están obligados a hacerlo.
Las actividades ilegales relacionadas con las drogas se castigarán con condenas penales de al menos de uno a tres años de prisión y los incentivos, la ayuda o los intentos de cometer una de estas infracciones también estarán penados. Sin embargo, lamento que (todo indica que a causa de la presión de los Países Bajos) la cooperación judicial y la extradición no se reivindiquen de forma más vigorosa. He votado a favor. 

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE ),
    Somos partidarios de una agencia para la mejor coordinación y cooperación en el ámbito de los controles fronterizos. Sin embargo, nos gustaría destacar la importancia de la autodeterminación nacional en la aplicación de los mismos. No debe haber restricciones a la competencia de los Estados miembros y debe mantenerse completamente su influencia sobre el desarrollo de la cooperación fronteriza. 
Berthu (NI ),
   . – Somos totalmente favorables a que se intensifique la cooperación entre los Estados para un mejor control de las fronteras exteriores, así como a la creación de una agencia técnica para favorecer dicha cooperación. Pero el informe Von Boetticher merece a este respecto un juicio con reservas.
Por un lado, intenta limitar las misiones de la Agencia a la cooperación técnica, y recuerda que «el control de las fronteras nacionales seguirá siendo una competencia soberana de los Estados miembros», lo cual es excelente. Pero, por otro, sitúa el nuevo sistema en un marco no intergubernamental, sino comunitario, bajo la dirección de la Comisión y el control político del Parlamento Europeo, abriendo así la puerta, más adelante, a ampliaciones de las competencias supranacionales. 
En efecto, hay que leer paralelamente el proyecto de Constitución Europea, que muestra el estado de ánimo dominante en Bruselas: su artículo III-161 otorga a la Unión la misión de «instituir progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores», es decir, un sistema supranacional con una policía de fronteras europea. Así, el informe Von Boetticher, que es de momento limita las tareas de la Agencia, no debe tranquilizarnos por ello. Parece apuntar a una ampliación de los poderes de la Comunidad, que en esta cuestión no conviene.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Este informe debe considerarse en el contexto del «desarrollo gradual de un sistema realmente integrado de gestión del control de las fronteras externas», como se propuso, de hecho, en el proyecto de «Constitución Europea».
Pese a que contiene varias contradicciones, debido a su perspectiva supranacional –el informe refrenda el papel de la Comisión en esta agencia–, al mismo tiempo declara de forma acertada que el control de las fronteras nacionales debe seguir siendo una responsabilidad soberana de los Estados miembros. Uno de los aspectos más positivos del informe es criticar la idea de otorgar a esta agencia la labor de expulsar a los inmigrantes.
Básicamente lo que se propone es crear una agencia que tendrá responsabilidades que hasta la fecha poseían los Estados miembros, que sostendrá lo que se conoce como «Fortaleza Europa» y que prestará ayuda para acabar con la inmigración y expulsar a los inmigrantes. Acepto que debe existir cooperación entre los órganos nacionales, con el fin de luchar contra las redes que explotan a los inmigrantes y el tráfico de personas y para luchar contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero. Sin embargo, ya existen mecanismos para estos fines, por lo que no es necesario crear nuevos instrumentos que eliminen tareas que son competencia de las autoridades nacionales y de la soberanía de los Estados. Por lo tanto, el quid de la cuestión no es la creación de nuevas agencias, sino cambiar las políticas actuales. De ahí nuestro voto en contra del informe. 
Queiró (UEN ),
   . Debido al aumento de las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas que habrá que controlar tras la ampliación de mayo de 2004, la Unión Europea necesitará un sistema de gestión eficaz de las fronteras exteriores, sobre todo para luchar contra el terrorismo internacional y el crimen organizado, la inmigración ilegal, el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas, así como la lucha contra la delincuencia marítima. Por este motivo, estoy de acuerdo con la creación de una Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores. Fue, por cierto, en este contexto en el que sugerí –y el pleno aprobó esta sugerencia el pasado mes de noviembre– una propuesta al efecto de que, cuando se negocie la próxima perspectiva financiera, se establezcan programas comunitarios para apoyar el reequipamiento de la defensa, concretamente un programa dedicado exclusivamente al desarrollo de equipos para proteger las fronteras exteriores de la UE. Sin embargo, dado el carácter intergubernamental del control de las fronteras y dada la experiencia adquirida por cada uno de los Estados miembros en la realización de esta tarea, creo que cada Estado miembro debería estar representado en el Consejo de Administración de la Agencia para que esta se pueda beneficiar de las competencias adquiridas sobre el terreno por cada país en sus propias fronteras. Sin embargo, dado que el informe no recoge esta preocupación, me he visto obligado a votar en contra. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . El establecimiento de la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, que se prevé que asuma sus responsabilidades el 1 de enero de 2005, surgió de la necesidad desbordante de mejorar la gestión de los controles en las fronteras exteriores que, no lo olvidemos, ahora tienen una longitud de 6 000 kilómetros. También hay que tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea.
No estoy de acuerdo con el punto de vista del ponente, en el sentido de que la Agencia debería tener un carácter «más comunitario», pero sí lo estoy con la postura expresada por la ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, en el sentido de mantener la naturaleza intergubernamental del control de las fronteras. Esta es de hecho la línea adoptada en la comunicación de la Comisión –sin perjuicio de un sistema de voto por mayoría en la Agencia (por motivos operativos). Por una parte, esto es consecuencia del propio sistema legal comunitario –y la actual división de poderes–, pero, por otra, en la actualidad ofrece mayores garantías la experiencia adquirida por cada uno de los Estados miembros en el desempeño de esa misión (ya sea por tierra, mar o aire, o por los tres). Por lo tanto parece tener sentido que el Consejo de Administración esté formado por un miembro de cada Estado miembro, con la asistencia de dos representantes de la Comisión. Por consiguiente, he votado en contra del informe. 

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE ),
    Debe ser posible que tanto hombres como mujeres concilien la vida familiar y laboral. Por lo tanto, celebramos una directiva marco en este terreno que establece objetivos desde el punto de vista, por ejemplo, del tiempo de trabajo, el acceso al cuidado para los niños y períodos mínimos de baja por maternidad o paternidad. Sin embargo, no consideramos que las cuestiones relativas al modo en que se organiza el bienestar se decidan en el ámbito comunitario. Por lo tanto, hemos votado en contra de formulaciones que exigen formas especiales de desgravación fiscal o el uso de lo que se denominan justificantes o que regulan de otro modo la política de bienestar en detalle.
También queremos destacar que las familias pueden tener formas distintas con respecto a los modos en que sus miembros viven juntos y por lo tanto apoyamos las formulaciones que así lo establezca. También hay que reconocer a las familias que no están formadas por una madre, un padre y un hijo, y es preciso darles la misma condición jurídica que a la familia tradicional. 
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    Consideramos que la política familiar debe caracterizarse por la libertad de elección. Es preciso que los dos progenitores puedan conciliar la vida profesional con las responsabilidades familiares. En la política familiar de los Moderados se contempla una gran flexibilidad en lo que respecta al cuidado de los niños. En principio, podemos respaldar gran parte de las propuestas presentadas en el informe.
No obstante, hemos de señalar que en la exposición de motivos del mismo se resalta el hecho de que la Unión Europea no tiene competencia en el ámbito de la política familiar. Estamos de acuerdo con esta idea y, por tanto, hemos decidido votar en contra del informe en su conjunto. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Como todos sabemos, en el Consejo Europeo de Barcelona los Estados miembros se comprometieron a eliminar los obstáculos a la participación de las mujeres en el mercado laboral y a establecer, para el año 2010, estructuras de acogida para al menos el 90% de los niños en edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolaridad obligatoria y para al menos el 33% de los niños menores de tres años. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de realizar una aportación financiera para la creación o el funcionamiento de servicios de cuidado de niños de alta calidad a un precio asequible. Teniendo en cuenta estos objetivos, ¿cómo se podrán llevar a cabo si se introducen recortes en el gasto social o se desmantela gran parte de la infraestructura de guarderías en los países de la ampliación? La asignación de más ayudas, cupones o ventajas fiscales a las familias carece de sentido alguno si no existe la infraestructura necesaria. Lamentablemente, también se ha rechazado la propuesta que presentamos con miras a ampliar los servicios de guardería para que incluyeran en el año 2010 a todos los niños hasta su escolarización obligatoria.
Por otra parte, hemos de destacar que resulta necesario establecer estructuras para el apoyo a las personas mayores y dependientes, mejorar los horarios de los servicios urbanos (horarios de apertura de tiendas, negocios, transportes, etc.) y aplicar políticas de vivienda y urbanismo integradas y humanizadas. Además, en el informe se insta a que se reduzcan los horarios de trabajo, se produzca un cambio de mentalidad, se repartan de forma más equitativa las responsabilidades familiares y...
Queiró (UEN ),
   . Desde los años noventa, el Consejo ha puesto en marcha diversas medidas para la conciliación de la vida profesional y familiar, lo cual ha convertido este asunto en un tema de palpitante actualidad, hasta tal punto que 2004 ha sido declarado el Año Internacional de la Familia
En el informe de la Sra. Bastos se defiende la idea de que cada uno debería poder elegir entre trabajar o quedarse en casa y, en caso de seguir trabajando, poder conciliar la vida profesional con las necesidades de la familia, ya sea el cuidado de los niños o de las personas mayores, cuya incorporación al grupo familiar es cada vez más frecuente.
No podría estar más de acuerdo con este principio y, por tanto, celebro la petición de la Sra. Bastos en la que se insta a la Comisión Europea a que evalúe el estado de las políticas para la conciliación de la vida familiar, profesional y privada, tanto en los Estados miembros actuales como en los países candidatos, así como el énfasis que otorga la ponente a las medidas que se han de aplicar para apoyar a la familia. Entre estas se incluyen ayudas financieras para el cuidado de los niños y su educación, cupones para la contratación de una persona en el domicilio para familias con niños con discapacidades y cupones para aquellas familias con tres niños o más cuyos ingresos sean reducidos. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . De acuerdo con la propuesta que presenté en la comisión competente, celebro, en particular, la inclusión del concepto marco de «políticas respetuosas con la familia», así como de la directriz que establece la aplicación de políticas fiscales, parafiscales y arancelarias en los servicios públicos que tengan en cuenta a la familia y el aumento de tamaño de las unidades familiares, sin ejercer ningún tipo de discriminación negativa. De igual modo, cabe destacar la importancia de que se reconozca en el informe el valor social y económico de la familia y de las tareas domésticas, las cuales suelen ser ignoradas o menospreciadas, ya sea manifestando un profundo prejuicio o simplemente falta de interés, lo cual provoca en última instancia la aparición de prejuicios contra las personas y de desigualdades reales.
También me complace la aprobación de la enmienda que presenté contra la revisión del concepto de familia, ya que esta resultaría equivocada y se encontraría fuera del ámbito de competencia del Parlamento. Hay que evitar confundir la familia, que constituye una realidad secular sociológica y antropológica profundamente arraigada, con una serie de opciones individuales que conllevan diferentes situaciones y que no se encuadran dentro del alcance de la familia. Asimismo, quiero destacar que resulta muy acertada la referencia a la necesidad de proporcionar subsidios específicos para aquellos casos de familias numerosas, niños con discapacidades o nacimientos múltiples, y la idea de que los Estados miembros tienen que desarrollar formas de cooperación y redes de intercambio de buenas prácticas. Una vez más, felicito a la Sra. Bastos por el excelente trabajo realizado y por el gran avance que representa este informe, que servirá de punto de referencia para las políticas familiares en el Parlamento Europeo. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    He apoyado con firmeza el hecho de que, en el apartado 3, el Parlamento Europeo se declara a favor de la idea demócrata-cristiana de «que la política familiar debe crear las condiciones para que los padres y las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos». En el mismo apartado se resalta además la importancia de que esto podría «repercutir favorablemente sobre la profundización de los vínculos familiares y la estabilidad familiar». Partiendo de esta base, el punto que en el apartado 2 se denomina «hacer frente al problema demográfico que afronta la mayoría de los Estados miembros» constituye un asunto urgente.
En consonancia con nuestra visión de la sociedad, en el considerando K del informe se especifica que «las políticas familiares deben centrarse en los derechos del niño».
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha logrado que se rechace el considerando G (por 321 votos, con 169 a favor y 21 abstenciones) y, por tanto, el intento de crear un nueva y difusa definición del concepto de familia, cosa que, sin duda alguna, queda fuera de la competencia de la Unión Europea.
El Grupo del PPE-DE cree que el concepto de familia se basa en el derecho de los hijos a contar con sus madres y padres y de la responsabilidad de los progenitores hacia sus hijos. Hemos de construir nuestra sociedad centrándonos siempre en los niños y, al mismo tiempo, considerar a la familia como su pilar más importante y fundamental. En consecuencia, he votado a favor del informe en su conjunto (siendo el resultado de 424 votos a favor, 51 votos en contra y 37 abstenciones). 
Stirbois (NI ),
   . – La constatación es grave: las mujeres sólo representan el 46% de la población activa. Doce millones de mujeres están en activo y ganan en promedio un 20% menos que los hombres. En efecto, son víctimas de desigualdades, en primer lugar en el acceso al trabajo: su tasa de desempleo es dos puntos superior a la de los hombres y el 80% de los franceses que ganan menos que el salario mínimo garantizado e indexado (SMIC) son mujeres.
Las soluciones son de distintos tipos. Se trata, evidentemente, de dar a las mujeres los medios para poder elegir entre trabajar o no, es decir, darles los medios para quedarse en casa a cuidar de los hijos si lo desean, a través de aumentos de los subsidios familiares, por ejemplo. 
Pero se trata también de poder conciliar por fin trabajo y familia. Hoy, las familias monoparentales representan en promedio el 14% de todas las familias con hijos y el 90% de los padres solos son mujeres. Hay que tener en cuenta esta evolución y ordenar en consecuencia el tiempo de trabajo, los sistemas de cuidado de los niños y de los subsidios correspondientes, las prestaciones familiares y la licencia parental, de maternidad o de paternidad. La igualdad entre hombres y mujeres pasa por esto, por supuesto, pero cuidémonos mucho de establecer, como se hace ya en el terreno político, sistemas de cuotas. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Se trata de un informe positivo, en el que la ponente divide el conjunto de las mujeres en una serie de grupos minoritarios: mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y mujeres romaníes. En el caso de las mujeres con discapacidades, solicita que se transponga la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y que se facilite el acceso a la educación, la formación, el empleo y la formación profesional en el entorno habitual. Asimismo, en el informe se insta a que se proporcione a estas mujeres la ayuda necesaria para aumentar su independencia y fomentar su participación en la vida política y la toma de decisiones.
En lo que respecta a las mujeres migrantes, el informe llama la atención sobre la integración de la dimensión de la igualdad entre las mujeres y los hombres en las políticas, programas y acciones destinados a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión social. Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al tiempo que señala específicamente que las mujeres migrantes han de poder participar en la vida política y en el proceso de toma de decisiones.
En cuanto a las mujeres romaníes, el informe recuerda a la Comisión y a los Gobiernos implicados la necesidad de garantizar la aplicación real de aquellas políticas introducidas en el nivel nacional y comunitario que puedan mejorar la situación económica, social y política de este grupo minoritario.
Este último punto es el más importante si se tiene en cuenta la ampliación de la Unión. El resto del informe constituye básicamente una mezcla de anteriores propuestas y decisiones. Todavía resulta necesario… 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . La ponente ha presentado un informe sobre las mujeres de grupos minoritarios, concretamente las mujeres con discapacidades, las migrantes y las romaníes. Se trata de cuestiones interesantes, capaces de captar la atención general. Soy consciente de los problemas planteados, para los que quisiera de veras que se hallaran las soluciones apropiadas. A este respecto, he de expresar mi preocupación por todos los tipos de violencia (no solo la violencia doméstica) a los que se enfrentan las mujeres con discapacidades y por la falta de respeto por los derechos individuales de las mujeres migrantes.
He votado a favor del informe de la Sra. Martínez-Orozco ya que, en líneas generales, estoy de acuerdo con su contenido. No obstante, he de decir que los problemas a los que he hecho referencia no se limitan a las mujeres, sino que son situaciones de carácter global que también afectan a los hombres. 

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    Antes de la celebración en 1994 del referendo sueco sobre la entrada en la Unión Europea, todos los partidos que trabajaban para conseguir la adhesión declararon que las cuestiones de cohabitación, la legislación matrimonial y los asuntos relativos al aborto no se encuadrarían dentro del ámbito de competencia de la Unión. Prometieron centrar sus esfuerzos en asegurar que en estos terrenos se aplicara estrictamente la legislación nacional, sin la participación de la Unión Europea. Nosotros mantenemos la promesa realizada al electorado sueco, ya que consideramos que la legislación nacional resulta mucho más eficaz en estas materias que la legislación comunitaria.
Podemos observar cómo otros partidos suecos han renunciado a este compromiso y se disponen a transferir estos asuntos al nivel europeo. Si esto llegase a suceder, resultaría perjudicial para los ciudadanos suecos y se podría provocar una situación de conflicto con las costumbres y las tradiciones de este país. No existe una necesidad patente de coordinación. Para lograr la legislación más apropiada en este terreno, bastará con permitir a los diferentes Parlamentos nacionales de la Unión Europea que la conciban ellos mismos.
Asimismo, es preciso que la política de ayudas comunitaria respete la legislación de cada país. Aunque compartimos la opinión sueca sobre el derecho al aborto, por consideración a terceros países, hemos votado en contra de los apartados del informe Junker en los que se solicita el aborto libre. Además, el informe realiza un enfoque práctico acerca de los graves problemas de salud que existen en los países en vías de desarrollo, en los que la política de ayudas de la Unión Europea desempeña un papel importante. 
Caullery (UEN ),
   . – La temática oficial del informe de la Sra. Junker habría debido ser los capítulos principales del programa de acción de las Naciones Unidas elaborado en la Conferencia de El Cairo hace diez años. Con razón se espera encontrar en el informe las oportunas consideraciones sobre el crecimiento económico, los fenómenos migratorios, la política de urbanización o incluso el medio ambiente, otras tantas problemáticas abordadas y balizadas por la Conferencia de El Cairo.
Resulta, pues, muy sorprendente leer un texto en el que todas estas cuestiones se eluden por completo a favor de la obsesión recurrente por los temas de salud reproductiva y sexual, que no ocupan menos de veinte apartados de los veintisiete de que consta el informe. Incluso la cuestión, tan central, de la educación se menciona solo en función del papel que puede desempeñar en la materia. 
En pocas palabras, para la ponente, la cuestión demográfica en los países en desarrollo se resumiría al dominio de la mujer sobre su propio cuerpo: nos parece que una lectura más amplia, más conforme con la realidad del problema en todos sus aspectos, habría sido más útil, pero también más respetuosa de la diversidad de enfoque que existe dentro de la Unión sobre un tema tan delicado como es el aborto.
Hudghton (Verts/ALE ),
   . El informe de propia iniciativa de la Sra. Junker pretende abordar uno de los desafíos más arduos del mundo, el de lograr más que los resultados declarados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994. El informe subraya con rotundidad algunas de las estadísticas que demuestran a las claras que es necesario redoblar los esfuerzos. A escala mundial, cada minuto muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo, se producen cerca de 200 000 defunciones maternales al año debido a la falta o las deficiencias de los servicios anticonceptivos, al menos 75 millones de los 175 millones de embarazos cada año son no deseados, y las violaciones y demás formas de violencia sexual van en aumento, incluso en Europa.
Estos y todo un cúmulo de otros hechos recogidos en el informe apuntan claramente a la necesidad de redoblar los esfuerzos y la ayuda de los países desarrollados en la lucha contra la pobreza y fomentar el crecimiento económico, con el correspondiente aumento de las oportunidades de formación, particularmente deficitarias en algunos países, para las mujeres y las niñas. A la luz de las cifras más recientes, los indicadores de los objetivos de la Conferencia de El Cairo continúan mostrando unas desigualdades escandalosas entre las naciones y regiones ricas y pobres del mundo. Los Gobiernos de la UE pueden y deben tomar la iniciativa para mejorar la situación. 
Queiró (UEN ),
   . El informe Junker se debe analizar no solo en términos del contenido que se declara de forma explícita, sino también de lo que este da a entender. En otras palabras, además de prestar atención a la salud de las madres y los hijos durante y después del embarazo, o a las precauciones básicas para evitar la propagación del virus del sida, el texto –en especial con las enmiendas presentadas en comisión– muestra una imagen bastante clara de los derechos y libertades de las mujeres, en particular de aquellas que necesitan recibir todos los medios posibles para la autodeterminación en materia de planificación familiar. En el informe se recomienda adoptar una política que permita aumentar el acceso a los métodos anticonceptivos y facilitar los abortos mediante la mejora de las condiciones en las que se realizan.
Existen dos aspectos del texto que merecen ser criticados; en primer lugar, con el fin de reducir el número de nacimientos o mejorar las condiciones sanitarias en que estos se producen, no presenta y mucho menos promueve una solución alternativa al uso masivo de la contraconcepción, que se considera un derecho fundamental. En segundo lugar, en el informe se incluye el aborto entre una serie de medidas que deberán contar con la financiación comunitaria, para las cuales se pide la contribución de la Unión Europea, sin preocuparse por determinar cuáles son las políticas a este respecto en algunos de los Estados miembros. Estos son los motivos por los que he votado en contra del informe. 
Ribeiro (GUE/NGL ),
   . Cuando han transcurrido casi diez años desde la Conferencia de El Cairo, este informe de propia iniciativa de carácter evaluativo aparece en el momento oportuno. La ponente subraya este aspecto al pedir que se celebre el debate el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en especial porque el informe está relacionado principalmente con la salud reproductiva de las mujeres.
Además, consideramos que la conveniencia del informe resulta aún más obvia por dos razones adicionales. La primera de ellas es que, nada más finalizar la séptima Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, recapacitamos sobre la importancia de que en el informe aprobado en ese foro relativo a las enfermedades asociadas a la pobreza se hubiese incluido un considerando acerca de la interrupción de embarazos no deseados y la necesidad de que esta práctica se llevase a cabo en condiciones seguras. En segundo lugar, como ciudadano portugués, porque los informes sobre este problema coinciden con un debate bastante animado que se desarrolla actualmente en Portugal, en el que una mayoría de derechas obstaculiza el diálogo y la adopción de decisiones humanas relevantes con argumentos y medidas realmente vergonzosas, por no decir criminales.
Aunque está claro que este no es el único tema abordado en el informe, hemos de aprovechar esta explicación de voto para destacar la declaración de la ponente en la que afirma que «las interrupciones del embarazo no deben considerarse un método de planificación de los nacimientos», así como aquella en la que solicita que se pueda recurrir «a una intervención que no sea sancionable y sea médicamente segura». Cualquiera que defienda la postura contraria encontrará cada vez menos apoyos y acabará compartiendo la visión del Presidente Bush y su «política de la Ciudad de México». 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Según la costumbre adoptada en este Parlamento, este informe, como cualquier otro informe sobre la salud reproductiva en los países en vías de desarrollo, se debe analizar tanto en términos de lo que expresa directamente como de lo que da a entender. Lamento que el Parlamento no haya aprobado nuestras propuestas (que perseguían aclarar el concepto de «salud sexual y reproductiva»), nuestras directrices en este terreno o nuestro interés por evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH/sida) y por garantizar las condiciones seguras que requieren las mujeres durante el embarazo, el parto y los cuidados posteriores al mismo, es decir, nuestra preocupación por proteger la salud de madres e hijos durante y después del embarazo. En su lugar, la confusión que reina entre las medidas propuestas en este ámbito solo consigue despertar la desconfianza.
Asimismo, me apena comprobar el afán que existe por comprometer a la Unión Europea en el fomento del aborto en el escenario internacional, tal y como demuestra el rechazo de otra de nuestras enmiendas.
Por último, como ya he comentado en el debate, debo desvincularme de un informe partidista que hace caso omiso de los principales objetivos de la Conferencia Internacional de El Cairo: crecimiento económico, planificación urbanística, el medio ambiente, el empleo, la responsabilidad conjunta de los padres en lo que respecta a la educación y la salud sexual de las mujeres en su conjunto, así como la educación específica sobre la salud sexual y reproductiva. He votado en contra. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    Junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, he votado en contra del informe en su conjunto. A pesar de todo, el informe ha sido aprobado (con 287 votos a favor, 196 en contra y 13 abstenciones).
Queremos que en la política de población, ayuda y desarrollo se combine la lucha por la democracia y los derechos humanos con el respeto por la legislación establecida de forma democrática en cada país, en este caso en lo que respecta al ámbito de la política familiar y sanitaria.
En el informe no se reflejan este tipo de intenciones e ideas, como se demuestra en el apartado 22 al incluir la demanda de «posibilitar interrupciones voluntarias del embarazo con asistencia médica». A través de la enmienda 20, hemos exigido que se aclare este apartado añadiendo que esto solo se ha de aplicar en los países en que esta práctica sea legal. Las enmiendas 21 y 30, que han contado con mi apoyo, se redactaron para promover un mayor respeto hacia la legislación de los demás países.
No obstante, estas enmiendas han sido rechazadas (en el caso de la número 20 por 281 votos, con 207 votos a favor y 18 abstenciones) de acuerdo con la opinión mayoritaria existente en el Parlamento según la cual, en sus esfuerzos de ayuda, la Unión Europea y las Naciones Unidas no deben respetar la legislación nacional sino, justo al contrario, contrarrestarla y debilitarla de forma enérgica en aquellos países en desarrollo en los que se pretenda proteger el derecho a la vida del feto, incluso en las primeras semanas de gestación.
De este modo, la Unión Europea y las Naciones Unidas muestran una falta de respeto hacia la legislación de terceros países, lo cual siembra la desconfianza en las labores de ayuda, origina conflictos y choques culturales, religiosos y de principios, y genera una desagradable sensación de supuesta superioridad europea. 
Sanders-ten Holte (ELDR ),
   – Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi acuerdo con el informe original de la Sra. Junker. Lamentablemente, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha presentado una lista de enmiendas que resultan inaceptables para mi Grupo. No hace falta decir que, en Europa, las mujeres tienen derecho a una salud sexual y reproductiva satisfactoria, motivo por el cual no logro comprender por qué el Grupo del Partido Popular Europeo no quiere que la gente de los países en desarrollo disfrute del mismo derecho. Además, el Gobierno conservador del Presidente Bush, mediante la reinstauración de la política de la Ciudad de México y las falsas acusaciones en las que se señala que el aborto sería el principal objetivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), complica bastante el trabajo en el ámbito de la atención a la salud sexual y reproductiva, hecho que sin duda alguna tendría que ser denunciado. Por último, cuestiono en gran medida la opinión del Grupo del Partido Popular Europeo de que la familia merece toda la protección posible. ¿Qué ocurre en el caso de las chicas y mujeres violadas en situaciones de guerra o en otras circunstancias? ¿O en el caso de las mujeres y muchachas que se ven obligadas, por el entorno y, especialmente, por los miembros de su familia, a sufrir la mutilación genital? ¿Debemos dejar que se las arreglen por su cuenta? Mi Grupo considera que esta no es la actitud correcta y, por tanto, ha votado en contra de todas estas enmiendas. 
Scallon (PPE-DE ),
   Hoy he votado en contra del informe Junker, que llama a la Unión Europea y a sus Estados miembros a integrar los derechos sexuales y a la salud reproductiva en sus políticas de desarrollo.
La expresión de la Conferencia de El Cairo «salud reproductiva», según ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, incluye el término «regulación de la fertilidad», que a su vez incluye el término «interrupción del embarazo no deseado», es decir, el aborto. Dado que la facilitación del aborto no es competencia de la UE, y toda vez que el principio de subsidiariedad se halla consagrado en los Tratados, no me queda más opción que rechazar el informe. Creo que el genuino desarrollo orientado a la mujer tendría que apoyar a las mujeres con una atención ginecológica y obstétrica segura, con atención maternal y con atención pediátrica.
La alimentación, el agua sana y la atención sanitaria constituyen requisitos necesarios para la educación que, junto con un suministro suficiente de energía y un comercio justo, vendrá a promover el desarrollo sostenible a largo plazo del individuo y la sociedad. 

Bernié (EDD ),
   . – Dos extractos representativos de esta resolución bastan para demostrar que el objetivo de simplificación y mejora parece estar fuera de nuestro alcance.
He aquí el resultado alcanzado por este tercer informe. El considerando A dice: «considerando que la calidad y la inteligibilidad de la legislación comunitaria tienen una incidencia directa en el bienestar y en la prosperidad de los ciudadanos y de las empresas de la Comunidad», mientras que en el apartado 5 se lee: «insiste en el derecho del Parlamento de solicitar a la Comisión que presente una propuesta de acto legislativo en el marco de su examen de las prácticas de autorregulación».
Por tanto, una vez más nos resulta imposible apoyar una resolución como esta. Las propuestas de la Comisión siguen siendo básicamente malas. El Parlamento no ha querido o no ha sabido resolverlo. Ha quedado preso del sistema y de la jerga comunitaria.
Pasqua (UEN ),
   . – Sí, la calidad y la inteligibilidad de la reglamentación tienen una incidencia directa sobre el bienestar y la prosperidad de las empresas comunitarias. Por supuesto, una simplificación del marco reglamentario exige comprobar escrupulosamente si la uniformización a escala europea es realmente necesaria. Ni que decir tiene que las instituciones deben velar por garantizar una mayor claridad de las definiciones y los conceptos jurídicos. Esto es cierto, pero si, como destaca el ponente, la comunicación de la Comisión es una demostración loable de buenas intenciones, lo mismo se puede decir del presente informe. 
En él, la simplificación del Derecho no es a más que un pretexto para el Parlamento, que en realidad solo trata de hacer valer sus reivindicaciones habituales. Así lo demuestra la oposición a cualquier intento de utilizar el objetivo de mejora de la calidad de la legislación para modificar los procedimientos legislativos y el equilibrio de poderes entre las instituciones. Lo mismo ocurre con la petición del Parlamento de controlar la elección y el uso adecuados del instrumento jurídico propuesto por la Comisión.
Todo se hace como si la intervención de este Parlamento bulímico y ávido de poderes fuera una garantía de sabiduría o de moderación legislativa.
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . El principal objetivo de este informe es el de contribuir a mejorar la calidad de las normas, objetivo en el no cabe poner demasiado énfasis ni realizar grandes avances. El ponente cree que es necesario reforzar las propuestas del Acuerdo interinstitucional «La Gobernanza europea: legislar mejor», ya que no se han llevado a cabo todas las aspiraciones del Parlamento Europeo. Hemos de establecer normas comunitarias claras, precisas, sencillas y eficaces, y esta es la razón de ser del acuerdo. No obstante, no debemos olvidar que el Parlamento Europeo disfruta de legitimidad democrática directa, puesto que sus diputados son elegidos directamente por los ciudadanos europeos, a quienes afectan en mayor medida las decisiones comunitarias.
Este afán por legislar, observado sobre todo en la última década, acentúa el deseo de aumentar el papel del Parlamento en el marco regulador. Por este motivo, apoyo la idea del ponente de incrementar la participación del Parlamento Europeo en los ámbitos de corregulación y autorregulación. Además, hay que tener en cuenta que este tercer informe se ha aprobado de forma unánime en comisión.
No obstante, en este texto se eliminan la flexibilidad y la proximidad que persigue el Acuerdo interinstitucional, al asumir los medios necesarios para poner en práctica estas medidas. Estoy en contra de los controles a priori y a posteriori que pretende añadir y, en consecuencia, he decidido abstenerme. 
El Presidente.
   Con esto concluyen las explicaciones de voto.


El Presidente.
   Se han distribuido las actas de la sesión de ayer.
¿Algún comentario? 
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, no consta mi presencia en las actas de ayer. Disculpe la molestia pero, ¿sería posible corregir este error? 
El Presidente.
   Por supuesto que será corregido.(1)

