Derechos procesales en procedimientos penales (debate) 
Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
la pregunta oral al Consejo sobre derechos procesales en procedimientos penales, a cargo de Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala y Rui Tavares, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior - B7-0343/2009),
la pregunta oral a la Comisión sobre derechos procesales en procedimientos penales, a cargo de Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala y Rui Tavares, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior - B7-0344/2009).
Sarah Ludford
autora. - Señor Presidente, reconozco con franqueza y sin reservas que estas dos preguntas orales, presentadas el 1 de diciembre del año pasado, se han visto superadas por los acontecimientos, pero vale la pena que en este debate se admita que el asunto de los derechos procesales está plenamente de nuevo sobre la mesa tras una lamentable ausencia de varios años, y que se subraye la urgencia y prioridad de este programa.
Durante la última década, el Parlamento Europeo ha manifestado de forma consecuente la queja de que las garantías procesales y los derechos de los acusados no han recibido la misma atención, por no hablar de acción, como pasos para potenciar la velocidad y eficacia de la fase de instrucción y de los procedimientos penales. Hemos apoyado esto último porque, en tal caso, se podrán detener a más delincuentes. Aquellos que, en principio, rechazan la Orden de detención europea son los que realizan una apología de los delincuentes mafiosos y ladrones en fuga, de los violadores y terroristas. Pero es una cuestión de equilibrio y de conseguir una "Orden de detención europea reforzada", y así una justicia integral a través de garantías procesales que acompañen a los procedimientos penales simplificados transnacionales. Desde luego, los adversarios de la Orden de detención europea tampoco quieren iniciativas respecto a los derechos, simplemente quieren una "Orden de detención europea reducida".
Sin embargo, la aplicación de la Orden de detención europea sin las debidas garantías procesales ha conducido, en algunos casos, a una negación de la justicia, porque el reconocimiento mutuo no ha ido acompañado de una base sólida de confianza recíproca. Encontramos un caso así en uno de mis propios votantes, el señor Andrew Symeou. Andrew estuvo en prisión en Grecia durante seis meses en espera de juicio por un cargo de homicidio sin premeditación, que parece estar fundamentado en una identificación errónea y, lamento decir, en la brutalidad policial hacia los testigos, y considero que se ha producido una vulneración de la Orden de detención europea. Cuando esta medida se adoptó en 2002, fue con el acuerdo de todas las partes de que tendría como consecuencia que los ciudadanos de la UE pudiesen ser sometidos a juicio y encarcelados en otro Estado miembro, y de que a ella seguirían rápidamente otras medidas para garantizar sus derechos a un juicio justo y que no hubiese arbitrariedades judiciales. Los Estados miembros traicionaron esa promesa al no aceptar la propuesta de la Comisión de 2004 para una decisión marco suficientemente amplia sobre derechos procesales, y ahora lo mejor que podemos obtener es una solución de compromiso. Le agradezco a la Presidencia sueca que haya relanzado la idea, pero se trata solamente de una hoja de ruta gradual.
Es necesario que veamos el vaso medio lleno y seamos optimistas, aunque lamento que el Consejo, de forma preocupante, prometa solo considerar, pero no legislar sobre el sistema de fianza a nivel europeo, lo que habría ayudado a Andrew Symeou, a quien explícitamente se le denegó la libertad bajo fianza por ser extranjero. A los jueces se les pide actualmente que ejecuten sentencias y autos judiciales en otros Estados miembros sin examinar los hechos, y van a verse sometidos a una crítica cada vez mayor y al malestar público si no hay una conformidad general en la UE con respecto a unas garantías procesales y unos derechos de defensa mínimos en la fase de instrucción y durante los procedimientos penales. No se trata tan solo de ciudadanos a título particular que temen unas garantías deficientes de sus derechos, también es algo que disuade a los jueces, e igualmente a la policía y los fiscales de trabajar conjuntamente.
Da la casualidad de que creo que la garantía de los derechos humanos en las Órdenes de detención europeas debería ser una condición expresa para la extradición, incluso si la Comisión lo detesta. Gracias a los demócrata-liberales, la legislación británica que pone en práctica la medida establece que hay que convencer al tribunal de justicia de que no existe violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Paradójicamente, los órganos jurisdiccionales británicos parecen reacios a acogerse a esa cláusula para detener la entrega. Si ahora todos los Estados miembros respetasen a conciencia sus obligaciones derivadas del CPDH, podría no haber necesidad de medidas por parte de la UE. El problema no es la carencia de normativa, sino la falta de respeto en la práctica, y ese es el motivo por el que muchos Estados miembros terminan ante el Tribunal de Estrasburgo. Si se tiene en consideración que el Tratado de la Unión Europea y ahora el TFUE obliga a los Estados miembros a respetar el CPDH, esto resulta vergonzoso e inaceptable. Así que ciertamente necesitamos un mecanismo comunitario para el cumplimiento de la norma, que procederá a partir de ahora de la autoridad de la Comisión en materia de infracción de normas y de la supervisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por tanto, las medidas de la UE necesitan, por un lado, ser coherentes con el CPDH y no entrar en conflicto con él o socavarlo y, por otro, añadir valor en el sentido de reforzar la aplicación práctica.
