Obligaciones de publicación y traducción a que están sujetos determinados tipos de sociedades (debate) 
Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora P-N. Kauppi en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 68/151/CEE y 89/666/CE del Consejo en lo relativo a las obligaciones de publicación y traducción a que están sujetos determinados tipos de sociedades - C6-0171/2008 -.
Piia-Noora Kauppi
ponente. - (EN) Señor Presidente, este informe forma parte del paquete de simplificación sobre el derecho de sociedades. Es muy importante que en la Unión Europea intentemos simplificar el entorno empresarial para que las empresas prosperen y generen crecimiento para la economía europea. El objetivo consiste en reducir las cargas administrativas por lo que respecta a las obligaciones de publicación y traducción a que están sujetos determinados tipos de sociedades. La propuesta forma parte de un amplio ejercicio de reducción de las cargas administrativas; liberará y redirigirá los recursos de las empresas y de este modo fomentará la competitividad de las economías europeas.
En la actualidad, en virtud de lo dispuesto en la Primera Directiva sobre Derecho de Sociedades, se exige a las sociedades que publiquen en sus respectivos boletines oficiales nacionales cierta información que debe constar en los registros mercantiles de los Estados miembros. En la mayoría de los casos, la publicación en el boletín oficial acarrea a las sociedades gastos adicionales sin aportar un auténtico valor añadido. El objetivo de la propuesta es, por tanto, eliminar todos los requisitos adicionales de publicación previstos por la legislación nacional que llevan aparejados costes adicionales para las sociedades.
De todas formas, la Comisión confiere a los Estados miembros más flexibilidad con respecto a estos requisitos adicionales de publicación. Todavía es posible que los Estados miembros tengan requisitos adicionales, pero estos los cubriría la tasa única propuesta para la nueva plataforma electrónica.
Todos los Estados miembros deberían disponer de plataformas electrónicas que contengan toda la información y proporcionen acceso a esta información en el expediente electrónico de las sociedades que figura en el registro. Este sería un modo rentable y fácilmente accesible de proporcionar toda la información necesaria relativa a las sociedades. Algunos Estados miembros ya cuentan con estas bases de datos y registros electrónicos, pero otros no tienen este tipo de bases de datos digitales.
Lo más importante es introducir la tasa única, fijada por los Estados miembros, que cubra todos los costes relacionados con las obligaciones de publicación y administración. Esta tasa única también debería cubrir las posibles obligaciones nacionales de publicar asimismo la información en periódicos locales o regionales.
No obstante, la Comisión de Asuntos Jurídicos también quiere introducir un poco de flexibilidad con respecto a estos costes y pensamos que, si existen razones de peso, sería posible que los Estados miembros tuvieran tasas adicionales.
Por lo que respecta a la Undécima Directiva sobre Derecho de Sociedades, la propuesta aborda las obligaciones de traducción de los documentos que deben inscribirse en los registros de las sucursales de las sociedades. Al registrar una sucursal, las sociedades deben inscribir asimismo determinada información en el registro de la sucursal. Esta situación provoca a menudo costes adicionales considerables a las sociedades, puesto que no solo se ven obligadas a garantizar la traducción de determinados documentos a la lengua del Estado miembro donde radica la sucursal sino que, además, deben cumplir a veces con requisitos excesivos en materia de autenticación o protocolización de la traducción. Así que ahora estamos intentando facilitar las obligaciones de traducción al suprimir esta autenticación y autorización.
El objetivo es reducir al mínimo los costes de traducción y autenticación. Esta opción aporta beneficios a las sociedades al conseguir una cierta reducción de los costes al tiempo que asegura la fiabilidad de las traducciones.
Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y he intentado mantener mi redacción lo más parecida posible a la propuesta de la Comisión. Sin embargo, no fue posible llegar a un consenso basado en la propuesta de la Comisión aquí en el Parlamento.
