Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
El Presidente.
El punto siguiente es el informe (A5-0303/2002) del Sr. Jorge Moreira da Silva en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2001) 581 - C5-0578/2001 - 2001/0245(COD)) por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.

Wallström
Señor Presidente, me complace poder dirigirme al Parlamento Europeo en relación con la propuesta sobre comercio de derechos de emisión. Estoy orgullosa de esta propuesta, ya que la considero la piedra angular de la aplicación a bajo coste del Protocolo de Kioto por parte de la Unión Europea.
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Moreira da Silva, por su generoso esfuerzo para llevar esta propuesta hasta su primera lectura. Sé que había unas 500 enmiendas en la comisión, pero en estos momentos manejamos la cifra mucho más reducida de 100 enmiendas

Moreira da Silva (PPE-DE)
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera aprovechar mis primeras palabras para agradecer la excelente colaboración que me han dispensado los ponentes de opinión y los ponentes alternativos de todos los grupos políticos. Sólo gracias a dicha cooperación hemos sido capaces de alcanzar un buen compromiso en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.
Creo que esta Directiva creará las condiciones para que el cambio climático y el Protocolo de Kioto dejen de ser una preocupación meramente teórica en Europa y se conviertan en uno de los derroteros esenciales de la política medioambiental y económica de todos los Estados miembros. En el fondo, esta Directiva constituirá la base para la economía del carbono; los ganadores serán quienes sean capaces de alcanzar los mismos niveles de producción con el menor volumen de emisiones. Por tanto felicito a la Comisión, representada por la Sra. Comisaria Margot Wallström, por la iniciativa de proponer esta Directiva, especialmente porque reducirá de forma notable el coste del cumplimiento con el Protocolo de Kioto en la Unión Europea. De hecho, creo que si se demuestra que este sistema funciona, que este sistema permite reducir los costes inherentes al cumplimiento con Kioto en la Unión Europea, constituirá el mejor argumento para convencer a nuestros amigos los Estados Unidos de que suscriban el Protocolo de Kioto.
Sin embargo, a pesar de considerar positiva la propuesta de Directiva en su conjunto, existen ámbitos en los que el Parlamento desea avanzar más y mejorar la propuesta básica, habiéndose alcanzado un amplio compromiso al respecto. Por consiguiente, más que exponer mi propio punto de vista, hablo en nombre de todas las personas que adoptaron este compromiso. En primer lugar, creo que es importante que esta Directiva contemple objetivos cuantificados que deben cumplirse y pensamos que es esencial que exista un techo máximo para los derechos de emisión por Estado miembro, convergiendo linealmente con el Protocolo de Kioto.
En segundo lugar, creemos que es importante que los Estados miembros tengan la posibilidad de agregar nuevos sectores y actividades a los incluidos en el sistema. Estoy pensando en la inclusión voluntaria y optativa de sectores como el transporte o las pequeñas y medianas empresas en los Estados miembros que lo consideren oportuno.
En tercer lugar, la utilización de créditos debe quedar totalmente prohibida durante el periodo inicial de aplicación de la Directiva.
En cuarto lugar, consideramos importante que la Directiva cubra los seis gases de efecto invernadero, no sólo el dióxido de carbono, siempre y cuando estos seis gases se incluyan sobre la base de criterios transparentes, idénticos a los utilizados para el dióxido de carbono.
En quinto lugar, creemos que es importante que queden incluidas en esta Directiva la industria química y la del aluminio.
Por último, en relación con los ámbitos a los que consideramos debería hacerse extensiva la propuesta de la Comisión a fin de hacerla más ambiciosa -y me estoy refiriendo al sistema de asignación inicial de derechos de emisión- creo que un sistema híbrido basado en la asignación gratuita, pero con un cierto porcentaje del método de subasta (5% durante el periodo inicial, 15% en el segundo periodo) es mejor que un 100% de asignación gratuita, tal como sugiere la propuesta de Directiva, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el medioambiental y el referente a la reducción de la distorsión de la competencia.
He dejado para el final el tema que considero de mayor importancia: la implicación jurídica. En mi opinión, este sistema sólo puede funcionar si es jurídicamente vinculante, o dicho en otras palabras, obligatorio. Creo que la Comisión de Medio Ambiente logró un buen compromiso en cuanto a la implicación jurídica, un sistema vinculante con la exclusión temporal -limitada tanto en la duración como en las condiciones- de algunas empresas durante el periodo inicial. Considero bastante injustificada e incluso peligrosa la adopción de las enmiendas 75 y 81, ya que en el fondo supondrían convertir un sistema vinculante en otro de carácter voluntario y, en consecuencia, incrementar las distorsiones de la competencia, reducir la liquidez en el mercado, aumentar el precio de la tonelada de dióxido de carbono y disminuir la eficacia económica del sistema.
Blokland (EDD)
Señor Presidente, antes de nada deseo agradecer al ponente, Sr. Moreira da Silva, a los demás ponentes de opinión y a los ponentes alternativos por la grata relación de trabajo que ha alumbrado la propuesta que tenemos delante de nosotros. A este respecto, deseo indicar que durante el proceso ha quedado sobradamente patente lo controvertida que resulta la propuesta para el comercio de derechos de emisión. En consecuencia, las diferencias de opinión existentes entre los defensores y los detractores del régimen se tradujeron en una cantidad abrumadora de enmiendas.
Como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, abogo por un régimen de comercio de derechos de emisión uniforme y transparente, un régimen que describa nítidamente los derechos y obligaciones para el gobierno y la industria. Sin embargo, deberá reflejar igualmente la peculiar dinámica de la industria, una dinámica en la que la continuidad y el ámbito de aplicación de la competencia no se vean obstaculizados innecesariamente por nuevas legislaciones.
Así pues, resulta grato constatar que el informe final al que nos enfrentamos recoge una serie de enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, encaminadas a tal fin. Me refiero concretamente a la ampliación del periodo de tiempo en el artículo 11, a la adaptación de la cláusula de penalización en el artículo 16 y a la forma en que los Estados miembros gravan el régimen de comercio de derechos de emisión en el artículo 16, apartado 4. La claridad en cuanto a los factores que distorsionan el mercado fortalece la eficacia de un mercado de derechos de emisión. Consecuentemente, resulta lamentable que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no lograra alcanzar un acuerdo sobre la forma de asignar los derechos a partir de 2008.
Es muy importante permanecer alerta en cuanto a las medidas que puedan adoptar los Estados miembros para intervenir en un mercado de comercio de derechos de emisión mediante la introducción de sus propios regímenes y gravámenes. La oposición a un régimen de comercio de derechos de emisión seguirá existiendo en diferentes partidos y se traducirá en el incumplimiento de las disposiciones. La falta de claridad de la Directiva no debería interpretarse como que el comercio de derechos de emisión está condenado al fracaso. El dicho de que «la existencia del pastel se demuestra al comerlo» resulta perfectamente aplicable al comercio de techos de emisión.

Hautala (Verts/ALE)
Señor Presidente, hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado interior. Mi compañero, el Sr. Blokland, acaba de afirmar que la comprobación del flan se hace al comerlo. Me gustaría decir que todos aquellos que no hayan pensado en el comercio de derechos de emisión tal vez se deban parar a pensar cómo se come una langosta. Imagínense que tienen delante una langosta grande sobre una bandeja. Al principio resulta bastante sencillo extraer bocados suculentos y jugosos, pero las cosas se van poniendo más difíciles cuando le toca el turno a las pequeñas pinzas y a las patas, y al final optamos por dejarlas en la bandeja porque realmente ya no merece la pena seguir peleando con la comida. Evidentemente, la idea ahora consiste en que el comercio de derechos de emisión nos ayude a detectar los objetivos sabrosos para reducir las emisiones, aquellos para los que la reducción de emisiones resulte más económica y para los que realmente merezca la pena el esfuerzo, pudiéndose dejar tal vez los objetivos más difíciles para el final o para abordarlos por otros métodos.
Se necesitan medios eficaces para cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto. Quisiera decir que el proceder más sabio consiste en comenzar ahora, ya que con toda probabilidad las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto entrarán en vigor a partir de 2008. Sabemos que, en el mundo de los negocios, los que entran al principio a menudo también son quienes cosechan los mayores beneficios.
El informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor cumple todos los requisitos clave de un buen régimen para el comercio de derechos de emisión. En primer lugar, el Parlamento va a votar hoy la propuesta de ampliar significativamente el mercado de emisiones incluyendo nuevos sectores, dando entrada a nuevos gases. De esa forma podemos estar seguros de que habrá suficientes vendedores y compradores en el mercado. En cuanto a la flexibilidad propugnada por los estados miembros, creo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha dado con el mejor enfoque flexible, de manera que los Estados miembros, sujetos a ciertos condicionantes, pueden excluir temporalmente del régimen de comercio de derechos de emisión a determinadas instalaciones. Considero que ésta ha sido una solución excelente, propuesta igualmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Lo más importante de todo es el concepto de que, a la hora de asignar estas cuotas de emisión, deberemos ajustarnos a los criterios por los cuales aquellas empresas que ya han aceptado reducir las emisiones deberán ser respaldadas y recompensadas. De hecho, el debate acerca de las subastas está muy ligado a este tema, ya que las subastas permitirían introducir ese elemento capaz de alentar y recompensar a los pioneros.
Espero que el Parlamento acepte al menos un pequeño porcentaje de cuotas sujetas a subasta. Todos cuantos formamos parte de la Comisión y del Parlamento en su conjunto hemos disfrutado de excelentes niveles de cooperación. Quiero dar las gracias al ponente y a la Comisión, particularmente, por tal circunstancia.

El Presidente.
 Muchas gracias, Sra. Hautala. Tal vez nos debiera comunicar dónde come langosta, ya que se ha servido de ella para tan elegante ejemplo.

Newton Dunn (ELDR)
Señor Presidente, no voy a hablar de langostas, pero comparto los intereses de los oradores precedentes. Señor Presidente, por definición usted lo sabe todo, así que ya conoce la opinión de la Comisión de Industria. Caso de que haya aquí alguien que no la conozca, forma parte de mi obligación exponerla.
En el seno de la Comisión de Industria había un amplio espectro de opiniones, como detallaré sucintamente. Voy a resumir algunos aspectos clave sobre los que se centraron nuestros debates. Ante todo, y quizás sea éste el punto más importante: ¿debe ser obligatorio el esquema o debe darse cabida a las exclusiones temporales (opt-out) o exenciones? Se alzaron algunas voces procedentes de ciertos reductos nacionales solicitando tales exenciones. Otros miembros de la Comisión pensaban que si se autorizaban las exenciones, todo el mundo solicitaría una y dejaría de regir la Directiva, todo lo cual planteaba un dilema.
Existía además la preocupación de que los beneficios alcanzados ya por las reducciones en ciertos Estados miembros no se vieran necesariamente remunerados de forma adecuada. Es un aspecto que deberá tenerse en cuenta.
El consenso fue general en cuanto a que, a partir de 2008, la Directiva deberá tener carácter obligatorio. En lo relativo a la asignación de cuotas, la Comisión se manifiesta contraria al método de subasta. Parece un derroche de recursos cuando la industria debiera utilizarla para lograr las reducciones. La Comisión tiene interés en dar entrada a otros sectores, incluso los del transporte y la vivienda, aunque parece difícil de lograr. Estamos a favor de incluir los otros cinco gases de efecto invernadero, si bien la medición constituye un aspecto de importancia.
Respecto de la comitología y la posibilidad de que la Comisión quede autorizada a decidir los detalles futuros, estamos en contra de manera firme y unánime. Abogamos por la plena codecisión sobre la próxima Directiva cuando sea propuesta. Queremos que las demás partes del mundo presten atención, porque lo que hacemos carece de utilidad a menos que los norteamericanos, rusos y asiáticos se hallen igualmente implicados.
Por último, una opinión personal: el público deberá poder adquirir cuotas, ya que deseamos implicar a los ciudadanos en las actividades europeas y en preservar el planeta.
García-Orcoyen Tormo (PPE-DE).
Señor Presidente, la política del cambio climático es un proceso abierto, en el que todos los Estados miembros comparten unos objetivos finales, así como el reconocimiento de determinadas herramientas que hagan realidad este proceso. Una de ellas es, sin duda, el comercio de derechos de emisión. 
La Directiva que ha de armonizar esta herramienta ha puesto claramente de manifiesto el importante respaldo político con que cuenta la iniciativa y ha reafirmado el liderazgo de la Unión Europea en cuanto a la puesta en marcha de instrumentos de mercado, que, indudablemente, van a cambiar la forma de hacer negocios en Europa.
Sin embargo, también ha dejado al descubierto sus dificultades y, sobre todo, los interrogantes sobre puntos concretos, esenciales, para garantizar el éxito del sistema.
En este sentido, la novedad del mecanismo, para la mayoría de los Estados miembros, hace que se aborde mayoritariamente desde la perspectiva de learning by doing, y que haya diferencias de opinión en cuanto a la mejor manera de lograr el éxito en su aplicación.
El ponente, Sr. Moreira Da Silva, se ha visto inmerso en un mar de enmiendas que reflejan, por un lado, el interés, pero también las dudas que esta herramienta suscita, y que le han llevado a tener que hacer un enorme esfuerzo para aunar criterios sobre aspectos tan cruciales como el método de asignación o la voluntariedad del sistema.
Yo creo que el enfoque se hubiera facilitado manteniendo un tratamiento más diferenciado, tal vez, para los dos períodos en que se divide la aplicación de la Directiva.
El primer período debe ser abordado, ante todo, como una experiencia piloto, de rodaje y adaptación del mercado, del que se extraigan las conclusiones necesarias, con vistas a una aplicación más amplia y rigurosa en la segunda fase. Si no queremos que el sistema fracase debemos, en la primera etapa, dotar a los Estados miembros de cierta flexibilidad, que les permita hacer frente, sobre todo, a los costes de transacción sin menoscabar la competitividad de las empresas y el funcionamiento del mercado interior.
En función de este objetivo, y en aras de la credibilidad futura del sistema, abogo por que en el primer período se facilite al máximo la participación de las empresas y la flexibilidad en la adaptación de los Estados, que, como digo, tienen costes de transacción que difieren sensiblemente de unos a otros.
Como se dice en mi país, no llega más lejos quien más corre. En este sentido, me parece que la decisión temprana sobre el sistema de adjudicación, dando entrada al sistema de subastas, no es lo más acertado; sobre todo, comprometiendo un 15% para el segundo período. Las condiciones, para este período, sólo deberían establecerse a la luz de la experiencia y los resultados de la primera fase.
En cuanto a la voluntariedad del sistema, el compromiso alcanzado por el ponente, bajo la fórmula de opting out me parece lo más adecuado para dar facilidades a las empresas, sin poner por ello en peligro el buen funcionamiento del sistema.
En cualquier caso, esta Directiva, repito, no debe enfocarse como un proceso cerrado, sino como un camino que empezamos a recorrer y que habrá de perfeccionarse y adecuarse a las circunstancias de los Estados miembros durante su aplicación.