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0107/2004) del Sr. Andreasen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el derecho de los detenidos de Guantánamo a un juicio justo (2003/2229(INI)). 
Andreasen (ELDR ),
    Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas siempre ha otorgado la máxima prioridad a la lucha por los derechos humanos. Para nosotros resulta esencial que se garanticen los derechos básicos y las libertades fundamentales de cada persona. Por lo tanto, supone para mí un honor especial ser el ponente de un informe en el que se incluye una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un juicio justo.
Todos los presentes en esta Cámara están de acuerdo en que es preciso acabar con el terrorismo internacional. Por consiguiente, tras este informe no se esconde el deseo de cuestionar la lucha contra el terrorismo. Se ha elaborado con el fin de resaltar que, aun cuando existan motivos justificados, es necesario obedecer una serie de normas fundamentales, tal como el respeto de los derechos de la persona, de acuerdo con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra. Como ya se ha señalado anteriormente, en este caso concreto se trata del derecho a un juicio justo y a recibir un trato acorde con el derecho internacional.
Desde enero de 2002, aproximadamente 660 personas de 38 países diferentes permanecen retenidas en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Tenemos constancia de que 87 de ellas, quizás más, han sido puestas en libertad, pero la gran mayoría siguen detenidas. No saben de qué se les acusa, aún no se les ha sometido a juicio, y nadie puede afirmar si este se producirá finalmente ni, llegado el caso, en qué momento se hará. Los detenidos se encuentran en una situación de vacío legal. Se les puede considerar criminales ordinarios o de guerra. Como criminales ordinarios, deberían estar amparados por el derecho estadounidense. Sin embargo, según el tribunal de apelación de Washington, la base naval no se incluye dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos por no pertenecer realmente a este país. Un tribunal de apelación de San Francisco ha rechazado este argumento. No obstante, se trata del tribunal de Estados Unidos cuyas decisiones son anuladas con más frecuencia por el Tribunal Supremo, así que no es seguro que su pronunciamiento vaya a producir resultado alguno. Por iniciativa propia, el Tribunal Supremo estadounidense ha decidido estudiar si se debería aplicar la jurisdicción de este país en la base naval de Guantánamo, esperándose su respuesta para este mes de junio, a más tardar.
Por otro lado, según las autoridades estadounidenses, los detenidos en la base naval no son prisioneros de guerra y, por tanto, tampoco se encuentran protegidos por los Convenios de Ginebra. Estos detenidos no formaban parte de un ejército regular cuando fueron hechos prisioneros. No tenían rango alguno, ni llevaban uniformes o armas visibles. Las autoridades estadounidenses opinan que los detenidos son combatientes ilegales que no se encuadran dentro de los sistemas jurídicos conocidos y que pueden permanecer presos durante un período de tiempo indeterminado sin ser sometidos a juicio ni tener contacto con un abogado.
Esta es la situación a la que hacen frente los prisioneros. Desconocen cuáles son los cargos que se les imputan y no saben si tendrán la posibilidad de disfrutar de un juicio justo. Esto supone una clara violación de los derechos humanos y el incumplimiento de las convenciones internacionales. Por este motivo, el informe insta a las autoridades estadounidenses a que pongan fin sin demora al vacío legal en el que se encuentran los detenidos y a que les garanticen la obtención inmediata de asistencia jurídica, a través de la cual se determine el estatuto jurídico de cada detenido. Resulta importante destacar a este respecto que el informe no se aplica solo a los prisioneros europeos, sino al conjunto de los detenidos y a sus derechos individuales como seres humanos. En el texto se respalda la posición del Consejo según la cual el tercer Convenio de Ginebra de 1949, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, se ha de interpretar de forma que, en caso de duda, se trate a los detenidos de la base naval de Guantánamo como prisioneros de guerra hasta que se decida que no cumplen las condiciones para ello. Partiendo de esa base, podrán, llegado el caso, ser considerados de acuerdo con lo dispuesto en el tercer Convenio de Ginebra, que se aplica a los combatientes legales, y que les asignaría el estatuto y la protección correspondiente a los prisioneros de guerra, o según el cuarto Convenio de Ginebra, que se aplica a los civiles.
Asimismo, en el informe pedimos al Gobierno estadounidense que confirme que los tribunales militares temporales, establecidos de conformidad con el decreto de noviembre de 2001, cumplirán con todas las normas del derecho internacional. Del mismo modo, solicitamos a las autoridades de este país que concedan a los representantes oficiales de los Estados nacionales, a las instituciones internacionales pertinentes, a los familiares y a los observadores independientes el acceso como visitantes a los lugares de detención.
La Unión Europea y los Estados Unidos siempre han sido aliados. En todo momento hemos mantenido una relación cordial con este país, y así es en el presente y seguirá siendo en el futuro. El informe declara que la relación transatlántica es inestimable e insustituible y podría ser una fuerza formidable en pro del bien en el mundo, a condición de que los derechos humanos fundamentales –como el derecho a un juicio justo y la prohibición de la detención arbitraria– se respeten claramente como principios universales e innegociables y sigan siendo el núcleo de los valores y del interés común que mantienen la Unión Europea y los Estados Unidos.
Por consiguiente, instamos a los Estados Unidos a que cumplan totalmente las obligaciones contraídas en material de derecho internacional y derecho humanitario internacional. El informe recomienda al Consejo que plantee el problema de las condiciones en las que se encuentran los detenidos de Guantánamo en la cumbre que se celebrará entre la Unión Europea y los Estados Unidos en junio de 2004. Queremos que se lleve a cabo un plan de acción común para la lucha contra el terrorismo, un plan en el que se combine la adopción de medidas contra el terrorismo con el respeto pleno de las normas humanitarias internacionales.
Doy las gracias a mis colegas diputados de esta Cámara por las numerosas aportaciones positivas recibidas en relación con este trabajo y por la aprobación casi unánime por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de la propuesta de recomendación. 
Patten,
   . Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a su Señoría por el informe. Toca un tema que se halla en el corazón de nuestras preocupaciones en la Unión Europea, a saber, la protección de los derechos humanos fundamentales. Nadie en esta Cámara cuestiona la importancia vital de la lucha contra el terrorismo internacional, lo mismo que ninguno de nosotros podrá o deberá olvidar jamás la horrible tragedia que presenciamos en nuestras pantallas de televisión, cuando aquellos aviones se estrellaron contra las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Pero todos comprendemos la necesidad fundamental de luchar contra este mal de una manera que refuerce la causa de la libertad y los derechos humanos. Los terroristas ganan si nosotros perdemos de vista esta realidad.
Los Estados Unidos, como su Señoría ha señalado, detuvieron a varios centenares de hombres durante y después de los combates en el Afganistán y algunos permanecen detenidos desde hace dos años o algo más. Algunos de ellos son nacionales de nuestros Estados miembros, pero vengan de donde vengan, han de ser tratados de forma justa y humana, tal como afirma el informe. Hemos acogido con agrado la liberación reciente de unos cuantos detenidos y esperamos la de otros más en el futuro.
La Unión Europea ha sido un miembro firme y comprometido de la coalición internacional contra el terrorismo. Sin embargo, como la Unión Europea ha subrayado repetidamente tanto en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es imprescindible que nosotros y nuestros aliados defendamos los valores de los derechos humanos y la legislación humanitaria internacionales a la hora de combatir el terrorismo. La próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos vendrá a brindar una nueva oportunidad para abordar el tema de los derechos humanos y el terrorismo, así como para confiar en la aprobación por parte de la Tercera Comisión de la propuesta de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas vigile la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Es menester dejar claro –y lo hago sin sugerir, en forma alguna, una falta de interés por este problema que, con toda justicia, es motivo de honda preocupación para muchas Señorías de la Cámara– que la Comisión Europea no tiene competencias en una serie de los ámbitos planteados en este informe. En ausencia de una posición común sobre esta cuestión, corresponde a los distintos Estados miembros ejercer la representación diplomática en nombre de sus ciudadanos. De igual modo, la cuestión del orden del día para la Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos es competencia de la Presidencia y de los Estados Unidos. Sin embargo, estoy seguro de que el Consejo tomará nota de este informe y de los hondos sentimientos de muchas Señorías respecto de este asunto.
La Cámara está muy interesada en obtener respuestas a una serie de interrogantes. ¿Se va a enjuiciar a estas personas y, en tal caso, de qué delitos y con arreglo a qué legislación? ¿Se va a poner a algunos de ellos a disposición de la jurisdicción de sus propios países y, si es así, se exigirán y obtendrán garantías en cuanto al trato humano que se les dispense? Son muchas las preguntas suscitadas por este caso y a las que hace referencia el informe.
Quiero dejar claro lo siguiente: formular estas preguntas no implica en ningún momento nuestra sólida asociación con nuestros amigos y aliados en los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, un terrorismo que tiene un alcance mundial. Pero una de nuestras armas más potentes contra esta lacra es nuestro compromiso inquebrantable con el principio de la libertad dentro de la legalidad.
En cuanto europeos, hemos de evitar la tentación de plantear estos temas con aires de confrontación, ignorando el trauma sufrido por el pueblo de los Estados Unidos. Por esa razón acojo con satisfacción el hecho de que su Señoría haya planteado este tema en su informe de manera tan cuidadosa y prudente y me complace haber podido tener la oportunidad de darle una respuesta en el día de hoy.
Es crucial que siempre procuremos tener presente cómo entrechocan la lucha contra el terrorismo y la promoción y protección de los derechos humanos. Constantemente venimos subrayando que la lucha contra el terrorismo tiene que estar condicionada a preservar los derechos humanos, y no a la inversa. Me atrevería a ir un paso más allá. A mi entender, la promoción de los derechos humanos debería convertirse en parte integrante de la lucha contra el terrorismo. Solo entonces podemos esperar mitigar las tensiones sociales de las que se alimenta el terrorismo.
De nuevo quiero felicitar a su Señoría por el informe. Plantea asuntos de notable importancia. Suscita el tipo de cuestiones que he tenido que abordar en otras circunstancias, por ejemplo a la hora de reorganizar los servicios de policía y de seguridad en Irlanda del Norte, teniendo que cimentar dicha reorganización sobre la premisa fundamental de que las fuerzas del orden están para proteger y preservar los derechos humanos, y no deben tener nada que ver con socavar los derechos humanos.
Todos apoyamos incondicionalmente la lucha contra la lacra del terrorismo y la combinación mortífera de terrorismo y tecnología. Pero creo que también nos mantenemos muy firmes en nuestra creencia de que la mejor forma de luchar contra el terrorismo consiste en conservar el debido respeto de los derechos humanos.
Ludford (ELDR ),
   . Señor Presidente, el Secretario General del Consejo Nacional de las Iglesias de los Estados Unidos ha calificado recientemente la denegación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo de ofensa contra Dios. No voy a adoptar un enfoque religioso, pero está claro que no son solo los europeos los que creen firmemente que la situación en la Bahía de Guantánamo ofende nuestro sentido de la justicia. Uno de los magistrados del Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Steyn, ha calificado los tribunales militares propuestos en Guantánamo de mancha para la justicia norteamericana y ha dicho que vendría a la mente el término «tribunal desautorizado». El Tribunal de apelación británico ha tildado la detención de los prisioneros de agujero negro jurídico.
El Gobierno de Bush ha argumentado que las Convenciones de Ginebra están obsoletas en lo que se refiere al trato de los terroristas y ha decidido no aplicar ni estas normas convencionales sobre la Guerra, ni el Derecho penal en el que deberían regir las normas relativas a los derechos humanos, a saber, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de los Estados Unidos. Ha tratado de eludir ambas posibilidades inventando una nueva categoría residual de «combatientes ilegales» en la potencialmente ilimitada guerra contra el terrorismo, que, de una metáfora ha pasado a ser un término literal. Pero dicha categoría no existe en el Derecho internacional.
La denegación del derecho de los prisioneros a comparecer ante los tribunales civiles regulares y a la protección de la Constitución de los Estados Unidos ha sido tristemente respaldada por los tribunales estadounidenses, sobre la base de que la Bahía de Guantánamo, aún cuando los Estados Unidos controlan realmente la base, no es territorio de su soberanía. Nos congratulamos de que ahora el Tribunal Supremo haya manifestado que tomará una decisión sobre si los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción.
Terminaré diciendo que lamento la ausencia del Consejo en este debate ya que, como ha señalado el Comisario Patten, la Comisión carece de jurisdicción, y la incapacidad del Consejo para aprobar una posición común y una estrategia para llevar a cabo la defensa del Estado de derecho en la Bahía de Guantánamo constituye un olvido penoso. 
Bremmer (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos ante un informe importante sobre un asunto fundamental, acerca del cual me complace hablar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos. Me parece encomiable el modo en que el ponente ha abordado el tema. Resulta acertado que, en línea con el enfoque de mi Grupo, haya reforzado la base de este informe. Quiero darle las gracias por la excelente relación de trabajo mantenida.
Se trata de un tema que afecta a los principios fundamentales y básicos de nuestro Estado constitucional. Dos años después de que los Estados Unidos transportaran a unos 660 detenidos extranjeros a la base de Guantánamo en el marco de la lucha contra el régimen talibán y el grupo Al Qaeda, la situación sigue siendo, por desgracia, bastante incierta: incierta en relación con las acusaciones, la duración de la detención y la posibilidad de iniciar un proceso judicial, incierta con respecto a la asistencia jurídica e incierta en cuanto al contacto con el país de procedencia. En resumen, los presos se encuentran sumidos en un vacío legal. En la actualidad, el Tribunal Supremo estadounidense trata de determinar si los tribunales de este país tienen o no competencia para valorar el estatuto jurídico de los detenidos.
Si bien es cierto que las trágicas consecuencias del terrorismo en nuestro aliado norteamericano a raíz de los terribles ataques del 11 de septiembre hablan por sí solas, ya han pasado algunos años desde entonces y los prisioneros de la base de Cuba aún no han sido llevados ante los tribunales. Esta situación no puede, y no debe, seguir así. Debido precisamente que el diálogo transatlántico es tan importante e irreemplazable, resulta esencial mantener abiertas las vías de comunicación con nuestros colegas estadounidenses. Los aliados pueden hablar de tú a tú y decir las cosas claras. Sé que el Convenio de Ginebra de 1949 ya no se considera el mecanismo más apropiado para cubrir las nuevas amenazas existentes, tales como el terrorismo. Es fundamental que el Derecho internacional se desarrolle de forma que se establezca un fundamento jurídico que permita hacer frente a los nuevos problemas de seguridad que puedan surgir. Hasta el terrorista más cruel tiene derecho a un juicio justo. Este es un principio básico respaldado por el Derecho internacional. A modo de ejemplo, recordaré el principio del y la necesidad de garantizar debidamente la administración de justicia; del mismo modo, cabe mencionar, entre otros, tratados de gran relevancia como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Ginebra, al que ya ha hecho referencia el ponente. En todos los tratados mencionados aparece reflejada la idea de garantizar un trato humano a los prisioneros y el derecho de estos a un juicio justo. No en vano, lo que está en juego es la dignidad humana; cada persona es importante. Apoyo con mucho gusto la postura mostrada por el ponente a este respecto.
Por último, insto al Consejo a que siga planteando el problema de los detenidos de Guantánamo a las autoridades estadounidenses. Este caso merece esto y mucho más. 
Poos (PSE ).
   – Señor Presidente, Guantánamo debería interpelar a todo ciudadano preocupado por el respeto de los derechos humanos en el mundo. En este campo de concentración norteamericano en territorio cubano, el Derecho internacional y el Derecho norteamericano se han dejado fuera de la ley en medio de la indiferencia casi general. El mundo entero observa sin hacer nada esta zona en que no hay Derecho, este agujero negro jurídico del que habla Amnistía Internacional. Las libertades individuales penosamente conquistadas durante siglos han ido a morir a la playa de Guantánamo.
Los Estados Unidos, víctima de los atentados del 11 de septiembre, estaban en su perfecto derecho a detener, acusar y juzgar a todos los presuntos cómplices de dichos atentados. Pero no tenían ninguna necesidad de actuar al margen del Derecho, ni a encerrar a 660 presos en jaulas de animales iluminadas día y noche. La época de los justicieros del Salvaje Oeste ha pasado. En nuestros días, nadie debería poderse erigir a la vez en acusador, defensor, juez y verdugo, o incluso se podría decir en torturador.
Sin embargo, este escenario macabro es el elegido por el Presidente Bush para su justicia «extraterritorial» de Guantánamo. Como los Gobiernos aliados se complacen en un silencio cobarde, es hora de que el Parlamento Europeo actúe de forma creíble y audible. El informe del Sr. Andreasen sobre el derecho de los presos de Guantánamo a un juicio justo, es pues muy oportuno y felicito al ponente en nombre de mi Grupo.
La resolución que votaremos mañana está dirigida al Consejo y le pide que adopte una posición común sobre esta grave violación de los principios elementales del Derecho. Como recordó muy justamente el Comisario Patten, la ausencia de una posición común se deja sentir cruelmente. Pero este llamamiento quedará sin duda en letra muerta mientras perdure el método absurdo de la votación por unanimidad, que permite a un único voto contrario ahogar la voz de Europa en materia de política exterior y derechos humanos.
Eriksson (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, quiero felicitar a Gran Bretaña, ya que hoy regresarán cinco de los ciudadanos británicos retenidos en la base naval de Guantánamo. De acuerdo con los medios de comunicación suecos, serán arrestados e interrogados nada más aterrizar en Gran Bretaña esta tarde.
Otros cuatro ciudadanos británicos que siguen presos en Guantánamo no serán puestos en libertad, al menos por ahora. El prisionero de origen sueco, Mehdi Ghezali, también continúa detenido, sin que se prevea una inmediata liberación. Y esta situación se ha mantenido igual desde hace más de dos años.
En lo que respecta al ciudadano sueco, el Gobierno de Suecia señaló al principio que el problema habría de ser debatido con sus colegas en el Consejo de la Unión Europea. Aquí nos encontramos hoy, dos años más tarde, y esto es todo lo que hemos podido conseguir.
Como la mayoría de los detenidos, Mehdi Ghezali es joven. Los prisioneros son jóvenes, y muchos de ellos podrían considerarse incluso niños. La familia de Mehdi Ghezali no tiene noticias de él desde hace trece meses. Los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia que han podido visitarle no están autorizados a comunicar a sus familiares el estado en que se encuentra. Su abogado tampoco ha podido entrar en contacto con él.
El Comisario Patten ha afirmado que es preciso mantener una buena relación con los Estados Unidos. Sí, es cierto, debemos mantener una relación apropiada con este país, pero tenemos que garantizar al mismo tiempo un diálogo cordial con las demás naciones. Opino que el viejo refrán que dice «Hacen falta dos para bailar un tango» resulta realmente acertado en este caso. Lamentablemente, la actitud mostrada por los Estados Unidos ante este asunto no inspira demasiada confianza. Aunque, sin duda alguna, aún tenemos presentes los sucesos del 11 de septiembre, también recordamos las imágenes de la base de Guantánamo que, a pesar de todo, se lograron emitir, en las que aparecían jóvenes esposados sentados en jaulas.
Tenemos que garantizar el respeto de los derechos humanos. No basta con celebrar debates al respecto cada cierto tiempo, sino que es necesario lograr avances reales. Por este motivo, agradezco sinceramente al Sr. Andreasen la presentación de este extraordinario informe. 
McKenna (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente. Se trata de una iniciativa muy importante y este es un momento muy apropiado para presentarla. La existencia de campos de detención sin juicio en la Bahía de Guantánamo tiene que resultar inaceptable para cualquier persona en una sociedad civilizada. Los prisioneros detenidos durante la invasión del Afganistán deberían haber sido tratados de acuerdo con el Derecho internacional y, cuando menos, deberían haber quedado clasificados como prisioneros de guerra. Tienen derecho a un juicio justo. Además, deben tener derecho a ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia, deben tener acceso a representación jurídica y deben tener derecho a ser inculpados o liberados.
La Presidencia irlandesa debería hacer cuanto esté en sus manos para garantizar que a estas personas no se les denieguen ni un minuto más sus derechos humanos fundamentales. Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Sra. Ludford en cuanto al fallo por parte de la Presidencia irlandesa de estar presente hoy aquí, lo cual constituye un pésimo mensaje para la Comunidad Europea y, de hecho, la comunidad internacional. Como ha expresado el Comisario Patten, corresponde al Consejo plantear esta cuestión a los Estados Unidos, y el Consejo de la UE ha sido totalmente incapaz de hacerlo en cuantas ocasiones se le han presentado. Me pregunto asimismo por qué la Presidencia irlandesa no está hoy aquí. ¿Es porque la Presidencia teme ofender a los Estados Unidos diciendo algo que pudiera constituir una afrenta para dicho país? La Presidencia irlandesa está defraudando también a la población irlandesa, que considera este asunto un escándalo absoluto. 
Camre (UEN ).
    Señor Presidente, me resulta extraño el hecho de que el Parlamento Europeo se preocupe tanto por unos enemigos de la democracia. Los detenidos no forman parte de un grupo de exploradores que se han perdido durante una excursión. Todas las pruebas apuntan a que los prisioneros han recibido un trato humano. En las imágenes de la base naval se puede apreciar que las celdas son bastante mejores que las de muchas cárceles de los países de la Unión Europea.
Son pocos los Estados miembros de la Unión que toman parte activa con sus recursos militares en la lucha contra unas fuerzas reaccionarias capaces de hacer uso del terrorismo para cambiar el rumbo del escenario mundial. Dejamos esta lucha en manos de los Estados Unidos y de sus fieles aliados. Desde el punto de vista de aquellos que profesan un odio recalcitrante a los Estados Unidos, cabría la posibilidad de imaginar que el régimen talibán y el grupo Al Qaeda son una especie de luchadores por la libertad que desean ayudar a los pueblos pobres y oprimidos. Son justo lo contrario. Es preciso arremeter contra los terroristas de forma que desistan de sus actos criminales. Solo mediante la destrucción de sus redes lograremos instaurar la libertad y la democracia en todo el mundo.
Los detenidos de la base naval de Guantánamo no son soldados pertenecientes a un ejército organizado. Tampoco son miembros de un movimiento clandestino surgido en un país ocupado. Son terroristas que se oponen fanáticamente a los mismos derechos humanos que algunos diputados a esta Cámara pretenden ahora que les amparen. Algunos prisioneros han adquirido la ciudadanía en Estados de la Unión Europea. Por lo tanto, si participan posteriormente, haciendo uso manifiesto o no de armas, en una lucha armada en la que resultan asesinados algunos de nuestros soldados, se les puede considerar traidores y recibir el trato correspondiente. Estoy seguro de que algunos países de la Unión no habrían hecho gala de la paciencia de los Estados Unidos y habrían acabado con la vida de muchos de ellos sin más dilaciones. Me parece impropio que nosotros, sin participar en la guerra en Afganistán y sin haber estado expuestos a auténticos ataques terroristas en nuestros países, creamos que tenemos derecho a decirle a los Estados Unidos lo que deben hacer.
Doy las gracias al Comisario Patten por dejar claro que la Comisión no tiene competencia en este ámbito ni tampoco el Consejo. Recomiendo al Parlamento que vote en contra del informe. 
Tannock (PPE-DE ).
    Señor Presidente, el 11 de septiembre, los ataques contra las torres gemelas en Nueva York abrieron un capítulo nuevo en el planteamiento de la guerra, a saber, un ataque asimétrico y a gran escala por parte de un grupo islámico, internacional, fanático, bien organizado y bien equipado, afiliado a Al Qaeda, sin respeto alguno por las reglas y comportamientos tradicionales de la guerra tal como los conocemos y muy difíciles de clasificar formalmente según la Tercera y Cuarta Convención de Ginebra de 1949. Por tanto, todas las exigencias planteadas por esta resolución en cuanto al trato que hay que dar a los detenidos, bien como espectadores inocentes detenidos en el fuego cruzado norteamericano en el Afganistán, bien como delincuentes comunes susceptibles del correspondiente enjuiciamiento, no son legalmente correctas, y tampoco necesariamente deseables, sobre todo si pretendemos proteger la seguridad y la población europeas de nuevos ataques. Además, la primera obligación del Estado es proteger a sus habitantes inocentes contra futuros ataques por parte de tales grupos terroristas.
Los Estados Unidos no derrocharían valiosos recursos públicos deteniendo a quienes no suponen un riesgo para la seguridad. De hecho, después de exhaustivos interrogatorios, muchos han vuelto a casa, incluidos tres menores, uno de los cuales dejó constancia en una entrevista con la prensa británica de la humanidad de quienes le hicieron prisionero y se mostró agradecido por la enseñanza formal en lengua inglesa en la base. Los demás –incluidos los ciudadanos estadounidenses implicados– son, sin lugar a dudas, peligrosos o una fuente constante de información útil y deberían ser sometidos a juicio por crímenes de guerra, si procede, bajo unos patrones compatibles con las normas internacionales, o estar arrestados en condiciones humanas en calidad de combatientes ilegales mientras dure la guerra, facilitando el acceso a la Cruz Roja y a las autoridades consulares, hasta que sea capturado Osama bin Laden y entregue formalmente su red terrorista y deponga la guerra que tiene declarada a Occidente.
No acepto que el «habeas corpus» resulte aplicable en situaciones de emergencia como las épocas de guerra o de emergencia nacional, por lo que su consideración es totalmente inaceptable. A ningún prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial se le permitió un juicio justo; todo el mundo sabe que permanecieron detenidos mientras duró la guerra. Además, desde un punto de vista histórico, los ciudadanos de cualquier país –y del Reino Unido en concreto– que en tiempo de guerra cruzaron las fronteras y lucharon contra sus propias fuerzas armadas o contra los aliados, podían ser acusados en potencia de traición, históricamente un delito capital e incluso hoy día un delito muy grave. Por consiguiente, la moción del Grupo Liberal que tenemos hoy ante nosotros no contará con mi apoyo, ya que su finalidad primordial consiste en asestar un varapalo a los Estados Unidos de América en su guerra mundial contra el terrorismo. 
Cashman (PSE ).
    Señor Presidente, no voy a responder inmediatamente al Sr. Tannock, sino que comenzaré por afirmar sin ningún acaloramiento que el concepto de los derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo, constituye la máxima prioridad para todos los Grupos parlamentarios.
El terrorismo y los grupos terroristas habrán ganado cuando haya quedado arrinconado el Estado de derecho. Señor Camre, el Estado de derecho no es un enemigo, sino el fundamento de toda sociedad civilizada. Si renuncia a él, estará renunciando a sus derechos civilizados. Tenemos que atender a los cargos que se les imputan a estos individuos. Si se les hubiera imputado algún cargo, entonces tendrían el derecho y la oportunidad de defenderse, pero no se ha formulado ningún cargo. Entre los individuos que están a punto de ser liberados se encuentran tres votantes de mi jurisdicción electoral. ¿Qué ocurre con sus familias? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué sucede con sus derechos humanos? Parto, como creo que hace todo el mundo en esta Cámara, de la idea de que la gente es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Los dos oradores anteriores parecen defender lo contrario.
Las peticiones formuladas en esta Cámara no son antinorteamericanas. De hecho, hemos solicitado a los Estados Unidos que defiendan los derechos del mundo libre que conforman la médula de su propia Constitución. Llegamos así al quid de la cuestión: el argumento de que, en cierto sentido, estas personas se encuentran fuera de la jurisdicción nacional de los Estados Unidos. No lo están, y sobre esta base los demandantes ante el Tribunal Supremo han exigido la liberación de los detenidos que hemos presenciado recientemente.
Deberían estar sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos o a la del Derechos internacional: representación legal, un juicio justo y el derecho de recurso. En circunstancias excepcionales es cuando más se necesita el Estado de derecho sin excepciones, normal y racional. Señor Camre, no puedo estar de acuerdo con usted. Usted ha denunciado a estas personas y ni siquiera les concedería un juicio justo. No debemos olvidar nunca que el 11 de septiembre trastocó para siempre la mentalidad norteamericana. De ahí las acciones que han emprendido. Esta Cámara ha elegido por tanto un camino noble: no condenar, ni marginar a quienes han sido detenidos –quizá en circunstancias horrorosas–, sino pedir lisa y llanamente que se defienda y se respete en su totalidad el Estado de derecho nacional e internacional. Yo, el Grupo del PSE, el Grupo ELDR y otros Grupos defenderemos esos principios. Sería una jornada triste si todos los diputados a esta Cámara no pudieran hacer lo mismo.
Wuori (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Guantánamo no representa la guerra, sino el resurgimiento de la tiranía ejercida por un gobernante soberano, representado simbólicamente en estos momentos por la lógica de un estado de emergencia permanente defendido por la única superpotencia hegemónica mundial. Si se sigue sometiendo el principio del Estado de derecho a una presión de este tipo, puede que toda la tradición jurídica que tanto nos ha costado crear acabe por quebrarse. Nos encontramos ante un reto histórico.
Por suerte, en lo que respecta a los casos de Munir el Motassadeq y Abdeljani Mzud, los tribunales de los Estados Unidos y, recientemente, de Alemania, se han manifestado a favor de los principios de derechos humanos más fundamentales, uno de los cuales es el derecho a un juicio justo. Este confinamiento ilegal no favorece a los intereses estadounidenses; lo único que consigue es complicar la lucha legítima contra el terrorismo, que solo podrá triunfar a través de la cooperación y de medidas acordes con la ley, es ignorarlo es ceder al terrorismo, es una señal peligrosa en todos los aspectos. 
De Rossa (PSE ).
    Señor Presidente, es absolutamente inaceptable que más de 600 personas, incluso niños, permanezcan detenidas desde hace dos años en la Bahía de Guantánamo sin cargos ni juicio, en unas condiciones que ningún Estado democráticos podría consentir legítimamente. Constituye una receta para alimentar el odio, no para poner fin a la atrocidad del terrorismo.
Este es un debate sobre la defensa de la democracia y el Estado de derecho, y un llamamiento al sentido común y los instintos democráticos del pueblo norteamericano en una situación en la que el sentido común y los instintos democráticos revisten la mayor importancia. Es válido y acertado condenar y seguir condenando la atrocidad del 11 de septiembre de 2001 y todas las demás atrocidades perpetradas por los terroristas, ya sea en los Estados Unidos o en Europa, en España, Irlanda o, para el caso, en Israel o en los territorios palestinos.
El terrorismo se propone deliberadamente destruir la libertad: su objetivo es destruir la libertad. Si intentamos minar al terrorismo utilizando medios que de por sí destruyen la libertad, estamos socavando los verdaderos cimientos de nuestra propia sociedad. Si nos precipitamos por la pendiente de denegar los derechos humanos y los derechos democráticos básicos a quienes suponemos sospechosos de terrorismo, les estamos brindando una victoria y estamos construyendo una sociedad que, a la larga, perjudicará a los pueblos de este mundo que desean vivir en una paz sostenible. Quiero solicitar a la Presidencia irlandesa que incluya este asunto en el orden del día de la Cumbre entre la UE y los Estados Unidos de junio del presente año. 
Lambert (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, uno de los aspectos interesantes del debate sobre la Bahía de Guantánamo es el del lenguaje, cuando menos las nuevas definiciones de la guerra que se comienzan a escuchar, carentes de fundamento legal en cualquier legislación internacional.
Ya se ha mencionado hoy la liberación de los ciudadanos del Reino Unido, y por descontado que me alegra tal circunstancia, pero también me interesa quién está defendiendo los intereses de los demás detenidos, cuyos Gobiernos tal vez no mantengan una relación especial con los Estados Unidos. Acojo con satisfacción este informe porque pienso que es muy importante mantener todo este asunto dentro de la esfera internacional.
Como ya han dicho otros oradores, hemos asistido a la creación deliberada de un limbo legal, que ha dado luz verde a otros regímenes para actuar ahora de manera similar, sin olvidar a China, el Yemen, Uzbekistán, la Arabia Saudita y otras democracias sobradamente conocidas, con sus políticas de internamiento de los denominados fundamentalistas. Hemos visto cómo el Reino Unido reniega de artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos a fin de legitimar el internamiento en Belmarsh de residentes del Reino Unido. Es importante respetar el imperio del derecho humanitario internacional, aun cuando resulte incómodo para los Gobiernos. 
Roure (PSE ).
   – Señor Presidente, hace unos minutos escuché con sorpresa que Guantánamo era un centro de enseñanza de inglés. Es bastante extraordinario, ya que la detención de los presos de Guantánamo va en contra de los derechos humanos. Los presos no tienen acceso a un abogado independiente, y no sabemos exactamente quién está detenido y cuáles son los cargos concretos que se formulan en su contra. En tales condiciones, cabe preocuparse por la salud mental de los presos. 
Sin la ayuda previa de un abogado independiente, podemos destacar que existe el riesgo evidente de negociación para llegar a un acuerdo, a fin de revisar a la baja las bases de la inculpación. Así, los presos podrán optar por declararse culpables, aunque no lo sean, para evitar la pena de muerte. Es evidente que los dirigentes de los Estados Unidos y el Presidente Bush quieren procesos ejemplares con confesiones, porque están en un año de elecciones presidenciales.
La posición del Parlamento Europeo debe ser intransigente contra el terrorismo, pero también intransigente en el respeto del Derecho internacional. Es inaceptable que se condene as nadie antes de un juicio. Y, en este caso, es lo que sucede, a veces incluso en esta Cámara. Por tanto, todos debemos denunciar el agujero negro jurídico en que se encuentran los detenidos. 
Todos recordamos el horror de lo que pasó, pero no queremos que el terrorismo gane, y debemos exigir un trato equitativo para todos y demostrar que defendemos los valores que respetan el Derecho. Señorías, es el mejor modo que tenemos de luchar contra la barbarie.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0112/2004) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación (COM(2003)684 – C5-0574/2003 – 2003/0267(CNS)). 
Verheugen,
    Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al Sr. Lagendijk por el proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas en el marco del proceso de estabilización y asociación.
En las enmiendas propuestas se abordan algunos de los puntos clave en lo que respecta a nuestras relaciones con los países de los Balcanes Occidentales. Hemos tomado nota de todas las propuestas y las hemos estudiado minuciosamente. La Comisión y el Consejo necesitan el apoyo y el compromiso plenos del Parlamento en su esfuerzo por ayudar a esos países en sus reformas y por acercarlos a la Unión Europea.
Permítanme describir brevemente el origen de esta propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de Asociaciones Europeas, que se remonta al Consejo Europeo celebrado en Salónica en junio de 2003. Durante este evento, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su decisión de apoyar plena y efectivamente la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales. El proceso de estabilización y asociación se ha visto reforzado y completado por una serie de elementos aplicados en el transcurso del proceso de ampliación actual. En este sentido, la introducción de las Asociaciones Europeas constituye una de las propuestas más importantes. Se ha instado a la Comisión a que presente las primeras Asociaciones Europeas para su aprobación a finales de este mes, junto con los próximos informes anuales sobre el proceso de estabilización y asociación. Del mismo modo que las Asociaciones para la Adhesión de los países candidatos, las Asociaciones Europeas establecen las prioridades a corto y medio plazo que deberán cumplir los países correspondientes con el fin de acercarse a la Unión Europea. Se ajustarán a las necesidades específicas de dichos países y a sus respectivas fases de preparación, así como a las particularidades del proceso de estabilización y asociación, incluida la cooperación regional. En función de los avances obtenidos, las Asociaciones Europeas se dedicarán progresivamente a la adopción del acervo comunitario. La Comisión será responsable de controlar el progreso realizado, que habrá de reflejarse en una serie de informes anuales. El texto de cada Asociación Europea se transmitirá al Parlamento Europeo, que, como sucede en el caso de las Asociaciones para la Adhesión, deberá ser debidamente informado acerca de los avances registrados por los países en cuestión.
La Comisión ha anotado los comentarios del ponente acerca de la asistencia financiera destinada a los países de esta región. Quiero señalar una vez más que la propuesta no conlleva ningún tipo de implicaciones financieras. Las prioridades de la Asociación Europea seguirán constituyendo la base del programa de ayuda, la cual se proporcionará en el marco del programa CARDS. No obstante, he de dejar claro que las asociaciones cuentan con sus propias prioridades, cuyo cumplimiento no tiene implicaciones financieras de ninguna clase, tal como la aceptación de disposiciones legislativas.
Comprendo a la perfección la preocupación del Parlamento acerca de la condicionalidad de la asistencia comunitaria. El respeto de los principios de la democracia y la constitucionalidad, así como por los derechos humanos, los derechos de las minorías y las libertades fundamentales, constituye un requisito para la concesión de la asistencia comunitaria. Si no se cumplen estas condiciones generales, el Consejo podrá suspender las ayudas financieras. La Comisión ha aceptado incluir una referencia específica a este punto en los proyectos de decisión del Consejo sobre las prioridades particulares de cada asociación, que se pueden considerar prioridades de la Unión Europea del mismo modo que las correspondientes a las Asociaciones para la Adhesión lo fueron para los países candidatos. Por supuesto, se consultará de manera informal a los Gobiernos de los países implicados sobre la Asociación Europea. Su acuerdo no vendrá por sorpresa. La Comisión acepta la propuesta del Parlamento relativa a la inclusión en el Reglamento de un apartado sobre el procedimiento de consulta a los Gobiernos nacionales.
En el contexto de los mecanismos establecidos en virtud del proceso de estabilización y asociación con este fin, mantenemos un contacto regular con estos países. Suponemos que actualmente estarán elaborando planes en los que se fije el plazo para el cumplimiento de los requisitos necesarios para alcanzar un grado superior de integración con la Unión Europea. Este trabajo les permitirá obtener un mayor sentido de la responsabilidad y una mayor comprensión del proceso. La puesta en práctica de las prioridades de las Asociaciones Europeas exige compromiso, voluntad política y la aportación de recursos financieros suficientes. Las asociaciones se convertirán en una sólida base para dirigir los esfuerzos de reforma de los países de los Balcanes Occidentales hacia un acercamiento a la Unión Europea. 
Lagendijk (Verts/ALE ),
   . – Señor Presidente, antes de pasar a analizar la propuesta de la Comisión, quisiera preguntar si hay que dar algún significado político al hecho de que el Sr. Patten haya abandonado la Cámara y haya sido sustituido por el Sr. Verheugen, ya que este último, según tengo entendido, sigue siendo responsable de los Estados miembros candidatos y de los países en vías de adhesión. ¿Pretende acaso la Comisión indicar que los países de los Balcanes Occidentales, a pesar de no encontrarse aún de manera oficial entre los Estados miembros candidatos, de repente se han incluido entre estos? Para que no haya malentendidos, diré que acogería con agrado esta idea. Pero en cualquier caso, resulta sorprendente.
En lo que respecta a las propuestas, el Comisario ya ha hecho referencia al origen de las mismas, la Cumbre de Salónica del año pasado. En dicha cumbre, el Consejo Europeo, sometido a una presión considerable por parte de la Presidencia griega, quiso tener un gesto para con los países de los Balcanes Occidentales. El mensaje político más destacado de la reunión consistía en que estos países ya habían emprendido el camino definitivo hacia Europa y que la Unión Europea estaba dispuesta a ayudarles en este proceso a través de un instrumento adicional, las Asociaciones Europeas. La razón de esta iniciativa era que no había duda, tampoco en esta Cámara, de que esos países serán Estados miembros alguna vez. La única pregunta que cabe hacerse es cuándo sucederá esto y en qué condiciones. No obstante, y para ser sincero, he de decir que, al leer la propuesta de la Comisión por la que se aplica la excelente decisión tomada en Salónica, empiezo a dudar de la idoneidad de la misma. Quisiera saber –y esta es la pregunta principal planteada en mi informe– cuál es el valor añadido derivado de la introducción de un nuevo instrumento como las Asociaciones Europeas en este momento. La Unión Europea –ustedes lo saben mejor que nosotros– se encuentra inmersa en el proceso sumamente complicado de conclusión de los Acuerdos de Estabilización y Asociación con todos los países de la región o, al menos, este es el objetivo que anima nuestros esfuerzos. Ya lo hemos conseguido en los casos de Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y siguen en curso las negociaciones con los tres países restantes. Se trata de un proceso bastante intrincado. No es una tarea fácil. Todavía existen graves problemas en tres de los cinco países y aún queda mucho trabajo por hacer.
Y ahora, de pronto, en mitad de este proceso, aparece un nuevo instrumento, las Asociaciones Europeas. Estas asociaciones no mantienen la línea marcada por los Acuerdos de Estabilización y Asociación, sino que trascienden el contenido de los mismos. He de decir a la Comisión que no logro entender el motivo de tal instrumento; opino que la Comisión, al igual que el Parlamento, está obligada a seguir las instrucciones del Consejo, aunque, igual que nosotros, no pueda reconocerlo en voz alta. Me temo que nadie necesita ni espera el nuevo instrumento creado, que solo origina incertidumbre en la región. Pienso que hemos de tener mucho cuidado de no hacer promesas vacías a estos países, cuando nosotros mismos no estamos seguros de lo que pretendemos conseguir con esta iniciativa. En este terreno, la política se hace con símbolos, e insisto en que debemos andar con pies de plomo.
Si, después de todo, seguimos adelante con esta iniciativa, querría hacer dos comentarios. En primer lugar, haré referencia a los recursos financieros que forman parte generalmente de este tipo de asociaciones –basta echar un vistazo al extraordinario ejemplo de las Asociaciones Europeas–, a saber, las asociaciones que han precedido a la categoría de Estado miembro candidato. No en vano, si creamos un nuevo instrumento, ¿no sería conveniente reservar al mismo tiempo alguna cantidad de dinero? Su colega, el Comisario Patten, ha repetido en varias ocasiones a esta Cámara que, en lo que a él respecta, no hay problema en destinar a este fin los fondos de que dispone, y que le gustaría recibir más recursos del Parlamento para poder ayudar a estos países. Este hecho es el que me lleva a aceptar el concepto de Asociaciones Europeas, siempre y cuando quede clara la cantidad que vamos a aportar. Si no se reservan fondos adicionales a los ya disponibles, el conjunto de la iniciativa quedará en agua de borrajas.
La cuestión más importante tiene que ver con las condiciones. Los nuevos instrumentos no deben imponer condiciones diferentes. Ya se ha establecido una serie de estrictas condiciones para la asistencia comunitaria a estos países, tales como el regreso de los refugiados, la lucha contra la corrupción y la cooperación con el Tribunal de La Haya. Les ruego que no se añada nada más. Aunque me complace la declaración realizada por la Comisión en este contexto de que no se modificarán las condiciones existentes, considero que habría que dejar este aspecto suficientemente claro. La aparición de nuevos instrumentos no debe implicar el establecimiento de nuevas condiciones. No obstante, apoyo plenamente el cumplimiento estricto de las condiciones existentes, ya que, una vez más, he podido apreciar en el Consejo cierta tendencia a tomarlas a la ligera y a incumplir los criterios establecidos en el pasado. Sin embargo, hay que cumplirlos. Hay que adoptar un enfoque radical: los problemas de la región son amplios y si damos la impresión de que los países implicados pasarán a ser miembros de forma automática en un momento dado, las cosas irán mal. Para dejarlo claro: estoy a favor de seguir avanzando, de apoyar sinceramente a los reformadores y las reformas. La única elección posible para la Unión Europea es la de respaldar a estos países y a los pioneros que llevan a cabo reformas. Si para lograr esto necesitamos nuevos instrumentos, no dudemos en crearlos. Pero si se pueden obtener avances positivos con los que ya tenemos, evitando así la inseguridad que aportan los nuevos, me opondré a la creación de estos. 
Pack (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestra política exterior en relación con los Balcanes es una consecuencia inevitable de los enormes errores que cometimos a principios de los años noventa; en aquella época carecíamos de una política común para esta región, pero en el presente ya disponemos de una.
El Pacto de Estabilidad es la respuesta acertada a los problemas de esa zona. La negociación del proceso de estabilización y asociación, junto con la asistencia financiera como el programa CARDS y la revisión anual del progreso realizado, contribuye a avanzar hacia el objetivo mencionado con frecuencia de la adhesión final de estos países a la Unión Europea. Así que este es el buen camino. ¿Qué sentido tiene entonces este nuevo tópico de las «Asociaciones Europeas»? Los Acuerdos de Estabilización y Asociación constituyen la plataforma de lanzamiento para una asociación y, si se cumplen todos los criterios, la solicitud de adhesión es el siguiente paso. ¿Acaso cabe contemplar la adopción de una nueva iniciativa sin un respaldo financiero adicional? Esta propuesta del Consejo carece de sentido, y la Comisión es consciente de ello, aunque no pueda expresarlo de forma tan explícita. Nosotros, sin embargo, podemos decir lo que pensamos.
Señor Comisario, la Comisión y el Consejo podrían tomar a Croacia como ejemplo para demostrar su compromiso en lo que respecta a esta vanagloriada asociación. Croacia lleva años dando los pasos adecuados. La cooperación ha sido favorable en todos los ámbitos. Asimismo, el resultado de la colaboración con La Haya también ha sido positivo. Recientemente se han enviado dos generales más a este tribunal. No deberíamos situar el listón cada vez más arriba solo porque un general con pasaporte francés ande por ahí sin poder ser localizado. Debemos tener presentes los logros alcanzados.
La perspectiva positiva ofrecida por Croacia podría indicar el camino que hay que seguir e impulsar el cumplimiento de los criterios de la Unión Europea en la totalidad de la región para la que se han concebido las Asociaciones Europeas, y sé muy bien de lo que estoy hablando. Nuestra política exterior común en el sudeste de Europa se encuentra actualmente sometida a prueba, una prueba bastante rigurosa. Lamento decir que la propuesta de establecer Asociaciones Europeas que no aportan ningún valor añadido destacado en comparación con el proceso de estabilización y asociación y que, por otro lado, no cuentan con asistencia financiera adicional, no mejorará nuestra credibilidad. 
Swoboda (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los comentarios realizados por el Sr. Lagendijk y la Sra. Pack van en contra de la aprobación del informe Lagendijk. Yo, por mi parte, no votaré a favor del mismo; sin embargo, aunque opino que se trata de un mal informe, quisiera saber qué clase de Parlamento es ese que crítica las propuestas del Consejo y la Comisión y luego dice, bien, pero como somos un Parlamento, las apoyaremos. Yo, por lo pronto, no votaré a favor, y digo esto porque considero que, aunque los argumentos presentados por la Sra. Pack y el Sr. Lagendijk son válidos, se ha ideado un instrumento sin ningún fundamento real.
Imagino que se podrían sacar algo de la iniciativa de las Asociaciones Europeas, pero para ello sería preciso establecer criterios y objetivos precisos, pero la propuesta actual no dice nada al respecto. Confío en que el Comisario Verheugen batallará a favor de esto, ya que supongo que desempeñará un papel clave en la nueva Comisión –y sin duda lo merece– y que, además, tendrá una gran influencia a la hora de asegurar que las Asociaciones Europeas se conviertan en un instrumento basado en criterios claros. En mi recomendación, que no fue aceptada por la comisión, señalaba que los Acuerdos de Estabilidad y Asociación deberían aplicarse efectivamente en un período determinado de años. Que conste que digo efectivamente, y no de cualquier forma.
Mi visita a Kosovo como miembro de la delegación encabezada por la Sra. Pack me ha dejado una profunda huella. Me dio la impresión de que ni el bando albanés ni el serbio se han visto sometidos a la presión suficiente para actuar según debieran, trabajando juntos por el futuro de Kosovo. Y esta impresión se aplica también a algunos otros países. Sin embargo, el caso de Croacia, tanto con la administración anterior como con el Gobierno actual, representa una excepción a esa tendencia, ya que este país ha captado la relevancia de la oportunidad brindada y pretende realizar los avances necesarios.
La Comisión y nosotros en esta Cámara somos culpables en parte de esta situación. Opino que tendríamos que esforzarnos por garantizar que la voz de Europa se escuche con mayor claridad.
Un ejemplo de esto que comento es nuestro encuentro con el Presidente Rugova, por quien siento un profundo respeto y a quien conozco desde hace mucho tiempo; quizás no tanto como la Sra. Pack, pero puedo afirmar que mantengo una excelente relación con él. No obstante, cuando visitamos su residencia oficial –y sé que solo estamos hablando de Kosovo, no de un Estado independiente– comprobé que ondeaban las banderas albanesa, kosovar y estadounidense, pero faltaba la europea. Y según parecía, nadie tenía nada que decir al respecto. Me pregunto qué refleja esto con respecto a la voz de Europa. Le llevaremos una bandera europea con la esperanza de que tenga cabida en su residencia.
Quiero aclarar, no obstante, que esta cuestión no afecta solo a este presidente y que con mi comentario no pretendo ni mucho menos realizar una crítica personal. Pienso que del mismo modo que Europa no se encuentra representada entre las banderas izadas en su residencia, la representación de las ideas europeas en numerosas zonas de los Balcanes es nula o escasa. El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben colaborar para lograr que nuestra voz se escuche más ampliamente.
Comisario Verheugen, si este tema se somete a debate en el plazo de un año y consigue convencerme de que la Asociación Europea ha alcanzado este objetivo, o que al menos ha registrado algunos avances en esta línea, apoyaré el informe Lagendijk con efecto retroactivo. Pero mañana no votaré a favor del mismo. 
Verheugen,
    Ruego a sus Señorías que no extraigan ninguna conclusión particular del hecho de que yo represente hoy aquí al Comisario Patten, pero resulta bastante oportuno, ya que tal vez yo me encuentre en mejor situación que él para responder a los comentarios de sus Señorías. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que el Consejo de Salónica preguntó si no podríamos extraer algunas conclusiones de la evolución satisfactoria del proceso de ampliación con vistas a acercar, de manera más eficaz, a los países de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea.
La pregunta era muy simple: ¿hemos aprendido alguna lección, existen instrumentos que hayan resultado útiles para dicho proceso y que pudiéramos aplicar también en este caso, tras los oportunos ajustes? La respuesta a la pregunta es «sí». En el caso de los países candidatos a la adhesión, hemos contado con los «Acuerdos Europeos» como fundamento jurídico. Equivalen a los Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países de los Balcanes Occidentales. Desarrollamos las «Asociaciones para la Adhesión» como instrumento para ejecutar dichos Acuerdos Europeos y dentro de un momento les explicaré por qué fue una buena idea. El instrumento equivalente en el proceso de estabilización y asociación serán las Asociaciones Europeas, ya que no sería muy correcto hablar de «Asociaciones para la Adhesión».
La gran ventaja de este instrumento radica en que es muy flexible, muy exacto, fácil de controlar, y que los avances se pueden evaluar con enorme precisión. La Comisión tiene la intención de preparar estas asociaciones siguiendo exactamente el mismo patrón que en el caso de las Asociaciones para la Adhesión. Eso implica describir en términos precisos lo que debe suceder durante el primer año, o dicho de otra forma, la prioridad a corto plazo, en todos los ámbitos –gobernanza política, gobernanza económica, adopción del acervo– y luego las prioridades a medio plazo, para las que nos concederemos dos o tres años, y por último las prioridades a largo plazo. La gran ventaja de todo esto radica en que se puede verificar y ajustar en cualquier momento, y que los otros instrumentos de que disponemos pueden adaptarse para cumplir los objetivos de estas Asociaciones, por ejemplo, el instrumento de asistencia técnica que pretendemos utilizar en el futuro. Pero también estoy pensando en los instrumentos que ya están a nuestro alcance y todos los demás instrumentos disponibles.
Puedo decirles, por experiencia propia en el proceso de ampliación, que este instrumento será de utilidad, que se trata de un instrumento muy manejable, con el que hemos tenido una experiencia muy favorable durante la ampliación. Por consiguiente, les solicito que le concedan al menos una oportunidad. Me gustaría pedirle a mi amigo, el Sr. Swoboda, que tal vez le diera al instrumento dos oportunidades, y en el plazo de un año estaremos encantados de evaluar conjuntamente si ha producido o no algún resultado. No obstante, estoy bastante convencido de que se trata de un instrumento que será de ayuda para los países de los Balcanes Occidentales, que resultará más manejable para ellos, y que definirá con mayor claridad y credibilidad la dirección en que debe evolucionar todo el proceso. Por esta razón doy a este instrumento todo mi apoyo. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario Verheugen. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, el Comisario Verheugen me ha convencido. Votaré a favor. Confío en que haga lo correcto y espero que lo haga. 
El Presidente.
   Ya me sospechaba yo que no se trataba de una observancia del Reglamento. Como le conozco, no importa; hoy tengo un buen día.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de tres recomendaciones para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte:
- A5-0075/2004 de la Sra. Prets respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud (15327/1/2003 – C5-0021/2004 – 2003/0113(COD));
- A5-0076/2004 de la Sra. Pack respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea y el apoyo a actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación (15334/1/2003 – C5-0022/2004 – 2003/0114(COD));
- A5-0077/2004 de la Sra. Iivari respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura 
(15331/1/2003 – C5-0023/2004 – 2003/0115(COD)). 
Prets (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que nos encontremos al principio de la fase final de un proceso breve pero intenso. Estamos en condiciones de completar el programa y garantizar así que los jóvenes y las organizaciones de jóvenes puedan poner en práctica sus programas. Ha sido este un periodo muy intenso y de nuevo hemos padecido la presión del tiempo. Me gustaría que no ocurriera lo mismo con nuevos programas en el futuro, de manera que dispongamos de algo más de tiempo para esclarecer con mayor precisión las posiciones individuales y más oportunidades para el debate.
De lo que se trata en esencia es de apoyar a los grupos de jóvenes, cosa que debe preocuparnos especialmente si deseamos acrecentar la confianza en Europa o en la Unión Europea, ya que son los jóvenes quienes mejor entienden a Europa y los menos propensos a tener problemas a la hora de deponer sus prejuicios. Porque esto hay que favorecerlo, también tienen que estar más implicados en el proceso europeo. Existen varias formas de hacerlo: un organismo central es el Foro Europeo de la Juventud, que mantiene contactos en los distintos países y que hace muchas cosas difíciles, necesarias y útiles con los jóvenes, permitiéndoles vivir en asociación democrática dentro de Europa y más allá de sus fronteras.
Hoy debatimos sobre tres informes; aun cuando este sea un debate conjunto, no pueden examinarse a la luz de un mismo criterio, ya que su contenido se refiere a responsabilidades diferentes, que deben tomarse en consideración de manera apropiada. Se ha propuesto que se armonicen los programas de acción en lo referente a la cuota de cofinanciación largamente perseguida, al principio de degresión y a su duración. No cabe la menor duda de que va a resultar muy difícil, en términos prácticos, que empiecen a funcionar antes de 2008.
Hemos mantenido conversaciones interminables acerca de la cuota homogénea de cofinanciación del 20%, que no será totalmente operativa, ya que algunas organizaciones, sobre todo en el ámbito educativo, reciben una subvención tan reducida que cualquier recorte adicional se traduciría en la desaparición total de la subvención. Para las organizaciones de jóvenes, por tanto, la cifra del 20% se halla en el límite de lo aceptable, ya que la búsqueda de patrocinadores constituye un problema constante. Dada la situación económica, las empresas se ven incapaces de atender a los jóvenes. A las organizaciones pertenecientes a otros muchos ámbitos de actividad les resulta bastante más sencillo encontrar patrocinadores que a las dedicadas a los jóvenes, razón por la cual estas últimas precisan de nuestro especial apoyo.
Me gustaría que el principio de degresión, según el cual a partir del tercer año se retendrá un dos y medio por ciento de la subvención del año anterior, beneficie a los grupos y organizaciones de jóvenes que no hayan recibido ninguna subvención antes de esa fecha. Esto adquirirá especial importancia a partir de la ampliación. Después del 1 de mayo, habrá un mayor colectivo de jóvenes a que atender. Tenemos que invertir más y proporcionarles un apoyo sólido.
Esas organizaciones de jóvenes, cuya finalidad consiste en promover el diálogo internacional entre los jóvenes y facilitar información acerca de aspectos importantes al mayor número posible de jóvenes, también constituyen un cauce de transmisión de los criterios de la Unión Europea. Lo importante no solo es fomentar los asuntos de los jóvenes, sino suministrar contenidos afines a los temas en que están interesados. Aun cuando debamos tener en cuenta sus preocupaciones, ellos deben efectuar su propia contribución y difundir así al máximo todo el amplio espectro de políticas europeas. El futuro de la Unión Europea se halla en manos de los jóvenes y esto no deberíamos olvidarlo. 
Pack (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, el debate de hoy sobre estos tres programas tan necesarios da fe de nuestra búsqueda de un fundamento jurídico común para los ámbitos de la cultura, la educación y la juventud. Hemos tenido un procedimiento de concentración –estoy sumamente agradecida por el enorme apoyo que nos ha prestado al respecto la Comisión de Presupuestos– y ahora disponemos de unos recursos financieros bastante estimables. Por supuesto, podrían ser más abundantes –al fin y al cabo, son campos en los que tenemos que vérnoslas con el público, y en concreto con los jóvenes–, pero podemos darnos por satisfechos con lo que tenemos. Por lo que respecta a mi ámbito, puedo decirles que 77 millones de euros para los programas de acción destinados a las instituciones educativas no constituye una cantidad nimia, que sin embargo, repito, podría ser mayor.
Dentro de estos tres campos existen instituciones y asociaciones que son, por expresarlo en los términos más amplios posible, embajadores educativos y culturales de Europa y que promueven la notoriedad del patrimonio cultural común de Europa. Durante años, a menudo con ayuda de esta Cámara, todas estas entidades han venido desempeñando su labor. Sin ellas, la esencia de Europa se atrofiaría aún más de lo que aparentemente sucede ahora de forma paulatina. Me complace en especial que la Sra. Iivari haya logrado que se acepte la idea de que las instituciones culturales puedan conservar sus subvenciones, al menos durante un periodo transitorio de dos años. Entre otras cosas, constituye un reconocimiento a la labor de dichas entidades. Así pueden preparase para las solicitudes que tendrán que cursar en respuesta a las futuras convocatorias.
Llegados a este punto, quiero subrayar que nosotros, los diputados y diputadas al Parlamento Europeo, nos encontramos más cerca del público que quienes están sentados en la Comisión en Bruselas, y por tanto es una realidad que somos más conscientes de lo que el público necesita.
Hay tres consideraciones que deseo formular ahora. En cuanto a la primera, quiero aprovechar la ocasión para arrojar algo más de luz sobre el Reglamento financiero. En ningún caso debe permitirse que la manía jurista de regularlo todo obstruya nuestro afán por una mayor transparencia y eficacia en nuestro quehacer político sobre el terreno, y sé que la Comisión la sufre tanto como el Parlamento. El Consejo, que no tiene el más mínimo interés por estos temas, no la padece, pero el problema radica en que nos incumbe la obligación ímproba de defender estos temas sobre el terreno. Permítanme decir al respecto que este Reglamento financiero y la Comisión han aniquilado ahora –por citar solo un ejemplo– la red de Casas de Europa que ha existido durante 50 años. Ese tema debería formar parte de este debate. Quiero reseñar asimismo que, ni por lo que se refiere a 2003 ni a 2004, la Comisión ha sido capaz de abonar a esta red las cantidades de dinero que esta Cámara le había asignado. Se niega a hacerlo. No es a la Sra. Reding a quien hay que culpar de ello, sino a otros; sencillamente hay que apuntar que la culpa es de la Comisión.
Tal vez fuera necesario un Reglamento financiero como el que tenemos ahora. Lo único es que no puede quedar en la forma en que está. Hemos de reconocer que una interpretación rigurosa, por no decir fundamentalista, de este Reglamento financiero origina una burocracia que aleja al público aún más de la UE. ¿Cómo se supone que los ciudadanos van a presentar una solicitud, si necesitan recurrir a un consultor para que lo haga por ellos? Apenas resulta creíble que todas estas cuestiones se hayan complicado tanto. No podemos permitir caer rehenes de una especie de imperialismo presupuestario. Deberíamos hacer un esfuerzo real por cambiar algo y, en la próxima legislatura, unirnos a la Comisión de Presupuestos para encontrar un nuevo enfoque.
No somos ni una junta de gestores ni un consejo de administración que buscan el máximo de eficacia burocrática. No somos ninguna de las dos cosas, sino una asamblea parlamentaria, y nuestra tarea principal consiste en dar respuesta a los deseos y necesidades de la ciudadanía europea. Por esta razón creo que debemos preocuparnos de que el dinero se gaste de forma apropiada, pero no debemos permitir que nos pongan un corsé del que nadie sepa cómo liberarse.
Mi segunda consideración se refiere a que esperamos algo más del alma de Europa, por lo que los futuros presupuestos han de tener más en cuenta la educación y la cultura.
La tercera, señora Comisaria, tiene que ver con la nueva generación de programas de educación y cultura, sobre los que usted desea pronunciarse hoy. Espero de esta nueva generación de programas que incluyan instrumentos manejables, y me refiero a la actividad a escala comunitaria capaz de ser aplicada en la práctica, dotada de recursos operativos y financieros en línea con lo que desean los ciudadanos. Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido al público, y permítanme recalcar una vez más que no debe utilizarse como justificación para una maquinaria burocrática. 
Iivari (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, es un alivio que el tema de nuestro debate sea la Posición Común respecto de la financiación de las organizaciones y redes culturales europeas. Ahora hay que adoptar una decisión sobre este asunto, de forma que las entidades que tengan derecho a financiación reciban sus subvenciones a partir de este año. Quiero dar las gracias más sinceras a todos aquellos cuya cooperación durante el procedimiento de conciliación condujo a nuestro éxito a finales del año pasado. Terence Wynn, el Presidente de la Comisión de Presupuestos, y otras muchas personas han ayudado mucho. La colaboración por mi parte con la Comisión y el Consejo ha sido satisfactoria en las distintas etapas del proceso.
La propuesta de la Comisión, por la que se establece un programa de acción en el ámbito de la cultura, resultaba necesaria desde el momento en que cambiamos a un presupuesto basado en actividades. Las organizaciones culturales, que en el pasado se financiaban con cargo a la línea presupuestaria A, representando un gasto administrativo, precisan un fundamento jurídico para que se mantengan sus subvenciones. Gracias al compromiso alcanzado durante el procedimiento de conciliación, la financiación quedará referida ahora a un periodo de tres años. Durante los dos primeros años se respetará la decisión adoptada por la Comisión de Presupuestos el otoño pasado en relación con los beneficiarios, lo cual equivale a reservar unos fondos; el tercer año se producirá la transición hacia la solicitud abierta. El fundamento jurídico que ve ahora la luz permitirá también la financiación de la labor de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y de la red Mercator, así como de los emplazamientos de los campos de concentración como lugares de memoria histórica. El presupuesto total del programa asciende a 19 millones de euros.
Durante el debate de la propuesta de la Comisión quedó claro, por ejemplo a los ojos de los servicios jurídicos de todas las instituciones, que el procedimiento anterior, en el que el Parlamento designaba explícitamente las organizaciones que han de recibir subvenciones, no se ajustaba al nuevo Reglamento financiero. Yo particularmente también estoy a favor del método de solicitud directa como cuestión de principios. El Parlamento es un órgano legislativo y no nos corresponde a nosotros nombrar a los diferentes beneficiarios. No reúne los requisitos de transparencia y buena práctica administrativa. El Parlamento marca unas directrices y evalúa las decisiones adoptadas por la Comisión sobre la base de los informes.
Tras haber trabajado estrechamente con las redes culturales europeas durante casi cinco años, estoy convencida del valor añadido europeo que generan. Es enormemente importante que los expertos y los creativos que trabajan en o para los museos, la administración cultural, las escuelas de arte, los colegios, el teatro y la música dispongan de una oportunidad de cooperación. Creo que las redes culturales han de contribuir de forma importante al éxito de la ampliación europea. No solo son portavoces señalados de la diversidad de nuestro patrimonio cultural y nuestra civilización comunes de Europa, sino también creadores de nuevas ideas. Creo que ahora que estamos completando un fundamento jurídico para las subvenciones a tres años vista, podemos iniciar un buen arranque garantizando la supervivencia de las redes culturales de ámbito europeo. Me satisface mucho que la importancia de la cooperación europea en el terreno cultural y educativo quede resaltada en la propuesta de la Comisión como nuevo marco financiero para la construcción del futuro de Europa. Por eso quiero expresarle mi gratitud y felicitación más cálidas a la señora Comisaria Reding. 
Reding,
   . Señor Presidente, Señorías, en el origen del debate de hoy se encuentran las nuevas obligaciones impuestas por el Reglamento financiero adoptado en 2002. El nuevo Reglamento establece a partir de ahora un marco jurídico claro para las subvenciones que concedemos a gran número de organizaciones europeas de primera línea en los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación.
Ahora, toda decisión de financiación debe tener su justificación en un fundamento jurídico. Se trata, desde luego, de un progreso que celebro, al mismo tiempo que comprendo –como ha dicho la Sra. Pack– que tiene efectos perversos, pero espero que, conversando con los servicios presupuestarios de esta Cámara, encontremos soluciones.
Los cambios introducidos condujeron a la Comisión, en la primavera de 2003, a presentar propuestas de nuevo fundamento jurídico. Dichas propuestas se referían, en particular, a los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación. Pretendían garantizar una transición armoniosa entre el antiguo sistema y el nuevo, y nos esforzamos por garantizar la continuidad necesaria, al mismo tiempo que eran irreprochables en términos de buena gestión de los fondos públicos.
Hoy, estoy agradecida al Parlamento Europeo –y muy especialmente al Sr. Rocard y su comisión– por haber comprendido la urgencia y haber hecho posible que las propuestas de la Comisión se examinaran con rapidez. A día de hoy, me parece que lo esencial está resuelto y me alegro de que nos encaminemos hacia un compromiso, lo que demuestra la determinación de las instituciones europeas de encontrar una solución lo antes posible cuando es necesario.
En efecto, desde el 1 de enero de 2004, y a falta de fundamento jurídico, nos encontramos en una situación de vacío jurídico en relación con organizaciones cuyos conocimientos y creatividad son bien conocidos, organizaciones que la ciudadanía necesita para poder funcionar realmente en el sentido europeo. Estos organismos desempeñan una función insustituible: contribuyen a hacer amar a Europa y a dar un alma a Europa, como algunos diputados han dicho tan acertadamente.
Por tanto, todos hemos demostrado sentido común para encontrar soluciones que nos permitan poner fin a la situación de incertidumbre. Creo que ahora todo está dispuesto para cerrar este expediente, y me permito recordarles que la Presidencia ha enviado tres cartas al presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte informándole de la disposición del Consejo a llegar a un acuerdo en segunda lectura sobre la base de las posiciones comunes así enmendadas.
La posición de la Comisión con respecto a las enmiendas contenidas en las distintas recomendaciones es la siguiente: por lo que se refiere a la propuesta en el ámbito de la educación y la formación, la Comisión puede aceptar las tres enmiendas votadas en segunda lectura por la Comisión de Cultura, pues aportan mejoras importantes a la aplicación del programa. Por lo que se refiere a la cultura, las cinco enmiendas tendentes a hacer el texto compatible con el Reglamento financiero y a tener en cuenta la conciliación presupuestaria cuentan también con la aprobación de la Comisión. En cuanto a la juventud, la enmienda que introduce en el fundamento jurídico una cláusula transitoria para ampliar el período de elegibilidad al 1 de enero de 2004, a fin de tener en cuenta los gastos realizados durante el período de vacío legal, cuenta también con la aprobación de la Comisión.
Por tanto, señor Presidente, la Comisión aprueba por completo las enmiendas del Parlamento. Ya no hay ambigüedades, como puede comprobar, y terminaré dando las gracias a las ponentes, las Sras. Iivari, Pack y Prets, por la calidad de su trabajo y, sobre todo, por el espíritu con que lo han realizado. Gracias a ustedes, Señorías, vamos a poder proseguir nuestro importante trabajo con organizaciones europeas que dan vida a la Europa de la ciudadanía.