En el informe hemos introducido algunas enmiendas por las que se aclara la aplicación práctica de las disposiciones relativas a los costes de publicación y a la traducción y también hemos introducido algunas enmiendas técnicas con objeto de garantizar que se establece una correspondencia correcta con la Segunda Directiva sobre Derecho de Sociedades.
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha introducido tres enmiendas de transacción presentadas por varios colegas para que estos requisitos adicionales de publicación puedan permitirse si están bien fundamentados, pero las incluimos como considerandos y no figuran en los artículos. Creo que es muy importante que haya una recomendación en los considerandos para que los Estados miembros utilicen esta flexibilidad, pero no les instamos a hacerlo. Si el Estado miembro cree que sus empresas realmente necesitan cumplir con la publicación en el boletín oficial nacional -y esto es algo que quiere el Estado miembro- puede hacerlo, pero no hemos sugerido nada en este sentido en los artículos.
La segunda cuestión es que yo, personalmente, he intentado introducir un periodo de transición, que todavía pienso que sería un buen camino a seguir. Durante el periodo de transición estos requisitos de publicación seguirían ahí, pero una vez que el periodo de transición finalizara solo tendríamos la base de datos electrónica. Creo que este tipo de propuesta de un periodo de transición también estaría en consonancia con el asunto de la penetración de Internet, es decir, que algunos Estados miembros tienen mejor penetración de Internet que otros; quizá después del periodo de transición podríamos asegurarnos de que hubiera la suficiente distribución de información en todos los Estados miembros. De este modo podríamos tener en cuenta el hecho de que la penetración de Internet en todos los Estados miembros no se encuentra al mismo nivel.
Charlie McCreevy
miembro de la Comisión. - (EN) Señor Presidente, me gustaría agradecer a la ponente su trabajo en este expediente, que se ha vuelto más complicado de lo que se esperaba. Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso de reducir la carga reglamentaria en las empresas y agradecemos la continua motivación del Parlamento en este sentido.
Sin embargo, es difícil no sentirse decepcionado con algunas de las enmiendas propuestas para la Primera Directiva sobre Derecho de Sociedades. Permítanme recordarles que el Parlamento Europeo, en su resolución del 12 de diciembre de 2007 sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2008, acogió con agrado la decisión de la Comisión de alcanzar el objetivo de reducir en un 25 % las cargas administrativas en las empresas en el ámbito nacional y comunitario antes de 2012. El Parlamento declaró que lo consideraría una prioridad fundamental durante los meses siguientes, en particular con respecto a las PYME, y una contribución esencial para alcanzar las metas de Lisboa. Por lo tanto, el Parlamento señaló que examinaría las propuestas legislativas en este sentido.
Además, en su resolución del 21 de mayo de 2008 sobre la simplificación del entorno empresarial, el Parlamento apoyó esta propuesta específica de modificaciones a la Primera Directiva sobre Derecho de Sociedades, coincidiendo en que sería más sencillo que las empresas publicaran información estatutaria. En particular, el Parlamento apoyó firmemente el uso de nuevas tecnologías.
Sin embargo, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que se presenta ahora socava por completo el objetivo de la propuesta de la Comisión Europea. La evaluación de impactos de la Comisión estimó una posible reducción de alrededor de 600 millones de euros al año. Según el proyecto de informe, los Estados miembros no solo podrían continuar imponiendo todas las cargas administrativas actuales a las empresas, sino también añadir otras nuevas. Así que, mientras que la propuesta de la Comisión se basa en la idea de que el nuevo instrumento de publicación de una plataforma electrónica debería reemplazar los incómodos medios de publicación actuales, el proyecto de informe, en vez de reducir las cargas administrativas, añadiría otras nuevas.
El objetivo de la propuesta de la Comisión ha recibido el apoyo de la gran mayoría de las partes interesadas. También lo ha apoyado una amplia mayoría de Estados miembros en los debates del Consejo que se han celebrado hasta ahora. Pero adoptar la directiva tal como la ha propuesto actualmente la Comisión de Asuntos Jurídicos pondría en peligro la credibilidad de todo el ejercicio de reducción de la carga administrativa.
