Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 7 de noviembre de 2002.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 14 de noviembre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento.
Lunes:

Hautala (Verts/ALE).
Señor Presidente, sin duda es usted consciente de que hay mucha niebla alrededor de Estrasburgo y me han dicho que muchos diputados no están presentes. Algunos de ellos lamentan no poder participar en el debate sobre el informe Medina Ortega sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco. Le ruego considere la posibilidad de posponer el debate hasta esta noche. Me han dicho que un autocar está trayendo a personas desde Bruselas y se espera que llegue en torno a las 20.30. La Sra. Malliori, ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, se encuentra en dicho autocar y sería una lástima que no estuviera aquí para el debate.

El Presidente.
Ahora no quiero verme involucrado en el asunto del clima, pero más tarde podemos volver sobre él.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, esta cuestión afecta al orden del día en general - no sé si al lunes -. Como usted sabe, un barco que no ha hecho honor a su nombre, el Prestige, ha vertido varias toneladas de crudo en las costas españolas, lo que ha generado no sólo una mancha de más de 200 kilómetros de largo, sino también una honda preocupación medioambiental y económica para las más de 5 000 familias afectadas.
Por eso, señor Presidente, como entiendo que nuestro Parlamento debe ser sensible a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, le pediría que incluyese en el orden del día de nuestros trabajos una declaración de la Comisión, seguida de un debate, en el que pudiésemos examinar las circunstancias en que se han producido estos hechos, las causas que lo han originado, las medidas que ha de tomar la Unión Europea para que no se repitan y los posibles términos de una respuesta solidaria de la Unión Europea.
No sé, señor Presidente, si esto podría hacerse el lunes o el jueves, con motivo de la declaración de la Comisión sobre el cambio climático, pero quería dejarlo patente, desde ahora, para que pudiésemos, si el resto de los grupos políticos está de acuerdo, incluirlo en el orden del día de nuestros trabajos.
El Presidente.
Estoy intentando abrirme camino de una forma sistemática a través de nuestra semana. Ha anticipado usted algo que su grupo y otros grupos propusieron para un cambio del orden del día del jueves. Ruego a los colegas que deseen hablar sobre esta cuestión, que guarden sus comentarios hasta que abordemos el orden del día del jueves. Pero he tomado nota de su solicitud.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, yo entiendo el punto de vista de la Sra. Hautala y a mí me gustaría que en el debate participara el mayo número de diputados posible, pero la propuesta que hace la Sra. Hautala no me parece pertinente, porque, en este momento, al parecer, hay una serie de colegas que están viniendo hacia aquí en autobús. No sabemos a qué hora van a llegar y, probablemente, cuando lleguen van a estar absolutamente exhaustos. Ni siquiera saben si van a participar en este debate o no. Si la propuesta fuera que el debate se hiciera mañana, me parecería correcto, pero dejarlo para última hora de hoy, con esta pobre gente que ni siquiera sabe lo que va a hacer, no me parece oportuno. Así que creo que o se debate ahora o se deja para otro día de esta semana.
El Presidente.
Mañana es totalmente imposible. Incluso parece ya casi imposible sin añadir otro informe. Al escuchar al ponente, y en vista del hecho de que las solicitudes de este tipo han de presentarse a los servicios una hora antes de la sesión, me parece que lo mejor es proceder.
Sin embargo, quiero decir que lamento que la Sra. Hautala y nosotros como Parlamento nos encontremos hoy en esta situación en la que no podemos asegurar la asistencia de colegas que hoy se han puesto en camino con tiempo suficiente como para esperar poder participar en un debate.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, comprendo las razones que acaba usted de aducir, pero la Sra. Malliori, como ha dicho la Sra. Hautala, es la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en este debate tan importante sobre la publicidad del tabaco, y usted sabe muy bien, señor Presidente, que las cuestiones relacionadas con la publicidad del tabaco siempre son conflictivas y hay diferencias entre la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Por eso, la Sra. Hautala solicitaba retrasar el informe un tiempo para permitir que los colegas llegaran. No sé si eso es imposible; pero, claro, si el ponente no está de acuerdo? Entiendo las dificultades, pero sería importante para este Parlamento que la Sra. Malliori estuviera presente, ya que es la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en este asunto.
El Presidente.
No quiero prolongar el debate innecesariamente y comprendo perfectamente la dificultad. El ponente principal ha propuesto hoy o mañana. Así que no tenemos opción: la única posibilidad es hoy. Sin embargo, acepto que los puntos de vista puedan ser diferentes en las comisiones. En vista de las circunstancias excepcionales y la ausencia de la ponente, la Sra. Malliori, quisiera pedir a la Comisión de Medio Ambiente que asegurara que alguien que haya seguido los debates y haya votado en la comisión esté disponible para informar debidamente del punto de vista de la comisión durante el debate de esta tarde.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, observo que, en el orden del día de hoy, hay cinco o seis preguntas orales en un debate sobre concentración de los medios de comunicación, y creo que estamos aquí prácticamente todos los que vamos a intervenir en él.
Acabo de ver que la Comisión se incorpora. Si el Comisario Byrne es el encargado de contestar a esta pregunta, propondría que comenzáramos con este tema y después viéramos el informe Medina Ortega. Podría ser una solución razonable.
El Presidente.
En vista de las reacciones de los colegas, creo que es una sugerencia aceptable. Por consiguiente, empezaremos la sesión de hoy con un debate conjunto sobre los medios de comunicación. Después de este debate seguiremos con el informe Medina Ortega y con la opinión que debería acompañarle.
Miércoles:
En lo que respecta a la declaración del Consejo sobre la cumbre social tripartita, se pidió al Consejo que esta se incluyera en el orden del día del miércoles y se introdujera justo después de la declaración sobre Pakistán.
(El Parlamento da su conformidad)
Jueves:
He recibido una solicitud del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, y del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para incluir en el orden del día de este período parcial de sesiones una declaración de la Comisión sobre la aplicación del paquete Erika sobre seguridad marítima al naufragio del petrolero frente a la costa gallega y las medidas que es preciso tomar para paliar el desastre socioeconómico y ecológico que ha causado.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, nuestro Grupo ha pedido el debate sobre el desastre que se ha producido en Galicia - en las costas europeas - y yo quiero defender esa posición. Los presidentes de nuestro Grupo han solicitado ese debate por escrito. No quiero hablar de una cuestión de orden, sino exponer el problema antes de la votación.
El Presidente.
Ya he indicado que hemos recibido una solicitud de declaración por parte de dos grupos, incluido el suyo. Ahora no necesitamos ningún debate, solamente necesitamos una votación relativa al procedimiento sobre la solicitud del Grupo del PPE-DE y del Grupo de los Verdes/ALE para que se incluya la declaración el jueves.
(El Parlamento da su conformidad)
En lo que respecta al informe del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que actualmente está incluido en el turno de votaciones del mediodía de conformidad con el artículo 110 bis, he recibido una objeción por escrito del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea a que se aplique este procedimiento. Este grupo desea que se incluya un debate sobre el informe Maaten al final del orden del día del jueves.
(El Parlamento rechaza la solicitud)
Periodo parcial de sesiones Diciembre I (4 y 5 de diciembre, Bruselas):
Sin cambios.

En relación con la reunión de mañana con diputados a los parlamentos de los países candidatos, me gustaría pedir que, en las reuniones de grupo que se celebrarán esta noche, los Presidentes de los diferentes grupos informen tanto a nuestros diputados como a sus homólogos de los países candidatos - si han podido acudir - que es absolutamente esencial que nadie utilice ni conecte su teléfono móvil.
La interpretación será un enorme reto con tantos idiomas, y por consiguiente, para facilitar el proceso, se utilizará un sistema de interpretación con rayos infrarrojos. Si alguien conecta su teléfono móvil para recibir mensajes de texto o para efectuar o recibir llamadas, interferirá con el equipo técnico y nuestros invitados no podrán oír la traducción de lo que se está diciendo. Aunque normalmente tenemos un procedimiento que ruega a los colegas que no utilicen sus teléfonos móviles, mañana es una necesidad técnica y absoluta de que todos desconecten sus teléfonos móviles antes de venir aquí.
Repetiré esta advertencia mañana, pero agradecería que los grupos tomaran nota de esta cuestión. Cuento con su colaboración.
En relación con las dificultades generales experimentadas por los colegas que llegan a Estrasburgo hoy, he recibido diversas cartas de diferentes autoridades: autoridades del aeropuerto, del alcalde de la ciudad y de Air France. Me gustaría leerles parte de la carta de la autoridad aeroportuaria:

Watson (ELDR).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera preguntarle si puede usted confirmar si los renos estaban en tierra o en el aire en ese momento.
El Presidente.
Si le contestara quizá introduciría demasiada levedad en la situación.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, he pedido antes la palabra porque esta mañana nuestro Grupo, por escrito, ha solicitado a la Comisión que se apliquen los paquetes legislativos "Erika" ante la terrible desgracia que está sufriendo Galicia en este momento, debido al accidente del Prestige.
No es casualidad, señor Presidente, que justamente sea en Bretaña con el Erika y ahora en Galicia con el Prestige donde se hayan producido estos accidentes. Ambos territorios deben ser protegidos, especialmente, en la costa atlántica europea.
La desgracia del Erika promovió la legislación que conocemos. La desgracia de Galicia debe servir para que se aplique inmediatamente la legislación establecida. No podemos seguir permitiendo que bombas de efecto retardado, como la que supone el Prestige, circulen por nuestras aguas de forma irresponsable y al servicio de la rapiña. Por Galicia, pasan las rutas que llegan a Europa de todos los continentes. Recientemente ha habido cuatro gravísimos accidentes de ese tipo en la Costa da Morte, que es un país privilegiado.
La gente espera que se remedien los desastres socioeconómicos y ecológicos y que se apoye a los afectados, y que se impida que las 77 000 toneladas que aún quedan en el Prestige inunden nuestras costas. Esperamos decisiones inmediatas de la Comisión.
El Presidente.
Me gustaría recordar a Sus Señorías que estas intervenciones han de limitarse a un minuto.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, como gallego y como coordinador de pesca del grupo mayoritario de esta Cámara me felicito por la decisión que hemos tomado de que la Comisión comparezca el jueves para explicarnos con todo lujo de detalles - porque vamos a exigir todo lujo de detalles - cómo ha podido producirse este gravísimo accidente.
Señor Presidente, Galicia está negra: sus playas, sus costas, sus faunas, sus pescados, sus aves... y la gente ve un futuro negro. Quería pedirle, señor Presidente, que usted, en nombre de la Cámara, se solidarice con las autoridades españolas y gallegas y se dirija a ellos. Nosotros nos encargaremos ya el jueves de pedir a la Comisión ayudas e investigación.
Quería anunciar también, puesto que la Cámara, de acuerdo con el nuevo Reglamento, no nos permite presentar una resolución, que a través de la Comisión de Pesca propondré una resolución para declarar zonas marítimo-pesqueras europeas sensibles protegidas que obliguen a un mayor alejamiento del transporte marítimo de mercancías peligrosas por esas zonas y el adelantamiento de la obligatoriedad del doble casco en este tipo de buques, que está previsto para el año 2015 y voy a pedir que se adelante para el año 2005.
Señor Presidente, se lo digo a usted como irlandés y hombre céltico: no nos podemos permitir en Europa una desgracia más de este tipo. Hay que extremar el control y no permitir que se destroce nuestro medio ambiente.
Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, hablo en nombre del Grupo Socialista y hablo también como coordinadora socialista en la Comisión de Pesca para llamar la atención de esta Cámara sobre el mismo accidente del petrolero Prestige al que acaban de referirse mis compañeros, que se produjo la semana pasada frente a las costas de mi región, Galicia.
El jueves - el accidente se produjo el miércoles - presenté una propuesta de resolución ante esta Cámara y presenté también dos propuestas de resolución, porque entiendo que aquí hay intereses comunes: intereses medioambientales, pesqueros - que tendrá que seguir la Comisión de Pesca - e intereses relativos al transporte marítimo de mercancías peligrosas, que tendrá que seguir la Comisión de Transportes.
Este petrolero ha dejado ya una mancha de 37 km. que avanza hacia la costa y, paradójicamente, a pesar de llamarse Prestige - y fíjese si será europeo el problema -, tiene bandera de Bahamas, tripulación filipino-rumana, transporta desde Letonia - un país candidato a la adhesión - hacia Gibraltar, lo que implica a un país de la Unión Europea, a un Estado miembro, en este caso al Reino Unido, y está bajo el mando de un capitán griego.
Yo pido que las instituciones comunitarias endurezcan la legislación sobre esta materia, que cumplan la ya existente y que dediquen su atención a este tipo de catástrofes a través de la solidaridad europea, tal y como se ha establecido, por ejemplo, en el caso de las catástrofes naturales que se han producido en cuatro Estados miembros durante este verano.
Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera referirme a otra catástrofe. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que opera a escala mundial, publica sus resultados cada cuatro años y formula recomendaciones a los Estados signatarios. Hasta ahora, el Reino de España no ha superado esta prueba. El informe español para el período 1997-2001 no ofrece garantías en lo referente a la detención incomunicada que puede conllevar malos tratos y tortura, algo que resulta frecuente en los casos relacionados con el País Vasco. Además, el resultado final de casos de tortura en España ha sido el indulto de los torturadores.
A pesar de ello, la delegación española del Ministerio del Interior sacó la siguiente conclusión, y cito textualmente: «el número de gracias otorgadas no son comparables al número de recursos criminales que implican a los miembros de las fuerzas del orden por violación de los Derechos Humanos» y que no existe ninguna política de absolución, siendo tal proceso «no automático» en palabras de la delegación. 
Mañana por la tarde, a las 15.00 horas, se emitirá el informe sobre España. ¿Podría la Conferencia de Presidentes de grupos políticos echarle un vistazo?

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, pensaba que tendríamos el debate sobre el Prestige el jueves, pero veo que todos los grupos intervienen y no quería que mi Grupo, en cuyo nombre intervendremos el jueves mi compañero Salvador Jové Peres o yo misma, dejara de exponer su opinión y lo que creo que se debe hacer.
No sólo hay que quejarse por lo que está ocurriendo ahora, que tiene ya mal arreglo, pues es una catástrofe económica para todos los pescadores y mariscadores - como han dicho mis compañeros -, también hay que ver que se trata de una catástrofe ecológica. Cuando se proponga endurecer la legislación, todos deberemos votar a favor. En este momento está debatiéndose en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor una directiva muy importante, cuyo ponente, el Sr. Papayannakis, es de nuestro Grupo. Esa directiva se refiere a la responsabilidad por los daños medioambientales. En mi opinión este tema es también muy importante. A ver cómo se vota en los próximos meses.
Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, es usted consciente de que la Asamblea Parlamentaria Paritaria tiene previsto empezar el próximo lunes en el hemiciclo de Bruselas. Tengo entendido que la Conferencia de Presidentes ha enviado una carta con palabras enérgicas a las autoridades belgas en relación con la posibilidad de que dos miembros de la delegación de Zimbabwe se encuentren en la lista de prohibición de visado. Tengo entendido que ahora se han concedido visados a los dos ministros de Zanu-PF y que llegarán mañana a Bruselas.
Señor Presidente, ¿podría darnos alguna indicación sobre lo que hará el Parlamento Europeo con respecto a esta cuestión tan grave?

El Presidente.
A la luz de las resoluciones del Parlamento que presentamos justo después de la Conferencia de Presidentes a las autoridades belgas - que ya habían expedido visados y no deseaban retirarlos -, propongo que la Conferencia de Presidentes aborde de nuevo esta semana la situación actual. Deberíamos debatir opciones del Parlamento compatibles con sus resoluciones y compatibles con la necesidad de ser coherentes a la hora de adoptar sus resoluciones y considerar la posibilidad de declarar a estas dos personas personae non gratae con respecto al acceso al propio Parlamento.
Si la Conferencia de Presidentes toma tal decisión, la transmitirá a las autoridades belgas y a las autoridades de Zimbabwe. Personalmente, prefiero esta opción. Sea como fuere, le aseguro que la cuestión se planteará en la Conferencia de Presidentes. La voluntad de la mayoría de la Conferencia será la que determinará la acción adecuada a emprender y a continuación transmitirá esta decisión a usted y a los colegas, y también a quienes están fuera de esta Asamblea.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, apoyo las observaciones que acaban de plantearse, pero también quiero proponer que, si hay alguna posibilidad de que esta Asamblea Parlamentaria Paritaria prosiga en otra parte y los ministros de Zimbabwe siguen estando allí, se recomiende que Sus Señorías no asistan a esa Asamblea mientras estén presentes dichos ministros.

El Presidente.
Ruego a los diputados que deseen continuar con esta cuestión que aseguren mediante el trabajo político preparatorio en sus respectivos grupos esta semana que éstos estén en condiciones de adoptar una postura política clara. La reunión de la Conferencia de Presidentes hará una declaración con respecto a estas opciones el jueves de esta semana.

van den Berg (PSE).
Señor Presidente, hace cuatro semanas pedí apoyo para la operación de rescate de los centenares de víctimas del mayor desastre marítimo de África, en el que se vio involucrado el barco Joala delante de las costas de Senegal. Nada ha sucedido hasta la fecha. De acuerdo con la Comisión, se ha informado de que hay oposición religiosa por parte de los senegaleses a esta operación de rescate. Se ha dicho que la recuperación de los cuerpos es técnicamente difícil y se dice que el Presidente Wade prefiere dejarlos en el mar a recuperarlos. Sin embargo, estas informaciones han sido desmentidas ahora por datos completamente nuevos. A través de mis contactos con senegaleses he podido saber que el Presidente Wade da prioridad a la recuperación y que ha reservado cierta suma de dinero para este fin. Los buzos locales han recuperado ya más de 200 cadáveres. Por ello, desde el punto de vista técnico, es posible, aunque falta financiación. Los familiares senegaleses y todos los parientes de Francia, los Países Bajos y otros Estados miembros no pueden vivir con la terrible idea de que sus seres queridos no hayan recibido una despedida digna. No es una cuestión de oposición religiosa.
En mi propio nombre, quisiera pedirle que trasmitiera una vez más este mensaje a la Comisión con la máxima urgencia, pues se trata del mayor desastre marítimo de África. Si esto hubiese ocurrido frente a nuestras costas, no habríamos dudado ni un momento en intervenir. Estas personas se merecen un rescate digno.

El Presidente.
Transmitiré esta observación a las autoridades competentes en la Comisión. Diré, para que conste en acta, que después del debate sobre esta cuestión en la última ocasión, expresé en nombre del Parlamento nuestras sinceras condolencias a las autoridades competentes, de acuerdo con la solicitud hecha en su momento a la presidencia.

van Hulten (PSE).
Señor Presidente, el estatuto de los diputados, una pregunta oral al Consejo, aparece ahora en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas. Dentro de nuestro grupo, una minoría pensaba que no era aconsejable presentar esta pregunta al Consejo en este momento, porque seguimos debatiéndola nosotros mismos, pero se ha tomado una decisión democrática. Según el informe de la Conferencia de Presidentes, ha mantenido usted conversaciones con los Primeros Ministros de los Estados miembros. Quisiera pedirle, señor Presidente, que escribiera a los diputados de este Parlamento que no acudieron a la conferencia acerca de los contactos que mantuvo usted y lo que debatió con los Primeros Ministros, para que también nosotros estemos bien pertrechados ante la tarea que nos espera y sepamos de qué estaremos hablando en el pleno del 4 de diciembre.

El Presidente.
A la luz de su solicitud, lo mejor que puedo hacer es decir que daré personalmente los pasos necesarios para ponerme en contacto con Sus Señorías antes de que se celebren estos debates.
Mientras tanto, puedo decirle que por primera vez tuve oportunidad de rendir cuentas a la Conferencia de Presidentes acerca de los resultados de los debates exploratorios sobre el Estatuto de los diputados, que mantuve en nombre de la Conferencia de Presidentes con las autoridades competentes del Consejo. El pasado jueves, en la reunión de la Conferencia de Presidentes, se tomó la decisión de invitar al ponente, el Sr. Rothley, para que elaborara de nuevo nuestras ideas y su informe ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, con objeto de debatir la cuestión en una fecha aún por determinar y votar al respecto en la sesión plenaria. Mientras tanto, podríamos considerar la posibilidad de formular una pregunta oral o pedir al Consejo que haga una declaración en el primer período parcial de sesiones de diciembre.
Cuando haya tenido la oportunidad esta semana de informar a la Mesa, que es el siguiente organismo en liza, después de haber informado a la Conferencia de Presidentes intentaré garantizar que todos los diputados tengan su propia valoración sobre el estado de la exploración tal como la hicimos.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, mientras los bomberos de Estrasburgo avanzaban por la niebla intentando atrapar a los -sin duda euroescépticos- ciervos que según creo pertenecen al Sr. Roger Helmann, el avión en el que yo viajaba daba vueltas en el cielo, lo cual me dio tiempo para leer y releer los periódicos italianos que informaban de la declaración del Ministro italiano de Economía, Giulio Tremonti, de que «Europa ha de decidir sobre las pensiones».
¿Acaso son tan poderosos los europeos? Por supuesto, somos incapaces de detener a unos ciervos que corren por la niebla, pero hemos de decidir qué hacer con las pensiones. Creo que es un caso en el que se invierte el principio de subsidiariedad: cuando conviene a los Estados, entonces son los Estados los que deciden; cuando necesitan recortar las pensiones y hacer que los pensionistas se aprieten el cinturón, entonces les conviene más decir que la decisión ha de tomarla Europa. ¿No cree usted que debería hacer algo, señor Presidente?

El Presidente.
Se trata de una observación muy sabia por su parte, señor Fatuzzo.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, debido a los debates históricos que tendrán lugar en este periodo parcial de sesiones, no hay Turno de Preguntas. Yo había presentado una pregunta al Consejo sobre el proceso legislativo y el modo en que esta Asamblea está siendo tratada potencialmente en relación con la Directiva propuesta sobre asistencia jurídica.
El Consejo tiene previsto aprobar esta medida a finales del mes sobre la base de un texto diferente del que se sometió al dictamen del Parlamento. Así se evitará el procedimiento de codecisión, que se iniciaría a finales de mes, y también evitará la firme recomendación de la Comisión de que el Consejo debería volver a consultar al Parlamento. 
Me gustaría saber, en nombre de esta Asamblea, por qué el Consejo cree que no tiene obligación de volver a consultarnos. ¿No está de acuerdo en que esta acción es absolutamente contraria al principio de respeto mutuo y buena fe entre estas instituciones en el proceso legislativo, tal como se establece en los Tratados y tal como confirma el Tribunal de Justicia? Señor Presidente, esto es grave y quisiera pedirle que se ocupe de ello.

El Presidente.
Señora Wallis, dado que no hay Turno de Preguntas, su pregunta queda anotada. Permítame retomar su solicitud para ver si podemos obtener una respuesta del Consejo sobre la importante pregunta que acaba usted de formular.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, continúo con lo que ha dicho el Sr. van Hulten sobre el miércoles 4 de diciembre. Como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, soy muy consciente de la importancia constitucional y práctica que tiene avanzar con el Estatuto de los diputados, aunque personalmente no habría elegido esta manera particular de hacerlo.
Sin embargo, observo que en el orden del día del miércoles hay importantes debates sobre pesca -los primeros en diez años- en que se examinará la industria pesquera de Europa en un momento crítico. Los electores en toda Europa se preguntarán qué está pensando y qué esta haciendo el Parlamento Europeo al respecto. Lo que dirán entonces los periódicos es que el Parlamento aplazó este debate hasta haber hablado de su propio sueldo. Es una situación escandalosa. Espero que, si la Conferencia de Presidentes persiste en mantener este orden del día de esta forma, cambie el orden y coloque la cuestión de la pesca -que es de vital importancia- antes y por delante del debate del Estatuto de los diputados.
El Presidente.
Si Sus Señorías quieren debatir esta cuestión podrían plantearla en la Conferencia de Presidentes del jueves.
Le recuerdo que acabamos de votar sobre la aprobación del orden del día de diciembre para Bruselas sin que haya habido debate, contradicción o propuestas en el hemiciclo. Tomo nota de lo que acaba de decir. Los grupos todavía pueden examinar el orden de debates de ese día.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento. Celebro la reciente absolución de los observadores de aviones británicos y holandeses acusados de espionaje en Grecia y el hecho de que el tribunal de apelación tuviera la integridad de reparar el error judicial original que supuso hace un año la condena.
Recuerdo que, en la década de 1980, se tardaron años en rectificar errores similares en procesos en el Reino Unido, por ello me complace que, aunque un año es una experiencia terrible para los acusados, no fuera más. Pero el hecho es que esta acción judicial no habría tenido que producirse nunca, y el modo en que se desarrolló provocó mucha inquietud acerca del trato dado a los acusados y las normas judiciales. Por ello es esencial que avancemos en la tarea a fin de garantizar unas normas procesales justas para las personas acusadas en procedimientos judiciales, que la Comisión presentará el año próximo en una propuesta de decisión marco. Asimismo tenemos que sustanciar nuestros compromisos en materia de derechos humanos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, estamos viendo una vez más cómo empiezan a llegarnos a través de los medios de comunicación, poco a poco, esas terribles imágenes provocadas de nuevo por la hambruna en el Cuerno de África. Veremos, otra vez más, cómo esas imágenes de cientos de niños muriendo de hambre nos invaden sin que organicemos un debate específico sobre el hambre en el mundo. Ya vienen esas imágenes también desde Argentina, y no haremos nada y llegaremos tarde, como la otra vez.
Por eso, le rogaría, señor Presidente, que no hagamos como cuando tuvo lugar la Cumbre de la FAO en Roma, que la dejamos pasar sin un debate específico sobre el hambre. Organicemos un debate, adoptemos una resolución concreta, no dejemos que se repitan estas situaciones.
Langenhagen (PPE-DE).
Señor Presidente, sólo unas palabras rápidas sobre el accidente del petrolero frente a la costa gallega, que es otro terrible y trágico accidente del que sin lugar a dudas no hemos oído la última palabra. Hace unos días, un representante de la Comisión, hablando en Lisboa de la cuestión de EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, hizo referencia al concepto de un guardacostas medioambiental europeo. Es algo que hemos estado pidiendo durante diez años, pero sin llegar muy lejos hasta ahora. Yo también quiero evitar que suceda algo como lo que ocurrió hace poco en Alemania.
Hace un año, en una situación similar, creamos un grupo de trabajo sobre accidentes marítimos que sigue sin entrar en funcionamiento. En un periódico del fin de semana se afirmaba que se están buscando tres posibles bases para él, entre las cuales se elegirá la mejor. Sepa usted que el público tiene una actitud crítica al respecto, por no decir más, y pido simplemente que no nos permitamos cometer tales meteduras de pata, por lo menos dentro del marco europeo.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, simplemente quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre algo que sucedió en Italia el jueves por la noche. Veinte activistas «antiglobalización» fueron arrestados y mantenidos incomunicados, acusados de «subversión del sistema económico» o de «entorpecer la actuación de las instituciones y autoridades gubernamentales».
Se trata de delitos que contempla el código penal italiano desde la década de 1930. Son figuras creadas para impedir que anarquistas y socialistas desarrollaran sus actividades políticas durante el período del fascismo. Si estos delitos hubieran existido en un país candidato y se hubiera informado al respecto a todas las instituciones europeas, el país en cuestión no habría prosperado en las negociaciones sobre la ampliación.
Me parece que esta cuestión es relevante para toda Europa, y que semejantes incidentes no han de repetirse ni en los Quince ni en los Veinticinco. También nosotros hemos de mantener los ojos abiertos para este tipo de situaciones. Hemos de debatir la cuestión o, al menos, ser conscientes de que tales cosas estas sucediendo.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, yo también quiero expresar, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, mi simpatía con los afectados por los sucesos en Galicia. Todos nos sentimos impotentes. Yo misma visité la página web en la que se supone han de figurar todos los buques y busqué el Prestige. No estaba allí, aunque debería haber estado.
Quisiera pedirle que transmita a la Comisión que también nosotros queremos saber acerca del papel desempañado por Letonia en lo que ha sucedido. Asimismo quiero que nuestros colegas letones comenten el asunto para que tengamos un debate, puesto que el barco viajaba de Letonia a Gibraltar. También creo que estos países deberían cumplir las normas vigentes. Al mismo tiempo quisiera pedir a la Comisión que averiguara el nombre del fletador. He intentado encontrarlo en los periódicos. Es una información que necesitamos si queremos controlar la marcha de los acontecimientos.
A la luz de las anteriores intervenciones, quiero señalar que el miércoles es el día en que celebramos los derechos del niño. Pienso que deberíamos celebrarlo juntos y que deberíamos enviar saludos a Carol Belami.