Confío en que la Comisión y el Consejo coincidan en que el nivel de las directivas para garantizar los derechos fundamentales debería ser alto. La iniciativa del Estado miembro sobre interpretación y traducción, que proponía el texto sobre el que el Consejo estuvo de acuerdo el pasado octubre, es menos ambiciosa que el texto de la Comisión y necesita mejoras. Así que nos preocupa que la primera medida no alcance el nivel más alto. Tengo la esperanza de que seamos más ambiciosos y sentemos un precedente en las siguientes fases del proceso de desarrollo de derechos procesales, que, tras la cuestión de la interpretación y traducción, continuará con otras medidas, como el asesoramiento jurídico, el derecho a la comunicación con las autoridades consulares, etc. Por tanto, quiero que el Consejo y la Comisión ofrezcan garantías de que las medidas de la hoja de ruta se desplegarán con la celeridad suficiente para mantener el impulso hacia un auténtico logro del derecho a un juicio con las debidas garantías procesales, algo que se debería haber alcanzado ya hace tiempo.
Diego López Garrido
Presidente en ejercicio del Consejo. - Agradezco que esta pregunta haya sido presentada por la señora Ludford, que ha intervenido anteriormente, por la señora Antonescu, las diputadas Romero y Hautala y el diputado Tavares porque, efectivamente, estamos ante una cuestión de primera magnitud como son las garantías procesales en los procedimientos penales. A este respecto, quiero decir que coincidimos con la valoración de la importancia de este asunto, que ha sido señalada por su Señoría, y también coincidimos con que esto debe ser armonizado a nivel europeo.
Ustedes, en la pregunta, señalan primero que la Presidencia sueca ha hecho un progreso importante. Efectivamente, la Presidencia sueca ha hecho un progreso importante en este sentido. Se acordó, en el Consejo, una orientación general sobre el texto relativo al derecho a la interpretación y a la traducción en los procedimientos penales y un mes después -esto fue en octubre-, en noviembre, el Consejo adoptó un plan para avanzar en más medidas, como ha pedido la señora diputada, en cuanto a garantías procesales. Algunas las ha citado usted, señora Ludford, como la de los derechos de información sobre los derechos -valga la redundancia- y sobre los cargos que tiene una persona en un procedimiento penal, sobre la ayuda, el consejo legal, sobre la comunicación con familiares y con las autoridades consulares o sobre las especiales garantías que se deben tener y la protección de personas acusadas que son vulnerables. Esto, por lo que se refiere al Consejo durante la Presidencia sueca.
Ustedes, a continuación, dicen: ¡Bien! y ¿hay un acuerdo con el Parlamento Europeo para que continúe este trabajo como una prioridad? Les decimos: Sí, es una prioridad continuar en esa línea. ¿Cómo? ¿Con qué iniciativas?
Lo primero que va a hacer la Presidencia española es intentar que se adopte, trabajando con el Parlamento Europeo, la Directiva que trece Estados miembros han lanzado sobre los derechos de interpretación y traducción en los procedimientos penales. No fue posible continuar con la que presentó la Comisión y trece Estados miembros han sustituido esa iniciativa. Queremos que esa iniciativa se apruebe en colaboración, naturalmente, con el Parlamento Europeo. Y además, esperamos de la Comisión que, en el resto de aspectos de las garantías procesales, la Comisión plantee las oportunas iniciativas. Estamos muy dispuestos a que eso se haga lo antes posible, para poder entrar, una vez más con Consejo y Parlamento Europeo, a aprobarlas.
Quiero terminar diciéndoles que la Presidencia española tiene previsto organizar un seminario en Madrid, el próximo mes de marzo, junto con la Comisión y la Academia Europea de Derecho sobre el tema de los Estándares Comunes de Garantías Procesales. Esto pone de manifiesto, señora Ludford, cómo compartimos intensamente con usted y con las personas que han suscrito esta pregunta la urgencia de regular estas cuestiones, de armonizarlas a nivel europeo y, por supuesto, de mantener informado siempre al Parlamento Europeo sobre la evolución de los trabajos.