Beazley (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, tras haber escuchado brevemente a la Comisaria Reding, no tengo nada que decir, porque me parece que este tema es muy importante. Uno puede ser un profesor cualificado, pero qué hacer sin medios, sin dinero, sobre todo a escala europea. De vez en cuando, el Consejo de Ministros hace gala de una mayor generosidad con los proyectos europeos, pero le resulta difícil hacerlo porque, con la subsidiariedad, como sabemos, la educación sigue siendo normalmente un asunto nacional.
Sea como fuere, si me expreso en nombre propio y no como diputado al Parlamento Europeo, si me expreso como antiguo profesor de Historia, reconozco que el dinero es sin duda importante para la educación, pero hay algo más importante aún. Como diría la Sra. Reding, la educación es también una cuestión de formación y de espíritu. Todos los aquí presentes, incluido el público, fueron una vez niños y escolares, y cada uno y cada una de nosotros recordamos a buenos profesores. Los malos profesores se olvidan, los buenos se recuerdan. ¿Qué es un buen profesor? Es alguien que ama su asignatura, que ama a sus alumnos y también, por fuerza, a sus familias.
Este informe de las ponentes Pack, Prets e Iivari es muy importante y rindo homenaje a su trabajo. Pero no es el final de la historia. El final de la historia sería que las generaciones que nos siguen tuviesen la posibilidad de realizar, quizás, algo que vaya más allá de lo que nuestros sistemas regionales y nacionales pueden dar. Desde nuestro punto de vista de diputados al Parlamento, de miembros de una institución de la UE, hay lugar para la cultura y la educación a escala europea. Espero que este informe reciba una acogida favorable por parte del Consejo de Ministros y que los profesores y los alumnos tengan así la posibilidad de ampliar un poco su espíritu. La cultura y la educación no son ni regionales, ni nacionales, ni europeas, son las tres cosas a la vez.
Gröner (PSE ).
    Señor Presidente, ¿debo hablar ahora en inglés para seguir confundiendo a los intérpretes?