El Presidente.
Quizás podamos pedir a la Comisión que tome nota de su pregunta antes de la declaración que hará el jueves.

Corbey (PSE).
Señor Presidente, hoy hemos visto en el aeropuerto que la naturaleza puede en ocasiones volverse contra la tecnología. Para evitar trastornar deliberadamente a la naturaleza hemos de elaborar una política climática eficaz. Es preciso reducir drásticamente las emisiones de CO2. Una mayoría de este Parlamento ha pedido durante años que los costes medioambientales se repercutan al consumidor. Es preciso aplicar una tasa medioambiental a los billetes de avión, especialmente en el sector del transporte aéreo. Sin embargo, hasta ahora la Unión Europea ha fracasado, pues no hay tasa climática.
Afortunadamente, también hay algunas buenas noticias. A cambio de una cuota, la organización Trees for Travel planta árboles después de cada viaje de avión que uno hace. Cada vez que uno viaja, puede comprar un certificado climático para equilibrar la emisión de CO2 de su viaje. A pesar de la falta de legislación, por lo menos podemos predicar con el ejemplo. La delegación neerlandesa del Grupo del Partido del Partido de los Socialistas Europeos ha decidido respaldar esta iniciativa y comprar certificados climáticos en Estrasburgo esta semana para sus viajes de avión. Insto al Presidente y a los demás colegas diputados del Parlamento Europeo que viajan con regularidad a que hagan lo mismo.

Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, como diputado procedente de una región periférica y marítima, quiero mostrar también mi solidaridad con los pescadores gallegos afectados por la catástrofe ecológica del Prestige.
En segundo lugar, quiero decir que, como miembro de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y suplente en la Comisión de Pesca, son cuatro los aspectos afectados de manera significativa por esta catástrofe. Por tanto, yo pediría a la Comisión y, sobre todo, al ponente, Sr. Izquierdo Collado, que en ese Libro Blanco del transporte tengamos en cuenta, para el año 2010, algo que a mí me preocupa y que me ha comentado hoy un compañero canario, el diputado Sr. Medina: la falta de respeto, por parte del transporte marítimo, de las rutas que hacen muchos barcos, comunitarios y no comunitarios, de la zona exclusiva económica de algunas regiones, como es el caso de Galicia.

El Presidente.
Este punto queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre seis preguntas orales a la Comisión relativas a los medios de comunicación:
Pregunta oral (O-0045/02 - B5-0498/02) de Graham Watson - «Mercado interior: pluralismo de los medios de comunicación y ampliación»
Pregunta oral (O-0053/02 - B5-0499/02) de Enrique Barón Crespo, Michel Rocard, Barbara O'Toole, Reino Paasilinna, Demetrio Volcic y Karin Junker - Concentración de los medios de comunicación 
Pregunta oral (O-0080/02 - B5-0500/02) - de Raina A. Mercedes Echerer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Heide Rühle y Jean Lambert - Concentración de los medios de comunicación 
Pregunta oral (O-0082/02 - B5-0501/02) de Fausto Bertinotti, Lucio Manisco y Geneviève Fraisse - Concentración de los medios de comunicación
Pregunta oral (O-0083/02 - B5-0502/02) de Mariotto Segni, William Abitbol, Teresa Almeida Garrett, Guido Bodrato, Juan José Bayona de Perogordo, Jean-Louis Bourlanges, Luigi Cocilovo, Gerard Collins, Thierry Cornillet, Paul Coûteaux, Brian Crowley, Luigi Ciriaco De Mita, Gérard M.J. Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos, Carlo Fatuzzo, Fernando Fernández Martín, Concepció Ferrer, Jim Fitzsimons, Konstantinos Hatzidakis, Liam Hyland, Florence Kuntz, Franco Marini, Mario Clemente Mastella, Reinhold Messner, Juan Ojeda Sanz, Seán Ó Neachtain, Marcelino Oreja Arburúa, José Pacheco Pereira, Giuseppe Pisicchio, María Antonia Avilés Perea, José Javier Pomés Ruiz, Bartho Pronk y Lennart Sacrédeus - Concentración y pluralismo de los medios de comunicación 
y
Pregunta oral (O-0084/02 - B5-0503/02) de W.G. van Velzen, Ruth Hieronymi, Christopher J.P. Beazley y Mario Mauro - Salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en una Unión Europea ampliada.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, en 1997 se utilizaba la palabra de moda «convergencia» para definir el proceso a través del cual se acercaban cada vez más entre sí la telefonía fija y móvil, la televisión e Internet. La Comisión aprobó un Libro Verde ampliamente anunciado sobre esta cuestión, que prometía un mundo nuevo y maravilloso de regulación horizontal común a todas las plataformas. La realidad es mucho más prosaica. La convergencia no se realizó en la medida prevista y la Comisión se limitó básicamente a revisar el paquete legislativo sobre telecomunicaciones para tener en cuenta las nuevas tecnologías.
Sin embargo, desde entonces hemos sido testigos de fusiones y adquisiciones en los medios de comunicación con la aparición de grandes conglomerados como AOL Time Warner, CBS, Viacom y Viviendi Universal. Ahora bien, la Comisión no ha explorado a fondo la idea de propiedad cruzada y concentración de medios de comunicación desde su informe de 1994 de seguimiento del Libro Verde sobre pluralismo y concentración de los medios de comunicación.
El silencio de la Comisión en una cuestión tan importante resulta especialmente extraño teniendo en cuenta que, desde la década de 1990, el Parlamento Europeo pide una directiva sobre unas reglas de juego equitativas y el pluralismo de los medios de comunicación. Admito que regular los medios de comunicación es una cuestión muy delicada. Los medios de comunicación no son como los demás sectores, dado que se encuentran en el centro de nuestra cultura y nuestra forma de vida. Unos medios de comunicación diversos y pluralistas son fundamentales para la democracia, la libertad y la diversidad cultural. Pero en vista de la tendencia a la concentración de medios de comunicación, a la dominación por parte de determinados conglomerados de medios de comunicación, mi grupo cree que va siendo hora de replantear esta cuestión.
¿Cuáles son los principios que deberían cimentar nuestro enfoque? En primer lugar hemos de reconocer que unos medios de comunicación florecientes constituyen el distintivo de una sociedad libre. Si el control de los medios de comunicación se deja excesivamente en manos de un reducido número de personas, ello supone un peligro para la democracia. Los medios de comunicación han de tener suficiente diversidad para que puedan presentarse eficazmente todos los puntos de vista de la sociedad. De lo contrario existe el peligro de que los agentes dominantes de los medios de comunicación puedan limitar el acceso a la información y con ello influir en la opinión pública.
Evitar la concentración de los medios de comunicación es también importante para nuestra economía. Algunos han argumentado que el control monopolista es imposible gracias al desarrollo vertiginoso de diferentes medios de comunicación, incluida la televisión digital, la televisión por satélite y por cable, así como Internet. Sin embargo, muchos de estos diferentes canales de comunicación son controlados en estos momentos por los mismos conglomerados de medios de comunicación, que de esta manera pueden promocionar estos servicios y ofrecer incentivos o presionar a los anunciantes a comprar espacio o tiempo de emisión en otros medios de comunicación que también controlan.
Por último, no hay que olvidar que la concentración de medios de comunicación tiene implicaciones para nuestra diversidad cultural. Una Europa en la cual los medios de comunicación están dominados por unos cuantos agentes principales, corre el riesgo de ser una Europa en la que se concede menos acceso a los medios de comunicación a determinadas regiones, culturas y grupos minoritarios. Unos medios de comunicación diversos tienen más probabilidades de ofrecer un contenido más original de cosecha propia, mientras que los grandes grupos de medios de comunicación no se resisten a la tentación de llenar su tiempo de emisión con programas importados y repeticiones.
Para el Grupo ELDR hay claros argumentos a favor de retomar esta cuestión. Mis preguntas a la Comisión hoy son: ¿qué acción se propone emprender la Comisión? Si el Comisario adopta el punto de vista, como sospecho que hará, de que no existe ninguna base jurídica para emprender una acción, quisiera recordarle los artículos del Tratado que rigen el mercado único. Quisiera recordarle asimismo que el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza el pluralismo de los medios de comunicación, y que si esta Carta se integra en un nuevo tratado constitucional, como esperan los Demócratas Liberales, ¿no constituiría esto una base jurídica necesaria para la acción? ¿Se comprometerá la Comisión a presentar un Libro Blanco que actualice su comunicación de 1994 a la luz de los cambios tecnológicos y las innovaciones del sector?
Me parece que no podemos ignorar los peligros que conlleva la concentración de medios de comunicación para nuestra sociedad. El poder de la propiedad de los medios de comunicación incluso rebasa ahora a menudo las fronteras nacionales. Dado que unos medios de comunicación libres y diversos son esenciales para la democracia, la prosperidad y la vitalidad cultural de nuestro continente, ya va siendo hora de que los políticos asuman sus responsabilidades y vuelvan a tratar esta cuestión.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo ha planteado esta pregunta sobre la concentración de medios de comunicación y tengo que decir que me alegro mucho de que la iniciativa se haya extendido a toda la Cámara, porque consideramos que esta no es una cuestión de partido ni de grupo, sino que es una preocupación sobre un tema constitucional para la Unión.
Lo hemos hecho porque, hace diez años, la Comisión planteó un Libro Verde sobre el pluralismo y el mercado interior, y propuso - elaboró incluso - un anteproyecto de directiva para armonizar las leyes nacionales sobre la propiedad de los medios de comunicación. Desde entonces no ha ocurrido nada; y la Comisión, que tiene el monopolio de iniciativa, tiene también que merecérselo.
En estos diez años han pasado muchas cosas. Tecnológicamente, se han producido avances sustanciales - Internet sobre los medios escritos, el cable, la televisión vía satélite, la tecnología digital - que han transformado todo el panorama. Y también se ha producido un proceso de concentración que va más allá de nuestras fronteras y que hace que haya nombres que se extienden y que representan estos medios en toda Europa, por ejemplo, Murdoch y Berlusconi, también hay algunos que se han quedado al borde del camino, como Messier y Kirsch, y otros que están llegando, como Blommberg. También hay que tener en cuenta los desarrollos que se están produciendo en los Estados Unidos, donde las autoridades federales están adaptándose para poder fortalecer la capacidad tecnológica norteamericana.
Pero, en cualquier caso, señor Presidente, mi grupo piensa que ésta es una cuestión ante todo democrática, porque se refiere a una de las bases del sistema en el que vivimos, que es la protección de la libertad de expresión, que es una de las piedras angulares de una sociedad democrática. Y me refiero no sólo a la libertad de expresión que nosotros defendemos como políticos, sino a la de todos los ciudadanos y también a la de los trabajadores de la prensa y de los medios; porque no tiene sentido que siempre aboguemos por que haya más democracia para los trabajadores en otros sectores y no en éste. Esto hay que extenderlo también a los países candidatos, donde la preocupación por la pérdida del carácter nacional de sus medios de comunicación se está extendiendo.
A partir de ahí, señor Comisario, permítame que haga de abogado del diablo. He dicho que durante diez años no ha habido progresos. ¿Por qué no los ha habido? Sería interesante que lo analizáramos. ¿Es porque es muy complicado? La construcción europea ha sido siempre un desafío a los problemas y, por lo tanto, lo que digo es que si era necesaria la directiva o el tratamiento del tema en el año 1992, con mucha más razón lo es ahora.
En segundo lugar - y ésta es otra de las cuestiones que hemos planteado - se puede considerar que no existe una base legal suficiente. Pero hace diez años parece que sí la había. Sería interesante que la Comisión nos explicara esto y, si no, que nos dijera si conviene, por ejemplo, que, dentro de su propuesta a la Convención, este tema se considere como una cuestión de derechos fundamentales.
Por último, señor Presidente, somos conscientes de que éste es un tema de los que se denominan "transversales". Tengo que decir que me alegro mucho de que sea el Comisario responsable de la protección de los derechos de los consumidores y de la salud el que conteste a esta pregunta, porque siempre se nos dice que es un tema de mercado interior o de competencia. No es solamente eso. Es de competencia, de mercado interior, de cultura, de derechos fundamentales. Y yo había pensado en cuatro comisarios, y me he llevado la sorpresa agradable de encontrarme con el Sr. Byrne que, además, tiene que defendernos a los consumidores de esa invasión incontrolada no solamente de mensajes muchas veces subliminales por la vía de los medios audiovisuales, sino también para defendernos de la publicidad incontrolada y también del monopolio en el campo de la publicidad.
Por lo tanto, espero que este debate hoy, en el que participamos y mostramos nuestro interés todos los grupos de la Cámara, sea un paso adelante, rompa con este silencio de diez años y permita que la Comisión, de una manera responsable, ejerza su monopolio de iniciativa en una cuestión fundamental.
Echerer (Verts/ALE)
Señor Presidente, estos debates sobre el tema candente de la política de los medios de comunicación se han sucedido desde 1992, y el Parlamento siempre ha mantenido un enfoque democrático de la cuestión. Sin embargo, desde 1997 reina el silencio, pero ahora perece que puedo felicitar al Parlamento por haberse despertado, como la Bella Durmiente.
Ahora quisiera hablar en nombre de mi grupo. No puedo sino subrayar los argumentos de quienes han intervenido antes que yo, y quisiera recoger dos de las observaciones significativas que han hecho. Se ha perdido el equilibrio entre el espíritu empresarial por un lado, y por otro la actividad periodística, como también sucede ahora con quienes producen material creativo. Es tarea nuestra restablecer este equilibrio. La UE, que anunció la creación del mercado interior como una de sus prioridades, ha de asumir su responsabilidad política en este proceso, que implica la consolidación y la concentración. No liberalizamos hace unos cuantos años rompiendo los monopolios de los medios de comunicación simplemente para crear nuevos monopolios. Tanto la diversidad económica como el pluralismo de los medios de comunicación están en peligro. El carácter extensivo de las concentraciones merece una atención especial.
Mi segunda observación es que uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, algo que preocupa de forma especial a mi grupo. Después de haber logrado con éxito la separación de la Iglesia y el Estado, creo que deberíamos consagrar nuestras energías a separar el poder político y los medios de comunicación. Estoy hablando aquí de una cultura oficial europea, especialmente en vísperas de la ampliación.
Otra pregunta más práctica para la Comisión: en 1997, la Directiva sobre la propiedad de los medios de comunicación desapareció en un cajón, posiblemente debido a presiones políticas, aunque no podemos estar seguros de ello. Necesitamos una mejor base legal a escala europea, pero eso ya lo sabemos: es una afirmación que oímos hace cinco años, y no necesitamos que se repita. Entonces, ¿por qué la Comisión ha empezado sólo ahora a hacer algo al respecto? Todos somos conscientes de estos problemas; no son nuevos, y no necesitamos reinventar la rueda. ¡Lo que hace falta es acción, querida Comisión! Repito que apoyo los argumentos de quienes me han precedido en el hemiciclo, y, como ha dicho el Sr. Barón Crespo, la política de medios de comunicación no es una cuestión de partidos. No dejemos que se convierta en eso.
El Presidente. -
La Sra. Fraisse no está presente, probablemente por problemas de transporte, que estamos todos sufriendo hoy; por lo tanto, tiene la palabra, durante dos minutos el Sr. Segni.

Segni (UEN).
Señor Presidente, yo y otros 32 diputados hemos formulado una pregunta pidiendo a la Comisión - en vista del hecho de que los medios de comunicación, especialmente la televisión, son un ámbito en que el abuso del poder supone una grave amenaza para un funcionamiento adecuado de la vida civil y democrática y en vista del hecho de que incidentes de esta índole ocurren en muchos países - que reanude el proceso interrumpido en 1994 y prepare una directiva.
Veintidós de los treinta y tres signatarios son del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y los demás pertenecen al Grupo Unión por la Europa de las Naciones, lo cual demuestra, como acaba de decirse, que esto no representa intereses particulares o intereses de partido, sino que el algo que preocupa a todos aquellos que se interesan por los principios básicos del Estado liberal.
Es posible que los italianos sean especialmente sensibles a esta cuestión, pero quiero pedir a la Asamblea que muestre algo de comprensión. Quiero preguntar a los diputados alemanes de todos los partidos si no estarían preocupados si su Canciller, Gerhard Schröder, fuera propietario de todas las redes de televisión privadas, de una de las principales revistas y de uno de los principales periódicos. Quiero preguntar a los diputados británicos, si piensan participar en este debate, cuál sería su reacción si Tony Blair hubiera pedido públicamente que se apartara a tres famosos periodistas de la BBC y hubiera conseguido lo que quería en cuestión de pocos meses.
He planteado esta cuestión no porque se trate de problemas que tenga que resolver Europa - surgieron en Italia y los hemos de resolver los propios italianos -, la he mencionado porque, de hecho, lo que está sucediendo en Italia es diferente de la situación en otros países, pero hay un factor común: la concentración de medios, que se está convirtiendo en un fenómeno a escala mundial y puede poner en peligro el pluralismo de los medios de comunicación y por tanto su libertad. Como se ha dicho con razón, es preciso trazar una línea entre la política y la información en los medios. Aunque por ley no entre en el ámbito de responsabilidad de la Comisión, señor Presidente, este es el punto común de la sociedad en toda Europa. Por ello he planteado esta cuestión a la Comisión.

Hieronymi (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las principales preocupaciones de la Unión Europea incluyen la salvaguardia de la libertad de información y la libertad y diversidad de opinión. Estos son algunos de nuestros valores fundamentales a los que, esperemos, la Convención otorgue un lugar prominente en la constitución de lo que será nuestro acervo común.
Así pues, en los últimos años el Parlamento ha profundizado repetidas veces en estas cuestiones y se ha basado en los hechos reales en la Unión Europea y en los Estados miembros para juzgar el grado en que estas cosas se han hecho realidad. No creo que pueda decirse que el Parlamento ha estado durmiendo. No hablo tan sólo de 1997; me gustaría recordarles todo lo que decidimos juntos en 2000 con nuestra posición sobre las cuestiones fundamentales relacionadas con la sociedad de la comunicación y la información en la Unión Europea, y también quiero recordarles nuestra posición común sobre la revisión de la Directiva sobre televisión en 2001. En eso no cedimos. Lo único es que hemos de ver de modo realista cómo están las cosas. Hasta ahora, los resultados son claros e inequívocos: no tenemos más opción que establecer distinciones. Los mercados de los medios de comunicación siguen siendo en gran medida los mercados nacionales que eran antes, como sucede sin lugar a dudas en el caso de los medios impresos.
En segundo lugar, se da el caso de que en el ámbito de los medios de comunicación electrónicos, los mercados de la televisión siguen teniendo un carácter predominantemente nacional.
En tercer lugar, hemos de tener claro que el desarrollo ha seguido adelante. Los desarrollos transfronterizos están ocupando un lugar cada vez más importante en los medios de comunicación electrónicos, especialmente cuando entra en juego la tecnología digital. Es una cuestión sobre la cual hemos de concentrarnos, examinando con sumo cuidado qué consecuencias está teniendo este desarrollo para la salvaguardia de la libertad de opinión e información y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea y sus Estados miembros.
Por ello mi grupo, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, ha de formular una pregunta referente a este desarrollo específico. Pedimos a la Comisión que elabore un Libro Verde sobre la situación actual para retomar la cuestión de los desarrollos estructurales observables hoy en día en los medios políticos, económicos y jurídicos europeos. Asimismo pedimos que nos presente una propuesta sobre lo que considera una acción adecuada a fin de conseguir el objetivo, que esperemos sea compartido por todos nosotros, de salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación y de opinión en la Unión Europea.
Creo que, si avanzamos juntos en esta dirección, daremos un paso importante para garantizar la diversidad de opinión en la Unión Europea.
Byrne
Señor Presidente, sin duda los medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de someter el ejercicio de los poderes públicos y privados a un escrutinio permanente. Por consiguiente, el pluralismo de los medios de comunicación es de vital importancia y es esencial para la manera en que operan nuestras sociedades democráticas. En efecto, es uno de los valores esenciales que fundamentan la Unión Europea, como se consigna en el apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que hace referencia expresa a la protección del pluralismo de los medios de comunicación.
Sobre esta cuestión, no puedo sino refrendar lo que ha dicho Su Señoría sobre la situación en el sector de los medios de comunicación de acuerdo con los desarrollos de los últimos diez años. Quisiera añadir que aunque las audiencias estén concentradas en un pequeño número de programas, los ciudadanos europeos tienen una elección mucho más amplia gracias a una gama de tecnologías.
En este nuevo marco, la Comisión ha recurrido a los instrumentos que tiene a su disposición. A la hora de aplicar la legislación en materia de competencia, defiende la libertad de competencia en los medios de comunicación, sobre todo en los servicios de medios de comunicación innovadores como Internet y UMTS. Además, aplica el Reglamento de fusiones que sirve para controlar el fenómeno de la concentración de medios de comunicación en el plano económico. Asimismo, sobre la base de las propuestas de la Comisión, el legislador comunitario aprobó la Directiva «Televisión sin fronteras», la Directiva «Satélite y cable», y la Directiva relativa a la protección jurídica de servicios con acceso condicionado, que tratan diversos aspectos de la radiotelevisión transfronteriza.
El marco legislativo se complementó con la Directiva sobre comercio electrónico, aprobada en el año 2000, cuyo objetivo es facilitar la prestación transfronteriza de nuevos servicios de comunicación interactivos distribuidos de punto a punto.
Por último, en mayo de este año se ha aprobado la propuesta de la Comisión de un marco legislativo común para liberalizar las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Uno de sus principales objetivos era abrir el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, incluidas las que transmiten contenidos. Para tal fin, estipula que los operadores que ocupan una posición fuerte en el mercado pueden tener que cumplir obligaciones ex ante en cuanto a transparencia, no discriminación, separación contable y acceso a o uso de instalaciones específicas.
La Comisión controla de cerca la transposición de estas directivas en los países candidatos así como en los Estados miembros, asegurando que la legislación nacional en materia de medios de comunicación sea siempre compatible con la legislación comunitaria.
Si bien los instrumentos legislativos comunitarios tienen indudablemente repercusiones positivas para la protección del pluralismo, hay que decir que su objetivo es asegurar un cierto equilibrio económico entre los agentes en el contexto del mercado interior. Estos instrumentos afectan directamente al sector de los medios de comunicación como un ámbito de actividad económica y no - o al menos sólo de forma muy indirecta - como un vehículo para proporcionar información al ciudadano.
Esta situación proviene del hecho de que, aunque el pluralismo es una libertad fundamental reconocida por la UE, no es una de las tareas asignadas a la Comunidad Europea en el artículo 2 del Tratado CE. Ello se ve confirmado por el artículo 21 del Reglamento de fusiones, que permite a los Estados miembros prohibir una fusión a fin de proteger el pluralismo, aunque esta haya sido aprobada por la Comisión. Por consiguiente, cualquier iniciativa nueva basada en las libertades del mercado interior tropezaría con la misma limitación que los instrumentos que he mencionado, y, de por sí, no aseguraría la protección del pluralismo.
También surge la pregunta de si una iniciativa como esta podría justificarse haciendo referencia a las disposiciones del Tratado. La Comisión no conoce obstáculos concretos para ejercer las libertades fundamentales del Tratado CE - especialmente el derecho de establecimiento o la libertad de ofrecer servicios a efectos de los artículos 43 y 49 - en el sector de los medios de comunicación en virtud de las disposiciones nacionales encaminadas a proteger el pluralismo como tal. Además, cualquier iniciativa tendría que estar destinada a eliminar una distorsión importante de la competencia. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estas son las piedras de toque de la acción comunitaria sobre la base del artículo 95, que implica medidas para mejorar el funcionamiento de mercado único.
Asimismo hemos de considerar si tal iniciativa cumpliría el principio de subsidiariedad, dado que el objetivo de las propuestas legislativas basadas en las libertades del mercado interior ha de ser en todo caso poner obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios, y no regular situaciones específicas en los Estados miembros.
En cuanto a la cuestión de si es conveniente que la Convención Europea asegure la protección del pluralismo en general a escala de la UE, quisiera recordar que la Comisión, al igual que el Parlamento, cree que la Carta de los Derechos Fundamentales debe incorporarse en el Tratado básico y adquirir rango constitucional.
Por último, concluiré recordando que el Consejo de Europa existe, entre otras cosas, para preservar el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. También habría que aspirar a una cooperación más estrecha con esta institución a fin de aumentar la protección del pluralismo en Europa.

Paasilinna (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no se necesita ninguna una dictadura basada en la fuerza militar en la sociedad de la información si en las mismas manos hay un megapoder que se autoperpetúa, un poderoso conglomerado que representa a los medios de comunicación, la economía y el control político. Es la dictadura del siglo XXI. Si el dirigente de un país tiene influencia sobre dos cadenas de televisión, por ejemplo, y por consiguiente sobre prácticamente todos los telespectadores, y si bajo su control hay una fuerza manipuladora e hipnotizadora que rezuma de estas emisoras, lo que tenemos es una oligarquía de la sociedad de la información. Esta viscosidad también puede detener la competencia. Cuando los medios de comunicación que se infiltran en los hogares alimentan continuamente los logros de un dirigente pregonado por medio de los resultados de los sondeos Gallup, entonces se trata de una nueva máquina, una especie de movimiento perpetuo que se mantiene activo con un sentido su propia legitimidad. Baste con mirar lo que está sucediendo en Italia, un país que tengo en alto concepto.
Mi punto de vista básico es el siguiente: cuanto más concentrados estén los medios de comunicación, más amplia será la gama de derechos que han de amparar a los periodistas en su trabajo. También es erróneo decir que un servicio público es siempre un monopolio. En absoluto: está controlado por toda una serie de fuerzas sociales. En algunos países candidatos, el Gobierno puede intervenir, en cuyo caso no se trata de un servicio público, sino de televisión dirigida por el Gobierno. La competencia y los mercados tampoco producen siempre libertad o pluralismo: a veces sucede lo contrario. La situación puede empeorar a resultas de la concentración. El libre comercio tampoco garantizará necesariamente la diversidad. Puede que los mercados se autorregulen, pero simplemente aplican otra serie de reglas que se basan en acuerdos mutuos y no son democráticos.
Comisaria Reding, pedimos que elabore un proyecto de directiva sobre la concentración de los medios de comunicación y su efecto en la cultura, la diversidad, la libertad de expresión y los derechos de los periodistas. Comisario Monti, pedimos que investigue si se han violado las reglas de competencia y se ha abusado de una posición dominante en el mercado, y Comisario Bolkestein, a usted le pedimos que aclare si la concentración, la convergencia y los nuevos medios de comunicación tienen un impacto negativo en el mercado interior. Por último, Comisario Vitorino, rogamos examine la cuestión de si se respetan o no los derechos culturales y democráticos de nuestros ciudadanos. Además querríamos preguntar a la Comisión por qué no elabora la directiva que todos hemos estado esperando. La Convención Europea también tendrá que debatir esta cuestión.