Jacques Barrot
Gracias por esta pregunta. Ustedes saben lo mucho que valoro estas garantías procesales. Es cierto que durante muchos años la Comisión ha luchado para garantizar una verdadera aplicación en todos los procedimientos penales de Europa de un conjunto mínimo de reglas comunes relativas al derecho a la defensa. Es algo necesario para la cooperación judicial y supone una requisito para que exista una confianza mutua básica entre los Estados miembros. La Comisión ha trabajado sin cesar para asegurar que se adopta la legislación comunitaria en este ámbito. Además, es cierto que, gracias a la Presidencia sueca, el Consejo adoptó la hoja de ruta el 30 de noviembre de 2009. Este es un paso fundamental en la creación de legislación europea relativa a derechos procesales mínimos. Por medio de este acto jurídico, los Estados miembros han alcanzado un acuerdo sobre el ámbito de aplicación de esta legislación y sobre la necesidad de adoptarla como una cuestión prioritaria en plena cooperación con el Parlamento Europeo. Al igual que ustedes, acabo de escuchar al señor López Garrido, que ha aportado una explicación muy buena de cómo la Presidencia española también tenía la voluntad de adoptar esas medidas iniciales, que van a proporcionarnos un abanico de garantías mínimas.
Es cierto que el planteamiento gradual de la hoja de ruta finalmente nos ha parecido una buena solución. Ese enfoque nos permitirá alcanzar el objetivo que perseguimos. El planteamiento gradual no solo significa que se puede hacer un análisis más riguroso de cada uno de los derechos en el contexto de la propuesta legislativa, sino que también se podrá examinar cada derecho individualmente en las negociaciones. Eso nos permitirá evitar las negociaciones intersectoriales, que en ocasiones caracterizan los textos legislativos excesivamente globales, y permitirá a algunos Estados miembros hacerse con el control de las negociaciones para lograr ventajas sobre algún punto muy concreto. Así pues, señora Ludford, estoy seguro de que la nueva Comisión trabajará lo más rápido posible para presentar todas las propuestas legislativas previstas en la hoja de ruta y para adoptarlas a la primera oportunidad que se presente.
En lo que atañe al derecho a la interpretación y traducción, que constituye la primera medida prevista en la hoja de ruta, la Comisión ha tomado nota de la iniciativa presentada por una serie de Estados miembros. Esa iniciativa, debo decir, se basa en la propuesta de la Comisión de julio de 2009 y en las negociaciones mantenidas con el Consejo durante el segundo semestre de 2009. Sin embargo, es cierto que la iniciativa de los Estados miembros no es plenamente conforme con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, o con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La antigua propuesta de la Comisión, que hacía obligatoria la interpretación en las reuniones entre el acusado y el abogado defensor, no ha sido seguida del todo por la iniciativa de los Estados miembros, que limita este derecho a las comunicaciones que tienen lugar ante las autoridades policiales y durante el acto del juicio. Además, la anterior propuesta de la Comisión preveía el derecho a la traducción, un derecho más completo en el texto de la Comisión.
Por supuesto, el Parlamento Europeo y el Consejo van a trabajar en este terreno, y creo que podremos conseguir un texto ambicioso en lo concerniente a los derechos procesales. Ello es esencial si queremos crear un espacio judicial auténticamente europeo. Vamos asimismo a garantizar que el texto cumpla con los parámetros establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales. Por todo ello, estoy seguro de que podremos contar con la iniciativa del Parlamento en esta materia y, una vez más, tomo nota de que la Presidencia española también va a respaldarnos.
Elena Oana Antonescu
Si bien se ha progresado en el área del reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, se ha avanzado muy poco con respecto a la garantía de los derechos de las personas sospechosas y acusadas.
La importancia de los principios comunes es una condición básica para generar confianza mutua en los sistemas jurídicos de los Estados miembros. La falta de equilibrio entre los derechos de los sospechosos y acusados, por un lado, y los instrumentos de los que dispone la acusación, por otro, puede hacer peligrar el principio de reconocimiento recíproco de las sentencias. Por eso ha supuesto un paso adelante muy importante la iniciativa lanzada por la Presidencia sueca en julio de 2009 de presentar una hoja de ruta para afianzar los derechos procesales de personas bajo sospecha o acusadas.
En lo que concierne al derecho a la traducción e interpretación, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre ha establecido un nuevo marco institucional. Era necesario que la propuesta de una decisión marco pendiente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior se transformase en una propuesta de directiva para poder continuar trabajando en este expediente.
Nos preocupa el calendario y el alcance de la aplicación de las iniciativas futuras sobre derechos procesales. Por ese motivo, hemos decidido plantear esas cuestiones a la Comisión y al Consejo. Poco después de haberlo hecho, en diciembre, 13 Estados miembros, incluida Rumanía, presentaron una iniciativa de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo. Estoy segura de que en el transcurso de todo el proceso conseguiremos hacer mejoras en el texto, tanto con respecto a su ámbito de aplicación como a la garantía de la integridad de los procedimientos y la calidad de la traducción e interpretación.