Corbey (PSE).
Señor Presidente, yo también deseo comenzar con unas palabras de agradecimiento. Ante todo, para la Señora Comisaria y su equipo, que han presentado una sólida propuesta y siempre han estado en disposición de debatirla con los Diputados al Parlamento Europeo. En segundo lugar, al Sr. Moreira da Silva, que se ha esforzado por mejorar la propuesta con una tenacidad admirable. Y por último, a los compañeros de mi propio grupo que han tenido que soportar prolongadas discusiones en relación con este tema.
Los derechos negociables de emisión resultaron ser una cuestión espinosa. Durante todos los problemáticos debates, a menudo hemos tenido que recordarnos a nosotros mismos en pos de qué estábamos trabajando, a saber Kioto. Hemos de mantener vivo el propósito de combatir el cambio climático y debemos hacerlo de una forma económica y socialmente responsable.
Tres aspectos entrañaban capital importancia para nuestro grupo. En primer lugar, queríamos preservar, y en lo posible reforzar, la integridad medioambiental de la propuesta. Por consiguiente, apoyamos la propuesta del Sr. Moreira da Silva de introducir un techo, un tope máximo, de forma que podamos tener la certeza de que los niveles de emisión efectivamente están disminuyendo. En principio, estamos a favor de cooperar en este campo con los países de Europa oriental y con aquellos en vía de desarrollo, siempre y cuando se haga de una manera que excluya la utilización de cementerios y energía nucleares.
En segundo lugar, el grupo PSE desea que el régimen que estamos diseñando sea equitativo y se perciba como tal. Ésta es la razón por la que debería implantarse una política de sanciones creíble, con la que queremos evitar totalmente que los innovadores pioneros se vean perjudicados y por la que el método de asignación debiera ser idéntico siempre que sea posible. Las discrepancias excesivas entre Estados miembros provocan distorsión de la competencia. De momento resulta imposible decidirse por un método de asignación, ya sea el «grandfathering» (atribución gratuita de derechos de emisión calculados en función de criterios históricos) o el de subasta, incluso en el seno de nuestro grupo.
En tercer lugar, el régimen ha de ser eficaz. Esto significa que el mercado tiene que ser lo más amplio posible: cuantos más participantes, mayor la eficacia del régimen. Debo decir que las discusiones sobre este punto a veces resultaron un poco alienantes. Opino que no favorece en absoluto los intereses de las empresas utilizar la cláusula de exclusión voluntaria («opt-out»), ya que estas empresas han de reducir sus emisiones de CO2, pase lo que pase.
Las empresas que queden incluidas dentro del régimen pueden -caso de no lograr reducir las emisiones- adquirir derechos de emisión en el mercado. Las empresas que no queden incluidas en el régimen necesitarán desactivar algunas instalaciones o incluso clausurar divisiones enteras. Desde mi punto de vista, ésta no es una solución con una especial sensibilidad social. Nosotros, como socialistas, nos tomamos el empleo en serio. Esta es la razón por la que las empresas y los sindicatos no pueden beneficiarse en absoluto de la exclusión voluntaria (opt-out). Por consiguiente, tal vez sea una buena idea retirar la enmienda 81.
Para nosotros resulta sumamente importante poder reportar en Nueva Delhi un cierto progreso de la política climática europea. El Parlamento está dando hoy un importante paso hacia delante; la semana próxima será el turno del Consejo. Igual importancia tiene para nosotros resaltar el concepto de crecimiento sostenible al hilo de Johanesburgo.
Con esta decisión acerca de los derechos negociables de emisión, obramos con rectitud en cuanto al medio ambiente, pero también en cuanto a los principios rectores en el ámbito social y económico. Tal vez no nos hayamos puesto totalmente de acuerdo en los detalles, pero ésta es la línea maestra que hemos de tener presente. Hoy tenemos la oportunidad de decantarnos a favor del desarrollo sostenible. Hagámoslo, por tanto, con convencimiento.

Davies (ELDR).
Señor Presidente, hace algunas semanas volvíamos de la Cumbre de Johanesburgo con la demanda resonando en nuestros oídos de que las palabras biensonantes debían traducirse en acciones reales y con la plena conciencia de que las promesas europeas habían sido acogidas con cierto cinismo tanto por la prensa como por el público. Pero si esos mismos críticos se pararan a analizar el tema del cambio climático, descubrirían que tal postura cínica carece de justificación. Desde un principio, la UE ha estado siempre a la cabeza. Ha desautorizado a los cínicos al cristalizar un acuerdo para la puesta en práctica del Protocolo de Kioto y al hacer entrar en razón a los Estados Unidos y su Gobierno, tan proclive a la inhibición.
Ahora estamos viendo cómo las palabras se traducen en actos, con un esquema de comercio de derechos de emisión que muy bien pudiera constituir la base para conseguir hasta el 50% de las reducciones que nos hemos comprometido a alcanzar.
La primera vez que leí algo acerca del comercio de derechos de emisión y de encauzar las fuerzas del mercado para alentar a la industria a cumplir los objetivos medioambientales fue hace más o menos una década en revistas pertenecientes a grupos de presión. Aquellas ideas, que entonces se desecharon alegremente por disparatadas y poco prácticas, están tomando forma positiva.
Felicito a la Comisión por su proyecto de Directiva. Sin embargo, en muchos aspectos resulta un documento tímido y gracias a la labor de nuestro ponente, disfrutamos de un acuerdo de todos los partidos en el sentido de respaldarlo para que se convierta en más ambicioso. Los Demócratas Liberales en el Parlamento se adherirán a la hora de apoyar una serie de medidas que amplíen su ámbito de actuación, que lo ensanchen para dar cabida a otros sectores industriales y exigirle que incluya otros gases causantes del calentamiento global, aparte del CO2. Yo personalmente acepto sin ninguna reserva la necesidad de un capítulo de cuotas en cada Estado miembro, si bien reconozco que algunos de los compañeros en mi grupo muestran cierta preocupación, pues las exigencias que pesan sobre sus países en virtud del acuerdo de reparto de cargas ya resultan onerosas.
Nos queda mucho por aprender. Por eso me agrada que el Parlamento vaya a someter a votación hoy la concesión de una exclusión temporal (opt-out) a aquellos mecanismos de comercio de derechos de emisión que ya están implantados. No estoy plenamente convencido de que el mecanismo británico constituya los cimientos para un desarrollo a largo plazo. En cuanto a concepción y aplicación, se trata de un mecanismo distinto del propuesto por la Comisión y, a la larga, deberíamos ser capaces de aprender y sacar provecho de él.
Tras la satisfactoria clausura de la conferencia de Kioto en Bonn, la Comisaria dijo a la prensa que ahora sí podríamos contarles a nuestros nietos que hicimos algo por atajar el problema del cambio climático. Todos nosotros, Comisarios, Ministros y Diputados, estamos deseando refrendar tales palabras. No va a ser fácil. Existen algunas reticencias nacionales comprensibles, pero también algunos intereses comerciales cicateros dispuestos a diluir estas medidas. No debemos perder de vista el largo plazo y las enormes dimensiones del desafío. Si no pasamos a la acción ahora, estaremos dando la espalda al futuro del planeta.

Sjöstedt (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su trabajo tan exhaustivo, pero sobre todo por su enorme habilidad a la hora de cooperar con otros grupos y de intentar encontrar soluciones de amplio alcance. Lo apreciamos enormemente.
Pienso que el informe que tenemos delante contiene gran número de mejoras respecto de la propuesta de la Comisión. Al fin y al cabo, se trata de un tema muy complejo. A la hora de analizar el comercio de derechos de emisión, el mayor énfasis deberá hacerse en la adopción de medidas que resulten lo más eficaces posible. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que pueda entenderse como un sustituto de las acciones políticas para reducir las emisiones, y eso no debe ocurrir. A veces depositamos una confianza excesiva en el comercio de derechos de emisión, en detrimento de las medidas necesarias que es necesario adoptar también en otras esferas.
El comercio de derechos de emisión a escala global dentro del contexto del Protocolo de Kioto es un sistema que entraña muchos riesgos. Existe el peligro de generar una situación en la que se compren derechos de emisiones que luego no se produzcan. Tenemos que debatir la forma de evitarlo en el futuro.
En cuanto a la presente propuesta, queremos que el sistema sea vinculante y que las exenciones que se hagan sean lo más limitadas posible. Deseamos cubrir todos los sectores posibles y apoyamos naturalmente la ampliación de la propuesta a otros sectores. Creemos que es razonable que se incluyan los seis gases de efecto invernadero y pensamos que debería comenzarse en cuanto sea posible con la práctica de subasta de una parte de las asignaciones. Esto está plenamente en consonancia con el principio de que los agentes contaminantes deberían pagar por la contaminación. Apoyamos asimismo la idea de un techo nacional para el comercio y estamos a favor de sanciones eficaces. Por consiguiente, este será el sentido de nuestro voto sobre las diferentes partes de la propuesta.

de Roo (Verts/ALE).
Señor Presidente, comenzaré agradeciendo al ponente, Sr. Moreira da Silva, por su cooperación extremadamente fructífera. En este Parlamento hemos aceptado el Protocolo de Kioto. Solamente cuatro Diputados votaron en contra. Sin embargo, Kioto significa 8% menos y no 8% más, lo cual ya entraña suficiente dificultad. Sin unas medidas europeas, nuestros quince gobiernos no lograrán el éxito a nivel individual. Unos ocho países han implantado ecotasas nacionales, pero el grueso del consumo industrial cae fuera de estas ecotasas nacionales. Y ahí es donde precisamente entra en juego el régimen europeo de comercio de derechos de emisión, ya que aproximadamente el 50% de las emisiones europeas de CO2 se produce en este ámbito.
Mucho se ha debatido en los Estados Unidos acerca del comercio de derechos del CO2 pero no se ha tomado ninguna decisión positiva. Es de esperar que nosotros en Europa adoptemos la decisión histórica de tomar la delantera en la implantación real de un régimen concreto. Es algo que necesitamos de forma desesperada, ya que llevamos hablando toda una década de manera improductiva acerca de los gravámenes europeos sobre la energía. No han llegado a materializarse debido a que ciertos gobiernos, primero el Reino Unido y ahora España, han votado en contra. Otra de las razones por la que no han llegado a tomar cuerpo radica en la negativa del Sr. Comisario Bolkestein a constituir un grupo conductor. De hecho, este régimen de comercio de derechos de emisión es el régimen europeo de gravámenes sobre la energía, aunque con diferente ropaje. No obstante, se trata de un sistema mejor; mejor que los gravámenes energéticos sobre el CO2, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico.
Mi grupo, el Grupo de los Verdes, ha conseguido que se aprueben dos importantes enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. La primera representa la mano tendida hacia los Estados Unidos. En julio del pasado año estuvimos hablando en Bonn durante dos horas y media con empresas estadounidenses. Se muestran enormemente interesadas en un régimen internacional de comercio de derechos de CO2. Piensan que tan pronto como el presidente Bush termine su mandato, los Estados Unidos se adherirán a esta iniciativa.
El segundo tema que conseguimos fuera aceptado consiste en que la Comisión Europea ha recibido el encargo de desarrollar diferentes propuestas a fin de ampliar este régimen para incluir el sector doméstico y el del tráfico. El sector del tráfico, en concreto, reviste gran importancia, pues hemos observado que nuestros gobiernos nacionales han fracasado en el intento de reducir las emisiones de CO2 en el sector del tráfico, y es algo que será necesario hacer.
Seguimos sin resolver un tema, a saber, el de la asignación de derechos de emisión. Mi grupo está a favor de un sistema de subasta. Hemos propuesto un compromiso moderado, únicamente el 15% mediante subasta y el 85% gratuito, pero incluso 15% sujeto a subasta constituirá un guiño de carácter positivo para la industria que ya ha abordado la reducción del CO2. Mi grupo quedará totalmente satisfecho en el caso de que la mayoría de sus señorías refrende esta enmienda.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, la Unión Europea puede estar legítimamente orgullosa de sus desvelos por cumplir los compromisos adquiridos en Kioto. Es una lástima que los Estados Unidos no hayan estado a la altura de sus responsabilidades. En este sentido espero que la Comisión prosiga sus esfuerzos en la escena internacional para inculcar a los Estados Unidos la necesidad de subirse al tren en este tema tan crítico.
Este es el primer elemento legislativo propuesto por la Comisión desde la firma del Protocolo de Kioto que aúna el control de la contaminación con un ahorro por importe de 1.300 millones de euros en los costes anuales de nuestros compromisos adquiridos en Kioto. Congratulo a la Comisión por su propuesta, que establece fases aceptables en la Directiva, y que concederá a la industria el tiempo necesario para adaptarse al sistema sin menoscabo de nuestra responsabilidad fundamental. Felicito asimismo al ponente por su excelente labor y su documentación tan técnica. Creo que la Comisión de Medio Ambiente ha hecho en este caso un valiosa contribución a la propuesta original de la Comisión.
Apoyo plenamente la mejora de la Directiva realizada por la Comisión. Aún cuando la propuesta original se circunscribía al CO2, me congratula que en el Parlamento seamos más ambiciosos y tratemos de ampliar el ámbito de aplicación a todos los demás gases de efecto invernadero. Este tipo de acción demostrará a las claras la determinación de la UE de materializar un progreso real y tangible en este tema de enorme importancia.
Acojo asimismo con satisfacción la ampliación de la Directiva para incluir otros sectores como el químico y el del aluminio. Destacaría al respecto un caso especial: la situación de la industria de la cal. Dado que la cal y la dolima sólo se pueden producir mediante la eliminación del CO2 existente en la piedra caliza y la dolomita, no hay ninguna forma de reducir las emisiones de CO2. Por tal razón, mi grupo ha presentado una enmienda que propone excluir la producción de cal y dolima del mecanismo de comercio de derechos de emisión de gases. La industria seguiría sujeta a los requisitos en cuanto a seguimiento, información y verificación. Pediría también a los colegas que reflexionen sobre esta situación concreta y que apoyen nuestra enmienda, la 89.
La fase voluntaria inicial de este esquema es importante y espero que los Estados miembros fomenten activamente la máxima participación en todos los sectores. Resulta además esencial que la Directiva tenga carácter obligatorio a partir de 2008, de manera que constituya un objetivo concreto y tangible que contribuya a mantener centrado el foco de atención.
Para terminar, haré un comentario de carácter general acerca de la contribución de la UE a la mejora de la conciencia y protección medioambiental. Como diputado irlandés, soy plenamente consciente de que la inmensa mayoría de la legislación medioambiental, así como los cambios de actitud, son una consecuencia directa de nuestra condición de miembros de la Unión Europea. En el caso presente, como en otras muchas áreas políticas, la UE ha incidido de forma positiva en todas las facetas de la vida de nuestros conciudadanos. Para acrecentar al máximo el potencial de nuestro trabajo en esta área tan crucial, esperamos poder hacerlo extensivo a los países de Europa central y oriental. A tal fin, preveo con cierto entusiasmo una respuesta positiva por parte del pueblo irlandés al Tratado de Niza.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, a lo largo de los últimos meses hemos sido testigos, dentro y fuera del Parlamento, de un debate acalorado acerca del efecto invernadero. ¿Representan la utilización de carburantes fósiles y la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera una amenaza seria o se trata simplemente de aire caliente? Al fin y al cabo, investigaciones recientes han demostrado que el problema no tiene solución real, aun cuando se restrinjan las emisiones de CO2 por la población, y que el comercio de derechos de emisión contribuye de forma limitada a la reducción de las emisiones de CO2.
¿Es el comercio de derechos de emisión algo así como el cuento de la lechera? No lo creo. Desde mi punto de vista, la creencia de que la reducción de las emisiones de CO2 tiene un valor limitado en el proceso de reducir el efecto invernadero es errónea. Sólo con que llegue a transmitir que el papel que desempeña la población en la generación del efecto invernadero puede reducirse al mínimo, el comercio de derechos de emisión habrá logrado un objetivo, a saber, que ahora tenemos mayor conciencia de nuestros recursos naturales y somos más ahorrativos en su utilización. Con ello se habrá alcanzado un segundo objetivo irrefutable, el de que si deseamos disfrutar de un uso a largo plazo de recursos naturales como el carbón, el petróleo o el gas, tenemos que aprender a utilizarlos de forma responsable.
Hacer un uso más económico de los recursos naturales significa darles un trato distinto del que les otorgamos en la actualidad. Dicho de otra manera, en comparación con nuestra forma actual de proceder, hemos de utilizarlos de modo diferente. Reviste por tanto gran importancia garantizar que este planteamiento quede también reflejado en la forma de asignar los derechos de emisión. Por esta razón nuestro grupo, junto con el grupo PPE-DE, ha presentado enmiendas a fin de incorporar a esta Directiva algún tipo de medida comparativa. La comparación de los niveles de consumo de energía para determinar la asignación de los derechos de emisión constituye un incentivo adicional para las empresas de cara a adoptar medidas encaminadas a reducir su consumo de energía. De esta forma se le ofrece a la industria la oportunidad, sobre la base de comparaciones mutuas e históricas, de reducir las emisiones de CO2 mediante el consumo de energía con métodos innovadores. Esto constituye un incentivo mayor que la implantación de un gravamen sobre la energía y además transfiere parte de la responsabilidad social a los empresarios y a la industria.
En consecuencia, todas las propuestas presentadas últimamente para debilitar la Directiva y restringir su ámbito de aplicación no contribuyen de manera constructiva a una política energética mejor. Más bien al contrario. Partiendo de la base de que ciertos países no tienen intención de ratificar el Protocolo de Kioto, se está intentando restringir la propia contribución de los países a fin de no sufrir perjuicios económicos. El hecho de que esta idea se sustenta sobre una hipótesis errónea es evidente. Al fin y al cabo, una reducción del consumo de energía tiene igualmente sentido desde un punto de vista económico.
Esto ha provocado, lamentablemente, un exceso de enmiendas presentadas que, caso de aceptarse, obstaculizarán seriamente la eficacia del instrumento de comercio de derechos de emisión. Las votaciones en las distintas comisiones han demostrado, sin embargo, que muchas de las enmiendas no cuentan con apoyo suficiente. Me estoy refiriendo a las enmiendas que propugnan la inclusión de otros sectores y prevén muchas excepciones a la normativa. Además, la enmienda 97 sobre coincineración debería rechazarse, ya que refuerza el escenario desigual de plantas de incineración de residuos frente a las plantas de coincineración. A diferencia de las plantas de incineración de residuos, en las de coincineración tienen lugar procesos reales de producción, con los que no debería hacerse ninguna excepción. Esto complica de forma innecesaria la Directiva. Así pues, rogaría encarecidamente no apoyar propuestas de este tipo.
Señor Presidente, terminaré diciendo que las soluciones a favor de un mejor entorno de vida y un mejor futuro a menudo no son evidentes, y desde luego no lo son en el actual clima económico. Sin embargo, no sólo el clima económico constituye un factor esencial en este contexto. Nuestro cometido como vigilantes de la Creación divina nos exige gestionar correctamente tanto la Tierra como sus recursos. Estoy plenamente convencido de que tiene una importancia vital para nuestro compromiso con el uso sostenible de los recursos de nuestro planeta. El comercio de derechos de emisión puede constituir una herramienta para tal fin.