Andreasen (ELDR).
Señor Presidente, uno de los principios cruciales de una sociedad democrática que funcione adecuadamente es la libertad de expresión y el acceso a la información. En esta Cámara hemos recalcado una y otra vez la importancia de la apertura y la transparencia. Los ciudadanos han de tener acceso a la información que afecta a sus vidas para que puedan tomar parte en el debate democrático y tomar sus opciones.
Los medios de comunicación desempeñan un papel central en este proceso. Si no funcionan adecuadamente, tampoco lo hará la democracia. Actualmente hay tendencias inquietantes en los medios de comunicación. La concentración de que hemos sido testigos puede mermar el pluralismo de los medios de comunicación. Combatimos los monopolios porque reducen la oferta de bienes, lo que hace que disminuya la prosperidad, y lo mismo se aplica al mercado de los medios de comunicación. Los monopolios socavan el pluralismo democrático y provocan un descenso de la prosperidad democrática. Antes, los medios de comunicación adscritos a partidos políticos, como los periódicos, sólo podían ejercer la crítica política dentro de su propio medio. No controlaban lo que sacaban otros medios. La amenaza a la que nos enfrentamos hoy es la de una concentración potencialmente poderosa, que puede implicar que ciertos puntos de vista no estén representados en ningún medio de comunicación.
Como legisladores elegidos por el pueblo nos enfrentamos a la ruptura de un equilibrio muy sensible. Qué podemos hacer para asegurar la libertad y diversidad de medios de comunicación sin dejar de lado al mismo tiempo otro principio cardinal de la sociedad democrática: el de la distribución del poder. Queremos establecer reglas que garanticen la equidad sin entrometernos con el contenido real de los medios de comunicación. En esta Asamblea, hemos de ejercer nuestra responsabilidad democrática y cerciorarnos de que los medios de comunicación ejerzan la suya.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, como se ha afirmado repetidas veces en este debate, existe sin duda un vínculo entre la libertad de información y la democracia, y creo que este debate ha de servir sobre todo para que el Parlamento y las instituciones europeas adquieran más conciencia que hasta ahora del vínculo existente entre la democracia y la suprimida libertad de información, del modo en que los medios de comunicación son utilizados para suprimir la democracia. Este es el caso en muchos países con los que mantenemos relaciones económicas o comerciales, y países como Iraq, China, Cuba, Vietnam, etc. Sin duda, salvaguardar la libertad de información como garantía de una democracia genuina es un problema, también para Europa.
Hay dos o tres observaciones que me gustaría hacer en este sentido. En primer lugar, en mi opinión, tenemos que ser precavidos al exigir una legislación europea, al exigir a la Comisión que imponga algún tipo de limitación en un mercado - la fusión de los mercados de telecomunicaciones y de medios de comunicación - que, no lo olvidemos, ha de ser capaz de resistir los desafíos de los mercados internacionales del mismo modo en que las empresas europeas han de poder resistir los desafíos de los mercados internacionales. Entonces, podría ser peligroso sobrecargar un mercado que ya está luchando - existen barreras lingüísticas y culturales, por ejemplo, que dificultan el crecimiento de las empresas - con las cargas adicionales de limitaciones y restricciones.
Sin embargo, hay una paradoja que quisiera señalar en este debate. Es absurdo que nosotros, que si bien no somos diputados de parlamentos nacionales, sí somos representantes de las instituciones europeas, nos concentremos en gran medida en dinámicas y concentraciones de mercado, pero no seamos capaces de mencionar la enorme fuerza de las empresas de medios de comunicación estatales en Europa.
Pongamos por ejemplo Italia. Es justo llamar la atención sobre la situación y es justo estar preocupados, así como también lo es siempre estar preocupado por la relación entre los medios de comunicación y la democracia, pero lo que no se dice es que la mitad del sector de la información está en manos del Estado, es decir, en manos de los partidos. Este es el caso en casi toda Europa. ¿Pensamos realmente que los partidos están utilizando sus cadenas de televisión con el debido respecto por el pluralismo de la información y el debido respeto por el derecho de los ciudadanos a ser informados, o bien están sirviendo a sus propios intereses y ofreciendo una información específica?
Hay otra dimensión, y en este punto rindo tributo al trabajo del Comisario Van Miert en la anterior Comisión. La existencia de cadenas de televisión estatales es perjudicial para el mercado de los medios de comunicación y de la información. Las cadenas de televisión estatales acaparan espacio que podría utilizarse para crear empresas competidoras, posiblemente incluso empresas europeas, y las tasas, los derechos de licencia y la financiación asociados con ellas reducen los recursos que podrían redistribuirse en el mercado y utilizarse para crear una pluralidad de empresas competidoras.
Hemos de reflexionar sobre esto. Creo además que un comentario de la Comisión sobre estos asuntos - ayuda estatal, competencia, abuso de posición dominante, etc. en los mercados interiores - también vendría a cuento.

El Presidente. -
La Sra. Fraisse ha conseguido llegar desde Basilea al Hemiciclo y le concedemos la palabra en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

Fraisse (GUE/NGL).
Señor Presidente, en efecto nos han desviado a Mulhouse y muchos de nosotros hemos llegado en autobús, por lo que ruego me perdone las dificultades que pueda tener al presentar mis comentarios.
Lo que me sorprende, con respecto a la competencia y al pluralismo, es que esencialmente examinamos esta cuestión desde dos puntos de vista totalmente diferentes y opuestos. Por un lado, la examinamos desde el punto de vista de nuestros países, los Estados miembros, en que la competencia puede llegar a ser muy feroz, especialmente en Italia, como todos sabemos. Por otro lado, también podemos examinar la cuestión del pluralismo y la competencia desde el punto de vista de algunos de los países candidatos; incluso podemos examinar la cuestión de una única fuente de información que puede tener un efecto perjudicial en el pluralismo exigido por el Parlamento, dado que cabría pensar que hasta ahora la cobertura de los medios de comunicación en estos países dependía exclusivamente de esta única fuente.
Por consiguiente, ambos lados de la cuestión de la competencia se encuentran en extremos opuestos del espectro. Sin embargo, hemos de tener en cuenta estos dos extremos si queremos encontrar, al mismo tiempo, un equilibrio entre el pluralismo y cierto grado de concentración. El equilibrio es sin duda delicado, pero ello se debe a que - y no creo que hayamos recalcado suficientemente este punto hasta ahora en este debate - es una cuestión de servicio público. Por consiguiente, no es simplemente una cuestión de competencia entre medios de comunicación privados, porque este problema también implica al servicio público, y hemos de lograr un equilibrio entre ambos.
A fin de conseguir este equilibrio, quizás la Comisión debería reconsiderar su indecisión acerca de la necesidad de una directiva, algo que el Parlamento ha exigido durante varias años. La Comisión ha de reexaminar también la situación de los medios de comunicación, que ha cambiado de forma desconocida en los últimos años. El último estudio sobre esta cuestión se realizó en 1994. Por lo tanto, pedimos a la Comisión que tome nota de las nuevas dificultades y proponga una directiva.
Quizás tengamos que recalcar también el hecho de que el Tratado de Amsterdam tiene un protocolo sobre el sistema de servicio público de televisión en los Estados miembros. El protocolo es un extracto del Tratado de Amsterdam que establece, de conformidad con el principio de subsidiariedad, que los Estados miembros son responsables de definir y organizar estas tareas, y de financiarlas, siempre y cuando ello no socave la competencia. También en este ámbito, la ayuda estatal es importante y hemos de recalcarla y mantenerla. Por ello, todos nosotros aquí hoy, y mi grupo en particular, creemos que es necesario replantear la necesidad de un directiva.
En lo que respecta a la cobertura de los medios de comunicación, es imposible evitar la cuestión del contenido. Existe sin duda una característica específica del mercado y de la competencia, una característica relacionada con el contenido, con la creación y que también está relacionada con la edición en particular. Permítanme recordarles la situación en Francia - que nos preocupa -, donde que existe una concentración en la industria editorial dentro de los nuevos mercados que se han establecido recientemente. Esta característica específica debería tenerse en cuenta y también deberíamos recalcar el carácter urgente de esta situación.
En resumidas cuentas, señor Presidente, Señorías, esperamos que la Convención respete lo que dice la Carta sobre el pluralismo, y que la Convención sea capaz de salvaguardar este pluralismo.

Bodrato (PPE-DE).
Señor Presidente, el sistema de medios de comunicación se ha desarrollado junto con la democracia, pero nuestra impresión es que durante algún tiempo ha habido un creciente conflicto entre ambos y que existe una tendencia hacia la concentración, cuyo resultado, en la práctica, es menos democracia.
Los medios de comunicación tienen una extraordinaria influencia sobre la sociedad, pero creo que hemos de darnos cuenta de que sólo hay un medio para resistir el dominio de las inversiones norteamericanas en la industria de los medios de comunicación y de la publicidad, y ello no implica la concentración de medios de comunicación en los países de la Unión Europea.
En Italia, el Presidente acabó enviando un mensaje al parlamento sobre este asunto, pero también quisiera señalar que la máxima autoridad moral, el Papa Juan Pablo II, ha pedido unas reglas claras y justas que garanticen el pluralismo, la libertad y la participación, a fin de evitar el abuso de unas herramientas extremadamente poderosas que tienen un impacto devastador en las conciencias de las personas y en la sociedad.
Sin embargo, quisiera señalar que esta cuestión afecta también a otros sectores aparte de la política. Durante la reciente audiencia organizada por el Grupo del partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos sobre la televisión sin fronteras, un periodista observó que la televisión está exacerbando la comercialización del deporte y la concentración de los recursos publicitarios. Por lo tanto, hay una creciente separación entre los pocos deportes ricos y los deportes pobres, y el vínculo entre televisión, publicidad, derechos deportivos y los propietarios de los principales equipos de fútbol es cada vez más estrecho. Las cadenas de televisión públicas pueden ofrecer alternativas a estas tendencias, pero todos sabemos ya que, en el mundo en el que vivimos, en una sociedad liberal, las empresas de televisión privadas y comerciales desempeñan un papel importante. Sin embargo, no ha de permitirse que este papel se desarrolle de tal forma que el extraordinario poder para influir en la opinión pública se concentre en las manos de unos cuantos.

Junker (PSE).
Señor Presidente, Señorías, la libertad y la independencia de los medios de comunicación no combina bien con un poder económico acumulado, por no hablar de monopolios. Ello es especialmente cierto cuando uno trata con el poder político en manos de un jefe de Gobierno. El nombre que hay que mencionar aquí es Berlusconi. El magnate italiano de los medios de comunicación y Primer Ministro, en una misma persona, junto con el Sr. Murdoch y el Sr. Kirch, ha enseñado a los campeones de la plena libertad de prensa lo que es el miedo.
El hecho de que el imperio Kirch se haya venido abajo puede servir de poco consuelo en vista de la presión ejercida sobre las televisiones públicas por las empresas comerciales - me refiero al coste de los derechos para los acontecimientos deportivos, entre otras cosas -, y en vista de una creciente concentración de medios de comunicación regionales, nacionales y mundiales con implicaciones transfronterizas cada vez más grandes. La concentración de medios de comunicación en un grado ilícito pone en peligro la diversidad y el pluralismo de opinión y la promoción de la diversidad cultural. En los últimos días se ha publicado el volumen 44 de «Media Research», una serie de tratados publicados por el Instituto de Medios de Comunicación de Renania del Norte-Westfalia; contiene una aguda descripción de los efectos negativos de la concentración de medios de comunicación sobre los cimientos democráticos y culturales de la sociedad. Asimismo hay que decir sin miedo a equivocarse que el Estado de derecho en Italia está en peligro. Ya se ha llevado la peor parte. Todo ello nos lleva a una única conclusión, concretamente que se necesita una normativa europea para limitar la concentración de medios de comunicación, porque la ley nacional no se aplica fuera de las fronteras de los Estados, o también porque - como en Italia - ni siquiera se intenta. Ya se ha hecho referencia al modo en que la profunda preocupación del Presidente de la República Italiana le ha hecho exigir una ley italiana para evitar que el Primer Ministro tenga un control político de hecho sobre los servicios de la televisión pública, la RAI, y para limitar su poder como persona privada sobre los medios de comunicación. Berlusconi es en todos los sentidos un caso especial, y esperemos que siga siendo único, que implica una serie de acciones legales relacionadas con la evasión de impuestos, falsificación de documentos, perjurio, pagos realizados con fondos secretos, el soborno de jueces y cosas por el estilo, de las cuales algunas aún no han concluido. Por consiguiente, pedimos a la Convención que imponga una prohibición constitucional sobre semejante acumulación de poder, que es totalmente indecente. Incluso el Papa - o al menos eso hemos oído - aboga por una normativa para salvaguardar el pluralismo y la libertad de opinión.
¡Por eso, señor Prodi, Comisarios, digo que ya va siendo hora de hacer algo!
Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, me opongo a la mayoría de mis colegas que han intervenido hasta ahora en el debate, en lo que respecta a su deseo de adoptar precipitadamente algún tipo de nueva Directiva o Reglamento indefinido sobre la llamada concentración y la propiedad de los medios de comunicación. Como nos ha señalado el Sr. Byrne en una intervención admirablemente clara, no existe para ello base alguna en el Tratado. ¿Cómo va a definirse esto? ¿Hasta qué punto se puede intervenir políticamente en cuestiones de concentración de medios de comunicación en ámbitos que, como ha señalado muy claramente el Comisario, rebasan toda la gama de armas que la Comisión tiene a su disposición para regular el poder de los monopolios, una palabra que esta tarde ha sido utilizada sin cortapisas en esta Cámara? Si existe un poder monopolista desde el punto de vista comercial, entonces hay instrumentos para afrontarlo y estos deberían utilizarse.
Me pregunto cuántos de los colegas que han intervenido en este debate esta tarde se han tomado la molestia de leer el nuevo paquete que regula las comunicaciones electrónicas. El Sr. Watson, que ha abierto el debate, probablemente no lo ha hecho, porque si examina este Reglamento - y yo fui uno de los que trabajaron en él muy a fondo - verá que prevé el hecho de que habrá convergencia y que las grandes cuestiones que se han abierto en el mundo de la convergencia tratan del control del acceso a los canales. Este Reglamento incluye disposiciones para abrir el acceso, para hacer que el acceso esté disponible en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, de nuevo palabras clave sobre las que deberíamos reflexionar en cualquier contexto, especialmente en el de los medios de comunicación. Asimismo incluye una disposición para el servicio público de televisión, una cuestión que deberíamos debatir más en este contexto, para que los Gobiernos puedan abrir canales siempre que consideren que los canales públicos han de transferirse al mercado.
Estas cuestiones ya están ahí. No las ignoren. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Hieronymi. Sin duda deberíamos pedir a la Comisión que examinara este problema, pero lo último que deberíamos hacer es adelantarnos a los resultados de este examen.

De Sarnez (PPE-DE).
Señor Presidente, la cuestión del pluralismo de los medios de comunicación es un tema importante, que afecta a la esencia de los valores que constituyen la base de nuestro trabajo en Europa. Ello se debe a razones que todos nosotros, evidentemente, tenemos muy presentes. Sin el pluralismo no hay oposición, ni libertad, y por consiguiente, no hay democracia. Sin pluralismo, la libertad de creación audiovisual y cinematográfica estaría en peligro y por ello se vería amenazada la identidad cultural de Europa. Por lo tanto, es crucial asegurar que los principios de diversidad, pluralismo e independencia de los medios de comunicación se apliquen en los Estados miembros y en los países candidatos.
El pluralismo de los medios de comunicación tiene que ver con la retransmisión de la información, la televisión e Internet, así como con la creación audiovisual. En un entorno de medios de comunicación en constante cambio, la presencia de cadenas de televisión públicas y privadas, así como las restricciones a las fusiones y adquisiciones entre agentes comerciales, son esenciales para mantener el pluralismo audiovisual y la diversidad cultural. Igualmente, hemos de asegurar que se difunda una información suficientemente diversa, tanto desde las fuentes públicas como desde las privadas, en todas las plataformas de medios de comunicación.
De ahí que la Comisión debería realizar una profunda evaluación de la situación de los medios de comunicación en cada país candidato y en cada Estado miembro. En 1997 se redactó un Libro Verde sobre esta cuestión. Hoy, los desarrollos en las tecnologías de comunicación, el papel clave desempeñado por Internet a la hora de difundir la información y la televisión por cable son fenómenos que nos impulsan a examinar de nuevo la cuestión de la concentración de medios de comunicación. Por ejemplo, es muy importante que la Comisión empiece a trabajar cuanto antes para resolver los problemas que ha provocado la falta de transparencia a la hora de conceder licencias de televisión en los Estados miembros y en los países candidatos.
Una vez que se haya realizado esta evaluación, la Comisión podrá optar por establecer reglas de competencia que aseguren el pluralismo de los medios de comunicación en caso de que resulte necesario. La libertad de expresión es frágil y sólo puede garantizarse si existe una genuina pluralidad de medios de comunicación, y esto es algo que todos hemos de controlar con regularidad.
Imbeni (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿necesitamos una legislación europea vinculante para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, sí o no? Esta es la cuestión.
Yo digo sí, la necesitamos. Y quisiera añadir que es sumamente importante que, en el futuro, en el marco de la nueva Constitución, la Comisión europea tenga el único poder de iniciativa. No hemos de meternos en asuntos ajenos. Sin embargo, no estamos planteando que se obligue a la Comisión Europea a hacer algo que no puede y no quiere hacer. La cuestión es que ahora existe claramente un vacío legal. Hemos de admitirlo y asegurarnos de que se llene. Ya existe un vacío legal debido a las notables e impresionantes innovaciones tecnológicas que han tenido lugar, pero ese vacío se ensanchará más cuando la Unión se amplíe a 25 Estados miembros y, en particular, como acaba de decir el Sr. Watson, cuando se establezca en breve una nueva Constitución. La Constitución incluirá artículos que forman parte de la Carta de los Derechos Fundamentales, su artículo 11 que consigna el pluralismo de los medios de comunicación.
Ahora bien, si no introducimos una nueva legislación, nosotros mismos - el Parlamento, la Comisión y el Consejo - correremos el riesgo de promover la violación de esta Constitución, que todos queremos aprobar pronto. Dicho de otro modo, lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. Si - y esto es algo que lamento amargamente, muy amargamente - uno de los Estados miembros de la Unión se sitúa por debajo de la República de Benin, por debajo del número 40 en el mundo en cuanto a pluralismo de medios de comunicación, ello no es única o primariamente una cuestión de conflicto político dentro del país en cuestión, y me estoy refiriendo a mi propio país, Italia. No, desde mi punto de vista, esto exige un análisis por parte de la Unión Europea, seguido de la adopción de medidas políticas, institucionales y jurídicas, cuyo contenido deberá decidir la Comisión.

Mauro (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, si aceptáramos las sugerencias hechas en esta Asamblea por oradores como el Sr. Segni, por ejemplo, e hiciéramos responsable a una determinada persona de todos los males del sector de los medios de comunicación, tendríamos que sacar de algún modo la conclusión de que el ciervo y otros animales que hoy invadieron la pista del aeropuerto de Estrasburgo eran en realidad extras de las redes Mediaset que habían sido reclutados y contratados para evitar que se celebrara este debate.
¡Este no es el caso! El asunto que estamos discutiendo es tanto más complejo y problemático cuanto que hemos de ser conscientes de que la velocidad del progreso tecnológico está provocando, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, el desarrollo de nuevas maneras de transmitir el conocimiento, nuevas formas de coexistencia pacífica entre los pueblos y nuevos estilos de vida y mentalidades. Es decir, que las comunicaciones generan cultura, y la cultura se transmite a través de las comunicaciones.
Cabría decir que todas nuestras vidas están encerradas ahora en un mecanismo de comunicación que exige una completa reevaluación de todos nuestros puntos de referencia básicos. La enorme proliferación de fuentes de información y la incapacidad de distinguir entre sus niveles de autoridad, la sustitución progresiva de relaciones interpersonales por un enfoque mediatizado y la expresión de opiniones sobre la base de encuestas de opinión que no se basan en hechos, son factores que finalmente provocan diversas formas de disociación, que influyen en nuestras creencias y nuestras vidas.
Los recientes acontecimientos en Italia no han sido el resultado de esta cuestión tan compleja de los medios de comunicación. Más bien, lo que sucedió fue que la izquierda, que había controlado la televisión estatal en los últimos años, llegó incluso a intentar influir en las últimas elecciones y, en sus esfuerzos por mantener la espada de Damocles sobre la cabeza de su oponente político, posponer indefinidamente la cuestión de la regulación del sector de los medios de comunicación y dificultar mucho la resolución del asunto.
La ausencia de control y supervisión nunca ha dado garantías o libertad, como muchos querrían hacernos creer. En última instancia fomenta el uso indiscriminado de herramientas sumamente potentes que, si se abusa de ellas, tienen efectos devastadores sobre las conciencias de las personas y de la sociedad.
Por ello, pido a la Comisión que garantice este principio de libertad y proponga una acción apropiada al Parlamento y al Consejo, que, por ejemplo, podría ser el tema de otro Libro Verde.
Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, nos enorgullecemos del modo en que el principio de competencia engrasa las ruedas del sistema económico y no debemos permitir que se debilite el componente más vital de la democracia, y me refiero a las fuentes de información, y se socave el principio de competencia política. En segundo lugar, en esta era de democracia electrónica, deberíamos invertir en garantías para salvaguardar nuestra larga tradición de valores democráticos y, sobre todo, la separación del poder de los medios de comunicación y el poder económico.
Por ello quisiera decir que deberíamos aprobar unánimemente esta moción y señalar que aprobar medidas legislativas y otras medidas de apoyo es una prioridad absoluta para el futuro democrático de Europa, que ha habido un retraso injustificado a la hora de emprender acciones desde el Libro Verde que se publicó, que las medidas exigidas han de incorporarse en una política general sobre medios de comunicación audiovisuales, que hemos de aceptar que las reglas tradicionales de la competencia del mercado son inadecuadas, y que necesitamos una red competitiva independiente que aspire a un pluralismo real y que, para estos fines, las restricciones sobre la concentración son compatibles con la legislación comunitaria.

El Presidente. -
Ya hemos agotado el turno de los intervinientes que están presentes en el Hemiciclo.
He recibido seis propuestas de resolución

Zrihen (PSE)
FR) El apartado 2 del artículo 11 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales dice que «Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo».
De hecho, ¿qué es más fundamental en una democracia que la libertad para comunicar y recibir información?
Ahora bien, en la Europa de hoy, la concentración de medios de comunicación, exacerbada por los avances tecnológicos, significa que este pluralismo de medios de comunicación está en peligro, o incluyo ya está comprometido en algunos casos.
Va siendo hora de que la Comisión aborde la cuestión y asegure, en especial en el sector de la televisión, que haya muchos operadores diferentes, como ya se ha hecho en otros muchos sectores. Aunque los tratados fundacionales vigentes no ofrecen una base jurídica suficiente para esta normativa esencial, ahora es crucial que la Convención trabaje para establecer una nueva base constitucional que garantice la pluralidad de los medios de comunicación.
Sin embargo, esto no es suficiente, dado que la pluralidad de los operadores privados por sí sola no puede cumplir el papel fundamental de la información en una democracia moderna, ni salvaguardar la diversidad cultural.
Por ello hemos de reafirmar la importancia de la televisión pública. No me refiero tan sólo a las cadenas de televisión públicas nacionales, sino también a cadenas locales, que tienen un valor indiscutible a la hora de asegurar la interacción social y restaurar los vínculos sociales.
(Intervención acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento)

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0344/2002) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (COM(2001) 283 - C5- 0274/2001 - 2001/0119(COD))
Esperamos que puedan estar presentes ya los diputados y diputadas que estaban todavía de viaje.

Byrne
Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que me complace estar hoy aquí para presentar la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco.
Ha pasado mucho tiempo desde que la Comisión aprobó esta propuesta: 18 meses, para ser exactos.
Sería un eufemismo decir que estoy decepcionado con lo poco que se ha avanzado hasta ahora con esta propuesta. Ha habido tácticas dilatorias, información incorrecta y, muy a menudo, declaraciones engañosas.
Es muy lamentable que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no haya podido trabajar más rápido, a diferencia de la respuesta mucho más diligente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, cuyos miembros son los verdaderos expertos en el Parlamento Europeo sobre salud pública y protección del consumidor. Por lo menos, ellos comprendieron claramente la importancia y la urgencia de esta propuesta.
En todo el mundo, casi 5 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Son dos veces y media más muertes que la causadas por el SIDA.
De estos 5 millones, medio millón son europeos, el equivalente a la población de Copenhague.
La publicidad desempeña un papel importante en la promoción del uso del tabaco, sobre todo entre los jóvenes. La industria tabacalera necesita nuevos reclutas para sustituir a aquellos que han muerto prematuramente a causa del consumo de este producto mortal.
Les pido que examinen la presente propuesta sobre este trasfondo . Esta Directiva es importante para el funcionamiento del mercado único. Sin ella, no puede garantizarse el mercado único para los medios de comunicación impresos, la radio e Internet, debido a las variaciones en la legislación nacional en materia de publicidad del tabaco en los Estados miembros.
La propuesta pretende sustituir a la anterior Directiva sobre publicidad y patrocinio de los productos del tabaco, anulada por el Tribunal de Justicia Europeo hace dos años.
La anterior Directiva incluía la prohibición de todas las formas de publicidad y patrocinio del tabaco. El Tribunal consideró que esta prohibición general no tiene base legal en el Tratado. Sin embargo, el Tribunal no fue del todo negativo en su fallo. Ni mucho menos. Tuvo a bien confirmar que una Directiva que prohibiera determinadas formas de publicidad y patrocinio podría adoptarse sobre la base del artículo 95 del Tratado.
Por ello, la nueva propuesta sigue muy de cerca las directrices mencionadas en el fallo del Tribunal.
La lógica subyacente a la presente propuesta es clara: todos los Estados miembros han aprobado normas nacionales para regular la publicidad y el patrocinio de productos del tabaco. Esta normativa, evidentemente, varía considerablemente entre los Estados miembros. Irónicamente, esta divergencia se ha visto exacerbada por la anulación de la Directiva anterior. Ello ha hecho surgir mayores obstáculos a la libre circulación entre Estados miembros de productos y servicios que sirven de apoyo a este tipo de publicidad y de patrocinio. Pretendemos eliminar estos obstáculos armonizando las reglas relacionadas con la publicidad de los productos del tabaco y el patrocino relacionado con ellos en la medida de lo posible a la luz del fallo del Tribunal.
La propuesta prevé una prohibición general de la publicidad del tabaco en la prensa. Este es un vector importante para la promoción del tabaco, y tiene fuertes implicaciones transfronterizas.
La propuesta incluye asimismo una prohibición de la publicidad del tabaco en Internet. La publicidad de los productos del tabaco a través de la radio y el patrocinio de programas de radio por parte de compañías tabacaleras también se prohibirá del mismo modo que la publicidad en televisión en la Directiva «Televisión sin fronteras».
Por último, la propuesta trata del patrocinio, prohibiéndolo en los acontecimientos o actividades con implicaciones transfronterizas. En conjunto, la propuesta tiene un alcance mucho más limitado que la Directiva anterior. Sé que muchos de ustedes lo lamentan y comprendo este punto de vista. No oculto que habría preferido presentar una propuesta de prohibición más completa de la publicidad de los productos del tabaco. Pero, por desgracia, el ordenamiento jurídico no nos permite ir tan lejos. Hemos de vivir en el mundo real. Hemos de reconocer las limitaciones jurídicas.
Nuestra preocupación común ha de ser asegurar que esta nueva Directiva pueda mantenerse y se mantenga firme contra cualquier posible futura recusación del Tribunal y elimine la distorsión del mercado armonizando las actuales reglas nacionales, y promoviendo al mismo tiempo la salud pública.
Y ahora, una reflexión final. Esta propuesta se ha elaborado con sumo cuidado. Cualquier menoscabo de su situación jurídica abriría la puerta a una recusación que, si tuviera éxito, haría el juego a la industria tabacalera. Sencillamente no podemos permitirnos que ello suceda.
Medina Ortega (PSE)
. (ES) Señor Presidente, el Comisario Byrne ha hecho un enorme esfuerzo por sacar adelante una propuesta de Directiva en un ámbito en el que el Tribunal de Justicia había llegado a la anulación de la anterior Directiva sobre prohibición absoluta de la publicidad del tabaco.
Creo que esta Comunidad se encuentran en una situación kafkiana en materia de salud, porque, si bien tenemos competencia en materia de salud animal - desde el estabulamiento, pasando por la alimentación y llegando al transporte -, en cambio, prácticamente nuestras competencias en materia de salud son mínimas, es decir, la Unión Europea apenas tiene competencias en materia de salud humana. Tiene la posibilidad de adoptar ciertas medidas, ciertas recomendaciones, ciertas actuaciones de promoción, como, por ejemplo, la cooperación entre los Estados y con organizaciones internacionales, pero cuando llegamos al ámbito de la armonización legislativa nos encontramos prácticamente con un bloqueo.
La Comisión, inteligentemente, ha tratado de sacar el máximo provecho de las conclusiones del Tribunal de Justicia, yo diría de los obiter dicta del Tribunal de Justicia en la sentencia por la cual se anula la anterior Directiva sobre la publicidad del tabaco. Y desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, concretamente el ponente ha visto con la mayor simpatía los esfuerzos de la Comisión y del Comisario Byrne, en particular, por sacar adelante esta propuesta de directiva que, como él ha dicho, es mucho más modesta que la anterior.
Sin embargo, el ponente ha de reconocer que se ha encontrado con dificultades enormes en el seno de la propia Comisión de Asuntos Jurídicos y, al objeto de hacer posible la tramitación de esta Directiva, ha tenido que aceptar una serie de enmiendas de compromiso que son las que constituyen el texto actual, que ha sido adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
No sabemos todavía cuál va a ser el resultado de las votaciones del próximo miércoles al respecto. La impresión que tengo es que, en este momento, esta Cámara se encuentra ampliamente dividida, ya que, como alegan algunos miembros, determinadas enmiendas pueden incluso debilitar la base jurídica que había propuesto la propia Comisión y, en este momento, concretamente, la opinión, por ejemplo, de la ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor - que creo que escucharemos a continuación - es, desde luego, contraria a la introducción de enmiendas.
Me da la impresión de que algunas de las enmiendas, por lo menos, tienen bastante fundamento, ya que se trata de corregir algunos de los aspectos en que podría mejorarse la Directiva. Por ejemplo, una extensión generalizada de la prohibición de la utilización de ciertas marcas podría perjudicar a empresas que, en realidad, no se dedican a la producción de tabaco; lo único que ocurre es que algunas de sus marcas coinciden con las de otra empresa que tiene esa actividad propia. Creo que cada una de las enmiendas habrá de ser estudiada con bastante detenimiento.
Comparto con el Sr. Byrne la preocupación por el retraso que se ha producido en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Nos vimos obligados a celebrar una audiencia como consecuencia de la enorme disparidad de opiniones que se había manifestado en la comisión y, en esa audiencia, he de reconocer o recordar que la mayor parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos se mostraron bastante críticos con respecto a las propuestas de la Comisión.
Por tanto, el ponente se ha visto obligado a llevar a cabo una labor un poco de filigrana, tratando de acercar posiciones para hacer una primera formulación que llegara hasta el Pleno de esta Cámara. Será esta Cámara, pues, la que decida el próximo miércoles, efectivamente, sobre el destino de cada una de esas enmiendas.
Se ha presentado alguna enmienda posterior, que al ponente, en principio, le parece bastante aceptable -la enmienda encabezada por la Sra. Hautala, que tiende a reforzar, a través de un considerando, la base jurídica de la Comisión. Espero que, el próximo miércoles, con independencia de lo que ocurra con cada una de las enmiendas en las diferentes votaciones, el texto de la Directiva en su conjunto pueda ser aprobado. Es decir, espero que se apruebe el informe al objeto de que continúe la tramitación. Como estamos en un procedimiento de codecisión, tenemos la oportunidad de ir corrigiendo cada uno de nosotros las deficiencias que se puedan advertir al objeto de tener la seguridad de que esta nueva propuesta de Directiva pueda resistir la prueba de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia que, sin duda, se va a producir, porque en materia de tabaco siempre se producen recursos ante el Tribunal de Justicia.
El Comisario puede tener la seguridad de que la actitud de este ponente es absolutamente constructiva al objeto de conseguir un buen resultado final con respecto a esto. Pero - repito - esta Cámara es una Cámara democrática y las opiniones de los diferentes miembros son muy diversas. Me da la impresión, incluso, de que hay divergencias importantes entre las diferentes delegaciones nacionales dentro de los diferentes partidos. Por ello, la misión del ponente, en este caso, debe ser sobre todo una misión de coordinación, de buena voluntad, si usted quiere, y sobre todo de coordinar los resultados que se obtengan el próximo miércoles en esta Cámara con los buenos propósitos, por parte de la Comisión y del Comisario, de adoptar una reglamentación comunitaria en el ámbito de la salud.
En todo caso, hay que recordar que sigue siendo una tarea pendiente la inclusión de una cláusula relativa a la salud en la próxima Constitución europea, y me da la impresión de que, en este momento, los trabajos de la Convención no van en ese sentido, lo cual es bastante preocupante.