Por lo que respecta a las demás medidas acordadas en la hoja de ruta, consideramos que tienen la finalidad de asegurar el acceso a los derechos y al asesoramiento y la asistencia jurídicos, de establecer garantías especiales para los sospechosos y acusados que sean vulnerables y de facilitar información sobre los derechos que les asisten y los costes derivados. Nos gustaría ver un claro compromiso de parte del Consejo y de la Comisión para que se puedan enviar lo antes posible propuestas para una reglamentación.
Las diferencias que existen actualmente entre los Estados miembros exigen la urgente adopción de principios comunes.
Carmen Romero López
en nombre del Grupo S&D. - Quería saludar a la Presidencia española y, al mismo tiempo, resaltar que esta iniciativa es la primera iniciativa sobre los derechos procesales, que ha sido un tema que veníamos debatiendo y que se había quedado descolgado en la Presidencia sueca.
Esta propuesta de iniciativa está ya en sede parlamentaria y ha habido ya un primer debate. Por eso creemos que la pregunta es pertinente, sigue siendo pertinente, por la importancia de este tema. Es cierto que es un tema mejorable y espero que, a lo largo de la tramitación, podamos avanzar.
Es cierto, como ha dicho el señor Barrot, que la propuesta de la Comisión era más ambiciosa y, por lo tanto, en sede parlamentaria tendremos que mejorar este texto, que es un texto, por otra parte, de largo recorrido, porque el Parlamento y la Comisión ya vienen debatiendo, con la resistencia de los Estados miembros.
La Presidencia sueca, con la hoja de ruta, intentó desbloquear el asunto, pero, a pesar de esto, la situación sigue siendo difícil para los Estados miembros. Es evidente que, ahora, después del Tratado de Lisboa, la situación ha cambiado, porque el Parlamento decide y, por lo tanto, creemos que la Comisión y el Consejo deben retomar estos derechos procesales en un nuevo escenario, que es el que contemplamos ahora.
Quisiéramos que estos derechos procesales se contemplaran en un paquete. No es posible reconocer el derecho a la traducción sin reconocer el derecho a la asistencia legal o el derecho a la información. Por eso, las previsiones de la Comisión de ir año a año presentando estos derechos deberían agilizarse, desde nuestro punto de vista, para contemplarlo en el menor plazo posible.
Es cierto que la legislación antiterrorista hace saltar las garantías, pero, si queremos construir un espacio de justicia y libertad, hay que tener confianza en nuestros valores para transmitirlos también al proyecto europeo.
Graham Watson
en nombre de ALDE. - Señor Presidente, esta Cámara propuso la creación de la Orden de detención europea el 6 de septiembre de 2001. Nuestra propuesta estaría aún cogiendo polvo en una estantería si no hubiese sido por los acontecimientos acaecidos en Nueva York cinco días más tarde. El señor Bin Laden ayudó a hacerla realidad, y fui yo quien tuvo el honor de asegurar su aprobación en este Parlamento.
Por aquel entonces esta Cámara insistía en que se debería acompañar de garantías procesales mínimas en los procedimientos penales. La Comisión hizo sus propuestas en 2002 y se comprometió a procurar una tramitación rápida. Así pues, ¿cómo es que hasta hace poco ha estado metida en la bandeja de entrada del Consejo? ¿Por qué la Comisión no ha librado una batalla para conseguir la aprobación de todas sus propuestas y que estas no se aprueben por separado?
La Orden de detención europea ha sustituido a la extradición. Ha reducido sustancialmente el tiempo necesario para las entregas. He fomentado el contacto directo entre las autoridades judiciales de los Estados miembros. Ha excluido decisiones basadas en el oportunismo político hasta el punto de que los Estados miembros entregan a sus propios ciudadanos.
Ha mejorado considerablemente el Estado de Derecho en nuestro continente, pero la Orden de detención europea se basa en la confianza recíproca, y hay demasiados casos en los que nuestros ciudadanos ponen en duda esa confianza.
Dos de mis electores se encuentran actualmente detenidos en Hungría a la espera de juicio. Aunque se solicitó su extradición hace más de un año y llevan allí dos meses, todavía no han sido procesados y su juicio puede tardar aún meses en llegar. Uno de ellos ha perdido su empleo y la principal fuente de ingresos de su familia. Ambos están privados de la compañía de sus seres queridos. Y, sin embargo, ambos podrían ser inocentes de los delitos que se les imputan.
Casos como este son los que enturbian la reputación de la cooperación judicial europea. Arrojan vergüenza sobre la inoperancia de los gobiernos en el Consejo. Los autores de esta pregunta oral tienen razón: necesitan la atención urgente de Europa.
(El orador acepta una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Presidente
Gracias, señor Watson. Iba a llamarle el "Padrino" de la Orden de detención europea, pero consideré que se podría malinterpretar.
William
Señor Watson, usted menciona a Bin Laden y el 11 de septiembre como la justificación que allanó el camino para la adopción de la Orden de detención europea. ¿Sostiene usted, por tanto, que la Orden de detención europea debería emplearse únicamente contra terroristas y asesinos y en caso de graves delitos violentos?
