

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0112/2005) de la señora Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n° 2847/93 y (CE) n° 973/2001 [COM(2003)0589 - C5-0480/2003 - 2003/0229(CNS)].
Joe Borg,
   . Señor Presidente, permítame expresar a la Comisión mi satisfacción personal por el método y la calidad del trabajo realizado para abordar el reto que supone desarrollar medidas de gestión apropiadas para nuestra pesca mediterránea.
No se podía dar por hecho que pudiera superarse el punto muerto en el que estaba esta cuestión durante la anterior legislatura. La iniciativa de este Parlamento, junto con un conocimiento general del estado de los recursos pesqueros y ecosistemas marinos en el Mediterráneo, ha contribuido al logro de una buena solución de compromiso. Los diputados al Parlamento Europeo han demostrado su capacidad para escuchar las distintas opiniones que se han expresado sobre esta cuestión tan importante. El dictamen del Parlamento, que espero que se apruebe hoy, es un buen punto de partida para el trabajo que hay que llevar a cabo en el Consejo, y espero que las instituciones europeas puedan presentar el nuevo reglamento en breve, en interés de nuestros pescadores de la pesca y el ecosistema marino del Mediterráneo.
La Comisión está muy satisfecha con la estrecha cooperación de la ponente, la señora Fraga Estévez, y los miembros de la Comisión de Pesca durante nuestro trabajo en torno a esta importante propuesta.
Me complace poder informarles de que podemos aceptar 22 de las 34 enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca y otros diputados. Nueve de las 22 enmiendas aceptadas, concretamente las enmiendas 2, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 25 y 26, formaban parte de un paquete de compromiso acordado con la ponente y aprobado por la Comisión de Pesca.
El compromiso no es perfecto en todos sus detalles. No obstante, se ha llegado a un delicado equilibrio de puntos de vista bastante diferentes sin comprometer la efectividad de la propuesta.
Permítanme comentar las demás enmiendas presentadas al informe que tenemos ante nosotros. La Comisión también puede aceptar las enmiendas 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23 y 24, que introducen nuevos elementos que bien reforzarán nuestra propuesta, bien establecerán un calendario más gradual de aplicación de ciertas medidas. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 4, 19 y 27 a 34.
En particular, el concepto de responsabilidad de los nacionales de los Estados miembros ya está consagrado en el reglamento básico de la política pesquera común y debería permanecer ahí. Por lo tanto, no son aceptables las enmiendas 1, 3 y 4.
Respecto a las enmiendas 19 a 33, que solicitan la introducción de disposiciones de apoyo financiero para las prohibiciones temporales de pesca y para los pescadores afectados por la prohibición de ciertas artes de pesca, la Comisión cree que estas propuestas no son apropiadas en este caso, bien porque ya existen reglas a este respecto en la legislación comunitaria, bien porque estas cuestiones han de tratarse en el marco de la propuesta de fondo para la pesca europea.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 27, que podría diluir el significado del establecimiento de una talla mínima de desembarque para las especies incluidas en el reglamento propuesto. En ausencia de una talla mínima no habría ningún incentivo para que los pescadores evitaran las zonas de concentración de peces jóvenes u organismos de menor tamaño o para que mejoraran la selectividad respecto a los artes y las prácticas de pesca. Además, el mercado común de productos pesqueros exige una talla mínima armonizada.
Rara vez es posible una correspondencia estricta entre talla mínima y selectividad de los equipos preceptivos, especialmente en pesquerías en que se capturan varias especies y se emplean varios artes, como es el caso del Mediterráneo. Además se fijan algunas tallas mínimas de desembarque para las especies capturadas, sobre todo para artes y prácticas de pesca que no están regulados en esta propuesta y en que la selectividad depende esencialmente de los propios pescadores.
Por lo que respecta a la enmienda 28, no está clara. Eliminar el apartado 3 significaría la prohibición total de la pesca del salmonete. En cambio, el objetivo de la Comisión es mantenerla dentro de un claro marco reglamentario de plantes de gestión nacionales. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar esta propuesta.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 29, puesto que un incremento del 30 % de la altura de las redes aumentaría el esfuerzo pesquero para especies pelágicas pequeñas, contra los consejos científicos que propugnan que no se incremente el esfuerzo pesquero respecto a este recurso. Además, puesto que se pueden utilizar redes de cerco para capturar especies demersales en zonas costeras, deberíamos evitar que se autoricen redes de cerco grandes que podrían tocar el fondo de zonas costeras donde existen hábitats protegidos, como los criaderos de Posidonia.
No obstante, la Comisión está abierta a la regulación de este tipo de artes de pesca diferenciando entre pesca con redes de cerco de especies pelágicas pequeñas, especies demersales y atún. Cada categoría debería regirse por normas distintas. Espero que sea posible afinar más las posturas en el Consejo.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 30 y 31. Es un hecho ampliamente reconocido que la gestión del esfuerzo pesquero debería ser una de las principales herramientas de gestión en el Mediterráneo. El establecimiento de los tamaños globales máximos para ciertos artes de pesca a pequeña escala es un modo de abordar esta cuestión.
El gran número de pescadores que utilizan estos artes exige que se fijen tamaños máximos para evitar mayores incrementos, que ocasionarían muros de redes insalvables que impedirían la libre circulación y la migración de varias especies. Los pequeños pescadores también deberían contribuir a la conservación.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 32 a 34 por diversas razones. La lista de especies del anexo VIII al Reglamento nº 1039/98 del Consejo que reclama la enmienda 32 incluye especies que o bien no están presentes en el Mediterráneo, o bien pueden capturarse mediante redes de fondo y redes de superficie ancladas en zonas costeras. Por lo tanto, no es conveniente incluir aquí la lista completa de especies. De hecho, la lógica del apartado 2 del artículo 7 mencionado en la enmienda 10 es indicar un grupo de especies que se capturan en aguas de profundidad media o cerca de la superficie de aguas muy profundas y que, cuando aparecen en la captura de una red de enmalle de fondo o redes enredadas, son señales claras de que dichas redes son de deriva y no redes de fondo. Esta disposición es el único modo de hacer que se cumpla la prohibición de la red de deriva pelágica. No obstante, la Comisión está abierta a una larga lista de especies si hay pruebas de que ciertas especies no pueden capturarse mediante verdaderas redes de fondo, sino solo mediante redes de deriva.
La enmienda 34 sugiere que una derogación para los buques inferiores a 18 metros menoscabaría gravemente el cumplimiento de la prohibición de las grandes redes de deriva pelágicas. Esta enmienda se basa en el supuesto de que el apartado 2 del artículo 7 trata un tipo de red de enmalle superficial destinada al atún. Este supuesto no es correcto, puesto que dichas redes no pueden calificarse de redes de superficie ancladas o redes de fondo tal y como se definen en los apartados 9 y 12 del artículo 2, respectivamente.
En conclusión, permítanme expresar la confianza de que, con la ayuda del Parlamento Europeo, podemos presentar al Consejo una propuesta mejorada de la Comisión, que debería favorecer sus posibilidades en el Consejo. Todos los pescadores mediterráneos y los ecosistemas marinos que explotan necesitan una gestión urgente y eficaz de la pesca. La adopción de una nueva política de conservación de la Unión Europea más eficaz y hecha a medida de la pesca mediterránea también favorecerá pasos más ambiciosos en el marco multilateral de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo.
Como saben muy bien, el esfuerzo pesquero ha aumentado en muchas zonas y el modelo de explotación todavía no es satisfactorio. Con el fin de conducir la pesca mediterránea hacia una explotación sostenible del ecosistema marino mediterráneo, la Unión Europea, que es la mayor potencia pesquera de la región, necesita dar un ejemplo positivo y creíble.
Se necesita un marco de gestión comunitaria más eficaz para recuperar la totalidad de la producción y del potencial de productividad del Mediterráneo en interés de todos nuestros pescadores, en primer lugar, y también de otros ciudadanos europeos que quieren beneficiarse de la riqueza del Mediterráneo.
Para concluir mi intervención, permítanme una vez más dar las gracias a la ponente, al igual que al presidente y los miembros de la Comisión de Pesca, por su excelente cooperación en esta cuestión. Su cooperación activa ha supuesto una aportación sustancial que ayudará a garantizar la sostenibilidad de las pesquerías en el Mediterráneo. 
Carmen Fraga Estévez (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, con este informe, del que he tenido la satisfacción de ser ponente, tenemos la oportunidad de sacar adelante, por fin, un sistema de gestión pesquera para el Mediterráneo, once años después de aquel primer intento de poner orden mediante el Reglamento de medidas técnicas, el Reglamento nº 1696/94.
Es, por tanto, un momento capital para el sector pesquero de esta zona, y para que se haya llegado a él, tengo que expresar todo mi reconocimiento al Comisario Joe Borg y al Director General Jörgen Holmquist —que se han implicado personalmente para hacer avanzar este —, a sus servicios, con los que he trabajado día a día, y, por supuesto, a mis colegas de la Comisión de Pesca, que han tenido la sabiduría y la generosidad de renunciar a muchas demandas de sus sectores locales, a veces bajo fuertes presiones, a fin de no privar a todo el sector mediterráneo de unas normas comunes de gestión.
Con la implicación de todos, se ha logrado desbloquear la propuesta inicial de la Comisión que, hecha quizás con demasiadas prisas, había abierto frentes aparentemente insalvables con las administraciones nacionales, con el sector y con este Parlamento que, como se recordará, rechazó la propuesta a través del informe del colega Lisi.
Para salir de este , propuse a la Comisión trabajar al unísono en un texto común sobre los puntos donde el enfrentamiento era mayor, con el fin de lograr un compromiso conjunto, aceptado por el Parlamento y la Comisión, que presentaríamos de nuevo al Consejo de Ministros. La Comisión aceptó este método y, tras una negociación muy dura y casi un año de trabajo, es el que hoy sometemos a la aprobación de esta Cámara.
Quizás no sea un texto tan ambicioso como muchos hubiéramos querido; quizás nadie haya resultado ganador al cien por cien. Pero cada uno de nosotros hemos perdido un poco para que todos ganemos, porque, si en algo estábamos todos de acuerdo, era, desde luego, en que la situación de la pesca en el Mediterráneo no podía seguir dejada al arbitrio de un reglamento de mínimos, que complicaba más que solucionaba.
Si la política consiste en sacrificar intereses particulares para lograr el bien común, creo que podemos estar satisfechos de nuestro trabajo al aprobar este informe, que demuestra que cuando se trabaja conjuntamente es más fácil avanzar, sin olvidar que cuando se presenta a los administrados un texto equilibrado y consensuado entre todos, su aceptación resulta más sencilla y, por tanto, más fácil su aplicación.
Este método de trabajo nos ha permitido también eliminar saltos en el vacío carentes de base científica y lógica, y algunas contradicciones del texto inicial que estaban en el origen del rechazo frontal a la propuesta. Así, por ejemplo, se introduce una mayor racionalidad y coherencia en la regulación de las profundidades y distancias de la costa en las que se puede faenar en este mar tan biológica, económica y socialmente sensible.
Por primera vez se regulan las dragas, se abre camino al uso de mallas más selectivas —como la malla cuadrada para el arrastre— y se avanza considerablemente en la adecuación entre el tamaño de la malla y los tamaños mínimos de las especies.
Por otra parte, frente a la iniciativa maximalista de la Comisión sobre las vedas, tamaños mínimos y anzuelos para la pesca de grandes migradores, se ha acordado que se haga primero un intento para que dichas regulaciones salgan de organizaciones regionales de pesca, como la CGPM y la CICAA, ya que estas pesquerías son realizadas en el Mediterráneo también por flotas de terceros países y no resulta lógico imponer restricciones solo a los buques comunitarios.
No obstante, si en el plazo de un año, estos organismos internacionales no logran una norma común, la Comisión estará facultada para presentar una nueva propuesta, ya que tampoco queremos renunciar a nuestra responsabilidad, derivada de nuestra fuerte presencia en estas pesquerías.
Del contenido del informe, quisiera resaltar, por último, el esfuerzo para una mayor protección de las especies a través de las tallas mínimas, con la excepción, solamente temporal, de la merluza, donde partíamos de una propuesta de la Comisión de bajar la talla a 15 cm —que hemos mantenido hasta el año 2007, fecha en la que recuperará su talla tradicional de 20 cm, coincidente con el incremento de malla propuesta. 
También, por vez primera, se regula, la talla de la sardina, se recuperan tallas que habían desaparecido de la propuesta de la Comisión, como la de la almeja y la chirla, y se introducen incrementos razonables de talla para otras especies, ya que el objetivo último es ir acercándose, también en el Mediterráneo, a las recomendaciones científicas.
Señor Presidente, tras pedir nuevamente la aprobación de este informe por parte de la Cámara y, sobre todo, del compromiso acordado con la Comisión, solo me queda esperar que el Consejo acepte íntegramente la nueva propuesta, fruto de este compromiso entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Francesco Musotto,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el excelente informe de la señora Fraga Estévez –excelente por su contenido y por el modo de unir los cabos– define el carácter específico del Mediterráneo de manera más efectiva que la propuesta del Consejo. Dicho carácter específico significa que, si bien los objetivos de la gestión de la pesca por parte de la Comunidad deben ser los mismos en toda la UE, los medios para lograrlos han de adecuarse a las características particulares de la pesca en el Mediterráneo. De este modo tendremos en cuenta tanto las distintas circunstancias biológicas, geográficas y jurídicas de la región como el propósito de aprovechar la experiencia y las competencias de las organizaciones de pescadores que trabajan en el Mediterráneo.
Una característica particular es la pesca costera a pequeña escala. La mayoría de los barcos pesqueros de la flota italiana tienen una eslora de menos de 12 metros y, por tanto, no podemos ignorar las dificultades que encontrarán para su conversión –tan deseada por la Comunidad– a otros tipos de pesca. No solo hay que definir la pesca costera a pequeña escala, sino también conservarla y, en caso de reconversión, dedicarle mayores niveles de compensación e incentivos para evitar serios problemas socioeconómicos en el conjunto del sector.
En la propuesta se especifica asimismo el papel del consejo consultivo regional, un órgano creado expresamente para favorecer la participación directa de los pescadores y vehículo para trasladar experiencias de primera mano al proceso de toma de decisiones, para que la legislación comunitaria esté cada vez más en consonancia con la realidad y los problemas del sector pesquero. Acogemos con gran satisfacción el papel del reglamento para el Mediterráneo al introducir normas comunes, pero precisamente por ello es necesario que todos los países no europeos que bordean el Mediterráneo adapten su legislación a la política de conservación de poblaciones. A este fin resulta necesario reforzar la posición de la Comunidad Europea en el seno de las grandes organizaciones que regulan la pesca, para difundir la tradición pesquera europea en el ámbito de los principales foros internacionales, como el CGPM y el ICCAT.
Por último, señor Presidente, quisiera resaltar también el papel esencial de la investigación, porque en la base de cualquier buena política está la calidad y la profundidad del conocimiento de los factores en juego. Desde esta perspectiva, el carácter específico del Mediterráneo siempre ha sido un problema: más que en el volumen de investigación, el problema reside en la discrepancia entre la investigación y las necesidades concretas de conocimientos de una política de gestión eficaz. Por esta razón, en el futuro, hay que insistir en la coordinación de la investigación científica y su aplicabilidad al plan de acción.
Giovanni Claudio Fava,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo debemos dar las gracias a la señora Fraga Estévez por el excelente trabajo realizado, pero también a la Comisión por la sensibilidad que ha demostrado al tener en cuenta todo lo sucedido en la pasada legislatura, cuando el Parlamento consideró que la propuesta de la Comisión no podía enmendarse. El respeto y cierto grado de humildad por ambas partes han permitido llegar a una solución de compromiso.
Ha sido posible reabrir un debate con las asociaciones de pescadores. Hemos conseguido evitar que el Mediterráneo quede marginado en comparación con otros mares, sujeto a un montón de obligaciones y prohibiciones, que conforman meramente una política destinada a sancionar. No obstante, aun apreciando el hecho de que el reglamento supone un paso adelante y una mediación útil, consideramos que incluso ahora mantiene un enfoque que sigue ligado, aunque en menor medida, a un modelo de pesca propio de los mares del Norte.
Los mares del Norte se caracterizan por una pesca muy industrializada y monoespecie, y su biología marina es completamente diferente de la del Mediterráneo. Esta es la razón del prolongado debate –en comisión y con usted, señor Comisario– sobre distintas tallas mínimas, que nosotros habríamos deseado definir de forma más clara: las sardinas y el bacalao que se pescan en los mares del Norte no tienen la misma tasa de crecimiento biológico que la fauna pesquera del Mediterráneo. Del mismo modo, es difícil dictar límites demasiado específicos sobre los artes de pesca, pues una actividad artesanal, constituida por pequeñas pesquerías, varía de un país a otro, entre otras cosas en función de la naturaleza y la diversidad de las tradiciones.
Con la aplicación de este reglamento querríamos apuntar a un objetivo raras veces alcanzado: una política de cuenca, es decir, un enfoque global. Esta implica, naturalmente, prestar atención a la gestión y la conservación de los recursos pesqueros, a los esfuerzos por combatir la contaminación y también a la salvaguardia de puestos de trabajo.
Quisiera recordar, señor Comisario, que el 80 % de la pesca en el Mediterráneo es de carácter artesanal y se desarrolla en regiones que en su mayor parte pertenecen a zonas del antiguo objetivo 1: zonas con grandes problemas sociales, altas tasas de desempleo y en muchos casos carentes de apoyo social. Creo que es una misión común de la Comisión y el Parlamento mostrar una sensibilidad especial por la preservación de los niveles de empleo. Pedimos al Consejo que acepte esta propuesta y tenga debidamente en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo que esta ha hecho posible.
Marios Matsakis,
   . – Señor Presidente, felicito a la ponente, la señora Fraga Estévez, por sus esfuerzos dedicados a esta normativa.
Quisiera hacer algunos comentarios generales. Como todos sabemos, el pescado es una importante fuente de alimentación sana para los seres humanos y con razón es muy apreciado por los consumidores. También es una fuente importante de ingresos para miles de pescadores y otras personas implicadas en el comercio pesquero, incluidas muchas pequeñas, medianas y grandes empresas.
Los mares nos proporcionan este pescado, pero las prácticas de pesca incontroladas mermarán finalmente el suministro y acabarán con el sector pesquero. Por ello, es imperativo que las medidas para gestionar la explotación sostenible de los recursos pesqueros se legislen y ejecuten lo antes posible. Esto sucede especialmente con respecto al Mar Mediterráneo, en el que las poblaciones de muchas especies de peces parecen alcanzar en muchos casos los umbrales fijados. Por este motivo esta normativa urge tanto.
No obstante, la legislación no surte efecto cuando se aprueba sobre el papel, sino cuando se aplica en la práctica. Este es un punto débil importante, especialmente con respecto a la pesca. Lamentablemente, la observación, la vigilancia y las medidas para garantizar la aplicación de las normas no son suficientes en muchos casos, por no decir que en la mayoría de ellos.
Ahí fuera en alta mar las cosas no son como deberían ser. A diario se cometen graves incumplimientos por parte de aquellos que tuercen las normas o simplemente las pasan por alto. Por lo tanto, la primera observación que quiero hacer es que es necesario avanzar mucho para verificar la aplicación de la legislación.
La segunda observación tiene que ver con los datos científicos que tenemos a nuestra disposición. Esta información es esencial si queremos entender y evaluar adecuadamente, por ejemplo, los bancos de peces, los lugares de cría, las pautas de migración y los métodos de captura. ¿Son fiables nuestros datos científicos actuales? Lamentablemente, parece que no. Por lo tanto, es sumamente importante centrar los esfuerzos en la obtención de datos de pesca precisos, no solo libres de errores científicos, sino también de manipulaciones externas dirigidas al fomento de los ingresos personales en lugar de la conservación del pescado.
Por último quiero referirme a las especies en declive de las pequeñas y medianas empresas de pesca de los Estados miembros mediterráneos más pequeños como mi país, Chipre. Ya desfavorecida por ser una isla pequeña en la periferia de la UE, media ocupada por tropas turcas y británicas, Chipre se enfrenta ahora a la amenaza real de la destrucción total de su sector pesquero. Unos cientos de pescadores que han estado siguiendo la tradición familiar centenaria de pescar alrededor de su isla se enfrentan ahora a la aniquilación por parte del burocrático y por lo visto descorazonado dragón de Bruselas, que actúa junto con comisiones internacionales sin rostro cuya principal preocupación es satisfacer los intereses de las grandes multinacionales y de Gobiernos poderosos.
Así que buques de todo el mundo pescan libremente alrededor de Chipre, pero los pescadores chipriotas no pueden hacerlo porque se ven estrangulados por cuotas ridículamente bajas. Tomemos por ejemplo el atún. La UE tiene asignada una cuota de unas 18 000 toneladas al año, y la Comisión, haciendo gala de su sabiduría, se planteó durante varios años conceder a Chipre una cuota de tan solo 5 a 10 toneladas, en lugar de las 500 a 1 000 toneladas que necesita. La Comisión lo achaca a muchos factores, como cifras de captura no declaradas o erróneas de años anteriores por parte de las autoridades de Chipre, pero esto son solo excusas. Los pescadores de Chipre...
Marie-Hélène Aubert,
   . –Señor Presidente, Señorías, también yo estoy encantada de que podamos adoptar este compromiso. Quisiera felicitar a la señora Fraga Estévez, que ha realizado un trabajo difícil y delicado, pero urgente, para reglamentar y permitir una pesca sostenible en el Mediterráneo, un mar amenazado por fenómenos sumamente problemáticos: varios tipos de contaminación, disminución de los recursos y amenazas a la biodiversidad.
Me complece este compromiso desde varios puntos de vista. En primer lugar, define de forma especialmente clara los artes de pesca autorizados o prohibidos; precisa, por ejemplo, las redes de deriva, el tamaño de las mallas, la talla mínima de las capturas, la pesca de arrastre en profundidad, etc. Garantiza asimismo la coherencia de la política europea con respecto a otros mares que nos conciernen, ya sea el Atlántico o el Mar del Norte. Era indispensable dotarse de herramientas de gestión y políticas de gestión del recurso pesquero en el Mediterráneo. Es también un compromiso equitativo, que ofrece a la mayoría de los países afectados un buen equilibrio entre lo que unos y otros han debido aceptar o rechazar para llegar a este compromiso.
No obstante, quedan una serie de cuestiones por resolver, que por lo demás han sido mencionadas por los oradores anteriores. Una primera cuestión es la gestión de conjunto de la cuenca mediterránea, puesto que en este compromiso solo hablamos de los países miembros de la Unión Europea. En efecto, hay que intensificar el trabajo de las organizaciones regionales y definir, en el marco de la política de vecindad de la Unión Europea, cómo encontrar acuerdos con los demás países que bordean la cuenca mediterránea. Otra problemática: el atún rojo, que es una especie amenazada, o las prácticas de pesca como la jábega, destinada a la acuicultura, con prácticas que plantean cada vez más problemas. Este reglamento de compromiso no contempla directamente este tipo de pesca, pero es comprensible que los pescadores artesanales que se sienten aludidos por este reglamento consideren injusto que no se reglamente más un tipo de pesca que se está desarrollando y que plantea enormes problemas para la preservación de los ecosistemas, habida cuenta de la forma en que se practica.
Por último, retomaré lo que han dicho otros colegas en relación con la urgencia y la necesidad de que la Unión Europea practique una política de investigación sobre el Mediterráneo mucho más activa. No obstante, nos faltan muchos elementos, muchos datos, para poder afinar estas políticas y herramientas. Del mismo modo, el control y la aplicación dependen, pienso, de la voluntad política de los Estados miembros de aplicar este nuevo reglamento. De esto depende el debate.
Georgios Toussas,
    – Señor Presidente, Señorías, no aceptamos la propuesta sobre la explotación de los recursos pesqueros del Mediterráneo porque no es científica. Esta pretende centrarse exclusivamente en la adopción de medidas destinadas a prohibir el uso de las artes de pesca en todo el Mediterráneo, pese a que es sabido que sobre este ecosistema marino pesa un problema muy grave de contaminación marina, consecuencia del uso irresponsable de pesticidas y de la contaminación industrial en general. 
Sabemos muy bien que la composición y el potencial pesquero del Mediterráneo son distintos, debido a las distintas condiciones que prevalecen e interactúan, lo que tiene como consecuencia diversos grados de eutroficación y, por lo tanto, del tamaño de las capturas. Por este motivo queremos poner de manifiesto que la idea de nivelar a la baja de la propuesta, que generaliza las reducciones de su producción, tendrá consecuencias distintas para cada pescador.
Una vez que se apliquen las anteriores prohibiciones generalizadas, estas tendrán consecuencias trágicas para algunas regiones. Esto se debe a que la propuesta reduce la capacidad pesquera con el pretexto de proteger las poblaciones de peces, lo que a su vez provoca la inmediata reducción y desaparición de los ingresos de la pesca en las operaciones pesqueras de pequeño y mediano tamaño y, en última instancia, un éxodo masivo de esta ocupación.
El resultado de las anteriores medidas propuestas será la destrucción masiva de las comunidades pesqueras y el total abandono de determinadas regiones, mientras la acuicultura se apresura a cubrir el déficit pesquero que se prevé que se producirá y sus intereses se reforzarán en beneficio de los grandes monopolios que operan en este sector.
Por lo tanto, aumentará el papel del capital en la pesca y desaparecerán las anteriores características sociales e históricas de otro tipo. Se reforzará la monopolización de la pesca, al igual que los beneficios de los grupos empresariales, en detrimento de las operaciones pesqueras de pequeño y mediano tamaño, los trabajadores y las bases, lo que tendrá terribles consecuencias para el ecosistema marino y el medio ambiente en general. 
Creemos que la política de gestión de la capacidad pesquera y el desarrollo de la pesca no puede comprenderse independientemente de los intereses de las operaciones pesqueras de pequeño y mediano tamaño. Al mismo tiempo, consideramos que el desarrollo de la pesca debe respetar el ecosistema y el potencial de cada zona, además de los intereses más amplios de la sociedad y la economía local, lejos de las ambiciones e intereses de las grandes empresas y en contra de éstos.
Todo esto debe incorporarse en un plan más global que recurra a las cooperativas de productores pesqueros como palanca para sacar la máxima producción del potencial de pesca individual. Dentro de este marco, pueden evaluarse e imponerse medidas técnicas adecuadas que se corroborarán científicamente y se considerarán necesarias para mantener las poblaciones de peces, salvaguardar el potencial productivo de cada zona...
Patrick Louis,
   –Señor Presidente, Señorías, la preocupación por preservar los recursos pesqueros del Mediterráneo es totalmente legítima. Es necesario, en efecto, preservar para las generaciones futuras un medio ambiente rico y diversificado, así como unos recursos alimentarios indispensables. 
La gestión sostenible del ecosistema marino es esencial. Pero entre todos los seres vivos que pueblan este planeta, hay uno que no solo tiene deberes, sino también derechos. Me refiero a los seres humanos. El reglamento que se nos presenta propone un compromiso cuya intención sin duda comprendo: se trata de un compromiso entre las distintas naciones soberanas que integran Europa, pero también entre el uso y la conservación del medio ambiente. No obstante, la enmienda 10 de la ponente afecta directamente a una actividad de pesca mediterránea tradicional de Francia, la , una técnica de pesca ancestral del atún rojo en la que se utiliza una red de superficie anclada, específica del Mediterráneo francés.
Sepan, Señorías, que si aprueban esta enmienda firmarán la sentencia de muerte de 1 200 puestos de trabajo directos e indirectos ligados a esta actividad. Sobre el terreno reina incomprensión y retumba una cólera legítima. Los pescadores de este sector llevan realizando desde hace años considerables esfuerzos por limitar el impacto de su actividad sobre el ecosistema, en particular para la protección de los cetáceos. Sus capturas accidentales son ya tan solo residuales. Estudios científicos acreditan que esta pesca es respetuosa con el medio ambiente. Sé que este compromiso ha sido difícil de alcanzar, pero hago un llamamiento a la Comisión, al Consejo y sobre todo al Gobierno francés: ¿qué son algunos días más de negociación frente a la angustia de 300 familias y de toda una región? ¿Cuánto pesarán el argumento del paquete de compromiso y el de la caja de Pandora, que ante todo no hay que abrir ante una opinión pública francesa que comprende cada vez más que Bruselas está lejos de la realidad en la que vive? No olvidemos que el 80 % de la pesca en el Mediterráneo es de tipo artesanal, entonces ¿por qué favorecer siempre al 20 % restante?
¡Señora Fraga Estévez, Señorías, reabran las negociaciones para salvar estos puestos de trabajo! El Comisario Borg acaba de decirnos que se niega a aceptar nuestra enmienda 34 porque el apartado 2 del artículo 7, al que se refiere nuestra enmienda, se basa en una clasificación que no corresponde al texto. En mi opinión, se trata de una argucia jurídica, que mira el detalle de lo que el Comisario y sus servicios deben resolver, pero no tiene en cuenta el fondo de la enmienda, a saber, la protección de los derechos de los pescadores, que la enmienda debe hacer respetar imperativamente. 
En este sentido, les pido que voten en contra de la enmienda 10 de la ponente, a la que no obstante felicito por el intenso trabajo que ha efectuado, y les pido que voten a favor de nuestra enmienda 34. En nombre de los pescadores que van a salvar, les doy las gracias.
Sebastiano (Nello) Musumeci,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras una larga y laboriosa gestión, iniciada hace poco menos de dos años, hemos alcanzado un compromiso que solo satisface parcialmente a nuestro Grupo. Por ejemplo, nos complace que reaparezca el posible apoyo financiero al paro biológico, aunque el nuevo Fondo Europeo de Pesca no lo contemple. No obstante, siguen sobre la mesa cuestiones importantes, que en nuestra opinión son contrarias a los intereses de la pesca en el Mediterráneo. Un ejemplo más: consideramos que, dada la importancia del sector de los alevines de sardina, esta especie debe poder comercializarse siempre que se capture con artes reglamentarios. Por esta razón hemos presentado la enmienda 27, que esperamos sea aprobada.
Muchas veces hemos subrayado la peculiaridad de la pesca mediterránea: esencialmente costera y de pequeña escala, un tipo de pesca que forma parte de la cultura y que, aparte de transmitir de generación en generación una tradición multisecular, constituye una fuente vital para la economía, sobre todo en una zona –no lo olvidemos– que sufre una amplia degradación socioeconómica. Por tanto, consideramos que deben suprimirse los puntos 3 y 4 del Anexo 2, en los que se pretenden reglamentar y normalizar las características técnicas de los artes artesanales, que precisamente por estar ligados a un determinado tipo de pesca y a determinadas zonas costeras, no pueden por su propia naturaleza ser objeto de imposición reglamentaria.
Felicitamos a la ponente, la señora Fraga Estévez, y albergamos la legítima esperanza de que este reglamento constituya un paso significativo hacia un Mediterráneo atento a preservar la fauna pesquera, pero que también es fuente de vida y de trabajo para miles de pescadores europeos, hasta ahora requeridos tan solo a cumplir prohibiciones y límites, mientras que para las flotas no europeas el Mediterráneo ha sido una especie de zona franca.
Luca Romagnoli (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, la pesca es nada menos que esencial para la supervivencia del género humano: más de mil millones de personas se alimentan con proteínas animales o sus derivados. En cuanto al potencial de captura, según los expertos estamos alcanzando el límite y, por tanto, es justo que el Parlamento Europeo y la Comisión intenten poner coto a la pesca, gestionar de modo sostenible la captura y erradicar con severidad las formas de pesca destructivas.
La pesca y la acuicultura, no obstante, representan una de las actividades principales de la Unión. El mercado pesquero europeo es el tercero del mundo después de China y Perú. En Francia, Grecia, Italia y España trabajan en el sector pesquero cerca de 100 000 pescadores, con decenas de miles de barcos pesqueros. La flota europea –que entre otras cosas es una flota artesanal, como demuestran los datos estadísticos– está formada en gran parte por barcos de tonelaje inferior a 10 toneladas. Es evidente, pues, el carácter básicamente artesanal de nuestra flota y nuestros pescadores. Los ciudadanos esperan que el Parlamento Europeo y la Comisión encuentren una posición de equilibrio que permita conciliar necesidades económicas y ecológicas.
Del mismo modo, la protección las poblaciones de peces debe basarse aún más estrictamente en la información científica de lo que sucede hoy, pero también hay que implicar activamente a los pescadores en la gestión de los recursos pesqueros y enlazar con el mundo de la protección del medio ambiente para concienciar sobre los problemas del empleo y llamar la sobre los mismos. Pedimos, por tanto, una aplicación gradual de las nuevas disposiciones. El informe de la señora Fraga Estévez, en conjunto, pone ...
Rosa Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, quisiera decir que el trabajo realizado por la ponente ––en este caso, la señora Fraga–– y por los miembros de la Comisión de Pesca, es, ante todo, un ejemplo de colaboración, tal y como señaló el Comisario, y una señal muy positiva para la convivencia futura de ambas instituciones, Estoy convencida de que esto no puede sino redundar en una mayor credibilidad de esta política común por parte del sector pesquero europeo.
La colaboración ––que, como digo, fue estrecha y eficaz–– entre la ponente, la señora Fraga ––que ha hecho un trabajo magnífico––, y los servicios de la Comisión, ha sido lo que nos ha permitido llegar hoy a este Pleno con un compromiso aceptable para la mayoría de esta Cámara, y con un mensaje claro al sector, que no podemos, en ningún caso, romper ni enturbiar.
Y lo más importante es que esta colaboración nos permite desbloquear una situación que se había vuelto insostenible; insostenible para las instituciones comunitarias, desde luego, pero, sobre todo, para un mar cuyos recursos se consideran sobreexplotados desde hace tiempo, pero que, debido a sus particularidades, vive en un estado de permanente excepción, que ya es hora de que termine.
Efectivamente, el Mediterráneo es un mar diferente: las aguas nacionales son más limitadas que en otras zonas de la Comunidad, las poblaciones de peces son transzonales y compartidas, las características generales de la actividad son distintas —hay una flota pesquera sobre todo artesanal y una elevada proporción de pescadores que ejercen esta actividad a tiempo parcial—, existen numerosas pequeñas localidades de desembarco, etc. He señalado solo algunas de las características que hacen del Mediterráneo un mar diferente, pero los objetivos de la PCP son los mismos en el Mediterráneo que en otras aguas comunitarias: tenemos que garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que permita crear condiciones medioambientales, económicas y sociales sostenibles.
Por lo tanto, es necesario que, además de las medidas estructurales y de mercado definidas en la PCP que ya se aplican, la política de conservación se desarrolle en el Mediterráneo de forma similar, al igual que la reglamentación ––que tiene que mejorar y desarrollarse––, la armonización de tallas mínimas y de medidas técnicas ––que debe ser absoluta en toda la Unión Europea y efectiva en toda la cuenca mediterránea–– y un control eficaz —que tiene que resolver un problema, el de la venta en un Estado miembro que, con demasiada frecuencia es España, de pescado ilegal procedente de otro Estado miembro, porque esta pesca ilegal nos perjudica a ambos: al Estado que vende, porque degrada los recursos, y al Estado que recibe, porque degrada los precios y degrada, sobre todo y ante todo, la confianza de los pescadores en los mecanismos de gestión.
Por ello, felicito a la ponente y espero que hoy salgamos todos con bien de la votación.
Hélène Goudin (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, me pregunto si la UE está realmente interesada en alcanzar la explotación sostenible de los recursos pesqueros. Es una contradicción que la UE recomiende esto en el informe mientras cuenta con acuerdos pesqueros con países de África, por ejemplo. Estos acuerdos con terceros países contribuyen a la sobrepesca de los océanos y afectan a la capacidad de muchos países en desarrollo para construir por su cuenta una industria pesquera rentable. Un informe recientemente publicado por el Consejo Nacional de Pesca sueco critica los acuerdos de la UE con terceros países. La crítica se basa en el hecho de que ninguno de estos acuerdos promueve la pesca sostenible y que también se aplican de forma que incumplen el código de conducta de la FAO. Varias organizaciones no gubernamentales comparten este punto de vista y han señalado que los acuerdos afectan negativamente sobre todo a las comunidades costeras.
Si el desarrollo sostenible de los recursos pesqueros es realmente una prioridad para la UE, esta no debe limitarse a adoptar medidas en el Mediterráneo, como es el caso de este informe, sino que también debe recomendar y aplicar una revisión radical de sus acuerdos pesqueros con terceros países. En este informe, el Parlamento ha modificado la propuesta de la Comisión, que no promueve el desarrollo sostenible, a favor de la industria pesquera.
La UE no debería trabajar sobre cuestiones relativas a la pesca, ya que estas deberían tratarse en el ámbito regional y subregional en la medida de lo posible. Aquellas cuestiones relativas a la pesca que presuponen la cooperación internacional pueden negociarse de forma útil en el marco de los órganos internacionales en los que los intereses especiales nacionales no son tan marcados como en el caso de la UE. 
Joe Borg,
   . Señor Presidente, quisiera una vez más poner de relieve mi satisfacción por el modo en el que el Parlamento ha cooperado en este importante expediente. Nuestro objetivo común es lograr la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo. Se lo debemos a nuestros pescadores y también al mantenimiento de un ecosistema marino sostenible para poder respaldar esta actividad.
Mediante un diálogo constructivo hemos explorado las vías para encontrar soluciones técnicas para lo que antes parecían dificultades inabordables. Quisiera subrayar que el objetivo de la propuesta es crear un plan de conservación para el Mediterráneo. Esto lo hemos logrado estableciendo un equilibrio y hemos tomado medidas para proteger especialmente la pesca a pequeña escala. Por ejemplo, la pesca de de anchoas jóvenes sigue estando permitida en nuestra propuesta, pero con artes de pesca selectivos, no con redes de arrastre.
Con la constitución del nuevo Parlamento y cuando tomé posesión de mi cargo, tuve que decidir qué hacer respecto a la propuesta del Mediterráneo. Se decidió en aquel momento que en lugar de retirar la propuesta original, la dejaríamos sobre la mesa pero adoptaríamos un enfoque flexible. Eso es precisamente lo que hemos hecho, y a este respecto hemos colaborado muy de cerca con la Comisión de Pesca. Hemos aceptado las enmiendas propuestas por la Comisión de Pesca como un paquete. También hemos aceptado otras enmiendas de diputados individuales al Parlamento Europeo. Se han realizado amplias consultas con representantes del sector para el Mediterráneo, tanto por parte de la Comisión de Pesca y como por parte de la Comisión.
Mantenemos conversaciones con los Estados miembros para conseguir que la propuesta se apruebe ya en el Consejo de junio. Estamos progresando notablemente y podemos aceptar otras enmiendas para adaptar todavía más el reglamento a las especificidades de la pesca mediterránea, pero sin olvidar el principio fundamental de la sostenibilidad.
En la Comunidad tenemos la responsabilidad de dar un ejemplo creíble y contundente. Seguiremos trabajando con nuestros socios del Mediterráneo para convencerlos de la necesidad de adoptar medidas en la misma línea que la nuestra. Hemos creado el «Medisamac» como un foro que reúne a la mayoría de Estados del litoral mediterráneo. Hemos reforzado la CGPM para poder utilizarla como herramienta para establecer normas comunes, y estamos trabajando para establecer un consejo consultivo regional para el Mediterráneo, que seguirá trabajando en esta dirección.
La Comunidad tiene que dar ejemplo. Tiene que asumir el liderazgo en el Mediterráneo. Una vez aprobado el reglamento, trabajaremos en el seno de la CGPM y con terceros países a título individual gracias a nuestras excelentes relaciones con ellos en todos los frentes, basándonos ahora en la asociación y la vecindad, para adoptar medidas en la misma línea que estas y para asegurar la igualdad de condiciones en el Mediterráneo.
A modo de conclusión, quiero dar las gracias a todos ustedes y especialmente a la ponente por su esfuerzo infatigable. Ha presentado una propuesta que sin duda defenderé en los próximos debates en el Consejo.
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía.
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, creo que hoy ha sido usted demasiado estricto con nosotros. Sé que es jueves, pero como la secretaría puede confirmar, sobra mucho tiempo de la intervención de nuestro Grupo. Mi Grupo tenía nueve minutos, y yo solo he utilizado cuatro. Su comentario de que hay que tomar aviones no procede, porque tenemos que estar aquí hasta esta tarde. Hay una votación a las 17.30 horas, y si algunos diputados al Parlamento Europeo quieren volver a casa pronto…
El Presidente.
   – No, señor Matsakis, no le concedo la palabra para eso.
Estoy aquí para hacer que se respeten los tiempos de uso de la palabra, que se establecen de forma muy rigurosa. Sabe muy bien cómo son las cosas. Tengo la experiencia de lo que pasa los jueves a las 13.00 horas, cuando se dice a la Presidencia que no se ha respetado el tiempo de uso de la palabra de tal o cual. Los tiempos de uso de la palabra no se fijan para nada. Estamos en el Parlamento Europeo y los tiempos de uso de la palabra no son ilimitados.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0157/2005) del señor Freitas, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración por la Comunidad Europea del Acuerdo relativo al programa internacional para la conservación de los delfines [COM(2004)0764 - C6-0245/2004 - 2004/0268(CNS)].
Joe Borg,
   . Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al señor Freitas por su informe, así como por su interés, su participación y su aportación en la Comisión de Pesca. También quisiera dar las gracias al Presidente y a los miembros de la comisión parlamentaria por su rápido examen de esta propuesta de normativa. Esto permitirá a la Comunidad Europea transmitir una clara señal al APICD en su reunión anual, que comienza el 13 de junio de 2005, de que con la aprobación por el Parlamento de esta propuesta de la Comisión, la Comunidad Europea está a punto de completar los procedimientos internos necesarios para convertirse en miembro de pleno derecho de esta organización.
Me complace aceptar una serie de enmiendas propuestas por el señor Freitas, a saber, las enmiendas 2, 3, 5 y 6. En particular, estas enmiendas aumentarán la transparencia y simplificarán la comprensión del contenido y el razonamiento que justifica la necesidad de esta decisión del Consejo, que permitirá que la Comunidad cumpla con sus obligaciones internacionales de adherirse a las organizaciones regionales de pesca, allí donde existan, y de defender los intereses de la Comunidad en el sector pesquero mundial. Esto también permitirá a la Comunidad situarse a la cabeza de estas organizaciones y reforzar el papel de liderazgo que ha desempeñado constantemente en las actividades de las organizaciones pesqueras regionales.
No obstante, no estoy en condiciones de aceptar las demás enmiendas propuestas, excepto la enmienda 4, que puedo aceptar a condición de que se elimine la expresión «así como su proceso de certificación». Comentaré el proceso de certificación más adelante en relación con otras enmiendas.
Tengo dificultades para aceptar las demás enmiendas por las siguientes razones. Esta propuesta se refiere a la aprobación del APICD, mientras que las enmiendas 1, 9 y 11 se centran sobre todo en una cuestión secundaria del APICD, que es el sistema de seguimiento y verificación del atún, que ya forma parte de la legislación de la CE. La enmienda 10 exige que los cambios futuros en el sistema de seguimiento y verificación del atún sigan cierto proceso, cosa que contradice las respectivas disposiciones de comitología incluidas en el instrumento. Esta normativa ya está en vigor y puede modificarse cuando sea necesario.
Las enmiendas 7, 8 y 12 se refieren a la emisión de la certificación del APICD y a la información al consumidor. Del mismo modo, dichas enmiendas no son útiles en este caso, puesto que la cuestión de la aceptación por parte de la Comunidad de la certificación del APICD todavía está siendo estudiada por los Estados miembros, y a la espera de los resultados de esa consulta, la Comisión no ha tomado postura en firme. La inclusión de cualquier referencia a la certificación es prematura y podría perjudicar el debate interno que todavía tiene que concluir. Además, la cuestión de la certificación no es uno de los objetivos del APICD ni está incluida en las medidas generales del Acuerdo APICD ni en la aplicación del propio Programa APICD. Se trata de un interés económico y comercial secundario que es consecuencia de la implementación de una parte del APICD, y no de un elemento esencial. 
Duarte Freitas (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, he propuesto un equilibrio que creo que puede alcanzarse entre la conservación de los ecosistemas y los intereses económicos y sociales del sector pesquero. Aunque será difícil alcanzar un equilibrio así, con frecuencia se trata de un objetivo alcanzable, como demuestra este compromiso.
Como ponente de esta propuesta de decisión sobre la celebración del Acuerdo relativo al Programa Internacional para la Conservación de los Delfines por parte de la Comunidad Europea, me ha complacido observar que es posible coordinar estrategias que pueden adaptarse a los intereses de los pescadores y de todas las partes implicadas, al tiempo que garantizan la conservación de los ecosistemas.
El programa en el que se basa este Acuerdo y que la Comunidad pretende celebrar, tiene tres prioridades principales: en primer lugar, controlar la abundancia de delfines y los niveles de mortandad de estos asociados a la pesca de atún en la zona que abarca el Acuerdo; en segundo lugar, estudiar los casos de mortandad de delfines durante las operaciones pesqueras, al tiempo que se promueven las técnicas y las artes de pesca capaces de minimizar estos efectos; y en tercer lugar, estudiar el efecto de diversos modelos pesqueros sobre varias especies de peces y otras criaturas del ecosistema pelágico.
Para conseguir estos objetivos, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC), que coordina este programa, propone establecer una serie de medidas entre las que me gustaría destacar la aplicación de cuotas de pesca sostenibles para el atún capturado en la zona que cubre el Acuerdo y la presencia de observadores a bordo durante cada viaje pesquero. Dado que son conscientes de la importancia de conservar las poblaciones de peces, los armadores y los pescadores han desarrollado técnicas pesqueras menos nocivas para las especies objetivo y para las capturas accidentales en cuestión. Es importante destacar que las medidas provocaron una reducción de la captura accidental de delfines resultante de la pesquería de red de cerco de aproximadamente 150 000 en 1989 a 1 500 en 2002 en la zona que cubre el Acuerdo.
Además de tener un papel importante en la conservación de las comunidades de delfines de esta región, este Acuerdo también ha contribuido a preservar el ecosistema en su conjunto mediante la conservación de otras especies, como es el caso de los tiburones, las tortugas marinas y otros animales acuáticos con frecuencia sacrificados, por el uso de distintas artes de pesca especialmente diseñadas para capturar esta especie de atún. Esto demuestra el elevado nivel de selectividad que se ha alcanzado hasta el momento y sigue demostrando el valor de este programa al que la Comunidad pretende adherirse.
Además de las medidas técnicas que implica, el programa incluye un plan de certificación «seguro para los delfines» para aquellos productos capturados de forma inofensiva para esta especie. Permítanme destacar que esta certificación solamente puede otorgarse a productos en cuya captura no se dañe a los delfines ni a otras especies que no se pretende pescar. La cuestión de la certificación se ha debatido ampliamente en la Asociación de Agricultura y Alimentación y la Comisión de Pesca de las Naciones Unidas, así como en la Comisión Europea, que, según he entendido, se encuentra en proceso de elaboración de una comunicación sobre el ecoetiquetado. Se trata de un tema muy importante merecedor de un debate, ya que en el caso del atún existe una serie de organizaciones no gubernamentales que, en ocasiones sin demasiada transparencia, han influenciado el flujo de comercio de productos de atún procesado en la UE.
Por lo tanto considero, señor Comisario, que tras el debate en la Comisión de Pesca, este era un momento importante para concienciar a la Comisión y a todos los miembros de la Comisión de Pesca sobre el hecho de que la Unión Europea necesita regular el ecoetiquetado, y en cierto modo se presentaron algunas enmiendas con esto en mente. Considero que debe haber una organización pública al frente de este proceso, aunque las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales pueden participar con antelación o posterioridad a este proceso. Sin embargo, para que todo el proceso de certificación tenga la mayor credibilidad posible debe haber una organización pública al frente.
Por estos motivos, y de acuerdo con las directrices de la política pesquera común, creo que este programa merece una opinión favorable del Parlamento respecto a que la UE celebre este Acuerdo.
También quisiera señalar que la Comisión de Pesca aprobó por unanimidad este informe, por lo cual le doy las gracias a los miembros de la misma. Asimismo quisiera dar las gracias a los científicos, las entidades colectivas, por supuesto a la Comisión, y a las organizaciones no gubernamentales, como el World Wildlife Fund, que asistió a una miniaudiencia concertada por mí. Creo que esta miniaudiencia ayudó a transmitir la importancia de este programa y a demostrar que es posible que haya un Acuerdo entre los pescadores, los científicos y los políticos sobre una cuestión tan importante como esta. También podría servir para demostrar el papel futuro de la UE, como he dicho, de forma positiva, respecto a este Acuerdo, salvaguardando su contenido y a través del proceso de ecoetiquetado en la UE. 