En principio, la Comisión puede compartir el objetivo de la enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la medida en que esta consista en asegurar la financiación de los periódicos que actualmente dependen de las tasas de publicaciones empresariales. No obstante, deben hallarse otras formas para esta financiación. No puede imponerse a las empresas que cumplan con obligaciones de publicación que no proporcionan ningún valor añadido considerable en el entorno tecnológico de hoy en día.
Margaritis Schinas
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, me gustaría expresarles mi opinión. Nosotros apoyamos en gran medida la causa de esta propuesta de la Comisión, que está bien estructurada y, por supuesto, está destinada a minimizar las cargas administrativas.
Pensamos que, junto a la traducción, la simplificación de procedimientos y el reconocimiento de traducciones de otros traductores jurados de otro Estado miembro están totalmente justificados y apoyamos por completo este enfoque.
Ahora paso a la cuestión de la publicación. Nuestra comisión cree -al igual que cree la Comisión de Asuntos Jurídicos, en mi opinión con bastante acierto- que, además de las empresas, también hay ciudadanos que tienen derecho a saber. Por desgracia, señor Comisario, los ciudadanos no tienen el mismo acceso a los medios electrónicos a los que su propuesta inicial les remite.
Vivimos en una Europa plural, con distintos modelos y distintos valores. Usted, como Comisario de Irlanda, sabe que el resultado del referéndum en su país, la percepción de muchos de sus compatriotas sobre un modelo para toda Europa, nos cuesta caro. Por lo tanto, no queremos introducir este modelo en Europa, sabiendo muy bien que en mi país, en mi región, el acceso a Internet está restringido. Así que, ¿por qué deberíamos privar a estas personas, estos ciudadanos europeos, del derecho a conocer cuestiones que les afectan por otros medios tradicionales?
Por lo tanto, considero, señor Comisario, al igual que la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Asuntos Jurídicos, que la plataforma electrónica debe ser obligatoria y con toda la razón. Pero esta no debe ser la única plataforma. Debemos permitir que todos los ciudadanos europeos accedan a la información. No queremos una situación en la que alguien en una región de Europa tenga que descubrir lo que vaya a pasar en su región en una BlackBerry, porque donde vivo mucha gente no tiene una BlackBerry.
Por tanto, considero que, al igual que el representante de la Comisión, y creo que deberíamos enviar al Consejo el mismo mensaje, ustedes deben tomar en serio la posición que ya expresamos por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos y por amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos. Permítanme decir que, si ustedes están pensando en ignorarlo, les aconsejo que lo piensen de nuevo, porque solo mediante el diálogo democrático productivo podremos encontrar soluciones aceptables mutuamente en beneficio de muchas personas y no solo de unas pocas.
Georgios Papastamkos
Señor Presidente, el Consejo Europeo en marzo de 2008 pidió que se tomaran nuevas iniciativas legislativas de urgencia a fin de mejorar el entorno empresarial para las empresas de la Unión mediante la reducción de obligaciones y costes administrativos. En mi opinión, la propuesta de directiva de la Comisión que estamos debatiendo contribuye poco al objetivo fijado.
El problema central para las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, es que se necesitan condiciones objetivas para introducir mejoras en el entorno burocrático, legislativo y fiscal en general y esperamos una contribución incluso más considerable por parte de la Comisión en este sentido.
En este ejemplo particular, el propósito principal de publicar las cuentas anuales de las empresas y otros balances financieros es aplicar el principio de transparencia y publicidad en actividades comerciales. No obstante, el bajo nivel de penetración de Internet en un número significativo de Estados miembros de la Unión no constituye una garantía adecuada.