Graham Watson
en nombre de ALDE. - Con permiso, señor Presidente, no he puesto al señor Bin Laden como justificación; he dicho que nos ayudó a acelerar el proceso. El fin perseguido no fue nunca el de abarcar únicamente los delitos terroristas; su finalidad era de la incluir todos los delitos graves. Los que se oponen a su uso son los que, de forma efectiva, se oponen al Estado de Derecho en nuestro continente y a la protección que la Orden de detención europea ofrece a nuestros ciudadanos.
Heidi Hautala
Señor Presidente, el señor Watson tiene toda la razón cuando dice que el Parlamento Europeo insistió desde el principio en que la Orden de detención europea debía ir acompañada de unas mínimas y claras normas procesales. Ahora podemos ver el tipo de problemas a los que se enfrentan muchos Estados miembros porque la Orden de detención europea carecía de fundamentos sólidos. Pues ese es ciertamente el caso, ya que el presupuesto es que cada Estado miembro debería poder confiar en el sistema jurídico de los demás, es decir, que el Estado de Derecho y las normas relativas a la celebración de juicios justos son una realidad en los diversos Estados miembros.
Al igual que otros colegas aquí anteriormente, yo también podría referirles historias de que ese no es precisamente el caso y de lo urgente que resulta que la Comisión actúe, justo lo que mi colega ha sugerido hace unos instantes. Es necesario que establezcamos un sistema integral en el que se puedan mejorar los derechos mínimos en los procedimientos penales. Considero que el Tratado de Lisboa también va a brindarnos esa oportunidad, porque ahora el Parlamento Europeo es un legislador plenamente competente junto con el Consejo, y me ha alegrado mucho escuchar cómo el señor Barrot decía que tenía confianza en esa asociación entre la Comisión y el Parlamento. La Comisión y el Parlamento deben formar ahora un eje de fuerza que supere de verdad la resistencia que presentan los Estados miembros que se han mostrado reacios a progresar en esta cuestión.
Les prometí contarles una historia sobre lo que sucede cuando no se respeta el Estado de Derecho, pero sí el sistema de la Orden de detención europea. En la actualidad hay en Finlandia una pareja chechena, Hadižat y Malik Gataev, que ha sido detenida. Llegaron desde Lituania, donde durante años habían mantenido un orfanato para los niños víctimas de la guerra en Chechenia y, como se ha sabido, la policía de seguridad interrumpió sus actividades bajo el pretexto de que podría haber habido alguna relación de menor importancia con violencia en la familia; quizás se tratase básicamente de algo relacionado con la familia, y no de algo que de hecho pudiese parecerse a una agresión grave, por ejemplo. Ahora esa pareja se encuentra en Finlandia. Está tramitando su solicitud de asilo político mientras Lituania reclama su extradición. La causa va a verse el próximo lunes en el Tribunal de distrito de primera instancia de Helsinki.
¿Qué demonios puede hacer uno ante tal situación, dado que aquí la idea básica es que Finlandia debería poder confiar en el hecho de que esa pareja va a gozar de un juicio justo en Lituania? Tenemos pruebas del todo objetivas de que en realidad ese no ha sido el caso, y diría que hay una serie de ejemplos de situaciones frecuentes similares a esta, donde la Orden de detención europea francamente ha carecido de sentido. Debemos ser capaces de progresar en esta cuestión, ya que de lo contrario nos va a resultar de todo imposible afianzar la confianza entre los Estados miembros que, inevitablemente, será necesaria si queremos comprometernos en la cooperación judicial.
Janusz Wojciechowski
en nombre del Grupo ECR. - (PL) Señor Presidente, también yo quiero mencionarles un ejemplo, como ha hecho la señora Hautala. Un determinado joven polaco fue condenado en Gran Bretaña a cadena perpetua por violación en un juicio basado en pruebas circunstanciales, y que se celebró bajo la influencia de una fuerte campaña difamatoria en la prensa y que, en opinión de algunos observadores, no cumplió en absoluto los requisitos polacos para un juicio justo. Ese hombre cumple ahora su sentencia de cadena perpetua en una prisión en Polonia, aunque la ley polaca no prevé la cadena perpetua para casos de violación, solo para los de asesinato; la violación conlleva una condena máxima de 12 años. Así es que tenemos una situación en la que a alguien, que cumple condena en una prisión polaca, se le ha impuesto una condena que no se ajusta a los principios de la ley polaca.
Les pongo este ejemplo para ilustrar el problema y a modo de argumento para justificar la urgente necesidad de acordar determinados principios generales, tanto en el área del procedimiento penal como, en mi opinión, en la de las normas para la ejecución de sentencias. Y es que nos enfrentamos, cada vez con más frecuencia, a situaciones en las que se juzga a los autores de los delitos en un país, pero estos cumplen su condena en otro. Por ello, apoyo la idea de unos principios comunes y la de una directiva.