 Señorías, señora Comisaria, quiero agradecer de todo corazón a las tres ponentes haber llevado a cabo esta excelente labor de forma tan rápida. Lo interpreto como la transmisión a las entidades culturales, educativas y juveniles del importante mensaje de que esta Cámara cuenta con poderosos defensores para interceder por sus causas. Si se me permite hablar del entorno en el que he estado profundamente involucrada, con el Libro Blanco sobre la Juventud, el nuevo programa sobre juventud y el antiguo, debo decir que, a raíz de sus crecientes contactos a través del último proceso de consulta, las organizaciones de jóvenes y el Foro Europeo de la Juventud tienen puesto muy alto el listón de sus expectativas. Creo que los jóvenes están muy satisfechos con el buen fundamento jurídico para subvencionar financieramente más de 80 organizaciones de jóvenes.
En comparación con otras políticas –por ejemplo, la cultural o la educativa–, el programa de juventud está dotado tan pobremente que acabaremos por asignar menos de un uno por ciento del presupuesto global de la UE a este entorno, y eso, Señorías, a la larga ya no resulta aceptable. Los ciudadanos quieren que la Unión Europea sea fiel reflejo de sus intereses. Este es un entorno al que debemos insuflar vida.
Por tal razón, la dimensión geográfica, que siempre debemos conservar en el fondo de nuestras mentes a la hora de apoyar las organizaciones de jóvenes, implica algo más que la ampliación de la UE. Hemos de tener claro que el Foro Europeo de la Juventud, una federación de organizaciones de jóvenes, también opera con los países que pertenecen al Consejo de Europa, donde desempeña una papel importante como intermediario político. Las asociaciones de jóvenes, si me lo permiten, van siempre un poco por delante de las demás organizaciones. Los jóvenes piensan más hacia el futuro; tal vez tengan una visión más clara de su propio futuro que personas como nosotros, inmersas en la vida cotidiana y en la actividad política.
Eso explica la cooperación con la CEI y tampoco debe menospreciarse la importancia del programa en términos de desarrollo político pacífico en el Mediterráneo. Y con respecto a las elecciones del 10 al 13 de junio, solo me queda decir que tenemos que convencer a los jóvenes de que Europa es el lugar apropiado para desarrollar sus ideas políticas. Así pues, hoy es un buen día para que aprobemos estos tres programas, a partir de los cuales tendremos algo más de influencia en las negociaciones del presupuesto y, por lo que respecta a los programas de los jóvenes, podremos mirar un poco más hacia el futuro. 
Virrankoski (ELDR ).
   – Señor Presidente, el paquete legal con que tenemos que vérnoslas pretende crear un fundamento jurídico para determinados programas de acción en el entorno de la cultura, la educación y la juventud. La finalidad de estos consiste en proporcionar apoyo financiero a las entidades y organizaciones en este campo. El presupuesto del Parlamento Europeo se ha utilizado, de acuerdo con las líneas A-30, para apoyar a ciertas entidades, y concretamente a las ONG que funcionan sobre una base voluntaria, que han promovido la actividad europea y reforzado la identidad europea. A lo largo de los años se han ido consolidando las subvenciones para las organizaciones, hasta el punto de que su asignación ha sido algo que los antiguos beneficiarios de la ayuda han dado por supuesta. La selección de las organizaciones y entidades merecedoras de apoyo financiero parece haberse convertido en un proceso notablemente arbitrario. Los operadores nuevos han puesto de manifiesto la dificultad de ser incluidos, ya que los criterios de selección han sido poco precisos. La selección parece haber estado condicionada más por el hecho de que las organizaciones seleccionadas contaran con sólidos defensores en las pertinentes Comisiones parlamentarias, que por una calidad operativa mayor que la de otras. Este aspecto fue objeto de atención a la hora de revisar el Reglamento financiero, procediéndose finalmente a reducir o eliminar los fondos asignados en las partidas presupuestarias.
El paquete legal sometido ahora a debate va a crear un fundamento jurídico para las subvenciones a las organizaciones que operan en los ámbitos de la educación, la cultura y la juventud. El objetivo debe consistir en que las formas de ayuda financiera por parte de la Unión Europea sean transparentes y estén debidamente justificadas. Esto significa que las ayudas reiteradas y garantizadas deben ser pocas o dejar de existir en su totalidad. Las organizaciones y entidades tienen que demostrar de manera clara que son centros de excelencia y mejores que otras en ese terreno. Las subvenciones tienen que fundamentarse en solicitudes evaluadas de modo imparcial y justo. La financiación debe ser canalizada de manera que defina con precisión los objetivos cuya consecución apoya la UE, y cualquier beneficiario de ayuda tiene que elaborar un informe fidedigno sobre el uso de las subvenciones. Quiero dar las gracias a las ponentes, las Sras. Iivari, Pack y Prets, por sus excelentes informes. 
Perry (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a las tres ponentes por sus informes, que apoyo totalmente.
En los diez años que he estado en el Parlamento, he desempeñado la función de ponente para el presupuesto o ponente alternativo para el presupuesto por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y a menudo he trabajado estrechamente con la Sra. Iivari. Quiero centrarme sobre todo en el informe relativo a la cultura. Ella y yo estamos bastante de acuerdo en cuanto a los principios. Tal vez discrepemos en cierta medida en que yo siempre he considerado que el procedimiento parlamentario para subvencionar las actividades es muy abierto y transparente.
También estuve presente en la reunión de concertación justo antes de Navidades, en la que elaboramos el nuevo fundamento jurídico. Quiero rendir homenaje tanto a la señora Comisaria como al equipo de la Comisión por su apoyo, así como al Presidente de la Comisión de Presupuestos, que se ha mostrado extremadamente colaborador.
Permítanme sólo formular tres observaciones clave. La inversión en actividades culturales es importante. Estoy plenamente de acuerdo con la señora Comisaria: Europa tiene que significar, y significa, algo más que simplemente economía y comercio. Las actividades de organizaciones como la Joven Orquesta de la Unión Europa, «Swinging Europe», el Foro Europeo para las Artes y el Patrimonio –podría seguir enumerando otras–, todas ellas ayudan a la gente a comprender no solo la cultura, sino también la dimensión cultural de Europa y, a través de ella, la propia Unión Europea.
Todos sabemos que el programa Cultura 2000 está subvencionado muy deficientemente. Además está limitado por su propia definición, y muchas organizaciones que necesitan ayuda a escala europea y han recurrido al Parlamento, podrán utilizar ahora este nuevo fundamento jurídico. No podemos esperar que los Estados miembros subvencionen actividades culturales de alcance europeo, sino que se centrarán en el ámbito nacional.
Las subvenciones para la cultura son demasiado exiguas; es algo que ya se ha dicho antes. Cerca del 50% de nuestro dinero va a parar a agricultura; cifro en menos del 0,5% lo que se destina a cultura. Pero la cultura es un importante agente creador de riqueza: el 17% del PIB del Reino Unido procede de las industrias creativas.
Por último, tenemos que garantizar que las organizaciones que reciben subvenciones obtengan la información con la debida antelación, de manera que el dinero se gaste de forma eficaz y efectiva. 
Wyn (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, estoy especialmente contento de que estos programas garanticen la estabilidad financiera de organizaciones como el Foro Europeo de la Juventud, Jeunesse, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) y los centros de información y documentación Mercator, entre otras muchas.
El Foro Europeo de la Juventud y Jeunesse cumplen un papel esencial a la hora de facultar e incorporar a los jóvenes a la sociedad civil, que entraña tanta importancia. Asimismo proporcionan a la gente joven un entorno para aprender a tomar decisiones democráticas, la comprensión intercultural y el aprendizaje automotivado. De igual forma, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y Mercator han desempeñado, y continuarán desempeñando, un papel importante para salvaguardar y fomentar las lenguas minoritarias en la Unión Europea. Su presencia y su labor resulta especialmente necesaria ahora que van a entrar a formar parte de la Unión 10 nuevos países, incrementando aún más el número de lenguas minoritarias existentes. Actualmente existen 40 millones de personas que hablan lenguas minoritarias. A estas se sumarán otros seis millones de usuarios de lenguas minoritarias.
Es vital que los usuarios de estas lenguas gocen de los mismos derechos y posibilidades de que han disfrutado todos los demás ciudadanos. Saludo también con agrado las medidas para incrementar la transparencia en las decisiones para asignar subvenciones a organizaciones, así como las facilidad de uso del proceso de solicitud de fondos que, en la actualidad, es demasiado farragoso. Sin embargo, lamento que en el caso de las ONG juveniles, el principio de degresividad siga estando en la posición común, lo que significa que la reducción de sus fondos a partir del tercer año dificultará las cosas para ellas. Garantizar un presupuesto ordinario para estas ONG constituiría la mejor manera de apoyar sus actividades y aumentar su eficacia en el futuro. Espero sinceramente que estos excelentes informes sean ratificados por una mayoría notable en el Parlamento. 
Zabell (PPE-DE ).
    Señor Presidente, querida Comisaria, Señorías, ponentes, al igual que las personas que me han precedido en el uso de la palabra, creo que es fundamental tener un fundamento jurídico que nos permita contar con un presupuesto estable para los programas de cultura, educación y juventud europea.
Estos programas, en los que, evidentemente, tienen que estar implicados la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, deben tener, en primer lugar, el fundamento jurídico que les corresponde, y eso va por buen camino y, en segundo lugar, el presupuesto adecuado. Y ésta es una cita pendiente que las instituciones europeas tenemos con la educación, la cultura y la juventud europea.
He dicho muchas veces en este hemiciclo, no me voy a cansar de decirlo, y hoy lo voy a decir una vez más, que el futuro de Europa es la juventud. No puede ser de otra manera. Y el futuro de Europa va a depender muchísimo de la educación que reciban estos jóvenes. Aunque de acuerdo con el principio de subsidiariedad la educación no nos corresponde a nosotros, sí podemos aportar mucho y de una manera muy positiva para conseguir una Europa más unida, conocida, cohesionada, culta y educada; lo que todos deseamos. Al final eso redundará en beneficio de todos los europeos.
Por eso, pido que, cuando hayamos concluido la batalla del fundamento jurídico, entre todos comencemos la batalla de aumentar los presupuestos de juventud, cultura y educación hasta llegar a la cantidad que verdaderamente se merecen, porque eso nos conviene a todos nosotros.
El Presidente.
   Muchas gracias, señora Zabell.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Comunicación de la comisión sobre la nueva generación de programas comunitarios de educación y formación 2007–2013 y sobre la «Ciudadanía en acción. 
Reding,
   . Señor Presidente, me había comprometido a trazar durante el primer semestre de 2004 las perspectivas de futuro de los programas europeos que están a mi cargo. Ya está hecho. La Comisión acaba de dar luz verde a la comunicación sobre los nuevos programas. 
Las dos comunicaciones adoptadas hoy conciernen a todos los europeos, desde su aprendizaje escolar hasta su vida de ciudadanos. Es importante porque Europa no es solo una cuestión de economía, finanzas y comercio. Europa tiene un alma. Europa son las mujeres y los hombres en su diversidad cultural, que representa la auténtica riqueza de nuestra Unión. Los nuevos programas quieren prestarles oído; quieren responder a sus aspiraciones y ayudarles a crear una auténtica ciudadanía europea. En efecto, las cuestiones asociadas a la educación y la ciudadanía figurarán entre los principales retos del decenio por venir. En una Unión que debería tener cerca de 500 millones de habitantes en 2007, reforzar el sentimiento de pertenencia cultural y ciudadana a un conjunto de una extraordinaria diversidad va a requerir necesariamente la movilización de todas las herramientas y programas a nuestra disposición. Así, los programas contemplados en las comunicaciones adoptadas hoy participarán en una nueva lógica de conjunto: construir puentes entre las culturas y los individuos.
Señor Presidente, estos programas son nuestro futuro, porque están centrados en la ayuda a la juventud, para que pueda realizar sus aspiraciones europeas tanto en el ámbito de la educación como en el vasto terreno de la ciudadanía. Sé que estos programas responden a una gran expectativa. No caen del cielo. Se han llevado a cabo consultas públicas con miles de profesionales, con miles de personas comprometidas con la cultura, con la educación. Hemos contado con el acuerdo y la petición expresa del Parlamento Europeo para seguir adelante. Por lo demás, les digo muy sinceramente que el calendario es apretado, porque necesitaremos el año 2006 para implantar los programas a fin de garantizar una transición armoniosa entre los programas de hoy y los de mañana.
Quisiera decirles también que la Comisión ha aprovechado la ocasión para proponer una gran simplificación, que tiene sus límites, por supuesto, porque los fundamentos jurídicos, las clientelas –si puedo decirlo así– y las intervenciones son diferentes. Pero hemos conseguido reducir el número de fundamentos jurídicos de 13 a 6 y el número de líneas presupuestarias de 26 a 7. Por otra parte, esta prevista una revisión del Reglamento financiero para 2005 y espero que, en aras de una mayor transparencia, de una mayor eficacia y de una menor burocracia, conseguiremos simplificar, en particular, la utilización de estos programas por parte de los ciudadanos.
Todos estos programas son programas europeos que insisten en el valor añadido europeo y, por tanto, se crean y conciben a escala europea. Sin embargo, su aplicación se descentralizará a nivel de agencias nacionales, más cercanas a los ciudadanos. Las agencias gestionarán la ejecución de los programas, porque conocerán directamente a los ciudadanos interesados. Puedo decirles que existe una enorme capacidad de absorción en este sentido, porque, ya hoy, nuestra ejecución presupuestaria es casi del 100%. Las solicitudes recibidas para proyectos relacionados con la educación y la cultura en el sentido amplio del término exceden al menos en un 50% de lo que podemos ofrecer. Tenemos realmente una capacidad que llenar, porque hay una demanda del público muy importante que satisfacer. 
¿Por qué he esperado hasta hoy para presentarles los nuevos programas? Simplemente porque debía esperar las perspectivas financieras para poder avanzar. Creo que el Presidente Prodi lo ha dicho en esta Cámara: la Comisión piensa que la educación y la ciudadanía son elementos muy importantes de la futura política europea. Por esta razón se nos propone, en las perspectivas financieras, un presupuesto enormemente incrementado. Sin embargo, a pesar de que dicho presupuesto es casi cuatro veces superior al que tenemos hoy, estamos aún muy lejos de la cuenta, Señorías, puesto que hoy nuestros programas solo representan el 0,8% del presupuesto comunitario. Por tanto, incluso si aumentan de forma significativa los gastos contemplados en interés de la ciudadanía, en interés de los hombres y mujeres que hacen Europa, solo seguirán representando un pequeñísimo porcentaje del presupuesto global de la Unión, sin contar con que, para conseguir ese pequeño porcentaje, se lo digo con toda claridad, todavía hará falta mucho trabajo político, mucho trabajo de persuasión.
Les he dicho que había dos programas. El primero se refiere a la educación, se llama: «Nueva generación de programas de educación y formación», y tiene como hilo conductor la formación a lo largo de toda la vida, que debe comenzar en la más tierna infancia, para enseñar a los niños a aprender, y continuar hasta que los ciudadanos abandonen la vida activa. Habrá, pues, un único programa integrado, un programa que tiene por objetivo hacer que las lenguas, las nuevas tecnologías y, muy importante, la divulgación de los resultados de nuestros trabajos, considerados elementos transversales, abarquen todos los aspectos de la educación. 
Habrá, por supuesto, distintos niveles, como hoy: la escuela, la formación profesional, la enseñanza superior, la formación de los adultos. En todos estos niveles se introducirá el valor añadido europeo: la movilidad, por supuesto, porque a nosotros corresponde hacer hincapié en la movilidad; las cooperaciones entre clases escolares, entre organizaciones que se ocupan de la educación; los proyectos transnacionales, en el marco de los cuales nuestros pedagogos desarrollarán nuevos programas a la vanguardia del progreso. Les daré algunas cifras que ilustran lo que proponemos. Queremos que al menos un 10% de los alumnos de las escuelas primarias se beneficien de proyectos de movilidad, virtual o real: hoy estamos solo en el 1,5% anual. Queremos triplicar los estudiantes Erasmus: el número actual es de 120 000 estudiantes por año. En el marco del programa Leonardo dedicado a la formación profesional, queremos pasar de 45 000 personas al año a al menos 150 000. Queremos tener una verdadera movilidad en la formación de adultos: hoy estamos –casi me avergüenza decirlo– en 2 000 personas, y querríamos pasar a por lo menos 50 000 personas al año. Y me refiero aquí a la movilidad dentro de la Unión Europea, porque también está, por supuesto, el movilidad fuera de la Unión Europea. Están los nuevos vecinos, que tendremos que integrar en nuestra manera de hacer Europa. 
En este sentido, señor Presidente, queremos desarrollar Tempus, hacer un Tempus Plus, que no se centre únicamente en lo universitario, sino que contemple ayudas en función de las necesidades y las capacidades de cada país, ayudas en todos los ámbitos de la política de educación, integrando también la escuela y la formación profesional. Y después están las cátedras Jean Monnet, que hoy existen en cincuenta países. Pensamos que también en este nivel es muy importante avanzar. Otro aspecto que va a interesar a los diputados que han hablado de finanzas hace unos minutos, señor Presidente, es la integración de instituciones como Brujas, Florencia y Maastricht en nuestros programas, para que el fundamento jurídico quede regulado de una vez por todas. Esto por lo que se refiere al nuevo gran programa integrado de Educación.
Después está el segundo gran programa integrado de «Ciudadanía en acción», que agrupará varios programas actuales, que se continuarán tal cual bajo el gran paraguas de la ciudadanía. Habrá tres capítulos: juventud, cultura y medios de comunicación.
Primer capítulo, el programa Juventud. Sé que, entre ustedes, hay diputados que se interesan muy especialmente por este programa, varios de cuyos aspectos van a ser desarrollados. Primer aspecto, primer tema, Juventud para Europa, que englobará la movilidad, la participación y el intercambio. Después, segundo gran tema: el servicio voluntario europeo. Con la ampliación de este servicio no solo a los individuos sino también a los grupos, quisiéramos hacer del voluntariado entre la juventud una verdadera política, fuerte y visible, que tenemos la intención de extender más allá de Europa. Queremos hacer una especie de programa Juventud para el mundo, para contribuir al desarrollo de la comprensión mutua en un espíritu de apertura al mundo y de compromiso activo de los jóvenes. Pienso en los países de la Europa ampliada, en la intensificación de la cooperación con los países candidatos, con los países de los Balcanes y con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), pero también con otros terceros países. Otro aspecto que no debe descuidarse, la acción de los animadores socioeducativos y el sistema de apoyo, para formar a los animadores de juventud y apoyar la cooperación política.
Segundo capítulo, la cultura. En este ámbito, habrá tres objetivos de valor añadido europeo: movilidad de los profesionales, circulación transnacional de las obras y diálogo intercultural. Serán los tres hilos conductores que atravesarán todas nuestras acciones culturales. Ya no habrá la sectorización rígida de hoy, sino más bien grandes acentos, como acabo de describir, con los tres tipos de acción que conocemos hoy: cooperaciones plurianuales con operadores privados y empresas, que implica una apertura hacia el ámbito de las empresas culturales; proyectos anuales innovadores, esto no cambia; y para retomar los problemas que acabamos de resolver, apoyo a los organismos culturales europeos. A este respecto también, Señorías, habrá una gran simplificación. No habrá más que una sola línea presupuestaria en lugar de las cinco que tenemos hoy.
Último capítulo, el audiovisual. También aquí habrá tres grandes objetivos: preservación y promoción de la diversidad cultural y del patrimonio, circulación de las obras dentro y fuera de la Unión, y mejora de la competitividad del sector industrial. Para explicarlo bien, diré que nos mantenemos en la lógica actual. Ya hoy decimos que la inversión en la producción de películas es una inversión nacional, regional, privada, todo lo que se quiera, pero no europea. Nos mantenemos ahí, pero vamos a dar a los Estados miembros la posibilidad de proseguir esta inversión, de seguir concediendo ayudas públicas al cine. Para ello, intervendremos hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, con la adquisición de competencias. Hay que poner en red nuestras escuelas de cine. Cabría imaginar, por qué no, un Erasmus para las escuelas de cine. Sería muy bueno. Para tener acceso a los créditos, habrá que aprender el oficio concreto de la realización de una película, incluidos los planes empresariales. En efecto, no queremos educar a personas caprichosas, queremos educar a personas capaces de hacer buenas películas que, además, se vendan.
Más adelante está el problema de la distribución. Como saben, las películas europeas viajan mal a pesar de todos nuestros esfuerzos. Sigue existiendo el problema de que una película nacional se ve en el país creador, pero las dificultades comienzan a la hora de pasar la frontera. Por consiguiente, debemos hacer todo lo posible para que esta situación cambie, por razones de ampliación del mercado de la película, pero también por motivos de diversidad cultural que no tengo que explicarles. Vamos a reforzar el sistema de apoyo y de distribución selectiva y automática y vamos a añadir una ayuda al doblaje y al subtitulado, una ayuda al multilingüismo, para que no sea demasiado caro hacer viajar las películas. A este respecto, pienso en las nuevas técnicas, porque, ya hoy, el 40% de los ingresos de una película son generados por los DVD. Y los DVD contienen automáticamente el potencial multilingüe. Por tanto, tendremos que trabajar sobre esto con un gran compromiso. 
Está después la mejora de la promoción, en Europa por supuesto, pero también fuera de Europa. Pienso, por ejemplo, en paquetes de películas europeas traducidas a las distintas lenguas, que podrían ofrecerse a festivales en Nueva York, en Nueva Delhi, acompañadas por las estrellas europeas para poner de verdad todos los medios y conseguir una gran visibilidad.
Para preparar el futuro, Señorías, nos reservamos un espacio para «proyecto piloto», un espacio de flexibilidad, porque las nuevas tecnologías van a experimentar una gran evolución. Por tanto, debemos estar preparados para acompañar esa evolución en función de las necesidades.
Señorías, esto es un pocas palabras lo que se ha decidido hoy. Desde luego, es un bosquejo. Es una estructura, pero pienso que demuestra que la Comisión se toma muy en serio lo que Europa tiene de más valioso, lo que constituye la gran riqueza de Europa: los ciudadanos y su diversidad cultural.
Pack (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, tengo tres preguntas que formularle. En primer lugar, quisiera saber si la ampliación del programa Tempus a Tempus Plus es una respuesta a la pregunta planteada en Salónica acerca de si se iban a ampliar los programas educativos a los países de los Balcanes. No me parecería suficiente; me gustaría ver ampliado todo el programa Sócrates, en vez de tener solo el Tempus como uno nuevo.
En segundo lugar, ¿no acarrea la reducción de la línea presupuestaria que nosotros, en esta Cámara y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, tengamos aún menos que decir acerca de quién obtiene las subvenciones? ¿Cuál es la verdad de todo esto?
En tercer lugar, ¿se han perdido los nombres de los programas? ¿Desaparecen los nombres de «Erasmus», «Sócrates» y «Comenius», o se conservan en alguna parte? No me queda claro a partir del texto. Aunque espero recibir una respuesta al respecto, lamento no poder estar presente para escucharla, ya que tengo que recabar información antes de asistir a otra reunión. Ruego acepte mis disculpas. 
Prets (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, permítame comenzar dándole las gracias por respetar el calendario. Resulta edificante ver ya listo el nuevo programa, y quiero plantearle tres preguntas breves. Dado que desea aumentar y ampliar todo –Leonardo, por ejemplo, desde 45 000 hasta 150 000 participantes, un 10% de alumnos de escuela primaria en lugar del 1,5%, un salto de 2 000 a 50 000 en la educación de adultos, y otras muchas cosas–, ¿qué podemos esperar en cuanto al presupuesto? Solíamos obtener el 0,8%; si queremos un mejor rendimiento y una calidad más alta, tendremos que pagarlo de alguna forma. Además, ¿en qué fases se va a lograr este objetivo? ¿Cómo se pretende lograrlo para 2012 ó 2010, y quién va a soportar entonces el gasto adicional si –como he escuchado– muchos países ya no están dispuestos a aportar más del 1% al presupuesto europeo? 
Rocard (PSE ).
   – Señora Comisaria, permítame en primer lugar felicitarla. En efecto, en este período de morosidad después de la conferencia intergubernamental, este hemiciclo no se estremece a menudo de entusiasmo. Usted nos ha brindado la ocasión, lo cual es muy grato. Mis preguntas son legión, pero le formularé cuatro. Tres se refieren a lo que acaba de decir y otra se aparta ligeramente del tema que ha abordado, pero tiene que ver con nuestros problemas.
La primera es la siguiente: ¿puede ser un poco más explícita sobre lo que acaba de mencionar brevemente en relación con la cuadruplicación del presupuesto? ¿Para qué período? ¿Sobre qué base? ¿Se trata de la totalidad de la dotación para la cultura, la juventud y los medios de comunicación? ¡Menuda noticia! Partimos de una cantidad tan pequeña. De todos modos, nos gustaría saber algo más. 
La segunda pregunta se refiere a las lenguas. Conocemos bien, señora Comisaria, y lo admiro, el entusiasmo y ardor con que defiende usted los programas de iniciación lingüística y las lenguas minoritarias. En este contexto, es el Consejo el que va a la zaga. ¿Estaría dispuesta la Comisión, en apoyo de los programas que acaba de describir, a retomar la idea de que el Consejo debe presionar a los Estados miembros para hacer obligatoria la enseñanza de al menos dos lenguas vivas? Además, según los lingüistas, sería preferible que una de ellas fuera ajena a la familia lingüística de la lengua materna. Así, Europa se hará multilingüe y no dependiente de nuestra jerigonza parecida al inglés.
La tercera pregunta se refiere al cine. He tenido el placer de escucharla a este respecto, señora Comisaria, pero no ha mencionado, en relación con la promoción de la diversidad cultural y su defensa en el ámbito del cine, el desafortunado texto elaborado –me parece–  por la Dirección General de Mercado Interior. En nombre de la protección de la competencia, pretendía armonizar todas nuestras estructuras de ayuda al cine, de hecho iba a suprimirlas o trastocarlas. Esto nos preocupa. En nuestra opinión, esta argumentación era estúpida, pero nos gustaría oírlo de su boca.
Mi cuarta pregunta es una cuestión de aplicación. Se refiere a lo que ha dicho sobre la gran cultura europea. Ha hablado usted de Brujas y de Florencia. Acabo de saber que, en Florencia, tras un acuerdo internacional que establece el presupuesto de este instituto, se ha recibido una notificación en la que el importe acordado y votado por este Parlamento, que es soberano en Europa, aparece amputado por el Secretario General de la Comisión en un 20%.
Gröner (PSE ).
   – Gracias, señor Presidente, y enhorabuena a la señora Comisaria, que ha concebido los programas de educación con planteamientos muy ambiciosos. Espero que, conjuntamente con la Comisión, podamos confeccionar el presupuesto para los mismos. Quiero recordarle que Erasmus pretendía incluir al 10% de los estudiantes en el programa. Esperemos que consigamos hacerlo.
Permítame abordar ahora el programa nuevo. Nuestro orden del día simplemente describe esto como un debate sobre los programas de educación y cultura. Me temo que serán los jóvenes quienes terminarán pagando la factura, si sus asuntos se meten en el mismo saco junto con todo lo demás. Creo que tenemos que garantizar –y usted tiene que especificar en su propuesta– que los programas para jóvenes estén debidamente subvencionados, que el sistema educativo informal seguirá valorándose como es debido en el futuro, y que podrá ampliarse a fin de preparar a los ciudadanos para una ciudadanía en acción. Si todas estas cosas –juventud, cultura, medios audiovisuales, medios de comunicación y películas– acaban en un mismo saco, me temo que los jóvenes acabarán pagando el pato y salir perdiendo.
No debe permitirse que eso suceda. 
Reding,
   . Señor Presidente, intento ser lo más breve posible, principalmente porque el lunes próximo estaré en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. Por consiguiente, todas las preguntas que puedo leer en este momento en los rostros que me rodean podrán plantearse en ese momento.

 Parece existir el temor de que los diferentes elementos del programa Sócrates pudieran quedar suprimidos. Puedo asegurarle a la Sra. Pack que es justo al contrario: la realidad es que vamos a ampliar el programa Tempus Plus a todas las modalidades de escolaridad, es decir, escuelas, formación profesional, educación para adultos y universidades. Ha preguntado si se va a prescindir de los nombres, a lo que la respuesta es tanto afirmativa como negativa. Contamos ahora con una denominación global para los programas de educación, por lo que ya no existe Sócrates, pero Comenius, Erasmus, Leonardo y Grundtvig seguirán aplicándose a las escuelas, las universidades, la formación profesional y la educación para adultos, respectivamente.
La Sra. Prets me ha preguntado acerca de la posición con respecto al presupuesto. Es muy sencillo: cuando no quede nada por repartir, no recibiremos nada. La Comisión adopta una postura diferente; lo que le gustaría es que quedara algo para repartir, y por eso no simpatiza con los países que solo quieren pagar el 1%. Necesitamos más si hemos de invertir en la ciudadanía, en los ciudadanos, en nuestros jóvenes, y el hecho de que el presupuesto de la Comisión para el futuro sea un presupuesto ampliado significa que ha habilitado más fondos para la formación y para la ciudadanía.
He procurado deliberadamente no inmiscuirme en este debate, creyendo como creo que es muy importante –incluso en términos políticos– clarificar lo que queremos para Europa, hacia dónde queremos llevar a Europa, y lo que necesitamos para conseguir tal propósito. Solo después de haberlo hecho deberemos mirar cuánto dinero precisamos para convertir todo eso en realidad. Atacarlo desde el otro extremo constituye la forma errónea de proceder. 

Quería decir al Sr. Rocard que la cuadruplicación del presupuesto se recoge en las perspectivas financieras que la Comisión les ha presentado. Por tanto, señor Rocard, tendrá usted todavía mucho gusto en negociar y pelear con el Consejo de Ministros, que seguramente querrá conceder menos de lo que propone la Comisión. Habrá que precisar entonces en qué ámbito hacer los recortes. ¿Queremos 120 000 o 360 000 estudiantes Erasmus por año? Seamos muy claros. Si no se nos da dinero para financiar los 360 000 estudiantes Erasmus o el 10% de escuelas que podrán beneficiarse de un programa educativo de movilidad, no podremos hacerlo. Es evidente.
Las lenguas, señor Presidente, están incluidas, como hilo conductor, en todos nuestros programas educativos, así como en todos los programas a favor de la ciudadanía. No se puede construir Europa sin diversidad lingüística, está claro. Con todo, me alegra comprobar los modestos progresos realizados en los Estados miembros y no pierdo nunca la ocasión de dirigirme a estos últimos para incitarles a avanzar.
En cuanto al cine y la ayuda al cine, creía haber dicho, señor Presidente, que debemos ser lógicos. Si, en nombre de la Unión Europea, no queremos invertir en la producción de películas, debemos dar a los Estados miembros la posibilidad de hacerlo.
Tendrá que esperar a la semana próxima, señor Rocard, cuando en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte obtenga una respuesta que le satisfaga, estoy segura, no solo a usted, sino a todos los cineastas europeos y a todos aquellos que aman el cine.

La Sra. Gröner ha expresado el resquemor por cuanto sería perjudicial para la juventud que se metieran en el mismo saco a la juventud, la cultura y los medios de comunicación. Estoy en condiciones de decirle que puede confiar en que no permitiré que se haga. Cuando presentemos los programas reales en julio, verá que los jóvenes no han caído en el olvido. Siempre decimos que ellos son el futuro de esta Europa nuestra, y realmente lo son. Solo resta que nuestros actos respalden nuestras afirmaciones. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0066/2004).
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión

¿Está al tanto la Comisión de la honda preocupación que existe en Escocia porque se sospecha que el Estado de Noruega está abusando de una posición dominante en el sector de la piscicultura? ¿Puede indicar la Comisión qué medidas está adoptando y va a adoptar, a este respecto, para evitar el abuso por parte de intereses controlados por el Estado noruego y otros así como por parte del grupo Nutreco de los Países Bajos (se cree que las políticas de gestión de sus intereses en acuicultura se deciden en Stavanger), en particular en lo relativo a los alimentos para animales?
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, voy a dar una respuesta muy directa a esa pregunta. La Comisión está dispuesta a realizar una investigación en profundidad del supuesto abuso de posición dominante en el sector de la piscicultura de la Unión Europea, acerca de si se ha producido dicho abuso y cuándo ha sido. Ya en 1992 procedimos a la prohibición de un acuerdo de precios por cuenta de criadores de salmón noruegos, escoceses e irlandeses. Estamos en contacto regular con las autoridades noruegas en lo referente a la supervisión de los mercados a que hace alusión la pregunta. Como he dicho, estoy dispuesto a estudiar en profundidad la información disponible y, en caso necesario, poner en marcha investigaciones ulteriores sobre esta cuestión. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Agradezco calurosamente al Comisario Fischler esta respuesta tan directa. Es sumamente importante que se investigue esta acusación de abuso de posición dominante.
Algo que es particularmente preocupante es que los reproductores de juveniles, o salmones jóvenes, se localicen principalmente en Escocia e Irlanda y dependan enteramente de las ventas a los criadores, quienes a su vez están afectados por los fabricantes de piensos. Los fabricantes de piensos y las preocupaciones de la cría están dominados por los intereses noruegos y es aquí donde surge el abuso de posición dominante en el mercado. Un riesgo particular que plantea es el de un determinado activo que actualmente se encuentra en manos de los reproductores de salmones de propiedad de la Unión Europea y que son los datos genéticos y peces reproductores maduros genotipados, que son de importancia fundamental, tal como estoy seguro que el Comisario comprende muy bien. Al llevar a cabo su ulterior investigación, con la que estaré encantado de cooperar tanto como pueda, ¿examinará más detenidamente y con más interés este aspecto de la situación? 
Fischler,
    Señor Presidente, solo me cabe pedir a su Señoría que nos haga partícipe de cuanta información reciba, ya que estamos dispuestos a conceder a todos estos asuntos la atención que merecen. Aparte de eso, no puedo sino estar de acuerdo con lo que acaba de manifestar. 
Purvis (PPE-DE ).
   – Señor Comisario, me uno al Sr. MacCormick agradeciéndole su respuesta directa. Tanto él como yo hemos estado pasando información semana tras semana tanto a usted como a sus colegas, pero hemos visto que existe una relación más bien tortuosa entre usted en el tema de la acuicultura, el Sr. Monti en el tema de la política sobre competitividad y el Sr. Lamy en el del comercio, lo que dificulta mucho las cosas. ¿Puedo pedirles a los tres que unan fuerzas y trabajen al unísono, para actuar en este problema particular con la mayor urgencia posible? A nuestros electores de Escocia se les está exprimiendo la vida.
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, quisiera poner algo en claro al respecto. Efectivamente existe una diferencia entre agricultura y pesca en este contexto. La realidad es que también soy responsable de la parte internacional de los asuntos agrícolas. Además, soy el encargado de las negociaciones relativas al sector agrícola, por ejemplo en la OMC. La situación es distinta en la pesca, donde el Comisario Lamy tiene la responsabilidad sobre la dimensión internacional.
No obstante, me complace mucho asumir su sugerencia y la próxima vez que celebremos una de nuestras reuniones bilaterales o trilaterales –le puedo asegurar que lo hacemos–, nos preocuparemos de que la información llegue con suficiente antelación a todas las personas que puedan tener alguna responsabilidad en el tema. 
El Presidente.
   Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 28 decae.
Para que la orden de detención europea y la propuesta de orden de relativa a las pruebas en la UE sean eficaces, la situación por lo que se refiere a los derechos de los sospechosos debe ser la misma en toda la Unión.
¿Cuándo presentará la Comisión una propuesta oficial de acuerdo a escala de la UE sobre garantías en procesos que impliquen a sospechosos? En otras palabras, ¿cuándo piensa proponer condiciones de acceso iguales para los abogados y los intérpretes a fin de combatir la inmunidad policial y garantizar interpretaciones parecidas de los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y el derecho a guardar silencio? 
Vitorino,
   .  En pocas palabras, la Comisión prevé presentar una propuesta para una decisión marco sobre determinados derechos procesales para las personas sospechosas en procesos penales en toda la Unión Europea. El proyecto de instrumento se encuentra en su etapa final de consulta interna dentro de la Comisión. Cuando concluya y se haya traducido, se enviará al Parlamento y al Consejo. El proyecto de decisión marco abarca cinco derechos fundamentales: el acceso al asesoramiento legal; el acceso a la interpretación y traducción libres, que aseguren que las personas que no pueden entender o seguir los procedimientos reciben atención específica; el derecho de las personas extranjeras detenidas a comunicarse con sus autoridades consulares, y la notificación por escrito de sus derechos.
En cuanto al derecho al silencio, la Comisión ha pedido al Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales que lleve a cabo un estudio sobre la recopilación y gestión de pruebas, incluido el modo en que se interpreta el derecho al silencio en todos los Estados miembros y en los países en vías de adhesión. Una vez se reciba el informe de este estudio, la Comisión evaluará la necesidad de una propuesta en este ámbito.
La inmunidad de la policía no es competencia de la Unión Europea, puesto que el mantenimiento de la ley y el orden y la salvaguarda de la seguridad interior están explícitamente excluidas del ámbito del Tratado de la Unión Europea. 
Newton Dunn (ELDR ).
   – Muchas gracias por la respuesta, señor Comisario, que suena alentadora. Me doy cuenta del terrible campo minado que va a ser esta propuesta. Tome como ejemplo la orden de detención europea, que todos los Estados miembros han ratificado pero únicamente ocho han transpuesto a su legislación nacional. Va a ser muy difícil aprobar esta propuesta, pero cuenta usted con el respaldo de nuestra comisión.
Ante usted hay dos grandes obstáculos. Existe un problema de reconocimiento mutuo frente a la normalización. Sería mejor la normalización, pero el reconocimiento mutuo es el enfoque más fácil. ¿Cómo va a lograrlo y asegurar que funcione cuando existe un Convenio Europeo de Derechos Humanos, y todos los abogados inteligentes dirán inmediatamente que no reconocen la capacidad de otra persona para juzgar y que van a recurrir a Estrasburgo? ¿Cómo va a conseguir que esto funcione en la práctica? Será muy difícil y espero que me tranquilice usted. 
Vitorino,
   . Confirmo que es extremadamente difícil, ya que casi la mitad de los Estados miembros no están de acuerdo en que existe un fundamento jurídico para abordar estas cuestiones a escala de la Unión Europea. Esta no es la posición de la Comisión.
Creemos que este reconocimiento mutuo, que es la piedra angular de la cooperación judicial en asuntos penales, necesita confianza mutua entre los Estados miembros. En cierta medida, para crear este clima de confianza mutua, necesitamos un grado mínimo de armonización o al menos de aproximación del Derecho penal, incluidas las garantías procesales.
No estamos trabajando en un campo vacío; el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece algunas normas. Creemos que es preciso llegar más lejos a escala europea y concretar más el modo de utilizar las garantías procesales que ya se han establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Vamos a presentar nuestra propuesta dentro de muy poco e intentaremos que el Consejo la apruebe. No será fácil, pero estoy decidido a seguir este camino. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Comisario, ruego me perdone si encuentro que la situación no es satisfactoria, ya que estoy seguro de que usted también piensa lo mismo. Se nos aseguró, en el momento de establecer la orden de detención europea, que le seguirían a pocos pasos normas comunes mínimas y efectivas. Ahora descubrimos que no va a ser así. Quienes sugerimos la creación de un europeo en la orden de detención nos encontramos reforzados en nuestra creencia de que esto hubiera sido mucho más acertado. ¿Puede usted conceder, señor Comisario, como persona que ha sido un valiente luchador en este sentido, que, si la nueva Constitución tuviera que entrar en vigor, los Estados miembros en el futuro se encontrarían sujetos a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al ejecutar mandamientos de detención europeos, y que esto será Derecho vinculante, ya que al aplicarlos estarán aplicando el Derecho europeo? 
Vitorino,
   . Señor MacCormick, comparto su punto de vista de que la situación no es satisfactoria pero, sin embargo, no hay un campo vacío, como he dicho. En primer lugar, existe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que aborda normas de juicio justas, y que han suscrito todos los Estados miembros y todos los países en vías de adhesión. En segundo lugar, existen algunas normas procesales en la decisión marco sobre la orden de detención europea como tal y, en tercer lugar, apoyo plenamente la idea de una Carta de los Derechos Fundamentales que sea legalmente vinculante y tenga rango constitucional. Tan pronto como resolvamos cuestiones menores sobre la ponderación de votos, entrará en vigor, de ello estoy seguro. 
El Presidente.
   Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 30 decae. 

