Política de cohesión
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de dos informes sobre la política de cohesión:
(A5-0267/2003) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión [COM(2003) 34 - 2003/2095(INI)] «Segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social»: tendencias regionales, debate sobre el futuro
y
(A5-0188/2003) del Sr. Pomés Ruiz, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas (islas, regiones de montaña y regiones con baja densidad de población) en el contexto de la política de cohesión y de sus perspectivas institucionales [2002/2119(INI)].

Mastorakis (PSE)
, ponente. (EL) Señor Presidente, cuando le preguntan qué políticas de la Unión Europea le afectan más, hace que se sienta más como un ciudadano europeo. Los ciudadanos europeos se remiten a la política regional, la política de cohesión, la política que desempeña un papel fundamental en el proceso de la integración europea y en el apoyo al mercado único y a la unión económica y monetaria. En concreto, debemos destacar la importancia de esta política para incentivar la cohesión en una Unión Europea ampliada, que experimentará un especial aumento de las disparidades entre los niveles de desarrollo de sus regiones y la necesidad de que haya recursos disponibles para adaptarse a las nuevas necesidades. Es esencial salvar estas diferencias mediante el fomento del desarrollo a largo plazo, equilibrado y policéntrico en toda nuestra Unión Europea.
Por lo tanto, siguiendo la comunicación de la Comisión Europea, nuestra comisión, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, mantuvo extensos debates que dieron pie a destacar determinados puntos considerados básicos con relación a la política regional y de cohesión. Así pues, dicha comisión
aprueba la postura de rechazo de la Comisión ante los intentos de renacionalización de la política regional y la política de cohesión, así como su actitud decidida en cuanto al mantenimiento de una verdadera política comunitaria;
respalda el punto de vista de la Comisión según el cual la política regional comunitaria y y la política de cohesión han de ser aplicables a todas las regiones de la UE que, por supuesto, cumplan los criterios correspondientes;
reitera la necesidad de reforzar la coordinación entre la política regional y de cohesión y las políticas con un importante efecto sobre la tierra, como la agricultura, la pesca, el transporte, la investigación y la tecnología, la educación y la formación y la política de la sociedad de la información;
subraya la necesidad de una vinculación entre la futura política regional y la política europea de competencia;
reitera la postura del Parlamento de que el límite actual del 0,45% del PIB comunitario destinado a la política de cohesión es un umbral que no es posible rebajar;
destaca que la Comisión debe prestar una atención especial a las regiones que sufran los efectos estadísticos de la ampliación y que debe tratarlas como regiones semejantes a las del objetivo 1;
solicita que la Comisión Europea preste una atención especial a los casos de regiones por méritos propios han salido naturalmente del objetivo 1, pero que necesitan igualmente un adecuado apoyo financiero adecuado para estabilizar su trayectoria ascendente;
considera que debe prestarse una atención especial a las regiones ultraperiféricas y a las zonas de escasa densidad demográfica, así como a las islas menos favorecidas;
acepta que un porcentaje mínimo del 75% del PIB medio en los Estados miembros de la Unión Europea debe continuar siendo el criterio esencial de elegibilidad para el objetivo 1, recuerda el papel crucial que desempeña el Fondo de Cohesión, especialmente para los nuevos Estados miembros, y respalda la idea de un nuevo objetivo 2 que fomente la competitividad regional de acuerdo con las orientaciones de Lisboa y Gotemburgo;
considera que las zonas regionales con desventajas geográficas permanentes, las islas o zonas montañosas, zonas escasamente pobladas, etc., que no son elegibles en virtud de otros Fondos Estructurales, deben poder beneficiarse de un objetivo 2 renovado o de una nueva y específica iniciativa comunitaria;
respalda a la Comisión en su enfoque regional del desarrollo, y en concreto en lo que concierne a la idea de un programa único y un paquete financiero por región;
destaca la necesidad de continuar la política de cooperación regional en sus tres dimensiones: transfronteriza (tierra o mar), transnacional e interregional;
por último, respalda a la Comisión en su objetivo general de simplificar las normas de ejecución de la política regional, recuerda la solicitud del Parlamento de que se celebren acuerdos trilaterales entre la Comisión, el Estado miembro y la región en cuestión, y expresa de nuevo su convicción de que es necesario y factible lograr un justo equilibrio entre simplificación y control.
Nuestra comisión parlamentaria solicita a la Comisión Europea y al Comisario Barnier, en concreto, que continúen con sus esfuerzos en la dirección indicada por la brújula de la Unión Europea y el clima actual. También solicita al pleno que acepte nuestra propuesta de resolución. Me gustaría dar las gracias en concreto a todas aquellas personas que me han ayudado a completar el informe, diputados y asistentes por igual, y a todos los que van a intervenir hoy. Quiero añadir que creo en el antiguo proverbio griego que dice que «las mejores cosas vienen en cajas pequeñas».

Hatzidakis (PPE-DE).
Señor Presidente, si lo desea, puedo representar al Sr. Pomés Ruiz y hablar en su nombre.
En primer lugar quiero dar las gracias a los dos ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz, y felicitarles por su trabajo, y a continuación hacer algunos comentarios sobre los dos informes.
En lo que respecta al informe del Sr. Mastorakis, me gustaría comentar tres aspectos. En primer lugar, sobre la cuestión, tal y como se indica en el informe, de que no podemos reducir el 0,45% del PIB en la futura política de cohesión. Como también ha señalado en el pasado el Comisario Barnier, el Parlamento considera que si la financiación comunitaria para las políticas de cohesión se reduce por debajo de este umbral, estas políticas dejarán de ser fiables y eficaces, especialmente con la ampliación.
Mi segundo comentario tiene que ver con el objetivo 2, que por supuesto deberá simplificarse de forma que las acciones tengan una mayor visibilidad y mejores resultados para los ciudadanos, motivo por el que preferimos un nuevo Objetivo 2 con acciones temáticas.
Y por último, un tercer comentario respecto al informe del Sr. Mastorakis y los procedimientos de los Fondos Estructurales. Estos deben simplificarse. Está quedando patente, y creo que también lo ha entendido así la Comisión, que ha organizado de vez en cuando seminarios sobre la materia con las autoridades locales y regionales, especialmente con anterioridad al nuevo período de programación, que necesitamos aunar nuestras ideas sobre el modo de hacer más eficaces estas acciones mediante su simplificación.
Me referiré ahora al informe del Sr. Pomés Ruiz sobre las regiones con una desventaja estructural permanente, tales como las regiones insulares, montañosas y ultraperiféricas con una baja densidad de población en el norte.
En primer lugar quiero celebrar el reciente avance en la Convención Constitucional, que ha ampliado el concepto de cohesión económica y social al añadir el término «cohesión territorial». Esperemos que este nuevo término constituya un fundamento jurídico suficiente de forma que tengamos algo más específico y tangible en el futuro para estas zonas. Sin embargo, el Parlamento considera que todavía es necesario aclarar el Artículo 158 del Tratado sobre las zonas insulares. Como saben, existe una división de opiniones sobre el modo de traducir este artículo concreto. Este se traduce de formas distintas en distintas lenguas. Esto debe aclararse de una vez por todas de forma que la disposición sobre las zonas insulares sea válida. El Parlamento también considera que, por encima de las acciones estructurales, el artículo relativo a la ayuda estatal, el 87, también debe modificarse de forma que las zonas de las que estamos hablando hoy se incluyan entre las zonas que necesitan un trato especial. 
Aparte de esto, señor Presidente, el Parlamento afirma en el informe del Sr. Pomés Ruiz -creo que de forma acertada- que dentro del marco del nuevo objetivo 2, sobre el que ya he hablado con referencia al informe del Sr. Mastorakis, se necesita una acción temática especial para abarcar estas zonas. El Parlamento también añade que, para estas zonas que tienen una desventaja geográfica permanente, puede y debe existir un mayor porcentaje de cofinanciación comunitaria en el futuro a través de los Fondos Estructurales.
Durante muchos años se ha debatido sobre estas zonas en el Parlamento. Recientemente el Comisario ordenó realizar estudios sobre el tema. Comenzó por las zonas montañosas y continuó con las insulares. Realmente espero que el debate de hoy, y en concreto el informe del Sr. Pomés Ruiz sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas, nos dé realmente la oportunidad que hemos buscado durante años de cambiar algo y transmitir a los residentes de estas regiones el mensaje de que estamos dando un enfoque sustancial a sus problemas, porque estas regiones, como creo que han demostrado los estudios de la Comisión, realmente se encuentran con una desventaja permanente debido a su posición geográfica, que les impide disfrutar las mismas condiciones competitivas que otras regiones de la Unión Europea. Por tanto, señor Presidente, ha llegado la hora de pasar a la acción y no limitarse a las palabras.

El Presidente.
 Señor Hatzidakis, de hecho le he dejado hablar más de su tiempo. Esto se deducirá del tiempo de intervención del Sr. Pomés Ruiz, si llega a aparecer.
Duin (PSE)
. (DE) Señor Presidente, permítame que le diga que se pronuncia Duin, como Duisburg. Ya sé que a veces resulta un poco difícil, pero me permito aquí esta observación.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al igual que el orador precedente, quiero dar las gracias a ambos ponentes. Creo que ahora hemos dado un buen paso adelante en este debate interminable, en particular gracias al informe del Sr. Mastorakis. Quiero comentar los dos informes conjuntamente. Está claro incluso para la Comisión que hay reivindicaciones que el Parlamento subraya una y otra vez -incluso en el informe-, y yo considero que podríamos alcanzar un consenso sobre este asunto, en el sentido de que no queremos una nueva nacionalización, que el 75% del PIB es un buen nivel y que el 0,45% del PIB es el nivel mínimo para poder realizar una política estructural europea viable.
Ahora me gustaría decir algunas cosas sobre los puntos pendientes que también se mencionan en los informes. Muchos creen que un nuevo Objetivo 2, elaborado de cualquier manera, vendría a resolver sus problemas. Hemos de ser más honestos, pues no podemos decir a cada región que de alguna manera también ella estará incluida en el Objetivo 2, una vez reestructurado. Por ello queremos hacer varias propuestas, que igualmente están reflejadas en los informes. La primera se refiere a las regiones que sufrirán el efecto estadístico, es decir, las actuales regiones del Objetivo 1. Para estas regiones debemos lanzar un nuevo programa -llamémoslo programa 1b- con una generosa dotación financiera, pero sobre todo -esto es sumamente importante para las regiones y debemos tenerlo en cuenta- con un marco jurídico similar al artículo 87 y que les permita utilizar las ayudas para responder a sus necesidades específicas regionales.
La segunda se refiere a las regiones desfavorecidas, en las que se centra el informe del Sr. Pomés Ruiz. No necesitamos un nuevo Objetivo 2, sino un instrumento muy especial para estas regiones, que tenga debidamente en cuenta los problemas específicos que nosotros, por supuesto, reconocemos. No debemos aplicar a todos el mismo rasero.
La tercera propuesta es la de crear un auténtico Objetivo 2 para las regiones que experimentan un cambio estructural. En este punto defiendo, sin embargo, que se conceda a los Estados miembros la mayor libertad posible a la hora de utilizar estos recursos. Estos tres aspectos son importantes. Están reflejados claramente en el informe Mastorakis tal como ha sido presentado. Por ello, desde luego votaremos a favor del mismo. En cambio, el informe Pomés Ruiz requiere algunas modificaciones en este sentido, que esperamos que se aprueben hoy.
El Presidente.
 Muchas gracias, señor Duin. A veces, los nombres de personas alemanas que llevan nombres franceses o que parecen franceses se pronuncian de manera muy diferente en Alemania. Así pues, Sr. Duin, le ruego que comprenda por qué lo he pronunciado de esa manera.
Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, también quisiera felicitar a los ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz por elaborar unos informes excelentes. Las disparidades económicas y sociales entre los Estados miembros se han reducido, pero las desigualdades dentro de los Estados miembros se han mantenido e incluso se han agravado. El informe reitera la posición del Parlamento de perseguir una política de cohesión comunitaria integradora.
Tras la ampliación, gran parte de la ayuda estructural y regional se destinará a los nuevos Estados miembros. Esto es inevitable. Sin embargo, no debemos enfrentar a las regiones de la actual Unión que atraviesan dificultades con las regiones pobres de los nuevos Estados miembros. A través de un esfuerzos aunado podemos ocuparnos de ambas.
Nuestro Grupo apoya los argumentos principales de los informes. No voy a volver sobre el contenido de los informes una vez más, pero me gustaría destacar la importancia de varios aspectos. Los informes solicitan combinar la política regional con otras políticas. Por ejemplo, con respecto a la política económica, agrícola, de transporte y de competencia, deberían tenerse más en cuenta las consideraciones regionales.
Una vez que la Unión se amplíe, la necesidad de reformar la política regional se intensificará. Nuestro Grupo apoya las intenciones de la Comisión de simplificar y aclarar la política regional le insta a que lo haga. Al mismo tiempo, debemos mejorar la orientación a los resultados y la calidad de programa, y debe reforzarse el papel que desempeñan las regiones junto con los Estados miembros y la Comisión. Esto también requerirá un trabajo decidido por parte de la Comisión y los Estados miembros. El nuevo periodo de programación no puede seguir permitiéndose los pesados niveles de administración que con frecuencia afectan a la actual política regional y estructural, además de las demoras y el aparente embrollo asociado a estas.
Es importante que se reconozcan e identifiquen las características especiales de las regiones que sufren desventajas geográficas permanentes, y que se busque una solución para ellas. Las islas, las regiones montañosas y las zonas poco pobladas tienen el mismo tipo de problemas. Son muchos los miembros de mi Grupo que han tratado de resolver activamente los problemas de las regiones insulares y de montaña. Yo mismo conozco bien las regiones poco pobladas del norte. El desarrollo de la región más septentrional de la Unión queda eclipsado por las grandes distancias, una baja densidad de población, un clima frío y una población envejecida, como consecuencia del traslado de muchas personas a otras zonas. Sin embargo, la misma región posee muchas grandes oportunidades.
Agradezco al Sr. Pomés Ruiz que haya propuesto que las regiones poco pobladas del norte se tengan en cuenta en el tratado constitucional de la Unión. Su informe ha aumentado la cohesión. Ahora nos entendemos mejor los unos a los otros. Los problemas de las diversas zonas menos favorecidas pueden resolverse con buenos niveles de cooperación en el marco de la política de cohesión de la Unión.

Markov (GUE/NGL)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya en el año 2000 me lamentaba en esta Cámara de que, a pesar de un proceso de recuperación de las regiones y Estados miembros más desfavorecidos gracias a las ayudas concedidas por la UE para el desarrollo regional, la distancia entre las regiones menos desarrolladas y las más desarrolladas de la Comunidad apenas se había reducido. Las desigualdades en materia de desarrollo regional persisten. Este juicio figura igualmente en el informe del Sr. Mastorakis, a quien felicito cordialmente. 
A pesar de todos los esfuerzos de los responsables europeos y nacionales de la política regional, actualmente, en el año 2003, nos encontramos ante retos no menos importantes. Dichos retos resultan aún mayores si se tiene en cuenta el estancamiento económico y el gran aumento del desempleo en numerosos países europeos. La cohesión económica y social tiene que soportar actualmente cargas muy pesadas. Con la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados de Europa Central y Oriental no sólo se potenciarán las disparidades regionales y, por consiguiente, aumentarán considerablemente los esfuerzos que deben realizarse para la cohesión, sino que al acercarse el final del período de programación 2000-2006 se aproxima igualmente el debate sobre la futura política regional a partir de 2007. 
En mi opinión, la valoración de los criterios con que se mide el grado de desarrollo y, por consiguiente, se determina la posibilidad que tiene una región de acogerse a las ayudas constituye una cuestión prioritaria. Factores del desarrollo regional como el índice de industrialización, el nivel de pobreza y marginación social, el nivel de desempleo, el potencial de investigación y desarrollo, las capacidades de formación, la sostenibilidad del desarrollo y la protección del medio ambiente deben incluirse en esta valoración, junto al único criterio vigente en la actualidad, a saber, el producto interior bruto por habitante. 
Yo, al igual que otros diputados procedentes de regiones del Objetivo 1, concedo especial importancia a que estas regiones específicas no queden excluidas del máximo nivel de ayudas debido a de los cambios aritméticos derivados de la adhesión de los nuevos Estados miembros. Dichas regiones deben contar con el mismo apoyo financiero y las mismas ayudas que ya recibían antes de la ampliación. Yo también apoyo la declaración del Sr. Mastorakis en su informe sobre la forma de las futuras regiones del Objetivo 2, es decir, sobre el modo en que se reestructurarán dichas regiones y las medidas del Objetivo 3 para grupos desfavorecidos, y aplaudo sus comentarios sobre la manera en que se determinará el derecho a acogerse a estas medidas.
Schroedter (Verts/ALE)
. (DE) Señor Presidente, el Tratado de Atenas firmado este año se considera histórico, pero todos sabemos que la labor de integración apenas comienza ahora. En una Unión Europea de 25 Estados miembros, integración significa establecer la cohesión social y económica, y si me permite decirlo, señor Comisario, aún no nos ha presentado su plan al respecto, a pesar de que ya es hora de que lo haga. En el segundo informe intermedio ni siquiera se observa una estrategia para la cohesión. Me parece que usted cree que repartiendo dinero al azar todos quedarán satisfechos de alguna manera. No, señor Comisario, ya no podemos permitírnoslo, ya que si no logramos alcanzar la cohesión económica y social en esta UE de 25, todo el edificio se vendrá abajo. Necesitamos una auténtica reforma de los Fondos Estructurales y necesitamos una orientación clara para el uso de los recursos. Por lo que respecta al objetivo, los dos últimos veranos hemos recibido una lección dura y amarga: el año pasado las inundaciones, este año los incendios.
Señor Comisario, creo que es evidente que debemos basarnos en la Resolución de Gotemburgo, es decir, que el desarrollo sostenible debe estar en el centro de los Fondos Estructurales, que los aspectos sociales y de empleo por un lado y los aspectos económicos por otro deben tener el mismo peso, y que los fondos de la UE sólo deben utilizarse en este caso. En numerosos ámbitos hemos echado el dinero de la UE por la ventana, y esta forma de proceder no es posible en una UE de 25 Estados miembros.
Es cierto que las particularidades geográficas comportan unas necesidades de desarrollo particulares, pero a diferencia de muchos de los diputados de esta Cámara considero que las particularidades geográficas en sí mismas no son una desventaja, sino que la desventaja reside más bien en la pobreza de estas regiones. Critico los intentos de muchos diputados de defender sus intereses creados y asegurar sus estipendios, cuando el verdadero objetivo debe ser la cohesión económica y social. Protesto en contra de que aquí se intente introducir nuevos criterios no relacionados con la pobreza y el desempleo que causan un sufrimiento real a las personas. Por ello creo que la Comisión debe mantener los objetivos, que en particular en las regiones con dificultades lo determinante son los criterios de pobreza y no las particularidades geográficas. Solo así, sobre la base de unos principios firmes, lograremos abordar las dificultades de diversos tipos, como por ejemplo los problemas de la reestructuración en determinadas regiones, incluso en países ricos, los problemas de la reestructuración de la agricultura, la pobreza de las mujeres y la despoblación de zonas urbanas. Estas cuestiones también deben tenerse en cuenta, y para ello contamos con toda una serie de instrumentos, por ejemplo, la reducción progresiva y las subvenciones. Espero, señor Comisario, que por fin presente un plan claro a favor del desarrollo sostenible a través de los Fondos Estructurales.
Bigliardo (UEN).
Señor Presidente, Señorías, debemos reflexionar sobre todos los factores del análisis que ha llevado tanto a la Comisión Europea como al Parlamento a debatir este importante problema, y me refiero a los procesos que han llevado a la ampliación. Hace unos años presenté al Presidente Prodi un escrito sobre la relación entre la ampliación y las consecuencias que podría tener en algunas regiones de nuestra Comunidad, particularmente en el sur de Italia. Desde después de la guerra ha sucedido un fenómeno extraño: si, antes, la historia giraba en torno a la hostilidad entre Este y Oeste, como por un extraño giro del destino nos encontramos ahora en una Comunidad Europea cuyos problemas se dirimen entre Norte y Sur, y siempre entre un Norte rico y opulento y un Sur pobre.
La ampliación ha sido, por tanto, un factor en nuestras reflexiones y nos vemos inducidos a pensar que no podemos llegar a una guerra entre los pobres, entre otras cosas considerando cuáles serían las consecuencias de semejante proceso. Estoy elaborando un informe sobre las finanzas públicas europeas en 2003: pues bien, nos encontramos con problemas de aumento del PIB en algunos países y de descenso del PIB en otros. Incluso países que habían equilibrado más o menos sus presupuestos hace algunos años, hoy se hallan cerca de proyecciones negativas. 
¿Cómo gestionar entonces los Fondos Estructurales? Hacen bien los ponentes en recoger directrices generales en sus informes. A mi entender, hay que procurar que el Objetivo 2 no resulte demasiado amplio; hay que procurar que los Estados miembros puedan gestionar bien los Fondos Estructurales adquiridos en la primera fase y coordinarlos del modo más efectivo posible en la siguiente fase.
Esclopé (EDD).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero felicitar al Sr. Pomés Ruiz por la claridad de su informe. En él pone de relieve la necesidad de tener en cuenta la dimensión territorial de la política de cohesión más allá de los aspectos puramente económicos y sociales. Dicha política debe basarse en el principio de solidaridad para reducir las disparidades entre regiones y asentar el principio de igualdad de los ciudadanos europeos, cualquiera que sea el lugar donde vivan. 
Por otra parte, es conveniente que nuestros conciudadanos disfruten de igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad, que constituyen el verdadero tejido social de las regiones de Europa, y que se reconozca la especificidad, la calidad de vida y los recursos naturales de los habitantes de las regiones estructuralmente desfavorecidas, además de su patrimonio y sus conocimientos. Coincido con el ponente en que sería un error concentrar todas las ayudas económicas en los nuevos Estados miembros y olvidar las zonas actualmente candidatas a recibir dichas ayudas. Hay que tener presente que las disparidades regionales aumentarán con la ampliación. 
Celebro la propuesta de completar el artículo 158 del Tratado para tener más en cuenta las desventajas estructurales de las islas, las regiones de montaña y las regiones con basa densidad de población en función de la gravedad de las dificultades experimentadas. Es indispensable que estas regiones, dejadas de lado en anteriores programas, sean reconocidas ahora en términos de accesibilidad, comunicación, infraestructuras, financiación y acceso a los servicios públicos. Esto es fundamental para evitar el éxodo a las ciudades y el envejecimiento de la población.
Con ocasión de la misión de investigación del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias a Endelave, una isla con 183 habitantes situada en el centro de Dinamarca, se firmó la declaración de Endelave, que plantea la especial situación de las pequeñas islas europeas, que pueden funcionar perfectamente. Trata de ofrecer a los habitantes de estas pequeñas islas acceso a unos servicios de buena calidad, como transbordadores, médicos, veterinarios, escuelas, servicios religiosos, ayudas a domicilio, biblioteca, etc., con ayudas económicas basadas en el espíritu de solidaridad. 
Por último, quiero destacar, en nombre del principio de subsidiariedad, la importancia de una mayor participación de los Estados miembros y de sus administraciones descentralizadas en la política de cohesión, por estar más próximos y conocer mejor las realidades de sus respectivas regiones.
Berend (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero que el segundo informe intermedio sobre la cohesión económica y social constituye un valioso análisis actualizado de la situación actual y de las tendencias relacionadas con el futuro de la política de cohesión en la Unión ampliada.
Podemos felicitarnos por la solución de compromiso alcanzada tras amplios debates con el ponente y las numerosas enmiendas aprobadas en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y el informe debería recibir, en su versión actual, el apoyo mayoritario de esta Cámara. Pienso tanto en el 0,45% del PIB destinado a la política de cohesión como en el mantenimiento de las ayudas prioritarias para las regiones del Objetivo 1. Me gustaría que el criterio para que dichas regiones puedan acogerse a estos fondos se mantuviera en principio en el 75% del PIB por habitante a nivel de NUTS II, si con ello se neutraliza en el futuro el denominado efecto estadístico. Es sabido que al final del período de programación en curso las regiones afectadas por el efecto estadístico no habrán superado, por supuesto, el 75% de la UE actual. De un día para otro, para ser más precisos del 30 de abril al 1 de mayo del año próximo, una simple operación aritmética convertirá a pobres diablos en gente rica, a pesar de no tener un céntimo más en el bolsillo. Este es el llamado efecto estadístico. Estas regiones siguen necesitando las ayudas de los Fondos Estructurales para consolidar y seguir llevando a cabo el proceso de aproximación económica y social iniciado con tanto éxito en el período de programación precedente. Por ello, el informe destaca con toda claridad, sobre la base de las enmiendas introducidas en comisión, que debe prestarse especial atención a las regiones que sufren estos efectos estadísticos, y que en el futuro estas regiones también deberán recibir un trato similar al que reciben las regiones del Objetivo 1, con un nivel de apoyo equivalente y con la ayuda suministrada de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 87.
Las disposiciones transitorias vigentes -phasing out- no tienen en cuenta los problemas específicos de estas regiones afectadas por el efecto estadístico. Por ello, el informe, en su versión actual, debería recibir el apoyo mayoritario de esta Cámara.
Fava (PSE).
Señor Presidente, Señorías, me parece claro, como lo está para el ponente y para la Comisión, que no podemos enfocar las políticas de cohesión y los Fondos Estructurales desde un punto de vista ideológico. Es necesario un enfoque muy pragmático, que es el adoptado por el ponente y sin duda también por el Comisario en su trabajo.
El futuro de la Unión Europea está firmemente ligado a la calidad y al futuro de las políticas de cohesión. Solo si no tenemos una Europa a tres velocidades, que es el riesgo que corremos, podremos hablar realmente de un proceso de integración política. Para que esto suceda, hay que respetar algunas condiciones: es indispensable recalcar nuestro rechazo inequívoco de toda renacionalización de las políticas regionales. Es indispensable, como han dicho muchos colegas, fijar el 0,45% como umbral mínimo, en el sentido de que el compromiso de la Unión Europea con las políticas de cohesión no puede ser inferior a dicho porcentaje, y es bueno que esto se asuma como un principio político y no solo como un principio aritmético ante las decisiones que esperan a la Unión Europea en vísperas de la ampliación.
Es preciso evitar, como han dicho otros oradores y como quisiera recordar yo también, que por efecto estadístico algunas regiones pasan de improviso a ser consideradas ricas. Por tanto, con respecto a las regiones del Objetivo 1 que van a quedar excluidas a causa de la ampliación, hay que pensar una mejor reducción paulatina, y sobre todo hay que tener en cuenta la desventaja geográfica permanente de muchas regiones.
En este sentido, creo que en el próximo Tratado Constitucional deberán quedar claros el reconocimiento de las desventajas geográficas permanentes y la necesidad de una estrategia comunitaria que permita superarlas. La declaración adjunta al Tratado de Ámsterdam sobre las desventajas estructurales de las islas nunca se ha traducido en medidas específicas.
Queremos pedir también a la Comisión un mayor esfuerzo de simplificación de las normas de ejecución de la política regional y un reparto más claro de las responsabilidades y competencias entre todos los implicados en la política de cohesión. También quiero pedir a la Comisión que prosiga el esfuerzo realizado hasta hoy para establecer algunas prioridades de las políticas de cohesión. Pensamos cuán importante es hoy invertir en la calidad del saber, en la calidad del conocimiento, en la innovación, en la investigación tecnológica y en las infraestructuras inmateriales. Creemos que el futuro de Europa debe medirse menos en términos de construcciones de hormigón y más en términos de calidad del saber que podemos ofrecer.
En Europa, señor Presidente, las regiones ricas no corren el riesgo de volverse pobres; al contrario, existe el riesgo de que algunas regiones pobres lo sigan siendo por mucho tiempo. Esto queremos evitarlo.
Attwooll (ELDR).
Señor Presidente, aquellos de nosotros que procedemos de regiones con desventajas estructurales permanentes tenemos verdaderos motivos para estar agradecidos al Sr. Pomés Ruiz por su informe y las ideas innovadoras que contiene. Hablo no solo en nombre de mi país, Escocia, sino también desde el conocimiento de algunas de las islas griegas más remotas y del norte de Finlandia y Suecia. Sin embargo, los problemas del carácter insular, de los terrenos montañosos y de la escasez de población afectan a muchas zonas de otros Estados miembros y también de algunos países candidatos.
Un gran mérito del informe es el reconocimiento de los efectos cuando estos problemas se combinan o se agravan. A este respecto celebro en particular la enmienda propuesta del artículo 158 del Tratado, así como, más en general, el deseo de integrar las cuestiones de desventaja estructural en la política de la Unión Europea.
No obstante, quisiera señalar en particular las peticiones de que las regiones montañosas se califiquen de zonas desfavorecidas desde el punto de vista agrícola en relación con los reglamentos de los Fondos Estructurales, de que se tengan más en cuenta las desventajas geográficas en relación con los reglamentos sobre la ayuda pública y de que se aborden las causas de la emigración. En este último contexto, la importancia del aislamiento y la dificultad del acceso son de sobra conocidas, especialmente en lo que respecta a las islas. Por lo tanto, quisiera asociar la buena acogida que me merece el informe a la del análisis de las regiones insulares patrocinado por la Comisión. En Escocia preocupa que debido a que ciertos tipos de islas han quedado excluidos del estudio, las mismas puedan verse afectadas negativamente en las políticas futuras.
Sin embargo, visto el hincapié que hace en las desventajas asociadas al pequeño tamaño y a la escasa población de los archipiélagos y en la doble desventaja -por ejemplo, islas con montañas-, es evidente que tales preocupaciones no tienen razón de ser. De hecho, las propuestas formuladas en el estudio, de incrementar la investigación y el intercambio de información y de impulsar proyectos innovadores al amparo de Interreg, pretenden ofrecer verdaderas ventajas prácticas a todos aquellos que viven en islas. Mi agradecimiento, por lo tanto, al Comisario y al ponente, o mejor dicho, a ambos ponentes por igual.

Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, los ponentes han dado a entender que para garantizar la cohesión social en la Europa ampliada hay que eliminar las diferencias entre países y regiones, pero no dicen nada de las desigualdades dentro de un mismo país, incluso en los países más ricos.
¿Cómo nos atrevemos a hablar de cohesión económica y social en una sociedad donde la diferencia entre las rentas de los más ricos y los más pobres no cesa de aumentar? ¿Cómo tenemos el descaro de hablar de cohesión cuando las grandes empresas, para aumentar la cotización bursátil de sus acciones, despiden a trabajadores sabiendo que de ese modo les condenan a la pobreza? La política de los gobiernos consiste en esgrimir la palabra reforma mientras perjudican a los trabajadores reduciendo su jubilación, alargando la jornada de trabajo, disminuyendo la protección social, bloqueando los salarios y haciendo cada vez menos seguro el empleo. ¿Qué significado tiene la cohesión social cuando los gobiernos hacen todo eso para aumentar los beneficios de las grandes empresas y las fortunas de sus accionistas? ¿Qué significado tiene la cohesión social cuando los gobiernos están reduciendo la financiación de servicios públicos indispensables para poder bajar los impuestos a los más ricos?
De todo ello se deduce que, si la Unión Europea es incapaz de abordar las desigualdades sociales, tampoco suprimirá las desigualdades entre regiones, porque son dos cosas que están ligadas.
Ferrández Lezaun (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, los dos informes nos están hablando permanentemente de la cohesión en Europa y, sobre todo, de cuáles son los problemas estructurales que pueden favorecer esta cohesión.
Desde el punto de vista de los informes se nos habla de una posibilidad, la geográfica, con montañas e islas, y una nueva posibilidad, la social, sobre todo basada en la despoblación. A nosotros nos gustaría que se reflexionase sobre un nuevo elemento que está produciéndose en toda Europa: el envejecimiento de la población, la falta de elementos productivos en mano de obra para poder desarrollar la economía. Esto está pasando en todas las regiones de la Europa interior, en particular en una región como la mía -Aragón, en España-, donde dos terceras partes de la población viven en una sola ciudad. Es una región que tiene 47 000 km2 y en la que todo el interior se está quedando despoblado. Y el problema no es que no haya posibilidades de empleo o de trabajar, sino que nadie quiere ir a trabajar allí. ¿Cómo eliminamos esta barrera? Este sí que es un problema estructural, porque es un problema mental, es que la gente no quiere ir a trabajar hacia las zonas interiores.
Ayer, el Comisario Barnier nos exponía el problema de Portugal: ¿qué iba a hacer la gente afectada por los problemas de los incendios y la ola de calor, adónde iban a ir a trabajar, a las grandes ciudades, a la costa? ¿Qué queremos, una Europa de litoral, una Europa de grandes ciudades o una Europa equilibrada? Nosotros creemos que ha llegado el momento de introducir un nuevo elemento -que además es imparable-, cual es el envejecimiento de la población, así como la falta de mano de obra productiva y la dificultad para lograr que la gente quiera ir a trabajar a determinadas zonas.
Musumeci (UEN).
Señor Presidente, creo que la cohesión económica y social es el campo en el que se juega el futuro de la Unión Europea, de la Unión de los 25. La ampliación volverá a plantear una vez más con todo su dramatismo la absoluta falta de respuestas concretas a un objetivo que sin embargo ha constituido el fundamento de la Unión Europea y de los Tratados que precedieron a su fundación. Basta pensar que una encuesta realizada hace un par de años revelaba que Lombardía era una las veinte regiones más ricas, y Sicilia, mi tierra de origen, se situaba en el puesto 77º. Esto da una idea de cuán lejos se encuentran aún en la práctica los objetivos que deben alcanzarse con una política de cohesión económica y social correcta, sana y tangible. 
Ha faltado una estrategia, ha faltado la voluntad de tomar medidas prácticas, ha faltado la Europa policéntrica. El sur de Italia y el Mediterráneo han quedado al margen de una estrategia concreta de crecimiento y desarrollo. Sus dificultades se deben no solo a la marginación geográfica, que por sí sola ya bastaría para justificar intervenciones efectivas a gran escala, sino también a carencias pavorosas en materia de infraestructuras, a la ausencia de una programación en materia de formación, de innovación tecnológica, de investigación, de potenciación de las universidades en las regiones marginales.
Es preciso, pues, defender el umbral mínimo de intervención de la Unión Europea, es preciso bloquear la hemorragia de personas que abandonan las zonas de montaña, es preciso intervenir en las islas desfavorecidas, que lo son no solo por la lejanía del continente europeo, sino también por problemas intrínsecos a los cuales Europa debe dar una respuesta inmediata.
Booth (EDD).
Señor Presidente, esta iniciativa pretende dar un impulso a la Unión Europea propagando el método comunitario para desarrollar políticas europeas para regiones europeas, en lugar de naciones, y para establecer una base jurídica de la nueva ayuda estructural para los países de la ampliación al amparo de la constitución propuesta. Sin embargo, incluso el ponente admite que con la ampliación aumentarán drásticamente las diferencias de renta entre las regiones de Europa.
El Comisario destaca que en la Unión Europea de los Quince, 48 regiones, que representan el 18% de la población, tienen una renta per cápita inferior al 75% de la media, mientras que en una Unión ampliada un total de 67 regiones estarán por debajo del umbral del 75%, representando un 26% de la población total. Sin embargo, en lugar de conceder fondos estructurales a zonas económicamente deprimidas, el ponente propone que, con la ampliación, se canalice el dinero a regiones montañosas, remotas o insulares desfavorecidas, una definición mucho más estricta para la distribución. Por lo tanto, un sistema que ya es intrínsecamente malo se vuelve aún peor.
Cada país sabe exactamente dónde se necesita ayuda dentro de sus propias fronteras y, sin embargo, la Unión Europea está decidida a ejercer su autoridad controlando la ayuda estructural para lo que estima son regiones empobrecidas. Si el control de la financiación se devolviera a los Gobiernos nacionales, estoy seguro de que el Gobierno del Reino Unido estaría al tanto de la acuciante necesidad de financiación que tiene mi región, el sudoeste, donde hemos sufrido terriblemente los efectos de las desastrosas políticas comunes de pesca y agrícola de la Unión Europea.
La administración de los fondos por parte de nuestro propio Gobierno garantizaría que toda la infraestructura de transportes -ferroviario, por carretera y aéreo- recibiera la atención que merece en beneficio de todos nuestros pequeños empresarios del sudoeste, y de todas las personas que participan en nuestra vital industria turística. Nosotros sabemos mucho mejor que los burócratas de Bruselas dónde se precisan fondos.

Bradbourn (PPE-DE).
Señor Presidente, en los últimos cuatro años me he dirigido muchas veces a esta Asamblea para reclamar la revisión del método de administración de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea. Hoy no va a ser diferente.
Es muy raro que yo esté completamente de acuerdo con un miembro del Partido Laborista del Reino Unido. Esto ocurrió hace poco en un histórico discurso del Ministro de Economía, Gordon Brown, que, como todos sabemos, ha reclamado la repatriación de la ayuda regional. Básicamente, es una buena idea. El sistema actual, como hemos visto repetidas veces, es inviable, y la burocracia es cada vez más agobiante.
Una y otra vez hemos visto informes que pasan por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que destacan las desigualdades existentes a causa de un sistema que falla precisamente a las personas que pretende ayudar. Sé que la idea planteada por el Sr. Brown no fue bien recibida aquí, o, más bien, en la Comisión, especialmente por los miembros de su propio partido. Tengo mis dudas sobre lo lejos que irá el Gobierno del Reino Unido en la defensa de esta idea.
He votado en contra del informe Mastorakis en comisión, no solo porque es un mal informe, sino también porque hay referencias que a mi entender no podíamos ignorar. Está claro que la enérgica defensa que se hace en el apartado 2 de la posición de la Comisión de rechazar la renacionalización difiere de mi propia opinión, como ya hemos comentado. Tampoco puedo apoyar ninguna referencia a contratos tripartitos: al permitir a la Comisión emprender estas acciones directamente con las regiones, dejaremos que pasen por encima de nuestros Estados nacionales.
Siempre he expresado mis preocupaciones por estos intentos repetidos de evitar el escrutinio de los parlamentos nacionales. Seguiré haciéndolo porque me parece un precedente peligroso, que abre furtivamente la puerta a una Europea de las regiones, cosa que rechazo de plano.
Para concluir, un hecho puro y duro: millardos de euros siguen en las arcas de la Comisión, sin perspectivas de que se gasten. De cara al futuro lo que necesitamos es un enfoque mejor orientado y más centrado en las prioridades coordinadas de financiación, proyectos transfronterizos o importantes elementos de interés comunitario; el resto habría que dejarlo en manos de los Estados miembros.

Myller (PSE).
Señor Presidente, la política regional y estructural de la Unión Europea debe basarse en la auténtica solidaridad entre las distintas regiones de la UE. El objetivo debería ser la integración económica y la comprensión de las diferencias que se derivan de las disparidades regionales. Todos debemos tener muy en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros en las futuras propuestas para garantizar un uso eficaz de las ayudas para alcanzar las reformas estructurales y que las ayudas tengan efectos permanentes en las vidas de los ciudadanos.
Aunque estamos teniendo plenamente en cuenta a los futuros Estados miembros, las regiones de los actuales Estados miembros que necesitan apoyo especial también deben incluirse en cualquier nuevo plan. También me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Pomés Ruiz, por haber propuesto seriamente que las regiones con limitaciones estructurales permanentes sean incluidas en el futuro en cualquier programa de ayuda especial. Dichas limitaciones permanentes son, por ejemplo, la lejanía y el aislamiento geográfico. Por otra parte, estas regiones tienen una baja densidad de población y unas condiciones climáticas difíciles. Es esencial que estas desventajas permanentes se consideren el mismo tipo de factor que obstaculiza la competitividad que se ha descrito con respecto a las regiones insulares.
Por lo tanto, el criterio más importante no son los medios con los que se presta ayuda a las regiones ultraperiféricas y poco pobladas del norte, siempre y cuando se tengan en cuenta estas necesidades con el suficiente sentido de la solidaridad e igualdad. También confío en que, mientras se elabora durante este otoño la nueva propuesta sobre la política estructural y regional para después de 2007, la Comisión muestre un sentido de justicia e incluya también en su propuesta a las regiones con una baja densidad de población situadas en el norte y en las que las distancias son largas.
Thors (ELDR).
Señor Presidente, cher Monsieur le Commissaire, el informe cuya aprobación nos plantea un dilema contiene un cambio verdaderamente fundamental para la política regional. Las regiones con desventajas permanentes merecen un nuevo enfoque en la política de ayudas. Creo que esta reevaluación fundamental es importante. Existen desventajas que se mantienen. En la poco poblada Finlandia estamos familiarizados con dichas desventajas, y estas también se observaron en el importante tratado de adhesión de Finlandia, Suecia y Austria. Sin embargo, las regiones de montaña y los archipiélagos también pueden ser relevantes a este respecto. En cualquier caso, me gustaría que se diese un trato especial a las islas y los archipiélagos.
Cuando Finlandia se convirtió en miembro de la UE, para nosotros era difícil mantener importantes mecanismos de ayuda. Por ejemplo, determinadas formas generales de ayuda al transporte fueron examinadas por la Comisión de manera extremadamente crítica. No son grandes sumas de ayuda las que solicitamos para las zonas poco pobladas, el archipiélago y las zonas de montaña, pero dichas sumas pueden ser esenciales para poder mantener los servicios. Una parte importante de la política puede consistir también en que se dé la oportunidad a los países de recibir determinadas sumas menores a través de una ayuda general y de exigir a las empresas que mantienen servicios de interés general que garanticen el funcionamiento de dichos servicios.
También necesitamos normas dentro de la política agrícola que permitan que sobreviva la agricultura de pequeña escala en el archipiélago. Esto es tremendamente importante para el archipiélago como parte de nuestro patrimonio mundial y como algo que tratamos de administrar lo mejor posible. La Convención Europea propone cambios similares, lo cual agradecemos enormemente.
Por ultimo, me gustaría decir que el concepto de cohesión territorial fue realmente ideado por las CPMR, siendo entonces su presidente el Sr. Stig Östadhl. Me complace enormemente que, también hoy, el Parlamento pueda contribuir a un pensamiento nuevo e importante que debe ser útil para permitir a las personas vivir y prosperar en todas las partes de la UE.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, el fracaso de la ambición declarada de la política regional de la Unión Europea de impulsar la cohesión económica y social presagia una perspectiva todavía más desfavorable para su aplicación a los Estados miembros más débiles tras la ampliación. De hecho, en numerosos casos, no solo no se ha reducido la diferencia de desarrollo, sino que también la ampliación ha aumentado la diferencia entre las regiones rezagadas y las regiones desarrolladas. Esto sucede en las regiones insulares y de montaña y en las ciudades plagadas de desempleo masivo y pobreza.
Por ejemplo, tras 23 años de integración, Grecia sigue siendo el país más pobre de la Unión Europea. Cada vez es más pobre, con regiones en las que la renta per capita está descendiendo. La falta de recursos y los constantes recortes no han ayudado a reforzar el concepto ampliamente difundido de cohesión, ni ha estabilizado el nivel de desarrollo. Por el contrario, estos han causado trastornos que han exacerbado la desintegración económica y social de las regiones. Por otra parte, las regiones pobres se han duplicado con creces desde la ampliación. Esta situación, señor Presidente, es tal que no podemos aceptar la valoración de los ponentes de los excelentes resultados alcanzados en el curso de la cohesión económica y social de las regiones de la Unión Europea.

Andersen (EDD).
Señor Presidente, la política de cohesión debe tener en cuenta las circunstancias especiales de las islas muy pequeñas. Sobre una base organizativa y política, en la actualidad la UE trata a todas las islas bajo el mismo epígrafe, de forma que incluso las islas muy pequeñas y poco pobladas se incluyen en la misma categoría que las islas con muchos miles de habitantes.
Yo vivo en una isla pequeña, Endelave, que tiene 180 habitantes y está situada a una hora de navegación en el Kattegat. Es obvio que vivimos en condiciones bastante distintas de las existentes, por ejemplo en Córcega o en otras islas con muchos miles de habitantes. Los retos son bastante distintos, y no podemos estar en la misma categoría que las islas de gran tamaño.
Esto también se aplica a los análisis del potencial y las circunstancias especiales de las islas por parte de la Comisión. Las islas pequeñas deben eliminarse de este análisis y formar su propia categoría, dando pie a conclusiones distintas sobre ellas y sus oportunidades de desarrollo. A este respecto, es importante reconocer la unión de islas pequeñas que ya existe con el nombre de Red Europea de Islas Pequeñas (European Small Islands' Network).
En la medida en que existen Fondos Estructurales para el desarrollo, también deben asignarse a las islas muy pequeñas y debe permitirse que a escala nacional se preste apoyo al desarrollo de las mismas. Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas.
La conexión mediante transbordadores es esencial a este respecto. En primer lugar y por encima de todo, es importante que los transbordadores que prestan servicios a las islas pequeñas estén exentos de los requisitos de licitación de la UE. La licitación solicitada por la UE y aplicada con respecto a los transbordadores que prestan servicio a las islas pequeñas de Dinamarca ha ocasionado un gran gasto para las empresas, pero nadie les ha hecho una oferta. Es bastante grotesco que, por una parte, debamos tener una serie de normativas que ocasionen gastos innecesarios a las pequeñas islas y su espíritu, mientras nosotros, al mismo tiempo, hablamos de las ayudas al desarrollo para estas zonas. El transbordador debe considerarse la única carretera de las islas. Se trata de una cuestión de igualdad de oportunidades.

Segni (UEN).
Señor Presidente, intervengo una vez más en esta Asamblea sobre un tema delicado, sobre el cual yo y otros oradores hemos intervenido y que el Comisario Barnier conoce muy bien porque ha hablado de él innumerables veces con nosotros: la protección de las islas, algunas de las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. Observo con satisfacción que han adoptado ustedes un rumbo favorable, que el planteamiento general de reconocer a todas las regiones geográficamente desfavorecidas de la Unión, entre las cuales figuran, por supuesto, en primer lugar las islas, ha encontrado un amplio consenso y un gran éxito, y parece que esta es la línea de la Comisión; observo que dicho reconocimiento no se limitará, al menos en las intenciones que hasta ahora se han manifestado, a una petición de principio, sino que se traducirá en ayudas concretas, en la inclusión de estas regiones en uno de los objetivos y por tanto en ayudas que realmente son cruciales para ámbitos importantes. 
Sin embargo, hay que precisar algunas cosas: en primer lugar, la nueva formulación del artículo 158. He presentado una enmienda para recordar que, una vez más, se ha producido en este tema una larga discusión relativa a las infames traducciones, que ha concluido expresando en el artículo 158 un reconocimiento a todas las islas. El texto elaborado por el Sr. Mastorakis sobre este aspecto podía considerarse ambiguo y he presentado una enmienda en este sentido. 
Otro punto que quisiera subrayar, sobre todo ahora que está aquí el Comisario, es que desde hace mucho tiempo pedimos la formación de una unidad especial para la islas. Se ha hecho para las regiones ultraperiféricas y creo que una unidad de este tipo aportaría valiosos datos y por tanto facilitaría la aplicación de medidas estratégicas en este frágil sector. Espero que los ponentes y la Comisión apoyen las enmiendas que he presentado y éstas puedan ser incorporadas.
Sudre (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, en el marco del debate sobre el futuro de la política regional, existe hoy un consenso muy amplio sobre la necesidad de mantener la prioridad que reciben las regiones menos desarrolladas. Por lo tanto, para el período 2007-2013, la concentración de los recursos en las regiones del Objetivo 1 debe constituir, como sucede actualmente, uno de los pilares esenciales de la política de cohesión de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución.
La adhesión de los países candidatos a la Unión Europea reducirá, en términos estadísticos, el PIB medio comunitario. Por esta razón, el informe de progreso de la Comisión dice que 18 regiones deben salir del Objetivo 1, aunque seguirán beneficiándose de las ayudas concedidas en virtud del mecanismo de retirada gradual. Los departamentos franceses de ultramar no se verán afectados, pues seguirán perteneciendo al Objetivo 1 en 2007 siempre que su PIB por habitante se mantenga muy por debajo del 75% de la nueva media de la Unión Europea. 
Por otra parte, convendría fomentar la igualdad entre las regiones teniendo en cuenta las permanentes dificultades que afectan a las islas, las regiones de montaña y las regiones con baja densidad de población. Este tipo de intervención comunitaria se ponderaría con arreglo a una serie de criterios territoriales, tanto para establecer prioridades como para decidir la cuantía de las ayudas concedidas.
No obstante, me parece útil recordar que el concepto de regiones ultraperiféricas no debe confundirse en ningún caso con el de regiones periféricas, insulares o estructuralmente desfavorecidas, al margen de los lazos de solidaridad que puedan unir a todas estas regiones, ya que las regiones ultraperiféricas lo son por su gran lejanía del continente europeo. 
La contribución de otras políticas de la Unión Europea es el punto más débil del presente informe de progreso, sobre todo en lo que respecta al sistema de gobernanza que debe introducirse para garantizar la mayor repercusión posible de la política de cohesión en todas las regiones afectadas. Me refiero en particular a la agricultura, el desarrollo rural, el transporte, la innovación, la educación y la formación, y también a la política de competencia en el marco de las ayudas estatales y las ventajas fiscales concedidas a algunas regiones.
Pero quiero terminar con dos comentarios positivos. En primer lugar, existe consenso sobre la necesidad de mejorar realmente los sistemas financieros y los procedimientos administrativos de los Fondos Estructurales. Por último, celebro que la sugerencia de renacionalizar la política regional haya perdido apoyos. De lo contrario, habría frenado el proceso de integración europea.
Hedkvist Petersen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, también quisiera dar las gracias a los ponentes por el valioso trabajo que han realizado. Las personas deben poder residir en cualquier lugar de Europa. También es importante poder vivir en las zonas más vulnerables cuando las fuerzas del mercado promueven la urbanización en Europa. Por lo tanto, la política europea debe promover además la cohesión. Debe existir una política regional. Al mismo tiempo también debe haber una dimensión regional para la política nacional, ya que cada país tiene la responsabilidad de que exista solidaridad regional dentro de los Estados miembros.
Con relación a la ampliación, ahora debemos tener una política de solidaridad y debemos unir Europa. Esto debe suceder a través de la política regional, pero también a través de la política de transporte y la política de competencia, que son al menos igual de importantes si queremos poder vivir en cualquier lugar de Europa. También necesitamos cohesión territorial. Espero un tratado en el que la cohesión territorial desempeñe un papel importante.
Creo que, en el futuro, la mayoría de los fondos de la política regional deberían destinarse a los nuevos Estados miembros, pero también debemos observar las condiciones especiales que existen en Europa si queremos poder vivir en cualquier lugar del continente. Por lo tanto, considero muy loable el informe Pomés Ruiz, en que el que se destacan las regiones de montaña, insulares y de baja densidad de población y en el que se llama la atención sobre el papel especial de la política regional en Europa en lo que respecta a la ayuda para estas zonas.
En resumen, la ayuda a las regiones de montaña, insulares y de baja densidad de población es por lo tanto importante. Debemos poder vivir en estas zonas. La política europea no debe sembrar obstáculos en el camino hacia el desarrollo a estas regiones. Al mismo tiempo, también es importante que tengamos una política regional que implique la descentralización y que la población tenga que responsabilizarse del desarrollo en sus regiones.

Virrankoski (ELDR).
Señor Presidente, también quisiera felicitar a los ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz por elaborar unos informes excelentes. La política de cohesión es un requisito fundamental para la existencia y la legitimidad de la UE en su conjunto. Se necesita un mecanismo que también impulse la prosperidad en las regiones más desfavorecidas. La política de cohesión se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea. Tanto en el Tratado actual y como en el elaborado por la Convención Europea, la cohesión regional y social se presenta como un principio que afecta a todos los ámbitos de la política.
Cuando los nuevos Estados miembros se incorporen a la Unión Europea, todos precisarán desarrollo estructural. El peligro es que se reduzca la financiación regional y estructural con respecto a los antiguos Estados miembros. Entonces estas regiones económicamente menos favorecidas tendrían que pagar más por la ampliación que las regiones que son más fuertes, que, por otra parte, serán las más beneficiadas por la misma. Por este motivo, no debe reducirse la financiación para las zonas que antes cumplían los requisitos.
En Finlandia y Suecia, en concreto, existen regiones remotas y escasamente pobladas, las actuales zonas del objetivo 1, para las que el acceso a los mercados es difícil. Por este motivo estas regiones deberían considerarse zonas muy remotas, del mismo tipo que las Islas Canarias, Madeira y las Azores.
Un problema concreto es el modo ineficaz y burocrático en que actualmente se administran los Fondos Estructurales. Esto se refleja en la infrautilización de los fondos, lo cual es catastrófico. En 2000 se dejaron de gastar 6 700 millones de euros de créditos; el año siguiente el importe ascendió a 8 700 millones de euros y en 2002 a 6 200 millones de euros. Los compromisos pendientes ascienden actualmente a más de 90 millardos de euros, o prácticamente el equivalente al presupuesto de tres años. Esto pone en peligro la credibilidad de todo este ámbito político. La administración debe reformarse drásticamente y simplificarse en gran medida. La denominada regla n+2, ideada para hacer la administración más eficaz, no funciona debido a que la Comisión acepta pagos anticipados repetidos, incluso cuando el proyecto ni siquiera debería haber comenzado. Por este motivo también debería revisarse esta regla.

Piscarreta (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, en el ámbito de este debate conjunto sobre la cohesión económica y social, se nos presenta para su análisis el informe Mastorakis, relativo al segundo informe provisional de la Comisión sobre la política de cohesión europea. Quiero manifestar aquí mi apoyo a las ideas expresadas por el ponente, a quien aprovecho para agradecer la gran calidad de su trabajo.
Para un Estado miembro como Portugal, la política regional y la política de cohesión han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental para su desarrollo y su total integración en la Unión Europea. Acojo con satisfacción el hecho de que ciertas regiones europeas, incluyendo algunas portuguesas, hayan salido de los fondos de cohesión por sus propios méritos. Es, sin duda, el mejor ejemplo del éxito de esta política comunitaria.
Sin embargo, no debemos olvidar que si ya existen diferencias importantes en los niveles de desarrollo entre algunas regiones europeas, con la ampliación estas divergencias van a acentuarse aún más. Para alcanzar la plena realización de su política de cohesión y reducir así las desigualdades del desarrollo regional, la Unión Europea deberá continuar de forma constante su apoyo a los Estados miembros existentes y desarrollar simultáneamente, de forma equilibrada, las regiones de los futuros Estados miembros. Ante este doble desafío, la Unión Europea tiene la obligación de poner los fondos adecuados a disposición de las nuevas necesidades de esta situación.
Por eso, el actual valor límite del 0,45% del PIB comunitario nunca podrá sufrir ningún recorte presupuestario. Por ese motivo y porque la política de cohesión resultó ser un éxito en Portugal, rechazo la renacionalización de este instrumento de desarrollo. Acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión haya creado un régimen de transición para regiones sujetas a la acción estadística de la ampliación que dejan de ser elegibles como consecuencia de la apertura del objetivo 1 a las regiones menos desarrolladas. Finalmente, no puedo dejar de estar de acuerdo con la creación de un nuevo objetivo 2, basado en criterios de competitividad regional, de acuerdo con las orientaciones de la Cumbre de Lisboa.
Guy-Quint (PSE).
Señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias yo también a los dos ponentes, que han recordado la importancia que tiene para la Unión Europea, y por tanto para sus ciudadanos, la política de cohesión, que es una política de solidaridad, en particular para las regiones estructuralmente desfavorecidas. 
Actualmente se están cuestionando las políticas fundamentales de la Unión Europea. La prensa se refiere a los llamados «sobrecostes» en términos exagerados. Es fundamental que hagamos hincapié en la importancia de estas políticas, sobre todo para las regiones que se han beneficiado de ellas hasta hora. Salta a la vista cuál sería su retraso sin la ayuda de la Unión Europea. Estas políticas son las que dan vida a la Unión Europea a los ojos de los ciudadanos, hablándoles de solidaridad, redistribución y puentes tendidos entre zonas que no sufren las mismas dificultades. No dudo en decir que estas políticas han dado vida a la Unión Europea. 
A nosotros nos corresponde hacer lo necesario para que perduren. No equivoquemos nuestro camino. No se trata de reestructurar el presupuesto europeo para hacerlo más dinámico, sino de incrementarlo. Si la Unión quiere hacer más, debe dotarse de los medios necesarios. Tengo que insistir en un punto: se trata de nuestros indicadores de desarrollo. El PIB por sí solo no es ya un criterio pertinente. Ahora que hemos alcanzado un cierto grado de macroequidad en Europa, ha llegado el momento de mejorar esos criterios. Tenemos que considerar los indicadores microeconómicos como criterios que orienten nuestras futuras actuaciones. Estoy pensando sobre todo en las regiones afectadas por la desertización y las que sufren desventajas estructurales en el ámbito del empleo, la formación, los servicios básicos, la accesibilidad y la demografía. 
Deseo por ello que la Comisión, dotada de todos los recursos humanos necesarios después de la reforma, haga lo necesario para que se gasten todos los créditos concedidos por estos fondos.
Cocilovo (PPE-DE).
Señor Presidente, como han hecho otros colegas, también yo quiero expresar mi plena satisfacción por el hecho de que, una vez concluidos los trabajos de la Convención para el nuevo Tratado Constitucional de la Unión Europea, se haya confirmado que todos los efectos de las políticas de cohesión, en términos de identidad y estrategias comunitarias, se reconocerán en la Constitución.
Esto significa que tendremos que prever ciertas dificultades y retrasos. Sin embargo, no deben servir de pretexto para renunciar, y mucho menos para una renacionalización o un mero cambio de dimensión de estas políticas; de algún modo, sería como intentar curar un dolor de cabeza con la decapitación: creo que no es el camino que haya que seguir. Más eficacia y ciertamente no menores recursos constituyen, pues, la vía hacia una simplificación efectiva, valor añadido comunitario para todas las intervenciones, acompañadas de una coordinación con las demás políticas, empezando por las políticas de transporte y de investigación, así como con la política agrícola comunitaria, para que no se niegue con la mano derecha lo que se hace con la izquierda. Esto debe valer también para el Objetivo 2 actualizado, que no puede convertirse en una fuente de compensación indiscriminada, indiscriminadamente concedida a todas las regiones debido a las tentaciones de que he hablado antes.
Por último, un par de observaciones sobre los dos problemas específicos adicionales a que nos enfrentamos: por lo que se refiere al efecto estadístico, sobre el cual ya se ha hablado mucho, estoy de acuerdo con las propuestas de los ponentes, mientras que, en lo que respecta a las intervenciones en las regiones con desventajas territoriales estructurales -las islas y las zonas de montaña-, no debemos olvidar que hablamos de desventajas estructurales. En este caso, las políticas de cohesión necesitan una definición y unos instrumentos objetivos que sean permanentes y continuos, no excepcionales.
Fruteau (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el primer desafío que preside el futuro de la política regional es, por supuesto, el de la ampliación. La diferencia de desarrollo entre las regiones más prósperas y las más pobres va a multiplicarse por dos. Tenemos que superar, por tanto, el desafío de la cohesión.
Necesitamos, en primer lugar, cohesión territorial para tener en cuenta la diversidad geográfica de la Unión Europea y para que todos los ciudadanos europeos reciban un trato equitativo. Necesitamos, en segundo lugar, cohesión económica y social para que las regiones actualmente más vulnerables de la Unión no resulten sacrificadas en aras de la ampliación. Está en juego la aceptación misma de la ampliación por parte de los ciudadanos. Es la coherencia de nuestro proyecto común lo que se pone a prueba. Tenemos que construir una política regional de apoyo, justa y unitaria, pero no uniforme. Hay que tener en cuenta las situaciones regionales específicas.
En este sentido, podemos congratularnos de que la Convención haya optado por mantener en el futuro Tratado constitucional el contenido del apartado 2 del artículo 299 del Tratado actual, relativo a las regiones ultraperiféricas. Es una primera victoria, que tiene que ser todavía ratificada por los Jefes de Estado y de Gobierno. El camino es largo y algunas preguntas cruciales siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué importancia debemos conceder al informe hecho público este verano que hace temer una posible renacionalización de la política regional? ¿Cómo tener más en cuenta las situaciones específicas de las regiones en el próximo programa financiero? Por último ¿cómo traducir en medidas concretas la dimensión única y original de las regiones ultraperiféricas en el futuro período de programación?
Señor Comisario, los ciudadanos juzgarán la Europa que estamos construyendo actualmente por el rasero de las propuestas que usted formule en los próximos meses. Yo, por mi parte, creo en una Europa socialmente justa, económicamente competitiva y, sobre todo, territorialmente equilibrada.
Karas (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi condición de austriaco procedente de un Estado federado con muchas regiones fronterizas, de una región rural y de montaña, acojo favorablemente el informe presentado. Mi interés se centra en tres ámbitos. En primer lugar, Europa es una comunidad de paz, lo que requiere una democracia transparente, eficiente y próxima al ciudadano, libertad y responsabilidad, no discriminación y solidaridad. Y hoy estamos hablando de solidaridad.
Para mí, la solidaridad no es una cuestión de caridad, sino de distribución y de pensamiento holístico. La solidaridad tampoco se limita al Estado nacional. Si deseamos convertir el mercado interior en un mercado nacional, no debemos renacionalizar el Fondo de Cohesión. 
En segundo lugar, si contemplamos el Tratado Constitucional veremos que nuestra visión se ha impuesto, ya que de lo que se trata realmente es de negociar nuestra declaración de principios. Los ámbitos políticos mencionados son tan sólo un medio para alcanzar estos objetivos. Me gustaría citar brevemente el artículo 3: «La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva... La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales... La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad...» Dos de nuestros valores fundamentales que figuran en el artículo 2 son la solidaridad y la no discriminación. Y de lo que se trata es de adoptar medidas firmes para alcanzar los objetivos comunes de nuestra Unión Europea.
Y en tercer y último lugar, pido a la Comisión que tenga en cuenta a las regiones que hemos mencionado hoy cuando elabore una Directiva marco sobre los servicios de interés económico general.
Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, nos encontramos en la actualidad enfrentados a la adaptación de las políticas de cohesión y de los Fondos estructurales a una Unión ampliada a veinticinco en el año 2004 y a veintisiete en el 2007. El diagnóstico de la propia Comisión sobre el incremento de las disparidades en una Unión ampliada indica que éstas serán dos veces mayores de lo que ya son en el momento actual. 
A mediados de julio, cuando esta Cámara acababa de concluir su curso parlamentario, nos encontramos en la prensa con los resúmenes de un estudio dirigido por el profesor André Sapir, que el Presidente Prodi distribuyó a los restantes miembros de la Comisión. En dicho estudio, el profesor Sapir y un grupo de expertos cuestionaban abiertamente la actual estructura de gasto del presupuesto comunitario, fundamentalmente por lo que se refiere a la PAC y a los Fondos estructurales.
No cuestiono, señor Comisario, la utilidad de este tipo de estudios -entiendo que sí pueden ser muy útiles para introducir mejoras-, lo que sí cuestiono es el método utilizado en esta ocasión y, sobre todo, el momento elegido, por la incertidumbre que genera, por las dudas que siembra acerca del futuro de la política de cohesión y acerca del apoyo de la Comunidad a las regiones más desfavorecidas.
Estamos a ocho meses de la ampliación, y las regiones que por el efecto estadístico superarán el fatídico umbral del 75% del PIB comunitario necesitan saber cuáles son las indicaciones de la Comisión para ellas, porque el objetivo del crecimiento económico y del pleno empleo debe servir, precisamente, a las regiones que actualmente forman parte del objetivo 1, que son las que menos crecen y son, señor Comisario, las que más paro tienen.
Por eso le pido que confirme aquí la vigencia futura del principio de concentración por el cual las ayudas estructurales seguirán dirigiéndose prioritariamente a las regiones europeas más desfavorecidas. Porque, entendemos que la cohesión es ante todo cohesión territorial para que las regiones más atrasadas puedan beneficiarse también de los efectos del mercado único.
Marques (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, me limito en este debate a subrayar la paradoja a la que se enfrenta la política de cohesión económica y social. Paradoja, por otra parte, puesta claramente de manifiesto en los dos informes que se están debatiendo y por los que felicito a los ponentes, por el excelente trabajo realizado.
En realidad, si por un lado el desafío de la ampliación es mayor que nunca para esta política comunitaria, por otro es fácil constatar una voluntad política anémica e incluso reticente con respecto a la imperiosa necesidad de revitalizar este pilar fundamental de la construcción europea. En lugar de revitalizar, se habla en ocasiones de renacionalizar, en lugar de más recursos y de más solidaridad, salen a la luz los egoísmos nacionales. Sin embargo, a pesar de este ambiente, no he perdido todavía la esperanza en respuestas políticas visionarias y solidarias, del tipo de las que se dieron con ocasión de los grandes desafíos europeos que habían representado la realización del gran mercado interior y la realización de la Unión Económica y Monetaria.
Así pues, con ocasión de cada uno de estos desafíos, se duplicaron los recursos destinados a la política de cohesión económica y social. Ahora, con ocasión de la ampliación, es necesario que esta ambición esté a la altura de los enormes desequilibrios regionales de ella derivados, también porque la futura política de solidaridad tendrá que atender también al déficit de cohesión ya existente en la actual Unión Europea de los quince, un déficit que corre incluso el riesgo de agravarse como resultado de las dinámicas introducidas por la ampliación y por una probable distribución no equitativa de sus beneficios. Lo justo será que quien más vaya a beneficiarse de la ampliación contribuya también más a la financiación de la solidaridad europea. Pero hay también otra esperanza basada también en las posiciones de la Comisión y, en particular, del Comisario Michel Barnier, que, afortunadamente y contra viento y marea, no dejó de confiar en que es posible un política efectiva de cohesión económica y social en el plano europeo, dotada de un paquete mínimo de recursos financieros, más simplificada, descentralizada y eficaz y con una mayor contribución a los objetivos de cohesión por parte de las otras políticas comunitarias, una política de cohesión que ha de perfeccionar sus respuestas a las necesidades de las regiones insulares, de montaña, de las regiones de baja densidad demográfica y, naturalmente, de las regiones más periféricas.
Vatanen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera desear a todos un buen comienzo del año laboral y esperemos que resulte gratificante. Espero que todos nos hayamos dado cuenta durante el verano de que también existe una vida fuera del Parlamento.
Sin embargo, es el momento de preguntarnos sinceramente si la actual política regional cubre las necesidades reales. No creo que la política deba continuar por las líneas actuales simplemente con la incorporación de pequeños cambios. El Parlamento ha hecho hincapié en que debería emplearse el 0,45% del PIB de la Unión para financiar esta política. Pero, ¿cómo demonios hemos llegado exactamente a esa cifra? En primer lugar deberíamos estudiar las necesidades de las regiones y los medios rentables con los que podamos cubrir dichas necesidades. No es prudente comprometerse con ninguna suma por anticipado. Obviamente, puede destinarse tanto como se desee a algo como esto, pero ¿es eso inteligente?
Por supuesto, seguimos necesitando una política regional responsable para la UE. Sin embargo, ¿es sensato repartir la ayuda entre todas las regiones de forma que cada una obtenga simplemente unas migajas con un enorme coste administrativo? Deberíamos considerar la propuesta de Gran Bretaña de prestar apoyo solamente a las regiones más pobres de la UE. En la práctica esto implicaría que solamente los nuevos Estados miembros recibirían ayuda. Otras ayudas regionales se nacionalizarían, de forma que se pudiese evitar la burocracia de la UE. Sin embargo, me gustaría destacar que los actuales Estados miembros no perderían con la reforma, ya que con la ampliación las ayudas se reducirían sustancialmente de cualquier modo. Como es natural, las contribuciones de los Estados miembros se verían reducidas en la misma medida que las ayudas reducidas.
Desgraciadamente, cualquier cambio importante como este todavía cae en saco roto en lo que a la política se refiere. La actividad favorita de los políticos siempre ha sido repartir el dinero de otros. Sin embargo, los fondos comunes deberían tratarse con mayor cuidado que nuestro propio dinero, ya que gastar el dinero de cualquier modo siempre significa quitárselo a los miembros más necesitados de la sociedad. Si vamos a hacer de la UE una zona dinámica, como dijimos en Lisboa, deberíamos entender que el dinero no crece en los árboles, ni siquiera en esta era de los OMG. Señor Presidente, Señorías, se lo debemos a aquellos que nos han votado para que actuemos de forma honesta y conforme a sus intereses a largo plazo.