Rui Tavares
Señor Presidente, la Unión Europea necesita dos piernas para caminar: por un lado, la de los Estados miembros, y por otro la otra sus ciudadanos, representados por sus parlamentarios en esta Cámara.
Ahora, sucede con frecuencia que después de que los Estados miembros han resuelto sus problemas, cierran sus sistemas judiciales; y tras haber permitido la comunicación entre sus sistemas policiales, se olvidan de ocuparse de todo lo demás y de proporcionar fundamentos mediante la creación de una base de confianza entre los ciudadanos de la Unión Europea. Este es uno de esos casos.
El mandato europeo evidentemente acelera las cosas y facilita la vida de los sistemas judiciales en la Unión Europea. No obstante, otros derechos, como el de traducción e interpretación (con respecto al cual tenemos el placer y honor de trabajar junto a nuestra colega, la señora Ludford), son esenciales para que los ciudadanos europeos sientan confianza en su trato con los sistemas judiciales de otros Estados miembros.
Estoy encantado de unirme a mis colegas para solicitar que la Comisión y el Consejo se den prisa en la elaboración de textos que, a través del proceso de codecisión, puedan hace avanzar este proceso en otros derechos procesales de los procedimientos penales.
William  Dartmouth
en nombre del Grupo EFD. - Intervengo esta noche porque, como ya se ha mencionado, dos electores, Michael Turner y Jason McGoldrick, están encarcelados en el módulo 2 de la Prisión Central de Budapest, en Hungría. Llevan encarcelados desde el 3 de noviembre y todavía están a la espera de juicio. De hecho, aún no se ha señalado el juicio. Las condiciones de su encarcelamiento son penosas. Se encuentran separados y no tienen contacto entre sí. Comparten celda con otros tres reclusos. Permanecen encerrados en sus celdas 23 horas al día. Se les permite hacer tres llamadas telefónicas y ducharse una vez a la semana. Están autorizados a recibir una visita familiar al mes.
En pocas palabras: están aislados. Y la barrera lingüística empeora todavía más el aislamiento. Se les acusa de delitos de guante blanco. No se trata de asesinos o terroristas. Y están encarcelados simplemente a causa de la Orden de detención europea.
Este procedimiento se ha llevado por delante, de un plumazo, los mecanismos de protección contra la detención establecidos en Gran Bretaña a lo largo de un milenio. Bien puede usted decir que no con la cabeza, señor Watson, pero mejor sería que se disculpase. Una identidad errónea y la usurpación de la identidad implican que lo que les ha ocurrido a Jason y Michael puede pasarle ahora a cualquier ciudadano británico en cualquier momento.
El Partido Laborista, los demócrata-liberales y el Partido Conservador votaron a favor de una Orden de detención europea. Citando de nuevo al Zola de "J'accuse", yo acuso, y lo hago a los partidos mayoritarios del sistema político británico: su apoyo a la Orden de detención europea ha puesto a cualquier ciudadano de Gran Bretaña en riesgo de detención arbitraria.
Krisztina Morvai
(HU) Como húngara y abogada penalista debería avergonzarme porque hoy, aquí en el Parlamento Europeo, y a propósito de la cuestión de la falta de garantías procesales en los procedimientos penales, dos de mis colegas, quienes, por otro lado, representan dos puntos de vista distintos, han mencionado Hungría como ejemplo flagrante. Y aunque estoy avergonzada, tengo que estar de acuerdo con ellos porque yo misma he tenido experiencias parecidas. Les pido a ellos y a todos ustedes, los escasos eurodiputados aún presentes aquí durante el debate sobre esta importante cuestión, que tengan presente lo siguiente: si han llegado a saber de violaciones tan graves de la ley en casos de extranjeros que son bastante irrelevantes políticamente para el Estado y el Gobierno húngaros, ¿cuál sería entonces el destino de los que se oponen Gobierno húngaro, digamos que porque son políticamente antagonistas de ese Gobierno?
Hay en la actualidad 15 personas encarceladas en situación de detención preventiva por haberse posicionado contra las actividades corruptas del Gobierno húngaro. Como represalia se interpuso un procedimiento penal contra ellos basado en acusaciones ficticias de terrorismo. A fecha de hoy, no se ha presentado ni una sola prueba de cargos y las autoridades no se sienten en la obligación de remitir a ningún tipo de pruebas. Permanecen detenidos en las condiciones que han escuchado, aislados de sus familias, de la opinión pública y de la prensa. Por favor, unámonos y hagamos algo para normalizar la situación en Hungría e impedir que pueda sacarse partido de la falta de garantías procesales en los procedimientos penales, especialmente por razones políticas. Hungría debe establecer tales garantías.