¿Qué posición va a adoptar la Comisión ante las solicitudes presentadas por el sector pesquero gallego al Comisario Fischler, durante su visita de trabajo a Vigo, con respecto a la conveniencia de que esa agencia asuma también funciones relativas a la investigación y a la mejora de los dictámenes científicos sobre el estado de los recursos pesqueros y el análisis de una posible aplicación de sistemas de intercambio de cuotas entre las empresas pesqueras comunitarias, para que, de conformidad con las propuestas del sector gallego, se parezca en sus responsabilidades a otras agencias como las relativas al mercado interior o a la promoción del diálogo social?
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, el 13 de diciembre de 2003 el Consejo Europeo dio luz verde a la creación de la Agencia Europea de Gestión de la Pesca, sobre la cual la Comisión presentará a finales de este mes una propuesta en la que definiremos las responsabilidades de esta nueva agencia. La más importante de todas será la coordinación de la implantación conjunta de los servicios de control en los Estados miembros. Los controles deben ser realizados, entre otros, por equipos multinacionales, fijando la Comisión las estrategias de inspección a utilizar, como los puntos de referencia y las prioridades comunes. También implicaremos a expertos procedentes de los Estados miembros en la creación de la agencia y consultaremos con los diversos grupos de interés. Para septiembre esperamos disponer de un estudio acerca de los aspectos operativos de esta agencia, y sus resultados serán debatidos por el Consejo en el marco de la toma de decisiones. Con ocasión de mi última visita a Vigo, el sector pesquero gallego sugirió posibles emplazamientos para la agencia en cuestión; por supuesto, estudiaré con detenimiento estas sugerencias, que serán tenidas en cuenta en los estudios a que he hecho alusión. Tan pronto como el Consejo acepte nuestra propuesta, estaremos en condiciones de nombrar el Consejo de Administración y el Director Gerente, con lo que la entidad, en cierto modo, podrá empezar a funcionar. 
Nogueira Román (Verts/ALE ).
    Señor Comisario, he tenido conocimiento, como puede suponer, de su visita a Vigo, mi ciudad natal, y sé que el sector pesquero de la ciudad, uno de los mayores de Galicia, del Estado español y de Europa, ha formulado una serie de sugerencias relativas a las obligaciones y competencias de esta agencia, que considero merecen una respuesta concreta por parte de usted. Además, creo que debería promover un diálogo abierto con el sector antes de definir el reglamento de la agencia y pienso que esta institución podría constituir el enlace tan necesario entre quienes trabajan en la industria y las instituciones científicas. En cualquier caso, quiero preguntarle expresamente si la Comisión ya ha recibido la propuesta del Estado español para que la sede de la agencia quede fijada en Vigo y cuándo piensa usted que quedará establecida definitivamente allí. 
Fischler,
    Señor Presidente, todavía no hemos recibido la propuesta oficial para el emplazamiento concreto de esta agencia, pero como he señalado, aún hay tiempo para ello, ya que primero tenemos que crear su fundamento jurídico. Aunque vamos a formular sin demora la pertinente propuesta, tendrá que seguir los cauces del proceso legislativo. 
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE ).
    Señor Presidente, yo querría, al hilo de las preguntas, formular una concreta: como se ha dicho, es evidente que fue el Consejo quien decidió que esta agencia se creara en España, que esta decisión fue aprobada y que el Presidente del Gobierno de España –democráticamente elegido–, Sr. Aznar, asumió que tenía que ser ubicada en la ciudad de Vigo. Creo que la Comisión lo ha asumido también, puesto que el propio Comisario ha estado allí. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda al respecto.
Lo que lógicamente preocupa ahora al sector es cuándo empezará a funcionar esta agencia. Creo que el Parlamento tendrá que pronunciarse sobre la propuesta que haga la Comisión y que, una vez constituido el nuevo Parlamento en julio –y esto es lo que quiero preguntar al señor Comisario–, creo que en septiembre podrá estar –como él ha dicho– en la fase operativa.
Si en otoño –septiembre u octubre– el Parlamento se pronuncia y da su dictamen favorable, ¿quiere ello decir que en 2005 podría estar funcionando ya la agencia o que se habrían acabado todos los trámites para iniciar su funcionamiento, si todos los trámites se pueden realizar a partir de la nueva constitución del Parlamento?
Fischler,
    Señor Presidente, para evitar cualquier malentendido, quisiera dejar claro que la agencia no puede empezar a funcionar antes de que haya quedado fijado su fundamento jurídico. He señalado que la Comisión –que está actuando muy diligentemente en este caso– va a presentar este mes la propuesta sobre el fundamento jurídico, tras lo cual tanto el Consejo de Pesca como el Parlamento tendrán que pronunciarse y tomar una decisión.
En el actual estado de cosas, solo cabe esperar un dictamen del Parlamento tras las elecciones parlamentarias, lo que significa que el Consejo tampoco podrá adoptar una decisión antes de finales de año. Solo tras la adopción de esta decisión será posible iniciar los procedimientos de contratación y seleccionar el equipo humano, cuyo proceso llevará un cierto tiempo a lo largo del año que viene. Lamento el hecho de que no sea posible, ni legal ni técnicamente, hacerlo con mayor celeridad. Tampoco podremos hacer uso de ningún fondo hasta que no esté en vigor el fundamento jurídico. 
El Presidente.
Anticipándose a la liberalización del acceso a las aguas de las Azores, que deberá entrar en vigor el 1 de agosto de 2004, han entrado en las aguas de las Azores decenas de embarcaciones comunitarias no registradas en esas islas que alegan haber recibido la autorización de otros Estados miembros.
Las autoridades portuguesas son incapaces de controlar el tipo de arte, las cantidades y las especies que son el objetivo de la pesca realizada por esas embarcaciones y las autoridades regionales de las Azores temen que se esté creando ya, de forma anticipada, el escenario de despilfarro de los recursos previsto para la fecha de entrada en vigor de los dispositivos establecidos en el Reglamento (CE) 1954/2003(1).
¿Cuándo piensa adoptar la Comisión Europea, en virtud de los poderes que le otorga el Tratado y de su obligación de defenderlo, las medidas urgentes necesarias para impedir de inmediato que continúe dicha actividad?
¿Cuándo piensa revisar la Comisión Europea su aceptación de la posición del Consejo ante las pruebas que indican que dicho Reglamento va en contra de los principios básicos de los pueblos y del medio ambiente recogidos en el Tratado?
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, aunque la Comisión tiene por supuesto conocimiento de la presencia de embarcaciones pesqueras españolas en aguas de las Azores, parece existir un cierto malentendido por parte de las autoridades portuguesas acerca de la aplicabilidad del Reglamento (CE) 1954/2003. El artículo 5 de dicho Reglamento, que rige las condiciones en que pueden realizarse capturas de peces en aguas de las Azores, Madeira y las Islas Canarias, afirma que los Estados miembros pueden reservar para las embarcaciones locales la pesca dentro de una franja de 110 millas desde la costa. Eso es así desde el 14 de noviembre de 2003, fecha en que entró en vigor esta disposición legal. Corresponde a los Estados miembros garantizar el cumplimiento de tales disposiciones. De todo ello se desprende que la presencia de embarcaciones españolas en aguas de las Azores fuera del límite de las 100 millas marinas no justifica ninguna medida de emergencia del tipo planteado por el Sr. Casaca, ya que los barcos están respetando las disposiciones de acceso.
Me gustaría recordarle, en este contexto, el dictamen de la Comisión con motivo de la aprobación del Reglamento (CE) 1954/2003 por parte del Consejo, cuando anunciamos además la prohibición de la pesca al arrastre en las Azores, a fin de prevenir cualquier daño a los ecosistemas vulnerables del fondo del mar. El 3 de febrero de este año hemos presentado al Consejo una propuesta de Reglamento relativo a este asunto. La Comisión también mantiene un diálogo continuo con los Estados miembros implicados, con el propósito de garantizar que las fricciones en la ejecución de las nuevas disposiciones se reduzcan al mínimo. 
Casaca (PSE ).
    Señor Presidente, estoy seguro de que se trata de un descuido, señor Comisario, pero no ha hecho alusión al artículo 15 de este Reglamento, que es muy concreto en cuanto a la derogación del sistema que protege actualmente las aguas de las Azores. La fecha a que hace referencia es el 1 de agosto o, alternativamente, la fecha de entrada en vigor del conjunto de disposiciones de aplicación del esfuerzo pesquero, que aún no ha entrado en vigor.
Este artículo no puede revocarse a capricho de nadie. El Consejo, la única autoridad legal que hasta el momento ha presentado un dictamen sobre la materia, tal como figura en el Acta de la reunión del Consejo del 19 de febrero, ha afirmado de manera inequívoca que dicha fecha debe respetarse. Quiero preguntarle, señor Comisario, en base a qué derecho piensa usted que puede revocar un artículo que no admite ninguna otra interpretación y que protege las aguas territoriales de las Azores hasta el 31 de julio. 
Fischler,
    Señor Presidente, de entrada puedo asegurarle al Sr. Casaca que hemos consultado con nuestros servicios jurídicos, cuya visión de estos temas es exactamente la que le he expuesto, ninguna otra.
Lo que en principio hemos decidido es que, por una parte, se ha fijado un nuevo límite de 100 millas marinas, mientras que por otra, la zona de protección de pesca se ha ampliado para abarcar nuevas especies de peces, en lugar de proteger solo la pesca del atún, como de hecho venía siendo el caso hasta ahora. Así pues, aunque su Señoría invoque el artículo 15, no puedo darle la razón. La actuación española en el caso a que usted hace referencia ha sido totalmente correcta. 
El Presidente.
La reforma de la OCM del olivar de 1998 estableció un período transitorio para disponer de datos fiables sobre el sector del aceite de oliva, saliendo al paso de las reclamaciones que se formulaban desde España ante el desajuste de su cuota nacional; dichos datos y la evolución de la OCM vigente han venido a confirmar su insuficiencia y discriminación, por comparación a la realidad productiva de otros Estados miembros. Los olivareros españoles y andaluces son, en efecto, los que menos ayuda media vienen percibiendo, sufriendo durante todo este tiempo una penalización media del 33%.
Esta situación de desventaja debe de ser resuelta cara al futuro. La nueva OCM del aceite de oliva ofrece a la Comisión la ocasión de ajustar la cantidad nacional española a la realidad productiva de su olivar, evitando que se consolide una situación discriminatoria que originaría una fuerte pérdida presupuestaria para las regiones y comarcas oleícolas para las que esta producción es fundamental para su economía.
¿Realizará la Comisión esa necesaria revisión, ajustando la ficha financiera española a su realidad productiva?
Fischler,
    Señor Presidente, permítame señalar, a modo de introducción, que los asuntos planteados en las últimas preguntas van a ser discutidos en el transcurso del debate de esta tarde acerca de la reforma de los sectores del aceite de oliva, el tabaco, el algodón y el lúpulo.
Volviendo a la pregunta en sí, el principio general básico de la reforma de junio pasado de la Política Agrícola Común fue que los fondos de cada país debían guardar relación con la ayuda media concedida en el transcurso del periodo en cuestión. No existe ninguna razón por la que deba concederse un trato diferente al aceite de oliva. El Consejo de Ministros ya ha decidido ocuparse de él paralelamente a la reforma de junio. Someter a revisión ahora las cuotas nacionales sería contrario a la lógica que nos indujo a implantarlas en 1998 y por tanto se concluye que los Estados miembros son responsables de mantener bajo control los aumentos de la producción. En aquellas fechas, las cuotas nacionales se fijaron en unos niveles que los estudios posteriores han confirmado como los que correspondían a la dimensión estructural del sector en los diferentes Estados miembros productores por aquel entonces. Como usted sin duda sabe, España cuenta con una participación del 43% de la cantidad máxima total, sumando su participación del número de olivos cultivados –39%– y la participación en la superficie de plantación olivarera, que era del 44% en 1998. Visto desde esa perspectiva, lo que estamos discutiendo constituye una oferta realmente generosa. 
Izquierdo Rojo (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, usted sabe que la base que sirvió para esta reforma contiene cuotas desfasadas en lo que se refiere a España. Usted sabe que, en este sentido, España es un caso específico y que esos estudios realizados y todas las encuestas demuestran que la realidad productiva española es, en efecto, mayor que la que tradicionalmente se le viene reconociendo.
España ha sufrido una penalización en sus cuotas de la producción, y esto es evidente. Por tanto, debería reconocerse esta circunstancia, porque no es el único Estado miembro que se encuentra en esta situación.
Teniendo en cuenta que, en realidad, la nueva reforma de la PAC supone una liquidación de la etapa anterior -y cuando se liquida, se hace con arreglo al cómputo de las "realidades reales", no al de las realidades desfasadas- y teniendo en cuenta que durante toda esa etapa que ahora liquidamos, España estaba comparativamente penalizada -y esto, evidentemente, es demostrable- con un desajuste de su realidad productiva y, señor Comisario, recordando también que el olivar español le acogió a usted siempre muy esperanzado de que comprendería su realidad y sus potencialidades en cuanto a salud y defensa medioambiental, le pregunto: ¿no contempla usted la posibilidad de repercutir la realidad productiva, la que tenemos, en el presupuesto nacional? Pedimos transparencia y una cuota ajustada.
Fischler,
    Señor Presidente, debo decir abiertamente que no comparto la opinión de la Sra. Izquierdo Rojo de que España se haya visto penalizada, ya que en 1998 se produjo una reforma en la que se acordaron, inclusive por parte de España, los límites superiores absolutos. Por consiguiente, no cabe afirmar a toro pasado que España ha sido penalizada.
Además, señora Izquierdo Rojo, debo decirle que lo que usted pretende, en última instancia implicará que se inviertan adicionalmente más de cien millones de euros, ni más ni menos, para apoyar al sector español en detrimento de todos los demás. El problema radica en que no puedo hacer a la vez lo que se supone que debo hacer y mantener la neutralidad presupuestaria de esta cuestión, y a la vez acceder a su petición y sacar otros cien millones de euros de algún sitio. La realidad es que sencillamente no existen. 
Patakis (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, la revisión de 1998 creó graves problemas tanto para España como para Grecia, sobre todo debido a la cuota de 419 000 toneladas, cuando era algo sabido, sobre la base de los datos en poder de las direcciones generales de agricultura, que la producción en Grecia alcanzaba las 600 000 toneladas y más. La cuota de 419 000 toneladas creó graves problemas para los pequeños productores oleícolas. Cuando el Ministro de Agricultura redujo la producción, en un intento de controlar el asunto, ya se vieron los resultados; como sabe, se produjeron manifestaciones constantes en Grecia, ya que esta cuota ínfima suponía una injusticia para los productores oleícolas.
Así que, por lo que concierne a la petición de mi estimada amiga española, considero que se produce la misma injusticia con Grecia. Por ello, señor Comisario, es necesario modificar esas cuotas. 
Fischler,
    Lamento, señor Patakis, tener que llevarle la contraria en este tema. Esta situación dista mucho de ser igual a la de España, y tampoco parece muy inteligente por su parte, como diputado griego al Parlamento Europeo, hacer uso de ese razonamiento, ya que en 1998, cuando se fijaron estas condiciones, la cuota nacional garantizada de Grecia ascendía –como muy bien ha afirmado usted– a 419 500 toneladas, correspondientes al 23,6% de la cifra total de la UE. Si lo compara con el número de árboles que tienen ustedes, que representan solamente el 20% del total general, y con la superficie en hectáreas, que solo asciende al 18,8% de la de toda la UE, estaría realmente justificado que se produjera una transferencia de una parte de la cantidad garantizada de ustedes a España, y no en el sentido que usted propugna. 
El Presidente.
   Esta noche, como ha recordado el señor Comisario y ustedes saben, hay un debate importante sobre agricultura y tendrán ocasión de intercambiar puntos de vista.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 34 decae.
El pasado 23 de febrero la Comisión adoptó un conjunto de modificaciones al Reglamento (CE) 753/2002(2) que permiten la utilización de determinadas "denominaciones tradicionales" de vino por terceros países. Entre estas denominaciones se encuentran las de "tawny", "ruby", "vintage" y "late bottled", exclusivas del vino de Oporto, así como otras que se atribuyen típicamente al vino de Madeira y a diferentes variedades regionales producidas en Portugal. Las modificaciones adoptadas por la Comisión repercutirán sin duda negativamente en la producción y comercialización de todos los vinos indicados anteriormente, pero sus repercusiones serán especialmente importantes en el caso del vino de Oporto, tanto por lo que representa este vino para la economía de una amplia región del país -denominación de origen Douro, con casi unos 33 000 viticultores- como por la importancia de los ingresos que genera: más de 2/3 de las exportaciones de vinos y aproximadamente 1/5 de las de productos agroalimentarios. Por otra parte, la generalización de denominaciones que apenas tienen que ver con el vino de Oporto, así como con su importancia y calidad, podrá poner en entredicho la propia imagen de este vino a escala internacional.
Habida cuenta del error cometido, ¿no piensa corregirlo la Comisión y dar marcha atrás en su decisión? ¿Qué garantías puede ofrecer la Comisión de que no se verá afectada la imagen del vino de Oporto a escala mundial, especialmente su especificidad, su renombre y su fácil identificación por parte del consumidor?
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, seguramente ustedes conocen las denominaciones tradicionales inglesas de «ruby», «vintage», «tawny» y «late bottled», que en la Comunidad son denominaciones protegidas cuando se aplican a vinos de calidad enriquecidos producidos en Portugal. Dicho en otras palabras, estas denominaciones tradicionales pueden utilizarse libremente en relación con otros vinos de calidad.
Pero para permitir el uso de estas denominaciones, que son tradicionales en Portugal, los terceros países deben satisfacer ciertos requisitos y cumplir las siguientes condiciones:
en primer lugar, la denominación tiene que ser específica, es decir, tiene que estar reconocida como marca de calidad.
En segundo lugar, la denominación tiene que ser característica o gozar de un cierto renombre, esto es, el consumidor medio debe poder reconocerla como distintiva entre un vino y otro.
En tercer lugar, la denominación tiene que ser utilizada tradicionalmente dentro del territorio del país tercero en cuestión.
En cuarto lugar, las disposiciones fijadas por el país tercero no deben inducir a error al consumidor europeo en el caso de que el vino de dicho país se comercialice en un mercado dentro de la Comunidad Europea.
El quinto requisito consiste en que la lengua oficial del país tercero tiene que ser el inglés, como es el caso de Sudáfrica, Australia y los Estados Unidos. Si el inglés no es la lengua oficial del país en cuestión, su utilización debe estar prevista en la legislación y se tiene que haber utilizado el inglés para esta denominación tradicional al menos durante los últimos 25 años ininterrumpidamente. Como el inglés no es la lengua oficial en terceros países como la Argentina, Chile o Brasil, y las leyes de estos países no contienen tales disposiciones, dichos países no pueden utilizar las denominaciones tradicionales en el mercado comunitario.
Para que se permita utilizar una denominación tradicional en la CE, un país tercero tiene que presentar un estudio a la Comisión, que solo autorizará su utilización si se cumplen las distintas condiciones que he enumerado. Las consultas de los Estados miembros están garantizadas a través de la participación del Comité de Gestión en este procedimiento.
Las modificaciones del Reglamento sobre etiquetado no tendrán ningún efecto negativo sobre el comercio, ya que las denominaciones tradicionales para los vinos enriquecidos son limitadas, mientras que los terceros países por lo general exportan vinos normales o no enriquecidos. 
Lage (PSE ).
    Señor Comisario, gracias por sus explicaciones. Parece que usted, señor Comisario, cree que las denominaciones de prestigio no son solo etiquetas arbitrarias colocadas en las botellas, sino denominaciones de prestigio que han madurado gracias al arte, la ciencia y el clima. Sin embargo, acaba de manifestar que estas denominaciones pueden ser utilizadas ahora por terceros países, siempre que cumplan un sinfín de criterios, todo un conjunto de requisitos que nos acaba de enumerar.
Parece incluso que usted cree que estos requisitos nos van a proteger contra la adulteración, las falsificaciones y el fraude. Sin embargo, yo no lo creo, señor Comisario. Esto abrirá las compuertas a graves daños en el futuro para una región delimitada muy vasta, la primera del mundo, la región de vinos de Oporto, que por si sola representa una quinta parte de las exportaciones agrícolas de Portugal. Lamento no poder estar de acuerdo con usted, señor Comisario, pero no tengo la certeza de que los requisitos y garantías que nos ha ofrecido mediante este Reglamento vayan a proteger realmente la calidad de estas denominaciones tradicionales. 
Fischler,
    Señor Presidente, si se me permite volver a poner en claro este punto, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Lage en que estas denominaciones son indicadores de prestigio y poseen el correspondiente valor económico a la hora de comercializar estos vinos. Todo eso ha quedado sobradamente claro. Pero por otro lado, tenemos que cumplir ciertas reglas; si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se nos denuncie ante la OMC y, si perdemos el caso, entonces el sistema de protección quedará hecho trizas. Creo que las reglas que hemos establecido son suficientes en cualquier caso para garantizar una protección adecuada.
Un tema muy distinto es el riesgo de los abusos o falsificaciones a que usted se ha referido. Las nuevas disposiciones no aminoran en nada el riesgo de las falsificaciones; ese siempre existe, ya que la utilización de estos prestigiosos nombres siempre constituye una opción atractiva. Para controlar ese riesgo, tenemos que garantizar la existencia de los oportunos controles, así como que las denominaciones como estas no sean utilizadas por quienes no tienen derecho a ello, como ha ocurrido frecuentemente en el pasado. Lo principal es que exista una cooperación fluida con las autoridades de importación, ya que este tipo de importaciones no pueden pasar sin más por la frontera, sino que tienen que estar declaradas. 
El Presidente.
Teniendo en cuenta la reciente declaración realizada por la Comisión referente a la revisión intermedia del régimen del azúcar, ¿cuál es su respuesta a la propuesta de los países ACP menos desarrollados de mantener una cuota para las exportaciones de azúcar destinadas a Europa con los precios actuales o precios muy similares?
Fischler,
    Señor Presidente, señor Howitt, Señorías, en la Comunicación de la Comisión del 29 de septiembre del año pasado planteamos tres soluciones alternativas posibles, una de las cuales estaba basada en un sistema de cuotas. Dado que un análisis en profundidad de los efectos ha demostrado que poner en práctica el acuerdo de «Todo menos armas» con la ayuda de un sistema ordenado de derechos para surtir al mercado tendría unas consecuencias similares a lo que ya se está haciendo, hemos optado a cambio por considerar la opción de «cuotas fijas» como una variante del , por lo que todas las opciones siguen estando abiertas al debate.
Pero me gustaría recordarle que la iniciativa de «Todo menos armas» constituye la parte del sistema de preferencias generales de la CE que prevé la liberación total de las importaciones de azúcar desde los países menos desarrollados hasta 2009. Hasta entonces, el comercio del azúcar continuará normalmente sobre la base de los mismos supuestos que el comercio de otros productos agrícolas. La referencia de los países menos desarrollados a la flexibilidad en términos de cantidad y restricciones cuantitativas negociadas podría plantear interrogantes acerca de la compatibilidad con las disposiciones de la OMC, en el caso de que se contemplaran como una especie de limitación voluntaria de las exportaciones. Como bien puede deducir de lo que he dicho, en nuestras deliberaciones no vamos a perder de vista la situación de los países menos desarrollados, sino que la tomaremos muy en serio.
El 3 de marzo, los representantes y ministros de los países menos desarrollados presentaron una nueva iniciativa relacionada con nuestro Reglamento acerca del acceso preferencial libre de impuestos de su azúcar al mercado comunitario, y yo me encargué de debatirlo con ellos. Vamos a estudiar esta propuesta con gran detenimiento, como lo hacemos con todas las contribuciones a nuestros preparativos para la reforma de la organización del mercado común del azúcar. La iniciativa apunta, a lo largo de un periodo prolongado, a ampliar el acceso que de momento es limitado. A medida que trabajemos en estas propuestas para preparar su presentación este verano, iremos teniendo en cuenta todas las contribuciones recibidas. 
Howitt (PSE ).
   – Le agradezco esta respuesta, señor Comisario. En particular, me alegra que haya estado escuchando las protestas formales de los países menos desarrollados y que todas las opciones sigan sobre la mesa.
Quisiera que comentara más específicamente su argumento de que la caída de los precios que forma parte de dos de las tres opciones de la Comisión «haga que la iniciativa TMA carezca de sentido para el azúcar. La Comisión parece preferir mantener el libre acceso a los países menos desarrollados en un mercado con un precio que es demasiado bajo para que puedan ser competitivos, que el de negociar con estos países un mercado ordenado que consiga un precio que les permita competir y crear desarrollo». Señor Comisario, ¿no ve usted el paralelismo que hay en esto con los argumentos de los cultivadores de remolacha azucarera de Europa, en especial en el Reino Unido, que también piden un mercado ordenado con, tal como dicen, niveles de precios europeos, lo que permitiría tanto a los sectores de los países en vías de desarrollo como a los nacionales invertir en un futuro sostenible?
Dado que los argumentos proceden tanto de los países en vías de desarrollo como de los países desarrollados de Europa, no cabe duda de que un precio sostenible más alto con una reducción gestionada es la mejor medida. ¿Podría usted comentar este punto específico, señor Comisario? 
Fischler,
    Señor Howitt, tiene usted razón al afirmar que unos precios más altos en Europa hacen que las exportaciones hacia aquí resulten más atractivas para los Estados más pobres. Pero seguro que es consciente de que existen múltiples razones por las que el actual nivel de precios es sencillamente insostenible. No deberíamos engañarnos en absoluto acerca de nuestros productores de remolacha ni de los exportadores del mundo en desarrollo. El precio actual en nuestro mercado interior es algo así como tres veces más alto que el del mercado internacional y, en cualquier caso, en la presente ronda de la OMC nos veremos obligados a reducir nuestra protección externa para el azúcar. Eso por sí solo bastará para bajar el precio en el mercado interior; no existe ninguna otra forma de hacerlo. Ese es el problema a que nos enfrentamos.
A lo anterior hemos de sumar otros asuntos, como la forma de compensar las importaciones adicionales procedentes de países menos desarrollados simplemente reduciendo nuestra propia producción, ya que el consumo de azúcar en Europa no va a crecer. Tampoco debemos olvidar que el azúcar se enfrenta a una competencia directa cada vez más dura por parte de otros edulcorantes. La Coca-Cola ha dejado ya de contener azúcar, ahora contiene isoglucosa y nada más. Estos edulcorantes constituyen una competencia directa para el azúcar. Si creamos para ellos un mercado libre, como hicieron los Estados Unidos hace ya mucho tiempo, las cantidades aumentarán en consonancia. El resultado de todo ello es que, en la Unión Europea, la producción no va a disminuir al mismo ritmo en todos los Estados miembros; al contrario, la cruda realidad será que, en algunos de ellos, la producción de azúcar dejará de ser rentable y cesará el cultivo de remolacha. Eso es con lo que hemos de contar. No creo que tenga sentido crear expectativas que jamás vamos a poder satisfacer.
Luego está el problema de idear la forma de ayudar a aquellos países en desarrollo que son tradicionalmente nuestros proveedores de azúcar –Mauricio es un buen ejemplo– cuando comiencen a descubrir que exportar azúcar a Europa constituye una actividad menos atractiva de lo que era en el pasado. 
Schierhuber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, los países más pobres del mundo –o al menos así lo afirman los medios de comunicación– han solicitado que se les asignen sus propias cuotas de importación de azúcar. ¿Está dispuesta la Comisión a incorporar aspectos como éste en las propuestas legislativas que debe presentar este verano? En segundo lugar, ¿en qué momento a lo largo de este verano pueden esperar los diputados y diputadas a esta Cámara conocer las propuestas reales de la Comisión? 
Fischler,
    Señor Presidente, la Sra. Schierhuber me ha preguntado para cuándo podrían esperarse las propuestas. Hemos venido manifestando que pretendemos presentarlas antes del verano y esa continúa siendo nuestra intención. Lo único que podría plantear problemas es algo que no he mencionado con anterioridad, a saber, que la UE ha de responder ante un grupo de expertos en Ginebra acerca del llamado asunto de las cuotas C, y necesitaríamos saber qué podemos esperar de él. Además, otro factor que hemos de tener en cuenta es el calendario de las autoridades en Ginebra.
Volviendo a la otra pregunta de la Sra. Schierhuber, Europa constituye desde luego un mercado atractivo, y por consiguiente muchos Estados se sentirían felices de poder exportar hacia él, pero opinamos que hemos de tener prioridades claras en este ámbito, que se resumen en que solo los países menos desarrollados deben gozar de acceso libre al mercado europeo. Como sabrán, hemos previsto un Reglamento especial para los Estados balcánicos. Los Estados ACP dispondrán de un acceso prioritario limitado con un claro arancel preferencial, lo mismo que el resto de los países con los que tengamos firmado algún tratado. Si permitiéramos a todo el mundo exportar azúcar a Europa, no necesitaríamos un mercado organizado del mismo, sino su liberalización global, lo cual supondría, no obstante, abandonar dos tercios de la producción europea de azúcar. 
El Presidente.
   Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas dirigidas al Sr. Fischler, las preguntas nº 37 y 38 recibirán respuesta por escrito(3).
Según un estudio de la OMS publicado en septiembre de 2000, la contaminación atmosférica es la causante, sólo en Francia, de 31 700 muertes al año, 500 000 ataques de asma, 25 000 bronquitis y supone una carga económica equivalente al 1,7 % del PIB.
¿No cree la Comisión que la precarización, en la UE de 27 países, de las condiciones de vida como consecuencia de la contaminación, desde el punto de vista de la salud y de la esperanza de vida, requiere que se lleve a cabo un estudio epidemiológico para calcular con detalle el efecto mortal (relacionado con las patologías y la longevidad) de los diferentes tipos de contaminación y los costes económicos, combinados sobre todo desde ahora con los efectos del calentamiento global?
¿No exigen atentados tan vitales contra las sociedades de la UE ampliada el deber máximo y prioritario de realizar una investigación epidemiológica, divulgar sus resultados a la altura de los desafíos que entrañan y tenerlos en cuenta e integrarlos como referencia de todas las políticas comunitarias? 
Wallström,
    Quiero dar las gracias a la Sra. Isler Béguin por esta pregunta sobre un tema tan importante. El vínculo entre la salud humana y la calidad de nuestro medio ambiente es, por supuesto, una prioridad de la mayor importancia y necesitamos entender mejor este vínculo para evaluar la efectividad de las políticas vigentes y asegurar que abordamos el problema adecuadamente.
En un sentido general, los vínculos entre medio ambiente y salud se abordan en la Comunicación sobre una Estrategia europea de medio ambiente y salud adoptada por la Comisión el año pasado. En esta Comunicación, anunciábamos el establecimiento de un sistema integrado europeo de vigilancia e intervención en materia de medio ambiente y salud para relacionar información sobre los efectos para la salud, la exposición a la contaminación ambiental y las emisiones responsables de la contaminación.
Diferentes partes de Europa se enfrentan a problemas diferentes. Por consiguiente, se está desarrollando la estrategia de medio ambiente y salud para una Unión ampliada, implicando totalmente a los nuevos Estados miembros desde el principio. Ahora la Comisión preparará la presentación de un plan de acción que establece el programa para una primera fase, centrándose en enfermedades y contaminantes prioritarios seleccionados en la Conferencia Ministerial sobre medio ambiente y salud que se celebrará los días 23 a 25 de junio en Budapest.
También estamos haciendo el seguimiento del trabajo epidemiológico que se está llevando a cabo en la comunidad científica y, en particular, estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y otros expertos para entender los resultados de la investigación y fomentar más acciones. Por ejemplo, al amparo del programa «Calidad de vida y gestión de los recursos vivos», que forma parte del Quinto Programa Marco de investigación, una acción clave específica sobre medio ambiente y salud ha dado apoyo a 16 proyectos de investigación multinacionales multidisciplinarios dedicados a la contaminación atmosférica. 
Este tipo de estudios fomentan el desarrollo de medidas protectoras y se alimentan del proceso de regular las emisiones contaminantes revelando los vínculos causales entre los contaminantes y los efectos para la salud y proporcionan herramientas para medir la exposición y los efectos. El Centro Común de Investigación de la Comisión también contribuye a incrementar nuestra comprensión de la relación existente entre medio ambiente y salud de varias maneras.
En lo que se refiere a la contaminación atmosférica, el marco para que esto se lleve a cabo será la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, que tiene que adoptarse el año que viene, y que se está elaborando actualmente a través del programa «Aire limpio para Europa» (CAFE) de la Comisión. Este programa incluye un estudio muy amplio sobre los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, la evolución prevista de la calidad del aire entre el momento actual y 2020, la efectividad de la política vigente y el potencial para tomar medidas eficientes para la reducción de las emisiones. 
Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – Quisiera dar las gracias a la Comisaria Wallström por su respuesta. No dudo que utiliza todos los medios a su disposición para combatir esta plaga. De todos modos, hay que recordar que la situación es muy grave tanto en la Unión Europea, en la futura Unión ampliada, como a escala planetaria. Recordemos asimismo que ha sido difícil hacer que se admita la relación entre salud y medio ambiente, lo que a menudo ha servido de pretexto para no hacer nada. 
Hoy, me parece –y esto me preocupa mucho– que colegas y responsables políticos siguen buscando excusas para no actuar y se escudan en el coste excesivo de la inversión en medio ambiente. Estoy preocupada, señora Comisaria, porque me parece que no tomamos verdaderamente el pulso de la situación sanitaria en la Europa ampliada. 
¿Ha conseguido integrar en las políticas de la Unión la situación sanitaria de los países del Este y nuestra situación sanitaria? Hoy no es necesario demostrar ya que existen vínculos entre salud y medio ambiente, al igual que entre mala salud y medio ambiente insalubre.
Wallström,
    Señor Presidente, me complace enormemente esta pregunta, que me brinda la oportunidad de hablar con un poco más de profundidad sobre nuestro comunicado acerca del medio ambiente y la salud. Este es uno de los temas a los que, como Comisaria, concedo máxima prioridad. Debo admitir que también es uno de los más difíciles, ya que rebasa las divisiones que normalmente percibimos, tanto en la Comisión como en los Estados miembros, entre los diferentes ámbitos temáticos y esferas de responsabilidad. Es necesario trabajar saltando cualquier frontera a fin de enlazar la causa con el efecto, y eso no siempre es sencillo.
Como tampoco resulta fácil poner precio a los problemas de salud derivados de la contaminación medioambiental. Creo que, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se ha embarcado en una labor muy importante con vistas a conseguir justo eso y demostrar que la sociedad paga un precio muy elevado tanto por la contaminación como por los problemas de salud.
Evidentemente, tenemos que abordar este tema junto con los nuevos Estados miembros. Varias de las conferencias que hemos celebrado con objeto de preparar nuestro plan de acción han tenido lugar en los nuevos Estados miembros. Estamos movilizando a sus expertos para que no exista ninguna duda de que se trata de un planteamiento paneuropeo de trabajar en estos temas. Estos asuntos nos los tomamos con enorme seriedad. Vamos a seguir defendiendo que los ahorros de costes sean tan notables que, verdaderamente, resulte rentable tanto para las compañías como para la sociedad invertir en medidas medioambientales que conlleven además que padezcamos menos problemas de salud. 
Kauppi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, comparto la preocupación de la Sra. Isler Béguin. La contaminación atmosférica es en efecto un tema crucial con respecto a la salud de las personas, e indudablemente es necesaria una investigación epidemiológica como esta. Todo ello proporcionaría un gran respaldo a favor de la prioridad para el Sexto Programa Marco científico y la mejora de los niveles, la calidad y la amplitud de la investigación medioambiental. En su respuesta ha mencionado usted el programa Aire puro para Europa: CAFE. ¿Se va centrar este programa solamente en la calidad del aire exterior y la contaminación, o podría incluir la investigación paralelamente un estudio de la calidad del aire en interiores y concretamente el tabaquismo pasivo? Me preocupa mucho que la investigación se reduzca a la calidad del aire en espacios abiertos y trate, muy de pasada, la contaminación de este tipo de aire. ¿Podría considerarse que se refiere al aire puro en todas sus formas, incluida la que existe en espacios cerrados? ¿Podría incluirse en concreto el tabaquismo pasivo dentro del alcance del estudio en este programa? 
Wallström,
    Esta es definitivamente una parte de nuestro enfoque. Debe existir una base científica sólida para todas las acciones y medidas que proponemos. Estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para asegurar que poseemos todos los conocimientos necesarios y que trabajamos sobre una base científica.
También quiero explicar que nuestra estrategia sobre medio ambiente y salud se denomina «SCALE», cuyas siglas en inglés corresponden a ciencia, niños, sensibilización, legislación y evaluación. Esto quiere decir que la acción propuesta se basará en resultados científicos. Se centrará en los niños. También utilizaremos instrumentos legales, etc. Incluimos, cuando sea necesario, nuevo trabajo epidemiológico, e intentamos esforzarnos en lo posible por asegurar que disponemos de una base sólida y todos los hechos necesarios para hacerlo adecuadamente. 
El Presidente.
La Comisión considera que el proyecto de línea eléctrica Lada-Velilla, que atraviesa el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes, no se llevará a cabo en su situación actual. ¿Obligará la Comisión a que se examine un trazado completo de dicha línea que rodee las zonas naturales protegidas que forman parte de la red Natura 2000 y respete las zonas oseras, y con ello la legislación comunitaria ?
¿Ha recibido ya la Comisión el estudio de evaluación de impacto que prometieron transmitir las autoridades españolas para finales de enero, en la reunión del 4 de diciembre de 2003 ?
En caso negativo, ¿no considera la Comisión necesario acudir ya al Tribunal de la UE (el dictamen motivado fue notificado en abril del 2003) para que el Gobierno central y la Comunidad de Castilla y León, confrontados también por este proyecto ante los Tribunales españoles, se pongan finalmente de acuerdo para buscar un trazado respetuoso con el medio ambiente?
Wallström,
    El proyecto de la línea eléctrica de Lada-Velilla que ha citado su Señoría cruza zonas protegidas de las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León.
En 2001, tras una denuncia presentada en agosto de 2000, la Comisión abrió un procedimiento de infracción conforme al artículo 226 del Tratado CE. Este procedimiento, que se basa en las obligaciones previstas en la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, alcanzó la fase del dictamen motivado –el último paso antes de someter el asunto ante el Tribunal de Justicia europeo– en abril de 2003. Actualmente, el procedimiento tiene por objeto modificar la parte no aplicada del proyecto en la comunidad autónoma de Castilla y León.
En su respuesta al dictamen motivado anteriormente citado emitida por la Comisión, las autoridades españolas se comprometieron a examinar alternativas para la parte restante del proyecto –Puerto de Tarna a Velilla– y confirmaron en febrero de 2004 que comenzarían en breve los estudios necesarios para cumplir los requisitos del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. Esto incluye una evaluación ambiental completa para identificar adecuadamente los efectos de los proyectos sobre los valores de conservación del emplazamiento afectado; si se consideran significativos, habrá que examinar posibles alternativas. Si no se puede identificar ninguna alternativa que no perjudique el lugar, el proyecto únicamente podrá avanzar si se puede justificar por motivos de interés público primordial y si se prevén medidas de compensación suficientes.
En caso de que pueda afectar de manera importante a especies prioritarias identificadas al amparo de la Directiva, como el oso pardo, sería necesario un dictamen de la Comisión con arreglo al apartado 4 del Articulo 6 de la Directiva.
Las autoridades españolas explican que las evaluaciones de la naturaleza necesarias no estarán listas hasta dentro de diez meses y que el proyecto modificado resultante sería objeto de un procedimiento íntegro de evaluación de impacto, en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Las autoridades han presentado a la Comisión, a título de información complementaria, un juego completo de documentos y estudios relativos al proyecto original y sus posibles efectos en los valores naturales. En estos momentos se está llevando a cabo un examen de los detalles de las respuestas españolas arriba citadas, lo que va a permitir a la Comisión tomar una decisión sobre qué medidas debe tomar con respecto a este caso.
En cuanto a la última parte de su pregunta, la Comisión acogerá con satisfacción y estimulará un diálogo fructífero entre las partes interesadas para llegar a una solución acordada, pero no puede interferir en las competencias constitucionales de las diferentes administraciones. 
Bergaz Conesa (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, la población está preocupada por la falta de transparencia del Gobierno español y también por la falta de una información fidedigna de esta Comisión, que dice una cosa y luego reforma y hace otra. Yo solamente me voy a centrar en tres preguntas: ¿continuará la Comisión el procedimiento de infracción en lugar de archivar el caso, como pretenden las autoridades españolas con la promesa de modificar tan sólo 30 km del trazado de los 90 km proyectados, argumentando que se trata de un nuevo proyecto? ¿Acudirá la Comisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la próxima reunión de infracciones sin demorarse más, si no hay nuevos elementos después de un año de haberse notificado el dictamen motivado y cuatro años de instrucción de este expediente de infracción? ¿Estaría dispuesta la Comisión, si las regiones de Asturias y Castilla y León le presentaran un nuevo proyecto respetuoso de todas las zonas naturales y conforme a la legislación comunitaria, a cofinanciar tal proyecto, para así evitar las pérdidas económicas que pudiera sufragar la región de Asturias desmantelando las torres existentes?
Wallström,
    El caso en cuestión se refiere a la parte del proyecto que no se va a aplicar ahora. Se va a sustituir la parte del proyecto por otro nuevo cuando el procedimiento íntegro de la identificación de impactos y el examen de alternativas haya concluido. Esto quiere decir que, en todo caso, será un nuevo proyecto y que el antiguo procedimiento deberá interrumpirse. En este caso, si la Comisión considera que el nuevo proyecto no cumple el Derecho comunitario europeo, se volverá a empezar un nuevo procedimiento. Las autoridades españolas proporcionaron información sobre estos desarrollos en febrero de 2004. El incumplimiento únicamente abarca la parte no aplicada del proyecto. Tal y como está, no podemos llevar el caso a juicio. 
El Presidente.
   Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 41 decae. 
¿Sabe la Comisión si algún Estado miembro, aparte de Irlanda, ha decidido dejar de publicar los escritos de requerimiento o los dictámenes motivados de la Comisión? Si algunos Estados toman esta decisión, ¿publicará la propia Comisión estos documentos si se solicitan? En caso contrario, ¿por qué no? Si la publicación sólo se lleva a cabo en circunstancias determinadas, ¿cuáles serían dichas circunstancias?
Algunos grupos irlandeses activos en materia de medio ambiente están preocupados por los numerosos casos en que la Comisión, pese a haber determinado la existencia de una infracción en sus dictámenes motivados, no inició posteriormente ninguna acción jurídica. En estos casos los detalles de las infracciones no son parte de un procedimiento judicial y, por lo tanto, no requieren un tratamiento confidencial. Al publicar los dictámenes motivados, en particular cuando no van seguidos de medidas judiciales, la Comisión garantiza que los ciudadanos sepan que se ha producido una infracción de la legislación europea, lo cual podría contribuir a limitar las infracciones en el futuro. 
Wallström,
    Parece ser que una serie de Estados miembros se niegan a dar a los ciudadanos acceso a los escritos de requerimiento y dictámenes motivados de la Comisión. No hace mucho, las autoridades irlandesas estaban deseosas de facilitar a los ciudadanos copias de dictámenes motivados a petición, pero la Comisión entiende que ya no es así.
Quiero mencionar que, en la medida de lo posible, la Comisión se esfuerza por todos los medios en ser transparente con respecto a sus procedimientos de infracción. Por este motivo, emite comunicados de prensa con regularidad sobre ellos para proporcionar a los ciudadanos información sobre las principales cuestiones implicadas.
Cuando se trata del acceso público a los textos de los escritos de requerimiento y dictámenes motivados, hay que respetar determinadas normas acordadas por el Consejo y el Parlamento. Se establecen en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Una de estas normas dispone que las instituciones rechazarán el acceso a documentos cuya revelación pudiera perjudicar la protección del propósito de las inspecciones, investigaciones y auditorías, a menos que exista un interés público primordial en su revelación. En realidad, el Tribunal ha sostenido en la sentencia Petrie que, en la investigación de infracciones, se requiere una cooperación sincera y un clima de confianza mutua entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente, para permitir que las dos partes emprendan un proceso de negociación para buscar una solución amistosa de la controversia. La salvaguarda de este objetivo justifica la denegación de acceso a argumentos y declaraciones detalladas. Por esta razón, la propia Comisión no puede dar acceso del público a sus escritos de requerimiento y dictámenes motivados cuando el procedimiento de infracción está en curso. Sin embargo, cuando no es de aplicación ninguna de las excepciones del Reglamento, la Comisión podrá facilitar copias de los escritos de requerimiento y de los dictámenes motivados. Este puede ser el caso en particular cuando se ha resuelto la infracción, cuando se ha cerrado el procedimiento de infracción y ya no hay ninguna probabilidad de que se perjudique una investigación. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Deduzco de la respuesta de la Comisaria que, básicamente, si se han remitido los escritos de requerimiento y no se ha tramitado ninguna acción legal posterior, los ciudadanos de Irlanda que quieran copias de los escritos remitidos al Gobierno irlandés pueden efectivamente obtenerlos. Esto es lo que yo interpreto de lo que usted ha dicho, Comisaria.
En cuanto a la acción legal en curso, no entiendo a quien trata la Comisión de proteger. Si la Comisión emprende acciones legales contra los Estados miembros parecerá que la Comisión da prioridad a los intereses o a la protección de los Estados miembros y que, básicamente, ponemos fin a una situación en que los ciudadanos de toda la Unión Europea van a acusar a la Comisión de ser extremadamente hermética y de proteger los intereses de los Estados miembros. Si ha emprendido acciones legales contra un Estado miembro, ¿acaso lo único que tendría que preocuparle no es todo tipo de información que podría perjudicar su causa contra el Estado miembro?
En relación con el acceso a los documentos, hace usted una interpretación extremadamente restrictiva del Reglamento. Con respecto al interés público, seguramente en muchos de estos casos ¿no es el interés público el que debe tener prioridad? No entiendo por qué la Comisión les está haciendo el juego a los Estados miembros. Al hacerlo así, la Comisión fomenta una cultura de hermetismo en que los Estados miembros no facilitan información. Esto tendrá repercusiones, incluso en países como Suecia que tradicionalmente son mucho más abiertos. 
Wallström,
    Quiero dejar perfectamente claro que la Comisión, junto con el Parlamento y el Consejo, tienen que enviar una señal a los ciudadanos de toda la Europa ampliada de que estamos luchando por conseguir apertura y transparencia y que queremos aplicarlas de modo que se facilite toda la información a los ciudadanos. También se han acordado las normas en cuestión para que dispongamos de procesos de toma de decisiones mediante los cuales podamos solucionar problemas y nos permitan resolver casos de forma digna para ambas partes.
La Comisión podrá revelar copias de los escritos de requerimiento y dictámenes recientes cuando no sean de aplicación ninguna de las excepciones del Reglamento que he mencionado, es decir, cuando se haya cerrado el procedimiento de infracción y ya no exista ninguna posibilidad de que se pueda perjudicar la investigación. Muchos de los detalles se intercambian entre la Comisión y el Estado miembro, pero se teme que si fueran del dominio público se utilizarían o se haría un uso indebido de modo que perjudicarían todo el procedimiento.
En general, estoy de acuerdo en que tenemos que esforzarnos por alcanzar la máxima transparencia en estos procesos. Ayuda cuando los Estados miembros y la Comisión están de acuerdo. La Comisión también intenta, al abrir un caso de infracción, revelar o dar los motivos por los que ha abierto esta causa contra un Estado miembro. No queremos revelar todos los detalles de un asunto, sino más bien dar al público una idea de lo que se trata. 
Lucas (Verts/ALE ).
    He de admitir que aún no veo claro de qué manera la revelación puede perjudicar las causas aquí, pero mi otra pregunta es sobre cuáles son los Estados miembros que continúan realmente facilitando información sobre estos escritos de requerimiento y cuáles no. La política de Irlanda solía ser más abierta de lo que es ahora. ¿Podría usted clarificar, señora Comisaria, cuál es la situación en estos momentos por lo que se refiere a los otros Estados miembros? 
Wallström,
    Quisiera poder facilitarle la lista completa inmediatamente, pero creemos que los países escandinavos y los Países Bajos lo van a hacer, y la mayoría de los demás, no. Esta es la situación en estos momentos, aunque haya podido pasar por alto uno o dos Estados miembros. 
El Presidente.
Un informe sobre el cambio climático y la salud humana emitido por las Naciones Unidas el pasado 11 de diciembre, indica que el cambio climático está afectando a la salud humana, que fue responsable del 2,4 % de los casos de diarrea a escala mundial y del 2 % del total de los casos de malaria en el año 2000 y que causó 150 000 muertes por todo el mundo en ese mismo año. El estudio de las Naciones Unidas añade que el cambio climático está influyendo en los patrones meteorológicos y la polución del aire así como contaminando el agua y los alimentos.
¿Cómo se propone la Comisión actuar ante las directrices publicadas por las Naciones Unidas en respuesta a estos serios problemas?
Wallström,
     Agradezco que la Organización Mundial de la Salud esté potenciando ahora la sensibilización con respecto a los impactos del cambio climático en la salud humana, en un esfuerzo de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. La Comisión puede dar apoyo a las recomendaciones y conclusiones generales de este estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre el cambio climático y la salud humana debido, por ejemplo, a que se centra sobre el principio de cautela y el principio de desarrollo sostenible. En la Comisión lo tomamos en consideración con detenimiento en la formulación de nuestras políticas. 
Cabe esperar las mayores ventajas de las políticas climáticas para la salud humana en la reducción de las concentraciones de ozono y de partículas. Dado que las políticas climáticas reducen, en general, el uso de combustible fósil, también reducen las emisiones de partículas asociadas. Se pueden obtener ventajas adicionales para la salud reduciendo las concentraciones de NO2 y SO2. Por lo tanto, las estrategias para el control de las emisiones que abordan simultáneamente los contaminantes atmosféricos y los gases de efecto invernadero dan lugar a un uso más eficiente de los recursos en todas las escalas, a la vez que abordan las preocupaciones sobre la salud humana.
El informe de la Organización Mundial de la Salud confirma las afirmaciones anteriores de que todavía existen muchas lagunas en el conocimiento que implican posibles modelos futuros de exposición a cambios ambientales climáticos y la vulnerabilidad y adaptabilidad de sistemas físicos, ecológicos y sociales en lo que se refiere a este cambio climático. Por consiguiente, necesitamos obtener mejor información para establecer los vínculos entre los contaminantes y los efectos para la salud, con vistas a mejorar nuestro cambio climático y nuestras políticas sanitarias.
El plan de acción con el que estamos trabajando actualmente, como un seguimiento de la estrategia de medio ambiente y salud, ha sido concebido para que integre esta información. Mientras que el plan de acción se centra en un conjunto de exposiciones y enfermedades definidas en su primera fase, cuestiones más amplias, incluidas las que están relacionadas con los efectos del cambio climático en la salud, se pueden retomar en fases posteriores. Asimismo, la próxima estrategia temática sobre el medio ambiente urbano, que está previsto adoptar en junio de 2005, y para la cual se está debatiendo en la Comisión una Comunicación interina, también ayudará a las autoridades locales y a los Estados miembros a mejorar las prestaciones ambientales de las ciudades. Esto a su vez también contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hará que las ciudades sean lugares más saludables para vivir.
También estamos considerando algunos proyectos al amparo del Sexto Programa Marco de investigación. Dentro de las actividades de apoyo científico a las políticas del Sexto Programa Marco, también se financia la investigación sobre los procesos físicos y químicos de contaminantes atmosféricos, en concreto sobre las partículas a escalas urbana y regional, con vistas a su impacto en la salud humana. Al amparo del último Programa Marco de investigación, se ha financiado el proyecto cCASHh –Estrategias de adaptación y cambio climático para la salud humana en Europa– para evaluar los impactos del cambio climático en la salud. 
Fitzsimons (UEN ).
   – Quiero agradecer a la Comisaria Wallström su respuesta detallada e informativa y asegurarle que me doy cuenta de la profunda preocupación con la que siempre ha tratado este asunto. En efecto, en su respuesta se ha referido al plan de acción, la estrategia climática y el Sexto Programa Marco. Quiero felicitarla por su interés en perseverar en todo el asunto. Espero que la situación continuará siendo supervisada y mejorando. Esta cuestión es una de la principales preocupaciones internacionales, pero sé que no podría estar en mejores manos que las de la Comisaria. 
El Presidente.
   Recuerdo a los señores diputados que debemos preguntar como diputados. No hace falta respaldar tanto la labor de los señores comisarios. Esto es el turno de preguntas.
Tengo entendido que cazadores europeos han disparado contra decenas de miles de animales en peligro de extinción y los han importado a la UE en los últimos cinco años. ¿Piensa proponer la Comisión legislación destinada a prohibir la importación a la UE de las especies que figuran en la CITES?
Wallström,
    La Comunidad Europea regula las importaciones de trofeos de caza a través del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio y el Reglamento (CE) nº 1808/2001 de la Comisión asociado que establece normas más detalladas.
El objetivo de estos Reglamentos es la protección de especies de la fauna y flora silvestres y garantizar su conservación controlando su comercio. En consonancia con este objetivo, sus criterios son estrictos en cuanto a aceptar importaciones de trofeos de caza. Para empezar, se requieren licencias de importación para todas las especies enumeradas en el Anexo A del Reglamento del Consejo e incluyen todas las especies enumeradas en el Apéndice 1 de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), como el leopardo, el guepardo y el elefante, y una serie de otras especies populares de trofeo como el oso pardo, el lince y el lobo.
Antes de conceder licencias, las autoridades del Estado miembro pertinentes tienen que asesorarse científicamente de que la gestión de la caza de trofeos en el país correspondiente se basa en datos biológicos sólidos, que los niveles de cosecha son sostenibles y que las actividades ilegales están bajo control.
Hay otro requisito sobre el que quiero llamar especialmente su atención. La caza de trofeos de estas especies tiene que generar ventajas de conservación importantes y tangibles para las especies y para los habitantes locales que comparten la zona o que sufren debido a las especies afectadas. Los programas de caza de trofeos que cumplen este criterio pueden desempeñar un papel importante en la conservación de especies raras, particularmente en los países en vías de desarrollo, y en el fomento de las comunidades locales para que las valoren como un recurso que necesita protegerse de otros usos mucho más perjudiciales.
Me doy cuenta de que en una serie de países, incluidas Namibia, Sudáfrica, Botswana y Tanzania, la caza de trofeos cuidadosamente gestionada contribuye de modo importante a sus esfuerzos de conservación relativamente satisfactorios.
Mientras mucha gente encuentra que el concepto de trofeos de caza es desagradable en cualquier circunstancia, la Comisión considera que una prohibición general sobre la importación de todas las especies enumeradas en CITES no redundaría en beneficio de la conservación de las especies y el uso sostenible de los recursos. Sin embargo, en casos en que no se cumplan los criterios para aceptar trofeos de caza, la Comisión siempre ha tomado, y seguirá tomando, las medidas adecuadas para suspender este comercio. 
Evans, Robert J.E. (PSE ).
   – Me alarma escuchar las conclusiones de la Comisaria, ya que no cabe duda de que no parece que la caza de trofeos a los que me he referido se haga en modo alguno con el objetivo de conservación. He entrado en un sitio web esta tarde, lo que me habría dado la oportunidad de ir a Tanzania. Ofrece al «deportista exigente» lo último en una experiencia de caza: el búfalo, el león, el antílope de agua, el muy raro sitatunga de África Oriental, leopardos, antílopes, etc.
La información que tengo es que en los últimos seis años ciudadanos británicos han salido al extranjero y han matado a tiros al menos a 40 elefantes africanos, 32 leopardos, 18 osos polares, seis hipopótamos, y podría continuar. En todo el mundo, existen unos 3 800 elefantes, cerca de 2 600 leopardos raros y 9 000 osos. Los están matando en interés de la conservación, o con cualquier referencia a la conservación de las zonas. Se trata de caza de trofeos: personas que salen y disparan a caza mayor y regresan a casa orgullosos pero repulsivamente con un trofeo de una cabeza de un animal raro.
¿Podría la Comisaria reconsiderar, y aceptaría reunirse conmigo para revisar algunas de estas estadísticas, para estudiar algunas de las pruebas y establecer una prohibición para la importación de los animales enumerados en CITES en la Unión Europea? 
Wallström,
    ¿Cómo voy a rechazar una reunión con un diputado al Parlamento Europeo? Me alegrará reunirme con usted; podemos comentar mi respuesta, la posición de la Comisión sobre este asunto y los criterios que le he explicado.
No aceptamos todo tipo de caza de trofeos. No cabe duda de que no aceptamos la venta posterior de este tipo de «trofeos». Tenemos motivos sobrados para cumplir y repasar la situación actual.
También es verdad que, si se hace correctamente, puede ser un ámbito de conservación muy importante en algunos de los países afectados. Estos países pueden obtener algo de todo esto, lo que significa que podrán gestionar mejor estos recursos y animales salvajes; también tenemos algunos buenos ejemplos de ello. Tengo totalmente presentes los informes que hemos recibido y también algunas de las tendencias muy preocupantes, por lo que estaré más que contenta de reunirme. ¡También agradeceré recibir comentarios agradables de los diputados al Parlamento! 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Cuesta creer que, en una sociedad supuestamente civilizada del siglo XXI, todavía exista la caza de trofeos. ¡Es horrible! Se remonta a los tiempos coloniales, cuando los británicos regresaban de los países colonizados y colgaban sus trofeos en la pared. Deberíamos haber superado esta etapa. Es ridículo.
Estoy de acuerdo con el Sr. Evans acerca de las especies enumeradas en CITES. Debería existir una prohibición. No se puede aceptar. Además de esto, está claro que existen importaciones ilegales de trofeos en la Unión Europea; sin lugar a dudas tiene que existir algún modo de asegurar que esto no ocurra. La Unión Europea emplea ingentes recursos y esfuerzos en dejar fuera a los denominados inmigrantes ilegales pero, sin embargo, no puede parar la importación ilegal de trofeos. Tenemos que saber qué es lo más importante. Dejemos entrar a las personas, no a estos trofeos. 
Wallström,
    Soy la primera en estar de acuerdo en que de lo que se trata es de cómo se hace y que no tenemos que permitir algo que es ilegal. Tenemos que perseguir a los culpables en este ámbito. Tenemos que aplicar las normas vigentes. 
Tal como he dicho, se requieren licencias de importación para todas las especies enumeradas en los anexos del Reglamento del Consejo. Corresponden también al listado CITES. Es necesario que nos aseguremos de que dispongamos de un procedimiento judicial y de que contrarrestamos las importaciones ilegales. 
Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – La Comisaria Wallström sabe muy bien que la caza en Francia levanta pasiones, pero no quisiera cogerla desprevenida. Me gustaría formular una pregunta complementaria sobre la caza que se practica actualmente en los futuros Estados miembros, los países del Este. 
¿Está usted al corriente de que cazadores del Oeste, de los Quince, acuden masivamente a cazar a esos países porque la fauna es todavía muy interesante y quedan grandes trofeos –osos y lobos– que traerse de vuelta? Habida cuenta del acervo comunitario y de la implantación de Natura 2000, ¿no piensa que se está produciendo, antes de tiempo, una degradación de la fauna salvaje por parte de los cazadores del Oeste en busca de trofeos?
Wallström,
    The rules are such that the new Member States must already have implemented the nature protection directivesbeforethey join the EU. Por tanto, es extremadamente importante hacer un seguimiento y asegurarse de que esto ocurre, de modo que no se produzca ninguna cacería que infrinja las Directivas vigentes, concebidas para proteger a las aves y animales salvajes y otras criaturas diversas. 
El Presidente.
   Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nºs 45 a 66 recibirán respuesta por escrito(4). 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.