Además de eso, disponer de registros obligatorios en formato puramente electrónico también significaría la pérdida de miles de puestos de trabajo especializados en medios de impresión tradicionales. Además, la prensa es un componente esencial del principio de la transparencia y la vida democrática de la Unión, cuya contribución al multilingüismo y la diversidad de la Unión Europea es indiscutible.
Considero que la válvula de seguridad de adoptar una tasa única y de mantener la posibilidad paralela de publicar en este medio impreso, junto con la introducción de un registro electrónico, como se ha formulado en el consenso alcanzado y votado por todos -insisto, todos- los sectores de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es la solución equilibrada y racional que se necesita.
Para finalizar, permítanme señalar que lo que se necesita del Parlamento Europeo y lo que tiene el deber de ofrecer es la aprobación productiva de la labor legislativa comunitaria al tiempo que conserva la total independencia de su voluntad legislativa. Es voluntad de la Comisión de Asuntos Jurídicos, como ya se ha formulado, que el Pleno apruebe el informe de la señora Kauppi, a quien felicito por su trabajo.
A modo de posdata para usted, señor Comisario, no sé si la propuesta de consenso de la Comisión de Asuntos Jurídicos supone una decepción para usted, pero me gustaría decirle que espero sinceramente que, tan pronto como entre en vigor el Tratado de Lisboa, cambie la cultura de cooperación -como debe ser- entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Eso es lo que esperamos ahora; eso es lo que el Parlamento Europeo elegido democráticamente espera.
Ieke van den Burg
en nombre del Grupo del PSE. - (EN) Señor Presidente, en primer lugar hablaré del procedimiento. Es una lástima que no lo debatiéramos esta mañana, señor Comisario, cuando estábamos sentados juntos, porque me sorprende un poco que usted sea tan duro ahora en su discurso al Parlamento. En cuanto al procedimiento, soy especialmente crítica con la manera en que la Presidencia francesa ha abordado nuestras propuestas, al no cumplir ningún requisito para negociar ni intentar un diálogo sobre un posible acuerdo.
Lo mismo sucede con la Comisión. Con estos tipos de asuntos es normal intentar reunirse y encontrar una solución que refleje las preocupaciones de las distintas partes. Lamento que esto haya pasado y espero que en el periodo comprendido entre el Pleno y la votación en comisión haya oportunidad de hacerlo así.
En cuanto a los contenidos, creo que no se diferencian tanto. También estoy muy comprometida con aliviar las cargas administrativas. Siempre estoy presionando para conseguir el formato XBRL en contabilidad y este tipo de plataforma electrónica. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario, precisamente porque en algunos Estados miembros la sociedad electrónica todavía no está funcionando del todo. Es necesario disponer de esta solución provisional de transición para que los Estados miembros todavía tengan la opción de utilizar este tipo de registro en papel.
Este es realmente un problema temporal y podría haber una solución pragmática. Escuché esta semana que hace tan solo veinte años desde que se utilizó el correo electrónico por primera vez y desde la primera conexión a Internet, así que dentro de diez o veinte años será completamente normal que todo se procese de forma electrónica. Nos enfrentamos a un problema temporal y no deberíamos darle demasiada importancia. Deberíamos intentar encontrar una solución práctica y razonable en el sentido de lo que ustedes siempre nos están diciendo que también quieren.
Jean-Paul Gauzès
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a nuestra colega, la señora Kauppi, su excelente informe y su esfuerzo por hacer posible que se encuentre una solución razonable a los distintos problemas, especialmente al de la plataforma.
La directiva propuesta forma parte de una medida más amplia destinada a reducir la carga administrativa en las empresas, reducir las restricciones que se les imponen y aumentar su competitividad. Por supuesto, apoyamos este objetivo que beneficiará a las PYME. Aprobamos la creación de una plataforma electrónica que contenga toda la información y el principio de una tasa única que cubra todos los costes relacionados con las publicaciones necesarias.