Struan Stevenson,
   . – Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Freitas por el excelente trabajo que ha realizado con este informe. Como sabemos, se refiere a la industria del atún, que mueve 2 000 millones de dólares. Todos comemos atún, y a todos nos resulta familiar la amplia gama de etiquetas «sin riesgo para los delfines» que aparecen en las latas de atún. Hasta ahora, estas etiquetas no estaban reguladas, eran confusas y a menudo engañosas. Esta iniciativa pretende remediar esta situación. El informe Freitas indica por qué los Gobiernos de 15 países de América Latina y América Central se han unido a la Unión Europea y los Estados Unidos para apoyar el Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación de los Delfines (APICD).
La flota del Pacífico oriental busca el rabil grande y maduro que nada debajo de bancos de delfines, que a veces reúnen a 20 000 unidades. Si algún delfín es capturado por las redes de pesca de atún, hasta media docena de pescadores robustos con equipos de submarinismo se meten en las redes para agrupar a los delfines en un lado, donde vuelven seguros al mar saltando por encima de las líneas de corchos. Las redes se suben a bordo únicamente cuando el último delfín ha sido liberado. No hay capturas accesorias de ningún tipo asociadas a este método de captura del atún.
A bordo de cada barco atunero hay observadores oficiales formados; los buques únicamente obtienen la licencia si no tienen antecedentes de infracción; los patrones deben estar formados y cualificados, y utilizando ese sistema exhaustivo, las muertes de delfines en el Pacífico oriental se han reducido drásticamente de 350 000 al año en la década de 1980 a menos de 1 600 al año en la actualidad. De una población estimada de más de 10 millones de delfines tan solo en el Pacífico oriental, esto es realmente insignificante. Por este motivo, Greenpeace y el World Wildlife Fund apoyan este método de pesca frente a otros en que hay grandes capturas accesorias.
El apoyo de la UE al etiquetado del APICD ha supuesto una amenaza significativa para algunas ONG, que tienen secuestrada a la industria internacional del atún y se han convertido en sus reguladores de hecho. En particular, una ONG de California se ha enriquecido enormemente cobrando cierto importe por cada lata de atún que lleva su etiqueta «sin riesgo para los delfines». Puede que el método de pesca que apoya esta ONG no suponga ningún riesgo para los delfines, pero causa la muerte de decenas de miles de tiburones y de tortugas laúd e incluso jóvenes rabiles que se devuelven muertos al mar.
Es un escándalo que esta organización tenga secuestrada a la industria internacional del atún, amenazando con incluir en la lista negra de su página web a cualquier supermercado que se niegue a vender latas de atún que lleven sus etiquetas «sin riesgo para los delfines». Algunos diputados a esta Cámara han llegado a recibir esta semana correos electrónicos hostiles, amenazantes y agresivos de dicha organización. Ahora sus días están contados. La etiqueta APICD ha recibido el apoyo unánime de la Comisión de Pesca, y creo que hoy recibirá el apoyo de la mayoría de diputados a esta Cámara. 
Catherine Stihler,
   . – Señor Presidente, apoyo este informe del señor Freitas y creo que el Parlamento debería dar una respuesta positiva al informe, a la propuesta de decisión del Consejo y a la firma por parte de la Comunidad Europea del Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación del Delfín, el llamado APICD. Creo que los delfines votarían a favor si pudieran.
El objetivo del APICD es reducir progresivamente la mortalidad accidental de delfines en la pesca del atún con redes de cerco en el Océano Pacífico oriental. El objetivo es lograr que no haya ninguna muerte mediante el establecimiento de límites anuales y la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún en la zona del acuerdo.
También acojo con satisfacción el hecho de que el WWF y Greenpeace apoyen y promuevan el Acuerdo sobre el Programa Internacional de Conservación del Delfín, puesto que se trata de un instrumento legalmente vinculante que consolida los resultados de un esfuerzo de los Gobiernos interesados, de la industria del atún y de la comunidad ecológica que, en menos de 20 años, ha llevado a una reducción drástica de la mortalidad de los delfines en el Océano Pacífico oriental. En 1986 murieron más de 100 000 delfines, pero, gracias a este plan, en 2004 murieron menos de 1 500.
El APICD ha establecido dos sistemas: el sistema de seguimiento y verificación del atún y el sistema de certificación «sin riesgo para los delfines». A muchos de nosotros nos gusta comer atún, y los consumidores europeos consumimos más de 530 000 toneladas cada año. La mayoría de consumidores quieren saber que el atún que comemos no ha ocasionado la muerte de delfines por capturas accesorias. Se ha cuestionado la exactitud de algunas etiquetas «sin riesgo para delfines» de supermercados, y según el WWF y el APICD, los sistemas de seguimiento del atún y la certificación «sin riesgo para los delfines» constituyen actualmente juntos el único programa que puede garantizar a los consumidores que el atún etiquetado «APICD sin riesgo para los delfines» ha sido capturado sin matar o herir gravemente a delfines.
Estos notables resultados se obtienen principalmente mediante un sistema de observadores independientes a bordo, que es el único sistema que garantiza una supervisión del 100 % de las expediciones de pesca con grandes redes de cerco de atún en el Océano Pacífico oriental y un conjunto de estrictos requisitos técnicos y operativos.
La nueva etiqueta que se va a introducir en la UE garantiza a los consumidores que no se han matado delfines. El poder adquisitivo de las personas se ha impuesto. La comunidad pesquera internacional se ha dado cuenta que los consumidores no van a aceptar muertes o daños innecesarios a nuestro medio ambiente en la industria alimentaria y pesquera. Insto a sus Señorías a que apoyen este informe. 
Carl Schlyter,
   . –Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Freitas por su constructivo trabajo en un informe que respaldará el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. La pesca industrial de atún no solo amenaza a las poblaciones de esta especie, sino también a las de otras, de las cuales la más conocida es el delfín. El Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines se produjo porque mucha de nuestra gente quería impedir que los delfines muriesen a consecuencia de unos métodos de pesca inadecuados.
Ahora que nos estamos asegurando de que el acuerdo se aplica en nuestra legislación, es importante conseguir estos objetivos. Como han descrito mis colegas diputados, hasta el momento el trabajo ha tenido bastante éxito. Las enmiendas 9 y 11 –presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en la comisión, en donde fueron respaldadas– son importantes para garantizar que no se engaña a los consumidores con el etiquetado. Es importante hacer referencia al artículo 3 del Reglamento de 2003 para informar sobre los requisitos correctos del etiquetado también a todos los que cumplen las condiciones y garantizar que nadie pueda aprovecharse de forma irresponsable. A esto ha hecho referencia el señor Stevenson. No podemos renunciar a mencionarlo, ya que esta es la oportunidad del Parlamento de expresarles su voluntad mientas ustedes siguen negociando.
También debemos evaluar los métodos seguros para los delfines, que pueden mejorarse de forma que no dañen a otras especies. Los palangres pelágicos matan a las tortugas marinas y a muchas otras especies. Sé que el APICD ha empezado a trabajar para mejorar estos métodos. Es importante que controlemos constantemente los avances y que empleemos los mejores métodos posibles. 
Thomas Wise,
   . – Señor Presidente, además de cuestionar la legitimidad de la entrada de la UE en el Programa Internacional de Conservación del Delfín en lugar de los Estados miembros, también tengo dudas de que podamos confiar en que la UE tome la decisión correcta. Vayamos a los hechos.
La UE es el organismo cuya Política Pesquera Común (PPC) ha creado enormes iniquidades. Tomemos el trato injusto que reciben los pescadores del Reino Unido que ahora, gracias a Bruselas, luchan por sobrevivir, mientras que los pescadores españoles, por ejemplo, parecen poder saltarse las normas a voluntad. Veamos también la increíble reducción de recursos pesqueros en aguas comunitarias como resultado directo de la PPC. También está el hecho de que cada año se devuelven al Mar del Norte un millón de toneladas de peces muertos. No solo es un desperdicio enorme, sino que también supone un perjuicio para el ecosistema. Esto demuestra, sin duda, la ley de las consecuencias imprevistas.
La UE también ha concluido acuerdos de pesca injustos e inmorales con muchos países del tercer mundo en África, que permiten que los barcos de acuicultura europeos, no muy distintos de los que suponen una amenaza para los delfines, vengan y saqueen los mares de África de todo su pescado. Ha afectado de forma tan negativa a las economías locales que los pescadores se han puesto a cazar tierra adentro, destruyendo las reservas locales de animales salvajes. Estos países dominados por la deuda no tienen otra opción que aceptar cantidades de dinero vergonzosamente insuficientes para disfrutar de este supuesto privilegio. Por lo tanto, no me sorprende ver a la UE intentando adherirse a un acuerdo que ha sido condenado por los conservacionistas de delfines. Después de todo, ¿por qué debería la UE escuchar a los expertos?
A los buques que participan en este programa se les concede un límite de mortalidad de delfines. Utilizan normalmente explosivos y lanchas motoras para ahuyentar a los delfines, y el programa permite incluso el sacrificio deliberado de estos animales, con más de 1 400 delfines muertos observados el año pasado, según el programa «Dolphin Safe» del Earth Island Institute. Si la UE fuera sincera respecto a este tipo de cuestiones, adoptaría la posición del Reino Unido y prohibiría las redes de arrastre en pareja. Después de todo, en Gran Bretaña hemos tomado algunas decisiones buenas. Nos quedamos fuera de la zona del euro y nuestro Primer Ministro probablemente haya asestado un golpe mortal a la Constitución propuesta, pero en lugar de emular las buenas prácticas, la UE pretende adherirse a un acuerdo discutible, sencillamente para intentar justificar una vez más su dudoso estatuto internacional. Una vez más, demuestra que si la UE es la respuesta, debe de haber sido una pregunta muy tonta. 
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo quisiera aprovechar mi turno para felicitar al señor Freitas por su excelente informe sobre la conservación de los delfines. Asimismo quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a la señora Fraga por su informe sobre el Mediterráneo. Se trata de informes detallados que responden a la situación actual, con el fin de garantizar que hay peces en nuestros mares, tanto en la actualidad como en el futuro.
Dado que estamos hablando sobre los delfines, quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar un incidente que se produjo en mi país. Lo que sucedió es que tras una tormenta marina que se tuvo lugar a finales de mayo, se encontró una red de un kilómetro de longitud abandonada al norte del mar Egeo. Esta había sido sacudida por la tormenta durante diez días y cuando se encontró ya había capturado a docenas de delfines y de cetáceos raros en peligro de extinción. Este desastre ecológico salió a la luz y se descubrió, pero hay otros de los que no sabemos nada.
Quisiera señalar que la zona norte del Egeo es un importante y raro hábitat marino, ya que el río Evros desemboca aquí y las aguas provienen de los Dardanelos, por lo que también debemos prestar una especial atención al mar Egeo dentro del marco de la protección de todos los mares.
Este lamentable incidente demuestra una vez más que el medio ambiente no tiene fronteras. Las redes rotas propagan la muerte y esto debería preocuparnos. Quisiera decir que es nuestro deber proteger el medio ambiente y el informe de su Señoría va en esa línea, por ello todos deberíamos votar a favor de él.
Por último, quisiera expresar un punto de vista que debería prevalecer entre nosotros. Tenemos el deber de proteger el medio marino. Nuestros hijos también tienen derecho a poder pescar en él. Tenemos la obligación de dejar peces en nuestros mares para las generaciones futuras. 
Rosa Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente, señor Freitas, que ha hecho un excelente trabajo y, además, así lo hemos reconocido ––no se ha presentado ninguna enmienda–– y también a mi colega, la señora Stihler, que, en representación del Grupo Socialista, ha hecho un excelente trabajo como ponente alternativo.
Aún así, y muy modestamente, quisiera expresar aquí algunas opiniones que quizás puedan ser un poco discordantes pero que, creo, pueden añadir cosas que no se han dicho. En primer lugar, el motivo principal por el que la Comunidad Europea se ve implicada en la CIAT y en el APICD deriva de la presencia de la flota atunera europea o española, como ustedes quieran, en el Pacífico oriental, donde trabaja desde el año 1975.
Digo esto porque en la exposición de motivos del informe del señor Freitas la justificación parece basarse en otros motivos y no en la presencia de nuestra flota en el Pacífico oriental. Nuestra flota pesca en el Pacífico oriental y, por supuesto, nunca ha pescado con delfines, porque hay un Reglamento comunitario que lo prohíbe: el 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, artículo 33.
Quisiera decir también, porque pienso que quizá sería útil en esta Cámara, que el APICD se crea por un problema específico de la flota estadounidense y, posteriormente, de la mexicana, de la venezolana y de la colombiana, las únicas que, junto con El Salvador, pescan en la actualidad con delfines. Pienso que esto es algo que a nosotros, como europeos, nos puede satisfacer.
Nosotros, que estamos pescando en esa zona ––como digo–– desde el año 1975, participamos en el APICD sin que nuestra actividad tenga nada que ver con el verdadero objetivo de este Acuerdo, porque no pescamos con delfines. La UE firmó este Acuerdo, el APICD, el 26 de abril de 1999, comunicó esta decisión al depositario del APICD, los Estados Unidos de América, mediante nota verbal el 8 de junio de 1999, y el Consejo consideró, en ese momento, que la firma y esta aplicación provisional eran los primeros pasos para su posterior aprobación por parte de la CE.
De hecho, y aunque por razones técnicas la Comunidad no pudo formar parte de la CIAT, el Consejo, con carácter excepcional, autorizó al Reino de España a que se adhiriese a la Convención de la CIAT. Esta adhesión tuvo lugar en el año 2003 en Guatemala. En esta autorización se establecía que España participaría en las decisiones de la CIAT de acuerdo con la postura comunitaria y en estrecha consulta con la Comisión, lo que garantizaba la participación efectiva de la Comunidad en la CIAT.
Por lo tanto, opino ––y es una opinión–– que el informe debe solicitar ––y quizás la Comisión pueda alumbrarnos al respecto–– la ratificación definitiva del APICD por parte de la Unión Europea, y no su adhesión a esta Convención.
Además, me gustaría hacer una puntualización sobre las enmiendas 11 y 12. El Reglamento no habla en ningún caso de etiqueta sin riesgo para los delfines; esa etiqueta, como tal, no existe. Lo que sí recoge el Reglamento, en el artículo 3, son una serie de definiciones, entre las que, en efecto, figura la que se entiende por "atún sin riesgo para los delfines".
Vuelvo a felicitar al ponente, y creo que quizá sean necesarias pequeñas dosis de realismo sobre el asunto que estamos tratando.
Joe Borg,
   . Señor Presidente, una vez más quiero dar las gracias a esta Cámara, y en especial a la Comisión de Pesca y a su ponente, el señor Freitas, por su cooperación.
Compartimos el objetivo. Para la Comisión es importante reforzar su papel en las organizaciones regionales de pesca respecto al apoyo de medidas de conservación que se ponen en marcha no solo en aguas europeas, sino también en aguas internacionales. La pertenencia a la organización nos ayudará a cumplir criterios más estrictos con respecto a las capturas accesorias de cetáceos. Desde que se estableció el APICD, la captura accesoria de cetáceos ha descendido de 150 000 a 1 500. En sí, esto es un gran éxito y merece nuestro apoyo.
El ponente y otros oradores han planteado la cuestión del etiquetado ecológico. En primer lugar, la opción del certificado APICD «sin riesgo para los delfines» por parte de la Comunidad está siendo examinada por los Estados miembros. Además, la Comisión adoptará una propuesta sobre el etiquetado ecológico en dos semanas, lo cual sin duda impulsará el proceso de examen de la posible adopción del certificado APICD. La comunicación definirá tres opciones a examinar: mantener el establecer una etiqueta comunitaria obligatoria o establecer unos criterios mínimos. En este momento, la Comisión se acerca a la tercera opción, y esperamos con interés mantener un debate constructivo con el Parlamento y el Consejo.
A modo de conclusión, quiero asegurarles el compromiso de la Comisión y el mío personal de seguir trabajando con el fin de minimizar los descartes y las capturas accesorias, especialmente de cetáceos. Cuento con el apoyo de esta Cámara para que podamos colaborar en la mejora de nuestras prácticas y métodos actuales.
Respecto al proceso de ratificación, he tomado nota de sus comentarios y la ratificación probablemente tendrá lugar en un futuro no muy lejano. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0125/2005) del señor Őry, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros (2004/2210(INI)).
Csaba Őry (PPE-DE ),
   . –Me complace enormemente que se haya conseguido un consenso tan amplio sobre el informe relativo a la inclusión social entre los grupos políticos del Parlamento, en el que está incluido prácticamente todo el espectro político. No se trata de una coincidencia. Se debe a que apenas hace un año de la ampliación y no cabe duda de que la Unión se beneficiará de un aumento del empuje, tanto en términos sociales como económicos. En este sentido, la aceleración del proceso de inclusión social no es en absoluto una cuestión de importancia secundaria; los hechos demuestran claramente que los nuevos Estados miembros están mucho más rezagados en esta área que los antiguos Estados miembros, y tenemos un importante trabajo de puesta al día por hacer.
Creo que todos coincidimos en que no queremos una Europa a dos velocidades, una Unión en la que el sistema de protección social está muy desarrollado y es de alto nivel en una parte, mientras que la otra está tan llena de agujeros como un queso Emmental y sigue erosionándose, año tras año, debido a las dificultades financieras de los gobiernos, las limitaciones presupuestarias de estos, las medidas restrictivas y dificultades similares. Si dicha situación se produjese, entonces habría verdaderos motivos para preocuparse por el social, que ninguno de nosotros deseamos. Por eso es importante que en el próximo período hagamos un verdadero avance en el campo de la inclusión social que sea perceptible para todos. Esta es la única forma en la que podemos impedir que otros grupos de los nuevos Estados miembros caigan en la exclusión social. Si esto sucediese, tendría consecuencias adversas para la estabilidad del mercado laboral, el resultado económico y la cohesión social, además de provocar una serie de problemas de otro tipo.
El informe es una especie de inventario de los problemas predominantes y traza una imagen bastante exacta de los procesos que actualmente se encuentran en curso. Respecto a los sectores menos favorecidos de la sociedad, comprende a prácticamente todos los grupos sociales afectados, centrándose especialmente en la situación de los mayores, las mujeres, las minorías que sufren discriminación –incluidos los romaníes– además de las personas sin techo, las que sufren problemas relacionados con la adicción, las que viven con discapacidades, los niños en situación de riesgo y los inmigrantes. Este presta especial atención a los estrechos vínculos que existen entre proporcionar oportunidades de educación y formación y la mejora de las posibilidades para los ciudadanos menos favorecidos que acceden a dichas oportunidades. En el escaso tiempo de que dispongo, permítanme continuar destacando tres de los principales aspectos del informe.
El principal elemento clave es que es crucial para nuestras perspectivas de futuro de puesta al día reconocer el vínculo especialmente estrecho que existe entre la creación de empleos y las políticas económicas que la promueven, además de los sistemas sociales que representan los pilares principales de la inclusión social. De esto se deduce de forma lógica que la política de inclusión social solamente puede tener éxito si va asociada a una política económica adecuada, además de basarse y construirse sobre esta. Si no conseguimos garantizar que ambas están en armonía, el fracaso en el ámbito social será inevitable.
El segundo elemento clave se trata de hecho de un problema estructural. Me refiero en este caso al endeudamiento de las autoridades locales, que recientemente se ha acelerado hasta un nivel peligroso y está estrechamente asociado al hecho de que las finanzas de las autoridades locales no han sido capaces de ir a la par que la expansión de sus obligaciones sociales. No se trata de un problema exclusivo de los nuevos Estados miembros; también es un fenómeno familiar en los viejos Estados miembros. Por supuesto, es perfectamente lógico que los gobiernos traten de afrontar la mayoría de los problemas en el ámbito local, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, y el razonamiento de que la mayor parte de la información está siempre disponible a nivel local. Sin embargo, para que esto funcione, es necesario que se proporcionen recursos económicos y lamentablemente esto no ha sucedido en los últimos años. Como consecuencia, ahora nos encontramos en una situación en la que, por ejemplo –por citar un caso alarmante relacionado con esto– la deuda conjunta de las autoridades locales de los cuatro países del «Visegrád» ya ha superado la barrera psicológica de los 10 000 millones de euros. Una deuda de este nivel sin duda da motivos para una reflexión común, como mínimo.
En tercer lugar, quisiera hacer referencia al tema de la cooperación. Es cierto –y el informe no lo niega– que la política social es un área de responsabilidad nacional de los Estados miembros, y así es como debe ser. Sin embargo, la capacidad para ejercer las competencias nacionales no se ve impedida en modo alguno por el intercambio de buenas prácticas y de información; además, esto beneficia a los intereses fundamentales de todos. Además de los graves problemas, también debemos observar que existen numerosas iniciativas positivas, ideas innovadoras que indican el camino que debe seguirse y proyectos exitosos. ¿Por qué no deberíamos compartirlos los unos con los otros? Lamentablemente, en la actualidad los nuevos Estados miembros no se prestan demasiada atención los unos a los otros, así que, en muchos casos, cosas que podrían convertirse en tesoros comunes permanecen ocultas y sin que los demás conozcan su existencia. También faltan los marcos institucionales adecuados. Por lo tanto creo que estas son las tres principales áreas en las que es necesario que hagamos un importante progreso. Permítanme una vez más dar las gracias a los grupos políticos y a mis colegas por su servicial y constructivo apoyo durante todo el proceso de elaboración del informe. 
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, la Comisión felicita al señor Őry por su excelente y extenso informe sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros. Se trata de un informe muy oportuno y útil, que debería respaldar de forma significativa nuestros esfuerzos por promover la inclusión social en toda la Unión.
La mayoría de los aspectos y prioridades políticas recomendados en el documento coinciden y refuerzan mucho el análisis que ha hecho la Comisión de la situación. El informe también es muy útil, pues llama la atención sobre diversas cuestiones que requieren mayor atención y más esfuerzo por parte de la Estados miembros y de la Comisión.
La importancia de abordar la pobreza y la exclusión social y de construir una Unión más integradora se ha recalcado en las conclusiones de la reciente reunión del Consejo en Bruselas. El proceso de inclusión social operará en paralelo y complementará la agenda de Lisboa, centrándose en el crecimiento económico y el empleo. De este modo, nuestros esfuerzos en el terreno del crecimiento económico, la política de empleo y la cohesión social pueden reforzarse recíprocamente.
La evaluación intermedia en curso del proceso de inclusión social de la UE dará pie, hacia finales de año, en una comunicación que proponga nuevos objetivos y métodos de trabajo comunes integrados y racionalizados para el método abierto de coordinación sobre la protección social y la inclusión social. Los puntos planteados en su resolución constituyen una contribución muy valiosa a la actual evaluación del proceso. Los tendremos en cuenta cuando elaboremos nuestra comunicación.
Hemos realizado importantes avances en relación con diversas cuestiones planteadas en el informe desde que la Comisión y los Estados miembros elaboraron sus memorandos conjuntos sobre la inclusión social en 2003. Quisiera mencionar dos de ellos: la armonización de las estadísticas y el intercambio de aprendizaje.
Insisten ustedes con razón en la importancia de armonizar las estadísticas sobre pobreza y los criterios que definen la pobreza. Ha habido una excelente cooperación entre las oficinas de estadísticas nacionales y Eurostat a la hora de desarrollar nuestro nuevo instrumento estadístico, el estudio de la UE sobre la renta y las condiciones de vida, el EU-SILC. Ello nos ayudará sin duda a controlar los progresos en toda la Unión. En lo que respecta al intercambio de buenas prácticas, los nuevos Estados miembros han desempeñado un papel cada vez más activo en el actual Programa de Acción Comunitario sobre Exclusión Social. A partir de 2007, el nuevo Programa de Acción Comunitario (Progress) propuesto nos permitirá ampliar más el intercambio de aprendizaje y buenas prácticas.
Otra cuestión importante planteada en el informe es aumentar los recursos disponibles para cuestiones de inclusión social. En este sentido, la responsabilidad recae sobre todo en las autoridades nacionales. Sin embargo, la Comisión hace hincapié en que el uso de los fondos sociales europeos está estrechamente relacionado con los objetivos indicados en los planes de acción nacionales sobre empleo e inclusión social. 
Tal como se afirma claramente en la resolución, es necesaria una mejora en casi todas las dimensiones de la vida social. Al mismo tiempo, la mayoría de los nuevos Estados miembros están experimentando unas reformas económicas difíciles y muchos se enfrentan a altos niveles de desempleo. Asimismo hay importantes limitaciones presupuestarias que limitan el margen de maniobra para la política social.
Hemos de ser realistas y valientes a la hora de abordar estas importantes cuestiones estructurales. Asegurar el crecimiento económico y del empleo sin duda ayudará a aumentar la cohesión social, pero invertir en inclusión social y capacidad humana es un elemento complementario esencial a la hora de apoyar el empleo sostenible y el progreso económico.
El informe ayudará a garantizar que sigamos teniendo un fuerte proceso de inclusión social. 
Marie-Line Reynaud (PSE ),
   . –Señor Presidente, Señorías, la firma, por parte de todos los nuevos Estados miembros y de la Comisión, de los Memorandos conjuntos sobre la inclusión social testimonia el compromiso político claro de situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de cada política nacional.
El Parlamento se adhiere a esta iniciativa y la apoya.
Nuestra Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión, en particular, que logre definir una política común en forma de cuestión común, una política clara compartida por todos los Estados miembros. Para ello, la Comisión Europea debe examinar la pertinencia del método abierto de coordinación, pues es evidente que este no puede cumplir plenamente el objetivo asignado; poner a disposición de esta política medios financieros apropiados, a fin de acercar el proyecto europeo a los ciudadanos y residentes de los nuevos Estados miembros; hacer un análisis transversal de síntesis, centrándolo más en las carencias en materia de libertades civiles, acceso a los derechos fundamentales y lucha contra toda discriminación y facilitar el trabajo para posibles diligencias; resaltar con más claridad las dificultades en materia de acceso al Derecho y a la Justicia, mediante un análisis más minucioso de los flujos migratorios, distinguiendo, por una parte, la inmigración de ciudadanos de países terceros y, por otra, la situación de otras minorías étnicas o culturales; reflexionar sobre el reparto de competencias entre la Unión, los Estados miembros y las regiones y prever una formalización del enfoque de «buenas prácticas»; poner en práctica el acceso al Derecho de los sectores de población vulnerables y minoritarios; mejorar la eficacia y simplificación de los procedimientos de urgencia; resolver las cuestiones pendientes de resolver en lo que respecta a los apátridas y otras personas afectadas a quienes se niega la ciudadanía o el derecho de residencia.
Realizando estos esfuerzos en materia de derechos fundamentales, la Unión Europea puede avanzar hacia el logro de una mayor justicia y unos valores ciudadanos más compartidos, que son el cimiento de la Europa social que todos esperamos y deseamos.
Edit Bauer (PPE-DE ),
   . El informe sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros pone de manifiesto una serie de nuevos retos. El ponente ha identificado estos retos de forma muy clara y quisiera felicitarle por su excelente trabajo.
La pobreza y el problema asociado de la inclusión social tienen una dimensión específica en los nuevos Estados miembros. Esto no se debe solo a que el umbral de la pobreza es mucho menor en términos absolutos, lo que significa que la pobreza es mucho mayor en ellos que en los 15 antiguos Estados miembros; también se debe a que la pobreza adopta formas especiales en el caso de las mujeres de estos países.
Todas las fuentes indican que los padres solteros y que las mujeres mayores tienen más probabilidades de enfrentarse a un mayor riesgo. La opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Género destaca por lo tanto formas extremas de pobreza y una escasez absoluta de datos comparables y fiables. Sin embargo, parece estar surgiendo un fenómeno extremadamente peligroso y que se ha visto eclipsado por los datos sobre la población adulta: el del elevado riesgo de pobreza de los niños. Pese a que existen análisis que indican que la pobreza que afecta a los niños con frecuencia es más severa y que el número de niños que corren el riesgo de caer en la pobreza está aumentando, no se dispone de cifras exactas. Un estudio universitario realizado en 2001 calculó que el riesgo de pobreza infantil en los viejos Estados Miembros superaba al de la población adulta en un 14 %. Un informe nacional sobre la política para la juventud publicado ayer en mi país afirma que la proporción de niños que se enfrentan a la pobreza es del 30 % o incluso el 40 % para los niños de familias monoparentales. Es imposible ignorar la correlación entre esta cifra y el número alarmantemente alto de niños que abandonan la escuela de forma temprana: el 14 % de las niñas y el 18 % de los niños de Europa en 2004.
Señorías, generalmente se dice que la pobreza tiene cara de mujer. Quizás deberíamos modificar esta generalización: la pobreza tiene cara de niño. Cuando consideremos la aplicación de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de inclusión social, debemos tener esto presente. 
Philip Bushill-Matthews,
   . – Señor Presidente, es evidente que muchas personas en muchos de los nuevos Estados miembros se enfrentan a un problema muy real de exclusión social. Este informe destaca algunos de los problemas y algunas de las causas. Asimismo señala algunas de las soluciones. Sin embargo, lo que impresiona tanto es que este informe no procede de un diputado de uno de los antiguos Estados miembros, que sermonea a los recién llegados sobre lo que deberían hacer para estar a la altura; sino que este ponente procede de uno de los nuevos Estados miembros. Escribe con pasión y conocimiento de causa sobre el problema, porque comprende lo que es preciso hacer, porque no tiene miedo de señalar los fallos en su propio país, y porque se preocupa. Es un perfecto ejemplo de uno de los muchos diputados con talento que han llegado al Parlamento a raíz de la ampliación.
Tiene razón al señalar la necesidad de una mejor educación y de plantear la importancia de aumentar la financiación por parte del Gobierno central en este sentido. Asimismo tiene razón al hablar acerca de la mejora de la movilidad laboral, porque si no hay más flexibilidad en los mercados laborales, las economías no podrán realizar su potencial de crecimiento y los fondos no estarán disponibles para que los Gobiernos los gasten. Esto también encierra una lección para los Estados miembros más antiguos.
Por último, aplaudo la sabiduría del ponente y le felicito de todo corazón por su informe.
Richard Falbr,
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a nuestro compañero, el señor Őry, por su excelente informe. Deseo recordar a la Cámara que el informe que ha elaborado sobre inclusión social en los nuevos Estados miembros, que estamos debatiendo conjuntamente hoy, fue aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por una mayoría de 32 votos a 4. El resultado de la votación constituye, por tanto, una demostración clara de que todos, a lo ancho del espectro político, reconocemos y admitimos el carácter urgente de los problemas relativos a la exclusión social.
No obstante, este hallazgo no nos es desconocido. Todos sabemos que los representantes de los gobiernos y países europeos llegaron a estas mismas conclusiones durante la cumbre de Lisboa en 2000, cuando la guerra contra la pobreza y la exclusión social se convirtió en uno de los asuntos y condiciones fundamentales para la modernización del modelo social europeo. A pesar de ciertas vacilaciones, este planteamiento también quedó confirmado durante la cumbre de primavera en Bruselas.
Si se miran los resultados alcanzados durante los últimos cinco años, resulta evidente que la guerra contra la pobreza y la exclusión social no está ni mucho menos concluida, así como que se va a precisar un esfuerzo y una determinación considerables incluso después de 2010.
La Comisión Europea ha emprendido una tarea realmente ardua al comparar la situación de la exclusión social en los 10 nuevos Estados miembros. Estos países no solo difieren unos de otros; existen asimismo diferencias fundamentales entre las regiones en ellos. Aunque aún queda espacio para elaborar y armonizar unos indicadores comunes que reflejen con máxima fiabilidad la situación real en estos países y, al mismo tiempo, nos permitan detectar ejemplos de nuevas prácticas, esta iniciativa por parte de la Comisión Europea constituye indudablemente un paso adelante. Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar a sus representantes que en el futuro colaboren lo más estrechamente posible y aprovechen los recursos y conocimientos de las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales.
Deseo mencionar asimismo el hecho de que, aunque el informe que hoy tenemos delante describe y se esfuerza por comparar la situación en los 10 nuevos Estados miembros, no debemos olvidar que la amenaza de la pobreza y la exclusión social acecha a todos los Estados miembros de la UE, si bien no en la misma medida.
A menudo se expresa la opinión de que los interlocutores sociales, y en concreto las organizaciones sindicales, deberían estar estrechamente implicadas en todas las medidas a fin de ayudar a resolver el problema de la exclusión social; de hecho, incluso se ha llegado a estudiar la cuestión de si deberían asumir las funciones de las autoridades estatales y locales. Pero tales opiniones no son sino una quimera, al menos de momento. Los sindicatos reestructurados en los nuevos Estados miembros se encuentran en una situación difícil; se hallan bajo presión, carecen de las estructuras necesarias y no disponen de herramientas eficaces. El seńor Őry conoce bien esta situación, como la conozco yo, ya que los dos hemos trabajado en los sindicatos. 
Jan Jerzy Kułakowski,
   –  Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en contra de lo que cabría pensar, el debate de hoy sobre el informe acerca de la inclusión social en los nuevos Estados miembros está íntimamente ligado con los asuntos acuciantes que hemos venido debatiendo desde el inicio de este período parcial de sesiones. Me refiero al Tratado constitucional y a las perspectivas financieras.
Un entendimiento de los problemas sociales más complejos con que se enfrentan los Estados miembros y un deseo por resolver estos problemas echarían por tierra muchos de los argumentos expresados por quienes han votado en contra de la Constitución. La razón de ello estriba en que muchos de los asuntos relacionados con la ampliación de la UE o fueron tergiversados cara a los votantes, o fueron interpretados de manera equivocada por los mismos.
El informe Őry se ocupa por tanto de las soluciones a los problemas que tienen una incidencia directa sobre el futuro de la UE. Nuestro debate sobre este asunto, y la mayoría por la que la Cámara apruebe el informe, demostrará que somos conscientes de dicho problema y que sabemos que implica desterrar de la Unión Europea el fantasma del dúmping social. Es más, queda puesto de relieve el hecho de que los objetivos en cuanto a competitividad y cohesión social, tal como los consagra la Estrategia de Lisboa, son complementarios más que mutuamente excluyentes. Esa es la razón por la que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha resaltado, durante sus debates sobre el informe, la importancia del desarrollo económico cara a facilitar la inclusión social y, de hecho, la señora Comisaria ha recalcado igualmente este aspecto del tema hace unos momentos.
En nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, quiero felicitar al señor Őry por la forma en que ha sido elaborado este informe. Me encanta que la mencionada Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lo aprobara por abrumadora mayoría. Tal vez se podrían haber introducido algunas mejoras a la forma en la que se han incorporado las enmiendas propuestas. De hecho, algunas de las enmiendas que presenté personalmente en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa fueron ignoradas, aun cuando habrían mejorado el informe sin haber introducido cambios fundamentales.
El informe que estamos debatiendo hoy es excelente, y mi Grupo va a votar a favor del mismo. 
Tatjana Ždanoka,
   . – Señor Presidente, mi Grupo apoya el informe sobre inclusión social en los nuevos Estados miembros y felicito al ponente, el señor Őry, por su informe.
Quiero hacer algunos comentarios sobre el proceso de integración en la UE. En la mayoría de los nuevos Estados miembros, el único estrato social que se beneficia de la adhesión a la UE es la elite económica y política nacional. Como puede apreciarse en el informe, el abismo entre ricos y pobres se ha ampliado. Por ejemplo, en mi país, Letonia, un reciente sondeo de opinión demuestra que el 84 % de la población consideraba que su nivel de vida era mucho mejor hace diez años. La elite económica y política nacional es en gran parte responsable de la actual desintegración social en sus países. Sin embargo, dado que han ignorado los cambios desfavorables en los nuevos Estados miembros de la UE, las instituciones de la UE han de cargar con parte de la culpa.
La inestabilidad social en los nuevos Estados miembros está poniendo en peligro la estabilidad política y el crecimiento económico no solo en estos Estados, sino también en toda la UE. Ello es el resultado de diversos errores cometidos por las instituciones de la UE durante el proceso de ampliación. Uno de dichos errores fue ignorar el hecho de que en dos Estados Bálticos, Letonia y Estonia, una parte significativa de la población es apátrida. Estos llamados «extranjeros» pertenecen a minorías nacionales y el hecho de que estén privados de sus derechos políticos promueve la exclusión social e implica que personas que pertenecen a minorías no pueden competir en pie de igualdad en el mercado laboral.
Por desgracia, ayer, durante la votación de las enmiendas al informe del señor Moraes sobre la protección de las minorías y las medidas contra la discriminación, se suprimieron las recomendaciones que deberían otorgar a estas personas el derecho a participar en las elecciones locales y a la libre circulación dentro de la Comunidad, a resultas de las enmiendas presentadas por algunos Grupos políticos. Ello pasa totalmente por alto las recomendaciones hechas por la UE en 2004 en el marco del proceso de ampliación. 
Jaromír Kohlíček,
   . – Quiero dar mi opinión acerca del trabajo de nuestro compañero, el señor Őry. Acojo con satisfacción el hecho de que este sea el primer informe elaborado por un diputado procedente de un nuevo Estado miembro. Señorías, dondequiera que dirijamos nuestra mirada en la Unión Europa, nos encontramos con la crisis. Los países más pequeños se atienen al Pacto de Estabilidad, mientras que los más grandes lo hacen a otros planteamientos. Todo ello afecta a los nuevos Estados miembros, a los que todavía se les sigue exigiendo cumplir plenamente un montón de medidas a menudo carentes de sentido, tal como acaba de señalar acertadamente la oradora anterior.
Los problemas sociales afectan principalmente a las regiones pobres, al margen de que se hallen en Estados miembros antiguos o nuevos. Las personas discapacitadas representan en la actualidad el 10 % de la población, pero puede decirse que solo unos pocos países cuentan con una legislación que introduce al menos mejoras parciales en la situación cotidiana de estas personas, incluida la laboral. Los problemas afectan a las minorías nacionales, a los recién titulados, a las mujeres y a los mayores de cincuenta años. Las personas de entornos socialmente desfavorecidos constituyen un problema importante, y los refugiados están comenzando a convertirse en otro.
¿Cuál es el problema más importante con que se enfrenta la Unión Europea como conjunto? El problema radica en un sistema que se afana por dejar todo en las manos invisibles del mercado. Voy a citar solo tres ejemplos a guisa de ilustración. La privatización de las fuentes de agua potable y los sistemas de aguas residuales ha multiplicado por más de mil el precio del metro cúbico de agua. Mi segundo ejemplo, la enorme presión para liberalizar el mercado de los alquileres, pone de manifiesto que el 50-70 % de los ingresos de los pensionistas en los nuevos países de la Unión Europea se destina ahora al alojamiento. ¿Y que ocurrirá mañana? Se construyen pocos pisos, la mano de obra ambulante a menudo vive en condiciones críticas, y la situación de los desempleados, las familias jóvenes, las personas discapacitadas y los pensionistas se está haciendo crítica. Un tercer ejemplo lo proporciona la gente discapacitada, que representa un porcentaje cada vez mayor de los parados. En la República Checa, en el norte de Bohemia, por ejemplo, la tasa de desempleo entre la gente discapacitada ha aumentado del 8 % hace 10 años a más del 12 %, a pesar de las medidas que se han adoptado. Eso constituye un aviso serio.
Se está exigiendo a la gente que entre a formar parte de una sociedad en la que se han clausurado los servicios públicos, el transporte público es costoso a pesar de unas redes cada vez más desgastadas, se están suprimiendo las guarderías y se está reduciendo el número de escuelas de enfermería, se están eliminado o restringiendo las actividades extraacadémicas, lo que a menudo implica unas elevadas cargas financieras para los padres, y la situación de los sindicatos no hace sino empeorar, como resultado de los intentos por suprimir el código laboral. Todas estas son manifestaciones de tendencias liberales extremas.
Señorías, ¿piensan ustedes que nuestros ciudadanos son ciegos ante el lenguaje extremadamente liberal del Tratado constitucional? ¿No saben nada de los asuntos que se discutieron en el debate celebrado antes de los referendos en Francia y los Países Bajos? ¿Desean que las deficiencias estadísticas vengan a incrementar la presión sobre los nuevos Estados miembros, que están siendo impulsados a la inexorable privatización de todas las propiedades estatales? ¿No saben que los nuevos Estados miembros se están convirtiendo en el terreno de experimentación de los 15 Estados miembros originales, a fin de constatar hasta dónde puede aguantar la gente? ¿Tengo razón, Señorías, o está muerto el «Estado social» y estamos avanzando en una dirección totalmente distinta?
Resulta saludable tener ante nosotros un proyecto de informe sobre la inclusión social. En él se abordan las cuestiones fundamentales, que también se pueden leer entre líneas, aun cuando todavía se echa en falta nuestra dirección futura, incluidas las normas sociales básicas. Se trata de un paso en la dirección correcta, si bien pequeño y tímido. 
Mieczysław Edmund Janowski,
    – Señor Presidente, señora Comisaria, puesto que estamos debatiendo acerca de la inclusión social, no deberíamos olvidar que cerca de 150 millones de ciudadanos de la UE tienen unos ingresos inferiores al 75 % de la media de la UE. Dos terceras partes de esta gente viven en los nuevos Estados miembros.
En nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, quiero dar las gracias al ponente por su preciso retrato de este problema complejo, cuya solución consiste en reducir drásticamente las zonas de pobreza, desempleo y exclusión social. Estos últimos aspectos están frecuentemente relacionados entre sí, y en ocasiones se transmiten de una generación a la siguiente, un punto que quiero subrayar. Todas nuestras estrategias y debates serán inútiles a menos que alcancen ciertos objetivos. En primer lugar, tienen que permitir proporcionar una ayuda rápida a quienes la necesitan. Este es un objetivo importante aunque a corto plazo, que exige la financiación adecuada. En segundo lugar, tienen que erradicar la pobreza, que constituye la causa principal de la desintegración social, o al menos reducirla en gran medida. Este es un objetivo a largo plazo, y a fin de alcanzarlo tendremos que estimular la regeneración económica de las regiones nuevas, mitigando con ello la plaga del desempleo.
Hoy quiero rendir homenaje a todos los que trabajan por alcanzar estas metas en toda la UE, sobre todo en los 10 nuevos Estados miembros. Por consiguiente, quiero dar las gracias a los gobiernos locales y a las ONG, incluida concretamente Caritas, así como a las instituciones de bienestar social y a las entidades filantrópicas por la labor que llevan a cabo. Quiero dar las gracias a quienes crean nuevos puestos de trabajo.
Si se me permite, voy a analizar en detalle únicamente dos temas. El primero de ellos es la familia. Los indicadores demográficos están haciendo sonar las alarmas, y la asistencia a las familias que están criando niños constituye una necesidad más que un acto de generosidad por parte de todos. Tenemos que encontrar las soluciones apropiadas. En segundo lugar, en la UE hay más de 45 millones de personas discapacitadas. De una vez por todas hay que hacerles sentir que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de la UE.
Por último, los temas a debate poseen también una dimensión moral. Para una persona que acaba de saciar su hambre no resulta nada sencillo comprender a otra que está hambrienta.
Jan Tadeusz Masiel (NI ).
     Señor Presidente, el informe Őry es un documento valioso que pone de relieve la continua desintegración social de los nuevos Estados miembros. Los países poscomunistas han sufrido tantos cambios y transformaciones en tan poco tiempo que la cabeza todavía nos da vueltas.
Los antiguos comunistas se acostumbraron rápidamente a esta situación. Tras saquear las arcas del Estado, se transformaron en empresarios o permanecieron en la política. Los más débiles de la sociedad, y me estoy refiriendo a clases sociales enteras, han sido los menos favorecidos a la hora de encontrar su rumbo en el nuevo escenario. Los trabajadores han perdido su puesto de trabajo y se han encontrado endeudados después de habérseles arrebatado sus medios de producción y sus mercados. La asistencia sanitaria ha dejado de estar al alcance de todos. El Estado del bienestar ha quebrado, y los ciudadanos han descubierto que de la noche a la mañana solo cuentan con sus propios recursos.
Los ciudadanos polacos no tienen mucha confianza en sus políticos. Por el contrario, confían en la UE y depositan grandes esperanzas en ella. Se precisa mayor cantidad de dinero para conseguir nuestras ambiciosas metas en cuanto a inclusión social, creación de puestos de trabajo y promoción del espíritu empresarial. Estamos en una fase de importancia estratégica del debate sobre el presupuesto de la UE, y la Comisión y el Consejo no deberían olvidar que cualquier euro invertido en los nuevos Estados miembros permanece en el bolsillo de la UE y equivale a invertirlo en la propia UE.
El Presidente.
   Se interrumpe el debate para dejar paso al turno de votaciones.
El debate se reanudará por la tarde.
Katalin Lévai (PSE ).
    El informe de Csaba Őry recaba nuestra atención sobre un problema importante. La tarea con que se enfrentan las autoridades locales pobremente dotadas en los nuevos Estados miembros es enorme: los bajos niveles de actividad económica y los, hasta cierto punto, bajos niveles de empleo; los modestos recursos disponibles para asignar a la atención sanitaria en términos nominales a pesar del hecho de que los importes no son proporcionalmente menores; las deficiencias concretas del sistema educativo y la exclusión social de las minorías. En teoría tienen que conceder mayor énfasis a las actividades encaminadas a la inclusión de los grupos sociales desfavorecidos por medio de su integración y participación real, ya que este entorno es la fuente tanto de los problemas que amenazan a nuestra cohesión social, como de la competitividad que anhelamos. Si no lo hacen, resultará imposible alcanzar los objetivos de Lisboa. Para acelerar el proceso de la inclusión social se precisa un cambio de actitud; los Estados miembros, las autoridades locales, el sector privado y el sector civil tienen que asumir todos una parte de la responsabilidad, sin prejuicio alguno.
Es necesario asignar mucha más financiación a este fin. La cooperación interinstitucional tiene que estar mejor coordinada. Quienes votaron negativamente a la Constitución estaban expresando su amargo desengaño respecto de la cuestión de la capacidad de Europa para hacer frente a su reto mayor, a saber, incrementar la competitividad al tiempo que se preserva el modelo social europeo.
El sistema existente de coordinación resulta inadecuado, como lo es el valor añadido que podemos esperar del instituto de investigación económica.
En el sector del bienestar social hacen falta nuevos proyectos que reflejen la dimensión europea de política social, proyectos de alta calidad que proporcionen información periódica a quienes afecte y procuren implicarlos. Más adelante, esto incluso podría llegar a adoptar la forma concreta de un instituto de investigación común, una expresión organizativa de la esencia de la Europa social, que examine las condiciones sociales e institucionales para mejorar la competitividad y explore la gestión de los asuntos sociales dentro de un paradigma innovador.
Al fin y al cabo, la mejor política social, sin lugar a dudas, es la redistribución de las oportunidades de empleo entre toda la sociedad y la dotación de formación para el mercado laboral.
Hablo por experiencia propia cuando afirmo que esta dimensión ha sido hasta ahora totalmente desatendida en los nuevos Estados miembros, donde la inmigración aún no se refleja en el nivel de comunicación. Permítanles que puedan disfrutar también de una pensión, al margen de la edad del solicitante, el género o el origen, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