El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0047/2004) del Sr. Kronberger, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (COM(2003) 423 – C5-0331/2003 – 2003/0164(COD)).
Wallström,
    Señor Presidente, la contaminación atmosférica sigue siendo un grave problema en Europa. Una pregunta oral presentada para este periodo parcial de sesiones, a la que he respondido antes de la pausa de la cena, ilustra el punto citando del estudio de la Organización Mundial de la Salud el número de causas de muertes prematuras o enfermedades graves causadas por la contaminación atmosférica.
Aunque hemos realizado grandes progresos en la reducción de las concentraciones de algunos contaminantes, como el dióxido de sulfuro o el plomo, otros contaminantes suponen una amenaza. Por este motivo, la Comisión continúa perseverando en una política enérgica contra la contaminación atmosférica. En estos momentos estamos elaborando un programa denominado «Aire limpio para Europa» a fin de elaborar la estrategia temática sobre contaminación atmosférica que tiene que adoptarse el año que viene. Este programa se centra, en particular, en algunos de los problemas más extendidos, como las partículas y el ozono troposférico.
Asimismo estamos examinando otros tipos de contaminación, que también tienen consecuencias importantes para la salud humana. Entre ellos hay contaminantes que son el tema de debate de la propuesta de Directiva de hoy, los metales pesados como el arsénico, el cadmio y el níquel, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el mercurio. En realidad, son los últimos de la lista de contaminantes citados en la Directiva marco sobre calidad del aire de 1996 para los que es preciso actuar. Hasta la fecha se han adoptado tres directivas derivadas, con arreglo a esta Directiva, que abordan todos los demás contaminantes de la lista. La Directiva que se debate hoy constituye, por lo tanto, la última de una serie de textos legislativos previstos en la Directiva marco.
Un aspecto importante de la propuesta de Directiva se refiere a la supervisión. Actualmente, no disponemos de suficiente información sobre cuán extendidos están estos contaminantes y necesitamos urgentemente obtener más datos. Con respecto a los metales pesados, hemos decidido no proponer ningún límite ni valor objetivo, puesto que los principales problemas se dan en la vecindad inmediata de determinadas instalaciones industriales, y los niveles que se pueden alcanzar fácilmente en otras partes no se podrían conseguir en estas zonas sin tomar medidas desproporcionadas, y que incluso podrían dar lugar al cierre de las instalaciones.
Pero esto no quiere decir que nada se puede o podrá hacer para reducir los niveles de contaminación. Estas instalaciones están amparadas por la Directiva IPPC y, por lo tanto, tendrán que aplicarse las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones en 2007. Asegurando un control adecuado de las concentraciones cerca de estas fuentes y poniendo a disposición del público los resultados, esta Directiva contribuirá a asegurar que los operadores de estas instalaciones adopten las medidas necesarias para mantener las emisiones lo más bajas posibles.
Para los hidrocarburos aromáticos policíciclos, el problema no se limita a este pequeño número de fuentes, por lo que hemos propuesto un valor objetivo que obligue a los Estados miembros a que tomen todas las medidas necesarias para alcanzar el nivel requerido, siempre que no impliquen costes excesivos.
Me doy cuenta de que se quiere ir más lejos de lo que hemos hecho al establecer valores límite vinculantes para algunos de estos contaminantes y comparto plenamente el deseo de proteger la salud humana que refleja esto. Al mismo tiempo, parece muy dudoso que sea realmente beneficioso establecer valores límite vinculantes que simplemente serían inalcanzables y, por lo tanto, necesitarían ser objeto de excepciones o exenciones en los mismos lugares donde se generan los principales problemas.
Desde este punto de vista, acojo con satisfacción la decisión de aplazar la votación sobre este tema para que se puedan examinar otras posibles alternativas. En todo caso, asegurando un elevado nivel de supervisión en las áreas más afectadas y estableciendo un valor objetivo para los hidrocarburos aromáticos policíclicos donde las fuentes están más extendidas, la Directiva propuesta contribuirá de forma importante a reducir este tipo de contaminación, despertando la sensibilización del público y consiguiendo que el aire de Europa sea más seguro de respirar. 
Kronberger (NI ),
   Señora Comisaria, Señor Presidente, Señorías, de lo que estamos tratando aquí es de la cuarta Directiva derivada de la Directiva marco sobre la calidad del aire, que ya tiene tres hijas adoptadas, la primera sobre el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas y el plomo, la segunda sobre el benceno y el monóxido de carbono y la tercera sobre el ozono. En los dos primeros casos se buscaron valores límite y se consagraron debidamente en las Directivas.  La llamada Directiva madre, en otras palabras la legislación marco general, también aboga por unos valores límite con respecto al arsénico, el cadmio, el níquel, el mercurio y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esta es la exigencia fundamental. En el caso del ozono la Directiva marco prevé solamente un valor objetivo y la tercera Directiva derivada fijó el objetivo consecuentemente. 
En este debate sobre la cuarta Directiva derivada existen tres posiciones: la Comisión ha adoptado la posición de que el seguimiento es suficiente y ha propuesto un valor objetivo para los benzopirenos. En mi opinión, esto se opone a la Directiva marco, y conozco proyectos de la Comisión previos en los que se fijaban valores límite. Por tanto, la Comisión ya ha deliberado sobre este aspecto. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha votado por una exigua mayoría de 26 a 24 a favor de los valores límite. Estos límites no proceden de mí, pues en mis años escolares no se me daba muy bien la química, sino de expertos de la Comisión, expertos internacionales y de una comisión de personas con una sólida base científica. En resumen, estos valores límite son factibles desde el punto de vista de la Comisión, a la que, en este caso, hemos apoyado.
Hay también muchos indicadores por parte de la industria de que se pueden obtener estos valores objetivo y valores límite. Nosotros también hemos votado en la Comisión de Medio Ambiente a favor de la omisión de la exigencia original de un plazo perentorio para sectores industriales en los que es difícil alcanzar estos valores. En otras palabras hemos sido muy sensibles a las necesidades de la industria, diciéndoles que, donde se había dañado al medio ambiente en el pasado, donde había una historia de contaminación, no se esperaba que realmente se logren los objetivos en un período de tiempo muy corto. Adicionalmente, la Comisión de Medio Ambiente encargó un estudio al Instituto de Política Medioambiental Europea. El estudio confirma asimismo la factibilidad de los valores límite.
La tercera posición es la del Consejo, con el que ya hemos mantenido negociaciones preliminares y hemos mantenido contactos y diálogo. En opinión del Consejo o de una mayoría potencial del Consejo, los valores objetivo también son concebibles. Este aspecto sin duda será también el centro de los futuros debates.
Ciertamente, debemos tener una noción muy clara de la importancia de estos metales pesados. Son carcinógenos humanos genotóxicos que, incluso en dosis mínimas, producen cambios en el ADN, en la estructura genética de las personas. Realmente es necesario apreciar en toda su amplitud lo que aquí está en juego.
La línea argumentativa adoptada en el documento de la Comisión, es decir, que se trata simplemente de un análisis de costes y beneficios, de contraponer el coste de los filtros o de otras medidas técnicas al ahorro potencial derivado de una reducción del número de personas que mueren de cáncer, es, en mi opinión, extremadamente cínica. El segundo paso, es decir, un cálculo de los beneficios secundarios derivados de una menor incidencia de la enfermedad, no se ha tomado en cuenta porque es difícil cuantificar esos beneficios. La inmensa mayoría de la población europea no se va a tragar una línea argumentativa tan cínica. 
Hemos pospuesto la votación de mañana con la intención de tratar de lograr un acuerdo con el Consejo antes de que concluya la actual legislatura.  Me complace que la señora Comisaria comparta mi opinión de que quizás podamos usar estas semanas que quedan para lograr un compromiso que en última instancia nos permita poder mirarnos a los ojos. 
Jackson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este informe ilustra la necesidad del Parlamento de adoptar un enfoque sistemático de la evaluación del impacto. En este caso, el ponente, el Sr. Kronberger, con el escaso apoyo, según admite, de dos votos de los miembros de la comisión, propone cambiar valores objetivos no obligatorios por valores límite obligatorios para el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzopireno.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha buscado informalmente –y esta fue la primera vez que se llevó a cabo– un análisis de costes y beneficios. Todavía no existe ningún mecanismo en el Parlamento para ello. El problema es que está inevitablemente incompleto, dada la premura de tiempo con la que hemos tenido que actuar. Concluye, y el Sr. Kronberger se ha consolado con ello, que algunos de los valores límite propuestos son alcanzables, o «viables» según sus propias palabras. Se trata de una valoración técnica. Cuando el estudio examina los costes de alcanzar el objetivo, tal como ha dicho la Comisaria, las cosas no pintan tan bien. En el estudio elaborado por el Parlamento, los costes para alcanzar los valores límite que el Sr. Kronberger quiere no se analizan de ninguna forma sistemática. El propio estudio dice que, para el arsénico, algunas fábricas podrán cumplir, pero otras no podrán, y que «parece justificado un análisis más detallado de las razones por las que a las demás fábricas no les será posible cumplir ». El ponente, enfrentado a lo imposible, prefiere ignorar este crudo veredicto.
En el caso de la aplicación de valores límite para el cadmio, el estudio vuelve a llamar la atención sobre la falta de información detallada sobre el impacto de lo que propone el Sr. Kronberger. En el caso de valores límite para el níquel, el estudio observa que para su aplicación en la línea de Kronberger serán necesarias inversiones más allá de las mejores técnicas disponibles.
Lo que el Sr. Kronberger tiene que demostrar ahora es hasta qué punto lo que la Comisión propone constituye un peligro probado para la salud humana, cómo este peligro se aborda de modo insuficiente mediante las disposiciones de la Directiva IPPC y, por lo tanto, por qué merece la pena perseverar en su idea de valores límite obligatorios independientemente del coste. En mi opinión, no ha logrado demostrar esto y todo lo que tenemos es la observación a secas en su exposición de motivos de que «no se puede establecer un valor umbral por debajo del cual tales sustancias no representen ningún riesgo para la salud humana». No hay forma de que sea capaz de ir en la dirección de lo que la Comisión está proponiendo.
Si el Parlamento es lo suficientemente insensato para respaldar, en un compromiso en primera lectura o en segunda lectura –lo que puede quedar todavía bastante lejos–, lo que quiere el Sr. Kronberger, solo tendrá que culparse a sí mismo si el Consejo, o quizás la Comisión, lleva a cabo el amplio análisis efectivo de costes y beneficios que no ha hecho el Sr. Kronberger. Llegando a un punto en que los análisis de costes y beneficios están en nuestro orden del día, no es un indicio de obstruccionismo, es un signo de que el Parlamento, por fin, está cambiando su forma de verse a sí mismo como un grupo de presión a favor del medio ambiente y pasando a ser una parte responsable del proceso legislativo. Pero con el informe Kronberger tal como es, tenemos un largo camino por andar.
El Sr. Kronberger y la Comisaria han mencionado la posibilidad de un acuerdo en primera lectura. No veo cómo puede llegarse a un acuerdo en primera lectura entre el enfoque del Sr. Kronberger y el que me imagino que ha respaldado el Consejo. Quiero creer que podremos llegar a un acuerdo en primera lectura, pero alguien tiene que actuar y espero que sea el Parlamento. 
Lange (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos sabemos, por supuesto, que no estamos flotando en el vacío y que uno de nuestros objetivos es ocupar la posición negociadora más fuerte. Y no hace falta decir que la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es también una posición negociadora, como mi colega, la Sra. Jackson, conoce por su propia experiencia política.  Queremos una definición más clara del objetivo que intentamos alcanzar, y con razón. En este sentido, señora Comisaria, a pesar de que normalmente tengo en gran estima su trabajo, no estoy totalmente satisfecho con la propuesta porque esencialmente no ofrece nada más que un sistema que generará nuevos conjuntos de mediciones, y permítanme de paso decir a la Sra. Jackson, que normalmente otorga mucha importancia al factor costes, que estas mediciones serán caras, y originarán costes para las autoridades locales, las regiones o los Gobiernos nacionales que tienen que financiar estas estaciones de medición.
De todos modos, somos conscientes de la peligrosa naturaleza de estos metales pesados. En este sentido, decir simplemente que pretendemos adoptar medidas no es el enfoque correcto ni es el más rentable económicamente. Debemos indicar claramente la dirección en la que queremos avanzar. Como ya he dicho, la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es también, bastante evidentemente, una posición negociadora. Cuando negociemos con el Consejo, las posiciones naturalmente van a cambiar. Esto salta perfectamente a la vista y por esta razón he abogado por un aplazamiento de la votación, precisamente para tener tiempo para la negociación.
El objetivo, sin embargo, es aclarar qué dirección queremos tomar en este ámbito de nuestra política de calidad del aire. No soy tan dogmático como para insistir de forma absoluta en la consagración de valores objetivo particulares y verlos como no negociables, pero tenemos que pronunciarnos claramente sobre el objetivo último si queremos impedir la emisión de sustancias peligrosas al medio ambiente, al aire que respiramos. 
Si analizamos de qué formas la mayoría de estas sustancias peligrosas, como el cadmio, el cromo o el níquel penetran en la atmósfera, observamos que se emiten generalmente en zonas con densidades de población elevadas. Por ello he recibido cartas de muchas autoridades locales que nos piden que fijemos valores límite vinculantes para que puedan manejar mejor su situación sobre el terreno. Pero yo no veo esto como una solución. Debemos aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece el progreso tecnológico para reducir las emisiones. Por esta razón necesitamos valores objetivo en conjunción con declaraciones claras sobre el cómo y el cuándo pueden lograrse. En este sentido, señora Jackson, confío en que podamos llegar a un acuerdo en nuestras negociaciones con el Consejo en la primera lectura, un acuerdo que transmita el mensaje de que queremos evitar las emisiones de estos metales pesados en lo posible de forma global. 
Breyer (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el anterior orador. Creo que no estamos siendo honestos si mantenemos un debate solamente por el mero hecho de debatir, si habrá que realizar más mediciones simplemente para retrasar el proyecto. Lo que necesitamos, y esto se ha revelado con toda claridad, son valores vinculantes. Todo lo demás está en contradicción con el principio de cautela que hemos difundido una y otra vez en todos los demás casos y está en contradicción con nuestro repetido compromiso de protección de la salud humana. 
El Sr. Kronberger ha reiterado enfáticamente que estas sustancias son carcinógenos genotóxicos, que tenemos evidencia irrefutable de sus efectos carcinógenos, que afectan al funcionamiento de los riñones, al sistema nervioso central, a los órganos respiratorios y al sistema inmunitario. Lo que realmente necesitamos aquí es tiempo para negociar, pero no para retrasar o dar carpetazo al asunto o como, lamentablemente, muchos en esta cámara quisieran hacer, dejarlo dormir en el cajón.  Lo que se quiere, y, durante la campaña electoral también escucharemos este mensaje de labios de algunos políticos, es un conjunto de objetivos claros y vinculantes para las autoridades locales y regionales, objetivos diseñados únicamente para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria Wallström, señor ponente, Señorías, desde hace muchos años se sabe que los denominados metales pesados y hidrocarburos aromáticos policíclicos son, en mayor o menor medida, nocivos para el medio ambiente y para la salud pública. Estas sustancias no deben estar en el aire ambiente. En mi opinión, los estudios de impacto no aportan mucho en este sentido. Estos estudios cuestan mucho dinero y nos dejan a los políticos con la misma incertidumbre. Soy de la opinión de que debemos hacer los esfuerzos necesarios para eliminar en la medida de lo posible esas sustancias nocivas de nuestro aire ambiente. La Comisión ha optado solamente por hacer un seguimiento de la contaminación. Pienso que esto es demasiado limitado y básicamente me opongo a este enfoque. La calidad del aire ambiente no se mejora simplemente trazando el mapa de la contaminación. Mientras las otras Directivas derivadas incluyen valores límite vinculantes, no logro entender por qué no se ha hecho así en este caso. 
También reconozco, sin embargo, que debemos tener los pies en el suelo; puede que los valores límite de las Directivas derivadas previas fueran demasiado estrictos. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos decidirnos ahora por valores objetivo no vinculantes. En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respaldé el enfoque adoptado por el ponente, el Sr. Kronberger. Actualmente está negociando con el Consejo un acuerdo en primera lectura. Es un noble esfuerzo, en mi opinión. Puesto que el resultado de estas negociaciones no se conoce todavía, no puedo adoptar una posición con respecto al mismo. De todos modos, quiero decir al Sr. Kronberger que, por supuesto, no deberíamos prescribir ningún valor límite vinculante que se sitúe por debajo de los niveles de concentración de fondo.
Expresamente estoy abogando por valores límite realistas. Se conoce por ejemplo que las emisiones, en gran medida, vienen causadas por fuentes difusas, por ejemplo la calefacción de las casas y el transporte, que son muy difíciles de tratar. Sin embargo, pueden lograrse resultados en varios sectores industriales; pienso en la industria metalúrgica, las centrales eléctricas, las plantas de incineración de residuos y el sector de reciclado de residuos. En el caso de la incineración de residuos se libera una considerable cantidad de metales pesados. La cantidad exacta se desconoce porque la obligación de medición de las emisiones es muy básica. Por ello deberían introducirse también valores límite vinculantes en beneficio de varios sectores de la industria, así como la obligación de medición de los niveles de emisión. Espero que podamos lograr un acuerdo con el Consejo sobre este asunto. 
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Directiva sobre la calidad del aire ambiente de 1996 constituye la base de la que estamos debatiendo ahora y de otras tres anteriores. La Directiva marco enumera los contaminantes atmosféricos para los que deben establecerse valores límite, valores objetivo y, en su caso, umbrales de alerta. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aceptó 60 enmiendas a la propuesta de la Comisión y de esta forma, junto con otros temas, se puso en consonancia con las tres Directivas anteriores sobre la calidad del aire ambiente. 
Este paquete integrado sobre la calidad del aire ambiente que se está ultimando será un modo eficaz de prevenir la contaminación del aire en la UE, excepto en un ámbito importante: las partículas. Actualmente es difícil medir las partículas más diminutas y por esta razón es imposible en la práctica. El cuerpo humano, sin embargo, es el más indefenso contra estas partículas pequeñísimas. Mientras las partículas más grandes quedan atrapadas en diferentes lugares de nuestros órganos respiratorios, las más pequeñas pasan directamente a nuestros pulmones y permanecen allí. El riesgo para la salud es evidente.
Los grupos de trabajo técnicos de la Comisión son en mi opinión el lugar adecuado para evaluar el riesgo de las partículas y la posibilidad de medirlas. Los expertos en distintos campos que forman parte de estos grupos de trabajo deben formular opiniones sobre cada contaminante, basados en el conocimiento actual y de este modo presentar datos en los que puedan basarse las propuestas de directivas. Como el paquete de cuatro Directivas sobre la calidad del aire ambiente se ultima ahora, debería encargarse a los grupos de trabajo la tarea de tratar sobre los problemas relativos a las partículas con el objetivo de establecer métodos comunes y criterios de evaluación en los Estados miembros. Esto sería una contribución esencial a la lista de objetivos de la Comunidad para mejorar la calidad del aire y promover la salud pública en los Estados miembros. 
Bowe (PSE ).
   – Señor Presidente, el Sr. Kronberger ya conoce mi opinión sobre este informe, ya que la he expresado con firmeza en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Sin embargo, quizá debería ser más moderado en mis opiniones esta noche.
Puede que sea bastante apasionado en sus opiniones pero, francamente, están equivocadas. Puede que sea muy serio en las conclusiones a las que llega, pero son erróneas. Ahora tiene que enfrentarse a la realidad si lo que desea es regular las emisiones de este tipo de las instalaciones industriales de las que estamos hablando; fijar simplemente valores de emisiones no funciona. El impacto que supondrá en estas instalaciones el intento de imponer este tipo de normas sería insoportable.
Sin embargo, he de decir una o dos cosas sobre este informe. Al igual que el dicho inglés sobre el huevo del desayuno del coadjutor, tiene partes buenas. Si uno considera el mercurio y el arsénico, por ejemplo, podría darse el caso de intentar fijar valores de emisiones en este sector, pero no cabe duda de que en otros no. Tomemos por ejemplo el níquel. El níquel es uno de los elementos más importantes utilizados en la producción de acero inoxidable. El tipo más común de acero inoxidable contiene un 18% de níquel, pero puede contener hasta un 30%. Lo absurdo de esta propuesta es que presupone que las medidas utilizadas para controlar las emisiones gaseosas de níquel se pueden aplicar a la situación en las acerías en que se emite níquel en forma de polvo fino durante el proceso de producción. En realidad, el enorme volumen de polvo en la zona de producción solo contiene una muy pequeña cantidad de níquel y las emisiones de las acerías son relativamente pequeñas. Intentar, sin embargo, alcanzar valores de emisiones en este tipo de situación sería imposible.
Asimismo, en el caso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el tipo de medida propuesta por el Sr. Kronberger daría lugar inevitablemente al cierre o al final del uso de centrales alimentadas con carbón, al final de la utilización de carbón para la combustión, a una pérdida de puestos de trabajo y, en toda Europa, a una mayor dependencia del gas importado y otros suministros.
Aunque bien intencionadas, estas propuestas no son realistas, están poco meditadas y minarán la reputación que tiene Europa de adoptar un enfoque responsable. Le ruego encarecidamente que lo considere nuevamente. 
De Roo (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el informe del Sr. Kronberger recibe el apoyo incondicional del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Se necesitan valores límite, por ejemplo para el arsénico. Se trata de un problema real en mi país. La ciudad de Coevorden, cerca de la frontera alemana, ha tomado la decisión de incinerar prácticamente todos los coches cama de ferrocarril antiguos de Europa, liberando así su arsénico en el aire ambiente. Esto está muy mal y por eso necesitamos valores límite estrictos. Si estos no se pueden establecer directamente porque la mayoría política no está a favor, ello es muy de lamentar, pero estos metales pesados son carcinógenos y hay de reducir su uso. Si para ello hay que fijar valores objetivo como medida a corto plazo, entonces lo apoyo plenamente. Sin embargo, a largo plazo, deben introducirse definitivamente valores límite sobre la base de un caso de cáncer adicional por cada millón de casos. Adoptamos exactamente el mismo principio rector para la Directiva sobre agua potable que aceptó la Comisión, la institución que había propuesto el principio, así como el Consejo y el Parlamento.  ¿Por qué no hacemos lo mismo en el caso del arsénico, el cadmio, el mercurio y el níquel? Sería el modo de avanzar hacia un compromiso posible. 
Myller (PSE ).
   – Señor Presidente, creo que esta Directiva es tan importante que está muy bien que podamos hablar de forma apasionada sobre este tema. Un tema, como ya se ha dicho aquí muchas veces, que se refiere a los metales pesados carcinógenos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, muchos de los cuales pueden dañar el genotipo de las células en cantidades muy pequeñas. El objetivo es impedir y reducir los efectos nocivos de los contaminantes del aire en la salud humana y el medio ambiente. Se ha dicho también aquí que esta Directiva difiere de las Directivas derivadas anteriores en que esta no propone valores límite vinculantes. Esto se ha justificado por el hecho de que no es posible a corto plazo encontrar medidas de bajo coste.
Se podría alegar también que si se fijasen valores límite, darían pie a que se encontraran medidas rentables económicamente. Tenemos muchos ejemplos de situaciones en las que se han encontrado soluciones técnicas una vez que se han fijado objetivos claros y hay suficientes incentivos para alcanzarlos. Juntos, el seguimiento y la medición son elementos importantes de esta Directiva, y habrá que prestar mayor atención a la comparabilidad de los resultados y las técnicas de medición tanto en el ámbito nacional como en el comunitario. Seguimiento eficaz significará que será posible establecer nuevos valores límite vinculantes cuando se creen nuevas aplicaciones técnicas. Las mediciones deben realizarse, sin embargo, a bajo coste, teniendo en cuenta distintas circunstancias. 
Wallström,
    Señor Presidente, tal como ya he mencionado, comprendo perfectamente el deseo de asegurar la plena protección de la salud pública tal como se expresa en las enmiendas que intentan introducir valores límites vinculantes para el arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por desgracia, no creo que las enmiendas propuestas tengan el efecto deseado. En realidad, los valores límite deberían venir acompañados de exenciones para determinadas zonas o de disposiciones que permitieran a los Estados miembros aplicar excepciones en aquellos casos en que no se pudieran cumplir los valores límite. Las enmiendas propuestas prevén la última solución, pero en cualquier caso podemos estar seguros de que se concederán excepciones justamente en las zonas donde se presentan los problemas. Resulta difícil ver cómo esto va a mejorar la protección de la salud pública. De modo similar, no hay razón para fijar objetivos a largo plazo sin tener una idea clara de cómo se van a cumplir estos objetivos. Por este motivo, la Comisión no puede, en esta fase, aceptar ninguna de las enmiendas que pretenden introducir valores límite vinculantes.
Por otro lado, la Comisión puede aceptar la reintroducción del concepto de umbrales de valoración máximos y mínimos previstos en la Directiva marco, que es el objeto de seis de las enmiendas presentadas. Aunque este concepto está normalmente vinculado a los valores límite, el concepto presenta algunas ventajas, incluso a falta de valores límite, puesto que aporta un régimen flexible en que el grado de requisitos de supervisión depende del nivel de concentraciones observadas.
Tal como he dicho anteriormente, me alegra que se haya tomado la decisión de aplazar la votación para dar tiempo a explorar un mayor número de posibles alternativas. Espero realmente que a fin de cuentas podamos avanzar más rápidamente hacia un acuerdo sobre este importante tema. 
El Presidente.
   Gracias, señora Wallström.
Como saben, la votación se ha pospuesto a una sesión posterior.
El debate queda cerrado. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los dos informes siguientes, presentados en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural:
- Informe A5-0123/2004 del Sr. Daul sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores;
- Informe A5-0106/2004 del Sr. Lavarra sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el Reglamento (CEE) nº 827/68. 
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo dar las gracias al Sr. Daul y al Sr. Lavarra y a los coponentes, la Sra. Rodríguez Ramos, el Sr. Berlato y el Sr. Mayer, por sus informes, y a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por sus aportaciones.
En julio del año pasado, el Consejo de Ministros de Agricultura invitó a la Comisión a elaborar propuestas de reforma para categorías de productos adicionales de conformidad con los mismos principios en los que se habían basado las reformas anteriores. A raíz de ello, la Comisión elaboró propuestas para el algodón, el tabaco, el aceite de oliva y el lúpulo, y estas propuestas son el tema del debate de hoy.
Los objetivos siguen siendo los mismos: queremos hacer más competitivos y sostenibles estos sectores, simplificar la administración, crear un sistema más compatible con la OMC y promover el desarrollo rural. Con respecto a los efectos presupuestarios, el Consejo decidió que la Comisión debía presentar una propuesta carente de todo efecto presupuestario neto. Nuestras propuestas cumplen todos estos objetivos y condiciones.
Como en las reformas anteriores, el elemento clave de estas es la disociación, rompiendo el vínculo entre los volúmenes de producción y las ayudas directas a los productores, aunque la Comisión, para tener en cuenta al máximo posible las sensibilidades medioambientales y sociales, ha propuesto una disociación parcial en algunos casos. Como en las reformas anteriores, sin embargo, es condición imprescindible para el pago de las cantidades totales que los agricultores cumplan los requisitos de la ecocondicionalidad y las buenas prácticas agrícolas.  En estas propuestas se prevé también una transferencia de recursos al desarrollo rural. La reestructuración radical de los sectores en debate nos permite también suprimir finalmente algunos elementos de los regímenes de organización del mercado anteriores que han quedado obsoletos, como los reembolsos a la exportación para el aceite de oliva.
Soy plenamente consciente de la importancia socioeconómica y medioambiental de los cultivos que estamos debatiendo hoy. Con dos millones y medio de productores, el aceite de oliva goza de una posición destacada en la agricultura mediterránea. El algodón desempeña un papel esencial en algunas partes de Grecia y España. El lúpulo es un cultivo especial de extraordinaria importancia regional, mientras el tabaco, aunque es un elemento importante de las estructuras agrícolas y laborales de muchas regiones, está sumido en una crisis económica, por una parte y, por otra, está asociado a un estilo de vida insano.
Creo que las propuestas presentadas, globalmente, responden a las necesidades de la Comunidad, y por esta razón me opongo a las divergencias con el texto original que propone el informe Daul. Para las cuatro categorías de cultivos, la propuesta es el resultado de una cuidadosa reflexión y está en sintonía con el paquete de reforma de la PAC que se adoptó el pasado mes de junio. Otorga a los agricultores libertad y flexibilidad para cultivar su terreno tal como ellos lo consideren adecuado y obtener ventajas de las oportunidades del mercado, y al mismo tiempo tiene en cuenta las preocupaciones medioambientales y sociales.
Permítanme también señalar que es importante que adoptemos las decisiones requeridas, puesto que a menos que se tome una decisión sobre este paquete, incluido el tabaco, corremos el riesgo de no poder proporcionar ningún tipo de ayuda financiera a los productores de tabaco el año que viene, porque el acuerdo existente expira a finales de este año. No creo que tal enfoque interese a nadie. Por esta razón, solo me resta invitar a esta Cámara a tomar las decisiones necesarias. 
El Presidente.
   Gracias, señor Fischler.
Sin duda me complace que sus observaciones sobre la asociación con un estilo de vida insano no se extiendan al lúpulo. 
Daul (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera decir, en primer lugar, que me limitaré a un tema general, porque tenemos ponentes por productos que desarrollarán cada uno su tema particular. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural llegó, el pasado 19 de febrero, a un acuerdo de compromiso sobre el proyecto de reforma de la política agrícola común para el tabaco, el aceite de oliva, el algodón y el lúpulo. 
No olvidamos que se trata de adoptar un único reglamento de la Comisión Europa que modifique el mecanismo del pago único. Hay que llegar a un acuerdo global, y no a acuerdos independientes por sectores. Todo el proceso de negociación es interdependiente. El ambicioso objetivo de la Comisión y del Consejo es llegar muy pronto a un acuerdo de conjunto. Como ha dicho el Comisario Fischler, no debemos tener un vacío jurídico, en particular en el sector del tabaco.
La Comisión de Agricultura estima que el principio de disociación de las ayudas propuesto por la Comisión solo puede aplicarse teniendo en cuenta también otros elementos externos, en particular la fluctuación y la evolución de los precios agrícolas internacionales, así como el acusado contraste entre los precios aplicados en el interior y en el exterior.
La política agrícola de los productos mediterráneos debe orientarse al mantenimiento de la actividad de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar, y a la preservación del número de puestos de trabajo en las zonas rurales, que se cuentan por cientos de miles. Todo proyecto de reforma debe presentar todas las alternativas posibles para garantizar el futuro de los agricultores y de las regiones afectadas y tener en cuenta su importancia social, así como las distintas condiciones de producción en los Estados miembros. Los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo han manifestado su preferencia por una transferencia más importante de fondos agrícolas destinados al mercado para acciones de desarrollo rural, a fin de mejorar el medio ambiente y la producción de calidad.
Suponiendo que un número importante de agricultores decidiesen cesar la producción y percibir las subvenciones, el hecho de conceder ayudas agrícolas al margen de la producción no debería acentuar en ningún caso los problemas territoriales ni crear desequilibrios entre los distintos sectores. Al contrario, el principio de disociación parcial debería permitir una remuneración más equitativa para todos los agricultores y para toda la producción, aplicando el principio de multifuncionalidad. La disociación parcial debería permitir una evolución, señor Comisario, y no una revolución en las regiones mediterráneas. 
El modelo agrícola europeo debe mantenerse. Europa necesita a sus agricultores y el mantenimiento de su población en las zonas rurales. Debemos defender los intereses de los agricultores en la Organización Mundial del Comercio. Como demuestran los últimos presupuestos de los Estados Unidos, la agricultura norteamericana recibirá una vez más un aumento sustancial. ¡Siga el ejemplo, señor Comisario! Quiero añadir que ese aumento sustancial está previsto. 
Sabemos que su trabajo en la Comisión no es fácil. Pero conocemos su buen sentido y su pragmatismo, así que le pedimos que acepte la propuesta de compromiso, que es una buena propuesta que le hacemos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Berlato (UEN ),
   Señor Presidente, Comisario Fischler, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, he sido coponente de la parte relativa al tabaco de este importante informe sobre la reforma de la organización común de los mercados de algunos productos mediterráneos. Como saben, el objetivo de la Comisión Europea, declarado expresamente, es acabar con la producción de tabaco en Europa. Se trata del primer caso de eliminación forzada de un producto con raíces históricas en nuestro continente y que además no experimenta ninguna deficiencia del mercado.
Quiero señalar aquí las consecuencias principales y más obvias en caso de que se apruebe la propuesta de la Comisión. El consumo de los productos del tabaco no descendería y no habría ningún efecto beneficioso en la lucha contra el tabaquismo que todos apoyamos. No habría efectos beneficiosos en la recaudación de impuestos de los Estados miembros, que en la Unión Europea se elevan a una cifra de 15 a 65 millones de euros al año solamente en concepto de impuestos sobre el consumo final de productos del tabaco. Se produciría un importante deterioro de la balanza comercial de la Unión Europea debido al aumento de las importaciones y la reducción de las exportaciones, con un déficit de más de 800 millones de euros al año, equivalente a los gastos actuales de la Comunidad en ayudas a los productores de tabaco. Cuatrocientas noventa mil personas perderían sus puestos de trabajo, si nos limitamos solamente a los trabajadores de la industria y 10 000 propietarios de tierras que, sin tener en cuenta la recepción temporal de un pago disociado de la producción, en cualquier caso perderían sus puestos de trabajo, puesto que ya se ha demostrado ampliamente la ausencia de alternativas agrícolas económicamente viables en las zonas de producción del tabaco; por ello habría multitudes de nuevos desempleados en las regiones europeas que ya tienen las tasas de desempleo más elevadas de los actuales 15 Estados miembros de la Unión, y lo mismo pasaría en las regiones productoras de tabaco de los diez nuevos países candidatos, también a la vista del hecho de que más del 50% de los trabajadores de la industria europea procesadora de tabaco son mujeres. Otras consecuencias serían: el cierre de cientos de empresas europeas que participan en la industria transformadora primaria y en las actividades auxiliares cuya existencia depende de la disponibilidad local de materia prima agrícola con la consecuente reducción masiva de los impuestos que pagan las empresas y sus empleados y un déficit todavía más grave en lo relativo a las contribuciones a la seguridad social; amplias zonas rurales de las regiones más pobres de Europa se convertirían en desiertos, considerando que el 80% del tabaco europeo se cultiva en zonas de Objetivo 1; se produciría un empobrecimiento general de los sistemas locales en los que la producción y la transformación del tabaco están muy concentrados, que en muchos casos forma la columna vertebral en que se basa un complejo sistema económico y social y que actualmente proporciona a las poblaciones unas condiciones de vida dignas.
Por las razones y argumentos presentados brevemente hasta ahora, la aprobación de la propuesta de la Comisión, aparte de todo, iría claramente en contra de los objetivos de la PAC establecidos en el artículo 33 del Tratado, que deliberadamente no se cita como el fundamento jurídico de la reforma propuesta.
Quiero concluir haciendo un llamamiento a todos mis colegas diputados, particularmente a los diputados de las regiones del centro y norte de Europa, pues como sabemos, el tabaco se produce solamente en algunas zonas muy específicas del sur de Europa. Cientos de miles de familias de la Unión Europea cuyo futuro depende de...
Cercas (PSE )
   . Señor Presidente, señor Comisario, señores del Consejo, empezaré por consumir una parte de mi tiempo representando a la Sra. Rodríguez Ramos, que, por causa de fuerza mayor, no puede defender, como estaba previsto, su informe sobre el algodón. La Sra. Rodríguez Ramos dice que todas las reformas de la PAC en Europa, desde la reforma Mc Sharry pasando por la Agenda 2000, siempre han previsto que para todas las producciones afectadas existiera un período superior a diez años para adaptarse progresivamente a los cambios que supone el pasar de una política de apoyo a los precios a regímenes de ayuda a los productores.
Señor Comisario, la reforma actual del algodón se inició en el año 2001 y usted pretende hacer ahora otra reforma sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, como luego veremos, y olvidando también que su propósito es totalmente ajeno a la política señalada en los protocolos anejos a las Actas de adhesión de Grecia, España y Portugal, que incluyen el objetivo de apoyar la producción de algodón en las zonas productoras. Lo que usted pretende es, ni más ni menos, llegar a un desacoplamiento total; creemos que su propuesta conduce al abandono de la producción de algodón, la Comisión lo sabe, y, además, se está actuando en ausencia de estudios válidos sobre el sector.
La Comisión sabe también que la producción del algodón se concentra en regiones que sufren un retraso muy significativo, y que tendrá un impacto potencial tremendo en el sector desmotador y en los servicios conexos. Y no hay alternativa, señor Comisario. ¿Qué pueden hacer estos agricultores? El Reglamento (CE) nº 1783/1999 les impide plantar frutas y hortalizas, ¿qué van a hacer, señor Comisario, plantar maíz y penalizar a los demás productores de maíz o remolacha, que está sometida a cupos? ¿y qué hacemos, señor Comisario, con el sector industrial?
En cambio, el compromiso que propone la ponente es coherente con este conjunto de reflexiones y, además, se ajusta a las pautas marcadas por la reforma de la PAC y por nuestros acuerdos con la OMC y permitiría sacar de la caja ámbar toda la ayuda del algodón. Por tanto, señor Comisario, me permitirá que, con su ayuda, tratemos de evitar el desastre que se produciría en términos de empleo y el impacto negativo que la reforma propuesta tendría en zonas de mi país como, por ejemplo, Andalucía, que -como ha dicho también el Sr. Berlato- son Objetivo 1 con graves preocupaciones sociales.
Respecto al tabaco, señor Comisario, además de subrayar todo lo que ha dicho el Sr. Berlato, porque me muestro de acuerdo al 100% con sus argumentaciones, me gustaría que usted volviera a leer -para que no repitiera lo que ha dicho esta noche, "que no va a suponer ningún planteamiento rupturista"- que en su propio Reglamento se dice que un desacoplamiento total, y especialmente para el tabaco, podría conducir a la total desaparición del sector productivo. Y, pese a ello, señor Comisario, usted nos ha propuesto un desacoplamiento total, argumentando de forma falaz e inadecuada, y dando por buenos argumentos que todos sabemos que son hipócritas. No es verdad que en la Cumbre de Gotemburgo el Consejo adoptara ninguna conclusión específica sobre el tabaco. ¿No es verdad, señor Comisario, que en el estudio de impacto ambiental, ustedes sólo recogen los argumentos de los sectores de la salud, pero no de los expertos?
Señor Comisario, la Comisión se justifica con la reforma de la PAC, cuando lo cierto es -a pesar de lo que usted acaba de decir- que en junio se habló de un desacoplamiento parcial, y precisamente en los casos del tabaco y el algodón usted pretende hacer un desacoplamiento total, sabiendo, como sabe, que son los cultivos que tienen más alto impacto en la producción y el trabajo de regiones que son Objetivo 1 en Europa. ¿No le parece una contradicción insalvable preconizar precisamente en este cultivo tan intensivo en mano de obra, del que depende enteramente la viabilidad no sólo de los productores de tabaco, sino de miles de puestos de trabajo y de regiones y de pueblos enteros?
Señor Comisario, ¿cómo puede proponer la barbaridad que supondría abandonar abruptamente y sin ningún período transitorio estas producciones en zonas tan sensibles en Europa? Señor Comisario, tengo muy poco tiempo y demasiados argumentos que exponer esta noche, pero quisiera expresar solamente uno: señor Comisario, todos los sectores en este Parlamento han hecho un esfuerzo para buscar una solución razonable, justa y equitativa. Todo el mundo ha sacrificado algo; todo el mundo ha comprendido que hay que hacer un esfuerzo por una respuesta flexible para los Estados miembros y que también permita al sector ir adaptándose.
Señor Comisario, dado que usted no ha traído una propuesta de este calibre al Parlamento Europeo, le pido que, al menos, no impida que este gran acuerdo político que se ha alcanzado en el Parlamento Europeo dé salida a las decenas de miles de familias que -como ocurre en mi tierra extremeña- ven en usted a un enemigo del porvenir de sus familias y sus trabajos.
Lavarra (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, la opinión que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento aprobó por amplia mayoría sobre la base de mi informe, considera que la propuesta de la Comisión sobre el aceite de oliva es un buen punto de partida. Por tanto, con nuestro declaración buscamos mejoras, pero también ajustes importantes. De hecho, queremos mantener los ingresos de los productores de aceitunas capaces hasta 2013 y salvaguardar el valor medioambiental y socioeconómico del cultivo del olivo, pero vamos más allá de la propuesta de la Comisión al fortalecer los aspectos de la calidad y seguridad alimentaria, lucha contra el fraude, transparencia del etiquetado y nuevas ayudas específicas para los jóvenes que necesitan incentivos para ingresar en el sector del cultivo olivarero.
En relación con el sistema de ayuda, en nuestra opinión, la extrema variabilidad de las condiciones medioambientales y socioeconómicas sugiere que debemos hacer de forma flexible el porcentaje de disociación, comenzando con un mínimo del 60% en todo caso. Creemos que la opción de aumentar este mínimo podrá considerarse y aplicarse solamente cuando no haya riesgo de arranque o que la producción se abandone. Para simplificar las cosas y obtener recursos mucho más considerables de los previstos en la propuesta de la Comisión, con referencia a la mejora de la calidad, proponemos combinar la ayuda para los olivares y la ayuda para la calidad en una medida única y confiar su gestión a las organizaciones de productores, puesto que la fragmentación de nuestras explotaciones agrícolas olivareras no permitiría una relación adecuada con el mercado. También creemos que los Estados miembros deberían tener la capacidad, como con todos los demás productos, de posponer la entrada en vigor de la reforma hasta diciembre de 2005 ó 2006.
Es particularmente importante disponer de normas adecuadas que garanticen unos ingresos adecuados en el mercado mundial para todo el sector olivarero mediterráneo, abandonando la conflictiva rivalidad entre los países mediterráneos, como se ha defendido en la última conferencia euromediterránea de Ministros de Agricultura celebrada en Venecia el 27 de noviembre de 2003. En otras palabras, necesitamos una legislación más clara, transparente, que nos exigen los productores pero también y, especialmente, los consumidores, que esperan y tienen derecho a tener etiquetas claras e información correcta para poder identificar los productos de alta calidad y saludables, como se ha demostrado científicamente que es el aceite de oliva virgen extra.
El Parlamento solicita una vez más un sistema satisfactorio de clasificación del aceite, la prohibición de las mezclas de aceite de oliva y otros aceites o grasas, la indicación obligatoria en las etiquetas del origen de las aceitunas, determinándose el origen en función del árbol y el lugar de cosecha, y no el lugar de prensado y procesado, y mayor transparencia de los mecanismos de procesado de productos del exterior, para asegurar que este mecanismo no se utilice para poner una marca y vender aceites importados de países no comunitarios como si fuesen aceites comunitarios. 
Desde este punto de vista, por tanto, nuestra propuesta es globalmente coherente. He examinado las enmiendas de otros diputados. Brevemente, apoyo la enmienda 91 presentada por el Sr. Jové Peres, que quiere mantener la prohibición de cambiar a otros cultivos en caso de que los Estados miembros opten por la regionalización del mecanismo de ayuda. Sin embargo, no apoyo otras enmiendas que ya han sido rechazadas por nuestra comisión cuando se sometieron a votación.
Por último quiero decir, Señorías, que he visto la enmienda 87, presentada en comisión por la Sra. Redondo, en el texto propuesto para ser sometido a votación. Sigue una lógica que es, no solo en mi opinión, incompatible con el voto de la comisión, y me sorprende verla en el texto que tenemos delante, simplemente porque existe una lógica conflictiva entre esta enmienda y los productos de la mayoría de los Estados miembros. Confío en que en la votación final podremos demostrar la coherencia global de esta opinión y con ello evidenciar la credibilidad del Parlamento en sus negociaciones con el Consejo y la Comisión. 
Mayer, Xaver (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, realmente es algo excepcional celebrar un debate sobre el lúpulo en medio de un grupo de productos mediterráneos y esta es probablemente la razón por la que su debate estaba previsto originalmente en otro momento. Es un pequeño sector, pero el lúpulo es sin duda un producto muy importante para todos aquellos que tienen algo que ver con él; su importancia es similar a la de las hormonas en los procesos humanos o animales o la de los catalizadores en las reacciones físicas o químicas.
Quien no se haya percatado de la importancia del lúpulo, señor Presidente, no puede seguir así después de disfrutar, con moderación, el producto para el que se usa, la cerveza, a la que antes hizo referencia, el elixir de la vida. Creo que la cerveza, consumida con moderación, por supuesto, como ya he dicho, es también un alimento saludable; los bávaros lo sabemos mejor que la mayoría, y usted, que viene de Franconia, también conoce muy bien sus cualidades. Al igual que el vino, la cerveza es un producto especial y algunas personas, incluido el Sr. Daul, presidente de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, también lo llaman o «infusión de lúpulo».
Ahora me limitaré al lúpulo, señor Presidente, pero mis notas introductorias me exigen contar con un poco de tiempo adicional. La organización común del mercado del lúpulo existe desde 1971, y a lo largo de los años ha demostrado ser un mecanismo flexible y simple, pero muy eficaz. El informe de la Comisión del año pasado también hacía especial hincapié en este aspecto.
Sin embargo, primordialmente algunos pujantes grupos de productores han sido los que en última instancia han hecho posibles los objetivos y medidas del régimen actual, es decir, una producción del lúpulo basada en la calidad y la respuesta a la demanda del mercado, junto con un amplio sistema de certificados de origen. Por esta razón trato de restringirme, en el breve tiempo del que dispongo, a dos aspectos, el primero el de las ayudas, incluidas las ayudas futuras a los grupos de productores; esta es la razón por la que en la enmienda he propuesto la incorporación de una opción por la cual el componente retenido de hasta el 25% del techo nacional puede pagarse a los grupos de productores o a los productores mismos.
El segundo aspecto se refiere a la inclusión en el sistema de zonas de arranque que han ayudado a estabilizar el mercado y quiero destacar esto con gran firmeza. 
Fiori (PPE-DE ).
   –Señor Presidente, señor Comisario Fischler, mis opiniones personales sobre los informes que se someterán a votación mañana difieren en ciertos casos, al igual que mi juicio personal sobre la reforma a medio plazo de la Política Agrícola Común. Sin embargo, he aceptado el compromiso presentado por el Sr. Daul basado en el sentido común, como un buen agricultor, porque considero que es un compromiso bien equilibrado. Lo que me ha costado entender, conociendo su capacidad técnica y política, ha sido, por ejemplo, la propuesta de la Comisión sobre el tabaco, porque el sistema de disociación completa propuesto generaría inevitablemente, no solo en mi opinión, sino de varias importantes universidades europeas, la desaparición completa de la producción, con el impacto sobre el empleo que el ponente, el Sr. Berlato, ha señalado antes. 
Además, no puedo entender por qué, al contrario que el resto de los sectores productivos para los que se han mantenido pagos específicos en función de la producción o en los que se ha dado la oportunidad a los Estados miembros de aplicar formas de disociación parciales, el sector del tabaco es el único en que la Comisión ha decidido aplicar una disociación total. Se han citado, entre otras, razones de salud, ignorando el hecho de que la disociación de la producción de tabaco en Europa no contribuirá lo más mínimo a combatir el tabaquismo. Por el contrario, la ausencia de producción europea sería reemplazada inmediatamente por más importaciones del resto del mundo. Por eso utilizamos mucho sentido común en la comisión al mantener una organización del mercado del tabaco común capaz de proporcionar perspectivas a largo plazo para el desarrollo del sector; hemos querido lograr estabilidad presupuestaria para los productores y obtener un trato igual de todas las categorías de productores en una nueva organización del mercado común coherente con la necesidad de estabilidad en el sector agrícola y con la continuidad de la producción de tabaco en Europa, inclusive por razones estratégicas.
Respecto a la industria del aceite de oliva, por otra parte, puede respaldarse ampliamente la reforma propuesta por la Comisión. De hecho, aunque no estoy de acuerdo con el sistema de disociación, como saben bien, pienso que este principio es aceptable para cultivos arbóreos permanentes como el cultivo del olivo, siempre que ayude a eliminar una cantidad importante de trámites burocráticos con respecto al sistema de ayudas, y sobre todo que nos permita aplicar medidas relativas a la calidad, trazabilidad, conversión y promoción para fomentar un mayor desarrollo en términos de calidad. También usamos nuestro sentido común con respecto al sistema del aceite de oliva; hemos asegurado la ayuda financiera a largo plazo para los agricultores; hemos trabajado en torno al derecho a los pagos históricos con referencia al promedio de pagos efectuados a un productor individual en calidad de ayuda a la producción durante el período de referencia y sobre todo, hemos introducido e impulsado la intervención financiera en apoyo de los productos de calidad, la trazabilidad, el seguimiento del mercado, la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones de productores y medidas medioambientales específicas.
Creo que la propuesta que han presentado el Parlamento y la Comisión sobre el aceite de oliva será muy beneficiosa para este sector y espero, señor Comisario, que acepte las sugerencias que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento ha presentado sobre el sector del tabaco. 
Procacci (ELDR ).
   – Señor Presidente, no me repetiré sobre el tabaco, pero se me hace difícil creer que el Comisario Fischler piense que la propuesta de la Comisión sobre el tabaco viene dictada por razones de salud. Es difícil pensar esto y no pensar en lugar de ello que en Europa se están poniendo en peligro 500 000 puestos de trabajo. Si hubiese realmente un vínculo entre la prevalencia del tabaquismo y la reducción o la eliminación de la producción del tabaco, yo sería el primero en esta Cámara en apoyar la propuesta de la Comisión. Pero ese vínculo no existe. Al adoptar la propuesta únicamente estaríamos empobreciendo a los ciudadanos de la Unión y a los productores de tabaco sin hacer una contribución real a la lucha contra el tabaquismo. Por ello pido a la Comisión que tenga en cuenta esta posición, defendida por muchos sectores de esta Cámara, tanto por parte de los partidos políticos como por diputados a título individual. Por supuesto que expreso mi opinión personal, pero creo que es ampliamente compartida en el Parlamento, lo cual podremos verificar mañana en la votación.