Tsatsos (PSE)
Señor Presidente, nuestra ponente, la Sra. ?alliori, no ha podido acudir debido a la niebla en el aeropuerto de Estrasburgo, y me ha pedido que, con su permiso, intervenga en su lugar.
Cada segundo, alguien muere por efecto directo del tabaco. Ello equivale a más de 3 millones de víctimas al año en todo el mundo, y 500 000 de ellas son ciudadanos europeos. El cuarenta y dos por ciento de la población comunitaria fuma y empieza a hacerlo a edades cada vez más tempranas. El sesenta por ciento de los fumadores empiezan a fumar a los 13 años y el 90% antes de los 18 años. La diferencia de género entre fumadores se está estrechando, con un aumento del número de chicas que fuman y 500 000 bebés que nacen prematuramente y con un peso insuficiente porque sus madres son fumadoras. Los niños en hogares en los que ambos padres fuman corren un 72% más riesgo de padecer enfermedades respiratorias como el asma.
Estas son tan sólo algunas de las razones por las que los legisladores de los Estados miembros de la Unión Europea se han sentido obligados a limitar los derechos de publicidad de los productos del tabaco, a fin de proteger los intereses públicos en general y la salud de los ciudadanos europeos y los jóvenes en particular.
El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que actualmente se está negociando, y que deberá estar ultimado en los próximos meses, adopta el mismo enfoque, recalcando que una prohibición de la publicidad y del patrocinio del tabaco es una de las normas políticas más urgentes que han de aplicarse a escala internacional.
Como sabe la Asamblea, esta propuesta de la Comisión sustituye a la Directiva 43, la Directiva que, después de diez largos años de negociaciones, fue finalmente aprobada por el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo en 1998, pero lamentablemente anulada por el Tribunal de Justicia en octubre de 2000. La finalidad de la Directiva que debatimos hoy, dieciocho meses después de que la Comisión presentara su propuesta, es aproximar las diversas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas adoptadas por los Estados miembros, a fin de eliminar los obstáculos al mercado interior y salvaguardar la libre circulación de mercancías y servicios, respetando las reglas establecidas en la Directiva.
La presente Directiva, que tiene en cuenta la actual legislación de los Estados miembros y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, adopta partes de la anterior Directiva y prohíbe la publicidad en los medios impresos, en Internet y en la radio, junto con el patrocinio de espectáculos con efectos transfronterizos. Asimismo prohíbe la libre distribución de productos del tabaco, pero no abarca la publicidad indirecta. Sin embargo, a diferencia de la anterior Directiva, no se basa en el principio de una prohibición total de todas las formas de publicidad y patrocinio. No obstante, habría que señalar que la Comisión ha presentado esta propuesta más restrictiva, que tiene en cuenta el marco jurídico establecido por el Tribunal de Justicia, junto con una propuesta de recomendación que contiene los elementos que, como he dicho, se han excluido de esta Directiva.
Por desgracia, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado 25 enmiendas que podrían provocar otra anulación por parte del Tribunal de Justicia y que limitan aún más el alcance de la Directiva. Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aceptado mi propuesta de no presentar ninguna de las enmiendas propuestas y ha votado unánimemente a favor de la propuesta de la Comisión.
Señorías, nuestra decisión del miércoles tendrá enormes implicaciones políticas porque tiene que ver con una cuestión sobre la cual el Parlamento Europeo y el Consejo ya han expresado su punto de vista y han tomado una decisión. Por consiguiente, les pido que voten en contra de todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es el único modo de garantizar un procedimiento rápido y, sobre todo, de asegurar que damos un paso decisivo, firme y jurídicamente sostenible hacia una política comunitaria para controlar el tabaquismo. De acuerdo con los datos científicos disponibles, ello promoverá unos elevados niveles de salud, especialmente entre los jóvenes, que no son meramente el principal grupo meta, sino también el futuro de Europa.

Lechner (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías quiero intentar, en estos tres minutos, exponer, aunque sea fragmentariamente, mi punto de vista sobre este problema. Proteger la salud y frenar el uso del tabaco son sin duda compromisos políticos importantes. Es cierto que su significado debería haberse expuesto extensamente hoy, pero cada nivel político tiene su propia responsabilidad. Ahora se da el caso de que no hay ninguna función legislativa específicamente aplicable a esta cuestión a escala europea. Antes bien, siempre hay que aplicar el artículo 95, como se ha hecho hoy aquí, lo cual significa que primero es menester considerar si afecta al mercado interior debido a distorsiones de la competencia, barreras comerciales y cosas por el estilo. Sólo cuando se ha descubierto que este es el caso puede - y debe - tenerse en cuenta la protección de la salud en este contexto, y, si se cumplen estas condiciones, no hay discusión al respecto.
Es bien sabido que fue debido a violaciones de estos principios que el Tribunal de Justicia Europeo suspendió la anterior Directiva que prohibía la publicidad. Las grandes infraestructuras compiten entre ellas en torno los espectáculos de alcance transfronterizo, por lo que debería haber reglas al respecto y, dado que es allí donde se producen las distorsiones, estamos de acuerdo con esta parte de la propuesta. Las reglas sobre emisiones de radio transfronterizas también son aceptables. Lo mismo cabe decir de Internet, aunque no tengo claro cómo puede hacerse funcionar en la práctica cuando el material es introducido en terceros países.
Sin embargo, una prohibición de este tipo en periódicos y revistas no sería lícita. Como hemos oído en las consultas, la proporción de ejemplares vendidos a través de las fronteras es tan pequeña que llega a ser insignificante en comparación con la tirada original, y además estos ejemplares vendidos a través de las fronteras no suponen una competencia transfronteriza. Esto significa que no hay ningún conflicto que afecte al mercado interior, y que tal reglamentación no daría resultado. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos contempla no aceptar esta parte de la propuesta de la Comisión.
Se hace constantemente referencia - el Comisario acaba de hacerlo - a los comentarios del Tribunal de Justicia sobre la prensa. Para decirlo muy brevemente, mi punto de vista es que el Tribunal de Justicia distingue por un lado entre soportes publicitarios que son estrictamente inmóviles - las vallas publicitarias serían un ejemplo típico -, cuya índole excluye la posibilidad de competencia transfronteriza, y luego explica que, por otro lado, se podría aplicar otra cosa a otros medios como los periódicos, y que esto no ha de excluirse por principio. Es cierto, pero habría que añadir que el Tribunal de Justicia dice en otro punto de su sentencia que las distorsiones han de existir en realidad, que han de ser perceptibles, que no basta con suponer que existen, y sencillamente este no es el caso de la prensa.
Decir esto no es adoptar un enfoque formalista de la jurisdicción y sin duda no es permitirse una especie de crítica jurídica. Creo que esta cuestión de derecho tiene un carácter predominantemente político, y quisiera simplemente recordarles la importancia que la Convención concede a la cuestión de la división de poderes y los debates sobre la posibilidad de que los diputados de los parlamentos nacionales den a conocer sus puntos de vista sobre estas cuestiones en un foro establecido por ellos. Deberíamos establecer un registro y, como legisladores, respetar los poderes de nuestros homólogos en los parlamentos nacionales, en lugar de dejar este asunto otra vez en manos del Tribunal de Justicia Europeo. Ello también nos permitirá desmantelar los prejuicios contra el centralismo y el dirigismo de Bruselas. No puedo concluir sin agradecer calurosamente al Sr. Medina Ortega por los esfuerzos que ha realizado para alcanzar un compromiso y, en particular, expresar mi enhorabuena por la calidad legislativa de su texto.

Koukiadis (PSE).
Señor Presidente, las medidas adoptadas por la Unión Europea para combatir la proliferación del tabaco vienen de lejos, al igual que las tretas legales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y creo que deberíamos asegurarnos de sacar alguna lección de estas experiencias. La Directiva propuesta aspira a proteger la salud pública, pero jurídicamente se basa en la prohibición de distorsionar la competencia. Esta situación ambivalente ha de ser recordada por todo aquel que defienda modos más eficaces de proteger la salud contra la proliferación del uso del tabaco que, por desgracia, no tiene su propio artículo en el Tratado. Por ello es lógico que la propuesta sea más modesta en lo que respecta a la salud pública que la Directiva anulada, que también incluía la publicidad indirecta.
La Comisión de Asuntos Jurídicos consideró que la prohibición necesitaba una dimensión transfronteriza, no sólo para el patrocinio, sino también para la prensa, a fin de reforzar su viabilidad. Por definición, la publicidad y el patrocino nacional no afectan al mercado interior. La base legal seleccionada sólo permite regular la publicidad cuando repercute en el mercado interior. Por consiguiente, el material impreso que circula tan sólo en el territorio de un Estado miembro no tiene efectos transfronterizos y no puede crear un obstáculo al mercado interior o una distorsión grave de la competencia. Ello se desprende claramente tanto de los acuerdos propuestos para el patrocinio de acontecimientos como del hecho de que la propuesta de Directiva no hace en absoluto referencia a la publicidad exterior de productos del tabaco o a la publicidad en los cines.
Sabemos que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado reservas acerca de algunas enmiendas desde un punto de vista puramente jurídico. La Sra. Hautala, por otra parte, se mueve en una longitud de onda totalmente diferente y ha pedido que se refuercen los acuerdos de protección de la salud. Dado que nadie aquí está en contra de medidas de protección de la salud, lo principal es que ambas partes decidan tranquilamente qué enmiendas son necesarias para rescatar esto como una Directiva válida.

Maaten (ELDR).
Señor Presidente, aquí hay principalmente dos elementos de interés: uno es el contenido y otro es el procedimiento. Centrémonos primero en el contenido, porque evidentemente es muy fácil pasar por alto este aspecto en un debate legal de este tipo. ¿Sirve de algo prohibir la publicidad del tabaco si el objetivo es evitar su uso? Sí, claro que sirve. Casi nadie empieza a fumar porque le gusta. Lo hacen por otras razones. Pueden empezar a fumar debido a la presión de sus compañeros en el patio, porque son hijos de padres fumadores o porque lo asocian con una determinada imagen. Quieren emular al hombre que se abre camino en la selva en un bote de remos, por ejemplo, o ese otro hombre que vemos a caballo en algún lugar del lejano oeste con una agradable música de fondo. Esta es la razón por la que la gente empieza a fumar. La imagen tiene mucho que ver con ello. De ahí que una prohibición de la publicidad del tabaco sea buena. Pero si es un producto legítimo, ¿por qué habría que prohibirlo? El mes pasado, una abrumadora mayoría de personas en esta Asamblea votaron a favor de prohibir la publicidad de productos farmacéuticos, pero, a diferencia del tabaco, se trata de productos destinados a curar a la gente. Soy partidario de legalizar el cannabis, pero no se me ocurriría ni en sueños permitir que este producto se anunciara. Así pues, el problema es más complejo que a primera vista.
Y da la casualidad de que ya había una opinión del Parlamento Europeo, y de hecho también del Consejo. En 1998 declaramos que estábamos a favor de una prohibición de la publicidad del tabaco. En este contexto, el Tribunal dijo que habíamos ido demasiado lejos, y con razón, a mi entender. Eso no tenía nada que ver con el tabaco, sino únicamente con la cuestión de hasta dónde podíamos ir, como Unión, en relación con los Estados miembros. Creo que la Comisión estaba en lo cierto al afirmar: vale, esto es lo que querían el Parlamento y el Consejo, querían ir lo más lejos posible. A continuación, la Comisión consultó la sentencia del Tribunal y también la opinión del Abogado General, y copió casi textualmente lo que se sugería. Por consiguiente, creo que la Comisión ha realizado una labor excelente, y quiero aconsejar a la mayoría de mi grupo a rechazar las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Estas no son esenciales para hacer que la directiva sea más aceptable.
Quisiera hacer dos observaciones finales. En primer lugar, creo que deberíamos tener cuidado de no empezar una campaña de desprestigio contra el uso del tabaco, por ejemplo estableciendo una prohibición completa del tabaco en los lugares públicos, o prohibiendo juguetes infantiles, cigarrillos de chocolate, pipas de regaliz y cosas por el estilo. Eso sería ir demasiado lejos, y al hacerlo perderíamos también a nuestros aliados en la lucha contra el tabaco.
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para llamar una vez más su atención sobre una anomalía inaceptable, concretamente que, por un lado, estamos desalentando el uso de los productos del tabaco, mientras que por otro continuamos subvencionando fuertemente la producción de tabaco en Europa.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, el problema que tenemos cuando hablamos del tabaco es que quienes estamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor hablamos desde el punto de vista de la salud pública y no desde el de los inconvenientes que la prohibición de la publicidad del tabaco pueda tener para el mercado interior.
Por lo tanto, nosotros estamos más bien de acuerdo con la Directiva que se aprobó en el año 1998. El Sr. Comisario ya lo ha dicho: cinco millones de personas mueren al año por enfermedades vinculadas al uso del tabaco. Otros compañeros han dicho que miles de jóvenes se inician cada año en el uso del tabaco, con las consecuencias que la adicción tiene para ellos.
Diferentes estudios han demostrado clarísimamente los efectos que esta publicidad y el patrocinio de determinados eventos deportivos tienen en que los jóvenes empiecen más pronto a fumar. De hecho, el 60% de los fumadores, según las estadísticas, empieza antes de los 13 años y, cerca del 90%, antes de los 18 años. Por eso a nosotros nos parecía mucho mejor la Directiva del año 1998, desgraciadamente anulada por el Tribunal Europeo.
En el caso que nos ocupa, varios diputados de la Comisión de Medio Ambiente han decidido que no van a presentar enmiendas a la propuesta de la Comisión porque más vale una directiva limitada que ninguna directiva. Y, por lo tanto, sólo presentamos una enmienda, que propone que, con arreglo al Tratado, los Estados miembros mantengan competencias y puedan regular este tipo de cuestiones e incluso ir más allá.
Asimismo, la ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente recuerda muy claramente que éste es un paso y que, seguramente, en el futuro, la Comisión Europea, podrá presentar propuestas sobre la publicidad indirecta, sobre el control de los gastos en publicidad y sobre las máquinas expendedoras de tabaco.
En resumidas cuentas, señor Presidente, en este tema es preferible tener una directiva limitada que ninguna.

Hautala (Verts/ALE).
Señor Presidente, se ha mencionado aquí que el anterior intento de conseguir una prohibición completa de la publicidad del tabaco fue revocado por el Tribunal de Justicia y en efecto es interesante leer que cuando se comunicó esta decisión, el Abogado General Fennelly dijo que había buenas razones para suponer que una prohibición de la publicidad salvaría cerca de 38 000 vidas en la Unión Europea cada año. Asimismo podríamos decir que hay muy buenos fundamentos para introducir esta Directiva ahora, aunque su alcance jurídico sea menor que el de la anterior. 
Hemos de proceder de tal forma que la propuesta original de la Comisión sea aprobada en su totalidad en la medida de lo posible, y me ha alegrado mucho que la Comisión haya mostrado su apoyo a la enmienda de distintos partidos al primer considerando que hemos propuesto en esta Asamblea. Su finalidad es aclarar el hecho de que la publicidad indirecta sigue siendo competencia de los Estados miembros y que pueden prohibir la publicidad en este ámbito. En general queremos proteger las prohibiciones nacionales de publicidad del tabaco.
Lamento mucho tener que decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha aguado totalmente la propuesta de la Comisión. Asimismo es de esperar que cada una de las enmiendas aceptadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos sea rechazada por esta Asamblea, porque complican la cuestión de muchas maneras. Difuminan la base jurídica de la propuesta. Excluyen por completo la posibilidad de limitar la publicidad del tabaco en la prensa y en la radio. Obstaculizan los esfuerzos globales por conseguir una prohibición de la publicidad del tabaco y también dan cabida a la publicidad indirecta del tabaco. Me gustaría sobre todo centrar la atención en las enmiendas 17 y 24, que son sumamente peligrosas. Esperemos, asimismo, que el ponente vuelva a su posición original y rechace estas enmiendas, que fueron aceptadas a título transaccional por la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que no son en absoluto transaccionales: no hacen más que vaciar de contenido esta Directiva.

Collins (UEN).
Señor Presidente, esta nueva Directiva declara ilegal la publicidad del tabaco en los medios de comunicación impresos en toda Europa y también prohibirá la publicidad de los productos del tabaco en la radio y en Internet. Igualmente, se declarará ilegal el patrocino por parte de empresas tabacaleras de acontecimientos o actividades que impliquen a varios Estados miembros. Como legisladores de la UE hemos de presentar propuestas que ayuden a proteger la salud de nuestros ciudadanos y creo que los peligros que encierra el tabaco para nuestra salud han de recalcarse enérgicamente a cada ocasión. De hecho, tenemos la obligación moral de hacer algo más que prevenir a los jóvenes, sobre todo a los quinceañeros, contra los peligros agudos que tiene el tabaco para nuestra salud.
Un estudio reciente ha sugerido que, sólo en Alemania, el consumo de tabaco entre los niños ha aumentado hasta en un 50%. La industria fabricante de cigarrillos afirma que sus productos son para adultos, pero todas las pruebas indican que un marketing y una publicidad inteligentes sólo tienen como resultado el reclutamiento de la siguiente generación de fumadores, que son quinceañeros.
El presupuesto de la Comisión Europea para recalcar los peligros del consumo de cigarrillos es de tan sólo 6 millones de euros y esta cifra se vuelve insignificante si se compara con las increíbles cantidades de dinero disponible al lobby del tabaco para emprender un marketing y unas campañas innovadoras a favor del tabaco. Tenemos que hacer algo más para dejar bien claro a los jóvenes cuáles son las terribles consecuencias del tabaco para nuestra salud: que tres mil personas mueren cada día en Europa debido al tabaco. Esto significa que medio millón de ciudadanos mueren innecesariamente en Europa cada año debido a una adicción a los productos del tabaco. Fumar cigarrillos es la principal causa única de muerte prematura y enfermedad en toda la Unión Europea. Un reciente estudio demuestra que los fumadores norteamericanos pierden 13 años de vida debido al hábito de fumar cigarrillos y que las fumadoras pierden 14 años y medio de vida debido al tabaco.
Si vamos a preparar amplias campañas de marketing para advertir a los jóvenes contra los peligros del tabaco, necesitamos los recursos financieros necesarios para supervisar tal programa. La Comisión, el Parlamento y los Gobiernos de la UE han de incrementar sustancialmente el presupuesto financiero para las campañas de salud pública que explican a los quinceañeros los peligros del tabaco. Evitar las enfermedades relacionadas con el tabaco haría más para ayudar a los ciudadanos de la Unión que cualquier otra medida para salvar vidas, y las compañías tabacaleras se equivocan al afirmar que la publicidad no estimula el consumo de tabaco, sino que sólo promueve la lealtad a la marca para un producto legal. La publicidad tiene una influencia a la hora de alentar el consumo de tabaco; por ello, todos los Estados miembros de Europa tienen reglas que limitan o prohíben de alguna forma la publicidad del tabaco. La publicidad de los productos que se venden legalmente, incluidos los productos farmacéuticos y el alcohol, también se ha limitado.
Esta Directiva no significa que los Estados miembros no puedan incluir medidas más estrictas para frenar el consumo de cigarrillos si así lo desean. Las cuestiones que no entran en la competencia de las directivas, como la publicidad indirecta o las vallas publicitarias y la publicidad en salas de cine, siguen siendo competencia de los Estados miembros individuales.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, es un hecho que la publicidad del tabaco alienta a los jóvenes a empezar a fumar y frena a la gente que ya fuma de dejar el tabaco. Sin embargo, las relaciones clientelares tienen su precio. Dados los efectos nocivos que tiene el tabaco para la salud, inclusive para los que no fuman debido a que son fumadores pasivos, nuestro grupo está a favor de una prohibición total de la publicidad para los productos del tabaco. Estos productos son peligrosos y pueden, al encenderlos e inhalarlos, causar graves enfermedades que incluso pueden ser mortales. Por ello estamos muy decepcionados con la nueva propuesta de la Comisión. Aunque nos damos cuenta de que, dada la sentencia del Tribunal de Justicia, las opciones de la Comisión son muy limitadas, esta propuesta no alcanza el objetivo propuesto, concretamente el de proteger la salud pública. Por consiguiente, apoyaré de mala gana la propuesta de la Comisión sin más enmiendas. En estos momentos es la opción más viable en la lucha contra la publicidad del tabaco. Hace seis meses, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor celebramos un amplio debate sobre esta cuestión. Por ello no entiendo por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tiene que presentar aún todo tipo de enmiendas que acabarán frustrando la promulgación de esta legislación. Si se aprueban estas enmiendas, hay posibilidades de que el Tribunal declare de nuevo inválida la Directiva. Sin embargo, quisiera instar a la Comisión Europea a que siga buscando maneras de reducir el uso del tabaco, en especial en lo que respecta a los jóvenes.
Es incomprensible que retiremos del mercado todo tipo de productos menos peligrosos, pero no el tabaco. Una vez más, el uso del tabaco es un eufemismo para la incineración imprudente de sustancias carcinógenas peligrosas. Si tuviera que ver con otros productos, los habríamos prohibido hace tiempo. No puedo imaginarme que pusiéramos en circulación juguetes que causaran 5 millones de víctimas al año. O que aceptáramos otros productos en los alimentos que provocaran 5 millones de muertos al año, pero hacemos la vista gorda en lo que respecta a los productos del tabaco. Es un ejemplo de una extrema incoherencia. No tiene nada que ver con el principio de cautela. Sabemos que fumar tiene efectos perjudiciales como estos, y por ello deberíamos dictar simplemente una prohibición total de su publicidad.

de La Perriere (NI).
Señor Presidente, el informe del Sr. Medina Ortega, aunque es insuficiente, revisa de hecho la decisión de cancelar la Directiva de 1997 sobre el tabaco, y lo celebramos.
El tabaco, que mata a cientos de europeos cada día, es una plaga que hemos de combatir para proteger la salud de nuestros conciudadanos. No nos daremos por satisfechos con medias tintas. Una de dos: o el tabaco es un veneno mortal y hay que hacer todo por reducir su uso, incluso erradicarlo por completo, o se cree - erróneamente - que el tabaco es como cualquier otro artículo de consumo y por tanto no hay razones para legislar al respecto. De hecho, debido a la persistencia de estos puntos de vista opuestos, que el Sr. Maaten ha señalado, las personas empiezan a decir ahora que el Parlamento está apoyando el crecimiento de un producto que está reprimiendo de otras maneras.
El texto presentado por el Sr. Medina Ortega va en la buena dirección, pero las enmiendas propuestas lo debilitan considerablemente y nosotros las rechazamos. Va en la buena dirección porque se ha demostrado que la prohibición de la publicidad ha ayudado a reducir el consumo de tabaco y que en efecto existe un vínculo entre la publicidad y un consumo excesivo. Por extraño que parezca, las enmiendas prestan más atención de la debida a los problemas transfronterizos. Así pues, algunos diputados parecen pensar que la existencia de fronteras pueden tener efectos económicos positivos, mientras que en muchos casos, son los mismos los que recomiendan que se abran de par en par las mismas fronteras, al margen de sus consecuencias.
Hoy, dados nuestros vastos conocimientos sobre los efectos perjudiciales del tabaco, sería criminal no intentar disuadir a consumidores cada vez más jóvenes de volverse adictos a un producto cuya publicidad hace alarde de sus ventajas. La negligencia, la indiferencia y una falta de valor político en el ámbito de la salud pública siembran las semillas de crímenes contra la humanidad. Esta actitud irresponsablemente laxa ha causado el escándalo de la sangre contaminada en Francia y la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña. Hoy, nadie puede decir que no era consciente y esto significa que todo el mundo es responsable. Por ello apoyaremos el informe del Sr. Medina Ortega.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, cada vez que debatimos sobre el tabaco en esta Cámara se arma un jaleo tremendo. Hay divisiones dentro de los grupos, se enfrían las relaciones entre las comisiones y diputados que normalmente son amigos, se tratan con desconfianza. El tabaco es un tema de debate que divide debido a los muchos aspectos diferentes que tiene la cuestión.
Está la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que no parece especialmente preocupada por la salud pública y que otorga más importancia a las reglas del mercado interior. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor parece no ser consciente del hecho de que no existe ninguna base legal para proponer una política de salud pública. Pero todo es un engaño. En realidad, ambas comisiones son conscientes de todos los hechos, pero esto ha degenerado ahora en un juego de roles. Sea como fuere, y sea cual sea la línea que adoptemos, no podemos pasar por alto el hecho de que la Directiva 98/43 fue anulada por el Tribunal de Justicia porque carecía de una base legal apropiada. Por ello, ahora tenemos la oportunidad de remediar la situación, aunque sólo sea en parte.
En efecto, tal como ha admitido hace unos minutos con gran franqueza la Comisión, su última propuesta es decididamente insuficiente para ofrecer la clase de protección de la salud pública exigida por la Comisión de Medio Ambiente. En cualquier caso, tal como están las cosas, parece limitar sus exigencias para estar preparada a conformarse con muy poco a fin de evitar otro rechazo por parte del Tribunal de Justicia, debido a las innovaciones que propone, aunque son muy equilibradas. Como han dicho otros y yo deseo reiterar, no dejaría de ser un resultado importante si nos fuésemos a casa con la propuesta de la Comisión. Al igual que en anteriores ocasiones, más vale algo que nada.
Como ponente de la oposición, yo también he recomendado que mi grupo vote a favor de la propuesta de la Comisión sin enmiendas. Veremos que pasará mañana. Lo importante es que no empecemos a proponer una vez más recortar la ayuda comunitaria a los productores de tabaco so pretexto de proteger su salud o, ahora, de prohibir la publicidad. Son los fumadores - y recalco, los fumadores - y no los cultivadores los que han de ser el objetivo de estas medidas para persuadir a la gente de dejar el tabaco. De hecho, lo extraño es que incluso si se acabara toda la producción de la Comunidad, el número de fumadores no disminuiría en absoluto, al contrario, los fumadores se limitarían a cambiar de marca y empezarían a comprar productos de terceros países. Este cambio no supondría ninguna mejora de las condiciones de la salud pública, sino tan sólo un incremento de los ingresos de las empresas no comunitarias y, lo peor de todo, tendría un impacto negativo considerable sobre los niveles de empleo en las zonas europeas de cultivo de tabaco, es decir, en el sur de Europa, donde el desempleo es lo que menos necesitan.
En resumidas cuentas, es correcto oponerse a la publicidad en interés de la salud pública, pero, por el amor de Dios, no empecemos a proponer una vez más recortar la ayuda a los productores comunitarios.