Sin embargo, resulta apropiado ofrecer la mejor información posible y permitir la continuación de los métodos usuales de publicación, que todavía se necesitan, especialmente en la prensa impresa. El texto propuesto por la ponente tras las negociaciones y aprobado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Jurídicos, permitirá que los Estados miembros conserven los métodos de publicación usuales, puesto que su coste estará incluido en la tasa única de publicación.
Por lo tanto, señor Comisario, hemos cumplido con el espíritu de la propuesta haciendo de la plataforma un requisito y manteniendo el principio de una tasa única. No obstante, hemos tenido en cuenta la realidad de varios países que no cuentan con la infraestructura de tecnologías de la información de la que disponen otros países y que tienen hábitos informativos que no deberían ignorarse.
Señor Comisario, usted sabe que deben tenerse en cuenta las opiniones de los ciudadanos y que Europa no debe parecer una fuente de nuevas restricciones o dificultades. Por eso procuramos que haya flexibilidad para tener en cuenta las realidades de los distintos Estados miembros, al mismo tiempo que se conserva un sistema económico.
Usted ha dicho con dureza, señor Comisario, que la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos socava la posición de la Comisión Europea. No creo que esto sea acertado ni tampoco lo es decir que la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos introduce nuevas formalidades. Por el contrario, se ha acordado que estas son formalidades ya existentes que se conservarán y nosotros obviamente rechazamos la introducción de nuevas formalidades.
Lo que se necesita, señor Comisario, creo yo, es que Europa demuestre que es capaz de reducir la burocracia y las cargas administrativas, al tiempo que se respetan las identidades nacionales.
Manuel Medina Ortega
(ES) Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión que haya presentado esta propuesta. Creo que es una propuesta positiva y que nos ayudará a reducir las cargas administrativas innecesarias.
Ahora bien, como han dicho los oradores que me han precedido, este Parlamento tiene la obligación de traer a tierra lo que son propuestas muy generosas y muy altruistas por parte de la Comisión. Y la realidad es que hay una realidad nacional en la que hay veintisiete países con diferentes sistemas jurídicos y con idiomas muy diferentes, lo cual exige que, en cada uno de nuestros países, nos ajustemos a las realidades del país, incluyendo el tema de las lenguas.
Concretamente, como ha señalado el señor Gauzès, ahora mismo, y como han señalado los oradores anteriores, es importante que el reconocimiento de estas especificidades nacionales no lleve a un aumento de los costes, que las tasas sean uniformes y que los Gobiernos, eventualmente, asuman ese coste adicional.
Pero hay un tema que aparece también: es el tema de las traducciones. Concretamente, en la Unión Europea no tenemos un idioma común. En los veintisiete países se suelen hablar idiomas muy diferentes entre sí, incluso en algunos países, como el del Comisario, se hablan diferentes idiomas y vivimos con esto.
Y, desde el punto de vista jurídico, además, nos encontramos con la realidad de que los documentos jurídicos son diferentes. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha propuesto, por ejemplo, unas enmiendas sobre la autenticación de las actas, de los documentos, junto con la autenticación de la traducción. En estos momentos, la Comisión de Asuntos Jurídicos está preparando un informe sobre el reconocimiento de actas auténticas en diferentes países de la Unión Europea que debería ser complementario de este informe.
En definitiva, yo creo que la Comisión ha hecho bien presentando este informe. La ponente ha hecho un magnífico trabajo y creo que todos nos hemos esforzado por hacer una propuesta de texto legislativo que pueda ser reconocido en el conjunto de la Unión, garantizando los derechos y partiendo de las bases de la realidad de una Unión que se está construyendo, que tiene diferentes ordenamientos nacionales y que tiene diferentes niveles de acceso a la comunicación electrónica.