El Presidente.
 Sí, señor Vatanen, me temo que tiene usted razón.
Wenzel-Perillo (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este debate trata ni más ni menos que del futuro de la política europea de cohesión a partir de 2006. Doy las gracias a los Sres. Mastorakis y Pomés Ruiz por su excelente labor.
La promoción de la cohesión económica y social debe tener prioridad absoluta, especialmente en una Unión ampliada. Las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres resultarán más evidentes en la Unión de los 25. Sin embargo, el pasado nos ha demostrado que la política regional europea puede hacer una importante contribución a la aproximación de los niveles de vida a través de programas útiles. Es lógico que en el futuro sean precisamente las regiones de los nuevos Estados miembros las que se vean beneficiadas por las ayudas europeas, ya que es en la política regional donde podemos ver realmente a Europa en acción y vislumbrar la solidaridad europea.
En mi condición de diputado por Sajonia conozco lo que se ha logrado en mi tierra, en Alemania del Este, gracias a la solidaridad europea. Por ello debemos felicitarnos de que la Comisión hable en su segundo informe intermedio de una solución justa para las 18 regiones de los actuales Estados miembros que se verían afectadas por el efecto estadístico. No necesito convencerles de que por el mero hecho de que las regiones se conviertan en ricas por efecto de un simple cálculo estadístico no significa que se hayan resuelto sus problemas estructurales. Por esa razón es necesario encontrar una solución no solo justa, sino también sólida para estas 18 regiones. Mediante mecanismos de transición especiales debe ser posible que en el futuro sean tratadas, si no ya como regiones del Objetivo 1, al menos como regiones similares a las del Objetivo 1, y que reciban la ayuda correspondiente. Sólo así las ayudas concedidas hasta ahora rendirán un beneficio a largo plazo y no habrán sido en vano.
Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, rechazo la etiqueta de zona desfavorecida para las regiones de montaña, al menos en términos generales. Las regiones de montaña son zonas ricas en diversos recursos -naturales, económicos y humanos-, pero necesitan una ayuda directa y práctica para aprovechar adecuadamente estos recursos.
Según las estadísticas, la montaña ocupa en Europa el 30% del territorio y, con la ampliación, esta característica, esta especificidad, superará el 40%. Sin embargo, las regiones de montaña están poco densamente pobladas -solo habita en ellas el 5% de la población comunitaria-, lo que significa que la presión política que ejercen es relativamente ineficaz. Así pues, nos corresponde a nosotros echar una mano. Hay que decir también que no todas las regiones de montaña son iguales y que la reforma de los Fondos Estructurales, al suprimir los Objetivos 5a y 5b, ha creado una notable confusión. 
El Objetivo 2 es demasiado vasto y demasiado elástico, comprende demasiadas cosas y sitúa en el mismo nivel de necesidad territorios sustancialmente diferentes. Simplificar no siempre es una virtud si se pierde en el camino el rigor de la precisión científica. En la montaña hay zonas que tienen prioridades comunes a todos. Un ejemplo se nos plantea precisamente estos días: de las inundaciones y la sequía nos defendemos en la montaña, mediante la salvaguardia de los recursos hídricos y la integridad del territorio. Pues bien, este es un ejemplo de cómo la montaña afecta a los intereses y a las necesidades de todos. 
Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos tener, señor Comisario, la valentía de prestar una ayuda directa, y es preciso también hacer más flexibles las normas sobre las ayudas estatales y la competencia; hay que tener la decisión de defender la vida y la presencia del hombre en la montaña como garantía de una auténtica cohesión; hay que tener la valentía de reconocer en los hechos, no solo con palabras, esta especificidad. ¿Cómo? Tal vez extendiendo la aplicación del artículo 158 de las islas a las regiones de montaña.
Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, me alegro de que el Sr. Pomés Ruiz haya señalado en su informe la consideración y el apoyo especiales que necesita el norte de Finlandia y de Suecia, donde la densidad de población es extremadamente baja y el clima es duro, y que está muy alejado de los mercados europeos.
Actualmente estas zonas corresponden a la categoría del Objetivo 1. Ninguna otra parte de Europa está tan poco poblada: tienen una media de 4,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La política regional de la Unión Europea ha contribuido al esfuerzo a favor del desarrollo en estas zonas, mejorando la competitividad y potenciando el espíritu empresarial. La lejanía de las zonas periféricas supone elevados costes de marketing, comercio y transporte de productos y personas.
Convendría tener en cuenta estos factores al fijar niveles de ayuda suficientes. Gracias a la dimensión regional de las actividades de la Unión, el norte de Finlandia y de Suecia ha desarrollado soluciones innovadoras en el ámbito del aprendizaje electrónico y de la sanidad electrónica, por ejemplo. El norte de Finlandia también puede servir de puente de la Unión Europea al noroeste de Rusia, permitiendo así el acceso a amplios recursos nacionales y por tanto con un gran potencial. Acojo con agrado que la política de cohesión se centre en la competitividad impulsando el desarrollo económico.
No obstante, no hay que olvidar que a menudo las desventajas geográficas limitan el desarrollo de la economía, la producción y, por tanto, el empleo. Las zonas del norte de Finlandia y de Suecia tienen necesitan indudablemente ayuda regional de la Unión Europea, y convendría reconocer las desventajas estructurales de las zonas escasamente pobladas independientemente del PIB. Además de las zonas escasamente pobladas, hay otras muchas que tienen unos niveles de desempleo excepcionalmente altos, y estas también podrían beneficiarse de iniciativas comunes. Si no pueden optar a otros Fondos Estructurales, deberían beneficiarse del Objetivo 2 renovado o de otras iniciativas comunitarias similares. Me complace advertir que el Sr. Barnier ha hablado de un modelo a la carta para el Objetivo 2 renovado. En el futuro habría que hacer más hincapié en este modelo. El Parlamento también lo ha acogido con gran satisfacción.

Scallon (PPE-DE).
Señor Presidente, felicito a los ponentes y acojo con satisfacción el segundo informe de progreso de la Comisión.
El Fondo de Cohesión es una herramienta de valor incalculable para ayudar a los Estados miembros menos ricos a recuperar terreno, especialmente en el desarrollo de redes de infraestructuras y la mejora del suministro de agua, a fin de contribuir al desarrollo sostenible a largo plazo de las regiones desfavorecidas. La simplificación de las normas de aplicación ayudará mucho a los países de la ampliación. Es innegable que sigue habiendo grandes disparidades entre los Estados miembros actuales y, por lo tanto, defiendo la propuesta de mecanismos de financiación transitorios para la ayuda comunitaria en las zonas del Objetivo 1 existentes después de 2006.
En mi propia región periférica del Objetivo 1, después de que mi país hubiera recibido durante varios años fondos de cohesión, la Comisión de Peticiones de este Parlamento ha reconocido hace poco que en comunidades como Carraroe de mi propia circunscripción existía un sistema de suministro de agua inseguro y tercermundista. ¿Cómo puede suceder esto? Aunque admito el argumento a favor de establecer grandes proyectos, cuando estos proyectos desvían la financiación de las zonas del Objetivo 1, como ha sucedido en mi país, habría que presionar a los Gobiernos nacionales para que reconozcan su función y sus obligaciones en relación con el uso de los fondos de cohesión para un desarrollo regional equilibrado. Soy consciente de que es una cuestión interna, pero ayuda a señalar un fallo de la política de cohesión actual.
Se haría un mejor uso del superávit de 80 millardos de euros de los fondos de cohesión estructurales si se devolvieran a los Estados miembros, para destinarlos específicamente a los desequilibrios internos en regiones desfavorecidas que padecen un mal sistema de suministro de agua o con una infraestructura viaria insuficiente. También podrían financiarse otras herramientas esenciales para crear empleo en zonas en que la agricultura y la pesca luchan por sobrevivir.

Pomés Ruiz (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, la Unión Europea tiene muchos valores en común y, entre otros, el valor de la solidaridad, que posibilitó el principio de cohesión que está en nuestros Tratados y que establece que no pueda tomarse ninguna decisión cuya consecuencia sea que los ciudadanos, los Estados o las regiones más fuertes lleguen a serlo todavía más a costa de los más débiles. Este principio de cohesión, con motivo de la ampliación, vuelve a estar de actualidad.
Vaya por delante que en este Parlamento todos pensamos que el objetivo 1 debe ser mantenido tal como está y que las regiones que, por efecto de la ampliación, dejen de ser objetivo 1 no deberían perder las ayudas. Si así fuera, serían precisamente estas regiones las que pagarían, a su costa, el coste de la ayuda a los nuevos países. Nadie lo quiere. Por tanto, el efecto estadístico no debe ser tenido en cuenta para mantener el objetivo 1 tal como estaba. El esfuerzo por los nuevos países debe ser de todos y solidario.
Estamos asistiendo ahora a una modificación muy importante que el Comisario Barnier conoce perfectamente. En la nueva Constitución hablamos de cohesión económica, social y territorial -en el proyecto así se refiere. Eso significa que nos tenemos que preguntar si va a haber o no una política territorial. Dicho de otra forma, si los ciudadanos que viven en unos territorios con problemas de baja densidad, de montaña o insulares y que, por tanto, como tales ciudadanos -con independencia de la renta que tenga la región- tienen dificultades para competir con el resto de los europeos, van a ser objeto de una política territorial comunitaria.
El informe que presento dice que sí, que nuestra solidaridad tiene que permitir que los ciudadanos que viven en estas regiones reciban ayudas comunitarias. Esto es muy importante porque, fíjense ustedes, en la Política Agrícola Común, cuando ayudamos a un agricultor no le pedimos su declaración de la renta, cuando damos una ayuda a una gran empresa para investigación y desarrollo no le preguntamos si la empresa tiene o no medios. Sencillamente, hay una política I+D, hay una Política Agrícola Común y le otorgamos ayudas de acuerdo con unos reglamentos. Eso tiene que pasar con los territorios. Por tanto, los territorios -con independencia de que estén por encima o por debajo de un umbral de PIB determinado- tienen que recibir ayudas. Espero que así sea.
Nuestro informe en los trabajos preparatorios de la Convención es claro. En él afirmamos que la política no debe ser sólo económica -que habla de dinero-, ni de cohesión social -que habla de evitar la exclusión-, sino que debe ser una política de cohesión territorial. Las regiones de montaña, las regiones con poca densidad de población y las islas deben recibir una ayuda específica. Estoy seguro de que el Consejo, la Comisión y el Comisario harán más caso a este informe de este Parlamento que al Informe Sapir.
Barnier
Señor Presidente, Señorías, señores ponentes, en primer lugar quiero dar las gracias al Parlamento por este nuevo debate sobre el futuro de la política de cohesión. Mi agradecimiento se dirige naturalmente a los dos ponentes, el Sr. Mastorakis y el Sr. Pomés Ruiz, a los cuales he escuchado con atención, así como a todos ustedes.
Se celebra en este hemiciclo un nuevo debate -que no será el último- sobre el futuro de Europa en un momento extremadamente importante, puesto que nos encontramos a unos meses de la Europa ampliada, reunificada, en la cual, repito, las fracturas económicas, sociales y territoriales y las desigualdades serán mucho mayores que hoy. La Unión contará con un tercio de ciudadanos más, un tercio de territorios más y sólo de un 5% a un 6% de riqueza más. Esta es la realidad de la Europa ampliada, reunificada que nacerá el próximo 1 de mayo. 
Dicha realidad nos obliga a reflexionar sobre la política que aplicamos hoy y en cuyo progreso tengo el honor de trabajar conjuntamente con mis colegas Anna Diamantopoulou y Franz Fischler. Tenemos que evaluarla objetiva y lúcidamente e imaginar cómo será en el nuevo período de 2007 a 2013 ó 2011. La Comisión presentará sus propuestas para este período en su tercer informe de progreso sobre la cohesión que preparo actualmente. Como es natural, al mismo tiempo la Comisión lleva varios meses reflexionando sobre las futuras perspectivas financieras.
Quiero subrayar, de pasada, el espíritu en el que estamos trabajando, y en el que he trabajado con ustedes desde hace cuatro años, un espíritu inspirado en el afán de transparencia. No tenemos ninguna agenda oculta. No tenemos cartas que sacarnos de la magna con los Fondos Estructurales del próximo período. Desde enero de 2001, la Comisión ha aprobado y presentado, primero en esta Cámara y luego públicamente, varios documentos entre los que se encontrabas el que es objeto del informe del Sr. Mastorakis. En ese segundo informe de progreso, presentamos los hechos y las cifras, e indicamos algunas futuras direcciones, sin la ambición de formular una estrategia para el futuro. Esa estrategia se recogerá en el tercer informe de progreso sobre la cohesión, previsto para finales de año. Desde el foro sobre la cohesión celebrado en mayo de 2001, la Comisión ha solicitado franca y abiertamente la contribución del Parlamento y de sus comisiones, pero también de las administraciones locales, de las asociaciones de representantes electos y de los Estados miembros. Hemos recibido muchas contribuciones, todas las cuales están disponibles con total transparencia, y son accesibles a través de nuestro sitio web.
Queda patente, pues, que no rechazamos ninguna propuesta, ninguna crítica, ningún debate. La Sra. Miguélez Ramos ha mencionado hace un momento el informe Sapir, al que he tenido ocasión de referirme de forma bastante crítica, no porque discrepe con su diagnóstico de la situación europea y de la necesidad de esforzarnos más en materia de competitividad, innovación, investigación y educación, sino por sus conclusiones y, en particular -como ha dicho con gran acierto, señora Miguélez Ramos- por la absurda idea de suprimir la herramienta que constituye la política regional. Dicho esto, estoy abierto a todas las críticas constructivas. Hace un momento, la Sra. Scallon ha expuesto algunas ideas de las que he tomado buena nota. La política de cohesión no es una vaca sagrada que no tengamos derecho a molestar. Al contrario, durante los dos últimos años he mantenido un diálogo permanente con el Parlamento y, en particular, con la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, que seguirá inspirándose durante algunas semanas aún en el trabajo del Sr. Luciano Caveri, al que rendí homenaje ayer en otro debate, y también con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario. Todo ello ha dado lugar a auténticas propuestas de reforma, algunas de las cuales están ya poniéndose en práctica, antes incluso de comenzar el siguiente período de programación.
Ahora bien, aunque estemos de acuerdo en renovar la política de cohesión, incluso de forma bastante radical, no estamos de acuerdo en suprimirla o renacionalizarla. No quiero una política de cohesión a medias. El Sr. Karas hablaba hace un momento de caridad. La política de cohesión, la política de solidaridad que honra a Europa y que ha sido una de las políticas mejores y más prácticas de la Unión Europea, no es una política de caridad. 
Tampoco es un cheque en blanco para los países y regiones más pobres. No es una simple transferencia presupuestaria o fiscal de un país a otro. Esta política es la expresión de algo más. Simboliza una determinada idea de Europa. Para mí, como para muchos de ustedes, Señorías, esa idea de Europa no se resume en un supermercado. La política de cohesión debe ser simbólica: es la prueba de que existe una comunidad -la palabra es importante-, una comunidad de regiones y Estados que comparten entre sí, esperando el día en que se convierta, así lo espero, en una potencia política.
Comparto la opinión del Sr. Markov, que se ha expresado hace un momento sobre esta idea de Europa. Ha hablado de una auténtica política al servicio de la convergencia allí donde se necesita, y en particular en las regiones más retrasadas, y al servicio de la competitividad para todos, sin dejar por ello de reconocer la existencia de regiones.
Señor Presidente, algunos diputados han destacado la eficacia de esta política, pero otros también la han criticado. Doy las gracias a la Sra. Guy-Quint por haber recordado su importancia. En cambio, no estoy de acuerdo con el Sr. Korakas, que ha dicho que es un fracaso.
Las cifras que obran en mi poder y que están a su disposición no demuestran que todo sea perfecto, pero sí que esta política ha dado resultados en los cuatro países de la cohesión. El PIB por habitante creció diez puntos entre 1988 y 2001 gracias al esfuerzo de esos países, pero también a la ayuda europea. Analizando las cifras correspondientes a las regiones del Objetivo 1 que nos han remitido los Estados miembros, observo que la media de la renta media por habitante en dichos países aumentó seis puntos entre 1989 y 2001. Estas cifras demuestran que se trata de una política útil. Una vez más, tenemos que preservarla al mismo tiempo que la renovamos. 
Tenemos que reconocer la importancia de la realidad regional, una realidad que es relevante no sólo en términos de gobernanza. En muchas regiones, sobre todo las enmarcadas en el Objetivo 1, se ha progresado en materia de cooperación, paridad, evaluación, programación y planificación. Eso es lo que aporta la política de cohesión: no sólo dinero, sino también una modernización del modo de trabajar juntos y de administrar nuestros asuntos. 
La realidad regional es también pertinente en el plano económico y social. Cada territorio tiene sus necesidades específicas y a menudo me sorprende que se pueda negar esta evidencia. Tengo que precisar a la Sra. Schroedter, que abogaba hace un momento por la formulación de una estrategia a largo plazo, que todo esto ocupará un lugar central en mis reflexiones y en las de mis colegas cuando preparemos nuestras propuestas en el tercer informe de progreso sobre la cohesión.
La principal enseñanza de naturaleza política que quisiera extraer del examen de los informes del Sr. Mastorakis y del Sr. Pomés Ruiz es el acuerdo que une a nuestras dos instituciones en cuanto a la ambición fundamental de una política para todos, una política territorial, visible y al servicio de las prioridades comunitarias.
No tenemos tiempo para analizar con detalle las propuestas de los ponentes. Simplemente quisiera mencionar, brevemente, seis puntos que constituyen de algún modo la columna vertebral de la reforma que podamos imaginar y desear todos.
En primer lugar, la prioridad -que será confirmada y acentuada- concedida a las regiones con retrasos de desarrollo. Naturalmente, estas regiones menos desarrolladas se concentran en los nuevos Estados miembros, pero no solamente en ellos. Quiero decir al Sr. Berend y a su vecino el Sr. Cocilovo, al Sr. Markov o a la Sra. Wenzel-Perillo que encontraré una solución comunitaria justa para las regiones que sufran efectos «estadísticos». El Objetivo 1, tal como ahora lo imagina, respondería a los problemas concretos de esas regiones.
Segundo punto, estamos de acuerdo en la necesidad de apoyar la competitividad de las regiones allí donde sea necesario, con un número limitado de prioridades temáticas que estén relacionadas con los grandes objetivos europeos fijados en Lisboa o en Gotemburgo y creen sinergias con ellos. En este sentido, y hablando sobre la competitividad en todas las regiones, quiero decirle al Sr. Duin que el nuevo Objetivo 2, tal como lo imagino, estará debidamente descentralizado y orientado a los objetivos prioritarios de Gotemburgo y de Lisboa. En otras palabras, algunos de ustedes han criticado el «efecto disgregante» que permite aún este aspecto de la política regional sobre la base de los reglamentos o las políticas definidos en Berlín. Creo que hay que tenemos que limitar o incluso suprimir ese «efecto disgregante», persiguiendo, en el marco del nuevo Objetivo 2, si es que lo mantenemos, los objetivos y las prioridades de Lisboa. 
Dicho esto, Señorías, muchos de ustedes saben que en regiones normalmente desarrolladas pueden darse situaciones muy graves, en ocasiones trágicas y vergonzosas, en particular en las zonas más desfavorecidas, como resultado de la inmigración ilegal. Es el caso también de la reestructuración industrial vinculada al mercado en su conjunto, que puede repercutir brutalmente en zonas industriales. Es el caso también, a veces, de las catástrofes climáticas. Hace un momento, el Sr. Ferrández Lezaun nos contaba, como hice yo ayer por la tarde aquí mismo, lo que está pasando en Portugal como consecuencia de los incendios. Será necesario crear puestos de trabajo en las zonas que han quedado íntegramente arrasadas por los incendios, porque para la gente que vive en ellas, ¡si no hay bosque, no hay trabajo! Por tanto, se comprende bien la necesidad de que la Unión Europea se muestre activamente solidaria con regiones que no siempre pertenecen al Objetivo 1. 
Un tercer punto en el que estamos de acuerdo es la necesidad de intensificar la cooperación, que también es simbólica de la Unión Europea, sobre todo en lo que se refiere al trabajo y los proyectos transfronterizos. 
Un cuarto punto que el Sr. Pomés Ruiz planteaba en su informe se refiere a la dimensión territorial de la política de cohesión. Hace un momento, el Sr. Pohjamo y la Sra. Kauppi han descrito perfectamente la realidad de las regiones septentrionales, que yo mismo he visitado, en Suecia o en Finlandia. El Sr. Santini ha hecho otro tanto con las regiones de montaña, aunque no era necesario, señor Santini, explicarme a mí la situación que se vive en las montañas: desde hace 20 años soy representante electo de una región de montaña. Por su parte, el Sr. Segni ha hablado de las islas. Todo esto corresponde a las realidades territoriales de regiones que presentan desventajas estructurales cuya consecuencia es que, en ellas, el éxito o la aplicación de las políticas comunitarias es más difícil que en otras partes. Debemos, pues, tener en cuenta esta realidad, ya sea como acaba de proponer el Sr. Hatzidakis o a través de una enmienda, aumentando la cuantía de las ayudas. Una vez más les diré que tendré en cuenta todas estas ideas, en particular las propuestas del Sr. Pomés Ruiz. Sé también que al elaborar las nuevas propuestas, contaré con el apoyo no sólo de esta Cámara, sino también de la nueva Constitución europea. He tenido el honor de participar en los trabajos del Presidium de la Convención y me parece muy interesante la ida de introducir el concepto de cohesión territorial en la Constitución europea. Espero que los Jefes de Estado y de Gobierno lo mantengan. Este concepto viene a añadirse al concepto y a la necesidad de cohesión económica y social, un concepto que además refuerza.
Para concluir, un último punto en el que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de un sistema de programación, gestión y control más simple y eficaz, de tal forma que no se esté cuestionando siempre, como acaba de hacer el Sr. Virrankoski, la burocracia de Bruselas. Sé bien, Señorías, que en Bruselas hay mucha burocracia y tecnocracia. Pero si buscan ustedes lo suficiente, encontrarán burocracia en muchos otros sitios además de Bruselas. Si tienen dificultades para utilizar los Fondos Estructurales en sus regiones y en sus países, es muy probable que esas dificultades se deban en parte a Bruselas y a sus complejidades. Pero también a los reglamentos de Berlín que soy responsable de aplicar. Hay también razones objetivas. No puedo dar cifras exactas sobre la gestión de los Fondos Estructurales ni presentar cuentas -cuentas veraces- al Parlamento y al Tribunal de Cuentas si no dispongo de medios para realizar controles. Pero saben ustedes muy bien que parte de las dificultades se deben a la complejidad de los sistemas nacionales de gestión. Sin duda se pueden simplificar las cosas y también en este aspecto estoy dispuesto a proponer modificaciones importantes, inclusive presentando ideas nuevas. El Sr. Bradbourn ha criticado hace un momento la idea del contrato tripartito. No se trata de pasar por alto a las naciones estado: el contrato tripartito es una idea para acercar, en el marco de la programación regional, a Bruselas, a la capital de la nación y a la región. Estos son puntos respecto a los cuales puedo manifestar mi acuerdo, como también apoyo, por supuesto, la ambición presupuestaria que hará realidad esta política, con un umbral de credibilidad que yo mismo he fijado en el 0,45 % del PIB comunitario, aunque ya tendremos tiempo de hablar con más detalle sobre esto. 
Son muchos los puntos que han planteado unos y otros, y aunque no les cite a cada uno de ustedes, he tomado cuidadosa nota de sus observaciones. Terminaré pues refiriéndome, como han hecho la Sra. Sudre, el Sr. Fruteau y el Sr. Marques, a la situación especial de las regiones ultraperiféricas. También aquí he velado por que la Constitución incorpore en su nuevo artículo 326 lo que se garantiza en el artículo 299, reforzándolo. He tomado nota de la preocupación expresada por el Sr. Karas y el Sr. Esclopé, que comparto, con relación a los servicios de interés general y la pregunta de si realmente existen, sobre todo en las regiones con más dificultades.
Por último, y son mis últimas palabras, señor Presidente, Señorías, hay otra cosa que me preocupa con relación al tercer informe de progreso sobre la cohesión que presentaré próximamente: espero que el debate se inicie muy deprisa, a pesar de las elecciones europeas del año que viene o el cambio de Comisión. No perdamos demasiado tiempo en adoptar decisiones basadas en las propuestas de la Comisión. Está en juego algo muy importante. Tenemos que tratar de adelantar el calendario para que las regiones y los Estados sepan pronto a qué atenerse. En la medida de lo posible, deben conocer las políticas y los reglamentos antes de que finalice el período de programación en curso. De ese modo, las negociaciones con las regiones podrán iniciarse antes de finales de 2006 y se podrán poner en marcha proyectos y programas en cada una de las regiones, sobre todo en las que sufren más dificultades, tan pronto como se inicie el próximo período de programación en 2007, y no dos años más tarde, como sucedió después de Berlín. Todavía no hemos llegado ahí, pero es una perspectiva que tenía interés en comentarles. 
Por el momento, tenemos que celebrar el debate, que es difícil porque se está poniendo en entredicho y en ocasiones condenando la política de cohesión. Personalmente, no me cansaré de explicarla y de defenderla con espíritu abierto y constructivo, aceptando las críticas y las propuestas. Con este ánimo, he prestado gran atención a las conclusiones de los dos ponentes y he tomado buena nota del apoyo constructivo -en términos generales- de esta Cámara a una política que, repito, es una de las mejores y más prácticas de la Unión Europea. No se trata de una política de solidaridad pasiva, sino de una política de solidaridad activa que honra a la Unión Europea.
El Presidente.
 El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy al mediodía.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0263/2003) del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros (COM(2003) 94 - C5-0065/2003 - 2003/0044(COD)).

Barnier
Señor Presidente, en nombre de la Sra. De Palacio, que por circunstancias excepcionales no ha podido estar presente en Estrasburgo y me ha pedido que la sustituya para este informe del Sr. Schmitt, quiero exponerles el punto de vista de la Comisión en relación con esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros. 
En noviembre de 2002, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia histórica en materia de transporte aéreo internacional. La presente propuesta constituye un elemento esencial del curso que debe darse a dicha sentencia. En ocho asuntos que afectaban a distintos Estados miembros y que la Comisión remitió al Tribunal de Justicia, éste declaró que la Comunidad goza de competencia jurídica sobre numerosas cuestiones relativas a la navegación aérea. El Tribunal concluyó que los Estados miembros habían actuado ilegalmente al negociar y celebrar acuerdos bilaterales de forma independiente. Puesto que la Comunidad y los Estados miembros comparten actualmente las competencias en materia de transporte aéreo, corresponde a la Comunidad tomar la iniciativa en las negociaciones internacionales, como es práctica corriente. Siendo así, se plantea un problema concreto. Los Estados miembros han celebrado entre sí probablemente unos 2 000 acuerdos bilaterales. La Comisión no puede asumir la responsabilidad de gestionarlos todos. Por tanto, hay que encontrar el medio de autorizar a partir de ahora a los Estados miembros a proseguir algunas de sus negociaciones en un marco jurídico que sea aceptable. 
La propuesta que tenemos sobre la mesa se ha diseñado para que los Estados miembros puedan llevar a cabo esta tarea. La idea es muy simple: los Estados miembros tendrán que informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de todas las negociaciones que prevean, lo que permitirá a la Comisión comprobar que cumplen las disposiciones contenidas en el Derecho comunitario e identificar posibles intereses comunes. Los demás Estados miembros podrán identificar también las dificultades comunes. Después, una vez concluidas las negociaciones, los Estados miembros tendrán que comunicar sus resultados a la Comisión, que autorizará la celebración del acuerdo si es conforme al Derecho comunitario y a la política de transportes de la Comunidad. 
Al margen de este sistema, la propuesta impone asimismo a los Estados miembros una obligación de no discriminación, con el fin de garantizar la igualdad de trato para todas las compañías aéreas de la Comunidad y evitar que los Estados miembros favorezcan a las compañías nacionales. El Tribunal de Justicia ha indicado claramente que todas las compañías aéreas establecidas en un Estado miembro deben disfrutar de un trato equitativo. 
Al examinar esta propuesta deben tenerse en cuenta dos aspectos. De acuerdo con la práctica corriente, todas las negociaciones internacionales en materia de transporte aéreo tienen que realizarse a escala comunitaria. Esta propuesta constituye una autorización especial e inhabitual que reconoce los precedentes bilaterales en el transporte aéreo y trata de alcanzar un equilibrio entre el respeto del Derecho comunitario y la creación de un sistema práctico. Habida cuenta del carácter especial de esta autorización, es indispensable que las actividades de los Estados miembros se sometan a un control sistemático antes y después de las negociaciones para evitar abusos.
En segundo lugar, el Consejo ha examinado esta propuesta y, sin perjuicio de algunas mejoras o modificaciones, la aprueba en principio. Aprueba, en particular, la idea de una notificación previa de las negociaciones, como comentaba yo hace un momento, y de una aprobación a posteriori de sus resultados. Los Estados miembros piden flexibilidad para poder seguir negociando con sus socios bilaterales; por su parte, la Comisión está satisfecha, Señorías, por la favorable acogida que esta propuesta ha tenido en el Consejo y espera que ahora se franqueen rápidamente las etapas hasta su adopción definitiva.
Teniendo en cuenta todo lo que precede, les pido, señor Presidente, Señorías, que comprueben el progreso de la acción que hemos propuesto y que he tenido ocasión de explicársela en nombre de la Sra. de Palacio.
Schmitt (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, Señorías, de hecho hoy estamos deliberando sobre un Reglamento relativo a las negociaciones y la celebración de acuerdos en materia de transporte aéreo. Esto pone fin a una disputa en la que se han visto envueltos desde hace años la Comisión y los Estados miembros, una disputa que, desgraciadamente, no fue resuelta políticamente en un momento en que habría sido razonable, sino que finalmente tuvo que ser zanjada por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
En el pasado, los Estados miembros seguían celebrando acuerdos de transporte aéreo bilaterales, lo que hizo que el mercado interior -que ya alcanzamos en 1992- no existiera en el sector del transporte aéreo, con lo que se limitaron y restringieron las oportunidades y posibilidades de las líneas aéreas de los Estados miembros. Por ello es lógico -y estoy plenamente de acuerdo con ello- que contemos por fin con un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos a fin de que el continente europeo pueda competir y disfrutar de las oportunidades que los Estados Unidos aprovechan desde hace años en nuestros Estados miembros.
No estoy plenamente de acuerdo con los comentarios de la Comisión, y así lo he dejado claro en mi informe: tal vez debido en parte a su enojo y en parte a su frustración después de tratar de convencer durante años al Consejo de que le concediese un mandato de negociación, la Comisión ha hablado de ilegalidad, y al hacerlo posiblemente ha tirado la fruta buena con la mala. Cuando el Comisario Barnier señala que el Consejo ya ha aceptado más o menos que de ahora en adelante los Estados miembros tendrán que someter a aprobación el resultado de sus negociaciones bilaterales, creo que nos hemos apartado considerablemente de lo que habíamos debatido intensamente en el pasado y de lo que figura en el Tratado Constitucional, a saber, el principio de subsidiariedad. A pesar de todo el enfado, de toda la euforia, no puedo compartir el planteamiento de la Comisión, que pretende ahora tratar a los Estados miembros como a niños en lo que después de todo es una cuestión importante para las compañías aéreas nacionales.
No discuto el hecho de que es correcto y procedente que la Comunidad dirija en el futuro las negociaciones en determinados ámbitos, entre otras cosas debido a la equivalencia necesaria. Pero usted ha mencionado con toda la razón que actualmente existen más de 2 000 acuerdos bilaterales nacionales sobre transporte aéreo, y que estos acuerdos deberán seguir desarrollándose, tendrán que ser renovados y los nuevos que se formalicen se añadirán a esta cifra. Pienso que es correcto y procedente que estos acuerdos sigan formando parte de la soberanía de los Estados miembros en aquellos ámbitos en que no resulte obligatorio ni necesario un acuerdo comunitario. Para mí no cabe duda de que los acuerdos nacionales deben ser compatibles con la legislación comunitaria, pero no es posible que se limite la espontaneidad y soberanía de los Estados miembros hasta el punto de que, por decirlo así, no sólo sea necesario notificar el inicio de las negociaciones de cada acuerdo, sino que deba presentarse el resultado de las mismas para que la Comisión los apruebe. 
Repito con toda claridad que he intentado exponerlo de una forma algo diferente en mi informe y que no me he ajustado a la propuesta de la Comisión que el Comisario Barnier acaba de reiterar. La Comisión debería limitarse al ámbito en que sea necesario que negocie la Comunidad, y en los demás, los Estados miembros deberían tener el derecho a negociar, por supuesto respetando la legislación comunitaria y, en su caso, el derecho de intervención de la Comisión.
Cuando digo que esta disputa llega a su fin, me refiero a que confío en que a más tardar en la segunda lectura llegaremos a un acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Hasta hace poco se celebraron conversaciones con este fin, ya que todas las partes se muestran dispuestas a cambiar ligeramente su posición. Los Estados miembros están dispuestos a aceptar que se les obligue a incluir determinadas cláusulas en los futuros acuerdos sobre transporte aéreo, y por ello creo que lograremos resolver oportunamente esta cuestión a pesar de la diferencia entre las posiciones iniciales, para mutua satisfacción de todas las partes.
Quiero abordar un último punto, ya que a continuación pasaremos a la votación. Se trata de la enmienda 17. Esta enmienda, que desgraciadamente -utilizo la palabra con conocimiento de causa- ha obtenido una mayoría en comisión, establece que en los futuros acuerdos deberá incluirse el principio de quien contamina paga. Me gustaría recordar una vez más que, a la hora de negociar acuerdos de transporte aéreo, se trata de establecer qué derechos pueden concederse y qué derechos pueden utilizarse. No puedo entender qué tiene que ver el principio de quien contamina paga con un acuerdo sobre el transporte aéreo relativo a derechos de tráfico. Podemos incluir muchas cosas en la normativa, pero es preferible que excluyamos aquello que no forma parte de ese ámbito, por ser irrelevante. Por ello les ruego encarecidamente que no voten a favor de la enmienda 17.
(Aplausos prolongados)
Jarzembowski (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, mi Grupo apoya desde luego el enfoque del ponente consistente en proceder gradualmente, porque es lo que hay que hacer. Si he comprendido correctamente al Sr. Barnier, también él se ha acercado a la posición del ponente, ya que en un principio la Comisión afirmaba que los Estados miembros debían cancelar todos los acuerdos sobre transporte aéreo para que ella concluyera nuevos.
Si he entendido bien al Sr. Barnier, éste se aproxima a nuestra línea, pues debemos tener en cuenta dos aspectos: debemos aplicar la sentencia del TJCE, lo que implica igualmente que debemos crear condiciones de competencia justas para nuestras compañías aéreas europeas en relación con las de terceros países. Esta es una tarea de gran importancia. Pero también debemos tener en cuenta que las compañías aéreas necesitan seguridad jurídica. Necesitan seguridad jurídica en sus acuerdos de transporte aéreo con los Estados del mundo y por ello no es posible cancelarlo todo y quedarse en el limbo. Al contrario, al principio es mejor limitarse a aquellos aspectos para los que la Comisión cuenta con los recursos humanos necesarios. Por ese motivo, señor Barnier, es necesario que emprenda el camino propuesto por el ponente y proceda paso a paso.
El acuerdo más importante es el referido a los Estados Unidos. Queremos un mercado transatlántico en el sector aéreo que cuente con normas razonables en materia de acceso, con normas razonables en materia de competencia, y espero que la señora Comisaria de transporte nos informe en breve en comisión hasta qué punto se habrán preparado las negociaciones con los Estados Unidos y cuándo van a iniciarse. Creo que, desde el punto de vista económico, este es el acuerdo más importante para todas nuestras compañías aéreas, ya sea Air France, British Airways o Lufthansa, y de ahí que debamos llegar a un consenso razonable, y reviste asimismo una gran importancia para la competencia entre ellas. En este sentido espero que avancemos rápidamente en este tema.
Una vez que hayamos establecido dicho modelo de espacio aéreo abierto y justo con los Estados Unidos, debemos procurar, como señala el ponente, trasladarlo a aquellos Estados que ya cuentan con un mercado igualmente liberalizado o pretenden alcanzarlo.
Permítame decir para terminar que, al margen de esto, debemos negociar urgentemente con Rusia, ya que las condiciones que Rusia impone a nuestras compañías aéreas son básicamente algo que no podemos aceptar. Debemos proceder con prudencia, comenzar con los Estados Unidos, pero no perder de vista a Rusia.
Simpson (PSE).
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente la labor que ha realizado en relación con este informe.
La base del debate que hemos celebrado hasta ahora es la importancia de estos acuerdos liberales en el sector aeronáutico. Con razón la cuestión de los Estados Unidos se está erigiendo en quizá la más importante. Pero no me gustaría que nos obsesionáramos con un acuerdo con los Estados Unidos en detrimento de un acuerdo con los demás países terceros. Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Japón están todos esperando acuerdos. Así, aunque es importante que hagamos hincapié en la importancia del consentimiento de los Estados Unidos, deberíamos recordar que es un informe sobre las relaciones con otros países, no solo con los Estados Unidos.
Me preocupa que los Estados Unidos lo vean como una oportunidad de oro para picotear, como siempre han hecho, en las mejores rutas a Europa. Es lo que los norteamericanos llaman una «cosecha temprana», donde se hacen con todo lo bueno y a nosotros en la Unión Europea nos dejan las migajas que caen de la mesa. Por ello es importante contar con un informe que impida que esto ocurra.
Nos preocupan una serie de enmiendas que se han aprobado, en particular la enmienda 16, que elimina el artículo 4. También tenemos problemas con las enmiendas 6, 7 y 14. Estamos de acuerdo con el Sr. Schmitt con respecto a la enmienda 17, pero esto es lo que ocurre cuando se permite al Grupo de los Verdes secuestrar informes sobre el transporte, cosa que tienen por costumbre hacer. El principio de quien contamina paga es importante, pero no es el enfoque correcto de una decisión técnica que se deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Por último, quisiera hacer un comentario personal, y es que si bien mi Grupo apoyará la enmienda 4, tanto la delegación británica como yo tenemos dificultades en defenderla. Con estas disposiciones que he esbozado, apoyaremos el informe del Sr. Schmitt, pero tenemos nuestras reservas en torno a estas seis enmiendas, y en particular la enmienda 16.
Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Schmitt por su dedicación, que ha hecho posible este informe sobre el cual votaremos hoy. En principio creo que es importante que sólo regulemos a escala europea lo que tenga una plusvalía. En realidad, se trata de cuestiones en las que sobre todo hemos de organizar bien las cosas a escala europea. Por tanto tengo mis dudas sobre el giro y la dirección que ha elegido mi colega Schmitt con este informe. Creo que perjudica demasiado las competencias de la Comisión Europea, competencias que ésta arrancó recientemente por mediación del Tribunal Europeo. Personalmente, quisiera que la Comisión tuviera amplias competencias en este ámbito, para que todos los convenios bilaterales en materia de aviación entre la UE y países terceros se acordaran conforme al mismo principio, todo ello para evitar que se produzca una fragmentación poco natural del mercado aéreo europeo y para procurar que todos los convenios bilaterales de ahora pertenezcan al pasado. 
El acuerdo de cielo abierto más antiguo de Europa, el de los Países Bajos con los Estados Unidos, aún no entra en la sentencia, porque se remonta a 1991 y por tanto data de antes de la creación del mercado interior. Sin embargo, este convenio resultará insostenible, si ahora se considera que todo este tipo de convenios bilaterales ya no son admisibles. 
Tengo serias dudas respecto a algunas enmiendas del presente informe, y quisiera proponer que la administración pública neerlandesa recurra de nuevo al Tribunal si se aceptan. En tal caso los actuales acuerdos con los Estados Unidos se retrasarían un par de años. Me preocupa mucho la enmienda 13, que permite a los Estados miembros hacer caso omiso a un comentario de la Comisión sobre los convenios bilaterales con países terceros. Las enmiendas 2 y 15 permiten que permanezcan intactos los derechos de monopolio de algunas compañías aéreas en determinadas rutas. Además, en las enmiendas 3 y 16 se retira por completo el procedimiento de verificación de la Comisión con el cual podía objetar contra acuerdos bilaterales entre un Estado miembro y un país tercero. Asimismo, en la enmienda 5 el Consejo recibe la autorización para desautorizar a la Comisión a través del procedimiento de comitología. Además, gracias a las enmiendas 6 y 7, los Estados miembros tienen la posibilidad de tener en cuenta los intereses nacionales a la hora de firmar nuevos convenios aéreos bilaterales. También salen perjudicadas las propias compañías aéreas, si se aceptan las enmiendas 4 y 18, pues estarán mal informadas sobre posibles nuevas negociaciones y habrá poca transparencia sobre lo que se ha acordado. En resumidas cuentas, tenía la impresión de que deberíamos aceptar las sentencias del Tribunal Europeo, pero ahora resulta que una competencia abierta y leal en el mercado aéreo europeo no es tan importante y que por lo visto queremos limitar las competencias. Por consiguiente espero que no se acepten las enmiendas pues de lo contrario me veré obligado a votar en contra.
Foster (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a mi colega, el Sr. Schmitt, el gran trabajo realizado en relación con esta propuesta.
Han pasado casi cuatro años desde que concluimos nuestro informe sobre el desafío mundial del mercado único en este Parlamento, que suscitó el apoyo general a un espacio aéreo común transatlántico. Estoy de acuerdo con conceder un mandato a la Comisión para negociar un espacio aéreo abierto con los Estados Unidos, sustituyendo los acuerdos bilaterales actuales y las restricciones a la titularidad que impiden a la industria desarrollarse sobre una base mundial. Sin embargo, no deberíamos subestimar las dificultades que pueden surgir.
Por lo tanto, celebro los comentarios de la Comisión sobre los siguientes aspectos. Aunque la Sra. Palacio no está aquí hoy, agradecería una respuesta por escrito.
En primer lugar, me gustaría empezar pidiendo a la Comisaria que nos asegure que no se renunciará a los acuerdos de aviación bilaterales actuales con terceros países, ni se congelarán durante un período indefinido mientras se negocian los acuerdos comunitarios. Es vital que pueda proseguir la actividad normal.
En segundo lugar, ¿puede la Comisión garantizarnos que durante las negociaciones los negociadores de los Estados Unidos no les harán acceder, como primer paso, a la llamada «cosecha temprana» que, al tiempo que satisfaría las exigencias actuales de los Estados Unidos, reduciría las posibilidades de lograr una liberalización plena?
En tercer lugar, ¿cómo abordará la Comisión la importante cuestión de la inyección masiva de dinero en la industria estadounidense por importe de 11 millardos de dólares desde el 11 de septiembre y además los programas Fly America y CRAF, con un valor combinado de 775 millones de dólares? Estos programas distorsionan la competencia y son incompatibles con los regímenes bilaterales actuales y con toda liberalización futura entre Europa y los Estados Unidos.
En cuarto lugar, ¿puede la Comisaria asegurar asimismo que la industria aeronáutica participará directamente en estas negociaciones, como sucede ahora en la práctica a escala internacional? Por último, dado que un acuerdo satisfactorio entre la Unión Europea y los Estados Unidos sentaría las bases para una mayor liberalización a escala mundial, ¿puede garantizarnos la Comisión que no solicitará más mandatos hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio con los Estados Unidos?

Wiersma (PSE).
Señor Presidente, en conexión con lo que ya han dicho algunas de sus Señorías, creo que lo principal es recalcar que lo que hacemos hoy es el inicio de un importante proceso, en el que la Unión Europea y la Comisión desempeñarán un papel destacado en el ámbito de las negociaciones aéreas, en sí pues un avance importante, que también implicará que la Comisión Europea tenga ahora un mandato, por ejemplo, para negociar con EE UU en nombre de toda la Unión Europea. Esto puede aportar por supuesto grandes ventajas, pero sólo si este mandato es tan claro que la Unión Europea pueda hablar y negociar con una sola voz. En otros ámbitos sabemos lo difícil que resulta a menudo, sobre todo cuando hemos de hacer tratos con los Estados Unidos. 
Entretanto, los Estados miembros han de poder seguir negociando con socios bilaterales. Para ello es necesario que el proceso se organice bien en el seno de la Unión Europea. Por ello, la propuesta del ponente aconseja encarecidamente no hacerlo todo a la vez, sino en primer lugar, en una primera fase, concentrarse en los Estados Unidos. La experiencia que se obtenga a raíz de ello será muy oportuna en las siguientes fases. De este modo se evitará además la confusión que surgiría si la Comisión acogiera de golpe todas las cuestiones y negociaciones bilaterales o si tuviera que ejercer un pleno control sobre las mismas. 
Apoyo lo que ha dicho el Sr. Simpson. Por supuesto es complicado -como se desprende de las enmiendas- dar con la fórmula adecuada para encontrar un buen equilibrio entre, por un lado, el papel de la Comisión y por otro el papel de los Estados miembros, que por supuesto no han de perder de vista los intereses de la aviación. Creo que es importante encargarse de que el Parlamento Europeo y los Estados miembros, y también las compañías aéreas, desempeñen un papel en este proceso, y que ejerzan influencia también en la ejecución de sus nuevas reglas. Se trata de una operación drástica que dará más oportunidades a la aviación europea, pero existe el riesgo, y quiero recalcarlo, de un resultado que conlleve desplazamientos no deseados y que pueda tener efectos perjudiciales en el empleo en algunos países. 
Creo que esta cuestión del empleo y los intereses de nuestras compañías aéreas han de mantenerse en la agenda durante el proceso.
Vatanen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es la segunda ocasión en la que intervengo en una hora, lo que no deja de ser cosa rara. Ahora puedo frenar un poco en otoño.
Me complace que finalmente vayamos a tener una política común de la UE sobre el transporte aéreo, ya que la situación actual es totalmente estúpida y por lo tanto necesita una completa revisión. La decisión el pasado año del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue muy positiva. Antes de ella, los Estados Unidos tenían sometidos a los Estados miembros debido a acuerdos bilaterales. Los acuerdos de cielos abiertos han impedido que se realizasen fusiones entre nuestras líneas aéreas, ya que no se han permitido vuelos a los Estados Unidos desde ningún país que no sea en el que está registrada la línea aérea europea. La imposibilidad de las fusiones ha mantenido fragmentado nuestro mercado de servicios aéreos, que a su vez ha erosionado la competitividad de nuestras aerolíneas y ha dado lugar a precios elevados. Una vez más los intereses de los consumidores se han visto eclipsados por los beneficios alcanzados.
En lugar del estrecho planteamiento nacional, deberíamos darnos cuenta de que las aerolíneas nacionales no son el objetivo, sino los vuelos económicos y eficazmente organizados, porque el cliente, el europeo, siempre tiene razón. Por este motivo deberíamos acoger la globalización con los brazos abiertos también en este sector y aprovecharla en beneficio de nuestros ciudadanos. Las propuestas de la Comisión respecto a los acuerdos sobre servicios aéreos son por lo tanto totalmente adecuadas. También quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Schmitt, por su planteamiento sistemático y pragmático.
Cuando llega el otoño los pájaros vuelan hacia el sur. Si permitimos que aumente la competencia entre líneas aéreas, los europeos menos acomodados también podrán volar con ellos.

Barnier
Quiero agradecer al Sr. Vatanen que haya conseguido dar, al final de su intervención, una dimensión política a este debate. Naturalmente, he escuchado todas sus intervenciones y transmitiré a la Sra. de Palacio todos sus comentarios. Señor Presidente, hemos trasladado también a la Secretaría del Parlamento la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas que se han propuesto

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy al mediodía.

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0254/2003) del Sr. Watts, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular de China, por otra (6049/1/2003 REV1 - COM(2002) 97 - C5-0062/2003 - 2002/0048(CNS)).

Watts (PSE)
Señor Presidente, el sector marítimo es una industria importante que genera mucho empleo en Europa. El 40% del comercio de la Unión Europea ya se hace por mar o por vías navegables interiores. La mayor parte de nuestro comercio con el resto del mundo se hace por vía marítima. Los que queremos fomentar el uso de esta modalidad de transporte más ecológico celebramos cualquier acción que promueva el comercio marítimo. En este contexto yo, como ponente, acojo con satisfacción el acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y la República Popular de China.
China es el tercer socio comercial más importante de la UE fuera de Europa, lo que confiere al mercado chino una importancia particular para los intereses navieros europeos. El crecimiento del comercio con China supone un importante impulso del empleo y una oportunidad para desarrollar más el sector marítimo a fin de garantizar que aumente aún más el comercio marítimo. En las últimas décadas, las relaciones con China se han desarrollado de forma positiva, en particular con respecto al sector marítimo, y la mayoría de los Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales con los chinos. El objetivo principal de esta propuesta es garantizar un acuerdo a escala comunitaria para mejorar las condiciones de las actividades de transporte de mercancías que conciernen a China y a la Unión Europea. Por lo tanto, el acuerdo se aplica a las actividades de prestación de servicios logísticos y de transporte marítimo internacional de mercancías entre los puertos de China y de los Estados miembros, y, de hecho, al transporte marítimo internacional de mercancías entre los puertos de la Unión Europea.
Por ejemplo, con respecto a los puertos y al uso de la infraestructura, cada una de las partes contratantes garantizará un tratamiento no discriminatorio de los buques del otro país. El mismo principio regirá con respecto a las cargas, las tarifas y los trámites aduaneros. El acuerdo se concluye por un período de cinco años y se revisará tácitamente cada año. El acuerdo solo sustituirá las disposiciones en materia de comercio de los acuerdos marítimos bilaterales vigentes. Celebro en particular dos características importantes de este acuerdo. En primer lugar, si bien este acuerdo es menos favorable que los acuerdos bilaterales vigentes, las condiciones más favorables prevalecen. En segundo lugar, me complace que la Comisión haya señalado informalmente que ayudará a las empresas discriminadas, planteando informal y directamente estas cuestiones a los chinos y, por tanto, evitando posibles litigios duraderos y costosos.
Quisiera agradecer personalmente a la Comisión su ayuda a este respecto. Sin embargo, como ponente, hay algunas cosas que me preocupan. Este acuerdo con China también se aplica a buques que enarbolan las banderas de terceros países, pero que pertenecen o son explotados por una compañía naviera de China o de un Estado miembro de la Unión Europea. En otras palabras, es probable que vayamos a dar acceso preferente a banderas de conveniencia.
Tras los desastres del Erika y del Prestige, hemos de preguntar a la Comisión por qué el acuerdo pretende ofrecer las ventajas del acceso ilimitado y del tratamiento no discriminatorio a los propietarios de buques chinos o europeos que deciden registrar sus navíos en terceros países. También lamento la falta de consultas formales con los interlocutores sociales, que podrían haber abordado algunas de estas consideraciones y así el acuerdo habría sido más eficaz.
Por consiguiente, he presentado una enmienda que pide revisiones sucesivas, las revisiones anuales que ya he mencionado, para tener en cuenta este aspecto. La enmienda pretende añadir un nuevo párrafo 1 a) a la resolución legislativa, que dice lo siguiente: «Solicita que las preocupaciones sobre el reconocimiento de banderas de terceros países en virtud de este acuerdo se evalúen en renovaciones sucesivas.» La enmienda no pretende, en absoluto, inhibir ninguna de las ventajas que aporte a todas las partes de este acuerdo, sino que trata simplemente de revisar esta posible laguna.
Para concluir, celebro, en calidad de ponente, este histórico acuerdo marítimo de la Unión Europea con la República Popular de China. Es un paso positivo en la construcción de relaciones aún más estrechas entre Europa y China, un impulso considerable del empleo y un impulso notable para quienes deseamos ver renacer el comercio marítimo europeo.