El Presidente.
   Las autoridades italianas competentes han remitido una solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria del señor Marco Pannella en el marco de un procedimiento penal ante el Tribunal de Roma. Con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento, dicha solicitud ha sido trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos competente en la materia. Aunque no está previsto un debate sobre la comunicación en cuestión, considero oportuno, aunque sea muy brevemente, conceder la palabra al señor Marco Pannella.
Marco Pannella (ALDE ).
   – Señor Presidente, he pedido la palabra por una cuestión de observancia del Reglamento, con arreglo al apartado 2 del artículo 6, al que ha hecho usted referencia. Quisiera informarles a usted y a la Asamblea de que esta solicitud de suspensión que nos ha notificado usted debe contrastarse con el hecho de que el Parlamento ya rechazó la solicitud de suspensión de la inmunidad de forma casi unánime el 10 de febrero de 2004, por tanto hace ya un año y medio.
Hemos comprobado que la decisión fue debidamente comunicada el 23 de febrero de 2004 a las autoridades italianas competentes, tanto por el Parlamento como por la delegación italiana, y fue publicada en el Diario Oficial de 22 de abril de 2004. Por consiguiente, esta nueva solicitud –que nos hará perder de nuevo el tiempo– demuestra que, además de espagueti con almejas, también exportamos «justicia con almejas», que no siempre sabe bien.
El Presidente.
   Gracias, señor Pannella. La comisión competente se pronunciará sin duda sobre el fondo de la cuestión.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de votaciones.