Kronberger (NI).
Señor Presidente, han transcurrido doce años desde Río, donde quedó aceptado que los gases de efecto invernadero debían ser restringidos en todo el mundo, lo cual demuestra la interminable lentitud con que se producen los procesos globales de cambio en relación con el medio ambiente. El tema principal a debate son los costes. Sin embargo, habremos de admitir con carácter general que cualquier medida adoptada hoy será la cause de sólo una parte del coste del daño futuro derivado, al que habrá que hacer frente más adelante. Es algo que hemos vivido en fechas recientes en Europa central, con el mayor desastre por inundaciones que se recuerda. Las aguas han remitido, pero las causas perduran, por lo que tendremos que emprender alguna acción para combatirlas, primero a escala local y luego también global.
Está aceptado con carácter general que la medida más importante consiste en la reducción drástica de todos los gases de efecto invernadero. El informe del Sr. Moreira da Silva apunta en la dirección correcta y lo hace de manera excelente. Necesitamos una perspectiva a largo plazo que implique al mismo tiempo nuestra fe en que resulta posible conseguir una mejora real. Hemos sabido con alivio durante las últimas semanas, por ejemplo, que la prohibición del hidrofluorocarbono se ha traducido, al cabo de sólo unos pocos años, en que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida ha visto reducido su tamaño por primera vez. El comercio de derechos de emisión por sí solo no llega a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que sencillamente los distribuye de manera diferente. Cualquier campaña eficaz deberá comenzar en nuestra propia casa. Para ello, antes de nada debemos desarrollar fuentes renovables de energía y presionar a favor de los objetivos de eficacia energética que nos hemos fijado. El enfoque a largo plazo sólo puede consistir en la aplicación del principio de que pague quien contamine, y que los ingresos recaudados se destinen para fines específicos y se utilicen para mejorar la situación.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, hoy vamos a votar la Directiva sobre comercio de derechos de emisión en Europa. La Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo el Protocolo de Kioto. La Comisión ha estado trabajando en una propuesta preliminar acerca de cómo regular el comercio de derechos de emisión entre empresas europeas. Fijará valores en cuanto a techos e intercambios para nuestra industria, dominada por la energía, que deberán disminuir anualmente de acuerdo con los objetivos de Kioto.
Huelga decir que nosotros en la Unión Europea deseamos contribuir a un entorno mejor y a la reducción de las emisiones en todo el mundo. Estoy a favor de la idea del comercio global de derechos de emisión como una forma de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El mercado de derechos de emisión sabrá canalizar, con toda la eficacia inherente al mercado libre, dichas reducciones hacia aquellos ámbitos donde resulte más económico disminuir las emisiones. En consecuencia, el coste global de la política climática para la UE quedaría contenido.
La propuesta de la Comisión, no obstante, contiene varios aspectos problemáticos que necesitan modificación. Debido a los costes generados por la reducción de las emisiones, la competitividad industrial de los países de la UE se verá perjudicada en comparación con aquellos otros que permanecen al margen del acuerdo de Kioto. Existe un peligro muy evidente de que, en lugar de reducciones reales de emisiones, acabemos teniendo fugas de emisiones a escala global, en el momento en que las instalaciones europeas trasladen su operación a países que no se hayan sometido al acuerdo de reparto de la carga, derivado de Kioto.
El número de empresas individuales que tendrían que adquirir cuotas depende de la forma de materializar la asignación inicial. La asignación inicial tiene que quedar decididamente exenta de cualquier gravamen. Una asignación sometida a subasta y que, por tanto, exija un pago se traduciría en que las empresas de la UE habrían de soportar la carga de un coste adicional, que no tendrían sus competidores externos a la UE y que operasen en los mercados internacionales. La asignación inicial no debe penalizar a las empresas que combaten de manera eficaz sus propias emisiones y deberán tenerse en consideración aquellas medidas que una empresa ya haya adoptado. Por ejemplo, en mi país, Finlandia, se llevan aplicando reducciones voluntarias en las emisiones de dióxido de carbono desde hace más de una década. El 85% de la industria y las plantas de energía ya han suscrito un acuerdo voluntario de ahorro de energía con el gobierno. El proceso de asignación inicial debe tener en cuenta además el potencial real de la empresa, tanto técnico como financiero, para limitar sus emisiones. Por ejemplo, a la industria siderúrgica en la zona de donde yo procedo no debe permitírsele quedar sumida en una posición desfavorable por la sencilla razón de que resulta imposible fabricar acero sin generar un cierto volumen de emisiones de dióxido de carbono. El carbón no se utiliza en la industria siderúrgica para producir energía, sino como elemento integrante del proceso de fabricación. Las emisiones se han reducido de manera eficaz mediante inversiones en tecnología moderna. Por este motivo, junto con los compañeros de nuestro grupo, he presentado una enmienda que permita excluir los productos carbónicos del sistema de «comercio de techos de emisión» hasta un límite accesible con la mejor tecnología disponible.
La propuesta de Directiva de la Comisión resulta más problemática para Finlandia que para otros muchos países. Los sectores industriales afectados son responsables de un gran porcentaje de las emisiones en Finlandia, mayor que en otros países. Por otro lado, Finlandia obtendría un porcentaje pequeño de cuotas en la asignación, ya que los objetivos nacionales son rigurosos. Dicho de otra forma, la asignación total será limitada. No ocurre lo mismo con otros países que no tienen ningún tipo de compromisos y donde los objetivos climáticos incluso permiten un aumento de las emisiones.
Aun cuando el comercio de derechos de emisión constituye en teoría una forma económica de reducir las emisiones, no debemos permitir que la propuesta de Directiva imponga ningún tipo de restricción sobre el comercio hasta el punto de que no se perciban sus beneficios. En teoría, el comercio de derechos de emisión resulta más ventajoso para aquellos cuyas propias medidas para la reducción de las emisiones implican un mayor coste que el de adquisición de cuotas de emisión a terceros. En la práctica, el resultado depende sin embargo de la forma de asignación de las cuotas a las diferentes instalaciones individuales, esto es, de cuántas instalaciones se vean forzadas a pagar por las cuotas de emisión y de su precio de mercado. La distorsión de la estructura competitiva dentro de un mismo sector industrial, tanto en Europa como en un contexto global, representa un peligro, que deberá vigilarse de cerca en cualquier debate futuro sobre la propuesta.

Lange (PSE).
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Comisaria Wallström ha comenzado por describir lo insuficientes que han resultado hasta el momento las medidas de protección climática en la Unión Europea. Por tal razón deseamos negociar un nuevo instrumento para la jurisdicción sobre emisiones. Todos nosotros -y me incluyo- decimos «sí» a tal idea. Sin embargo, al mismo tiempo afirmo que, si desmenuzamos la situación global de las emisiones en la Unión Europea, podemos observar que algunos ya están seriamente afanados en reducir los gases de efecto invernadero y otros no. Creo que no debemos permitir que este nuevo instrumento adicional cuestiones los esfuerzos ya realizados, algunos incluso con cierto éxito, y a la vista de los cuales no deberíamos utilizar unas limitaciones impositivas para acabar con unas estructuras que han logrado reducir el CO2 y demás gases de efecto invernadero. Esto significa que hay dos aspectos que considero importantes: el primero es una mayor flexibilidad y el segundo, unas condiciones equitativas.
Si se me permite comenzar por la mayor flexibilidad, conozco una empresa en mi patria chica que desde 1990 ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27%. ¿Qué razón puede haber para que esta empresa se adhiera al régimen para el comercio de derechos de emisión, cuando dispone de sólidas razones empresariales para afirmar que no desea hacerlo? Por otro lado, existe una empresa que sí está interesada, aun cuando la Directiva no le da cabida. Ha reducido por iniciativa propia el CO2 y estaría encantada de adherirse. En este aspecto, estoy a favor de permitir la inclusión y exclusión voluntarias (opt-in, opt-out). La inclusión voluntaria, tal como la plantea la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, me parece totalmente satisfactoria, a diferencia de la exclusión temporal; las dos no son equivalentes, puesto que la exclusión sólo rige hasta el 31 de diciembre de 2007. Por consiguiente, deseo proponer las mismas condiciones para ambas, de manera que si alguien se excluye, no quede totalmente exento, sino que deba cumplir con las mismas reducciones de emisión que si estuviera dentro, pero sin esta fecha límite del 2007. Por todo ello desearía solicitar el voto a favor de la enmienda 81.
Retomo ahora el segundo aspecto, que trata de las condiciones equitativas. Tenemos que garantizar que las empresas que queden incluidas y que ya han venido haciendo el esfuerzo desde 1990, vean reconocidos sus esfuerzos en el momento que se otorguen las cuotas de emisión. Más aún, no sería de recibo que se produjeran cierres y reubicaciones de empresas con el fin de conseguir cuotas de emisión que a continuación se vendieran con margen de beneficio, poniendo en peligro los puestos de trabajo. Estas cuotas de emisión deben extinguirse. Si juntamos estos dos aspectos -flexibilidad y condiciones equitativas- podremos decir «sí» con la conciencia tranquila al uso del comercio de derechos de emisión para proteger el clima, pero en un contexto flexible y equitativo.
Sterckx (ELDR).
Señor Presidente, creo que la propuesta de la Comisión constituye una base excelente. Todo el mundo debe estar implicado y la asignación inicial de derechos, ser gratuita. Existe, sin embargo, una pega; el riesgo de distorsionar la competencia dentro de la UE. En otras palabras, el terreno de juego puede hacerse excesivamente resbaladizo y usted tenía razón, Señora Comisaria, al señalar que resulta inaceptable en el contexto de regímenes nacionales de asignación. Es la razón por la que soy contrario a las exenciones nacionales, por las cuales un país puede conceder una exención a una empresa o a un sector. Estoy convencido de que todo el mundo debería participar. En caso necesario, las exenciones se podrán conceder a escala europea por una u otra razón de peso, que podrá fijarse de manera objetiva.
Además, opino que la asignación debe tener en consideración además el ahorro energético de la tecnología utilizada en la empresa. Una compañía que no trabaje de manera eficaz no deberá verse recompensada gratuitamente con una generosas asignación inicial de derechos. Dado que es imposible vender debido a que un elevado número de sectores han de operar dentro de un mercado global y se verían perjudicados por dicha venta, los criterios europeos de asignación deberán establecerse de manera que sean objetivos, transparentes y rigurosos, así como aplicables a todo el mundo. Precisamos una comparativa, la mejor tecnología disponible y necesitamos dictar criterios preceptivos basados en esto para todo el mundo y para cada Estado miembro, ya que este régimen afecta asimismo, de una manera u otra, al reparto de la carga entre los Estados miembros.
Existe por tanto la posibilidad de distorsionar la competencia y, por desgracia, los Estados miembros que están teniendo dificultades son casi en su totalidad Estados miembros pequeños, lo que nos dificulta enormemente el debate. Ello no significa que rechacemos el régimen, ya que para quienes encontramos difícil afrontarlo, convierte el esfuerzo en más llevadero y económico, al quedar reducido el precio del cometido.
Esta es la razón por la que necesitamos un régimen eficaz. De cualquier forma tendremos que ajustar este régimen sobre la marcha y en cualquier caso nos enfrentaremos a problemas climáticos, gases de efecto invernadero, medidas que necesitamos adoptar mucho después de 2012. Una cosa debemos tener clara: resulta imposible construir un paraíso ecológico sobre un cementerio económico.