Carlos Coelho
(PT) Señor Presidente, al señor López Garrido no le importará que dirija mis primeras palabras al Vicepresidente, señor Barrot. No sé si tendremos la ocasión de estar con él en el Pleno antes de que la nueva Comisión inicie su mandato, así que, por si acaso, me gustaría agradecerle sus esfuerzos, su inteligencia y su fantástica colaboración con el Parlamento Europeo en este ámbito de la justicia y los asuntos internos.
Me gustaría unir mi voz a la de los que consideran muy importante esta materia. Nosotros no deseamos tan solo construir una Europa segura. Pretendemos construir una Europa justa, y por eso cualquier iniciativa que tenga que ver con los derechos procesales es básica.
Tenemos que adoptar medidas para apoyar a las víctimas y fomentar el respeto de los derechos de los ciudadanos que tienen que responder ante la justicia. Considero que este es un mensaje que contiene dos peticiones muy claras: una de ellas va dirigida al Consejo, sugerida por el señor Watson, que la ha expresado mucho mejor que yo en su intervención.
Es ridículo que después de ocho años todavía nos encontremos en esta fase del proceso y examinando solo determinado tipo de derechos. Tenemos que ser más expeditivos y rápidos. Esta es una tarea para el Consejo y el Parlamento, y el Comisario, señor Barrot, debería también aportar su influencia para sensibilizar a su colega, la próxima Comisaria, y a la próxima Comisión.
Corresponde a la Comisión tomar la iniciativa en todos los ámbitos que tienen que ver con los derechos procesales, no únicamente con aquellos relativos al idioma y la traducción.
Monika Flašíková Beňová
(SK) La cuestión de los derechos procesales fundamentales en los procedimientos penales es uno de los puntos clave que debería resonar en el área de la justicia y los asuntos internos.
En principio, el proyecto de decisión marco define un conjunto de derechos procesales fundamentales en los procedimientos penales, a saber: el derecho a asesoramiento jurídico, el derecho a interpretación y traducción, el derecho a una atención especial en áreas sensibles y el derecho a comunicación y cooperación con las autoridades consulares. Esta lista de derechos fundamentales debería considerarse estrictamente ilustrativa, porque el papel de la Unión Europea es garantizar que los Estados miembros respeten el conjunto más amplio posible de derechos fundamentales, asimismo con vistas a la incorporación de Estados miembros al Consejo de Europa y con referencia a su Convenio.
Nuestro esfuerzo debería ser el de fomentar esos medios de regulación de las relaciones procesales en materia penal que proporcionarían los derechos antes mencionados a todas las partes implicadas en procedimientos penales, ya se trate de víctimas o partes afectadas o de los delincuentes, con el fin de conseguir un juicio justo y democrático que se ajuste plenamente al propósito de la penas impuestas, lo que implica no solo castigo, sino asimismo rehabilitación y educación sociales.
Gerard Batten
La comisión exige al Consejo que prosiga con los trabajos de incorporación de derechos procesales comunes europeos en materia penal. Un procedimiento común ya existente, la Orden de detención europea, ha eliminado las garantías de las que durante siglos se han beneficiado los ingleses contra la detención y el encarcelamiento injustos. No se trata de un debate académico. La ODE está destruyendo la vida de gente inocente. Mi elector, el señor Andrew Symeou, es tan solo un ejemplo entre un número cada vez mayor de personas extraditadas sin que ningún tribunal británico haya tenido la potestad de examinar los indicios razonables que hay contra ellas y de evitar así una extradición injusta. La extradición se ha convertido en una mera formalidad burocrática. El señor Symeou permanece encarcelado desde hace seis meses en la desacreditada prisión de Korydallos sin opción de fianza ni perspectiva de juicio. El cinismo político de los demócratas-liberales británicos es ciertamente impresionante. Ahora sueltan lágrimas de cocodrilo en Londres a propósito del destino del señor Symeou, pese a que han sido los responsables materiales de los procedimientos comunes que han provocado esto y mientras que aquí continúan trabajando para conseguir más de la misma legislación. Con los procedimientos comunes se trata de reducir los estándares jurídicos europeos y no de mejorarlos.
Permítanme hacer una sugerencia. Si lo que ustedes desean son niveles más altos en materia de procedimientos penales europeos, adopten entonces como estándares comunes europeos el procedimiento de "habeas corpus", el de juicio con jurado y las disposiciones básicas de la Magna Carta y la Bill of Rights británica de 1689.