Armin Laschet (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tal vez llegue un poco tarde para pedir hacer un alto, pero se trata de una cuestión importante referente a la enmienda 15 al párrafo 27. Este párrafo trata de los abusos contra niños en África cometidos por las tropas de la ONU, y la enmienda afirma que la ONU no los ha investigado en grado suficiente. Para empezar, eso no tiene nada que ver con la reforma de la ONU y, además, lo que afirma no guarda ninguna relación con las investigaciones que está realizando la ONU.
Me ha parecido ver que una mayoría apoya nuestra enmienda destinada a eliminar este párrafo, y yo le pediría, si es posible, que lo volviera a comprobar. 
El Presidente.
   Señor Laschet, le pido disculpas. Sin duda reconozco el mérito de la cuestión, pero el procedimiento no me permite sacar a votación una enmienda sobre la cual ya se ha votado y que ha sido rechazada.
Jo Leinen (PSE ).
   – Señor Presidente, el señor Laschet tiene mucha razón. Nuestro Grupo se sumó al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata–Cristianos) y de los Demócratas Europeos al votar a favor de suprimir este párrafo. Usted ha dicho que la enmienda fue rechazada; en realidad fue aprobada y el párrafo quedó suprimido. Ha llegado a una conclusión equivocada. La propuesta ha sido aceptada y, por tanto, este párrafo ha sido eliminado. 
El Presidente.
   Señor Leinen, lo confirmaré, y por supuesto siempre estoy dispuesto a verificarlo de nuevo, pues nadie es infalible: parece que los Grupos querían votar, los diputados no alzaron las manos, la votación tuvo lugar y yo por desgracia tuve que reconocer el resultado de la votación. No se me ha pedido ninguna comprobación y no puedo sentar un precedente negativo sobre los procedimientos de votación. Soy el primero en lamentarlo, pero debo continuar con el turno de votaciones.


Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    Creemos que debe ser competencia de los distintos Estados miembros adoptar posiciones sobre el posible apoyo al acuerdo para la conservación de los delfines. No es un asunto del que deba ocuparse el Parlamento Europeo. 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
    Según proclama el informe, las PYME representan más del 95 % de las empresas en la Unión. Por tanto, desempeñan un importante papel económico y social y, en consecuencia, merecen un mayor apoyo comunitario.
Sin embargo, al igual que en informes anteriores, se pone el énfasis en medidas que, bajo la apariencia de trabajar a favor de la competitividad, en realidad actúan contra los intereses de las microempresas y las PYME y a favor de las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos y financieros y las multinacionales. Por ejemplo, discrepamos en que los «cambios estructurales» en la UE sean beneficiosos y deban ser fomentados. Están en juego miles de puestos de trabajo y los «cambios» de este tipo tienen enormes implicaciones económicas y sociales.
Si bien la ponente señala que el análisis de los «cambios estructurales» es incompleto, también afirma que no existen datos indiscutibles sobre la deslocalización y se limita a sugerir que el Consejo encargue un informe. Lo cierto es que se están produciendo multitud de deslocalizaciones, con consecuencias desastrosas. Por consiguiente, hay que tomar medidas más eficaces para evitar que aumente el desempleo y que empeoren los estándares de vida. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . –La industria europea experimenta hoy grandes dificultades. En efecto, está sometida a un temible efecto de tijera entre, por un lado, la apertura unilateral de los mercados europeos a la competencia mundial salvaje y, por otro, las políticas dogmáticas de la UE: una política de la competencia que impide la emergencia de líderes europeos o el apoyo a actividades nuevas que el mercado solo no podría hacer emerger, reglamentaciones en todos los ámbitos, que multiplican las exigencias y los costes...
En qué se convierte la competitividad industrial cuando vemos las 1 200 páginas de la Directiva REACH sobre la industria química, auténtico monstruo reglamentario en el que nadie comprende nada, salvo que, tal como está, puede multiplicar los cierres de empresas y las deslocalizaciones, y hacer que doble la campana por la investigación europea en este sector.
No todas las propuestas del señor Vlasto son malas. Pero el principal defecto de su informe es considerar la mundialización ultraliberal un hecho ineluctable y esencialmente beneficioso. Y, como de costumbre, ver soluciones solo en más Europa.
A fuerza de extraviarse en esta dirección, la Unión Europea solo ha conseguido, hasta ahora, crear desempleo, pobreza, decepción y rechazo.
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   . La industria europea está sufriendo cambios estructurales debido a factores internacionales, pero sobre todo a razones internas.
Al margen de la primera fase del carbón y el acero, la UE ha dado la espalda a su industria, a pesar de constituir una fuente de puestos de trabajo, crecimiento económico, servicios, aptitudes y conocimientos que ninguna economía desarrollada puede permitirse el lujo de subestimar.
Así pues, la UE tiene que canalizar todos sus esfuerzos hacia una política coherente y activa en favor de su industria, una política capaz de prever los cambios estructurales y desarrollar una base industrial sólida y competitiva.
A la industria europea no le queda sino invertir en sus puntos fuertes, como el potencial humano, su capacidad de innovación y su tejido empresarial sustentado sobre las PYME, diferenciándose así de sus competidores.
Este apoyo a la política industrial implica un desarrollo equilibrado que mantenga la cohesión social. No debemos perder de vista el impacto de las recientes deslocalizaciones en las regiones. Los Fondos estructurales, tales como el Fondo Social Europeo, podrían destinarse a apoyar la reconversión socioeconómica e industrial de las regiones más afectadas. Una solución podría consistir en crear sinergias entre empresas, universidades y centros de investigación, creando con ello un arraigo duradero para la actividad industrial en una región concreta. 

José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   . En marzo de 2005, el Consejo ha realizado una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con vistas a convertirlo en un instrumento más flexible y racional. El Consejo ha optado por poner mayor énfasis en la «C» de Crecimiento que en la «E» de Estabilidad, a la luz de la recesión económica actual que está padeciendo la UE. De esa forma, el PEC ha quedado más politizado.
Sin embargo, dicha revisión no ha llegado a satisfacer las expectativas por una serie de razones, de las que destacaré dos.
En primer lugar, la reforma solo se hizo necesaria debido a que algunos Estados optaron, deliberadamente o no, por no atenerse a sus reglas. Peor aún, la UE estableció unas reglas que, aparte de no haber sido puestas en práctica, desembocaron en un proceso sancionador poco exigente y de escasa credibilidad. Los Estados miembros son a la vez juez y parte, y antes suspenderían la aplicación del PEC que imponer sanciones a uno de sus iguales. Como responsable del control del proceso, la Comisión debe tener poderes para imponer sanciones en caso de incumplimiento.
En segundo lugar, cualquier sanción tiene que tener carácter disuasorio y no solo de castigo. Imponer una sanción por incumplimiento a un Estado miembro con problemas presupuestarios es contraproducente. Deberían habilitarse otras sanciones, como la suspensión del derecho al voto en el ECOFIN. 

Marie-Noëlle Lienemann (PSE ),
   . –Este informe ha brindado la ocasión de una buena colaboración entre las tres instituciones europeas y la industria, con una convergencia en las exigencias medioambientales.
Se ha alcanzado el acuerdo sobre un punto fundamental, el abandono de las sustancias nocivas HAP y el empleo de productos de sustitución más seguros.
El Parlamento Europeo ha aceptado dotar a la industria de un año más para alcanzar este objetivo y autoriza la comercialización de las existencias, pues finalmente son poco importantes.
Tenemos aquí un caso en que la ambición medioambiental ha estimulado la investigación, permitiendo consolidar este sector industrial, y por tanto el empleo, y mejorar la calidad de los productos.
Es posible pues llegar a una conclusión en primera lectura.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
    Como ya dije durante mi intervención en la sesión plenaria, esta reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es tremendamente insuficiente. Lo que realmente necesitamos es suspender el PEC y aplicar una ruptura total respecto de las directrices económicas vigentes, a fin de crear las condiciones macroeconómicas para revitalizar la economía y crear más puestos de trabajo. Por eso abogamos por un auténtico Pacto de Crecimiento, Empleo y Progreso Social.
Otra razón por la que hemos votado en contra ha sido que el ponente pretende implicar al Banco Central Europeo y propone que la Comisión efectúe auditorías financieras de los Estados miembros.
He aquí un ejemplo perfecto de un informe que pierde de vista las razones fundamentales del «no» a la denominada «Constitución Europea» en Francia y los Países Bajos, así como de la necesidad de responder a los intereses de la gente. 
Bruno Gollnisch (NI ),
   . –La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se nos propone hoy solo es marginal, pero no por ello menos importante. Lo lamentable es que habrán sido necesarios ocho años para darse cuenta de que la valoración de los déficit no debe hacerse solo sobre la base de la cifra fatídica y perfectamente arbitraria del 3 % del PIB, sino también en función de «factores pertinentes»: un crecimiento duraderamente bajo, el envejecimiento de la población, las consecuencias de la ampliación chapucera de la UE o de la mundialización salvaje, etcétera. Ya era hora. Pero no es suficiente.
La Europa de Bruselas se ha pasado los últimos diez años sacrificando millones de puestos de trabajo al respeto de unos objetivos cuantificados dogmáticos (el 3 % del PIB de déficit público, el 60 % de deuda pública, o incluso una inflación máxima que el Banco Central Europeo ha fijado en el 2 %). Hoy debe convertir el empleo y la prosperidad de los pueblos en su primer objetivo, al que todos, absolutamente todos los demás, deberán plegarse, que no se disguste el Banco de Francfort ni los sectarios de la competencia pura y perfecta o los del libre cambio mundial sin ningún obstáculo.

Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    No somos favorables a que la UE tenga que proporcionar soporte financiero a la industria pesquera durante los períodos de parada biológica. Esa posición no significa que apoyemos la propuesta de la Comisión. Consideramos correctas las formulaciones individuales en el informe del Parlamento, por ejemplo, en el sentido de que deben establecerse por parte de las organizaciones regionales de pesca medidas relativas a los grandes migradores. Votamos en contra del informe en su conjunto, ya que no creemos que la UE deba ocuparse de asuntos pesqueros. Recomendamos que los temas de pesca regionales se resuelvan mediante la cooperación entre los países afectados. 