Seppänen (GUE/NGL).
Señor Presidente, a fin de prevenir el cambio climático, los Estados Unidos de América propusieron un sistema mundial de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y la creación a tal fin de mercados de cuotas de emisión. Sin embargo, los Estados Unidos no se adhirieron al régimen que debe iniciar su andadura a comienzos de 2008. La Comisión ha sugerido que el régimen de «comercio de techos de emisión» («cap-and-trade»), que rechazaron los Estados Unidos, debiera iniciarse en 2005. Se ha propuesto un mismo sistema obligatorio para todo el mundo, basándose las reducciones de emisiones en mecanismos de mercado. Con este instrumento se pretende crear un mercado. El hecho de que sea un mercado no traerá consigo una reducción de las emisiones. Las subastas del espectro radiofónico en el mercado europeo fueron una catástrofe. Además, la propuesta de la Comisión no es un mecanismo de mercado. Implica una distribución administrativa de las cuotas de emisión entre los países, así como entre las empresas ubicadas en sus territorios. Resulta crucial para el éxito del régimen la asignación inicial y ésta no es un mecanismo de mercado.
Las empresas en los países que se han marcado ambiciosos objetivos en cuanto a la reducción de emisiones se encontrarán en desventaja respecto de las otras. Las empresas que hayan reducido sus emisiones antes de la entrada en vigor de las cuotas se verán penalizadas. Para ellas resultará más costoso aumentar la producción con bajo nivel de emisiones que para las empresas que producen grandes volúmenes de emisiones. Los países y empresas que consumen gran cantidad de energía nuclear o hidroeléctrica se verán favorecidos. El comercio en la UE de cuotas de emisión no debería ser obligatorio antes de 2008: hasta esa fecha, permitamos que sea un proyecto piloto de carácter voluntario para los Estados miembros.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta de Directiva para establecer un régimen para el comercio de derechos de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero representa una aplicación anticipada y una etapa de aprendizaje gradual de la Comunidad para el régimen definitivo, que deberá entrar en vigor después de 2008, de acuerdo con las estipulaciones del Protocolo de Kioto.
El principio de Kioto es simple. Es cuestión de hacer pagar a quien emite gases de efecto invernadero los costes del daño invisible y no cuantificado que causan al entorno y, por consiguiente, a todos nosotros. Como este atentado contra un bien público no tiene un reflejo inmediato en términos de precios, la idea consiste en crear un único mercado de derechos a contaminar que será definido, cuantificado y comercializado por las autoridades públicas. Los derechos se irán reduciendo gradualmente a fin de disminuir, de forma paralela, la contaminación.
Mi primer comentario es que tal sistema es ingenioso. Proporciona un feliz maridaje entre la función de las autoridades públicas y las reglas del mercado, por lo que deberíamos desearle buena suerte.
En segundo lugar, la Comunidad Europea y sus Estados miembros deberían ser felicitados por apoyarlo de manera activa e implantar voluntariamente, durante el periodo 2005-2007, una fórmula experimental que nos permitirá rodar el sistema, colocarnos en una posición mejor para cumplir nuestros compromisos en cuanto a la reducción de emisiones después de 2008 y, así lo esperamos, desempeñar un papel pionero en relación con otros continentes.
La fórmula de aprendizaje se basa en la asignación gratuita de cuotas de emisión a cinco mil grandes empresas en sectores sensibles. Estas cuotas son intercambiables a nivel de la Comunidad, lo que permite a los participantes que hayan conseguido ahorrar emisiones, beneficiarse de sus cuotas residuales a través de la venta de las mismas de mutuo acuerdo a operadores que puedan necesitarlas.
Podemos aprobar estas provisiones al tiempo que hacemos hincapié en que la asignación gratuita de cuotas no puede prorrogarse más allá de 2008, dado que, a continuación del periodo de aprendizaje, el objetivo ha de consistir en hacer pagar a las empresas íntegramente, y no marginalmente en el momento de las transferencias, por el coste oculto de estas emisiones sufragadas por todo el mundo.
En cuanto a nuestras reservas, queremos recomendar que el sistema propuesto sólo se aplique durante la primera fase al dióxido de carbono, pero sería de desear, a fin de evitar distorsiones, que empezáramos a considerar la forma de hacerlo extensivo lo antes posible a todos los gases de efecto invernadero.
Además, la asignación inicial de las cuotas de emisión, que se basará más que nada sobre planes nacionales, deberá quedar armonizada a partir de 2008 de acuerdo con un procedimiento de comitología, de cuya naturaleza y criterios apenas tenemos conocimiento, y todo esto nos parece demasiado vago y exige mayor precisión. Sin embargo, en términos generales, el sistema nos parece bueno y apoyaremos el informe Moreira da Silva.

Liese (PPE-DE).
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera dejar bien claro, antes de nada, que hoy no hablo en representación de la delegación CDU/CSU en el Parlamento europeo. La mayoría de ese grupo propugna una postura diferente, pero yo estoy hablando en nombre del grupo PPE-DE, que apoya los puntos clave del informe Moreira da Silva tal como ha sido votado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Deseo expresar mi respaldo al informe y mi gratitud al ponente por su cometido. Las negociaciones no siempre han sido fáciles de conducir -ha tenido que aprobar compromisos que resultaban particularmente difíciles para su país- y por tanto se merece nuestro especial reconocimiento. Los compromisos eran difíciles para Portugal, pero eran intrínsecamente razonables y útiles.
La protección del clima constituye uno de los mayores retos para las décadas venideras. Deberíamos al fin dejar de visualizar las empresas como contrarias a la protección climática. Las terribles inundaciones en Alemania y los países limítrofes nos han hecho comprender claramente que también se ocasiona un gran perjuicio en términos económicos si no incidimos en la protección climática. Estas inundaciones han estado, por supuesto, lejos de ser un efecto colateral incontestable del cambio climático -hasta qué punto lo fueron, continúa siendo un tema de debate académico-, pero los expertos no cuestionan que hemos de hacer algo para evitar tales catástrofes en el futuro. Por tanto, es correcto que la Comisión promueva propuestas al respecto, pero también es cierto, como hemos convenido en esta Cámara, que la propuesta de la Comisión a la que nos enfrentamos contiene defectos importantes y las discusiones en las comisiones han girado en torno a qué hacer con ellos. Un grupo intentó en principio rechazar de plano la propuesta de la Comisión y, al fracasar, pretendió al menos moderarla. Otro grupo, en el que me encuentro, declaró que la propuesta debería mejorarse. «Mejorarla, sí; moderarla, no» fue el lema bajo el que nos pusimos a trabajar y creo que el informe de la Comisión de Medio Ambiente ha erradicado definitivamente los principales puntos débiles de la propuesta de la Comisión.
Lo más importante es la aceptación de 1990 como año de referencia y el reconocimiento de logros previos por parte de las empresas. En Alemania, Gran Bretaña, Finlandia y otros países donde ya se ha hecho algo, resulta simplemente incomprensible que alguien se vea penalizado por haber iniciado ya la protección climática. Esto es lo que confiere tanta importancia a nuestra introducción del año de referencia y el reconocimiento de logros anteriores, de manera que las empresas que hayan actuado a favor, también reciban el reconocimiento debido por ello y entonces tendrán la oportunidad de obtener algún beneficio del comercio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero.
Hay otras mejoras a las que ha hecho referencia el Sr. Lange; a fin de que el cierre de una planta y la pérdida de puestos de trabajo no puedan ser asimilados a medidas de protección climática, hemos adoptado una enmienda en el sentido de que los certificados de emisiones sean retirados en el caso de que se cierre una instalación productiva. El grupo PPE-DE ha presentado otras doce enmiendas, sobre las que nos hemos pronunciado de forma unánime a fin de introducir otras mejoras en el informe Moreira da Silva, sin afectar para nada el núcleo de los compromisos. La enmienda más importante en este contexto se refiere a la forma en que deberíamos afrontar la industria del cemento y de la caliza. Es un hecho cierto que resulta más difícil evitar las emisiones de CO2 en la fabricación de cal y de cemento que en otras industrias, por lo que deberá tenerse en cuenta sin poner en peligro el objetivo global.
Al igual que la mayoría del grupo PPE-DE, soy contrario personalmente a cualquier exclusión (opt-out) que se refiera a países completos y especialmente a la concesión de cualquier exclusión (opt-out) sin condiciones previas. Incluso en las fases iniciales, no podemos hablar en términos de una exclusión (opt-out) a menos que existan condiciones previas perfectamente definidas, que además deben quedar sujetas a verificación inmediata. El comercio de derechos de emisión representa la herramienta de economía de mercado para proteger el clima y, como creyente en la economía de mercado, estoy a favor del informe Moreira da Silva e invito a mis compañeros Diputados en esta Cámara a votar en apoyo del mismo.
Hulthén (PSE).
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar por inscribirme en el club de seguidores del Sr. Moreira da Silva y darle las gracias por tan excelente trabajo. Quisiera asimismo expresarle mi agradecimiento por una discusión en una mesa redonda ayer por la tarde, que considero fue juiciosa y equilibrada y que además supuso una notable aportación al debate. Además, deseo agradecer el documento de la Comisión, que constituye una base muy buena. A la vista del tiempo disponible tan limitado, tal vez debiéramos haber adoptado la propuesta sin ninguna enmienda. El Parlamento, sin embargo, ha propuesto una serie de enmiendas.
Tengo algunas opiniones acerca de qué aspectos debemos considerar al discutir los regímenes de comercio de derechos de emisión. Hay tres compromisos que tenemos que respetar. Hemos de asegurar la reducción del cambio climático. Hemos de garantizar que nuestra industria, para la cual se ha creado este régimen, también dispone de la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Además, tenemos compromisos internacionales que cumplir y mantener, como el Protocolo de Kioto, y por consiguiente no podemos alterar las normativas básicas.
Para que el sistema funcione, creo que se han de observar los siguientes seis puntos. El sistema ha de ser sencillo; ha de ser administrativamente sencillo. No podemos crear un sistema complicado que los participantes, sobre todo las empresas, no comprendan. El sistema ha de ser evidentemente obligatorio. Al fin y al cabo, no podemos crear un terreno de juego en el que algún jugador diga: «No, no quiero participar ahora, así que me voy a salir y sentar en el banquillo». Tenemos que saber quién va a quedar cubierto por el sistema y resulta obvio que ha de incluir países e instalaciones individuales.
También creo que hubiese sido deseable asignar los derechos de emisión utilizando un procedimiento de subasta. Existen diversas opiniones acerca de cómo efectuar la asignación. El compromiso que hemos de votar ahora se basa en el 95%, como máximo, de la asignación exento de todo coste y el 5% mediante subasta durante el periodo inicial, y pienso que se trata de una solución válida. De esta forma, disponemos al menos de un elemento sujeto a subasta, que parece más ajustado con el principio de «el que contamina, paga».
Huelga decir que el cupo de emisión ha de ser vinculante y ligado a un sistema de aplicación. Al igual que el ponente, creo que el sistema debería cubrir más gases, aparte del dióxido de carbono.
También se ha debatido sobre la posibilidad de acarrear los derechos de un año para otro, y creo que es algo correcto. Aquellas empresas que no agoten sus derechos de emisión durante un año deberían poder trasladarlos al siguiente.
Necesitamos resaltar ciertos aspectos y hacer especial hincapié en que debe ser coherente con el protocolo de Kioto. No podemos inventar algo nuevo. Sobre todo, deseo instar al Consejo para que garantice una toma de decisión sobre el 17 de octubre.

Pohjamo (ELDR).
Señor Presidente, el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está justificado, pero la solución -como a menudo ocurre con las decisiones de la UE- es burocrática y costosa. Se ha dedicado más atención a las minucias del régimen que realmente a la reducción de las emisiones. Además, confiere un trato injusto a varios Estados miembros, dependiendo de aspectos como la estructura industrial y la estructura de la producción energética, así como de lo mucho que se haya realizado hasta el momento a favor de la reducción de emisiones. Todos estamos de acuerdo en cuál debe ser nuestro objetivo. El cumplimiento de los compromisos de Kioto.
Se han vertido numerosas críticas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión. Especial dificultad supondrá para aquellas acerías, inmersas en el mercado global, que barajen planes de expansión y ya hayan iniciado acciones para reducir las emisiones. La Comisión elaboró una propuesta pobre, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía introdujo gran cantidad de mejoras, que sin embargo quedaron aguadas durante el debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Espero que cuando votemos, podamos mejorar la propuesta al aprobar ciertas modificaciones que permitan un procedimiento de exclusión (opt-out) menos rígido y la exclusión en el cálculo de las cuotas de dióxido de carbono procedente de materias primas. No creo que las subastas y los techos a la hora del reparto de la carga por país resulten apropiados en este contexto. El sector de las telecomunicaciones nos ha demostrado que las subastas no resultan recomendables.
Los problemas asociados con el comercio de derechos de emisión afectan a multitud de sectores industriales en toda Europa. Están en juego miles de puestos de trabajo en la industria. El peligro estriba en que la producción se traslade a otros lugares, donde generará mayor contaminación.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, sobre la base de la doble constatación del grave nivel actual de contaminación atmosférica y su evolución previsible, por un lado, y los objetivos de Kioto y los medios diseñados para alcanzarlos, por otro, y si rechazamos las cuotas para los rezagados, el dominio perpetuado y exagerado de los países pobres por parte de las naciones ricas, y sobre todo la comercialización del aire, que considero un recurso universal, no podemos más que expresar ciertas reservas en relación con el sistema de cuotas de contaminación y el comercio con ellas. No niego que el sistema sea claramente mejor que el existente. Y quisiera decir con toda gravedad que estoy alarmado a título personal por la ausencia generalizada de conciencia, teniendo en cuenta que la respiración es algo que todo el mundo tendrá que practicar siempre.
Sin embargo, parece claro que en este contexto, nuestro ponente ha realizado un trabajo muy bueno. Puedo afirmar que ha puesto todo de su parte para mejorar el sistema expandiendo su ámbito de aplicación, haciéndolo obligatorio y proponiendo complementariedad con otras políticas medioambientales: transporte público, energía renovable, fiscalidad, investigación, eficacia energética. Por consiguiente, podemos votar a favor de estas propuestas aunque no abandonaremos la lucha en pro de una política global más valiente y menos mercenaria en este campo.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, ¿puedo comenzar dando las gracias al ponente por la atención y la dedicación que ha demostrado en relación con este tema? Ha sido, y continúa siendo, receptivo a los problemas que conlleva esta propuesta. Deseo agradecerle y felicitarle por su enorme destreza, pero decididamente también por la perseverancia con que está intentando llevar a buen puerto el régimen de comercio de derechos de emisión. Comparto la opinión del Sr. Liese en cuanto a que no se ha decantado por la Europa meridional, sino que ha intentado unir el norte y el sur de manera muy juiciosa.
La propuesta es una consecuencia de Kioto, donde se acordó que debía reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. Estoy en condiciones de afirmar, con legítimo orgullo, que el régimen de comercio de derechos de emisión ya está funcionando correctamente en el Estado miembro de donde procedo. Un régimen de comercio de derechos de emisión sólido debe cumplir una serie de criterios: no debe discriminar entre empresas y sectores y debe recompensar a los pioneros por las medidas que ya hayan adoptado. Volveré sobre este tema en un instante. El régimen no debe obstaculizar el mercado y debe proporcionar también oportunidades a los recién llegados al mercado. Además, el régimen debe ser competitivo en Europa y no debe afectar negativamente la posición europea en el mercado global.
En mi opinión, la propuesta de la Comisión no cumple estos criterios. Un régimen de «comercio de techos de emisión» se puede materializar mediante el método de subasta o de «grandfathering» (atribución gratuita de derechos de emisión calculados en función de criterios históricos). La subasta podría ser una solución si el mercado funcionara satisfactoriamente, pero si la subasta sólo tiene lugar en Europa, la competitividad frente al resto del mundo queda distorsionada.
El principal inconveniente del «grandfathering» radica en que los derechos se asignan inicialmente de manera gratuita sobre las emisiones en ese preciso instante. Por tanto, este tipo de régimen de «grandfathering» no tiene en cuenta para nada las reducciones de consumo de energía que ya se han producido en el mercado neerlandés, y por supuesto en el alemán, así como en otra serie de países. Por esta razón creo que lo mejor sería implantar un régimen según el cual, los derechos se asignaran en base a las tasas estándar de rendimiento. Son derechos que deben conseguirse con antelación mediante la operación con mayor ahorro de energía, antes de que salgan a subasta.
Apoyo sinceramente la propuesta adaptada, que incluye una serie de enmiendas que he presentado en nombre de mi grupo. Y quisiera decir a los compañeros Diputados alemanes que comprendo su punto de vista.