Georgios Papanikolaou
(EL) Señor Presidente, es básico que avancemos al máximo en el establecimiento de un marco de referencia común europeo para derechos procesales en la administración de la justicia. El concepto clave es el de confianza. Queremos que los ciudadanos europeos que recurran a la justicia tengan confianza en la protección de sus derechos fundamentales. También queremos que haya confianza entre los Estados miembros en lo que atañe a su cooperación y la administración de la justicia básica a cualquier persona que tenga que responder ante ella. Por último, necesitamos la confianza de todos nosotros en cuanto a la administración de la justicia. En la medida en que fracasemos en el fomento de este marco común a escala europea, se cometerán ocasionalmente, nos guste o no, algunos delitos que se aprovecharán de los resquicios legales y, en última instancia, no podremos alcanzar la administración de la justicia a la que aspiramos porque dará la casualidad de que ese marco no estará disponible.
Diego López Garrido
Presidente en ejercicio del Consejo. - Quiero mostrar mi satisfacción por haber visto en las intervenciones de muchos diputados y diputadas al Parlamento Europeo, de muy diferentes grupos, una coincidencia en la necesidad de que se armonicen a nivel europeo las garantías procesales, que se elabore un auténtico Derecho europeo en las garantías procesales.
Ha habido coincidencia de todos los intervinientes y de todos los grupos parlamentarios para que se elabore un auténtico Derecho europeo sobre garantías procesales. Esto pone de manifiesto la importancia y la necesidad del proceso de construcción europea, la importancia de la Europa de los ciudadanos, del espacio judicial europeo, de poner en práctica el Tratado de Lisboa; en definitiva, de algo que está en el centro del programa de la Presidencia española de los próximos seis meses y que ha recibido un apoyo indudable en todas las intervenciones que yo he escuchado, por distintos argumentos, desde distintas perspectivas: la necesidad de ir a unas garantías procesales armonizadas.
Además, quiero recoger el argumento de la señora Flašíková Beňová, que me parece muy importante, sobre la necesidad de hacerlo precisamente en un momento en que la Unión Europea va a firmar, como dice el Tratado de Lisboa, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Quiero terminar señalando, señor Presidente, que el Consejo y la Presidencia española van a trabajar para que se pongan en práctica todas estas garantías procesales, a través de las Directivas que en su momento la Comisión Europea plantee y también sobre la Directiva que ya está en marcha y a cuyo respecto han tomado la iniciativa -recuerdo- trece Estados miembros.
Por último, quiero señalar algo respecto de la euroorden. Se ha hablado de la euroorden para criticarla. Quiero decir que la euroorden es un ejemplo fundamental de la Unión Europea y de la colaboración contra el crimen organizado en la Unión Europea. Lo puedo decir muy alto, desde un país como España, que sufre todavía el terrorismo y para el cual la euroorden es un arma fundamental de lucha contra el terrorismo.
Jacques Barrot
Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, el señor Ministro tiene razón y el señor Coelho lo ha expresado muy bien antes cuando ha dicho: "una Europa de la seguridad, una Europa de la justicia". Sí, señor Watson, la Orden de detención europea ha sido muy efectiva y útil, incluso si se ha de reconocer que, al mismo tiempo, necesitamos organizar el espacio judicial europeo, y es en este ámbito en el que tenemos que trabajar para una Europa de la justicia, para que exista verdadera confianza en el modo en que se administra la justicia en toda Europa.
En este sentido, quiero darle las gracias de nuevo a los autores de la pregunta y de hecho decirles una vez más que, sobre la base del texto que refleja el planteamiento general del Consejo del 23 de octubre de 2009, la Comisión, con el respaldo del Parlamento Europeo y la Presidencia española, va a asegurar que este texto sea de una calidad superior a la del actual. Añadiría que, obviamente, vamos a procurar formular en su debido momento todas las propuestas legislativas necesarias, de tal modo que no sea necesaria ninguna iniciativa por parte de los Estados miembros.
La Comisión ya está trabajando en la propuesta relativa a la información sobre derechos (letter of rights). La Comisión va a esforzarse para que se adopten cuanto antes todas las medidas previstas en la hoja de ruta. La previsión de un año para adoptar cada medida tiene únicamente carácter orientativo. Si las negociaciones así lo permiten, la Comisión se muestra de acuerdo en aumentar el ritmo de trabajo, eso es evidente.
Estoy convencido de que las opiniones han cambiado y de que con el Programa plurianual de Estocolmo tenemos realmente la obligación de lograr resultados en este ámbito. Además, he de decir que desde que estoy a cargo de estas responsabilidades he hecho todo lo posible para avanzar en el ámbito de las garantías procesales, y aunque hemos elegido la fórmula gradual del step-by-step, creo que ahora estamos en el camino adecuado. Quiero darle las gracias al Parlamento y a la Presidencia española, convencido como estoy de que la Europa de la justicia va a experimentar un avance significativo en 2010.
Presidente
Gracias, señor Comisario. Estoy seguro de que hay muchos fuera de esta Cámara que aprobarían las observaciones del señor Carlos Coelho al darle las gracias por su dedicación y esfuerzo como Comisario durante este período. Muchas gracias.
Se cierra el debate.