Barnier
Señor Presidente, el Sr. Vatanen está preocupado porque ha hablado dos veces en una hora, ¿qué tendría que decir yo entonces? No obstante, le doy las gracias por su comprensión. Cambiamos de tema por tercera vez y, en nombre de la Comisión y de la Sra. de Palacio, por las mismas razones de antes, quiero decir que aprobamos totalmente, señor Watts, el informe que ha presentado usted sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular de China, por otra.
Sin embargo, tenemos ciertas dudas sobre la oportunidad de la enmienda presentada por el Grupo Socialista relativa a la necesidad de tener en cuenta, en futuras revisiones, su preocupación por los pabellones de terceros países en el marco de este acuerdo. Aunque estamos dispuestos a aceptar este objetivo como válido, no creemos sin embargo que deba ponerse en tela de juicio la política exterior marítima de la Unión, que fue formulada hace mucho tiempo. 
Señorías, este primer acuerdo entre dos de las principales partes en el mercado mundial del transporte marítimo tiene una importancia especial, como ha recordado usted, señor ponente, no sólo por las nuevas salidas comerciales y económicas que se ofrecen a las empresas de ambas partes y los países que las componen, sino también por los claros compromisos que contiene este acuerdo de cara a estrechar la cooperación marítima, tanto a escala bilateral como al amparo de organizaciones internacionales como la OMI o la OIT. Estos compromisos no contemplan únicamente la continuación de nuestros esfuerzos en el ámbito de la seguridad marítima, sino que ofrecen también nuevas posibilidades de acción en el ámbito social y de la formación, como pudo comprobar la delegación europea que viajó a China a principios del mes de abril para estudiar los sistemas de formación de las profesiones marítimas y la certificación de los marinos chinos.
Quisiera señalar, asimismo, que tenemos la intención de seguir el mismo enfoque para celebrar un acuerdo marítimo con la India, otro gran país en esa región del mundo. Señor Presidente, señor ponente, Señorías, nos congratulamos de que el proyecto de resolución apruebe la celebración de este acuerdo y espero, en nombre de la Comisión, que las relaciones marítimas entre la Unión Europea y China resulten favorecidas y sean fructíferas. Gracias por su atención.
Jarzembowski (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, señor Comisario Barnier, Señorías, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos aplaude y aprueba la celebración del Acuerdo de transporte marítimo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Popular de China, por otra. Este acuerdo garantizará un trato justo y sin discriminaciones de las empresas de transporte marítimo europeas y chinas en los puertos de la otra parte, facilitando así el comercio entre la Unión Europea y China. Esto resulta aún más importante en vista de que actualmente la República Popular de Chino ya es el tercer socio comercial de la Unión Europea.
Este acuerdo es importante no solo porque regula el transporte marítimo, incluido el transporte intermodal relacionado con este último, sino porque también permite la constitución de filiales al 100% de empresas de una las partes en la otra. Estas filiales están facultadas, entre otras cosas, a contratar a directivos de cualquier nacionalidad. Este aspecto constituye un claro avance en materia de seguridad jurídica para las empresas europeas de transporte marítimo.
Posiblemente sepan ustedes, al igual que muchos de nosotros, que tenemos numerosos acuerdos y conversaciones con China, pero las autoridades locales -y las autoridades portuarias son autoridades locales- tienen en ocasiones otras maneras de hacer las cosas. Por ello tiene una importancia decisiva que ahora concluyamos un acuerdo que garantice a nuestras compañías navieras europeas un trato no discriminatorio en todos los puertos chinos. Por supuesto, la Comisión debe asegurarse -y quizá usted, señora Comisaria y Vicepresidenta De Palacio, pueda decirnos algo al respecto- de que este acuerdo se aplique rápida y correctamente en toda China. En particular se trata de la utilización sin discriminaciones de las infraestructuras portuarias y de los servicios marítimos por parte de las compañías navieras europeas en los puertos chinos; pero también se trata de que las compañías navieras europeas, que deben pagar tasas y derechos, lo hagan en las mismas condiciones que las demás empresas y no se vean desfavorecidas ni discriminadas, y de que las formalidades aduaneras no sean un obstáculo para nuestro comercio y nuestras empresas de transporte marítimo en los puertos chinos. Llamamos asimismo a las empresas navieras europeas a que acudan a nosotros y a la Comisión cuando surjan problemas a fin de investigarlos.
Y ahora paso a la enmienda a la propuesta de resolución presentada por los Sres. Simpson y Watts, con el último de los cuales nos conocemos tan bien. Esta enmienda resulta simplemente superflua. Durante el procedimiento en comisión se produjo un intercambio de correspondencia con la Comisión, y la Comisión señaló lo que posteriormente usted mismo, señor Watts, confirmó, a saber, que este es un acuerdo para las compañías navieras de Europa y China. Bajo qué pabellón navegan sus buques es asunto suyo. Así son las costumbres internacionales y, por lo tanto, no puede usted actuar como si el empleo de pabellones de terceros países fuese un delito o algo muy peligroso. La propia Comisión ha asegurado que vigilará para que este acuerdo no comporte desventajas para los marineros europeos. Confiamos en la Comisión. La enmienda es superflua.
Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera dar las gracias al ponente por su excelente trabajo. Mi Grupo apoya este trabajo en todos sus aspectos. Es cierto que se trata de una cuestión importante: la mitad del comercio, por así decirlo, corre sobre el agua. China es realmente nuestro tercer mayor socio comercial fuera de Europa, y su importancia está creciendo muy rápidamente; además, hasta ahora no ha habido ningún acuerdo como este con China. Este se aplicará a ámbitos como el transporte marítimo de mercancías y la logística.
Es muy importante que este principio de no discriminación, del que también ha hablado el anterior orador, al igual que el ponente, se apoye ahora en un acuerdo que también contempla medidas en caso de incumplimiento. Este principio de no discriminación es esencial para nosotros. Otra cuestión importante es que el acuerdo permite a las compañías navieras participar en actividades empresariales y establecer sus propias empresas, filiales y oficinas de representación, lo cual constituye también un avance importante.
Si una compañía naviera europea considera que está siendo discriminada, puede apelar no solo a sus propias autoridades, sino también a las de la Unión Europea. Desde luego, esto significa un tipo distinto de poder en su conjunto. Este acuerdo implica que nuestra posición y nuestras demandas cobrarán fuerza.
El transporte marítimo necesita un sistema común de regulación, ya que el sector se ha convertido en una actividad despreciable, incluso criminal, y de trabajo precario. Precisamente por este motivo, necesitamos estrictos controles en el sector del transporte marítimo. También quisiera preguntar cómo pretende tratar la Comisaria la cuestión de las banderas de conveniencia cuando se producen incidentes como el del Prestige u otros.

El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy al mediodía.

El Presidente.
 - De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0152/2003) del Sr. Poignant, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (COM(2003) 1 - C5-0006/2003 - 2003/0001(COD)).

Diamantopoulou
Señor Presidente, Señorías, la propuesta que estamos debatiendo recomienda el establecimiento de un sistema de calidad europeo para los profesionales marítimos de terceros países con certificados de cualificación emitidos fuera de la Comunidad que trabajan en barcos comunitarios. El objetivo de esta propuesta es garantizar que las tripulaciones extranjeras que trabajan en barcos con bandera de un Estado miembro de la Unión han sido formadas y certificadas en todos los casos conforme a los requisitos internacionales.
La propuesta es especialmente importante si se examina a la luz de las catástrofes marítimas del Erika y el Prestige. El factor humano es un aspecto muy serio de la seguridad en el mar; al mismo tiempo salvaguarda el medio marino. Por lo tanto, las tripulaciones de todo tipo que trabajen en barcos comunitarios deben estar suficientemente formadas.
Permítanme comentar brevemente los principales elementos de la propuesta. En primer lugar, la propuesta introduce un sistema europeo armonizado para el reconocimiento a nivel comunitario de sistemas de certificación y formación marítima de terceros países, los cuales cumplirán todos los requisitos del Convenio S?CW, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar.
Mi segundo comentario tiene que ver con el establecimiento de un procedimiento eficaz para la acción directa con respecto a los cambios del sistema de formación y certificación de terceros países. La táctica de controlar y en su caso retirar el reconocimiento, si hay motivos para ello, son dos elementos esenciales del texto. Sobre todo, la propuesta contempla la táctica de reevaluar a todos los países reconocidos cada cinco años.
En tercer lugar, la clave para la propuesta es la nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima, cuyas opiniones expertas y profesionalidad serán de gran ayuda para la Comisión en esta importantísima tarea. Esta nueva práctica legislativa mejorará la calidad y la eficacia del sistema para reconocer los certificados de los profesionales marítimos conforme a un único sistema comunitario.
Los Ministros de Transporte unánimemente alcanzaron un acuerdo político sobre esta propuesta en marzo. El examen por parte del Consejo nos permitió introducir determinadas enmiendas que mejoran nuestra propuesta inicial. Por ejemplo, el reconocimiento de un tercer país seguirá en vigor salvo que existan pruebas de incumplimiento por parte de dicho país, en cuyo caso se retirará el reconocimiento.
Señorías, esta es la esencia de nuestra propuesta, cuya principal preocupación es garantizar que las tripulaciones de terceros países sean profesionalmente competentes.

Poignant (PSE)
. (FR) Señor Presidente, señora Comisaria, debemos enmarcar este texto en toda la legislación relativa a la seguridad marítima. Es solo un elemento más, una de las piezas el sistema legislativo para prevenir los accidentes marítimos. La propuesta de la Comisión, y el Sr. Comisario acaba de recordarlo, tiene por objeto facilitar las cosas, es decir, evitar solapamientos y limitar las cargas administrativas. Les recordaré algunas cifras: en la Unión Europea hay unos 120 000 marinos, entre ellos marinos de origen extracomunitario, cuyo número ha pasado de 29 000 en 1983 a 34 500 en 2001. Es legítimo, por tanto, hacer que su formación sea la mejor posible y que se ajuste plenamente al convenio internacional conocido como Código STCW, cuya finalidad es salvaguardar la vida humana en el mar y mejorar la protección del medio marino, así como adoptar medidas contra los buques que no respeten las normas y practiquen el dumping social. En resumen, es un ejemplo del tipo de normas que pueden aplicarse a la globalización.
En el texto se abordan dos puntos. El primero consiste en simplificar las cosas para el reconocimiento de la formación de los marinos procedentes de terceros países. El informe es favorable a esta orientación, que se podría resumir como sigue: antes, la iniciativa procedía de los Estados miembros, ahora corresponderá a la Comisión. El procedimiento actual es muy complicado y largo, y por ello debe ser simplificado.
El segundo punto se refiere a la conformidad con los requisitos lingüísticos del Convenio STCW. La Comisión suscribe también su propuesta de introducir una lengua común, ya sea conocida o aprendida, cuando un buque embarque marinos procedentes de distintos países, a fin de garantizar el diálogo con los responsables en tierra. La comisión competente, así como la comisión consultada para opinión y que ha participado en la redacción del informe, desean que las cosas vayan rápido, como se hizo para la retirada de los buques de un solo casco. No nos demoremos, pues todos tenemos presente los dos accidentes -yo diría incluso los tres o los cuatros accidentes- sucedidos frente a nuestras cosas, a saber los accidentes del «Tricolor», el «Ievoli Sun», el «Erika» y el «Prestige». Teniendo en cuenta que nunca estamos a salvo de un accidente, debemos tomar nuestras decisiones rápidamente. De ahí el espíritu de compromiso que, creo, prevaleció en la reunión informal tripartita celebrada el 17 de junio entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, de la cual les haré un rápido resumen.
El Parlamento había propuesto, en sus enmiendas 3, 12, 15 y 17, el reconocimiento de centros concretos de formación. La Comisión nos ha dicho que es imposible inspeccionarlos uno por uno, citando el ejemplo de Filipinas, donde puede haber un centenar. Es necesario, pues, considerar el país en su conjunto, aunque sólo cuente con uno o dos centros. Hemos tomado nota de esta orientación. El Parlamento desea que se instaure un certificado de conformidad para limitar al máximo los fraudes. En la reunión antes citada, la Comisión se comprometió, y pienso que hay que mantener esta línea, a presentar un proyecto de texto sobre la cuestión antes de que finalice el año. Sería la condición para que suscribiéramos su opinión.
La enmienda 10 plantea un problema a los Estados miembros en lo que se refiere a la formación continua, ya que ésta debe ser financiada por los países de origen de los marinos y no por la Unión Europea. Hemos tomado nota de este argumento. En cambio, nuestra comisión no quiere prescindir de las enmiendas 1 y 2 sobre la mejora de las profesiones marítimas. Lo mismo puede decirse de las garantías de calidad o de prevención del fraude. Por lo que respecta a la enmienda 23, relativa a la presentación de un informe de evaluación que se presentará al cabo de 5 años, creo que están ustedes de acuerdo con esta propuesta.
También se ha pedido a nuestra comisión que modifique el plazo de transposición de las disposiciones legislativas en los Estados miembros. Hemos dicho 12 meses, ustedes proponen 18. Podemos tomar nota de esta sugerencia.
Por último, la enmienda 19 ha sido modificada por el Consejo, y podemos aceptar el nuevo texto.
Ojeda Sanz (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, quiero hacer constar que esta intervención la hago en nombre de mi compañero el Sr. Pérez Álvarez que no ha podido desplazarse todavía a esta sesión.
Como bien ha recordado el señor ponente, ha habido una serie de acontecimientos en el mar, una serie de desastres, que nos hacen reflexionar, desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo o desde la del medio ambiente, sobre los aspectos de una actividad productiva, que también contribuye de manera muy importante a hacer realidad el derecho de todo trabajador a ejercer su actividad en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, según se recoge en el artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Desde luego, la formación del personal dedicado a profesiones marítimas constituye un elemento clave del nivel de seguridad en el transporte marítimo y en la prevención de accidentes. Es preciso aprovechar la ocasión de este debate para recordar a la Comisión la necesidad de dignificar las profesiones marítimas, de hacerlas más atractivas para nuestros jóvenes, lo que redundará en la lucha contra el desempleo y en una mejora de la seguridad en el transporte marítimo -campañas que ya han sido solicitadas por el Parlamento a la Comisión y al Consejo en reiteradas ocasiones.
Es cierto que la formación exigida en la Unión Europea puede ser burlada o desconocida mediante el recurso a la contratación de marineros de terceros países para enrolarlos en buques de la Unión Europea, ante la falta de profesionales marítimos de la Unión y que carezcan de la formación exigible.
Hay cuatro aspectos que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales abordará en su opinión: el mantenimiento de la posibilidad de un enfoque selectivo del reconocimiento de los certificados de aptitud; la introducción de un certificado europeo de conformidad para estos certificados; un plazo para la prórroga del reconocimiento y un procedimiento comunitario de retirada del reconocimiento.
El buen hacer del Sr. Poignant, ponente para el fondo, ha facilitado el avance en algunas de las cuestiones apuntadas, que deben permanecer en el espíritu de la modificación como aspiración de futuro, en aras del citado artículo 31 y también del 37 de la Carta, que pasarán a ser contenido de la Constitución Europea con carácter imperativo.
Cocilovo (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, respondiendo a las cuestiones ya resaltadas por muchos de los diputados en sus intervenciones, empezando por la Sra. Comisaria, el ponente y el Sr. Ojeda, considero que se trata de una propuesta de Directiva que tiene un contenido técnico, pero que no se puede reducir a los meros aspectos técnicos. Yo resaltaría, y los motivos ya han sido señalados, la importancia del reconocimiento de los títulos de formación de los marinos procedentes de terceros países sobre unas bases comunes de cualificaciones establecidas, sin temor al fraude; una simplificación de los procedimientos adoptados hasta ahora, con una mayor intervención de la Comisión y de la Agencia Europea para la Seguridad Marítima, superando las dificultades y la unilateralidad asociadas a los procedimientos vigentes aplicables a los certificados de aptitud individuales.
Sobre el telón de fondo de estos problemas y de las soluciones propuestas, con las que estamos de acuerdo -y con ello rendimos tributo al excelente trabajo realizado por el ponente y también a las conclusiones a que ha llegado tras las consultas con el Consejo y los diálogos a tres bandas mantenidos-, se sitúa la necesidad fundamental de reducir de algún modo la incidencia de los errores humanos en el riesgo de catástrofes, de accidentes de navegación marítima, que, como sabemos, se han producido en el pasado. Pero hay algo más: se trata de la aprobación de una propuesta de Directiva relativa a la apertura al mercado, por ejemplo, de los servicios portuarios, en cuyo marco se piensan regular también las oportunidades de competencia asociadas a este cambio, aunque salvaguardando rigurosamente las exigencias de seguridad, de protección medioambiental, de protección social y por tanto también, en este caso, los requisitos irrenunciables de formación y cualificación profesional de las tripulaciones, que deben tomarse como base de los procedimientos de autorización y también de las medidas de suministro privado y autoasistencia.
Por estas razones, poder contar con unos requisitos mínimos y garantizados de cualificación para los miembros de la tripulación, independientemente del país del que procedan, tiene una importancia decisiva. Por esas mismas razones, haré solo una última observación sobre las propuestas que ha presentado el ponente. Me refiero a la enmienda 10, que otorga a los miembros de la tripulación procedentes de terceros países que están empleados en barcos que navegan con el pabellón de los Estados miembros individuales unas condiciones de igualdad de acceso a los procesos de cualificación y de formación permanente. Creo que no debemos renunciar a esta oportunidad y que debemos insistir en una solución que me parece adecuada, que es la propuesta por la Comisión.
Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo da las gracias al ponente por este informe y lo apoya. Es importante prestar atención a la formación. Cada vez con más frecuencia, barcos con bandera de un Estado miembro están tripulados por personas de terceros países. Esta propuesta facilita la contratación de miembros de la tripulación de terceros países y por este motivo debemos tener mucho cuidado en este caso, ya que podría representar un obstáculo para la contratación de personal formado de la Unión Europea.
Por lo tanto, ahora debemos asegurarnos de que no se opta por gente sin formación para que haga estos trabajos y de que las tripulaciones están adecuadamente formadas. Por este motivo apoyo la enmienda 1, además de la 4: los certificados emitidos en concreto deben hacerse a prueba de fraudes. Imagínense un barco con una tripulación con papeles falsos y que quizás ni siquiera sabe leer dichos papeles. También hay que tener en cuenta la enmienda 6: los certificados deben extenderse en varias lenguas, ya que esto facilita su comprobación, además del trabajo de las autoridades. Con respecto a la enmienda 7, deberíamos intervenir cuando los países no hagan lo suficiente para impedir la falsificación de dichos documentos y certificados. Se trata de una violación de este acuerdo en lo que respecta al Estado implicado. De hecho se ha observado que hay países que no hacen lo suficiente o no hacen nada con respecto a los certificados falsos. Esto es muy importante por ese motivo.
Imagínense el Golfo de Finlandia con 20 metros de masa flotante de hielo y una tripulación sin formación, sin conocimientos de idiomas y sin ayuda de un rompehielos ruso en un barco monocasco en invierno. ¿Puede esperarse otra cosa que una catástrofe? Espero que la Comisión trate este asunto con la máxima seriedad.

Vermeer (ELDR).
Señor Presidente, el presente informe es un complemento especialmente importante de lo que ya existe. Quiero dar las gracias al ponente por el trabajo realizado. Esta revisión del actual régimen de reconocimiento de los marineros procedentes de terceros países constituye sobre todo una mejora de la situación actual. La verificación por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima de si la formación cumple los requisitos fijados en el convenio de la OMI, tras lo cual el tercer país en cuestión recibe una aprobación válida durante cinco años, es positiva, pues con ello mejorará la seguridad marítima en torno a las aguas europeas. 
Utilizamos directamente la Agencia que hemos creado. Es importante que, en la medida de lo posible, pensemos lo mismo, que tengamos reglas reconocibles y un lenguaje reconocible. A fin de cuentas, muchos de los accidentes marítimos no solo se deben a fallos técnicos, sino que a menudo son debidos precisamente a la falta de atención, a errores humanos que podrían haberse evitado si las personas hubiesen estado más alerta. 
Considero indeseables las enmiendas que proponen usar otras lenguas, además del inglés, como lenguas oficiales en el mundo marítimo. Hemos de encontrar una conexión con otras unidades en el lenguaje internacional. En la aviación, por ejemplo, está clarísimo que el inglés es la lengua oficial adecuada. Así, por ejemplo, hubo problemas lingüísticos cuando el Tricolor naufragó en el Canal de la Mancha. Los accidentes que tuvieron lugar después de que se hundiera el Tricolor, se debieron en parte a los problemas de comunicación entre el capitán que hablaba en inglés y los prácticos franceses. Por consiguiente es increíblemente importante que en toda la Unión, y en realidad en todo el mundo, se reconozca la misma lengua y se utilicen las mismas reglas. Señor Poignant, creo que por lo general su informe es excelente y lo apoyaré en líneas generales. 
Blak (GUE/NGL).
Señor Presidente, espero que sus Señorías presten atención y escuchen lo que se está diciendo, ya que es muy importante. En general es buena idea hacer lo indicado en el informe del ponente y simplificar los procedimientos para el reconocimiento de certificados de terceros países.
Sin embargo, creo que existen una serie de aspectos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, debemos estar totalmente seguros de que los certificados que se aprobarán en la UE provienen de instituciones de formación reconocidas. El certificado debe garantizar que el profesional marítimo realmente ha realizado una formación práctica. No debe tratarse simplemente de un trozo de papel impreso en cualquier vieja máquina expendedora de alguna república bananera.
Después debemos examinar detenidamente la situación del empleo en la industria del transporte marítimo de la UE. Debemos comprobar si se ha consolidado una capacidad satisfactoria en el ámbito de la formación, de manera que tengamos la oportunidad de ofrecer una formación continua y básica a nuestros profesionales marítimos.
También debemos estar en condiciones de garantizar que no haya dumping social desde el exterior a consecuencia de que los profesionales marítimos pierdan sus empleos debido a la presión salarial. Con respecto a esto, es importante que los profesionales marítimos de los países candidatos se pongan rápidamente en el nivel de sus homólogos de los actuales Estados miembros, de forma que puedan recibir salarios adecuados por su trabajo y que podamos evitar la competencia desleal.
Voy a poner un ejemplo del modo en que el tema que estamos tratando podría haber sido importante en mi país. En la zona en la que vivo se produjo un accidente muy grave en el que un barco provocó un vertido tras una colisión con otro barco. Resultó que los miembros de la tripulación no entendían la lengua de los otros y por lo tanto no podían comunicarse. En general, un desastre para toda la zona. Esto es algo que podríamos haber evitado mediante normas sensatas, así que espero que mis colegas diputados estén prestando atención. Sin embargo, están más ocupados con sus charlas íntimas. Dicho esto, es cierto que pueden leer lo que posteriormente se recoja en las actas.
Dhaene (Verts/ALE).
Señor Presidente, en el Mar del Norte, en la costa flamenca se está trabajando mucho para retirar los restos del naufragio del Tricolor. En el plazo de 1 año se han producido casi 60 accidentes, algo difícil de explicar. En el último mes, en el río Schelde, hacia Amberes, tuvimos incluso tres colisiones graves. Esto ya no es una casualidad. Está claro que una de las maneras más importantes de evitar los accidentes con buques es disponer de una tripulación con una buena formación. Por ello, todos los pasos para mejorar la calidad de la tripulación merecen el apoyo de este Parlamento. Mi Grupo ha estado muy satisfecho de la rapidez con que la Comisión lanzó la propuesta de crear un sistema uniforme de las competencias de los navegantes. Mi Grupo ha instado a incluir en esta propuesta de la Comisión un aspecto de igualdad de oportunidades en relación con el desarrollo de la carrera profesional a bordo. La propuesta de la Comisión ha de encargarse de que el personal no europeo no se convierta en personal de segunda fila. Asimismo se habla mucho de la calidad y del estatuto social de los tripulantes y de la influencia de estos factores en la seguridad marítima. Esperamos que un informe de evaluación después de la aprobación de las modificaciones de la presente Directiva aporte claridad sobre la relación entre la formación de los tripulantes y la naturaleza y el número de accidentes marítimos. Este podría ser el primer paso en el largo camino hacia una verdadera bandera europea.

Van Dam (EDD).
La navegación internacional surca desde hace varias décadas aguas embravecidas. La mundialización ha hecho aumentar considerablemente la presión en diferentes partes del sector. Había que reducir los costes tanto de la construcción como de la explotación de buques. En concreto, bajo la influencia de registros de buques «baratos», los Estados pabellones de la Comunidad han revisado su paquete de condiciones. 
Además, la flota occidental se ha enfrentado a una disminución del número de tripulantes «autóctonos» cualificados. Para poder satisfacer las necesidades de personal se ha recurrido en gran medida a tripulantes procedentes de terceros países. Cada país lo regulaba independientemente, con el resultado de una gran duplicidad en el trabajo y la carga burocrática. Por ello, en principio consideramos positiva esta propuesta. 
La coordinación central del reconocimiento de la formación y de los certificados de aptitud para la navegación supone un paso adelante. Pero no hemos de olvidar algunas cuestiones. 
En primer lugar hay que tratar de forma adecuada los conocimientos marítimos y la mano de obra disponibles en Europa. Una modificación del actual sistema no ha de implicar que el personal procedente de terceros países saque del mercado a la mano de obra procedente de los Estados miembros, con las consecuencias que ello conlleva para la contratación y la formación de nuevos profesionales de la navegación en la Unión Europea. Ello ha de tenerse muy en cuenta a la hora de reconocer los certificados de aptitud para la navegación de un país tercero. 
En segundo lugar, los permisos no pueden ser la pieza final de la operación. La formación es un trabajo humano y está sujeto a cambios. En determinados momentos habrá que averiguar -tanto antes como durante el reconocimiento- si se han cumplido todos los criterios para el reconocimiento. De lo contrario, habrá que retirar los permisos, sin perdón. Creo que en este proceso hay un papel importante para la Agencia de Seguridad Marítima. 
En resumidas cuentas, esta propuesta puede eliminar mucho trabajo superfluo, pero hay que obrar con cautela durante el mantenimiento y la elaboración de la misma. Así pues, apoyamos esta propuesta, siempre y cuando se garanticen suficientemente los puntos mencionados anteriormente.
Souchet (NI).
Señor Presidente, el texto que examinamos hoy está indirectamente relacionado con la cuestión fundamental de la seguridad marítima y debemos abordarlo teniendo presentes las recientes catástrofes que han ensombrecido nuestras costas y que han tenido que ver claramente con problemas motivados por la formación insuficiente de las tripulaciones. La multiplicación en los últimos años de naufragios provocados por errores humanos, pero también de colisiones fatales y de falta de notificación de accidentes, pone de manifiesto tanto las graves carencias en materia de formación de las tripulaciones como la ausencia de la cultura básica basada en el más alto nivel de solidaridad entre las gentes del mar. 
Nuestros pescadores trabajan hoy con el temor constante a colisionar con un buque mercante. Por desgracia, este tipo de colisiones se han hecho frecuentes a lo largo de nuestras costas. Encima, las familias de los marinos víctimas de estos accidentes tienen dificultades para obtener una indemnización por los perjuicios sufridos, y pienso en particular en el caso del pesquero francés «Cistude», hundido hace exactamente un año por el carguero noruego «Bow Eagle». En este caso, el hecho de no notificar el accidente, que provocó la muerte de varios marinos, parece haberse sancionado sólo con una leve pena de prisión. 
En realidad, la contratación de tripulaciones de terceros países, que casi siempre tiene lugar a través de agencias de contratación más preocupadas por cobrar elevadas comisiones sobre los salarios de los marinos que facilitan a los armadores que de su calificación profesional, debe considerarse como un último recurso. Así pues, la auténtica prevención de las catástrofes en las que el factor humano desempeña un papel decisivo debe basarse en dos aspectos principales, y no solo en uno. 
El primero de ellos es el aspecto proactivo de la formación de las tripulaciones integradas por nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, en vez de alentar y facilitar la contratación de marinos procedentes de terceros países, como tiende a hacer la presente Directiva. Tenemos que reflexionar seriamente sobre las verdaderas causas de la escasez actual de marinos cualificados en la Unión y elaborar una política proactiva para corregir esa evolución negativa. Por eso me parecen muy importantes las enmiendas 1 y 2 presentadas por la comisión parlamentaria.
El segundo aspecto de la prevención se refiere a la necesidad absoluta de rodearse del máximo de garantías en lo que se refiere a la calidad de la formación y la eficacia de dicha formación cuando buques que enarbolen el pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea contraten a marinos extranjeros. Aunque difícil, es conveniente que existan controles hasta en los mismos centros de formación, como sugieren las enmiendas 12 y 15. Me parece también importante que exista un sistema de control permanente para evitar que se congelen durante mucho tiempo las disposiciones de la Directiva, como propone la enmienda 23. ¿Pero por qué queremos a toda costa eximir a los Estados miembros de su responsabilidad en este ámbito, del que depende en primera instancia la seguridad? La Agencia Europea de Seguridad Marítima podrá aportar ciertamente una útil experiencia técnica en la evaluación de la formación. ¿Pero por qué queremos restringir exclusivamente a la Comisión y a la Agencia la evaluación de terceros países? Por último, ¿por qué, señor Presidente, queremos retirar a los Estados miembros el derecho a revocar el reconocimiento cuando lo consideren indispensable para su seguridad?
El Presidente.
Se suspende el debate sobre es informe. Se reanudará a las 15.00 horas.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Solicitud de consulta del Comité Económico y Social sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en los países en vías de adhesión
(El Parlamento aprueba la petición de consulta)

Informe (A5-0255/2003) del Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) (versión codificada) (COM(2003) 127 - C5-0127/2003 -1999/0085(COD))
(El Parlamento aprueba el texto)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0250/2003) de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación a la Decisión 1999/468/CE del Consejo de las disposiciones relativas a los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado de la CE (11253/2/2002 - C5-0223/2003 - 2001/0314(COD)) (ponente: Sra. Frassoni)
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0252/2003) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los abonos (12733/2/2002 - C5-0224/2003 - 2001/0212(COD)) (ponente: Sr. Lechner)
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Informe (A5-0231/2003) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 218/92 sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) en cuanto a medidas adicionales relativas a prestaciones de servicios de viajes (COM(2003) 78 - C5-0145/2003 - 2003/0057(COD)) 
Antes de la votación:

Torres Marques (PSE)
Señor Presidente, el proyecto que vamos a votar en decisión conjunta hace referencia a una modificación profunda del sistema de IVA que aplican las agencias de viajes. La necesidad de aprobar urgentemente esta legislación es consecuencia de la profunda evolución del sector del turismo en los últimos treinta años y de las innumerables excepciones y derogaciones actualmente en vigor en un sector donde los márgenes de lucro son muy reducidos. Las principales modificaciones hablan de la posibilidad de que las empresas deduzcan en IVA cuando participen en congresos o en turismo de incentivos y de las reservas electrónicas, donde es necesario defender a las agencias de viajes europeas de la competencia extracomunitaria. Sólo espero que la unanimidad que se consiguió en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento se obtenga también en el Consejo.
Corbett (PSE)
Señor Presidente, recuerdo que cuando hace unos meses se votó mi primer informe, la Comisión declaró de forma memorable que, cuando adopta decisiones en el marco del procedimiento de comitología, está dispuesta a dar información al Parlamento, pero no toda la información. En esos momentos esto causó una gran hilaridad en la Asamblea. Además, si el Parlamento se opusiera a una decisión, «posiblemente» tendría en cuenta la objeción del Parlamento. Como pueden ustedes imaginar, esto provocó consternación en la Asamblea. Por este motivo el informe fue devuelto a comisión.
Ahora puedo decir que hemos examinado más a fondo el asunto. Hemos mantenido intensos debates con la Comisión y lo que tienen hoy ante ustedes es el resultado de estos contactos. La Comisión ha aceptado enviar al Parlamento toda la información establecida en el acuerdo interinstitucional que en principio ya tenemos con la Comisión. Si el Parlamento tiene objeciones contra una medida de aplicación aprobada en el marco de la comitología, entonces la Comisión debe retirarla, modificarla o tener en cuenta la objeción de alguna otra forma, o acudir a la Asamblea para explicar por qué adopta otro tipo de acción.
Este es un paso adelante significativo. No es ideal, pero nos permite arreglárnoslas hasta que entre en vigor la nueva constitución, que introducirá una nueva categoría de legislación delegada que nos conferirá más poderes al amparo de las cláusulas constitucionales. Pido al Parlamento que vote a favor.

El Presidente.
 Constituye sin duda un avance importante y apropiado desde el punto de vista del Parlamento.
(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A5-0253/2003) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la iniciativa del Reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (14363/2002 - C5-0590/2002 - 2002/0824(CNS))
(El Parlamento aprueba el texto)
Después de la votación:

Wallis (ELDR)
Señor Presidente, si el Consejo va a mantener el texto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opina unánimemente que hay que rechazar esta propuesta, tanto por motivos técnicos como políticos. El Parlamento puede votar para finalmente rechazar el texto, en lugar de devolverlo a comisión. No creo que la comisión cambie de opinión, por motivos técnicos y políticos. Si el Consejo no considera oportuno estar aquí, entonces deberíamos rechazarlo definitivamente ahora.

Duin (PSE)
. (DE) Señor Presidente, tengo una pequeña enmienda oral. La comisión dirigió su petición a la Convención. Deberíamos sustituir Convención por «Conferencia Intergubernamental», para demostrar que estamos al día.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Hemos votado a favor de este informe relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos que impone a la patronal medidas de protección y limitaciones de uso.
Pero la mejor de las protecciones sería no emplear productos que conlleven riesgos tan graves para la salud de los trabajadores, y sustituirlos por productos menos nocivos tan pronto como se pongan a punto tecnologías alternativas y se descubran productos de sustitución.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Decidí apoyar el presente informe destinado a sustituir a varias directivas anteriores sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos en el lugar de trabajo. Efectivamente, tal y como apuntó el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos, la presente propuesta respeta lo esencial de los textos codificados y se limita a reunirlos en un texto único, introduciendo las modificaciones formales requeridas por la codificación.
En mi opinión, esta «codificación» es una medida adecuada para la promoción indispensable, en el espacio europeo, de unos niveles de protección mejores para los trabajadores.
Los peligros tantas veces ocultos, como los tratados en la presente propuesta, deben ser objetivamente evitados. Es decir, es mucho más importante su prevención que su reparación. Mejor la prevención que la compensación.
Esta propuesta avanza claramente en esta dirección, lo que, en la línea de lo establecido en Lisboa, tiene por fin conseguir no sólo más , sino también mejor empleo.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Acojo con satisfacción la aprobación, por unanimidad, de la presente recomendación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Debe prestarse especial atención, como se ha advertido, a que el hecho de recurrir a la «comitología» no perjudique al cumplimiento integral del procedimiento legislativo y a las prerrogativas de legislación conjunta del PE, y que se evite, en consecuencia, que actos de naturaleza legislativa sean adoptados a través de medidas de ejecución ajenas al procedimiento de decisión conjunta.
Se trata, sobre todo, de instaurar un sistema que permita que el Parlamento Europeo ejerza debidamente el control que le corresponde y, si fuese el caso, que rechace las medidas de ejecución con las que no esté de acuerdo, siempre que procedan del proceso de decisión conjunta. De hecho, el Parlamento Europeo siempre se manifestó a favor de una mayor transparencia en los trabajos de los diferentes comités, concretamente subrayando la necesidad de que se transmitan al PE los órdenes del día y las actas de las respectivas reuniones, además de las listas de asistencia, los proyectos sometidos a los comités relativos a las medidas de ejecución, los respectivos calendarios de previsión y los resultados de las votaciones. Por otra parte, el Parlamento Europeo y el público deberían poder acceder a todos los documentos de los comités (con excepción de los documentos reservados).
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Este informe es un intento más de unificar el mosaico de legislaciones nacionales dispares en materia de abonos. ¿Y por qué no? Pero no queremos avalar, con un voto positivo por anticipado, el uso que podría darse a este Reglamento una vez puesto a disposición de las compañías de abonos químicos. Tanto más cuanto que, por lo que respecta a la presencia de cadmio en determinados abonos, un elemento extremadamente tóxico, las autoridades europeas no han presionado tampoco esta vez a determinados Estados, y detrás de ellos a sus grupos químicos, para que dejen de producir y autorizar abonos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. De manera que además de no imponerles la fecha tope del 31 de diciembre de 2001, que ellos mismos habían fijado, acaban de concederles una nueva y escandalosa prórroga de ese plazo hasta finales de 2005.
Piscarreta (PPE-DE)
. (PT) En estos últimos años el turismo ha experimentado una evolución profunda en todas sus vertientes. De hecho, se ha comprobado un aumento creciente y una diversificación del abanico de servicios prestados, así como, al mismo tiempo, una multiplicación y diversificación de sus usuarios. 
De acuerdo con esta evolución histórica, es imperativa una rápida adaptación del régimen especial del IVA aplicable a los servicios de viajes, ya vigente desde 1977.
En ese contexto, quiero manifestar aquí mi total apoyo al informe del Parlamento Europeo y felicitar a la ponente, la diputada Helena Torres Marques. Estoy totalmente de acuerdo con la aprobación de las modificaciones del régimen del IVA para los servicios de viajes, a través de la tributación de los operadores turísticos establecidos fuera de la Unión Europea cuando presten servicios a los consumidores europeos. 
De este modo, se corrige la competencia desleal que afecta a la industria del turismo europeo. Con esta misma medida se lucha también contra la evasión fiscal practicada por empresas europeas que, ficticiamente establecidas fuera de la Unión Europea, evitan la aplicación del IVA a los consumidores.
Con esta adaptación, el turismo europeo ofrecerá condiciones de competencia sanas y equitativas en un mercado mundial del turismo, altamente competitivo, originando una situación que sólo podrá afectar positivamente a nuestros consumidores.
De este modo, el turismo del Algarve sólo podrá salir beneficiado con este nuevo régimen.
Bastos (PPE-DE)
. (PT) La enorme transformación del mercado de trabajo que venimos presenciando en estos últimos años hace necesaria la adaptación de los procedimientos de recopilación de información. La encuesta muestral sobre la población activa propuesta en este informe permitirá tomar medidas cada vez más eficaces en materia de creación de empleo. Las características de esta encuesta, con la inclusión de seis nuevas variables y la posibilidad de especificación de las variables estructurales, van a permitir una mejor comprensión del mercado de trabajo y la definición de las futuras políticas económicas y de empleo.
En el ámbito de la realización de los objetivos de la estrategia de Lisboa -particularmente en materia de empleo y de flexibilidad del trabajo- y con la entrada en vigor de numerosas medidas en el marco de la estrategia europea para el empleo, he votado a favor de este informe, aprobando la propuesta de la Comisión que viene a reforzar este importante instrumento de evaluación.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Al votar a favor del presente informe relativo a la organización de una encuesta (trimestral) muestral sobre la población activa en la Comunidad, quiero destacar las seis nuevas variables introducidas: percepción continuada de salario, responsabilidades de supervisión, contribución de los servicios públicos de empleo para encontrar el empleo actual, horas extraordinarias, contrato con una agencia de trabajo temporal, ausencia de servicios de asistencia como motivo para no participar o para trabajar a tiempo parcial, lo que mejora la disponibilidad de estadísticas comparables sobre las tendencias del empleo y del desempleo, y que describen la estructura de la participación de los individuos y de los hogares en el mercado de trabajo.
Esa mejor comprensión contribuirá, sin duda, a la plena realización de la estrategia europea de empleo y a la adopción más adecuada de medidas ansiosamente esperadas por los ciudadanos europeos, en la línea de la estrategia de Lisboa.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) El IVA, como todos los impuestos indirectos, es un escándalo. Es un impuesto que pagan al mismo tipo los más pobres y los más ricos, los desempleados y los millonarios. 
El verdadero problema no es la «cooperación administrativa» entre Estados que propone el autor del informe, sino el hecho de que la parte correspondiente al IVA en los ingresos del Estado sea mucho más importante que la del impuesto sobre la renta, que al menos guarda cierta proporcionalidad con las rentas del contribuyente.
Reivindicamos la supresión completa del IVA y su sustitución por un impuesto sobre la renta y el patrimonio altamente progresivo, de manera que los impuestos pagados por las clases ricas compense la pérdida de ingresos causada por la supresión de los impuestos indirectos. Hemos votado en contra de este informe.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Tal como quedó dicho en la declaración de voto relativa al informe Frassoni, estoy de acuerdo con la presente reforma de la llamada «comitología». Una mayor transparencia del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión y también el control parlamentario competente contribuirán sin duda a la adopción más eficaz y adecuada de medidas de intervención comunitaria. Una mayor participación, si no mero control, en esa fase permitirá a los ciudadanos una mejor verificación de que se están persiguiendo los objetivos y principios que habían dominado durante el nacimiento y la conformación de los actos de base. Además, garantizará una mayor convergencia con las intenciones del legislador.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Este informe expresa el fondo, cuando no la forma, de las recriminaciones de las empresas neerlandesas contra ciertas disposiciones europeas que podrían tener como consecuencia que fuera más difícil, aunque no imposible, el despido de trabajadores residentes en otro Estado miembro. Esta situación es resultado de una serie de circunstancias excepcionales, que las empresas y las autoridades neerlandesas consideran intolerable, así como el ponente, que pide a la Comisión 'que examine el asunto tratado?. Como si las autoridades europeas tuvieran necesidad de algún estímulo para recortar los derechos de los trabajadores, ¡ellas, cuyo corazón, preocupaciones y actos se inclinan ya demasiado a favor de la patronal!
Hemos votado, por supuesto, en contra de este informe.
Coelho (PPE-DE)
. (PT) Con el objetivo de dar cumplimiento a la voluntad política expresa, ya sea en Tampere o en Laeken, de volver efectivo el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones en materia penal («... que se debería convertir en la piedra angular de la cooperación judicial, tanto en materia civil como penal en la Unión»), hemos venido aprobando en este Pleno varias propuestas que contienen medidas destinadas a la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones penales.
En este ámbito, el principio «ne bis in idem» es, sin duda, una de las prioridades inmediatas para que haya un reconocimiento mutuo de las decisiones y un refuerzo de la seguridad jurídica en la Unión. Se trata de un principio general del proceso penal que contribuye al refuerzo de los derechos y libertades de los ciudadanos, particularmente en el plano de las garantías procesales ?reconocido ya sea en el plano internacional o bien de los diversos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros? y que pretende garantizar el derecho de que no se pueda ser juzgado ni demandado dos veces por la misma infracción.
El objetivo de esta decisión marco es proporcionar a los Estados miembros reglas jurídicas comunes, referentes a este principio, con el fin de garantizar la uniformidad en la interpretación de las reglas y en su aplicación práctica. De este modo, este principio deberá tener una aplicación transversal en los Estados miembros, para evitar que los ciudadanos puedan ser víctimas de una doble penalización.
Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, estaba ansioso por volver a tomar la palabra en esta Cámara, sobre todo para exponer estas explicaciones de voto. Debo decir que este Reglamento, presentado por el ponente, Sr. Ingo Schmitt, supone un gran paso adelante en la política europea, porque sustituye a 15 -que dentro de poco se habrían convertido en 25- acuerdos separados con los Estados Unidos de América, por un único acuerdo europeo.
Pero la Sra. Elvira Bassi, una jubilada de Cremonia, en Lombardía, Italia, sabiendo que ibas a hablar sobre este tema, me ha dicho: «Recuérdeles que los jubilados todavía estamos esperando las tarifas reducidas que nos permitan viajar más en avión. Deseamos conocer toda Europa y todo el mundo, pero los billetes de avión son demasiado caros. ¿Tendremos algún día una tarifa aérea europea reducida para las personas mayores y los jubilados?»
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) El transporte aéreo es uno de los muchos ejemplos que hay del hecho de que la pretendida Unión Europea es, ante todo, una suma coja de rivalidades de intereses entre Estados y entre sus consorcios y grandes grupos industriales. Las autoridades europeas quieren una Europa que forme un bloque en la competencia mundial. No lo consiguen. Y no lo han conseguido más en el sector aéreo que en otros, porque las grandes compañías europeas también compiten entre sí. Cuando les interesa asociarse o celebrar acuerdos con compañías no europeas, en particular norteamericanas, no es la opinión de las instituciones europeas la que puede impedírselo.
El autor del informe, partidario de la libre competencia, trata de conciliar el afán de conseguir valor añadido de las compañías aéreas de la Comunidad con el dominio de la naturaleza salvaje de sus rivalidades. Que los defensores de la Europa capitalista se las arreglen para perseguir la cuadratura del círculo. Nosotros votamos en contra de este informe porque estamos en contra de este sistema basado en la competencia, reglamentada o no, porque es una fuente inmensa de problemas.

Korakas (GUE/NGL)
- (EL) La propuesta de la Comisión forma parte de la estrategia general de la UE para regular las relaciones aeronáuticas entre la Comunidad y terceros países y para concentrar a nivel comunitario competencias que hasta la fecha han estado bajo la jurisdicción de los Estados miembros, reforzando así el proceso de detracción de los Estados miembros de su capacidad de negociación independiente y reducir su soberanía nacional.
Después de remitir el asunto al Tribunal Europeo por parte de la UE y, esencialmente, tras resultar convictos los ocho Estados miembros que han firmado acuerdos bilaterales de servicio aéreo del tipo «cielos abiertos» con los Estados Unidos, la UE ha encontrado una oportunidad estupenda para obligar a los Estados miembros a que consientan su intervención y participación en lo que ha sido hasta el momento la cuestión estrictamente nacional de negociar y rescindir o renegociar los acuerdos bilaterales de servicio aéreo existentes.
De este modo, la UE se está «inmiscuyendo» literalmente en las negociaciones entre Estados miembros y terceros países y está fomentando la integración europea y los intereses de los monopolios de la aviación europea en detrimento de la capacidad de los Estados miembros para negociar de forma independiente con terceros países, en función de sus intereses nacionales con el fin de alcanzar acuerdos beneficiosos para estos en el campo de sus relaciones aeronáuticas.
Votaremos en contra de este informe ya que, pese a todo esfuerzo por mitigar las disposiciones contrarias, sigue las mismas líneas que la Comisión.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) A pesar de que acojo con satisfacción las limitaciones en el ámbito de la competencia y libertad de acción de la Comisión Europea introducidas por el ponente, que moderan y adecuan su intervención en la materia en cuestión, me abstengo en la votación del presente informe, por considerar que su opinión se deriva de una decisión jurisdiccional que no suscribo.
De hecho, este informe surge una vez conocidas las decisiones del Tribunal de Justicia que, en una sentencia de 5 de noviembre de 2002, solucionaron el conflicto positivo de competencias que enfrentaba a varios Estados miembros con la Comisión Europea.
Atendiendo al carácter impreciso e incluso incompleto de la legislación vigente a este respecto, el Tribunal de Justicia consideró que correspondía a la Comisión -como viene siendo su norma y práctica actualmente- la competencia que reclamaba.
Aunque no es ninguna novedad, no deja de ser lamentable que el principio de la subsidiariedad conozca mayoritariamente una interpretación concentracionista, ascendente, en las instituciones comunitarias, limitando a los Estados miembros en sus poderes autónomos de contratación, en contra también de su finalidad y su origen.
Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe del Sr. Watts se refiere a un acuerdo en materia de transporte marítimo entre la Unión Europea y China. Naturalmente, he votado a favor, apruebo este importantísimo acuerdo entre Europa y China, pero siempre deseo -y quisiera decirlo una vez más- que, al favorecer el comercio y la economía de otros países, Europa se preocupe de controlar el respeto de los seres humanos y la democracia en dichos países.
China es todavía un Estado comunista, aún tiene un largo camino que recorrer: ayudémosla en el camino de la democracia europea.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Hemos votado en contra de este informe, no porque rechacemos un acuerdo entre Europa y China en materia de transporte marítimo, sino porque el acuerdo del que se habla aquí está marcado por el signo de la desigualdad y de las relaciones imperialistas de Europa con el resto del mundo. Así lo atestiguan los principales puntos del acuerdo, que concede gran ventaja a los intereses de las compañías marítimas europeas y sus accionistas, al igual que a los intereses de las empresas asociadas. Todo ello, sin que el ponente aparente siquiera preocuparse, tan natural debe parecerle, por la forma en que son tratados los trabajadores de las bodegas de los buques mercantes, muchos de ellos asiáticos, a cuya costa y sufrimientos se enriquecen los armadores, en particular los europeos, y los grandes grupos para los que operan.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Voté a favor del presente informe por considerar que la Comunidad Europea y los Estados miembros que la componen se beneficiarán de profundizar y diversificar las relaciones comerciales con la República Popular China, particularmente por lo que respecta al transporte marítimo.
En este sentido, se acoge con satisfacción la asunción del compromiso de no discriminación de las embarcaciones en las que ondeen banderas de la otra parte y la autorización para el establecimiento de filiales, sucursales y gabinetes de representación, que facilitarán la intensificación de las relaciones comerciales y también un mayor contacto y conocimiento entre civilizaciones, que resultarán beneficiosos para ambas partes.
Se subraya, no obstante, el mantenimiento de los acuerdos bilaterales previamente celebrados entre los Estados miembros y la República Popular China en todos los ámbitos no incluidos en el acuerdo propuesto, así como su mantenimiento integral en los casos en los que sus condiciones sean más favorables.
Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando pienso en el Sr. Radwan, que ha preparado este informe sobre los bancos, lo veo como veía de niño al Tío Gilito de Walt Disney, nadando en medio del oro.
No sé si este verano, con el calor que ha hecho, el Sr. Radwan se bañó en monedas de euro o de dólar, pero queda el hecho de que este informe salvaguarda óptimamente el dinero que los ciudadanos europeos depositan en los bancos.
Una vez más, no obstante, debo hacerme intérprete del deseo de muchos jubilados, que me preguntan cuándo habrá unas normas que obliguen a los bancos a dar más dinero a los jubilados, a dar crédito más fácilmente a las personas mayores, que, por tener ante sí pocos años de vida, tienen dificultades para obtener préstamos porque tienen poco tiempo para devolverlos.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Este importante informe ha merecido mi apoyo.
Es indiscutible la necesidad de proceder a una mejor evaluación de los riesgos para la concesión de créditos bancarios, por lo cual es necesaria la adopción de un nuevo acuerdo, Basilea II. Además, se ha comprobado la utilidad para la seguridad del comercio financiero y jurídico de la existencia de reglas internacionales claras relativas a las exigencias de cobertura de riesgos por fondos propios -Basilea I- que hacen que resulte imprescindible proceder a una evaluación del impacto del nuevo régimen.
En efecto, como advierte el ponente, puede que se esté avanzando en un marco procíclico, una fase de retracción de los agentes e incluso de recesión económica, propicio para la interrupción de las concesiones de créditos bancarios, particularmente a las PYME, lo que afectará en especial a los creadores de empresas y podrá poner en peligro la sostenibilidad de la economía europea.
Por ello, sin perjuicio para los efectos positivos resultantes del nuevo acuerdo (particularmente ofreciendo más posibilidades de recurso a garantías), resulta fundamental que la Comisión, en la directiva posterior al Acuerdo Basilea II, preste especial atención al contexto actual de la economía europea y a las advertencias planteadas por el ponente, para conseguir una mayor legitimación democrática en la conformación de estas reglas y en la existencia potencial de condiciones de desigualdad competitiva de las instituciones bancarias europeas con instituciones financieras estadounidenses que no participan en el Acuerdo pero que actúan en el espacio europeo.
Fatuzzo (PPE-DE).
He votado a favor del informe Mastorakis, señor Presidente, porque es realmente importante y meritorio para Europa, y por tanto también para este Parlamento, ayudar a las regiones más pobres a convertirse en regiones ricas, que a su vez podrán ayudar a las regiones que hoy son ricas y que entre tanto se habrán vuelto pobres.
Debo destacar sin embargo que estaría bien que Europa determinase qué es una región. Sabemos, por ejemplo, que en muchos países de la Europa central -países que desde el 1 de mayo serán Estados de la Unión Europea- las regiones no existen. Se efectuarán delimitaciones territoriales figurativas, inventadas, que no obedecerán a una realidad geográfica real y uniforme. Por tanto, hay que prestar más atención a la definición de qué es una región en Europa.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, siguiendo con lo dicho por el Sr. Fatuzzo, merece la pena destacar que el concepto de «región» es radicalmente ambiguo. Por ejemplo, en cuestiones constitucionales, la antigua nación de Escocia se considera actualmente un región de Europa. Sin embargo, en relación con los fondos de que estamos hablando, Escocia cuenta con varias regiones muy diferentes. Por ejemplo, los Highlands y las islas incluyen algunas de las islas más aisladas de Europa, con grandes problemas de transporte a causa del tiempo y de las mareas, y de los costes que supone. Los Highlands es una de las regiones montañosas menos pobladas de Europa. Esta región contrasta con la región central de Escocia y, de nuevo, con la región fronteriza, escasamente poblada y que tiene sus propios problemas específicos.
Me alegro de que en estos dos informes de hoy hayamos rechazado las propuestas de renacionalización radical de los Fondos Estructurales. A este respecto el Gobierno del Reino Unido ha llevado la voz cantante. Me alegro de que hoy, por lo visto, los Socialistas Europeos, incluido al Partido Laborista del Reino Unido, hayan desechado las propuestas de renacionalización del Sr. Brown. Hemos llegado a conclusiones positivas sobre la necesidad de mantener los fondos estructurales en el ámbito europeo y de tomarnos en serio los problemas de la cohesión territorial y de la desventaja geográfica permanente.

Alavanos (GUE/NGL)
 La ampliación de la Unión Europea está creando una nueva situación en la política regional de la Unión, que es por lo que existe una necesidad, entre otras cosas, de:
seguir distribuyendo recursos a las regiones en peligro de marginación, no en virtud de un progreso real, sino debido al cambio de los umbrales estadísticos tras la integración de los 10 nuevos Estados miembros de la UE;
seguir proporcionando apoyo transitorio a las regiones que han superado el 75% conforme a una base real, no estadística;
rechazar el desarrollo de la nacionalización de la política regional a raíz de la congelación del presupuesto en los niveles previos a la ampliación;
concentrarse en las regiones subdesarrolladas y en otras regiones gravemente desfavorecidas en el aspecto estructural;
reforzar la cooperación interregional;
incluir la dimensión regional en todas las políticas de la UE.
Por ultimo, el informe Mastorakis incluye valiosas propuestas especiales.

Bonde (EDD)
Básicamente, el Movimiento de Junio cree que los Fondos Estructurales para el desarrollo deberían eliminarse progresivamente. Solamente en la medida en que tengamos realmente Fondos Estructurales para el desarrollo habrá que tener en cuenta también a las islas muy pequeñas.
Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas.
El Movimiento de Junio vota a favor del informe, pero quisiera señalar lo grotesco que es que al mismo tiempo que proporciona ayuda al desarrollo, la UE impone sobre las sociedades insulares, a través de sus exigencias de procedimientos de licitación, una situación en la que el transporte, que es totalmente esencial, se encarezca de forma innecesaria.

Figueiredo (GUE/NGL)
. (PT) El objetivo central de la Unión Europea debería ser la promoción de la cohesión económica y social, siendo los fondos estructurales uno de los principales instrumentos para alcanzar ese objetivo, por lo que es necesario mantenerlos. El informe aborda aspectos importantes que apoyamos, particularmente:
el rechazo de la renacionalización de la política estructural, que es un pilar fundamental de la solidaridad europea, y la defensa que hace de las zonas más desfavorecidas, que deben continuar siendo la principal prioridad de los fondos estructurales;
la afirmación de que el efecto de la acción estadística de la ampliación no puede penalizar a las regiones del objetivo 1, que dejarán de serlo sólo por efecto estadístico. Por eso, cualquier opción debe resolver esta injusticia y no puede implicar recortes en las partidas de estas zonas.
Por lo que respecta a la defensa que hace del mantenimiento de los recursos para los fondos estructurales en el 0.45% del PIB comunitario en el próximo marco, es decir mantenerlos en los niveles actuales, la única cuestión es que esta cantidad resulta claramente insuficiente para garantizar la cohesión económica y social, particularmente dada la ampliación con países con un rendimiento per cápita que, de media, ronda el 40% del de la Unión Europea.
Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor del presente informe, acogiendo con especial satisfacción que se haya sabido presentar un conjunto de «alertas» en el marco de la actual política de cohesión de la Unión que, si son atendidas, permitirán un paso más seguro y eficaz en el acercamiento de los niveles de desarrollo entre las diferentes regiones de Europa, es decir, la persecución del objetivo último de la cohesión.
Desde la especial situación de las regiones más periféricas de la Unión (donde la política de cohesión ya demostró ser una gran contribución para el desarrollo), pasando por la necesidad de simplificar las normas de ejecución de la política regional (desburocratizando los pagos, por ejemplo), hasta la racionalización de los objetivos en función de su eficacia real, espero que la Comisión preste especial atención a las propuestas ahora presentadas. 
Es particularmente delicada la cuestión del aumento artificial del PIB de algunas regiones de Europa, por efecto directo del actual proceso de ampliación. Muchos, como yo, han venido solicitando a la Comisión Europea una gran atención en este ámbito y confío en que las respuestas positivas que he recibido de la Comisión a preguntas escritas sobre esta cuestión constituyan una política oficial en el futuro.
Vairinhos (PSE)
. (PT) La política regional y la política de cohesión desempeñan un papel importante para la integración europea, por lo que la prioridad política y económica debe mantenerse y acentuarse en las regiones del objetivo 1. Las desigualdades regionales visibles a través de los resultados prácticos de las políticas de cohesión exigen una redefinición de las prioridades de esas políticas. Las políticas comunitarias relativas a los fondos de cohesión deberán encaminarse preferentemente a su regionalización, rechazándose su renacionalización.
Fatuzzo (PPE-DE).
Envidio al Sr. MacCormick, que en un minuto ha conseguido decir tantas cosas para explicar su voto, mientras yo no consigo decir más que unas pocas palabras, como ahora, para justificar mi voto favorable al informe del Sr. Pomés Ruiz sobre la política de cohesión en las islas y en las regiones con baja densidad de población.
En el caso de estas últimas, hace bien el Parlamento Europeo en abordar esta cuestión, y al respecto quiero recordar en particular las poblaciones sami en Finlandia y Suecia. Por lo que se refiere a las islas, que están verdaderamente despobladas y son incómodas de habitar, propongo que los Estados miembros aumenten la pensión de los jubilados que viven en ellas. Grecia, por ejemplo -patria de nuestra Comisaria, la Sra. Anna Diamantopoulou- registraría una inusitada repoblación de las islas si en ellas las pensiones fuesen más altas.
MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero decir que mi primera explicación de voto ha sido una explicación conjunta de mis dos votos. Me alegro de que estos informes sobre los fondos regionales hayan sido aprobados y no tengo nada más que decir.

Alavanos (GUE/NGL)
- (EL) Al igual que mi Grupo, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas.
La ampliación de la UE con 10 nuevos miembros y el estancamiento del presupuesto comunitario en el mismo nivel están dando lugar a graves preocupaciones sobre la actuación de la Unión en las regiones insulares, las regiones de montaña y las regiones con poca densidad de población de la Unión. Es importante mantener y reforzar la «política de cohesión» y no crear una escisión ni una incoherencia de programación y financiación. Debe respetarse totalmente el principio político de la «solidaridad» para reducir las desventajas estructurales de estas regiones. Es especialmente importante la facilidad para aumentar la financiación para las regiones desfavorecidas, en función del alcance de sus desventajas.
Por último, me gustaría destacar la urgente necesidad de detener la erosión del suelo en las zonas insulares, como el Egeo, con un extenso programa de conservación de la red de muros construidos en seco.