Bowe (PSE).
Señor Presidente, como otros muchos aquí, acojo con beneplácito el informe y felicito al ponente por el trabajo que ha realizado hasta ahora. El compromiso que hemos acordado y votado en la Comisión de Medio Ambiente ha solventado muchos puntos de discrepancia entre distintos colegas en el Parlamento, aunque no todos, como bien sabemos. Como otros muchos, si no todos aquí, soy un ferviente defensor de esta propuesta. Evoluciona hacia una medida flexible, tiene sus fundamentos en el mercado y ayudará decisivamente a la UE en la consecución de los objetivos de reducción del CO2 que nos hemos propuesto. Además todo ello se realizará a un coste razonable, lo cual no debe olvidarse.
Con los mecanismos nacionales existentes estamos aprendiendo sobre la marcha y debemos continuar haciéndolo. Por consiguiente, tenemos que permitir que los mecanismos con que nos enfrentamos lleguen a una conclusión natural y dejar que ciertas instalaciones industriales se decanten por la exclusión temporal (opt-out) y la inclusión voluntaria (opt-in), al menos durante las fases iniciales del nuevo mecanismo.
Me encantará ver incluidos los seis principales gases de efecto invernadero. Pero no me producirá ninguna alegría detectar restricciones en cuanto a la asignación de cuotas, a la introducción de un sistema de comparación sin estar sometido a prueba o a la limitación del acceso a sistemas de comercio internacionales, tal como prevé el Protocolo de Kioto. Todas ellas son medidas que todavía están pendientes de estudio.
Todo viaje comienza por un primer paso. No debemos subestimar la longitud del viaje que iniciamos hoy al poner en marcha esta normativa. No debemos subestimar lo escarpado, pedregoso y enrevesado que va a ser el camino, pero espero, en bien nuestro y en el del mundo, que podamos iniciarlo con el pie derecho y en la dirección correcta.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, el Protocolo de Kioto fue generalmente saludado como un importante paso adelante en la lucha contra los cambios climáticos que amenazan la vida en nuestro planeta. Sin embargo, debido a la presión ejercida por los Estados Unidos, el protocolo contiene una rendija que permite a los países o a las empresas eludir el cumplimiento de sus compromisos. Me refiero al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Resulta impensable que se pueda crear todo un mercado para comercializar la contaminación como si fuera un artículo, un mercado en el cual, en vez de reducir sus emisiones, las empresas pueden comprar emisiones adicionales a otras compañías, que se hallan dentro de los límites. Es igualmente inconcebible que la gente se refiera al derecho a contaminar. Considerado conjuntamente con el famoso principio de «el que contamina, paga», esto significa que cualquiera que pueda abonar el precio, tiene licencia para contaminar con impunidad.
Nos horroriza que la Unión Europea haya fundamentado su política para implantar el Protocolo de Kioto en el comercio de derechos de emisión y que esté enfocando todo el problema en términos de mercado. Esto demuestra lo hipócritas que son sus declaraciones acerca del medio ambiente y el clima. Teóricamente apoya el Protocolo de Kioto; en la práctica, lo socava. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la autorización a los monopolios a continuar obteniendo beneficios indecentes son mutuamente excluyentes. En el sistema capitalista, por supuesto, todo se puede comprar y vender, incluso la contaminación. Sin embargo, el clima y la vida futura en nuestro planeta no se puede comprar ni vender. La protección de nuestro planeta está en manos del movimiento de las bases.

Langen (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias al Sr. Moreira da Silva, quien a fuerza de una enorme cantidad de minucioso trabajo, ha confeccionado una propuesta aprovechable para ser debatida a partir de una propuesta muy pobre procedente de la Comisión, algo que realmente debería haberse desechado de entrada. Así pues, muchas gracias a él, ya que lo que su instancia ha producido, Señora Wallström, no alcanza los niveles de calidad exigibles si deseamos que la protección del medio ambiente continúe haciendo progresos en Europa. Nunca en ocho años y medio me había topado con una propuesta de Directiva tan pobre presentada a esta Cámara, así que podemos dar gracias al Parlamento de que al final haya tenido la oportunidad de mejorar ciertos aspectos de tan endeble proyecto. Hasta aquí mis comentarios preliminares.
Mi segunda consideración es que estoy francamente de acuerdo con el Sr. Lange en cuanto a que, para que la propuesta se convierta en realidad, debe incorporar la flexibilidad en circunstancias equitativas. Las circunstancias equitativas son necesarias no sólo porque ciertos Estados miembros de la Unión Europea ya han hecho cosas apreciables mientras otros no, sino también a la vista de la relevancia que el comercio de derechos de emisión supone para la competencia. Todo el mundo imaginable ha hecho algún comentario sobre los Estados Unidos y lo malos chicos que son, para después afirmar que realmente se trata de un impuesto sobre la energía. La Sra. Corbey dijo que la electricidad generada con energía nuclear no debía recibir un trato favorable. Lo que la Comisión ha propuesto no cumple de hecho sus propias condiciones. Es un monstruo burocrático, absolutamente ineficaz en términos medioambientales, y eso es algo de lo que no se puede culpar a Kioto, ni justificar haciendo referencia a éste, ya que Kioto, Sra. Wallström, fue suscrito por los Estados miembros. En Kioto, los Estados miembros adquirieron un compromiso. El Protocolo de Kioto hace referencia a seis gases de efecto invernadero, usted solamente a uno. El Protocolo de Kioto compromete a los Estados miembros. Usted quiere imponer obligaciones a las empresas. El Protocolo de Kioto emplaza a los Estados miembros a utilizar todo tipo de instrumentos. Usted quiere anular y vaciar de contenido la responsabilidad de los Estados miembros mediante la burocracia de la Comisión. El Protocolo de Kioto estará en vigor entre 2008 y 2012. Su comercio de derechos de emisión obligatorio será aplicable ya desde 2005.
El Protocolo de Kioto posee al menos tres instrumentos, de los cuales usted sólo utiliza uno y, sobre todo, usted viola el principio más importante, uno que ha sido aceptado por la comunidad internacional, a saber, que el mundo entero deberá reducir el CO2 allí donde pueda realizarse de manera más económica y rápida. Parece claro, sin embargo, que lo que usted está proponiendo aquí es el comercio interior europeo, que no tendrá ningún efecto para nadie más, y que costará entre 20 y 33 euros por tonelada equivalente de CO2. Usted no ha incluido para nada en su Directiva ninguno de los otros dos instrumentos. El Protocolo de Kioto propugna una mezcla en la que debería regir el coste de 6 euros por tonelada equivalente de CO2 y, si usted hace lo que ha propuesto, el resultado será el cierre de fábricas y la reubicación de puestos de trabajo. No obtendremos un balance positivo a escala mundial y esa es la razón por la que estamos a favor no sólo de condiciones equitativas, sino también de dejar que los instrumentos compitan entre sí hasta que esté vigente el Protocolo de Kioto.
Los quince Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a reducir individualmente en un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea ha asumido un compromiso diferente, un tipo distinto de reparto de la carga. La forma de funcionamiento de este reparto de la carga consiste en que un país como Alemania, con su 21% negativo, tiene una gran participación, mientras que Portugal, por ejemplo, tiene autorización para aumentar otro 27% sobre la referencia de 1990. Todo esto es muy justo y responsable, pero ahora, cuando Alemania y Gran Bretaña son los únicos Estados que, incluso al margen del monstruo burocrático del comercio de derechos de emisión engendrado por la Comisión, pueden aportar ciertos éxitos, no se les puede penalizar sobre el supuesto de que los que actuaron de forma voluntaria deben pagar ahora una multa adicional por haberlo hecho de manera satisfactoria. ¿Cómo quiere, Señora Wallström, que este tipo de imposición sobre los Estados miembros y las empresas constituya una motivación para ellos? Como Diputado alemán al Parlamento, le puedo decir que desde 1990 se ha producido en Alemania una reducción de 231 millones de toneladas de equivalente de CO2. Es una cifra enorme. En ese mismo periodo, España, otro Estado miembro, ha vertido a la atmósfera otros 100 millones de toneladas de equivalente de CO2. Castigar a las empresas alemanas por las negligencias españolas constituye una forma errónea de proceder, por lo que solicito a la Cámara su apoyo a la enmienda 75, que persigue asignar mayor responsabilidad a los Estados miembros.
Linkohr (PSE).
Señor Presidente, si dispusiera de más de dos minutos de tiempo, rebatiría de la manera más amistosa posible los argumentos del Sr. Langen. Creo que la Comisión ha elaborado una propuesta bastante buena, que estoy seguro hemos mejorado, ya que el Parlamento siempre hace mejor las cosas. Quisiera expresar mi parecer sobre lo siguiente. En primer lugar, ya disponemos de un comercio de derechos de emisión; a escala mundial se han comercializado unos 70 millones de toneladas de CO2 desde 1996, supongamos que a un precio de 3 USD por tonelada, lo que representa un negocio de 210 millones USD, y el intercambio está aumentando exponencialmente. Es necesario imponer orden en este comercio y en Europa esta Directiva nos ayuda a hacerlo. Esta es la razón por la que resulta razonable.
Estoy decididamente a favor de tener en cuenta la experiencia pasada en los Estados miembros, lo que significa que necesitamos un periodo de transición, pero con fecha de caducidad. Para mí, esa fecha es 2008, momento en que la normativa debe regir para toda Europa. También quisiera señalar que la normativa europea sobre competencia continúa vigente para el comercio de derechos de emisión y -a pesar de Kioto- la Comisión siempre puede intervenir en el mercado cuando considere que se está distorsionando la competencia.
Este comercio de derechos de emisión está alumbrando una nueva era en nuestra economía, dado que se está asignando un precio a los gases residuales, en este caso el CO2. A la vista de la estimación de ese precio -la Comisión asume el de 20 euros por tonelada- resulta fácil imaginar la importancia que tendrá para la economía, para el sector energético y para la ecología. Estamos llegando a una inversión del paradigma y si es verdad, estoy seguro que éste no será el último debate sobre el tema. Espero que la resolución del parlamento siente finalmente los cimientos de un reencuentro entre todos, que nos permita alumbrar una solución sensata.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las más efusivas gracias al Sr. Moreira da Silva, que ha sido un magnífico ponente y ha elaborado una buena propuesta. ET, Emission tradit es un extraño ser desconocido procedente de una extraña estrella desconocida. Aún no sabemos si temerlo o amarlo. Sin embargo, yo he intentado dotar a este ser de un rostro más humano y he presentado una serie de enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. La enmienda 2: si las autoridades ya tienen que actualizarlo introduciendo varios cambios a las instalaciones, entonces por favor que sea con la aprobación de los operadores. La Comisión afirma en su propuesta que fijará un método de asignación para el periodo que comienza el 1 de enero de 2008. Yo preferiría que no lo hiciera. Estimo que el Parlamento tiene el derecho a participar en esto mediante un procedimiento de codecisión.
De la enmienda 30 me preocupa que la asignación de cuotas a las nuevas instalaciones esté, en principio, armonizada para toda la UE. Mi enmienda 37 es especialmente importante. Guarda relación con la necesidad de que los Estados miembros garanticen que los operadores de las instalaciones puedan, dentro de los respectivos periodos, pedir anticipadas las cuotas o posponerlas para otro año. Lo considero muy, muy importante y hace un poco más operativo el tema. Creo que ninguno de nosotros debería asustarse de esta propuesta. Al fin y al cabo, sólo estamos considerando el periodo entre 2005 y finales de 2010, que la Comisión ya ha designado como una especie de periodo de rodaje. No tenga miedo, valeroso Sr. Langen; siempre podemos cambiarlo todo. Estoy segura de que a partir de la votación de hoy podremos sumergirnos en una auténtico proceso de debate.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, tenemos que mostrarnos firmes en la implantación del Protocolo de Kioto, y no sólo me estoy refiriendo a los actores económicos, sino también a los Estados miembros y a la Unión Europea. El Sr. Langen no debería olvidar que vivimos en un mercado interior, cuyo funcionamiento no está pensado para que se apaguen las luces en toda Europa, sino más bien para que intentemos crear un crecimiento económico ecológicamente compatible y sostenible en aras del empleo y de la preservación del medio ambiente. A mi parecer, esto justifica y valida el que la Comisión tome nota del hecho de que ciertos Estados miembros ya están implicados en el comercio de derechos de emisión y que, como se ha dicho repetidamente hoy, algunos de ellos cuentan en su haber con logros preliminares en la tarea de reducir el dióxido de carbono. Esto confiere especial importancia al hecho de que adoptemos 1990 como año de referencia.
Permítame, además exponer el parecer económico de que resulta extraordinariamente importante que los certificados de emisión se concedan de manera gratuita.. No cabe esperar nada de las subastas; es algo que hemos aprendido de nuestras amargas experiencias en el pasado, desde el comercio de licencias para los plátanos hasta las subastas de las licencias UTMS, razones por las cuales este instrumento deberá concederse sin cargo alguno. Es importante desde el punto de vista del inversor, ya que esto no provocará que las empresas se vean penalizadas por costes preliminares y garantizará además que el comercio de derechos de emisión no actúe como un impuesto. Las empresas tienen así a su disposición los recursos que precisan para investigación y desarrollo y para la aplicación de procesos con ahorro de energía y bajo nivel de emisión. La asignación sin cargo garantiza además la igualdad de condiciones para todos los implicados y la transparencia del procedimiento. Lo considero de máxima importancia y debo decir que además acogemos con agrado esta propuesta por motivos económicos, ya que por fin ayuda al precio a dar cuenta de los costes externos. De todas formas, pediría a la Comisión que pusiera todo de su parte para lograr el avance de la Directiva marco sobre imposición, ya que no puede sino ayudar a completar los impuestos sobre las empresas y colaborar a que Europa efectúe satisfactoriamente ...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, éste es ciertamente un informe de gran importancia. Sólo queda por saber si tendrá un impacto negativo o positivo sobre la vida real. Para entonces se tratará de empresas reales y puestos de trabajo reales, de entornos familiares reales y del auténtico cambio climático. Es un experimento en el que la UE no se puede permitir fracasar.
En principio apoyo con vehemencia el comercio de derechos de emisión, pero debo decir que esta propuesta es inquietantemente incompleta. La propuesta de la Comisión, entre otras cosas, no logró responder a los siguientes interrogantes. En primer lugar, está la competitividad de las empresas que pusieron en práctica acciones medioambientales durante las fases iniciales, atendiendo especialmente a los límites de los distintos países como consecuencia del reparto de la carga. Luego están los factores distorsionadores de la competencia del reparto de la carga entre los Estados miembros en general, la relación entre el comercio de derechos de emisión y los intereses fiscales de los diferentes Estados, y la existente entre el comercio de derechos de emisión y el mercado de energía gratuita. Además, están los temas de las transferencias masivas de ingresos derivados de la acción cooperativa entre distintos operadores y Estados, la ampliación, el blindaje de la propia UE contra ataques de operadores de terceros países o de especuladores tipo Soros, y temas relacionados con la protección legal y el acceso a la justicia. Este último fue aceptado afortunadamente por la Comisión en base a mi propuesta.
Aparte de las cuestiones que aún permanecen sin aclarar, la propuesta parece confundir los fines con los medios para alcanzarlos, el ámbito nacional y el de las empresas, y los instrumentos de mercado y la administración tradicional basada en el control. Al confundirlos, hace un flaco favor a su propósito y lastra innecesariamente el propio objetivo, que es el de reducir las emisiones, respecto al cual los operadores europeos han mantenido una postura unánime. Los niveles inusualmente onerosos de burocracia asociados al régimen de comercio de derechos de emisión, una burocracia que el Parlamento de manera lamentable no ha querido asumir la responsabilidad de aliviar, presagian dificultades adicionales.
Especial inquietud me causa la posibilidad de las fugas de carbono. Sin mi enmienda, la Directiva no era capaz de diferenciar las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la utilización del carbón para fines energéticos y su empleo como parte de un proceso industrial. En consecuencia, la posición de la industria siderúrgica europea, que presenta excelentes niveles ecológicos globales, correría el peligro de quedar debilitada en los mercados globales, provocando no sólo daños económicos, sino un perjuicio ecológico masivo.