Philip Claeys (NI ).
    Señor Presidente, este informe no resuelve ningún problema; solo sirve para agravar los ya existentes. Aboga repetidamente en favor de la nueva inmigración legal, mientras la mayoría de los Estados miembros no saben cómo abordar los problemas que conlleva, como el nivel de desempleo y de delitos entre determinados grupos de inmigrantes, que es notablemente más alto que entre la población indígena. Como tampoco podemos obviar la conclusión de que amplios grupos de inmigrantes optan de forma deliberada por no integrarse. Aunque aprobáramos mil informes como el Gaubert, conteniendo nuevas medidas represivas contra los europeos que se valen de su derecho a la libre expresión de su parecer para proclamar su descontento con la situación, daría absolutamente lo mismo. Esto es hablar por hablar, y no le sorprenderá que haya votado en contra del informe Gaubert. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, si amplios círculos de la opinión pública europea tienen problemas con la inmigración masiva, lo que demuestra no es que sean xenófobos, sino que los inmigrantes en cuestión están deficientemente integrados.
El análisis de los hechos revela a las claras el porqué. Pensemos que en Alemania viven al menos 3,5 millones de musulmanes, alguno desde hace 40 años, que apenas hablan alemán. Detengámonos asimismo en las estimaciones según las cuales, dentro de unas décadas, la mitad de los habitantes de Francia y, muy posiblemente, una tercera parte de la población de ciudades alemanas como Stuttgart, practicarán la fe islámica. Reflexionemos acerca de las regiones de Italia en las que los inmigrantes ilegales son responsables de un tercio o incluso la mitad de todos los delitos. Parémonos a pensar que en España, que acoge a más de un millón de musulmanes, se está reclamando que se permita volver a utilizar la catedral de Córdoba como mezquita. Todo esto es una prueba de que tales inmigrantes están muy escasamente integrados. Resulta vital que no solo aprendan el idioma de los países a los que llegan para vivir, sino que asuman como propia la cultura y la historia de sus nuevas patrias. Si no lo hacen, los Estados europeos no tendrán ni idea, dentro de unas pocas décadas, de cuál es su propia identidad. 
Carlos Coelho (PPE-DE ),
   . Puesto que la entrada de emigrantes económicos se encuentra en el centro de cualquier política de inmigración, hay que crear una marco jurídico común y reforzar las políticas de integración, fijando unos principios comunes básicos en materia de integración de inmigrantes legales.
Así pues, hay que fijar tres ejes fundamentales:
- la promoción de la inmigración legal, como parte de un planteamiento global y horizontal, proporcional a la capacidad real de cada Estado miembro; hay que hacer especial énfasis en trabajar a la par con los países de origen y tránsito, sobre todo mediante campañas de información.
- la integración eficaz de los inmigrantes, con políticas de acogida e integración que deben tener en cuenta las características y lazos históricos de cada Estado miembro. Debería establecerse una serie de derechos comunes para todos los emigrantes en la UE, pero no debemos perder de vista el hecho de que una «generosidad» excesiva a la hora de conceder derechos suplementarios, tales como el derecho al voto, puede traducirse en una mayor resistencia y convertirse en fuente de una xenofobia no deseada.
- combatir decididamente la inmigración ilegal; hay que intentar detener la inmigración ilegal, a ser posible en el país de origen, así como los problemas relativos a la explotación económica de los emigrantes. Hay que prevenir además todas las modalidades de tráfico de seres humanos, castigándose allá donde ocurran. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    Con el fin de evitar construir una «Fortaleza Europa», es importante que no creemos una política europea uniforme de asilo e inmigración. Cada Estado miembro debe ser libre, si lo desea, de practicar una política más generosa en este ámbito, algo que se ve impedido si los Estados miembros se encuentran amordazados por unas normas comunes de la UE.
Por consiguiente, la Lista de Junio no puede respaldar el informe. 
Carl Lang (NI ),
   . –Este informe es un monumento a banalidades, antífrasis, necedades y propaganda inmigracionista, todo a la vez.
Banalidades en el considerando M, donde se indica que una modificación de la política de inmigración en un Estado miembro influye en los flujos migratorios de los demás Estados miembros. ¡No es más que la consecuencia evidente de Schengen y de un espacio sin fronteras! Sin embargo, ello no impide al señor Gaubert proponer en el apartado 32 incentivos a operaciones de regularización masiva de inmigrantes.
La falta de lógica y la irresponsabilidad de este informe no se paran ahí. ¡Tras llamar a optimizar el potencial de la inmigración, reafirmado el derecho a no ser rechazado en las fronteras, a acceder al mercado de trabajo y a participar en la vida pública y política para los no nacionales, el informe recuerda que todas estas políticas deben inscribirse en el marco de los principios de solidaridad y reparto de las responsabilidades recogidos en el Tratado constitucional! ¿Es necesario recordar que ese texto ha sido enterrado por el doble «no» francés y neerlandés, así como por el hecho de que los británicos la hayan puesto en cuarentena?
El grupo de presión inmigracionista debería bajarse de su torre de marfil y empezar a escuchar la voz de abajo, la de las naciones.
Marine Le Pen (NI ),
   . –Este informe destinado a «organizar» la inmigración y favorecer la «integración» es un clásico del género, discreto en lo que se refiere a las causas, ciego en cuanto a las consecuencias y totalmente demagogo con respecto a las soluciones que deben aportarse.
Ante una Europa que envejece, una natalidad que sigue igual de desfalleciente y un declive anunciado de la población activa del orden de 20 millones entre 2005 y 2030, el ponente, diputado de derechas, pero también dirigente de una asociación «antirracista», prevé importar una inmigración adicional que penalizará nuestra economía y debilitará nuestra cohesión nacional. La política europea, destinada a «construir una sociedad intercultural», es decir organizada en torno a consideraciones étnicas o religiosas, está desconectada de las realidades sociales, económicas o comunitarizadas, y es potencialmente conflictiva. Para integrar poblaciones inmigradas, antes hace falta que estas manifiesten el deseo y realicen los esfuerzos necesarios para su asimilación. 
Los demagogos europeos pasan por alto un necesario relanzamiento de la natalidad europea, una política familiar digna de tal nombre y la imperiosa necesidad de adaptar nuestro mercado de trabajo a la demanda para vencer el desempleo. 
Por último, el informe omite abordar la cuestión de la instalación de una forma radical del islam en nuestro suelo, con todas las consecuencias que ello implica para los derechos de la mujer, la seguridad y la democracia.
Britta Thomsen (PSE ),
    Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe del señor Gaubert sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal y la integración de los emigrantes. No obstante, somos conscientes del hecho de que algunas secciones del informe afectan a un entorno cubierto por el Título IV del Tratado CE y por tanto no son aplicables a Dinamarca, cf. el protocolo sobre la posición de Dinamarca. 

Carlo Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, anoche me dormí pensando en cómo votar sobre el informe Bowis relativo a la movilidad de los pacientes en Europa y soñé con la bellísima rubia italiana, Elena, que me estaba felicitando durante la cena. Me decía: «Bien hecho Carlo, tu propuesta de facilitar los viajes turísticos por Europa de todos los jubilados ha sido aprobada. Sin duda deberán recorrer un poco todos los hospitales de Europa, pero no se puede tener todo en este mundo: debes contentarte y votar a favor de este informe». ¿Se me puede reprochar que siga el consejo de la bellísima rubia Elena? No, y por tanto he votado a favor.
Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE ),
    En la votación final hemos decidido votar a favor del informe de iniciativa propia del Parlamento Europeo sobre la movilidad de los pacientes. Lo hemos hecho porque pensamos que el texto de la resolución, en conjunto, expresa nuestro concepto de asistencia sanitaria. No obstante, hay partes de la resolución del Parlamento Europeo que revelan ciertas ambiciones supranacionales, inaceptables para nosotros, en el ámbito de la asistencia sanitaria.
Cada país es responsable de la asistencia sanitaria de sus ciudadanos. Cuando estos se hallan temporalmente en otro país del EEE, su tarjeta sanitaria europea les da derecho a recibir en él un tratamiento no planificado. Es una convenio que cuenta con nuestra aprobación y que parece funcionar correctamente.
La gente tiene derecho a influir en la forma en que se utiliza el dinero de sus impuestos. Si se pretende que los pacientes puedan elegir libremente la asistencia sanitaria en otro Estado miembro y que esta sea sufragada por los contribuyentes de su país de origen, ese principio se ve amenazado. Además, nos tememos que este procedimiento resulte muy costoso y favorezca a los pacientes ricos a costa de los más vulnerables. Creemos igualmente que los temas referentes a la asistencia sanitaria no deben incluirse en el proyecto de la Directiva relativa a los servicios. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
    El informe del señor Bowis sobre la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria pretende garantizar el derecho del paciente a recibir el tratamiento oportuno en un Estado miembro diferente, en el caso de que no exista en su país de origen o no esté disponible en un plazo razonable de tiempo. Por tanto saludamos con enorme satisfacción el informe, aunque se queda muy corto en cuanto a las necesidades e incluso es contradictorio en ciertos aspectos.
El ponente considera que los Estados miembros son responsables de habilitar, financiar y proporcionar la asistencia médica y los servicios sanitarios, aunque no menciona a los profesionales de la sanidad y se contenta con afirmar vagamente que es responsabilidad de la Unión garantizar la salud pública.
El informe subraya también la prioridad de mantener y garantizar el acceso no restringido y universal a los servicios de sanidad pública en cualquier país de la UE, aunque no queda totalmente claro quién debe pagarlos.
Otro aspecto destacado es que los servicios sanitarios están destinados a la gente necesitada y, por tanto, no pueden compararse con artículos a la venta; así pues, esto no debería incluirse en la Directiva relativa a los servicios generales. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    En la situación actual, los ciudadanos de la UE tienen derecho a recibir atención sanitaria en otros Estados miembros y a que le sean reembolsados los costes de la misma en su propio país. Es algo que se considera parte natural del mercado interior. Saludamos con agrado un marco uniforme que clarifica el derecho a solicitar atención sanitaria en otro país de la UE. Por tanto, somos favorables a la Comunicación de la Comisión sobre la movilidad de los pacientes (COM(2004)0301).
El informe del Parlamento se ocupa de aspectos distintos de las medidas necesarias para alcanzar unas leyes satisfactorias que regulen la capacidad de recibir asistencia sanitaria en otro país de la UE. El informe trata de todo, desde la telemedicina hasta la investigación de la UE sobre la movilidad de los pacientes. En consecuencia hemos optado por votar contra el informe del Parlamento en conjunto. 
Sérgio Marques (PPE-DE ),
   . La movilidad de los pacientes es un asunto complejo a la vista de las diferencias entre los sistemas nacionales de atención sanitaria y las costumbres en cuanto a cuidados médicos.
No obstante, los pacientes tienen que tener el derecho a recibir el tratamiento oportuno en otro Estado miembro si no existe en su propio país o no está disponible dentro de un plazo razonable de tiempo.
Hay que elaborar con carácter urgente una política coherente sobre movilidad de los pacientes, que fije las directrices a usar por los pacientes, los profesionales de la salud y los organismos de financiación.
Por tanto, he votado a favor del informe, a fin de que todos podamos disfrutar de las ventajas de este avance positivo para la Comunidad Europea.
También quiero resaltar que los servicios de atención sanitaria son para la gente que los necesita y por consiguiente no pueden compararse con artículos a la venta. Así pues, este tema exige una propuesta independiente de la Comisión y no debería incluirse en la Directiva relativa a los servicios generales.
Por último, ahora que ha sido creada la tarjeta sanitaria europea, la Comisión debe controlar su puesta en práctica en los Estados miembros, a fin de garantizar que se les proporciona una información clara y comprensible sobre cómo funciona la tarjeta. 
Frédérique Ries (ALDE ),
   . – Bowis, sobre la movilidad de los pacientes. Un texto que recuerda algunas evidencias: la salud como prioridad en la Europa de los veinticinco, desde el momento en que se le consagra el 10 % de los PIB nacionales, y la salud como política esencialmente nacional, edificio principal de la cohesión social, que hoy debe afrontar dos desafíos capitales: garantizar el acceso a los tratamientos a todos los ciudadanos y controlar la explosión de los presupuestos de sanidad en la mayoría de los Estados miembros, como sucede en Bélgica. 
Esta especificidad de los servicios sanitarios justifica a mi entender la exclusión de la asistencia sanitaria de la Directiva sobre los servicios, llamada Bolkestein, tal como prevé el apartado 4 de la resolución. 
Una política sanitaria que debe encontrar naturalmente su prolongación a nivel europeo. Esto significa que hay que facilitar la movilidad de los pacientes del mismo modo que la del ciudadano-viajero, la del estudiante o la del hombre de negocios, lo que justifica la materialización sobre el terreno de la tarjeta sanitaria europea. Lanzada en 2004 en sustitución del formulario E111, esta herramienta ha de permitir a los ciudadanos hacer valer, en todas las circunstancias, sus derechos al seguro de enfermedad de un modo simple y eficaz. 

James Hugh Allister (NI ),
   . Dado que me opongo firmemente a que la UE adquiera la categoría de Estado y se imponga obligatoriamente una política exterior única para Europa, he votado en contra de la Resolución que pide que la reforma de la ONU incluya un puesto para la UE. Se trata de una resolución impulsada por los que están consumidos por el deseo fanático de usurpar la autoridad y el estatuto nacionales.
Desde mi punto de vista, solo los Estados nacionales pueden y deben representar a sus ciudadanos en la Naciones Unidas, siendo cada uno de ellos libre de definir su propia política exterior. Derrotada la Constitución Europea, ahora hay aún menos justificación que antes para esta descabellada propuesta. 
Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    La resolución contiene bastantes propuestas constructivas acerca de las vías en que pueden reformarse las Naciones Unidas, por ejemplo, mediante un Consejo de Seguridad más amplio y representativo, una mayor labor medioambiental y poniendo énfasis en las conexiones entre desarrollo y medio ambiente.
A pesar de esto, no podemos apoyar el informe ya que al mismo tiempo está encaminado a reforzar la política exterior común de la UE, en primer lugar a través de la petición de que los países de la UE encuentren un enfoque común a la labor de reformar las NU y, en segundo, por medio de la propuesta de que la UE esté representada en el Consejo de Seguridad. La última propuesta demuestra a las claras que la UE ambiciona actuar como un Estado en el entorno internacional, algo a lo que nos oponemos abiertamente. A nuestro juicio, el pueblo sueco debe hacer escuchar su voz en las Naciones Unidas de manera directa, no a través de la UE. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   . Los motivos reales que esconde esta resolución se pueden entender leyendo la resolución sobre las relaciones transatlánticas, sometida a debate en este Pleno, que aboga por una asociación entre la UE y los Estados Unidos e «insta a las dos partes a que participen activamente en la reforma de las Naciones Unidas y, en particular, de su Consejo de Seguridad, incluida su composición ... con la autoridad para conceder permiso para hacer uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales y para aumentar su eficacia y responsabilidad así como su capacidad para poner en práctica sus decisiones».
A pesar de su lenguaje oscuro, la resolución es incapaz de ocultar sus intenciones de «legitimar» y «normalizar» la aprobación de «medidas preventivas», la «intervención humanitaria» y «la posibilidad de usar la fuerza» por parte de los ejércitos de países de la UE «convertidos» en fuerzas de intervención exterior.
En otras palabras, la intención consiste en transformar las Naciones Unidas en un organismo –en el que los Estados Unidos mueven los hilos, junto con la UE, y me estoy refiriendo a Francia, el Reino Unido y Alemania– que «blanquee» sus políticas imperialistas, así como su interferencia y sus ataques contra la soberanía de los Estados y de los pueblos.
La resolución respalda por tanto la militarización creciente de la UE y aspira a un sillón en el Consejo de Seguridad para este bloque político y militar en gestación, una vez que haya sido ratificada la denominada «Constitución Europea».
¡Vivan los votos del «no» en los referendos francés y neerlandés! 
Mary Honeyball (PSE ),
    – El Partido Laborista Parlamentario Europeo comparte el apoyo ofrecido en esta resolución a los informes del Grupo de Alto Nivel y del Secretario General de la ONU sobre la reforma de las Naciones Unidas. El Partido Laborista Parlamentario Europeo respalda plenamente la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de que refleje mejor el mundo actual, y también apoya las mejoras encaminadas a conseguir que la UE cuente con voz propia en las Naciones Unidas. Sin embargo, está fuera de lugar hablar de un puesto para la UE, ya que la Carta de las Naciones Unidas no permite ser miembros a organizaciones como la UE. No queremos prejuzgar el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
Athanasios Pafilis (GUE/NGL ),
   .– La propuesta de resolución sobre la reforma de las Naciones Unidas es parte de los esfuerzos de las potencias imperialistas para llevar adelante una reforma reaccionaria de los principios fundamentales de las NU, en un intento por plasmar y «legalizar» el dominio imperialista provisional como «ley internacional».
La propuesta de resolución y las Declaraciones del Consejo y de la Comisión revelan cómo la UE y los Estados Unidos están operando en la misma frecuencia contra los pueblos y se esfuerzan por cobijar su política agresiva y bárbara bajo el manto de las NU.
Entre otras cosas, quieren salvaguardar el derecho de intervención y de guerra preventiva so pretexto de combatir el terrorismo y exportar la democracia, de forma que puedan golpear contra países y movimientos de base que se oponen al imperialismo y no optan por el capitalismo como sistema social propio.
Las propuestas del Secretario General de las NU dictadas por los Estados Unidos y la posición propuesta de la UE y los Estados Unidos pretenden construir un mecanismo global compuesto por las NU y las organizaciones imperialistas (FMI, OMC, BM, G8 y demás) a fin de consolidar el gobierno de las grandes empresas. Sin embargo, los desacuerdos y las disputas entre ellos se están agudizando y, al mismo tiempo, están fortaleciendo la lucha de los pueblos.
La NU no adolece de medidas de democratización. Lo que necesita es que el gobierno imperialista sea derrocado y que cambie la correlación de poderes, a fin de que puedan crearse las condiciones previas para las relaciones internacionales basadas en la igualdad entre Estados y en la paz. 
Tobias Pflüger (GUE/NGL ),
   . La resolución de hoy en esta Cámara sobre la reforma de las Naciones Unidas (B6–0328/2005, presentada por el señor Laschet) propugna desarrollos inquietantes y aberrantes dentro de las Naciones Unidas abogando, entre otras cosas, por la introducción en el Derecho internacional de lo que denomina «intervenciones humanitarias» militares.
Pero más grave es que la resolución abre la puerta a la posibilidad de la guerra preventiva por orden del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Quienes desean ver a las NU ordenando la guerra preventiva pisotean el derecho internacional. Reformar así las Naciones Unidas equivaldría a que las NU santificaran el principio de la «ley del más fuerte». Tal «reforma» de las NU refrendaría el peligroso planteamiento de la guerra preventiva; no sería ni más ni menos que un programa de apoyo a la guerra. Esa es una de las razones por la que estoy muy contento de que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica haya rechazado esta resolución. 

Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    La resolución puede considerarse la relación de deseos del Parlamento Europeo en la antesala de la próxima cumbre Unión Europea-Estados Unidos del 20 de junio de 2005 en Washington. Contiene una serie de propuestas relativas a la forma que ha de adoptar la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en varios ámbitos, incluida la política de seguridad, el medio ambiente, la energía y la economía. Bastantes de las peticiones son constructivas, pero no creemos que la UE deba representar a 25 Estados miembros frente a los Estados Unidos, incluso en el entorno de la política de seguridad. Por tanto, tampoco podemos apoyar la resolución. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ),
   . La resolución presentada por la derecha y por los «socialistas» acoge «favorablemente» la «mejora de las relaciones transatlánticas» antes de la Cumbre UE–EE.UU. que se ha de celebrar en Washington el 20 de junio, y de la Conferencia Internacional sobre Iraq, fijada conjuntamente por los Estados Unidos y la UE para el 22 de junio. Pretende dar continuidad a los peligrosos objetivos recogidos en la denominada «Constitución Europea» y en la «Estrategia Europea de Seguridad».
Luego reafirman la necesidad de «cooperación entre los socios transatlánticos basada en una estructura institucionalizada firme», para «resolver asuntos políticos de alto nivel, como las decisiones relativas al uso de la fuerza y temas relacionados con el orden mundial», «partiendo del claro principio de que trabajar juntos es más beneficioso para cada uno de los socios que trabajar en direcciones diferentes o incluso contrarias».
Sin ocultar las contradicciones (rivalidades), la resolución aboga por la asociación en materia de la denominada «lucha contra el terrorismo», de la «no proliferación de las armas de destrucción masiva y el uso de la energía nuclear», de las relaciones con China, India, Japón, Latinoamérica y Rusia, de la situación en Ucrania, Líbano y Kirguistán, de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y de la reforma de las Naciones Unidas.
Resalta igualmente que la OTAN debería convertirse en «una verdadera asociación entre iguales» y pide una «una relación más estrecha entre la OTAN y la UE», que reforzaría las relaciones entre la UE y los Estados Unidos.
En otras palabras, se trata de imperialismo en acción ... 
Jana Hybášková (PPE-DE )
   , . Los Estados Unidos y Europa, como dos sistemas democráticos globales, comparten la misma amenaza «no estatal»: el terrorismo y la proliferación de armas. La necesidad de actuar conjuntamente para defender los valores democráticos y liberales supone una nueva oportunidad para renovar las relaciones transatlánticas. La señora Rice ha dejado claro recientemente que los Estados Unidos necesitan y acogen con satisfacción una Europa fuerte y unificada que pueda hablar con una sola voz. No obstante, esta política no se ve reflejada en el modo en que los Estados Unidos abordan a los ciudadanos europeos. A pesar del hecho de que los ciudadanos de los nuevos países miembros de la UE se esforzaron durante mucho tiempo por lograr la democracia y el liberalismo en Europa, y ofrecieron un fuerte apoyo a los Estados Unidos en su presión global a favor de la democratización, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros siguen siendo percibidos como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por ello pido a la Comisión que inicie de inmediato negociaciones con las autoridades estadounidenses y otorgue a esta cuestión una alta prioridad política en sus relaciones con los Estados Unidos. Pido a la Comisión que inicie de inmediato las negociaciones sobre la aplicación del programa de Exención de Visados para todos los ciudadanos de la UE. Pido a la Comisión que utilice ese llamamiento a favor de una Europa fuerte y unificada y pida a los Estados Unidos que den el mismo trato a todos los ciudadanos de la UE. 
Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE ),
   . –En nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, la señora Neyts, coordinadora de la Comisión de Asuntos Exteriores, indica que el Grupo ALDE ha votado en contra de las enmiendas del Grupo de los Verdes y, en particular, en contra de las enmiendas 8, 10 y 11 (cambio climático, nuevas armas nucleares y Tratado de No Proliferación) para protestar contra la costumbre de los Verdes de no asociarse a una resolución común y después presentar enmiendas que ni siquiera han sido debatidas en las negociaciones sobre dicha resolución común, en la que el Grupo de los Verdes ha participado.
Georgios Toussas (GUE/NGL ),
   – La propuesta de resolución confirma de nuevo los «lazos de sangre» entre la UE y los EE.UU. a costa de los pueblos y los «valores» comunes de barbarie imperialista que les unen.
A pesar de las diferencias acerca de la división de los mercados y de los territorios, su voluntad por cooperar a fin de golpear a los países y a los pueblos es patente y queda expresada en la propuesta para alcanzar un acuerdo entre ellos basado en:
• el fomento del plan de «promoción de la democracia» anunciado por Bush para su nuevo mandato,
• la aplicación del plan EE.UU./OTAN para controlar el Oriente Próximo,
• el planteamiento común para aumentar la competencia con China, India y Rusia,
• los preparativos conjuntos para establecer gobiernos sumisos al imperialismo,
• la reforma reaccionaria de las NU,
• vínculos más estrechos entre la OTAN y la UE a fin de afrontar la resistencia de nivel bajo.
La política global de la UE, incluida la proyectada mediante la propuesta de resolución conjunta firmada por los partidos «conservadores» y socialdemócratas, demuestra que los Estados Unidos y la UE son las dos caras de una misma moneda. Ponen de relieve la necesidad de que los pueblos peleen por derrocar el sistema imperialista en su conjunto y redoblen directamente su lucha y su solidaridad a fin de rechazar los nuevos planes agresivos del nuevo orden. El pueblo griego no debe permitir que su país participe en los nuevos planes imperialistas. 

Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    La resolución sobre la situación en Uzbekistán constituye un ejemplo más del ansia del Parlamento Europeo por reforzar la Política Exterior y de Seguridad Comunes de la UE. Nos oponemos a este desarrollo.
A nuestro juicio, Uzbekistán no se halla en la vecindad de la UE. Creemos que, en este caso concreto, son otras las organizaciones –como las NU, la OSCE y el Consejo de Europa– que tienen la obligación de atender a la prevención de conflictos y a reforzar los derechos humanos. Por consiguiente, respaldamos el llamamiento –formulado por las Naciones Unidas con el apoyo, por ejemplo, de la OSCE– para que la situación en Uzbekistán sea objeto de una investigación independiente. 
Andreas Mölzer (NI ),
   . Los altos niveles de desempleo y los bajos salarios han vuelto a empujar a la gente normal a expresar su descontento mediante acciones de protesta, esta vez en Uzbekistán. Una revolución tranquila como las que se produjeron en Georgia o Ucrania resulta improbable debido a la ausencia de una minoría de oposición organizada como la de estos países.
No cabe duda de que los islamistas están intentando sacar provecho de la situación y que van a procurar abanderar otras revueltas populares o utilizar los ataques terroristas como un medio para conseguir sus fines. Por consiguiente, la amenaza de guerra civil podría ser aún más inminente caso de ser ciertos los informes sobre la grave enfermedad del Presidente Karímov.
La propagación por todo el mundo de las actividades terroristas islámicas confiere una importancia fundamental a que se contrarreste esta evolución y se encuentre una solución pacífica, si es posible. Precisamente por esta razón, la represión brutal de la revuelta y el impedimento para que se lleva a cabo una investigación objetiva de la misma corren el riesgo de transformar el descontento popular en una espiral de violencia cada vez más desenfrenada. El contrato por valor de 600 millones de dólares para suministro de petróleo a China, firmado a renglón seguido de los sucesos, supone el envío de un mensaje erróneo.
Nuestro acuerdo comercial asciende a 16 millones de euros y deberíamos suspenderlo como forma de «persuasión» del Gobierno uzbeko para que cambie de actitud. Esa es la única forma de poder tener bajo control este foco de crisis. 

Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
    Hemos votado en contra de este informe porque constituye un ejemplo típico de la ideología neoliberal soportada por el Parlamento. Las propuestas que nosotros presentamos han sido rechazadas en su mayoría. Por ejemplo, no tuvieron en cuenta que los años desde la creación de la zona euro se han caracterizado por un lento crecimiento económico y del empleo, un aumento de las tasas de desempleo y una transferencia de los beneficios de la productividad desde los trabajadores hacia los empresarios, así como por la persistencia de altos niveles de desempleo, pobreza, exclusión social y desigualdad de renta en la UE.
Tampoco han tenido en cuenta el hecho de que la estrategia europea de empleo definida en noviembre de 1997, incluida en la Estrategia de Lisboa tal como se definió por el Consejo en marzo de 2000, ha sido el instrumento principal para promover la flexibilidad, adaptabilidad y movilidad de la mano de obra, el ajuste salarial y los cambios en la composición de los salarios, así como la apertura a los intereses privados del grueso de los servicios de la seguridad social, incluidas las pensiones y la salud, lo cual ha producido un impacto negativo sobre la calidad y la seguridad de los puestos de trabajo creados, sobre los derechos de los trabajadores y sobre la distribución de la renta, así como sobre el nivel general de productividad. 
José Albino Silva Peneda (PPE-DE ),
   . En los mercados mundiales cada vez más globalizados, está resultando difícil para las empresas europeas seguir siendo competitivas.
A nivel interno, la industria europea está atravesando un período de reconversión intensa con la subsiguiente pérdida de puestos de trabajo y cierre de centros de producción. Algunas regiones y algunos sectores industriales han sufrido profundos cambios en su modelo de empleo. El hecho de que el crecimiento económico en la UE se halle por debajo del 2 % constituye un factor adicional en este lúgubre escenario.
Para que la UE continúe siendo una zona de progreso económico, social y medioambiental, los Estados miembros tienen que poner en práctica reformas de sus mercados laborales con el fin de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de hacer económicamente atractivo el trabajo. La reforma de estas políticas sociales y fiscales tiene que plantearse de manera coherente, como requisito previo para un desarrollo y crecimiento sostenibles.
Dentro de este contexto, la reforma del mercado interior, incluida la libertad de prestación de servicios transfronterizos, permitirá conseguir el crecimiento económico que necesita la UE para poder generar más del 70 % de la riqueza y los puestos de trabajo del mundo. 