Berger (PSE).
Señor Presidente, quisiera unirme a todos aquellos que han expresado su gratitud a nuestro ponente, quien en efecto ha tenido que ir en contra de su instinto para poder presentarnos esta solución de compromiso, y también le estoy agradecido por haber incorporado en estos compromisos las enmiendas que habíamos presentado la Sra. Roth-Behrendt y yo. Por ello apoyo en lo esencial las líneas que ha trazado la comisión.
Quizás deberíamos echar otro vistazo a alguna de estas enmiendas, si realmente, por así decirlo, ponen de nuevo en peligro la base jurídica dada. En esencia, las consideraciones en que se basan nuestras enmiendas son que el mercado interior tiene una base jurídica que sólo nos permite regular la publicidad si esa publicidad tiene una repercusión transfronteriza y, además, en un grado sustancial. Estoy de acuerdo con el Sr. Lechner en que este no es automáticamente el caso de los periódicos y las revistas.
Asimismo creo que insistimos en que los acuerdos de patrocinio, tanto en la cultura como en el deporte, han de hacer concesiones por medio de períodos de transición adecuados. También pienso que el derecho de libertad de información debe importarnos. De él depende en efecto la base económica tanto de los medios tradicionales - y los grandes periódicos nos dicen lo que está pasando aquí - como también de los nuevos medios de comunicación.
Me sumo al Sr. Ortega Medina y a quienes han lamentado el hecho de que no tengamos una mejor base jurídica para la política sanitaria en la Unión Europea que la que actualmente rige el mercado interior. Asimismo me gustaría observar que el grupo de trabajo de la Convención sobre los poderes de la Unión Europea propone que en el futuro ya no sea posible recurrir a medidas legislativas relacionadas con la política sanitaria en la UE, sino que sólo sean posibles las llamadas medidas de apoyo.
Espero, señor Comisario, que esto le dé una razón para obtener el apoyo de la Comisión a una modificación de las propuestas de la Convención sobre este tema.

De Clercq (ELDR).
Señor Presidente, todos nosotros en el Parlamento Europeo hemos de respetar los principios del Estado de derecho, lo cual significa que hemos de defender las sentencias del Tribunal de Justicia. Como sabemos, en relación con la publicidad del tabaco, este tribunal ha anulado con anterioridad una Directiva por considerar que su base legal era incorrecta. Esto no me sorprende, porque durante el debate en torno a esta primera Directiva, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, bajo mi presidencia en aquella época, había declarado claramente que la Unión Europea no tiene poder para promulgar una Directiva de esta clase. En resumidas cuentas, el derecho también tiene derechos. Por consiguiente me gustaría agradecer calurosamente al Sr. Media Ortega por sus logros como ponente en esta ocasión. Quisiera recalcar directamente que le respaldaré durante la votación. Después de todo, el ponente se ha asegurado de que la Directiva que va a promulgarse ahora sea jurídicamente irreprochable. Es cierto que la Unión Europea puede imponer una prohibición de la publicidad del tabaco a los Estados miembros si existe un claro efecto transfronterizo. Sin embargo, me gustaría añadir que me parece necesario que la prohibición de la publicidad del tabaco, si tiene un efecto transfronterizo, se sitúe en el mismo nivel en todos los Estados miembros. Los Estados miembros que actualmente toman sus propias iniciativas distorsionan la organización del mercado interior y a menudo se provocan una desventaja competitiva a sí mismos. Quisiera tomar el ejemplo de mi propio país, Bélgica, y el patrocinio de acontecimientos deportivos importantes en Bélgica. Nuestro país ya ha promulgado una ley que prohibe cualquier publicidad del tabaco a partir de 2003. Como pueden ver, esto va mucho más lejos que el reglamento europeo actualmente propuesto. ¿Es aconsejable? Creo que un reglamento europeo general, como propone nuestro ponente, garantizaría, debido a su aplicación general, que se eviten en el futuro medidas unilaterales que a menudo tienen consecuencias poco afortunadas.

Jonckheer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, no repetiré lo que ya ha dicho mi colega, la Sra. Hautala. Es evidente que mi grupo y yo compartimos su punto de vista. Simplemente quisiera recalcar lo que ha dicho la Sra. Berger.
Creo que la Comisión debería presentar una propuesta a la Convención Europea para modificar las bases jurídicas actuales del Tratado en el ámbito de la salud pública. La Sra. Berger tiene razón al recalcar el hecho de que el grupo de trabajo de la Convención ha presentado sus conclusiones, que despertaron duras críticas en la sesión plenaria de la Convención. Creo que se nos ha de permitir absolutamente legislar en el ámbito de la salud pública, dado que los argumentos presentados aquí en relación con la subsidiariedad no son válidos. Por un lado, el Consejo y las instituciones comunitarias conservan sus poderes de apreciación en cuanto a la oportunidad de legislar o no. Por otro lado, si examinamos los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, es evidente que para que una prohibición de la publicidad sea eficaz, ha de aplicarse de forma general y global. La solución está en una legislación mundial en este ámbito. Hemos de tener por lo menos los medios para aprobar la legislación europea, sin la cual - y remito al anterior debate sobre la concentración de los medios de comunicación - lo que sucederá es que los agentes económicos jugarán la carta de una legislación nacional contra las demás. Este argumento también aboga a favor de una legislación europea.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, mientras escuchaba al Comisario con la misma atención de siempre, pensaba que este es otro caso de conflicto interminable entre nuestros deseos y nuestras capacidades. De hecho, es fácil dejarnos llevar por las emociones cuando debatimos cuestiones como esta, pero quisiera recordarle que esta es una Asamblea legislativa y que hemos de respetar las reglas que hacemos. Por ello estoy de acuerdo con la posición expresada por el Sr. Medina Ortega en la conclusión de su intervención en el sentido de que, cuando elaboremos la nueva versión de los Tratados, hemos de reflexionar de una vez por todas sobre las competencias de la Unión Europea en este ámbito. El prolongado análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior fue un proceso muy serio. Al haber sido anulada la primera Directiva, la segunda propuesta, aunque menos completa, sigue siendo de gran alcance y, en nuestra opinión, sigue dejando mucho espacio para otro recurso al Tribunal de Justicia. En cuanto al derecho primario, el proyecto presentado no responde plenamente a las cuestiones que surgieron a raíz de la sentencia del Tribunal.
Creo que, si queremos hacer las cosas como es debido, dos minutos no son suficientes para entrar en las complejidades de las cuestiones jurídicas. Por ello me limitaré a dos observaciones muy breves. La primera tiene que ver con la prohibición de la publicidad en la prensa, con respecto a la cual la declaración general derivada de las decisiones del Tribunal de Justicia sobre la publicidad de los productos del tabaco, en el sentido de que una prohibición de la publicidad puede contemplarse, en principio, sobre la base del artículo 95, se comprendería probablemente de acuerdo con una interpretación muy estricta del Tribunal de las competencias de la Comunidad en el ámbito del mercado interior y no como una especie de carta blanca para la promulgación de una prohibición general de la publicidad de los productos del tabaco en la prensa. Esta es la situación de la legislación actual.
La segunda observación se refiere a la prohibición de la publicidad en Internet. En lo que respecta a la prohibición de la publicidad del tabaco a través de los servicios de la sociedad de la información, resulta difícil percibir posibles obstáculos futuros a la libertad de prestación servicios o a las distorsiones de la competencia. Como mucho, una prohibición de este tipo puede basarse en la necesidad de evitar la posibilidad de otra prohibición, y en este momento, ello significa que los principios de la competencia y la responsabilidad comunitaria son revocados y reducidos a competencias en principio, y esto es sumamente peligroso desde un punto de vista jurídico.

Myller (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, el carácter perjudicial el tabaco puede juzgarse, por ejemplo, a la luz del hecho de que las personas dicen que si el tabaco se hubiese descubierto ahora, habría sido definitivamente prohibido porque causa tantos problemas de salud pública. Parece extraño que estemos buscando excusas sobre cómo podríamos seguir anunciando a escala europea para hacer que este producto, tan horrible como es para la salud pública, sea más tentador para la gente.
Ahora nos encontramos en una situación en la que hemos de aprobar una Directiva que es poco satisfactoria, pero ya hemos oído la historia sobre esta cuestión. Es lamentable que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no haya ido más lejos al respecto: tuvimos que aceptar un resultado muy poco satisfactorio como solución de compromiso. Por otro lado, esta Directiva se tramita de acuerdo con el procedimiento Hughes con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y la propuesta de la Comisión ha sido apoyada unánimemente por esa comisión, por lo cual podemos decir que, gracias a ello, la mayoría respalda firmemente la propuesta de la Comisión. Estas decisiones poco afortunadas, a las que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos, pueden sin duda modificarse en la votación del miércoles.
Sin embargo, dado que no podemos estar satisfechos con esta propuesta, aunque sea lo único que tenemos ahora, es vital que aceptemos la enmienda 26 presentada por Heidi Hautala, que permitiría preservar la legislación en aquellos países donde está más avanzada.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, el Sr. Maaten tenía razón al centrarse en el contenido del debate. En este contexto, lamento que su informe no se debata junto con el del Sr. Medina Ortega hoy. Pienso que sin duda habría ampliado el alcance de este debate.
Como ha señalado el Sr. Tsatsos, el tabaco mata. En Europa, causa 548 000 cada año, o una cada minuto. El Sr. Maaten tiene razón al decir que una prohibición de la publicidad del tabaco funciona y es legal. ¿Me permite añadir algunos ejemplos? Noruega ha prohibido la publicidad desde 1975. Ello ha provocado una caída del consumo del 31%. Se han evidenciado tendencias parecidas en Finlandia y Nueva Zelandia, donde una prohibición desde 1978 y 1990, respectivamente, ha provocado una caída del consumo del 34% y del 33%, respectivamente. Asimismo deberíamos condenar la anomalía de que, aunque damos cada año 1 millardo de euros a los productores de tabaco, nos resulta difícil elaborar una estrategia global para limitar el uso del tabaco.
Por último, quisiera llamar su atención sobre el vínculo entre el lobby del tabaco y los políticos. Quisiera pedirles que respaldaran las enmiendas presentadas por la Sra. Stihler y otros, que yo también apoyo, y que piden la introducción de un sistema de registro de donaciones por parte de la industria del tabaco a políticos y partidos.

Thyssen (PPE-DE).
Señor Presidente, por mucho que digan algunos diputados, este debate no trata de emociones. De lo que trata es de la medida y el modo en que podemos y estamos dispuestos a eliminar los obstáculos existentes a la organización de un mercado interior en el ámbito de la publicidad del tabaco. Cualquiera que haya leído la sentencia del 5 de octubre de 2000, sabrá que el Tribunal de Justicia había optado específicamente por rechazar de plano la primera Directiva, por un lado, porque reconocía que el legislador tiene margen para tomar acciones de armonización y, por otro, porque, como Tribunal, no quería ocupar el lugar del legislador. Fue una decisión sabia por parte del Tribunal. Espero que como colegisladores actuemos con la misma sabiduría.
Esto significa para mí que deberíamos respaldar la propuesta de la Comisión sin ninguna enmienda, puesto que las alternativas son menos buenas. Si tuviéramos que limitar la publicidad del tabaco aún más de lo que ha propuesto la Comisión, nuestra ambición chocaría con los límites de nuestra competencia, y nos arriesgaríamos a una nueva sentencia. Si no fuéramos tan lejos como propone la Comisión, daríamos media vuelta políticamente hablando, pues ¿acaso no indicamos en 1998 que deseábamos conseguir una protección máxima de la salud pública? La propuesta de Directiva de la Comisión respeta los límites de la autoridad. No es únicamente mi convicción política, sino también mi convicción jurídica. Es posible que se trate de una versión light de la primera Directiva, pero hemos de aceptarla por razones jurídicas. Sin embargo, no deberíamos llegar al extremo de convertir esta versión light en una versión ultraligera. Es innecesario y afectaría a nuestra credibilidad política. Por ello, aprobemos la propuesta sin modificar. Es lo que la gente espera de nosotros y es lo sin duda tenemos competencias para hacer.

Karlsson (PSE).
Señor Presidente, en este momento del debate quizás quede poco por añadir, pero no obstante lo intentaré. Es muy importante crear unas condiciones y reglas básicas comunes para la publicidad del tabaco. En una situación en que no existen, hay a menudo espacio para la discreción, y diferentes agentes actúan como mejor les parece. Por ello es bueno que tengamos propuestas que también se consideran viables legalmente. Hemos de tener en cuenta muchos planteamientos difíciles si no queremos acabar en la misma situación en la que nos encontramos con la anterior propuesta de Directiva sobre la publicidad del tabaco.
La perspectiva de la salud pública es muy importante tratándose del modo en que se comercializa el tabaco. Regulando la comercialización del tabaco, es posible proteger la salud pública. Sin embargo, al mismo tiempo es importante enviar las señales correctas, sobre todo a los niños y a los jóvenes. El tabaco es un producto adictivo que causa más de medio millón de muertes al año dentro de la Comunidad. Siendo muy restrictivos en lo que respecta a la publicidad del tabaco, podemos ayudar a los jóvenes a no empezar a fumar, evitar el sufrimiento y salvar vidas humanas.
Según el apartado 3 del artículo 95 del Tratado, la Comisión «se basará en un nivel de protección elevado» en sus propuestas referentes al establecimiento del mercado interior y su funcionamiento. Es indudable que la publicidad del tabaco incrementa el consumo, tanto alentando a niños y jóvenes a empezar a fumar como disuadiendo a los fumadores de dejar el tabaco o reducir su consumo diario. Los estudios también han demostrado que los niños y quinceañeros son especialmente vulnerables a la publicidad del tabaco y al patrocinio relacionado con el tabaco. Por ello, una prohibición parcial de la publicidad no es suficiente para proteger la salud pública.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a intervenir en el debate de esta noche en nombre de mi colega, Lord Inglewood, quien ha sido víctima del famoso incidente con los renos que ya se ha comentado.
Quisiera centrarme en los principios subyacentes a la propuesta, puesto que los detalles ya han sido ampliamente debatidos por otros colegas. Se trata de un viejo asunto que provoca reacciones comprensibles. Es perfectamente comprensible que los Estados miembros quieran controlar la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco. En su intervención inicial, el Comisario está en lo cierto al hacer hincapié en la publicidad dirigida a los jóvenes, con objeto de intentar controlar la llegada de nuevos fumadores al mercado del tabaco. Pero quisiera argumentar que este entusiasmo no debe restar valor a los principios de los tratados europeos.
Todos sabemos que la Comisión fue demasiado ambiciosa la primera vez que lo intentó. Fue más allá de los poderes de dichos tratados y la Directiva fue rechazada. En opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior - y recuerdo a mis colegas que esta comisión ya estaba en lo cierto la primera vez -, esta propuesta comporta los mismos riesgos. Por esta razón, les invitamos a que apoyen nuestras enmiendas. Si no las apoyan, nos arriesgamos a que toda la Directiva fracase.
El segundo punto que quiero señalar se refiere a la cuestión de la subsidiariedad. La propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior garantiza que los Estados miembros asuman esta responsabilidad. Delega estos poderes en los Estados miembros. El Sr. Fiori ha afirmado antes que no se trata de lo que queremos hacer, sino de lo que resulta apropiado en las circunstancias.
En este momento, se habla mucho acerca de la subsidiariedad. Muchos colegas participan en debates sobre subsidiariedad en el ámbito de la Convención. Esto supone una verdadera prueba. Quizá queramos hacer algo, pero no entra necesariamente dentro de las competencias de la Unión Europea. Estamos intentando decir que no deberíamos desalentar a los Estados miembros de hacerlo. Esta es la prueba de fuego que decidirá si somos serios acerca de los principios de subsidiariedad. Por esta razón, tenemos que apoyar el argumento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior cuando votemos el miércoles.

Byrne
En primer lugar, permítanme tratar algunas cuestiones técnicas. Empezando por la importante cuestión de la actitud de la Comisión ante las diferentes enmiendas, vemos que se proponen 26 enmiendas. La Comisión acepta las enmiendas 3, 10, 22 y 26 en su totalidad, y las enmiendas 8, 11 y 17 con pequeñas modificaciones. La Comisión rechaza todas las demás.
Hemos tenido ocasión de escuchar a muchos oradores, y está claro que hay puntos de vista distintos. Incluso hay puntos de vista distintos en los Estados miembros. De hecho, han intentado regular la publicidad de los productos del tabaco. Estoy convencido de que existe una correlación entre la legislación de los Estados miembros en materia de publicidad y los índices de consumo de tabaco entre los adultos en esos Estados miembros. Si examinamos el caso de Alemania, el Estado miembro con uno de los índices de consumo de tabaco más elevados, del 37%, observamos que mantiene una actitud bastante laxa respecto a la publicidad sobre el tabaco en comparación con Suecia, uno de los Estados miembros con la legislación más restrictiva en materia de publicidad. En Suecia, el índice de consumo de tabaco por los adultos es del 19%. En mi opinión, existe una correlación clara. Algunos de ustedes ya lo han mencionado en sus intervenciones. Se trata de atacar la imagen del tabaco.
La Sra. Álvarez González se ha referido a los diferentes puntos de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, siendo el deseo de la Comisión de Medio Ambiente de promover la salud pública como un elemento básico a la hora de determinar estos asuntos. Los que tienen un punto de vista opuesto, por así decirlo, quieren disponer de una certidumbre legal que, como abogado, me parece bastante razonable. Se trata de un objetivo que yo mismo me plantearía, no sólo como abogado, sino también como Comisario.
Lo hemos conseguido. Hemos examinado muy de cerca el fallo del Tribunal de Justicia sobre la primera Directiva relativa a la publicidad. Cuando el Tribunal examinó este caso y emitió su fallo, dijo claramente que la legislación tenía aspectos buenos y otros malos. Prosiguió diciendo que estaban tan inextricablemente unidos que todo intento de separar los buenos de los malos, para conservar los buenos y desechar los malos, significaría que la judicatura se pusiera a legislar, y esto no puede ser. Por esta razón, se anuló la Directiva. Yo llevé el fallo a Bruselas. Pedí a mi personal que hiciera un seguimiento atento, y presentamos un nuevo proyecto de reglamento. Quisiera comentar brevemente una parte del fallo del Tribunal, el apartado 98, donde se afirma que en principio es posible adoptar una directiva que prohíba la publicidad sobre los productos del tabaco en publicaciones, revistas y periódicos sobre la base del artículo 100a del Tratado - actualmente el artículo 95 -, con vistas a asegurar el libre movimiento de los productos de prensa conforme al artículo 13 de la Directiva 89/552, la directiva de televisión sin fronteras, que prohíbe la publicidad de productos del tabaco en televisión con objeto de promover la libre emisión de programas televisivos. El Tribunal se ha manifestado claramente sobre el tema. Hemos tenido en cuenta su recomendación en nuestro proyecto.
En respuesta al Sr. Lechner, que antes ha afirmado que no existían pruebas que confirmaran una distorsión del mercado del tabaco, tengo que decirle que existen numerosas pruebas de ello. En la Comisión recibimos con regularidad cartas de personas con puntos de vista opuestos, hasta de la industria, quejándose de la distorsión del mercado provocada por los diferentes regímenes de los Estados miembros respecto de este asunto.
El Sr. De Clercq ha mencionado el abandono de Spa por parte de la carrera de Fórmula 1. Esta es otra distorsión clara del mercado, porque dicen que Bélgica ha promulgado una ley que les obliga a irse de Bélgica. Esto apoya mi argumento sobre la necesidad de que haya igualdad de condiciones en Europa. Necesitamos una legislación armonizada en toda la Unión Europea, de manera que no se pueda contraponer un Estado miembro a otro. 
Esta afirmación sirve también de respuesta al Sr. Harbour. No se trata de una cuestión de subsidiariedad, por la sencilla razón de que se ha acusado a Bélgica de un modo particular, y ésta ha salido perdiendo.
Por lo tanto, no sólo el Tribunal afirma que se puede hacer, sino que la Comisión sostiene que tiene que hacerse. Pero no acepten este argumento sólo porque yo lo digo. La Comisión de Medio Ambiente afirma que deberíamos tener esta legislación en la forma en que he descrito, y estoy seguro de que estará de acuerdo con las pocas enmiendas que admite la Comisión. Incluso cuando examinamos el primer informe de nuestro concienzudo ponente, el Sr. Medina Ortega, se propusieron tres enmiendas que yo habría aceptado. Leyendo entre líneas lo que ha dicho, y ruego me disculpe si le he malinterpretado, cuando se ha referido a las enmiendas acordadas he tenido la impresión de que no hablaba con mucho entusiasmo, sino que señalaba el hecho de que esta Cámara está dividida. Está en lo cierto. Por lo tanto, quizá podamos extraer la conclusión de que las primeras reflexiones del ponente sobre este asunto, que se parecen a las de la Comisión de Medio Ambiente y a las mías, son las que deberían seguirse en este debate.
Pero vayamos más allá. Hemos mantenido una serie de discusiones acerca del tabaco en el Consejo, incluidas las discusiones preliminares sobre el convenio marco relativo al control del tabaco, y el resultado ha sido de 14 a 1. Un Estado miembro opina que no debería aplicarse esta legislación, o que debería aplicarse de tal modo y con tales enmiendas que, a mi juicio, se extirpa el corazón de la legislación o se añaden enmiendas que hacen que sea de nuevo impugnable ante el Tribunal de Justicia.
Por lo tanto, ¿qué quiero decir a los diputados que aún no han tomado una decisión al respecto? Les diría que adoptaran el punto de vista del Tribunal. Sigan el consejo de la Comisión. Acepten la opinión de los expertos de esta Cámara, de la Comisión de Medio Ambiente, y las primeras reflexiones del ponente. Piensen hasta qué punto se quedará solo el Parlamento si vota en contra de esta legislación, o si la vota con las enmiendas propuestas. Quizá no esté tan solo, sino que estará con un Estado miembro, el que tiene el índice de consumo de tabaco entre los adultos más elevado de toda la Unión Europea.
Esta es la opción y por ello quisiera sugerir cómo votar a aquellos que todavía no han tomado una decisión. Les propongo que voten dando prioridad a la salud pública, en lugar de entrar en un debate estéril sobre los pormenores jurídicos, puesto que éstos ya han sido resueltos por el Tribunal de Justicia y por aquellos que han estudiado el asunto en detalle, y que creen que existe certeza legal, hasta el punto de que es necesario apoyar la legislación encaminada a proteger la salud pública, conforme a los artículos 95 y 152. Tanto la Comisión como el Parlamento tienen el deber y la obligación de promover los más altos niveles de salud pública.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0367/2002) del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9754/3/2002 - C5-0424/2002 - 2001/0095(COD))

Mayol i Raynal (Verts/ALE)
Señor Presidente, intervengo en lugar del Sr. Lipietz, quien debería haber presentado este informe en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con su habitual talento. Por desgracia, el Sr. Lipietz no ha podido asistir a esta sesión por motivos personales urgentes. Por lo tanto, le sustituyo en calidad de miembro de la misma comisión y del mismo grupo.
Todos somos conscientes de que los conglomerados financieros poseen una parte sustancial de los mercados financieros nacionales de muchos Estados miembros. Algunos pertenecen a grupos mayores, que están presentes en los mercados financieros de la UE. Si las empresas que pertenecen a los conglomerados de este tipo se enfrentaran a dificultades financieras, podrían desestabilizar seriamente el sistema financiero. En la actualidad, estos grupos financieros intersectoriales no están suficientemente regulados por la legislación vigente. En consecuencia, acogimos con satisfacción que la Comisión, en la primavera del año 2001, presentara una propuesta de directiva que introducía la supervisión de tales conglomerados financieros. Los acontecimientos del pasado año, tales como el colapso de la nueva economía, los numerosos escándalos financieros, incluida la conocida quiebra de Enron, así como la presión cada vez mayor que sufren las compañías de seguros tras el 11 de septiembre, han demostrado repetidamente la necesidad de mejorar la reglamentación de este sector.
La propuesta de la Comisión y las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios recibieron el apoyo firme del Parlamento en primera lectura a principios de este año. Asimismo, el Consejo realizó rápidos progresos en este expediente al alcanzar una posición común poco después. El resultado de las deliberaciones del Consejo también es sumamente prometedor. El Parlamento puede felicitarse de que el Consejo haya mantenido casi todos los puntos contenidos en las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, y de que las principales preocupaciones planteadas por el Parlamento estén suficientemente recogidas en la posición común.
Si bien existe un reducido número de aspectos en que la posición común aún podría mejorarse, la mayor preocupación del ponente es que este nuevo marco reglamentario reforzado entre en vigor lo antes posible. Por lo tanto, propone - y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado esta posición de forma casi unánime - que se apruebe la posición común sin modificaciones. Esto garantizará que, en un futuro inmediato, los conglomerados europeos se sometan a la normativa y supervisión más actualizadas, eficientes y efectivas posible.

Byrne
Señor Presidente, antes que nada quiero rendir homenaje a la rapidez y la calidad de la labor del Parlamento. Asimismo, felicito al ponente por su excelente trabajo.
Los conglomerados financieros son agentes importantes de los mercados financieros europeos. Asimismo, un número significativo de ellos son grupos importantes para el sistema. Si estos grupos se enfrentaran a dificultades financieras podrían afectar gravemente a los mercados financieros y a los ahorros de las personas. En este momento, la supervisión de tales grupos no está regulada de forma adecuada en la legislación financiera europea. Por lo tanto, la Directiva cubrirá una importante laguna en nuestra legislación financiera. Su adopción contribuirá a la estabilidad del mercado financiero, cuya necesidad ha quedado sobradamente demostrada durante los últimos meses.
Asimismo, el Consejo ha reconocido la importancia de esta directiva y ha aprobado una posición común de forma unánime. La posición común tiene en cuenta las principales preocupaciones del Parlamento expresadas en primera lectura, y se mantiene fiel a los objetivos y el espíritu de la propuesta de la Comisión. Por todos estos motivos, recomiendo al Parlamento la posición común del Consejo y solicito su pronta adopción.

Radwan (PPE-DE).
Señora Presidenta, Comisario, quisiera comenzar felicitando efusivamente al ponente por su trabajo y por la rápida aplicación conjunta de esta Directiva, que reviste gran importancia tanto para el mercado financiero europeo como para el mercado interior y los servicios financieros. En particular, tenemos que asegurarnos de que en Europa no se repitan casos de la magnitud de Enron o World Com. Esta Directiva contribuye de forma esencial a la estabilidad de los mercados financieros europeos. El éxito de una normativa de estas características redunda en interés de las propias entidades financieras.
Los conglomerados financieros ofrecen servicios en el ámbito de los valores, los seguros y la banca. El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos ha presentado una serie de enmiendas relativas a la elección de los métodos de cálculo disponibles, pero se trata de matices sutiles. Al fin y al cabo, estamos muy satisfechos con el proyecto, que debería aprobarse en la forma actual.
Quisiera señalar una novedad en esta Directiva, que es muy importante para nosotros en términos del debate global sobre la supervisión financiera en Europa. Me refiero a la función y estructura del llamado coordinador, que se designará para supervisar un conglomerado financiero. Aparecen cada vez más conglomerados de este tipo, por ejemplo, en mi país, Alemania, a raíz de la compra de Allianz Versicherung por el Dresdner Bank, creando así un conglomerado clásico que también opera en toda Europa. En el futuro, este coordinador formará parte de la autoridad supervisora del propio país, y se encargará de coordinar la labor de las diferentes autoridades supervisoras europeas, y de asegurar que las normas contables sean las mismas. Por una parte, se encargará de que se evite toda la burocracia innecesaria y, por otra, de que también se intercambie información relativa a este conglomerado, lo que permitirá una comprensión más profunda de sus entresijos.
Creo que el aspecto más importante es que nos acerca a la respuesta sobre la forma que tomará la supervisión financiera en Europa en el futuro. Puesto que yo mismo soy incapaz en este momento de aceptar la idea de una autoridad europea suprema en materia de supervisión financiera, creo que deberíamos extender este concepto a otros ámbitos, y adquirir experiencia útil antes de estudiar la posibilidad de tener una autoridad suprema. A este respecto, creo que la Directiva sobre conglomerados puede mostrarnos el camino a seguir y servirnos de ejemplo. Por lo tanto, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, les comunico que votaremos a favor de esta Directiva.