Doyle (PPE-DE).
Señor Presidente, esta Directiva subraya la seriedad de nuestro propósito de afrontar los gases de efecto invernadero. Felicito al ponente por el excelente trabajo que ha llevado a término en un área de gran dificultad.
La cuestión de si la participación en el mecanismo de comercio de derechos de emisión previsto por esta Directiva debiera ser obligatoria durante la fase piloto ha sido objeto de intenso debate en los Estados miembros, incluida Irlanda. Constituye uno de los puntos clave en esta propuesta de Directiva. Las perspectivas medioambientales e industriales son bastante diferentes y necesitamos hallar el equilibrio correcto. Al fin y al cabo, gobernamos por consenso.
El anhelo, desde un punto de vista medioambiental, a favor de un régimen totalmente obligatorio debe encajar adecuadamente con consideraciones de mercado y debe ser respetuoso con la industria. Tiene que ser flexible y estar enraizado en el mercado. Parece sensato aceptar un esquema que sea obligatorio para los Estados miembros, ya que todos los Estados han de participar en el esfuerzo por reducir las emisiones. De hecho, necesitaremos vendedores en el mercado para que éste funcione. Necesitamos una cierta permisividad con respecto a las instalaciones individuales para que se acojan a la exclusión temporal (opt-out) del mecanismo únicamente durante la fase piloto. Evidentemente, a cualquier instalación que quede excluida temporalmente debe exigírsele que efectúe una acción equivalente a favor de la reducción de las emisiones. Esta provisión de exclusión temporal sólo debería existir durante la fase piloto, ya que a partir de 2008 estamos obligados a alcanzar objetivos jurídicamente vinculantes emanados del Protocolo de Kioto.
Solicito el apoyo a la enmienda 50 y la enmienda 99, que versan sobre la emisión de CO2 procedente de la descarbonatación de la piedra caliza para producir cal, que supone una contribución al mercado importante y respetuosa con el medio ambiente. Espero que la Comisión acepte estas dos enmiendas.

Wallström
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar agradeciendo las valiosas y constructivas contribuciones a un debate altamente interesante. Esta no es la primera vez, y créanme que seguro que no será la última, que sometemos a debate las medidas para combatir el cambio climático.
Permítanme empezar situando este debate en un contexto más amplio, es decir, en lo que conocemos del cambio climático. Todos somos conscientes de que se está produciendo un cambio climático. El aumento de las temperaturas que hemos detectado durante el siglo XX es el mayor ocurrido en el último milenio. Sabemos que las reservas de nieve en el hemisferio septentrional han disminuido un 10% desde finales de la década de 1960. Sabemos que el espesor de la capa de hielo polar ha decrecido un 40% en sólo una década. Los investigadores -y hemos convocado a los climatólogos más destacados- afirman que, para abordar el cambio climático, tendremos que ir mucho, mucho más allá del Protocolo de Kioto. Por consiguiente, necesitamos adoptar medidas más ambiciosas que las que hemos discutido hasta ahora.
Hemos ratificado el protocolo de Kioto y, de hecho, estamos trabajando, dentro de la UE, en tres frentes diferentes. Estamos interviniendo en el ámbito internacional alentando a países que han quedado fuera, como los Estados Unidos, a suscribirlo. Es importante que sigamos esforzándonos por conseguir buenas condiciones y alcanzar aquellos objetivos del Protocolo de Kioto que son alcanzables. Sin embargo, tenemos que resultar creíbles también aquí en casa y esa es la razón por la que hemos establecido el Programa Europeo sobre el Cambio Climático. Junto con todos los partidos interesados, hemos identificado aquellas medidas que debemos adoptar aquí en casa a fin de cumplir nuestros compromisos y combatir el cambio climático de una manera rentable. El comercio de derechos de emisión constituye uno de esos instrumentos.
Simplemente añadiré que todos somos conscientes de la existencia de un coste en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, pero también tendremos que pagar un coste si dejamos de actuar. Hacer lo que hacen otros y quedarse en el banquillo o no hacer nada no se puede considerar una contribución a la creación de unas condiciones equitativas. Es necesario recordarlo. Así pues, el comercio de derechos de emisión representa uno de los instrumentos que necesitaremos en el futuro.
Hemos estado hablando de grandes fuentes de emisión, pero necesitamos revisar también el sistema del tráfico y adoptar medidas eficaces a este respecto en el futuro.

El Presidente.
Deseo darle las gracias, Comisaria, no sólo por participar en el debate, sino también por su compromiso personal con el tema.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
Es un gran placer para mí dar nuestra más cordial bienvenida a una delegación del Gran Hural, el Parlamento de la República de Mongolia, encabezado por Su Excelencia el Sr. Sanjbegziyn Tumur-Ochir, Presidente del Gran Hural. Los miembros de la delegación han ocupado sus asientos en la tribuna de invitados.
Esta visita a Bruselas del Presidente del Parlamento de Mongolia es un gran honor y una nueva prueba del fortalecimiento de las relaciones establecidas entre la Unión Europea y la República de Mongolia.
Estoy seguro de que las conversaciones entre los miembros de la delegación de Mongolia y los diversos diputados de nuestro Parlamento que han tenido lugar ayer y hoy habrán sido fructíferas y servirán para estrechar las relaciones bilaterales de nuestras dos instituciones.
Les damos la bienvenida.
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0285/2002) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción c/m/r) (8328/1/2002 - C5-0267/2002 - 2001/0110(COD)) (Ponente: Sr. Nisticò).

Nisticò (PPE-DE)
Señor Presidente, seré muy breve, puesto que ya hemos debatido ampliamente este informe, y me limitaré a subrayar nuevos aspectos que han surgido en un acalorado debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Ésta es realmente la vigesimotercera enmienda de la Directiva 76/769/CEE del Consejo que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, una directiva que, por lo tanto, tiene la finalidad de proteger la salud de los consumidores y armonizar el mercado común en lo referente a productos con las mismas características.
Como se establece en el Anexo I, la propuesta se refiere a 25 nuevas sustancias clasificadas dentro de la categoría 2, de las cuales 14 se consideran carcinógenas -por fin se han incluido las sales de cobalto, algunas sales de cadmio, el benzopireno y algunos tintes azoicos que la bibliografía lleva varios años indicando que tienen propiedades carcinógenas- tres se consideran mutágenas y ocho se consideran tóxicas para la reproducción.
Además de sustancias como las mencionadas, la Comisión amplía la prohibición a los preparados, es decir, a las mezclas o soluciones de esas sustancias. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre todo la Sra. Schörling y algunos otros diputados, querrían que la prohibición se ampliara también a la comercialización de productos y artículos que contengan esas sustancias, como por ejemplo juguetes, textiles y solerías.
Me gustaría destacar que me opongo a que la prohibición se amplíe para incluir también a los productos. Tengan en cuenta los perjuicios que causaría, no sólo en términos económicos, comerciales e industriales, sino también en términos psicológicos, que los ciudadanos supieran que una de esas sustancias, por ejemplo un tinte azoico, está presente en una elegante corbata, cuando, en realidad, esa corbata no libera nunca las sustancias carcinógenas y, por lo tanto, la salud de la persona que la lleva no se encuentra en peligro en ningún caso.
Por consiguiente, confirmo nuestra posición. Nos oponemos a la enmienda 1, presentada por la Sra. Schörling, que la Comisión de Medio Ambiente aprobó con una reducida mayoría y que afirma que «la Comisión debería extender la prohibición de las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción [...] a los productos [...]». También nos oponemos a la primera parte de la enmienda 2 (las primeras siete líneas) en las que vuelve a afirmarse que «la prohibición debería extenderse [...] a los productos [...]». Sin embargo, aceptamos la segunda parte de la Enmienda 2, cuyo objetivo es presionar a la Comisión, recomendando a este órgano que presente una propuesta para prohibir la utilización de productos que contengan sustancias mutágenas o carcinógenas cuando haya evidencias científicas de que los productos liberan realmente las mencionadas sustancias peligrosas y que éstas son absorbidas y acumuladas por el cuerpo humano en concentraciones con efectos mutágenos, carcinógenos o tóxicos.
Creo que esta recomendación hará una gran aportación a la protección de la salud de los consumidores y del medio ambiente, y espero, señor Presidente, que la Comisión y el Consejo puedan incorporarla.

Wallström
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente por su constructiva labor. Estamos ante una importante directiva, puesto que prohibiría las sustancias que se han identificado y clasificado como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, también llamadas sustancias CMR. Es una propuesta de amplio alcance, dado que prohíbe la venta al público de esas sustancias y todos sus posibles preparados. Por consiguiente, la directiva propuesta fomentará la comercialización y utilización de productos alternativos más seguros. Asimismo, la directiva que debatimos no sólo establece normas para la protección de la salud de los consumidores, sino que también preservará el mercado interior, puesto que introducirá normas armonizadas en toda la Comunidad.
Los argumentos a favor de una prórroga de la prohibición de los productos comercializados para su uso por los consumidores son comprensibles. No obstante, es preciso analizar si el producto emite alguna sustancia o si esa emisión es suficientemente elevada para crear riesgos para la salud pública o el medio ambiente. Este último aspecto, el cálculo del riesgo, está ausente en las enmiendas propuestas, razón por la cual la Comisión las rechaza por el momento.
Necesitamos saber más sobre los posibles riesgos de los productos. Puedo confirmar que la Comisión abordará las preocupaciones del Parlamento analizando este posible problema. La Comisión ya ha propuesto limitar los riesgos en numerosas ocasiones y, en la actualidad, unas 1.000 sustancias CMR y varios miles de preparados que contienen CMR están prohibidos. Un ejemplo es el de los colorantes azoicos, que son carcinógenos reconocidos. En ese caso, se prohibió la utilización de esos colorantes en un gran número de productos. Sin embargo, el Parlamento Europeo insistió en que las alfombras orientales quedaran excluidas de la prohibición puesto que la emisión de esos colorantes azoicos es inferior a los límites máximos considerados aceptables. La Comisión está de acuerdo, dado que también nosotros llegamos a la conclusión de que no había un riesgo significativo para la salud pública.
Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 y 2, pero estudiará con carácter de urgencia el problema potencial de las sustancias CMR en productos.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, esta segunda lectura es realmente importante, dado que aborda la vigésimo tercera enmienda a la directiva que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción), las sustancias denominadas CMR.
Ni el Consejo ni la Comisión han estado dispuestos a hacer concesiones para poder llegar a un compromiso con el Parlamento Europeo sobre nuestra petición de que la directiva incluya también productos. Después de todo, los productos son la principal fuente de exposición para el público, como por ejemplo en juguetes, textiles o suelos. La evaluación de riesgos realizada de conformidad con la propuesta de la Comisión se basa en realidad en las medidas preventivas y estipula claramente que es preciso garantizar la seguridad del público. Eso sólo puede conseguirse si se prohíben también las sustancias CMR en bienes de consumo. Por alguna oscura razón, la Comisión y el Consejo no han querido aceptarlo, a pesar de que existen evidencias científicas.
El Consejo también señala que hay un gran número de productos afectados y, al parecer, considera que constituye una razón para no tomar ninguna medida. En realidad debería ser al revés. Si un gran número de productos contienen sustancias CMR, es obvio que deberíamos tomar medidas aún más rápidamente. Habría preferido que se hiciera una propuesta de prohibición ya en 2002, pero no hemos podido llegar tan lejos.
Siempre es un placer trabajar con el Dr. Nisticò, todo un caballero. Hemos sido capaces de elaborar una enmienda constructiva, un compromiso entre el Dr. Nisticò, por una parte, y los colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, por otra. Me gustaría pedir a sus Señorías que voten a favor de la enmienda 3, puesto que no podemos esperar más. Hacerlo constituiría una gran irresponsabilidad y además no nos atendríamos al principio de cautela. Es por eso que hago un ruego a sus Señorías: voten a favor de la enmienda 2.