Bonde (EDD)
Básicamente, el Movimiento de Junio cree que los Fondos Estructurales para el desarrollo deberían eliminarse progresivamente. Solamente en la medida en que tengamos realmente Fondos Estructurales para el desarrollo habrá que tener en cuenta también a las islas muy pequeñas.
Su desventaja particular requiere apoyo para los procesos de desarrollo que puedan aumentar el asentamiento y el empleo, es decir, la promoción de una sociedad durante todo el año también en las islas pequeñas.
El Movimiento de Junio vota a favor del informe, pero quisiera señalar lo grotesco que es que al mismo tiempo que proporciona ayuda al desarrollo, la UE impone sobre las sociedades insulares, a través de sus exigencias de procedimientos de licitación, una situación en la que el transporte, que es totalmente esencial, se encarezca de forma innecesaria.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Esta sociedad, esencialmente poco igualitaria debido a las desigualdades entre clases sociales, oculta otras muchas desigualdades.
Así, algunas regiones que por su situación geográfica no ofrecen las mismas facilidades desde el punto de vista del beneficio capitalista, reciben inevitablemente menos inversiones. Los propios defensores de la economía liberal no tienen otro medio de compensar esa desigualdad algo que recurrir al Estado o, lo que viene a ser lo mismo, a las instituciones europeas.
No estaríamos en contra de este tipo de compensaciones si suprimieran las desventajas que sufren las clases trabajadoras como consecuencia del propio funcionamiento de la economía capitalista. Pero las fuerzas destructivas de la economía capitalista son más poderosas que las irrisorias resoluciones del Parlamento Europeo. 
Aún cuando se aprueban subvenciones para las regiones desfavorecidas, no siempre son esas regiones y sus clases trabajadoras las que se benefician de ellas. Así lo demuestran las regiones ultraperiféricas, que en el informe se presentan como un modelo a seguir por las regiones de montaña aisladas. A pesar de las ayudas y subvenciones, tanto nacionales como europeas, Reunión, Guadalupe y Martinica, por citar solo algunas, siguen teniendo unas tasas de desempleo especialmente altas y unos salarios especialmente bajos.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Musumeci (UEN)
. (IT) Hay que aclarar de una vez por todas el significado de las desventajas de las islas como tales, y no sólo de las regiones ultraperiféricas, concepto ya mencionado en la Declaración nº 30 anexa al Tratado de Ámsterdam, aunque lamento decir que las distintas traducciones del documento son extremadamente confusas.
El impulso al desarrollo de las regiones estructuralmente desfavorecidas puede venir de una mayor y mejor utilización de los Fondos Estructurales. Esto depende también de que se facilite más información, de un procedimiento más racional y flexible, y de una evaluación más rigurosa de la calidad de los proyectos y de las intervenciones.
Quiero expresar, pues, mi aprecio por el informe Pomés Ruiz, que tiene el mérito de enfocar las luces y las sombras -más sombras que luces- de una realidad que, identificada la situación de partida, requiere ahora un compromiso financiero, más valentía y voluntad política con vistas a un reconocimiento específico de desventajas estructurales permanentes, cuya naturaleza hasta hoy ha quedado muy poco clara. De ahí la importancia de un cambio significativo que dé curso a dicho reconocimiento a través de la convergencia de otras políticas. Quiero citar en particular la necesidad de efectuar las oportunas excepciones al artículo 87 del Tratado CE sobre las ayudas estatales, indispensables para la recuperación de una distancia económica que se ha consolidado y que es consecuencia, aparte de las desventajas geográficas, de una miopía de decenios de las clases dirigentes, incluida la Comunidad.
El Presidente.
 Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 13.55 horas, se reanuda a las 15 horas)
La Presidenta.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Poignant.
Piscarreta (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, en la Unión Europea, además de todos los problemas relacionados con el mundo laboral, los trabajadores del sector marítimo también constituyen un problema que no se puede ignorar. Frente a la falta de mano de obra cualificada nacional o comunitaria, los armadores se ven obligados a recurrir a trabajadores extracomunitarios. Con el fin de facilitar el recurso a los marinos de terceros países, la Comisión avanzó precisamente con un programa de formación y de reconocimiento por los Estados miembros de los diplomas emitidos por terceros países.
En este ámbito, cabe señalar que más información profesional significa más seguridad marítima y prevención de incidentes. Teniendo en cuenta que muchos accidentes marítimos son de naturaleza humana, resulta imprescindible garantizar un nivel elevado de formación de las tripulaciones de las embarcaciones europeas. La propuesta que estamos analizando prevé, por ejemplo, que el inglés sea utilizado como lengua de trabajo, en caso de que la tripulación y las autoridades en tierra no hablen otra lengua común. Por ello, considero que el reconocimiento de formaciones existentes en un tercer país debe, por consiguiente, basarse en la prueba de que la oferta del personal europeo para determinados lugares es insuficiente.
Sin negar el mérito de esta propuesta de formación, quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de la Comisión y del Parlamento sobre la importancia de la formación profesional continua de los marinos nacionales y europeos. Así pues, estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Poignant, por lo que respecta a la necesidad de reforzar el atractivo de las profesiones marítimas como forma de lucha contra el desempleo y de procurar el refuerzo en recursos humanos de un sector en crisis. En mi opinión, la Unión Europea carece de un programa de acción destinado a la promoción de estas profesiones.
Diamantopoulou
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Poignant y a todos los diputados que han participado en el debate.
Las enmiendas propuestas confirman el planteamiento de la Comisión del procedimiento específico para el reconocimiento de los certificados de los profesionales marítimos y coinciden en gran parte con la postura del Consejo. La Comisión está dispuesta a aceptar casi la mitad de las enmiendas aprobadas por el Parlamento, que realmente mejoran la propuesta.
Sin embargo, la Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas que introducen la posibilidad de retirar el reconocimiento de determinados institutos de formación marítima en terceros países, es decir, las enmiendas 3, 12, 15, 17 y 20. Esta medida no sería ni práctica ni productiva. La Comisión está a favor del reconocimiento global y general de los sistemas y procedimientos de terceros países que garantizan el mismo valor educativo de los institutos individuales. Esta valora muy positivamente los esfuerzos del Parlamento por examinar la retirada de dichas enmiendas.
Sobre este mismo tema, la Comisión puede aceptar la enmienda 19, que ha sido ligeramente modificada por el Consejo, que dispone un mecanismo para advertir a terceros países si existen indicios de que un instituto de formación individual deja de cumplir los requisitos del Convenio STCW, convenio básico sobre formación y certificación.
En cualquier caso, la Comisión rechaza la enmienda 24, que propone anular el uso obligatorio del inglés en las comunicaciones entre el barco y la costa, siempre que las partes que se comunican no hablen la misma lengua. Esta disposición, que ha sido refrendada por el Consejo, simplemente ajusta la legislación comunitaria a los correspondientes requisitos del Convenio SOLAS, vigente en todo el mundo desde julio de 2002.
Creo que, con el fin de evitar ambigüedades en las comunicaciones entre el barco y la costa, las partes directamente implicadas en la misma deberían comunicarse en la lengua que les sea más familiar. Por lo tanto, si las partes no hablan la misma lengua, deben comunicarse en inglés, ya que de otra forma no podrán entenderse.
Además, quisiera agradecer al Parlamento sus enmiendas muy interesantes con respecto a la introducción de un certificado de conformidad europeo para los certificados de competencia, además de su ratificación y el reconocimiento por parte de los Estados miembros, es decir, las enmiendas 4, 5 y 6. Se trata de una sugerencia realmente valiosa y la Comisión la incorporará en el marco de una propuesta legislativa especial sobre los certificados de competencia de los Estados miembros, que solicitará la facilidad de reconocimiento de certificados entre los Estados miembros y, al mismo tiempo, salvaguardará el cumplimiento de los requisitos aplicables.
Además de esto, me gustaría concretamente llamar su atención sobre las conclusiones del Consejo sobre la mejora de las profesiones marítimas y relacionadas con el transporte de mercancías aprobadas por los Ministros de Transporte en Luxemburgo este año. El Consejo solicitó a la Comisión que emitiese una propuesta legislativa sobre el reconocimiento de certificados entre los Estados miembros. La Comisión emitirá una propuesta legislativa sobre este tema en el futuro próximo; por tanto, pueden retirarse las enmiendas, ya que el tema se tratará de forma específica el año que viene.
Quisiera también llamar su atención sobre la enmienda 16, que requiere a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de retirar cualquier ratificación que confirme el reconocimiento de los certificados emitidos por un tercer país. La Comisión considera que dada la urgencia de dichas situaciones, los Estados miembros deberían tener la oportunidad de retirar su ratificación incluso antes de informar a los demás Estados miembros. El Consejo está de acuerdo con este punto de vista y realmente creemos que es importante que el Parlamento decida volver a examinar esta enmienda.
Por último, estoy totalmente de acuerdo con las enmiendas 7 y 13, tal y como han sido modificadas por el Consejo, por las que los terceros países serán reevaluados con el fin de verificar si han tomado las medidas adecuadas contra el fraude relativo a los certificados. Es realmente esencial impedir el fraude con los certificados de competencia y varios diputados al Parlamento Europeo ya han recalcado esta necesidad al respecto. Estamos seguros de que el Parlamento Europeo apoyará los puntos de vista de la Comisión sobre las anteriores enmiendas.
Señora Presidenta, Señorías, si esta Directiva se aprueba en primera lectura, pronto tendremos a nuestra disposición un sistema eficaz y fiable para recibir a los profesionales marítimos extranjeros en nuestros barcos.

La Presidenta.
- Gracias, señora Comisaria.
Durante su intervención ha llegado la Sra. Scallon, que figuraba entre los oradores inscritos.
Scallon (PPE-DE).
Señora Presidenta, felicito al ponente y celebro la propuesta de la Comisión de revisar la actual reglamentación sobre el reconocimiento de los marinos procedentes de países de fuera de la Unión Europea. La actual reglamentación es engorrosa y ha causado duplicaciones y elevados costes administrativos. Por lo tanto, es lógico y beneficioso establecer el reconocimiento de la formación impartida en terceros países.
Es vital que el reconocimiento, no solo de los sistemas y procedimientos de terceros países, sino también de su cumplimiento continuado, esté, durante un sustancial período de tiempo inicial, estrictamente supervisado en el ámbito europeo, ya que este reconocimiento tendrá carácter mundial.
Una dificultad particular destacada por varios marinos comunitarios es la cuestión de la falta de comprensión y de dominio de las lenguas para comunicarse con marinos de terceros países. Por lo tanto, celebro que se hayan incluido requisitos lingüísticos para la certificación de los marinos de terceros países. Esto es fundamental para garantizar la seguridad, en particular en casos de emergencia.
La seguridad marítima es una prioridad y todos debemos hacer lo que podamos para garantizar que el error humano se mantenga en un grado mínimo. La Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Marítima tendrán una gran responsabilidad. Quisiera destacar también que hemos de hacer lo posible por apoyar y promover la marina como profesión en la propia Comunidad Europea.
Quiero pedir su apoyo a determinadas enmiendas: La enmienda 11, que aclara que los certificados emitidos antes de que la Directiva entre en vigor seguirán siendo válidos; la enmienda 21, que establece que solamente se reconozca a los países que cumplen el Convenio STCW, y la enmienda 22, que propone un período definitivo para que los Estados miembros apliquen estas propuestas.

La Presidenta.
- Gracias, señora Scallon.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
La Presidenta.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0226/2003) del Sr. Lambert, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social [COM(1998) 779 - C4-0137/1999 - 1998/0360(COD)].
Diamantopoulou
Señora Presidenta, simplificar y actualizar esta normativa es esencial para promover la movilidad de trabajadores en la Unión Europea.
Quisiera recordar al Parlamento Europeo que hace dieciocho meses se acordó un plan de acción específico de promoción de la movilidad y varias de estas importantes medidas de promoción tenían que ver con la necesidad de coordinación y cooperación entre los sistemas de seguridad social, pero no solo eso.
La cuestión de la movilidad está directamente asociada a la competitividad, a la creación de empleo y la cohesión social, y constituye en esencia el requisito imprescindible para un verdadero mercado de trabajo europeo.
Durante los años previos de aplicación de esta normativa, sus disposiciones han demostrado ser excepcionalmente complicadas, densas y pesadas. Por lo tanto, el sistema ya no responde a los nuevos avances de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros ni a las nuevas condiciones de movilidad de la Unión Europea. En otras palabras, esta normativa debe simplificarse y actualizarse urgentemente, y este es precisamente el objetivo de la propuesta de la Comisión. La simplificación hará que la legislación comunitaria sea más comprensible para los ciudadanos para los que ha sido creada.
En lo que respecta a la actualización, me gustaría destacar tres enmiendas básicas. La primera se refiere al aspecto personal de la normativa. La normativa propuesta se aplicará no sólo a los trabajadores que se desplaza sino también a todos los ciudadanos de la Unión Europea cubiertos por la legislación sobre seguridad social de un Estado miembro. La libertad de movimientos no solo debe beneficiar a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos europeos.
La normativa propuesta, y esta es la segunda enmienda, pretende ampliar el aspecto material de la ampliación de las normas de coordinación. De este modo, los sectores de la seguridad social incluyen nuevas formas de prestaciones, como prestaciones de jubilación anticipada.
La tercera enmienda importante propuesta por la Comisión tiene que ver con las prestaciones de desempleo para los trabajadores transfronterizos. La Comisión propone que los trabajadores transfronterizos reciban las prestaciones del último Estado en el que han trabajado. Esto es importante para poner fin a la complicada e insatisfactoria distinción entre el trabajo a jornada completa y a media jornada de los trabajadores transfronterizos típicos y atípicos. Cada año la Comisión recibe miles de reclamaciones de trabajadores que trabajan en un país y viven en otro y que con frecuencia sufren discriminación debido a la ineficaz coordinación de los sistemas de seguridad social.
Por lo tanto creemos que esta propuesta ayudará no solo a actualizar el sistema, lo cual es necesario, sino también a simplificarlo, de forma que funcione con más agilidad tanto para los ciudadanos como para los Estados miembros.

Lambert (Verts/ALE)
Señora Presidenta, como se viene diciendo, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 es el mecanismo para coordinar los sistemas de seguridad social entre los Estados miembros, no para armonizarlos. Por ejemplo, es el Reglamento que concede el derecho a reembolsar los costes sanitarios de emergencia cuando uno se pone enfermo en otro Estado miembro, con la condición de que se lleve encima el formulario E111, cosa que estoy segura que todos los presentes hacemos.
La base del Reglamento es conferir a las personas de un Estado miembro que viven o trabajan en otro el mismo derecho a las prestaciones de la seguridad social que un nacional que vive en dicho Estado miembro. Es una cuestión de igualdad de trato. No significa que el sistema nacional viaja con cada uno, cosa que la gente no entiende, sino que uno se acoge al nuevo sistema, que debe dar el mismo trato que a los demás.
Al modificar este Reglamento nos hemos visto limitados por un estricto fundamento jurídico en los Tratados y por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia sobre el alcance del Reglamento: por ejemplo, definiciones de seguridad social y no de bienestar social en general. Es cierto que como comisión esto nos ha parecido frustrante.
La incapacidad para construir puentes entre sistemas nacionales es problemática, y cuando aparecen vacíos entre los sistemas, muchas personas se sienten mal atendidas. Creen que la labor de Europa es tender esos puentes.
Una de las tres principales cuestiones de que se ocupan los servicios de asesoramiento, según nos dicen, es la de las personas que han abandonado su empleo para trasladarse a otro país con su compañero o cónyuge y que al hacerlo pierden el derecho a percibir prestaciones de desempleo; de ahí las enmiendas 2 y 43 de la comisión. Los Estados miembros podrían ayudar reconociéndolo como motivo válido para el desempleo.
Como hemos podido escuchar, el objetivo de las propuestas de la Comisión es simplificar y modernizar el Reglamento. El Consejo viene examinando estas propuestas desde 1999 y el Parlamento ha seguido los trabajos con vistas a cooperar cuando haya progreso a favor de las personas y cuando se ajuste a las decisiones del TJE.
Sin embargo, también nos hemos preocupado de señalar los problemas y de buscar soluciones cuando sea posible en el ámbito limitado del Reglamento. Agradezco mucho esta cooperación con el Consejo y la Comisión y, por supuesto, el gran apoyo que ha supuesto la cooperación de los colegas en el seno de la comisión. Tenemos el deseo común de que la revisión necesaria del Reglamento se haga en esta legislatura.
Nuestra comisión apoya la ampliación del alcance del Reglamento 1408/71. Defendemos la medida de incluir las prestaciones de jubilación anticipada mientras sigan existiendo, dadas las medidas actuales para ampliar la vida laboral y las prestaciones de paternidad. Una mayoría en la comisión lamenta profundamente que debido a un fundamento jurídico débil la definición ampliada de familia que queremos que aparezca en la enmienda 20 también es problemática. Deseamos que el Consejo encuentre una solución progresiva en su respuesta a la votación del Parlamento Europeo sobre el informe Santini. Si la situación persiste, muchos de nosotros pensamos que el Tribunal de Justicia Europeo recibirá demandas relacionadas con la falta de reconocimiento mutuo del estado marital de las parejas homosexuales.
Sin embargo, la comisión se alegra de que en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad al parecer se avance en la exportación transfronteriza de ciertas prestaciones por discapacidad. Saludo la decisión de la Sra. Oomen-Ruijten de apoyar el nuevo artículo 55 que está sobre el tapete y que defienden muchos Grupos políticos. Esto significa que la enmienda 42, la enmienda de la comisión sobre la creación de puentes y, en cierta medida, sobre el aviso, puede sustituirse por la enmienda 55.
En la situación actual, en que no se pueden exportar las prestaciones por discapacidad, la vida de muchas personas discapacitadas se ha arruinado del todo. Estas personas no han podido ejercer su libertad de circulación porque no pueden permitírselo.
Otro ámbito en que la labor de los colegas ha sido de gran ayuda es la cuestión de los trabajadores fronterizos, que afrontan dificultades especiales al tener que hacer malabarismos con dos sistemas. El texto revisado del considerando 4 se refiere en particular a la cuestión de la fiscalidad. Quiero decir que se trata de una referencia y no de un intento de armonizar la fiscalidad en toda la Unión Europea. Señala que hay dificultades que precisan una solución, aunque este Reglamento no sea el lugar para ello. Es un problema que solo puede aumentar cuando algunos Estados miembros fusionen sus sistemas fiscales y de pagos de la seguridad social, y cuando muchas personas puedan ver que están pagando el doble por un servicio que solo reciben una vez.
Las enmiendas relativas a los artículos 57 y 59 también recogen la necesidad de abordar los problemas potenciales antes de que afecten a las personas, y, de hecho, están asociadas a decisiones anteriores del Parlamento Europeo.
Como ya he dicho antes, al alcance del Reglamento es limitado: no puede responder a todas las preguntas relativas a los trabajadores fronterizos o al acceso a la asistencia sanitaria, especialmente cuando hoy en día estos aspectos son abordados en el marco de los Tratados como una serie de productos y servicios, en lugar de un servicio social universal. No obstante, podemos intentar garantizar que el Reglamento sea lo más claro y completo posible para que las empresas no puedan eludir sus obligaciones con respecto a sus empleados y que no les exijan, por ejemplo, que se hagan autónomos para evitar el pago de la seguridad social. El Reglamento debería constituir un apoyo a la libre circulación, no una barrera, y esperamos que nuestro trabajo conjunto apunte en esa dirección.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señora Presidenta, el Reglamento de hoy constituye un hito en la historia. Queremos modernizar, queremos simplificar y hemos trabajado más de diez años para conseguirlo. Ahora parece que conseguiremos cerrarlo ya en la primera lectura. Normalmente, perdóneme, señora Lambert, daría las gracias en primer lugar al ponente. Sin embargo, por una vez quiero elogiar a los servicios de la Comisión. En primer lugar al director Rob Cornelissen, que no solo ha convencido al Consejo, sino que además nos ha apoyado con sus consejos y sus acciones, y asimismo a los demás colegas y sobre todo a Herwig Verschueren, que ha aportado una importante contribución. Señora Presidenta, aún no hemos acabado, y más adelante me referiré a ello. Todos los grupos del PE han presentado enmiendas. Queremos que este Reglamento esté listo en cualquier caso para la próxima ampliación. Es absolutamente necesario. A fin de cuentas, el Reglamento sobre los sistemas de seguridad social se fija de acuerdo con el procedimiento de codecisión, mientras que el Consejo exige unanimidad. La CIG cambiará este sistema y con razón. Ahora voy a contar las bendiciones. Se ha ampliado el ámbito de aplicación del Reglamento. Todos los ciudadanos que vivan legalmente en el territorio de un Estado miembro tendrán ahora igualdad de trato. Esto significa que tendrán los mismos derechos y deberes que los ciudadanos del Estado miembro. 
En segundo lugar, los derechos adquiridos han de mantenerse en todo momento. Ahora, por primera vez, la exportación de derechos en el marco de la seguridad social se ha fijado de forma clara y unívoca, también cuando en un determinado Estado miembro solo se garantizan algunos períodos. 
En tercer lugar, se simplifican mucho los regímenes de pensiones. Los regímenes para una jubilación anticipada, que ha causado problemas a tantos, se incluirán, de seguir existiendo, en la coordinación. 
En cuarto lugar, hay una mayor claridad sobre los derechos en caso de enfermedad en el extranjero. Si se necesita ayuda urgente en el extranjero, todo el mundo tendrá los mismos derechos. Por otra parte, consideramos importante una enmienda en la que la exigencia de autorización para recibir tratamiento médico en el extranjero se adapta a las sentencias más recientes del Tribunal. Esto quiere decir -por cierto, hay un error lingüístico en el texto inglés- que no es preciso disponer de una autorización especial para la asistencia ambulatoria, aunque sí para la asistencia hospitalaria. 
Los trabajadores fronterizos. El trabajador fronterizo jubilado mantiene los derechos en el país en que ha trabajado. La novedad es que también se concede derechos a los miembros de la familia del trabajador fronterizo. 
El desempleo. En caso de desempleo, se mejoran las posibilidades para buscar trabajo, bajo determinadas condiciones, en el extranjero, sin perder el subsidio. Por cierto, he presentado junto con mis colegas una enmienda sobre esta cuestión. Quiero que el Consejo diga unánimemente «sí» a una enmienda que conceda a Luxemburgo un periodo de transición de cinco años, porque debido a la gran cantidad de trabajadores fronterizos se verá más afectado por esta nueva regla. Tendrán la oportunidad de adaptarse al nuevo sistema de subvenciones en el país donde trabajan y la disponibilidad allí para el mercado laboral. Hay enmiendas para la asistencia para la vivienda, etc. El artículo 55 del nuevo texto, como ya ha señalado la Sra. Lambert, es mucho mejor y espero que reciba apoyo. 
En octavo lugar, los discapacitados ya no pierden su subvención en caso de trasladarse a otro Estado miembro. Esto me complace, sobre todo en el año de las personas con discapacidad. 
En noveno lugar, un apartado que no llama la atención, pero es importante, establece que si hay problemas, los Estados miembros ya no pueden eternizarlos, sino que está obligados a buscar soluciones reales en un determinado plazo. 
Me quedan aún dos pequeñas cuestiones, señora Presidenta; en primer lugar los matrimonios entre homosexuales, una cuestión de la que se ha hablado mucho. ¿Cree la Comisaria que el Reglamento de coordinación es el lugar adecuado para obligar a los trece Estados miembros que no reconocen el matrimonio entre homosexuales, que no han incluido su derecho a formar una familia, a hacerlo ahora por medio del Reglamento? ¿Acaso la enmienda 20 no podría causar problemas a todo el Reglamento? Apoyo la enmienda 49.
Además, no se ha regulado el problema de que cuando en la seguridad social se aplica el principio del país de trabajo, no se mantiene a la misma altura la legislación tributaria. Señora Presidenta, también me gustaría ver una normativa coherente en relación con este punto. Con todo, estoy muy satisfecha con la propuesta.
Weiler (PSE)
. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, crear un mercado de trabajo europeo es en realidad el objetivo de todos los Estados miembros, y desde 1971 contamos para este fin con un instrumento, a saber, el Reglamento 1408. Pero ¿cuál es la situación en la práctica? Algunos Estados miembros han levantado y mantenido numerosos obstáculos. Por ello me alegro de que finalmente se haya presentado la tan esperada reforma del Reglamento 1408. Dicha reforma se habría realizado mucho antes si en el Consejo no existiese este absurdo principio de unanimidad.
No obstante, hemos demostrado que estamos en condiciones de realizar, poco antes de terminar la legislatura, no sólo la ampliación, sino también una profunda reforma en materia de política social.
Lo primero que hay que decir es que todo se simplifica, cosa que desean los ciudadanos y también el Parlamento, y que se asumen algunas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre aspectos como el derecho a los servicios médicos. En segundo lugar, también hay reformas cualitativas, y tanto en el Parlamento como en la comisión parlamentaria hemos alentado y empujado a la Comisión a que las formule como tales. Incluyen, por ejemplo, el derecho de los parados a permanecer en Europa durante seis meses para buscar empleo; el ámbito de aplicación del Reglamento abarca también a los familiares y a las personas que ya no ejercen ninguna actividad económica. Comprende todas estas cosas porque está claro que no invitamos únicamente a venir a Europa a los trabajadores, sino también a sus familias.
Me complace especialmente, al igual que a la Sra. Oomen-Ruijten, que hayamos establecido un régimen especial para las personas con discapacidades, que el Consejo no quería aceptar en un principio. Ahora espero que lleguemos a un compromiso. Lo importante es que nadie que desee utilizar las posibilidades de la movilidad y a los que queremos apoyar en este empeño, quede fuera del régimen de la seguridad social. Pero también es importante que volvamos a declarar que se trata de una coordinación y de un reconocimiento de derechos, y no de la transferencia de prestaciones sociales de un Estado a otro.
Por supuesto también hubo algunos conflictos; no con la Sra. Lambert, a la que agradezco su colaboración; ni siquiera conflictos graves con el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, excepto en el punto relativo a las familias. La Sra. Oomen-Ruijten acaba de mencionarlo. La definición de familia es sumamente estricta en algunos Estados miembros -yo diría que tienen una concepción propia del siglo XX-, mientras que otros tienen un enfoque más moderno, más propio del siglo XXI. Para nosotros, lo importante es que esta definición, si la adoptamos, no tenga ninguna significación jurídica a efectos del Reglamento y que no impongamos a ningún Estado miembro un determinado estilo de vida. Por ello quizá deberíamos dar muestras de un poco más de tolerancia. 
Y por último, mi Grupo y yo mismo consideramos muy importante que el Reglamento, por muy importante y vasta que sea esta reforma, se mantenga abierto. Sin duda habrá otros casos en los que deberemos intervenir, en particular tras la adhesión de los diez nuevos Estados miembros el año que viene, cuando hayamos acumulado experiencias y quizá debamos proceder a nuevos cambios. Por este motivo apoyamos también la idea de la Comisión de una acción flexible en ámbitos que se mantienen abiertos y de regular las cuestiones que no han sido descartadas, como la fiscalidad y, en algunos casos, la posibilidad ocasional de la doble imposición, que quizá se dé en la próxima legislatura.
Boogerd-Quaak (ELDR).
Señora Presidenta, yo también puedo decir que estoy muy satisfecha con el intento de la Comisión Europea por lograr una simplificación en el ámbito del fomento de la movilidad, pues de esto se trata en realidad. Todos queremos que los ciudadanos puedan hacer valer realmente su derecho a una libre circulación de trabajadores. Hasta ahora la cosa no funcionaba bien. Basta con echar una ojeada a las estadísticas para ver que tan solo el 2% de los ciudadanos trabaja en otro país. Sin embargo, en este caso quiero intercalar algunas notas disonantes. Estas notas disonantes no tienen que ver con el Parlamento. De nuevo ha sido posible una buena colaboración con los colegas. Como ya ha dicho la Sra. Oomen, se ha podido colaborar bien con la Comisión Europea.Sin embargo, ha sentido como una espada de Damocles el que el Consejo Europeo amenazara de hecho con detener la cuestión si no contenemos nuestras exigencias. Señora Presidenta, me parece inaceptable, sobre todo tratándose del trabajo fronterizo. Quiero fundamentarlo con algunos ejemplos. En mi zona, es la zona fronteriza entre Bélgica -donde vivo- y los Países Bajos, existe en estos momentos la posibilidad de colocar a ochocientos trabajadores en una gran empresa -Volvo- justo al otro lado de la frontera. Sin duda se reclutarán trabajadores en mi zona. Sin embargo, sigo dudando si he de aconsejar a la gente que lo haga, mientras no se les pueda garantizar una seguridad social buena y bien fundada. Me parece imposible explicar, por ejemplo a una señora de 62 años, que se ha quedado inválida, que perderá su pensión de invalidez en Bélgica y solo a los 65 años tendrá derecho a una pensión del seguro obligatorio de vejez en los Países bajos. Son cosas que no puedes explicar porque en estos momentos no hay suficiente coordinación. Por esta razón, todos hemos presentado diversas enmiendas para evitar este tipo de casos, enmiendas con las que queremos obligar a los organismos y a los Estados miembros a coordinar mejor. 
Las enmiendas tal como las hemos presentado -afortunadamente lo hemos hecho diversos grupos juntos- se aplican a casos específicos, que a menudo tienen que ver con los trabajadores fronterizos. Creo que es justo. Creo que no es aceptable que los Estados miembros no puedan y no quieran reconocer este problema. Tampoco podemos permitir que se obstaculice una Europa unida porque un grupo de funcionarios y políticos nacionales consideran que el trabajo fronterizo es una cuestión marginal. Por ello me complace que, en su propuesta, la Comisión Europea haga todo lo posible por obligar a los Estados miembros a cooperar. En cuanto se haya aprobado este Reglamento, espero que también se mantenga y pido a la Comisión Europea que se encargue de ello.
Ainardi (GUE/NGL).
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el informe de la Sra. Lambert presenta toda una serie de medidas muy interesantes. El objetivo principal de este informe es conseguir que los ciudadanos que se desplacen por la Unión no resulten perjudicados en sus derechos a la seguridad social. Para los que esperamos aquí, en este Parlamento, que los intercambios culturales y humanos se multipliquen en el marco de la libre circulación de las personas, este informe va realmente en la dirección acertada. La simplificación reglamentaria, la coordinación, la armonización de los procedimientos basada en la aplicación del principio de la igualdad de trato, que concede a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia de los demás Estados miembros los mismos derechos que a los ciudadanos del Estado competente, todo ello contribuye a la construcción de Europa.
Cabe destacar en especial algunas medidas del informe que, personalmente, me parecen acordes con la evolución de nuestras sociedades. Me refiero, en particular, a la voluntad de regular conjuntamente maternidad y paternidad, también en la propuesta que trata de incluir a los nacionales de terceros países en el ámbito de aplicación de la Directiva, e incluso en la definición del término «miembro de la familia» para poder aplicarlo a parejas no casadas que mantienen una relación duradera, cualquiera que sea su sexo.
Aunque, conjuntamente con mi Grupo, apoyo este informe, quiero resaltar, señora Comisaria, la paradoja existente entre las voluntades declaradas y las amenazas de regresión en los regímenes de la seguridad social que se observan en muchos países europeos. Francia, Italia y Alemania, por ejemplo, han iniciado o están a punto de iniciar reformas de sus actuales sistemas de seguridad social, con el pretexto de que tienen un déficit presupuestario excesivo para los criterios de Maastricht. Si ampliamos el ámbito de actuación del sector privado, nos encaminaremos hacia una disminución de la asistencia nacional, o incluso hacia su desaparición total, lo cual estaría lleno de peligros para el futuro. Sin embargo, los principios y los objetivos que subyacen a la creación de los sistemas de seguridad social en Europa siguen siendo válidos para crear un modelo social europeo que ha demostrado su utilidad al permitir el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos durante decenios.
Añadiría que esos objetivos son aún más necesarios ante los crecientes niveles de precariedad y de pobreza que se están dando en Europa hoy. Según un estudio reciente de Eurostat, el 15% de los ciudadanos de la Unión Europea corren el riesgo de sufrir pobreza y exclusión social. Si se retiran todas las transferencias sociales, esa cifra aumenta al 24% y la situación puede empeorar. La cuestión que se nos plantea en Europa va mucho más allá de la necesidad de una mejor coordinación, ciertamente indispensable. Nos enfrentamos a una verdadera elección de la sociedad. ¿Queremos un modelo de desarrollo económico y social equitativo y solidario que permita incentivar el crecimiento, o queremos optar por la supresión de todos los sistemas sociales, a riesgo de dejar que se dispare el número de ciudadanos en situación de precariedad, pobreza y marginación social? La primera opción exige el establecimiento de una auténtica gobernanza social europea, basada en un modelo de armonización descendente. Eso supondría, evidentemente, revisar también los criterios de Maastricht.
Bouwman (Verts/ALE).
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión. En este sentido se han mencionado dos nombres, la Sra. Diamatopoulou y la Sra. Lambert que está a mi lado. Me uno de todo corazón a ello. Si se quiere evaluar algo en términos de carácter histórico, como ha dicho la Sra. Oomen-Ruijten, es posible hacerlo de dos maneras. Desde la historia, hemos recibido una mezcolanza de disposiciones, una mezcolanza de adaptaciones, una directiva de coordinación nº 1408/71 con una posterior adaptación.Y además tenemos una serie de problemas. Entonces es muy bueno que demos un paso adelante, pues podría ser un paso histórico. Hay otro paso que también podría ser histórico, pero me referiré a ello más adelante. Primero quiero examinar lo que hemos alcanzado juntos. Creo que en sí es favorable. 
Está claro -la Sra. Oomen-Ruijten ya lo ha indicado- que hemos logrado diversas cosas que ahora ya son aceptables para el Consejo y para la Comisión. Se trata por ejemplo de incluir a las personas apátridas y a los refugiados; se trata de regímenes, mejoras en el ámbito de los obstáculos burocráticos para el trabajo fronterizo, y podríamos seguir enumerando más. Sin embargo, aún quedan muchos problemas, como todos sabemos. Solo el 2% de la población europea realiza de alguna manera un trabajo transfronterizo. Si hablamos con los trabajadores transfronterizos, ya se ha mencionado en forma de ejemplos personales, vemos que existe un problema ilimitado. 
Además quedan pendientes algunas cuestiones y creo que en este ámbito deberíamos dar los siguientes pasos históricos. Basta con mirar la definición de familia, para ver que no cuadra, tenemos que intentar solucionarlo por medio del informe Santini. O si miramos diversas cuestiones que guardan relación con la reunificación de familias y las subvenciones, etc... Una cosa está clara. Hablamos de la mejora de la coordinación de estos regímenes, hablamos de su modernización y lo hacemos sobre el trasfondo de la movilidad de los trabajadores en Europa y un mercado de trabajo que funcione mejor.

En el futuro, y este sería un paso histórico, tendremos que buscar una armonización, porque de lo contrario no solucionaremos otros problemas, porque en cada Estado miembro los regímenes de la seguridad social están bajo presión y en realidad también en conflicto entre sí, lo cual provoca un mayor crecimiento de esa mezcolanza.
En realidad me gustaría ver que se acabara con ello.
Crowley (UEN).
Señora Presidenta, quiero unirme a mis colegas dando las gracias a la Sra. Lambert por su trabajo en torno a esta cuestión. Asimismo, quiero felicitar a la Comisión y su personal por la ayuda que han prestado.
La libre circulación es uno de los principios centrales del mercado único. Si esto es una realidad en lugar de una ilusión, entonces hay que aprovechar la oportunidad de circular junto con las prestaciones de la seguridad social, asegurando los derechos a la seguridad social. En los últimos años se han dado muchos pasos para lograr una solución a lo que parecía un problema inabordable. Creo que el texto del Consejo y de la Comisión, así como algunas de las propuestas de esta Asamblea, ofrecen la mejor solución posible para garantizar a las personas que están obligadas o que desean desplazarse a diferentes países que tienen asegurados sus derechos a sus prestaciones.
Una de las dificultades que hemos afrontado en los últimos años con este Reglamento ha sido su complejidad, no solo para la persona que desea beneficiarse de él, sino también para las autoridades que tienen que interpretarlo. Una de las grandes cosas que hemos hecho hasta la fecha en nuestro trabajo con la Sra. Lambert y otras personas ha sido resumir este texto, simplificarlo y hacerlo legible.
Todavía quedan cosas por hacer, pero hemos recorrido un largo camino hacia este fin.
Una de las dificultades que tengo con algunas de las enmiendas presentadas es la cuestión de la armonización. Como dice la Sra. Lambert en su propio informe, el principio fundamental concierne a la coordinación de los sistemas nacionales, no a su sustitución. En otros ámbitos de trabajo de la Unión Europea hemos visto que con la coordinación se consiguen resultados más rápidamente y mejores para las personas que con el mero intento de forzar la armonización. Por lo tanto, me opongo a algunas de las enmiendas que defienden la armonización fiscal y la igualdad de derechos a la prestación por desempleo.
La última cuestión que planteo es la definición de la familia. De nuevo, esta cuestión plantea dificultades en distintos países donde no se reconocen ciertos tipos de uniones y ciertos tipos de matrimonios. Hemos de garantizar que en estos ámbitos se aplique la legislación nacional. En todos los países se logran avances en materia de coordinación.
Las cuestiones planteadas en la enmienda 38 en particular pueden abordarse mejor en el contexto del Reglamento recientemente aplicado, y debemos dejarlo tal como está.

Hermange (PPE-DE).
Señora Presidenta, la libertad de circulación es una de las cuatro libertades fundamentales previstas en nuestros Tratados. Es fundamental, como han dicho algunos de mis colegas, que las personas que se desplazan por la Unión Europea no resulten perjudicadas en sus derechos a la seguridad social y, por consiguiente, que se coordinen las legislaciones nacionales en materia de seguridad social. Estoy convencida, por tanto, de que unos regímenes de seguridad social que funcionen de forma armónica y coordinada constituyen una baza valiosísima para las sociedades europeas. Los derechos adquiridos, la política de simplificación en materia de jubilación anticipada, la clarificación de las prestaciones por enfermedad, las prestaciones sugeridas por nuestros colegas en materia de discapacidad, son elementos fundamentales para mejorar este informe, que contempla especialmente la protección social de los trabajadores fronterizos y de los que se desplazan dentro de nuestro territorio. Aunque sólo representen un pequeño porcentaje del conjunto de la población, los problemas a los que se enfrentan merecen ciertamente toda nuestra atención. A este respecto, tengo en mente un ejemplo concreto: recuerdo haber invitado a París a varios médicos belgas que habían ejercido la medicina durante 20 años en su país. Cuando acudieron a las oficinas de la seguridad social de París, se les comunicó que habían perdido todos sus derechos. Esto nos demuestra que tenemos que alegrarnos del presente texto.
No obstante, algunas enmiendas de este informe presentan problemas. Me refiero en particular a la enmienda 3 y a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento, que no me parece oportuna, habida cuenta de la repercusión financiera que podría tener semejante medida. Por su parte, la enmienda 20 me parece que perturba inútilmente el Reglamento. Por esta razón creo que el Parlamento debe ser razonable y aceptar la enmienda 49, como acaba de sugerir la Sra. Oomen-Ruijten en su intervención.
van den Burg (PSE).
Señora Presidenta, de las cuatro libertades del mercado interior, la libre circulación de personas, y concretamente de los trabajadores, es la libertad que menos se ha conseguido. Se puede soñar con una mayor movilidad laboral y con eliminar las fronteras interiores para las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la práctica es a menudo una pesadilla para quienes realmente cruzan la frontera en busca de trabajo. Pocos se atreven a hacerlo. En Europa tenemos una movilidad laboral demasiado baja y no prestamos suficiente atención a los pocos que se atreven a dar el salto. Los políticos y los encargados de la política en las capitales lo consideran a menudo un problema marginal, que tiene lugar en los márgenes de su país, de su centro. Nosotros, los políticos europeos y encargados de la política europea, oímos a menudo que hemos de mantenernos alejados de la seguridad social, porque se trata de un asunto nacional. Hemos de limitarnos exclusivamente al Reglamento 1408/71. Dicho Reglamento, como su nombre indica, tiene más de treinta años de antigüedad y con el paso del tiempo no se ha vuelto más claro. También la propuesta de simplificación que la Comisión presentó en 1998 ha tenido que esperar cinco años antes de que se alcanzara cierto acuerdo dentro del Consejo. Un proceso difícil, con el que aún no hemos acabado, pero para el cual, afortunadamente, ahora hay puntos de partida claros. Otros los han mencionado anteriormente y no los repetiré. Valoro sobremanera el trabajo realizado por la Comisión Europea y los grupos del trabajo del Consejo, y por supuesto también el de nuestro ponente, Jean Lambert, que ha realizado unas consultas muy extensas con otras instituciones. Sin embargo, han quedado muchos problemas. Tengo la sensación de que a través de nuestras enmiendas, a menudo trabajando junto con la Comisión y el Consejo, hemos solucionado muchos de estos problemas. Pero en la práctica hay otros dos escollos importantes. 
En primer lugar es importante saber qué incluirán los Estados miembros en el Reglamento y qué excepciones y excusas idearán para eludir de nuevo las disposiciones. Para ello son sumamente importantes el Reglamento de aplicación y los anexos. Aún no están a nuestra disposición. Aunque el Consejo se está ocupando de ello. Creo que en nuestro punto de vista definitivo tendremos que tenerlo muy en cuenta. ¡Los Estados miembros quedan avisados! Junto con nuestros colegas en los parlamentos nacionales procuraremos no perder de vista a los ministros y representantes del Consejo. 
En segundo lugar, a menudo hay problemas en la práctica en los puntos de contacto con otras legislaciones y normativas, zonas que no pertenecen en sentido estricto al ámbito del Reglamento. Por ejemplo, cuando en los regímenes de la seguridad social se aplican límites de edad o definiciones sobre quién tiene derechos derivados, procedentes del derecho familiar en los Estados miembros. O, algo que sucede a menudo en los Países Bajos, combinaciones de regímenes de la seguridad social general que sirven de base, y regímenes complementarios que no se incluyen en el Reglamento. Un problema muy grave lo constituyen los regímenes fiscales. Para estos no hay reglas de coordinación europeas y sólo existen convenios bilaterales entre Estados miembros. A menudo, estos no coinciden con las reglas del Reglamento. Este es un enorme problema, sobre todo para los trabajadores fronterizos que viven en un país de la UE y trabajan en otro. Nos hemos dejado convencer por la Comisión de que estos problemas no pueden solucionarse dentro del Reglamento y por ello hemos trasladado diversas enmiendas desde los artículos a los considerandos, pero esto no ha de implicar que la Comisión y el Consejo las tomen menos en serio. Quiero recalcarlo aquí. Espero que, en los próximos tiempos, la Comisión, quizás sea una nueva Comisión, tome iniciativas realmente dinámicas con respecto a estos puntos, porque la solución de estos problemas es al menos tan importante como la de los problemas que se plantean en el actual Reglamento.
Jensen (ELDR).
Señora Presidenta, a menudo visito empresas y a personas que se encuentran en la frontera entre Dinamarca y Alemania y una y otra vez oigo hablar de los problemas de vivir en un lado de la frontera y trabajar en el otro. Esto implica, de hecho, que mucha gente ni lo intenta. En realidad, solamente 1 000 personas cruzan todos los días la frontera danesa/alemana, a pesar del hecho de que el desempleo al sur de la frontera es del 12% y al norte solamente del 6%. Está claro que existen barreras lingüísticas para aceptar un empleo al otro lado de la frontera, pero el distinto modo en que están establecidos los sistemas tributario y de seguridad social también tiene gran importancia.
Por supuesto, lo que distingue a Dinamarca es que financiamos nuestros sistemas de seguridad social transfronterizos a través del sistema de tributación general, mientras que en el resto de la UE se hace un mayor uso de las cotizaciones específicas a la seguridad social. Esto tiene que ver con el origen de parte del problema que sufrimos. No me importaría, en cierto modo, que en Dinamarca consiguiéramos reformas por las que los pagos futuros reflejasen mejor la responsabilidad de los individuos respecto del bien común y por las cuales los costes de los acuerdos respecto de la seguridad social fuesen más claros, es decir, a través de un aumento de las cotizaciones específicas. Dichas reformas también podrían reducir los problemas planteados por el sistema de seguridad social danés con respecto a los sistemas de otros países.
Sin embargo, actualmente esto no se plantea. En este caso se trata de simplificar la coordinación de los acuerdos sobre seguridad social entre los Estados miembros, y hay una necesidad acuciante de simplificar estas normas tan complejas que, con los años, se han complicado todavía más.
Quisiera dar las gracias a la Sra. Lambert por el trabajo que ha realizado. Estoy a favor de que el Parlamento trate de cooperar con el Consejo sobre estas cuestiones y de trabajar conjuntamente con éste. No debemos retrasar las reformas innecesariamente. Creo que sería más fácil sacar adelante las reformas antes de la ampliación y no después. Por consiguiente, no debemos centrarnos tanto en la idea de que no podemos obtener una solución viable ahora mismo.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señora Presidenta, para garantizar la libre circulación de las personas en la Unión Europea, resulta fundamental garantizar sus derechos por lo que respecta a la seguridad social. Por ello tiene tanta importancia este trabajo realizado por la ponente, la Sra. Jean Lambert, a quien felicito.
Lo cierto es que nadie debe quedar excluido de los sistemas de seguridad social existentes en la Unión Europea, incluidos los nacionales de terceros países, aunque esa cuestión se haya tratado por separado. Sin embargo, también creo que, en este caso, no debe haber una lista exhaustiva de los regímenes de seguridad social abarcados por la coordinación, de forma que podamos permitir eventuales adiciones posteriores siempre que surja un problema.
Me gustaría señalar que son positivas las propuestas e innovaciones destinadas a actualizar el Reglamento que, como ya sabemos, data de 1971, propuestas por la propia Comisión, aunque es necesario ir más allá, aunque se deban mantener sus cuatro principios, como plantea la ponente. Subrayo, en especial, algunas de las propuestas destinadas a mejorar el documento inicial presentado al Parlamento y del que destaco: la defensa del derecho a las prestaciones de desempleo en el nuevo país de residencia cuando las personas dejen su empleo en un Estado miembro para trasladarse a otro por motivos familiares; la aplicación del régimen a los refugiados, apátridas o sus familiares residentes en Estados miembros; la definición de trabajador transfronterizo, refugiado, apátrida y de sus derechos, aunque esos derechos se deban ampliar también a sus familiares; el reconocimiento de los derechos de los trabajadores transfronterizos reformados, la ampliación del concepto de familia y la inclusión del permiso por paternidad; la mejora de la situación de las personas con discapacidad -lo que ya fue mencionado aquí, evitando, por ejemplo, que éstas queden durante algún tiempo sin derecho a prestaciones por invalidez o sean obligadas a solicitarlas de nuevo: la posibilidad también aquí prevista de que dos o más Estados miembros negocien entre sí convenciones basadas en los principios y en el espíritu del Reglamento.
Sin embargo, no puedo dejar de lamentar que haya diversos intentos de retroceso de los sistemas de seguridad social en varios Estados miembros, particularmente en el mío, lo que puede poner en peligro el verdadero alcance de algunos de los derechos que estamos defendiendo aquí. Por eso, realizo un llamamiento para que tengan en cuenta estas propuestas y para que se revisen también todos los intentos de retroceso de los sistemas de seguridad social en los diversos Estados miembros.
Pronk (PPE-DE).
Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la ponente por el trabajo realizado. A menudo he pensado que se pasaría todo su mandato con este informe, pues ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo. Ello no se debía a su falta de fervor, pues éste era precisamente grande, sino a la falta de diligencia del Consejo. La Sra. Oomen-Ruijten ha dicho con razón que el problema no ha sido la falta de diligencia de la Comisión. Esto indica que nos hallamos ante un expediente especialmente difícil desde el punto de vista político. ¿Por qué? Hay mucho dinero implicado, esta es la primera cuestión. 
La segunda cuestión es que los Estados miembros en la práctica administrativa cotidiana en realidad no piensan en absoluto en las personas que salen de vez en cuando de su propio sistema. En realidad parten del supuesto de que todo el mundo nace y muere en su propio país. En realidad les molesta enormemente que se perturbe este orden, porque algunas personas salgan al extranjero. Están dispuestos a tomar determinadas medidas, pero las menos posibles, y luego intentan recuperar todo lo que pueden. Si a continuación aparecen problemas con el presupuesto, estas personas serán las primeras afectadas. De ahí que el Reglamento se utilice también para reducir los derechos, no para ampliarlos. Quien quiera examinarlo o estudiarlo, tiene que mirar lo que sucede en los Países Bajos y Bélgica en este ámbito en que ambos países no son precisamente inocentes. 
Por último, señora Presidenta, otra cuestión, y es una cuestión sobre la cual existen discrepancias. Es la cuestión de impuestos y seguridad social. Creo que la Sra. Jensen ya ha sido muy oportuna al hablar de esta cuestión. Asimismo ha dado uno de los mejores ejemplos en Dinamarca, porque allí toda la seguridad social se paga con los impuestos. Lo malo es que a veces sucede que las personas pagan impuestos en un país y están aseguradas en otro. Pueden producirse casos como el de Bélgica, donde las cuotas a la seguridad social son relativamente altas y en Dinamarca donde no existen, al menos no en forma de cuotas. Entonces, el que tenga que pagar impuestos en Dinamarca y cuotas a la seguridad social en Bélgica será muy poco afortunado. En el caso contrario, por supuesto, será muy afortunado. Pagará relativamente pocos impuestos en Bélgica y en Dinamarca recibirá muchos servicios sociales. Se trata por lo tanto de una cuestión que tendremos que examinar de nuevo. No tiene que ver con la armonización, pero sí es importante. Los dos tipos de impuestos deberían tratarse de la misma manera, por lo menos en el mismo país y esta es una cuestión por la que deberíamos preocuparnos. Si no lo solucionamos, nunca crearemos un buen mercado laboral en Europa.
Gillig (PSE).
Señora Presidenta, como ha hecho el anterior orador, tengo que felicitar no sólo a la Sra. Lambert, ponente, por el trabajo realizado, sino también a su equipo, señora Comisaria, por el trabajo realizado y por la coordinación entre la comisión parlamentaria y la Comisión que ha permitido simplificar y modernizar un texto que se refiere a uno de los aspectos fundamentales de la Unión Europea, en concreto la libertad de circulación - como usted ha dicho - no sólo de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos europeos.
Este texto ha sido simplificado y actualizado, y tiene en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia, pero también las realidades actuales del empleo y de determinados tipos de trabajadores por cuenta propia. A mi entender, tenemos que congratularnos por ello y pedir que este trabajo llegue a buen término antes de final de año, antes de la ampliación, pues eso simplificará los avances.
En el poco tiempo de que dispongo, quiero centrarme en una cuestión: la situación de los trabajadores fronterizos. Son europeos por excelencia; son los que sufren las divergencias en la legislación y los que comprenden menos bien los pasos que está dando Europa; y son también aquellos por los que tendría que hacerse todo lo posible para facilitarles su trabajo a través de las fronteras.
Como ya se ha dicho antes, el progreso realizado se ve claramente. Pero quiero insistir en la necesidad de investigar nuevas formas de trabajar juntos, nuevas formas de cooperación institucional entre los Estados miembros, cuando persistan dificultades para la aplicación de este Reglamento, sobre todo en los casos de divergencias de aplicación. Esas divergencias son numerosas, al igual que los retrasos para resolverlas.
Las enmiendas 51 y 52, que votaremos mañana, contienen algunas propuestas relativas a esta cuestión fundamental. Creo que el asunto de la coordinación requiere un esfuerzo y mejoras permanentes. Hoy día, la coordinación es necesaria porque la competencia en estos ámbitos incumbe a los Estados. Pero ello no nos impide plantear la necesaria cuestión de la armonización para proteger el modelo social europeo.
Laguiller (GUE/NGL).
Señora Presidenta, está claro que tenemos que armonizar el mosaico de leyes y reglamentos que regulan la protección social de los distintos países de Europa. Pero se trata de una armonización a la baja, que no trata de elevar la legislación social de todos los países para equipararla a la del que más favorece a los trabajadores. Algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo mejoran la propuesta de Reglamento del Consejo, y votaremos a su favor. ¿Pero cómo hablar de estos pequeños cambios sin denunciar la política seguida por los países europeos, cuyo afán general es debilitar la protección social de los trabajadores, reducir las pensiones, aumentar las cotizaciones de la seguridad social y al mismo tiempo recortar las prestaciones; en resumen, lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de Europa? Con independencia de que se llegue a esta situación gradualmente o de un día para otro, la vida se está haciendo imposible para los trabajadores peor remunerados, para los trabajadores por cuenta propia y para los desempleados. El acceso a la asistencia se está convirtiendo cada vez más en un privilegio de los ricos. Eso es inaceptable. 
Por otra parte, ¿a qué se debe esta orientación política cuando la prosperidad nacional no hace sino aumentar, aunque sea lentamente? Por ejemplo, en Francia se habla del déficit de la seguridad social. ¿A qué se debe ese déficit? En parte al desempleo, una situación de la que no son responsables los trabajadores, sino de hecho sus víctimas. Y también porque el Estado recurre a las arcas de la seguridad social para beneficiar a las empresas con la reducción de sus cargas sociales. 
Lo que los gobiernos denominan la reforma de las pensiones o la reforma de la seguridad social es un saqueo a gran escala que perjudica a los trabajadores y beneficia a una minoría de ricos parásitos. En cualquier caso, quiero aprovechar esta intervención para declarar que los trabajadores de Europa tienen el derecho moral a defenderse, a convocar huelgas, a manifestarse, pues no tienen ningún otro medio de oponerse a lo que constituye sin duda un robo organizado.
Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señora Presidenta, yo también quiero elogiar a la ponente, que ha enfocado este complicado e importante caso con gran convicción y entusiasmo. El principio de simplificar y modernizar las reglas de la seguridad social para que sean más eficaces y comprensibles merece sin duda nuestro apoyo. Sin embargo, aunque estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que plantea, en ciertos aspectos me parece que sus propuestas van demasiado lejos.
Estoy en contra de las enmiendas 1, 44 y 45, ya que incluyen referencias a los impuestos. He escuchado lo que han dicho a este respecto varios colegas y celebro en particular los comentarios de la propia ponente, de que este Reglamento no parece ser el lugar adecuado para abordar esta cuestión. Estoy de acuerdo con eso. El Reglamento nº 1408/71 trata de la coordinación de la seguridad social, que deriva su base jurídica del artículo 42, que no se refiere a los impuestos en absoluto.
Comprendo por qué algunos colegas desean ampliar el alcance de este Reglamento al ámbito de los impuestos, pero estos no son competencia comunitaria y no han de llegar a serlo por la puerta de atrás o, ni siquiera, por la puerta principal. Si se aprueban estas enmiendas, espero que la Comisión aún pueda rechazarlas. Invito a la Comisaria a reflexionar más sobre este aspecto.
También estoy en contra de las enmiendas 2 y 43, relativas al pago de prestaciones por desempleo y que en comisión lograron pasar por los pelos. Las disposiciones del Reglamento 1408 deben establecer un equilibrio entre el fomento de la movilidad laboral y la prevención del abuso. El término de «razones familiares» en las enmiendas es, en mi opinión, demasiado vago. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen y deben tener el derecho a buscar empleo en cualquier Estado miembro. Simplemente no es razonable que pidan prestaciones por desempleo en un Estado miembro sin haber trabajado allí y que la Unión Europea les dote del derecho a recibir la prestación independientemente de las normas del Estado miembro en cuestión. Entiendo el problema, pero esta no es la solución.
Recomendaré que se apoyen varias de las otras enmiendas de la ponente, pero por los motivos que ya he mencionado, no puedo recomendar la aprobación de su informe como tal.

De Rossa (PSE).
Señora Presidenta, hace ya tiempo que debía haberse abordado la ampliación, la modernización y la simplificación del Reglamento 1408/71. Llevamos 30 años esperando a que se haga esta labor. Los avances logrados honran a la Sra. Lambert, a la Comisión y al personal de ambas partes, y, de hecho, a los otros Grupos de esta Asamblea. Seguramente los que tienen que aplicar el Reglamento celebrarán esta simplificación, porque es un campo de minas para quienes tienen que interpretar las diferentes sentencias que se han dictado con respecto al propio Reglamento vigente.
Se ha dicho repetidamente que se trata de una coordinación. Es cierto que no se trata de una armonización. Sin embargo, yo diría que en última instancia debería abordar la armonización. Estamos escondiendo la cabeza debajo del ala si pensamos que podemos crear un mercado laboral europeo sin avanzar en último término hacia la armonización, tanto con respecto a nuestros sistemas de bienestar social como a nuestros sistemas fiscales. No tiene sentido pensar que podemos superar el 2% actual de movilidad para lograr una movilidad real de la mano de obra si no nos tomamos en serio esta cuestión. Su finalidad es ampliar y modernizar. En particular celebro los cambios efectuados en relación con los trabajadores que viajan por motivos laborales, cuyas vidas pasarán a ser mucho menos estresantes gracias a los cambios que se han logrado en este punto.
Para concluir, celebro el anuncio del Gobierno irlandés de que pretende dar prioridad al acuerdo en torno a esta propuesta en el curso de su Presidencia. Espero no tener que ocuparme de ella, porque la Presidencia italiana ya lo habrá hecho. En cualquier caso, deseo que haya concluido para cuando finalice esta legislatura en junio de 2004.
Fatuzzo (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, no puedo dejar de felicitar y expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Lambert, que ha conseguido someter a debate este documento que hace cinco años que esperaba ser debatido. 
Muchos jubilados que se hallan en dificultades económicas por enfermedad o invalidez, no cobran desde hace mucho tiempo, debido a una modificación anterior del Reglamento 1408, su pensión o subsidio de enfermedad cuando cambian de país de residencia dentro de los quince Estados miembros de la Unión Europea.
En la enmienda 42 de la Sra. Lambert, relativa al artículo 27 bis, se aborda este problema estipulando que, hasta que el nuevo Estado de residencia no comience a pagar la prestación prevista en su legislación, el antiguo Estado de residencia abonará dicha prestación hasta que la persona discapacitada comience a cobrar en el nuevo Estado al que ha ido a vivir.
No obstante, la enmienda al artículo 55, presentada por la Sra. Oomen-Ruijten, el Sr. Pronk, la propia Sra. Lambert, el Sr, Hughes y otros, dice claramente que si el nuevo Estado de residencia -por ejemplo, Francia- no prevé esa prestación, la prestación no debe pagarse. Me temo, por tanto, que aunque está no sea, creo, la intención de la mayoría de la comisión parlamentaria y del Parlamento, si ambas enmiendas se aprueban, seguirán quedando sin pensión los ciudadanos de cualquier Estado miembro que se desplacen dentro de la Unión Europea. 
Espero haber comprendido mal la intención que se deduce de la traducción italiana. Me reservo aclarar este punto con la ponente y espero que este Reglamento constituya realmente un paso adelante en la protección de los trabajadores europeos que se desplazan dentro de la Comunidad.
Thorning-Schmidt (PSE).
Señora Presidenta, todos hemos dicho hoy que existe una base sólida para revisar el Reglamento (CEE) nº 1408/71. Todos conocemos el caso de personas que han tenido problemas por aceptar trabajo en dos países distintos y por lo tanto es esencial subrayar que, de hecho, la gente no ha obtenido el derecho que se le había prometido desde la fundación del Mercado Común. Por lo tanto, es natural que debamos romper las barreras existentes.
Por otra parte, también debemos reconocer que no existe ningún reglamento más demonizado que este. Con los años, los que se oponen a la UE en mi país y en otros países lo han utilizado para dar la impresión de que nuestra seguridad social sería armonizada, que nos veríamos obligados a cambiar nuestros sistemas de seguridad social o incluso que se abolirían nuestros sistemas de pensiones nacionales. Por supuesto, lamento que estas personas no hayan comparecido hoy en la Asamblea para participar en este debate.
Quisiera hacer hincapié hoy en que los socialdemócratas daneses no temen, en general, a la libertad de movimientos, y realmente no creo que la libertad de movimientos pueda afectar a los acuerdos de seguridad social nacionales, incluso aunque esto se aplicase entonces a un círculo mayor de personas. Ni la experiencia práctica ni los cálculos indican que de repente habría multitud de personas que querrían emigrar.
Por otra parte, también creo que es importante que entendamos que si surgen consecuencias imprevistas -si, por ejemplo, demasiadas cotizaciones abandonan el país o si se explotan descaradamente los acuerdos de seguridad social- entonces no deberíamos observar pasivamente, sino tomar medidas inmediatamente. Esto se establece en las enmiendas 10 y 52, en las que indicamos que nuestros países pueden establecer contactos bilaterales -del tipo de los que ya conocemos- y que debemos hablar unos con otros si a alguien le surgen problemas. Por supuesto, esto impediría también todo tipo de fraudes.
Asimismo es importante para los Comisarios destacar hoy al menos tres cosas, además de lo que ya se ha dicho en la Asamblea: en primer lugar, que no existe tal armonización; en segundo lugar, que no aceptaremos ningún tipo de deterioro del tipo que sea y que intervendremos si vemos que los sistemas se debilitan; y en tercer lugar, que no aceptaremos consecuencias imprevistas ni fraudes. Por supuesto, un cuarto aspecto que cabe destacar es que no podemos aceptar, en virtud de esta propuesta, nada que afecte a los sistemas que ya tenemos.
Creo que esto es muy importante. Yo misma no creo que esto vaya a suceder. Jamás he creído que la emigración se producirá a una escala suficientemente grande. Sin embargo realmente creo que es importante para la gente que el Comisario responsable lo destaque, y me complacería, señora Comisaria, que pudiese hacer hoy esto por nosotros.

Ojeda Sanz (PPE-DE).
Señora Presidenta, quiero decir, en principio, que en esta ocasión sustituyo a mi compañero Manuel Pérez Álvarez, que aún no ha podido llegar.
Con respecto al informe, después de felicitar a la ponente, nuestra opinión es que, junto con otros principios como son la libre circulación de mercancías o de servicios, o, si se quiere, antes que estos principios aludidos, está el de la libre circulación de personas entre los Estados miembros.
A diferencia de los otros principios mencionados, la libre circulación de personas puede quedar limitada, condicionada o impedida, si a las personas que se desplazan dentro de la Unión Europea no se les garantizan sus derechos relativos a la seguridad social. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 34, dentro del Capítulo IV, Solidaridad, establece claramente el derecho a la protección en casos tales como maternidad, enfermedad, accidentes laborales, dependencia, vejez o pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. Determina, asimismo, que toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de la seguridad social y a las ventajas con arreglo al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales.
En función de los principios rectores del Reglamento, que pensamos que deben ser: igualdad de trato entre los ciudadanos de otros Estados, trabajadores por cuenta ajena o autónomos y la del propio país, totalización de los períodos cotizados en los distintos países donde sea necesario, prohibición del doble pago, principio del derecho de trasladar el seguro social a otros Estados que garantizará y facilitará la libre circulación y la reunificación familiar, consideramos que el Reglamento propuesto debe saludarse con satisfacción, porque facilita la generalización de la asistencia, simplifica la normativa anterior y, también, porque no pretende sustituir la legislación nacional, sino coordinar los sistemas nacionales con el propósito de un mejor servicio y una mejor atención al ciudadano europeo.

Bastos (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señora Comisaria, Señorías, el Reglamento 1408 tiene más de tres décadas y fue creado para coordinar las legislaciones de los Estados miembros en materia de seguridad social. Su objetivo fundamental es el de garantizar que los derechos de los trabajadores que circulan en el espacio de la Unión Europea no resulten perjudicados por lo que respecta a la seguridad social. Con el paso de los años, este Reglamento fue sufriendo varias modificaciones que lo volvieron muy complejo y los sistemas de seguridad social de los Estados miembros sufrieron evoluciones muy positivas, como es el caso en mi país.
Estas circunstancias llevan a una necesidad urgente de reforma de este Reglamento. La propuesta de la Comisión, acogida con satisfacción, señaliza muy claramente el objetivo perseguido: coordinar los sistemas de seguridad social teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. Se trata de coordinación y no de armonización; lo que se pretende es que el Reglamento sea modernizado y simplificado. Y, en este contexto, se dio un importante paso en varios ámbitos, especialmente en el relacionado con el derecho de los desempleados, de los reformados, de los trabajadores fronterizos y de sus familias. También se amplió la lista de los tipos de seguridad social abarcados por la coordinación y se prevén medidas para resolver el problema de la doble tributación. 
En efecto, la ponente ha puesto empeño en el trabajo de reforma de este Reglamento. La felicito por ello. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que algunas de sus propuestas plantean dificultades, dificultades que provocaron el voto desfavorable del PPE en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Paso a enunciar una de ellas que habla sobre la definición del concepto de familia: cada Estado miembro reconoce un determinado concepto de familia, de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno. Así pues, no es legítimo imponer a los Estados miembros un modelo familia, sea cual sea.
Lambert (Verts/ALE).
Señora Presidenta, he solicitado tiempo extra de intervención porque sé que los ponentes a menudo no tienen oportunidad de responder a ciertas cuestiones que podrían aclararse durante el debate.
El Sr. Pronk y otros han explicado muy bien la cuestión de los impuestos a quienes, en su propio Grupo político y en otros, les preocupa. Esto indica que hay cuestiones que precisan ser examinadas.
En cuanto a las enmiendas 44 y 45, pediría al Sr. Bushill-Matthews, entre otros, que estudie las enmiendas 51 y 52 para ver si al menos puede apoyar estas.
En lo que respecta a uno o dos comentarios sobre el artículo 3 y el alcance del Reglamento, si se trata de referencias a las cuestiones sobre refugiados y personas apátridas, entonces ya están incluidas en la legislación vigente. No se ha añadido nada, sino que se ha redactado de nuevo, porque la propuesta original, que era bastante elegante, una propuesta amplia de la Comisión, ha tenido que modificarse porque la cuestión de los nacionales de terceros países se abordó hace tiempo en una propuesta aparte en la inteligente ponencia de la Sra. Oomen-Ruijten.
La cuestión de traslado por motivos familiares ha sido incluida sobre todo porque, como he dicho antes, es una cuestión que según los servicios de asesoramiento se plantea con mucha frecuencia. Esta cuestión también se abordó en un caso significativo en la Comisión de Peticiones. Una mujer británica que se trasladó del Reino Unido para seguir a su marido en su trabajo como miembro del ejército se vio nadando entre dos aguas en cuanto a su derecho a percibir la prestación por desempleo. Si hubiera sabido cómo emplear mejor el sistema con todos sus matices, no habría caído en la trampa de firmar cuatro días antes de trasladarse. Por lo tanto, esta cuestión particular está allí porque afecta a gran número de personas.
Quiero dar las gracias a mis colegas por un debate tan centrado e informado. Espero que mañana consigamos en el Parlamento una votación muy positiva.