Markov (GUE/NGL).
Señora Presidenta, Señorías, los conglomerados financieros pueden provocar nuevas combinaciones de riesgos, y esto es algo a lo que por supuesto tenemos que responder. Algunos países europeos, como Gran Bretaña y Suecia, disponen de una supervisión financiera y tienen bastante experiencia sobre su funcionamiento.
La supervisión financiera permite que los mismos riesgos se traten de la misma manera. Esto supone un avance hacia una mayor neutralidad competitiva en los mercados financieros. Asimismo, este tipo de supervisión garantiza que los consumidores y los trabajadores estén mejor protegidos en el caso de que dichos conglomerados quiebren.
Los mercados financieros de todo el mundo se han acercado. Esto se hizo patente cuando la ralentización de la economía norteamericana repercutió a través de los mercados financieros hasta Europa con una fuerza y una rapidez mucho mayores que las que los expertos habían previsto. 
Lo que es válido para la ralentización de la economía también lo es para las crisis de los mercados financieros: ya no se trata de un mero problema regional. La supervisión de los conglomerados financieros tiene por objeto alcanzar una mayor estabilidad de los mercados financieros y de capitales internacionales. Sin embargo, esto no se conseguirá mediante una normativa que abarque únicamente el territorio de la Unión Europea. Creo que la Directiva dará lugar a un debate en los Estados miembros sobre la «manera correcta de ejecutarla», porque en muchos puntos no estipula reglas específicas, y permite a las autoridades supervisoras nacionales realizar múltiples interpretaciones. Es realmente peligroso que una Directiva aplicable a conglomerados internacionales se transfiera a la legislación nacional de maneras diferentes de un Estado a otro. Esto implica que la legislación nacional sobre supervisión tendrá que imponer o quitar responsabilidades a los conglomerados, y esto afectará mucho a la competitividad.
Por último, quisiera expresar mi preocupación porque, al resolver los pormenores, el Comité de Autoridades Supervisoras acabará marcando decisivamente la esencia de la legislación sobre supervisión, y esto significa que los deseos del Parlamento perderán peso.

Bordes (GUE/NGL).
Señora Presidenta, si el Consejo está preocupado por el colapso de la nueva economía, los escándalos financieros y el consiguiente deterioro de la situación, ¡es que existen buenas razones para estarlo! 
Los que tienen más motivos de preocupación son los empleados que ya han sido despedidos o están a punto de serlo en las empresas en cuestión, si bien no son en absoluto responsables de la anarquía de esta economía, que es tan injusta como irracional. Sin embargo, frente a este mal real, la única solución que se nos propone es el fortalecimiento de las reglas prudenciales o la mejora de la supervisión, como si las autoridades responsables de proteger a los conglomerados financieros pudieran supervisarlos desde arriba.
Para evitar que la mera evocación de la palabra «supervisión» provoque la indignación de los conglomerados financieros, el informe les promete que la Directiva respetará la confidencialidad. Y, por lo tanto, aquellos que creen que un puñado de reglas prudenciales y un puñado de coordinadores sin poder real pueden acabar con la especulación, los escándalos y las crisis financieras de la economía capitalista serán los que voten a favor de este informe. Ni siquiera un voto del Parlamento Europeo puede transformar una recomendación insípida en una poción mágica contra los males del capitalismo.
Una economía basada en la búsqueda de los beneficios privados y en la competencia es aún más impredecible que el tiempo. Aunque somos capaces de predecir las perturbaciones atmosféricas con tres días de antelación, ¿quién puede predecir los altibajos de la bolsa de un día para otro?
Al votar contra este texto, estamos expresando nuestra oposición a un sistema económico estúpido y peligroso para nuestra sociedad.

Kauppi (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, saludos de los Estados Unidos, desde donde volví ayer de una reunión de la delegación responsable de las relaciones del Parlamento con los Estados Unidos, y donde mantuvimos discusiones con los representantes del Congreso norteamericano y de la Comisión del mercado de valores norteamericana sobre la regulación de los mercados financieros. Esta Directiva sobre la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero también ha despertado un gran interés en las empresas norteamericanas. Los escándalos de Enron y de otros sectores financieros similares han debilitado la confianza que los inversores y los operadores del mercado tenían puesta en los conglomerados financieros a ambos lados del Atlántico. Los acontecimientos de los últimos años han demostrado de forma innegable que el sector de los servicios financieros necesita una normativa y una supervisión mejores.
Los mercados financieros y comerciales son mercados globales. La legislación europea tiene un impacto obvio sobre la manera en que los conglomerados financieros funcionan en terceros países, y a la inversa. Por esta razón, es absolutamente necesario que las autoridades legislativas y reguladoras de la Unión Europea y de los Estados Unidos mantengan conversaciones continuas y profundas sobre la viabilidad del reglamento y las leyes y sobre la necesidad de un cambio. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos tomado una actitud crítica respecto del paquete legislativo aprobado a finales de octubre por el Congreso norteamericano, la ley Sarbanes-Oxley y, en particular, respecto de las obligaciones adicionales que plantea a las empresas de la UE. Aún nos queda mucho por hacer para conseguir el reconocimiento mutuo de sistemas y para detener la proliferación de múltiples sistemas normativos. A cambio, las empresas norteamericanas tienen que dar a conocer su opinión sobre la forma en que la legislación europea les afecta. Muchas de ellas se han opuesto a esta propuesta de Directiva porque consideran que les dificultaría innecesariamente las cosas en la UE. El resultado final no satisfará a todas las partes implicadas, pero al menos podemos estar satisfechos de que el debate a ambos lados del Atlántico se haya llevado a cabo de forma abierta. En el futuro tendremos que considerar todos los puntos de vista legítimos para asegurarnos de que los mercados globales funcionen perfectamente.
El Consejo ha llegado ahora a una posición común. Es positivo que haya aceptado casi todas las enmiendas del Parlamento en primera lectura. Yo he presentado algunas enmiendas en segunda lectura que acercan la legislación sobre los valores umbral de la Directiva a las realidades del mercado. Sin embargo, nuestro ponente, el Sr. Lipietz, propone que la posición común se apruebe sin enmiendas, para que la labor de cara a la aplicación pueda comenzar de inmediato. Acepto esta propuesta, y apoyo al ponente con la condición de que las disposiciones de la Directiva se evalúen de forma regular en términos de viabilidad y de que se revisen si es necesario.

La Presidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre los siguientes informes:
informe (A5-0380/2002) del Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión sobre la reforma de la política pesquera común («Guía») [COM(2002) 181 - C5-0330/2002 - 2002/2174(COS)]
informe (A5-0360/2002) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión que establece un plan de actuación comunitario para integrar las exigencias de protección del medio ambiente en la política pesquera común [COM(2002) 186 ? C5-0331/2002 - 2002/2175(COS)].

Souchet (NI)
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, al acercarse la fecha decisiva para el futuro de la PPC, y con la redefinición de sus objetivos, términos y condiciones, me parece importante que el Parlamento afirme con fuerza los cinco principios que han servido de hilo conductor a mi informe y que la Comisión de Pesca ha querido poner de relieve con el propósito de integrar las exigencias de protección del medio ambiente a la nueva política pesquera común.
El primer principio es que no se hará nada sin los pescadores. Los profesionales del sector pesquero son los primeros a quienes concierne la protección del medio ambiente marino, y los más conscientes de la necesidad de protegerlo. También son las primeras víctimas de los ataques al medio ambiente marino, como por desgracia lo demuestra la última marea negra, que hoy desespera a los pescadores gallegos. Tres años después del desastre del Erika, que golpeó a la región de Vendée y a la Bretaña, no se debería haber permitido al Prestige, un viejo petrolero desvencijado, navegar por aguas comunitarias. Nuestro informe insiste en la necesidad de aplicar de manera eficaz y rigurosa las disposiciones de los paquetes de directivas Erika I y Erika II.
Nos negamos a calificar a los pescadores de depredadores, como a veces se hace injustamente. Al contrario, esta comisión reconoce su condición de agentes con pleno derecho a la protección del medio ambiente, e insiste en que cualquier medida tomada sin su apoyo resultará inadecuada e ineficaz.
El segundo principio es que deberíamos basar las decisiones relativas a la gestión de las poblaciones de peces en un conocimiento científico lo más sólido y preciso posible. Las consecuencias económicas y sociales derivadas de estas decisiones son tan importantes que no pueden tomarse a la ligera.
Por esta razón, me alegra que la Comisión de Pesca mantenga la petición para la elaboración, por parte de la Comisión, de un plan de acción detallado con vistas a mejorar el actual dispositivo inadecuado de evaluación de las poblaciones, en el que se integren los conocimientos prácticos, empíricos y pragmáticos de los pescadores, así como el control de los desembarques, y en el que el carácter interdisciplinario de las ciencias biológica y socioeconómica ocupe una posición central en el proceso de formulación de los dictámenes científicos.
El tercer principio propone mantener los instrumentos de gestión flexibles y reversibles, como los TAC y las cuotas, para que el esfuerzo pesquero se ajuste al estado de los recursos, en lugar de hacer uso de instrumentos rígidos de efectos irreversibles y socialmente dramáticos, como el desguace de barcos.
El cuarto principio exige la mejora del equipamiento y las artes pesqueras con el propósito de reducir el descarte, las capturas accesorias y el impacto en los hábitats marinos.
Por supuesto, tales medidas no se pueden adoptar de forma uniforme y centralizada, sino que tienen que dar cabida a las iniciativas de los profesionales del sector. Los pescadores, sus organizaciones profesionales y las comunidades costeras tienen derecho a experimentar. Hay que reconocer y fomentar las iniciativas en este ámbito. Así es como surgieron los prometedores experimentos en el litoral atlántico. A título de ejemplo, quisiera mencionar los experimentos que intentan adaptar los barcos y el equipamiento pesquero a la recogida de residuos marinos o de vertidos de fuel, la creación de arrecifes artificiales que facilitan el desarrollo de zonas de reproducción o de descanso para la fauna marítima, o incluso las técnicas de inseminación artificial de la lubina en mar abierto. Mi informe propone que estos experimentos se financien mediante ayudas públicas.
El quinto y último principio establece que las ayudas públicas para la modernización de la flota, cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de trabajo, la seguridad a bordo, el ahorro de energía y la calidad de los productos, son perfectamente compatibles con la protección del medio ambiente marino.
Me alegra contar con el apoyo general de la Comisión de Pesca, que ha mantenido todas estas propuestas positivas y constructivas, y ha rechazado la visión negativa de la actividad pesquera que impregnaba la comunicación de la Comisión. Espero que la abrumadora mayoría del Parlamento, al votar a favor de este informe, deje bien sentado que la protección del medio ambiente marino se llevará a cabo con los pescadores y no contra ellos. Por esta razón, en lugar de adoptar posturas acusatorias, de hablar constantemente de una industria en declive y de una política paliativa, la Comisión de Pesca prefiere enviar un mensaje de confianza y esperanza a los trabajadores del sector para consolidar su creciente respeto por la calidad del medio ambiente marino, uno de los principales objetivos que la nueva política pesquera común tiene que alcanzar.

Byrne
Señora Presidenta, he leído con atención el informe adoptado por la Comisión de Pesca sobre nuestro plan de acción para la integración medioambiental. Me satisface comprobar que coincidimos más respecto de la integración medioambiental que en otros aspectos de la reforma.
Compartimos las mismas metas en los importantes ámbitos que se mencionan en el informe como la protección medioambiental, la mejora de la investigación, incluida la integración de la experiencia de los pescadores, las medidas específicas para problemas específicos, la aplicación de un enfoque basado en el ecosistema, las ayudas a la modernización, la pesca industrial, la agricultura sostenible y así sucesivamente. De hecho, la Comisión ya ha comenzado o planificado varias iniciativas para responder a estas exigencias.
Permítanme señalar algunas. Hemos pedido al ICES que estudie en el año 2003 la posibilidad de que los procedimientos operativos integren la experiencia y el conocimiento de los pescadores en el proceso consultivo y de evaluación. Estamos de acuerdo en que los problemas específicos requieren medidas específicas. No aplicamos la misma combinación de instrumentos de gestión en el Báltico que en el Mar del Norte o en el Mediterráneo. Por supuesto, tampoco pretendemos establecer los mismos objetivos para las diferentes flotas.
Para alcanzar los objetivos propuestos en Johanesburgo, estamos implementando el plan de acción sobre biodiversidad con vistas a detener su descenso para el año 2010, y mediante la PPC pretendemos reconstruir las reservas pesqueras antes del año 2015.
Recientemente, hemos cofinanciado una reunión de expertos de la FAO para desarrollar instrucciones operativas que apliquen a la gestión de la pesca un enfoque basado en el ecosistema. En nuestras propuestas de reforma hemos descartado el desguace obligatorio de buques pesqueros, y hemos subrayado la importancia de los planes plurianuales que utilicen instrumentos flexibles como los TAC, la regulación del esfuerzo pesquero y las medidas técnicas como principales elementos reglamentarios. Hemos propuesto el mantenimiento de la ayuda para la modernización de los buques pesqueros por razones de seguridad, condiciones de trabajo e higiene, con la condición de que no aumente la eficacia pesquera con objeto de prevenir un aumento de la presión pesquera.
Estamos promoviendo la elaboración por parte de los principales socios de un código de conducta europeo para la pesca responsable. La Comisión Asesora de Pesca y Acuicultura ya está debatiendo los primeros borradores.
Hemos pedido al ICES que estudie el impacto ecológico de la pesca industrial y los efectos de las actividades no pesqueras, así como las amenazas para las reservas comerciales, incluido el calentamiento global.
La Comisión ha iniciado un debate para promover la protección coordinada del medio ambiente marino. La reciente comunicación sobre la elaboración de una estrategia para proteger y conservar el medio ambiente marino nos brinda los elementos de la política que abordará el problema en su conjunto. Hemos abordado el problema del vertido de petróleo del Erika mediante la consecución de la mayoría de elementos del paquete, es decir, de las normas sobre control de los buques por el Estado del puerto, la certificación y comprobación de medidas de seguridad y la propuesta de eliminación progresiva de los petroleros monocasco. La creación de un fondo de indemnización europeo para el vertido de petróleo concluirá en el año 2003. Estamos presionando continuamente a los Estados miembros para que apliquen la directiva sobre hábitats en el medio ambiente marino lo antes posible.
Finalmente, puesto que ya habrán tenido ustedes la oportunidad de examinar nuestra comunicación sobre acuicultura sostenible, habrán observado que nuestra política tiene en cuenta los requisitos de protección medioambiental.
Por lo que respecta a los acuerdos pesqueros, pronto tendrán la oportunidad de confirmar que la Comisión comparte sus preocupaciones medioambientales. La anunciada comunicación sobre los acuerdos de asociación se presentará en breve.
En términos generales, la Comisión está de su parte con respecto a las resoluciones principales del informe. Sin embargo, me gustaría comentar algunas afirmaciones de la exposición de motivos. En primer lugar, aunque admito las deficiencias del asesoramiento científico, no comparto en absoluto la opinión de que este sea el principal problema de la gestión pesquera. Todos sabemos que el principal problema radica en hay pocos peces para demasiados pescadores.
En segundo lugar, el ponente afirma que la Comisión está llevando a cabo una política de reducción de la capacidad pesquera. Como ya he dicho antes en numerosas ocasiones, esto no es cierto. Tampoco es cierto que la Comisión haya propuesto la abolición de la ayuda pública para modernizar la flota.
Para concluir, no comparto la opinión de que la pesca industrial provoque un impacto medioambiental mucho mayor por valor añadido en euros que la pesca para consumo humano, sobre todo porque la comparación del impacto ambiental con un término monetario me parece extraña, pero también porque el impacto ambiental de este tipo de pesca aún está por determinar.
En resumen, no estoy totalmente de acuerdo con la forma, pero apoyaré el fondo del informe y la propuesta de resolución en particular.

Busk (ELDR)
Señora Presidenta, Comisario, en primer lugar quisiera felicitar y agradecer al ponente el trabajo que ha realizado. A continuación, me gustaría subrayar que la reforma de la política pesquera común tiene que basarse en el desarrollo sostenible de las pesquerías. La sostenibilidad tiene que justificarse desde un punto de vista medioambiental, y concebirse tanto en términos económicos como sociales.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya las propuestas de la Comisión para la reforma, que contiene toda una serie de elementos destinados a promover el desarrollo sostenible y, por tanto, el equilibrio necesario si las poblaciones de peces se ajustan al número existente de barcos. Es muy importante que lleguemos a un acuerdo con los pescadores y que cooperemos, porque de lo contrario no alcanzaremos los resultados necesarios. En este sentido, tenemos que respetar el hecho de que los pescadores de la UE desempeñen su trabajo de maneras diferentes.
Para la política pesquera común es esencial que las decisiones se tomen sobre la base de una información científica clara. La Comisión tiene que reunir esta información de los Estados miembros y, al mismo tiempo, disponer de todos los recursos técnicos y humanos a su alcance, especialmente administrativos y de supervisión.
Asimismo, queremos subrayar que la UE tiene que participar más activamente en el desarrollo de la política pesquera internacional. En este sentido, es importante dar prioridad a nuestros acuerdos con terceros países.

Maat (PPE-DE).
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor cuando afirma que, ante todo, la política pesquera común es una cuestión de tratados internacionales y de todo lo que ocurre fuera de éstos. Por lo que respecta al medio ambiente marino - y hablo como ponente alternativo del informe del Sr. Souchet, a quien quisiera felicitar por su informe y por la manera en que lo ha presentado -, parece que la política pesquera sólo determina una pequeña parte de la aplicación de sus exigencias medioambientales. Me sorprende que el Comisario haya dicho que, si examinamos el problema desde diferentes ángulos, éste se reduce a que hay muy pocos peces para demasiados pescadores. Me pregunto si la situación está tan clara para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en particular a la luz del reciente desastre en las costas de Galicia.
La franja marítima que ocupan los pescadores europeos sólo representa una pequeña parte del área total destinada a la pesca. Como ya ha afirmado el Sr. Busk, esto significa que es muy importante alcanzar tratados sólidos, en particular fuera de la Unión Europea, con objeto de encontrar la solución más adecuada. Al mismo tiempo, la Comisión de Pesca y, por supuesto, mi propio grupo, reconocen la importancia del medio ambiente marino, en especial porque resulta decisivo para la industria pesquera en términos de lo que se puede pescar. Esto significa que si el medio ambiente marino se encuentra en una situación precaria, la industria pesquera llevará la peor parte. Al mismo tiempo, este sector se siente presionado, y lo más difícil es encontrar el equilibrio adecuado entre los aspectos económicos y ecológicos. Me gustaría que las declaraciones públicas de la Comisión dieran un mayor testimonio de este equilibrio. Un sector pesquero debidamente motivado puede contribuir con facilidad tanto a una mejora del medio ambiente marino, y esto también se aplica a la legislación necesaria para ello. A este respecto, me alegro de que el Sr. Souchet - y, por supuesto, el informe Stevenson, antes informe Noriega - haga especial hincapié en la acuicultura. Es muy posible que Europa disponga de buenas oportunidades en este ámbito, si se nos permite dejar que la legislación vaya de la mano de la economía por una parte y de la ecología por la otra.
Quisiera decir que el informe Souchet ha sido especialmente bien acogido en nuestro grupo. Por lo tanto, aconsejamos al Parlamento que vote a su favor, teniendo en cuenta, como ha observado el ponente, que los aspectos económicos y sociales de la pesca son esenciales para fomentar la industria pesquera y la legislación medioambiental. Quisiera felicitar al Sr. Souchet por ello.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, en el marco de la reforma de la PCP que la Comisión ha decidido presentarnos en pequeñas dosis, debatimos hoy los informes relativos al documento "guía" y a la protección del medio ambiente. Deseo felicitar al señor Souchet por su excelente trabajo y porque el medio ambiente es un aspecto fundamental de la PCP, y el sector pesquero el principal afectado por los ataques al medio marino, como lo pone de relieve la marea negra que ahora mismo amenaza las costas de mi región, de Galicia.
Conocemos poco del mar, y la frágil situación de los recursos no se explica exclusivamente por la sobrepesca, como bien afirma el Sr. Souchet y como dramáticamente pone en evidencia la marea negra provocada en las costas de Galicia por el petrolero Prestige. 
Quiero creer que los pescadores y mariscadores de mi región no se van a enfrentar solos a esta terrible situación, sino que van a poder contar con la solidaridad europea y con el apoyo sin fisuras de la Comisión Europea. Y quiero decir a la Comisión que desde que en mayo presentó estas propuestas ha recibido ya suficientes mensajes de este Parlamento, del Consejo y del sector para reorientar esta reforma de otra manera, teniendo en cuenta que siempre habrá de ser gradual, dotada con suficientes recursos y consensuada con el sector, con los Estados miembros y con esta Cámara.
Creo que la Comisión está entendiendo este mensaje. Es una lástima que en mayo, al presentar sus propuestas para la reforma de la PCP, la Comisión hiciera caso omiso de la resolución aprobada en enero por este Parlamento acerca del Libro Verde, en la que esta Cámara la instaba a presentar una propuesta de reforma para hacer una PCP sostenible y más comunitaria, en contra de los intentos renacionalizadores; más justa, superando las discriminaciones contra determinadas flotas, y más solidaria, apoyando a las comarcas dependientes de la pesca, básicamente a través de la cofinanciación comunitaria a la renovación de la flota.

Vermeer (ELDR).
Señora Presidenta, el futuro de la industria pesquera está en el desarrollo sostenible. No sólo es importante redactar estos informes, sino también estudiar la acuicultura y las condiciones de trabajo seguras dentro de la industria pesquera. Es una pena que el informe haya llegado con retraso, si bien después se ha trabajado con rapidez. Ha sido verdaderamente impresionante. Tras las votaciones en las reuniones de la comisión, tenemos ante nosotros informes muy sólidos. A pesar de ello, además de las medidas de cautela necesarias, también tenemos que examinar la situación a que nos enfrentamos. El ICES, Consejo Internacional para la Explotación del Mar, quiere reducir aún más las cuotas para el pescado plano, ahora que todavía disponemos de un margen prudente. Esto no está totalmente justificado. Sin embargo, la nueva política pesquera común tiene que respetar y salvaguardar los derechos de captura históricos. Por otra parte, tenemos que reflexionar muy seriamente sobre el acceso a los mares. Por supuesto, me estoy refiriendo al Mar del Norte, pero lo que quiero dejar claro es que la pesca de especies sin cuotas es peligrosa, porque se pescan junto con las especies con cuotas. En la actualidad, resulta muy difícil comprobar si se han pescado especies con cuotas. ¿Deberían devolverse al mar o bien llevarse a alguna parte? De todos modos, esto tiene un gran impacto sobre el seguimiento de las cuotas, y es importante para las especies valiosas. En mi opinión, esta carga adicional en las poblaciones es inaceptable, sobre todo si las cuotas se reducen todavía más. Ya se ha suavizado la presión en las diferentes iniciativas. Por lo tanto, será muy difícil convencer de la necesidad de reducir las cuotas aún más. La política y la gestión dependen del apoyo dentro del sector. Tenemos que impedir que éste se aleje demasiado, e involucrarlo en la búsqueda de nuevas soluciones. Por esta razón, es muy importante que los controles y las sanciones se armonicen en el ámbito internacional. Por lo que se refiere a la pesca internacional, condeno las medidas unilaterales, porque no benefician a las poblaciones de peces sostenibles.
Para finalizar, quisiera dar las gracias a los ponentes que han preparado los informes. Creo que disponemos de una base sólida para votar sobre este informe en el Parlamento.

Jové Peres (GUE/NGL).
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Souchet su excelente informe, que incluso representa una buena base para el informe del que yo después he sido responsable. Hechos de actualidad, como los del buque Prestige, dan mucha más relevancia a lo que yo he querido decir sobre el informe del Sr. Souchet.
En cuanto al informe que ha asumido el Sr. Stevenson, creo que ha sido víctima de varios problemas de procedimiento. Este informe debería haber representado el marco de referencia de la posición del Parlamento sobre la reforma de la política pesquera, y es sorprendente y sólo atribuible a problemas de procedimiento el hecho de que este informe, en bastantes aspectos, difiera incluso de lo que después hemos hecho al aprobar las propuestas legislativas en la Comisión de Pesca.
Indudablemente, los problemas se han originado en una propuesta de la Comisión que ha venido con retraso, que se ha revelado quizás poco madura, y que además al principio era incompleta. Por ejemplo, el paquete principal se ha presentado en ausencia de partes muy importantes, como la pesca en el Mediterráneo. Asimismo, hay indicios muy claros de que las propuestas de la Comisión, en las vertientes estructurales, carecen de una base razonable y, a veces, pueden llegar al absurdo.
En cuanto a la política de conservación de recursos, me resisto a avanzar un debate posterior, que vamos a tener. No obstante, quiero manifestar un cierto sinsabor sobre la forma en que hemos abordado esta cuestión.
Desde hace tiempo la política pesquera ha establecido una división entre Estados, y la propuesta de la Comisión ha sido acompañada de una puesta en escena que ha acentuado dicha separación entre Estados. Quizá algunos ministros hayan entrado en ese juego, pero esto no es lo relevante. Lo verdaderamente relevante es que la situación de las poblaciones de bacalao, merluza y otras especies han difuminado la distribución de lo que se llamó las fuerzas entre "amigos de la pesca" y "amigos de los peces".
Creo que, por muchos debates que hayamos tenido y por más cuestiones que nos puedan dividir legítimamente, está claro que debemos resolver el problema de cómo garantizar una pesca sostenible. En este sentido, creo que es necesario abordar cuestiones fundamentales, trascendiendo lo que yo llamaría intereses muy específicos y demasiado nacionales.
Quizá podríamos haber escapado a rígidos esquemas que nos han dividido - por ejemplo, el reparto de cuotas - y haber reformado la política comunitaria, protegiendo segmentos de flota de los que depende la mayor parte económica de grandes zonas dependientes de la pesca.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señora Presidenta, no es casualidad que se emprenda la reforma de la PPC en el año 2002. Tenemos que aprobarla justamente ahora porque, de conformidad con los Acuerdos de adhesión de 1986, el período transitorio establecido para España y Portugal está a punto de concluir. Por lo tanto, de ahora en adelante estos Estados deben disfrutar de los mismos derechos en aguas comunitarias que los nueve Estados miembros que establecieron la política pesquera común a principios de los años 80.
Señora Presidenta, a pesar de ello, una mayoría de la Comisión de Pesca ha denegado, en una decisión totalmente inaceptable, la igualdad de derechos a España y Portugal. La nueva PPC tiene que reconocer que las flotas de los quince Estados miembros poseen los mismos derechos, y debe poner fin a los privilegios y a la discriminación entre los ciudadanos, las flotas y los países de la Unión Europea.
Esta posición europeísta, y también gallega, de mi país inspiró el informe que tuve el honor de redactar sobre las políticas para la reforma de la PPC. Tampoco nos hemos negado a que, en este tratamiento igualitario de acceso a las aguas comunitarias, se estableciesen o mantuviesen las restricciones temporales basadas únicamente en la necesidad de mantener las poblaciones de peces. Abogamos por la necesidad de revisar o, cuando sea necesario, sustituir el principio de estabilidad relativa por un principio más justo y coherente con los Tratados en este ámbito.
Abogamos por el fortalecimiento de la política de pesca internacional y de las iniciativas conjuntas, y por el mantenimiento de las ayudas públicas de la Unión Europea para la inversión destinada a mejorar las condiciones a bordo de los barcos, que en la actualidad son muy precarias. Por estas y otras razones rechazadas por una mayoría de la comisión, no puedo aceptar el informe que ahora lleva el nombre del presidente de la Comisión de Pesca. Sin embargo, el informe defiende algunos principios con los que estoy de acuerdo, que han resistido la ofensiva destructiva de las enmiendas propuestas y aprobadas por la mayoría. Esto significa que aún es posible el diálogo y un nuevo compromiso por parte de todos sobre la reforma de la PPC. En todo caso, siguen siendo necesarios.