Con respecto a la propuesta sobre el aceite de oliva, sin embargo, puede decir que el enfoque de la propuesta de la Comisión es bastante aceptable. La propuesta de la Comisión considera la necesidad de transparencia, atención a la calidad, el valor medioambiental y social de este producto y todo ello se ha reexaminado todavía más en la opinión presentada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. La elección de flexibilizar el porcentaje de disociación, la posibilidad que los Estados nacionales tendrán, espero, de modificar estos porcentajes es un proceso positivo de ósmosis entre las normas rígidas de la Comisión y las elecciones de los Estados miembros, una decisión inteligente que permitirá a los Gobiernos nacionales la adopción de las opciones más adecuadas para las regiones. La cuestión de combatir la mezcla de aceites permanece igual y son suficiente financiación, para garantizar la transparencia y la protección del consumidor, la lucha contra el fraude, la reducción del procesado de productos del exterior y la consecución de un etiquetado que señale y realmente realce el lugar de producción y no el de procesado. En este camino las agencias de seguimiento pueden seguir desempeñando un importante papel.
Quiero pedir al Comisario Fischler que vea que, después de la votación en el Consejo, con la opinión del Parlamento, los reglamentos que se adopten sean coherentes con las decisiones, cosa que desafortunadamente no hemos visto en el pasado. 
Van den Berg (PSE ).
   – Señor Presidente, el sábado, un día antes del fracaso de Cancún, la alianza de los países africanos y los países de renta más baja tiraron la toalla. Se sintieron completamente ignorados, particularmente por los Estados Unidos, que subvenciona a los cultivadores de algodón de Carolina del Sur con más de 3 500 millones de euros, mientras Europa apoya a su sector algodonero solamente con 800 millones de euros. Debido a ello, los Estados algodoneros africanos se sienten amenazados. De esta forma se está creando pobreza de forma activa. Los países de menor renta tienen derecho a protestar por ello. Esto se ha corroborado con la resolución aprobada en febrero durante la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. Del mismo modo que los medicamentos contra el sida simbolizan el avance decisivo en Doha, el algodón simboliza el fracaso en Cancún. 
Las ayudas al algodón en Europa forman parte de una política agrícola que incluye grandes subvenciones para el cereal, la carne y la leche. Anteriormente los socialdemócratas hemos intentado empezar disociando las ayudas a la producción en un 50% y adoptar una política rural, de conservación de la naturaleza y de bienestar animal, en otras palabras, pasar de la cantidad a la calidad.  El grupo de presión conservador de esta Cámara, sin embargo, ha puesto obstáculos en el camino. La Comisión presenta ahora una modesta propuesta de disociación del 60% y la canalización de una buena parte de esas subvenciones al desarrollo rural de la zona en cuestión, pero la mayoría del Parlamento Europeo se escuda tras los Estados Unidos y tras la incertidumbre del resultado, y así aboga por un 20% de disociación. Puedo entender a mi colegas diputados españoles si no solo quieren tratar del algodón sino también del cereal, la carne y la leche, pero lamento que no actuemos más valientemente y demostremos que hemos aprendido la lección de Cancún. 
Debilitando las propuestas de la Comisión no estamos dando señales suficientes a las personas de todo el mundo que quieren un comercio justo. De acuerdo con esto, una serie de socialdemócratas de esta Cámara votará en contra de la atenuación de las propuestas. Espero que haciéndolo así enviemos un mensaje claro a la Comisión. Solicito a la Comisión que persevere. 
Jové Peres (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, nos encontramos ante la continuación de una reforma intermedia de la PAC. No voy a reiterar los argumentos que expuse en su momento. Sin embargo, permítanme recordar mi oposición a unas medidas que alterarán sustancialmente la Política Agrícola Común.
Es evidente que el desacoplamiento de las ayudas reducirá la producción y el conjunto de la actividad económica de las zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales. También creará un mercado dual de la tierra con derecho ayudas y sin derecho a las mismas, fomentando la especulación. Además, dificultará la instalación de jóvenes agricultores que deberán realizar inversiones para la compra de derechos de pago, además de las necesarias para adquirir tierras.
Todos estos procesos se darán en un momento muy delicado, tanto en el relevo generacional de los titulares de explotaciones agrarias como en la actividad económica general y en las perspectivas de la generación de empleo, con serias consecuencias en la ocupación del territorio.
Estas consecuencias serán más sensibles en los cultivos situados en zonas desfavorecidas o en aquellos que requieren más costes variables por su necesidad de mano de obra. Éste es precisamente el caso que nos ocupa, tanto en el caso del algodón, como en el del tabaco o del aceite de oliva, se dan estas circunstancias.
Soy consciente del mandato del Consejo de Ministros, aunque no lo comparto. No lo comparto porque sus consecuencias serán demoledoras en amplias zonas muy sensibles. Y es que la política no es más que emplear unos recursos económicos escasos para alcanzar unos objetivos. Hasta ahora, los recursos empleados para estas producciones perseguían objetivos claros. Me pregunto qué objetivos puede perseguir esta propuesta. Sin embargo, los riesgos que representa, están claros, e incluso han sido reconocidos por la Comisión.
Esta propuesta supone la ruptura con una política que había dado frutos. La actual OCM del aceite de oliva ha permitido mejoras sustanciales de la calidad y de la seguridad del consumidor. Ha dinamizado la actividad económica de zonas deprimidas. ¿Por qué se renuncia a esto? 
En otras producciones de cultivos herbáceos, que carecen de las particularidades del aceite, se mantiene la posibilidad de mantener un porcentaje de las ayudas acoplado a la producción. ¿Por qué no se contempla esta posibilidad en el aceite de oliva?
Y me refiero también a la posición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. El mantenimiento de una parte de la ayuda acoplada a la producción es el único medio de garantizar que lo que llega al consumidor es aceite de oliva y es preocupante que coincida con la propuesta de desaparición de la financiación de las agencias de control. Aunque se mantuvieran las agencias de control, ¿con qué instrumentos pueden contar para garantizar la calidad del aceite? En todas las actividades hay empresas honestas y otras que se sienten tentadas a cometer fraude. Éstas, y sólo éstas, son las beneficiadas de esta propuesta de la Comisión.
He depositado, pues, en consecuencia, una serie de enmiendas para mantener un 25 % de las ayudas acopladas a la producción y espero que cuenten con el apoyo de esta Cámara.
Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, el debate sobre la disociación se encarniza una vez más, esta vez en conexión con estos productos del sur de Europa, y transmite la impresión de que se está quitando dinero a los agricultores. En una ocasión en comisión me enfurecí y aclaré que la disociación es de hecho un medio de asegurar que el dinero se quede en manos de los agricultores, especialmente en el caso del tabaco. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, como los precios del algodón solo cubren un tercio de los costes de producción y los precios del tabaco cubren solamente cerca de la mitad de los costes de producción, existe naturalmente un gran peligro de que la ausencia de obligación de cultivar estos productos para obtener las primas tenga como resultado el cultivo de otros productos. La característica principal que distingue estos productos de los productos agrícolas del norte de Europa es posiblemente que la producción y el procesamiento de estos cultivos mediterráneos requieren más trabajadores estacionales, que podrían perder sus trabajos en caso de cambiar a otros cultivos. La necesidad vital entonces es la promoción del desarrollo rural y el cultivo de otros productos con un efecto inducido positivo en materia de empleo. 
Es necesario persuadir a la industria de que empiece por fin a pagar precios decentes por los productos agrícolas, que son, en algunos casos, solamente un ingrediente menor de sus productos finales.
La disociación es el inicio de un debate más amplio sobre los precios al productor. Se aplica tanto a la leche como al tabaco y al algodón. Está a punto de convertirse en un asunto candente. Por eso debo decir que apoyo las propuestas de la Comisión en principio y votaré en consecuencia. 
Queiró (UEN ).
   – Señor Presidente, en consonancia con los principios básicos para la reforma de la PAC que se aprobó en junio pasado se han establecido normas comunes para los sistemas de ayuda directa a los agricultores. Esta propuesta de reglamento consagra consecuentemente estos principios para los sectores del aceite de oliva, el tabaco y el algodón, y la propuesta se examina en el informe del Sr. Joseph Daul, a quien deseo felicitar por su trabajo. 
Sin embargo, me centraré en las consecuencias de esta propuesta para Portugal. Con respecto al aceite de oliva, parece que la Comisión no tiene presente la plantación de 30 000 hectáreas de olivares nuevos con derecho a la ayuda a la producción que el Consejo autorizó en 1998. De hecho, Portugal ha elaborado un programa para la plantación de estas 30 000 hectáreas que se ejecutará de 2000 a 2006 y su aplicación se llevará a cabo tal como se ha definido en el programa.
Esta propuesta de revisión que ha presentado la Comisión, sin embargo, ha destruido este programa junto con las expectativas que se habían creado entre los productores. Con respecto al tabaco, la propuesta de la Comisión de disociar totalmente las ayudas provocará que los agricultores abandonen rápidamente este cultivo en Portugal. El abandono de la producción tendrá efectos extremadamente nocivos no solo en el empleo en la agricultura, sino también en la industria procesadora. Con respecto al algodón, un sector que ha experimentado una fuerte expansión en los últimos años, la propuesta de la Comisión penaliza la producción en aproximadamente el 30%, lo que, si lo unimos a lo inapropiado de la ayuda vinculada a la producción, hace que este cultivo sea muy poco atractivo y ofrece pocas oportunidades para su reconversión.
Señor Presidente, una vez más nos enfrentamos a una propuesta de la Comisión que no tiene en cuenta ni las características específicas de la agricultura portuguesa, ni, de hecho, otras formas de agricultura regionales, ni los riesgos de que los agricultores abandonen la agricultura totalmente ni los problemas sociales relacionados con el desempleo que acompañarán a este proceso. Se trata una vez más de una injusta penalización de los ingresos de nuestros agricultores y no podemos...
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, se dice que la disociación de ayuda y producción otorga a la agricultura europea una cierta ventaja en las negociaciones de la OMC, o eso es lo que siempre ha mantenido el Comisario Fischler. La política agrícola europea se ha adaptado mientras tanto, pero los efectos dentro de la Organización Mundial del Comercio todavía no son visibles. Lo que es peor, parece que otros bloques comerciales no quieren acabar con las ayudas que distorsionan el comercio. 
Por ello me pongo en guardia cuando la Comisión justifica la disociación de las primas al algodón utilizando el argumento de que la Organización Mundial del Comercio insiste en ello. Por experiencia, sabemos que este argumento es erróneo. Después de todo, la Unión Europea representa menos del 3% de la producción mundial de algodón, mientras que importa el 48% de sus necesidades de algodón libres de impuestos. La queja de que la ayuda del Gobierno europeo está distorsionando el mercado mundial del algodón es de hecho una insolencia.
A la luz de todo esto, la reforma del sector del algodón no es tan necesaria desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio como con vistas a lograr un campo lleno de vida. Esta reforma debe centrarse en la mejora de la calidad y, en lo posible, el mantenimiento del empleo en este sector. Las subvenciones agrícolas, sin embargo, no deben utilizarse como una especie de fondo estructural. Es importante que se siga de cerca el impacto financiero de la reforma y que se intervenga a tiempo en caso necesario.
La ayuda al sector del tabaco es de un orden totalmente diferente de la destinada a la producción de algodón. La decisión de la cumbre de Gotemburgo de reducir la ayuda a la producción del tabaco fue correcta. Al contrario que el algodón, el tabaco no es simplemente un producto agrícola. Su uso es carcinógeno y genera enfermedades del corazón y vasculares en muchas personas. Dado que por una parte, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hablamos sobre los riesgos sanitarios de valores residuales mínimos de pesticidas en nuestra comida, es absurdo gastar por otra mil millones de euros anualmente en la producción de tabaco. En mi opinión la disociación, los cultivos alternativos y la modulación en beneficio del desarrollo rural deben introducirse lo más rápidamente posible en este sector. 
Souchet (NI ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de reforma de la OCM del tabaco que presenta la Comisión Europea se basa en un presupuesto erróneo. La Comisión quiere hacer de la abolición total de las ayudas públicas a los productores de tabaco europeo un elemento central de la lucha contra el tabaquismo. Quizás mereciera la pena examinar esta relación si Europa dominara el mercado y produjera el 95% del tabaco mundial. Pero no es así en absoluto: Europa solo produce el 5% del tabaco mundial y su producción satisface menos del 30% de sus necesidades.
Por otra parte, como destaca la FAO, experta en la materia, una política pública tendente a reducir el consumo excesivo de tabaco debe centrarse en el comportamiento, más que en el producto, en la demanda más que en la oferta. Debe, con razón, informar y prohibir. Pero si –y cito a nuestro ponente- «es legal fumar, producir y vender los derivados del cultivo, es evidente que la única consecuencia de la propuesta de la Comisión será que las industrias productoras busquen proveedores fuera de la UE». Hacer desaparecer la producción europea, como pretende la Comisión, cuando el mercado de consumo europeo sigue siendo un mercado muy importante y un mercado en crecimiento, es ofrecer todo ese mercado en bandeja a nuestros competidores, a los productores de tabaco no europeos. Brasil, cuya producción crece exponencialmente, no espera otra cosa.
Sin embargo, las industrias productoras destacan el papel esencial que desempeñan en sus mezclas los tipos de tabaco cultivados en Europa. Los productores europeos se han orientado prioritariamente hacia variedades bastante neutras en cuanto a aroma, pero con unos índices muy bajos de alcaloides. Pienso, por ejemplo, en el Virginie de Vendée, del Poitou-Charentes, del Loira atlántico. Los tabacos cultivados en Europa son pues los que permiten a los fabricantes de cigarrillos europeos respetar las normas sanitarias, cada vez más exigentes en materia de porcentajes de nicotina o de alquitrán, que les imponemos. Si les privamos de esta fuente perfectamente trazada, ¿dónde se abastecerán nuestros industriales? ¿En el sureste asiático? Pero, ¿qué beneficio aportará eso en materia de salud pública? Tengamos cuidado de que la desaparición de la producción no provoque, en este sector como en muchos otros, la deslocalización de la transformación. Ya Altadis cierra emplazamientos en Francia y se instala en Marruecos. ¿Quiere la Comisión sistematizar una evolución de este tipo?
La Comisión Europea no ha tomado en consideración el impacto socioeconómico, las consecuencias en materia de ordenación del territorio de las medidas que propone. Se trata sin embargo de un cultivo muy localizado en regiones a menudo sensibles, donde los cultivos de sustitución no siempre son posibles. Es una actividad que crea numerosos puestos de trabajo, permanentes y estacionales. Ahora bien, la reforma tal como se propone no puede sino conducir al completo abandono del cultivo del tabaco en todas las zonas de producción y, por tanto, generar desempleo en ellas.
Por consiguiente, hay que rechazar esta reforma, rechazar su lógica, la de la erradicación pura y simple, discriminatoria, de una producción, el cultivo del tabaco comunitario, rechazar su inspiración ideológica, moralizadora, simplista. La contrapropuesta de la Comisión de Agricultura es indudablemente mejor. Se inscribe sin duda en la lógica de la disociación querida por la Comisión, pero tiende a limitar al máximo su magnitud y sus efectos negativos. La reasociación de la ayuda hasta el 70% de los apoyos actuales no evitará un descenso de la producción, pero puede limitar su amplitud. El agricultor es libre de continuar su actividad de producción –lo que no permitiría la propuesta de la Comisión–, o bien de acometer una reconversión que no ponga en peligro el equilibrio de su explotación. Se da una perspectiva a los propietarios de plantaciones, pues la propuesta de la Comisión de Agricultura se inscribe en el marco presupuestario de la PAC, tal como fue adoptado hasta 2013. El recurso ilusorio al segundo pilar propuesto por la Comisión es clara y felizmente rechazado. El sistema por tramos de producción, que generaba disparidades de trato entre productores y complicaba exageradamente el sistema, ha sido sabiamente abandonado.
Máxima reasociación y ejercicio de una gran subsidiariedad por parte de los Estados miembros a la hora de aplicar el dispositivo en función de las realidades del terreno y apoyándose en las agrupaciones de productores: la Comisión de Agricultura propone una auténtica alternativa para mantener el cultivo en Europa mientras siga existiendo el mercado de consumo. Es la orientación correcta, y la apoyamos.
Redondo Jiménez (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, el aceite de oliva es uno de los alimentos más sanos que se producen. Se trata de un producto con un mercado en expansión, debido, precisamente, a la atención cada vez mayor que presta el consumidor al cuidado de su salud. Este sector no tiene problemas de excedentes y, en estos momentos, es el motor de progreso en amplias regiones situadas en los países mediterráneos, en terrenos de difícil sustitución por otros cultivos, por lo que también coincide perfectamente con las aspiraciones de dinamismo económico que se ha marcado la Unión Europea en las distintas cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. Por tanto, no existe ninguna razón objetiva para limitar el avance de este sector.
Sin embargo, el proyecto de reforma que está en la mesa del Consejo de Ministros de Agricultura sólo tiene en cuenta, de forma muy mediocre, la situación del sector. Circunstancia aún más flagrante si se analiza la escasa atención que se otorga a los problemas que han planteado desde los distintos países –entre ellos el mío, a pesar de ser el primer país productor de la Unión Europea y del mundo–.
En su respuesta a varias preguntas parlamentarias y hoy mismo, la Comisión Europea ha reconocido que el 23 % de los olivos españoles se quedarían sin ayudas comunitarias. Según los datos comunicados por el Comisario Fischler, de los 288 millones de olivos cultivados antes de mayo de 1988, 66 millones no entrarán en producción en el período de referencia utilizado para el cálculo de la ayuda desacoplada, 2000-2002. Para la Comisión este déficit puede resolverse haciendo uso de la reserva nacional de derechos de ayudas que se creará gracias a la reforma de la PAC aprobada en septiembre de 2003. Sin embargo, esta reserva –que será constituida con el 3 % de los derechos desacoplados– servirá no sólo para cubrir esta laguna sino todos los otros posibles déficits que puedan surgir en cualquier otro sector reformado, por lo que yo diría que se trata de una tarta muy pequeña para el gran número de invitados que podrían irse apuntando a esta fiesta.
La Comisión Europea tampoco tiene en cuenta el cupo insuficiente atribuido a España en 1998. Hoy lo ratificaba en esta Cámara el Sr. Fischler. A pesar de la reforma aprobada ese año, se alcanzó un acuerdo político que quedó plasmado claramente en los considerandos del Reglamento de la OCM a favor de revisar los cupos nacionales, una vez que los Estados miembros dispusiesen de datos fiables sobre la situación del sector. Estos datos ya los tenemos. Desde hace tiempo están encima de la mesa, gracias a los estudios encargados por la misma Comisión, en los que se aprecia claramente que la cuota asignada a España es muy inferior a su realidad productiva.
La reforma del sector del aceite de oliva no debería, por tanto, penalizar a los productores, que están realizando en los últimos años grandes esfuerzos por mejorar sus canales de comercialización. Tampoco debería olvidarse de los olivares situados en regiones marginales de la Unión Europea, que cumplen una función socioeconómica y medioambiental importante, ni de los olivares de 1998 que no han entrado en producción en el período de referencia. La reforma del sector debe introducir suficiente flexibilidad para que los países productores puedan atender a su problemática específica.
Por otra parte, el sector del aceite de oliva –al igual que otros sectores mediterráneos acerca de los que hoy debate esta Cámara– debe gozar del mismo trato de favor otorgado al resto de los sectores agrícolas reformados, permitiendo a los países productores introducir un período transitorio previo a la puesta en marcha de las nuevas reformas.
Todo esto se recoge en la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en esa propuesta de consenso donde todos hemos dado un paso al frente, y quiero expresar mi agradecimiento a los Sres. Daul, Mayer, Lavarra –no se moleste, la enmienda 87 se aprobó y debe estar en el texto consolidado– y al Sr. Berlato. También, pido al Sr. Cercas que transmita a ...
Izquierdo Rojo (PSE ).
    Señor Presidente, el compromiso alcanzado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha costado un gran esfuerzo, señor Comisario, y ha supuesto la conciliación de posiciones contrarias. Creo que tiene un gran valor como punto de equilibrio eficaz, que permite aplicar plenamente los principios de la reforma de la PAC y que, a la vez, disminuye el riesgo de abandono de empleo agrario en zonas desfavorecidas. Votaré, por tanto, a favor de este compromiso y creo que la Comisión debería aceptarlo.
En lo que se refiere a la Comisión, creo que habría que adoptar medidas para que la ficha financiera española no resulte penalizada por el desfase en su realidad productiva, como ha dicho exactamente la Sra. Redondo.
En segundo lugar, habría que evitar, señor Comisario, el abandono del cultivo del tabaco en Granada, en tanto no se ofrezca a los afectados empleos agrícolas alternativos reales.
Señor Comisario, el Partido Popular español cerró la empresa tabaquera, pública y rentable, CETARSA por razones de especulación financiera. Y, ahora, usted, con su propuesta, no debería terminar rematando esa fechoría, despidiendo del campo, a las 2 000 familias que allí, en Granada, viven del tabaco.
Vallvé (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, estamos analizando la reforma intermedia de la PAC en tres sectores importantes con presencia relevante en el Mediterráneo. Me referiré, concretamente, al aceite de oliva.
Respecto al aceite de oliva en la propuesta se pone de manifiesto la necesidad de mantener la calidad y el nivel de vida de los agricultores, de luchar contra el fraude, de garantizar una calidad de la producción. 
Quisiera destacar que la producción de aceite de oliva es muy variable, según el lugar donde se produzca el cultivo. Y las producciones oscilan entre 200 y 400 kg. por hectárea en unas regiones y más de 800 kg. por hectárea en otras. Por lo tanto, estas ayudas no pueden limitarse únicamente a ayudas a la producción.
Señor Comisario hemos hablado muchas veces de la multifuncionalidad que ejerce la agricultura. La producción de aceite de oliva no es una excepción. Las producciones de aceite de oliva en zonas desfavorecidas pueden garantizar un nivel de vida a los agricultores, pueden retener la población en estas áreas que, de otro modo, sufrirían un problema de despoblación. Más aún si se ofrece una posibilidad de desacoplamiento.
En este sentido, creo, que los Estados miembros deben poder asegurar a todos los productores de aceite de oliva una garantía y una seguridad en función de las hectáreas que se cultiven, con independencia del volumen de las producciones.
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la mayoría de los agricultores de Portugal están preocupados por estas propuestas de la Comisión sobre la reforma de la organización común de los mercados de los productos mediterráneos como el aceite, el tabaco y el algodón. Son malas propuestas, tanto porque mantienen la discriminación contra los productos específicamente mediterráneos, que siempre han sido maltratados por la PAC, como porque proporcionan a los agricultores un incentivo para abandonar la producción, disociando la ayuda y no logrando aumentar los créditos y los mecanismos de regulación del mercado, que nos permitiría remediar toda injusticia potencial en la distribución de ayuda entre los países, entre las formas de producción y entre los productores. 
De hecho, el objetivo declarado de la reforma de la PAC del pasado mes de julio es el ahorro presupuestario, más específicamente de 113 millones de euros de ahorro anual hasta 2013 y además asegurar la liberalización de la agricultura en las negociaciones de la OMC. Esta postura es inaceptable.
La inmensa mayoría de la producción mediterránea está ubicada en los países de cohesión y en las regiones más desfavorecidas, y requiere una gran cantidad de mano de obra. Estoy hablando del cultivo del olivo y el tabaco, por ejemplo, y estos son a menudo la principal fuente de ingresos en estas regiones. Por ello merecen un trato justo de parte de la Comisión.
Es inaceptable que no se tengan en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales, particularmente en las regiones montañosas y otras zonas más desfavorecidas, como en el caso de Portugal, en las que existen muy pocas alternativas a estos cultivos del olivo, el tabaco y el algodón y en los que la producción de frutas, verduras y vino está experimentando serias dificultades. Es inaceptable que la Comisión no tenga en cuenta las características específicas de la situación de Portugal o incluso la decisión de 1998 aprobando la plantación de 30 000 nuevas hectáreas de olivares con derecho a ayuda para la modernización del sector. Es inaceptable que los reembolsos para el aceite de oliva utilizado en las conservas deban finalizar y que haya que clausurar las agencias nacionales de seguimiento, insistiendo en una política que socava la calidad del aceite, al no prohibir la mezcla de aceite de oliva con otros aceites vegetales y permitiendo un etiquetado engañoso para productos que no son aceite genuinamente. Igualmente grave es la propuesta de la Comisión para el sector del tabaco, que pierde parte de su ayuda actual en condiciones que ponen en peligro la continuidad de la producción y la industria generando desempleo y un aumento de las exportaciones procedentes de fuera de la Unión. La situación del algodón es igualmente inaceptable porque la extensión de tierra con derecho a solicitar ayuda se fija en una extensión irrisoria de 360 hectáreas. 
Ferrández Lezaun (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, en nuestro país, y, sobre todo, desde el punto de vista de nuestro Grupo, tenemos un especial problema con el modo en que se trata el tema del aceite en la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, porque hay grandes diferencias entre lo que unas y otras zonas productoras de aceite reciben por hectárea. En España, por ejemplo, hay zonas que reciben 720 euros por hectárea, mientras que otras provincias reciben 156 euros –casi un 500 % de diferencia–. ¿Cómo podemos pretender que compitan unas con otras? Además, se da otra paradoja: donde más se produce y más rentabilidad se obtiene es en las zonas cuyos propietarios son los propietarios industriales, las grandes multinacionales, los terratenientes, los grandes productores. ¡Es increíble! Llevándolo a la comparación con el comercio, diríamos que estamos ayudando a o a en contra del pequeño comerciante. ¿A que esto no tiene ningún sentido? Pues es lo que está ocurriendo realmente en la práctica, en la realidad cotidiana.
Nosotros creemos que esta situación debe cambiar, porque hay que ayudar al pequeño productor, a la explotación familiar, para que se queden allá donde siempre han vivido, para que no se vayan, para no encontrarnos un día con problemas de despoblación. Señores diputados, si no lo conseguimos, un día lo pagaremos.
Angelilli (UEN ).
   – Señor Presidente, la aprobación del informe mañana puede constituir una señal clara y positiva con respecto al método de disociación parcial, una solución que evitaría el desmantelamiento, en un espacio de tiempo extremadamente corto, de la producción de tabaco en Europa, salvaguardando con ello 500 000 puestos de trabajo, 135 000 de ellos solamente en Italia. La aprobación de este texto permitiría también el inicio de una nueva fase de negociaciones en el Consejo y en relación con la Comisión, de modo que pudieran satisfacerse plenamente las demandas de los productores en este sector. 
En primer lugar, sería deseable reconsiderar las condiciones que hay que reunir para recibir la ayuda disociada, calculándola tanto sobre la base del promedio histórico trienal como sobre la base de cuotas adicionales que el productor haya obtenido desde el 1 de enero de 2001. Las negociaciones futuras también permitirían identificar a los receptores concretos de los recursos de conversión y reestructuración. En primer lugar, la ayuda debería estar claramente destinada a las explotaciones que producen tabaco; en segundo lugar, las asociaciones de productores deberían encargarse de la distribución de la ayuda y solo entonces de su consignación para las regiones.
Deseo concluir solicitando al Presidente Prodi, que habiendo tomado nota de la opinión del Parlamento, que esperamos sea favorable mañana, reoriente el nuevo mandato futuro de la Comisión Europea en esta dirección. 
Ayuso González (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me voy a referir al algodón y al tabaco, y no tengo más remedio que empezar diciendo que, a la vista de estas propuestas de la Comisión, lo primero que puede pensarse es que su objetivo no es otro que el de acabar con ambos cultivos. Parece que este sector y los miles de agricultores implicados, que viven en zonas desfavorecidas del sur de Europa, no importan nada. Además, se olvida que en el Acta de adhesión de España y Grecia, los Estados miembros se comprometieron a proteger la producción algodonera de ambos países.
La reforma del algodón de 2001 ya dio lugar en España a una reducción de cerca del 20% de la superficie dedicada a este cultivo, como consecuencia del régimen de penalizaciones que se estableció. Además, tampoco tiene sentido que el algodón se utilice en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio como una moneda de cambio con países terceros, como pretende hacer la Comisión, puesto que la Unión Europea solamente tiene el 2,5% de la producción mundial y, además, las exportaciones mundiales se encuentran dominadas por los Estados Unidos (nosotros solamente tenemos el 1,5%). Por lo tanto, no es un argumento que se pueda utilizar para que se reduzcan las ayudas al algodón.
Ahora se pretende dar otra vuelta de tuerca con un nuevo proyecto de reforma, que pone en riesgo la supervivencia misma del cultivo. Estas propuestas, tanto la del tabaco como la del algodón, van a ocasionar, además, tremendos e importantes daños en el entramado socioeconómico que gira en torno a estos cultivos. En lo que a España se refiere, le puedo dar algunos ejemplos: le puedo hablar de la industria desmotadora del algodón, de la que dependen 2 000 empleos, o del millón de jornales directos ligados al sector, o de las 600 cosechadoras automotrices que sólo sirven para recolectar algodón y que tendrían que ir al desguace. Y aún es más grave, señor Comisario, el caso del tabaco, que requiere hasta 2 200 horas de trabajo por hectárea y donde, por poner un ejemplo, en Talayuela, en Extremadura, que es la mayor ciudad española productora de tabaco, de sus 10 000 habitantes, 5 000 se encuentran trabajando en la producción tabaquera. Sólo en Extremadura más de 20 000 familias viven de este cultivo.
 No obstante, el informe que ha aprobado la Comisión de Agricultura reduce sustancialmente el nivel de desacoplamiento de las ayudas que propugna la Comisión Europea, disminuyendo así, de alguna manera, la amenaza del abandono del cultivo. Es extremadamente importante que demos nuestro apoyo a este informe, para que el Consejo de Ministros tenga claro que este Parlamento está a favor del mantenimiento de estos sectores, de los que dependen tantos puestos de trabajo en regiones desfavorecidas.
Adam (PSE ).
   – Señor Presidente, el año pasado, a pesar de la oposición de los Gobiernos y de las organizaciones agrarias y una respuesta poco entusiasta de este Parlamento, se acordó una reforma fundamental de la política agrícola común. De este modo se desvincularían completamente los pagos a los agricultores de la producción.
Ahora estamos abordando el algodón, el tabaco, el lúpulo y el aceite de oliva, que son todos productos con sensibilidades regionales. Las propuestas de la Comisión son en cierto modo un paso atrás con respecto a las reformas del año pasado, con la excepción del lúpulo. Sin embargo, los informes Daul y Lavarra tratan de resistirse a una reforma razonable en el algodón y el tabaco y, hasta cierto punto, en el aceite de oliva. Únicamente en las enmiendas que fijan una disociación mínima del 60 % para el aceite de oliva, la comisión parlamentaria se acerca más al paquete de reformas del año pasado.
Entiendo perfectamente las dificultades de estos sectores y respeto el trabajo de los ponentes, pero a largo plazo se ayuda más a las economías rurales afectadas por la disociación mediante el desarrollo de medidas que pueden aplicarse más directa y efectivamente. Este es el enfoque para los diferentes productos que se está aplicando en partes de mi propia región.
Me gustaría que la Comisión hubiera sido más audaz en sus propuestas originales, pero estoy dispuesto a apoyarlas. Sin embargo, por los motivos que he dado, no puedo apoyar estos dos informes tal como están formulados y mi voto final dependerá de las enmiendas que se aprueben. 
Sbarbati (ELDR ).
   – Señor Presidente, señor Comisario Fischler, no repetiré lo que mi colega, el Sr. Lavarra, ya ha dicho, porque estoy completamente de acuerdo con su informe sobre el aceite de oliva, pero quiero decir algunas cosas sobre la cuestión del tabaco. También quiero señalar al Comisario que no solo hay un problema en relación con las zonas deprimidas del Mediterráneo, un problema en relación con los monocultivos, donde es difícil recuperar y convertir la tierra, sino también y sobre todo un problema de cohesión social, sumado al problema de las actividades auxiliares y por tanto de la pérdida de miles de puestos de trabajo, que precisamente pone en peligro la estabilidad social de esta realidad. Por ello, si bien la cuestión de la agricultura, en particular la cuestión de la PAC, debe considerarse también desde un punto de vista político, al igual que queremos que Europa haga en relación con todas las cuestiones decisivas para su desarrollo, hay que decir que debemos hacer un esfuerzo, señor Comisario, y más de un esfuerzo para salvar algo en relación con los cultivos mediterráneos, ya que se hace demasiado a favor de la agricultura continental, a favor de Francia y Alemania. Esto es un problema. Nadie lo dice, quizás nadie es suficientemente valiente, pero alguien tiene que decirlo y por ello defiendo los cultivos mediterráneos; el enfoque de preocupación por la salud que se está proponiendo es totalmente hipócrita: si dejamos de usar el tabaco de Kentucky, que es una hoja saludable, iremos a buscar nuestro tabaco en Turquía, donde las hojas no son saludables porque están contaminadas con pesticidas. De este modo se pondrá en peligro la salud de los ciudadanos y los Estados no prohibirán el tabaco porque seguirán cobrando impuestos especiales. 
Patakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la orden dada por la Comisión Europea con la propuesta de reglamento sobre los productos mediterráneos, a pesar de los esfuerzos por adornar y mejorar la situación, es categórica y deprimente: la desaparición de los cultivos de tabaco, una reducción de los cultivos de algodón y la abolición de los cultivos de olivo.
Desafortunadamente, el informe del Parlamento Europeo, aparte de unas pocas mejoras formales, también se ha elaborado enteramente con el espíritu de la propuesta de la Comisión, que apenas debería constituir la base del debate en el Parlamento Europeo. Debería haber sido rechazado y debe rechazarse completamente, porque es mucho peor que la situación actual. La disociación gradual de las subvenciones de la producción agrícola y su conversión en una obra benéfica de la Comunidad somete completamente a los pequeños y medianos agricultores a los intereses de las grandes empresas y las multinacionales de la industria alimentaria, que también harán uso plenamente de los acuerdos de la OMC para comprar productos agrícolas a precios de ganga. 
Está clarísimo que los pequeños y medianos agricultores recibirán mucho menos dinero en compensación por la eliminación de sus cultivos básicos como el tabaco, el algodón y el aceite. Un gran porcentaje de las subvenciones pasará al segundo pilar, siendo las grandes empresas los principales receptores, en las que los agricultores pequeños y medianos percibirán una especie de sueldo diario como personal de servicio.
Todo esto se refiere a productos en los que, en su mayoría, la Unión Europea tiene un agudo déficit y que importa en cantidades masivas. Esto está sucediendo sin ningún criterio social, de desarrollo o medioambiental, con completa indiferencia ante las consecuencias dolorosas que tendrá no solo para el sector agrícola, sino también para la economía vinculada a este en zonas con agudos problemas sociales y económicos.
Para nosotros estas propuestas no admiten ninguna enmienda ni adorno. Solicitamos que se vote en contra y se retiren. Para nosotros no tiene sentido una disociación ni parcial ni relativamente parcial ni completa, ni un grado de exterminio comparativo o superlativo de la agricultura pequeña y mediana en el sur. Por eso, si no se retiran, se enfrentarán a la lucha...
Santini (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me uno a mis colegas diputados en su crítica de la propuesta de la Comisión para el tabaco, pero también intentaré explicar por qué lo estoy rechazando teniendo en cuenta precisamente las razones presentadas en su favor. Una diputada incluso se ha referido al ahorro para el presupuesto agrícola de la Comunidad, pero esta propuesta tendrá el efecto opuesto, ya que los fabricantes europeos tendrán que comprar el tabaco de terceros países generando un aumento de los costes, menos empleo y mayor déficit comercial de la Comunidad. La idea de la conversión, ya rechazada por muchos, que aquí se incluye, y que tampoco apoyo, podría ser una posible solución para otros cultivos, pero sin duda no lo es para el tabaco. No existen alternativas económicas adecuadas porque el tabaco se cultiva en parcelas pequeñas. Los cultivos posibles son los mediterráneos, que ya están acotados por cuotas de producción y prohibiciones de la Comunidad. En apoyo del tabaco, sin embargo, está su producción altamente rentable. Una hora de trabajo en el tabaco le cuesta al presupuesto de la Comunidad 5,7 euros. Para ofrecer una comparación con otros cultivos, el trigo duro cuesta 21,4 euros y el maíz cuesta 12,8 euros. 
La lucha contra el cáncer realmente es una razón insostenible. De hecho, la posible eliminación del tabaco europeo para contribuir a la lucha contra el cáncer es totalmente irrelevante. Además, ya hoy, como se ha señalado, el 80% del tabaco consumido en Europa es importado.
Por otra parte, la Comisión ha sido más razonable en relación con el aceite de oliva. La propuesta que ha presentado en este aspecto es indudablemente aceptable, en particular si se perfecciona manteniendo el compromiso de otorgar a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para decidir el porcentaje de disociación, que en cualquier caso ya es aceptable en la relación 60/40 determinada por la comisión. Y también debe otorgarse a los Estados la oportunidad de intervenir también en los aspectos de la calidad. 
McNally (PSE ).
   – Señor Presidente, la Sra. Stihler está indispuesta y no le es posible asistir. Espero que me excuse por emplear 30 segundos de su tiempo.
El Sr. Fischler ha dicho en su presentación que estas reformas se basaron en los mismos principios de la reforma anterior. Esto es así, pero son mucho menos ambiciosos en su alcance, incluso en las propuestas de la Comisión. También ha dicho que los objetivos eran idénticos, puesto que uno de los objetivos era la sostenibilidad. Supuestamente con ello quiere decir sostenibilidad económica, medioambiental y social, competitividad y compatibilidad con la OMC, ya que no tenemos que observar las cuestiones agrarias en un vacío. Únicamente se trata de una de las políticas de la Unión Europea y existen otras –las que se refieren al comercio mundial– que tienen que influir en nuestro pensamiento, tal como tiene que hacerlo la ampliación y sus implicaciones.
Estamos hablando de las regiones más pobres, en algunos casos, de algunos de los países más pobres de la UE. Esto está bastante claro y cabe suponer que explica las propuestas menos ambiciosas. El presupuesto tiene que ser neutral, pero existen consecuencias diferenciales para los trabajadores de las explotaciones agrícolas y para sus propietarios, lo que constituye uno de los problemas que tiene el Grupo del PSE con estas sugerencias. En su conjunto, somos grandes partidarios de la reforma. Nos damos cuenta perfectamente de que el antiguo régimen ya no es sostenible por mucho más tiempo y de que se va a producir la desvinculación, y conocemos las obligaciones de la OMC. Sin embargo, también conocemos las consecuencias sociales y tenemos dudas de que la Comisión haya tenido en cuenta suficientemente estas consecuencias. Habría que tener más en cuenta la suerte de los trabajadores que trabajan para empresas en el sector agrario.
No cabe duda de que las propuestas del Parlamento no van a ayudar en la ronda de desarrollo de Doha. Se considerará –quizás equivocadamente, pero con seguridad– que no son una reforma y sí un alejamiento de lo que esperan los países más pobres del mundo. Esto está absolutamente claro y como miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, es algo en lo que he de hacer hincapié a la vez que apoyo la posición general del PSE. 
Virrankoski (ELDR ).
   – Señor Presidente, los informes que estamos debatiendo se ocupan de la ampliación de la reforma agrícola a la producción de aceitunas, algodón y tabaco. La cuestión clave es la misma que en las demás reformas: la disociación de la ayuda y la producción. La disociación de la ayuda y la producción probablemente es atractiva en particular para aquellos que se oponen al cultivo de tabaco. Con el sistema de pago único, se pagarían más de 6 000 euros por hectárea; en otras palabras, se recibiría la ayuda incluso si no se produjese nada de tabaco. De esta forma, la UE estaría apoyando vigorosamente el abandono de su cultivo y un cambio a alguna otra forma de producción o de medida de retirada de la producción. Esto forma parte de la reforma agrícola. Es la mayor de su género en la historia de la UE.
Como la reforma comenzará el año que viene, es importante que su aplicación no ponga en peligro los niveles de ingresos de los agricultores privados. Será muy difícil aplicar la reforma en la práctica, porque las explotaciones agrícolas varían en las distintas partes de la UE, así como las condiciones de su gestión. Si el período 2000-2002 debe considerarse el período de referencia, en cinco años veremos cambios de la propiedad así como de la superficie que abarcan las explotaciones agrarias, las líneas de producción y la inversión. Por eso existe el peligro de que haya cambios drásticos e injustos de la ayuda a las explotaciones agrícolas. Señor Comisario Fischler, era importante que usted lo señalase en sus cartas a los Ministros de Agricultura.
El otro problema es la aprobación de la sociedad. Las subvenciones agrícolas se han visto durante mucho tiempo como compensación porque los agricultores producen a un precio menor que los costes de producción. ¿Estará de acuerdo el contribuyente con que se pague una ayuda incluso si no se produce nada? 
Fischler,
    Señor Presidente, Señorías, he escuchado atentamente las intervenciones en este debate y deseo expresar mi sincero agradecimiento por lo que ha sido sin duda un debate muy vivo, en algunos aspectos incluso muy crítico.
Permítanme abordar, a la luz de este debate, las enmiendas presentadas, comenzando con las enmiendas multisectoriales y la disociación. La flexibilidad propuesta en las enmiendas 17 y 57 que permitirían a los Gobiernos de los Estados miembros fijar la tasa que deseen por encima del 60% para los pagos disociados relativos al aceite de oliva, la puedo apoyar en principio.
Las enmiendas 1, 5, 10, 11, 45, 81 y 83 reclaman un aumento de la ayuda vinculada a la producción para los cultivadores de algodón de hasta el 80%, y la enmienda 44 vincula la ayuda a una obligación relativa a la cosecha de algodón. Lamento tener que rechazar todas estas enmiendas, porque no son coherentes con el objetivo de ir aflojando de forma significativa el vínculo entre los volúmenes de producción y la ayuda.
Las enmiendas 26, 63, 67, 68 y 85, relativas al tabaco, solicitan que el 70% de la ayuda a los productores de tabaco siga vinculada a la producción. Esto contrasta fuertemente con el tono del debate mantenido por los Jefes de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo. Por esta razón debo mantener la propuesta original de la Comisión, que prevé la inclusión de toda la ayuda al tabaco en el sistema de pago único.
Algunas enmiendas también reclaman una opción para posponer las reformas con relación al aceite de oliva, el algodón y el tabaco; son las enmiendas 7, 8, 24, 43, 74, 76, 77, 79 y 80. La Comisión, sin embargo, desea acelerar la reforma de estos sectores al máximo posible, y por tanto no puede estar de acuerdo con estas enmiendas.
Permítanme ahora pasar a los distintos sectores, comenzando por el aceite de oliva. Sus Señorías han hecho una serie de sugerencias interesantes en este ámbito que creo que vale la pena examinar, pero tengo dificultades para estar de acuerdo con ellas en la forma propuesta. Un ejemplo de este tipo es la propuesta de la enmienda 58 de que se dé a los Estados miembros la opción de regionalizar sus topes nacionales, propuesta que sin duda cabe considerar. Sin embargo, hay que tener cuidado de asegurar que dicha opción no genere desvíos excesivos con respecto a los pagos de ayuda medios desembolsados a una región durante el período de referencia.
También creo que las sugerencias que contiene la enmienda 84 son interesantes. Esta enmienda trata de ampliar el período de referencia para explotaciones individuales a fin de asegurar el importe del pago único y la posibilidad de acogerse a la ayuda en casos en que los olivares todavía no hayan empezado a producir durante el período de referencia. Sin embargo, esto no debe generar un aumento de la cantidad de ayuda total pagada por cada Estado miembro a los olivareros.
Puedo aceptar la propuesta de esta enmienda de que se aumente a 0,5 hectáreas de olivar, medidos por el sistema de información geográfica, el valor límite para los pagos totalmente disociados. Pero en pro de una mayor flexibilidad también aumentaremos el número de árboles que deben preservarse en los cultivos para los que se paga ayuda adicional. 
Finalmente también estoy dispuesto a considerar un ajuste al anexo IV del Consejo con la intención de asegurar que los olivares se cultiven de acuerdo con buenas prácticas agrícolas y medioambientales. También estoy a favor de las mejoras en la calidad y el apoyo a los jóvenes olivareros, pero tengo serias dudas sobre las propuestas contenidas en las enmiendas 16, 21, 22, 52, 56, 60 y 61. Me parece que los asuntos tratados en estas enmiendas están suficientemente regulados en otras partes.
Por último, también puedo aceptar la enmienda 20 y partes de las enmiendas 17, 54, 55, 58 y 84 del informe Daul. Lamento decir que tengo que rechazar todas las demás enmiendas del informe del Sr. Daul.
Ahora algunas observaciones sobre el informe Lavarra. Uno de los aspectos que usted ha señalado, señor Lavarra, es que usted no cree que se deba permitir la producción de mezclas de aceite de oliva y otros aceites vegetales. Debo decirle, sin embargo, que esto generaría una reducción de la comercialización del aceite de oliva en Europa. Lo que en mi opinión es importante es que se identifiquen adecuadamente los aceites mixtos para no originar confusión en los consumidores. 
En relación con las propuestas contenidas en el informe Lavarra, quiero destacar que la Comisión tiene ciertos instrumentos que le permiten intervenir si la situación del mercado así lo exige, particularmente en relación con las importaciones. Algunas de las enmiendas propuestas en este informe se refieren a la activación automática del sistema de ayuda para el almacenamiento privado. Sin embargo, un mecanismo de ese tipo sería contrario a la lógica y el propósito de este sistema, que se supone que nos va a permitir hacer frente a las crisis, y por ello no puedo respaldar ese tipo de enmiendas. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con la idea de que debemos promover la calidad del aceite de oliva. Por otra parte, no veo la necesidad de modificar las disposiciones armonizadas que se han aprobado muy recientemente en el marco de la estrategia de calidad acordada. Además, las ayudas de la Comunidad para los programas de calidad pueden financiarse con cargo a los programas de ayuda para las zonas rurales.
Sobre la cuestión de los controles, quisiera señalar que el control no es la tarea de las organizaciones de productores, sino del Estado miembro y sus autoridades públicas.
Y ahora pasamos al algodón. Estoy de acuerdo en que el actual régimen de ayuda para el algodón es un sistema muy específico y que se basa en parte en las Actas de Adhesión. Por esta razón, puedo aceptar la enmienda 6, pero al mismo tiempo quisiera mencionar que la propuesta de la Comisión sirve adecuadamente al propósito de apoyar la producción de algodón en aquellas regiones de la Comunidad en las que el cultivo del algodón es una parte importante de la estructura agrícola. La mayoría de las enmiendas habrían generado un aumento de la producción de algodón, aumentando con ello el presupuesto general en unos 50 millones de euros; esto iría en contra de la Decisión de Luxemburgo de junio de 2003, que prescribe que las reformas no deben incluir un aumento del presupuesto actual. Por esta razón no puedo dar mi visto bueno a estas enmiendas.
Las enmiendas 9, 37 y 70 se oponen a la transferencia de fondos al desarrollo rural. Esta transferencia, sin embargo, es esencial si queremos que se reestructuren las economías rurales de las regiones productoras de algodón y que se hagan los necesarios ajustes. Por esta razón tampoco puedo dar mi visto bueno a estas enmiendas.
En lo referente a las asociaciones de productores, creo que la exclusión de la industria procesadora, con sus propios intereses particulares, sin duda, no es la mejor forma de desarrollar una política de calidad para el algodón. De acuerdo con esto, aunque no puedo aceptar las enmiendas pertinentes, estoy dispuesto a otorgar a las organizaciones de productores un papel activo suficiente para organizar el futuro del sector del algodón. Lamento tener que rechazar todas las demás enmiendas del informe Daul relativas al algodón.
El carácter general de las enmiendas propuestas para el sector del tabaco es el mantenimiento del mientras que el objetivo de la Comisión es un cambio profundo. Debo recordar a esta Cámara que incluso la ampliación del sistema de primas para los años 2002 a 2004 solamente fue posible porque la Comisión emprendió la reforma del sector. Si no reformamos el sector del tabaco ya no habrá, como he dicho, más primas después de 2004, y esto en una situación en la que el precio del mercado cubre un promedio de tan solo el 20% de los costes de producción del tabaco.
Como ha señalado el Sr. Graefe zu Baringdorf, la propuesta ofrece una solución carente de impacto presupuestario neto. La diferencia ahora no es que los agricultores ya no reciban ayudas, sino que ya no están obligados a cultivar tabaco. Esta es la cuestión. Quiero recordarles que en la Cumbre de Gotemburgo se dijo, en el contexto de los debates sobre el desarrollo sostenible, que solo deben apoyarse productos saludables en el marco de las políticas comunitarias. 
La enmienda 66 propone un programa de compromiso de recompra. No puedo respaldar esta enmienda porque la Comisión está convencida de que no se necesita un programa de ese tipo. Los productores que decidan abandonar la agricultura pueden transferir sus derechos a ayuda de conformidad con el artículo 46 del reglamento a regímenes de ayuda directa. 
Otra enmienda con la que no puedo estar de acuerdo es la enmienda 69, cuyo efecto podría ser la prematura abolición de la contribución al Fondo Comunitario del Tabaco. Estas contribuciones sirven para financiar medidas encaminadas para fomentar la conciencia pública sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco y deberían preservarse, en aras a la coherencia, mientras los cultivadores de tabaco sigan disponiendo de ayudas vinculadas a la producción. 
Para la financiación del proceso de reestructuración es absolutamente imperativo que se transfieran fondos presupuestarios de la subrúbrica 1a a la 1b.  Esta transferencia permitirá a los Estados miembros la adopción de medidas adecuadas para facilitar la regeneración de las regiones productoras de tabaco en el marco de los programas para el desarrollo de las zonas rurales. 
Las enmiendas 27 y 38 proponen que el dinero generado por la modulación se utilice para financiar medidas específicas adoptadas por los Estados miembros en zonas en que la producción de tabaco representa más del 20% de la producción comercializable bruta de cultivos industriales. La Comisión está convencida de que no hay necesidad de medidas específicas de este tipo, porque los fondos generados por la modulación se pondrán a disposición de todos los sectores en forma de ayuda adicional para las medidas de desarrollo rural.
La Comisión puede aprobar la enmienda 62, pero debe rechazar las demás enmiendas relativas al tabaco.
Permítanme, finalmente, referirme al lúpulo. El informe Daul es coherente con los grandes principios de la propuesta relativa al lúpulo. De acuerdo con la primera parte de la enmienda 42 y las enmiendas 82 y 86, los agricultores que han suspendido la producción de lúpulo y han recibido ayuda por arranque durante el período de referencia todavía tendrían derecho al pago directo. Durante el mismo período, sin embargo, estos agricultores habrían podido cultivar productos distintos de aquellos por los que es pagadera la ayuda. En el cálculo del importe de referencia, en otras palabras, no se tendría en cuenta la ayuda al arranque. Por consiguiente, la Comisión no puede respaldar estas enmiendas.
Las enmiendas 35 y 36 y la segunda parte de la enmienda 42 se refieren a la ayuda a las actividades de las organizaciones de productores. Naturalmente sería posible formar en el futuro organizaciones de productores y la Comisión cree que por ello debe haber medios apropiados para asegurar que estas organizaciones tengan acceso a los fondos. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.(1)