Diamantopoulou
. (EN) Señora Presidenta, quiero felicitar a la ponente, la Sra. Lambert, por su excelente informe, especialmente porque para elaborar este tipo de informe sobre esta cuestión en concreto no basta con ser un político sensible: hay que ser un tecnócrata muy comprometido. Tan complicada y difícil es esta materia.
También doy las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten y a todos los demás diputados que han participado. Realmente han tenido que trabajar arduamente, no solo a causa de la complejidad del expediente, sino también con respecto a los problemas que rodean a la unanimidad y a las grandes diferencias que existen entre Estados miembros.
Es muy importante repetir lo que la Sra. Thorning-Schmidt ha subrayado sin cesar: todo el esfuerzo pretende modernizar y simplificar el Reglamento. No es un ejercicio político de armonización, que, por motivos jurídicos y políticos, es del todo imposible en esta materia.
La posición de la Comisión en torno a las diferentes enmiendas es la siguiente:
La Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, así como las enmiendas 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 y 54, que pretenden aclarar y matizar más la propuesta de la Comisión; o, a través de los considerandos, llamar la atención sobre ciertos problemas específicos que no pueden resolverse mediante las reglas sobre coordinación de los regímenes de la seguridad social; o incorporar la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia.
La Comisión acepta en parte la enmienda 11, que se refiere a las declaraciones que han de hacer los Estados miembros sobre su legislación. Sin embargo, el texto propuesto es demasiado rígido. Bastaría con una declaración anual.
Aunque comprendo y estoy de acuerdo con las ideas que subyacen a las enmiendas 38 y 40, la Comisión no puede aceptarlas porque estas disposiciones deben figurar en el Reglamento de ejecución.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 42, que no comporta en absoluto ninguna simplificación. La Comisión comparte la filosofía que subyace a la enmienda. Sin embargo, el mismo resultado puede lograrse de otra forma. Este es exactamente el objetivo de la enmienda 55, que la Comisión puede aceptar en su totalidad. Esta enmienda también se equipara a la propuesta de la Comisión presentada en julio y concierne en particular a la lista de las llamadas prestaciones especiales no contributivas, que no pueden exportarse en virtud de la legislación vigente. La propuesta de la Comisión pretende reducir la lista de estas prestaciones especiales no contributivas. La mayoría de las prestaciones que se borrarán de esta lista son prestaciones por discapacidad. Es importante el hecho de que muchos diputados hayan destacado esta cuestión. Las organizaciones de discapacitados también están satisfechas.
La Comisión tiene que rechazar la enmienda 1, que pretende coordinar las cuestiones fiscales y los regímenes de seguridad social, porque no existe fundamento jurídico para esta armonización. No obstante, la Comisión podría contemplar un considerando con diferentes palabras. Por consiguiente, la Comisión puede aceptar la enmienda 48.
Las enmiendas 2 y 43 también han de ser rechadas por la Comisión porque esta disposición carece de fundamento jurídico. Las normas de coordinación no exigen a un Estado miembro que garantice el derecho a la prestación por desempleo a una persona que decide abandonar un puesto de trabajo. Sin embargo, podríamos contemplar una disposición que refleje la filosofía de estas enmiendas a la vez que se respetan los límites de la coordinación.
Como he dicho antes, uno de los efectos de la propuesta de la Comisión será que los trabajadores fronterizos desempleados percibirán prestación por desempleo del Estado donde han trabajado por última vez, y no del Estado de residencia, como sucede en la actualidad. Soy consciente de que este cambio puede acarrear consecuencias financieras considerables para Luxemburgo, que tiene un elevado número de trabajadores fronterizos que residen en otros Estados miembros. Un período transitorio destinado a evitar un choque repentino para Luxemburgo parece razonable. Por lo tanto, la Comisión puede aceptar la enmienda 56.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 20, porque queda fuera del alcance de la coordinación de los regímenes de seguridad social. Solamente la legislación nacional aplicable puede determinar quién es «miembro de la familia». Ha habido dos comentarios especialmente interesantes de la Sra. Weiler y del Sr. Bastos a este respecto. Puedo estar de acuerdo con la filosofía que subyace a estos comentarios, y con la modernización del sentido y la definición de «familia», pero hemos de tener en cuenta el hecho de que existe una legislación nacional que define y determina lo que es un «miembro de la familia». Por este mismo motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 49.
La enmienda 27 es demasiado rígida y podría causar problemas de interpretación. La Comisión no puede aceptarla.
La enmienda 54 pretende garantizar a un trabajador fronterizo retirado la oportunidad de obtener asistencia sanitaria en el Estado de residencia o en el Estado de su último empleo. La enmienda 41 tiene exactamente el mismo objetivo. Aunque las condiciones en que se garantiza un derecho de este tipo difieren en las dos enmiendas, la Comisión puede aceptar cualquiera de las dos.
De la misma forma, a pesar de que hay una diferencia entre la enmienda 50 y la enmienda 33 con respecto a las condiciones en que se garantiza a los miembros de la familia de un trabajador fronterizo el derecho a recibir asistencia sanitaria en el Estado de empleo del trabajador, la Comisión puede aceptar cualquiera de las dos enmiendas.
Por último, con respecto a las enmiendas 44 y 45, la Comisión no puede aceptarlas porque quedan fuera del alcance de las reglas sobre la coordinación de los regímenes de la seguridad social.
Para resumir, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55 y 56. Puede aceptar la enmienda 50 o la enmienda 33. Puede aceptar la enmienda 53 o la enmienda 36. Puede aceptar en parte la enmienda 11. No puede aceptar las enmiendas 2 ó 43 propuestas, pero podría aceptar una redacción distinta de las mismas. Rechaza las enmiendas 1, 20, 27, 38, 40, 42, 44, 45 y 49, y creo que es la primera vez que estoy en parte de acuerdo con el Sr. Bushill-Matthews.
Quiero de nuevo dar las gracias a la Sra. Lambert y a la comisión por su cooperación y por su trabajo en torno a esta cuestión, tan importante para los trabajadores europeos.

La Presidenta.
- Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
La Presidenta.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0228/2003) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la revisión intermedia del cuarto Protocolo de pesca entre la UE y Groenlandia [COM(2002) 697 - 2003/2035(INI)].
Stevenson (PPE-DE).
Señora Presidenta, en relación con la observancia del Reglamento, soy consciente de que nos estamos alargando un poco y que a las 17.00 horas va usted a dar paso a la declaración de Cancún. Todos los integrantes de la Comisión de Pesca están ahora presentes. Me pregunto si es posible tratar el informe de la Sra. Miguélez Ramos y el informe del Sr. Ojeda Sanz antes de que pasemos a la declaración de Cancún. Así el Comisario y todos los miembros de la Comisión de Pesca podrán estar presentes para tratar estos informes. Nadie ha previsto volver tarde esta noche, y posponerlo quizá implique una menor presencia de miembros de la comisión para examinar estos informes. ¿Sería esto posible?

La Presidenta.
- Señor Stevenson, le he entendido bien. Como ve, con respecto al informe de la Sra. Miguélez Ramos su deseo se ha visto complacido, puesto que el debate va a comenzar de inmediato. En cuanto al segundo informe relativo a la pesca, veremos si es posible tratarlo justo después del informe de la Sra. Ramos.
Comenzamos, pues, el debate sobre el informe de la Sra. Miguélez Ramos.
Miguélez Ramos (PSE)
. (ES) Señora Presidenta, Groenlandia, región autónoma de Dinamarca, formó parte de la Comunidad desde 1973 hasta 1984, cuando el 52% de los groenlandeses optaron en referéndum por abandonarla. Desde entonces nuestras relaciones se rigen por el Tratado de Groenlandia, por el que se concede a esta isla el estatuto de país y territorio de ultramar similar al de otros 19 territorios, lo que permite la exportación libre de productos pesqueros groenlandeses a la Comunidad a cambio de un Acuerdo de pesca con posibilidades satisfactorias, previsto inicialmente para 10 años y que se ha venido prorrogando.
El cuarto Protocolo, celebrado en el año 2002, contempla una revisión intermedia de la que ahora nos ocupamos, justificada por su larga duración y su elevada cuantía económica.
La Comunicación que nos presenta la Comisión va más allá de asuntos meramente pesqueros, debido a que las relaciones con Groenlandia trascienden este ámbito. Por ello, la Comisión de Pesca estima que el Parlamento debe tomar la iniciativa y elaborar un informe general que englobe las relaciones políticas, la ayuda al desarrollo a Groenlandia, así como las relaciones pesqueras, situando todo ello en la política de dimensión ártica.
(Señor Presidente, me permito llamar la atención de la Presidencia sobre el hecho de que no veo en la pantalla los minutos que van transcurriendo de mi intervención. Yo quisiera verlo, saber cuánto tiempo me queda.)
Además de aludir a las relaciones -como decía- entre Groenlandia y la Unión, la Comunicación de la Comisión da un repaso a la situación actual del Acuerdo y, debido a que cualquier modificación debe contar con la aprobación del Gobierno local de Groenlandia, plantea su revisión a fondo pero, para después del 2006 -cuando concluya- y se limita ahora a una simple adaptación.
Aun limitándonos a una adaptación, atendiendo a las críticas de este Parlamento y del propio Tribunal de Cuentas, lo que nosotros pensamos es que deberíamos intentar ajustarlo en mayor medida a los principios de gobernanza, transparencia y aprovechamiento óptimo de los recursos financieros comunitarios sin esperar a esa fecha del 2006.
Las conclusiones de mi colega, la Sra. Langenhagen, de hace dos años, sobre el cuarto Protocolo siguen siendo perfectamente válidas por lo que se refiere a esta fase de revisión intermedia. Limpiar el Acuerdo pesquero de elementos extrapesqueros, informar al Parlamento Europeo sobre la utilización de los derechos de pesca, impulsar la constitución de empresas mixtas. Además de impulsar la constitución de empresas mixtas la Comisión de Pesca reclama ahora que se impulsen también las asociaciones temporales de empresas, que son estructuras más flexibles y que se adaptan mejor -en este caso- a la realidad de ambos sectores pesqueros, del europeo -el comunitario- y del groenlandés. Y, asimismo, la Comisión de Pesca pide un reparto equilibrado del coste del Acuerdo, tal y como se hace en los acuerdos del sur entre los armadores y el presupuesto comunitario. Constato, sin embargo, señor Comisario, que la Comisión no propone esta cuestión ni siquiera para la adaptación a la que procede en estos momentos, y creo que la justificación que se nos ofrece -se nos alude a la pequeñez de la administración groenlandesa- no resulta muy creíble ni muy justificable.
La contribución financiera anual que la Unión Europea paga a Groenlandia por este Acuerdo es muy elevada. Se eleva a 42,82 millones de euros anuales, lo que convierte a este Acuerdo, tras el de Mauritania, en el más caro de todos. No sólo caro, sino carísimo, si tenemos en cuenta que al menos 14 millones de euros no tienen nada que ver con el pago por posibilidades de pesca ni desarrollo del sector pesquero. Las posibilidades de pesca correspondientes a los restantes 28 millones de euros tienen una bajísima ejecución. No se permite a otras flotas que no tengan cuotas -es decir, aquellas que no sean las de Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia- aprovechar las posibilidades de pesca pagadas y no pescadas, lo que sí se permite en otros acuerdos del sur.
Nos congratulamos, señor Fischler, por el hecho de que en el acuerdo alcanzado entre la Comisión y el Gobierno groenlandés, en el mes de junio, se haya roto este tabú y otras flotas puedan entrar, aunque tímidamente, para pescar determinadas especies y para actividades de pesca experimental.
Tampoco se impulsa la creación ni de sociedades mixtas ni de asociaciones temporales de empresas, que serían muy beneficiosas para Groenlandia, cuya economía está estancada, y para la propia Comunidad. En el anterior Acuerdo se asignaban seis millones de euros para este fin.
En quinto lugar, el Acuerdo asigna cuota para especies prácticamente inexistentes en las aguas groenlandesas, como son el bacalao y la gallineta nórdica, que no se capturan pero sin embargo, pese a ello, la Comunidad las paga.
Nos felicitamos también por el hecho de que en junio acordaran los negociadores cuotas ajustadas a la realidad, aumentando en este caso posibilidades de pescar fletán, gambas y cangrejo de las nieves y que hayan intentado así los negociadores eliminar los denominados peces de papel.
En sexto lugar, la aportación financiera comunitaria ha ido aumentando en cada protocolo, mientras que las posibilidades de pesca se han ido reduciendo. En estos términos el Acuerdo es insostenible y -como decía en su día la Sra. Langenhagen- el Protocolo es un protocolo incoherente.
Como conclusión, si bien resulta loable que la Comisión se replantee el modelo actual con Groenlandia y dé pasos adecuados -como los que acabo de mencionar- en junio, en el Acuerdo alcanzado con los groenlandeses, entendemos que la Comisión debería tener más ambición y debería intentar introducir ahora, ya, cambios sustanciales.
Si queremos que este Acuerdo pesquero deje de vulnerar sacrosantos principios de los reglamentos financieros comunitarios, tales como la transparencia y el aprovechamiento adecuado de los recursos financieros, no podemos limitarnos a una revisión de simple maquillaje.
El apoyo de la Unión Europea a Groenlandia está plenamente justificado, pero no bajo la forma de un Acuerdo pesquero, como le indiqué en su día al Ministro de Pesca groenlandés, con quien me reuní aquí, en Estrasburgo, el mes de julio pasado. Groenlandia es una pieza fundamental en el desarrollo de la dimensión ártica de la Unión Europea y, en este sentido, deberíamos plantearnos financiar la parte no pesquera de esta relación a cargo de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras o bien a través del Fondo Europeo de Desarrollo.
En todo caso, el Parlamento con este informe de la Comisión de Pesca va a fijar su postura para que la Comisión y el Consejo la tengan en cuenta, si es posible, ahora, y si no, de cara a la negociación en 2006 de un nuevo Acuerdo.
Fischler
Señor Presidente, Señorías, permítanme empezar dando las gracias a la Sra. Miguélez Ramos por su informe sobre nuestra comunicación relativa a la revisión intermedia -insisto en que se trata de la revisión intermedia- del cuarto protocolo de pesca entre la Unión Europea y Groenlandia. Me alegro de que apoye la comunicación de la Comisión. La Comisión y Groenlandia concluyeron la revisión intermedia contemplada en el artículo 14 del protocolo el 30 de junio de 2003. El cuarto protocolo se firmó ayer y esperamos que todas las partes lo ratifiquen. Contiene respuestas y soluciones para las cuestiones expuestas en nuestra comunicación y también en su informe.
Permítanme abordar algunos de sus nuevos elementos. En primer lugar se han corregido sustancialmente las cuotas a fin de adaptar las posibilidades de captura a los conocimientos científicos. Ya no existen cuotas para el bacalao ni para la gallineta nórdica en las aguas occidentales, ni para la bacaladilla, a fin de hacer justicia a la capacidad de captura de la UE. Así que ya no existen peces de papel.
En segundo lugar, puesto que hasta ahora no se han utilizado determinadas posibilidades de pesca, ahora hemos introducido la cláusula ordinaria de transferencia, con lo que podemos transferir las posibilidades de pesca no utilizadas a otros Estados miembros que no poseen una cuota. De este modo, el acuerdo con Groenlandia se aproxima a otros acuerdos con terceros países que contemplan compensaciones económicas. En el mes de julio de este año se transfirieron, por primera vez en la historia de este acuerdo, las cuotas no utilizadas a otros Estados miembros que no tenían cuota.
En tercer lugar, en su informe usted pide, señora Miguélez Ramos, la introducción de cánones de licencia. Esto tendrá lugar el 1 de enero de 2004 en forma de compensación de cargas entre la Comunidad y los armadores. Esta también es una adaptación a otros acuerdos con terceros países y nos permite asimismo vigilar el esfuerzo pesquero.
En cuarto lugar se ha introducido un programa de apoyo presupuestario debido la falta de transparencia, y la administración regional de Groenlandia se ha comprometido a llevar a cabo una reforma estructural de su política de pesca, encaminada a una mayor privatización y a una reducción de las subvenciones. Asimismo, Groenlandia se ha comprometido a aumentar considerablemente el presupuesto del Instituto de Recursos Naturales de ese país, lo que permitirá ampliar la capacidad científica de esta entidad.
Por último, fomentamos la pesca experimental, extendiéndola a los cefalópodos y lamelibranquios. Si estas medidas tienen el éxito esperado, se podrá obtener una amplia diversificación de la pesca groenlandesa, así como la inclusión de nuevas especies en el próximo acuerdo con Groenlandia. Estos cambios se han introducido dialogando con las autoridades groenlandesas y de acuerdo con los principios del nuevo acuerdo de asociación y pesca. Creo que dichos cambios hacen que el acuerdo con Groenlandia resulte más equilibrado y transparente, sobre todo en vista de que ahora la compensación económica corresponde a las posibilidades de pesca efectivamente utilizadas y que se apoya la reforma de la política groenlandesa en materia de pesca. Esta es tan solo una revisión intermedia, como ya he dicho, pero esta revisión era una de las condiciones para ampliar las relaciones con Groenlandia a partir de 2006. Con nuestra comunicación y el apoyo recibido en su informe hemos podido modificar el cuarto protocolo de tal manera que ya nada impide profundizar nuestras relaciones.
Dührkop Dührkop (PSE)
. (ES) Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para este informe, quisiera, en primer lugar, como también es uso de esta Casa, felicitar a la Sra. Miguélez Ramos por su excelente informe. 
También quisiera expresar mi satisfacción por el hecho de que la Comisión de Pesca haya aceptado las principales enmiendas de la Comisión de Presupuestos. En este sentido, quiero subrayar que el Acuerdo de pesca con Groenlandia es el segundo en importancia de la Unión -tal y como ha señalado la Sra. Miguélez Ramos- en lo que respecta a su coste para el presupuesto comunitario, ya que supone anualmente una compensación financiera de 42,8 millones de euros.
Sin embargo, ello no refleja, tal como se ha señalado antes, las posibilidades reales de pesca para la flota comunitaria, ya que en el mismo acuerdo, la cuota de pesca estimada por la Comisión es de unos 28 millones de euros, e incluso esta cifra es demasiado alta en relación con las capturas reales.
La Comisión de Presupuestos reconoce la especial relación de Groenlandia con la Unión Europea y es consciente, también, de la situación económica específica de este país, para el que la pesca sigue siendo el eje de la economía nacional y, aunque reconoce la necesidad de prestar ayuda financiera a Groenlandia, rechaza el enfoque actual de incluir tal ayuda en la compensación financiera relativa al Acuerdo de pesca.
Por ello, la Comisión de Presupuestos considera fundamental que antes de la expiración del actual Protocolo, en diciembre de 2006, la Comisión presente una propuesta de nuevo Protocolo en la que la compensación financiera se corresponda con las posibilidades reales de pesca y paralelamente otra propuesta para ayuda financiera a Groenlandia. 
Por otra parte, la Comisión de Presupuestos celebra que la Comisión haya presentado una revisión intermedia del actual Protocolo, pues con ello responde a la reivindicación del Parlamento Europeo de que se presenten informes generales que incluyan análisis de rentabilidad antes del inicio de las negociaciones para la renovación o celebración de nuevos protocolos y acuerdos.
En consecuencia, pido a la Comisión que presente revisiones intermedias similares para todos aquellos acuerdos cuyo impacto en el presupuesto de la Unión Europea sea superior a tres millones de euros anuales.

Langenhagen (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me han complacido mucho las intervenciones de la Sra. Ramos y del Sr. Fischler sobre este tema que nos ocupa desde hace tanto tiempo. Creo que estamos sumamente cerca de una solución muy positiva. Y no sucede muy a menudo que podemos hablar de un momento histórico en el sector de la pesca, como acaba de expresarlo el Sr. Fischler. Sin embargo, por vez primera desde la celebración del acuerdo pesquero con Groenlandia en 1985 se han transferido las cuotas no utilizadas. Como se nos ha dicho, dicha transferencia ha tenido lugar hace unas cuantas semanas y se refiere expresamente al año 2003, ¡estoy hablando del año 2003! De este modo se cumple una de las principales exigencias formuladas por la Sra. Miguélez Ramos en su informe. 
No obstante, este es el punto en que la Comisión quisiera que alguien saliera en su defensa, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Se dice que anteriormente no había propuesto una transferencia. Sí, es cierto, pero no está en su poder llevar a cabo tal medida. La autoridad corresponde únicamente al titular de la cuota, y si este no quiere, no hay transferencia. Esta primera transferencia autorizada de cuotas con carácter voluntario muestra la disposición de mi país para resolver de forma amistosa, pero definitiva, la cuestión de las cuotas no utilizadas en su totalidad.
Alemania no se ha dedicado a bloquear la política europea en plan egocéntrico en estas cuestiones, como he tenido que oír a menudo en los últimos meses, sino todo lo contrario, respaldamos a la Comunidad Europea. Pero permítanme decir que este régimen no funcionará sin esfuerzo. Y advierto que no debemos tocar los principios de la política europea de pesca. Esta concesión no debe apartarnos del principio de estabilidad relativa. Creo que deberíamos debatir seriamente este tema. Por ello, repito, el régimen actual se refiere al año 2003 y no ofrece una garantía anual de que los otros Estados miembros reciban, por ejemplo, cuotas asignadas originalmente a Alemania, ya que Alemania respaldará en el futuro una flota que pescará alrededor de Groenlandia. Tras comentar este aspecto positivo, me gustaría abordar una deficiencia. Aquí deliberamos sobre la denominada revisión intermedia del protocolo. Dicha revisión está contemplada en el propio protocolo. Habiendo sido ponente me acuerdo muy bien de ello. Sin embargo, me pregunto qué influencia tendrá en el futuro la opinión actual del Parlamento. Pues como sabemos, los cambios han sido acordados a finales de junio. ¿Se nos ha consultado al respecto? ¿Qué debemos hacer en el futuro: simplemente asentir, como en el pasado, o se nos permitirá expresar nuestra indignación? Desde aquí pido la participación del Parlamento en el proceso de negociación, en particular en vista de los efectos presupuestarios de los acuerdos de pesca que acaban de ser expuestos en varias ocasiones, no solo hoy, sino también en el futuro. Para ello deben introducirse por fin las modificaciones correspondientes en los Tratados. ¡Todo lo demás lo considero simples excusas!
Casaca (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, me parece conveniente comenzar recordando que la razón fundamental de la existencia de este acuerdo fue el abandono de la Unión Europea de Groenlandia. También me parece importante recordar las razones por las que se produjo ese abandono. Se produjo porque se quiso imponer a esta pequeña y ultraperiférica comunidad una expropiación de su derecho inalienable a la explotación de las doscientas millas de su zona económica exclusiva, consagradas hoy de forma clara por el Derecho Marítimo Internacional.
Se trata, quizás, del mayor equívoco que atraviesa la Unión Europea, que ya nos trajo graves problemas en el pasado y que continúa representando una amenaza para el futuro. El hecho de que en pequeñas áreas delimitadas con precisión por fronteras nacionales, como es el caso del Mar del Norte, las instituciones europeas hayan organizado en común la explotación de especies piscícolas de superficie, altamente migratorias, fue una opción de sentido común. Lo que ya no resulta admisible es que de casos y soluciones particulares se quiera pasar a la propiedad común de los recursos piscícolas, al abrigo de un pretendido derecho comunitario.
Los mismos artículos del Derecho Marítimo Internacional que definen la titularidad de los recursos biológicos marinos definen también la titularidad de los recursos minerales, particularmente la de las energías fósiles. La misma Comunidad Europea que sancionó la aplicación de esos artículos para delimitar la propiedad de las minas submarinas de energías fósiles del Mar del Norte para varios Estados pretende que deje de ser válido ahora por lo que respecta a los recursos biológicos. Es decir que estaríamos ante un derecho que solo es válido para la defensa de los intereses de los Estados del centro de Europa, donde se encuentra gas y petróleo, pero que deja de ser válido cuando se trata de defender los intereses de Estados periféricos o regiones ultraperiféricas en el seno de Europa, rodeados de grandes áreas marítimas con recursos destacables. 
En el período de diez años que, de acuerdo con nuestra posición, deberá abrirse ahora para que las instituciones europeas reflexionen sobre el estatuto de las aguas occidentales, es necesario revisar profundamente la cuestión del acceso a las aguas, adaptar la legislación europea a los grandes principios del Derecho Marítimo Internacional y analizar las mejores formas de salvaguardar una pesca sostenible en el Atlántico.
Busk (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, el Tratado de Groenlandia difiere de otros acuerdos pesqueros que la UE ha celebrado con terceros países por el hecho de que garantiza el acceso de la UE a recursos pesqueros a través de la compensación financiera y ofertas de acceso al mercado para los productos de Groenlandia. Tampoco ocultaré el hecho de que, para mi, como parlamentario danés, Groenlandia y el protocolo de pesca con esta revisten una importancia especial.
Este es el cuarto protocolo de pesca con Groenlandia, y supone un gran valor para ambas partes. La compensación financiera asciende a 900 euros per cápita en Groenlandia y proporciona a la UE acceso a los productos pesqueros de esta, lo que constituye más del 90% del total de las exportaciones de Groenlandia. El acuerdo pesquero con Groenlandia también permite el intercambio de derechos pesqueros con Islandia, Noruega y las Islas Faroe, cosa que mantiene un equilibrio general en el noreste del Atlántico.
El cuarto protocolo contiene mejoras claras con respecto a los protocolos anteriores en forma de una mayor transparencia, de tal modo que las cuotas comunitarias corresponden ahora a las verdaderas posibilidades de pesca en aguas de Groenlandia, y además la UE cuenta con una opción continua sobre las cantidades establecidas en el tercer protocolo en caso de que los stocks mejoren.
Existen buenos motivos para reconocer su contribución, Comisario Fischler, a lo que usted ha denominado el «acuerdo histórico». El cuarto protocolo propone que, una vez expirado el protocolo, las posibilidades pesqueras infrautilizadas sean utilizadas por países distintos de los que se benefician directamente del acuerdo conforme al principio de estabilidad relativa.
No cabe duda de que los acuerdos pesqueros de la UE con terceros países constituyen ahora una parte importante de la política pesquera común. La ampliación general de las zonas pesqueras de los estados costeros a 200 millas náuticas en la década de 1970 implicó que el 95% de los bancos de peces y el 35% del mar estuviesen sometidos a la legislación costera estatal. Se perdieron los caladeros tradicionales y se creó una necesidad de cooperación con terceros países con el fin de garantizar la supervivencia de las flotas pesqueras comunitarias con vistas a conservar la cuota de capturas mundiales de la Comunidad y garantizar el suministro de pescado en los mercados de la UE.
El acuerdo pesquero con Groenlandia entró en vigor en 1995 después de que Groenlandia se retirase de la UE a raíz del acuerdo de autogobierno con Dinamarca. Desgraciadamente, la Comisión faltó a su deber de informar al Parlamento Europeo sobre las pesquerías experimentales y la creación de empresas conjuntas. Para mí las empresas conjuntas son, en particular, muy prometedoras, y propondré que en la Comisión de Pesca iniciemos un debate sobre sus ventajas y desventajas.
Finalmente, estoy en condiciones de apoyar el informe de la Sra. Miguélez Ramos y quisiera elogiar el trabajo que ha hecho.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, en primer lugar celebro la reducción si no la eliminación completa, de los cupos de papel; este es un enfoque más realista. En segundo lugar, el establecimiento de una relación entre la compensación financiera por los derechos de pesca y el pago por el desarrollo constituye una mejora del acuerdo.
En la nota de prensa de la Comisión de junio se señalaba que estos dos aspectos habían quedado separados. Por consiguiente, ahora es necesario poder identificar claramente lo que se ha pagado. También es necesaria una mayor transparencia y responsabilidad.
Aunque hay que acogerlo con gran satisfacción, no ofrece muchos detalles. Me gustaría que la Comisión nos diera más detalles de qué va a financiar el fondo de desarrollo y de cómo va a gestionarse el mismo.
Si bien es un cambio bienvenido del modo en que la Comisión abordará los acuerdos de pesca, debe adoptar el mismo enfoque respecto de los acuerdos con los países ACP. La Comisión dice que es demasiado difícil por todo tipo de motivos, aunque fue una de las cuestiones centrales del reciente documento de debate sobre el acuerdo de asociación elaborado por la Comisión. También queremos que se incluya este enfoque en los acuerdos con los países ACP. Este tipo de enfoque, que separa el desarrollo de lo que realmente se paga por los derechos de pesca, es extremadamente importante, como ya han señalado otros oradores. Si es posible para Groenlandia, también ha de ser posible para los países ACP.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Comisario, queridos colegas, quiero empezar felicitando a nuestros ponentes, al Sr. Ojeda y a la Sra. Miguélez, porque los dos nos presentan acuerdos de pesca y nuestra Comisión de Pesca ha hecho perfectamente los deberes en estos informes.
Me voy a referir fundamentalmente, porque me parece importante, al tema de Groenlandia. Estamos viendo aquí una gran unanimidad por parte de todos los miembros y esto me parece muy importante y muy positivo ¡hay un buen tono! Señor Comisario, quiero felicitarle por su nueva intervención y por la comunicación que se ha hecho. Estamos de acuerdo en el Parlamento y la Comisión, lo cual es muy importante y, de cara al nuevo Protocolo que se va a firmar a partir del 1 de enero del año que viene, que creo que hay acuerdo ya también entre los propios Estados miembros.
Creo que la Comisión, si usted me lo permite, ha caído de la burra, o si se lo puedo decir en otros términos, rectificar es de sabios. En este Parlamento, que yo recuerde, desde 1994, venimos pidiendo una mayor equidad, una mayor transparencia, una mayor justicia en este Acuerdo con respecto a los acuerdos del sur y, efectivamente, ahora se está empezando a reconocer.
Mi felicitación se dirige también al nuevo director general de Pesca, Sr. Holmquist, y al director de política exterior, porque sé que han hecho un esfuerzo extraordinario para avanzar en la nueva línea que el Parlamento presenta en estos momentos y que -todos estamos de acuerdo- es la línea que debemos emplear con el Acuerdo con Groenlandia.
Lo anterior, como se ha dicho algunas veces, era un escándalo, y así lo ha visto el Tribunal de Cuentas, igual que este Parlamento, porque había peces de papel, había despilfarro de cuotas que no se empleaban por los Estados que podían hacerlo, como ocurre con los acuerdos del sur y, lo que había también era un impago de licencias por parte de los armadores. Ahora esto se está unificando con los criterios de los acuerdos del sur y creo que es un paso francamente positivo.
Hay acuerdo en la Comisión, hay acuerdo en el Consejo, según tengo entendido y, también lo habrá en este Parlamento. Y eso es algo por lo que todos hemos de felicitarnos en función de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros, como es lógico, y también en interés de Groenlandia. Vamos hacia un interés mutuo, que es lo que se impone. 
Hay campañas experimentales que están ya autorizadas a partir de julio, para nuevas especies, y hay posibilidades de diversificación de la pesca en Groenlandia, lo cual es positivo -estuve en Groenlandia cuando era presidente de la comisión- y sé que hay otras posibilidades científicas y por lo tanto hay que explotarlas.
Llamo la atención sobre las empresas mixtas -creo que es algo muy importante- y sobre las asociaciones temporales de empresas. Los propios pescadores groenlandeses me habían pedido a mí personalmente que les ayudara a conseguir empresas mixtas, por lo tanto el tema les interesa, y creo que diversificando las posibilidades pesqueras de Groenlandia y posibilitando el empleo de todas las cuotas pesqueras, habremos hecho algo muy positivo, como digo, para que todos estemos contentos con el nuevo protocolo que se va a firmar ahora a partir de enero y también en 2006.
Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, permítame que comience mi intervención haciendo una pregunta: ¿existe una política común de las pescas, además de la que sirve para mantener los privilegios de los que disfrutan determinados países y flotas? Según el proyecto de constitución que estamos analizando, que va a la Conferencia Intergubernamental, no existe. En la tercera parte de las políticas comunes, en el título referente a la agricultura y pesca, los peces son llamados productos agrícolas y no se dice absolutamente nada de la PCP. Algo tan sorprendente como kafkiano, tratándose de los mares y de los recursos marítimos de la Unión. Nada sobre la PCP, nada sobre la igualdad de derechos entre los países y las flotas, respetando naturalmente los recursos pesqueros para nuestros hijos y nietos.
También por eso apoyo el informe de la diputada Rosa Miguélez sobre la revisión provisional del IV Protocolo de Pesca con Groenlandia. Lo apoyo precisamente porque va en la dirección correcta, reclamando la posibilidad de pesca en las aguas de Groenlandia para los países, flotas y sociedades de pesca excluidas injustamente, tanto por la aplicación equivocada del principio de la estabilidad relativa, como por el actual protocolo.
La ponente abre la vía de la argumentación necesaria para mejorar los próximos protocolos, preservando siempre, como es natural, los derechos y la decisión de Groenlandia.
Stevenson (PPE-DE).
Señor Presidente, felicito a la Sra. Miguélez Ramos por su informe. Ha hecho hincapié en algunas cuestiones de vital importancia, sobre todo por la discrepancia entre lo que pagamos todos los años a Groenlandia, 42,8 millones de euros, y lo que obtenemos a cambio, derechos de pesca por valor de 28 millones de euros. Me alegro de que el Comisario Fischler haya señalado que el protocolo que se firmó ayer consigue ajustar un poco esta cuestión criticada en el pasado por los auditores.
Merece la pena recordar, tal y como ha dicho el Sr. Casaca, que estas fueron las cláusulas de un acuerdo establecido cuando Groenlandia abandonó la Comunidad Europea. Una parte sustancial de este paquete de compensaciones consiste en ayudar a la economía groenlandesa y a la población inuit, desesperadamente pobre, de Groenlandia. Ya sé que la Sra. Langenhagen es una experta en esta materia y que en el pasado ha pedido al Parlamento que la abordara con benevolencia.
Sin embargo, estoy de acuerdo con la ponente cuando insiste en que estos aspectos ajenos a la pesca de las relaciones entre la Unión Europea y Groenlandia han de financiarse al amparo de la rúbrica 4 de la perspectiva financiera o a través del Fondo Europeo de Desarrollo. El presupuesto de pesca ha de utilizarse exclusivamente para la pesca.
Por otro lado, quiero transmitir un poco de cautela en torno a este aspecto del informe que reclama un reparto de los derechos de pesca infrautilizados. En su intervención, el Comisario Fischler ha llamado la atención a este respecto, y el protocolo firmado ayer parece que permite asignar ahora estos derechos de pesca infrautilizados a otros Estados miembros. A este respecto, quiero pedir al Comisario que se acuerde de la asediada flota de pescado blanco que faena alrededor del Mar del Norte, especialmente la del Reino Unido, que actualmente pasa la mitad de cada mes amarrada porque las cuotas se han reducido un 50%. Si se va a prestar algún tipo de ayuda en relación con los derechos infrautilizados o con asociaciones de empresas conjuntas, ruego que se aseguren de que la flota de pescado blanco del Mar del Norte esté al principio de la cola.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, muy brevemente me gustaría comenzar felicitando a la Sra. Rosa Miguélez por su magnífico informe, que todos nosotros consideramos bastante ponderado y sensato y que surge, además, como consecuencia de un trabajo anterior realizado por la Sra. Langenhagen, que fue ponente antes del inicio de este protocolo de pesca y que ya apuntó también algunos de los elementos que van en la dirección correcta y en el sentido de la Comunicación que la Comisión nos presenta ahora.
En mi opinión, con esta declaración de la Comisión, con esta declaración de intenciones, si fuese llevada a la práctica -y esperamos todos que así sea- terminaremos finalmente con una situación algo extraña en la que vivíamos hasta ahora. En primer lugar, como ya se mencionó, por contar con un nivel de compensación, en el ámbito de la Política Común de Pesca, que era casi el doble del que correspondía al valor real de las capturas (no estamos hablando de una cantidad pequeña, sino del doble, que era mucho); en segundo lugar, por introducir finalmente la transparencia presupuestaria, que era algo que no existía, además, en la línea de lo que mencionó recientemente el Tribunal de Cuentas; y, por otro lado, por haber en este ámbito algunas discriminaciones en el acceso a los recursos en ese lugar.
Recuerdo el caso de mi país, que pescó siempre, históricamente, en aquellas aguas, pero que después de la adhesión a la Unión Europea, debido a que no tenía un acuerdo con Dinamarca, perdió esos derechos históricos. Respetamos el principio de la estabilidad relativa, lo respetamos mucho, pero entendemos que tiene que haber flexibilidad para que las cuotas no utilizadas durante un determinado año sean utilizadas por quien las puede utilizar, sin que por ello, naturalmente, dejemos de mantener la clave equitativa de repartición de esas cuotas y, por tanto, garantizar la misma estabilidad relativa. En ese sentido, el documento de la Comisión va por el buen camino y espero que sea llevado a la práctica con las medidas legislativas apropiadas.
Parish (PPE-DE).
Señor Presidente, lamento poner una nota de discordia en este debate, pero este informe ha de examinarse en dos aspectos. En primer lugar, hemos de hacer hincapié en la necesidad de gastar el dinero de los contribuyentes con transparencia, y en estos momentos esto no sucede. Es evidente que estamos pagando de más por los derechos de pesca y tenemos que pagar por la cantidad de pescado que capturan los pescadores europeos, pero si queremos pagar a Groenlandia para contribuir a su desarrollo, hagámoslo por separado. No estoy en contra, pero no puede pagarse con peces de papel en virtud de un acuerdo de pesca.
Me ha sorprendido mucho la actitud de la Comisión con respecto a la idea de que tenemos que ampliar el número de especies que pueden capturarse en Groenlandia y sus alrededores. Cualquiera puede pensar que la política de pesca común ha sido un gran éxito, cuando de hecho el conjunto de las poblaciones de peces de las aguas europeas va reduciéndose cada vez más. Ahora se habla de establecer más cuotas para más especies. En numerosas ocasiones he dicho en esta Asamblea que los peces por desgracia no nadan por separado y, muy a menudo, cuando se captura una especie de pez, hay otras que también caen en las redes. Si los pescadores no tienen cuotas, estos peces se desechan. Se sabe que todos los años en la Unión Europea se desecha una cantidad vergonzosa de pescado.
Hemos de revisar toda la idea de tener acuerdos con terceros países. Muy a menudo esta idea lleva a la Unión Europea a explotar las aguas de terceros países e implica que a los pescadores de estos terceros países se les echa de sus empresas, y todo ello deriva en un descrédito. Con frecuencia el dinero que se gasta la Unión Europea no llega a los pescadores o a los países a los que está destinado. Muy a menudo acaba en el lugar que no debe. Es preciso revisar toda la situación.

McCartin (PPE-DE).
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Miguélez Ramos la precisión que ha empleado para airear esta cuestión y por la utilidad de su informe. También quiero dar las gracias al Comisario por haber ordenado toda la cuestión y por convertir lo que ciertamente era una situación inaceptable en una más aceptable en estas nuevas negociaciones. Quisiera hacer referencia a lo que mi amigo el Sr. Casaca ha dicho sobre la asignación de fondos de la Unión Europea al pescado de Groenlandia. Esto también se aplica a las Azores, estoy seguro, y a Irlanda, aunque las aguas de las Azores no son tan ricas.
La verdad es algo diferente. Cuando se unieron a la Unión Europea, solo había un límite de seis millas. Posteriormente, la Unión Europea los amplió a 200 millas. Entonces, los pescadores de Groenlandia, Irlanda y quizá las Azores también, empezaron a ver lo que podría haber sido. Estoy de acuerdo, y lo he repetido con frecuencia, que para contar con una política agrícola común no es necesario que los peces sean de propiedad común. Podríamos haber tenido una política de pesca común decente sin que los peces fueran propiedad común. Hemos sacado lo peor de todos los ámbitos, porque la Unión tenía los peces, pero los Gobiernos nacionales debían encargarse de vigilarlos. Ahí es donde se ha hecho un mal trabajo. Por este motivo las existencias están agotadas. Lo que es de todos no es de nadie. No ha sido la propia política de pesca común la que ha agotado las existencias, sino que ha sido la falta de supervisión necesaria. Si la Unión hubiera sido la encarga de supervisar la captura de los peces, podríamos haber cosechado algunos éxitos.
Groenlandia abandonó la Unión. No ha sido exactamente como ha dicho el Sr. Casaca, pero se marchó después de que se ampliara el límite de 200 millas. Debería haberse mantenido firme y ser solidaria. Se habría beneficiado de los fondos estructurales, entre otras cosas. En el mejor de los casos, los fondos estructurales solo han concedido 300 euros per cápita a algún Estado de esta Unión, como es el caso de Irlanda. Los portugueses, los griegos y los italianos del sur han conseguido mucho menos. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo del Sr. Busk, la población de Groenlandia recibe 900 euros per cápita al año. Esto es demasiado generoso. Me parece que hemos mezclado nuestra política exterior con nuestra política de pesca. Hemos dado a Groenlandia un trato que no tenía derecho a esperar, teniendo en cuenta que se marchó voluntariamente y que no aceptó de buena fe que fuera a ser tratada justamente dentro de la Unión.

El Presidente.
 No podemos aceptar la petición del Sr. Stevenson de pasar al debate sobre el informe Ojeda Sanz porque llevamos ya un retraso de casi un cuarto de hora sobre la comunicación de la Comisión y no podemos sumar un retraso a otro. El debate sobre el informe Ojeda Sanz tendrá lugar, por tanto, esta noche a las 21.00 horas. 
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el estado de los preparativos de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún.
Tiene la palabra el Comisario Lamy.
Lamy
Señor Presidente, con vistas a la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará la próxima semana en Cancún, México, y a la que asistiremos el Comisario Fischler y yo mismo para negociar en nombre de la Unión, la Comisión ha mantenido esta tarde un intercambio de puntos de vista sobre el estado de la preparación de dicha Conferencia, una cuestión de la que quiero informarles en pocas palabras antes de responder a sus observaciones.
Como saben, el éxito de la ronda de negociaciones comerciales lanzado iniciada hace ahora más de 18 meses en Doha sigue siendo la prioridad de la Unión Europea en materia comercial. Esperamos consolidar el crecimiento en Europa a través de una mayor apertura al intercambio de bienes y servicios y a las inversiones, y aplicando unas reglas del juego reforzadas para crear un marco que permita esa mayor apertura. Pero lo que es igualmente importante, queremos mejorar la integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio mundial, para que puedan beneficiarse de la apertura de los mercados y aprovechar más los beneficios de la globalización al mismo tiempo que se remedian sus efectos nefastos, ¡y los hay!
Hemos puesto el listón bastante alto, como podremos juzgarlo al final, al término de este programa de negociaciones. ¿Qué tipo de resultados tenemos que obtener en Cancún para garantizar el éxito de esta ronda de negociaciones que bautizamos en Doha como «programa para el desarrollo»? Eso es lo que vamos a examinar juntos, los miembros de la Organización Mundial del Comercio, en Cancún la semana próxima, cuando procedamos a realizar una revisión intermedia cuya verdadera baza es saber si conseguiremos o no cerrar las negociaciones de aquí a finales del año que viene, como decidimos hace ahora 18 meses. Esa es, en el fondo, la pregunta que, juntos, intentaremos responder en Cancún. Y para responder afirmativamente, confirmamos primero que el plazo de la negociación es efectivamente finales de 2004. 
Para responder afirmativamente, tendremos que comprobar, en Cancún, que se ha cerrado el 50% de la negociación en todos los temas. En efecto, no se trata de una negociación en la que se traten los temas unos después de otros, en la que no se pase a un tema antes de llegar a un acuerdo sobre el anterior, sino de una negociación global sobre una veintena de temas que constituyen de algún modo un equilibrio entre los argumentos a favor y en contra de unos y otros. 
Por tanto, la pregunta de Cancún es: ¿hemos recorrido más o menos la mitad del camino en el conjunto de las negociaciones y estamos suficientemente convencidos de eso para mantener sin cambios el plazo de las negociaciones a finales del año que viene? Nuestro deseo como europeos es que, en esta revisión intermedia, se confirme el equilibrio, como preveía el programa inicial, entre, por una parte, la apertura de los mercados y, por otra, el reforzamiento de las reglas del juego comercial. Estamos muy apegados a ese equilibrio, que consideramos esencial para nosotros en términos políticos, puesto que corresponde a nuestro propio sistema económico, es decir a un sistema abierto al comercio, pero encuadrado por normas que reflejan consideraciones de carácter social, sanitario y medioambiental. Este sello de la Unión Europea en la negociación debe mantenerse, para lo cual es importante progresar a un ritmo comparable en todos los temas abordados en la negociación.
Visto desde ese ángulo, ¿dónde nos encontramos? En las últimas semanas las cosas se han acelerado claramente en Ginebra. Está claro que la perspectiva de la reunión de la semana que viene ha dado un empujón a una negociación que, de vez en cuando, tiende a bajar la marcha. El Presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, el embajador que preside en Ginebra el denominado Consejo General de la OMC, ha puesto sobre la mesa un proyecto de declaración final que va a constituir la base de trabajo para los negociadores a nivel ministerial que se reúnan en Cancún.
Tanto el Comisario Fischler como yo mismo hemos dicho ya en varias ocasiones que este proyecto no nos entusiasma. El proyecto de declaración nos plantea aquí y allá serios problemas, pero tiene la ventaja de existir y estar claramente estructurado. Hay, repito, cosas que no son aceptables. Tanto con respecto a la agricultura como a las tarifas industriales, o al medio ambiente, o a las indicaciones geográficas, este texto contiene, a nuestro entender, desequilibrios. Lo mismo opinan otros miembros de la OMC, pero como dice con humor el portavoz de la Organización Mundial del Comercio, es necesario que los ministros tengan algo que hacer en Cancún. Como negociadores de los Quince, seguiremos luchando por un resultado equilibrado entre la apertura de los mercados y la adopción de unas normas que permitan integrar mejor la dimensión del desarrollo en todos los temas. 
A menudo se nos pregunta si somos optimistas o pesimistas con respecto a las posibilidades de éxito en Cancún. Ustedes todavía no lo han preguntado, pero quiero decirles que tanto el Comisario Fischler como yo mismo no somos ni lo uno ni lo otro. Somos negociadores al servicio de la Unión, que nos ha confiado un mandato. Ese mandato marca los límites de lo que podemos aceptar y, como de costumbre, les daremos cuenta de la evolución de los debates, ya in situ. En efecto, estaremos acompañados de nuestras autoridades políticas, a saber, el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, así como de representantes de otras partes. Por tanto, tendremos ocasión de evaluar de primera mano los progresos hechos, pero dejemos las cosas claras: hemos recibido formalmente este mandato después de los debates celebrados en los últimos meses en el Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo. Por tanto, es sobre la base de ese mandato que actuaremos el Comisario Fischler y yo mismo.
Terminaré destacando que cuando viajemos a finales de esta semana a Cancún, llevaremos con nosotros buenas noticias: el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana sobre el acceso a los medicamentos. Este acuerdo constituye de algún modo una excepción, por vez primera, a la reglamentación actual sobre patentes, para que los países que lo necesiten puedan importar medicamentos genéricos. Este acuerdo demuestra que la Organización Mundial del Comercio es capaz de responder a las necesidades de los países en desarrollo. Ya no es simplemente un proyecto, un discurso o una visión, sino la prueba tangible de que la globalización puede y debe ir pareja con el desarrollo. Resumiendo, aunque este acuerdo es sólo una pequeña parte del enorme problema del acceso de los países más pobres a los medicamentos, representa un paso adelante que quiero celebrar en nombre de la Unión Europea. Aparte de eso, sabemos dónde estamos con respecto a los distintos temas y actuaremos, como acabo de decir, sobre la base del mandato que nos han confiado.
Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario Lamy, señor Comisario Fischler, Señorías, una vez más nos encontramos ante un debate fundamental en esta Cámara. Se trata de los éxitos que deberíamos obtener para Europa, y el Comisario Lamy lo ha expresado muy claramente: se trata de abrir el mercado al comercio, y quiero subrayar que sobre una base recíproca. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que todavía persisten muchas barreras técnicas al comercio, en particular para la estructura europea de nuestras pequeñas y medianas empresas, en las que están empleados dos tercios de los trabajadores europeos. Por ello resulta importante presentar, mostrar los efectos positivos de la ronda de Cancún, las oportunidades de crecimiento que tenemos en Europa y los empleos que podrían volver a crearse en Europa.
Pero quiero formular una segunda pregunta: ¿Cuál es la verdadera situación de la lista de productos regionales de calidad? Actualmente hemos declarado prioritarios unos 40 productos, en particular de los nuevos Estados miembros, como por ejemplo la cerveza Budweiser.

McNally (PSE).
Señor Presidente, todos sabemos que tanto el Comisario Lamy como el Comisario Fischler tendrán que atenerse a su mandato. En este mandato se incluyen las cuestiones de Singapur y, en particular, la inversión. Comisario Lamy, usted sabe, por la última vez que hablamos de ello en esta Asamblea, que el Grupo del PSE opina que es muy poco apropiado seguir, de las cuestiones de Singapur, con la inversión en particular.
¿Le parece que el clima reinante entre los países en desarrollo es tal que nos podemos arriesgar a causar un gran trastorno si insistimos, en contra de su voluntad, en seguir con la cuestión de la inversión? Sinceramente, nosotros opinamos que no es el momento. Me encantaría oír que usted acepta que deberíamos abandonar la presión a favor de que se incluya la inversión.

Olsson (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, soy uno de aquellos que creen que es muy importante que impliquemos a los países en desarrollo en el comercio y que abramos nuestros mercados. Sin embargo, no todos los países en desarrollo son iguales. Existe una preocupación, especialmente en lo que respecta a la agricultura ya que entre los países en desarrollo existen algunos que son extremadamente competitivos en producción agrícola, algo que puede ser problemático para la UE. Por ello me gustaría hacerle una pregunta al Sr. Comisario: ¿qué estrategia tiene la Comisión para sobrellevar esto, pero sin detener así el proyecto de implicar a los países en desarrollo y, en un período corto de tiempo, convertirlos en compradores principales específicamente de productos agrícolas?

Lucas (Verts/ALE).
Señor Presidente, también yo quiero hablar sobre las cuestiones de Singapur, porque la postura de la Comisión y del Consejo es esencial y enormemente hipócrita. 
Según su retórica, Comisario, se suponía que estas negociaciones debían anunciar una ronda de desarrollo que da prioridad a las preocupaciones de los países en desarrollo. A usted le gusta retratar a la Unión Europea como partidaria y defensora de los países en desarrollo y, sin embargo, ahora se considera que la Unión Europea intimida a estos países en relación con una serie de cuestiones sobre inversión y competencia, a pesar del hecho de que la amplia mayoría de ellos ya han dicho categóricamente que no quieren negociaciones en estos ámbitos. Incluso el Grupo de los países ACP, un grupo con el cual este Parlamento se supone que tiene una relación especial, ha emitido una declaración indicando que no quiere negociar. Los países menos desarrollados no quieren.
En nombre de mi Grupo, quiero plantearle hoy un desafío. Si se toma usted realmente en serio esta nueva ronda como una ronda de desarrollo y si quiere usted realmente que se considere a la Unión Europea partidaria de los países en desarrollo, ¿pedirá al Consejo que retire las reivindicaciones en torno a estas cuestiones? Si no, ¿puede decirnos cómo concuerda el llamado apoyo que prestan ustedes a los países en desarrollo con su agenda, que va precisamente en contra de sus intereses y deseos?

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, gracias, señor Comisario, por su presentación. El Presidente de la OMC se ha presentado ahora, por supuesto, con una propuesta de cancelar el acuerdo de paz en la esfera agrícola. Sé que esto no constituye parte del mandato, pero sin embargo creo que merece la pena reflexionar ahora que estamos interesados en obtener condiciones comerciales iguales también en este ámbito. De hecho utilizamos a los proteccionistas de los Estados Unidos en la esfera agrícola para excusar nuestro propio proteccionismo. ¿Por qué no eliminar en su lugar ambas formas de proteccionismo y celebrar acuerdos comerciales adecuados con los países en desarrollo?
El segundo aspecto son los derechos de los trabajadores. ¿Cómo garantizamos que los países que celebran acuerdos en la OMC observan, como mínimo, sus propias leyes y normas que rigen los derechos de los trabajadores, los salarios, etc.? Pienso, por ejemplo, en el caso de Tailandia, en donde los refugiados de Birmania trabajan en condiciones similares a la prisión a cambio de prácticamente ningún dinero y en donde el comercio va directamente a Europa. Es en nuestros estantes donde se encuentran los productos de estos campos de prisioneros. ¿Cómo vamos a incluir esta cuestión dentro de las negociaciones de la OMC?

Lamy
Señor Presidente, abordaré rápidamente estas cuestiones una por una. Creo que el Sr. Rübig tiene razón al decir que, en estas negociaciones, las pequeñas y medianas empresas se juegan una baza importante. Es una forma elegante de decir que no sólo las grandes multinacionales están interesadas en un progreso equilibrado del sistema comercial multilateral. 
Las indicaciones geográficas son un tema complejo. Recordaré brevemente los objetivos de negociación de la Unión en este ámbito. En primer lugar, en materia de vinos y licores, deseamos que se cree en la OMC un registro con carácter vinculante. Deseamos también que se amplíen algunos de los mecanismos de protección de las indicaciones geográficas que existen para los vinos y licores a otros productos agrícolas y alimentarios. Por último, deseamos recuperar, lo que parece normal, una serie de indicaciones geográficas cuya lista hemos elaborado bajo la dirección del Comisario Fischler, que son importantes para nuestros agricultores y que todavía nos usurpan en otros lugares del planeta.
La Sra. McNally ha recordado la posición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre la inversión. Diré también unas palabras sobre ello respondiendo a la Sra. Lucas. ¿Cómo conciliamos nuestro deseo de elaborar en la OMC un acuerdo multilateral sobre una serie de principios que regulen la inversión y nuestras aspiraciones en términos de desarrollo? En primer lugar, pensamos que la inversión es un factor de desarrollo importante, que cierto número de normas sencillas y básicas sobre transparencia y previsibilidad de los sistemas de inversión, por ejemplo, son una contribución importante a la inversión; después, estamos dispuestos a tener en cuenta una serie de preocupaciones de los países en desarrollo en esta negociación, como las que a veces se han expresado en el sentido de que dichas normas reducirían su soberanía política. Estamos dispuestos a responder a esta cuestión presentando un proyecto que comprenda una serie de normas generales que podrían adoptar los países en desarrollo que lo deseen, sin imponerlas obligatoriamente a quienes no lo deseen. Es una manera de tener en cuenta algunas objeciones.
Por cierto, quiero recordar a la Sra. McNally y a la Sra. Lucas que los países en desarrollo están divididos en torno a este tema, que algunos son partidarios y otros no, como sucede por lo demás con otros temas. En la Organización Mundial del Comercio no existe un frente del Norte en todas estas cuestiones, como tampoco hay un frente del Sur en otras. 
Sobre este punto, recordaré simplemente a la Sra. Lucas que estos cuatro temas -inversión, facilidades para el comercio, transparencia en las compras públicas y competencia -forman parte del programa de negociación, tal como se adoptó en Doha, entendiendo que debemos ponernos de acuerdo sobre las modalidades de negociación, como también sucede para los demás temas, como las cuestiones agrícolas o las tarifas industriales, por ejemplo.
El Sr. Olsson tiene razón: tampoco la agricultura es un tema que, dentro de la OMC, enfrente por un lado a un Norte poco competitivo y proteccionista y, por otro, a un Sur competitivo y liberalizador. Basta comparar la posición de Brasil con la de la India, o la de África con la de Indonesia o la de Tailandia, para darse cuenta de inmediato de que eso no es así. En respuesta a la Sra. Frahm, diré que en este debate nuestra filosofía es bastante clara. En primer lugar, no podemos tratar la producción agrícola como una unidad, algo que solemos hacer cuando hablamos de neumáticos, calcetines, camisas o coches. El carácter específico de la producción agrícola hace que nosotros, los europeos, tengamos una serie de razones para no ser partidarios de una liberalización completa de los mercados agrícolas. Deseamos, pues, mantener la intervención pública a favor de la agricultura. Dicho esto, el tipo de intervención pública tiene que adaptarse para corregir algunos de los inconvenientes que presentan para las políticas agrícolas de los países del Tercer Mundo. Es lo que hicimos en 1992, 1999 y 2003, y debemos rendir homenaje al Comisario Fischler, que está sentado a mi lado esta tarde, por los esfuerzos realizados en esas ocasiones para adaptar nuestra política agrícola común al comercio internacional, para beneficiar en particular a los países en desarrollo. Seguiremos por ese camino. Nos hemos comprometido a seguir negociando nuevas reducciones en nuestras subvenciones nacionales que dificulten el comercio, para mejorar nuestro acceso al mercado, para reducir nuestras subvenciones a la exportación. Lo haremos principalmente en beneficio de los países en desarrollo. Esta es la base de la posición negociadora de la Unión Europea.
Un último comentario en respuesta a la Sra. Frahm. Existe, en efecto, un problema con la relación entre el respeto de los derechos fundamentales y las normas del comercio internacional, como también lo existe con las normas del comercio internacional y los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente, o con las normas del comercio y los intereses de la salud pública. En materia de salud pública, la Organización Mundial del Comercio se ha pronunciado recientemente a favor del acceso a los medicamentos genéricos. En el marco de la negociación, cuyo programa se adoptó en Doha, se está hablando sobre la relación entre las normas del medio ambiente y las normas del comercio. En cambio, no existe negociación alguna sobre la relación entre los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular los cinco convenios básicos de la Organización Mundial del Trabajo, y las normas del comercio internacional, porque no hemos conseguido hacer prevalecer nuestro punto de vista. Ese era uno de nuestros objetivos de negociación en Doha. En esta cuestión nos encontramos con la firme oposición de los Estados Unidos y los países en desarrollo. No lo querían entonces, siguen sin quererlo y, hasta ahora, la posición de la UE, por muy válida que sea -yo siempre la he defendido con firmeza porque pienso que es la correcta-, no ha prevalecido sobre la posición conjunta de los países en desarrollo y los Estados Unidos. Es una lucha de fuerzas que, por el momento, no hemos conseguido inclinar a nuestro favor.
El Presidente.
 Gracias, Comisario Lamy.
Les anticipo que no será posible dar la palabra a todos aquellos que la han pedido, porque no disponemos de tiempo suficiente.
Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero muy rápidamente saludar también a los señores Comisarios y plantear una cuestión que va a estar en el centro de todo el debate, especialmente por lo que respecta a la agricultura, pero no sólo ahí. La Unión Europea ha seguido una política correcta, consistente en intentar separar a los países más pobres, los llamados países menos desarrollados, de los países en desarrollo, porque existe una gran heterogeneidad, una gran diferencia, entre países en desarrollo. Nada tienen que ver la India, Indonesia o Malasia, por un lado, con el problema de Mozambique o de Burkina Fasso, por citar algunos ejemplos.
Esta cuestión que se está tratando ahora, que es el tratamiento especial y diferenciado, ha de ser analizada muy detenidamente, porque no podemos meter en el mismo saco a todos estos países, dado que son, de hecho, países diferentes, con niveles de desarrollo muy diferentes. En ese sentido preguntaba a nuestro Comisario cuál es el tipo de apoyo que él encuentra por parte de los países más pobres para el planteamiento que la Comisión ha seguido a este respecto, consistente en intentar separar las aguas entre los países más pobres o los menos pobres.
Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, dos cuestiones prácticas: ese avance en los medicamentos del pasado sábado significa que muchos se cuestionan si funcionará en la práctica. Una de las cosas que acaso podamos hacer en la Unión Europea, que dispone de capacidad para producir medicamentos genéricos, es mostrarnos dispuestos a formular una declaración de licencia obligatoria en casos en que los países en vías de desarrollo pidan estos medicamentos. Sería un gesto por nuestra parte, con el que dejaríamos claro que se procederá realmente a suministrar medicamentos en la práctica.
Otra cuestión práctica trata de la caja azul. Muchos temen que en la agricultura utilicemos esta «caja azul» para subvencionar de nuevo indirectamente las exportaciones masivas. Brasil ha preguntado si no podemos prometer que apoyaremos esta caja azul -es decir, el cambio de una subvención a la producción a una subvención de la caja azul-, pero que no abusemos de ella para subvencionar las exportaciones. Con ello contribuiríamos realmente a eliminar las subvenciones a la exportación. Tengo curiosidad por saber si en estos momentos se sigue este razonamiento o si está en la mente de nuestros negociadores.
Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, el reciente acuerdo alcanzado en torno a la reforma de la política agrícola común preocupa: a raíz de las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio podrían producirse ciertos cambios agrícolas. Me refiero en particular a la preocupación por la cuestión tan delicada de la remolacha azucarera. Se sabe que países como Australia, Brasil y otros quieren liberalizar del todo este sector. ¿Puede la Comisión decir que intentará que el azúcar sea declarado producto sensible?