El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros.
Jean Louis Cottigny (PSE ).
   –Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega, el señor Öry, es a mi entender una fuente importante de propuestas que permite a la Comisión y al Parlamento superar el desafío de la ampliación. En efecto –y lo vemos claramente a través de los debates que animan actualmente los antiguos Estados miembros–, el temor al dúmping social generado por esta es omnipresente y, a mi entender, infundado, si somos capaces de aportar elementos de respuesta adecuados.
Antes que nada quisiera señalar, como por desgracia es costumbre en esta Cámara, a la Comisión que si no se ponen a disposición medios financieros en el plazo más breve posible para aplicar las recomendaciones contenidas en este informe, por muy completo que sea, se quedará en letra muerta. La lucha contra todas las formas de pobreza y todas las formas de exclusión es la condición esencial para poner a Europa en la vía del progreso social.
En la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales acordamos que las respuestas que deben darse a la cuestión de la inclusión social no se limitan meramente al ámbito del empleo, sino que deben englobar otras prioridades sociales: el acceso a la educación para todos, sin discriminaciones étnicas o sociales, a fin de garantizar un núcleo común de conocimientos esenciales para una buena integración en la sociedad; el acceso a una asistencia de calidad para todos: el hecho de que hoy aún se pueda curar un cáncer en un lugar de Europa y morir de gripe en otro no será nunca justificable; el acceso a la vivienda para todos, que es también una de los temas de este informe: las viviendas sociales deberán estar inteligentemente repartidas por el territorio para evitar cualquier forma de gueto; habrá que alentar y apoyar la lucha contra todas las formas de discriminación, ya sea la discriminación sexual en el puesto de trabajo, la discriminaciòn racial o la discriminación asociada a una discapacidad o a circunstancias sociales. 
Europa debe ofrecer ahora protección: para poder progresar, ante todo debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos. Los principios básicos de empleo, vivienda, formación y asistencia sanitaria son los verdaderos cimientos de lo que debería ser la construcción de Europa, una Europa que esté al servicio de los europeos.
Sophia in ‘t Veld (ALDE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por este excelente informe. Muchas de las recomendaciones son válidas para todos los Estados miembros y no solo para los nuevos.
Aplaudo el contenido esencial del informe, pero creo que debería establecer una clara distinción entre las responsabilidades europeas y las de los Estados miembros. La primera arma en la lucha contra la exclusión social son, desde luego, los puestos de trabajo. Por ello necesitamos revitalizar nuestra economía y reformar nuestros sistemas de seguridad social para reincorporar de nuevo a las personas en el mercado laboral y no mantenerlas en la trampa de la pobreza. La exclusión más o menos permanente del 10 % de nuestra mano de obra del mercado laboral es una vergüenza absoluta para nuestra sociedad civilizada.
El ponente afirma con razón que combatir la exclusión social se realiza mejor a escala local. Por ello es preocupante que en muchos países –nuevos y viejos, incluido el mío– la situación financiera de las autoridades locales sea cada vez más grave. La autonomía local carece de significado sin los recursos financieros necesarios.
En las políticas de derechos fundamentales y sobre todo en la lucha contra la discriminación, la UE puede y debe desempeñar un papel clave. La UE tiene un notable historial en materia de igualdad de género. Debería ser igualmente activa en la lucha contra el racismo y la discriminación, y debería defender y promover activamente la igualdad de derechos y la igualdad de trato para todos.
Desde mi punto de vista, la Comisión Europea debería ser menos tímida. La Unión Europea no puede girar la cabeza y mirar a otro lado ante una flagrante discriminación, aduciendo que es responsabilidad de los Estados miembros. Los valores europeos son universales.
El informe resalta la importancia de invertir en los niños como el mejor modo para promover la inclusión social. Dar a los niños un buen comienzo en la vida y unas perspectivas reales debería ser una de las prioridades clave. 
Milan Cabrnoch (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, gracias por brindarme la oportunidad de exponer mi parecer sobre el proyecto de informe sobre inclusión social en los nuevos Estados miembros de la UE. Quiero comenzar agradeciendo al ponente su labor y felicitándole por haber establecido en el informe una distinción entre inclusión social e igualitarismo o corporativismo
A la hora de crear condiciones especiales para determinados grupos sociales, nunca debemos perder de vista el hecho de que todos los ciudadanos tienen que ser considerados iguales. La discriminación positiva es tan censurable como la negativa. Es una realidad que algunos grupos sociales tienen más o menos diferencias o problemas. Apoyo totalmente la solidaridad con estos grupos. Estoy seguro de que la mejor forma de conseguir su inclusión social consiste en crear condiciones iguales para todos ellos. La exclusión administrativa y el trato de preferencia a grupos aislados no constituyen la vía hacia la inclusión social, sino hacia la exclusión social permanente.
Si se tiene en cuenta el número de grupos desfavorecidos que se mencionan, con toda justicia, en el informe –o en otras palabras, las mujeres, las familias monoparentales, los individuos que acceden por primera vez al mercado laboral, las personas de edad avanzada, los pobres, los enfermos, las personas con discapacidad, los asistentes desinteresados, los niños desfavorecidos, los niños vulnerables como consecuencia del abandono de la autoridad parental, las minorías lingüísticas, los refugiados, los inmigrantes, los romaníes, otras minorías étnicas, las personas sin hogar, los alcohólicos y los drogadictos– no sería una exageración concluir que los ciudadanos normales, sin ninguna discapacidad, constituyen una minoría amenazada en la sociedad.
No creo que tengamos que crear programas para quienes no han logrado quedar encuadrados en un solo grupo amenazado. El informe a debate pretende combatir la exclusión y creo que –de forma paradójica– hemos excluido 10 países de los 25 Estados miembros, todos los cuales tienen iguales derechos, por el hecho de haber accedido a la Unión Europea unos años más tarde. Creo firmemente que, la próxima vez, la Unión Europea tendrá que atajar este tipo de exclusión y que el próximo informe sobre inclusión social analizará la situación en todos los Estados miembros de la UE.
El informe hace referencia al proyecto del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Soy consciente de que el ponente ha elaborado este informe en un momento en que todavía no resultaba evidente que la Constitución había quedado rematada. Dado que la población de Francia y de los Países Bajos ha rechazado el proyecto de Constitución para Europa, estas referencias carecen de fundamento y deberían suprimirse del informe. Doy las gracias al ponente por su notable labor, que resulta beneficiosa para la Unión Europea y para mi país. 
Marcin Libicki (UEN ).
    – Señor Presidente, el ponente, y de hecho el propio informe, merecen nuestro reconocimiento por poner de relieve algunos aspectos clave y hacer gala de una gran dosis de sensibilidad. Pero incidiendo sobre un aspecto apuntado por el señor Cabrnoch y la señora In ’t Veld, la atención exclusiva por parte del informe a los nuevos Estados miembros constituye un error notable, ya que los problemas que plantea afectan a la UE en su conjunto. Quiero mencionar solo un ejemplo, el de mi propio país, Polonia. Más del 60 % de los jueces en Polonia son mujeres, y dado que se trata de una profesión de considerable relevancia social, resulta difícil de entender que se pueda hablar de exclusión. De forma análoga, las mujeres representan más del 60 % de los médicos en el país, y Polonia tiene más empresarias en funciones directivas que cualquier otro país en Europa. Esto plantea la cuestión de por qué se ha diferenciado en el informe entre antiguos y nuevos Estados miembros.
Asimismo, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que sucesos como los que hemos presenciado hace unos días en Francia, en los que Perpiñán se ha visto convertida en un campo de batalla entre árabes y romaníes, serían inconcebibles en Polonia o en otros muchos de los nuevos Estados miembros. En mi opinión, la causa de los enfrentamientos ha sido la exclusión social. Es más, actos de antisemitismo del tipo de los que se producen periódicamente en Francia y Alemania también resultarían impensables en los nuevos Estados miembros.
La causa principal de la exclusión social es la destrucción del tejido social, y en ella también incluyo el debilitamiento del papel de la religión. La religión, la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas juegan un papel formidable a la hora de crear el tejido social y de prevenir la exclusión social. De nuevo, mi país tal vez constituya el mejor ejemplo de este fenómeno, ya que la tasa de divorcio y la de suicidio en Polonia se encuentran entre las más bajas de Europa. Esto demuestra que la exclusión social no es en realidad uno de los problemas sociales más apremiantes del país.
El Estado de la era moderna está asumiendo demasiadas obligaciones que no es capaz de desempeñar. El informe afirma que los Estados miembros deben movilizar a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones confesionales y a la Iglesia para que participen en la lucha contra la exclusión social, pero hay que dejar muy claro que el Estado no puede dar órdenes de este tipo. La obligación primordial del Estado debería consistir en evitar interferir en estos asuntos.
El último comentario que quiero hacer es que en el informe aparece la expresión «dúmpingsocial». Este término desafortunado, que me parece bastante intolerable, parece haber sustituido ahora al de «competencia saludable». 
Koenraad Dillen (NI ).
    Señor Presidente, Señorías, durante la campaña francesa para el referendo escuchamos decir a los portavoces del «sí» en los Países Bajos que, en la Europa ampliada tal como se describe en el proyecto de Constitución, apenas existiría peligro de deslocalización, de inmigración de mano de obra barata hacia los Estados miembros más ricos y de competencia desleal para las PYME en los antiguos.
En mi país, Flandes, ahora hay pruebas de lo contrario, ya que asistimos a cómo la industria del transporte flamenca sufre fuertes embates por parte de compañías de transporte barato procedentes de Europa Oriental, y podría citar otros ejemplos. De todas formas me encanta que este informe sobre inclusión social en los nuevos Estados miembros, quizá de manera no intencionada, apunte a una serie de problemas y ponga de relieve las enormes diferencias sociales de carácter estructural entre los nuevos Estados miembros, muchos de los cuales todavía se debaten por asimilar la catastrófica herencia de la época comunista, y los quince Estados miembros anteriores a la ampliación.
A pesar de la multitud de propuestas y sugerencias válidas –todos esperamos que los nuevos Estados miembros alcancen un nivel de prosperidad comparable al de sus vecinos occidentales lo antes posible– no deberíamos permanecer ciegos ante el hecho de que la integración social de los nuevos Estados miembros también puede comprometer la cohesión de toda la Unión Europea. En consecuencia, si no se adoptan medidas de protección para evitar los riesgos a que están expuestos nuestras economías y a los que ya he hecho mención, incluido el dúmping social, el fortalecimiento de la cohesión social en los nuevos Estados miembros debe ir de la mano de severas medidas que excluyan la competencia desleal en el seno de la UE en su conjunto. Si no lo hacemos, entonces los dirigentes europeos no habrán entendido en absoluto las protestas por parte de los ciudadanos neerlandeses y franceses durante estas semanas pasadas, que pronto, indudablemente, se verán secundadas por los luxemburgueses y los daneses. 
Jacek Protasiewicz (PPE-DE ).
    – Señor Presidente, el asunto de nuestro debate hoy tiene una enorme importancia. Es un problema que no solo afecta a los antiguos Estados miembros de la UE, sino a todos ellos, aunque obviamente en diferente medida.
Si bien se ha investigado mucho en el tema de la inclusión social en los países de Europa Occidental, se tiende a subestimar la magnitud de este problema en los nuevos Estados miembros, y estos países carecen de los instrumentos para medir este fenómeno de una manera verdaderamente inteligente y objetiva. En parte es, desde luego, herencia del comunismo, que era un sistema que buscaba borrar los problemas sociales e insuflar una alegría fugaz en todos los ciudadanos a golpe de decreto. A fecha de hoy todavía nos estamos debatiendo con las secuelas del comunismo y su ideología, y todos los países que estuvieron sometidos a este sistema se enfrentan a niveles parecidos de problemas sociales y de desempleo.
Nuestros países carecen todavía de planes de acción a gran escala y complementarios para coordinar las medidas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Las medidas que se han adoptado se asemejan con demasiada frecuencia a una lucha caótica por parte de los servicios públicos para dar una respuesta a los problemas que han surgido y que, por los general, adquieren carácter de urgencia. Existen múltiples razones para explicar esta situación. Aun dejando fuera de la ecuación a aquellos grupos sociales que padecen la marginación social como consecuencia de factores no económicos, una tasa de desempleo excesivamente elevada continúa siendo el problema más apremiante, y sus causas se hallan hondamente enraizadas en la economía.
El desempleo en Polonia afecta a varias decenas de individuos de cada cien. A menudo, los desempleados se autoexcluyen de la sociedad, por lo que este fenómeno constituye una de las razones que explican el notable aumento de la enfermedad social más nociva en la actualidad, y me estoy refiriendo a la impotencia y a la pasividad ante los problemas cotidianos más simples. Son siempre síntomas de adicción en el sentido más amplio de la palabra, ya sea respecto de la ayuda estatal o de otros, o incluso de las drogas o el alcohol.
Por supuesto, se puede y se debe hacer un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros para que den los pasos decisivos para acelerar el proceso de la inclusión social y para desarrollar instrumentos que hagan posible mejorar las condiciones de vida de quienes corren mayor peligro. Pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que se precisan cantidades ingentes de dinero para financiar la mayoría de tales medidas. Uno solo puede gastar el dinero que tiene, no las cantidades imaginarias que le gustaría tener.
Por consiguiente, cualquier debate sobre la auténtica inclusión social tiene que ir precedido de una discusión acerca de cómo se puede potenciar el crecimiento económico en los nuevos Estados miembros. Este crecimiento facilitaría la creación de puestos de trabajo, y un mayor número de puestos de trabajo y unas rentas más altas significarían que se podrían combatir mejor y más eficazmente los problemas sociales y la pobreza.
Será difícil que logremos nuestros objetivos si dependemos exclusivamente de la financiación pública y de la asistencia social y de bienestar. Acojo, por tanto, con satisfacción las garantías de la Comisión en el sentido de que va a cooperar más estrechamente en la lucha contra la marginación social. Al mismo tiempo, quiero animar a la Comisión a que sea coherente a la hora de promover una mayor liberalización del mercado de los servicios. Dicha liberalización favorecerá el crecimiento económico en Europa en su conjunto, o dicho de otra forma, tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros, y en consecuencia reducirá los problemas sociales. Esa es nuestra única esperanza para combatir eficazmente un problema que constituye una amenaza para toda Europa, y quiero subrayar la palabra «toda». 
Irena Belohorská (NI ).
   – Como indica el título del informe, Europa está dividida en nuevos y antiguos Estados miembros. El informe trata sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros, pero no considera los problemas sociales generales a los que se enfrenta Europa en su conjunto. El desempleo es un destino cruel para cualquiera, independientemente del lugar de Europa donde viva. Da lugar a muchos otros fenómenos asociados, como estrés mental, pobreza o la falta de hogar.
En una parte del informe, el ponente llama nuestra atención sobre la movilidad insuficiente de la mano de obra. Y la respuesta de Europa a la movilidad de las personas desempleadas es imponer lo que se conoce como medidas de protección o transitorias. Una de las serias dudas que tenían muchos antiguos Estados miembros respecto a la ampliación era el miedo a la «migración económica» y a la amenaza para los empleos de sus ciudadanos.
Lo que hemos visto hasta la fecha indica que ninguno de los países que adoptaron medidas transitorias ha presentado hasta ahora reclamaciones por infracción o ignorancia de esas medidas. Por otra parte, los países que no impusieron medidas transitorias a nuestros países no han experimentado todavía ningún problema por el aumento del flujo de mano de obra barata. Además, muchos países se están beneficiando de esa mano de obra barata, bien educada y multilingüe, en lugar de quejarse de ella. Un ejemplo es la concesión de «tarjetas verdes» a expertos informáticos o la contratación masiva de enfermeras para residencias de la tercera edad en el Reino Unido. La inclusión social no solo debe ocupar un lugar destacado en nuestra agenda cuando debatamos este informe; también debemos aplicar este principio a otros informes considerados por esta Cámara.
Si me lo permiten, quiero aprovechar esta oportunidad para referirme al debate de los problemas relacionados con el tiempo de trabajo y la aplicación del principio de que todo el tiempo de trabajo debe considerarse tiempo de trabajo legal y que las horas extraordinarias deben ser debidamente remuneradas. Encubriendo las horas extraordinarias, toleramos una situación en la que algunos empleados trabajan de la mañana a la noche mientras que otros no tienen oportunidad de encontrar un empleo y se quedan sin hogar. 
Thomas Mann (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a mi colega el señor Őry por su excelente informe –el primero para esta Cámara–, que convence por su clara y penetrante descripción de los problemas existentes en los nuevos Estados miembros. ¡Enhorabuena, Csaba!
En los nuevos Estados miembros, aproximadamente cinco millones de personas no tienen trabajo, y la cifra está aumentando, especialmente entre personas mayores, mujeres, madres o padres solteros y trabajadores sin cualificaciones adecuadas. Las personas con discapacidades están marginadas; sus posibilidades de conseguir un empleo y unos ingresos seguros disminuyen constantemente. Mis colegas el señor Cabrnoch y el señor Libicki tienen mucha razón al señalar que esas situaciones se dan también en los antiguos Estados miembros de la UE.
El análisis de la situación en los nuevos Estados miembros ha puesto de manifiesto que la transición de una economía dirigida por el estado a una economía social de mercado hace inevitables los grandes problemas estructurales. Todos tenemos que contribuir a garantizar que la duración de ese período problemático sea breve. El desempleo y la educación deficiente se encuentran entre los mayores obstáculos para la inclusión en la sociedad. Puesto que la comunidad de nuestros Estados miembros se fundamenta en los valores sociales, debe desactivar esta bomba de relojería social.
Estoy de acuerdo con la señora In 't Veld en que la creación de empleo debe recibir la máxima prioridad; empleos, empleos, empleos, eso es lo que necesitamos urgentemente. Un modo de conseguirlo es mediante reformas económicas decisivas que creen condiciones favorables para las empresas. Los incentivos financieros tendrán el mismo efecto; se me ocurren las exenciones fiscales, la subvención de los costes salariales y la rebaja de las contribuciones a la seguridad social. Las pequeñas y medianas empresas necesitan un apoyo especial, como ocurre en todos nuestros Estados miembros; son creadores potenciales de empleos y puestos de aprendiz que tenemos que defender uno por uno, porque se necesitan urgentemente.
Los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la exclusión, complementando los esfuerzos de los sectores público y privado, y también debe intensificarse el diálogo entre ellos. Me parece una buena idea la fundación de asociaciones sindicales y empresariales, porque ambas son necesarias. Solamente cuando cuenten con un gran número de miembros podrán empezar a actuar, dialogar y lograr muchas cosas. La exclusión se asocia generalmente a una educación y formación poco adecuadas, por lo que hay que mejorar estas, a la vez que hay que incluir a los segmentos de la población en situación de desventaja. Utilicemos la experiencia que ya tenemos e impliquemos a las empresas en esto.
La última cuestión que quiero plantear es que cuanta más información compartan los Estados miembros y los interlocutores sociales, más eficaz será la lucha contra la exclusión social, incluidas las prácticas innovadoras y las que han dado ya buenos resultados. Considero, al igual que nuestro ponente, seńor Öry, que este es un objetivo prioritario. 
Fausto Correia (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, tanto el señor Ferreira, que no puede estar hoy aquí, como yo mismo, creemos que deben tomarse medidas eficaces para promover el empleo y luchar contra la exclusión social en todo el espacio de la UE. Si queremos combatir la pobreza de modo eficaz, debemos crear más y mejores empleos y la calidad de esos empleos no puede considerarse un aspecto menos importante.
Queremos subrayar la necesidad de utilizar incentivos que animen a las organizaciones locales a apoyar el esfuerzo de integración de más personas en el mercado de trabajo. Esta actividad es importante, porque además de contribuir al crecimiento económico, ayudará también a garantizar un desarrollo solidario. En muchos Estados miembros, durante el cambio de regímenes y sistemas, se han modificado significativamente las reglas laborales y la naturaleza del mercado de trabajo.
Señorías, con un nuevo modelo social y político, la lucha contra el desempleo y a favor de la inclusión social implica también una mejora de la calidad de la educación y la formación profesional a lo largo de toda la vida. Otros aspectos importantes de este debate son la consideración del acceso a la vivienda como factor de inclusión social y la necesidad de apoyar eficazmente la inclusión de los jóvenes con licenciaturas u otros estudios superiores en el mercado de trabajo, con el fin de aprovechar al máximo las cualificaciones que han adquirido en el sistema de enseñanza. La inclusión de los jóvenes en el sector productivo contribuirá también a modernizar la economía.
El señor Ferreira y yo queremos destacar asimismo la propuesta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, que insta a los Estados miembros a conceder una importancia especial a la erradicación de la pobreza, que afecta sobre todo a las mujeres, a los niños y a las minorías étnicas.
Además de darle importancia a la competitividad, la Estrategia de Lisboa integra también el modelo social europeo. En este contexto, la promoción de un desarrollo económico sostenible, con la creación de más y mejores empleos, en el contexto de la cohesión social, es decisiva para garantizar que los ciudadanos de todos los Estados de la UE puedan estar en un solo mercado y en una misma Europa desarrollada y solidaria. 
Tomáš Zatloukal (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los nuevos Estados miembros han sufrido complejas transformaciones económicas en los últimos diez años y eso ha tenido una repercusión negativa en algunos ámbitos. Los principales factores que contribuyen a la exclusión social en muchos de los nuevos Estados miembros de la UE son el elevado desempleo, la escasísima movilidad de la mano de obra y los problemas asociados a la inclusión social de las personas que entran en el mercado laboral, mujeres, personas mayores, enfermos, discapacitados y minorías étnicas y lingüísticas.
Un crecimiento económico fuerte y más empleo son requisitos previos básicos para la sostenibilidad permanente de los sistemas de bienestar social. Con el fin de fomentar dicho crecimiento, creo que las medidas transitorias que se han puesto en marcha en el mercado de trabajo con respecto a los nuevos Estados miembros deben abandonarse. No se han encontrado estadísticas que justifiquen la adopción de esas medidas, dirigidas a proteger los mercados de trabajo nacionales de algunos de los 15 antiguos Estados miembros de la UE.
Unos sistemas eficaces de educación y formación profesional son también factores que favorecen el crecimiento. Debe reducirse el número de personas que abandonan la educación y la formación profesional temprano, y debe hacerse más fácil el paso del colegio al trabajo, especialmente para los que abandonan los estudios con bajos niveles de cualificación. Debemos mejorar el acceso a la educación para los grupos desfavorecidos y prestar apoyo generalizado al aprendizaje durante toda la vida. Un sistema educativo de gran calidad es aquel capaz de adaptarse eficazmente a las condiciones en un mercado de trabajo sujeto a rápidos cambios.
Los Estados miembros adoptaron medidas para combatir los problemas de la pobreza y la exclusión social en forma de siete prioridades políticas clave. Junto con la aplicación del presente informe, esas prioridades deberían contribuir a aumentar el suministro de mano de obra. Un sistema de sanidad accesible, sostenible y de gran calidad no solo contribuirá a la lucha contra las enfermedades y la vulnerabilidad respecto a la exclusión social, sino también al mantenimiento de una mano de obra productiva. La aplicación del contenido del informe sobre la inclusión social en los nuevos Estados miembros puede ayudar a mejorar la calidad de vida en los Estados miembros de la UE. Quiero unirme a mis colegas felicitando al ponente por su trabajo. 
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, estoy impresionada por la implicación de esta Cámara y quiero darles las gracias por este importante y estimulante debate.
Creo que compartimos un punto de vista común sobre la mayoría de los problemas que han planteado ustedes. La pobreza y la exclusión social siguen siendo retos urgentes para toda la Unión. Hemos realizado progresos significativos, aunque no suficientes, desde que el proceso de inclusión social de la Unión se institucionalizó tras el Consejo Europeo de Lisboa en 2000.
Puedo asegurar al señor Mann y a la señora In ‘t Veld que el crecimiento económico y los puestos de trabajo que promueven la cohesión social se encuentran entre las prioridades de la revisión europea de la agenda de Lisboa. Además, la ampliación ha incrementado la magnitud del reto. Asimismo nos ha estimulado el firme compromiso demostrado por los nuevos Estados miembros. La Comisión comparte plenamente el criterio de que es preciso acelerar este proceso y por consiguiente agradece al Parlamento el fuerte apoyo político que ha dado al proceso de inclusión social de la Unión.
En respuesta al señor Libicki, quiero señalar que a partir de ahora, los nuevos Estados miembros se integrarán plenamente en el proceso. El informe actual tiene que ver con el periodo anterior a la adhesión de los diez nuevos miembros.
El señor Őry y el señor Falbr han recalcado la necesidad de cooperación y asociación. Estoy plenamente de acuerdo con este punto de vista. Los Estados miembros son los socios clave a la hora de aplicar la Estrategia de Lisboa y su compromiso con unas políticas de inclusión eficaces es un factor clave para el éxito. Asimismo comparto el criterio de que los esfuerzos de los interlocutores sociales y la sociedad civil son absolutamente necesarios para abordar el problema de la pobreza y de la exclusión social.
La señora Bauer ha mencionado con razón el riesgo de pobreza al que se enfrentan las mujeres, en especial las madres solteras, y los niños. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de este Parlamento, así como la Comisión Europea, defienden firmemente el principio de integración de la perspectiva de género, un enfoque que es muy útil para abordar los problemas específicos de las mujeres, en particular en el marco de las políticas de inclusión social. Por ello aplaudo el hecho de que muchos Estados miembros nuevos ya estén aplicando la estrategia de integración de la perspectiva de género o incluyendo la dimensión de género en algunos de sus programas de empleo y programas sociales. Incluso en los nuevos Estados miembros en que aún no lo han logrado, los memorandos conjuntos sobre inclusión han resaltado la necesidad de prestar más atención a este respecto.
La pobreza infantil es una cuestión a escala europea que toca toda la gama de políticas de empleo y políticas sociales. Muy a menudo ocurre cuando los padres están en el paro o cuando faltan empleos de buena calidad o –como han señalado algunos diputados– puede ser el resultado de la exclusión de determinados grupos, como los romaníes.
La UE lucha actualmente contra este fenómeno a través de la estrategia europea de empleo, así como a través de políticas específicas, y con razón. La lucha continuará. 
Csaba Őry (PPE-DE ),
   . –Solo quiero preguntar si existe alguna posibilidad –dado que ahora quedamos tan pocos diputados en la Cámara– de aplazar la votación sobre el informe a la mini-sesión plenaria prevista para dentro de dos semanas, en lugar de celebrarla hoy. 
El Presidente.
   – En este caso, señor Öry, sería más oportuno pedir el aplazamiento justo en el momento de la votación. Evidentemente, como yo mismo presidiré la sesión en ese momento, no me opondré a ello. Pero me parece más oportuno solicitar el aplazamiento en el momento de la votación.
Bernd Posselt (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, con el debido respeto hacia mi colega, señor Őry, quiero expresar mi fuerte oposición a su propuesta. La cuestión está en el orden del día y creo que debemos someterla a votación. 
El Presidente.
   – Señor Posselt, le propongo que se exprese al respecto dentro de un momento. Lo debatiremos en el momento de la votación y, si hay una solicitud de aplazamiento, será sometida a la Asamblea.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede ahora al debate sobre cinco propuestas de resolución relativas a Bolivia.(1)
Marios Matsakis (ALDE ),
   . – Señor Presidente, Bolivia sufre con regularidad disturbios civiles y actualmente está «al borde de la guerra civil», según las palabras de su Presidente, el señor Carlos Mesa. En las calles de La Paz han tenido lugar violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que pedían reformas económicas y más derechos para la población indígena. El temor a una escalada de la violencia crece a diario.
Estos enfrentamientos no deberían sorprender a nadie, dado que los factores causales existen desde hace mucho tiempo. En primer lugar, hay una enorme e injusta discrepancia en la distribución de la riqueza. En segundo lugar, la población indígena, los campesinos y las largas colas de desempleados son excluidos en gran medida de la vida económica y política. En tercer lugar, cerca del 85 % de la tierra agrícola es propiedad de tan solo el 15 % de la población, y en cuarto lugar, aunque se cree que Bolivia tiene la segunda mayor reserva de gas de Sudamérica, sus recursos naturales no se utilizan suficientemente en provecho de la población boliviana y benefician en gran medida a multinacionales extranjeras y a un pequeño grupo de privilegiados.
Todo lo anterior, y mucho más, ha llevado a la situación potencialmente explosiva que vemos hoy. La resolución que está sobre el tapete pide que prosigan los esfuerzos destinados a profundizar y ampliar la democracia en Bolivia e insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que apoyen de manera adecuada al Gobierno para lograr una solución pacífica y justa, y evitar la catástrofe de una guerra civil rampante. 
Fernando Fernández Martín (PPE-DE ).
    Señor Presidente, creo que, de acuerdo con las normas por las que se rige esta Cámara, el Grupo del PPE-DE, que es el proponente inicial de esta resolución, debe intervenir en primer lugar.
El Presidente.
   – Voy a comprobar este punto del Reglamento, pero mientras tanto cedo de todos modos la palabra al señor Yañez-Barnuevo García.
Luis Yáñez-Barnuevo García (PSE ),
   . Señor Presidente, Bolivia se debate entre el caos y la guerra civil. El hundimiento de las instituciones del Estado, la ausencia de autoridad y el desorden que reina en La Paz, sobre todo, hacen temer lo peor, si lo peor no se ha instalado ya.
Pero, ¿qué ha ocurrido en Bolivia para que la situación haya llegado a tal límite? Son muchas las razones: la sucesión de malos gobiernos, el fracaso de las políticas del fundamentalismo neoliberal, la desesperación de las masas empobrecidas y excluidas del sistema, los comportamientos depredadores de las multinacionales y —también hay que decirlo— la incomprensión, o peor, la indiferencia de la comunidad internacional.
El hecho es que hoy Bolivia es un Estado fallido, ingobernable y profundamente inestable cuya situación puede empeorar aún más, siendo más difícil y costosa la solución.
Estuve hace solo un mes en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, enviado por el Gobierno español para evaluar la situación y proponer posibles iniciativas. Releyendo el informe que redacté, lamento que las cosas hayan evolucionado en el sentido que pronostiqué, pero eso no era ningún mérito, yo no era visionario; era evidente ya, como lo era desde hacía dos años, que Bolivia se encaminaba al abismo.
En esa visita, no encontré en los partidos tradicionales ni en los llamados "partidos emergentes" y prácticamente en ningún responsable político, el menor ápice de sentido del Estado, un análisis lúcido y generoso en aras del bien del país. Todos o casi todos calculaban lo que a ellos personalmente les convenía más: convocatoria de un parlamento constituyente, elecciones a prefecto de los nueve departamentos del país, referéndum sobre las autonomías emergentes como la de Santa Cruz de la Sierra...
En ese momento, solo encontré una excepción fundamental: la del propio Presidente Carlos Mesa, en el que vi a un hombre bien intencionado, que intentaba encontrar soluciones mediante el diálogo y la negociación. Pero era y es un hombre solo, sin partido, sin apoyos parlamentarios y con una oposición variopinta que le exigía salidas contradictorias entre sí. Solo contaba entonces con una alta popularidad y un dominio indudable de la comunicación televisiva. Dispuesto como estaba —y lo ha cumplido— a no reprimir las manifestaciones y las algaradas callejeras, los piquetes de los partidos y sindicatos más radicales se adueñaron de las calles e impusieron su propia dimisión. Es más, han vetado el acceso a la presidencia de los Presidentes del Senado y del Congreso, que constitucionalmente serían los sucesores de un Mesa dimitido, e imponen que acceda a la jefatura del Estado el Presidente del Tribunal Supremo, tercero en la línea sucesoria, pero solo para que convoque en tres meses elecciones generales. 
Paradójicamente, señor Presidente, esa puede ser la única y mejor salida democrática. Pero quizás no por la exigencia y los cálculos que hacen los más radicales, sino porque la ciudadanía podrá así recobrar el protagonismo que le corresponde y que le han hurtado en la calle, porque "la calle" son sectores minoritarios que no cuentan con la inmensa mayoría de los 10 millones de bolivianos.
¿Qué hace entre tanto la comunidad internacional? No mucho. Por eso, desde este Parlamento se ha planteado la cuestión: la Unión Europea debe ser un actor global; la Unión Europea y sus Estados miembros son el primer inversor en ayuda al desarrollo a Bolivia. Porque queremos la gobernabilidad y la estabilidad de Bolivia y porque nuestros intereses están en juego, el Consejo debe instruir a sus embajadores para que Bolivia pueda encontrar una salida pacífica, democrática y en libertad. Que no ocurra otra vez que las riquezas de Bolivia, como la plata, el caucho o la madera, vayan hacia el extranjero o hacia la élite interna, y no en beneficio del propio pueblo boliviano.
El Presidente.
   – Antes de conceder la palabra al siguiente orador, responderé a nuestro colega, el señor Fernández Martín, que me ha pedido aclaraciones sobre un punto del Reglamento.
Señor Fernández, cuando se trata de oradores que se expresan en nombre de su Grupo, su orden de intervención se fija en función del tamaño de los Grupos: por tanto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, seguido del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y así sucesivamente. 
Cuando se trata de dar la palabra a autores o de debatir resoluciones, el orden de intervención se fija en función del orden cronológico en que se hayan presentado las solicitudes de intervención. Así pues, no se trata de pertenecer al Grupo más importante, sino de ser el más rápido.
Para volver a su pregunta sobre el lunes por la tarde, el orden de los tres Grupos fue el siguiente: Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Grupo del Partido de los Socialistas en el Parlamento Europeo y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. El PPE no estaba en el podio. Dicho esto, tendrá usted la palabra sin ningún problema cuando le llegue su turno. Le recuerdo que es una práctica tan antigua como nuestra Asamblea.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, la actual situación de tensión y desconcierto que vive Bolivia era, me temo, previsible.
Desde hace tiempo, sabemos que amplios sectores de la sociedad civil, en particular los indígenas, los campesinos, los obreros y los desempleados, se encuentran marginados de la vida política y económica del país. Pero desde Europa no podemos hacer como si nosotros no tuviéramos nada que ver con lo que está ocurriendo. Veintiséis de las empresas recientemente privatizadas están en manos extranjeras, muchas de ellas europeas, y ello no ha contribuido a resolver la crisis ni ha llevado a un mayor acceso de la población al gas y al agua.
El problema es que, desde la Unión Europea, estamos continuamente apoyando en los organismos internacionales procesos de privatización en América Latina, sin contar con garantías de que se cumplen los mínimos principios de responsabilidad social corporativa.
Y ¿qué ocurre entonces? Que las empresas reciben créditos, invierten, quieren ganar dinero y cuando hay movilizaciones por parte de grupos locales a los que se ha excluido y debido a la subida de precios como resultado de la privatización, entonces las empresas europeas deciden irse y exigen, además, compensaciones por ello, lo que todavía agrava más la crisis.
Por todo ello, si la Unión Europea quiere seguir manteniendo una cierta credibilidad, en tanto que garante de los derechos humanos en el mundo, debe investigar la actuación de empresas energéticas de origen europeo en Bolivia y en otras partes, y debe ser mucho más exigente con relación al cumplimiento de las normas de responsabilidad social de las empresas que invierten en el exterior.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   – Señor Presidente, estamos seriamente preocupados por la situación que se vive en Bolivia, que es el resultado de la pobreza y las enormes desigualdades sociales, aunque nos oponemos a cualquier injerencia extranjera o a cualquier intento de golpe militar. Consideramos igualmente preocupantes los intentos de separatismo de algunos círculos económicos de Santa Cruz que pretenden monopolizar los recursos energéticos del país.
Asimismo, esperamos que la sociedad boliviana pueda llegar a un consenso para devolver al Estado el control de la gestión de los recursos naturales del país, especialmente los recursos energéticos e hídricos, y pueda contribuir a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes. Esperamos también que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera ilegales algunas convenciones en materia de energía firmadas por el anterior Gobierno con empresas multinacionales, por no haberse sometido a consulta en el Parlamento boliviano. Del mismo modo, es importante que se aplique una sanción efectiva a los autores de las masacres de octubre de 2003 e instamos a la Organización de Estados Americanos a adoptar medidas cautelares a favor de los dirigentes del movimiento social amenazados, como Evo Morales y Abel Mamami.
Por último, instamos a los Estados miembros a actuar en el seno de las instituciones internacionales y a nivel bilateral para cancelar la deuda externa de Bolivia. 
Fernando Fernández Martín (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, no sabemos ahora mismo qué está ocurriendo en Bolivia, que vive unas de las horas más dramáticas de su historia.
El Palacio de Gobierno, donde está la Presidencia de la República, es conocido por lo bolivianos como el "palacio quemado". Efectivamente, ha sido quemado varias veces a lo largo de los muchos levantamientos populares del país.
Frente al Palacio, en la Plaza de Armas de La Paz, existe un busto del Presidente General Gualberto Villarroel quien, en 1943, durante una insurrección de las muchas que ha habido allí, fue asesinado colgado de una farola. Afortunadamente, según mis informaciones de hace apenas media hora, el Palacio presidencial hasta ahora no ha sufrido daño alguno y el Presidente dimisionario acaba de hacer un dramático llamamiento para evitar un derramamiento de sangre y una guerra civil.
Creo mi deber reconocer, en nombre de mi Grupo, que el Presidente Mesa ha hecho honor a su compromiso de no utilizar nunca la violencia para reprimir los movimientos de protesta y lamento que tan excepcional comportamiento, tan inusual en un país con la historia de Bolivia, no haya tenido una respuesta a la misma altura por parte de los líderes opositores que, en mi opinión, se han visto superados por los acontecimientos y han radicalizado sus declaraciones en las últimas horas. 
Hoy, a estas horas, en Bolivia, el poder está en la calle. Cuando los legisladores se reúnen en Sucre, porque ni siquiera ha sido posible acceder a la sede del Congreso en la capital, La Paz, debido a los bloqueos, las embajadas extranjeras han activado sus planes de emergencia para la evacuación del país.
Hoy, cuando nos disponemos a votar y a aprobar una resolución de apoyo a los bolivianos apelando al respeto y a las instituciones y al ordenamiento constitucional, solo me resta pedir que Dios y los dioses quechuas y aymaras iluminen a sus dirigentes y bendigan y protejan al pueblo boliviano.
Bernd Posselt,
   . – Señor Presidente, Bolivia, entre todos los países, un país que lleva el nombre de su libertador y primer presidente, Simón Bolívar, símbolo de toda América Latina, se encuentra en un estado de crisis continua. Al llegar a la cuenca de La Paz, choca inmediatamente la notoria discrepancia entre la belleza del país y la increíble depresión en la que están sumidos sus habitantes. Alguien describió una vez a Bolivia como «un mendigo en un trono de oro», un trono antaño erigido sobre menas, oro y otros minerales, pero ahora cada vez más sobre el crudo y el gas natural. Teniendo en cuenta el riesgo evidente de que el país pueda quedar impotente en manos de poderes políticos y económicos, sin duda estamos obligados a hacer todo lo posible por ayudar a mantener su estabilidad. Entre sus vecinos se encuentran países tan importantes como Brasil, respecto a lo cual mi colega, el señor Deß, ha realizado un trabajo ejemplar al garantizar que se tomen medidas para asegurar la estabilidad, especialmente de la agricultura, los agricultores a pequeña escala y las explotaciones independientes, junto con el lento crecimiento de un pequeño sector empresarial. Este es el enfoque que debemos adoptar también en Bolivia, o el país se tendrá que enfrentar a la amenaza de la desintegración, con todas las consecuencias que ello tendrá para el mapa político de América Latina.
Por ese motivo debemos trabajar con todos los medios a nuestra disposición hacia una transición pacífica convocando nuevas elecciones con la presencia de observadores internacionales, pero sobre todo hacia una recuperación más rápida del país que implique el fortalecimiento de los pequeños agricultores y las pequeñas y medianas empresas, puesto que en caso contrario el país, que lleva mucho tiempo a merced de conglomerados y conspiraciones, corre el riesgo de generar conflictos que arrastren en la vorágine a sus vecinos, entre ellos Brasil y en especial el estado de Mato Grosso. Por ese motivo, esta Cámara tiene que terminar de concretar una estrategia para América Latina. Nuestra Europa cristiana forjó los dos continentes de América del Norte y del Sur; puede que un día tengamos que pagar un amargo precio por dejar hoy de lado a esta última. 
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, la Comisión Europea está sumamente preocupada ante la crítica situación política de Bolivia. Estamos siguiendo muy de cerca esta situación.
Muchos países de la región andina se han enfrentado a graves crisis políticas e institucionales en los últimos años, pero los sucesos de Bolivia han demostrado que es un Estado especialmente frágil y vulnerable, en parte por ser uno de los países más pobres, menos desarrollados y más desiguales de Sudamérica. El clima actual, cada vez más anárquico, que culminó el lunes por la tarde con la dimisión del Presidente Carlos Mesa, es sumamente preocupante.
En este momento tan delicado, la Comisión pide a todos los ciudadanos bolivianos, ricos y pobres, de todos los orígenes étnicos y de todas las regiones del país, que propugnen pacíficamente sus respectivas reivindicaciones y aspiraciones por medio del diálogo, dentro del marco de la democracia y del Estado de Derecho y de acuerdo con la constitución.
Aunque nos sentimos aliviados al observar que hasta ahora, por lo que sabemos, ha habido pocos heridos en los recientes disturbios, es absolutamente crucial que los líderes políticos bolivianos y la sociedad civil colaboren para sacar al país del atolladero en que se halla con espíritu de paz, diálogo, tolerancia y reconciliación nacional.
La historia tanto de Europa como de América Latina demuestra que la violencia o las soluciones no democráticas no ayudan en modo alguno a asegurar la paz o la prosperidad duraderas para sus ciudadanos. Sus reivindicaciones y aspiraciones sentidas, pero a menudo antagónicas, solo pueden abordarse trabajando juntos para generar consenso y unidad. En este sentido, la Comisión espera que los esfuerzos de la Iglesia católica por organizar un diálogo nacional y garantizar una sucesión constitucional sin complicaciones prosigan y den resultado.
La Comisión ha apoyado de forma real y práctica el diálogo en Bolivia utilizando nuestro mecanismo de reacción rápida para ofrecer hasta 185 000 euros al Club de Madrid para que aplique un programa de seis meses de consulta y apoyo de alto nivel para la creación de consenso y el refuerzo de las aptitudes de liderazgo, que se puso en marcha a mediados de abril y que seguirá en durante los preparativos de la tan esperada asamblea constituyente.
La Comisión y el Consejo también han trabajado en estrecha colaboración para preparar un plan de acción de la UE para Bolivia, que se aprobó a mediados de mayo, y que ofrece un marco para una acción común coherente y estructurada por parte de las instituciones europeas y los Estados miembros de forma conjunta y a título individual. La acción incluye el diálogo político constructivo, el apoyo a la asamblea constituyente, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el intercambio de experiencias con diferentes modelos de autonomía regional y una aportación constructiva y el aprovechamiento de la experiencia de la UE para asegurar que las inversiones extranjeras beneficien a todos los bolivianos.
Bolivia también ha sido incluida en la lista de países candidatos a la iniciativa europea sobre democracia y derechos humanos para 2005-2006. En el contexto boliviano podrán acogerse al programa de apoyo los proyectos relacionados con la formación, el control y la concienciación en los ámbitos de la democracia y los derechos humanos, los proyectos que promueven los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas, y los proyectos que apoyan el papel de la sociedad civil en la prevención de conflictos. Por desgracia, mientras Bolivia esté atenazada por su crisis actual, este apoyo solo podrá materializarse con bastantes limitaciones.
La Comisión acoge con agrado la propuesta de resolución del Parlamento Europeo, que recalca la necesidad de que se respeten plenamente la democracia y el Estado de Derecho y que sumará una voz muy importante de la UE a los llamamientos a favor del diálogo. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento, al término de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al debate de seis propuestas de resolución relativas a la libertad de prensa en Argelia.(1)
Marios Matsakis (ALDE )
   , . – Señor Presidente, quiero felicitar a la secretaría del Grupo ALDE, al que pertenezco, por presentar la solicitud tan rápidamente y darme así el privilegio de ser el primero en intervenir en este debate.
En Argelia, el Gobierno del Presidente Bouteflika, mediante procedimientos judiciales carentes de toda credibilidad, independencia o justificación, sigue intentando silenciar a periodistas que según el régimen establecido ofenden o atacan al Presidente o al Gobierno. De hecho, estos supuestos ataques no son más que críticas independientes ordinarias realizadas por periodistas políticos que vemos a diario en todos los países democráticos libres.
Debido a esta guerra en torno a la libertad de prensa, numerosos periodistas están siendo juzgados y muchos han sido encarcelados o cruelmente multados. La lista es larga y los casos del editor del diario , el señor Fuad Bughanem, y el dibujante de historietas, el señor Hakim Laâlam, que fueron sentenciados por un tribunal de Argel a dos meses de prisión y una multa de 250 000 dinares por difamación, son ejemplos recientes. Al igual que el caso del editor Mohamed Benshicu, que ya está en prisión por delitos de difamación, y cuyo traslado a un hospital para un tratamiento muy necesario –ordenado por el médico de la cárcel– ha sido denegado por el tribunal, que ni siguiera ha querido aprobarlo por razones humanitarias. 
Pedimos al Gobierno argelino que respete el principio de libertad de expresión y que deje de acosar a periodistas en un intento de silenciar las voces del proceso de democratización y de la prensa de oposición. 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ),
   . –  Los problemas relacionados con la libertad de prensa en Argelia no tienen nada de nuevo. Desde principios del decenio de 1990, los periodistas e intelectuales del país han sufrido presiones, agresiones y detenciones constantes. Solo tengo que mencionar el hecho de que unos 60 periodistas fueron asesinados durante la guerra civil del decenio de 1990.
Actualmente, el principal problema es que las autoridades estatales argelinas son abiertamente hostiles a la prensa privada y la comunidad internacional debe responder a esa amenaza. Una serie de publicaciones argelinas son objeto de persecuciones frecuentes y sistemáticas. Se impone una censura oficial y el Estado es el único propietario de las imprentas. Los editores están constantemente en deuda con estas últimas, lo cual significa que el Estado tiene todavía más control sobre la prensa y el mercado de los medios de comunicación en su conjunto. Los periodistas se enfrentan a problemas enormes, puesto que les es muy difícil trabajar en dichas condiciones. No son funcionarios, no tienen contrato de trabajo ni un sueldo fijo y, en la práctica, su sindicato ni siquiera merece llevar ese nombre. Varios periodistas están siendo procesados, mientras que muchos otros han sido ya sentenciados a la cárcel. A las autoridades no les cuesta ejercer presión sobre la prensa y controlar y limitar su libertad en tales circunstancias, pese a lo cual la prensa sigue siendo una fuente esencial de información y una herramienta poderosa para influir en la opinión pública.
Con el fin de promover la democracia y el respeto a las libertades civiles fundamentales en Argelia, que después de todo es uno de los vecinos de la UE, debemos tomar medidas firmes para proteger a los medios de comunicación y promover una información pluralista y diversa.
Pido a la UE que conceda prioridad a la libertad de prensa, el refuerzo de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Argelia en el marco de su política de vecindad en la región mediterránea. 
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, la libertad de expresión y de prensa es uno de los fundamentos sobre los que debe basarse toda democracia que se quiera consecuente con el respeto de los derechos humanos.
Por ello, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos apoya el desarrollo de una información plural, así como el fortalecimiento de los medios independientes, también en Argelia. Y debe seguir haciéndolo.
En este sentido, debo decir que me preocupa la situación actual de la prensa libre en Argelia, especialmente tras la reforma del Código Penal adoptado en 2001 y, más concretamente, las disposiciones que prevén fuertes penas de prisión por difamación. Por ello, en el marco de la política euromediterránea de vecindad y del Acuerdo de Asociación, sería un excelente gesto, por parte de las autoridades argelinas, liberar sin demora a los periodistas condenados por difamación, así como levantar el Estado de urgencia y dejar de perseguir a los medios privados argelinos.
Todo ello contribuiría enormemente a desarrollar y fortalecer el Estado de Derecho y a respetar las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo de Asociación.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ),
   . – La República de Argelia es un socio muy importante para los Estados miembros de la Unión Europea. Muchos intereses económicos están en juego, y no solo para Francia. Millones de personas vienen de allí para trabajar en la Unión Europea. Siempre han existido distintos grupos lingüísticos y culturales en el país, pero junto a esa riqueza de lenguas y culturas sigue habiendo una división acusada entre unas tendencias puramente islamistas árabes de línea dura y otras cuasi-europeas, especialmente desde que se logró la independencia. Las tendencias europeas se asocian al uso del francés como segunda lengua oficial en la vida pública y en los colegios. Lamentablemente, debemos reconocer que las tendencias árabes se asocian con frecuencia a la supresión de las libertades democráticas tradicionales. Ahora la pregunta es cómo pueden apoyarse las tendencias democráticas en Argelia.
Señorías, antes de votar sobre el informe, les pido que concedan prioridad a la promoción de la democracia. Por lo que conozco de la vida cotidiana en la República Checa, un país en el que más del 80 % de la prensa está en manos de dos propietarios extranjeros de uno de sus países vecinos, puedo decir que, en ciertas circunstancias, la libertad de prensa es crucial para los países. El Grupo Confederal de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya, naturalmente, la propuesta de resolución. 
Erik Meijer ,
   – Señor Presidente, la historia de Argelia no ha creado un caldo de cultivo ideal para la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa. El país fue liberado tras una guerra de independencia muy violenta contra el poder colonial francés, que duró muchos años, para que su incipiente democracia fuera derrocada por el golpe de Estado de Boumedienne. Tras años de estancamiento resultantes de este golpe, se convocaron elecciones; si no hubieran sido canceladas, las habrían ganado los fundamentalistas islámicos. Desde entonces, el país ha estado gobernado por militares y burócratas que combinan su miedo al fundamentalismo con un nacionalismo árabe hostil a la minoría berebere y le da la espalda a 130 años de influencia cultural francesa.
La Política de Vecindad que la Unión Europea pretende desarrollar no puede quedarse indiferente. Sería un gran error que nos tapáramos los ojos ante derechos tan fundamentales como la libertad de expresión e información. En el próximo intercambio con el parlamento argelino, al menos debemos plantear las medidas que se han adoptado contra periódicos y periodistas. Espero que el Consejo y la Comisión consideren más importantes los derechos humanos que el suministro de gas y otros intereses económicos. 
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, la Comisión Europea comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo y de la comunidad internacional sobre la democracia en Argelia.
Con la ayuda de nuestra delegación en Argel estamos siguiendo muy de cerca los sucesos en el país, especialmente en lo que respecta a las libertades fundamentales, los medios de comunicación y la libertad de prensa. Todas estas cuestiones han de verse sobre el trasfondo de un diálogo político con Argelia que se ha descuidado relativamente en el pasado. Hasta ahora, en ausencia de un marco legal, la Comisión ha tenido un marco algo limitado para plantear estas cuestiones con las autoridades argelinas. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, en encuentros bilaterales con homólogos oficiales argelinos o en las reuniones ministeriales de EuroMed, la Comisión ha exigido siempre el respeto de valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Como saben ustedes, el Acuerdo de Asociación UE-Argelia ha sido ratificado recientemente por todos los socios europeos y argelinos. Se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2005. La ratificación del Acuerdo de Asociación ha supuesto un impulso político para un diálogo político renovado sobre todas las cuestiones delicadas, incluidas las relacionadas con la aplicación del artículo 2 del Acuerdo, que trata de la promoción de la democracia y del Estado de Derecho, y el respeto de las libertades fundamentales.
El primer Consejo de Asociación debe reunirse a finales de año, durante la Presidencia británica. En esa ocasión, la Comisión quiere establecer vínculos y contactos con sus homólogos argelinos con miras a trabajar sobre cuestiones clave relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Asociación, incluidos los derechos humanos y la democratización. Una vez fijadas las cuestiones clave y los vínculos, queremos crear cuanto antes subcomisiones técnicas para poner en práctica los aspectos más importantes del Acuerdo de Asociación, incluidos los derechos humanos y la democratización.
Cuando Argelia esté lista para entrar en una nueva fase de refuerzo de su diálogo bilateral con sus socios europeos, este trabajo preparatorio constituirá la base para ultimar un plan de acción conjunto de la política de vecindad europea, en el que ocuparán un lugar prominente cuestiones como los derechos humanos, la democratización y la reforma política e institucional.
Mientras tanto, la Comisión utilizará todos los medios que tiene a su disposición para mantener un diálogo constructivo con Argelia sobre esas cuestiones y seguirá alentando a las autoridades argelinas a abandonar su intento de criminalizar la difamación. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento, al término de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre siete propuestas de resolución relativas a Azerbaiyán.(1)
Marios Matsakis (ALDE ),
   . – Señor Presidente, el Gobierno de Azerbaiyán sigue con su ofensiva contra los grupos políticos de la oposición. El 21 de mayo, la policía y las fuerzas paramilitares apalearon y arrestaron a los asistentes a una reunión pacífica de la oposición en Bakú. La excusa oficial fue que había sido denegado el permiso de celebrar la reunión y ello a pesar de una orden del 12 de mayo del Presidente Alíyev, en la que se daba instrucciones a las autoridades gubernativas de que respetaran la libertad de reunión. Docenas de civiles fueron arrestados durante dicho incidente y muchos periodistas fueron apaleados por la policía.
Vale la pena observar que el objetivo de la reunión era expresar la necesidad de modificar las leyes electorales de Azerbaiyán a fin de evitar que las autoridades falsificaran los resultados de las elecciones, pedir la creación de una autoridad de radiotelevisión pública y exigir el enjuiciamiento del asesino del periodista independiente Elmar Huseynov, que fue asesinado de un disparo delante de su apartamento el mes pasado.
En otras operaciones policiales, decenas de conocidos activistas de la oposición, incluidos los jefes de organizaciones juveniles, fueron acorralados y maltratados. Las elecciones parlamentarias están previstas para noviembre y parece que se repite una vez más el patrón de violencia instigada y perpetrada por el Estado, como sucedió antes de las elecciones de 2003.
Hacemos un llamamiento al Gobierno de Azerbaiyán, y en particular al Presidente Alíyev, para que proceda rápidamente con las necesarias reformas electorales y demuestre el respeto necesario por el derecho de los ciudadanos a unas elecciones libres, justas y democráticas. 
Robert Evans (PSE ),
   – Señor Presidente, no quiero hablar mucho acerca de este informe, sino repetir algunas de las observaciones que ha hecho el ponente. Desde la desintegración de la Unión Soviética, los países del Cáucaso Meridional vienen atravesando un periodo muy difícil y algunos de ellos están realizando más progresos que otros. Creo que todos queremos que mejore la situación de los derechos humanos. Hay diversos conflictos bastante preocupantes y creo que en este Parlamento deberíamos otorgar nuestro apoyo al Presidente y a las autoridades de Azerbaiyán.
Mi Grupo apoyará la primera parte, pero no la segunda, de la enmienda del Grupo Verts/ALE después del considerando J. Sin embargo, pido a todos los colegas que apoyen esta resolución y deberíamos hacer lo posible por ayudar a la población de Azerbaiyán. 
Erik Meijer (GUE/NGL ),
   – Señor Presidente, durante 15 años, la caída de la Unión Soviética ha ocasionado importantes cambios en Europa Central, mientras que en el este, los gobiernos autoritarios han permanecido prácticamente intactos. Han realizado privatizaciones e importantes recortes en el sector público, creando un gran segmento de nuevos pobres. Eso no llevó sino a democracias parlamentarias al estilo europeo. Los Estados monopartidistas fueron reemplazados por pequeñas camarillas dictatoriales que buscaban su propio beneficio y consideraban que no tenían que responder a nada ni a nadie. En Ucrania y Georgia, los movimientos populares contra esos líderes autoritarios han recibido apoyo de Occidente, y con razón. También en Belarús, donde esa revolución no ha tenido éxito todavía, la oposición, aunque es débil, cuenta con muchas simpatías en el exterior. Eso contrasta con las antiguas Repúblicas Soviéticas, entre ellas Uzbekistán y Azerbaiyán, donde Estados Unidos ha conseguido un punto importante de apoyo militar y económico, pero que hasta la fecha no ha conseguido apoyo externo a los levantamientos populares. Los oponentes de los regímenes se arriesgan a ser encarcelados o condenados a muerte, y no hay posibilidad de convocar unas elecciones libres. En las próximas semanas y meses, Europa necesitará manifestar su solidaridad con los movimientos de oposición que se esfuerzan por impulsar la democratización desde dentro. 
Charles Tannock (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, Azerbaiyán obtuvo la independencia después del hundimiento de la Unión Soviética en 1991, pero perdió el 16 % de su anterior territorio en una breve guerra con la vecina Armenia en torno al territorio armenio de Nagorno-Karabaj y ahora ha de prestar ayuda a unas 570 000 personas desplazadas internamente.
La corrupción es endémica en Azerbaiyán y por ahora aún no se ha hecho realidad la promesa de riqueza extraída de sus reservas de petróleo. El país sufre graves problemas ecológicos en el Mar Caspio debido al DDT y a otros herbicidas usados en el cultivo de algodón. Mantiene estrechos vínculos militares y políticos con Turquía y la UE tiene mucho interés en asegurar el corredor energético que abastece a los países occidentales con su petróleo y gas, y mantener también la cooperación azerí en la lucha contra el terrorismo internacional ante las recientes denuncias de fuentes rusas de que Azerbaiyán ha apoyado a los separatistas chechenos.
El Presidente Alíyev fue elegido en octubre de 2003 en unas elecciones impugnadas y muy deficientes, condenadas por observadores internacionales. Pero el Presidente de Azerbaiyán se comprometió a celebrar unas elecciones parlamentarias libres y limpias en noviembre. La reunión de la oposición el 4 de junio transcurrió pacíficamente, aunque tan solo dos semanas antes la policía había apaleado a manifestantes de la oposición que intentaban celebrar una concentración en Bakú a pesar de una prohibición oficial, y decenas de ellos fueron arrestados. La decisión final en relación con el lugar de la reunión fue tomada después de una negociación entre el alcalde de Bakú y los líderes de la oposición, que han advertido ahora sobre las nefastas consecuencias de una eventual nueva falsificación de los resultados de las elecciones de noviembre. Algunos observadores incluso prevén que finalmente Azerbaiyán conocerá una revuelta similar a la que ocurrió contra los regímenes derrocados de Georgia, Ucrania y Kirguizistán.
El reciente asesinato no esclarecido del redactor jefe de , Elmar Huseynov, ha dado pie a acusaciones de implicación gubernamental y una pariente del ex presidente del Parlamento y figura de la oposición que actualmente está en el exilio, Rasul Guliev, la ciudadana británica Almaz Guliev, ha sido arrestada bajo la acusación supuestamente falsa de que se ha encontrado una pistola en su bolso, aparentemente para impedir que el señor Guliev regrese para las elecciones.
Azerbaiyán está muy lejos de ser un Estado modelo democrático y estable del Consejo de Europa y la UE ha de hacer todo lo posible por promover la democracia y los derechos humanos en este país. 
Bastiaan Belder (IND/DEM ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, la situación interna de Azerbaiyán es muy explosiva y merece nuestra atención.
Los motivos principales son la creciente insatisfacción, por no mencionar la evidente desilusión, con el régimen autoritario del Presidente Alíyev. Es preocupante que ese descontento popular esté encontrando una expresión cada vez más islámica. Basta con decir que de momento el 20 % de los azerbaiyanos está a favor de la introducción de la , la ley islámica, y Azerbaiyán tampoco tiene una actitud prooccidental. Esa gran insatisfacción interna puede achacarse a varias causas. Por ejemplo, la verdadera tasa de desempleo, a pesar del boom del petróleo y la construcción, es muy alta, y se calcula entre el 20 % y el 30 %. Además, el actual Gobierno presidencial debe su escaso nivel de popularidad a su práctica de silenciar a la oposición en los medios de comunicación electrónicos, obstruyendo en la medida de lo posible las manifestaciones públicas de la oposición, y a un sistema de votación apenas representativo caracterizado por el fraude electoral. De hecho, este último es una tradición nacional que últimamente se está perfeccionando cada vez más.
¿Puede hacer algo la Unión Europea, como uno de los socios oficiales de Bakú, para contribuir al desarrollo pacífico y democrático de Azerbaiyán? En cualquier caso, lo que se pide desde Bruselas es un lenguaje claro de rechazo a las prácticas represivas del Gobierno, puesto que se acerca la observación europea de las urnas en las elecciones parlamentarias previstas para noviembre. Espero que el Consejo y la Comisión se mantengan exijan con firmeza al Presidente Alíyev y a su entorno que den cuentas de los enormes riesgos políticos de su política represiva, ya no solo en un contexto nacional, sino en otro regional más amplio. 
Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE ),
   . –Señor Presidente, ninguna transición política es fácil. Sin duda es más difícil aún para algunas antiguas repúblicas autónomas del imperio soviético: si los tres países del Cáucaso Meridional sufren hoy conflictos en sus territorios, se debe en gran parte a la detestable herencia de Stalin, que, con su estrategia «divide y vencerás», anexionó el Alto Karabaj a Azerbaiyán.
Hoy, el bloqueo del Alto Karabaj es una de las principales razones del estancamiento de la región. Mientras no se resuelva, no cabe esperar ninguna perspectiva de desarrollo en esta región, que sin embargo es un puente natural entre la Unión Europea y Asia. La difícil situación económica, social y política de Azerbaiyán se debe directamente a la existencia de este tenso aunque solo sea por el hecho del gran número de refugiados y personas desplazadas del interior, que constituyen una pesada carga para el país. Si gracias a la apertura del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y a los dividendos obtenidos de la extracción de petróleo del Mar Caspio, renace la esperanza de una mejora de la situación global del país, ello no excusa en modo alguno la actitud represiva de las autoridades hacia la oposición.
Azerbaiyán ha elegido voluntariamente mirar hacia Europa solicitando su adhesión al Consejo de Europa. Europea ha fijado las normas de la democracia para su orientación. Con la firma en 1999 de un primer acuerdo de colaboración y cooperación, primero, e integrándolo en su política de nueva vecindad, después, la Unión Europea ha marcado su voluntad de acompañar a Azerbaiyán en su proceso democrático. Hoy, la Unión tiene derecho a esperar avances en este sentido.
Si podemos felicitarnos de la liberación de presos políticos y del decreto presidencial que exige la aplicación de las normas internacionales en materia de respeto de los derechos democráticos de los ciudadanos, los acontecimientos de mayo en Bakú –prohibición notificada a la oposición de celebrar mítines, y arresto y detención de activistas de la oposición– no son aceptables.
Porque deseamos ante todo apoyar a nuestros amigos del Cáucaso Meridional, en general, y de Azerbaiyán en particular, pedimos al Presidente Alíyev y a su Gobierno que hagan todo lo necesario para que las próximas elecciones legislativas de noviembre de 2005 se desarrollen de forma regular y transparente y para que los candidatos de la oposición puedan hacer campaña libremente, con plena seguridad y con un acceso equitativo a los medios de comunicación. Será una señal clara de la voluntad del Gobierno de tomar con más resolución la vía de la democracia, a lo que se había comprometido oficialmente con ocasión del encuentro con nuestra delegación parlamentaria. 
Armin Laschet,
   . – Señor Presidente, Señorías, como ya se ha dicho, Azerbaiyán es uno de nuestros socios en virtud de la política de vecindad de Europa, a la que se incorporó por insistencia de esta Cámara, aunque –al igual que el resto de Repúblicas del Cáucaso Meridional– no hubiera formado parte de la primera ronda. En Azerbaiyán tenemos un programa relativamente exigente; se basa en nuestros principios, nuestros valores y en el Estado de derecho sobre el que también el Estado de Azerbaiyán tiene que actuar.
El informe sobre el país que la Comisión ha elaborado y que en los próximos meses dará como resultado unos planes de acción, nos ofrece la oportunidad de poner en marcha el proceso de democratización y establecer el Estado de derecho. Aunque no utilicemos el mismo lenguaje en todos los casos, debemos medir nuestras palabras cuando hacemos críticas y denunciamos graves violaciones de derechos humanos por lo que son.
Nada de lo que acabo de oír de mis colegas diputados sobre el creciente número de detenciones, la ausencia de elecciones libres – como ha dicho el señor Meijer – o la introducción de la en Azerbaiyán, que es una verdadera tragedia – se enfrenta a la realidad de lo que está ocurriendo allí. Tenemos que tener en cuenta la región en que se halla el país. Esta semana hemos hablado de Uzbekistán, un país cuyo Gobierno tiroteó a entre 400 y 500 civiles por acudir a una manifestación, y aquí estamos hablando de lo ocurrido el 21 de mayo, cuando se detuvo a algunos manifestantes, que fueron liberados unas horas después, y del 4 de junio, cuando el gobierno dio permiso para una manifestación convocada por la oposición. Puede que eso no se aproxime a la idea que nosotros tenemos de la democracia y el Estado de derecho, pero creo que debemos tener en cuenta estas cuestiones en nuestra evaluación de tales acontecimientos y en el lenguaje que utilizamos al describirlos.
El caso es que tenemos que observar estas elecciones. Van a celebrarse en noviembre y las instituciones europeas no deben cometer el mismo error que en Ucrania, cuando al principio no nos tomamos las elecciones en serio ni realizamos un seguimiento de su progreso. El Alto Representante, señor Solana, se dio cuenta de la situación únicamente cuando los ucranianos tomaron las calles para manifestarse en contra del fraude electoral que se había producido.
De ello se desprende que durante las próximas semanas y meses, en esta Cámara no debemos perder de vista el modo en que se desarrolla este progreso. Debemos enviar una delegación de observadores y hacer uso de los planes de acción que ahora entran en vigor como medio para ayudar a un país que se encuentra en una región muy difícil, con algunas zonas ocupadas, pero que está dispuesto a avanzar hacia la democracia y a convertirse en un buen vecino europeo. Con ello, estaremos sirviendo a nuestros propios intereses europeos, al igual que a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, mejor que cuando atacamos con duras críticas a países cuyas circunstancias no conocemos lo suficiente. 
Alyn Smith,
   . – Señor Presidente, me hago eco de la intervención de la colega de mi Grupo, la señora Isler Béguin, recalcando lo oportuna que es esta resolución para Azerbaiyán cuando se encuentra en la antesala de unas elecciones. Visité la región el mes pasado con colegas parlamentarios escoceses, porque queríamos llevar a estos países nuestra experiencia de un nacionalismo socialdemócrata y cívico. En esa región, los sucesos en un país tienen con demasiada frecuencia graves ramificaciones en otro. En este sentido le recomiendo en particular el apartado 10 de la resolución y la referencia a la frágil sociedad civil en Azerbaiyán, porque es la clave para una solución a largo plazo de los problemas de la región.
No es tarea nuestra decir a Azerbaiyán, a Georgia o a Armenia cómo han de llevar sus asuntos, pero con la ventaja de nuestra experiencia podemos echar una mano a una región que busca ayuda, inspiración y quizás incluso liderazgo. Espero que esta resolución dé un nuevo impulso a las negociaciones de la Unión con esta región turbulenta y la experiencia positiva que podamos ofrecerle para su futuro. 
Jaromír Kohlíček,
   . – Señorías, cuando oigo el nombre de la república caucásica de Azerbaiyán, pienso en una riqueza enorme de crudo y un régimen presidencial estricto comparado con las democracias del resto de Europa; también pienso en los problemas con los países vecinos, especialmente el conflicto en Nagorno Karabaj.
La enorme riqueza del país contrasta con la creciente pobreza de su población. Como ha mencionado uno de los oradores anteriores, los que viven actualmente como refugiados no tienen casa aún, en contraste con la situación de Armenia, por ejemplo. El resultado lógico de esta tensión social son las medidas antidemocráticas adoptadas por el Gobierno y criticadas en la resolución que estamos debatiendo. Sin duda, el aspecto del sistema político que ha sido objeto de duras críticas es la posibilidad de detener a un gran número de personas por haber participado en manifestaciones o disturbios sin que exista contra ellas ningún cargo personal claro. Que fueran liberados es otra cuestión. Los periodistas y los políticos de la oposición estaban entre los detenidos y eso es algo que debemos rechazar rotundamente en cualquier parte del mundo. Su liberación no resuelve el problema, sobre todo cuando el país en cuestión es un Estado miembro del Consejo de Europa.
Debemos apoyar el desarrollo de valores democráticos comunes en esta república caucásica y no permitir que se dé luz verde a las fuerzas medievales islamistas. 
Urszula Krupa,
   . –  Hoy estamos debatiendo las violaciones de los derechos humanos y la democracia en Azerbaiyán. Ese país es el último de una serie de repúblicas soviéticas en luchar por la independencia, por detrás de Georgia y Ucrania.
Al menos varias docenas de manifestantes que exigían reformas democráticas en el país fueron detenidos en la reciente manifestación en Bakú. Incluso antes de eso, más de 100 personas habían sido condenadas a prisión por expresar su opinión política y oponerse al Gobierno, tras las amañadas elecciones presidenciales de 2003. Muchos activistas de la oposición, periodistas, maestros y espectadores casuales se han visto atrapados en la ola de violencia desatada por las autoridades.
Azerbaiyán está convirtiéndose en un ejemplo típico de país que ha sufrido transformaciones superficiales. Su democracia tan anunciada a bombo y platillo no es otra cosa que una fachada tras la cual los líderes totalitarios del partido comunista han intercambiado sus tarjetas de afiliación al partido por talonarios de cheques. Han amasado fortunas a expensas de la sociedad manipulando a personas que no solo han sido despojadas de sus derechos, sino también de sus bienes. Como dijo una vez el Papa Juan Pablo II, la pervertida idea de libertad como libertad desenfrenada y libertinaje supone todavía una amenaza para la democracia y las sociedades libres.
Nosotros estamos a favor de la justicia y la verdad, por lo cual apoyamos las demandas de la oposición en el sentido de que se respeten los principios democráticos y la libertad de expresión y que no haya más intimidación o violencia. También apoyamos su petición de que se castigue a los que asesinaron al señor Huseynov y al señor Djalilov, miembros de la oposición que murieron en circunstancias no explicadas. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
    –  Señor Presidente, ¿seguirá Azerbaiyán los pasos de Georgia, Ucrania y Kirguistán? ¡Ojalá pueda! La situación de este país es preocupante. No hace mucho, un líder de la oposición democrática murió en circunstancias misteriosas, tras la muerte de otro líder de la oposición a principios de este año. Pero al mismo tiempo, incluso este tipo de tragedias y otras formas de persecución, como la detención de 29 activistas de la oposición a mediados de mayo, no alteran el curso de la historia ni pueden cambiar su tendencia. La multitud de 70 000 personas que se manifestaron en Bakú el pasado sábado era muy consciente de ello.
La lucha por la democracia en Azerbaiyán es también una lucha por la estabilidad que tan urgentemente necesita el país. Hablando sin rodeos, Azerbaiyán es un importante centro de producción de crudo del mar Caspio, especialmente desde la apertura del oleoducto que ha costado 4 000 millones de dólares entre Bakú, Tiflis y Ceyhan en Turquía, que reducirá la dependencia occidental del crudo de Oriente Próximo. La capacidad que se quiere conseguir con el oleoducto es de un millón de barriles de crudo al día.
Hace cinco días, tras la reciente manifestación, el líder del partido de la oposición Musavat dijo que Azerbaiyán se merecía la democracia e iba a conseguirla. Decía la verdad, y el Parlamento Europeo debe ayudar a garantizar que eso sea lo que ocurra.
Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la apertura del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan es el preludio de una nueva era para Azerbaiyán. No obstante, los nuevos retos económicos que están surgiendo deben ir seguidos de una serie de reformas en el ámbito político y social. De lo contrario, llevarán al país a situaciones opuestas a la deseada, como un mayor desempleo y unas diferencias sociales más acusadas.
Azerbaiyán debe hacer un buen uso de estos cambios y avanzar hacia la democratización. Instamos al Gobierno azerí en la propuesta de resolución a respetar los valores democráticos, entre ellos el derecho a una opinión diferente, y a establecer un diálogo abierto con la oposición, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco de la OSCE y el Consejo de Europa. Hay que crear un entorno político que favorezca el pluralismo político, con el fin de garantizar que las elecciones del próximo mes de noviembre se desarrollen democráticamente.
Condenamos rotundamente el asesinato del periodista Elmar Huseynov, la prohibición de concentraciones, como la reciente concentración cancelada por el alcalde de Bakú el 21 de mayo, y los casos de infracción de la independencia judicial, e instamos al país a que promueva de forma dinámica una reforma institucional, jurídica y administrativa. Debe dejarse claro al actual Gobierno azerí que la Unión Europa condena rotundamente todo tipo de prácticas antidemocráticas.
Insto a la Cámara a que vote a favor de la propuesta de resolución que estamos debatiendo hoy, y tengo la esperanza de que el Gobierno azerí se tome en serio nuestra intervención.
Luca Romagnoli (NI ).
   –Señor Presidente, Señorías, señor Laschet, en Azerbaiyán ha sido suprimida la oposición de tres partidos de derecha, tres partidos nacionalistas, con motivo de la inauguración del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. Las detenciones masivas han decapitado, de hecho, a la oposición política y las asociaciones locales de defensa de los derechos humanos que protestan por unas elecciones que con una estafa manifiesta.
Es la historia habitual del sheriff estadounidense que controla el petróleo en todo el mundo. Cuando no penetran los soldados norteamericanos, como han hecho en Iraq, penetran sus mercenarios políticos: así sucede en Colombia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Turkmenistán y Madagascar. Es una operación iniciada inmediatamente después de la caída del muro de Berlín y el final de la Unión Soviética. Para proteger sus intereses, los Estados Unidos proporcionan millones de dólares en armas y envían consejeros militares por todo el Cáucaso.
La Unión Europea, al condenar el régimen azerbaiyano, condena de hecho la política de explotación estadounidense. Para proteger los derechos humanos y la democracia, debemos oponernos a la política y los intereses norteamericanos.
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, la Comisión Europea comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo y de la comunidad internacional en torno a los derechos humanos y la democratización en Azerbaiyán. Estamos siguiendo muy de cerca los sucesos del país, especialmente en lo que concierne a las libertades fundamentales y a la libertad de expresión y de reunión. Asimismo seguimos muy de cerca los preparativos para las elecciones parlamentarias de noviembre de 2005 y pidiendo a las autoridades de Azerbaiyán que garanticen que se celebrarán cumpliendo todas las normas de la OSCE y otras normas internacionales en materia de elecciones democráticas.
Algunos diputados han preguntado si debemos enviar a un equipo de observadores a las próximas elecciones parlamentarias en Azerbaiyán. En consonancia con la práctica normal en la región de la OSCE, no se enviará una misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones en Azerbaiyán. En su lugar se ofrecerá apoyo a la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH que se acudirá al país. La Comisión considerará asimismo si, en consonancia con recientes medidas y en relación con las elecciones de Ucrania, Moldavia y Kirguizistán, se puede ofrecer apoyo financiero al fondo OSCE/OIDDH para ampliar la participación en las misiones de observación electoral, a fin de que puedan participar más observadores de Europa Central, Oriental y del Sudeste y de la antigua Unión Soviética.
Todas estas cuestiones han de verse a la luz de la inclusión de Azerbaiyán en la Política Europea de Vecindad, como decidió el Consejo en junio de 2004. En sus reuniones con las autoridades de Azerbaiyán, la Comisión ha recalcado siempre que la Política Europea de Vecindad implica necesariamente compartir valores fundamentales como la democracia, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones realmente democráticas.
Como saben ustedes, el 25 de abril de 2005, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores decidió ofrecer a Azerbaiyán la oportunidad de desarrollar un plan de acción con la Unión Europea al amparo de la Política Europea de Vecindad y espero que el mismo se ultime antes de que acabe el año. Los derechos humanos, las libertades fundamentales, elecciones realmente libres y la democratización serán algunas de las principales prioridades de este documento, que ofrecerá una orientación general de cara a las futuras relaciones entre Azerbaiyán y la Unión Europea.
Además, la Comisión está ayudando a Azerbaiyán con sus reformas institucionales, jurídicas y administrativas a través del programa TACIS. Toda esta gama de cuestiones es una de las dos grandes prioridades elegidas para el Programa de Acción Nacional TACIS 2004-2005.
Por último, la Comisión también ofrece apoyo financiero a través de su Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Actualmente financia cinco proyectos regionales en el Cáucaso Meridional por un importe total de 5 millones de euros. La Comisión seguirá utilizando todos los medios a su disposición para conseguir una protección eficaz de los derechos humanos en Azerbaiyán y asegurarse de que la democratización del país progrese sin problemas en el próximo futuro. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día se procede al turno de votaciones.