La Comisión puede aceptar las enmiendas siguientes en su totalidad o en parte y sujetas a una nueva formulación: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 (1ª parte), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 (1ª parte), 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62 (1ª y 3ª parte), 63, 65, 66, 68 (2ª parte), 70 (1ª parte), 71, 75 y 79.
Con respecto a la enmienda 76, la Comisión considera que el uso de sanciones penales reforzaría considerablemente los controles sobre los operadores de alimentos y piensos. La Comisión rechaza la opinión del Parlamento y del Consejo de que los apartados 2 y 3 del artículo 55 se refieren al tercer pilar. Por otra parte, observa que esta cuestión ya se ha presentado al Tribunal de Justicia para su resolución (en otro asunto). En estas circunstancias, y teniendo en cuenta el contexto político general de este procedimiento, la Comisión está dispuesta a retirar los apartados 2 y 3 del artículo 55 de la propuesta actual a la espera de la resolución del Tribunal sobre esta cuestión, y se reserva el derecho de volver a proponer medidas que contemplen sanciones penales en este ámbito.
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 4, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 21 (2ª parte), 22, 30, 34, 37, 39, 41, 47, 51 (2ª parte), 53, 54, 59, 61, 62 (2ª parte), 64, 67, 68 (1ª parte), 69, 70 (2ª parte), 72, 73, 74, 77 ó 78.