Ó Neachtain (UEN).
Señora Presidenta, discrepo esencialmente con varios aspectos de las propuestas de la Comisión Europea sobre la reforma de la política pesquera común. Sin embargo, es cierto que necesitamos un enfoque más equilibrado. La presente COM sobre política pesquera no ha prosperado. No ha hecho ningún favor a los pescadores irlandeses, y en algunos casos ha resultado incluso discriminatoria. No podemos perder la oportunidad de rectificar el desequilibrio actual durante este proceso de reforma. Esto es lo que están pidiendo los pescadores irlandeses en este momento, y esto es lo que yo pido.
Uno de los asuntos que se están debatiendo en este momento se refiere al acceso a los caladeros irlandeses. Por ejemplo, el gobierno español está reclamando el derecho a un mayor acceso a las aguas irlandesas a partir del próximo mes de enero. Sencillamente, esto no puede ocurrir. Tendría consecuencias desastrosas para los pescadores irlandeses, sus familias y las comunidades pesqueras irlandesas. En la actualidad, las reservas del Mar de Irlanda son precarias. La apertura de nuestras aguas a un número superior de barcos españoles al actualmente permitido provocaría una grave merma de nuestras reservas.
El Mar de Irlanda es una zona muy delicada desde un punto de vista biológico. Es el lugar de desove de muchas de nuestras especies. La semana pasada, la Comisión de Pesca del Parlamento presentó una enmienda en la que se afirmaba claramente que no se puede destruir el equilibrio pesquero de las aguas occidentales y, por tanto, la estabilidad relativa debe entenderse en este contexto.
Tenemos que proteger las regiones pesqueras cuyas reservas se encuentren amenazadas, y los caladeros irlandeses y el Mar de Irlanda es una de esas regiones. Lo último que deseamos es que nuestras aguas se abran a más pescadores españoles, o a otros.
Tenemos que proteger nuestras reservas, no diezmarlas. Cualquier nueva medida de conservación que se introduzca en el ámbito de la Unión Europea tiene que consultarse con todas las partes interesadas de todos los Estados miembros, con el fin de proteger un recurso natural muy valioso para todos nosotros.

Farage (EDD).
Señora Presidenta, consta que las líneas básicas de la reglamentación de la política pesquera común no se acordaron hasta ocho horas después de que la Comunidad abriera las negociaciones de adhesión con el Reino Unido en 1971. El jefe de la delegación británica, Sir Con O´Neil, señaló que ambos acontecimientos estaban relacionados. Antes de esto prácticamente no había interés por una política pesquera común porque los seis países fundadores prácticamente no poseían reservas pesqueras. Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega tenían una pesca costera rica, y la habían mantenido en buenas condiciones con medidas de conservación eficaces.
O´Neil puede dar fe de ello; algunos expertos del Ministerio de Agricultura británico realizaron un informe demostrando que las aguas británicas estaban literalmente repletas de peces, mientras que dentro de los límites de los actuales países comunitarios había muy pocos. La principal prueba de ello es que las aguas de la Comunidad no atrajeron a pescadores extranjeros, mientras que las aguas británicas sí lo hicieron. Tras 30 años de PPC, las aguas británicas ya no están repletas de peces. Parafraseando a Sir Con: «Estos dos acontecimientos están relacionados.» Sin embargo, los miembros de la Comisión de Pesca aún parecen incapaces de establecer dicha relación. Exigen mayores recursos técnicos y humanos. Quieren más dinero para la investigación. Desean plantas de gestión, desarrollo sostenible, políticas integradas, planes plurianuales, la aplicación del principio de cautela y, más aún, puntos de referencia para la biomasa y la mortalidad por pesca. Si la solución residiese en el uso de la jerga, las aguas de los Estados miembros todavía estarían repletas de peces, y la PPC sería imbatible. Pero la jerga sólo esconde una verdad incómoda: la política pesquera común no ha funcionado, no funciona y no puede funcionar aunque su reforma se disfrace con bonitas palabras. Mientras consideremos la pesca como un recurso común europeo no tendremos sentido de la propiedad o responsabilidad. La pesca depredadora es la norma. Es una consecuencia inevitable de la política y conduce al agotamiento de las reservas. La reforma no es la solución. La PPC no puede reformarse. Se ha demostrado que no puede reformarse. Deberíamos olvidarla, y la pesca debería volver a ser gestionada por los gobiernos nacionales.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señora Presidenta, inicio mi intervención en este debate de pesca, conmocionado, ya lo saben ustedes, por los acontecimientos que han tenido lugar en Galicia.
Recuerdo que siendo presidente de la Comisión de Pesca se produjo el dramático accidente del Erika y nuestra comisión hizo una pregunta oral y aprobamos una resolución. En aquel momento estuvimos todos unidos, espero que en este caso también lo estamos. Quiero destacar - y ustedes lo saben - que Galicia es la región más dependiente de la pesca de toda Europa y tiene una riqueza marisquera y pesquera extraordinaria que, después de este accidente del Prestige va a costar muchos años recuperar, sobre todo en las zonas afectadas más directamente por la marea negra.
Voy a preparar una propuesta de resolución y creo que los Grupos políticos debemos estar unidos, para poder emitir una opinión política en esta Cámara, para que acontecimientos de ese tipo no se repitan jamás. Creo que tenemos una responsabilidad política muy importante. 
Da pena ver los recursos pesqueros llenos de petróleo y las aves marinas muertas y a los pescadores que viven exclusivamente de eso. A veces se habla de sobrepesca y no se habla de estas cuestiones. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta y espero que tengamos, como digo, la solidaridad de todos nuestros colegas.
En relación con los informes que nos traen al Pleno, no se ha hablado del informe Busk, a quien yo quiero felicitar, porque no hace falta ni que presentemos enmiendas ni que haya debate, porque la ilegalidad en la pesca ha sido aprobada por todos y la lucha contra ella también; por lo tanto, es importante destacarlo. 
Creo que el informe del Sr. Souchet ha salido bien. Es un informe razonable y positivo, que tampoco tiene enmiendas en este Pleno.
Acerca del informe del Sr. Stevenson, todo el mundo sabe lo que pasó, no voy a entrar en detalles; hoy es el informe que lleva el nombre del presidente de nuestra comisión. Simplemente les digo que mi Grupo político ha presentado unas enmiendas mínimas; hemos intentado pulir algunas cuestiones. Quiero decir, y lo digo en general, que nos encontramos ante una comunicación; es decir, no estamos ante un documento legislativo y sí lo será el informe del Sr. Jové, que examinaremos en el próximo período parcial de sesiones. Espero que podamos concentrar todos nuestros esfuerzos y el enfoque equilibrado que aquí se ha señalado, para adoptar los compromisos en ese informe que tendrá que debatirse, como digo, en el próximo período parcial de sesiones de Bruselas. 
En relación con las enmiendas que hemos presentado, hemos intentado suprimir la palabra "permanente" de las doce millas, porque los Servicios Jurídicos del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la Comisión, admiten que, al ser una derogación del Tratado, no puede ser permanente, porque eso supondría una modificación del propio Tratado. Por lo tanto, es simplemente una medida que necesita un plazo. Como no estamos de acuerdo en si son cinco, diez, quince o veinte, hemos pedido simplemente que en el debate sobre el informe Jové podamos adoptar un acuerdo sobre esto.

Lage (PSE).
Señora Presidenta, Comisarios, Señorías, a veces el debate sobre la reforma de la política pesquera común levanta una gran polémica. Algunos argumentos son razonables y están justificados, mientras que otros son precipitados y desproporcionados. La reforma de la política pesquera común es necesaria, y nadie con un mínimo de sentido común puede negarlo.
El agotamiento de las poblaciones de peces no es una fantasía o una exageración de los ecologistas, de los que intentan proteger la vida marina o de los científicos pesimistas. Es una realidad trágica para muchas especies. En el pasado, también asistimos al colapso de algunas poblaciones de peces, pero entonces fue posible reconstituirlas transfiriendo el esfuerzo a otras especies y a otras latitudes. En la actualidad, esto es prácticamente imposible. El ejemplo del colapso de los bancos de bacalao en Terranova, fuente de tanta historia y de tanta leyenda en mi país, Portugal, debería servirnos de escarmiento.
De las más de 35 000 especies que habitan los mares, sólo 100 tienen un interés comercial. ¡Es un hecho! Sin embargo, en la actualidad asistimos a un empobrecimiento de la diversidad biológica en el medio ambiente marino y a la destrucción gradual de los hábitats y los ecosistemas. La situación ha alcanzado este punto alarmante no sólo a causa de la presión ejercida por la pesca, sino también por otros motivos de sobras conocidos. En la actualidad, la pesca está sujeta a una doble exigencia: la exigencia ecológica de preservar las poblaciones de peces y la exigencia política y social de mantener la actividad económica del sector pesquero. Por lo tanto, dicha actividad tiene que prestar una atención especial al estado de las poblaciones y no se puede realizar de forma depredadora, como si aún viviéramos en la Edad de Piedra.
La asociación del informe Souchet sobre un plan de actuación comunitario para integrar las exigencias de protección del medio ambiente a la política pesquera común, con el informe Stevenson sobre la reforma de la PPC y el informe Busk sobre el control y erradicación de la pesca ilegal, es una medida muy acertada. La reforma de la política pesquera común tiene que ser un compromiso que equilibre todas las vertientes: la social, la económica, la cultural y la ecológica. Por lo tanto, los diputados que están - como ellos mismos afirman - más a favor de la pesca deberían tener presente el tópico de La Palice: no se puede pescar sin peces.

Figueiredo (GUE/NGL).
Señora Presidenta, yo también apoyo el informe del Sr. Souchet y lamento profundamente la contaminación provocada por el petrolero en Galicia. Respecto del informe Stevenson, aunque resulta algo contradictorio, tiene en cuenta muchas de las propuestas y posiciones que exigíamos y que son importantes para Portugal, en especial el establecimiento del límite de 12 millas para las zonas costeras como una característica permanente de la PPC, la participación de las organizaciones de pescadores en el proceso de toma de decisiones, las medidas socioeconómicas para compensar los efectos de la reforma, que deben tener en cuenta los esfuerzos pasados, la mayor inversión en la investigación y asegurarse de que no exista un vacío legal.
Asimismo, se han aceptado dos de las propuestas que consideramos de máxima importancia: la extensión de la derogación relativa al libre acceso a 50 millas en el caso de las regiones ultraperiféricas, tal y como establece el Tratado, y el refuerzo de los mecanismos de apoyo para la industria transformadora, en particular para la industria conservera. Sin embargo, nos oponemos a las propuestas que intentan cambiar el informe, que fueron rechazadas por la Comisión de Pesca y que son contrarias a las posiciones y propuestas que se han aprobado. Sin embargo, votaremos a favor de una propuesta similar a una de nuestras enmiendas, de gran importancia para Portugal, que ya se aprobó en el otro informe y que considera que las zonas de 6-12 millas deben mantenerse y definirse como un elemento de la política pesquera común, por un período ilimitado de tiempo, con objeto de fomentar la conservación y de alentar el desarrollo local de la pesca a pequeña escala.

Schörling (Verts/ALE).
Señora Presidenta, quisiera comenzar diciendo que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya las propuestas de la Comisión para la reforma de la política pesquera común. Las medidas y propuestas presentadas deberían haber llegado hace mucho tiempo. Por esta razón, ahora son absolutamente necesarias. Lo único que nos plantea dudas y nos preocupa es la propuesta de la Comisión relativa a la posibilidad de reducir las flotas pesqueras mediante la simple propuesta de «un barco adentro, un barco afuera». No entiendo cómo esta medida puede funcionar, ni cómo conseguiremos reducir la flota pesquera.
Entiendo la frustración de la Comisión en vistas de las dificultades que está encontrando para hacer que tanto el Consejo como los Estados miembros asuman su responsabilidad. Durante muchos años, los Ministros y el Consejo no han sido capaces de establecer una relación entre la política pesquera y la necesidad de reducir el acceso a los peces. No se han responsabilizado del desarrollo sostenible ni han preservado las poblaciones, y esta era la única manera de salvar la industria pesquera.
Por ejemplo, respecto del Mar de Irlanda, durante los últimos diez años se ha permitido una cuota un 28% más elevada que la que los investigadores consideraban aceptable. En este contexto, no importa si las flotas vienen de Irlanda, de España o de cualquier otro país.
Por lo tanto, en materia de poblaciones de peces ahora nos enfrentamos a nuestro destino. El Consejo no ha querido tomar una decisión respecto de las cuotas, que no son realistas en absoluto. No se han creado programas de supervisión adecuados, ni establecido límites a las flotas pesqueras. Ya sabemos que esta es la raíz del problema. En consecuencia, ¿qué podemos hacer? Creo que debemos aceptar las propuestas de la Comisión.
Suecia va a introducir una moratoria unilateral para la pesca del bacalao en el Báltico. De hecho, esta es una demanda hecha por el Grupo de los Verdes/ALE en relación con la formación de un gobierno. El bacalao está amenazado, no sólo en el Báltico sino también en el Kattegat y en todo el Mar del Norte. El Consejo Internacional para la Investigación Marina considera que el plan de reconstrucción de la UE es totalmente inadecuado y que la situación es urgente. Por consiguiente, tenemos que adoptar medidas drásticas, como por ejemplo, la introducción de una moratoria.
Espero que la Comisión apoye esta propuesta. Asimismo, supongo que la Comisión responderá lo antes posible y de manera positiva a la posibilidad de utilizar los fondos estructurales para las indemnizaciones, porque está en línea con su propia propuesta sobre la necesidad de actuar de manera responsable para salvaguardar y preservar las poblaciones de peces en el futuro.

Souchet (NI).
Señora Presidenta, quiera comentar brevemente el informe del Sr. Stevenson. Me satisface que exija el mantenimiento del sistema de acceso a las aguas y a los recursos, así como el principio fundamental de estabilidad relativa. Sin embargo, lamento que no se haya mantenido la propuesta original del Sr. Nogueira Román, que volvía a centrarse en la dimensión económica y social de la política pesquera común y, por tanto, la examinaba al mismo tiempo que la cuestión del esfuerzo pesquero.
Me ha sorprendido que la propuesta de la Comisión Europea relativa al documento «guía» sobre la reforma de la política pesquera común refleje la nula prioridad que da a las consecuencias sociales de su proyecto, puesto que sólo aparecen en séptimo lugar en la lista de medidas propuestas.
Por lo que respecta a la comunicación de la Comisión del 6 de noviembre sobre las medidas paliativas derivadas de la reforma, confirma la destrucción de 28 000 puestos de trabajo en un período de tres años, entre los años 2003 y 2006, a raíz del desguace masivo de buques previsto por la Comisión. Señora Presidenta, estamos esperando el momento oportuno para cuestionar a la Comisión sobre estas dramáticas cifras, cuando estudiemos esta comunicación.

Langenhagen (PPE-DE).
Señora Presidenta, es una pena que hayamos tenido que introducir cambios sustanciales en los informes del Sr. Souchet y Nogueira. El panorama ya es bastante deprimente de por sí: aquí estamos, sentados en una cómoda sala, hablando sin parar, a veces incluso enfrentados entre nosotros. Sin embargo, ahí afuera los accidentes medioambientales y la sobrepesca están haciendo que las condiciones de las poblaciones sean cada día más catastróficas.
Aquí, parece que preferimos andarnos con evasivas en lugar de trabajar por una reforma auténtica, y la imagen de la Unión Europea se resiente. Deberíamos comenzar por solucionar nuestro propio medio ambiente, y deberíamos hacerlo inmediatamente. Quizá las propuestas de la Comisión han llegado con retraso, pero lo cierto es que llegaron antes del verano. Ahora que caen las primeras nieves, hablamos; pero hasta hoy no hemos comenzado a debatir el calendario para la reforma, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, dentro de escasas semanas.
Aparte de la clara influencia gala de su contenido, este calendario supone una demanda exagerada en términos lingüísticos. Tras grandes esfuerzos y 258 enmiendas, la Comisión de Pesca ha podido hacer legible el calendario con vistas a una reforma auténtica. Sin embargo, resulta curioso, por poner un ejemplo, que la comisión haya votado el mantenimiento de la zona de doce millas. ¡Y ahora se supone que tengo que votar en contra el miércoles! No pienso hacerlo. ¿O acaso soy una marioneta? De acuerdo, todos queremos ser reelegidos. ¿Es éste el motivo por el que el ánimo de la Comisión de Pesca ha resultado tan cambiante? Todos sabemos que sin peces, la industria pesquera desaparecerá. La protección de las flotas y los recursos constituyen principios fundamentales; no podemos apartarnos de ellos ni suavizarlos. Deseo que la industria pesquera sea económicamente próspera, socialmente equilibrada, y que tenga sentido en términos medioambientales. Tenemos que enfrentarnos a la realidad: no podemos zarpar con una flota en continuo aumento en busca del espejismo de las poblaciones interminables de pescado.
¡Ruego a mis colegas que se liberen de sus intereses nacionales y me apoyen en la preservación de nuestras poblaciones de peces!

Poignant (PSE).
Señora Presidenta, quisiera comenzar haciéndome eco de los comentarios de mis colegas gallegos, y diciendo que apoyaré todas sus iniciativas. Mi región sufrió los desastres del Amoco Cadiz y del Erika; su región el del Prestige, pero el nombre del barco no mitiga los problemas de los que viven en la región y de los pescadores gallegos.
Comisario, el alumbramiento de la nueva política pesquera común resulta problemático, pero nacerá la noche del 31 de diciembre. Creo que la Comisión de Pesca ha trabajado muy duro para restablecer el equilibrio entre la explotación de los recursos pesqueros y la protección de estos recursos para las generaciones futuras, sin olvidar la economía de las regiones costeras. De todos modos, estamos intentando mejorar el equilibrio propuesto por ustedes entre estas dos facetas, como corresponde a una buena definición del término «desarrollo sostenible». Por supuesto, esto no sólo concierne a las poblaciones de peces, donde se necesita este equilibrio, sino también a la economía de las zonas costeras. Hemos tratado de llamar su atención, en estos tres informes y en otros, sobre las implicaciones de las decisiones políticas relativas al empleo en regiones que viven de la pesca, sobre las consecuencias del desguace de barcos, puesto que si se desguazan y el número de peces aumenta en el futuro, quizás no queden pescadores para pescarlos. No podemos perder la cabeza. Asimismo, tenemos que asegurarnos que nuestros pescadores no pesquen en barcos demasiado viejos, a los que se les alarga la vida y se les sobrecarga con equipamiento, con los riesgos que esto comporta.
Nuestra comisión, tanto en todos sus debates como a través de sus ponentes, intenta influir en las decisiones finales de la Comisión y del Consejo. Por supuesto, se han tomado buenas decisiones y hay que subrayarlas: los controles y las sanciones, la participación de todos los agentes en el proceso de toma de decisiones y la mejora del conocimiento de las artes de la pesca y los recursos. En resumen, si todo esto se lleva a cabo, si se mantiene el equilibrio, nuestros pescadores seguirán confiando en su trabajo, en su actividad y nosotros en nuestras regiones.

Hudghton (Verts/ALE).
Señora Presidenta, la gestión de la pesca en la UE se encuentra en un momento decisivo: las reservas principales del Mar del Norte y de otros lugares están disminuyendo y en consecuencia el futuro de la pesca y de las industrias pesqueras está amenazado. Por lo tanto, es esencial que la Comisión acierte esta vez, y proponga un nuevo sistema de gestión que asegure el apoyo a la pesca sostenible mediante pruebas científicas actualizadas, independientes y verificables que incluyan a los interesados y restauren la confianza en el sistema.
Sin embargo, puesto que las primeras propuestas de reforma de la PPC están a punto de concluir, me siento más incrédulo respecto del proceso y menos optimista que nunca respecto del futuro de las comunidades escocesas que dependen de la pesca. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Podemos llevar a cabo una política pesquera europea? Siempre he creído que la única manera de alcanzar el equilibrio necesario entre recursos, pesca y conservación y de alentar la conformidad con cualquier sistema de gestión, pasa por tener un sistema que disfrute de la confianza de los interesados. Por esta razón, he acogido con agrado el apoyo de la Comisión para crear consejos consultivos regionales como un paso hacia una manera nueva y mejor de hacer las cosas. 
Sin embargo, los hechos tienen que acompañar a las palabras, y me indigna la actitud demostrada por la Comisión en relación con las cuotas del bacalao y otros pescados blancos para el próximo año. El anuncio de un posible cierre de la industria pesquera escocesa mediante declaraciones como «nosotros sabemos más» y «la culpa es vuestra», atribuidas al Comisario Fischler, contradice abiertamente la intención declarada de implicar más a los interesados. Este enfoque «chulesco», concebido probablemente para que las consecuencias reales del año que viene resulten relativamente aceptables, no debería tener cabida en una nueva PPC. La triste verdad es que, en los últimos seis meses, la Comisión ha causado un daño irreparable a la confianza que tenía Escocia en la capacidad de Europa para gestionar la pesca.
Con el radical cambio de postura del Sr. Fischler respecto de la gestión de las aguas profundas, y la presentación poco sensible del dictamen del ICES sobre el bacalao y sus repercusiones para Escocia, no me sorprende que abunden las teorías conspirativas. ¿Quiere el Comisario Fischler que se le recuerde como el arquitecto de una nueva y próspera política pesquera europea? ¿O como la persona que trajo la desolación a las comunidades pesqueras y la destrucción de un estilo de vida? Por desgracia, me parece que conseguirá esto último.
El líder del sector pesquero escocés y yo mismo hemos desempeñado un papel constructivo, colaborando con las organizaciones medioambientales en el proceso consultivo hacia una reforma de la PPC.
Me gustaría que la Comisión y el Consejo lo tuvieran en cuenta y lo agradecieran, en lugar de castigar a los escoceses por sus esfuerzos.

Cunha (PPE-DE).
El presente informe del Parlamento sobre la reforma de la PPC corrige algunas deficiencias de la propuesta de la Comisión, pero omite otras.
Quisiera hacer hincapié en tres aspectos positivos principales:
el primero es que la gestión de la pesca sostenible tiene que basarse en un amplio abanico de medidas, no sólo en la solución simplista de una reducción de las flotas, sino también en una mayor selección de los métodos de pesca, en el uso adecuado de los POP, los TAC y las cuotas. Y, sobre todo, en la recomendación de que la reducción del esfuerzo pesquero sea menor para los Estados miembros que ya han reducido su flota;
el segundo aspecto es la recomendación clara de que los acuerdos de pesca con terceros países, que aplicados de manera adecuada son de conveniencia mutua para ambas partes, tienen que continuar siendo una parte integrante de la PPC. Por esta razón, está justificado que los barcos que se retiran de la flota comunitaria puedan incluirse en las flotas de las sociedades mixtas;
el tercer aspecto es el deseo de encontrar una solución específica al problema del acceso a las aguas de las regiones ultraperiféricas, que tienen equilibrios y ecosistemas muy delicados, como las Azores, la isla de Madeira y otras regiones de la Unión Europea.
El aspecto que me parece más negativo es la omisión del componente estructural. Existen dos razones principales para no cambiar las normas establecidas en el Consejo Europeo de Berlín sobre la financiación de las estructuras pesqueras. La primera es que la modernización de la flota es una cuestión prioritaria en sí misma, porque de lo contrario la competitividad de flota comunitaria disminuirá: por lo que respecta a Portugal, el 40% de nuestra flota tiene más de 25 años y, por lo tanto, a menos que reciba apoyo, será inviable. La segunda razón es que, puesto que en Berlín se asignaron fondos para la modernización de la flota para el año 2007 y que varios armadores ya han realizado sus pedidos sobre esta base, es políticamente inaceptable cambiar ahora las reglas a mitad del juego.

Kindermann (PSE).
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, sin duda todos estamos de acuerdo en que la política pesquera común necesita una reforma, pero aparecen grandes diferencias en cuanto la discusión se centra en las diferentes modalidades. Estas no sólo tienen que ver con la manera de valorar la situación, que en la actualidad no es exactamente prometedora, sino también con las medidas que se van a tomar. Tenemos puntos de vista opuestos incluso en relación con las investigaciones científicas de nuestros recursos, tal y como lo demuestra el informe sobre nuestro calendario, que estamos debatiendo esta noche, e imagino que las discusiones en el Consejo de Ministros son tan animadas como las que estamos teniendo en el Parlamento.
Sin embargo, como Parlamento Europeo deberíamos centrarnos en los hechos y desempeñar un papel activo en la elaboración de una reforma cuyo principal objetivo sea el mantenimiento de los recursos pesqueros. Estamos debatiendo el principio de cautela, y los recortes, aunque dolorosos, seguramente son necesarios para asegurar la gestión sostenible de las poblaciones, y, por lo tanto, la supervivencia a largo plazo de la pesca en general. Sin embargo, el componente social de las medidas que vamos a tomar desempeña un papel primordial.
Por lo tanto, pido a los diputados, así como a los Ministros de Pesca, que asuman su responsabilidad para con la pesca en la Unión Europea y se aparten de los intereses nacionales miopes cuando decidan la forma que tomará la reforma. No deberíamos dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre una reforma fundamental de la política pesquera común. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, o el porvenir de nuestra pesca en Europa en un futuro inmediato será muy poco prometedor. Esto ya es así, como lo demuestra claramente el estado actual del bacalao en el Mar del Norte, y espero que nos sirva de lección.

McCartin (PPE-DE).
Señora Presidenta, hacemos que este tema parezca complicado, pero para mí se reduce a dos sencillas cuestiones: ¿Cuántos peces podemos pescar, y quién puede pescarlos? Si nos ponemos de acuerdo en estas dos cuestiones, podremos llegar a una solución amistosa en el resto de cuestiones que se planteen.
No comparto la opinión de quienes afirman que la política pesquera común es responsable del estado actual de las reservas pesqueras. La razón de que las reservas se encuentren en el estado actual es que no se ha tenido en cuenta el asesoramiento científico. El Consejo de Ministros hizo caso omiso del mensaje que los científicos transmitieron a la Comisión, y su dictamen no se aplicó. No estoy de acuerdo con la política actual. Sin embargo, en este marco las reservas se podrían haber conservado si durante todos estos años se hubieran seguido los consejos de la Comisión.
El otro problema de la política pesquera común es que la Comisión tiene responsabilidad, pero únicamente puede aconsejar. El Consejo de Ministros y los Estados individuales tienen la responsabilidad última. Existen numerosas pruebas de que en el pasado no cumplieron con su responsabilidad de forma imparcial, de tal manera que cada pescador pescase lo que le correspondiese y de que cada barco recibiera sólo su cuota.
La política pesquera común va demasiado lejos. Nunca ha sido necesario que el pescado sea una propiedad común. Esto no tiene sentido. Tenemos una política agrícola común. Esto no me da derecho a mí o a un agricultor irlandés a recoger uvas o aceitunas en el sur de España. No nos da derecho a talar bosques en Finlandia o Suecia. La política pesquera común tampoco debería incluir la propiedad común de reservas. No tiene sentido. Sin embargo, sólo hay un país que sale perdiendo y recibe menos de lo que le corresponde. No encontrarán a una persona más convencida que yo de la integración europea. Por lo tanto, puedo afirmar que existe una región en la unión, el oeste de Irlanda, que no recibe lo que le corresponde. No tengo nada en contra de los pescadores españoles, franceses o británicos que pescan en aguas naturales. Sin embargo, en otros ámbitos - petróleo y minerales - y en todas las formas de jurisdicción que los Estados miembros tienen sobre sus océanos, los recursos naturales son competencia de los gobiernos nacionales. Esto debería aplicarse al pescado. Tendría mucho más sentido.

Parish (PPE-DE).
Señora Presidenta, la PPC ha fracasado estrepitosamente. No ha podido mantener las reservas de pescado ni el empleo de los pescadores. Resulta totalmente ridículo que cada año se descarten casi dos millones de toneladas de pescado sano. Los peces no nadan por separado en el mar. Nadan juntos, y será mejor que lo entendamos cuanto antes.
Los límites de 6 y 12 millas deben confirmarse de forma permanente. No me convence el razonamiento de que no podemos confirmarlos, y votaré con firmeza para que estos límites se conviertan en la regla de oro. No sólo deben mantenerse, sino también gestionarse localmente, delegados por Bruselas con todas las de la ley y no sólo como un gesto simbólico. Si se permite que los pescadores locales gestionen estas aguas, las medidas de conservación funcionarán.
El bacalao está desapareciendo del Mar del Norte. ¿Es una coincidencia que el bacalao esté desapareciendo de las zonas donde se lleva a cabo la pesca industrial? Pescamos miles de toneladas de anguilas y limpiamos el fondo del mar, y el bacalao se alimenta de anguilas. No es una coincidencia. Tenemos que hacer algo al respecto.
Noruega e Islandia tienen buenas reservas de pescado y no aplican la política pesquera común. ¿Es otra coincidencia? Estoy de acuerdo con el Sr. McCartin. ¿Es necesario incluir los recursos pesqueros en la política pesquera común? Lo diré sin rodeos: si la Comisión no puede gestionar la política pesquera común adecuadamente, que la devuelva a los Estados miembros y permita que ellos la gestionen.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, considerando el reciente desastre provocado por el Prestige, creo que son tiempos preocupantes tanto para los pescadores gallegos, que esperan la respuesta de la Comisión Europea, que desean que estos hechos desgraciados no vuelvan a producirse en ninguna parte, como para toda la gente de bien que defiende el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Souchet y al Sr. Busk por la calidad de sus informes; y respecto al informe del que, al final, se ha hecho cargo el presidente de la comisión, me referiré al considerando K y a la enmienda 23, presentadas al mismo.
La zona reservada a la pesca tradicional en una banda de 6 millas - que posteriormente fue incrementada a 12 y ampliada a todos los Estados miembros - fue prorrogada, por última vez, en el marco de la reforma de la política pesquera común de 1992 por un período de diez años. Llevamos, por lo tanto, treinta años de provisionalidad. Parece que la finalidad era permitir una adaptación progresiva de la flota costera artesanal. Y si no la han hecho, no sé cuándo van a llevarla a cabo.
La propuesta de la Comisión Europea sobre el calendario de reforma de la política pesquera común aboga por mantener, de forma permanente, la prohibición de pesca dentro de las 12 millas - propuesta, por cierto, cuya validez jurídica ya ha sido contestada. Creo que en los tiempos de la ampliación y de la Convención, paradójicamente, con esta propuesta se estaría iniciando una fase de renacionalización de las aguas comunitarias en contra del principio de igualdad de acceso de los barcos de pesca a todos los recursos de la Unión Europea que entrañaría, además, un riesgo añadido, el eventual incremento, en un futuro, de esa área restringida si se adopta como excepción permanente.
Los europeos, señora Presidenta, en general, y las gentes del mar, en particular, no entenderán que no se comunitaricen las aguas, por qué esta restricción, - excepción al principio de libre acceso -, por qué no se comunitariza en este sector y sí en los demás. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico debe descartarse para siempre el establecimiento de una excepción permanente.
Quiero llevar al ánimo de los colegas la necesidad de votar contra el considerando K y contra la enmienda 23, que, en mi modesta opinión, son contrarios al Derecho comunitario y al sentido común europeo.