Bernié (EDD).
Señor Comisario, tras la reforma de la PAC, los agricultores franceses están preocupados, es comprensible. La sequía ha afectado duramente a los ganaderos y, en particular, a los avicultores. El sector teme el desarraigo de la agricultura europea; es decir, que se la sacrifique en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué estrategia tiene pensado adoptar para perpetuar el modelo agrícola europeo? La realidad es que nuestra agricultura está sujeta a múltiples condicionamientos, tanto económicos como sociales y medioambientales, razón por la cual tiene que seguir recibiendo ayudas como las que recibe en los Estados Unidos. ¿Qué política de precios ha negociado para limitar las distorsiones de la competencia, es decir, para evitar que nuestros agricultores tengan que producir a precios europeos y vender a precios internacionales?
De Clercq (ELDR).
Señor Comisario, ¿cómo considera usted que transcurren las negociaciones agrícolas en la OMC? La Unión Europea y los Estados Unidos han elaborado un marco común en este ámbito, un enfoque conjunto sobre cuestiones agrícolas. ¿Cree usted que los países en vías de desarrollo, así como China y Japón, los aceptarán por las buenas? ¿Están dispuestos los Estados Unidos y la UE a hacer concesiones en el ámbito agrícola? ¿Están en posición de hacerlas?
Una segunda pregunta, ¿qué piensa usted de la demanda de una mayor dimensión parlamentaria de la OMC? ¿Considera usted posible incluir un apartado a este respecto en la declaración final de Cancún o es demasiado pronto?
Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, mi primera pregunta guarda relación con la pregunta del Sr. Max van den Berg sobre los medicamentos genéricos. Se han expresado bastantes críticas sobre el hecho de que no se haya modificado la legislación sobre patentes.   Debido a ello, una gran parte de los resultados que esperamos de este nuevo acuerdo serán papel mojado para los países en vías de desarrollo. ¿Podría usted tranquilizarnos en este sentido? Pues si es tan solo una conjetura significa muy poco como arma en las negociaciones, como muestra de buena voluntad. 
Una segunda pregunta tiene que ver con el mandato. ¿No cree usted que el mandato del que dispone es insuficiente para permitirle trazar una estrategia para una política futura en materia agrícola, que realmente haga posible una mejor integración de facto de los países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta el hecho de que gran parte de la agricultura en el tercer mundo es una agricultura de subsistencia?
Lamy
He escuchado con atención todas las preguntas, señor Presidente, y al escucharlas, me temo que los diputados europeos vayan a dar la razón a quienes dicen que la agricultura es el único tema sobre la mesa en Cancún. Les recuerdo que no es así, porque hay casi 19 temas más. Desde el punto de vista político, les recordaré que a la Unión Europea no le interesa actuar como si la agricultura fuera el único tema sobre la mesa en Cancún. No es el terreno en el que tengamos más intereses, aunque tengamos algunos. Ya me referí antes a las indicaciones geográficas. Por consiguiente, deseo que aquellos de ustedes que estén preocupados por los intereses de la Unión en esta negociación, no contribuyan a esta opinión de que en Cancún sólo se hablará de agricultura. 
No obstante, responderé a las preguntas que me han formulado. El Sr. Cunha tiene razón: la diferente situación de los países en desarrollo nos obliga a adoptar un enfoque diferenciado dependiendo del país por el que nos interesemos. Este proceso debe llevarse a cabo en el marco del sistema multilateral, aunque no siempre sea fácil convencer a Brasil de que reconozca que la posición de la India es diferente, y a la inversa. Aunque Brasil nos diga que está a favor de una liberalización completa, sabemos bien que esa no es la posición india. Por tanto, dentro de la Organización Mundial del Comercio hay que llegar a este tipo de arreglos.
Tenemos también que dar cabida al resto, por así decir, de nuestra política comercial agrícola, que, como saben, se basa en acuerdos bilaterales asimétricos: abrimos más nuestros mercados que lo que pedimos a los países en desarrollo. Y con esto me refiero al sistema de preferencias generalizadas o al sistema «Todo menos armas», en el marco de los cuales hemos adoptado unilateralmente, en cierto modo, disposiciones a favor de los países en desarrollo.
Por lo que se refiere a las preguntas del Sr. O'Neachtain, el Sr. Bernié y la Sra. Maes relativas a las relaciones entre la política agrícola común, su evolución y las negociaciones internacionales en la Organización Mundial del Comercio, mi respuesta es clara. En este punto, la posición del Comisario Fischler, la mía, la de la Comisión y la de la Unión Europea es simple: primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre las reformas de la política agrícola común que juzguemos necesarias y, una vez que hayamos tomado esas decisiones, y en función de lo que propongan las demás partes, aceptaremos poner sobre la mesa de la Organización Mundial del Comercio medidas similares a las que hemos adoptado entre nosotros. En resumen, la gallina es la política agrícola común y el huevo, la negociación comercial internacional.
Comparado con los Estados Unidos, nosotros tendemos a adoptar un planteamiento ascendente, por así decir. Los Estados Unidos negocian a escala internacional, contraen compromisos y después afrontan las consecuencias que ello tiene para su propio sistema de ayudas agrícolas. Pero por naturaleza propia, nuestro mandato agrícola está limitado por el estado actual de las reformas de la política agrícola común. Sobre este punto, la situación siempre ha estado perfectamente clara, es sabida y conocida de todo el mundo. Tomemos el ejemplo del azúcar. El mercado del azúcar todavía no se ha reformado; la Comisión trabaja en ello y se espera una propuesta en las próximas semanas. Lo mismo sucede con el algodón, el tabaco y el aceite de oliva. Pero, en esta fase, la Unión Europea no puede contraer compromisos en la negociación, puesto que eso supondría un cambio en la organización del mercado común respecto al cual no se ha tomado todavía ninguna decisión. En resumen, a este respecto la situación está totalmente clara. La experiencia demuestra que sabemos, cuando hace falta y por lo general por nuestras propias razones, decidir reformas que nos dan cierto margen de maniobra en la negociación. 
En cuanto al acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea, o más exactamente el acuerdo marco provisional que negociamos este verano, respondo al Sr. De Clercq que actuamos a petición de otros miembros de la Organización Mundial del Comercio, que insistieron en que llegáramos a un acuerdo. Se nos percibe como dos gigantes que gastamos en torno al 1% de nuestra riqueza nacional a ayudas al sector agrícola y por eso pensaron que, mientras los Estados Unidos y Europa defendieran posiciones diferentes, sería difícil que avanzara la negociación. Hemos respondido a su petición adoptando una posición intermedia que nos permitirá llevar la negociación hasta mitad de camino. En este caso, nos quedaría por hacer la otra mitad del camino. Ahora bien, sabemos que algunos países, Japón por un lado, Brasil y Australia, por otro, piensan que el equilibrio al que hemos llegado no es exactamente lo que ellos deseaban. Eso no tiene nada de sorprendente.
Para terminar, responderé al Sr. Van den Berg y a la Sra. Maes, que han mencionado el acuerdo relativo al acceso de los países más pobres a los medicamentos genéricos. Por lo que se refiere al propio acuerdo, fue el resultado de una serie de debates y consiguió un apoyo unánime en la Organización Mundial del Comercio, incluidas las dos terceras partes de los miembros de la OMC, que son países en desarrollo. Conozco suficientemente bien la forma en que se llevan a cabo las negociaciones internacionales para saber que los países que se sientan a la mesa de la OMC son los que toman efectivamente las decisiones, y no otros en su lugar. En la mesa de negociaciones de la OMC, los intereses de los países en desarrollo son expresados por los representantes de sus respectivos gobiernos. El procedimiento es el mismo en la OMS, la FAO y la OIT. Desde el momento que estos representantes se declaran satisfechos con una decisión que llevaban años reclamando, considero que las negociaciones han concluido. Sé que alguna organización no gubernamental declarará después que los países en desarrollo tendrían que haber negociado más duramente. También habrá alguna compañía farmacéutica que piense que somos nosotros los que tendríamos que haber negociado más duramente. De eso trata el compromiso. No puedo ponerme en el lugar de los países en desarrollo y decir lo que les interesa y no les interesa. Se ha tomado una decisión política y, por tanto, ese compromiso guiará nuestra acción en los próximos años. 
Aparte de esto, como acabo de decir, este acuerdo resuelve sólo una parte del problema del acceso de los países más pobres a los medicamentos genéricos: la relativa al derecho internacional de patentes, que representa el 10% del problema. Nos queda por resolver toda la parte que no entra dentro del problema de las patentes: los problemas de financiación, de producción y de disponibilidad, lo que significa que nos queda por hacer el 90 % del trabajo. Tenemos que trabajar juntos y aunar fuerzas con otras organizaciones internacionales, en particular con las que se han creado para financiar la lucha contra algunas de las enfermedades consideradas. Es una cuestión de ayuda al desarrollo, es una cuestión de gobernanza nacional. No subestimo el 10% del trabajo que ya se ha hecho. Había que hacerlo para mostrar a otros el camino. Eso ya lo saben ustedes, porque llevamos hablando de ello desde hace tres años. La senda está pues abierta y ahora podemos atrevernos a albergar alguna esperanza, cosa que no habíamos podido hacer desde hace mucho tiempo con respecto a este tema, por desgracia.
El Presidente.
 Gracias, Comisario Lamy. 
Lo siento mucho por todos los diputados que habían solicitado intervenir, pero nos hemos excedido ya y debemos terminar aquí para pasar al turno de preguntas. Sé que eran peticiones legítimas. No he seguido el sistema d'Hondt para dar la posibilidad de intervenir al menos a un representante de cada Grupo. En este caso, con el sistema d'Hondt habrían resultado perjudicados los Grupos más pequeños, cosa que he querido evitar.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0273/2003), eso sí, con un enorme retraso de veinticinco minutos, que se va produciendo en cada sesión, del que no hago responsable al Presidente Imbeni -naturalmente-, pero vamos a intentar tener este turno de preguntas de la forma más racional posible para que pueda hablar el mayor número posible de diputados.
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte
El Presidente.
 Pregunta nº 33 formulada por Piia-Noora Kauppi (H-0483/03):

Asunto: Disposición de la Comisión a suprimir la obligación de visado a Rusia
Rusia ha instado durante mucho tiempo a la Unión Europea a que suprima la obligación de visado a los ciudadanos de la Federación de Rusia. La Unión Europea, fundamentalmente por motivos de seguridad, se ha mostrado reservada ante la propuesta de Rusia.
Según informaciones publicadas en la prensa a principios de julio (STT-AFP), el Jefe de la Delegación de la Comisión en Moscú, Richard Wright, ha anunciado que las "negociaciones" sobre el asunto podrían iniciarse antes de la próxima Cumbre UE-Rusia, que se celebrará en noviembre.
¿Está dispuesta la Comisión, sin informar a los Estados miembros, a suprimir la obligación de visado a los ciudadanos de la Federación de Rusia?
¿Podría aclarar la Comisión qué quería decir el Jefe de la Delegación de la Comisión, Richard Wright, con su declaración y, en particular, cómo debe entenderse la expresión "negociaciones"?

Patten
. (EN) En sus conclusiones de su reunión de octubre del año pasado, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores acordó que la propuesta rusa de iniciar conversaciones sobre las condiciones para finalmente establecer un régimen sin visado se consideraría una cuestión a largo plazo y que las conversaciones posteriores debían celebrarse en el marco de las estructuras del acuerdo de asociación y cooperación.
A este mismo respecto, en la Cumbre de la Unión Europea y Rusia celebrada en San Petersburgo en mayo de 2003, a la que asistí, se acordó examinar las condiciones para los desplazamientos sin visado entre la Unión Europea y Rusia. La Comisión, en estrecha consulta con los Estados miembros, estudia ahora la mejor forma de emprender estas conversaciones con Rusia en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y Rusia.
Algunos medios de comunicación parecen haber malinterpretado los comentarios realizados por el Jefe de la Delegación de la Comisión en Moscú a este respecto. Puedo aclarar que acertó cuando dijo que la Unión Europea está lista para tratar con Rusia las condiciones para los desplazamientos sin visado como una cuestión a largo plazo, y que esta cuestión está vinculada a una serie de asuntos asociados que también deben abordarse, como la necesidad de una gestión más eficaz de las fronteras, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. La celebración de un acuerdo de readmisión con Rusia será en este contexto una medida importante para crear confianza. Esta cuestión la he planteado varias veces a mis colegas e interlocutores rusos.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, esta respuesta es realmente gratificante. Las declaraciones realizadas por el representante de la Comisión, Richard Wright, realmente han sido interpretadas con cierto objetivo especial en mente por ambas partes. Sin embargo, evidentemente el asunto se planteará en la próxima cumbre UE-Rusia de noviembre. Antes de eso ¿cómo tratará el Consejo la cuestión y qué tipo de procedimiento tratará dichas decisiones estratégicas mientras pasan por el Consejo? En otras palabras, ¿cómo procederá la Comisión con el Consejo en este asunto antes de noviembre?

Patten
. (EN) La Unión Europea es muy clara en su posición. A veces hay alguna malinterpretación por la otra parte, o algún intento por nuestra parte de reavivar el debate, pero hemos sido totalmente claros y coherentes en nuestros contactos con los colegas rusos.
Quisiera volver sobre la última cuestión que he planteado. Es muy importante que si vamos a iniciar conversaciones serias con los rusos en estas materias, y hay algunas cuestiones muy difíciles de resolver, han de comprender nuestra legítima preocupación en torno a la negociación del acuerdo de readmisión. No es razonable celebrar conversaciones sobre estas cuestiones vitales cuando todo el tráfico va en una dirección.
También quiero añadir que, cuando estudiamos y preparamos la agenda para las cumbres, hemos insistido en la necesidad de trabajar a través de las estructuras del acuerdo de asociación y cooperación, y en este caso particular a través de la subcomisión correspondiente.
Es muy importante utilizar los mecanismos que hemos establecido para hablar de estas delicadas cuestiones. Hemos de intentar no pasar por encima de ellos, ni tampoco lanzarnos de cabeza a decisiones que afectan notablemente a todos los Estados miembros y a algunos Estados miembros en particular.

El Presidente.
 Pregunta nº 34 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0440/03):

Asunto: Proyecto Ulises
¿Puede la Comisión informar sobre los resultados del proyecto Ulises para el control de la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico?

Vitorino
Como ya saben ustedes, el año pasado en Sevilla el Consejo Europeo afirmó con rotundidad la necesidad de desarrollar una estrategia sobre la gestión de las fronteras exteriores. El Consejo aprobó un plan completo que comprende, entre otras medidas, las actividades conjuntas que van a llevar a cabo los Estados miembros. En junio de 2003, el Consejo Europeo de Salónica confirmó su prioridad y llevó a cabo una primera evaluación de los resultados logrados hasta la fecha, a la vez que fijó nuevas prioridades.
Estas actividades conjuntas no tiene precedente y representan un primer esfuerzo de cooperación para abordar el contrabando de emigrantes ilegales. El proyecto conjunto Ulises, por ejemplo, ha sido organizado y liderado por España, pero también han participado otros Estados miembros. Este es un primer intento de aunar los esfuerzos de los Estados miembros para abordar la trágica situación de los flujos migratorios por mar y para intentar poner fin, o al menos reducir, al riesgo de que se produzcan los trágicos accidentes que suelen ocurrir en nuestros mares a raíz de las acciones delictivas de contrabandistas y traficantes.
La Comisión no ha participado en la planificación o la gestión de las diferentes operaciones en alta mar, pero, a través del Programa Argo, hemos cofinanciado estas operaciones de gestión de las fronteras exteriores con 670 000 euros.
La Comisión recibirá un informe definitivo sobre los resultados y el impacto de las actividades emprendidas de acuerdo con los procedimientos respectivos del Programa Argo antes de que termine el año. A la luz de los objetivos del Programa Argo, la Comisión podrá evaluar el impacto de una actividad así para la gestión de las fronteras exteriores comunes.
En Salónica la Presidencia griega presentó un informe sobre la aplicación de programas, y centros ad hoc, proyectos piloto y actividades conjuntas. Un capítulo de este informe se ha dedicado a la actividad de Ulises. Propongo que el Sr. Medina Ortega eche un vistazo a este informe, que incluye una descripción exhaustiva del contenido del proyecto.

Medina Ortega (PSE).
Señor Comisario, muchas gracias por su respuesta. En efecto, tengo la posibilidad de comprobar lo que ha dicho la Presidencia griega sobre el tema, pero, teniendo en cuenta que la Comisión va a tener que valorar el proyecto, quisiera hacerle las siguientes advertencias:
En primer lugar, que quizás la forma en la que se llevó a cabo el Proyecto Ulises -primero una fase en el Mediterráneo y luego otra fase en el Atlántico- hizo que durante la fase del Mediterráneo se desviara la inmigración al Atlántico y durante la fase del Atlántico se desviara la inmigración al Mediterráneo, con lo cual prácticamente el efecto fue mínimo. Hubo además, al parecer, al menos en la primera parte, problemas de comprensión entre las distintas operaciones.
Se habla en este momento de un segundo proyecto, el Proyecto Neptuno, para el Mediterráneo central y oriental -supongo que el Comisario estará al corriente del tema- y la pregunta que me planteo es si, como consecuencia de ese segundo proyecto, al centrarse en una zona -el Mediterráneo central y oriental- no habrá el peligro de que aumente la presión sobre el Mediterráneo occidental y el Atlántico. Es decir, en qué medida el segundo proyecto puede producir ese resultado, porque, al parecer, el flujo total es siempre el mismo: si se cierra por un lado, se produce un desplazamiento hacia el otro.
Vitorino
Comparto la opinión de su Señoría de que los flujos migratorios son muy flexibles, y que cuando la presión aumenta en un lugar, disminuye en algún otro. Por eso la Comisión ha propuesto la creación de un marco operativo estable para el control de las fronteras marítimas. Pedimos que se realizara un estudio de viabilidad. La semana que viene presentaré sus resultados al Consejo informal de Justicia y Asuntos de Interior en Roma. Nuestra propuesta es crear tres centros de control permanentes para nuestra frontera marítima meridional.
Mientras tanto, tenemos que seguir aprendiendo de las operaciones conjuntas que son un éxito y de las que no lo son tanto, para incorporar esos conocimientos al proyecto que presentaremos al Consejo.

El Presidente.
 Pregunta nº 35 formulada por Paulo Casaca (H-0456/03):

Asunto: Protocolo Adicional de salvaguardia en materia nuclear
Desde agosto de 2002, a raíz de las denuncias documentadas presentadas por la resistencia iraní, se sabe que el Gobierno del Irán está llevando a cabo actividades ilegales para desarrollar la capacidad nuclear, actividades que han sido mencionadas abiertamente no sólo por las autoridades norteamericanas, sino también por la prensa y organismos especializados.
En junio, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó por completo estas denuncias y las instituciones europeas no tuvieron más remedio que reconocer finalmente la evidencia.
Entretanto, en declaraciones y respuestas a los diputados, la Comisión ha mantenido siempre la posición de que tanto las acusaciones de la resistencia iraní como su confirmación por parte de las autoridades estadounidenses carecían de credibilidad, llegando incluso a afirmar que el Irán parecía cumplir las disposiciones pertinentes en general, al aceptar incluso inspecciones de sus instalaciones nucleares, a pesar de que todos los observadores mínimamente informados sabían a la sazón que ello era totalmente falso.
¿No considera la Comisión que sería urgente plantearse hasta qué punto son fiables sus fuentes de información sobre el Irán?

Patten
. (EN) La Comisión acogió con satisfacción el informe de junio del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), pero observó con preocupación que Irán no había cumplido algunas de sus obligaciones contempladas en el acuerdo de controles de seguridad del Tratado de No Proliferación. 
Posteriormente, el 26 de agosto de 2003 y como continuación del informe de junio, el OIEA publicó otro informe que contenía nuevas conclusiones. El informe de agosto indica que, pese al mayor grado de cooperación demostrado por Irán, su cooperación ha tardado a veces en llegar y parte de la información se contradice con la proporcionada anteriormente. El comité de dirección del OIEA analizará este informe en la reunión que celebrará en la semana del 8 de septiembre de 2003. Es también probable que los Ministros europeos de Asuntos Exteriores traten este tema en la reunión de Gymnich en Italia este fin de semana.
La Comisión ha exigido a Irán plena transparencia en esta cuestión y ha declarado repetidamente que el tema de las armas de destrucción masiva constituye uno de los principales problemas en las relaciones entre la Unión Europea e Irán. A través de sus contactos a nivel ministerial y oficial, la Comisión ha solicitado a Irán que proceda de inmediato a la firma y ratificación del protocolo adicional, y que coopere plenamente y de una manera transparente con el OIEA. Sin la entrada en vigor de ese protocolo, el OIEA difícilmente podrá tener la seguridad de que Irán no esté desarrollando una actividad nuclear no declarada.
La Comisión hace todo lo posible para basarse en información objetiva disponible, en particular de fuentes del OIEA. Seguiremos de cerca todos los acontecimientos relacionados con el OIEA, sobre todo desde la reunión que mantuve hace un par de meses con el Dr. El Baradei.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, Señor Comisario, estoy sin duda muy satisfecho al ver que, finalmente, después de todos estos meses en los que se han planteado estas preguntas, en que se se nos ha dicho innumerables veces la existencia de información imposible de verificar, finalmente, el señor Comisario ya no nos viene a decir, como dijo todavía hace muy poco tiempo, que parece que, en general, el Irán ha cumplido las disposiciones del protocolo adicional de la Organización Internacional de la Energía Atómica. También estoy satisfecho al constatar que el señor comisario no viene a decirnos lo que me dijo en una respuesta hace menos de un mes: que reconoce al Irán el derecho a desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, como si alguien hubiese denegado ese derecho alguna vez. Se trata de una inversión de las posiciones de la Comisión, que me temo llega demasiado tarde. Así pues, se mantiene la pregunta que planteé: ¿no considera, señor Comisario, que sería útil escuchar a quien usted ha considerado no creíble anteriormente?
Patten
. (EN) Si a su Señoría le conviene decir ahora que hemos cambiado nuestra posición, le diré que sí, pero no lo hemos hecho. Su Señoría no ha estado atento cuando he dicho en más de una ocasión que, en una reunión tras otra con nuestros interlocutores iraníes, hemos insistido, por ejemplo, en la importancia de que firmen el protocolo adicional. He viajado dos veces a Teherán para insistir en ello. En las últimas semanas he hablado dos veces con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Kharrazi. Hablé con él a mediados de agosto y es una gran coincidencia que se formule hoy aquí esta pregunta justamente cuando he vuelto a hablar del mismo tema con él esta mañana.
Mi colega y Alto Representante, el Sr. Solana, ha viajado a Teherán esta semana para insistirles en lo que nosotros llevamos meses diciéndoles: que queremos que Irán firme el protocolo adicional como una condición necesaria, pero posiblemente no suficiente, para convencer al resto del mundo de que su programa nuclear civil y sus ambiciones en ese terreno son lo que ellos dicen ser. No tengo ninguna duda de que debemos presionar a Irán en esta cuestión. Irán quiere mejorar sus relaciones con nosotros y con el resto del mundo. Pero los iraníes tienen que saber que esta cuestión no preocupa sólo a los Estados Unidos: a nosotros también nos preocupa, y mucho. Espero que mi respuesta satisfaga a su Señoría y que podamos ahora comer todos del mismo plato.

El Presidente.
 Muchas gracias, señor Patten.
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. FischlerPregunta nº 36 formulada por Monica Frassoni (H-0432/03):

Asunto: El PHN y el equilibrio de la agricultura mediterránea
El trasvase del Ebro aportaría directamente del orden de 600 Hm 3 de agua a la agricultura mediterránea. Además, la reutilización agraria de las aguas trasvasadas para uso urbano aportaría no menos de 150 Hm 3 más. A estos volúmenes se les añadirán más de 200 Hm 3 de agua desalada. Por último, el PHN contempla inversiones en eficiencia en los actuales sistemas de riego, que podrían generar cientos de Hm 3 más. En total, el incremento de disponibilidades para la agricultura derivado del PHN superaría ampliamente los 1 000 Hm 3 anuales. En la agricultura mediterránea moderna cada metro cúbico de agua genera más de 3 ? de producción agraria. De hecho se superan los 6 ?/m 3 en muchos invernaderos. El trasvase del Ebro elevará las producciones actuales en varios miles de millones de Euros. Al margen de cómo se controlen las superficies oficialmente regables, los nuevos recursos aumentarán la producción, pues en algún lugar se utilizarán. ¿Ha evaluado la Comisión el efecto que podría tener semejante avalancha de nueva oferta sobre los precios agrarios? Los mercados de la agricultura mediterránea están, para algunos productos, prácticamente saturados, y los países del Norte de África están entrando en estos mercados. El precario equilibrio actual de la agricultura mediterránea, que la mantiene básicamente fuera del sistema de subvenciones de la PAC, podría acabar con el trasvase del Ebro.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, como ha observado acertadamente la Sra. Frassoni, la oferta de recursos hídricos en España aumentaría si se lleva a cabo el Plan Hidrológico Nacional español. Actualmente, la Comisión no cuenta con informaciones o estudios pormenorizados que permitan determinar los efectos que esta oferta adicional de agua tendría sobre la producción de la Unión Europea y sobre los precios agrícolas. Por ello tan solo podemos estimarlos.
Según las estimaciones de la Comisión, el aumento de los recursos hídricos tendrá un efecto muy reducido sobre el volumen de los productos agrícolas que reciben ayudas comunitarias. A la mayoría de los cultivos de regadío se aplica un límite máximo de ayudas comunitarias que se basan en la superficie, como en el caso del maíz o el arroz, o bien en cantidades máximas nacionales, como en el caso del algodón, el aceite de oliva o los productos procesados a base de frutas y hortalizas. Si las superficies de cultivo son superiores a las superficies de referencia para recibir ayudas, los pagos se reducen proporcionalmente. Así pues, el aumento de la producción o la extensión de las superficies de riego que se obtendrían con el Plan Hidrológico Nacional español no se reflejaría en el total de los pagos. La realización de este plan tampoco afectaría a la producción de leche, pues en dicho sector existe un régimen de cuotas.
El único sector en el que podría aumentar la producción sería el sector de las «frutas y hortalizas frescas». Sin embargo, este sector ya está muy orientado al mercado, y un aumento de la producción sólo tendría lugar si existiese el necesario potencial de mercado. A ello hay que agregar que mediante el riego podría mejorarse la calidad y competitividad de las frutas y hortalizas frescas.
En caso de que el equilibrio invisible de la agricultura mediterránea se viese afectado por estos planes españoles, este cambio no recibiría el apoyo de la Comunidad, ya que los aumentos de la producción no conllevan automáticamente un aumento de las ayudas comunitarias.
Frassoni (Verts/ALE).
Señor Comisario, el problema sobre el cual hemos querido llamar su atención es el hecho de que, como usted mismo ha dicho, no existen aún estimaciones precisas que nos indiquen cuál será en realidad el efecto del Plan Hidrológico Nacional sobre los precios. Como no sabemos qué precio se fijará para el agua, es evidente que tampoco sabemos qué efecto podrá tener el plan sobre los precios. 
Por tanto, no me queda sino pedirle que preste especial atención a este factor, entre otras cosas porque, según las últimas noticias que hemos recibido, además del aumento de la oferta de agua al amparo del Plan Hidrológico Nacional, están en proyecto una serie de plantas desalinizadoras que aumentarán aún más la capacidad de producción de agua en esta zona de España -según algunas estimaciones, 400 hectómetros cúbicos más al año-. Nos parece que, desde el punto de vista agrícola, la Comisión tiene, en particular, la responsabilidad de estar especialmente atenta a estos factores, y usted mismo me confirma que la Comisión todavía no está en condiciones de hacerlo.
Fischler
Señor Presidente, en este aspecto, la Comisión tiene cierta responsabilidad, pero la responsabilidad principal corresponde al Estado miembro que pretende llevar a cabo esta inversión. El proyecto en su conjunto se titula «Ayudas de los Fondos Estructurales en el marco de las medidas de apoyo a las zonas del Objetivo 1», y en este marco es obligatorio proceder a un análisis de la rentabilidad de este proyecto para determinar si es posible aplicar estas medidas de apoyo, y si se cumplen los requisitos para acogerse a la ayuda. Por ello, esta tarea corresponde al Estado miembro que pone en marcha el proyecto. Por otra parte, sin duda corresponde a la Comisión y, en este caso, a los Fondos Estructurales, comprobar si las estimaciones efectuadas son realistas y sensatas.
Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, la pregunta de mi colega Monica Frassoni me parece extremadamente pertinente. Quiero añadir algo, por vivir yo mismo en una zona de frontera, en Perpiñán, al norte de Cataluña. Sin duda recuerdan los problemas causados por las importaciones españolas en la frontera. Los agricultores paraban los camiones y tiraban su contenido a la calzada.
Por mi parte, temo que este plan hidrológico conlleve una competencia desleal hacia los agricultores roselloneses, en particular, pero también de todo el Midi francés, y que asistamos de nuevo a revueltas campesinas como las que hemos vivido. Además, si este plan hidrológico va acompañado del trasvase de las aguas del Ródano, los agricultores no lo entenderán.
El Presidente.
 Aunque no es una pregunta, sino un aviso de futuro, el Comisario, Sr. Fischler, puede hacer sus observaciones, si lo desea.
Fischler
Como señala con toda razón, señor Presidente, no se ha formulado una pregunta. Pero quiero dejar algo claro: todas las cuestiones sobre derechos del agua que estamos debatiendo aquí, es decir, si existen derechos de extracción y cuál es su volumen, no son materias que haya que tratar a nivel comunitario; si afectan a dos Estados miembros, estas cuestiones deben dilucidarse en negociaciones bilaterales entre los Estados miembros afectados.
El Presidente.
 El señor diputado quería volver sobre la pregunta anterior, conviene que lo haga con tiempo.
Ferrández Lezaun (Verts/ALE).
Señor Presidente, perdone, pero me acabo de incorporar ayer, así que le pido disculpas y espero ser más ágil la próxima vez.
Señor Comisario, soy un nuevo diputado aragonés, así que, como se puede usted imaginar, del PHN todo nos afecta, entre otras cosas porque quieren sacar el agua de nuestra región. Usted ha dicho, si le he entendido bien, que no hay datos sobre cómo va a afectar a los precios, pero sí estimaciones. ¿Es posible obtener estas estimaciones?
Fischler
Señor Fernández Lezaun, la evaluación que podemos hacer de antemano sobre esta cuestión solo puede ser muy aproximada, ya que no existen disposiciones vinculantes en relación con el regadío, por ejemplo, sobre qué frutas y qué planteas deben cultivar los agricultores en las superficies irrigadas. Esta sigue siendo una decisión de gestión que debe tomar cada agricultor. Probablemente cultivarán aquellas frutas que ofrezcan las mejores oportunidades económicas a cada uno de ellos, pero ya desde ahora puedo decir que con estos cambios no se producirá un aumento de las cuotas lecheras, ni la Comunidad está dispuesta a aceptar, por ejemplo, un aumento de las primas por hectárea o superficies de referencia complementarias para ningún cultivo. El proyecto entero debe llevarse a cabo dentro de las condiciones marco de la legislación sobre las ayudas.
El Presidente.
 Pregunta nº 37 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0444/03):

Asunto: Nueva reforma de la PAC y zonas muy desfavorecidas - Objetivo 1 - de la UE
El compromiso de la Presidencia sobre la nueva reforma de la PAC, de 26 de junio del 2003, tan sólo hace una tímida mención retórica a las regiones desfavorecidas y a la cohesión en la UE. El análisis de las propuestas formuladas por la Comisión y acordadas por el Consejo, a su vez, no concretizan ni cuantifican en qué consistiría ese "deseo de apoyo".
En la UE hay zonas agrícolas muy deprimidas que, por sí solas, no resistirán la competitividad que exigen el nuevo desacoplamiento de las ayudas y los criterios adicionales de esta reforma. Sólo unas nuevas políticas de capacitación y promoción agrarias, de distribución comercial, junto a programas específicos para un nuevo desarrollo agrícola-comercial podrían neutralizar la dureza de su impacto en estas zonas, evitando la depresión económica y el abandono de cultivos.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué medidas adoptará la Comisión para que la reforma de la PAC no tenga un impacto negativo sobre las zonas de la UE más desfavorecidas?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, antes que nada me gustaría explicar que cuando hablamos de regiones desfavorecidas y muy desfavorecidas en la agricultura, debemos distinguir entre dos cosas. En primer lugar, aquellas regiones desfavorecidas en las que se pagan primas por superficie en el marco de los programas de desarrollo rural a fin de compensar sus desventajas, y en segundo lugar, las regiones que debido a su retraso general en el proceso de desarrollo han sido clasificadas como regiones del Objetivo 1. Como saben sus Señorías, la Comunidad puede conceder, por ejemplo, porcentajes de cofinanciación más elevados para los programas de inversión. Además, existen condiciones sumamente específicas para las denominadas regiones ultraperiféricas. 
En relación con la reforma me gustaría señalar que los Estados miembros seguirán decidiendo el valor y la prioridad que desean conceder a las medidas destinadas a las regiones desfavorecidas en el marco de los programas de desarrollo rural. En cualquier caso tendrán, en función de la modulación, más recursos a su disposición para estos fines. En las regiones del Objetivo 1 son igualmente los Estados miembros los que deciden la cantidad de fondos Estructurales que desean gastar en el marco del Fondo de Garantía, cuánto desean asignar al Fondo Social Europeo y cuánto al Fondo Regional. La reforma agrícola no modifica nada de ello.
Sin embargo, también es cierto que la producción agrícola podría disminuir en algunas regiones desfavorecidas a raíz de la reforma, y que los ciudadanos de la Unión temen, a este respecto, que una superficie cada vez mayor se deje de cultivar, sobre todo en las regiones desfavorecidas. Sin embargo, mediante la reforma de las ayudas a la renta se establece un vínculo entre los pagos directos y el papel del agricultor como gestor y responsable de sus tierras y de las zonas rurales. Si no se cumplen las obligaciones de cultivo se reducirán las nuevas primas a las explotaciones. Tampoco en el futuro pagaremos a nuestros agricultores por no hacer nada. El beneficiario de la prima deberá cultivar su tierra de acuerdo con las normas agrícolas y medioambientales. Además, la prima para las regiones desfavorecidas sólo se pagará si la tierra se cultiva correctamente. 
Por esa razón no comparto las conclusiones que figuran en su pregunta sobre las regiones desfavorecidas. No obstante, me gustaría señalar que la Comisión seguirá con gran atención los efectos que la nueva política agrícola común tenga sobre las regiones desfavorecidas. La reforma ya prevé que si es necesario procederemos a las adaptaciones pertinentes.
Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Comisario, la reforma de la PAC tiene que hacerse, sobre todo, in situ, en el campo, y no sólo sobre los papeles. Los que tendrán que reformar y reconvertir los cultivos y reconvertir su agricultura son los agricultores, no sólo los burócratas.
En el campo, en estos momentos, hay una gran incertidumbre y una inquietud con las consecuencias de la reforma. En las zonas desfavorecidas, mucho más. Porque usted sabe que harán falta nuevas políticas comerciales y en las zonas muy desfavorecidas -las del objetivo 1, aparte de la cuestión terminológica- van a hacer falta medidas de nuevas políticas comerciales, de capacitación, de formación de agricultores. Y usted, en la reforma, no ha previsto nada de eso para las zonas que están peor.
En Andalucía esto supondrá más de 1 000 millones de euros. Se ha hablado durante todo este verano de un duro golpe. Además, su propuesta, burocráticamente, es mucho más compleja. Es decir, en lugar de simplificarse, la burocracia aumenta. Y, desde el punto de vista de la cohesión social, supone un retroceso, mucho más cuando el Sr. Prodi encarga a sus asesores informes que pueden ser la puntilla de la cohesión social.
No contesta, señor Comisario, a mi pregunta. ¿A qué se refiere usted cuando dice que es cierto que algunas zonas -las muy desfavorecidas- pueden verse cercenadas? ¿Esto qué significa? Un poco más de formalidad, y mucho más con los que están peor...
(El Presidente retira la palabra a la oradora)
El Presidente.
 Sra. Izquierdo Rojo, lleva usted hablando más del doble del tiempo permitido, que es de un minuto.
Vamos a dar la palabra al Sr. Fischler para que conteste.
Fischler
Señora Izquierdo Rojo, puedo responder brevemente a su pregunta. Si toma el ejemplo concreto de Andalucía y dice que en Andalucía sería necesario dedicar más recursos para formar mejor a los agricultores a fin de que se adapten a la nueva situación, esta tarea corresponde al Gobierno andaluz. Este debería presentar una propuesta de reprogramación de su programa de desarrollo regional. Si dicha propuesta cumple los requisitos generales, sin duda la autorizaremos. No veo problema alguno en todo ello.
Por lo demás creo que ya no es el momento de debatir sobre mi propuesta. Se ha tomado una decisión. La cuestión fue aprobada por los Ministros por unanimidad, es decir, con el consentimiento de España. Por ello resulta ocioso debatir ahora sobre la modificación de una propuesta. La reforma es un hecho. Ahora se trata de la forma en que ustedes aplicarán dicha reforma en España, pues como sabe su Señoría, la última decisión contempla cierto grado de flexibilidad. De lo que se trata es si, por ejemplo, en Andalucía se procederá a la plena desvinculación, o bien si se mantendrán determinados elementos vinculados en la ganadería, lo que podría ser, en determinadas circunstancias, tarea de las comunidades rurales. Esta posibilidad existe, pero ahora les toca a ustedes mover ficha. Son ustedes los que deben decidir.
Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Comisario, la traducción inglesa de la pregunta no se refiere a las «zonas agrícolas menos favorecidas» sino a las «zonas agrícolas muy deprimidas». En West Midlands, mi tierra natal en el Reino Unido, hay muchas zonas agrícolas deprimidas, y muchos agricultores deprimidos.
Quiero plantear al Comisario una pregunta dividida en dos partes. ¿Está de acuerdo la Comisión en que algunos Estados miembros, entre ellos el Reino Unido, no han aprovechado plenamente la ventaja de la flexibilidad que permite la normativa actual de la PAC? ¿Instaría él a los Estados miembros a sacar el máximo provecho ahora con la nueva normativa, que ofrece mayor flexibilidad, y a escuchar a sus agricultores y a su comunidad agraria en el proceso? Basta que responda con una sola palabra.

Fischler
Señor Presidente, señor Bushill-Matthews, en primer lugar quiero dejar claro que las «regiones del Objetivo 1» aparece entre paréntesis; es decir, que no se trata únicamente de las regiones en decadencia en general, aunque la pregunta hace referencia específicamente al Objetivo 1.
En segundo lugar y en relación con su propia pregunta, le diré que la flexibilidad que introducimos en las normas está ahí para ser utilizada. Aquí no puedo sino alentar a los Estados miembros a aprovechar la flexibilidad existente y a utilizarla de tal forma que corresponda en la medida de lo posible a la situación concreta de una región determinada, como por ejemplo la región que su Señoría ha mencionado.
Parish (PPE-DE).
¿Puedo insistirle al Sr. Comisario en la cuestión de las propuestas de Fischler para la revisión intermedia? Con sus reformas romperá el vínculo entre producción y subvención. Eso hará que la Unión Europea tenga que adoptar una posición firme en Cancún. ¿Cree usted que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, mediante la cual algunos países van a iniciar la desvinculación mucho antes que otros, ha debilitado ya la posición de la Unión Europea?

Fischler
Señor Parish, me gustaría decirle con toda franqueza que no creo que hayamos debilitado nuestra posición en las negociaciones, pues incluso si los Estados miembros utilizan el máximo de elementos vinculados que pueden mantenerse y lo hacen lo más tarde posible, habremos desvinculado en todo caso el 70% de los pagos. Sin embargo, ya desde ahora podemos observar que toda una serie de Estados miembros declaran voluntariamente que desean introducir la desvinculación lo antes posible y al 100%. Incluso los Estados miembros que tanto critican la desvinculación, como Irlanda, han señalado mientras tanto que han decidido realizar la desvinculación en su totalidad. Creo que muchos seguirán este ejemplo, por lo que no temo en absoluto que ahora nuestra posición negociadora sea peor.
El Presidente.
 Agotado el tiempo destinado a las contestaciones del Sr. Fischler y de acuerdo con el Reglamento, las preguntas 38, 39, 40 y 41 se contestarán por escrito

El Presidente.
 Pregunta nº 42 formulada por Bart Staes (H-0436/03):

Asunto: Ayuda al desarrollo para la agricultura congoleña
El 12 de junio de 2003, el semanario flamenco Trends indicaba que la fiscalía de Amberes (Bélgica) había iniciado una investigación sobre dos empresas exportadoras (Soafrimex y Afroliner) de excedentes alimentarios europeos hacia África, y sobre su implicación en operaciones de fraude fiscal, blanqueo de dinero y sospecha de tráfico de diamantes. Sus filiales en el Congo comercializaron alimentos (europeos) a precios de 'dumping?. El proyecto de desarrollo CDI-Bwamanda, por su parte, señala que el sector agrícola local se enfrenta con unos gastos generales excesivamente elevados. El semanario Trends indica que la Comisión Europea, entre otros, compra maíz in situ 'al doble de su precio, por ser la agricultura tan ineficiente?. Por otra parte, la FAO considera que el Congo tiene potencial para alimentar a dos mil millones de personas.
¿Posee la Comisión más información sobre el fraude manifiesto que se hace desde Amberes con excedentes alimentarios europeos? Por otra parte, y vista la situación de extrema necesidad, ¿está dispuesta a destinar fondos adicionales para el desarrollo de la agricultura local y, por consiguiente, reducir gradualmente las exportaciones de alimentos europeos a la región?

Nielson
. (EN) El artículo en el que se basa esta pregunta contiene algunas imprecisiones que pueden confundir al lector. Por una parte, en Europa existe actualmente un proceso judicial en marcha contra empresas exportadoras de excedentes alimentarios europeos con relación a un asunto de blanqueo de dinero y tráfico de diamantes. La magistratura belga ha enviado una comisión de investigación a la República Democrática del Congo. La investigación es secreta y compete a los tribunales belgas. Por tanto, la Comisión carece de información al respecto.
Por otra parte, la Comisión ya destina fondos importantes al desarrollo de la agricultura local en la República Democrática del Congo. El Fondo Europeo de Desarrollo financia proyectos para impulsar la actividad agraria, rehabilitar las carreteras rurales y promover las medidas fitosanitarias, por un valor de 13,2 millones de euros. Además está pendiente de aprobación otro proyecto de ayuda agraria con un presupuesto de 12 millones de euros.
La ayuda alimentaria proporcionada por la Comisión asciende a unos 5 millones de euros y abarca, entre otras cosas, los fondos puestos a disposición de la ONG CDI-Bwamanda para comprar maíz a los agricultores locales al precio del mercado de Kinshasa. Esta iniciativa permite a los agricultores congoleños seguir produciendo en el mercado nacional, caracterizado por su escasa capacidad adquisitiva, y poder prepararse para competir en los mercados nacionales y regionales cuando se inicie la recuperación económica después del conflicto.
Además, la intervención de la Comisión a través de esta ONG ayudará a evitar que las ayudas alimentarias producidas fuera del país debiliten a un sector agrícola ya de por sí muy dañado por la situación política del país, que está teniendo graves consecuencias para la producción. Todo ello ha hecho que en Kinshasa aumente mucho el precio de mercado del maíz.
Debo decir, no obstante, que desde la firma del acuerdo «global e integrador» de Petroria en diciembre de 2002 y la reunificación oficial del territorio congoleño a finales de junio de 2003, se está normalizando la navegación comercial por el río Congo. Eso hará, con toda probabilidad, que bajen los precios de mercado.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, por supuesto estoy satisfecho con la respuesta del Comisario cuando dice que el artículo contiene imprecisiones reales. Solo quisiera preguntarle al Comisario si puede averiguar de qué imprecisiones se trata en este artículo, pues es importante. Creo que todos compartimos la opinión del Comisario, de que lo principal es por supuesto reforzar los mercados agrícolas locales en cualquier país en vías de desarrollo.

Pero, ¿se atrevería el Comisario a decir aquí claramente que en el Congo, en la zona que se menciona en el artículo, no se ha producido una importación masiva de productos agrícolas europeos vendidos a bajo precio? Lo que sí ha contestado es: sí, apoyamos a las ONG locales, compramos maíz, eso es lo que ha dicho el Comisario. Pero, ¿se atrevería a decir aquí claramente que no se ha producido ninguna importación masiva aparte de las compras que ha mencionado el Comisario?
Nielson
. (EN) No puedo hacer eso. Doy por sentado que existen motivos para que las autoridades belgas estén investigando en la República Democrática del Congo. Ya le entregué a su Señoría la información que tenía al respecto e incluso le expliqué por qué no debemos comentar una investigación como esa. He hecho todo lo que podía.

El Presidente.
 Pregunta nº 43 formulada por Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0452/03):

Asunto: Asesinato de la ciudadana española Ana Isabel Sánchez Torralba en la Guinea Ecuatorial
La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba ha muerto en la Guinea Ecuatorial a causa de los disparos efectuados por miembros de las Fuerzas Armadas contra el autobús de línea en el que viajaba, con destino a Aconibe, para colaborar con las Misioneras Escolapias.
Se trata de otro ejemplo trágico de la brutalidad del régimen de la Guinea Ecuatorial, cuyo desprecio por la vida de las personas, los derechos humanos, y las más elementales garantías ciudadanas se ha puesto de manifiesto una vez más con el asesinato de Ana Isabel Sánchez Torralba.
¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de aplicar sanciones a la Guinea Ecuatorial suspendiendo cualquier tipo de ayuda al régimen dictatorial de Obiang?
¿Puede aportar datos la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en la Guinea Ecuatorial? ¿Se ha producido alguna mejora en el sistema de garantías a partir del acuerdo alcanzado en esta materia entre la Comisión y el Gobierno de la Guinea Ecuatorial?

Nielson
. (EN) La Comisión lamenta profundamente la muerte de la Sra. Sánchez en Guinea Ecuatorial. El joven soldado responsable de la misma actuó en contra de las órdenes de su superior y está ahora en la cárcel, a la espera de ser juzgado por homicidio.
En este caso, las autoridades han actuado rápida y correctamente, de manera que la Comisión no considera que haya motivos para aplicar sanciones. Le recuerdo que la cooperación con Guinea Ecuatorial en el marco del octavo programa FED exige como condición el respeto de los derechos humanos, y que todavía no se ha firmado el noveno programa FED.
En lo que respecta a la evolución de la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, después de su visita en julio de 2003 la Comisión informó de algunas pequeñas mejoras, como la invitación del Presidente a los partidos de la oposición a formar parte del Gobierno, la mejora de las condiciones en las cárceles, el menor número de barreras militares encontradas en las carreteras principales y un ligero aumento de la libertad de prensa.
Últimamente hemos observado algunos signos positivos con la liberación de 18 presos políticos el 18 de agosto de 2003.
Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Muchas gracias, señor Comisario. Le quiero manifestar que en el día de hoy me he enterado de que un consejo de guerra ha sentenciado a treinta años de prisión al que mató a esta cooperante y a una indemnización de 40 000 euros para la familia de la víctima.
Efectivamente, es un avance el que haya habido un consejo de guerra urgente; sin embargo, señor Comisario, usted sabe -y me imagino que se lo habrán manifestado las personas que han estado en Guinea- que se siguen violando continuamente los derechos humanos, a pesar de que se haya puesto en libertad a algún preso, y que esta situación es una constante desgraciadamente en este pequeño país que cuenta con un reducido número de ciudadanos. Estos siguen viviendo fundamentalmente en el terror, y a pesar de ser uno de los países con mayor riqueza, gracias al petróleo, la población, como usted sabe, no tiene ningún tipo de educación ni de sanidad y vive en la pobreza.
Por eso, señor Comisario, a pesar de que usted haya manifestado aquí que ha habido mejoras, le pediría que siga exigiendo un sistema de garantías que hagan posible que estos ciudadanos vivan con unos mínimos derechos humanos.
Nielson
. (EN) Por supuesto. Este es un caso que ilustra el lamentable hecho de que el petróleo no es un atajo para garantizar una vida digna ni el progreso a la mayoría de un país. Seguimos manteniendo un difícil diálogo con este país y me temo que no puedo decirles nada muy bueno ni muy optimista al respecto. Tenemos que seguir intentándolo.

El Presidente.
 Pregunta nº 44 formulada por Eija-Riitta Anneli Korhola (H-0474/03):

Asunto: Coordinación de las reducciones de emisiones (créditos) de los mecanismos de Kyoto con la cooperación al desarrollo
La UE está elaborando una directiva sobre los créditos que se pueden obtener de los proyectos de aplicación conjunta y del mecanismo de desarrollo limpio y que se pueden convertir en derechos de emisión con un valor económico en el comercio de emisiones. La perspectiva es, por lo tanto, dotarse de un instrumento que permita, en parte, la posibilidad de obtener también un beneficio de los proyectos de desarrollo. Al mismo tiempo, así se podría contribuir a lograr el objetivo del 0,7% del producto nacional bruto, establecido por las Naciones Unidas. También la UE tiene intención de poseer derechos de emisión.
A pesar de las grandes posibilidades, sólo será posible hallar una solución definitiva adecuada mediante una planificación cuidadosa y una estrategia bien meditada. ¿Es consciente la Dirección General de la Comisión responsable de la cooperación al desarrollo, de la naturaleza de los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio y de las oportunidades que ofrece de financiación adicional para la cooperación al desarrollo? ¿Tiene intención la Comisión de orientar a los Estados miembros hacia una práctica uniforme? ¿De qué manera se van a integrar los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en el plan de financiación de la UE para la cooperación al desarrollo?

Nielson
. (EN) La Dirección General de Desarrollo de la Comisión y yo mismo conocemos el mecanismo de desarrollo limpio y las oportunidades que ofrece. 
Para los países en vías de desarrollo, el mecanismo de desarrollo limpio debe constituir un vehículo adecuado para la transferencia de tecnologías limpias y modernas, capaz de contribuir a sus esfuerzos de desarrollo. No obstante, dicho mecanismo no debe sustituir a los fondos concedidos en el marco de la cooperación al desarrollo.
En primer lugar, el mecanismo de desarrollo limpio es principalmente un instrumento del sector privado o empresarial y la financiación pública se destinaría únicamente a fines de formación o capacitación, o a acciones catalíticas similares. En segundo lugar, aunque la reducción certificada de emisiones que consiga un proyecto del mecanismo de desarrollo limpio tenga un valor añadido, dicho valor no puede «declararse» como ayuda oficial al desarrollo según establecen las normas de elaboración de informes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
La Comisión reconoce las oportunidades que puede ofrecer el mecanismo de desarrollo limpio en materia de transferencia tecnológica, pero es consciente de que no todos los países en vías de desarrollo tendrán el mismo interés para el sector empresarial en términos de inversión.
La Comisión ha propuesto una estrategia y un plan de acción comunitarios para hacer frente al cambio climático en el marco de la cooperación al desarrollo, que contempla ayudas a los países asociados para actividades de preparación de proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, entre ellas actividades de capacitación. La comunicación sobre el cambio climático en el contexto de la cooperación al desarrollo considera también la posibilidad de financiar proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en la categoría de los países menos desarrollados.
En cuanto a la orientación de los Estados miembros hacia una práctica uniforme en el mecanismo de desarrollo limpio, esperamos que los debates celebrados en el seno del Consejo sobre la comunicación de la Comisión permitan adoptar un plan de acción comunitario que incluya medidas relacionadas con la actividades del mecanismo de desarrollo limpio. Invito al Parlamento Europeo a que también manifieste su opinión sobre esa comunicación.
La ayuda a las actividades del mecanismo de desarrollo limpio contemplada en el plan de acción puede financiarse con cargo a las partidas presupuestarias geográficas a petición de los países, y con cargo al presupuesto de investigación. La ayuda puede financiarse también con cargo a la partida presupuestaria «Medio ambiente en países en desarrollo y bosques tropicales», una de cuyas prioridades serán las actividades del mecanismo de desarrollo limpio.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Comisario por su respuesta. Quisiera decir que sin embargo es cierto que determinados tipos de mercados y oportunidades se están abriendo aquí para organizaciones de cooperación para el desarrollo. En mi opinión es algo muy positivo, ya que pueden utilizar sus conocimientos especializados en esta área. Por lo tanto, me gustaría preguntar si el Comisario tiene alguna intención de ofrecer esta oportunidad y esta idea a las organizaciones de cooperación para el desarrollo, por ejemplo formándolas para que se conviertan en coordinadoras de proyectos CDM. También me gustaría preguntar qué tipo de posibilidades ve para reunir a las empresas y a las organizaciones a fin de que las colaboraciones resulten constructivas y ventajosas para ambas partes.

Nielson
. (EN) Como ya dije antes, se trata de un instrumento dirigido principalmente a las empresas. Estamos tratando de atraer a las empresas y al sector privado a estas actividades de muy distintas formas. Las empresas, como es lógico, tienen que participar en el debate sobre la forma de organizarlo. También deben participar los gobiernos de nuestros países asociados. Ellos son nuestros dos aliados principales para avanzar en este terreno. Sin ellos no podremos hacer gran cosa. Las organizaciones normales de cooperación al desarrollo no son las principales destinatarias de esta medida: el nuevo frente son las empresas.

Rübig (PPE-DE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, usted ha dicho con toda razón que las empresas deben concertarse entre sí, pero todos sabemos que para ello requieren un mercado, es decir, una bolsa en la que se puedan negociar estos derechos, estos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio. ¿Considera usted que existe una posibilidad de que la Comisión proponga la creación de una bolsa semejante con sede en Europa?
Nielson
. (EN) Desde un punto de vista práctico, los proyectos piloto y otras iniciativas similares son necesarios para empezar, experimentar con ellos en la práctica y demostrar cómo pueden realizarse este tipo de actividades. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
He mencionado el problema más importante, todavía sin resolver, de la declaración de estas actividades como ayuda oficial al desarrollo. Tenemos que tener cuidado con eso. Sólo cuando las empresas puedan encontrar algo que les interese y cuando los Gobiernos de los países en vías de desarrollo lo consideren también de interés, debemos instarles a trabajar conjuntamente.

El Presidente.
 Muchas gracias señor Comisario. Las preguntas 45 a 49 se contestarán por escrito

El Presidente.
 Pregunta nº 50 formulada por Alexander de Roo (H-0431/03):

Asunto: El Plan Hidrológico Nacional y la conservación del Bajo Júcar
El PHN ha levantado una gran controversia en torno al río Ebro. Sin embargo, han pasado desapercibidas las condiciones en que va a quedar el río Júcar, segundo río en importancia del Mediterráneo español, que el PHN pretende utilizar como centro de redistribución hidráulica en la vertiente mediterránea, situando en él tres trasvases en menos de 200 km: el Tajo-Segura, en servicio desde 1980, el Júcar-Vinalopó, ya iniciado aunque a muy bajo ritmo, y el proyectado trasvase del Ebro, del cual está previsto entregar 63 hm 3 en las proximidades del embalse de Tous. El curso medio y bajo del Júcar presenta notables valores ecológicos. El cauce del río desde Tous hasta el mar fue propuesto como LIC por la Generalitat Valenciana (LIC ES 5232007). Asimismo, el último tramo del río y las aguas costeras colindantes están incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Recientemente, la cuenca del Júcar ha sido seleccionada como PRB (Pilot River Basin) en los procedimientos de aplicación de la Directiva Marco del Agua. ¿Sabe la Comisión que ni el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar ni el PHN fijan caudal ecológico alguno para el Júcar a partir de la toma de la Acequia Real del Júcar hasta la desembocadura? ¿Considera la Comisión que es posible asegurar la conservación de una masa de agua de tal valor ecológico sin que la planificación hidrológica le garantice al menos un caudal mínimo de mantenimiento, y evite la contaminación biológica por mezcla con aguas de otras cuencas?

Wallström
 La Comisión ya sabe que el plan hidrológico nacional español y el plan para la cuenca del Júcar no contienen disposiciones que garanticen el caudal en el curso bajo del río. La Comisión entiende que las autoridades españolas pretenden definir el caudal necesario en una fecha posterior.
La legislación medioambiental europea, en particular la Directiva sobre hábitats y la Directiva marco del agua, tiene que ser respetada. Eso significa que el río Júcar tiene que conseguir por lo menos un «buen» estado ecológico antes de diciembre de 2015 y que tienen que protegerse los ecosistemas terrestres y los humedales que dependen de él.
Por último, las autoridades españolas han calificado la cuenca del Júcar de cuenca piloto en el contexto de la estrategia de aplicación conjunta asociada a la Directiva marco del agua. Esta labor permitirá identificar los principales retos a los que se enfrenta la cuenca hidrográfica, como la protección de curso medio y bajo del río.

de Roo (Verts/ALE).
Quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta. En efecto, la DG Medio Ambiente no ha dado luz verde a una subvención de 80 millones de euros solicitada por el Gobierno español para el proyecto Júcar-Vinalipó. La DG Regio quería otorgar esta subvención por lo que pidió al Banco Europeo de Inversiones que elaborara un informe sobre la viabilidad económica de este proyecto del Júcar. Sin embargo, los representantes del Banco Europeo de Inversiones hablaron con el Gobierno español y no con los críticos del proyecto del Júcar. El informe del Banco Europeo de Inversiones sobre el proyecto del Júcar no se ha hecho público. Quisiera preguntar a la Comisión si este informe puede hacerse público, concretamente la información técnica que el Gobierno español ha facilitado al Banco Europeo de Inversiones.
Wallström
Puedo responder al Sr. de Roo, sólo quería una aclaración técnica. Siempre trato de asegurarme de que las ONG y los ciudadanos reciban suficiente información sobre el medio ambiente, con tal de que no se revelen secretos industriales ni asuntos confidenciales.
Hasta donde yo sé, no hemos recibido todavía ese informe en particular. Tengo entendido que seguimos discutiendo con otras DG y con las partes afectadas para poder obtener toda la información necesaria y también para poder juzgar los hechos en este caso.
En cuanto a la financiación, ya saben ustedes que la Comisión ha recibido una propuesta para financiar este trasvase con fondos estructurales, pero no ha adoptado todavía una posición definitiva en este asunto. Seguimos pidiendo aclaraciones e información adicional a las autoridades españolas.
Una de las cuestiones que tenemos que plantear es la relación entre el trasvase del Ebro y el trasvase del Júcar-Vinalopó. Hemos pedido a las autoridades españolas que nos aclaren si el trasvase del Júcar-Vinalopó depende del trasvase del Ebro, o si se trata de un proyecto totalmente independiente. Así es como están las cosas. Analizaré a fondo la posibilidad de publicar más información que nos pueda ayudar en este debate.
Estoy plenamente dispuesta a estudiar esta cuestión, pero depende de que recibamos la información pertinente. Seguimos en contacto con todas las partes afectadas para recibir y acceder a la información necesaria.

El Presidente.
 Pregunta nº 51 formulada por Chris Davies (H-0441/03):

Asunto: Caudal ecológico del río Ebro y Directiva marco el ámbito de la política de aguas
¿Qué opina la Comisión del debate político y científico que se está llevando a cabo en España sobre el cálculo del caudal ecológico mínimo del Ebro en su delta, tras el trasvase? 
La Directiva marco en el ámbito de la política de aguas exige que no se produzca un deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada y que se logre un "buen" estado ecológico (también de la hidromorfología) en todo el río y no sólo en tramos determinados. ¿Cómo se propone la Comisión garantizar que esto se consiga en todo la cuenca del Ebro, habida cuenta del transvase propuesto de este río al norte, este y sudeste de España?
¿Está de acuerdo la Comisión en que los objetivos dobles, de prevenir el deterioro del estado actual y caracterizar lo que constituye un "buen" estado ecológico en toda la cuenca del Ebro, deben haberse conseguido antes de proceder a evaluar si el transvase del Ebro es técnicamente posible y qué regiones podrían beneficiarse del mismo en último término?