Françoise Grossetête
(FR) Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a la señora Kauppi, la ponente, por su excelente trabajo, ya que, gracias a ella, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha logrado un acuerdo que, insisto, señor Comisario, fue aprobado por unanimidad. Así que esto es una clara señal. Hará compatible la necesidad de las empresas, especialmente las PYME, de simplicidad administrativa con el derecho de los ciudadanos a la información, mientras que ofrecerá a los Estados miembros la oportunidad de conservar los requisitos de publicación, si así lo desean.
Estoy convencida de que el Parlamento Europeo seguirá la iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Los 27 Estados miembros tienen sus tradiciones. Algunos defienden que se utilice Internet exclusivamente. Otros todavía utilizan métodos de comunicación más tradicionales como el papel. Estas tradiciones deben respetarse. No olvidemos que el 50 % de los ciudadanos de Europa no tienen acceso a Internet. Si la información solo estuviese disponible únicamente en una plataforma electrónica, quienes no pueden acceder a Internet o prefieren utilizar el papel, no podrían recibir información sobre empresas en su región.
Creo que el Parlamento Europeo comprende bien que simplemente eliminar la publicación de los avisos judiciales y jurídicos en periódicos regionales, por ejemplo, tendría consecuencias desastrosas. En consecuencia, los Estados miembros deben ser capaces de organizar la distribución de información mediante canales complementarios, con condiciones específicas.
Señor Comisario, este no es un debate ideológico. ¿No cree usted que, en las circunstancias actuales, hay otras asuntos de los que ocuparse en vez de dificultar algo que funciona bien en los Estados miembros?
Al intentar simplificar siempre, a veces se corre el riesgo de hacer las cosas más complicadas. ¿Reducir costes? Sí, pero ¿a qué precio? ¿Facilitar las restricciones para aumentar la competitividad? Sí, pero ¿qué pasa con la competitividad cuando la simplificación corre el riesgo de perjudicar gravemente a la economía de todo un sector? Existe un gran deseo de que la Comisión se dé cuenta de que apoyamos soluciones que permitan que la prensa impresa supere las dificultades que afronta en la actualidad.
Señor Comisario, usted no debería ser insensible a las tradiciones de los Estados miembros. Al actuar de este modo, usted es responsable de poner en peligro los puestos de trabajo de un determinado número de periodistas y también de que gran parte de la población carezca de información.
Buscamos una directiva equilibrada que incorpore la plataforma electrónica y la tasa única. Estamos convencidos de que hemos conseguido esta solución y usted debe respetar la votación del Parlamento Europeo.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PL) Señor Presidente, el Parlamento Europeo hace mucho tiempo que viene planteando la cuestión de los costes innecesarios y desproporcionadamente elevados de administración impuestos a las empresas europeas. Estos costes no solo hacen que los negocios sean más difíciles, sino que representan un obstáculo al enfrentarse a los retos de la sumamente competitiva economía mundial actual.
Así que resulta agradable que la Comisión por fin haya prestado atención a este asunto, que proponga aplicar el procedimiento de urgencia a la enmienda de las Directivas Primera y Undécima sobre Derecho de Sociedades, lo cual contribuirá a una mejora más rápida del entorno empresarial de las empresas europeas. En el caso de la Primera Directiva, la eliminación de la legislación nacional de todos los requisitos adicionales de información que aumentan los costes empresariales sin duda parece muy apropiada. La plataforma electrónica propuesta con toda la información sobre las empresas proporcionará una solución económica y fácilmente accesible, al igual que un pago único que cubra todos los costes, ya sean administrativos o relacionados con los requisitos de información.
La propuesta relativa a la Undécima Directiva sobre Derecho de Sociedades hace referencia a la traducción y autenticación de documentos que deben constar en los registros mercantiles de la sucursal de una empresa establecida en un Estado miembro distinto. El reconocimiento mutuo de traducciones propuesto por la Comisión como forma de reducir la carga administrativa contribuirá, sin duda, a reducir los costes que deben pagar las empresas, al tiempo que garantizará la fiabilidad de las traducciones. Por último, permítanme felicitar a la ponente, la señora Kauppi, por su excelente informe.