Bowe (PSE).
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista agradezco este informe, que servirá para imponer estrictas y adecuadas restricciones a varias sustancias muy peligrosas que sabemos tienen efectos tóxicos, mutágenos o carcinógenos para los seres humanos. Es preciso que consigamos que este informe se apruebe.
En lo que respecta al aspecto más importante que debatimos hoy, que es la prórroga de esta prohibición de productos, el Grupo Socialista apoya en su totalidad la segunda enmienda, que propone esa idea. Como es lógico, reconocemos también que es necesario seguir trabajando sobre ese aspecto. Debemos estudiar esos productos, el nivel de riesgo que presentan, su contacto con seres humanos y los lugares en los que se utilizan. Sin embargo, creemos que eso puede hacerse en fases posteriores del proceso legislativo. Esta enmienda debería aprobarse con el fin de que esos debates puedan producirse.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en breve.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, de acuerdo con el orden de voto, vamos a votar en primer lugar sobre el Acuerdo de Asociación con Argelia y posteriormente sobre la resolución. En la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa lo hicimos al contrario: votamos primero la resolución y luego el Acuerdo de Asociación. Dado que el voto de mi grupo a favor o en contra del Acuerdo de Asociación depende del contenido de la resolución, solicitamos que se vote primero sobre la misma y a continuación se proceda a la votación del Acuerdo de Asociación.

Morillon (PPE-DE).
Señor Presidente, estoy dispuesto a retirar la enmienda 10 si la Cámara acepta la siguiente enmienda oral: quisiéramos conservar la totalidad del apartado 5, con la excepción de la última parte de la frase, que se modificaría como sigue: en lugar de «las ONG internacionales para acceder libremente al territorio argelino», propongo «las ONG que desean acceder al territorio argelino».
El Presidente.
Me dicen que quería suprimir las palabras «y unas viviendas adecuadas». ¿Es así?

Morillon (PPE-DE).
Sí, pero tras el debate de anoche he comprendido lo que quería decir y acepto el término. Por lo tanto, se trata del apartado 5 con la modificación que acabo de mencionar.

Napoletano (PSE).
Señor Presidente, creo que la enmienda oral reemplaza a la enmienda 12 presentada por el PPE-DE, en cuyo caso la enmienda 12 podría retirarse. Por lo tanto, tendremos que dividir el apartado en tres partes para la votación. Podríamos votar a favor de la primera parte -«Reafirma la necesidad de una retirada de los militares del proceso político de adopción de decisiones-, luego votaríamos en contra de la segunda parte -«de una desmilitarización de la sociedad»-, pero a favor de la tercera parte -«y de un reforzamiento de las instituciones políticas». Creo que los distintos grupos de la Cámara estarán de acuerdo con esto. Por consiguiente, el apartado puede dividirse en tres partes y podemos votar a favor de la primera y la tercera parte y en contra de la segunda, con lo que queda así suprimida la frase «de una desmilitarización de la sociedad».

Morillon (PPE-DE).
Sí, pero me gustaría señalar que, en las actuales circunstancias, el Grupo PPE-DE votará en contra de esas tres partes.

Morillon (PPE-DE).
En relación con el apartado 13, retiraré mi enmienda si la Cámara acepta la segunda parte relativa a la compatibilidad del derecho de asilo con las disposiciones del nuevo acuerdo sobre la libre circulación de las personas y con los derechos adquiridos de los inmigrantes legales de origen argelino.

Boudjenah (GUE/NGL).
Señor Presidente, me gustaría decir que mi grupo va a retirar la primera parte de la enmienda. Por lo tanto, lo que queda debería ser: «pide a la Comisión que proceda a evaluar periódicamente las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la aplicación del Acuerdo de Asociación».
Manders (ELDR).
Señor Presidente, los Liberales hemos presentado una enmienda, la 2, pero he consultado con la Sra. Bastos, que me ha asegurado que el texto que queríamos añadir sobre la participación de los gobiernos locales y regionales en las consultas en las regiones fronterizas ya está incluido implícitamente en su texto. Por consiguiente, querría retirar la enmienda.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Hay una acuciante necesidad de ayuda financiera para todos los países de Europa del Este, una región en la que, durante la última década, se ha producido un hundimiento de las economías y donde no se prevén grandes mejoras en un futuro próximo. Bosnia y Herzegovina es un caso especial. Desde 1992, cuando la segregación de esta antigua provincia turca de Yugoslavia obtuvo el apoyo internacional, se han producido continuos intentos externos de crear un estado y de conseguir el apoyo de los habitantes de ese país para ese proyecto. Sin embargo, la realidad es que es un estado que no pertenece a nadie. Se trata de un país compuesto por minorías étnicas. Sólo la minoría más numerosa deseaba la creación de ese estado y considera que es el país de los habitantes islamizados bajo la dominación turca. Los otros dos grupos, que se sentían menospreciados durante la época turca, se sienten ahora más próximos a los estados vecinos, bien a Serbia o bien a Croacia. Consideran que las fronteras nacionales que los separan en la actualidad de dichos países son obstáculos y les gustaría que se suprimieran lo antes posible. Todavía no ha finalizado el recuento de los votos de las últimas elecciones, pero se cree que el electorado ha vuelto a votar por distintos movimientos nacionalistas y que, por lo tanto, los tres grupos quieren un futuro independiente. ¿Durante cuánto tiempo pensamos mantener vivo artificialmente a ese país con fuerzas militares, líderes nombrados desde el exterior y fuentes de financiación externas? Nuestros esfuerzos acabarán por fracasar una vez que el país haya dejado atrás los complicados tiempos actuales.

Ribeiro e Castro (UEN)
 - (PT) Voté a favor de este informe porque creo que hace una valiosa aportación al proceso de la mejora de la evaluación como herramienta para valorar el cumplimiento de los objetivos de la UE. También comparto la opinión de que una evaluación sistemática es un instrumento de primer orden para garantizar la rentabilidad del dinero que se dedica a gastos en el presupuesto de la UE. Al igual que el ponente, agradezco y reconozco los esfuerzos de la Comisión para desarrollar una cultura general de evaluación en la institución. Por último, estoy plenamente de acuerdo con la solicitud del Consejo para que se sigan estrictos criterios de coste/beneficio cuando se soliciten informes de evaluación, pero también soy consciente de que la tarea más complicada es integrar los resultados de la evaluación en la futura política, en las orientaciones presupuestarias y en la asignación de recursos.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) El propio título de este informe, «Iniciativa para el crecimiento y el empleo - medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter innovador y generadoras de empleo» es razón suficiente para que votemos contra este texto.
El ponente sabe, como todos nosotros, que la «asistencia financiera» a empresas, sean o no innovadoras, no crea puestos de trabajo. Sabe que las llamadas «pequeñas empresas» suelen ser filiales de grandes grupos financieros. Asimismo, sabe que esos grupos se embolsan esa ayuda para aumentar sus beneficios y que, cuando las dejan de percibirse las ayudas, cierran el negocio sin tan siquiera sentirse obligados a reembolsar las ayudas que se les han dado, como ha ocurrido en Francia con Daewoo en la región de Lorena, o con Mitsubishi en la región de la Bretaña, empresas que han cerrado sus fábricas y han despedido a cientos de trabajadores.
Sin embargo, se sigue pidiendo al Parlamento Europeo que apoye, sobre la base de la democracia representativa, una práctica que sólo beneficia a grupos industriales y financieros, y desde luego, no a los desempleados.
Al menos nosotros nos negamos a tomar parte en este fraude. Si las instituciones europeas tienen fondos para regalar, esos fondos deberían ir a servicios públicos, dado que en todos los países europeos hay una escasez de personal sanitario, profesores y empleados de servicios públicos.

De Sarnez (PPE-DE)
 - (FR) El acceso a la educación y a una formación continua a lo largo de la vida laboral, así como las medidas tomadas para fomentar la movilidad de los jóvenes y los trabajadores contribuirán de forma esencial a la estimulación del empleo en Europa.
Toda estrategia de fomento del empleo debe incluir en primer lugar esfuerzos para fomentar la movilidad de los estudiantes y la formación continua de los trabajadores, por no hablar de los esfuerzos para facilitar la creación de empresas fuera de las fronteras nacionales.
La educación debería centrarse en el aprendizaje de un segundo idioma comunitario y de nuevas tecnologías. La experiencia y los títulos deberían recibir un reconocimiento equivalente en toda Europa, y los sistemas de seguridad social y pensiones deberían poder transferirse de un país a otro sin que eso suponga perjuicio alguno para el estudiante o trabajador que se desplace dentro de la Comunidad.
Por último, la Comisión debería estudiar las medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas para presentar nuevas propuestas más flexibles y eficaces que las actuales, con el fin de fomentar que las PYME establezcan relaciones de trabajo transnacionales y, más concretamente, de contribuir a la implantación de relaciones de colaboración y de promover el espíritu empresarial en los nuevos Estados miembros.

Montfort (NI)
 - (FR) He apoyado el informe Bushill-Matthews, porque fomenta la inversión y la asistencia financiera a las empresas, en consonancia con el espíritu de la Carta europea de las pequeñas empresas.
Dado que las PYME participan en la ordenación del uso del suelo, en el engranaje esencial de las economías de nuestras sociedades, tienen un papel crucial tanto en términos humanos como sociales.
No obstante, a pesar de que crean puestos de trabajo, la ayuda financiera que reciben suele ser insuficiente. Espero que este informe contribuya a subsanar ese déficit.
Asimismo, aunque debemos apoyar a las PYME del sector de la alta tecnología, no podemos olvidar las actividades tradicionales de las PYME, con independencia del tamaño de la empresa (pequeña escala, microempresas, etc.).
Por último, parece que la Comisión sólo está pensando en conceder ayudas para la creación de puestos de trabajo, pero debe garantizarse un seguimiento con ayudas posteriores a la creación de los puestos.

Ribeiro y Castro (UEN)
 - (PT) En ningún caso exageramos cuando subrayamos la importancia de los instrumentos de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, que tienen un papel crucial en la creación de puestos de trabajo, en el impulso de la inversión y en el crecimiento económico de los Estados miembros y de la Unión Europea. Estoy totalmente de acuerdo con la valoración positiva de los resultados globales conseguidos en 2001 que ha hecho el ponente, en lo relativo al desarrollo de la iniciativa y a su efecto sobre el empleo. El propio informe de la Comisión es bastante exhaustivo y la Comisión ha respondido claramente a la solicitud del Parlamento de una mayor velocidad y urgencia en su elaboración, aunque es lamentable que algunos comentarios concretos hechos por el Parlamento en su informe del año pasado sigan sin tenerse en cuenta, sobre todo en lo que respecta a la información sobre audiencias. También apoyo la petición a la Comisión de presentar soluciones para reemplazar al programa «Joint European Venture», cuyos beneficios han sido escasos y que resulta insuficiente en su actual formato, así como la siguiente observación, que, en mi opinión, tiene una importancia estratégica y que es cada vez más esencial a medida que se aproxima la fecha de la ampliación: «la importancia del fomento de las inversiones y del espíritu empresarial en los países candidatos».

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero expresar mis reservas sobre la votación del informe Moreira Da Silva. El sentido del voto del Parlamento sobre las enmiendas 102 y 98 relativas a subastas resulta muy peligroso. Los diputados finlandeses del PPE estamos claramente en contra de cualquier tipo de subasta. Esas enmiendas se han adoptado por un margen muy estrecho, con una mayoría de sólo tres votos a favor de las subastas. Las enmiendas 75, 81 y 86, que favorecían más posibilidades de excepciones (opt-out), han sido rechazadas por el Parlamento. Yo quería apoyar esas enmiendas y la delegación finlandesa deseaba ver más posibilidades de que los Estados miembros se autoexcluyeran mediante cláusulas de excepción (opt-out) de los sistemas de comercio de derechos de emisión. Lamento sinceramente esta decisión. En lo que respecta a la enmienda 99, que afecta a las emisiones de productos de carbón relacionados con procesos como los utilizados en la industria del acero, lamento mucho que esta enmienda no haya sido aprobada. Espero que la Comisión lo reconsidere, teniendo en cuenta la exigua mayoría de la Cámara, cuando proponga enmiendas antes de la segunda lectura.

Figueiredo (GUE/NGL)
 - (PT) Aunque incluye algunos aspectos contradictorios e incluso negativos, el informe mejora significativamente la propuesta de directiva presentada por la Comisión. Acepta algunas propuestas de enmiendas presentadas por nuestro grupo, así como por los demás grupos, que mejoran el texto y que vamos a apoyar.
Nos alegramos de que hayan propuesto medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a pesar de la inaceptable posición de los Estados Unidos, que se han negado a ratificarlo. No obstante, la propuesta de la Comisión sobre el comercio con los derechos de emisión de gases con efecto invernadero no se ha modificado suficientemente y es por ello que nos hemos abstenido en la votación, puesto que no aceptamos ese principio, y tenemos también ciertas reservas sobre algunas otras propuestas de enmiendas.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) Podíamos haber votado a favor de esta resolución sobre Argelia porque establece varios requisitos democráticos con los que estamos de acuerdo. El texto condenaba la pena de muerte, las restricciones a la libertad de prensa, la represión del movimiento de la Kabilia y el carácter profundamente reaccionario del código de familia en lo referente a la mujer. Aunque tímidamente, la resolución criticaba también el fundamentalismo religioso, así como al gobierno y al ejército. Desgraciadamente, las enmiendas aprobadas en la votación vacían parcialmente de contenido el texto, y finalmente nos hemos abstenido.
Sin embargo, la crisis que afecta a Argelia desde hace varios años tiene su origen en las políticas económicas puestas en práctica desde la década de 1970 bajo los auspicios del FMI.
El informe no menciona las privatizaciones que esas políticas han conllevado, la presión a la que el servicio de la deuda somete al presupuesto nacional, en detrimento de los servicios públicos, el saqueo de los recursos de la industria petrolífera por las multinacionales y la corrupción endémica en los niveles más altos tras la «liberalización» de la economía argelina. Sin embargo, es ahí donde Europa, y especialmente Francia, tiene una gran responsabilidad. Condenamos sin reservas el apoyo dado por Francia al régimen argelino.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
van den Bos y van der Laan (ELDR)
 - (NL) D. Bob van den Bos y Dña. Lousewies van der Laan (partido D66 [partido demócrata neerlandés denominado Democraten 66]) han votado en contra de la resolución legislativa del Sr. Obiols I Germà para celebrar un acuerdo de asociación con Argelia. Sin embargo, han votado a favor de la resolución presentada por el Sr. Brok.
En estos momentos, Argelia está pasando por un período muy inestable, en el que debe enfrentarse a todo tipo de violencia y está demostrando un escaso talante democrático. Sigue habiendo violaciones a gran escala de los derechos humanos. Daríamos una imagen equivocada si recompensáramos a ese país con un acuerdo precisamente en este momento.
D66 considera que un acuerdo de asociación con Argelia resulta inaceptable en las actuales circunstancias, porque carecemos de los medios para hacer cumplir la cláusula de derechos humanos. Tal y como se subraya también en la resolución Brok, los mecanismos de evaluación para la aplicación de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos de asociación son insuficientes. D66 considera que es preciso encontrar instrumentos adecuados para hacer cumplir la cláusula de derechos humanos antes de que el acuerdo pueda tener el efecto deseado, la mejora de la situación de los derechos humanos en Argelia.