Stevenson (PPE-DE)
Señora Presidenta, gracias por alargar el debate para darme la oportunidad de llegar y participar. Hoy he tardado 16 horas en llegar a Estrasburgo. Hace dos semanas, llegué a Hobart en Tasmania en menos tiempo de lo que se tarda en llegar a Estrasburgo. Cuando me han comunicado que el motivo del retraso ha sido en parte debido a que había renos corriendo por la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Estrasburgo, me ha parecido totalmente increíble.
En primer lugar, tengo entendido que durante el debate se ha expresado una gran preocupación por el naufragio del Prestige en las costas de Galicia. En vista de ello, espero que mis colegas estén de acuerdo conmigo en que deberíamos exigir a la Comisión y a las instituciones de la UE que den los pasos necesarios para ayudar a Galicia a hacer frente a este horrible problema. Hoy los periódicos en Escocia la estaban llamando «Costa de la muerte», y decían que ya se han vertido 3 000 toneladas de fuel. Creo que el petrolero transportaba 70 000 toneladas. La idea de un vertido de esta envergadura resulta absolutamente horrorosa.
Ya han escuchado cómo el Sr. Parish ha expresado su rabia en este debate que nos ocupa. Asimismo, han escuchado al Sr. Hudghton manifestar su enfado desde una perspectiva escocesa. Una parte de este debate se ocupa de la «guía» de la Comisión. Quiero comenzar diciendo que el reciente informe científico del ICES, que recomienda el cierre total del sector del pescado blanco en el Reino Unido e Irlanda, señala el hecho de que tener un documento «guía» resulta superfluo. Por lo que a la política pesquera común se refiere, nos encontramos en un camino que no lleva a ninguna parte. ¿Qué sentido tiene debatir esta noche una futura política pesquera común si los pescadores británicos e irlandeses no tienen futuro? ¿Qué sentido tiene discutir planes de gestión plurianuales si las cuotas en el Mar del Norte, el oeste de Escocia, el Mar de Irlanda y el Kattegat se van a eliminar al menos durante los próximos cinco años? ¡Menuda acusación contra la política pesquera común! Resulta penoso que, tras veinte años de fracaso de las políticas pesqueras, ahora estemos considerando la destrucción de una industria tan antigua como la humanidad. En nombre de la conservación, nuestros pescadores se han visto obligados a devolver al mar millones de toneladas de pescado de primera clase para cumplir el lunático mecanismo de las cuotas. En nombre de la conservación nuestros pescadores han sufrido bloqueos, paros forzosos, cierres de emergencia, pérdidas de empleo y descenso de sus salarios. Ahora, el mensaje de los científicos es que todo lo que aconsejaron en el pasado ha fracasado: las medidas de conservación, los aumentos del tamaño de las redes, las puertas de malla cuadrada que permiten que los bacalaos juveniles se escapen, los cierres de emergencia de los lugares de desove de los bacalaos, las 40 000 millas cuadradas del Mar del Norte cerradas durante 12 semanas el año pasado sin un céntimo de indemnización pagado a los pescadores, los tres años consecutivos de prohibición de pesca del bacalao en el Mar de Irlanda y el desguace masivo de 100 buques demersales de la flota escocesa. Parece que todas las medidas recomendadas por los científicos y ordenadas por la Comisión han fracasado. Es increíble.
No hay lugar en la política pesquera común para nuestro documento «guía» si 20 000 pescadores, procesadores de pescado y trabajadores portuarios se enfrentan al cierre de su industria y a la pérdida de sus trabajos. No hay justificación para el cierre de todo el sector del pescado blanco. El pasado año se capturaron setecientas mil toneladas de bacalao en el noreste del Atlántico. No me parece que sea una especie al borde del colapso. Alrededor de las Islas Faroe e Islandia, donde no aplican la PPC, se capturan cientos de miles de bacalaos grandes. Si el bacalao ha emigrado hacia el norte debido al calentamiento global, la contaminación o el impulso de la corriente del Atlántico Norte, ningún tipo de medidas draconianas lo hará regresar. Es cierto que el bacalao se ha marchado de la zona central del Mar del Norte. Nadie lo discute. Pero lo ha reemplazado el langostino, que constituye una de las principales pesquerías alrededor de las Islas Británicas. Sabemos que el bacalao es uno de los principales depredadores del langostino, así que no es sorprendente que cuando el bacalao disminuye, el número de langostinos aumente. Sin embargo, también es cierto que los langostinos se alimentan de larvas de bacalao, así que una vez que el bacalao se ha marchado quizá no regresen. Esto ha ocurrido en Canadá.
No puedo aceptar que la posible recuperación de las reservas de bacalao sirva de pretexto para el sacrificio de la pesca del langostino, el eglefino, la pescadilla, la platija y el pez plano. Tampoco acepto que no haya suficientes fondos en el presupuesto para cubrir ni siquiera una mínima parte de los costes del probable impacto socioeconómico que conlleva esta propuesta catastrófica. Por lo tanto, no tiene sentido discutir un documento «guía» esta noche.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, quisiera disculparme por no haber llegado antes. Me han dado tres explicaciones distintas: una es que había cabras en la pista de aterrizaje; otra, que había ciervos, y en otra ocasión nos han dicho que eran renos. También nos han dicho que había niebla, así que ha sido difícil determinar de qué animal se trataba.
No quisiera repetir lo que mi colega, el comisario Byrne, ya ha dicho sobre el informe que estamos debatiendo. Ha explicado detalladamente lo que hay que hacer a raíz del vertido de la gran cantidad de fuel pestilente que, por desgracia, afecta a Galicia. Es evidente que se trata de un desafío para Europa. Ya saben que tenemos un plan, presentado por la Comisión hace bastante tiempo en relación con el desastre del Erika, que incluye una propuesta para la aplicación que mi colega, la Comisaria Sra. de Palacio, está estudiando con detalle. Junto con esta propuesta también existe un plan para las indemnizaciones, que entrará en vigor el próximo año.
Sin embargo, en primer lugar quisiera exponer mi opinión sobre el informe del Sr. Stevenson, a quien quisiera agradecerle su elaboración. Asimismo, quisiera dar las gracias a la Comisión de Pesca, que ha realizado grandes esfuerzos por respetar el ajustado calendario y nos permite tomar una decisión sobre la reforma de la política pesquera común para finales de año.
Creo que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo en la mayor parte de los objetivos fundamentales de la reforma pesquera, y me alegro de que los apoyen. Se trata de conseguir el desarrollo sostenible y la competitividad del sector, y de alcanzar unas condiciones de vida decentes para todos los que trabajan en la industria pesquera, junto con una preocupación por el medio ambiente y, sobre todo, por las nuevas maneras de gestionar los recursos pesqueros.
Me alegro de que apoyen esta propuesta fundamental, a pesar de que mantengamos puntos de vista diferentes respecto de la manera de alcanzar estos objetivos.
Permítanme retomar algunos puntos específicos. Ustedes tienen razón al exigir una mejor información sobre el estado de las poblaciones, y una mayor inversión en la investigación científica sobre el desarrollo de las existencias. En la actualidad, la Comisión dispone de un total de 35 millones de euros para la investigación en el sector pesquero. Lamento tener que decirles que estos recursos se reducirán durante los próximos años. Sin embargo, dentro del ámbito de la investigación pesquera estamos dispuestos a seguir financiando la investigación del estado de las poblaciones y la manera en que se están desarrollando.
Además, queremos investigar más a fondo las medidas técnicas alternativas, como el desarrollo del nuevo equipamiento pesquero. Pero seamos honestos: la investigación sólo se puede basar en información precisa recopilada de forma cuidadosa. Otro factor muy significativo subyacente a nuestro dilema actual es lo que los científicos, designados por los Estados miembros, no por la Comisión, nos han dicho respecto del bacalao. En estas cuestiones, la Comisión sólo actúa en calidad de observador. Los científicos nos han dicho que, en el pasado, los informes sobre los desembarques y sobre la composición de las capturas en ocasiones no eran exactos. En consecuencia, se había llegado a conclusiones erróneas.
No quiero dirigir acusaciones contra nadie en este momento, pero al menos tenemos que reconocer que hay un problema y que tenemos que resolverlo si queremos alcanzar conclusiones más acertadas.
Sus resoluciones sobre el tema del mantenimiento de las poblaciones y la gestión pesquera coinciden con nuestra propuesta. La gestión pesquera exige marcos hechos a la medida y que duren mucho tiempo. Estos marcos tienen que adaptarse a la pesca, a las operaciones y a las poblaciones en cada caso particular, y tenemos que adherirnos al principio de cautela. Asimismo, dichos marcos tienen que asegurar el menor descarte posible de peces.
Sin embargo, Sr. Stevenson, las cosas no son tan sencillas: el descarte de peces no se debe únicamente a la imposición de las cuotas. Hay otros países en el mundo que no imponen cuotas y tienen el mismo problema con el descarte de peces.
El descarte continuo de peces guarda relación con los componentes esenciales de la pesca.
En efecto, el componente técnico supone que el equipamiento pesquero no es suficientemente selectivo. La pesca mixta implica que las cuotas para algunas poblaciones se alcancen más rápido que para otras, lo cual provoca el descarte no deseado de algunas poblaciones. Por supuesto, existe el mismo problema con el límite del esfuerzo pesquero. Si no alcanzamos cierto equilibrio entre estos elementos esenciales de la gestión pesquera, nunca llegaremos a ninguna parte.
Una parte de su informe se centra en el Mediterráneo, lo cual demuestra el esmero con que lo ha preparado. Estoy de acuerdo en que el Mediterráneo tiene que gestionarse de forma diferente; en eso consisten los enfoques hechos a medida. Los métodos que funcionan en el Mar del Norte no se pueden aplicar en este caso: la pesca en el Mediterráneo, artesana en su mayoría, hace que este mar sea diferente. Es diferente debido a la estrechez de su plataforma continental. Es diferente debido a la mayor implicación de terceros Estados que pescan allí. Por lo tanto, exige un enfoque específico:
El que nosotros hemos propuesto. Asimismo, queremos cooperar con los terceros Estados que operan en el Mediterráneo. Esto significa que tenemos que prepararnos a conciencia para una mayor cooperación. En este sentido, estamos organizando, en el segundo trimestre del año próximo, una conferencia bajo la Presidencia italiana, a la que invitaremos a todos los Estados bañados por el Mediterráneo, y donde propondremos ideas para una gestión conjunta y, sobre todo, para la mejora de la investigación.
Respecto de la gestión de las flotas, permítanme reiterar que los pescadores no están obligados a desguazar sus barcos. El desguace de barcos se hace de forma voluntaria, nadie ha podido probar lo contrario, y en nuestras propuestas tampoco aparece como una condición imprescindible. Lo que sí deseamos es que los pescadores que deseen desguazar sus barcos dispongan de un mayor apoyo del que dispusieron en el pasado. Sin embargo, la decisión de desguazar un barco la tiene que tomar cada pescador de forma individual.
El acceso a las aguas y los recursos implica dos cuestiones. El acceso a los recursos y las aguas en las regiones ultraperiféricas es un caso especial, y debe tratarse como tal. Investigaremos la situación en estas regiones, y haremos las propuestas pertinentes antes de finales de año. Las restricciones especiales sobre el acceso a estas regiones permanecen vigentes hasta entonces.
Tanto el tema del acceso al Mar del Norte como el del establecimiento permanente o temporal del límite de doce millas son cuestiones principalmente legales. Simplemente diré que habrá una votación al respecto. Se necesita un acuerdo sin límite de tiempo. El Tribunal Europeo de Justicia decidirá lo que es legal. Creo que deberíamos confiar en el Tratado y, como se hizo en el pasado, éste debería ser la base de cualquier decisión.
Las disposiciones relevantes de los tratados de adhesión de España y Portugal están a punto de expirar, lo que significa que estos Estados también tendrán acceso a las aguas del Norte. Soy plenamente consciente de que el tema del descarte es el que más preocupa. El problema reside en que las especies con cuotas se pescan junto con especies que no están sujetas ni a cuotas ni a TAC, por lo que existe el riesgo de pescar peces que después habrá que descartar, a pesar de ser valiosos. Tendremos que trabajar este tema a fondo, y estamos dispuestos a hacerlo.
También me gustaría decir algo respecto del tema del control y la aplicación de la legislación sobre pesca. Me parece importante volver a subrayar la necesidad absoluta de implicar a todo el sector, lo que significa que los nuevos consejos consultivos constituyen la base de la mejora de nuestra futura cooperación con el sector. No hay duda de que las sanciones, controles e inspecciones se aplicarán en toda la UE por igual.
Podría discutir muchas otras cuestiones, pero me voy a referir sólo a una de ellas: la pesca en aguas de terceros países, tema sobre el que estamos trabajando en una comunicación sobre asociaciones pesqueras con terceros países, que aprobaremos a principios de diciembre. En esta comunicación encontrarán ustedes muchas de sus exigencias, entre otras la adhesión al principio de cautela, las demandas justificadas de los países en desarrollo para el desarrollo de su propio sector pesquero y una supervisión más eficaz. Creo que este es el camino a seguir. No cabe duda de que tenemos que seguir luchando contra las banderas de conveniencia y, sobre todo, contra la pesca ilegal.
Estoy totalmente de acuerdo con sus afirmaciones sobre la acuicultura y, en consecuencia, quiero expresarles mi gratitud. Queda por aclarar la cuestión social. Si observan la cantidad de dinero público que hemos gastado hasta la fecha en medidas sociales, y la cantidad que pensamos gastar en el futuro, quedará totalmente claro que esta reforma tiene una dimensión social.

La Presidenta.
Gracias, Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debatir sobre el informe (A5-0383/2002) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre las iniciativas del Reino de Dinamarca con vistas a la adopción de:
1. una Decisión marco del Consejo sobre el decomiso de bienes y productos procedentes del delito (10697/2002 - C5-0375/2002 - 2002/0818(CNS))
y
2. una Decisión marco del Consejo sobre la ejecución de órdenes de decomiso en la Unión Europea (10701/2002 - C5-0377/2002 - 2002/0816(CNS))

Di Lello Finuoli (GUE/NGL)
Señora Presidenta, Comisario, en mi opinión, e imagino que en la opinión de la mayoría de la comisión, los dos informes que debatimos esta noche se han preparado con demasiada precipitación. No están a la altura de las tradiciones jurídicas de Europa y de sus Estados miembros.
Se centran en particular en la aproximación de las diferentes legislaciones sobre el decomiso de bienes y productos procedentes del delito. Se refieren a la posibilidad de ampliar los poderes de decomiso. O dicho de otro modo, a la posibilidad de decomisar no sólo los productos procedentes del delito mismo, sino también los bienes de la persona condenada a cumplir una pena prolongada de privación de libertad que no pueda probar la procedencia legítima de sus bienes.
Comisario Vitorino, la comisión ha suprimido esta parte del informe y, por lo tanto, ahora sólo se pueden decomisar los productos procedentes del delito. Sin embargo, la Comunidad Europea no necesita una Decisión marco para alcanzar este objetivo, porque la legislación de casi todos los países estipula el decomiso obligatorio de los productos procedentes del delito o, al menos, lo posibilita.
Con vistas a resolver las dificultades de la comisión en la inversión de la carga de la prueba, he sugerido, mediante una enmienda que recuerda a la legislación italiana en esta materia - la enmienda 11, que modifica el apartado 1 del artículo 3 -, la posibilidad de decomisar los bienes adicionales -bienes sujetos a amplios poderes de decomiso - sólo cuando la acusación haya probado una desproporción entre los bienes poseídos y la actividad ejercida o la renta declarada a efectos fiscales. La persona condenada tendrá la oportunidad de demostrar la procedencia legítima de sus bienes. Por consiguiente, se han matizado las disposiciones, pero no se ha invertido la carga de la prueba. La comisión estaba desconcertada, sorprendida y confundida y, en consecuencia, ha rechazado mi enmienda.
En consecuencia, pido a la Cámara que la apruebe, porque es la única manera que tenemos de incluir en la legislación los amplios poderes de decomiso, que son uno de los objetivos de la propuesta y, a mi juicio, una herramienta útil para combatir la delincuencia organizada. Está basada en un doble principio: la acusación tiene que demostrar que los bienes de la persona condenada son desproporcionados. Dicho de otro modo, tiene que demostrar que el valor de los bienes de la persona condenada sobrepasa la actividad ejercida y su renta, mientras que la persona condenada tiene la posibilidad de demostrar que estos bienes son de procedencia legítima. 
Sin embargo, si el informe se conserva en la forma aprobada por la comisión será totalmente inútil, porque los países europeos ya disponen de una legislación similar y no necesitan una Decisión marco del Parlamento Europeo.

Santini (PPE-DE).
Señora Presidenta, Comisario, a diferencia de nuestro estimado ponente - cuyo enfoque básico, sin embargo, aprecio - estoy convencido de que nuestro trabajo no resulta superfluo ni inútil. Es un llamamiento valioso para todos los Estados miembros, que tienen que armonizar su legislación o, en cualquier caso, cooperar en el ámbito de la justicia así como en el delicado ámbito del decomiso de los productos y bienes procedentes del delito. 
No cabe duda de que se trata de un valioso instrumento porque, como sabemos por experiencia, acabará con las fuentes de financiación que apoyan a la delincuencia organizada, en particular a la delincuencia organizada internacional. En el centro de esta lucha está la lucha contra lo que conocemos como blanqueo de dinero entre las organizaciones internacionales, que hoy no conoce fronteras ni en Europa ni en el resto del mundo. Quisiera recordarles una frase del inolvidable juez italiano Giovanni Falcone, relacionada con este asunto. Como recordarán, fue asesinado por la Mafia. Hace diez años, en una audiencia dijo: «la Mafia no ha esperado hasta la realización del mercado interior para internacionalizar su actividad». Por esta razón, es importante que los que están a cargo de los sistemas jurídicos en los Estados miembros den una respuesta internacional a esta internacionalización de la delincuencia.
Cabe decir que, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Europa se han adelantado, elaborando convenios que son un punto de referencia muy valioso para el tema que estamos debatiendo. Sin embargo, la base legislativa adecuada es el plan de acción aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en el mes de junio de 1997 y desarrollado por el Consejo Europeo de Viena en diciembre del año 1998. Estos planes de acción especifican los procedimientos de aplicación de las medidas internacionales en materia de decomiso, que son claramente un complemento de las diferentes medidas nacionales. El Consejo subraya la importancia de que cada Estado miembro - y cito el texto del Consejo - «cuente con una legislación desarrollada y de amplio alcance en materia de confiscación de productos del crimen» y «establezca procedimientos especiales para la detección, la incautación y la confiscación de los productos del crimen».
Por lo que respecta al debate en comisión sobre el informe del Sr. Di Lello Finuoli, hemos presentado toda una serie de enmiendas que han sido aprobadas por la comisión. Nuestro ponente opina que estas enmiendas debilitan el texto original, pero, por supuesto, nosotros creemos que lo refuerzan. Quisiera mencionar una en particular: la enmienda que invierte la carga de la prueba y la transfiere de la defensa a la acusación.

Marinho (PSE).
Señora Presidenta, todos somos conscientes de las reservas de mi grupo ante las iniciativas de los Estados miembros relativas a la construcción del espacio judicial europeo.
El método más eficaz y coherente, en la mayor parte de las materias que lo integran, es la iniciativa de la Comisión, que esperamos sea el método de trabajo por excelencia después del trabajo de la Convención, precisamente porque sólo la Comisión está en condiciones de defender y promover el equilibrio de valores y los principios que no se agotan con la construcción de la seguridad europea, que se aparta del componente arraigado de los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. La historia de la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia está hecha de iniciativas aisladas de los Estados miembros, que realizan contribuciones específicas en materia de seguridad según estiman conveniente, a partir de las preocupaciones de sus ciudadanos.
Por el contrario, asistimos a la desaparición de las iniciativas de la Comisión para una aproximación de la legislación, en la que los esfuerzos para la persecución de la delincuencia se concilien con la protección de los valores individuales. No es culpa de la Comisión, sino el resultado de las diferencias entre los varios Estados miembros. Además, si bien no existen pruebas de que el espacio nacional sea el más adecuado para combatir la delincuencia organizada internacional, tampoco se podrá probar nunca que las libertades se protegen mejor dentro del restringido marco de las fronteras nacionales. Recordemos los motivos de las peticiones de adhesión y los ejemplos de España y Portugal, que entraron a formar parte del marco europeo muy rápidamente y, en consecuencia, se convirtieron en democracias estables y profundamente arraigadas.
La iniciativa y el informe del Sr. Di Lello Finuoli, que retoman los mecanismos sobre la congelación de bienes y pruebas que yo mismo traté en este Parlamento y que el Consejo todavía no ha aprobado, merecen mejor suerte que la que ha sufrido mi informe.
Por lo tanto, a pesar del método y de algunos pormenores con los que estamos en relativo desacuerdo, votaremos a favor de esta iniciativa y de este informe en señal de que el Parlamento continúa apoyando al Consejo de Tampere y a la interpretación sensata y genuinamente europea de la Comisión sobre las promesas hechas en el Consejo Europeo.
Porque, Señora Presidenta, los electores no quieren que la delincuencia quede impune, en particular la delincuencia internacional, en nombre de la soberanía de cada uno de los Estados miembros.

Angelilli (UEN).
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando al ponente por su trabajo. El decomiso de productos procedentes del delito es, como el ponente ha señalado, una herramienta muy eficaz para combatir la delincuencia organizada.
Yo añadiría que el decomiso de productos procedentes del delito es también una manera muy valiosa de aumentar los fondos de indemnización para las víctimas de la delincuencia organizada, víctimas de crímenes atroces asociados con el terrorismo, la pedofilia, la trata de seres humanos o el tráfico de armas o drogas, víctimas que - conviene señalar - a menudo lo son por partida doble, en primer lugar porque son víctimas de un crimen y, en segundo lugar, porque después no reciben una indemnización suficiente y oportuna por los daños sufridos. Por lo tanto, urge la aproximación de la legislación y los procedimientos en esta materia, en especial cuando se trata de actividades criminales que no conocen fronteras.
Por lo que se refiere a la propuesta del Reino de Dinamarca, estoy de acuerdo con el ponente en que su marco de aplicación debe limitarse a los delitos de la delincuencia organizada. Asimismo, apoyo su propuesta para que la carga de la prueba sobre la procedencia ilegítima de los bienes recaiga sobre la acusación y no sobre la defensa.
Por último, si bien creo que es importante decomisar los productos procedentes del delito, cuando éstos hayan sido transferidos de manera ficticia al cónyuge, a la pareja o a cualquier otra persona jurídica, la acusación tiene que probar que los bienes del cónyuge, de la pareja o de cualquier otra persona jurídica pertenecen efectivamente a la persona condenada y que, por tanto, las otras personas sólo tienen una titularidad o una disponibilidad ficticia sobre ellos.

Vitorino
Señora Presidenta, quisiera comenzar agradeciendo al ponente, Sr. Di Lello Finuoli, su útil y exhaustivo informe sobre las dos iniciativas danesas en materia de decomiso.
En primer lugar, voy a hablar de la Decisión marco sobre el decomiso de instrumentos y productos del delito.
Como ya ha dicho el ponente, es esencial que todos los Estados miembros adopten normas para el decomiso en general. Sin embargo, el valor adicional de esta iniciativa es que permite amplios poderes para decomisar los bienes de una persona condenada por un delito grave, en especial cuando el condenado está relacionado con la delincuencia organizada.
Los problemas que plantea esta iniciativa, como ha dicho el ponente, se refieren principalmente al concepto de los poderes amplios de decomiso, que amplía las medidas de decomiso a los bienes no relacionados con el crimen por el que se ha condenado a la persona. Dichas medidas permiten el decomiso de los bienes de una persona condenada si ésta no puede probar su procedencia legítima, y permite el decomiso de los bienes del cónyuge de la persona condenada.
En mi opinión, debería ser posible romper el lazo entre el delito cometido y los bienes que se confiscan, especialmente si éstos son de procedencia ilegal. Sin embargo, el ámbito de aplicación de estas medidas debería restringirse a los delitos graves relacionados con la delincuencia organizada.
Además, la relación entre la persona condenada y el tercero no es importante, sino el hecho de que los bienes obtenidos ilegalmente se hayan transferido a un tercero.
Por tanto, al igual que el ponente, comparto el enfoque general adoptado por la Presidencia danesa. Apoyo en especial la enmienda del ponente que introduce el concepto de proporcionalidad, de manera que el decomiso no resulte en una pérdida patrimonial desproporcionada con respecto al delito cometido. Asimismo, apoyo la enmienda que restringe el ámbito de aplicación de los poderes amplios de decomiso a la delincuencia organizada.
Tengo algunas dudas respecto de la enmienda mencionada por el ponente, que exige a los Estados miembros la exclusión en su legislación de la inversión de la carga de la prueba. Sinceramente, no me parece necesario incluir tal disposición en este instrumento específico en materia de decomiso, porque podría interpretarse como opuesto al principio de subsidiariedad.
La iniciativa danesa prevé una cierta flexibilidad en relación con la carga de la prueba. Como ha mencionado el Sr. Di Lello Finuoli, tenemos que encontrar un equilibrio entre la lucha contra la delincuencia organizada por una parte, y el respeto de los derechos fundamentales del acusado por otra. Por lo tanto, no es necesario invertir la carga de la prueba. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que la persona condenada en conexión con la delincuencia organizada que no pueda justificar su nivel de vida tendrá que enfrentarse al decomiso de sus bienes, a menos que pueda demostrar su procedencia legítima.
Como acaba de decir el Sr. Marinho, la segunda iniciativa danesa para la adopción de una Decisión marco sobre la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea se refiere al reconocimiento mutuo y la ejecución de resoluciones de decomiso en la Unión Europea. Está íntimamente relacionada con la iniciativa propuesta sobre congelación y decomiso de bienes, de la cual era ponente el Sr. Marinho, y la Comisión tiene la intención de mantener la coherencia entre las dos iniciativas.
Algunos de los temas tratados en la segunda iniciativa en relación con la Decisión marco relativa al reconocimiento mutuo de sanciones financieras se están debatiendo en el Consejo en este momento. En consecuencia, nos alegra que el ponente comparta la opinión de la Comisión sobre esta Decisión marco. La mayoría de sus enmiendas tienen por objeto asegurar que las decisiones se reconozcan sólo cuando las adopten los jueces. Compartimos la opinión de que es importante aclarar la posición de la autoridad de emisión. Como usted ya ha mencionado, el texto inicial resultaba confuso para las autoridades judiciales, los tribunales y los jueces. Tiene que ratificarse.
Estamos de acuerdo en que las decisiones adoptadas tanto por los magistrados encargados de la investigación como por los fiscales no deberían ser competencia de estos órganos.
Asimismo, el ponente sugiere que el Estado de emisión no pueda imponer una pena privativa de libertad como alternativa al decomiso. Aunque estamos de acuerdo con esta enmienda, nos parece que este asunto debería tratarse en la primera Decisión marco sobre la aproximación de las normas nacionales sobre decomiso.
Quisiera concluir agradeciendo al ponente y a la Cámara su paciencia durante este debate de última hora.

La Presidenta.
Gracias, Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.09 horas)