Costas Botopoulos
(EL) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría aprovechar el privilegio de ser el último orador para hacer un comentario político y dos comentarios técnicos sobre la directiva que estamos debatiendo.
Mi comentario político es que hoy somos testigos de un momento excepcional en el Parlamento Europeo: unanimidad absoluta en todos los sectores de la Cámara, desde la derecha hasta la izquierda, en cuanto a la dirección en la que el Parlamento desea tomar una iniciativa legislativa específica. Numerosos diputados han dicho, y también quiero destacarlo, que esto es algo muy poco habitual y necesariamente deberá tenerse en cuenta en la decisión final de la Comisión.
No estamos socavando la propuesta de la Comisión. Estamos intentando modernizarla y hacerla más humana, más lógica y más práctica. Ese es mi comentario político.
Quisiera hacer dos comentarios técnicos: en cuanto a la cuestión de la publicación, deseo añadir, al igual que otros diputados ya han dicho, que es absolutamente justo y correcto que los Estados miembros donde el acceso a Internet está gravemente limitado tengan la posibilidad, junto con la norma general de publicación electrónica, de publicar en la prensa por obvias razones sociales y financieras.
Me gustaría comentar brevemente la cuestión de la traducción, con la cual no hay ningún problema en absoluto. La posibilidad de que haya solo una traducción reconocida nos proporciona una solución práctica. La cuestión de la traducción que se plantea aquí no es una cuestión de idioma, no es una cuestión de transparencia, no es una cuestión de estilo. Es una cuestión práctica que puede resolverse muy simplemente reconociendo la traducción.
Existe una diferencia, por tanto, entre los problemas políticos y los problemas técnicos. No estamos socavando la propuesta, sino que la estamos mejorando.
Charlie McCreevy
miembro de la Comisión. - (EN) Señor Presidente, permítanme comenzar diciendo que si la señora Van den Burg hubiera planteado este asunto esta mañana, gustosamente me habría ocupado de él. Le pregunté si había algún otro asunto que quisiera plantear y, si lo hubiera hecho, le habría hablado sobre él. Si hubiera planteado algún asunto -como el tiempo en Irlanda- lo habría discutido con usted también. Para mí no es ningún problema hacerlo.
Para mí no es ningún problema en absoluto lo que decida el Parlamento Europeo, porque ese es su trabajo y eso es lo que ustedes deben hacer. Pero debe tenerse en cuenta el trasfondo de esta propuesta en concreto y, puesto que comprendo su posición, les pido que comprendan la mía.
Esta propuesta particular se presentó en el contexto de la reducción de la carga administrativa para las pequeñas empresas. Formaba parte de la simplificación del entorno empresarial. Se ha calculado lo que esta propuesta conseguiría: reducir el coste anual en 600 millones de euros. Así que la razón de presentar esta propuesta fue reducir los costes administrativos para las pequeñas empresas. Como señalé en mis observaciones anteriores, todo el proyecto de reducir costes ha sido bien acogido por el Parlamento Europeo en varias resoluciones.
Así que este es el contexto en el que se presentó esta propuesta. Con la idea de reducir los costes administrativos y la simplificación para las empresas más pequeñas elaboramos esta propuesta concreta.
Por tanto, difícilmente pueden esperar que acepte las enmiendas del Parlamento Europeo que van en dirección totalmente opuesta, al no reducir los costes administrativos sino aumentarlos. Si el Parlamento Europeo cree que, en este caso en particular, la balanza de las ventajas pesa más al mantener esto de la forma que desea, que así sea. Ese es un punto de vista perfectamente legítimo. Pero esto no puede hacerse compatible con el objetivo original que ustedes propusieron, que era la reducción de costes. Si el Parlamento y otras personas creen que por todas las razones que ustedes han expuesto debería mantenerse así, difícilmente pueden esperar que yo me ponga en pie y coincida con ustedes en que esto va a reducir los costes administrativos cuando va a hacer lo contrario, de hecho va a añadir costes más que reducirlos.