Zita Pleštinská (PPE-DE ),
   . El motivo por el que voté a favor del informe Öry es su actualidad respecto a la cuestión de la inclusión social en los 10 nuevos Estados miembros. El ponente ha descrito con detalle los retos básicos a los que se enfrentan los nuevos Estados miembros en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En su mayoría han sido diputados al Parlamento Europeo los que han expuesto argumentos sobre la seriedad de este tema durante el debate. Sus intervenciones se han centrado en el tema de la pobreza, que también abarca la inclusión social de los niños, o dicho de otro modo, influye en las perspectivas de la nueva generación. A modo de ejemplo, las estadísticas indican que en mi país, Eslovaquia, nada menos que el 21 % de los ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza, en su mayoría en las regiones menos desarrolladas del país. Este informe proporciona una base para abordar el enorme reto al que se enfrenta la UE de lograr los ambiciosos objetivos de Lisboa de crecimiento del empleo, cohesión social y desarrollo sostenible. El progreso de la UE dependerá de como enfoque los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE que están en situación de mayor riesgo y que viven principalmente en los 10 nuevos Estados miembros. Ese enfoque debería estar guiado por la inclusión social y la lucha contra toda forma de discriminación. 

Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM ),
    Un informe trata del empleo y la productividad y su contribución al crecimiento económico, y el otro trata de la inclusión social en los nuevos Estados miembros.
Ambos informes contienen recomendaciones generales sobre el modo en el que los Estados miembros debe dirigir su política económica. Aunque podemos apoyar sustancialmente muchas de las propuestas, no corresponde a la UE decidir esa política. Por medio de la competencia institucional, los países deben encontrar por sí solos soluciones adecuadas para decidir la política económica.
Los países que adoptaron normas transitorias para regular la movilidad de la mano de obra con relación a los diez nuevos Estados miembros deben tener derecho a conservarlas. No obstante, sería bueno revisar las normas, porque los problemas que plantea de la libre migración de mano de obra desde los nuevos países de la UE se han exagerado mucho.
Por los motivos aquí expuestos, vamos a votar en contra de ambos informes. 
El Presidente.
   – Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