Esclopé (EDD)
 - (FR) El anuncio de la creación de un fondo para compensar a las víctimas de desastres es una buena noticia para los cientos de miles de víctimas de los desastres causados por el atroz clima en Europa. Apoyamos plenamente la idea de que la Unión Europea puede prestar una ayuda rápida y flexible en el caso de grandes desastres que afecten a Estados miembros. Los miembros del EDD-CPNT llevamos mucho tiempo solicitando, sobre todo con respecto a las terribles condiciones climáticas de Francia (la tormenta de diciembre de 1999 y las inundaciones del Somme de 2001), que la solidaridad europea se haga notar.
Por consiguiente, habíamos pedido que se restableciera la antigua línea presupuestaria «desastres naturales» con recursos suficientes, porque creíamos que era razonable que el presupuesto general de la UE se utilizara con ese fin. En lugar de hacer eso, la Comisión optó por embarcarse en un enorme ejercicio de relaciones públicas.
Lamentamos que haya sido necesario un verano especialmente difícil y el sufrimiento de muchas víctimas para que Europa se haya decidido finalmente actuar. A pesar de las vaguedades que rodean a la aplicación práctica del fondo, sobre todo en lo relativo a su financiación, esperamos que las instituciones europeas actúen de forma rápida, práctica y con transparencia en la compensación a las víctimas.

Ribeiro e Castro (UEN)
 - (PT) Obviamente, hemos apoyado la creación de este Fondo, que es la expresión de la solidaridad del conjunto de la Unión Europea tras los graves desastres naturales que han tenido lugar en varios Estados miembros. También he respaldado la mayor parte de las posiciones adoptadas por el ponente. Sin embargo, lo que deseo subrayar en esta breve explicación de voto es que fue nuestro compañero Franz Turchi, del Grupo UEN, quien presentó una propuesta con dicho fin hace dos años, y que, desgraciadamente, no recibió una respuesta positiva. Han hecho falta otros dos años sin tomar medidas, y sobre todo las graves inundaciones que se produjeron en agosto en Alemania, Austria y en algunos países candidatos, para convencer a la Unión Europea de la necesidad de escapar de la trampa legislativa que impedía que las instituciones comunitarias intervinieran mediante la prestación de ayuda financiera a las comunidades europeas que han sufrido importantes desastres naturales, una plaga que parece que se está dando con creciente frecuencia. Supongo que podríamos decir aquello de «más vale tarde que nunca».

Butel (EDD)
 - (FR) El informe de Michael Holmes subraya, con razón, la falta de conocimientos científicos reales sobre poblaciones de peces de aguas profundas. Sin embargo, sí sabemos que los peces de aguas profundas, como el reloj anaranjado, conocido comúnmente como «emperador», tienen una vida larga y, sobre todo, alcanzan tarde la madurez, lo que evidentemente significa que las poblaciones se reponen muy lentamente.
Estamos siendo testigos de una reducción de las capturas en aguas profundas, confirmada por la decisión de los propios armadores industriales, que han optado por suspender sus actividades, que ya no son rentables.
Por lo tanto, limitar el acceso a las poblaciones de peces de aguas profundas es una medida justificada, aunque podría volver a sopesarse cuando se disponga de nuevos datos científicos objetivos.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Aunque el propio informe afirma que «Considerando que la falta de empleos, y no la falta de movilidad profesional [...] es la principal preocupación de más de 18 millones de parados en la UE», la única solución que propone son frases vacías de contenido como «acercar el mundo laboral a los sistemas educativos». Asimismo, cuando finalmente propone algo más tangible, «fomentar la creación de empresas innovadoras», anuncia ayudas no sólo a las víctimas del desempleo sino también a los causantes del mismo.
¿Para qué sirve la movilidad, sin embargo, si sólo hace que los desempleados restantes se trasladen más? El desempleo afecta a todos los países de la Unión Europea y la reubicación de los desempleados no creará ni un solo puesto de trabajo, sólo más competencia entre las personas que buscan un empleo. Asimismo, cuando el informe habla de una política destinada a «que los trabajadores y quienes buscan empleo estén muy cualificados», estamos sólo ante el deseo, expresado con todo cinismo, de los empresarios de la Unión Europea de tener los desempleados más cualificados del mundo.
Si queremos evitar un aumento del desempleo, debemos disponer de medidas obligatorias para evitar los despidos masivos. Para crear nuevos puestos de trabajo, es preciso que los servicios públicos que son útiles para la comunidad en su conjunto contraten a nuevos trabajadores, en lugar de reducir sus plantillas.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Figueiredo (GUE/NGL)
 - (PT) El informe de seguimiento de la propuesta de la Comisión contiene varias contradicciones y aspectos negativos, concretamente en su insistencia en fomentar el trabajo temporal como respuesta al problema del desempleo, a pesar de las propuestas que hemos presentado para mejorarlo. Desgraciadamente, no todas esas propuestas han sido aceptadas. No obstante, celebro que la propuesta que presenté para proteger el derecho de los trabajadores a tener un puesto de trabajo de calidad con derechos se haya incluido. Igualmente positiva es la insistencia del informe en el reconocimiento recíproco de cualificaciones, y su exigencia de que se preste más atención al abandono escolar prematuro, a la formación continua y a fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, entre otras cosas.
Ésas son las razones por las que nos hemos abstenido en la votación.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Este informe no legislativo está lleno de palabras bonitas y declaraciones obvias. Como es lógico, es preciso que más mujeres puedan encontrar trabajo en sectores de la sociedad del conocimiento, como la tecnología de la información y la comunicación. Asimismo, suena bien la propuesta de redacción de un «Estatuto del trabajador europeo», así como las propuestas de un sistema europeo de legislación laboral y seguridad social para los empleados que se desplacen dentro de la Comunidad. Eso encaja con las preguntas que voy a plantear hoy a la Comisión sobre los trabajadores de la construcción polacos que trabajan sin convenios colectivos. Sin embargo, la esencia de la propuesta está en la adaptación de los trabajadores a los puestos de trabajo, en lugar de adaptar el trabajo a los trabajadores. Ofrece recetas sobre la forma en que un mercado laboral puede funcionar más eficazmente mediante una educación diseñada a la medida del trabajo. Pretende facilitar que los trabajadores se trasladen a miles de kilómetros, a regiones con un idioma y una cultura distintos, en los que resulta que hay más oportunidades de trabajo. Si las personas desean mudarse, es obvio que es bueno que sus cualificaciones se acepten allá donde vayan y que puedan llevarse consigo sus derechos de pensiones. No obstante, la mayoría de las personas no desean esto, y con razón. Europa no es América, donde, por necesidades económicas, las personas se ven obligadas a mudarse a lugares muy distantes, lo que corta todos sus vínculos con sus familias y amigos. Dejemos que las cosas sigan como hasta ahora.

Ribeiro e Castro (UEN)
 - (PT) Como indiqué en mi propio informe sobre el funcionamiento de Eures durante el período 1998/99 presentado hace cerca de un año, los pasos que se han dado en la Unión Europea para incrementar la movilidad profesional y para dar a todos los ciudadanos acceso a esa movilidad son extremadamente importantes. Apoyo las medidas destinadas a fomentar la cooperación en el campo de la educación y la formación, con el fin de establecer un marco común para el reconocimiento recíproco de las cualificaciones profesionales, en colaboración con los interlocutores sociales y los establecimientos educativos y de formación profesional. También me gustaría volver a recalcar la importancia de lanzar una campaña para incrementar el conocimiento de las posibilidades que ofrece el mercado interior y el mercado laboral europeo, así como de actualizar el sistema Eures (para que toda la información que recopila llegue a las personas que buscan trabajo y a los empresarios), así como un mecanismo permanente para analizar las trabas a la movilidad geográfica. Sin embargo, lamento que el texto inicial redactado por la Sra. Bastos, que era equilibrado y realista, haya quedado distorsionado por enmiendas que le han conferido un carácter negativo e intervencionista y una visión política marcada ideológicamente que es totalmente inapropiada en el campo de las aptitudes y la movilidad.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Hemos votado en contra de la resolución conjunta, que adopta una actitud hipócrita y paternalista hacia ese país, cuya desastrosa situación y pobreza se debe principalmente a décadas de explotación y saqueo, así como de una dominación que en un principio era colonial y que sigue teniendo un carácter imperialista.
No sentimos ninguna simpatía por los amotinados del ejército marfileño, que fue creado y en cierta forma moldeado por soldados franceses y que, desde su creación, ha tenido como única razón de ser oprimir a la mayoría pobre de la población marfileña sometiéndola además a la extorsión y al chantaje sistemático. Es preciso decir, no obstante, que el ejército gubernamental no es mucho mejor. Describir a Laurent Gbagbo como un presidente elegido democráticamente es una estafa cuando es de dominio público que las elecciones fueron amañadas y que uno de los candidatos no pudo presentarse por razones de prejuicios étnicos. Además, este gobierno, como sus predecesores, ha estado creando deliberadamente un clima de xenofobia y prejuicios étnicos, que está consiguiendo que la vida sea insoportable para millones de trabajadores y agricultores inmigrantes procedentes de los países vecinos y para los originarios del norte del país.
Pedir a este gobierno y a su ejército que «garantice la seguridad de la población civil» es como pedir al lobo que cuide de las ovejas.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) En un país en el que la utilización de los «prejuicios étnicos» se ha convertido en práctica habitual de todos los gobiernos, desde Konan Bédié a Robert Gueï y Laurent Gbagbo, una guerra civil podría conducir a una situación desastrosa. Ni los soldados rebeldes ni el gobierno de Gbagbo tienen la legitimidad necesaria para representar al mosaico de poblaciones reunido en Côte-d'Ivoire. El gobierno marfileño lleva más de dos años descalificándose a sí mismo al utilizar un lenguaje xenófobo contra las comunidades procedentes del norte del país. Apoyar a uno de los dos bandos no va a conseguir que el conflicto tenga un desenlace positivo.
Albergamos dudas sobre los motivos de Europa y de Francia, que ha convertido a este país en su dominio privado desde su independencia. Aunque es imprescindible condenar rotundamente la espiral de guerra y derramamiento de sangre, debemos devolver a los ciudadanos de Côte d'Ivoire los medios para que puedan tomar el control de su destino. Debemos dejar de privatizar y expoliar toda su riqueza para el beneficio de las multinacionales como Bouygues, Bolloré o las empresas públicas francesas. Dar a los costamarfileños los medios para alcanzar una solución democrática significa derogar una constitución que impide a la mitad de la población participar en la vida política, así como celebrar nuevas elecciones sin discriminación.
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Souchet (NI)
 - (FR) En África Occidental, donde, con su libre circulación de armas, mercenarios, capitales y todo tipo de mercancías ilegales, los factores de desestabilización son múltiples y fácilmente manipulados, la única decisión responsable que podemos tomar es apoyar a las autoridades legítimas y a la maquinaria estatal, que es la única que puede establecer un baluarte contra los agentes de la anarquía y el desorden.
Es obvio que nuestro papel en Côte d'Ivoire no puede consistir en minar el poder del gobierno legítimo que, a pesar de sus defectos, representa la soberanía nacional y la integridad territorial.
Cualquier desestabilización en Côte d'Ivoire podría tener, dada la importancia económica y simbólica de este país para África Occidental, un efecto dominó especialmente devastador en toda la región. Por lo tanto, es esencial que todos los actores internacionales implicados, en lugar de jugar con los miles de factores potenciales de división existentes, como algunos no han dudado en hacer en el Congo, actúen con la máxima responsabilidad, absteniéndose de fomentar algo que podría dar lugar, antes o después, a una balcanización de facto de Côte d'Ivoire y arrastrar al país a una situación similar a la del Congo.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson y Theorin (PSE)
Queremos destacar que, en estos momentos, creemos que la cooperación a través de Eurojust es la mejor forma de colaboración para el procesamiento de los delincuentes en el seno de la UE . La jurisdicción de una posible autoridad procesal común europea para delitos financieros debería estar limitada a casos de fraude contra las instituciones europeas.

Blak (GUE/NGL)
 - (DA) La Comisión ha presentado otra comunicación sobre la lucha contra el fraude. Permitirá excluir a las empresas que hayan cometido fraudes en los contratos con la Comisión. Sin embargo, la verdad es que esa posibilidad ya existe. No es necesario elaborar más comunicaciones. La Comisión no tiene más que utilizar la directiva de 1992 relativa a la concesión de contratos públicos, que deja muy claro que puede excluir de la participación en la adjudicación de contratos públicos a las empresas que hayan presentado información falsa o hayan cometido evasión fiscal.
¿Por qué no se usa esa directiva? ¿Por qué no se usa la legislación ya existente?
He votado a favor del Informe Bösch porque llama la atención sobre un buen ejemplo de este evidente escándalo. Durante años, Eurostat ha firmado contratos con una empresa que ha suministrado información falsa, lo que queda de manifiesto con tan solo una rápida comparación de las cifras.
La Comisión dice que pasó el asunto a OLAF ya en 1999. Por lo tanto, ¿por qué no se ha tomado ninguna medida? Esa empresa, que proporciona cifras incorrectas año tras año, se encuentra actualmente entre los 10 contratistas más utilizados por la Comisión. ¿Cómo puede ser eso?
La Comisión nos debe una buena explicación. Una empresa que ha cometido un fraude evidente gana enormes cantidades de dinero gracias a contratos con la Comisión. La empresa se ríe de nosotros desde Luxemburgo, mientras la Comisión hace pública otra fatua comunicación. ¿Qué señales manda esto al pueblo europeo?

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Uno de los muchos inconvenientes de las economías de escala es el creciente margen que tienen los aprovechados para actuar sin problemas durante mucho tiempo. En organizaciones grandes y mal organizadas, hay un gran margen para personas que, ocultas tras un muro de burocracia, quieren llenarse sus propios bolsillos. La Unión Europea es una de esas organizaciones grandes y mal organizadas, que ofrece inesperadas oportunidades a funcionarios, políticos y empresas que se ganan la vida con contratos europeos. En 1998 y 1999, D. Paul van Buitenen, que en aquel momento era funcionario de la Comisión, demostró las posibles consecuencias, con la dimisión de toda la Comisión Europea como posible desenlace. En estos momentos, Dña. Marta Andreasen, que ha tomado el relevo a la hora de tirar de la manta, está demostrando que la administración financiera es insuficiente para prevenir cualquier tipo de fraude. Desgraciadamente, sus esfuerzos de mejora no han sido apreciados por todos, y se le ha forzado a dejar su trabajo. Parece que hay personas que no van a ganar nada con las mejoras. La Comisión de Control Presupuestario ha calculado que en 2001 se cometieron fraudes por importe de unos 1.250 millones de euros. El ponente tiene razón cuando prefiere la posibilidad que existe desde hace 10 años de excluir de los contratos a las empresas que cometan fraudes, a la sensibilidad al fraude de los fondos y a la conveniencia de la existencia de un fiscal europeo. No obstante, es probable que todas las medidas propuestas juntas tengan menos efectos que la descentralización y la reducción del tamaño de la organización.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.

El Presidente.
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