Las enmiendas presentadas por las dos comisiones del Parlamento Europeo significan que el único cambio que los Estados miembros tendrían que aplicar tras la adopción de esta directiva sería el uso obligatorio de una plataforma electrónica. No se lograría ninguna reducción de la carga administrativa actual mediante el ahorro que esperábamos de nuestra propuesta original, que se ha estimado, como ya he dicho, en la declaración de impacto, en torno a 600 millones de euros al año. Así que la adopción de una directiva que no conduce a ninguna reducción sino a cambios cosméticos sin duda representaría una señal negativa respecto a la reducción general de la carga administrativa sobre la que hemos hablado.
Por lo tanto, les pido a los diputados al Parlamento Europeo que también respeten mi posición. Si la opinión del Parlamento parece seguir esa línea particular -y mañana tendrá lugar la votación- que es su punto de vista y ustedes tienen todo el derecho a mantener esa posición, a mí no me supone ningún inconveniente. Pero ustedes tienen que respetar mi posición de que difícilmente puedo aceptar enmiendas que vayan en la dirección contraria al propósito original de presentar esto en primera instancia. No deberíamos enfrentarnos por ello, pero no estaré en posición de invertir la lógica y decir que lo que el Parlamento Europeo está haciendo está bien, porque aumentará los costes administrativos antes que reducirlos.
Puedo escuchar las razones que presenten para mantenerlo tal como está -y quizá tengan argumentos válidos- pero eso no es lo que empezamos a hacer; esa no es la razón por la que presentamos esta propuesta concreta. Así que ¡c'est la vie!
Piia-Noora Kauppi
ponente. - (EN) Señor Presidente, me gustaría hacer una puntualización sobre el procedimiento. La señora Van den Burg ya dijo que la Presidencia francesa ha actuado muy bien con este expediente. Hemos intentado proponer varias posibilidades de reuniones de las tres partes para discutir posibles acuerdos. Por desgracia, la Presidencia francesa no está dispuesta a asistir a estas reuniones. Ellos no están dispuestos a organizar reuniones en el grupo de trabajo del Consejo para discutir el camino correcto. Además ellos no se encuentran presentes hoy aquí para debatir este tema tan importante.
La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos proporciona mucha flexibilidad a los Estados miembros. Proporciona mucha más flexibilidad que mi opinión personal. No obstante, la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos va tan lejos como nosotros podemos llegar. Esta no es la única propuesta sobre la mesa en el Parlamento en este momento. Mi opinión es que si el Consejo no es capaz de aceptar la opinión del Parlamento, es decir, la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos -sobre la que se votará mañana- como le hemos pedido que haga, así que tenemos que recurrir a una segunda lectura.
No podemos permitir que el Consejo juegue con nosotros. Si esto no se acepta de la manera que mañana vote el Parlamento, ciertamente se producirá un retraso en el proceso. Quizá no tengamos listo este proyecto antes de las elecciones y corremos el riesgo de que quizá la Comisión retire la propuesta. Creo que sería muy decepcionante si el Consejo no tuviera una mayoría cualificada detrás y no presentara propuestas sobre cómo alcanzar un acuerdo.
Estaríamos dispuestos a discutir acuerdos. Personalmente me alegraría si el Consejo propusiera algo en la reunión a tres bandas sobre las bases del acuerdo, pero se esconde, no acude a las reuniones ni organiza diálogos de las tres partes. Nos deja en una situación muy difícil.
Por eso me disgustan los debates sobre el procedimiento. Espero que la Comisión no retire la propuesta. Espero que todavía exista la oportunidad de llegar a un acuerdo que se adapte a todos los Estados miembros y también al Parlamento Europeo.
Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.