Wallström
La Comisión considera que la cuestión de un caudal adecuado en el curso bajo y el delta del Ebro tiene una importancia crítica con relación al proyecto de trasvase del Ebro. Esta es una de las dos cuestiones que la Comisión ha propuesto que se planteen en una reunión técnica con las autoridades españolas y otras organizaciones, prevista para mediados de octubre de 2003. Evidentemente, la necesidad de garantizar un nivel adecuado de protección del curso bajo y del delta del Ebro está muy vinculada a los requisitos de la Directiva marco del agua para evitar el deterioro desde la entrada en vigor de dicha Directiva en diciembre de 2000, y para asegurar un buen estado ecológico y químico a más tardar en diciembre de 2015.

Davies (ELDR).
De hecho esa respuesta ha sido muy satisfactoria. Se lo agradezco, señora Comisaria.

El Presidente.
 Pregunta nº 52 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0434/03):

Asunto: Costes globales de la reparación de los daños causados al medio ambiente por la catástrofe del Prestige
Habida cuenta de la magnitud de la catástrofe, que afecta a varios Estados miembros, ¿está dispuesta la Comisión a realizar un estudio sobre lo que costará volver a la situación anterior y reparar los daños y perjuicios medioambientales y socioeconómicos que causará a largo plazo el accidente del Prestige frente a las costas de Galicia?

Wallström
Su Señoría estará de acuerdo en que la Comisión ha abordado con rapidez y eficiencia todas las consecuencias del accidente del Prestige. En el aspecto reglamentario, su Señoría recordará la rápida reacción de la Comisión para acelerar la retirada de los buques monocasco, aplicar sanciones penales y avanzar los paquetes legislativos de Erika I y Erika II. Esos paquetes se han finalizado en un tiempo récord.
En cuanto al apoyo comunitario para ayudar a España a reparar los daños y perjuicios económicos asociados, la Comisión se ha ofrecido a cofinanciar un estudio de impacto ambiental con una contribución total de 300 000 euros. Se han entablado contactos para fijar las condiciones de dicho estudio, que las autoridades españolas todavía están estudiando.
La Comisión recuerda a su Señoría que el 20 de diciembre de 2002 se transfirieron 30 000 euros a las pesquerías e industrias de marisquería y acuicultura españolas afectadas por el vertido de petróleo, y que el 16 de julio de 2003 se movilizaron 8,6 millones de euros del fondo de solidaridad. Además, existen otros instrumentos comunitarios, como los fondos estructurales y el fondo de cohesión, disponibles para los fines mencionados por su Señoría.

Nogueira Román (Verts/ALE).
 Señor Presidente, señora Comisaria, no se puede negar la realidad, no se puede dar la espalda a las consecuencias de la catástrofe del Prestige. El petróleo continúa llegando a las costas de Galicia y del Golfo de Vizcaya; yo mismo, señora Comisaria, comprobé directamente esta realidad hace una semana en el arenal de Rostro, en el Cabo de Finisterre. El Prestige continúa en el fondo del mar, continúa derramando petróleo y no se sabe realmente lo que tiene dentro. Los pescadores, los científicos, toda la sociedad gallega y cantábrica, todos están muy preocupados por los daños que sufren actualmente y fundamentalmente con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro.
Estudios objetivos afirman que los daños finales del Prestige superarán los 3.000 millones de euros. Comparemos, señora Comisaria, estas partidas con las que acaba de citar, que son absolutamente insuficientes. Así pues, pregunto de nuevo: ¿va a mantener la Comisión su pasividad o va a agarrar de una vez por todas al toro por los cuernos, asumiendo su responsabilidad, para remediar este problema real y a poner orden en el tráfico salvaje que navega por nuestros mares?
Wallström
No acepto que la Comisión se haya mantenido pasiva en esta cuestión. Yo estuve allí inmediatamente después del accidente. Ofrecí a las autoridades españolas financiación o cofinanciación para realizar un estudio de impacto ambiental. Nos hemos mantenido en contacto permanente con las autoridades españolas, pero no podemos imponernos al Gobierno español ni a los ciudadanos. Tenemos que trabajar en colaboración con ellos. También actuamos de inmediato en el ámbito político, proponiendo una serie de medidas para reparar los daños causados y destinando a tal fin dinero de los fondos estructurales y del fondo de solidaridad.
Si el Gobierno español quiere más dinero o ayuda, esperamos que se ponga en contacto con nosotros para determinar exactamente lo que se necesita. Espero también que considere nuestra oferta de realizar el estudio del impacto ambiental que he mencionado antes, puesto que tendría un enfoque a más largo plazo y sería muy útil para evitar que vuelvan a producirse más accidentes de este tipo.
De nuevo quiero insistir en que nosotros adoptamos las medidas necesarias inmediatamente después del accidente y que seguiremos reaccionando con la misma rapidez. Nuestra unidad de protección civil también se activó de inmediato. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar al Gobierno, a las autoridades y a los ciudadanos españoles. Y estamos dispuestos a escuchar y considerar debidamente otras peticiones que se nos hagan.

El Presidente.
 Pregunta nº 53 formulada por Alexandros Alavanos (H-0457/03):

Asunto: Peligros para la salud de los habitantes de Atenas por las elevadas concentraciones de dióxido de nitrógeno y micropartículas
En la respuesta de la Comisión a mi pregunta oral (H-0371/03

Wallström
La Comisión es consciente de la necesidad de mejorar la situación de la calidad atmosférica, sobre todo en ciudades metropolitanas como Atenas. Ese es uno de los principales fines de la actual legislación comunitaria en materia de calidad del aire y emisiones atmosféricas.
De conformidad con los requisitos de notificación de la Directiva marco sobre la calidad del aire, Grecia ha publicado los niveles de concentración de contaminantes regulados en la primera Directiva derivada. Según dicha información, se han rebasado los valores límite del PM10 y del NO2, así como el margen de tolerancia, en varias estaciones de medida en Atenas.
Puesto que Grecia no ha demostrado todavía que esos rebasamientos del PM10 se deban a causas naturales, la Comisión espera recibir planes y programas conforme al artículo 8 de la Directiva marco antes de que finalice 2003, explicando cómo pretende Grecia conseguir los valores límite antes de 2005. Lo mismo puede decirse respecto al NO2, para el que, sin embargo, no se permite ninguna excepción por causas o fuentes naturales.
Las Directivas establecen también un umbral de alerta para el NO2 que se rebasa cuando las concentraciones superan los 400 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas. La Comisión tiene que ser informada siempre del rebasamiento del umbral de alerta en un plazo máximo de tres meses. Hasta ahora no se ha recibido ninguna información al respecto de las autoridades griegas.
La Comisión ha recibido también los resultados de un programa de investigación que indican un aumento de la mortalidad en ciudades donde los altos niveles de PM10 se acompañan de altos niveles de NO2 y un clima cálido. Tenemos que analizar estos resultados con detenimiento para concluir si existen evidencias suficientes de esa relación. Sin embargo, no hay duda alguna de que las condiciones climáticas desfavorables conllevan siempre un riesgo adicional para la salud humana.
Los Estados miembros están obligados a garantizar la publicación rutinaria de información actualizada sobre la concentración ambiental de contaminantes atmosféricos como NO2 o PM10. Según su Señoría, el Ministerio ha dejado de publicar información sobre este asunto.
En vista de ello, la Comisión emprenderá una investigación por iniciativa propia para determinar si y en qué medida las autoridades griegas no han cumplido la legislación comunitaria aplicable.

Alavanos (GUE/NGL).
Agradezco a la Sra. Comisaria su respuesta sustanciada. Por supuesto debo señalar que estamos hablando de las estadísticas de 2001 y vivimos en 2003, y existe el elemento añadido de las numerosas obras para los Juegos Olímpicos y el polvo que flota sobre Atenas contra el que no se han tomado medidas adecuadas.
Siendo esto así, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si existe algún plan para investigar la cuestión de la agravación de la contaminación a causa de esta contaminación fotoquímica, las micropartículas y el factor de las obras para los Juegos Olímpicos, que se están realizando sin que se tomen medidas adecuadas para proteger la salud de los ciudadanos.

Wallström
Me resulta difícil contestar sobre la marcha a la pregunta de si los problemas justifican algún tipo de intervención para proteger a todos los ciudadanos atenienses. Dudo que así sea y espero que puedan organizar esas obras de forma que los ciudadanos de Atenas puedan seguir viviendo, trabajando y respirando en su ciudad.
Nuestras Directivas y los diferentes límites y niveles que se establecen en ellas no tienen en cuenta si se produce algún acontecimiento especial, sino que tienen en cuenta y miden los factores que afectan a la salud humana. Seguiremos vigilando que Grecia mida, controle y nos informe de estas cosas. Por eso he dicho que estamos dispuestos a considerar el tipo de medidas de control, notificación y medición que Grecia necesita para cumplir plenamente los requisitos de nuestras directivas. Y así lo seguiremos haciendo.
Nos ha dado usted motivos para preguntar si existirán problemas especiales relacionados con las obras de construcción que puedan obligar a Atenas a adoptar medidas especiales. No puedo responder hoy a su pregunta. Pero estudiaré la cuestión y le daré más adelante una respuesta detallada.

El Presidente.
 Pregunta nº 54 formulada por Ari Vatanen (H-0470/03):

Asunto: Designación de lugares de la red NATURA 2000
Las disposiciones del artículo 4 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE

Wallström
La Comisión ha comprobado en repetidas ocasiones la correcta incorporación a la legislación finlandesa de las disposiciones contenidas en la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves. En la actualidad, la Comisión considera que los artículos relativos al procedimiento de creación de la red Natura 2000 se han incorporado correctamente.
Puesto que la red Natura 2000 ha originado gran controversia en Finlandia, la Comisión ha investigado el procedimiento nacional de selección de los lugares y ha informado a Finlandia en los últimos años de algunas deficiencias, tanto en el número de lugares protegidos como en la calidad de los datos. Finlandia se ha comprometido a solventar esas deficiencias. La calidad actual de los datos es aceptable, en opinión de la Comisión.
Las quejas que se escuchan en Finlandia parecen deberse a una mala interpretación de los criterios de evaluación. La Comisión basa sus evaluaciones en los últimos datos remitidos, no en la información más antigua. La Comisión sabe que algunos propietarios de tierras finlandeses están descontentos con las propuestas de Natura 2000. La Comisión ha sido informada de que todos los propietarios de tierras han tenido la posibilidad de examinar las propuestas y presentar sus quejas antes de que Finlandia remitiera oficialmente dichas propuestas a la Comisión.
Los tribunales finlandeses han examinado las quejas caso por caso, considerando en todo momento la validez de los datos. Las mayoría de las quejas han sido desestimadas por los tribunales. La Directiva no establece ningún requisito de consulta de ámbito nacional y, por tanto, respetando el principio de subsidiariedad, la responsabilidad recae en los Estados miembros, teniendo en cuenta las leyes y los procedimientos nacionales.
La labor de la Comisión se limita, por tanto, a vigilar que se respeten los criterios de selección científicos que se establecen en la Directiva. Aunque la Comisión puede entender que en estos casos siga existiendo insatisfacción, no puede concluir que las autoridades finlandesas hayan malinterpretado arbitrariamente las reglas o hayan actuado contraviniendo dichas reglas.

Vatanen (PPE-DE).
Señora Comisaria, aprecio su respuesta y su defensa general del medio ambiente en Europa, pero lo que usted dice no es coherente con lo que ocurre en el día a día. Cuando esta Directiva se incorporó a la legislación finlandesa, se basó principalmente en antiguos sistemas de protección que no cumplían los criterios de la Directiva para los lugares Natura 2000.
Por consiguiente, tiene usted que comprender la posición de los propietarios de tierras privados. Perdieron indebidamente el derecho a utilizar unas tierras que eran suyas y, al contrario de lo que usted dice, los recursos presentados ante los tribunales finlandeses se tramitaron en bloque. Noventa y nueve de cada 100 veces fueron desestimados directamente. De ahí la frustración e impotencia de los ciudadanos. Nosotros creemos en Europa, pero ¿cómo podemos convencer a los ciudadanos europeos de la calle o a los agricultores finlandeses si se sienten avasallados por Europa y, en este caso, por las autoridades finlandesas? Lo cierto es que han sido víctimas de una injusticia.

Wallström
Su Señoría ha planteado una cuestión muy interesante. ¿Cómo podemos dar a conocer Natura 2000 y la creación de esta importante red, cuando se han perdido los motivos originales en el debate mantenido en los años siguientes a la introducción de esta Directiva?
Espero que seamos también más capaces de ayudar a los Estados miembros a dar buenos ejemplos de cómo dar a conocer la Directiva, pero no estoy segura de que podamos llegar a resolver este problema del Gobierno y las autoridades finlandesas, que posiblemente les exija introducir un proceso de consulta con, por ejemplo, los propietarios de tierras finlandeses. Nosotros nunca podremos resolver eso desde Bruselas, aunque espero que podamos ayudar dando buenos ejemplos de cómo se puede implantar y realizar ese proceso de consulta en diferentes países.
Es importante que dejemos también claro en qué casos la responsabilidad corresponde a la Comisión y en qué casos prima el principio de subsidiariedad, teniendo que delegar en un Estado miembro -en este caso en el Gobierno y las autoridades finlandesas- también la organización del trabajo. Desde un punto de vista estrictamente formal, no hemos encontrado ninguna deficiencia en Finlandia, como podría ser que hubiera realizado este trabajo con arbitrariedad. No hemos encontrado ninguna deficiencia formal de ese tipo.

El Presidente.
 Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 55 a 85 se contestarán por escrito

El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0270/2003) de la Sra. Lynne, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad» (COM(2003) 16 -2003/2100(INI)).
Tengo la gran satisfacción de declarar abierta esta sesión en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Quiero subrayar la importancia que tanto yo como mis colegas en el Parlamento y la Comisión otorgamos a esta misión.

Lynne (ELDR)
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los intérpretes del lenguaje de signos. Ojalá pudiéramos tener intérpretes del lenguaje de signos en todos los plenos, para todos los informes. Quiero dar también las gracias a todos los que me han ayudado a escribir este informe: a todos los diputados al Parlamento Europeo que han trabajado tanto conmigo para redactar las enmiendas de transacción; a la Comisión; y especialmente a las organizaciones de personas discapacitadas. He incorporado muchos de sus consejos a este informe. Por eso es un buen informe. No es mi informe. Es un informe que se ha elaborado con la ayuda de las personas discapacitadas.
Celebro que el Comité ad hoc de las Naciones Unidas adoptara del 16 al 27 de junio de 2003 una convención específica sobre los derechos de las personas discapacitadas. Creo que una convención específica y jurídicamente vinculante es preferible a cualquier otro instrumento. Pero tiene que existir un mecanismo para vigilar el trato que reciben en la práctica las personas discapacitadas en todo el mundo.
He incluido en mi informe una lista de los derechos que deben figurar en una convención de las Naciones Unidas. Por motivos de espacio, no se trata de una lista exhaustiva. Ahora bien, propongo un enfoque orientado principalmente a los derechos y el abandono, de una vez por todas, del modelo médico de discapacidad, y que se abarquen todos los tipos de discapacidad, ya sean personas en sillas de ruedas o personas con otros problemas de movilidad, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, discapacidad del aprendizaje, problemas de salud mental u otras discapacidades ocultas. Tenemos que ser integradores.
En la Unión Europea hay 37 millones de personas discapacitadas. En el mundo entero hay 600 millones de personas discapacitadas. En las Naciones Unidas se han realizado algunos progresos: el Programa de Acción Mundial de 1981 y las Normas Unificadas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, por citar dos ejemplos. En el ámbito comunitario también se han hecho algunos progresos : en 1997, por ejemplo, el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam impulsó la Directiva y el Programa de Acción sobre el empleo. Pero como digo en mi informe, ahora necesitamos una directiva específica sobre discapacidad a escala comunitaria. Necesitamos que todos los Estados miembros incorporen este año a la legislación nacional la actual Directiva sobre el empleo. Hay muchos Estados miembros que ni siquiera han empezado a considerar su incorporación.
Aunque avancemos a escala europea, el 80% de las personas discapacitadas pertenecen a países en vías de desarrollo. Por eso necesitamos una convención jurídicamente vinculante que abarque todo el conjunto de derechos, entre ellos el derecho a la calidad de vida. Lo cual significa también protección contra el trato degradante e inhumano. Eso incluye la institucionalización.
Tenemos que mejorar el acceso al empleo, porque la gran mayoría de las personas discapacitadas carecen de empleo. Necesitamos acceso a la formación profesional, educación y el derecho a la integración, que es tan importante. Eso significa acceso a los edificios, acceso a una vida lo más independiente posible y acceso al transporte público. Si las personas no tienen acceso al transporte público, no pueden desplazarse a su lugar de trabajo.
También consideramos los derechos civiles y políticos.
Yo creo muy firmemente en la igualdad de todos los ciudadanos, como la mayoría de los que nos encontramos aquí. Eso significa no más «derechos para las personas discapacitadas», sino «igualdad de derechos para las personas discapacitadas». La igualdad de derechos significa también acceso a ayudas económicas; acceso a asistencia sanitaria; acceso a cultura y ocio -incluidas las actividades deportivas-; igualdad ante la ley y derecho a la justicia.
Tengo entendido que se ha solicitado una votación por separado, para que esta cuestión se consulte sólo a las organizaciones de personas discapacitadas, y no a las organizaciones que representan a las personas discapacitadas. ¡Pero recordemos que también tenemos aquí a los países en vías de desarrollo! Muchos de ellos carecen de organizaciones de personas discapacitadas. Solo tienen organizaciones que representan a las personas discapacitadas. ¿Vamos a excluirlas? No estamos hablando sólo de la Unión Europea. Se trata de una convención mundial. Incluso en la UE existen muchas organizaciones que se quedarían fuera, como el Royal National Institute for the Deaf del Reino Unido y, es más, personas con discapacidades profundas del aprendizaje y problemas mentales graves, que suelen necesitar a un representante que hable en su nombre. 
Les pido que voten a favor de este informe en su totalidad y no se vean tentados a solicitar una votación por separado.
Diamantopoulou
Señor Presidente, me gustaría dar concretamente las gracias a la Sra. Lynne y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por la elaboración de este informe.
Este informe confirma que la cuestión de la discapacidad es una cuestión con aspectos políticos, sociales y económicos. Es una cuestión que afecta horizontalmente a todas las políticas de la Unión Europea. En concreto, dentro del marco del Año Europeo de la Discapacidad, este informe emite un mensaje claro a la Unión Europea y a los Estados miembros, que hace que el compromiso del Parlamento sea conocido en los términos más claros.
El primer punto que me gustaría plantear es la futura Convención de las Naciones Unidas, que se prevé será un documento muy importante de trascendencia histórica. Su informe será útil y desempeñará un papel importante para los servicios de la Comisión durante los debates sobre esta futura Convención que se están celebrando, por una parte con los Estados miembros y por otra con las Naciones Unidas. Este es acorde con la comunicación y las propuestas de la Comisión. Compartimos los mismos principios y objetivos. En concreto, me gustaría comentar el aspecto político principal en el que estamos de acuerdo, un planteamiento basado en los derechos políticos, sociales y humanos. Merece la pena observar que la Convención de las Naciones Unidas constituye un reconocimiento adicional del hecho de que no es la discapacidad del individuo lo que debe corregirse, sino el entorno restrictivo el que debe adaptarse con el fin de salvaguardar la plena participación y la igualdad de oportunidades para el individuo. El acento se ha trasladado del modelo médico a la denominada norma social, para elaborar una política basada en los derechos humanos fundamentales por una parte y la igualdad de oportunidades garantizada por otra parte.
Al publicar esta comunicación, la Comisión ha dejado clara su intención de promover su planteamiento basado en los derechos a escala europea y de basarse en la experiencia europea obtenida hasta la fecha en la lucha contra la discriminación. Por otra parte, la Comisión está insistiendo en un planteamiento basado en la integración social de los discapacitados y ha planteado la cuestión de la discapacidad como uno de los elementos básicos en los planes de acción nacionales elaborados para la integración social y la lucha contra la pobreza.
La Comisión ha solicitado instrucciones de negociación por el hecho de que parte de la Convención tiene que ver con la cuestión de la «no discriminación», ahora incluida en la jurisdicción de la Unión Europea tras el Tratado de Ámsterdam. Los debates con el Consejo han continuado hasta hoy mismo, mientras que al mismo tiempo la Comisión está trabajando estrechamente con la Presidencia en el trabajo previo al preparatorio para la Convención.
La Sra. Lynne ha hecho referencia a la cuestión específica de los países en desarrollo y a la política de cooperación para el desarrollo, que hasta el momento se ha limitado a la elaboración de un memorando explicativo sobre la discapacidad y el desarrollo. Este memorando, dirigido a las representaciones y servicios de la Unión Europea, se elaboró en estrecha cooperación con organizaciones no gubernamentales que representaban a los discapacitados. Este documento, que se ha distribuido a las representaciones de la Unión Europea en países en desarrollo, ha suscitado reacciones positivas tanto a nivel gubernamental como al nivel de las organizaciones de la sociedad civil, y es importante que, por primera vez, tengamos un planteamiento de la cuestión de la discapacidad con relación a la política de desarrollo y la ayuda al desarrollo. Aunque es difícil en la etapa inicial solicitar que la discapacidad se incorpore al cuerpo central de las políticas de ayuda al desarrollo, esta es una declaración clara de que la discapacidad debe incluirse y tratarse en las políticas de cada Estado en todos los sectores.
Mi último comentario tiene que ver con la posible Directiva sobre discapacidad. Tal y como ya ha dicho la Sra. Lynne, la Unión Europea cuenta desde 2000 con una Directiva general sobre la no discriminación en el campo del empleo que también tiene que ver con los discapacitados. Esta Directiva, que realmente constituyó un gran paso para Europa y que fue aceptada por todos los Estados miembros, no ha avanzado tal y como nos hubiese gustado. La mayoría de los países no han presentado todavía ni siquiera un proyecto de ley preliminar para transponer esta Directiva, aunque el plazo expire en diciembre de 2003.
Pese a los repetidos esfuerzos durante los debates en los Consejos de empleo, mi carta a todos los ministros y la movilización de las organizaciones europeas y nacionales, parecería que los Estados miembros tienen serias dificultades de naturaleza política y económica. Hago desde aquí un llamamiento al Parlamento para que también desempeñe un papel importante a la hora de ejercer presión sobre los Estados miembros con el fin de hacer que adopten esta Directiva en principio. Sin embargo, creo que está claro en la situación actual que es prematuro promover una nueva Directiva que ampliara el alcance de las políticas más allá del campo del empleo a todos los sectores de la política en general. Considero que esto crearía una situación difícil en el Consejo y quizás haría incluso más difícil adoptar la primera Directiva, que se ha encontrado con las dificultades que he mencionado antes.
Sin embargo, al mismo tiempo la Comisión ha propuesto que los Estados miembros examinen y decidan por sí mismos si la legislación comunitaria debería utilizarse para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad en sectores distintos del empleo en un informe sobre la aplicación de la Directiva de igualdad de oportunidades. Esto nos dará una primera respuesta oficial por parte de los Estados miembros a este segundo e importante paso que, políticamente, constituye claramente un paso que la Unión Europea necesita tomar, pero que debe tomar en el momento adecuado, con importantes requisitos imprescindibles para el éxito, tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones como desde el de la aplicación práctica.
Para concluir, la Comisión se ha comprometido a participar activamente con los Estados miembros en las negociaciones sobre la Convención de las Naciones Unidas. La participación en estas negociaciones también continuará tras el Año Europeo de la Discapacidad dentro del marco de la acción en curso en este sentido, ya que nuestro objetivo es presentar un plan de acción a escala europea a finales de 2003, al final del Año de la Discapacidad, que será fruto de todo el trabajo realizado en todos los Estados miembros durante este año, de forma que obtengamos compromisos por parte de estos a nivel legislativo, presupuestario, político y programático.

Cerdeira Morterero (PSE)
. (ES) Señor Presidente, empezaré por decir que comparto plenamente el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales elaborado por la colega Lynne y que, asimismo, comparto las palabras que la Comisaria acaba de pronunciar, deseando mucha suerte a todos -al Parlamento y a la propia Comisión- en los objetivos que nos hemos marcado, porque, sin duda, repercutirá en el bienestar de miles y miles de ciudadanos.
Todos los Estados coinciden en que es preciso integrar la discapacidad en los procedimientos empleados por los organismos de supervisión de los Tratados, bien en forma de un protocolo adjunto a alguno de los Tratados sobre derechos humanos existentes o bien como instrumento que contenga principios generales, dejando abierta la posibilidad de añadir posteriormente protocolos facultativos.
No obstante, en mi opinión, sólo se podrán alcanzar los objetivos esperados mediante una convención jurídicamente vinculante que recoja los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales adaptados a las circunstancias de los discapacitados. Una convención con carácter vinculante pondrá de manifiesto que los discapacitados se enfrentan en su vida cotidiana -como todos sabemos- a problemas graves generalizados que atañen tanto a dificultades de accesibilidad como a la burocracia y a las actitudes de sus conciudadanos. Su objetivo no reside en crear nuevos derechos sino en aclarar y adaptar los ya existentes. La elaboración de una convención específica será el único medio para disponer de un mecanismo de supervisión eficaz que analice el trato que reciben las personas con discapacidad en todo el mundo. La convención dará asimismo prioridad a los derechos de los discapacitados en las agendas de los Gobiernos. Su aprobación deberá suponer el inicio de un proceso eficaz y específico dirigido a garantizar la integración plena y equitativa de los discapacitados en todo el mundo. Esto implica que los problemas de este colectivo se tengan en cuenta en los procedimientos de toma de decisiones políticas en los ámbitos regional, nacional e internacional. La Unión Europea debería asimismo garantizar que las organizaciones de discapacitados cuenten con una representación y actúen como asesoras a lo largo de todo el proceso y no sólo en el momento final.
Quiero insistir solamente en algunos puntos que son importantes, aunque otros colegas ya los han señalado y que en este Parlamento y en el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo hemos venido defendiendo: la existencia, en muchos casos, de múltiple discriminación -como mujer discapacitada, inmigrante discapacitado-, la eliminación de barreras jurídicas para eliminar las barreras físicas, la educación -importantísima- en valores que incluya la no discriminación hacia la discapacidad desde la escuela.
Mantovani (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo quiero expresar mi sincero agradecimiento a la ponente, la Sra. Lynne, por el excelente trabajo realizado, que por lo demás fue aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria: un trabajo que demuestra una sensibilidad especial y su experiencia también como ponente del documento de lanzamiento del Año de las personas con discapacidad 2003.
El voto unánime en comisión demuestra también que la discapacidad no es un problema de derecha o de izquierda, sino de quienes se preocupan por el respeto de los derechos, la igualdad de oportunidades y de la dignidad de todos los ciudadanos. Por lo demás, las cifras no engañan: 600 millones de discapacitados en el mundo, 38 en Europa, 45 en la Europa ampliada del año próximo. Conviene recordar que cualquiera puede convertirse en una persona discapacitada, en cualquier momento de su vida. Esto se debe en particular al envejecimiento de la sociedad, pero no sólo: basta pensar -cito un dato de mi país- en los 24 000 jóvenes que cada año se convierten en personas discapacitadas a causa de accidentes, debido al ritmo frenético de la vida y la actividad social en nuestros días.
Son datos que dan que pensar. De ahí la importancia de adoptar normas internacionales vinculantes destinadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad, y de establecer también un mecanismo de seguimiento adecuado. El Convenio vinculante de la ONU adoptado el pasado mes de junio, dotado precisamente de un mecanismo de seguimiento y análogo a los seis convenios sobre los derechos humanos, deberá poner de manifiesto los importantes y vastos problemas que encuentran las personas con discapacidad en su vida diaria, ya se trate de cuestiones de acceso, ya se trate de cuestiones de burocracia, ya se trate de actitudes sociales. Por tanto, sentará las bases para el reconocimiento de los derechos de todas las personas con discapacidad en todas las partes del mundo.
Considero que también la Presidencia europea, el Consejo en su papel de negociador, trabajará lo mejor posible para obtener, a principios de 2004, un texto más definido y específico que el presentado por México, para que puedan definirse en concreto unas normas que guíen la conducta de los Gobiernos. Lamento sin embargo la posición mantenida hasta ahora por la Comisión Europea, que todavía no ha facilitado una calendario sobre una futura Directiva horizontal relativa a los derechos de las personas con discapacidad en Europa, ni ha asumido compromisos concretos o genuinos para integrar los derechos de las personas con discapacidad en su política. Es importante la Directiva sobre el empleo y la ocupación, es importante la Directiva relativa al acceso a los transportes, pero hay que ir más allá, señora Comisaria; ante todo, no podemos dar tregua a la inercia de las legislaciones de los distintos países.
Howitt (PSE).
Señor Presidente, 2003 es, en efecto, el Año europeo de las personas con discapacidad. Han transcurrido también diez años desde el Año de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y esta noche es conveniente que el Parlamento se centre no solo en los derechos de las personas discapacitadas en la Unión Europea, sino en las víctimas discapacitadas del abuso de los derechos humanos en todo el mundo.
En la escena internacional, las personas discapacitadas son las menos reconocidas y las más desamparadas de todas. Esta convención de las Naciones Unidas debe servir para impulsar el cambio a todos los niveles de la administración pública -local, nacional e internacional- y para forzar a los responsables de la toma de decisiones a reconocer los derechos de las personas discapacitadas en el contexto de los derechos humanos de una manera sin precedentes.
Desde hace demasiado tiempo, los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos no han sabido reconocer explícitamente los derechos de las personas discapacitadas y los organismos de las Naciones Unidas que trabajan en el campo de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo tampoco han sabido identificar los factores específicos que excluyen y marginan a las personas discapacitadas. Me gustaría pensar que una convención de las Naciones Unidas traerá también consigo recursos importantes para ayudar a que las propias personas capacitadas pueden participar y contribuir en la toma de decisiones, de manera que su voz pueda ser escuchada.
Celebro esta noche que diputados de todos los grupos representados en esta Cámara hayan apoyado el principio de una convención jurídicamente vinculante. Aunque los tratados vigentes sobre los derechos humanos se aplican también a las personas con discapacidad, no aluden expresamente a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ni existe un tratado internacional que haga referencia explícita a esos derechos. 
Los derechos humanos de las personas discapacitadas merecen el mismo grado de protección que los de otras personas desfavorecidas o vulnerables, como las mujeres, los niños y las minorías étnicas. Las personas con discapacidad constituyen un grupo marginado que no disfruta del mismo grado de protección generalizada de los derechos humanos que existe actualmente y, por tanto, necesitan normas explícitas para reparar la discriminación que sufren por parte de la sociedad y toda la serie de violaciones a las que se ven sometidas.
Si eso ocurre en la Unión Europea, cómo no va a ocurrir en sitios más alejados, particularmente en lo que se refiere a nuestras políticas de cooperación al desarrollo. Aunque la asamblea parlamentaria ACP-UE adoptó el año pasado una resolución innovadora, tenemos que seguir asegurando la plena participación y los plenos derechos de personas discapacitadas como las víctimas de minas terrestres, las víctimas de discapacidades infringidas deliberadamente en conflictos bélicos, o las víctimas de discapacidades causadas por enfermedades crónicas desconocidas para nosotros en la Unión Europea. Se trata de una cuestión de ámbito realmente mundial.
Felicito a la Sra. Comisaria por su intervención de esta noche. Ha dicho que es partidaria de presentar en el futuro una directiva exhaustiva sobre la no discriminación por motivos de discapacidad. No se sorprenderá si le recuerdo una vez más que en noviembre tendrá la oportunidad de anunciar su intención de hacer eso, en la comunicación con que culminará el Año europeo de las personas con discapacidad.
Aunque la Sra. Comisaria tiene la autoridad y la influencia necesarias, debe adquirir ese compromiso. Necesitamos que así lo haga; de hecho, le pedimos que lo haga en la votación de mañana.
La ponente ha dejado claro que existe una diferencia entre su opinión y la de los Socialistas en el tema de las organizaciones en defensa y de personas discapacitadas. Las organizaciones de personas discapacitadas están controladas por personas discapacitadas y por los progenitores de personas discapacitadas que no pueden hablar por sí mismas. Es lógico que reciban prioridad, porque llevan existiendo en la Unión Europea desde la comunicación de la Comisión de 1996. La Sra. Comisaria ha mencionado a las personas ciegas : la Unión de Ciegos Europeos -que forma parte del Foro Europeo de la Discapacidad, el órgano representativo de las personas discapacitadas- quiere que demos prioridad a las organizaciones de personas discapacitadas. La Sra. Lynne dice que las personas con dificultades graves del aprendizaje no pueden representarse a sí mismas. ¿Pero qué pasa con People First y otras organizaciones de los propios afectados? Demuestran que la ponente está equivocada.
Nosotros somos partidarios de la votación por separado. Pero eso no significa que retiremos nuestro firme apoyo a esto y a la convención de las Naciones Unidas sobre las personas discapacitadas.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, es sumamente importante que tengamos una convención jurídicamente vinculante sobre las personas con discapacidad. Necesitamos legislación no solo para proteger los derechos de las personas con discapacidad, sino también para asegurar que tengan el apoyo y las estructuras necesarias para poder participar en pié de igualdad en todos los aspectos de la vida.
Las personas que mejor pueden hacer eso y explicar lo que necesitan son los propios discapacitados. Tenemos que ser muy prudentes y abstenernos de decir a las personas con discapacidad lo que necesitan y lo que podemos hacer por ellas. Salvo que nosotros mismos tengamos una discapacidad, no podemos saber lo que necesitan para participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
Es estupendo tener hoy entre nosotros a personas que conocen el lenguaje de signos. Deberían estar presentes no sólo esta noche, sino siempre.
Otro aspecto que tenemos que considerar es la educación que reciben estas personas. Hay que asegurar la plena integración de la enseñanza, de manera que las personas discapacitadas no se vean segregadas, sino educadas junto con todas las demás.
Cuando hablamos de discapacidad, existe la tendencia a prestar determinados servicios a las personas discapacitadas, pero segregándolas. Debemos tener en cuenta el lenguaje de signos, el Braille, y todas esas cosas que son necesarias, y permitir que formen parte del programa de estudios de todos los Estados miembros. Las personas discapacitadas no deben verse obligadas a acudir a centros especiales para poder educarse o integrarse en la sociedad. Eso es muy importante.
El Sr. Howitt ha mencionado a la Comisión y su compromiso de presentar una directiva antes de finales de año. En el año de la discapacidad, no basta con prometer que vamos a hacer muchas cosas para luego, cuando el año termine, olvidarnos de todo y seguir como siempre. Tenemos que conseguir algo de lo que al final podamos sentirnos orgullosos, que las personas puedan participar en la sociedad. Necesitamos una perspectiva amplia, que no se limite a las posibilidades de acceso a la enseñanza. Y eso lo tenemos que hacer con la ayuda de las propias personas discapacitadas.
Con respecto al último punto, me gustaría recordar que el Centro para una Vida Independiente, con sede en Irlanda, enviará una delegación de toda Europa al segundo período parcial de sesiones que celebraremos en septiembre. Se va a crear un intergrupo especial que se reunirá con las personas discapacitadas. Ellas nos dirán exactamente lo que quieren y lo que les gustaría que se hiciera. Será una gran oportunidad. Todos aquellos interesados en el tema deben asistir y escuchar a esas personas explicar lo que quieren. Son las que mejor pueden hacerlo. Tenemos que escucharlas y dejar que sean ellas las que tomen las decisiones; no debemos tomar nosotros decisiones en su lugar.

Musumeci (UEN).
Señor Presidente, señora Comisaria, en el Año Europeo de las personas con discapacidad, la Unión Europea tiene la posibilidad de aprovechar una gran ocasión para recuperar el tiempo perdido. La política no puede, sin duda, devolver la vista a los ciegos, la palabra a los mudos o la movilidad a los minusválidos, pero puede poner a las personas con discapacidad en condiciones de soportar con menos dificultad, física y mental, las dificultades de la vida diaria y de poder acceder, por tanto, a una vida más digna.
Algunas veces -lo constatamos en persona- basta poco para ofrecer esa posibilidad: eliminar barreras arquitectónicas, construir con determinados criterios que tengan en cuenta las necesidades de una parte de nuestra población con dificultades. A la política corresponde, pues, la tarea de prestar la debida atención al problema: no se trata de caridad o piedad, sino de reconocimiento de un derecho a una vida mejor, en la medida de lo posible. Si después la discapacidad física va acompañada de un estado de necesidad económica o incluso de miseria -es la situación más común en el mundo-, la realidad resulta aún más dramática. Las cifras recogidas en el informe son alarmantes: 600 millones de personas con discapacidad, gran parte de ellas en el Tercer Mundo. Podemos imaginar por tanto sus condiciones de vida.
El Grupo Unión para la Europa de las Naciones, en cuyo nombre intervengo, es consciente de que todavía puede y debe hacerse mucho para afrontar un tema importante que acosa a millones de familias en el todo el mundo, unas familias que esperan de la política y de los políticos respuestas concretas a una problemática actual y apremiante. El Grupo reconoce en cualquier caso los buenos propósitos de la Comisión y el acertado análisis realizado por la ponente, la Sra. Lynne, en su informe. Votaremos, pues, a favor de la resolución, que tiene el mérito de devolver el derecho a la esperanza a tantos desafortunados a los que el destino ha asestado un duro golpe.
Blokland (EDD).
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones a la Sra. Lynne por su informe, pero creo que el informe no está completo. Es bueno que se preste atención a los derechos de las personas con discapacidad. Pero además de todos los derechos que se mencionan para las personas con una discapacidad echo en falta la atención por los derechos de los niños no nacidos con una discapacidad. También esta vida que aún no ha nacido tiene derecho a nuestra protección.
Con demasiada frecuencia, el diagnóstico prenatal se utiliza tan solo para determinar si un feto tiene una discapacidad. Tras lo cual, en caso de discapacidad, se provoca un aborto.
Para las personas que tienen una discapacidad congénita es un duro golpe saber que nos preocupamos tanto de sus derechos, mientras que su discapacidad en los niños no nacidos puede ser una razón para acabar con su vida. En estos casos las personas discapacitadas por lo visto no tienen derechos, por no hablar de dignidad.
Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, en la Unión Europea, cuarenta millones de ciudadanos sufren diferentes tipos de discapacidad, pero lo cierto es que la plena participación de estos ciudadanos en la sociedad no es todavía una realidad, dado que continúan siendo víctimas de prejuicios y estando privados de derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la actividad remunerada, a la información y comunicación, además de las dificultades de acceso a edificios y a medios de transporte. 
Estamos ante lagunas que deben ser solucionadas. Por un lado, los tratados internacionales actualmente en vigor en materia de derechos humanos se aplican a las personas con discapacidad, pero ninguno de ellos estipula disposiciones expresas y vinculantes en ese sentido. Por otro lado, la Unión Europea, relativamente activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, adopta medidas destinadas sólo a crear un marco general para la igualdad de tratamiento en el empleo.
Por ello felicito a la ponente, que hace un llamamiento para la adopción de una futura convención de las Naciones Unidas. Esta convención podrá poner de manifiesto los graves problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria. Aprovecho para recordar que las organizaciones que representan a las personas con discapacidad deberán participar plenamente en la redacción de esta convención, así como en la definición y evaluación de todas las medidas destinadas a ellas. A pesar de la cautela de la señora Comisaria -que entiendo- con respecto al empeño de los Estados miembros, quiero terminar realizando un llamamiento a la Comisión para que no retrase la presentación de una directiva comunitaria completa sobre los derechos de las personas con discapacidad y la integración de estos derechos en la política de cooperación y desarrollo.
Gillig (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la aplicación de un instrumento jurídico internacional vinculante establecido por las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad -en otras palabras, su dignidad- es sin duda alguna, y como usted misma ha dicho, histórica. Por tanto, la Unión Europea debe alentar su adopción y participar en ella plenamente.
Las personas con discapacidad desean elegir libremente su modo de vida, acceder a la mayor autonomía posible y participar como cualquier ciudadano en todo el proceso de toma de decisiones, no sólo en lo que les concierne directamente, sino también por el reconocimiento de todos sus derechos fundamentales. Una política comunitaria digna de tal nombre debe apoyarse, me parece, en las disposiciones existentes, como se hace ya, pero además debe promover medidas legislativas a todos los niveles, como se destaca en el informe de la Sra. Lynne.
No obstante, sabemos que si bien los dispositivos legislativos son necesarios, no son suficientes. Por tanto, hay que emprender un auténtico trabajo de concienciación de todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, empresarios y profesionales de la educación. Debemos instarles a todos para que tengan en cuenta las situaciones específicas asociadas a la discapacidad. Esta toma de conciencia es igualmente necesaria para la transposición de la directiva, que a día de hoy todavía no se ha completado.
Un segundo punto que hay que destacar es que nuestras ambiciones políticas tienen que apoyarse en unos programas financieros a la altura de las necesidades reales. Podría hablar de las inmensas necesidades que existen, por ejemplo, en los ámbitos de la educación y la escolarización, ya se trate de enseñanza especial o normal. Los dos no son contradictorios.
Algunas personas con discapacidad viven, como sabemos, en situaciones de exclusión, de pobreza y de dependencia. Nuestra respuesta tiene que estar dirigida a promover la autonomía, la solidaridad y la integración. A este respecto, el informe que se nos presenta hoy explora y expone con detalle una serie de planteamientos aplicables a todos los ámbitos de la vida diaria.
Creo que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen que ponerse al lado de las personas que sufren una discapacidad. No se trata de caridad, sino de derechos y del ejercicio de la ciudadanía, que es la demanda pura y simple de las personas discapacitadas.
En este Año Europeo de las Personas con Discapacidad, creo que las recomendaciones de la ponente contribuirán a la acción emprendida para conseguir que todos los afectados puedan ser ciudadanos de verdad, como lo somos todos en esta Cámara.
Bushill-Matthews (PPE-DE).
Señor Presidente, felicito a mi colega de West Midlands por el excelente trabajo que ha hecho como ponente del Parlamento en este tema de vital importancia. 
La Organización de las Naciones Unidas acordó en 2001 considerar propuestas relativas a una convención internacional para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Hasta la fecha han habido seis tratados diferentes de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. La siguiente convención sobre los discapacitados será la séptima.
Este informe establece algunos principios básicos que confiamos que se incorporen al proceso. En concreto, se propone el abandono del modelo médico, que considera a las personas discapacitadas como un problema, para reconocer en su lugar que las personas discapacitadas tienen unos derechos que deben respetarse. Pido a los colegas de todos los partidos y grupos políticos que voten unánimemente a favor de este informe. Esta Cámara debe alzar una voz clara para recordar que las necesidades y los derechos de los discapacitados están por encima de las políticas de partido, ya que nos afectan a todos. Pero eso es solo la mitad de la historia. No debemos limitarnos a votar y pasar luego a otras cuestiones, creyendo que ya hemos hecho nuestro trabajo. La votación de mañana debe verse como un compromiso para impulsar un cambio real en las Naciones Unidas, en la UE y en nuestros Estados miembros.
Hoy estamos hablando sobre los derechos de las personas discapacitadas. Mañana, nuestra votación debe interpretarse como un compromiso de acción; un compromiso de trabajar juntos con determinación hasta que esos derechos queden garantizados.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, la ponente ha tratado los problemas de los discapacitados con especial cuidado, incluso diría que con excesivo cuidado, y merece que todos los diputados la felicitemos.
Normalmente todos nos ofrecemos a decir cosas agradables sobre los discapacitados. Sin embargo, lo que no se menciona es que el problema de la discapacidad no concierne a un grupo independiente de gente desafortunada; nos concierne a todos, ya que todos somos discapacitados en potencia. Tan solo tenemos que recordar a los miles de personas que cada año sufren una discapacidad a consecuencia de accidentes laborales o de tráfico. Este mero hecho puede incitarnos suficientemente y reducir nuestra negligencia tradicional.
Todos sabemos que la principal revolución en el planteamiento de la discapacidad en los últimos años es que los discapacitados no son tratados solamente como personas con problemas, sino como portadores de derechos humanos. Sin embargo, de lo que no se es consciente por completo es de que no se trata simplemente de una cuestión de reconocimiento adicional de determinados derechos añadidos de un grupo de personas. El reconocimiento de los discapacitados como personas con derechos forma parte de la idea del funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, se trata de una cuestión de ejercicio efectivo de todos los derechos fundamentales vigentes.
El derecho a la libre expresión de la opinión presupone el derecho a la información. Ninguno de estos dos derechos puede ejercerlo un discapacitado si no se le proporciona la lengua adecuada. El acceso universal a los servicios públicos se queda en papel mojado si no se eliminan los obstáculos para que los discapacitados puedan acceder a los servicios. Los derechos fundamentales del elector y el electo siguen sin funcionar para determinados grupos de discapacitados, dado que no se presta atención para garantizar que existan mecanismos especiales que hagan posible que puedan votar.
Siendo esto así, no se trata de una cuestión de desear una salvaguarda más avanzada de los derechos que ya se salvaguardan de forma general para los discapacitados, ni siquiera el principio del reconocimiento de derechos especiales; se trata de una cuestión de cómo un aspecto tan importante para el funcionamiento de la democracia ha estado sin resolver durante tantos años. Llegados a este punto, permítanme plantear una pregunta simple: 2003 ha sido proclamado el Año de la Discapacidad. Este tipo de proclamación de carácter festivo tiene un efecto práctico no solo cuando pretende concienciar a la gente o reunir material, sino también cuando se establecen calendarios concretos. Sé que la Comisaria Diamantopoulou tiene un interés mayor por una política avanzada para los discapacitados y es especialmente sensible con respecto a este tema. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros no parecen estar en la misma sintonía. Esto explica el hecho de que la Comisión, tal y como ha señalado la ponente, evite formalizar ningún compromiso de este tipo. Por lo tanto, quiero pedir a la Comisaria que transmita a la Comisión nuestra postura de que no es posible que la Unión Europea ejerza una presión de modo fiable sobre los miembros de las Naciones Unidas para que voten a favor de una convención especial que también será vinculante para los países en desarrollo y más pobres, cuando el mundo más desarrollado se niega a predicar con el ejemplo en este sentido.
En cualquier caso, la línea básica que debe adoptarse no es el reconocimiento de derechos nuevos, sino la aplicación eficaz de los derechos ya reconocidos en las convenciones internacionales reconocidas por las Naciones Unidas. De este modo, salvaguardar los derechos de los discapacitados se alejará de la idea de que se trata de una cuestión de conceder derechos y se establecerá sobre la percepción de que es una obligación basada en compromisos asumidos internacionalmente.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la presencia en esta Asamblea, en este momento, de 25 de los 623 diputados, incluido el Presidente, testimonia ciertamente el interés por este tema -lo digo en serio, dada la hora-, el tema de las personas con discapacidad y de cómo las consideran las leyes. 
Estoy convencido de que nosotros, los legisladores y los políticos, somos los responsables de las discriminaciones hacia las personas discapacitadas por todo lo que no hemos hecho hasta hoy. Señor Mantovani, es necesaria una decisión de la ONU jurídicamente vinculante para proteger a las personas con discapacidad, en el año 2004 -es necesaria porque de otro modo no conseguirán sus derechos- y es necesaria también una Directiva europea sobre la discapacidad. Yo también lo lamento. Sé que la Comisaria Diamantopoulou, si tuviese los poderes de un ministro europeo -los poderes de un ministro de un Estado nacional- habría resuelto ya el problema de las personas con discapacidad porque, en cuatro años, todos hemos podido ver la importancia que otorga a este tema.
Quisiera añadir algo -que me digo a mí mismo, sobre todo- para resolver el problema de la discapacidad: visto que los políticos están sordos, quizás sea mejor gastar nuestra energía en educar a los jóvenes -a los pocos que no lo estén- en el respeto de la discapacidad.
Por último, señor Presidente, permítame concluir recordando un tema tan querido al ponente alternativo, el Sr. Mantovani, que lleva toda la vida trabajando por los no autosuficientes, diciendo que en demasiadas partes del mundo, precisamente los no autosuficientes, además de ser discapacitados, son también ancianos, y no reciben un subsidio para poder vivir su vida de ancianos y discapacitados con dignidad.
Zrihen (PSE).
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, quiero expresar mis más vivas felicitaciones a la Sra. Lynne por la calidad del informe que nos ha presentado, pero también por haber considerado con detenimiento las distintas propuestas que se le han hecho. 
Año tras año, aquí, en Europa, como en el resto del mundo, las personas con discapacidad siguen siendo víctimas de múltiples formas de vulneración de sus derechos fundamentales. En efecto, incluso en Europa, el maltrato a las personas con discapacidad es a menudo un tema tabú, como lo es la propia discapacidad. Detrás de esos problemas hay hombres y mujeres, pero sobre todo víctimas. La vulnerabilidad física e intelectual de las personas con discapacidad indica la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante y de una protección legal específica para las personas con discapacidad en todo el mundo. Evidentemente, me alegra mucho que esta cuestión esté en el orden del día de las Naciones Unidas. Como ocurrió con las mujeres y los niños, es hora de que todas las naciones se ocupen de proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y el respeto de esos derechos.
La adopción de un convenio tendría la ventaja de ofrecer puntos de referencia globales para la elaboración de las políticas y leyes nacionales, y permitiría establecer mecanismos adecuados de seguimiento y control para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas con discapacidad. Sabemos también que en la Carta de los Derechos Fundamentales se prohíbe toda discriminación basada en la discapacidad y se dice que debe garantizarse la integración de las personas con discapacidad. Pero, ante todo, en su artículo primero, la Carta afirma el derecho a la dignidad humana. 
Europa se ha construido sobre el rechazo de la diferenciación, la segregación y la negación de las personas por el motivo que sea. En este sentido, es primordial que, además de las categorías de derechos que se recogen en este informe, se establezca el derecho a la protección contra todo tipo de violencia y el derecho a la protección contra el trato cruel, inhumano y degradante. En este orden de ideas, espero que la Comisión Europea esté pronto en condiciones de proponer al Parlamento Europeo la futura directiva global de la Unión Europea relativa a las personas con discapacidad. Nuestra acción en defensa de las personas con discapacidad deben contemplar no sólo la lucha contra la violencia y los malos tratos, sino también la lucha contra la negación y la violación de sus derechos más fundamentales en la vida diaria.
Con este fin, me parece que nuestras políticas deben ser proactivas, para que las personas con discapacidad puedan insertarse en el conjunto de la sociedad del mismo modo que cualquier otro ciudadano.
Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero dar sinceramente las gracias a la Sra. Lynne por el esfuerzo que ha dedicado al trabajo sobre una Convención de las Naciones Unidas legalmente vinculante para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Se trata de una cuestión importante y que destacamos en este Parlamento Europeo a través de una campaña para que la Convención pase a ser legalmente vinculante y venga acompañada de un sistema de supervisión eficaz, en común con las otras seis convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Es importante que esta Convención se considere un modo para reforzar el trabajo general de las Naciones Unidas en favor de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo.
También es importante destacar que, si a las personas con discapacidad se les ofrece la oportunidad de vivir fuera de las instituciones, estas deben recibir apoyo suficiente para poder hacerlo con éxito. En Suecia, las personas que una vez residieron en instituciones para discapacitados o disminuidos mentales, viven en la actualidad, en una gran proporción, en sus propias casas, con la consecuencia de que muchas de esas personas ya no forman parte de una comunidad social y en su lugar se han visto aisladas en sus apartamentos o se han quedado sin hogar y se encuentran en la calle. Esta es una lección trágica que otros países europeos deben tener en cuenta.
También es importante que exista una definición sensata de «discapacitado» como concepto, de forma que no pierda su significado real. Como Demócrata-Cristiano sueco, me gustaría que en el Parlamento Europeo determinásemos que la futura Convención debería incluir una formulación con respecto al derecho a la vida, que implique que las discapacidades no deben constituir una base para diagnosticar la inviabilidad de los fetos, ya que es totalmente básico para nuestro punto de vista humano que las personas con discapacidades no estén infravaloradas ni se viole su dignidad humana. El diagnóstico fetal no debe utilizarse para eliminar a las personas con discapacidades.
Para concluir, quiero expresar lo mucho que me complace que se interprete este debate como un signo.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Bushill-Matthews. Esta noche ha hecho su mejor intervención en la Cámara. Parece que hemos conseguido influir algo en él.
Todos sabemos que existen millones y millones de personas en la Unión Europea y en todo el mundo que sufren un trato poco digno todos los días de su vida porque nosotros no hemos conseguido adoptar la legislación necesaria, ni tampoco cambiar la actitud de la sociedad hacia ellos. Constantemente obstruimos su camino para disfrutar una existencia humana plena. Hay seiscientos millones de personas discapacitadas en todo el mundo, el 80% de las cuales viven en el mundo en vías de desarrollo. Es evidente, como bien ha dicho la Sra. Comisaria, que tenemos que considerar este hecho en nuestras políticas de desarrollo y ayuda.
Está claro que las iniciativas voluntarias en defensa de los derechos de las personas con discapacidad no están funcionando. Como se dice en este informe, necesitamos unos derechos respaldados por la ley a escala internacional. Y para eso necesitamos una convención.
Estamos aquí como representantes de unos Estados que no han conseguido incorporar a su legislación nacional una Directiva que libremente aprobaron hace menos de dos años. Ninguno de ellos ha aplicado la Directiva marco. Así pues, tenemos que asumir nuestra responsabilidad por ese hecho. Lamento que en mi propio país hayamos propuesto una ley sobre la discapacidad para incorporar la Directiva marco que rechaza el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad. Simplemente no puedo entender cómo, después de tantos años de experiencia, las cosas siguen siendo así.
He escuchado con atención a la Sra. Comisaria cuando nos ha explicado las razones por las que no ha propuesto un proyecto de directiva con arreglo al artículo 13 del Tratado CE. No tengo ninguna duda de su voluntad de proteger con un fundamento jurídico los derechos de las personas con discapacidad, pero su argumento para no seguir adelante con un nuevo proyecto de directiva es erróneo. Con un nuevo proyecto de directiva aumentaría la presión ejercida sobre los Estados miembros y los diputados a este Parlamento para asegurar la aplicación de los instrumentos legales que ya existen. Si nos quedamos de brazos cruzados y permitimos que los Estados miembros busquen evasivas para no aplicar la Directiva vigente, sin presionarles con una nueva directiva, estaremos cometiendo un grave error.
¿Qué mandato, si existe, ha dado el Consejo a la Comisión para negociar en nombre de la Unión Europea en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad?

Casaca (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quiero en primer lugar unirme a todos los que ya felicitaron a nuestra colega Elizabeth Lynne por el excelente y exhaustivo trabajo con el que analiza los desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos con discapacidad, así como felicitar también a nuestra colega Carmen Cerdeira Morterero por la importante contribución de su opinión.
Como se ha subrayado en este debate, se calcula que hay en el mundo 600 millones de personas que sufren uno u otro tipo de discapacidad, es decir el 10% de la población mundial, y que existe un vínculo directo entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión social, por el otro. El problema al que se enfrentan los ciudadanos con una discapacidad es la aplicación de principios de igualdad y de no discriminación, es decir la posesión de los derechos en plena ciudadanía, al que se enfrentan también las personas discriminadas por cualquier otra razón. Y lo más importante de traspasar esta discriminación es la actitud que todos nosotros tomamos en las más diversas decisiones a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria.
Nosotros, en el intergrupo para las personas con discapacidad del Parlamento Europeo -y me gustaría en este punto hacer una mención especial de su presidente aquí presente, Richar Howitt, que ha dirigido de forma incansable este intergrupo- en estrecha colaboración con el Foro de las Personas con Discapacidad, hemos conseguido a pesar de todo marcar algunos puntos en pequeñas y grandes cuestiones que nos interesan a todos: ya sea en el acceso de los discapacitados a los transportes urbanos, en la prohibición de barreras en el ambiente construido o en las telecomunicaciones. Sin embargo, queda mucho por hacer.
Tal y como nos dice nuestra ponente, es sorprendente que la Comisión considere necesaria una nueva convención de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, al lado de otras convenciones que aplican materias específicas de derechos humanos, pero que no entienda que ese principio también deba ser aplicado a la legislación europea.
Esperamos que la Comisión esté suficientemente atenta al Parlamento de las Personas con Discapacidad que se va a reunir en las instalaciones de nuestro Parlamento en Bruselas, en noviembre, y que piense entonces no sólo en las iniciativas legislativas que se deben tomar a nivel internacional y de los Estados miembros, sino también en las que va a tomar ella misma.
El Presidente.
 Creo que la Comisión responderá por escrito a la pregunta del Sr. De Rossa.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO)

Hermange (PPE-DE)
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sra. Lynne por su informe, que destaca la necesidad de establecer unas normas internacionales vinculantes para proteger mejor los derechos de las personas con discapacidad.
Es una buena ocasión para recordar que los Estados miembros no realizan suficientes esfuerzos para garantizar en Europa que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que las personas sin discapacidad. 
Se trata, en lo esencial, de los llamados derechos de acceso: acceso a un empleo, a los edificios, al correo electrónico y a Internet. Tal vez estos derechos existan sobre el papel, pero no en la práctica.
La legislación actual de la Unión Europea en materia de discriminación de las personas con discapacidad sólo contempla el empleo. Ahora bien, actos de discriminación se producen en todos los ámbitos de la vida diaria, de modo que debemos adoptar un enfoque horizontal e integrar esta dimensión en todos los ámbitos políticos.
El Año Europeo de las Personas con Discapacidad ha llegado a su cenit y debe marcar el comienzo de unos cambios duraderos para nuestros «ciudadanos invisibles». Su éxito se medirá por resultados concretos, en especial por la mayor visibilidad de las personas con discapacidad, así como por la elaboración de medidas más completa contra la discriminación. 
Nuestro deseo es que la Comisión contraiga un compromiso firme frente a las personas con discapacidad.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 7 del artículo 120 del Reglamento).
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A5-0264/2003) del Sr. Ojeda Sanz, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la prórroga del Protocolo 2000-2001 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Popular Revolucionaria de Guinea relativo a la pesca de altura frente a la costa guineana para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 (COM(2003) 107 - C5-0128/2003 - 2003/0049(CNS))
Fischler
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, para empezar quiero dar las gracias cordialmente al Sr. Ojeda Sanz por su informe sobre la prórroga del protocolo de pesca con Guinea hasta el 31 de diciembre de 2003. Me complace que apoye tan plenamente nuestra propuesta.
En su informe pide a la Comisión que reanude durante el presente año las negociaciones con la República Popular Revolucionaria de Guinea a fin de regular a más largo plazo nuestras relaciones pesqueras con dicho país. Ahora puedo comunicarle que así se ha hecho. El 1 de enero de 2004 entrará en vigor un nuevo protocolo pesquero con una duración de cinco años. Antes de iniciar las negociaciones encargamos un estudio sobre la evaluación ex post del Protocolo vigente y sobre un estudio del impacto que tendrá el nuevo Protocolo. Los resultados de este estudio se presentaron a tiempo para el inicio de las negociaciones y, por consiguiente, han informado el nuevo Protocolo. Una vez que la Comisión haya adoptado formalmente la propuesta, la presentará sin demora ante esta Cámara y ante el Consejo. 
Permítanme que comente ahora las enmiendas. Aunque estoy de acuerdo con la primera, me gustaría señalar que la Comisión ya ha transmitido al Parlamento, en el marco del Acuerdo Interinstitucional, las informaciones que su Señoría solicita. Por ello, esta enmienda ya no resulta necesaria. Desgraciadamente, la Comisión no puede aceptar la segunda enmienda, pues iría en contra del procedimiento utilizado en los protocolos de pesca. Los protocolos son anexos de los acuerdos marco y por ese motivo no es necesario un nuevo mandato de negociación para su prórroga.
Ojeda Sanz (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, muchas gracias al señor Comisario por su información. Quiero anunciar, para alegría de los compañeros que esperan para intervenir sobre éste y otros informes, que no voy a agotar las cinco minutos que la Presidencia me ha concedido.
En primer lugar, quiero decir que el Protocolo acordado entre Guinea y la Unión Europea resulta beneficioso para ambas partes. Creo que esta es una conclusión importante, sobre todo de cara a la negociación del próximo Convenio.
El anterior Protocolo, que ahora se ha prorrogado, es el octavo de la serie, desde que las dos partes interesadas firmaran el Acuerdo de pesca en 1983. Esta prórroga incluye las mismas posibilidades de pesca y las mismas condiciones para el año 2003. 
La verdad es que se esperaba obtener antes un informe de evaluación de la situación de las poblaciones que, por motivos técnicos del buque que tendría que hacer este tipo de investigación, no pudo desarrollarse. No obstante, y ahora el Comisario ha confirmado de que ya se dispone de esta información, esperábamos que esta información esté disponible a lo largo de este año; porque los resultados de dicha investigación son los que permitirán comprobar si se han cumplido o no los objetivos y las condiciones de la firma de este Acuerdo. Y una de esas condiciones es la reducción del esfuerzo global de pesca en las aguas bajo jurisdicción guineana.
Esta condición se basa en el principio de cautela introducido por primera vez en el Protocolo de 2001 y cuyo fin es garantizar la recuperación de determinados caladeros en sus aguas jurisdiccionales. Con dicha evaluación, cuyo retraso provoca esta prórroga, la Comisión decidirá una posterior negociación, pero esta vez, según también ha informado el Comisario, con un periodo de tiempo bastante más amplio.
Mis dos enmiendas recogían simplemente, por una parte, la insatisfacción de no haber podido realizar la evaluación de los recursos prevista, que justifica, en consecuencia, esta prórroga anual y, por otra, la crítica del hecho de que esta consulta se haya transmitido al Parlamento tan tarde, porque ya no es posible emitir un dictamen antes del pago de la compensación financiera de unos 3 millones de euros que ya se ha pagado a finales del mes de junio.
Por otro lado, considero especialmente útil que esta Cámara pueda obtener más información relativa a la puesta en marcha de las medidas específicas a las que se han destinado casi el 50% de la compensación financiera de este Acuerdo. Compensación financiera y medidas que demuestran el interés de la Unión Europea en garantizar, más allá del legítimo apoyo a la actividad pesquera de los buques comunitarios, el desarrollo sostenible del sector pesquero de la propia República de Guinea y un mayor control de la aplicación de las medidas contempladas en el Protocolo.
También quiero decir que me alegro de que el señor Comisario haya informado de que el próximo Convenio se negociará por cinco años, porque, creo, que ésta es la forma en que se les puede ofrecer a los armadores, a las empresas y a los profesionales del sector, un marco de seguridad y de fiabilidad, que les permita hacer unas inversiones y racionalizar sus actividades de una forma más consecuente de lo que podían hacerlo simplemente con los convenios por dos años.
Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, el Grupo Socialista comparte las conclusiones del ponente, Sr. Ojeda, y de la Comisión de Pesca y, por lo tanto, votará a favor de la prórroga del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y la República de Guinea. Dicho esto, sería bueno tomar en consideración algunas lecciones para la renovación de otros acuerdos pesqueros.
En primer lugar, la duración. No es bueno ni para la Comunidad ni para la otra parte contratante, ni para el sector pesquero, que los acuerdos tengan una duración tan breve -dos años- como el existente entre la Unión Europea y Guinea. Para una necesaria programación resulta más idóneo un acuerdo de cinco años, aunque contenga una cláusula de revisión a medio término. Por esto no puedo sino felicitarme del anuncio que nos acaba de hacer el Comisario Fischler de que el próximo acuerdo tendrá -así he creído entenderlo- una vigencia de cinco años.
Los acuerdos deben servir a la Comunidad también para establecer alianzas estratégicas en los foros internacionales con el fin de lograr avances efectivos en la lucha contra la pesca ilegal, que es la mayor lacra a la que se enfrenta la pesca sostenible y el futuro de la actividad pesquera. Queremos que la Comunidad ayude a las autoridades guineanas responsables a controlar y a vigilar las actividades de pesca hasta llegar a una explotación sostenible de los recursos pesqueros del país en el respeto del medio ambiente y de los recursos marinos. 
Esta justificado, por lo tanto, para nuestro Grupo, el apoyo a esta prórroga como nos pide el ponente, Sr. Ojeda, que ha hecho un magnífico trabajo, puesto que, como en el resto de los acuerdos pesqueros comerciales, resulta beneficioso para ambas partes, pues contribuye al desarrollo de la pesca local, incrementa la seguridad alimentaria en el país, permite mejorar sus infraestructuras portuarias y porque el dinero que paga la Comunidad Europea supone unos ingresos importantes en concepto de contraprestación financiera para las arcas públicas de la República de Guinea. Además, este acuerdo contribuye a su vez a la cohesión económica y social europea, ya que se benefician de él flotas procedentes de regiones altamente dependientes de la pesca, periféricas y cuya renta está por debajo de la media comunitaria.
Pido a la Comisión que, en la perspectiva de una nueva renovación de este acuerdo, tenga presente la petición de este Parlamento, ya formulada en otras ocasiones, para que se incluya en el próximo Protocolo la cláusula social.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, la Comisión ha dicho que está entrando en una nueva fase con respecto a los acuerdos de pesca y que a partir de ahora habrá que hablar de «acuerdos de asociación». Está muy bien que cambiemos la forma de llamarlos, pero si no cambiamos su enfoque, las cosas seguirán siendo igual.
La prórroga de un año deja muy claro que las cosas no han cambiado tanto. Les pondré tres ejemplos. Como ha reconocido la propia Comisión, no se negoció un nuevo Protocolo porque no se había realizado un estudio científico. La decisión de basar los derechos de acceso en información científica es fundamental para una buena gestión, por lo que no me parece que esto sea muy responsable.
En segundo lugar, se supone que los barcos desembarcan pescado para el mercado local, lo cual es un factor importante para la seguridad alimentaria, pero los armadores pueden eludir este requisito pagando una pequeña cantidad. En el Acuerdo de Senegal, este requisito se hace mucho más estricto, pudiendo perder los barcos su licencia si lo incumplen.
En tercer lugar, las capturas accidentales permitidas a la flota de la UE son mucho mayores que las permitidas a la flota guineana. Por ejemplo, los barcos de cefalópodos de la UE pueden quedarse hasta con cuatro veces más capturas accidentales de peces que los barcos guineanos. Eso es una discriminación clara.
¿Qué ha hecho la Comisión con estos acuerdos, aparte de cambiarles el nombre? Esa es una situación inaceptable. ¿Puede la Comisión decirnos si las cosas han mejorado con la firma del nuevo protocolo, sobre todo en lo que se refiere al hecho de que los armadores puedan eludir ese requisito simplemente pagando una pequeña tarifa, que todos ellos se pueden permitir?
En cuanto a las capturas rechazadas, la situación también es completamente inaceptable. Me gustaría que la Comisión nos diera algunas respuestas al respecto.

El Presidente.
 Muchas gracias, señora McKenna. Señor Comisario, ahora voy a pedir diez segundos para mí. De vez en cuando todavía sueño con que una Comisión revolucionaria negocia con una República Popular revolucionaria... pero esto aún está muy lejos en el futuro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el Informe (A5-0280/2003) de la Sra. Gröner, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una segunda fase de un programa de acción comunitaria (2004-2008) para prevenir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II) (COM(2003) 54 - C5-0060/2003 - 2003/0025(COD)) 
No quiero ocultar a esta Cámara que me preocupa el hecho de que únicamente haya dos hombres en la lista de oradores.
Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a la ponente, la Sra. Gröner y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades por este informe extremadamente positivo. El informe habla sobre el proyecto Daphne II, la segunda fase de cinco años de un programa de lucha contra la violencia ejercida contra los niños, los jóvenes y las mujeres. Esta propuesta constituye una respuesta y la consecuencia directa de la recomendación realizada por el Parlamento Europeo en su informe provisional sobre el primer programa Daphne, en el que solicita la continuación de la lucha contra la violencia después de 2003. El informe del Parlamento sobre la revisión provisional del programa Daphne en 2002 ya había constituido una oportunidad para debatir algunas de las ideas iniciales sobre un programa que pudiese suceder al programa Daphne.
Por eso, se puede decir que la presente propuesta del Daphne II está en línea con las reflexiones que hicimos entonces: un aumento de los recursos financieros y humanos y una mayor divulgación de los resultados y de buenas prácticas, entre otros aspectos. La Comisión no alteró notablemente estos objetivos, los mecanismos, ni los beneficiarios del programa, debido al hecho de que el actual programa Daphne es un instrumento con excelentes resultados reconocidos. En términos futbolísticos, se suele decir que no se debe cambiar nunca un equipo que gana.
Sin embargo, proponemos algunas mejoras para reforzar el impacto del programa. La principal mejora consiste, sin duda, en el aumento del presupuesto: 41 millones de euros frente a 20 millones de euros. La necesidad de un presupuesto más elevado es, en efecto, una preocupación compartida por la Comisión y por el Parlamento. Desde la presentación al Parlamento de esta propuesta, las necesidades relativas a la ampliación de la Unión Europea fueron tenidas en cuenta por lo que respecta a todos los instrumentos de la Comisión y, como pueden observar en el proyecto de presupuesto para 2004, la cantidad actualmente reservada al programa Daphne II es de 49,2 millones de euros, para el período 2004-2008. Esta cantidad supondrá una distribución de casi diez millones de euros al año, es decir un aumento del 100%, el doble de los recursos actuales, lo que nos permitirá atender en mejores condiciones las crecientes peticiones procedentes de organizaciones de Europa y las propias consecuencias de la ampliación.
Una segunda mejora consiste en la lista de actividades que pueden ser apoyadas y que se mencionan en el artículo cuarto. La propuesta del Daphne II es más clara en comparación con la del Daphne I, por lo que respecta a este tipo de actividades. Se realizó otra modificación a favor de la divulgación de los resultados y de las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito del programa. Este hecho tiene por objetivo reforzar el impacto del programa sobre las poblaciones implicadas. Se publicarán invitaciones específicas para la presentación de propuestas con el fin de identificar y definir las políticas a seguir, siempre que sea posible a partir del trabajo ya realizado por los proyectos entretanto financiados y, por otro lado, con el fin de divulgar a nivel europeo las buenas prácticas resultantes de los proyectos financiados. Esto se puede conseguir a través de la fabricación y distribución no solo del clásico material escrito, sino también cada vez más de CD-ROM, películas, videos y sitios de Internet, la promoción o realización de intercambios de personal experimentado entre organizaciones de la sociedad civil, para ayudar a concretar nuevas soluciones o prácticas que hayan resultado eficaces en otro contexto y, finalmente, permitir que una organización no gubernamental utilice, adapte o transfiera los resultados del programa Daphne a otra zona de la Unión o a otra categoría de beneficiarios. 
Estas son las líneas fundamentales de la presentación que me gustaría hacer y espero el debate y la preguntas que los señores diputados quieran hacer para que podamos obtener la aprobación del Parlamento para este programa que, en mi opinión, es un hito en la lucha contra la violencia en la Unión Europea.
Gröner (PSE)
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, como recordaremos todos, el programa Daphne fue creado en virtud de los resultados de la Plataforma de Acción de Pekín, después del Congreso Mundial de Estocolmo sobre la explotación sexual de menores con fines comerciales y, en última instancia, tras los horrores del asunto Dutroux, que despertó bruscamente a la opinión pública europea. Esta iniciativa tenía por objeto financiar medidas para combatir la violencia ejercida contra niños, jóvenes y mujeres en Europa. El gran éxito obtenido por esta iniciativa dio lugar al programa Daphne I, que se mantiene hasta finales de 2003. Se trataba de un programa cuatrienal y tenía una dotación de 20 millones de euros.
Mi informe trata sobre la propuesta de la Comisión relativa al programa Daphne II, que durará de 2004 a 2008. En el marco de este programa solo pueden concederse ayudas a medidas encaminadas a proteger a los tres grupos beneficiarios, a saber, niños, jóvenes y mujeres, así como a las correspondientes medidas de prevención. Estas medidas incluyen la creación de redes de ONG, la promoción de la cooperación entre las ONG y las autoridades competentes, las medidas encaminadas a proteger a los grupos de destinatarios y a evitar la violencia contra los miembros de dichos grupos, estudios y trabajos de investigación para detectar las causas de la violencia, para prevenirlas y para apoyar a los grupos de riesgo y su reintegración en la sociedad. El intercambio de mejores prácticas e información también forman parte de estas medidas, al igual que las campañas de sensibilización dirigidas al público en general, a las víctimas, a los grupos de riesgo, así como a las personas que se encargan de ellos.
Los países del EEE y de la AELC, así como de los países de Europa Central y Oriental, así como Chipre, Malta y Turquía, ya pudieron participar en el programa Daphne I, y se aceptaron programas plurianuales. La enmienda 11 tiene por objeto enlazar el programa Daphne con otros programas comunitarios y hacer participar a terceros países en las experiencias obtenidas con dichos programas. El programa Daphne, que apoya estos proyectos, se considera ahora, dentro y fuera de Europa, un programa modélico y un importante instrumento para luchar contra la violencia. Hemos logrado cambiar las condiciones marco mediante iniciativas regionales con conceptos internacionales. Por ejemplo, la Ley alemana de protección contra la violencia incluye rasgos característicos derivados de las experiencias europeas. Hay que mencionar aquí la ejemplar legislación austriaca contra la violencia doméstica, que contempla el alejamiento de la vivienda de las personas violentas.
El presupuesto de Daphne I permitió financiar 140 proyectos. En 2001, las prioridades de los 35 proyectos seleccionados fueron la mutilación genital de las mujeres, vinculado a su vez con terceros países, y la explotación sexual de los menores a través de la pedofilia. Sin embargo -y hay que decirlo con toda claridad-, junto a estos proyectos se presentaron en los dos últimos años otras 662 propuestas que habrían requerido una financiación de 65 millones de euros. La avalancha de solicitudes indica que es necesario aumentar la dotación para este programa, ya que solo pudo financiarse un 13% de los proyectos presentados. Así pues, la respuesta consecuente debe ser aumentar la dotación de Daphne II a 65 millones de euros, y mi Grupo, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, ha apoyado una enmienda en este sentido.
Si los elogios recibidos por Daphné II no deben caer en el olvido -y nadie discutirá que no deberían-, entonces este ámbito debe constituir una prioridad política. La respuesta de la Comisión de Derechos de la Mujer ha sido un tanto tímida. En contra de la propuesta de mi Grupo, hemos aprobado finalmente una dotación de 50 millones de euros. Por ello he presentado la nueva enmienda y les pido su apoyo.
La enmienda 39 contempla la creación de una oficina de asistencia para ayudar a las organizaciones de mujeres de los nuevos Estados miembros que carecen de experiencia en relación con los programas europeos. Queremos que el Año Europeo contra la Violencia se base en las experiencias obtenidas con el programa Daphne y envíe señales claras. Este Año Europeo contra la Violencia podría celebrarse en 2006. Soy consciente de que en la Comisión de Presupuestos se resisten a un incremento considerable de esta dotación. Sin embargo, si no deseamos que el programa Daphne, que se basa en el artículo del Tratado relativo a la salud, porque nosotras aún carecemos de una base jurídica propia, se extinga y sea degradado a un juego como el fútbol -como ha señalado en su ejemplo el-, y si deseamos tomarnos en serio el problema de la lucha contra la violencia, debemos tener el coraje político de facilitar más recursos.
Jensen (ELDR)
- (DA) Señor Presidente, la opinión de la Comisión de Presupuestos sobre el Programa DAPHNE II es sobre todo de alcance más bien técnico y por supuesto esta parte técnica es muy importante. ¿Cuánta financiación debería asignarse al programa para luchar contra la violencia que sufren los niños, los jóvenes y las mujeres?
Como ha dicho la Sra. Gröner, ha habido mucho interés por buscar fondos desde el anterior Programa DAPHNE y había muchos más proyectos de gran calidad que dinero para ellos. El programa se ha aplicado bien y los fondos se han utilizado de forma eficaz; además, dado el gran interés, existen sólidos motivos para aumentar el presupuesto destinado a DAPHNE y también en una suma mayor que el aumento presupuestario general que normalmente otorgamos con respecto a la ampliación.
Sin embargo, no es un secreto que los presupuestos para varios años para este tipo de política -una política interna- tiene un techo muy bajo. No hay mucho dinero adicional que repartir. Debemos establecer prioridades, y por lo tanto la Comisión de Presupuestos no ha podido apoyar un presupuesto para DAPHNE de 65 millones. En su lugar hemos propuesto ceñirnos al marco presupuestario de 49,2 millones de euros planteado por la Comisión. Puedo ver que, en este informe, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha llegado a un presupuesto de 50 millones de euros. Tiene mucho parecido con la propuesta de la Comisión de Presupuestos y es una suma que considero defendible desde el punto de vista presupuestario.
También me gustaría mencionar cuánto complace a la Comisión de Presupuestos que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades haya adoptado nuestra propuesta de que, después de 2006, los créditos de compromiso para DAPHNE II dependan de un acuerdo con las autoridades presupuestarias. Por supuesto, solamente al final podremos decir cómo será el presupuesto para DAPHNE II después de 2006, una vez que se hayan establecido los próximos acuerdos plurianuales y las perspectivas financieras para el presupuesto de la UE, y por supuesto nuestra propuesta es tradicional.
En general, diré que en la Comisión de Presupuestos estamos dispuestos a apoyar el informe en su forma actual, pero no podemos apoyar la enmienda destinada a aumentar el presupuesto a 65 millones de euros.

Hedkvist Petersen (PSE)
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias a la Sra. Gröner, como ponente, por su esfuerzo.
En Europa todavía existen malentendidos y falsos estereotipos sobre el tema de la violencia contra las mujeres y los niños. Con demasiada frecuencia se trata el problema como una parte desgraciada y natural de la vida. Además, a menudo se culpa a las víctimas, es decir, a las mujeres y los niños. Esto se aplica a la violencia dentro de la familia, pero también, por ejemplo, al tráfico de mujeres y a la violencia estructural contra las mujeres. Esto es algo contra lo que debemos luchar. Muchas personas corren un riesgo elevado de estar expuestas a la violencia y al abuso, cosa que nos concierne a todos. Somos responsables de trabajar en favor de la lucha eficaz contra la violencia en la UE.
Como ponente de opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, mis esfuerzos se han encaminado a garantizar que el objeto de DAPHNE sea la lucha contra cualquier forma de violencia y su prevención, ya sea en el hogar o fuera de este. Esto es lo que ha apoyado mi comisión y me complace que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades esté también de acuerdo con esta postura. También me complace ver de nuevo enmiendas sobre las víctimas del tráfico de personas y la condición vulnerable de los niños de la calle.
El Programa DAPHNE ha demostrado ser uno de los proyectos de más éxito en la UE y se ha adaptado a numerosos tipos de dificultades y problemas relacionados con la violencia que no siempre habrían podido preverse desde el principio. Por ejemplo, DAPHNE ha financiado proyectos para luchar contra la circuncisión femenina, que al inicio del programa no era un problema muy debatido.
Ahora el Programa DAPHNE va a extenderse durante cinco años más. Esto es muy loable y escucharé con gran interés lo que la Comisaria tiene que decir. Sin embargo, este es un período importante. La UE va a ampliarse con diez nuevos Estados miembros, y por eso es preciso aumentar el presupuesto. En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores hemos apoyado una suma de 65 millones de euros. Creemos que esta es necesaria y esperamos que nuestra propuesta obtenga una mayaría en el pleno, de forma que mostremos ahora con nuestros actos que queremos luchar contra la violencia contra las mujeres y niños.

Avilés Perea (PPE-DE).
- (ES) Señor Presidente, señor Comisario, como ya se ha dicho, este Programa es fruto del balance de DAPHNE I, que ha sido un programa de enorme éxito. Un programa muy positivo, muy bien ejecutado, con resultados muy satisfactorios, en el que sólo vimos como negativa la insuficiencia financiera, ya que eran sólo 20 millones para cuatro años. Bien es cierto que en algún momento hemos tenido suplementos anuales, que han ayudado a poder financiar algunos proyectos más.
Este Programa está basado sobre todo en la prevención de la violencia doméstica, en la lucha contra la violencia doméstica desde la prevención y la educación, para evitar que se produzca la violencia doméstica y para ayudar a las víctimas de la misma. 
Es muy importante, por eso, hacer una acción concertada con los Estados miembros porque, aunque sigue siendo un asunto privado, un asunto del ámbito familiar, tiene también repercusión en las relaciones entre distintos países por la explotación de mujeres y de niños por mafias organizadas que trabajan internacionalmente.
Es muy importante, y así se señalaba en el informe intermedio del anterior Programa, la colaboración que pueden prestar los medios de comunicación en la forma en la que dan las noticias, en la forma en cómo transmiten los sucesos sobre violencia doméstica que suceden en la sociedad. Es muy importante el tratamiento que dan a este fenómeno algunos programas de televisión, algunas películas, la publicidad. Todos éstos son asuntos en los que se debería hacer un hincapié especial porque influyen en la mentalización de la sociedad y en la forma en la que debe tratarse este lamentable fenómeno.
Es fundamental, también, que participen junto a las ONG las instituciones públicas, en particular las instituciones locales, donde pueden hacer una labor importantísima. Se ha visto que hasta ahora la participación ha sido muy escasa, ya se introdujo en el anterior Programa y esperamos que aumente con éste.
Fundamental también, como novedad, es el derecho a desalojar del domicilio familiar al agresor, que ya se ha introducido en algunas legislaciones nacionales -que son las competentes para hacerlo-. En otros países está en trámite y esperamos que pronto sea una realidad en toda la Unión Europea. Porque hay que proteger a la víctima; la víctima no tiene que huir, no tiene que esconderse, tiene que mantenerse en su casa, en su ambiente, con la protección suficiente y con el alejamiento del agresor.
El Programa DAPHNE II recoge sugerencias importantes que se han hecho y la experiencia del Programa DAPHNE I y vamos apoyarlo desde el Grupo Popular con algunos votos en votación separada que vamos a solicitar.
A pesar de que creemos que el mayor problema es el financiero, estamos de acuerdo con la propuesta que el Grupo Popular hizo en la Comisión de Derechos de la Mujer de que la dotación total del Programa sea de 50 millones de euros para los cinco años. Y lo hacemos así porque sabemos que las perspectivas financieras y la ampliación no permiten que haya una dotación mayor y no querríamos llegar a conciliación con este Programa. Por eso, vamos a hacer lo posible para que se pueda aprobar antes de fin de año y pueda continuarse con el Programa DAPHNE tal y como se está haciendo hasta ahora.

Karamanou (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, impedir y combatir la violencia contra las mujeres y los niños es una prioridad importante para la comisión que tengo el placer de presidir, y estamos luchando para que esto se sitúe entre las prioridades de la Unión Europea.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hizo grandes esfuerzos para luchar contra la violencia inmediatamente después de Pekín, y en virtud de estos esfuerzos se adoptó el Programa DAPHNE, cuya prórroga hasta 2008 es objeto del debate de hoy.
Nuestra comisión, cuya ponente es la Sra. Gröner, celebra la adopción de la segunda fase del Programa DAPHNE hasta 2008 y el aumento de su presupuesto. La violencia contra las mujeres y niños se reconoce como un fenómeno extendido, pero me gustaría hacer especial mención de algo que sucedió durante el verano. Por supuesto, este tema no habría recibido tanta publicidad en la prensa internacional si no se tratase de la hija del famoso actor francés Jean-Louis Trintignant. Sabemos que Marie Trintignant fue golpeada hasta la muerte por su pareja, el músico francés Bertrand Cantat. Por supuesto, miles de mujeres sufren violencia cada día en la Unión Europea, miles de mujeres y niños sufren a diario un trato humillante o una violencia mortal por parte de hombres como el honorable Sr. Cantat. Las Naciones Unidas incluso sostienen que son más las mujeres que fallecen debido a la violencia doméstica que de cáncer. Por otra parte, debido a que los flujos de inmigrantes han aumentado en los últimos años, sabemos que miles de mujeres y niños en Europa son víctimas de una nueva forma de esclavitud, el tráfico lucrativo y la explotación sexual.
Esta es una denegación absoluta de los derechos y libertades fundamentales, en otras palabras, de todo lo que dignifica la vida humana, que es por lo que mi Grupo político considera, dada la magnitud y el rápido aumento del problema en los últimos años, que se necesita un mayor presupuesto, ya que el programa es la única fuente de financiación para las agencias implicadas en esta cuestión. Durante el período anterior, la falta de financiación limitó la plena aplicación del programa, porque era incapaz de cubrir las demandas cada vez mayores a las que también ha hecho referencia anteriormente la Sra. Avilés Perea. Por otra parte, es sabido que nuestra comisión hizo un esfuerzo por concienciar a los miembros de la Convención para que adoptasen un fundamento legal más sólido con vistas a luchar contra la violencia, pero desgraciadamente nuestra solicitud cayó en saco roto.
Señor Presidente, considero que nuestra ponente, la Sra. Gröner, ha expuesto con todo detalle nuestras demandas y su informe es realmente excelente.

Eriksson (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, solamente hay un detalle que deploro de todo este informe, el término «prostitución forzada», utilizado en la justificación de la enmienda 1. Es una extraña distinción entre prostitución voluntaria y forzada la que mantenemos en esta Asamblea. Este es el único aspecto que deploro, y espero que esto no afecte a las organizaciones que trabajan sobre uno u otro aspecto del tema de la prostitución.
Considero que es excelente comparar y evaluar las diversas legislaciones nacionales. Todo lo que puedo hacer es mencionar la ley sueca que prohíbe la adquisición de servicios sexuales y, por supuesto, la legislación austriaca. Las disposiciones de la legislación austriaca pueden compararse con un caso en el que alguien entra en un restaurante y comienza a pegar a la gente. Por supuesto, sacarían a la persona por la puerta y posiblemente fuese detenida por la policía, además de no dejarla entrar en el restaurante en ocasiones futuras. Del mismo modo, alguien que golpee a mujeres y niños en casa no debería ser recibido en ella de nuevo. Al igual que los clientes del restaurante, las mujeres y niños deben poder quedarse donde están y regresar a un lugar seguro, mientras que el hombre no debería poder hacerlo.
También creo que una campaña de información dirigida a nuestros organismos jurídicos constituye una excelente idea. En los últimos seis meses se ha sabido en Suecia que, pese a un intenso debate, las víctimas de violación reciben un trato increíblemente insultante. Puedo establecer otra comparación: el caso de un hombre con traje de Armani y un Rolex que camina borracho en medio de la noche. Nadie le pregunta qué hace en la calle a esa hora o por qué está bebido. Tampoco nadie sugiere que puede estar incitando a que se cometa un delito. Sin embargo, esto es lo que sucede en el caso de las mujeres víctimas de una violación.
Por último, permítanme tratar de nuevo el tema del presupuesto. Esto es, de hecho, de lo que todo el mundo ha hablado. Creo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades es acusada en ocasiones de ser ingenua y poco ducha en cuestiones presupuestarias, pero es nuestro deber tratar estas cuestiones. No hablamos solamente de la ampliación de la UE, sino también de las tareas para los Programas DAPHNE.

Sörensen (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Lissy Gröner por el trabajo realizado y por sus esfuerzos. Podemos estar muy satisfechos con el presente informe. Lo más importante del anterior programa Daphne es seguramente el enorme éxito que ha tenido. La demanda de proyectos era ocho veces superior a lo que permitía el presupuesto, lo cual indica claramente la necesidad de apoyo para el trabajo en este ámbito. El propuesto aumento del presupuesto, que ha sido aprobado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, es por consiguiente muy necesario.
Aquí podemos afirmar con claridad que no hemos de preguntarnos cuánto costará el programa a la Comunidad, sino cuánto aportará. El programa Daphne se ha convertido en una enseña muy importante de la plusvalía que puede ofrecer la Unión Europea. Además, no solo es un apoyo, sino también un importante estímulo en el ámbito de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres. Por ello es tan importante observar que la complejidad de las solicitudes de proyectos parece constituir una enorme barrera. Ello amenaza con provocar diversas desigualdades, sobre todo para los países terceros, pero también para los nuevos Estados miembros. Para evitarlo debería ser posible crear un helpdesk o punto de apoyo que pueda ofrecer asistencia en el procedimiento de solicitud, como propone ahora el informe. Ello contribuirá también a mejorar la calidad de los proyectos presentados. 
El hecho de que diversos proyectos se hayan redactado peor tiene que ver sin duda con una facilitación de información bastante limitada. Por ello, el informe del Parlamento propone además organizar un tanque de ideas, como ya ha señalado Lissy Gröner. Este tanque de ideas podría hacer sugerencias para posibles proyectos, lo cual facilitaría también la fijación de prioridades en la selección de proyectos. Precisamente por ello es muy necesario que en este informe se mencionen expresamente diversos grupos y situaciones muy vulnerables.
Hermange (PPE-DE).
Señor Presidente, es cierto que hay miles de mujeres y niños que sufren malos tratos cada año. Este verano vivimos en Francia el drama de Trintignant, pero todos los días se producen incidentes parecidos. Recientemente, en Francia también, un suceso nos informaba de que un padre de familia había matado a cuchilladas a sus dos hijos, de dos y tres años. La historia da escalofríos y subraya la importancia del programa DAPHNE II. A este respecto quiero decir, señor Presidente, que es lamentable que la Conferencia de Presidentes programe a horas tan tardías debates tan importantes como la discapacidad o la violencia contra los niños. Estos temas merecen toda la atención de los miembros de esta Cámara.
Nadie discute la importancia del programa DAPHNE II, hoy ampliamente reconocido como un instrumento capital para combatir la violencia y como un modelo de buenas prácticas a escala europea. No obstante, parece ser que este programa se concibió en un principio para aportar un valor añadido europeo a las acciones adoptadas a escala nacional. Ahora bien, sucede que, para el programa DAPHNE I, que vence a finales de este año, sólo pudieron seleccionarse el 13% de los proyectos elegibles debido al creciente número de proyectos propuestos para combatir la violencia. En consecuencia, me parece necesario, señor Comisario, que en el futuro lleguemos mejor a las categorías de personas afectadas, exigiendo en ocasiones una mayor transparencia y flexibilidad. Es evidente que todos los tipos de violencia merecen incluirse en el ámbito de aplicación de este texto, sobre todo cuando afectan a los más vulnerables. Hoy hablamos de los niños, pero mañana podríamos hablar de las personas de edad avanzada o de las personas con discapacidad.
Las enmiendas presentadas llaman nuestra atención sobre la importancia de la prevención y la concienciación de la sociedad. Sugieren también la necesidad de elaborar estadísticas precisas para evaluar el alcance de la violencia. No quiero repetir lo que han dicho mis colegas sobre la necesidad de una dotación financiera suficiente. Suscribo asimismo la enmienda 39 presentada por la Sra. Lulling, que llama nuestra atención sobre la necesidad de prestar un servicio de asistencia para ayudar a las ONG de los nuevos Estados miembros a elaborar sus propios proyectos, teniendo en cuenta que hasta ahora no se han beneficiado de esta financiación comunitaria.
Valenciano Martínez-Orozco (PSE).
Señor Presidente, el establecimiento de una segunda fase del programa DAPHNE que asegure la continuidad de los proyectos aprobados por el programa DAPHNE I es, sin duda, una excelente ocasión para hablar una vez más de los instrumentos de los que disponemos para combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre los niños.
Este es, sin duda, uno de los problemas más graves a los que se enfrentan tanto las sociedades de los países menos avanzados como las nuestras, a las que consideramos democráticas y acordes con un verdadero Estado de Derecho. Pues bien, podríamos preguntarnos, ¿qué Estado de Derecho es éste que no consigue proteger a sus mujeres?
La violencia de género nos golpea a todos y todas, países ricos con sociedades bastante igualitarias y con mujeres plenamente incorporadas a la vida activa y autónoma. Estas cosas no sólo suceden fuera de nuestras fronteras. Parece que la violencia de género tiene raíces profundas y se alimentan en el lugar que unos y otras ocupamos en el mundo.
La Unión Europea -este Parlamento, más directamente- tiene que enviar una señal inequívoca de su compromiso firme contra esa violencia que mata a cientos de mujeres y que hace padecer a miles de ellas un sufrimiento injusto y evitable.
El programa DAPHNE ha sido un instrumento esencial para intentar luchar contra esta violencia, pero ha sido limitado por su presupuesto.
En el año 2004 la Unión Europea se ampliará a 25 países y las mujeres y niñas de esos países adherentes sufren una grave desprotección de sus derechos y son, en una elevada proporción, además, víctimas del tráfico y la explotación sexual, aparte de sufrir violencia en el seno de sus familias.
El presupuesto inicial es, a todas luces, insuficiente -todo el mundo lo ha reconocido- y la señal de este Parlamento debe aparecer nítida ante los ciudadanos y las ciudadanas. Por ello es deseable el aumento a 65 millones de euros que propone el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo.
La evaluación intermedia del programa DAPHNE ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar con el programa. El programa DAPHNE es uno de esos pequeños granos de arena con los que las instituciones de la Unión pueden contribuir a paliar situaciones vitales de dolor, de explotación, de abusos que sufren muchos niños y niñas y muchas mujeres dentro de nuestras fronteras.
Enhorabuena a la Sra. Gröner por su informe, a la Comisión por su trabajo y, sobre todo, al amplio espectro de organizaciones de mujeres que se esfuerzan cada día en intentar construir un mundo distinto.
Fraisse (GUE/NGL).
Señor Presidente, podemos congratularnos de que la Unión Europea y las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, hayan conseguido establecer un programa para combatir la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es un logro? Porque sabemos muy bien que en nuestros propios países la situación no es fácil. Quiero recordar lo difícil que es combatir la violencia contra las mujeres, un problema institucional que destacaba hace un momento la Sra. Gröner, ponente. Es cierto que carecemos de fundamento jurídico. El fundamento jurídico en materia de salud no está a la altura del proyecto social que está en juego para combatir la violencia. Es la única observación que haré hoy. Pero me sumo a todos los comentarios que se han hecho sobre el presupuesto y sobre la programación de temas tan importantes a una hora tan tardía.
En Francia acaba de publicarse una encuesta sobre la violencia contra las mujeres. Quiero decirles dos palabras sobre ella, porque sé que en todos los Estados miembros tenemos enormes dificultades para que se reconozca esta forma de violencia. Es difícil que se reconozca la necesidad de combatir esta violencia, pero también lo es que se reconozca la existencia del problema. Esta encuesta dice una cosa muy simple: existe todo un espectro de diferentes tipos de violencia. Los distintos informes sobre DAPHNE ya lo habían puesto de relieve, pero tenemos que ser conscientes de la dificultad de explicar este punto en nuestros respectivos países. 
Dicho espectro va desde la violencia doméstica hasta la violencia que se ejerce en el espacio público. Su existencia, que tenemos que reconocer, se ha visto cuestionada en debates mediáticos que yo mismo he presenciado en mi país. Por otra parte, el debate provocado por la trágica muerte de Marie Trintignant este verano, de la que se hizo eco toda la prensa, puede reforzar o debilitar ese concepto.
En consecuencia, mi primer comentario es que tenemos que explicar, afirmar, reconocer e insistir en el hecho de que la pequeña y la gran violencia son un mismo fenómeno que afecta a las mujeres y a los niños.
Este tema ha sido objeto de un debate en los medios de comunicación franceses. Supongo que habrá habido otros debates similares en otros países. Se ha expuesto un segundo problema y es que algunas personas, entre ellas algunas mujeres, han declarado la existencia de un tipo de mentalidad victimista en las mujeres, que tienden a exagerar su condición de víctimas, así como la necesidad de reconsiderar la percepción de los daños y la violencia ejercidos contra las mujeres u otras víctimas.
A este respecto, es importante saber, a mi entender, que tenemos que luchar contra una especie de confusión en la imaginación, donde la realidad es menos importante que la fantasía o la representación de la vida amorosa y sexual de las personas como expresión de la pasión. Creo, por tanto, que tenemos ante nosotros un reto importante. Tenemos que decir, con mucha claridad, que no existe esa victimización y tomar conciencia de que la violencia existe y causa muertos todas las semanas y en todos los países.
Kratsa-?sagaropoulou (PPE-DE).
- (EL) Señor Presidente, a mi y a todos los miembros de nuestra comisión nos complace enormemente que hoy estemos debatiendo sobre la prórroga del Programa DAPHNE y estemos programándolo para los próximos cinco años en una Unión Europea ampliada. Aunque la política de lucha contra la violencia constituye el deber de los Estados miembros y pertenece a su jurisdicción, DAPHNE I hizo que todos fuésemos más conscientes de las consecuencias que tiene la violencia sobre el bienestar físico y mental de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
Nuestra ambición con respecto a DAPHNE II es concienciar al público de modo más amplio y sistemático para mejorar la investigación sobre las causas y las soluciones prácticas de los problemas, además de acercarnos más a los grupos e individuos destinatarios. Los resultados de la investigación mencionada por la Sra. Fraisse, que cuenta con experiencia en investigación, son muy importantes y nos convencen de que realmente debemos investigar de forma más sistemática, porque a menudo financiamos medidas que son triviales y no comportan ningún valor añadido.
Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea sobre el importe de la financiación para el programa, que nuestro Grupo político ha redondeado a 50 millones de euros. Creemos que no es dinero lo que falta, sino la acción correcta encaminada a los objetivos correctos y un fundamento jurídico adecuado. Este dinero, si se utiliza de forma adecuada, será suficiente.
En la segunda fase de aplicación del Programa DAPHNE, la experiencia que hemos adquirido debe ayudarnos de modo que las acciones financiadas sean más cualitativas y eficaces, complementen a las políticas nacionales y se coordinen con los objetivos nacionales. Mi Grupo político también considera que este programa debe limitarse al marco de los países de la Unión Europea, en otras palabras, que no debería ampliarse a países vecinos.
Los problemas a los que nos enfrentamos son numerosos y graves. La violencia es un fenómeno global y estamos muy preocupados con respecto a la política que necesitamos aplicar para luchar contra ella en los países con los que tenemos acuerdos de asociación y otras formas de cooperación comercial, pero esto debe hacerse conforme a la base de otras políticas especiales.

Zrihen (PSE).
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, mi colega acaba de decir que la violencia mata. Ninguna mujer, ningún niño, en ningún país, es inmune a esa violencia, que es tanto física como moral, tanto privada como pública, y que se cobra la vida de 1,5 millones de personas todos los años.
DAPHNE es, con toda razón, un programa emblemático dirigido a combatir las verdaderas causas de la violencia contra los más vulnerables, que son los niños y las mujeres. Se trata de un programa en cuyo marco las acciones de prevención, de lucha y de apoyo ocupan un lugar central. El número cada vez más elevado de proyectos y el enorme éxito de la primera fase del programa demuestran que DAPHNE es un instrumento adecuado y que los problemas que aborda son los que más preocupan a los ciudadanos europeos. Es importante que tengamos en cuenta el aumento del número de proyectos, las expectativas de las organizaciones no gubernamentales y la ampliación de la Unión Europea, pues son factores todos ellos que justifican ampliamente la necesidad de aumentar el presupuesto del programa.
Hasta ahora, el presupuesto sólo ha permitido financiar el 13% de los proyectos. Para que la acción sea eficaz y efectiva, hay que aumentar el presupuesto, ya que de lo contrario Europa incurriría en una falta de asistencia a personas en peligro. Aumentando el presupuesto, la Unión Europea enviará una clara señal de su firme compromiso a combatir este problema, un compromiso del que no puede sino honrarse.
Por otra parte, en aras de una mayor eficacia, tenemos que diferenciar nuestros estudios e investigaciones en función del sexo y de la edad. La lucha contra la violencia en todas sus formas no debe circunscribirse a un programa único llamado DAPHNE, sino formar parte integrante de la política para el respeto de la dignidad que la Unión Europea debe garantizar a todos sus ciudadanos en todos los Estados miembros.
Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, sabemos que la violencia contra las mujeres y los niños continúa marcando dolorosamente la vida diaria de nuestras sociedades. De ahí la importancia de tomar medidas para cambiar la situación, aunque desafortunadamente las diminutas partidas del programa Daphne I sólo permitieron que se haya aceptado el 13% de los proyectos presentados, lo que ha sucedido un poco en todos los países de la Unión Europea y ha frustrado las expectativas de las organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia.
Por eso suscribo la propuesta de aumentar las partidas hasta 65 millones de euros que la ponente presenta para esta segunda fase del programa de cinco años y lamento que la Comisión no apoye ni suscriba esta propuesta, porque no basta, en todo caso, con tener sólo buenas propuestas y buenas posiciones: es necesario tomar medidas concretas, medidas que no pasan sólo por este programa, sino también con el refuerzo de las partidas para combatir la violencia. Es necesario dar prioridad a las políticas de integración social, invertir en la educación para la igualdad, reforzar los medios, los equipamientos y la legislación que defienda y promueva la integración social de las víctimas, que desaloje a los violadores y que contribuya a crear una nueva mentalidad con respecto a la dignidad de las mujeres y los niños.
Bastos (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desafortunadamente la violencia física, sexual o psicológica contra los niños, jóvenes y mujeres existe en todos los países de la Unión Europea. Las estadísticas realizadas en los Estados miembros son muy elevadas, en algunos casos aterradoras. Todos estamos de acuerdo en que la violencia debe ser condenada con vehemencia: además de constituir una violación de los derechos fundamentales tiene graves consecuencias para toda la sociedad y representa un obstáculo real para la igualdad entre hombres y mujeres.
El programa Daphne I, que fue creado para luchar contra este grave flagelo, a través de la aplicación de políticas de prevención o de condena, aunque también para el apoyo a las víctimas, obtuvo un enorme éxito, lo que demuestra claramente que satisfizo una profunda necesidad. Así pues, la segunda fase del programa debe ser capaz de dar respuesta a más proyectos de lucha contra la violencia, sin dejar de tener en cuenta las realidades de la Europa de los 25.
Aprovecho para felicitar a la ponente por su excelente trabajo y por los diversos puntos que subrayó y que merecen ser desarrollados en la segunda fase del programa. Destaco especialmente la creación de filtros que impidan la difusión de material pedófilo en Internet, la reintegración de los niños sin hogar, la creación de una base de datos europea de personas desaparecidas.
También pienso que este programa merece un aumento sustancial de su dotación, para dar respuesta a los proyectos que se le proponen. No obstante, debemos ser pragmáticos y realistas: el principal objetivo es el de asegurar la continuidad del programa. No podemos perder tiempo en negociaciones demoradas de conciliación. Una dotación de 50 millones de euros, que la Comisión ya declaró poder aceptar, permitirá la efectiva entrada en vigor del programa Daphne II, en enero de 2004, incluso en los nuevos Estados miembros.
De Rossa (PSE).
Señor Presidente, los que se resisten a la idea de aumentar el presupuesto en esta Cámara deben ponderar una estadística muy escueta. En los 92 meses anteriores al mes de agosto de 2003, 92 mujeres irlandesas fueron asesinadas, lo cual significa que en Irlanda muere, por término medio, una mujer cada mes a raíz de los llamados conflictos domésticos. Esa es sólo la punta del iceberg, porque son miles las mujeres, niños y jóvenes que sufren abusos constantes. Tenemos que tomarnos en serio este problema.
No tengo ninguna duda de que los que han intervenido hoy aquí se lo toman en serio. Es importante reconocer que Daphne ha sido uno de los proyectos europeos de mayor éxito. Ha supuesto un cambio real en la vida de muchos ciudadanos en todos los Estados miembros. Algunas personas siguen vivas hoy gracias a él.
Pido a sus Señorías que tengan esto en cuenta cuando voten mañana el aumento del presupuesto. No puedo aceptar que nos resulte imposible encontrar 15 millones de euros más en el enorme presupuesto que aprobaremos aquí dentro de muy poco. El dinero está ahí: lo que nos falta es la voluntad de buscarlo y encontrarlo.
Finalmente, quiero decir que este problema no es el mismo que el de la violencia entre desconocidos. Se trata de violencia entre personas que en algún momento se han tenido que querer. Es una cuestión de poder y de cómo se abusa del poder. Hemos de tener muy en cuenta eso si queremos llegar a la raíz del problema.

Martens (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, todos conocemos el drama que tuvo lugar recientemente en Vilnius. El drama Trintignant no es una excepción. Miles de mujeres sufren a diario el mismo destino. Una de cada dos mujeres asesinadas muere a manos de su pareja violenta, según informa el British Crime Survey. Sin embargo la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia contra mujeres y niños sigue siendo un gran tabú. Es preciso romper este tabú. La política tiene en este sentido una tarea importante. Afortunadamente, el tema está desde hace varios años en la agenda europea y también en la agenda de los Estados miembros, pero aún queda mucho por hacer. Demasiadas mujeres y niños son víctimas, como ya se ha dicho anteriormente. Es preciso estimular más a los Estados miembros para que cojan a los autores y para que protejan a las posibles víctimas. La violencia contra las mujeres es una forma de violación de los derechos humanos y no puede tolerarse. Es necesario aumentar la concienciación y adaptar la legislación. Por ello es bueno que exista el programa Daphne. Daphne I fue un gran éxito. Muchas organizaciones, activas en la lucha contra la violencia contra mujeres y niños, han encontrado el camino hasta Daphne y gracias al apoyo financiero han podido realizar un buen trabajo. Daphne I tenía un presupuesto de 20 millones de euros, pero resultó ser insuficiente. Solo se pudo aceptar el 13% de las solicitudes. No porque las solicitudes no cumplieran los requisitos, no porque las organizaciones no pudieran llegar hasta Daphne. Simplemente, no había suficiente dinero. De ahí que se abogue por un aumento del presupuesto. También porque con la ampliación, habrá más países que participen en el presupuesto. Entretanto se ha alcanzado un acuerdo sobre un importe de 50 millones. Por supuesto, no es suficiente para poder hacer todo lo que debería hacerse. Pero creo que en estos momentos es lo mejor que podía lograrse. La nueva propuesta de aumentar el presupuesto a 65 millones es bonita, pero a mi entender no es realista. Nos arriesgamos a un procedimiento de conciliación y ponemos en juego el progreso de las actividades actuales. Tal aumento adicional del presupuesto obstaculiza una transición ágil de Daphne I a Daphne II.
Para terminar, señor Presidente, apoyo el alegato a favor de un año europeo contra la violencia. El problema es tan grande que merece una mayor atención. Además espero que se elabore cuanto antes una base jurídica adecuada para luchar contra la violencia contra las mujeres y los niños. Gracias, sobre todo gracias a la Sra. Gröner, que sabemos es una diputada especialmente comprometida. Le doy las gracias por todo su trabajo.
Mann, Thomas (PPE-DE)
Muchas gracias, señor Presidente. La iniciativa Daphne recibió 13 millones de euros entre 1997 y 1999. El programa Daphne 2000-2003, 20 millones. En opinión del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, para Daphne II durante el período 2004-2008 deberían bastar 50 millones. Pero lo que me preocupa no es el dinero.
Me complace que hayamos descubierto un nuevo grupo de beneficiarios, a saber, los niños de la calle. He visto su sufrimiento y no solo en Nepal y en la India. Conozco el destino que espera a muchos de ellos en los nuevos Estados miembros de la UE, pero también, por ejemplo, en los grandes centros urbanos alemanes. Algunos vienen de familias en que hay violencia física y abuso sexual. Algunos consideran que sólo podrán sobrevivir si se forman bandas. Sobreviven gracias a la venta de drogas, robos y delitos menores. Muchos se vuelven insensibles a causa de la violencia cotidiana tanto física como psíquica. El programa Daphne debe realizar campañas de sensibilización acerca de la violencia contra chicos y chicas, jóvenes y mujeres, sobre su aparición, sus efectos y el modo de superarla. No cabe duda de que este ámbito es competencia de los Estados miembros; sin embargo, los recursos públicos son escasos. Por ello resulta aún más importante la ayuda europea. 
Lo que se necesita es conocimiento sobre los proyectos. ¿Cuáles tuvieron éxito? ¿Cómo han asimilado las víctimas la violencia de la que han sido objeto, y qué se ha aprendido de los numerosos errores cometidos? Temas para seminarios, conferencias y estudios, pero siempre en colaboración con las ONG nacionales y los grupos de autoayuda. Existen esperanzas concretas de cambio a través de instituciones sociales, en las que puedan desarrollarse grupos sanos. Sentir la amistad, desarrollar la solidaridad, motivar para que obtengan buenas notas en la escuela y estén equipados para integrarse en el mundo laboral. Se trata de crear alojamientos suficientes para las víctimas de la violencia y de prestar asistencia jurídica a cada persona. A través de Daphne II debemos movilizar la conciencia pública.
Asimismo necesitamos el apoyo de medios de comunicación, que no solo no muestren violencia ni la glorifiquen, sino que la cuestionen. Si esto puede llevarse a cabo mediante campañas internacionales, este esfuerzo cooperativo dará lugar a un auténtico valor añadido a Europa.
El Presidente.
 Comprendo. La Comisión desea tomar otra vez la palabra, pero le ruego, señor Comisario que tenga en cuenta la hora que es. De acuerdo con el Reglamento puede usted hablar todo el tiempo que quiera, pero quizá sería conveniente que echara una mirada de vez en cuando a su reloj.
Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias una vez más a la Sra. Gröner por su excelente contribución a este debate, así como a todos los diputados que han participado en el mismo. Me voy a limitar a tres observaciones: la primera, sobre la cuestión del presupuesto. Reconocemos que este programa se debe considerar una prioridad y, por ello, nosotros mismos propusimos más del doble de los fondos con respecto al programa Daphne I; pensamos que 50 millones de euros permiten una gestión adecuada y cuidada, aunque comprendemos la diferencia de opiniones que existe en esta Cámara con respecto a este tema. Por otra parte, si algo he aprendido como Comisario es a ser extremadamente prudente cuando participo en debates presupuestarios en el Parlamento Europeo.
La segunda observación es para decir que acepto la mayoría de las propuestas de enmienda presentadas por el Parlamento. Me gustaría sólo llamar la atención sobre tres, con respecto a las que tengo una opinión diferente de las propuestas presentadas. La primera es sobre la forma de redirigir el artículo segundo, los objetivos de este programa: me gustaría mantener una redacción amplia, abierta, que incluya todas las formas de violencia y que incluya a todos los destinatarios: mujeres, adolescentes y niños. Por lo que respecta a los niños sin hogar, que reconocemos como muy importante y que ya fue, sin embargo, considerada una prioridad para las acciones del año 2003 -y que lo seguirá siendo en los años siguientes-, no creo que sea acertada la decisión de que se debería establecer algunos beneficiarios en especial. Deberíamos dejar eso en manos del Comité de Gestión. Me gustaría también añadir que, en este momento, el 71% del comité del programa Daphne está compuesto por mujeres, lo que significa que en este ámbito la Comisión aplicó la decisión general sobre la composición de los comités y de los expertos consultados. En ese sentido, no me parece necesario que haya ninguna norma específica sobre esa materia, ya que excedimos incluso el límite general en este caso concreto.
Con relación a la enmienda 35, tengo mis dudas sobre las ventajas de institucionalizar un laboratorio de ideas con organizaciones no gubernamentales. Sus Señorías saben que consultamos frecuentemente a las organizaciones no gubernamentales, pero institucionalizar de este modo puede crear un foco potencial de conflicto de intereses. Las organizaciones que participasen en el laboratorio de ideas podrían tener dificultades para presentar su candidatura a beneficiarse del fondo y son muchas veces las mejor capacitadas para exponer su candidatura.
Finalmente, una última observación sobre la cuestión de la base de datos europea. Ya existe, señores diputados. Esa base de datos europea tiene que ver con el funcionamiento del sistema de información de Schengen, donde hay referencias específicas susceptibles de ser accionadas a través de la red Sirene nacional, de todos aquellos que son condenados o perseguidos por actividades violentas contra mujeres y niños. No creo que ofrezca ventajas la creación de una segunda base de datos paralela, sino que se debe utilizar la que existe. También me gustaría confirmar que la Comisión financió un proyecto de creación de una base de datos específica para la investigación policial en los casos de pornografía infantil y de pedofilia, que es gestionada por la Interpol. Quiero terminar diciendo, señor Presidente, que teniendo en cuenta el adelanto de la hora no he llegado a los cinco minutos reglamentarios a mí asignados.
El Presidente.
 Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. Su disciplina es conocida en esta Cámara.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.
El Presidente.
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0268/2003) de la Sra. Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las cuentas económicas de la agricultura de la Comunidad (COM (2003) 50 - C5-0020/2003 - 2003/0023(COD))

Izquierdo Rojo (PSE)
. (ES) Señor Presidente, la propuesta de la Comisión se fundamenta en el artículo 251 del Tratado y, por consiguiente, Señor Presidente, le corresponde el procedimiento de codecisión. Se refiere a las cuentas económicas de la agricultura y ha sido competente para el fondo de este informe la Comisión de Agricultura, de la que yo soy ponente.
Señor Presidente, Eurostat edita estas cuentas desde 1964, elaborándolas a partir de una metodología común y en competencia compartida con los Estados miembros. Tras estos 39 años de existencia en los que las cuentas económicas de la agricultura han demostrado que son un instrumento indispensable para controlar y evaluar la Política Agrícola Común, la Comisión cree que ha llegado el momento de formalizarlas y de dotarlas de un fundamento jurídico suficiente. La Comisión justifica esta necesidad en el riesgo de su posible deterioro ante las restricciones presupuestarias y en la necesidad de utilizar estas cuentas con vistas a la próxima ampliación. Todo ello, Señor Comisario, lo comparto y no tengo nada que objetar, como he hecho constar en los debates precedentes.
La cuestión que a mí me plantea en estos momentos algún problema, y sobre la que versan mis enmiendas, se refiere más bien al transfondo agrícola de la cuestión y específicamente a la actual reforma de la Política Agrícola Común. Una reforma que, como usted sabe muy bien, supone un cambio sustancial, un cambio de orientación fundamental, un cambio que no es sólo terminológico, sino que es un cambio de fondo. 
Las cuentas de la agricultura constituyen, efectivamente, una herramienta básica para analizar la situación económica de ésta. Justamente por eso -porque nos sirven para el control y la evaluación de la PAC y porque son una herramienta básica- tienen que ser fieles a la realidad de la agricultura que contabilizan. Porque si el instrumento que utilizamos no fuera el adecuado, las cuentas acabarían siendo ficticias o acabarían adoleciendo de la falta de transparencia que necesitan. Por eso, Señor Comisario, yo creo que una vez que la reforma de la PAC se va a poner en marcha, creo que es necesario proceder a la adaptación y actualización progresivas de las cuentas económicas de la agricultura, para que se introduzcan los nuevos valores y elementos fundamentos de la nueva PAC, para que las cuentas económicas de la agricultura no resulten en pocos meses obsoletas y desajustadas.
Si ello no fuera posible de inmediato, sugiero, Señor Comisario, que usted considere lo que he expuesto, para que se lleve a cabo progresivamente y tan pronto como sea posible.

Solbes Mira
. (ES) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora Izquierdo, muchas gracias por su intervención.
La presente propuesta de Reglamento de la Comisión tiende a garantizar que las cuentas económicas de la agricultura sigan definiéndose en los plazos adecuados y con una calidad suficiente para el conjunto de los veinticinco Estados miembros de la Unión. 
El proyecto de Reglamento propuesto no hace más que consolidar, como usted bien ha subrayado, la práctica existente ya desde hace muchos años, dado que las cuentas de la agricultura ya se establecen por parte de la Unión después de largos años en base a un gentlemen agreement entre los Estados miembros y Eurostat.
El Reglamento propuesto, por tanto, no significa una carga adicional para los Estados miembros, sino pretende únicamente asegurar la continuidad de los trabajos y extenderlos a los nuevos países miembros de la Unión.
Creo que debemos felicitarnos por el hecho de que la propuesta de Reglamento haya sido bien acogida por el Parlamento, tanto en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural -responsable fundamental de este tema-, como por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en sus debates.
El Comité especial de agricultura del Consejo ha aprobado ya la propuesta de la Comisión, con algunos cambios de orden lingüístico. Y una aprobación de la propuesta sin enmiendas por parte del Parlamento Europeo permitiría una adopción rápida del Reglamento, antes de que se produzca la ampliación, con tiempo suficiente para dotar a los nuevos Estados miembros de una base jurídica sólida para las cuentas agrícolas independientes para el seguimiento de la PAC.
Sin embargo, esta demanda que yo hago al Parlamento y que le transmito, no me hace olvidar sus preocupaciones. Si he entendido bien, las preocupaciones que ustedes han subrayado se refieren a tres temas específicos. En primer lugar, una definición más clara de la metodología; en segundo lugar, una definición más clara de las clasificaciones de las cuentas y, en tercer lugar, una toma en consideración del euro para el cálculo de las cuentas.
Respecto al primer punto, la preocupación por la metodología existe. El Reglamento, de acuerdo con nuestra interpretación, propone ya y autoriza explícitamente, que la metodología de las cuentas pueda adaptarse, como es su preocupación, a los diferentes aspectos de la reforma de la PAC. Esto se hará por un procedimiento de comitología, tal como se prevé en el Reglamento.
Su segundo punto de preocupación es, tal vez, el de más importancia: en qué medida las cuentas actuales reflejan esa realidad de la nueva política agrícola que queremos definir con otros criterios. 
Es cierto que ustedes han hecho una serie de comentarios, una serie de propuestas específicas para nuevas clasificaciones, nuevos datos que, en mi opinión, son enormemente útiles para ser tomados en consideración en futuras reformas, esos cambios que, indudablemente, se van a producir. 
Desde el punto de vista de la Comisión no sería una buena idea iniciar ese debate antes de la aprobación del Reglamento, en la medida en que esto retrasaría todo el proceso y haría más compleja la toma de decisión. Sin embargo, lo que sí puedo garantizarle es que los comentarios de su comisión y los suyos personales serán tomados en consideración para los futuros cambios que vamos a introducir y, evidentemente, se tomarán en cuenta para que esos cambios se produzcan.
Último punto: el euro. La preocupación es que, en algunos casos, en vez de utilizar la moneda nacional tal como proponemos, debería utilizarse el euro para todo el mundo. Sin embargo, esa solución plantearía un problema técnico de cierta importancia. 
Es verdad que en los países que actualmente ya han adoptado el euro ese tipo de problema no se plantea. El problema se plantea para los países que no han adoptado el euro. Sin embargo, decidir un tipo de cambio a priori sobre el cálculo de las estadísticas que básicamente se hacen en moneda nacional, significaría utilizar un tipo de cambio teórico que no responde a la realidad. Esa es la razón por la que, desde el punto de vista técnico, consideramos más razonable que la información se reciba en moneda nacional y una vez transcurridos los periodos a los que se refiere la información, y una vez conocido cual es el tipo de cambio medio del euro respecto a la moneda nacional, podamos trasladar esas cuentas de moneda nacional al euro.
Creo que los comentarios que hago responden a sus preocupaciones y creo que es muy importante, sin embargo, que el Reglamento se adopte muy rápidamente, con la finalidad de poner en marcha los trabajos preparatorios necesarios a los países de la adhesión, que nos permitan disponer, a partir del momento en que sean miembros, de las estadísticas agrícolas, con la mejor comparabilidad posible y con la mejor calidad posible.

Lulling (PPE-DE)
- (FR) Gracias, señor Presidente. Aquellos de ustedes que todavía permanecen en esta sala habrán observado sin duda que en la exposición de motivos del informe de la Sra. Izquierdo se exponen una serie de reflexiones en las que ella basó las enmiendas presentadas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que fueron bien acogidas. Pero la gran mayoría de los miembros de esa comisión aprobó mi enmienda al proyecto de resolución legislativa que propone aprobar la propuesta de la Comisión sin enmiendas. Esta es la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la que soy ponente de opinión. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios decidió, por unanimidad, proponer la adopción de la propuesta de la Comisión sin enmiendas por la buena razón de que ahora se trata únicamente de crear un fundamento jurídico para las cuentas económicas de la agricultura y de que el tiempo apremia para hacerlo, pues sin dicho fundamento jurídico, la existencia misma de este instrumento, que es esencial para el seguimiento y la evaluación de la PAC, se verá amenazada tras la ampliación. 
Como ya se ha dicho, las cuentas económicas de la agricultura han sido tradicionalmente una tarea de los Estados miembros, que luego transmitían a Eurostat con arreglo a un procedimiento común enmarcado en un acuerdo entre caballeros. Por ahora, se trata simplemente de mantener la continuidad y consolidar un mecanismo estadístico que ya existe. Si después hay que adaptar esa herramienta a la reforma de la PAC, se hará, como acaba de decir el Comisario. Pero por eso es importante que la aprobación de este Reglamento no se retrase con enmiendas que, por interesantes que sean, no tienen cabida aquí. En el contexto de la codecisión, nuestra preocupación más urgente debe ser la creación de ese fundamento jurídico. El marco metodológico podrá adaptarse a su debido tiempo si resulta necesario a la vista de la reforma de la PAC, que, felizmente, todavía no ha entrado en vigor, como acaba de precisar el Comisario. Nuestra ponente ha podido expresar sus preocupaciones en la exposición de motivos, y los representantes de la Comisión, de Eurostat y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han tenido ocasión de tranquilizarla: nuestro acuerdo de hoy no condicionará el futuro con nuevas exigencias en materia de detalles, información o plazos que resulten necesarias.
Por esta razón, pido a sus Señorías que voten en contra de las enmiendas presentadas por la ponente, aunque eso les parezca ilógico. Nosotros votaremos en contra, por supuesto, porque tenemos una buena razón para hacerlo así. Con todo, me gustaría pedir a la Sra. Izquierdo que demuestre su buena voluntad y retire esas enmiendas. 
Estando las cosas como están con respecto a Eurostat, permítame, señor Comisario, que aproveche la ocasión para destacar la calidad del trabajo realizado por Eurostat en el pasado. No procede desacreditar a esta institución con condenas que ignoran el principio de presunción de inocencia. Me parece que, en este asunto, la Comisión está pecando de exceso de celo y puede perturbar el trabajo del personal de Eurostat. No me refiero a los cientos de inocentes cuyos puestos de trabajo se ven amenazados como consecuencia de las brutales decisiones de la Comisión de suspender los contratos y los pagos a empresas que trabajan para Eurostat desde hace años, y sin las cuales Eurostat no habría podido desempeñar sus tareas ni proporcionarnos las estadísticas que le demandamos pese a no disponer de los medios necesarios.
El Presidente.
 El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía

Andersen, Bonde y Sandbæk (EDD)
El Movimiento de Junio ha optado por no votar a favor de la propuesta de eliminar el artículo 4, a pesar de que esto signifique que la Comisión pasará a ser el órgano coordinador con relación a los contratos celebrados por el Estado miembro individual. Esto se debe a un deseo de evitar situaciones en las que el Tribunal de Justicia declare inválidos acuerdos que se han formalizado.

